Comparecencia del Secretario de Gobernación,
Diódoro Carrasco Altamirano, correspondiente al Sexto
Informe de Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León

Instalación de la Mesa
Ricardo Francisco García Cervantes

Presentación
Diódoro Carrasco Altamirano

FIJAN LA POSICIÓN GENERAL DE SU GRUPO PARLAMENTARIO, LOS DIPUTADOS:

Félix Castellanos Hernández, Partido del Trabajo
María Cristina Moctezuma Lule, Partido Verde Ecologista de México
Tomás Torres Mercado, Partido de la Revolución Democrática
Armando Salinas Torre, Partido Acción Nacional
Melitón Morales Sánchez, Partido Revolucionario Institucional

Para hacer los comentarios que juzgue pertinentes
Diódoro Carrasco Altamirano

PRIMER TURNO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Rosalía Peredo Aguilar, Partido del Trabajo
Respuesta: Diódoro Carrasco Altamirano
Réplica: Rosalía Peredo Aguilar, Partido del Trabajo

Pregunta: María Cristina Moctezuma Lule, Partido Verde Ecologista de México
Respuesta: Diódoro Carrasco Altamirano
Réplica: María Cristina Moctezuma Lule, Partido Verde Ecologista de México

Pregunta: Luis Miguel Barbosa Huerta, Partido de la Revolución Democrática
Respuesta: Diódoro Carrasco Altamirano
Réplica: Luis Miguel Barbosa Huerta, Partido de la Revolución Democrática

Pregunta: José Guillermo Anaya Llamas, Partido Acción Nacional
Respuesta: Diódoro Carrasco Altamirano
Réplica: María Eugenia Galván Antillón, Partido Acción Nacional

Pregunta: Patricia Aguilar García, Partido Revolucionario Institucional
Respuesta: Diódoro Carrasco Altamirano
Réplica: María Elena Chapa Hernández, Partido Revolucionario Institucional

SEGUNDO TURNO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Rosalía Peredo Aguilar, Partido del Trabajo
Respuesta: Diódoro Carrasco Altamirano
Réplica: Rosalía Peredo Aguilar, Partido del Trabajo

Pregunta: Concepción Salazar González, Partido Verde Ecologista de México
Respuesta: Diódoro Carrasco Altamirano
Réplica: Concepción Salazar González, Partido Verde Ecologista de México

Pregunta: Norma Reyes Terán, Partido de la Revolución Democrática
Respuesta: Diódoro Carrasco Altamirano
Réplica: Norma Reyes Terán, Partido de la Revolución Democrática

Pregunta: Oscar Romeo Maldonado Domínguez, Partido Acción Nacional
Respuesta: Diódoro Carrasco Altamirano
Réplica: Heidi Gertud Storsberg Montes, Partido Acción Nacional

Pregunta: Roberto Zavala Echavarría, Partido Revolucionario Institucional
Respuesta: Diódoro Carrasco Altamirano
Declinan réplica

CONSIDERACIONES FINALES
Diódoro Carrasco Altamirano

MENSAJE INSTITUCIONAL
Ricardo Francisco García Cervantes








12 DE SEPTIEMBRE DE 2000

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE GOBERANCION
LICENCIADO DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO

Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes:

ANALISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO.
POLITICA INTERIOR

El Presidente:

Pasamos al siguiente punto del orden del día. Se encuentra en el salón de recepción de esta Cámara, el licenciado Diódoro Carrasco Altamirano.

Secretario de Gobernación, invitado a la sesión de esta fecha en que se llevará a cabo el análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior.

Se designa en comisión, para que lo reciban y lo introduzcan a este recinto a los siguientes diputados: Augusto Gómez Villanueva, Federico Granja Ricalde, María Eugenia Galván Antillón, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Ricardo Moreno Bastida, Julieta Prieto Fuhrken y Jaime Cervantes Rivera.

Se pide a la comisión cumpla con su cometido.

(La comisión cumple su cometido.)

ASISTENCIA II

El Presidente:

Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del cierre de registro de asistencias y el número de asistencias registradas.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Señor Presidente, atendiendo a su solicitud informo a usted que al cierre de la mesa de registro existen 477 diputados registrados.

El Presidente:

Gracias, señor Secretario.

ANALISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO.
POLITICA INTERIOR II

El Presidente:

De conformidad con el Acuerdo Parlamentario aprobado por esta Asamblea y que norma el procedimiento para el análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior, nos acompaña el licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, secretario de Gobernación, a quien le damos la bienvenida.

Para dar cumplimiento al punto segundo, numerales 1, 2 y 3 del mencionado acuerdo, se le concede el uso de la palabra al ciudadano Diódoro Carrasco Altamirano, hasta por 20 minutos.

Puede hacer uso de la palabra, señor Secretario.

El secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano:

Muchas gracias, señor Presidente de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados; señoras y señores diputados:

Es muy grato acudir a la Cámara de Diputados para glosar y analizar en el ámbito de mi competencia el VI Informe del Presidente de la República, Ernesto Zedillo, cumpliendo así con el mandato constitucional.

Por la profundidad, por la trascendencia del quehacer político, encaminado a consolidar la democracia plena, el balance final del sexenio corresponderá a la historia, pero entre los saldos que ya podemos aquilatar con claridad a lo largo de los años recientes, destaca la estabilidad política que goza el país, la reafirmación de la democracia como propósito constante de gobierno, que culminó en la transparencia, civilidad y credibilidad de las elecciones federales y estatales recientes y el fortalecimiento de la vida republicana, expresado en el equilibrio real y el respeto entre los poderes de la Unión.

Estos rasgos que hoy nos definen y caracterizan, tienen su asentamiento en un nuevo federalismo auténtico y en una presidencia genuinamente republicana apegada estrictamente a la ley.

La virtud reconocida del gobierno del Presidente Zedillo, ha sido hacer suyas y encabezar las transformaciones políticas que se agitaban como anhelo de la sociedad, así como compartir la vocación de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara.

Aquí con el consenso mayoritario de los partidos, se pactaron las reformas que explican hoy la nueva era electoral, que es signo histórico de nuestra democracia.

Por eso es posible afirmar que el sustento de la estabilidad de México son las instituciones políticas y sociales, que forjó el pueblo mexicano a lo largo de 70 años del periodo posrevo lucionario, negarlo es pueril.

Estas instituciones cobijan a todos los mexicanos, sin distinción de partido. Hoy la estabilidad se afianza con una gobernabilidad democrática que a todos beneficia y de todos requiere.

La reforma electoral de 1996 fue una reforma visionaria, aprobada por consenso mayoritario de los partidos políticos, desterró de nuestra vida política los conflictos poselectorales, que degastaban a la República.

Dio certidumbre a los procesos, aportó condiciones de equidad y garantía de transparencia y confirió objetividad e independencia a las instituciones electorales.

Con la reforma electoral de 1996 se instituyeron los mecanismos jurídicos necesarios, para dar total certidumbre a la participación ciudadana. Se consolida el Instituto Federal Electoral bajo los principios de autonomía y plena ciudadanización.

Al promover y con la posterior aprobación de las reformas a las leyes electorales, el Ejecutivo Federal cumplió con el compromiso de establecer un nuevo marco para el desarrollo de sistema de partido.

La composición en las cámaras definió un nuevo esquema de gobernabilidad, centrado en la construcción de acuerdos que ha implicado un importante cambio en los procedimientos legislativos y un vasto incremento de iniciativas generadas y aprobadas por los legisladores. La administración del presidente Zedillo será reconocida en la historia, sin duda y sin regateo, como un periodo democratizador.

Es preciso aquilatar y aprovechar las lecciones que nos deja el ejercicio democrático recientemente concluido. En primer lugar, destaquemos la importancia del electorado compuesto por jóvenes, que por vez primera sufragaron y mujeres que en su gran mayoría se volcó a las urnas, con plena confianza de que su voto sería respetado y meticulosamente contado, como en efecto sucedió.

En segundo término, el alto grado de participación ciudadana, la pasión de los actores políticos y la serenidad y eficiencia de las autoridades electorales, propiciaron el reconocimiento y el prestigio internacional del país, no por el resultado en sí, sino por la vocación democrática expresada por la sociedad mexicana, la calidad del proceso electoral y la solidez de sus instituciones.

En ningún momento, como lo advertimos oportunamente, estuvo en riesgo la gobernabilidad democrática.

En tercer lugar, las elecciones demostraron la necesidad inaplazable para que todos los actores políticos se preparen con mayor responsabilidad y compromiso a enfrentar una competencia política cada vez más dinámica, madura y moderna.

En cuarto lugar, finalmente, observamos un claro mensaje por parte del electorado que no concedió triunfos absolutos a los contendientes, sino que diferenció su voto para elegir a los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto en el plano local como federal, estableciendo así nuevos equilibrios y contrapesos reales en nuestro sistema político. La sociedad marcó la ruta que obliga a continuar con el acuerdo y con el consenso político.

En la presente administración se dio un impulso decisivo al nuevo federalismo y al fortalecimiento de las capacidades de gobierno y de administración de los municipios del país. En diciembre de 1994 se inició la construcción del Sistema Nacional de Información Municipal y se creó el ramo 33 del presupuesto federal, por vía del cual el 70% del gasto del Gobierno hoy se destina directamente a los municipios.

En este marco las modificaciones al 115 constitucional, aprobadas por el honorable Congreso de la Unión y por las legislaturas estatales en 1999, constituyen un decidido impulso plural y representativo al municipio, al ampliar sus facultades en materia administrativa y reglamentaria, en la posibilidad de realizar convenios también con los gobiernos estatales.

Con el propósito de que los municipios ejerzan plenamente las facultades que les concede la reforma, se pusieron en marcha programas de apoyo a la renovación municipal, a la modernización jurídica municipal, al desarrollo institucional de los ayuntamientos y a la profesionalización, así como el programa de difusión de la cultura municipalista.

El Sistema Nacional de Protección Civil ha recibido un impulso decidido para proteger mejor a las personas y a la sociedad, ante la eventualidad de un desastre provocado por fenómenos naturales o humanos. Ese sistema opera en tres etapas: prevención, atención a la emergencia y reconstrucción. En cada una de ellas se ha logrado incorporar y coordinar el esfuerzo de científicos, técnicos, tomadores de decisiones, medios de comunicación y población.

La decisión oportuna ha sido el elemento clave de las modificaciones orientadas a hacer más eficiente el sistema. Hemos impulsado así la educación para la autoprotección, difundiendo y socializando la información que facilita la toma de decisiones. También se ha trabajado en coordinar las acciones conjuntas del Gobierno Federal con gobiernos estatales, municipales, comunidades y grupos organizados.

La estrategia ha implicado estandarizar los programas operativos en el ámbito estatal y municipal, instalar los consejos municipales de protección civil, establecer normas oficiales mexicanas en la materia y homologar las estructuras y el servicio civil de carrera.

Política migratoria. La política migratoria en México se sustenta en la defensa de la soberanía y la seguridad nacionales y mantiene un profundo sentido humanista y un estricto respeto a los derechos humanos, alentando corrientes migratorias que contribuyen a nuestro desarrollo.

Se han otorgado más de 9 mil 500 declaratorias de inmigrados a extranjeros que han decidido establecer su residencia permanente en el país y aportar de esta forma su esfuerzo al desarrollo nacional.

Una prioridad de la política migratoria es contribuir a la protección a migrantes connacionales en el extranjero. En congruencia con esta postura era necesario cumplir este propósito primero en nuestro propio territorio, por ello la actual administración reinició el Programa Paisano en los periodos de alto flujo de retorno de nuestros connacionales provenientes de los Estados Unidos.

Durante el sexenio se asistió a 5 millones 675 mil connacionales, ampliando las facilidades para internar sus bienes y garantizarles seguridad, respeto y buen trato por parte de las autoridades en su visita o retorno a México.

Con el apoyo de los grupos Beta de protección a migrantes que actualmente operan en el país, se logró atender en el transcurso de este gobierno a 1 millón de personas, brindándoles orientación y asistencia jurídica.

En 1996 se anunció el Programa de Estabilización Migratoria, con el cual se otorgó la calidad de inmigrantes a 10 mil 864 guatemaltecos que optaron por quedarse, y a 3 mil 984 se les extendió la naturalización; casi 43 mil más, con casi 43 mil más, se culminó un exitoso proceso de repatriación. Esta es una muestra palpable de la política de asilo solidario que ha caracterizado a México y le ha dado prestigio ante el mundo, de lo cual nos sentimos orgullosos.

Con el fin de simplificar la identificación de los mexicanos, se ha procedido a la modernización e integración del Registro Civil, a la integración de la base de datos del Registro Nacional de Población y a la asignación de la Clave Unica de Registro de Población (CURP). Esperamos que a fines de este año se integre la CURP a todos los documentos oficiales. A la fecha se ha asignado casi 63 millones de claves y se estima que tres de cada cuatro mexicanos cuenten con ella a finales del presente año.

En 1996 se instituyó el Programa Nacional de la Mujer; entre los avances más destacados en materia de equidad de género alcanzados hasta este año, cabe mencionar los siguientes, porque son resultado de amplias discusiones y consensos: el establecimiento de las comisiones de Equidad de Género en las cámaras de Diputados y Senadores, así como una comisión bicamaral denominada "Parlamento de Mujeres de México". Se cuenta ahora con una nueva legislación sobre violencia intrafamiliar y se crearon instancias de apoyo a la mujer en 27 entidades federativas. También se concluyó este año la Norma Oficial Mexicana para la prestación de los servicios de salud que establecen los criterios para la atención de la violencia intrafamiliar.

La preservación del carácter laico del Estado mexicano es uno de los compromisos políticos institucionales básicos de este Gobierno. Por ello, la actual administración ha consolidado las relaciones entre el Estado y las iglesias conformadas por casi 6 mil asociaciones religiosas con registro.

Lo anterior demuestra la diversidad religiosa que existe en el país y, por tanto, la necesidad de una coexistencia tolerante, respetuosa, entre el poder público y las iglesias en el país.

Ningún país en el mundo que ha padecido conflictos con grupos armados, ha practicado una política tan extensa e intensa para su solución en cuanto a la atención de las causas que lo motivaron, como lo ha hecho México al tratar el conflicto en el Estado de Chiapas.

En casos similares se ha buscado lograr un acuerdo de paz tras muchos años de lucha y un elevado costo en vidas humanas, para después comenzar a atender las causas que los motivaron sobre las cenizas de miles de muertos. México no ha actuado de esa manera.

Por ello, el Ejecutivo Federal ha reiterado su voluntad de seguir insistiendo en la vía del diálogo y la negociación con el EZLN, con el propósito de alcanzar el Acuerdo de Concordia y Pacificación a que se refiere la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Junto con ello, se ha emprendido una política social de gran alcance, orientada a revertir la marginación de los pueblos indígenas y promover el desarrollo de la entidad, independientemente de filiaciones partidarias, religiosas o políticas.

En una expresión más de voluntad política, el 7 de septiembre de 1999, se dio a conocer públicamente la carta abierta al EZLN, denominada "un paso más", para solucionar el conflicto en Chiapas. A partir de entonces se dio respuesta positiva a los cinco requerimientos para retornar a la mesa de las negociaciones que estableció el EZLN, incluyendo la liberación de ex zapatistas presos y la instalación de la Comisión de Seguridad y Verificación de los Acuerdos de San Andrés.

La propuesta y las acciones que sustentan la estrategia "un paso más", cuyo contenido fue previamente comentado con la Cocopa y otras organizaciones civiles y religiosas, hasta la fecha no ha recibido respuesta del EZLN. Es necesario que existan mejores condiciones de confianza mutua para avanzar hacia la paz, pero sobre todo para avanzar hacia la reivindicación plena de las demandas sociales de los chiapanecos más pobres, porque la ausencia de diálogo perjudica particularmente a las comunidades indígenas en la zona de conflicto.

La presencia del Ejército mexicano en Chiapas obedece a funciones sustanciales de protección fronteriza, a resguardo de reservas ecológicas y de combate al narcotráfico. También, no lo olvidemos, el desempeño de sus tareas en emergencias ha sido decisivo, como durante las tormentas de septiembre de 1998 en la entidad, ayudando ejemplarmente a la población.

Su acción en la zona de conflicto responde a una declaración de guerra que no ha sido retirada y a una estrategia de acotamiento cuyos frutos son la inexistencia de confrontaciones armadas, después de la suspensión al fuego por parte del Gobierno Federal.

Actualmente en la región prevalecen aún tensiones inter e intracomunitarias y frágiles equilibrios, además de factores de inseguridad, por lo que su reposicionamiento no puede darse si no hay diálogo y garantías plenas a la población civil. De otro modo se tendría posiblemente que lamentar graves consecuencias. El Gobierno del presidente Ernesto Zedillo ha actuado en forma contundente para que Chiapas no haya sido ni sea, escenario de conflicto armado. El desafío en el Estado es la desigualdad, la pobreza, la marginación; contra ella y contra ello estamos todos los mexicanos.

Por su parte la máxima casa de estudios del país: la Universidad Nacional, ha superado la difícil circunstancia por la que atravesó el año pasado. No hay ahora un solo estudiante encarcelado y la institución ha ido recobrando totalmente su normalidad docente de investigación y de definición de la cultura.

El país vive en paz social pues los conflictos más graves son atendidos dentro de las vías democráticas, dentro de los cauces legales a través de las instituciones correspondientes. En ello radica la gobernabilidad democrática que compartimos y beneficia a todos.

No obstante, para la mayoría de los mexicanos el problema más grave que enfrenta nuestra sociedad es la inseguridad pública derivada de una delincuencia tanto ordinaria como organizada, cada vez más sofisticada y agresiva. La complejidad de la criminalidad ha hecho necesaria la planeación y organización de nuevas medidas para fortalecer a los cuerpos policiacos, así como a las estructuras responsables de procurar e impartir justicia. El Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene como objetivo fundamental conducir las políticas y programas para prevenir la comisión de delitos y combatir el crimen organizado a través de una coordinación más eficiente entre los tres órdenes de gobierno.

Los recursos asignados a la presente administración para la seguridad pública, no tienen precedente; en los últimos cinco años el gasto acumulado para la seguridad pública asciende a 27 mil millones de pesos; tan sólo en este año se destinaron a estas tareas la cifra histórica de 12 mil 255 millones de pesos, fortaleciendo el equipamiento, infraestructura y el uso de tecnología para combatir el delito; se ha profesionalizado y capacitado a 97 mil elementos de seguridad pública y de procuración de justicia en todo el territorio nacional; se ha incrementado la cobertura y capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad y se ha conformado un sistema nacional de información sobre seguridad pública, que cuenta ya con distintos bancos de datos, de huellas dactiares, de policías, de armas, de delincuentes, de procesos.

Hoy el Estado mexicano cuenta con la Policía Federal Preventiva, como un cuerpo altamente entrenado para prevenir la comisión de delitos en el plano federal. La Policía Federal Preventiva vigila las zonas federales, los puertos, aeropuertos, las carreteras y las fronteras; su accionar ha permitido la captura de peligrosas bandas de secuestradores y de traficantes de personas, la reducción sensible de asaltos en las carreteras del país, el rescate y orden de penales que se encontraban bajo formas ilegales e inaceptables de autogobierno y la restauración de la normalidad académica en sitios estratégicos como la propia UNAM, entre otros resultados ampliamente reconocidos por la sociedad.

Como resultado de estas acciones ha disminuido la comisión de crímenes; en 1997 se llegaron a registrar 15.7 delitos por cada 1 mil habitantes, habiéndose denunciado entonces cerca de 1 millón y medio de actos delictivos. El crimen llegó entonces a su máximo nivel. Para 1999 se logró contener esta tendencia y comenzó a operar la disminución de la criminalidad; se denunciaron 1 millón 318 mil ilícitos, lo cual representa un índice de 13.4 por cada mil habitantes, monto inferior en casi el 15% al de 1997.

El Gobierno Federal emprendió las tareas estratégicas en materia de seguridad pública porque significan una política de Estado concebida más allá de un sexenio o de una coyuntura. Buscamos así, certeza de perdurabilidad y alcance transexenal a las políticas y a las acciones de seguridad pública que a todos nos conciernen sin distinción de partido o de orientación ideológica porque se trata de la calidad de vida colectiva, de la violencia del Estado como orden jurídico y del mejor futuro que deseamos asegurar como sociedad.

Señoras y señores legisladores: un concepto de gobernabilidad basado en el control corporativo, en la hegemonía de un partido casi único, en un sistema de reglas no escritas hemos transitado hacia una gobernabilidad centrada en resolver las causas de las demandas sociales.

Un régimen político plural y una vida democrática participativa basada esencialmente en el estado de derecho y en la vocación republicana de los mexicanos.

Hoy las cuentas de la gobernabilidad son claras: México tiene estabilidad y sólidas instituciones. Vivimos en paz y en pleno ejercicio de las libertades ciudadanas. México ingresa al Siglo XXI con una democracia consolidada y por ello más fuerte, más fuerte para enfrentar sus desafíos y para vencerlos. Esta será la tarea cumplida de todos, la tarea de nuestra República.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor Secretario.

Están inscritos para fijar la posición general de su grupo parlamentario, los siguientes diputados: del Partido del Trabajo, Félix Castellanos Hernández; del Partido Verde Ecologista de México, María Cristina Moctezuma Lule; del Partido de la Revolución Democrática, Tomás Torres Mercado; del Partido Acción Nacional, Armando Salinas Torre y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Melitón Morales Sánchez.

Tiene entonces el uso de la palabra el diputado Félix Castellanos Hernández, por 10 minutos.

El diputado Félix Castellanos Hernández:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados; señor Secretario:

Esta soberanía inicia la glosa del VI informe presidencial, presentado el pasado 1o. de septiembre.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que el análisis debe ir más allá del periodo que abarca el informe, ya que se debe evaluar la gestión de los seis años de la actual administración.

En la evaluación integral de este periodo, el balance resulta deficitario y vamos a explicar por qué.

Tal y como lo establece el informe en el Capítulo II, el concepto de estado de derecho supone la sujeción de los titulares de los órganos del poder público al mandato expreso de la ley. Esto es precisamente a lo que aspiramos los mexicanos, a que los funcionarios no hagan más de lo que la ley los faculta, pero que tampoco hagan menos.

Específicamente nos referimos al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Siendo usted, señor Secretario, quien preside dicho consejo, sabrá que la determinación de los lineamientos para el establecimiento de políticas generales en materia de seguridad pública ha resultado poco menos que ineficaz.

Los mexicanos vivimos en una constante y alarmante inseguridad. Los cuerpos policiales preventivos son insuficientes e ineficaces. Las policías encargadas de perseguir los delitos carecen de la debida preparación y eso se traduce en un alto porcentaje de delitos que quedan sin castigo.

La sociedad mexicana reciente continuamente el ataque de la delincuencia organizada o de la que actúa en forma individual a su seguridad y patrimonio. Pero también le llena de indignación el que la justicia se aplique de forma selectiva y en ocasiones para que los autores intelectuales de delitos queden impunes. Tales son los casos de Aguas Blancas, Acteal, El Charco, que esperan aún el castigo de los verdaderos responsables.

En el VI informe se señala la creación de la Policía Federal Preventiva como paradigma del combate a la delincuencia en la previsión de los delitos. Aquí quisiera leer textualmente algunas líneas del Informe:

"Asimismo, dice el informe, se logró la detección de 51 organizaciones criminales que trafican con personas, la desarticulación de dos bandas que se dedicaban al tráfico de armas, el restablecimiento del orden en diversos centros de readaptación social y en el campus de la UNAM".

Ante ello nos preguntamos: ¿qué el Presidente de la República asimila la función de la institución de educación superior más importante de este país a la de un centro de readaptación social?

Señor Secretario, resulta vergonzoso para una institución centenaria como lo es la UNAM el que se le coloque en el mismo apartado que a los ceresos.

Cuando la Policía Federal Preventiva ingresó a la Universidad, ¿qué orden restableció si a muchos de los detenidos no se les probó, por parte del Ministerio Público Federal, responsabilidad alguna?

Otro ejemplo de la impunidad con la que actúan los altos funcionarios federales lo tenemos en el caso del ex secretario de Turismo. Por medio de la dependencia de la que usted es responsable, tramitó la licencia para separarse de su encargo, presuntamente para comparecer a juicio por las implicaciones que el gobierno del Distrito Federal presentara en su contra.

Cuando por fin decide presentar su renuncia, sencillamente huye. Por cierto, señor Secretario, ¿los órganos de inteligencia de la Secretaría de Gobernación sabrán dónde se encuentra Oscar Espinosa para que la Procuraduría pueda aprehenderlo?

En el apartado denominado "del desarrollo democrático", nosotros, a diferencia de ustedes, consideramos que el resultado de este logro fue gracias a las innumerables luchas que miles de mexicanos desde hace décadas libraron en contra del partido de Estado, del autoritarismo gubernamental y del uso de los recursos públicos en beneficio de unos cuantos.

Debemos señalar en esta dirección, que los partidos políticos decidimos impulsar en 1995 la reforma del Estado y acudimos con el titular del Ejecutivo para pactar esta inaplazable demanda del pueblo de México.

Sin embargo, en los hechos no hubo voluntad política por parte del presidente Zedillo para cumplir dicho compromiso. Sólo logramos una reforma electoral de carácter parcial que implicó modificaciones constitucionales y legales, pero que desde luego no es una reforma electoral definitiva como lo sostiene el Presidente de la República.

