Comparecencia del secretario de la Función Pública,
Eduardo Romero Ramos, correspondiente al
Sexto Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada

Instalación: Benjamín Ernesto González Roaro

Exposición: Eduardo Romero Ramos

PRIMER TURNO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAs

Pregunta: Elías Cárdenas Márquez, Convergencia
Respuesta: Eduardo Romero Ramos
Réplica: Elías Cárdenas Márquez, Convergencia

Pregunta: Álan Notholt Guerrero, Partido Verde Ecologista de México
Respuesta: Eduardo Romero Ramos
Réplica: Alán Notholt Guerrero, Partido Verde Ecologista de México

Pregunta: Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, Partido Revolucionario Institucional
Respuesta: Eduardo Romero Ramos

Pregunta: Pablo Trejo Pérez, Partido de la Revolución Democrática
Respuesta: Eduardo Romero Ramos
Réplica: Pablo Trejo Pérez, Partido de la Revolución Democrática

Pregunta: Arturo Flores Grande, Partido Acción Nacional
Respuesta: Eduardo Romero Ramos
Réplica: Moisés Alcalde Virgen, Partido Acción Nacional

PRIMER TURNO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAs


Pregunta: Enrique Cárdenas Del Avellano, Partido Acción Nacional
Respuesta: Eduardo Romero Ramos

Pregunta: Jesús Evodio Velázquez Aguirre, Partido Acción Nacional
Respuesta: Eduardo Romero Ramos

Pregunta: Antonio Valladolid Rodríguez, Partido Acción Nacional
Respuesta: Eduardo Romero Ramos


Comentarios Finales: Antonio Ortega Martínez


El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Muy buenas tardes. Solicito a la Secretaría, haga del conocimiento de la Presidencia de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Función Pública, el resultado del registro de asistencia de las diputadas y los diputados integrantes de las comisiones unidas de la Función Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Tiene la palabra el diputado Moisés Alcalde Virgen.

El Secretario diputado Moisés Alcalde Virgen: Sí, señor Presidente. Se informa, con base en la lista de asistencia, que existe quórum por parte de ambas comisiones.

El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Gracias secretario. Siendo las 17 horas con 20 minutos del 30 de octubre del 2006, se declara la apertura de esta reunión de trabajo en la que se llevará a cabo la comparecencia del secretario de la Función Pública, licenciado Eduardo Romero Romero, para el análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, en el ramo de su competencia.

La comparecencia se conducirá de conformidad con el acuerdo por el que se establece el formato de la comparecencia aprobado por las mesas directivas de estas comisiones el pasado 19 de octubre, por lo que le solicito al diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre, secretario de esta Comisión, dé lectura al mismo.

El Secretario diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre: Sí, con todo gusto, ciudadano Presidente.

"Acuerdo que establece el formato para la comparecencia del ciudadano secretario de la Función Pública ante las comisiones unidas de la Función Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados para el análisis del VI Informe de Gobierno del ciudadano Presidente de la República en materia de su competencia.

Los diputados integrantes de las mesas directivas de las comisiones de la Función Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 69 y 93, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primero. Que la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 10 de octubre del año en curso, aprobó acuerdo para citar a comparecer ante las comisiones, a diversos funcionarios del Ejecutivo Federal a los que se refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional para el análisis del VI Informe de Gobierno del ciudadano Presidente de la República, entre ellos el secretario de la Función Pública, el licenciado Eduardo Romero Ramos.

Segundo. Que de conformidad con el artículo cuarto del acuerdo señalado en el considerando anterior, las comparecencias se desarrollarán conforme a las bases y al formato que acuerdan y establezcan las propias comisiones.

La comparecencia del ciudadano secretario de la Función Pública, licenciado Eduardo Romero Ramos, se desarrollará de conformidad al siguiente formato:

Número uno. Bienvenida por parte del diputado Benjamín González Roaro, Presidente de la Comisión de la Función Publica de la Cámara de Diputados.

Número dos. Exposición inicial por parte del ciudadano secretario de la Función Pública, licenciado Eduardo Romero Ramos, a efecto de que informe sobre el estado que guarda su respectivo ramo, por diez minutos.

Una primera ronda de preguntas de los grupos parlamentarios representados en ambas comisiones, su intervención será de tres minutos y se realizará en el siguiente orden:

Grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Grupo parlamentario de Convergencia,

Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,

Grupo parlamentario del Revolucionario Institucional,

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y

Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A cada pregunta, el secretario dará una respuesta por tres minutos. Los diputados que hayan formulado cuestionamientos, contarán con el derecho de réplica solicitándole a la Presidencia. Para ello dispondrán de dos minutos.

Cuarta. Los grupos parlamentarios no representados en estas comisiones para hacer uso de la palabra, deberán previamente solicitarlo por escrito, antes del 26 de octubre del año en curso.

Quinta. Una segunda ronda de preguntas por tres minutos, en el siguiente orden:

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y

Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Una respuesta del ciudadano secretario a cada cuestionamiento, por tres minutos.

Sexta. Despedida a cargo del diputado Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados

Primera. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por los integrantes de las Comisiones de la Función Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Segundo. La comparecencia tendrá verificativo el lunes 30 de octubre del año en curso, a las 17:00 horas, en la zona C, edificio G, planta baja.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de octubre de 2006.

Servido, señor presidente.

El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Le solicitamos al secretario de la Comisión, el diputado Enrique Cárdenas del Avellano, dé lectura a la ficha curricular del señor secretario.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano: Con todo gusto, señor presidente. Ficha curricular del señor secretario de la Función Pública, licenciado Eduardo Romero Ramos.

El licenciado Eduardo Romero Ramos, secretario de la Función Pública, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Realizó un posgrado en derecho fiscal, en la Universidad Panamericana y diversos estudios en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en el Estudio Panamericano de Alta Dirección de Empresa.

En el ámbito docente, el licenciado Romero ha impartido diversos cursos, cátedras, conferencias en instituciones de educación superior. En el ámbito del sector privado es notario público.

Fue socio fundador y administrador del despacho de abogados Romero Jacques y Mezza, Sociedad Civil. Durante varios años fue socio internacional del despacho Backer and McKanzy. Ha sido presidente del Colegio de Notarios de Distrito Bravos y secretario del Consejo de Notarios del estado de Chihuahua.

Ha sido vicepresidente del Consejo Directivo del Centro Empresarial Coparmex y vicepresidente del Consejo Directivo de Desarrollo Económico, ambos de Ciudad Juárez, Chihuahua.

En el sector público fungió como secretario de gobierno del estado de Chihuahua. Se desempeñó como subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo de la administración pública federal.

A partir de abril del 2003 fue designado por el Presidente de la República como secretario de la Función Pública. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: A nombre de los integrantes de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de la Función Pública, damos al secretario de la Función Pública, licenciado Eduardo Romero, la más cordial bienvenida a esta casa legislativa.

Sabemos que durante esta administración el gobierno del Presidente Fox le ha dado un giro cualitativo al área que usted encabeza, fundamentalmente en los temas que tienen que ver con rendición de cuentas, con transparencia de la gestión pública, con gobierno digital, innovación gubernamental. Hubo cambios importantes en las leyes de Adquisiciones de Obra Pública.

Queremos reconocer que aunque usted tiene la obligación de comparecer ante esta Cámara de Diputados ha habido una muy buena disposición por parte de usted y de su equipo para poder tener esta reunión y estoy seguro que las respuestas que usted dé a las distintas preguntas, cuestionamientos y —por qué no— a algunas críticas de los compañeros legisladores, siempre serán en un afán de construir una mejor relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y poder contribuir de esta manera para que la función pública sea realmente un respaldo a la tarea gubernamental que dé mejores resultados a la ciudadanía.

Dicho esto, cedo la palabra al diputado Antonio Ortega Martínez, quien conducirá la primera parte de esta reunión.

El diputado Antonio Ortega Martínez: Buenas tardes a todos. Bienvenido señor secretario. En cumplimiento de lo acordado en la sesión previa de la reunión de Comisiones Unidas, daremos inicio a la primera ronda de preguntas; y en primer lugar corresponderá al Partido del Trabajo, se le da el uso de la palabra por tres minutos.

Me precisan —tiene razón— que, en primer lugar, hará uso de la palabra para una presentación por 10 minutos, el secretario de la Función Pública.

El Secretario de la Función Pública, licenciado Eduardo Romero Ramos: Muchas gracias, señor diputado Benjamín Ernesto González Roaro, presidente de la Comisión de la Función Pública de la Honorable Cámara de Diputados; señor diputado Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, señoras y señores diputados integrantes de las comisiones, muy buenas tardes. Saludo muy respetuosamente a todos ustedes integrantes de esta soberanía.

En el marco de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he aceptado gustosamente la invitación, que me formuló la Junta de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Diputados para comparecer ante estas comisiones legislativas.

Es un honor tener la oportunidad de participar en este diálogo constructivo con el Poder Legislativo, con el propósito de profundizar en el análisis del VI Informe de Gobierno del ciudadano Presidente de la República, Vicente Fox Quesada.

Quiero destacar que en la administración que encabeza el señor Presidente se ha dado un impulso sin precedentes a la transformación de la administración pública federal. Se ha avanzado, sin duda, en la construcción de un gobierno transparente, profesional, eficaz y honesto, que responda a las demandas de la sociedad y sea capaz de enfrentar los retos del desarrollo nacional.

En congruencia con ello, en estos seis años, la Secretaría de las Función Pública ha sufrido un importante proceso de evolución, asumiendo mayores atribuciones en función de nuevas leyes y reformas aprobadas por el Honorable Congreso de la Unión. En adición a las tradicionales funciones de control interno gubernamental, ahora ejerce atribuciones orientadas a dirigir el Servicio Profesional de Carrera, la política de gobierno electrónico, así como asegurar las obligaciones de transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en las instituciones federales.

Complementariamente, el Presidente de la República le ha asignado la conducción integral de la agenda de buen gobierno, con lo cual se han alineado a través de una sola institución todas las acciones estratégicas de la administración buscando agregar valor a la acción gubernamental a favor de la sociedad.

