Legislatura XXVII - Año I - Período Extraordinario - Fecha 19170709 - Número de Diario 78

ENCABEZADO

MÉXICO, LUNES 9 DE JULIO DE 1917

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PERÍODO EXTRAORDINARIO XXVII LEGISLATURA TOMO 1.- NÚMERO 78

SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

EFECTUADA EL DÍA 9 DE JULIO DE 1917

SUMARIO

1. Se abre la sesión. Se lee y aprueba el acta de la anterior.- 2. Se da cuenta con los asuntos en cartera.- 3. Se reanuda la discusión acerca de la fracción XIII del artículo 1o. del dictamen de la Comisión de Presupuestos, relativo al proyecto de Ley de Ingresos. Se levanta la sesión.

DEBATE

Presidencia del C. NARRO REYNALDO

(Asistencia de 171 CC. diputados.)

El C. Presidente, a las 9.15 a. m.: Se abre la sesión de la Cámara de diputados.

- El C. Secretario Padrés leyó el acta. Está a discusión. ¿No hay quien haga uso de la palabra? En votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobada.

- El C. Secretario López Lira dio cuenta con los siguientes asuntos en cartera:

Circular del Gobierno del Estado de Nuevo León, en que se participa que, previas las formalidades de estilo, hizo entrega del Gobierno de ese Estado al C. Nicéforo Zambrano, electo por el voto popular para Gobernador Constitucional del mismo, el C. general A. Ricaut.- De enterado.

Circular del Gobierno del Estado de Nuevo León, en que el C. Nicéforo Zambrano manifiesta que, con fecha 30 del mes próximo pasado, y previa la protesta de ley que otorgó ante la H. Legislatura local, tomó posesión del. Poder Ejecutivo de la citada Entidad, que le fue entregado por el C. general Alfredo Ricaut.- De enterado.

Telegrama, procedente de la ciudad de Zacatecas, subscripto por el C. Luis J. Zalce, participando haber hecho la entrega del Gobierno de ese Estado al C. general Enrique Estrada, quien resultó electo Gobernador Constitucional del mismo, según declaratoria del H. Congreso local, de fecha 6 del presente.- De enterado.

Mensaje firmado por el C. general Enrique Estrada, comunicando que con fecha 8 del actual, previos los requisitos legales, se hizo cargo del Gobierno del Estado de Zacatecas, por entrega que del mismo le hizo el C. Luis J. Zalce, en virtud de haber sido electo popularmente para el desempeño de dicho cargo.- De enterado.

Oficio del Poder Legislativo del Estado de Colima, manifestando que en sesión del día 27 del mes retropróximo, se declaró Gobernador Constitucional de dicha Entidad al C. J. Felipe Valle, por haber obtenido mayoría absoluta de sufragios.- De enterado.

Oficio signado por el C. Gobernador provisional del Estado de Coahuila, participando que ha quedado impuesto, con sentimiento, de la muerte del C. diputado Miguel Barragán.- A su expediente.

Telegrama de Acapulco, Guerrero, en que el XXIV Congreso Constitucional de ese Estado pone en conocimiento de esta H. Cámara que el día 30 de junio último abrió un período de sesiones extraordinarias, habiendo nombrado Gobernador interino constitucional al C. Julio Adams, mientras se revisan y califican los expedientes del que haya resultado electo.- De enterado.

El C. Rivera Cabrera: Reclamo el trámite.

El C. Presidente: Tiene usted la palabra.

El C. Rivera Cabrera: Recuerdo que en el mes de mayo último, en esta Asamblea, se promovió un debate debido a un telegrama de ese señor Adams, en que aparecía firmado como Gobernador del Estado. Ese telegrama fue consignado al Senado. Mal puede, pues, haber nombrado el Congreso local de Chilpancingo al señor Adams como Gobernador en el mes de junio, puesto que en mayo ya se firmaba con tal carácter. Por lo tanto, yo creo que el trámite que procede en este caso es que pase a sus antecedentes, es decir, al mismo expediente que se formó con motivo del anterior. Esto es lo lógico y lo natural y suplico al señor Presidente se sirva atender las razones que yo acabo de expresar.

- El mismo C. Secretario: La Mesa reforma su trámite y pone: "A sus antecedentes," en lugar del anterior.

- El mismo C. Secretario siguió dando cuenta con los siguientes asuntos:

Oficio del Gobierno del Estado de Veracruz - Llave, al cual se acompañan dos ejemplares del decreto que con el número 3 expidió la H. Legislatura de esa Entidad, concediendo al C. Cándido Aguilar, Gobernador Constitucional de la misma, facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda.- Recibo y al archivo.

"Mazatlán, Sinaloa, junio 20 de 1917.- Presidente Cámara Diputados.

"Detenido viaje falta vapor. Ruégole concederme prórroga licencia tiempo absolutamente indispensable. Atentamente, diputado Froylán C. Manjarrez."- A la Comisión de Estado, departamento Interior.

"Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

"El H. Congreso de la Unión ha sido ya informado por el Ejecutivo, de que los presupuestos de la Federación arrojan en la actualidad un déficit mensual aproximado de cinco millones de pesos.

"Para calcular esa cifra se tuvieron únicamente en cuenta los gastos normales de la Administración, haciéndose punto omiso de gran número de pequeñas obligaciones del Gobierno, que no se reputaban de urgente cumplimiento; pero que originan, en todo caso, una deuda flotante, que va creciendo de día en día. Si se toman en consideración, además, la carestía de la vida, cada vez más acentuada, y la necesidad que se impondrá más tarde, como consecuencia de ella, de elevar los sueldos de los empleados públicos; si se atiende a la posibilidad de que la obra de pacificación exija todavía, por algún tiempo, constantes desembolsos, no se juzgará exagerado el suponer que el déficit real superará a la cifra antes expresada.

"Para contrarrestar la gravedad de las anteriores consideraciones, cabe formular algunas otras respecto al futuro, que hacen ver como menos remota la solución favorable de los problemas hacendarios.

"Por una parte, durante algún tiempo aún el Gobierno no creerá llegado el caso de pagar en efectivo las diversas reclamaciones que pueden presentarse con motivo de los daños causados por la Revolución, aunque sí estudia ya la manera práctica de reconocerlas y liquidarlas, y en su oportunidad habrá de someter a las Cámaras el respectivo proyecto.

"En ese mismo orden de ideas, el Ejecutivo no cree tampoco que deba pensarse en reanudar el servicio de la Deuda Pública Exterior, mientras no se haya logrado cubrir los déficits a que antes se ha hecho referencia. Esas dos importantes responsabilidades quedan, pues, por la fuerza misma de las circunstancias, aplazadas para más tarde, y deben, por lo mismo, excluirse de las preocupaciones del momento.

"Por otra parte, los ingresos actuales, a pesar de que las condiciones del país no recobran aún su normalidad, son comparativamente superiores a los que se obtenían en la época anterior a la Revolución, y, en vista de ese hecho tan significativo, por lo que atañe a la vitalidad de nuestro pueblo, es lógico esperar que cuando la paz se restablezca en toda la extensión de la República, y se normalicen por completo el servicio ferrocarrilero y las comunicaciones en general, la desproporción entre los ingresos y egresos irá disminuyendo gradualmente, hasta el día en que desaparezca el desequilibrio que constituye, por ahora, una de las más serias dificultades del Gobierno.

"Como la base indispensable para que esas previsiones puedan realizarse es la liquidación efectiva de los déficits actuales, ya que su persistencia retardaría indefinidamente el equilibrio que se desea, el Ejecutivo cree llegada la necesidad de obtener un empréstito exclusivamente destinado a llenar aquel fin y espera que la Representación Nacional, compartiendo con él la convicción de que tal medio es el único eficaz para satisfacer tan imperiosa exigencia, le conceda, desde luego, las autorizaciones necesarias para iniciar las debidas exploraciones en las esferas financieras, tanto de la República como de otros países, exploraciones tanto más indispensables, cuanto que, por ahora, es imposible conocer de antemano, ni aun la posibilidad de contratar un empréstito de tal naturaleza.

