Comparecencia del Secretario de Reforma Agraria, Eduardo
Robledo Rincón, correspondiente al Sexto Informe de
Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León

Instalación de la Mesa
María Elena Álvarez Bernal

Presentación
Eduardo Robledo Rincón

FIJAN LA POSICIÓN GENERAL DE SU GRUPO PARLAMENTARIO, LOS DIPUTADOS:

Jaime Cervantes Rivera, Partido del Trabajo
José Rodolfo Escudero Barrera, Partido Verde Ecologista de México
Rogaciano Morales Reyes, Partido de la Revolución Democrática
Edgar Eduardo Alvarado García, Partido Acción Nacional
José Luis González Aguilera, Partido Revolucionario Institucional

Para hacer  los comentarios que juzgue pertinentes
Eduardo Robledo Rincón

PRIMER TURNO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: José Narro Céspedes, Partido del Trabajo
Respuesta: Eduardo Robledo Rincón
Réplica: José Narro Céspedes, Partido del Trabajo

Pregunta: José Rodolfo Escudero Barrera, Partido Verde Ecologista de México
Respuesta: Eduardo Robledo Rincón
Réplica: José Rodolfo Escudero Barrera, Partido Verde Ecologista de México

Pregunta: Jesús Garibay García, Partido de la Revolución Democrática
Respuesta: Eduardo Robledo Rincón, Partido Verde Ecologista de México
Pregunta: David Rodríguez Torres, Partido Acción Nacional
Respuesta: Eduardo Robledo Rincón
Réplica: David Rodríguez Torres, Partido Acción Nacional

Pregunta: Enrique Priego Oropeza, Partido Revolucionario Institucional
Respuesta: Eduardo Robledo Rincón
Réplica: Librado Treviño Gutiérrez, Partido Revolucionario Institucional

SEGUNDO TURNO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Jaime Cervantes Rivera, Partido del Trabajo
Respuesta: Eduardo Robledo Rincón
Réplica: Jaime Cervantes Rivera, Partido del Trabajo

Pregunta: Concepción Salazar González, Partido Verde Ecologista de México
Respuesta: Eduardo Robledo Rincón
Réplica: Concepción Salazar González, Partido Verde Ecologista de México

Pregunta: Ramón León Morales, Partido de la Revolución Democrática
Respuesta: Eduardo Robledo Rincón
Réplica: Ramón León Morales, Partido de la Revolución Democrática

Pregunta: Mario Garza Guevara, Partido Acción Nacional
Respuesta: Eduardo Robledo Rincón
Réplica: Rafael Barrón Romero, Partido Acción Nacional

Pregunta: Santiago Guerrero Gutiérrez, Partido Revolucionario Institucional
Respuesta: Eduardo Robledo Rincón
Réplica: Celia Martínez Bárcenas, Partido Revolucionario Institucional

COMENTARIOS FINALES
Eduardo Robledo Rincón

MENSAJE INSTITUCIONAL
Maria Elena Álvarez Bernal









2 DE OCTUBRE DE 2000

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE REFORMA AGRARIA
LICENCIADO EDUARDO ROBLEDO RINCON

La diputada María Elena Alvarez Bernal, Presidenta de la Mesa de Trabajo:

Queda instalada en este momento, la Comisión de Trabajo de los diputados y diputadas de esta LVIII Legislatura, que tiene por objeto participar en la comparecencia del señor Secretario de la Reforma Agraria, para analizar el Sexto Informe de Gobierno en el tema de su competencia.

Una vez que estamos aquí instalados, rogamos a la Comisión de Cortesía, se sirva acompañar al señor Secretario para introducirlo a este recinto. La Comisión de Cortesía estará integrada por: El diputado Juan Carlos Regis Adame, el diputado Alejandro García Sainz y el diputado Rogaciano Morales Reyes, el diputado Mario Reyes Oviedo y el diputado Ignacio Mendicuti Pavón. Les rogamos cumplir su cometido.

Ya se encuentra entre nosotros el señor Secretario, licenciado Eduardo Robledo Rincón, secretario de la Reforma Agraria; que ha sido invitado a esta reunión con el grupo de trabajo, integrado por diputados de los diferentes grupos parlamentarios de esta Quincuagésima Octava Legislatura, en que se llevará acabo el análisis del Sexto Informe de Gobierno.

Para dar cumplimiento, señor Secretario, al punto segundo numerales, uno, dos y tres del acuerdo parlamentario aprobado por esta Honorable Cámara de Diputados, y que norma el procedimiento de análisis; se concede el uso de la palabra al licenciado Eduardo Robledo Rincón, hasta por 20 minutos, le agradecemos mucho que esté con nosotros y, lo escuchamos con mucho gusto.

El licenciado Eduardo Robledo Rincón, Secretario de la Reforma Agraria:

Señora diputada, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, señoras y señores diputados representantes de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, señoras diputadas, señores diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura.

Es para mí un honor, comparecer ante esta soberanía, que refleja la pluralidad política nacional, y que integrada en esta reunión por mexicanos interesados en las cuestiones agrarias en su realidad y perspectivas. El Sexto Informe de Gobierno, incluye en el capítulo de desarrollo social, las principales acciones en materia agraria, da cuenta de los avances en el ordenamiento y regularización de la propiedad rural, del fomento a la organización y capacitación de los sujetos agrarios, las acciones en materia de justicia agraria, de apoyo a la mujer campesina y a los ejidos y comunidades con población indígena.

El siglo XXI en México, inició con el ejido y la comunidad vigentes, esto es así por determinación de las mujeres y de los hombres del campo; en el marco de este proceso de permanente... -perdón- la Reforma Agraria, es un proceso histórico, jurídico, social y político, fundamental en la conformación del pacto social mexicano. La Reforma Agraria, no solo distribuyó tierra y modificó la estructura social del campo, redistribuyó el poder y las oportunidades de desarrollo social; ésta es la esencia del programa agrario surgido de la Revolución Mexicana, si en 1910 menos de 2000 familias eran propietarias del 87% de la superficie del país, hoy existen más de 5 millones de ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios, que poseen más del 90% del territorio nacional.

En el permanente proceso de cambio que ha vivido la nación, la Reforma Agraria ha evolucionado continuamente, a través de la actualización, de sus instituciones jurídicas y administrativas; sus objetivos estuvieron orientados, primero, a la acción de restitución de tierras; segundo, al reparto agrario mediante la dotación; tercero, se instituyó la dotación colectiva; cuarto, ideó la figura de las colonias agrícolas y ganaderas; y, quinto, la ampliación de los ejidos y el reconocimiento y titulación de bienes comunales, así como la creación de nuevos centros de población ejidal.

En el marco de este proceso permanente de adecuación a la realidad, y para dar respuesta a las nuevas condiciones del siglo XX; el Constituyente Permanente en 1992, encomendó al Estado mexicano y en particular al Poder Ejecutivo Federal, nuevas responsabilidades en materia agraria.

Primero; suprimió la obligación constitucional del Estado, de dotar tierras a los grupos solicitantes, dando fin al reparto agrario; Segundo, transfirió las facultades jurisdiccionales del presidente de la República en materia agraria, a los tribunales agrarios dotados de plena autonomía y jurisdicción. Reconoció al ejido y a la comunidad como formas de propiedad social plenas, protegidas por la Constitución, transfiriendo a la Asamblea del núcleo agrario, las facultades para decidir en libertad su destino. Cuarto; creó una nueva institucionalidad agraria, constituyendo la Procuraduría Agraria, modernizando el registro agrario nacional y fortaleciendo el Fondo Nacional de Fomento Ejidal.

El artículo 27 de nuestra Constitución, determina la obligación del Estado, de regular la propiedad rural de acuerdo con el interés público y el beneficio social; la acción reguladora, define la relación fundamental entre el Ejecutivo Federal y la propiedad ejidal y comunal, al establecer que la materia agraria es de jurisdicción federal.

Derivado de este mandato constitucional, corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de la Reforma Agraria, continuar atendiendo la aplicación de la derogada ley federal de reforma agraria y las relativas al ordenamiento y a la regularización de la propiedad rural. En tal sentido, son tareas de la Secretaría de la Reforma Agraria la conclusión del rezago agrario en la esfera administrativa, el cumplimiento de obligaciones jurídicas ineludibles del gobierno federal, derivadas de resoluciones dictadas por autoridades jurisdiccionales; así, como de la aplicación de los artículos 219 y 309 de la derogada Ley Federal de la Reforma Agraria. La ejecución de resoluciones presidenciales, así como la elaboración de planos definitivos.

Entre las tareas del ordenamiento de la propiedad rural se encuentran: La medición, conciliación, certificación y titulación de la propiedad ejidal y comunal, la regularización de las colonias agrícolas y ganaderas, el deslinde y medición de terrenos baldíos, y, en su caso, su declaración como terrenos nacionales y su desincoroporación. Llevar a cabo los procesos de expropiación de bienes, propiedad de los núcleos agrarios, así como la investigación y resolución de denuncias de excedentes a los permitidos por la Ley en tierras ejidales y en sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas y forestales. Por último, cumplir en nombre del gobierno federal, con los acuerdos agrarios signados.

Para atender estas atribuciones y obligaciones jurídicas del gobierno federal, la Secretaría de la Reforma Agraria adecuó su estructura, funciones y atribuciones asumiendo la coordinación de la política agraria, e impulsando un profundo proceso de modernización administrativa.

El mérito principal de esta modernización es de los trabajadores del sector, razón por la cual hago aquí un especial reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores agrarios y a los sindicatos nacionales de trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria, de la Procuraduría Agraria, y del Fondo Nacional de Fomento Ejidal.

Como parte de sus obligaciones jurídicas, la Secretaría de la Reforma Agraria concluyó el rezago agrario en el ámbito del Ejecutivo Federal al turnar a los tribunales agrarios 11 mil 367 expedientes, que al momento de aprobarse las reformas de 1992 no contaban con resolución definitiva. El turno de asuntos del rezago agrario culminó el 21 de agosto de 1997.

La Secretaría en la presente administración ha atendido 11 mil 487 juicios de amparo teniendo en trámite, a la fecha, 789, se obtuvo un 90% de resoluciones favorables.

Se ha dado cumplimiento al 94% de la carga histórica de resoluciones del Poder Judicial de la Federación, y se atendieron 861 incidentes de inejecución de sentencias definitivas del Poder Judicial, quedando sólo por cumplir 65.

Como parte de las actividades administrativas pendientes, se han ejecutado 339 resoluciones presidenciales correspondientes a una superficie de un millón 290 mil 555 hectáreas en beneficio de 24 mil 562 campesinos, quedan por ejecutar sólo 140; se estima que al cierre de la presente administración se habrán elaborado 5 mil 886 planos definitivos, y quedarán pendientes 499.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el marco legal, en la presente administración, la Procuraduría Agraria otorgó la representación legal a 109 mil asuntos que se desahogan ante los tribunales agrarios; la Procuraduría tiene hoy participación en el 77% de los asuntos radicados en tribunales agrarios, obteniendo resolución favorable a sus representados en 9 de cada 10 asuntos que se concluyen.

Así mismo, ha atendido 149 mil 605 asuntos a través de la conciliación, con estos resultados podemos afirmar que en el campo existen los instrumentos para resolver diferencias de manera pacífica, directa, y en condiciones de igualdad ante la ley.

La Procuraduría Agraria de 1995 a la fecha, ha atendido 245 mil solicitudes de gestoría ante instituciones y dependencias de los tres órdenes de gobierno. Cabe destacar que la Procuraduría ocupa durante toda la administración el primer lugar en respuestas favorables a solicitudes, quejas y demandas presentadas ante el Presidente de la República.

En el seno de la Comisión Intersecretarial del gabinete agropecuario se conformó la Mesa de Regulación Agraria, en la que participó la Secretaria de la Reforma Agraria, junto con organizaciones campesinas, así como de propietarios y productores rurales; los asuntos pendientes entre la Secretaría de la Reforma Agraria y las organizaciones campesinas con demandas agrarias fueron plasmados en los acuerdos agrarios.

Es importante señalar que los acuerdos agrarios han sido la base de la estabilidad social en el campo para el puntual cumplimiento de la Ley. En este marco se firmaron 37 acuerdos agrarios con organizaciones nacionales, en Chiapas con 60 organizaciones y 112 grupos independientes, y con 10 organizaciones en el estado de Oaxaca.

En el caso de los acuerdos firmados con organizaciones de representatividad nacional, se atendieron asuntos relativos a la regularización de predios, actividades jurídicas, actividades administrativas, y de organización y fomento.

De los 6 mil 141 asuntos pactados se encuentran actualmente en trámite 282, lo que implica un avance del 95%. Entre agosto de 96 y junio de 98 se asumió el compromiso de brindar apoyo en materia de organización y fomento a mil 598 grupos.

Para la atención de estos asuntos en un ejemplar esfuerzo de coordinación interinstitucional, se estableció el fondo de apoyo a proyectos productivos a través del cual se ha autorizado, a la fecha, 405 proyectos productivos; estos apoyos tendrán un impacto económico en beneficio de poco más de 13 mil familias campesinas, generando alrededor de 65 mil empleos directos.

Sin embargo, lo más importante de esta experiencia es que las organizaciones han sido capaces de transformarse y desarrollar una nueva cultura agraria que se expresa en iniciativas de desarrollo regional, mediante las cuales se superó la demanda de tierras, otorgando prioridad al impulso de proyectos productivos que generan empleos y mejores ingresos a los trabajadores del campo.

Mi reconocimiento aquí, a las organizaciones campesinas, que no sólo aceptaron la búsqueda de una alternativa productiva para quienes antes demandaban tierra, sino que además contribuyeron, con su disposición y voluntad, en el creativo proceso de integración del fideicomiso, a cargo del cual está la operación de este fondo.

El 6 de enero de 1993 fue puesto en marcha el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, esto para dar certidumbre y regularizar los derechos sobre las tierras de ejidos y comunidades, considerando sus parcelas, tierras de uso común, y los solares urbanos.

Procede, ha sido una política pública exitosa que ha permitido a ejidatarios y comuneros, decidir voluntaria y gratuitamente la delimitación, destino y asignación de sus tierras, privilegiando así la iniciativa campesina.

De los 29 mil 932 núcleos agrarios que existen en el país, a la fecha, se han certificado totalmente los derechos colectivos e individuales de 21 mil 571, lo que representó la certificación de más de 53.9 millones de hectáreas, y la expedición de 6.2 millones de certificados parcelarios y de tierras de uso común, así como títulos de solares urbanos en beneficio de casi 2.7 millones de familias campesinas.

Para obtener estos resultados ha sido necesario medir hasta la fecha, 65 millones de hectáreas, 65 millones de hectáreas que equivalen a la superficie conjunta del Reino Unido, de Irlanda, de Portugal, de países bajos, de Bélgica, de Dinamarca y de Suiza.

Al término de esta administración se habrá cumplido con el compromiso del Presidente de la República, de atender al 100% los núcleos agrarios que aceptaron integrarse a este programa.

El hecho de que miles de núcleos agrarios hayan reconocido de común acuerdo los límites y extensión de sus parcelas solares y tierras de uso común, así como sus linderos y colindancias, ha propiciado una nueva convivencia social en el campo, al resolver al interior del ejido y con sus vecinos las diferencias, generándose una relación más armoniosa.

La propiedad social tiene, no sólo el valor agregado de su ordenamiento, sino que se da cuenta ahora, con una información cartográfica y sociodemográfica que antes no teníamos, misma que permitirá definir políticas públicas y tomar decisiones más acertadas sobre el proyecto de desarrollo e inversión.

Dentro de la información de que ahora disponemos destaca la creciente participación de la mujer, no sólo como titular de derechos agrarios, sino como dirigente del núcleo agrario y cabeza de miles de familias en el campo.

Hace tres décadas las ejidatarias con plenos derechos agrarios eran 31 mil 459, o sea, una de cada 100 ejidatarios. Ahora, 20 de cada 100 ejidatarios son mujeres, mientras que en la comunidad, una de cada 6 comuneros es mujer. En suma, 584 mil son mujeres, actualmente titulares de derechos agrarios, y 11 mil participan en los órganos de representación y vigilancia de los núcleos agrarios.

La Secretaría de la Reforma Agraria, tiene la responsabilidad de atender otras formas de organización de la propiedad, que tienen una enorme importancia histórica.

Existen 781 colonias en 26 entidades federativas de la República Mexicana, de ellas se han ordenado y regularizado durante esta administración 395, y con ello, 19 mil 127 lotes que las componen, lo que representa una superficie de 2.7 millones de hectáreas.

En los terrenos baldíos y nacionales propiedad de la nación, su regularización superó las expectativas establecidas en el Programa Sectorial Agrario 95-2000; se dio solución a la carga histórica de 110 mil solicitudes de regularización, que durante más de 3 décadas no se habían atendido.

En esta administración se han emitido mil 565 resoluciones que declararon 595 mil 175 hectáreas, como terrenos nacionales y se tituló el 81.4% de esta superficie, respetando el derecho de preferencia de sus ocupantes.

En estas tareas de ordenamiento de la propiedad social, participa de modo sustantivo, el Registro Agrario Nacional, órgano desconcentrado de la Secretaría, encargado del control registral y resguardo documental de la tenencia de la tierra ejidal y comunal, mismo que otorga 167 servicios de los cuales 6 están en proceso de certificación de calidad total.

La nueva etapa de la Reforma Agraria tiene como orientación estratégica fundamental, elevar el nivel de organización y capacitación de los sujetos agrarios.

Los ejidos y comunidades deben definir por sí mismos su propio desarrollo, ésta es una lección de fines del siglo pasado; por eso, las instituciones del sector han formulado una estrategia de apoyo al desarrollo agrario integral de ejidos y comunidades, con base en el fortalecimiento de la organización agraria básica y una adecuada información y capacitación para diseñar y aplicar conforme a su realidad, los instrumentos que hacen posible una más efectiva acción colectiva.

Esta línea de política agraria ha arrojado al día de hoy los siguientes resultados: al final del año 2000, se habrán capacitado a más de un millón de campesinos en el conocimiento y ejercicio de sus derechos agrarios; el 90% de los núcleos agrarios ha actualizado en asambleas sus órganos de representación y vigilancia; la mitad de los núcleos agrarios cuenta con sus reglamentos internos o estatutos comunales, mismos que contienen la base de su organización económica y social; en poco más de 13 mil núcleos agrarios, ejidatarios y comuneros han depositado en el Registro Agrario Nacional su lista de sucesión de derechos agrarios, fortaleciendo una nueva cultura registral; más de la mitad de ejidos y comunidades han celebrado su asamblea de aceptación y aplicación de libro de contabilidad para el manejo transparente de sus recursos.

En el mismo sentido, 14 mil 558 núcleos agrarios aplican el libro de registro de sujetos de derecho, lo que les permite actualizar el padrón de ejidatarios y de comuneros.

Asimismo, se apoyó a la constitución de 9 mil 681 figuras asociativas; el Fifonafe (Fideicomiso del Fondo Nacional para el Fomento Ejidal) ha entregado más de mil millones de pesos en fondos comunes a núcleos agrarios, a través de una orientación productiva.

Se apoya a través del Programa de la Mujer Campesina, a más de 15 microempresarias.

La propiedad social cuenta con mejores condiciones para explotar su potencial de desarrollo económico. La mitad de la superficie cultivable en México pertenece a ejidos y comunidades, así como casi la mitad de la superficie con riego o humedad permanente, y el 54% de la superficie de temporal a nivel nacional.

Hoy sabemos que 4 de cada 5 ejidos y comunidades cuentan con al menos, un recurso natural que puede ser explotado en beneficio de los sujetos agrarios; 3 de cada 5 núcleos agrarios cuenta con pastizales; uno de cada 5 cuenta con bosques en sus tierras y, en particular, 885 núcleos agrarios tienen tierras enclavadas en las valiosas selvas tropicales, cuyos recursos bióticos tienen una valor estratégico, no sólo nacional sino internacional; uno de cada 3 ejidos y comunidades tienen minas de materiales de construcción; 885 núcleos agrarios existen de depósitos de minerales no metálicos; 605 ejidos tienen tierras con acceso al mar y disfrutan de 6 mil 683 kilómetros de litoral, lo que ofrece un enorme potencial comercial, industrial, pesquero, turístico y de servicios; un total de mil 474 ejidos y comunidades tienen potencial para la acuacultura, y en especial, 324 ofrecen ventajas para la pesca marina; 737 núcleos agrarios cuenta con actividad o potencial para desarrollar diversas modalidades de turismo plural.

El aprovechamiento de estas potencialidades depende de la formación del capital humano a través de la capacitación y del capital social, a través de la organización de ejidos y comunidades.

El Presidente de la República ha sostenido que apoyar la organización de capacitación de los hombres y mujeres del campo es hoy tan importante, como en su momento lo fue el reparto de las tierras en el siglo XX.

Por otra parte, más de mil ejidos y comunidades están aportando tierras para el crecimiento urbano de 116 ciudades medias y 4 zonas metropolitanas, lo que les abre un conjunto de opciones para beneficiarse de la plusvalía que este fenómeno genera, no sólo a través de sociedades inmobiliarias, sino de bienes y servicios que demandarán los mercados urbanos. Esto permitirá que los beneficios de este proceso sean para los propietarios de la tierra y no para los especuladores y los fraccionadores.

Dentro de la política de integración de desarrollo rural, desarrollo urbano, Fifonafe apoya el Programa de Constitución de Inmobiliarias Ejidales, a través de la cual se capacitan hoy mil ejidatarios.

Producto de la aplicación de la nueva legislación e institucionalidad agraria y del ordenamiento de la propiedad social, se cuenta ahora con una amplia información que nos ha permitido reconocer los nudos estructurales que condicionan el desarrollo del ejido y la comunidad; es decir, el minifundio, la presión social sobre la tierra y el envejecimiento de los titulares de los derechos agrarios.

Al campo mexicano, ha sido atendido en esta administración como una estrategia integral a través de 4 frentes: el frente agrario, el frente productivo, el frente ambiental y el frente social.

El presente, es un comentario al informe de los principales resultados que en materia de política agraria ha realizado la administración del Presidente de la República.

Es importante señalar, sin embargo, que la tarea agraria del Estado mexicano, enfrenta aún grandes retos que debe superar para llevar a las mujeres y a los hombres del campo, los instrumentos necesarios para elevar sus niveles de vida.

El Estado de Derecho y la legalidad en el campo mexicano son componentes fundamentales de la agenda agraria nacional y condición indispensable para su adecuado crecimiento y desarrollo, la superación de los problemas estructurales del campo son hoy, tareas inmediatas.

En el horizonte del desarrollo agrario, como ha ocurrido a lo largo de la historia, se ubica la evolución institucional del sector agrario.

Termino esta intervención poniéndome a su disposición, señoras y señores diputados.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Muchas gracias, señor Secretario.

Están inscritos para fijar la posición general de su grupo parlamentario, los siguientes ciudadanos diputados: por el Partido del Trabajo, el señor diputado Jaime Cervantes Rivera; por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado José Rodolfo Escudero Barrera; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Rogaciano Morales Reyes; por el Partido de Acción Nacional, el diputado Edgar Eduardo Alvarado García, y por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado José Luis González Aguilera.

Tiene hasta 10 minutos para hacer uso de la palabra, el diputado Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo.

El diputado Jaime Cervantes Rivera:

Con el permiso de la Presidenta, señor Secretario, compañeras y compañeros diputados.

El Partido del Trabajo considera que la estrategia agraria, por excelencia, de este gobierno, la de capitalizar, impulsar el desarrollo del campo por la pvía de la certificación, fracasó rotundamente.

Quisiéramos saber, y los campesinos, principalmente, ¿dónde están las pruebas en contrario? Veamos a continuación.

El 6 de enero de 1992 Carlos Salinas de Gortari reeditó la traición de Chinameca contra el campesinado, presentó una reforma agraria que fue aprobada por los legisladores del PRI y del PAN en los momentos culminantes del presidencialismo autoritario y de las llamadas concertacesiones.