En el documento del Informe presidencial se ha informado con detalle a esta soberanía sobre los avances en la instrumentación de esta estrategia de la agenda de buen gobierno, gobierno honesto y transparente, gobierno digital, gobierno profesional, gobierno con calidad regulatoria, gobierno de calidad y gobierno que cueste menos.

Destaco en esta ocasión solamente algunos de los avances más importantes. En la estrategia de gobierno honesto y transparente, los logros alcanzados en la gestión de gobierno, así como la vigencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI, sin duda, no hay duda, han marcado un parteaguas en la historia de la administración pública.

Hoy la relación de la sociedad con sus autoridades pasa por las nuevas reglas de la apertura gubernamental. La información generada por el gobierno es un bien público cuyo acceso y apropiación está garantizada por un nuevo derecho ciudadano, tutelado por el Estado.

La sociedad tiene ahora a la vista lo que hacen sus autoridades, cómo se utilizan sus impuestos y cómo se toman las decisiones que les afectan.

Más de 154 mil requerimientos de información de la ciudadanía se han atendido en el período de vigencia de la ley y dan testimonio de su madurez e interés por intervenir en los asuntos públicos, así como de la presencia de un gobierno más abierto, sensible y con clara voluntad de mejoramiento.

En esta misma estrategia de gobierno honesto y transparente, además del impulso mismo a la transparencia, la prioridad en el combate a la corrupción ha sido el fortalecer las acciones preventivas así como las de fiscalización y verificación del ejercicio de los recursos y del desempeño de los servidores públicos. Hemos reorientado para ello y fortalecido la presencia de los órganos internos de control en los organismos federales, lo que ha permitido generar recuperaciones, ahorros e ingresos adicionales por montos cercanos a los 38 mil millones de pesos.

También hemos impulsado una cada vez más amplia participación de la sociedad civil, del sector empresarial y de las universidades en la creación de espacios de integridad y en la afirmación de los valores éticos-sociales de los ciudadanos.

Hemos aplicado también con rigor sanciones de ley a los servidores públicos que han faltado a su responsabilidad y han quebrantado el patrimonio del Estado.

Durante la administración se ha sancionado a 27 mil 424 servidores públicos y se han aplicado sanciones económicas por un monto de 15 mil 293 millones.

En materia de gobierno digital, la aplicación de las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones en el mejoramiento de los sistemas y procesos de las dependencias y entidades ha contribuido a hacer más eficiente la operación del gobierno y a innovar y transparentar la gestión y los servicios públicos. Baste mencionar que mediante el portal ciudadano los usuarios tienen ya a su disposición 1928 servicios y trámites gubernamentales en línea y mediante el sistema Compranet se realiza hoy el 48 por ciento de las licitaciones públicas de manera electrónica y estas licitaciones representan el 60 por ciento del monto de las compras gubernamentales. El resto de las licitaciones también se transparentan en Compranet, aunque no sean electrónicas.

Con relación a la estrategia de gobierno profesional, una reforma fundamental ha sido la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que significa no sólo el establecimiento de un sistema de avanzada para la gestión del personal de mando en la Administración Pública Federal centralizada, sino un profundo cambio cultural en el servicio público. Se está asegurando de esta forma que los cargos públicos estén ocupados por los mejores hombres y mujeres y que su ingreso, permanencia y ascenso, sólo dependa de sus méritos, de su preparación, de su comportamiento ético, así como de un trato equitativo con igualdad de oportunidades amén del desempeño respectivo.

Actualmente todas las contrataciones de personal de mando en las 75 instituciones sujetas a la Ley del Servicio Profesional, se realizan mediante convocatorias públicas y utilizando los más avanzados métodos de selección y capacitación.

En cuanto a la estrategia de gobierno de calidad, se ha realizado también un esfuerzo de gran amplitud para que los servicios y trámites gubernamentales se presten con calidad y no representen un agobio para los ciudadanos y los empresarios.

Durante la presente administración se han mejorado y simplificado 436 trámites y servicios que representan los de mayor impacto a la sociedad y que contemplan los que ha demandado el sector empresarial y la sociedad misma para alentar la productividad, el empleo, la inversión y el fortalecimiento de la capacidad competitiva del país.

Señoras y señores diputados, quiero ser enfático en señalar que en esta tarea el gobierno de la República ha apostado a la realización de reformas estructurales de fondo y con visión de largo plazo y no de cambios superficiales y de impacto publicitario, pero de poca efectividad.

Se ha privilegiado de esta manera a la rendición de cuentas como un valor esencial en la nueva forma de gobernar, por ello se puso en marcha un programa de rendición de cuentas de la administración, sin precedentes, pues por primera ocasión, la sociedad mexicana tiene acceso directo a esta información a través de portales de transparencia y de las dependencias y entidades.

Estamos conscientes que a pesar de los avances, siguen existiendo retos importantes no sólo para su consolidación, sino que además implicarán para la próxima administración, el redoblar los esfuerzos y convocar en ellos, a una mayor participación de todos los sectores del país.

Es esencial así pues, lograr que el Servicio Profesional de Carrera opere a plenitud, que se continúe mejorando la percepción de nuestro país en las mediciones nacionales e internacionales de transparencia y combate a la corrupción.

Es fundamental para la nación, que sustentados en el espíritu de colaboración entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, conjuntamente culminemos la aprobación de la Ley Federal de Justicia Administrativa, que se encuentra en Cámara de Senadores, que permita la constitución de tribunales especializados para imponer las sanciones administrativas a los servidores públicos; que lo deje de hacer la Secretaría de la Función Pública.

También que impulsemos con todo vigor, una reforma constitucional que eleve al rango de políticas de Estado la transparencia, la rendición de cuentas, los principios de un buen gobierno y el uso de sistemas armonizados de contabilidad pública y presentación homogénea de información financiera, presupuestaria y patrimonial de todo el Estado Mexicano, de todos los organismos públicos que lo integran, en todos los niveles.

De esta forma, existiría la obligación de todos los órdenes de gobierno de la República, de conducir estrictamente su actuación, bajo estas normas básicas de buen desempeño público.

Me pongo a sus órdenes, para responder a sus cuestionamientos, dudas y recibimos también de buen grado, sus críticas para poder ampliar la información o darles las explicaciones que ustedes requerirán sin duda, sobre estos temas de nuestra reunión. Muchas gracias.

El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Muy bien. Ha sido cumplida la primera parte del acuerdo parlamentario de las Comisiones Unidas.

Enseguida, va a hacer uso de la palabra un diputado por cada uno de los grupos parlamentarios. Han tenido los representantes de estos grupos, en las Comisiones Unidas, oportunidad de ponerse de acuerdo y decidir a nombre de cada grupo, la intervención de un diputado.

Si no tienen inconveniente, daremos comienzo, recordándoles que los turnos serán de tres minutos del diputado que hará la pregunta inicial; un derecho a respuesta por tres minutos del señor secretario y en su caso, el derecho de réplica del diputado que hace la pregunta inicial.

Entonces, tengo aquí anotado al diputado Elías Cárdenas Márquez, del Partido de Convergencia, que lo tenemos aquí. Diputado, tiene el uso de la palabra.

El diputado Elías Cárdenas Márquez: Buenas tardes a todos y a todas. Diputados presidentes de las Comisiones Unidas, señor secretario de la Función Pública. La Secretaría a su cargo, antes Secretaría de la Contraloría fue creada en el sexenio de Miguel de la Madrid, dizque para dar cumplimiento a la renovación moral que había ofrecido. Las cosas siguen igual o peor.

La famosa súper Secretaría de la Contraloría fue un fiasco, su alto costo no hizo sino integrar en un gran aparato, los órganos de Auditoría Interna de las dependencias y empresas del Estado que ya operaban y que ahora, bajo un control central, sirvieron para purgar a algunos servidores públicos, más por razones políticas, que verdaderamente de saneamiento de la administración pública.

Lo notable ahora, es que la Secretaría de la Función a su cargo sea proveedora de las dependencias y empresas del Estado, de servidores público de alto nivel que, que antes fueron auditores de la empresa a la que ahora se les asigna, rompiendo sin el menor escrúpulo el principio ético y legal de la incompatiblidad entre ser fiscalizador y después fiscalizado, bajo la obvia sospecha de incurrir en conflicto de intereses y negar la mínima objetividad a los principios rectores de la función de contraloría.

Es el caso del ahora director corporativo de administración y finanzas de Pemex, Rosendo Villarreal Dávila, quien fuera contralor de la Secretaría de la Contraloría, con Francisco Barrio, que había dicho que Pemexgate era lingotes de oro, no cacahuates, refiriéndose a Romero Deschamps.

Y haber estado por consecuencia a través de los órganos de control interno de la paraestatal que dependían de él, al tanto de los desfalcos de Pemexgate e incluso involucrado en los contratos con los despachos de abogados externos a la gran empresa que manejaron el arreglo, —entre comillas— con los líderes del sindicato para justificar el ilícito?.

Resulta ahora claro, que estando bajo su subordinación la oficina del abogado general de Pemex, no puede ser considerada ninguna casualidad, que el "pez gordo" de Barrio, sea hoy un "inocente charal" que tiene nuevo fuero de diputado gracias al hábil manejo de la información confidencial que Rosendo Villarreal, supo manipular.

Dígannos con sinceridad señor secretario ¿puede usted justificar de alguna manera que una secretaría de la Función Pública, que tuvo su origen en el combate a la corrupción, pueda hoy, conocido el desprecio que tiene a Pemex el Presidente Fox, como lo revela nada menos que su ex director Roberto Muñoz Leos, en su reciente libro, cobijar el enroque del ex contralor de su secretaría a una función tan delicada como la de director corporativo de administración?

¿O tal vez usted pueda contestarnos que como Rosendo Villarreal, es el nombramiento directo del Presidente de la República, usted ni las manos pudo meter?

