Comparecencia del Secretario de la Reforma Agraria,
Florencio Salazar Adame, correspondiente al
Quinto Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada

Instalación de la Mesa:
Teófilo Manuel García Corpus

Exposición por parte del funcionario del Ejecutivo Federal:
Florencio Salazar Adame

PRIMER TURNO DE PREGUNTAS Y RESPUESTA

Pregunta: Manuel Velasco Coello, Partido Verde Ecologista de México
Respuesta: Florencio Salazar Adame
Réplica: Manuel Velasco Coello, Partido Verde Ecologista de México

Pregunta: Ana Lilia Guillén Quiroz, Partido de la Revolución Democrática
Respuesta: Florencio Salazar Adame
Réplica: Ana Lilia Guillén Quiroz, Partido de la Revolución Democrática

Pregunta: Margarita Chávez Murguía, Partido Acción Nacional
Respuesta: Florencio Salazar Adame
Réplica: Ruth Trinidad Hernández Martínez, Partido Acción Nacional

Pregunta: José Lamberto Díaz Nieblas, Partido Revolucionario Institucional
Respuesta: Florencio Salazar Adame
Réplica: José Lamberto Díaz Nieblas, Partido Revolucionario Institucional

SEGUNDO TURNO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Margarito Fierros Tano, Partido de la Revolución Democrática
Respuesta: Florencio Salazar Adame
Réplica: Margarito Fierros Tano, Partido de la Revolución Democrática

Pregunta: María Hilaria Domínguez Arvizu, Partido Revolucionario Institucional
Respuesta: Florencio Salazar Adame
Réplica: Muñoz Muñoz José Alfonso, Partido Revolucionario Institucional

Pregunta: Esteva Melchor Luis Andrés, Partido Acción Nacional
Respuesta: Florencio Salazar Adame
Réplica: Rubén Alfredo Torres Zavala, Partido Acción Nacional

Pregunta: Elpidio Desiderio Concha Arellano, Partido Revolucionario Institucional
Respuesta: Florencio Salazar Adame
Réplica: Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Partido Revolucionario Institucional

Comentarios finales:
Teofilo Manuel García Corpus



















El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: (Aquí inicia la grabación) que han registrado su asistencia 17 ciudadanos diputados, miembros de la Comisión de Reforma Agraria. Se abre la reunión.

De conformidad con el artículo séptimo, numeral cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparece el licenciado Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria, invitado a esta reunión de la Comisión de Reforma Agraria, en la que se llevará a cabo el análisis del V Informe de Gobierno del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, en el tema de su competencia.

Se dará lectura al acuerdo parlamentario aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 7 de septiembre. Le pido al diputado Margarito Fierros Tano, de lectura al acuerdo parlamentario.

El diputado Margarito Fierros Tano: "Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al desahogo del análisis del V Informe de Gobierno del Presidente de la República.

Punto V. Las comparecencias ante Comisiones a las que se refiere el resolutivo que antecede se sujetarán al formato siguiente:

a) Exposición por parte del funcionario compareciente del Ejecutivo Federal hasta por 10 minutos.

b) Turno de intervenciones de hasta por 5 minutos para preguntas de los grupos parlamentarios en el orden siguiente:

Primera ronda, grupo parlamentario de Convergencia, grupo parlamentario del PT, grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, grupo parlamentario del PRD, grupo parlamentario del PAN y grupo parlamentario del PRI.

Segunda ronda. Grupo parlamentario del PRD, grupo parlamentario del PRI, grupo parlamentario del PAN y grupo parlamentario del PRI.

c) Respuesta a cargo del funcionario compareciente por cada intervención y hasta por cinco minutos.

Contrarréplica a cargo del respectivo grupo parlamentario hasta por cinco minutos.

Sexto. Cítese a los funcionarios públicos comparecientes de conformidad con el calendario anexo y en términos por lo dispuesto por el artículo 22, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Séptimo. Comuníquese mediante oficio a las Comisiones respectivas.

Octavo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria."

Cumplida la encomienda, Presidente.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Muchas gracias, ciudadano diputado. Para dar cumplimiento al punto V, inciso a) del acuerdo aprobado, tiene la palabra el licenciado Florencio Salazar Adame hasta por 10 minutos.

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame: Buenas tardes. Diputado presidente Manuel García Corpus, señoras, señores diputados miembros de la Comisión de Reforma Agraria, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política, acudo ante esta soberanía para dar cuenta del estado que guarda el despacho a mi cargo que involucra los programas de la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Fondo de Fomento Ejidal.

Expreso mi reconocimiento a esta Comisión Legislativa por su apoyo decido y amplia colaboración con el sector agrario.

El presupuesto originalmente asignado al sector en 2005 fue de 4 mil 856 millones de pesos; por ajustes quedó en 4 mil 146 millones. De éstos hemos ejercido y comprometido 3 mil 690.9 millones, que representan el 89% del total. Están en proceso de asignación 455 millones de pesos.

Como ha ocurrido en años anteriores, la Secretaría de la Reforma Agraria ejercerá la totalidad del presupuesto que le fue asignado conforme a las reglas y procesos de los programas correspondientes.

En la trayectoria de la Reforma Agraria podemos distinguir tres etapas: Reparto agrario, ordenamiento de la propiedad rural y desarrollo rural integral.

La política agraria del gobierno del Presidente Vicente Fox contribuye a lograr un cambio estructural en el campo, sustentada en tres ejes fundamentales: Atención y solución de la conflictividad agraria, conclusión del ordenamiento y regularización de la propiedad rural y desarrollo agrario.

Primer eje: atención y solución de la conflictividad agraria.- La gente identifica los asuntos que por su complejidad política, social y económica han requerido de una estrategia especial para su solución; de mil 14 asuntos se han resuelto a la fecha 500, compensándose una superficie de 332 mil 502 hectáreas, que involucran un total de 2 millones 390 mil 694 hectáreas de los núcleos en conflicto, para beneficio de 75 mil 728 familias y una inversión de 2 mil 114 millones de pesos.

En esta agenda destacan los 14 focos rojos, a la fecha hemos concluido 10, 2 más están en proceso de solución en 28 municipios de nuevas entidades federativas que involucran a 9 grupos étnicos. Ello significa que cada 75 días se ha resuelto un conflicto a partir de que asumimos la responsabilidad de la Secretaría.

Estos asuntos se caracterizan por una larga duración, 50 años promedio; vulneran el tejido social, afectan el medio ambiente y obstaculizan el desarrollo.

Segundo eje: ordenamiento y regularización de la propiedad rural.- Se compone de tres programas: Procede, regularización de colonias agrícolas y ganaderas y regularización de terrenos nacionales.

A la fecha se han regularizado 20 millones 239 mil 753 hectáreas en el período de esta administración, con un acumulado histórico de 83 millones 893 mil 553 hectáreas, en beneficio de 974 mil 825 familias en este período, con un acumulado histórico de 3 millones 882 mil 220 hectáreas.

El Procede, por su magnitud y complejidad técnica no tiene precedente en el mundo, es un proceso de incorporación voluntaria, participativa y democrática; todas las decisiones para la delimitación de los derechos se toman en asambleas.

En esta administración se han celebrado 10 mil 800 asambleas, 6 diarias en promedio. Este año está prevista la certificación de 8 millones de hectáreas y para el 2006 serán 3.5 millones más; es decir, durante este sexenio se regularizarán 30 millones de hectáreas para alcanzar un total de 93 millones acumuladas al cierre del programa previsto para el próximo año.

Una reciente evaluación de los impactos del Procede, realizada a solicitud de la Auditoría Superior de la Federación arroja los siguientes resultados: contribuye a mantener la paz social en el campo, porque reduce la incidencia de conflictos en los núcleos agrarios y propicia que las controversias se resuelvan a través de la conciliación; facilita la circulación de los derechos agrarios en forma legal.

Se han inscrito en el Registro Agrario Nacional de 1994 a 2004 la enajenación del 8% de los derechos parcelarios. En el pasado los tratos eran verbales, hoy la mayoría se documenta e inscribe, lo que refleja una mayor confianza en las instituciones y los campesinos, provocando un cambio cultural en pro de la legalidad del campo.

Crea mejores condiciones para atraer inversión al facilitar las relaciones contractuales de ejidatarios entre sí, con particulares o con el Estado. El 9% de las parcelas está sujeto a contratos de aprovechamiento, propiciando la compactación de tierras para la producción.

Asumimos la tarea de procurar estos contratos para que se den en condiciones de legalidad y equidad para los propietarios de la tierra.

Respecto a las colonias agrícolas y ganaderas, de un universo de 781, en el período de 1960 a 2000 se regularizaron 404; de 2001 a 2005, 324; involucran una superficie de 3 millones 045 mil hectáreas en beneficio de 24 mil 284 familias. Las 53 colonias restantes serán regularizadas el próximo año.

Regularización de terrenos nacionales.- Se han expedido 37 mil 349 títulos sobre 269 mil 399 hectáreas. Los títulos se han enajenado por debajo de su valor comercial en los casos de beneficiarios indígenas.

La solución de conflictos agrarios y el ordenamiento de la propiedad rural constituye una prioridad para la formación de patrimonio de los campesinos, estimulan su acceso al desarrollo rural integral, y son un elemento indispensable para alcanzar a plenitud el desarrollo del país.

Al término de la presente Administración más de cuatro millones de familias tendrán certeza en su patrimonio.

Tercer eje: Desarrollo Agrario. La estrategia integral de desarrollo agrario se sustenta en la operación de diversos programas enfocados a la atención de los grupos sin tierra, las mujeres rurales, los jóvenes y los adultos mayores, con el propósito de fortalecer el tejido social y propiciar condiciones favorables para la inversión productiva.

A la fecha se han financiado siete mil 811 proyectos productivos en beneficio de 123 mil 69 familias, con una inversión de mil 575 millones de pesos.

De la evaluación de proyectos productivos subsidiados durante 2003 y 2004 se obtuvieron los siguientes datos: fondo de apoyo a proyectos productivos, FAPA, el 50% de los proyectos no operan total o parcialmente; el 25% modificó los conceptos de inversión.

En el caso del Programa de la Mujer en el Sector Agrario, Promusac, el 38% de los proyectos no operan total o parcialmente y el 36% presentan modificaciones a los conceptos de inversión.

Estos resultados exigen impulsar una mayor corresponsabilidad entre las organizaciones campesinas, beneficiarios y gobierno; estudiar la posibilidad de establecer las aportaciones de los beneficiarios para complementar los subsidios otorgados y potenciar los recursos existentes y certificar el acceso a los programas.

Los mayores retos del campo mexicano son: el envejecimiento de más del 50% de los sujetos agrarios y la falta de acceso a la tierra de cerca de nueve millones de jóvenes, de los cuales emigran diariamente cerca de 550.

Por ello queremos trabajar con las dos puntas generacionales; por un lado, apoyar a los jóvenes que no tienen acceso a la tierra; por el otro, a los adultos mayores que dejan su vida en el surco y no obstante carecen de la oportunidad de retiro digno.

Por instrucciones del Presidente de la República se puso en marcha la prueba piloto de los programas Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras, en 10 entidades federativas; se instalaron 170 proyectos escuela con una inversión de 70 millones de pesos para la capacitación técnica y empresarial de cuatro mil 790 jóvenes. Estos programas se amplían a partir de este mes de octubre en forma demostrativa en todo el país.

El Fondo de Tierras hará posible que el adulto mayor le sea administrado el producto de la venta de sus parcelas, al cual se agregarán recursos de oportunidades para asegurarle una pensión de un salario mínimo, acceso a servicios de salud y un seguro de vida.

El pasado 14 de abril, en cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, se presentaron propuestas de reformas a la Ley Agraria y a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que junto con otras de esta Comisión y de senadores de la República fueron analizadas por ustedes, señoras y señores diputados, hasta llegar a un proyecto consensuado.

Es de esperarse que, una vez que concluyan los foros a que esta Comisión ha convocado, en breve el Legislativo apruebe la nueva Ley Federal Agraria.

Señoras y señores diputados:

El campo no está solo ni se le ha abandonado; el desarrollo rural requiere que la tierra se convierta en patrimonio de los campesinos, que ejidatarios y comuneros reciban capacitación, financiamiento y acceso a la tecnología para superar su condición de pobreza.

Tenemos que ofrecer más alternativas a la población en el medio rural; si con la solución de conflictos y el ordenamiento de la propiedad llevamos paz al campo, esta no es suficiente para mejorar la condición de vida de sus habitantes.

Debemos considerar todos los componentes del desarrollo rural integral sustentable; la formación de capital social y humano, así como la creación de infraestructura y la integración productiva para mejorar las oportunidades de las familias campesinas.

Es necesario incrementar la colaboración entre los tres órdenes de gobierno, organizaciones campesinas de propietarios rurales y de productores. Sigamos pugnando porque al frente del desafío de la globalización se reduzca el rezago en el medio rural.

El Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, ha señalado: La justicia social, el bien común en el sector agrario sólo pueden garantizarse con políticas públicas que promuevan las capacidades individuales, la inminente dignidad de las personas, las capacidades colectivas y las capacidades comunitarias. Trabajar por el campo es trabajar por la fortaleza de México.

Muchas gracias.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Para dar cumplimiento al punto quinto, incisos b), c) y d), se han inscrito para la primera ronda de preguntas y réplicas los siguientes ciudadanos diputados: Por el Partido Verde Ecologista de México el diputado Manuel Velasco Coello; por el Partido de la Revolución Democrática, diputada Ana Lilia Guillén Quiroz; por el Partido Acción Nacional pregunta la diputada Margarita Chávez Murguía y réplica diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez; por el Partido Revolucionario Institucional el diputado José Lamberto Díaz Nieves.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos para formular su pregunta el diputado Manuel Velasco Coello.

El diputado Manuel Velasco Coello: Con el permiso de la Presidencia, señor secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, compañeras y compañeros diputados.

Los conflictos sociales por la tenencia de la tierra han sido históricamente una causal, no sólo de abandono para muchos mexicanos de sus regiones de origen, sino de igual manera de deterioro ambiental y degradación de los recursos naturales, lo que ha incidido de manera importante en el desarrollo de diversos sectores.

A lo largo de su intervención usted señaló los principales ejes de la política agraria, destacando el referente a la atención de los denominados focos rojos, entre los cuales se encuentra clasificado como tal el conflicto de la comunidad Zona Lacandona, la región Selva Lacandona, la cual representa cerca del 13% del territorio del estado de Chiapas, muestra una de las extensiones más grandes en el país de selvas altas, uno de los ecosistemas más complejos y diversos que se conocen, pero a la vez uno de los más vulnerables.