"A causa de esas mismas dificultades, el Ejecutivo no podría proponer al Congreso bases precisas respecto a la cantidad exacta por la cual la operación pudiera concretarse, y las condiciones de emisión y de amortización, el tipo de interés, etc., etc., pues la fijación de esos detalles depende principalmente de las condiciones de los mercados financieros mundiales, las cuales, como uno de tantos efectos de la guerra, han perdido toda estabilidad y puede asegurarse que cambia día por día.

En tal virtud, el Ejecutivo ha creído prudente solicitar, ante todo, del Congreso de la Unión, las facultades necesarias para dar todos los pasos preliminares, que le permitan fijar, llegado el caso, los términos y condiciones posibles del empréstito, la naturaleza de la garantía, la cual se tratará de establecer, hasta donde sea posible, sobre la base de que no implique un gravamen para las rentas públicas, la clase de arreglos que deberán celebrarse con los tenedores de obligaciones anteriores y todos los demás aspectos de la operación, a reserva de someterlos definitivamente a las Cámaras, para que éstas resuelvan si es o no de llevarse a ejecución el arreglo proyectado.

"El Ejecutivo, siguiendo las mismas tendencias que movieron a la Revolución a eludir cualquier empréstito exterior, hará toda clase de esfuerzos para practicar la transacción financiera de que se trata, dentro del territorio de la República, y no recurrirá al extranjero, sino cuando esté convencido de la imposibilidad absoluta de obtener un empréstito nacional.

"Si esa imposibilidad lo obliga a desobedecer las indicadas tendencias, cree de antemano que su conducta resultará justificada ante la consideración de que el objeto que se persigue es el de reorganizar definitivamente y por medios pacíficos. Las finanzas y los servicios públicos nacionales.

"En atención a lo expuesto, el Ejecutivo espera que la Representación Nacional tendrá a bien dar su aprobación al proyecto de ley que se acompaña a la presente iniciativa.

"México, 7 de julio de 1917.-V. Carranza." (Rúbrica.)

"PROYECTO DE LEY

"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le concede la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución Federal, ha tenido a bien decretar lo siguiente:

"Artículo 1o. Se autoriza al Ejecutivo para agenciar un empréstito hasta por la cantidad de ciento cincuenta millones de pesos, que se destinarán, exclusivamente, a cubrir los déficits que arrojen los presupuestos de la Nación mientras se logra su nivelación.

"Artículo 2o. El Ejecutivo queda facultado para contratar el empréstito a que se refiere el artículo anterior, ya sea en la República, ya en el extranjero, en forma de operación a largo plazo o en calidad de obligaciones del Tesoro, redimibles o convertibles en un término breve, según la mayor o menor dificultad con que se tropiece para obtener los fondos. Queda facultado, asimismo, para estipular las condiciones de emisión, el tipo de interés, la forma de amortización, la garantía y todos los demás arreglos relacionados con la operación, incluyéndose en ellos los que deban celebrarse con los tenedores de las obligaciones legítimas anteriores.

"Artículo 3o. Todos los convenios que se formulen deberán ser sometidos al Congreso de la Unión, a fin de que éste los apruebe, como requisito previo para que se pueda darles cumplimiento.

"Constitución y Reformas.- México, 7 de julio de 1917.- V. Carranza." (Rúbrica.) - A las Comisiones unidas 2a. de Crédito Público y 1a. de Hacienda, e imprímase.

"Comisiones unidas de Justicia.

"Señor:

"El C. Miguel García, en ocurso fechado el 28 de mayo y que se turnó a las Comisiones unidas de Justicia, se queja de violaciones de las garantías individuales en la persona de su hermano, mayor Manuel García, cometidas por el C. Comandante Militar de Veracruz, que consiste en haber puesto detenido e incomunicado a dicho Manuel García sin dar cumplimiento a las prescripciones de la constitución vigente, y que solicita de la cámara se exija se haga justicia en el asunto y se cumpla una orden de la Secretaría de Guerra, de traer al mayor García, para que fuese juzgado en esta capital.

"Aun cuando este asunto no es de la competencia de la Cámara, las comisiones, teniendo en cuenta los precedentes establecidos, estiman que debe transcribirse el escrito de queja a que se ha hecho referencia, al C. Presidente de la República para su conocimiento; y, en tal virtud, se permiten someter a vuestra honorable consideración, la siguiente proposición:

"Transcríbase al C. Presidente de la República, para su conocimiento y efectos, el ocurso de fecha 28 de mayo último, dirigido a esta Cámara por el C. Miguel García, y comuníquese al interesado.

"Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, 5 de julio de 1917.- H. Medina.- Flavio Pérez Gasga.- C. Garza González.- Enrique Parra.- Rueda Magro." (Rúbricas.)

Está a discusión. ¿No hay quien haga uso de la palabra? En votación económica, ¿se aprueba? Aprobado.

El C. Secretario López Lira: Continúa el debate de la fracción XIII del artículo 1o. del proyecto de ley de ingresos.

El C. Sánchez Pontón: Pido la palabra para hechos.

El C. Presidente: Tiene usted la palabra.

El C. Sánchez Pontón: Señores diputados: En la sesión del sábado último, el C. Manrique se permitió hacer una alusión personal que, con objeto únicamente de rectificar, he querido en esta sesión ocupar un momento la atención de ustedes. El C. Manrique me colocó entre los diputados que atacaron al licenciado Urueta, especialmente haciendo aparecer que un grupo de diputados nos confabulamos para atacar en conjunto al diputado Urueta. A la Asamblea le consta que no he atacado al licenciado Urueta, sino que, estando él presente en la sesión en que se discutió el nombramiento de los magistrados y jueces y la expedición de la ley, me referí a una interrupción que el señor licenciado Urueta se sirvió hacer en mi discurso; pero únicamente fue sobre cuestiones al debate y nunca sobre cuestiones personales que atañeran directa o indirectamente al propio diputado Urueta, y menos que lo hubiera hecho, como dijo el ciudadano Manrique, en ausencia del señor Urueta. Por la alusión que hizo, refiriéndose a esa donosa comparación del bosquecillo y el jabalí, únicamente tengo que hacer constar, que yo nunca me he asociado a nadie para atacar a determinado individuo, que yo nunca he formado parte de parvadas o manadas con objeto de irme en contra de un individuo, aunque tuviera motivos para hacerlo, sino que lo hago directamente, personalmente y no en ausencia, sino estando presente. Estoy dispuesto a atacar cuando haya justicia para hacerlo, no solamente a los que, como dijo el señor Manrique erróneamente, estuvieran caídos, sino a los señores que él citó como invulnerables. No se trata, señor Manrique, de que tenga los puños más o menos recios para que así podamos atacarlos, ni que sean de mayores o menores facultades tribunicias. Todos nosotros estamos dispuestos, cada uno de los miembros que forman el Congreso, en mi concepto, a hacer los ataques que merezcan hacerse. Cualquiera de los diputados incurriría en la falsedad más grande, al asentar que aquí solamente se hacen ataques a los débiles y a los caídos. Por mi parte, yo en el momento que sea justo y necesario para la salud de la Patria, haré los ataques y haré las aclaraciones necesarias, contra uno o contra otro, sin esperar a que éste se encuentre ausente; por lo tanto, yo rectifico esta alusión que el señor Manrique hizo, colocándome entre los señores diputados Martínez de Escobar y José M. Sánchez, que atacaron al señor diputado Urueta. No lo he atacado, cuando esto fuera necesario y en cuestiones parlamentarias, lo haré yo, tanto con el señor licenciado Urueta, como con cualquier otro de los aquí presentes.

El C. Secretario López Lira: Las personas que deseen hacer uso de la palabra, se servirán pasar a inscribirse, en el debate de la fracción XIII del artículo 1o.

El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el ciudadano Siurob.

El C. Siurob: Señores diputados: Avanzado como se encuentra este debate, creo, sin embargo, que no se le ha dado todavía la importancia que debe tener, desde el momento que en todo Estado libre, uno de los momentos más interesantes es aquel en que se resuelve su libertad económica, y la libertad económica consiste, precisamente, en la aprobación de presupuestos que garanticen esa libertad de una manera efectiva, de una manera absolutamente segura. Se ha objetado ya aquí de excesivo el impuesto del sesenta por ciento federal, sobre los enteros que deben hacerse en las oficinas recaudadoras del Estado y del Municipio. Yo creo, señores, que no tenemos una verdadera base para tachar de excesivo, o al contrario, de poco eficiente, este recurso, y voy a decir por qué.