Y por último...

El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Diputado Cárdenas Márquez, le rogaría por favor concluyera la intervención, se le han agotado los tres minutos.

El diputado Elías Cárdenas Márquez: Concluyo señor Presidente. El caso de los hermanos Bribriesca. ¿Díganos cuáles fueron los motivos por los cuales fueron absueltos por usted los hijos presidenciales, al no encontrar ninguna responsabilidad a los funcionarios públicos que otorgaron los contratos a la empresa "Construcciones Prácticas"?. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Muy bien. Les rogaríamos a todos los diputados atendieran el acuerdo de que son intervenciones de tres minutos.

Tiene el uso de la palabra el secretario de la Función Pública.

El Secretario de la Función Pública, licenciado Eduardo Romero Ramos: Efectivamente la secretaría de la Función Pública se crea en 82, como contraloría. Usted hace alusión a un alto costo señor diputado. Yo quisiera solamente mencionarle un dato, le secretaría de la Función Pública representa un empleado por cada 192 de los fiscalizados.

Realmente y en un análisis de más detalle y quizá aquí el tiempo no me permita hacerlo, pero lo tenemos y lo podemos proporcionar y está a la disposición en nuestras páginas, lo que cuestan nuestras auditorías, nuestro funcionamiento, ahí está.

Nosotros pensamos que el costo no es realmente alto y que en el sexenio, verdaderamente la secretaría mantiene el mismo presupuesto que tenía en 2000 en términos reales y ahora tiene nuevas funciones. Esto es, ha absorbido con ahorros y con mayores eficiencias, nuevas funciones que en otro tiempo no tenía.

El tema de Rosendo Villarreal, usted lo menciona bien, Rosendo Villarreal era el contralor de la secretaría de la Función Pública, es una designación que hace el señor Presidente de la República, no dependía jerárquicamente de mí, por el contrario yo era su fiscalizado, no tiene impedimento legal para trabajar si no en la secretaría de la Función Pública. Esto es, no podría aceptar un empleo, cargo o comisión de aquellos a quiénes fiscalizaba y él fiscalizaba las contralorías, más no al resto de la administración pública, a la administración pública la fiscaliza la Secretaría de la Función Pública; él no fiscalizaba Pemex.

Y en el tema de los hermanos Bribiesca creo que hay suficiente información pública, las auditorías que se han hecho al respecto no sólo por parte de la Secretaría de la Función Pública, sino la propia Auditoría Superior de la Federación, en las compras que hace Construcciones Prácticas; en donde por cierto, no aparecen o yo nunca he conocido elementos probatorios concretos que acrediten que los señores Bribiesca eran socios de esta empresa Construcciones Prácticas. Sí he escuchado muchas presunciones, conjeturas, especulaciones, pero nunca he visto una prueba concreta.

Y la Secretaría de la Función Pública está —y tiene que estar— apegada a un principio de legalidad en todo aquello que hace. Precisamente por ello, para las peticiones que nos hace la primera Comisión Investigadora en el seno de la Cámara de Diputados, de estos temas de Construcciones Prácticas; la Secretaría de la Función Pública conduce un proceso abierto, transparente, con testigos sociales, para que auditores externos hagan las auditorías que la Cámara nos pidió y es lo que hemos hecho, hemos reportado oportunamente al término de sus auditorías los resultados de las mismas, aquí están.

La Secretaría no puede ni condenar ni exonerar a nadie; no lo ha hecho. Ha externado que los resultados de las auditorías no revelan conexión alguna entre los señores Bribiesca y Construcciones Prácticas, pero no hace ni emite opinión alguna sobre otros órganos del gobierno que estén conociendo de estos mismos hechos.

El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: El diputado Cárdenas hará uso de su derecho de réplica hasta por dos minutos. Adelante.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano: Desde luego le quiero decir que, obviamente me queda muy claro que las funciones éticas no están contempladas porque le recuerdo que muy mal parado quedó Rosendo Villarreal como alcalde de Saltillo, con un faltante de 300 millones de pesos; que desde luego, lo descalificaría para cualquier cargo público, pero mucho más para manejar uno de los patrimonios más importantes del país.

Si bien, usted dice que él era, de todas las contralorías, bueno, tenía a su cargo la Controlaría también que revisaba a Pemex. Y otro caso, el tiempo es sospechoso; yo fui víctima de la Secretaría de la Función Pública y a mí me tardaron 3 años en darme una resolución, que desde luego fue absolutoria, porque la peleé a fondo, como abogado, y ahora resulta que el tiempo que se les da a los Bribiesca es exactamente de algunos cuantos meses o semanas. ¿Cómo se podría explicar esto? Gracias.

El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Muy bien. Está registrado por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Álan Notholt Guerrero, por tres minutos.

El diputado Álan Notholt Guerrero: Le agradezco, diputado presidente. Señor secretario, todos sabemos que la Secretaría que tiene a su cargo tiene como misión abatir los niveles de corrupción en el país y dar absoluta transparencia a la gestión y desempeño de las instituciones y los servidores públicos de la administración pública federal.

Revisando la información reportada en el VI Informe de Gobierno concerniente a los logros alcanzados por la Secretaría a su cargo, señor secretario, pareciera que efectivamente el país está viviendo una transformación generalizada en la transparencia, la mejor operativa y de la gestión gubernamental; así como, del frontal y efectivo combate a la corrupción.

Pareciera, señor secretario, que la corrupción, si bien no se ha erradicado por completo, por lo menos ya no implica un importante lastre, tanto social, como económico para el país.

Pareciera, señor secretario, que esta gran estrategia de la pesca de los peces gordos no fue sólo mediática, sino que ha sido todo un éxito, por lo que deberíamos sentirnos tranquilos y seguros de que la corrupción es una práctica del pasado.

Pero señor secretario, quisiera hacerle unas preguntas en torno a ciertos aspectos de los objetivos que busca cumplir la Secretaría de la Función Pública a su cargo.

Siendo el combate frontal de la corrupción y la reducción de los riesgos de presentarse, dos de los principales objetivos de la Secretaría de la Función Pública, le pregunto señor secretario qué estrategia ha tomado la Secretaría a su cargo a través de los distintos órganos internos de control para abatir una forma de corrupción que es el tráfico de influencias, inclusive tipificado en el Código Penal Federal.

Existe un gran número de casos en los que los funcionarios públicos de las distintas áreas de la Administración Pública Federal se dedican a realizar favores a diversas personas aprovechando su cargo, como es el caso del Instituto Nacional de Emigración, por dar un ejemplo.

En ese Instituto, más que disminuir la corrupción en sus distintas modalidades y a todos los niveles, en los últimos años dicha práctica se ha generalizado y potencializado, en tanto que las innumerables auditorias realizadas por el órgano interno de control en dicho Instituto, se han centrado en temas circunstanciales mientras que su área de responsabilidades dista mucho de ser eficiente teniendo un importante rezado en el desahogo de los expedientes que obran en su área.

No indaga, no investiga, en tanto los actos de corrupción y el tráfico de influencias florecen más que nunca en dicho Instituto. Señor secretario, ¿no estará mirando para otro lado la Secretaría de la Función Pública? ¿No habrá definido erróneamente su estrategia de combate y prevención de la corrupción?

Parece que el programa operativo "La transparencia y combate a la corrupción" no es ni tan operativo ni promueve efectivamente la transparencia; además de ser sumamente deficiente en el combate a la corrupción en todas sus modalidades.

¿Se están auditando y por tanto verificando los indicadores sumamente autocomplacientes contenidos en los reportes POT reportados, por cada una de esas 238 dependencias y unidades de la APF en las que el programa alcanzó cobertura a julio de este año? ¿O sucede lo mismo con el programa de blindaje electoral cuyo arranque oficial en abril, requería implementar y reportar acciones a partir del mes de enero, es decir, cuatro meses antes?

¿Qué está fallando, señor secretario? La orientación de los programas y de la actividad en general de la Secretaría de la Función Pública, del alcance de sus acciones, la capacidad institucional de sus funcionarios o los intereses que están en juego. Es cuanto, señor secretario.

El Secretario de la Función Pública, licenciado Eduardo Romero Ramos: Gracias, señor diputado. Gracias diputado presidente. La misión de la Secretaría sin duda tiene por objeto lograr niveles de transparencia en la Administración Pública Federal y abatir niveles de corrupción. La Secretaría de la Función Pública al inicio de este sexenio toma a su cargo esta misión nada pequeña. Importante: involucra un cambio cultural.

El primer reto con el que se enfrenta quien quiere realmente avanzar en este tema es, cuánta corrupción existe. Quién sabe si hay mucha o hay poca. Cómo se mide. Es refractaria a las pruebas directas. Normalmente se da en lo oscuro. Se supone, muy pocos la prueban, otros creen que hay demasiado, otros que no hay tanta, ¿cómo se mide la corrupción? Primer reto fundamental.

La única al 2000, la única metodología internacional era Transparencia Internacional que medía percepciones en grupos muy selectos de la sociedad en diversos países, entre ellos México. No más de cien personas, por cierto. Cuatro, cinco índices diferentes que se levantan por el Foro Económico de Davos, por la Universidad de Columbia, en fin, otros organismos internacionales, seis, ocho índices de estos los ponderan conforme una fórmula alemana y sacan el índice de transparencia.

Para tratar de entender cómo funciona y por qué la percepción no se mueve, contratamos a la firma Gauzk, que nos desagrega y empezamos a tratar de evaluar qué pasa, cuál es la percepción con el gobierno federal, cuál es la percepción con los estatales, cuál es la percepción con los municipales.

Quiero decirle que no hay porque ufanarnos. Nadie dentro del gobierno ni la sociedad mexicana debe ufanarse de tener un mal índice en materia de corrupción. ¿Por qué? Porque todos estamos siendo medidos por esos índices. Este mismo órgano legislativo está siendo medido, porque el índice no distingue a sociedad y a gobierno. No distingue un órgano de otro.