Dicha contrarreforma se fortaleció bajo el continuismo zedillista. Los argumentos y las líneas centrales de esta iniciativa consistieron básicamente, en lo siguiente: la afirmación, sin derecho a réplica, para estar a tono con esta comparecencia, de que no había más tierra que repartir; se sostenía en aquel entonces el propósito de acabar con la inseguridad, la incertidumbre jurídica y la desorganización en el campo; y la obligación del cuidado ecológico y para ello se planteaba introducir seguridad y certidumbre jurídica mediante la certificación de la propiedad; incorporar los avances tecnológicos para elevar la productividad y el bienestar de las familias campesinas; estimular la iniciativa y creatividad de los productores rurales, y lograr la capitalización del campo por la vía de nuevas formas de asociación en las que jugaría un papel central la inversión privada.

Todavía -se decía-, era necesario para alcanzar la modernización nacionalista que demandaba el México rural del siglo XXI. Casi nueve años después, ¿cuál es el saldo de la contrarreforma neoliberal? Hoy, el campo mexicano es fiel reflejo de una crisis estructural nunca superada, que viene de finales de los años 60, a la que se han sumado los efectos de las políticas neoliberales de los últimos dos sexenios.

Tenemos así, más de tres décadas de estancamiento en las actividades agropecuarias que incluso, se han acentuado en los últimos años. El resultado está a la vista: atraso, desarticulación productiva, migración masiva, marginación y, lo que es peor, pobreza.

La persistente desinversión, sobre todo pública, se ha traducido en el deterioro de la infraestructura, del equipo productivo, de las tareas de extensión agrícola y de investigación, así como de los mecanismos de comercialización. A esto debe sumarse la reducción y en muchos casos, desaparición de las instituciones gubernamentales encargadas de brindar atención al campo, por supuesto, siguiendo los dogmas neoliberales del equilibrio fiscal y de la preeminencia del mercado en la asignación de recursos. Sin embargo, estancamiento y atraso ha sido el saldo de la combinación de crisis estructural y políticas agrarias neoliberales.

Estas políticas en efecto, han debilitado los sujetos agrarios tradicionales, ejidatarios y comuneros; suplantándolos parcialmente con las nuevas figuras asociativas de la tierra y explotación de la tierra. Lo han hecho provocando la catastrófica desarticulación productiva y social en que se encuentra sumido el campo mexicano.

Bajo las políticas agrarias neoliberales, como las de este sexenio; el desplazamiento geográfico de familias y poblaciones casi enteras, sólo ha representado el paso de la miseria rural a la miseria urbana.

Como resultado del modelo neoliberal que siguió aplicando esta administración, la participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto, pasó del 4.3 por ciento en 1990, a 3.8 por ciento en 1994; y suponiendo un crecimiento de 5 por ciento del Producto Interno Bruto, para el presente año, dicha participación será del 3.7 por ciento.

Así, en el actual sexenio prosiguió la caída en la aportación de la agricultura a la riqueza nacional; es decir, el campo sigue en declive. Adicionalmente, vale mencionar que en 1995 a la fecha, el ingreso de los productores rurales cayó más del 50 por ciento; cifra muy superior al 21.3 por ciento en que disminuyó el salario mínimo real.

Asimismo, debe subrayarse que actualmente importamos alrededor del 35 por ciento, del consumo nacional de granos básicos. En contraste con todo lo anterior, el Sexto Informe reporta un conjunto de acciones y metas siempre alcanzadas, y hasta superadas en materia agraria, entre las que destacan: el finiquito del rezago agrario en el plano administrativo; ¡vaya semejante triunfo!; la seguridad y certeza que confirieron los procesos de certificación de la propiedad, la resolución de numerosos conflictos agrarios de diverso orden y la dotación adicional de tierra que no forman parte del rezago; la asignación de fondos para proyectos productivos de las organizaciones sociales agrarias, para la generación de fuentes de ingreso complementarias y obras de infraestructura de servicios; la capacitación campesina sobre derechos y obligaciones legales y el fortalecimiento de las organizaciones campesinas.

¡No pueden faltar tanto a la verdad y a la realidad nacional semejantes afirmaciones en el Informe! En particular, al dar por concluido el reparto agrario, el Ejecutivo abdicó de facto, de la responsabilidad de ejecutar las resoluciones presidenciales, rotación, ampliación o restituciones pendientes; con ello se privó a miles de campesinos de obtener una parcela y contar con un ingreso básico para sostener a sus familias. El supuesto de que ya no había latifundios por afectar no ha sido confirmado por la realidad; en los años recientes, diversas organizaciones campesinas han denunciado la existencia de latifundios, sobre todo aquéllos disfrazados bajo el esquema de derechos de propiedad distribuidos entre miembros de una misma familia y Chiapas -su estado, señor Secretario-, es un ejemplo de ellos ¡y usted lo sabe!

Por otra parte, la estrategia nodal de la política agraria consistente a las nuevas figuras asociativas, resultó un completo fracaso. Tales figuras no se han logrado extender ni consolidar, ya que el problema no es sólo de organización, sino de recursos suficientes para su apropiada operación; por ejemplo, se dice en el Sexto Informe que en todo el sexenio se constituyeron 9 mil 681 figuras asociativas para superar las limitaciones del minifundio y el fraccionamiento de la tierra; pero le preguntamos, señor Secretario: ¿cuántas de estas funcionan realmente con eficiencia y rentabilidad económica, si no cuentan con un paquete integral de fomento productivo?

Por otra parte, según estimaciones recientes, la conversión de propiedad ejidal a propiedad privada, apenas ha concluido; afortunadamente, a poco más de 80 mil ejidatarios. Es decir, al 2.6 por ciento de los 3 millones 025 ejidatarios del país.

Así, la estrategia estelar de la política agraria neoliberal fracasó estrepitosamente; no se capitalizó el campo, no fluyó la inversión privada; no fluyó el crédito y por esta vía, en lo absoluto ni mejoraron las condiciones de vida de la mayoría de los campesinos.

En otro orden, estudios recientes indican que en relación a la edad de los ejidatarios, el 53 por ciento supera los 50 años y el 24.5 por ciento tiene más de 65 años; la situación de vejez de la mayoría de los ejidatarios es evidente y ante ello, no se ha desarrollado una política de seguridad social y de alternativas productivas que les brinde la justicia social, que sin dudad merecen.

Asimismo, la participación de las mujeres en las actividades agrarias se ha venido incrementando en las décadas recientes. Cerca de 600 mil mujeres cuentan con títulos agrarios de carácter social y, sin embargo, no se ha implementado política alguna para brindarles una pensión integral para su desarrollo productivo, social y cultural; ante ello, el Partido del Trabajo reivindica la prioridad fundamental de atender a la mujer campesina.

En agudo contraste con estos datos de la realidad, en el Sexto Informe se plantea que todas las acciones y medidas realizadas durante la presente administración se hicieron para asegurar el patrimonio de 3.6 millones de familias de ejidatarios y comuneros, así como para estimular las actividades productivas; fortalecer la igualdad de oportunidades para los sujetos agrarios y fomentar el mejoramiento de la calidad de vida de sus familias.

Ante esto, le preguntamos señor Secretario: ¿de qué país imaginario nos habla el Ejecutivo federal?; ¿por qué emitir visiones triunfalistas que no corresponden a la realidad?; ¿por qué en lugar de ello no se generaron las condiciones para que la sociedad definiera democráticamente un nuevo rumbo para el campo?

El Partido del Trabajo insiste en señalar categóricamente, que en el campo se vive un desastre; y la tecnocracia y burocracia gobernante, es responsable de ello. ¡Muchas gracias!

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

¡Gracias, señor diputado!

Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado José Rodolfo Escudero Barrera, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado José Rodolfo Escudero Barrera:

Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados; ¡bienvenido, señor secretario Robledo Rincón!

La reforma agraria debe ser el marco regulador y de fomento para satisfacer plenamente las necesidades de la población para hacer realidad el viejo anhelo de la Revolución Mexicana y estimular de manera activa, una mayor producción que permita establecer un desarrollo tal, que dé la pauta hacia una comercialización en el exterior, de manera competitiva de los productos del campo y una tenencia de la tierra que no sea motivo de nuevas hazañas y lastre de la propiedad.

Los mexicanos no podemos ni debemos estar supeditados a las malas políticas de reparto agrario; debemos evitar nuevos latifundios y las condiciones de marginación e inseguridad jurídica que se han presentado durante décadas en este país. No permitamos que el campo mexicanos sea otra vez el catalizador de movimientos sociales que puedan desestabilizar al país debido a la falta de capacidad para otorgar a los agricultores el derecho de sus tierras; no debemos actuar de manera irresponsable en las políticas del agro mexicano.

Como usted sabrá, señor Secretario, la misión principal de la Secretaría a su cargo, es coordinar los esfuerzos gubernamentales para formular estrategias que orienten a una correcta ejecución de los programas que se refieren a la propiedad, la tenencia y/o el uso de la tierra.

El resolver la problemática agraria y el desarrollo rural, son fundamentales para dar respuesta a la mayoría de la población que es afectada por la pobreza.

Debe contribuir la Reforma Agraria y el registro y catastro de las propiedades y a manera conjunta con el Inegi (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), al sistema de información geográfica nacional; y además de solucionar conflicto de tierras, debe establecer mecanismos de inversión para mejorar la propiedad rural.

Aún y cuando las reformas agrarias forzaron una redistribución de la tierra entre los grupos campesinos e indígenas, los recursos financieros y técnicos complementarios, requeridos para aprovechar las nuevas oportunidades, fueron invariablemente colocados al servicio de otros.

Por ello, quitarle tierras a alguien para darle a otros, no, no es la forma de solucionar el problema, la tierra se le debe dar a los que soliciten dentro de un marco legal, y evitar con ello las invasiones que se registran en diversos puntos del país, por parte de los campesinos, sobre todo, el Sureste. Las que son propiciadas por la necesidad y el hambre que padecen los campesinos e indígenas, especialmente del área de la selva chiapaneca.

Uno de los sectores menos favorecidos con el reparto agrario, es sin duda, el de los pueblos indígenas, en donde se debe hacer una consulta a fondo para que ellos opinen sobre las estructuras que convendría mejor a sus comunidades, y poder hacer una regularización en cuanto al reparto de tierras, y definir su inserción más equilibrada dentro de su comunidad, del desarrollo nacional y con nuevas vías de solución.

Existen campesinos y diversos grupos indígenas en todo el país, marginados del desarrollo y bienestar del Estado, que subsisten a la producción de sus cultivos y tierras. Se debe generar riqueza y productividad en cada una de estas regiones para que pueda haber un equilibrio.

Definitivamente, señor Secretario, lo que se necesita es legalidad y diálogo, no debe seguir los contrastes que marcan grandes diferencias en entidades tan ricas en recursos naturales y pobre en su gente, regiones a donde no llega el progreso con sus beneficios, como lo es la salud, la educación y el reparto de sus tierras.

El Partido Verde Ecologista de México está consciente de la importancia que tienen los recursos naturales en torno al desarrollo del campo, sabe que es falsa la alternativa entre fomentar el desarrollo agrario y la conservación de los recursos naturales; por el contrario, estamos convencidos que se puede simultáneamente realizar uno y otro en beneficio del equilibrio de los ecosistemas y de la economía de las familias que podrán trabajar y tener empleo con el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales.

El desarrollo sustentable complementa las luchas por la justicia social, los derechos humanos y la diversidad cultural.

Sabemos que la solución a los problemas de la tenencia de la tierra no es una tarea fácil, pero si todos los sectores actúan unidos, se podrán sentar las bases para que México tenga un futuro mejor.

Muchas gracias, compañeros, señor Secretario.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra hasta por diez minutos, el diputado Rogaciano Morales Reyes, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Rogaciano Morales Reyes:

Con permiso, Presidente, compañeras, compañeros diputados, ciudadano Eduardo Robledo Rincón, secretario de la Reforma Agraria.

La Reforma Agraria constituyó el más ambicioso y efectivo programa social de redistribución de la riqueza desarrollado por la Revolución Mexicana. Gracias a esa Reforma Agraria, fue posible la destrucción del latifundio porfirista y el reparto agrario de poco más de 100 millones de hectáreas en beneficio de 3 punto 5 millones de mexicanos, campesinos, ejidatarios y comuneros.

Gracias también a esa Reforma Agraria, México logró una producción agropecuaria de crecimiento constante y sostenido, y se benefició de la producción a bajos costos de bienes-salario, que subsidiando al conjunto de la población posibilitaron la transferencia de recursos a otros sectores de la economía. Sin Reforma Agraria, la industrialización en México no hubiera sido posible.

Sin embargo, la Reforma Agraria mexicana ha tenido enemigos desde su nacimiento, de hecho, bajo la inspiración de las ideas antiagraristas de Luis Cabrera, expuestas en ese texto clásico titulado Veinte años después, el nacimiento del Partido Acción Nacional estuvo asignado por su oposición a la reforma y al reparto agrario, al ejido y a la comunidad como formas de propiedad social y al contenido agrario del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, la Reforma Agraria mexicana, con el pretexto de que había cumplido con sus objetivos, fue cancelada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Retomando las banderas no del partido que dice defender a la Revolución Mexicana, sino adoptando las ideas del Partido Acción Nacional, Carlos Salinas de Gortari impuso la "Contrarreforma Agraria", dando lugar a la llamada nueva política agraria.

La muerte y traición de la Reforma Agraria, se consumó con Carlos Salinas de Gortari, quien hizo modificaciones al artículo 27 constitucional, que con el voto del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional le impuso al campo un nuevo marco jurídico neoliberal y anticampesino.

Usted, señor Secretario, disculpe, no es en realidad titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, sino de la Secretaría de la "Contrarreforma Agraria", usted recibió ese encargo y lo ocupa no para engrandecer y perfeccionar las acciones de la Secretaría de la Reforma Agraria, sino para administrar su liquidación y extender su acta de defunción.

Porque consecuente con su programa anticampesino, el Partido Acción Nacional, después de apoyar a Carlos Salinas de Gortari en su reforma al artículo 27 constitucional, ha vuelto a la carga con su vieja demanda de suprimir la Secretaría de la Reforma Agraria, y así lo ha ofrecido el presidente electo, Vicente Fox, en su proyecto de reformas a la Administración Pública federal.

Señor Secretario, tenemos el convencimiento de que la política agraria en México y la actuación de la Secretaría de la Reforma Agraria a partir de las reformas salinistas al artículo 27 constitucional y de la firma del Tratado de Libre Comercio, lejos de promover el reparto agrario, la justicia y el bienestar para los campesinos se ha convertido en una instancia meramente burocrática que reparte papeles en lugar de tierras.

En efecto, las tareas actuales de la Secretaría de la Reforma Agraria, se desarrollan fundamentalmente atendiendo programas burocrático-administrativos y giran alrededor del Programa de Abatimiento del Rezago Agrario y del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, Procede, iniciado en 1993. Por ello, una valoración de estos programas puede ilustrarnos acerca del enfoque y de los logros de la política agraria oficial.

Para el actual gobierno, la compleja problemática agraria se limita a considerar como problema agrario, sólo aquél que se refiere al rezago agrario en su versión legal. Esta manipulación permitió decir al gobierno el 10 de enero de 1996, durante la ceremonia de presentación del Programa Sectorial Agrario -comillas, las acciones agrarias pendientes de resolver están claramente definidas en los artículos 3º, transitorios del decreto que reforma al 27 constitucional y de la Ley Agraria.

De conformidad con este marco jurídico, forman el rezago agrario 6 mil 473 expedientes relativos a dotación, ampliación, nuevos centros de población, restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, conflictos por límites, así como solicitudes de segregación de presuntas propiedades particulares en bienes comunales -cierran comillas.

Ya desde el 31 de octubre de 1995, el doctor Ernesto Zedillo había manifestado -comillas, reitero mi compromiso de culminar el Procede antes de que termine el año 2000, y hoy fincamos claramente el compromiso de que el rezago agrario será superado antes de la conclusión de la primera mitad en mi administración -cierran comillas.

Es evidente que, como en el caso del Procede, la administración de Ernesto Zedillo incumplió con su promesa de abatir el rezago agrario, aún si éste se le considera integrado con los 11 mil 367 expedientes que la Secretaría de la Reforma Agraria considera comprendidos en los supuestos del artículo 3º, transitorios del decreto que modifica el artículo 27 constitucional y la nueva Ley Agraria.

Anteriormente, un expediente agrario se consideraba resuelto y se restaba del rezago agrario cuando se ejecutaba una resolución, o bien, se declaraba improcedente.

Ahora se considera resuelto un expediente cuando pasa de la Secretaría de la Reforma Agraria a los Tribunales Agrarios. En realidad, el actual gobierno resuelve el rezago agrario trasladando los expedientes de un escritorio a otro y no dispone de información verídica y confiable del abatimiento del rezago agrario.

Señor Secretario, el Partido de la Revolución Democrática constata, a partir de las cifras oficiales aportadas en el VI Informe de Gobierno y de la propia realidad del campo mexicano, que la política agraria del gobierno, que afortunadamente está por concluir, ha fracasado en los propósitos justicieros que se trazó la Revolución Mexicana en beneficio de los campesinos.

El texto original del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... el Programa Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial Agrario. Por tales razones, no podemos, de ninguna manera felicitarlos por el desempeño de su gestión, sólo esperamos de usted que responda con exactitud y precisión las preguntas que más adelante se le harán. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Edgar Eduardo Alvarado García, del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos.

El diputado Edgar Eduardo Alvarado García:

Con su permiso, señor Presidente. Honorable Congreso de la Unión. Señor Secretario, Eduardo Robledo Rincón.

Desde la perspectiva de Acción Nacional y su razón histórica dentro de los temas agrarios, fundados en los ideales de don Francisco I. Madero, tomando como referencia la dictadura de don Porfirio Díaz, que generó un conjunto de contradicciones que afloraron a partir de 1910, siendo la cuestión agraria el estandarte de todos los bandos revolucionarios en las luchas que se prolongaron por más de diez años, motivando a don Francisco I. Madero, en el Plan de San Luis Potosí a expresar lo siguiente: "Abusando de la Ley de Terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos por acuerdo de la Secretaría de Fomento o por fallo de los Tribunales de la República...", situación que a la fecha, al parecer, no ha cambiado y sigue siendo, desde Madero, el mismo reclamo en el área rural.

Tanto ayer como hoy, igual resuena la frase: "Tierra y libertad". Porque la tierra de nadie no produce ni hace justicia a nadie.

En 1992, Acción Nacional impulsa las reformas al 27 constitucional, con el objeto de dar certidumbre jurídica, justicia y equidad al campesinado mexicano. Pero entendíamos por justicia el hecho de dar a cada quien lo que le corresponde. Pero se nos olvidó contemplar que la justicia se deriva de la práctica de los justos.

En cuanto hace al PRD, conocemos su postura, señor diputado. Desde hace mucho tiempo que la conocemos. El problema es que ustedes jamás han aportado soluciones al campo mexicano. Son muy buenos para criticar, pero no le conozco soluciones.

Por lo cual... por lo cual, las bien intencionadas leyes que se derivaron del 27 constitucional, fueron coartadas por la inmensa organización política que tendenciosamente utilizó las leyes, las instituciones y los mecanismos del sector agrario, para favorecer un proyecto electoral y no un proyecto de nación.

Por consiguiente, usted sabe que el Ejecutivo tuvo como objeto primordial, dentro de las reformas al 27 constitucional, dar por terminado el reparto agrario y lograr mayor justicia y equidad en el medio rural.

Permítame informarle, señor Secretario, que no ha concluido el reparto agrario. Y le voy a explicar porqué. Con las ya citadas reformas, se crean los Tribunales Unitarios Agrarios y el Tribunal Superior Agrario, como órgano autónomo y de recursos propios, traspasando Reforma Agraria, la totalidad de sus expedientes y controversias de carácter agrario, para después presumir que terminaron con el rezago agrario.

Reconocemos que fue un mecanismo e instrumento importante, pero no se vale, no se vale pararse el cuello cuando su única gracia fue dejarle el paquete al nuevo órgano que, por el hecho de ser autónomo, se convierte en vulnerable y presa fácil del influyentismo de los grupos políticos de su partido.

Qué lástima que en la reforma del 92 no se haya incluido al artículo 94 constitucional, los Tribunales Agrarios como parte del Poder Judicial, pero qué bueno que aquí estamos nosotros... y nosotros, para corregirlos y adicionarlos. Aunque ustedes presuman de sabios en la materia.

Ahora, le voy a hablar de otro órgano, la Procuraduría Agraria. Y al mismo tiempo, le explico qué grupos la manipulan. Si bien es cierto que ésta aparece como un órgano de buena fe, con el poder de acción en la procuración de justicia, haciendo las veces de fiscal, juez conciliador y defensor de oficio, en forma comparativa con los procedimientos del fuero común, también es cierto que a la fecha sigue condicionando su permiso de servir a tres grandes grupos: la Confederación Nacional Campesina, Antorcha Campesina y Central Campesina Independiente, todos estos, bastiones de lo que el PRI llama "el voto verde".

Mientras los subprocuradores orquestan la función de la Procuraduría, que se traduce en invasiones, despojos, controversias de posesión, problemas de deslinde, confrontación entre ejidos y todo esto provocado por el persistente afán de servir a intereses de los grupos políticos, haciendo... haciendo de manera tajante a un lado la aplicación de la ley.

Otro error de la Procuraduría fue la instrumentación del Programa Procede, Programa de Certificación de Derechos Ejidales. Éste debió ser dirigido a todas las comunidades y ejidos de la República, ya que al concluir no incluyó a la totalidad de éstos y es inaceptable, pues, si con el referido Programa se pretende dar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra, entonces no debe dejarse al arbitrio de las asambleas ejidales su aplicación o al criterio de funcionarios mediocres que ni siguiera tienen, ni tuvieron, la capacidad de realizar una labor de consentimiento para cumplir el objetivo señalado y se lleve a cabo en todos los ejidos del país.

No podemos pasar por alto el Registro Agrario Nacional, el cual cumple con una función de catastro rural. Mucho menos dejar de reconocer, señor Secretario, su buena fe, ya que no somos los que criticamos todo, como el Partido de la Revolución Democrática, sino que lo bueno lo reconocemos.

Podríamos remarcar que es el único órgano de Reforma Agraria, que desquita su partida presupuestal, ya que éste responde a la acción de la Procuraduría y resoluciones de los tribunales, por tanto, lo que haga o deje de hacer, no tiene efecto jurídico sobre él. Es culpa de la Procuraduría y de los tribunales, los errores que a la fecha se han dado. Por lo que no se le puede culpar de los errores, en cuanto a la titulación o conflictos a los que me refiero, pero como seguramente ustedes se dieron cuenta de la bondades de este órgano, tuvieron que contaminarlo al permitir que el Ejecutivo de los estados y federal, en compañía de sus candidatos o sucesores en el poder, entregaran en forma masiva los certificados de derechos parcelarios haciendo creer a los beneficiarios que es un regalo de su majestad y no una obligación de su gobierno.

Las indemnizaciones en el campo son, a la fecha, el tema de mayor relevancia. Tal parece que a usted y a la dependencia a su cargo... no tuvieron ni la voluntad ni la capacidad de cumplir con la ley en la materia, ya que la mayoría de los litigios por concepto de expropiación o decreto presidencial, se han tenido que ventilar en los Tribunales Agrarios, promovidos por los afectados, demandando el pago por concepto de indemnización, situación por la demás incongruente, ya que, si bien es cierto, el Tribunal es competente para conocer, también es cierto que a quien tiene la obligación de garantizar las indemnizaciones es la Reforma Agraria, que cuenta con un órgano llamado Fifonafe (Fideicomiso del Fondo Nacional para el Fomento Ejidal), quien de manera oficiosa debería efectuar los pagos oportuna y expeditamente, sin tener que convertirse en parte litigante contra los intereses de los afectados

Por último, señor Secretario, el problema en materia de Reforma Agraria no radica en las cifras como debe de darse cuenta. La tierra ya no crece y sus problemas aún no terminan, y espero que en el futuro podamos coordinar esfuerzos para no perder lo que se ha ganado y recuperar cuanto antes mucho de lo que se ha perdido. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado José Luis González Aguilera, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.

El diputado José Luis González Aguilera:

Con su permiso, Presidenta de la Asamblea, señor Secretario de la Reforma Agraria. Compañeras y compañeros diputados. Dentro de la postura de la fracción parlamentaria en esta Honorable Cámara de Diputados, es fundamental considerar la participación de los protagonistas de la realidad del campo mexicano, donde en consenso, promovamos una nueva alianza con el Estado, para definir la inserción del sector rural en su conjunto como parte importante del desarrollo económico del país.