Esta es una asignatura pendiente de impulsar en esta nueva legislatura y queremos aprovechar esta alta tribuna para convocar a todos los partidos políticos y a todas las fuerzas políticas y sociales de nuestro país a iniciar un profundo debate que permita, ahora sí, arribar a una verdadera reforma electoral sí definitiva pero también equitativa.

Queremos recordarle también, señor Secretario, que los grupos parlamentarios diferentes al partido al que usted pertenece, en la pasada legislatura impulsaron la creación de una comisión especial encargada de que no se desviaran recursos públicos federales en el proceso electoral de este año. Dicha comisión intentó infructuosamente, por la sistemática negativa de usted a firmar un convenio de colaboración para evitar el uso clientelar de los recursos públicos.

Debemos también mencionarle la negativa de la Secretaría de Gobernación a transmitir, dentro de los tiempos del Estado, los mensajes del Instituto Federal Electoral. Consideramos que esto también debería de haberse presentado en el informe de Gobierno.

Por ello sostenemos que los resultados electorales del 2 de julio fueron posible gracias a la alta participación ciudadana y el reconocimiento de dicho resultado fue simplemente el respeto a la voluntad popular.

Pero lo verdaderamente inadmisible en el recuento de la actuación federal respecto al conflicto en Chiapas, es el siguiente:

Como muchos otros problemas ancestrales no resueltos la cuestión indígena le estalló en las manos al Estado mexicano el 1o. de enero de 1994. Paradójicamente el mismo día que se estrenaban dos signos de la globalización neoliberal en México: la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos y Canadá y nuestra supuesta incorporación al club de los países ricos: la OCDE.

El Ejecutivo hacía ostentación afuera de lo que aquí carecíamos. ¿Cómo ocultar que la historia indígena real está llena de violentos despojos de tierra, expropiación de su patrimonio cultural, trabajos forzados, segregación, vejaciones, injusticias, marginación y muertes por causas absurdas?

Frente a esto, la tecnocracia neoliberal adoptó y ha mantenido un modelo económico social excluyente respecto a la población indígena. En compensación los modernizadores zedillistas refuncionalizaron las viejas políticas integracionistas del indigenismo, es decir, la de destinar limitados recursos económicos, los cuales por cierto se van quedando en una enorme red burocrática, acompañados del inefable control político encarnado en los cacicazgos regionales.

En este marco es en donde Zedillo presenta su balance sexenal sobre la problemática indígena nacional y el conflicto en Chiapas. En el texto del informe nos habla de una serie de acciones de gobierno dirigidas a atender asuntos agrarios, judiciales, productivos y asistenciales, de combate a la pobreza, de seguridad pública, civiles, religiosos, ambientales y de derecho de la mujer.

En el informe también se señala que se promovieron reformas legislativas en los ámbitos federal, local y municipal, en el marco de reconocimiento a la diversidad cultural de la nación.

En sí mismas, todas las acciones y medidas antes enunciadas presentan un pobre y muy discutible panorama del desempeño gubernamental en la materia.

Miente Zedillo al decir que desde el primer día de su administración ha sido inequívoco el compromiso para alcanzar por la vía del diálogo una paz justa, digna y definitiva. La aparente disposición del Ejecutivo de resolver el conflicto por la acción trazada en la Ley para el Diálogo, la Concordia y la Paz Digna en Chiapas, de marzo de 1995, fue precedida por la celada atroz y cobarde con que se intentó capturar al subcomandante Marcos y descabezar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en febrero de ese año.

Con la participación, debemos recordar, del entonces flamante procurador Lozano Gracia.

Posteriormente esa vía fue abandonada totalmente por el Gobierno Federal cuando en agosto de 1996 se suspendieron las negociaciones con el EZLN y en diciembre de ese año Zedillo rechazó la propuesta de la Cocopa, derivada de los Acuerdos de San Andrés de febrero de 1996, para legislar en materia de derechos y cultura indígena.

Este "golpe de timón", como suele decir el Ejecutivo, fue acompañado de la instrumentación de estrategias contrainsurgentes propias de una guerra de baja intensidad, que se expresaron en la formación de numerosos grupos paramilitares, el mayor cercamiento militar sobre territorios de influencia zapatista y el intento de promover y multiplicar conflictos interétnicos.

La masacre de Acteal, perpetrada principalmente sobre mujeres y niños por un grupo paramilitar y la presentación unilateral de una iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas en marzo de 1998 por parte de Zedillo, reflejaron claramente la concepción y los propósitos verdaderos del Presidente.

Nada cambió desde entonces, salvo que dicha política se fue intensificando gradualmente. Pero el pueblo chiapaneco apoyado y alentado por amplias capas de la sociedad civil y por la convergencia de las fuerzas democráticas y progresistas, decidió el pasado 20 de agosto, sacudirse el yugo del opresivo régimen y darle la oportunidad a un proceso real para resolver el conflicto por la vía democrática y avanzar paralelamente por el camino del desarrollo económico y social para todos los chiapanecos.

En el Partido del Trabajo se refrenda su compromiso absoluto con el pueblo chiapaneco y con las políticas encaminadas a alcanzar estos fines bajo el próximo gobierno de Pablo Salazar Mendiguchia.

Finalmente el Partido del Trabajo sostiene categóricamente que la solución del conflicto en Chiapas allanará sin duda el camino para atender y solucionar los aspectos centrales de la cuestión indígena como parte fundamental de la agenda nacional. Este es también el reto del próximo gobierno foxista y la ciudadanía espera que lo cumpla sin trampas y sin engaños retóricos, en beneficio de la nación.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Castellanos Hernández.

Tiene el uso de la palabra la diputada María Cristina Moctezuma Lule, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por 10 minutos.

La diputada María Cristina Moctezuma Lule:

Con su permiso, señor Presidente; licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, secretario de Gobernación; señoras y señores legisladores:

La instalación de esta nueva legislatura definitivamente inaugura una nueva era política en México, con un Congreso de la Unión más plural que nunca, pero con la autonomía y fortaleza suficiente para participar directamente en las decisiones de Gobierno.

Los tiempos en que en las cámaras la glosa del informe era simplemente una defensa a ultranza de las políticas de gobierno por parte del partido en el poder y una descalificación en ocasiones intransigente por parte de la oposición, son actitudes que tienen que quedar en el pasado para romper los cánones a los que estábamos acostumbrados.

Nuevo Congreso, nuevos tiempos, nuevas formas de hacer política. Hoy cumplimos un mandato de ley analizando la glosa del informe del gobierno del Presidente Ernesto Zedillo. El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha hecho una evaluación de los problemas que enfrenta nuestro país, reconociendo con honestidad y objetividad los avances logrados y analizando con serenidad los rezagos.

Si hacemos un análisis de la política interior a lo largo de estos seis años de gobierno, no puede negarse el hecho de que hubo avances políticos importantes. Haber transitado de un régimen unipartidista a uno plural, haber dado paso a la alternancia sin que se presentara la violencia, es la muestra más clara del cambio que vive el país.

Los mexicanos estamos por alcanzar un sistema político lo suficientemente maduro y congruente con la realidad de los nuevos tiempos.

Memorable este año 2000 por la calidad de las elecciones federales. La opinión pública ha orientado dos vertientes del proceso de transición democrática, ambas centradas en el Presidente de la República. La primera en donde se reconoce al Presidente como un competido impulsor de la transición democrática y la segunda tan desmesurada como la primera, que lo acusa de entregar el poder.

Hay que destacar que el impulso principal de este proceso democratizador no provino desde Los Pinos ni comenzó en este sexenio, fueron otros actores. Muchos mexicanos que luchamos por este sueño y que fuimos generando nuevas leyes e instituciones electorales con fiables que garantizaran contiendas más equitativas y transparentes.

Una vez constituidas estas instituciones, garantes del respeto al sufragio, la elección del 2 de julio fue un proceso eminentemente plebiscitario en el cambio del régimen. La noche de la elección el presidente Zedillo sólo cumplió su deber y aceptó el resultado electoral anunciándolo al país entero, a diferencia de otros mandatarios que en el pasado se resistieron e incluso combatían los resultados electorales. Ese es tal vez el mérito de Ernesto Zedillo y por el cual seguramente ocupará una página importante en la historia moderna del país, que habrá que confrontar con muchas otras páginas reflexivas ya escritas o que pronto vendrán.

En la presente administración destaca el apoyo que hubo para dotar a las mujeres de una más amplia y profunda cobertura para asuntos de equidad y así evitar la discriminación por razones de género. Asimismo, el Gobierno Federal promovió la labor de la Comisión Nacional de la Mujer, dicha comisión representa un primer paso para impulsar un trato equitativo entre mujeres y hombres, para una convivencia justa y armónica en todos los planos de la vida social.

El Partido Verde Ecologista de México reconoce y comparte estos avances, pues siempre hemos creído y trabajado en pro de los derechos de la mujer. No obstante, no se pueden ocultar los grandes rezagos en materia social de seguridad pública y el clima de violencia política que ha vivido el país en muchas regiones de la República.

Dichos asuntos han sido en muchos casos atendidos con tardanza e insuficiencia, circunstancia que ha dejado insatisfecha a buena parte del pueblo de México. Tenemos el caso de Chiapas, en donde permanece el conflicto contra el orden institucional alimentado por las terribles carencias sociales, los cacicazgos políticos y las diferencias étnicas y religiosas. No podemos dejar de reconocer que fue un acierto del Gobierno evitar el uso de la violencia para resolver el conflicto; sin embargo, no se atacaron tampoco las causas que lo originaron y mantienen. Las masacres de Aguas Blancas, Acteal y El Bosque no han sido resueltos y tanto los deudos de las víctimas como la sociedad demandan el esclarecimiento de estos lamentables sucesos.

Por lo que respecta al tema de seguridad, en el informe que analizamos se argumenta que en razón de la necesidad de enfrentar con toda determinación a la delincuencia particularmente al crimen organizado, la presente administración impulsó un sistema nacional de seguridad pública que da respuesta dicen a la exigencia de protección que tanto anhela la sociedad.

No obstante, como el propio Presidente de la República lo reconociera ante esta soberanía el pasado 1o. de septiembre, la actual administración fracasó en su intento de llevar seguridad pública a la ciudadanía. Los ciudadanos están preocupados no sólo por el mantenimiento del orden y la paz pública, también les alarma el grave deterioro del medio ambiente y la impunidad de los delincuentes ambientales.

Señor Secretario, probablemente considere usted que lo anterior no es un asunto de su competencia; no obstante en el artículo 4o. de la Ley que Otorga Facultades a la Política Federal Preventiva, se establece con toda claridad que los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas, los vasos de las presas, los embalses de los lagos y los cauces de los ríos, están bajo la vigilancia preventiva de la citada policía.

En el VI Informe se argumentó mucho a favor de la participación de la Política Federal Preventiva; sin embargo, la responsabilidad tan relevante para la vigilancia y protección de los recursos naturales de la nación, a tributo de Estado, simplemente ha sido ignorado y en el informe no hay ninguna mención al respecto. Para el Partido Verde Ecologista de México la deforestación, la contaminación de las aguas y la invasión ilegal de cauces de ríos entre otros, son asuntos de seguridad nacional. El problema de la deforestación y sus alcances no es competencia exclusiva de la Secretaría de Medio Ambiente por su importancia como recursos renovables e incluso por estar íntimamente ligados a desastres naturales, los bosques y selvas constituyen un asunto que amerita la atención de la Secretaría a su cargo y, por ende, de los cuerpos policiacos que de ella dependen.

Las razones y argumentos que sostenemos los legisladores del Partido Verde tienen la siguiente referencia: el impacto ambiental tiene que ver con el narcotráfico, los procesos de urbanización derivado de los movimientos migratorios, los desastres naturales, la dotación de agua a nuestras comunidades etcétera, no existen o no se nos han sido presentados, respecto a los incendios forestales provocados por bandas o grupos criminales asociados al narcotráfico, en buena parte de las laderas de la Sierra Madre.

Por ejemplo, el último incendio grave en la zona boscosa de los chimalapas, muy probablemente fue intencional provocando un impacto ambiental y social; ahora, las comunidades indígenas que habían habitado en esa selva durante 2 mil años, han tenido que emigrar debido a ese siniestro, lo que implica una expulsión migratoria terminal porque ya no hay comunidad a la cual regresar por el irreversible proceso de reforestación.

Mas aún, la deforestación agrava y magnifica las lluvias; de hecho, el motivo de las inundaciones no es únicamente la precipitación pluvial, sino la incapacidad del suelo para encauzar hacia los ríos o filtrarle.

Debido a la deforestación, se han provocado sensibles daños a la población que repercuten económicamente en el erario público, pues en lo que va del sexenio, el titular del Ejecutivo ha tenido que declarar en emergencia a múltiples localidades del país.

Todas estas referencias nos indican la importancia del tema de la protección del medio ambiente y su íntima relación con la política interior. Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la deforestación debe ser tratada con una estratégia de prevención, no con tácticas de rescate y socorro.

México necesita un nuevo proyecto político, un nuevo proyecto de desarrollo sustentable, un nuevo pacto social, un nuevo esquema de relación con el poder y una reforma en el ejercicio del poder político; el reto histórico es enorme y asumirlo implica no sólo llevar a cuestas un pasado que nos ha impulsado hacia formas inéditas u olvidadas de hacer política en México, sino también a la recuperación de todos aquellos elementos de política que puedan operar en la reconstrucción de la nación por un México sustentable.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputada Cristina Moctezuma Lule.

Tiene el uso de la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por 10 minutos.

El diputado Tomás Torres Mercado:

Con su permiso, señor Presidente; con el de las señoras diputadas, con el de los señores diputados miembros de esta legislatura.

Licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, secretario de Gobernación:

Tengo el deseo firme de que con la intervención en la voz de un servidor, despierte alguna inquietud en su serena expresión y comparecencia.

Es así, señor Secretario, que continuamos ante el pleno de esta Asamblea con la glosa del VI Informe de Gobierno, que el día 1o. de septiembre en curso presentó el doctor Ernesto Zedillo ante el Congreso General. Lo hacemos luego de analizar el propio informe y además en el marco de su intervención respecto de los asuntos de la Secretaría que usted dirige.

El análisis del documento y su intervención de hoy, sería más que limitada si se hace desde la perspectiva de este último año de la gestión gubernamental. Es preciso circunscribirla en los objetivos y propósitos que se plantearon en el Plan Nacional de Desarrollo y en los compromisos que el Presidente de México adquirió ante los mexicanos.

Bajo esta perspectiva, deben abordarse aspectos que a nuestro juicio resultan del interés nacional, tanto por su importancia cuanto por la omisión en el propio informe.

En efecto, ciertamente el Presupuesto de Egresos que la Federación destinó en los ejercicios fiscales próximos pasados, fueron significativos en cuanto a recursos económicos para ser aplicados en el rubro de la seguridad pública. Sin embargo, se prestigiaron e impulsaron acciones a instituciones con una vocación investigatoria circunstancial y de atención contingente; poco o nada se hizo en el aspecto preventivo, tampoco en el capítulo de ejecución de penas y de la readaptación social de la responsabilidad por la Secretaría de Gobernación. Se insistía especialmente en el fortalecimiento de corporaciones policiacas con principios de actuación espectaculares y eminentemente centralistas, anteponiendo a la denominación "federales" para destacar su nivel de autoridad, sin que ello representara garantía de respeto y eficacia ante la sociedad. Dichas corporaciones, hay que destacarlo, son el resultado de la amalgama de diversos cuerpos policiacos, inclusive de las fuerzas armadas.

En algunos casos se violentaron derechos laborales adquiridos y en otros se degradó el rango y la jerarquía de sus miembros.

La seguridad nacional permanentemente se puso en riesgo, hechos previsibles y evitables como las muertes de Acteal, Aguas Blancas y Chimalhuacán, así como las actividades ilícitas, ahora comprobadas, de altos funcionarios civiles y militares, quedan registradas como hechos que deterioran severamente la fortaleza de las instituciones nacionales.

Se optó por una política criminal retribucionistas, se dejaron de lado a las instancias básicas de prevención de las conductas antisociales, como lo son las policías preventivas municipales y la justicia en ese nivel de competencia.

No existe visión más limitada y reducida que concebir a la justicia y al estado de derecho desde la perspectiva de la investigación penal, pues ésta, la materia penal, es la más negativa en el conjunto de una justicia integral.

Se dejaron de lado, se reveló incapacidad para impulsar y definir políticas públicas de justicia laboral, de justicia agraria, de justicia familiar, de justicia fiscal, entre otras, que finalmente conforman y concurren al estado de derecho; seguridad pública, procuración y administración de justicia fueron actividades cuyas fronteras en momento alguno fueron delimitadas.

Por otra parte, los principios contenidos en la Ley Fundamental que recoge la voluntad del pueblo de México, de constituirse en una República Federal, deben ser rescatados. En la práctica, el Gobierno Federal se ha limitado a desconcentrar procesos administrativos, impidiendo una auténtica descentralización de funciones y facultades en la que los estados asuman la responsabilidad de decidir y priorizar el destino de los recursos y atención de sus necesidades.

En el contexto de estas desconcentraciones los estados se han convertido en meros operadores de nóminas de plantilla de personal. El Ejecutivo Federal dispone aún de amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo y aplicación de los recursos fiscales federales, lo que ha provocado señaladas diferencias en el desarrollo regional de nuestro país.

Desde aquí reitero el llamado a las autoridades federales y estatales para que en el marco de los procesos políticoelectorales en que se encuentran inmersas algunas entidades del país, particularmente el que se vive en el Estado de Tabasco, se conduzca por el camino de la legalidad, es decir, hacer sólo lo que la ley le permite y ordena.

En suma, señor Secretario, recapitular omisiones, y en casos particulares negligencias en el ejercicio de la política interior del país, pudiera resultar ocioso; son hechos, son circunstancias que la historia ya registra, el dejar pasar, el dejar crecer problemas nacionales abrigando la esperanza de que con el transcurso del tiempo se diluirían, como los casos de la Universidad Nacional, el desdén del que son objeto las universidades públicas del país, la permanente y cotidiana migración de los connacionales a la Unión Americana en busca de oportunidades de vida y su correspondencia, su incorrespondencia con la frontera sur, con nuestros hermanos latinoamericanos.

Sin duda alguna, el tema de Chiapas representa para la administración del presidente Zedillo uno de los saldos pendientes hoy día para todos los mexicanos. No pudo salvarse la honra de la palabra y del compromiso político de traer a la vigencia los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

El reconocimiento de los resultados electorales en la elección presidencial del pasado 2 de julio, no fue un acto generoso; era intrínseca, era moral y políticamente obligatorio. Los compromisos incumplidos sobre la reforma del Estado se convirtieron en una asignatura omitida. La estructura y el marco constitucional de competencia de los poderes del Estado mexicano habrán, seguramente, de replantearse nuevamente.

Finalmente, compañeras y compañeros diputados, asumamos la responsabilidad histórica como poder constituido para la reforma del Estado en el marco de la Ley Fundamental vigente y conforme a los principios políticos básicos e irrenunciables.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Tomás Torres Mercado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Armando Salinas Torre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por 10 minutos.

El diputado Armando Salinas Torre:

Con su venia, diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores; señor secretario de Gobernación, licenciado Diódoro Carrasco Altamirano:

Usted acude a esta tribuna cuando finaliza la administración del presidente Zedillo, quien no se caracterizó por su capacidad para atender y resolver los problemas políticos del país. Muestra de ello es que la dependencia a su cargo ha sido ocupada hasta ahora por cuatro titulares, quienes no pudieron, no supieron o no quisieron controlar los cacicazgos existentes en su propio partido; se dedicaron a combatir a sus enemigos considerando como tales a quienes no coincidían con su postura, menospreciaron y olvidaron el grave problema social que existía en Chiapas, incluso hubo quien consideró una pantomima lo que ahora se califica como un asunto de seguridad nacional. Hicieron poco o nada por la política interior del país o se preocuparon más por su candidatura presidencial que de los problemas políticos de México.

El actual Gobierno ha establecido como estrategia hablar de la importancia de la democracia, pero ésta no siempre fue refrendada por los hechos. La sociedad mexicana ha demandado que platicar la democracia es mucho menos importante que llevarla a cabo y vivirla cotidianamente.

Aceptar los acontecimientos importantes sólo por el mandato superior e ineludible, como fue el resultado del pasado 2 de julio, no es una actitud democrática. La transición en México no es obra del doctor Zedillo, ésta no fue pactada, ésta fue a pesar, ésta fue votada y el mérito de ello es única y exclusivamente del pueblo de México.

El Presidente inició su mandato con la promesa de una auténtica división de poderes, habiendo ofrecido gobernar dialogando con el Poder Legislativo, prometiendo fortalecer ese diálogo por medio del respeto y la verdad.

Desde la instalación de la pasada legislatura, el Ejecutivo realizó un desdén permanente en cuanto perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, negó en forma sistemática y selectivamente información al Congreso.

El Ejecutivo Federal se rehusó a proporcionar la información solicitada por la Cámara de Diputados sobre el rescate bancario; fue necesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se le ordenara al Presidente de la República que cumpliera con la solicitud antes mencionada.

El Consejo General del Instituto Federal Electoral, del cual ahora resalta el Ejecutivo en su informe su carácter imparcial y democrático, solicitó al Gobierno Federal la suspensión de ta difusión de las obras públicas realizadas por la administración zedillista, porque se trataba de promocionales electorales veladamente en favor del candidato oficial que vulneraban principios elementales de equidad y de democracia.

Usted, señor Secretario, desdeñó tal solicitud y declaró más, aun ante los medios de comunicación, que no se vislumbraba el triunfo de la oposición.

No obstante que se ha destacado en forma reiterada que México vive en un estado social y democrático de derecho, existen algunos casos que cuestionan seriamente dicha afirmación.

Titulares del Ejecutivo locales ahora se encuentran prófugos de la justicia o en vías de ser sometidos a un proceso penal por el desempeño de sus funciones. Tal es el caso de Mario Villanueva, Jorge Carrillo Olea y Oscar Espinosa Villarreal, quienes como muchos otros, han utilizado el fuero constitucional como escudo de impunidad.

La ausencia de un estado de derecho se percibe por la violencia ocurrida en Aguas Blancas, Acteal e incluso Chimalhuacán, originada con motivo del conflicto entre los distintos grupos de poder.

Podemos decir que estamos ante un Gobierno que pretende minimizar los acontecimientos, de retirarse de la responsabilidad que el ejercicio democrático demanda y la ley impone.

Al respecto, la sociedad condena el silencio que se guardó en todos y cada uno de los informes de gobierno respecto a los problemas de enorme relevancia para el país.

Señor Secretario: aún faltando dos meses y medio para que concluya la presente administración, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional le hace patente una inquietud importante: no queremos que se acentúe esa despreocupación con que siempre se actuó ni que se deje a su libre albedrío por vacío de autoridad, a las fuerzas de los diversos intereses que se niegan a aceptar la nueva realidad política por la que transita México.

Se aproximan dos procesos electorales de carácter local y lo conminamos a vigilar que la actuación del Gobierno Federal sea con respeto a la ley y a los principios de la democracia; pero no sólo en el tema electoral, sino en toda la esfera de atribuciones de la Administración Pública Federal y en especial de la dependencia a su cargo.

Uno de los temas que más agravia y preocupa a los habitantes de este país, que constituye una de las razones que legitiman la existencia del Estado, de los principales compromisos de Ernesto Zedillo cuando en este recinto tomó posesión como Presidente de la República, de las responsabilidades más importantes de la Secretaría de Gobernación, es la coordinación de las acciones de seguridad nacional, seguridad pública, prevención y readaptación social, así como organizar y dirigir la Policía Federal Preventiva.

Nunca antes, hay que reconocerlo, el Poder Ejecutivo Federal había contado con tantos recursos para combatir la inseguridad, pero también nunca antes la sociedad había manifestado tanto temor al delito, como lo hace ahora.

Ernesto Zedillo Ponce de León, como él mismo lo ha reconocido, fracasó en su tarea de garantizar la tranquilidad a las familias mexicanas.

Desde 1996 al año 2000, los recursos con los que contaba el Sistema Nacional de Seguridad Pública crecieron más de 470 veces. Al menos los recursos asignados a las dependencias federales responsables de la seguridad pública crecieron 10 veces más. No obstante ello, al parecer, no fueron suficientes, de acuerdo con el informe del Presidente de la República, ni siquiera, según los datos oficiales, para detener el incremento de los delitos federales denunciados.

El Ejecutivo Federal insistió cuantas veces pudo que el 95% de los delitos denunciados son responsabilidad de los gobiernos estatales. Este argumento no es legítimo por dos razones:

Primero. Porque el Gobierno Federal no ha disminuido la delincuencia que le corresponde enfrentar y

Segundo. Porque dispone a través de las dependencias federales, de casi el 50% de los recursos totales asignados al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

¿Cómo explicar a la sociedad que aun incrementando aceleradamente los recursos, aun habiendo creado una ley y un Sistema de Coordinación Nacional, la inseguridad haya aumentado, tanto en términos objetivos como en la percepción de todos los mexicanos?

Si la ineficiencia no fue por recursos ni por falta de instrumentos jurídicos ni por falta de reformas administrativas, ¿entonces cuál es la causa del fracaso?

