Comparecencia del Secretario de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo, Francisco Javier Barrio Terrazas, correspondiente al
Segundo Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada

Instalación de la Mesa
Manuel Galán Jiménez

Presentación
Francisco Javier Barrio Terrazas

FIJAN LA POSICIÓN GENERAL DE SU GRUPO PARLAMENTARIO, LOS DIPUTADOS:

José Manuel del Río Virgen , Convergencia por la Democracia
José Narro Céspedes, Partido del Trabajo
José Antonio Arévalo González, Partido Verde Ecologista de México
Hortensia Aragón Castillo, Partido de la Revolución Democrática
Francisco Blake Mora, Partido Acción Nacional
Felipe Solís Acero, Partido Revolucionario Institucional

PRIMER TURNO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: José Narro Céspedes, Partido del Trabajo
Respuesta: Francisco Javier Barrio Terrazas
Réplica: José Narro Céspedes, Partido del Trabajo

Pregunta: José Antonio Arévalo González, Partido Verde Ecologista de México
Respuesta: Francisco Javier Barrio Terrazas
Réplica: JoséAntonio Arévalo González, Partido Verde Ecologista de México

Pregunta: Rosalinda López Hernández, Partido de la Revolución Democrática
Respuesta: Francisco Javier Barrio Terrazas
Réplica: Rosalinda López Hernández, Partido de la Revolución Democrática

Pregunta: Humberto Muñoz Vargas, Partido Acción Nacional
Respuesta: Francisco Javier Barrio Terrazas
Réplica: Amado Olvera Castillo, Partido Acción Nacional

Pregunta: Florentino Castro López, Partido Revolucionario Institucional
Respuesta: Francisco Javier Barrio Terrazas
Réplica: Víctor Roberto Infante González, Partido Revolucionario Institucional

SEGUNDO TURNO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Miguel Barbosa Huerta, Partido de la Revolución Democrática
Respuesta: Francisco Javier Barrio Terrazas
Réplica: Miguel Barbosa Huerta, Partido de la Revolución Democrática

Pregunta: María Teresa Gómez Mont, Partido Acción Nacional
Respuesta: Francisco Javier Barrio Terrazas
Réplica: Abel Cuevas Melo, Partido Acción Nacional

Pregunta: Policarpo Infante Fierro, Partido Revolucionario Institucional
Respuesta: Francisco Javier Barrio Terrazas
Réplica: Roberto Zavala Echavarria, Partido Revolucionario Institucional

COMENTARIOS FINALES
Francisco Javier Barrio Terrazas

MENSAJE INSTITUCIONAL









13 DE SEPTIEMBRE DE 2002

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO, CONTADOR FRANCISCO JAVIER BARRIO TERRAZAS

El Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, diputado Manuel Galán Jiménez:

Se informa que han registrado su asistencia en las Comisiones de Gobernación y de Vigilancia un total de 17 y 14 ciudadanos diputados, por lo que hay quórum, ya que en la de Gobernación tienen tres vacantes.

(A las 10:30 horas) Se abre la sesión.

Solicitaría a los diputados que fueron a recibir al señor Secretario Francisco Barrio le informen que puede pasar al presídium.

(El Secretario de la Secodam pasa al presídium)

De conformidad con el artículo 7º numeral cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos comparece el Contador Público Francisco Javier Barrio Terrazas, Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, invitado a esta reunión de las Comisiones de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación y de Gobernación y Seguridad Pública, en la que se llevará a cabo el análisis del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, en el tema de su competencia.

Diputado Eric Villanueva,

Vicepresidente de la mesa directiva;

Diputado Armando Salinas Torre,

Presidente de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública;

Compañeras y compañeros Diputados;

Contador Público Francisco Barrio Terrazas, Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo:

A nombre de los integrantes de las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación le doy la más cordial bienvenida. El Informe que el Ejecutivo Federal rinde ante el Congreso permite a la sociedad conocer desde la perspectiva gubernamental la situación que tiene el país política, económica y socialmente. Pero en una sociedad diversa y crítica como es la nuestra, en la cual existen y conviven institucionalmente fuerzas políticas con visiones distintas e incluso contrapuestas,

la rendición del Informe del Ejecutivo es también un espacio para la expresión de las alternativas que los diversos partidos tienen sobre cada una de las áreas que conforman la administración pública federal.

En efecto, el análisis crítico, la ponderación reflexiva del Informe de Gobierno por parte del Congreso de la Unión, alienta la discusión no solo sobre lo realizado por el gobierno en un año sino también la discusión sobre los caminos que el país debe de seguir. Por ello, a pesar de las limitaciones que el informe anual del Ejecutivo tiene, éste sigue siendo un ejercicio que permite al gobierno expresar su particular visión sobre el desarrollo del país y a los legisladores y a la opinión pública hacer un balance y expresar sus perspectivas de futuro.

La crítica política es un elemento esencial del sistema democrático y la única forma de que el ejercicio del poder político tenga como contrapeso a fuerzas organizadas que a partir de principios y programas propios presentan a la sociedad alternativas a la gestión gubernamental. De esta manera el gobierno está, además de acotado por las normas, sujeto a la crítica y a las propuestas alternativas de actores políticos que representan visiones diferentes y en ocasiones encontradas de quienes ejercen el poder.

La discusión sobre la forma en que se conduce la administración del Estado Mexicano es una acción saludable, que permite a los actores políticos y a la sociedad en su conjunto discutir y construir el futuro de la nación.

Señor Secretario Francisco Barrio: El análisis del informe de la Secretaría de la Contraloría tiene especial relevancia, porque del adecuado funcionamiento de la administración pública federal depende no sólo la organización política del país sino del conjunto de las actividades productivas.

Sin una administración que funcione bajo el imperio de la ley, sin una administración en la cual sus miembros tengan vocación de servicio, sin esquemas administrativos que faciliten a la población cumplir con sus obligaciones y realizar sus legítimos intereses, el desarrollo del país se estanca y las actividades de los agentes económicos y de la comunidad deben transcurrir fuera de la ley.

De ahí la importancia que tiene para la representación popular analizar lo realizado por la actual administración en materia de control y desarrollo administrativo.

Señor Secretario: El formato que regirá esta comparecencia y que fue aprobado por todos los grupos parlamentarios el 3 del presente, es el siguiente:

En primer término usted, señor Secretario, expondrá el estado de su respectivo ramo hasta por quince minutos. Posteriormente un representante de cada grupo parlamentario hablará hasta por diez minutos para establecer la posición del grupo respecto del tema.

A continuación se dará inicio a dos rondas de preguntas y réplicas de la forma siguiente. Cada grupo parlamentario planteará una pregunta en un tiempo no mayor de tres minutos. El señor Secretario responderá a cada pregunta lo conducente durante un lapso que no excederá de cinco minutos. El grupo parlamentario en turno tendrá derecho a una réplica de hasta tres minutos.

El orden de intervención de los diputados, tanto para el posicionamiento como para las preguntas y réplicas, será de manera ascendente, de acuerdo al número de integrantes de cada grupo parlamentario.

Concluida la etapa de preguntas, respuestas y réplicas, el Secretario dirigirá un mensaje final de hasta ocho minutos.

Finalmente, el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, concluirá la comparecencia con un mensaje institucional de no más de cinco minutos.

Quiero informarles también que conduciré esta comparecencia hasta el posicionamiento de los grupos parlamentarios y posteriormente será el diputado Armando Salinas Torre quien dirija la reunión.

Tiene la palabra el señor Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hasta por quince minutos.

El Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo
C.P. Francisco Javier Barrio Terrazas:

Con su permiso señores diputados Manuel Galán Jiménez y Armando Salinas Torre, Presidentes de las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Gobernación y Seguridad Pública; con su permiso señoras y señores legisladores.

El diálogo, el debate y la cooperación entre los poderes y entre las diferentes fuerzas políticas, son valores esenciales de la nueva democracia mexicana. Con esa convicción reitero mi respeto a este Honorable Poder Legislativo y comparezco ante ustedes con la plena disposición de atender a sus estimables planteamientos respecto al trabajo de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo a mi cargo.

En esa responsabilidad nos ha inspirado la idea de que la transparencia, el combate a la corrupción y la lucha contra la impunidad son elementos cruciales para desarrollar un buen gobierno, enriquecer la vida democrática y mejorar la convivencia social.

La corrupción, que permite que unos cuantos se apropien de manera ilegítima de una buena parte de la riqueza que la sociedad produce, que lesiona la confianza en la política y en las instituciones públicas y que atenta contra las buenas relaciones entre la sociedad y sus gobiernos, llegó a ser un problema tan arraigado y de consecuencias tan graves para el país, que hoy por hoy existe una legítima y muy extendida demanda de la sociedad para que se le combata con decisión y eficacia.

Es por ello que el Presidente Fox ha asumido el combate a la corrupción como una prioridad de su gobierno y ha puesto a la transparencia la ética y la rendición de cuentas como ejes y metas de su gestión.

Por eso, desde el primer día nos dimos a la tarea de desarrollar y poner en marcha un Programa Nacional Anticorrupción, en el que se incluye una vertiente preventiva que busca evitar las prácticas ilícitas, una vertiente de participación de la sociedad a la cual necesitamos y mucho en este esfuerzo y a la cual convocamos desde esta Alta Tribuna para que se sume de lleno en el rechazo decidido, frontal y sin reservas al maligno cáncer de la corrupción.

Y finalmente, la vertiente de las sanciones, con diversos procesos y tareas para detectar y castigar las prácticas corruptas.

El Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia, así concebido, presenta a la fecha avances concretos, destaco algunos de ellos.

Por primera vez, México tiene una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que el Honorable Congreso de la Unión aprobó por unanimidad en ambas cámaras y que garantiza el acceso de toda persona a la información pública, con excepción de aquella que se clasifique como estratégica o confidencial o que contenga datos personales de ciudadanos.

Así mismo, este Congreso aprobó reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos dándonos mayores elementos para prevenir, corregir y sancionar conductas ilícitas y promover valores éticos en la función pública.

Se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para otorgar a la Secodadm la facultad para conducir la política general del Poder Ejecutivo en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.

Se publicó el Acuerdo Presidencial que crea el Programa Nacional Anticorrupción, se instaló la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, misma que ha sesionado en siete ocasiones; se crearon los grupos de trabajo y se elaboraron los programas operativos para la transparencia y el combate a la corrupción en 148 dependencias y entidades, atacando 717 áreas críticas de corrupción a través de dos mil 771 acciones de mejora.

Se puso en operación la nueva versión de Declaranet, que obliga a presentar la Declaración Patrimonial por Internet, validándola con firma electrónica.

Se tienen acuerdos de colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción con más de 20 entidades federativas. Durante el presente año se realizaron 4 mil 817 auditorías o intervenciones de control con un costo estimado de 2 mil 038 millones de pesos y una recuperación de 3 mil 953 millones de pesos.

Repito, un costo estimado de 2 mil 038 millones de pesos y una recuperación de 3 mil 953 millones de pesos, lo que da una relación de costo-beneficio de 1.9 veces.

De un total de 178 disposiciones normativas identificadas en materia de servicios personales y de presupuesto, se mejoraron 7 y se eliminaron 60. En lo que va del año, se ha capacitado a más de 8 mil personas en materia de adquisiciones y obra pública, cifra superior en 270 por ciento a la del mismo periodo de la del año anterior.

Se capacitó además a 3 mil 770 servidores públicos estatales en auditoría, normatividad y contraloría social. En lo que va de la presente administración, los órganos internos de control nos reportan haber presentado 235 denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos.

En el área central de la Secretaría, se han presentando 59 denuncias penales. De éstas, 40 se encuentran en trámite de integración de la averiguación previa y 19 han sido consignadas, involucrando a 130 personas, entre servidores públicos y particulares.

De esas 130 órdenes de aprehensión solicitadas, los jueces han obsequiado 91. Y han dictado la formal prisión a 56 involucrados. Las 39 órdenes de aprehensión que han sido negadas, todas se han apelado, por lo que se encuentran en procesos en Tribunales de alzada.

En los últimos 12 meses se han inhabilitado 7 mil 817 servidores públicos. Se ha suspendido a 2 mil 426; destituido del cargo a 2 mil 826; amonestado a 2 mil 753 y apercibido a 419.

Se han impuesto además, 2 mil 784 sanciones económicas.

Adelantándonos a lo que señala la Ley Federal de Transparencia, las principales dependencias y entidades de la Administración Pública Federal ya difunden 13 rubros de información de los que la ley señala como obligatorios.

Se estableció la práctica de que los actos licitatorios sean abiertos a la presencia de observadores sociales. Se habilitaron 305 oficinas de compras de todo el gobierno para recibir licitaciones electrónicas. Se promovió la elaboración de diversos índices de percepción sobre los niveles de corrupción en el país.

Se eliminó el 68 por ciento de los informes que la Secodam solicitaba tradicionalmente a las dependencias y entidades del gobierno federal, lo que implica liberar de alrededor de 900 entregas de reportes por año a cada institución.

Se puso en operación el sistema de trámites electrónicos gubernamentales, Tramitanet, que actualmente opera con 18 trámites y que ya recibe más de 4 mil visitas diarias de usuarios. Se han recuperado diversos inmuebles federales, entre los que destaca uno de 24 mil 400 metros cuadrados ubicado en la Avenida Constituyentes de esta ciudad, a un costado de las antiguas oficinas de la SEDESOL.

Se han celebrado y se mantienen vigentes más de 30 acuerdos de transparencia con diversas instituciones. Entre los más fructíferos pueden mencionarse los celebrados con el Tecnológico de Monterrey, Transparencia Mexicana, la CONACAMIN, la UNAM, la Revista Expansión y la Barra Mexicana de Abogados.

Se promovió la firma de diversos pactos de integridad, entre los que destacan los realizados con la Comisión Federal de Electricidad sobre licitaciones de obra pública y contratación de seguros, y con la Aseguradora Hidalgo con motivo de su desincorporación y venta.

Se firmó y se mantiene vigente un convenio de cooperación técnica e intercambio de información con la Auditoría Superior de la Federación.

Señoras y señores legisladores: Una reflexión final.

Los 20 países con menores niveles de corrupción en el mundo son al mismo tiempo los 20 que le ofrecen a su población los mejores niveles de vida, mientras que los 50 más pobres son en términos generales los más corruptos. Queda claro pues, que la transparencia y la ética en la vida pública no solamente son indispensables para que florezca la vida democrática, sino también para que los mexicanos y las mexicanas podamos disfrutar de mayores niveles de bienestar en todos los órdenes.

Ganarle la batalla a la impunidad y a la corrupción no puede ser por lo tanto una asignatura opcional, es, por el contrario, una condición obligada para tener un país donde el crecimiento económico pueda ser acelerado y sostenido y la gente, nuestra gente, pueda aspirar a un futuro mejor. Ganarle la batalla a la impunidad y a la corrupción es por lo mismo una aspiración de millones y millones de mexicanos de todas las ideologías y de todos los partido; es una exigencia de la sociedad que votó por un cambio, pero sobre todo dar la batalla a la impunidad y a la corrupción es una obligación que la ley nos impone. Por eso estamos decididos a perseverar en este noble propósito, sin importarnos las dificultades, los riesgos y los costos personales en los que hubiera que incurrir.

Estoy a sus estimables órdenes, señoras y señores legisladores, para abundar y comentar sobre lo que ustedes estimen conveniente en relación con nuestra responsabilidad pública.

Muchísimas gracias.

El Presidente:

Están inscritos para fijar la posición de su partido o de su grupo parlamentario, los siguientes ciudadanos diputados:

Diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia Democrática

Diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo

Diputado José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista

Diputada Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática

Diputado Francisco Blake Mora, del Partido Acción Nacional, y

Diputado Felipe Solís Acero, del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra hasta por diez minutos, el diputado del Río Virgen. 

El diputado José Manuel del Río Virgen:

Señor Vicepresidente, Eric Villanueva, bienvenido; señores Presidentes, Manuel Galán, diputado Armando Salinas; señor Secretario, bienvenido.

Señor Secretario, antes de legislador soy un mexicano común y corriente que cree en lo que usted dice. Sin embargo con todo y lo que nos viene a comentar aquí en su informe, tenemos el lugar 57 de acuerdo con algunas calificaciones que hay en corrupción.

No comparto con usted el criterio que entre más pobres más corruptos. No comparto que este país tiene 60 millones de pobres y no han sido 60 millones de pobres los que han lastimado a la nación, no lo comparto y ojalá y usted esté de acuerdo conmigo.

Señor Secretario, en México se ha iniciado una nueva metodología para medir el grado de cumplimiento de las responsabilidades que tienen las entidades del sector público y las acciones de los servidores públicos. Entiendo que esto implica un nuevo sistema de auditorías que se llama "de desempeño", es una nueva moda, es lo que usted nos trae recientemente.

¿Cuál es el alcance de este nuevo sistema de medición? ¿Cómo funciona y cómo nos puede propiciar que el dinero que el pueblo le da a las entidades del sector público, esté bien gastado?