En cambio sí hay otros en donde partidos políticos, legisladores, policías, etcétera, iglesias, ejército, quienes dan servicio público, clarísimamente. Usted vea la página de Internet. La Secretaría va a encontrar ahí el barómetro, latinobarómetro, de la corrupción, y verá que en la percepción entramos todos.

No tenemos porqué sentirnos contentos y tampoco podemos voltear a decir: a ver tú, Secretaría de la Función Pública, no has logrado controlar el tema de corrupción. Sí le puedo decir, sin embargo, que en el estudio Gaus ya la Federación se monta de 3.5 puntos que trae en transparencia internacional, a 5.1, pero estados y municipios se quedan abajo. Eso, al ponderarse, nos lleva al índice actual que tenemos de 3.6.

Por otra parte, hay que recordar que en México sólo el gobierno federal avanza con Ley de Transparencia; luego siguen las estatales, pero vienen atrás, y los municipios todavía vienen más atrás.

Es un esfuerzo que debe ser de todo el aparato de gobierno, de todo el aparato del Estado y de la sociedad misma.

Hacemos muchas cosas para combatir la corrupción, por supuesto que transparencia es una herramienta importantísima porque el escrutinio público inhibe la corrupción, pero tenemos calidad regulatoria, trabajamos para tener mejores sistemas de control, trabajamos para gobierno digital.

Hoy 45 millones de trámites del SAT, de 100 millones que realiza en contactos con contribuyentes, 45 millones son digitalizados. Esos 45 millones hoy nos pueden decir que quedan registrados, que ahí en principio creo que no hay corrupción porque las herramientas digitales son muy poderosas. Todo lo que hacemos está orientado a mejorar el desempeño gubernamental, a mejorar la ética gubernamental.

Evidentemente también necesitamos nuevas leyes, nuevas leyes que nos sigan apoyando, pero ya se me acabó mi tiempo, yo creo.

El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: ¿Diputado Notholt Guerrero desea hacer uso de su derecho a réplica?

El diputado Alán Notholt Guerrero: Sí deseo ejercer mi derecho de réplica. Muchas gracias, diputado presidente.

Agradezco sus puntuales respuestas, señor secretario, pero derivado de ellas aún me queda una duda que quiero exponerle.

Con respecto a la legalidad, transparencia y rendición de cuentas mediante el decreto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 24 de diciembre de 2002, en el cual su artículo 9 establece, entre otros, que: "El Instituto contará con una contraloría interna, órgano interno de control, que ejercerá sus funciones acorde con la naturaleza especializada del Instituto, sin interferir en las decisiones sustantivas de la entidad, de conformidad con la legislación en la materia".

Ese artículo, señor secretario, ha sido utilizado por el órgano interno de control del IFAI para no proceder contra las presuntas responsabilidades de los comisionados de esa entidad de la administración pública federal por los actos u omisiones que realiza.

Por esto, señor secretario, le dejo para su reflexión la siguiente pregunta: ¿dicho artículo no contraviene lo dispuesto en el Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?

Le recuerdo, señor secretario, que ese título, plasmado en nuestra Carta Magna, establece, entre otros, que: "Para efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se reputarán como servidores públicos, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones".

Asimismo, establece dicho título que: "Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones".

Entonces, nos gustaría que analizara, en un momento de tranquilidad, durante el proceso de entrega-recepción que actualmente encabeza si los comisionados del IFAI son o no servidores públicos, sujetos a responsabilidades, conforme lo establece nuestro Código Supremo.

Le entrego una copia del correo electrónico que un funcionario de su secretaría envió en torno a este asunto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Gracias, diputado Notholt Guerrero.

Por parte del Partido Revolucionario Institucional, hará uso de la palabra el diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, por tres minutos.

El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos: Gracias, presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeras diputados. Señor secretario, paisano, bienvenido.

Hoy tristemente podemos señalar que la administración pública federal creció y se burocratizó más el Estado, lo que dio pie con ello a un aumento generalizado en el gasto corriente, en detrimento de las propias instituciones creadas para su consolidación y fortalecimiento democrático.

Peor aún, señor secretario, durante la actual administración se desvinculó el desarrollo nacional de la rendición efectiva de cuentas y se le dio mayor importancia a lo superfluo, aquello de las toallas, los viajes, el tráfico de influencias, a los fideicomisos privados de dudosa creación y al manejo irresponsable de los programas dirigidos a la protección civil, en caso muy especial de los desastres naturales, entre muchos otros.

Por otra parte, los aparatos creados para controlar, fiscalizar y transparentar el gasto de gobierno se vieron poco a poco atrapados en un círculo vicioso del que se produjeron tabuladores manejados de manera discrecional, con el consecuente fracaso del sistema civil de carrera. No podemos, como hasta ahora ha quedado comprobado, seguir fomentando una fiscalización que esté desligada de los resultados de gobierno.

En consecuencia, la eficiencia en el manejo, control, administración y vigilancia de los recursos públicos debe venir acompañada de un sistema claro de sanciones. Un sistema que en los hechos nos permita a todos: sociedad, gobierno y a nosotros, Poder Legislativo, transparentar el manejo de los recursos de manera contundente.

Requerimos pues, entonces, de una coordinación más directa con el Poder Ejecutivo, pero esta coordinación debe venir acompañada de un trato justo, en igualdad de condiciones, en igualdad de información y, desde luego, su manejo.

Por ende, es menester simplificar los mecanismos de control que el propio gobierno tiene para autocontrolarse, es decir, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación no deben excederse en actividades tales como dar seguimiento al gasto público en programas estatales, así como municipales, ya que la responsabilidad de la fiscalización, una vez que el dinero sale del ámbito federal, se supone que es ya, facultad y responsabilidad de los gobiernos de los estados, en virtud de que hay instancias de fiscalización como el mismo Congreso del estado y eso tendría que revisarse en virtud de las facultades de una soberanía como es el Congreso local o los Congresos estatales.

Y en contraposición, señor secretario, sí deberían poner mayor énfasis en el nombramiento de los titulares de las contralorías que están en las diferentes dependencias observando que las funciones de control las debe ejercer precisamente la Auditoría Superior de la Federación, quien realmente tiene la facultad para tal cometido. Es cuanto.

El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Gracias, diputado Valencia de los Santos. Señor secretario Romero Ramos.

El Secretario de la Función Pública, licenciado Eduardo Romero Ramos: Gracias, señor diputado presidente. Efectivamente, quiero señalar que la nómina de la administración pública federal centralizada no ha crecido en este sexenio, por el contrario, el número de plazas o de empleos es menor que hace seis años. No así, sin embargo, el gasto de nómina del sector paraestatal que ha crecido durante el sexenio.

Sin duda —al mismo tiempo tengo que decirlo— acorde con los presupuestos que esta soberanía autoriza. Los fideicomisos hoy en día se han transparentado de una manera que no tiene precedentes, ustedes pueden entrar a cualquier página de cualquier dependencia o entidad y encontrarán qué fideicomisos tiene, con qué fondos, para qué propósito, a qué programa institucional se vincula el fideicomiso, con qué resultados esperados, cuánto se ha ejercido, por qué concepto concreto, etcétera, y además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene en sus páginas una centralizadora o un acceso que les permite navegar en todos los fideicomisos.

Al 2000 recibimos algo así como mil 180 fideicomisos y hoy, solamente están en vigor 688, el resto se han cancelado o se han extinguido. De estos 688 sí hay aproximadamente un poco menos de 200 que han sido creados durante esta administración; los demás, aproximadamente 500 vienen de la administración pasada.

Los fideicomisos no son instrumentos perversos por sí mismos. Su naturaleza es la de ser instrumentos como cuentas de fondos, de manejo de fondos para fines específicos, que bien manejados son extraordinarias herramientas financieras y creo que lo que el gobierno ha hecho es transparentarlos al máximo de lo posible, aún más que las propias cuentas de cheques, respecto de las cuales nunca ha habido discusión. ¿Por qué se pide tanta transparencia para fideicomisos y no para una cuenta de bancos, que es lo mismo? Es tener fondos en una cuenta bancaria.

Ahora, en el tema del Fonden hay nuevas reglas a partir de problemas que se dan en 2001, 2002, en 2003 salen reglas nuevas, sistemas de control más actualizados y pensamos que las reglas actuales funcionan para las emergencias de la sociedad, de los sectores civiles cuando se ven afectados por circunstancias extraordinarias de catástrofes.

Estoy de acuerdo en que la fiscalización debe estar orientada a lograr resultados, por eso la secretaría desarrolló, puso en práctica en 2004, un modelo integral de desempeño de órganos internos de control, de vigilancia y control, que está fundamentalmente orientando todo el esfuerzo de las contralorías y de la secretaría misma a lograr resultados y a medir índices de riesgos de corrupción, medir índices de riesgos de opacidad, medir el desempeño institucional y corresponsabilizar al fiscalizador con la circunstancia de que logre resultados la dependencia o entidad a la que sirven con el desempeño de operación del propio órgano interno de control orientado específicamente a resultados y por último, índices de percepción de la calidad del servicio que brindan los órganos internos de control. El MIDO está en la página de la Secretaría de la Función Pública. Ustedes pueden ver las erogaciones de todos y cada uno de los contralores y cómo se han comportado en los últimos tiempos.

Coincido totalmente con usted en que debe haber más y más federalismo en el área de fiscalización, por eso la Secretaría de la Función Pública promueve y en 2001, principios de 2002, se modifica la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 46 vino a dirimir con mucha claridad mayores atribuciones para estados en la fiscalización de los recursos que reciben.

Pensamos que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación deben seguir coexistiendo, una como auditora interna, otra como auditor externo; dentro del Legislativo la Auditoria Superior de la Federación recibe a través de un convenio de colaboración que tenemos firmado, todas las auditorias que la secretaría realiza, absolutamente todas, con todos sus resultados. De suyo la auditoria Superior de la Federación con frecuencia profundiza o va más allá de lo que piensa que el órgano interno de control hizo y termina siendo en ocasiones de las auditorias que presenta ante el Legislativo. De manera es que nos complementamos. Yo creo que no debemos de excluirnos.