En este sentido y dentro de la modernidad de las instituciones del gobierno federal, la Secretaría de la Reforma Agraria debe de reorientar sus funciones de acuerdo a la evolución y transformación de la política agraria, dado el agotamiento del reparto masivo de tierras, que fue un factor importante durante décadas en la que se buscó que el ejido y la comunidad, fueran los ejes principales de tranquilidad en la sociedad rural... Aquí me hice bolas, a ver... que el reclamo de muchos miles de campesinos que exigían un pedazo de tierra, para satisfacer las necesidades y el sustento de este importante sector productivo que repercutiera en mejores condiciones de vida, para sus familias arraigadas en cerca de 28 mil ejidos y aproximadamente en 2 mil 300 comunidades indígenas, que representan 3 millones y medio de ejidatarios y comuneros, jefes de familia y cerca de 1 millón y medio de propietarios privados.

En una población rural de millones de pobladores en el campo mexicano, dada su complejidad en la primera etapa de la Reforma Agraria, donde los puntos de vista encontrados por el reparto de tierras entre sector social y de los propietarios privados, la institución federal encargada de dar seguridad en la tenencia de la tierra, buscó, conforme a la Ley y a todos los recursos de avenimiento, evitar a toda costa el desbordamiento de conflictos sociales, tanto de ejidatarios y comuneros con propietarios privados, como entre ejidatarios y comuneros.

En este proceso que generó desgaste para todas las partes, ya que lo que para el sector social representaba dar cumplimiento a la lucha por llevar al campo justicia social, generado del Movimiento Armado de 1910, para otros, representaba violar sus derechos constitucionales en la defensa de sus propiedades particulares, pero con el pasar del tiempo y de afrontar todas las instancias legales para todas las partes en conflicto por la tenencia de la tierra. Hoy podemos afirmar que la situación jurídica por la seguridad y tranquilidad del recurso de posesión y explotación de la tierra, repartible en todas sus modalidades en su gran mayoría, está definida, quedando pendiente de resolver en sus instancias judiciales amparos y resoluciones.

Expedientes que representan una proporción considerablemente menor a los que existían en 1994.

Por ello y a partir del 17 de enero de 1934, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto, mediante él, en atención al señalamiento del artículo 27 constitucional, se crea un organismo como dependencia directa del Ejecutivo Federal, denominado Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, cuyo propósito fundamental era atender la problemática del campo mexicano y el compromiso de incorporar a la población campesina al proceso productivo del país, mediante el establecimiento de mecanismos y estrategias encaminadas a generar empleos, garantizar su bienestar y participar en el desarrollo nacional.

Esta dependencia del Ejecutivo Federal, actualmente, modificada en su estructura y elevada a Secretaría de Estado, se ha ido adecuando al compromiso del Estado de impartir justicia agraria con equidad y honestidad.

Cabe destacar que a partir de la reforma del artículo 27 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992 y la promulgación de la Ley Agraria, el 23 de febrero del mismo año, se concibe una transformación que hoy a ocho años de su reforma, es limitado el cumplimiento de sus objetivos, ya que las expectativas no han tenido petición exitosa y los beneficios significativos esperados para la sociedad rural, en su conjunto, distan mucho de ser nada más seguridad en la tenencia de la tierra en sus... (ininteligible) básicos.

Por ello y una vez concluido el reparto masivo de tierras, se requiere conformar una secretaría de la Reforma Agraria con otra concepción operativa y reorientar sus funciones como para promover el desarrollo y fomento de cada uno de los ejidos, comunidades, colonias agropecuarias, pequeñas propiedades en las que se impulsen proyectos productivos acorde al potencial y vocación de sus tierras, bosques y aguas, significando su potencial de desarrollo productivo y su agrupamiento, que permita optimizar toda clase de recursos, realizando un minuciosos inventario de recursos materiales y humanos, susceptibles de aprovechamiento, diagnosticando su desarrollo productivo y su organización interna.

En este nuevo escenario, la Secretaría de la Reforma Agraria, debe de continuar su tarea de culminar actividades sustantivas dentro del proceso social agrario, que es la aplicación de la Ley Agraria, y dentro de estas acciones prioritarias, está: definir excedentes de tierras, realizar enajenaciones que procedan, culminar expedientes de expropiaciones, reconocimiento y titulación de bienes comunales, normar el control de terrenos nacionales y demasías y su enajenación, supervisar la actualización del catastro en la propiedad rural y comunal, llevar el registro de las sociedades mercantiles agrícolas, ganaderas o forestales, los cambios de calidades y usos de suelo, la expedición de certificados y título que estipule la Ley Agraria, asegurar el buen funcionamiento de las parcelas sociales del ejido Guayins, parcela de la juventud y parcela escolar, organización y capacitación.

Renglón importante a destacar son la implementación de los acuerdos agrarios, conformados con aquellos grupos solicitantes de tierra, que por insuficiencia material no fue posible dotarlos de las superficies reclamadas y que en agosto de 1997, se firmaron una serie de acuerdos agrarios con 37 organizaciones campesinas nacionales, con otras 60 organizaciones regionales y más de 100 núcleos independientes de Chiapas y con once de Oaxaca, para resolver cerca de 13 mil asuntos relacionados con el rezago agrario, y que dicha tarea de instrucción, de atención e instrumentación, seguimiento y cumplimiento se le encargo a la Secretaría de la Reforma Agraria.

Constituyéndose en fechas recientes por indicaciones del presidente Ernesto Zedillo, el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos de las Organizaciones Agrarias, para garantizar el cumplimiento de los compromisos en materia de organización y fomento de las organizaciones campesinas.

En esta propuesta, se han considerado más de 700 proyectos productivos viables, que vendrán a beneficiar a cerca de 25 mil campesinos, por lo que la participación de la Secretaría de la Reforma Agraria, representa para las organizaciones antes mencionadas, el idóneo vínculo para culminar con éxito los objetivos de los acuerdos, que si bien es cierto no se podrán cumplir en la presente administración federal, requerimos a la próxima administración cumplir con dichos compromisos.

En consecuencia de lo anterior, podemos afirmar que con todos lo errores y fallas humanas y después de décadas en la lucha por el reparto de tierras, debemos de actuar para afrontar los grandes problemas que todavía subsisten en el complejo agro mexicano, con una actitud de convergencia, ya que la Reforma Agraria no concluye con el reparto de tierra ni las modificaciones del artículo 27 vienen privatizar el ejido. Nuestra sociedad rural está vigente y representa la tercera parte de los pobladores de México. Queremos prepararnos dentro de la nueva pluralidad democrática de la sociedad e impulsar los cambios que sean necesarios, respetando la identidad que le dio origen y sustento al movimiento campesino de México, impulsando aquello que haga llegar al campo capital, créditos, insumos, tecnologías, comercialización, organización, capacitación, fomento a las actividades productivas y en sí, todas las acciones que genere creación de empleos, que permitan erradicar las lacerantes condiciones de pobreza en el campo, donde los subsidios sirvan no como paleativos, sino como factores de un verdadero desarrollo rural integral y así el medio rural productivo se incorpore al desarrollo económico de la nación.

Ésta es la posición de la fracción priísta en la Cámara de Diputados; conservemos y preservemos a la Secretaría de la Reforma Agraria, como un instrumento del Ejecutivo Federal, eficiente, moderna, responsable y congruente a las razones y fundamentos, y objetivos, que les dieron vida institucional; privilegiar la justicia en el campo y mantener la paz social por la q ue lucharon muchos mexicanos, para que las generaciones venideras disfruten la consolidación de un Estado de Derecho, en la que todos cumplamos con nuestro deber y compromiso. Muchas gracias.

(Se escuchan aplausos)

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Para referirse al posicionamiento de los diferentes grupos parlamentarios, hará uso de la palabra hasta por diez minutos, el señor Secretario de la Reforma Agraria.

El Secretario Eduardo Robledo Rincón:

Muchas gracias, diputada.

Trataré en estos diez minutos de atender puntualmente los planteamientos hechos aquí.

El diputado Jaime Cervantes, después de plantear la importancia sobre el reparto agrario en nuestro país, y sin lugar a dudas, punto en el que coincidimos todos, seguramente los presentes en esta reunión, el valor, el significado que el reparto agrario en nuestro país tuvo, nadie puede explicarse ni explicar el pacto social mexicano sin entender el valor y el significado, la profundidad y la trascendencia de lo que significó en nuestro país el reparto agrario en México.

Al hacer el planteamiento el diputado Cervantes, decía: ¿cuáles son los resultados de las reformas al artículo 27 constitucional?

Sin lugar a dudas, que el proceso de reparto, siendo tan importante y fundamental en la conformación de nuestra nación, había llegado a su fin después de poner el 52% del territorio nacional en manos de 3.5 millones de familias; y si medimos la superficie rústica, veremos que es el 62% de la superficie nacional.

La tierra generosa, pródiga, como es, tiene el defecto de que no crece, y la población sí; y un esquema que había sido planteado desde su inicio para otras proporciones demográficas, había llegado a su fin, desde el momento en que no era posible seguir atendiendo con tierras de calidad, y con las superficies que originalmente se dotaban a los grupos que seguían demandando la tierra.

Dice el diputado Cervantes: ¿Y cuáles fueron los resultados de esta reforma?

Respeto sus opiniones, por supuesto, pero yo le diría, que básicamente hay dos primeros resultados, dos primeros resultados de esta reforma.

Uno. El otorgamiento, la consolidación de la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra en nuestro país.

A mí me parece que esto es un bien muy preciado en cualquier sociedad, el poder tener la seguridad jurídica de esa superficie, de esa tierra; superficie por la que lucharon, superficie por la que pelearon, que les costó vidas, que costó un gran esfuerzo nacional, superficie que poseían, pero que no tenían la libertad para decidir sobre ella, tenían la tierra, pero no tenían la libertad; y que en el momento en el que se concluye y se reconoce que no hay más tierra qué repartir; se lleva la reforma, y se inicia este proceso de reordenamiento de la propiedad, que es hoy ejemplo en el mundo, nos da un elemento sustantivo, que es la seguridad jurídica; no es suficiente, estoy consciente de ello, para resolver todos los problemas de ingreso y todos los problemas de pobreza y todos los problemas de marginación, de desigualdad, pero es un primer resultado.

Y el segundo gran resultado, diputado Cervantes, es, sin lugar a dudas, una nueva convivencia, una nueva relación en el campo de México; digo una nueva convivencia, digo una nueva relación, no digo el fin de los problemas en el campo, no digo el fin de los problemas de pobreza o el fin de los problemas de improductividad; hablo única y exclusivamente, de que hay una nueva convivencia social en el campo mexicano, y no lo digo como una frase personal, lo digo porque si 2.7 millones de titulares de la tierra, 2.7 millones de familias campesinas han resuelto sus problemas hacia el interior del ejido, han resuelto los problemas que tenían en sus solares, han resuelto los problemas que tenían entre sus parcelas, han resuelto los problemas que tenían de las tierras de uso común.

Es decir, han resuelto los problemas hacia el interior del ejido, y han resuelto, también, los problemas con sus vecinos, otro ejido, con sus vecinos, otra comunidad, con sus vecinos, la pequeña propiedad, si eso lo han resuelto 2.7 millones de familias, naturalmente que hay una relación diferente en el campo mexicano, que, por cierto, diputado Cervantes, el mérito es de ellos, no es de las instituciones, nosotros simplemente hemos acompañado la decisión de los campesinos de México; ellos han construido esta nueva relación más armoniosa, esa nueva relación mucho... en una mejor convivencia.

Dice el diputado Cervantes, falta capital en el campo; por supuesto que falta capital en el campo, el campo requiere, lo sabemos, créditos, requiere insumos, requiere tecnología, requiere comercialización; pero requiere fundamentalmente capital, en efecto diputado, capital; pero el capital no va a ninguna actividad, ninguna, no me refiero solamente a la agraria o a la agropecuaria, a ninguna, si no hay un elemento fundamental que se llama : seguridad jurídica.

Hoy, el 76% de la superficie está ordenada, titulada y certificada; quiere decir que el 76% de la propiedad social, tiene seguridad jurídica; ése es un primer resultado.

Ahora bien, si la reforma fue en 92, no es posible imaginarnos que al día siguiente iba a llegar el capital a tocar al campo para invertir, es un proceso, ustedes lo saben como dirigentes sociales que son, mucho mejor que yo, son procesos, y es un proceso que se va consolidando.

Concluyó el proceso de reparto agrario, se inició el proceso de ordenamiento de la propiedad, en el momento en que concluye el proceso de ordenamiento de la propiedad, desde la perspectiva nuestra, habrá de seguir el proceso del desarrollo agrario, el proceso de la organización y de la capacitación, para traducir todos estos instrumentos jurídicos, en instrumentos de beneficio para la sociedad rural.

Mencionaba usted, en el sentido de que se suspendieron la entrega de tierras, decía usted, palabras más, palabras menos.

Yo quiero decirle que 339 resoluciones presidenciales fueron ejecutadas en esta administración, por más de Un millón 290 mil hectáreas.

Hablaba usted de la existencia de latifundios, mencionaba usted algunos casos. Yo ahí, señor diputado, le digo, que no solamente el latifundio en México está prohibido, expresamente prohibido en nuestra legislación, sino que además, existen los instrumentos para que estos sean investigados, en los casos que esos existieran; de ser así, diputado, yo le propongo, yo le sugiero, respetuosamente, que haga llegar a la Procuraduría Agraria, los elementos para que esto sea investigado, y seguramente le podemos entregar los resultados que sobre este sentido se tengan; la Procuraduría atiende denuncias de latifundios, se han atendido 15 denuncias, de cuáles se han decretado, cuáles han sido improcedentes y cuáles no.

De suerte tal, que en ese sentido estamos a sus órdenes para atender este planteamiento. Que bueno que usted hablaba de estudios recientes que, justamente, son producto del ordenamiento de la propiedad, esos datos que usted citaba, diputado, y que coincido y comparto con ellos, son producto del ordenamiento de 21 mil ejidos y comunidades, producto del proceso de ordenamiento de la propiedad, producto del Procede (Programa para la Certificación de Parcelas y Titulación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos en Ejidos). Hablaba usted del envejecimiento de los titulares de la tierra, con los datos correctos, los comparto plenamente. Son los elementos que la Secretaría ha dado a conocer.

De manera tal, que a mí me parece que los elementos que hoy están a la vista, los resultados que sobre esto... que la reforma ha dado, son éstos y son perfectamente auditables, perfectamente medibles. Decía usted que el porcentaje de 2.6% de ejidatarios han adoptado el dominio pleno, ahí sí permítame respetuosamente hacerle una corrección, es el 0.005%. Es decir, quienes planteaban, antes de la reforma, que con las reformas al artículo 27 el ejido se iba a privatizar, iba a acabar la propiedad social, yo quiero decirle, diputado, que a la fecha de hoy, solamente el 0.31%, 0.31% de la propiedad social, ha ido al dominio pleno, y de ésta, no toda, pero un buen porcentaje se ha enajenado y la que ha sido enajenada es porque es tierra con vocación urbana, es tierra que está en las orillas de los poblados y que con reforma y sin reforma, esa superficie hubiera llegado.

Mire usted, solamente para darle un dato, entre 1974 y 1992, 170 mil hectáreas se tuvieron que regularizar durante veinte años, de tierras que fueron consumidas por el desarrollo urbano y que fueron producto de tratos agrarios, es decir, fenómenos que no se pueden tampoco evitar.

Me pasan una cuestión de tiempo y voy apenas en el primer diputado. Este... una síntesis. Sí, rápidamente. El diputado José Escudero Barrera, mencionaba varios aspectos en su intervención sobre la legalidad y el diálogo, el desarrollo agrario, por supuesto, en una cuestión... no puedo estar más de acuerdo, señor diputado.

Desarrollo agrario y conservación de recursos naturales, por supuesto que son compatibles, por supuesto que la forma de contribuir a la conservación de los recursos naturales es, justamente, a través del desarrollo agrario.

El diputado Rogaciano Morales Reyes, hablaba del valor de la Reforma Agraria, en la cual coincido plenamente en su planteamiento sobre la importancia de la función de la Reforma Agraria en el proceso de reparto, y después hacía una serie de consideraciones en las que no comparto, pero que quisiera yo, de alguna manera, rápidamente resumir.

Yo diría, que no es que el fin del rezago agrario que culminó el 21 de agosto de 1997, no es el hecho de trasladar papeles, dice usted, de un escritorio a otro escritorio. No, se suprimieron las facultades jurisdiccionales del presidente de la República y fueron trasladadas a tribunales especiales autónomos, ¿sí? Eso es lo que hizo la reforma y no era cuestión de pasar un papel de un escritorio a otro escritorio, es que la Secretaría, de acuerdo al tercero transitorio del 27 constitucional, tenía la obligación de poner en estado de resolución esos expedientes. Situación que culminó el 21 de agosto de 97.

A mí me parece, diputado, que nadie duda del valor del reparto -decía yo, al principio-, pero tenemos que entender a la Reforma Agraria como un proceso social, un proceso jurídico, un proceso administrativo pero, fundamentalmente, como un proceso social que cumple etapas. Cumplió la etapa del reparto agrario, está cumpliendo la etapa del ordenamiento de la propiedad, deberá de cumplir el proceso, la fase de la etapa del desarrollo agrario.

A mí me parece pues, que no hemos repartido papeles en vez de tierras, como usted decía, hemos repartido elementos que le dan la seguridad jurídica, que le dan la libertad al ejidatario de disponer de su solar, de tener la seguridad jurídica de su parcela y de sus tierras de uso común, no son papeles, yo creo que valdría la pena preguntarle a los más de 6 millones, perdón, de documentos que se han entregado a los más de 2.7 millones de familias qué importancia le dan a esos papeles, que a veces nosotros lo decimos de una forma, tal vez no con el valor ni con el peso que ellos sí le dan por lo que representa en términos de su seguridad.

El diputado Edgar Eduardo Alvarado, de Acción Nacional, decía que no ha concluido el reparto agrario. Perdóneme, diputado, el reparto agrario concluyó en el 92, esto es uno de los cuatro elementos de la reforma fundamental en el 27 constitucional y dice que se le dejaron... se le fue el paquete a los tribunales agrarios. No, no se le dejó el paquete, se les transfirieron facultades jurisdiccionales del presidente de la República, que le fueron suprimidas, y se le trasladaron a estos tribunales, para que sean ellos los que resuelvan.

En ese sentido también, diputado, usted hacía mención -y lo quiero subrayar-, de alguna cuestión en el sentido de que la Secretaría tiende solamente de manera interesada a la CNC (Confederación Nacional Campesina), a la Antorcha y a CCI (Confederación Campesina Independiente). Yo quiero decirle que nosotros tenemos con 37 organizaciones nacionales, acuerdos agrarios, con 60 organizaciones independientes de Chiapas y con las cuales tenemos un trato permanente, no solamente con estas tres, que también las atendemos, pero también atendemos las otras 37, dirigentes de varias de ellas que no mencionó usted, están aquí presentes, por cierto.

Mencionaba usted, que el Procede se debió de haber dirigido al total de los núcleos y que no se le debió de haber dejado a la Asamblea el que ellos decidieran o que los funcionarios menores, con adjetivos que no comparto con usted, diputado, le voy a explicar porqué.

En primer lugar, lo que hace la reforma es darle la libertad al ejido, darle la libertad y suprimirle, precisamente, la injerencia que el Estado tenía en la vida del ejido, y la libertad del ejido y de la Asamblea es decidir si participa o no en el programa, es un derecho que ellos tienen. Y dice usted, que los funcionarios tienen, deciden... los funcionarios no tienen absolutamente nada que ver si un ejido entra o no a Procede, es la Asamblea uno de los diez pasos para llegar a la entrega, a la culminación. Es justamente el que la Asamblea determine.

Decía usted, que bueno que mencionaba usted las cosas buenas del ramo, que desquita su partida, yo creo que la desquita toda la Secretaría y si usted supiera cuál es la partida: tres centavos de cada cien pesos del Presupuesto de la Federación, yo creo que los resultados que hemos mostrado, los cumple plenamente la Reforma Agraria, la Procuraduría, el Registro y el Fifonafe.

Mire usted, solamente el Fifonafe, que mencionaba usted los decretos de expropiación, la Secretaría ha ejecutado más de 2 mil 248 decretos, y dice usted que el Fifonafe pague inmediatamente, el Fifonafe no le cuesta, desde 1984, un centavo al erario, funciona con recursos propios. Lo único que no puede es pagar las indemnizaciones, porque esas las tiene que pagar quien las promueve. No es posible que el Fifonafe las pague.

Finalmente, el diputado José Luis González Aguilera, habló del valor de reorientar las funciones de la Secretaría y de los ocho años de la aplicación de las reformas, en el sentido de que la seguridad jurídica no es suficiente. Por supuesto, comparto con usted este planteamiento, en el sentido de que no es suficiente, pero es el paso que tenemos que cumplir. El siguiente paso tiene que ser la organización y la capacitación: los instrumentos que cuenten los ejidos y las comunidades a decisión voluntaria y libre de los ejidos, de transformarse y utilizar sus potencialidades y de abatir sus debilidades. Y habló, por supuesto, de los acuerdos agrarios, esto es un compromiso, no es un compromiso administrativo, es un compromiso jurídico que existe con las organizaciones en el cumplimiento de los acuerdos agrarios.

Y habló, finalmente, de la nueva etapa de la Reforma Agraria, que comparto plenamente con el planteamiento agrario. Muchas gracias.

La diputada María Elena Alvarez Bernal:

Gracias, señor Secretario. Esta Presidencia les recuerda respetuosamente a todos quienes intervengan en esta comparecencia, se sirvan ajustarse a los tiempos establecidos en el artículo segundo del Acuerdo Parlamentario, por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias.

De acuerdo con ese reglamento, viene a continuación la primera ronda de preguntas y respuestas con derecho a réplica. Se concederá el uso de la palabra a los diferentes representantes de cada grupo parlamentario hasta por 4 minutos, y el señor Secretario tiene hasta 8 minutos para dar la respuesta.

En primer lugar, tomará la palabra por el Partido del Trabajo, el señor diputado José Narro Céspedes, hasta por 4 minutos.

El diputado José Narro Céspedes:

Con su permiso Presidenta, compañeras y compañeros diputados, señor Secretario.

En el informe del Ejecutivo, se plantea que una de las metas fundamentales del ámbito de su competencia, fue la de ampliar y fortalecer la justicia social mediante la conclusión del rezago agrario; esto hubiera representado la entrega de casi 2.2 millones de hectáreas en beneficio de ciento cuarenta y un mil ochenta campesinos, en el periodo de 1992 al 2000.

Con independencia de esta forma curiosa de presentar la cifra del balance sexenal, preguntamos a usted, ¿dónde está la contribución a esa supuesta Proeza, al mejoramiento de la justicia social, la equidad y oportunidades de desarrollo? Si lo que se observa en el campo mexicano es precisamente una mayor injusticia social, una brutal inequidad y la ausencia de oportunidades para los miles de familias campesinas.

Ahora nada más cambia de nombre, el reparto agrario ahora se llama rezago agrario; pero quiero comentarle que éste no ha concluido, usted sabe que nuestra organización nacional en la que yo milito y participo, que es la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, no ha firmado el finiquito agrario porque es un finiquito ilegal, a la que se pretende obligar a las organizaciones campesinas para recibir recursos económicos para la adquisición de tierras y resolver bajo esta vía el problema agrario, renunciando a la lucha por la tierra.

Quiero comentarle también que... bueno, este tipo de programas funcionan también en varios lugares de América Latina, gracias al financiamiento del Banco Mundial; por eso no nos extraña que aquí, México utilice las mismas estrategias que vienen definidas desde el exterior, para tratar de concluir con una lucha histórica que es del pueblo mexicano con la lucha por el reparto de la tierra; y lo que se está haciendo es fundamentalmente buscar legalizar el latifundio ahora con esa reforma agraria con las extensiones para la superficies forestales y para las superficies ganaderas.

Y legalizar el latifundio, porque las enormes irregularidades, complicidades y corrupciones que hubo para el reparto agrario durante muchísimos años; hay grupos agrarios de hace 30 ó 40 años que no les entregaron la tierra, ahora a través del Tribunal Agrario pretenden legalizar el atraco y el despojo para los pueblos agrarios de nuestro país.

