Comparecencia del Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda, correspondiente al Tercer
Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada

Cuestionamientos de los grupos parlamentarios

Instalación de la Mesa
Juan de Dios Castro Lozano

PRIMER TURNO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Jesús Emilio Martínez Alvarez, Partido de Convergencia
Respuesta: Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación
Réplica: Jesús Emilio Martínez Alvarez, Partido de Convergencia

Pregunta: Alejandro González Yáñez, Partido del Trabajo
Respuesta: Santiago Creel Miranda
Réplica: Alejandro González Yáñez, Partido del Trabajo

Pregunta: Manuel Velasco Coello, Partido Verde Ecologista de México
Respuesta: Santiago Creel Miranda
Réplica: Jorge Antonio Kahwagi Macari, Partido Verde Ecologista de México

Pregunta: Horacio Duarte Olivares, Partido de la Revolución Democrática
Respuesta: Santiago Creel Miranda
Réplica: Horacio Duarte Olivares, Partido de la Revolución Democrática

Pregunta: Sergio Penagos García, Partido Acción Nacional
Respuesta: Santiago Creel Miranda
Réplica: Sergio Penagos García, Partido Acción Nacional

Pregunta: Jorge Romero Romero, Partido Revolucionario Institucional
Respuesta: Santiago Creel Miranda
Réplica: Jorge Romero Romero, Partido Revolucionario Institucional

SEGUNDO TURNO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Gilberto Ensástiga Santiago, Partido de la Revolución Democrática
Respuesta: Santiago Creel Miranda
Réplica: Gilberto Ensástiga Santiago, Partido de la Revolución Democrática

Pregunta: Rebeca Godínez y Bravo, Partido Revolucionario Institucional
Respuesta: Santiago Creel Miranda
Réplica: Rebeca Godínez y Bravo, Partido Revolucionario Institucional

Pregunta: Julián Angulo Góngora, Partido Acción Nacional
Respuesta: Santiago Creel Miranda
Réplica: Julián Angulo Góngora, Partido Acción Nacional

Pregunta: Enrique Burgos García, Partido Revolucionario Institucional
Respuesta: Santiago Creel Miranda
Réplica: Enrique Burgos García, Partido Revolucionario Institucional

MENSAJE INSTITUCIONAL
Juan de Dios Castro Lozano



















ANALISIS III INFORME DE GOBIERNO.
SECRETARIO DE GOBERNACION
POLITICA INTERIOR

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señoras y señores legisladores, se encuentra en el salón de recepción de esta Cámara de Diputados, el Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, invitado a la sesión de esta fecha en que se llevará a cabo el análisis del III Informe de Gobierno.

Se designa en comisión para que lo reciban y lo introduzcan a este recinto a los siguientes diputados: Consuelo Muro Urista, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Armando Rangel Hernández, Federico Döring Casar, César Chávez Castillo, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Pedro Vázquez González y Jesús González Schmal.

Se pide a la comisión cumpla con su cometido.

(La comisión cumple con su cometido.)

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

De conformidad con el acuerdo parlamentario aprobado por esta Asamblea y que norma el procedimiento para el análisis del III Informe de Gobierno, nos acompaña el Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.

Para dar cumplimiento al punto 3º. numerales I, II, III y IV del mencionado acuerdo se han inscrito para hacer preguntas y réplicas, los siguientes diputados: Jesús Martínez Alvarez, por el Partido de Convergencia; Alejandro González Yáñez, por el Partido del Trabajo; Manuel Velasco Coello, por el Partido Verde Ecologista de México; Horacio Duarte Olivares, por el Partido de la Revolución Democrática; Sergio Penagos García, por el Partido Acción Nacional; Jorge Romero Romero, por el Partido Revolucionario Institucional; Gilberto Ensástiga Santiago, por el Partido de la Revolución Democrática; Enrique Burgos García, por el Partido Revolucionario Institucional; Julián Angulo Góngora, por el Partido Acción Nacional y Rebeca Godínez y Bravo, por el Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, para formular su cuestionamiento, el señor diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:

Señor Secretario, con su permiso, señor Presidente de la Mesa Directiva:

Hemos hecho llegar a usted algunas inquietudes de parte del grupo parlamentario de Convergencia; sin embargo, voy a referirme al fondo de lo que es la visión y la posición de nuestro partido respecto de esa Secretaría a su digno cargo.

Señor Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, bienvenido a esta casa que como exlegislador no le es ajena; conoce usted muy bien la importancia de estas reuniones que pueden dar gran vitalidad y eficacia a la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Forma usted parte de un Gobierno que despertó grandes expectativas entre los mexicanos. Estará usted de acuerdo en que éstas no han llegado aún a ser realidades, el cambio prometido sigue siendo difuso en los temas de fondo. Para algunos mexicanos el cambio ya no es el futuro que se espera, sino el pasado que se quedó en promesa.

La alternancia en el poder abrió la posibilidad histórica de construir la colaboración real entre poderes. La correcta y adecuada coordinación de la Administración Pública Federal y el fortalecimiento de un verdadero pacto federal como lo establece nuestra Constitución, facilitando así una nueva relación con los diversos actores políticos para darle rumbo y dirección a nuestra nación.

Pero a tres años de distancia debemos asumir que se dejaron de lado los compromisos de instalar un gobierno de transición. De iniciar la gran Reforma del Estado y la obligada revisión integral de la Constitución, compromisos y tareas que hubiesen permitido la culminación de una auténtica transición pactada que debió contener las nuevas reglas del juego democrático como piso indispensable para encontrar los comunes denominadores y enfrentar juntos los grandes retos sociales de la pobreza, el desarrollo económico con equidad y la implantación impostergable de la cultura del Estado de Derecho.

Sin embargo, hoy encontramos, como expresión ciudadana generalizada, que se percibe una falta de coordinación al interior del Gobierno; que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo ha permanecido estancada; que las autoridades que deben procurar justicia y seguridad, son rebasadas por los hechos; que en muchas de las entidades federativas no existe asomo de transición alguna y los ciudadanos se quejan de que se encuentran a merced de la soberbia, la prepotencia y el abuso de poder de muchos mandatarios estatales.

El no haber asumido con toda decisión las responsabilidades que conlleva la alternancia, nos arroja un presente donde el signo de los tiempos parece ser la indiferencia y la dispersión. Ante ése estancamiento se corre el peligro de degradar los avances democráticos y caer en la tentación restauradora del autoritarismo.

México requiere respuestas, algunas serán expuestas hoy por usted sin embargo, preocupa la ausencia de decisiones. Ha generado malestar y preocupación hacia la política lo que se manifestó con un gran abstencionismo el pasado 6 de julio, la falta de respuestas puede llevar al país del desinterés a la ingobernabilidad.

La Secretaría de Gobernación es la única instancia facultada por la Constitución para conducir la política interna del país; se constituye por tanto, en el espacio gubernamental que debería reflejar la parte sustantiva de la nueva arquitectura institucional de la transición.

La sociedad demanda la nueva Secretaría de Gobernación, con facultades y capacidad para conducir un concurrente proyecto de nación. La impresión que tenemos millones de mexicanos es que el Gobierno sea dispersado, que se diluyan las líneas de mando, se opacan las responsabilidades y los funcionarios públicos actúan por su propia cuenta sin la instancia de coordinación que correspondería a una renovada Secretaría de Gobernación.

En consecuencia, es pertinente la pregunta: ¿tienen los responsables de la política interior los instrumentos legales, las facultades, atribuciones y los recursos para cumplir con su finalidad? Nosotros pensamos que muchas de ellas han sido transferidas a otras dependencias, particularmente a las del área económica cuando se pensó que la economía y las libres fuerzas del mercado resolvían por sí solas los problemas del país ocasionando con ellos el debilitamiento de la política interior y reduciendo notablemente su capacidad de negociación.

Los conflictos entre los tres órdenes de gobierno, entre los poderes y al interior de la administración pública no son nuevos pero se han acentuado. Lo más grave, sin embargo, es que carecemos de medios de solución cuya responsabilidad parece habérsele trasladado al tiempo pero el tiempo no resuelve, acumula. El tiempo por sí mismo no resuelve los conflictos, los agudiza y en su momento los detona.

Una constante en la opinión pública es la preocupación por la ausencia de políticas de Estado; es decir, grandes definiciones de criterios claros y marcos de referencia que orienten de manera consistente y duradera la acción pública. Para alcanzarlo se requiere una relación distinta entre el Poder Ejecutivo y el Congreso; no será desprestigiando a los legisladores, confrontándolos a través de los medios electrónicos y tratando de imponer plazos fatales como se lograrán los acuerdos duraderos. Aún estamos a tiempo de recuperar lo mejor de nuestras instituciones y hacer de la política un instrumento que entregue resultados.

Convergencia, tal como lo afirma en su plataforma electoral, tiene un alto compromiso con la estabilidad y la gobernabilidad. Para nosotros, estos son requisitos esenciales para el avance democrático por el que trabajamos los mexicanos.

Como lo afirmaba el maestro universitario Jesús Reyes Heroles: “la estabilidad política es un valor primordial que las sociedades que lo tienen, subestiman, lo dan de por sí y para siempre”.

La Secretaría de Gobernación tiene la responsabilidad y el deber de facilitar los espacios de negociación que convoquen a todas y cada una de las fuerzas políticas a trabajar con el mejor de los ánimos por el país.

La práctica de negociar sólo con las dirigencias de los partidos de mayor representación, es una forma deliberada de exclusión; una manera de mutilar la pluralidad pensando quizás que con esto se pueden lograr acuerdos y soluciones rápidas.

Devolvamos a la política la altura y la dignidad que ésta merece.

Su trabajo, señor Secretario, será en buena medida determinante para lograrlo.

Convergencia reitera su compromiso con la necesidad de una revisión integral de la Constitución General de la República; de una reforma integral de la Ley de la Administración Pública Federal para actualizar las facultades y atribuciones de la Secretaría; asimismo, vemos conveniente retomar el carácter republicano y federalista del pacto de la unión impulsando la transición en todos los niveles de gobierno.

Aceptemos el desafío de hacer de los siguientes tres años un periodo de avance para el país, sin refugiarnos en pretextos, sin caer en el desanimo, sin pasar la página antes de tiempo. Estamos obligados a culminar la transición con éxito, más allá de periodos de gobierno o de términos de legislaturas, trabajemos por el país.

La consolidación de la democracia es una asignatura pendiente que sólo tendrá soluciones mediante el fortalecimiento y en su caso, con la transformación de nuestras instituciones.

Desde nuestra condición obligadamente transitoria, trabajemos para lo permanente. Lo único que no requiere justificaciones es el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Dejemos de pensar en las razones por las que no se pudo lograr lo prometido, pensemos en lo que podemos hacer para que se cumpla y hagamos lo que tengamos que hacer, en un clima de pluralidad y convergencia y en un marco de colaboración sin subordinación.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el Secretario de Gobernación, para dar respuesta.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

Con su venia, diputado Presidente; señoras y señores legisladores:

Antes de iniciar las respuestas a los cuestionamientos que me han formulado con toda anticipación, quiero expresar en primer lugar, que celebro estas nuevas bases que se han establecido para el desarrollo de las comparecencias de los funcionarios del Ejecutivo Federal. Este nuevo formato, ofrece sin duda, para todos nosotros, para las legisladoras y los legisladores y también para los funcionarios de la Administración Pública Federal, una oportunidad para aprovechar de mejor manera nuestro compromiso que tenemos ante ustedes y ante el pueblo de rendir cuentas de una manera cabal, clara y transparente.

Ahora, pasaré a contestar las preguntas que de manera específica me ha formulado el grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político Nacional y que ha expresado el diputado Jesús Martínez Alvarez, en su reciente intervención.

En primer lugar, su pregunta respecto al Programa Nacional de Seguridad Pública, me da la oportunidad de precisar que a partir del 1º. de diciembre del año 2000, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal al crearse la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Desde entonces, la Secretaría de Gobernación no cuenta con atribuciones en esta materia, es decir, las vinculadas al Programa Nacional de Seguridad Pública, sin embargo, con todo gusto le ofrezco ser conducto para hacer llegar sus cuestionamientos, sus preguntas, al titular de esa dependencia.

Por otra parte, se me pregunta ¿de quién depende el Cisen? Esta institución es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía técnica y operativa y depende directamente del titular del ramo. Tal y como lo señala la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, auxilia a la dependencia a la Secretaría de Gobernación, a través de un sistema de información dirigido a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

Su normatividad interna regula con precisión los mecanismos de control de confianza, que son para todos los funcionarios del Cisen, para todo su personal, incluyendo por supuesto los delegados de cada una de las entidades federativas, como también se me señala en la pregunta; además cada delegación cuenta con un presupuesto propio para el desarrollo de sus funciones, lo que permite asegurar la autonomía y la eficacia de su desempeño. Los delegados estatales del Cisen son nombrados por el director general en acuerdo con el propio titular de la dependencia.

Ahora, en una segunda instancia me referiré a la presentación de iniciativas respecto de leyes estatales de transparencia y acceso a la información oficial.

En primer lugar le informo que la presentación de tales iniciativas corresponde exclusivamente a la competencia de que tienen ese derecho en los propios congresos locales, sin embargo, para el Gobierno Federal lo ideal sería que cada entidad federativa tuviera como referencia cuando menos, como piso mínimo, la ley aprobada por el Congreso Federal o que incluso fuera más allá de ella en materia de transparencia y de acceso a la información oficial.

Tengo conocimiento en esta materia de que los gobiernos estatales se encuentran elaborando sus propias leyes, cinco de ellos las tienen ya en vigor y otros 10 están a punto de ser aprobadas por sus respectivos congresos.

En cuanto a su pregunta en relación a la Reforma del Estado, que me acaba igualmente de reiterar en su reciente intervención, me permito informarle que el gobierno del Presidente Fox no ha abandonado el propósito de realizar una revisión integral de nuestra Constitución. De hecho, las conclusiones y propuestas de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado que trabajó durante el periodo de transición de nuestro gobierno, así como las conclusiones del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, forman parte de ese proceso de revisión integral de nuestra Constitución. Las conclusiones de ambos ejercicios se entregaron a la pasada LVIII Legislatura, particularmente a las comisiones especiales de la Reforma del Estado tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores.

Adicionalmente el proceso de revisión integral de nuestra Constitución continuó en lo que denominamos la Mesa Central de Partidos Políticos Nacionales. También la revisión se ha llevado a cabo en los grupos de trabajo que hemos conformado al amparo de la Conferencia Nacional de Gobernadores y también de la Conferencia de Municipios de México. Los esfuerzos en éstos dos últimos casos se han concentrado particularmente en la revisión respecto al federalismo y al fortalecimiento municipal.

A partir de todos estos esfuerzos de las distintas instancias donde hemos podido abrir foros para revisar nuestra Carta Magna, hemos recibido propuestas y planteamientos que estamos en proceso de revisión y de conclusiones por parte del Gobierno de la República para preparar un conjunto de iniciativas que se presentarán ante esta soberanía. Estamos platicando con los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios para determinar el método de la presentación que habremos de hacer de este conjunto de iniciativas. Lo importante para el Gobierno Federal es asegurarnos que las iniciativas prosperen, con independencia de quien deba de presentarlas.

Entre las reformas que habremos de impulsar desde el Ejecutivo menciono aquellas que incorporan a los derechos humanos y su protección en el propio texto de nuestra Constitución; a las que permiten el fortalecimiento de los tres poderes y una mejor colaboración entre ellos; a las que otorgan autonomía constitucional al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; a las que amplían la democracia participativa mediante el referéndum y la iniciativa ciudadana; a la reelección consecutiva de legisladores federales, locales e integrantes de los ayuntamientos a las que reducen el costo de nuestra democracia, sumamente alto, por cierto, y unifican calendarios electorales entre otras reformas.

Por último, lo relativo al Consejo Nacional en Contra de la Discriminación, le informo que dado su creación fue aprobada durante el presente año, la partida correspondiente en el presupuesto tendrá que darse hasta el presupuesto del siguiente año.

Por el momento opera con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, el próximo presupuesto deberá incluir la partida correspondiente y esperemos que después de las consideraciones que ustedes planteen al presupuesto, pueda ser aprobada en su integralidad a partir del siguiente año para que pueda empezar a trabajar con eficacia.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

Esta Presidencia, pregunta al señor diputado Jesús Martínez Alvarez, ¿si desea hacer uso de su derecho de réplica?

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez (desde su curul):

Sí, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, señor diputado, hasta por cinco minutos.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:

Sí, señor Presidente.

Estoy consciente de que a partir del primero de diciembre del año 2000, la Secretaría de Seguridad Pública empezó a manejar los fondos de uno de los temas más sensibles para la población de este país; pero nos preocupa que este Programa de Seguridad Nacional, que fue conceptualizado en la Secretaría de Gobernación en el año de 1996, haya destinado, desde esa fecha, hasta este año del 2003, más de 40 o 50 mil millones de pesos y una de las inquietudes consiste desde que en su origen estos fondos fueron abiertos, según tenemos entendido, en un fideicomiso en Banrural, que entendemos también, es una institución cuyo objetivo fundamental es precisamente atender al campo y no a la seguridad pública.

Por eso la pregunta iba en el sentido de si estos fondos han sido debidamente utilizados para la seguridad pública y si han sido debidamente verificados, porque tenemos entendido que en muchas partes de la República estos recursos han servido de cajas chicas de diferentes mandatarios estatales.

Por otro lado, la inquietud sobre el Cisen, la entendemos desde el punto de vista de que el objetivo fundamental es prever con oportunidad y eficacia los riesgos y las amenazas a la seguridad nacional.

Lamentablemente y tengo que decírselo, señor Secretario, es de que esta dependencia como verdadero organismo autónomo que es, en varios estados de la República ya los delegados estatales en muchos lados, dependen de los ejecutivos estatales y por lo tanto la preocupación va en el sentido de que cómo le llega la información al titular del ramo, tamizada, distorsionada y entonces qué pasa con la seguridad nacional. Nos preocupa y nos inquieta que no existan métodos confiables de verificación de que no se esté presentando esta situación en varias entidades del país.

Por otro lado, entendemos perfectamente bien, que la Ley de Transparencia de Acceso a la Información, es quizá uno de los pasos más definitivos en la transición de la democracia de este país.

Sin embargo, no entendemos la democracia que se dé solamente en uno de los órdenes de gobierno, debe haber transición política en el país, en la medida en que se dé en los tres niveles de gobierno, es decir, el gobierno estatal, el gobierno municipal y no debe quedar solamente al criterio del Ejecutivo en turno si tiene o no la responsabilidad ante los mexicanos, de querer o no enviar su iniciativa, porque creo que todos los mexicanos tenemos derecho para saber cómo se manejan, no solamente los recursos federales como hoy tenemos la oportunidad y las acciones que el Gobierno Federal realiza; los mexicanos tenemos derecho de saber también cómo se manejan los recursos estatales que incluso son superiores muchas veces a los propios que maneja el Gobierno Federal.

Y por último, le pedimos su total apoyo y su respaldo para que el Consejo Nacional contra la Discriminación, cuente con su total respaldo. Creemos que es una de las instituciones que visten a nuestro país. Creemos que es una de las instituciones que fue reconocida durante el largo recorrido que hizo el distinguido mexicano Gilberto Rincón Gallardo; por todo el mundo fue recibido con una gran aceptación y por lo tanto merece el respaldo y el reconocimiento de México.

Muchas gracias, señor Secretario.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos, para formular sus preguntas, el diputado Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo.

El diputado Alejandro González Yáñez:

Con la venia de la Presidencia; ciudadano Santiago Creel Miranda, Secretario de Gobernación; compañeras y compañeros legisladores:

El 6 de julio de 2000 hubo alternancia en el Poder Ejecutivo Federal. Pero hasta ahora no hubo alternativa. El 6 de julio de 2000 hubo alternancia en el Poder Ejecutivo Federal. Pero hasta ahora no hay transición democrática. El país se encuentra en el estancamiento económico y también en el estancamiento político.

Consideramos que es responsabilidad de todos los actores la necesidad de asumir la reforma democrática del Estado bajo los siguientes ejes programáticos:

Primero. Reforma de los poderes públicos.

Segundo. Desarrollo de la democracia participativa.

Tercero. Una nueva reforma electoral de naturaleza democrática y pluripartidista.

Cuarto. Un federalismo democrático y un municipalismo libre.

