Comparecencia del Procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar, correspondiente al Sexto Informe
de Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León

Instalación de la Mesa
Ricardo Francisco García Cervantes

Presentación
Jorge Madrazo Cuéllar

FIJAN LA POSICIÓN GENERAL DE SU GRUPO PARLAMENTARIO, LOS DIPUTADOS:

Jorge Alberto Rodríguez Pasos, Partido del Trabajo
Arturo Escobar y Vega, Partido Verde Ecologista de México
Alfredo Hernández Raigosa, Partido de la Revolución Democrática
Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Partido Acción Nacional
Jose Elías Romero Apis, Partido Revolucionario Institucional

Para hacer los comentarios que juzgue pertinentes
Jorge Madrazo Cuéllar

PRIMER TURNO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Rosalía Peredo Aguilar, Partido del Trabajo
Respuesta: Jorge Madrazo Cuéllar
Réplica: Rosalía Peredo Aguilar, Partido del Trabajo

Pregunta: Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Partido Verde Ecologista de México
Respuesta: Jorge Madrazo Cuéllar

Pregunta: Miguel Bortolini Castillo, Partido de la Revolución Democrática
Respuesta: Jorge Madrazo Cuéllar
Réplica: Genoveva Domínguez Rodríguez, Partido de la Revolución Democrática

Pregunta: Vicente Pacheco Castañeda, Partido Acción Nacional
Respuesta: Jorge Madrazo Cuéllar
Réplica: Mónica Leticia Serrano Peña, Partido Acción Nacional

Pregunta: Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Partido Revolucionario Institucional
Respuesta: Jorge Madrazo Cuéllar
Réplica: Oscar Alfonso del Real Muñoz, Partido Revolucionario Institucional
 

SEGUNDO TURNO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Félix Castellanos Hernández, Partido del Trabajo
Respuesta: Jorge Madrazo Cuéllar
Réplica: Félix Castellanos Hernández, Partido del Trabajo

Pregunta: Julieta Prieto Fuhrken, Partido Verde Ecologista de México
Respuesta: Jorge Madrazo Cuéllar
Réplica: Erika Elizabeth Spezia Maldonado, Partido Verde Ecologista de México

Pregunta: Manuel Duarte Ramírez, Partido de la Revolución Democrática
Respuesta: Jorge Madrazo Cuéllar
Réplica: Manuel Duarte Ramírez, Partido de la Revolución Democrática

Pregunta: Tomás Coronado Olmos, Partido Acción Nacional
Respuesta: Jorge Madrazo Cuéllar
Réplica: Germán Pellegrini Pérez, Partido Acción Nacional

Pregunta: Adela Cerezo Bautista, Partido Revolucionario Institucional
Respuesta: Jorge Madrazo Cuéllar
Réplica: Francisco Cárdenas Elizondo, Partido Revolucionario Institucional

COMENTARIOS FINALES
Jorge Madrazo Cuéllar

MENSAJE INSTITUCIONAL
Ricardo Francisco García Cervantes









26 DE SEPTIEMBRE DE 2000

COMPARECENCIA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCTOR JORGE MADRAZO CUELLAR

Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes

El Presidente :

Muchas gracias, señor diputado Feliciano Moo y Can.

ANALISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO. POLITICA INTERIOR

El Presidente :

En otro punto del orden del día abordaremos la comparecencia del señor Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la República, quien se encuentra en el salón de recepción de esta Cámara, invitado para la sesión de esta fecha, en la que continuaremos con el análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior.

Quiero solicitar a los diputados Félix Castellanos Hernández PT, Francisco Agundis Arias PVEM, Tomás Torres Mercado PRD, Miguel Angel Torrijos Mendoza PVEM y José Manuel Correa Ceseña PRI, se sirvan pasar al vestíbulo para recibirlo e introducirlo a este recinto y proceder con la comparecencia.

Solicito a los diputados designados cumplan con su encomienda.

ASISTENCIA (II)

El Presidente :

Señor Secretario, favor de informar a la Asamblea y a esta Presidencia sobre el resultado del registro de asistencia al cierre de la misma.

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Diputado Presidente, me permito informarle que al cierre de la mesa de registro de asistencia hay registrados 429 diputados.

El Presidente :

Gracias, señor Secretario.

ANALISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO. POLITICA INTERIOR (II)

El Presidente :

De conformidad con el Acuerdo Parlamentario aprobado por esta Cámara de Diputados, que norma el procedimiento para el análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior, nos acompaña el señor Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la República, a quien expresamos la más cordial bienvenida.

Para dar cumplimiento al punto segundo, numerales uno, dos y tres del mencionado Acuerdo, se concede el uso de la palabra al licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, hasta por 20 minutos.

El procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar:

Señor Presidente de la Cámara de Diputados; señoras y señores diputados federales de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión; señoras y señores:

A lo largo de estos casi cuatro años en que he tenido el honor de presidir la institución del Ministerio Público de la Federación, he podido concurrir repetidamente ante esta representación, a fin de coadyuvar en el análisis de los distintos informes de Gobierno, así como para tratar aspectos específicos del quehacer de la Procuraduría General de la República, que han sido del interés de las señoras y señores diputados federales.

Una vez más concurro a la práctica de este saludable ejercicio republicano, con la certeza de que así se contribuye al enriquecimiento de nuestra vida democrática y se actualiza el principio constitucional de la división de poderes y de la coordinación de las funciones entre los órganos del Estado.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4o. fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el titular de la institución tiene el deber de informar sobre todos los asuntos de su competencia, con la única limitación de que la información que se proporcione no comprometa las investigaciones ministeriales en curso.

He distribuido a los integrantes de esta Cámara, un informe por escrito, constante en 180 páginas, en el que se actualizan y profundizan los datos contenidos en el VI Informe de Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en lo tocante a las tareas y funciones de la Procuraduría General de la República.

A la par de la atención de las 48 mil 65 averiguaciones previas que se iniciaron durante este año, además de las que ya venían de ejercicios anteriores, en este periodo se buscó consolidar las modificaciones de fondo que se propusieron desde principios de 1997 y que se basan en el desarrollo de tres vertientes fundamentales: el equilibrio y balance en el sistema de enjuiciamiento criminal, la reorganización interna para impulsar la integralidad de las funciones del Ministerio Público y tener un control más efectivo de las delegaciones a través de mandos territoriales y la renovación, depuración y dignificación del personal sustantivo de la Procuraduría.

En cuanto a la primera de las vertientes, apuntaladas las reformas constitucionales a los artículos 16 y 19 en vigor desde marzo de 1999, así como a las modificaciones de 19 instrumentos normativos ordinarios, es importante señalar que en gran medida los propósitos de estas reformas se han materializado.

Durante el año 2000 y de manera progresiva se ha alcanzado casi un 50% de consignaciones con relación a las averiguaciones previas iniciadas. Respecto de las resoluciones de término constitucional, el promedio de autos de formal prisión o sujeción a proceso ha sido del 92% y de las sentencias de primera instancia el 96% han resultado condenatorias, es decir, coincidentes con las pretensiones punitivas del Ministerio Público.

Por más intensos que hayan sido los procesos nunca una causa penal nos ha motivado a considerarla como asunto personal. Todos, absolutamente todos los casos han sido atendidos institucionamlente y en nuestro carácter de representantes del interés social.

Avanzamos significativamente en la reorganización interna de la PGR, a través del funcionamiento pleno de la subprocuraduría de coordinación general y desarrollo, trabajando articuladamente con las tres subprocuradurías territoriales de procedimientos penales y para el trabajo del Ministerio Público buscamos destruir la artificial división entre la integración de la averiguación previa y la atención del proceso penal correspondiente.

Sin embargo, no puedo menos que reconocer que el déficit en el número de agentes del Ministerio Público y la creación de nuevos juzgados y tribunales federales en distintos estados del país, en algunos casos impidieron que al 100% funcionará la integralidad pretendida para los trabajos del Ministerio Público.

La renovación, depuración y dignificación de los recursos humanos sustantivos ha sido indudablemente el sector más complejo de las modificaciones que hemos impulsado. A los 919 elementos del activo que fueron separados de la institución el año pasado, se han sumado 971 más en el periodo sobre el que se informa para llegar a un total de 1 mil 890.

Todo este trabajo se ha llevado a cabo por el centro de control de confianza y por los comités de zona del consejo de profesionalización.

Adicionalmente, durante el periodo sobre el que se informa, la contraloría interna ha resuelto la destitución de otros 253 elementos y la inhabilitación de 211 más.

Indudablemente, las diputadas y diputados federales recuerdan que este ejercicio de depuración ha tenido como fundamento la reforma de 1999 al artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución General de la República y establece que cuando la remoción de algún policía resulte injustificada de acuerdo con los jueces, procedería en todo caso la indemnización correspondiente, pero no la reinstalación en el cargo.

Por otra parte, cada vez que se han tenido los elementos para consignar a un elemento de la Procuraduría por haber incurrido presumiblemente en la comisión de algún delito, se ha actuado en consecuencia con toda la fuerza y seguridad que la ley permite. De este modo, a los 351 casos que se reportaron en el informe correspondiente al ejercicio anterior, se suman 202 casos del presente para hacer un total hasta la fecha de 553 ejercicios de la acción penal.

Durante el periodo sobre el que se informa, egresaron del Instituto de Capacitación de la Procuraduría, 450 nuevos elementos que sumados a los de los años anteriores hacen un total de 885 nuevos agentes de Policía Judicial Federal y 315 de investigadores en delitos federales.

Los egresados cumplieron cursos de un año y de un año y medio de duración y fueron incorporados al activo sólo después de haber aprobado los exámenes del Centro de Control de Confianza. Respecto de quienes se inscribieron a los cursos de ingreso, sólo el 61.3% culminó satisfactoriamente los estudios y aprobó los exámenes.

Para el personal del activo y especialmente a quienes mejores resultados obtuvieron en la evaluación de su desempeño, durante el año, se les capacitó en criminalística, química forense, fotografía aérea, grafoscopía, odontología forense, revisión de vehículos terrestres, investigación sobre narcotráfico, técnicas antisecuestros, soporte básico de vida, investigación policial, identificación de armas de fuego, manejo de perros detectores, uso de tecnologías sensibles, derechos humanos y derecho internacional humanitario.

A fin de apoyar el trabajo de policía científica, se dio un impulso sin precedente a los laboratorios de servicios periciales, consolidando el más importante para América Latina a nivel central y creando además 15 laboratorios regionales.

Durante el año sobre el que se informa, se instaló dentro de esta red, el Laboratorio Nacional de Criminalística, el de Biología Molecular y el Banco de Datos sobre Balística a través del Sistema Automatizado Broke Whire.

También en el periodo sobre el que se informa, se logró el establecimiento de un nuevo tabulador de sueldos para el personal de la Policía Judicial Federal, en donde el primer nivel, que corresponde a comandante en jefe, tiene un sueldo de casi 21 mil pesos mensuales y así, pasando por siete categorías distintas, se alcanza en la base el cargo de agente C de la Policía Judicial Federal con un sueldo mensual de más de 7 mil pesos.

Hoy día el ingreso a promoción, permanencia, capacitación, actualización, control, recursos y servicio civil de carrera del personal de la Procuraduría General de la República, se analiza en órganos colegiados y con representantes del personal de Ministerio Público, policía y peritos; éstos son: el Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación y el Consejo Técnico de la Policía Judicial Federal.

A pesar de todos los esfuerzos realizados, no puedo sino reconocer que éstos no han sido bastantes como para reposicionar a la Procuraduría General de la República en la percepción, en el ánimo y en la estima social. Los reveces judiciales han podido más que los muchos éxitos ante los tribunales; las traiciones a la institución, más que las múltiples lealtades que incluso han llevado a algunos a perder la vida. Han podido más los rumores que las certezas; más las filtraciones que el trabajo reservado pero seguro; más la tradición de la sospecha que el apego a la legalidad.

Todo lo anterior motiva las consideraciones sobre la necesidad de una nueva reforma, con un enfoque diferente y no puede decirse que esa convicción carezca de legitimidad.

Como quiera, durante el año sobre el que se informa se avanzó globalmente en el combate al narcotráfico y a sus delitos conexos.

En el ámbito de la erradicación de cultivos ilícitos de mariguana y amapola se destruyeron, entre el 1o. de diciembre de 1999 y el viernes pasado, 22 mil 43 hectáreas de los primeros y 12 mil 384 de los segundos. En materia de intercepción, en el mismo periodo, 1o. de diciembre de 1999 a 22 de septiembre del 2000, se aseguraron 1 mil 322 toneladas de mariguana; 24 mil 586 kilogramos de cocaína; 266 kilogramos de heroína; 283 kilogramos de goma de opio. Así también se aseguraron 2 millones 89 mil 980 unidades sicotrópicas; 419 kilogramos de metanfetamina y se desmantelaron 16 laboratorios dedicados a la producción de drogas sintéticas,

A este esfuerzo nacional la PGR ha contribuido a lo largo del sexenio con el 25.4% de la mariguana erradicada y el 23.5% de la amapola, con el aseguramiento del 48.5% de la mariguana; el 42.2% de la cocaína; el 84.7% de la goma de opio y el 95.3% de la heroína.

Durante el último año, el número de personas detenidas, relacionadas con delitos contra la salud, fue de 8 mil 345, de las cuales 181 son extranjeros.

Se dieron importantes avances en la desarticulación de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, siendo las detenciones más sobresalientes realizadas en el año, con el apoyo del Ejército mexicano, las que se concretaron en contra de la organización de los Arellano Félix; el principal operador y el cerebro financiero del grupo se encuentran actualmente recluidos en prisión.

Durante la administración del presidente Zedillo fueron combatidas todas las organizaciones dedicadas al narcotráfico, las que liderearon Juan García Abrego, Amado Carrillo Fuentes, los hermanos Amezcua Contreras, los Arellano Félix y la llamada "célula del sureste".

A través de las convenciones bilaterales y multilaterales se avanzó en la desarticulación de contactos y del aseguramiento de bienes en Guatemala, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Uruguay y actualmente se trabaja con Brasil.

La cooperación jurídica internacional que tiene tan sólo como uno de sus capítulos el de las extradiciones, fue muy intensa durante el periodo sobre el que ahora informamos. En esta materia se atendieron entre activas y pasivas 149 casos de extradición, de los cuales 127 son con los Estados Unidos. Durante el año, México entregó a aquel país a 14 personas y recibió a nueve.

Dentro de los casos más ventilados por los medios de comunicación, se encuentran los de Gerardo de Probassan, entregado por el gobierno Suizo el día 24 de septiembre de 1999 y que actualmente se encuentra privado de su libertad en el reclusorio preventivo sur.

Asimismo, en el caso del señor Cabal Peniche, hasta ahora se han ganado todas las instancias en Australia, quedando pendiente sólo una; esperamos que esta persona pronto se encuentre delante de los jueces mexicanos que lo han requerido.

Respecto al mismo caso, la Procuraduría General de la República ha continuado trabajando en el perfeccionamiento de la averiguación previa iniciada en contra del requerido a partir de la denuncia del 4 de septiembre de 1998 presentada por representantes del PRD.

También en el ámbito de las extradiciones, pero en este caso pasiva, se encuentra la solicitud de detención provisional para efectos extradicionales, presentada por el juez español Baltazar Garzón, respecto del ciudadano argen tino Ricardo Miguel Cavallo. Esta persona por ahora se encuentra sujeta exclusivamente a una medida cautelar. La formalización de la extradición, de acuerdo con lo dispuesto por el juez 7o.de distrito en materia de procedimientos penales del D.F., debe presentarse a más tardar el día 24 de octubre del año 2000. En caso de que esta circunstancia se actualice, el juez mexicano deberá emitir su opinión y la Secretaría de Relaciones Exteriores determinar si la extradición procede o no procede.

Se insiste en que respecto del señor Ricardo Miguel Cavallo no existe en México ninguna causa penal, porque aquí no está acreditado que haya cometido delito alguno, ya no en el ámbito de las extradiciones, pero temáticamente relacionado con el caso el señor Cavallo, la Procuraduría General de la República ha venido integrando la averiguación previa iniciada con motivo del hallazgo del cuerpo de quien en vida llevara el nombre de Raúl Ramos Tercero, subsecretario de Normatividad y Servicios a la Industria y al Comercio Exterior. Su cuerpo fue localizado por autoridades del Estado de México en una zona federal y la Procuraduría estatal realizó las primeras diligencias ministeriales, declinando más tarde su competencia al Ministerio Público de la Federación.

Las primeras consideraciones técnico-periciales en materia forense, de criminalística, de grafoscopía, coinciden en que el doctor Ramos Tercero perdió la vida en maniobras de tipo suicida, la averiguación previa se ha seguido perfeccionando mediante la disposición de diversos testigos de su entorno familiar, laboral, así como respecto de las personas que encontraron su cadáver. Próximamente el Ministerio Público de la Federación estará en condiciones jurídicas de determinar legalmente la indagatoria.

En otro orden de ideas y considerando que durante el periodo sobre el que se informa tuvo lugar el proceso electoral para la renovación de los poderes Ejecutivo Legislativo y federales, resulta oportuno precisar que la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales durante este año realizó un trabajo muy intenso.

En cuanto a la fase de investigación y persecución de los delitos, entre los días 1o. y 3 de julio del año 2000 se recibieron 125 denuncias relacionadas directamente con la jornada comicial del día dos.

Los principales hechos denunciados por el IFE y por los partidos políticos fueron en cuanto al uso indebido de documentos electorales, traslado de votantes, proselitismo el día de la jornada electoral y solicitud de votos a cambio de dádivas.

Las 125 denuncias recibididas dieron origen a 67 averiguaciones previas y a 58 actas circunstanciadas que se habían integrado con toda la intensidad y acuciosidad que las mismas ameritan.

La subprocuraduría especial para la investigación del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio durante el año que se informa, concluyó las dos líneas de investigacion que habían quedado pendientes el año anterior, relacionadas con el entorno político dentro del que el homicidio se presentó, así como la posible participación de narcotraficantes en este crimen.

Hasta el día de hoy existe sólo una diligencia pendiente de concretar que tendrá verificativo en los próximos días y en relación con una persona que refirió haber tenido conocimiento de una supuesta amenaza contra Luis Donaldo Colosio, previa, desde luego, al 23 de marzo de 1994.

Una vez que se concluya esta diligencia se estará en condiciones de informar pormenorizadamente a la sociedad sobre los resultados finales de las 27 líneas de investigación en que trabajó la subprocuraduría especial desde el día 28 de septiembre de 1996.

Se han preparado los libros blancos sobre cada una de las grandes líneas de investigación en las que de manera exhaustiva y profunda se da noticia de cada indicio, de cada prueba y de cada evidencia en que se respaldan las conclusiones.

Independientemente de la convicción que cada uno de los mexicanos pueda tener sobre este terrible crimen, la subprocuraduría especial proveerá toda la información que se requiera para ilustrar su criterio y su juicio. Esta unidad especializada de la PGR ha contado con total independencia, autonomía, para desarrollar su trabajo y ha utilizado todos los recursos técnicos, jurídicos, presupuestales y humanos a fin de alcanzar la verdad histórica de los hechos.

En los próximos días estaremos informando a la sociedad mexicana, con toda la responsabilidad que esto conlleva, sobre los resultados de nuestro trabajo.

En cuanto a la investigación del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el pasado 27 de julio del año 2000 los integrantes del grupo interinstitucional presentaron a la opinión pública las respectivas conclusiones del caso. El Arzobispo de Chihuahua y el Obispo de Cuernavaca, a título personal y en su calidad de juristas, concluyeron que: "hasta ese momento ninguno de los elementos que habían sido presentados como pruebas conducía a demostrar en forma jurídica fehaciente la existencia de un complot para asesinar al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo".

Por su parte, el gobierno del Estado de Jalisco llegó a la conclusión de que: "se trató de un homicidio premeditado, ideado por alguna o algunas personas para atentar específlcamente en contra de la vida del señor cardenal Posadas Ocampo, convocando a dos grupos de narcotraficantes para provocar un enfrentamiento y enmedio de la confusión, con un tercer grupo, darle muerte". La Procuraduría General de la República determinó que: "el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo perdió la vida al encontrarse circunstancialmente en el lugar en el que se desarrolló un tiroteo entre la banda de narcotraficantes de Joaquín Guzmán Loea, alias el "Chapo Guzmán" y la de los hermanos Arellano Félix.

"La dinámica, la inercia de los hechos propició que los integrantes de los grupos rivales dispararan indiscriminadamente contra todas aquellas personas cuya actitud fuera interpretada como hostil, de tal manera que varias personas ajenas a los motivos que originaron el tiroteo, perdieron también la vida, entre ellas el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo."

Toda la averiguación previa y todas las conclusiones del grupo interinstitucional, desde julio de este año están totalmente abiertas a la consulta pública.

Quisiera, si tengo todavía un minuto, señor Presidente, referirme a lo que fue el hecho más grave para la Procuraduría General de la República durante el año sobre el que ahora informamos y éste fue el suicidio del oficial mayor ocurrido el día 8 de marzo del año 2000.

En lo personal, he considerado este hecho como el más penoso y sensible de mis casi cuatro años al frente de la institución. Dadas las circunstancias en las que el suicidio se produjo, centradas en la inminencia de encontrar cajas de seguridad en las que el entonces oficial mayor había depositado 1.5 millones de dólares y por la cercanía que esta persona había tenido conmigo, tomé tres distintos tipos de medidas:

La primera, solicitar respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que como instancia totalmente independiente de la PGR, realizara la investigación sobre esos hechos, de manera que no quedara duda alguna sobre ellos ni sobre su profundidad o extensión.

Yo fui uno de los primeros servidores públicos de la PGR en declarar ministerialmente sobre los hechos.

La segunda medida fue solicitar a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, que se realizará una auditoría completa sobre todas las direcciones generales y áreas de la oficialía mayor.

La tercera consistió en sujetar a los exámenes del centro de control de confianza, a todos los empleados de esa área de la institución.

El pasado 30 de agosto, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal remitió a la PGR el respectivo expediente de averiguación previa, de cuyas constancias se desprende que Izabal Villicaña se suicidó, que los recursos económicos que se le encontraron suponen un enriquecimiento inexplicable y que por lo menos uno de sus subalternos del entonces oficial mayor, que colaboró con él en el cambio de divisas. Esta persona es el ex director general de bienes asegurados de la PGR.

La Procuraduría General de la República se encuentra perfeccionando la indagatoria remitida por su similar del Distrito Federal, a fin de consignarla en el menor tiempo posible.

