Legislatura XL - Año III - Período Ordinario - Fecha 19481027 - Número de Diario 15
(L40A3P1oN015F19481027.xml)Núm. Diario:15ENCABEZADO
MÉXICO, D. F., MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE DE 1948
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921.
Director de la Imprenta, Lic. Román Tena. Director del Diario de los Debates, J. Flores Castro
AÑO III. - PERÍODO ORDINARIO XL LEGISLATURA TOMO I. - NÚMERO 15
SESIÓN DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS
EFECTUADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 1948
SUMARIO
1.- Se abre la sesión. Lectura de la Orden del Día. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2.- Cartera. A invitación de la Comisión Permanente del H. XLI Congreso de Chiapas se designa una comisión que asista a la lectura del Informe del C. Gobernador del Estado.
3.- Se da lectura y se manda imprimir la exposición de motivos que, sobre la presentación de varias iniciativas de ley, envían los CC. diputados Antonio L Rodríguez, Miguel Ramírez Munguía y Juan Gutiérrez Lascuráin. Se turnan a las comisiones correspondientes, y se manda imprimir, tres iniciativas de ley presentadas por los mismos CC. representantes, referentes, la primera, al establecimiento del servicio nacional de selección y desinfección de semilla, la segunda, a la creación de la Comisión de Estudio del Seguro Social; y la última, adicionando un artículo transitorio a la Ley de 31 de diciembre de 1947 que reformó la Ley de Vías Generales de Comunicación.
4.- Previa discusión, se aprueba en lo general y en lo particular, y pasa al Senado, un proyecto de decreto que modifica la Tarifa del Impuesto de Exportación, adicionando al gravamen que tiene señalado cada uno de los artículos que la misma especifica, una sobretasa ad valórem del 15%. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del
C. FEDERICO BERRUETO RAMÓN
(Asistencia de 87 ciudadanos diputados).
El C. Presidente (a las 12.50): Se abre la sesión.
- El C. secretario Flores Castro Manuel (leyendo):
"Orden del Día.
"México, D. F., 27 de octubre de 1948.
"Acta de la sesión anterior.
"Circulares del XLI Congreso de Chiapas avisando la apertura y clausura de períodos extraordinarios de sesiones.
"Telegrama participando que el XLII Congreso de Chiapas inició sus juntas preparatorias para estudiar las elecciones de sus diputados.
"La Comisión Permanente del XLI Congreso de Chiapas invita para la inauguración de su primer período ordinario de sesiones de la XLII Legislatura de esa entidad, en que leerá su Informe el C. Gobernador del Estado César A. Lara.
"Exposición de motivos que sobre once iniciativas de ley envían los CC. diputados Antonio L. Rodríguez, Miguel Ramírez Munguía y Juan Gutiérrez Lascuráin.
"Iniciativa de los mismos CC. diputados para establecer el servicio nacional de selección y desinfección de semilla.
"Iniciativa de los mismos CC. representantes que tiende a crear la Comisión de Estudio del Seguro Social.
"Iniciativa de los citados CC. diputados para adicionar en un artículo transitorio la Ley de Vías Generales de Comunicación.
"Dictamen de las Comisiones Unidas Primera de Hacienda y de Impuestos acerca de la Iniciativa del Ejecutivo que modifica la tarifa del Impuesto de Exportación
"Acta de la sesión celebrada por la Cámara de Diputados del XL Congreso de la Unión, el día veintidós de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho.
"Presidencia del C. Federico Berrueto Ramón.
"En la Ciudad de México, a las doce horas y cuarenta y cinco minutos del viernes veintidós de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho, se abre la sesión con la asistencia de setenta y seis ciudadanos diputados, según consta en la lista que la Secretaría pasó previamente.
"Se da lectura a la Orden del Día.
"Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior celebrada el día veinte de los corrientes.
"Se da cuenta con los asuntos en cartera:
"El C. licenciado Evelio H. González Treviño informa que el día 16 de los corrientes se hizo
cargo del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila, por licencia concedida al Gobernador Constitucional. De enterado.
"Iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Banco de México de 26 de abril de 1941, presentada por los CC. diputados Miguel Ramírez Munguía, Antonio L. Rodríguez y Juan Gutiérrez Lascuráin. A las Comisiones unidas de Estudios Legislativos y de Crédito, Moneda e Instituciones de Crédito, e imprímase.
"Proyecto de ley sobre empresas en que intervengan el Estado, organismos descentralizados o empresas de participación estatal, que presentan los CC. diputados Miguel Ramírez Munguía, Antonio L. Rodríguez y Juan Gutiérrez Lascuráin. A las Comisiones unidas de Estudios Legislativos y de Gobernación en turno e imprímase.
"Iniciativa para la expedición de una "Ley que prohibe actividades indebidas en el mercado de valores", presentada por los CC. Miguel Ramírez Munguía, Antonio L. Rodríguez y Juan Gutiérrez Lascuráin. A las Comisiones unidas de Estudios Legislativos y de Hacienda en turno, e imprímase.
"El Sindicato de Mineros comunica el acuerdo tomado en su V Gran Convención por el cual todos sus integrantes pertenecen al Partido Revolucionario Institucional. De enterado.
"El C. Vidal Díaz Muñoz, en uso de la palabra, solicita que esta Cámara designe una comisión de su seno para que investigue algunos hechos relacionados con el conflicto existente en el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros.
"Apoyan esta proposición los CC. Antonio Vega García, Victoriano Anguiano y el propio C. Díaz Muñoz y se oponen a ella los CC. León V. Paredes, Alejandro Gómez Maganda, Luis Márquez Ricaño, Ramón V. Santoyo, Aquiles Elorduy, Alfonso G. Calderón y Fernando Amilpa.
"Durante el debate, hacen interpelaciones o formulan aclaraciones a los oradores en turno, los CC. Alejandro Gómez Maganda, Victoriano Anguiano y Luis Márquez Ricaño y se leen los artículos reglamentarios 58 y 207, a petición, respectivamente, de los CC. Ramón V. Santoyo y Luis Márquez Ricaño.
"Consultada la Asamblea si toma en consideración lo propuesto por el C. Vidal Díaz Muñoz, su respuesta es negativa.
"A las quince horas y cincuenta minutos se levanta la sesión y se cita para el miércoles próximo a las once horas".
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobada.
- El mismo C. Secretario (leyendo):
"El XLI Congreso de Chiapas comunica que el día 7 del corriente mes abrió y clausuró un período extraordinario de sesiones, en que rindió homenaje al ilustre senador don Belisario Domínguez en el aniversario de su sacrificio, y que el mismo día abrió otro período extraordinario para constituirse en Colegio Electoral". - De enterado.
"El C. Librado de la Torre Grajales, presunto diputado a la XLII Legislatura de Chiapas, comunica que se iniciaron las juntas preparatorias para estudiar las elecciones de los diputados que formarán parte de dicho Congreso". - De enterado
"La Comisión Permanente del XLI Congreso de Chiapas invita para la inauguración del primer período ordinario de sesiones de la XLII Legislatura de esa entidad en que leerá su informe el Gobernador del Estado C. César A. Lara".
El C. Presidente: Se designa en comisión para asistir a la apertura del primer período de sesiones de la XLII Legislatura del Estado de Chiapas. a los ciudadanos diputados Gil Salgado Palacios, José Castañón, Gonzalo López López, Antonio Cachón Ponce y Ramón Franco Esponda.
Se suplica a los ciudadanos diputados se sirvan ocupar sus curules.
- El mismo C. Secretario (leyendo):
"H. Cámara:
"La situación económica en que México se encuentra actualmente colocado y que ha tenido sus más visibles expresiones en el aumento del costo de la vida y el abandono del tipo internacional de cambio es, principalmente, consecuencia de factores que por ventura para nuestro país no son fatales ni ineludibles. Por el contrario, está a nuestro alcance impedir que estos factores sigan actuando perturbadoramente en nuestra economía y modificar muchas de las consecuencias desfavorables que ha producido su indebida subsistencia.
