Comparecencia del Secretario de Trabajo y Previsión Social,
Mariano Palacios Alcocer, correspondiente al Sexto Informe
de Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León

Instalación de la Mesa
Eloy Cantú Segovia:

Presentación
Mariano Palacios Alcocer

FIJAN LA POSICIÓN GENERAL DE SU GRUPO PARLAMENTARIO, LOS DIPUTADOS:

José Narro Céspedes, Partido del Trabajo
Esveida Bravo Martínez, Partido Verde Ecologista de México
Alejandra Barrales Magdaleno, Partido de la Revolución Democrática
José Antonio Gloria Morales, Partido Acción Nacional
Carlos Aceves y del Olmo, Partido Revolucionario Institucional

Para hacer los comentarios que juzgue pertinentes
Mariano Palacios Alcocer

PRIMER TURNO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Rosalía Peredo Aguilar, Partido del Trabajo
Respuesta: Mariano Palacios Alcocer
Réplica: Rosalía Peredo Aguilar, Partido del Trabajo

Pregunta: Esveida Bravo Martínez, Partido Verde Ecologista de México
Respuesta: Mariano Palacios Alcocer

Pregunta: Hortensia Aragón Castillo, Partido de la Revolución Democrática
Respuesta: Mariano Palacios Alcocer
Réplica: Hortensia Aragón Castillo, Partido de la Revolución Democrática

Pregunta: Manuel Castro y del Valle, Partido Acción Nacional
Respuesta: Mariano Palacios Alcocer
Réplica: Francisco Ramírez Cabrera, Partido Acción Nacional

Pregunta: Flor Añorve Ocampo, Partido Revolucionario Institucional
Respuesta: Mariano Palacios Alcocer
Réplica: Hilda Anderson Nevárez, Partido Revolucionario Institucional

SEGUNDO TURNO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Rosalía Peredo Aguilar, Partido del Trabajo
Respuesta: Mariano Palacios Alcocer
Réplica: Rosalía Peredo Aguilar, Partido del Trabajo

Pregunta: José Antonio Magallanes Rodríguez, Partido de la Revolución Democrática
Respuesta: Mariano Palacios Alcocer
Réplica: José Antonio Magallanes Rodríguez, Partido de la Revolución Democrática

Pregunta: Alfonso Sánchez Rodríguez, Partido Acción Nacional
Respuesta: Mariano Palacios Alcocer
Réplica: Ramón Paniagua Jiménez, Partido Acción Nacional

Pregunta: José Antonio García Leyva, Partido Revolucionario Institucional
Respuesta: Mariano Palacios Alcocer
Réplica: Roberto Ruiz Ángeles, Partido Revolucionario Institucional

COMENTARIOS FINALES
Mariano Palacios Alcocer

MENSAJE INSTITUCIONAL
Eloy Cantú Segovia:









4 DE OCTUBRE DE 2000

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
LICENCIADO MARIANO PALACIOS ALCOCER

El Presidente del Grupo de Trabajo, diputado Eloy Cantú Segovia:

Muy buenas tardes señoras y señores diputados, señoras y señores invitados.

Se instala el grupo de trabajo de las señoras y señores diputados de esta LVIII Legislatura, con el objeto de analizar el VI Informe de Gobierno del presidente Ernesto Zedillo, bajo la modalidad del acuerdo parlamentario que rige a estas comparecencias.

Se nos informa que ya se encuentra en el salón contiguo el señor secretario de Trabajo y Previsión Social, el licenciado Mariano Palacios Alcocer, por lo que queremos pedirle a la Comisión de Cortesía encargada de recibir al señor Secretario, que vaya a invitarlo a pasar a este recinto.

El diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; la diputada Esveida Bravo Martínez, del Partido Verde Ecologista de México; el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Héctor Méndez Alarcón, del Partido de Acción Nacional; diputado Hugo Camacho Galván, del Partido Acción Nacional; y el diputado José Ramírez Gamero, del Partido Revolucionario Institucional. Se les ruega cumplir con su cometido.

(Se escuchan aplausos)

Se encuentra entre nosotros el licenciado Mariano Palacios Alcocer, secretario de Trabajo y Previsión Social, quien ha sido invitado a esta reunión del grupo de trabajo, integrado por diputados de los diversos grupos parlamentarios, de la LVIII Legislatura, para llevar a cabo el análisis del VI Informe de Gobierno.

De conformidad con el acuerdo parlamentario al que he hecho previamente alusión, y en cumplimiento del punto segundo, numeral uno, dos y tres del citado acuerdo que norma este procedimiento, se concede el uso de la palabra al licenciado Mariano Palacios Alcocer, hasta por veinte minutos.

El Secretario de Trabajo y Previsión Social,
licenciado Mariano Palacios Alcocer:

Ciudadanas y ciudadanos diputados al Honorable Congreso de la Unión.

Agradezco la amable invitación para acudir ante esta representación nacional, y formular algunos comentarios y reflexiones sobre el desempeño de la Secretaría a mi cargo; espero contribuir a un diálogo fructífero entre los poderes de la Unión, y útil para el futuro de la clase trabajadora de México.

El Marco Jurídico Laboral en México, es resultado de un proceso histórico en el que los trabajadores han sido protagonistas fundamentales; tiene un profundo sentido social, puesto que no desconoce las dramáticas diferencias existentes entre capital y trabajo, otorgándole al poder público un carácter tutelar.

Preservar y ampliar empleo, ha sido una prioridad persistente a raíz de la crisis de 1994-95. Efectivamente, durante 1995 se perdieron 906 mil empleos formales registrados en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social); la tasa de desempleo abierto urbano, alcanzó 7.8%; la inflación fue superior al 50%, y los salarios perdieron consistentemente su poder adquisitivo; era urgente, entonces, el establecimiento de políticas activas de empleo, que incluyeran un programa que hiciese posible la atracción de nuevas inversiones, y que diera seguridad jurídica a las relaciones de trabajo emergentes.

Con tal propósito se actúo simultáneamente en varios planos, por una parte, ampliando la oferta de capacitación a los trabajadores desempleados, para que tuvieran opción de incorporarse al mundo del trabajo, rediseñando el modelo de becas para hacer frente a la diversificación de demandas, así como a la modernización de las micro y pequeñas empresas, que conjuntamente con sus trabajadores en activo, pudieran incorporar criterios más evolucionados de calidad y competitividad.

En este sentido hay resultados alentadores; el desempleo abierto urbano ha descendido al 2.2 durante el primer semestre del año, ubicándose en la tasa más baja de las últimas décadas, y ha sido objeto de reconocimiento en la más reciente publicación de la organización internacional del trabajo, donde se especifica que tenemos la tasa más baja de desempleo abierto urbano de América Latina.

De 1996 a 99 se han creado 3 millones 400 mil empleos registrados ante el Instituto del Seguro Social; para lograrlo, ha actuado con eficacia el Sistema Nacional de Empleo, que es un sistema descentralizado de la federación a los estados, en donde todas las entidades federativas han asumido cabalmente su parte.

Mediante el Programa de Becas de Capacitación a Trabajadores Desempleados, se capacita para el trabajo a la población desempleada o subempleada, a fin de que obtenga la calificación requerida por el aparato productivo, con el propósito de facilitar su acceso o mejoramiento en el empleo. Para ello, proporciona una beca equivalente al salario mínimo durante el tiempo que dure la capacitación, los cursos tienen un desempeño de dos a tres meses.

En total, de 95 a 2000, se han beneficiado 2 millones 863 mil 861 trabajadores con estas becas.

Hay índices satisfactorios de colocación de los becarios, en promedio, el 85% de los egresados de los cursos se mantienen en empleo 12 meses después de haber concluido su capacitación.

Un Programa fundamental para recuperar el empleo, ha sido el de Calidad Integral y Modernización. Cuenta con la participación de los sectores empresariales e industriales, más de 650 cámaras nacionales y locales han venido coordinándose para dar apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. El Programa opera mediante 64 unidades promotoras de capacitación en todos los estados, y con recursos hasta por un 70% del costo de la capacitación, el resto lo cubren las empresas beneficiarias. De 95 al 2000, el Programa ha beneficiado a 3 millones y cuarto de trabajadores de pequeñas y medianas empresas.

Si bien es cierto que el comportamiento del empleo ha sido favorable desde el punto de vista cuantitativo, hoy el reto está en sostener su tendencia creciente, y fundamentalmente luchar por la mejora cualitativa del empleo.

Requerimos empleos de mejor calidad, que permitan la recuperación de los salarios, para lograr este propósito, es indispensable la coordinación con los estados y con el Distrito Federal; así, se han constituido en todo el país los consejos estatales de productividad y competitividad, son espacios de negociación y diálogo en que se procura hacer frente a las demandas regionales de empleo, y a la vinculación del sector laboral con el resto de los sectores sociales y productivos.

A través del diálogo social, ha sido posible un mayor acercamiento entre trabajadores y empleadores, para lograr una mayor productividad en las empresas, dar más estabilidad al empleo, y buscar la creciente recuperación del salario.

En este sentido, debo de destacar que en los tres últimos años, han venido dándose crecimientos salariales por encima de la inflación, con el consecuente incremento del poder adquisitivo; sin embargo, aún con los esfuerzos del crédito al salario y la bonificación fiscal que alcanzan montos equivalentes del 18 al 21% del salario mínimo. Mejorar los ingresos de los trabajadores es aún, asignatura pendiente.

No podemos resignarnos a fundamentar nuestra fortaleza competitiva frente al exterior en los bajos salarios de los trabajadores mexicanos. Igualmente legítimo que lograr (inaudible) en el exterior, será también alcanzar los mismos niveles del ingreso de los trabajadores.

En los últimos años se ha discutido de cara a la opinión pública este tema, y salta en la palestra, la conveniencia que para algunos tiene, desaparecer la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Vale la pena comentar, por tanto, que el establecimiento de salarios mínimos se ha convertido en un propósito razonado de un número cada vez mayor de países en el orbe. Constituye un valor permanente de las relaciones obrero-patronales.

Hoy somos uno de los más de cien países del mundo que tiene legislación aplicable en la materia. De no existir una Comisión de Salarios Mínimos en las instancias administrativas para su cumplimiento, se abriría la posibilidad de que muchos trabajadores quedaran en la indefensión, sobre todo los no sindicalizados, para exigir un pago mínimo por una jornada ordinaria de trabajo.

Los salarios mínimos no son sólo una referencia para el establecimiento de sanciones o el cobro de multas administrativas. El 16 punto 4% de los trabajadores asegurados en México percibe el minisalario, por lo que continúa constituyendo un elemento sustantivo para la búsqueda de la justicia social en las relaciones obrero-patronales.

Así lo entiende la Organización Internacional del Trabajo, y por ello, México ha ratificado los convenios 2699 y 131, a efecto de que en la medida en que se mejoren las condiciones de ingreso de los trabajadores más pobres, avancemos en la defensa del salario remunerador, para convertirlo en un dinámico elemento de la política social del Estado mexicano.

Ampliar el empleo. Abrir oportunidades universales a la capacitación laboral, recuperar los salarios y disminuir la tensión y el conflicto laboral, son propósitos que inspiran el quehacer de la Secretaría a mi cargo.

Valioso instrumento para disminuir las tensiones laborales, han sido, la mesa hacia una nueva cultura laboral que viene trabajando semanariamente desde 1995, así como las reuniones del Acuerdo de Cooperación y Consulta de los Sectores Productivos, que mensualmente se verifican con la representación de los sectores público, social y privado.

En el presente ejercicio, han estallado 21 huelgas en empresas de jurisdicción federal, esto da pauta del elevado nivel de entendimiento entre los factores de la producción. Hoy tenemos en México el nivel más bajo de estallamientos de huelga desde los años 70, en que la planta productiva nacional era considerablemente menor a la existente.

No desearía pasar por alto en esta materia, una referencia a dos figuras jurídicas que han sido objeto de discusión y deliberación pública, la requisa y la calificación de los movimientos de huelga.

En la legislación mexicana, la requisa no es una institución del derecho laboral, es materia de regulaciones contenidas principalmente, en las leyes sobre comunicaciones y transportes, así lo especifica en el artículo 112 de la de Vías Generales de Comunicación y el 83 de la de Aviación Civil.

Esta figura jurídica tiene sus antecedentes -como es sabido, en momentos en que había que preservar seguridad nacional y buena marcha de la economía, ante la inminencia de riesgos externos o porque la suspensión de algún servicio pudiese afectar el desarrollo regional de una zona o una buena marcha de la economía sectorial o nacional.

Se invoca entonces, la tutela de un valor jurídico fundamental, el interés público, elemento consubstancial del constitucionalismo mexicano para darle facultades al Estado, a efecto de que pueda asumir temporalmente el manejo de una empresa mediante indemnización, nombrando un administrador responsable de la prestación del servicio.

La requisa puede operar en empresas que estén o no en huelga, pero para algunos la requisa es conculcatoria del derecho de huelga, en virtud de que los trabajadores pierden elementos de negociación, dado que sigue prestando trabajos la organización; en tanto que para otros, no se descuida el cúmulo de eventos procesales y el llamado a la conciliación, para que puedan encontrar el equilibrio entre los factores de la producción, sin demérito de que el Estado pueda recurrir a esta figura para evitar la suspensión de servicios públicos, siempre invocando el principio constitucional del interés público.

Por lo que se refiere a la calificación de las huelgas en materia de existencia o inexistencia, vale la pena recordar también que se trata de una figura consagrada en la ley, ha sido objeto de análisis y de discusión en el ámbito teórico y en la experiencia parlamentaria y jurisprudencial.

Se utiliza también la valoración de huelga lícita o ilícita, imputable o inimputable al patrón, atendiendo a las corrientes doctrinarias y jurisprudenciales, la legislación laboral utiliza el término inexistencia y ha suprimido la facultad que antaño tenían de oficio las juntas para calificar, estableciendo siempre los requisitos de procedibilidad.

De esta manera, la Ley Federal del Trabajo, otorga a los propios trabajadores, a los patrones y a los terceros, la acción y derecho para solicitar ante las juntas, dentro de las 72 horas siguientes al estallamiento, la calificación -si procediere, de inexistencia de la huelga.

Estos y otros hechos, nos permiten decir que hoy está en manos de ustedes, señores legisladores, analizar, convocar, debatir, acerca de lo más conducente sobre estas figuras jurídicas y sobre otras instituciones del derecho del trabajo; ya que mientras existan como parte obligatoria del derecho vigente, los interesados podrán hacerlos valer y las autoridades competentes tendrán facultades de actuar.

A partir de 1988, se creó la Subsecretaría de Previsión Social, con objeto de hacer frente a una serie de temas que antaño no se advertían como nuevos escenarios de trabajo laboral en el país. Así, en la Secretaría se crea por primera vez en la Administración Pública la Dirección de Equidad y Género, la idea central consiste en incorporar el enfoque de género en el diseño y ejecución de las políticas laborales del país.

En los años 70, sólo el 17% del mercado laboral lo ocupaban mujeres, hoy casi 40 de cada 100 trabajadores son mujeres. Esto nos obliga a establecer todos los elementos que tiendan a erradicar la discriminación en el acceso, permanencia y promoción laborales, así como a evitar la marginación en los beneficios de la capacitación o en las oportunidades de arribo a los trabajos de mayor calidad.

Se trata de procurar el respeto a los derechos laborales y humanos de la mujer, sin discriminaciones por gravidez o lactancia.

Recientemente, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) aprobó para México el programa emergente en América Latina, denominado Más y Mejores Empleos para la Mujer, que viene operando en los estados de Coahuila y Guerrero en condiciones encomiables. Y se han hecho diversas acciones de política pública, para evitar cualquier signo de discriminación en esta materia.

Existen muchas tareas pendientes para atender a este grupo prioritario de la sociedad, pero esta Secretaría tiene una idea clara de la importancia de respetar la dignidad de la mujer y alentar su incorporación al trabajo.

Otro tema de la mayor relevancia, es el que tiene qué ver con la incorporación de los menores al mercado laboral. Este tipo de hechos se da bajo una relación no reconocida jurídicamente, y en muchos casos, expresamente prohibida.

No hay accesos mínimos a la seguridad social y no se aplican las medidas de higiene y seguridad en las labores. En muchos casos, la incorporación de los menores al trabajo, va aparejada del abandono en la escolaridad.

En tal virtud, impulsamos ante el Senado de la República, la ratificación del convenio 182 de la OIT, a efecto de erradicar las peores formas de trabajo infantil y tomar las acciones inmediatas para su eliminación.

El fenómeno del trabajo infantil pone en evidencia los límites e insuficiencias de un desarrollo social, cultural y educativo, que se nutre de elevados índices de desintegración familiar y marginalidad social.

Por ello, procuraremos la elaboración de programas integrales en coordinación con los estados, para desalentar la ocupación de menores y evitar los impactos que esto significa.

Otro grupo que requiere y ha tenido la atención de políticas públicas, es el que tiene qué ver con los jornaleros agrícolas. En nuestro país, existen -según datos del Inegi (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) del año 99, un millón 40 mil familias de jornaleros agrícolas, de los cuales el 39% son migrantes de las regiones del país con menor desarrollo relativo.

La precarización del trabajo, la violación de los derechos laborales, la falta de aplicación en medidas de seguridad e higiene que preserven salud e integridad física, son constantes que enfrenta este grupo de la población y que agudiza el caso, entratándose de jornaleros indígenas que son víctimas de prácticas discriminatorias basadas en diferencias étnicas, de lenguaje, de usos y costumbres.

Si bien el trabajo agrícola no cae en la competencia de la federación, sí hemos mantenido una presencia activa en tratándose de la materia federal de inspección de las condiciones de trabajo y de seguridad e higiene; sobre todo en los estados noroeste del país, en donde la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo con las entidades locales ha estado haciendo intensos trabajos de coordinación para hacer exigibles las obligaciones a los empleadores.

Anualmente realizamos en esta materia más de 45 mil inspecciones de verificación al cumplimiento de la ley.

Por último, recientemente el Senado de la República ratificó el Convenio 159 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para garantizar el acceso al trabajo y al pleno goce de los derechos laborales de las personas con capacidades diferenciadas. Con ello, México da un paso importante en el ámbito normativo para adoptar políticas públicas de reconocimiento a la dignidad humana y a la capacidad productiva de las personas con alguna discapacidad.

Se han abierto las distintas opciones de capacitación y oferta al empleo porque creemos que actuar cerca de estos grupos y brindarles opciones activas de incorporación al trabajo son tareas de profundo contenido social.

Señoras y señores legisladores: He intentado abordar, en términos generales, las materias sustantivas de la dependencia a mi cargo, no exento, por supuesto, en esta presentación de omisiones, dado el tiempo disponible y el formato diseñado para la presentación; pero quiero expresar la mejor disposición personal e institucional para que al margen de esta presentación pudiéramos con ustedes -o con los legisladores que lo deseen- continuar un diálogo constructivo en esta materia.

El próximo mes concluirá el mandato del presidente Ernesto Zedillo. Por voluntad democrática de la mayoría de los mexicanos, el nuevo titular del Ejecutivo de la Unión provendrá de una filiación política diferente. A las naturales expectativas generadas en todo cambio de gobierno se suma hoy el ingrediente de la alternancia partidista. Reflexionar entonces sobre el presente y el futuro laboral del país, del sindicalismo, es una obligación ineludible de trabajadores y patrones, libremente asociados; pero lo es también de la sociedad en su conjunto, y debe serlo, con gran seriedad, por esta honorable representación nacional.

El carácter tripartito de la relación laboral ha probado su eficacia al auspiciar el diálogo y el entendimiento entre los factores de la producción y la permanente facilitación del gobierno ha procurado cumplir su parte.

Hoy contamos con importantes instituciones de seguridad social, donde el tripartismo prueba su eficacia, como son el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Infonavit. Ha de ser, por lo tanto, en un clima de aportaciones honradas, propositivas, abiertas, donde se aborden los temas relativos a la reformabilidad de la Constitución, en la materia, o a la Ley Federal del Trabajo.

El consenso, en mi opinión, debe ser el valor fundamental para que cualquier proyecto en esta materia pudiera resultar viable. Consenso, primero, entre los factores de la producción, y consenso, fundamentalmente, entre las fuerzas políticas acreditadas en esta representación nacional.

Ninguna de las partes podrá imponer su criterio sobre las otras en el mundo del trabajo; pero ningún partido podrá imponer su criterio a los demás en el ámbito parlamentario.

Concluyo con esto mi primera intervención, dando paso a escuchar el posicionamiento de las diversas fracciones parlamentarias.

¡Muchas gracias! (Aplausos).

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Muchas gracias, señor Secretario. Justamente están inscritos para fijar la posición general de su grupo parlamentario las siguientes ciudadanas diputadas, los siguientes ciudadanos diputados:

Por el Partido del Trabajo, el diputado José Narro Céspedes; por el Partido Verde Ecologista de México, la diputada Esveida Bravo Martínez; por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Alejandra Barrales, por el Partido de Acción Nacional el diputado José Antonio Gloria Morales; por el Partido Revolucionario Institucional el diputado Carlos Aceves y del Olmo.

Tiene la palabra hasta por 10 minutos, el diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo.

El diputado José Narro Céspedes:

Con la venia de la Presidencia.

Compañeras y compañeros diputados: Como sabemos, la profunda crisis que experimentó el capitalismo en el mundo, desde fines de los años setenta, y en el curso de los ochenta, no fue ajena a nuestra nación. Esa crisis expresó el agotamiento de los fundamentos económicos sobre los que se basó la prosperidad de las naciones durante más de tres décadas.