Los presupuestos de los Estados no son como los presupuestos de los individuos; en éstos, el individuo se propone gastar la cantidad que necesita, pero siempre colocándose dentro de la cantidad que entra a su bolsillo, dentro de sus recursos propios; en cambio, en los Estados las contribuciones siempre se adaptan a los gastos, en vez de que los gastos se adaptaran a las cantidades recaudadas; son éstas las que se adaptan a los gastos. Ahora, señores, yo pregunto: ¿sabemos siquiera cuál es la cantidad efectiva y definitiva que se va a gastar en el ejercicio fiscal próximo? ¿Tenemos datos absolutamente fidedignos y seguros de los cuales podamos partir y que sirvan como base para considerar un impuesto como excesivo o como deficiente? Quisiera que algún representante del Gobierno, de los que están en más íntimo contacto con los ministros, viniera a darnos datos concretos y precisos sobre este particular; que nos dijeran por qué se pone el sesenta por ciento y no el cuarenta o el cincuenta por ciento; cuál es la causa por la que este impuesto ha sido aumentado de una manera tan desproporcionada. En efecto, en la historia de nuestros presupuestos, observamos que cuando el impuesto ha sido aumentado a un treinta por ciento, se ha considerado ya demasiado fuerte y pesado, para las necesidades de la Nación en momentos difíciles, en momentos semejantes a éste; por ejemplo, después de la guerra de Reforma; pero ahora este aumento al doble de la cantidad que ha sido necesario en otros tiempos, en el curso de nuestra historia y en los momentos más difíciles de nuestras situaciones políticas, francamente es muy discutible, muy digno de nuestra consideración; pero mientras no tengamos una voz, perfectamente autorizada, del Gobierno que diga que este impuesto tiene por base tal o cual cantidad; mientras no tengamos sino dos caminos: o aprobar el presupuesto como se encuentra, depositando nuestra confianza en el Ejecutivo, diciéndole que, indudablemente, por las circunstancias del país no podemos encontrar mejor intérprete de las necesidades nacionales que él mismo, en cuyo caso, nuestra acción como Cámara Legisladora la depositamos en sus manos, o exigir que se entreguen cuentas precisas y exactas y se nos dé una base segura de qué partir, señalándose elementos verdaderamente firmes, para que podamos formarnos un juicio. En el asunto de los municipios debo advertir a ustedes que ignoro lo que pasa en otros Estados, pero por lo que se refiere al Estado de Guanajuato, al llegar yo a ese Estado me encontré con que estaban mezcladas las fuentes de ingresos del Estado con las del Municipio. Así, por ejemplo, el Estado cobraba los ingresos por abasto; en cambio, el municipio cobraba el Registro Civil en muchos de los distritos del Estado. Mi primera labor fue, precisamente, deslindar estos campos económicos de acción; lo primero que hice fue devolver al Municipio todas sus fuentes de ingresos y al Estado todas las suyas. Si en la actualidad todos los municipios de la República deben estar, conforme a la ley del Municipio Libre, perfectamente independiente del Estado, desde el punto de vista económico, ¿por qué establecemos una liga entre el Municipio y la Federación, por medio de este decreto que voy a leer de una manera detenida, sobre el que debo llamar la atención de los señores diputados? El artículo relativo dice así: (leyó.)

Si creemos verdaderamente que el Municipio debe ser libre, debe ser libre también económicamente y debe disponer de sus propios fondos e ingresos, y si hay esta libertad del Municipio respecto del Estado, puesto que los Gobernadores revolucionarios que hemos estado al frente de algunos Estados de la República, lo primero por lo que nos hemos preocupado es de darle al Municipio la absoluta libertad que debe tener, ¿por qué se instituye por medio de este artículo, hasta cierto punto, una liga entre el Municipio y la Federación, y una liga de servidumbre, puesto que el Municipio tiene forzosamente que recaudar estas cantidades para la Federación? ¿No sería mejor dejar al Municipio perfectamente libre, para que fuera el elemento primordial de la Nación, como debe ser en todos los países cultos? ¿No sería mejor no instituirle ningún predominio ni del Estado ni de la Federación, salvo en los asuntos que deben estar sujetos a la Cámara local? Yo, señores, propongo aquí, en el seno de esta Asamblea, que en este artículo se suprima la parte referente al Municipio y únicamente subsista la contribución federal, así como estaba anteriormente, es decir, sobre los impuestos municipales que de hecho deben causarla, como renta del Timbre, etc.; este es el único medio por el cual la Federación debe gravar la renta municipal; pero aquí se establece en el segundo artículo, en la forma siguiente: (leyó.)

Acerca de este punto, en la sesión pasada se habló algo, se dijo que anteriormente la Federación cobraba un impuesto sobre multas y que este impuesto era deducido y no aumentado; en este punto hubo controversias, pues la verdad no se obraba de igual manera en los distintos Estados de la Federación.

Por ejemplo, en Querétaro se añadía el impuesto al monto de la multa; y en muchos municipios de Guanajuato se añadía igualmente al monto de la multa; pero, en cambio, en Michoacán se deducía del importe de la multa. Como quiera que sea, y como aquí no se hace especificación alguna,

creo que resultará una confusión verdaderamente lamentable, cuando debe esto quedar perfectamente claro. Yo opinaría que la Comisión retirara este artículo para estudiarlo de una manera más detenida, a fin de consultar con los elementos del Gobierno, con el Ministro de Hacienda o con el Subsecretario, para traer aquí datos precisos y tener una base cierta sobre qué juzgar, o que algunos CC. diputados de los que llevan la voz del Gobierno nos vinieran a decir de una manera clara y precisa cuáles son las bases de que ha partido el Gobierno para establecer el sesenta por ciento. Si no son más que las necesidades en globo juzgadas de una manera aproximativa o de una manera poco seria, entonces opino porque no votemos en ninguna forma esta fracción y voy a decir por qué: porque correríamos el peligro de que esta contribución no fuera tolerada. Figuraos que los propietarios de todos los Estados de la República, no pudiendo tolerar este impuesto, sencillamente no pagaran; esto sería un doble conflicto para la Federación: un doble conflicto, primero, porque se quedaría sin percibir aquellos ingresos, y segundo, porque le sería imposible aplicar al Gobierno la facultad económico - coactiva y en todo caso vendría el ridículo para este Congreso y una causa de desprestigio para el Gobierno federal. Laboro en este sentido de una manera honrada y seria en pro de los intereses del Gobierno; por eso quisiera que se nos explicara de una manera circunstanciada, que se nos dijera la base para proponer ese sesenta por ciento que a todos nos parece excesivo, porque está fuera de todo precedente en los anales de nuestra historia económica, porque nunca ha existido un impuesto semejante, ni en nuestras épocas de mayores conflictos económicos, como por ejemplo después de la guerra de Reforma. Este es el primer artículo que pensaba impugnar; ahora voy con el segundo. El segundo artículo se refiere a impuestos sobre pertenencias mineras. El artículo relativo del dictamen dice en su inciso C: "Impuestos sobre pertenencias mineras, conforme al reglamento de 29 de junio de 1912, decreto de 1o. de mayo de 1916 y disposiciones posteriores." Yo he estudiado a fondo este decreto, como era mi obligación, y he encontrado, señores, que de una manera verdaderamente prudente y sabia el Ministro de Hacienda ha establecido el impuesto anual de propiedad de minas en forma progresiva, es decir, gravando más los grupos de pertenencias a medida que estas pertenencias van siendo más y más numerosas.

El artículo relativo dice en la forma siguiente: "Minerales de oro y plata.