"Entre esos factores se encuentran, en primer término, los que de un modo directo han influído para deteriorar nuestro régimen monetario provocando un proceso de inflación y, con ello, la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, el impulso constante al aumento de los precios, la elevación dolorosa del costo de la vida. Peor aun, ese proceso inflacionista ha determinado un movimiento de retracción y exportación de capitales, con merma gravísima para la estabilidad inmediata de nuestra economía y para las necesidades de su desenvolvimiento.
"En la base de ese proceso inflacionista - al cual es necesario poner límite en su fuente misma para hacer posible un programa completo de rehabilitación económica nacional - , se encuentran las reformas hechas en la legislación del Banco Central en materia de crédito, en el manejo práctico del Banco de México en la política monetaria, en las instituciones oficiales de crédito y del mercado de valores.
"La Ley Orgánica del Banco de México, por motivos de diverso orden entre los que ciertamente no se encuentra una consideración de buena técnica ni figuró jamás la preocupación responsable por el bien de México y su futuro, ha sido cambiada desviando al Banco de su misión principal como regulador de la moneda y subordinándolo, en este y en otros capítulos de su funcionamiento, a razones oportunistas, a programas caprichosos o circunstanciales o intereses que distan mucho del interés colectivo verdadero de México.
"Con el pretexto de hacer posibles ampliaciones presupuestales que sólo debieron gestionarse legítimamente por los caminos responsables del aumento de los ingresos o del uso genuino del crédito público, se echó sobre el Banco de México la obligación de facilitar ese incremento presupuestal con la emisión de moneda para absorber valores públicos o de empresas públicas. Y, después de esa primera y grave violación de los principios que deben normar al Banco Central y de la confianza en él depositada por el pueblo, se ha seguido o puede seguirse impulsándolo a nuevas creaciones indebidas de moneda, indispensables para absorber ya no sólo valores públicos, sino de empresas privadas con un disfraz más o menos tenue de interés público, y créditos para esas empresas y para otras aventuras no sólo improcedentes como objeto de inversión de un Banco Central, sino inaceptables, inclusive, aun para la libertad de riesgos de la empresa privada.
"El caudal monetario de México ha crecido así, sin correspondencia alguna con el incremento de la producción, operando desde luego la desvalorización básica de la moneda y abriendo la puerta, con el más funesto de los precedentes, a un mal de gangrena y destruye toda economía. Por esta razón proponemos - a reserva de que el programa integral que es necesario, incluya un nuevo ordenamiento completo del Banco Central - , las reformas a la Ley Orgánica del Banco de México que son fundamentales para restituirlo a su misión básica y primordial y para protegerlo contra las más graves desviaciones que lo amenazan.
"A esta medida debe corresponder una reforma substancial de la Ley General de Instituciones de Crédito, disparatada y en contradicción con las orientaciones y sistemas mejores de la técnica y de nuestra propia tradición y con el objetivo, larga y tenazmente perseguido en México, de un sistema crediticio ordenado en torno de un Banco Central fuerte y ágil y en todo momento representativo y defensor de los más altos intereses de la comunidad. Se ha anunciado que el Ejecutivo procede ya a la preparación de este proyecto de nueva Ley de Instituciones de Crédito y por ello basta consignar aquí la necesidad urgente de tal reforma.
"También es necesario, inmediatamente, una revisión concienzuda y a fondo del funcionamiento y de las posibilidades de diversas instituciones que con el patrimonio del pueblo se han creado y respecto a las cuales, por tanto, el pueblo tiene derecho a exigir cuentas comprobadas y completas y de juzgar sobre la conveniencia o inconveniencia nacional de los objetivos que se han señalado para su funcionamiento. Proponemos, la aprobación de una ley que establezca esa obligación ineludible de rendición de cuentas para tales empresas y que, consiguientemente, permitirá luego que la opinión pública juzgue si es procedente que los fondos públicos sigan o no dedicados al fomento de ellas. Y en la misma iniciativa, también anexa a esta exposición, proponemos que el Congreso designe una comisión de su seno para que, desde luego, investigue con amplias facultades los objetivos, la situación financiera de las empresas dichas y los términos de su funcionamiento hasta ahora, a fin de que esa comisión rinda al Congreso, y por su conducto a la opinión nacional, antes del 30 de junio próximo, un informe verídico y comprobado que pueda servir de base al juicio de la ciudadanía y a medidas ulteriores del propio Congreso.