Los factores que impulsaban la productividad nacional se agotaron, haciendo que los costos de las empresas se elevaran y ello afectara la rentabilidad de las empresas. La respuesta de los gobiernos y de las empresas a la nueva situación económica planteó la exigencia de desarrollar un nuevo paradigma técnico-productivo, consistente en adaptar a la fuerza laboral a las nuevas tecnologías que demandaban la reestructuración capitalista en curso.

Esa adaptación partía del reconocimiento de que era necesario fusionar las tecnologías informáticas y computacionales con los métodos de organización de la producción de origen japonés, basada en la manufactura flexible, en oposición a la producción en serie sustentada en la cadena de montaje que caracterizó a la época del estado de bienestar: al método taylorista.

Esto implica que la nueva estructura organizacional del trabajo se basa ahora en la constitución de pequeños grupos de trabajadores de una misma área laboral, que tienen la suficiente capacidad para resolver diversos tipos de problemas relativos a los procesos de producción, con consecuente aumento en la productividad; pero también, en una mayor intensificación de la explotación de sus capacidades físicas e intelectuales.

La gran industria manufacturera y las actividades de maquila han sido las primeras ramas de la producción que desde principios de los años ochenta han incorporado estas innovadoras formas de organización y explotación del trabajo.

Sin embargo, la nueva estructura organizacional del trabajo que se viene imponiendo progresivamente en el conjunto de las ramas económicas del país no se está correspondiendo con las necesidades laborales de los trabajadores de México. Una de ellas tiene que ver con la exigencia de formar cuadros técnicos altamente calificados, que reciban salarios acordes con su nivel de calificación y en función de los incrementos de productividad que experimentan las empresas.

Usted sabe, señor Secretario, que en México hemos tenido uno de los más altos incrementos en la productividad, pero éstos no se han visto reflejados en el salario de los trabajadores.

En los hechos, la nueva cultura laboral existente en nuestra nación sólo ha beneficiado a los patrones, porque la apertura económica ha significado mayor exigencia de competitividad, y por ende, mayor intensidad en la explotación del trabajo para igualar los costos de producción de México con sus socios comerciales.

Pero al mismo tiempo, el incremento de la riqueza derivada de la acción de la nueva cultura laboral no se ha traducido en la creación de nuevas instituciones que se traduzcan en agentes representativos de la clase trabajadora; así como de la creación de nuevas instancias legales que reconozcan el papel del salario participativo vinculado a la productividad y al desempeño de la empresa; que permita elevar el poder adquisitivo de los trabajadores y la eficiencia productiva de las empresas.

En síntesis: Estamos observando cómo en los hechos, la revolución tecnológica y los cambios experimentados en la base organizativa de las relaciones laborales no se ha traducido en nuevas reglas del juego asentadas a rango constitucional, pero los beneficios de ellas sí son visibles en los bolsillos de los patrones.

La nueva cultura laboral se opone al corporativismo existente que ha sido el mejor mecanismo que los gobiernos posrevolucionarios han utilizado para mantener bajo control al movimiento obrero, y por tanto, mediatizar las demandas de los trabajadores.

Las organizaciones sindicales en México han estado aglutinadas prácticamente desde la consolidación del régimen priísta, en los años treinta. La institucionalización que se hizo desde entonces, a través de la CTM, y posteriormente por medio del Congreso del Trabajo, han sostenido una política salarial que mantiene postrada a la clase trabajadora haciendo que un sector mayoritario de la población se le mantenga con ingresos insuficientes, con los que se ubica a la mano de obra en nuestro país entre las más bajas del mundo. El 80 por ciento de los mexicanos -entre otras cosas- por eso se encuentra en condiciones de pobreza.

Desde su surgimiento las centrales obreras han respondido incondicionalmente, y de manera clientelar, a los intereses de los empresarios y en apoyo de la política salarial y de empleo de los regímenes en turno, y no a los intereses de los trabajadores.

Señor Secretario: Las cifras manifestadas por el Ejecutivo federal, en el informe que estamos analizando, en nada corresponden a la realidad. Al respecto, baste mencionar que hoy en día un trabajador que recibe como ingreso un salario mínimo, que equivale a 4 punto 74 pesos por hora, necesita, casi, acumular 34 horas de trabajo para poder adquirir los productos de la canasta básica. Contrariamente, en 1994, con 17 horas y media, bastaba para adquirir estos bienes.

Obviamente, señor Secretario, esta comparación no es compartida por usted, como tampoco es el hecho de que el crecimiento del empleo ha aumentado de manera por demás poco significativa; sin dejar de mencionar que los niveles de empleo del año en curso, ni siquiera han alcanzado los existentes en el 94.

Si a esto le agregamos que el aumento de las nuevas demandas de empleo que se dan diariamente por el crecimiento natural de la población, el resultado es una enorme masa de jóvenes desempleados que en la actualidad no puede incorporarse al proceso productivo, que cada vez con mayores dificultades son absorbidos por la economía informal; y a esto hay que agregar casi los 400 mil mexicanos que año con año emigran hacia el extranjero.

Este hecho, señor Secretario, permite a la presente administración seguir acumulando deficiencias y fracasos en la solución de los grandes rezagos nacionales.

Las cifras alegres que nos presentan sobre la incorporación de afiliados al régimen del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), está manipulada, pues incluye hasta estudiantes, como si éstos formaran parte de la fuerza laboral; con esto, no se quiere decir que no se les deba de proteger; sin embargo, no se deben contabilizar como miembros de la población económicamente activa, como usted lo sabe.

Por otra parte, la justicia laboral en México, como parte fundamental de la política laboral nacional, es uno de los ejes principales que está carente de reformas legales que garanticen y fortalezcan los derechos de los trabajadores. Ya que al contrario, dicha justicia social, en la mayoría de los casos, ya sea en conflictos individuales y colectivos, se restringe.

La actual composición de las juntas locales y federales de Conciliación y Arbitraje, trae aparejada una serie de imprecisiones que conllevan técnicamente, aunado a que no sigue los tiempos reglas señaladas en la propia Ley Federal del Trabajo, lo que provoca un incremento sistemático en la interposición de juicios de amparo entre el Poder Judicial Federal.

Estas resoluciones en la medida de los casos sólo son para efectos, lo que genera que se remite el expediente para una nueva revisión por la autoridad laboral, para fundamentar adecuadamente los actos que ejerce, por ello resulta indispensable adecuar los tiempos, resuelve el Tribunal, resuelve la Corte, se vuelve a turnar el expediente, y ahí traen los trabajadores, y prácticamente por tiempo, pierden muchos de estos juicios que se interponen ante los espacios de la justicia laboral en México.

Segundo. Materializar una serie de reformas que conduzcan a una plena autonomía de los tribunales laborales, respecto al Poder Ejecutivo, en consecuencia, las juntas de Conciliación y Arbitraje debieran formal y materialmente ser tribunales de pleno derecho; en consecuencia, estarían dentro de la jurisdicción del Poder Judicial y así contar con autonomía jurídica, presupuestal y administrativa en su desempeño.

Nos preocupa, ahora con el cambio de gobierno, que se sigan dando resoluciones de la Corte que, prácticamente, modifiquen las leyes de nuestro país en contra de los derechos de los trabajadores, como ha venido sucediendo también.

Prácticamente se está haciendo la reforma... se está legislando desde la Corte, coartando los derechos de los trabajadores desde la Corte, desde los resolutivos de la Corte. Esto es sumamente peligroso para la clase trabajadora de nuestro país.

Para el Partido del Trabajo es indispensable que las resoluciones que emitan las juntas de Conciliación y Arbitraje garanticen que los derechos laborales, entre ellos el derecho a huelga, no sea violado.

¿Qué nos queda pensar en materia de justicia laboral, cuando los intereses que se persigan no son sólo nacionales sino internacionales? Los cuales se encontrarán al filo de los tratados internacionales de apertura comercial. ¿Es ésta la justicia laboral que se añoró por luchadores sociales que con su sangre consiguieron mínimos derechos laborales, señor Secretario?

Señor Secretario, estamos a favor de una nueva cultura laboral, que se traduzca no sólo en el incremento de las ganancias de los patrones, sino también en el fortalecimiento del poder adquisitivo de la clase trabajadora.

También estamos por una nueva cultura laboral que signifique capacitación, adiestramiento y aumento permanente de la productividad laboral, que construya una industria nacional más competitiva y que ésta derrame bienestar en el conjunto de la población nacional.

Ésta es la participación del Partido del Trabajo.

Muchas gracias.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Muchas gracias al diputado José Narro Céspedes.

Tiene la palabra la diputada Esveida Bravo Martínez, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.

La diputada Esveida Bravo Martínez:

Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados, señor secretario Mariano Palacios Alcocer.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México existen diversos puntos en materia laboral, que consideramos deben ser tomados en cuenta por la Secretaría a su cargo.

En ese contexto, los programas laborales deben de estar dirigidos, preferentemente, a las clases más desfavorecidas, sin descuidar a otras que también requieren el apoyo del Estado en sus tres niveles de gobierno, para que puedan progresar e insertarse plenamente y de manera digna a su condición humana, a la dinámica de nuestra vida social y progresiva.

La lucha efectiva de los derechos de los trabajadores deben efectuarse de manera integral y coordinada con las demás dependencias del Ejecutivo, y no encajonar en una secretaría las labores de ella, es cierto, deben de proporcionar las condiciones materiales mínimas de existencia para poder desarrollarse, pero no se limita a eso su función, debe ir más allá; para que no sólo se impulse con políticas previas a los mexicanos, sino también se permita su crecimiento y desarrollo plenos. Pero debido al modelo, hasta ahora adoptado, la situación de trabajadores mexicanos aumenta sin freno, y cada vez más son presa de sus dolorosos efectos.

La producción en las empresas y en los centros de trabajo se debe fortalecer en la calidad y solidez humana, ya que la producción por sí misma, no es el único supremo valor.

Asimismo, la producción ha de marchar a la par con una distribución justo al ingreso, al cual nunca ha sido suficientemente equilibrado.

Para minimizar las condiciones del subdesarrollo en que se encuentra el sector obrero mexicano, la historia muestra que los trabajadores han tenido durante muchos años, una lucha interminable por conseguir mayores y mejores condiciones de vida, pero siempre olvidados por los grandes capitales nacionales y extranjeros.

El reparto de utilidades en México es bastante modesto y arbitrario en sus alcances y proporciones. Hasta ahora los mecanismos encargados de fijar los porcentajes en las utilidades de las empresas, no han podido aumentar dicho reparto para mitigar la brecha que se abre día con día entre las clases populares y patronales. Las utilidades miden de producción empresarial y normalmente se convierte en su mayor proporción en ganancias de los propietarios como si fueran los únicos generadores de la productividad.

Si hablamos de notorio atraso, en el que todavía se encuentran inmersos miles de mexicanos, a los que se les ha afectado la escasa o nula distribución equitativa de la riqueza del país y la falta de oportunidades presentes para conseguir su desarrollo, remarcaríamos y evidenciaríamos todavía más, la falta de una política integral que realmente esté enfocada a solucionar esos problemas.

Igual que hoy, hace un siglo, el poder económico de los trabajadores era nulo y el de los empresarios total.

Vivimos en una era en las que grandes transiciones ejercen su poder sobre las naciones y no sólo eso, son artífices del desarrollo o caída de la productividad nacional en cualquier parte del mundo.

La economía mexicana produce más riqueza a los pocos ricos y menos ganancias a los muchos pobres; no se ha compartido la productividad de las empresas con los trabajadores.

Señor Secretario, es necesario que la Secretaría a su cargo fortalezca el poder adquisitivo de la clase trabajadora, disminuya el desempleo, se logren mayores avances; en los acuerdos de cooperación, se otorguen facilidades a los discapacitados y se logre una verdadera equidad para las mujeres trabajadoras, todo ello en aras de un mejor porvenir para México.

Muchas gracias.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Gracias a la diputada Esveida Bravo Martínez.

Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, la diputada Alejandra Barrales Magdaleno, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Alejandra Barrales Magdaleno:

Gracias.

Señor Presidente, señoras, señores diputados, señor Secretario de Trabajo, sea usted bienvenido.

Para el Partido de la Revolución Democrática, la insensible política laboral, aplicada durante este sexenio, se hace evidente ante la constante inestabilidad de titulares de la Secretaría hoy a su cargo; llamaron poderosamente nuestra atención, las breves páginas que mereció al Poder Ejecutivo, el tema denominado "Justicia Laboral".

Quisiéramos que estuviese aquí compareciendo, la persona que durante seis años instrumentó políticas de agresión e intolerancia en contra de los sindicatos independientes, que llegaron a hacer uso del derecho de huelga. Es lamentable que el responsable, no de respuestas por los actos y omisiones cometidas, y en su lugar sea usted quien de la cara.

No podemos olvidar que la intervención de la Secretaría de Trabajo en connivencia con un sindicato sumiso y con la empresa Taesa, provocaron situaciones graves, de inseguridad para tripulaciones y para pasajeros; la empresa Taesa actuó con tal impunidad, que quedó claramente evidenciado aun en los medios de comunicación, la connivencia entre ella y la Secretaría, ahora a su cargo.

Estallar dos huelgas por mil 500 sobrecargos de aviación, fue motivo suficiente para que se emitieran sendos decretos de requisa, firmados por el Presidente de la República; en ello se consideró que la huelga era un peligro para la economía nacional y aunque ya lo ha hecho ahora en su comparecencia, en el Informe el Ejecutivo Federal, no hace alusión a esta situación y mucho menos nos explica, por qué una huelga puede representar un peligro para la economía nacional.

Además, aprovecho para señalarle, que tenga usted la seguridad que varios legisladores que conformamos actualmente esta Legislatura, tendremos como prioridad los temas de la requisa, de la huelga y en general, los temas laborales. Deseo resaltar, el abuso cometido también por la administración de Bancomer, en contra de los líderes de ese banco; a la fecha son más de 70 líderes sindicales de Bancomer que han sido despedidos, por no estar de acuerdo con las políticas de su sindicato, mismo que administra el contrato colectivo.

Esto no debiera ser reclamable en este foro, si fuera un asunto solo entre trabajadores y líderes sindicales; sin embargo, sin ningún pudor, los representantes de la administración de Bancomer, han intervenido en la vida interna del sindicato. Siendo todo esto del conocimiento de la Secretaría a su cargo, según lo han venido a denunciar hasta este foro los propios trabajadores de Bancomer.

La justicia laboral de esa Secretaría, se tradujo en el caso de los compañeros de Volkswagen; por ejemplo, en decretar la inexistencia de una huelga, porque estalló un minuto después de la hora de su vencimiento. Esta resolución constituye una grave afrenta al movimiento obrero mexicano, es el retorno a las resoluciones farelianas, en ella se decretaba la inexistencia de las huelgas al amparo de cualquier pretexto.

Señor Secretario, de manera constante y permanente hemos denunciado, la existencia de contratos de protección, le hemos denunciado a un seudolíder conocido como Ramón Gámez, al que se le han entregado con la anuencia de la Secretaría de Trabajo -de la que usted es actual titular- más de mil contratos colectivos de trabajo que van desde empresas que se dedican a la elaboración de hamburguesas, a los cines, a la aviación, a autoservicios, incluyendo los de empresas que aún ni siquiera tienen trabajadores, como las telefónicas de reciente funcionamiento en nuestro país; esto también constituye sin duda, una afrenta más de ustedes al movimiento obrero mexicano.

Lo anterior explica los alegres números que se contemplan en el Informe del Poder Ejecutivo, en donde se nos quieren vender como cuestiones positivas, el hecho de que en el 99 se plantearon 7 mil novecientas 72 huelgas y sólo estallaron 32, y que en el 2000 se han planteado 3 mil 563 huelgas y estallado solo 17.

La causa de que los trabajadores no hagan uso de su derecho de huelga, obedece a que una parte importante de los contratos colectivos de trabajo, hayan sido entregados a líderes corruptos y en otro también, al miedo de los propios trabajadores para hacer uso de su legítimo derecho de huelga. En virtud de los evidentes casos que se han manifestado, al buscar que se califiquen como inexistentes estos legítimos movimientos de huelga. Llama la atención que en el Informe no se haga referencia tampoco, a cuántos conflictos de titularidad se han planteado durante el presente período; por tal motivo le pedimos se abunde respecto de este asunto.

Tampoco se hablan de las denuncias que al amparo del acuerdo de cooperación laboral para América del Norte, se han realizado en contra de la administración de la justicia laboral mexicana; nada nos dice de los motivos por los cuales el conflicto de Taesa, por ejemplo, ha sido considerado por la oficina administrativa de los Estados Unidos, como una violación a los principios laborales consignados en el acuerdo citado. De eso tampoco se nos informa y le pediría de favor también, lo hiciera.

Por todos es conocido que el incremento de los trabajadores con base en la productividad, no es inflacionario; en México se da el caso de que los trabajadores aumentan su productividad y como premio se les disminuye el salario. Tal es el caso del trabajo manufacturero, en el que la productividad aumentó y los salarios reales cayeron; esto origina que los trabajadores contemplemos que los sistemas modernos de productividad, no se encaminen a una justa distribución de la riqueza, sino por el contrario se estén convirtiendo en modernos esquemas de explotación.

La Secretaría de Trabajo ha propiciado una gran injusticia, circunscribiendo los incrementos salariales a porcentajes definidos arbitrariamente, sin importar el que empresas y sindicatos se encuentren en condiciones económicas positivas o negativas. Sinceramente para el Partido de la Revolución Democrática, creemos que el progreso de México se centra en políticas que impliquen la posibilidad de que la riqueza sea compartida por los trabajadores y por los dueños del capital.

Creemos que la participación del gobierno en el proceso productivo, no debe limitarse a escenarios en donde, a cómo de lugar, al olvidarnos de la productividad se apliquen políticas restrictivas al ingreso de los que menos tienen. Durante su gestión se olvidaron los incrementos para los trabajadores superiores al tope salarial que el Poder Ejecutivo establece; no obstante que los índices de productividad fueron altos.

Por lo que respecta al denominado diálogo obrero-empresarial hacia una nueva cultura laboral, con independencia de la objeción de fondo, relacionada con la representatividad o no de quienes firman el mismo; resulta irrisorio que hayan firmado un acuerdo en el que se comprometen a cumplir el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo.

El punto 15 de este acuerdo, busca proponer la elaboración de un código federal de procedimientos de trabajo, éste ha sido objeto de graves denuncias públicas por parte de sindicatos y de abogados laboristas; puesto que sin haber seguido el proceso legislativo correspondiente, hoy ya se aplican preceptos contenidos en un código procesal que no tiene vida jurídica.

Durante su gestión el grito de los trabajadores petroleros, para alcanzar el cumplimiento de principios de respeto a sus derechos laborales, lamentablemente no ha sido escuchado; dichos trabajadores han estado en esta Cámara de Diputados, planteando sus preocupaciones. En el PRD sostenemos el respeto a la autonomía sindical, pero también estamos conscientes de la manipulación que ampliamente ejercen tanto la empresa, como muchos líderes sindicales de esta organización.

Al respecto, aprovecho también esta participación, para hacerle entrega de un documento que los trabajadores petroleros nos solicitan hagamos llegar a usted en este momento. El Partido de la Revolución Democrática esta consciente que la reconstrucción y modernización del país, nos concierne a todas y a todos por igual; que este país requiere una reforma al artículo 123 constitucional y a su legislación, que sin detrimento de las conquistas históricas de los trabajadores, logren tan anhelado equilibrio en las relaciones obrero-patronales.

Una reforma que termine con los apartados de excepción y que permita la autonomía de las organizaciones, respecto a grupos económicos dominantes; la autonomía y la separación con referencia a los partidos políticos y al Estado, y el rechazo a la afiliación colectiva y forzosa para todas y cada una de las organizaciones de los trabajadores. Para el PRD, urge democratizar el mundo del trabajo, para hacerlo compatible con los avances observados en nuestro país.

Señor Secretario, concluyo mi participación, destacando el doble discurso con el que se ha conducido el gobierno federal -del que usted forma parte- al hacer por un lado, amplio alarde de democracia ciudadana, y por otro, manipular las instituciones para impedir que esa democracia permee a los sindicatos; ojalá que pronto los trabajadores mexicanos que libremente emitimos un voto para elegir a nuestros gobernantes, también lo podamos hacer para elegir pronto a nuestros dirigentes sindicales. Por su atención muchas gracias. (Aplausos)

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Gracias a la diputada Alejandra Barrales.

Tiene la palabra hasta por diez minutos, el diputado José Antonio Gloria Morales, del Partido Acción Nacional.

El diputado José Antonio Gloria Morales:

Con su permiso, diputado Presidente. Señor licenciado Mariano Palacios Alcocer, Secretario de Trabajo y Previsión Social, compañeras y compañeros diputados, amigos todos.

Hemos analizado las principales acciones realizadas y los resultados de las medidas adoptadas en los últimos seis años por el Ejecutivo Federal en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en donde el presidente Zedillo considera que se ha avanzado en el mejoramiento del bienestar de la población y destaca en su informe los esfuerzos desarrollados para hacer de México un país donde autoridades y personas apeguen su conducta a las normas jurídicas con el propósito de fortalecer una política social activa con criterios de inclusión, de participación y federalismo para la población en general y de manera particular para integrar en el mundo laboral a los grupos sociales que viven en extrema pobreza.

Me permito hacer referencia a tres cuestiones claves de la modernización laboral que fueron postergadas por la administración del presidente Zedillo al visualizar como prioritario el logro de la estabilidad macroeconómica.