La independencia y el fortalecimiento de los Poderes de la Unión, debe estar por encima de cualquier interés particular. Por ello, la reforma democrática del Estado debe dirigirse a fortalecer el Poder Legislativo, a acotar las atribuciones del Ejecutivo y a garantizar la autonomía del Poder Judicial.

La reforma federalista sigue pendiente; los estados y municipios no cuentan con los recursos suficientes y las atribuciones fiscales que necesitan urgentemente. Un federalismo sin recursos ni autonomía política y administrativa plena, no es un federalismo democrático.

Por lo anteriormente expuesto nos parece pertinente, ciudadano Secretario, formularle los siguientes cuestionamientos:

Primero. ¿El Ejecutivo Federal está de acuerdo o no, en otorgar el permiso correspondiente para la transmisión permanente en la televisión abierta, del Canal del Congreso?

Segundo. ¿El Ejecutivo Federal está de acuerdo en reactivar la mesa para la reforma democrática del Estado teniendo como sedes alternas tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo?

¿El Ejecutivo Federal está de acuerdo para fortalecer la democracia participativa, adicionando a la figura de referéndum e iniciativa ciudadana las figuras del plebiscito, presupuesto participativo, consulta ciudadana, afirmativa ficta, afirmativa ficta parlamentaria, gobierno comunitario como cuarto nivel de gobierno, rendición de cuentas, auditoría social, revocación de mandato, licitación abierta de la obra y adquisiciones públicas y el derecho a la voz ciudadana?

Y finalmente, el cuarto cuestionamiento, ¿está de acuerdo el Ejecutivo Federal en impulsar una reforma electoral democrática y pluripartidista que contenga las siguientes características?

Prohibir la publicidad gubernamental en los tres niveles de gobierno en tiempos de campaña electoral;

Prohibir el financiamiento de origen privado a los partidos políticos porque ha sido la puerta para los escandalosos y reprobables casos como el Pemexgate y los Amigos de Fox;

Acabar con el secreto bancario en relación con el manejo financiero de los partidos políticos;

Sanción en el mismo proceso electoral a quien violente los topes de gasto de campaña;

Regulación de las precampañas en el sentido que se cuente lo que se gasta en ellas dentro de los topes de los gastos de campaña;

Modificar la fórmula de asignación de los recursos financieros a los partidos, pasando del actual 70-30 al 50-50 para que exista mayor equidad;

Garantizar en la ley que regula los medios de comunicación el acceso igualitario de todos los partidos;

Recuperar la figura de las candidaturas comunes;

Flexibilizar la conformación de las coaliciones;

Reformular la asignación de diputados de representación proporcional, de tal manera que se evite la sobrerrepresentación y la subrepresentación; de acuerdo con la actual fórmula, actualmente hay diputados en esta LIX Legislatura que tienen un costo de aproximadamente 50 mil votos y otros diputados que tienen un costo aproximado a los 100 votos;

Restituir el voto de los partidos en los órganos electorales;

Establecer como obligatorio el debate público entre candidatos;

Abrir el tiempo del Estado en los medios de comunicación a los partidos políticos;

Acotar la injerencia de los consejos y tribunales electorales de orden federal y estatal en la vida interna de los partidos;

Inhabilitar a los consejeros electorales ciudadanos, federales y estatales, para que al separarse del cargo no puedan ocupar otros puestos públicos de designación o de elección popular, de dirección partidista o de dirección en instituciones de educación.

Señor Secretario; la situación política del país demanda un esfuerzo que sea coherente y responsable para que las instituciones públicas, al unísono, impulsemos la democracia que merecemos.

Esperamos respuestas puntuales a nuestros cuestionamientos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el Secretario de Gobernación, para dar respuesta.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

Con su venia, señor Presidente:

La intervención del diputado Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, aborda sin duda, temas de gran relevancia para el futuro de la democracia de nuestro país y sobre todo para el futuro de nuestras instituciones.

Estamos recorriendo caminos distintos en la vida política del país. El Congreso hoy en día tiene una centralidad política innovadora. Las entidades federativas representadas por sus gobiernos locales que han conformado su conferencia al igual que los municipios, igualmente señalan derroteros distintos. Estamos viviendo una política viva, una revitalización de las instituciones, muy alejada del estancamiento político.

Sus preguntas, señor diputado, se refieren, por una parte, a la opinión del Ejecutivo respecto al acceso del Canal del Congreso, a una frecuencia de televisión abierta y por la otra, a una consideración mucho más amplia en torno a la reforma política electoral y a la Reforma del Estado.

Estoy consciente de que cada uno de los 29 planteamientos que ha formulado, amerita por sí mismo una amplia discusión. Abordaré, sin embargo, de manera puntual, tantos temas como me sea posible en el tiempo asignado. Si una pregunta no pudiera tener respuesta por los límites de tiempo, con mucho gusto se la haré llegar de manera personal al grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Con respecto al Canal del Congreso, se ha hecho una consulta preliminar, subrayo la palabra preliminar, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la información que hemos recibido es que actualmente se encuentran ya adjudicados los canales analógicos respecto de la Ciudad de México. Sin embargo, en función de las frecuencias y de los canales disponibles en las diferentes entidades del país y ciudades, el Ejecutivo Federal estará en la mejor disposición para evaluar la asignación de un permisionario para el Congreso de la Unión.

Por lo que hace a sus propuestas alternas para la mesa de Reforma del Estado, el Ejecutivo está plenamente dispuesto a adoptar la modalidad, la metodología que la Cámara de Diputados convenga para llevar a cabo la discusión de la Reforma del Estado.

Lo importante para el Gobierno Federal es que se retomen los trabajos de reforma de la Reforma del Estado de inmediato y que lleguemos a acuerdos sobre esa reforma. El tiempo sin duda apremia para todos y estamos conscientes de que el método que se convenga debe ser un método claro, preciso para que el ejercicio resulte exitoso desde el punto de vista Legislativo.

En relación con los planteamientos de democracia participativa, refrendamos los acuerdos que en esta materia se tomaron en la mesa central de partidos políticos respecto a la Reforma del Estado. En ellos destacan las figuras del referéndum y de la iniciativa ciudadana.

Del resto de los mecanismos que usted, señor diputado hizo referencia, estamos en el mejor ánimo con disposición abierta de abordarlos para analizar sus modalidades, valorar sus alcances y también sus límites.

Creemos en la necesidad de ampliar la democracia participativa y contar con los instrumentos efectivos para ello.

Finalmente, en relación a las 15 propuestas que usted plantea en materia electoral, me permito agruparlas, para darles respuesta, en tres grandes categorías:

En primer lugar, en materia de transparencia y de rendición de cuentas estamos de acuerdo, como Gobierno, en convenir límites a la publicidad gubernamental en tiempos electorales. Deberán, sin duda, precisarse los plazos. Deberán, sin duda también, convenir en lo que se acuerde obligue por igual, en aras de la equidad, a los tres órdenes de gobierno: el Federal, el estatal y el municipal y que sea además aplicable tanto a campañas federales como a campañas del ámbito local.

Igualmente coincidimos en la necesidad de transparentar el manejo financiero de los partidos políticos, de regular precampañas y hacer obligatorio el debate público entre los candidatos. Nos sumamos a la propuesta de sancionar a quienes excedan los topes de campaña, pero también habrá que decir que en aras de la equidad debemos de establecer que la sanción también sea aplicable a cualquier candidato o partido no solamente al ganador de la elección.

En lo que se refiere al acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación, estamos convencidos de que igualmente debe de garantizarse la equidad. Por su parte el acceso de los partidos a tiempos del Estado está garantizado, en primer lugar por la ley, y su asignación es determinada por las autoridades electorales, en particular el Instituto Federal Electoral.

Finalmente, en términos de las nuevas fórmulas de representación que usted plantea, el Ejecutivo está dispuesto a revisar con partidos políticos y legisladores los mecanismos que permitan una asignación de curules que refleje de la mejor manera el voto ciudadano. De tal suerte que pueda eliminarse lo más posible la sobre y subrepresentación. Igualmente estamos convencidos de flexibilizar la conformación de coaliciones con miras a, por una parte, fortalecer el sistema de partidos y esto es fundamental en nuestra democracia, contar con partidos fortalecidos; y por la otra, igualmente importante, facilitar la construcción de mayorías parlamentarias.

Para terminar quisiera también dejar asentado que para el Ejecutivo Federal los objetivos esenciales de una reforma electoral que todavía está pendiente, pensamos que deben dirigirse a los siguientes principios:

Primero. A que como principio general a consolidar el sistema de partidos.

Segundo. A mejorar las condiciones de equidad en la competencia. Todavía nos falta trabajar para que podamos ver, cada vez más, competencia política equitativa.

Tercero. A generar incentivos para la construcción de mayorías parlamentarias. Ahí uno de los aspectos fundamentales que vemos que obstruyen esta construcción de mayorías parlamentarias es el calendario desordenado que tenemos desde el punto de vista electoral.

Cuarto. Principio a mejorar los mecanismos de cooperación entre los poderes. Tenemos que establecer los incentivos que nos permitan colaborar, porque así lo dispone la propia Constitución, de que los poderes deben de poder constituir los canales de la voluntad popular y de la conformación del Estado mexicano.

Quinto. A disminuir los costos de nuestra democracia. Tenemos condiciones económicas que ameritan que revisemos lo que nos está costando nuestra democracia.

Sexto. Y por último, el último y sexto principio, ampliar los mecanismos de rendición de cuentas para el Gobierno, para los distintos poderes e igualmente para las fuerzas políticas del país.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para formular su réplica, el diputado Alejandro González Yáñez.

El diputado Alejandro González Yáñez:

Con la venia de la Presidencia:

Señor Secretario: le agarramos la palabra. Hemos escuchado que se pronuncia abiertamente a favor de la figura de referéndum y de la iniciativa ciudadana o iniciativa popular.

Le proponemos a esta soberanía que la semana que entra, una vez nombrada una comisión plural, pase a la redacción de la iniciativa conjunta, que permita impulsar ya el proceso legislativo para crear en este país la democracia participativa, la democracia directa, la democracia semidirecta.

Si esta soberanía se pronuncia a favor estaremos inaugurando nuevas prácticas democráticas en nuestra nación.

En el caso de las demás figuras de la democracia participativa, los invitamos a ustedes y al Poder Ejecutivo a seguirlas examinando y considerando.

En relación a los compromisos que se están adquiriendo en este momento frente a la nación, nos permitimos proponer un método que permita operar y viabilizar dichos compromisos. No es el proceso más conveniente volver a la retórica o a la demagogia, por lo tanto el tema del método de trabajo es central.

Nuestra propuesta es la siguiente: que identifiquemos los puntos de plena coincidencia, que identifiquemos los puntos de plena divergencia, que identifiquemos los puntos insuficientemente definidos, que donde haya acuerdo pasemos a avanzar de inmediato.

En México no están dadas las condiciones para construir una transición tipo la española, para un gran paquete, un gran acuerdo nacional. Nuestra percepción es una construcción democrática gradual.

Para que no se estanquen los puntos de acuerdo es necesario entonces irlos desahogando de inmediato; esto implica que vayamos a una reforma democrática del Estado en términos consensuados y de acuerdo a la velocidad que la coyuntura del país indica.

Señor Secretario Santiago Creel: una vez que escuchamos también su compromiso de reactivar la mesa para la Reforma del Estado, proponemos a esta soberanía que en unas semanas más pasemos a dicha instalación, de tal manera en que lo que hoy se reinicia pase a ser viable.

México espera de estas comparecencias acuerdos y compromisos. México no quiere que sigamos viviendo en el mismo régimen, en las mismas viejas prácticas antidemocráticas, en las mismas perversiones electorales. México hoy reclama respuestas, construcción democrática timón y rumbo firme para arribar a la democracia política y a la democracia económica.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra, para formular sus cuestionamientos, el señor diputado Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Manuel Velasco Coello:

Con la venia de la Presidencia; señor Secretario; compañeras y compañeros diputados:

La inmovilidad política y la falta de oficio es lo que ha caracterizado al Gobierno del Presidente Vicente Fox que no ha sido capaz de lograr los acuerdos que el país necesita.

Le ha sido imposible asimilar la complejidad de la realidad democrática del México de hoy que obliga a todos los actores políticos a crear consensos sólidos a través del diálogo político y la capacidad de negociación.

Ha preferido realizar una campaña mediática que busca desprestigiar al Poder Legislativo a pesar de que el 72% de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal de diciembre del año 2000 a agosto de 2003, han sido aprobadas.

¿Por qué se busca responsabilizar al Congreso de la falta de resultados del Ejecutivo cuando no ha sido capaz de definir el rumbo del país? ¿Es que la competitividad política es demasiado para nuestro Gobierno? ¿Acaso le sería más cómodo gobernar con un sistema de partido único?

Ya es hora de que asuma su responsabilidad democrática, este Gobierno no puede seguir esperando que las reformas sean aprobadas en automático o como ocurrió durante más de 70 años. El cambio no es coherente con el comportamiento político de la actual administración.

En todo el informe del Presidente Fox se observa claramente que las cuatro reformas que asumen como vitales son: la Reforma del Estado, la Reforma Hacendaria, la Reforma Energética y la Reforma Laboral.

Representan los retos del Gobierno y las metas a cumplir si se quiere lograr un crecimiento económico sostenido y aspirar al desarrollo. Se nos repite una y otra vez que estas cuatro reformas son imprescindibles para México, aunque hasta la fecha no se ha ofrecido ningún estudio claro del porqué.

Las reformas propuestas por el Ejecutivo carecen de contenido, es prudente y necesario convocar a la unidad y a los acuerdos pero no alrededor de fórmulas vacías y de reformas de las que ni el Congreso ni la sociedad saben nada.

Es necesario profundizar más en este sentido, ¿sobre qué bases analizaremos los nuevos diputados? ¿Sobre qué diagnóstico formularemos las propuestas que se esperan con premura? Tal parece que el Ejecutivo no espera acuerdos, sino milagros.

En el Partido Verde Ecologista de México creemos que a pesar de la ausencia de estudios gubernamentales que incluyan la participación de la sociedad y que den sustento a las propuestas del Ejecutivo, dichas reformas son necesarias; sin embargo, consideramos que la Reforma del Estado es una precondición para que el resto de las reformas sean funcionales, sin ellas el desarrollo económico, social y político son inalcanzables.

La Reforma del Estado entró en una nueva fase cuando el Presidente de la República delegó al Poder Legislativo la realización de las reformas estructurales, el aumento en el poder real del Congreso es un hecho que muestra la profundidad de los cambios que se han logrado en nuestro tránsito a la democracia y que han dejado atrás el régimen presidencialista, pero el desentendimiento del Ejecutivo ante su responsabilidad de hacer propuestas coherentes, que conduzcan al consenso y a la consolidación democrática es una falta que será juzgada por la historia.

La división de poderes significa un balance de fuerzas y no un choque entre éstas; visión de Estado es lo que necesita nuestro Gobierno.

Por otro lado, no hay que perder de vista que la gobernabilidad democrática y la vigencia de un Estado de Derecho es una condición necesaria para el desarrollo sustentable; sin duda, gran parte de los conflictos políticos del país se encuentran relacionados con el uso y la explotación de recursos naturales, en particular agua y tierra.

La deforestación y los asentamientos irregulares constituyen elementos de tensión en las zonas de conflicto, los cuales amenazan la conservación de ecosistemas, por lo que su prolongación viene acompañada de graves riesgos ecológicos.

Demandamos se garantice la seguridad jurídica en las zonas en conflicto y la integridad de los recursos naturales, como es el caso de los Chimalapas y Montes Azules.

Una visión integral de la gobernabilidad y del desarrollo del país se encuentra ausente.

Una de las mayores preocupaciones de diversos organismos internacionales y de la sociedad en general, es la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades en los tres niveles de gobierno.

No existe una relación de confianza entre la sociedad y las autoridades, sino por el contrario, la ciudadanía teme a quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad, el orden y la justicia. El Gobierno Federal dice tener una política de Estado en este ámbito, pero los ciudadanos no la percibimos; es necesario redoblar esfuerzos en esta materia puesto que los avances, si es que los hay, no son suficientes para disminuir el sentimiento de indefensión entre los ciudadanos.

Por otra parte, la situación por la que atraviesan los mexicanos migrantes y sus familias al escapar de la pobreza en la que viven para buscar el sueño americano, es penosa.

En la búsqueda de las oportunidades de desarrollo que no les ofrece México, nuestros compatriotas recorren cientos o miles de kilómetros exponiéndose a toda clase de peligros dentro y fuera del territorio nacional.

La migración es un tema fundamental para el desarrollo y los derechos humanos, éstos involucran cada vez más las áreas sociales, económicas y culturales incluyendo el derecho a una vida digna, el derecho al trabajo y el derecho de las minorías a disfrutar de su propia cultura, lengua y religión.

Por su parte, el desarrollo humano busca expandir las opciones de mujeres, niños y hombres de generaciones presentes y futuras. Por ello los derechos humanos y el desarrollo humano se encuentran íntimamente ligados; es hora de que el Gobierno de la República reconozca esta íntima relación entre los derechos humanos y el desarrollo.

En este sentido, es obligación del Estado proteger los derechos y promover el bienestar de sus ciudadanos tanto dentro del territorio nacional como más allá de nuestras fronteras.

De la misma manera, el Partido Verde Ecologista de México está preocupado por los derechos de las mujeres. Los atroces acontecimientos de Ciudad Juárez, donde más de 350 mujeres han sido asesinadas impunemente, es una terrible prueba del rezago que aún sufre el país en este aspecto, además de ser un problema de seguridad nacional.

Señor secretario: ¿Hasta cuándo cesarán estos crímenes? ¿Qué resultados podemos esperar del programa integral de seguridad pública para Ciudad Juárez? ¿Acaso no se ha considerado la posibilidad de que el o los asesinos de nuestras mujeres provengan del otro lado de las fronteras? ¿Qué otras medidas se están tomando para proteger los derechos de las mujeres?

Finalmente, estos dos temas son el reflejo de que la zona fronteriza con Estados Unidos adolece de serios problemas de seguridad, compartir 3 mil 118 kilómetros de frontera, se dice difícil, pero significa una de las colindancias más largas y llenas de movimiento entre dos naciones. Entre los indicadores más evidentes de esta relación bilateral están los 310 millones de personas que cruzan la frontera al año. Esperamos que el Gobierno Federal esté consciente de los retos que significa.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Se concede el uso de la palabra al Secretario de Gobernación, para dar su respuesta.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

Con su venia, señor Presidente:

Gracias al diputado Manuel Velasco, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

En su intervención se refiere usted, señor diputado, a dos grandes temas. Por una parte al papel del Congreso y del Ejecutivo en algo que hoy resulta fundamental, la construcción de acuerdos políticos. Y el segundo, el segundo tema que usted aborda se refiere a los derechos humanos y a la política de estado del gobierno del Presidente Fox, en esta materia. Abordaré ambos asuntos.

Con respecto a la construcción de acuerdos políticos, quiero aclarar en primer lugar, que el Ejecutivo Federal siempre ha hablado de una corresponsabilidad, corresponsabilidad entre poderes, particularmente Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, corresponsabilidad también entre las distintas fuerzas políticas del país, en función a la distribución en la correlación de fuerzas de nuestra nación.

También, siempre hemos destacado desde la Secretaría de Gobernación, no solamente la productividad de la LVIII Legislatura pasada, sino también la centralidad y autonomía de esta soberanía.

Las pasadas elecciones refrendaron la pluralidad que rige nuestra vida política en el país y con ella, de nueva cuenta el mandato a construir acuerdos, a construir mayorías, entre los grupos parlamentarios, entre las fuerzas políticas, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y, entre también, los distintos órdenes de gobierno.

Por su parte el Poder Ejecutivo ha asumido su responsabilidad en el proceso legislativo y habrá que decirlo, somos parte del proceso legislativo como poder. Hemos presentado 86 iniciativas de ley y 92 instrumentos internacionales a ser ratificados por el Senado de la República; muchas de estas iniciativas, la gran mayoría constituyen reformas de fondo, por los efectos que logran sobre la vida económica, social y política del país.

Entre ellas y para poder fundamentar mi argumento, permítanme mencionar la Reforma Constitucional Indígena que presentó el Poder Ejecutivo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la Ley de Servicio Público de Carrera que ordena a la administración pública, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que da origen a la comisión, la creación igualmente del Seguro Popular, todas ellas fueron aprobadas por esta soberanía.