Por cuanto hace a las auditorías practicadas por la Secodadm a todo el sector de la oficialía mayor, el día 12 de julio pasado se dieron a conocer los resultados correspondientes, que arrojaron 192 observaciones. Inmediatamente, la contraloría interna procedió a su análisis y al día de hoy 190 están resueltas y sólo dos en proceso de investigación.

Debe destacarse que ninguna de las observaciones realizadas por Secodadm implican un irregular manejo del presupuesto o un desvío de fondos institucionales.

Existen 20 procedimientos de responsabilidad administrativa que se están integrando en contra del ex director de bienes asegurados por deficiencias en la supervisión de empresas aseguradas. Asimismo, se inició una averiguación previa por su presunta responsabilidad penal en contra de uno de los administradores de esas empresas.

Una vez realizado los exámenes al cargo del centro de control de confianza, se determinó separar de su cargo al 13.5% de los empleados que laboran en ese sector.

Por razones de tiempo, me resulta imposible referirme en esta oportunidad a otros asuntos ciertamente relevantes que se han encontrado o se encuentran dentro de la esfera de trabajo de la institución a la que represento.

En todo caso, agradeciendo la atención y la paciencia de los distinguidos legisladores, quedo a su amable disposición para responder a sus preguntas y observaciones.

Muchas gracias.

El Presidente :

Muchas gracias, señor Procurador.

Para el desahogo de esta parte de la comparecencia, fijar las posiciones de los grupos parlamentarios, se han inscrito los diputados: Jorge Alberto Rodríguez Pasos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y Jose Elías Romero Apis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene el uso de la palabra, por 10 minutos, el diputado Jorge Alberto Rodríguez Pasos, del grupo parlamentario del PT.

El diputado Jorge Alberto Rodríguez Pasos:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; señor Procurador:

A los mexicanos nos indignó terriblemente la masacre de Aguas Blancas, realizado el 28 de julio de 1995, tuvo que ser un video presentado en la televisión privada, el motivo para que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ejerciera la facultad de investigación de estos hechos que constituyeron una grave violación a las garantías individuales.

No obstante que gran parte de las fuerzas políticas y de organizaciones no gubernamentales, levantamos nuestra voz para exigir esta investigación, la Procuraduría General de la República se mantuvo inactiva, una vez que los ministros dieron a conocer su informe contenido en el expediente 3-96, en el acuerdo tercero visible en la página 152, dice: "se concluye que de dicha violación resultan responsables los licenciados Rubén Figueroa Alcocer, José Rubén Robles Catalán, entre otros", a estas dos personas no se les fincó responsabilidad alguna y hoy se encuentran libres paseando vergonzosamente la impunidad que los protege.

Por otro lado, los delitos contra la salud se han incrementado notablemente, la producción de enervantes en nuestro territorio y que se exporta ilegalmente a los Estados Unidos junto con la que por diferentes vías proviene de Colombia u otros países, encuentran a nuestro territorio como paso natural hacia los Estados Unidos.

Este último es un país de consumidores y aquí las leyes del mercado resultan inobjetables, mientras haya consumidores, habrá productores, pero las tareas a su cargo deben centrarse más en combatir la producción nacional y la que ilícitamente entra a México.

Hoy son más los jóvenes mexicanos que consumen diferentes tipos de drogas, ante la dificultad para pasar las drogas a los Estados Unidos ahora la venden en cualquier esquina del país, sin ir más lejos, señor Procurador, aquí cerca en el barrio de Tepito, se tiene conocimiento de que operan bandas de distribución de drogas, el famoso cartel de Tepito.

Nos preocupa de sobremanera la forma en que las instituciones policiales encargadas de combatir el narcotráfico han sido permeadas por la delincuencia, desgraciadamente el enemigo no se encuentra fuera sino dentro de la propia casa, agentes policiacos, comandantes y recientemente miembros de alto rango del Ejército mexicano han sido consignados por estar vinculados y proteger a las organizaciones delictivas.

Algunos narcotraficantes han sido detenidos y sentenciados, pero muchos más están libres. Amado Carrillo murió, pero sin antes ser detenido y sus vínculos con las altas esferas del poder político y económico aún no han sido debidamente investigados.

El cartel de Tijuana, organización delictiva de los hermanos Arellano Félix, no se ha desarticulado del todo. Cuando se tuvo la oportunidad de aprehenderlos estando en la residencia del Nuncio Papal en México, no se les quiso detener, según las declaraciones del ex procurador Carpizo y éstas resultan contundentes. Por ello, la captura de algunos de estos delincuentes hacen que como cabeza de hidra surjan muchos más.

Otro aspecto que nos preocupa e indigna, dado que se afecta la esfera privada de los particulares, es el de la intervención de comunicaciones privadas. Quienes militamos en la oposición al régimen priísta, siempre nos quejamos de que nuestras llamadas telefónicas eran intervenidas o que en nuestras oficinas se colocaban micrófonos. De eso mismo se quejó el gobernador de Oaxaca e imputó la responsabilidad al ex gobernador del Estado, actual Secretario de Gobernación.

Recientemente los medios de comunicación difundieron comunicaciones del señor Vicente Fox con algunos de sus colaboradores. Esta situación es grave porque nos demuestra que la Procuraduría no investiga la comisión de estos delitos y que ante su pasividad cualquiera, contando con los aparatos necesarios lo puede hacer.

El Poder Legislativo Federal ha dotado a la Procuraduría General de la República de los instrumentos jurídicos necesarios para combatir a la delincuencia. Sin embargo, ¿cómo combatir la delincuencia externa cuando no ocurrelo mismo con la interna? Nos referimos específicamente a la muerte de su ex oficial mayor Manuel Izabal Villicaña. Señalamos esto porque las facultades que a la oficialía mayor otorga el reglamento interior de la Procuraduría General de la República, son amplísimas y evidentemente las cantidades de dinero encontradas en las cajas de seguridad no correspondían a las percepciones lícitas de dicho ex funcionario.

Al parecer dentro de la Procuraduría no se hizo nada por investigar las evidentes vinculaciones con organizaciones delictivas que propiciaron el amasar estas grandes sumas. Por ello consideramos que las pruebas toxicológicas, la investigación de la situación patrimonial y la aplicación del polígrafo, deben ser aplicados a todo el personal de la Procuraduría sin que ningún cargo, aún el del Procurador, quede excluido. Nuestro país no debe de seguir siendo un lugar en donde el ocupar un cargo público sirva para enriquecerse.

Los estudios internacionales establecen que México es uno de los países más corruptos del mundo. Aunado a lo anterior tenemos el caso no aclarado todavía del ex director de bienes asegurados, Francisco Miranda Noricumbo, quien abandonó, huyó, se fue o lo fueron y por el monto de los recursos económicos y de los bienes muebles e inmuebles que manejó se presumen gravísimos desvíos.

El Poder Legislativo aprobó la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados cuya vigencia inició en agosto del año pasado, según dispone dicha norma. Debe existir una fluida comunicación entre la Procuraduría y el servicio de administración de dichos bienes.

Sin embargo, si bien es cierto que en el informe del Ejecutivo se detallan los inventarios de algunos bienes, no existe una cuantificación precisa respecto a cuánto asciende el valor de casas, vehículos, joyas y aeronaves, entre otros, considerando en unos casos la depreciación natural y en otros el incremento de esos precios de su valor en el mercado.

Señor Procurador, miles de mexicanos enfrentan el problema de no poder disponer del patrimonio que constituyeron vía los depósitos en las cajas de ahorro de la Unión de Crédito Regional. Al ser incautados los bienes de esta unión y del señor Cirilo Ocampo, se impidió la disposición de los recursos por parte de los depositantes. En tal virtud, exigimos que se liberen los bienes decomisados para que a la brevedad posible puedan pasar al fideicomiso ya constituido, con el propósito de que se enajenen y en consecuencia estar en posibilidades de devolver dichos ahorros.

El motivo de la incautación de los bienes de Ocampo Verdugo, fue el que en esas cajas de ahorro se lavaba dinero. Probablemente sea cierto, pero no en el caso de los depositantes que se encuentran bien identificados. Donde se lava dinero proveniente del narcotráfico, es en el sistema financiero, en donde las facultades de inspección y vigilancia por parte de las autoridades competentes, no han sido debidamente ejercidas y la comisión de delitos no se ha detectado oportunamente y en los casos en los que sí ha ocurrido, la Procuraduría Fiscal no ha actuado oportunamente.

Por ello nuestro grupo parlamentario reivindica el contenido de la iniciativa presentada por los diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LVII Legislatura, en el sentido de eliminar el requisito de procedibilidad de que a la Procuraduría Fiscal se querelle previamente para que el Ministerio Público Federal pueda conocer e investigar la comisión de estos delitos.

Consideramos que a la situación antes comentada es contraria a las atribuciones constitucionales y legales que la Procuraduría posee como órgano persecutor de los delitos.

Señor Procurador, usted tiene fama en el medio académico, de ser un buen investigador, especialmente en lo que se refiere al derecho constitucional. En tal virtud, conoce perfectamente el contenido de lo que dispone el artículo 133 de nuestra Norma Fundamental, esto es, la jerarquía normativa en donde toda ley secundaria debe encontrar su fundamento de validez en la norma constitucional.

De igual forma se sabe que es facultad exclusiva de esta soberanía, la aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos, documento en el cual se establecen expresamente las partidas a ser erogadas en un ejercicio fiscal.

También sabemos que el artículo 126 constitucional dispone que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior.

Por ello el grupo parlamentario del Partido del Trabajo le exige inicie una averiguación previa en contra del Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Angel Gurría Treviño y de quienes resulten responsables por la comisión del delito de peculado establecido en el artículo 223 del Código Penal Federal.

La sociedad mexicana exige transparencia en el manejo de los recursos públicos, la transición democrática, una de cuyas etapas se realizó el 2 de julio exige claridad en las conductas que los principios correspondan a lo que se dice y esto a las acciones.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo exige que cualquier disposición de recursos no contenidos originalmente en el presupuesto, se haga siguiendo el procedimiento constitucionalmente previsto.

Señor Procurador, el balance de las acciones realizadas por la Procuraduría en estos seis años no es favorable, siembra de osamentas y compra de testigos para confirmar presuntas responsabilidades. Inadecuada investigación de los crímenes políticos, infiltración de la delincuencia organizada al interior de los cuerpos policiacos encargados de combatirlos, sensación creciente de inseguridad en la población, incapacidad para combatir la delincuencia. En síntesis, que desde las más altas esferas del poder público se genera la impunidad, Aguas Blancas, Acteal, El Charco y otros más son palpable ejemplo de ello.

Si en materia económica el Gobierno presume de logros que no llegan al bolsillo de los mexicanos, es materia de procuración la impartición de justicia, el balance le resulta totalmente deficitario.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el ámbito de nuestra competencia, seguirá proponiendo alternativas jurídicas, que contribuyan a abatir la delincuencia y a procurar la seguridad jurídica, aspiramos al cumplimiento estricto del estado de derecho.

Muchas gracias, compañeros.

El Presidente :

Muchas gracias, diputado Rodríguez Pasos.

Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Arturo Escobar y Vega.

El diputado Arturo Escobar y Vega:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; señor procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar:

La procuración de justicia es pieza fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier nación, es obligación de cualquier Gobierno que se diga ser eficiente en garantizarla.

En el transcurso del sexenio del presidente Ernesto Zedillo, nos hemos visto envueltos en una persecución de la delincuencia contra la sociedad sin precedentes, dicho enfrentamiento le ha costado la vida a un sinnúmero de personas inocentes, es evidente que el problema de la inseguridad es el más severo que tenemos en nuestro país.

La mayoría de los ciudadanos hemos perdido la confianza en la autoridad, pero más grave aun la consideramos en muchos de los casos como el sujeto activo en la acción del delito.

La procuración de nuestra justicia ha llegado a niveles lamentables, los cuales se reflejan en la amplia impunidad, en la persecución de los hechos delictuosos, la constante corrupción e injustificada burocracia, traducida en la falta de preparación por parte de la autoridad persecutoria.

Los datos sustentados en la glosa del informe, reflejan una realidad total de la vida cotidiana del ciudadano, el establecer siquiera que se está combatiendo el crimen con legalidad, eficiencia y honradez, constituye una burla a la sociedad entera, quien padece la incapacidad y corrupción de la autoridad de forma directa.

Si bien es conocido que el próximo Ejecutivo Federal pretende evitar la de por sí cada día más marcada inseguridad pública, no es posible que la actual administración entregue las cuentas de procuración de justicia en este estado.

Es obligación de la autoridad procurar y otorgar a la ciudadanía, seguridad en el desarrollo de su actividad diaria, con objeto de que no se vea amenazado en su integridad personal, familiar, trabajo y medio ambiente.

El Partido Verde Ecologista de México lamenta la falta de seriedad en la persecución de los delitos ambientales, delitos evidentemente minimizados por la fiscalía especial, ya que las autoridades encargadas de la procuración de justicia han sido rebasadas y superadas, lo que deja a la garantía constitucional de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar en letra muerta.

La actualización y capacitación de los servidores públicos encargados de la procuración de justicia deja mucho que desear, no obstante que en la glosa del informe presidencial se nos señala que en este año se han llevado a cabo más de 30 cursos de formación y profesionalización, 14 maestrías y un doctorado para seis personas. Esperemos que los cursos estudiados empiecen a reflejar lo antes posible en el trabajo de los funcionarios de la Procuraduría.

La falta de tecnología moderna en el combate al crimen organizado, ha sido la constante en esta administración; sin embargo, en la glosa del informe presidencial se establece que la inversión en este tipo de equipo ha permitido mejorar los procesos de investigación y persecución de los delitos.

El combate al crimen organizado no ha funcionado; el narcotráfico está en auge, al igual que los secuestros, los cuales han sido muy populares dentro de la Policía Judicial; la participación del Ejército en el combate al narcotráfico ha tenido un impacto negativo en la opinión pública, la detención de otros dos generales de alto rango y recordando la singular respuesta que ante la Cámara de Senadores dio el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco el pasado 19 de septiembre, al ser cuestionado sobre el nombramiento de estos generales como responsables del combate a ese problema, pese a que se relacionaba desde antes con esa actividad ilícita, cito: "suponer que antes de detenerlos se conocía sus nexos o su participación en temas vinculados al narcotráfico..." es una extrapolación del buen sentido.

Es evidente el alto precio pagado por el Ejército, al intervenir en los aspectos más turbios de la gobernabilidad, como son la seguridad, el narcotráfico, la contrainsurgencia, por lo que el desgaste institucional y desprestigio que genera la corrupta actuación de algunos de sus miembros, debe considerarse seriamente para evaluar la conveniencia política de seguir utilizando a las fuerzas armadas en funciones de seguridad e inteligencia.

Ante todo, se advierte la voluntad de la cúpula militar para aplicar la ley con todo rigor en asuntos de narcotráfico; la cuestión sería, señor Procurador, si también serán sancionadas las violaciones de la milicia mexicana en cuestión de los derechos humanos de grupos guerrilleros y si también serán llevados los generales Acosta y Quiroz al penal federal de Almoloya de Juárez, junto al también desprestigiado general Gutiérrez Rebollo.

Dentro del intercambio de información entre nuestro país y los Estados Unidos de América, la Procuraduría General de la República ha insistido en la existencia de una relación de asistencia bilateral. Sin embargo, es paradójico que en los Estados Unidos de América se consignen expedientes de notorios narcotraficantes mexicanos con mucho más agilidad que en nuestro país.

Señor Procurador, en virtud de que existen tan amigables relaciones, ¿no sería conveniente solicitarles la información que tengan sobre los delincuentes mexicanos, a efecto de tratar de allegarnos de los elementos necesarios para consignar, aprehender o simplemente intercambiar información relevante? Dicha cooperación se refleja en la participación de la DEA, en el caso de las tumbas de Ciudad Juárez; esto por carecer la Procuraduría General de la República del equipo técnico adecuado para detección y análisis de restos humanos.

En cuanto a la actuación de la Procuraduría General de la República en los recientes acontecimientos relacionados con el fracaso del Renave, quisiéramos conocer qué tipo de estrategia moderna, qué sistema de seguimiento y captura tan eficaz fue aplicado para detener, en menos de 24 horas, al delincuente y tortura dor Ricardo Cavallo, cuando todos sabemos que la Procuraduría General de la República no ha tenido éxito ante las fugas anunciadas de otros prestigiados presuntos delincuentes como Mario Villanueva y Oscar Espinosa Villarreal, por tanto, mucho reconoceríamos de su gestión el saber cómo es posible que el ex gobernador de Quintana Roo pueda seguir evadiendo la justicia, supuestamente dentro del territorio nacional.

En relación con el tema de las cajas de ahorro, el titular de la fiscalía especializada, Mariano Herrán, acaba de declarar que sólo son 200 mil los ahorradores afectados y no el millón y medio que se estimó inicialmente, esto es, que la diferencia la constituyen ahorradores ficticios y montos muy superiores a lo que en la realidad la gente aportaba.

Señor Procurador, ¿cómo es posible que durante dos años y con antecedentes similares en otras cajas de ahorro, la institución a su cargo y particularmente la unidad responsable de la detección de lavado de dinero, haya sido incapaz de intervenir oportunamente, no obstante existir evidencias de una relación directa con la banda de los hermanos Amezcua?

Señor Procurador, hablar de eficacia oportuna en las funciones de la inteligencia de la Procuraduría a su cargo es complicado.

Lamentando el tener que recordar un episodio trágico, quisiéramos conocer su razonamiento respecto a los deficientes mecanismos de control aplicados en la administración de los bienes incautados por la Procuraduría a su digno cargo, pues es de suponer que detrás de la muerte del señor Juan Manuel Izabal Villicaña, se encuentra la errónea discrecionalidad con la que han manejado los bienes inmuebles, muebles, hoteles, restaurantes, autos extranjeros de lujo y blindados, lo que es evidente que provocó la corrupción que salió a la superficie.

Señor Procurador, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México está convencido que usted ha trabajado con honestidad durante su gestión, lamentablemente esta realidad ha sido insuficiente para garantizar la seguridad de las personas.

La monumental corrupción existente en la Procuraduría General de la República, debilita en gran medida el estado de derecho de la nación. Los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez consagrados en nuestra Carta Magna, parecen no ser aplicables a una gran cantidad de funcionarios de esta dependencia.

Señor Procurador, en la seguridad de las personas no puede existir un doble discurso; la lamentable corrupción al interior de la Procuraduría ha llevado a los delincuentes a mandar en nuestras vidas. Los mexicanos no merecemos esta inseguridad.

Lo exhorto a que nos hable con la verdad y se someta sin prejuicios a los señalamientos de esta soberanía.

Muchas gracias.

El Presidente :

Gracias, diputado Arturo Escobar y Vega.

Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra por 10 minutos, el diputado Alfredo Hernández Raigosa.

El diputado Alfredo Hernández Raigosa:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; señor Procurador General de la República:

Una de las responsabilidades fundamentales del Estado, es la de proporcionar seguridad y procurar justicia a los habitantes de una nación, atribución que le corresponde al Ejecutivo y específicamente a usted, quien debió velar durante su gestión para que se respetaran nuestros derechos fundamentales vigilando que prevaleciera el estado de derecho y se previniera y se erradicara la impunidad, garantizando que al cumplir con esas obligaciones se respetaran los derechos humanos y las garantías individuales.

El presidente Zedillo se comprometió en el Plan Nacional de Desarrollo, a hacer efectivas estas premisas al aspirar a un estado de derecho y a un país de leyes; es por lo cual su comparecencia, señor Procurador, no puede estar ajena a un balance sexenal en esta materia.

La situación imperante en nuestro país nos muestra que la aspiración del Presidente y de usted, al frente de la Procuraduría no se cumplió.

Hoy tenemos un desbordado crecimiento de la delincuencia cada vez más agresiva, más diversificada, más sofisticada en sus métodos, más poderosa en sus recursos, cada vez con mayor poder de infiltración de las instituciones y con mayor capacidad para corromper.

Fueron infructuosas todas las acciones para garantizar una debida procuración de justicia a la población. Acciones como la tortura, la persecución por ideas, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, son realidades que marcaron a esta administración.

Recuerdo con claridad que el presidente Zedillo se ufanaba en decir: "fallamos pero no fracasaremos". Sin embargo, uno de los ejes centrales del Gobierno del señor Zedillo, reiterado enfáticamente en todos sus informes de gobierno, fue el de otorgar seguridad jurídica a la población. El mismo Presidente aceptó su debacle al declarar lo siguiente: "la gente espera que el Estado le brinde seguridad pública y justicia"; con gran pesar reconozco que el Estado aún no ha cumplido esta demanda de los mexicanos.

¿Cómo podría lograrse la tan anhelada seguridad jurídica en este país, si en lo que va de este sexenio el narcotráfico se constituyó en el principal problema de seguridad pública y de seguridad nacional? Nuestro país pasó de ser un productor y transportador de drogas, a un país de consumo a escala creciente.

En 1993 y 1998, el consumo de drogas, especialmente la cocaína, creció de 1.4 millones a 2.5 millones de personas, especialmente afectando el sector de los jóvenes, según datos del sector salud.

Como consecuencia del avance del narcopoder en México, se han desarrollado actitudes vergonzantes del Ejecutivo Federal, orientadas a evitar la descertificación, más para agradar a los Estados Unidos y quitarse de encima sus presiones, que para evitar verdaderamente el flujo y consumo de drogas en el territorio nacional; así como la abierta y hasta complaciente actitud para que agentes norteamericanos del FBI y de la DEA, realizaron investigaciones en nuestro territorio, como en los casos de las narcofosas en Ciudad Juárez o el operativo casablanca, violando flagrantemente la jurisdicción de las autoridades nacionales y la soberanía del país.

No olvidemos que el embajador estadounidense Jeffrey Davidow declaraba el 25 de febrero de este año: "es un hecho que la sede del mundo del narcotráfico está en México".

Señor Procurador por todo esto, en el PRD creemos que en su gestión y la del señor Zedillo, los carteles de la droga se han fortalecido como organizaciones criminales, con un poder gigantesco que han logrado crear brazos armados para su protección, así como penetrar y corromper diversas instituciones del país, han creado sofisticados sistemas financieros para el lavado de dinero producto de esta actividad ilícita. Han instaurado sistemas de inteligencia para infiltrar las corporaciones policiacas a los jueces y al Ministerio Público.

Poco o nada se ha realizado para evitar que este mundo del narco, con dinero mal habido y que todo lo corrompe, penetrara las estructuras del Estado, que van desde los niveles más altos de la clase política en el poder, hasta los mandos medios e inferiores de seguridad pública, procuración de justicia e impartición de la misma y del Ejército. Baste señalar que en la propia nariz de la PGR, el célebre señor Mario Villanueva Madrid, vinculado con el narco, se sustrajo de la acción de la justicia. Otros casos en el que por cierto consideramos que era un error que las fuerzas armadas se involucraran en las tareas del combate al narcotráfico, son los de los militares Gutiérrez Rebollo, acusado de pertenecer al cartel de Amado Carrillo o el de Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo, tentados por el poder del narco. Demostrando éstos, el fracaso rotundo de esa decisión del presidente Zedillo.