Por otro lado este importante macizo selvático ofrece potenciales servicios ambientales como la regulación hidrológica a nivel regional, generando más del 30% de energía eléctrica del país, el control de la erosión y el mantenimiento de la humedad de los suelos.

En este contexto en 1978 se decretó el establecimiento de la reserva de la biosfera de Montes Azules, cuya superficie se superponen aproximadamente el 70% con la superficie comunal, dentro de la cual se localizan asentamientos humanos irregulares, siendo importante señalar que el decreto referido no es expropiatorio sino normativo y que en realidad lo único que generó fue aumentar los conflictos por la tenencia de la tierra en la región.

Ante esta situación, señor Secretario, le solicito su respuesta a los siguientes planteamientos: ¿Cuál es la superficie real que se encuentra en conflicto y el universo total de atención?, ya que sistemáticamente se difunden cifras diferentes. ¿Qué tipo de trabajo han realizado en la zona para reubicar a los asentamientos irregulares, cuántos han sido exitosos y cuál ha sido el monto de la inversión gubernamental para la creación de infraestructura y servicios en estos casos? ¿Cuál es la estrategia de la Secretaría de la Reforma Agraria para garantizar que la inversión pública que se está invirtiendo para resolver el problema de las invasiones dentro de la reserva de Montes Azules realmente sirva para detener por completo esta situación de perjuicio ambiental en los próximos años?

El verdadero reconocimiento de la importancia de los recursos naturales y el medio ambiental son determinantes para un desarrollo integral sustentable. En este sentido, se ha impulsado por parte de esta Secretaría una reconversión productiva, que reemplace cultivos tanto tradicionales como extensivos en el uso de recursos naturales en los nuevos centros de población.

Tenemos información en el sentido de que se han detenido las reubicaciones de poblados irregulares en la reserva de la Biosfera en Montes Azules.

¿A qué se debe esta situación? Los problemas agrarios han generado un alto costo social y económico a la nación, con el objeto de evitar que esta conducta persista, le pregunto, ¿qué medidas se han instrumentado para contener nuevas invasiones?, ya que éstas dificultarían en mucho la posible solución del conflicto.

A lo largo de la presente administración, se ha cuestionado la falta de coordinación interinstitucional para la atención de asuntos de Estado, en este sentido, ¿cuál ha sido la participación de otras dependencias del Gobierno Federal involucradas en la reserva de la Biosfera de Montes Azules, como es Semarnat, Semar, CDI, Sedesol, y si existe en éstas previsión de recursos para el seguimiento del programa?

La falta de acuerdos ha sido otra constante; sin embargo, aquí se observa una dinámica diferente, ¿cuál ha sido el papel del Gobierno del estado de Chiapas?, ¿existen los apoyos necesarios para su pronta solución?

Sabemos que se están realizando trabajos técnicos en diversas regiones de la zona, ¿cuál es el sentido y avance de los mismos?

A últimas fechas poco hemos sabido respecto de la situación real existente en la zona, por lo cual es importante que informe sobre el avance de las negociaciones, así como el tiempo estimado de conclusión del conflicto.

Muchas gracias por sus respuestas, señor Secretario.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Tiene la palabra el licenciado Florencio Salazar Adame, hasta por cinco minutos para dar respuesta.

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame: Señor diputado Velasco Coello, le aprecio mucho el interés que muestra usted por la solución del asunto de la Comunidad Lacandona, Montes Azules.

Hemos realizado ahí un trabajo interinstitucional que involucra a diferentes secretarías, como es la Sedesol, Sagarpa, Semarnat y Gobernación y desde luego, una estrecha coordinación con el Gobierno del Estado.

La conflictividad agraria de las zona nos arroja 138 asuntos resueltos, que involucran 95 mil 734 hectáreas y de las cuales hemos hecho pagos compensatorios por 26 mil 919, esto implica una inversión de 163 millones de pesos.

Debo referirle a usted que en relación con la atención a la Comunidad Zona Lacandona, localizamos 22 actores, con los cuales hemos establecido convenios de conciliación.

Poblados posteriores a la generación de la Comunidad son 47, los asentamientos irregulares 31 y presuntos propietarios 71 más, con lo cual se arrojan 211 casos. Tenemos hoy un avance de 16 de ellos, acuerdos de la totalidad informada con 94 y conciliación con 101.

Los trabajos técnicos que se realizan son para la identificación del perímetro, para resolver el diferendo de 614 mil hectáreas que reclama la Comunidad o 501 de acuerdo a la documentación existente.

Debo señalarle que de los 16 casos concluidos, hemos realizado negociaciones para reubicación con 8 grupos de ellos, que son Santa Martha, Nueva Magdalena, Nuevo Montes Azules, esos son los nuevos asentamientos donde hemos trasladado a estos grupos y hemos beneficiado a 292 familias y se han recuperado 2 mil 372 hectáreas de la reserva de la Biosfera de Montes Azules.

Igualmente, convenimos con la Comunidad Lacandona expropiaciones concertadas, en beneficio de 115 familias, recuperando 2 mil 857 mil (sic) hectáreas.

Grupos que retornaron a su lugar de origen como parte de esta negociación fueron 37 y recuperamos 285 hectáreas y hemos compensado económicamente a 120 familias para recuperar mil 200 hectáreas.

Debo señalarle a usted que estimamos que las diferentes etapas de negociación establecidas llevamos un buen avance, sobre todo porque ha habido una plena disposición, tanto de los grupos involucrados como de los asentamientos irregulares e igual de las instituciones que en este programa participamos.

Estamos cuidando de manera muy cuidadosa las reubicaciones, debo señalar rápidamente que se formaron comités por parte de los beneficiarios, les ofrecimos alternativas de diferentes predios, seleccionaron aquellos que les parecieron más convenientes, inmediatamente que fueron determinados estos espacios intervinieron las diferentes instituciones para crear infraestructura, habitación, servicios de educación y de salud, comunicación por las vías más cercanas y desde luego durante los primeros 6 meses se les ha dado recursos alimentarios mientras hacen a su tierra productiva.

Sin embargo, mantenemos un permanente monitoreo sobre estos temas, porque nos queda claro y hay informes del Banco Mundial y de Cepal en este sentido, que hasta ahora no ha habido reubicaciones de poblados indígenas que sean exitosas en el mundo, esperamos que sean las primeras.

Y me gustaría, diputado, vamos a estar en la Selva Lacandona en un par de semanas siguiendo negociaciones con la comunidad y con los reubicados de Chiapas que es otro segmento que estamos tratando y desde ahora le formulo una invitación y nos gustaría que nos acompañen.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Se le concede la palabra hasta por 5 minutos para réplica al diputado Manuel Velasco Coello.

El diputado Manuel Velasco Coello: Con su permiso, señor Presidente.

Muchas gracias, señor secretario Florencio Salazar, con mucho gusto lo acompañamos cuando ustedes nos proporcionen la fecha para estar en la Selva Lacondona con ustedes y ése es el ánimo que nosotros tenemos en el Partido Verde coadyuvar para que se generen acuerdos y podamos contribuir juntos a resolver conflictos y generar soluciones. Muchas gracias, señor Secretario.

Le agradezco la gentileza al dar respuesta a las inquietudes que le planteé en mi intervención inicial, y en seguida quiero enfatizar en un tema que nos resulta de especial interés y ése es el que tiene que ver con la posibilidad de que los jóvenes campesinos puedan contar con una alternativa de adquirir las parcelas de sus padres y de esta manera generar oportunidades de empleo.

Por otra parte, esta iniciativa tiene la bondad de que los actuales ejidatarios opten por una posibilidad de retiro en la actividad productiva y con la confianza de que alguno de sus hijos pueda explotar su parcela. Sobre éste particular, me gustaría que usted profundizara en su opinión.

Otro aspecto que representa para nosotros de especial interés es el que tiene que ver con las acciones dirigidas a proteger el patrimonio de los ejidos y las comunidades.

En relación a la iniciativa de ley que se encuentra en proceso en esta Comisión de Reforma Agraria, agradezco a usted nos pueda brindar su opinión y puntos de vista sobre este asunto.

Para el Partido Verde resulta especial interés todo lo que tiene que ver con las organizaciones sociales y de las asociaciones y sociedades agrarias, sobre este aspecto también nos interesa conocer su punto de vista y la posición de la Secretaría como política de Estado con respecto a estos temas: ampliación de oportunidades para los jóvenes, protección jurídica del patrimonio de los ejidatarios y los aspectos de organización social de los mismos.

Muchas gracias.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Se le concede la palabra hasta por 5 minutos, para formular su pregunta a la ciudadana diputada Ana Lilia Guillén Quiróz del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz: Muchas gracias, señor Presidente.

Buenas tardes compañeras, compañeros. Bienvenido señor Secretario a esta Cámara de Diputados.

El tema de la tenencia de la tierra debe ser una importancia fundamental, dado que las políticas públicas que se aplican permiten coadyuvar a corregir los amplios desniveles económicos que se presentan en el campo mexicano, donde existen indicadores que muestran que en el medio rural se concentra la mayor parte de la población que vive en pobreza y pobreza extrema, esto es, más del 50% de la población.

Es por ello que acudimos a esta Tribuna, con la convicción de que obtendremos respuestas y compromisos firmes que orienten a acciones para el mejor desarrollo de nuestra nación.

Muchos son los temas, corto es el tiempo que se nos asigna en el formato, por lo cual me voy a limitar a hacer referencia la tema de la Certificación de la Propiedad Rural, de manera un tanto cuanto informal.

Después de la denominada Contrarreforma Agraria en 1992, la propiedad rural ha sido puesta a los vaivenes del mercado, donde el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, el Programa Procede, es el instrumento que pretende dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, a través de la entrega de los certificados parcelarios y/o certificados de derecho de uso común, así como de los títulos de solares a favor de los individuos con derechos que integran los núcleos agrarios que así lo aprueben y soliciten.

El Procede es con ello, el Programa prioritario de la anunciada Segunda Etapa de la Reforma Agraria Mexicana, que conllevaría al arranque productivo del área rural, cosa que hasta el día de hoy no lo vemos verdaderamente reflejado en el campo mexicano.

En este ámbito, señor Secretario, una de mis preguntas sería: la dependencia a su cargo ¿ha instrumentado acciones de certificación parcelaria aplicando métodos que hayan ocasionado la oposición de grupos agrarios y de descontento social?

Sabemos que los requisitos para la implementación del Programa Procede, son: acta de nacimiento, credencial del IFE, la vigencia de derechos, la constancia de avecindamiento, ¿es posible exentar de cualquiera de estos requisitos a los ejidatarios para integrarse a la titulación?

El Procede es un Programa que puede considerarse generoso y esto lo digo como un reconocimiento, pero pareciera que algunos empleados que lo aplican, lo hacen con el ánimo de resolver su problema de vida y no resolver de fondo para los ejidatarios del gobierno el problema que existe, que es la devastación, el desempleo y la falta de productividad.

Nos preocupa, si ustedes han recibido quejas, cuántas y en qué sentido. Su servidora, a lo largo de estos dos años, ha tenido un acercamiento constante con la gente del campo, en el trabajo de esta Comisión, y hemos encontrado que el Procede se aplica, el diputado Presidente de esa Comisión, tiene las quejas que hemos presentado a él, de empleados federales que aplican el Programa Procede con las firmas de asistencia, no con la discusión de los puntos del orden del día de las asambleas en donde se supone que debieron aprobarse.

Esto ha generado situaciones de inconformidad. ¿Ustedes tienen conocimiento de ello o debemos dar por hecho que sigue sin atenderse sin escucharse, sin oírse las quejas de la gente del campo?

Sabemos que es requisito indispensable que firme el representante de INEGI las actas de asamblea y cuando esto no sucede, ¿qué connotación tiene, señor Secretario?

Otra de mis preguntas es: ¿se puede implementar el Procede y parcelar sólo una parte del ejido?

Sabemos que se han dado muchas irregularidades, en donde el empleado federal propone incluso, incluir en los ejidos a personas que no tienen nada qué ver, pagando una X cantidad y desgraciadamente, a veces la lejanía y la pobreza de la gente evita que esas cosas se sepan y se conozcan.

A mí en lo particular sí me gustaría —y voy a respetar el tiempo, aunque parezca que no— una respuesta a cada una de estas preguntas de su parte, señor Secretario. Mucho se lo agradezco.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Se le concede la palabra al licenciado Florencio Salazar Adame hasta por cinco minutos para dar respuesta.

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame: Gracias, señora diputada. en efecto, el Procede es un programa prioritario para el sector agrario y para el desarrollo rural en los términos que hemos expuesto de manera inicial.

Nos parece que no es el Procede el que ubica mejor el caso de la tierra en los vaivenes del mercado, es la demanda de la misma tierra por el mercado y esto ha ocurrido siempre. Lo que el Procede hace ahora es darle orden y que los campesinos, en efecto, al constituirlo en patrimonio, puedan venderla —si fuera el caso— la tierra, con pleno conocimiento de causa y en términos equitativos.

No pondré en duda el hecho de que haya quejas en torno al Procede; las hemos recibido, las hemos atendido y tratándose de un programa voluntario, de manera alguna se le impone a ningún núcleo agrario.

Pero también hay una incidencia de inconformes que son un grupo minoritario que pretenden sobreponerse al mandato de las asambleas.

El Procede no tiene manera de ser manipulado; es un programa que cuando se inicia y concluye en un núcleo agrario tiene una duración promedio de 300 días, en los cuales se celebran diversas asambleas, se exhibe la lista nominal de sujetos agrarios, se presenta también a la asamblea los proyectos de planos y finalmente se resuelve el destino de la tierra.

Cuando concluye el Procede hay un ordenamiento parcelario de tierras comunes, solares, y queda claro cuáles son las dimensiones de cada núcleo en relación con sus vecinos, de tal manera que resuelve problemas y da certidumbre en la tenencia, pero se mantiene como propiedad social para que pasen al régimen de propiedad privada y consecuentemente puedan entrar al mercado de tierras, se requiere una asamblea más que así lo apruebe.

Debo señalarle a usted que nos empeñamos por hacer un esfuerzo porque este programa cumpla sus metas y tenemos previsto el cierre del mismo para el próximo año con la certificación de 93 millones de hectáreas. Como usted advertirá van a quedar pendientes 10 millones del total de la superficie total que hay en el país y esto obedece a tres causas fundamentales: a que no son certificables los cuerpos de agua ni la infraestructura, a que hay núcleos agrarios que se encuentran en litigios en los tribunales y a que hay otros que los rechazan, por eso no vamos a alcanzar la meta del 100%.