Primero. Se evitó, a toda costa la apertura del mundo sindical, por lo que se conservó sin cambios la mayor parte de la estructura corporativa de representación, dejando en estado de indefensión los intereses de los trabajadores.

Segundo. Tampoco se avanzó en la anunciada transición hacia un nuevo modelo de relaciones laborales que permitieran una mayor corresponsabilidad de los trabajadores en los retos que trajo la acelerada competencia y que debió llevarnos a un reparto justo de los resultados.

Tercero. Así mismo, quedó pendiente definir el marco institucional capaz de hacer mecanismos eficaces que hagan compatibles los requerimientos de la productividad con la equidad a que aspiran los trabajadores de México.

Estos complejos asuntos debieron formar parte de una agenda político-laboral en torno a la reforma del Estado que permitiera a los principales actores de las relaciones laborales en nuestro país, replantear, revisualizar su intervención en el mundo del trabajo.

Sin embargo, en el Informe que se glosa, queda evidente que el gobierno federal debió asumir un papel de garante en los acuerdos y a la vez de actor principal en los tres ejes a los que hemos hecho referencia.

Le tuvo temor a afrontar los riesgos del derrumbe del corporativismo, que al reconocimiento de la necesidad de participar, de manera conjunta y decidida con los factores del capital y del trabajo, y en la redeifinición de sus relaciones en la realidad laboral de nuestro país.

Por otro lado, podemos decir que los argumentos y estrategias que utilizó la presente administración para mantener un control sobre los reclamos de los trabajadores, han quedado totalmente desgastadas. El Pacto de Solidaridad Económica, el de Estabilidad y Crecimiento Económico, el de Estabilidad, Competitibidad y Empleo, el Pacto para el Bienestar Económico, el Acuerdo para la Unidad para Superar la Emergencia Económica, la Alianza para la Recuperación Económica y la Alianza para el Crecimiento Económico, sólo fueron ejemplos vivos de la eficaz combinación de la política autoritaria de esta administración en el ámbito laboral con la generación de falsas expectativas en torno a una supuesta recuperación económica que debió haberse traducido en más empleos y mejor remunerados.

Por último, los datos que refiere el Informe, en cuanto a la administración de justicia laboral, dejan mucho qué desear, pues en realidad son más las dificultades y penurias que, tanto trabajadores como empresarios, tienen que vivir para dirimir sus diferencias por la tardanza, la burocracia y la corrupción que los beneficios que realmente debieran garantizarse por una expedita y eficaz administración de la justicia laboral.

Usted mencionó como asignatura pendiente mejorar el salario de los trabajadores, pero hay más: el saldo pendiente... el saldo pendiente que deja a esta administración, es haber omitido una política laboral clara, abierta y eficiente.

En política hay que cumplir los compromisos. La política sin compromisos es trunca. Más empleos, mejores salarios y una eficiente administración de la justicia laboral, es la solución para rescatar la dignidad del trabajador, pues no debemos olvidar que la dignidad del trabajo es la base para transformar nuestra realidad.

Ante la reflexión que amablemente usted hizo sobre la expectativa, incluso laboral, que hay sobre el próximo gobierno federal, me permito expresar que la búsqueda es... a instaurar una política laboral justa, clara y democrática que vaya permeando las instituciones.

Esta búsqueda es seguramente compartida por todos los grupos parlamentarios y por las autoridades laborales, por lo que concluyo invitándoles a poner nuestro mejor esfuerzo para lograr esta meta común en beneficio de los trabajadores y, por supuesto, en beneficio de México.

Si los mexicanos vivimos juntos y constituimos una nación, ha de ser para complementar las necesidades de los ciudadanos y ofrecernos, mutuamente, la cooperación necesaria para desarrollarnos como seres humanos.

Muchas gracias, señor Secretario. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Muchas gracias, diputado José Antonio Gloria Morales.

Tiene la palabra, hasta por diez minutos, el diputado Carlos Aceves del Olmo, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Carlos Aceves del Olmo:

Con su venia, señor Presidente. Señoras diputadas, señores diputados, señor Secretario de Trabajo.

En su exposición nos habló usted de un diálogo fructífero. Nos habló también de dramáticas diferencias entre el sector patronal y el sector de los trabajadores. Y también nos dijo que hay asignaturas pendientes.

Al ser el último orador, en esta ronda inicial, podría caer en un lugar común al repetir algunos de los temas, desde luego con distintos matices, que aquí se han tocado, pero tengo un documento, que no le quiero cambiar nada y que lo voy a leer textualmente, porque los diputados del Partido Revolucionario Institucional estamos verdaderamente inmersos en buscar modificaciones, cambios que nos den viabilidad a lo que nuestro Partido dice: democracia y justicia social.

Sentimos que siendo usted una gente exitosa en todos los cargos que ha tenido a lo largo de su brillante carrera, en la docencia, en el Ejecutivo, en nuestro Partido, en la diplomacia, esta vez le tocó llegar a la Secretaría de Trabajo por un plazo corto y conociendo su forma de pensar y de actuar, sentimos que las políticas que se han venido utilizando en este sexenio, pues no le permitieron darnos esos pendientes o esas asignaturas que usted mencionó.

En el último informe de gobierno del ejercicio 1994-2000, en el capítulo dedicado a los asuntos laborales, nos parece que no se da un recuento y una explicación al mismo tiempo, de los pendientes que con la clase obrera de nuestro país se quedan en el tintero.

Ha sido preocupante, y lo es, que por las políticas económicas de corte neoliberal no sólo se haya dejado a un lado la recuperación del poder adquisitivo, sino también, a nuestro juicio, se ha despojado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de su función principal, que es la de tutelar los intereses de los trabajadores en México.

Dichas políticas parecería ser que siempre llevan como destinatarios a los trabajadores, pues ellos, más que ningún otro sector, han cargado con los costos que han hecho crecer la macroeconomía, pero que han abierto más la brecha entre ésta y la microeconomía.

La persistencia en la aplicación de ajustes económicos para lograr una baja inflación, que de acuerdo a nuestra óptica, es ficticia, es ficticia la inflación, ha menguado enormemente las posibilidades de que los trabajadores y sus familias recuperen parte de lo mucho que han perdido.

Renglón aparte merece para su comentario, la política de topes salariales, que esperamos sea exterminada de las prácticas de negociación entre los factores de la producción, y haya una verdadera libertad para negociar entre patrones y sindicatos, tomando en cuenta que la situación financiera de las empresas casi siempre es distinta entre ellas y no se puede tasar con porcentajes siempre ligados a la inflación estimada. La sobrevivencia de fuentes de trabajo, está sujeta a eso, ojalá la práctica de los topes, desaparezca para siempre.

Es de considerarse que la Secretaría a su cargo voltee más los ojos hacia la recuperación de los salarios, hacia el respeto de la vida interna de las organizaciones sindicales y el cumplimiento cabal del artículo 123 y su ley reglamentaria.

Siempre, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tuteló nuestras demandas, ojalá encontremos el camino para que esto siga siendo así, y que la propia Secretaría junto con las organizaciones sindicales, todas, ejerzan la presión necesaria para que la próxima fijación de salarios mínimos, sólo haya una zona económica en todo el país y que a su vez se fije un solo salario mínimo general, ya que es inadmisible que existan regiones de nuestra patria, pauperizadas por su entorno, por fenómenos climáticos, por nulos recursos naturales y que todavía a los trabajadores de esa regiones se les paguen salarios mínimos inferiores a los de la zona "A", cuando muchas veces pagan más por los artículos y servicios por su aislamiento o por condiciones que ya antes enumeré.

A los diputados priístas, nos preocupa que se hable de reducir o cambiar el tripartismo, ya que cualquier modificación a éste, dejaría en estado de indefensión a los trabajadores. La gestión tripartita de los asuntos del trabajo, debe seguir vigente, ya que la tendencia en gran número de países industrializados o en vías de desarrollo, se está ampliando y enriqueciendo con la participación de todos los actores sociales en materia de vivienda, tribunales del trabajo, seguridad social, etcétera.

Creemos que el reto es ir hacia adelante con políticas incluyentes que no dejen fuera en su proporción, a organizaciones sindicales nuevas, pero suficientemente importantes, que en la actualidad no participan en los órganos de decisión tripartita, por ser ajenas a las que históricamente han estado ahí o porque sindicalmente se consideran adversarias en su forma distinta de ver las cosas. Hoy la premisa es la unidad en torno a los derechos de todos los trabajadores, buscar y encontrar consensos en los disensos, adecuar a los tiempos que vivimos la Ley Federal del trabajo, sin renunciar a lo que a los trabajadores beneficia, pero sin ser razón o ceguera para no ubicarnos en el entorno que hoy nos toca vivir.

Durante los seis años del ejercicio que termina, se han logrado acuerdos entre los factores de la producción, que han dado resultados y están vigentes. La llamada nueva cultura laboral, ha demostrado en los hechos, que habiendo disposición, conocimiento, participación y vigilancia permanente de las partes, se logran resultados que coadyuvan a que sea menos pesada la insuficiencia económica de las clases trabajadoras.

El buscar con imaginación solidaria y con sentido social esquemas que permitan que nuestra planta productiva pueda competir con las de otras latitudes, debe estar en la mesa del debate, cuidando el no imponer a ultranza modelos de otros países, sino encontrar fórmulas de negociación, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, que logren los objetivos pretendidos, resumidos éstos en más productividad de las empresas, igual a mejores ingresos de los trabajadores, igual a mejores condiciones de vida de las familias mexicanas.

Se pretende, y no lo rechazamos, el ligar la productividad con los salarios, pero para que esto pueda ser viable, necesariamente deberá cumplirse por parte de los patrones, la obligatoriedad de capacitar a su costo a todos los trabajadores, para que con esta herramienta fundamental, se logren los objetivos de competitividad nacional e internacional y se pueda transitar a la reivindicación de la economía de los trabajadores en el entorno de globalización en que estamos inmersos.

Como tarea permanente, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en los hechos, tiene que seguir tutelando a los trabajadores en la defensa férrea, no sólo de los aspectos económicos, que de suyo son fundamentales, no sólo en la justicia laboral pronta y expedita, no sólo en el respeto irrestricto a la autonomía sindical, punto toral debe de seguir siendo la defensa de la seguridad social, inmersa en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), en la Consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro), en el Fonacot (Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores), el sistema de becas de capacitación y los capítulos de seguridad e higiene.

Desde luego, la subsistencia inamovible del tripartismo en las juntas de Conciliación y Arbitraje, que a lo largo de la vida laboral de nuestro país, sin dejar de reconocer que no siempre han servido para los mejores fines, su tarea de conciliación y de defensa igualitaria de los factores de la producción y de presencia real de los trabajadores en el Tribunal en donde se ventila todo lo que compete a sus derechos.

Antes del primero de diciembre, esperamos esté acordado el salario mínimo general nacional, en una sola zona económica. Será esto sin duda un pendiente que no debe dejar el actual gobierno y nuestro deseo es éste. Ya cargaron los trabajadores el costo más pesado de la crisis del 94-95, fuimos, sin duda, factor fundamental para conservar la paz social. Ya es hora, señor Secretario, de que a los trabajadores se les dejen de cobrar facturas que ellos no deben.

La importancia histórica de las decisiones que se tomen todavía en este gobierno, dejarán huella en las siguientes generaciones. Hoy, hemos fijado aquí distintas posiciones los partidos que estamos representados en este Congreso, todos coincidimos en que hay pendientes que se tienen que cumplir, todos, de una forma u otra, lucharemos desde nuestra trinchera por obtener no solamente éxito en lo económico, también buscamos reiterativamente el respeto a nuestro derecho de asociación.

Lucharemos junto con nuestros compañeros de clase, por la eliminación de la requisa, por el derecho irrestricto de huelga, por la defensa de los trabajadores al servicio del Estado, por la justicia de los jornaleros del campo, por acatar las normas relacionadas con el trabajo infantil, por la equidad de género.

Hoy, desde aquí, los diputados priístas hacemos un nuevo compromiso con quienes nos favorecieron con su voto el 2 de julio, para seguir luchando por las causas más nobles de la ciudadanía y, también desde aquí, como una demostración clara de que las cosas sí caminan y que nosotros no utilizamos las descalificaciones para este tiempo que se nos ha dado, saludamos a los trabajadores de la industria de la aviación en su lucha.

Muchas gracias.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Muchas gracias al diputado Carlos Aceves del Olmo.

Tiene la palabra hasta por diez minutos, el señor Secretario de Trabajo y Previsión Social, licenciado Mariano Palacios Alcocer.

El Secretario Mariano Palacios Alcocer:

Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados. He escuchado con enorme interés los planteamientos en que los diversos partidos políticos aquí acreditados han hecho su posicionamiento y quisiera referir brevemente a cada uno de ellos.

El ciudadano diputado Narro, del Partido del Trabajo, hace un análisis de orden ideológico, histórico sobre la crisis del capitalismo y lleva a ubicar el momento actual del laboralismo en México, frente a la crisis del 94-95 y los esfuerzos por recuperarla y los saldos pendientes.

Una crítica fundada en la política salarial, al comportamiento que define de las centrales obreras proempresariales y a las cifras que dice no se corresponden con la realidad. Niveles de empleo semejantes a los de otros años y una economía informal que crece, frente a una política laboral sin reformas.

A mí me parece que en el planteamiento toral del diputado Narro, hay dos cuestiones que son muy importantes y dignas de rescatarse. Primero, su planteamiento sobre el análisis y la modificación de la naturaleza de las juntas de Conciliación y Arbitraje. Se plantea que se conviertan en tribunales de pleno derecho, que formen parte del Poder Judicial de la federación, y que disfruten de autonomía política presupuestal y de decisión. Y un segundo planteamiento es el de la reformabilidad de la ley y la advertencia en que si no legislan los miembros del Congreso, otras instancias facultadas pueden sustituir la legislación con la interpretación.

Yo diría que en mi opinión, uno de los valores fundamentales del sector laboral es el tripartismo. Yo creo en la eficacia, en la bondad y en los nobles propósitos de la integración tripartita de los tribunales laborales en México.

Creo que son tribunales de pleno derecho, de esto no hay duda; pero siempre sobre los tribunales laborales, como el resto de las instancias de impartición de justicia, existe la posibilidad de recurrir a las resoluciones a efecto de que el sistema de justicia, el Poder Judicial de la Federación pueda analizar la constitucionalidad o la improcedencia de los recursos. De tal manera, que coincido con el diputado Narro, en que la Junta Federal y las juntas estatales, deben ser como son, tribunales de pleno derecho, pero que deben tener autonomía administrativa de la que hoy no disfrutan; en esto le concedo razón; pero creo que no podríamos perder de vista, que el Supremo Poder Judicial de la Federación tiene siempre, posibilidades de analizar, de rectificar o de ratificar los acuerdos de los tribunales tripartitas.

Y en cuanto a la posibilidad de que actúen otras instancias para modificar la Ley; creo que las recientes jurisprudencias de tribunales colegiados, han dado muestras amplias de ellos.

La ciudadana diputada Esveida Bravo Martínez, hace un planteamiento de profundo corte humanista, para rescatar la dignidad de los trabajadores y procurar que la producción no sea el único fin de la empresa, sino que entienda las ricas potencialidades humanas. Nos convoca a fortalecer salarios, empleos y atender discapacitados y mujeres; ¡no puedo estar más de acuerdo con ella!

La ciudadana Alejandra Barrales, hace un planteamiento sobre una serie de temas que preocupan al Partido de la Revolución Democrática.

Yo quisiera decir, que sobre los temas ya aludidos de la requisa o de la inexistencia en mi pliego inicial, no haré menciones; pero sí quisiera insistir en que la posición de la autoridad laboral es de absoluto respeto a la vida interna de los sindicatos.

A mí me parece que una posición indispensable para garantizar el equilibrio entre los factores de la población, es que la autoridad no se entrometa en asuntos que sólo por ley, por estatutos y por voluntad de los trabajadores que fundan la coalición, determinan para su propia sobrevivencia.

Y en este sentido, yo quisiera decir, que me parece que en sentido lato, todos los contratos tienen una finalidad estrictamente de protección y defensa. Los contratos a deben ser hechos para dar certidumbre jurídica a las partes y de ninguna manera para proteger intereses oscuros.

Si el sindicalismo es una instancia para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores y patrones; yo soy el primero en estar de acuerdo en el respeto a la vida sindical y a sus cualidades intrínsecas; derecho a elegir a sus representantes, a definir sus documentos estatutarios y, eso sí, la autoridad obligada a velar su cumplimiento.

La lucha por el incremento de los salarios es perfectamente justificada; tomo nota del planteamiento entregado por los señores del Sindicato o trabajadores petroleros que por su conducto me entregan y creo, que este afán que ella plantea finalmente, de reconstruir al país, reformando al artículo 123, sin apartados; con organizaciones sindicales autónomas de partidos y Estado, y democráticas, para efecto de democratizar el mundo del trabajo, tendrían que ser discutidos a mayor profundidad.

La diferenciación de los apartados del artículo 123 constitucional -en mi opinión- sigue teniendo validez y creo que la democratización del mundo del trabajo es un asunto que le corresponde a los propios trabajadores.

El ciudadano diputado José Antonio Gloria Morales, hace un planteamiento de los pendientes en materia de modernización; esta reforma y modernización postergada, donde critica la estructura del corporativismo sindical que no se alcanzó a definir un nuevo modelo de relaciones laborales, y que el marco institucional no ha generado los mecanismos eficaces para mayor equidad y productividad.

Él habla de involucrar esto en una visión completa de reforma de Estado, donde el Gobierno sea actor principal y garante de los acuerdos, y que se pueda lograr una redefinición de las relaciones laborales en el país, llevando a la crisis del pactismo.

Velar por una mejor justicia laboral, es algo en lo que coincido con el planteamiento del señor diputado de Acción Nacional, y aplaudo sus planteamientos en que en política los compromisos que no se cumplen, quedan truncos. Le deseo a su Partido y al próximo Presidente, que ese amplio abanico de ofertas en materia laboral no queden truncas, ¡para bien del país! (Aplausos).

Coincido finalmente, en que es necesario el construir corresponsablemente por grupos parlamentarios, autoridades y factores de la producción, esta nueva política laboral con adjetivos, justa, clara y democrática.

Carlos Aceves del Olmo, pendientes no sólo de esta administración, sino de la sociedad a fin de siglo con la clase obrera. Habla Aceves, de un despojo a la Secretaría de Trabajo de ese carácter tutelar, otrora reconocido en defensa de los derechos de los trabajadores y esa brecha inadminsible entre el comportamiento positivo de las variables macroeonómicas y la crisis en la microeconomía de los (ininteligible)... no a los topes salariales y sí a voltear los ojos al interior de los sindicatos, y los planteamientos torales de Aceves del Olmo tienen que ver con la defensa del tripartismo -en lo que coincido-, con la necesidad de adecuar la Ley Federal del Trabajo y con avanzar en la consecución de un solo salario mínimo en el país; convocando a las partes para que antes del primero de diciembre, lleguen a una resolución.

Yo concluiría solamente diciendo: la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es un organismo autónomo, con fundamento en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, integrada por nueve representantes de los patrones; nueve de los obreros; 18 suplentes y uno del Gobierno.

El Gobierno del presidente Zedillo no dará consignas; si las partes se ponen de acuerdo, tendrán el aval de la administración saliente. ¡Muchas gracias! (Aplausos).

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

¡Muchas gracias, señor Secretario! Para dar cumplimiento al punto segundo, numeral cuatro, incisos a); b) y c); se abre la primera ronda de preguntas, que serán hasta por 4 minutos; después de ellas vendrá la respuesta, por parte del señor Secretario, hasta por 8 minutos y el grupo parlamentario que ha formulado la pregunta, tiene el derecho a una réplica de hasta por 4 minutos.

En este primer turno, se han inscrito las siguientes ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados: la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo; la diputada Esveida Bravo Martínez, del Partido Verde Ecologista de México; la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Manuesl Castro y del Valle, del Partido Acción Nacional; la diputada Flor Añorve Ocampo, del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra, hasta por 4 minutos, para formular las preguntas, en nombre del Partido del Trabajo, la diputada Rosalía Peredo Aguilar.

La diputada Rosalía Peredo Aguilar:

Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados; señor Secretario de Trabajo y Previsión Social. El gobierno mexicano, desde hace un par de décadas, inició un proceso de cambio en las estructuras institucionales; este proceso pasó por un adelgazamiento del aparato estatal, la desregulación y la liberación de vario sectores de la economía. Se han afirmado acuerdos comerciales con algunas de las naciones más importantes del mundo; en síntesis, se ha pretendido modernizar las esferas económica, política y social de nuestro país.

El aspecto laboral, ha escapado a esta transformación; la ventaja en el ámbito laboral que se ha explotado, es el nivel de salarios tan bajos que tiene nuestro país, comparado con los de sus socios comerciales.

La realidad es señor Secretario, que la política laboral del régimen que concluye, ha sido la de beneficiar al gran capital con los salarios de miseria que se pagan en nuestro país. La industria maquiladora, es la que mayores ganancias ha obtenido de esta situación; los salarios reales han perdido el 46 por ciento de su valor en lo que va de la administración del presidente Zedillo,de acuerdo a estudios de analistas independientes.

Es evidente, señor Secretario, que usted no ha cumplido su tarea, que es la de promover condiciones de justicia y equidad a los trabajadores de este país, por ello, nos inquieta saber que de haberse promovido medidas de avanzada en el sector, se hubieran generado mejores condiciones de trabajo y mayores salarios.

