Comparecencia del Secretario de la Reforma Agraria,
Florencio Salazar Adame, correspondiente al
Tercer Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada

Cuestionamientos de los grupos parlamentarios

Instalación de la Mesa:
Teófilo Manuel García Corpus

PRIMER TURNO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Luis Antonio González Roldán, Partido Verde Ecologista de México
Respuesta: Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria
Réplica: Luis Antonio González Roldán, Partido Verde Ecologista de México


Pregunta: Margarito Fierros Tano, Partido de la Revolución Democrática
Respuesta: Florencio Salazar Adame
Réplica: Margarito Fierros Tano, Partido de la Revolución Democrática

Pregunta: Luis Andrés Esteva Melchor, Partido Acción Nacional
Respuesta: Florencio Salazar Adame
Réplica: Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Chávez Murguía, Partido Acción Nacional

Pregunta: Oscar Félix Ochoa, Partido Revolucionario Institucional
Respuesta: Florencio Salazar Adame
Réplica: Eviel Pérez Magaña, Partido Revolucionario Institucional

SEGUNDO TURNO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Ana Lilia Guillén Quiroz, Partido de la Revolución Democrática
Respuesta: Florencio Salazar Adame
Réplica: Ana Lilia Guillén Quiroz, Partido de la Revolución Democrática

Pregunta: José Lamberto Díaz Nieblas, Partido Revolucionario Institucional
Respuesta: Florencio Salazar Adame
Réplica: José Lamberto Díaz Nieblas, Partido Revolucionario Institucional

Pregunta: Rocío Guzmán de Paz, Partido Acción Nacional
Respuesta: Florencio Salazar Adame
Réplica: Rubén Alfredo Torres Zavala, Partido Acción Nacional

Pregunta: Elpidio Concha Arellano, Partido Revolucionario Institucional
Respuesta: Florencio Salazar Adame
Réplica: Elpidio Concha Arellano, Partido Revolucionario Institucional

Comentarios finales:
Teófilo Manuel García Corpus



















19 DE NOVIEMBRE DE 2003
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA
FLORENCIO SALAZAR ADAME

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Buenas tardes, la Presidencia informa que de acuerdo al registro de asistencia de diputadas y diputados, miembros de la Comisión de Reforma Agraria, hay quórum.

(A las 17:20 horas): Se abre la reunión.

Con fundamento en el artículo séptimo numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado por el Pleno con fecha 4 de noviembre del 2003, comparece el licenciado Florencio Salazar Adame, Secretario de la Reforma Agraria invitado a esta reunión de la Comisión de Reforma Agraria en la que se llevará a cabo el análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República Vicente Fox Quesada, en el tema de su competencia.

En representación de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, nos acompaña la Vicepresidenta, compañera diputada Amalia Dolores García Medina.

Se dará lectura a la parte conducente del Acuerdo Parlamentario aprobado por la Cámara de Diputados en atención del 14 de octubre, relativo a la comparencia de funcionarios del Ejecutivo Federal en comisiones.

En el marco de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, solicito al diputado Secretario Rubén Alfredo Torres Zavala, dar lectura.

El secretario diputado Rubén Alfredo Torres Zavala (PAN):

En atención al artículo cuarto del Acuerdo Parlamentario por el que se establece las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, las comparecencias se realizarán conforme a lo establecido por el artículo tercero de dicho acuerdo, con las siguientes particularidades.

Primero.- El orden de intervención de los diputados y diputadas para los cuestionamientos y réplicas será el siguiente: Convergencia, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional.

Segundo.- En primer término se presentará el cuestionamiento hasta por cinco minutos; en el caso de los grupos parlamentarios que sólo tienen una intervención, su tiempo se extenderá hasta por ocho minutos.

Tercero.- A cada cuestionamiento el funcionario responderá hasta por diez minutos.

Cuarto.- Enseguida, el legislador o legisladora podrán hacer una réplica hasta por cinco minutos.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Para dar cumplimiento al punto segundo numerales 1, 2, 3 y 4, se han inscrito para hacer preguntas y réplicas los siguientes ciudadanos diputados:

Por el Partido Verde Ecologista de México, diputado Luis Antonio González Roldán.

Por el Partido de la Revolución Democrática, diputado Margarito Fierros Tano y diputada Ana Lilia Guillén Quiroz.

Por el Partido Acción Nacional, diputado Luis Andrés Esteban Melchor, diputada Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Chávez Murguía, diputada Rocío Guzmán de Paz y diputado Rubén Alfredo Torres Zavala.

Por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Oscar Félix Ochoa, diputado Eviel Pérez Magaña, diputado José Lamberto Díaz Nieblas, diputada María Hilaria Domínguez Arvizu y diputado Elpidio Concha Arellano.

Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, para formular su pregunta, el ciudadano diputado Luis Antonio González Roldan, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Luis Antonio González Roldán (PVEM):

Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados; señor Secretario de la Reforma Agraria:

Ante esta soberanía, anteriores titulares de la hoy Secretaría a su cargo, han afirmado que la política agraria está diseñada en diversos programas para lograr el ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural y aquellos que fomenten el desarrollo agrario integral, con la aplicación eficaz de los recursos presupuestales y naturales; sin embargo, estos programas no logran establecer una visión clara de cuál es la tarea del Estado en la reforma agraria.

Si se pretende crear las condiciones necesarias para el proceso productivo nacional, para coadyuvar en las acciones sociales que propicie bienestar en el medio rural, los programas agrarios deben estar dirigidos preferentemente a las clases más desfavorecidas, sin descuidar aquellas que también requieren del apoyo del Estado en sus tres niveles de gobierno, para que puedan progresar e insertarse plenamente y de manera digna de su condición humana a la dinámica de nuestra vida social y productiva.

En el Partido Verde Ecologista de México estamos sumamente preocupados por las condiciones en que se encuentra el agro nacional, por ello consideramos que es necesario impulsar una transformación de las estructuras agrarias existentes, de modo que se privilegie la productividad y la rentabilidad y no sólo la tenencia de la tierra promoviendo la formación de las corporaciones agrícolas.

En este sentido, se debe incorporar estructuras financieras que canalicen hacia el campo apoyos efectivos para las entidades más productivas del campo, con el fin de que superen las contingencias naturales de esa actividad. Asimismo, que se proteja de manera efectiva y oportuna a las entidades agrícolas en caso de desastres naturales, ampliando y elevando la aplicación y cobertura del seguro agrícola.

Consideramos también pertinente que se impulse la tecnificación y capacitación del sector agrícola, para educar a quienes en él laboran, de manera que logren elevar la calidad a los suelos a través de acciones claves, como la rotación apropiada de cultivos, la siembra de alta proporción de cultivos de leguminosas y otros, que enriquecen en forma natural el suelo; desarrollo de técnicas que mantengan o incrementen la humedad del suelo; implantar un fondo de capacitación agrícola que otorgue becas para los trabajadores del campo, a fin de lograr su mayor nivel de preparación; crear la carrera de técnico agrícola para ser impartida en todas las instituciones educativas que reciban subsidio del Estado para elevar los conocimientos de los agricultores, respecto al enriquecimiento y productividad de la tierra; implantar una norma mexicana de calidad del suelo, instituyendo una certificación similar al ISO 9000 ó 14000, a fin de reconocer aquellas entidades que logren elevar la calidad de sus suelos y se les canalicen en forma extraordinaria apoyos de diferentes tipos, cuando hayan logrado un nivel predeterminado de calidad de suelo, lo cual sin duda representaría un valor agregado a la tierra del que la posea.

Por una parte, en materia de tenencia agraria, la misión principal de la Secretaría a su cargo es coordinar los esfuerzos gubernamentales para formular estrategias que orienten una correcta ejecución de los programas que se refieren a la propiedad, tenencia y uso de la tierra.

El resolver la problemática agraria y el desarrollo rural son fundamentales para dar respuesta a la mayoría de la población que es afectada por la inseguridad, producto de sus 86 años de incapacidad del Gobierno Federal por realizar su labor.

Debe contribuir la reforma agraria al registro y catastro de las propiedades y de manera conjunta con el INEGI al Sistema de Información Geográfica Nacional y además de solucionar conflictos de tierras, debe establecer mecanismos de inversión para mejorar la propiedad rural.

Aún y cuando las reformas agrarias forzaron una redistribución de la tierra entre los grupos campesinos e indígenas, los recursos financieros y técnicos complementarios requeridos para aprovechar las nuevas oportunidades, fueron invariablemente colocados al servicio de otros. Por ello, quitarle tierras a alguien para darle a otros no es la forma de solucionar el problema, la tierra se le debe de dar a los que o a las que lo soliciten, dentro de un marco legal y evitando con ello las invasiones que se registran en diversos puntos del país por parte de los campesinos, las que son propiciadas por la necesidad y el hambre que padecen los campesinos e indígenas, la clase más desfavorecida del país.

Para ello, debe impulsar la solución de conflictos de propiedad agraria, sobre todo en el caso de tierras ubicadas en zonas de riesgo. Asimismo constituir un régimen de propiedad colectiva de tipo corporativo, para aumentar las economías de escala y la productividad de la pequeña propiedad, y establecer un esquema de subsidios y apoyos, para buscar la autosuficiencia de productos alimentarios básicos y no perseguir la competitividad en la exportaciones agrícolas como objetivo estratégico.

Por otra parte, el Partido Verde Ecologista, está consciente de la importancia que tienen los recursos naturales en torno al desarrollo del campo. Sabe que es falsa la alternativa entre fomentar el desarrollo agrario y la conservación de los recursos naturales, por el contrario, estamos convencidos que se puede simultáneamente realizar, uno y otro, en beneficio del equilibrio de los ecosistemas y de la economía de las familias que podrán trabajar y tener empleo con la adecuada explotación de los recursos naturales.

El desarrollo sustentable complementa las luchas por la justicia social, los derechos humanos y la diversidad cultural. Sabemos que la solución a los problemas de la tenencia de la tierra no será una tarea fácil, pero si todos los sectores actúan unidos se podrán sentar las bases para que México tenga un mejor futuro.

Para concluir, respecto a su gestión al frente de la Secretaría de la Reforma Agraria quiero decirle, señor Secretario, que los mexicanos no requieren de dádivas ni soluciones llenas de política barata por parte del Ejecutivo federal sino de un auténtico apoyo que les proporcione el Estado, mediante la implementación de políticas que tengan resultados reales y eficientes, que reflejen más que un beneficio en cifras una mejoría en la situación particular del individuo y de las comunidades.

Por último, le solicitamos conteste formalmente las preguntas que, oportuna y respetuosamente, le fueron formuladas por este grupo parlamentario y que están publicadas en la Gaceta Parlamentaria, por su atención y respuestas, muchas gracias.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra el licenciado Florencio Salazar Adame hasta por diez minutos para dar respuesta.

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame:

Muchas gracias señor presidente. Señor diputado González Roldán, hemos escuchado con mucho respeto e interés sus cuestionamientos, debo decirle que es compromiso del gobierno de la república fortalecer la propiedad social para hacerla más productiva. Los recursos que se destinan al campo tienen el propósito de que abatamos los niveles de pobreza y de que los hombres y las mujeres que hoy viven, realmente tengan acceso a mejores niveles de bienestar.

Como usted mismo lo ha señalado, la acumulación de problemas durante muchas décadas, no hacen fácil que en un plazo tan corto pueda haber resultados en los cambios estructurales, sin embargo, hay un empeño respaldado por una voluntad política cierta, para que podamos ir avanzando, de tal suerte que el campo mexicano tenga un rostro distinto y realmente se puedan sumar los muchos millones de compatriotas que allí viven a las oportunidades que ofrece el desarrollo nacional.

En relación a las preguntas que oportunamente ustedes nos hicieron favor de enviarnos, podemos indicar lo siguiente: en tres años se ha certificado una doceava parte del rezago que se encuentra en nuestro país, porque al inicio del Programa de Certificación de Ejidos y Solares Urbanos evidentemente había un nivel mucho más amplio. En los 10 años que tiene este programa tenemos un avance de las tres cuartas partes del territorio nacional, aproximadamente 80 millones de hectáreas, que puedo yo puntualizar de la siguiente manera:

Tenemos 24,384 núcleos regularizados que implican el 81%, 73 millones 850 mil hectáreas regularizadas; 66 millones 787 mil hectáreas certificadas; 3 millones 431 mil familias beneficiadas y se han expedido 7 millones 500 mil documentos.

Ocho de cada 10 núcleos agrarios tienen certeza y conocen sus límites territoriales. De cada 10 campesinos con tierras de propiedad social, 93 cuentan ya con un certificado que ampara la legítima propiedad sobre sus tierras.

Cuando se nos pregunta cómo se pueden defender los campesinos sin contar con títulos que les otorguen plena propiedad, respondemos que la Procuraduría Agraria tiene la facultad de otorgar asesoría y representación legal a los sujetos agrarios que así lo requieran.

Al 31 de octubre la Procuraduría ha proporcionado 52 mil asesorías y representando en juicios a 53 mil sujetos agrarios en los tribunales. Se han obtenido resoluciones favorables del orden del 80%, lo que expresa que hay capacidad profesional para defender de manera atinada los intereses de los campesinos.

En cuanto a la marginación, la pobreza y la gran desigualdad y la supuesta pasividad de la Secretaría a nuestro cargo, me permito señalar que el sector agrario participa en la atención a la pobreza y la marginación, a través del programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable, especialmente mediante la certificación, organización, capacitación y apoyo a proyectos productivos.

En el año próximo tendremos un gasto productivo de 55 mil 882 millones de pesos y en acciones para atender a la pobreza, 52 958 millones de pesos, lo cual implica una inversión programada de 108 mil millones de pesos que por supuesto son superiores a los ejercidos en el año 2000, el último del anterior gobierno.

En cuanto a los programas y acciones no destinadas a solucionar conflictos agrarios o titulación de tierra, los programas que implementa esta Secretaría, procuran dar atención integral a los conflictos sociales que prevalecen en el medio rural. Como ejemplo de ello los programas de apoyo a proyectos productivos como el Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos Agrarios y el Programa de la Mujer en el Sector Agrario, ofrece respuesta a las demandas de tierras que al ser concluido el reparto generan así una alternativa para que tengan acceso a actividades económicas y productivas y buscan encauzar los apoyos productivos para fortalecer la política agraria, fomentando el uso multifuncional de la tierra y la generación de ingresos distintos a los agrícolas y pecuarios. Los programas de organización y capacitación promueven la circulación de los derechos agrarios con equidad y legalidad.

En relación a las acciones y de qué tipo se realizan para proteger el patrimonio forestal, éstas a través de la organización y capacitación, el sector agrario orienta a los campesinos para el manejo y protección de los recursos forestales.

La inquietud responde más desde luego a una tarea que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente que a la nuestra, aunque se contribuye de manera transversal mediante la participación en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

Las acciones que realiza la Reforma Agraria para los campesinos que desean conservar la plusvalía de sus tierras, se establecen fundamentalmente en la ejecución del Programa de Certificación de Ejidos y Solares Urbanos.

En los 621 núcleos costeros que integran el Programa Nacional de Atención a Zonas con Litorales, cuyo objeto central es promover la inversión en estas regiones con la participación de los propietarios de la tierra.