Existe la acusación, señor Secretario, y la sospecha de que la Secretaría a su digno cargo, que forma parte integral del Ejecutivo porque la Auditoría Superior de la Federación es un órgano del Congreso Mexicano. Algunos dicen, la gran mayoría de este país dicen: "que su dependencia se está usando para doblegar a los enemigos políticos del régimen". Es una sospecha-acusación muy seria, señor Secretario, que debilita la credibilidad de ese órgano central de vigilancia y control a su cargo.

Mi pregunta sería: ¿Qué piensa hacer usted para que ante el poder que detenta por sus funciones fiscalizadoras, la Secretaría, no caiga en el descrédito y o crezca la imagen que se presta usted a ser el operador de las persecuciones políticas?

Señor Secretario, después de casi dos años de gestión ¿qué se ha logrado en la reducción del desperdicio en el sector público, en la elevación de la calidad de los servicios que la ciudadanía demanda de su gobierno y en la reducción de la corrupción hacia adentro del sector público, que fue una de las ofertas más sonadas del señor Presidente de la República durante su campaña?

Señor Secretario, usted nos señaló en su informe, hace unos minutos, que tienen una recuperación de 3 mil 500 millones de pesos. Hay la percepción en la sociedad, en una parte de la sociedad que muchos de esos recursos se están utilizando para remodelar oficinas en el paseo de la reforma, se están utilizando básicamente para darle comodidades, grandes comodidades a los Secretarios de Estados y a los servidores del señor Presidente de la República.

Señor Secretario, hay otra pregunta que me han hecho los electores, que me han hecho en Veracruz y en el Estado de México básicamente. Me preguntan ¿qué pasó con aquél asunto de las toallas caras? Me dicen: ¿qué se hizo, a quién se castigó, cuáles son las sanciones que se impusieron y qué se recuperó? Porque en la sociedad sigue perneando la imagen de que no se hizo nada, incluso algunos me han dicho que quienes estaban en esa oficina vienen acompañando al señor Presidente de la República a los informes de gobierno.

Señor Secretario, nosotros, un grupo de legisladores en la Comisión Permanente del Congreso -pasada- solicitamos que se auditara al municipio de Oaxaca de Juárez, solicitamos, aunque el alcalde tiene apenas seis meses de haber llegado, pedimos que se auditara completamente todo el ayuntamiento.

Pero también, señor Secretario, nosotros le queremos pedir a usted, que sea capaz, de acuerdo con las funciones que tiene, jurídicas, de auditar todos, absolutamente todos los fondos del ramo 33, del programa de PROGRESA, del programa de oportunidades ahora, que se auditen todos los fondos federales en el estado de Oaxaca, absolutamente todos, incluso le voy a entregar un documento donde le hago una solicitud perfectamente planteada para que pueda usted operar porque la Contraloría de SEDESOL no ha hecho este trabajo.

Señor Secretario, y esto es también para mis compañeros legisladores. Efectivamente en el Congreso tenemos la seguridad de que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información abre grandes posibilidades, para que los ciudadanos estén bien informados.

A algunos les gusta, hay otros grupos de personas que no les gusta esta ley en el país, convoco entonces a mis compañeros legisladores y al Ejecutivo federal, para que las leyes de acceso a la información que se den en los estados de la república mexicana, no tengan algunos de los vicios que tiene esta ley federal, y que podamos impulsarla en los estados, para tener todo un sistema integral de información, que no solamente nos permita tener la información del gobierno federal sino también de estados y municipios.

Señor Secretario por sus respuestas le agradezco mucho, y le voy a entregar los documentos que traigo para que me haga favor, de acuerdo con el Artículo 8º. Constitucional, darme respuesta también por escrito. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias diputado del Río Virgen.

Tiene la palabra hasta por diez minutos el diputado José Narro Céspedes. 

El diputado José Narro Céspedes:

Con la venia de la presidencia. Señor Francisco Barrio Terrazas, Secretario de la Contraloría Administrativa. Compañeras y compañeros diputados. El sistema de control y evaluación de la administración pública federal, pasa por sus peores momentos, el cambio que prometió el presidente Fox de cuidar de manera escrupulosa y transparente los recursos públicos, se convirtió en una promesa más.

La corrupción sigue permeando todas las esferas de la administración pública federal, Señor Secretario, usted mismo ha reconocido la gravedad de la corrupción que impera en nuestra nación, palabras más, palabras menos, usted ha hablado de las cifras de 50 mil millones de dolares al año, que se van producto de la corrupción en el gobierno aquí en nuestro país.

Con este dato queda fehacientemente demostrado que hasta el día de hoy, el gobierno federal no tiene una estrategia clara de cómo enfrentar, este lacerante cáncer que tanto daña el patrimonio gubernamental.

Por el contrario, la política de filtración a los medios y las amenazas de castigar a peces gordos y pecesillos de color caribeño, se ha convertido en una estrategia mediática y publicitaria, que no ha tenido resultados reales, porque esos peces gordos se siguen riendo del gobierno y de los encargados de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, que esta Cámara aprueba para los diversos ramos de la administración pública federal.

La organización no gubernamental Transparencia Internacional, acaba de situar a México en el lugar número 57, cuando ocupábamos el lugar 53 en materia de corrupción. Este dato posiblemente no signifique nada para los gobernantes actuales, sin embargo, para los bolsillos de los contribuyentes de este país, implica transferir recursos de su patrimonio a favor de servidores públicos corruptos.

Pero es más, este lugar asignado a México, significa reconocer que en nuestra nación la cultura de la corrupción es parte consustancial de muchos servidores públicos, y que la actividad política es un poderoso medio para enriquecerse en poco tiempo.

Por esa razón, el pueblo mexicano no cree en las instituciones públicas y las tiene caracterizadas como corruptas y engorrosas en materia de trámites administrativos, la cultura del "entre" sigue vigente, señor Secretario. Las amenazas y las bravocunadas no han terminado con ella, por el contrario, los servidores públicos acusados de actos de corrupción han encontrado en esta estrategia a su mejor aliada, saben de antemano que las leyes en materia de control y fiscalización les favorecen, fueron hechas para privilegiar a los delincuentes de cuello blanco.

Por otra parte, señor Secretario, el manejo de los recursos públicos de nuestro país se sigue haciendo en forma discrecional; para nadie es desconocido que en materia de obra pública, al igual que en el pasado reciente, las irregularidades para otorgar contratos directos son licitación, pago de obras sin que éstas hayan sido entregadas, obras injustificadas entre otras, continúan siendo una práctica común en el ámbito de la administración actual.

En materia de adquisiciones tenemos entre otras irregularidades la carencia de normatividad y de criterios homogéneos para la adjudicación de contratos; las compras innecesarias entre las que recordamos el "toalla-gate" siguen como un vicio recurrente. Asimismo no encontramos en su informe de labores ningún resultado sustancial que nos haga creer que la función que tiene asignada la SECODAM en materia de control de los recursos públicos, sea relevante para justificar el considerable monto de presupuesto que le aprobó la Cámara de Diputados para el presente ejercicio presupuestal.

El propio Ejecutivo Federal habló y comentó de que el presupuesto para la SECODAM era de los más bajos y más "eficientes" cuando señaló un presupuesto de mil 280 millones de pesos; pero esto se dijo sin considerar el presupuesto que tienen todas las demás secretarías, con las que se les cubre el salario y el presupuesto también a todas las contralorías que de alguna forma dependen también de usted y que significan un presupuesto por encima de los 4 mil millones de pesos.

Por ello y porque las funciones de esta dependencia se duplican con las de la Auditoría Superior de la Federación, nuestro grupo parlamentario se pronuncia porque desaparezca la SECODAM, en un proceso de transición, toda vez que su objetivo original de ser un órgano preventivo de control y evaluación para la correcta aplicación de los recursos públicos no se ha cumplido; además de que se ha convertido en un "elefante blanco" que significa únicamente tirar dinero a la basura.

Con estos recursos que ahorraría la administración pública bien podrían construirse escuelas, dotar de medicamentos a nuestros hospitales públicos, en lugar de sostener un organismo que se ha dedicado más a fines electoreros y partidistas que a cuidar los criterios del pueblo.

En este contexto debemos señalar que las observaciones y recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación, en su momento por la entonces Contaduría Mayor de Hacienda, hicieron como resultado de la revisión de las cuentas públicas de 96 a 99, no han sido solventadas en su totalidad ni se han aplicado las medidas correctivas que se propusieron. La Secretaría a su cargo no está trabajando, señor Secretario.

Por eso nos preguntamos, señor Secretario, ¿por qué esa Secretaría a su cargo no ha tomado las medidas necesarias par solventar las irregularidades? ¿Valdría la pena que los contribuyentes sigan sosteniendo a un órgano de control y evaluación de la administración pública federal que no cumple con sus funciones y objetivos para los cuales fue creado?

En cambio, señor Secretario, en usted vemos una gran vocación de protagonismo político y poca eficacia en el combate a la corrupción. Los peces gordos, sólo aparecen sus nombres en los medios pero en la cárcel no se encuentra hasta este momento ninguno. Mucha alharaca y pocos resultados, es lo que hemos visto en la actuación de la Secretaría a su cargo. Lo que sí hemos comprobado de manera reiterada, es la gran capacidad de amague que tiene la Contraloría hacia sus enemigos políticos.

Es importante que la tarea de fiscalización se mantenga como una responsabilidad al margen de la politización de la vida política nacional. Tenemos que en el pasado las tareas de la Contraloría eran usadas como un mecanismo de ajuste de cuentas entre los grupos políticos de nuestro país; no pensamos que esa es la tarea, que debe ser la tarea de la actual Contraloría. Debe de ser una función que debe estar al margen de la politización, de la vida política nacional, debe ser una responsabilidad que se desempeñe con total imparcialidad en la vida política de nuestro país.

Creo que este ajuste de cuentas que se venían haciendo a través de la Contraloría en muchos casos, debe ser parte de la vida del pasado, aunque también debemos de aplicar las leyes de fiscalización para actuar en contra de la corrupción del pasado pero también del presente.

El caso del PEMEXGATE fue actualizado por usted y por el gobierno foxista como un elemento de chantaje y de negociación ante las embestidas del PRI contra el PAN por el caso de los amigos de Fox.

Caso que primeramente fue filtrado y ventilado en los medios sin que existiera coordinación por parte de su dependencia con la Procuraduría General de la República, ya que ambas instancias manejaban información diferente como se constató.

La opinión de la sociedad mexicana sobre este escándalo iba más en el sentido de que se trataba de un ajuste de cuentas entre dicho partidos más que de un combate a la corrupción y a la impunidad. Y más aún, lo que parece es un acto preliminar al proceso electoral del 2003 en el que usted antes que nada está utilizando a la SECODAM como una agencia al servicio de su partido.

Y qué decir de su actuación en los comicios de Ciudad Juárez, señor Secretario. Todo esto cuestiona seriamente su investidura y cuestiona también la divisa de este gobierno de ser un gobierno del cambio en este importante aspecto.

Señor Secretario, hemos leído con detenimiento el segundo informe de actividades del despacho a su cargo. No hemos encontrado resultados que nos hagan creer que este gobierno haya avanzado en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Lo que encontramos más bien es un programa de gobierno que en dos años no ha logrado aterrizar.

Y esto en el contexto de la gigantesca magnitud que tiene la corrupción en nuestro país, sí es un hecho sumamente preocupante que la SECODAM no esté cumpliendo con eficiencia y con eficacia como lo dice la Constitución, las funciones que tiene asignadas de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Es cuanto señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente.

Gracias diputado.

Tiene la palabra hasta por 10 minutos el diputado José Antonio Arévalo González.

El diputado José Antonio Arévalo González:

Vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados; presidentes de las Comisiones de Vigilancia y de Gobernación; señor Secretario Francisco Barrio Terrazas; compañeras y compañeros diputados; señoras y señores:

La corrupción es uno de los mayores retos a vencer para cualquier sistema político democrático de hoy en día. Así como también hacer realidad una adecuada rendición de cuentas.

En México la corrupción reproduce y consolida la desigualdad social y preserva las redes de complicidad. Además perpetúa la ineficiencia de la burocracia y genera formas parásitas de intermediación. Esto conduce a la pérdida de credibilidad en el estado y a la erosión de la legitimidad necesaria para su funcionamiento adecuado.

El llamado "gobierno del cambio" generó muchas expectativas, una de ellas el combate a la corrupción. Los mexicanos esperábamos que por fin alguien se ocupara de vigilar el destino final de los recursos que todos los años pagábamos vía impuestos.

Hoy, a dos años del inicio de su administración la sociedad mexicana está desilusionada. Desde el inicio de su gestión se ha dado lugar a convenios o excepciones en la aplicación de sanciones, por lo que no se podrá tener el efecto deseado y lo peor, la anunciada gran pesca de peces gordos no podrá rendir frutos y la impunidad continuará presente.

No es aceptable que el llamado "gobierno del cambio" que durante los últimos meses ha filtrado o publicado en la prensa mexicana las investigaciones que están en curso sobre presuntos hechos de corrupción, permita al mismo tiempo que los implicados en el financiamiento de su campaña presidencial estén amparados para evitar ser auditados. ¿Ese es el cambio que se prometió?

Por otro lado, con el propósito de distinguirse del pasado y hacer patente su vocación democrática, los funcionarios del actual gobierno han confundido confidencialidad con opacidad; hacen públicos los procesos de toma de decisiones y las discrepancias internas como rasgos de democracia y transparencia.

Sin embargo, el resultado es contrario al esperado. Los procesos de decisión pierden legitimidad, los actores involucrados se desgastan, se obstaculiza la toma de decisiones y se pierde la oportunidad y la contundencia en el ejercicio de autoridad.

Un componente fundamental era la confidencialidad, pues ello era la garantía de que la decisión tomada fuera ejecutada con eficiencia. Si la decisión fuera equivocada o no tuviera los resultados esperados, es un juicio que corresponde a los ciudadanos, y hoy no vemos resultados.

Este ejemplo no es la excepción; el fenómeno se ha reproducido en múltiples ocasiones a lo largo de la presente administración. Nos hemos enterado de las acusaciones en contra de quien fuera director de Banrural, del la investigación de la llamada partida secreta durante el gobierno de Carlos Salinas, y cómo olvidar los supuestos gastos indebidos de la Secretaría de Desarrollo Social, que finalmente resultaron plenamente justificados. Muchas primeras planas efímeras, pocos resultados concretos.

Hemos visto también cuestionamientos sobre presuntos hechos de corrupción al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, a pesar de que atraviesa por una fuerte crisis financiera, no se ha hecho nada para corregir esta situación.

En otro ámbito de su competencia, desde que fue creada la Secodam se ha optado en muchas ocasiones por el camino fácil de prohibir, dificultar y bloquear en aras de acabar con la corrupción, en lugar de enfrentar el más difícil y creativo reto de diseñar medidas que logren el mismo objetivo sin entorpecer la función de quienes trabajan por el país de manera honesta.

Es verdad que los excesos del pasado explican esta actitud, pero al mismo tiempo se genera una miopía en la aplicación de sanciones administrativas que debería también constituir una responsabilidad, ya que los funcionarios de su Secretaría corren el riesgo de obsesionarse con los asuntos menores y descuidar los asuntos que son más importantes debido a los funcionarios o a los recursos económicos o a los materiales involucrados.

Así, el omitir uno de los 10 juegos de copias que exige la normatividad es motivo para que lo vean con cara de ladrón o se haga acreedor a una observación, mientras desperdiciar o desviar cuantiosos montos económicos, materiales y hasta humanos, no es motivo suficiente, en muchas ocasiones, para aplicar castigo alguno. Los incentivos están bien claros.

Necesitamos devolver el poder de corregir estos desperdicios o de generar un uno eficiente del gasto público al funcionario creativo y responsable y empezar a ver el desperdicio y el uso negligente de recursos como una irresponsabilidad seria y sancionable.

Asimismo, sería muy positivo permitir más juicios cualitativos a los funcionarios de alto nivel que toman las decisiones importantes en este país, sin tratarlos por ello como delincuentes.

En cuanto a la transparencia de la información del gobierno, si bien hay avances éstos son aún incompletos. Existe mucho por hacer para lograr una administración más transparente y eficiente y con una mejor rendición de cuentas. Esto se debe hacer sin criterios meramente legalistas que bloquearían aún más la gestión pública.

Finalmente me gustaría recordarle que la alternancia per se no resuelve el problema de transparencia y corrupción. Desde su primer informe de gobierno el presidente Fox dijo textualmente: "La administración pública trabaja hoy en una vitrina que permite al ciudadano y a los medios observar y evaluar todo lo que el gobierno hace y deja de hacer. Rendimos cuentas claras y puntuales de cómo y en qué se gasta el dinero. Hemos actuado con apego al código de ética que protestamos cumplir". Fin de la cita.