La incapacidad de la Procuraduría para detectar la penetración de la corrupción y el crimen organizado en los altos mandos de ésta, quedaron de manifiesto al perpetrarse el raro suicidio de su oficial mayor, el señor Izabal Villicaña y del sospechoso dinero de este funcionario, depositado en el City Bank o la rapidez de la autoridad, por demás sospechosa, para decretar como suicidio la muerte de Ramos Tercero, en el maloliente caso del Renave, Herminio, Cavallo.

Licenciado Madrazo, en su gestión al frente de la PGR se advirtió la ausencia de una auténtica política criminológica que articulara a todas las instituciones de los tres órganos de gobierno bajo un conocimiento científico de la conducta delictiva que de manera integral atendiera aspectos preventivos, punitivos y readaptativos.

En fin, creemos que todos los arrestos y decomisos que aquí se han enunciado, resultaron insuficientes para modificar lo esencial. La PGR se vio desbordada por la corrupción y la impunidad; impunidad que sellará por siempre este Gobierno, pues durante él se cometieron hechos denigrantes de la vida y dignidad humana, toda vez que se toleraron y proliferaron grupos civiles y paramilitares armados, como Paz y Justicia, los Chinchulines, los antorchos, las lobas etcétera, que al amparo y protección de las altas esferas del poder político y económico actúan por encima de la ley asesinando, torturando y cometiendo impunes genocidios como el de Acteal, El Charco, El Bosque, o la emboscada de Aguas Blancas, en Guerrero, donde policías del Estado asesinaron con toda alevosía y ventaja a 17 campesinos indefensos.

Hoy prevalecen las dudas en la sociedad y en la opinión pública en torno a los magnicidios del señor Colosio, del señor Ruiz Massieu y del cardenal Posadas. Las contradicciones en que incurrieron los encargados en las diversas investigaciones contribuyeron a generar en la sociedad un clima, señor Procurador, de desconfianza y de miedo.

El terror también que se manifestó en la PGR para no investigar a fondo el caso Cabal y de Banca Unión por estar involucrado el inefable gobernador de Tabasco Roberto Madrazo y el propio presidente Zedillo.

Señor Procurador, los resultados de la política criminal en este sexenio saltan a la vista. No obstante que se produjeron reformas constitucionales y se crearon instituciones, dependencias y programas en los cuales la Procuraduría contaría con un mayor radio de operación, coordinación y efectividad, éstos fueron nulos y provocaron el descrédito y la desconfianza de la sociedad en todo lo que huele a procuración de justicia.

Son todas estas razones las que en el grupo parlamentario del PRD nos obligan a hacer un balance sexenal en esta materia de procuración de justicia, concluyendo que en ésta se dieron los más estrepitosos fracasos de la actual administración, rotundo fracaso que, señor Procurador, reconocido aquí hace unos días por el propio presidente Zedillo en su último informe de gobierno.

Este fracaso nos vuelve al estado de naturaleza que describía Hobbes, en el cual cada hombre vive por su cuenta y debe procurar su defensa, por lo que este Estado termina en una guerra de todos contra todos. Es lamentable, señor Procurador.

Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario del PRD exhorta a todas las fuerzas políticas del país y de la Cámara de Diputados a construir una procuración de justicia independiente, ajena al poder del narco, al poder económico y al poder político, al cáncer de la corrupción y a la lacerante impunidad.

Y al presidente electo Vicente Fox lo exhorto a que devuelva el dinero que le están pagando; lo exhorto a que le cumpla al pueblo de México con los compromisos en campaña en materia de procuración y administración de justicia.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente :

Gracias, diputado Alfredo Hernández Raigosa.

Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se concede el uso de la palabra, por 10 minutos, al diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.

El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Tal parece que existieran dos méxicos: el de la realidad lacerante que vivimos los mexicanos en materia de procuración de justicia y el que usted ha de defender a lo largo de sus intervenciones en esta comparecencia. Ojalá que su participación no resulte alejada de la verdad.

Señor Procurador, es inobjetable, usted no cumplió, no procuró justicia para los mexicanos y el Ejecutivo fracasó en su tarea de implantar en nuestro país un verdadero estado de derecho.

El pueblo de México no cree en la Procuraduría que usted intentó dirigir. El fracaso de la lucha contra el crimen ha ocasionado que no se cuente con la credibilidad, la confianza y la legitimidad de la sociedad hacia la institución responsable de procurar justicia.

Para Acción Nacional el problema toral del añejo sistema político radica fundamentalmente en que no se sujetó al pleno cumplimiento de la ley. Es evidente el divorcio de la Constitución y la aplicación de las leyes. Parece ser un diálogo sobre el paraíso perdido o una simple fantasía. Qué mejor ejemplo de dicha ausencia del estado de derecho que la confesión expresa del titular del Ejecutivo Federal en esta tribuna al reconocer que la tarea fue infructuosa.

Por tanto, le manifestamos también desde esta tribuna: a confesión expresa, relevo de pruebas.

No obstante reprochamos al Ejecutivo Federal, aquí y ahora, su falta de firmeza y haber tomado a este Palacio Legislativo como un espacio para confesar sus culpas o limpiar sus tropiezos. No aceptamos ni su remordimiento ni su pena porque es más grande la pena de los mexicanos ante el fracaso contra el crimen.

Ante esta simulación de un estado de derecho usted ha sido partícipe y actor principal en los últimos años. En efecto, parte de las causas del fracaso de la Procuraduría a su cargo, así como de la mayoría de las instituciones del país, son consecuencia de que en México, durante muchas décadas, las decisiones no se han sujetado a la ley y más aún, la han contradicho con posiciones políticas o intereses de grupo. Usted no ha sido la excepción.

Señor procurador Madrazo: la ley no está sujeta a caprichos ni a negociaciones; la ley simplemente se cumple.

Las cifras y los datos que usted menciona parecieran alentadores y muy satisfactorios, pero no son reales; la sociedad no ve esa mejoría. ¿De qué sirven las estadísticas si nos damos cuenta que la inseguridad, la delincuencia y el crimen organizado van en aumento?

Señor Procurador, la palabra y la acción deben llevarse a la práctica en su exacta dimensión, pues las personas cuando no tienen la voluntad ni las ganas de hacer bien las cosas perjudican la consecución de planes y programas.

El problema de la Procuraduría General de la República es hasta hoy la sumisión absoluta de su titular frente al Presidente de la República y el pacto no escrito de la incondicionalidad de muchos de los elementos, a cambio de impunidad.

Es desafortunado el hecho de que de cada 100 delitos federales denunciados sólo tres son sancionados. Esto quiere decir que los delincuentes tienen un 97% de probabilidad de no ser castigados por su conducta. Ello sucede en tanto usted está aquí, delante de nosotros, ¡tratando de justificar la errática labor de la dependencia a su cargo!

¡Se requiere voluntad, compromiso y capacidad para resolver los problemas de inseguridad! ¡No son suficientes recursos cuantiosos y reformas jurídicas de buena intención para combatir la criminalidad!

Por ello es preciso mencionar que a pesar de haberse aumentado en más de un 300% el presupuesto, únicamente se han disminuido en un 4% los delitos. No existe un registro concreto de que el esfuerzo económico haya dado los resultados esperados.

Hoy, las víctimas del delito prefieren el anonimato, porque saben que el delincuente seguramente no será castigado.

Al final de este sexenio el Gobierno Federal deja en varias materias, pero particularmente en esta de la procuración de justicia y combate al crimen, una herencia trágica, trágica de agravios y tareas pendientes que no será posible recoger a la brevedad, porque lo que heredarán al próximo Gobierno comprende una enorme estructura: estigmatizada por la ineficacia y la ineficiencia.

En el mismo tono, esta herencia tiene qué ver con la incapacidad de combatir al narcotráfico. Inclusive los que a esta ilícita actividad se dedican, operan en las más de las veces bajo la complicidad de algunos funcionarios y policías adscritos a la Procuraduría.

Ciertas regiones del país están bajo el imperio del narcotráfico. Las bandas y cárteles de hampones siguen movilizando impunemente enormes cargamentos de droga y disputan sus mercados ejecutando a sus rivales a la luz del día. Mientras, nuestras ciudades son invadidas por la distribución de estupefacientes, afectando a ciudadanos de todas las edades, sin importarle la adición que este mal ha generado en la juventud mexicana.

¡Todo ello, por supuesto, bajo la sospechosa ineficacia de la institución a su cargo!

¡La Procuraduría no fue capaz de resolver los grandes crímenes políticos ni siquiera los de sus propios colaboradores! ¡Quedan hoy en la impunidad asesinatos de delegados estatales y comandantes de la Policía Judicial Federal!

¡El presidente Zedillo y usted nos dejan un México secuestrado, herido y ofendido por la impunidad, la corrupción y la complicidad! ¡Un país en donde la delincuencia superó a la institución responsable de contenerla. ¡La Procuraduría General de la República se doblegó ante el crimen!

El rostro de la dependencia a su cargo para millones de mexicanos es el siguiente:

Ausencia de una Procuraduría independiente.

Falta de un Ministerio Público y Policía Judicial apegados a los principios de legalidad, honradez, eficiencia y profesionalismo.

Falta de mecanismos de seguimiento y control.

Una Policía Judicial ajena al Ministerio Público.

Rezago en la integración de averiguaciones previas y su despacho. A su vez desatención casi absoluta de los procesos.

Un Ministerio Público relegado de sus funciones. Una institución de la cual la sociedad tiene una visión de desconfianza y descrédito.

Estas son sólo parte de ese rostro y no agotaremos el tiempo en una lista interminable de agravios que nos deja como legado la dependencia que usted encabeza.

En conclusión, la Procuraduría debió velar por los intereses de cada uno de los ciudadanos. Estamos ciertos que con una buena dosis de voluntad, como hasta hoy lo hemos mostrado los mexicanos, todos nos sentiríamos satisfechos de que la Procuraduría se esforzara por cumplir su estricto mandamiento, a efecto de que el pueblo de México retome la confianza, crea en las instituciones y se sienta orgulloso de las mismas.

Finalmente, y en franco homenaje a un ilustre político, filósofo y eminente panista, retomo frases de su libro Disiento y lo cito: "Disiento de quienes claman justicia sin pararme antes en el estado de derecho. Porque creo que si lo puramente legal no basta, sí es el justo medio posible entre lo justo y lo bueno. Disiento de quienes prefieren no hacer nada y mantener a los mexicanos en estado de sobrevivientes", termina la cita: Carlos Castillo Peraza.

Señor Procurador: ¡a unos meses de que termine su ejercisio, que en su conciencia quede: si se aplicó la ley o se simuló simplemente aplicarla!

El Presidente :

Gracias, diputado Rodolfo Pérez Gavilán.

Tiene ahora el uso de la palabra para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado José Elías Romero Apis.

El diputado José Elías Romero Apis:

Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea; señor Procurador:

En el Partido Revolucionario Institucional creemos y consideramos que la forma de gobierno, el federalismo, la democracia, el equilibrio de poderes, la soberanía y el desarrollo, están inseparablemente ligados con la seguridad de la nación, con la supremacía real de la Constitución, con la protección jurídica del individuo, con la cultura de la legalidad y con el control integral de las potestades públicas. A esa relación indisoluble la llamamos estado de derecho.

En consecuencia con nuestros principios ideológicos, reconocemos que el Estado como la nación es una tradición que no puede canjearse por modas o por innovaciones cotizables a base de oferta, de demanda o de imitación. Puede existir una economía de mercado, pero no un estado ni una justicia de mercado.

Reconocemos también que en el asunto de la justicia, particularmente en el de la procuración, los mexicanos hemos invertido en dinero, en vida, en esfuerzo y en sufrimiento lo que en otros países sólo lo reclamaría un estado de guerra.

También, ciertamente, se ha avanzado en el campo de la mejoría de las instituciones procuradoras.

En el caso de la federal vale resaltar que se han obtenido resultados en la profesionalización, la especialización, la modernización de las estructuras, el mejoramiento de la atención victimológica, la ampliación de los servicios a la comunidad, la mayor participación en el entorno preventivo y la mayor presencia no penal del Ministerio Público, así como en la modernización tecnológica, la mejoría de los salarios y prestaciones y la mayor presencia en el entorno social.

Sin embargo, junto a esas fortalezas todavía existen debilidades que debieran ser remitidas o de lo contrario se corre el riesgo de que éstas ensanchen su espacio en un detrimento institucional global.

Ellas son las dimensiones institucionales no correspondientes con los requerimientos, la desarticulación orgánica y funcional, la carencia de procedimientos internos consistentes y la calidad poco uniforme, la precariedad del sistema de control, la corrupción en los bajos niveles operativos, la falta de inteligencia institucional, la atención ciudadana deficiente, la carencia de un diagnóstico de la situación delictiva y de las causas criminógenas, las leyes obsoletas y anticuadas y la dispersión en la lucha contra el crimen organizado.

Debe reconocerse que hoy día hay el consenso más amplio de que la sociedad mexicana vive en una situación que va desde el temor hasta la indignación, porque convive con una fractura de su estado de derecho, derivada de diversas causas.

En primer lugar convivimos con una criminalidad que se ha decidido a actuar con un muy lamentable pero muy razonable cálculo de seguridad. La capacidad oficial para investigar con éxito los delitos denunciados, hagamos a un lado los no denunciados, nos dicen que las cifras mexicanas de impunidad difícilmente pueden ser superadas en otra latitud.

A ello se agrega un sistema procesal desequilibrado, lento, difícil, rígido y con otros vicios, que lo hacen muchas veces inaccesible, caro y desesperante.

En tercer lugar está la ilicitud no delincuencial, que genera el espacio para que no paguemos, lo que debemos, para que no cumplamos lo que prometemos o para que no respetemos los derechos de los demás; es decir, la barbarie entronizada.

Existen también avisos de desvío de autoridad, generados a partir de la confusión entre política y derecho, de que los fines justifican los medios y de que el interés político debe triunfar con la ley, sin la ley o contra la ley.

En quinto lugar hay síntomas de arbitrariedad, esa indebida flexibilidad para que la ley no se aplique a todas o a todos, pero no de igual manera o para que se acomode al gusto o al beneficio de cada quien, es decir, la ley guanga, la ley sirviente, la ley no ley.

También existe la corrupción progresiva que en un principio histórico actuó a escondidas de la autoridad, que más tarde actúo con el conocimiento pero también con el consentimiento de la autoridad y que hacia el futuro pretende sustituirla y sentar a alguien de su grey en el sillón de la autoridad.

Un séptimo adversario es la lenidad, blandura injusta que considera que la ley carece de razón porque su incumplimiento ha ganado terreno de tradición, de costumbre o de cultura.

No puede soslayarse la apatía institucional hacia la justicia, que ha anidado en el bajo nivel y en las muy altas esferas de la política, del tesoro y de la administración.

En noveno término se presenta una profunda ineficiencia que proviene de factores que van desde el tamaño de las instituciones y sistemas correspondientes hasta la penuria presupuestal, profesional y organizacional.

Por último debe mencionarse una muy profusa y lamentablemente muy profunda cultura de la ilegalidad que hace que muchos mexicanos no crean hoy día en la justicia como un valor especial de la vida.

Esas 10 causales hacen que sea necesario actuar sin mayor dilación por lo menos en siete frentes prioritarios de actuación concrecional en materia de justicia.

En primer término la nación requiere contar con políticas integrales en materia de estado de derecho que agrupen los esfuerzos que hoy se encuentran dispersos en una misma potestad de gobierno y ensamblarlos con las otras potestades sin violentar desde luego la esencia del federalismo, además de conjuntarlas con la acción civil de la sociedad.

En segundo lugar se requiere que la reforma estructural de las normas coincida con la reforma funcional del sistema.

En tercer lugar es importante una profunda simplificación jurídica que reduzca las posibilidades de interpretación y aplicación equivocas a través de la eliminación de trámites y requisitos innecesarios.

En cuarto lugar para la vigorización del estado de derecho y de justicia es conveniente ampliar las posibilidades de protección de equilibrio dentro de la contienda.

En quinto término para el logro de una mayor seguridad jurídica se requiere fortalecer todo el sistema de previsión de daños en las personas, en sus bienes, en su honor y en sus derechos y lograr que en caso de daño, exista la respuesta idónea y oportuna de restitución, de indemnización y de punición.

En sexto término se requiere de la mejoría de las profesiones jurídicas en cuanto a programas, a prácticas, a vocaciones, a propósitos, a desarrollo, a calificación y a colegiación.

Por último se requiere revertir una cultura de ilegalidad que ha hecho que muchos mexicanos y quizá cada día más, consideran que someterse al imperio de la ley es un signo de debilidad o que inculcar en los hijos principios de legalidad es inutilizarlos para el futuro o que buscar soluciones en el cauce legal es complicar los problemas.

Honorable Asamblea. No se podría permitir que el asunto de la justicia fuera el último de la agenda nacional. Si aceptáramos que en México todo va bien, excepto dos cosas, casi todos los mexicanos estariamos de acuerdo que en México va muy mal la pobreza y va muy mal la justicia.

De ahí la importancia del desarrollo productivo para rescatar al hombre de las fauces de la miseria, pero junto a ellos se requiere reconstituir nuestro sistema de justicia, porque salvo unos cuantos mexicanos, por su jerarquía, por su influencia o por su dinero, el resto vivimos en el riesgo de la injusticia.

Esto quiere decir que no sólo una gran parte de los mexicanos son muy pobres, sino que casi todos somos inaceptablemente muy débiles frente a muy pocos mexicanos que no sólo son muy ricos, sino que además son indebidamente muy poderosos.

Esto implica pues, que hoy día la justicia y el desarrollo también se asocien indisolublemente con la democracia, ya no sólo como un asunto del tener, sino como una cuestión del poder, ya no sólo como un programa de repartición, sino como un proyecto de participación; con la democracia se logra lo que deseamos, con la justicia se logra lo que debemos. La democracia es la entronización del querer y la justicia es la entronización del deber y la conjunción de ambas nos lleva a la libertad, porque mientras más obedezcamos a las leyes, menos tendremos que obedecer a los hombres.

Así queda dicho, señor Presidente.

El Presidente :

Gracias, diputado José Elías Romero Apis.

Para concluir esta primera parte de la comparecencia, haciendo comentarios a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, se le concede el uso de la palabra, por 10 minutos, al ciudadano Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.

El procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar:

Muchas gracias, señor Presidente; señoras diputadas, señores diputados:

Indudablemente que siempre debe tenerse en cuenta que el enfoque o la interpretación de tipo político o de tipo partidista sobre el desempeño de las funciones de los órganos del Estado; sin embargo, tengo la impresión que muchas veces con los parámetros políticos no necesariamente se llega a un juicio absolutamente objetivo.

Yo disiento desde luego de la visión tan extraordinariamente oscura y negra que algunos de los señores diputados han manifestado recientemente. Siento con mucha más claridad y habiendo estado sentado en el sillón del Procurador, por casi cuatro años, que indudablemente hay avances, que indiscutiblemente existen rezagos y que el futuro se presenta lleno de retos y también de oportunidades.

El tema de la inseguridad pública, las controversias que genera el narcotráfico no se iniciaron ni el 1o. de diciembre de 1994, al asumir el Poder Ejecutivo el presidente Zedillo ni tampoco el 2 de diciembre de 1996, cuando yo llegué a la Procuraduría General de la República.

Esto ha sido indudablemente un proceso, ¿en dónde?.. en los índices de delincuencia, se llegó quizá a los puntos más alarmantes durante 1997, pero que afortunadamente durante 1998, 1999 y lo que llevamos del año 2000 se muestran ya claros índices de descenso en esos crímenes.

Por cierto, que de las encuestas realizadas, de lo más que se quejan los ciudadanos no son por cierto de los delitos que están dentro de la competencia de la Procuraduría General de la República, de los delitos federales, sino fundamentalmente de los delitos del fuero común; se quejan del robo al transeunte, el robo a casa habitación, de la violación y los temas que tienen que ver con los delitos federales, aunque no dejan de reportar a los encuestados, no tienen el nivel de preocupación en la vida cotidiana que los delitos que están en el ámbito de las procuradurías estatales.

Y yo no creo que aquí se trate de echarse la bolita de una instancia a la otra, sino que la apuesta ha sido cómo coordinarnos mejor, como la distribución de competencias y de jurisdicciones no puede abrir flancos para la delincuencia y creo que poco a poco, siendo respetuoso de las reglas constitucionales y legales, las procuradurías de los estados y la Procuraduría General, estamos trabajando cada vez más de manera coordinada.

Muestra de ello es que ya en 22 estados de la República funcionan agencias mixtas del Ministerio Público, en donde el Ministerio Público y las policías de ambos fueros, con peritos, ven delitos tanto del fuero común como del fuero federal. Es indiscutible que algunos delitos federales, como los delitos contra la salud, detonan otro tipo de delitos que se encuentra, por disposición de la Constitución y la ley, en el ámbito de trabajo de las procuradurías estatales.

En vez de estarnos censurando, de ver qué le toca a cada quien y como nos deshacemos de las responsabilidades, hoy más que nunca, a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, los procuradores del país, independientemente del partido político que tengan si es que algunos lo tienen, estamos trabajando juntos. De manera que el panorama más que una absoluta negritud es de claros y de oscuros.

Hay indudablemente avances, hay avances indiscutibles en el combate al narcotráfico y aquí la cooperación del Ejército mexicano, el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido francamente invaluable. No hay en este país, ninguna instancia ni ninguna posibilidad de desarrollar los trabajos de erradicación, muchas veces manual, sin contar con el esfuerzo de más de 22 mil soldados del Ejército mexicano. Los trabajos de intercepción no podrían llevarse a cabo tampoco sin la concurrencia del Ejército mexicano y de la Secretaría de Marina.

Hoy hemos avanzado terriblemente en sellar nuestras fronteras, nuestro mar territorial, nuestros caminos al cloridrado de cocaína que se produce en países suramericanos por la vía aérea. En el último año solamente hubo dos vuelos ilícitos de Suramérica a México; los dos se pudieron detectar, los dos se aseguraron y quedaron detenidos y procesados sus tripulantes.