En este sentido van los cuestionamientos que queremos formularle. En días pasados se dio a conocer a través de la prensa un estudio referente al nivel salarial que percibirían los trabajadores de este país si se hubieran ajustado los salarios al nivel de productividad.

En dicho estudio se informa que el salario real es de 2 mil 685 pesos, pero esto no nos dice mucho, pero sí vemos cuál sería la cifra del mismo, considerando la productividad desplegada por los trabajadores.

Vemos que crece a 3 mil 603 pesos, son casi mil pesos de diferencia, este es el promedio general si revisamos por sectores, en algunos el rango es aún mucho mayor.

Los datos son reveladores, no dejan duda alguna, queremos saber su opinión al respecto, y más aún, por qué la Secretaría a su cargo no promovió esta reforma, por qué se canceló la posibilidad de que los trabajadores mejoraran su nivel salarial substancialmente, por qué se fomentó una política de especulación que llevó a la quiebra a la planta productiva.

Reiteramos que no es posible incursionar en un modelo de reestructuración productiva si no se considera seriamente que la productividad, en última instancia, está ligada directamente al trabajador.

Por sus respuestas, señor Secretario, muchas gracias.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Muchas gracias, a la diputada Rosalía Peredo Aguilar.

Tiene la palabra hasta por cuatro minutos el señor Secretario de Trabajo y Previsión Social.

El Secretario Mariano Palacios Alcocer:

¿Cuatro?

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Ocho, perdón, ocho minutos.

El licenciado Mariano Palacios Alcocer:

Muchas gracias, ciudadana diputada Peredo, por este importante planteamiento, y esta genuina preocupación que tiene que ver con uno de los temas centrales de la materia laboral del país, que es la suficiencia del salario y el carácter remunerador del salario.

Yo considero que uno de los temas centrales que ha venido impulsando la administración del presidente Zedillo es el de la capacitación como elemento indispensable para el incremento de la productividad.

Ya hacía alusión a que durante este gobierno se ha venido a dar un impulso amplio a los temas de becas a trabajadores desempleados y de mejoramiento de la funcionalidad del nicho de empresas más dinámicas en la generación de empleos en el país, esto es la micro, pequeña y mediana empresa.

El problema de atar los salarios a la productividad me parece que puede ser muy bien visto desde la perspectiva de las grandes empresas, de las que están fuertemente consolidadas en su estructura económica, y las que disponen de instrumentos tecnológicos de punta.

En este sentido, la mayoría de las revisiones que se han venido dando en este tipo de empresas, han tenido incrementos que en mucho superan los índices inflacionarios y la pérdida del poder adquisitivo, de 94 a 95, por decir, el ramo de la industria automotriz ha venido a tener incrementos en este año, entre salario, prestaciones y productividad del orden superior al 20%, cuando estudios del Banco de México afirman que la inflación acumulada de septiembre a septiembre es del 8.9.

Lo mismo podríamos hablar de otra gran cantidad de giros industriales, donde la modernidad tecnológica y los nichos encontrados con el fenómeno de la apertura y la globalidad les han dado esta importante ventaja, pero el problema no se centra sólo en las empresas modernas, competitivas, exportadoras, sino en el cúmulo de pequeños establecimientos que no tienen posibilidades de modernización tecnológica, de financiamiento accesible al costo del dinero, y de tener programas amplios de capacitación a sus trabajadores.

Por ello, es que el gobierno sí ha impulsado a través de Cimo (Calidad Integral y Modernización) y de Probecat (Programa de Becas de Capacitación para Trabajadores) estos dos giros importantes; es decir, el otorgamiento de 2 millones 850 mil becas a trabajadores desempleados, para que adquieran conocimientos, capacidades, destrezas y aptitudes, es un hecho que no se puede negar, son personas de carne y hueso, cuyos padrones están a disposición de los interesados.

Y el número de cursos ofrecidos a las micro, pequeñas y medianas empresas para que logren agilizar, modernizar y hacer más dinámicos sus procesos administrativos y productivos, también han tenido impactos favorables, pero hay un tercer elemento al que no me referí en la parte inicial, y que quisiera comentar ahora.

Por primera ocasión se ha hecho un esfuerzo sistemático por vincular el mundo de la educación al mundo del trabajo, y por lograr el reconocimiento de las capacidades de los trabajadores a través de un sistema nacional de normatividad y certificación de la competencia laboral.

Desde el año de 1995 se diseñó un modelo de corresponsabilidad entre la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Educación, para constituir el Consejo Nacional de Certificación de la Competencia Laboral donde se fijen las normas oficiales mexicanas de los diversos ramos de la industria y de los diversos niveles de conocimiento, donde se hagan acuerdos con las instituciones de educación superior, para vincular la salida terminal de la educación tecnológica con la vinculación al mundo del trabajo, lo que había dicho hace un momento el diputado Narro, de su Partido, de tener cuadros técnicos de alto nivel.

Hoy tenemos ya más de 300 normas oficiales mexicanas, para poder certificar la competencia laboral. Lo que un certificado de bachillerato, de profesional o de posgrado representa para un profesionista, empiezan a ser ya, los más de 30 mil certificados de competencia laboral otorgados este año, se trata de que los trabajadores, independientemente de donde hayan obtenido sus conocimientos, puedan tener oportunidad de garantizar, con el aval público de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Trabajo, de los trabajadores y de los empleadores, que sus conocimientos responden a lo requerido por la norma oficial mexicana.

Con esto daremos un paso importantísimo, porque lo que se ha hecho en estos años, de definir normas, modelos, órganos evaluadores, centros de verificación, es lo más dilatado; se empezará un proceso de desdoblamiento del reconocimiento de las competencias laborales que incrementará la productividad, que acercará la oferta de mano de obra, capacitada y reconocida en su capacidad, con los reclamos del mundo del trabajo.

Es decir, vincular los requerimientos del mundo del trabajo con la oferta educativa y la certificación pública, me parece que podrá ayudar en mucho a este propósito que usted plantea con justeza, de ajustar los salarios a la productividad.

Hasta aquí dejaría mi intervención.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Muchas gracias, señor Secretario.

El Partido del Trabajo ejerce su derecho de réplica a través de la diputada Rosalía Peredo Aguilar, hasta por cuatro minutos.

La diputada Rosalía Peredo Aguilar:

Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, señor Secretario.

La realidad no se admite juicios ligeros ni verdades a medias, señor Secretario, el hecho es que la política de protección al trabajador, en cuanto a recibir una retribución justa es incumplida por el gobierno federal.

Es de todos conocido que en la obra del Constituyente de 1916, 17, se incorporan por primera vez en un texto constitucional los denominados derechos sociales, entre estos los previstos en el artículo 123, en los que se señalan una serie de garantías a favor de la clase trabajadora, toda vez que en la dictadura de Porfírio Díaz, los obreros mexicanos no contaban con garantía alguna: Cananea, Río Blanco y Valle Nacional, son ejemplos claros de la falta de derechos laborales y del pago de salarios de hambre.

Si comparamos las condiciones que en la actualidad afrontan muchos obreros mexicanos, nos percataríamos, que si bien es cierto que en algunos aspectos las condiciones materiales han mejorado, en otros, como el del salario, existen todavía abismales diferencias.

No se respeta ni se cumple lo que la ley consigna en este punto, el artículo 5 constitucional, en su párrafo tercero, establece que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales y la justa retribución y su pleno consentimiento.

Si abundamos en ese sentido, podemos ver que en el párrafo segundo, de la fracción sexta, del artículo 123, está garantizado el derecho a obtener un salario mínimo que sea suficiente para satisfacer las necesidades básicas de una familia en el orden material, social y cultural.

Nos preguntamos, señor Secretario, si un salario que pierde el 46% de su valor, durante el sexenio del doctor Zedillo, cumple con los preceptos constitucionales que señalamos.

Lo anterior se agrava cuando vemos la resistencia del gobierno federal ha considerar la promoción y la aplicación del criterio de la productividad y eficiencia del trabajador, a sus percepciones.

En la intervención de preguntas, afirmábamos que esta medida hubiera sido muy positiva y que al nivel de los salarios, que hubieran incrementado substancialmente. En el estudio al que hemos aludido, si revisamos los salarios por rama podemos comprobar lo anterior, por ejemplo, en la rama, podemos comprobar lo anterior.

Por ejemplo, en la rama de química y productos del salario real, es de 2 mil 963 pesos, ésta misma retribución asimilada a la productividad, sería de 4 mil 70 pesos; por su parte, en el sector de maquinaría y equipo, la percepción asimilada a la productividad es de 4 mil 852 pesos, lo que implica una diferencia de mil 673 pesos. De esta manera se demuestra palmariamente, que entre lo que se pregona en el plano nacional, internacional, y lo que realmente se hace en el país, existe una enorme brecha.

Señor Secretario, quiero informarle que en Tlaxcala, el mayor número de desempleados, son los profesionista, y creo que no está informado plenamente, en qué se ocupa el Probecat (Programa de Becas de Capacitación para Trabajadores), muchos de estos recursos se utilizan para utilizarlo en pago de obreros, de amigos de algunos de lo gobernantes en turno.

Señor Secretario, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, le exhorta a que usted valore seriamente estas observaciones y las haga llegar en su momento al equipo de transición, que le sucederá próximamente en su cargo.

Muchas gracias.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Gracias a la diputada Rosalia Peredo Aguilar.

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, para formular las preguntas, en nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la diputado Esveida Bravo Martínez.

La diputada Esveida Bravo Martínez:

Con su permiso, señor Presidente, colegas legisladores, señor secretario Mariano Palacios Alcocer.

Dada la filosofía política y los principios fundamentales que sustente mi partido, estamos particularmente preocupados por la preservación de los ecosistemas y por las medidas que los gobiernos y la sociedad en general, debemos tomar para evitar que se sigan produciendo graves daños a la ecología; con el pretexto de la modernización industrial y de la explotación intensiva, de recursos naturales que nos conducen los fenómenos de globalización en que vivimos en la actualidad.

En esta atmósfera indeseada, degradación ambiental, los trabajadores mexicanos ven en riesgo su salud, y en condiciones físicas y mentales, que les permiten subsistir con el empleo de su fuerza de trabajo, por otra parte, la preocupación de justicia laboral de nuestro país, es, sin duda, una de las condiciones necesarias para el establecimiento de una sana y equilibrada relación obrero-patronal.

Sin ella no podríamos preocupar, ni procurar las facultades consagradas en el artículo 123 de nuestra Carta Magna. Es por ello que en la Junta de Conciliación y Arbitraje, se debe poner en mayor énfasis en la capacitación del personal jurídico y administrativo, en el fortalecimiento de la descentralización, de las estancias de concertación laboral y, también, en concluir el rezago que se ha mantenido en las resoluciones de arbitraje, para evitar una incertidumbre legal y se destituya el daño, conforme a derecho.

Otro punto importante, que quisiéramos resaltar en esta comparecencia, por parte de mi partido, es el de la prevención, de los riesgos ocasionados, por las actividades mismas del trabajo realizado, y es por qué no podemos permitir que la negligencia o ignorancia, dañe la salud del personal de una empresa, negocio o fábrica, los temas de salud y de medio ambiente, forman parte substancial de la seguridad social, en el marco laboral, a los que podemos desmentir, ya que la proporción por una mejor calidad de vida de los trabajadores.

Por lo tanto, lo anterior quisiera hacerle, señor Secretario, los siguientes cuestionamientos.

Qué acciones establece la Secretaría de Trabajo, para evitar que empresas, sobre todos las maquiladoras de origen extranjero, respeten el equilibrio ecológico, y para vigilar la correcta aplicación de las normas oficiales mexicanas, en materia de manejo de residuos peligrosos, y todas aquellas que previenen un daño al entorno ecológico, que son de observancia y vigilancia, por la Secretaría a su cargo.

¿Por qué no se han frenado los abusos de poder de algunos líderes sindicales?, ¿cómo se pueden corregir las incongruencias de muchos trabajadores que desempeñan funciones distintas, para la que fueron contratadas y que no están acordes a su percepción salarial?, en la impartición de justicia laboral, ¿cuáles son aquellas soluciones a que todos los conflictos que se han suscitado durante décadas?, ¿qué apoyos han implementado para apoyar a los miles de desempleados y subdesempleados, así como para discapacitados, mujeres y personas de la tercera edad?, es factible repartir la riqueza y encontrar una solución a los salarios, para que sean dignos, sin anular los derechos de los grandes empresarios.

¿Qué se hace para evitar la caída del poder adquisitivo de los mexicanos?, al salario mínimo de... además de protegerlos, se debe de incrementar en cuanto a las condiciones económicas del país, lo permita.

Y como lo manifestó el secretario de Hacienda, en días pasados, con las cifras que manejó, pues esta situación es posible hoy. Por su interés, muchas gracias.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Gracias diputada Esveida Bravo Martínez (aplausos).

Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, el ciudadano Secretario de Trabajo y Previsión Social.

El Secretario Mariano Palacios Alcocer:

Le agradezco mucho a la ciudadana diputada Bravo, los planteamientos que a formulado, y yo haría un ejercicio de compactación, de sus diversas preocupaciones, en tres rubros fundamentales.

Uno de ellos tendría que ver con el tema de la impartición de justicia laboral, en la preocupación sustantiva que expresa del mejoramiento profesional de los representantes del gobierno, fundamentalmente, y qué se ha hecho, hasta dónde se ha avanzado en la descentralización y cómo abatir el rezago.

La segunda línea de preocupación, sería el tema de los riesgos de trabajo y la vinculación de las actividades de seguridad e higiene, con la defensa del medio ambiente, con el capítulo específico de la industria maquiladora.

Y el tercero, sino me equivoco, diputada, sería, cuáles serían las políticas públicas en materia laboral, para con los grupos vulnerables.

En primer lugar; yo le podría decir que efectivamente una de las preocupaciones derivadas del diálogo obrero-patronal, para una nueva cultura laboral, fue hacer una recomendación amplia, para actualizar y lograr un programa de mejora constante del personal profesional de las juntas de Conciliación y Arbitraje.

Se han establecido convenios con distintas universidades e instituciones, para lograr la formación permanente y la actualización temática del personal de las juntas de Conciliación y Arbitraje, y se ha hecho un ejercicio de rotación, en este año se ha rotado, prácticamente a la tercera parte de los presidentes de las juntas a efecto de editar suspicacias sobre generación de círculos de interés, que pudieran asfixiar la pronta e imparcial aplicación de la justicia laboral.

Comentar a usted que efectivamente, tanto las juntas especiales, como auxiliares, distribuidas en todos los estados de la República, tenían a principio de año el problema de que en algunas entidades del país, no existían juntas federales. Esto es, al no existir un tribunal al cual acceder los peticionarios de justicia, a plantear su demanda, tenían que trasladarse a otra entidad federativa, con lo enorme riesgos del trayecto y el costo económico, para iniciar su acción procesal.

Hoy le puedo decir, que todos los estados de la República, cuentan con juntas especiales o auxiliares, que hay posibilidades de un mayor acceso, sin necesidad de traslados y de costos, y de que el reto principal es el respeto de los tiempos procesales en primera instancia y en amparo, a efecto de dar cumplimiento al mandato constitucional.

En lo que se refiere a riesgos de trabajo y a la materia de seguridad e higiene, creo que hay avances muy importantes, que para muchos pueden pasar inadvertidos; uno de orden normativo, que es la simplificación de los instrumentos de la normatividad, que tenía vigencia en materia de seguridad e higiene en el país.

Teníamos 29 ordenamientos normativos, que hoy se han compactado consistentemente y de más de mil 340 artículos que regulaban la materia, hoy escasamente 140 artículos contemplan todos los supuestos normativos; es decir, un primer ejercicio fue de adecuación, con la participación de trabajadores y empresarios, y la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de las nuevas normas oficiales mexicanas, en materia de seguridad e higiene.

En segundo lugar, se avanzó en el proceso de autogestión descentralizando la responsabilidad a los estados, a las comisiones estatales y a las comisiones intraempresariales de seguridad e higiene, para lograr la autogestión; imagínense ustedes, el enorme volumen de trabajo, dado que la materia de inspección es federal, independientemente de que en la materia laboral de que se trate sea de jurisdicción federal o local, habría más de 700 mil establecimientos en el país sobre los cuales hay que realizar actividades de inspección en materia de seguridad e higiene, cuáles son los resultados.

El índice de riesgos registrados ante la autoridad competente y avalados por cifras del Seguro Social, era de 5% de riesgos en el año 1994; hoy los riesgos de trabajo están en el orden del 3%, se ha disminuido efectivamente dos puntos, pero este dos puntos son el 40% de los riesgos de trabajo han podido disminuirse por la participación y el compromiso de trabajadores, empresarios, gobiernos estatales y gobierno federal.

En cuanto a accidentes de trabajo, el índice de accidentes en 1994, era de 4.8, hoy es 2.8; creo que hay avances importantes.

En cuestiones específicas de medio ambiente, usted sabe que hay una instancia, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es un órgano responsable de la inspección en la materia con los que tenemos una estrecha coordinación y el tratamiento de desechos sólidos, residuos peligros, etcétera... no es competencia de la Secretaría de Trabajo, sino de Semarnap.

En cuanto a grupos vulnerables -ya decíamos aquí-, que hemos impulsado con determinación, la ratificación de convenios internacionales y específicamente me referiría al 159, que tiene que ver con el reconocimiento a la dignidad y a la capacidad laboral de los ciudadanos con alguna capacidad diferenciada; y el 182, que tiene que ver con la erradicación de las peores formas de trabajo infantil.

Estos dos acuerdos que habían estado detenidos en su ratificación por el Senado de la República, la Quincuagésima Séptima Legislatura logró acordarlas; de ellos se desprenden compromisos que deberán ser materializados en normas de orden legislativo que serán competencia de este Congreso y de las legislaturas estatales según la materia, y de actos de gobierno en el ámbito estatal federal y municipal.

La idea, es que la política laboral tengan un criterio integral y de corresponsabilidad entre los diversos actores sociales y los distintos niveles de gobierno.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Muchas gracias, señor Secretario.

Para formular las preguntas en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra hasta por 4 minutos, la diputada Hortensia Aragón Castillo.

La diputada Hortensia Aragón Castillo:

Buenas tardes, señor Presidente, buenas tardes, señor Secretario.

El primer párrafo del artículo 25 constitucional establece, que corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable; que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante el fomento de crecimiento económico y el empleo... y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos, clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

Es conveniente hacer este señalamiento, porque la política laboral implícita en el mandato constitucional ha sido omitida en el desempeño del presente gobierno, de manera expresa en la fracción 16, del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, debe estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación en el país.

El gobierno que termina y cumplió con estos mandatos legales, la poca importancia que el Ejecutivo le dio a los asuntos laborales, puede muy bien condensarse en la siguiente declaración:

La generación de empleos es una labor ajena al gobierno federal, corresponde a los sectores productivos a asumir la responsabilidad de la generación constante de empleos, ¿recuerdan ustedes esta declaración?; ¿les suena familiares estas palabras, señor Secretario? Son suyas, aparecieron el 7 de julio de 1999, en el periódico El Financiero. Precisamente los mismos resultados de la política laboral de este sexenio, se deben al abandono de los compromisos históricos del Estado en esta materia.

Sin embargo, la visión del informe que presentó no reconoce el daño que sus políticas infringieron a las condiciones de vida y empleo de los trabajadores, al contrario, el informe que comentamos dice, que se revirtió la tendencia negativa que registraron la producción y el empleo en 1995, y que a partir del 98 se inició una clara, aunque moderada recuperación de los salarios reales.

¿Cómo puede usted sostener con hechos, no con estadísticas construidas a modo estas aseveraciones?; ¿cuántos empleos estables y bien remunerados se generaron en la gestión del doctor Zedillo?; ¿cuál es la herencia en materia salarial que deja la presente administración?

Finalmente, y porque usted lo mencionó en su intervención.

Al señalar que se han hecho grandes esfuerzos para introducir medidas que permitan incluir la equidad de género en el área laboral, ¿cómo explica que la gran mayoría de los estudios señalen la existencia de menores percepciones salariales para las mujeres, por el igual desempeño del mismo trabajo?

No lo quiero dejar en el aire -usted usó la palabra: dar línea-, se la paso, ¿cómo podemos interpretar que el gobierno no dará línea en materia de salarios mínimos, si las partes se ponen de acuerdo. Entonces, ¿si no hay acuerdo, sí habrá línea? Creemos que la línea no ha estado nunca del lado de los trabajadores.

Gracias. (Aplausos).

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Gracias a la diputada Hortensia Aragón Castillo.

Tiene la palabra hasta por 8 minutos, el ciudadano Secretario de Trabajo y Previsión Social.

El Secretario Mariano Palacios Alcocer:

En el mes de diciembre de 1982, el Constituyente Permanente incorporó diversos agregados a los artículos 25, 26, 27 y 28, de la Constitución, a cuya parte inicial del artículo 25 dio lectura la ciudadana diputada Aragón. Lo refiere con la responsabilidad que la Ley Orgánica de la Administración le confiere a la Secretaría a mi cargo, para emitir planes que impulsen el empleo del país.

Yo quisiera precisar, que de acuerdo a la Ley General de Planeación, que es Ley Reglamentaria del artículo 25 constitucional, se entiende que el Plan Nacional de Desarrollo es único, y que éste se integra por diversos programas.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 95-2000, el que le corresponde a la Secretaría y que hace veces de este enunciado a que se refiere en el artículo 40, es el denominado Programa de Empleo, Capacitación y Defensa de los Derechos Laborales.