Esto no era cierto hace un año y no es cierto hoy y requiere de un gran comprometido esfuerzo para que se haga realidad.

México necesita de instituciones sólidas, capaces de generar en la ciudadanía la confianza para una vida ordenada y productiva.

No podemos permitir que la confusión, las omisiones o la corrupción, sean los fenómenos recurrentes de las políticas públicas. Requerimos de claridad, de transparencia y de participación ciudadana para acercar las tareas del gobierno al mexicano común, para que todos los mexicanos perciban a la autoridad como aliados en su quehacer cotidiano.

Por ello la SECODAM debe convertirse en promotora de la transparencia y de la eficiencia y la mejora continua de los servicios públicos, así como garante de que los recursos del pueblo son recaudados, administrados y aplicados con honestidad, economía y eficacia. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Tiene la palabra hasta por diez minutos, la diputada Aragón Castillo.

La diputada Hortensia Aragón Castillo:

Señor Vicepresidente Eric Villanueva; señores Presidentes de Comisiones; señores diputados, buenos días; señor Francisco Barrio Terrazas, Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, buenos días:

La corrupción consiste en la utilización de las funciones y medios en provecho económico o de otra índole de sus gestores, concepto que se aplica principalmente en las organizaciones públicas, mientras que impunidad, por su parte, significa simplemente falta de castigo.

Entre otras, la palabra impunidad está vinculada con los repetidos actos de policías, quienes son los que con frecuencia cometen abusos que jamás son penalizados, se relaciona también con el financiamiento desproporcionado de campañas electorales para gobernadores y presidentes de la República, como es el caso de Roberto Madrazo, en Tabasco, y ahora la de Francisco Labastida Ochoa y Vicente Fox Quesada. Por supuesto, la impunidad se relaciona también con la exoneración de delincuentes, grandes delincuentes, como el caso de Angel Isidoro Rodríguez, el denominado "El divino", de Gerardo de Provisí, de Carlos Cabal Peniche, y también con la fuga del presunto narcotraficante Joaquín "El Chato" Guzmán.

Con todo ello, subsisten una serie de errores en la integración de las causas, como lo fueron las que propiciaron evitar la sentencia judicial definitiva contra miembros del Cartel de Juárez, quienes ya habían sido condenados por dos instancias judiciales a doce años de prisión por lavado de dinero.

Esta visión nuestra, parece ser ampliamente compartida por el Presidente de la República. Cito sus declaraciones:

"En las cárceles se encuentra una minoría de presuntos delincuentes que no supieron establecer vínculos de complicidad o los pagos necesarios para mantener en libertad, mientras los grandes delincuentes gozan de impunidad que ofende a toda la sociedad".

También dice el Presidente de la República: "Que la policía Judicial tradicionalmente protege y encubre al delito organizado. El Ministerio Público, decide a su arbitrio diligencias y genera ámbito de corrupción".

En México ha habido múltiples denuncias y quejas de torturas, asesinatos, amedrantamientos, impunidad, corrupción, fraude y peculado. Recordemos de la exoneración de funcionarios del IPAB y Bancomext en la acusación de lavado de dinero, cohecho y enriquecimiento ilícito.

Cuando hablamos de violación de derechos humanos, no hay más que recordar a Ericka Zamora y de omisiones, recordemos el caso de Digna Ochoa.

Hablando de omisiones en la aplicación de justicia no podemos dejar de mencionar el caso de las mujeres de ciudad Juárez, donde las autoridades del estado de Chihuahua no realizan los peritajes debidamente, no hacen el levantamiento de cadáveres ni integran expedientes. Y menciono esto porque el caso de las mujeres asesinadas en ciudad Juárez tuvo su origen cuando usted era gobernador del estado de Chihuahua y la impunidad empezó desde ahí.

Hemos conocido del operativo realizado por la Policía Federal Preventiva en el mes de enero del presente año en la gerencia regional de la Comisión Nacional de Aguas para el Valle de México y denuncias de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las cuales se informa que las 19 detenciones iniciales se convirtieron solo en 13 despidos.

Las investigaciones en la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Relaciones Exteriores por la falsificación y uso de cartillas del servicio militar nacional y pasaporte. Hemos conocido de éstas, pero no conocemos los resultados.

La corrupción está vinculada también a hechos como la irregular adquisición de aeronaves para la Policía Federal Preventiva en el sexenio pasado. La aprehensión de David Peñaloza, presidente de la Constructora Tribasa, por un presunto fraude contra Nacional Financiera, que resultó en quebranto de casi 22 millones de dólares para la institución. La resolución que firmó la culpabilidad por fraude de Pablo y Mauricio Madero Obrién contra Nacional Financiera por 87 millones de pesos.

Cuando hablamos de tortura siempre lo involucramos con ilícitos que involucran a funcionarios, lo que nos lleva irremediablemente al caso del crimen de la regidora María de los Angeles Tamez, donde el edil acusado de homicidio deberá responder por los cargos de delincuencia organizada, abuso de autoridad, distorsión y fraude.

No nos detendremos más, pero la historia de México está muy vinculada a los casos de Colosio, Ruiz Massieu, Posadas, entre otros, que nos reflejan la complicidad, incapacidad y desvergüenza en que han estado involucrados las más altas autoridades e instituciones como la PGR, el Ejército Mexicano y la misma Presidencia de la República.

La corrupción, el peculado y los fraudes están íntimamente vinculados con los servidores públicos, con el funcionamiento de la administración, con las instituciones que imparten justicia, con el manejo de los recursos económicos y con la delincuencia organizada, especialmente con el narcotráfico, en donde el tráfico de influencias es la más fuerte y poderosa de las impunidades.

Sin embargo, estos delitos no son comparables con las complicidades que están alrededor de los autopréstamos y quebrantos bancarios, con la absorción de las deudas bancarias que favorecen los ilícitos a través del Fobaproa, de los casos más escandalosos de los préstamos y traslados de dinero de Pemex, el sindicato petrolero y los fraudes de la Comisión Federal de Electricidad recientemente denunciados por el PRD en la Comisión Permanente.

El Presidente Fox en el informe que hoy glosamos plantea combatir la corrupción y la impunidad, al parejo que el combate a la delincuencia organizada la eleva a prioridad nacional, junto con la seguridad pública y procuración de justicia, a través del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Presidencia..., perdón Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo que aquí ya se ha mencionado.

Con todo ello, hasta ahora hemos conocido de medidas cuya efectividad no trasciende los ámbitos de la administración pública y no han afectado los conductos más difíciles de la sociedad como son los sindicatos corporativos, los partidos políticos, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales.

Señor Secretario:

La complicada red de corrupción, tráfico de influencias e impunidad, como sabemos, no se reduce a la toma de medidas administrativas o de modernización, ni siquiera de ética y de regulación que limiten estas prácticas. En México la corrupción es un mal estructural que tiene qué ver con el centralismo, el presidencialismo y el contubernio de las autoridades con los defraudadores.

Recordemos que las riquezas familiares de muchos adinerados mexicanos están perfectamente vinculados con el ejercicio del servicio público o con la representación popular y que la consigna de que todo político pobre es un pobre político, también está vinculada a la construcción de la clase política mexicana, al amparo del erario público.

En vista de todo lo aquí dicho, coincidimos con la reciente evaluación que Transparencia Internacional hiciera sobre el altísimo nivel de corrupción que caracteriza a nuestro país y en el que por supuesto no sólo sale reprobado nuestro país, está reprobado usted señor Secretario.

En mi calidad de diputada federal por el estado de Chihuahua, entidad que vió crecer el narcotráfico, el asesinato de mujeres, el tráfico de armas y de contrabando durante su gestión como gobernador, me preocupa como a muchos ciudadanos del estado y de todo el país, por supuesto, el uso que hace usted de su cargo y de su influencia política para mandar a gentes del CISEN a investigar y perseguir a un luchador social, diputado local y coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso Local, el diputado Héctor Barraza Chávez.

Ningún ciudadano debe ser perseguido por la defensa de sus ideas, sobre todo alguien que con honestidad y de cara a la sociedad la sostiene. Esperamos que esa honestidad, congruencia y transparencia, le sirvan de ejemplo y apegado al código de ética de gobernar que usted instauró en la SECODAM.

Trabaje para lo cual fue contratado señor Secretario, para vigilar el uso de los recursos públicos y denunciar a quienes defraudan a la nación, no para perseguir a luchadores sociales.

Haré entrega de esa petición formal y de otra en este momento. Por sus respuestas y atención, gracias.

(aplausos)

El Presidente:

Gracias diputada.

Tiene la palabra hasta por diez minutos, el diputado Blake Mora.

El diputado José Francisco Blake Mora:

Gracias. Con el permiso de la Presidencia.

Compañeros Legisladores; señor Secretario: La corrupción y la impunidad transgreden el estado de derecho y deterioran las relaciones de los ciudadanos entre sí y de éstos con el gobierno, además de afectar la credibilidad de las instituciones. En los últimos años la corrupción y la impunidad paralelamente han alcanzado cifras que demuestran la gravedad y el agudizamiento de este fenómeno.

Acción Nacional ha demostrado de manera ininterrumpida su compromiso con la legalidad, la transparencia y el correcto ejercicio del cargo público. El PAN exige a todos los funcionarios públicos, en especial a los emanados de sus filas, el recto ejercicio de una de las tareas más nobles de la persona humana: utilizar el poder público para beneficio de la sociedad.

No aceptamos, ni ahora ni nunca, que aquellas personas obligadas a servir al interés público aprovechen su cargo para satisfacer intereses personales. Acción Nacional no busca revanchas partidistas ni cacería de brujas; no identifica la corrupción y la ilegalidad con determinada pertenencia política, pero tampoco está dispuesto a solapar por acción u omisión a todo aquel individuo que se aparte del correcto ejercicio de la función política que le fue encomendada.

Los mexicanos trabajamos muy intensamente durante muchos años para obtener la oportunidad que hoy tenemos en puerta, la de un México distinto y no vamos a permitir que unos cuantos individuos aferrados a vivir en el pasado contribuyan a desmoronar la obra de toda una nación, los Legisladores estamos convencidos de la necesidad de oír, dialogar y negociar con todos aquellos que tengan voluntad para ello, pero también estamos convencidos de que ese diálogo y esa negociación sólo es posible dentro del marco de la Ley.

El apego a la legalidad es propio de nuestra realidad, tan es así, que nuestros principios de doctrina destacan la importancia del estado de derecho, sólo un estado que sea verdaderamente democrático y proceda con sincero apego a los principios más altos del Derecho, puede tener la necesaria plenitud de autoridad sin ser tiránicos; ejercer ampliamente sus facultades de gestión sin ser opresor y cumplir su inexcusable deber de justicia sin ser subversivo.

La corrupción ha sido tolerada en la gestión gubernamental y corroído el sentido ético de muchos servidores públicos, todos somos responsables de abatir la corrupción y preservar nuestro estado de derecho pero, sobre todo, aquellos que tenemos la responsabilidad en el Gobierno y la obligación ante los ciudadanos.

La sociedad está cansada de que no se exija responsabilidad de aquellos funcionarios que han defraudado a la nación, en muchos de los casos ni siquiera son objeto de denuncia y en otros, las denuncias no prosperan por las deficiencias en la Legislación que es obsoleta.

Por respeto y congruencia con los millones de mexicanos que votaron por un cambio de fondo en la ruta crítica del país, además por convicción propia no dejaremos de impulsar, apoyar e incentivar todo esfuerzo legítimo y legal para combatir y castigar este terrible mal tan profundamente arraigado en las estructuras administrativas y políticas del Gobierno Mexicano.

NO abdicaremos de nuestra responsabilidad frente a las cuentas pendientes que a determinados individuos tienen con el estado de Derecho y la sociedad, actuaremos con firmeza, objetividad y transparencia en la aplicación de la ley en lo que a nuestras atribuciones se refiere.

A este respecto cabe señalar que si bien es cierto que a la luz de los nuevos tiempos democráticos en que vive México, la corresponsabilidad de los Poderes del Estado es factor común a las grandes decisiones políticas, también es verdad que cada uno de estos Poderes tiene funciones específicas y desempeña papeles determinados en la conducción de los procesos políticos, tal es el caso de la intervención del Congreso de la Unión en lo referente a la Declaración de Procedencia y Juicios Políticos; a propósito, en los que la Procuraduría General ha solicitado a esta Honorable Soberanía que entable juicios de procedencia contra funcionarios involucrados en el asunto PEMEX, intervención procesal que se circunscribe únicamente a facilitar la acción e indagación del órgano jurisdiccional sin pronunciarse en ningún momento a favor o en contra de la culpabilidad o inocencia de las personas sujetas a proceso.

Es oportuno expresar desde esta tribuna un mensaje claro, a todo aquel funcionario público que se aparte del estricto cumplimiento y observancia de las normas jurídicas enmarcadas en su labor.

El grupo parlamentario del PAN no acepta ni tolera toda aquella negociación que signifique dejar de aplicar la ley.

En un país democrático, vivir en un estado de derecho implica aceptar y respetar una Constitución que al mismo tiempo sea pináculo y base del ordenamiento jurídico; implica que nada ni nadie esté por encima de la norma fundamental; implica la sujeción de la Administración Pública, el principio de legalidad conforme al cual ningún órgano del Poder Público puede tomar una decisión que no esté expresamente conferida en una norma general dictada con anterioridad.

En otras palabras, que toda actividad del Estado debe realizarse de conformidad con el derecho, debemos de aprovechar entonces la gran oportunidad que representa el comienzo de un nuevo Gobierno para institucionalizar una serie de mecanismos eficientes que detecten con oportunidad las irregularidades de la función pública así como la determinación de sanciones proporcionales a la gravedad de la falta cometida por particulares y funcionarios público.

Nuestro compromiso con la erradicación del frankistein de la corrupción que heredó el gobierno del presidente Vicente Fox es completo e integral, esa es la razón por la que los legisladores panistas votamos a favor de instrumentos, normas y procedimientos dirigidos a prevenir la realización de conductas ilícitas por parte de los servidores públicos, sobre todo aquellas en las que se acentúen las oportunidades para que no se desplieguen los mencionados actos ilícitos como la discrecionalidad y el abuso de autoridad.

En este afán de congruencia con los ideales proclamados por Acción Nacional en la prevención y lucha contra toda forma de corrupción en el país así como en la transparencia que exige la gestión y desempeño de las instituciones y los servidores públicos de la Administración Federal, hemos contribuido en la aprobación de normas jurídicas necesarias que apliquen el combate a la corrupción, Ley Federal de Transparencia, Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley de Fiscalización Superior, instrumentos jurídicos que sin duda constituyen un gran avance en materia legislativa.

Con estas acciones legislativas se le han concedido a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo las normas y demás herramientas que le permitan cumplir cabalmente con sus funciones y objetivos. Estamos conscientes que la tarea que se le ha encomendado a la Secretaría de la Contraloría no es fácil y que requiere de mucha dedicación y tiempo para que los resultados se empiecen a ver con contundencia; también sabemos que sus funciones están siendo ejercidas con objetividad, es decir sin importar la jerarquía y biología o partido político al que pertenezcan los servidores públicos; no se trata de revanchas políticas o de algo parecido, se trata de respetar la ley y de hacer que la respeten sin importar quién sea la persona.

Concluyo en las palabras de Carlos Castillo Peraza: "Ya es tiempo de que la autoridad cumpla y haga cumplir la ley y de que el Estado recupere los territorios privatizados por los delincuentes, por los violentos, por los vívales, por los corruptos. Si no hay respeto por la ley, si la autoridad renuncia a imponer la legalidad; si se considera que cualquier uso de la fuerza para hacer valer las normas y fallos judiciales es imposible o indeseable, lo que sigue es la nada democrática, guerra de todos contra todos."

Ese es el camino que hemos adoptado por la buena dirección.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias diputado. Tiene la palabra hasta por diez minutos, el diputado Solís Acero.

El diputado Felipe Solís Acero:

Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados; señor Secretario, Francisco Barrio.

Llega usted a este recinto a atender su comparecencia en un momento crítico de la relación del Ejecutivo con el Congreso. No es poco lo que su dependencia ha contribuido, espero que todos nos hagamos cargo de ello.

Compete a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo que usted encabeza, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dos tareas relevantes para la vida nacional: el diseño e instrumentación de políticas relativas al desarrollo administrativo integral del Gobierno Federal y el control y evaluación gubernamental y de inspección de ejercicio del gasto público federal. ¿Qué tanto se ha avanzado auténticamente en estas materias? Vamos a repasarlo.

En materia de desarrollo administrativo no vemos avances que relacionar, no conocemos un programa de modernización del aparato administrativo que dé continuidad, mejore y aun supere la larga tradición que en este tema existe. En el Congreso los legisladores asumimos que el Ejecutivo Federal estuvo satisfecho con la organización administrativo que recibió, si recordamos que semanas antes de asumir su cargo los diputados de su partido promovieron y nosotros apoyamos sin reservas, una tímida iniciativa de reformas a la ley de la materia para introducir ajustes menores, donde acaso lo más relevante haya sido la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, que por cierto no fue una propuesta original de Fox ni del PAN, sino del candidato del PRI.