El mercado de valores y de capitales - Elemento substancial de nuestra vida económica, ya que sin él será imposible que México cuente con los recursos necesarios para su producción y para el desarrollo de su economía - , ha sido objeto de manipulaciones y de prácticas indebidas que, en vez de ayudar a su formación sólida, han tratado de falsificarlo, pretendiendo reemplazar con combinaciones que finalmente se han traducido siempre en una carga creciente sobre la moneda, las fuerzas y los movimientos reales que deben darle vida. El problema de la formación y de la evolución de nuestro mercado de valores, es extraordinariamente complejo y no podrá abordarse a fondo sino dentro del programa general de acción política, social y económica que la nación espera; pero es urgente, como una de las medidas antiinflacionistas inaplazablemente requeridas y para hacer posible el trabajo ulterior programático, poner un límite a las peores prácticas o manipulaciones ya mencionadas. Acompañamos, también, a esta exposición, una iniciativa de ley que prohibe esas actividades gravemente perjudiciales en el mercado de valores.
"El abandono del tipo de cambio internacional del peso, expresión de la pérdida que previamente había sufrido el poder adquisitivo interior de nuestra moneda, fue una medida forzada por el desequilibrio en nuestra balanza comercial. México había venido comprando en el exterior más de lo que exportaba y ello, unido al proceso de desconfianza que provocó el retiro y la emigración de capitales, determinó un rápido decrecimiento de la reserva monetaria. Normalmente esa disminución de la reserva, con la siguiente contratación del medio circulante, debió engendrar un movimiento antiinflacionista, de baja de precios y suspensión de importaciones; pero deliberadamente se frustró, con la emisión de moneda nueva, ese movimiento natural, y se acudió a hacer frente al problema con expedientes, con medidas externas, de siempre dudosa eficacia, como la prohibición directa de importaciones o la elevación de tarifas arancelarias.
"Es indudable que el establecimiento de una economía nivelada y, a la vez, la satisfacción de necesidades fundamentales como la importación de
maquinaria y equipo para la agricultura, la industria y los transportes, así como de materias primas que nuestro país no produce y aun de artículos de consumo indispensables, sólo pueden lograrse mediante la limitación efectiva del movimiento inflacionista, el incremento de nuestra producción, la migración favorable de capitales y el aumento de las exportaciones.
"Este último punto es uno de los que, de modo más inmediato, puede reflejar el resultado de disposiciones gubernativas adecuadas, ya que la situación económica mundial es de carencia de producción y, consiguientemente, nuestras exportaciones tendrán facilidad para encontrar mercado. Sin embargo, contra indicaciones obvias y reduciendo con ello gravemente las posibilidades de exportar, se ha establecido una tasa de 15% ad valorem sobre la exportación, invocándose para apoyar esa medida, la conveniencia de que el fisco perciba una participación en las utilidades que los exportadores obtengan, principalmente en razón de la desvalorización de nuestra moneda, y la conveniencia, también, de que se evite un alza en el precio interior de los artículos que sean objeto de la exportación. Los dos argumentos, válidos desde otro punto de vista, no lo son para fundar el establecimiento y la subsistencia del impuesto sobre la exportación que contraría directamente un movimiento económico necesario para el bien nacional. La participación fiscal en las utilidades y el cuidado de evitar el aumento en los precios, pueden y deben asegurarse por otros caminos más adecuados que no representen oposición a la necesidad vital de incrementar el activo de nuestra balanza de comercio, proponemos, por ello, en el proyecto adjunto, que se derogue el impuesto dicho sobre la exportación.