En cuanto a lo que se refiere a los requisitos para poder participar en estas asambleas pueden exentarse algunos documentos; no así el acta de nacimiento porque los ejidatarios deben ser, todos, mexicanos.

Tampoco es requisito que el personal del INEGI firme actas; sólo planos, y sí pueden, por acuerdo de la asamblea hacerse un Procede parcial. Las asambleas conforme al artículo 23 de la Ley Agraria tienen la libertad en lo que se refiere a que si personas ajenas a los núcleos pueden incorporarse, de aceptar a nuevos ejidatarios sin que la autoridad agraria intervenga. Esta es una decisión soberana de la asamblea, suelen hacerlo a cambio de una prestación económica. Ellos sí cumplen con los procesos, hacen las inscripciones correspondientes y si hay inconformidades, pues los inconformes deben acudir a los Tribunales Agrarios.

Es cuanto, señora Diputada.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para réplica, la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz.

La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz: Le agradezco todas las respuestas, señor Secretario, y me da mucho gusto, con esto quitar alguna duda que yo tenía en algunas cuestiones en las que hemos estado trabajando.

Me da mucho gusto que la respuesta se dé aquí de manera formal y no en los medios, porque yo lo esperaba desde hace algunos días esta respuesta y solamente voy a aprovechar para hacer una precisión, de que el mejor ejemplo de que el Procede puede proceder más lo tenemos en el Tamarindillo y con esto le quiero hacer notar señor Secretario, que se sigue pagando con pesos y centavos a los más desprotegidos de este país y sin que haya una verdadera respuesta jurídica a ellos ni aún cuando se pide de manera formal. Muchas gracias.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Se le concede la palabra hasta por cinco minutos para formular su pregunta, a la ciudadana diputada Margarita Chávez Murguía del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Margarita Chávez Murguía: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores; señor secretario licenciado Florencio Salazar, bienvenido a esta su casa, la Cámara de Diputados.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ha analizado el Informe que se ha entregado a esta soberanía para llevar a cabo el análisis correspondiente de la dependencia a su cargo; vamos a tratar de ser concretos y prácticos en las preguntas.

Todos sabemos lo importante que es para las familias en los ejidos y comunidades la seguridad jurídica que el Programa de Procede otorga a los titulares de los derechos parcelarios, derechos a las tierras de uso común y a cada una de las familias, hoy no nada más Procede sino el Programa de Certificación de Derechos Ejidales.

Derechos a las tierras de uso común y a cada una de las familias que tienen sus solares urbanos, sus casas en terrenos ejidales y comunales así dando respuesta a un derecho fundamental, el derecho a la propiedad, necesario para promover el desarrollo social y económico de nuestras comunidades rurales.

Sin embargo, conocemos también que el esfuerzo necesario para continuar con la certificación en los núcleos agrarios que faltan, conforme avanza la certificación tienden a que haya problemática o a que se cree o se vean, se noten las problemáticas en los ejidos y comunidades.

Algunos de estos problemas son de alto impacto social, por lo que se requeriría o se requiere su urgente resolución, no sólo para certificarlos sino para llevar la seguridad jurídica y tranquilidad social, por eso es importante saber señor Secretario, ¿en cuántos ejidos y comunidades están suspendidos los trabajos de Procede?; me refiero a aquellos en los que en un momento dado aceptaron entrar a Procede.

Y después precisamente, ¿cómo se empieza a ubicar las limitaciones o los límites entre unos y otros acaban generando una supuesta conflictividad que hace que en muchas ocasiones se detengan por el momento los trabajos hasta que acaban entendiendo los ejidatarios realmente hasta dónde están los límites de su propiedad? Entonces sí sería conveniente saber en cuántos ejidos y comunidades está suspendidos el trabajo o los trabajos de Procede.

¿Cuál ha sido la dinámica para resolver los problemas que la conurbación ante el crecimiento generalmente desordenado de las grandes ciudades y que están absorbiendo tierras ejidales y comunales que están provocando realmente conflictos o que provocan en muchas ocasiones que a los ejidatarios se les esté pagando o se les pague de una manera no muy justa por parte de algunos conurbadores urbanos lo que es su tierra.

¿Cuál ha sido la dinámica en un momento dado y hasta dónde puede y tiene la facultad o la posibilidad la autoridad ejidal, la Secretaría de la Reforma Agraria, para intervenir y para apoyar y para poder capacitar o poder asesorar a los ejidatarios en esta materia?

Pero también, sobre todo, para que se puedan sumar esas tierras al desarrollo, beneficiando económicamente a los ejidatarios e impidiendo que se estén transgrediendo las leyes en la materia, como son las de asentamientos humanos y los programas de desarrollo urbano municipales.

¿Cuántas resoluciones presidenciales en materia de expropiación por ejecutarse se han identificado con los trabajos del Procede?

Y en términos de los focos rojos, es un hecho y la verdad es de felicitar el avance que se ha logrado tener en materia de focos rojos. Sin embargo, también a mi me queda la duda hasta dónde en esos diez focos rojos, en los que ya se están concluidos, podemos tener alguna garantía o podemos tener alguna seguridad de que realmente no van los ejidatarios que hayan llegado a acuerdos, no van dentro de dos, tres años o diez años a echar atrás esos acuerdos que el día de hoy llegaron, no nada más con la otra parte con quien tenían conflicto, sino con el mismo gobierno estatal, federal y municipal.

El Fondo de Tierras y Joven Emprendedor es fundamental, ya que el campo mexicano le quiere garantizar su futuro a través del desarrollo agrario.

En ese sentido ya nos habló usted de su reporte y de cómo van los programas, el Programa de Joven Emprendedor y Fondo de Tierras, pero ¿cómo se estaría visualizando por parte de esta administración el tomar las medidas para darles continuidad y que estos programas realmente tengan, traspasen un proceso sexenal o una administración y realmente se de tiempo a que den frutos en ese campo mexicano y para esos jóvenes emprendedores que están apoyando y fortaleciéndose con este Programa?

Por sus respuestas muchas gracias.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Se le concede la palabra al licenciado Florencio Salazar Adame hasta por cinco minutos para dar respuesta.

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame: Gracias, diputado Presidente. diputada Margarita Chávez Murguía, aprecio mucho sus preguntas.

Desde luego queda claro que el Procede es un programa que contribuye en muchos sentidos a que haya las posibilidades de desarrollo rural. No ponemos tampoco en duda de que pudieran cometerse o abusos por algunos de los encargados de realizarlo en núcleos agrarios.

Sin embargo, siempre estamos atentos a hacer las correcciones necesarios cuando se nos presentan quejas fundadas.

En relación a las respuestas que merecen sus preguntas, debo señalarle a usted que en efecto, uno de los mayores demandantes de tierra social es el crecimiento urbano. La explosión demográfica, la construcción de infraestructura en las ciudades y poblaciones, exige aproximadamente un 60% de propiedad social, sean ejidos o sean comunidades.

El Procede hace posible que con la certificación y regularización de la tierra, ésta pueda incorporarse en términos más benéficos al mercado. Hace unas cuantas semanas estuvimos en la isla de (inaudible), Quintana Roo, entregando los títulos de Procede y vi un lote que estaba en venta y le preguntaba yo a mi ejidatario que cómo lo vendía si no había concluido el proceso, todavía no tenía los documentos para poder pasar al régimen de propiedad privada y dijo:

Siempre ha sido una costumbre y nosotros hacemos documentos privados, hacemos las transacciones correspondientes y pasa de manos la tierra y todos están de acuerdo.

Dice: Pero no le puedo decir cuánto vale, porque le puedo decir cuánto valía ayer. Hoy que entró al Procede, vale más. No sé que tanto más, pero vale más.

Y esto dicho directamente por un campesino muestra lo que implica la aplicación de este importante Programa. Desde luego, debo señalarle a usted que es importante que los campesinos reciban la justa retribución por la cesión de su patrimonio.

Hemos visto cómo frecuentemente tierras ejidales o comunales son invadidas por fracciones inescrupulosos, por invasores profesionales, que aparentemente venden barata la tierra a quien les demanda la necesidad de un lote urbano y que, sin embargo, los campesinos son prácticamente despojados de estas tierras y se generan muchos problemas para la prestación de servicios.

Por eso, nosotros hemos suscrito un convenio con la Sedesol, un convenio marco en septiembre de 2004, en el cual también interviene la Conafovi, CORETT, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y Fonape, y un convenio específico entre Sedesol también para formalizar la ejecución del programa piloto para las ciudades de Mexicali, Baja California, Iguala, Toluca, Cuernavaca, Morelos, San Luis Río Colorado, Sonora y Mérida.

Este programa piloto va a permitir intercambiar información entre los sectores agrario y social, o está permitiendo, mejor dicho; identificar obstáculo de carácter legal y operativo en los procesos para incorporar tierra social al desarrollo urbano; promueve la participación y sensibilización de gobiernos locales y núcleos agrarios involucrados; coadyuva, en su caso, a la plusvalía generada en beneficio de los campesinos y establece una política pública transversal mediante la cual los sectores social, agrario, estatal y municipal sumen esfuerzos.

Nos parece que si continuamos con estas líneas de trabajo, vamos a contribuir de manera significativa al ordenamiento urbano, y repito, a que los campesinos reciban el valor que corresponde a sus tierras.

En cuanto a los focos rojos, le puedo asegurar que los hemos consolidado porque los grupos especiales de trabajo establecidos celebran acuerdos, previa aceptación de asamblea y de los núcleos en conflicto; éstos, una vez pactados, llevan a la realización de avalúos para emitir pagos compensatorios cuando se distribuye la tierra o el propio pago, y finalmente son los tribunales agrarios los que distribuyen en recurso.

Con esto nos aseguramos de que las cuestiones que comprenden estos focos rojos estén jurídicamente resueltos y jurídicamente también sean considerados como cosa juzgada.

Desde luego, debo señalarle a usted que en materia agraria nadie puede decir la última palabra; no sabemos en qué momento puede haber una inconformidad, un conflicto entre vecinos y que un problema superado pueda revertirse.

Confiamos, sin embargo, que por la manera escrupulosa, cuidadosa, por el tiempo de negociación que llevamos al resolver estos conflictos, esto no tenga en el futuro posibilidades de revertirse.

Y finalmente, sobre el Fondo de Tierras y Joven Emprendedor, le digo a usted que es un programa piloto, demostrativo, así lo hemos señalado; lo estamos ampliando a todo el país pero en núcleos seleccionados de acuerdo con los gobiernos de las entidades. Y hemos señalado que es un programa piloto y demostrativo porque es un programa muy, pero muy importante.

En opinión del Banco Mundial, el Fondo de Tierras puede convertirse en un detonador de un cambio estructural en el campo para hacerlo más productivo, para poder retirar con una pensión a los campesinos mayores y que los jóvenes tengan acceso al financiamiento, a la capacitación y a la tecnología. Cuidamos que sea acertado para que no tengamos nosotros posibilidades de frustrar el programa.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Se le concede la palabra hasta por cinco minutos para réplica a la ciudadana diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez.

La diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez: Muy buenas tardes. Con permiso de la Presidencia, compañeras legisladoras, compañeros legisladores; señor Secretario, bienvenido sea usted esta tarde.

Hemos escuchado sus respuestas con muchísima atención, lo cual nos brinda la seguridad del compromiso de trabajo que la dependencia a su cargo tiene con el campo mexicano para brindar la certeza necesaria respecto de la tenencia de la tierra.

Ante el cúmulo que carencias que se venían arrastrando durante años, es de reconocer el trabajo realizado a través del Procede, por certificar desde diciembre del 2000 hasta julio del 2005 más de 20 millones de hectáreas para otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra, de poco más de 974 mil sujetos de derecho; ya que al contar con los documentos que certifican los derechos agrarios se ofrece a las comunidades y a los individuos la oportunidad de elevar sus ingresos, pero sobre todo, de consolidar su capital social.

Si bien el trabajo de la dependencia a su cargo ha sido meritorio, los legisladores de Acción Nacional le exhortamos a mantener esa misma dinámica en el año que resta de esta administración e incluso a redoblar esfuerzos.

De tal forma, que puedan rendirse cuentas positivas a las familias mexicanas que viven en el campo de nuestro país. Asimismo, le invitamos a seguir manteniendo un contacto permanente con este Poder Legislativo, tal y como ha sucedido durante esta Legislatura, en donde el trabajo coordinado nos ha permitido dar pasos sustanciales en la conformación de un marco jurídico agrario que responda a las demandas reales de los núcleos agrarios.

Queda comprobado que mediante este esquema de colaboración los proyectos enriquecen y, por lo tanto, su viabilidad es mucho mayor.

En una sociedad democrática el gobierno debe entregar cuentas claras de su gestión a los ciudadanos que lo eligieron, de ahí la importancia de la rendición de cuentas. En el campo este punto cobra especial relevancia para evitar que a pesar del esfuerzo por dotarlo de mayores recursos los resultados sean insuficientes.

Por ello, señor Secretario, es su deber combatir con todo rigor las prácticas corruptas que durante muchísimos años se llevaron a cabo en materia agraria bajo el cobijo del ocultamiento de la información.

La rendición de cuentas es un avance significativo de esta Administración, porque permite que la sociedad tenga las herramientas necesarias para conocer el desempeño de su gobierno, y así evaluar la gestión realizada con objetividad.

Con ello la sociedad rural asume una mayor participación en las acciones que le corresponde realizar a la Administración Pública.

Desde el ámbito del Poder Legislativo buscaremos que la dependencia a su cargo cuente con recursos suficientes para atender con oportunidad las metas planteadas para este sexenio. Así también mantendremos un contacto frecuente para solicitar información sobre los avances alcanzados y las metas cumplidas.

El campo mexicano requiere de trabajo efectivo y en Acción Nacional le ofrecemos nuestra colaboración permanente para avanzar en el desarrollo de este sector tan importante para nuestro país.

Por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Se le concede la palabra hasta por cinco minutos, para formular su pregunta, al ciudadano diputado José Lamberto Díaz Nieblas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Lamberto Díaz Nieblas: Muy buenas tardes a todos. Gracias por su comparecencia, señor Secretario, por asistir a esta Cámara de Diputados y darnos la información que los diputados le estamos solicitando.

Yo quiero reconocerle a la Secretaría que usted dirige, que encabeza, el trabajo, y que aquí ha sido bastante bien resaltado de Procede, en todo este hectareaje y gran número de beneficiarios, que es un paso importantísimo en el campo. De la misma manera la asesoría jurídica en mil 281 sociedades, asesorías a grupos campesinos.