Creo que el Programa de Empleo, Capacitación y Defensa de los Derechos Laborales, que ya referí ampliamente en la exposición inicial, algunos de cuyos contenidos son expresamente enunciados por el Informe del Presidente, advierten en qué condiciones se encontraba el empleo en 1995, donde tuvimos un índice de desempleo abierto, urbano del 7.8 y donde los mismos índices de medición en este momento nos ubican en el primer semestre del año, del 2.2. Indicaría que en el mes de agosto, según el estudio mensual del Inegi eran del 2.03.

Creo que la recuperación de los salarios es efectivamente, así lo reconocí en la intervención, una de las tareas que requieren un trabajo persistente por los distintos agentes que intervienen en el sector laboral.

Usted hizo una referencia a una nota publicada en un medio que cita, en donde se establece, seguramente, una frase en el contexto de una entrevista más amplia, donde la responsabilidad fundamental del Estado -dijo yo, y seguramente puede usted tener acceso a la información, es en sentar las condiciones macroeconómicas y el clima de entendimiento entre los factores de la producción, que hagan posible atraer inversiones para generar empleos.

A pregunta expresa del reportero, de que cuántos empleos iba a crear el gobierno, yo le dije que la intención del gobierno no era aumentar la burocracia, que aumentara el empleo en lo que se refiere a la competencia del apartado A, era una responsabilidad del sector de los trabajadores y de los empleadores. Que nos correspondía apoyar las tareas de capacitación y establecer medidas de aliento y corregir las variables macroeconómicas.

En cuanto al tema de equidad y género y salario de las mujeres, yo le quisiera decir que a mí me parece fundamental, no es de soslayar que se haga un esfuerzo con los resultados hasta hoy a la vista, algunos de ellos encomiables, otros seguramente, ampliamente perfectibles, en materia de atención al trabajo de las mujeres.

Es un sector prioritario, donde se reflejan en buena medida, gran parte de los desequilibrios y desajustes de la sociedad. Es cierto, los niveles de abandono de la escolaridad son mayores en las niñas que en los niños; las expectativas de vida, en muchas ocasiones no se corresponden en identidad de horizontes de vida entre varones y mujeres; los niveles de formación profesional, históricamente no se habían correspondido; el acceso a la salud también había tenido criterios discriminatorios; y efectivamente, hay algunas actividades, todavía en el mundo del trabajo, donde se dan signos de incomprensión a la mujer.

Todo parece indicar, y me parece digno de mención, porque la semana pasada hubo una importante reunión, un congreso de mujeres, donde se hicieron planteamientos sustantivos y hubo representación de distintos partidos, entre otros, el suyo. Y creo que dentro de las líneas, de las acciones y de los compromisos, hay elementos que pueden rescatarse.

Se ha hecho un trabajo de inspección muy acucioso en el área de la industria maquiladora, que ha sido gran recipiendaria de mano de obra femenil, para evitar lo que fue objeto de denuncias en el caso de solicitud de exámenes de no embarazo para la admisión o la permanencia en el empleo. Y en muchos de los contratos colectivos se han incluido ya cláusulas donde las mujeres tienen derecho a un día adicional de descanso, con el propósito de que puedan acudir a hacerse los exámenes preventivos de cáncer cervicouterino y mamario.

Hay en el ámbito internacional, una posición de la legislación mexicana de avanzada, ustedes saben que el acuerdo 103 de la Organización Internacional del Trabajo, que no fue suscrito por México, fue ya retirado en la reciente Conferencia de Ginebra de junio, y han propuesto en su lugar el 183. El 183 en materia de equidad y género, tendría a mi parecer, poco que aportar a la legislación mexicana; habría, si a caso, que tomar en consideración para discutirlo con los sectores involucrados, la ampliación del período de descanso previo y posterior al parto, pero con una diferencia sustantiva con la Constitución y la ley mexicana.

La propuesta del convenio, en los términos -incluso, del 103, era que quedaban en suspenso los derechos de la trabajadora durante el tiempo previo y posterior de las semanas al parto, y en México, los derechos de la mujer permanecen en activo. Signar este convenio, prestaría a dudas la interpretación de la ley.

Decirle, la lucha por el salario es efectivamente, diputado, una asignatura pendiente, y creo que todos tendremos mucho qué hacer en esta materia.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Muchas gracias, señor Secretario, para ejercer el derecho de réplica, en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra hasta por cuatro minutos, la diputada Hortensia Castillo.

La diputada Hortensia Aragón Castillo:

Señor Secretario, debemos reconocer que usted es de las personas que cumplen lo que dicen y lo que declara.

Usted como sus antecesores, se cruzó de brazos ante el deterioro del trabajo, dejó en manos del mercado, efectivamente, la generación del empleo y el mejoramiento de los salarios, en eso ha hecho escuela, pues el señor Carlos Abascal, su posible sucesor, piensa de forma idéntica.

Veamos el saldo en esta materia con información oficial disponible. Para el Ejecutivo, el resultado más alentador de la política económica ha correspondido al empleo, reduciendo este problema a un indicador, la tasa de desempleo abierto. Todos y todas sabemos qué significa la tasa de desempleo abierto y qué encubre.

Sin embargo, esto es insuficiente para describir la realidad del mercado laboral, pues no evalúa la calidad del empleo. Entre el 95 y 1999, la economía debió de generar 6 millones de empleos estables y bien remunerados; sin embargo, en dicho período el número de asegurados permanentes en el IMSS creció sólo dos millones, el resto de los empleos creados en el sexenio, unos tres millones más, son ocupaciones precarias, eventuales, mal pagadas y sin la cobertura social que establecen las leyes.

Hay otros datos que sí nos hablan de la calidad del empleo, 15 punto 6 millones de asalariados, o sea, el 54 punto 3% del total no cuenta con seguridad social, 12 punto 3 millones de trabajadores, el 31 punto 6% de la población ocupada, ganan un salario mínimo o menos; esto es, con menos de 35 pesos diarios, hay que mandar a estas familias a conseguir una canasta básica, que según el Banco de México cuesta más de 80 pesos adquirirla.

En materia salarial, el Informe pone el acento en recuperaciones excepcionales. Es excepcional que del 97 al 98 el Salario Mínimo se recobre el 9 punto 5% y al año siguiente, pierda el 10 punto 1%.

Hay una serie de datos más, que estaría obligada a dar si tuviera ocho minutos como usted, pero como en la parte de su intervención menciona -cosa que le reconozco, el Congreso Nacional de Mujeres hacia la Reforma del Estado, en el que estuvieron representados y representados todos los partidos, y más de cien organizaciones políticas y sociales civiles, y recogieron en su demanda principal la falta de equidad en la práctica de las relaciones laborales al interior de sus trabajos; esto es, para la ley es un punto y en la práctica hay una realidad.

Todos sabemos que el examen de gravidez se solicita en mayor parte de las empresas y en los trabajos disponibles. Habría que recorrer las condiciones laborales en las que se desempeñan las obreras de las maquiladoras en toda la frontera, sobre todo, en Ciudad Juárez, para conocer qué es inequidad y sobre todo, también señalar que cuando se habla de reducción salarial, las más afectadas son las mujeres trabajadoras.

De hecho, según datos de la Encuesta Nacional del Empleo, los trabajadores que ganan dos salarios mínimos o menos, son el 48% del total. De ese 48%, el 55 punto 2% son mujeres. Y de los que ganan por lo menos más de 10 salarios mínimos, de los trabajadores que ganan más de 10 salarios mínimos, la relación es inversa, menos del punto 8% de ellos son mujeres.

Muchas gracias.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Muchas gracias a la diputada Hortensia Aragón Castillo.

Tiene la palabra para formular las preguntas en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cuatro minutos, el diputado Manuel Castro y del Valle.

El diputado Manuel Castro y del Valle:

Con su permiso, señor Presidente, señor Secretario, compañeras y compañeros diputados.

Hay en la mitología griega una figura impresionante, la de aquel personaje condenado a empujar una piedra hacia arriba en una montaña, quien cada vez que se acercaba a la cima, veía rodar la piedra hacia abajo, y tenía que empezar de nuevo la tarea.

Después del error de diciembre de 1994, muchas personas perdieron el empleo, algún tiempo después lograron ser contratadas, pero con salarios inferiores a los que recibían con anterioridad.

Por otra parte, la inflación ha hecho estragos en el salario real. Se nos habló en el Informe de una disminución del desempleo, y de una recuperación del salario, cito textualmente el mensaje del Presidente de la República: "El resultado más alentador de la política económica, ha correspondido al empleo, que ha venido creciendo sistemáticamente durante cinco años". Líneas más abajo: "los salarios reales que sufrieron un grave deterioro durante la crisis, comenzaron a recuperarse en algunos sectores en 1997, y en un mayor número de ellos, a partir de 1998".

A juzgar por esto, pareciera que después de este sexenio, con una tasa de desempleo del 2% y los salarios recuperándose, los problemas de los mexicanos estuvieran resueltos.

Señor Secretario: Quisiera hacerle notar que, no obstante, lo optimista del mensaje, cuando se examina el Informe, nos encontramos con que en el cuadro cinco cuarenta y cuatro de la página 442, puede observarse en el último renglón, que el salario real promedio de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social, ha decrecido de 157.79 pesos diarios en 1994, a 124.79 en el año 2000.

Es decir, dicho salario real ha decrecido 43 pesos diarios, más de 27%. Se puede hablar de recuperación, porque el salario llegó a estar aún más bajo, pero esto no es más que presentar una imagen parcial, que sin ser mentira, induce a una visión que se aparta notablemente de la realidad; menor desempleo, tal vez, pero con menores salarios.

Un análisis multidisciplinario de la Facultad de Economía, confirma la tendencia observada en el Informe Presidencial, al señalar que cada vez es mayor el número de personas que ganan menos del salario mínimo, aún cuando durante este sexenio la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo, supera el 40%.

En el periodo señalado, el incremento acumulado en los productos de la canasta obrera indispensable, ha sido de 497.8%, mientras que el aumento de los salarios entre diciembre de 1994 y julio de este años, equivale a 248.1%.

El nuevo sexenio empezará con un salario promedio inferior, por mucho, al de 1994; un salario que lentamente ha empezado a elevarse durante los tres últimos años, pero que está muy lejos de ser lo que fue.

Yo le pregunto, señor Secretario, ¿no sería más sano y más honesto que en vez de manejar las cifras de manera engañosa o de reconocer en abstracto, como usted acaba de hacerlo, que mejorar los salarios de los trabajadores es aún asignatura pendiente? -repito- ¿no sería más sano y más honesto que se reconociera que en materia de salarios este sexenio no solamente fue un sexenio perdido, sino que fue de franco retroceso en términos reales, y que tal pareciera que el salario de los mexicanos ha sido como la piedra de Sísifo.

Por último, señor, para concluir, agradezco sus buenos deseos, esperando que sean sinceros, y reitero la invitación para que todos pongamos nuestro mejor esfuerzo para lograr la tan anhelada política laboral. Muchas gracias.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Gracias al diputado Manuel Castro y Del Valle.

Tiene la palabra hasta por ocho minutos, el ciudadano Secretario de Trabajo y Previsión Social.

El Secretario Mariano Palacios Alcocer:

Los sistemas de medición del salario y los estudios comparativos que de orden retrospectivo viene realizando el Banco de México, han tenido como punto de partida fundamental, el estado de los salarios en 1978.

Curiosamente en la intervención de la señora Aragón y en la propia del ciudadano diputado Castro y Del Valle, hay una idea persistente de medir, de carácter comparativo, el salario, sólo en relación al 94.

Sin embargo, todos los estudios, serios, del Banco de México, remontan al 78, a efecto de ir analizando el impacto que durante las siguientes décadas esto tuvo. Efectivamente, hay áreas del salario mínimo que han tenido una depresión significativa, y hay algunos sectores de la economía que han tenido una recuperación significativa.

Reconocer que, efectivamente, el salario es una asignatura pendiente, me parece que es una posición sana y honesta, como lo sugiere el diputado Castro y Del Valle.

La recuperación de los salarios, por otro lado, no es algo que dependa del voluntarismo del titular de la secretaría en turno.

A mí me parece que el fenómeno de los salarios, es un análisis que tiene que ver con el comportamiento global de la economía, y en algunos casos, también con el desarrollo regional del país.

Hay, efectivamente, una recuperación del empleo, tan es así, que en muchas ciudades del país existe, y ustedes que provienen de diversas entidades federativas, un reclamo persistente de mayor número de mano de obra; hay ciudades que tienen ya condición de pleno empleo, y el reto laboral fundamental, son elevados índices de rotación.

Mejorar la calidad del empleo y mejorar los salarios, es algo que requiere un mejor sistema educativo, un sistema tributario y de distribución de ingresos federales para un mejor desarrollo regional, políticas locales con comitantes, y una actitud de corresponsabilidad entre los factores de la producción y la facilitación del gobierno en el ámbito tripartita.

Creo, efectivamente, que ha habido recuperación del salario, otros modelos de recuperación privilegiaron el ingreso en demérito de la base de empleados, y a mí me parece que sí es importante destacar que se ha recuperado el empleo en México, que éste ha tenido distintos énfasis desde el punto de vista regional del país, que ha tenido diversos énfasis desde el punto de vista de la actividad sectorial, y que hay sectores que, indudablemente, han recuperado sus salarios. Ésta sería mi respuesta.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Para ejercer el derecho de réplica en nombre del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, tiene la palabra hasta por cuatro minutos, el diputado Francisco Ramírez Cabrera.

El diputado Francisco Ramírez Cabrera:

Gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados; señor Secretario, una aclaración.

El Informe se refiere al año de 1994, no al del año 78. Me voy a permitir hacer una breve historia.

Hace 6 años en la campaña del señor presidente Ernesto Zedillo, escuchábamos dos principales consignas: Bienestar para tu familia, y nosotros sí sabemos cómo hacerlo.

En el VI Informe de Gobierno, último que rindió a esta soberanía el doctor Zedillo, en el cual informa el estado que guarda la administración, podemos afirmar que las tareas y metas trazadas durante el sexenio, relacionadas con las políticas públicas del empleo y productividad, es negativo.

En las condiciones actuales en las que viven millones de mexicanos, quienes ven caer cotidianamente el poder adquisitivo de su poco dinero, podemos afirmar que esta administración no cumplió en ningún sentido su principal promesa: "Bienestar para tu familia"; y también demostraron que no supieron cómo hacerlo; proporcionarles servicio de salud y vivienda, siendo éstos prioridad nacional.

Señor Secretario: Para reafirmar lo que acabo de decir, ¿qué le puede decir, desde esta tribuna, a más de 7 millones de mexicanos que sobreviven con menos de un salario mínimo? ¿Qué le puede decir a más de 600 mil mexicanos que deambulan por las calles sin encontrar empleo?

También, señor Secretario, ¿qué cuentas puede rendirles a los más de 300 mil mexicanos que año tras año exponen sus vidas al cruzar la frontera con los Estados Unidos, buscando la oportunidad de encontrar un empleo, que en su país se le ha negado? Pero sobre todo, ¿qué decirles a los familiares de más de 350 mexicanos que han muerto este año en su intento de cruzar la frontera de los Estados Unidos?

Señor Secretario: Las óptimas cifras ofrecidas por el Ejecutivo, pero la necia realidad se empeña en demostrar otra cosa: el subempleo, la pobreza, la desigualdad social están llevando a un, cada vez más mayor número de niñas y niños mexicanos al trabajo, siendo que estos menores deberían de estar en las escuelas.

Este hecho lo demuestra el estudio presentado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Este estudio refleja, sólo en las zonas urbanas marginales del país, existen más de 114 mil niñas y niños, de hasta 17 años, que están trabajando en la calle. Del total de estos trabajadores, 100 mil son menores de edad, en edad escolar; y 14 mil tienen entre 0 y 5 años, y en su mayoría, acompañan a los adultos a hacer trabajos callejeros.

Señor Secretario: Esos niños, más que las expresiones políticas aquí representadas, esperan, exigen, necesitan una respuesta, porque ellos saben que en este sexenio, el tan esperado "bienestar para sus familias", jamás llegó; y que en verdad, ustedes no supieron cómo hacerlo.

Señor Secretario: Por sus respuestas, muchas gracias. (Aplausos).

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Gracias al diputado Francisco Ramírez Cabrera.

Para formular las preguntas en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, la diputada Flor Añorve Ocampo.

La diputada Flor Añorve Ocampo:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; señor Secretario:

Bien sabemos que la generación de empleos y el desarrollo económico del país no es asunto de regalos, y mucho menos de mitos. Considerando las expectativas de crecimiento económico del país s estima que para el año 2000, la población ocupada ascenderá a 4 millones 500 mil personas, respecto al VI Informe de Gobierno que presentó el Ejecutivo federal, se considera que el alto nivel de las tasas de desempleo abierto que se registró en 1995 debido a la crisis económica, se ha observado una importante disminución en esta población, de tal manera que se pasó de una tasa de desempleo del 5 punto 1 por ciento, respecto a la población económicamente activa en 1995, a una tasa del 2 punto 2 por ciento, en junio del 2000. Esto significa que es mayor la proporción de personas que se incorporan al mercado del trabajo respecto de las que permanecen en la inactividad.

Es de reconocer el trabajo desarrollado en esta Secretaría de Trabajo y Previsión Social; sobre todo en el Servicio Nacional de Empleo, que opera en todo el país con 139 oficinas, y que atiende a más de 4 mil localidades, operando este servicio de manera descentralizada.

El gobierno federal norma y transfiere los recursos a los gobiernos de las entidades federativas del país y del Distrito Federal; los cuales operan los programas mediante los servicios estatales de empleo.

Las principales acciones del Servicio Nacional de Empleo consisten en operar Programas de Beca de Capacitación para Desempleados (Probecat), proporcionando servicio de colocación, realizando ferias del empleo y taller para desempleados.

El Programa de Capacitación para Desempleados (Probecat) tiene como propósito el de mejorar las habilidades, destrezas de las personas desempleadas mediante la impartición de cursos de capacitación; otorgando becas equivalentes a un salario mínimo durante el tiempo que tomen los cursos de la capacitación, que tienen duración de dos a tres meses, como hace un momento lo mencionó, señor Secretario.

En Probecat se dieron índices satisfactorios, colocando a los becarios en un promedio del 85 por ciento de los egresados, que se mantienen en el empleo a 12 meses de haber concluido estos cursos de capacitación.

Sin embargo, en esta materia el recurso económico asignado a los estados por la Secretaría es con un trato igual a estados desiguales. Es así que en los estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas -entre otros-, requieren de mayor apoyo en la asignación de becas de capacitación para desempleados en la modalidad de autoempleo; ya que no es posible aplicar casi el 7 por ciento del presupuesto que está asignado a este programa por estar etiquetado a la capacitación de trabajadores de medianas y grandes empresas.

Cabe mencionar, nuevamente, que la norma se establece a través del nivel federal. Nuestra propuesta va en sentido de que a estados con menor expectativa de crecimiento económico, con un índice bajo de ocupación y empleo permanente, y por la falta de grandes empresas, se pueda utilizar este recurso asignado a la capacitación de trabajadores en medianas y grandes empresas en los talleres orientados a la búsqueda de empleos a la población sin experiencia laboral, de bajo nivel educativo o con dificultades para colocarse en el empleo.

Señor Secretario: ¿Qué criterios son utilizados para la asignación de recursos en el Programa de Capacitación para Desempleados?

Y por último, ¿se ha cumplido con los objetivos fundamentales de este programa?

Por sus respuestas, le agradezco de antemano.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Muchas gracias a la diputada Flor Añorve Ocampo.

Tiene la palabra hasta por 8 minutos el ciudadano Secretario de Trabajo y Previsión Social.

El Secretario Mariano Palacios Alcocer:

Yo creo que, efectivamente, la preocupación que tiene la ciudadana diputada Añorve, es una preocupación sumamente justificada desde el punto de vista social, y se ha discutido internamente al seno de la propia Secretaría.

El tema central radicó en tomar una decisión al inicio del gobierno, que tenía que ver con la transferencia de recursos a los gobiernos estatales y la adopción de una normatividad que permitiera su fiscalización en el ámbito nacional.

Nos interesaba mucho que las distintas opciones del Programa de Probecat pudieran presentar alternativas a los diversos grupos del mercado laboral de desempleados o de subempleados, que tendrían posibilidades de beneficiarse de este servicio.

¿Cuáles son, en términos generales, los criterios que señala la normatividad para la asignación de los recursos? Es el estudio sobre el comportamiento del mercado laboral en los estados. Hemos venido haciendo estudios recientes en esta materia, que nos permiten advertir el comportamiento del mercado laboral, los índices de ocupación, los niveles de ingreso.

Uno más, es el impacto que los programas hayan tenido en el desarrollo del año inmediato anterior; es decir, se premia, se califica la eficiencia de los sistemas estatales de empleo; y uno más es el nivel de desarrollo relativo que se reconoce en los estudios del Instituto de Estadística, Geografía e Informática.

Pero el elemento fundamental que ha servido para la asignación de recursos es el que tiene que ver con la eficiencia del desarrollo terminal de los programas. Al término de cada ejercicio se necesita hacer un informe donde se advierte el destino del gasto, el nivel de impacto que tienen los beneficiarios en el mercado laboral y la permanencia de los beneficiarios en los centros de trabajo.