Hay un diseño para poner en marcha un programa piloto de bolsa de tierra social, orientado a crear reservas de suelo para el desarrollo urbano, buscando que ejidatarios y comuneros se beneficien del valor de sus tierras y al tiempo se promueva un crecimiento ordenado de las ciudades.

Aquí debo ser preciso: nosotros aspiramos y en eso habremos de comprometernos, a que el crecimiento de las ciudades no siga siendo subsidiado por la tierra de los campesinos. Que los campesinos a través de la certificación y la titulación, puedan incorporar sus tierras al mercado inmobiliario, de tal manera que cuando no puedan asociarse a los desarrolladores de vivienda, por lo menos obtengan por la tierra el costo que está tasado en el mercado y que no bajo el argumento de que se va a construir vivienda social se espere que los campesinos donen la tierra o reciban precios simbólicos. El campo ya no debe seguir subsidiando el desarrollo de las ciudades.

Por otra parte, el Programa Emprende responde a este reclamo. La reforma agraria transita de las dos primeras etapas: reparto agrario y ordenamiento de la propiedad, a la tercera fase que le dará sentido a la acción del sector y de esta institución, que es la del desarrollo agrario.

La reforma agraria ayuda a fortalecer al sector agropecuario, como usted bien lo interroga, y desde luego lo hacemos otorgando certidumbre jurídica a través del Procede, con un avance del 81 por ciento de los núcleos agrarios. Se procura la impartición de justicia, la conciliación de los conflictos prevalecientes, se incentiva el apoyo productivo y se garantiza la certeza documental.

De esta manera coadyuvamos a propiciar el desarrollo integral en el medio rural y también es una forma de evitar que los inversionistas obtengan la plusvalía de la tierra y, repetimos, los campesinos queden prácticamente en sus mismas condiciones de pobreza y de atraso.

En relación a la pregunta sobre las acciones implementadas para fincar responsabilidad por los actos u omisiones que llevaron al pago de mil 200 millones de pesos por una ejecutoria emitida por el Poder Judicial de la Federación y donde se pregunta si éste es un claro abuso a la nación, le debo señalar que hemos hecho una revisión del expediente que corresponde y hemos encontrado que el órgano interno de control de la Reforma Agraria realizó una revisión técnico-jurídica y no encontró ninguna actuación de funcionarios de la dependencia que debiera ser sancionada.

Sin embargo, hemos dado instrucciones a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que siga examinando de manera meticulosa dicho expediente. Si no hubiese responsables que, por razones de la conclusión de períodos establecidos por la ley para establecer sanciones, de cualquier manera lo haríamos público, si existieran estos responsables, para que por lo menos cuenten con la sanción social.

Yo quiero decirle que este tema es una preocupación seria que tenemos en la Secretaría, no sólo por el monto del pago sino porque, en efecto, advertimos que ha habido una serie de irregularidades en el proceso que nosotros queremos subsanar a través de la ley.

Cuándo sabremos a quién corresponde la tierra en nuestro país, independientemente de los conflictos existentes y pregunta usted qué se puede esperar de la Secretaría, que gasta 2 mil 800 millones de pesos sin que podamos justificar su actuación ciudadana.

La medición total del país por tipos de tenedores de tierra, sea ejidatarios, comuneros, colonos o pequeños propietarios, es una tarea de tal magnitud que resulta francamente difícil comprometerse a ella. Exigiría muchos recursos humanos y materiales. Sin embargo, en el Procede estamos avanzando y estimamos que, como meta sexenal, estará concluida la certificación de las 103 millones de hectáreas, que constituyen el 52 por ciento del territorio de nuestro país.

La consolidación del catastro de la propiedad rural, con el fin de que sirva de marco de referencia para el diseño de políticas públicas y toma de decisiones por parte de actores privados, la orientación a través de la organización y capacitación para el uso multifuncional de la tierra y finalmente señalarle, diputado, que la acción de la Reforma Agraria en materia de gobernabilidad rural es sustantiva.

La presencia que tenemos ahí donde están los conflictos, la política de conciliación, la orientación a los sujetos agrarios, el ordenamiento de la propiedad social, la convivencia pacífica de los núcleos, ejidos, comunidades y pequeños propietarios es lo que nos va a permitir que el país pueda tener una detonación fundamental para su desarrollo. Y ahí está el valor que la Reforma Agraria y el sector le otorgan a la función pública en México.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Se le concede la palabra, hasta por 5 minutos, para réplica, al diputado Luis Antonio González Roldán.

El diputado Luis Antonio González Roldán (PVEM):

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; señor Secretario de la Reforma Agraria: Agradezco las respuestas a las preguntas planteadas por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Para el Gobierno Federal, reforma agraria significa: reparto y calificación agraria. y algunos programas con visión a corto plazo.

Para los mexicanos que trabajan y viven en el campo, más bien son derechos constitucionales.

Señor Secretario: Le reconocemos su labor y esfuerzo al frente de la Secretaría, la institucionalidad con la que se ha conducido, así como el trabajo realizado por los trabajadores de esa dependencia a su digno cargo. Pero la falta de voluntad real para resolver los postulados de 1917 y carecer de un compromiso serio por abatir las demandas y conflictos agrarios que se suscitan día con día, no es motivo de aplauso.

Escuchamos atentamente muchas cifras. El Informe presentado por el Presidente Fox se cimienta en éstas. Hoy usted las destaca. Sin embargo vemos y vivimos marginación, pobreza, desigualdades e injusticias en el campo mexicano.

En la opinión del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la política agraria debe favorecer que los ciudadanos estén efectivamente vinculados al desarrollo nacional. Esto es, que tengan el usufructuo real de sus tierras y certeza jurídica de su propiedad.

Señores y señores: Es necesario un sistema de políticas agrarias con medidas de largo plazo y continuidad. De ahí que es sorprendente que después de innumerables compromisos de campaña, el Presidente Vicente Fox, haya establecido sus políticas de reforma agraria sin ninguna intención real de responderles a los campesinos que le otorgaron su voto, voto que fue condicionado.

Asimismo nuestro país requiere certidumbre jurídica en todos los aspectos que tienen injerencia para el campesino y sus familias, para que de esta forma los millones de mexicanos que batallan por cubrir sus necesidades, puedan obtener el usufructuo que les provee el trabajo arduo en el campo.

Señor Secretario: ¿Cómo podemos evaluar la política agraria si a pesar de los esfuerzos de gasto que se realizan y las acciones de gobierno sigue aumentando el número de conflictos agrarios?

Muchas gracias.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para formular su pregunta, el diputado Margarito Fierros Tano, del grupo parlamentario del Partido e la Revolución Democrática.

El diputado Margarito Fierros Tano (PRD):

Muchas gracias, señor Presidente. Señor Secretario de la Reforma Agraria; compañeras y compañeros diputados; señoras y señores: La reforma agraria sin duda fue el más grande y efectivo programa social de redistribución de la riqueza, desarrollado por los regímenes post-revolucionarios, por medio del que se destruyó la célula económica y política fundamental del porfiriato.

Como sabemos, el postulado político esencial de la Revolución Mexicana, fue el sufragio efectivo no reelección y sustancia de aquel movimiento político y social, dio origen al establecimiento de derechos fundamentales como son: La educación, la reforma agraria, mejores condiciones laborales, entre otras garantías constitucionales contempladas en los artículos 3º., 27 y 123.

La concepción individualista y mercantilista de la tierra, ha llevado a las comunidades a someterse a procesos de certificación y titulación de sus tierras, procesos en los cuales no siempre se toman en cuenta el saber de su gente en cuanto a linderos históricos que aunado a deficiencias en la integración de los expedientes provocan que las resoluciones no siempre reconozcan lo que conforme a justicia les corresponde y recurren a juicios donde casi siempre la justicia no es expedita ni les es favorable.

Estas razones llevaron a que el Acuerdo Nacional para el Campo, del 28 de abril, se incluyera en el artículo 262 el compromiso de atender oportunamente por parte de la Secretaría de Reforma Agraria 235 asuntos en materia de posesiones irregulares en propiedad privada y 271 en posición irregular en propiedad social.

En virtud de lo anterior se le hace la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los avances en la atención de los asuntos agrarios comprometidos a atender en el Acuerdo Nacional para el Campo considerando que usted, señor Secretario, ha declarado en los medios de información que a fin de este año quedarán resueltos?

La Procuraduría Agraria tiene como funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios avecindados y jornaleros agrícolas, cuando así lo soliciten o de oficio. Pero es el caso que la Procuraduría Agraria muchas veces representa a las dos partes en el conflicto, es decir, representa al actor y al demandado. Dándose de esa manera la doble representación por parte de esta Dependencia, por lo que quisiéramos saber, señor Secretario, ¿si la Reforma Agraria tiene algún proyecto para terminar con esa doble representación que la Procuraduría Agraria tiene en muchos conflictos?

En cuanto a las expropiaciones en terrenos ejidales y comunales existe un rezago enorme en el pago indemnizatorio, aún y cuando las tierras de los núcleos agrarios son ocupadas por muchos años. Este rezago lo tenemos en muchos estados, concretamente en Michoacán hemos sido testigos de varios asuntos de esa naturaleza que no se les ha dado respuesta. ¿Díganos, señor Secretario, qué está haciendo la Secretaría de Reforma Agraria para finiquitar este rezago y cuánto tiempo seguirán esperando esos núcleos agrarios que tienen ese problema?

A pesar de las frecuentes firmas de tratados y de acuerdos internacionales de cooperación e intercambio económico, éstos no nos ha favorecido para enfrentar la competencia de los mercados externos y mucho menos en dar una solución a la enorme crisis en la que se encuentra el sector agrario, pues hasta hoy no sabemos nada de la susodicha modernización planteada a nuestro sector, únicamente recibimos evasivas por parte de nuestros gobernantes, profundizando en los hechos las condiciones de deterioro en el campo. Queremos preguntarle que nos puntualice ¿cuál ha sido el impacto económico y social que ha traído a los ejidos y comunidades la firma del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos y Canadá?

Muchas gracias.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra el Licenciado Florencio Salazar Adame, hasta por diez minutos, para dar respuesta.

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame:

Gracias, señor Presidente.

Señor Diputado Fierros Tano:

El Acuerdo Nacional para el Campo es el primer gran acuerdo político entre el gobierno federal y las organizaciones campesinas. En virtud de los numerales 32 y 262 se asignaron 300 millones de pesos para la solución de problemas agrarios derivados de posiciones irregulares en propiedad privada y social. De estos 300 millones de pesos las organizaciones convinieron en designar 60 para resolver el problema o ayudar a resolver el problema de Montes Azules y La Lacandona.

El 14 de julio del año en curso se aprobaron por el sector agrario y las organizaciones campesinas los lineamientos de operación para la conciliación de conflictos agrarios en el marco de este acuerdo. En sólo dos meses, la Comisión de Elegibilidad ha celebrado 13 sesiones, dichas organizaciones, a través de esta Comisión, plantearon un total de 472 asuntos , en 228 se ha iniciado la integración de expedientes.

De esa cifra, 128 están dictaminados como viables y se encuentran en solicitud de avalúos, los 100 restantes se están subsanando en cuanto a su información. Estamos comprometidos para agotar el recurso asignado dentro del Acuerdo Nacional para el Campo y dar un jalón muy importante en la solución de los conflictos planteados por las organizaciones.

Esos 128 asuntos tienen un valor estimado que rebasa los 500 millones de pesos e involucran una superficie de 51 mil hectáreas, no obstante habremos de destinarle incluso recursos adicionales de la propia Secretaría con el propósito de que podamos abatir ene l mayor porcentaje posible las propuestas de las organizaciones y las que quedasen pendientes las atendamos el año 2004.

Usted pregunta las acciones que realiza la Secretaría para fortalecer la participación de los órganos de decisión y representación. Le informamos, en primer lugar, que no ha habido abandono por parte del sector agrario en cuanto a los órganos de decisión y representación de ejidos y comunidades. La Procuraduría Agraria otorga capacitación y asesoría jurídica a los núcleos agrarios para que conozcan las facultades de los órganos de decisión, representación y vigilancia con que cuentan. Este año se han llevado a cabo 8 mil actos de elección en los 8 mil 300 que se tienen programados, hay un avance pues notable. Y a lo largo de esta Administración, en 24 mil 700 asambleas de elección o renovación de órganos de representación y vigilancia realizadas, 8 mil 200 núcleos agrarios han recibido asesoría, mismos que representan el 27% del total, 30 mil núcleos para la actualización de su Reglamento Interno que norma la vida económica, social y productiva.

En 10 mil 174 ejidos y comunidades se han capacitado en el manejo de libros de contabilidad promoviendo la cultura de la rendición de cuentas y la transparencia. Todas estas acciones contribuyen a formar una cultura democrática y el capital social en el campo.

En relación, señor Diputado, a qué iniciativa tenemos para que se reforme la Ley Agraria o a cambios que debían plantearse en la Procuraduría Agraria que eviten la doble representación, informamos a usted que el Reglamento Interior de la Procuraduría no permite la representación simultánea y dispone que las controversias se atiendan por la vía conciliatoria o el arbitraje.

La Procuraduría ha suscrito convenios con Universidades o Gobiernos de los Estados de 16 entidades federativas para evitar la doble representación legal a través de la asesoría de los sujetos agrarios y, desde luego, con el apoyo de bufetes jurídicos gratuitos. No existen conflictos de intereses con la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría, porque esta cuenta con personalidad jurídica propia y autonomía para el ejercicio de las atribuciones.

Sin embargo, hay una consideración que debemos de hacer y esto lo hemos planteado en el seno del Sector. Evidentemente que cuando la Procuraduría suscribe convenios con Universidades para que algunos sujetos agrarios sean defendidos a través de bufetes jurídicos, hay de entrada una defensa de carácter desigual, la Procuraduría tiene abogados expertos en Derecho Agrario, una amplia experiencia en los procesos y consecuentemente su capacidad es superior a la de los jóvenes recién egresados de universidades que están generalmente atendiendo los bufetes jurídicos gratuitos. De ahí que hemos planteado la pertinencia, por un lado, de que la Procuraduría alcance la autonomía plena, fortalezca sus capacidades de defensa de los derechos jurídicos de los campesinos y que en un proceso de re Ingeniería resuelva esta necesidad de que las partes en controversia puedan ser defendidas igualmente con las mismas capacidades. Ello implicaría un reajuste en las funciones actuales de la Procuraduría para que no tenga acciones operativas que la distraen de lo que es su propósito fundamental.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para réplica, el diputado Margarito Fierros Tano.

El diputado Margarito Fierros Tano (PRD):

Con el permiso, señor Presidente.

Agradezco los comentarios, las respuestas que nos da señor Secretario, sin embargo yo quiero decirle que la Procuraduría Agraria en muchos juicios ante el Tribunal, ha representado a las dos partes, nos consta, lo hemos vivido y muchas veces –cuando no conviene- la Procuraduría Agraria no defiende, no hace lo que tiene que hacer.

Nos da gusto que se pretenda plantear a la Procuraduría Agraria con una autonomía plena, nos parece que eso debe ser así; debemos darle esa plena autonomía a la Procuraduría Agraria, pero tenemos que hacer algunos cambios: en el juicio agrario, cuando no va alguien representado de oficio, el Tribunal suspende la audiencia y le solicita la “PA” (?) para que nombre al defensor.