Lo que sí ha habido por el contrario, ha sido una tozuda intención de aplicar en una imitación extralógica, modelos administrativos de corte gerencial privado que no se avienen a la naturaleza y propósitos del servicio público, en el que no existen clientes sino ciudadanos y no hay ventas, sino prestación de servicios.

La simplificación administrativa es otro tema en el que no vemos mayores resultados. Son frecuentes los reclamos ciudadanos y aun de organizaciones empresariales por la complejidad de trámites que dilatan los procedimientos con pérdidas de tiempo y de oportunidades de inversión. Pero la sobre regulación también existe en la operación interna del gobierno y también ahí erosiona su actuación expedita.

Una pregunta aquí es obligada: ¿qué tanto, señor Secretario, de los márgenes absurdos de inejercicio presupuestal, sobre todo en gasto social, son consecuencia de la falta de reglas claras y del clima de incertidumbre y terror que ello genera? Este es un tema al que hay que poner atención; hay muchos ejemplos de parálisis en las acciones de gobierno por exceso de controles que suelen ser ineficaces.

En sentido contrario, es de denunciarse la forma irracional en la que ha crecido la alta burocracia, con la multiplicación de unidades administrativas y de asesoría cuya aprobación por ley es corresponsabilidad de la SECODAM, con el incremento irresponsable del gasto corriente.

Es frecuente que veamos ajustes organigramales que legalmente usted autoriza, mediante los cuales tareas que en el pasado realizaban una sola subsecretaría, coordinación o dirección, hoy son atendidas por dos o mas. ¿Y la racionalidad administrativa?

Quizá la (¿) a este tema sea el caso de las unidades de la Presidencia, las mismas que serían las supersecretarías encargadas de normar y coordinar mejor los trabajos diversos de la Administración Federal. Este es un buen ejemplo de un perfecto fracaso; ¿cuántas quedan de las originalmente creadas?, ¿cuánto le costó al país este ensayo de fracaso?, ¿se ha informado algo al respecto?

Quizá con esto bastaría para coincidir ahora sí, con quienes pregonaban desde la campaña de Fox en la conveniencia de desaparecer dependencias, de las cuales la suya por cierto era la primera candidata. Pero sin duda nuestros mayores diferendos están en la forma en la que la SECODAM ha ejercido sus atribuciones propiamente de contraloría. La SECODAM fue creada para combatir la corrupción en el ámbito del Poder Ejecutivo, en los espacios de la administración federal y de la lucha contra la corrupción, cáncer que erosiona cimientos de la sociedad, nadie puede ni debe sustraerse.

Lo que hoy resulta preocupante es que esta dependencia se desnaturalice y se pervierta al convertirla el gobierno en un instrumento de persecución en contra de adversarios políticos.

Dijo el Presidente Fox en su mensaje del 1° de septiembre, que el combate a la corrupción, a la impunidad se ha hecho -cito- "con la convicción de la que la obligación legal y ética y de enfrentarla es políticamente neutral". Y garantizó que en el desarrollo de investigaciones habría actuaciones institucionales -cito- "sin excesos ni venganzas de naturaleza alguna".

Estas manifestaciones, señor Secretario, no se compadecen con lo que en realidad ha ocurrido antes y después de que fueron expresadas.

Nosotros creeríamos en el compromiso presidencial de neutralidad política si al frente de la dependencia tuviera un personaje que lo garantizara, pero no es el caso. Usted, señor Secretario ha decidido asumir la posición de un contralor militante, es usted un militante activo de su partido que lo mismo hace campaña abierta por sus candidatos en Chihuahua, que concurre puntual y solícito a reuniones de su partido en días y horas hábiles.

No nos extraña ni nos asusta, nos preocupa y denunciamos que quien tiene un compromiso partidario así de fuerte, sea al mismo tiempo quien ordena auditorías, realiza investigaciones y presenta denuncias penales en contra de adversarios políticos en su condición de contralor de la nación.

Lo afirmo categóricamente porque hasta hoy no conocemos de denuncias presentadas en contra de otros personajes y ya estamos a casi dos años de este gobierno.

Las indagatorias de la SECODAM además, no han sido cuidadosas en ningún sentido, no son pocos los casos de resoluciones judiciales que han dejado sin efecto acciones que violentaron el orden jurídico y garantías individuales, pero sin duda lo más deleznable es la manía filtradora que busca juzgar sumariamente y a priori, provocando, con dolo, que cuando los asuntos llegan a los jueces, los implicados han sido ya sentenciados, sin derecho a defensa alguna por los tribunales de los medios.

El 19 de junio del año pasado en reunión de trabajo en la Comisión de Vigilancia usted afirmó -lo cito- "quiero decirles que estoy absolutamente en contra de cualquier filtración, es algo que desautorizo. Les doy mi palabra de honor que no tengo conocimiento de filtraciones en la Secretaría, se los digo de veras, así con palabra de hombres" -Termino su cita-

Pero el 23 de julio de este año, en un programa de televisión reconoció que sí hay filtraciones en la SECODAM, dijo: -lo cito- "son funcionarios que tienen acceso a las investigaciones y que no ganan mucho dinero y que es difícil no caer en la tentación de recibir en un día lo que ganan en un mes". Con lo que usted acusó a los medios de comprar en el mercado negro información reservada.

Pero las filtraciones usted mismo las ha alentado, con declaraciones como la del 19 de enero en Ciudad Juárez, por supuesto en Ciudad Juárez, cuando informó de varios asuntos, ya casi listos, y la presunta pesca de peces gordos motivando el morbo y la información filtrada que lastima prestigios personales en forma irreparable y deja en estado de indefensión a los involucrados convirtiéndolos en reos de la opinión pública.

En esa condición mantuvieron durante largo tiempo el caso PEMEX y su sindicato, dolosamente han mantenido en el aire al asunto, administrando el tiempo para sucesivas ordeñas que sirva a los intereses circunstanciales del gobierno y usándolo con fines electorales.

Creo, señor Secretario, que le sirve mejor al Presidente, si usted y si sus funcionarios abandonan la actitud de encono que tienen en contra de mi partido.

La acuciosidad y la obsesión con la que la SECODAM escarba en el pasado, no se corresponde con el disimulo y la apatía con la que se verifica el presente, que de acuerdo con la ley es su principal encomienda.

¿Qué ha pasado con la investigación del avituallamiento de las cabañas presidenciales, el llamado "toallas-gate"? ¿Qué hizo la SECODAM con motivo de las denuncias de inversiones con fondos públicos en el rancho presidencial de San Cristóbal con motivo de la visita de Bush, sólo por citar algunos casos -que por cierto- fueron del conocimiento público gracias a denuncias de los medios y no a indagatorias de la SECODAM, que más bien vio los asuntos con actitud elusiva y cómplice?

Quizá por eso la percepción pública del combate a la corrupción no coincida en nada con lo que aquí le hemos escuchado. Fue lamentable que usted mismo, señor Secretario, descalificar a los resultados correspondientes de una organización tan seria y responsable como transparencia internacional, que claramente concluyó: que la lucha contra la corrupción en México no muestra avances positivos sino al contrario, y la encuesta internacional nos colocó en peor lugar internacional que en el pasado, ese pasado que tanto les obsesiona.

Los hechos más recientes relativos a la presentación de la solicitud de declaración de procedencia de compañeros legisladores, muestran claramente que el gobierno de la república ha decidido adelantar el proceso electoral. El gobierno y su partido han decidido utilizar la estrategia del ataque artero, para ganar votos para su causa, en contra de todo principio de ética electoral.

Nadie puede creerle al gobierno una auténtica vocación de lucha anticorrupción, es claro que se trata de operaciones electorales anticipadas.

En ese esquema para nada favorece el acuerdo que tiene que construirse a partir de la instancia del gobierno con las fuerzas políticas. Usted se ha identificado como el ariete político, para golpear a los adversarios políticos del gobierno y a los partidos contrarios al suyo, como el instrumento del gobierno para la elección del año próximo, como la cabeza del grupo duro en el gobierno, según consejas muy publicitadas y nunca desmentidas, que apuesta la liquidación judicial del PRI en las urnas, enfrentando proyectos no denunciados, discutiendo sobre el futuro de la nación.

En las últimas horas, señor Secretario, hemos visto todos en los medios caras amenazadoras del gobierno, con la cara dura y expresiones admonitorias, se profieren amenazas apenas disimuladas.

El PRI está listo para sentarse a negociar acuerdos fundamentales para la nación, pero no lo haremos a cambio de presiones, chantajes y demás. Así no se construye una genuina transición, el gobierno, señor Secretario, tiene la última palabra.

El Presidente:

Gracias señor diputado.

A partir de este momento me permito ceder la conducción de esta sesión a mi compañero el diputado Armando Salinas, presidente de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Gracias.

El Presidente de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública
diputado Armando Salinas Torre:

Muchas gracias diputado Manuel Galán, para dar cumplimiento al Punto 2º. Numeral III, incisos a), b) y c), para la primera ronda de preguntas hasta por tres minutos, con derecho a réplica por tres minutos, se han inscrito los siguientes ciudadanos diputados:

Del Partido del Trabajo el diputado José Narro.

Del Partido Verde Ecologista el diputado José Antonio Arévalo González.

Del Partido de la Revolución Democrática la diputada Rosalinda López.

Del Partido Acción Nacional el diputado Humberto Muñoz Vargas

Por el Partido Revolucionario Institucional el diputado Florentino Castro López.

En tal virtud, tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos para formular su pregunta, el diputado José Narro Céspedes.

El diputado José Narro Céspedes:

Con la venia de la presidencia. Señor Secretario. Los resultados siguen siendo pobres en materia de control y evaluación gubernamental, si los comparamos con los obtenidos por la Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico de esta Cámara, con menos recursos hay mejores resultados y mayores resarcimientos.

Queremos preguntarle, señor Secretario, ¿qué se ha hecho en los casos de las grandes fuentes de corrupción que se ha convertido el IPAB, donde no hemos visto la actuación de la Secodam con recursos públicos? ¿El caso de los azucareros, donde tampoco hemos obtenido ningún resultado hasta ahora? ¿El caso de las carreteras? El caso de todas esas privatizaciones que han corrido a cargo del Erario Público su solventación, en donde miles de millones de pesos de recursos públicos tan necesarios para programas que requiera la población, se han tenido que destinar para sacar de la quiebra a la que han llevado a las empresas públicas y se han privatizado por parte de un número importante de empresarios.

Hasta ahora no tenemos ningún resultado por parte de la SECODAM. En el caso del gran fraude a la Nación que significó y que significa el IPAB, hasta ahora por parte de la SECODAM no tenemos ningún detenido. En el caso de los azucareros se hicieron comentarios y aspavientos y hasta ahora no hay nada.}

Quedan pendientes también todos los procesos de expropiación que se han llevado a cabo, entre otros los de Punta Diamante para favorecer a algunos importantes grupos empresariales como el Grupo de Monterrey, expropiaciones irregulares en donde ni siquiera se han ejecutado esas expropiaciones de acuerdo a la ley y ya las tierras están en manos, en forma totalmente ilegal e irregular, en manos de estos grupos empresariales. ¿Qué se ha hecho para evitar el despojo de campesinos y de ejidatarios de nuestro país?

Están los casos de las carreteras, en Zacatecas actualmente se está haciendo una donde no hay ninguna expropiación, están actuando despojando a los campesinos y no vemos la acción preventiva de su Secretaría para evitar el despojo de esos empresarios.

Pensamos y queremos preguntarle también que ¿qué se ha hecho para impulsar una nueva cultura por la rendición de cuentas?, ¿qué se está planteando hacer?, ¿ y qué se está planteando hacer también, -terminamos, señor Presidente- por impulsar la participación ciudadana y social en este importante campo?, porque estamos convencidos de que el problema de la corrupción es un problema que ha permeado hacia el conjunto de la sociedad.

Por sus respuestas, señor Secretario, muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el señor Secretario Francisco Barrio hasta por cinco minutos, para dar respuesta.

EL secretario Francisco Barrio Terrazas:

Con mucho gusto.

Mire, en relación primero con los resultados de auditorías realizadas por SECODAM y las Contralorías Internas, sus costos y los resultados obtenidos. Se menciona por parte del diputado Narro, que la Auditoría Superior de la Federación con menos recursos, ha obtenido más resarcimientos. No es la cifra que nosotros tenemos en cuanto a resarcimientos.

En cuanto a resarcimientos o recuperaciones, yo mencionaba en mi exposición que solamente este año las recuperaciones generadas por revisiones de la SECODAM, andan sobre los 3 mil 900 millones de pesos y mire, le menciono algunas de estas partidas de recuperación:

Dimos instrucciones de que se revisaran en todas las principales instituciones del gobierno lo relativo a las contrataciones de los seguros y lo relativo a las recuperaciones de seguros, de pagos de seguros en caso de siniestros. Encontramos que en varias de las instituciones más grandes del gobierno había un rezago muy importante en el cobro de estos seguros por siniestros ocurridos. Sólo en la Comisión Federal de Electricidad había del orden de 70 millones de dólares pendientes de recuperar por seguro.

Entonces solamente por ese concepto este año ha habido recuperaciones superiores a los mil millones de pesos. Y esto es a partir de revisiones que hemos ordenado a través de las contralorías internas.

Otro dato que conviene tener muy presente. La Secretaría de Contraloría efectivamente tiene una parte que hace auditoría y que hace funciones de control y evaluacion y que efectivamente ésta sería de alguna manera comparable con la Auditoría Superior de la Federación. Pero tiene muchas otras áreas en donde se cumplen funciones que son adicionales, que no están en el ámbito de la Auditoría Superior de la Federación y que nosotros tenemos que realizar.

Tenemos el ámbito de atención ciudadana con una serie de oficinas en toda la República en donde se atiende todo el tema de quejas y denuncias de los ciudadanos; la parte de servicios electrónicos de Compra Net, de Tramita Net, Declara Net, etc., Cabin (?) con toda la administración del patrimonio inmobiliario federal que es una parte sustancial del presupuesto de la Secretría. La unidad de normatividad en materia de adquisiciones, que son todos estos servicios adicionales a la parte estricta de control y de evaluación.

Por otro lado respeto de algunos de etos asuntos que usted ha mencionado, el IPAB. Mire, en el IPAB hicimos una revisión y el 22 de abril de este año se hizo un comunicado oficial al vocal ejecutivo de ese órgano precisamente señalándole pagos o créditos que se reconocieron a algunos bancos, a tres bancos hasta por 11 mil 100 millones de pesos que estimamos nosotros que pueden haber sido indebidos y que con actualizaciones, con intereses desde la fecha en que estas operaciones se hicieron hasta el día de hoy, esto asciende ya casi a los 37 mil millones de pesos.

Esto lo hemos puesto en conocimiento del vocal ejecutivo de este órgano, para que se proceda en su caso a hacer los ajustes si es que se encuentra que finalmente estos asuntos proceden. Tienen que hacerse verificaciones con el fiduciario de FOBAPROA que es Banco de México. En esto también debo decirles que ya hay algunos amparos que han promovido estos bancos contra las posibles acciones que toma el IPAB. Pero sí hay este trabajo nuestro señalando estos créditos que desde nuestro punto de vista fueron probablemente mal reconocidos.

Luego ¿qué hacer en cuanto a una nueva cultura de rendición de cuentas y de participación de la ciudadanía? Mire, en materia de rendición de cuentas nos estamos adelantando, y ya lo decíamos, nos estamos adelantando a las obligaciones que señala la Ley Federal de Transparencia y todas las instituciones, las dependencias y entidades más grandes del gobierno están poniendo ya en sus páginas de Internet trece rubros de los que la ley señala, que tendrán que difundirse independientemente de que los ciudadanos lo pidan o no.

Entonces temas como por ejemplo los programas de subsidios de PROCAMPO ya están puestos en Internet precisamente en esta nueva cultura de rendición de cuentas que va muy vinculada con la nueva Ley de Transparencia.

El Presidente:

Esta presidencia pregunta al diputado José Narro si desea hacer uso de su derecho de réplica.

Tiene usted el uso de la palabra hasta por 3 minutos.

El diputado José Narro Céspedes:

Con su permiso presidente; señor Secretario; compañeras y compañeros diputados:

Realmente la cantidad recuperada en resarcimientos se nos hace porcentualmente para la gran responsabilidad que tiene su Secretaría, una cantidad totalmente mínima si tomamos en cuenta lo siguiente señor Secretario:

Una buena parte de esos denominados resarcimientos que usted comenta aquí, realmente no son resarcimientos sino  devoluciones de recursos que no se han ejercido por subejercicios en las secretarías y que han tenido que regresar a la Tesof.

Es lo que nosotros encontramos revisando el informe; son recursos que se han regresado por parte de las dependencias fundamentalmente a la Tesorería de la Federación.