La gran apuesta está en ser más efectivos en el control de nuestras costas, que dada su amplitud presenta un reto formidable. El esfuerzo que la Secretaría de Marina en combinación con la Procuraduría General de la República que vienen realizando es también significativo; ahí están y no son sólo especulaciones políticas, sino datos concretos, susceptibles de una verificación cómo se han venido incrementando constantemente los aseguramientos de mariguana, de cocaína, de heroína, de goma de opio, de sicotrópicos, de metanfetaminas, cómo cada vez se destruyen más laboratorios para la producción de drogas sintéticas.

Esto se ha logrado en gran medida y con costo para algunas instituciones como indudablemente lo ha sido para la Secretaría de la Defensa Nacional, con la puesta de la coordinación y de la colaboración y además está muy claro que ésta no es la responsabilidad y la voluntad de un sólo hombre. Yo creo que el voluntarismo presidencialista hace mucho que se acabó; si fuese por voluntades, indudablemente que en este país no se cometería ningún delito, no se traficaría con un gramo de droga, no habría un solo secuestro, no habría un solo acto de corrupción, esto implica para poderlo vencer de manera más acelerada el trabajo coordinado, eficiente, claro entre la sociedad y el Estado y por lo menos a nivel de la Procuraduría General de la República, a eso hemos estado abiertos.

Decía el señor representante del Partido Acción Nacional, apelando a mi conciencia, que yo tendría un juicio sobre lo que he hecho y sobre si realmente he aplicado la ley. Indudablemente que mi conciencia no me reprocha absolutamente nada, he cumplido siempre con lo que la Constitución y la ley dicen.

Me hubiera gustado tener muchos más resultados concretos y muchos más éxitos para la sociedad. Yo no busqué ser Procurador General de la República, cuando me hicieron este privilegio enorme, acepté por México y por México he trabajado; nunca he interpretado políticamente la ley, no tengo partido político y creo que la justicia no tiene ningún partido político.

Indudablemente que se puede y se debe hacer mucho más, algunas reformas de tipo orgánico se han insinuado, seguramente esta soberanía los analizará y creo que indudablemente serán positivos, pero nada de lo que hicimos durante los cuatro años de la administración en la Procuraduría General de la República va a contrasentido de lo que se puede hacer en el futuro, tratamos de limpiar la casa, nos enfrentamos al frente occidental que es el que está a nuestras espaldas, creamos un centro de control de confianza para que los principios de legalidad, honradez y eficiencia pudieran demostrarse de una manera objetiva, científica y técnica y cada vez que tuvimos elementos para consignar a malos elementos de la Procuraduría General de la República lo hicimos y esto sucedió en más de 550 casos durante estos cuatro años, queda por hacer indudablemente, que es una tarea que no se va a agotar en los próximos días.

El próximo gobierno indudablemente verá lo que significa enfrentar estos retos y que no se van a resolver de la noche a la mañana, siento que con una estrategia perseverante, clara de cara a la sociedad se podrán obtener todavía mejores resultados.

Repito, me hubiera gustado entregarle mucho más a la sociedad mexicana, he hecho lo que jurídica y humanamente me ha sido posible y desde luego quedo abierto al juicio de esta representación de la historia de la sociedad mexicana.

El Presidente :

Gracias, señor Procurador.

PRIMER TURNO DE PREGUNTAS

El Presidente :

Pasamos ahora a la segunda etapa de esta comparecencia, abriendo la primera ronda de preguntas que se formularán en un tiempo no mayor a cuatro minutos; respuesta del Procurador, hasta por ocho minutos y derecho a réplica por otros cuatro minutos.

Iniciando el primer turno de preguntas y respuestas, se concede el uso de la palabra para formular sus preguntas por cuatro minutos, a la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Rosalía Peredo Aguilar:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

En el combate a la delincuencia no se ha tenido la efectividad que se hubiera deseado. Por ejemplo, en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, se estableció en el artículo 2o. la creación de una nueva figura delictiva; sin embargo, vemos cómo en lo referente a los delitos contra la salud y no obstante la detención de alguno de los principales dirigentes de estas organizaciones delictivas, la producción, distribución y consumo de drogas no se ha erradicado, antes al contrario, también la producción de drogas sintéticas ha aumentado.

Nos percatamos cómo desde el entonces Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, su titular había protegido a la organización delictiva de Amado Carrillo Fuentes y recientemente la detención de los generales Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo vuelve a traer a debate el papel de las fuerzas armadas juegan en el combate a la delincuencia.

¿Hasta qué nivel, dada la verticalidad que existe en el Ejército mexicano y en la Procuraduría General de la República, estos cuerpos se encuentran infiltrados, permeados y controlados por las organizaciones delictivas? ¿No será acaso que quienes por mandato de ley deben combatir esta actividad, no sólo se coluden sino que pretenden arbitrar estas actividades, dadas las inmensas ganancias que se generan?

En las operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito vinculado directamente al del narcotráfico, poco conocimiento se tiene de medidas efectivas para que no sea posible lavar el dinero. Quienes obtienen recursos económicos por la venta de drogas necesita blanquearlo para después invertirlo en actividades lícitas, pero la sociedad no conoce el que banqueros o intermediarios del Sistema Financiero Nacional hayan sido detenidos y sentenciados.

En cuanto a los servidores públicos de la Procuraduría, el suicidio de su ex oficial mayor evidenció la ausencia de controles internos para detectar eventuales irregularidades cometidas por dichos servidores públicos. ¿Cómo es posible que los órganos de control interno no hayan sido capaces de detectar en la realización de auditorías financieras o de legalidad, que no se satisfacían los requisitos de la norma o tomar oportunamente, ya no medidas preventivas sino correctivas? ¿Cómo es posible que se dé información confidencial y se proporcionen automóviles de lujo a los miembros del llamado "equipo de transición", cuando no existe nombramiento alguno que los faculte a ustedes a informar y a ellos a recibir esta información?

Las personas de ese equipo son tan comunes y tan corrientes como cualquier otro y por tanto no se encuentran en las hipótesis legales del ejercicio de la función pública para recibir dicha información. En lo que se refiere al tráfico de indocumentados, resulta aberrante la poca efectividad de la actuación de la Procuraduría, no sólo nuestros connacionales recienten la actividad de los "polleros", también nuestros hermanos centroamericanos padecen estas organizaciones delictivas. Desde la frontera de México con Guatemala, hasta la de Estados Unidos, los migrantes son vejados sistemáticamente.

¿Cómo nos puede explicar el que miles de personas diariamente crucen el territorio nacional conducido por traficantes de personas y los cuerpos policiales detengan a muy pocos, consignen a menos y obtengan sentencias condenatorias en pocos casos? ¿Ese es el trato y ataque a la dignidad de las personas humanas que mexicanos o centroamericanos merecen?

Del robo de vehículos mucho se ha comentado y más lo que la sociedad padece. Desde luego que robar y movilizar vehículos requiere de una gran infraestructura de almacenamiento y posterior distribución. Cada vehículo que se roba en nuestro país para ser vendido en otro, necesariamente tiene que salir por algún punto fronterizo.

¿Por qué los cuerpos policiales no lo detectan, y desarticulan esas grandes organizaciones delictivas?

Por cierto, el obscuro proceso de licitación de la concesión del Renave merece mención especial, no sólo quien fue designado director del mismo, sino por el antecedente de la existencia de vehículos mexicanos en la República de El Salvador, en donde la familia del señor Cavallo tiene grandes intereses.

Se debe terminar con la eventual utilización de la base de datos del Renave para ubicar la capacidad adquisitiva, los domicilios y la identificación física de los propietarios de vehículos, para probar estos automóviles y con la infraestructura de la empresa obtener nueva documentación y después venderlos.

¿En qué sentido han avanzado las indagatorias sobre este tema? No sólo se trata de averiguar las vinculaciones del desaparecido subsecretario Ramos Tercero, sino de también las responsabilidades que pudiera tener el secretario Herminio Blanco y otros servidores públicos de dicha Secretaría.

Señor Procurador: los ahorradores que han sido defraudados esperan una respuesta clara de la conducta de la institución que usted representa y una audiencia al término de su comparecencia.

Por sus respuestas, muchas gracias.

El Presidente :

Gracias, señora diputada.

Le quiero insistir, porque usted está apuntada para la réplica, que el tiempo acordado es de cuatro minutos.

Tiene, para contestar sus preguntas, el uso de la palabra el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la República, hasta por ocho minutos.

El procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar:

Muchas gracias por sus observaciones y preguntas, diputada Aguilar.

Pienso que uno de los grandes avances que se tuvieron en este sexenio para combatir la delincuencia, fue precisamente la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que está en vigor desde noviembre de 1996 y que en sus primeras acciones me correspondió aplicar.

Lo primero que nos tocó hacer fue formar la unidad contra la delincuencia organizada que está prevista en la ley y empezar a utilizar sus distintos instrumentos y herramientas. Sobre todo en el combate a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, dedicadas al secuestro, dedicadas al robo de vehículos con carácter internacional y al tráfico de personas, la unidad ha radicado averiguaciones previas, las ha consignado y ha tenido sentencias condenatorias importantes. Queda mucho por hacer, indudablemente que sí, pero estoy cierto que esta unidad ha venido trabajando por el camino correcto.

Yo repito que durante estos años hemos atacado absolutamente a todas las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. No comparto la tesis de que ahora las organizaciones de narcotraficantes sean más poderosas que antes.

México es el primer país en el mundo en erradicación de cultivos ilícitos. El programa de sellamiento de la península de Yucatán, el mar de Cortés, el golfo de México, cada día avanza más y repito que está teniendo resultados muy importantes con la nueva tecnología que se ha adquirido tanto para el rastreo aéreo, cuanto marítimo y desde luego también terrestre.

Durante estos seis años hemos procedido contra aquellos malos servidores públicos que nos han traicionado. Esto ha sucedido en el caso de la Procuraduría General de la República, repito, en 550 ocasiones, en lo que hace a mi administración que son tres años y 10 meses.

En el Ejército mexicano también ha habido malos servidores públicos, pero lo muy importante es que esas conductas que han traicionado a la institución no se han simulado, a pesar del escándalo que pudieran generar, se han encarado los procesos jurisdiccionales correspondientes; se ha hablado de cara a la sociedad, se ha hablado de las acusaciones y de las pruebas que se tienen contra estas personas y se avanza de esta manera en la lucha contra la impunidad.

Yo creo que lo que podría manchar a una institución, es esconder estos hechos de traición, es esconder estas conductas delictivas; no tiene por qué mancharla y menos al actual Secretario de la Defensa Nacional, el enfrentar con todo valor, el llevar al proceso a estas personas que lo han traicionado a él y que han traicionado al Ejército mexicano.

Desde luego que las instituciones de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública no están permeadas y controladas por la delincuencia, esto es absolutamente falso. Ha habido servidores públicos deshonestos, corruptos, que han traicionado a las instituciones, esto es también cierto, pero cada vez que se ha logrado tener el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad, no importando las consecuencias en el ámbito político o social, de cara a la sociedad se ha procedido contra estas personas.

En materia de el delito del lavado de dinero. En la Procuraduría General de la República es tablecimos durante mi administración, una unidad específica para conocer de estos casos. En este momento, esta unidad, en donde trabajan economistas, contadores, abogados, se conocen más de 100 casos distintos y se atienden también diversos procesos; afortunadamente ya tenemos cinco sentencias condenatorias respecto de este delito, todavía al iniciar el presente año no se había pronunciado ninguna; creo que vamos, incluso, también por buen camino en cuanto a la interpretación judicial que se está dando sobre este nuevo delito o este nuevo tipo penal.

Por cierto quiero decir que yo en lo personal estoy totalmente de acuerdo en que ustedes pudieran modificar los requisitos de procedibilidad para avanzar en materia de lavado de dinero. Efectivamente la Procuraduría General de la República no tiene por qué estar limitada a que se presente una querella por parte de las instancias hacendarias, sino que al contrario las instancias de la Secretaría de Hacienda deberían quedar compelidas por el Ministerio Público para presentarle toda la información financiera a fin de hacer las consignaciones que corresponda.

Respecto del suicidio del licenciado Izabal Villicaña, me referí en mi presentación a que éste fue un hecho para mí y para todo mi grupo de colaboradores, francamente terrible. Seguimos adelante con base en principios y en valores y que no teníamos nada que esconder. Que si él nos había traicionado, esta imagen no podía extenderse al resto del equipo.

Le pedimos al señor procurador Del Villar que él hiciera la investigación. Los resultados que nos ha enviado apenas el 30 de agosto pasado, confirman lo que eran nuestras sospechas. Nos ha mandado la averiguación previa para que nosotros la podamos determinar. Estamos trabajando intensamente en ello. Me siento apenado y me siento dolido por el suicidio del oficial mayor.

Curiosamente en materia de investigación sobre robo de vehículos, a través de la Interpol México, hemos tenido en cuanto a su tráfico internacional, resultados que nunca antes se habían logrado. Pudimos encontrar vehículos de lujo tanto en Centro y Suramérica, como en Europa, en las calles de Paris, robados en las calles de las ciudades de nuestro país. Pudimos desarticular tres bandas dedicadas a este tipo de delito y a las personas que les estaban dando protección.

Para mí es muy importante también la protección de los compañeros del grupo de transición y cuando se me pidió poder encontrar un vehículo blindado para proteger a uno de ellos, encontramos que había uno asegurado y de manera temporal, por unos cuantos días, se le facilitó. Yo creo que en esto no hay ningún delito ni ningún pecado.

Yo seguiré tomando acciones par que en la medida de mis posibilidades puedan tener la seguridad que su trabajo ya amerita.

Respecto de los ahorradores, me quedan 40 segundos, lo único que le puedo decir es que ya recibí antes de entrar a esta sala de plenos, a un grupo de los ahorradores. Les he dicho que tengo toda la disposición de continuar trabajando con ellos para que se presenten las iniciativas que correspondan a su preocupación.

Nosotros en el caso del señor Cirilo Ocampo, procedimos una vez que tuvimos el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad, pero no nos hemos hecho a un lado respecto de las consecuencias sociales, desde luego indeseadas que tuvo la consignación que formuló la Procuraduría General de la República.

Espero que en las próximas intervenciones pueda referirme nuevamente a este caso.

El Presidente :

Gracias, señor Procurador.

Para ejercer su derecho de réplica, por cuatro minutos, tiene el uso de la palabra la diputada Rosalía Peredo Aguilar.

La diputada Rosalía Peredo Aguilar:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados; señor Procurador:

Las respuestas que ha dado a nuestras interrogantes no satisfacen en ningún caso. Como representantes populares actuales y como luchadores sociales de siempre, conocemos de viva voz de los ciudadanos su desconfianza en las instituciones encargadas de procurar justicia.

Muchos de ellos no acuden a denunciar los delitos de los que son víctimas porque saben:

Primero. Que perderán mucho tiempo en la Agencia del Ministerio Público para levantar su acta.

Segundo. Que el órgano encargado de investigar bajo el pretexto del número de averiguaciones que tiene a su cargo, sencillamente no hace nada.

Tercero. En el supuesto de que se consigne a lo largo del procedimiento no otorgan al juzgador los elementos de convicción necesarios para que éste pueda dictar sentencia condenatoria y

Cuarto. En el caso de que se obtenga sentencia condenatoria, sea en la apelación o en el amparo directo obtiene su libertad.

Entonces ¿para qué se pregoniza tanto respeto a la ley cuando los sujetos pasivos de la comisión de delitos ven que los responsables quedan siempre impunes?

Reiteramos nuestra preocupación por los graves actos de corrupción que al interior de la Procuraduría se presentan.

Coincidimos en que resulta indispensable una reforma a fondo de la misma, pero también afirmamos que no debe de ser una reforma cosmética, sino una que modifique sustancialmente no sólo la estructura burocrática sino también la concepción de lo que es un servidor público y la responsabilidad social que esto trae aparejado.

Exigimos en el tiempo que le resta del encargo, trate de sanear a la Procuraduría y que en el ejercicio de las atribuciones legales y de los contenidos del Programa Nacional para el Combate a las Drogas, las medidas que se tomen sean enérgicas, pero también efectivas. No podemos permitir que quien no puede ingresar su nefasta mercancía a Estados Unidos lo haga en nuestro país, enviciando y degenerando a nuestra juventud, no sólo por los problemas económicos que esto implica, sino por las consecuencias médicas y sociales que de ello se derivan.

Hoy las cárceles se encuentran repletas de personas que por no encontrar una actividad lícita en la cual desempeñarse, se ven obligadas a delinquir. Pero a contrario sensu los integrantes de las grandes bandas de delincuencia organizada se encuentran libres, como libres se encuentran Oscar Espinosa Villarreal, Mario Villanueva Madrid, José Parcero López, Rubén Figueroa Alcocer y muchos otros, que resulta ser el símbolo de la impunidad que en este régimen se dio.

Consideramos que las medidas tomadas por la Procuraduría no son suficientes para combatir el tráfico de personas, sostenemos que se debe invertir el concepto: a quien hay que aprehender es a los traficantes y no a aquellos que de otros países vienen en tránsito al nuestro con la ilusión de ingresar a los Estados Unidos de América; a quienes hay que aprehender es a quienes integran esa gran mafia que se encuentra ramificada en todo el territorio nacional.

Señor Procurador, ¿cómo es posible que a los representantes de la soberanía nacional no les proporcione la información requerida y si lo hace lo hace con simples particulares?

Como señalamos en nuestra primera intervención, la sociedad mexicana en general desconfía de la actuación no sólo de la Procuraduría General de la República, sino de la de todos los estados.

Y le quiero decir que la atención que se le dio hace un momento a los ahorradores fue a través de un subprocurador. Estamos pidiendo de manera directa la intervención de usted.

Muchas gracias.

El Presidente :

Muchas gracias, diputada Rosalía Peredo Aguilar.

Para formular sus preguntas a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se concede el uso de la palabra por cuatro minutos a la diputada Sara Guadalupe Figueroa Canedo.

La diputada Sara Guadalupe Figueroa Canedo:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; señor procurador, licenciado Jorge Madrazo Cuéllar:

Los índices delictivos que usted y otras autoridades nos presentan y que por cierto hacen poca mención a los delitos ecológicos, parecen demostrar que se ha rebasado la capacidad del Gobierno por resolver los reclamos ciudadanos en materia de procuración de justicia.

No se puede dirigir ni mucho menos construir el destino de una nación con tales cifras, las cuales no permiten que se dé un desarrollo pleno del ser humano ni de su entorno.

Los esfuerzos de las diversas dependencias del Ejecutivo, de nosotros los legislativos y del Poder Judicial, serán pocos si no se coordinan y concretizan en la dependencia a su cargo.

De nada sirve que el Poder Legislativo o el Judicial Federal o local, encaminen sus esfuerzos para erradicar los males que aquejan a nuestro país, si no damos resultados concretos a la ciudadanía.

El combate de los delitos ambientales, tampoco ha sido eficiente. No se ha frenado su crecimiento, no se ha podido erradicar esta situación que cada día merma más nuestro patrimonio.

Esperemos y esperamos que adopten medidas, que sin vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía, resulten en acciones firmes y decididas, que permitan sostener un estado de derecho que nos facilite contribuir al desarrollo sustentable de nuestro país, con la convicción de que nuestras familias gocen de un aire limpio, de un país sin contaminación y una riqueza en la diversidad biológica.

Por ello, yo le pregunto al señor Procurador: ¿qué se está haciendo para perseguir los delitos ambientales? Quisiera saber cuál es su posición al respecto.

¿Cuántas averiguaciones previas abrió la fiscalía especial para delitos ambientales?

En la legislatura pasada mis compañeros de partido le solicitaron la fórmula del herbicida para los plantíos de amapola y mariguana, para determinar el efecto o el daño que el herbicida produce acerca de los cultivos enervantes y a los mantos freáticos. Hasta la fecha no la hemos recibido.

¿Qué se ha hecho en materia de tráfico de especies?

Y por último, ¿cuál ha sido el resultado de los operativos para detectar y sancionar el tráfico ilegal de las mismas?

Por sus respuestas, muchas gracias.

Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia

El Presidente :

Gracias a la diputada Sara Guadalupe Figueroa Canedo.

Tiene la palabra el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la República, hasta por ocho minutos.

El procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar:

Muchas gracias por sus preguntas, distinguida diputada.

Durante el periodo de enero de 1998 al 31 de mayo del 2000, la subprocuraduría de procedimientos penales de la PGR en su fiscalía de delitos ambientales, atendió un total de 971 casos. En 273 casos ya fue posible hacer las consignaciones ante el órgano jurisdiccional y 148 de ellos están todavía en trámite, buscando el perfeccionamiento de la indagatoria.

Al día 29 de agosto de este año, se han dictado 100 sentencias en materia de delitos ecológicos, de las cuales 95 han sido condenatorias y cinco absolutorias. El total de personas consignadas por la fiscalía especializada fue de 113 personas, en todos los casos por comisión de delitos del Título Vigesimoquinto del Código Penal, entre los que destacan funcionarios públicos como responsables; por ejemplo, de desecho clandestino de residuos peligrosos, de Pemex-Refinación en Veracruz, lo mismo que por tráfico internacional de vida silvestre, con un valor superior a 1 millón de pesos, por defraudación en la prestación de servicios ambientales y por desecho clandestino de tóxicos.

Con la finalidad de atender la problemática en materia de delitos ambientales federales, la fiscalía realizó durante el año 136 operativos, de los cuales 25 fueron en materia de flora y fauna, como los realizados en el conocido mercado de Sonora y la carretera El Charco-Cercado, en San Luis Potosí; 96 en materia forestal en zonas consideradas críticas para la tala clandestina en parques nacionales y áreas naturales protegidas, como la reserva de la biosfera en los Tuxtlas, Veracruz y las áreas protegidas del corredor biológico de Chichanautzin; Sierra de Huautla, Ixtapopo, Zoquiapan, de los estados de México y de Morelos.

Asimismo se realizaron 15 operativos en materia de tráfico de residuos industriales y de sustancias agotadoras de la capa de ozono en el Distrito Federal y en los estados de Nuevo León, México, Guerrero y Veracruz.

Los resultados de estos operativos fueron: 274 especímenes de flora y fauna protegida, 125 pieles y subproductos de fauna protegida, 1 mil 725 metros cúbicos de madera, 434 piezas de madera de diversas dimensiones, 220 mil litros de materiales peligrosos, 180 toneladas de residuos industriales, 42 tambores de solventes, ocho toneladas de residuos biológicos infecciosos, cinco kilogramos de residuos patológicos, dos armas, 26 cartuchos útiles, dos inmuebles, 55 vehículos, 266 cactáceas puestas a disposición de otras autoridades y además de 26 kilogramos de mariguana y 108 objetos diversos como instrumentos del delito.