Fracción A: "De una hasta diez pertenencias a razón de seis pesos anuales por pertenencia, o sean dos pesos por cada tercio." El asunto es bien sencillo, y voy a entrar en algunas explicaciones, por haber aquí muchos CC. diputados que no conocen asuntos mineros. Lo que está sucediendo actualmente en la República es esto: El capital se está aprovechando tanto en el suelo minero como en el suelo agrícola, de esas prerrogativas. En efecto, así como el gran terrateniente paga un impuesto en muy poca proporción con el pequeño terrateniente, puesto que paga un impuesto verdaderamente exiguo por una cantidad enorme de tierra, lo mismo sucede con el propietario de muchas pertenencias mineras. El propietario de muchas pertenencias mineras puede calcularse ya de cien para arriba, éste es un acaparador de pertenencias mineras, éste es un terrateniente en este ramo, podemos llamarle así, y el impuesto progresivo, señores, es uno de los medios que se han adoptado para combatir a los terratenientes, tanto en el terreno agrícola, como en el terreno minero, y veo con profunda satisfacción que ya al Ministerio de Hacienda se ha preocupado por establecer este sistema como base del impuesto sobre minería; pero yo quisiera que se intensificara todavía un poco más esta labor de la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, de una a cinco pertenencias, que no se cobrara más que un peso por cada tercio, fundándose en que los pequeños mineros son los que tienen de una a cinco pertenencias; estos pequeños mineros necesitan que se les descargue un poco de la contribución. ¿Por qué no se exceptúan? Porque entonces viene el exceso contrario, no trabajarían y dejarían abandonadas las minas. Hay, pues, que establecer algunos impuestos que no sean onerosos, pero que guarden la debida proporción con los demás impuestos para mayor número de pertenencias. En vez de la fracción A podemos poner la otra: de una a cinco pertenencias a razón de tres pesos anuales por pertenencia, o sea uno por cada tercio; en cambio, deberemos recargar mucho más las pertenencias de cien para arriba. Que se rompa la proporción y que en vez de seis pesos por cada tercio, sean siquiera ocho o diez por cada tercio. Eso entra dentro del juicio de esta Asamblea.

Propondría que fuesen dos pesos más, porque a la larga en cien pertenencias vienen a ser seiscientos pesos anuales; pero quizá me haya quedado corto. En efecto, señores diputados, lo ví en el pueblo minero de Guanajuato; allí tienen ustedes todas las escalas, desde el pequeño minero que no tenía más que una pertenencia y, sin embargo, estaba sacando poco a poco el fruto que podía sacarle con los procedimientos rudimentarios de explotación, hasta el gran terrateniente que tiene quinientas y ochocientas pertenencias. Aquí está el señor diputado Aranda, que es un ingeniero minero de Guanajuato y que mucho gusto tendría que tomara parte en este debate. Con permiso de la Presidencia voy a interpelarlo para que diga cuál es el mayor número de pertenencias que conoce en poder de una sola compañía.

El C. Aranda: Si mal no recuerdo, hay compañías que tienen hasta quinientas pertenencias.

El C. Siurob: Allí está el caso: una sola compañía tiene más de quinientas pertenencias y voy a citar los gravísimos inconvenientes que tiene este acaparamiento. Cuando llegué a Guanajuato me encontré con que el Estado estaba desolado, porque por allí habían pasado los cuatro más grandes cuerpos de la Revolución: el del general Pablo González, cuando vino al Sur; el del general Obregón, cuando vino a tomar la capital de la República; después, el ejército de Villa, cuando volvió hacia el Sur, y, por último, el ejército del general Obregón, cuando regresó al Norte, dándose allí las más grandes batallas que registra la historia de esta guerra civil y, por consiguiente, siendo recogidos de allí todos los animales de labranza, siendo hollados todos los cultivos, todos los granos y todas las mieses; por consiguiente, se encontraba aquello en la más espantosa miseria. En estas condiciones fue

cuando se vinieron las dificultades con los extranjeros, entonces éstos suspendieron sus negociaciones para acabar de arruinar la situación.

En las minas de Guanajuato trabajaban más de cinco mil operarios en los tiempos buenos, y en aquellos momentos, señores, todos aquellos hombres se quedaron sin pan y fueron enormes las dificultades para el Gobierno que me tocó el honor de dirigir en aquellos momentos, las de sostener aquellos pobres hombres, y sobre todo, arreglar con las compañías a ver si era posible suspender el paro, manifestándose ellas muy inexorables, por más facilidades que se les daban, por más que hasta se cedía en muchos casos, para ver si era posible que se reanudaran los trabajos; no quisieron oír nada, y yo, ante aquel conflicto, opté por algunas medidas, primero concedí pases de ferrocarril al mayor número de ellos, a todos los que quisieron; a otros los envié a trabajar a los campos y a otros opté por este recurso, a los que únicamente tenían conocimientos mineros, les di campos en las minas que ya existían, campos de explotación, para que del metal que extrajeran, la mitad correspondieran al dueño de la mina y la otra mitad a ellos. Pero inmediatamente, señores, se vinieron las reclamaciones sobre la Secretaría de Relaciones y la de Fomento, diciendo que no había derecho para que el Gobierno Constitucionalista permitiera a los trabajadores ir a trabajar por campos, en las condiciones en que yo lo había propuesto, y yo, señores, me encontraba entre la espada y la pared: por una parte, aquel grupo innumerable de trabajadores y de familias, porque cinco mil trabajadores son cinco mil familias, y cinco mil familias son, aproximadamente, quince mil personas, por lo bajo; de manera que allí tienen ustedes los perjuicios enormes, verdaderamente trascendentales, que ocasiona al proletariado mexicano, al Gobierno Mexicano y al pueblo mexicano en general, este acaparamiento de la propiedad minera. Los fundos mineros, en donde se encuentra acaparada la propiedad minera, son terrenos perdidos para el trabajador mexicano; el trabajador mexicano no tiene otro remedio que ir a servir de capataz en alguna mina de los extranjeros, cuando mucho, o ir a trabajar con los procedimientos ratoniles, con el procedimiento del azogue, que acaban con su salud, que acaban con su vida y con lo cual no llevan sino un mendrugo al seno de su familia. Hay que combatir con la mayor energía el latifundismo minero. Propongo esta forma: que de cien pertenencias en adelante, se modifique esa progresión, cargando cuatro pesos más por cada tercio, es decir, que de cincuenta y una a cien, sea a razón de diez pesos por cada tercio, y de cien en adelante, a razón de doce pesos por cada tercio. Esto por lo que se refiere a los minerales de oro y plata. Ahora vamos a los minerales que no sean oro y plata.

Se podría hacer una diferencia por carta de menos y por carta de más; por carta de menos para los que tienen menos de cincuenta pertenencias, por ejemplo, de una hasta veinticinco pertenencias, cobrando un peso por cada tercio; en cambio, para doscientas en adelante, en vez de cobrar seis pesos, se les puede cobrar diez por cada tercio, y de quinientas en adelante doce pesos por cada tercio. Estas son las modificaciones que propongo en esta ley, que forzosamente tendremos que aprobar en el momento en que aprobemos el inciso B, puesto que aprobamos el cobro de un impuesto conforme a esta misma ley. Creo que esto es obvio. Quisiera, sin embargo, oír la voz de la Comisión o de alguna persona que hablara en nombre de la Secretaría de Hacienda; para que pudiéramos saber claramente si se puede modificar esta proposición o que inconvenientes tiene. No le encuentro ninguno más que esta razón: la presión que pueden ejercer los grandes latifundistas mineros para no verse perjudicados en sus intereses. El latifundismo minero es tan poderoso como el latifundismo agrícola; es más todavía, porque el agrícola es nacional y el minero es extranjero. De manera, señores, que es necesario que la Representación Nacional se fije perfectamente en las inmensas ventajas que traería para el proletariado y para el pequeño minero, que este impuesto progresivo se intensificara para los acaparadores y se disminuyera un poco para los pequeños propietarios, fundándome en que es principio revolucionario favorecer al proletario y disminuir en cuanto sea posible la prepotencia del capital; fundándome también en los hechos que he citado y que demuestran la perniciosa influencia del latifundismo , tanto en el terreno agrario como en el minero.

De manera que, fundándome en la necesidad que tenemos de proteger a la pequeña industria minera, de la necesidad que tenemos también de formar grandes industrias mexicanas, que se forman con la unión de las pequeñas industrias mineras, también mexicanas, fundándome en todas esas razones, y, además, en el hecho de que no existe absolutamente ningún caso que se oponga a esta innovación, propongo que se reforme este artículo en la forma que lo he expresado. No tengo ningún otro artículo que objetar, solamente éste, y que se nos den mayores datos sobre la cuestión municipal y yo suplico a la Representación Nacional ponga más atención y todo su empeño en que esto se discuta de una manera leal, patriótica, y, sobre todo, de acuerdo con los ideales de la Revolución.

El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.