Pero que todavía fuera del ordenamiento de la propiedad rural nosotros, en lo que es las políticas para el impulso al desarrollo rural, vemos un gran rezago; mil 281 sociedades en un territorio de la mitad que es propiedad social en este país, vemos nosotros esfuerzos muy tenues; vemos que damos como el burrito: un paso para adelante y dos pasos para atrás en el Presupuesto, puesto que aún cuando el Ejecutivo da muestras de que no le interesa el campo, que nos manda presupuestos sumamente bajos, los diputados seguimos empeñados en incrementarlo sustancialmente, pero a la vez, sentimos que de nuevo nos vuelven a mandar el fomento a la organización agraria, sin Presupuesto; nos mandan a FAPA, sin Presupuesto y a Promusac también sin Presupuesto. El Joven Emprendedor, de 118 que aprobamos con el ajuste en 113 nos lo mandan en 50 millones.

Estas señales encontradas que recibimos en la Cámara de Diputados, desde luego que nos desaniman, desde luego que notamos nosotros un diálogo de sordos entre el Ejecutivo y el Legislativo y desde luego que a nosotros nos preocupa que las organizaciones de productores estén desesperadas, estén rezagadas en su atención por parte del Gobierno Federal, aún cuando por parte nuestra ha existido toda la voluntad y de allá para acá, con el veto de leyes, con controversias, con señales encontradas de doble discurso, nos preocupa señor Secretario.

Por eso debemos de preguntarle a usted: ¿Cuál es la posición definitiva de esta Secretaría en ese sentido? ¿Cuál va a ser la estrategia para estos programas y recursos que ustedes nos está enviando para acá, el Ejecutivo, de un presupuesto que no trae aparejado números, cifras? ¿Por qué esta incongruencia pues en este discurso?

Y relacionado con los focos rojos que ya también se comentó en este Recinto, yo quisiera referirme a mi estado. Yo he estado dándole seguimiento al foco rojo de los yaquis. Usted sabe muy bien que hemos asistido de aquí, de esta Cámara de Diputados, tanto la Comisión de Asuntos Indígenas como la Comisión de Reforma Agraria, hemos estado muy en contacto con sus funcionarios del Gobierno Federal, nos consta que hay voluntad de parte de esta Cámara en atender ese renglón, el conflicto, en abonar en su solución hemos sido respetuosos, nos consta que el Gobernador del estado tiene voluntad política en su arreglo, ha participado, pero vemos incumplimiento de esta Secretaría en un compromiso de una fotogrametría que se convino con esta etnia y vemos también incumplimiento en 79 acciones que se ofreció llevar a cabo con la etnia.

Entonces nosotros estamos preocupados señor Secretario y queremos escuchar su informe porque no viene en el resultado del informe, que me tomé toda la atención de leerlo, ¿qué va a pasar con estos 38 mil indígenas yaquis que tienen ya 62 años con este conflicto? Es el grupo operativo que estaba trabajando con los yaquis, ¿está laborando todavía, ya se retiró? ¿Podríamos tener un informe de trabajo de ese grupo operativo directamente con esta Cámara, las comisiones de Indígenas y de Reforma Agraria?

Mucho le agradecería sus respuestas al respecto.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Se le concede la palabra al licenciado Florencio Salazar Adame hasta por cinco minutos para dar respuesta.

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame: Actualmente, señor diputado Díaz Niebla, existen 30 mil sociedades rurales, las cuales mayoritariamente son sociedades Solidaridad Social, desde luego hay que consolidarlas y para nosotros es muy afortunado que el predictamen de reformas al marco jurídico secundario, confiere fortalecer este tipo de figuras asociativas.

En lo que se refiere a lo de Joven Emprendedor, debo señalarle que en efecto existe la propuesta de una disminución de ejercicio para el próximo año, pero eso obedece a que con autorización de la Secretaría de Hacienda hemos suscrito un financiamiento con el Banco Mundial por 100 millones de dólares que van a ser liberados en cuatro anualidades, la primera al término de esta Administración y las restantes a la mitad del próximo sexenio, con lo cual también queremos asegurar que estos programas se mantengan como una política de Estado.

Son ahora programas pilotos demostrativos, tenemos los programas debidamente fondeados, pero desde luego, si usted recordará la exposición inicial, hablamos de que estamos beneficiando con estos programas, aproximadamente a 5 mil jóvenes y lo que se encuentra, que en condiciones de no acceso a la tierra son 9 millones.

Consecuentemente, la magnitud es extraordinaria, esperemos que este programa consolidado pueda proseguir independientemente del cambio de gobierno y de quienes en este momento gobiernen al país.

En lo que se refiere a la Comunidad Yaqui, nosotros hemos trabajado de manera sistemática con los representantes, usted conoce muy bien la naturaleza sociorreligiosa y política de la comunidad, los cambios anuales que hacen de gobernadores tradicionales que interrumpen los trabajos y hay que iniciarlos nuevamente con quienes ocupan el relevo, es una comunidad muy luchadora, no de ahora, fue de las pocas, por no decir la única, que no fue realmente colonizada ni evangelizada, que se han levantado en armas en diferentes momentos contra el Estado Mexicano desde el Siglo XIX y ellos reclaman que se les reconozca lo que llaman su propiedad histórica, esto es francamente imposible, buena parte de esa propiedad la ocupan actualmente el territorio de los Estados Unidos.

Nosotros a la luz del derecho les hemos explicado cuál es el reconocimiento que hizo en su momento el Gobierno de la República, les presentamos los planos, fueron rechazados, le llamaron al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y le pidieron que le presentaran los planos del archivo del General Cárdenas, lo cual así ocurrió, usted lo recuerda bien.

Y cuando la Comunidad se dio cuenta de que eran los mismos planos, también rechazó los que presentó el ingeniero Cárdenas.

El último punto que hemos negociado con ellos, es hacer trabajos satelitales de medición de la superficie de la Comunidad, estamos ya dispuestos a una nueva reunión, hemos hecho estos trabajos técnicos y esperemos que en un plazo no mayor de un par de semanas, una vez que nos pongamos de acuerdo con la agenda del Gobernador del Estado, se los podamos entregar.

Sí le quiero decir que estamos haciendo un trabajo puntual, serio, responsable, pero usted mejor que nosotros, conoce muy bien la idiosincrasia de esta Comunidad, lo difícil que ha sido negociar con ella, yo acompañé a mi antecesora, la licenciada Herrera Tello a principios de 2003, ya se había convenido la firma del acuerdo de finiquito, por tradición tenían que firmar de los 8 gobernadores, que entonces eran 12, uno tras otro, no pueden firmar de manera simultánea, cuando habían firmado los primeros tres el cuarto no se presentó y el acuerdo se vino abajo.

Esta ha sido lamentablemente una situación frecuente y bueno, ahí requerimos la colaboración de todos los que puedan convencer a la Comunidad de que este tema hay que cerrarlo, en rigor lo hemos asumido pero es un problema de carácter estatal, porque el origen del problema es la expropiación de la famosa cuchilla de 2 mil hectáreas que el Gobierno Federal entregó al Gobierno del Estado, de tal suerte que en ese momento el programa pasó a ser una cuestión de la administración del Gobierno de Sonora, pero lo hemos hecho nuestro porque entendemos su carácter histórico, la importancia de la Comunidad sea atendida, pero sí requerimos de sus buenos oficios, incluyendo desde luego, los suyos, para que podamos llegar a un buen término en este proceso de negociación.

Y en cuanto a que comparezcan directamente los negociadores, pues están a cargo del Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad, que es el responsable de los programas y él por supuesto, vendrá aquí con los negociadores cuando ustedes así lo decidan.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Se le concede la palabra hasta por cinco minutos para réplica, al ciudadano diputado José Lamberto Díaz Niebla.

El diputado José Lamberto Díaz Niebla: Le agradezco la respuesta, señor Secretario, me da mucho gusto que haya esa voluntad del Ejecutivo en incrementar los presupuestos para el joven emprendedor a través de ese crédito, yo creo que bien merecido lo tienen los jóvenes de este país, en general y desde luego, con mayor razón los del área rural que ha sido siempre pospuesta su atención, pero nos falta también lo que le mencionaba del PROMUSAT (?), de FAPA (?), de la mujer campesina, también la mujer se encuentra en este asunto y en este mismo problema.

Desde luego que nosotros vamos a intentar con toda nuestra voluntad, los grupos parlamentarios, de enmendar de nuevo la plana al Ejecutivo en este presupuesto. Lo vamos a hacer porque realmente traemos un compromiso los que procedemos de distritos del área rural, los que tenemos compromisos con las organizaciones campesinas y también le agradezco que este diálogo de la Tribu Yaqui no esté roto, que estos trabajos sateliteles que nos ha ofrecido y este acercamiento con la Cámara de parte del subsecretario de ordenamiento de la propiedad rural llegue con nosotros aquí a la Cámara y también dé la cara también a la Tribu Yaqui, porque mire, en un diario de circulación nacional en la Jornada, más específicamente, en junio de 2005 salió como un caso firme e inamoviblemente jurídicamente en una declaración del señor Subsecretario como que este caso ya está cerrado.

Desde luego que esto preocupa mucho al gobernador del estado y nos preocupa mucho a nosotros ese tipo de declaraciones, y desde luego que enrarecen también el ambiente de solución de los conflictos.

Por eso nosotros venimos a solicitarle esta información a usted como dirigente, como cabeza de este sector agrario y, desde luego, queremos nosotros avanzar, avanzar sustancialmente, porque hemos escuchado ese desarrollo rural e integral, esa tercer etapa del que sigue la Secretaría de Reforma Agraria como cabeza del sector agrario, la hemos escuchado únicamente en los discursos, señor Secretario, ese desarrollo rural e integral, el desarrollo rural y sustentable de la Ley Rural Integral y esta Secretaría como corresponsable de la Sagarpa, tenemos un gran compromiso de levantar este problema del campo y debemos, todos, trabajar comprometidamente su solución.

Yo no he dicho que aquí en estos 5 años de este sexenio se hayan originado estos problemas, pero yo creo que ya es tiempo de que rebasemos el discurso de estar señalando el pasado.

Tenemos que enfrentarnos a una verdadera solución de impulsar un verdadero desarrollo del campo mexicano, o sea, no nos lo permite los problemas de migración que tenemos otros países. Tenemos una pobreza muy marcada en el campo y desde luego a nosotros nos preocupa mucho que los presupuestos que nosotros aprobamos nos enfrentemos a que se vayan a los medios de la Corte y se nos detenga el trabajo en el campo que con tanto entusiasmo estamos llevando acabo aquí en la Cámara de Diputados, nosotros.

Por eso venimos a solicitarle que para este presupuesto se involucren en enmendar la plana, que le hace que el Presidente de la República haya mandado un decreto donde no lo deje participar a usted, solamente a la Secretaría de Hacienda y a la de Gobernación, pero yo creo que debemos todos involucrarnos.

Nos da tristeza de que vayamos a dar la cara a nuestros distritos y no veamos soluciones de fondo a los problemas del campo mexicano.

Y yo creo que debemos de tener un manifiesto compromiso, voluntad política y de parte de nosotros siempre va a encontrar esa gran energía, ese gran apoyo para que su Secretaría avance sustancialmente.

Muchas gracias, por sus respuestas.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Para dar cumplimiento al punto 5º incisos b, c y d, se han inscrito para la segunda ronda de preguntas y réplica los siguientes ciudadanos diputados.

Por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Margarito Fierros Tano. Por el Partido Revolucionario Institucional pregunta diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, réplica diputado José Alfonso Muñoz Muñoz. Por el Partido Acción Nacional pregunta diputado Luis Andrés Esteva Melchor, réplica diputado Rubén Alfredo Torres Zavala. Por el Partido Revolucionario Institucional pregunta diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, réplica diputado Roberto Aquiles Aguilar.

Tiene la palabra hasta por 5 minutos para formular su pregunta, el ciudadano diputado Margarito Fierros Tano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Margarito Fierros Tano: Gracias, Presidente. Señor Secretario, señores diputadas y diputados, señores funcionarios: Sin duda, siempre el diálogo constructivo e institucional entre poderes.

Es indispensable para poder abordar los temas más importantes de la agenda nacional, las distintas formas de la tenencia de la tierra y el marco jurídico que los rige, son temas que competen a usted como Secretario y a nosotros como Poder Legislativo.

Por ello, en un afán de construir puentes de diálogos y desahogar pendientes en la materia agraria, es imperativo que cada uno de nosotros asumamos nuestro compromiso y saquemos adelante todo aquello que beneficie al país en su conjunto. Tanto usted como nosotros, sabemos que aun hay tiempo.

La Secretaría a su cargo ha enarbolado la tesis de que "el ordenamiento de la propiedad en el campo es la plataforma del despegue del Desarrollo Rural Sustentable", para ello se ha avanzado desde 1993, en la certificación de los núcleos agrarios. Esto ha sido un proceso progresivo que actualmente podemos señalar que solamente falta poco más del 10% de certificación en 10, de las 32 entidades federativas.

La pregunta, señor Secretario sería respecto a la Glosa del V Informe, ¿qué avances, beneficios o desarrollo han tenido en la producción aquellos ejidos que ya fueron beneficiados con el Procede?

Asimismo, en el V Informe de Gobierno se indica —lo cito textualmente- "que los núcleos agrarios pendientes de certificar, se consideran de atención especial, en virtud de su complejidad geográfica, jurídica y social, lo que implica un esfuerzo técnico y operativo". Podría, señor Secretario indicarnos ¿de qué comunidades se trata?, ¿en qué entidades se localizan, así como especificar las condiciones que las llevan a ser consideradas de atención especial?

En cuanto a los asuntos que se han denominado focos rojos, díganos ¿qué avance tenemos en esos conflictos?, dado que nosotros hemos estado atentos a dicho problema; estuvimos por ejemplo, una comisión de diputados en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero el día 26 de febrero del 2004, en donde nos informó el sector agrario a su cargo, que el asunto entre la comunidad de Zapotitán Tablas y Acatepec, estaba completamente resuelto y días después de nuestra visita, se dio un enfrentamiento entre campesinos de dichas comunidades, con un saldo de pérdidas humanas.

Díganos, señor Secretario, la situación que se vive en esas comunidades respecto al conflicto agrario.