El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Muy bien. Diputado hará uso de su derecho de réplica.

El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos: Declino el derecho a réplica que tengo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Muy bien. Enseguida el diputado Pablo Trejo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Pablo Trejo Pérez: Gracias, presidente. Bienvenido licenciado Eduardo Romero Ramos. Tenemos que los últimos índices de corrupción y buen gobierno de transparencia mexicana nos señalan que en el 2005 se registraron más de 115 millones de actos de corrupción relacionados con la prestación de servicios públicos. Se han presentado también varios escándalos por los desvíos del presupuesto, el uso dispendioso del gasto y la falta de transparencia en la gestión de las instituciones públicas, algunas muestras son: la Lotería Nacional, la Administración del Derecho de Trámite Aduanero, que se utilizó ahí una fórmula y se hizo Aduanas uno y los donativos otorgados a la Fundación Vamos México y a Provida, A. C.

Han sido frecuentes los casos de tráfico de influencias; los hermanos Bribiesca, en la compra de activos al IPAB, son sólo un ejemplo.

Ya se tocó el asunto de Pemex-Gate, que por cierto ya se legalizó con el nuevo contrato colectivo de esa institución. El caso del Fonden, donde su titular lejos de ser castigada, fue premiada con una diputación local.

La corrupción ha florecido porque no existe una adecuada rendición de cuentas. La secretaría nos muestra tres debilidades importantes: está orientada a resolver infracciones menores, existe una baja capacidad para recuperar los quebrantos y no sanciona adecuadamente a quienes cometen ilícitos.

En la presente administración la opacidad en el manejo del gasto fue reiterada. Un ejemplo de ellos son los fideicomisos. Estos se constituyeron en el vehículo jurídico por excelencia de la administración en turno para ocultar el destino de los recursos públicos y sacarlos del control de la Cámara de Diputados. A su vez los diputados desconocemos las disponibilidades de los fondos, además del uso discrecional de los mismos. Es práctica ya entre las dependencias y entidades depositar los recursos que le sobran en cada ejercicio a estos fideicomisos con tal de hacer un doble juego. Primero no mostrar recursos no ejercidos y también con eso logran disfrazar el subejercicio.

Uno de los casos más importantes de la poca transparencia fue el Fideicomiso Transforma México de la Lotería Nacional; entre las organizaciones beneficiadas por ese Fideicomiso encontramos, precisamente, a Provida que a su vez también recibió recursos por la Administración para el Patrimonio de la Beneficencia Pública y también de Lotonal, Banobras, Sedesol, la Secretaría de Salud, por lo que se presume que existe una vinculación entre los funcionarios del Ejecutivo.

Le haré solamente algunas preguntas en virtud de que en este sexenio no hubo "peces gordos", como se nos había prometido. ¿Por qué la lenta actuación en la aplicación de sanciones a los funcionarios públicos en unos casos y, en otras, la oficiosa exoneración —como ya lo decía el compañero— de manera expedita?

El Presidente de la República le instruyó a usted para que los fideicomisos fueran públicos o cuando menos su información. ¿Cuáles han sido los motivos para no actuar en consecuencia?, ¿cuántos recursos públicos se destinan a estas figuras?, y ¿es éste el nuevo mecanismo de corrupción en el gobierno federal?

Finalmente, hemos escuchado que se han empezado a liquidar los fideicomisos pero, ¿qué ha pasado con el patrimonio de esos fideicomisos, señor secretario?; este patrimonio se calcula que asciende a más de 100 mil millones de pesos y de acuerdo a la Ley, tendría que regresarse a la Tesorería. ¿Se está haciendo esto? Por sus respuestas, muchas gracias.

El Secretario de la Función Pública, licenciado Eduardo Romero Ramos: Gracias. Efectivamente, Transparencia Mexicana, en los índices que levanta, nos dice que hay un número impresionante de lo que llamaríamos, "la pequeña corrupción".

Si usted examina los trámites sobre los cuales se levanta la encuesta, encontrará que de los 36 o 38 trámites, seis o siete, ocho, son federales y el resto son municipales y de gobiernos locales y también servicios privados, como gas y teléfono.

De manera que esto mide a todos los órdenes de gobierno, no mide solamente a la Federación. Sí, efectivamente, son temas que son alarmantes y de sobra les queremos tomar conciencia; debemos trabajar todos juntos.

Aquí, en la Cámara de Diputados, el período anterior quedó pendiente una reforma, por ejemplo, que viene a precisar y a darle mayor amplitud al tipo de tráfico de influencias que hoy es un tipo muy cerrado, que solamente permite llevar a la cárcel a alguien, cuando un servidor público le pide a otro servidor público que haga algo indebido y éste, efectivamente lo haga o sea, es un delito que sólo comete quien es servidor público.

Los sujetos del tipo son dos servidores públicos, de manera que nunca se va a dar el tráfico de influencias cuando el que pide algo es un particular. A menos que ustedes modifiquen el tipo, y esto es un tema central y está en sus manos, no en las de la administración.

El derecho aduanero, que tanto se ha debatido es un derecho que no son fondos públicos; la Suprema Corte de Justicia ya lo definió así; sin embargo, los fideicomisos y Aduanas uno y dos, —tema Isosa— ya están en liquidación.

La empresa Isosa está por liquidarse este mes de noviembre; los fideicomisos también están liquidándose, los fondos ahí están. Hay una página en el SAT y yo personalmente me cercioré de ver la información que la página del SAT tiene sobre los temas.

Ahí están y los fondos desde agosto del 2004, todos los fondos del derecho de trámite aduanero van a dos fideicomisos que son públicos, dejaron de ser privados. Por una parte, están en liquidación aquéllos; son públicos ahora los nuevos fideicomisos son —repito— cuentas de destino específico.

Los fideicomisos no son ni malos ni buenos y están absolutamente transparentes y se rinde cuenta puntual sobre ellos.

En el caso Provida, usted sabe que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de sostener la posición de la Secretaría de la Función Pública de que aun un particular puede ser sometido al imperio de esta Ley de Responsabilidades.

El espíritu de la Constitución y la exposición de motivos constitucionales así lo dice y hay una sanción impuesta, que hoy se sostiene, de 15 años de inhabilitación para los directivos de esta organización, de esta asociación civil, y una multa que está garantizada con embargos sobre bienes privados de los respectivos directivos que menciono.

Los fideicomisos tienen a junio de este año 2006, aproximadamente 206 mil millones de pesos. Ahí está muy claro, el 77 por ciento de estos fondos están solamente en los primeros 17 fideicomisos. Ahí hay en páginas de Hacienda cuánto tiene disponible cada fideicomiso, para qué propósito. Usted lo puede conocer, durante lo que va del último año y medio, hemos realizado aproximadamente un mil 800 entre supervisiones, verificaciones y auditorías a estos fideicomisos, por parte de la secretaría de la Función Pública., Auditoría Superior de la Federación también lo hace continuamente.

Ya no me queda tiempo para comentar el caso de Fonden-Segura.

El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Diputado Pablo Trejo.

El diputado Pablo Trejo Pérez: Señor secretario, si fuera tan amable de responder las preguntas por escrito se lo voy a agradecer.

Entramos a un dilema. En diversos foros se ha señalado que la Secretaría de la Función Pública entorpece el desempeño de las dependencias y entidades, además de que no ha resuelto los problemas de fondo de la administración pública.

La corrupción, el dispendio, la ineficiencia. Además, la sociedad nos está reclamando una administración pública que dé buenos resultados, cosa que no tenemos hasta el momento. La Secretaría de la Función Pública más las contralorías de las dependencias y entidades del Ejecutivo a la vista son muy costosas para el país; más de tres mil millones de pesos anuales. Recursos que son mayores a los gastos autorizados a la mayoría de los programas orientados al combate a la pobreza. Yo le dejaría esta pregunta en el aire. Es fundamental plantear una revisión a fondo de la estructura de la dependencia más que de sus funciones.

Hay una propuesta de desaparecer la dependencia y que funciones pasen a la Auditoría Superior de la Federación, a excepción de la administración del Servicio Profesional de Carrera. Para llevar a cabo esto —como usted lo señalaba— es un trabajo del Legislativo y sería necesario plantear una reforma estructural al tipo de fiscalización.

De manera tal, que el Poder Legislativo se convierta en un auténtico ente de evaluación y rendición de cuentas de la administración pública y logre superar las deficiencias históricas sobre el tema. Es cuanto diputado presidente.

El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Le agradezco, diputado Pablo Trejo.

Finalmente para cerrar este ciclo de primera ronda, le damos el uso de la palabra al diputado Arturo Flores Grande, del Partido Acción Nacional.

El diputado Arturo Flores Grande: Buenas tardes. Sin duda una de las prioridades del actual gobierno federal encabezado por Vicente Fox Quesada fue precisamente el enfocarse a la transparencia pública, al combate a la corrupción y muestra de ello es precisamente la Ley que hoy tenemos vigente, la Ley que permite hoy a los ciudadanos tener verdadero mecanismo y acceso a la información, a la transparencia, a la denuncia, como prácticas ordinarias de gobierno.

Eso está vigente desde el 12 de junio del 2002, entonces sí, es un logro que hay que resaltar porque el gran mérito de esto es que ahora por lo menos hay una ley, cosa que antes ni siquiera había un procedimiento ni siquiera había una garantía legal que permitiera a los ciudadanos acceder a la información pública.

Es decir, que antes lo público no era público. En este gobierno hoy lo público es público. Hoy se denuncia, hoy se puede señalar, se pueden iniciar procedimientos, sustanciarlos y sancionar. Ya hemos escuchado cuenta de algunos, incluso servidores públicos que han manejado recursos públicos y que han sido sancionados por el mal manejo o por la falta de entrega de cuentas claras.