Adicionalmente el Ejecutivo presentó un proyecto de nueva Hacienda Pública Distributiva que incluía 17 iniciativas, de las cuales fueron aprobadas 11 de ellas y también un paquete de Reforma Eléctrica que comprende seis iniciativas y que aún está pendiente por dictaminarse en las comisiones respectivas de la Cámara de Senadores.

El equipo de gobierno del Presidente Fox tiene muy claras las prioridades y podemos resumirlas de la siguiente manera:

En materia económica, sin duda, lo más importante es la recuperación del crecimiento económico, mediante la reactivación del mercado interno; la generación de empleos; el impulso a la inversión y el incremento de la competitividad.

En materia social las prioridades igualmente están claras: se concentran en abatir la pobreza, en crear redes de protección social a través de los distintos programas sociales.

En materia política la prioridad es modernizar el marco institucional para ser socialmente eficaz nuestra democracia.

Finalmente, respecto a su aseveración, señor diputado, sobre la falta de acuerdos, baste recordar que el Congreso aprobó precisamente lo que usted ya informó: 72 iniciativas que envió el Poder Ejecutivo y en la gran mayoría de los casos estas iniciativas fueron aprobadas por consenso amplio. Además habrá que mencionar que fueron resueltos y aprobados tres paquetes económicos igualmente por consenso.

Hablando de acuerdos y ya fuera del trabajo legislativo, asimismo hemos tenido avances relevantes. En primer lugar la agenda política, social, económica e internacional convenida en el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional y también el acuerdo que llevamos a cabo sobre el campo mexicano, el Acuerdo Político para el Campo, así como más de 100 acuerdos que han solucionado conflictos agrarios, conflictos de índole religioso, laborales, electorales, entre otros.

Me parece a mí que todos estos ejemplos de acuerdos políticos; 257 nuevos ordenamientos de la pasada legislatura; el Acuerdo Político para el Campo y los distintos acuerdos particulares en cada uno de los conflictos que se han planteado, muestran con claridad que es factible llevar a cabo y construir acuerdos políticos y estoy convencido que no necesitamos milagros para llegar a acuerdos, y también estoy convencido de que México pasa hoy por un dinamismo político de carácter democrático que nos obliga a todos a ser responsables.

El Poder Ejecutivo asume plenamente su responsabilidad en lo que toca a la consecución de los acuerdos políticos y particularmente la Secretaría a mi cargo.

Respecto a los derechos humanos, el Gobierno Federal impulsa una política integral para su promoción y defensa. Entre las acciones concretas destacan la creación de la Comisión Intersecretarial para coordinar y articular los esfuerzos en esta materia; el establecimiento de una fiscalía especial para reparar las violaciones del pasado; la presentación igualmente de una iniciativa de reforma constitucional para que México ratifique el Estatuto de Roma y también en el envío de iniciativas para que tratados internacionales sean ratificados por el Senado, que suman 26 de ellos. Además se ha establecido en nuestro país una oficina permanente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

También puedo mencionar en materia de derechos humanos la atención a más de 2000 casos de excarcelaciones. Igualmente puedo mencionar las medidas de protección a los defensores y promotores de los derechos humanos, que les hemos brindado a través de la Secretaría de Gobernación y un diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad civil en esta materia.

En relación a la situación de nuestros migrantes, se han realizado diversos operativos exitosos en contra de redes de traficantes del crimen organizado en esta materia, baste mencionar la aprehensión de toda la banda que tuvo qué ver con el crimen ocurrido en Victoria, Texas, donde fallecieron 14 mexicanos.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:

Gracias, señor Secretario.

Para hacer uso del derecho de réplica del Partido Verde Ecologista de México, tiene la palabra, y hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Kahwagi Macari.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari:

Con su venia, señor Presidente:

Señor Secretario, agradezco su respuesta puntual a nuestro planteamiento y celebro la oportunidad que este intercambio nos brinda para discutir el rumbo que el Ejecutivo Federal pretende dar a nuestro país.

En su respuesta, señala usted que siempre ha hablado de corresponsabilidad entre poderes y que ésta se demuestra en la productividad de la legislatura anterior. Hace también un recuento de las iniciativas presentadas y enfatiza aquellas que lograron su aprobación por el Congreso.

Reconocemos esos logros; sin embargo, también deseamos enfatizar que persisten grandes deudas ante la población, deudas que el Presidente Fox prometió saldar y que aún no han empezado siquiera a revisar.

El Partido Verde Ecologista de México espera ver pronto acciones concretas para retomar el crecimiento, para generar empleos, para disminuir la pobreza, para avanzar en el desarrollo sustentable y para poner en la agenda de los derechos de las terceras generaciones.

Afirma usted que el Gobierno tiene claras sus prioridades, pero debo reiterar que las acciones que se han emprendido, no parecen generar los resultados que garanticen su cumplimiento.

En nuestras preguntas, señalamos la falta de acuerdos que produzcan logros palpables, logros que la población identifique y reconozca como el cumplimiento de las promesas del cambio que lo llevó a votar por Vicente Fox, éstos son los acuerdos a los que se debió dar prioridad desde un principio y su ausencia es evidente para todos.

Pese a ello, señor Secretario, el Partido Verde Ecologista de México valora la convocatoria que hiciera el Presidente Fox a un diálogo productivo y sumaremos nuestra voluntad a la de otras fuerzas políticas para alcanzar acuerdos que traduzcan en mejoras sensibles en el bienestar de los mexicanos.

Nuestra preocupación por el rezago en materia de derechos humanos persistirá mientras se sigan perdiendo vidas humanas. Sí reconocemos la voluntad gubernamental por avanzar en esta materia. Creemos necesario redoblar los esfuerzos para lograr que todas las autoridades de nuestro país, actúen con pleno respeto a los derechos fundamentales de los individuos.

Asimismo, es necesario erradicar, de una vez por todas, el tráfico ilegal de seres humanos. Las acciones mencionadas ayudan, pero es necesario emprender medidas más enérgicas para salvaguardar los derechos de nuestros connacionales.

Finalmente, consideramos que las acciones adoptadas en el plan gubernamental de 40 puntos para Ciudad Juárez, era necesario desde hace tiempo, nos mantendremos vigilantes como todo en la población, sobre su resultado.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:

Muchas gracias, señor diputado.

Toca el turno al Partido de la Revolución Democrática y para ello tiene la voz, su diputado Horacio Duarte Olivares, hasta por 10 minutos.

El diputado Horacio Duarte Olivares:

Gracias señor Presidente; señor Secretario de Gobernación; compañeras y compañeros diputados:

La gobernabilidad política en México se ha sustentado por décadas en la concentración y centralización del poder, en un presidencialismo en el que se ejercieron discrecionalmente facultades metaconstitucionales. El régimen político tuvo así como uno de sus fundamentos acuerdos clientelares que propiciaron el distanciamiento del Estado en la sociedad.

Las decisiones de política pública pocas veces estuvieron apoyadas por una adecuada deliberación pública. La interacción tanto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo como de las autoridades federales y estatales, se alejaron del espíritu constitucional. El perfil de la cultura política predominante no corresponde al que requiere la vigencia y subsistencia de un sistema político democrático.

De este diagnóstico partía el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, para anunciar que el nuevo gobierno emprendería un cambio profundo en las formas de ejercer el poder; así como en la operación de la Administración Pública Federal. A tres años de distancia casi nada se puede ofrecer en los temas sustantivos de la gobernabilidad democrática. La herencia autoritaria aún pesa como una lápida sobre nuestra compleja transición política.

En el Ejecutivo se ha mantenido el sistema político mexicano. Los cambios no aparecen. Las nuevas formas, las nuevas reglas parecieron quedar atrás. El Presidente Fox y su gabinete ha mantenido el sistema que dijo combatir. Es cierto, se han firmado acuerdos, como el Acuerdo Político Nacional para el Desarrollo, pero los resultados no están a la vista.

También se ha mantenido una posición ambigua respecto al Congreso. El Secretario Creel reconoce que hay cooperación del Congreso. Otros miembros del gabinete e incluso el Presidente, fustigaron principalmente a través de su partido, la acción del Congreso.

Por eso la gobernabilidad en el campo derivada del cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, firmado el 28 de abril del 2003 entre el Ejecutivo Federal y las organizaciones campesinas, está en entredicho. La Comisión de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo que usted preside, está a punto de extinguirse sin haber avanzando en la solución de los problemas que se propuso resolver. Lo que puede conducir a nuevas manifestaciones de inconformidad campesina.

En materia de medios de comunicación el titular del Ejecutivo no ha resistido las tentaciones autoritarias. Baste citar sólo un ejemplo derivado del informe presidencial, según el texto, con objeto de consolidar el marco legal y normativo que rige la comunicación social, se emitieron en octubre del 2002 el nuevo Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión; así como la abrogación del acuerdo por el que se autorizaba a la Secretaría de Hacienda a recibir de los concesionarios el 12.5% de tiempo de transmisión como pago-impuestos, cuyas implicaciones jurídicas, políticas y económicas ni siquiera se registran con suficiencia en el informe.

En el plano jurídico fue prácticamente un consenso de legisladores, partidos políticos y sociedad civil organizada que el Poder Ejecutivo invadió atribuciones del Poder Legislativo al modificar vía reglamento, la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones y permisos, tiempo del Estado y programación, porque fue más allá de lo que la propia ley señala.

Asimismo, invadió la facultad del Congreso de imponer contribuciones, tal como lo establece el artículo 73, fracciones VII y XXIX, numeral cuatro, de nuestra Constitución.

En el terreno político es claro que estamos frente a una acción antidemocrática, autoritaria y popular, que tiró a la basura un proceso de diálogo y revisión integral de la Ley de Radio, Televisión y Cinematografía, sostenido entre las autoridades gubernamentales, los concesionarios de la industria de la radio y la televisión, los legisladores, el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Ciencias de la Comunicación, la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y los grupos organizados de la sociedad civil.

Asimismo, el decreto restringe objetivamente el acceso a los tiempos oficiales de los medios de comunicación a los Poderes del Estado y los órganos constitucionales autónomos, además de afectar la difusión de sus programas en materia de salud.

Es así que el PRD le plantea cuál fue la razón de Estado para que, a través del decreto del 10 octubre del 2002, el gobierno de Vicente Fox cediera tiempo de transmisión de los concesionarios de estaciones comerciales de radio y televisión que pagaban al Estado.

Cuál es el criterio que utiliza la Presidencia para destinarse el mayor porcentaje del tiempo fiscal en la televisión, estando por encima de los tiempos empleados por las secretarías de Salud, Educación y Medio Ambiente, entre otras.

¿Resulta más importante promover la imagen del Presidente que los programas o acciones de salud, educación o protección civil?

¿En épocas de lluvias o huracanes es posible ver más anuncios del Presidente que de protección civil? ¿Es ése el uso racional de los tiempos oficiales a los que alude el Presidente en su exposición de motivos del decreto del 10 de octubre del 2002?

¿Hasta qué grado existe el compromiso de la Presidencia para revisar la caduca Ley de Radio y Televisión como parte de la necesaria Reforma del Estado? ¿Hasta dónde el Presidente Fox soportará la presión de las estaciones comerciales de radio y televisión para afectar tiempos comerciales y destinarlos a la difusión de programas y acciones oficiales que beneficien a la población y no a su imagen personal?

¿Existe la disposición del Presidente Fox para revisar y reformar el marco legal y los procedimientos para la ratificación de las concesiones en radio y televisión comercial que en el año 2004 vencerán a través de un órgano independiente imparcial en el que el Gobierno no tenga mayor injerencia?

¿Qué criterio, señor Secretario, aplicará el Gobierno Federal para la renovación de las concesiones de radio y televisión, si hoy carecemos de reglas equitativas que permitan cumplir con este requisito mediante asignaciones transparentes, plurales y que busquen poner fin al monopolio en los medios electrónicos de eventuales nuevas concesiones?

Finalmente, plantear algunos temas más. Queremos conocer la opinión del Secretario de Gobernación, y por ende del Poder Ejecutivo, sobre el proceso de adopción del Estatuto de Roma.

También volveremos a insistir sobre el tema de la Fiscalía Especial para delitos del pasado. Creemos necesario que debe incrementarse el personal para que pueda cumplirse puntualmente esta encomienda gubernamental y así los crímenes de la guerra sucia no queden en el olvido ni en el pasado y no vaya a ser una más de las asignaturas pendientes en materia de impunidad.

Y finalmente, hablando de impunidad, queremos saber, ¿cuáles son los avances del Programa Integral de Seguridad Pública para Ciudad Juárez, del cual usted es el responsable por el hecho que dio a conocer el Presidente de la República?

Son algunos temas de los que hoy esperamos contestación puntual del Secretario Creel, que estamos convencidos que en este Congreso tendremos que avanzar en los acuerdos políticos necesarios, pero tiene que haber definiciones claras.

El Presidente de la República y su gabinete, tienen que comprometerse puntualmente con el cambio democrático en nuestro país.

Se ha hablado de las reformas estructurales; se dijo que para el Presidente Fox hay cuatro grandes reformas. Esperamos aquí en esta Cámara de Diputados, esperamos que en el Senado pronto se presenten las iniciativas puntuales, concretas para modificar el marco legal y así garantizar que en nuestro país la transición democrática avance a rumbo firme y que no vayamos a estarnos lamentando en tres años que el viejo sistema que dijeron combatir siga estando floreciente en éste, nuestro país. Es lo peor que nos puede pasar.

Y va a contar con la colaboración del PRD para avanzar en estos temas de la consolidación democrática de nuestra nación.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:

Tiene la palabra el Secretario Santiago Creel Miranda, hasta por 10 minutos, para dar respuesta.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

Con su venia, señor Presidente:

Agradezco la intervención del diputado Duarte, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Para el gobierno del Presidente Fox la gobernabilidad democrática tiene una definición muy precisa.

En primer lugar, gobernar a través de los propios instrumentos de la democracia, gobernar con diálogo abierto, con un diálogo incluyente con todas las fuerzas políticas, actores sociales y políticos del país.

Gobernar buscando los acuerdos políticos en los puntos de coincidencia, valorando las convergencias por encima de las diferencias. Gobernabilidad política también significa actuar bajo la frontera del Estado de Derecho, bajo la frontera de las propias instituciones respetando los ámbitos de competencia de los poderes, de los órganos de autonomía constitucional de las entidades federativas, de los municipios y del resto de las autoridades. Y es exactamente lo que está haciendo el gobierno del Presidente Fox, gobernando de manera democrática.

Ahora me referiré a los diversos planteamientos y a las ocho preguntas que de manera muy puntual, diputado Duarte, usted me formula en materia de medios de comunicación.

En primer lugar, afirmo que desde el primer día de la administración del Presidente Fox se ha garantizado plenamente la libertad de expresión y además que la política de comunicación social gubernamental se ha caracterizado por la apertura, la transparencia, el establecimiento de mecanismos para informar ampliamente sobre las acciones, programas y posiciones del Gobierno Federal.

La relación que el Ejecutivo Federal ha mantenido con las empresas de radio y televisión ha sido siempre con base en el marco de las atribuciones que la ley le confiere al propio Ejecutivo.

El Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y el nuevo decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir el pago correspondiente al tiempo fiscal, reportan desde nuestro punto de vista, importantes beneficios tanto para la sociedad como para el Estado.

Ambas modificaciones se ejercieron a través de las facultades propias que tiene el Poder Ejecutivo. Nadie impugnó formalmente esas atribuciones o competencias, habiendo los medios jurídicos abiertos y a disposición para hacerlo.

En términos de los beneficios para los ciudadanos, las últimas reformas reportaron, en primer lugar, que se estableció el derecho de réplica. Además se precisaron los límites del tiempo comercializable y se integró un representante de la sociedad civil como invitado del Consejo Nacional de Radio y Televisión. También se incluyeron los principios de participación ciudadana: solidaridad, respeto a los derechos de los grupos vulnerables y de equidad y género y se otorgaron facilidades para transmitir además, programas en lenguas indígenas.

Igualmente se dio acceso a la información sobre concesionarios y permisionarios aun antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Oficial y también se establecieron criterios más objetivos dentro de los límites de la propia ley para el otorgamiento y refrendo de concesiones.

Asimismo en beneficio del Estado los tiempos fiscales se transmiten hoy de manera proporcional y en mejores horarios, volviéndose sin duda con esto una herramienta de comunicación que garantice incrementos sustanciales en la audiencia y por ello aumenta la recaudación efectiva para el Estado. Es menor el tiempo, efectivamente, si lo medimos en minutos, pero mucho mayor en términos de la audiencia efectiva y eso es lo que vale, que ello ha reportado alrededor de un 100% adicional de audiencia en términos concretos, si hablamos de televisión de un 140% de audiencia efectiva.

Por su parte, en materia de tiempos de Estado, ya no los fiscales, también se lograron avances importantes puesto que ahora se puede fraccionar parte de ellos en segmentos de 20 y 30 segundos. Esto permite a los órganos y a los Poderes del Estado una mucho mejor utilización de los tiempos que le corresponden e incrementa sus audiencias e igualmente la penetración del mensaje de comunicación social de estos órganos y Poderes del Estado.

Ejemplo de ello fueron los cerca de 10 mil anuncios diarios de televisión y más de 28 mil por radio que transmitió el Instituto Federal Electoral durante el pasado periodo de elecciones federales.

Por cierto, habrá que decir que esta reforma permitió evitar las antiguas controversias que se dieron, sobre todo las judiciales, entre algunos miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral y el propio gobierno en el pasado.

Es igualmente importante informarle a esta soberanía que todas las campañas de comunicación social que han solicitado los poderes o los órganos del Estado mexicano han sido atendidas puntualmente a través de estos instrumentos. Los beneficios mencionados y el hecho de dotar a la sociedad de cada vez mejores herramientas de comunicación constituyeron las razones de Estado para publicar el reglamento y el decreto. En ello no hay ninguna pérdida ni tampoco ninguna sesión, los hechos son muy concretos: que el tiempo de Estado no disminuye, por el contrario se aprovecha mejor, mientras que el tiempo fiscal se transmite en horario de mayor audiencia y por lo tanto de mayor valor fiscal para el Estado mexicano.

Igualmente deseo informar a esta soberanía que en materia de comunicación social la Presidencia de la República difunde muchos de los programas y acciones de las distintas dependencias de la administración pública federal. Es por ello que utiliza más tiempo fiscal si se le compara con una dependencia en lo particular.

También habrá que hacer hincapié que la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Coordinación General de Protección Civil, ha informado con toda oportunidad a los ciudadanos en riesgo de ser afectados, particularmente por los huracanes y las lluvias en curso, y además hemos igualmente comunicado sobre las medidas de prevención correspondientes mediante boletines informativos y campañas de difusión.

Por último, coincidimos en que la Ley Federal de Radio y Televisión es anacrónica y obsoleta. La expedición del nuevo reglamento y del decreto en nada impide llevar a cabo una reforma de fondo.

Por eso, el Ejecutivo Federal ratifica su posición de participar constructivamente en el análisis y discusión de un nuevo marco jurídico, particularmente tenemos especial interés en un mecanismo que evite la discrecionalidad del Gobierno y transparente el proceso de otorgamiento y refrendo de concesiones.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:

Gracias, señor Secretario.

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para formular su réplica, el señor diputado Horacio Duarte Olivares, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Horacio Duarte Olivares:

Gracias, señor Presidente:

Sin duda los planteamientos que ha hecho aquí en esta tribuna el Secretario Creel llaman a alguna reflexión. El habla de estar de acuerdo en un nuevo marco jurídico, él habla de que comparte la preocupación de la necesidad de contar con un marco jurídico claro, transparente en materia de medios de comunicación. Esperamos pronto construir esa iniciativa, esperamos que el Secretario Creel pueda tener pronto en su despacho la firma para que envíe la iniciativa correspondiente. Sé que así como se compromete en esta Cámara enviará la iniciativa necesaria.

También precisar que sin duda algunos de los términos que el Secretario Creel ha utilizado sobre la gobernabilidad democrática, habría que añadirle algunos y precisar otros. En el caso mexicano, sin duda, uno de los valores más importantes de la gobernabilidad democrática debía ser la transformación. Mientras nuestro sistema político no se transforme vamos a seguir transitando en un régimen o en el viejo régimen con nuevos actores.

Yo estoy convencido que en tres años que restan del actual gobierno tendrá que haber un viraje en el nuevo compromiso con la transición democrática. El gobierno del Presidente Fox no puede seguir siendo rehén del viejo sistema y no puede ser cómplice de los que durante setenta años saquearon a nuestra nación.