"La desvalorización monetaria es hoy, el aspecto de nuestra vida económica que con mayor apremio exige acción inmediata, y con mayor visibilidad se refleja en el aumento del costo de la vida; pero es evidente que la necesidad fundamental de la economía mexicana y el factor básico de su empobrecimiento y sus dificultades, es el de la deficiencia de la producción.
"Hay en México recursos naturales no aprovechados o utilizados con deficiencias gravísimas, al mismo tiempo que la nación sufre carencias aun de lo más indispensable y el pueblo está obligado a privarse de satisfacer necesidades elementales o a recibir de fuera, con un costo mucho mayor y con un procedimiento que no puede tener justificación, los productos que sería posible obtener aquí para llenar esas necesidades.
"Precisa, cuanto antes, la adopción de un programa integral que permita un más amplio y seguro conocimiento de nuestros recursos naturales y de nuestras posibilidades y el aprovechamiento mejor de esas posibilidades y recursos en todos los órdenes de la economía. Un programa que sea objeto de libre y responsable deliberación nacional, que esté exclusivamente inspirado en el bien de México y no subordinado a ideologías políticas o a intereses externos, que pueda por tanto, reunir el esfuerzo nacional sin el cual su cumplimiento, limpio y eficaz, será imposible.
"Ese programa es particularmente urgente en lo que se refiere a la producción rural, por todos conceptos primordial y básica. Casi el 70% de nuestra población vive y trabaja en el campo en condiciones angustiosas, sin seguridad sin defensa, sin elementos técnicos, sin crédito, con pobres vías de acceso a los centros de consumo, sin mercados organizados, incapacitadas para elevar su nivel de vida y para producir lo que el resto de la población necesita.
"Recursos como los forestales han sido objeto de una explotación irresponsable que no sólo ha privado a México de una de sus riquezas inmediatas, sino que le ha hecho ese daño incomparablemente mayor y de más difícil remedio, de acelerar la erosión, la pérdida del suelo poco abundante de que dispone para garantizar una producción agrícola suficiente a su futuro desenvolvimiento. El anhelo de industrialización tropieza siempre, en primer término, con el dato terriblemente adverso de una limitación inicial causada por la escasez de producción en el campo y que representa la merma inmediata de un 70% de su mercado potencial. Por eso con justicia puede decirse que en todos los aspectos el humano y el material, el social y el económico, el primero de los problemas de México es el problema del campo, y por eso, también, es el que requiere inaplazablemente un esfuerzo nacional de resolución programática que el Estado tiene el gravísimo deber de promover y presidir con apta y generosa solicitud.
"La producción rural tropieza con dificultades jurídicas y sociales, técnicas y financieras, materiales y políticas, extraordinariamente complejas Algunas de esas dificultades proceden de nuestras propias características geográfico - económicas; otras, son obra de la historia. Su existencia es, sin embargo, similarmente grave y su acción paralela debilita y empobrece nuestra economía y constituye una fuente incesante de perturbación en la vida nacional. Hemos llegado, venturosamente a una etapa en la cual es obvio el interés común de remover esas dificultades, de hacer posible para la población rural condiciones humanas de vida y de trabajo y lograr, simultáneamente, el incremento debido en la utilización de los recursos del campo. Por ello, insistimos ahora en la iniciativa que desde octubre del año pasado presentamos a la Cámara para la expedición de una ley que cree la Comisión Nacional de Planeación del campo. Solamente el trabajo de una comisión así, permitirá conocer la realidad de los aspectos múltiples que tienen nuestros problemas rurales y definir un plan comprensivo, viable y desinteresado, para la resolución de tales problemas.
"No debe seguir pendiente asunto tan vital para México, ni debe seguir siendo tema de experiencias caprichosas e irresponsables, ni de empresas políticas, ni de discusión partidarista.