Con esto se procura evitar, lo que pudieran ser, tentaciones, como se dijo aquí, por una representación del Partido del Trabajo, de lo que podría ocurrir -no sé si entendí, que la referencia era a Tlaxcala o que se había hecho un análisis al comportamiento de Tlaxcala, en la intervención anterior-, que puedan ser distribuidos con criterios clientelares.

De tal manera que el Sistema Estatal de Empleo tiene un foro donde participan empleadores, trabajadores y los representantes de las distintas expresiones regionales.

Yo tomo nota, y me parece muy justificado el planteamiento, de que en estados con menor nivel de desarrollo relativo, se disminuyan los recursos de capacitación para trabajadores que deseen entrar a grandes empresas, y se enfatice el denominado Programa de Iniciativas Locales de Empleo o Apoyo al Autoempleo o la Organización Social para el Trabajo.

De tal manera, que me parece que estamos en muy buen momento para proponer que estos criterios de flexibilidad por las demandas locales de empleo, sean considerados y puestos a disposición de quien tome las decisiones en el futuro, a efecto de dar respuesta a este planteamiento social y laboralmente justificable.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Muchas gracias, señor Secretario.

Para ejercer el derecho de réplica, en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra, hasta por 4 minutos, la diputada Hilda Anderson Nevárez.

La diputada Hilda Anderson Nevárez:

Muchas gracias, señor Presidente.

Señor licenciado Mariano Palacios Alcocer, secretario de Trabajo y Previsión.

Los hechos han probado que en el mundo de hoy, no existe país lo suficientemente grande para que pudiera ignorar a los demás o extremadamente pequeño para ser ignorados.

México hoy, ante la globalización está empeñado en acelerar su desarrollo económico, político y social, defendiendo los derechos de los mexicanos y, fundamentalmente, de los trabajadores, a través de su legislación.

Señor Secretario, México necesita fuentes de trabajo, en este sexenio los ha tenido, pero necesitamos más empleos, muchos empleos.

Desde hace varios años, primero en forma de convenios aislados, después mediante el GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio), y posteriormente, ante el Tratado de Libre Comercio, han venido a nuestro país a instalarse las maquiladoras a la orilla de nuestra frontera y a diversos estados de la República.

Las maquiladoras, tan controvertidas, tan discutidas, tan combatidas por los de afuera del país y por los de adentro; pero sin embargo, trabajo para la mujer, indiscutiblemente; derrama económica en las fronteras y en las pequeñas poblaciones de México, explotación en el pasado y aún en el presente, en algunas de ellas, que todavía no están sindicalizadas y que no cuentan con un contrato colectivo de trabajo que las proteja, con una escala de salarios de acuerdo a su tarea y con la capacitación adecuada, con el respeto a la integridad personal de los trabajadores y, en especial de las mujeres, al pedirle el certificado de no gravidez.

Esas maquiladoras, de las que ya ha hablado el señor Secretario, que evaden los compromisos fiscales con el Estado, de ésas, no deseamos ninguna; queremos maquiladoras como las de Ciudad Juárez, la de Coahuila, ésas que tienen contratación colectiva firme, con seguridad social, con derecho a la vivienda, con derecho a la licencia de maternidad; de ésas que tienen los tres turnos de servicio de guardería, que es de gran ayuda a la madre que trabaja, conquista del movimiento obrero, la seguridad social y las guarderías para la mujer que trabaja.

Y deseamos que el programa piloto para América Latina, iniciado en México por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, denominado más y mejores empleos para la mujer, se extienda y llegue a todos los rincones del país para fortalecer a la mujer en el campo del trabajo.

También necesitamos que las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en los estados, den mayor oportunidad a las mujeres y a los sindicatos para lograr su asociación.

Sostengo la tesis que a pesar de todos los obstáculos que pudieran presentarse, el trabajo de las mujeres en las maquiladoras ha sido positivo para ellas y productivo para la industria, porque antes, en las fronteras, concurrían de todos los estados, mujeres que deseaban trabajar en la unión americana; que no podían pasar ni lograrlo, quedándose en la frontera a laborar en los centros de vicios, en los cabarets o en las casas de asignación. Hoy, tienen un trabajo honrado que las dignifica.

Y para sustentar mi tesis, deseo leer unas frases de un sencillo artículo anónimo, titulado El trabajo honrado y el porvenir de la mujer, publicado en la gaceta La Convención Radical Obrera, el 26 de mayo de 1901, hace 100 años, en la Ciudad de México; encontrada por la de la voz, en los archivos del señor profesor Bernardo Cobos Díaz, en la gran biblioteca de la CTM, y que dice al calce.

"La agricultura, la minería, la industria, todo aquello que demanda la aplicación de la fuerza, de la energía del hombre, hará que poco a poco se vaya cediendo el puesto a la mujer honrada, porque esas fuentes poderosas de riqueza pública que el país requiere, están pidiendo los brazos y las manos de la mujer.

La mujer, entonces, encontrará nuevos elementos de trabajo y de vida, y la madre, salvaría a sus hijos de la miseria, y la joven se sustraerá más fácilmente a la sugestión del vicio.

El trabajo, entonces, para la mujer, habrá completado su obra de incorporación", aquí termina el artículo.

Hoy, las mujeres estamos a 100 años de distancia, lo que...

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Diputada, le ruego que...

La diputada Hilda Anderson Nevárez:

...lo que un visionario escribió, y que hemos adelantado mucho, en este tiempo, las mujeres; ya que tenemos el 37% de la fuerza laboral en México y somos las mujeres trabajadoras una gran fuerza.

Para terminar, quisiera decir, que ojalá que el futuro gobierno respete los derechos y las conquistas de los trabajadores, y que además, no solamente, sino que se cumpla esa frase del "bienestar para la familia", y que además, sepa hacerlo.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Gracias a la diputada Hilda Anderson Nevárez.

Con esta intervención culmina la primera ronda de preguntas y respuestas, y esta Presidencia se propicia la ocasión para reiterarles respetuosamente a las ciudadanas diputadas y a los ciudadanos diputados que intervendrán en este segundo turno, respeten el acuerdo aprobado por la Asamblea, respecto al límite del tiempo disponible para formular preguntas y réplicas. En esta segunda ronda, harán uso de la palabra para formular las preguntas en nombre de sus respectivos grupos parlamentarios, la ciudadana diputada Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo; el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Alfonso Sánchez Rodríguez, del Partido Acción Nacional y el diputado José Antonio García Leyva, del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra para formular las preguntas en nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo hasta por cuatro minutos, la diputada Rosalía Peredo Aguilar.

La diputada Rosalía Peredo Aguilar:

Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, señor Secretario.

Nos parece verdaderamente contradictorio que en materia de política laboral, nuestro país asuma esquemas que pretenden desarrollar la modernidad y el cambio estructural, impulsando el flujo de inversión extranjera en industrias de tecnología de punta; en donde efectivamente los salarios y las prestaciones laborales están por arriba de los salarios promedio del conjunto de nuestra nación y muestran una tendencia relativamente creciente a lo largo del sexenio.

A diferencia de lo anterior, tomando como base la información presentada en el Informe presidencial, tenemos un amplísimo sector de la población económicamente activa al mostrado; tal y como ya lo hemos señalado, un decremento real en su poder adquisitivo que alcanza el 46% a lo largo del sexenio, tal como lo ha documentado profundamente un estudio realizado en la Facultad de Economía de la UNAM.

Y no solo eso, si agrupamos a los sectores del PEA (Población Económicamente Activa), que no perciben ingresos, con los que se perciben menos de un salario mínimo, así como los que perciben dos salarios mínimos. Tenemos que más de la mitad de la población económicamente activa, se encuentra en ese rango miserable.

Señor Secretario ¿cómo es posible que en esos ingresos, una parte considerable de la población, pueda tener acceso a los satisfactores básicos?, ¿cómo es posible, que en México hayan crecido de manera desmesurada los ingresos de los grandes empresarios y del capital en general? Y en cambio, los salarios de la mayoría de los trabajadores se encuentren en franco y continuo descenso en términos reales. Al tiempo, que la participación en el ingreso nacional también se ha reducido.

Por otra parte, el sexenio del doctor Ernesto Zedillo, puede ser caracterizado como el sexenio en el que más se han deteriorado los salarios de los trabajadores, así como la impartición de la justicia laboral. Un ejemplo contundente de lo anterior, lo representan los trabajadores al servicio del Estado, como son del INEGI, a los cuales aparte de haberles violado sus derechos laborales, consagrados en la Constitución y sus leyes reglamentarias, se tienen que enfrentar con un órgano de simulación, como lo es el órgano laboral correspondiente.

En los hechos, esta instancia recibe órdenes directas del Ejecutivo Federal, el mismo que nombra a los titulares de las dependencias, así como al titular del INEGI, en el que la impartición de la justicia pronta y expedita es irreal, ya que los trabajadores permanecen en juicio por período, hasta de diez años o más, donde sus derechos están sujetos a que el titular de dicho Tribunal quiera otorgárselos, o lo que es peor, que el Ejecutivo Federal esté en posibilidades de cumplirlos.

Señor Secretario, ¿dónde está el Estado de Derecho que el Ejecutivo Federal pregona?, ¿quién podrá exigirle al titular del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cumplimiento de las leyes laborales?, ¿quién será sancionado, cuando es el propio Estado el que incumple la legislación laboral?

No olvidemos que cada vez que un trabajador al servicio del Estado recurre a un juicio laboral y se condena al Estado a pagarle, son nuestros impuestos los que se afectan para cumplir la negligencia u responsabilidad de los titulares. Es necesaria la desaparición de los órganos de simulación, como lo son el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativa.

¿Por qué no se han creado fuentes de empleo en el campo para las mujeres? Ellas, las más olvidadas por este sistema injusto y que en el ámbito laboral usted representa, han tenido que abandonar a sus hijos e hijas, exponiéndolos principalmente a la violación; la competencia laboral es tal, en todas las empresas, en todas las instituciones, no por mejorar la producción o la eficiencia, como básicamente por conservar el empleo, sino básicamente por conservar el empleo se ha fomentado la corrupción, al no incrementarse el empleo en relación con la demanda, la venta ilícita de plazas de trabajo es cada vez más alta. ¿Qué se ha hecho al respecto? Por sus respuestas, muchas gracias señor Secretario.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Muchas gracias, diputada Rosalía Peredo Aguilar.

Tiene la palabra hasta por ocho minutos, el ciudadano Secretario del Trabajo y Previsión Social.

El Secretario Mariano Palacios Alcocer:

Creo que el planteamiento que presenta la ciudadana diputada Peredo Aguilar, en relación al crecimiento desequilibrado del ingreso en México, es una preocupación estructural que compartimos, y esto se refleja en diversos ámbitos del desarrollo del país, que tiene que ver con políticas de orden regional y sectorial.

Específicamente yo quisiera referirme al tema de la competencia para la impartición de la justicia laboral. Ustedes saben que existen dos sistemas perfectamente diferenciados, para la aplicación de las normas laborales, en tratándose de aquellas materias, competencia de la federación en el apartado a y aquellas que corresponden al apartado b en lo federal y el ámbito de las facultades reservadas para los estados.

En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, especialmente de los trabajadores de entidades, que no de dependencias; ha venido a darse un doble fenómeno -perdonen la digresión, pero es importante hacer la referencia-. Por una parte la solicitud de diversos grupos de trabajadores, de un nuevo registro ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, independientemente de que el contenido de la ley burocrática establece el principio de la monosindicalización por dependencia.

Al negar el Tribunal este registro, los afectados con la negativa han recurrido a la protección y el amparo de la justicia federal, y en algunos casos han obtenido su registro, puesto que la corte ha considerado que es perfectamente válido que puedan existir dos o más sindicatos en una misma dependencia o entidad.

Y el segundo caso, es el que tiene que ver con el ámbito de las competencias del apartado b al apartado a, cuando se ha recurrido a la vía jurisdiccional, a efecto de que se determine la naturaleza de las relaciones laborales y han existido casos de 15 demandas planteadas 8 han prosperado, en que se da la transición del apartado b al apartado a.

La ciudadana diputada Peredo, ha hecho preguntas específicas que tienen que ver con el comportamiento del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que no tiene vinculación orgánica, ni administrativa con la Secretaría del Trabajo, esto forma parte de la justicia administrativa, que de acuerdo a la Ley de la Materia, le compete resolver a la Secretaría de Gobernación como entidad sectorizable y al Tribunal como entidad sectorizada.

Por lo tanto, me exento de dar respuesta a asuntos de mi incompetencia, pero no quise ser descortés y quiero aclarar el tema.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Muchas gracias, señor Secretario.

Para ejercer el derecho de réplica, tiene la palabra hasta por cuatro minutos, la diputada Rosalía Peredo Aguilar.

La diputada Rosalía Peredo Aguilar:

Con su permiso, señor Presidente.

Señor Secretario, un tema que el Partido del Trabajo no puede pasar por alto en el relativo a la política salarial, que en este sexenio se ha implementado, la cual a todas luces ha beneficiado exclusivamente a los empresarios y en particular a los patrones que administran la industria maquiladora en este país; donde como se sabe, las condiciones laborales en las que se incluyen los derechos a la seguridad social y las retribuciones salariales, son violadas sistemáticamente y de manera reiterada por los empresarios que explotan estas actividades.

En ese contexto la política laboral de la que usted ha sido responsable en el último año, ha esquivado su competencia y compromiso social, adquirido en el Plan Nacional de Desarrollo, al tiempo que se ha situado más en la defensa de los intereses empresariales, al ser participe de la implementación de la política de bajos salarios.

Señor Secretario, usted ha avalado la política de bajos salarios como miembro de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; porque si bien es cierto, ésta es una instancia tripartita, usted no puede negar su responsabilidad al aceptar los topes miserables de salarios, que esa comisión aprueba anualmente, nunca nos enteramos de un voto suyo en contrario en el seno de esa comisión.

Esa comisión debe desaparecer, porque solo ha servido para que los empresarios y los viejos mandos corporativos del sindicalismo oficial, sigan haciendo de las suyas y manteniendo en el hambre a millones de nuestros compatriotas que subsisten con salarios de hambre. Para nosotros la política salarial del régimen zedillista, fue un baluarte para que la acumulación de.riqueza por los grandes empresarios haya alcanzado niveles escandalosos, a cambio de haber construido la mayor fábrica de pobres de este país.

Por esto último que he mencionado, puede usted negar, señor Secretario y si así fuera, qué argumentos tendría en contrario. Por otra parte, para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, está claro que la justicia laboral en nuestra nación no es expedita ni transparente, no existe todavía una plena autonomía de nuestros órganos de administración de justicia laboral.

Las continuas manifestaciones de los trabajadores ante las juntas locales y federales de Conciliación y Arbitraje así lo muestran. La injusticia laboral no sólo se da en los trabajadores que se regulan por la Ley Reglamentaria del Apartado A del artículo 123 constitucional, sino también en quienes se encuentran regidos por el Apartado B de dicho ordenamiento y de su Ley Reglamentaria.

Señor Secretario, como usted ha escuchado, el gobierno federal no sólo le falla a los trabajadores en general, sino también a los suyos, los bajos salarios no sólo existen para el conjunto de las actividades productivas, sino también para los trabajadores al servicio del Estado que se rigen bajo el régimen de honorarios, que carecen de todo tipo de prestación, incluso de seguridad social.

El incumplimiento de la justicia laboral por parte del gobierno federal en el país, está ampliamente ejemplificado y documentado con el problema laboral que viven los trabajadores del Inegi, que se remonta a la reforma del artículo 27 constitucional, que exigía para su implementación la contratación de una suma considerable de empleados que ejecutaran los trabajos técnico-operativos, con el fin de realizar un levantamiento topográfico de las tierras ejidales y solares urbanos dentro del país, cuya finalidad consistía en conseguir la certificación de los citados núcleos agrarios.

Sin embargo, el titular del Inegi desconoció abruptamente los derechos laborales de los empleados que fueron contratados para realizar las labores señaladas, al omitir diversas prestaciones entre las que se encuentran el tiempo extraordinario, las primas sabatinas y dominicales, así como en el cumplimiento de las condiciones generales del trabajo, al grado de dejarlos en el desamparo del régimen obligatorio del ISSSTE, con lo que no tienen el derecho a jubilaciones y pensiones, ni al Fondo de la Vivienda, todas ellas consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Señor Secretario, nuestro grupo parlamentario demanda a usted su pronta intervención para que este conflicto laboral sea resuelto a la mayor brevedad posible, no podemos permitir que el presidente nacional del Inegi se convierta en verdugo y victimario de trabajadores que tienen responsabilidades como padres de familia, que no pueden soslayar.

Muchas gracias.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Muchas gracias a la diputada Rosalía Peredo Aguilar.

Para formular las preguntas en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra hasta por cuatro minutos, el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez.

El diputado José Antonio Magallanes Rodríguez:

Con su permiso, señor Presidente. Señor Secretario, compañeros y compañeras diputados. En el Plan Nacional de Desarrollo, el Ejecutivo Federal se fijó como uno de los objetivos en materia laboral, lograr que la justicia que impartan las juntas de Conciliación y Arbitraje sea pronta y expedita, sin embargo, el sexenio del doctor Zedillo ha concluido y las metas no se lograron.

Los juicios siguen ventilándose con lentitud, en perjuicio del trabajador. En 1995, quedaron sin resolver 11 mil 714 demandas, de 44 mil 611 que se presentaron, para 1996, el rezago fue de 14 mil demandas y para 1997, quedaron sin resolver 12 mil demandas, de las más de 48 mil recibidas. Si bien, durante 98 y 99, el número de demandas resueltas superó al de las recibidas, en 1999 se presentaron 29 mil 135 demandas, a las cuales se les suma el rezago de los años 95, 96, 97 y 98, lo que da un total de 67 mil 095 juicios, de los cuales hasta el mes de agosto del 99, se habían resuelto 43 mil 056, quedando un rezago de 24 mil 044 demandas, que equivale casi al 84% de los asuntos recibidos durante 1999.

Con ese rezago no podemos decir que la justicia que imparten las juntas de Conciliación y Arbitraje sea pronta ni expedita. Por si esto fuera poco, existen denuncias de sindicatos y trabajadores, en el sentido de que las juntas están aplicando con disposiciones contenidas en el Proyecto del Código Federal de Procedimientos del Trabajo.

Sería pertinente que nos explicara cuál es el motivo por el cual se están aplicando estas disposiciones sin una previa reforma legal, sin duda alguna, la Secretaría del trabajo ha conducido con extrema discrecionalidad, usted debe de estar enterado de cómo la Junta de Conciliación y Arbitraje ha promovido sendos acuerdos de un llamado diálogo obrero empresarial hacia una nueva cultura laboral, sin consenso y sin sustento legal.

Su Secretaría ha sido garante de los empresarios y líderes corruptos, desconociendo a representantes legítimos que además de velar por la prosperidad de su fuente de trabajo, reclaman sus justos derechos laborales. No puede existir en ningún país, una empresa próspera y productiva a costa del deterioro de las condiciones laborales y de los derechos de sus trabajadores, ¿no le parece, señor Secretario?

Por otra parte, consideramos realmente preocupante lo que se refiere a los contratos de protección. Hace poco más de dos años, el subsecretario A de su Secretaría, el licenciado Javier Moctezuma Barragán, dijo en una reunión sobre cuenta pública, que tenía hasta ese momento registrados en la Junta de Conciliación y Arbitraje, 600 mil contratos colectivos, de los cuales sólo se revisan mil 800. Esta cifra es alarmante, ya que el 99.7% de los contratos no se revisan. Una conclusión podría ser que este porcentaje que no se revisa, son contratos de protección a los empresarios y dados a los líderes corruptos.

Sería necesario que nos explicaran qué ha hecho la Secretaría que usted preside, para solucionar esta situación que detectaron hace más de dos años.

Muchas gracias.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Muchas gracias al diputado José Antonio Magallanes Rodríguez.

Tiene la palabra hasta por ocho minutos el ciudadano Secretario de Trabajo y Previsión Social.

El Secretario Mariano Palacios Alcocer:

Muchas gracias al señor diputado Magallanes por estas preocupaciones y planteamientos que formula en relación a un tema crucial, que es el de la impartición de la justicia laboral.

Sin embargo, yo quisiera robar unos segundos a mi intervención, para dar respuesta a una duda que no quisiera dejar en el aire de la anterior intervención de la diputada Peredo, quien dice que no ha escuchado mi voz en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, le temo decir que no la va a escuchar porque no formo parte de ella, es un organismo autónomo, en el que el Secretario no interviene.

Efectivamente, el tema de la justicia laboral tiene distintas vertientes, una de ellas es la que tiene que ver con el volumen de expedientes a cargo de la Junta, las juntas especiales y auxiliares y otra lo que tiene que ver con la contraparte de las juntas, que es el auxilio de la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo.

No se ha tocado en esta Mesa y quiero hacerlo, porque es un elemento fundamental de apoyo a la defensa de los derechos de los trabajadores ante el volumen de expedientes que se vienen desahogando en las distintas juntas especiales auxiliares y en la federal.

Se ha hecho una nueva normatividad para la defensa de los derechos de los trabajadores, porque se advirtió que en mucho el trámite procesal se alarga por falta de acción en las instancias comprometidas. Esto es, en muchas ocasiones las partes no promueven y cuando las partes no promueven, la Junta no puede resolver.