Y esto tiene que ser una práctica permanente de este gobierno y de los subsecuentes, porque también eso es importante resaltar, que es una práctica de buen gobierno que hoy tenemos que incluso llevar a otros niveles de gobierno, y estaríamos hablando de los estatales y de los municipales.

Porque además hay una medición a nivel internacional que ponen a México en algún lugar precisamente en combate a la corrupción. Y habría que preguntar y ojalá tenga esa información, señor secretario, ¿quién contribuye más a esa calificación si el gobierno federal o los gobiernos estatales o los gobiernos estatales o los gobiernos municipales?

Y por otra parte, en el tema del servicio civil de carrera o profesional de carrera. También es necesario reconocer como una práctica de buen gobierno, el respeto a los derechos laborales y a la estabilidad de los empleos, de todos aquellos servidores públicos del gobierno federal, que sin importar en la ideología partidista, de creencia o de condición social, se mantienen en sus cargos públicos, no obstante que esté gobernando un partido, que no precisamente sea de su simpatía o militancia.

Y esto también es otro reconocimiento a este gobierno federal, porque se ha demostrado que un gobierno humanista parte de la esencia de respetar a los seres humanos y en esencia también, de aquellos que colaboran con el gobierno federal.

Pero además, señor secretario, es un hecho innegable el inicio; pero no es punto de llegada, es un inicio. La pregunta sería ¿qué nos falta en materia de rendición de cuentas, para garantizar que verdaderamente combatamos la impunidad, la corrupción, de manera ágil, sencilla, transparente; puede ser el Tribunal de Cuentas de Responsabilidades de los Servidores Públicos?

Puede ser efectivamente elevar como principios constitucionales, los principios de transparencia para obligar a todos los órdenes de gobierno, e incluso, aunque no sea el gobierno, cualquier ciudadano que maneje recursos públicos. Qué nos falta, según el diagnostico que tiene su Secretaría para seguir combatiendo estos cánceres que se han heredado de gobiernos pasados y que queremos terminar de una vez por todas

El Secretario de la Función Pública, licenciado Eduardo Romero Ramo: Muchas gracias , señor diputado.

Efectivamente, el tema de los índices de transparencia —ya antes he mencionado—nos mide a todos, absolutamente a todos, a México como país, y en esto vamos todos, Poder Judicial, Poder Legislativo, plano federal, estatal, municipal, otros órganos, partidos políticos, en fin, es una percepción generalizada.

Transparencia Internacional tiene un índice que se llama: "barómetro global de la corrupción". México tiene, cinco es la calificación más alta, lo más corrupto cinco y uno, la mejor calificación. Finlandia y Singapur, salen con unos y doces, una calificación espléndida. Aún así, Finlandia en percepción de la sociedad saca 3.1 para partidos políticos, pero México saca 4.7. Y sacamos 4.7 para policía y para legisladores 4.4., y para el sistema legal o judicial el 4.5.

Entonces, sí caminamos realmente, quienes están mejor calificados es el Ejército y las iglesias. O sea, vale la pena examinar estos índices que empiezan a desglosar o a desagregar en dónde están los problemas y cómo percibe la sociedad a los diferentes espacios o entornos públicos. Ese es un tema.

Ya antes mencionaba que empieza a moverse por los niveles de transparencia el Gobierno federal, una percepción de una mejor actuación del gobierno federal; pero nosotros no nos sentimos contentos con esto, queremos que el país en su conjunto se mueva. Por eso hablamos de que tenemos que avanzar en una reforma constitucional que haga exigible a todos los órganos de gobierno, a todos los niveles, todos los organismos públicos para que se organicen, funcionen, se administren bajo principios mínimos.

Sí tenemos 27 leyes de transparencia en los estados, pero no tenemos en la práctica la misma calidad jurídica, la misma calidad para todos los ciudadanos, porque hay algunas leyes que no tienen calidad y por ejemplo, el Estado puede combatir la decisión de apertura de la información y bueno, un pobre ciudadano, no va a ser fácil que combata en un largo juicio que dure dos, tres años, una negativa de un gobierno, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos en los hechos, los hechos se vuelven nugatorio el derecho de acceso a la información, cuando ponemos al ciudadano a pelear con el Estado.

Por otra parte, si me fuera dable pedir, creo que el tema estado de derecho es un tema central porque cuando se mide el tema de transparencia y combate a la corrupción, la sociedad contesta evaluando todos los aspectos de la legalidad, no nada más si en mis trámites me tratan bien o mal.

Ejemplo: La mayor parte de índices de mordidas se da en cuestiones vinculadas o en momentos vinculados a los automóviles, el corralón, el estar mal estacionado, el agente de tránsito, etcétera. Es donde más incidencia hay. Pero el estado de derecho en su conjunto, una mejor administración de justicia, mejor procuración de justicia, más legalidad y más respeto a la legalidad en todos los ámbitos, creo que nos va a ir moviendo en la dirección correcta.

El Presidente diputado Antonio Ortega Martínez: Muy bien. Tengo registrado para la réplica, al diputado Moisés Alcalde Virgen, del Partido Acción Nacional.

El diputado Moisés Alcalde Virgen: Gracias diputado Presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Señor secretario, bienvenido a esta comparecencia esperando que el informe de actividades de la Secretaría a su cargo rinda frutos para poder ver una cooperación en un futuro entre poderes.

Me ha tocado hacer esta réplica, he deseado hacer esta réplica también deseando que en todo caso en su momento pudiéramos conversar sobre los dos temas que pienso plantear. El primero es: usted comentó el dato sobre los servidores públicos sancionados en la presente administración.

El número no necesariamente significa algo positivo o negativo en sí mismo; sin embargo, observamos que, comparado con la administración anterior, este número es menor. De hecho, año con año el número de servidores públicos sancionados ha venido disminuyendo notablemente. La pregunta evidente, es si nos pudiera explicar las razones de por qué disminuye.

Y la segunda es,:parte fundamental del proceso de fiscalización o que pudiera ayudar, coadyuvar al proceso de fiscalización, es la armonización de los sistemas contables en los tres niveles de gobierno. De hecho, la Convención Nacional Hacendaria, en años pasados fue uno de los temas que si no se aprobó, pero fue bien visto, se formaron mesas de trabajo y demás, y en este orden de ideas, la Secretaría a su cargo ha participado activamente en ello.

La pregunta es: para poder armonizar contablemente, que sirva para coordinar, eficientar la revisión de cuentas, ¿qué ha hecho la Secretaría a su cargo?

Dos: desde su experiencia como secretario de la Función Pública, ¿qué papel debe jugar este Congreso en la armonización de los sistemas contables en esta Legislatura? Gracias por sus respuestas.

El Presidente diputado Antonio Ortega Martínez: Ya no hay derecho de contra réplica, señor Secretario. Se ha terminado la primera ronda de intervenciones. El diputado González Roaro dará conducción a la segunda parte.

El Presidente diputado Benjamín González Roaro: Gracias diputado Ortega. Con fundamento en el acuerdo que establece las bases para el desarrollo de la presente comparecencia, damos inicio a la segunda ronda de preguntas. Para tal efecto, se ha registrado el diputado Enrique Cárdenas Del Avellano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se le conceden tres minutos para formular su pregunta.

El diputado Enrique Cárdenas Del Avellano: Gracias señor Presidente. Señor secretario. Buenas tardes. Compañeros diputados. Señores de los medios. Trataré de ser rápido, son tres escasos minutos de un trabajo de 365 días del año. Entregaré por escrito para que lo que no alcance a responder en lo que me da el tiempo, me pueda responder por escrito, por favor.

En la fracción II del artículo octavo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se establece como obligación: Los servidores públicos —a la letra dice— formular y ejecutar los planes, programas, presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. Cierro paréntesis.

Como es de su conocimiento, señor secretario, existen titulares de la Secretaría que no ejercen los recursos que se le asignan a sus dependencias, ocasionando con ello graves daños a la población, sobre todo a la rural.

Con base en lo anterior pregunto: ¿se ha sancionado a algún colega suyo que no haya ejercido o que no ejerza el presupuesto que le fue asignado? Y ¿por qué si o por qué no?

En caso de omisión, de aplicar la ley en el ámbito de su competencia, ¿usted no incurre en algún tipo de responsabilidad?

Segundo. Por otra parte, nos pudiera comentar cuáles son los resultados tangibles de la secretaría respecto a la corrupción, pues la percepción de la población es que durante la administración del Presidente Vicente Fox la corrupción ha aumentado. ¿Acaso usted es de los que piensan que la reversa también es cambio?

En la mayoría de las secretarías de Estado existen múltiples vacantes, con puestos claves para el funcionamiento de las dependencias tales como direcciones, subdirecciones o jefaturas de área, entre otras. La pregunta es: ¿qué se requiere para que el servicio civil de carrera aterrice de manera efectiva y exitosa? ¿Que ha hecho, de su parte, la actual administración para lograr los objetivos planteados de inicio con este programa? ¿Se siente usted satisfecho de su paso por su secretaría?

Señor secretario. De acuerdo a la fracción VII del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, usted se encuentra facultado para realizar auditorías y evaluaciones de las dependencias y actividades de la administración pública federal, con el objeto de promover la eficiencia y su gestión y propiciar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas.

Con base en ello pregunto: ¿cuántas auditorías ha ejecutado a entidades de la administración pública federal durante su gestión y qué porcentaje de sanción y/o castigo efectivo puede presumir? Y para usted en lo personal ¿cuál sería la más connotada?

Cuarto. Sin duda, su Secretaría, como órgano de control y evaluación, es una de las más importantes dentro de la administración pública federal. Considero que si la dependencia de la que es titular no cumple con su función, las demás dependencias estarán con mayores libertades para realizar, en cuanto a su presupuesto, lo que su titular determine y no lo que la ley establezca. Por ello pregunto: ¿de conformidad con el artículo 3 de la fracción XXXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuál es el grado de apoyo y asesoría que prestan los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la administración pública federal?

¿Nos puede detallar a qué dependencias y en qué consistió la asesoría y si es que se ha dado ésta?