En la Meseta Purépecha de Michoacán, han formado grupos de trabajo para atender esos conflictos agrarios, díganos qué avance tenemos en el asunto de Urapicho, Municipio de Paracho y Cocucho, Municipio de Charapa, dado que ese grupo de trabajo no le hemos visto resultados, toda vez que en solamente en este año del 2005, se han suscitado a raíz de ese conflicto, enfrentamientos que han dejado como saldo, 6 defunciones.

En su comparecencia del 2003 y 2004 ante esta Honorable Cámara de Diputados, le solicitamos muy respetuosamente interviniera ante la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para que se diera el cumplimiento a la Resolución emitida por el Tribunal Unitario del Distrito XXXVI con sede en Morelia, Michoacán, en donde se ordena a la Secretaría de la Reforma Agraria que instaure el Expediente de Expropiación respecto a una superficie de 4 hectáreas y media, aproximadamente, que pertenecen al Ejido de San Rafael, Municipio de Contepec y que por causas de utilidad pública, deberán expropiarse a favor de la parte demandada, quien deberá de cubrir la indemnización correspondiente.

Sin embargo, desde marzo del 2003, no ha sido posible avanzar en este asunto, por lo que nuevamente reiteramos su atenta intervención.

Otro aspecto que nos preocupa, es el asunto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006, aunque aceptamos que esto no sólo le compete a la dependencia que usted dirige, sino también a la Secretaría de Hacienda, no se entiende por qué hay una caída brutal en el presupuesto de menos 43% en la Secretaría de la Reforma Agraria. Acaso esta reducción tan abrupta no afecta sustancialmente a los Programas de la Mujer en el sector agrario, el Fondo de Apoyo a Procesos Productivos, el Procede, el de Fomento de Organización Agraria, el de Conflictos Agrarios, el de Atención Inmediata, el de Fondo de Tierras y Joven Emprendedor Rural.

Me parece que las diputadas y diputados somos sensibles a los objetivos y metas planteadas por la Secretaría de la Reforma Agraria. Nada indignaría más al país que proyectos importantes para el sector de los campesinos y sus tierras se vieran truncados por falta de presupuesto para el próximo año.

Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática estamos dispuestos a proponer mayores recursos para la dependencia a su cargo con el propósito de poder cumplir cabalmente los compromisos asumidos en la materia. Por sus respuestas, muchas gracias, Secretario.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Se le concede la palabra al licenciado Florencio Salazar Adame hasta por 5 minutos para dar respuesta.

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame: Gracias, diputado Presidente. Es obvio que la certidumbre en la tenencia de la tierra es un factor indispensable para atraer la inversión pública y privada. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, hay comunidades que por su grado de enfrentamiento ni siquiera permiten que puedan llegar las acciones de los gobiernos, en este caso, del Gobierno del Estado.

Cuando se resuelven las diferencias y se certifica la propiedad es posible que puedan acogerse programas que tienen que ver con el desarrollo rural.

De 1993 a la fecha se han invertido en este programa, ha invertido el Gobierno de la República 10 mil 500 millones de pesos y esto habla de la importancia de este programa.

Desde luego no podría darle el informe en este momento de en donde están los núcleos que no han exhibido (?) el programa en el país pero le ofrezco que mañana mismo los tendrá usted en su despacho, un informe voluminoso, puesto que habrá que detallar cada uno de los núcleos, su ubicación en cada una de las entidades federativas.

En lo que se refiere a los focos rojos, a la fecha éstos involucran 288 asuntos, hemos resuelto 36 asuntos con 10 focos rojos e invertido 744 millones de pesos, compensando tierras por 76 mil 386 hectáreas, que involucran a 1 millón 561 mil 499 hectáreas.

Hay focos rojos como justamente el de la meseta Purépecha que involucra casi 60 asuntos, que están interrelacionados unas comunidades indígenas con otras y con pequeños propietarios, lo cual ha hecho extraordinariamente difícil el grado de solución, además porque en muchos de los casos se han negado a aceptar los avalúos que para estos fines hace la dependencia correspondiente y han puesto precios comerciales como si se tratara de una operación de compraventa.

Yo debo señalar de manera precisa que hablamos de recursos compensatorios porque en ningún caso, tanto de focos rojos o focos amarillos, existe obligación jurídica de la Reforma Agraria para desactivarlos a través de pagos indemnizatorios, pero es evidente que el Estado tiene la obligación de preservar la integridad de las personas y de sus bienes, ésa es la primera obligación del Estado de Derecho y en esa óptica es que nosotros, por instrucciones del Presidente de la República, hemos acudido en busca de que haya conciliación entre los grupos, hemos otorgado recursos compensatorios, que si bien es cierto corresponden al costo de avalúos, no son pagos, no son indemnizaciones, son un instrumento que estamos usando en busca de que se pongan de acuerdo núcleos agrarios, puedan repartirse la tierra, alguno se quede con la tierra, otro reciba el pago compensatorio.

Sí debo mencionarle que en el caso de Zapotitlán y Acatepec, como en otros asuntos de focos amarillos, desde el punto de vista en cuanto al acuerdo de negociación y el pago a través de tribunales, hemos cerrado los asuntos, ¿pero qué es lo que ha ocurrido? La Asamblea determina la distribución de los recursos y es en ese momento cuando surgen inconformidades en algunos núcleos agrarios avecindados que quieren ser considerados como ejidatarios, ejidatarios que están ausentes del núcleo porque se encuentran en Estados Unidos en las ciudades como migrantes, desean recibir el mismo pago que el que se otorga a los campesinos que están viviendo en los núcleos y esto genera muchas inconformidades, pero ya es un conflicto interno en lo que nosotros lamentablemente poco podemos hacer.

¿Qué es lo que hemos pedido a la Procuraduría Agraria? Que nos ayude instrumentando un programa, para que asesore a las asambleas, les ayude a orientar mejor la distribución del recurso compensatorio y en lo posible evitar los conflictos que se han vivido como en el caso de Zapotitlán que es justamente uno de ellos al que yo me refiero.

Vamos a atender desde luego el asunto que usted nos está pidiendo ante Comisión Federal de Electricidad o la Comisión del Centro y en lo que se refiere al asunto de Ocucho y Urapillo, debo mencionarle que estamos en la etapa conciliatoria, no ha habido lamentablemente acuerdos, hemos reforzado el grupo de trabajo de Michoacán, había cinco personas, tenemos el doble más la presencia de la representaciones de la Reforma Agraria de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional trabajando de manera conjunta con el gobierno del estado.

Desafortunadamente, repito, la conciliación no se ha dado en los términos que quisiéramos, pero sí le voy a pedir Diputado, que usted que ha estado pendiente de la zona y que nos ha acompañado con algunas reuniones lo siga haciendo, para que se advierta que hay una acción conjunta buscándole solución a este asunto que es prioritario en nuestra agenda agraria.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Se le concede la palabra hasta por cinco minutos para réplica al ciudadano diputado Margarito Fierros Tano.

El diputado Margarito Fierros Tano: Señor Secretario, yo le agradezco sus comentarios, pero en el caso concreto de la expropiación, le reitero, se lo planteamos en el 2003, se lo volvimos a plantear en el 2004, se lo volvemos a plantear en el 2005 y no podemos desatorar un estudio de impacto ambiental que no creo que se tarden más de cinco minutos en elaborarlo.

El asunto ya esta resuelto por el Tribunal, hay una orden de que ustedes deben elaborar la expropiación, no se ha hecho, le pedimos con todo respeto nos ayude a empujar ese asunto, las torres están construidas ahí, ya están las torres desde hace 20 años y todavía el estudio de impacto ambiental no podemos sacarlo.

En el caso de la meseta, considero que debemos todos participar y me parece que la comisión que ustedes han nombrado le hace falta un poco más de sensibilidad y que esté más al pendiente, no vemos a la comisión en el caso de este asunto de Urapicho, no vemos que esté trabajando, vemos que hay mucha lentitud y bueno pues ojalá en lo que resta del año no vaya a haber más defunciones.

La Reforma Agraria, el Poder Ejecutivo, adelantaría que va a impulsar la capacitación, el financiamiento en el campo, lo dice la Constitución, lo dice la Ley Agraria; hoy en el predictamen que tenemos elaborando de la nueva Ley Agraria, nuevamente se establece en el artículo sexto y séptimo que la Reforma Agraria va a impulsar el financiamiento y la capacitación, pero desgraciadamente vemos en el proyecto de presupuesto, ya lo decía mi compañero diputado Lamberto, vemos todo lo contrario de lo que dicen.

El FAPA por acuerdo de esta honorable Comisión que después lo ratificamos en el Pleno de la Cámara de Diputados, le aprobamos recursos para que pudiera operar; al PROMUSAC lo mismo le metimos recursos, al joven emprendedor, a la capacitación agraria y hoy ustedes el Ejecutivo nuevamente los pone en cero ¿cómo entendemos entonces la política del Ejecutivo que va a impulsar la capacitación y el financiamiento y en los hechos en lo que es el proyecto de presupuesto vienen en cero estos programas que van directamente al campo? Muchas gracias.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Se le concede la palabra hasta por cinco minutos para formular su pregunta, a la ciudadana diputada María Hilaria Domínguez Arvizu del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu: Gracias, diputado Presidente. Me da mucho gusto compartir esta reflexión, porque nos ubica en el tiempo y en el espacio y la responsabilidad oficial y constitucional en el principio de la lucha social y en el México que hoy vivimos, ingrato, con una pobreza profunda y una gran desesperación en el campo mexicano.

Saludamos a quien es el responsable de la aplicación de la justicia agraria y de los núcleos agrarios, da la seguridad y certeza jurídica, a Florencio Salazar.

Quiero expresar mi preocupación y la preocupación de muchos compatriotas mexicanos, de los que yo formo parte como ejidataria, campesina, que vengo del (ininteligible) ni soy improvisada, gracias a Dios, desde mi pueblo he caminado durante muchos años tres horas con guaraches y con un morral para llegar aquí a la Cámara de Diputados a defender a mis hermanos de clase.

En este mes de septiembre en esta soberanía recibimos el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2006, desde el inicio de su revisión, sin mucha dificultad, nos hemos empezado a dar cuenta de las principales preocupaciones, orientaciones y prioridades del gobierno del Presidente Fox para la distribución del gasto del año entrante.

Por segunda ocasión en esta Legislatura tiene la oportunidad de comprobar que existe un ¡enorme abismo!, entre el discurso y los objetivos que se plantean entre la gran responsabilidad en la Secretaría de la Reforma Agraria y el gran trabajo que se tiene que imprimir en los hombres y las mujeres del campo.

Vemos que las políticas públicas que dicen materializarse en programas con presupuestos que usted recuerda en el Proyecto de Presupuesto de 2004, 2005, en el 2005, en el año que cruzamos, para cumplir con las mujeres y los hombres del campo, incrementamos el monto presupuestal un poco más del 40% de lo inicial programado que venía por el Ejecutivo Federal, porque venía en ceros para los programas sociales y solamente 50 millones de pesos para el programa de fondo de tierras.

De igual forma no hay que olvidar que vemos en este proyecto, en este presupuesto que nos manda el Ejecutivo, una vez más son escasos para la organización agraria, el Joven Emprendedor, los reservados a estimular el potencial productivo de las comunidades campesinas, como el de la mujer del sector agrario Promusag (¿) y el Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos FAPP, esta Comisión aumentó de manera significativa los montos presupuestales de dichos programas.

Sin embargo, cabe mencionar que este gran esfuerzo de decisión y de firmeza que mostramos para fortalecer la acción gubernamental en el agro fue totalmente (ininteligible) en meses pasados por el Ejecutivo, en coordinación con Hacienda y sin nuestra opinión y mucho menos con nuestro consenso, un ajuste presupuestal aprobado por esta soberanía, se vino abajo quitándole hasta casi la mitad de lo que habíamos programado, asignado, aprobado en esta soberanía como sucedió en el Programa de Conflictos Agrarios de Atención Inmediata, el 41.3%, y en otros inclusive un tercio de lo aprobado, como aconteció con FOMAT (?), el 33.6% y en el FAPA el 29%.

Curiosamente, se cuidaron en no disminuir y recortar de la misma forma el rubro destinado a la parte operativo, pero se dijo y se dice que se fue a los programas de Procede Ral (?) y Procede Procuraduría.

Pero, otra vez nos invade el pasmo y el asombro cuando revisamos el presupuesto 2006 que viene para esta soberanía y, queridas organizaciones campesinas, no viene un centavo otra vez. Y no hay que engañarnos, hay que decirnos las verdades.

Con los programas de FOMAR, FAPA y Pronusat, ¿dónde entonces quedó el compromiso, dónde? ¿Cómo va a impulsarse el potencial productivo y empresarial de las comunidades y de las mujeres campesinas?

En esta misma línea de incongruencia al programa de Jóvenes Emprendedores Rurales se le propone solamente 50 millones de pesos, disminuyendo un 57.9% con respecto a los recursos que le aprobamos en el año anterior. Luego, el Fondo de Tierras que constituye junto con el programa anterior un excelente instrumento.

Y yo le pregunto: ¿sólo se afinarán 200 millones de pesos disminuyendo el alrededor del 38%? ¿Acaso estos programas, estos últimos programas ya concluyeron su parte final en la justicia social de las y los campesinos de México para que no venga dentro del presupuesto 2006?

¿Qué nos puede informar al respecto del ejercicio presupuestal 2005 y qué nos informa para ser congruentes con la propuesta que nos mandó el Ejecutivo y que, por supuesto, ustedes también coadyuvaron en el mismo, de no meter ningún recurso, cero recursos a los programas sociales a los que usted invocó hace rato, a las organizaciones campesinas, a los sujetos directos que son nuestros hermanos productores y a las instituciones que tenemos que ver en este asunto? Gracias.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Se le concede la palabra al licenciado Florencio Salazar Adame, hasta por cinco minutos para dar respuesta.

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame: Gracias, diputado Presidente.

Con todo respeto, disiento de la opinión de la diputada Hilaria Domínguez en cuanto a que hay un abismo entre nuestros propósitos y los resultados. Ciertamente la Secretaría de Reforma Agraria vino sufriendo una reducción en sus atribuciones y recursos humanos, materiales y financieros, pero no atribuibles a esta administración. De alguna manera en el pasado reciente se consideró que, una vez concluido el reparto agrario la reforma agraria ya no tenía razón de ser.

El Presidente de la República, cuando me invitó a acompañarlo en esta tarea me dio instrucciones de que, por el contrario, siguiéramos operando la institución tomando en cuenta su gran cercanía con los campesinos.

Hago un brevísimo recuento: hemos puesto en marcha el programa de solución a la conflictividad social y programas como focos rojos, amarillos, los iniciamos con el deseo de contribuir a la paz social en el campo.