Señor Secretario, la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Pública habla de que el Sistema Nacional opera desde 1996. Esto se desmiente, por el solo reconocimiento de que recientemente el año pasado, se puso, se instaló y empezó a operar el centro de proceso central requerido para administrar el Registro Nacional de Huellas Dactilares y Centro Nacional de Conversión, lo contempla el mismo informe, que son nada menos que los registros de los responsables de los delitos de las personas de seguridad nacional.

Mas aún, no se informó si los elementos que fueron transferidos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a la Policía Federal Preventiva, cumplen con los requisitos y procesos de selección establecidos en la ley que aprobó este Congreso, insisto señor Secretario, de eso tampoco se informó.

La ausencia de una policía civil que cumpla con los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, aunado a una deficiente estrategia del combate al narcotráfico, ha motivado que se coloque a nuestras fuerzas armadas en una situación delicada para el Estado mexicano.

Desde hace algunos años se ha denunciado el grave riesgo y los inconvenientes de utilizar al Ejército y la Armada en el combate a la delincuencia y al narcotráfico, y en general en las tareas que en principio no deben de ser de su competencia, toda vez que no están formados como policías, sino como militares.

Los casos de los generales Gutiérrez Rebollo, Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, constituyen una llamada más de atención para modificar dichas estrategias. Una más de muchas omisiones que encontramos en el informe del Presidente de la República, es el número de mexicanos que han muerto en el combate a la delincuencia, desde aquí nuestro reconocimiento y gratitud.

Señor Secretario; compañeras y compañeros legisladores: la democracia de la cual nos enorgullecemos en estos días, debe de ser refrendada en los hechos, de nuestra parte, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene la disposición de hacerla efectiva y construirla cotidianamente. Lo mismo esperamos de nuestros interlocutores como de este Gobierno, que junto con un sistema político termine.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado Armando Salinas Torre.

Tiene el uso de la palabra el diputado Melitón Morales Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por 10 minutos.

El diputado J. Melitón Morales Sánchez:

Señor Presidente; señoras y señores diputados; señor secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano:

Lo saludamos con respeto, con afecto, es usted bien recibido.

En nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vengo a fijar la posición en relación con temas que tienen que ver con la política interior del país, con la reforma democrática y la estabilidad social y con esa sentida demanda de la ciudadanía, que es la seguridad pública.

El informe presidencial contiene precisiones claras, sobre logros y dificultades que vivió la República en los últimos años, que fueron tiempos de cambios profundos.

Desde el Gobierno los priístas hemos conducido la construcción del México moderno, procurando que sea un país de leyes, de instituciones, de libertades, no somos aún una sociedad perfecta, pero nuestras conquistas son enormes, nada tiene que ver el México de hoy con la injusta, aldeana y débil República del porfiriato.

A lo largo de décadas de estabilidad y paz social y de progreso continuo, creamos una enorme infraestructura de servicios y facilidades para la vida comunitaria que hoy nos permiten a los mexicanos vivir por lo menos el doble de lo que vivieron nuestros padres en aquellos tiempos anteriores a la Revolución.

Nuestro pueblo tiene hoy, hasta en el más apartado rincón de la geografía mexicana, acceso a la educación, a los servicios de salud y comunicaciones con el resto del mundo. Hay, no obstante, pobreza sobre todo en el campo, pero la nación crece, la nación se desarrolla; los obreros, los campesinos y los demás sectores populares gozamos de las garantías ciudadanas contenidas en la Constitución Política que nos dio la Revolución de 1917. Tenemos que reconocer cifras rojas en lo que a equidad y equilibrio socioeconómico se refiere; subsiste la pobreza extrema en amplios sectores del pueblo. En esos desequilibrios se funda sin duda, el crecimiento de la inseguridad ciudadana, porque la pobreza y las necesidades extremas son el caldo de cultivo universal de todos los desajustes y todas las violencias.

No entendemos la seguridad pública como un problema puramente policíaco, como un fenómeno social aislado o sólo como producto de influencias externas o tendencias delincuenciales. La vemos como un producto de múltiples causas y factores, por eso en nuestra agenda parlamentaria el combate a la pobreza y las desigualdades extremas tienen la más alta prioridad y será nuestra principal y permanente línea de acción, en íntima relación con los sectores más afectados y agraviados.

Ahora bien, tenemos que reconocer que el campo de la madurez cívica y política de nación ha sido en estos últimos años, la mejor expresión de nuestro esfuerzo hacia la modernidad. Está también el sólido andamiaje de las leyes e instituciones que articulan y hacen viable la paz, la gobernabilidad y el progreso de la nación y sobre todo se sustenta en la norma suprema que es la Constitución Política que nos rige y que a pesar de los cambios y modificaciones que ha sufrido en los 83 años de su espléndida vigencia, contiene y expresa los principios y los valores de un proyecto mexicano de nación que surgió con Juárez y la generación de la Reforma.

La democracia que impulsa los cambios político-electorales y nuestras transformaciones sociales, son parte de ese proyecto de nación; no es copia ni mandato venidos de fuera, es parte muy íntima y sustancial del modelo de sociedad que nos encargaron construir los padres constitucionalistas en 1917. La democracia no es para nosotros los priístas, sólo una moda o un compromiso pasajero; es parte innegociable de nuestras convicciones y de nuestro proyecto de nación. El mandato democrático del pueblo es para sumar, no para restar; para alternar, no para desplazar ni destruir, por eso los mismos electores nos dieron a los priístas la mayoría en esta Cámara de Diputados y la mayoría en la Cámara de Senadores.

Queremos a México económicamente próspero, socialmente justo e internacionalmente soberano, pero lo queremos también profundamente democrático, más allá del simple ritual electoral. Para nosotros el mayor valor del ejercicio democrático radica en su capacidad de abrir el poder al pueblo en el Gobierno de la República, en todos sus niveles, en todos sus órdenes. La gobernabilidad democrática se sustenta en la paz y en la seguridad de la sociedad.

La seguridad pública tiene como fin el salvaguardar la integridad y derecho de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. A este concepto amplio de seguridad pública, queremos arribar los mexicanos, queremos sentirnos protegidos y seguros. No queremos padecer más atentados contra la integridad de nuestras familias y nuestros patrimonios, pero comprendemos que esa seguridad sólo puede ser consistente y perdurable en una sociedad justa, libre y democrática.

Reconocemos los esfuerzos del Gobierno en estos rubros. Hay ahora bases sólidas para construir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cuenta con corporaciones capacitadas en proceso de consolidación; instrumentos y mecanismos legales y administrativos para enfrentar la lucha contra el crimen en forma coordinada entre los tres órdenes de gobierno, pero debemos ser enfáticos.

La sociedad se siente agraviada; sin duda tenemos también una responsabilidad para impulsar nuevas medidas específicas que permitan combatir a fondo la delincuencia y el crimen organizado. En ello tenemos una gran corresponsabilidad los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tenemos que recuperar como patrimonio social, la seguridad pública que nos arrebata la delincuencia; asidos a los valores sociales y cívicos, así como al respeto a la  legalidad, lograremos que en nuestra sociedad deje de permear el sentimiento de inseguridad y angustia que hasta ahora hemos enfrentado.

Convocamos a todos los grupos parlamentarios a combatir juntos este flagelo, profundizando en las reformas sociales del Poder Judicial y del marco legal de los cuerpos de seguridad; exijamos a las autoridades eficacia en el combate a la delincuencia. Convoquemos a la sociedad a tener mayor participación y contribuyamos a ello cumpliendo cabalmente con nuestra función legislativa.

Asimismo, manifestamos que resulta de la mayor relevancia para los migrantes mexicanos, garantizar una política migratoria de protección a nuestros connacionales y explorar ordenamientos innovadores en la materia. Los miles, millones de trabajadores migratorios mexicanos, deben de saber que en el PRI encontrarán respaldo y compromiso para la solución de sus demandas.

Señoras y señores diputados: el grupo parlamentario priísta en esta Cámara, valora responsablemente los avances en materia de política interior, pero también es consciente de que aún hay grandes temas nacionales que requieren mayor atención. En materia de política interior, las cuestiones nunca están resueltas de una vez ni para siempre. A una etapa de estabilidad y paz interna, pueden proseguir momentos de agitación y conflicto; a un periodo de aprecio por los derechos humanos, situaciones de represión selectiva generalizada; a una etapa de conducción institucional y democrática de la autoridad, circunstancias de excesos, arbitrariedades y autoritarismos.

Queremos refrendar ante la nación, que el compromiso del priísmo en materia de política interior, es cuidar la vigencia de nuestro estado de derecho; propiciar el eficaz desempeño de las instituciones de Estado para garantizar la convivencia armónica y respetuosa en el marco de la ley; estar vigilantes para que quienes ejerzan el gobierno, no importa su signo ideológico, no tiren por la borda las conquistas en materia de garantías individuales y derechos de asociación y libertad de expresión que tanto han costado a nuestro pueblo y que los gobiernos priístas han sabido preservar.

A acrecentar el ambiente de tolerancia, convivencia pacífica y participación democrática, es a lo que nos comprometemos; es el signo de los tiempos, es la visión del PRI.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

En los términos del acuerdo que rige esta comparecencia, hará uso de la palabra el licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, secretario de Gobernación, por 10 minutos.

Tiene usted la palabra, señor Secretario.

El secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano:

Muchas gracias, señor Presidente:

En las distintas intervenciones que hemos escuchado del señor diputado Félix Castellanos, del Partido del Trabajo; de la diputada María Cristina Moctezuma, del Partido Verde Ecologista de México; del diputado Tomás Torres Mercado, del PRD; del diputado Armando Salinas, del Partido Acción Nacional y del diputado Melitón Morales, del PRI; hay un denominador común que me gustaría abordar en esta oportunidad. Dos temas de manera particular destacan y se insisten en cada una de las inter venciones: uno es el que tiene que ver con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, su concepción, sus alcances, sus logros y los distintos cuestionamientos que aquí se han planteado. Y el otro de manera especial hace énfasis en Chiapas, en la política que se ha adoptado en Chiapas para poder atacar a fondo las causas que motivan el levantamiento, así como la postura del Gobierno del presidente Zedillo en relación a los Acuerdos de San Andrés.

Permítanme abordar en primer término estos dos grandes temas. El Sistema Nacional de Seguridad Pública y creo que vale la pena subrayarlo porque nos puede evitar muchas confusiones, no es un órgano de autoridad; no es un órgano que sustituya a una institución o instituciones de seguridad pública en los estados de la República; no es un órgano operativo que intervenga en operativos policiacos; no suple a ninguna autoridad en materia de prevención, procuración o administración de justicia y no realiza investigaciones ni labores de inteligencia; no otorga licencias ni credenciales. El Sistema Nacional de Seguridad Pública es una instancia de coordinación, para coordinar justamente acciones de seguridad pública entre dependencias federales, dependencias estatales y dependencias municipales; es una instancia que sesiona para discutir prioridades de la Agenda Nacional de Seguridad Pública y en consecuencia plantear demandas de recursos financieros al Congreso de la Unión, como lo haremos próximamente cuando se discuta este tema. Es una instancia que busca y provee recursos tecnológicos para apuntalar las tareas de prevención, de investigación, de procuración y de administración de justicia, así como de readaptación social a las instancias operativas responsables que en este caso son fundamentalmente los gobiernos de los estados de la República y el gobierno del Distrito Federal.

Y comento esto porque el 95% efectivamente, de los delitos que alimentan el índice nacional delictivo son delitos que corresponden al fuero común, que compete atender, prevenir, resolver, a las propias autoridades estatales a través de sus cuerpos de seguridad pública, de sus ministerios públicos, y esto no es aludir el problema, es reconocer un fenómeno que tiene diferentes significados, alcances y tamaños en la República. Así como hay estados en la República que tienen indicadores de inseguridad muy por debajo de la media nacional, como pueden ser algunos estados del sureste, hay entidades de la República que jalan el promedio de inseguridad hacia arriba, como son estados del centro del país o como son estados del norte del país, notablemente Baja California y Jalisco o el Distrito Federal y es un fenómeno que tenemos en el país y lo que se busca es enfrentarlo y atenderlo en coordinación con las autoridades estatales, señores legisladores.

¿Qué hace el Sistema Nacional de Seguridad Pública en consecuencia?, es un esfuerzo de corresponsabilidad; es un esfuerzo de corresponsabilidad que abre vías para contribuir a resolver el tema de la seguridad pública entre todos, no solamente al Gobierno Federal que tiene su parte por supuesto y para eso ha constituido y ha creado la Policía Federal Preventiva, cuyo nombre federal no tiene otra connotación que no es el hecho justamente de lo que la propia definición de la policía federal tiene como atribución y función: prevenir y atender delitos de carácter federal, atender esfuerzos preventivos en zonas federales, carreteras federales, puertos, aeropuertos, fronteras. Esa es la tarea de la Policía Federal Preventiva y delitos que tienen que ver con el orden federal como los delitos de "cuello blanco", contribuir en la tarea contra el narcotráfico, sobretodo en materia de investigación y por supuesto el tema que tiene que ver con grupos armados y secuestros, entre otros delitos particulares que ahora referiré cuál es el resultado de esta policía en cada uno de estos temas.

El presupuesto del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hace apenas tres años, señores legisladores, no teníamos efectivamente un Sistema Nacional de Seguridad Pública, motivado por muy distintas razones que quizá no vengan al caso comentar en esta tribuna, pero entre otras cosas por descuido, por abandono; se dejaron crear problemas que pusieron en riesgo la seguridad pública en el país.

Se comprometió este Gobierno y el presidente Zedillo con la sociedad, con los gobiernos de los estados, con el Congreso, a impulsar una gran cruzada nacional contra el crimen y la delincuencia organizada.

Así se planteó este propósito. Esta gran cruzada implicaba, entre otras cosas, diseñar un sistema, instrumentos, mecanismos de información, contar con los recursos humanos, con las técnicas de información, con los avances tecnológicos necesarios que posibilitaran, en coordinación, insisto, con autoridades estatales y municipales, diseñar y poner a operar un sistema nacional de seguridad pública.

Tenemos tres años que se inició este esfuerzo, que se inició coordinado desde la Secretaría de Gobernación, en una tarea institucional, con una visión de Estado y, por supuesto, con una visión, en consecuencia, de largo aliento, de largo plazo para un reto mayúsculo en la República.

¿Cuáles son los resultados hoy?, cuando se habla de más de 12 mil millones que se están ejerciendo en materia del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se cuestionan los resultados. Estamos construyendo un mecanismo para combatir al crimen y a la delincuencia organizada.

Y quiero decirles muy rápidamente que para qué están sirviendo estos recursos. En primer lugar, para atender el tema central, que es preocupación de todos: la profesionalización de los cuerpos policiacos. No podíamos partir con un esfuerzo profesional si tenemos cuerpos policiacos con una enorme heterogeneidad, mal pagados, peor preparados y pésima mente equipados.

la primera tarea fue dedicarnos a impulsar, con los gobiernos de los estados, un sistema que nos permitiera evaluar el nivel académico, técnico, operativo de los cuerpos de policía en el país, en todo el país, en coordinación con los gobernadores de los estados.

Esto ha significado un monto muy significativo, muy importante de recursos, recursos que se han destinado a evaluar a más de 106 mil elementos policiacos a la fecha en todo el país y a capacitar, hoy tenemos ya capacitados, juntos 135 mil elementos que equivalen casi al 47.5% del personal de seguridad pública en el país.

Cinco academias regionales de capacitación para la seguridad pública están terminándose. La primera, en Sinaloa, ya fue inaugurada; cuatro más inauguraremos en el transcurso de las próximas semanas para dar cobertura regional a las demandas de capacitación de los distintos estados y municipios del país.

Se ha incrementado también la cobertura y capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad pública. Por ejemplo, el esfuerzo que se está haciendo con los gobiernos de los estados para que aquellos cuerpos policiacos que han sido evaluados y capacitados puedan tener una mayor remuneración que refleje el esfuerzo que están haciendo para profesionalizar su actividad.

Se ha incrementado sustancialmente el equipamiento en corporaciones. Se han destinado recursos muy importantes para la adquisición de patrullas, helicópteros, lanchas; se han destinado recursos muy significativos para comprar los implementos básicos que tienen los cuerpos policiacos: chalecos, radios, armamento que cotidianamente y ustedes lo ven reflejado en los medios de comunicación, están haciéndose entrega por parte de los respectivos ejecutivos estatales y del propio Gobierno Federal.

Se ha impulsado otro eje fundamental del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la construcción de un sistema nacional de información. Un sistema nacional de información que no teníamos para combatir la delincuencia organizada. Que no teníamos para contar con bancos de datos fundamentales. El banco de huellas decadactilares, el banco de armas, banco y registro de armas, el banco de procesos, el banco de policías, entre otras cosas fundamentales, así como los mecanismos de información que, de acuerdo a las características y necesidades de cada entidad, se han venido implementando en este sistema nacional de información que evidentemente no ha requerido pocos recursos; ha requerido una gran inversión por la tecnología encriptada, especializada, que hoy nos permite operar con un sistema de voz, de datos y de imagen para la seguridad pública en el país.

Se ha echado a andar una red nacional de telecomunicaciones, que es justamente este esfuerzo por crear una red que enlace a todas las entidades del país en materia de seguridad pública. Se han instalado 16 redes estatales; estamos instalando 10 redes básicas más y estamos enlazando los mecanismos de información para la seguridad con la Sedena, con la PGR, con la propia Secretaría de Gobernación y, por supuesto, con este instrumento operativo que es la Policía Federal Preventiva.

Y finalmente se están destinando recursos fundamentales al tema de la construcción y dignificación de estructura penitenciaria que está permitiendo que se construyan en este Gobierno prácticamente 46 mil espacios más.

Ese es el destino de los recursos. Termino mi comentario porque se ha acabado el tiempo con este primer tema señalando lo siguiente:

Si bien compartimos la opinión y la preocupación de que el monto de los recursos cuando se está construyendo un sistema, no se refleja necesariamente en los rápidos resultados que requiere la ciudadanía para tener confianza y certidumbre en el combate al crimen y la delincuencia organizada. Tampoco permanecen estáticas las cifras y los indicadores.

Hemos pasado, como comenté hace unos momentos, de 15.4% a 13.5% en el índice delictivo nacional y en algunos estados de la República ha sido muy sensible la disminución de este índice delictivo, merced a la operación de los nuevos mecanismos de seguridad.

Este no es un esfuerzo sexenal. Este no es un esfuerzo partidista. Este no es un esfuerzo que reconozca frontera física. Es un esfuerzo que tiene que visualizarse como está visualizado: con una visión de Estado y de largo plazo, que esperamos se continúe en los próximos años para el bien del pueblo de México.

El Presidente:

Muchas gracias, señor Secretario.

PRIMER TURNO DE PREGUNTAS

El Presidente:

Pasaremos a dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo que regula y rige esta comparecencia.

En el turno de preguntas y respuestas están inscritos por los grupos parlamentarios para formular sus preguntas, por cuatro minutos, los diputados: Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo; María Cristina Moctezuma Lule, del Partido Verde Ecologista de México; Luis Miguel Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática; José Guillermo Anaya Llamas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y Patricia Aguilar García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Quiero solicitarles su apego a las normas que rigen esta comparecencia, procurando apegarse al tiempo establecido y votado por esta Asamblea.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo.

La diputada Rosalía Peredo Aguilar:

Con su permiso, señor Presidente:

Señor Secretario: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo tiene particular interés en que usted explique las determinaciones aplicadas respecto de algunos temas adicionales, no tratados por razones de tiempo en nuestra intervención inicial. La similar situación estructural de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que en el discurso oficial se toma para explicar buena parte de los problemas sociales y económicos, de marginación y pobreza extrema en esas entidades estaría en la base para comprender el surgimiento y las acciones de grupos armados. En un caso el EZLN, en los otros dos el EPR, el ERPI y otros grupos.

En los hechos específicos de El Charco, municipio de Ayutla, Guerrero, el Ejército Mexicano llevó a cabo una operación de exterminio en contra de integrantes del ERPI y civiles que se encontraban en la escuela de esa localidad. Esta acción mostró la negativa del Gobierno Federal para encontrar por la vía de la negociación política soluciones a los problemas sociales.

La acción del Ejército Mexicano se tradujo en flagrantes violaciones a las garantías indivi duales y a los derechos humanos de estos mexicanos que se rebelaron frente a causas sociales que el propio Gobierno reconoce en otros lugares del territorio nacional.

Señor Secretario: ¿no le parece que existe un divorcio entre el discurso de la propuesta de la supuesta tolerancia que formulara el Ejecutivo y la decisión represiva aplicada por los cuerpos de seguridad? ¿Cuántos hechos más como los de El Charco, Aguas Blancas, Acteal, la UNAM y otros tendrán que ocurrir para cambiar en un genuino sentido social las políticas públicas?

Señor Secretario: todos sabemos que cerca de 1 millón de mexicanos indocumentados se dirigen anualmente hacia los Estados Unidos para cruzar la frontera en busca de oportunidades económicas que no encuentran en nuestro país. En este intento frecuentemente son víctimas de enganchadores, polleros y cuerpos policiacos, quienes impunemente los roban, agreden física y eventualmente los matan.

Nada al parecer se ha hecho por parte de las autoridades para acabar con esta situación y para aquellos que por fortuna logran sortear estos problemas, les aguarda el riesgo de morir en algunas de las múltiples vías que rigen para cruzar la frontera.

Señor Secretario: más allá del limitado paliativo que representa la acción del grupo Beta, ¿de qué manera las políticas implementadas por la dependencia a su cargo han contribuido a atender debidamente esta problemática?

Señor Secretario: refiriéndome a otro asunto, le solicito atentamente que explique ante esta soberanía ¿qué ha hecho la Secretaría de Gobernación en contra de las graves atrocidades cometidas por funcionarios del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal Preventiva y la Judicial Federal y otros cuerpos policiacos sobre los migrantes centroamericanos que diariamente se internan en nuestro país en busca de las oportunidades de mejoramiento para ellos y sus familias que no tienen en sus lugares de origen?

Hablamos de detenciones violentas, maltratos, violaciones sexuales contra mujeres, vejaciones de todo tipo y retención en lugares clandestinos en condiciones infrahumanas, tal como ha sido ampliamente documentado por una empresa televisiva en días recientes. Señor Secretario, ¿qué nos puede decir al respecto?

Finalmente le pedimos una explicación respecto de la expulsión apresurada de supuestos miembros del ETA a España, sin la previa solicitud de extradición por el gobierno de ese país. El procedimiento así seguido hace suponer que se ha pasado por alto garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna y los derechos humanos más elementales.

Gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, señora diputada.

Tiene, para dar respuesta, el uso de la palabra el señor Diódoro Carrasco, secretario de Gobernación, hasta por ocho minutos.

El secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano:

Muchas gracias, señor Presidente.

La señora diputada Rosalía Peredo Aguilar nos ha planteado la preocupación que hay en relación a la situación social de rezago, de marginación, en estados del sursureste de la República, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas y plantea que si esto, como se afirma en algún párrafo del VI Informe de Gobierno, es o ha sido una de las causas que explican el surgimiento de grupos armados como EPR, ERPI, EZLN.

Permítame abordar primero este primer tema, porque me parece que se ha insistido como una tesis que queda perfectamente explícita en el informe del presidente Zedillo, de que el compromiso, la preocupación central, además de las medidas de contención, además de los esquemas de acotamiento, pero sobre todo además del esfuerzo político por impulsar y recuperar espacios de confianza y de diálogo a los que me he referido con la carta de 1999 en el caso particular de Chiapas, que es un muy buen ejemplo para contestar este comentario, ha sido precisamente la búsqueda de alternativas de solución a las razones, a las causas que a juicio del Gobierno de la República explican en buena medida el surgimiento de este tipo de conflictos.

En el caso de Chiapas en particular, se ha desplegado una muy intensa, profunda política social, que ha significado no solamente recursos muy importantes, sino un esquema de coordinación y de participación de dependencias federales y estatales, para atender los retos principales en materia de rezago social.

Entre 1995 y este año 2000 se han invertido en Chiapas del orden de 76 mil millones de pesos a precios constantes del último año, que nos permiten hoy evaluar y ponderar resultados muy importantes en un tema que a juicio del Gobierno es un tema que explica no por sí solo, pero que explica en una buena proporción el origen de estas muchas legítimas inquietudes de carácter social que han derivado desafortunadamente en este tipo de movimientos armados.

Y estos recursos que se han destinado a educación, a salud, a resolver problemas de agua potable, de comunicaciones, que se han destinado a impulsar solución de problemas agrarios, de proyectar y generar alternativas productivas en materia agropecuaria, de proteger recursos naturales, de impulsar esquemas de desarrollo regional y de empleo temporal, sin duda, como lo establece el informe, han permitido arrojar resultados muy importantes; resultados tan importantes como el incremento de más de 24% de la matrícula escolar en este periodo; resultados tan importantes como la creación de 140 nuevos centros de salud y clínicas que incrementan sustancialmente la infraestructura hospitalaria y de salud pública; resultados tan importantes como la construcción de varios sistemas de agua potable, 24 en grandes zonas urbanas, núcleos urbanos y 1 mil 216 en zonas rurales, aumentado la cobertura de servicios de agua potable de 65% a 76% en este periodo o la construcción de una gran cantidad de caminos que ha permitido ampliar para fines de seguridad, pero también de desarrollo regional, la red carretera en el Estado o la firma de acuerdos agrarios para generar esquemas de estabilidad y desarrollo con 60 organizaciones campesinas y 112 grupos independientes.