Igualmente buscó la fiscalía especializada para la atención de delitos ambientales participar en el proceso para el análisis de la reforma penal en materia ambiental, en forma conjunta con la Comisión de Ecología de esta Cámara, participando en el Foro Nacional de Procuración de Justicia Ambiental y también en la que fue convocada para los talleres de análisis de las reformas de la legislación penal en materia ambiental y los cursos teóricoprácticos en materia de delitos ambientales.

Puedo también comentar a la distinguida diputada que durante el año, con personal de la Universidad Nacional Autónoma de México, se estuvieron haciendo los estudios sobre los herbicidas que se utilizan para la erradicación, fundamentalmente del paracuat. Los estudios están recién terminados y me pongo a la disposición de la diputada y de los demás compañeros legisladores que quisieran estudiar y analizar esos resultados, para que esta reunión pueda realizarse tan pronto como ustedes lo decidan.

Muchas gracias.

El Presidente :

Muchas gracias, señor Procurador.

Para ejercer su derecho de réplica por parte del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene la palabra... ¿No? ¿No se ejerce? Muy bien.

En ese orden de ideas, tiene la palabra para formular sus preguntas el diputado Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Miguel Bortolini Castillo:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados; licenciado Jorge Madrazo, procurador General de la República, buen día:

Ojalá también pudiera decirles buen día y darles buenas noticias a los familiares de los presos y desaparecidos políticos y a los habitantes de las comunidades intervenidas por el Ejército y masacradas por los grupos paramilitares.

Señor Procurador, su comparecencia ante esta alta tribuna del país debe evaluarse en función de lo que ha sido la procuración de justicia en todo este sexenio, que afortunadamente está terminando.

El balance no podía ser más frustrante y negativo; en estos seis años se han logrado récords difíciles de igualar. Se utilizó a una bruja vidente como instrumento de investigación, se realizaron varias masacres de indígenas: Acteal, El Bosque, Aguas Blancas y El Charco, sin que hasta el momento se haya identificado a los autores intelectuales. Actuaron con total impunidad grupos paramilitares en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Se militarizó a la mayoría de las zonas indígenas, floreció el narcotráfico, quedó evidenciada la creciente existencia de influencia del narcotráfico en las altas esferas del poder; se rompió además, la marca de suicidios de funcionarios.

Licenciado Madrazo, según varias publicaciones, las drogas generan en el nivel mundial, ingresos de aproximadamente 400 mil millones de dólares anuales.

Licenciado Madrazo, ¿es o no es verdad que en los últimos cinco años en México se produjeron drogas por un valor de más de 150 mil millones de dólares? Si usted tiene otro dato, ¿podría decirnos cuál sería la cantidad de dinero que se generó en México por este concepto? ¿Dónde está el dinero? ¿Existe relación entre ese monto y las reservas probadas? ¿Cuánto de ese dinero ha sido lavado en bancos o bolsas de valores? ¿Qué relación existe entre los varones de la droga y el sistema económico y político? ¿Qué relación existe entre el proceso de criminalización en que ha caído el Estado y su relación con los nuevos capitales.

¿Es posible pensar que si la producción de mariguana en México casi se duplicó desde 1986, esto haya sucedido al margen de la actuación del Gobierno? Si bien es una realidad que para que el negocio de la droga sea un éxito se requiere de un mercado ávido de consumo, lo que fundamentalmente representa los Estados Unidos.

Señor Procurador, ¿existen o no grupos paramilitares en México, organizados desde el Poder Federal o los poderes locales? ¿Leyó usted la entrevista que se le hizo en el periódico La Jornada, a los integrantes del grupo paramilitar Paz y Justicia, de Chiapas? ¿Vio las fotos? ¿Vio qué armas tenían? Son de las de uso exclusivo del Ejército y si vio todo esto, ¿qué hizo usted al respecto señor Madrazo?

Por último ¿podría decirnos usted, tomando en cuenta los padrones de suicidios nacionales e internacionales, ¿cuántos suicidios se han hecho con un cutter, cortándose la yugular y las muñecas y el muslo, simultáneamente? ¿Cuántos suicidios se han realizado con dos disparos en el pecho? Y finalmente, ¿cuál es el grado y su juicio, de credibilidad que tiene la procuración de justicia entre los ciudadanos mexicanos?

Por sus respuestas puntuales, muchas gracias.

El Presidente :

Gracias al diputado Miguel Bortolini Castillo.

Tiene la palabra el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la República, hasta por ocho minutos.

El procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar:

Muchas gracias señor diputado por sus observaciones y sus preguntas.

Desde el año de 1999, la Procuraduría General de la República instituyó primero una fiscalía y después una unidad especial para la investigación de probables grupos paramilitares o grupos civiles probablemente armados, como los denominamos, fundamentalmente en el Estado de Chiapas. Desde entonces esta unidad ha venido trabajando intensamente; sus trabajos se han centrado respecto de 10 organizaciones, respecto de quienes consideramos que tienen armas y que es absolutamente indispensable con más elementos de prueba, poderlos caracterizar como grupos civiles armados.

Se han tomado sólo durante lo que va del año 2000, más de 200 declaraciones respecto de personas que pertenecen a estas organizaciones. Sentimos que las averiguaciones previas están avanzadas; se han hecho distintos operativos en la zona norte y en la costa, en el Estado de Chiapas, para poder perfeccionar las averiguaciones previas y llevarlas a consideración de los jueces.

Nosotros pensamos que lo que sucedió el 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, Chenhaló, fue precisamente la operación de un grupo paramilitar.

Hemos llevado a la justicia a más de 100 personas como probables responsables de esos terribles ilícitos. En distintos casos ya se han dictado sentencias condenatorias, incluso respecto de servidores públicos o ex servidores públicos. Existe la reposición de un proceso que abarca a más de 80 de los autores materiales y estamos ciertos que en las próximas semanas se dictará la sentencia definitiva.

Rechazo categóricamente que el narcotráfico haya llegado a las altas esferas del poder. Yo creo que el que afirma está obligado a probar y esto no se ha probado así. Ha habido quienes nos han traicionado, indudablemente en este esfuerzo por combatir las drogas, esfuerzo que hacemos por los niños y por los jóvenes de México fundamentalmente.

Y yo repito: cada vez que se han tenido las pruebas, las evidencias, los indicios para profundizar y hemos logrado llevar la consignación ante un tribunal, se han dictado sentencias francamente ejemplares. En el caso del general Gutiérrez Rebollo, por ejemplo, las sentencias acumuladas suman ya más de 71 años.

No puedo confirmarle, diputado, que las drogas que se produzcan en México en un año valgan más de 15 mil millones de dólares; la verdad no tengo los elementos como para llegar a una aproximación de estas cifras. Sí le puedo decir el número de hectáreas erradicadas en el trabajo cotidiano del Ejército mexicano, de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal Preventiva, de la PGR. Le puedo asegurar que las 1 mil 200 toneladas de mariguana que se han decomisado durante este año son absolutamente reales, que éstas son cifras, las mejores que se han tenido durante el sexenio.

Y le puedo decir respecto a la cocaína que bueno, afortunadamente ésta no crece en México, la hoja de coca. Se produce en países de Suramérica. El clorhidrato de cocaína desde luego busca alcanzar el mercado más importante de consumo, que es el de los Estados Unidos, en donde cada año, sólo en materia de consumo de cocaína, se derraman 56 mil millones de dólares, que se consumen alrededor de casi 600 toneladas en Colombia, Bolivia y Perú pueden producir en un año.

Respecto de cuántos suicidios pueden cometerse como el desafortunado en el que incurrió el doctor Ramos Tercero, lo que puedo decirle es que, de acuerdo con la literatura forense, heridas muy similares por instrumentos cortantes se presentan en el 10% de los casos de suicidio.

Respecto de los niveles de credibilidad. Fuera de las interpretaciones partidistas o políticas, qué es lo que le puedo decir. Que hoy por hoy de cada dos denuncias que se presentan en la Procuraduría General de la República una se lleva ante los jueces, que el 92% de las resoluciones de término constitucional son precisamente autos de formal prisión o de sujeción a proceso y que el 96% de las sentencias de primera instancia son condenatorias. Eso es lo que hemos logrado y ha costado muchísimo trabajo y lo hicimos en mucho por el impulso de esta Cámara, junto con su colegisladora y de las legislaturas de los estados que permitieron la modificación de los artículos 16 y 19 de la Constitución.

Y cada punto porcentual que crecemos en nuestros niveles de consignación y de éxitos jurisdiccionales créanme ustedes que cuesta mucho, pero mucho trabajo.

Son los únicos datos objetivos que yo puedo dar para la credibilidad de la Procuraduría, independientemente del enfoque político que le quieran dar.

El Presidente :

Muchas gracias, Señor Procurador.

Para ejercer el derecho de réplica del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez.

La diputada Genoveva Domínguez Rodríguez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Parece que el señor Procurador quiere participar en el homenaje que se está llevando a cabo a Aldous Huxley, por el LXX aniversario de la gran novela Un Mundo Feliz, donde se señalaba que repetir algo tres veces a la semana durante cuatro años crea la verdad y produce reflejos condicionados definitivos entre los ciudadanos.

El problema es que el mundo feliz del licenciado Madrazo goza de un total descrédito. Nos pueden repetir tres noches a la semana, durante cuatro años o más que el cardenal Posadas murió accidentalmente, que Colosio fue asesinado por un solo tirador y que no fue un crimen de Estado, que Ruiz Massieu no fue otro crimen y que no hay grupos también paramilitares, que se está llevando un combate frontal contra el narcotráfico, que...

El diputado Martí Batres Guadarrama (desde su curul):

Señor Presidente: No le bajen el volumen, por favor.

La diputada Genoveva Domínguez Rodríguez:

Voy a iniciar. Con su venia, señor Presidente:

El mundo feliz al que me estoy refiriendo y al que usted pertenece, señor Procurador, es que muy pocos nos creemos ya las patrañas que hemos estado escuchando. ¿Con quién cree que está usted debatiendo en esta tribuna? ¡Usted miente, señor Procurador; le miente a esta soberanía, le miente al pueblo de México!

En realidad el mundo feliz del que supuestamente Aldous Huxley decía: "que era privilegio de unos cuantos, pero a la vez es una realidad para muchos", es vergonzoso. Es una vergüenza que la oscuridad a la que usted se refiere, al claroscuro que usted pinta es el claroscuro que envuelve el misterioso caso de los crímenes y yo me pregunto: ¿por qué no se da la moda de suicidarse secretarios en vez de subsecretarios? y ¿en qué país vive usted cuando afirma vehementemente que el narcotráfico en México no ha alcanzado niveles alarmantes?

Efectivamente, no todo debe recaer en usted. El flamante ex procurador azul Lozano Gracia tuvo la oportunidad de aclarar también los asesinatos políticos, las osamentas sembradas, el narcotráfico. Pero este sexenio en el cual ustedes han estado al frente de la Procuraduría, es un sexenio que usted nos viene a pintar aquí como un mundo feliz. Y a nombre de la dignidad del pueblo de México, como legisladora federal, le digo que usted miente y que quede en su conciencia; cuando usted dice que su conciencia no le reprocha nada eso es peor porque entonces usted no tiene conciencia.

Muchas gracias, señoras y señores diputados.

Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes

El Presidente :

Gracias a la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez.

Para formular sus preguntas a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Vicente Pacheco Castañeda.

El diputado Vicente Pacheco Castañeda:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; señor Procurador:

El Presidente expresó que durante su gestión había fallado pero que no fracasaría. Usted, por su parte, afirmó que la autoridad ganaba batallas. Hoy, al cierre de caja en esta materia, se puede concluir que el Ejecutivo Federal falló y fracasó y que usted como Procurador perdió la batalla contra el crimen.

Estamos conscientes de que la delincuencia no se inició con su llegada, señor Procurador, lo que se le cuestiona es el incremento de la misma durante su gestión.

Usted habla de delitos del fuero común y ¿el rezago de la Procuraduría General de la República dónde queda? Es impresionante ver en varias decenas de miles y miles de expedientes y órdenes de aprehensión rezagados. No se puede ni mucho menos se debe evadir la responsabilidad en el problema más complejo de la nación.

Esta Cámara dotó de instrumentos y herramientas jurídicas para hacer un combate más eficaz contra el crimen organizado y en los hechos hemos observado que los han desvirtuado. ¿El haber incautado más drogas es por eficiencia de la Procuraduría o por el incremento en los cargamentos de ese material?

Esta Procuraduría deja mucho qué decir en el ámbito de la cooperación bilateral para el combate al narcotráfico.

En efecto, un asunto controvertido y polémico que cuestiona la actuación de la PGR, fue la intervención del FBI en las llamadas narcofosas encontradas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en plena violación de la soberanía nacional y de las leyes mexicanas. Hubo un error en la toma de decisiones a este respecto, que evidenció la incapacidad de la PGR para desplegar su labor y la desconfianza de su titular en su propia institución.

Señor Procurador: ¿Explique por qué se les permitió a los agentes del FBI el ingreso al país de manera ilegal? ¿Por qué se les permitió el traslado de cadáveres en plena violación a las leyes de inhumaciones? ¿Acaso la Procuraduría no cuenta con la infraestructura necesaria para realizar este tipo de tareas?

¿Es legal este tipo de intervención, de conformidad con los tratados binacionales de cooperación?

Otro caso lamentable y que usted reconoció había fisurado las relaciones de cooperación fue el llamado "operativo casablanca". A este respecto usted informó que se realizarían las investigaciones correspondientes. ¿Nos puede decir cuáles son los resultados de las mismas?

Estos dos casos son pruebas de la ineficacia de la PGR, tanto en lo externo como en lo interno.

Señor Procurador: usted no fue profeta en su tierra ni en la ajena. Un asunto que nos extraña, es el relativo a la organización de narcotraficantes de los hermanos Arellano Félix. Usted nos ha informado del desmantelamiento de otras organizaciones, pero de ésta los resultados han sido nulos. ¿A qué se debe esto, señor Procurador? ¿Es táctica, temor o acaso complicidad?

Otro campo donde la Procuraduría vergonzosamente ha fracasado es el combate al tráfico de indocumentados y particularmente de las bandas que han hecho de esta actividad su modus vivendi. Es inconcebible que los transportes de carga humana que hacen las bandas de polleros, en su mayoría no son interceptadas por los operativos desplegados por la PGR y este problema lo tenemos principalmente en Sonora.

Es de suponerse que los funcionarios operativos de su institución han creado de facto una nueva visa y el cobro de un derecho ilícito a estos polleros. ¿Qué ha hecho la PGR para combatir esto, señor Procurador?

Concluyo, sobre otro espinoso asunto. El del señor Izabal Villicaña, quien fuera oficial mayor de la dependencia a su cargo y hombre de su confianza desde que usted estuvo en la Comisión de los Derechos Humanos y que al morir dejó cajas repletas de dinero mal habido.

¿Qué nos puede informar sobre la procedencia de este dinero mal habido? ¿Desde cuándo conocía usted a esta persona? ¿Nos puede informar del contenido de su comparecencia ante el agente del Ministerio Público? ¿Ya sabe del origen del dinero ése que se encontró, el millón y medio de dólares?

En alusión a este personaje, en una ceremonia usted dijo que a pesar de las traiciones se ganaría la batalla contra la delincuencia. ¡Señor Procurador, hoy el saldo es de números rojos, consecuentemente usted además de ofender a los muertos, mintió a los vivos!

Muchas gracias por su atención señores.

El Presidente :

Gracias, señor diputado.

Para responder a sus preguntas, hará uso de la palabra el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la República, por ocho minutos.

El procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar:

Muchísimas gracias.

Yo me pregunto cuando se dice que se ha perdido la batalla: ¿qué significa haber perdido esa batalla? ¿Significa que ya no se cometan más delitos ni del fuero común ni del fuero federal, que no se vuelva a traficar con droga, que no se presente un solo secuestro y que lleguemos precisamente al mundo feliz del que hablaba recientemente una distinguida diputada?

Yo no creo que la victoria o la derrota se pueda medir de esa manera. No creo que hubiésemos perdido, pero creo que desde luego queda mucho por hacer, por disminuir los índices delictivos al nivel que tienen otros países con el nivel de desarrollo de México. Creo que nos estamos acercando a eso. Creo que esto es un proceso. Creo que no se pueden inventar ni son actos de prestidigitación.

La delincuencia no es un fenómeno que se puede explicar sólo desde el punto de vista de la persecución policiaca. Quien crea eso y que crea que la delincuencia sólo existe por los problemas de la ineficacia policiaca, creo que estará cometiendo un grave error.

Al tema de la criminalidad y de la delincuencia se puede aproximar por otros vectores: el desorden urbano, la pérdida de valores, la falta de instrucción, los problemas económicos, la falta de empleos; todos ésos son factores que cuando son negativos estimulan la criminalidad, cuando son positivos desde luego la desestimulan. Yo creo que esto habría que verlo de manera mucho más global y no en el todo o en el nada, como si esto fuera Waterloo. ¡No, así no es, así no es ni ésta fue la derrota de Napoleón! ¡Ya se verá más adelante, cuando un nuevo gobierno llegue, si es que efectivamente se puede solamente con voluntad política resolver el problema de los delitos! ¡Eso es falso y lo van a ver!

Yo siempre he dicho que durante la anterior legislatura se otorgaron importantes herramientas para el combate al delito, ¡jamás lo escatimé!, a pesar de que para las reformas a los artículos 16 y 19 hubiésemos tardado dos años en su aprobación, a pesar de que no se hubiesen aprobado exactamente como se habían propuesto; ésta es la democracia y ésta es la vida parlamentaria y lo entiendo. ¡Jamás le he escatimado al Poder Legislativo su colaboración, su esfuerzo, su comprensión!

Cuando en noviembre del año pasado solicité con plena responsabilidad y apego a las normas internas y a las convenciones internacionales, que el FBI con peritos, no con policías sino con peritos técnicos, nos ayudara a hacer distintas excavaciones y después exámenes de antropología forense en Ciudad Juárez, no se cometió absolutamente ninguna violación a la soberanía de este país; lo dije entonces y lo repito ahora. ¡Pero si alguien tiene pruebas de lo contrario, pues que lo diga, no me lo dejen a mi conciencia que se queda hacia adentro, denúncienlo, divúlguenlo, pero con pruebas, no solamente con especulaciones!

Los resultados de las investigaciones que se hicieron sobre ésas, como le dijo la prensa, narcofosas, han sido muy importantes en la aprehensión y procesamiento de células identificadas de la organización que dirigió Amado Carrillo Fuentes. Se hicieron esas aprehensiones, esos aseguramientos de bienes en Ciudad Juárez, se hizo en Michoacán, se hizo en Guerrero, logramos conocer mucho más de la organización y estoy cierto de que se afectó a esa organización criminal de manera muy pero muy importante.

No se hizo absolutamente ningún traslado ilegal de cadáveres, sólo se dio de acuerdo con las reglas sanitarias, cuando terminaron los dictámenes de DNA que no podíamos hacer en México con esa técnica, inmediatamente los cadáveres regresaron al anfiteatro de Ciudad Juárez,

Se ha logrado la identificación de siete de esos nueve cadáveres que han sido ya devueltos a sus familiares. Yo tengo la impresión de que seguramente no se atendió las últimas aprehensiones que se han tenido respecto de una organización criminal dedicada al narcotráfico, porque han sido precisamente los del cartel de los Arellano Félix. Se detuvo al principal operador sobre el terreno de los Arellano Félix, que es el Mayel y se detuvo al cerebro financiero que es el Chuy Labra y están enfrentando ahora diversos procesos penales y están recluidos en Almoloya de Juárez.

El operativo casablanca indudablemente que violó distintas convenciones, comparecí ante el Senado de la República a explicar hasta dónde habían llegado nuestras investigaciones, pudimos procesar a nueve personas en el país que habían intervenido en ese proceso de lavado de dinero, dije de manera clara que desafortunadamente no había un tipo penal para sancionar a los agentes encubiertos que habían tenido actividades en el territorio nacional y propuse entonces al Senado de la República que se pensara en establecer un tipo penal específico para esa clase de conductas, Yo creo que todavía eso sigue siendo suficientemente válido y eso no quiere decir que la relación con los Estados Unidos haya sido mala, creo que todavía puede ser mejor, tendrán la oportunidad de demostrarlo en los próximos meses.

Respecto del señor Izabal Villicaña ya lo he dicho, la investigación la tuvo a su cargo la Procuraduría General de Justicia del D.F., trabajó con todo rigor, con toda energía, yo estoy muy agradecido con el Procurador, el doctor Del Villar por el apoyo que le brindó a la PGR. Sabemos que los recursos no son recursos presupuestales de la institución, sabemos que no hubo un destino distinto al presupuesto o a los bienes institucionales y tenemos que seguir trabajando para conocer el origen de estos recursos.

No puedo todavía afirmar con contundencia cuál es la fuente de los mismos, pero éste es uno de nuestros principales empeños.

El Presidente :

Gracias señor Procurador.

Para ejercer el derecho de replica a nombre del grupo parlamentario del PAN, se concede el uso de la palabra por cuatro minutos, a la diputada Mónica Leticia Serrano Peña.

La diputada Mónica Leticia Serrano Peña:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; licenciado Madrazo:

No son satisfactorias sus respuestas sobre la intromisión de agentes extranjeros en nuestro país, ya que esta acción se dio al margen de las disposiciones legales que nos rigen, en el caso de la narcofosa de Ciudad Juárez y en el operativo denominado "casablanca". Si en la prensa internacional se sostuvo que eran agentes, quien tiene que probarlo es usted.

En su gestión, aunque usted lo niegue, la colaboración binacional no ha sido lo recíproca y respetuosa que quisiéramos, más bien se ha marcado una tendencia unilateral y se ha puesto en entredicho nuestra soberanía. Sus palabras distan mucho de acercarse a nuestra realidad y no disipan nuestras dudas en relación a la impunidad con que actúan las bandas de narcotraficantes, particularmente la de los hermanos Arellano Félix, organización que ha sembrado a su paso un ambiente de miedo y muerte,

Detener a dos colaboradores no es suficiente, aún continúa el narcotráfico. Es lamentable reconocer que en México los carteles de narcotraficantes han inundado nuestra ciudades de droga y que del grave problema del tráfico, ahora empieza a generarse uno más grave, el del consumo.

¿Cómo espera la Procuraduría General de la República tener la credibilidad de la población si no es capaz de resolver los crímenes, si ni siquiera es capaz de localizar al ex director de bienes asegurados de esa institución, un hombre que debió de caracterizarse por su integridad? Señor Procurador, el buen juez, por su casa empieza.