Problemas que tenían 100 años, 90 años, 60 años, 80 años, 40 años, y que desgraciadamente han involucrado y registran un número muy significativo de enfrentamientos violentos y de hechos verdaderamente trágicos, con este programa queremos terminar con ese lamentable rezago y desatención que ha habido hacia los problemas más significativos en cuanto a lo social en el medio rural.

Hemos hecho un esfuerzo también por cerrar los acuerdos agrarios, prácticamente los hemos ya suscrito en cuanto al cierre con todas las organizaciones campesinas, como lo hicimos con la Confederación Nacional Campesina en un acto en el que usted estuvo presente; y desde luego estamos cumpliendo y cerrando lo contenido en el Acuerdo Nacional para el Campo.

Por otra parte, a nosotros nos queda claro que el desarrollo rural sustentable, que ciertamente lo estamos manejando con frecuencia todos, es la gran meta que buscamos para acabar con las inequidades en el campo mexicano, pero no se trata de un resultado que tengamos que presentar en el corto plazo, también aquí hay que advertir estas propuestas como políticas de Estado, que continúen más allá de los sexenios; revertir el problema social y económico en el campo nos va a llevar por lo menos, dicho por algunos especialistas, de 25 a 30 años. Ese es el tamaño del rezago que ha habido en el campo, la falta de construcción de infraestructura, de capacitación agraria, de recursos para el desarrollo rural.

No es que queramos volver al pasado, pero el pasado es indispensable para que hagamos el diagnóstico del presente y tengamos visión de futuro. Si no, sobre qué vamos a construir las nuevas soluciones que demandan, problemas que hoy nos atosigan a todos y que igualmente nos generan consternación cuando vamos al campo, cuando vamos a la Selva Lacandona, cuando vamos a la Meseta Purépecha, cuando fuimos con los Yaquis o con los Mixtecos o con los Tlapanecos, allá en sus comunidades y vemos las condiciones de pobreza y de atraso que tienen, su analfabetismo, desnutrición, abandono.

Esto no es nuevo para nosotros, lo conocemos desde hace muchos años y por supuesto que queremos construir respuestas, ya no para estarnos desacreditando o defenestrando, no, pero sí para conjuntar esfuerzos y buscar juntos un mejor futuro para el campesino.

Yo creo que, en cuanto a lo que se refiere al Presupuesto, aquí hay una cuestión que tenemos que considerar, el Legislativo busca lo deseable, el Ejecutivo trabaja con lo posible, y esas realidades que están ahí situadas.

Ustedes pueden hacer propuestas de incremento del Presupuesto, nosotros tenemos que trabajar con el Presupuesto que se nos asigne. La Secretaría de Hacienda hace un ejercicio anual para distribuir los recursos de que dispone la federación, por eso el Presidente de la República de manera repetida ha insistido en una reforma fiscal de fondo, que le dé más recursos al desarrollo de la nación, al desarrollo del país; tenemos que andar abriendo y tapando hoyos; quitando y poniendo recursos de un lado para otro, y nosotros desde luego sentimos la necesidad de mayores recursos.

Hemos tenido y se los apreciamos ampliamente y lo hemos reconocido en diferentes foros, la actitud solidaria y responsable que tiene esta Comisión de la Reforma Agraria con los campesinos de México; ustedes tienen el atributo de corregir en lo que crean que hace falta recursos al Presupuesto; nosotros tenemos la seguridad que lo harán, como lo han hecho en otros…(ininteligible)…con responsabilidad, pero no desconozcamos el espacio del que nos movemos cada uno de nosotros.

Finalmente, diputada, yo le conozco bien, aprecio la amistad con la que usted me distingue, sé que es una líder campesina auténtica y que juntos vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho en Nayarit y que qué bueno que se den estos intercambio de opiniones, porque es lo que le da substancia al trabajo entre el Legislativo y el Ejecutivo.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Se le concede la palabra hasta por cinco minutos para réplica, al ciudadano diputado José Alfonso Muñoz Muñoz.

El diputado José Alfonso Muñoz Muñoz: Gracias, diputado Presidente.

Señor Secretario: A lo largo de esta comparecencia hemos escuchado diferentes cuestionamientos, preguntas, inquietudes de todos y cada uno de mis compañeros diputados. Se habla de Presupuesto, que es muy corto; se habla de cuestiones de la tenencia de la tierra; se habla de la legalidad sobre la misma y bueno, vamos a abordar el punto sobre la cuestión de la legalidad.

Partiendo de todo esto y de que desde el inicio del sexenio, se establece un programa sectorial agrario del Ejecutivo Federal, un elemento general de promover la certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, lo cual de manera reiterada se menciona en el discurso, por lo que resulta preocupante que desde el inicio de la Administración del señor Presidente y hasta nuestros días se sigan presentando conflictos de diferente tipo, pero uno muy importante, los conflictos agrarios y que ponen en duda el trabajo de lo que es lo jurídico en la tenencia de la tierra, al menos, de núcleos agrarios y de algunos núcleos que por pequeños que sean tienen importancia.

Todos todavía tenemos presente el conflicto generado por la expropiación del ejido de San Salvador Atenco en el estado de México, del que todavía existe la duda del cumplimiento de las formalidades para realizar la expropiación. Lamentablemente este asunto no ha sido el único que pone en duda la actuación de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la institución creada para la defensa de los intereses de los campesinos, que es la Procuraduría Agraria.

También han sido objeto de preocupación de los medios de comunicación y de la opinión pública, los asuntos conocidos como el Tamarindillo del estado de Michoacán y del proyecto del aeropuerto de Hunucmá en el estado de Yucatán, en lo que particulares con cuestionable residencia en los núcleos agrarios y con certeza de no pertenecer al sector campesino, se han apropiado de tierras ejidales, coincidiendo además en ambos asuntos que quienes adquirieron tierras ejidales han gozado de celeridad en la regularización de sus adquisiciones, y en las que las autoridades agrarias han participado en la legalización de las mismas.

En el caso de la Bahía de El Tamarindillo, del ejido El Ticuis (?), la información integrada hasta el momento por la Comisión de la Reforma Agraria deja claro cómo el Programa de Certificación de Derechos Ejidales Procede puede ser utilizado para legalizar la especulación con tierras ejidales.

El caso de las tierras del ejido de Hunucmá del estado de Yucatán es una muestra más del despojo al título de las tierras ejidales. El estado de indefensión que se encuentran los núcleos agrarios por el abandono de las responsabilidades de la Procuraduría Agraria.

En este caso se tiene como actor principal al Gobernador del estado que con todo cinismo anunció que adquirió tierras ejidales para construcción de un aeropuerto en el municipio de Hunucmá por medio de un intermediario, el cual obviamente ocultó que la compra de las tierras era para la construcción de un aeropuerto, con lo cual pudo adquirirlo a precios irrisorios para posteriormente venderlos al gobierno del estado a un precio mayor, que sería la legítima comisión por su fechoría y engaño a un núcleo ejidal de población indígena mayoritaria.

Las operaciones en Hunucmá implican que más de tres mil hectáreas salen del régimen ejidal y que necesariamente exige la participación de los representantes de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, pero como ya sabemos, argumentarán la legalidad de estas operaciones.

Al igual que San Salvador Atenco, Tamarindillo y Hunucmá se llega con dinero a convencer a ejidatarios empobrecidos y sin alternativas de mejora para que cedan sus derechos sobre sus tierras y para que en Asamblea aprueben el cambio de dominio pleno de terrenos enajenados.

Por todo lo anterior y con estas consideraciones, nos permitimos sugerir al Secretario de la Reforma Agraria, el que emprenda las acciones necesarias para que se restablezca el respeto a las leyes de las dependencias a su cargo y sectorizarios, promoviendo las acciones para que El Tamarindillo regrese a la propiedad de todos los ejidatarios y no de unos cuantos y lo mismo suceda con las tierras del ejido Hunucmá. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Se le concede la palabra hasta por 5 minutos para formular su pregunta, al ciudadano diputado Luis Andrés Esteva Melchor, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Luis Andrés Esteva Melchor: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, señor Secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame.

La concentración de la propiedad de la tierra fue la tendencia dominante en México durante el siglo XIX, en el siglo XX la tendencia fue su redistribución, la fragmentación de la propiedad derivada del reparto llevado a cabo por la Reforma Agraria.

Después de la Reforma Agraria de 1905 en Rusia, la mexicana fue la segunda en el siglo XX, a diferencia de la Rusa, que sólo conservó su vigencia por unos años.

La Mexicana tuvo continuidad y permanencia hasta nuestros días, ha sido bandera y programa de aquellos que se cobijaron en el hecho histórico de la Revolución para permanecer en el poder durante 70 años.

Ha sido parte de la definición política, de la acción pública y del discurso del Estado y los gobiernos a lo largo de esos años de control sobre la población campesina.

Durante esos años la política agraria no alcanzó a resolver las necesidades de reordenamiento y regularización de la propiedad rural, por el contrario, se fueron incrementando.

Basta destacar que durante esta administración se ha logrado resolver conflictos agrarios que tenían 40 y hasta 90 años de antigüedad.

Bajo esta circunstancia se generó un sector rural con una gran cantidad de limitaciones de tipo económico y de mínimas condiciones de bienestar social.

La pobreza que se enfrenta en el campo mexicano, se convierte así en el reto más importante y más urgente de nuestro país y la seguridad de la tenencia de la tierra es una condición indispensable para fortalecer este sector.

Hoy nuestro campo debe enfrentar al mismo tiempo la globalidad y el atraso, con regiones muy desarrolladas y de alta tecnología y zonas deprimidas, marginadas y miserables.

Hoy el reto es elevar el nivel de vida de estas últimas y encontrar un equilibrio general en el desarrollo humano, la productividad y el ingreso de la población rural.

Es por ello que Acción Nacional reconoce el trabajo realizado por la dependencia a su cargo durante el quinto año de la administración, donde la política de procuración e impartición de justicia agraria ha otorgado atención prioritaria a la resolución de conflictos agrarios a través del fortalecimiento de los programas institucionales de la Secretaría de la Reforma Agraria y de los Tribunales Agrarios.

De esta manera, durante el período que comprende el Informe del Ejecutivo, la estrategia aplicada avanzó en la consolidación de los programas de ordenamiento y regularización de la propiedad plural, para resolver de manera definitiva y con estricto apego a la ley, los conflictos agrarios derivados de la posesión de la tierra, con el propósito de aumentar la inversión en el campo y fomentar su capitalización.

Impulsar la asociación productiva y el traspaso intergeneracional de los derechos de propiedad para mejorar el nivel de vida de los campesinos mexicanos.

En julio del 2003 la Secretaría de la Reforma Agraria a su cargo, inició un proceso para la identificación de los principales conflictos agrarios en el país, de los cuales 14 fueron considerados como focos rojos; es decir, aquellos que por su complejidad y el riesgo que implican obligan a privilegiar su atención.

Los focos rojos entrelazan varios factores que inhiben el desarrollo económico, atacan al medio ambiente, lastiman el tejido social y afectan la gobernabilidad; y como ya se dijo, tienen una antigüedad promedio de 50 años.

Lo agrario y lo indígena en nuestro país, tienen raíces profundas que los unen, los pueblos y comunidades indígenas se encuentran bajo las tres formas de tenencia de la tierra, ya sean ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios.

Es por ello que nos gustaría que nos explicara, por lo que se refiere al ordenamiento y la regularización de la propiedad rural indígena, cuáles son, señor Secretario, los avances que ha habido en cuanto al Procede en los ejidos con población indígena.

Sabemos que dentro del Programa de Atención de Focos Rojos varios de ellos tienen el componente indígena, por esa razón estamos interesados en que se nos explique la situación que guardan los conflictos que usted amablemente ha ya abordado en esta comparecencia, como el caso de la Meseta Purépecha, el de la Tribu Yaqui y el de la Selva Lacandona.

Además, sabemos que uno de los mayores problemas de los pueblos y comunidades indígenas es el rezago en diferentes materias, es decir, su desarrollo que por lo general no corre a la misma velocidad que el resto del país.

¿Qué está haciendo la Secretaría a su cargo en cuanto a la promoción de los programas en los ejidos y comunidades con población indígena?

¿De qué manera se están coordinando con otras dependencias, en especial con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas?

Por sus respuestas, muchas gracias señor Secretario.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Se le concede la palabra al licenciado Florencio Salazar Adame hasta por 5 minutos para dar respuesta.

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame: Gracias, diputado Presidente.

Es muy interesante apreciar el desarrollo agrario desde un punto de vista histórico en nuestro país. Desde la época de la Colonia cómo distribuían la tierra los aztecas, todo aquel que lo recibía y no tenía un aprovechamiento en dos años le era retirada para entregársela a otro beneficiario.

La acumulación en la época de la Colonia y el despojo que vivieron principalmente los pueblos indígenas, incluso en el período de la reforma, las leyes que se emitieron sobre la materia contribuyeron al despojo también de las tierras de los pueblos indígenas.

De tal manera, que en nuestro pasado se han cometido muchos agravios contra los campesinos y especialmente contra la población indígena. Esto implica que una de las causas sociales fundamentales del movimiento social de 1910 hay sido justamente el reclamo de la tierra, la restauración de la propiedad de las comunidades, el reparto a través de la figura del ejido y este reparto fue exitoso hasta los años 50.

Los diferentes analistas, economistas, estudiosos de la materia coinciden en este año como el año en que se rompió el crecimiento económico que había en el medio rural, hasta entonces el medio rural era superhabitario, tenían ingresos los campesinos que pudieron haber asegurado su desarrollo, pero el crecimiento urbano y el crecimiento industrial fue promovido a costa del ingreso campesino.

Se establecieron los precios de garantía con lo cual se aseguró el acceso a alimentos baratos por parte de la población urbana, igualmente a ésta y a la industria se le suministró mano de obra barata proveniente del campo, y luego lo que siguió fue un reparto de tierras cada vez con menos condiciones para que fuera productiva.

Lo hemos dicho y ustedes también, que el reparto agrario como una meta de instruir cada vez más tierras sin tomar en cuenta su calidad, sin considerar la necesidad de la capacitación agraria, el desarrollo de la infraestructura sin la capacitación, sin una permanente posibilidad de acceso al financiamiento y a la tecnología y sobre todo que la tierra que fue un gran bien para los campesinos y lo sigue siendo en la mayoría de los casos se convirtió en una lápida para los pueblos y para los ejidos, porque al no entregarles el dominio pleno sobre ella, la titularidad de los derechos y mantener el estado y el usufructo de la tierra, y tener la posibilidad de retirar a un ejidatario y entregar la parcela a otro y de hacer cambios nominales de los que tenían los derechos, por supuesto que provocó un sistema político social en el campo que condenó a los campesinos a su atraso.