Y bueno, quiero comentarle que nosotros seguimos propugnando, porque sea modificado ese artículo 27 Constitucional y se vuelve a hacer realidad el derecho de los pueblos del campo de nuestro país a la tierra; un derecho que no nos regaló nadie, un derecho que miles de campesinos han luchado y que fue una conquista de la Revolución Mexicana y que ustedes despojaron al pueblo mexicano de ese derecho, por impulsar neoliberal que ha postrado a los mexicanos en la pobreza.

Y sí para privatizar la tierra; no la han podido privatizar porque no hay inversiones, no la han podido privatizar porque la tierra no es rentable en nuestro país, no porque falten voluntad de ustedes para hacerlo y para impulsar esta política neoliberal de entrega de nuestro país a intereses extranjeros fundamentalmente.

Si bien, era necesario y legalmente obligatorio concluir el rezago agrario, ¿no existirían otras razones más importantes que ésta?; ¿no será que el problema nodal del campo, más bien consiste en el abandono financiero?; ¿la falta de inversión en infraestructura?; ¿el desmantelamiento de la asistencia técnica y de la capacidad productiva?; ¿y desde luego en los enormes problemas de comercialización y no se ha hecho nada? Se acusó al ejido de tener en la banca rota al campo, cuando el pleno fundamental no era el ejido, sino una política de... sin créditos, sin apoyos a la comercialización que es la que tiene al campo en el atraso y en la pobreza.

Y quiero comentar ya para concluir Presidenta, nada más que estamos totalmente en contra de una política que pretende individualizar las políticas en el campo, el Procampo al individuo; cuando se aplicó el Procampo hubo un compromiso del gobierno federal para poder aplicar este mecanismo de financiamiento a los grupos organizados, esto no es cierto no ha sido posible.

El Procede también es individualizado, buscan romper el tejido social de las comunidades del campo, de las comunidades rurales de nuestro país; buscan aparentemente ciudadanizar el... -igual de Progresa, es para el individuo-, no es para los grupos, no es para las organizaciones, para darle un trato individual, para terminar de desmantelar el tejido social en la comunidad rural y hacer más susceptible al campo de esta política neoliberal de despojo y de atraco; y en donde la han quitado... han provocado la descapitalización del campo a partir de un intercambio totalmente desigual.

Por sus respuestas señor Secretario, que el tema es mucho más amplio, le damos las gracias.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Gracias, señor diputado. El señor Secretario tiene hasta 8 minutos para dar respuestas a estas preguntas.

El Secretario Eduardo Robledo Rincón:

Muchas gracias. Señor diputado José Narro.

En relación con el planteamiento que usted hace sobre el rezago, a mí me parece que valdría la pena ampliar un poco más este comentario con el fin de poder hacer algunas precisiones.

La responsabilidad de esta administración, era el que 6 mil 473 expedientes que aún permanecían en la Secretaría, fuera puestos en estado de resolución ante los tribunales, el Tribunal Superior Agrario. Esto -repito-, se concluyó el 21 de agosto del 97, con esta responsabilidad.

De estos expedientes, 2 mil 70 son expedientes de tierras y 4 mil 36, segregaciones de presuntas pequeñas propietarias enclavadas en bienes comunales; aunque no es estrictamente responsabilidad de la Secretaría, permítanme utilizar algunos elementos del Tribunal Superior Agrario que nos pueden ayudar a ilustrar poco también, lo que ha representado las acciones en favor de 141 mil campesinos, que durante este periodo permitió el que las sentencias pronunciadas por el Tribunal Agrario, en favor de estos 141 mil campesinos, fue de la dotación de 2.2 millones de hectáreas.

Estos son los resultados concretos que se tienen, producto de las sentencias emitidas por el tribunal -subrayo y repito-, no es responsabilidad de la Secretaría, simplemente hago referencia a los resultados de esta área.

De igual manera, ya lo decía anteriormente, pero hemos ejecutado 339 resoluciones por más de un millón 290 mil hectáreas, con más de... cerca de 22 mil campesinos beneficiados.

Esto lo menciono en relación con el tema del rezago agrario, pero el cumplimiento de esta meta no es suficiente, esto es una parte de la responsabilidad, estarían por atender todas las demás responsabilidades que la propia Secretaría tiene.

Decía usted que era una forma de legalizar el latifundio, no encuentro la forma de explicarme esto, que esta severación que usted hace, porque por el contrario, el ordenamiento de la propiedad lo que ha perrmitido, es justamente el conocimiento con mucha precisión, de la superficie hacia el interior del ejido y fuera del ejido; lo que ha permitido es que tengamos hoy información suficiente, cartográfica, información sociodemográfica, con una altísima precisión de todo el país y que podamos saber estos casos en donde pudieran darse; nosotros no tenemos conocimiento ni reporte de ninguno de estos asuntos que usted plantea en relación con este tema.

En efecto, la organización que usted encabeza no firmaron los acuerdos agrarios, hago un paréntesis, lo cual no ha sido motivo, ni ha sido razón, para que la organización no sea atendida como merece y como tiene derecho de serlo. En este tema específico, en relación con los acuerdos agrarios a mí me parece que a pesar de las grandes dificultades, de las muy severas, serias dificultades que hemos tenido para atenderlos, de las limitaciones presupuestales, con 20 organizaciones hemos terminado al 100 por ciento el cumplimiento de estos acuerdos agrarios.

Estamos en un proceso de terminar la parte por lo que hace al tema estrictamente de tierras; y estamos, de manera muy avanzada -y quiero subrayarlo nuevamente- en el tema de organización y fomento; esta metodología que descubrieron el esfuerzo conjunto de organizaciones e instituciones para resolver y atender un reclamo de quienes demandaban tierra y a quienes jurídicamente, no era posible ya atenderlos.

Y ahí, permítanme utilizar el comentario que usted hizo para profundizar sobre esto, porque me parece de la mayor importancia, de la mayor trascendencia: Hoy, 402 grupos de éstos, que aceptaron; con muchas dudas, con mucha resistencia, pero que aceptaron que ya no había tierra que repartir, y aceptaron un proyecto productivo de los 1 mil 500 y fracción de grupos, hoy, 402 están absolutamente resueltos, absolutamente operando y contando con los recursos en un esfuerzo interinstitucional para ser atendidos.

Esto -repito- lo subrayo porque más allá del esfuerzo interinstitucional, el mérito es de las organizaciones, porque es un cambio cultural de la mayor trascendencia, de la mayor importancia. Es la modificación de una cultura que durante 80 años luchó por el reparto de la tierra, que luchó por la tierra y que ha aceptado, que han aceptado estos grupos, a estos grupos han aceptado recibir en sustitución, un proyecto productivo, un equivalente, a través de un proyecto productivo. Me parece que es algo que debemos de destacar.

Decía usted que el Procede (Programa para la Certificación de Parcelas y Titulación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos en Ejidos) es un programa individual; bueno, es que individuales son, en este caso, los derechos de los solares, de las parcelas; no así la de las tierras de uso común. Pero a mí me parece que una familia que tiene el título de su solar, en donde ha vivido durante 50 años y hoy cuenta con un título de propiedad de su solar, pues es un elemento de seguridad para esta familia; y lo es colectivamente en las tierras de uso común; y lo es en el certificado de la parcela en donde trabaja. Es decir, el qué hagan con esta libertad, el qué hagan con este derecho es algo que les corresponde a ellos.

Otro de los elementos de la reforma fue justamente, trasladarle a la Asamblea esas facultades que antes existían dentro del Ejecutivo y particularmente dentro de la Secretaría de la Reforma Agraria y que hoy lo tienen ellos.

Y quiero decirle -y concluyo con esto, diputada- han sabido muy bien qué hacer con su libertad; porque los resultados están a la vista, después de ocho años; han sabido qué hacer, han sabido cómo cuidar su patrimonio. Han habido dificultades, sí, por supuesto, han habido problemas, por supuesto que los han habido. No todo lo quiero presentar como una cuestión que no hay ningún problema y que todo está resuelto; no. Que estos elementos, esta aplicación de una nueva legislación que modificó a otro de cerca de 80 años, ha sido a favor y en beneficio de los campesinos.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Gracias, señor Secretario.

Para formular sus preguntas, hará uso de la palabra el señor diputado... ¡Ah, perdón! Tiene, para hacer uso de su derecho de réplica, cuatro minutos.

El diputado José Narro Céspedes:

Quiero comentar varias cosas de lo que usted acaba de señalar, señor Secretario.

Lo primero es lo de la libertad. Antes teníamos los certificados agrarios, que no era... no es más que lo mismo, nada más revuelto. La gente tenía su certificado individual, agrario. Ahora, ésta procede, aparentemente, pretenden tener las cosas... una libertad que ustedes no nos han dado.

Yo le he señalado a usted -como a la gente que depende de usted-, de miles de problemas en donde la Procuraduría, la gente del Registro Agrario Nacional quieren aplicar el Procede a fuerzas. Yo le dije del ejido de Villa de Coss. Tiene irregularidades el ejido; lo señala el reglamento del Procede, que un ejido que tiene irregularidad es porque no fue entregado en su totalidad, que no ha sido resuelto el problema agrario todavía, a pesar de eso, miles de intentos para hacerle el Procede; y lo estaban haciendo, estaban haciendo las mediciones en forma totalmente ilegal; violando el reglamento.

Está el ejido de Tacualeche de Guadalupe, igual, amenazando con que no se les daba el Procampo (Programa de Apoyos Directos al Campo), con que no se les daban los programas de Alianza.

¿Cuál libertad? O sea, tampoco hagamos del discurso, demagogia; porque conocemos del campo, Secretario; nosotros sí conocemos del campo, y hemos luchado por esto durante muchos años, y vamos a seguir luchando.

La lucha por la tierra no es una lucha a la que vamos a renunciar porque nos den un proyecto productivo, también se lo quiero comentar. Nosotros, como organización campesina en el país, tenemos más de 500 proyectos productivos que estamos impulsando, pero no por un proyecto productivo vamos a renunciar a nuestro derecho como han hecho otras organizaciones, a seguir luchando por la tierra; como dijo un compañero aquí, como dijo Zapata y como dice la Coordinadora Nacional Plan de Ayala: "...Tierra y libertad", ¿no? Hoy luchamos por la tierra, y también por el poder.

Y como dicen los compañeros de Sudamérica: "... La reforma agraria es una lucha de todos". La reforma agraria no nada más es el concepto de la tierra; no nada más es organización sino es la vida comunitaria, es mucho más allá; es una forma que el país y que los mexicanos nos hemos dado como parte de nuestro proyecto de nación; y ustedes han buscando coartar con ese proyecto a partir de impulsar políticas privatizadoras, individualizadoras para tratar de desmantelar el tejido social de los grupos del campo.

El Procampo es individual, la Alianza por el Campo se le entrega al individuo, no a los grupos; el Progresa es individual en el campo; ésa es la política que ustedes han aplicado para desmantelar un tejido social que ustedes crearon; que fue conquista de una revolución y que ustedes entregaron a otro proyecto, al proyecto, ahora del PAN, que ustedes entregaron por una política neoliberal. Ustedes entregaron principios por seguir los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, por seguir los lineamientos del Banco Mundial.

Ésa es la verdad, eso es la...

Quiero comentar también que en ese sentido, usted sabe también que hay problemas agrarios que no se han resuelto. Está el problema -por poner un ejemplo- del mirador del municipio de Valparaíso, Zacatecas; un problema de un amparo que ustedes tenían que haber pagado y que no han pagado todavía. Tienen la obligación constitucional de hacer el pago porque hay un amparo que protege al propietario, y se han negado a pagar; no han pagado ustedes.

Entonces, aquí podemos venir a decir que ya terminamos desde el 97. Yo quiero decirle que no; que las ideas de los campesinos de nuestro país, que la lucha por la tierra en este país no ha terminado por más que ustedes quieran que termine: No ha terminado; seguimos en lucha; y en esta tribuna, y en este Congreso nosotros, los luchadores que hemos estado al lado de los campesinos durante muchos años, seguiremos dando la lucha porque ese artículo 27 sea modificado y porque los derechos de los campesinos se restituyan plenamente, como los hemos conquistado y como se conquistaron desde el 17. ¡Muchas gracias!

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra para formular sus preguntas el señor diputado José Rodolfo Escudero Barrera, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cuatro minutos.

El diputado Rodolfo Escudero Barrera:

Con su permiso señora Presidenta; diputados.

Compañeros diputados, señor secretario Robledo Rincón: El rezago agrario en México es un problema tan añejo que parece que las autoridades trabajan cómodamente bajo su justificación; sin embargo, la falta de regularización de la tenencia de la tierra es el principal obstáculo para el ordenamiento ecológico de nuestro territorio, así como la principal restricción para resolver la tradicional demanda de los pueblos indígenas de México.

Cabe resaltar que para perjuicio de las comunidades indígenas, sus demandas nunca han sido prioridad dentro de la agenda nacional; como tampoco lo fue en su informe que nos acaba de dar, tan elocuentemente; y tampoco, la mención que ha faltado en este recinto sobre este grupo de indígenas, cuando nosotros hablamos de Reforma Agraria o del rezago agrario, tenemos que pensar que hay dos grupos: uno, de los campesinos, y los otros, los indígenas, ambos marginados, pero pienso yo que los indígenas han sido olvidados y realmente están en un extremo de la pobreza y el olvido.

Ustedes bien saben, señor Secretario, que de seguir con dichos rezagos, será muy difícil establecer las bases, para que la mayoría de nuestros mexicanos, salgan de su condición de marginación y de pobreza extrema; durante el pasado mes de mayo, fuimos testigos de la efectividad de la amenaza de la fuerza pública y no precisamente de la negociación política, sino el desalojo que sufrieron más de 15 comunidades indígenas, asentadas en la reserva de la biosfera de Montes Azules, en el estado de Chiapas, comunidades indígenas, a las que cabe recordarle la institución a su cargo, no ha resuelto sus problemas de tenencia y de regularización a sus tierras; tierras que por más de 50 años han sido pobladas por dichas comunidades.

Siendo que usted, señor Secretario, es el encargado de resolver dichos asuntos de una manera negociada y pacífica, nosotros los diputados del Partido Verde Ecologista de México, tenemos varios asuntos que les solicitamos atentamente, nos atienda.

En primer lugar; ¿por qué fue necesario acudir al uso de la fuerza pública, la policía federal preventiva, para resolver los problemas de regularización de la tierra? ¿Qué lo hizo pensar que no podía resolverlo por la vía de la negociación?

También le solicitamos, traiga el conocimiento a este órgano legislativo, las evidencias de que las promesas otorgadas a las comunidades alojadas de Montes Azules, han sido cumplidas, así como de qué manera y en qué magnitud han resuelto sus demandas.

Les solicitamos haga de nuestro conocimiento, el funcionamiento y los resultados del fideicomiso, por el cual ustedes se comprometieron a ofrecer la instrumentación de capacitación, así como la puesta en marcha de proyectos productivos alternativos para dichas comunidades, como también los documentos y las evidencias que demuestren que para la regularización de la propiedad de las nuevas tierras, en las que se asentarán las comunidades indígenas, no habrá un nuevo rezago, del cual la Secretaría de Reforma Agraria, deba avergonzarce una vez más.

Por su atención y respuesta, muchas gracias.

La diputada María Elena Alvarez Bernal:

Gracias, señor diputado.

Para responder a la preguntas, hará uso de la palabra, el señor Secretario de la Reforma Agraria, hasta por ocho minutos.

El Secretario Eduardo Robledo Rincón:

Cómo no, muchas gracias.

Señor diputado, José Rodolfo Escudero, le voy a robar 30 segundos del tiempo de su respuesta, para hacer una precisión que me parece de la mayor importancia.

En primer lugar, tenemos que identificar que los certificados de derechos agrarios, que antes se entregaban, efectivamente, antes de las reformas de 1992, eran certificados que no ubicaban a la tierra como propiedad, sino solamente como usufructo, y hoy son propietarios, ésa es la diferencia, y hoy es un título y es un certificado como propietarios de ellos ¿no?

Por otro lado, sí me parece que hay que hacer una precisión, porque no acepto la expresión demagógica, de mencionarnos que es una expresión demagógica, el hablar de los certificados y de sus resultados, el hecho que en dos ejidos haya habido dificultades, no lo dudo, seguramente más, pero estamos hablando de más de 21 mil ejidos, en los que estamos nosotros trabajando y es posible que haya problemas, errores, fracasos, desviaciones, en un universo de 2.7 millones de familias, en donde el programa se está llevando a cabo.

A mí me parece, también, que por el contrario, el tejido social se fortalece, diputado, en ese sentido y que habría que revisarlo con un poco de más de fondo.

En relación con el tema de El Mirador, es una obligación jurídica, los propietarios se niegan a vender, si estamos conciliando, estamos (interrumpen).

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

(Habla fuera del micrófono). ...el reglamento no establece diálogos (le dan el micrófono), si fuera tan amable de atenernos a lo que enmarca.

El Secretario Eduardo Robledo Rincón:

Sí, ahora bien, en lo que hace al planteamiento del diputado José Rodolfo Escudero Barrera.

Yo aquí, señor diputado, quisiera tomar un tema que usted planteó. El rezago administrativo hay que distinguirlo del rezago social, no lo confundamos, tal vez yo no he podido ser suficientemente claro, una cosa es el rezago administrativo, que son los expedientes, los cerca de 11 mil 400 expedientes que estaban ahí y que habría que poner en estado de resolución, y eso no quiere decir que se hayan concluido los problemas agrarios de este país, quiere decir que terminamos esa obligación jurídica administrativa, de poner en estado de resolución esos expedientes, no quiere decir otra cosa, no quiere decir que se hayan concluido los problemas de carácter agrario en nuestro país, de ninguna manera es nuestra intención, plantearlo de esa manera, porque no es así.

Por lo que hace el tema específico que usted planteaba, en relación con la población indígena, déjeme decirle diputado, que entre los ejidos y comunidades, con población indígena, 4 mil 800 han sido certificados, a la fecha, respetando los usos y costumbres; de manera tal de que esto es un avance muy importante.

Y por supuesto, en el tema específico que usted planteó de Montes Azules, ahí existen 42 asentamientos, en toda esta zona; de ellos, 7 firmaron convenios de reubicación; 5 ya aceptaron la reubicación, está en proceso la firma de los convenios; 6 desean la regularización de sus posesiones; 8 no aceptan la negociación formal; 6 tiene derechos agrarios constituidos.

De manera tal, señor diputado, que en esto que es un esfuerzo interinstitucional, nosotros atendemos la parte que nos corresponde, que es estrictamente a la que hace a la cuestión agraria, es decir, si un núcleo tiene un tipo de derechos, respetarlos, por supuesto, y en el caso de aquellos que están asentados en esta zona, que la secretaría correspondiente ha realizado los trabajos, para delimitación de la zona de áreas protegidas u otra categoría, bueno, nosotros hemos contribuido, estamos trabajando en este proceso, siempre habremos de favorecer la vía de la conciliación.

El trabajo que la secretaría, señor diputado, ha llevado a cabo, usted puede tener plena seguridad de ello, no hemos caminado al ritmo que quisiéramos, precisamente porque hemos querido conciliar, ¿sí?, y trabajar a través del diálogo, a través del convencimiento, la solución de un asunto, ciertamente, muy complejo.

En varias ocasiones, la titular de la Secretaría de Semarnap (Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca) y su servidor, nos hemos reunido con los grupos, con el propósito de que ellos mismos vayan poniendo los tiempos y los ritmos para la solución de este asunto y que, por supuesto, podamos hacer conciliar los derechos, fundamentalmente y antes que todo, los derechos de ellos, de los indígenas y la necesidad de la conservación de los recursos naturales.

La diputada María Elena Alvarez Bernal:

Gracias, señor Secretario.

Señor diputado José Rodolfo Escudero Barrera, desea hacer uso de su derecho de réplica, tiene cuatro minutos para ello.

El diputado José Rodolfo Escudero Barrera:

Con su permiso, señor Presidente, compañeros diputados, señor secretario Robledo Rincón.

Es lamentable, que a pesar de los esfuerzos que está llevando a cabo la Secretaría de la Reforma Agraria, Chiapas sigue siendo el estado, como usted bien lo sabe, con el nivel más alto de marginación social, y que los grupos más afectados sigan siendo los indígenas, que por motivos políticos y económicos, han sido relegados de la posesión de sus tierras, como también de su garantía individual a ser reconocida su participación en el proceso de toma de decisión.

Sin embargo, las comunidades indígenas de su estado natal, han sido acusadas, por las autoridades, de delincuentes, de incendiarios, así como de invasores de terrenos, cuando en realidad es necesario denunciarlo firmemente, son víctimas de una pésima gestión gubernamental, para llevar a cabo un ordenamiento justo y que atienda de manera eficaz y oportuna a las necesidades de los que no cuentan con una base de recursos mínima inicial,que les permita, de acuerdo con los criterios gubernamentales, ser finalmente tomados en cuenta.

El Partido Verde Ecologista de México, responsabiliza el hecho de que la insuficiencia de su gestión, hayan conducido y sean la responsables, que las comunidades indígenas estén sujetas a un crónico estado de marginación; es por ello que le exigimos que el proceso de reubicación de las comunidades de Monte Azules, sea llevado de manera digna y transparente. Muchas gracias, señor Secretario.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Gracias, señor diputado.

Para formular sus preguntas, tiene la palabra el diputado Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cuatro minutos.

El diputado Jesús Garibay García:

Con su permiso Presidenta, compañeros diputados y diputadas, señores funcionarios.

Señor Secretario, Robledo; antes que nada quiero decirle, que el destino me dio la oportunidad de dos cosas: Constatar su caballerosidad en la mesa, como lo hizo la maestra Julia Carabias, qué bueno que no tiene la prepotencia del Secretario Téllez, a quien pusimos en su lugar... en su sitio en este lugar, me tocó hacerlo. La segunda oportunidad es, decirle: Que, qué lastima, que la institución a su cargo en el noveno distrito de Uruapan, Michoacán, no fue lo que usted dice; ahí la institución parecía más partido político, que institución. A pesar de eso, a pesar de eso aquí estamos.

Decía don Luis Cabrera, que el rezago agrario y el fin del mismo, era una vieja promesa oficial que se venía repitiendo hasta aquel entonces, y desde entonces hasta ahora, como promesa de cada sexenio. Definía también a ésta, como el no dar curso, por parte de las autoridades agrarias, a las solicitudes de tierras, presentadas por los campesinos.

Uno de los elementos para medir este rezago, son las resoluciones presidenciales no ejecutadas, además de la lentitud en el trámite agrario; sin embargo esta definición histórica del rezago agrario, ha sido sustituida por una nueva definición estrictamente legal, obviamente neoliberal, obviamente acorde al modelo económico que les ha sido dictado desde el exterior.

Yo quisiera preguntarle a usted con la misma caballerosidad; sería posible que esta soberanía conociera, o nos podría informar desglosadamente ¿cuál es el avance real del abatimiento del rezago agrario?; debe haberlo, pero ¿cuál es realmente?

De los 11 mil 367 expedientes que en algún momento reconoció la institución ¿cuánto se ha avanzado?; ¿cuántos permanecen sin ser resueltos en los tribunales agrarios?; y, solicito autorización a la presidenta para que me regale medio minuto adicional a mi tiempo. El presidente electo de México, Vicente Fox, su partido Acción Nacional, ¿han sido informados por esa institución a su cargo del rezago agrario?, ¿cree usted que los campesinos de este país, después de 18 años de neoliberalismo, merezcan que les desaparezcan la institución?

Si la política agraria en los últimos 18 años ha sido de abandono, falta de interés en los hechos, carencia de crédito hacia los ejidatarios, interferencia en muchas ocasiones en su organización. El presidente Zedillo, tuvo la suerte de salvarse de un estallido en el campo; esperemos que esto lo entiendan los que lograron la presidencia el 2 de julio, si alguna duda tienen, señores, hay que voltear y ver a los campos cañeros.

El ingenio de Lázaro Cárdenas en el municipio de Taretan, es un vivo ejemplo. Mi pregunta es muy concreta ¿podríamos contar con esa información, señor Secretario? Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Gracias, señor diputado.

Para dar las respuestas, hará uso de la palabra el señor Secretario, Eduardo Robledo Rincón, hasta por ocho minutos.