Pero además yo voy más allá. Una de las partes, si el abogado es titulado y el otro abogado –de la otra parte- es pasante, ahí está también en desventaja; tenemos que clarificar esos asuntos en el caso de la Procuraduría Agraria.

No nos contestó el asunto de las indemnizaciones, hay muchos problemas; hay muchos problemas que tenemos en varios núcleos agrarios, en donde hace muchos años les invadieron sus tierras por construcciones de presas, por autopistas, y no les pagan su correspondiente indemnización y la Reforma Agraria casi no le entra a esos asuntos, o los retarda más. Ocupamos (?) señor Secretario, que se le dé agilidad a esos asuntos, yo traigo varios que le vamos a dejar los documentos que tienen 30 años algunos de ellos peleando la indemnización y todavía no se les ha pagado.

Necesitamos entrarle a resolver esos problemas señor Secretario. Ojalá podamos avanzar. Muchas gracias.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra hasta por cinco minutos para formular su pregunta, el diputado Luis Andrés Esteva Melchor, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Luis Andrés Esteva Melchor (PAN):

Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Señor licenciado Florencio Salazar Adame, Secretario de la Reforma Agrario.

En nombre y representación del Partido Acción Nacional quisiera formular, en forma breve y concreta, las siguientes preguntas.

Es bien conocido que en algunos de los procesos de expropiación de tierras, con fines de construcción de infraestructura de utilidad y de dotación de tierras, se cometieron irregularidades y actos de corrupción que impidieron que los afectados recibieran las indemnizaciones correspondientes, lo que ha dado lugar a acciones legales que afectan seriamente el presupuesto de esta Secretaría y limitan el desarrollo de los proyectos y programa sociales.

Y en afán de contribuir con la transparencia que exigen nuestros tiempos y aún cuando estas irregularidades y actos de corrupción se hubiesen dado en el pasado, le preguntamos señor Secretario, ¿en cuántos expedientes de expropiaciones encontramos irregularidades en su ejecución?, ¿cuál es el monto que esta dependencia, el monto pendiente de entregar a quienes afectaron éstas y cuáles son las medidas que esta dependencia está tomando para evitar que estos asuntos se vuelvan veta de oportunidades, de quienes en su tiempo fueron parte de la Secretaría y ahora promueven acciones legales en contra del Estado?

Asimismo, entendemos el enorme reto que implica la solución de la problemática agraria para dar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra. Sabemos también que el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, es la alternativa en la solución para la regularización de los derechos agrarios; compartimos con ustedes, la preocupación de hacer todo lo posible para llevar esta alternativa a todos los núcleos agrarios y con la disposición de superar juntos los obstáculos que impiden la culminación del programa.

Le preguntamos, señor Secretario ¿cuáles son los argumentos para seguir retrasando la certificación de ejidos y comunidades que se han incorporado voluntariamente al PROCEDE, en los casos en que su problemática es factible de resolución con la intermediación de las instancias gubernamentales? y ¿qué apoyo otorga la Secretaría, a los núcleos agrarios que no concluyeron su certificación en los estados en que se cerró formalmente el programa?

Por otra parte, el proceso histórico de reparto agrario, ha dejado secuelas de confrontación por la tierra que aún en nuestros días constituyen problemas sociales de graves consecuencias en la vida de nuestras comunidades. La solución a los problemas sociales derivados de estos conflictos, se atiende a través de la estrategia denominada “focos rojos”. Para conocer más del tema podría decirnos, señor Secretario, en los problemas catalogados como focos rojos, ¿cuáles son en cada caso las medidas adoptadas por las dependencias del sector para resolverlos?, ¿a cuánto asciende el componente económico para la resolución de cada uno de ellos? y ¿cuál es la participación de los ejecutivos estatales en este tema?

La venta de las tierras ejidales, aún en aquellos casos en los que se cubren con todos los procedimientos legales, marginan a los ejidatarios y comuneros de los grandes beneficios de los desarrollos inmobiliarios, turísticos y comerciales, además, que solo resuelven en la inmediatez los problemas económicos de éstos, por eso preguntamos, ¿qué puede aportar hoy de nuevo la Secretaría de la Reforma Agraria al sector para el desarrollo económico de las familias de ejidatarios y comuneros, que nos ayude a evitar que éstos recurran a la venta de su patrimonio como única solución y cuáles son los argumentos que justifican hoy, la permanencia de la Secretaría de la Reforma Agraria?

Por último, preservar la memoria de nuestro proceso agrario nos obliga a tomar medidas acordes con las nuevas tecnologías, para garantizar que las nuevas generaciones cuenten para su estudio con toda la información que les permita comprender este complejo proceso. Preguntamos ¿cuáles son las acciones tomadas por esta Secretaría para conservar el acervo histórico del proceso agrario del país?

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra el licenciado Florencio Salazar Adame, hasta por diez minutos para dar respuesta.

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame:

Señor diputado Esteva, aprecio sus preguntas, nos dan la oportunidad de informar a esta Comisión de Reforma Agraria, igual como lo hemos hecho con quienes han antecedido del uso de la palabra en la tribuna, de las acciones puntuales que estamos realizando en el sector y en la Secretaría.

En materia de expropiaciones, pregunta que también hizo el señor diputado del PRD, la Secretaría de la Reforma Agraria tiene a su cargo la tramitación de los procedimientos. Se han publicado en el Diario Oficial de la Federación 391 decretos expropiatorios que involucran una superficie de 31 mil 300 hectáreas, de los cuales se han ejecutado 229 y en ningún caso se ha reportado irregularidad en su ejecución. Se han promovido 42 juicios de amparo por inconformidad con los montos indemnizatorios; 40 fueron sobreseídos y 2 se encuentran en trámite, pero insisto, ninguno por irregularidad también en este caso de ejecución.

En diciembre de 2000 al 31 de octubre del año en curso, el monto determinado por los decretos expropiatorios por concepto de indemnización alcanza la cantidad de mil 300 millones de pesos. El Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, FIFONAFE, es la entidad que preferentemente recibe los pagos indemnizatorios y ha captado aproximadamente mil millones de pesos, por lo que se estima un adeudo de 341 millones de pesos para cubrir estas obligaciones.

Para prevenir irregularidades informamos con satisfacción que el proceso de ejecución de expropiaciones está certificado con la Norma Internacional ISO 9001-2000.

Con respecto al retraso en la certificación de los núcleos agrarios, es pertinente establecer que éste no existe; todos los núcleos agrarios que voluntariamente han decidido incorporarse al PROCEDE y que son operativamente viables han sido certificados o se encuentran en proceso. Las instituciones realizan una promoción permanente en aquellos que aún no se han incorporado al programa y se buscan también alternativas de solución que resuelvan los conflictos que lo impiden.

Los núcleos agrarios que no son certificados en las entidades donde se está declarando el cierre operativo del programa ha sido porque así lo decidieron o porque tienen en trámite algún juicio en los tribunales, los núcleos que aún no participan de él.

Una vez declarado el cierre del PROCEDE en cada entidad que se han realizado los trabajos técnicos de medición, debemos señalar sin embargo que si después desean incorporarse los núcleos agrarios que no lo han hecho a dicho programa, serán acogidos y orientados.

El Programa de Certificación de Ejidos y Núcleos y Solares Urbanos es por supuesto de la mayor trascendencia para que haya ordenamiento en la propiedad, certeza y certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra.

En relación con el Programa de Focos Rojos que instrumentamos hace tres meses en la Secretaría, por instrucciones del Presidente de la República, éstos fueron ubicados en razón de varias consideraciones:

En primer lugar se trata de problemas sociales derivados de conflictos agrarios que tienen tal preeminencia que generan influencia en otros núcleos circunvecinos. Han tenido una larga permanencia en los medios y consecuentemente su naturaleza también ha provocado hechos sumamente lamentables.

Hemos, estos 14 focos rojos, ubicado en once entidades: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Sonora. Involucran a 61 municipios y a 302 mil hectáreas.

Los grupos en conflicto son 101 mil 516 entre comuneros, ejidatarios, posesionarios y pequeños propietarios y han tenido una duración promedio de 36 años, fluctúan entre 6 y 70 años ya en lo individual. También tienen como actores a 20 étnicas: zapotecos, mixtecos, mazatecos, náhuatl, chatino, huave, huastecos, zoque, lacandón, tzetzal, chol, tzotzil, tlapaneco, otenic, tepehuanos, otomí, pame, purépecha, huichol y yaqui y lamentablemente ha arrojado un saldo de 296 muertos y 232 heridos.

Me es muy grato informarles señores diputados, señoras diputadas, que a la fecha hemos resuelto cinco focos rojos y que afortunadamente se ha hecho a través de la vía conciliatoria, nos estamos refiriendo el de Bernadejo de la Sierra y los indígenas tepehuanos, entre Zacatecas y Durango; al de Venustiano Carranza y Nicolás Ruíz, Chiapas; al del Milagro en Oaxaca, recientemente este domingo el de San Juan la Lana y los indígenas zenantlecos y ahí estuvieron presentes los gobernadores de Veracruz y de Oaxaca, era un problema que tenía casi 30 años, se había arrojado igualmente un saldo de 20 muertos, y también el de Pujalcoy en San Luis Potosí.

Y hace un momento, me han informado que hoy. a las 13:30 horas, se suscribió el Convenio mediante el cual se resuelve en forma definitiva el foco rojo relativo al conflicto que durante más de 40 años, venían confrontando las comunidades de Santo Domingo, Teojomulco y Santiago Xochiltepec, en el Estado de Oaxaca, que fue originado por la disputa de 4 mi 622 hectáreas y que reporta un lamentable saldo de más de 140 muertos; los más recientes ocurridos el 31 de mayo del año pasado que se conoció a través de los medios como la matanza de Aguas Frías.

Tendremos nosotros la oportunidad, junto con el Gobierno de la entidad oaxaqueña, de ya finiquitarlo y elevarlo a condición de cosa juzgada en los tribunales agrarios en las próximas semanas, de tal suerte que los 14 focos rojos tenemos atendidos 6 y esperamos en lo que resta del año 4 más y posiblemente 5; pero debo insistir que son problemas que han prevalecido a lo largo por medio de 36 años y hemos tenido la fortuna de aportar con este programa de solución un plazo francamente récord de tres meses.

También y es parte de la estrategia, hay que informarlo, integramos grupos especializados para atender cada uno de los focos rojos, no lo hemos hecho por las vías ordinarias de las representaciones y delegaciones en las entidades, formamos grupos con gente especializada en negociación, concertación, enterada ampliamente del problema, situada en el lugar de los hechos y la única misión que tienen es buscar una solución definitiva a estos llamados focos rojos.

En cuanto a las acciones realizadas por la Secretaría para conservar el acervo histórico agrario del país, el Archivo General Agrario resguarda más de 5 millones de legajos equivalente a aproximadamente 40 kilómetros lineales de documentación. Estamos en un proceso para digitalizar los expedientes de tal manera que sean preservados y consultados por todos quienes tengan interés en ello; estamos también previendo una inversión inicial de 34 millones de pesos para lograr estos fines y evitar lo que lamentablemente acaba de ocurrir en Chiapas, que se desbordó el Río Sabinas en Tuxtla, Gutiérrez, inundó los Archivos del Registro Agrario Nacional y de los 5 millones de documentos con que cuenta este archivo, lamentablemente el 10% son irrecuperables.

Esto, pues no quisiéramos que hubiera ocurrido. pero lamentablemente no hemos dispuesto de los recursos necesarios para que le Registro Agrario Nacional pudiera atender este asunto.

En relación con cuáles son las funciones que realiza la Secretaría en torno al desarrollo económico de las familias y comuneros y evitar que se recurra a la venta de su patrimonio como única solución y cuáles son los argumentos que justifican hoy la permanencia de la Secretaría de la Reforma Agraria. Informo a usted que el sector promueve el aprovechamiento de la multifuncionalidad de la propiedad social, es decir, tierras apropiadas para desarrollos turísticos y mobiliarios para la explotación de recursos minerales, forestales, pecuarios, etcétera; Promueve la integración de proyectos productivos no agrícolas, incentiva a la asociación para la compactación de tierras, otorga capacitación y asesoría para la organización de los sujetos agrarios y fomenta el relevo generacional progresivo a través de mecanismos de aseguramiento económico o de sucesión legal.

Para el año 2004 se busca que colaboración con otras instancias del sector federal tales como SEDESOL y SAGARPA, sea posible incentivar el relevo generacional utilizando los programas para apoyar a grupos de jóvenes que puedan adquirirlos de los titulares de los derechos agrarios.

La Reforma Agraria trabaja a favor de que haya una propiedad regularizada y certificada, que como dijimos hace un momento, constituye el 52% del territorio nacional.

¿Cómo se justifica hoy la permanencia de la Reforma Agraria? Ya lo hemos dicho y lo reiteramos, la Reforma Agraria contribuye de manera significativa a la gobernabilidad rural; éste es un país que seguirá siendo rural durante muchísimos años, ahí tenemos acentuados los mayores niveles de pobreza y marginación y aspirar a que haya ordenamiento social, certidumbre en la tenencia de la tierra y que los sujetos agrarios puedan participar de actividades productivas que les den mejores ingresos, es la tarea esencial de la tercera fase de la Reforma Agraria.

Discúlpeme, señor Diputado, si no contesto con mayor amplitud sus preguntas, pero el tiempo es fatal.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra hasta por cinco minutos para réplica, la diputada Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Chávez Murguía.

La diputada Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Chávez Murguía (PAN):

Parece letanía, ¿verdad?

Con el permiso de la Mesa. Señor Secretario, bienvenido a esta Cámara, lástima que todavía sea con un estilo de comparecencia demasiado cerrado, en donde yo apuesto a que con toda seguridad tendremos oportunidad de reuniones de trabajo con usted y con los funcionarios del sector, para aterrizar muchas de todas estas inquietudes y para, sobre todo, aprovechar lo que ustedes como Poder Ejecutivo y nosotros como Poder Legislativo y en un llamado al Poder Judicial, se hace necesario hacer para rebasar los rezagos en materia de reforma agraria.

Es un hecho de todo lo que aquí se ha manifestado, pues que nos preocupa que después de las reformas del artículo 27 constitucional, en donde se permite sin el reconocimiento de la personalidad jurídica y del patrimonio de los sujetos agrarios, el gozar del pleno y libre derecho del ejercicio de los derechos de la tierra, que todo esto y todo los esfuerzos y el recurso que se ha derogado en el sector, no haya sido suficiente para que se desarrolle un mejor nivel de vida, un mejor nivel y calidad de vida de los ejidatarios y comuneros.

Creo que es un hecho también que es necesario que conjuntemos esfuerzos, creo que no nada más el emitir más leyes ni el buscar si la Procuraduría es autónoma ni el buscar el que el Poder Judicial tenga mayor celeridad en emitir sus dictámenes al respecto, sino que se hace necesario que la sociedad, los partidos políticos, porque hay mucha partidización de los problemas agrarios, se hace necesario que conjuntemos esfuerzos para lograr entre todos políticas públicas, en donde los gobiernos de los estados, en donde los municipios, realmente con gran conciencia de que ese sector agrario, ese sector rural, son el sustento para el desarrollo de nuestro país.