Creo que esto que usted comenta también de la Comisión Federal de Electricidad es parte de las responsabilidades de las dependencias en el marco de que ellos tienen que cuidar su gasto.

Y también sentimos que en el caso de lo del Ipab, que usted señala este resolutivo, esta recomendación del 22 de abril, es totalmente insuficiente para el gran problema que significa, a nivel nacional, de más de 700 mil millones de pesos. Habla usted de una cantidad de once mil millones de pesos, totalmente insuficiente en el monto de las cantidades globales y de la corrupción que hay al interior.

Sabemos que se han amparado, sabemos que han recurrido a ese recurso también no nada más contra ustedes, sino también contra la Auditoría Superior de la Federación, pero creemos que por eso mismo tenemos que profundizar las investigaciones y la tenacidad, como pasó y debe de pasar también con los Amigos de Fox, que también han recurrido a ese recurso para evitar rendirle cuentas al pueblo de México sobre recursos de procedencia totalmente ilegal o en forma irregular.

Esto es lo que quisiéramos comentar y hacer un planteamiento final sobre la cuestión de qué papel está usted desarrollando, sobre todo con toda esta investigación de Ricardo Pascoe, porque hay un planteamiento contradictorio entre lo que ustedes han informado de que no hay delitos que perseguir y la información que da la Oficialía Mayor en donde también se ve que la actitud persecutoria, en este caso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se da ahora con funcionarios de su propio gobierno.

Bueno, se había planteado que no se usaran las embajadas con ese objetivo; parece que un compañero legislador también tuvo que salir, como parte de la disidencia de su partido.

Entonces creo que no son los mecanismos que deben usarse en forma punitiva y partidizar este tipo de recursos. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra, para formular su pregunta, el diputado José Antonio Arévalo González.

El diputado José Antonio Arévalo González:

Con el permiso de la presidencia. Señor secretario: a los legisladores del Partido Verde Ecologista de México nos preocupan de manera especial los señalamientos y denuncias referentes a que existen mafias de distribuidores de medicamentos que se han aliado con algunas empresas farmacéuticas a fin de venderle a las instituciones de salud, especialmente al Instituto Mexicano del Seguro Social, medicamentos y otros productos a precios superiores, lo que ha empeorado la situación, prácticamente de quiebra, de esta institución.

No entendemos por qué un laboratorio que tiene patente de algún medicamento tenga que usar distribuidores para vender sus productos al IMSS. Este procedimiento eleva los costos y se convierte en un nicho de corrupción y conflictos de interés.

Esta situación ha sido abordada por el propio secretario de Salud. Hace algunos meses reconoció que la corrupción y la falta de transparencia en la compra de medicamentos y de eficiencia en el uso de los recursos son algunos de los principales problemas a resolver con urgencia.

Sin duda alguna esta situación tiene un costo económico y social muy alto y no ayuda en nada a satisfacer el derecho constitucional que tienen todos los enfermos, a recibir atención médica y los tratamientos necesarios para el manejo de la enfermedad que padecen, por parte de las dependencias y entidades del Sector Salud, sin que tal derecho pueda ser desconocido por el gobierno.

Por lo anterior, le preguntamos, señor Secretario: ¿Qué medidas ha adoptado la Secretaría a su cargo para detener estas prácticas que se presentan al interior del IMSS?

Se dice que en el IMSS se provoca el desabasto en medicamentos para así poder realizar pedidos urgentes de estos y así no tener que hacer licitación. ¿Qué se ha hecho para que esto no siga sucediendo?

¿Se han hecho investigaciones y auditorias que permitan conocer alcances de estos hechos de corrupción? Si es así ¿a cuánto ascienden los montos erogados por sobreprecios y compras realizadas sin licitación? ¿Qué sanciones han sido aplicadas y a cuántos funcionarios?

Por otro lado me gustaría referirme a la última evaluación presentada por Transparencia Internacional en donde México perdió una décima de punto en la calificación otorgada.

Sabemos que en parte los resultados obtenidos por el gobierno foxista también obedecen al trabajo desarrollado en administraciones anteriores, sin embargo nos gustaría saber ¿por qué descalificar esta evaluación en vez de analizar y hacer suyas las recomendaciones ahí planteadas?

Si como lo ha declarado la política de la SECODAM que la corrupción es a largo plazo, sin caer en la tentación de entregar sólo resultados espectaculares ¿por qué las filtraciones a la prensa y los anuncios magnificados y de alto impacto? Y ¿por qué a pesar de la baja calificación obtenida no modifican sus proyectos y programas de trabajo? Por sus respuestas, gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el Secretario Francisco Barrio.

El secretario Francisco Barrio Terrazas:

Con mucho gusto, diputado. Mire, en relación con el tema de las compras en el Seguro Social, efectivamente hemos detectado estos que usted señala de compañías que son distribuidoras de medicinas y que han estado por años haciendo ventas muy importantes al Seguro social en lugar de que estas ventas las hagan directamente los laboratorios que las fabrican.

Algo que hemos impulsado y que está ya realizándose, no solamente en el Seguro Social, sino también en Comisión Federal y en PEMEX, con buenos resultados, es que las bases de licitación se abran y se pongan a consideración de los posibles proveedores antes de que estas bases sean oficiales.

¿Por qué esto? Porque las bases han sido durante muchos años un mecanismo para direccionar los contratos. En las bases se establecen especificaciones que solamente un determinado proveedor puede cumplir, y es la forma de hacer que ese proveedor obtenga el contrato. Entonces dando oportunidad a que estas bases sean discutidas por los proveedores con anticipación a su publicación, esto está ayudando a eliminar en buena medida este problema de favorecer a ciertos proveedores. En el caso del IMSS esto ya se está haciendo y le digo, con buenos resultados.

La otra cosa que estamos haciendo en el Seguro Social, en algunas licitaciones donde ha habido inquietudes de ciertos proveedores de que pudiera ya estar direccionándose la compra, las hemos suspendido. Y en algunos de estos casos se han realizado solamente sobre ciertos renglones.

Ahora, me pregunta usted ¿cuánto de la compra del Seguro Social se hace por adjudicación directa? Es aproximadamente un 4 %.

Nosotros estamos monitoreando en forma independiente al Seguro Social los precios que están pagando en las delegaciones estatales y regionales, en este tipo de compras directas y hacemos comparativos en la República. Sí estamos encontrando en algunos casos unos diferenciales muy grandes de precios, aunque son partidas muy pequeñas, no son partidas importantes.

Le comento en relación con el tema de Transparencia Internacional. Mire, quiero ser en esto muy enfático: jamás, jamás, hemos descalificado el índice de transparencia internacional, jamás; por el contrario, lo consideramos una herramienta, un instrumento valiosísimo para objetivizar el problema, para que discutamos en base a parámetros que todos podamos referir de una manera igual.

Ahora, el propio documento de Transparencia Internacional señala que un movimiento de unas pocas décimas puede ser debido a la propia metodología o puede ser debido a cambios en el país que se está monitoreando. Es el propio Transparencia Internacional quien advierte que debe serse muy cauto como para llegar a conclusiones de que un país haya empeorado si el movimiento es de una sola décima o de varias décimas.

Y mire, aquí hay algo importante que señalar. Hasta el año 2000 la calificación de México era de 3.3 En el año ´98 había sido 3.3 En el año ´99 había sido 3.4 En el 2000 volvió a bajar a 3.3 En el 2001 subió a 3.7 Y este año baja una décima a 3.6 Sin embargo, está todavía tres décimas por arriba del nivel de 3.3 que se traía antes.

No que estemos de ninguna manera satisfechos, precisamente todo lo que estamos haciendo va encaminado a que en el mediano plazo esta calificación vaya mejorando sustancialmente. Pero hay un saldo positivo todavía de un 10 por ciento sobre la calificación con la que se inició este sexenio.

Y finalmente algo que no podemos dejar de señalar: el índice de corrupción de transparencia internacional mide el problema de corrupción dentro de un país, no el índice de corrupción dentro del gobierno federal. O sea, esto involucra también a gobiernos de los estados, a gobiernos de los municipios, actividades de los particulares que también tienen qué ver con el fenómeno. Entonces el fenómeno es bastante más que una medición del desempeño del gobierno federal.

El Presidente:

Pregunto al diputado José Antonio Arévalo si desea hacer uso de su derecho de réplica.

El diputado José Antonio Arévalo González

(Desde su curul): Sí.

El Presidente:

Tiene usted el uso de la palabra hasta por tres minutos.

El diputado José Antonio Arévalo González:

Con el permiso de la Presidencia.

Señor Secretario:

Se me hace raro que nada más haya un 4 por ciento de compras extraordinarias en el Seguro Social porque lo que notan la mayoría de los mexicanos es que hay un desabasto impresionante en la mayoría de las clínicas o la mayoría de las veces o por lo menos la mitad de la gente se va sin los medicamentos. Entonces habría que revisar esas cifras porque no son realmente creibles.

Y finalmente reiteramos que en México aún no existe un sistema de rendición de cuentas que opere correctamente; por el contrario, la ausencia de una fiscalización adecuada fomenta, ya sea directamente o por omisión, la plena irresponsabilidad política y administrativa.

Solamente un sistema democrático vigoroso y una administración pública abierta y volcada a la luz de la ciudadanía ayudarán, sin duda, a limitar la corrupción. Hacer esto realidad es uno de los desafíos más importantes en México. Los nuevos tiempos de México exigen transparencia en la administración de los recursos públicos, rendición de cuentas, acciones que beneficien a la sociedad pero sobre todo el gobernar sirviendo con honestidad, lealtad, compromiso y transparencia por parte de los servidores públicos.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos para formular su pregunta, la palabra Rosalinda López Hernández.

La diputada Rosalinda López Hernández:

Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros Diputados;

Señor Secretario Francisco Barrios:

Yo haré dos preguntas concretas y espero que haciendo honor a su profesión me las responda concretamente, es decir, no me eche rollos, en otras palabras.

Hace casi un año mi partido, a través del senador Jesús Ortega, presentó ante la dependencia a su cargo una denuncia de hechos de las 437 que usted mencionó, donde se solicitaba investigar la falta de cumplimiento por parte del IPAB de las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, entre ellas la ejecución de auditorías a los bancos.

Recientemente la Auditoría Superior de la Federación, en su informe sobre la Cuenta Pública del año 2000, realiza una serie de señalamientos que muestran diversas irregularidades durante el rescate bancario, tanto por parte del FOBAPROA como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del IPAB.

Señor Secretario: ¿Cómo va a apoyar la dependencia a su cargo a la Auditoría Superior de la Federación, para que estas recomendaciones sean atendidas? Y ¿en qué situación se encuentra la denuncia de hechos presentada por el senador Ortega?

En relación a la administración del Presidente Fox, al PRD le interesa conocer la actuación irregular del titular actual de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Nuestras inquietudes serían las siguientes:

¿Cuántas auditorías ha realizado la SECODAM y qué resultados arrojan respecto a la reiterada cancelación de concursos para licitar la impresión de libros?

¿Por qué como resultado de estas cancelaciones o por declararlas desiertas, el señor Jorge Velasco las asigna de manera directa a empresas extranjeras? Y más aún, ¿no incurre en delito el señor Velasco al asignar contratos, sean por concurso o por asignación directa, a una empresa donde precisamente un hijo del señor Velasco es alto ejecutivo? ¿No es esto un franco conflicto de interés que contraviene lo señalado en la XII fracción del artículo 8º de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que por cierto a su Secretaría le corresponde hacer valer?

Por su atención, gracias.

(aplausos)

El Presidente:

Para dar respuesta, tiene el uso de la palabra el Secretario Francisco Barrio, hasta por cinco minutos.

El Secretario Francisco Javier Barrio Terrazas:

Bien, en relación con el IPAB ya comentamos ahorita que hicimos un comunicado oficial al Vocal Ejecutivo, en donde precisamente le solicitamos que se actúe en relación con estos bancos y parte de esta actuación ese precisamente el realizar algunas de estas auditorías que se están pidiendo a los bancos.

Ahora, esta parte es precisamente la que está siendo ahorita objeto de amparo y que finalmente tendrá que resolver el Poder Judicial, si le da la razón a los bancos o le da la razón al IPAB de que eso se pueda auditar. Los bancos alegan que esto ya quedó auditado con la auditoría que en su momento ordenó el Congreso. La posición nuestra es que esa auditoría de ninguna manera finiquita el asunto sino que pueden seguirse haciendo auditorías, es la misma posición que sostiene el IPAB, pero le repito, eso solamente podrá finalmente determinarlo el juez, por la figura del amparo que está ahora de por medio.

Luego, ¿cómo vamos a apoyar a la Auditoría Superior para que se atiendan a estas observaciones que ha realizado al IPAB? Pues mire, igual que como lo hacemos en todo el gobierno y es dándole seguimiento al cumplimiento a la solventación de observaciones, o sea, en todas las instituciones del gobierno nosotros parte de nuestro trabajo es precisamente ir revisando qué se ha hecho, para ir cumpliendo, para ir solventando las observaciones, tanto las propias nuestras como las de la Auditoría Superior y, en su caso, las de auditores externos en aquellas instituciones que los tienen.

Respecto a CONALITEC, mire, elaboramos ya una Auditoría completa, que está en proceso otra auditoría. La información que yo tengo es que todas las licitaciones realizadas ahí han sido públicas. Hemos tenido ahí una serie de conflictos en relación con varias licitaciones, porque ha habido recursos de inconformidad que se han promovido por unos y otros participantes. Hay empresas que habían estado inhabilitadas, sin embargo accionistas de esas empresas han constituido distintas empresas ahora, lo cual , bueno, la ley no prohibe, que quienes habían estado ya en una empresa inhabilitada puedan constituir otra y volver a participar, esto es algo que estamos nosotros incluyendo en la propuesta que pronto se someterá a consideración del Poder Legislativo, de una nueva Ley de Adquisiciones y que esto específicamente se prohiba, alguien que ya estuvo en una empresa inhabilitada simplemente darle vuelta a la ley formando otra sociedad anónima.

Entonces hemos tenido este tipo de situaciones, no siempre las resoluciones que hemos dictado en la Dirección General de Inconformidades pues han sido del agrado de la propia institución, pero, bueno hemos aplicado sencillamente la ley.

Luego este último señalamiento que usted me hace de la asignación a una empresa en donde es un alto Ejecutivo un familiar tan cercano como un hijo, el Director de la CONALITEC, yo le agradecería muchísimo si pudiera usted facilitar datos para que revisemos concretamente ese punto.

El Presidente:

Pregunto a la diputada Rosalinda López si desea hacer uso de su derecho a réplica. Tiene usted el uso de la palabra hasta por tres minutos.

La diputada Rosalinda López Hernández

Gracias Diputado. Con el permiso de la Presidencia. Señor Secretario ó señor Contador, mi trabajo no es proporcionarle datos que ya usted tiene en su Secretaría porque se los hicieron llegar a través de esa Ventanilla de Atención Ciudadana que usted mencionó cuando decía cómo estaba dividida su Secretaría; a través de esa Ventanilla que no funciona y que me hace recordar un caso precisamente de PEMEX hablando de la situación actual, la Administración actual y me lo hace recordar porque ayer vino el Secretario de Hacienda y reconoció, como lo reconocen los Informes de Finanzas Públicas el sub ejercicio que hay en la Administracíón del Presidente Vicente Fox.

Me lo hace recordar porque casi esto se debe a la estricta normatividad que está aplicando la SECODAC precisamente y le hago el caso de PEMEX porque también le hicieron llegar y en un evento público y a través de la Ventanilla de Atención Ciudadana, las quejas de todos los funcionarios de Nivel 39 a 42 sobre cómo están trabajando sus Auditores de la Secretaría de Contraloría.

En lo del caso del IPAB yo quiero recordarles que el señor Fortunato Alvarez fue el primero que dijo de los pagos indebidos por intereses moratorios a los bancos y precisamente se le informó a la Secretaría de Contraloría , fue removido de su cargo y sin embargo no conocimos en su momento de parte de la Contraloría, un detalle a un pronunciamiento de la auditoría que había realizado precisamente un miembro de la Contraloría Interna de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

Y me pregunto también, no al Secretario sino al Contador, siendo una de las normas principales de Auditoría y de Control Interno, la independencia, la imparcialidad, ¿no cree usted, siendo una de las banderas o hablando en términos Foxianos, una de las cruzadas del Presidente en la lucha anti corrupción, no cree usted que para fortalecer el trabajo de esta importante dependencia, sería necesario que hubiese un Titular que no perteneciera a ningún partido político y que no fuera un aspirante permanente presidencial con el fin de tratar de enfocar las baterías a lograr que una de las principales luchas del presidente Fox fuera realizada no al 100% pero lo más eficaz posible?

¿No cree usted también -y me pregunto- que hará la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para fortalecer y para evitar precisamente el subejercicio?

Muchas gracias.