Bueno, éste es el esfuerzo en materia de política social, entre otros temas fundamentales que se están haciendo en Chiapas, además por supuesto de la creación de 300 mil empleos temporales en seis años o la atención a casi 288 mil familias dispersas en más de 5 mil localidades, como el programa de educación, salud y alimentación.

Yo creo que éste es el reto fundamental que tenemos en entidades como Chiapas, como Oaxaca y como Guerrero, entre otras cosas; además por supuesto de seguir insistiendo, ratificando en los conductos de la negociación y diálogo para encauzar y dirimir demandas sociales que se han expresado por vías armadas y por supuesto la vigilancia y la observancia estricta de la ley para evitar problemas de inestabilidad y de surgimiento de acciones de violencia que pongan en riesgo a la propia población.

Eso es lo que se ha venido haciendo en coordinación con las autoridades locales y con los distintos niveles de gobierno en estados como Chiapas, como Guerrero y como Oaxaca, con fenómenos particulares de EZLN, ERPI y EPR.

Comentaba la señora diputada también el tema de los indocumentados y del papel que tiene el Instituto Nacional de Migración y las políticas de la Secretaría de Gobernación en este particular.

Yo le quisiera comentar que desde 1995 la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, ha puesto en marcha un Programa Nacional de Protección a Migrantes, como lo referí en mi primera intervención y este programa, entre otras cosas, responde precisamente al reconocimiento de los migrantes por sus condiciones precarias, que por su situación jurídica, social y económica son permanentes victimas de agresiones de delincuentes o de incluso cuerpos de seguridad y autoridades deshonestas que atentan contra sus derechos elementales consagradas en todas las leyes mexicanas.

Una de las vertientes, uno de los aspectos importantes de este programa es la creación precisamente de los grupos de protección a migrantes, éstos son mecanismos, sistemas de cooperación entre niveles de gobierno que nos está permitiendo, a través del Instituto Nacional de Migración, utilizarlos para brindar protección amplia y oportuna a los migrantes.

Tenemos 10 grupos de protección a migrantes en el país, ahora coordinándose con la Policía Federal Preventiva, ahora coordinándose muy estrechamente con las autoridades locales y nos ha permitido por ejemplo este año, del 1o. de junio de este año, rescatar a 6 mil 346 migrantes en situaciones de emergencia. Es el trabajo y el papel que hacemos en los grupos Beta y ahora con la Policía Federal Preventiva.

Termino mi comentario, señora diputada, atendiendo su preocupación en relación al papel de los criterios que utilizó la Secretaría de Gobernación y el Gobierno para la expulsión de los nacionales españoles.

En el caso de la expulsión de cuatro nacionales españoles efectuado en el mes de enero de este año, no se aplicaron la Ley de Extradición Internacional ni el artículo 33, en virtud de que se instruyó el procedimiento administrativo migratorio previsto en la Ley General de Población en el Capítulo X, de nuestro país, en virtud de la violación de distintos artículos, es decir, estos nacionales españoles se internaron ilegalmente al territorio nacional y en ningún momento acreditaron su estancia, permaneciendo por un tiempo importante en el país bajo esta consideración, es decir, de manera ilegal y ese caso particular es competencia del Instituto Nacional de Migración conocer y resolver sobre violaciones, como es en este caso al Capítulo X de la Ley General de Población. Esa es la razón específica por la cual tuvieron que abandonar el territorio nacional de manera inmediata y sin necesidad de previo oficio, como lo establecen las propias disposiciones de la Ley Federal de Población, que es nuestra facultad observar y aplicar.

El Presidente:

Muchas gracias, señor Secretario.

Tiene ahora el uso de la palabra para formular su pregunta, la diputada María Cristina Moctezuma Lule, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México...

¿Me permite, compañera diputada?, he cometido un error en el trámite.

En este momento, procede hacer uso de la palabra para hacer su réplica por parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Tiene el uso de la palabra la diputada Rosalía Peredo Aguilar, para réplica, por cuatro minutos.

La diputada Rosalía Peredo Aguilar:

Con su permiso, señor Presidente; señor Secretario:

Para los diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, las respuestas presentadas por usted son totalmente insuficientes. Sin duda usted al igual que el titular del Ejecutivo, en su informe, describe la realidad de un país que sólo existe en las ideas preconcebidas que tienen sobre México.

Mientras persista el actual modelo de desarrollo económico, millones de mexicanos seguirán rebelándose por diferentes vías ante las políticas que los dejan totalmente fuera de cualquier beneficio del crecimiento económico. Por tanto, proseguirán manifestaciones de protesta social que eventualmente se traducirán en el surgimiento de grupos armados o en la multiplicación de las acciones militares de los grupos ya existentes en numerosas regiones a lo largo y ancho del país.

No se hizo nada realmente serio por establecer negociaciones con el EZLN, después de que se suspendiera el diálogo en agosto de 1996, frente al incumplimiento gubernamental de los acuerdos de San Andrés Larráinzar. La iniciativa del Ejecutivo sobre reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, en absoluto respondía a lo acordado con los zapatistas y avalado por la Cocopa y la Conai.

Las sistemáticas agresiones de que fuera objeto la Conai y en especial el obispo Samuel Ruiz, evidenciaron claramente que no existió nunca voluntad en sostener una negociación responsable por parte del Gobierno Federal para resolver el conflicto en Chiapas.

La tolerancia, la supuesta responsabilidad y el respeto que ostentó el titular del Ejecutivo en su mensaje del 1o. de septiembre y que vemos repetir en el texto del informe, no corresponden a los hechos observados; esto es así en varios de los problemas más delicados que ha tenido el país en el sexenio que termina.

En los seis años recientes se dieron múltiples violaciones a los derechos humanos; no obstante la crueldad con que éstas fueron perpetradas, no hubo castigo para los autores intelectuales y en muchos casos para los autores materiales.

Hablemos de Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque, Ocosingo, en donde en todos los casos prevaleció en mayor o menor grado la impunidad; éste es el signo distintivo del gobierno que termina y no la actitud democrática y republicana que se pregona.

De igual modo, el supuesto estado de derecho que dice haber salvaguardado el Ejecutivo, sólo se ha aplicado a quienes no tienen capacidad para comprar impunidad y complicidades.

Dónde si no se encuentra Mario Villanueva, Oscar Espinosa, José Parcero López y otros, que estrechamente vinculados al régimen, casualmente evadieron la acción de la justicia.

En el caso de Espinosa Villarreal, representa un asunto de particular trascendencia para el presidente Zedillo, pues se trató de una de sus piezas del ajedrez político más queridas; Espinosa fue el medio para recibir de Cabal Peniche los recursos económicos que sirvieron para financiar las campañas electorales de Colosio, Zedillo y Roberto Madrazo, recursos que ac tualmente se encuentran en la bolsa negra del IPAB reconocidos como deuda pública.

Los crímenes políticos no aclarados constituyen un haber más en la cuenta del vulnerado estado de derecho en el sexenio zedillista. Junto al prometido "bienestar para la familia", Ernesto Zedillo se comprometió a poner todo su empeño en la solución de tales casos que indignaron a la ciudadanía y finalmente tampoco cumplió.

Señor Secretario: hay muchos otros asuntos que sería conveniente y necesario tratar en un diálogo respetuoso, respecto de la situación real que presenta el país en este fin de sexenio. Desafortunadamente el formato manda límites precisos. En todo caso, no queremos pasar por alto el asunto especial que revistió el conflicto de la UNAM: usted optó por el uso de la fuerza después de haber agotado todos los recursos y las artes posibles para debilitar y presentar como una caricatura un movimiento social que se levantó firmemente para luchar contra las políticas neoliberales en el campo de la educación.

No lo derrotaron con argumentos ni mediante el tan pregonado diálogo que dice haber seguido el Gobierno como línea de conducta; lo sometió, sin liquidarlo, la Policía Federal Preventiva, signo inequívoco del rostro social del sexenio del doctor Zedillo.

Y quiero recordar aquí, señor Secretario, en término de sus atribuciones, lo referente al artículo 27 fracción IV, donde le compete plenamente la vigilancia de todos los funcionarios de este país, para vigilar y controlar lo que respecta a derechos humanos.

Gracias.

El Presidente:

Gracias, señora diputada.

Tiene ahora el uso de la palabra para formular su pregunta, la diputada María Cristina Moctezuma Lule, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cuatro minutos.

La diputada María Cristina Moctezuma Lule:

Con su permiso, señor Presidente: Señor Secretario: en su intervención anterior le preocupó mucho que casi todos los legisladores hiciéramos cuestionamientos en cuanto a la seguridad nacional, en particular a la Policía Federal Preventiva y nos dio respuesta, pero yo quedé insatisfecha una vez más porque, como lo dije en mi intervención, el Ejecutivo simplemente ignoró el asunto de la seguridad nacional en cuanto al medio ambiente y por eso precisamente vuelvo a cuestionarle y ahora mis preguntas son muy directas y espero esas respuestas también directas.

¿Considera la deforestación como un problema de seguridad nacional, crítico y grave para el país? Y, ¿qué precepción tiene la secretaría a su cargo respecto a las dimensiones de este problema y sus alcances? ¿Cuáles son las recomendaciones que formula al respecto el Gobierno Federal, desde la perspectiva de la seguridad nacional?

¿Sabe usted, señor Secretario, cuál es en este momento el impacto de la deforestación y la desertificación en los procesos migratorios, los movimientos de población que se están produciendo a causa de expulsiones relacionadas directamente con la pérdida del recurso forestal? ¿Está usted, señor Secretario, al tanto de los datos respecto a los incendios forestales y que buena parte son provocados directamente por personas que finalmente están involucradas en el narcotráfico?

¿Conoce el impacto del incendio de Los Chimalapas?, porque creo que es un asunto que conoce. Usted fue gobernador del Estado de Oaxaca. ¿Conoce usted la relación que existe entre el impacto de las inundaciones y la deforestación? ¿Se anticipa el Gobierno a los gravísimos conflictos sociales que se avecinan por los problemas de disponibilidad de agua, relacionados directamente con la deforestación?

Y concluyo, señor Secretario. ¿ No deberían de ser estos temas considerados por la Secretaría de Gobernación, como asuntos graves, críticos, en la agenda de seguridad nacional? ¿No es la pérdida de grandes extensiones de bosques o selvas causados por la deforestación, un asunto fundamental de la seguridad nacional?

Muchas gracias por sus respuestas.

El Presidente:

Muchas gracias, diputada María Cristina Moctezuma Lule.

Tiene ahora, para dar respuesta a la pregunta, el uso de la palabra el Secretario de Gobernación, hasta por ocho minutos.

El secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano:

Señora diputada doña María Cristina Moctezuma: yo creo que el primer tema que valdría la pena abordar a propósito de su insistente pregunta, es la vinculación que existe entre el tema de seguridad pública y el tema de seguridad nacional y me parece que para ser muy puntual en mi comentario que usted me solicita, por supuesto que el tema de la deforestación, como muchos otros temas estratégicos, es un reto para la seguridad nacional.

Aquí parte de la tarea, parte de la responsabilidad efectivamente de la Secretaría de Gobernación, a través del Centro de Información para la Seguridad Nacional, es la elaboración y la coadyuvancia con instancias ejecutivas de gobierno, en la elaboración de investigaciones y de estudios que se denominan así: "Estudios Estratégicos para la Seguridad Nacional".

Uno de ellos tiene que ver precisamente con el tema de la deforestación. Sí, es un tema de seguridad nacional.

¿Cuáles son las recomendaciones, cuáles son los alcances de los problemas de la deforestación? Yo le diría que la información de que nosotros disponemos es que de la superficie forestal, que está estimada en 141 millones 700 mil hectáreas, cerca del 70% de la superficie del país es superficie forestal, no toda la superficie forestal tiene vegetación uniforme y original, bueno, esta vegetación, con los fenómenos que usted ha comentado, causa y efecto de los procesos de deforestación, los siniestros que hemos vivido en los últimos años, muchos agravados por los problemas de deforestación, los incendios de enormes superficies, como el caso que usted refiere de Chimalapas o de otras zonas del país, como la zona maya de Quintana Roo, por recordar dos de los más connotados en los últimos años, tienen efectivamente diferentes causas, tienen diferentes origenes. Los incendios en los bosques templados, por ejemplo, de acuerdo a nuestros datos suman cerca del 48%; la ganadería y la agricultura aportan el 43%, la tala ilegal casi el 5% y otros factores el 3%.

En selvas, las actividades productivas representan el 70%, en especial la conversión de selvas, en pastizales, pastoreo extensivo de bovinos, pero también la agricultura, con esta práctica que pese a los esfuerzos que se han impulsado en nuestras entidades sigue siendo una práctica histórica vigente, el sistema de roza, tumba y quema, que también es un importante factor de incendios.

Por supuesto que las consecuencias, como usted nos comenta, las consecuencias que tenemos de estos incendios forestales son muchas de ellas de carácter irreversible, la pérdida de recursos forestales y sus derivados, la degradación de los suelos, la pérdida de ciclos hidrológicos, la erosión moderada y severa, la desertificación, la pérdida de hábitat naturales, de especies silvestres y la pérdida de recursos bióticos y ambientales.

Esta tarea, en la cual, insisto, está contemplada como un tema de seguridad nacional y para lo cual se realizan, se están realizando hoy precisamente estudios estratégicos, tiene una serie de acciones que no son competencia de esta Secretaría, que son competencia de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, pero sí quiero comentar que esta preocupación ha sido abordada por el Gobierno Federal a través de la Semarnap y ha puesto en marcha, ha implementado una serie de programas para frenar estos procesos de deterioro los cuales ha venido construyendo, impulsando, articulando a través de la protección y conservación de los ecosistemas naturales, del aprovechamiento sustentable de estos ecosistemas y sus especies y de la restauración ecológica de superficies deforestadas o perturbadas.

Estos esfuerzos, señora diputada, están permitiendo llevar a la práctica acciones muy específicas, como la utilización de alternativas sustentables a través de mecanismos de reconversión productiva hacia las áreas campesinas que tienen este tipo de prácticas para poder darles mayores oportunidades de ingreso y sustento a ellos y a sus familias; se ha impulsado un proceso de reforestación manual en áreas devastadas que de acuerdo con los reportes de la Semarnap, que vienen contemplados en el anexo del informe, se han implicado la plantación de mil 670 millones de árboles, lo que equivale a 800 mil árboles diarios y aquí juega un papel importante, por cierto, otra vez, el Ejército mexicano.

Se han establecido 85 zonas prioritarias de protección contra incendios, se ha incrementado sustancialmente las brigadas, se cuenta ahora con un mecanismo de detección satelital de incendios, monitoreado por cierto, parte de él, en la Universidad de Colima y se ha reducido el tiempo de la llegada a los siniestros.

Yo creo que este tema, que es un tema de enormes magnitudes y de enormes implicaciones para el país hoy y para el futuro del país, es sin duda una preocupación y una tarea que tenemos, que tenemos contemplada como una tarea de seguridad nacional por las implicaciones para el futuro de nuestra República y bueno, tiene una enorme razón la señora diputada, María Cristina Moctezuma, ésta es una tarea donde se requiere intensificar de manera sostenida las actividades, no solamente de investigación, sino de acción en materia preventiva.

Se ha diseñado todo un sistema de protección y de rescate a través de la Semarnap, son políticas otra vez, políticas y programas que han involucrado a una enorme cantidad de comunidades, de municipios, de habitantes de los distintos lugares de la República, que se han sumado a esta preocupación de los distintos niveles de gobierno y que requiere y exige que todos sigamos fortaleciendo, creando, recreando, educando a nuestros hijos, a nuestras familias, en este mecanismo de carácter preventivo que es finalmente obligación de todos.

El Presidente:

Muchas gracias, señor Secretario.

Pregunto al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México si hará uso de su derecho de réplica.

La diputada María Cristina Moctezuma Lule
(desde su curul):

Sí, señor Presidente.

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Cristina Moctezuma Lule, por cuatro minutos, para formular su réplica.

La diputada María Cristina Moctezuma Lule:

Con su permiso, señor Presidente:

Señor Secretario: le agradezco mucho su respuesta. Finalmente reconoce que el tema que abordamos sí es de seguridad nacional.

También quisiera, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, solicitarle una información que probablemente en un acercamiento con usted, nos pueda facilitar, porque finalmente la inquietud partía de que en el informe estaba ignorado como en sus respuestas y que ahora puntualmente nos ha dado una información muy valiosa que quisiéramos contar los legisladores del Verde con esa información que usted tiene.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada.

Para formular su pregunta, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se concede el uso de la palabra al diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, hasta por cuatro minutos.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta:

Gracias, diputado Presidente; señoras y señores legisladores.

Señor Secretario de Gobernación: como ocurrió en sus anteriores informes, del VI Informe del presidente Zedillo, están ausentes, como si no existieran, los grandes temas que inquietan y preocupan a los mexicanos.

También es un documento plagado de afirmaciones equívocas. Bajo el rubro "política migratoria y de relaciones nacionales en el ex tranjero", el presidente Zedillo informa que "... la política migratoria de México se finca en el ejercicio de la soberanía y la defensa de la seguridad nacional, con respeto a los derechos humanos, apego a la legalidad y aliento a las corrientes migratorias que contribuyen a nuestro desarrollo".

Nada más falso. Uno de los pilares ideológicos, fundamentales, que dieron fisonomía al Estado mexicano posrevolucionario, fue sin lugar a dudas la autonomía de la tradicional política exterior y la defensa del derecho de asilo.

A lo largo de su historia México ganó prestigio internacional a fuerza de ejercer una política de asilo generosa y solidaria.

Con la ilegal deportación de perseguidos políticos, el Gobierno zedillista dio la espalda y terminó con nuestra tradición de asilo.

Son muestras de estas atroces acciones las detenciones y posteriores expulsiones fast track entrega de policía a policía del ciudadano argentino Enrique Gorriarán Merlo y de los ciudadanos vascos José Ugodson Larrea, Miguel Santiago Aspora, José Angel Ochoa y Michael Larrieta, ejecutados al margen de la ley y vulnerando flagrantemente las garantías individuales a las que conforme el artículo 33 de la Constitución tienen derecho todos los extranjeros por el solo hecho de encontrarse dentro del territorio nacional.

Es público que en las expulsiones de 13 ciudadanos vascos ocurridas de 1996 a enero del 2000, se violentaron preceptos específicos del Tratado de Extradición Bilateral entre México y España, la declaración universal y los pactos de derechos humanos, las convenciones de la ONU para refugiados y contra la tortura y obviamente las normas del debido proceso legal que se consignan como principio fundamental del derecho mexicano.

Es condenable la tolerancia para que policías españoles realicen actividades de vigilancia sobre presuntos integrantes de ETA que se encuentran en nuestro territorio, como fue el caso de los dos dirigentes de la izquierda vasca: Iñigo Elcoro y Michael Corta.

No puede aceptarse la forma en que el Instituto Nacional de Migración ha llevado a cabo detenciones y expulsiones de observadores extranjeros de derechos humanos. Es inadmisible que por cumplir con acuerdos realizados en la sombra con gobiernos extranjeros, el gobierno del presidente Zedillo haya roto con los tradicionales principios fundamentales de la política exterior de México y el principio de legalidad que da sustento a nuestro sistema jurídico.

Caso también lamentable fue el de 40 inmigrantes centroamericanos, que en julio de 1998 las autoridades nacionales deportaron en un camión recolector de basura. El trato sufrido por ellos llevó al gobierno de El Salvador a elevar una protesta ante el Gobierno zedillista, por lo que se consideró graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el derecho a la dignidad, a la integridad física y moral.

Entonces le pregunto, señor Secretario: ¿el Gobierno del doctor Zedillo y la Secretaría de Gobernación a su cargo han asumido la obligación de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales? ¿Está usted satisfecho al respecto?

Gracias, señores legisladores.

El Presidente:

Muchas gracias, señor diputado Luis Miguel Barbosa Huerta.

Tiene el uso de la palabra el Secretario de Gobernación, para dar respuesta a las preguntas, hasta por ocho minutos.

El secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano:

Muchas gracias, señor Presidente:

Señor diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, nos está haciendo un planteamiento en el sentido de que se han dejado de lado y violentado la política de asilo tradicional y que no se corresponde con las expresiones del texto del VI Informe de Gobierno, en relación a los principios humanitarios abiertos de la política de población y de la política migratoria y fundamenta este comentario en la expulsión de nacionales argentinos y vascos y en el tema de los observadores extranjeros de derechos humanos, entre otros.

Comento puntualmente el planteamiento, porque por supuesto no estamos de acuerdo con esa interpretación y con esta visión, porque son dos asuntos distintos. Una cosa son los principios y las bases a partir de los cuales, se observa, se aplica cotidianamente esta política abierta, humanitaria, respetuosa, en materia de población, para quienes deseen venir a nuestro país a contribuir en su desarrollo en los distintos ámbitos académico, económico, y dábamos justamente cifras de esta tarea, más de 9500 extranjeros tienen carácter de nacionales, a partir de las solicitudes que han venido haciendo a lo largo de los últimos años.

Pero así como tenemos esa obligación y respetamos y observamos esos principios, que son un motivo fundamental de orgullo en la política de asilo y de refugio en México, y un caso notable de ello es quizá uno de los más exitosos programas de refugio y asilo que ha habido en los últimos años en el mundo, que es el programa que tuvimos con los guatemaltecos, que tuvieron que refugiarse y asilarse en nuestro país con motivo de las guerras internas en Guatemala y que han culminado prácticamente de manera muy exitosa, con el retorno de más de 42 mil refugiados y con un número muy importante de guatemaltecos que han decidido adoptar la nacionalidad mexicana, que tienen familias mexicanas y que hoy están en pleno proceso de integración, incluso dotándoseles de tierras y medios para poder subsistir y enfrentar sus condiciones familiares y de desarrollo.

El caso particular de la expulsión de argentinos y nacionales vascos, tiene que ver con otras de las responsabilidades y ordenamientos que tenemos como Gobierno y como Secretaría de Gobernación, que es la aplicación estricta de la ley, cuando se violentan los ordenamientos y procedimientos administrativos contemplados en materia emigratoria.

Ya hice referencia a la violación que se hizo al Capítulo X de la Ley General de Población, en virtud también de la violación al artículo 120 de dicha ley. Es decir, en el caso particular de los nacionales argentinos: Leandro Aníbal Rodríguez, Cecilia Brenda Rossi, Cristian Carlos Hernán Castillo y María Cecilia Feijó, que se efectuó el pasado 23 de febrero de este año, se hizo fundamentalmente porque tres de ellos, con la característica de turistas y de uno más con la de visitante de dependiente económico, realizaron en el país actividades no autorizadas en su permiso de internación.

Y bueno, esto faculta y exige, mandata a la autoridad competente a actuar en consecuencia.

El tema de los nacionales españoles, lo hemos comentado también, fue fundamentalmente por las mismas razones por las cuales fueron finalmente, con base en el procedimiento administrativo previsto en la Ley General de Población, expulsados del país, sacados del país en virtud de que no entraron, en este caso particular los ciudadanos españoles Arrieta, Ochoa, Ugodson Larrea, Larrieta y Santiago Aspora, que fueron expulsados en enero del presente año, no se aplicó, entre otras cosas, la Ley de Extradición, sino el procedimiento administrativo de la Ley General de Población, insisto, porque se internaron ilegalmente en territorio nacional y en ningún momento acreditaron su estancia legal y formal en nuestro país.

El tema de observadores, que es una categoría que ha contemplado en este esquema de disposición la Ley General de Población, observadores en derechos humanos, visitantes para procesos electorales, el único requisito, la única condición que establece la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración para que puedan moverse libremente en el país, es que cumplan con los requerimientos de ley correspondientes, que actúen como es la ley mexicana en materia de migración, de buena fe.

El único caso que tuvimos en el periodo electoral pasado, fue un permiso negado a un observador internacional, visitante, como lo denomina la Ley Electoral, un visitante internacional, porque había pretendido entrar al país con una calidad migratoria que no correspondía a la función que quería desempeñar, es decir, quiso engañar a las autoridades electorales y a las autoridades migratorias sobre la finalidad de su visita. Sin embargo, en acuerdo con los distintos partidos políticos que solicitaron revisar su caso y con el propio Instituto Federal Electoral, se dio y se concedió el perdón administrativo y el permiso para poder hacer estas acciones de observación internacional en el proceso electoral. No hubo un solo visitante internacional que haya solicitado permiso en forma y tiempo que no pudiera entrar y permanecer en el país, en los términos del convenio que se firmó con Naciones Unidas y con el Instituto Federal Electoral, impulsado, por cierto, por el propio Gobierno de la República a través de Gobernación, y ocurre lo mismo en el caso de los visitantes en materia de derechos humanos.

Habría que revisar a cuáles casos particulares se refiere el señor diputado, para saber cuál fue la circunstancia o la condición, si fuera el caso, que le impidió entrar o permanecer en el país.

Tenemos la obligación de respetar y honrar nuestra política en materia de asilo, de refugio, de estímulo a las corrientes migratorias, pero también tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer que se respeten nuestras leyes.

El Presidente:

Gracias, señor Secretario.