Por eso, transformación, no conservación de los del viejo régimen ni de los viejos privilegios. Ejercer el liderazgo que el Presidente Fox se comprometió y ejercer el liderazgo significa construcción de consensos, construcción de acuerdos para estas transformaciones. Ejercer el liderazgo no significa ser rehén de los viejos políticos del sistema. Por eso estamos convencidos que es necesario que aquí en esta Cámara los partidos junto con el Ejecutivo avancemos en ese nuevo diseño.

Finalmente decir que el tiempo fiscal sólo trae un beneficio muy claro y concreto, es el beneficio del Presidente de la República, ahí se da su campaña, ahí continúa su campaña. Tan es así que en los textos que se difunden no hablan ya del Gobierno de la República, ahora se dice: “el Gobierno del Presidente Fox hace X, el gobierno del Presidente Fox hace Y”; ya no se habla de la institución Presidencia de la República, sino de la personalidad del señor Presidente Vicente Fox.

Y finalmente esta actitud es violatoria del artículo 30 del Presupuesto de la Federación, que establece con claridad que los recursos no se pueden utilizar para difundir imágenes personales, para difundir personalidades, como ahora lo viene haciendo el Presidente de la República. Por eso es tan importante este tema, no puede quedar como un tema más, es un tema crucial para la transparencia, para el cambio democrático en nuestro país.

Y finalmente esperamos respuesta también sobre el asunto de Ciudad Juárez, sobre el asunto de la Corte Penal y sobre la fiscalía para investigar los crímenes del pasado, porque estoy convencido que si este país no avanza en esclarecer su pasado, volveremos a estar condenados a repetirlo. Por eso hoy es importante saber y que el Secretario Creel se comprometa. Estoy convencido que así podremos avanzar en un régimen democrático, para que en tres años estemos consolidando el proceso de cambio que se inició, no en el 2000, sino ya hace varias décadas en nuestro país.

Muchas gracias.

Presidencia del diputadoJuan de Dios Castro Lozano

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, para formular sus cuestionamientos, el señor diputado Sergio Penagos García, del Partido Acción Nacional.

El diputado Sergio Penagos García:

Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores, Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.

Acción Nacional acude a este nuevo ejercicio de glosa convencido de que en un Estado democrático de derecho, el Ejecutivo no puede sustraerse del ineludible deber de informar a los gobernados.

Es a través de ejercicios republicanos, como éste, que se da plena vigencia a lo que durante muchos años sólo fue una teoría de división de poderes. Hoy que el Poder Legislativo indaga y cuestiona, podemos estar seguros de que nuestra democracia ha dado un paso más hacia su consolidación.

Lo hemos afirmado antes y seguiremos insistiendo en ello, Ejecutivo y Legislativo son poderes distintos y distinguibles, pero no por eso rivales, ambos tenemos una imperiosa necesidad de trabajar por el bien de los mexicanos.

En este sentido es que coincidimos en que el Gobierno de la República que preside Vicente Fox tiene rumbo y objetivos, sin embargo no podemos ignorar que un sector de la sociedad , particularmente aquél representado por las distintas fuerzas políticas con presencia en el Congreso de la Unión, tiene la percepción de que el país no ha experimentado ni en intensidad ni en cotidianidad aquellos cambios necesarios para marcar un parte aguas en la calidad de vida de millones de mexicanos.

Es por eso señor Secretario, que le pregunto: ¿dentro de la competencia de la dependencia a su cargo, qué acciones se han realizado para difundir e informar de manera veraz y objetiva aquellos actos de Gobierno que marcan una manera diferente de gobernar a la del pasado? ¿Por qué parece que algunos ciudadanos no perciben los cambios alcanzados por el Gobierno?

No podemos dejar de reconocer que durante su gestión se ha promovido siempre dentro del margen de la ley, un diálogo civilizado dirigido a construir acuerdos entre todos los actores políticos y sociales, como vía para encontrar soluciones a las diferencias que se dan en el marco de nuestra gobernabilidad democrática.

Sin embargo es común escuchar de partidos políticos y de algunos sectores de la sociedad, la crítica que señala la ausencia de acuerdos de fondo y la explotación de las formas publicitarias. En esa tónica, ¿qué acciones ha emprendido la Secretaría de Gobernación para comunicar con objetividad el estado de la administración y sus avances? Y, más importante, ¿cómo se reflejan estas acciones en la vida de los millones de mexicanos que ven a la política como una actividad que no les atañe en la que no se sienten involucrados?

No ignoramos que la democracia electoral impera hoy día en el país y es resultado de años de esfuerzos y acciones contundentes a efecto de garantizarle a los mexicanos jornadas electorales en las que su voto se respete, cuente y defienda con toda transparencia; sin embargo queremos que nos responda: ¿con qué estrategia el Gobierno Federal ha coadyuvado para despertar e incentivar la participación ciudadana y no sólo nos referimos a los procesos electorales sino más allá de éstos?

Por otro lado, sabemos que nuestro sistema federal surge como una forma de organización política y económica que parte de la premisa de la responsabilidad compartida tanto de la Federación, entidades federativas y municipios, a fin de dar una respuesta más inmediata y eficaz a la demanda de la sociedad. Sin duda el federalismo contribuye a fortalecer la democracia y da claridad en las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno.

De hecho, una de las luchas históricas del PAN ha sido darle impulso al sistema federal como medio para acercar la toma de decisiones a la ciudadanía y combatir el centralismo.

En tal sentido, ¿cuántas y cuáles han sido las transferencias a los estados y municipios? ¿Cómo se fortalece el Pacto Federal con dichas transferencias?

Por otra parte, ¿qué opinión le merece la creación y funcionamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores y cómo pretende el Gobierno sumar los esfuerzos de la Conago dentro de su impulso al federalismo?

Sin lugar a dudas, una de las diferencias positivas del actual Gobierno, es que ya no existe un sistema cuyo ejercicio del poder sea unipersonal, debido a que en las amplias facultades del Presidente anteriormente es metaconstitucionales, hoy tienen un equilibrio ante el fortalecimiento de los Poderes Legislativo y Judicial y del sistema federal.

Sin duda, esto es una señal positiva de que se vive una auténtica división de Poderes federales y no de una mera simulación como en el pasado; no obstante ese clima favorable para la democracia, las instituciones y derechos de los ciudadanos, hay quienes de manera errónea ven en esta situación la existencia de una presidencia débil. ¿Cuáles son sus comentarios al respecto, señor Secretario?

Ahora bien, estamos convencidos de que en materia de seguridad nacional la presente administración ha estado cumpliendo con el objetivo que se trazó en un inicio, realizar un proceso de revisión del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, conocido por sus siglas como Cisen, es decir, éste ha dejado de ser el espía de los adversarios políticos; el espía de la oposición al régimen, ya no es más el aparato represor; por el contrario, este proceso ha dado resultado en la actualización de los instrumentos legales e institucionales de investigación, información y análisis en la materia.

De igual forma, estamos conscientes de que se ha instalado el Consejo Interinstitucional del Cisen y se creó el gabinete de seguridad nacional; sin embargo, señor Secretario, es preciso conocer cuál es exactamente la función de la Secretaría a su cargo que desempeña en esta materia. ¿De qué forma coadyuva al combate de los delitos y al crimen organizado? ¿Hasta dónde ha llegado la desclasificación de información por parte del Cisen? ¿Qué hace o de qué forma participa la Secretaría a su cargo para prever los acontecimientos o circunstancias que ponen en riesgo la seguridad nacional?

Otro aspecto que ha caracterizado a la actual administración es la apreciable disminución de conflictos poselectorales, así como una actitud dialogante y de mediación en aquellos casos en que éstos sí se han presentado; sin embargo, le pedimos que nos conteste de qué forma ha ejercido la Secretaría a su cargo las atribuciones con que cuenta en esta materia, ¿cuáles han sido las estrategias y las acciones realizadas durante su gestión?

Estamos convencidos de que las respuestas que le dé a las preguntas que se le planteen durante este ejercicio republicano, indudablemente contribuirán a un mejor entendimiento de la realidad por la que atraviesa el país.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el licenciado Santiago Creel Miranda, hasta por 10 minutos, para dar sus respuestas.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

Con su venia, diputado Presidente:

Antes de dar respuesta al planteamiento que me ha formulado el diputado Penagos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito informarles a los legisladores y a las legisladoras de esta soberanía, que las preguntas que no logre yo responder en el tiempo que se me ha asignado para esta comparecencia, las responderé directamente a cada uno de los grupos parlamentarios por escrito, durante esta semana.

Sin duda, una oportunidad para transmitir los resultados de esta administración es el informe anual que presenta el titular del Ejecutivo al Congreso de la Unión. En él se establecen con claridad los logros, los retos, los pendientes y también contiene una buena dosis de autocrítica; todo ello, la glosa, las actuales comparecencias, van a permitir que la ciudadanía esté cada vez mejor informada sobre el estado que guarda la presente administración.

Adicionalmente, el Plan de Comunicación Social del Gobierno difunde cada uno de los programas y de las acciones gubernamentales bajo el estricto cumplimiento de los lineamientos expedidos por la Secretaría a mi cargo; sin embargo, habrá que decir y habrá que reconocer que ante una sociedad plural la interpretación de la realidad nacional, la interpretación de en qué consisten y en qué no consisten los cambios, o de los logros o pendientes, no siempre será la misma en los distintos sectores de la población. Esto es también parte de un sistema democrático.

Las percepciones, o más allá, las interpretaciones unánimes no es algo que pueda o deba darse en una democracia; una democracia implica la pluralidad, implica distintos puntos de vista sobre la misma realidad nacional. Además es importante mencionar que el marco jurídico sobre transparencia está plenamente vigente, lo que garantice el acceso a la información oficial que genera la administración pública, esto también sin duda va a permitir a la ciudadanía estar más objetivamente informada sobre lo que hace o deja de hacer el Gobierno de la República.

También, se ha impulsado la realización de un diagnóstico sobre la cultura política del país y también sobre las prácticas ciudadanas prevalecientes en el país, a través todo esto de una encuesta nacional, sus resultados fueron ampliamente difundidos y estos resultados nos han servido al gobierno para llevar a cabo acciones en materia de desarrollo político, que ha puesto en marcha la propia Secretaría de Gobernación.

Para el fomento de la cultura democrática está en plena operación, el convenio suscrito entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Federal Electoral, que tiene por objeto la promoción de la educación cívica, la cultura democrática y precisamente uno de los temas a que se hacía alusión en la intervención, la participación ciudadana. Se cuenta además, con distintos programas de fomento a la cultura democrática que se difunden de manera permanente a través de los medios masivos de comunicación.

Asimismo, se impulsó en la pasada legislatura, la Ley Federal de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, que por cierto, fue ya aprobada por esta Cámara y que una vez aprobada por el Senado, estoy seguro que va a abrir paso a una mayor participación de la sociedad civil organizada. Estas son algunas de las acciones que ha impulsado el Gobierno del Presidente Fox en materia de participación ciudadana y también en materia de comunicación social.

Por lo que se refiere a las transferencias federales a estados y a municipios, me permito informarle que en materia de participaciones, es decir, ramo 28 pasaron de 178 mil millones de pesos en el 2000 a 227 mil 500 millones en el 2003, esto equivale a un crecimiento en términos reales de 6.3%.

Por su parte, las aportaciones federales, es decir, ramo 33 ascendieron a 195 mil millones de pesos en el año 2000, frente a un estimado de 235 mil millones de pesos para este año. El crecimiento en términos reales en materia de aportaciones es de 3.2%.

Por otro lado y en relación al señalamiento que usted me hace en vinculación con la Conago, con la Conferencia Nacional de Gobernadores, estamos convencidos que esta conferencia constituye una forma innovadora de mejorar la interlocución entre el Poder Ejecutivo y las entidades federativas del país. También estamos convencidos señor diputado, que el Pacto Federal se fortalece con esta conferencia, al ser una instancia que favorece la concreción de acuerdos políticos, como es el caso del impulso al federalismo que habrá de darse en la próxima Convención Nacional Hacendaria, convenida entre el titular del Poder Ejecutivo y los titulares de las distintas entidades federativas del país.

Por otra parte, me permito señalar que una Presidencia subordinada a los preceptos constitucionales, nunca puede ser una Presidencia débil, por el contrario, en ello, precisamente en ello, radica su fortaleza.

En relación al Cisen, me permito informarle señor diputado, que el Cisen provee de información a todas las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad Nacional y particularmente realiza labores de inteligencia para combatir el terrorismo, la subversión y el crimen organizado.

El Cisen, como toda dependencia del Gobierno Federal, cumple cabalmente con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; además de que en un acto, diría yo, sin precedentes desclasificó toda la información que se resguardaba de las antiguas direcciones federales de seguridad y de investigaciones políticas y sociales.

Por lo que toca a su siguiente planteamiento, relativo a los conflictos electorales o poselectorales, lo que le puedo decir, señor diputado, es que durante esta administración han sido relativamente pocos. La Secretaría a mi cargo ha participado como interlocutor, como mediador en los distintos conflictos, pocos de ellos se han presentado, siempre, habrá que decir, con pleno respeto a las autoridades electorales, a los tribunales electorales y a las competencias locales.

La estrategia de la Secretaría de Gobernación para resolver estos conflictos post o preelectorales no ha sido otra que el diálogo, la transparencia en la negociación, lo que se acuerda en la mesa de trabajo se ratifica ante la opinión pública y también la divisa de la Secretaría ha sido el cumplimiento cabal de la palabra dada. Le damos un valor absoluto a la palabra; es la base de la actividad política y es por ello que honramos la palabra dada en los acuerdos que suscribimos. En todos los casos el objetivo ha sido asegurar la libertad de voto y que la libre voluntad ciudadana prevalezca.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

Tiene el uso de la palabra para formular su réplica, el señor diputado Sergio Penagos García.

El diputado Sergio Penagos García:

Con su venia, diputado Presidente; compañeras y compañeros; señor Secretario:

Sin duda el intercambio de opiniones a través de este ejercicio democrático fortalece las instituciones y permite anclar nuestras acciones bajo un sistema de información y rendición de cuentas ante la ciudadanía. Una vez más este Congreso con su carácter abierto, público, plural e igualitario, se convierte en el verdadero foro de discusión pública en el que el Gobierno debe de exponer cotidianamente, de igual a igual, los avances, los logros, los retos, pero también el de recibir la crítica o el comentario de lo que falta por hacer a la vista de los representantes de la nación y de la opinión pública en general.

Las relaciones entre el Congreso y el Gobierno, como hoy se significa en este acto, debe ser un ámbito donde se dialogue, se intercambie y discutan las cuestiones que más interesan a la población y que nos permita generar, tanto al Legislativo y al Ejecutivo, bienes públicos a favor de la sociedad.

Señor Secretario: hemos escuchado con atención sus respuestas y compartimos al igual que usted que el Gobierno del Presidente Fox tiene rumbo, programa y objetivos respecto hacia dónde quiere conducir al país, y que no son otros que arribar a mejores estadios de bienestar social, económico y político. No es como en el pasado, en el que prevalecía una visión meramente unipartidista o gobiernista; esta administración ha modificado el trato con las diferentes fuerzas políticas, no bajo una política integrista donde los otros son los enemigos a vencer, por el contrario, el código democrático de este Gobierno ha permitido desplegar un trato cívico y dialogante en la búsqueda de apreciar en las fuerzas políticas distintas, lo que es pertinente y valioso para todos; ha sido un Gobierno capaz de construir los cauces institucionales para la coexistencia en la diversidad, sin desgarrar el tejido social y ha permitido que individuos y grupos sociales, incluso contrarios al Gobierno, puedan ejerce sin necesidad de recurrir a la violencia, sus respectivos derecho.

Incluso en esta administración como en ninguna otra, las libertades, particularmente la de expresión, ha sido ampliamente salvaguardada y respetada; no hay más estado se censura. La presencia de ese panorama no podría entenderse sin la acción de la Secretaría de Gobernación.

En este sentido no podemos negar, ni tampoco las otras fuerzas políticas, que la dependencia a su cargo, señor Secretario, ha sido una instancia promotora en la construcción de acuerdos para la concreción de soluciones. Tenemos, por ejemplo, los acuerdos alcanzados dentro de las mesas de negociación para la Reforma del Estado, instaladas por la Secretaría a su cargo; su intervención para abrir una instancia de conciliación en el asunto del CNI Canal 40, el Acuerdo para el Campo, los Convenios de Descentralización con diversas entidades federativas, el Acuerdo Político Nacional para la Jornada Electoral del 6 de julio pasado, entre otros más.

Aunado a lo anterior y no obstante que no hay un marco institucional claro respecto a la existencia de la Conago, reconocemos que la Secretaría de Gobernación tiene voluntad de interlocución incluyente, de tolerancia y de pluralidad para sumar los esfuerzos de dicho foro, que permitan construir un mejor futuro para la nación; incluso reconocemos que fue el esfuerzo del Ejecutivo el que ideó y facilitó en su momento la conformación de dicho foro, mismo que surgió de las mesas de trabajo con gobernadores que auspicio la Segob.

Qué bueno que hoy algunas fuerzas políticas hayan sufrido la metamorfosis del centralismo hacia el federalismo y qué bueno que se sumen a la bandera histórica del PAN desde 1939, el impulso a un auténtico federalismo y el fortalecimiento de la comunidad política primaria, el municipio, creo que en eso estamos todos de acuerdo.

Ojalá que los que ahora nos exigen, descentralización de la Federación hacia las entidades federativas, prediquen con el ejemplo para descentralizar del Gobierno local al Gobierno municipal o delegacional; congruencia señores gobernadores y Jefe de Gobierno del DF.

En nuestro grupo parlamentario estamos seguros de que en los últimos años México se encamina con paso firme a una plena democracia, que es necesario consolidarla para que su cimentación afecte lo menos posible en los severos reacondicionamientos que se dan en lo social y en lo económico, primordialmente en este tipo de procesos.

Por eso hacemos un llamado al Ejecutivo Federal, para que apriete el paso y se privilegie la política que dé pie a la consolidación de acuerdos, avances y resultados que esperamos todos los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias diputado.

Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos para formular sus cuestionamientos, el diputado Jorge Romero Romero, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jorge Romero Romero:

Con su permiso, señor Presidente:

Señor Secretario, en términos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 27 fracciones XII, XIII, XIV, XVII, XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en virtud de que en esta ocasión no comparecerá el Secretario de Seguridad Pública y por ser usted el responsable de la política interior del país, por mandato del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como su obligación legal de vigilar el cumplimiento de la Constitución. La inseguridad pública en México hoy es uno de los fenómenos que más vulneran la gobernalidad del país, que usted renuncie a abordar el tema ante esta soberanía, significa renunciar a los equilibrios que soportan lo más fino del tejido social; lo invitamos a actuar con responsabilidad histórica y sobre todo con respeto a esta representación social.

La primera injusticia social es la inseguridad, todos la estamos padeciendo, los mexicanos, sea cual sea nuestro color político, queremos seguridad, existen en la ciudadanía una intensa percepción de inseguridad y violencia, así como de impunidad e ineficacia de la autoridad para enfrentar el problema.

Los indicadores avalan estas percepciones, pues muestran que la incidencia delictiva y la violencia se han disparado, así como un pobre desempeño de las corporaciones policiales.

La ciudadanía establece como prioridad de la agenda nacional el tema de seguridad y diversos sectores de la sociedad y la opinión pública exigen medidas para disminuir la incidencia delictiva y los niveles de violencia en la sociedad.

Señor Secretario: en el informe presentado a esta soberanía, así como en los anexos, hemos encontrado una compilación de actividades que sin duda denotan falta de claridad en cuanto a los resultados específicos que la sociedad reclama urgentemente en materia de seguridad.

El análisis general de todos los indicadores no nos reflejan más que un gran distanciamiento de la realidad del problema de seguridad a como lo concibe el Gobierno Federal. Desde el Ejecutivo aprecian un país que no tiene qué ver con la realidad. Los mexicanos tenemos derecho a conocer el tamaño de la inseguridad, ésa hasta hoy, dimensión desconocida.