El Presidente:

Para formular sus preguntas, tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos el diputado Humberto Muñoz Vargas.

El diputado Humberto Muñoz Vargas:

Con el permiso de la Presidencia.

Contador Público, Francisco Barrio Terrazas, titular de SECODAM.

Compañeros legisladores.

Hoy, como nunca en la historia política de nuestro país, una nueva Administración Federal ha logrado desde su inicio establecer y fijar las bases para lograr un desarrollo integral de la misma, con la premisa de generar y recuperar la confianza de la ciudadanía en las autoridades.

A partir de un desempeño en la acción gubernamental transparente, eficaz, comprometido y eficiente; con una estricta aplicación de los recursos públicos que permita sean ejercidos en los rubros que fueron debidamente asignados.

Esta visión es plenamente compartida por los diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional y por supuesto por millones de mexicanos que consideran que son estas las acciones que nuestro país requiere para consolidar su desarrollo.

En este contexto es justo mencionar que el principal reclamo es precisamente el que se dé un alto a la impunidad, un alto a la corrupción; los hechos en los que lamentablemente se han visto involucrados funcionarios y ex-funcionarios públicos sin importar quienes son o a quienes representen. Todo esto, por supuesto, en un total y estricto apego a la ley sin solapar ni encubrir a quienes han defraudado la confianza en ellos depositada y que han provocado un grave quebranto económico a la Nación y que hoy algunos se rasgan las vestiduras clamando por su supuesta inocencia.

Bajo este orden de ideas, señor Secretario, me permito -a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional- realizar el siguiente cuestionamiento:

Qué explicación nos puede ofrecer en función de la integración de los expedientes y determinaciones de la SECODAM en relación a los resultados emitidos por la Auditoría Superior de la Federación en el informe presentado ante la Comisión de Vigilancia al pasado 9 de septiembre, relacionados con la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos.

Estoy seguro que ésta es una preocupación de millones de mexicanos que quieren que se aclare qué ha pasado con esta paraestatal.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para dar respuesta tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el señor Secretario Francisco Barrio.

El Secretario Francisco Barrio Terrazas:

Con mucho gusto.

Mire, el informe de la Auditoría Superior de la Federación concretamente en lo que se refiere al caso de la entrega de recursos de PEMEX al sindicato, Sindicato de Petroleros, básicamente este informe de la Auditoría Superior ratifica los señalamientos, las observaciones que antes había hecho la Secretaría de Contraloría en su denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República.

Cuando en el Informe del Auditor Superior de la Federación se va desglosando cada uno de los convenios firmados, cada una de las partidas entregadas al sindicato, se van haciendo diversos señalamientos, como por ejemplo que en alguno de ellos no se recabó la necesaria autorización del Consejo de Administración, como que en algunos otros no se tenía la partida presupuestal, como que en alguno de estos convenios quienes firmaron no tenían en ese momento la personalidad para hacerlo porque sus nombramientos salieron hasta un día después, en fin; una serie de observaciones de irregularidades que básicamente coinciden, ratifican las que antes había realizado la Secretaría de Contraloría.

Hay en el informe del Auditor Superior una expresión, un párrafo que en su momento se prestó a ciertas confusiones que el propio contador público Arturo González de Aragón se encargó de aclarar con toda precisión. Es este párrafo en donde se señala que el Director General de PEMEX tenía en su momento las facultades legales para firmar los convenios y que por lo tanto esos convenios surtían efectos frente a terceros. Esto en algún momento se entendió como una especie de exoneración, como que el Auditor Superior en esto concluía que no había falta por parte del ex Director General de Petróleos Mexicanos.

Esto ya ha quedado aclarado por él mismo en el sentido de que si bien es cierto tenía las facultades para contratar, tenía las facultades para celebrar estos convenios, eso no lo eximía de obtener previamente las autorizaciones del Consejo. O sea, no era éste un poder ilimitado, era un poder que tenía que someterse a esas restricciones o a esas regulaciones de la propia empresa.

Tenía, por otro lado, que contar con la suficiencia presupuestal, no era también un poder que le permitiera disponer de recursos sin ningún límite, hubiera o no hubiera dentro del techo presupuestal. Y finalmente, que estos recursos tenían que ser entregados para los fines de la empresa y para los fines que los propios convenios contractuales que se tienen con el sindicato, señalan.

En ese sentido, esta observación del Auditor, que le digo se prestó a cierta confusión, ha quedado creo yo bastante clara. Sí había irregularidades aun en esa autorización o en esa firma, esas firmas de convenios que hizo el Director General de la empresa.

Por otro lado, aunque no es estrictamente su pregunta. Estas observaciones que son las que se pusieron en conocimiento de la Procuraduría General de la República en su momento, fueron de alguna manera verificadas por el Ministerio Público antes de proceder naturalmente a la consignación del expediente ante un juez. El Ministerio Público fue de alguna manera confirmando que todo lo que se le había denunciado era válido, luego esto se puso en manos de un juez y finalmente ese juez dictó órdenes de aprehensión, lo cual hace ver que esa autoridad judicial también de alguna manera ha ratificado o ha compartido la misma visión que en su origen tuvimos nosotros, de que ahí hubo actos constitutivos de delito.

El Presidente:

Esta Presidencia pregunta al diputado Amado Olvera si desea hacer uso de su derecho de réplica.

Tiene usted el uso de la palabra hasta por tres minutos.

El diputado Amado Olvera Castillo:

Señor Presidente de las Comisiones Unidas; ciudadano Secretario Francisco Barrio; compañeras y compañeros diputados; señoras y señores.

Permítame, señor Secretario, felicitarlo a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, por su destacada labor al frente de SECODAM, entidad fiscalizadora del Poder Ejecutivo que en estos dos últimos años ha sufrido una transformación hacia la modernidad, transformación que lo pone a la altura de los tiempos y que acorde al compromiso del Gobierno Federal de abatir la corrupción.

Compartimos con usted la preocupación de que México esté considerado desde hace tiempo como uno de los países con mayor corrupción. Hemos observado avances de la SECODAM y de la Auditoría Superior de la Federación en la lucha contra la corrupción, a pesar de la  herencia trágica de 70 años que ha dejado un saldo de 50 millones de mexicanos que viven en la pobreza.

La sociedad demanda un alto a la impunidad y a la corrupción y esa demanda por legitima, debe atenderse.

Rendición de cuentas y transparencia es una exigencia de la sociedad. No podemos aspirar a la democracia plena sin abatir ese cáncer social, urge restituir el estado de derecho. Por ello, nos congratulamos de la labor que realiza SECODAM y la Auditoría Suprior de la Federación porque ambas instituciones se complementan en el combate a la corrupción, cáncer social que acicata a la sociedad.

Apenas, el día 9 del actual, la Auditoría Superior de la Federación de esta Cámara presentó el informe de resultados de la cuenta pública del 2000, con cientos y cientos de observaciones a diversas entidades. Ahí pudimos constatar que la Auditoría Superior de la Federación, al menos en 18 de las 21 observaciones que hace SECODAM a la paraestatal PEMEX.

Por cierto, se ha dicho en los medios de comunicación, que la Auditoría Superior de la Federación exoneró al señor Rogelio Montemayor, aseveración que es totalmente falsa, pues en el informe se fincan responsabilidades a Montemayor y socios.

Montemayor es presunto responsable del desvío de fondos cuando fue director de PEMEX. Los victimarios quieren aparecer hoy como víctimas y ya han emprendido una campaña de amenazas y chantajes, pero esto no intimidará a la sociedad, mucho menos la amenaza de huelga de sindicato promovida por Romero de Chambs (?) para salvarse de las acusaciones de las que ha sido objeto. Si lo hacen, pagarán un alto costo que la sociedad ha de cobrarles.

El Presidente:

Señor diputado, pediría concluya, concluyó su tiempo.

El diputado Amado Olvera Castillo:

Concluyo, la sociedad reclama castigo para los corruptos, cuál sería el destino de México si seguimos transitando por la senda de la corrupción.

Señor Secretario, la sociedad mexicana espera que se haga justicia, que se termine con la impunidad de los poderosos, así lo reclama la sociedad, así lo planteó con su voto el 2 de julio.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos para formular su pregunta el diputado Florentino Castro López.

El diputado Florentino Castro López:

Con su permiso señor diputado Vicepresidente de la Mesa Directiva; señores Presidentes de las Comisiones Unidas; señor Secretario.

En la última elección presidencial, 4 de cada 10 mexicanos decidieron un cambio. No tengo duda que una de las principales expectativas de este voto fue la posibilidad de un gobierno que combatiera la corrupción a fondo. No tengo duda que fue una gran expectativa, hoy la frustración es del mismo tamaño de la expectativa.

Le encargaron a usted atender esto, atender esta expectativa de los mexicanos. Hoy hemos repasado que las encuestas públicas internacionales, las más prestigiadas, las encuentras públicas nacionales que tanto le gustan al gobierno actual, confirman que la percepción de los mexicanos es que vamos de mal en peor. El día que transparencia sacó su encuesta, las dos televisoras consultaron a la gente y más del 70% percibe que la corrupción esta peor.

Hoy podemos compararlo, comparar a la Secretaría a su cargo con la Auditoría Superior, las comparaciones se han dado 14 mil 500 empleados contra mil 400, 5 mil millones de peso de gasto contra 400 y tantos millones de peso de gasto, recuperaciones superiores en la Auditoría Superior a la Contraloría.

 Por eso los priistas hemos retomado desde ayer una vieja demanda panista: la desaparición de la Contraloría, y hoy queremos preguntarle a usted si está de acuerdo con rescatar esta vieja aspiración de su partido.

Pero en el PRI no todo es malo para usted, los priistas reconocemos en usted a un gran opositor, reconocemos en usted a un gran opositor, reconocemos a usted a un espléndido cuadro de su partido, reconocemos a usted a un gobernante con el que se puede trabajar, reconocemos en usted a un gobernante al que se puede derrotar.

Estamos seguros también que no se le puede pedir mucho, ¿cómo pedirle a usted que sea buen Secretario si quien lo demanda, si su jefe piensa que lo que usted administra son lingote de oro y lo que administra el Secretario de Hacienda son cacahuates, cómo se puede ser, Señor Secretario, que sirva en abono de usted tener tan mal jefe? Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra para dar respuesta el señor Secretario Francisco Barrio hasta por cinco minutos.

El Secretario Francisco Barrio Terrazas:

Con mucho gusto, bueno, retomando otra vez el tema de las encuestas internacionales y la aseveración de que estamos pero, yo vuelvo a decirle con todo respeto al señor diputado Castro, bajo esa medición de la encuesta de transparencia internacional, no estamos peor, hay una décima de diferencia negativa contra el año pasado, pero estamos todavía tres décimas mejor que hace dos años.

No estamos peor, hay un saldo positivo, hay un avance, y más lo va a haber conforme vayan madurando muchas de las cosas que se han ido instrumentando la Ley de Transparencia, una seria de medidas en tema de licitaciones, todos los mecanismos que la Comisión Intersecretarial ha ido echando a andar en prácticamente todas las instituciones del gobierno.

Entonces, yo le insisto, no estamos peor aun bajo esa medición que usted ha invocado, estamos, quiero repetirlo, tres décimas mejor que cuando iniciamos nosotros en el gobierno.

Por otro lado, en cuanto a las recuperaciones y los costos y todo esto que usted comenta de la Auditoría Superior de la Federación, con todo respeto le digo las cifras no coinciden, así sería cuestión pues de entrar a revisarlas, de concretar, y de definir cuáles son las cifras reales.

Luego, mire, dice usted no se le puede pedir mucho, pues yo le voy a dar a usted un dato, en mis años de gobernador me tocaron dos índices de estos que miden la corrupción en el interior de la república, eran parte del estudio de competitividad de los estados que cada dos años publica el Tecnológico de Monterrey, y yo lo invito a que si es usted curioso los consulte, el del 97 y prácticamente el del 99, que se hizo todavía en mi administración y que se publicó en los primeros meses del 99.

En esos dos índices, el estado de Chihuahua, aparece en el lugar número uno en la república en prácticas éticas, con base en la corrupción, y por un buen trecho frente al siguiente. Hoy, ese lugar le corresponde al estado de Colima y a otros estados.

Entonces en este tema, bueno, yo le digo a usted que hemos estado comprometidos, no de ahora, en mis años de alcalde, en mis años de gobernador, éste es un tema en que nos hemos esforzado y le hemos trabajado en serio y hemos logrado avances, igual le aseguro a usted que vamos a lograrlos acá, conforme, insisto, vayan madurando muchas de las cosas que ya se han cuestionado.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra para formular la réplica el diputado Víctor Roberto Infante González hasta por tres minutos.

El diputado Víctor Infante González:

Señor Secretario, con sorpresa vuelvo a escucharle, como si fuera la primera reunión con legisladores y quizás como si usted apenas estuviera tomando posesión. Sus planteamientos que escuché con atención y respeto, por cierto que reflejan incumplimiento de los grandes objetivos institucionales, no varían, son tan vacíos como los que escuché en reunión formal con la Comisión de Vigilancia y en el desayuno al que nos invitó a diputados priistas donde nos confió que sus funcionarios filtraban impunemente información falsa, yo lo escuché, a lo que por cierto el Procurador General de la República señaló investigaría y tampoco pasó nada.

Lo recuerdo en reunión con el CEN del PRI, presentando un ambicioso programa de combate a la corrupción y de lo que ahí dijo sólo se cumplió lo que los priístas intuimos y le señalamos. Vale la pena hacer un recuento, señor Secretario.

Qué grave que se utilice la SECODAM como instrumento de filtración, mentira y manipulación política y electoral. Qué pobre papel de una institución que en la transición y en la reforma del Estado, que no avanza por cierto, debiera ser parte fundamental.

Qué grave que en temas tan relevantes para el país para avanzar en la transición, como el fraude de los "amigos de Fox", las auditorías al FOBAPROA, la ilegalidad del grupo de transición, el "toalla-gate", los millones que le metieron al rancho del Presidente para recibir a Bush, las fechorías del jurídico del IPAB, nada se dice de "peces azules" desde su "Secretaría política", no de Contraloría.

La réplica la hago con un solo ejemplo: el FOBAPROA. La Auditoría Superior de la Federación con gran responsabilidad, sin rumores, sin filtraciones y con profesionalismo nos presentó los resultados. Hasta ese día, el 9 de septiembre se conoció la información, antes no hubo ni filtraciones ni rumores. Ahí por cierto, se refiere que el impacto económico de la crisis financiera del FOBAPROA, asciende, señor Secretario, a más de 800 mil millones de pesos y la deuda pública del IPAB a más de 600 mil millones de pesos y no hay recursos para salud, para el ISSSTE, para el IMSS y para los indígenas. Así de grave la situación.

Por ello le refiero que en el informe de la Cuenta Pública de 1999, escúchelo, señor Secretario, de 1999, al referirse la Auditoría al IPAB, señala que este Organo Superior de Fiscalización desde septiembre del 2000 o sea hace dos años, recomendó una auditoría para detectar irregularidades o ilegalidades en los "créditos doble AA" de la insuficiente auditoría de Michel Mackey. No pasó nada; bueno, sí, el Contralor renunció y no dio la cara.

Permítame finalmente leerle textualmente unos renglones de ese informe de la Auditoría: "...es necesario que la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en el ámbito de sus atribuciones, vigile que la Comisión Bancaria, el IPAB y el FOBAPROA, dicte las medidas conducentes para el exacto cumplimiento del artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y el caso de que observe omisiones que impliquen responsabilidades administrativas, proceda a fincar las responsabilidades que correspondan". Así de claro, señor Secretario, le dijo el Auditor a la Contraloría.

Señor Secretario ¿qué ha hecho usted en dos años al respecto? ¿Hay nuevos cómplices del FOBAPROA desde el gobierno de Vicente Fox en su Secretaría: la Comisión Bancaria y el IPAB? ¿No es muy sintomático que el Auditor Superior anuncie que auditará su programa anticorrupción?

El Presidente:

Solicito concluya, diputado.

El diputado Víctor Roberto Infante González:

Termino, señor, con la misma tolerancia que le dio a su compañero de partido.

Le tomamos la palabra, señor Secretario; le tomamos la palabra, señor Secretario. Todos los corruptos, sin excepción, aún los azules debe tener un solo destino: la cárcel.

(Aplausos)

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos para dar respuesta, el señor Secretario Francisco Barrio.

Perdón, perdón. Iniciamos la segunda ronda.

Para tal efecto tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta el diputado Miguel Barbosa Huerta.

EL diputado Miguel Barbosa Huerta:

Gracias.

En una primera etapa la de democratización del país, una legislación electoral aceptable e instituciones como el IFE, permitieron la alternancia en el poder y un Congreso plural. En una segunda etapa, la de consolidación, exige de instituciones fuertes para supervisar y ejercer un efectivo control de las actividades de las instituciones del Estado.