Y que, por otro lado, a eso es a lo que le tenemos que apostar; tenemos que aportarle a nuestro sector rural, tenemos que aportarle a nuestra gente, que han sido sujetos por la manera en que se vinieron haciendo ancestralmente las decisiones en materia agraria y que los ha puesto en conflicto confrontados contra sus propios hermanos y vecinos. Por eso es que no nada más es cuestión de leyes, es cuestión de que todos le pongamos la voluntad política, las acciones, que nos vayamos allá y ahí tenemos mucho quehacer los diputados.

Por eso, yo le apuesto a que nos reunamos en una reunión de trabajo y aterricemos acciones conjuntas, en donde podamos colaborar fehacientemente para desarrollar en esta materia el beneficio para todo el sector agrario. Muchas gracias y gracias por sus respuestas.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra hasta por cinco minutos para formular su pregunta, el diputado Oscar Félix Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Oscar Félix Ochoa (PRI):

Con su permiso diputado presidente. Con el permiso de la Mesa del Presidium. Con el permiso de nuestros compañeros los integrantes de la Comisión, de los funcionarios. De nuestro Secretario el licenciado Florencio Salazar Adame.

Los campesinos de México reclaman cada vez más certidumbre en el campo, reclaman que la tenencia de la tierra llegue hasta el último rincón de México.

Que los alimentos que se producen lleven la seguridad nacional, donde haya esa confraternidad entre todos los grupos sociales que existen en el Estado mexicano.

La firma del Acuerdo Nacional para el Campo deja explícito el aceptar como objetivo de sus compromisos el logro de la soberanía y autosuficiencia alimentaria y refleja las políticas hacia el campo, propósito que no se dan, por lo que pregunto: ¿cuál es la contribución de la política agraria a la consecución de la soberanía y seguridad alimentaria, considerando que estos son principios que sustentan a la agricultura que practican la gran mayoría de productores del Sector Social?

Un compromiso del Estado resultante de las reformas en materia agraria, fue el concluir el rezago agrario, lo que implicó resolver expedientes tendientes y ejecutar resoluciones presidenciales, esta responsabilidad quedó en manos de la Secretaría de la Reforma Agraria, y en la administración pasada se hizo la declaración de su conclusión.

No obstante lo anterior se informa de avances y dificultades en la ejecución de las resoluciones presidenciales, por lo que pregunto: ¿cuántas resoluciones presidenciales quedan pendiente de ejecutar?, ¿cuántos beneficiarios y hectáreas involucran?, ¿qué dificultades existen para su ejecución y cómo se afrontarán?

El Informe de Gobierno, el Programa Sectorial y la organización del Sector Agrario, muestran que las acciones de la política agraria, se orientan fundamentalmente en el ordenamiento y regulación de la propiedad de la tierra y en la procuración de justicia, para otorgar certeza y seguridad jurídica, que propicien las inversiones.

Pese a los importantes avances en esto, la certificación de los núcleos no ha concluido, las inversiones no han fluido, la producción de alimentos está estancada o en retroceso, y lo más grave, persiste y se amplia la pobreza de los campesinos, por lo que pregunto: ¿concentrarse la Secretaría de la Reforma Agraria en los procesos de certificación de los núcleos agrarios no ha implicado abandonar o limitar las acciones para la organización y capacitación del campesino? ¿No se considera conveniente reorientar la política agraria hacia ello y reestructurar el Sector en el mismo sentido?

Por su visita y análisis, muchas gracias señor Secretario.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra el licenciado Florencio Salazar Adame hasta por 10 minutos para dar respuesta.

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame:

Muchas gracias señor presidente. Señor diputado Félix Ochoa, la contribución que otorga a la Secretaría y el Sector para la consecución de la soberanía y seguridad alimentaria, se funda en dos acciones básicas: la primera tiene que ver justamente con el Programa de Certificación de Solares y Ejidos, el PROCEDE, porque permite que se identifique a plenitud cuáles son las posesiones de cada uno de los núcleos, se acaba en controversias y disputas y consecuentemente las actividades de carácter económica, y desde luego las inversiones puedan resultar atractivas y rentables. Nadie invierte en un espacio, por atractivo que sea, en donde haya conflictos y se ponga en riesgo la inversión, esa es una realidad.

Y la otra es a través del programa especial concurrente que armoniza programas sectoriales especiales de las dependencias del Poder Ejecutivo.

Debo señalar que en el caso de la Secretaría de la Reforma Agraria, nosotros atendemos fundamentalmente los campesinos más pobres de nuestro país, 25 millones de mexicanos, 3.5 millones de posesionarios de tierra de propiedad social y que lamentablemente se caracterizan, y aquí están incluidos los 12 millones de indígenas por ser los más pobres del medio rural.

Consecuentemente sus actividades de producción de alimentos, generalmente son para el autoconsumo o bien para satisfacer mercados locales, ni siquiera mercados regionales o el mercado nacional. Sin embargo, en la medida en que damos certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, hacemos posible que otros participantes del suelo nacional, como son los pequeños propietarios, puedan realizar actividades agrícolas y ganaderas, puedan participar en la agro exportación y desde luego nutrir el mercado nacional.

Creo que el elemento básico para que podamos seguir contribuyendo a la soberanía alimentaria, a la seguridad alimentaria, consiste justamente en que haya certeza en la propiedad social y que la tengamos debidamente ordenada.

¿Cuántas resoluciones quedan pendientes de ejecutar? ¿cuántos beneficiarios hectáreas se involucran y las dificultades que tenemos para su ejecución y cómo se afrontarán? La respuesta es la siguiente señor diputado: En esta administración se han atendido 176 acciones de ejecución de resoluciones presidenciales, de las cuales 93 culminaron con la entrega de 252 mil hectáreas en beneficio de 10 mil familias campesinas.

A la fecha faltan 95 resoluciones por ejecutar, las cuales están programadas para el próximo año. Las dificultades que se localizan son las siguientes: Por imposibilidad material en los casos en que la superficie haya sido entregada a otro núcleo agrario o existan sobreposiciones. Cuando al momento de la ejecución no resulte la superficie señalada en el mandato presidencial o por imposibilidad jurídica cuando las tierras estén protegidas por ejecutorias de juicios de amparo o sentencias de nulidad de los tribunales que excluyen terrenos en la resolución presidencial; por la existencia de certificados de inafectabilidad y en los casos en que los bienes dotados estén sujetos a un régimen de propiedad distinto al considerado para su afectación.

En relación a las preguntas que usted me ha hecho favor de presentarnos, concentrarse en la certificación ha limitado las acciones para la organización y capacitación del campesino. Se considera conveniente reorientar la política agraria hacia ellos, reestructurar el sector en el mismo sentido.

El esfuerzo en la certificación de los núcleos agrarios no ha disminuido la atención del sector sobre las acciones de organización y capacitación. Pero aquí debemos reiterar lo que ya señalamos hace un momento, es pertinente revisar la funcionalidad del sector agrario y considera la pertinencia de un ajuste, un programa de ingeniería que nos permita que cada una de las entidades que forman parte del sector, tengan un mejor grado de operatividad.

En este sentido, de la misma manera que señalamos la importancia de autonomizar plenamente la Procuraduría Agraria, también es pertinente que la Secretaría atraiga las acciones de capacitación, organización y las operativas de PROCEDE, que se coordinan con el Registro Agrario Nacional e INEGI, para que la Procuraduría cumpla cabalmente su función de ser el defensor jurídico de los campesinos y que las acciones de carácter operativo las realicemos nosotros y de esta suerte pensamos que va a optimizar la acción y los resultados del sector.

En cuanto a las actividades que se han otorgado para proveer de proyectos que permitan la inversión, debemos señalar que se han constituido 38 sociedades mercantiles con aportaciones de tierra de uso común, 28 tienen objeto inmobiliario, con aportación de 13 mil 800 hectáreas, 6 ecoturísticas y 4 agropecuarias. Estas últimas con una aportación de 30 mil hectáreas, se han constituido 3 mil 300 parcelas con destinos específicos: ya sean escolares, de la juventud o para la mujer campesina que constituyen espacios para impulsar actividades productivas y diversifican la economía rural.

Desde luego que el mayor desafío que tenemos en el sector agrario es justamente pasar a la tercera etapa del desarrollo agrícola, del desarrollo rural. No es suficiente que ordenemos la tierra, si la tenemos ordenada como se encuentra, de cualquier manera pervive el minifundio, 4 ó 5 hectáreas promedio por cada uno de los sujetos agrarios, que las hacen inviables para que realmente se impulse el desarrollo rural como aspiramos a que se produzca.

Necesitamos buscar la compactación de tierras, necesitamos hacer las rotaciones que correspondan, evitar que se envejezca el sujeto agrario y la vuelva improductiva, y pueda pasar a manos más jóvenes.

Por eso estamos implementando acciones de fondo que hagan posible que se disponga de recursos para que los jóvenes que puedan adquirir los derechos de los sujetos agrarios lo hagan con bajos financiamientos, podamos rejuvenecer y consecuentemente hacer más productiva la tierra que tiene características en la propiedad social.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para réplica, el diputado Eviel Pérez Magaña.

El diputado Eviel Pérez Magaña (PRI):

Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Señor secretario, el grupo parlamentario del PRI observa con especial interés el seguimiento que hace el gobierno federal al Acuerdo Nacional para el Campo y, bajo esta óptica analítica, vemos con gran preocupación que aún siguen imperando rezagos agrarios en distintas entidades del territorio nacional pendientes que demandan pronta atención y oportuna resolución, ya que de no ser atendidos oportunamente podrían derivar, consecuentemente, en conflictos de orden social, político y económico.

Corresponde pues reforzar el trabajo que la Secretaría de la Reforma Agraria ha venido desarrollando en la presente administración. Encauzar oportunamente y adecuadamente este esfuerzo permitirá concluir satisfactoriamente con todas las resoluciones presidenciales que aún están por ejecutar, además de garantizar a los productores agrícolas las acciones de organización y capacitación que tanto requieren.

En este considerando, los diputados oaxaqueños insistiremos por el cumplimiento puntual a las funciones y obligaciones por parte de la Secretaría que usted representa.

Por ello, muy atenta y respetuosamente me permito exhortar al personal a su cargo realice una revisión meticulosa sobre la patente problemática diaria que padecen los habitantes que fueron desplazados de sus tierras de origen para hacer posible la construcción de las presas hidroeléctricas Miguel Alemán y Miguel de la Madrid, pobladores que debieron ser reubicados en diversos sitios de la región e incluso fuera del territorio oaxaqueño, factores adversos que han modificado de manera sustancial sus actividades productivas y que los han situado ajenos a su entorno natural.

Esta serie de modificaciones en sus hábitos y costumbres también han alterado el ecosistema de toda esta región.

La orientación correcta de programas productivos acordes propiciará un desarrollo sustentable a los aproximadamente 35 mil chinantecos y mazatecos que debieron ceder sus tierras para beneficiar la generación de energía eléctrica que nuestra nación demanda y que hoy todavía requiere.

Por lo tanto, señor secretario, agradecemos su presencia en este recinto legislativo y en esta Comisión legislativa en particular, esperando que en una próxima y pronta reunión se nos informe de mayores resultados favorables en corto plazo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para formular su pregunta, la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz (PRD):

Sin pretender hacer historia en materia agraria, por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1948 el Departamento Agrario asume las funciones y atribuciones que la Secretaría de Agricultura y Fomento ejercía a través de su Dirección de Organización Agraria y Ejidal en materia de régimen de los ejidos.

Y de un conjunto de disposiciones jurídicas, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, etcétera se desprende una serie de procedimientos, todos con un gran sentido social y humanista: tutelar los derechos de quienes menos tienen y que no tuvieron la oportunidad de prepararse para defenderse: Los campesinos.

El reparto de tierras por vía de dotación, ampliación, restitución, nuevos centros de población, reconocimiento y titulación de los bienes comunales de las comunidades indígenas, con ello el Departamento Agrario se constituye, aun cuando en este momento ya no lo sea tan cabalmente, en el órgano de gobierno para dar respuesta a los reclamos del pueblo de México en sus diversos movimientos sociales.

El grupo parlamentario del PRD formula las siguientes preguntas, con el permiso del Presidente, de la compañera Amalia García, representante de la Mesa Directiva, a usted, señor licenciado Florencio Salazar Adame. El reconocimiento de la personalidad jurídica a los ejidos y comunidades, así como el proporcionarles mayor autonomía en su vida interna, por la reforma al artículo 27 constitucional en el año 1992, requieren del funcionamiento pleno de sus órganos de dirección y de representación que son sus: Asambleas, Comisariados y Consejos de Vigilancia, pues de ello depende que los núcleos puedan hacer uso de las prerrogativas que otorga la Ley Agraria en cuanto a su organización interna, la asociación para la producción y la adopción de las formas establecidas para el usufructuo y el cambio en el régimen de propiedad de la tierra.

No obstante lo anterior, se denota un abandono por las dependencias del sector agropecuario al no considerar a estos órganos para la difusión y ejecución de estos programas que han repercutido en un decaimiento en la vida democrática de los ejidos y comunidades y en la participación de sus representantes.

Preguntamos. ¿Considera relevante el promover la vida democrática de los núcleos ejidales y comunales? Y en caso afirmativo ¿qué acciones realiza la Secretaría para fortalecer la participación de los órganos de decisión y representación de estos?

Aunque la responsabilidad del Estado de dotar de tierras a los campesinos ya fue eximida, determinados acontecimientos, por ejemplo la rebelión zapatista, han llevado a continuar con acciones de dotación de tierras. Por otra parte se sabe de conflictos derivados de la posesión de la tierra, por lo que preguntamos: ¿Se tienen identificadas las regiones o comunidades donde se presenta presión por la tierra? Y de ser así ¿Cuál es la cuantificación en hectáreas y demandantes y los medios para su atención?

Como una pregunta complementaria que obviamente pudiera usted no tener la respuesta, pero esperamos que así sea porque usted conoce a fondo el problema de la tierra a nivel nacional, yo preguntaría. ¿Qué va a pasar con las resoluciones presidenciales que por razones legales no se han podido ejecutar y que los campesinos demandan se les dé cumplimiento aunque sea por la vía sustituta?

Esperamos una respuesta puntual y agradecemos su presencia en este recinto.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra el licenciado Florencio Salazar Adame, hasta por diez minutos, para dar respuestas.

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame:

Gracias, señor Presidente.

Señora diputada Guillén Quiroz: Aprecio mucho su intervención.

Nosotros en lo que se refiere a la atención que le ponemos a los órganos de decisión y de representación, lo hemos informado hace un momento a su compañero, y reiteramos que se han celebrado las asambleas de los núcleos agrarios, que se mantienen las políticas de capacitación y organización a través de la Procuraduría Agraria, y que además hay una serie de elementos como son el uso de los Libros de Transparencia y Rendición de Cuentas, con el propósito de que todos los sujetos agrarios puedan no solamente tomar conocimiento y participar en las decisiones que les corresponde, sino llevar una valoración lo más puntual posible de la forma en que se administran sus recursos.

Evidentemente hay un cambio de paradigmas entre las políticas dirigidas a la implementación de la participación social en el campo y esto implica que hoy los sujetos agrarios toman decisiones de manera directa; no están sometidas a los dictados del Estado, al poder acceder directamente al dominio pleno tienen entera libertad para determinar el uso y destino de sus tierras y éste es un cambio verdaderamente significativo puesto que a diferencia de lo que establecía la legislación anterior en que un campesino no podía vender la tierra, ni siquiera podía contratar mano de obra para que le ayudara a su cultivo porque ésta podía ser una causa para que perdiera los derechos, hoy los campesinos en entera libertad pueden ser mucho más productivos. Y esto es posible en razón de este cambio de paradigmas de las asambleas que se realizan en comunidades y ejidos y que lo hacen con pleno ejercicio de los derechos que cada uno corresponde.