Para dinamizar la promoción y agilizar los diversos pasos del juicio laboral, consideramos que había tres instancias importantes a las que nos hemos abocado. Una, un trabajo permanente de profesionalización del personal de la Junta de Conciliación y Arbitraje, es decir, necesitamos cada día tener gente más competente, desde el punto de vista técnico-jurídico, y profesionales en la impartición de justicia, por lo que se refiere al personal profesional y no así, porque no nos corresponde, en el personal representativo de los sectores.

Segundo, el fortalecimiento de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, para agilizar los juicios de aquellos trabajadores que no tienen posibilidades del patrocinio de un abogado o de un bufete particular y, tercero, establecer mesas de negociación con las principales entidades que generan el grueso de los volúmenes del conflicto laboral en nuestro país.

Miren ustedes; dos terceras partes de los juicios que hay en la Junta Federal, proceden de las entidades; fundamentalmente, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando un trabajador recurre al Seguro social y tiene que ver con algún asunto relacionado con su salud, con incapacidad; en los casos que tienen que ver con enfermedades profesionales, con riesgos de trabajo; con pensiones o con jubilaciones, cualquier inconformidad de un derechohabiente frente a la administración, abre un expediente de naturaleza laboral. No se trata de un conflicto obrero-patronal, se trata de un problema de orden administrativo interno, donde el derechohabiente se inconforma porque los peritajes en los que le asignan el acceso a un derecho determinado, se considera insuficiente por el derechohabiente.

Al igual que hubo un momento en que hubo un grueso de expedientes provenientes de la antigua empresa de Ferrocarriles; algunos otros de empresas importantes, las que más trabajadores tienen al IMSS y de esta manera se han abierto mesas de conciliación, para encontrar un punto de entendimiento y evitar que se llegue al ejercicio de la función jurisdiccional, abultando la carga de trabajo de las juntas.

Estas tres medidas, me parece que han dado buenos resultados; pero hay un elemento adicional; efectivamente, como dice el señor diputado Magallanes, durante la crisis del 95, en el año de 96, tuvimos un ¡terrible rezago!, porque los despidos o el acortamiento de las posibilidades económicas de muchas empresas, trajo aparejado el que hubiera un enorme volumen de juicios laborales.

Entonces, hoy en este momento, les podría decir que en 98 Y 99 logramos el apoyo del Congreso de la Unión, que autorizó una partida especial para abatir el rezago. Tan es así, que se pudieron emitir prácticamente, 45 mil laudos; ¡ustedes imagínense lo que es resolver, por la vía jurisdiccional, prácticamente 45 mil laudos en dos años!; pero ocurre lo que es normal en un procedimiento de esta naturaleza, que la parte afectada en el laudo, tiene derecho a recurrir al amparo y entonces, estamos hoy ante la necesidad de hacerle frente a la carga ordinaria de trabajo; más la respuesta natural de los que han recurrido por la vía de amparo, y vamos a necesitar que la Cámara de Diputados, responsable constitucional de la asignación presupuestal, -¡qué bueno que lo haya planteado aquí el Partido de la Revolución Democrática!- pudiera tener; lo hemos incluido en la propuesta del Presupuesto del año entrante, una consideración especial en apoyo a la impartición de justicia laboral; porque no basta apoyar la resolución de conflictos en primera instancia, sino que hay que atenderlos ¡hasta la última resolución por vía de amparo!

Finalmente, una respetuosa aclaración al señor diputado; seguramente hay un error en las cifras del número de contratos colectivos; en el ámbito federal le podría decir, sin tener en este momento la cifra exacta, que podría andar en el orden del 10 por ciento de la cifra que usted menciona.

El número de empresas totales registradas ante las autoridades de comercio, de la seguridad social y del Infonavit en el país, está prácticamente en 650 mil; se me haría muy difícil que 600 fueran de jurisdicción federal; ¡es prácticamente el 10 por ciento!

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

¡Muchas gracias, señor Secretario!

Para ejercer el derecho de réplica, en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra, hasta por 4 minutos el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez.

El diputado José Antonio Magallanes Rodríguez:

¡Gracias, señor Presidente!

Naturalmente que la cátedra que intenta darnos sobre la impartición de justicia laboral, naturalmente tiene sus inconsistencias; se olvida también mencionar, señor Secretario, que los asuntos que se tratan también en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que son también procedencia muchas veces de conflictos por falta de atención y servicios médicos, también tiene que ver la Secretaría del Trabajo; y me parece que ahí también tenemos un rezago muy importante que tenemos que resolver en corto plazo.

Yo considero, señor Secretario, que si hiciéramos una encuesta en estos momentos con los trabajadores de México que han acudido a las diferentes juntas de Conciliación y Arbitraje, para calificar la labor desempeñada por ésta; seguramente las juntas están totalmente reprobadas.

Por lo que respecta a los contratos colectivos de protección; lo único que falta, señor Secretario, es voluntad política de la Secretaría del Trabajo; dar información a los trabajadores sobre los líderes que dicen ser sus representantes, y poner a disposición de cualquier interesado el contenido de los contratos colectivos no requiere esto, señor Secretario, ninguna reforma de carácter legal; es voluntad política. Mediante esta medida tan simple, quedarían al descubierto los supuestos titulares de estos tan llamados contratos de protección, que tan difícil han hecho la democratización del Sindicato Mexicano.

Yo le agradezco, señor Secretario, la atención que tuvo a mi planteamiento y yo recomiendo, naturalmente que la próxima administración -esperemos- que sí tenga con toda claridad lo que es el mundo del trabajo; lo que es el problema de los trabajadores, porque en este momento, señor Secretario, sus planteamientos de una visión feliz, complaciente, no responde a una realidad que están viviendo en estos momentos millones y cientos de mexicanos y mexicanas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. ¡Le agradezco, señor Secretario!

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

¡Muchas gracias, al diputado José Antonio Magallanes Rodríguez!

Para formular las preguntas en nombre del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, tiene la palabra, hasta por 4 minutos, el diputado Alfonso Sánchez Rodríguez.

El diputado Alfonso Sánchez Rodríguez:

Señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores; señor Secretario de Trabajo. Mi participación se centra, principalmente en dos aspectos que son importantes para Acción Nacional; principalmente la capacitación laboral.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, una de las estrategias que se plantearon para crear empleo y aumentar la productividad, al tiempo de mejorar los salarios, fue la capacitación laboral.

Para tal efecto, se dio continuidad a una serie de programas; de él, becas de capacitación para desempleados; el de calidad integral y el Proyecto para Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación.

Si nos atenemos a los datos del Sexto Informe, seguramente llegaremos a conclusiones muy satisfactorias en torno a los indicadores y a las metas estratégicamente logradas, sin embargo, en Acción Nacional no estamos conformes con los resultados reales de estos programas, pues no hay evidencia de que hayan servido para lo que fueron creados: mejorar los salarios y la competitividad de las empresas, a través de la capacitación de los trabajadores desempleados o de aquellos que requieren tener un grado más alto de capacitación.

En estos programas, observamos a lo largo de los seis años, que hubo un desfase entre las necesidades de las empresas y la oferta laboral; hay poca infraestructura, mucha corrupción y un uso partidista de los recursos. Esto nulifica los resultados para la elevación de la productividad, pues las medidas tardías para su reorientación y la falta de coordinación entre todas las instituciones.

Esto es lo que no viene en el Sexto Informe; esto es lo que percibimos nosotros en nuestros estados; ésta es la realidad de la capacitación, señor Secretario.

En concreto, quisiera que me respondiera las siguientes preguntas: ¿por qué la Secretaría a su cargo no estableció en el Programa de Becas, los mecanismos de evaluación necesarios para reconocer el impacto de dichos programas y sólo se limitó a señalar a las personas que supuestamente se incorporaron a un empleo?; ¿ en qué medida, señor Secretario, este Programa mejoró las condiciones de vida de las personas, en términos salariales?; ¿cuántos de los que encontraron empleo, lo hicieron en una empresa que estuviera vinculada con el curso de capacitación del cual fueron objeto? ¿Por qué no se estableció una base de datos nacional que permitiera tener control sobre las personas que pueden hacerlo varias veces estas dichas becas, especialmente en las zonas metropolitanas, junto con México?

¿Cuál ha sido el aumento en la productividad de las empresas que reciben las personas con capacitación?

Y, ¿cuáles son los dispositivos de la Secretaría, a su cargo, para que las empresas no simulen requerimiento de capacitación, y a través de ella reciban recursos que puedan prestarse a la corrupción de funcionarios?

Señor Secretario, ¿por qué no señalan los problemas que ha tenido este programa ni tampoco los riesgos que se dejan para la próxima administración?

Esperamos su respuesta, y muchas gracias a los diputados por los buenos deseos para el próximo gobierno, gracias.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Gracias, al diputado Alfonso Sánchez Rodríguez.

Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, el ciudadano Secretario de Trabajo y Previsión Social.

El Secretario Mariano Palacios Alcocer:

El tema de capacitación ocupa uno de los ejes vertebrales de la política de aliento al empleo, y del programa conducente del Plan Nacional de Desarrollo.

Efectivamente, la capacitación es un derecho constitucionalmente reconocido, y es un derecho en cuya supervisión hemos de estar comprometidos en el ámbito de nuestras atribuciones, los diversos niveles de gobierno.

El gobierno del presidente Zedillo advirtió desde 95, la necesidad de que la capacitación tuviera una vinculación estrecha con el sector productivo para recuperar la economía, y con el sector educativo, para entender que la capacitación no se obtiene de una vez y para siempre, sino que debe ser una capacitación permanente para la vida y durante la vida.

En este sentido se estableció, como usted bien lo decía señor diputado Sánchez Rodríguez, el Programa de Mejoramiento de la Educación Tecnológica y Científica vinculado por primera vez en la historia de este país, el mundo del trabajo con el mundo de la educación.

Aquí se trata de que las instituciones educativas no generen egresados que no son asimilados por el mundo del trabajo, y que las empresas no tengan vacantes cuando hay desocupados, que en otras disciplinas pueden ser expertos, pero que no encuentran empleo.

De tal manera, que para lograrlo se ha hecho un ejercicio muy serio y muy sistemático, yo les diría a ustedes que la Organización Internacional del Trabajo a visto como un programa importante este programa de mejoramiento de la educación y sus vínculos con el mundo del trabajo, y ésta fue la tesis central del partido del Nuevo Laborismo, en Gran Bretaña, que procuró entender que hay que estudiar para ser productivos, independientemente de que habrá instituciones que produzcan a gentes, que en el ejercicio de las profesiones liberales no puedan ser medidos con estos parámetros de capacidad, competitividad y eficiencia en el mundo laboral o manofacturero.

Se establecieron días para acercar a los desempleados y a los trabajadores de la economía informal a la formalidad, y para ello se establecieron programas muy flexibles de oferta de capacitación y, por otro lado, se establecieron programas que tenían que ver con apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, como ya lo referí, a las iniciativas locales de empleo que tiene que ver con trabajo rural, es decir, con iniciativas comunitarias para organizarse y producir, sin relación de supra a subordinación, desde el punto de vista laboral, y trabajos para mejorar la eficiencia administrativa y gestionaría de las empresas, siempre y cuando en el proceso participaran los trabajadores como corresponsables.

Debo decir a usted, que existe un mecanismo de evaluación, no se otorgan los créditos a fondo perdido sin fiscalización, y la asignación que se hace a las entidades federativas para el año siguiente, tiene que ver con los resultados de una evaluación objetiva que realiza el sistema estatal de evaluación y que corrobore el sistema nacional de evaluación.

Es decir, esta preocupación que usted tiene, de que pudieran existir programas de otorgamiento de becas a la capacitación, donde no se mide el impacto en la eficiencia de los egresados, el número de los que se incorporan a trabajar la permanencia en el empleo, el incremento a la productividad, el ingreso en los salarios y la mejoría en los niveles de vida; desde el principio del diseño del programa se vio así.

Segundo, hay una base de datos nacional, existe aquí en el Congreso de la Unión, nosotros informamos anualmente, está en las oficinas de fiscalización del Congreso; de tal manera, que yo les sugeriría respetuosamente al diputado o a quien tenga interés en conocer los datos, son personas de carne y hueso que han hecho cursos, que han presentado evaluaciones, que se han insertado en empresas concretas y que el Congreso, como órgano de fiscalización del Poder Ejecutivo los tiene a su disposición.

Usted tiene una preocupación legítima, que no se otorguen recursos a través de Cimo a las empresas, que finjan o que simulen programas de capacitación que no se necesitan; ya le decía yo a usted que no se otorgan recursos sin el aval del comité estatal relativo, en la oficina específica hay 138 oficinas en todo el país con personal local, que conoce a los empresarios, a los trabajadores; y donde no participan los trabajadores no hay recursos.

Pero además, nosotros otorgamos a través de estos consejos estatales, una parte del costo de los cursos; la empresa debe aportar la siguiente, y nosotros respondemos fiscalmente por los recursos que aportamos.

Problemas y riesgos. Yo le diría: Entender que la capacitación es una corresponsabilidad, pero el principal obligado es el patrón. El gobierno tiene que hacer su parte, pero necesitaríamos un modelo de capacitación en el que sean más fácilmente exigibles las responsabilidades del patrón, en materia de capacitación.

Finalmente decirle, que el programa de capacitación ha venido teniendo énfasis y matices diferentes de acuerdo a las distintas regiones del país. Hay estados en donde se pone un énfasis especial a las iniciativas locales de empleo; hay otros en donde se apoyen enfáticamente la instalación de la industria maquiladora, por ejemplo, en el sureste del país.

Hoy en esta etapa el sureste está apoyando mucho las iniciativas de capacitación para maquila, pero hay otros que tienen una vinculación con el sector educativo y se beca a jóvenes que complementan su formación, aprendiendo un oficio e incorporándose al mercado laboral cumpliendo los requisitos de edad y de jornada laboral; entonces, tiene un impacto social importante.

Hay un programa especial hoy para personas de la tercera edad, hay un programa especial de becas a personas con discapacidad, y en términos gruesos -ya lo decíamos aquí-, el 60% de los beneficiarios del programa de becas en sus distintas modalidades, son mujeres; y las mujeres de más de 35 años que sean tronco de familia monoparental, tienen prioridad para el otorgamiento de la beca.

Con esto, creemos que se puede otorgar un servicio importante, que es perfectible, pero que requiere fundamentalmente dos elementos: Un buen diseño de modelo, una coordinación interinstitucional entre los diversos niveles de gobierno y los sectores productivos; y un sistema de fiscalización que ataje a tiempo todas las dudas sobre posibles fugas o evasiones de los intereses lícitos del programa.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Muchas gracias, señor Secretario.

Para ejercer el derecho de réplica en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene la palabra hasta por 4 minutos, el diputado Ramón Paniagua Jiménez.

El diputado Ramón Paniagua Jiménez:

Con su permiso, diputado Presidente, señor licenciado Mariano Palacios Alcocer, secretario de Trabajo y Previsión Social, compañeras y compañeros representantes populares.

Los principios de prontitud, gratuidad y expedites en la administración de la justicia, si bien son deseables y necesarios en lo general, lo son más aún, llegando al grado de la exigencia, sin excepción, entratándose de la justicia laboral, ya que de ella depende en la generalidad de los casos, la subsistencia del trabajador y de su familia.

Pues bien, en relación al rubro de justicia laboral, el Poder Ejecutivo nos ha hecho saber textualmente, en su Sexto Informe de Gobierno, que -se abren comillas, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, adoptó programas más eficientes, que permitieron eliminar trámites innecesarios en la resolución de conflictos laborales entre trabajadores y patrones; abatir rezagos acumulados y mejorar la calidad de los servicios que presta, -se cierran comillas.

Además, se nos ha hecho saber en el documento informativo mencionado, que las demandas laborales presentadas durante el presente año, hasta el mes de julio, lo son en número de 23 mil 632, las que sumadas a los anteriores años de la presente administración, hacen un gran total de 274 mil 534 demandas de justicia laboral, respecto de las cuales, el Sexto Informe presidencial, es absolutamente omiso, no ya en precisar, sino en siquiera calcular en porcentajes, el número de los juicios que hayan sido totalmente concluidos, lo que nos conlleva a la fundada sospecha, constatada cotidianamente en los tribunales federales del trabajo, mediante el diálogo directo con los litigantes, de que ciertamente, existe un grave rezago en la administración de la justicia laboral.

A mayor abundamiento, se nos ha informado por el Ejecutivo Federal, que el número de juicios laborales resueltos mediante la intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, durante todo el ejercicio del presente régimen, o sea, en seis años, es de solamente 17 mil 33 juicios; o sea, un promedio de sólo 2 mil 838 juicios por cada año, lo que me induce a pensar que el total de gastos de operación de la citada Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, es superior a los beneficios económicos que obtiene dicha Procuraduría para la clase trabajadora.

En otras palabras, "resulta más caro el caldo que las albóndigas".

Así las cosas, usted señor Secretario de Trabajo y Previsión Social, que es un experto en derecho por ser profesional en la materia, estará de acuerdo con su servidor, en que no basta decir que se abatió el rezago acumulado y que se mejoraron los servicios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, si tales afirmaciones no se sustentan en hechos concretos, palpables y medibles.

Por lo anteriormente expuesto, y con la finalidad expresa de que se suplan las deficiencias estadísticas del Sexto Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, sujeto a glosa, ruego a usted, señor Secretario de Trabajo y Previsión Social, que independientemente de los datos ya proporcionados con antelación, tenga a bien ilustrarnos sobre las siguientes cuestiones, así sea en su mensaje final:

Primera, ¿cuáles fueron concretamente y en qué consistieron los programas supuestamente eficientes que permitieron la eliminación de trámites innecesarios en la resolución de conflictos laborales?

Segunda, ¿implicaron dichos programas reforma alguna a las normas del derecho procesal del trabajo?

Tercero, ¿en qué medida se abatió el rezago acumulado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje?

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Diputado, le ruego por favor termine.

El diputado Ramón Paniagua Jiménez:

Cuarto, ¿cuál es en la actualidad el número de juicios pendientes de conclusión definitiva?

Y finalmente, ¿en qué ha consistido concretamente, la mejoría de la calidad de los servicios que presta la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje?

Señor Secretario, muchas gracias.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Gracias al diputado Ramón Paniagua Jiménez.

Para formular las preguntas en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra hasta por cuatro minutos, el diputado José Antonio García Leyva.

El diputado José Antonio García Leyva:

Con su permiso, diputado Presidente, compañeras y compañeros diputados, señor Secretario.

Sin dejar de reconocer los avances que se han tenido en materia laboral, al grupo parlamentario del PRI le preocupa un sector importante, y en base a ello queremos hacer algunas reflexiones, y conjuntamente, también algunos cuestionamientos.

A medida que prosperó el sector empresarial en las actividades agrícolas y ganaderas, abarcando las actividades del procesamiento, la distribución y el comercio, con una sólida infraestructura tecnológica y financiera, los campesinos quedaron reducidos a ser proveedores de mano de obra barata.

Los jornaleros agrícolas nacen y se reproducen en la economía campesina, la de los pueblos pobres, esencialmente, indígenas y de campesinos minifundistas, que cultivan parcelas y que obtienen bajísimos rendimientos con una nula y una escasa asesoría técnica, sin apoyo crediticio y cercados por un mercado local que controla su escasa producción.

Generando en las regiones de subsistencia enormes desplazamientos de éstos, los cuales son expulsados de sus tierras para caer en manos de una tupida red de enganchadores que los llevan a los campos de trabajo del café, la caña, las hortalizas, el algodón y los frutales. Incluso, los trasladan a los Estados Unidos de Norteamérica.

Así se estableció una relación permanente entre las zonas de expulsión de jornaleros con las regiones de destino de alta producción agropecuaria, rentable y comercial, que presentan demandas estacionales de mano de obra, estas relaciones definen una de las tendencias más importantes de la actualidad y que a los diputados del PRI nos preocupa. El incremento de un peonaje nómada, carente de protección, inerme y desorganizado.

Se calcula -usted ya lo dijo, que hay entre 1 ó 1 punto 5 millones de jornales agrícolas, que acuden a algunos estados conjuntamente con su familia, temporalmente. Todos ellos están sometidos a la explotación y a la inseguridad en cuanto al traslado a los puntos de trabajo, a la precariedad de sus viviendas y a múltiples anomalías y abusos en sus relaciones laborales; sin embargo, el fenómeno del jornalerismo, lejos de detenerse cada día aumenta considerablemente.

La contratación de trabajadores es fundamental, directa, cuando se hace a nivel local. En los demás casos, es muy frecuente que participen intermediarios, enganchadores y contratistas, a los cuales la ley les exige que tengan una autorización para desempeñar estas labores y sin embargo, en su inmensa mayoría no la tienen, lo cual genera abusos en el reclutamiento y contratación de los trabajadores.

No obstante los esfuerzos en pro de la modernización de nuestro país, la brecha entre los sectores más favorecidos y las masas empobrecidas, constituye un abismo cada vez más frecuente. Lo más preocupante es que no existe una política consistente que, reconociendo su verdadera dimensión, establezca una relación apropiada entre el jornalerismo y los procesos de desarrollo económico, una perspectiva histórica.

Señor Secretario, quisiéramos preguntarle qué medidas ha tomado la Secretaría a su cargo para dar certeza a la relación laboral de los jornaleros agrícolas en los términos del artículo 280 y 282 de la Ley Federal del Trabajo.

¿Cuáles son los mecanismos por los que la Secretaría a su cargo verifica que los patrones respeten los derechos de los trabajadores del campo? ¿Ha verificado la Secretaría del Trabajo la creación de cooperativas de consumo entre los trabajadores dentro de los predios y el fomento a la alfabetización de éstos y de sus familias?