Según estudio de organismos no gubernamentales, por cierto, más confiables que las cifras que usted conoce, los realizados por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad y practicados a cargo de cuatro de las empresas encuestadoras más importantes y prestigiadas del país: BIMSA, Berúmen y Asociados, Consulta Mitosvky y Gaos, arrojan que en México durante sólo seis meses del año 2002, en 2 millones de hogares hubo víctimas del delito; que 3 millones 700 mil personas fueron víctimas de la delincuencia; que sólo 17 de cada 100 víctimas denunciaron este delito. El 47% de los delitos se cometieron con violencia. El 44% de los mexicanos se sienten algo o muy inseguros en su entidad. El 22% han modificado sus actividades o hábitos por la inseguridad y que la población percibe que los delitos que tuvieron mayor aumento son los relacionados con el narcotráfico, especialmente en la modalidad de venta de drogas al menudeo, asalto en la vía pública, robo de vehículos y robo o asalto a casas-habitación. Todavía el día de ayer algunos medios de comunicación dieron cuenta de una encuesta que entre otras cosas dice que en el último semestre han sido víctimas de la delincuencia el 20% de los encuestados.

Según su información quisiera que dijera a esta representación cuáles son los resultados concretos y objetivos de los esfuerzos hechos en el país en materia de coordinación y profesionalización de los cuerpos policiacos. ¿Las acciones informadas, señor Secretario, le satisfacen al Gobierno Federal?

De las acciones enumeradas en cuanto a la lucha contra la corrupción en cuerpos policiacos, ¿nos podría usted informar con indicadores precisos los resultados? y ¿cómo explica usted el fracaso del Gobierno Federal en sus proyectos de campaña, al asegurar que la corrupción al interior de las fuerzas de seguridad sería erradicada con tan sólo una transición? o ¿será casualidad que los estudios de corrupción elaborados por organismos no gubernamentales como son Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, aparezca el renglón de seguridad pública como la actividad con mayor corrupción en México y que además considere un incremento en este fenómeno entre los últimos años de su medición?

Queda claro, señor Secretario, que la sociedad no puede detenerse ante la incapacidad de su gobierno para brindarle seguridad en su integridad física, emocional, patrimonial y en su dignidad. Esto ha hecho que en México prolifere la cultura del guarurismo y las policías privadas.

Agradeceríamos su opinión en torno a estas empresas que crecen sin ningún control. Las víctimas en este país son, sin duda, un sector de la sociedad profundamente lastimado. Estas víctimas, que por cierto son muchas, están indignadas y quienes no lo han sido están preocupadas. Pasar de este estado al primero puede acontecer con una inmediatez insospechada. Esto ha propiciado que los mexicanos veamos el problema de la inseguridad como un problema prioritario y de urgente atención.

Si los estándares internacionales recomiendan que los países destinen un promedio del 1.5% de su Producto Interno Bruto al rubro de seguridad, ¿por qué en México el Gobierno Federal propone sistemáticamente a esta soberanía, presupuestos por debajo de este indicador, amén de recortes y subejercicios en este rubro tan importante?

No obstante que las cifras que contiene el apartado relativo, reporta avances en materia de infraestructura penitenciaria, lo cierto es que sólo es una parte. Pero en términos generales el Gobierno Federal y particularmente la Secretaría que usted encabeza ha fracasado en la verdadera readaptación de los reos, a pesar de publicitar diversas acciones como la propuesta de Ley de Justicia Civil del señor Gertz Manero, la cual incluso esta soberanía no conoce, y también la propuesta del famoso Código Penal Tipo, que por cierto no han sido suficientes tres años para que el Legislativo lo conozca.

Señor Secretario, qué se ha hecho para que los estados no sigan con la carga de los reos de orden federal. Hoy escuchamos del Gobierno Federal, en su informe, promesas, pero conservamos la frustración social.

Agradeceremos que en sus respuestas registre usted indicadores precisos de la verdadera readaptación de ciudadanos no dé un recuento de acciones desarticuladas que no dejan de ser un listado de buenas intenciones.

Por otro lado, el informe en comento deja muy claro el manejo discrecional del Fondo de Desastres Naturales. Esta acción del Gobierno, tan sentida en nuestra sociedad, en la cual el principio fundamental de eficiencia es la oportunidad, ha operado con una absoluta ineficacia, violando incluso, por burocratismo, sus reglas de operación, como es el caso de los fenómenos meteorológicos acontecidos entre mayo y junio de este año en los estados de: Oaxaca, Nuevo León, Veracruz y Puebla y a esta fecha, según anexos del informe, están en proceso de evaluación.

Preguntaría yo, señor Secretario, ¿el nuevo Fondo para Desastres anunciado por el Presidente el 19 de este mes operará en las mismas condiciones que el Fonden o es un nuevo argot publicitario?

El flujo comercial y de personas tan importante en nuestras fronteras es, sin duda, el origen de varios problemas en materia de seguridad. La sociedad accesa a los mercados negros con una tolerancia sin igual por parte de la autoridad.

Seguro es de todos sabido que las cifras tan publicitadas por las dependencias del Gobierno Federal no obedecen a una proporcionalidad adecuada, con la dimensión real del problema.

Por enlistar, se considera el tráfico de armas como uno de los mayores problemas de seguridad fronteriza. En el primer semestre de este año se han registrado 750 mil delitos denunciados, calculados en las cuestionables cifras oficiales. El 44% de estos delitos se cometen con armas de fuego.

La vulnerabilidad de nuestras fronteras ha hecho que hoy México sea un país blanco fácil al contrabando, narcotráfico y terrorismo, que se ha consolidado como un fenómeno de moda en la globalidad.

Agradeceríamos nos diera su punto de vista respecto a su posición ante tal fenómeno y esperamos que ésta no coincida con la que se publicitó, sin que usted lo desmintiera en sus declaraciones hechas en Washington en las que usted señala que hay que llegar a un acuerdo migratorio con Estados Unidos, entre otras razones por una muy principal como es la de fortalecer la seguridad de Estados Unidos.

¿Esa es su visión del acuerdo migratorio o es una inteligentísima táctica para ofrecérselo así a Estados Unidos? ¿Dónde creé que está usted, señor Creel, en la vanguardia de la defensa de los derechos de los migrantes o en la retaguardia vergonzante de la colaboración con Estados Unidos?

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el Secretario Santiago Creel Miranda, hasta por 10 minutos, para dar sus respuestas.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

Con su venia señor Presidente:

Precisamente por virtud de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobadas precisamente por esta soberanía, se decidió extraer de la Secretaría de Gobernación todo lo relativo a la materia de seguridad pública.

Precisamente por respeto a nuestra Constitución y a las leyes que emanan de ella, es claro que la competencia en materia de seguridad pública queda a cargo del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal.

Sin embargo, me voy a permitir comentar algunos de los datos que me parecen más relevantes en esta materia para satisfacer, en parte, a la pregunta que me formula el diputado Romero, algunas de ellas, por cierto, que no fueron incluidas en lo que publicó la Gaceta y por lo tanto con mucho gusto en fecha posterior a través del titular de la Secretaría de Seguridad Pública habremos de responderle de manera muy puntual como así lo manifestó el diputado Jorge Romero, del Partido Revolucionario Institucional.

Tal y como lo mencionó el Presidente de la República en su informe, en materia de delitos federales, y aquí habrá que distinguir las encuestas respecto de delitos federales y respecto de aquellos del ámbito local, aunque los dos integran los indicadores de la seguridad pública del país, las responsabilidades son distintas: una a cargo del Gobierno Federal y otra a cargo de los distintos gobiernos de las entidades federativas, al igual que en algunos casos de los gobiernos municipales.

En materia de combate al crimen organizado, los avances han dado como resultado la aprehensión de más de 20 mil personas involucradas en el crimen organizado; todos los carteles de la droga han sido tocados por las fuerzas de seguridad pública, de la Procuraduría General de la República y de Defensa y nuestras Fuerzas Armadas, todos ellos en todas las partes del país y el número que reporta de aprehensiones me parece que es significativo, más de 20 mil personas están sujetas a procesos de índole federal.

Por lo que hace igualmente a una situación vinculada a la seguridad pública, que es el terrorismo, permítame, diputado, manifestarle en primer lugar que el Gobierno de la República ha reprobado esta conducta en los distintos foros que ha comparecido, además de haberse sumado a los esfuerzos internacionales para su combate.

De manera concreta deseo informar a esta soberanía que durante los momentos más críticos del conflicto de Estados Unidos con Iráq, el Cisen, a mi cargo, estuvo en contacto siempre permanente con las agencias internacionales y realizando además las investigaciones correspondientes en el país para salvaguardar a nuestro territorio y evitar que fuera utilizado por grupos terroristas y esto a mí también me parece que es importante mencionarlo, porque otros países viven con el flagelo del terrorismo. Afortunadamente nuestro territorio hasta este momento se ha podido salvaguardar de esas conductas que atentan contra la parte toral del sistema democrático, contra los valores más cercanos al ser humano y ahí hemos podido dar buenas cuentas, como también lo hicimos cuando se instrumentó el denominado plan centinela, con el despliegue en fronteras, puertos, aeropuertos e instalaciones estratégicas de más de 30 mil elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

También cabe decir que mantenemos mecanismos de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos para contar con una frontera segura y garantizar al mismo tiempo el flujo de bienes y personas, además de la operación de un grupo de alto nivel con las autoridades guatemaltecas, al sur de nuestra frontera, y hemos igualmente suscrito diversos tratados internacionales para combatir el crimen organizado y particularmente el terrorismo.

Por lo que hace al acuerdo migratorio, antes de abordar lo que le hemos propuesto al gobierno de Estados Unidos, quiero decirle, señor diputado Romero, que lo primero que nosotros vemos como objetivo y finalidad de ese acuerdo, es una cuestión de seguridad, ¡sí, pero de seguridad para nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera! ¡Y cuando me refiero al tema de seguridad lo vinculo a sus derechos humanos, de ésos más de cuatro millones de mexicanos! ¡Lo refiero a sus derechos laborales y lo refiero a la necesidad de lograr un acuerdo que garantice tales derechos!

¿Qué es lo que hemos propuesto al gobierno de Estados Unidos, que por cierto no está vinculado a la seguridad a la cual usted hace alusión y que por cierto se hizo la rectificación correspondiente cuando uno de los diarios hizo alusión a una supuesta declaración de quien habla? ¿Cuáles son esos puntos concretos que le hemos planteado al gobierno norteamericano en materia del acuerdo migratorio?

1º. Regularizar la situación migratoria de los indocumentados mexicanos.

2º. Establecer un programa de trabajadores temporales. Esto con objeto de poder generar una circulación permanente de aquellos que desean poder ir a trabajar por temporadas al vecino país del norte, pero también que desean regresar a sus lugares de origen.

3º. Que las visas disponibles a los mexicanos correspondan a la realidad migratoria, hoy no corresponden. Simplemente con el flujo de personas que tenemos en la frontera norte, que es de prácticamente un millón de personas diarias, requerimos un tratamiento especial y distinguible de las demás naciones en materia de visas migratorias.

4º. Punto cuarto es fortalecer la seguridad fronteriza con énfasis en el respeto a los derechos humanos, la prevención de muertes y el combate al tráfico de personas, y

5º. Por último, es impulsar igualmente programas de desarrollo en las zonas de mayor intensidad migratoria.

En términos del posible acuerdo migratorio también hemos constatado, señor diputado Romero, que se empieza a dar un viraje por parte de las autoridades y legisladores estadounidenses. Se han planteado distintas iniciativas de una y de otra parte, lo que abre sin duda una nueva etapa y refuerza la posición que hemos adoptado como Gobierno Federal sobre este asunto.

El día de hoy reitero ante ustedes que en este momento no hay tema o asunto más importante en la relación bilateral que lograr que nuestros connacionales cuenten con plena vigencia en sus derechos humanos, en sus derechos laborales y en sus derechos civiles.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

Tiene el uso de la palabra para formular su réplica el señor diputado don Jorge Romero Romero, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Jorge Romero Romero:

Con su permiso, diputado Presidente:

La seguridad pública es parte de la seguridad nacional. Hace mal el Secretario de Gobernación en deslindarse en una norma que crea una Secretaría que es fundamental para la seguridad nacional y la política interior.

Por otro lado, me queda claro que cuando no hay respuestas a planteamientos concretos, con indicadores puntuales, es porque no hay resultados. Pero eso ya lo sabemos los ciudadanos. Desde luego el planteamiento me queda muy claro: que un discurso se dice en Washington y otro es el que se viene a decir aquí. Por lo menos eso obra en la página de Internet de la Secretaría de Gobernación, en donde por más que busqué nunca encontré la aclaración de la que hoy me vienen a hablar.

Su respuesta, señor Secretario, así sin calificativos, representa a nuestro juicio más un matiz de justificación electoral que de objetividad de resultados.

Seguir buscando en el pasado, como pretende el diputado Penagos, pretextos a la ineficiencia, no es útil para México. Los mexicanos demandamos un gobierno serio, nacionalista, tolerante y sin compromisos partidarios.

En la fracción priísta del Congreso de la Unión hay la plena convicción para construir los acuerdos que requiere el país. Y de usted, señor Secretario, esperamos su responsabilidad constitucional.

Los diputados priístas sabemos que sin conflicto no hay política, pero sin consensos tampoco la hay.

La falta de transparencia en el manejo de los indicadores en materia de seguridad pública que maneja el informe, ha generado una condición social de incertidumbre. La confianza en las cifras gubernamentales no se ganan por ley. Todos sabemos que por falta de credibilidad, exceso de trámites y corrupción en México sólo se denuncian dos de cada diez delitos. Si con este piso empiezan los análisis de las políticas de seguridad, no me queda duda de la imprecisión de las políticas públicas, que lo que generan es que disminuya la confianza ciudadana y no las cifras gubernamentales de inseguridad.

Recuerde que a problemas sociales no hay soluciones individuales. Sin la confianza y participación ciudadana poco se va a lograr.

El Gobierno Federal declaró el año de 2002 como el año de la seguridad pública, sin embargo, es el año en que recorta casi el 50% de las participaciones en seguridad a los estados y desde luego, por problemas de normatividad que claramente puedo sustanciar.

Requerimos certeza en las políticas de seguridad pública, descentralización de responsabilidades y recursos, coordinación interinstitucional, participación ciudadana, etiquetar recursos para seguridad transferidos a los municipios, rediseñar a fondo el sistema penitenciario y mejor aprovechamiento de la tecnología y enfocar mejor el destino de los recursos.

Requerimos mayor transparencia en la obtención de rangos y grados de mando. Se requiere nula tolerancia. Requerimos una revisión a fondo de todo el marco de justicia penal y mayores recursos que permitan que México deje de ser rehén de la inseguridad.

Para concluir, señor Secretario, dejaría una reflexión más que creo indispensable debe hacerse el Gobierno Federal: ¿Todo lo informado en materia de seguridad ha sido de utilidad al ciudadano, al que en estos momentos o en próximos minutos harán víctima de la delincuencia?

Finalmente quiero decir que las elecciones constitucionales, la sociedad ratifica o rectifica su confianza en sus gobernantes. El 6 de julio, señor Secretario, la ciudadanía nos puso a cada quien en su lugar.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado Antonio Morales de la Peña

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Tiene la palabra hasta por 10 minutos, para formular sus preguntas, el diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago:

Presidente de la Mesa Directiva; Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda; diputadas y diputados:

En las elecciones del 2 julio de 2000 el voto ciudadano le dio un amplio respaldo al gobierno que usted representa, en las urnas se decidió la alternancia y más aún la imperiosa necesidad de sustituir a las instituciones autoritarias, corruptas y generadoras de desigualdades que hoy padecen millones de mexicanas y mexicanos. Permítame expresárselo de la siguiente forma.

A tres años de su gobierno no hay un verdadero planteamiento en la política interior para reformar las instituciones del Estado, están pendientes el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, un auténtico federalismo y una verdadera promoción y defensa de los derechos humanos.

Señor Secretario: frente a los incumplimientos es oportuno cuestionar ¿qué significado tiene para la historia de México la alternancia en la Presidencia de la República por un partido opositor? ¿Es una simple alternancia sin voluntad política para avanzar a una verdadera transición democrática o es la continuación de más de 20 años de política neoliberal?

Para usted y su gobierno la transición democrática se agotó en un solo acto, el 2 de julio; las reglas del juego de la política mexicana siguen intactas, no han sufrido una transformación democrática, hay continuidad en el modelo neoliberal de desarrollo económico, al mantenimiento rígido de las instituciones y las excesivas facultades constitucionales del Ejecutivo Federal, aún cuando usted afirme lo contrario.

En esta comparecencia, nos encontramos una vez más con ese sustituto retórico a su quehacer político que lo ha caracterizado, buscando convencer a la sociedad de que vive un sistema democrático sin importar los costos políticos que vendrán por aplazar la transición democrática en este país.

Usted se ha dedicado a administrar las desigualdades a las que a veces quiere confundir con la democracia, por esta razón es importante decirle que no sabemos de qué democracia nos habla en sus discursos y planteamientos públicos porque para usted y su partido la democracia se limita a la mera representación y es terriblemente insuficiente para hablar de lo mismo como lo precisa Pablo González Casanova al señalar que para hablar de democracia es necesario incluir por lo menos cinco categorías: la represión, la negociación, la representación, la participación y la mediación y cuando me refiero a la represión es importante señalar que no nos estamos refiriendo solamente a la represión física, también a la represión moral y también a la represión económica que hoy seguimos padeciendo en este país. Y cuando nos referimos a la mediación estamos hablando de muchos problemas que hasta la fecha no han sido resueltos, por ahí está Aguas Blancas, El Charco, El Bosque, Acteal y desde luego los más de 500 asesinatos que en la época de Carlos Salinas de Gortari sufrimos los perredistas.

Para pasar a las preguntas, quiero comentarles que en materia de Reforma del Estado es muy importante que nos pueda precisar ¿cuáles son los objetivos y las líneas estratégicas para el impulso de la Reforma del Estado?, ¿Cuál es la disposición del Gobierno del Presidente Vicente Fox para flexibilizar sus posiciones respecto a la Reforma del Estado y que tenga como objetivo primordial el interés social de la población y de país?

Señor Secretario, usted ha señalado que enviará al Congreso una iniciativa de Ley Sobre el Derecho al Voto de Mexicanos Radicados en el Extranjero; sin embargo, a la fecha desconocemos el contenido y los alcances de esta iniciativa.

¿Cuáles son los compromisos del Ejecutivo Federal con el reconocimiento pleno de los derechos políticos en el sentido del derecho de votar y ser votado? ¿Cuándo se presentará la referida iniciativa? ¿Cuál es la base jurídica que se está analizando para su elaboración? ¿Quiénes están participando en la misma? ¿Cuál es el universo de compatriotas que se estarían beneficiando con dicho proyecto? ¿Cómo podrá resarcir el incumplimiento de la Secretaría de Gobernación relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo en la parte que corresponde al fortalecimiento del auténtico federalismo?

En materia de migrantes, ¿cómo piensa manejar la defensa jurídica y política de quienes por razones económicas abandonan el país y están indefensos ante el gobierno de los Estados Unidos de América?

En lo que se refiere a Inmujer ¿cómo explica usted que haya tantos cuestionamientos sobre el subejercicio presupuestal año con año en Inmujer?, tanta inestabilidad a propósito de renuncias de más de un tercio de sus funcionarias y funcionarios de mandos medios y superiores y, sobre todo, una serie de señalamiento de irregularidades como los indicados por el Auditor Superior de la Federación o el tráfico de influencias, entre otros.

Con relación al Fonden es importante insistir ¿cuál es el avance actual financiero y presupuestal en la entrega de recursos del Fonden?, por declaratoria de emergencia y desde luego, ante la magnitud del desastre de las inundaciones de los estados de Guanajuato y Michoacán, no cree usted que los 20 millones de pesos anunciados son insuficientes para atender los daños provocados en la agricultura, la ganadería, los bienes materiales de la población rural y todo lo relacionado a la infraestructura de caminos rurales, vecinales y carreteras estatales y federales.

En materia de derechos humanos es importante saber qué avances se han logrado en el diagnóstico que se está elaborando por la Secretaría a su cargo, como parte del programa de cooperación técnica que se tiene el Gobierno de México con Naciones Unidas sobre derechos humanos.

A qué obedece que la Secretaría no haya cumplido con la recomendación 04/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la sentencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para dar cumplimiento a la demanda del señor José de Jesús Quintero García, ex trabajador de esa dependencia.

Con relación a la autonomía indígena, con base a creación en Chiapas de la casa de la Junta del Buen Gobierno, los llamados “caracoles”, cómo define usted esta forma de organización. ¿La considera un mecanismo de organización que el Gobierno Federal apoye para reproducirse a los demás pueblos indígenas? ¿Puede hablar usted de gobernabilidad democrática en el marco del Estado de Derecho cuando subsiste un estado de excepción en una parte del territorio nacional?