Es inevitable hablar del pasado, pero lo que importa es que identifiquemos las causas de esta pobreza campesina y que busquemos las soluciones que están en manos de todos nosotros, por lo menos en el tramo que nos corresponde y que es nuestra responsabilidad.

Los campesinos son desconfiados, son ariscos y tienen razón para serlo. Y nosotros deseamos que haya una presencia más fuerte de las organizaciones sociales en el campo, no las vemos como un problema, sino por el contrario, como parte de la solución.

De esta intermediación necesaria entre campesinos y comuneros con el Gobierno y con las diferentes instancias públicas, que capaciten, que representen, que contribuyan al desarrollo rural, que también entren a este proceso de la ingeniería en el que todos estamos viviendo.

Yo le puedo señalar, diputado Esteva Melchor que hemos, de los 10 focos rojos, están involucradas 9 etnias, que tenemos una estrecha coordinación con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y que hay trabajos conjuntos que estamos realizando en Oaxaca, en Chiapas e incluso, en la comunidad yaqui tenemos una oferta de programas para el Desarrollo Rural por parte de la Comisión, si es que logramos finalmente llegar a una conciliación que resuelva definitivamente el problema.

Yo le aprecio sus comentarios y nos da la ocasión para que pensemos en que el Desarrollo Rural no es una entelequia, no es una propuesta demagógica. Esta Cámara legisló a favor de una nueva Ley de Desarrollo Rural Sustentable, creó una Comisión para el Desarrollo Rural y consecuentemente, ahí estamos representados todos y hay que ponernos de acuerdo a pesar de nuestras diferencias.

Lo peor que podemos hacer, es que igualmente los campesinos se desesperancen de que los políticos no tengamos la capacidad del diálogo para hacer acuerdos firmes que contribuyan a sacarlo de sus condiciones de pobreza. Muchas gracias.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Se le concede la palabra hasta por 5 minutos para réplica, al ciudadano diputado Rubén Alfredo Torres Zavala.

El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores y legisladoras, señor secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame; ingeniero Alberto Escobar, doctor Isaías, señora Martha Ofelia; compañeros funcionarios de todas las dependencias del sector agrario, bienvenidos a esta su casa, la casa de todas las voces.

Compartimos con nuestros compañeros del PRD y del PRI el sospechosismo de la integración del Presupuesto. Creo que en una democracia moderna como a la que aspiramos todos los mexicanos, no es necesario este tipo de estímulos para darle justificación a dos o tres diputados que puedan justificar su existencia, saliendo a los medios después diciendo: "nosotros ya le otorgamos tantos miles de millones de pesos al campo".

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de forma responsable se sumará a los demás grupos parlamentarios para adecuar el presupuesto en el campo, para hacerlo más responsable y que responda a la demanda del sector campesino.

Señor Secretario, agradecemos la atención que le ha dado a nuestros cuestionamientos. De usted sólo podemos esperar que continúe la comunicación constante que ha mantenido con esta honorable Cámara de Diputados.

En el propósito de coordinar los esfuerzos para atender cada una de las demandas de nuestros representados, especialmente de las familias del campo que recogemos cada uno de los diputados.

Al término del mandato del presidente Vicente Fox, podríamos decir que la Secretaría de la Reforma Agraria a su cargo, habrá cumplido con las metas que se ha propuesto, que se traducen en un campo ordenado y socialmente en paz, que promueve las condiciones de desarrollo y seguridad necesarias para que fluya la inversión pública y privada al campo.

Acción Nacional reconoce los avances y retos que esta dependencia se ha propuesto a través de los programas Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras, los cuales están encaminados a rejuvenecer al campo mexicano mediante proyectos productivos competitivos y asistencia técnica para desarrollarlo.

Consideramos que esta estrategia es fundamental para contener la migración de esta parte de la población rural, puesto que el fomento de actividades productivas y el desarrollo de capacidades, son básicos para que nuestro país cuente con una política viable de desarrollo rural. Esto es cambio.

Aunado a lo anterior, debe de mantenerse la aplicación de las acciones de ordenamiento y regularización de las distintas formas de propiedad, así como de la solución de los conflictos derivados de la tenencia de la tierra, ya que ello permite crear condiciones de paz y estabilidad social, que son factores imprescindibles para alentar las inversiones en el campo.

En la administración del presidente Vicente Fox, se decidió dar un nuevo enfoque a los problemas agrarios, romper viejos paradigmas e innovar en el planteamiento de la solución de los conflictos agrarios negados y heredados por décadas.

Por eso hacemos un reconocimiento al Programa de Atención a Focos Rojos, en donde se buscó atender problemas a los que no se había atendido de manera frontal, a fin de encontrarles una solución definitiva.

Esto es, por ello, que valoramos en toda su dimensión el esfuerzo realizado por los funcionarios de la Secretaría a su cargo, para resolver los principales conflictos agrarios del país. Esto también es cambio.

En ese sentido, señor Secretario, nuestro grupo parlamentario lo invita a perseverar en el trabajo de la conciliación y la negociación entre los grupos agrarios para la suscripción de convenios finiquitos con los cuales podemos dar solución definitiva a la disputa de las tierras, que aún persiste en nuestro país.

Asimismo se requiere del cumplimiento cabal de las resoluciones de los Tribunales Agrarios y del Poder Judicial de la Federación.

Reiteramos que para lograr el desarrollo del sector agropecuario mexicano es fundamental modificar las posiciones que parecen irreconciliables y que de esa manera lamentablemente no contribuyen al esfuerzo conjunto y coordinado entre todos y cada uno de los actores involucrados en este sector.

En Acción Nacional hacemos un llamado para que los grupos parlamentarios que estamos aquí representados tengamos la apertura necesaria para que con responsabilidad consolidemos las propuestas viables plasmadas en el proyecto de la Nueva Ley Federal Agraria para que con este marco legal actualizado se ofrezcan a las familias que viven y trabajan en el campo condiciones propicias para contar con un empleo suficiente y más digno.

Si hacemos un recuento de la presente administración, el Gobierno Federal ha dado a aquellos programas de gobiernos anteriores que probaron su eficacia en el campo y ha buscado dar nuevos enfoques en aquellos problemas que demandaban una atención diferente.

Entre los programas de los gobiernos anteriores de probada eficacia se encuentra, sin duda, el Procede. Es por ello que la actual legislación nos ayuda a promover aún más la conclusión de este programa y nosotros, en la Comisión de Reforma Agraria, también nos hemos propuesto apoyar y dar continuidad a esta tarea a la que el Gobierno Federal está comprometida para dar seguridad y certeza jurídica a la tenencia de la tierra.

Se requiere además que México, al mismo tiempo que persigue su renovación constante busque contar con instituciones que den continuidad y seguridad a los proyectos.

Es por ello que reconocemos, señor Secretario, el talento para encontrar aquellos aspectos que era preciso cambiar, así como para dar continuidad a los programas que se requeriría seguir.

Es esto y por esto, señor Secretario que quiero destacar de la administración del presidente Vicente Fox, a través de su persona, los alcances de todos los avances que desde diciembre del 2000 hasta septiembre del 2005 se han logrado en la resolución de 137 acuerdos agrarios, la solución de 10 de los 14 focos rojos, de 243 focos amarillos; la regularización de 324 colonias agrícolas y ganaderas, la regularización de terrenos nacionales a través de 1 mil 609 declaratorias con la expedición de 37 mil 749 títulos y la ejecución de 158 resoluciones presidenciales, así como la certificación de 4 mil 260 núcleos agrarios que han beneficiado a casi 1 millón de sujetos de derecho agrario.

Al inicio de la actual administración se hablaba en ocasiones de la conveniencia o no de la desaparición de la Secretaría de la Reforma agraria. Sin dejar de considerar que aún es necesaria la transformación y el fortalecimiento de las instituciones del sector agrario, con su gestión, señor Secretario, esta discusión ha quedado sin argumentos y en el pasado.

Las cifras en el Informe del Ejecutivo Federal denuncian de manera muy fácil, se puede leer fácilmente en el ejemplar que entregó el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, sin embargo detrás de ellas se encuentran el trabajo de todos los colaboradores...

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Señor diputado ...

El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala: Concluyo, señor Diputado, Presidente.

Detrás de ellas se encuentra el trabajo de todos los colaboradores del sector agrario a lo largo de estos cinco años.

Enhorabuena, señor Secretario, enhorabuena compañeros del sector agrario. Los exhortamos a que continúen con su tarea de promover el desarrollo de nuestro campo en México. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Gracias, diputado.

Le concedemos la palabra hasta por cinco minutos para formular su pregunta al ciudadano diputado Elpidio Concha Arellano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Elpidio Concha Arellano: Con su permiso compañero Presidente; señor Secretario bienvenido nuevamente a la Cámara de Diputados:

Señor Secretario, nos preocupa un tanto a los diputados los asuntos de los focos rojos como lo hemos planteado en otras ocasiones, inclusive los focos rojos ya tratados y ya tratados porque es necesario darle un seguimiento puntual con las dependencias en los diferentes estados que intervienen en asuntos para además de tratarlos indispensable y necesario y darle seguimiento a que se solucionen totalmente estos problemas de los focos rojos.

En el V Informe de labores de la Secretaría a su cargo, se señala que durante los años 2003 y 2004 se resolvieron en su totalidad 10 de los 14 conflictos que han sido denominados focos rojos y que aquí los revisamos en su momento. En esto se incluye algo que para mí es muy importante, no solamente por el tratamiento que se le dio, sino también considero por el seguimiento preciso que se pudiera generar; hablo del conflicto de Santa María Chimalapas con la Colonia Cuauhtémoc, núcleo agrario asentado en el estado de Oaxaca y además en el ejido de San Pedro Yozotato con San Sebastián Nopalera.

Es importante la información que demos con veracidad a la sociedad sobre el término del conflicto y el seguimiento a los mismos, porque los datos con los que contamos nos hacen ver una realidad diferente y que muestra que el tiempo, el dinero, el esfuerzo canalizado a estos conflictos no han dado los resultados y que al contrario han aumentado el encono, la división y la confrontación entre las comunidades.

Los diputados integrantes de esta Comisión sabemos que los pequeños propietarios de la Colonia Cuauhtémoc recibieron en febrero del 2004 una indemnización económica de aproximadamente 132.8 millones de pesos, al ceder 12 mil 850 hectáreas al gobierno federal para que éste la transfiriera a los soquets de Santa María Chimalapas y de esta forma concluir una disputa que según la información oficial ya duraba los 46 años.

Sin embargo los diputados también sabemos, que entre los colonos existe una gran y creciente inconformidad ante el proceso de negociación que encabezaron algunos servidores públicos del sector agrario, en coordinación con algunos integrantes de la directiva de la colonia; en un escrito sin fecha dirigido al Presidente de esta Comisión, los colonos propietarios de aproximadamente 322 lotes, solicitaron el apoyo de la Cámara de Diputados para que entre otras cosas se realizara una auditoría al proceso de iniciación, por no coincidir con el acta de acuerdo de la Asamblea, con los convenios individuales firmados en el Tribunal, asimismo para que se les informase acerca de la distribución de los 192 millones de pesos de los cuales 130 fueron para las compensaciones y 62 millones para la infraestructura del poblado.

Luego en dos oficios separados, aunque un texto casi idéntico, otros 40 colonos beneficiados por la indemnización se dirigieron a la Secretaría en un escrito de fecha 21 de febrero del 2004 para hacerle señalamientos como los siguientes: ninguno de los suscritos recibió por 50 hectáreas lo convenido en la Asamblea General de Colonos; dos, tuvieron que entregar, -así dice el escrito- una mochada al Presidente del Consejo de Administración de la Colonia para que éste les entregase su constancia de pago, dejando en prenda la factura de sus vehículos.

El Presidente del Consejo de Administración incluyó entre los beneficiarios a sus amigos y familiares que no tenían ningún derecho.

Ahora bien, pese a que en una comunicación escrita fechada el 13 de octubre del 2004, la Secretaría envía al diputado Presidente de esta Comisión que el conflicto se encontraba total y definitivamente concluido jurídicamente en lo relativo a la tenencia de la tierra y que el órgano interno de control de dicha dependencia había efectuado una auditoría a todo el proceso, concluyendo que no existieron vicios a los convenios de finiquito y que no existió responsabilidad de alguna parte de los servidores públicos.

Seguimos recibiendo informes de que la solución al conflicto está generando un polvorín como se muestra a continuación. El pasado primero de marzo de los corrientes un ciudadano presentó ante la IFAI una solicitud a fin de que la Secretaría le proporcionase los documentos, dos documentos: la copia certificada de los convenios de pago que la Secretaría efectuó con el presidente, el ex secretario, el ex tesorero y el ex comisariado de la colonia (ininteligible) y de la relación de los nombres de los propietarios de los lotes de la colonia, así como las cantidades respectivas que recibió cada una de las indemnizaciones.

Señor Secretario, yo agradecería mucho, porque es importante que aclaremos esta situación y que nos ayuda a los diputados en estas peticiones concretas para que queremos una solución y que en las respuestas a ellos podemos dejarlos satisfechos.

Por otro lado y ya para concluir, señor Secretario, el año pasado la Secretaría, en coordinación con esta Comisión se acordaron algunas visitas a los focos rojos, la cual quedó inconclusa y ojalá que la pudiéramos retomar.

Muchas gracias, Secretario.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Se le concede la palabra al licenciado Florencio Salazar Adame, hasta por cinco minutos para dar respuesta.

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame: Como usted mismo lo ha señalado, señor diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, en el caso Santa María Chimalapa y la colonia Cuauhtémoc, el propio órgano interno de control hizo una auditoría y encontró que no había responsabilidad en cuanto a la aplicación de los recursos.

Otra vez nos encontramos con el problema de que al interior de la asamblea se acuerda la distribución de estos y se expresa inconformidad de quienes merecen o dicen merecer mayores asignaciones.

Lamentablemente son asuntos en los que nosotros ya no podemos intervenir.

En el caso de Yoxotato (¿) contra San Sebastián Nopalera, el 23 de septiembre del año en curso la asamblea de Nopalera acordó que Yoxotato conserve 65 hectáreas y facultó a su comisionado para suscribir el convenio de finiquito, el cual se va a someter al Tribunal Unitario Agrario.

Esperamos nosotros que con esta ratificación necesaria el asunto quede resuelto.