Señor secretario, le agradezco de antemano sus respuestas puntuales a mis preguntas. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Gracias, diputado Cárdenas. Tiene la palabra el secretario de la Función Pública por tres minutos, para dar respuesta.

El Secretario de la Función Pública, licenciado Eduardo Romero Ramos: La Secretaría a mi cargo privilegia la medición de resultados. Queremos dejar atrás la medición de acciones o la medición misma del presupuesto sólo por ejercerlo.

Creo que el logro de metas es lo importante. Los presupuestos, no conozco uno en el mundo que se cumpla a pie juntillas, a lo largo de ningún ejercicio, en ningún lugar del mundo. Son, por eso, pre-supuestos, son herramientas de planeación para el año, herramientas de gasto, son techos, sin duda, pero también ustedes han expedido leyes que permiten transferencias bajo ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias.

Porque el propio legislador, ustedes mismos, parten del supuesto que habrá muchas ocasiones en que el presupuesto no se pueda ejercer por circunstancias concretas o específicas.

Nos parece que lo que el artículo 8° establece de no ejercer los presupuestos, es un inejercicio doloso, una falta evidente de entrega del dinero público a los destinatarios o a los programas a los que está afecto, pero nos enfocamos, fundamentalmente, a medir y a evaluar resultados, resultados de los programas, metas: se lograron las metas o no.

Ciertamente, si encontrásemos un caso concreto de un funcionario público que no ejerce dolosamente su presupuesto o que es de negligencia grave la falta de ejercicio, por supuesto que puede ser motivo de responsabilidades, de observaciones, primero, de auditoría y, segundo, de responsabilidades si no se aclaran las cosas como deben aclararse.

Los puestos de delegados y demás y todo el tema del Servicio Profesional de Carrera es un tema en el que —con sinceridad le quiero decir— sí estamos satisfechos en la Secretaría de la Función Pública en lo que hemos avanzado. Un sistema de servicio profesional en el mundo tarda, aproximadamente, 20 a 25 años en madurar.

Nosotros sólo hemos trabajado en este sistema tres años y entregaremos aproximadamente un 15, un poco más de un 15 por ciento de los puestos elegibles ya con servidores de carrera. La mitad de ellos habrán ingresado por concurso público y la otra mitad habrán ingresado por certificación de sus habilidades, que son los dos mecanismos de ingreso que la ley prevé.

Nuestro número de auditorías. Hemos venido tratando de hacer… hemos bajado el gasto de fiscalización, hemos aumentado nuestro gasto de buen gobierno. La Secretaría ha hecho un esfuerzo importante en este sentido, así es como hemos podido absorber nuevas funciones de Servicio Profesional de Carrera, de más gobierno electrónico, de mejora regulatoria, de mejora de procesos, de más atención ciudadana.

Ahora verá los números. Hemos hecho 33 mil 052 auditorías a agosto de este año —perdón, no, es el cierre estimado de este año—, 33 mil 052. De 1995 al 2000 se hicieron 48 mil 383, aunque no hay datos de cuántas se hicieron en coordinación con estados. De estas auditorías sí salen sancionados aproximadamente estos 27 mil sancionados que mencioné en mi primera intervención, la mitad de ellos provienen del trabajo de auditoría y la otra mitad provienen de investigaciones derivadas de quejas y denuncias.

Son tan importantes en términos de insumo para las áreas de responsabilidades las observaciones de auditoría, como las quejas y denuncias ciudadanas. También este tema se ha democratizado. Y no sé si me queda otro tema por contestar. Yo creo que hasta aquí, ¿verdad?

Asesorías. Sí, todo el trabajo de buen gobierno es un trabajo de asesoría. En Servicio Profesional de Carrera apoyamos a las dependencias a ir entendiendo y a construir la nueva cultura. En mejora regulatoria interna, trabajamos como asesores. Cada observación para nosotros de una auditoría, cada recomendación es una asesoría "per se" cuando es bien entendida, cuando es bien recibida, cuando se plantea correctamente.

Ciertamente, la Secretaría hace suyas las metas institucionales de todas las dependencias y entidades a las que servimos y el modelo integral de desempeño organizacional de control exige y mide el desempeño de nuestros contralores en función de cuánto logran sus resultados las propias dependencias y entidades a las que sirven.

El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Gracias, secretario. Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se ha registrado el diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre y para formular su pregunta se le conceden tres minutos.

El Secretario diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre: Gracias, diputado presidente. Señor secretario, bienvenido sea usted a esta soberanía, a esta Cámara de Diputados. Por sus respuestas, adelantándome, muchas gracias. Yo me voy a enfocar de manera inmediata, por el corto tiempo que tenemos en la participación, a formular las preguntas de manera concreta.

¿Cuáles han sido los procedimientos aplicados por la Secretaría de la Función Pública en la designación de servidores públicos para ocupar puestos de director general, director de área, subdirector, jefe de departamento, enlaces en las dependencias, entidades de la administración pública? Además de que nos mencione, en los casos en que no ha sido así, ¿por qué hay una simulación al espíritu de la Ley del Servicio Profesional de Carrera?

Señor secretario, después de un profundo análisis jurídico hemos encontrado que tanto las convocatorias para los concursos del Servicio Profesional de Carrera, como las actas finales del Comité se encuentran investidas de nulidad, ya que no cumplen con lo establecido en la Constitución, leyes secundarias y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a que son expedidas por las autoridades incompetentes, en virtud de que los citados comités no se constituyen de acuerdo al artículo 18 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y por lo tanto todos los nombramientos que se han hecho también son nulos, además de que se permite que suplentes firmen dichas actas sin acreditarse debidamente, de acuerdo al artículo 99 último párrafo del reglamento de la ley en la materia.

Está usted consciente de ello y, por lo tanto, usted y el licenciado Luis Ernesto de la Fuente Pantoja, titular de la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización, entre otros, incurren en responsabilidades, señor secretario.

Para ello, ciudadano secretario, lo que basa todos los argumentos que, digo, lo que basa, lo que estoy diciendo en mi pregunta formulada está en estos documentos que son convocatorias, que son actas finales de comité de la función pública y recursos de revocación no resueltos; actas donde se autorizan dichas convocatorias e irregularidades que están en su competencia, señor secretario. Hago de su conocimiento y entrego dichas actas para su análisis.

Señor secretario, pasando a otra pregunta: ¿Por qué en el caso de la contratación las dependencias son juez y parte? ¿Hasta dónde las dependencias a su cargo avalan o abdican en la irresponsabilidad de supervisar estos procesos de selección?

Tendría muchísimas otras preguntas, señor secretario, pero yo creo que hay que destacar que hace una semana, dos semanas para ser exactos, tuvimos la información de que 100 mil funcionarios fueron despedidos o fue un retiro voluntario. Pero esto, señor secretario, en lugar de que disminuyera la nómina del servicio público de nuestra Federación, pues al contrario la ha aumentado en un tres por ciento. Me gustaría, señor secretario, que pudiera contestarnos este cuestionamiento. Por su atención muchas gracias, por sus respuestas también.

El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Se le concede la palabra al secretario por tres minutos para dar su respuesta.

El Secretario de la Función Pública, licenciado Eduardo Romero Ramos: El sector central de la administración pública federal tiene 649 mil plazas y el sector paraestatal tiene algo así como 952 mil plazas. Ciertamente hubo retiro voluntario, particularmente del sector central, del orden de 160 mil menos funcionarios o servidores públicos, pero —también coincido con usted— hay un aumento en plazas en el sector paraestatal.

Yo creo que no tengo una explicación concreta que darle, creo que han sido decisiones que son conjuntas entre la propia autonomía del sector paraestatal, sus órganos de gobierno, y los propios presupuestos que se autorizan; se presentan por propia hacienda, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y esta soberanía, que aprueba esos presupuestos, con mayores nóminas para el sector paraestatal.

En segundo lugar, los procedimientos conforme a los cuales se contratan a los nuevos servidores públicos en estas áreas de director general, estos segmentos de director general hacia abajo, hasta el nivel de enlace, están en la Ley del Servicio Profesional de Carrera, es para 44 mil 530.

Este número se mueve un poco con frecuencia, en pequeñas cantidades, 44 mil 538 a septiembre, puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera. Se sigue el tema de perfilar correctamente cada plaza, verificar que esté en presupuesto, que la valuación de lo que vale el puesto y del sueldo respectivo es el correcto para las funciones y para el perfil que se busca; hay una convocatoria pública abierta.

Hemos hecho alrededor de unos prácticamente seis mil concursos públicos abiertos en lo que va de vigencia de la ley; se han seleccionado aproximadamente 2 mil 980, cerca de 3 mil servidores públicos por concurso. Ahora, al mes de septiembre y todos estamos aprendiendo en esto, señor diputado, absolutamente todos.

Es un cambio cultural profundo, de largo aliento. Comprar una cosa significa poder identificarla con toda precisión: un auto, hay que describirlo, hay que saber qué tipo de motor quiere, qué tiene que resistir; comprar autos tiene su complejidad para definir con precisión qué es lo que necesita la administración pública.

Concursar y convocar para seleccionar personas, hombres y mujeres, talento, es un esfuerzo muchísimo más complicado, de mucha mayor profundidad y es un reto para toda la administración pública, no sólo para la Secretaría de la Función Pública.

Hemos procesado al día de hoy un poco más de 225 mil solicitantes de participación en los concursos; hemos revisado un poco más de un millón 300 mil currícula, en esos seis mil concursos. Traemos un promedio aproximado de 300 concursantes por concurso y yo creo con franqueza, que los resultados han sido positivos.

Hemos ido aprendiendo, sacamos lineamientos de primera generación, nos demuestran que ofrecen dificultades de aplicación en la práctica, sacamos lineamientos de segunda generación. Vamos aprendiendo.