La Secretaría a su cargo lleva a las estadísticas generales correspondientes a los jornaleros agrícolas, ¿tiene entonces identificada esa Secretaría cuántos son, dónde laboran, sus condiciones laborales y de vida?

Un alto porcentaje de los mexicanos más pobres se dedica a las labores del campo, por lo tanto, quisiéramos decirle ¿qué acciones ha impulsado la Secretaría a su cargo para fortalecer los ingresos de este sector laboral del país?

Por sus respuestas, muchas gracias, señor Secretario.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Gracias al diputado José Antonio García Leyva.

Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, el ciudadano Secretario de Trabajo y Previsión Social.

El Secretario Mariano Palacios Alcocer:

Creo que el tema que ha abordado el ciudadano diputado García Leyva, es uno de los temas torales que han surgido recientemente en el mundo laboral mexicano.

Desde la exposición de motivos de la Ley Federal de Trabajo de 1931 y después en las recientes reformas sustantivas de 60, 70, incluso en la procesal de 80, cuando se toca el tema de jornaleros agrícolas invariablemente se hace referencia a que la justicia en el campo debe ser, fundamentalmente, responsabilidad de los postulados del Artículo 27 constitucional.

Esto es un tema que a mí me ha llamado la atención porque, persistentemente, el legislador ha venido haciendo referencia a distinguir la naturaleza del trabajo en el campo, en la naturaleza del trabajo manufacturero o en otro tipo de relación.

Un segundo elemento es que, analizando el Artículo 123 constitucional, en la fracción trigésima primera, donde otorga la facultad expresa a la federación en las distintas materias laborales, no incluye el tema del trabajo en el campo, por lo tanto, se entiende reservado a la potestad de los estados. Así, arranca el enunciado del Artículo 123, fracción 31: "Es responsabilidad de los estados el cumplimiento de las normas laborales, a excepción de las que expresamente deberá atender la federación". Y enuncia cuáles y no aparece la materia del sector agrícola y pecuario.

Por lo tanto, habría necesidad de establecer, en principio que el legislador, ojalá y ustedes tengan manera de reflexionar y corregir la tendencia histórica en esta materia, remitía el tema de jornaleros agrícolas a la materia agraria y no a la materia laboral.

Y, segundo, que consideró la competencia propia de los estados y no de la federación.

Tercero. Existe, efectivamente, un fenómeno que usted definió, diputado, como nomadismo. Transmigran las familias de las regiones menos favorecidas a aquellas que tienen el espejismo de encontrar un empleo.

Ya decíamos, el Inegi reconoció en 99, un millón 040 mil familias. Habla de familias.

Esto implica que haya una movilización... hay un flujo migratorio fundamentalmente de los estados del sureste, de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, la sierra norte de Puebla, parte de la cuestión hidalguense, la meseta hidalguense, etcétera, hacia la zona del noroeste del país; de éstos, el 40%, el 39%, vienen de otros estados, el 61% son oriundos de los lugares de donde se hallan las fincas asentadas.

¿Qué se ha procurado? Primero una política de coordinación entre los niveles de gobierno, porque hay materias que afectan a la familia que son competencia de la federación, indudablemente, como es la materia de inspección, ¿en qué condiciones de seguridad e higiene de protección al medio ambiente, se vienen brindando los servicios?, ¿cómo hacer que ese desplazamiento humano de comunidades que casi se vacían, puedan mantener los servicios educativos y asistenciales en las comunidades de origen y en paralelo montar servicios adicionales en los campos labrantíos?

Esto ha obligado a un ejercicio de coordinación con los estados en virtud de los convenios de descentralización de los servicios educativos y de salud, y ha obligado, también, a que metiéramos orden en una materia que es bastante delicada, en junio de este año, se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana, que establece los parámetros para abonar, regar con plaguicidas y pesticidas, y se establece que no podrán hacer, en ningún caso, este tipo de trabajos, las mujeres en condiciones de gestación o lactancia y los menores, que aún sin tipificarse la relación de trabajo, porque se supone que colaboran con los padres en la jornada, y en tanto no haya leyes estatales que regulen esta materia, este principio de la norma federal, sustituye la falta de leyes locales.

Nos interesa, entonces, que haya protección a la salud, que se dé garantía de que continúen en los estudios y que haya un mínimo de condiciones de bienestar, aún en esta precariedad a que se refiere.

Finalmente, la Ley Federal del Trabajo es muy clara, en que es responsable el dueño de la finca, independientemente de que se simulen a parcerías o arrendamientos, y esto le corresponde vigilarlo a la autoridad local, de tal manera que me parece que será indispensable un ejercicio de desdoblar en las legislaciones locales de los estados, esta nueva hipótesis que no existía hace algunas décadas, no lo pudo prever el legislador ordinario y que hoy representa un nudo de injusticia y de marginación.

Sí tiene la Secretaría del Trabajo, la representación del país, por lo que se refiere a los jornaleros agríco-internacionales, específicamente en el acuerdo que tenemos suscrito con Canadá, desde hace varios años.

Debo decirles que es vigilante, es guardián, de que se cumpla con el respeto a los derechos humanos y laborales, y la disposición expresa de que el viaje y la repatriación, así como el acceso a las seguridad social en su centro de trabajo y a las familias en México, sea resguardada; no hay un volumen muy grande de jornaleros al Canadá, pero pueden tener la seguridad y están a disposición de quienes les interese, las informaciones en la materia.

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Muchas gracias, señor Secretario.

Para ejercer el derecho de réplica, en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Roberto Ruiz Ángeles.

El diputado Roberto Ruiz Angeles:

Señor Presidente de la Mesa, señor Secretario. Algunas consideraciones finales en mi réplica.

El sindicalismo sigue teniendo un papel fundamental en el desarrollo económico de nuestro país, si bien es cierto, que no se han alcanzado a resolver todas las aspiraciones de los trabajadores, para alcanzar mejores niveles de vida; esto ha permitido la certeza para atender un trabajo seguro a través de la contratación colectiva, además ha posibilitado el crecimiento de la planta industrial, en nuestro territorio nacional, transformando de manera constante, las zonas rurales en zonas de desarrollo urbano.

Esto es visto con el beneplácito de los trabajadores, al encontrar mejores oportunidades de empleo en regiones que tradicionalmente sólo se podía trabajar en el campo, por tener un empleo mejor remunerado en la industria.

El impulso a la inversión industrial en estados en donde no lo había, ha sido generado e impulsado a través de varias generaciones de trabajadores mexicanos, que con sus sindicatos han contribuido después de la Revolución Armada de México, a conservar la paz y la gobernabilidad de nuestro país.

Las conquistas obreras consagradas en el artículo 123 constitucional, son un legado que fue suscrito con sangre de más de Un millón de mexicanos; por ello, las nuevas generaciones de sindicalistas, estamos obligados a aportar alternativas que sirvan para fortalecer las instituciones creadas para y por los trabajadores y sus familias, como el Seguro Social, el Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), La Ley Federal del Trabajo con sus tribunales, entre otros.

Es cierto que en un país en vías de desarrollo, como el nuestro, hay prioridades para la población, y así se han atendido, salud, educación desarrollo social, pero también hay que decir y reconocer que no se ha desatendido el renglón de los trabajadores, la recuperación y generación de empleos, en el gobierno del presidente Zedillo es una realidad, aparejado con una estabilidad económica social.

Las cifras de empleo permanentes y temporales en el... contemplados en el Seguro Social, así lo demuestran, y todos tenemos acceso a esa información.

El crecimiento de este empleo se fortaleció aún más con la participación de los sindicatos, ya que en una actitud responsable, como siempre, aceptó convenios con los empresarios para darle las estrategias necesarias al momento de crisis que en 95 atravesamos; que le permitiera seguir operando para... así, como siempre, se diera el seguimiento a estas empresas con el respaldo de los trabajadores.

Recordemos, también, que más del 80% de las empresas en nuestro país son medianas, pequeñas y microindustrias; solamente con un sindicalismo responsable, como el que estamos agrupados, en el Congreso del Trabajo, se ha podido seguir con la certeza de tener y conservar un trabajo seguro, sorteando los altibajos de la economía en sus diferentes épocas.

El sindicalismo mexicano no actúa por moda, ni en sus expresiones ni en sus actitudes; actúa fundamentalmente con las exigencias y necesidades de los trabajadores y sus familias, acrecentando la planta productiva y el empleo en la búsqueda de más y mejores salarios.

A partir de 97, las revisiones contractuales comenzaron a superar, aunque en poco, el promedio de la inflación anualizada; tres décadas de depreciación de los salarios están siendo contrarrestadas con la lucha sindical que es más dinámica, critica, pero también más propositiva.

El dialogo y la conciliación, han sido los elementos fundamentales que han evitado estallamientos de huelgas, y que hasta los sindicatos que no pertenecen al Congreso del Trabajo, han aceptado porcentajes acordes a realidades económicas de las empresas, para evitar colapsar más los salarios y condiciones económicas de los trabajadores en general. Ningún país en el mundo podrá incorporarse a mejores niveles de vida, sin inversión para el desarrollo, ya sea interno o externo.

Señor secretario Mariano Palacios Alcocer: La Secretaría a su cargo ha fortalecido la política de diálogo y conciliación entre los sectores productivos, que nos ha evitado conflictos, permitiendo fortalecer nuestras coincidencias y dirimir nuestras diferencias.

Por ello, las juntas de Conciliación y Arbitraje, son y seguirán siendo, la voz permanente de trabajadores y empresarios, con la tutela acertada que éstas tienen a través del gobierno, y principalmente, de la Secretaría a su cargo, qué terrible sería para la sociedad trabajadora que un solo sector o que una sola instancia intermedia resolviera en asuntos que sólo incumben al diálogo social dentro del tripartismo. Muchas gracias, señor Secretario.

(Se escuchan aplausos)

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Gracias al diputado Roberto Ruiz Ángeles.

Con el diputado Ruiz Angeles hemos llegado al término de la segunda ronda.

Se le concede la palabra al ciudadano Secretario de Trabajo y Previsión social, hasta por diez minutos.

El Secretario Mariano Palacios Alcocer:

Con su venia, ciudadano Presidente, ciudadanas y ciudadanos diputados.

En primer lugar, deseo reiterar mi agradecimiento a esta honorable representación nacional, por la amable invitación que me formularan a reunirme con ustedes en esta tarde.

Me ha resultado de enorme interés escuchar los planteamientos de las diversas fracciones parlamentarias y de las distintas y distintos diputados, en torno al tema laboral del país.

Yo creo que es conveniente en esta época, en la que se invoca la modernización, la democratización, la apertura y la alternancia, que todos hagamos una revisión autocrítica en lo personal y en lo institucional, para bien de la República.

He tomado nota de sus valiosas aportaciones en lo que se refiere a las sugerencias del Legislativo para el Ejecutivo, y en reciprocidad y con el mayor respeto, creo que es conveniente que se analice y se modernice el formato de las presentaciones. Me parece anacrónico, ineficaz y facilita poco la comunicación constructiva para el buen diálogo entre los poderes de la Unión.

He respetado el formato, pero creo que hubiera sido más productivo si hubiera habido más flexibilidad de parte del Congreso.

En segundo lugar, decir que me da mucho gusto haber trabajado con el presidente Zedillo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Soy hombre de definiciones y lealtades y lo quiero expresar públicamente.

Como tampoco es para nadie desconocido, que soy servidor público y en ejercicio de mis derechos ciudadanos, milito orgullosamente en el Partido Revolucionario Institucional.

Respeto la figura de los candidatos externos, pero dudo del compromiso ideológico con la organización política en la que se forman, no tolero la deslealtad ni el trasvestismo político.

Hemos hablado del Programa Nacional de Empleo, Capacitación y Defensa de los Derechos Laborales, las metas están ahí, de haber caído al 7 punto 8 el desempleo abierto urbano en el país, hoy estamos en el 2 punto 2. Hay que buscarle adjetivos para descalificarlo pero las cifras están ahí.

Se ha hecho un esfuerzo magnífico por pasar del subempleo al empleo y de la informalidad a la formalidad de la economía. Las cifras que no les gustan a algunos del Seguro Social están ahí, y son de personas que representan a familias de derechohabientes, de mexicanos con la misma dignidad, de un servidor público del Ejecutivo y de un representante ante el Congreso de la Unión.

Y por otro lado, se ha hecho un esfuerzo mayúsculo por incrementar el acceso a la seguridad social, que es la parte no medible del empleo, cuando los estudios académicos se dedican a sacar cifras, pero desconocen los intangibles no atados al salario de la seguridad social.

El costo de los servicios de salud, de protección, de vivienda, de acceso al ahorro, representan en buena medida una fuente adicional en los ingresos de las familias mexicanas.

Es entonces, el momento de trascender de la medición del empleo cuantitativo al empleo cualitativo, necesitamos empleos de calidad, estas es la tesis del gobierno, y necesitamos, ciertamente, hacer efectivo que lo que es declaración y programa en la Constitución sea realidad, esto es el salario remunerador.

Los instrumentos para lograrlo podrán ser, o más o menos eficaces, podrán o no compactarse las áreas geográficas y se podrá cuestionar o no la eficacia de la Comisión de Salarios Mínimos; pero la garantía social de un mínimo de ingreso por una jornada de trabajo, es algo que no se ha roto en el esquema constitucional mexicano.

Se ha avanzado en la capacitación como nunca, 2 millones 850 mil trabajadores desempleados han sido beneficiarios de este servicio y el 70% tiene empleo, y de los que obtienen empleo, el 85% permanece un año en el trabajo; ésta es una forma simple de evaluación que califica los programas de capacitación.

Se ha vinculado la educación con el mundo del trabajo para que haya correspondencia entre las necesidades del desarrollo social y económico, y la oferta educativa del país, y se trata de incrementar la competencia, el ingreso, el salario, por la vía de la formación, de la capacitación.

Quiero expresar mi respeto al sindicalismo de todo signo, y decir a ustedes, que como parte de esa nueva cultura laboral criticada o alabada, hoy el registro de todas las asociaciones es público y está en Internet, todos los contratos colectivos vigentes están ahí, cualquiera que pique las teclas puede tener acceso; de tal manera que no es una petición revolucionaria dar transparencia a lo que simplemente es falta de información.

Creo en la democracia interna de los sindicatos, pero no soy quien para calificar la decisión libre de los trabajadores, para escoger a sus representantes; hay quienes sintiéndose defensores de la democracia, por representar a una central, critican a las otras, olvidándose de las vigas en los ojos propios. Yo no critico que se hayan reformado estatutos de determinadas organizaciones sindicales para permitir la reelección, o que líderes autodenominados democráticos lleven más de un cuarto de siglo; ésta es la decisión de los trabajadores y tendrán siempre el respeto de la autoridad, porque nosotros no juzgamos, ni prejuzgamos sobre el principio de la autonomía sindical, alentamos la libertad de asociación y sus derechos consubstanciales y entendemos que la materia laboral, la materia tripartita por excelencia, obliga al diálogo y a la tolerancia. Ninguno tiene la razón absoluta, la razón laboral se construye con razones, con argumentos y con disposición de las partes.

Hay, efectivamente, que avanzar mucho en el programa de justicia, pero nadie está aplicando normas que no existan; el principio de estricta aplicación de la ley se respeta y se privilegia el camino de la conciliación para llegar a acuerdos sin necesidad de laudo o de sentencia jurisdiccional.

Pero hay dos elementos con los que quisiera concluir mi intervención: Primero, sí, yo creo en la sinceridad de los que dicen, que en mucho puede ser falta de voluntad que no se hayan incrementado los salarios, nada más que en los estados, independientemente del signo político que gobiernen, en el ámbito de las relaciones laborales locales, tampoco se han incrementado los salarios; entonces, yo creo en la buena fe, en la medida en que la realidad se corresponda con ella, hasta hoy no lo he visto.

Y finalmente, la responsabilidad suprema del Congreso, de ser el órgano de discusión por excelencia, para la modernización de la legislación laboral del país. Se ha dicho mucho que la Constitución de la República se ha reformado hasta el cansancio, en tanto que la Ley Federal del Trabajo permanece intocable; y esta segunda afirmación quizá no sea cierta, lo que pasa es que se ha legislado sin el Congreso.

Las resoluciones del Poder Judicial, que vienen interpretando diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, han hecho cambios legislativos que el Congreso, por las razones políticas que se desee, no se han atrevido o no han podido hacer; si el Congreso no legisla, seguirá interpretando la ley el Poder Judicial, y peor aún, si la Cámara de Diputados no legisla, el Senado ratificando acuerdos, tratados y convenciones internacionales, podrá hacerlo sin necesidad de la intervención de los diputados.

Por eso mi respetuoso llamado, señores diputados, a trascender diferencias, a encontrar consensos y a construir las bases del nuevo sindicalismo y de la nueva relación laboral que reclama el México del futuro.

¡Muchas gracias! (Aplausos).

El Presidente Eloy Cantú Segovia:

Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados; señoras y señores invitados.

Permítanme en nombre de las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados, expresar nuestra sincera gratitud al ciudadano Secretario de Trabajo y Previsión Social, licenciado Mariano Palacios Alcocer, por haber aceptado la invitación que le formulamos, y con su presencia el día de hoy entre nosotros, definitivamente haber contribuido al objetivo... a alcanzar el objetivo que nos habíamos formulado, y es, profundizar en el análisis del VI Informe del ciudadano Presidente de la República en la materia de su competencia.

Yo estoy convencido de que este diálogo republicano que hemos tenido, es un claro ejemplo de lo que nuestra Constitución prevé y de lo que la sociedad mexicana espera: Un diálogo corresponsable entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Un diálogo fincado en un respeto mutuo - y aquí predominó el respeto-; un diálogo fincado en buscar cómo cada poder, desde sus respectivos ámbitos de competencia, puede cumplir cabalmente con sus atribuciones, y estoy convencido que aquí predominó este ánimo.

Ha sido un diálogo muy fructífero y yo quiero agradecerle al ciudadano Secretario que además, haya manifestado, hecho explícita su disposición a profundizar y a ampliar este diálogo más allá de las limitaciones que el actual formato que tenemos permite, en las próximas semanas.

Yo estoy seguro que más de una ciudadana diputada, o ciudadano diputado, buscarán en su oportunidad, para ir más a fondo en los temas que aquí se han abordado y reitero nuestra gratitud por esa disposición.

Ciertamente el tema que nos ocupa es un tema muy sensible; es un tema que se asocia con valores fundamentales, primero porque se trata del hombre, del trabajo, del valor del trabajo de una persona, del ser humano; de cómo protegerlo, cómo darle seguridad, cómo darle una remuneración justa. En fin, son temas verdaderamente sensibles, porque estoy seguro, todos nosotros compartimos la idea de que el hombre debe ser el fin y nunca el medio.

Y es un tema difícil porque es difícil ese equilibrio y esa armonía entre el capital y el trabajo; y porque es un tema en donde los fenómenos económicos inciden frecuentemente de manera negativa en países como el nuestro.

Es un tema en el cual, evidentemente, surge muy clara la convicción de que en el Derecho -ciertas ramas del Derecho-, se hicieron no para proteger al débil, sino para detener al poderoso; y en este caso resulta muy frecuentemente, evidente.

Y, hablando del poderoso, recuerdo un pensamiento de Pascal que decía: "... se hizo justo al poderoso, porque no se pudo hacer poderoso al justo"; y ésta es la misión de los políticos: Lograr que el justo sea poderoso; que justicia y poder, justicia y fuerza sea un binomio indisoluble.

Y en eso estaremos sin duda pensando en esta Legislatura cuando busquemos fortalecer nuestras coincidencias, que aquí se dieron múltiples de ellas; y respetar nuestras diferencias, y ojalá, disminuirlas. Yo creo que este país es lo que reclama.

Muchas coincidencias muy claras, por ejemplo, hay cosas que habrá que construir; esa transformación de las juntas federales de trabajo hacia... pasarlas hacia el Poder Judicial de la federación; dejar de que sean organismos jurisdiccionales de naturaleza administrativa.

Se dieron coincidencias en muchos temas; obviamente, el reconocimiento a la imperiosa necesidad de elevar el ingreso real de los trabajadores; una asignatura pendiente -como le llamó el señor Secretario- y varios de los diputados que participaron; erradicar la discriminación de la mujer la equidad de género; eliminar los topes salariales; más libertad en las negociaciones... ¡en fin!, la eliminación de la requisa y muchos otros temas y, por supuesto, el absoluto respeto ala vida interna de los sindicatos.

Yo quisiera decirle al señor Secretario, que estoy convencido que esta Legislatura asumirá plenamente su responsabilidad para no ser excluida por la vertiente de la Suprema Corte de Justicia, a través de la jurisprudencia o a través de los acuerdos internacionales y que buscaremos estar a la altura de lo que nuestra Patria y nuestro país espera de nosotros, para saber construir los acuerdos parlamentarios que nos den la legislación laboral que logre la justicia para los trabajadores, y el progreso económico para las comunidades de trabajo, empresas o cualquiera que ésta sea.

¡Vamos todos en el mismo barco, y vamos a trabajar en ese sentido! Una vez más, ¡muchas gracias por su presencia! (Aplausos).

De conformidad con lo que establece el artículo séptimo, numeral cinco de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta reunión será remitida al ciudadano Presidente de la República, para su conocimiento.

Agradecemos a todos su asistencia, y a la Comisión designada, se sirva acompañar al ciudadano Secretario cuando decida abandonar el salón.