Dado de que se trata de un ejercicio de autonomía libre y determinación de los pueblos indígenas, ¿cuáles serían las propuestas del Ejecutivo para el nombramiento de sus autoridades y representantes? ¿Cómo establecer una forma política y administrativa, de relación directa y sin intermediarios con las autoridades federales que usted representa? ¿Qué propuestas ha impulsado el Ejecutivo Federal para recuperar la Ley Cocopa?

Señor Secretario, las propuestas que le hemos enviado en tiempo y forma esperamos nos dé respuesta porque algunas que fueron presentadas por el Partido de la Revolución Democrática, desafortunadamente usted no le dio la atención por el tiempo, yo espero que en este caso sí lo pueda lograr.

Gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Se le concede el uso de la voz al Secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda, para dar contestación a los planteamientos hechos por el diputado.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

Con la venia del señor Presidente:

Muchas gracias por su intervención, diputado Ensástiga, del Partido de la Revolución Democrática.

En primer lugar, la transición no es solamente un evento, un punto en el tiempo, sino es un proceso; un proceso que involucra a distintos actores, políticos, sociales, que involucra diversas materias y que se consolida en el tiempo. Ese proceso de transición ha ido cambiando nuestras reglas políticas sin duda alguna.

Menciono algunos ejemplos para ver de qué transición estamos hablando.

En primer lugar, ha habido transición en los procesos electorales; hoy en día, el ciudadano puede salir libremente a votar y esto sin duda ha representado un cambio importante; ha habido transición por lo que respecta a las autoridades electorales; igualmente, hoy en día nadie puede poner en duda la imparcialidad de la autoridad electoral federal al igual que las distintas instancias jurisdiccionales; ha habido transición en este recinto, en esta soberanía; hoy día, aquí se presentan las iniciativas, aquí se discuten y aquí se aprueban sin estar subordinadas al Poder Ejecutivo.

Ha habido transición en el Poder Judicial de la Federación, ahora contamos con una Suprema Corte de Justicia que lo mismo resuelve asuntos de carácter político, antes vedados para esa instancia jurisdiccional, como el caso de 1968, que lo mismo resuelve temas intrincados de carácter social, como el derecho a la vida y otros asuntos de materia económica. Hoy día nadie puede decir que la Suprema Corte de Justicia esté subordinada al Poder Ejecutivo.

Lo mismo podría decir de los gobiernos estatales, de los poderes de autonomía constitucional que tenemos en el país. Sin duda esto representa un cambio a partir del proceso de transición que hemos vivido.

De manera concreta, diputado Ensástiga, ahora me voy a permitir referirme a sus planteamientos concretos.

En relación a las juntas de buen gobierno el Ejecutivo Federal, ha manifestado la posición de que el artículo 2º. de la Constitución, apartado A fracción I, podría permitir el encuadre constitucional de estas instancias, ya que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía, para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

Además, el artículo segundo transitorio de esa reforma constitucional, señala la necesidad de que las constituciones locales, reconozcan y regulen también el derecho a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, en consecuencia, el encuadre constitucional podría darse una vez que se reforme la constitución del estado de Chiapas y que efectivamente, los pueblos y las comunidades indígenas correspondientes, así lo determinen de manera libre y sin imposiciones.

Por otro lado, de ninguna manera puede decirse que en Chiapas o en ninguna otra entidad federativa prevalezca un estado de excepción. La situación particular que se vive con el EZLN, se rige por un marco jurídico claramente expresado en la Ley de Amnistía y en la Ley para el Diálogo la Conciliación y Paz Digna en Chiapas, aprobadas por este Congreso en el año de 1994 y en el año 1996.

Finalmente, deseo reiterar que el Ejecutivo cumplió con su compromiso de presentar y además de defender la iniciativa denominada “Ley Cocopa”. El Constituyente Permanente, la aprobó con modificaciones y habrá que recordar que lo que dice el Constituyente Permanente: es la Constitución y por lo tanto, estamos obligados a respetarla y a cumplirla.

Por lo que hace a la Reforma del Estado, desde la óptica del Ejecutivo los objetivos centrales y líneas estratégicas son las siguientes y las puedo resumir en 10 puntos concretos.

Primero. Que nuestra democracia sea socialmente eficaz. Este quizá es el principal punto de la propuesta.

Segundo. Que el Estado de Derecho tenga plena vigencia y los derechos humanos sean exigibles.

Tercero. Que el ciudadano esté cada vez mejor representado.

Cuarto. Que existan bases más sólidas para poder sostener nuestra gobernabilidad democrática con instituciones modernas.

Quinto. Que se facilite la creación de mayorías.

Sexto. Que se produzca el cambio en las instituciones.

Séptimo. Que el federalismo sea una realidad y el municipio se fortalezca.

Octavo. Que se mejore la rendición de cuentas.

Noveno. Que la ciudadanía esté cada vez mejor informada, y con información de calidad, objetiva, precisa y oportuna.

Décimo. Que se redistribuya el ingreso y la riqueza en el país.

Estos son los objetivos y las líneas de acción estratégica sobre las cuales planteamos los programas y ya las acciones específicas.

Por lo que se refiere al voto de los mexicanos en el extranjero, el Ejecutivo efectivamente prepara una iniciativa, para hacer posible este derecho en las elecciones del 2006, siempre y cuando tenga la anuencia de esta soberanía.

Les informo a las señoras y señores legisladores que estamos trabajando con distintas organizaciones de mexicanos en Estados Unidos para poder lograr un amplio consenso en la materia. Estas mismas organizaciones nos han pedido que no se presente iniciativa por parte del Ejecutivo, hasta en tanto podamos contar con una base de apoyo amplio, no solamente con las organizaciones de mexicanos que trabajan y viven del otro lado de la frontera, sino también con un buen acercamiento con los distintos grupos parlamentarios que conforman esta soberanía. Partimos de la base, eso sí, de que todos los ciudadanos mexicanos que estén del otro lado y que tengan su condición de ciudadanos, puedan votar a través de las formas más seguras, más eficientes, de la tecnología más avanzada que tengamos a disposición.

Por lo que hace al Fonden le daré las cifras, diputado, de la erogación que hemos hecho hasta este momento. Se han otorgado 170 millones de pesos para hacer frente a 34 declaratorias de emergencia; habrá que sumar 569 millones de pesos más para 24 declaratorias de desastre y tenemos comprometidos 793 millones adicionales, para sumar un gran total de 1 mil 362 millones de pesos.

En Guanajuato y Michoacán y sólo por declaratorias de emergencia, se han erogado hasta el domingo pasado, porque todavía vendrán nuevas erogaciones a partir de las lluvias que hemos tenido el lunes y el día de hoy, se han erogado 58 millones de pesos del fondo revolvente del Fonden.

En relación a la defensa de nuestros migrantes que se encuentran en los Estados Unidos, cabe apuntar que la defensa la dan día a día nuestros consulados, desde el punto de vista político hemos expresado la necesidad de lograr el acuerdo migratorio, pero con acciones concretas hemos combatido el tráfico de personas, el rescate a migrantes en zona de riesgo y también con la emisión de la matrícula consular y la defensa de nuestros connacionales sentenciados a pena de muerte y la suscripción de acuerdos internacionales.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor Secretario.

Para ejercer su derecho de réplica, se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos, al diputado Gilberto Ensástiga Santiago.

Eldiputado Gilberto Ensástiga Santiago:

Gracias, señor Presidente:

Quiero entregarle, señor Secretario, una carta de Sofía Lovich, que es esposa de Carlos Manso, quien está detenido en Tehuantepec, Oaxaca, por cuestiones políticas. Me han pedido que la haga llegar. Ojalá y ustedes le den la atención correspondiente.

A mí me parece que es oportuno y con todo respeto planteárselo de la siguiente forma y creo que usted no puede venir a este Congreso a hacer caravana con sombrero ajeno. Todas las reformas relacionadas con el IFE no han sido en esta administración; todas las reformas del Poder Judicial Federal o la Suprema Corte tampoco y si el caso fuera de que han sido en este periodo, son el resultado del diálogo de los partidos políticos y del trabajo de los legisladores, por eso es importante que no hagamos caravanas con sombrero ajeno.

Pero también quiero decirle que al concepto de Reforma del Estado hay que agregarle lo de equidad y género. Esa es una aportación que podemos dar los perredistas y sobre todo nuestras compañeras.

Quiero decirle que las transformaciones que ustedes nos están proponiendo alrededor de las reformas estructurales directa o indirectamente, vienen provocadas por lo que podemos denominar el consenso liberal en el que convergen diversos planteamientos básicos: el económico neoliberal, también conocido como el Consenso de Washington, que usted lo conoce muy bien; éste se refiere a la organización de la economía global con sus sistemas de producción, sus mercados de productos y servicios y sus mercados financieros y promueve la liberación de los mercados, la desregulación, la privatización, el minimalismo estatal, el control de la inflación, la primacía de las exportaciones, el recorte social como lo hemos visto en muchas secretarías, la reducción del déficit público y la concentración del poder mercantil en las grandes empresas multinacionales y del poder financiero de los bancos trasnacionales. Esas son las propuestas que ustedes nos están ofertando y desde luego, las nuevas restricciones a la reglamentación estatal, el nuevo derecho internacional de propiedad para los inversores extranjeros y los creadores intelectuales y la subordinación de los estados a las agencias multilaterales.

El Estado que ustedes nos están proponiendo, deja de ser el espejo de la sociedad en su conjunto para convertirse en lo opuesto, ésta es la realidad de gobierno que estamos viviendo con su partido.

Señor Secretario, para el PRD es muy importante que quede muy preciso en este Congreso. A tres años del actual Gobierno Federal, surgen diversas disyuntivas y para que haya transición democrática, necesitamos reconocer, necesitamos ubicar que el hartazgo de este pueblo de México por más de 70 años de antidemocracia y que fue engañado en las elecciones del 6 de julio de 2000 con el uso abusivo de los recursos que se ejercieron para manipular la voluntad popular.

Hoy debe escucharse, lejos y fuerte, la legitimidad del Presidente de la República está cuestionada y esa autoridad cosmética que utiliza para decirnos que su Gobierno surge de una amplia voluntad popular libre y soberana, se empieza a derrumbar entre los escombros de los engaños, no habrá transparencia y legitimidad en sus acciones hasta que ustedes aclaren al pueblo de México de dónde vinieron los recursos para la campaña de su partido en el Distrito Federal y para la Presidencia de la República, pero también queremos que no haya impunidad y en política interior se ha vacilado frente a esos problemas.

Es cuanto.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Tiene la palabra hasta por 10 minutos para formular sus preguntas, la diputada Rebeca Godínez y Bravo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Rebeca Godínez y Bravo:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Los representantes populares de la LIX Legislatura Federal, pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, nos congratulamos de su presencia, señor Secretario, pues ayudará a despejar muchas dudas que la sociedad mexicana tiene sobre el rumbo que lleva nuestro país, al menos eso esperamos con las respuestas concretas y precisas.

Considere que somos portadores de la inquietud ciudadana, es nuestro deseo aclarar actuaciones y decires gubernamentales para hablar lenguajes semejantes y lograr sacar adelante las reformas que México requiere de cara al Siglo XXI, no sólo en el discurso, en los hechos.

El debate sobre la Reforma del Estado yace en la creación de nuevas instituciones públicas autosuficientes, sólidas y eficaces y en la reformulación de muchas de las ya existentes para adaptar al Estado al cambio social experimentado en los últimos años.

México requiere de un Estado fuerte no obeso ni intervensionista, un Estado fuerte en sus finanzas y en sus políticas, que sea capaz de garantizar a la sociedad el acuerdo mínimo de convivencia, garantizar el Estado de Derecho traducido en seguridad jurídica y seguridad pública que hagan realidad el ejercicio pleno de las libertades individuales. Estas son las bases mínimas del contrato social, razón última de la existencia de un Gobierno y precondición para el desarrollo económico y social de cualquier nación.

México no podrá consolidar su régimen democrático si no fortalecemos el Estado de Derecho, si no lo convertimos en los hechos en un país de leyes, con plenas garantías de seguridad y justicia. El principio de legalidad es así la piedra angular del Estado de Derecho; y la autoridad la primera obligada a dar ejemplo en el cumplimiento.

Ninguna autoridad puede hacer más de lo que la ley expresamente le permite.

Defender este principio es nuestra posición como partido. Por mandato de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es la Secretaría de Gobernación, la que tiene a su cargo vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de todas las autoridades del país. En este sentido y existiendo disposiciones muy claras en el artículo 115 constitucional ¿por qué afirmó usted que saludaba la creación de las juntas de buen gobierno en algunas regiones de Chiapas? ¿Por qué no cumplió con su responsabilidad frente a los hechos de San Salvador Atenco, que violentaron la celebración de comicios federales? ¿Qué tanto deben extenderse los 15 minutos ofrecidos por el Presidente Fox para solucionar el problema de Chiapas? No olvidemos a nuestros hermanos indígenas.

Como garante de este principio de legalidad, debiera usted cumplir con los artículos 2º., 5º. y 6º. de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que expresamente describen el escudo nacional así como la obligación de que la reproducción de éste debe ser fiel al depositado en el Archivo General de la Nación, mismo que podrá figurar en el papel oficial de las dependencias de los poderes federales.

En este sentido, ¿por qué señor Secretario no hizo nada por detener la muy poco afortunada mutilación del Escudo Nacional? ¿Acaso porque sobre la ley están las instrucciones del Presidente de la República o las recomendaciones de sus avesados mercadólogos?

Los procesos electorales se rigen por supuesto también por el principio de legalidad además del de equidad y transparencia entre otros. En este sentido, ¿qué ha hecho usted para contribuir a la plena vigencia de esos principios? Del mismo modo, ¿considera que ha quedado aclarada suficientemente a más de tres años, su posición frente al caso Amigos de Fox, en el proceso electoral en el que por cierto, usted contendía para la jefatura del Gobierno del Distrito Federal por el mismo partido?

También en el mismo rubro electoral, con la facilidad con la que usted suele establecer compromisos, ofreció en el mes de julio de este año, hacer llegar al honorable Congreso de la Unión, una iniciativa, antes del 1º. de septiembre para hacer realidad el voto de los mexicanos en el extranjero; ¿dónde está dicha iniciativa? ¿Se envió durante el plazo que usted comprometió? Le aseguramos que no obra en poder del Congreso. Pero en todo caso ¿cuál es la mecánica concreta sin discursos, que propone usted para hacer eficaz ese derecho en la práctica?

Del mismo modo señor Secretario, la Subsecretaría de Normatividad de Medios, cuyos resultados no justifican toda esa estructura burocrática, fue el conducto para ejecutar una de las medidas más asombrosas del actual régimen: la de desaparición de los tiempos que concesionarios de radio y televisión estaban obligados a pagar al Estado, como impuesto sustituto. ¿Esto sólo fue por congraciarse con los medios y creer o soñar, que esto evitaría que éstos den a conocer la ineficiencia del gobierno actual ?

En materia de derechos humanos tampoco van bien las cosas. En el anexo del informe referente a la gestión de su Secretaría, se señala que el 11 de marzo de este año, se creó la Comisión Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos y dentro de ésta, la subcomisión de coordinación y enlace para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. En este punto quisiera abundar; ya que éste es quizá uno de los temas que ejemplifica en mayor medida no el Estado de Derecho, sino el estado de impunidad en que vivimos los y las mexicanas. Las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia indican que en 5 años el feminicidio aumentó en 700%, un registro que avanza de manera más alarmante en el Distrito Federal y otras ciudades muy importantes del país.

Es preciso decirlo: la situación de la mujer entró en una fase de colapso. El caso de las mujeres asesinadas ilustra esta parte del problema social femenino. Las mujeres son usadas y literalmente son tiradas. Cuando el Estado enfrenta este tipo de ataques a la sociedad no puede mantenerse especulando sobre atribuciones y competencias de los diferentes niveles de gobierno. Este es un asunto de tal envergadura que merece otra visión.

Señor Secretario; al venir a informar el pasado 1º. de septiembre el Presidente Fox, no muy contento con los resultados de la comisión de su sector, anunció la designación de un comisionado para este caso lacerante para la sociedad mexicana. ¿Significa esto que fracasó usted en el cometido de ofrecer resultados prontos, veraces y verificables en este penoso asunto o bien es práctica generalizada de la administración crear instancias, no importa que sean derogatorias unas de otras, con objeto de tender cortinas de humo porque de antemano se saben ineficaces para ofrecer resultados?

Con esta gran preocupación la sociedad se ha enterado de los desafortunados casos de espionaje telefónico, claro, de los que salen a la luz pública. Pero ¿cuántos más ciudadanos y ciudadanas están siendo oídas todos los días sin que lo sepan?

Queremos saber, señor Secretario, en la dependencia a su cargo qué acciones se han tomado sobre estos lamentables asuntos violatorios de las garantías individuales y de los derechos humanos.

La idea que anima al grupo parlamentario del PRI en la LIX Legislatura es la urgente necesidad de un orden jurídico justo, en un nuevo Estado mexicano que sea garante de un Estado de Derecho y no de una anarquía controlada.

Ya basta de la ausencia del Estado de Derecho y de la vigencia del estado de impunidad. Contamos con una vida política democrática, con gobiernos legal y legítimamente constituidos, con Poderes de la Unión fuertes e independientes y con una sociedad cada vez más participativa y corresponsable de los asuntos públicos. No tenemos pretexto para no ganar la batalla contra la corrupción, la ineficiencia, la violencia, la delincuencia común y el crimen organizado.

Pero lo tenemos que hacer todos y juntos, gobiernos de los tres niveles, de los tres Poderes de la Unión, las fuerzas políticas o sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía, toda.

Señor Secretario: el grupo parlamentario del PRI se compromete a hacer su parte; a usted le pedimos, le exigimos que haga la suya.

Muchas gracias.

Presidencia del diputadoJuan de Dios Castro Lozano

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada.

Tiene el uso de la palabra el licenciado Santiago Creel Miranda, hasta por 10 minutos, para dar respuesta a los planteamientos hechos.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

Con la venia del diputado Presidente:

Le agradezco la intervención a la diputada Rebeca Godínez, del grupo parlamentario del PRI. Pasaré a responder de manera concreta los planteamientos que me ha formulado.

En lo que toca a los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, el Gobierno Federal se ha apegado en todo momento a lo que establece el Marco Jurídico. La Ley Orgánica de la Policía Federal Preventiva, y esto es importante hacer notar, le prohibe a esa policía expresamente intervenir en procesos electorales.

En consecuencia, la seguridad pública durante las jornadas electorales, así sean éstas federales, es de responsabilidad exclusiva de los estados y los municipios. El Gobierno Federal no cuenta con policía federal preventiva para procesos electorales. Así lo establece la Ley Orgánica de la propia policía federal.

El Gobierno Federal solamente puede actuar a partir de la denuncia correspondiente que se le plantee ante la fiscalía especial para la atención de los delitos electorales.

Cabe mencionar que en este caso particular de San Salvador Atenco el Instituto Federal Electoral presentó, efectivamente, una denuncia sobre la no instalación de las casillas electorales en San Salvador Atenco. Pero lo hizo siete días después de ocurridos los hechos. A partir de esta denuncia el Ministerio Público ha abierto ya una investigación, una averiguación previa que aún está en curso.

Con respecto a la legalidad, equidad y transparencia en los procesos electorales, debemos de reconocer que todos los partidos, el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y las autoridades electorales, hemos contribuido a su plena vigencia. Esto se ha demostrado en los hechos con la drástica disminución de los conflictos pre y poselectorales, con la solución institucional cuando se han presentado impugnaciones y sobre todo con la final aceptación de los resultados por quienes no triunfaron.

También me permito informarles que por otra parte en los asuntos pendientes de la elección del 2000 que aquí se hizo mención a ellos, están siendo atendidos por las autoridades competentes en materia electoral y por supuesto estamos obligados todos a cumplir y a acatar sus resoluciones.

En relación al programa para Ciudad Juárez que es un tema que me ha quedado pendiente por responder, me permito en primer lugar decir que frente a los lamentables hechos de violencia contra las mujeres, ocurridos en Ciudad Juárez, el Gobierno Federal ha asumido su responsabilidad y actualmente colabora con las autoridades locales y con las autoridades municipales particularmente con el ayuntamiento en Ciudad Juárez.

Además mantenemos un diálogo permanente con la sociedad civil y a través de ese diálogo y de la colaboración con el municipio de Juárez y con el Gobierno del estado, el Gobierno Federal elaboró un programa integral que contiene 40 acciones relativas a procuración de justicia, relativas a la prevención del delito y relativas a la promoción de los derechos humanos de la mujer.