Ciertamente, como todos lo sabemos, el reparto agrario concluyó en 96-97 y consecuentemente ya no hay más tierra que repartir. La presión y demanda que hoy existe ya no es por nuevas dotaciones, sino fundamentalmente de jóvenes que se ven precisados a migrar en razón de la falta de oportunidades que hay en los núcleos agrarios y esta también es una de las causas del envejecimiento que hay en quienes tienen en su poder la tierra.

Estimamos nosotros que la presión por la tierra debe atenderse mediante la generación de empleos y el desarrollo económico, pero esta es una salida muy general, es una fórmula que la planteamos con frecuencia pero que en muy pocas ocasiones realmente la concretamos. Nosotros lo que estamos buscando es que se forme un fondo de tierra para implementar mecanismos de acceso a créditos a hijos de ejidatarios, quienes podrán adquirir los derechos de sus padres sobre la tierra o ejerciendo el derecho del tanto que la ley les otorga. Financiamientos a proyectos productivos para que los jóvenes se vinculen en contratos de arrendamiento para los titulares de los derechos y es nuestro compromiso dar mayor impulso a los programas de apoyo productivo, Promusac y Fapa, para atender esta problemática.

Estamos analizando la posibilidad, y esto queremos consensarlo con las organizaciones campesinas y tener la consideración de esta Comisión de Reforma Agraria, de que los recursos que hoy se destinan a proyectos productivos en una buena proporción el próximo año vayan para apoyar este fondo de tierra. Porque si no le damos una salida ocupacional a los jóvenes, 9 millones de jóvenes campesinos, para que se queden en sus núcleos agrarios, para que participen en las actividades productivas, nos engañamos si suponemos que al emigrar a las ciudades resolvemos el problema en el campo. Trasladamos el problema del medio rural al medio citadino y hoy vemos como las ciudades crecen de manera desordenada, se complica la convivencia urbana y hay una serie de factores distorsionantes que vuelven también bastante estresante la vida en las ciudades.

Pero por encima de estas consideraciones hay un elemental sentido de equidad y de justicia que nos está indicando que debemos encontrar rápidamente fórmulas para que los jóvenes puedan poseer tierra, hacerla productiva, realizar proyectos productivos, en su momento integrar sus familias y darles alternativas también para que tengan mejores niveles de vida.

El desafío lo tenemos todos ahí, lo tienen ustedes, señores legisladores y lo tenemos nosotros en el Poder Ejecutivo y debemos de encontrar una respuesta lo más rápida posible si no queremos que sigan generándose estas grandes corrientes migratorias al extranjero y a algunas ciudades de nuestro país, y que lo único que expresan es nuestra insuficiencia para que los mexicanos realmente vivan en su propio país en condiciones de dignidad y de decoro.

Y finalmente, en la última pregunta que me hizo usted, le diríamos que en relación a las resoluciones legales que no se han podido ejecutar la alternativa existente es que los asuntos se planteen en los tribunales y nosotros acataremos lo que ellos resuelvan.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para réplica, la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz.

La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz (PRD):

Pues dígase lo que se diga, entonces por qué vemos que el campo padece una situación tan precaria, una situación de quejas, una situación de abandono y de migración.

No quiero parecer grosera porque no es la idea, pero yo soy gente que vengo del campo, sabemos lo que se sufre y asimismo cuando se habla de la situación de capitalizar al campo yo me pregunto: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas?

La Financiera Rural ha servido para tres cosas: ¡Para nada, para nada y para nada! Le digo esto porque en Michoacán existe esta financiera con un promedio de tres personas por oficina y le estoy hablando del portero, le estoy hablando de un archivista y de una Secretaria y si quisiéramos verificarlo cuando menos hasta el mes de Octubre, esta era la situación que vivía, no ha sido operativa, no hay créditos o sea, aparte de la voluntad de Dios, del trabajo de los campesinos, se necesitan recursos económicos y no los hay.

Entiendo que la Financiera no depende de ustedes, está claro, pero aquí debiera haber una compaginación de esfuerzos para que obviamente este esfuerzo que la Reforma hace sí se reflejara en el campo y que además se entienda, la Reforma , SAGARPA, todo, ese todo de Secretarías que tiene que ver con el campo, debiera haber un proyecto integral, un proyecto a largo plazo para este. No podemos hablar en la Reforma de lo que podemos hacer aquí si no integramos nuestras propuestas e ideas con las otras instancias obligadas a llevar al campo , no sólo el beneficio sino los recursos, los proyectos que le darían viabilidad al mismo.

Una pregunta que no quiero dejar de hacer es, ¿cuántos dictámenes por mala actuación de funcionarios públicos ha hecho la Procuraduría Agraria entre Visitadores, Sub-delegados, Jefes de Residencia y Becarios porque para mi gusto después de cuatro asuntos que su servidora ha visto de manera personal, curiosamente hemos visto que gente de la Procuraduría ha tenido mucho que ver en situaciones en las que sin juzgar podría ser de corrupción.

Y, por último, quiero hacer hincapié en que en infinidad de expropiaciones no han sido atendidas ni resarcido el daño patrimonial sufrido en largos años de conflicto pro ahora de manera sorprendente tenemos como defensor de los Derechos Agrarios de sujetos muy específicos, como son los Ramos Millán en este caso, al Senador Fernández de Cevallos como un claro ejemplo de aberración ética o mejor dicho de falta de ética en donde lo que parece es . Y aquí hago una pausa solamente para decir que cuando decían que la esposa del César no sólo debía ser honesta sino parecerlo, parece que eso es lo que falta aquí.

El señor hace uso de sus influencias y abusando de ello obliga a pagar , porque ya hay una sentencia firme en ese aspecto, a la Reforma Agraria a alguien a quien no les pudiera hacer falta la ausencia de ejecución de resolutivos judiciales, más que a los campesinos que viven o sobreviven en condiciones infrahumanas, sin que existan más Robin Hoods como el mencionado Senador, ¿será porque no tienen problemas agrarios en donde el pago no es jugoso?, despojando con ese Resolutivo obviamente la posibilidad de que esta Secretaría cumpla cabalmente con este sector que a pesar de lo que se diga en estas comparecencias con los Titulares de todas las instancias involucradas en el campo, vemos que el hambre, el abandono y la migración aumentan día a día .

Y no es el único ejemplo de contradicción en el ejercicio del poder y el abuso del mismo, porque tenemos también Senadores, Representantes del pueblo y de uno de los tres Poderes que representan curiosamente instancias privadas como lo son los bancos y ejercen el Poder o forman parte de este Gobierno.

Y como un ejemplo de lo que sucede en situaciones de los resolutivos, tenemos el Paraje San Juan, el de Santa Ursula Coapa y el ahora nuevo de Tecamachalco Sí, quería hacer estos señalamientos porque me parece que no se pueden dejar de lado.

Muchísimas gracias y agradecemos su comparecencia y su voluntad de responder. Gracias.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para formular su pregunta, el Diputado José Lamberto Díaz Nieblas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Lamberto Díaz Nieblas (PRI):

Con el permiso de la Presidencia. Sea usted muy bienvenido señor Secretario, a la Comisión de Reforma Agraria, a esta Cámara de Diputados, agradecerle la presencia a todos los funcionarios que lo acompañan y a todos nuestros colegas Diputados que nos hacen el favor de acompañarnos.

Apenas ayer, señor Secretario, sometíamos a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados un punto de acuerdo en el cual exhortábamos al Ejecutivo a que impulsara el desarrollo del campo, principalmente lo que se refiere a la propiedad social; desde luego tomando en consideración los ejidos, las comunidades que sentimos que se nos han venido quedando muy rezagados en los últimos años.

Básicamente, hablábamos nosotros de los últimos 20 años, en los cuales hemos sentido un viraje en la política agraria de nuestro país y es aquí donde vemos nosotros muy importante ése acercamiento de la Secretaría que usted representa y esta Comisión de esta Cámara de Diputados que sentimos todos sus integrantes que tiene un gran desempeño por realizar, desde luego en un estrecho trabajo, en una estrecha coordinación con ustedes de todo este rezago, de toda esta marginación que sentimos, que percibimos que tiene esta propiedad social.

No vemos muy bien considerados los ejidos, las comunidades en los proyectos, los planes de desarrollo que maneja la Secretaría de Agricultura que viene a manejar los grandes presupuestos al agro y pues consideramos nosotros que le da un viraje a la política… más bien atendiendo a los grandes agricultores, a los grandes exportadores de este país, en detrimento de la gran mayoría de propietarios de la tierra, de la propiedad social que como usted hace un momento lo dijo, representan el 52% de esta propiedad, de los cercanos a las 30 mil comunidades y ejidos de este país.

Este punto de acuerdo pues entre otros manejó que el crédito ha caído de 19 mil millones a 9 mil millones; que se ha también tenido una baja a una tercera parte de la producción de oleaginosas; que los diez productos básicos estamos realmente importando el 40% de nuestra producción; que únicamente hemos incrementado en una quinta parte la producción de los granos forrajeros en estos 20 años; que la inversión productiva cayó de 20 mil millones de pesos a 973 millones… O sea, son cifras que por sí solas hablan.

Esto, desde luego nos lleva a nosotros a reflexionar, a platicar mucho con ustedes en que cómo visualiza usted esta situación de las asimetrías que tenemos en este modelo que estamos siguiendo de trabajo con otros países extranjeros y preguntarle que cómo dimensiona usted su Secretaría para el nuevo presupuesto, su número de empleados, su estructura institucional, las facultades para una actualización del marco jurídico… esa información, señor Secretario, nos ayudaría mucho a nosotros para tomar nuestras decisiones en los próximos días que se nos vienen y poder ser más certeros en el futuro de todos nuestros comuneros y ejidatarios del país.

Por sus respuestas, muchas gracias.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra el licenciado Florencio Salazar Adame, hasta por diez minutos, para dar respuesta.

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame:

Gracias señor Presidente.

Señor diputado Díaz Nieblas, debemos señalar de manera enfática que el compromiso del Gobierno del presidente Fox con los campesinos es ineludible, lo ha dicho de manera repetida y lo ha suscrito en el Acuerdo Nacional para el Campo.

El ha señalado de manera reiterada, tanto en reuniones de gabinete legal y ampliado como en forma pública, que el cumplimiento de cada uno de los numerales es un compromiso que su gobierno deberá llevar a plena realidad.

Evidentemente, este acuerdo nacional que rediseña políticas públicas, revisa la aplicación de programas, conjunta y coordina acciones en forma transversal y presupuestos y que además tiene una visión de largo plazo, porque evidentemente todos los problemas que aquí se han planteado, la miseria, la migración, la falta de oportunidades, son consecuencias de problemas acumulados que no se van a resolver en el corto plazo. El propio Acuerdo Nacional señala, por lo menos el lapso de una generación, 15 años, para que podamos lograr los cambios estructurales que reclama el desarrollo rural.

Y en este sentido las políticas que se están realizando en el Gobierno Federal en coordinación con los gobiernos de los estados, están claramente orientadas para que vayamos impulsando este desarrollo rural, integral, sustentable.

Quiero detenerme en un par de consideraciones que me parecen significativas, por ejemplo, cuando señalamos que los campesinos son o pueden seguir siendo despojados de sus tierras, por supuesto, que esto obedece a inercias provocadas ante las características imprescriptibles, inalienables de la propiedad y que consecuentemente impedían que pudieran concurrir al mercado inmobiliario. Esto produjo que a través de contratos privados se hiciera el traslado de las tierras a precios mucho más bajos de lo que uno pudiera considerar.

Con la certificación de la propiedad y menciono nuevamente al PROCEDE, los campesinos tienen la oportunidad de que su tierra, en todo caso, pueda convertirse en propiedad privada para inversiones, pero al costo establecido por el propio mercado y que ya no haya operaciones clandestinas, operaciones al margen de la ley que iban y van en detrimento de los campesinos. Pero esto sí es una costumbre y el esfuerzo que tenemos que hacer todos es orientar adecuadamente a los sujetos agrarios para que sepan darle el valor que tiene su propiedad, porque finalmente también el PROCEDE, lo que hace es constituir el patrimonio familiar con la propiedad social.

En relación a los riesgos de que la Secretaría pudiera desaparecer, esto se inscribe también en el compromiso del Gobierno Federal con los campesinos. Nosotros hemos señalado en forma repetida que estamos trabajando en un proceso de reconversión y que este proceso de reconversión a lo que debe llevarnos es a optimizar, tanto funciones como recursos que están en este momento ubicados en las diferentes instancias del Sector Agrario.

Es obvio que Reforma Agraria tiene muchas tareas que cumplir en el campo mexicano, la Secretaría a diferencia de otras es una institución histórica, es una institución que se crea al amparo del reparto agrario y por eso los campesinos la sienten como suya y en realidad es suya. No solo es una institución que cumple una importante función pública, es una institución emblemática que tuvo como tarea esencial hacer una distribución de la riqueza al acabar con latifundios y con ello, poder hacer un reparto que hoy permite que se reconozcan sus propiedades a comunidades indígenas y que se hayan creado los ejidos.

No hay una disminución del presupuesto del Sector Agrario. Debo mencionarle a usted, que por el contrario se ha incrementado a lo largo de los dos últimos años, ciertamente hubo un declive en algún momento dado en la historia de la Secretaría en cuanto a sus recursos presupuestales, pero esto respondió fundamentalmente, al concluir el reparto agrario, evidentemente, mucho del personal ubicado en las entidades, en oficinas centrales, direcciones generales, subsecretarías, habían cumplido con su misión y no tenían razón de que siguieran operando; fueron cerradas algunas de estas áreas administrativas, fueron replanteados programas, se rediseño esta estructura que tiene el Sector Agrario con la creación del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría y mucho del personal de la Secretaría fue reubicado en estas nuevas instancias, de tal manera que ante problemas y programas nuevos tuviéramos también un enfoque distinto para poder responder de manera eficaz.

En cuanto al papel que debemos de cumplir nosotros para hacer valer la propiedad social, lo hemos señalado a lo largo de esta comparecencia y simplemente agregaríamos que estamos impulsando este Programa de Empresas Rurales en Desarrollo, EMPRENDE, que busca atraer capital privado para el aprovechamiento del potencial de recursos con que cuenta. Estamos en una fase piloto, estamos iniciando la elaboración de proyectos que se están promoviendo ante los inversionistas para que puedan concurrir asociados con los ejidatarios y comuneros y realizar empresas que generen utilidades para ambas partes; para quienes tienen la propiedad social y para quienes aportan los recursos del capital.