La democracia no sólo debe verse como la forma para elegir individuos encargados de realizar tareas de gobierno, sino también como mecanismos de control de la actividad del Estado y de rendición de cuentas en el que la Secretaría a su cargo señor, ha dado mucho que desear.

Nosotros consideramos que la Secretaría que usted representa no ha estado a las alturas de las expectativas que el pueblo esperaba. ¿Por qué lo decimos? primero, porque no ha devuelto la confianza a la sociedad respecto a las instituciones de gobierno; era una tarea importante devolver esa confianza para el pueblo de México. Segundo, porque ha sido magros y muy pobres los resultados ofrecidos.

¿A dónde están las auditorías que debieron haberse practicado a las secretarías de estado y a los organismos descentralizados de la administración zedillista?

Aquí hemos escuchado una serie de acusaciones. ¿Cómo pueden venir a hablar quienes generaron el IPAB y el FOBAPROA, el fraude a la nación PRI y PAN? ¿Cómo pueden venirse a acusar de la práctica de las filtraciones cuando la filtración fue una práctica heredada por el pasado régimen. Finalmente es una práctica que utilizan los que tienen la disposición de la información y los que creen que la información es poder.

¿Cómo podemos encontrar confianza en una secretaría que debe representar efectivamente la confianza del pueblo de México hacia las instituciones? Por esas razones hacemos las siguientes preguntas: Si se llevaron a cabo cuál fue el resultado de las auditorías practicadas a las secretarías de estado y a los organismos descentralizados de la administración de Ernesto Zedillo.

Y segundo, se nos informe de manera clara cuál es el resultado de la auditoría que se practicó a las representaciones diplomáticas de México en Cuba. Y en caso concreto cuál es la responsabilidad del señor Embajador. Gracias.

El Presidente:

Para dar respuesta tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, el Secretario Francisco Barrio Terrazas.

El SecretarioFrancisco Barrio Terrazas:

Con mucho gusto.

Mire, respecto a su primera pregunta de cuál fue el resultado si se hicieron, a diversas auditorías, a las dependencias y entidades por el periodo que concluyó el 1o. de diciembre del 2000.

Mire, hemos realizado además de las auditorías ordinarias que hacen los órganos internos de control, hemos realizado auditorías que practica la Unidad de Auditoría Gubernamental, que es parte central de la SECODAM, en un número de 114 en lo que va de la administración. De éstas 84 se realizaron en el año 2001 y se refirieron al ejercicio anterior. Las otra ya son correspondientes al presente ejercicio.

Como resultado de esas revisiones hubo 1093 observaciones, de esas, 822 fueron de las auditorías realizadas en el año 2001. Claro, aquí hay observaciones de todos los montos; algunas ciertamente relevantes, otras más modestas. Hay en estas auditorías 175 casos de presunta responsabilidad, de posible responsabilidad; de éstos, 93 fueron turnados a la Dirección General de Responsabilidad de Situación Patrimonial, en el área central, por responsabilidades que ascienden a los 4 mil 655 millones de pesos y 244 millones de dólares.

Por otro lado, también de esas auditorías se enviaron a las contralorías internas, otros 75 expedientes de presunta responsabilidad por 1 mil 519 millones de pesos y 24.8 millones de dólares.

Eso es lo que podría así mencionarle en números de lo que se hizo de esas auditorías. De algunas de éstas hubo también denuncias penales, que están dentro de la cifra que antes señalé.

Luego, el resultado o cuál ha sido el trabajo de revisión en la Embajada de Cuba. Mire, nosotros revisamos el año pasado, en la Embajada de Cuba, hicimos una auditoría para revisar dos aspectos: por un lado, los gastos administrativos de la Embajada, el ejercicio de su propio presupuesto y, por otro lado, los movimientos consulares: qué ha ocurrido en la emisión de visas.

En la parte del gasto administrativo, de ejercicio del presupuesto ordinario de la Embajada, si bien es cierto que hubo algunas observaciones, se trata de observaciones que estimamos que pueden ser solventadas, están en proceso de solventación, no son observaciones graves.

En la parte del Consulado, de movimientos de emisión de visas y este tipo de documentos consulares, ahí sí encontramos algunas irregularidades graves. Ahí sí encontramos que se estuvo comerciando con la emisión de estos documentos, que no se ejerció un buen control de las formas que se utilizan para estos propósitos, las formas valuadas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, estas irregularidades, estas observaciones que se observaron en los movimientos consulares nuestra apreciación es que no resultan en una responsabilidad para el actual embajador, y así lo hemos hecho saber a los medios de comunicación. Hasta ahí hemos llegado.

Recientemente hemos recibido, de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de su Oficialía Mayor, la denuncia de que hay algunos otros movimientos que pudieran ser irregulares. En esa parte no hemos empezado todavía a revisar.

Hasta donde hemos revisado no tenemos elementos para hablar de irregularidades o que pudieran resultar en responsabilidades a cargo del actual embajador.

El Presidente:

Esta presidencia pregunta al diputado Barbosa si desea hacer uso de su derecho de réplica. Tiene usted el uso de la palabra hasta por tres minutos.

El diputado Miguel Barbosa Huerta:

Señor secretario, hubiera yo querido oir la calificación que el titular de la Secretaría de la Contraloría hace de la administración de Ernesto Zedillo. Nos dio cifras y la impresión que me provocó, por lo menos a mí, fue que fue una administrdación corrupta.

Yo esperaría que ya se hubieran hecho las denuncias de hechos correspondientes a la Procuraduría General de la República para ejercer acciones penales en contra de los responsables. De haberlo hecho y no haber ejercitado esas acciones penales, el negligente sería el señor procurador y no encontremos después que el señor procurador o la Procuraduría no ha recibido esas denuncias y que estarían guardadas en su escritorio y entonces sí para poder ejercitar un manipuleo político de la función de la Contraloría.

Sí nos preocupa que se politice su función. En realidad la función de la Contraloría tendría que estar fuera del Poder Ejecutivo, tendría que estar como un órgano constitucional autónomo. Ese ha sido el planteamiento del Partido de la Revolución Democrática.

Ahí tiene que avanzar el desarrollo administrativo y el desarrollo del control de la actividad y de las instituciones del Estado.

Sí fuimos testigos de su enojo al dar los resultados de transparencia internacional. Cuando hace usted la argumentación hace una valoración individual, pero no hace un análisis general.

México pasó del lugar 53 al lugar 57, y eso sí preocupa. El problema de la corrupción no ha sido resuelto, ha habido un agravamiento de los hechos, y lo que podría ser un análisis a la administración anterior con sanciones y con acusaciones penales, podría convertirse en un análisis y acusaciones a esta administración cuando lleguemos a otro gobierno, a otra administración pública federal.

Nosotros expresamos nuestra voluntad de que esos acuerdos que ofrecen en el Partido Revolucionario Institucional, no sean acuerdos de impunidad.

Y aquí en el Congreso, aquí en la Cámara de Diputados, todos los que hablan en contra de la corrupción, van a tener oportunidad de expresarse este martes cuando voten en el pleno si se instala o no la Sección Instructora para que podamos juzgar a los pillos; el destino de los pillos sean de cualquier partido, debe ser la cárcel. Gracias.

El Presidente:

Para formular su pregunta tiene el uso de la palabra la diputada María Teresa Gómez Mont, hasta por tres minutos.

La diputada María Teresa Gómez Mont:

Señores Secretarios de Comisiones; señor Secretario Barrio: Creo que es muy satisfactorio ver que todas las fracciones políticas reconocen la contundencia de los mexicanos en votar por una transformación de México, centrando ese cambio en el combate a la corrupción.

Señor Secretario Barrio: Creo que usted tiene una de las tareas más difíciles de este régimen. Usted hereda siete décadas de corrupción y una administración pública obesa, ineficiente, costosa al máximo para la Hacienda Pública Federal.

Creo que a usted le toca esa función de poner el dedo en la llaga, del viejo régimen, de eso que ya nadie quiere.

Por eso y por la depuración de la política porque creo que debemos ser conscientes que eso no ha afectado sólo al PRI sino a todos los que participamos en política y promoviendo esa dignificación de ella me permito preguntarle:

¿Qué está haciendo la SECODAM para transformar a su interior y de alguna manera cambiar esos mecanismos que por décadas se convirtieron en protección de funcionarios infractores o que fueron ajustes de cuentas entre grupos antagónicos del entonces partido en el poder para convertirla en una auténtica instancia de combate a la corrupción? ¿Qué se hace para garantizar la eficiencia administrativa en la Administración Pública Federal?

La Ley de Transparencia cuyo sólo intento por décadas fue obstaculizado y hoy es una excelente herramienta ¿qué expectativas estructurales representa en un país de creciente desarrollo?

Y por último, ¿qué mecanismos preventivos se aplican para corregir esas conductas y evitar que quien llegue al poder, sea del partido que sea, se encuentre incapacitado para sacar beneficios a costa del mismo gobierno, o sea, del pueblo?

Señor Secretario: Quisiera decirle que el pueblo de México tiene puestos los ojos en su acción. Es muy importante que pueda de alguna manera señalarnos cuál es el antes del 2 de julio del 2000 y cuáles son las expectativas para después.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra para dar respuesta, hasta por cinco minutos, el señor Secretario Francisco Barrio.

El Secretario Francisco Barrio Terrazas:

Muy bien, a la pregunta ¿qué se está haciendo para cambiar la Secretaría al interior? Ya ahorita comentábamos que hemos venido dando un impulso fuerte a la parte preventiva de la Secretaría, a las acciones de mejora que se pueden realizar hacia el interior del gobierno. La Secodam si bien es cierto tenía un programa que se llamaba de modernización administrativa, un programa formal, en los hechos la verdad es que muy poco había podido incidir porque esto se había tratado de hacer en una forma centralizada, con una unidad de desarrollo administrativo muy muy pequeña que no alcanzaba hacer realmente nada al interior del gobierno.

Hoy en día eso está modificándose con la creación en cada una de las contralorías internas de una unidad de mejora administrativa, una unidad que hemos segregado de las áreas de auditoría para que se conviertan en especialistas de reingeniería de procesos. Y todo ese personal de las contralorías que está pasando por un proceso de capacitación para ir trabajando con las instituciones en la mejora de sus procesos.

Ya en esto hay algunos ejemplos interesantes de mejora de procesos, de mejora de algunos sistemas que se han logrado en el gobierno. Pongo un ejemplo: Comisión Federal de Electricidad. Tenía dispersas en toda la República cerca de 700 cuentas de cheques. Esto significaba, además de toda la ineficiencia administrativa de manejar tantas y tantas cuentas que ni siquiera se conciliaban. Representaba un problema de ineficiencia financiera porque había saldos en todas estas cuentas y entonces la cantidad de dinero inmovilizado era muy considerable

Ahorita en una primera etapa estas 600 y pico de cuentas se han reducido a 80 y tantas. Y el compromiso es de reducirlas en una segunda etapa a 53, si mal no recuerdo.

La otra parte que se ha hecho en esto es que se hicieron ahí algunos arreglos para aprovechar la tecnología y entonces el dinero, los saldos de todas estas cuentas se concentran todos los días, al final del día, se mueven a una cuenta concentradora en la ciudad de México, que permite que ese dinero le dé alguna ganancia, algún interés al organismo. En la mañana esos mismos saldos, esas mismas cantidades regresan a sus cuentas de origen y permiten la operación en las regiones.

Otro ejemplo. En Pemex con la aplicación de esto que decíamos ahorita de poner a revisión las bases de licitación antes de que sean definitivas. Se acaba de hacer una compra de computadoras en la que se está logrando un ahorro cercano al 20 por ciento en los precios obtenidos contra precios que todavía se pagaban el año pasado. Este puede llegar a ser un ahorro superior a los siete millones de dólares. Entonces son parte de estas mejoras de procesos que se han ido haciendo en coordinación con las instituciones.

Luego ¿qué expectativas estructurales tenemos por la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información? Pues mire, yo le diría que es tan sencillo como esto: los 20 países del mundo que tienen los niveles más bajos de corrupción, todos sin excepción tienen leyes de acceso a la información. Los 50 ó 60 países más corruptos del mundo ninguno tiene una ley de acceso a la información. O sea, la influencia que el abrir los asuntos públicos tiene en que haya esa rendición de cuentas, esa transparencia, que finalmente evita los actos de corrupción es poderosísima, mucho más de lo que nos podemos imaginar.

Yo sí visualizo que en un mediano plazo, a la vuelta de 5, 10, 15 años, los efectos que esto va a tener en un cambio estructural en el país van a ser de una enorme, enorme magnitud.

Esto naturalmente tiene qué ver con la última parte de su pregunta, los mecanismos precisamente para impedir que ese tipo de conductas ilícitas se den. Pues no hay nada como eso. En todo el mundo no se ha encontrado nada mejor que el tener mecanismos transparentes, que el tener mecanismos de rendición de cuentas realmente efectivos, para que la gente sepa lo que está ocurriendo en las oficinas de gobierno.

El Presidente:

Para formular su derecho de réplica, tiene el uso de la palabra el diputado Abel Cuevas Melo.

El diputado Abel Ignacio Cuevas Melo:

Con su autorización, señor Presidente.

Voy a referirme al sentir de muchos mexicanos que el 2 de julio del 2000 votaron por el cambio, algunos porque desde su nacimiento sólo conocieron de quienes ejercieron el poder, abusos, corrupción e impunidad; otros, porque estando decididos a creer en su gobierno y las bondades de cierta estabilidad social, se cansaron de vivir en un país corrupto.

Para ellos, unos y otros, el factor determinante en su decisión y el anhelo de tener un mejor México, se cristalizó en la oferta del candidato Fox, de combatir frontalmente a la corrupción. Para ellos, el triunfo de Acción nacional significó la posibilidad de quitar el poder a quienes hicieron de su ejercicio práctica cotidiana de abusos, impunidad y corrupción. Para ellos esperanza es saber que a partir de diciembre del 2000 otro es el rumbo y que hay por fin en el poder, después de más de 70 años, personas decididas a luchar contra ese mal; esa es la diferencia.

Para ellos, como en ninguna otra área de gobierno, la SECODAM y su titular tienen hoy la responsabilidad directa de personificar esa nueva forma de concebir la política y el ejercicio del poder. Para ellos la conciencia de que se está combatiendo la corrupción queda clara en acciones que estamos conociendo a través de la prevención, el desarrollo administrativo y, desde luego, en la labor fiscalizadora que va culminando con certeza en la sanción a los culpables.

Cierto, hoy también hay muchos que no querían el cambio, aquellos que se vieron beneficiados por el poder que permitía la corrupción, aquellos que de la impunidad hicieron la forma cotidiana de actuar y aquellos que violando las normas crearon para sí y su grupo, las oportunidades y ventajas que no volverán a tener.

Esos hoy señalan a quien es punta de lanza en el Poder Ejecutivo contra la corrupción, como responsable de cuidar los intereses de mi partido político y yo aquí no los desmiento, es cierto, parte de la oferta política de Acción Nacional es esa y por eso votaron millones de mexicanos el 2 de julio del 2000 y esperan que usted, señor Secretario, actúe enérgicamente contra la corrupción y la impunidad que los de antes propiciaron.

El universo de los probables culpables como efecto sólo de la alternancia, les pesa a todos estos acusadores.

El Presidente:

Señor diputado ha concluido su tiempo, le pido redondeé.

El diputado Abel Ignacio Cuevas Melo:

Concluyo señor Presidente.

Los diputados del Partido Acción Nacional respaldamos, responsables frente a los ciudadanos que representamos, la labor de SECODAM y percibimos que hoy como nunca tiene vigencia la frase de uno de los fundadores el PAN, don Manuel Gómez Morín: "En cuanto al llegar al poder, basta recordar cuántos lo han alcanzado para el mal. Lo importante no es el poder, sino aquello para lo cual debe servir el poder".

Muchas gracias.

(aplausos)

El Presidente:

Para formular su pregunta, tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos, el diputado Policarpo Infante Fierro.

El diputado Policarpo Infante Fierro:

Compañeras y compañeros Diputados, señor Secretario. A todos los mexicanos nos preocupa la imagen de corrupción que se proyecta en el exterior de nuestro país, pero más nos preocupa que realmente existan deficiencia, transparencia, cumplimiento de metas y honestidad en nuestro propio gobierno.

Hay prácticas de corrupción que han sido y siguen siendo un factor que pone en duda la eficacia de políticas públicas y el claro destino de los recursos del Erario.

El Gobierno del Presidente Fox ha reiterado sistemáticamente que representa el cambio y que fundamentalmente este cambio lo sustenta en el combate a la corrupción y ha anunciado con bombo y platillos, una serie de programas para enfrentarla.

Cuando le escuchamos señor Secretario a través de los medios de comunicación que ahora si vamos por los peces gordos, que ahora sí se está combatiendo la corrupción, obviamente se genera una expectativa de que se realizan acciones integrales , de que se actúa con imparcialidad hacia gestiones ya concluidas y hacia las gestiones que actualmente están en funciones.