Ahora bien. Ya que tocamos el asunto de los bienes asegurados, queremos decirle que el titular de la Secretaría de Hacienda, quien compareció en días pasados, no dio cuenta de la cantidad y mucho menos del importe que sobre esta materia se ha generado y adujo que la Procuraduría no había proporcionado la información, por lo que esta soberanía le solicita remita a la brevedad el listado correspondiente e informe el estado que guardan dichos bienes y en poder de quien obran.

Señor procurador Madrazo: qué bueno que para usted tenga hoy la conciencia tranquila; qué lástima que esta tranquilidad no la tenga el pueblo de México.

El Presidente :

Muchas gracias, diputada Mónica Leticia Serrano Peña.

Para formular preguntas a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se concede el uso de la palabra por cuatro minutos, al diputado Juan Manuel Sepúlveda Fayad.

El diputado Juan Manuel Sepúlveda Fayad:

Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados; señor Procurador de la República:

Los medios de comunicación y la propia Procuraduría han dado cuenta de un muy elevado numero de servidores de esa dependencia que han sido procesados o separados de su encargo, lo cual genera muchas interrogantes. Dentro de ellas, quiero destacar dos que me parecen especialmente preocupantes:

Ya hemos escuchado qué se hace cuando el funcionario se aparta del cauce legal, pero combatir el mal pretendiendo eliminar sólo los síntomas resulta evidentemente insuficiente. ¿Qué se hace para erradicar de raíz estas conductas?

En segundo término quisiera saber si la Procuraduría de la República ha establecido un mecanismo de seguimiento para estos malos funcionarios que permita evitar o al menos disminuir la posibilidad de que se integren a la delincuencia.

En los últimos meses, a partir de la detención de dos generales por su presunta vinculación con el narcotráfico, hemos percibido con preocupación una campaña en contra de las fuerzas armadas que ha llegado incluso a sugerir su separación de las actividades de combate al narcotráfico, actitud ésta parcial y fuera de contexto y que desde luego rechazamos por considerar que la presencia de las fuerzas armadas en esta tarea ha sido fundamental y porque consideramos además que el más elemental juicio de comparación entre los logros y los cuestionamientos desde luego se inclinan a favor de los primeros.

Le pregunto al Procurador General de la República, ¿cuál es, a su juicio, el balance y la perspectiva a futuro de la participación del Ejército en estas tareas relacionadas con el narcotráfico?

Múltiples han sido las instancias de coordinación que en materia de justicia y seguridad pública se han dado en nuestro país en los últimos años. De las acciones de algunas de estas instancias todos hemos sido testigos, de algunas otras nos enteramos a través de la prensa, pero incluso hay algunas de las que no tenemos mayor información.

En su opinión, señor Procurador, ¿cuáles son las fortalezas y cuáles las debilidades de estas instancias de coordinación a nivel nacional?

Por último, hemos escuchado reiteradamente de toda una serie de acciones de la Procuraduría, tendientes a mejorar su marco legal y administrativo, a capacitar al personal, a dotarle de más y mejor equipo, a modificar la imagen a través del cambio de la denominación o del uniforme. Sin embargo, le preguntaría a usted si este innegable cambio institucional que usted ha promovido, ha traído aparejada de manera equivalente una mejoría real en la calidad de su función primordial, no la que se mide en estadísticas, sino aquella que hace que el ciudadano común tenga verdadero acceso a la justicia.

Por sus respuestas, muchísimas gracias, señor Procurador.

El Presidente :

Muchas gracias, señor diputado Sepúlveda Fayad.

Para dar respuesta a sus preguntas, se concede el uso de la palabra al licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la República, por ocho minutos.

El procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar:

Muchísimas gracias:

He mencionado que durante este proceso de reforma de la Procuraduría General de la República, la vertiente más complicada, pero al mismo tiempo la más importante, ha sido la renovación, la dignificación y la depuración del personal sustantivo, léase agentes del Ministerio Público, agentes de Policía Judicial Federal y peritos.

Y hemos buscado concretar esta tarea, primero mediante el establecimiento de una instancia que desarrolla una batería de cinco exámenes en donde precisamente deben de quedar acreditados por los métodos científicos y técnicos más modernos, que una persona es susceptible de depositar en ella la confianza para hacer un trabajo fundamental en materia de seguridad pública y de procuración de justicia.

Todas las personas que ingresan a trabajar a la Procuraduría, antes de hacerlo deben acreditar estos exámenes. Pero al mismo tiempo, todo el personal en activo de la Procuraduría, el personal sustantivo, se ha sometido de manera gradual a estos exámenes, empezamos por la fiscalía especializada para la atención de delitos contra la salud; después la unidad contra la delincuencia organizada; la unidad de lavado de dinero; la visitaduría general; la contraloría interna; las delegaciones de la Procuraduría en los estados. Ahora la fase administrativa, empezando por la oficialía mayor, como ya lo he reseñado, y cuando yo deje la Procuraduría estará todo preparado para que el centro de control de confianza pueda evaluar, desde el Procurador hasta el personal administrativo de intendencia. Pero además tenemos que mejorar las condiciones y los horizontes de vida de nuestro personal.

A pesar de que la retabulación permitió en algunos casos un incremento del salario por cuota diaria, todavía sigue siendo un salario extraordinariamente modesto, como para encarar las graves responsabilidades que tienen los ministerios públicos y los policías. No puede ser que el horizonte que tenga, sobre todo el policía, sea la tumba o la cárcel. Necesitamos buscar esa redignificación, la hemos buscado a través de capacitación, a través de mayor formación, a través del centro de control de confianza; hemos trabajado en derechos humanos y derecho internacional humanitario; hemos trabajado en la formación de valores, pero desde luego se necesita mucho más.

Yo diría, hay que darle todavía mejores condiciones de vida a nuestro personal, temas como seguros de vida y seguros de gastos médicos, en donde hemos podido avanzar, pero no todo lo que quisiéramos y hay que tener un sistema de control y vigilancia permanente sobre sus actividades.

Respecto de los dos generales que fueron consignados por la Procuraduría General de Justicia Militar, yo repito, no por dos, tres, siete generales del Ejército que han sido consignados por delitos contra la salud, tanto en el fuero federal como en el fuero militar, se puede hacer un enjuiciamiento tan grave y severo como he leído en algunas páginas de los periódicos y como he escuchado aquí mismo en esta Cámara.

Yo creo que no es el Ejército ni la Secretaría de la Defensa Nacional lo que está a juicio; son esas personas que traicionaron la confianza de las instituciones, de los titulares de esas instituciones.

Yo debo decir que del general secretario Enrique Cervantes siempre he tenido todo el apoyo, la mayor comprensión en la lucha contra el narcotráfico. Sin el Ejército no podríamos tener los niveles de erradicación que se tienen. Sin el Ejército y sin la Secretaría de Marina no podríamos tener la eficacia en la intercepción de cargamentos de drogas que se tiene.

Yo pienso que las fuerzas armadas tienen que seguir trabajando en esos dos eslabones centrales y desde luego trabajar también como auxiliares del Ministerio Público, según la propia Constitución General de la República lo establece.

Yo creo que hay razones para estar optimistas, pero desde luego hay que tener muy en claro que se debe redoblar el paso, el esfuerzo tiene que ser aún mayor para poder vencer a estas pestes modernas, a estos flagelos que tanto dañan a nuestra juventud y a nuestra niñez.

La gran apuesta que nosotros hemos hecho es a la coordinación, coordinación con las procuradurías de los estados y con instancias locales y municipales de seguridad pública; vencer el obstáculo de siempre, que es el de la desconfianza recíproca y así hemos trabajado también en cooperación con la Policía Federal Preventiva. Con ellas hemos podido desarticular varias bandas dedicadas por ejemplo al secuestro. En el último año logramos el desmantelamiento de ocho organizaciones criminales dedicadas al secuestro y hemos trabajado en estrecha colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina.

Yo espero que no por unos cuantos se puedan hacer juicios sobre las instituciones. Yo llamo a la objetividad y llamo a la serenidad.

Y hay cosas que se pueden divulgar, indudablemente, en nuestros trabajos de coordinación. El ejemplo más claro del trabajo de coordinación es el Sistema Nacional de Seguridad Pública, creado por el Poder Constituyente Permanente, que ha tenido estos seis años de Trabajo, que costó trabajo indudablemente que surgiera y que empezara a dar sus resultados. Pero yo les puedo decir hoy categóricamente que es el mejor instrumento de policía científica que hubiésemos podido implementar los mexicanos.

A mí me hubiera gustado muchísimo que los primeros resultados sensibles y concretos del Sistema de Seguridad Pública se vieran en estos años y en estos meses. Creo que con ese sistema, a partir de unas cuantas semanas, unos cuantos meses, van a poder ver los procuradores de los estados el valiosísimo instrumento, el valiosísimo papel con el que cuenta.

El Presidente :

Gracias, señor Procurador.

Para ejercer el derecho de réplica del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hará uso de la palabra por cuatro minutos el diputado Oscar Alfonso del Real Muñoz.

El diputado Oscar Alfonso del Real Muñoz:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputado; señor Procurador:

Es una constante debatir sobre la participación del Ejército en actos de aparente naturaleza policiaca. Algunos de los propios militares opinan que las acciones que efectúan miembros del Ejército dentro de algunas corporaciones policiacas deben ejecutarse exclusivamente por personal civil.

De lo dicho hasta este momento, nos queda muy claro que independientemente de la legalidad o ilegalidad de la participación de miembros del Ejército en estas actividades, es con la colaboración del Ejército como se ha logrado la erradicación y la nulificación de actividades relativas al narcotráfico.

Se evidencia también que este hecho ha sido de un costo significativamente menor que si se hubiera contratado un cuerpo de policía de 25 mil elementos y es muy posible que, pese a tener en contra opiniones de peso, el grado de corrupción de las fuerzas policiacas que en México combaten al narcotráfico, sea mucho menor con la participación de las fuerzas armadas de mar, tierra y aire.

Estamos en el punto en que objetivamente-tenemos que reconocer que la participación del Ejército en estas labores es insustituible, pero no obstante, nos preguntamos por qué la normatividad no ha sido adecuada a la realidad para transparentar la participación del Ejército en estas acciones.

Por otro lado, los esfuerzos del Estado mexicano por erradicar y desaparecer hasta su última expresión el narcotráfico han sido tan significativos que implican forzosamente la participación de los múltiples cuerpos policiacos que intervienen en la coordinación y la del Ejército como ya ha quedado asentado.

De lo anterior deviene que afirmemos que no obstante esos esfuerzos, las acciones de la Procuraduría General de la República, con fuerzas propias y de otras instituciones, siguen siendo insuficientes y son insuficientes porque no se ha hecho el esfuerzo presupuestal adecuado para cubrir el costo de todas estas actividades.

Adicionalmente no queda muy claro en el contexto internacional cuál es el esfuerzo económico real que se efectúa en cooperación con otros países para combatir las acciones del narcotráfico que dañan a todos los signantes sin excepción.

Es injusto que pese a los esfuerzos realizados, el gobierno de los Estados Unidos de América se empeñe en certificar o descertificar las políticas y las acciones que en materia de narcotráfico realiza el Gobierno y el pueblo de México.

La cuestión es si tenemos alternativas jurídicas en el derecho internacional para hacer una exigencia formal al gobierno de los Estados Unidos, en el sentido de que él mismo debe participar más en erradicar el consumo de drogas en el vecino país.

Sin embargo, pese a los grandes logros obtenidos por la Procuraduría General de la República en el cumplimiento de sus obligaciones y al margen de la desestima de esta institución en el sentir popular, hay un saldo negativo que no podemos ignorar: las tendencias apuntan al crecimiento de la actividad del narcotráfico; al involucramiento corrupto cada día mayor de autoridades relacionadas con el combate a esta actividad; al crecimiento de acciones de procuración de justicia que intimidan a los ciudadanos en las carreteras, los caminos, sus vehículos y sus hogares; en la privación de bienes a personas inocentes; en la multiplicación de fortunas cuyo origen es el lavado de dinero; en el creciente número de madrinas que ejercen violencia en los ciudadanos.

¿Qué opinión nos ofrece el señor Procurador ante estas expectativas?

Muchas gracias.

El Presidente :

Gracias diputado.

SEGUNDO TURNO DE PREGUNTAS

El Presidente :

Para continuar con la tercera parte de esta comparecencia que consiste en un segundo turno de preguntas y respuestas, por cuatro minutos cada una de ellas, con derecho a réplica de cuatro minutos, con respuestas del Procurador General de la República, por ocho minutos, se concede el uso de la palabra, por cuatro minutos, al diputado Félix Castellanos Hernández.

El diputado Félix Castellanos Hernández:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores; señor Procurador:

Sólo queremos hacerle tres preguntas y esperamos respuestas muy puntuales de las mismas.

Nos preocupa a los legisladores el incremento que ha tenido el delito de tráfico de menores. Queremos insistir en este delicado tema para nuestro país.

Respecto de otros delitos, en este caso se tiene también una sofisticada red que opera en territorio nacional. Se sabe de casos en donde los menores son comprados por extranjeros en nuestro territorio o bien se entregan en territorio extranjero o inclusive mediante la falsificación de documentos oficiales se les ha pretendido sacar ilegalmente.

Por el impacto y tragedia familiar que la comisión de este delito implica, le preguntamos:

¿Qué medidas concretas ha tomado la Procuraduría para combatir estas redes de traficantes, cuántas personas han sido detenidas y consignadas y en cuántos casos se han obtenido sentencias condenatorias?

Segunda pregunta, señor Procurador: nuestro grupo parlamentario y el grupo parlamentario de la pasada legislatura condenó la nefasta intervención de la Policía Federal Preventiva en las instalaciones de la máxima casa de estudios.

Cuando se pone a disposición del Ministerio Público Federal a los estudiantes universitarios, se integran con celeridad y mal fundadas las averiguaciones previas correspondientes y las consignaciones ante el juez de distrito. Sin embargo, y pese a que ustedes sistemáticamente se empeñaron en tratarlos como a vulgares delincuentes no lograron aportar los suficientes elementos de prueba para confirmar su acusación. Por ello gran parte de estas personas obtuvieron su libertad.

¿Qué los obligó a invadir a la Universidad y a procesar injustificadamente a los estudiantes, máximo que usted había comentado en muchas ocasiones que se respetaría el ámbito propio de la autonomía universitaria para que el conflicto se resolviera por la vía del diálogo?

Finalmente, la tercer pregunta, señor Procurador: nuestro partido político y las organizaciones campesinas de Guerrero, algunas de las cuales también representamos, quisiéramos preguntarle, ¿por qué mientras organismos internacionales premian a campesinos ecologistas de Guerrero por su brillante trabajo, ustedes por el contrario los detienen y canalizan para que hoy estén en un centro de readaptación social que más bien parecieran ser centros de especialización y perfeccionamiento de la delincuencia organizada?

No me vaya a responder, señor Procurador, que también necesita pruebas de esto último.

Muchas gracias.

El Presidente :

Muchas gracias, diputado Castellanos Hernández.

Tiene el uso de la palabra, hasta por ocho minutos, el señor Procurador General de la República.

El procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar:

Muchas gracias, señor Presidente:

Hay tres preguntas muy concretas y voy a tratar de articular tres respuestas también muy concretas.

En cuanto al delito de tráfico de menores, secuestro de menores, este delito había venido siendo fundamentalmente un delito del fuero común.

Creo que las procuradurías de justicia de los estados tendrían mucha mayor capacidad para contestarle cuántas personas han sido detenidas y cuántas personas han sido condenadas.

Sin embargo, quiero recordar que a finales de la legislatura inmediata anterior, se aprobó una reforma publicada en el Diario Oficial el 12 de junio del año 2000, que enmendó los artículos 366, 366-bis y tercer y cuarto párrafos del Código Penal Federal, que están ubicadas dentro del Capítulo Unico del Título Vigesimoprimero, privación ilegal de la libertad y de otras garantías.

De esta manera se incluyó una forma distinta de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, cuando se realiza con el fin de trasladar a un menor de 16 años fuera del territorio nacional, con el propósito de obtener un lucro indebido por la venta o la entrega del menor y su pena es de 25 a 50 años de prisión. Se tipifica también como tráfico de menores el traslado de un menor fuera del territorio nacional o su entrega a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido por el traslado o por la entrega y su penalidad es de tres a 10 años de prisión.

Estas modalidades específicas de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, se hicieron del ámbito federal. En un artículo transitorio incluso en la reforma, se aprobó que la Secretaría de Hacienda transfiriera los recursos económicos indispensables, para que funcionara una unidad encargada sólo de la persecución de estos delitos en la Procuraduría General de la República.

En los términos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, encontramos que esta unidad debía operar precisamente ahí, en el ámbito de la unidad contra la delincuencia organizada como una fiscalía específica. Se establecieron los recursos técnicos y humanos necesarios y la fiscalía está lista para su operación. Esta es una reforma sumamente reciente, señor diputado.

Hemos tenido desde luego un estudio de especialización para los ministerios públicos que trabajarán o que están trabajando ya en esta fiscalía, sobre las convenciones de aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. Hasta el día de hoy esta fiscalía no ha recibido una sola denuncia por privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y con estas características de internacionalidad.

Por lo que se refiere a lo que usted dice la ilegal intervención de la Policía Preventiva en el campus universitario, creo que políticamente le puede merecer la opinión que usted estime más conveniente pero no la de ilegal.

La Policía Federal Preventiva, la Policía Judicial Federal y con el apoyo, fuera del campus de los elementos de Seguridad Pública del Distrito Federal, con una orden del juez o de la jueza segundo de distrito en procedimientos penales en el Distrito Federal, realizamos el operativo que estuvo al mando del Ministerio Público en Ciudad Universitaria, después de que habían transcurrido muchísimos meses sin que el conflicto universitario se resolviera y cuando cada vez más que a los ojos de muchos mexicanos se estaban cometiendo actos delictuosos.

Y no fue, señor diputado, por falta de pruebas, que todas las personas, las más de 200 que fueron consignadas están hoy en libertad. Fueron por las peticiones específicas y los sobreseimientos que la abogada general de la Universidad Nacional presentó ante el Ministerio Público y que nosotros como institución de buena fe, llevamos ante los respectivos procesos penales.

Respecto a los campesinos de Guerrero, quiero decirle que mandamos hacer desde la dirección general de Derechos Humanos de la Procuraduría, una investigación muy cuidadosa sobre los agravios que decían tener estos dos campesinos, fundamentalmente sobre los términos de la detención y sobre la supuesta tortura.

Se hicieron análisis médico-forenses. Se recorrió paso a paso el lugar de la detención al lugar donde fueron presentados al Ministerio Público del fuero común y no encontramos violaciones a derechos humanos.

Presentamos conclusiones acusatorias, hay una sentencia dictada ya por un juez que valoró todo el tema de violaciones a derechos humanos que argumentaron los procesados y hoy el asunto está en segunda instancia. Será el magistrado el que tenga que resolver en definitiva la cuestión.

Y me quedan creo que dos minutos treinta y seis segundos y se me ha hecho una pregunta acerca de lo que hemos entregado al servicio de administración de bienes asegurados de la Secretaría de Hacienda.

Quiero recordar que esta Ley de Bienes Asegurados, que por cierto fue promovida por la PGR desde 1997, entró en vigor el 16 de agosto de 1999. A partir de su entrada en vigor, todos los bienes que son asegurados por el Ministerio Público de la Federación, en un plazo de 72 horas se ponen a disposición del Sistema de Administración de Bienes Asegurados de la Secretaría de Hacienda.

Eso se está cumpliendo puntualmente, no ha sido fácil porque, bueno, el Sera se ha dado cuenta de la estructura que se requiere para manejar, apenas hasta para recibir esa cantidad de bienes que están sujetos a aseguramiento ministerial.

Y hemos estado también en el proceso de entregar todo lo que había asegurado el Ministerio Público antes de agosto del año pasado. Se han entregado ya siete empresas productivas. Hasta la fecha se han hecho entrega de 406 registros de joyas. En materia de numerario se ha entregado 2 millones 748 mil 769 pesos con 40 centavos de pesos mexicanos y 6 millones 37 mil 723 dólares con 74 centavos, el remanente, 76 millones de pesos, se entregarán en las próximas seis semanas.

El total de numerario a entregar por lo que corresponde a la administración de un servidor, será de 141 millones de pesos, además de 9 millones 673 mil 333 dólares con 95 centavos. Los bienes que están pendientes por entregar al Sera, son 6 mil 540 bienes y 3 mil expedientes que contienen estos aseguramientos.

Esto es lo que puedo decir. Si se quiere una información más pormenorizada, con mucho gusto la entregaría a esta soberanía.

El Presidente :

Gracias, señor Procurador.

Diputado Félix Castellanos Hernández, ¿quiere hacer uso de su derecho de réplica?

El diputado Félix Castellanos Hernández (desde su curul):

Sí, señor Presidente.

El Presidente :

Tiene el uso de la palabra por cuatro minutos.

El diputado Félix Castellanos Hernández

Hemos escuchado ir y venir justificaciones, sin embargo, tal y como se establece en el informe del Ejecutivo, el mayor número de delitos que se cometieron en nuestro país, precisamente correspondieron al fuero federal. Sin embargo, señor Procurador, aquí lo que hemos planteado también es el desempeño de la Procuraduría a su cargo.

Indudablemente para quien ocupa el cargo de procurador, la responsabilidad es amplísima, pero más allá de la capacidad personal debe contarse con una estructura que permita asumir a plenitud la responsabilidad que se tiene. Por ello nos extraña el que la institución que usted preside no haya sido capaz de lograr la aprehensión de Mario Villanueva; esta persona prácticamente huyó de sus manos.

Tampoco nos dio respuesta, señor Procurador, con esa altivez que lo caracteriza, de las acciones penales en contra de Rubén Figueroa y de José Rubén Robles Catalán, con el asunto de Aguas Blancas. En ese sentido condenamos este inejercicio de la Procuraduría, que se traduce en impunidad. Estas personas, sólo por tener recursos económicos y por estar vinculadas a las altas esferas del poder público, no son molestados.

A diferencia de usted, en el caso de la Universidad seguimos sosteniendo que las autoridades actuaron arbitrariamente. Recordemos que lo que motivó la huelga fue la decisión autoritaria y unilateral del Consejo Universitario para el aumento de las cuotas, sin consultar a la comunidad universitaria. Por ello la postura del Partido del Trabajo es la defensa de la educación pública gratuita y la solidaridad con quienes enarbolan estas causas.

Señor Procurador, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo asume el compromiso de trabajar intensamente para proponer medidas legislativas que coadyuven a la erradicación de la delincuencia; sin embargo, reconocemos también que las medidas legislativas, por sí mismo, no resuelven los problemas. Sumamos el esfuerzo que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha realizado junto a otros sectores de la sociedad, para que como mecanismos que nos permitan posibles status de corrupción de los servidores públicos, en que las declaraciones patrimoniales tengan carácter público y sean auditables. Estamos ciertos que éste es un mecanismo de combate a la inmoralidad en el servicio público.