Nosotros aquí también queremos hacer una referencia en cuanto a que hoy debemos considerar que el campo en efecto ofrece muchas oportunidades para la inversión, pero que requerimos asumir una actitud distinta a lo que ha ocurrido en el pasado. Si bien ha habido despojos, concentraciones de tierras que han empobrecido más a los titulares de los derechos, por el otro lado perviven ciertos criterios de que en la medida en que se pueda transitar al dominio pleno, el campesino automáticamente va a ser despojado de su tierra, cuando que ésta es la única posibilidad que tiene de asociarse y de atraer la inversión, de que tenga un verdadero valor su patrimonio y que se convierta en una rial alternativa para que mejoren sus condiciones de vida, pero por supuesto es obligación del Estado a través del sector agrario orientar, capacitar, asesorar, de tal manera que los sujetos agrarios no sean víctimas del desconocimiento de un clima de negocios.

Cuando decimos que los campesinos no deben participar en los negocios o no deben pasar al dominio pleno, en realidad lo que está ocurriendo es que les estamos evitando que se capaciten, que conozcan, que entiendan cuáles son los mecanismos de las empresas y consecuentemente sí estén en manos de posibles audaces, por decir lo menos o por calificarlos de manera amable, de quienes aprovechando su ignorancia explotan los recursos naturales de que se dispone en la propiedad social, se apropien de la tierra y los campesinos sigan pobres y quienes invierten obtengan cuantiosas utilidades por la plusvalía y la ganancia, y creemos que esto no debe ocurrir más.

Nosotros lo que estamos instrumentando, tanto a través del Registro Agrario Nacional como de la propia Procuraduría Agraria, es que haya agilidad y transparencia en la realización de los trámites, el RAN incluso ha establecido un sistema de seguimiento para trabajos de dictaminación y registro y estamos desahogando el programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, revisando los actos jurídicos en campo.

Nosotros quisiéramos que cuando haya conocimiento de actos de corrupción, que no dudamos que exista, se hagan del conocimiento de las autoridades, se hagan del conocimiento de nosotros con el compromiso puntual de que actuaremos de manera efectiva. No sólo estamos en contra de este tipo de prácticas deleznables, sino que deseamos desterrarlas porque –ya se ha dicho y perdónenme la expresión- “al burro más flaco se le cargan las pulgas”, el campo mexicano no necesita más gente que se apropie de sus bienes, de su trabajo y de su esfuerzo, sino requiere apoyos para su desarrollo y de esta manera tenemos que contribuir a que haya transparencia, a que haya honestidad y que los servidores públicos cumplan puntualmente con sus deberes.

Es cuanto, señor diputado.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra hasta por 5 minutos para réplica, el diputado José Lamberto Díaz Nieblas.

El diputado José Lamberto Díaz Nieblas (PRI):

Gracias, Presidente.

Muchas gracias, señor Secretario por sus respuestas, por su gran disposición que ha tenido de atendernos en las diversas reuniones a esta Comisión, por la atención que hemos recibido también de su equipo de colaboradores, pero yo siento que yo creo que toda esta plática, esta reunión, esta comparecencia nos ayuda mucho a tomarle la palabra a nuestra compañera que lo propuso anteriormente, de una reunión de trabajo, que podamos profundizar estos puntos de vista, porque este punto de acuerdo que manejamos aquí fue apoyado, además de ser presentado por el Partido Revolucionario Institucional, fue apoyado por cuatro partidos más, Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Verde y el Partido de Convergencia por la Democracia y fue apoyado con la firma de cinco presidentes de comisiones dedicadas al agro, el de Agricultura y Ganadería, el de Pesca y Acuacultura, el de Asuntos Indígenas, el de Desarrollo Rural y obviamente el mismo Presidente de la Comisión de Reforma Agraria.

Eso quiere decir que, pues como lo han venido expresando nuestros compañeros en esta tribuna, pues nos falta mucho que hacer en el campo y básicamente nos falta mucho más por hacer en lo referente a la propiedad social. Es innegable que nuestros campesinos, nuestros comuneros representan la gran mayoría de migrantes que tiene nuestro país en los Estados Unidos de América y que si realmente no hemos perdido la gobernabilidad en este país, como usted lo mencionaba anteriormente que es una institución que permite la gobernabilidad rural, la Secretaría, pues yo diría que también en mucho esas reservas, esas remesas de dineros extranjeros que nos llega a este país, también están permitiendo la gobernabilidad, porque nos ayudan muy fuertemente en la economía, ya vamos, prácticamente ya superamos al turismo, la segunda, ingresos aquí que tiene nuestro país después de los ingresos petroleros que es lo más fuerte.

Eso desde luego, a los diputados de esta Comisión de Reforma Agraria, a los diputados que procedemos del sector campesino nos mantiene, además de preocupados nos mantiene ocupados en la búsqueda de estas alternativas, de estas estrategias de los programas de desarrollo que deben de participar también el sector de la propiedad social. No es posible que tengamos un país diseñado para puros grandes empresarios. Yo no veo en mi distrito, yo soy del séptimo distrito en el Valle del Mayo de Sonora, no veo en cerca de 100 mil indígenas mayos que represento, en muchos pescadores porque tengo más de 200 kilómetros de litoral, tenemos muchos jornaleros agrícolas, tenemos agricultores y ganaderos, pequeñísimos productores y ejidatarios, no vemos ese financiamiento, no vemos subsidios de la Ley de Energía que aprobó esta Cámara de Diputados y que a la fecha no podemos aterrizar, no vemos diversificación de la economía en el que participa la propiedad social, en turismo, en pequeña industria, no vemos esa inmobiliaria.

Entonces necesitamos nosotros ver que nuestra gente tenga, tenga esos beneficios de los programas de Alianza para el Campo, los grandes presupuestos que se autorizan en esta misma Cámara de Diputados no vemos que le lleguen a nuestros pequeños productores, ejidatarios y comuneros, por eso nosotros sentimos que debemos de tomarle la palabra a nuestra compañera y si nos lo permite, pues seguir dialogando, seguir platicando, seguir estrechando una visión de cómo debemos trabajar en el futuro para que nuestros campesinos, nuestros comuneros tengan ese ingreso, ese arraigo en sus propias regiones y que sus familias tengan un nivel de vida más digno.

Pero es de agradecerle sus respuestas, su amabilidad, su disposición y los diputados estamos a sus órdenes.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para formular su pregunta la diputada Rocío Guzmán de Paz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Rocío Guzmán de Paz (PAN):

Con el permiso de la Presidencia. Bienvenido, señor Secretario de la Reforma Agraria; compañeras y compañeros legisladores:

El siglo XXI en México inició con el ejido y la comunidad vigentes, esto es así por determinación de las mujeres y de los hombres del campo; la reforma agraria es un proceso histórico, jurídico, social y político, fundamental en la conformación del Pacto Social Mexicano.

La Reforma Agraria no sólo distribuyó tierra y modificó a la estructura social del campo, distribuyó el poder y las oportunidades de desarrollo social, ésta es la esencia del Programa Agrario, surgido desde la Revolución Mexicana; si en 1910 menos de dos mil familias eran propietarias del 87% de la superficie del país, hoy existen más de cinco mil millones de ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios.

Con todas esas tareas que ya está de más comentar lo mismo, para atender estas atribuciones y obligaciones del Gobierno Federal, la Secretaría de la Reforma Agraria ha realizado grandes esfuerzos para adecuar su estructura, funciones y atribuciones, asumiendo la coordinación de la política agraria e impulsando un profundo proceso de modernización administrativa.

Sin embargo, dado el avance del reparto agrario, se ha llegado a considerar necesario llevar a cabo una transformación importante de la Secretaría a su cargo e inclusive la incorporación de sus funciones, en otras dependencias responsables de atender las políticas agrícolas nacionales.

Lo anterior bajo el argumento de una indispensable austeridad presupuestaria, que debe producir ahorros significativos para las finanzas del país por 40 mil millones de pesos.

En base a lo anterior, los diputados, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos conveniente conocer los avances que la Secretaría de la Reforma Agraria ha realizado durante el último año de esta administración y sobre los retos que la misma debe atender en el futuro próximo: ¿Cuál es el avance presupuestal para el presente ejercicio fiscal? ¿Qué logros se han alcanzado? ¿A quién ha beneficiado? ¿Qué valor agregado propone usted en el ejercicio del Presupuesto 2004? ¿Existe alguno o varios objetivos específicos que se pretendan alcanzar con su ejercicio? Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra el licenciado Florencio Salazar Adame, hasta por 10 minutos para dar respuesta.

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame:

Gracias, señor Presidente. Diputada Guzmán de Paz, aprecio mucho sus comentarios.

Por supuesto que la Secretaría de la Reforma Agraria tiene muchas tareas que realizar, lo hemos estado comentando a lo largo de esta sesión.

Corre la idea de que si la Reforma Agraria desapareciera, reasignara sus funciones en otras dependencias del sector público federal, habría un ahorro y que este ahorro es necesario sobre todo si tomamos en cuenta las características de lo que puede significar el Presupuesto de la Federación del próximo año.

Al particular, quisiera referir que la Secretaría representa en gasto anual el .48% del Presupuesto total de la Federación ni siquiera alcanza el 1% y que sin embargo, independientemente de que exista o no la Secretaría, muchas de sus funciones y obligaciones deben de cumplirse.

Por ejemplo, las obligaciones jurídicas ineludibles, resultantes de fallos judiciales adversos a esta institución, deben seguirse cubriendo.

Los juicios en los que es parte la Secretaría de la Reforma Agraria, deben seguirse atendiendo.

Las atribuciones en materia de expropiaciones deben seguirse realizando.

En cumplimiento de los Acuerdos Agrarios para la solución de conflictos sociales en el campo, igualmente deben seguirse cumpliendo.

Con todo esto lo que quiero decir es que algunas otras instituciones deben de absorber estas funciones, deben ejercer este presupuesto, y desde luego deben tener el personal contratado o reasignado, que opere el cumplimiento de estas obligaciones y programas.

De tal suerte, que lo digo de una manera muy rápida, pero si se trata de ahorrar pues no habría ahorro alguno, lo que habría sería una desarticulación de una institución con una amplia experiencia para atender estas responsabilidades que hoy además están consignadas en la constitución General de la República y en leyes secundarias.

Nosotros lo que estamos reformulando, es un proceso de reingeniería, que nos permita asumir de mejor manera nuestras tareas, estimamos que hacia finales de este mes podremos presentar cuál es la propuesta de reconversión del Sector Agrario, cómo podemos potenciar nuestro desempeño y tener un mejor perfil para los desafíos de la tercera fase de las políticas agrarias en nuestro país.

Y desde luego que nos importaría mucho, señor presidente, contar con la presencia de una comisión o de los miembros de esta Comisión de Reforma Agraria, y celebrar las reuniones de trabajo que ustedes estimen pertinente, a fin de desahogar sus inquietudes y poderles mostrar de manera objetiva cuáles son los avances que estamos realizando en materia agraria, cómo contribuimos al desarrollo rural, cuáles son nuestros desafíos, en resumen, nuestras fortalezas y nuestra debilidad.

En cuanto al avance del ejercicio presupuestal, debo señalar a ustedes que en el día de hoy tenemos un avance de sólo el 32.8%, no obstante hacia finales de año habremos agotado la totalidad de nuestro presupuesto. Se preguntarán, cómo le van a hacer para que sólo en un mes puedan ustedes ejercer las dos terceras partes del presupuesto asignado.

Las razones son las siguientes: nosotros, fundamentalmente celebramos procesos, nuestros programas implican la celebración de proceso. Si se trata, por ejemplo, de asignar recursos para resolver problemas sociales en el campo, debe entrarse en un proceso de negociación con los grupos en controversia, hacer los levantamientos técnicos, pedir a Cavin (?) los avalúos, negociar con los propietarios de la tierra, y después llevarlo a un comité que deberá examinar el expediente, aprobarlo en su caso, en seguida emitir los cheques, ir ante un notario, certificar la emisión de estos documentos, y luego elevar a cosa juzgada ante los Tribunales los acuerdos correspondientes., y esto lleva varios meses de duración.

Igual nos ocurre con los Programas de Proyectos Productivos, el Promusac, el Fapa, se revisan las reglas de operación, se convienen, son aprobadas por la Secretaría de Hacienda, se remiten al Diario Oficial de la Federación, se reciben proyectos, se validan en los Estados, se seleccionan, los que tienen mayor viabilidad de acuerdo al techo presupuestal disponible, se emiten los dictámenes, se vuelve a hacer una publicación sobre los proyectos aprobados, se distribuyen los recursos, y de esta manera se cumple con los propósitos de en este caso de estos dos programas.

Cito ambos casos, porque estamos nosotros ya en la fase final justamente del cierre de convenios, de acuerdos, de programas, de tal manera que para nosotros este mes de noviembre y la primera quincena de diciembre es de un trabajo francamente intenso, que nos permite asegurar que probablemente, por primera vez en muchos años, el Sector Agrario y especialmente la Secretaría ejerza su presupuesto al 100%.

Y no solamente eso sino que en virtud de que estamos desahogando una serie de problemas de carácter social en el campo, en cuyo número no tienen precedente, estamos hablando, más menos, sólo en la atención a conflictos sociales de 240, en el Programa de Compra de Tierras en el marco de los acuerdos agrarios de 75, y esto sumarían más de 300 operaciones de compras de tierras para resolver conflictos que no tendrían precedente en muchos años, habríamos nosotros cumplido en solo unos cuantos meses.

Déjenme decirles que para cumplir lo pactado en el Acuerdo Nacional para el Campo, con las organizaciones que además integraron un comité en el cual ellos determinaron cuáles tenían prioridades, lo convinieron con nosotros; integramos un programa emergente, enviamos personal de oficinas centrales a los estados con recursos adicionales, con personal técnico a hacer levantamientos, a elaborar los expedientes, enviarlos a CAVIN (?) estamos en espera de que nos envíen los avalúos; estamos absolutamente seguros de que a finales del año podremos dar una respuesta favorable y habremos agotado los 240 millones asignados por el Acuerdo Nacional para el Campo.

Consecuentemente diputada, estimo que tenemos un avance si lo vemos en las cifras duras atrasado el 32%. Pero sin embargo por los procesos que se están realizando, hacia finales del año podremos dar cuenta a esta comisión, de que habremos agotado el presupuesto, que incluso tenemos ofrecimiento de la Secretaría de Hacienda, para que si hubiera otros problemas sociales por conflictos agrarios, nos daría un recurso adicional para solventarlos y dejarlos satisfechos el próximo año.

Yo quisiera también aquí reiterar lo que hemos conversado con ustedes en forma individual y con algunos que nos hemos reunido para informarles de los trabajos del sector y de la Secretaría, que reiteramos dos compromisos: Primero, asumimos el compromiso de enviar puntualmente cada mes por escrito, un informe del desempeño del sector agrario a esta comisión. De tal manera que tengan ustedes oportunidad de ir revisando el avance de nuestros programas, el ejercicio de nuestros presupuestos y nosotros a la vez tengamos la ocasión de conocer sus puntos de vista que mejoren nuestra actividad.

Y segundo, que estamos en disponibilidad de atenderlos no solamente en sus actividades legislativas que tienen que ver con el entarimado jurídico del sector, sino también en la gestión que realicen en sus distritos, porque estimamos que se trata de coadyuvar de manera significativa a resolver los conflictos sociales que hay en el campo.