El C. Basáñez, de la Comisión: Señores diputados: Las fuentes de ingresos de la Nación son dos, podemos decir que son dos: contribuciones directas y contribuciones indirectas. Las contribuciones indirectas son las que recaen indirectamente y van a ser pagadas por el pueblo, como son los impuestos del Timbre, los derechos de importación, etc., etc., y el segundo medio de contribución son las directas, las que recaen directamente sobre el capital; de allí el que la Comisión, al tener a su estudio el sesenta por ciento sobre cobros que hacen los municipios, que es, en lo general, sobre propiedades, sobre tierras, no tuvo inconveniente en aceptar esa contribución o ese impuesto. El impuesto del sesenta por ciento lo creyó la Comisión bastante fuerte, pero no tuvo inconveniente en aceptarlo, como antes digo, porque es un impuesto directo, que va sobre los capitales, sobre los dueños de tierras, sobre las fincas, etc., etc., y creo que en eso se basa también el Ejecutivo, sin haber

tenido nosotros ninguna entrevista con él en este asunto; así es que yo creo que debemos aceptar este impuesto, porque es el que más se aproxima al impuesto directo sobre tierras y sobre capitales. Este impuesto no recae sobre el pueblo que no tiene propiedades, que no tienen tierras; este impuesto recae sobre el rico y sobre el propietario. Hay algunos casos en que sí recae directamente sobre el pueblo, como por ejemplo, tratándose de multas; pero en tales casos, recae sobre los viciosos, sobre los que cometen faltas. Eso en cuanto al impuesto del sesenta por ciento, que en cuanto al asunto minero, de que habló el doctor Siurob, manifiesto que el C. Aguirre Escobar me expresó su deseo de dar algunos datos sobre el asunto, y a él dejo la palabra para que conteste.

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Aguirre Escobar.

El C. Aguirre Escobar: Estoy inscripto en el pro. Ruego a la Presidencia permita que siga la discusión. A su tiempo daré mi opinión.

El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el C. Cepeda Medrano.

El C. Cepeda Medrano: Señores diputados: Desde ayer que se inició el debate sobre la fracción XIII, en el inciso B, y que el C. López Lira pidió explicaciones, teníamos los más grandes deseos de aclarar este punto para que se acabase ese escrúpulo que existe en algunos representantes de esta Cámara y quienes consideran este impuesto oneroso, diciendo que va a gravitar directamente sobre los municipios y sobre los habitantes de los pueblos más humildes. No es así. El impuesto de que se trata ha sido establecido desde tiempo inmemorial... (Voces: ¡Eso es lo malo!) Será lo malo, pero no podemos vivir sin impuestos. Lamento muchísimo que las teorías avanzadas del impuesto único establecido o que se trata de establecer, como lo pretende el C. Vadillo, sean sólo ilusiones, sean sólo teorías que ha recogido de los libros de León Tolstoi, pero que no pueden ponerse en práctica, no precisamente porque seamos contrarios a las teorías avanzadas de León Tolstoi, ni porque no ambicionemos tener en nuestro suelo hombres como León Tolstoi, único en el mundo entero. Desgraciadamente no hay muchos individuos que puedan imitar la conducta de León Tolstoi y el impuesto único no podrá establecerse; no hay ningún país en el mundo en que esté establecido el impuesto único en la forma en que el señor Vadillo nos lo pintó en la última sesión, no hay ningún país que pueda sostenerse solamente con el impuesto único que gravitará directamente sobre la tierra, porque entonces se verán afectados los intereses de los terratenientes y los demás hombres, los industriales, los negociantes, vendrían a gozar de todas las garantías en perjuicio de los intereses de los infelices que labran la tierra y eso no es lo que venimos buscando, señor Vadillo; los impuestos deben repartirse por equidad, entre todos los habitantes que forman un pueblo, que forman una nación. En cuanto al impuesto del sesenta por ciento que se establece, también a mí me parece elevada, tomando en consideración la situación porque atraviesa el país; es cierto, señores diputados, que el Estado, lo mismo que el Municipio, establecen sus contribuciones directas, la contribución directa se carga a las fincas rústicas, a las fincas urbanas, a los semovientes, al capital invertido en determinadas industrias, a las profesiones, etcétera, sobre las grandes operaciones que se puedan hacer, sobre todos los negocios que se efectúen. Allí están las contribuciones directas que aplican los Estados y que aplican los municipios indistintamente, separadamente. Desde el 1o. de mayo ha quedado libre absolutamente la hacienda pública de cada uno de los municipios y, en consecuencia, no hay razón para que esos intereses se vean afectados. Anteriormente, como dijo el señor licenciado Acuña, los impuestos del Estado eran concurrentes con los del Municipio y había muchos Estados en que las contribuciones que pertenecen al Municipio las cobraba el Estado y viceversa y después se repartían mutuamente esos valores; pero esto tiene un grave inconveniente, pues muchos conflictos se suscitaron entre el Municipio y el Estado, muchas dificultades y dolores de cabeza causaron a las Legislaturas y Gobiernos de cada uno de los Estados y tuvieron que ir abandonando ese sistema, para dejar independiente al Municipio y al Estado en su hacienda pública. Actualmente, en casi todos los Estados de la República Mexicana, con excepción de pocos Estados, estaba dividida la hacienda municipal y la hacienda pública del Estado; cada uno de esas entidades cobraba sus impuestos directamente sin tener que ver unas con las otras. Lo único que hacían las Legislaturas locales era revisar las cuentas de los municipios para que no hubiera una desproporción desmedida, como en muchísimos casos existía, pero el veinte por ciento establecido en favor de la Federación se cobraba desde hace muchos años en toda la República.

Además, la Federación misma autoriza a los Estados para cobrar el veinte por ciento sobre los impuestos que recaudaban los municipios. Esto era indebido, porque podía considerarse como una gabela, puesto que ese veinte por ciento no tenía razón, ni podía basarse en ningún fundamento de derecho para que pudiera ser cobrado directamente a los municipios, y en vista de que ese veinte por ciento no podía reclamarlo el Estado por la simplísima razón de que él ya cobraba directamente sus impuestos, ¿entonces en qué se fundaba el Estado para cobrar ese veinte por ciento? No se daba más razón que decir que se iba aplicar al fomento de la instrucción pública, pero a ese fomento está obligado el Estado, aun sin el cobro del adicional. En consecuencia, últimamente, cuando estuvo el señor Carranza de Gobernador del Estado de Coahuila, inició ante la Legislatura local que el impuesto del veinte por ciento a favor del Estado quedara abolido y quedase en beneficio del Municipio.

No pudo realizarse esa mejora debido a los acontecimientos de 1913 y hasta los últimos años ha quedado dispensado ese veinte por ciento del Municipio y se ha fomentado su hacienda, pues se autorizó al Municipio para que él disponga como estime conveniente de ese impuesto. Los contribuyentes siguen pagando el cuarenta por ciento, pues los municipios quedaron autorizados para cobrar un veinte por ciento y el otro veinte por ciento corresponde a la contribución federal. Si ahora nosotros estimamos

muy elevado el sesenta por ciento, podemos transar y hacer que se cobre únicamente el cuarenta por ciento. Nos decía el señor Siurob que él quería que se le aclarara este punto, y nosotros haremos lo posible por decirle que no es exacta su afirmación de que se invade la soberanía o se acaba la libertad de un municipio porque la federación cobre el sesenta por ciento, y para que no se invada la soberanía ni se acabe la libertad del municipio cuando se impone el impuesto anterior del veinte por ciento, sencillamente si se cobra el uno, el cinco, o el sesenta por ciento, de todos modos se verán afectados los municipios, eso no es una razón; pero si se viesen impedidos los municipios, si se viesen atacados en su soberanía, indudablemente que también se vería atacada la soberanía de los Estados, que son libres y soberanos en cuanto a su régimen interior; pero los municipios y los Estados deben ayudar a la Federación para sus gastos generales y esta es la forma en que se ayuda, sin perjuicio de la soberanía de los Estados y sin atacar la Constitución de 1916 - 17, que ha establecido la hacienda libre en cada uno de los municipios.