Le debo decir algo más de lo que usted espera en cuanto a la respuesta de estos dos temas: yo le pediría a la Comisión de Reforma Agraria que integrara una subcomisión para dar el seguimiento puntual a todo el programa de solución a la conflictividad social.

Nos importa que esta representación nacional conozca el esfuerzo que estamos realizando para encontrar soluciones ciertas, adviertan cómo se aplican los recursos, contribuyan en lo posible a buscar acuerdos, porque no tenemos nada que ocultar.

Si hubiese irregularidades, si alguien hubiese caído en la tentación de hacer mal uso del presupuesto, pues se habrá de someter a los rigores que establece la ley.

Actuamos con limpieza. Podemos cometer errores, pero desde luego no los hacemos de manera perversa. Ojalá que la Comisión, señor Diputado García Corpus, pudiera tomar una decisión en este sentido.

Y ello mismo va a ayudar a que se continúen las visitas y las reuniones de trabajo con los directamente interesados en todo el ámbito que tenemos considerado en la Reforma Agraria.

Como esta es mi última intervención quisiera pedirle su consideración a tiempo que le corresponde a usted en la respuesta. Si aspiramos a que los programas de Joven Emprendedor y Fondo de Tierra se conviertan en políticas de estado, es una propuesta que verdaderamente puede cambiar estructuralmente la situación del campo, que entren los jóvenes a poseer la tierra con más elementos que la hagan productiva y que podamos retirar con dignidad a los campesinos mayores como una pensión.

Quiero señalarle a la diputada Ana Lilia Guillén que yo reconozco su tenacidad, su esfuerzo, que aunque no compartamos puntos de vista, ella está haciendo su tarea y la está haciendo bien.

La Cámara de Diputados tiene el deber, y los legisladores en lo personal, de fiscalizar la acción de la administración pública. ¿Genera incomodidades? Puede ser, pero esa es la responsabilidad de ustedes y la nuestra es darles respuestas puntuales.

Quiero decirle que tiene usted a su disposición la información, los expedientes, los datos que usted requiera para ahondar en sus investigaciones y que no haya duda, igualmente, que estamos actuando conforme a la norma.

No hay aplicación, en efecto, en el proyecto presupuestal de FAPA y Promusac, son razones del diseño presupuestal. Nosotros hemos recibido el apoyo de esta Cámara en ejercicios anteriores, tienen ustedes la ocasión de seguirlo haciendo en beneficio de los campesinos de México, pero yo desde luego respeto las disposiciones de mi jefe, el señor Presidente de la República y de la Secretaría de Hacienda.

Quiero señalar que hemos logrado una sana convivencia en las diferentes formas de propiedad social, que con el reparto de tierras igualmente se creó la actual propiedad rural y que ésta actúa dentro de los marcos de la ley que, junto con la comunidad indígena y el ejido, son las forma de explotación de la tierra.

Qué bueno que ahora las organizaciones campesinas han establecido acuerdos con los productores, porque esto es lo que nos está encaminando ya a no ver a unos y a otros como adversarios, o peor aún, como enemigos, sino como actores a los cuales les corresponde actuar para generar el desarrollo rural en sus respectivos ámbitos de competencia.

A veces mantenemos el viejo paradigma de que el propietario rural es un latifundista disfrazado, y en realidad el esfuerzo que hacen por producir la tierra es tan significativo en sus diferentes dimensiones como el de los propios ejidatarios y comuneros.

Hay muchos minifundistas que por serlo tienen tanta extensión de tierra como los propios campesinos en propiedad social, la gran mayoría no pasan de 4.5, 5 hectáreas; y hay otros que con la compactación de tierras, con contratos, logran hacer actividades económicamente exitosas, que traen medidas al país y satisfacen el mercado interno.

Yo quiero concluir, señor Presidente, y le aprecio mucho el que me dé esta tolerancia, recordando lo que algunas veces hemos comentado. En 1936 el presidente Lázaro Cárdenas dio instrucciones para que junto a su despacho en Palacio Nacional se instalara a una oficina de la pequeña propiedad, y puso al cargo de esa oficina al entonces coronel Rodolfo Sánchez Taboada.

La instrucción que le dio está recogida en la prensa de aquella época, texto de investigadores, fue la siguiente: "La pequeña propiedad es inviolable, tan tenemos el deber de defender los derechos de los pequeños propietarios como la de ejidatarios y comuneros". "No se trata de adversarios, ambos son -dijo Cárdenas- resultado de la Revolución Mexicana".

Hoy estamos en otra frase histórica en nuestro país en nuevo siglo, pero seguimos teniendo desafíos ahora mucho más complejos en un contexto de globalidad.

Hagamos nuestro esfuerzo y quiero que la nueva ley sea justamente el adhesivo de un nuevo desarrollo rural.

Finalmente, señor Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, reiterarle mi testimonio de reconocimiento porque esta Comisión plural, comprometida con el desarrollo del campo, ha sido de un apoyo invaluable para nuestras tareas. Aquí hemos encontrado aliento, estímulo y he de apreciar siempre esta disposición de ustedes, que son verdaderamente representantes del pueblo de México.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos para réplica al ciudadano diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández.

El diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández: Con su permiso, señor Secretario; con su permiso, señor Presidente de la Comisión.

Nos queda claro que el conflicto agrario ha sido un problema letal para los campesinos de México, aunado a esto vienen a surgir problemas religiosos que dan como origen los famosos focos rojos. No menoscabamos la intención de usted, señor Secretario y el cúmulo de colaboradores que usted tiene en la Reforma Agraria, sentimos, porque así lo hemos palpado, a lo largo de los recorridos de los focos rojos en México, pero sí decirle que no se deben abandonar la solución de estos problemas, porque no sólo generan un conflicto al interior de nuestros hermanos campesinos, sino también se da una situación mucho más delicada en la idea de observar y de hablar ecológicamente, que se crea por ahí otro problema, pues con esto se atenta contra los pulmones de la humanidad.

Por eso es importante, yo lo exhorto, señor Secretario, que sigamos porque somos parte de ello, somos parte de la solución de este problema, que juntos podamos caminar a la solución de esta ingobernabilidad que a veces se dan en los focos rojos.

También precisar que es importante cuidar los procedimientos de pago, porque aunado a los problemas estos que generan los focos rojos, a veces se descuidan las formas de pago y genera más conflicto, como el caso de Chimalapas y el otro que se encuentra en el estado de Oaxaca, que es San Pedro de Hiozotato (?) y San Sebastián Nopalera.

También es importante que se refuerce la estrategia integral de atención, para propiciar así un ambiente armónico que sustente un desarrollo social y, desde luego, que vaya a aterrizar en una situación económica mejor.

En esto sí quiero precisar. Muchas veces en esta estrategia confluyen una serie de sectores que representan su Secretaría, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y a veces hasta nosotros como líderes.

Si quiero precisar, al menos en mi estado, Chiapas, ha habido una excelente operatividad de la que hoy ostenta como Delegada y hay que reconocer cuando se deba reconocer el trabajo de los que están bajo esa responsabilidad.

La Delegada ha hecho un gran trabajo porque lo hemos visto, hemos caminado con ella, pero en muchas ocasiones los gobiernos del estado no apuntalan este tipo de trabajos y nos conflictúan aún más. A esto, señor Secretario, sí quiero ser claro, el gobierno del estado de Chiapas ha estado muy poco preocupado por solucionar los focos rojos, y su Secretaría de gobierno no ha operado políticamente hacia la solución de estos problemas, aún así se ha avanzado en Chiapas, Montes Azules ha podido avanzar en esos términos.

Por otro lado, pues creo que Promusac y FAPA son importantes en los campesinos. Aquí es un llamado a los compañeros diputados, para que podamos consensar y juntos podamos reforzar estos programas alrededor de esta Secretaría; en mi estado es importante este tipo de programas.

Por otro lado, aprovechar, señor Secretario, para pedirle su apoyo en lo que pudiera corresponder a su competencial para la atención del problema de regularización de los asentamientos ubicados en el Cañón del Sumidero, esto ubicado en el Municipio de Chiapa de Corzo, ya que ahí se han dado algunos asentamientos y que no se les han dado atención.

Esto es en virtud de que, si bien es cierto, que la competencia directa del asunto corresponde a otras dependencias, pero también es cierto que el organismo del estado encargado de la política agraria, a favor de los campesinos puede y debe coadyuvar en acciones tendientes a regularizar, eficientar, la justicia y la seguridad jurídica del campo.

A esto, señor Secretario, pedirle que de manera conjunta podamos solucionar, pues, el problema del Cañón del Sumidero, porque si no lo atacamos en este momento, vamos a estar abandonando y va a surgir un nuevo foco rojo en ese lugar si se extienden las invasiones y vamos a afectar una expresión natural importante que denota el estado de Chiapas.

Por su atención y comprensión señor Secretario, compañeros diputados muchas gracias.

El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus: Licenciado Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria, invitados especiales, ciudadanos diputados, compañeros de las organizaciones que hoy nos honran con su presencia.

Los compañeros y compañeras diputadas de la Comisión de Reforma Agraria hemos analizado con detenimiento el informe que el Presidente de la República presentó a partir del V Año de Gobierno, en ese informe se ha señalado de forma muy puntual que el campo mexicano, al fin de su sexenio, a menos de un año de distancia, estará ordenado, socialmente en paz y con la ineludible realidad de un crecimiento económico para los núcleos agrarios.

Este propósito lo compartimos ampliamente los ciudadanos diputados de la Comisión de la Reforma Agraria. Usted, señor Secretario, en la glosa que ha hecho de dicho informe y en respuesta a los cuestionamientos que los diversos grupos parlamentarios le han planteado a lo largo de esta tarde, ha vertido argumentos para dar testimonio del cumplimiento de estos objetivos del Ejecutivo Federal en su política agraria.

Sin embargo, nosotros, diputados federales, nacidos en el campo, con profundas raíces e intereses legítimos que nos unen con los ejidos y con las comunidades, ocupamos esta tribuna, primero para reconocer el esfuerzo, los trabajos que esta Secretaría ha realizado en estos años, pero también ocupamos esta tribuna para cuestionar lo que no se ha hecho, lo que hace falta por hacer, lo que les duele, lo que sienten los ejidos y las comunidades de nuestro país.

Y lo que les duele y lo que sienten, lo que reclaman es que haya una verdadera justicia agraria en el campo mexicano. Anhelan, al igual que nosotros, que la paz social sea una realidad en el campo mexicano, que los conflictos agrarios no solamente se solucionen en términos de la firma de convenios, sino que estos conflictos agrarios cumplan con las cuatro etapas que consideramos necesarias aplicar para que éstos lleven la paz al campo mexicano.

Primero, una conciliación verdadera que acerque a las partes en conflicto, la firma de los convenios donde se plasme la voluntad de las partes en conflicto, pero sobre todo en que de manera real se ejecuten en los hechos los convenios firmados y sobre todo, para efecto de fortalecer los acuerdos, se les dé todo el apoyo necesario para fortalecer la solución definitiva de estos conflictos.

Hoy, de la atención de los conflictos agrarios, no dudamos que hay un esfuerzo y que hay resultados favorables; sin embargo, como lo explicaban algunos compañeros, los conflictos que hoy creemos superados siguen latentes o reconsideramos que se encuentran en la primera etapa o en una etapa intermedia.

Nos preocupa, señor Secretario, lo hemos dicho hoy y siempre, el hecho de que el presupuesto que año con año nos presenta el Ejecutivo Federal, se castigue en una gran medida el aspecto agrario.

Año con año, los diputados integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, hemos hecho un esfuerzo sustancial para duplicar los recursos asignados a la reforma agraria.

Hoy vemos con suma preocupación, en el presupuesto del 2006, que prácticamente una serie de programas que esta soberanía les ha asignado recursos en los años anteriores, hoy no aparecen prácticamente en el programa de la reforma agraria.

Y esto, nosotros creemos que es atentatorio a las condiciones de vida de los ejidos y de las comunidades.

La Comisión de Reforma Agraria no solamente ha luchado en los hechos con congruencia a favor de un presupuesto para los ejidos y de las comunidades, también hemos hecho todo lo posible por darle seguimiento para conocer el destino de esos recursos, muchos compañeros diputados hace unos instantes comentaron de algunas denuncias que hay en relación a la aplicación de esos recursos y sobre todo, a los subejercicios que existen en la Secretaría de la Reforma Agraria.

No nos hemos cruzado de brazos tampoco ante la insistencia de las organizaciones, ante el Acuerdo Nacional para el Campo de revisar el marco jurídico agrario.

En la Comisión hemos trabajado arduamente y aquí también tenemos que señalar que el Consejo Consultivo Agrario ha hecho un esfuerzo sustancial para que tanto nosotros como el Consejo Consultivo Agrario acerquemos un predictamen de Nueva Ley Federal Agraria que será de gran utilidad para los campesinos.

Coincidimos, señor Secretario, que los problemas de los ejidos y de las comunidades no es un problema particular desligado de la problemática general del campo mexicano y mucho menos que el campo mexicano y mucho menos, que el campo mexicano esté desligado del problema económico del país.

Urge, efectivamente, una política de Estado para el campo mexicano, una política de Estado que contemple, que mire, que señale una directriz más profunda de lo que puede significar los campesinos para el México del siglo XXI.

Nosotros al igual que el Presidente de la República, en su caso él desea, sueña con retirarse o terminar su período como el Presidente que resuelva los conflictos entre los campesinos.

El Legislativo, así como él aspira a que a partir de nuestra voluntad, de nuestra voluntad inquebrantable, de generar las bases para una profunda transformación del campo mexicano, bases que le den la certidumbre, que le den la justicia al campo mexicano, pero sobre todo, que le den la posibilidad real al ejidatario, al comunero, a la mujer campesina, a los hombres del campo a una vida digna que tantos y tantos años han reclamado y que tantos y tantos gobiernos lo han evitado.

Quiero decirle, señor Secretario, que esta Comisión reitera nuestra profunda convicción de luchar por un presupuesto acorde a las necesidades del sector agrario. Estamos totalmente convencidos que la reforma agraria no puede cancelarse hoy ni nunca.

El 54% de la propiedad de este país es propiedad social, quieran o no los que instrumentaron la reforma del 92 pensando que se iba a privatizar el campo mexicano, hoy siguen más vivos que nunca los ejidos y las comunidades. Hoy está presente, más que nunca, el campesino en la vida de nuestro país.

De conformidad con lo que establece el artículo séptimo numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta reunión será remitida al Presidente de la República para su conocimiento.

Agradecemos a todos su asistencia. Muchas gracias.