Pregunto al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática si hará uso de su derecho de réplica.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
(desde su curul):

Sí, señor Presidente.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra, para hacer el uso de su derecho de réplica, el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, por cuatro minutos.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta:

La respuesta que ofrece el responsable de la política interior del país sobre si el Gobierno zedillista respetó o no, de manera irrestricta, las garantías individuales a mexicanos y extranjeros, es propia de la constante que existió en esta administración: la permanente evasión de los grandes problemas nacionales, como lo es, y de manera central también, el de la inseguridad pública.

Sobre este tema, aun cuando en los seis años del gabinete expirante pretendió desarrollarse una estrategia que la hicieron consistir en diversas acciones como la aprobación de reformas constitucionales y de leyes secundarias, la puesta en marcha del Sistema Nacional de Seguridad y su cruzada nacional contra el crimen y la delincuencia, así como la creación del cuerpo policíaco más atípico e improvisado en la historia de la seguridad pública en México, me refiero a la creación de la Policía Federal Preventiva, los resultados se pueden resumir en una sola palabra: fracaso.

Fracaso, porque en la vida cotidiana la sociedad vive un profundo sentimiento de inseguridad, producto del incremento en lo que va del sexenio, de los índices delictivos, la proliferación del crimen organizado en sus variantes de narcotráfico, secuestro y tráfico de armas y el elevado grado de violencia social.

Este vacío de seguridad es el resultado de la ineficacia de las políticas gubernamentales implementadas que van desde la propia desorganización y falta de coordinación de los cuerpos policiacos, hasta la falta de un verdadero proyecto de seguridad pública, todo ello en el marco de un modelo de gestión económica neoliberal que al igual que en otros países del orbe, se encuentra estrechamente ligada al incremento de la delincuencia, por excluir a grandes sectores de la población del desarrollo social.

De ahí que, para solucionar el problema de la inseguridad y la violencia social, hubiesen sido necesarias acciones verdaderas en la esfera de la organización policial; la lucha contra el crimen organizado, combate a la corrupción e impunidad en los círculos gubernamentales y la atención de la marginación y la exclusión social, acciones que evidentemente estuvieron ausentes durante todo el Gobierno zedillista.

Es todo, señores parlamentarios.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Barbosa Huerta.

Tiene el uso de la palabra para formular sus preguntas por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado José Guillermo Anaya Llamas, hasta por cuatro minutos.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas:

Con su permiso, señor Presidente:

Señor Secretario: usted trató de dar contestación a uno de los cuestionamientos que hizo el diputado Armando Salinas Torre, del grupo parlamentario de Acción Nacional, cuando argumenta usted que el Sistema Nacional de Seguridad Pública apenas tiene en operación tres años. Yo le quiero recordar que en el propio informe, dice que entró en operación desde 1996 con la ley que establece las bases del Sistema Nacional en 1995.

Pero insisto, señor Secretario, del análisis de los seis informes de gobierno que rindió ante esta soberanía el Ejecutivo Federal, advertimos que coinciden en tres aspectos fundamentales en materia de seguridad pública:

Primero, en afirmar que al vivir en un estado de derecho, es la única garantía para una convivencia social armónica, amén de que el cumplimiento de este principio contribuye a la igualdad efectiva de todos ante la ley.

Segundo, en expresar que se han destinado a este rubro los recursos más cuantiosos en la historia de México para el combate a la delincuencia y el crimen.

Tercero, que se reconoce que a pesar de los esfuerzos realizados, hoy la inseguridad pública y la falta de respeto al estado de derecho, son el mayor obstáculo para el progreso material y una vida social armónica y que hasta ahora la magnitud y la complejidad del problema han sido más grandes que el efecto de las acciones emprendidas.

En este contexto estamos de acuerdo en las dos primeras afirmaciones, no así en el tercer reconocimiento, porque no basta con admitir el fracaso contra la delincuencia y la inseguridad y con ello pretender lavarse las manos. El Ejecutivo debió haber cumplido cabalmente el compromiso que asumió originalmente en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y Programa Nacional de Seguridad Pública, así como en la famosa "Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia".

Ahora bien, en lo que respecta al presupuesto asignado a la seguridad pública, es cierto que se destinaron recursos sin precedentes; no obstante ello, señor Secretario, ¿por qué no se reflejó en una mejoría en la seguridad pública? ¿Por qué la delincuencia sigue en crecimiento? ¿Por qué la desconfianza de la ciudadanía? El Ejecutivo Federal, entre sus estrategias y acciones para combatir el crimen, anunció una reforma jurídica a fondo e incluso en un momento determinado llegó a señalar que la concreción en esta materia no se había podido dar a consecuencia de que el Congreso de la Unión no daba una respuesta.

Señor Secretario, cabe decir que el Congreso cumplió con su responsabilidad al haber estudiado, discutido y aprobado las reformas planteadas. Sin embargo, el Ejecutivo no cumplió.

Le pregunto: ¿dónde está la consolidación de la seguridad pública que como garantía de los ciudadanos ofreció en el Plan Nacional de Desarrollo? Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la acción y la responsabilidad del Gobierno contra el crimen fue un rotundo fracaso. Las señales son claras: una sociedad desconfiada de las instituciones responsables de la seguridad pública y procuración de justicia y por el otro lado, la masificación de la delincuencia.

A la luz de los hechos el Gobierno que está por concluir no cumplió con su premisa de hacer de México un país de leyes, incluso el propio Presidente reconoce en su mensaje a la nación, que a pesar del esmero, la tarea resultó infructuosa respecto a lo que se comprometió. Incluso afirmó que éste era su sentir, como lo es de toda la gente en lo que se refiere a la lucha contra el crimen y la inseguridad.

Señor Secretario, ¿cómo podemos establecer un estado de derecho cuando algunos de los funcionarios de la actual administración, incluso de primer nivel, son los primeros en ofender y desatender la ley?

Concluyo señor Secretario: de acuerdo con el informe, la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública constituye un factor fundamental del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permite combatir con mayor eficacia a la delincuencia organizada y asegurar a la ciudadanía la debida protección de su integridad física y patrimonial. Si esto es así, señor Secretario, explique a esta soberanía ¿por qué el Sistema Nacional de Seguridad Pública del total de los recursos federales y estatales, aplica sólo el 2.7% a la profesionalización?

Más aún, explique ¿por qué entre 1999 y este año, los recursos destinados a la profesionalización se redujeron a más del 50%?

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado Anaya Llamas.

Para dar respuesta a las preguntas hará uso de la palabra el señor Secretario de Gobernación, hasta por ocho minutos.

El secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano:

Muchas gracias, señor Presidente:

Bueno, yo quisiera referirme, a propósito de las preguntas que ha replanteado el diputado José Guillermo Anaya Llamas, en nombre de la bancada del PAN, sobre el tema de los incumplimientos en la ejecución del Programa Nacional de Seguridad Pública.

Quisiera remitirme muy brevemente a lo que hace un momento comentábamos. La responsabilidad que asume y expresa el Ejecutivo en su último informe, reconociendo que efectivamente son insuficientes los logros a partir de la magnitud del problema que tenemos en el país en materia de seguridad pública. Ahí está escrito y reconocido.

No es suficiente, dice el diputado, que se reconozca; se debíó haber cumplido puntual, literalmente, los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo.

Yo me refiero a dos asuntos particulares: primero, hemos comentado que el tamaño del reto en materia de seguridad pública obligó a constituir un Sistema Nacional de Seguridad Pública, que no es una instancia ejecutora; es una instancia de coordinación donde juegan y forman parte fundamental los gobernadores de los estados, lo saben muy bien los ejecutivos estatales, porque son finalmente el pivote a partir del cual se articularán las agendas de riesgo, los grupos de coordinación; con ellos se decide y se discute en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a qué, cómo, se asignan los recursos públicos que autoriza el Congreso de la Unión en los presupuestos anuales.

No a un capricho ni a una determinación unila-teral de las autoridades de Gobernación o del secretariado técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este es un esfuerzo de corresponsabilidad, es un esfuerzo que compete a los distintos órdenes de Gobierno, no sólo al Federal, dada la magnitud, las características y el tipo delictivo o los tipos delictivos que tenemos en el país.

Segundo, me parece fundamental también entender que la asignación o la designación de recursos para temas como los que preguntaba el diputado en materia de capacitación, siendo tan importante, ¿por qué se destina sólo un porcentaje , decía él, del 2.6% ó 2.5%? Bueno, ésa es otra de las decisiones que tienen qué ver con la asignación de recursos anuales, que se discute en un Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde están representantes y representados personalmente los ejecutivos de los estados y ahí se define el destino del gasto del siguiente ejercicio.

El año pasado, por ejemplo, y este año se decidió, en el seno del consejo, con los ejecutivos de los estados, aplicar un volumen muy importante de recursos a construir el sistema de información encriptado para crear el sistema nacional de información con voz, dato e imagen a que he hecho referencia, como uno de los instrumentos más importantes para la operación del sistema.

A poner en marcha en cada Estado, con inversiones muy importantes, el teléfono 066 de emergencia, a construir los grupos de control, comando y cómputo que definieron los ejecutivos en cada Estado para coordinar sus acciones en materia de seguridad pública, con las policías preventivas, judiciales, los cuerpos de bomberos, de tránsito, de protección civil que empiezan a operar, por cierto con mucho éxito, en varias capitales y ciudades importantes del país, 16 aproximadamente.

Estas decisiones, en consecuencia, no son decisiones que se tomen de manera unilateral por parte de las autoridades de Gobernación o del secretariado técnico o ejecutivo del sistema de seguridad pública. Se discuten, se comparten y se decide en el seno de los consejos estatales de seguridad pública que presiden los señores gobernadores.

El Gobierno Federal, no tengo que repetirlo, asume y lo asumió el presidente Zedillo, su responsabilidad en un esfuerzo cuyos resultados no fueron del tamaño y de la dimensión que hubiéramos querido.

Hubiéramos querido acercarnos, desde el punto de vista de indicadores, a los indicadores promedio que existen en países con condiciones, características, población, nivel de desarrollo similar al nuestro, donde los indicadores de inseguridad andan del orden de 10 u 11 por cada 1 mil habitantes. Nosotros estamos, a estas alturas del Gobierno, de 15.6% ó 7%, pasando a cerca de 13%.

El esfuerzo, pues, que hay que hacer ahora y en el futuro, es mayúsculo. Insisto en que esto no es un tema a agotar ni a acotar en un sexenio porque el tema de la seguridad pública es, sin duda, el reto quizá más significativo e importante que tengamos como país y como sociedad.

Tenemos problemas de incumplimiento, sí, derivado de problemas de coordinación y de ejecución. Yo decía hace unos momentos, en mi pasada intervención, que desafortunadamente, por diferentes razones y circunstancias, hay entidades de la República que tienen mayores niveles o mayores indicadores de inseguridad que otras. En algunos estados se ha avanzado sustancialmente, de manera muy importante y significativa, para abatir niveles de inseguridad, para eficientar los mecanismos de coordinación, para cumplir con las metas de capacitación, para instalar y operar los sistemas de información, para usar los bancos de datos, para priorizar las agendas básicas de atención a las agendas de riesgo locales y los resultados empiezan a dar frutos muy importantes y muy significativos.

En otros, por diferentes razones, por diferentes retos, por diferentes circunstancias, por su propia ubicación geográfica, por el afinamiento en los mecanismos de coordinación con los cuerpos de seguridad municipales, locales, federales, el resultado no ha sido tan exitoso.

Y yo refería que particularmente tenemos este conflicto y este problema en una franja del país que nos preocupa, que son los estados fronterizos, estados fronterizos donde tenemos altos indicadores de inseguridad y que no sólo es un problema de coordinación, estamos coordinados, es un problema de confianza. Se requiere crear mecanismos especiales de confianza para que la coordinación prospere, para que la coordinación avance.

Hemos tenido que constituir en estados como Baja California, en coordinación con el gobernador, con el presidente municipal, con los presidentes municipales, unidades de confianza que nos permitan evaluar a los agentes de seguridad de la policía municipal, de la estatal y de la Federal, que participan en los distintos temas de investigación o en los distintos operativos que coordinamos o que coordina el gobierno del Estado con la PGR y con la Secretaría de la Defensa para evitar filtraciones, para evitar sospechas, para evitar suspicacias y para evitar fracasos en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, de órdenes de cateo, de programas de carácter preventivo, como son las bases que hemos establecido en estas entidades.

No es un asunto sencillo; es muy complejo. No es una justificación; es un reconocimiento a una realidad que está ocurriendo y que ojalá podamos seguir impulsando en el futuro con mayor éxito y con mayor dedicación.

Yo espero que esta preocupación que manifiestan los señores legisladores del PAN sea parte de las prioridades del gobierno que está muy pronto por iniciar, porque sin duda, y en eso compartimos la preocupación, éste es el tema y el reto mayor que tenemos que seguir apuntalando y combatiendo con toda eficacia, con toda energía y dedicación los mexicanos de hoy y de mañana.

El Presidente:

Muchas gracias, señor Secretario.

Pregunto al grupo parlamentario de Acción Nacional si va a hacer uso de su derecho de réplica...

Bien. Tiene la palabra para hacer uso de réplica la diputada María Eugenia Galván Antillón y se hace oportuna la ocasión para solicitarles se apeguen a los términos del Acuerdo Parlamentario aprobado por esta Asamblea y que rige esta comparecencia.

Tiene usted el uso de la palabra por cuatro minutos.

La diputada María Eugenia Galván Antillón:

Gracias, señor Presidente:

Con su venia, señor Secretario; compañeras y compañeros diputados:

Señor Secretario, insistimos, desafortunadamente reconocer la tarea incumplida no es suficiente; no lo es para las víctimas en su persona, en su familia, en su patrimonio ni para la sociedad en general; no lo es cuando son miles de mexicanos que diariamente sufren atracos, violaciones, asesinatos y tantos otros crímenes que hacen de nuestro país un paraíso cotidiano de delincuentes.

No es correcto tampoco, señor Secretario, pasar la responsabilidad a los ejecutivos de los estados ni mucho menos a los municipios.

Cabe recordar que el presidente Zedillo en su Plan Nacional de Desarrollo, mismo que por mandato constitucional está obligado a cumplir, se comprometió con todos los mexicanos y cito el plan de desarrollo: "a construir un estado de derecho como garantía para una convivencia social armónica y el pleno desarrollo nacional" y esto, señor Secretario, no existe en México y usted no puede dar cuenta de ello.

Sin embargo, hace unos días, cerca del final de este sexenio, cuando el tiempo se le acaba y ante esta representación, al rendir su VI Informe de Gobierno el doctor Zedillo afirmó hace unos días: "no sería honesto ni correcto declararme satisfecho por lo alcanzado, que a pesar del esmero la tarea ha resultado infructuosa respecto a lo que nos propusimos. Es mi sentir, como lo es el de toda la gente, en lo que se refiere a la lucha contra el crimen y la inseguridad".

Es a nuestro entender, señor Secretario, en este rubro la administración nos ha fallado, nos falló, nos incumplió en este rubro a todos los mexicanos. ¡Nunca se debe plantear el Ejecutivo Federal una disyuntiva entre el exceso de tolerancia y la no aplicación de la ley! ¡Como tampoco debe confundirse ese mismo exceso de tolerancia con la impunidad, que rebasa el 95%!

Es esta falta de decisión y de firmeza la que ha creado un vacío de poder, que nos ha llevado a un México en donde se pone en duda el estado de derecho y cito: "la aplicación del estado de derecho no cuelga de la coyuntura de la convivencia del partido en el poder o de los intereses de los candidatos de éste. Saber a qué atenerse porque hay normas y Gobierno que se encargan de hacerlas valer, es nota característica del régimen democrático. La ley vale para todos, incluido el Estado mismo": Carlos Castillo Peraza. Nunca nada más vigente, señor Secretario.

Este sexenio pasará a la historia como el sexenio de los expedientes inconclusos, no solamente de los heredados de la administración anterior, como los asesinatos políticos y el lamentable levantamiento de Chiapas, sino también por los muchos que se han generado durante este periodo sexenal.

Asuntos como el de Acteal, Aguas Blancas, la UNAM y el más reciente: Chimalhuacán, por ejemplo, al igual que muchos otros que no han sido publicitados pero no menos representativos y donde ¡las violaciones a los derechos humanos fueron la constante que denotan el fracaso rotundo de la política interior y en específico de la política de la seguridad nacional!

Los casos de Oscar Espinosa Villarreal, de Mario Villanueva Madrid, ambos prófugos de la justicia o las constantes violaciones a las leyes cometidas por caciques regionales como lo son Víctor Cervera Pacheco y Roberto Albores Guillén, son claros ejemplos del exceso de tolerancia mal entendida, que nosotros llamamos impunidad, corrupción y complicidad.

El Presidente:

Señora diputada: se ha terminado su tiempo. Termine, por favor.

La diputada María Eugenia Galván Antillón:

Termino, señor Presidente.

Señor Secretario: ¡No nos queda duda que la política interior, después de cuatro secretarios de Gobernación, ha sido un verdadero fracaso!

El Presidente:

Gracias, diputada María Eugenia Galván Antillón.

Para formular sus preguntas, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hará uso de la palabra la diputada Patricia Aguilar García, por cuatro minutos.

La diputada Patricia Aguilar García:

Señor Presidente, con su permiso; señoras y señores diputados, señor Secretario:

La ubicación geográfica de México propicia condiciones peculiares en materia migratoria. La inmigración y la emigración generan problemas sociales, políticos y de desarrollo que requieren soluciones basadas en el respeto a los derechos humanos. ¿Cuántos programas aplica su dependencia en esta materia? ¿Qué resultados se han obtenido y qué proyectos deben mantenerse y en qué sentido?

Señalamiento especial merece la atención a la mujer migrante, en la que se acentúan las condiciones de marginalidad. Para ella el emigrar significa un enorme sacrificio al dejar su lugar de origen, sus tradiciones, pertenencias y costumbres. El hacerlo siempre con su familia le implica sortear enormes dificultades. Por ello, es indudable que en la política de atención a migrantes de la Secretaría a su cargo deben ejercerse programas específicos en ayuda a ellas. Sabemos que el apoyo debe ser con programas interinstitucionales, pero sería importante precisar cuál es el camino que ha seguido esta administración y su balance al respecto.

Hablar de este tema es referirnos a un flujo migratorio de 300 mil mexicanos al año, de más de 3 millones de paisanos que residen fuera con o sin documentos, de más de 6 mil millones de dólares de remesas al año.

Respecto al ingreso de migrantes provenientes de Centroamérica, el número de personas que ingresa va en aumento. Este año entran a México 150 mil personas desde la frontera sur rumbo a Estados Unidos. Esta cifra rebasa en 20 mil a la de 1999 y ésta es 20% mayor a la de 1998, lo que muestra la necesidad de revisar la capacitación en derechos humanos de los agentes de migración. ¿Qué se hará en este aspecto?

Consideramos de la mayor importancia consolidar el esfuerzo realizado por el Programa Paisano. Para ello es menester estrechar en forma permanente, institucionalizada, la comunicación, coordinación y cooperación entre los diversos actores que convergen en el fenómeno migratorio, mediante mecanismos ágiles y prácticos que permitan identificar propuestas de acción, establecer instrumentos para su operación en forma inmediata y determinar métodos para evaluar y ponderar los avances registrados. ¿Qué programas y enlaces se han establecido en este rubro y con qué resultados?

En el caso específico de la frontera sur, mi Estado, Chiapas, siempre ha tenido una vocación federalista. Desde hace 176 años pertenecemos al pacto federal y, sin embargo, en nosotros impera el sentimiento de que algo nos adeuda la Federación. Por eso es importante que en igualdad de condiciones se implementen programas migratorios para las dos fronteras y no se acentúe el apoyo a una sola.

Hablando de esta entidad, el conflicto prevaleciente en ocho de los 118 municipios ha afectado a la sociedad chiapaneca en su conjunto; es en serio, a quien más afecta es a los chiapanecos. Este problema ha tenido repercusiones en el ámbito nacional e internacional y, sin embargo, la solución no llega. ¿Cuáles son los problemas que lo han aplazado y qué percepciones de solución a corto plazo ve la Secretaría a su cargo? ¿Existe algún indicio de que el EZLN aceptará volver al diálogo? ¿Qué medidas se han tomado para disminuir tensiones sociales y para garantizar un clima de estabilidad social en la entidad?

Con su permiso, señor Secretario. Como chiapaneca es importante saber la preocupación de todas las fracciones por mi Estado. Lo único malo es que ésta se da sin conocimiento ni contacto con Chiapas pronunciando Chapas por Chiapas, pero sobretodo sin una acción real a favor de esta maravillosa entidad.

Gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada Aguilar García.

Para responder a las preguntas formuladas, hará uso de la palabra el Secretario de Gobernación, por ocho minutos.

El secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano:

Gracias, señora diputada doña Patricia Aguilar.

Bueno, déjeme empezar por el tema de los migrantes que es un tema que tiene la mayor importancia en la tarea y en la responsabilidad de la Secretaría a mi cargo y en consecuencia en los compromisos y propósitos de la política interior.

En el Gobierno de la República, el Gobierno Federal ha adquirido su responsabilidad para contribuir en el aseguramiento de la integridad y respeto de los derechos humanos y laborales de los mexicanos que cruzan la frontera norte y también de quienes cruzan la frontera sur para buscar mejores oportunidades de vida.

Déjenme referir muy rápidamente al esfuerzo que se viene haciendo a través del Instituto Nacional de Migración para operar un muy amplio Programa de Protección a Migrantes, que tiene básicamente seis vertientes o seis aspectos centrales: grupos de protección a migrantes, difusión permanente de programas de difusión de los derechos y obligaciones elementales de los migrantes en el país, mecanismos también permanentes de supervisión migratoria del respeto a los derechos humanos, el fomento de una cultura de respeto a los derechos humanos entre el personal migratorio, la dignificación de las estaciones migratorias y el fortalecimiento y la consolidación de mecanismos de consulta sobre protección consular con los Estados Unidos y con los países centroamericanos. Ese es el esfuerzo que se está haciendo en materia de protección a connacionales y por supuesto de respeto a sus derechos humanos.

En este esfuerzo destaca la creación lo comentaba hace unos momentos y la operación y fortalecimientos de los grupos Beta que ahora han reforzado su actuación, su cobertura con el apoyo y con el respaldo del equipo destinado para ello por parte de la Policía Federal Preventiva. Está operando en esos grupos en Tijuana, en Tecate y Mexicali, en Nogales, en Agua Prieta, en Matamoros y en el caso de la frontera sur en Tapachula, en Comitán y en Tabasco.

Está en proceso de integración el grupo de Piedras Negras, esos grupos tienen un grupo muy importante de agentes protectores, ahora insisto reforzados con los mecanismos de patrullaje y supervisión de la propia Policía Federal Preventiva.

Comentaba la señora diputada el tema del Programa Paisano. Hemos, como sabe, fortalecido la operación del Programa Paisano y la hemos fortalecido y relanzado con una estrategia mucho más amplia, mucho más integral, con el propósito de apoyar a los mexicanos que laboran y que residen en el extranjero y brindarles precisamente durante su tránsito o estancia en nuestro país un trato justo, darles la orientación adecuada, la seguridad y, por supuesto, el respeto a sus derechos humanos y a sus bienes patrimoniales.

Este programa, de acuerdo a la última evaluación, la que recién hicimos con comunidades mexicanas en el extranjero, con la Contraloría, con los consulados, nos está permitiendo atender anualmente alrededor de 2 millones de personas, es pues muy importante y muy vigoroso instrumento interinstitucional que nos permite brindar apoyo amplio a sectores de la población mexicana que se mueven o que regresan a sus comunidades de origen.

El otro tema que comentaba la señora diputada, es en relación a las necesidades de reforzar este programa dadas las quejas, dadas las denuncias, dados los abusos y mal trato que reciben nuestros paisanos por parte de las autoridades en su visita a nuestro país.

Durante el pasado periodo de septiembre de 1999 a agosto de este año 2000, se recibieron por parte de las oficinas y de las ventanillas que ha puesto la Secodadm en operación del programa, alrededor de 145 mil quejas y denuncias; de estas quejas y denuncias se han dado respuesta a 108 denuncias de residentes mexicanos en el extranjero, a 32 vía electrónica y las dependencias integrantes de la comisión intersecretarial de la Secodadm están atendiendo y por supuesto desechando aquellas que no proceden o que no cuentan con elementos suficientes, que es un número también importante y significativo, hay un compromiso que hemos hecho a través de la Contraloría, para que estas quejas no solamente sean recibidas sino, por supuesto, obligadamente atendidas.

El tema que comentaba la señora diputada, de la frontera sur, yo le quisiera comentar que en el caso de la frontera sur se está haciendo un programa y un esfuerzo de estabilización migratoria, así se llama el programa: Programa de Estabilización Migratoria, para regularizar a los guatemaltecos y a sus familias que estaban en México con carácter de refugiados.

Entre 1997 y 1998, se entregaron 8 mil 149 documentos de no inmigrantes y 6 mil 530 de inmigrantes en los estados de Chiapas de Campeche y de Quintana Roo; de 1999 hasta junio de este año, se han refrendado 4 mil 840 documentos de formas migratorias de residentes en Campeche dando con ello mayor seguridad jurídica a nacionales guatemaltecos para residir temporal o permanentemente en nuestro país.