En consecuencia, queda desvirtuada la aseveración del señor doctor Siurob, diciendo que se ataca la libertad del Municipio, diciendo que si aprobábamos ese impuesto del sesenta por ciento habría un conflicto entre los contribuyentes y el Municipio, y entre el Municipio y el Estado. No habrá tal conflicto; este cuarenta por ciento no afectará en nada, porque ya últimamente está decretado que sea el cincuenta por ciento y estará en vigor el cincuenta por ciento, hasta que no demos otra ley que venga a establecer el cuarenta por ciento o el sesenta por ciento, y se paga perfectamente bien ese cincuenta por ciento. Lo único que sucede para que graviten estos impuestos inmensamente enormes sobre muchísimos causantes, es la gran simpatía, el gran odio que existe entre algunos Ayuntamientos, entre algunos Presidentes Municipales y entre algunos Gobernadores que actualmente, debido a la efervescencia política, ellos están extorsionando principalmente a sus enemigos políticos y esto no debe ser, porque cuando se trata de impuestos no debe verse la cuestión política, debe verse el interés general. En consecuencia, si nosotros ya establecemos este impuesto en otra forma dentro del orden constitucional, y alejando pasiones y odios políticos venimos obrando en la Hacienda pública con entera justicia, no habrá lugar a esas reclamaciones, muy justificadas en muchos casos, porque el impuesto no ha sido justo ni equitativo, y digo que no ha sido justo ni equitativo, porque sí es público y notorio que en muchos casos se ha beneficiado a muchas personas únicamente porque son simpatizadoras de la causa constitucionalista y a otras se les ha extorsionado porque no son simpatizadoras del Constitucionalismo.

Aquí en este caso no tiene razón de ser. El impuesto, para que pueda ser práctico en nuestro país, sobre la tierra, pero sin excluir los demás impuestos, debe ser el impuesto predial, no esté, e iríamos avanzando notablemente en esta forma. Sin embargo, podemos establecer esta clase de impuestos; el impuesto predial, que califica la tierra en su extensión territorial, es un impuesto justo porque va a cobrar a cada causante una cantidad en relación con la extensión de terreno que posee o tomando en consideración la productibilidad de la tierra; pero en nuestro país el impuesto se fija basándose en simpatías y nada más. No hay un Estado en la República que tenga su catastro perfectamente arreglado, que sepa el número Exacto de los terratenientes que existen en una Entidad federativa; no hay un Estado que pueda decir que está aplicando el impuesto predial con equidad y justicia. En el Estado de Coahuila, desde la época en que estuvo de Gobernador allí el señor Carranza, empezó a formarse el catastro y a la fecha está tan deficiente como en los primeros años. El catastro de un Estado es muy difícil de formarse, con más razón en el corto período de dos años en que se ha querido arreglar. Ha habido grandes contratiempos, la guerra como el principal, que ha invadido aquel Estado y que ha hecho imposible seguir esa obra. Resultado: que hasta estos momentos no se puede terminar el catastro, el que, aun si se termina, será deficiente, porque se ha tomado como base el impuesto estimativo. Se aplica a determinado individuo la cantidad que se le quiere cobrar, como únicamente los peritos dicen que la propiedad debe considerarse en tal o cual suma o porque así lo afirme el propietario; pero esto desde luego salta a la vista que es inconveniente y que con ello no se fijarán los impuestos de acuerdo con estricta justicia, porque se basan únicamente en el valor estimativo que fijan, como dije, bien los peritos o bien los propietarios, quienes las más de las veces cohechan a aquéllos. Si queremos hacer una obra patriótica, debemos hacer que los impuestos no graviten exclusivamente sobre determinadas personas, sino que debemos establecer en toda la República, sin excepción ninguna, que el impuesto sea predial, justo y equitativo. Este impuesto tiene grandes ventajas y con él no pueden cometerse los abusos que se cometen, como lo han hecho en muchas partes algunos Gobernadores de los Estados para despojar a infelices propietarios que no habían cometido más culpa que no ser simpatizadores de sus Gobiernos y que, naturalmente, eran hostilizados, reportando el pago de enormes contribuciones, a cambio de que a otros muy poco o nada se les cobraba. Muchos de éstos, en varias ocasiones, eran despojados de sus propiedades y lanzados a la calle únicamente porque así se les antojaba a los Gobernadores, quienes alegaban que así procedían, porque no se habían pagado las contribuciones, lo que los obligaba a embargar a los deudores y a rematar sus bienes en pública subasta, lo que, en realidad, no era sino un despojo, puesto que en verdad no se verificaba tal subasta, sino que se pasaban las propiedades del legítimo poseedor a manos de los favorecidos de los Gobernadores. Tenemos, señores diputados, la fracción C, que rebatió de una manera elocuente el señor doctor Siurob, y en eso sí estoy conforme. En la minería hemos visto abusos inicuos. Tenemos en Coahuila un mineral eminentemente rico, de los que hay pocos en la República, es el mineral de Sierra Mojada; tiene yacimientos de minerales riquísimos que no pueden sacarse en centenares de años, y ¿que ha sucedido allí? Que en un momento dado las compañías Guggenheim Exploration Co., y Kansas City, lo mismo que en otras muchas compañías, pudieron

acaparar, pudieron tomar en arrendamiento y en algunos casos denunciar ante la Secretaría correspondiente las grandes pertenencias mineras. Ha quedado invadido todo aquello y han establecido allí las compañías un ferrocarril que va de Escalón a Sierra Mojada, y estas compañías han monopolizado todos los negocios y han impedido que los mexicanos vayan y se posesionen de todos aquellos yacimientos, únicamente porque saben y ven que en lo futuro serán de gran valor, porque allí hay zinc, plomo, cobre, plata, oro y otros muchos minerales, y ellos han hecho creer a todos los mexicanos que no puede explotarse aquella región en estos momentos, porque se necesitan grandes capitales y, sin embargo, ellos no dejan de pagar la renta ni los impuestos que se les cobran por sus pertenencias mineras, sin tener el más ligero beneficio y únicamente por una gran filantropía hacia nuestro pueblo. Es necesario que en esto vengamos más serenamente a ver el punto a debate y que es de capital importancia. No es justo, señores, que millones de norteamericanos vengan a nuestro país cohechando a muchos propietarios y haciendo contratos leoninos y denunciando centenares de pertenencias, y, por lo tanto, nosotros no debemos dejar este impuesto en la misma forma en que estaba antes. ¿Qué razón existe de que minerales ricos y cuantiosas cantidades de metal estén a la disposición en un momento dado y vengan a morir en manos de capitalistas extranjeros? Indudablemente que no existe ninguna. Estamos de acuerdo con el señor Siurob en que pasando de cien las pertenencias, no se deba permitir a ningún individuo que denuncie mayor número de pertenencias, porque cien pertenencias son sencillamente un kilómetro cuadrado, y ¿para qué quieren más de cien pertenencias? Saben ustedes que cuando denuncian más de cien pertenencias, se apoderan de una sierra de mucha extensión; allí tienen establecido su centro de explotación, allí en aquellos lugares ponen muchísimos gambusinos que buscan las vetas más ricas y en momento oportuno pueden aprovecharse de ellas, dejando lo inservible al Gobierno y aprovechándose de los predios donde existen las vetas más ricas de la tierra y trabajando allí exclusivamente. Nosotros nos quedamos riendo de toda aquella audacia, de todo aquel cinismo inaudito cuando nos dicen que nos traen millones y millones de pesos, cuando solamente nos explotan miserablemente. ¡Y no hemos puesto el remedio sobre esta inmensa llaga que necesitamos curar! ¡México tiene que ser de los mexicanos!