Para nosotros fue muy afortunado que el presidente de la comisión, el diputado García Corpus y otros miembros de la misma, nos acompañaran a Playa Vicente el domingo pasado, en donde resolvimos un conflicto de muchos años, entregamos las tierras ya a los indígenas zinantecos; se dieron las indemnizaciones el lunes anterior en los tribunales agrarios a los pequeños propietarios. Y de esta manera ustedes pudieron advertir por conducto del señor presidente de esta comisión, que estamos cumpliendo puntualmente con este programa de focos rojos que instalamos apenas hace 3 meses.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra hasta por 5 minutos para réplica, el diputado Rubén Alfredo Torres Zavala.

El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala (PAN):

Con su venia señor presidente; diputada Amalia Dolores García; licenciado Florencio Salazar Adame, bienvenido:

Antes de iniciar mi interpelación quisiera elevar un recuerdo a una persona que seguramente si pudiera estaría hoy aquí, de alguna forma está; un recuerdo al doctor Arturo Warman.

En la primera parte de la intervención de nuestros compañeros, quedó un dato que para nosotros es importante en tiempos de presupuesto. Nos faltó el dato del componente económico para la resolución de los focos rojos. Ese dato nosotros entendemos y lo creemos importante para poner sobre la mesa la importancia del trabajo que la Secretaría en este momento está haciendo y la previsión necesaria para que en el momento dado que se acerque la solución, podamos tener el mecanismo para asegurar este componente económico en la mesa de negociación.

Otra de las preguntas que en la primera intervención quedaron a mi forma de ver sin contestar, es referente a las expropiaciones. Yo estoy cierto que en la actual administración se hacen grandes esfuerzos para transparentar el procedimiento de expropiación. Sin embargo como lo vimos con la compañera Ana Lilia Guillén, cuestionamientos que hizo aquí -desgraciadamente se retiró- cuestionamientos que por supuesto en la forma de hacerlos y en personalizarlo, que es bastante divertido venir aquí a acusar a una persona y después retirarse sin darle el derecho a la réplica porque no la tiene.

Pero, sin embargo, refleja claramente este punto en el que coincidimos con ella, que es la gran preocupación por todos estos procedimientos que en el pasado se dieron, estos procedimientos de expropiación, que evidentemente y certificados ya por la autoridad judicial, contienen irregularidades.

Uno de los subproductos de la certificación de derechos ejidales es la de identificar, al momento que se está haciendo la medición de los ejidos, estas infraestructuras, estas expropiaciones. Cuando se trata de documentar se ve que no hay actas de ejecución, no están correctamente ejecutadas y, en el mejor de los casos, se hace una simulación discreta y se evita tocar el tema ante los ejidatarios.

Luego entonces es tiempo de puntualizar, de transparentar lo que en otras administraciones se ha dejado pendiente en esta materia, que es la de expropiación, y sería bueno, para la salud del país, empezar a trabajar al respecto.

La reforma agraria está bien claro que es un proceso histórico que no ha terminado. La vigencia del ejido y de la comunidad hoy es clara en la actualidad del país. También es claro que algo no ha salido bien en el campo porque en el campo tenemos a los más pobres entre los pobres.

Luego entonces, ante estas evidencias, no hay discurso posible que refleje algo diferente a nuestras realidades.

Esta pobreza nos llama a la reflexión para hacer, entre todos, el esfuerzo para hacer, entre todos, los cambios necesarios para avanzar en el combate a la pobreza.

También es cierto que nos debe de unir una visión de un México mejor; nos debe de unir a todos los que estamos aquí en el esfuerzo para llevar, para promover el desarrollo en los ejidos y en nuestras comunidades.

No basta lo que hemos hecho hasta hoy. La evidencia está allá afuera. No basta el presupuesto que tenemos hoy para promover el desarrollo en nuestras comunidades y nuestros ejidos.

Luego entonces tenemos que hacer, desde esta tribuna, un llamado a todos los actores políticos y sociales para que nos sumemos como uno solo en la búsqueda de la resolución, de la solución de este rezago histórico que nos llama y nos mueve en las conciencias.

Estará en el fuero de la conciencia de cada uno de nosotros si hace todo lo posible, todo lo que esté a su mano hacer o deja pasar, como muchas, muchas muchas veces se ha dejado pasar el problema de largo: al final y al cabo no me afecta en lo personal.

Nos llevamos ese reto, nos llevamos esa tarea. Tenemos que ser, cada uno de los que estamos aquí, promotores de la nueva vigencia del sector agrario, y eso nos queda muy claro al Partido Acción Nacional.

Tenemos que plantearnos con inteligencia qué es lo que tenemos que hacer, pero sobre todo con patriotismo y con amor. Muchas gracias y es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para formular su pregunta, el diputado Elpidio Concha Arellano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Elpidio Concha Arellano (PRI):

Con su permiso, presidente. Señor secretario, la permanencia de la Secretaría de la Reforma Agraria es de vital importancia para atender problemas irresueltos que hay desde hace muchos años.

Los diputados de mi Partido nos pronunciamos por un no rotundo a su desaparición, por si insistieran todavía en lo mismo.

Sabemos y reconocemos que los males son añejos y las problemáticas agudas generadas, hay que reconocerlo, por administraciones y porque no hubo una reforma agraria a la altura de las necesidades.

Quiero recordar también en este espacio que una de las salidas conciliatorias que ha brindado mejores resultados y ha sido bien recibida por las partes en conflicto es el apoyo a través de proyectos productivos a los campesinos.

Hay muchas dependencias que tienen este tipo de proyectos. En ellas puede apoyarse también la Secretaría, en caso de que el presupuesto nos hiciera falta para atenderlos.

“En Oaxaca, que es uno de los estados que tiene más conflictos agrarios, y que hoy registra aproximadamente 686 conflictos, sabemos que están pendientes por resolver casos sumamente delicados como el que ha estado tratando ya usted, el de la Colonia Cuauhtémoc y de Santa María Chimalapa.

“Pero también contamos con conflictos importantes que debemos atender juntos en Oaxaca, sobre todo, en la Sierra Sur, donde se necesita una intervención oportuna de la dependencia a su cargo, toda vez que de prolongarse las disputas, podría desencadenarse una escalada de conflictos sociales.

“A nombre de mis paisanos y los diputados federales de Oaxaca, lo exhortamos a que le entremos juntos y de manera urgente, principalmente en mi estado, porque ahí hay tres cosas básicas que siempre defienden los hombres de Oaxaca: Su casa, su familia y su tierra. No podemos permitir que por ello se derrame la sangre de nuestros hermanos.

“Se ha dado un énfasis particular a las acciones para la atención de lo que se ha llamado los focos rojos de los conflictos agrarios que suman catorce. Pero existe un número mayor de conflictos de los cuales muchos pueden convertirse en focos rojos.

“Por eso quisiera preguntarle, señor Secretario: ¿Cuál es la atención que se tiene prevista para otorgar a los conflictos agrarios que involucran a las entidades federativas, que las hay?

“Por el número de complejidad y repercusiones sociales de los conflictos agrarios de Oaxaca y Chiapas, es importante conocer de manera particular, los compromisos asumidos por la Secretaría a su cargo para resolverlos, así como de manera general para el resto de las entidades federativas.

“En el Acuerdo Nacional para el Campo, quedó incluido un punto en relación a la revisión del marco jurídico agrario, considerado en este Acuerdo, y las motivaciones de las reformas de 1992, por lo que le preguntamos: ¿Cuáles son las propuestas de la reforma al marco jurídico agrario que se tienen programadas emprender y cuáles son sus principales orientaciones? ¿Cuál es la posición de la Secretaría sobre el pedimento de regresar el artículo 27 constitucional a su texto anterior a la reforma del 92?

“Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que condenan a la Secretaría de la Reforma Agraria al pago a particulares, de sumas que equivalen a más de la mitad del presupuesto de la Secretaría, estas han causado un gran descontento entre la sociedad y en especial en miles de los campesinos a los que no se les puede resolver sus conflictos añejos por falta de presupuesto.

“Por lo anterior y tomando en cuenta las responsabilidades y los compromisos de la Secretaría de resolver asuntos agrarios, lo que implica en muchos de los casos pagos individuales o colectivos a las partes en conflicto, es conveniente que se establezcan reglas claras en cuanto a la forma y montos de los pagos que garanticen en primer lugar, la equidad, transparencia y optimización de los mismos y a este respecto también le pregunto: ¿Estima conveniente que se establezcan reglas para el ejercicio de los presupuestos que se autorizan para el pago de obligaciones jurídicas y administrativas que se deriven de juicios y de los que se originan para cumplir acuerdos agrarios para evitar que un reducido número de sujetos a estos pagos, absorban la mayor parte del presupuesto destinado a estos fines? ¿Existen condiciones económicas, materiales y jurídicas para el pago de resoluciones judiciales e indemnizaciones por expropiación de la tierra?

En el caso de la resolución judicial a favor de la familia Ramos Millán desearíamos conocer si se ha interpuesto algún recurso de inconformidad. De ser así, cuál es el resultado. ¿Si se han realizado pagos, con qué carácter y a cuánto ascienden estos pagos?

Por último, a raíz de la rebelión zapatista en el estado de Chiapas se ocuparon pequeñas propiedades por las comunidades indígenas que reclaman el reconocimiento a su favor de las tierras ocupadas, situación que crea tensión en los propietarios de los predios ocupados y que urge se resuelvan con justicia para las partes, ya sea por procedimientos de restitución o el pago a los propietarios legales. Por lo que le preguntamos ¿cuáles son las medidas que llevará a cabo la Secretaría para la solución de estos conflictos y si se tienen previstos los recursos económicos que implica esta solución?

Por su atención, señor Secretario, muchísimas gracias.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra el Licenciado Florencio Salazar Adame, hasta por diez minutos, para dar respuesta.

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame:

Gracias, señor Presidente.

Señor diputado Concha Arellano:

Me voy a permitir tratar de dar respuesta a las preguntas formuladas por usted. Me temo que en razón del tiempo quizás no logre dar respuesta a todas, si fuera el caso le ofrezco enviárselas por escrito; pero sí quisiera abordar de ellas las que me parece son de interés en este momento por su trascendencia y que sean conocidas por esta Comisión.

En cuanto al número de conflictos agrarios identificados y cuáles se pueden convertir en focos rojos, hicimos una revisión puntual de los problemas registrados en cada una de las instituciones del sector agrario y encontramos que hay asuntos que estaban duplicados, se fueron eliminando y finalmente establecimos un censo de 140 problemas agrarios. De estos 140 problemas agrarios habrá que descontar 32 que están incluidos en los 14 focos rojos, por lo cual el universo es de 108.

Debo precisar, porque ha habido declaraciones de diversos servidores públicos en el sentido de que tenemos 10 mil, 5 mil, 3 mil, 300, 400, problemas. No hay que confundir entre los asuntos que están en proceso en los tribunales agrarios, que son numerosísimos, a los que involucran a dos o más núcleos que consecuentemente tienen un impacto social de mayor magnitud; a éstos me refiero.

El próximo año vamos a poner en marcha un programa de atención a focos amarillos para tratar de resolver todos los problemas del número que aquí he referido. Evidentemente no es predecible como un asunto hoy sin importancia puede convertirse en foco amarillo y el foco amarillo en rojo. La disputa de dos individuos por un pedazo de tierra puede involucrar después a las familias y las familias divide a una comunidad, enfrentarse y esto ya le da una magnitud tal que nos lo sitúa como un foco rojo cuando no estaba siquiera considerado como amarillo. Esto es lo que lamentablemente puede ocurrir en el campo mexicano y hay que registrarlo así.

El que hoy tengamos considerados 14 focos rojos y 140 focos amarillos no quiere decir que la cifra sea inamovible o que incluso los vayamos resolviendo y nos vayan presentando otros.

Quisiera ir directamente a la pregunta que usted ha formulado en cuanto a la opinión de la Secretaría de la Reforma Agraria para regresar al artículo 27 a su texto anterior. Nosotros hemos dicho de manera repetida que no estamos de acuerdo porque la reforma del año ´92 es la que finalmente permite que los campesinos decidan el destino de su tierra. Y aquí también debo de referir, ya que hemos hablado mucho del PROCEDE, del Programa de Certificación de Ejidos y Solares Urbanos, que adoptar el dominio pleno no es un asunto instantáneo. Hemos escuchado opiniones en el sentido de que el PROCEDE se instrumentó para despojar a los campesinos de la tierra y entregárselo a los capitalistas, a los inversionistas, a los extranjeros. El PROCEDE promedio tiene una duración, desde que inicia hasta que concluye, de 280 días. Inicia con una asamblea informativa y concluye con otra de destino sobre la tierra. En el ínterin se hacen los trabajos técnicos, se hace público el listado de los derechosos, se conoce la opinión de la Asamblea, asisten Notarios Públicos, celebran tres Asambleas por lo menos, hay diez pasos puntualísimos en los cuales los campesinos ejidatarios o comuneros pueden decidir continuar con el Programa, rechazarlo, incorporarse o concluirlo, de tal suerte que ese no es un Programa que de manera alguna ponga la tierra ahí a disposición de cualquier persona solamente porque se inscribe al PROCEDE.

Además, cuando concluye el PROCEDE debe hacerse una reunión de Asamblea para que esta determine si se pasa o no al dominio pleno y consecuentemente se puedan hacer transferencias ya de propiedad social a propiedad privada.

Consecuentemente estimamos que volver a la redacción del 27 va a ser una Reforma regresiva que lo único que va a provocar es que se siga pulverizando la tierra, que no resolvamos los problemas de fondo del campo mexicano y que le impidamos a los sujetos agrarios que la tierra sea un verdadero patrimonio, que sea un instrumento de oportunidades familiares, de desarrollo social, de capitalización, etc.

En relación con el pago de Resoluciones Judiciales nosotros debemos señalarle a usted y en lo que se refiere de manera expresa al caso Ramos Millán, que la Secretaría ha hecho una revisión puntual del proceso.

Nosotros estamos por supuesto, comprometidos para que en todo caso la Ejecutoria sea consecuente con las características de la expropiación de este predio de 33 hectáreas y que se pueda -y es lo que estamos planteando y para ello estamos aportando las pruebas correspondientes- se pueda reponer el proceso, porque es una Ejecutoria resultado de un proceso cargado de irregularidades.

En primer lugar Reforma Agraria no hizo la expropiación de este predio teniéndolo en posesión sus propietarios, era un predio invadido en el cual ya había infraestructura urbana, vivienda, electrificación, servicios públicos. La expropiación la hace Reforma Agraria para trasladarla a CORET y buscar su regularización en beneficio de sus ocupantes. No se trató de un predio del cual se desposeyó a sus tenedores legítimos para realizar una obra pública determinada que implicara consecuentemente el pago en los términos que establece la Ley.

Si nosotros no podíamos hacer el pago sustituto por esta expropiación, lo que debió haber mandatado el Poder Judicial de la Federación a través del Juzgado correspondiente, es que las cosas quedaran como están, es decir, no lo expropiamos pero repito estaba invadido, no estaba en posesión de sus dueños.

Luego, enseguida, encontramos que el Albacea de la familia Ramos Millán y Bernal García fallece y no se acredita un nuevo Albacea y sin haberse cumplido esta formalidad jurídica indispensable, se presentan con tal personalidad o asumiendo mejor dicho tal personalidad puesto que no estaba acreditada legalmente, los señores, el señor Ramos Millán, señor Fernando Ramos Millán.