Se ha puesto en marcha, en el caso particular del Estado de Chiapas, un programa para darles nuevas facilidades migratorias para visitantes locales guatemaltecos e igualmente se ha puesto en marcha una vertiente que tiene que ver con los visitantes agrícolas, es la denominación migratoria, visitantes agrícolas que va dirigida a nacionales guatemaltecos que laboran cada año, se internan al país y laboran cada año en los cultivos de café, de azúcar y de plátano. En 1999 se documentó, mediante esta fórmula migratoria, a 64 mil 691 guatemaltecos y de enero a julio de 2000, se han documentado a 46 mil 932.

Este programa, el propósito de este programa, es facilitar la internación y por supuesto la estancia en la frontera sur, de los migrantes guatemaltecos, beliceños, en el caso de Quintana Roo, otorgándoles mayor seguridad jurídica y favoreciendo con ello por supuesto, los intercambios culturales, turísticos y comerciales, entre las comunidades fronterizas.

Esto podría comentar en relación al tema de migrantes. Se ha planteado en el seno de la Comisión del Programa Nacional de la Mujer como uno de los temas de atención y de preocupación que cada uno de estos programas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema migratorio como otros más donde la presencia de mujeres es un factor y una constante permanente, se puedan implementar además medidas particulares específicas que permitan contribuir en esta tarea y en este esfuerzo plural que hacen en el seno del Consejo Nacional de la Mujer quienes están preocupadas y con el respaldo y el apoyo gubernamental, buscando por impulsar mejores condiciones de género en esta lucha que han emprendido con tanto éxito las mujeres que se expresan y se representan en todos los partidos políticos y que tienen un espacio muy importante de discusión, de toma y de impulso de decisiones en el seno del Consejo Nacional de la Mujer y de su Contraloría.

El Presidente:

Pregunto al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional si hará uso de su derecho de réplica.

Sí.

Tiene el uso de la palabra la diputada María Elena Chapa Hernández, por cuatro minutos.

La diputada María Elena Chapa Hernández:

Con su permiso, señor Presidente; colegas legisladoras y legisladores, señor Secretario:

Agradecemos la explicación vinculada a la participación de las mujeres en la vida nacional, sobretodo aquellas que tienen que ver con fenómenos migratorios, en el que algunos estados de la República son expulsores, otros receptores y la República entera es tránsito para los migrantes que van a la relación bilateral que se está dando con los Estados Unidos, a ofrecerse como fuerza laboral, sobre todo el fenómeno que estamos observando en últimas fechas, es que las mujeres están migrando para ofrecer sus habilidades finas, sobre todo en la maquila, en la zona fronteriza, dejando en consecuencia, más de 20 mil niños en los albergues de este lado mexicano, fundamentalmente en Tijuana.

Esta explicación, señor Secretario, de respeto a los derechos humanos de los migrantes, nos permite abundar sobre los retos que usted mencionaba del Programa Nacional de la Mujer y que tiene qué ver con la participación de las mujeres y no sólo aquellas vinculadas a una profunda pobreza, como son las indígenas, las campesinas o las marginadas, sino la defensa de sus derechos: derechos humanos, cívicos, sociales, reproductivos, de salud, educativos y demás e ir más allá a lo que han constituido para el presente Gobierno, los retos del Programa Nacional de la Mujer.

Esto es, la vinculación con los problemas que tenemos las mujeres, de violencia familiar, cuyo resultados en diciembre del 1996 a todos nos consta, en un ejercicio plural que usted mencionó, incluyente, de echar a andar una iniciativa de ley de carácter federal para la protección de los derechos de las mujeres, los niños y las niñas, contra la violencia familiar.

Igualmente avances en el terreno educativo, en el terreno de la salud, en el trabajo, en la relación que las mujeres tienen con el medio ambiente; en el uso de las imágenes públicas, reproductoras, de estereotipos de las mujeres frente a los medios de comunicación.

Aquí quiero puntualizar, señor Secretario, que nos complace mucho a las que además somos consejeras del Programa Nacional de la Mujer, el impulso que se le ha dado en los medios a las imágenes de las niñas y al respeto de las mujeres en los anuncios televisivos.

Esta, colegas legisladoras y legisladores, es una lucha por la equidad, es una lucha por la igualdad, por los derechos, por las oportunidades, por la igualdad de trato, por la toma de decisiones, por acceder a los beneficios del desarrollo; por lograr los derechos que eliminen toda forma de discriminación contra las mujeres.

Sin fobias, sin filias, mujeres de diversas organizaciones políticas, académicas, organizaciones civiles ciudadanas, ya hemos dado muestra de un trabajo plural, incluyente; no hemos cometido ningún exceso, menos de intolerancia. Las mujeres plurales hemos generado desde hace dos años un esfuerzo para tener un espacio con un órgano incluyente, con patrimonio propio, un organismo descentralizado, donde las políticas públicas deriven en acciones que tienen qué ver con los grandes retos que enfrentamos la mitad de México, la mitad de la población. Ese esfuerzo esperamos sea el Instituto Nacional de las Mujeres.

Hemos avanzado, sí, en un esfuerzo plural, porque nos hemos respetado las mujeres, porque hemos visto en la misma dirección, con perspectiva de genero, porque hemos contribuido al esfuerzo del Programa Nacional de la Mujer, de la Comisión Nacional de la Mujer. Pero quisiera recordarle, señor Secretario, que desde marzo de 1996, hemos solicitado tener un Instituto propio que derrame las políticas públicas en beneficio de las mujeres mexicanas.

Queremos estar también en la Reforma del Estado. No daremos ni un paso atrás en los logros y los avances que hasta hoy hemos tenido. Todas las mujeres, colegas, tenemos todos los derechos ni uno menos que los hombres. Esperamos consolidar en el ánimo de una pluralidad y de una convergencia y de una tolerancia, los esfuerzos que se pueden consumar de las mujeres, iniciados con aquella primera ley de la LIV Legislatura, contra el acoso y el hostigamiento sexual,

Estamos pues en la mejor disposición de avanzar juntas, junto con los compañeros y las compañeras, por el bien de México.

Gracias, señor Secretario.

El Presidente:

Gracias, señora diputada.
 

SEGUNDO TURNO DE PREGUNTAS

El Presidente:

Pasaríamos conforme al acuerdo que regula esta comparecencia, a la segunda ronda, al segundo turno de preguntas y respuestas.

Para formular su pregunta, a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hará uso de la palabra la diputada Rosalía Peredo Aguilar, hasta por cuatro minutos.

La diputada Rosalía Peredo Aguilar:

Gracias, señor Presidente:

Señor Secretario: en el informe que se comenta, el Presidente de la República quiere hacernos creer que mostró una voluntad democrática al reconocer los resultados del pasado 2 de julio.

Sin embargo, es necesario recordar, como él mismo lo afirma, que su acceso a la Presidencia fue legal pero inequitativo por el dispendio de recursos de que hizo gala el partido oficial en el proceso electoral de 1994.

¿Por qué el Gobierno Federal y el partido oficial se negaron a impulsar de manera conjunta con el Poder Legislativo y los demás partidos políticos, la reforma electoral presentada en marzo de 1999 en esta Cámara de Diputados y que fue detenida en dos ocasiones por la mayoría priísta en el Senado de la República?

Asimismo la disposición inicial del titular del Ejecutivo a realizar con el concurso de todas las fuerzas políticas, la reforma democrática del Estado, fue desechada frente a los temores fundados del régimen de que se desgastaran aceleradamente sus bases corporativas de control político que todavía le redituaban buena cantidad de votos en los comicios estatales y municipales.

Señor Secretario: ¿por qué se bloqueó la necesidad insoslayable de impulsar progresivamente al país hacia un proceso concertado entre el Gobierno, la sociedad y los partidos, de reformas democráticas en el sistema político y las formas de organización social? ¿Por qué se eludió esta responsabilidad pública y con ello se ha colocado en riesgo de innumerables confrontaciones a México?

Señor Secretario: ¿en verdad cree usted, sin faltar a la verdad, que ya tenemos formas y procedimientos plenamente democráticos en la mayoría de los sindicatos, de las organizaciones campesinas y populares, en las formas de participación comunitaria y ciudadana? ¿Ya adquirió plenitud democrática la vida nacional o a pesar del Gobierno, apenas estamos inaugurando las formas básicas de la democracia electoral? Preguntamos lo anterior porque no es lo mismo una cosa que otra, no se vale querer pasar gato por liebre...

El diputado José Manuel del Río Virgen
(desde su curul):

Señor Presidente; me permite hacerle una interpelación a la oradora.

El Presidente:

Diputada, le solicitan...

La diputada Rosalía Peredo Aguilar:

La acepto.

El Presidente:

Adelante, diputado.

El diputado José Manuel del Río Virgen
(desde su curul):

¿Me permite un micrófono?

El Presidente:

Sí.

Llévenle el micrófono. Gracias.

El diputado José Manuel del Río Virgen
(desde su curul):

Gracias, señor Presidente; gracias compañera diputada Rosalía Peredo. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política nos negó el uso de la palabra a tres partidos políticos.

Sin embargo, quisiera, compañera diputada Rosalía Peredo, fuera usted el amable conducto para hacerle algunas preguntas al señor Secretario... ¡Ni modo!, así es la democracia en esta Cámara, en algunos casos cuando ganan hay democracia, cuando pierden hay intereses políticos, ¡ni hablar! ¡Ni modo!

Señor Secretario, respetuosamente... compañera, ¿quisiera hacer estas preguntas?: ¿Dónde estaba el señor Secretario, el señor Secretario de la política interna..., dónde está nuestro Secretario de la política interna que nuestro negociador por la paz no puede entablar contacto con el EZLN?

Que la Iglesia católica gana espacios vacíos de poder y culmina con una marcha...

El Presidente:

Permítame, señor diputado.

Permítame decirle que ni usted ni yo podemos violentar los acuerdos aprobados por la Asamblea.

El Presidente de la Cámara de Diputados está subordinado y sujeto a lo que dispone la Asamblea. El día de hoy, esta Asamblea aprobó un acuerdo que regula la comparecencia del Secretario de Gobernación.

El artículo 18 del Reglamento para el Gobierno Interior establece:

El Presidente en sus resoluciones estará subordinado al voto de su respectiva Cámara.

La Cámara votó un acuerdo parlamentario que regula la comparecencia. No se permiten las interpelaciones. Hágame favor, diputado, de hacer llegar al Secretario de Gobernación sus preguntas por escrito y no violentar el acuerdo parlamentario que regula esta comparecencia.

Continúe, señora diputada.

El diputado José Manuel del Río Virgen
(desde su curul):

Señor Presidente, ¿me permite? Solamente un breve comentario, señor Presidente. También el artículo 7o. de la Ley Orgánica habla de frac ciones partidistas y nosotros somos una fracción partidista en la Cámara.

Respetuosamente le recuerdo que somos diputados con partido y tenemos derecho de preguntarle al señor Secretario de la nación. Además la oradora aceptó la interpelación y estuvo de acuerdo el vicepresidente.

Le pido que me permita terminar, respetuosamente. El señor Secretario ya está tomando nota de las preguntas que estoy formulando a mi compañera Rosalía Peredo. A ella es a la que estoy interpelando y ella aceptó la interpelación.

El Presidente:

Señor diputado: quiero rogarle que usted y yo nos sometamos a las disposiciones.

El diputado José Manuel del Río Virgen
(desde su curul):

Acepto, señor Presidente. Acepto. Gracias.

El Presidente:

Le agradezco muchísimo, señor diputado.

Señora diputada, le voy a reponer el tiempo que se ha consumido en esta moción y le rogaría que formule su pregunta en los tiempos que están acordados por la Asamblea y que obligan a todos a honrar a la propia Asamblea y a su normatividad.

Le reponen, por favor, tres minutos a la oradora.

La diputada Rosalía Peredo Aguilar:

Gracias.

Finalmente la ciudadanía ha asumido la alta responsabilidad de culminar con los medios a su alcance el proceso de cambios democráticos que la nación demanda para mantener y afinar el proyecto histórico de todos los mexicanos. Esto ha sido así en los años recientes y lamentablemente aun en contra de la voluntad evidente del Ejecutivo Federal.

No ha sido sólo el resultado contundente del pasado 2 de julio, está también el proceso electoral más reciente de Chiapas, en donde como expresión de procesos consistentes en el seno de la sociedad, la ciudadanía decidió mayoritariamente sacudirse el yugo del régimen priísta y avanzar en la construcción de las condiciones para extender los beneficios de la enorme riqueza que tiene esta entidad del sureste mexicano.

Como se observa, señor Secretario, la democracia que demanda el pueblo mexicano es mucho más de la elemental democracia electoral que establece en su balance el titular del Ejecutivo y que se pretende hacer pasar por la normalidad democrática largamente postergada.

Queremos que se exprese puntualmente sobre lo anterior, evitando los lugares comunes de los que se hace un amplio recurso en el texto del VI Informe de Gobierno.

Muchas gracias.

También le rogaría, señor Secretario, tome en cuenta las preguntas a que hubo lugar de parte del diputado de Convergencia Democrática.

El Presidente:

Gracias.

Tiene el uso de la palabra para responder las preguntas formuladas, el señor Secretario de Gobernación, hasta por ocho minutos.

El secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano:

Gracias, señor Presidente:

Desde que inició la administración del presidente Zedillo, como todos recordarán, se convocó a las distintas organizaciones políticas, a las distintas organizaciones ciudadanas, a construir juntos, efectivamente, un impulso a la democratización integral de la vida nacional a través de la suscripción, de la construcción de un acuerdo político nacional que derivó precisamente en la convergencia de un conjunto de temas que se trataron y que se sentaron en la reforma del Estado.

Este diálogo con las distintas fuerzas políticas que encabezó el propio presidente Zedillo, estableció temas de una agenda de prioridades, uno era la reforma electoral, efectivamente la que se denominó una reforma electoral definitiva; el fortalecimiento del Poder Legislativo era otro tema; la procuración e impartición de justicia; el impulso al federalismo, la reforma política en el Distrito Federal; el tema de los derechos y cultura indígena; la participación ciudadana y comunicación social y la atención a los temas que fueran surgiendo en la propia coyuntura.

Bajo esta agenda que se discutió a principios del Gobierno del presidente Zedillo, se acordó con los partidos políticos representados en el Congreso, la formación de una agenda legislativa, en la que se acordaron entre otros temas algunos que no pudieron concretarse, como la reforma fiscal integral, el órgano superior de fiscalización; es decir, la revisión y el sistema financiero; el Presupuesto de Egresos y Cuenta Pública; el fortalecimiento del Poder Legislativo; la Ley de Cultura y Derechos Indígenas; la Comisión Nacional de Derechos Humanos; formas de democracia directa y participación ciudadana; fortalecimiento municipal y federalismo en un primer paquete.

En un segundo paquete y a petición de los partidos políticos, se incluyeron en la agenda temas como los de medio ambiente, que aquí se han comentado; derechos de los jóvenes; reforma laboral; asuntos electorales; responsabilidades de servidores públicos; políticas económicas de Estado y comunicación social.

En total, el Ejecutivo Federal ha impulsado hasta ahora 124 iniciativas de ley, a propósito de este acuerdo, de las cuales 118 de ellas fueron aprobadas y seis quedaron como pendientes.

De las más representativas, de las que ilustran el compromiso del presidente Zedillo con esta reforma del Estado y con el proceso de reforma política, pues sin duda podemos señalar de manera muy importante, la reforma política electoral de 1996, a la que hicimos referencia en el propio texto introductorio a esta comparecencia.

Reforma política electoral de 1996 que definió derechos políticos de las organizaciones y de los ciudadanos; las condiciones de competencia electoral, la redefinición y ciudadanización de los órganos y autoridades electorales; la autonomía de los órganos de justicia electoral y la reforma electoral del Distrito Federal, así como la integración de las cámaras de Diputados y de Senadores.

Se aprobó una nueva Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que fortalece su organización y funcionamiento.

En el ámbito de procuración de justicia el Presidente informó, en el texto del VI Informe de Gobierno, que se consolidó la Suprema Corte de Justicia, como Tribunal Constitucional y se redujo el número de integrantes de 26 a 11.

Se modificó el estatuto de los ministros de la Corte y se creó el Consejo de la Judicatura Federal, como un órgano para la administración y vigilancia y preservación de la disciplina del Poder Judicial de la Federación.

En cuanto a la reforma política del Distrito Federal, se ampliaron derechos políticos de los habitantes de la Ciudad de México, mediante un nuevo régimen jurídico y político, que estipula la elección directa del jefe de gobierno; la creación de nuevas demarcaciones políticoadministrativas y la elección por voto directo de los delegados en el año 2000.

Hemos comentado ya los esfuerzos que se hicieron dentro de esta agenda, en la tarea del nuevo federalismo.

Simplemente comento, señora diputada, que efectivamente podemos decir y podemos concluir que la reforma política de Estado, la reforma política de Estado debe analizarse como un esfuerzo conjunto, un esfuerzo amplio, un esfuerzo plural de los actores políticos, a partir de una convocatoria que hizo al inicio de su gobierno el presidente Ernesto Zedillo.

Más allá de la enumeración de las reformas jurídicas, de las reformas políticas durante la presente administración, lo que a nuestro juicio debe valorarse, son los distintos avances cualitativos, cuantitativos que se han logrado para fortalecer la democracia, para fortalecer la unidad nacional, para elevar la eficacia de las instituciones, para ampliar los cauces de la participación social, dando una nueva dimensión a la gobernabilidad democrática.

Segundo, pregunta la señora diputada Rosalía Peredo, que por qué se bloqueó o no se llevó a cabo lo que ella denomina la reforma de 1999. No se llevó a cabo la discusión que tuvieron los partidos políticos por un problema de acuerdo de los partidos políticos, no por decisión del Ejecutivo.

Tuvimos oportunidad y ocasión de conversar con los distintos partidos políticos representados en el Congreso, los cinco o seis temas que pudieran ser objeto de discusión, de debate y en consecuencia de aprobación en una eventual ampliación de la reforma de 1996 y se convino explícitamente con los representantes del PRD, del PAN y del PRI, particularmente de esos tres partidos, que si no había acuerdos en por lo menos cuatro de los seis temas o tres de los seis temas que se estaban discutiendo, entre otros el voto de mexicanos en el extranjero, notablemente porque ahí hubo una gran cantidad de opiniones, no era prudente ni conveniente impulsar ningún tipo de discusión ni ninguna iniciativa, aunque hubiera acuerdo en dos o tres puntos más de la agenda que se discutió con los partidos políticos.

Esa fue la razón, simple y llanamente no hubo acuerdo y se decidió que no era prudente ni conveniente que los dos o tres temas que tenían que ver con los medios, que tenía que ver, no recuerdo el otro asunto donde había más o menos acuerdo, pues valieran la pena para hacer reformas en un proceso tan cercano ya al proceso electoral federal. Esa es la razón simplemente y el testimonio y la información la tienen los propios representantes de los partidos políticos que acudieron y se reunieron en Gobernación para discutir estos temas.

El otro comentario que hacía la señora diputada en relación a que si creemos realmente que las formas y procedimientos democráticos han sentado una base sólida y firme, dadas las diferencias, la heterogeneidad de organizaciones políticas y sociales, las prácticas de organizaciones sindicales, gremiales de los propios partidos políticos, de las nuevas organizaciones políticas nacionales, me parece que es una tarea que tenemos que construir e impulsar todos los días. Creo que se ha dado, no creo, estoy absolutamente seguro y convencido y una prueba de ello son las elecciones que se han venido efectuando en el país a partir de 1996.

El último proceso incluido, el de Chiapas mismo, donde la legalidad, la legitimidad de los procesos electorales ya no es un tema que se discuta ni signifique motivos de confrontación o de violencia, como era práctica tradicional en un pasado no muy lejano.

Me parece que la formación de una cultura política democrática en partidos, en organizaciones y en gremios, es una tarea que tiene que seguirse construyendo cotidianamente. Nadie piensa ilusamente que por arte de magia puedan establecerse mecanismos democráticos de manera automática. Ha costado muchos años, ha costado una larga transición, una larga práctica y construcción de acuerdos la realidad política, democrática que estamos viviendo en el país y que no tengo duda tenemos que seguir consolidando y profundizando en el futuro.

El Presidente:

Muchas gracias, señor Secretario.

Pregunto a la diputada Rosalía si va a hacer uso de su derecho de réplica.

La diputada Rosalía Peredo Aguilar
(desde su curul):

Sí, señor Presidente.

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo, por cuatro minutos.

La diputada Rosalía Peredo Aguilar:

Gracias, señor Presidente:

Señor Secretario; los diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que la evolución del sistema democrático debe pasar necesariamente por ampliar la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas. Por ello reivindicamos la iniciativa presentada por nuestros diputados de la LVII Legislatura, para incorporar al texto constitucional las figuras del referendum, plebiscito, iniciativa popular y revocación de mandato. La democracia electoral habrá de acompañarse de la eliminación de los controles sindicales, campesinos y populares que han impedido la defensa de los intereses de los trabajadores de la industria y del campo, de los colonos, maestros y demás sectores mayoritarios de la sociedad.

En este nuevo marco que comienza a erigirse en nuestro país, el Partido del Trabajo refrenda su compromiso de contribuir a lograr una sociedad más justa, libre y democrática.

Señor Secretario, también queremos aprovechar la oportunidad para referirnos al muy grave problema de la seguridad pública. En esta materia el balance sexenal es absolutamente deficitario. No sólo se ha abatido la delincuencia, sino que ésta ha ido creciendo exponencialmente, relacionando de paso a los cuerpos de seguridad y altos mandos del Ejército Mexicano en la comisión de delitos tipificados como de delincuencia organizada.

Pese al sustancial incremento de recursos para el Sistema Nacional de Seguridad Pública y a novedosos esquemas de coordinación, la delincuencia va adelante en cuanto a armamento, sistemas de comunicación y al parecer, también de inteligencia por cuanto a la amplia infiltración dentro de los cuerpos de seguridad del Estado.

Es necesario enfatizar que el Poder Legislativo ha cumplido su función de proveer de los instrumentos jurídicos que se han requerido para el combate a la delincuencia; pero también es necesario decir que ha sido en el ámbito del Poder Ejecutivo, donde no se han dado resultados óptimos.

Por otra parte, señor Secretario, en cuanto a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el informe menciona el supuesto cumplimiento de la mayoría de las mismas, sin embargo, entre las que no se cumplieron destaca la emitida sobre los acontecimientos de Aguas Blancas, en donde personajes como Rubén Figueroa Alcocer y José Rubén Robles Catalán, no obstante haber estado involucrados en ellos, gozan de total libertad o para ser más claros, de toda impunidad.

La mayoría de las mexicanas y los mexicanos aspiramos a vivir en un México con libertad y seguridad plena; por ello demandamos que en el tiempo que resta de esta administración, se haga un mayor esfuerzo por abatir este problema de enormes dimensiones y lamentables efectos colectivos e individuales.

Señor Secretario: por razones que el Partido del Trabajo ha subrayado y reiterado en innumerables ocasiones y que en el futuro próximo quedarán plenamente confirmadas, la mayoría de los problemas del país se convirtieron para el equipo de gobierno del que usted forma parte, en problemas de dimensión nacional.

Este es en realidad el balance simple y claro que para la mayoría de los mexicanos representan los seis años de gobierno de Ernesto Zedillo.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputada Rosalía Peredo Aguilar.

Ahora sí, tiene el uso de la palabra para formular su pregunta, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el señor diputado Concepción Salazar González por cuatro minutos.

El diputado Concepción Salazar González:

Con su permiso, señor Presidente; diputadas, diputados:

Señor Secretario: yo quiero hacer un planteamiento muy puntual, un planteamiento en el cual los movimientos ecologistas no solamente nacionales, sino también internacionales, han estado muy al pendiente.

Para los militantes del Partido Verde Ecologista de México ha sido no sólo una afrenta a nuestra causa sino un atentado a los derechos humanos más elementales, el saber que la protección de nuestros ecosistemas puede dar como resultado el encarcelamiento injusto y el levantamiento de cargos penales falsos para doblegar la voluntad de quienes actúan en defensa de la naturaleza.

Me estoy refiriendo a los ya conocidos casos de Rodolfo Montiel y de Teodoro Cabrera, que por defender los bosques en el Estado de Guerrero, han sido sujetos de un juicio penal que los ha privado de su voluntad, bajo la acusación de haber cometido delitos contra la salud y acopio de armas. Tal caso o en general, no puede ser el proceder contra aquellos que valientemente defienden los recursos naturales de nuestro país y es también una muestra de una notoria incapacidad para dar curso a las legítimas demandas de nuestra sociedad para que se actualice el derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de los mexicanos que ahora reconoce nuestra Constitución.

Señor Secretario, ¿por qué la Secretaría a su cargo no intervino oportunamente ante la situación que se estaba generando en el Estado de Guerrero, específicamente en la situación en que está involucrada la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y de Coyuca de Catalán, en la que fueron sentenciados dos de ellos por el simple hecho de defender la biodiversidad y el desarrollo sustentable de su entorno, ya que desde febrero de 1989 pobladores de esa región crearon la organización con el objetivo principal de evitar la inmoderada explotación forestal en la sierra y evitar una destrucción masiva del bosque, que deviniera en un ecocidio.

Como sabemos, en esa situación durante ocho años que se permitió la tala en esa sierra, se perdió alrededor de un 40%.