"Reclama un estudio sistemático hecho no para servir a la causa de un grupo político cualquiera, sino para plantear en sus términos verdaderos el hondo problema.
"Excitamos, pues, a la Cámara, para que cuanto antes delibere sobre nuestra iniciativa ya mencionada.
"Hay necesidades a las cuales es menester hacer frente desde luego, a reserva de tener un plan integral agrícola y agrario. Entre ellas, cuenta en primer término, para el fomento inmediato de la producción rural, la necesidad del crédito. Las instituciones ordinarias de crédito o de inversión y el mercado general de capitales, son por múltiples consideraciones, inaccesibles como fuentes directas y normales de crédito para el productor del campo. Las instituciones que fueron creadas para atender específicamente el crédito agrícola, por razones diversas carecen hoy de la posibilidad de lograr su propósito y han de ser incluídas en el proyecto tantas veces mencionado de más amplia y completa reforma.
Pero es posible establecer desde luego un sistema de crédito a la producción rural que permita llenar las más apremiantes urgencias, que multiplique el beneficio que de la aplicación de fondos públicos a este objeto puede esperarse, que habrá vías de acceso al producto para llegar a las instituciones ordinarias y al mercado general de capitales y que, a la vez, prepare o no contraríe en forma alguna las posibilidades para que esa reforma completa pueda ser estudiada y cumplirse a su tiempo.
"A ese efecto, proponemos una iniciativa de Ley de Crédito para la producción rural. La aprobación de esa iniciativa hará posible, desde luego y mientras se aprueba un régimen más amplio y permanente, que se adelante en la organización de los productores del campo para el uso del crédito, que se vinculen sus necesidades y las operaciones del crédito agrícola con el sistema total de instituciones de crédito y de inversión en el país y con el mercado general de capitales, que se atienda con la mayor eficacia posible a la labor esencial de producir lo que México necesita desde luego para satisfacer sus necesidades primarias de vida.
"Es de la más grande trascendencia el esfuerzo que se ha hecho para aumentar nuestras posibilidades de riego. Las grandes obras a que este esfuerzo ha estado orientado, son necesarias; pero su realización demanda largos términos y, después, su aprovechamiento mejor implica también un lento proceso de acomodamiento y, en muchos casos, complejos arreglos demográficos. Hay, en cambio, numerosas posibilidades de obras pequeñas de riego, que pueden ser hechas en plazo breve, con inversión corta y sin requerir difíciles movimientos migratorios de los agricultores ni una compleja labor de acomodamiento para su utilización.
"Entre estas obras de pequeña irrigación, está la posibilidad de ayudar a la agricultura de temporal y a la pequeña ganadería, llevando a cabo la limpia, el desazolve y la reparación de los tanques o bordos para captación de aguas para lluvia que en muchas regiones constituyen la única posibilidad de contar con tan preciado recurso. Hay numerosos tanques o bordos de antigua construcción que han quedado desatendidos desde hace largos años y que, por falta de propietarios responsables o por carencia de medios suficientes, se han venido azolvando o deteriorando hasta llegar a ser casi inútiles por la escasa capacidad de almacenamiento que conservan. Su reparación y desazolve, a costo muy reducido, permitirá mejorar de modo considerable la situación de muchos grupos de agricultores en zonas diversas del país.
"Para muchas de esas obras podría contarse con la colaboración económica de los gobiernos locales y aun de los municipios, así como de los interesados mismos, multiplicándose con ello los beneficios que de la inversión de recursos del Gobierno Federal pueden obtenerse. Proponemos, en consecuencia, una ley que asegure la destinación de una parte razonable del presupuesto federal correspondiente a la realización de estas obras de pequeña irrigación que están pendientes y con las cuales se obtendrán, a plazo breve un incremento substancioso de la producción y un mejoramiento considerable de núcleos importantes de población rural.