La ley nos dio plazos bastante cortos para poner en práctica este gran sistema en el que creo sinceramente, es el camino por el que debe seguir la administración pública federal y llegar a entregar al término del sexenio, un 15 un 16 por ciento de todas las plazas elegibles ya con servidores de carrera, no es malo, es un esfuerzo importante.

Debe acelerarse mucho el tema de los ingresos por certificación en el año 2007, toda vez que hemos ido trabajando muchísimo en los costos de aprendizaje, de desarrollo de sistemas, de sistemas de evaluación.

Sí hay quejas, tenemos aproximadamente un dos por ciento de recursos presentados de los cinco mil concursos; nos parece que es un número que no es alto en realidad. Aprendemos de los recursos y de las inconformidades y de los argumentos que nos esgrimen.

Todos estamos en ese tema. No es la Secretaría de la Función Pública la que conduce todos los concursos; la Secretaría solamente conduce sus propios concursos y es la que tiene a su cargo el diseño de la política pública, sí como autoridad normativa, como autoridad interpretativa de la Ley, de los lineamientos en fin.

Solamente entonces, para las demás dependencias, fungimos en esa calidad.

El Presidente diputado Antonio Ortega Martínez: En esta ronda, en el acuerdo no había derecho a réplica, señor diputado, pero el Secretario ha manifestado su disposición a, por escrito, contestarnos las preguntas que estuvieran faltantes.

A continuación tiene el uso de la palabra por tres minutos, el diputado Antonio Valladolid Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Antonio Valladolid Rodríguez: Gracias. Con el permiso de ambas presidencias, señor secretario, compañeras y compañeros legisladores. México hoy, es un país muy diferente del que era en el año 2000. Su gobierno es más honesto y mucho más transparente y la sociedad cuenta con nuevos instrumentos para fiscalizar el gasto y las acciones gubernamentales.

De igual manera, tenemos una sociedad mucho más libre, en todos los órdenes y ahora sí tiene derecho a la información en la práctica y no sólo en la letra.

Hasta apenas hace cuatro años —como ya lo comentaba el compañero— no contábamos los mexicanos con una Ley de Transparencia, que representa un gran avance en la consolidación de los mecanismos democráticos de rendición de cuentas.

Ahora la información ya no es una herramienta para ejercer el poder de algunos cuantos; ahora la información es de todos. Nos da mucho gusto que cuando llegó el Presidente Vicente Fox a la Presidencia se otorgó a las reformas en materia de gobierno honesto y transparente, una importancia central.

El nuevo gobierno gozó de suficiente legitimidad como para no priorizar los intereses de grupos políticos y por lo tanto, atendió los rezagos existentes en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Así las cosas, al día de hoy, la transparencia y la rendición de cuentas nos parecen ya, una cuestión común, pero antes de que llegara el Presidente Fox, las cosas no eran así. Lo anterior obedece a que la actual administración se ha regido por dos principios fundamentales de la democracia: el de la mayor transparencia en las acciones de gobierno y el de la rendición de cuentas a la ciudadanía, donde se informa los ciudadanos qué se hace, cómo se hace y quién lo hace. Ya tenemos transparencia señor secretario, ahora hay que trabajar en la eficiencia.

En el ejercicio de estos derechos se ha convertido a la ciudadanía en una verdadera contraloría social, más de 150 mil peticiones de acceso procesadas, dan testimonio de esta contraloría social y muy buena parte de las cosas que forman la agenda y que impacta en los medios y que impactan en la opinión pública. En los últimos años se genera a partir de la apertura de la información que da el gobierno federal.

Y viene la pregunta: En este sentido señor secretario, en un sistema democrático la participación de la sociedad es fundamental para prevenir la corrupción y fortalecer los sistemas de transparencia y rendición de cuentas.

Al respecto, debemos reconocer que uno de los cambios culturales más significativos que se han presentado en la cultura política de los mexicanos en los últimos seis años, es la exigencia de mayor transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo la transparencia ahora es parte importante del debate público, por lo que nos gustaría saber señor secretario, ¿cuáles son las acciones más importantes que durante la presente administración de gobierno se llevaron a cabo para involucrar a la sociedad en la construcción de un país más transparente? Por su respuesta, muchas gracias.

El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Tiene el uso de la palabra el secretario de la Función Pública, por tres minutos para dar su respuesta.

El Secretario de la Función Pública, licenciado Eduardo Romero Ramos: Muchas gracias. Efectivamente una apuesta fundamental y algo que distingue el programa mexicano en el plano federal de transparencia y combate a la corrupción y desarrollo administrativo, es lo que distingue este plan mexicano de otros como el de Colombia y o de otros países, es que tenemos una cuarta línea estratégica a seguir, que es vinculación con la sociedad.

Nuestra apuesta en este sentido es que no se podrá dar un avance sustancial sólo desde el gobierno. Desafortunadamente con muchos casos, la sociedad participa de los procesos indebidos en su relación con el gobierno.

En ocasiones los servidores públicos provocan la conducta indebida; en ocasiones la propia sociedad la induce. Este es un fenómeno que se da en un sentido o en otro. Por tanto, la línea estratégica de la vinculación con la sociedad es algo que hemos seguido de manera muy puntual, por eso tenemos acuerdos de colaboración importantes con 50 o 52 organizaciones empresariales, sindicatos, organizaciones de transportistas, universidades, cámaras de comercio, el CCE. Aquí tenemos la lista, se la puedo proporcionar con mucho gusto.

Y procuramos mantener vigentes esos acuerdos, cualquier acuerdo que no está teniendo, que no se está moviendo en los hechos, preferimos darlo de baja y captar nuevos socios, nuevos aliados estratégicos en el tema. Por ejemplo la Asociación Nacional de Agentes Aduanales han estado muy activos, muy interesados, hemos hecho cosas muy interesantes juntos.

También nos vinculamos a la sociedad desarrollando herramientas de monitoreo ciudadano. Aprendimos del ejemplo Próvida, una organización de la sociedad civil, fundar a través del derecho de acceso a la información, literalmente hicieron, casi se puede decir, el 95 por ciento de lo que las auditorías encuentran. En el caso Próvida, ellos lo tenían ya obtenido, lo habían obtenido por vía del derecho de acceso a la información.

Aprendiendo del ejemplo desarrollamos metodologías e instructivos y hemos dado muchísimos seminarios ya de mecanismos, de este mecanismo de monitoreo ciudadano. Estamos trabajando con grupos de la sociedad civil para que se capaciten y hagan suyas estas herramientas y se conviertan en grupos de interés, que se vuelvan expertos en tópicos específicos para que participen en cualquier nivel de gobierno, con su autoridad, con su gobierno, en políticas públicas concretas.

También nos inspiramos muchísimo, lo tengo que decir, en un proyecto muy interesante de la Secretaría de Salud, que con club de Rotarios, desarrollaron grupos de vigilancia y supervisión de la calidad de los servicios de las instalaciones médicas que supervisa, que lleva el sector salud. Tenemos también concientización hasta nivel infantil. Nuestro programa de concursos infantiles de dibujos de "Adiós a las Trampas", que recibimos de 10 a 12, 15 mil dibujos por año. Premiamos a los niños, tenemos premios con la UNAM, para estudios sobre el combate a la corrupción.

Mientras no desarrollemos más conocimiento y doctrina sobre el fenómeno a la corrupción, mientras no la entendamos mejor, no podremos atacarla. Es como cualquier enfermedad, mientras no se conozcan las causas de una enfermedad, no se puede curar. Igual el fenómeno de corrupción, conocemos muy poco todavía. Entonces, tenemos que avanzar en esto, tenemos muchas estrategias funcionando para vincularnos a la sociedad y para construir aliados a la causa de transparencia.

Con el TEC de Monterrey tenemos un curso virtual muy interesante, que lo han tomado ya miles de personas; más de 24 mil entiendo, la última cifra que tengo, de cómo la empresa transparente es un mejor negocio y como también el funcionamiento del gobierno en su relación, la sociedad con el gobierno en su relación más transparente y honesta es mejor negocio. Entonces, sí trabajamos en muchos frentes y creo que esto es también, muy, muy importante.

El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Muchas gracias secretario. Hemos llegado al final de esta comparecencia. Tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Velázquez.

El Secretario diputado José Guillermo Velásquez Gutiérrez: Gracias señor presidente.

Con fundamento en lo establecido por el numeral 5, del artículo 7° de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta reunión será remitida al Presidente de la República, para su conocimiento.

El Presidente diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Y para la clausura de la comparecencia, le solicitamos al diputado Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, haga uso de la palabra.

El Presidente diputado Antonio Ortega Martínez: Agotamos el programa establecido en Comisiones Unidas, de manera puntual. Prácticamente dos horas nos llevó esta comparecencia y me da la impresión, señor diputado, compañero diputado González Roaro, señor secretario, que se queda en el ánimo la necesidad de haber dispuesto quizás más tiempo, para que las preguntas y las respuestas pudieran satisfacer a todos.

Sin embargo, se ha cumplido el propósito de que fuera una reunión ágil, expedita, eficiente y en ese sentido, a nombre de las mesas directivas y miembros de las Comisiones de la Función Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, agradecemos la comparecencia del secretario Romero Ramos, en el marco de la glosa del último informe de la administración del Presidente de la República, Vicente Fox.

En un marco de pluralidad, los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, hemos expresado nuestros puntos de vista y nuestras posiciones; también lo ha hecho el señor secretario. Es este un ejercicio que es esencial a la democracia, que día a día, construimos y que estamos empeñados en consolidar.

Me felicito por la madurez mostrada por todos presentes y considero que deberíamos hacerlo también todos, porque a pesar de las controversias mostradas en la esencia nos unen altos propósitos, valores y principios, en el interés común de consolidar la fundamental función estatal de la fiscalización, porque compartimos los propósitos de profundizar en la transparencia, en el combate a la corrupción, en tener un gobierno honesto, eficaz y eficiente, moderno y profesional. En síntesis, porque nos pronunciamos decididamente por la rendición de cuentas ante los ciudadanos.

Por su asistencia a todos, muchas gracias.