Por su respuesta mucha gracias, señor Secretario.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Concepción Salazar González.

Para dar respuesta a las preguntas formuladas, hará uso de la palabra el Secretario de Gobernación, hasta por ocho minutos.

El secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano:

Señor diputado Concepción Salazar González:

Nosotros compartimos la preocupación, pero sobre todo las iniciativas de quienes fomentan, estimulan y sobre todo practican y con su ejemplo contribuyen a generar una cultura cívica y sobre todo sólida en materia de protección ambiental, en materia de defensa de los recursos naturales. Muchas de las organizaciones no gubernamentales con las cuales tiene un trato cotidiano y una comunicación cotidiana la Secretaría de Gobernación, canalizan inquietudes, preocupaciones, gestiones, en estos temas y ahí actúa la Secretaría de Gobernación no solamente como un enlace, sino como una instancia para poder ayudar en la promoción de este tipo de preocupaciones y de gestiones que compartimos plenamente.

La Secretaría de Gobernación tiene conocimiento de que el proceso legal que se sigue a los señores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, ha sido un proceso apegado a derecho y respetando las garantías individuales establecidas en nuestra constitución.

¿Cuál es la información de que dispone la Secretaría de Gobernación en relación a la situación que prevalece en este caso y en esta situación? Ambos, Montiel Flores y Cabrera García, miembros de la organización que se denomina "Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y de Coyuca de Catalán", fueron detenidos en mayo de 1999 en el municipio de Ajuchitlán, una comunidad que se llama Pizotla, después de que se suscitara un enfrentamiento entre efectivos del 40 batallón de infantería del Ejército mexicano y presuntos narcotraficantes en el que resultó un muerto que se llamaba Salomé Sánchez Ortiz.

Se dictó un auto de formal prisión el 12 de mayo de ese año a estos personajes, según el expediente penal correspondiente, por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Y en el caso de Rodolfo Montiel, además por delitos contra la salud en su modalidad de siembra de mariguana. El 28 de agosto de ese año, el juzgado 5o. de distrito, con sede en Iguala, dictó la sentencia que usted conoce de 6 años 8 meses de prisión y una multa de 1 mil 960 pesos y de 10 años de prisión y una multa de 2 mil 700 pesos a Teodoro Cabrera.

El propio 28 de agosto la defensa de los inculpados interpuso el recurso de apelación contra esta sentencia. En el caso particular del señor Montiel, también se le sigue una causa penal por su presunta participación en dos homicidios ocurridos en 1990 y en 1998, según se asienta en las averiguaciones correspondientes.

De tal manera pues que las resoluciones que han tomado las autoridades judiciales, ámbito donde compete esta situación, este caso, en torno al caso MontielCabrera, se han establecido con base en la información y los elementos que comprueban su responsabilidad en los delitos que se imputan. Reafirmándose con ello, de acuerdo a la información de que dispone la Secretaría de Gobernación, la consistencia de sus procesos penales.

En su primeras declaraciones y no quiero dejar de agregar, dentro de las primeras declaraciones del señor Cabrera García, reconoció también haber participado en el EPR, lo que resulta relevante tomando en cuenta que la organización a la que pertenece, actúa precisamente en la zona en que el EPR y el ERPI mantienen presencia y que además han realizado agresiones armadas contra efectivos militares y efectivos policiacos.

En síntesis, la información de la que dispone la Secretaría de Gobernación, sin ser autoridad en este ámbito particular, es la persecución de delitos concretos, donde las autoridades y los quejosos correspondientes han presentado prueba y en consecuencia han proveído a las autoridades competentes para tomar este tipo de determinaciones.

Yo me atrevería a sugerirle al señor diputado, ante esta preocupación, que estoy seguro y cierto que las autoridades competentes estarán en la mayor disposición y con la mayor apertura para que, pruebas en contrario, pueda revisarse este tipo de situaciones, como se hace cuando existen quejas, sospechas, suspicacias de que son otras las motivaciones, como las que sugiere el señor diputado: por la defensa de los recursos ecológicos, de los bosques y por el impulso a través de organizaciones no gubernamentales a procesos de cultura cívica ecologista.

Yo tengo esta información y ésta es la información que tiene la Secretaría de Gobernación y tenemos absoluta confianza y credibilidad en el trabajo y en la actuación del Ministerio Público del Estado de Guerrero y de las quejas y demandas que han sido interpuestas entre ambas personas.

El Presidente:

Gracias, señor Secretario

¿Hará uso de su derecho de réplica el Partido Verde Ecologista?

Tiene el uso de la palabra para hacer su réplica, el diputado Concepción Salazar González, por cuatro minutos.

El diputado Concepción Salazar González:

Con su permiso, señor Presidente; señor Secretario:

Sabemos que México ha pasado a una etapa de democracia, pero también sabemos que ya los mexicanos no solamente nos estamos preocupando por lo que son los problemas con personas que han delinquido, problemas con demás conocimiento de lo que tenemos de los problemas que nos afectan directamente. También estamos muy conscientes ya del respeto a lo que es el medio ambiente.

Consideramos también que una de las funciones que tiene la Secretaría de Gobernación es precisamente la de gobernabilidad. Así, evitar los excesos en que pudieran caer las autoridades estatales en la aplicación de la ley.

Y en el caso que nos ocupa vemos con mucha inquietud que hay elementos suficientes en que Gobernación no pudo haberse anticipado a las protestas y conflictos que derivaron de la sobreexplotación forestal en el Estado y sobre todo en la sierra, como, a través del diálogo y la concertación política entre la organización de campesinos ecologistas, las autoridades y la unión de los ejidos Rubén Figueroa.

Debemos de respetar ese ambiente y debemos de respetar a esas personas ambientalistas y, en caso de que éstas sí puedan ser juzgadas, que sean juzgadas bajo un marco de derecho.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado Salazar González.

Tiene el uso de la palabra para formular preguntas en nombre del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, la diputada Norma Reyes Terán, hasta por cuatro minutos.

La diputada Norma Reyes Terán:

Con el permiso de la Presidencia.

Licenciado Carrasco: unas semanas antes del proceso electoral federal se presentó una diferencia entre la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral con motivo de que diferentes concesionarios de radio y televisión se negaron a transmitir diferentes promocionales del IFE relacionados con los pasados comicios, argumentando que en los tiempos oficiales de radio y televisión no era obligación de los medios transmitir promocionales del IFE dentro de los tiempos del Estado.

Por tal causa, se solicitó al titular de RTC, el licenciado Alejandro Montaño Martínez, el inicio del procedimiento de aplicación de sanciones contemplado por la ley de la materia y su reglamento.

Sin embargo, el titular de RTC se negó a instrumentar cualquier tipo de procedimiento en contra de las empresas concesionarias de radio y televisión y el pasado 31 de julio el órgano interno de control en el área de responsabilidades de la Secretaría de Gobernación resolvió declarar improcedente cualquier procedimiento administrativo en contra del titular mencionado.

Tengo en la mano un oficio de fecha 5 de septiembre, dirigido al titular del IFE, el maestro José Woldenberg, en donde el consejero electoral Jaime Cárdenas da cuenta de la situación mencionada al Presidente del Consejo General del IFE y evalúa la misma como un indicador del nivel de impunidad que priva en la Secretaría de Gobernación.

¿Por qué usted, como superior jerárquico del titular de RTC, no aplicó sanción administrativa alguna y permitió la violación flagrante de los concesionarios a sus obligaciones legales? ¿Fue ésta una ofensiva del Gobierno Federal o del PRI en contra del IFE?

Cuando usted fue gobernador del Estado de Oaxaca fueron perseguidos, encarcelados y torturados cientos de indígenas loxichas y al gunos más desaparecidos por su gobierno, quizá con el propósito de congraciarse con el gobierno de Zedillo.

Como consecuencia de lo anterior, hoy existe un plantón de las esposas e hijos de los encarcelados frente al palacio de gobierno, que en los próximos días cumplirán tres años. Actualmente muchos de esos presos inocentes han sido puestos en libertad, en una actitud verdaderamente patética y cruel esos indígenas Loxichas han sido declarados inocentes y puestos en libertad y sólo se han merecido el clásico: "usted disculpe".

El licenciado Francisco Labastida Ochoa declaró, siendo secretario de Gobernación, "que en ciudad universitaria durante la huelga estudiantil habían arsenales". El 6 de marzo, cuando intervino la Policía Federal Preventiva "el arsenal" se redujo a un taladro y a algunas navajas. Dejando al descubierto la mala fe, la mentira y la ineficacia de esa Secretaría a su cargo.

El titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen, Alejandro Alegre Rabiela, declaró el pasado 23 de agosto en la presentación de la revista Administración Pública, según lo reseña el semanario Proceso, la conveniencia de que se desprenda el Cisen de la Secretaría de Gobernación y la necesidad de elaborar una ley de inteligencia para la seguridad nacional.

Señor Secretario: ¿acepta que los mecanismos de inteligencia del Estado Mexicano han fracasado? ¿Comparte la opinión que he citado del titular del Cisen?

Por último, el gobernador de su Estado natal ha acusado directamente de espionaje político a personas que trabajaron directamente con usted en cargos de alto nivel de su administración. ¿Qué opinión le merece esa denuncia de José Murat?

El Presidente:

Gracias,señora diputada.

Para dar respuesta a las preguntas formuladas hará uso de la palabra el Secretario de Gobernación, hasta por ocho minutos.

El secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano:

Efectivamente se ha discutido y debatido, particularmente antes del proceso electoral, la controversia que se suscitó con motivo de los promocionales que promovió el IFE para fomentar la cultura cívica electoral y la discusión que se tuvo con los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión para difundir este tipo de mensajes.

Yo creo que lo que vale la pena aquí es entender cuál es el origen del conflicto y como se solucionó el conflicto, porque me parece que eso da respuesta por sí mismo a lo que sigue.

La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión impugnó la transmisión de mensajes del IFE, argumentando la autonomía del instituto respecto del Poder Ejecutivo. Para lo cual, decía la cámara a sus promocionales no podían ser canalizados en el paquete de tiempos oficiales, de acuerdo al compromiso que existe a partir de 1969.

El IFE, por su parte, promovió ante la Secretaría de Gobernación, que se iniciaran procedimientos de sanción en contra de los concesionarios, que omitieran la emisión de sus promocionales.

Si ustedes recuerdan, no este Proceso Electoral Federal sino el pasado, todavía los promocionales que sacaba el IFE aparecían IFE-Segob y eran cargados a tiempos oficiales. Cuando se decreta o se acuerda la autonomía del IFE y empieza a operar como tal, como instancia autónoma, surge esta controversia con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.

Esta controversia a lo que iba a llevar era, en primer lugar, a que se dirimiera en el Poder Judicial como una controversia constitucional, que quizá podría tardar meses y perderse el tiempo valioso, que era justamente cuando tenían que transmitirse estos promocionales.

Lo que se convino, por intervención de la Secretaría de Gobernación, fue un acuerdo para que los promocionales pudieran pasar, como pudieron pasar y se cumplió puntualmente el propósito y el compromiso del IFE y la intencionalidad de los promocionales, de tal suerte que entre el 2 de mayo y el 2 de julio se transmitieron 8 mil 916 spots de televisión, que equivalen a 267 mil 480 minutos de transmisión. Esto es un promedio de poco más de 6 spots transmitidos cada hora o bien un spots de 30 segundos de duración por cada 10 minutos diarios de programación en televisión.

El propósito que dio origen a esta discusión fue resuelto satisfactoriamente. La controversia sobre si son o no atribuibles o cargables la futura promoción del IFE en tiempos oficiales, es un tema que se está revisando por parte de los jurídicos respectivos. Yo estoy seguro que van a llegar finalmente a una interpretación común. Pero reitero y subrayo que el tema de fondo fue atendido oportunamente y resuelto oportunamente.

Un consejero, el consejero Jaime Cárdenas efectivamente metió una solicitud de sanción administrativa al director general de RTC, de Radio, Televisión y Cinematografía. Esta denuncia o esta demanda fue turnada a la propia Contraloría, la instancia competente que es la Contraloría y la Contraloría, si mal no recuerdo, no dio lugar a una denuncia que no tenía ningún fundamento, porque el problema de fondo había sido perfectamente resuelto de común acuerdo y satisfechas por cierto las partes, el IFE y Radio, Televisión y Cinematografía.

Como un elemento que agrego, la denuncia del consejero Jaime Cárdenas fue una denuncia a título personal, como él mismo lo estableció en una relación con el propio director de RTC. No fue una denuncia del IFE ni fue un acuerdo del consejo del IFE, no fue un acuerdo del pleno del consejo, fue una denuncia de carácter personal y fue debidamente atendida a través de la instancia competente.

Los temas particulares que tienen que ver con la glosa del informe, con todo gusto voy a dar respuesta. Me parece que no es prudente ni competencia en este momento, dada la invitación que he recibido para comparecer y glosar el informe del señor Presidente de la República, de entrar a temas de carácter local, como es el caso de esta denuncia supuesta de espionaje y el tema de Loxicha.

Pero comento lo de Cisen. A mí me parece que es muy importante, y lo hemos enfatizado antes, que es fundamental entender cuál es la vinculación y el ámbito de la seguridad nacional y de la seguridad pública. Aquí hemos venido discutiendo a lo largo de la sesión de esta reunión, de esta comparecencia, los temas de seguridad pública y, sin duda, la seguridad pública es uno de los factores o elementos importantes de las preocupaciones y prioridades en materia de seguridad nacional.

Ha habido una discusión en medios generada y motivada seguramente por el interés y por la inquietud de cómo se va a reforzar, cómo se va a fortalecer y coordinar en el futuro inmediato el tema de la seguridad pública y el tema de la seguridad nacional y se ha comentado sobre, por lo menos eso hemos leído y escuchado, no conozco un proyecto en particular y no podría dar en consecuencia un juicio específico o contundente, se ha mencionado que hay la intención de constituir y de crear una Secretaría de Seguridad Pública y una de las versiones que yo he escuchado es que en esa Secretaría de Seguridad Pública puede resultar conveniente, además de constituirla, adicionarle el órgano de información para la seguridad nacional, el Centro de Información para la Seguridad Nacional, que es el Cisen.

¿Cuál es mi opinión al respecto? Muy respetuosa de la evaluación que se vaya a hacer sobre este particular. Yo estoy cierto que se ha revisado con absoluto profesionalismo, con absoluto apego a la ley, pero sobretodo con un claro interés de consolidar los mecanismos de seguridad pública en el país, en coordinación con los estados y municipios, para atender y resolver con énfasis y con determinación este compromiso de hoy y de mañana, que es el tema de la inseguridad.

Mi percepción sobre el tema de la inclusión o no en esta área del Cisen como órgano de información para la seguridad nacional, cuya tarea fundamental es precisamente construir, consolidar este sistema nacional de seguridad, este órgano de seguridad para poder anticipar, prevenir, planear asuntos, temas, circunstancias que pongan en riesgo soberanía, seguridad interna, estabilidad como parte de los temas que aquí hemos comentado, el tema de los recursos naturales, el tema del agua, el tema de la guerrilla, el tema del narcotráfico, me parece que en la medida de la amplitud del concepto de lo que implica la seguridad nacional, es un órgano que debe manejarse como se está manejando, por separado y ofreciendo apoyo y respaldo a las distintas áreas de gobierno y a las distintas áreas operativas que tienen que ver con los distintos ámbitos de actuación.

Hoy existe por disposición de los ordenamientos administrativos legales, un gabinete de seguridad nacional, cuyo secretariado técnico es justamente el Cisen y este gabinete lo preside la Secretaría de Gobernación y forman parte de él no sólo Gobernación, sino la Procuraduría, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y participan en él, a invitación del gabinete, los ejecutivos de los estados y ahí se discuten y se revisan los temas de la agenda de riesgos y ahí juega un papel fundamental este órgano de información.

No es, pues, un tema sólo referido, aunque sea muy importante el asunto, a asuntos o a temas o subtemas de seguridad pública, es un concepto sin duda mucho más amplio que requiere, a mi juicio, otro tipo de tratamiento.

El Presidente:

Gracias, señor Secretario.

¿El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hará uso de su derecho de réplica? Tiene entonces el uso de la palabra para formular su réplica, la diputada Norma Reyes Terán, del PRD.

La diputada Norma Reyes Terán:

Al parecer el carácter y la trascendencia de las reformas constitucionales al artículo 41 no han sido cabalmente estimuladas del todo por la propia Secretaría de Gobernación. Esto tal vez se deba a que históricamente el control de los procesos electorales estuvo hasta hace unos años determinado por la actuación de dicha Secretaría.

Creo que la inquietud de muchos de los integrantes de esta soberanía respecto al tema que nos ocupa, va encaminada a conocer no tanto si la Secretaría a su cargo piensa o no imponer alguna sanción al titular de RTC, sino más bien en evaluar el papel de la Secretaría de Gobernación en el pasado proceso electoral que como muchas veces se mencionó en el Consejo General del IFE dejó realmente mucho que desear.

Durante mucho tiempo, cuando usted fue gobernador de Oaxaca, se hizo común en esa entidad la práctica, entre otras, de la represión, la violación de los derechos humanos y la práctica del espionaje político.

Varias fueron las denuncias que se interpusieron en ése entonces por tal causa; recuerdo en lo particular la que interpuse al encontrar a finales de 1997 en la casa de campaña de un candidato de mi partido en la capital oaxaqueña y en las instalaciones telefónicas adyacentes, varios implementos destinados al espionaje telefónico.

Esto constituyó uno de los muchos escándalos políticos que se dieron en ése entonces en Oaxaca. Con la pasada denuncia del actual gobernador oaxaqueño José Murat, quien acusa directamente a relevantes personajes que formaron parte de su administración estatal, de haber sido los responsables directos de haber implementado el sistema de espionaje en las oficinas del palacio de gobierno y en la casa oficial en el Estado de Oaxaca. Frente a esa nueva denuncia. ¿Cómo debemos de interpretar los signos, en donde un Secretario de Gobernación en funciones de acusar de espionaje a varios de los que fueron sus operadores políticos por parte de un gobernador en funciones?

¿Cómo debemos interpretar esas señales, como una revisión light de la guerra sucia implementada en los años setenta por sus antecesores?

Es innegable que la política interior en estos rubros es al menos errática, hemos visto un proyecto deodorista, si es que puede acuñarse ahora este término, caracterizado por posponer indefinidamente los problemas. Creo que de todos los problemas políticos graves en nuestro país desde que usted es Secretario de Gobernación, simplemente ninguno de ellos fue resuelto. Nombre cualquiera de los aquí presentes, un conflicto nacional reciente y veremos que simplemente la política deodorista al respecto fue darle a ese problema largas y evasivas. Su gestión será recordada como aquélla que nunca afrontó los grandes problemas nacionales, una gestión maniatada y castrada que tuvo todo para afrontar y resolver los conflictos políticos de nuestro país y simplemente dejó de lado esa oportunidad de atender esos conflictos y optó por el camino fácil de tratar de vender a todo el país la idea de que aquí no pasa nada, de que los problemas se van resolviendo, de la fácil alternativa de usar los tiempos oficiales en radio y TV para presentar a la opinión pública un escenario en el que políticamente todo está controlado.

En materia de seguridad pública, su discurso es totalmente evasivo, no asume sus responsabilidades, sólo las empuja a otras instancias como los gobiernos estatales. Si usted no puede hacer nada sobre el problema de seguridad pública, como en otros temas, ¿qué hace entonces en su cargo? ¿De qué sirve la Secretaría de Gobernación si no quiere encargarse del problema número uno?, entonces ¿por qué está al frente de la Secretaría encargada de la paz social?

Una parte sustancial de los problemas de carácter político en nuestro país era el de naturaleza soluble, estaba en sus manos resolverlo y no hizo gran cosa por atenderlos... el abandonar su responsabilidad histórica frente a las grandes necesidades de nuestro país... será sin duda alguna el sello distintivo de su perfil como servidor público.

Creo, señor Carrasco Altamirano, que ésta será su señal definitiva... frente a los analistas que se dignen a revisar su paso por la Secretaría de Gobernación...

El Presidente:

Permítame, señora diputada. ¿Me permite, señora oradora, me permite por favor?

Quiero solicitar a todos, las señoras y señores diputados, conservemos el orden y el respeto entre nosotros y a la señora oradora, que ha terminado su tiempo y redondee su intervención.

La diputada Norma Reyes Terán:

Concluyo, concluyo. Señor Carrasco Altamirano: creo que ésa será su señal definitiva, distintiva frente a los analistas que se dignen a revisar su paso por la Secretaría de Gobernación y digo los analistas, porque definitivamente su figura no será evaluada por los historiadores.

Gracias.

El Presidente:

Se hace necesario insistir a las señoras y a los señores diputados, en el respeto primero a las normas que nosotros mismos nos hemos dado para regular esta sesión de comparecencia que tiene tiempos claramente establecidos, y segundo, el respeto mutuo entre todos los miembros de esta Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la palabra, para formular preguntas a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Oscar Maldonado Domínguez, hasta por cuatro minutos.

El diputado Oscar Romeo Maldonado Domínguez:

"No somos humanos con experiencias espirituales; somos espíritus con experiencias humanas". Cito esta frase, cito esta frase en honor de Carlos Castillo Peraza, quien abrió las alas del espíritu mucho antes de abandonar la imperfecta crisálida aquí en tierra.

Con su venia, señor Presidente; señores diputados, les voy a rogar su indispensable e indivisible atención.

Todos hemos visto, en los tiempos estelares de televisión, un comercial sumamente obsceno, en donde el Gobierno Federal pone a una niñita indígena, evidentemente desnutrida, a decir "gracias, Progresa", por el ocasional kilo de harina que acaba de recibir.

Señor Secretario: huelga decir que esa niña tiene derecho a la alimentación, nutrición de calidad los 365 días del año. Nadie debe lucrar políticamente con sus carencias.

Tal vez hayan visto también, legisladores mexicanos, otro comercial... porque eso es, un comercial, donde el Gobierno Federal recomienda a los braceros que cuando se vayan a Estados Unidos, sigan las líneas de postería eléctrica para que no se pierdan y mueran en el desierto; que busquen las luces de las ciudades por las noches, para orientarse. Esto, señores, es el cinismo político en su máxima expresión.

Quien debería organizar el país para que hubiera empleos, aconseja a sus gobernados qué hacer para no perder la vida al cruzar la frontera... señor Presidente, ¿podría usted llamar al orden?..

El Presidente:

Quiero solicitar a todas las señoras y señores diputados que conservemos el debido orden y el respeto entre nosotros.

Continúe, señor orador.

El diputado Oscar Romeo Maldonado Domínguez:

Gracias, señor Presidente.

Esos braceros, señor Secretario; esos braceros, compañeros legisladores, tienen derecho al trabajo y a las oportunidades aquí, en su tierra.

Seguramente han visto otro promocional también, del Ejecutivo Federal, que dice: "no se regularizarán vehículos extranjeros porque tienen relación con gran parte de los delitos que se cometen en el país".

No es posible que el Gobierno Federal descargue el problema de la inseguridad pública en los vehículos "chocolate". La inseguridad, señor, se combate con empleos, con educación, con valores, con seguridad social y buen gobierno; no con engañifas televisivas ni listoncitos blancos en la solapa.

El contenido de todos estos comerciales ofenden la inteligencia y la sensibilidad de los mexicanos, de algunos al menos, pero además son pagados con nuestro dinero, el del erario público.

Yo quiero preguntarle, señor Secretario, ¿con qué criterio publicitario o sicológico se realizaron estos comerciales? ¿Con qué objetivo, cuánto nos costó a los mexicanos esta aberración televisiva?

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Para dar respuesta a las preguntas planteadas, hará uso de la palabra el licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, secretario de Gobernación, por ocho minutos.

El secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano:

Ha manifestado el señor diputado Oscar Maldonado Domínguez su inquietud y preocupación en relación a una muy importante función y muy importante responsabilidad que tiene el Gobierno de la República para difundir de manera institucional, al margen de posturas partidistas, el trabajo y la acción de Gobierno.

Está cuestionando el señor diputado la legitimidad, la legalidad de este tipo... No entendí si lo que cuestiona es el gusto o el sentido de los anuncios y de la difusión institucional o el contenido último de los mismos.

Pero déjeme explicarle cuál es el criterio, señor diputado. Una de las funciones del Ejecutivo Federal es precisamente realizar una labor de difusión del trabajo institucional en todos los ámbitos. Por cierto, lo que corresponde a gasto, porque vale la pena aclararlo, a gasto institucional en materia de difusión, lo autoriza esta Cámara de Diputados, lo sanciona, lo acota, lo supervisa y lo evalúa, merced de los acuerdos que se tomaron en la pasada legislatura, para poder entregar un informe que seguramente tienen ya las instancias correspondientes de esta Cámara de Diputados.

Pero cuestiona el sentido de este gasto. Hace rato comentaba, cuando hablaba de la difusión institucional a través de tiempos oficiales o tiempos fiscales que motivó la controversia entre el IFE y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, que por disposiciones gubernamentales en el caso de los tiempos de Estado, desde 1969 hay un determinado porcentaje que se asigna sin erogación. Si usted lo quiere medir como costo de lo que vale la trasmisión en radio o en televisión puede cuantificarlo monetariamente, pero no le cuesta al erario la operación de los tiempos de Estado, son tiempos de que se dispone a partir de una disposición legal de 1969, para poder hacer este esfuerzo de difusión de temas que resulten del interés de la ciudadanía y sin duda uno de los temas que resultan del interés de la ciudadanía es, ¿qué está haciendo el Gobierno de la República?, como lo hacen todos los gobiernos de los estados, señor diputado, de todas las entidades federativas, de todos los orígenes y colores políticos: para difundir su actuación gubernamental.