No nos satisface la respuesta que da en el sentido de la justificación que usa para proporcionar un vehículo al señor José Luis Reyes, miembro del equipo del señor Fox. Para nosotros queda claro que no reune la calidad de servidor público y por tanto cualquier apoyo que reciban de instituciones públicas, es ilegal. Esperamos, señor Procurador, que sea receptivo a nuestra exigencia de investigar el procedimiento por medio del cual se otorgan recursos económicos a personas que no tienen un nombramiento en términos de la ley, para ser considerados como servidores públicos. En consecuencia, le pedimos se pueda citar a declarar inmediatamente al Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Finalmente le decimos que la discusión no está agotada, que hay mucho que discutir, mucho que hacer; sin embargo, todos debemos hacer nuestro mejor esfuerzo por dejar de justificarnos, para que en nuestro país finalmente pueda existir una auténtica moral republicana.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente :

Muchas gracias diputado Castellanos Hernández.

Para formular preguntas a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por cuatro minutos, se le concede el uso de la palabra a la diputada Julieta Prieto Fuhrken.

La diputada Julieta Prieto Fuhrken:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; señor Procurador.

Para el Partido Verde Ecologista de México, el respeto a los derechos humanos de los mexicanos es un asunto de fundamental importancia. El tratamiento y protección adecuado de los derechos fundamentales de la población se ve reflejada en una mayor confianza de los gobernadores en sus instituciones.

Durante muchos años, las actividades de la Procuraduría General de la República, en concreto de la Policía Judicial Federal, fueron sinónimos de violación a los derechos humanos de los mexicanos. De hecho la razón por la que se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tuvo precisamente su origen en este aumento a la violación de los derechos fundamentales de los mexicanos.

Señor Procurador, como usted sabe, ya que ocupó la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos después del doctor Jorge Carpizo, lo que digo es absolutamente cierto, dado que usted como titular del órgano de protección de derechos humanos, realizó diversas recomendaciones a la Procuraduría General de la República por violaciones a los derechos humanos.

La percepción de la sociedad no ha cambiado y si no ha cambiado, ha sido supongo, porque la situación en la que se refiere a los derechos humanos y la actuación de la Policía Judicial Federal no se ha modificado en lo sustancial.

"Si el río suena, agua lleva", reza un dicho popular muy conocido. Mis preguntas concretas en este rubro son:

¿Cuáles han sido las acciones concretas realizadas por la dependencia a su cargo para cumplir a satisfacción con las recomendaciones realizadas por usted como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos?, que según entendemos, aún ahora no han sido cumplidas; ¿o acaso las recomendaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos sólo tienen valor si se llevan a cabo desde su presidencia, pero lo pierde una vez que se alcanza el objetivo político de escalar otros cargos dentro de la administración pública?

Señor Procurador, ¿qué acciones de capacitación y concientización se llevan a cabo para evitar que las acciones de la Procuraduría General de la República sean aún hoy sinónimo de violación de los derechos humanos de los mexicanos?

Por último, ¿nos podría explicar cómo fue posible que se les haya escapado Mario Villanueva?

Por sus respuestas, muchas gracias.

El Presidente :

Gracias, diputada Prieto Fuhrken.

Para dar respuesta a las preguntas formuladas, hará uso de la palabra el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, hasta por ocho minutos.

El procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar:

Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias por sus preguntas y observaciones, diputada Prieto.

Siempre he trabajado bajo la convicción de que el respeto a los derechos humanos y la recta y oportuna procuración de justicia, no están reñidos, sino al contrario; la única forma de trabajar con rectitud y eficacia en la persecución y en la investigación de los delitos, es precisamente respetando a los derechos humanos. Con esa convicción trabajé en la comisión nacional y con esa convicción he trabajado como Procurador General de la República.

Cuando un servidor fue nombrado Procurador General de la República, había 10 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no cumplidas o parcialmente cumplidas. El día de hoy existe sólo una recomendación parcialmente cumplida, además de otra que llegó a mis manos apenas la semana pasada.

Los señores y las señoras diputadas, deben estar ciertos que para el 30 de noviembre, las dos recomendaciones estarán debidamente resueltas y satisfechas.

Hemos trabajado arduamente en materia de capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario, con el personal en activo, de la Policía Judicial Federal. Pero además en la capacitación de los aspirantes a investigadores en delitos federales y policías judiciales y federales.

Debo recordar a ustedes que los cursos de formación tienen ahora una duración de un año e incluso de un año y medio y ahí dentro del curriculum, se ha subrayado de manera muy especial la capacitación, el entrenamiento en materia de derechos humanos.

Y yo creo que se han ido teniendo buenos resultados. Esto no quiere decir que durante cuatro años de administración o casi cuatro años de administración de la PGR, no se hayan dado violaciones a derechos humanos. Pero, distinguidas diputadas y diputados, cada vez que hemos tenido los elementos sobre todo cuando de violaciones a derechos humanos se ha tratado, hemos consignado y hemos consignado con toda la severidad. A veces lo que hemos encontrado es que en los jueces hay una reclasificación de los delitos, cuestión que tiene que discutirse con toda serenidad con los impartidores de justicia, porque en algunas ocasiones las consignaciones por tortura después se convierten solamente en delitos de abuso de autoridad que tienen una penalidad mucho menor. Pero no ha sido ni la decisión del Ministerio Público ni su voluntad ni su consignación, la que origina que la persecución sea por abuso de autoridad.

Creo que lo que nos ha faltado es trabajar mucho más en inteligencia policiaca; los avances no sólo a nivel federal, sino a nivel de los estados en materia de protección a los derechos humanos, la forma como el movimiento de derechos humanos poco a poco ha venido permeando en el ámbito del trabajo policiaco, creo que es indiscutible. Pero tenemos que trabajar más en la posibilidad de generar una verdadera inteligencia policiaca y en la auténtica policía científica. Eso es tan importante como el respeto cabal a los derechos fundamentales de los gobernados.

¿Cómo fue posible que se fuera Mario Villanueva? Yo debo recordar a ustedes que esta persona siendo gobernador del Estado, tuvo fuero constitucional, que mientras ese fuero estuvo vigente la averiguación previa se vino integrando de manera que el Ministerio Público no tenía en ese momento la forma jurídica de consignar y que tuvimos que esperar a que terminara el ejercicio de su cargo y de su fuero, para poder hacer la consignación de acuerdo con lo que la Constitución y las leyes establecen. Sin embargo, días antes, pocos días antes de la conclusión de su término, el señor Villanueva decidió escapar de la ciudad de Mérida, Yucatán.

Se tienen células específicas de la Policía Judicial Federal, buscando al señor Villanueva en distintos puntos del territorio de la República, hemos oido absolutamente todas las noticias, por más débiles que parezcan, sobre su posible paradero y hemos utilizado la Interpol y a los 178 países que forman parte de esta sociedad a fin de poder encontrarlo. Ha habido desde luego datos, ha habido huellas, ha habido personas con las que ha estado, que tenemos ya debidamente documentadas en nuestra averiguación previa. Pero hasta ahora no ha sido posible ubicarlo y poderlo traer a México para que en un debido proceso legal responda ante un juez, de las acusaciones que le ha hecho el Ministerio Público de la Federación.

Nosotros seguiremos insistiendo para que esta aprehensión que juzgamos de la mayor relevancia, pueda darse y repito, que esta persona sea presentada ante los jueces que lo requieren. Nada más.

El Presidente :

Gracias, señor Procurador.

Para ejercer el derecho de réplica, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hará uso de la palabra la diputada Erika Spezia Maldonado.

La diputada Erika Elizabeth Spezia Maldonado:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores; señor Procurador:

Las respuestas que usted nos proporciona son poco convincentes. Permítame recapitular lo que usted mencionó en su intervención anterior, ésta, de que el hecho de que se ha protegido a la fauna silvestre, ya que se han hecho decomisos por un valor de 1 millón de pesos.

En este sentido, sólo por poner un ejemplo representativo, lo que sucede en la comercialización de los delitos de tráfico de vida silvestre, permítame comentarle que el valor comercial de un delfín que es vendido al exterior es de aproximadamente 600 mil pesos, por lo cual la Procuraduría que usted encabeza ha hecho decomisos que equivalen a un delfín y medio, lo cual representa la poca o nula acción legal en la protección de la vida silvestre.

Por otra parte, cómo es posible que el país con una extensión territorial tan basta y una biodiversidad de las más importantes del mundo y en donde el tráfico de especies en general, aún las que están en peligro de extinción, se realiza de una manera cotidiana y a la vista del público, ejemplo de ello es el mercado de Sonora y sólo se hayan realizado 273 consignaciones por delitos ambientales.

Estos dos hechos aislados sólo demuestran que los delitos ambientales ocupan el último lugar en las prioridades de la Procuraduría que usted encabeza.

Por otro lado, ¿por qué no se realizó el juicio de procedencia a Mario Villanueva?

El Presidente :

Para formular preguntas a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hará uso de la palabra el diputado Manuel Duarte Ramírez.

El diputado Manuel Duarte Ramírez:

Con el permiso de la Presidencia; señor Procurador:

Ha señalado usted aquí en una intervención anterior que perder la batalla contra la delincuencia significaría que ya no hubiera delincuentes o que ya no se estuviera generando el crimen.

El presidente Ernesto Zedillo, en su toma de posesión, afirmó que iba a resolver y que se comprometía a resolver los casos Colosio, Ruiz Massieu y Juán José Posadas Ocampo. Yo le preguntaría a usted, señor Procurador, ¿en este caso han perdido la batalla la Procuraduría y el señor Presidente ya cumplió o cumplirá en los meses que le restan de aquí al 1o. de diciembre?

También ha señalado usted que la causa de la delincuencia se debe al desorden urbano, a la falta de empleo; en otras palabras, al modelo económico que se ha venido desarrollando en nuestro país. ¿Estaría usted de acuerdo con nosotros que hay que revisar ese modelo económico que se ha venido desarrollando y que ha generado millones de pobres y que redundan en la delincuencia en nuestro país o qué papel ha jugado la Procuraduría en este asunto del modelo económico?

Una tercera pregunta. Señala usted que hubo significativos avances en el combate a la delincuencia, sobre todo en el combate a las bandas de delincuentes y al narcotráfico. Yo le preguntaría a usted, señor Procurador, ¿por qué ha crecido, aumentando en el consumo de drogas y para tal efecto le señalo que en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo el, consumo ocasional de drogas ilegales de la población urbana entre 12 y 65 años creció de 3.9% a 5.3%? ¿El número de adictos a enervantes pasó de 200 mil a casi 400 mil? Se estima que en algunas ciudades fronterizas casi se triplica el promedio nacional.

Según las cifras, el consumo de cocaína casi se triplicó durante el presente sexenio al pasar de 0.5 a 1.4%, convirtiéndose en la sustancia más usada después de la mariguana.

Por último, quisiera tocar un asunto que mis compañeros diputados no han tocado en esta tribuna y que es de suma importancia. Considero, pues, que la dependencia a su cargo ha sido ineficaz en el combate a la delincuencia organizada, principalmente, como un asunto de su competencia. Pero también ha habido ineficacia, ciudadano Procurador, en la atención a las denuncias presentadas por la Comisión de Delitos Electorales.

La fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales informa que del 1o. de enero de 1997 al 31 de diciembre de 1999 han atendido 1 mil 341 averiguaciones previas, que en su mayoría derivan de denuncias presentadas por el IFE y por los partidos políticos. Pero no nos informa cuántas averiguaciones han sido consignadas ante los juzgados competentes ni tampoco cuántas personas han sido sujetas a proceso y sentenciadas por delitos electorales en los periodos antes mencionados.

Asimismo se nos da a conocer en el informe que hoy nos entregó y en su primera intervención, que en el periodo comprendido del 1o. de julio al 3 de julio se habían recibido 125 denuncias electorales por distintos delitos de esa índole y que se integraron 67 averiguaciones. Le agradecería ahonde más sobre las características de las averiguaciones y de las personas consignadas por dichos delitos.

Por sus respuestas, muchas gracias; gracias señoras y señores diputados.

Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia

El Presidente :

Gracias, diputado Duarte Martínez.

Ahora podrá hacer uso de la palabra hasta por ocho minutos para dar respuesta, el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.

El procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar:

Muchas gracias, señor Presidente:

Voy a tratar de responder de manera muy concreta a las inquietudes y observaciones del diputado Duarte.

Primero, me pregunta sobre tres de los casos de mayor importancia que ha tenido la Procuraduría General de la República en este sexenio: la investigación sobre el homicidio del cardenal Juan José Posadas Ocampo, a lo que intenté referirme en mi presentación original.

Por primera vez en la historia de la procuración de justicia de este país formamos un grupo interinstitucional para revisar todas las actuaciones que el Ministerio Público había tenido en la investigación de estos terribles hechos. Ahí estuvieron representantes del gobierno del Estado de Jalisco, representantes a título personal de la Conferencia del Episcopado Mexicano y personal de la Procuraduría General de la República.

Trabajamos por más de un año con toda intensidad y los resultados los he puesto a la consulta de cualquier mexicano. Todo el trabajo del grupo interinstitucional, pero toda la averiguación previa que se generó para llegar a la verdad histórica de estos hechos, es consultable en la biblioteca de la Procuraduría General de la República. Ahí está todo lo que hicimos. No dejamos de desarrollar absolutamente una sola de la diligencias que el mismo trámite del expediente aconsejaba.

Tomamos múltiples declaraciones ministeriales, ampliaciones de declaraciones, pruebas periciales, hicimos una nueva reconstrucción de los hechos, nuevos exámenes de balística.

Y para el obispo de Cuernavaca y el arzobispo de Chihuahua y para la Procuraduría General de la República no hay elementos de prueba jurídicamente valorables que nos permitan sostener una tesis del complot, es decir, que un tercer grupo dentro de ese tiroteo tenía el objetivo específico y premeditado, alevoso, de asesinar al cardenal Posadas Ocampo. Pero más allá de lo que yo diga, ahí están las pruebas para ustedes, señoras y señores diputados.

Del caso del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, está con una sentencia condenatoria de segunda instancia de 27 años y medio el autor intelectual: señor Raúl Salinas de Gortari. El autor material Daniel Aguilar Treviño, está también consignado a 50 años de prisión y tres de los coacusados están condenados a 37 años de prisión.

Ahí está ese asunto jurisdiccionalmente resuelto. Queda una línea, una línea de investigación abierta y es el paradero del señor Manuel Muñoz Rocha. A Manuel Muñoz Rocha no lo hemos dejado de buscar vivo o muerto. Esa es la única parte de esta investigación que aún no concluye al 100%.

Y respecto al caso Colosio lo único que les puedo pedir es paciencia de unos cuantos días. Mencioné en mi intervención que quedaba una diligencia por practicar, es una declaración. Yo espero que esa línea de investigación se agote con esa diligencia, pero aún no agotándose, antes de que termine el mes de octubre el subprocurador especial del caso Colosio de la PGR y un servidor, de cara a la sociedad informaremos sobre las 27 líneas de investigación que se exploraron con toda profundidad, de manera exhaustiva, de septiembre de 1996 hasta la fecha.

Yo no he incursionado en la revisión de los modelos económicos, señor diputado, yo espero que cada día pueda crecer más la economía nacional y que ese crecimiento de la economía sirva para que el reparto del ingreso y la riqueza sea mucho más justo y equitativo. Esto no se lo digo como Procurador, se lo digo como persona.

¿Ha crecido el consumo? Indudablemente que sí. Ahora por lo menos tenemos ya unas primeras estadísticas, unos primeros estudios de cómo, sobre cuáles son los niveles de consumo. Todavía tendrían que verse algunas especificaciones más importantes o más extensas, pero sí nos debe de preocupar el incremento en el consumo y sobre todo en la zona fronteriza norte y en la zona fronteriza sur, como en la Ciudad de México. Esto es indudable.

¿Y ahí hay que trabajar más decididamente en el combate a la distribución de drogas? Indudablemente que sí. Pero creo que también más en el tratamiento de los adictos, en la rehabilitación, en la prevención, en la educación y en los valores morales y en el trabajo dentro de la familia. No es tampoco problema que pueda resolver una sola persona y a través de una sola función.

Y de los delitos electorales le puedo comentar que en 1997 de las 453 averiguaciones previas radicadas, se resolvieron ese año 191 y quedaron en trámite 262 y, en el año de 1998 de las 339 con las que se inició se resolvieron 367; además, de las que ingresaron quedaron 234. En el año 2000 no solamente respecto del proceso comicial del 2 de julio, sino en general, se radicaron 753, se resolvieron 400 y quedaron en trámite 687.

Los porcentajes de consignación en relación con el no ejercicio de la acción penal o reserva, son extraordinariamente parecidos a lo que sucede en el ámbito global de toda la Procuraduría General de la República. Igualmente, el 95% de las sentencias que se han dictado a partir de las consignaciones de la fiscalía para delitos electorales, han sido condenatorias.

El Presidente :

Muchas gracias, señor Procurador.

Para ejercer el derecho de réplica por parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra hasta por cuatro minutos el diputado Manuel Duarte Ramírez.

El diputado Manuel Duarte Ramírez:

Con el permiso de la Presidencia:

Primero quisiera aclarar que el reflejo que la sociedad tiene respecto a los homicidios políticos cometidos en este país, no es por cierto el que el señor Procurador nos da en esta su intervención, aunque no debemos de culparlo de toda la investigación y de todo el proceso que ha llevado la investigación de esos asuntos, porque acordémonos que en buena medida estuvo al frente de esa institución un procurador que por cierto pertenecía a un partido diferente, al PAN, el procurador Lozano Gracia, que utilizó los servicios de aquella famosa vidente para hacer la investigación.

Por otro lado, yo quisiera agregar algo respecto a los delitos electorales. Me parece que no se han destinado los recursos necesarios para atender los delitos electorales y que es una cuestión de mucha importancia para el país, porque tiene que ver con la democracia.

Con base en los tres últimos años, se han atendido y tramitado 1 mil 341 averiguaciones previas de delitos electorales y que de ellas 453 se radicaron en 1997, 339 en 1998 y 549 en 1999 y en 1997 se resolvieron 191 averiguaciones, en 1998 se resolvieron 367 y en el año de 1999 se resolvieron 449, las que sumadas arrojan un total de 1 mil 107.

Fuera de lógica y falto de verdad informa que tan sólo en 1999 se efectuaron 825 comisiones con un monto aproximado de 1 millón 600 mil pesos en pasajes, viáticos, lo que significa que en promedio en cada diligencia gastaron 1 mil 939.39 pesos, monto insuficiente para hacer una diligencia a Yucatán o a Baja California Sur; que la fiscalía cuenta nominalmente con 17 agentes del Ministerio Público, lo que significa que cada agente atendió 59.23 asuntos en tres años y que cada resolución nos costó 1 mil 588 pesos. Con estos costos la justicia electoral se constituye en la justicia más barata de la nación.

Las anteriores cifras nos confirman la poca credibilidad de la Procuraduría en este ramo. Yo le preguntaría al señor Procurador: ¿qué tan poco merece la democracia en este país? Tal vez no le recomendaría que fuera candidato de la oposición en el régimen que terminó el 2 de julio.

Muchas gracias.

El Presidente :

Gracias al diputado Manuel Duarte Ramírez.

Para formular las preguntas en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional tiene la palabra hasta por cuatro minutos el diputado Tomás Coronado Olmos.

El diputado Tomás Coronado Olmos:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; señor Procurador:

Al asumir en 1996 su encargo al frente de la Procuraduría, se comprometió a limpiar la casa en este sentido. Le decimos que a unos días de concluir su gestión no limpió la casa, sino la deja más sucia; ojalá que no tenga el atrevimiento de negarlo.

En el último informe de gobierno de usted, se dice como excusa que el total de los delitos cometidos, el 94.9% son del fuero común y el 5.1% son del fuero federal. Una vez más, el Gobierno se cura en salud y como todo fracasado busca culpables, pasándole la factura a los gobiernos locales.

Habla de delitos del fuero común y el rezago de la Procuraduría General de la República es impresionante en varias decenas de miles de expedientes y órdenes de aprehensión sin cumplir. Esta evaluación es numérica y no cualitativa, ya que no son aceptables ni comparables los daños en la sociedad que provoca el crimen organizado y particularmente el narcotráfico, al que ocasionan los delitos del fuero común.

Por tanto, si estos costos y a cuestas vamos en la inseguridad, el mayor porcentaje de responsabilidad es de usted y del Ejecutivo Federal. ¿Por qué alego su responsabilidad, señor Procurador? También se nos informa que la parte del presupuesto que se asignó a la capacitación de nuevos ingresos para profesionar la dependencia a su cargo, no obstante ello, fue ineficaz. Permítame un ejemplo sencillo: si usted mezcla dos gotas de cloro a un río el resultado es que ni purifica el río y se le diluye en las aguas el efecto del cloro. Le preguntamos ¿fue eso exactamente lo que pasó con los nuevos ingresos que se contaminaron con los ríos de corrupción que corren por la Procuraduría?

Reconocemos la labor del Ejército en la erradicación e intercepción de la droga, así como su esfuerzo en la salvaguarda de la soberanía nacional.

Señor Procurador, sus errores haberlos convertido en policías. Le preguntamos, señor Procurador: en casi cuatro años que lleva al frente de la Procuraduría ¿todavía no ha encontrado los perfiles civiles para combatir el narcotráfico?

Se tiene conocimiento que la cifra del personal operativo en su Procuraduría es de aproximadamente 1 mil 620 agentes del Ministerio Público, de 3 mil 180 agentes judiciales federales y que el personal directivo y administrativo es de aproximadamente 11 mil 300 personas, por lo que en su gestión creció hasta en un 40% en este rubro administrativo. Le preguntamos, ¿porqué el mayor personal está en el área administrativa y no en la operativa?

El Ejecutivo y usted a partir de 1997 plantearon como eje fundamental en el combate contra el crimen un marco jurídico y se le otorgó; un incremento hasta de un 300% en su presupuesto y se le otorgó; apoyo de las fuerzas armadas y de la Policía Federal Preventiva y se le otorgó. Luego entonces ¿cómo explica el fracaso de la Procuraduría General de la República? ¿Será que se le olvidó al Presidente y a usted solicitar un procurador al que no le temblara la mano para aplicar la ley?.

En otro caso, señor Procurador, en relación al asunto de Mario Villanueva, usted comenta de que no procedió en contra de él porque no podía iniciar un juicio de procedencia yo le pregunto a usted: ¿por qué no lo inició?