Y ocurre que el señor Fernando Ramos Millán, a pesar de no tener la personalidad jurídica acreditada y además de que nosotros no sabemos, señor Ramos Millán y Ramos Millán o es Ramos Fernández, o es como un tercer nombre como aparece en actas y eso tampoco lo resuelven en los Juzgados, reconocen de manera táctica, de manera tácita los Juzgados, la personalidad de un señor o de tres señores , porque al final de cuentas no sabemos quién es, que no tiene la personalidad jurídica para presentarse como Albacea, que no tiene la personalidad como individuo y prersenta el litigio en contra de la Reforma Agraria

En seguida, estoy haciendo una relación corta de los hechos, le voy a entregar al señor Presidente, al final, un Informe Ejecutivo sobre este asunto en el cual pretendemos una relatoría puntual de cuál ha sido el proceso.

Enseguida se hacen los estudios técnicos sobre este predio de los Ramos Millán de las 33 hectáreas. Uno supone que está debidamente identificado el predio; que van algunos topógrafos; que hacen correctamente las mediciones; que se levanta el plano, se valida y se remite al expediente en el juzgado administrativo del Poder Judicial de la Federación.

Pues no. El señor perito tomó un Guía Roji, dijo –Me parece que el predio en cuestión va de esta calle a esta otra… Lo dibujó y en base a ése croquis elaborado en la Guía Roji se elabora un plano, se envía al juzgado y el juzgado lo recibe como bueno y nos parece a nosotros que esa es otra irregularidad bastante severa.

La ejecutoria establece un monto de 1,217 millones de pesos, que con mucho supera lo que puede ser el valor del predio en cuestión.

En primer lugar nosotros no debíamos de pagar; en segundo lugar, el monto de la ejecutoria es de tal manera escandaloso que no podemos aceptar cubrirlo porque evidentemente estaríamos actuando en contra de los intereses de la Administración Pública Federal, del patrimonio público pero además incurriríamos en la omisión de no atender puntualmente con nuestra responsabilidad.

Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Lo que hemos hecho es recurrir a las instancias judiciales, pedir que se acredite la personalidad jurídica del señor Ramos Millán o el nombre que lo denomine jurídicamente puesto que repito que hay tres nombres, no sabemos si son tres personas distintas o una sola persona con tres nombres diferentes, que acredite que es el albacea, que se hagan los estudios técnicos correspondientes y que se haga un avalúo objetivo en torno al valor verdadero del predio en cuestión.

Sin embargo, nos hemos visto precisados a atender la ejecutoria y por esta razón se han depositado ante el Juzgado Décimo de lo Administrativo en Materia Federal, 30 millones de pesos; 20 millones que depositó mi antecesora, la licenciada Herrera Tello y 10 nosotros.

¿Por qué depositamos 30 millones de pesos y por qué además lo hacemos si no estamos de acuerdo en cubrir el monto de esta ejecutoria? Primero, porque es una ejecutoria del Poder Judicial de la Federación y no nos está preguntando si queremos hacerlo, nos está mandatando, nos está instruyendo que lo hagamos y nosotros creemos que los defectos de la ley hay que combatirlos a través de la misma ley.

Los servidores públicos somos los primeros obligados a observar las leyes; no podemos atentar contra el estado de derecho. Estamos depositando 30 millones porque no tenemos más recursos; se pidió ampliación a Hacienda; Hacienda lo pidió a esta Cámara; esta Cámara nos dio respuestas; consecuentemente, estamos cumpliendo con la ejecutoria que ordena el Poder Judicial de la Federación hasta la medida que nos es posible, con los recursos que tenemos a nuestro alcance y de esta manera demostramos que no actuamos en contumacia, que no nos rebelamos ante la disposición del Poder Judicial de la Federación pero esto tampoco invalida nuestro derecho para pedir que se reponga el proceso y en esto estamos ante los tribunales.

Ahora bien, la familia Ramos Millán y sus abogados han enderezado dos acusaciones en materia civil en contra de mi antecesora, la licenciada Herrera y de su servidor, argumentando que nosotros personalmente somos responsables de que no se cubra el total de la ejecutoria y están exigiendo el pago del orden más o menos de 150 millones de pesos por intereses que se han devengado en razón de que no se ha cubierto totalmente el monto de los 1,207 millones de pesos; y por intereses diarios, más o menos de 150 mil pesos.

Si nosotros perdiésemos estas demandas, ocurriría que tanto la licenciada Herrera como su servidor, perderíamos nuestros patrimonios para cubrir ese pago que nos exige la familia Ramos Millán a través de sus abogados, que por supuesto no pagaríamos ni si quiera parte de los 30 millones que depositamos anualmente, por lo menos yo.

Pero refleja esta actitud una posición feroz de los abogados, más allá de lo que razonablemente se explica en la defensa de derechos de particulares, porque el actual Secretario de la Reforma Agraria cuando asumió el cargo recibió ya la ejecutoria del Poder Judicial, no fue oído, ni vencido en Tribunales, no formé parte de litigio y sin embargo entiendo en esta demanda civil, un acto de presión grosera -y como dijo algún abogado que consulté-, hasta obscena en pretender que se haga un pago a todas luces inconveniente, porque el proceso ha sido absolutamente irregular.

Confiamos total y absolutamente en el Poder Judicial de la Federación, estamos seguros que actuaran conforme a la ley que se hará valer la razón jurídica que nos asiste. Nuestra obligación es defender el patrimonio de la Federación, en términos de lo que establecen las leyes.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para réplica el diputado Elpidio Concha Arellano.

El diputado Elpidio Concha Arellano (PRI):

Señor Secretario, le agradezco mucho sus respuestas puntuales y como usted se da cuenta nos interesa, a los representantes populares este tipo de asuntos, porque sin duda alguna afecta al presupuesto que en un momento dado va a manejar la Secretaría a su cargo, los cuales podemos utilizar para que sean puestos a disposición en proyectos productivos y resolver los conflictos añejos que tienen varios estados de la República, como el estado de Oaxaca.

Insisto nuevamente, en la atención a los conflictos agrarios y sobre todo, en mi estado. Obviamente sé de la oportuna intervención que está haciendo y de esta tribuna quiero mandarle el reconocimiento puntual también al gobernador de Oaxaca, licenciado José Murat, el cual ha puesto el interés como ejecutivo del estado para solucionarlos.

Quiero en este momento abocarme señor Secretario ha solicitar su intervención de su dependencia en el estado de Oaxaca, para que le entremos conjuntamente y desde luego con el trabajo también, que disponga de su servidor para diez conflictos agrarios sobre todo, del Distrito 2° Electoral Federal que yo represento con cabecera en Teotitlán de Flores Magón, asuntos álgidos totalmente y que todavía el día de ayer, hubo conflictos en dos comunidades y creo usted está enterado que pudieron llegar a más, si no hubiera sido por la oportuna intervención del gobierno del estado de Oaxaca y la instancia que tiene ver con la seguridad.

Le agradezco, su participación y su presencia ante esta Comisión, señor Secretario. Muchas gracias.

El Presidente diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI):

Señor secretario de la Reforma Agraria.

Compañeros diputados:

Distinguidos invitados que nos acompañan:

Existe, tal abandono en el campo que hasta la discusión legislativa de los problemas queda avasallada por temas que aparentan ser más relevantes, tales como nos pasa ahora con la discusión de las propuestas fiscales y presupuestales del Ejecutivo Federal,que si bien son de primer orden, no nos deben llevar a dejar de lado el análisis y la discusión de otros temas torales para el país, como son los del campo, pues de otra manera a lo más que podemos aspirar es a tener más recursos para gastar en programas de apoyo al campo sin que ello signifique necesariamente que se le va a proporcionar una mejor atención.

Por lo anterior, debemos congratularnos por habernos dado este espacio el día de hoy, para que en el contexto de la glosa del Tercer Informe de Gobierno hayamos podido intercambiar nuestros puntos vista sobre la política agraria, pues con ello estamos contribuyendo a cumplir con la demanda central del Movimiento Campesino plasmada en el Acuerdo Nacional para el Campo, de construir una auténtica política de Estado que dé solución a sus ancestrales y nuevas demandas.

Nuestra Constitución Política impone de manera categórica la intervención del Estado en la promoción del desarrollo rural integral y en la creación de leyes que faciliten la organización y expansión de la actividad económica del sector social, razón que sumada al decaimiento de las actividades productivas en el campo y a la miseria de sus habitantes, nos exigen un trabajo arduo para dilucidar conjuntamente con la sociedad y el gobierno cuáles son las orientaciones, los fines y los medios que deberá de tener la política de Estado demandada.

La reforma agraria ha sido un tema controversial, algunos cuestionaron con vehemencia su etapa de reparto de tierras y hoy se cuestiona por otros el que no lo hagan. En su momento se criticó la preeminencia de la organización ejidal en las políticas agrícolas y hoy existe una amplia preocupación por el abandono de la organización de los ejidos y comunidades. En fin, las controversias no se eliminarán, pero lo que sí requerimos es construir una amplia coincidencia entre todas las fuerzas políticas, los sectores económicos y sociales y los gobiernos Federal, estatales y municipales, sobre el país que queremos y el papel que jugará el campo en su consecución.

Ya se realizó el primer intento de discusión plural con las mesas de diálogo que dieron origen al Acuerdo Nacional para el Campo, mesas en las que no estuvieron presentes ni todos los actores ni todos los temas. No obstante, se han constituido en una experiencia a tomar en cuenta y ante todo en un deber el dar seguimiento a los compromisos establecidos, entre los cuales se encuentran los que corresponden al Poder Legislativo dar atención.

Hoy nuestros compañeros diputados han realizado cuestionamientos que reflejan la honda preocupación que existe en los grupos parlamentarios por los problemas, el quehacer gubernamental y sus resultados en materia agraria. Se quiere profundizar en el conocimiento del origen y la forma de atención de los conflictos agrarios; del presupuesto del sector y el resultado de su ejercicio; de las contradicciones que se pueden presentar en la actuación de la Procuraduría Agraria, de sus propuestas para modificar la legislación agraria y de su opinión sobre la idea de retomar aspectos de la legislación anterior a las reformas; de la demanda actual de tierras y de la ejecución de las resoluciones presidenciales. En fin, la diversidad de temas y enfoques de los mismos aquí planteados son la expresión de la pluralidad de la Comisión de Reforma Agraria y de esta legislatura, lo cual constituye su principal fortaleza.

Las respuestas dadas por el Secretario de la Reforma Agraria han mostrado su conocimiento en los problemas agrarios y de su convicción de atenderlos. Como es natural, existen coincidencias y divergencias en cuanto a sus puntos de vista, pero lo que nos ha quedado claro es que podemos mantener una relación constructiva, tanto para la revisión integral del marco jurídico agrario como para la reorientación de la política agraria y la subsiguiente reorganización del sector.

Como una reflexión final sobre esta comparecencia, expongo las siguientes consideraciones:

Primero. Que existe una demanda real y potencial de tierras que es necesario que se defina en términos legislativos y de política agraria. La forma en que será atendida teniendo en cuenta las disponibilidades reales de tierra, las limitaciones económicas del Estado para adquirirla, de que no es posible repetir esquemas de reparto del pasado y mucho menos crear falsas expectativas de dotación de tierras, que de hacerlo se puede garantizar con ello el proporcionar una forma decorosa de vida al demandante de la tierra.

Segundo.- Que es necesario que exista una total correspondencia entre la política agraria y la de fomento agropecuario y forestal, pues la falta de ello explica en gran parte los rezagos que tenemos en el campo, pues durante muchos años el reparto agrario dio tierras de dimensiones y calidades que no se correspondían a los modelos tecnológicos que promovía el Estado.

Hoy repetimos algo similar al ofrecer esquemas de negocios, inversión y apoyo que están alejados de la realidad económica y social de la inmensa mayoría de los productores del sector social.

Tercero.- Que los países que han incursionado con éxito en el mundo globalizado, son los que han logrado niveles de producción agropecuaria y pesquera que le dan seguridad alimentaria y capacidad agroexportadora, logros que fueron el resultado de políticas de apoyo a sus productores, que consideraron sus condiciones productiva y de tenencia de la tierra y se propusieron desarrollarlas.

Es tiempo ya de que en nuestro país retomemos las metas de soberanía, seguridad y autosuficiencia alimentaria, para que conjuntamente con el reconocimiento de que predomina la propiedad social en la tenencia de la tierra, diseñemos políticas públicas que permitan alcanzarlas.

Cuarto.- Que a once años de aprobarse las reformas a la legislación agraria, de eliminar a la mayor parte del aparato estatal de apoyo al campo y modificar las formas de apoyo a sus productores, se tiene que reconocer que son muy pocos los productores y las actividades agropecuarias que se han desarrollado, por lo que casi tres cuartas partes de la población del medio rural vive en condiciones de pobreza.

Quinto.- Que el reconocimiento de que no se cumplieron los objetivos de la reforma del 92, además de obligarnos a ser precavidos con las ofertas de cambio estructural, nos exige la revisión crítica de los programas de atención al campo para reforzar los que han funcionado y modificar los que no.

Sexto.- Que dentro de la revisión crítica debe incluirse la política agraria, la cual tiene como sus principales logros la regularización y certificación de dos tercera partes de la superficie ejidal y comunal que corresponde a más del 80% de los núcleos agrarios y el establecimiento de sistemas de registro agrario y de procuración e impartición de justicia agraria más expeditos, eficientes que los anteriores.

De la misma manera, hay que reconocer que en materia de organización y capacitación agraria es donde se encuentran sus mayores insuficiencias, situación que limita el aprovechamiento pleno de sus logros para propiciar inversión, mejorar la productividad en el campo y las condiciones de vida de sus habitantes.

Séptimo.- Que es necesario que la organización ejidal y comunal asuma cabalmente sus funciones de promoción, gestión y ejecución de programas que impulsen el desarrollo productivo y social de los grupos agrario y que de la misma manera es necesario se organice el sector agrario de la administración pública federal para que promueva y facilite que en los ejidos y comunidades se asuman cabalmente estas funciones.

Octavo.- Que en términos de la política agraria establecida y de acuerdo a lo informado, es de reconocer que el Ejecutivo Federal ha dado continuidad y profundidad a las acciones definidas por ella y que para tener una evaluación más objetiva es conveniente contar con indicadores de impacto de sus programas en estructura agraria y el desarrollo de los ejidos, comunidades y colonias agrícolas.

Noveno.- Que en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, es conveniente tener cuidado de que se asignen recursos suficientes para culminar el proceso de regularización y ordenamiento de la propiedad, el cumplimiento de los acuerdos agrarios, la atención de conflictos y ampliar las funciones de promoción de la organización y capacitación de ejidatarios y comuneros, que el esfuerzo que se haga en este sentido tiene que ser correspondido por la Secretaría de la Reforma Agraria, reasignando recursos de sus actividades adjetivas y asumiendo el compromiso de reforzar las funciones sustantivas como las ya mencionadas.

Presentadas estas consideraciones, no me queda más que agradecer a nombre de la Honorable Cámara de Diputados y de esta Comisión de Reforma Agraria, la comparecencia del licenciado Florencio Salazar Adame, Secretario de la Reforma Agraria, así como la asistencia de los funcionarios del sector y de los diputados presentes.

De conformidad con lo que establece el artículo séptimo numeral cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta reunión será remitida al Presidente de la República para su conocimiento.

Reitero nuestro agradecimiento a todos por su asistencia y participación. Se levanta la reunión (20:15 hrs.)