En cuanto al impuesto de que se habla el señor Vadillo, el impuesto único es impracticable; es hermosa la teoría y lo felicito por haberla expuesto con tanta elocuencia entre nosotros, pero desgraciadamente si llevamos a la práctica tal sistema, iríamos al fracaso, iríamos a la bancarrota más espantosa. Firmaríamos desde ese momento la desaparición de todos los Poderes de la República y no laboraríamos para el bien del pueblo sino en contra de las instituciones. ¿Cómo ha de ser posible que gravitando el impuesto único sobre los terratenientes y sobre los terratenientes que cultivan la propiedad vaya a sostenerse el pueblo o sobre los que no cultivan la propiedad, se vaya a mantener el pueblo? Es imposible. En nuestro país y debido a la guerra que hemos presenciado faltan braceros, faltan hombres de campo, faltan trabajadores que fomenten las industrias y que levanten el espíritu y el amor hacia la agricultura que nosotros debemos fomentar; faltan ingenieros agrónomos que enseñen a nuestros humildes indígenas cómo se cultiva la tierra y cómo produce los mejores rendimientos aplicando los últimos procedimientos científicos. ¿Cómo podemos exigir a los capitalistas que poseen grandes extensiones de tierra que las cultiven, cuando nosotros no hemos enseñado la manera de cultivarla? ¿Se ha enseñado a nuestros campesinos el sistema de Campbell, el sistema de Secano que en los Estados de Iowa, Kansas y Texas han convertido aquellos desiertos que hace algunos años solo ofrecían desolación y ahora están convertidos en verdaderos vergeles? Nosotros no podemos establecer el sistema de Campbell comúnmente conocido por el de Secano, porque necesitaríamos tener millones de pesos, como los Estados Unidos, para comprar las grandes maquinarias y poder labrar la tierra en la forma que aquellos hombres lo hacen, porque si es cierto que se puede vencer la sequía sin riego, también es cierto que para vencer la sequía sin riego se necesita mucha maquinaria, mucho dinero y muchos conocimientos; de todo eso, señores, carecen nuestros agricultores mexicanos. Desgraciadamente el indígena, el hombre que cultiva la tierra, no ha adelantado nada desde hace quinientos años. Los aztecas, cuando sembraban el maíz, estaban tan adelantados como están los actuales hombres que cultivan nuestra tierra. ¿Qué se ha hecho en la agricultura? Gastar dinero inútilmente. ¿Qué se ha hecho para formar ingenieros agrónomos? Muchos de ellos, cuando reciben el título y cuando debieran lanzarse al campo de la lucha donde los espera la simiente, donde los espera el grano para fructificar, únicamente ambicionan los puestos públicos y vienen a ponerse de rodillas ante los gobiernos, para que se les dé un miserable empleo raquítico y con el que no pueden vivir.

El ingeniero agrónomo en nuestro país ha sido un fracaso. Las Escuelas de Agricultura no han estado a la altura de las de los Estados Unidos; únicamente la Escuela de Ciudad Juárez pudo formar un buen número de agricultores, únicamente allí se pudo establecer una escuela experimental en toda forma y, sin embargo, aquella Escuela de Ciudad Juárez casi ha desaparecido. Todos los ingenieros agricultores que se salieron de Ciudad Juárez, he hablado con muchos de ellos, porque fueron compañeros míos, crean ustedes, señores diputados, que muchos de ellos, saliendo con sus títulos flamantes, habiendo cursado allí todas las materias necesarias para venir a labrar la tierra, se han concretado a meterse en un bufete de escribientes o a implorar un empleo público y esto es sencillamente inmoral. En nuestro país necesita despertarse la ambición entre el pueblo indígena, necesita despertarse el afecto y llamar a todos los hombres para que vayan a cultivar el campo, y todavía no existe esto en nuestro México. Aquí el hombre rico que pudiera tener un hijo como ingeniero agricultor, no lo manda a que vaya a estudiar esa materia, sino lo manda a que vaya a estudiar de médico, de abogado, de alguna

cosa donde no se manche las manos, porque parece algo servil que el hombre vaya realmente al terreno donde van los hombres. Nos parece bajeza, nos parece algo servil, nos parece indigno, que este hombre vaya a coger el arado y a confundirse con aquellos hombres que van a arrancarle los secretos a la madre Naturaleza. La teoría del compañero Vadillo, en lo que respecta al impuesto único, éste está clasificado en dos partes: el impuesto único establecido como lo querían los constituyentes de Querétaro, es decir, que el Municipio fuese el único que cobrase los impuestos, que él cobrara a los causantes y que después diera una parte al Estado y otra a la Federación para sus gastos a fin de atender a sus necesidades. Tal sistema es impracticable y por eso lo combatimos, logrando triunfar. Los municipios, desgraciadamente, en nuestro país, se encuentran formados por gente completamente ignorante que ni siquiera conocen las necesidades del Municipio, mucho menos las del Estado, ni tampoco las de la Nación entera; es impracticable y comprendimos que de aceptarlo iríamos al fracaso; por eso lo combatimos con toda energía en el Constituyente, por más que por ello se nos insultara. Sin embargo, no dejamos de seguir trabajando para que no se derrumbe la hacienda pública sino, al contrario, para que se establezca bajo bases firmes y sólidas. Ahora, se nos dice que el impuesto es una gabela, que no puede considerarse como contribución, que es un tributo, un vasallaje, algo oneroso, una maldición caída del cielo que los hombres hemos recogido para poder salvar nuestro Gobierno y nuestras instituciones. No es así: el impuesto, la contribución no es más que la parte con que contribuye cada habitante de la República para el sostenimiento de los gastos públicos. Si esta contribución no se satisface no podrá existir entonces ninguna administración, ni podrá existir el pueblo mismo. Todos los que trabajan con el Gobierno no lo hacen por patriotismo, sino porque se les paga; nosotros mismos, el día que se nos dijese que no había fondos para pagar las dietas, como dijo el diputado Avilés, ese día protestaríamos mil y mil veces y no vendríamos a ocupar nuestras curules, porque nos faltaban recursos para las atenciones más urgentes de la vida.

¿Cómo ha de ser posible que si vamos a trabajar contra el derrumbamiento de los Poderes tanto Legislativo como el Ejecutivo y el Judicial y toda la máquina administrativa, vayamos siquiera a recibir con agrado el impuesto único cuando es impracticable? ¿No está establecido en nuestra Constitución que todos los mexicanos debemos contribuir para los gastos del Municipio, de la Federación y de los Estados? Entonces, si nosotros únicamente fuésemos a aplicar el impuesto sobre los terratenientes, indudablemente que cometeríamos un acto contra nuestra Constitución de 1916 - 17; indudablemente que no sería justo, porque únicamente vendríamos a gravar los impuestos sobre determinados propietarios y no sobre todos los habitantes de la República que hacen negocios; los comerciantes quedarían exentos de toda clase de impuestos y éstos son los que han hecho los más cuantiosos negocios. Los industriales y en general todos los negociantes y en ese caso, señores, los únicos, los que trabajan más, los que se empeñan en arrancar a la madre Naturaleza todo lo que en ella existe, a esos hombres debería declarárseles exentos y sobre ellos no deberían gravitar tanto las contribuciones; en cambio, para ellos se dice: que venga el impuesto único, y esto es ilógico, esto no es razonable, esto no puede recibirse ni siquiera con gratitud. ¿Por qué, señores, vamos a hacer que los hombres que nos dan el grano, que nos proporcionan la manera de vivir, que arrancan a la madre Naturaleza todo lo que puede producir, por qué vamos a cargarles a ellos todo el impuesto, por qué han de gravitar sobre un solo ramo todos los gastos de la hacienda pública? Indudablemente que no, señores. En cuanto a la teoría de León Tolstoi que expusiera aquí el señor Vadillo, pues si León Tolstoi fue un gran hombre, muy pocos grandes hombres hay como León Tolstoi que puedan despojarse de todas sus riquezas y de sus glorias, para irse a confundir en el campo a trabajar con sus amigos los obreros, y si ese ejemplo se pudiera reproducir aquí en la República, entonces habremos salvado la situación; pero cuando no tenemos siquiera un semejante de León Tolstoi en nuestro país, cuando no se nos enseña más que teorías hermosísimas que leemos con agrado, señores, como cuando leemos una novela, pero que no pueden llevarse a la práctica, yo veo con disgusto, entonces, que tratándose de la hacienda pública de la Nación, se nos traigan aquí esas teorías recogidas de un fulano o zutano y que la primera vez que hemos visto determinadas ideas en un libro, tratemos de ponerlas en práctica sin demostrar que son factibles de llevarse a buen término. Una teoría necesita demostrarse que es factible, o de lo contrario iremos al fracaso y caerían juntamente con nosotros todos los que pretendieran seguirnos en esa descabellada empresa. Los gobiernos, señores, no solamente tienen el derecho, sino el deber de gravar a todos los hombres de negocios, a todos los terratenientes, con un impuesto justo y equitativo; pero en este caso, señores, en la República Mexicana, estudiando amplia y concienzudamente la legislación de cada uno de los Estados y la manera justa y equitativa de aplicar esos impuestos, no se nos presentarán las grandes dificultades que se nos presentan en la práctica, porque las fuentes de riqueza propias de cada una de aquellas entidades, bastarán ampliamente para cubrir los gastos de administración. Yo aseguro a ustedes, y aquí lo sabe el señor licenciado Acuña, que cuando él era Gobernador de Coahuila, entonces muchísimos municipios de aquel Estado se quejaban diciendo que no podían subsistir. No hay municipio pobre en Coahuila. Conferenciando con el señor Acuña se lo manifesté ampliamente y entonces él, bondadosamente, me mandó a visitar la hacienda pública de cada uno de aquellos municipios, pudiendo demostrar prácticamente, principalmente tratándose del Municipio de Monclova, que estaba en bancarrota y que no podía pagar ni siquiera a los profesores, que contaba con recursos suficientes, habiendo dejado en las áreas del tesoro, después de mi visita, la suma de cuatro o cinco mil pesos y habiendo conseguido que para lo sucesivo se cobraran con regularidad los impuestos y se pagara puntualmente a los empleados. ¿Qué es, pues, lo que pasa? sencillamente