Una de estas acciones es la de seguridad pública, que dio inicio el pasado 22 de julio con el envío de 300 elementos y 90 patrullas de la Policía Federal Preventiva. A un mes de trabajo, y éstos son los primeros resultados, se logró reducir el índice delictivo en un 14%.

Confío en que vamos a seguir obteniendo resultados concretos en las investigaciones. En primer lugar, a través de una agencia del Ministerio Público, mixta, de la Procuraduría local y de la Procuraduría General de la República. También vamos a tener resultados en la prevención del delito, pero sobre todo en la reconstrucción del tejido social en Ciudad Juárez.

También me permito agregar que ese programa está hecho en función de tres ejes fundamentales.

El primero de ellos es la Coordinación Interinstitucional. Aquí tienen que participar distintas dependencias del Gobierno Federal, del Gobierno estatal y del Gobierno municipal.

Y además de darse esta Coordinación Interinstitucional a nivel Federal, también hacerlo extensivo a los gobiernos municipales y locales

Igualmente el compromiso del Presidente Fox es hacer todo esto con participación social, con los grupos de organización cívica, fundamentalmente con aquellos que se han dado en torno a la defensa de las familias, al esclarecimiento de los hechos ocurridos en Ciudad Juárez, al resarcimiento de los daños para las familias. Con todos ellos también trabajar de manera conjunta y de manera cercana. E igualmente hacerlo con transparencia en los hechos.

El compromiso del Presidente es nombrar efectivamente un comisionado especial que está dirigido a reforzar estas acciones de manera concreta. El comisionado o la comisionada que en su caso se nombre, dará seguimiento en Ciudad Juárez a las acciones de colaboración con los gobiernos locales, mantendrá y fortalecerá un canal de comunicación permanente con la sociedad civil, incluyendo por supuesto las organizaciones defensoras de los derechos humanos y promoverá a la vez la reparación del daño a víctimas y familiares.

Pasando a otro tema, que también ha sido un asunto de gran debate de carácter jurídico, es el relativo al logotipo que distingue esta administración. Debe quedar muy claro que no se trata de la reproducción del Escudo Nacional, es un logotipo, algo muy distinto y es una categoría jurídica que no está regulada por la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Tanto no lo está que hay una serie de águilas de diverso tipo en todos los inmuebles públicos del país, una de ellas la tienen aquí presente al entrar a este recinto: cuando abren las puertas se cierra con un águila que se abre y se abre a la mitad.

Por lo tanto, vean ustedes como la interpretación que debe darse debe estar precisamente vinculada a la categoría jurídica que establece y regula la ley de la materia.

Para finalizar con los planteamientos en materia de Estado de Derecho que me ha formulado la diputada que hizo la intervención, ¡deseo expresar, de manera clara y abierta, que repruebo como titular de la Secretaría de Gobernación y rechazo absolutamente la práctica de espionaje telefónico porque atenta contra la intimidad de las personas y viola el Estado de Derecho!

En consecuencia con este dicho, el funcionario de la Secretaría de Gobernación que se vio afectado por esta reprobable conducta, el secretario particular, fue el primero en denunciar tales hechos ante la Procuraduría General de la República. En este sentido estamos coadyuvando con el Ministerio Público Federal para que se deslinden responsabilidades y se castigue a los culpables.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para formular su réplica, la diputada Rebeca Godínez y Bravo.

La diputada Rebeca Godínez y Bravo:

Con su permiso, señor Presidente:

El tiempo para dialogar es corto y los problemas y dudas muchas, donde desafortunadamente no hemos tenido lo que inicialmente le solicité en mi intervención: precisión y claridad en las respuestas.

Le recordamos, señor Secretario, que estamos totalmente a favor de lograr los acuerdos que lleven a la verdadera paz en Chiapas y que se logre el real desarrollo para los pueblos indígenas, no sólo los de ese estado, sino todos los del país; pero dentro de esos acuerdos tendrían que emitirse o modificarse leyes. Mientras esto no suceda queda vigente el municipio como célula principal del Estado de Derecho y no unas juntas que están provocando una total anarquía en ese estado de la República.

Leemos en el informe presentado por el Presidente Fox una serie de acciones tomadas por el Ejecutivo, tomadas para construir una paz digna y justa en el estado de Chiapas. Lo que realmente los chiapanecos y con ellos todos los mexicanos esperamos ver resultados, ver que tan eficientes han sido esas acciones o es una simple enumeración de actividades para llenar las horas de trabajo burocrático.

Que quede claro que no queremos romper el orden social ni tener un Estado autoritario, pero sí uno que sepa ejercer el poder que el pueblo le ha conferido: sin excesos, pero sin vacilaciones. Con diálogo, buscando consensos, pero aplicando la ley.

Le quiero manifestar que esperaba su respuesta respecto al logotipo que tantas veces nos han dicho. El insistir en el uso del escudo mutilado es, permítame decirlo, ¡una necedad que contraviene las disposiciones legales antes invocadas!

¿Los papeles oficiales no merecen el uso de nuestro escudo? ¿No merecen ser identificados con los símbolos patrios que reconocemos todos los mexicanos? ¿Tiene que inventarse uno nuevo para esta administración específicamente?

Sigue quedando en el aire y produciendo suspicacias por qué el caso Amigos de Fox no ha llegado a una resolución y ¿por qué a más de tres años no se ha emitido ninguna sanción? Por otra parte, la celeridad para atender otros casos también causa suspicacias.

El Estado de Derecho en México ha resuelto con sabiduría la relación de la religión con el poder público, estableciendo el principio de laicidad y libertad de creencias religiosas en la propia Constitución. Sin embargo, a nosotros nos parece francamente titubeante su posición en este rubro.

La subsecretaría del ramo denuncia actividades políticas de algunos ministros de culto durante el pasado proceso electoral, pero al término del mismo los exonera señalando que no existe un reglamento que permita sancionarlos.

Le recordamos, señor Creel, que otro Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, aconsejaba no quedar bien con cada uno porque al final se termina quedando mal con todos.

Algunos ciudadanos se preguntan qué significa para usted el cumplimiento de la ley y sus reiteradas manifestaciones de honrar el Estado de Derecho, cuando en su Secretaría se toman acuerdos que la violan constantemente, cuando se habla con tanta ligereza que hace necesario rectificar la información dada, como recientemente en el caso de la supuesta renuncia de la señora Fox a la Fundación “Vamos México”.

Si ésa es la información de fuentes tan cercanas que tiene la Secretaría de Gobernación, ¿qué podemos esperar acerca de todo lo que sucede en cada uno de los rincones de México? ¿Será por eso que el Presidente Fox al rendir su III Informe de Gobierno ante esta soberanía habló de un país que no todos los mexicanos reconocemos?

Señor Secretario: existe un largo pendiente en la Secretaría a su cargo. Nuestro grupo parlamentario está decidido a dar un cabal seguimiento. Nuestro partido está dispuesto a sacar adelante el reto.

Pongamos manos a la obra y demostremos con hechos que lo único que nos importa es México.

Gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Tiene el uso de la palabra el diputado Julián Angulo Góngora, del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos, para formular sus preguntas.

El diputado Julián Angulo Góngora:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores; señor Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

La política interna es facultad predominante de la Secretaría a su cargo, en ella convergen una gran variedad de materias, las cuales son ahora objeto de análisis en el marco de la glosa del III Informe de Gobierno, incluso y con el fin de no distraer la función primordial de la política interior respecto a la gobernabilidad democrática, es que por reforma del 30 de noviembre del año 2000, este Congreso aprobó una reforma para que fuera otra dependencia, la Secretaría de Seguridad Pública, la responsable de la seguridad pública en materia federal, por lo tanto ya no es atribución de la Secretaría de Gobernación esta materia distinta y distinguible de la seguridad nacional.

En consecuencia no le abordaré preguntas al respecto sin que soslayemos la importancia del índice delictivo y las medidas para combatirlo. Igualmente es de otro ámbito la reflexión de los llamados guaruras, que sinceramente caracterizaron una época y a una clase dominante en el poder que ahora se pretende ignorar por la oposición.

Ahora bien, comenzaremos por una de las tareas que debido a los fenómenos hidrometeorológicos que acompañan a esta época del año, ha estado en constante operación protección civil.

La acción de la naturaleza es ineludible, avasalladora y en algunos casos devastadora.

Estamos sujetos a su poder, no podemos detenerla, ante ella sólo nos resta prevenir, conservar y proteger la vida y seguridad de las personas, así como su patrimonio constituye una tarea primordial del Estado. Sobre esta premisa, se finca la importancia de la protección civil como una de las herramientas básicas y más importantes para asegurar el pleno y armonioso desarrollo de las sociedades.

La protección civil, debe de estar en continua formación realizando cursos de perfeccionamiento y especialización en diversas ramas para poder afrontar de la mejor manera cualquier situación que se presente como hasta hoy lo ha hecho la Secretaría de Gobernación.

Los nuevos tiempos exigen una sociedad más reclamante, en este tenor, se cuestiona en su comparecencia una supuesta ineficacia del Gobierno Federal ante los desastres que han ocurrido en poblaciones diversas de zonas del país. No obstante que el apoyo de la Secretaría a su cargo ha sido evidente e innegable como silos que ahora cuestionan no recordaran lo que el pueblo de México no ha olvidado, los sismos de 1985 que resaltaron la incapacidad e ineficacia del Gobierno priísta de aquél entonces, la cual obligó a la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales, a hacerle frente a tan graves sucesos.

Esta comparación, aunque moleste, es necesaria; a este respecto le pregunto; ¿está el Gobierno preparado en materia de protección civil?, ¿contamos con recursos para ello? ¿Nos puede informar sobre el fondo preventivo que está por implementarse y que es distinto del Fondo Nacional de Desastres llamado (Fonden)? ¿Cuáles han sido las innovaciones normativas para acelerar la entrega de recursos del Fonden?

Tema de gran importancia es el migratorio, toda vez que atañe a millones de mexicanos, la migración se refiere a todas las formas en que la gente cubre su necesidad de mudar su lugar de residencia. Llama nuestra atención de manera preponderante la necesidad de miles de mexicanos que desde hace décadas emigran a Estados Unidos de América buscando mejores condiciones de vida, el incremento de la emigración de trabajadores mexicanos ha hecho que Estados Unidos cierre sus fronteras y por tanto aumente la migración clandestina, lo cual resulta contraproducente porque no detiene el flujo migratorio y pone en riesgo la vida de éstos; además, los trabajadores ilegales están sometidos a las peores condiciones laborales algunas de las cuales son sumamente precarias o nulas.

Por tanto este tipo de migración expone a nuestros connacionales a situaciones inhumanas, injustas y en general contrarias a valores y principios propios de la dignidad humana.

La problemática de los migrantes se ha tornado cada vez más compleja, su situación legal los hace vivir en una condición de precariedad, preocupante ante esto cabe preguntar, señor Secretario, ¿qué se está haciendo para salvaguardar la seguridad física, patrimonial y jurídica de los mexicanos que arriesgan sus vidas en busca de oportunidades en Estados Unidos de América?

Y, ¿hasta qué punto el Gobierno mexicano vela por los derechos de los extranjeros que se internan de manera ilegal en territorio nacional?

En otro tema, licenciado Creel, consideramos que es de gobiernos responsables salvaguardar el uso apropiado que se haga de los recursos de la nación al tiempo que se respeten y garanticen los derechos de los ciudadanos.

En materia de radio y televisión, debe promoverse la mayor competencia posible, sin embargo, el Estado debe velar por la plena vigencia de la garantía enmarcada en el artículo 6º. constitucional referente al derecho a la información; sin duda alguna, el Estado tiene la obligación de regular la función social que deben desempeñar los organismos de radiodifusión, así como promover una eficiente utilización y administración de los tiempos a disposición del propio Estado en radio y televisión.

El 10 de octubre del 2002, se publicaron nuevas reglas para el uso y distribución de tiempos oficiales; al respecto le pregunto: ¿qué cambió y qué resultados se han obtenido?

Señor Secretario, coincidimos con el recuento de los logros y avances de esta administración y nos resulta plausible el reconocimiento del Presidente Fox a los retos y los pendientes de cara a la segunda mitad de su gestión; en ese contexto le cuestiono: ¿desde su perspectiva, cuáles son las prioridades de la agenda legislativa del Ejecutivo y en particular de la dependencia a su cargo?

Acción Nacional ha impulsado y concretado la alternancia en el Gobierno Federal.

El PAN ha sido motor del cambio en México. Advertimos que los puntos concretos que el país requiere para la consolidación de la democracia nuestro partido los ha señalado de forma clara y precisa, es así que nuestro grupo parlamentario en esta Cámara de Diputados, durante la LVIII Legislatura presentó un conjunto de iniciativas de ley, con objeto de fortalecer las instituciones del Estado; también, en su reciente plataforma política para esta legislatura, propone diversas reformas en el mismo sentido, todas éstas forman parte de nuestra actual agenda legislativa.

Estamos en un régimen de colaboración de poderes, donde el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo participan en el proceso de formación del orden jurídico mexicano; asimismo, nos encontramos que el Ejecutivo y este grupo parlamentario emanan de un mismo partido: Acción Nacional y en efecto, compartimos un mismo proyecto.

Coincidimos con el Ejecutivo Federal que se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la necesidad de emprender una reforma política que se ha denominado Reforma del Estado, con el fin de adecuar y fortalecer las instituciones democráticas del país.

Le pregunto, señor Secretario: ¿presentará el Ejecutivo un paquete de reformas y en qué dirección?

Y por último, señor Secretario, preguntaríamos cuál es la posición del Gobierno mexicano ante el establecimiento de los llamados “caracoles”, o juntas de buen gobierno en el estado de Chiapas.

Por sus respuestas, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el Secretario Santiago Creel Miranda, para dar respuesta a las preguntas.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

Con su venia, señor Presidente:

Muchas gracias por su intervención diputado Julián Angulo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

En materia de protección civil, coincido plenamente con usted en que la protección de la vida, la integridad física de las personas, su seguridad, constituye la tarea primordial del Estado; el Gobierno y diría yo los gobiernos, para referirme igualmente a los gobiernos de las entidades federativas, a los gobiernos municipales, están cada vez más preparados para hacer frente a las emergencias y desastres naturales.

En estos primeros casi tres años de esta administración, hemos venido trabajando en una nueva cultura para abordar los problemas de protección civil, una cultura preventiva, la cultura de la prevención para poder anticiparnos a los hechos y que los daños que muchas veces no hay manera de que puedan evadirse, pero sí de disminuirse y es por ello, que hemos venido trabajando con los gobiernos estatales y municipales en la implantación de esta cultura de protección civil.

La atención a la población con motivo de las actividades del volcán Popocatépetl, prácticamente al inicio de nuestra administración y de los huracanes “Juliette”, “Isidore”, “Kena”, “Ignacio” y más recientemente el que tenemos todavía en nuestro territorio nacional el “Marty”, así como de los sismos en las costas de Colima que tuvimos el año pasado, son clara muestra del aumento de la capacidad de respuesta de los distintos gobiernos y también, por otra parte, de la población afectada, así como de las instituciones de protección civil en todo el país.

El fondo preventivo, y esto también ha sido un cuestionamiento objeto de intervenciones anteriores, el fondo preventivo al que usted se refiere señor diputado Angulo, surgió de la Ley General de Protección Civil a partir precisamente de una propuesta conjunta del Ejecutivo y también de legisladores federales, su propósito central es reducir el costo económico del desastre mediante recursos destinados a obras y acciones precisamente preventivas, enmarcados en esta cultura de la prevención de riesgos. Esta semana vamos a publicar sus reglas de operación y entrará en vigor en enero de 2004, a partir de la aprobación del siguiente presupuesto.

Respecto a los migrantes connacionales se mantiene, como lo he reiterado ya en las pasadas intervenciones, un diálogo permanente con el gobierno de Estados Unidos para garantizar que sean respetados sus derechos, los derechos básicos, sus derechos laborales, sus derechos civiles y la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de sus consulados realiza su defensa jurídica de manera permanente.

Por lo que hace a los extranjeros indocumentados que se encuentran en nuestro territorio, el Instituto Nacional de Migración ha emprendido una cruzada para fortalecer el respeto de sus derechos básicos. Al día de hoy habrá que decir que el trabajo ha planteado avances, no todos los que nosotros quisiéramos, pero ha habido resultados y se ha traducido en que al día de hoy, no existe ninguna recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Instituto Nacional de Migración.

También habrá que decir, que se ha trabajado intensamente y se redoblarán los esfuerzos para combatir de manera institucional el tráfico de personas. El intercambio de información con los distintos gobiernos vecinos ha sido fundamental en el caso de Guatemala, Belice y de Estados Unidos, lo cual nos ha permitido desarticular bandas importantes de crimen organizado en materia de tráfico de personas.

En relación a los tiempos oficiales, que fue otros de los cuestionamientos, diputado Angulo que usted me formuló, en materia de acceso a los medios de comunicación como consecuencia del nuevo marco normativo, los tiempos fiscales se transmiten de manera proporcional y en mejores horarios. La audiencia se ha multiplicado por más del doble como ya lo había dicho en una intervención pasada, lo que redunda en un mayor beneficio al Estado mexicano.

En cuanto a los tiempos de Estado, que son distintos a los tiempos fiscales, el nuevo reglamento hace posible que los poderes y órganos del Estado, puedan transmitir hasta 30 mensajes diarios de 20 segundos, en cada una de las emisoras de radio y de televisión del país. En consecuencia, los beneficios de estos tiempos se han incrementado significativamente; en radio los usuarios pasaron de 11 que teníamos en el año 2002 a 35 que tenemos ya en este año de 2003, mientras que en televisión aumentaron de 26 que teníamos en el año del 2002 a 36 que tenemos en el presente año. Además si antes el Ejecutivo Federal era el principal beneficiario de estos tiempos, de los tiempos de Estado, hoy lo son los órganos y las entidades distintas al Poder Ejecutivo.

Un caso concreto de lo que ha cambiado, por ejemplo, es el número sin precedente de anuncios de televisión que durante el pasado proceso electoral el IFE pudo difundir en un solo día en todo el territorio nacional:10 mil anuncios en televisión.

Por lo que hace a la agenda legislativa, otro de los cuestionamientos de su intervención, me permito reiterar por haber ya abundado en ello en alguna intervención anterior, que las prioridades del Ejecutivo se enmarcan en tres grandes ejes:

Primero. El eje de la gobernabilidad democrática para modernizar el marco institucional y adecuarlo a las nuevas condiciones de pluralidad política que vive el país.

Segundo. El eje de la política económica, también se incluye como un eje fundamental para garantizar el desarrollo económico, el fortalecimiento del mercado interno y sobre todo, lo más importante, la generación del empleo.

Tercero. El eje de la política social, que busca incrementar la cobertura de programas de carácter social, mayor inversión en educación, impulso a la construcción de vivienda que trae aparejados múltiples beneficios y dar viabilidad financiera a las instituciones públicas de salud y al sistema de pensiones.

En términos de los derechos humanos, aparte de las intervenciones en donde ya me he referido a ellos, puedo decirle, señor diputado Angulo, que el Presidente Fox y también los integrantes de toda la administración de este gobierno, tenemos un compromiso claro, directo e ineludible con los derechos humanos. Ese compromiso es permanente y es un compromiso en forma creciente.

La manifestación de este compromiso en hechos concretos ha quedado ya referida en mis anteriores intervenciones.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, para formular su réplica, el señor diputado don Julián Angulo Góngora.

El diputado Julián Angulo Góngora:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados, señor Secretario de Gobernación:

En este análisis del informe de la Secretaría a su cargo se hace patente la pluralidad y el diálogo que ha caracterizado la gestión de la presente administración para construir acuerdos y consensos, con el fin de lograr el bien común de los mexicanos. Asimismo, queda establecido que este gobierno tiene rumbo, tiene programa y tiene objetivo.

De sus respuestas consideramos que, si bien es cierto que la acción de la naturaleza ha sido severa en los últimos días, también lo es que la Secretaría de Gobernación ha dado resultados a la altura de tan graves situaciones. Efectivamente, la política de protección civil es más que reactiva, preventiva. También estamos ciertos que se ha establecido una política tendiente a la seguridad de los migrantes mexicanos, y en efecto coincidimos en que las acciones que el Gobierno mexicano ha emprendido para la protección y trato de los inmigrantes en nuestro país se fundamenta en la dignidad de la persona y en los derechos humanos.