El Secretario Eduardo Robledo Rincón:

Gracias, diputada. Señor diputado Jesús Garibay García, en primer lugar, acepte usted una disculpa que... por algo que yo desconocía en relación con... la actuación en ese noveno distrito, de funcionarios o de representantes que pudieran haber no tenido la conducta que estaban obligados a atender, de absoluta imparcialidad, le pido en ese sentido, si fue como aquí usted lo ha expresado, una disculpa por esta situación.

En relación a los cuatro asuntos que usted ha planteado, señor diputado Garibay; por un lado, lo que hace a los 11 mil 367 expedientes que el tercero transitorio del 27 constitucional, obligaba a que la Secretaría de la Reforma Agraria, pusiera -repito- en estado de resolución, desde el punto de vista administrativo -subrayo- esto se cumplió el día 21 de agosto de 1997, se dio por concluido, terminó la Secretaría, cumplió esta obligación que la Secretaría tenía, de poner en estado de resolución todos estos expedientes a los que correspondía durante esta administración, completando los 3 mil 367. Por supuesto que -repito- lo que hace un momento comentaba, los tribunales... el Tribunal Superior Agrario, que como responsable a quien se le trasladó las facultades jurisdiccionales que le fueron suprimidas al Presidente de la República que hasta 92 tenía, ha emitido a la fecha, las sentencias correspondientes para beneficiar a 141 mil campesinos, con una superficie de 2.2 millones de hectáreas, esto es por lo que hace a los datos.

Los datos más concretos y demás, si usted me lo permite yo se los hago llegar de manera muy puntual, solicitaré al Tribunal Superior Agrario quien tiene esta información, no pertenece, no dependen de la Secretaría; pero con mucho gusto podría ampliarle con más detalle esta información, señor diputado.

En relación con que... si la Secretaría ha hecho del conocimiento del equipo de transición, el tema relacionado con el rezago agrario; le diré señor diputado Garibay, que no solamente sobre esto... no hemos todavía tenido la reunión y no hemos podido a la fecha, no hemos presentado el panorama general de la Secretaría. En el momento en que esto se haga, obviamente que con toda seguridad, haremos la información detallada y puntual de todos los logros, pero también de todos los pendientes en ésta y en otras materias, señor diputado.

Decía usted también, en relación a, que si debe desaparecer la institución. Señor diputado Garibay, lo que yo creo que no puede desaparecer, es la responsabilidad jurídica que el Estado mexicano tiene en materia agraria; el 27 constitucional, el párrafo tercero, es muy claro en ese sentido, y existe una responsabilidad del Estado mexicano en relación con la materia agraria.

Me parece que el cómo sea atendida esta política en materia agraria es y será una facultad y una atribución del próximo gobierno. El artículo 89 de la Constitución le confiere esa facultad, y el 90 se la confiere precisamente a este Congreso, para definir el cómo se atiende una política, no solamente la agraria, me refiero a todo en su conjunto; pero me parece que lo sustantivo es la responsabilidad que el Estado mexicano tiene en esta materia.

Es decir, la política pública que en materia agraria ha demostrado, a la fecha, su éxito, porque sin lugar a duda, a pesar, repito, lo subrayo y reconozco, de las deficiencias que pudieran existir, de los errores que pudieran haber, existe un resultado muy concreto, muy auditable, social y contablemente.

En materia de política social la materia más clara para auditar y observar los resultados es justamente la del ordenamiento de la propiedad, porque la superficie ahí está, los beneficiarios ahí están, es decir, y los resultados son muy claros en ese sentido.

Por otro lado, hablaba usted de la parte social con una preocupación que usted hacía en relación con el tema específico de los cañeros. Sin dejar de reconocer que existen, y por ello subrayo, perdonen que lo haga de esa manera, el rezago administrativo es una cosa, y el rezago social es otra cosa.

El hecho de que existan todavía asuntos agrarios, por supuesto que los existen, claro que existen asuntos agrarios pendientes, estamos en proceso de atención, pero puedo decirle diputado, con absoluta seguridad, que hoy son la excepción, ya no son la generalidad como antes lo era, ya no es la generalidad de los asuntos que generaban la inseguridad, la indefinición hacia el interior del ejido, y hacia afuera con sus vecinos, léase: propietarios, comuneros o propios ejidatarios.

De manera tal, que esta nueva convivencia social que han construido los campesinos, lo dije al principio, lo reitero, el mérito no es de las instituciones, el mérito es de los campesinos.

Ellos han tenido la sabiduría, ellos han sabido demostrarnos una y otra vez más, que son más inteligente que nosotros, y han sabido resolver problemas históricamente. Hoy están resolviendo, 2.7 millones de ellos lo han resuelto, lo han hecho.

Los instrumentos han sabido utilizarlos en beneficio de una convivencia más armoniosa, no digo en una convivencia sin problemas de otra naturaleza.

La diputada María Elena Alvarez Bernal:

Gracias, señor Secretario.

Diputado Jesús Garibay García, ¿desea hacer uso de su derecho de réplica? Dispone de cuatro minutos.

El diputado Jesús Garibay García:

Un régimen terminará, pero los asuntos agrarios lamentablemente no van a concluir.

Creo que es con propuesta como podemos avanzar, no con descalificación. Poco avanzaríamos diciendo que en el municipio de Taretan, en el ejido de Tipítaro y Tipitarillo, donde los campesinos fueron desalojados, puestos presos, en Ario de Rosales donde se funda nuestro supremo tribunal de este país; donde Morelos un 7 de marzo lo hace, poco avanzaríamos con decir eso.

Mucho avanzaríamos si revisáramos los expedientes. Si efectivamente pudiéramos desarrollar acciones que permitan que el ejido sea sustentable en su organización, en su producción; que el ejido pudiera ser un enorme avance agroecológico, de modernización, para llegar a eso tendremos que entrar al asunto de la educación pública, ¿verdad?, que por cierto, para qué desaparezcamos... la educación pública deje de ser laica y deje de ser gratuita, pues necesitamos otro México, y quitar a los mexicanos que estamos, pero ese es otro tema.

Señor Secretario, ojalá en el tiempo que todavía tendrán la responsabilidad de esa institución pudiera usted decir: "Bueno, menos mal, del día en que comparecí ante la Cámara de Diputados, al día que hice entrega de la Institución, por lo menos pude resolver Tipítaro y Tipitarillo".

Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Gracias, señor diputado.

Para formular sus preguntas hará uso de la palabra el señor diputado David Rodríguez Torres, del Partido de Acción Nacional.

El diputado David Rodríguez Torres:

Con permiso de la Presidencia, señoras y señores diputados, licenciado Eduardo Robledo Rincón, secretario de la Reforma Agraria.

En Acción Nacional estamos convencidos de que debe gobernarse, teniendo como directriz el bien común y el más amplio sentido de la solidaridad, esto es, que debemos asumir y enfrentar los problemas ajenos como si fueran propios, en tal medida, todo intento de las autoridades por transgredir el orden normativo, debe ser repudiado categóricamente y, en su caso, sancionado conforme a derecho.

Por eso, ahora, al tener la oportunidad de acercarnos al análisis del estado administrativo que guarda el gobierno federal nos extrañan las serias incongruencias que ahí se expresan, por lo que corresponde a la dependencia, de la cual es usted responsable licenciado Robledo Rincón.

El hecho es que en el texto presentado por el Ejecutivo, se citan numerosos casos de regularización de la tenencia de la tierra, el cual es difícil enumerarlos a todos, pero por ahora me remito cuestionarle sobre uno en particular; un solo caso, pero no por ello menos doloroso y dañino para las miles de familias que lo padecen.

Primero, usted señor Secretario, precisamente un poco antes de que se llevara a cabo el último proceso electoral federal en nuestro país, firmó un convenio con el gobernador del estado de Chihuahua, Patricio Martínez García, esto con el propósito de regularizar la tenencia de la tierra en algunas colonias del poniente de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Todo, hasta aquí, aparentemente es positivo para beneficiar a las familias que ahí están asentadas, sin embargo, la dependencia a su cargo, sabiendo de antemano que existe un litigio por el predio mencionado, usted firmó ese convenio.

Sabemos que de acuerdo a los más elementales principios de derecho, estos establecen que una cosa sub iudice no puede ser gravada, enajenada o sujeta a cualquier otro acto jurídico, mientras no se decide al respecto ante la autoridad judicial.

Número dos. Pero aquí, señor Secretario, no terminaron las cosas. El acuerdo que usted suscribió sirvió de base para que apenas 15 días antes de estas últimas elecciones, el gobernador del estado de Chihuahua, el contador público, Patricio Martínez García, hizo entrega de unas supuestas escrituras, cuyo valor registral es nulo, ya que el valor del documento que aquí exhibo, señoras diputadas y señores diputados, no es otra cosa más que un convenio ilegal firmado entre particulares, debido a que los supuestos propietarios carecen de personalidad jurídica y de calidad, para poder realizar el acto jurídico en la compra-venta.

Además, señor Secretario, existe una resolución publicada el 25 de abril de 1975, en la cual, el Diario Oficial de la Federación señala como propiedad de la nación, los predios mencionados. Ya han pasado 25 años de esa fecha, y aún las autoridades responsables, todavía no ubican físicamente ese polígono de terreno.

Luego, entonces, quisiera que nos aclarara por qué suscribió un convenio a todas luces irregular, ¿sería que lo hizo con propósitos meramente electoreros?

Por sus respuestas puntuales a cada una de estas interrogantes, agradezco a nombre de miles y miles de familias, que como las de Ciudad Juárez, Chihuahua, siguen esperando ver cumplido y materializado el anhelo de que sus inmuebles sean regularizados jurídicamente, más que por una razón, por estricta justicia.

Muchas gracias, señor Licenciado.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra, hasta por 8 minutos, el señor secretario Robledo Rincón.

El Secretario Eduardo Robledo Rincón:

Muchas gracias.

En primer lugar, robo 30 segundos, solamente para comentarle al diputado Garibay que estamos en proceso, no solamente de resolver estos dos asuntos que mencionó y le ofrezco poner todo mi empeño para poder avanzar en la solución del problema que integra toda la Meseta Purépecha, en donde puedo decirle que hoy, solamente, ya nos queda, aunque el número es muy grande, de 13 mil 665 hectáreas en conflicto, frente a las 250 mil que lo integran, y creo que vamos a dar un avance muy importante en la consolidación de este asunto, llevado vía la consolidación.

Señor diputado, en relación con el tema... -a ver, perdón, señor diputado

Rodríguez-, en relación con el tema que usted ha mencionado, específicamente de la carbonífera y de Anapra, que es, me imagino, a lo que usted se está refiriendo; el convenio que nosotros signamos fue de manera única y exclusiva con el gobierno del estado, para ir a la solución de un asunto que viene de 1889, un asunto que ha hecho... -usted lo conoce muy bien el tema y no me dejará mentir en ese sentido-, existen diferentes formas de propiedad en una población tan importante como Ciudad Juárez, y el propósito del convenio fue el que pudiéramos realizar los estudios técnicos, exclusivamente de parte nuestra, para definir qué superficie -fíjese nada más- es propiedad pública, qué superficie es propiedad privada y qué superficie es propiedad social, exclusivamente ésa es nuestra responsabilidad y ése es el compromiso que nosotros hemos establecido, porque nos parece de la mayor justeza, que un asunto de 1889, que por diferentes razones no se ha podido resolver, tenga un encausamiento en ese sentido.

Las otras acciones no pertenecen a la Secretaría, señor diputado, nosotros no expedimos escrituras, nosotros no realizamos ninguna otra acción posterior al apoyo técnico que estamos dispuestos a seguir ofreciendo para poder concluir un asunto que afecta -usted lo sabe- a miles y miles de familias y a cientos de colonias ubicadas en una zona que sigue generando un conflicto serio por la indefinición de los tipos de propiedad.

Ésa es nuestra responsabilidad, éste es nuestro compromiso y en ello estamos trabajando.

Esto, diputado, me permite llevar su planteamiento a reflejar la gran importancia que tiene el hecho de que debiéramos nosotros de incorporar, de ir al siguiente paso, que es la definición de políticas de uso de suelo, que no la tenemos más que bocetada, porque ése es el problema de fondo.

Es decir, una vez que terminemos el ordenamiento de la propiedad, lo necesario es ir a una política de uso de suelo, ¿cómo es posible que una ciudad tan importante como es Ciudad Juárez, puedan existir problemas de esta naturaleza, que hacen una convivencia de formas de propiedad tan complicada, y no estamos hablando de una zona distante, serrana, no, no, estamos hablando de una ciudad, de una población totalmente urbana, en donde la inseguridad es el elemento sobre el que están sentadas todas estas colonias, todas estas colonias, más de 50 colonias populares, ahí.

La falta de una política de uso de suelo; ése es el siguiente paso; al cual no podíamos llegar porque no teníamos el ordenamiento de la propiedad.

Mire usted, su planteamiento me permite ir todavía más allá.

Las 116 principales ciudades de México, las 116 principales ciudades del país crecen anualmente sobre una superficie de 30 mil hectáreas, eso es lo que consumen en su crecimiento, y estoy hablando solamente de las 116 principales ciudades, pero podríamos hablar de todas, porque todas las poblaciones están más o menos en esta misma proporción; pero hablemos solamente de los 116 centros urbanos más importantes del país, ahí se consumen 30 mil hectáreas, el 70%, casi 21 mil hectáreas, son ejidos o son comunidades, y hay ciudades como Torreón, por ejemplo, que el 94% de las tierras para su crecimiento es ejidal, y hay ciudades como Tijuana, que es todavía mayor, porque no tiene para donde crecer, ni para el norte ni para el oriente ni para el sur, excepto para donde está el polígono que son propiedad social.

Éste es el gran problema en donde hoy se hace un nudo, porque por un lado, los dueños originales de la tierra, que son los ejidatarios y los comuneros, no están siendo beneficiados, son los intermediarios, son los acaparados los que están siendo beneficiados de ese desarrollo urbano.

Por otro lado, los municipios están siendo afectados, precisamente porque definen el desarrollo de un municipio en un sentido y crecen en otro porque ahí se libera la oferta de tierra a través del dominio pleno que liberan los ejidos y comunidades; es decir, ¿cómo hacemos coincidir estos elementos, diputado? Yo creo que ése es un gran reto, yo creo que el problema de Ciudad Juárez sirve muy bien para ejemplificar, porque solamente Juárez y Tijuana tienen problemas de esas dimensiones, sirve para ejemplificar lo necesario, lo urgente, de ir en esta dirección en donde hemos iniciado. No vamos a concluir, señor diputado, no vamos a concluir porque hemos promovido el uso de estos instrumentos con más de mil ejidos, que hoy están en proceso de que puedan utilizar los instrumentos que la Ley hoy pone a su alcance para que sean ellos los beneficiarios y sean los ciudadanos que viven ahí, que sean quienes están necesitados del crecimiento industrial y habitacional de una ciudad.

Discúlpeme, diputado, que haya tomado el ejemplo, pero es lo más claro que tengo para ejemplificar, y el propósito -reitero- de este convenio, ha tenido únicamente la finalidad de ir a resolver las diferentes formas de propiedad que no son claras en Ciudad Juárez, en esa parte de Anapra y de La Carbonera.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Muchas gracias, señor Secretario.

Señor diputado David Rodríguez Torres, ¿desea hacer uso de su derecho de réplica? Tiene 4 minutos para ello.

El diputado David Rodríguez Torres:

Muchas gracias por su atención, licenciado Robledo Rincón.

De hecho, nosotros no tenemos la culpa de que los delegados regionales que usted tiene en diferentes estados del país lo engañen o utilicen su buena fe para llevar a cabo estos enormes fraudes en contra de quienes menos tienen y quienes son los más desfavorecidos.

Me voy a permitir proporcionarle copia de la escritura del predio mencionado, donde están 4 anotaciones marginales de la controversia que existe actualmente, desde 1999 y un año después usted fue y firmó un documento para ese tipo de convenio.

Tengo aquí también, las copias de los acuerdos de coordinación con el Gobierno del estado; una relación del análisis jurídico que se desprende de la escritura, la cual se basó para defraudar a miles de familias en algunas colonias en Ciudad Juárez. Nosotros no tenemos la culpa de que se le engañe y nosotros no podemos ni permitimos ser engañados en un Informe que adolece de acciones apegadas a lo que es la realidad.

Por otra parte, tal y como lo hemos hecho los diputados actuales del Partido Acción Nacional, ratificamos aquí nuestro compromiso, licenciado Robledo Rincón, para que juntos saquemos adelante todo este tipo de problemas. Sabemos que el Partido Acción Nacional solo, ni el PRD ni el PRI ¡ni ningún partido político por sí mismo, va a sacar a nuestro país adelante!

Nuestro compromiso es corregir las deficiencias que encontremos y mejorar los aciertos, que sabemos que tiene el país. ¡Muchas gracias, licenciado! (Aplausos)

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

¡Gracias, señor diputado!

Para formular sus preguntas, tomará la palabra el diputado Enrique Priego Oropeza, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 4 minutos. (Aplausos).

El diputado Enrique Priego Oropeza:

Con su permiso, señora Presidenta, señores diputados y diputadas, señor Secretario.

La labor del sector, fundamentada en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y en el Programa Sectorial Agrario, conlleva a la necesidad de la regularización de la tierra, su ordenamiento legal, la organización económica de los núcleos agrarios y la capacitación agraria.

Ante la reforma del artículo 27 constitucional, el Programa Sectorial Agrario propone consolidar la política agraria, para que la propiedad de la tierra sea la base del desarrollo y se traduzca en mayores ingresos, empleos y mejoramiento de la calidad de vida en el medio rural.

Entrada en el análisis y evaluación de los resultados, se menciona que terminado el reparto agrario, la tarea comprometida era la conclusión del rezago agrario en el año de 1997 y el fin del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación del Desarrollo Urbano, Procede (Programa Para la Certificación de Parcelas y Titulación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos en Ejidos).

En el último Informe de Gobierno, se menciona que tres entidades federativas han cumplido totalmente el proceso de certificación, en tanto que doce entidades más se encuentran entre el 82 y el 89 por ciento de avance; y se menciona también que al término de la presente administración, tan sólo se habrán concluido los trabajos de certificación en poco más del 75 por ciento del universo total de ejidos y comunidades; aludiendo que del 25 por ciento restante, en el 21 por ciento de los núcleos no será posible la certificación, entre otras causas por lo siguiente: estar catalogados como no viables y por desintereses manifiestos de los integrantes para incorporarse al Procede; en el restante 4 por ciento, se tienen trabajos muy avanzados a concluirse en el corto plazo.

Dentro del Programa Sectorial, se estableció la creación del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, Inda; con tareas fundamentales para incidir en la capacitación y organización de los núcleos agrarios; merced a una reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma Agraria.

Dicho Instituto desapareció de su estructura y en el último informe, por usted presentado, se pondera el diseño de un programa de información y capacitación sobre derechos agrarios y un programa estratégico de capacitación utilizando, fundamentalmente, los medios masivos de comunicación.

Cabe preguntarnos, señor Secretario; ¿qué tan eficientes han resultado las tareas desarrolladas en materia de capacitación? En el Sexto Informe se menciona que en este rubro se ha superado en 74.4 por ciento de la meta establecida en el Programa Sectorial Agrario, al impartir casi 50 mil cursos y capacitar alrededor de 930 mil campesinos; principalmente sobre legislación agraria, con el propósito de difundir el conocimiento de los derechos y obligaciones de los sujetos agrarios.

Si estas tareas de capacitación han incluso superado sus metas, ¿cómo es posible, señor Secretario, que se esgrima el desinterés manifiesto de los campesinos para incorporarse al Procede, como una de las causas de que los núcleos ejidales no logren su certificación?; ¿cuáles son los criterios para considerar que existen núcleos ejidales no certificables?

Señor Secretario, en estos días, mucho se ha comentado que el gobierno que entrará en funciones el próximo uno de diciembre, tiene la intención de promover la conveniencia de desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria en el marco de una revisión de la actual estructura orgánica de la Administración Pública Federal. Ante ello, creo que resulta del mayor interés escuchar de usted, su posición al respecto.

Señora Presidenta, necesito 50 segundos...

También, que nos precise ¿cuáles son, a su juicio, los grandes asuntos y temas agrarios pendientes que deja sin resolver esta administración?; ¿cuál fue la política que aplicó la Secretaría a su cargo, en el estado de Chiapas?; y por último, ¿cuáles deberían ser las opciones, los cauces y las nuevas orientaciones que reimpulsarán la resolución a la problemática agraria existente en el país?

Estas interrogantes, son las que deben incentivar el debate por la República; y esto es algo que con frecuencia, vergonzosamente, algunos quieren olvidar.

Con respeto, pero con firmeza, esta soberanía le pide a usted, señor Secretario, tenga a bien exponer y precisar con claridad, lo que al pueblo de México le preocupa. ¡Muchas gracias! (Aplausos).

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

¡Gracias, señor diputado!

Para formular las respuestas, hará uso de la palabra, el secretario Eduardo Robledo Rincón, por un máximo de 8 minutos.

El Secretario Eduardo Robledo Rincón:

¡Muchas gracias!

Señor diputado Enrique Priego Oropeza; en relación con los planteamientos que usted ha hecho sobre el Plan Sectorial Agrario y particularmente, con el tema del Procede, que veo que lo domina usted muy bien, en relación con los detalles y los problemas de fondo que este Programa puede tener, usted pone el dedo en la llaga, en relación con este asunto de por qué existen ejidos no viables -por decirlo de alguna manera; voy a simplificar un poco-, cuáles son las causas y por qué, si hemos avanzado en la capacitación, existen tantos ejidos no viables.

Aquí subrayaría -para ilustrar a toda la Asamblea-, el caso que ya mencionamos al principio; no olvidemos que el Programa es gratuito y es voluntario; que este Programa depende de la voluntad de la Asamblea el participar o no; y que por supuesto, más allá de los esfuerzos de capacitación y de orientación que puedan hacerse, existen más de 6 mil ejidos todavía, que están considerados como no viables.

De éstos, las causas por las que nos son viables, son primero: el 27 por ciento por rechazo al Programa -estoy hablando de los no viables-; por imposibilidad jurídica, el 23 por ciento; por conflictos por límites sin definir todavía; por problemática interna, el 10 por ciento; por despojo 6 por ciento; porque no existen sujetos agrarios; por imposibilidad para realizar trabajos técnicos... es decir, son varias causas.

Usted sabe muy bien que cuando este Programa se inició, hubo una amplia difusión y hubo -y yo creo que justificadamente-, muchas razones por las que muchos núcleos no quisieron participar en el Programa; por desconfianza; por desconocimiento; por dudas del Programa; por diferentes razones. Es decir, principalmente, por razones políticas; era el principal porcentaje que impedía el arranque y el desarrollo del Programa.

Esas razones ahora, son cada vez menores, cada vez son menos estas razones, son por razones de que hay un asunto jurídico pendiente, no se ha concluido, existen razones de rechazo al programa porque no tiene la información suficiente -perdón, porque no han terminado de ponerse de acuerdo.

Ahora bien, usted dice, ¿cómo se explica esta contradicción de que por un lado somos eficientes en la capacitación y no logramos convencerlos?

Bueno, aquí, nosotros lo que hacemos es allegar el mayor número de información, creemos nosotros que el ritmo al que va caminando el programa, habrá de permitir, de concluir esta administración, con el 76% de los núcleos agrarios totales concluidos.

Es decir, muy posiblemente, señor diputado, muy posiblemente, en cerca de 20 entidades pueda quedar totalmente concluido el programa, pero, por supuesto que los asuntos más difíciles, los ejidos más difíciles, incluso, de medir desde el punto de vista orográfico, pues son los que están al final o aquellos que tienen alguna problemática de carácter social, todavía.

En 1998, en el Presupuesto del 98, en el decreto sobre el Presupuesto, hubo una indicación de la reducción muy significativa y de un reajuste para la Secretaría. Aquí, la Secretaría se readecuó, tuvo que, entre otras cosas -usted lo mencionó, desaparecer una institución como el Inda, que me parece cumplía una función estratégica muy importante, hubo necesidad de hacer ese recorte, ese fue el decreto de la Cámara de Diputados en relación con el Presupuesto, nos ajustamos a él, lo cumplimos y diputado, no hemos dejado de cumplir una meta, a pesar de ese ajuste tan serio que la Secretaría tuvo que hacer en términos de sus recursos.