Por sus respuestas, muchas gracias. Es tanto, señor Presidente.

El Presidente :

Gracias, diputado Tomás Coronado Olmos.

Tiene la palabra el procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, hasta por ocho minutos.

El procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar:

Muchas gracias, señor Presidente:

He comentado ya en repetidas ocasiones durante esta comparecencia, que una de las estrategias para avanzar en la Procuraduría General de la República fue precisamente buscar y limpiar la casa y creamos los instrumentos técnicos y objetivos para limpiarla.

No puede perderse de vista que antes de diciembre de 1996 se había hecho el mismo esfuerzo de depuración en la Procuraduría General de la República y habían sido removidos más de 850 policías de su encargo; el resultado de esa estrategia fue que prácticamente 500 ganaron el amparo y tuvieron que ser reinstalados e incluso se les pagaron salarios caídos por falta de motivación, de fundamentación y de debido procedimiento legal.

Teníamos que buscar un procedimiento distinto para no enfrentarnos judicialmente con el mismo problema y se creó el Centro de Control de Confianza y han pasado por ahí muchos de los servidores públicos que laboran actualmente en la PGR, En total, hemos separado de sus responsabilidades, por el Centro de Control de Confianza y mediante el trabajo de la Contraloría Interna, a 3 mil 620 elementos del personal sustantivo de la Procuraduría y si ahora se ven menos agentes del Ministerio Público y menos policías judiciales, es precisamente por el número de remociones que se han dado.

Nuestra política fue no mandar a trabajar sobre el terreno ni a las mesas del Ministerio Público, a nadie que antes no hubiera acreditado satisfactoriamente los exámenes de confianza y los exámenes de conocimientos. En todo caso preferimos ser menos pero más confiables, que muchos absolutamente corrompidos. En manera que ése ha sido nuestro esfuerzo y ahí están los números y ahí están las estrategias, nuevamente más allá de las especulaciones políticas.

Hemos tenido históricamente en la Procuraduría, problemas con el cumplimiento de órdenes de aprehensión y de órdenes de reaprehensión. Esto es un hecho y esto habla de la necesidad de eficientar aún más a la Policía Judicial Federal; pero no sólo eso, sino de que participen otras instancias como auxiliares del Ministerio Público en buscar esas aprehensiones.

Sí resulta de preocupación tener 32 mil órdenes de aprehensión pendientes, pero más tener 15 mil órdenes de reaprehensión, es decir, de personas que ya por lo menos una vez estuvieron delante del juez, que fueron liberadas, que a lo mejor violaron su libertad caucional y que hoy es necesario buscar nuevamente emplear recursos técnicos, humanos y financieros para lo que ya habían sido utilizados a fin de ponerlos nuevamente a disposición de los jueces.

Mire diputado, de los egresados del Instituto de Capacitación tanto en la versión de Policía Judicial Federal como investigadores en delitos federales, sí hubo algunos que han incurrido en conductas ilícitas, en actos de corrupción, en violaciones a derechos humanos, en protección a organizaciones criminales. En todos esos casos hemos, respecto de ellos, ejercitado la acción penal; afortunadamente es un porcentaje mucho menos que lo que históricamente había venido sucediendo en la Procuraduría General de la República, pero aún así esto no es garantía de que un proceso de contaminación no se vaya a dar en el futuro, eso nadie lo puede garantizar, se tiene que trabajar en la parte de la reforma estructural aún más a fondo.

Ustedes tienen una forma de medir el fracaso y yo otra y no me vengo aquí a dar golpes de pecho ni a decir que todo estuvo perfecto, pero me parece que hay avances y que hay retos, pero allá ustedes si siguen buscando calificar de esa manera una administración.

Nunca me tembló la mano ni me tiembla ni me temblará. Cuando tuve los elementos para ejercitar la acción penal, cuando tuve el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad, ejercité la acción penal y no importaron consideraciones políticas ni poderío económico ni relaciones con la prensa ni situaciones sociales, siempre lo ejercité.

Cuando no tuve pruebas, cuando no se integró el cuerpo del delito ni la presunta responsabilidad, no ejercitamos la consignación. Ese fue el único criterio y el único principio que rigió en mis actuaciones.

Respecto de la averiguación previa que se integró contra el señor Mario Villanueva, es público y notorio que muy cerca de terminar su periodo, aun se le estaba brindando la garantía de audiencia y compareció ante el Ministerio Público y ofreció pruebas, y estaban desahogándose pruebas de descargo en esa averiguación previa cuando el señor Villanueva decidió evadir la acción de la justicia, quedaban cinco días para que terminara su periodo como gobernador y por tanto no era un momento ése, creo que políticamente se me puede entender, de ejercitar el juicio de procedibilidad.

El Presidente :

Gracias, señor Procurador.

Para ejercer el derecho de réplica, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Germán Pellegrini Pérez.

El diputado Germán Arturo Pellegrini Pérez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; señor Procurador:

Si no le temblaba la mano, por qué no citó a declarar al señor Enrique Jarari, recientemente detenido, ex director de la Policía Federal de Caminos y ex funcionario de la Procuraduría, entre otros casos; en el caso Posadas, porque el gobierno del Estado de Jalisco lo ha señalado desde hace ya casi cinco años.

Señor Procurador: usted podrá decir muchas cosas, pero lo único que si nos queda claro, es que en materia de procuración de justicia no se cumplieron las expectativas de la ciudadanía; hoy nuestras familias están a merced de la delincuencia, incluso de integrantes de su corporación, como el caso concreto y muchos más.

Hoy nuestras familias pueden ser objeto de vejaciones a su integridad física o inclusive que se atente contra su patrimonio y esto se agrava más, porque los delincuentes al día siguiente de haber cometido estas fechorías circulan impunemente por las calles, no hay respeto ni temor hacia la Procuraduría General de la República por parte de los delincuentes.

Es por eso que no se vale que el Ejecutivo se escude bajo el argumento de que muchos de los delitos no son de su responsabilidad ni de la de usted, sino del fuero común, toda vez que la delincuencia organizada trae aparejados homicidios, robos, secuestros, amenazas, que aunados al tráfico de armas y al narcotráfico son delitos en los que la Procuraduría sí tiene competencia y esto, doctor Madrazo, es mucho más que el 5% de los delitos federales cometidos en el país, que el Presidente señala en su informe.

Por otro lado, la intervención de las fuerzas armadas se ha manifestado legal y jurisprudencialmente como auxiliar de las instituciones responsables de la procuración de justicia; sin embargo, usted ha renunciado a su responsabilidad, que no a su cargo y menos a su sueldo, al permitir que el Ministerio Público fuera suplantado y relegado por las fuerzas armadas en sus funciones constitucionales, de perseguir e investigar los delitos, particularmente el narcotráfico.

Otra causa de la ineficiencia de la procuraduría se debe a la duplicidad de funciones, no se engañe, señor Procurador, si hay un problema que usted ocasionó en la estructura y organización de la Procuraduría, debido al aumento de personal en el rubro administrativo, en vez de incrementar y capacitar el número de agentes de ministerios públicos para abatir los rezagos de la PGR, usted se equivocó, el pueblo mexicano no quería más burócratas en la Procuraduría, sino más y mejores agentes del Ministerio Público Federal y policías judiciales, pero sobre todo, eficacia en el combate de la delincuencia, que desafortunadamente no la hay.

Coincidimos con el Presidente de la República, coincidimos con lo aquí expresado por compañeros de otros grupos parlamentarios, coincidimos con los millones de mexicanos, que más allá de los esfuerzos realizados, los resultados no llegaron y que el saldo final en materia de procuración de justicia es negativo, heredando rezagos y agravios a la sociedad, lástima que el único que no coincida sea usted, señor Procurador.

El Presidente :

Gracias al diputado Germán Pellegrini Pérez.

Para formular las preguntas en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, la diputada Adela Cerezo Bautista.

La diputada Adela Cerezo Bautista:

Con su permiso, señor Presidente; honorable Congreso de la Unión; licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.

Como usted bien sabe, el mecanismo de cualquier mercancía lícita o ilícita, es que depende de la ley de la oferta y la demanda. Es como la paradoja de la interrelación Estados Unidos de América con productores reales o supuestos, del resto del mundo, sin entenderse que dicha ley la hicieron los países capitalistas. El consumo se hace allá precisamente, por ende, la producción se va a dar en cualquier parte para que se cumplan los supuestos de dicha ley.

Ahora bien. La Procuraduría nos ha dado muestras de su preocupación por la persecución y captura de las grandes bandas, pero aquellas que tienen sus raíces clavadas en los barrios, en los medios artísticos, en las discotecas y lugares análogos, prácticamente no son tocadas.

Señor Procurador: para ninguna mexicana ni mexicano es desconocido que el problema de la drogadicción entre las y los mexicanos se ha incrementado considerablemente, con los problemas sociales que ello implica. Sin embargo, con profunda preocupación nos percatamos que poco se ha hecho en cuanto a la vigilancia y lucha frontal contra los distribuidores al menudeo, quienes atacan esencialmente centros de estudio y población de menor ingreso. Por supuesto, sin dejar de considerar que los narcotraficantes no perdonan pobres ni ricos, para ellos todos somos un mercado.

Licenciado Jorge Madrazo Cuéllar: ¿la Procuraduría General de la República a su cargo, se habrá dado cuenta de que no es suficiente el combate a las grandes organizaciones de producción y distribución de estupefacientes? De no ser así, supongo, su lucha se vio limitada y de haberse percatado, ¿por qué no realizaron acciones que se reflejaran de manera tangible en la sociedad?, y así habrían contribuido de manera eficaz para mejorar la salud, la seguridad y la economía de la sociedad, que supongo es compromiso de usted y de cualquier otro funcionario del rango que representa.

Muchísimas gracias.

Presidencia del diputado Racardo Francisco García Cervantes

El Presidente :

Gracias a la diputada Adela Cerezo Bautista.

Tiene la palabra el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la República, hasta por ocho minutos.

El procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar:

Muchas gracias por sus observaciones, diputada.

Uno de los problemas relacionados con el narcotráfico y los delitos contra la salud que más nos preocupó a lo largo de estos cuatro años, fue precisamente la distribución al menudeo de estas drogas en lugares públicos, en centros de diversión, en discoteques, pero fundamentalmente en escuelas.

Los más de 3 mil 200 elementos de la Policía Judicial Federal que han venido trabajando regularmente, son desde luego absolutamente insuficientes como para hacer un trabajo de vigilancia en torno de todos estos lugares públicos, en donde se envenena a nuestros niños y a nuestros jóvenes.

Por eso es que entre otras cosas, propuse a los procuradores de los estados no jugar a aventarnos la bolita, sino a trabajar de manera unida en el combate a este tipo de distribución.

Hoy me da mucho gusto decir que 22 estados de la Federación aceptaron la propuesta y que nuestras agencias mixtas del Ministerio Público están trabajando de una manera positiva.

En el combate al narcotráfico, la política del Estado mexicano ha sido dar una lucha de manera integral, atacar lo mismo la producción, la circulación, la distribución y el consumo y en todos estos puntos del extremo de la cadena de narcotráfico, el Estado Mexicano ha venido luchando, no solamente la Procuraduría General de la República, sino 11 distintas instancias del Gobierno Federal. El número de distribuidores al menudeo, por ejemplo en la Ciudad de México, que se ha logrado detener, es muy importante. Con el procurador Del Villar creamos la Agencia Mixta del Ministerio Público de Chimalpopoca, en el centro de la Ciudad de México y la inteligencia que de ahí ha surgido nos ha permitido hacer muy importantes aseguramientos, entre otros sitios, en el barrio de Tepito, que desde luego habrá que seguir insistiendo en poder erradicar absolutamente todo lo que llega.

Es todavía una línea que debe de terminarse, que debe de completarse, pero que desde luego no está en cero y yo la verdad me siento muy contento y estimulado por el trabajo que hemos tenido en el D.F., tanto con el Procurador como con el director de seguridad pública.

Indudablemente que me di cuenta, diputada, de que éstos son problemas extraordinariamente serios, que es el último cuarto para llegar a envenenar a los niños y a los jóvenes y que es algo que tenemos que atacar de manera aún más radical, pero, repito, lo lograremos en la medida que podamos tener, primero claridad política para discutir los temas y segundo, verdaderos puentes de comunicación entre el Estado y la sociedad civil. Yo, repito, que esto debe ser considerado como un trabajo de todos. Esto es cuanto puedo contestar a sus observaciones.

El Presidente :

Muchas gracias, señor Procurador. Para ejercer el derecho de réplica, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Manuel Galán Jiménez.

El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente :

Sí, señor diputado.

El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul):

En lugar del diputado Manuel Galán, el diputado Cárdenas.

El Presidente :

Tiene el uso de la palabra para formular la réplica del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Cárdenas, por cuatro minutos.

El diputado Francisco Cárdenas Elizondo:

Muchas gracias, señor Presidente:

Antes de empezar mi exposición no quiero dejar pasar inadvertida la exposición que ha hecho principalmente el grupo de Acción Nacional, cuando increíblemente al paso de pocos años han olvidado que el anterior Procurador de quien tomó posesión en su lugar el que ahora comentamos, era del PAN y aquellas personas a las que él corrió, aquellas personas que él corrió, desgraciadamente después la Corte los tuvo que reinstalar. Entonces no se vale que todos los males de la Procuraduría se los quieren achacar al presente...

El Presidente :

A ver, un momento por favor, señor diputado Cárdenas... Me permite...

El diputado Francisco Cárdenas Elizondo:

En esta ocasión...

El Presidente :

Me permite, señor diputado Cárdenas, por favor. Quiero solicitar a las compañeras y compañeros diputados, guardar el debido orden en la sesión y al señor orador ceñirse al tema de réplica sobre los comentarios del Procurador General de la República.

El diputado Francisco Cárdenas Elizondo:

En esta ocasión quiero plantear dos cuestiones de la mayor importancia, la necesidad de establecer un órgano de control interno con plena autonomía técnica para conocer, investigar, sancionar y en su caso, consignar a los miembros de la Procuraduría General de la República y por otro lado, la conveniencia de deslindar a los miembros del Ejército, la Aviación y la Marina de Guerra de la actividad de seguridad pública.

La sociedad mexicana está alarmada por las informaciones que a diario escuchamos o leemos en los medios de comunicación, en relación a la grave corrupción que existe en la Procuraduría General de la República. Debemos reconocer que este cáncer no es privativo de esta dependencia y tal situación la encontramos también en diversas instituciones federales, estatales y municipales.

Por ello, señor Procurador, quisiera exponerle a usted lo que recogimos de la ciudadanía, consistente en la necesidad de crear una subprocuraduría de asuntos,internos en la dependencia a su cargo, a fin de que los casos de corrupción que se presente por motivo de la actuación de los miembros del Ministerio Público, sean debidamente investigados con plena libertad y autonomía técnica, incluso, del propio titular de esa Procuraduría, que tendría como función la de mantener la disciplina interna de todos los miembros de la PGR con el objeto de disipar cualquier duda que pudiera presentarse en el manejo de estos delicados asuntos.

Esta subprocuraduría en consecuencia, sustituiría a las unidades que hoy son visitaduría y contraloría.

La seguridad pública es un factor determinante para el armonioso desarrollo de la sociedad mexicana. Si aquélla no está presente, se frena el progreso en todos los aspectos.

El fenómeno delincuencia tomó, diríamos, de sorpresa al Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, pues las instituciones de seguridad pública siempre fueron las eternas olvidadas.

Determinada la magnitud del problema, se reformó en el año de 1994 el artículo 21 constitucional, para establecer alusiones a la seguridad pública. De ahí se consignó la necesidad de una ley que coordine el Sistema Nacional de Seguridad. Esta ley general que establece las bases de coordinación, determina: "Las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor."

Y con toda precisión y claridad se establece que "la función se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las autoridades de la Policía Preventiva, del Ministerio Público, de los tribunales, de los responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y tratamiento de menores infractores".

Como se puede advertir de esto, no incluye a las fuerzas armadas.

En consecuencia, concluyo, señor Presidente, nuestra Constitución confirma en el artículo 129 que: "en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar".

Por lo anterior, ¿no considera usted, señor Procurador, como abogado de la nación, que sería conveniente diferenciar el concepto de seguridad pública y seguridad nacional para circunscribir la actuación de los miembros de nuestras instituciones castrenses exclusivamente a las actividades relacionadas con la seguridad nacional?

Muchas gracias.

El Presidente :

Gracias, señor diputado.

Quiero reiterar una vez más el llamado de esta Presidencia a las señoras y señores diputados para no incurrir en una escalada de descalificaciones y falta de respeto que en cada turno, cada grupo encontrará ocasión de cobrar. Sólo con la consideración permanente de todos ustedes, del respeto debido a los compañeros de Cámara, al cuerpo colegiado del cual formamos parte y a la institución, podremos aportar, insisto, en el respeto, al prestigio y a la reivindicación del Poder Legislativo.

Quiero reiterar a todas las señoras y señores diputados, la obligación personal y la confianza en su sentido de responsabilidad y en su honor, de colaborar para generar ante la conciencia de los mexicanos, el prestigio de su Poder Legislativo.

Tiene para terminar con sus comentarios finales, el uso de la palabra, el Procurador General de la República, hasta por 10 minutos.

El procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar:

Diputadas y diputados federales:

El 2 de diciembre de 1996 cuando se me honró designándome Procurador General de la República, determiné poner mi mayor esfuerzo, toda mi dedicación y la de mis compañeros de trabajo, para servir a la justicia y para servir a México.

Durante estos años hemos trabajado ahí, en una trinchera muy difícil y compleja, a base de valores, de principios y de convicciones. Nunca me he servido del cargo para nada absolutamente sino he buscado servir a México, con toda mi voluntad, con toda mi fuerza.

Muchas cosas no se alcanzaron y desde luego eso nos debe mortificar y llenar de pena. Indudablemente que sí, como aquí lo dijo el señor Presidente de la República.

Habrá muchas cosas más por hacer, tendrán que venir otros. Esperamos entregar la casa con claridad, con transparencia, para que quienes nos sigan tengan una tarea más sencilla.

Quiero una vez más recordar mi convicción de que la justicia no tiene partido político, de que la justicia tiene que ser una función técnica, que hay que desarrollar con enorme humanismo, así lo quisimos hacer.

Ustedes tendrán sus lecturas y sus enfoques al trabajo que ha hecho la Procuraduría en estos años. Yo lo único que quisiera pedirles a las señoras diputadas, a los señores diputados, es que al próximo procurador o fiscal general, le brinden la oportunidad de tener un trabajo mucho más articulado, no se trata ni de aplaudir ni de desacreditar por posicionamientos políticos.

La Procuraduría, la procuración federal de justicia, es un tema mucho más complejo, mucho más policromático.

Estoy cierto que vendrán mejores resultados y que esos resultados se podrán construir a través de puentes de entendimiento entre los poderes del Estado, entendimientos respetuosos y claros, pero sobre todo puentes con la sociedad, con la sociedad civil organizada.

No es el problema de voluntad de una persona o de un puñado de personas, sino lo es de todos los órganos del Estado y de la sociedad.

Creo que apostándole a la coordinación, a la colaboración, al trabajo honesto con una idea humanista de la justicia, los mejores momentos para esa justicia en México están por venir.

Es todo lo que tengo que decir.

El Presidente :

Gracias, señor procurador General de la República, licenciado Jorge Madrazo Cuéllar. Gracias por su presencia frente a esta representación popular y nacional. Gracias también por su esfuerzo realizado durante los casi cuatro años que estuvo al frente de esta institución. Y permítame en los términos del acuerdo parlamentario que rige esta sesión, expresar en forma institucional algunas consideraciones finales a nombre de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Usted ha señalado, señor Procurador, que el enfoque partidista, las apreciaciones de los grupos parlamentarios representan la visión individual o la visión ciertamente parcial y legítima de los partidos políticos que están representados en esta Cámara de Diputados.

Siendo esto cierto también lo es, que cuando estas expresiones legítimas, parciales, partidistas coinciden, esta Cámara de Diputados hace de esa coincidencia la expresión de la sociedad toda de México y las coincidencias de los grupos políticos aquí representados que integran a esta representación nacional y popular, son que la justicia como valor cohesivo de la sociedad mexicana, está hoy en la conciencia y en el deseo de todos los mexicanos de que se ejerza.

Hay necesariamente muchas materias, muchas asignaturas dentro del ámbito de la procuración de justicia, que deben fortalecerse, que deben renovarse, que deben atenderse de mejor manera. Hay, como en toda obra humana, aspectos positivos y aspectos negativos. Lo que quiero resaltar es que cuando esta representación nacional coincide en la necesidad de profundizar en la procuración de justicia, para crear de este valor de la justicia ese instrumento de cohesión social, es porque se reconoce que la falta de ella está siendo un factor de corrosión, de desintegración, de enfrentamiento entre mexicanos y en perjuicio de la vida comunitaria a la que aspiramos.

Por ello, cualquier esfuerzo que se haya hecho por combatir la corrupción y la impunidad, por garantizarle a cada ciudadana y a cada ciudadano de nuestro país la justicia, deben recibir el reconocimiento de las señoras y los señores diputados. Cualquier falla, cualquier esfuerzo sin realizarse, cualquier tiempo escatimado a la lucha por la justicia, deberá también recibir de esta representación nacional y particularmente de la conciencia individual de todos los servidores públicos que han estado encargados de procurar la seguridad y la justicia para los mexicanos, un reproche.

México tiene por delante la gran tarea de profundizar en sus instituciones, para ponerlas a buen resguardo de la presión que ejerce el poder corruptor del crimen organizado. Las instituciones de la República reconocen en el crimen organizado, particularmente el dedicado al narcotráfico, una amenaza permanente, por ello, a nombre de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura puedo asegurar a usted, señor Procurador y a todo el pueblo de México, que esta Cámara de Diputados sabrá estar a la altura para salvaguardar las instituciones, para recrear los instrumentos que permitan avanzar en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y devolverle la confianza a las mexicanas y a los mexicanos, de que a través de la vida institucional y del ejercicio del derecho, podremos avanzar como sociedad con libertad y con justicia.

Muchas gracias por su presencia el día de hoy; gracias también por el esfuerzo que pueda usted realizar de aquí a que concluya su encargo.

Quiero también establecer que de conformidad con lo que establece el artículo 7o. numeral cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al señor Presidente de la República, para su conocimiento.

Solicito a los diputados Félix Castellanos Hernández, Francisco Abundis Arias, Tomás Torres Mercado, Miguel Angel Torrijos Mendoza y José Manuel Correa Ceseña, se sirvan acompañar al señor Procurador General de la República cuando decida retirarse de este salón.