Estamos seguros que el Gobierno del Presidente Fox ha sostenido como uno de los temas fundamentales de la agenda binacional la regularización de la situación migratoria de nuestros connacionales. Prueba de ello son los trabajos que de manera conjunta lleva a cabo la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Gobernación.

Con relación a la fusión de la Subsecretaría de Derechos Humanos con la de temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sabemos que ésta no desaparece, por el contrario, se ha creado la Comisión Intersecretarial de Derechos Humanos, así como enlaces de derechos humanos en todas las dependencias de la Administración Pública Federal, lo que en anteriores administraciones no se dio.

La protección de los derechos humanos en México, ya no es una opción que se tome o se deje, según convenga, a los intereses de la clase gobernante; ahora, los derechos humanos son guía ineludible en la conducción de todos los aspectos de la Administración Pública Federal.

Por tanto, es respetable la inconformidad que se hace de la figura del Escudo Nacional aunque se haga a un lado la inconformidad de millones de mexicanos y partidos políticos por el uso indebido de un partido de los colores de la bandera durante más de 70 años.

Por otra parte, consideramos positivo que ahora los mensajes lleguen a los mexicanos de forma más efectiva con los cambios en los tiempos del Estado, los cuales permiten que la transmisión de las emisiones oficiales sean en horarios de más alta audiencia, esto sin duda fortalece la comunicación entre el Gobierno y la ciudadanía.

Con esta nueva distribución se propone fomentar la participación plena, responsable y plural de la sociedad, dentro del proceso informativo, lo cual es un sustento básico para la conformación de una opinión pública informada.

Por lo que se refiere a Chiapas, efectivamente el Ejecutivo Federal ha preservado las condiciones de diálogo, concertación, respeto y tolerancia con el EZLN para la búsqueda de una paz digna y permanente. Estamos conscientes que es una tarea conjunta entre poderes y órdenes de gobierno.

Los diputados de Acción Nacional estamos seguros que debemos establecer una patria ordenada y generosa y un futuro digno para las nuevas generaciones, si no ponemos a trabajar todos en una misma dirección, en un mismo sentido.

Los mexicanos vivimos en la pluralidad pero no podemos ni deseamos crecer en la anarquía o el desorden. Sí, tenemos divergencias y distintas formas de llegar a un mismo objetivo, eso es bueno, para eso votaron los ciudadanos el 6 de julio, pero lo hicieron para tener un Congreso que dialoga, que escucha.

El pueblo de México está harto de legislatura de gritos y diferencias irreconciliables; aprovechemos la oportunidad y privilegiemos el diálogo, el consenso y la negociación. En pocas palabras, señoras y señores diputados, lleguemos a acuerdos para la mejor construcción del país, no desperdiciemos ni eludamos la gran responsabilidad que como legislatura tenemos para resolver o atemperar la gran problemática que puede esperar el día de mañana a los mexicanos, debemos de legislar lo que es necesario para México.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, para formular sus preguntas, el señor diputado don Enrique Burgos García, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Enrique Burgos García:

Con su anuencia señor Presidente; honorable Asamblea Legislativa; señor Santiago Creel Miranda, Secretario de Gobernación:

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por mi conducto exponemos al señor Secretario de Gobernación, algunas consideraciones sobre el tema de Política Interior en el contexto del III Informe de Gobierno presentado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión.

Señor Secretario: este acto republicano dentro del desenvolvimiento político-jurídico del análisis del III Informe de Gobierno, es oportunidad de pasar revista, al menos en una importante aproximación, a una de las tareas centrales del Ejecutivo, como lo es la política interior.

Compartimos la Cámara de Diputados y un representante del Poder Ejecutivo, un evento de gran relevancia: el acto de comparecer, de informar y dar cuenta a la representación nacional. Sin duda es también la afirmación de que el principio de división de poderes es el factor equilibrador que a través del principio de colaboración, reconstituye la indispensable unidad del Estado y previene contra la acción desarticulada de los tres órganos del poder público.

El análisis del capítulo de política interior, del III Informe, nos lleva necesariamente a formular cuestionamientos y requerir explicaciones, a plantear nuestras divergencias; nuestros señalamientos; pero también para contribuir con propuestas en todo aquello que nos incumbe. Lo hacemos con respeto y cortesía republicana, indispensables para la convivencia de la pluralidad política.

Al abordar la política estamos internándonos a un ámbito esencial e integral de la actividad colectiva, acaso el más relevante, en tanto fundamento de organización, de convivencia y definición de horizontes de las sociedades. Y al inscribirla como interior la advertimos sólo como expresión de espacio sin que se merme ni su naturaleza, ni sus alcances. Por eso suscita un señalado interés el ahondar en el qué, el porqué y el para qué de la instrumentación de la política interior por parte del Ejecutivo Federal.

Es cierto que hemos accedido a una democracia más elevada. También es cierto que no surge de manera espontánea, ni está exenta de riesgos; surge del gran torrente de nuestra historia con encuentros y desencuentros que con todo, cincelaron un país de instituciones que forjaron y precedieron esta etapa de nuestra democracia.

Actualmente el rasgo dominante es de la diversidad. Somos un país esencialmente plural; lo somos en lo económico, en lo cultural, en lo ético y lo somos desde luego en lo político. El nuevo tiempo político mexicano es el de la pluralidad de la nación.

Decíamos que la democracia enfrenta riesgos. La democracia es encuentro y desencuentro; que sólo podemos trascender a través de los acuerdos. Ahora mismo ninguna fuerza política tiene mayoría absoluta. La gobernabilidad es pues, una hazaña cotidiana que hay que apuntalar día con día. Pero el riesgo mayor de la democracia es ese formalismo gubernamental que impide ver su objetivo último.

La democracia no es un fin en sí mismo, es un medio, un instrumento para promover las libertades, para distribuir los satisfactores que la propia sociedad genera. Resulta insuficiente la democracia si no se traduce en justicia distributiva. Si no somos capaces de lograr que la democracia devenga en justicia, estará latente su precariedad y rondarán los fantasmas de la inconformidad y la desesperación.

Tampoco podemos negar la interdependencia y la globalización de la economía. Es tangible y es de extremos o la enfrentamos construyendo nuestras propias fortalezas o quedamos marginados y confinados dentro de las naciones inviables.

La globalización es un camino de oportunidad. Pero también da nombre a una avidez que amenaza con instaurar un reino de nuevas servidumbres. Nuestras fortalezas descansan entonces en construir como lo ha señalado mi partido, una nueva generación de reformas para el Siglo XXI. Es una expresión con conceptos identificables con la denominada Reforma del Estado. Esa Reforma del Estado probablemente encuentra su vertiente principal en el federalismo, en un nuevo federalismo que además de buscar el equilibrio y el desarrollo entre lo nacional y lo regional, sea esencialmente un federalismo para la eficacia y la eficiencia social, un federalismo que asegure que el ámbito competencial de la Federación y el de cada una de las entidades es supremo en su orden y uno y otro subordinados a la Constitución, un federalismo que impulse un replanteamiento de atribuciones entre los dos órdenes de gobierno.

Las insuficientes económicas de los estados federados y las reversiones políticas y sociales que tienen que enfrentar, agudizan la urgencia de nuevos equilibrios básicos del Pacto Federal.

La fortaleza del Estado federal descansa en la fortaleza de los estados integrantes del pacto de unión.

Advertimos con el mayor interés el impulso que se genera desde los estados para la realización de una convención nacional hacendaria, pero en todo caso el nuevo federalismo que seamos capaces de impulsar tiene que partir del concepto y sentido político del federalismo, es decir, una innovación política e integral del pacto.

Sólo así podrá ser conducible el federalismo fiscal, el federalismo educativo etcétera. Si los estados tienen esquemas fiscales o políticos débiles no podrán construir políticas sociales.

Se percibe en la sociedad la importancia que concede a la democracia electoral, a los partidos y a las instituciones que a ello contribuyen, pero también se advierte su inconformidad con los altos costos que representan las campañas prolongadas, que postergan o condicionan otras actividades; más aun cuando las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría del pueblo de México es de pobreza o de insuficiencia.

No se trata en este acto de asumir posiciones tomadas por anticipado en las que por un lado todo se vea bien o por el otro todo se vea mal, sino advertir lo que a flor de piel angustia a millones de mexicanos y asumir a plenitud de la construcción de propuestas viables, a partir del ámbito de responsabilidad política y jurídica que a cada órgano del poder público le asigna la Constitución.

En ese sentido, señor Secretario, el grupo parlamentario del PRI formula por mi conducto los siguientes planteamientos:

Al inicio de la actual Administración Pública Federal uno de los temas reiterados fue la Reforma del Estado. Cómo concibe el Gobierno Federal esta reforma y en qué consiste. Cuáles son los avances de los trabajos a este respecto.

¿Existen propuestas concretas? ¿Se esperan formas más acabadas de su presentación? A tres años de la actual administración ¿tendrá el tiempo y las condiciones para su implementación? ¿Qué efectos, alcances, transformaciones y resultados, en su caso, esperarían de dicha reforma? En suma, qué ha ocurrido con el tema de la Reforma del Estado.

Cómo conciben al federalismo desde la óptica del Gobierno Federal. Cuál es el grado de desequilibrio entre el orden central y un orden regional. Cuál sería el esquema para abordar el cambio hacia un nuevo federalismo, con qué actores, con qué profundidad, con qué tiempos, con qué resultados.

¿Creé que la Secretaría de Gobernación tenga alguna responsabilidad en la falta de acuerdos? ¿Cuántas iniciativas ha enviado el Ejecutivo al Legislativo sobre las reformas estructurales que el país requiere? ¿Cuál es el nivel de consenso que éstas han alcanzado en la Secretaría a su digno cargo, habiendo incluso creado una Subsecretaría de Enlace Legislativo?

¿Quisiera explicarle al Congreso ese recurrente discurso al pasado como fuente de todos nuestros problemas y el presente como un promotor de todos nuestros avances como nación?

¿Cuál es la postura del Gobierno Federal con relación al costo de la democracia electoral, misma que no se traduce en un mayor desarrollo?

En concreto, ¿cuál es su opinión al financiamiento de los partidos políticos, la homologación del calendario electoral de la República, el porcentaje mínimo requerido para el registro de un partido político y el destino que deben tener los activos y recursos públicos de aquellos que perdieron su registro?

Igualmente ¿qué opinión le merece la asignación presupuestal que actualmente se otorga al Instituto Federal Electoral?

Gracias por sus comentarios anticipados.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda para dar sus respuesta.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda:

Con su venia, señor Presidente:

En primer lugar agradezco la intervención del diputado Enrique Burgos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en donde aborda distintos aspectos sobre cuestiones de política interior.

Una de ellas, sin duda importante para el Gobierno del Presidente Fox, es la separación del Estado y la Iglesia.

Nos inspira las reformas hechas ya hace dos siglos, en el Siglo XIX por el Presidente Juárez y su proceso de la Reforma.

Nos inspira igualmente los preceptos constitucionales en donde claramente se marca una diferencia entre lo que es el Estado y lo que es la Iglesia.

Como política general preservamos la laicidad del Estado mexicano y la separación de Estado-Iglesia. Garantizamos el pleno ejercicio igualmente de libertad de creencias y de culto para todas las iglesias del país. Promovemos igualmente tolerancia y respeto a la pluralidad.

Nos hemos abocado a tener una interlocución constante y permanente con todas las instituciones religiosas del país.

También nos hemos abocado a resolver los conflictos de intolerancia religiosa mediante una intervención concertada y a cumplir cabalmente con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en el país.

De las denuncias que recibimos en torno al activismo electoral de algunos ministros de culto, fueron 15 de ellas. De esas 15 me permito informar a esta soberanía, que cinco casos fueron sancionados; esto para la información de todas y todos los legisladores. En estos cinco casos se sancionaron fundamentalmente por dos razones que me permito compartir con ustedes:

En primer lugar, porque efectivamente hubo un activismo electoral en contra del Partido México Posible y en contra del Partido Revolucionario Institucional.

Y la segunda causa fue por haber realizado reuniones políticas dentro de un templo. Por lo tanto sí hubo sanciones. Esto debe de quedar muy claro, como claro debe de quedar la separación de la Iglesia y el Estado mexicano.

En torno a la reforma política o del Estado, he abordado ya diversos temas y para no repetir ninguno de ellos me voy a abocar a expresar los puntos de vista del Gobierno de la República en torno al federalismo. Y aquí coincidimos con lo expresado por el diputado Burgos: estamos de acuerdo en que el federalismo debe ser el instrumento que acerque lo más posible la toma de decisiones de los ciudadanos y que esa reforma debe de ser el vehículo propio de la transición y debe ser un medio y no un fin para llegar precisamente al bienestar social que tanto demanda nuestra población.

Su agenda, en materia de federalismo debe comprender, en primer lugar, la redefinición de ámbitos y competencias de la Federación, estados y municipios.

Lo primero en lo que nos debemos de poner de acuerdo, son en los ámbitos, atribuciones y facultades de estos tres órdenes de gobierno. Y esto resulta fundamental en términos de lo que va a realizar la Convención Nacional Hacendaria.

Primero habrá de redefinir ámbitos, competencias y atribuciones y posteriormente ubicar la fuente de financiamiento, el soporte económico de cada una de esas atribuciones, responsabilidades y actuaciones de los tres órdenes de gobierno.

En segundo lugar, una vez que estas definiciones estén dadas habrá que definir las nuevas cargas, responsabilidades y recursos necesarios para hacerles frente.

Es un compromiso del Presidente Fox llevar a cabo la Convención Nacional Hacendaria precisamente para abordar estos asuntos, para redefinir competencias, ingresos y atribuciones y responsabilidades en los distintos órdenes de gobierno, para hacer una redistribución de potestades de carácter tributario, para llevar a cabo la reforma fiscal, la simplificación de la legislación fiscal, la modernización y transparencia de la administración hacendaria que tanto le hace falta igualmente al país, el presupuesto y el gasto público y la fiscalización del gasto, también tendrán que ser objeto de estas discusiones, al igual que el financiamiento, la banca de desarrollo, deuda pública, el sistema de pensiones y la gradualidad con la cual deba de darse esta reforma.

Lo que habremos de hacer, a partir de que se lance la convocatoria el próximo día 29 de septiembre, será en primer lugar establecer una metodología de trabajo para poder arribar a conclusiones, conclusiones que serán sometidas a esta soberanía para que eventualmente haga las consideraciones necesarias, lleve a cabo las discusiones y finalmente apruebe lo que deba hacer la nueva hacienda pública del país, con un sentido federalista y con la redefinición de atribuciones y competencias que se ha planteado.

En relación con las iniciativas de reformas estructurales que el Presidente Fox ha hecho llegar al Congreso, me permito informarles, como ya lo he hecho en otras intervenciones, que han sido la iniciativa denominada Ley Cocopa, el paquete de reforma hacendaria, el paquete de reforma eléctrica, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Oficial, la Ley contra la Discriminación y la reforma constitucional para dar cabida a la Corte Penal Internacional.

En relación al pasado, diputado Burgos, no creo en visiones maniqueas, ni en blancos ni en negros de las cosas, ni de que todo lo hecho en el pasado fue malo y es reprobable, como tampoco que todo tiempo pasado fue mejor. Ubiquémonos en un contexto de realidades. Ubiquémonos dentro de nuestro contexto histórico: de dónde venimos para poder saber a dónde vamos.

Creo firmemente que debemos de tomar ejemplo de muchas gestas históricas que han hecho infinidad de generaciones de mexicanos, gestas patrióticas de muchas mexicanas y mexicanos, que han hecho como resultado la democracia que hoy vivimos. Una democracia que, coincido, es perfectible y que todavía nos falta mucho por realizar; un buen trecho del camino lo podemos andar en los siguientes tres años con esta LIX Legislatura.

¡Aprovecho la oportunidad para reiterarles a las legisladoras y a los legisladores de esta Legislatura que la Secretaría de Gobernación tiene el firme compromiso de establecer un diálogo, sí, pero un diálogo productivo! ¡Un diálogo que les permita a ustedes avanzar en sus tareas legislativas y al Poder Ejecutivo tener mejores instrumentos de gobierno! ¡Si no estamos de acuerdo con muchos de ellos, cambiémoslo. Ustedes, finalmente, tienen la última palabra!

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para formular su réplica, el señor diputado don Enrique Burgos García.

El diputado Enrique Burgos García:

Con su anuencia, señor Presidente; señor Secretario:

Tenemos concepciones distintas, implícito desde luego en un análisis democrático, pero hay algunas percepciones conciliables, sin embargo es necesario reiterar.

Ante el agotamiento del Estado protector y centralizado y el paradigma impuesto por el libre mercado, los mexicanos reclaman del poder público, del que somos parte, reformas innovadoras por encima de visiones fragmentarias, políticas de largo aliento que aseguren certidumbre, viabilidad y sobre todo que promuevan la cohesión de todo el componente social.

El orden mundial que ahora prevalece no ha frenado la pobreza ni ha brindado las oportunidades prometidas. El señalamiento popular es inequívoco: generar empleos, garantizar seguridad pública, mejorar el poder adquisitivo, procurar la salud, reformar la educación; la exigencia está a flor de piel y es causa de fuertes tensiones sociales.

Ese es sin duda el epicentro de política, interior o exterior, al fin política, es la razón existencial del Estado, es el fundamento para un gran acuerdo social y es la afirmación del Estado social de derecho, del Estado laico, del Estado soberano, del Estado promotor, del Estado emprendedor.

Las reformas que reclama la sociedad mexicana trascienden lo urgente. Cualquier reforma, laboral, sobre energía, hacienda pública, seguridad social, debe poner la mirada en el bien de la colectividad.

No podemos proclamar que México es grande y maravilloso y al propio tiempo declararlo inepto para sobrevivir en un orden mundial injusto. Más allá incluso de agendas partidarias, debemos seguir el horizonte trazado por las aspiraciones de la gente sencilla que poco entiende de los juegos de la macroeconomía ni encuentra tampoco respuesta en simples salidas populistas.

Enfrentemos de una vez los partidos políticos, los tres poderes, en andar solidario con la sociedad, los desafíos de la modernidad, con las instituciones y los principios que perviven las transformaciones que son menester.

No es preciso comparar nuestras circunstancias con aquellas que vivieron otras generaciones, para percatarnos de las obvias transformaciones históricas o para advertir la complejidad de nuestras horas. Queremos las mismas libertades, la misma justicia, aunque haya cambiado la manera en que concebimos su cumplimiento.

Ahí está la Constitución como guía de nuestros pasos, previsora de su propia reformabilidad, como fuente viva y vigente de reconciliación, como ámbito insustituible de nuevos acuerdos, de nuevas formas para un estado emprendedor.

Cuando alguien dice que nuestra Constitución ha envejecido, vale recordar las palabras del último sobreviviente de los Constituyentes, don Jesús Romero Flores, cito:

“Estamos ayunos de muchas cosas, mas ante el presente mundo confuso en nuestra Constitución encontramos una síntesis ideológica que nos permite pasar indemnes ante quienes a nombre de la justicia pretenden ahogar la libertad y ante quienes a nombre de la libertad intentan perpetuar la injusticia.

Sí, llegamos tarde al Siglo XX, pero por llegar transformando para mejor construir, por haber determinado popularmente objetivos, normas y métodos para edificar, por haber obtenido síntesis de ideas, nos acercamos antes al Siglo XXI”. Termina la cita.

Y éste, el Siglo XXI ya está aquí, abierto a un pueblo aún esperanzado y expectante de la respuesta que nos fue encomendada a todos nosotros.

Muchas de las encrucijadas de hoy en el horizonte del desarrollo nacional sobre bases ciertas, pasan por la necesidad de construir propuestas entre las fuerzas políticas que piensan distinto, pero que deben ver en la factibilidad de su acuerdo el aliciente para que sobre cauces sólidos México asegure un destino con mayor justicia por el pueblo, para el pueblo, con lealtad a la nación y con fidelidad a la Constitución.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Agotada la lista de oradores registrados para el análisis de la política interior dentro del contexto del III Informe de Gobierno, esta Presidencia agradece la presencia del Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, en esta sesión en la que se llevó a cabo el análisis del III Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada.

De conformidad con lo que establece el artículo 7º. numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al Presidente de la República para su conocimiento.

Se ruega a la comisión encargada de acompañar al Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, lo haga cuando decida abandonar el recinto.

Se ruega a los diputados permanecer en su lugar, a fin de continuar y agotar los asuntos en cartera.