Como yo le decía al principio, el mérito es de los trabajadores, no es de nosotros. Han sabido ellos esforzarse para no dejar de cumplir una sola meta, aún a pesar de estas restricciones que hoy vieron.

Mencionaba usted el tema en relación con la desaparición, posible desaparición de la Secretaría y demás. Le reiteraría lo que comentaba con el diputado Garibay, yo creo que lo que no puede desaparecer es la responsabilidad del Estado mexicano que en materia agraria es muy clara la Constitución en ese sentido; sin embargo, el cómo cada administración enfrente una determinada política, pues es facultad del Ejecutivo -decía yo, en la Constitución.

La misma Secretaría antes -lo sabemos todos, fue Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, antes lo fue solamente de Asuntos Agrarios, antes fue una comisión nacional, antes fue una oficina, en fin, etcétera.

Se ha vivido un permanente cambio, ha vivido una permanente transformación. Hoy, se está cumpliendo -diría yo, la segunda fase de la Reforma Agraria, la del ordenamiento de la propiedad, ¿cómo habrá de enfrentar la del desarrollo agrario?, ¿cómo habrá de enfrentar la de la organización y de la capacitación? Yo creo que esa es una pregunta que tendrá que resolverse justamente, de acuerdo a las atribuciones y facultades del próximo gobierno, y justamente de este Congreso de acuerdo al artículo 90 de la Constitución.

Mencionaba usted el tema relacionado con la política en el estado de Chiapas. Mire usted, le daré solamente algunos datos rápidamente: En Chiapas, de 1915 -digamos, a 1994, se constituyeron mil novecientos cuarenta y tantos ejidos, a lo largo de todo este proceso.

Durante esta administración, durante estos 6 años, por sentencias del Tribunal Superior Agrario, se han ejecutado 255 mil 85 hectáreas, así como se han adquirido y se han entregado 245 mil 480 hectáreas; es decir, 500 mil 565 hectáreas, para beneficio de mil 645 grupos, ¿sí?, y de 86 mil 115 familias, esos son números muy concretos, muy auditables, que ahí están a la vista, ahí están los grupos.

Esto se traduce solamente durante esta administración, a finales de esta administración quedarán constituidos, constituidos cerca de 400 nuevos ejidos, independientemente de que estará el proceso de constitución de otros ejidos más.

Esto le habla de cuál ha sido la política agraria del Presidente de la República en el estado de Chiapas en materia Agraria.

Y finalmente, decía usted ¿cómo pararnos y ver hacia delante? Yo le diría rápidamente, yo creo que lo que tenemos al frente, es enfrentar los tres grandes nudos estructurales que impiden romper el círculo de la pobreza en el ejido y en la comunidad, que es el envejecimiento de los titulares de la tierra, que es la presión demográfica y social sobre la unidad económica del ejido, y que es el minifundio.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Gracias, señor Secretario.

Para hacer uso del derecho de réplica por el Partido Revolucionario Institucional, hará uso de la palabra el diputado Librado Treviño Gutiérrez, hasta por cuatro minutos.

El diputado Librado Treviño Gutiérrez:

Señor Secretario, quienes nos formamos en la lucha por la tierra, aceptamos de hecho que el reparto agrario se agotó, y nos resulta difícil aceptarlo; sin embargo, asumimos nuestro papel y lucharemos por que todos aquellos ejidatarios que aún tienen pendientes con las diversas instancias agrarias sean atendidos conforme a derecho.

Ahora nos toca impulsar nuevas formas de organización y de asociación más flexibles, teniendo siempre como sustento la asamblea de ejidatarios, fundamentalmente.

En sus anteriores intervenciones se han mencionado los avances que se han dado en la procuración de la justicia agraria, y me consta como ejidatario que soy, que las instituciones responsables de aplicarla lo hicieron y lo hicieron bien, pues prueba de ello son los datos y las estadísticas que se presentan en el Informe de Gobierno; sin embargo, aún tenemos algunas dudas.

Por ejemplo, si el reparto agrario concluyó legalmente en el 92 con la reforma del artículo 27 constitucional, ¿cuál será la función de la Secretaría en el futuro inmediato?, así como también sería importante saber si las distintas instancias como Corett (Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra) y Fonafe, Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional cumplieron con el Programa Sectorial Agrario, la propuesta de la desaparición de la Secretaría de manera hasta cierto punto ligera, proponiendo la mutilación de instituciones necesarias y tradiciones e indispensables para el funcionamiento de la sociedad mexicana y que no es factible desaparecer como por arte de magia mediante decreto y sin correr un riesgo inminente. La creación de vacíos y desequilibrios y desarticulaciones políticas y jurídicas en el campo de lo agrario, ¿cuál es su punto de vista ante esta amenaza de la reacción filtrada por algunos medios de comunicación?

El movimiento armado de 1910 logró, entre otros, transformar las instituciones, mismas que en materia agraria tuvieron como objetivo principal la justicia y equidad para los trabajadores de la tierra.

¿Cuál es su punto de vista ante la explotación de los ejidatarios, jornaleros agrícolas y trabajadores del campo que hoy, hoy, hoy se alquilan en los ejidos rentados a extranjeros y a los transnacionales a los cuales la Revolución Mexicana no les dice nada? Y que se explotan vilmente en las huertas citrícolas, en los campos cañeros, en los campos de horticultura, en los campos pesqueros, en los campos del desierto mexicano recolectando fibra de lechuguilla y fibra como el orégano, y que benefician a dos, tres familias reaccionarias, que son los que compran todo ese esfuerzo de miles y miles de compañeros del desierto.

¿Cuál es su punto de vista también -señor Secretario, ya que tenemos muchos asuntos y grandes asuntos sin resolver, pendientes, y que deja sin resolver todavía esta administración? Los podemos analizar, pero yo quiero, licenciado Eduardo Robledo, que la Secretaría a su cargo imparta un seminario de uno o de dos días o de los que sean necesarios, a los legisladores para aclarar esta situación, ¿qué respuesta nos da a este planteamiento de la necesidad de reunirnos, y seriamente ver qué va a ocurrir ante la seria amenaza que tenemos el sector social de la reacción mexicana?

Por su atención y respuesta, muchas gracias.

La diputada María Elena Alvarez Bernal:

Gracias, señor diputado.

(Se escuchan aplausos)

En el marco de los acuerdos para el desarrollo de esta comparecencia, está considerado el segundo turno de preguntas y respuestas; se han inscrito para él, de los cinco grupos parlamentarios, los respectivos diputados que harán uso de la palabra.

En primer lugar, lo hará por el Partido del Trabajo, el diputado Jaime Cervantes Rivera, hasta por cuatro minutos.

El diputado Jaime Cervantes Rivera

Con el permiso de la Presidencia, señor Secretario.

En el VI Informe que a la vez representa el balance sexenal de la Administración Pública Federal, se dice que la estrategia de desarrollo agrario, como conjunto de acciones programáticas, han rebasado el ámbito del reparto de la tierra, y se han orientado hacia la promoción de la organización y capacitación campesina, como eje básico de acción, así como a la modernización y los apoyos a las iniciativas productivas y disociación económica; es decir, a propiciar un desarrollo sustentable y autosostenido.

Más aún, se dice que las acciones agrarias, al amparo de las modificaciones al artículo 27 constitucional, y la expedición de su Ley Reglamentaria en 1992, permitieron suspender el rezago agrario, avanzar de forma definitiva en la certificación y titulación de ejidos, comunidades y colonias agropecuarias; dar certeza jurídica a todas las formas de propiedad y sostener a provisión del acaparamiento de la tierra y promover la transformación de las organizaciones rurales y campesinas, como alternativas para combatir el minifundio, además de proporcionarle capacitación y asesoría especializada en la materia.

Preguntamos a usted, señor Secretario, ¿de qué manera, precisa, todo este esfuerzo de reordenamiento institucional ha coadyuvado a la rehabilitación y desarrollo del agro? O tal vez la pregunta debe de ser: ¿de qué forma podría coadyuvar, porque nos parece que en todo caso no ha rendido frutos apreciables?

¿Cuántos años habrá aún qué esperar, para que lleguen capitales al agro de la Banca de Desarrollo y de la Banca Comercial?

En otra parte del texto del VI Informe se dice, que mediante el cambio de una demanda de tierra por apoyos para impulsar un proyecto productivo a lo industrial, industrial o de servicios, se ha logrado una evolución sustantiva en las expectativas campesinas que ahora tienen acceso a alternativas nuevas y más viables para disponer un medio de vida que va más allá de la simple explotación de la tierra.

Pero también se informa, que esta línea de acción gubernamental fue constituida en agosto de 1999, y su vigencia es a noviembre del presente año, por lo que sólo han sido financiados 402 proyectos productivos.

Adicionalmente, se indica que las reglas de participación de este fondo apenas fueron publicadas el pasado tres de abril, y que la limitación de recursos originó una reducción en el número de proyectos a financiar.

Preguntamos a usted, señor Secretario, ¿por qué dada la crítica situación que guarda el campo, fue hasta el último año de la administración del doctor Zedillo, que se adoptó esta línea de acción, que en principio parece correcta, pero que además, se aplica con recursos tan sorprendentes, como es la cifra de 22 millones de pesos?

Adicionalmente, señor Secretario, respecto a la afirmación de que con tal medida los campesinos ahora tienen acceso a alternativas nuevas y más viables, lo menos que puede decirse, es que tal vez sea una frase bien intencionada, pero totalmente fuera de lugar ante la enorme pobreza y marginación que se vive en el campo.

Por sus respuestas, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Gracias, señor diputado.

Señor Secretario de la Reforma Agraria, dispone de ocho minutos para su respuesta.

El Secretario Eduardo Robledo Rincón:

Diputado Jaime Cervantes Rivera.

Efectivamente, la propuesta programática de la Secretaría de la Reforma Agraria y de todo el sector agrario en su conjunto, es el de ir a la organización y la capacitación; ir a la organización y la capacitación como los instrumentos que permitan que los núcleos agrarios cuenten con los instrumentos para enfrentar las difíciles condiciones actuales, no solamente de producción, sino las de comercialización y del mercado.

Ése es el planteamiento de fondo, en el sentido de que una vez concluido -repito- el reparto agrario e iniciado el proceso de ordenamiento de la propiedad que nos ha consumido ocho años, que puede ser mucho tiempo, si lo vemos desde una perspectiva, pero si lo vemos en el conjunto, ocho años no son muchos, si hablamos de 30 mil núcleos agrarios; y ahí, diputado, permítame profundizar un poco.

No hay en el mundo un país que tenga un esfuerzo de ordenamiento de la propiedad, de las dimensiones que la tiene nuestro país. Tailandia, que empezó dos años antes que nosotros, y que sería el segundo país, ha hecho, segundo país en importancia por sus resultados, ha hecho ocho veces menos que nosotros -subrayo- el mérito no es de nosotros, es de los campesinos, y no lo digo como una frase para congraciarme, lo digo porque así es; la voluntad, la decisión de ellos, de ir a la solución y al ordenamiento de la propiedad, es lo que ha hecho que 2.7 millones de ejidatarios y comuneros, hayan ordenado su propiedad.

Usted dice, ¿cómo este instrumento? Hace una pregunta muy de fondo. Bueno, esto cómo tiene que ver... qué tiene que ver con el desarrollo, y esto cómo va a detonar que el capital vaya al campo, porque no lo ha hecho.

En efecto, cuando se habla de que las reformas no han funcionado porque el capital no ha ido al campo -subrayo- es que el capital no va a ir ni al campo ni a ninguna otra actividad si no hay seguridad jurídica, habría qué darle seguridad jurídica.

No nos olvidemos -lo subrayo- no nos olvidemos que antes de la reforma los campesinos, los ejidatarios, tenían un tipo de propiedad, sí eran propietarios de la tierra, sí, pero una propiedad limitada, una propiedad de usufructo; hoy que son ellos los propietarios, y que ya no es la nación la propietaria, sino son ellos, había que medirla para entregárselas, había que medirla para certificarla y para titularla. El capital, la inversión va a ir al campo en la medida que se vaya avanzando en la consolidación de la seguridad jurídica.

Decía usted, por otro lado, y qué bueno que menciona usted el tema de organización y fomento, decía usted, que por cierto, le hago una respetuosísima precisión, decía usted de 22 millones de pesos, no, el fondo, el financiamiento de 402 proyectos, son proyectos de hasta por Un millón de pesos, y lo que hace el fondo original de 180 millones de pesos que coordina la Secretaría de la Reforma Agraria, es detonar otros recursos interinstitucionales, para la aplicación de estos proyectos; alrededor de 500 millones de pesos es lo que cuesta el... lo que ha logrado -perdón- detonar este esquema, para beneficio inicialmente de 402 proyectos.

Si el tres -decía usted- el tres de abril del año pasado se modificaron las reglas, pues, diputado, yo creo que aquí merecen las organizaciones un reconocimiento porque, precisamente, en tan poco tiempo se han puesto a trabajar, han hecho un gran esfuerzo para la elaboración de los proyectos, un gran esfuerzo para la constitución... bueno, la constitución de las figuras se hicieron, fue un proceso, diputado, que no se dio de la noche a la mañana; cuando se firma el fin del rezago agrario, se inicia la identificación, se identifican más de Un mil 500 grupos, se va a campo, se verifican que los grupos existen, y estos grupos se constituyen en figuras asociativas, que están registradas en el Registro Agrario Nacional, son perfectamente; no le estoy hablando al azar, le estoy hablando de Un mil 585 grupos que ahí están, hay otros que no lo aceptaron, por supuesto que hay otros que no lo aceptaron, pero Un mil 585 lo aceptaron, y éstos son los que están en este proceso.

No es que sea hasta ahora que se llega a atender, hubo, en efecto, un retraso involuntario, fue un esfuerzo muy grande de las organizaciones y de las instituciones, todos aprendimos a atender un asunto que era inédito para las organizaciones y para nosotros; a las organizaciones les costó, les constó muchos esfuerzos, muchos problemas internos, de quienes estaban por aceptar esta alternativa, de quienes no estaban por aceptarla, de quienes decían sí aceptamos un proyecto productivo, equivalente a la tierra que estamos demandando, y quienes decían no, no lo aceptamos, y nosotros preferimos mantenernos en nuestra posición, muy respetable, muy respetable; se atendieron a los que dijeron sí. Esos son los resultados del programa.

Ahora, yo decía en mi intervención inicial, los acuerdos agrarios van más allá de un acuerdo estrictamente administrativo, son acuerdos que tienen una obligación jurídica, que tienen un fundamento jurídico y que tendrán que ser atendidos en lo vital.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Gracias, señor Secretario.

Señor diputado Cervantes Rivera, ¿desea hacer uso de su derecho de réplica?

Adelante, tiene la palabra hasta por cuatro minutos.

El diputado Jaime Cervantes Rivera

Nuestro partido en repetidas ocasiones hemos hecho el señalamiento, de que los funcionarios que han venido a comparecer en esta Cámara, han sido poco autocríticos, y hoy de nuevo vemos muy poca autocrítica de parte suya, y es una lástima porque la realidad es tan terca y desmiente sistemáticamente los argumentos que aquí se han dado.

Si nuestro país tiene, según el reciente informe del Banco Mundial, más de 60 millones de pobres y de ellos, alrededor de 26 viven en pobreza extrema, significa que las políticas públicas instrumentadas por la presente administración, han sido un rotundo fracaso, y ya se señaló en nuestra postura inicial de esta comparecencia, que dos terceras partes de éstos, sobreviven del campo.

Ahora queremos referirnos a otro aspecto fundamental de la problemática agraria: en la revisión del estado que presenta el campo mexicano al cabo de casi una década de la aplicación de las políticas salinistas-zedillistas, no se puede pasar por alto el tema del TLC (Tratado de Libre Comercio) con los Estados Unidos y Canadá, vigente desde el primero de enero de 1994. En realidad, según estudios recientes, dicho Tratado sólo ha reportado un exiguo beneficio del 3% adicional a los resultados que sin Tratado hubiera mostrado el campo mexicano en su relación con el exterior.

Sin embargo, el TLC sí ha tenido efectos negativos en términos productivos y, sobre todo, sociales. En primer término, debe señalarse que las decisiones al respecto, introdujeron al campo mexicano a una competencia desigual con sistemas agrarios de una tradición secular de mercado. La estrategia de certificación de la propiedad agraria, como fundamento de figuras asociativas para la inversión privada, fue la expresión conspicua de ello.

En segundo lugar, se decidió aplicar una apertura comercial abrupta, acompañada de la eliminación también acelerada de subsidios a los productores rurales, bajo la fe ciega en el libre mercado, soslayando el hecho de que nuestros socios comerciales han mantenido subsidios generalizados, sobre todo en la producción de cereales, que se ubican entre el 10 y el 20% de los precios internacionales de referencia.

Los neoliberales que nos gobiernan, resultaron ser más ortodoxos en la aplicación de estas políticas, que los preconizadores de este modelo antipopular. Ningún producto agropecuario fue excluido del TLC cuando se suscribió en 1993 y los márgenes de protección pactados estuvieron muy por debajo de los negociados en el GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) un año después.

En esa lógica era inevitable el desplome recurrente de la producción en diverso grado, de acuerdo a las regiones y productos, y en lugar de crear una red de protección para los campesinos, se decidió adoptar una serie de medidas que sólo atenuaron superficialmente los efectos económicos y sociales del modelo, por ejemplo el Procampo, el Progresa y decenas de otros programas en la misma dirección.

En el extremo de la incongruencia, se han rebasado arbitrariamente las cuotas de importación de granos básicos, bajo el criterio de que es mejor introducir del exterior al mercado interno granos a bajos precios, en lugar de fomentar la producción interna que garantice un ingreso decoroso a los campesinos mexicanos.

Es evidente que los términos vigentes del TLC en materia agraria, han sido desventajosos para nuestros productores y deben de ser revisados conforme a los intereses de la mayoría del pueblo de México y no de la tecnocracia neoliberal ni del gran capital ni de los inversionistas extranjeros.

Las consideraciones anteriores deben de formar parte medular de una política agraria integral. El Partido del Trabajo sostiene que es impostergable la reorientación de la política agraria, de modo que sin desatender los aspectos administrativos, pongan al centro de la estrategia las vertientes del fomento productivo y el desarrollo social, sin pretextos de restricciones presupuestales. Sólo así iniciaremos el proceso de recuperación y desarrollo sustentable del campo y contribuiremos al mejoramiento efectivo de las condiciones de vida de las familias campesinas, que tanto lo demanda y en justicia merecen.

Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Gracias, señor diputado.

Para formular sus preguntas en nombre del Partido Verde Ecologista de México, hará uso de la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Concepción Salazar González.

El diputado Concepción Salazar González:

Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputados, señor Secretario Eduardo Robledo Rincón. En la actualidad existen aún grandes rezagos en materia de certidumbre en la tenencia de la tierra y en su condición jurídica.

Para obtener resultados tangibles, es necesario un cambio en las políticas gubernamentales producto de la participación y el diálogo entre los distintos niveles de gobierno, por medio del cual se incremente la productividad agrícola y se proteja el entorno ecológico.

Necesitamos estar convencidos de que para terminar con la pobreza, son necesarios cambios sociales y políticos, de una importancia y energía semejantes a la empleada por el gobierno para lograr el tan anhelado finiquito del reparto agrario. Eso, aunado al acentuado centralismo, sin contrapesos reales, que pondera en la operación de los programas y la utilización privilegiada de esos recursos, perjudican y hieren a todos los mexicanos.

Señor Secretario, qué acciones, de manera conjunta, ha establecido con otras secretarías y con los diferentes niveles de gobierno en los estados, para evitar mayores conflictos en el agro mexicano, ya que no es posible que se sigan suscitando conflictos después de décadas de reforma agraria y, finalmente y muy particular, cuál es la situación de la problemática agraria en el Distrito Federal, particularmente en la parte del Ajusco, el cual representa una de las zonas más importantes del área metropolitana en materia ambiental, así como en la delegación Tláhuac y Xochimilco.

Por sus respuestas, gracias.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Gracias, señor diputado.

El señor Secretario dará respuesta a sus preguntas, en un término de hasta por ocho minutos.

El Secretario Eduardo Robledo Rincón:

Muchas gracias. Solamente quisiera aprovechar para decirle al señor diputado Cervantes Rivera, que el propósito de nuestra intervención aquí, es de presentar de la manera más objetiva los resultados que se han obtenido, los avances y los retos también, por supuesto, y de reconocer en aquellos casos en donde no han sido alcanzados o donde, por alguna razón, han sufrido fracasos y desviaciones.

Somos los primeros, diputado Cervantes, en reconocer que en donde haya cosas que corregir, estamos en la mejor disposición. En relación con sus comentarios, yo decía, al principio, el campo es atendido por cuatro grandes frentes: el frente agrario, el frente productivo, el frente ambiental y el frente social.

A mí me corresponde exclusivamente, el frente agrario, no tengo los elementos, no es de mi competencia el poder abordar los asuntos que tienen que ver estrictamente con temas de carácter social, productivo o de carácter ambiental. En la medida en que pueda, con mucho gusto lo esbozo, pero no es de mi responsabilidad.

En esa atención al campo, lo agrario tiene que ver con la seguridad jurídica, tiene que ver con el ordenamiento. Esa es la responsabilidad de la Secretaría y a la que estoy obligado a informar con todo detalle, cuantas veces sea necesario, cuantas veces sea requerido, señor diputado.

Diputado Concepción Salazar González, en relación con el... mencionaba sobre el rezago, la certidumbre, la incertidumbre que hay en la seguridad de la tenencia de la tierra. A mí me parece, que si el 76% de la propiedad social, hoy está medida, titulada, certificada y entregada, ahí ya no hay incertidumbre en la tenencia, en el resto, es posible, no hemos concluido, es posible que ahí haya un ejido... bueno, no uno, más de 6 mil ejidos que todavía están pendientes y que sean a los que usted se refiere en ese sentido.

Hablo estrictamente de la propiedad social, hablo de los 103 millones de hectáreas que corresponden a la propiedad social. Efectivamente, promover la productividad y la protección del medio ambiente. Yo le decía anteriormente a su compañero diputado, que me parece que son, no solamente compatibles, necesarios el poder encontrar puntos de coincidencia en la medida en que la parte de ordenamiento se traduzca en productividad, seguramente que va a contribuir a la protección del medio ambiente.

Quisiera solamente citar un caso, porque sé que es una preocupación particular de este partido en relación con la conservación de los recursos naturales. Fíjense ustedes, que el ordenamiento de la propiedad, por ejemplo, hoy nos permite identificar, por ejemplo, en el caso de un desastre, de un incendio, hoy, con toda precisión podemos saber cartográficamente, no solamente dónde está ubicado, cuáles son sus límites, quién es el propietario, todos los datos que se requieran, situación que no se conocía antes del ordenamiento de la propiedad.

Si muchas veces, una de las causas que genera el deterioro de los recursos naturales es la indefinición, o bien, es la confrontación. Si esos dos elementos concluyen, si la indefinición o si la confrontación concluye, bueno, estamos abatiendo un elemento, no digo que con esto se resuelva el problema general del deterioro del medio ambiente en el medio rural, pero sí es un elemento muy importante, que sin lugar a dudas va a contribuir.

Me decía usted qué otras acciones hemos desempeñado o coordinado con otras secretarías. Hemos hecho un convenio con Semarnap, con el INI, con INAH, precisamente, precisamente para asesorar los ejidos, tienen cinco instrumentos, los ejidos tienen que tener sus órganos de representación actualizados, tienen que tener su reglamento interior, tienen que tener sus libros de contabilidad, sus libros de registros y su lista de sucesores. Son los instrumentos de la organización básica que un ejido tiene que hacer.

Eso, que mucho de estas cosas antes hacíamos nosotros, ahora son facultades de ellos. Estos reglamentos que muchos problemas que se dan de carácter forestal, por ejemplo, son derivados de una falta de un reglamento interior que determine, hacia el interior, el cómo manejar, el cómo respetar estos recursos. Lo que hemos hecho es firmar este convenio con Semarnap, para que sea Semarnap quien asesore a los núcleos agrarios para que sus reglamentos contemplen este tema tan importante, tan importante que lo subrayo, o del INAH, por ejemplo.