Pero curiosamente lo que se filtra y se da a conocer es únicamente lo que ocurrió en el pasado o donde se involucra a personas que son de partidos distintos al suyo, pero no hemos visto acciones fuertes en contra de servidores públicos actuales.

¿Qué acaso ya no existe ningún corrupto

quienes no son de su partido¡ Ya lo expresaron otros diputados que me antecedieron, no supimos nada de los resultados del "toallagate", ¿se sancionó a los responsables? ¿Se investigó las obras de remodelación realizadas al Rancho San Cristóbal en Guanajuato con motivo de la visita del Presidente Bush? ¿Se hicieron con recursos públicos o fueron hechas por el Presidente Fox? ¿Qué ha hecho la SECODAM en el tema del IPAB, ha practicado auditorías, ha realizado observaciones o recomendaciones?

¿Va usted a instaurar procedimiento de responsabilidades por la dilapidación de los recursos públicos en las Coordinaciones creadas alrededor del Presidente y que es claro que se gastó el dinero sin un solo resultado, por eso se están cerrando?.

Hay muchas interrogantes sobre los resultados y logros de la SECODAM, pero hay algo que sí es cierto, aunque a usted no le guste, señor Secretario, la medición que otorga México Transparencia Internacional como una organización seria que cuenta con el respaldo de muchas naciones, es que la corrupción en México se ha incrementado en los dos últimos años.

¿No se ha puesto a pensar señor Secretario, que todas esas manifestaciones de inconformidad social, que han proliferado por todo el país en contra de autoridades federales se debe fundamentalmente a la desesperación y a que finalmente se les agota la paciencia porque no les resuelven sus problemas y porque no son atendidos por los servidores públicos actuales?.

Y qué la ineficiencia y la falta de responsabilidad para cumplir con un deber no es corrupción, ¿qué se ha hecho para evitarlo?. Ya concluyo.

Usted ha convocado permanentemente a la sociedad a que participe en el combate a la corrupción, ¿pero se le ha informado a la sociedad cómo hacerlo? ¿Usted cree que el ciudadano común sabe a dónde dirigirse para presentar una queja o denuncia?

Finalmente señor Secretario, ¿no cree que ya es tiempo que la SECODAM se dedique realmente , con imparcialidad, a abatir los niveles de corrupción en vez de andar filtrando informaciones sensacionalistas y darnos la impresión de que usted es el verdugo de los enemigos políticos.

Muchas gracias. (aplausos)

El Presidente:

Para dar respuesta tiene el uso de la palabra el Secretario Francisco Barrio hasta por cinco minutos.

El Secretario Francisco Barrio Terrazas:

Cómo no señor diputado Infante.

Respecto a su señalamiento de que no hay acciones en contra de funcionarios de este Gobierno, ha habido ya sanciones -claro bastantes- contra servidores públicos de esta Administración. (desorden en el salón)

Mire, concretamente y paso a la siguiente parte de la pregunta. Se pregunta si se sancionó a los responsables del "toallagate", sí se les sancionó, sí se les sancionó a todos ellos los que resultaron ahí con responsabilidades se les aplicaron sanciones, hubo ahí inhabilitaciones de 2, de 3 años... (desorden en el salón)... Bueno, cuando terminaron las suspensiones de algunos de ellos de nivel muy menor, efectivamente fueron recontratados, algunos están inhabilitados por 3 años.

Luego, las reparaciones en rancho San Cristóbal que es un tema que ya he escuchado aquí en 2 ó 3 momentos, ése es un pago efectuado por un ayuntamiento (desorden en el salón), ámbito en el cual nosotros no tenemos competencia para revisar... (desorden)...

Miren señores,... miren señores... (desorden en el salón)...

Señores, yo les pido me den el trato que les di cuando ustedes hablaron...

El Presidente:

Me permite señor Secretario. Les pido a todos los señores diputadas y diputados, guardar el orden que nos distingue y el respeto al orador en turno como se ha hecho con todos los que le precedieron. Muchas gracias.

El Secretario Francisco Barrio Terrazas:

Independientemente de cuál haya sido el ayuntamiento, es un ayuntamiento y no tenemos facultades en SECODAM para fiscalizar las operaciones de los ayuntamientos.

Finalmente, en el tema de... bueno, hay recursos federales como el ramo 33 que SECODAM no puede fiscalizar, ¿por qué?... porque ha quedado establecido desde años atrás que esos recursos se entregan a los Estados y toman carácter de ingreso de los Estados; quedan registrados en la Ley de Ingresos de los Estados y forma parte de los ingresos de los Estados, quien lo tiene que revisar son las propias contralorías estatales y, en su caso, los órganos de fiscalización de los poderes legislativos de los Estados entonces yo no puedo responder de un ámbito que no está dentro de mi competencia.

Por otro lado, en lo que se refiere al índice de transparencia internacional vuelven a mencionarlo; vuelvo a decirles que el saldo es positivo, que tenemos tres décimas todavía por arriba de la calificación con la que recibimos el Gobierno en el año 2002; bueno, eso lo diremos las veces que sea necesario decirlo.

Y luego, luego de este tema de actuar con imparcialidad. Miren señores, nuestro trabajo es también materia de revisión de la Auditoría Superior de la Federación.

No va a haber -desde ahora se los digo-, no va a haber un solo caso que se nos pueda señalar en donde hayamos nosotros encontrado alguna irregularidad a la que no le hayamos dado el curso que la ley nos obliga a dar. Ni uno solo que hayamos revisado, que hayamos encontrado y que no le hayamos dado ese manejo, tampoco habrá en ningún caso un solo contralor, un solo responsable de áreas de auditoría, de áreas de responsabilidad que pueda decir que se le ha dado instrucción de ir en pos o en persecución de tal o cual persona, de direccionar las auditorías para ir a encontrarle culpabilidad a tal o cual funcionario. Jamás hemos hecho eso.

Nuestro trabajo ha sido institucional, nuestro trabajo ha sido un trabajo técnico con apoyo en la ley, con apoyo en las facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal nos da.

El Presidente:

Esta Presidencia pregunta al diputado Roberto Zavala si desea hacer uso del derecho de réplica de su grupo parlamentario. Tiene usted el uso de la palabra hasta por tres minutos.

El diputado Roberto Zavala Echavarria:

Compañeras y compañeros diputados; señor Secretario Barrio.

Por la delicada función que tiene asignada la dependencia a su cargo, la responsabilidad, la sensatez y la discreción deben ser las normas imperativas que rigen su accionar y nos preocupa, señor Secretario, lo que ha venido sucediendo en tiempos recientes, porque no solamente la lucha por erradicar la corrupción en este país, la corrupción pública concretizo por lo siguiente que voy a decir, es de este gobierno o de estos dos últimos años. Hace muchos años que el pueblo de México se ha dado instituciones para combatir y erradicar la corrupción pública y aún, señor Secretario, con los indicadores internacionales de transparencia no creemos que el pueblo mexicano entero sea un pueblo corrupto.

No se vale que por defender las acciones de un gobierno califiquemos a todo un pueblo de corrupto. La inmensa mayoría de los mexicanos, de las familias mexicanas, son gente honesta, limpia y trabajadora, señor Secretario. Las madres mexicanas todos los días le enseñan a sus hijos que es mejor ser pobre pero honrado, a ser rico corrupto o delincuente.

Tampoco creemos, señor Secretario, que la pobreza traiga aparejada corrupción o delincuencia. México es ahora un país mucho más rico que hace 40 años y entonces éramos calificados de un pueblo más honesto y más trabajador y con menos delincuencia.

El pícaro o el delincuente no nace, se hace, pero no hay mayor forma de corrupción que aquella donde se utiliza el poder para afectar personas o instituciones mediante las llamadas filtraciones, o lo que es lo mismo, el chisme o el rumor, que solamente propician la difamación e incentivan la calumnia, pero lo que es todavía peor, se deforma la opinión pública, se induce al linchamiento popular, y lo que es todavía más grave; se enturbia el proceso de justicia que es propio de toda la acción de gobierno.

La justicia debe ser ciega y sorda y con tales acciones de chismes, rumores o filtraciones o como se les llama, se conculcan los derechos de los justiciables, se hace nugatoria la defensa de los presuntos responsables, se crea una psicosis colectiva de culpabilidad, que cuando el tribunal dicta sentencia absolutoria ya fueron destruidas la personalidad, la familia y el patrimonio de los perseguidos.

Concluyo, señor Presidente, con una recomendación para todo gobierno, en especial para el gobierno del Presidente Fox y en particular para el señor Secretario Barrio: que deben tener siempre presente la máxima contenida en el principio jurídico universal que viene del derecho romano, con Cicerón, que hizo crisis en Francia fines del Siglo XIX con el caso de Ariaifuz (¿) y que dice que es preferible liberar a un culpable, señor, que condenar a un inocente.

(aplausos)

El Presidente:

Para dar un mensaje final, de conformidad al acuerdo que rige esta comparecencia, tiene la palabra hasta por ocho minutos, el Secretario Francisco Barrio Terrazas.

El Secretario Francisco Javier Barrio Terrazas:

Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero referirme a una expresión que se ha hecho ya en dos momentos de esta comparecencia y es la que dice: "No creemos que la pobreza traiga necesariamente aparejada la corrupción". Y yo comparto esa apreciación señor diputado, lo que ocurre es al revés, la corrupción sí trae aparejada la pobreza, no es a la inversa, no es la pobreza la que trae la corrupción, la corrupción trae la pobreza y eso es lo que ha ocurrido en muchos países del mundo.

Por otro lado, en lo que se refiere a que los resultados son insuficientes, bueno, pues habría que comparar con qué. Si fuéramos a ver las estadísticas de años anteriores en lo que se refiere por ejemplo a denuncias y en lo que se refiere a sanciones administrativas y en lo que se refiere a recuperaciones, bueno, si partimos de la premisa de que hoy los resultados son insuficientes, antes eran bastante más insuficientes.

Por otro lado, en cuanto a que no hay todavía ningún servidor público que habiendo incurrido presuntamente en conductas ilícitas, esté en la cárcel, bueno, porque estamos ahora en un entorno democrático en donde se respetan las garantías de los acusados, se respetan los tiempos de la ley y los procesos van avanzando y los procesos judiciales tienen sus propios tiempos.

En ese sentido nosotros preferimos apegarnos al estado de derecho, preferimos que vaya prevaleciendo el estado de derecho que lograr resultados espectaculares.

Luego, en cuanto al tema de las filtraciones, efectivamente, y así lo hemos señalado, ha habido en la SECODAM o en las Contralorías, colaboradores desleales que han hecho mal uso de la información, que han dejado que cierta información salga, pero también es cierto que muchos de estos asuntos han tenido fuentes distintas a la SECODAM o a las Contralorías Internas en algunos casos fuentes privadas, cuando estos asuntos han estado en manos de despachos de abogados y en otros casos ha sido sí de oficinas públicas, pero distintas a las nuestras.

Una cosa sí puedo decir, así como les decía ahorita respecto de la orientación de las auditorías. Nadie, nadie, podrá jamás señalarme ni probarme que yo haya autorizarme en ningún sentido ni tolerado jamás estas filtraciones. Por el contrario, hemos ido sancionando a algunos servidores públicos a los que les hemos podido probar que han sido autores de las filtraciones; se les ha destituido de los cargos que ocupaban.

Y hemos tomado una serie de medidas en ciertas instalaciones estratégicas, clave de la Secretaría, por ejemplo la Unidad de Auditoría. Ahí hemos hecho una serie de inversiones en fortalecer o reforzar los accesos, en poner vigilancia en los accesos de elevadores y escaleras; se han desactivado los accesos a Internet de todos los servidores de esas áreas, de todos los servidores públicos de esas áreas; se han diseñado nuevas contraseñas para que puedan acceder a los equipos de cómputo; se ha prohibido que ahora salgan los expedientes de la Unidad de Auditoría, antes podían salir, hoy no pueden salir; si se tiene que hacer una certificación de un expediente, buscamos que la autoridad certificadora vaya ahí para que el expediente no salga; en fin, una serie de medidas precisamente para asegurarnos de que este tipo de cosas no ocurran.

Quiero referirme ahora a una expresión con la que el señor diputado Solís Acero inició su intervención, decía: "Esta comparecencia se da en un momento crítico de la vida pública de México, y es cierto. Y decía, mi apreciación -decía el diputado- es que la Secodam ha contribuido a que se de esta situación crítica.

Miren, los asuntos que nosotros manejamos, bueno, son asuntos que por su propia naturaleza tienen a crear ciertas polaridades. Entendemos muy bien que la sociedad mexicana no quiere enfrentamientos, que la sociedad quiere acuerdos, pero también tenemos nosotros la convicción de que la lucha contra la corrupción no tiene porqué dividirnos, no debe dividirnos.

Que la lucha contra la corrupción, puede y debe, por el contrario, hermanarnos, porque finalmente lo que se busca en este frente de la lucha contra la corrupción, es un valor que a todos atañe, que a todos nos interesa, que a todos nos beneficia.

Yo creo que puede hermanarnos la lucha contra la corrupción y todos los actores, políticos y sociales, aceptamos que la ley tiene que cumplirse y que nadie puede estar por encima de ella. Que nadie debe abusar ni apropiarse de los recursos públicos, que son del pueblo y para el pueblo. Que toda persona o institución que tenga a su cargo el manejo de recursos y de asuntos públicos, tiene la obligación de rendir cuentas y la responsabilidad de entregar resultados, y que en todo esto debe haber un pleno respeto a los procesos legales y, desde luego, a los derechos y las garantías individuales.

El combate a la corrupción y la construcción de transparencia, pueden ser uno de los consensos nacionales más sólidos, y como lo hemos propuesto asumimos entre todos esa tarea con una visión de estado, en donde concurramos los tres Poderes de la Unión, los tres niveles de gobierno, las distintas fuerzas políticas, las organizaciones sociales y, en general, los ciudadanos.

Todos, todos somos responsables del futuro del país, todos en alguna medida u otra hemos participado en su construcción y en su modernización. Todos ahora en nuestras responsabilidades públicas tenemos la obligación de responder a las demandas y a las esperanzas de los mexicanos.

De cara al futuro, precisamente hoy, todos, todos tenemos la obligación de definir nuestra posición frente a la corrupción y frente a la impunidad, y tomo las palabras del señor diputado, en el sentido de que son momentos en que hay que definirse, si queremos estar a favor de la legalidad, a favor de la aplicación del estado de derecho, a favor de la integridad y la ética o si queremos estar a favor de la impunidad. Son momentos que exigen definiciones de todos.

Tenemos pues la oportunidad de hacerlo juntos, construyendo esa política de estado. Podemos hacerlo juntos y con ello demostrarle a la sociedad, que tenemos la voluntad y el compromiso de dar resultados.

Hagamos esta tarea juntos y que la sociedad mexicana sepa claramente, que ninguna fuerza política, que ningún liderazgo social, político o de ninguna otra especie, está dispuesto a defender la impunidad ni a consentir la corrupción.

Señoras y señores legisladores, muchísimas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes. (Aplausos)

El Presidente:

Estamos ante un ejercicio civilizado y constructivo de rendición de cuentas, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, por conducto de su titular, el Secretario Francisco Barrio Terrazas, asiste en este día a este recinto a explicar programas, acciones y estrategias emprendidas.

Aquí está la prueba de los frutos del equilibrio entre los poderes federales, Legislativo y Ejecutivo. Es este un ejercicio de democracia republicana, la corrupción puede poner en entredicho el proyecto de desarrollo de Nación, cualquiera que este sea. Por encima de nuestras diferencias, la fuerza destructiva de la corrupción puede cerrar las posibilidades para construir un proyecto común a partir de las convergencias. La corrupción produce beneficios efímeros para algunos y daños permanentes para todo el arreglo social, económico y político en México.

Es la hora de la consolidación definitiva del estado de derecho; se trata del andamiaje de certeza, justicia y crecimiento de todos los que lo queremos ver realizado. Cualquier costo para el desafío que nos plantea hacer de la norma un instrumentos eficaz, siempre será mucho menor al costo de hacer de la norma un instrumento de intercambio.

El día de hoy hemos participado en cumplimiento de nuestras obligaciones constitucionales en un diálogo en el que, aún con grandes divergencias, se evidenció la fortaleza de nuestro régimen político para dar cauce a las expresiones de todas las manifestaciones y representaciones políticas en el Congreso de la Unión.

Se agradece al señor Secretario su disponibilidad para dar respuesta a los planteamientos expuestos, así como a todos y todas las diputadas y diputados, para que esta comparecencia se llevar a cabo con respeto y madurez política.

De conformidad con lo que establece el artículo 7º., numeral cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta reunión será remitida al ciudadano Presidente de la República para su conocimiento.

Agradezco la conducción y generosidad del diputado Manuel Galán Jiménez por la celebración de esta comparecencia, y a todos ustedes su asistencia y respeto.

Se levanta la sesión.