Usted se refirió particularmente a tres ejemplos: uno, el anuncio del Progresa, que por supuesto rechazo contundentemente que se ha hecho con un sentido de lucro político o de lucro social. Me parece que es una muy errónea interpretación, porque lo que se está informando al pueblo de México es qué es el Progresa y cómo opera el Progresa, para que efectivamente podamos avanzar en una política de desarrollo social que garantice alimentación, salud, educación, servicios básicos, a los millones de familias pobres que todavía tenemos desafortunadamente en nuestro país y que no hemos sido capaces de revertir estos niveles o márgenes de pobreza e iniquidad social.

Bueno, ésa es la función fundamental que estamos haciendo, que van a seguir haciendo seguramente todos los gobiernos que yo veo cotidianamente en los anuncios de televisión y de radio en mis viajes por el interior de la República, que realizan todos los gobiernos de los estados, de origen panista, de origen priísta o de origen perredista, señor legislador.

Segundo. El anuncio sobre los postes de luz, bueno, es parte de la campaña de publicidad que se acordó en la comisión intersecretarial para difundir y dar información que sirva a los trabajadores migrantes dentro del programa que hace rato platicábamos, del Programa Paisano, para ayudarlos en este proceso difícil, doloroso, complejo, que desafortunadamente no podemos evitar por un acto de magia; es un fenómeno que ahí está, hay que reconocerlo y hay que hacer lo mejor posible para poder contribuir a que resguarden condiciones mínimas de garantías de seguridad para ellos y para sus familias y no quisiera meterme en la discusión de anuncios publicitarios, señor diputado, porque creo hay muchos más, muchos más delicados y muchos más graves que se han usado en otros momentos y en otras ocasiones.

Me parece que aquí lo que tenemos que reconocer es la función que juega la política de comunicación y de difusión del Gobierno Federal o de los gobiernos de los estados, para cumplir los propósitos que les han sido encomendados. Podemos estar o no de acuerdo con el diseño, con la agencia publicitaria, con los colores, con la luz, con el tiempo, con el tono de música que se les pone de fondo, quizá ésos son temas que hay que discutir, pero me parece que lo que es innegable es que cumplen un propósito muy concreto y se marcan, se enmarcan dentro de las leyes, son programas de difusión institucional que no persiguen ningún lucro político y que se enmarcan dentro de las atribuciones que tiene en este caso particular, que usted comenta, el Gobierno de la República y que por otro lado no tienen ningún gravamen, no gravitan sobre el erario público. Generalmente estos programas responden al uso de los tiempos de estado que hace un momento explicábamos.

El Presidente:

Hará uso de la palabra para formular la réplica a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Heidi Storsberg Montes, hasta por cuatro minutos.

La diputada Heidi Gertud Storsberg Montes:

Con su venia, señor Presidente. Señor secretario; compañeros legisladores:

Quiero recordar a este pleno que el 31 de enero de este año, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo para establecer las normas y lineamientos generales para la erogación de recursos presupuestales en materia de comunicación social para el ejercicio fiscal del año 2000.

El artículo 39 fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos del 2000, indica por su parte que las erogaciones en publicidad y comunicación social, a través de la radio y la televisión, deben sujetarse a criterios de racionalidad, austeridad y selectividad.

El Ejecutivo Federal entonces ha incurrido en una violación flagrante, puesto que en distintos medios de comunicación se han estado transmitiendo en los horarios de mayor audiencia, spots promocionales de la imagen de dependencias y entidades del Gobierno Federal.

Según el mencionado artículo, las dependencias y entidades únicamente podrán destinar recursos presupuestarios una vez que se hayan agotado los tiempos oficiales de transmisión asignados en radio y televisión, de los que usted hacía mención.

A propósito de ello, quiero precisarle que este tipo de información se omite tanto en los informes trimestrales como en el informe que presentó el Ejecutivo Federal el pasado 1o. de septiembre a la nación.

Debo decirle que en el mencionado artículo 39, se estipula también que en ningún caso, cito "... podrán utilizarse recursos presupuestarios con fines de promoción de la imagen institucional de empresas o entidades".

Señor Secretario, es obvio que esta disposición no fue en lo más mínimo acatada y que más que spots informativos, hemos visto y escuchado promocionales de imagen por parte del Ejecutivo Federal.

Le doy otro dato, en el segundo trimestre de este año, es decir, de abril a junio, se gastaron 100 millones de pesos más en materia de comunicación social, con relación al erogado de enero a marzo en este mismo año. Asumimos, sin conceder, que la cercanía de las elecciones federales fue motivo de esta diferencia en el gasto.

Finalmente, con relación al gasto erogado a junio del 2000, en rubros de publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general las relacionadas con actividades de comunicación social, no estaría de más que informara en lo subsecuente a esta soberanía, por separado, el gasto correspondiente a lo meramente administrativo, así como las cantidades erogadas en la contratación de tiempos en medios.

Asimismo, en cuanto a los tiempos oficiales, podría darnos un informe del seguimiento del tiempo de transmisión, distribución, valor y uso del tiempo que por ley se otorga al Estado, porque los comerciales de promoción de imagen le siguen costando al pueblo de México.

Señor Secretario: usted ha dispuesto de un cuantioso presupuesto el cual más que haber sido aplicado para el desarrollo de actividades de difusión e información comprendidas en los objetivos, estrategias y prioridades establecidas en sus respectivos programas, sirvió para promover la imagen del Ejecutivo Federal en vísperas del proceso electoral del 2 de julio pasado.

En síntesis, señor Secretario, si bien es importante cuanto se gastó, el tema ahora es más bien el cómo, en qué y para qué se gastaron los recursos. Creemos que ahí la Secretaría de Gobernación tiene mucho que explicar al pueblo de México. Gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada Heidi.

Para formular preguntas por el PRI, tiene la palabra el diputado Roberto Zavala Echavarría, por cuatro minutos.

El diputado Roberto Zavala Echavarría:

Con el permiso de la Presidencia de esta honorable Cámara; compañeros diputados; señor Secretario de Gobernación.

En primer término debo expresar enfáticamente que no compartimos las afirmaciones vertidas en esta alta tribuna por la señora diputada Norma Reyes.

Abordaré, señor Secretario, tres cuestiones claves para la seguridad del país y de todos los mexicanos.

México es tierra de volcanes. Cuenta con enormes extensiones territoriales semidesérticas, con grandes zonas boscosas y selváticas de elevada precipitación pluvial, con asentamientos humanos que exigen medidas preventivas y de salvaguarda para la población; en los niveles federal, estatal y municipal, funciona el sistema de protección civil.

¿Cuál es, señor Secretario, su perspectiva nacional en el mediano y largo plazos?

En su reciente informe el Ejecutivo Federal reconoció que a pesar de los esfuerzos gubernamentales no se ha avanzado lo suficiente en el combate a la inseguridad, siendo éste uno de los principales reclamos sociales.

Sin embargo las cifras y estadísticas sobre la materia nos indican que a nivel nacional se ha reducido la comisión de delitos por cada 1 mil habitantes. Nos consta que los recursos del presupuesto destinados a esta finalidad, se incrementaron de manera creciente en términos reales durante los últimos tres años.

Además se han efectuado numerosas reformas constitucionales y legales para dotar a las instituciones de eficaces instrumentos contra el crimen.

Está operando el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han formado nuevos y mejores cuerpos policiacos y hay la voluntad política de todos para enfrentar esta problemática. Pese a ello, la sociedad tiene la percepción de que esta batalla la sigue perdiendo el Gobierno o en el mejor de los casos, que la delincuencia y la criminalidad no disminuyen.

¿Será, señor Secretario, que las medidas implementadas y aplicadas no son las pertinentes? ¿Estarán fallando instituciones o corporaciones? O ¿a caso sólo hemos actuado reactivamente sin atacar a fondo las causas que originan el crimen y la delincuencia?

Y a propósito de seguridad, señor Secretario, es incuestionable que debemos de distinguir entre seguridad pública y seguridad nacional.

La seguridad pública contempla la protección de las personas y de su patrimonio.

Seguridad nacional es un concepto diferente y tiene como objetivo esencial la defensa de nuestra soberanía, vista ésta en toda su amplitud, desde la integridad territorial de la nación, hasta la paz social y la vigencia plena del orden jurídico que nos hemos dado.

La seguridad nacional y debe ser, un compromiso ineludible del Estado mexicano, no sólo por ser mandato constitucional, sino como aspiración permanente...

El Presidente:

Permítame, señor diputado. Permítanme diputados, por favor. Permítame un minuto por favor.

Quiero insistir a las señoras y los señores diputados esta práctica de vendetta en el uso del tiempo, cuando un diputado o diputada de un grupo distinto al propio llega al fin del tiempo, genera este tipo de reacciones, en detrimento del orden y de la convivencia que todos nos hemos propuesto mantener en esta legislatura.

La Presidencia está intentando la objetividad, la tolerancia en el uso del tiempo, la racionalidad y el estricto apego a las normas que rigen esta Asamblea y que hoy han sido votadas para efectos de esta comparecencia.

Termine usted, señor diputado, por favor.

El diputado Roberto Zavala Echavarría:

Gracias, señor Presidente. La seguridad nacional es y debe ser un compromiso ineludible del Estado mexicano, no sólo por ser mandato constitucional, sino como aspiración permanente de cualquier país que procure ser libre e independiente. Señalamos lo anterior, señor Secretario, porque nos preocupa y repito, nos preocupa que integrantes del equipo de trabajo del señor presidente electo, aborden este tema sin darle la importancia vital que por sí mismo reviste.

Tenemos la impresión, nos parece, que dichas personas lo minimizan o lo que es peor que no lo entienden o que desconocen su verdadero significado. Gracias por sus respuestas.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Para dar respuesta a las preguntas formuladas hará uso de la palabra por ocho minutos, el señor secretario de Gobernación, licenciado Diódoro Carrasco.

El secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano:

Gracias diputado Roberto por sus comentarios e intervención. Sin duda el tema de protección civil ha sido uno de los temas que más relevancia ha cobrado en el país en los últimos años, en los últimos años hemos sido objeto de fenómenos naturales, de una enorme agresividad, de una enorme violencia en periodos relativamente cortos. El tema de los huracanes, el tema de las lluvias intensas, el tema de los incendios, el tema de los sismos, por mencionar cuatro de los fenómenos recurrentes que en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, en Veracruz, particularmente en los últimos años han tenido un enorme impacto, que ha significado no solamente pérdida de vidas humanas, sino de manera muy significativa destrucción o deterioro de infraestructura física construida a lo largo de décadas en esas regiones del país.

Carreteras, caminos rurales destruidos, centros escolares educativos, clínicas y hospitales, sistemas de energía eléctrica, sistemas de agua potable y comunicación con todo lo que ello implica.

Bueno, sin duda el tema de la protección civil es un tema no solamente vigente, sino de enorme trascendencia, dado los cambios climatológicos que tenemos en el mundo y sus efectos y repercusiones en épocas, particularmente como ésta, que estamos iniciando de la temporada de huracanes.

Me parece que la importancia pues, señor diputado, de los mecanismos de protección civil y su perspectiva en el mediano plazo, tienen una enorme importancia estratégica dentro de las políticas públicas, para prevenir, para estar preparados, para socializar la información y sobretodo para tener mecanismos de reacción rápida en la emergencia y en las fases de reconstrucción.

Y es justamente lo que se ha venido haciendo y se informa en el VI Informe de Gobierno del presidente Zedillo, se han puesto en marcha programas muy significativos de comunicación, para que los estados y municipios, que son de alto riesgo o considerados de alto riesgo susceptibles de este tipo de fenómenos hidrometeorológicos y de sismos, puedan estar con un sistema de información conectado con los principales centros de información y de investigación a nivel central, que nos permita mantenerlos permanente, pero sobretodo oportunamente informado.

Se han puesto en marcha sistemas nuevos que se han denominado de alerta temprana, para ciclones, lluvias e inundaciones, que han escuchado seguramente en la radio y que tiene que ver con el uso de tiempos oficiales, por cierto donde se anuncia cuando hay etapa de alerta, cuando hay etapa de emergencia y qué tiene que hacer la población civil para ponerse a resguardo y proteger vida y bienes, con muy buenos resultados, por cierto, en la medida en que se han socializado de manera directa con las autoridades municipales.

Se ha impulsado un programa de equipamiento que nos está permitiendo dotar de equipo de comunicación, de mobiliario, de equipo de tareas, de cómputo, de vehículos, de instrumental de alto riesgo a los sistemas estatales y especialmente a los municipales de los municipios críticos en materia de protección civil y se está impulsando una serie de planes de contingencia. Básicamente a la fecha se han elaborado 17 planes estatales de contingencia para lluvias e inundaciones, para incendios forestales, para bajas temperaturas, para situaciones especiales vinculadas a fenómenos socio-organizativos para uso y manejo de material para juegos pirotécnicos, así como 19 atlas de riesgo.

Es parte de un esfuerzo que tiene que ver con la consolidación de una muy necesaria y muy obligada cultura de la protección civil a la luz de los fenómenos que nos ha tocado vivir con enorme intensidad, particularmente en estos estados a los que he hecho referencia y que seguramente los señores legisladores lo tienen muy vivo y muy claro en la memoria y en la experiencia personal.

Me parece que la tarea fundamental aquí es fortalecer este esfuerzo y esta cultura en materia de protección civil y hacerlo desde la base municipal, desde los 233 municipios que son los municipios de alto riesgo en el país y a partir de los cuales se requiere tener totalmente descentralizados los instrumentos, la información, los mecanismos de comunicación, el equipo, el recurso humano, por supuesto, la organización para poder atender con éxito estas emergencias que seguramente se seguirán presentando en el futuro, dadas las nuevas condiciones que ha venido imponiendo la naturaleza.

Segundo tema que comentaba el señor diputado, es el tema sobre la distinción entre seguridad pública y seguridad nacional y qué es lo que está fallando en materia de seguridad. Es un tema que hemos abordado en extenso a lo largo de esta comparecencia, pero yo sintetizaría con lo siguiente: mi evaluación, la ponderación que tengo como responsable de la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es que este esfuerzo al que hemos hecho referencia, integrado con los distintos programas que hemos comentado, las tareas que toca compartir corresponsablemente a las instancias de gobierno, tiene que ser un esfuerzo que debe madurar, que debe asentarse, que debe terminarse de construir los sistemas de información, los mecanismos de equipamiento, la capacitación, la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública en los estados, la construcción y uso cotidiano de los bancos de información para la investigación, la aplicación mucho mayor de los sistemas de investigación y de inteligencia en el combate al delito y al crimen organizado y como he comentado también, éste es un esfuerzo que tiene que consolidarse y profundizarse en los próximos meses, en los próximos años, para cosechar, como estoy seguro va a ocurrir en el país, resultados que satisfagan y acrediten en el ánimo hoy escéptico de la sociedad y de la opinión pública, resultados que se traduzcan en certidumbre y en confianza ciudadana.

No tengo duda, por último, que es fundamental tener claro cuáles son las diferencias de fondo entre el tema de seguridad pública y de seguridad nacional y me parece que ha quedado claro en esta sesión que este esfuerzo por garantizar soberanía, integridad territorial, aprovechamiento de las relaciones internacionales en beneficio de la nación, preservar paz social y vigencia del estado de derecho, mantener estabilidad política, económica y social, tiene que ver precisamente con las preocupaciones y con la agenda fundamental del sistema de seguridad nacional.

Y el tema de la seguridad pública que hemos comentado, insisto, en extenso, hemos dado fundada y ampliamente la opinión de cuál es, a nuestro juicio, el camino que tendríamos que seguir para continuar fortaleciendo una tarea que ha costado muchos recursos, un gran esfuerzo de coordinación y también sin duda una enorme voluntad política de todos los titulares de los ejecutivos en los distintos niveles de gobierno.

El Presidente:

Muchísimas gracias, señor Secretario.

Pregunto al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional si hará uso de su derecho de réplica.

El diputado Amador Rodríguez Lozano:
(desde su curul):

Declinamos, señor Presidente. Gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

En consecuencia se concede el uso de la palabra, para sus consideraciones finales, al secretario de Gobernación, licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, hasta por 10 minutos.

El secretario Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano:

Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Ha llegado la hora de un balance no sólo de las tareas desempeñadas por un gobierno, sino también de los saldos de todo un sistema político y este balance se irá haciendo para ver el futuro, para ver hacia las nuevas acciones, los nuevos retos y los nuevos desafíos.

El Gobierno del presidente Ernesto Zedillo, está rindiendo cuentas, las cuentas de su ejercicio como una economía recuperada que tiene creadas las condiciones para un despliegue sin precedentes; con una sociedad en paz y estable, crítica y dinámica, capaz de enfrentar sus retos esenciales en materia de salud, de educación y de seguridad; con una democracia consolidada, que sin duda es el signo clave de este tiempo mexicano.

El saldo en nuestro sistema político son sus instituciones a lo largo de 70 años, no sin sacrificios o altibajos. Varias generaciones de mexicanas y mexicanos edificaron y fortalecieron la vida institucional del país.

Un partido, el PRI, tuvo principalmente la responsabilidad y la carga, los aciertos y también el desgaste; pero en todas las circunstancias históricas, este partido en el gobierno tuvo una visión de Estado y guio así el trabajo para construir el sólido edificio de nuestras instituciones.

Por eso, por eso la democracia no está divorciada del Estado ni los resultados electorales significan la refundación del Estado. Hoy el electorado decidió en su mayoría una alternancia del partido en el Gobierno y en este sentido, en una época donde hemos visto resquebrajarse estados, esta alternancia demuestra, por el contrario, la fortaleza de nuestras instituciones.

De hecho, la reforma del Estado, su modernización y su adaptación a nuevos desafíos, es un proceso que lleva varios años y ha sido un factor sustantivo para la transición política mexicana.

Ahora es claro, es claro que sólo el acuerdo y el consenso de los actores políticos marcará el ritmo del proceso de reforma del Estado. Es un reto que requiere de continuidad y discusión, acorde con la vida democrática del país. El espacio para ello será, por razones jurídicas y por razones políticas, este Poder Legislativo donde tiene su asiento la soberanía popular.

Como parte sustantiva de nuestra cultura política, la promoción y el respeto a los derechos humanos es un elemento clave para fortalecer el estado de derecho, la relación entre sociedad y Gobierno y el ambiente de armonía que requiere nuestro país para su desarrollo. Hay avances innegables en esta tarea permanente de defensa y respeto de los derechos humanos; sin embargo hay condiciones para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como las propias estatales, tengan la más amplia autonomía jurídica, política y moral para el mejor cumplimiento de sus importantes funciones.

La realidad del nuevo federalismo es una oportunidad histórica para seguir fortaleciendo la vida independiente de los municipios como el núcleo básico de nuestra democracia. En la tarea municipal está un incentivo para el acuerdo y el consenso de los partidos políticos no sólo por la convivencia cotidiana en sus localidades, sino porque también a nivel legislativo se expresará la demanda ciudadana por contar con municipios más fuertes, más cercanos a la población y con más atribuciones, recursos y responsabilidad.

En el ámbito de la seguridad pública los avances que aquí se han comentado en la acción de Gobierno reconocidos como insuficientes para que la ciudadanía recobre la confianza que debe de tener en su autoridad y en sus instituciones, significa, entre otras cosas, que la asignación de recursos, equipamiento, capacitación y profesionalización, así como la instrumentación de estrategias efectivas en el combate al delito, es un campo que requiere concentrar esfuerzos, seguir y fortalecer la concentración de estos esfuerzos y sin duda seguir sumando voluntades.

En las sociedades modernas la democracia tiene enemigos, como son el crimen organizado y los grupos radicales subversivos. La tarea preventiva no siempre corresponde a la jurisdicción policiaca que actúa de acuerdo a las denuncias y acciones del Ministerio Público, es una función también de la seguridad nacional, porque la información política se necesita para la toma de decisiones de tipo político.

Tanto la seguridad nacional como la seguridad pública requieren de continuar teniendo recursos humanos, financieros y técnicos para el cumplimiento de sus propósitos de corto y de mediano plazo. Los servicios dedicados a ello son instrumentos indispensables del Estado, que a todos interesa seguir fortaleciendo.

Hoy, la democracia debemos cuidarla todos, sus instituciones son sólidas y tienen la confianza de los ciudadanos. Es necesario seguir fortaleciendo la cultura democrática en la división de poderes, el diálogo permanente de todos los actores políticos y en la creación de soluciones para enfrentar la problemática y desafío de la sociedad mexicana que ingresa al Siglo XXI.

Confío en que los legisladores sabrán atender este asunto estratégico para apoyar a la gobernabilidad y a la estabilidad política que requiere el Estado y merece y sobre todo reclama y exige la sociedad entera. La consolidación de la democracia ha hecho firme y vigorosa la gobernabilidad democrática. Hay más transparencia, corresponsabilidad y un camino abierto de legalidad que recorrer por convicción, sociedad y Gobierno.

Esto no significa la abolición del conflicto, porque las tensiones entre orden y conflicto existen; van a seguir existiendo en una sociedad dinámica y en ebullición. Lo importante, lo importante son las reglas, las reglas aplicadas que deben ser precisamente las de la democracia y las de la legalidad.

Deseo sinceramente, señoras legisladoras, deseo sinceramente señores legisladores, que cuando llegue su momento, quienes tendrán futuras responsabilidades políticas puedan informar como lo hacemos hoy nosotros, que el país está tranquilo, sin convulsiones ni desesperanza.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor Secretario.

Señoras y señores diputados; ciudadano secretario de Gobernación, licenciado Diódoro Carrasco Altamirano:

El análisis del ejercicio del Poder Ejecutivo, en una de las áreas más importantes como es la política interior a cargo de la Secretaría de Gobernación y otras dependencias y de intercambio de puntos de vista entre el titular de la Secretaría de Gobernación y los integrantes del Poder Legislativo, con absoluta libertad y respecto, con diversidad manifiesta en las corrientes políticas aquí representadas, es un paso más en la construcción de nuestra democracia a través del fortalecimiento de las instituciones.

En toda obra humana y la política lo es por excelencia, existen claros y oscuros que la historia juzgará y asignará a cada quien en el lugar que le corresponde. Este ejercicio democrático de la glosa del informe, ha abordado sobre muchos de los más graves problemas nacionales en los que de alguna manera tiene relación la Secretaría de Gobernación y que se agrupan estos problemas, estos temas nacionales, en la llamada política interior: población, federalismo, seguridad, crimen organizado, derechos humanos, asuntos migratorios y fronterizos, temas de equidad de género, la promoción del carácter laico del Estado mexicano y su relación con las iglesias, la paz justa para las comunidades indígenas, la problemática de Chiapas, la coordinación eficiente entre las entidades federativas y la Federación, la protección civil, el sistema penitenciario y de readaptación social, la gobernabilidad democrática como capacidad de interlocución e inclusión para procesar toda forma de disenso y para vivir unidos en la diversidad.

Estos han sido todos; estos temas han sido tocados por el interés de las señoras y los señores diputados en esta sesión de diálogo respetuoso con el titular de la Secretaría de Gobernación.

Un juicio de valor que se permite la Presidencia por la coincidencia manifiesta en las expresiones de todos los grupos parlamentarios.

No podemos hablar de gobernabilidad en México hasta que no se convenza de que se está enfrentando la delincuencia y al crimen organizado en el país. Es el problema más grave que hoy enfrenta México y es de tal magnitud que ataca a las personas y amenaza a las instituciones.

Mientras no se revierta, nadie podrá afirmar que imperan condiciones plenas de gobernabilidad y que vivimos un estado de derecho. Gobernabilidad es igual a confianza, a credibilidad ciudadana.

Es la Secretaría de Gobernación, pues, no sólo el área de gobierno más relacionada con los grandes problemas nacionales como los que aquí han sido apuntados, sino también la más cercana a las instituciones que procesaron la expresión de la voluntad popular que marcó rumbo a la política mexicana.

Este Congreso de la Unión y en particular esta Cámara de Diputados estará a la altura y sabrá cumplir su nuevo desafío de ser el centro del debate político y de la construcción jurídica e institucional.

Debo agradecer al señor secretario de Gobernación, licenciado Diódoro Carrasco, la disposición para atender las inquietudes, las observaciones y las críticas de las señoras y los señores diputados y desde luego la actitud respetuosa de todos.

No sólo agradecemos su disposición para comparecer y dialogar; también esperamos que en el crucial periodo de transmisión del Poder Ejecutivo, podamos mantener una efectiva comunicación para que conservemos un clima de tranquilidad, serenidad y objetividad y demos todos una muestra más de la madurez y la grandeza de México al mundo.

Muchas gracias a todos. Gracias, señor Secretario.

Ruego a la comisión encargada de acompañar al ciudadano secretario de Gobernación, licenciado Diódoro Carrasco, acompañarlo cuando decida abandonar el recinto.

De conformidad con lo que establece el artículo 7o. numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al Presidente de la República para su conocimiento.