En relación con el programa Distrito Federal, quiero decirle, señor diputado Salazar, que hay un programa de ordenamiento que tiene cuatro líneas estratégicas aquí, en el Distrito Federal: Terminar el ordenamiento de todo el régimen ejidal, en los ejidos sin tierra, porque hay 45 ejidos; el Distrito Federal, que pudiéramos pensar es una zona urbana, ¿cómo van a haber ejidos?, pues sí hay ejidos, ¿verdad? Hay cerca de 90 núcleos agrarios, cerca de 25 mil sujetos agrarios en el Distrito Federal; sin embargo, en primera parte, hay 45 ejidos sin tierra ya; estamos en el proceso de la regularización de los asentamientos humanos; el tema del Ajusco es fundamental. -usted lo toca y es un tema fundamental-, tratar de certificar, de avanzar en la certificación aquí, en el Distrito Federal.

Es un programa que lo hemos iniciado, no con los resultados que quisiéramos tener, por la complejidad del problema del desarrollo urbano, de lo difícil que esto es; sin embargo, sí existe este programa. Estamos trabajando y habrá de quedar perfectamente definido hasta dónde llegamos y todas las cosas que quedan pendientes, diputado Salazar.

La diputada María Elena Alvarez Bernal:

Gracias, señor Secretario.

¿Desea hacer uso de su derecho de réplica, señor diputado Salazar? Dispone de cuatro minutos.

El diputado Concepción Salazar González:

Gracias, con su permiso, señora Presidenta.

En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tenemos la profunda convicción que las comparecencias no son tan solo un medio para analizar el trabajo de los titulares de las diversas dependencias del Poder Ejecutivo federal. Por el contrario: Consideramos que además de analizar el Informe presentado por el Ejecutivo, estas comparecencias sirven para que el Poder Legislativo pueda intercambiar puntos de vista sobre la problemática nacional.

En esta ocasión, las relativas a los problemas de la reforma agraria para que cada uno aporte las soluciones que considere prudentes dentro de su competencia, y que cada uno pueda aplicar.

La política que debe seguir la Secretaría a su cargo no sólo debe limitarse a cuestiones de tenencia de la tierra, sino que debe procurar, ya sea con la Sagar, con Sedesol, con la misma Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, la Procuraduría y el Registro Agrario, la creación de infraestructura agropecuaria, la descentralización económica, el cuidado de los equilibrios macroeconómicos, el desarrollo microeconómico, los adelantos científicos y tecnológicos, y la distribución de la riqueza. Al proponer todo ello junto, estamos seguros de que la erradicación de la pobreza en el campo mexicano y una certidumbre jurídica es factible.

Para ello es necesario que los programas de atención al campo no operen al margen de las estructuras de administración pública. Creemos que esto es posible si proponemos la creación de proyectos o modalidades especiales, profesionalmente integradas en todas las etapas que dura el proceso de atención.

Los problemas que enfrentan los campesinos mexicanos hacen más evidente la necesidad de una nueva visión de sistema agropecuario mexicano en el que se adopten soluciones más acordes con los requerimientos ambientales de inversión y de equilibrio social.

Asimismo, usted hacía referencia de lo que pasa con el Ajusco, en donde podemos localizar incendios por los registros que ustedes tienen. Sí, de hecho sí es verdad. Sí localizamos esos incendios; pero también yo creo que en esos registros, y dejando pasar esa certidumbre que todavía no se da en la parte del Ajusco, podemos ver que las barrancas ya se están poblando también.

Es necesario, sí, una atención primordial a lo que son las partes que sobran del Distrito Federal también.

Por sus respuestas, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Gracias, señor diputado.

Por el Partido de la Revolución Democrática hará uso de la palabra para formular sus preguntas, hasta por cuatro minutos, el señor diputado Ramón León Morales.

El diputado Ramón León Morales:

Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeras y compañeros diputados; señor Secretario:

El compromiso agrario presidencial puede concluir el Procede en los más de 27 mil ejidos que existen en el país. Sin embargo y conforme a los datos del VI Informe, se regularizaron un total de 21 mil 571 ejidos, y la superficie regularizada ascendió a 53 millones 874 mil hectáreas.

Según reconocimiento oficial, han quedado regularizados el 87 por ciento de los núcleos, y se ha otorgado seguridad en la tenencia de la tierra a dos terceras partes de la superficie ejidal y comunal. En otras palabras, faltaría de regularizarse el 13 por ciento de los núcleos y una tercera parte de la superficie ejidal y comunal.

¿Por qué razones el doctor Ernesto Zedillo, como presidente de la República, y usted, como titular de la Secretaría de Reforma Agraria, faltaron al cumplimiento del compromiso oficial de concluir el Procede en los más de 27 mil ejidos?

Y aún cuando se concluyera la certificación de la propiedad social, ¿qué perspectivas tienen los campesinos una vez que obtengan su título de propiedad para hacer productiva la tierra?

Finalmente, señor Secretario, y a riesgo de parecer reiterativo, díganos, en forma puntual, ¿cuál es su posición institucional con relación a la propuesta del presidente electo, Vicente Fox, de desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria?

Por sus respuestas y comentarios, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Gracias, señor diputado.

Para darle sus respuestas, el señor Secretario de la Reforma Agraria hará uso de la palabra, hasta por 8 minutos.

El Secretario Eduardo Robledo Rincón:

Muchas gracias. Tomo 30 segundos, diputada, su autorización, para hacerle una ampliación al diputado Salazar, porque es un tema que estoy seguro a todos interesa.

Miren: El tema del Ajusco, de las 7 mil 619 hectáreas que se le reconocieron y titularon sólo permanecen libres de controversia, hoy, 3 mil 419. En esta área que está conformada la zona catastrada urbana, la conforman 345 hectáreas, se localizan los asentamientos de alrededor de 7 mil familias. Esta zona fue objeto de un decreto expropiatorio -esto se promovió en 98-; sin embargo, este decreto fue impugnado por la vía de un juicio de amparo que aún no se resuelve. Es decir, junto con esto hay un procedimiento de exclusión que se está llevando a cabo en los tribunales y que una vez resueltos estos dos elementos fundamentalmente: el procedimiento de exclusión y el juicio de amparo, seguramente, diputado, tendremos -y yo creo que eso nos interesa a todos, no solamente a su Partido-, un avance muy importante para ir a una solución definitiva e integral en el tema del Ajusco.

Diputado Ramón León Morales, disculpe que haya abusado un ratito de tiempo para esto, pero creo que era útil para todos, hacer esa precisión. Con todo respeto señor diputado Morales, no se faltó al compromiso del cumplimiento del Procede, permítame ampliar un poco la información.

El compromiso que el presidente de la República hizo y ha sostenido, y ha cumplido, es el que se atendería al 100%, al 100% de los núcleos agrarios que decidieran participar en el programa, y en virtud, diputado León Morales, de que es un programa gratuito y voluntario, no podemos hacer que todos entren al programa y que todos participen, eso hubiéramos deseado, pero lo que puede usted estar plenamente seguro, que hoy están en proceso de atención, todos, todos los núcleos que decidieron incorporarse al programa.

Yo debo decirle, diputado, si usted me lo permite, para amplia un poco esta información que es muy importante; regularizar un núcleo, nos lleva un promedio de, aproximadamente, 18 meses, luego entonces, si mañana un núcleo nos dice: "yo decido participar", no podemos cumplir la meta de que en diciembre esté regularizado, porque nos lleva 18 meses, nos faltaría 16 meses para entregarle sus documentos.

Luego entonces, la meta de que sean atendidos el 100% de los que decidan participar, eso se ha cumplido, señor diputado, puede estar plenamente seguro, me gustaría... que si usted desea profundizar sobre esto, le podemos dar todos los elementos para demostrárselo, porque es de la mayor importancia, el que en materia de ordenamiento de la propiedad, no haya un solo núcleo que decida participar y que no sea incorporado al programa.

Decía usted, qué elementos tiene alguien que ya cuenta con un título de... en el caso del solar de propiedad o un certificado, en el caso de la parcela o de las tierras de uso común.

El primero más importante, el de la seguridad, diputado, esa familia que ya tiene su título del solar, en donde vive, pues tiene un elemento que es un patrimonio para su familia, y en relación con su parcela, quiero decirle, que si ya buena parte del tiempo que dedicaba resolver el conflicto con su vecino en el solar, ya no lo tiene, yo creo que eso es una ventaja para él, si ya no tiene el conflicto que en su parcela tenía con el vecino de él, durante los últimos 40 años, y tenía conflictos por el lindero o por su superficie y ya no lo tiene, pues es un beneficio para él.

Si ya no tiene un conflicto permanente hacia el interior, si eso se resolvió, es en beneficio de los propios ejidatarios y comuneros, pero todavía más, si además se resolvió el conflicto con los vecinos, léase ejido, comunidad o pequeña propiedad, bueno, podrá utilizar toda esa energía, todo ese tiempo, que antes ocupaba en estar atendiendo el conflicto y algo que generaba enfrentamientos y muchas veces muerte, diputado, usted lo sabe ¿sí?, si eso se acaba, bueno, tiene un elemento a su favor, tienen mejores condiciones para enfrentar las circunstancias difíciles que tienen que... que se desarrollan en un ejido o en una comunidad.

En relación con su tercer planteamiento, su tercer pregunta, sobre el planteamiento de la posible desaparición de la Secretaría; yo le diría, señor diputado, lo mismo que le he expresado a sus anteriores compañeros.

La Reforma Agraria, no es el reparto agrario, no confundamos Reforma Agraria con reparto agrario; reparto agrario terminó constitucionalmente en 1992, el reparto agrario concluyó, se inició el ordenamiento de la propiedad, ¿qué sigue al concluir el ordenamiento de la propiedad, desde nuestra perspectiva y no porque a mí se me ocurra, en una respuesta que inventé yo en este momento, sino por la información que hoy tenemos, sino por el procesamiento de toda... los elementos que hoy podemos hacer a través del Registro Agrario Nacional.

Fíjese diputado León Morales, que el Registro Agrario Nacional, hoy tiene 30 kilómetros lineales de información agraria, sólo el Archivo General de la Nación, tiene más información que nosotros, 30 kilómetros lineales de información sistematizada, perfectamente bien ubicada, en un proceso... el Registro, ustedes saben, es una institución que se vino creando a lo largo... nació en 1921, y ha venido transformándose, hoy como órgano desconcentrado en el Sector Agrario, el Registro Agrario Nacional, es un instrumento de una altísima calidad que nos permite hacer estas aseveraciones en relación con... qué sigue, si usted me dijera, bueno y qué sigue después del ordenamiento.

Después del ordenamiento tiene que seguir necesariamente la organización y la capacitación, instrumentos que hagan posible que los ejidos y las comunidades, traduzcan la seguridad jurídica en beneficios, en ingresos y en beneficios para superar el círculo de la pobreza. Esos son los que desde mi óptica le podría decir.

Eso es el cómo se atienda, corresponde al próximo gobierno determinarlo.

La diputada María Elena Alvarez Bernal:

Gracias, señor Secretario.

Señor diputado León Morales, hará uso de su derecho de réplica, adelante, hasta por cuatro minutos.

El diputado Ramón León Morales:

Señor Secretario, de conformidad con el Programa Sectorial Agrario 1995-2000, el Procede constituye un instrumentos básico del Plan Nacional de Desarrollo, para la consecución del propósito de otorgar certidumbre jurídica a la propiedad ejidal y estimular la asociación productiva.

El Procede tiene como objetivos, promover la aplicación del artículo 27 constitucional y la Ley Agraria; regularizar y otorgar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra ejidal; reconocer jurídicamente la tenencia de la tierra a sus legítimos poseedores; impulsar la inversión productiva y el desarrollo equilibrado de las regiones del país y el bienestar de los grupos sociales; contribuir al mejoramiento de la convivencia social y propiciar la consolidación y desarrollo del patrimonio familiar de la población campesina.

El compromiso sexenal, fue el concluir el Procede en los más de 27 mil ejidos, los datos consolidados del Procede durante el sexenio que concluye y que se proporcionan en el sexto informe de gobierno, nos permite evaluar su resultado, cito. "En siete años de existencia, se han incorporado al Procede 24 mil 923 núcleos agrarios, de los cuales han quedado regularizados el 87%, con la entrega de 6.2 millones de documentos que amparan una superficie de 53.9 millones de hectáreas.

Cabe resaltar que los trabajos de delimitación realizados a lo largo de la operación del programa, ascienden al 68.9 millones de hectáreas, perteneciente a los ejidos y comunidades inscritos en el Procede. Esfuerzo de regularización, que significa haber otorgado seguridad en la tenencia de la tierra, a dos terceras partes de la superficie ejidal y comunal del país, en un corto tiempo", esto es, señor Secretario, lo que dice el informe, usted lo ha explicado de una manera distinta.

Esta información nos permite concluir, que el gobierno de Ernesto Zedillo no cumplió con los compromisos que en materia agraria establecen, tanto el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial Agrario 1995-2000, y el propio Procede.

Con relación a la propuesta del PAN, avalada por el presidente electo Vicente Fox, en el sentido de desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria, el PRD sostiene que es demagógica, ya que su desaparición no implica ahorros significativos, y en cambio significa el abandono de funciones sustantivas, como son la capacitación y la organización de productores que suscitan, aún cuando se diera fin al rezago agrario y al Procede.

Esperamos, finalmente, que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, honren el punto de acuerdo, suscrito con los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, durante los trabajos de la LVI Legislatura, de esta Honorable Cámara de Diputados, en donde se comprometieron a defender la existencia de la Secretaría de la Reforma Agraria.

El Partido de la Revolución Democrática, por su parte, reitera su oposición a que desaparezca la Secretaría de la Reforma Agraria y anuncia que asumirá el compromiso el cumplimiento de su palabra dada en el mencionado punto de acuerdo de la mencionada Legislatura.

Muchas gracias. (Aplausos).

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Gracias, señor diputado.

Del Partido Acción Nacional, el diputado Mario Garza Guevara, formulará sus preguntas y tiene la palabra para ello hasta por 4 minutos.

El diputado Mario Garza Guevara:

Con su permiso señora President a de la Mesa Directiva de este grupo de trabajo, compañeros y compañeras diputadas y diputados; licenciado Eduardo Robledo Rincón.

Estamos de acuerdo que la certeza jurídica sobre la tierra, garantiza el acceso a otros derechos sociales, se convierte en la plataforma del desarrollo agrario, pero cualquier otro resultado sale sobrando, pues, la Secretaría de la Reforma Agraria debe circunscribirse a su ámbito de acción, que es la restitución, reconocimiento y trituración de los bienes comunales.

A partir de la entrada en vigor de la Ley Agraria, el 27 de febrero de 1992, y como se establece en su artículo segundo transitorio se deroga la ley de reforma agraria sustento de la Secretaría a su cargo; la Ley Agraria dispone que la intervención de la Secretaría de Reforma Agraria es mínima, toda vez que únicamente interviene en tratándose de excedentes del 5% de las tierras ejidales como la establece el artículo 47 y 132, así como expropiaciones de bienes ejidales y comunales descrito en el artículo 94, y sobre terrenos nacionales según consta en el artículo 160 en la citada Ley.

Por lo que consideramos difícil justificar el gran presupuesto que ha ejercido año con año en esta gestión.

Nos informan sobre predios que la Secretaría de Reforma Agraria ha adquirido, por lo que quisiéramos saber con qué sustento jurídico actúa en estos casos.

Por otro lado, nos dice en su informe que tiene considerado remitir y promover a los gobernadores y legislaturas estatales, el proyecto de ley de excedentes a efecto de garantizar la aplicación del precepto constitucional respecto a la prohibición de latifundios en México; lo cual nos extraña, dado que nuestra Constitución así como la ley agraria brinda en el sustento para tal fin.

Pero lo trascendente para esta soberanía, es conocer con qué mecanismos cuenta la Secretaría de Reforma Agraria, para detectar como se establece en el artículo 47 de la ley agraria, los excedentes del 5% de derechos parcelarios sobre la extensión de las tierras ejidales, ¿cuántas notificaciones y audiencias se han realizado?; ¿qué superficie ha fraccionado y enajenado? Y si los hubo, ¿por qué no se incluyó en este informe?

Si el compromiso de la dependencia a su cargo como antes lo comentó, es elevar el nivel de su desempeño y respetar la esencia de la Reforma Agraria como lo establece el artículo 82, para qué autorizar entes innecesarios como el Consejo Técnico para la adopción del dominio pleno en ejidos y colonias agrícolas y ganaderas, y de aportación de tierras de uso común a sociedades civiles o mercantiles publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de noviembre del 99; nos hace identificar viejas prácticas de proteccionismo y control sectorial, entendiendo que actos jurídicos como el que se menciona, cuentan ya con un procedimiento en la legislación de la materia, lo que haría presumir un su objetivo, que finalmente atenta a los derechos de los sujetos agrarios.

Nos dice que tiene 30 kilómetros de información, sólo le comento que no es el acervo información lo que se pretende de su función, sino el uso que se dé de esa información para el beneficio de todos los mexicanos, lo que finalmente va a ser evaluado.

Señor Secretario, como integrante de la Comisión de la Reforma Agraria y en nombre de los campesinos de México, quiero precisar que la mejor estadística es la pobreza en la que viven, cómo es posible que en el umbral del siglo XXI sigamos tolerando este atraso vergonzoso; problemas que se han acumulado, no por haber sido atendido en su debido tiempo. Agradecemos su respuesta, señor Secretario, es cuanto.

La diputada María Elena Alvarez Bernal:

Gracias, señor diputado.

El señor secretario Robledo Rincón, hará uso de la palabra para sus respuestas hasta por ocho minutos.

El Secretario Eduardo Robledo Rincón:

Diputado Mario Garza, 30 segundos solamente para hacer una precisión en relación con sus comentarios, señor diputado, sobre el cumplimiento de las metas sectoriales.

En 20 metas se tiene el 100% de ellas, se han cumplido al 100%. 35 metas están en un avance entre el 90 y el 100% y en este último trimestre habremos de cumplirlas. 8 metas están en el 75 y el 90% y solamente una está en el nivel del 30%, que corresponde a la creación de las inmobiliarias ejidales, porque tenemos una solicitud de casi 1000 ejidos y un instrumento como el Fonafe, que no tiene, no está diseñado para eso, está cumpliendo esta función.

Diputado Garza, en relación con sus comentarios, quisiera hacerle algunas precisiones en relación sobre las funciones de la Secretaría, pero antes de ello quisiera precisar que a partir de 1992, el reconocimiento de las comunidades -como usted lo decía en su intervención, es competencia de los tribunales unitarios agrarios, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de los tribunales agrarios, y usted lo ubicaba como una de las... que podía ser una de las... única función de la Secretaría o una de las únicas funciones.

Mire usted, independientemente de las responsabilidades que en materia de ordenamiento de la propiedad, como coordinadora de todo el sector agrario que realiza la Secretaría, le podría mencionar el tema sobre terrenos nacionales, sobre colonias agrícolas, sobre expropiaciones, sobre el cumplimiento de los acuerdos agrarios, solamente para mencionar alguno de ellos; y por supuesto, para cumplir lo que nos obliga el tercero transitorio, el estar aplicando la Ley que fue derogada; es decir, la aplicación del 219 de la Ley Federal de Reforma Agraria, nos obliga a indemnizar a los propietarios, es eso entre otras de las funciones que la Secretaría lleva a cabo.

El 309 de la Ley Federal de Reforma Agraria, cuando hay posesión dada por gobernadores y se revoca por resolución definitiva; es decir, tenemos además de la 105 de la Ley de Amparo, que tenemos que cumplir entre otras tareas y responsabilidades.

Quisiera centrarme en dos asuntos que usted mencionó, y le agradezco enormemente que usted los haya tocado, no estoy de acuerdo en la forma, pero qué bueno que lo mencionó, en el Consejo Técnico para el Dominio Pleno.

Mire usted, justamente este Consejo Técnico para el Dominio Pleno, fue constituido porque el trámite para el dominio pleno que se lleva a cabo hoy -como está establecido por la legislación, existe un trámite bastante simple, bastante expedito para hacerse; sin embargo, señor diputado, en el momento en que un núcleo agrario solicite el dominio pleno, las instituciones que son las responsables de la construcción de la vivienda, los gobiernos de los estados o los ayuntamientos, no conocían de ese trámite, y no tenían, luego entonces, posibilidades de ejercer el derecho de tanto que la ley les otorga, al propio ayuntamiento o al propio gobierno del estado.

De esta manera, este Comité Técnico que ha sido muy reconocido por las organizaciones y por los principales actores que participan en este proceso como muy eficiente, porque lo único que hace no es que limite; no podemos nosotros limitar... no podemos estar por encima de la ley... el procedimiento para el domino para otorgar la liberación del dominio pleno de un ejido.

Lo que hace es informar, en este caso, a los ayuntamientos y a los gobiernos del estado, que el ejido tal está solicitando, haciendo uso de un derecho del dominio pleno. Si usted me dijera... básicamente eso es lo que hace este Comité.

A mí me parece que, de ninguna manera, es contrario al procedimiento que no tratamos nosotros de establecer una medida proteccionista, ni mucho menos, simplemente de que la información la puedan tener todos los actores y no beneficiar a los especuladores y a los intermediarios.

Es decir, este recurso, hay que decirlo, es muchas veces impulsado por intermediarios para beneficiarse por encima de un derecho de tanto que existe a favor del municipio y a favor del propio gobierno del estado.

En relación con la información, señor diputado, la información del Registro Agrario Nacional, está todos los días al servicio público, no es una información que utilice únicamente el Secretario y su equipo de trabajo, son cientos de personas que acuden, cotidianamente, de todo tipo de estudiantes... bueno, hay quienes... en el Registro se llevan a cabo, incluso, especializaciones de antropología y demás, porque ahí está la historia documental de la tierra en México y no solamente está siendo visitado, todos los días, por cientos de estudiantes y demás, que están elaborando sus tesis o están elaborando sus trabajos de investigación, sino por aquellos que... por los núcleos o por los particulares o por quien requiere esta información, es una información que está al servicio público, no es una información que sirva exclusivamente al sector. Está a sus órdenes, por supuesto.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Muchas gracias, señor Secretario.

Para hacer uso del derecho de réplica, del Partido Acción Nacional, hará uso de la palabra el diputado Rafael Barrón Romero. Dispone de 4 minutos.

El diputado Rafael Barrón Romero:

Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores diputados; señor Secretario, licenciado Eduardo Robledo Rincón.

Quiero manifestarle que los mexicanos no estamos satisfechos con sus respuestas. Nos quedamos con algunas lagunas de información que no nos ayudan a formar un criterio sobre el desempeño de su función y, sobre todo, el sentido que debe de tener esta dependencia.

Ya que los números y cifras presentados en el VI Informe del presidente Ernesto Zedillo, no corresponden a la realidad en que viven los campesinos, aunque reconocemos los avances, como la conclusión de la integración de los expedientes, pero consideramos que falta mucha por hacer para lograr el desarrollo integral del área rural.

Estamos obligados a incluir en la agenda del sector agrario, reformas que aseguren el combate a la creación de latifundios, pero también reformaremos que eviten se pulvericen en minifundios.

Necesitamos un catastro rural confiable, que sea el sustento principal para generar opciones y justicia a la población rural.

Tampoco nos queda en qué se gastó tanto presupuesto si en el Informe se dice que terminaron todos los rezagos rurales... como tampoco la compra de precios, los cuales no se justifican jurídicamente.

Sabemos que la dependencia a su cargo ha permitido la ocupación de parcelas por viviendas sin aplicar las disposiciones de las zonas urbanas ejidales y los rezagos son cada día mayores, ocasionando asentamientos irregulares que después se tienen que pagar a través de la indemnización por expropiaciones, ocasionando problemas a los estados y a los municipios.

Como estos casos... es en todo el país, señor Secretario, la Reforma Agraria debe de dar solución a estos problemas ya que algunos ejidatarios han violado la ley y no se les ha puesto en orden. Y a los que han cumplido, no se les ha apoyado adecuadamente.

El Registro Agrario, es el único facultado para expedir certificados de derechos, que garanticen la posición, siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos fijados en la Ley, así como los títulos de la propiedad que se inscriban en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de la Propiedad, según la entidad en que correspondan.

Con lo anterior, señor Secretario, se invitaría a cualquier tipo de conflicto, y con esto se daría una solución adecuada y viable a esta situación para terminar con el rezago, el cual es el deseo de muchos mexicanos. Señor Secretario, muchas gracias por su atención y el Partido Acción Nacional, se encuentra a disposición para que juntos le demos una solución a este problema. Gracias, es todo señor.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Gracias, señor diputado.