que no se cobran los impuestos, que hay muchas consideraciones para los causantes y mucha morosidad en los empleados para el cumplimiento de sus deberes. Bien sabido es que muchos empleados son muy negligentes y necesitan para trabajar que la vigilancia del superior se ejerza constantemente sobre ellos: sólo así se logra que cumplan con sus obligaciones, a pesar de que se les paga puntualmente su sueldo.

En el Estado de Coahuila, repito, no hay municipios pobres; la tierra es fecunda y pletórica de riquezas. El Estado de Coahuila, como otros muchos Estados, es inmensamente rico, lo que ha sucedido es que los gobiernos han sido muy consecuentes con los contribuyentes y han descuidado el ramo importante de la Hacienda pública, sin preocuparse de fijar el impuesto equitativo correspondiente. Se han cometido muchas injusticias, se han otorgado concesiones ventajosísimas en muchísimos casos; así, naturalmente, es imposible que subsistan los gobiernos y se solventen los gastos de la administración. ¿Qué ha pasado con las compañías de Luz y Fuerza Motriz en toda la República? que todas tienen concesiones, por lo menos de veinte años, estando exentas del pago de contribuciones. ¿Que ha pasado con otros muchísimos negocios? que no pagan el Erario un solo centavo. En Coahuila las grandes negociaciones en carbón de piedra no pagan ni un centavo al estado ni al municipio; esto es sencillamente inmoral. Hasta ahora, en estos nuevos impuestos, se está haciendo lo posible para cobrar justamente lo que debe pagar cada uno de aquellos productores; y yo digo delante del señor licenciado Acuña que al carbón de piedra no se le ha podido cobrar ni un solo centavo.

La Federación ha sido la única que ha cobrado algo sobre este capítulo. Pero si esa riqueza es del estado, ¿cómo no se va a favorecer al estado y también al municipio? si las empresas que explotan el producto tienen riquezas sobradas para pagar cualquier impuesto insignificante que se señale, ¿por qué no lo han de pagar? Cuando se fijó la suma de cinco centavos como impuesto por cada tonelada de carbón, levantaron el grito en el cielo los interesados y lograron que se derogara el decreto. Últimamente, en tiempos del papel, se estableció que pagaran diez centavos por cada tonelada; eso lo decretó el estado, pero vinieron las influencias, los favores y vino la circunstancia muy especial de que la Secretaría de Hacienda estaba apovechándose de aquellos terrenos, y no podía hacerse efectivo el cobro que establecía el estado. Hay otra cosa más, el Guayule, el Ixtle, la Candelilla, todos estos productos naturales no pagaban nada ni al municipio ni al estado, era una cuota ridícula, y sin embargo, señores, el estado de Coahuila y el estado de Yucatán, que es muy rico en henequén, no sé si pagarán allí a los municipios directamente, yo creo que no, porque grandes capitalistas han reconocido los impuestos y, sin embargo, cuando se trata de hacer efectivo este impuesto, claman al cielo de mil modos y dicen que este impuesto es oneroso, pero cuando ellos pasan a la frontera algún carro de esos productos, recogen miles y miles de dólares, y, sin embargo de eso, tienen dolor de pagar aquí algo para los gastos públicos. (voces: ¡a votar, a votar!) si ustedes, señores, pretenden votar, yo con muchísimo gusto me bajaré de esta tribuna y siento no poder seguir tratando este punto. (voces: ¡que siga, que siga!) tenemos, señores, los principales impuestos: el impuesto único en sus dos divisiones municipales directamente cobradas por el municipio y directamente aplicadas a la tierra. Ya hemos demostrado ampliamente que éste es impracticable, que esta es una teoría que no puede llevarse a la práctica, son ideas tomadas de libros más o menos avanzados, pero nunca, señores, los hombres que vengan aquí, los hombres que han estado al frente de algún municipio o de algún estado, tendrán la locura de presentar esto como practicable. No es practicable en estos tiempos el impuesto progresivo que también se establece aquí, pues económica y políticamente ha llevado a los pueblos a la bancarrota más completa, que en masa se han levantado contra esa iniquidad. El impuesto progresivo no es equitativo ni es justo, porque el impuesto progresivo se aplica sobre la riqueza y utilidad de cada uno de los habitantes de la nación, y va siendo un desnivel, porque cuando aumenta en determinada cantidad, entonces pagará más al municipio y al estado que lo que importa el capital mismo que posea y eso es un contrasentido.

Tenemos el impuesto sobre capitales y el impuesto individual; los dos no pueden llevarse a la realización; el primero que se ha esbozado por algunos economistas señalando que para poder salvar las necesidades de una nación debe cobrarse igual cantidad a cada individuo, es inconveniente; no puede admitirse porque no todos los individuos tienen el mismo capital, las mismas utilidades, ni pueden pagar iguales sumas. Si un rico puede pagar diez pesos, porque es una miseria para él, para el pobre es un capital y nunca podría pagarlo. En nuestro país tenemos quince millones de habitantes y para pagar la cantidad que se pide, necesitaríamos no menos de quince pesos por cada uno de los individuos que forman esta nación. Quince pesos gravitando sobre cada uno de los ciudadanos que integran el país sería imposible de poder ser soportado, porque muchos infelices hombres todavía no ganan ni los quince pesos en un mes; hay muchos hombres todavía que redimiremos poco a poco y a quienes defenderemos cuando se trate de la legislación obrera, pidiendo entonces que se les pague lo que justamente corresponde. sólo hasta cuando se retribuyan equitativamente sus trabajos podremos reclamar un poco de ellos, pero nunca ahora. El impuesto sobre el capital es otro contrasentido, porque no sólo los capitalistas deben pagar, sino también los industriales que no tienen capital, pero que sí hacen negocio y obtienen utilidades. Debe pagar el comerciante que hace grandes negocios, aunque no tenga capital y todos los hombres que labran la tierra, que se dedican a la aparcería o al arrendamiento y no tienen capital, pero que sí obtienen utilidades y muchas veces hasta alguna riqueza. El impuesto debe ser proporcional y múltiple. El impuesto es proporcional en relación al capital, a las riquezas y a las utilidades; y es múltiple porque se paga en distintas formas, conforme el negocio que se explota y así se paga al municipio.

Una parte, otra al estado y otra a la Federación. En cambio, no ha habido un desquiciamiento en la República, hemos caminado bien y si ahora nos encontramos en bancarrota ha sido por la guerra civil y nunca porque falten elementos de vida en nuestra nación. Si establecemos estos impuestos, dentro de pocos años estaremos en un período de bonanza que lo envidiarían en tiempos de la dictadura de Porfirio Díaz, porque creemos que en la Hacienda Pública van a encontrarse hombres honrados que no traficarán con la confianza que en ellos se ha depositado ni medrarán valiéndose del empleo, sino que trabajarán honradamente y salvarán al país. (Aplausos.)

El C. Presidente, a las 10.55 A.M.: se levanta la sesión de la Cámara de Diputados y se va a pasar lista de senadores y diputados a fin de proceder a celebrar una sesión del Congreso General.

El jefe de la sección de taquigrafía,

JOAQUÍN Z. VALADEZ.