El Partido Revolucionario Institucional, formulará sus preguntas a través del diputado Santiago Guerrero Gutiérrez, dispone de cuatro minutos.

El diputado Santiago Guerrero Gutiérrez:

Con su permiso, diputada Presidenta, compañeras y compañeros diputados, señor ciudadano Secretario de la Reforma Agraria.

Para quienes estamos comprometidos con el movimiento campesino, particularmente con las luchas agrarias, nos resulta de particular importancia, su comparecencia ante este grupo de trabajo de esta LVIII Legislatura, porque nos da la oportunidad de expresar nuestras dudas, de interrogar, de indagar en algunas cuestiones que nosotros tenemos particular interés.

Es de todos conocido que el movimiento revolucionario, como aquí se ha dicho, reivindicó como aspectos fundamentales el derecho a la propiedad de la tierra y la desaparición del latifundio, la etapa actual de la Reforma Agraria, está dirigida a la regularización de las tierras ejidales, comunales y las colonias agrícolas y ganaderas, mediante la certificación de los derechos agrarios.

Es indudable, que a través del programa de certificación de derechos ejidales, procede, se ha brindado certeza jurídica e individual a los sujetos de derechos agrarios, con las modificaciones al 127 constitucional en materia agraria y la vigencia de la nueva Ley Agraria, se reconoce como propietarios de las tierras a los ejidatarios, y se les faculta para su venta e incluso a través del procedimiento de dominio pleno, puede llegar a solicitar cambio a su régimen de propiedad y a convertirse en pequeño propietario.

Estas prerrogativas tenían como finalidad, flexibilizar la capacidad organizativa de los núcleos agrarios y consecuentemente, incentivar la inversión del capital privado en los procesos productivos del sector agropecuario; sin embargo, después de ocho años, de una nueva realidad jurídica, las asociaciones económicas campesinas no cuentan con capital privado y el sector social no ha tenido el auge que se esperaba.

Señor Secretario, esta situación no se aborda en el Informe Presidencial, y consideramos que es de particular importancia, revisar con objetividad los resultados que ha tenido la actual política agraria en lo concerniente en la reactivación económica del campo, sobre todo cuando más de 3 y medio millones de familias campesinas que representan más de una cuarta parte de la población del país, dependen de las actividades agropecuarias.

Señor Secretario, podría usted profundizar, en los casos que han limitado este tipo de asociaciones y en todo caso ¿por qué no se le ha dado la importancia debida a las actividades de capacitación y organización campesina para la producción?; ya que éstos son, un importante instrumento para el desarrollo de las empresas rurales, y en última instancia, lo que requiere el capital privado en el campo son empresas sociales solventes, económica y organizativamente hablando.

Además, señor Secretario, es de su conocimiento que actualmente en el campo mexicano viven aproximadamente 12 millones de jóvenes, cuyas posibilidades de acceder a un pedazo de tierra son prácticamente nulas.

En ese sentido, por qué no se ha contemplado una mayor inversión en el campo, sobre todo en aquellas regiones donde se encuentran las grandes potencialidades productivas y de desarrollo agroindustrial, para generar riqueza y evitar la fuga de mano de obra rural.

Así mismo, si bien es cierto que Procede lleva un avance superior al 70% de los núcleos agrarios del país, Guerrero, mi estado, está muy por debajo de la media nacional, de un total de mil 241 núcleos agrarios, están certificados apenas 720, que representan el 58%; y si hablamos de superficie, nuestro retraso es mayor.

Señor Secretario, ¿qué va a pasar con estos ejidos que no fueron certificados? Le pido, señora Presidenta, me autorice concluir mi intervención.

Señor Secretario, en mi estado, al menos en los ejidos costeros se están dando ventas ilegales de tierras, el precio por hectárea que les pagan a los ejidatarios, en muchos casos es irrisorio, y lo peor del caso, quienes compran esas tierras son extranjeros, ¿qué va a pasar en estos casos?

Señor Secretario, en el campo hay violencia. Son muchos los conflictos que hay por el aprovechamiento forestal que tienen su origen en la disputa por la tierra, ¿qué hace el sector agrario para resolver estos asuntos?

Finalmente, nos preocupa la vigencia de los órganos de representación y vigilancia. Tenemos comisariados vencidos en todo el país, ejidos divididos en dos o más grupos, y una politización de los actos para la elección de los representantes ejidales y comunales, ¿cuál es la estrategia del sector agrario para atender estos asuntos?

Le agradezco sus respuestas, señor Secretario.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Gracias, señor diputado.

Señor Secretario, si es usted tan amable de dar sus respuestas, se lo agradecemos.

El Secretario Eduardo Robledo Rincón:

Muchas gracias, diputada.

Rapidísimamente, al diputado Barrón Romero. Ojalá conociéramos esas lagunas de información para poder responder a los planteamientos que nos hacía, pero quisiera básicamente dos cosas.

Dice usted, que no se justifica jurídicamente las erogaciones que hemos hecho para el pago de predios que hemos tenido que cumplir, yo le diría, con todo respeto, señor diputado Barrón, que si cumplir las sentencias de la corte no es una justificación jurídica, nosotros lo que estamos haciendo es simplemente cumpliendo aquellas sentencias de la corte que nos ordena, en este caso, el cumplimiento para la Secretaría.

Por otro lado, la adquisición de tierras por la vía de cumplir los acuerdos agrarios que establecen una obligación jurídica para el gobierno federal a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, esos son los dos vertientes a través de las cuales nosotros hemos cubierto esa responsabilidad.

Y dice usted algo que cómo me hubiera gustado que hubiera sido en la práctica, es cierto, el amplio presupuesto de que se gozó.

Mire usted, 3 centavos de cada 100 pesos del presupuesto se destinan a la Secretaría de la Reforma Agraria. Si a usted le parece eso un muy amplio presupuesto para la Secretaría, déjeme decirle que a pesar de haber cumplido con esas restricciones, una sola meta no se dejó de cumplir, y ese es el presupuesto que ejerce esta Secretaría.

Diputado Santiago Guerrero, en relación con el planteamiento que usted ha hecho, menciona usted varias cosas, pero aprovecho porque su compañero diputado anteriormente habló de realizar un taller. Yo me pongo a disposición de los señores diputados, de la Comisión de la Reforma Agraria, para que el día, la hora, a partir de mañana, que ustedes determinen, todo el sector agrario, nos reuniremos el tiempo que sea necesario para poder profundizar detallada, cuidadosamente en uno o dos días. En la pasada Legislatura lo hicimos con las fracciones del PAN, PRD y del PRI, durante dos días en un taller de una gran utilidad y hoy nos reiteramos a las órdenes de todos los señores diputados.

En relación a los temas que usted toca, Procede en su estado, dice usted. Está al 50%, junto con Chiapas y con Oaxaca, lamentablemente, son los tres estados en donde estamos más atrasados de la media nacional.

Las razones son varias, una: en su estado, junto con Michoacán, fueron los estados que al principio, cuando este Programa arrancó, hubo mayor resistencia política al Programa, y se incorporaron tarde, es decir, se fueron convenciendo los núcleos tarde y tarde se fueron incorporando al Programa.

Otras razones son por problemas, fundamentalmente, de límites entre los ejidos que no han terminado de resolver y son ellos quienes tienen que resolverlos, porque usted recordará que la Secretaría ya no tiene las facultades de otorgar, de extinguir derechos, simplemente de reconocerlos.

Entonces, es hoy la Asamblea, es hoy el núcleo quien determina y resuelve esto; sin embargo, haremos un esfuerzo, ¿qué va a pasar?

A mí me parece que este Programa como política pública, después de 8 años de haber demostrado su eficiencia en beneficio de los campesinos y de 2.7 millones de familias mexicanas, pues es algo que debiera de concluirse.

Por lo que hace a las asociaciones; durante esta administración, más de 9 mil 500 figuras asociativas fueron impulsadas y nos da un total de más de 25 mil en el universo general.

Si a usted le interesa el tema, nosotros hemos concluido un diagnóstico que nos llevó muchos meses de realizar para conocer las causas de la organización campesina en México, ¿qué pasó con las triples eses?; ¿qué pasó con las uniones de ejido?; ¿qué pasó con las sociedades de producción rural?; ¿en dónde tuvieron éxito?; ¿en dónde fracasaron?; ¿por qué fracasaron? Es decir, un diagnóstico que nos permita conocer cuáles son los errores que no hay que repetir.

Pero toca usted un tema que es de una gran importancia, el tema relacionado con las tierras de litoral que tienen y que dice usted, son compradas por extranjeros.

Primero, quiero decirle que la reforma del 92, lo único que hizo fue ratificar lo que establece desde el 17, la prohibición de que los extranjeros puedan adquirir en propiedad una superficie, y simplemente decirle que el mecanismo a través del cual, los extranjeros pueden, en las zonas restringidas de 100 kilómetros, de 50 kilómetros en la costa, de 100 kilómetros en la frontera, adquirir una posesión para usufructo, en ningún caso la propiedad... bueno, es algo que data desde la Ley de Inversión Extranjera de 1971, no es algo que se incorporó en las reformas del 92, es algo que está establecido y que en muchos casos hay figuras que se establecían, que venían funcionando en un fenómeno que se venía realizando y que no siempre fue en beneficio de los campesinos.

Mire usted, por hacer tratos, que por cierto siempre han existido en la cultura de los campesinos mexicanos, los tratos de aparcería, los tratos de ayuda, de préstamo, de renta, forma parte de la cultura de los campesinos; pero al no permitírseles este tipo de tratos agrarios, éstos se daban de todas maneras; se realizaban y no siempre fueron en beneficio de ellos.

Hay asuntos muy difíciles que estamos hoy resolviendo por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgidos precisamente, porque estos tratos que se llevaban a cabo en los hechos, pero que no tenían el sustento jurídico; no beneficiaron a los ejidatarios y a los dueños originales de la tierra.

Yo le puedo decir que hoy, a pesar de que este fenómeno que usted menciona -repito- de posesión, de usufructo, nunca de propiedad, se han beneficiado los campesinos. Yo le puedo mencionar que en Baja California por ejemplo, los tratos -no en todos los casos-, pero le puedo mencionar casos en donde han hecho tratos de 800 mil dólares por hectárea de usufructo, no de venta; que dista mucho de tratos que hicieron antes de 92, en donde fueron verdaderamente en condiciones no siempre a favor de los propios ejidatarios y de los comuneros.

Es decir, cuando se dice "se están vendiendo"; ¡no! Eso está prohibido constitucionalmente; si existen figuras a través de un fideicomiso, por ejemplo, para poder usufructuar esa posesión, eso es perfectamente legal y es perfectamente... siempre que se sometan a una serie de requisitos establecidos por Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera; ¡pero no venta!, ¡no venta!; estoy hablando -repito- de tratos que realizan los dueños de la tierra y este tema diputado, le agradezco mucho que lo haya mencionado, porque yo decía, de los casi 11 mil; 10 mil y fracción, kilómetros de litoral que hay en nuestro país, casi 7 mil son ejidos y son comunidades. Ahí está un potencial pesquero, turístico, acuícola ¡de enormes dimensiones en beneficio de los campesinos!

¿Qué es lo que hay que hacer, para que sea efectivamente en beneficio de ellos?; ¡los instrumentos jurídicos ahí están!; lo que se requiere es organización y capacitación.

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

¡Gracias, señor Secretario!

Finalmente, hará uso del derecho de réplica, del Partido Revolucionario Institucional, la señora diputada Celia Martínez Bárcenas, hasta por 4 minutos.

La diputada Celia Martínez Bárcenas:

Con su permiso, diputada Presidenta, con el permiso de mis compañeros y mis compañeras diputadas.

Señor Secretario de la Reforma Agraria, usted en su exposición mencionó la importancia de la participación de la mujer campesina en el proceso del desarrollo agrario de nuestro país. También señaló, que actualmente 20 de cada 100 ejidatarios son mujeres; esto denota que las mujeres campesinas estamos teniendo una mayor presencia en los aspectos fundamentales de la vida interna del ejido.

Sin embargo, nos preocupa que actualmente las mujeres campesinas, en su mayoría no cuentan con los recursos suficientes y oportunos para poder desarrollar actividades productivas que les permita tener una fuente viable de empleo y de esta forma, poder alcanzar mejores niveles de bienestar para nuestras familias.

Por otra parte, si bien es cierto que en el campo existen diferentes figura asociativas en las que pueden organizarse las mujeres, como lo son las sociedades de solidaridad social, las cooperativas, las sociedades de producción rural y las famosas Unidades Agrícolas Industriales para la Mujer; también es cierto que éstas no han alcanzado su desarrollo pleno por falta de créditos, capacitación, asistencia técnica, comercialización de los productos que generan, etcétera.

Por esta razón, señor Secretario, me interesa que nos informe cómo, en lo sucesivo, se tiene contemplado dar respuesta a las diferentes demandas de la mujer campesina, que permitan su incorporación plena en el desarrollo integral del campo mexicano.

Por su respuesta, muchas gracias, señor Secretario. (Aplausos)

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Gracias, señora diputada.

El señor secretario, licenciado Eduardo Robledo, tiene la palabra para hacer sus comentarios finales, hasta por 10 minutos.

El Secretario Eduardo Robledo Rincón:

Señoras diputadas, señores diputados: He acudido a la convocatoria de esta Cámara y he cumplido con la obligación constitucional de dar cuenta del estado que guarda el ramo a mi cargo.

Quiero ahora, Presidenta, pedirle su autorización para hacer una reflexión final. Cuando me dirijo a ustedes veo no sólo a integrantes del Congreso de la Unión sino a la nueva generación de representantes populares que tendrán la responsabilidad de dar respuesta a las demandas y exigencias de los campesinos mexicanos en este tramo de la historia. Los invito, señoras y señores diputados, a que nos ubiquemos por unos minutos en el espacio geográfico y humano de un ejido. Pongamos nuestros pies en el suelo ejidal y en su realidad cotidiana. Observemos con serenidad y reconozcamos con humildad los componentes esenciales de este paisaje agrario. Veamos, veamos todos las fortalezas; pero veamos también las debilidades de este ejido y desentrañemos sus causas y sus efectos.

¿Cuáles son, señoras y señores diputados, las debilidades de la estructura agraria del ejido? Uno: Su población es muy superior a la que puede hallar sustento con el producto de la tierra. Dos: Predominan las parcelas de menos de cinco hectáreas. Tres: Los titulares de los derechos agrarios están en edad avanzada. Cuatro: Una gran cantidad de habitantes del medio rural migran en busca de solución a sus problemas. Cinco: La pobreza sigue presente y la calidad de vida es precaria. Seis: Los productos del trabajo no corresponden con el esfuerzo realizado. Siete: El proceso de urbanización ha consumido tierras en la que los ejidatarios no son los principales beneficiarios. Y ocho: La sustentabilidad enfrenta problemas de sequía, depredación y erosión del suelo; y cada vez más, un escaso acceso al agua.

Ante este complejo escenario, el ejido cuenta, compañeras y compañeros diputados, también con fortalezas. Permítanme, por favor, un paréntesis antes de referirme a éstas.

El año pasado invitamos a especialistas de asuntos agrarios en todo el mundo que conocieron algunos ejidos y comunidades. Un prestigiado académico inglés, especialista en el sureste de Asia, donde precisamente se ubican las experiencias de reforma agraria más exitosas en tiempos recientes, nos decía: "... Lo que yo he leído del ejido, del ejido mexicano, no da cuenta de la densidad histórica de lo que estoy viendo...", decía, en un ejido, allá en Puebla.

"El ejido -decía- es una compleja institución social. Podrá tener muchas carencias, pero con la formación de los ejidos se distribuyó una basta riqueza y se creó un tejido social, un capital social con base en el cual puede darse el desarrollo", termino la cita. Por lo tanto, nosotros creemos que la primera gran fortaleza del ejido es precisamente su gente.

Los ejidatarios no han esperado que alguien resuelva sus problemas, los enfrentan cotidianamente con imaginativas formas de organización para superar sus carencias.

Las familias campesinas toman iniciativas para hallar soluciones a sus necesidades básicas: Educar a los hijos, encontrar empleos, apoyarse mutuamente y organizarse en grupos para producir y comercializar sus productos.

Un proceso de diversificación de la economía rural que se expresa en cada vez más jóvenes, definen sus vidas en función de actividades, empleos y expectativas fuera del ejido.

La mayoría de los ejidatarios han decidido sabiamente conservar sus tierras y buscar soluciones de más largo alcance, la participación colectiva crece, los representantes son vigentes y reflejan la pluralidad política del ejido. Hay un creciente número de mujeres que son titulares de derechos agrarios y participan decididamente en los órganos de representación y de vigilancia.

La propiedad ejidal está ordenada, la disputa por la tierra concluyó, los límites de parcelas, tierras de uso común y solares, fueron ratificados por consenso y están ya certificados. Hay cada vez menos conflictos por la tierra y una nueva armonía prevalece en el campo mexicano.

La arraigada cultura documental en el campo se fortalece y se consolida; varias de las reservas naturales de carácter estratégico, por su valor ecológico y económico, se encuentran precisamente en los núcleos agrarios, subsiste un fuerte orgullo por haber construido el ejido y gozar de un instrumento cultural y agrario que da sustento a su identidad como campesinos y como mexicanos.

El reto de la política pública, es aprovechar las fortalezas para superar las debilidades, para extraer de las nuevas condiciones que vive el campo, las oportunidades minimizando los riesgos.

Por otro lado, y desde el mismo ejido, parados ahí, veamos qué está pasando en el mundo en materia de Reforma Agraria. Varios países africanos intentan detener la violencia entre grupos étnicos nacionales y consolidar procesos de transición democrática, teniendo a la Reforma Agraria en el centro de la política nacional.

Los países del antiguo bloque socialista, reformaron sus sistemas de tenencia de la tierra y desarrollan sus mercados rurales. Países como China o Vietnam, han logrado impresionantes avances a través de estímulos a las familias campesinas y a las industrias rurales.

Los países latinoamericanos buscan regularizar los derechos de propiedad individual de los campesinos, y flexibilizar el marco legal para dar impulso a la agricultura y combatir la pobreza.

En los países desarrollados, preocupa la concentración de la tierra, preocupa el envejecimiento de los productores y el despoblamiento del campo, a la vez que la sustentabilidad de la economía rural. Surge pues, una nueva agenda agraria internacional, que coloca los asuntos del campo en el centro de los debates de la política nacional.

La Reforma Agraria no se reduce al reparto de tierras, la agenda agraria es vigente y se renueva y actualiza, incluyendo la regularización de los derechos de propiedad, la preservación del equilibrio ecológico, la regulación del uso del suelo, el combate a la extrema pobreza, la igualdad de oportunidades para jornaleros agrícolas, mujeres y grupos étnicos y el relevo generacional de los titulares de la tierra.

Desde la perspectiva de la globalización, se imponen al ejido nuevos retos y nuevas oportunidades; por un lado, la tierra deja de ser el medio productivo por excelencia que fue durante varios siglos. Los patrones de consumo han cambiado en términos de la estructura y calidad de los productos que demandan los mercados; desde luego, la capitalización y transferencia de tecnologías adecuadas al campo es apremiante; sin embargo, la tarea a realizar, es detonar una dinámica al interior de cada núcleo agrario para hacer frente a los retos de la globalización.

La inversión de capital en capital humano es vital para que el ejido se adapte a las crecientes presiones competitivas y reduzca la brecha científica y tecnológica que condiciona el uso de la tierra y el aprovechamiento de los apoyos al campo; frente a la profunda transformación que vive hoy la sociedad mexicana, debemos las expectativas del desarrollo del campo, más allá de recursos financieros, insumos y tecnologías modernas, la discusión debe enmarcarse en cómo contribuir a la consolidación de la nueva sociedad rural que está emergiendo, los ejidos y comunidades deben preservar su papel protagónico y aprovechar plenamente su nueva condición más abierta y más democrática.

Los problemas del ejido y la comunidad, no solo deben ser definidos en términos de productividad agrícola o de subsidios al campo, la transición que vive el país abre la enorme oportunidad de revisar a fondo el modelo de desarrollo agrario, a partir de sus fortalezas, de sus debilidades, de una nueva realidad en el campo y de un nuevo escenario internacional.

La presente administración, ha consolidado las bases jurídicas e institucionales, para que este salto cualitativo pueda darse, hay un pleno conocimiento de la sociedad rural, un sólido marco regulatorio para garantizar la propiedad rústica y una presencia más activa y autónoma de los núcleos agrarios.

No existe duda que, como bien lo han puntualizado, señores y señoras diputadas, que aquí existe una agenda de asuntos pendientes, lo reconocemos; existe falta de avanzar en algunos resultados, políticas que... para abordar en forma intersectorial y procedimientos agrarios que se deberán de perfeccionar. La experiencia de ocho años de aplicación de la nueva política agraria y la nueva institucionalidad, arroja luz sobre la pertinencia de las políticas públicas en materia agraria, para resolver los problemas de fondo del desarrollo del campo.

Terminar con el ordenamiento de los derechos de propiedad agraria e impulsar políticas públicas integrales, que correspondan con los avances logrados en la regularización de la propiedad social. Dos, perfeccionar la legislación agraria reglamentaria, considerando, señoras y señores diputados, la conveniencia de establecer un código federal de procedimientos agrarios y profundizar su vinculación con los ordenamientos en materia ecológica, urbana y fiscal, y la expedición de la Ley Reglamentaria de la Fracción XX, del artículo 27 constitucional.

Impulsar la conformación de una bolsa de suelo social para el desarrollo urbano y promover empresas sociales, tanto inmobiliarias, como de productos agropecuarios y de servicios; promover la compactación parcelaria voluntaria, a fin de aumentar las economías de escala y facilitar la modernización de la producción ejidal, acelerar la formación de capital humano, vía la capacitación y del capital social, vía la organización, invirtiendo especialmente en la niñez y en los jóvenes, crear esquemas de retiro digno, de productores de avanzada edad y de incorporación de jóvenes agricultores, técnicos agropecuarios y agroindustriales, definir políticas de uso de suelo que establezcan estímulos y sanciones efectivas, tanto para recuperar plusvalía, como para racionalizar el uso de los recursos naturales. Y, consolidar la política de apoyo a proyectos productivos, como una vía para integrar cadenas agroindustriales y ligar al ejidatario con formas más eficientes de producción.

En el momento en el que vive el país, el Poder Legislativo sin lugar a dudas, tiene un papel particularmente decisivo para atender esta nueva realidad agraria; señoras y señores diputados, he tenido el privilegio de colaborar con el Presidente de la República en este momento histórico para el país; sirviendo a los campesinos de México he buscado cumplir con mi convicción personal y profesional. Quiero dejar constancia de mi admiración y respeto a los hombres y a las mujeres del campo, por su compromiso con México y sus causas.

Tienen ustedes, señoras y señores diputados, el enorme privilegio y la gran responsabilidad de deliberar sobre el futuro del México rural. Les deseo por ello, un periodo legislativo de significativas realizaciones en materia agraria.

Señoras y señores diputados, ustedes tienen la palabra.

Muchas gracias. (Aplausos).

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal

Señor secretario, licenciado Eduardo Robledo Rincón, esta soberanía agradece a usted su comparecencia de esta noche, pero muy especialmente, le agradecemos su actitud abierta, su actitud incluyente; y sobre todo, ese deseo de no dejar ninguna pregunta sin respuesta.

Estamos seguros que con este diálogo amplio que hemos establecido, los señores diputados habrán tenido conclusiones de coincidencia y de discrepancia; pero seguramente que ha sido muy útil y lo será para que los señores legisladores puedan cumplir la disposición constitucional que les ordena analizar a fondo el Informe que el señor Presidente nos entregó el primero de septiembre. ¡Gracias, señor Secretario por contribuir con estos señores legisladores a cumplir ese mandato constitucional que sentimos que es nuestra gran responsabilidad!

Y para cumplir también, de conformidad con lo que establece el artículo séptimo, numeral cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esa reunión será remitida al ciudadano Presidente de la República, para su conocimiento; gracias, señor Secretario. (Aplausos).

Pedimos finalmente a la Comisión encargada, sea tan amable de acompañar al señor Secretario, cuando él decida retirarse de este salón, y a todos ustedes que nos honraron con su presencia, se las agradecemos cumplidamente.

Que tengan muy buenas noches. (Aplausos).