"Es sabido que el atraso técnico de nuestra agricultura, constituye uno de los peores obstáculos para el mejoramiento del campo. Ese atraso, consecuencia del proceso histórico de nuestra organización agraria, obra de la falta de capitales para el trabajo rural, de la preferencia que han tenido en las actividades relativas del Estado las tareas puramente agrarias sobre las de organización de nuestra agricultura, tendrá que ser también objeto de capítulos esenciales del programa general que la nación espera. Hay, sin embargo, aspectos de ese atraso que con mayor facilidad pueden ser atendidos desde luego. Así, el del empleo en las siembras de la semilla mejor y más adecuada posible que permita elevar los rendimientos del trabajo agrícola. La labor que ha venido desarrollando la Secretaría de Agricultura con la valiosa colaboración de la Fundación Rockefeller, en la realización del programa, trascendentalmente importante para el país, de lograr los tipos de semilla adecuados a las diversas regiones de la República por sus condiciones de resistencia a las plagas y enfermedades, su mayor o menor precocidad y sus coeficientes de rendimiento, merece particular y encomio y debe ser más ampliamente conocida y apoyada sin restricciones. Esa labor, sin embargo, es necesariamente lenta. "Hay que hacer" - decía ya en su memoria de 1945 - 1946, el señor ingeniero Marte R. Gómez, Secretario de Agricultura - , "dilatados y complicados trabajos de experimentación, de investigación y de preparación". Y lamentablemente, como el propio alto funcionario manifestó también, han faltado elementos, "no sólo dinero, sino también campos experimentales y personal apto para manejarlos", en esta tarea esencial que por todos conceptos merece atención preferente.
"Sin perjuicio de que esa labor sea impulsada y dentro de la misma línea de esfuerzo que ella representa, es necesario desde luego garantizar la continuidad y dar la mayor amplitud posible a una tarea de menor envergadura pero de más inmediata viabilidad: la de proporcionar a todos los agricultores del país la ayuda indispensable para la selección de su propia semilla, a fin de que esa
selección, con las pruebas de germinación y la desinfección, permita a nuestros campesinos una seguridad mayor y un mayor rendimiento en sus cultivos. La experiencia realizada ya en este sentido por la Secretaría de Agricultura y Fomento, según lo indica el señor ingeniero Gómez en su memoria ya mencionada, es buena, como "lo demuestra el interés de los agricultores para solicitar que se les haga la desinfección de sus semillas". En el informe de Agricultura de 1946 - 47, se ratifica esta información, que ha sido confirmada también en los trabajos de la Comisión del Maíz.
"Iniciamos, por tanto, la aprobación de una ley para el establecimiento de un "Servicio Nacional de Selección y Desinfección de Semillas" y para el empleo de semillas así escogidas y desinfectadas en todos los cultivos que se hagan en los sistemas nacionales de riego, en las tierras mejoradas por las obras de pequeña irrigación o con la aplicación de créditos procedentes de instituciones nacionales, del sistema de crédito para la producción rural o de instituciones ordinarias que operen con autorización o concesión del Gobierno Federal.
"Las medidas que proponemos son apenas un acercamiento al problema enorme del campo en México; pero todas son viables, están siendo urgentemente requeridas y producirán considerable alivio en la opresiva situación actual. No es inútil repetir que un programa completo no debe ser aplazado, que es al mismo tiempo ineludible y perfectamente viable la formulación de ese programa, exclusivamente orientado al bien común, al interés colectivo de todos los mexicanos; que no puede el país seguir viviendo sobre la base del desconocimiento de sus realidades en asunto tan absolutamente esencial; que la misma limitación de nuestras posibilidades agrícolas, junto con el crecimiento ordinario de la población del país y con el anhelo común de encauzar nuestra vida colectiva sobre bases de justicia, libertad y suficiencia claman por una resolución iluminada sin medro económico o político, de los problemas del campo y de la población rural de México.
"En la producción industrial existen, también, tropiezos gravísimos que derivan del desconocimiento, del desperdicio o del aprovechamiento deficiente de nuestros recursos naturales o de la limitación misma de algunos de esos recursos que son requisito primario para un amplio desenvolvimiento industrial. Hay, además, obstáculos de orden financiero que derivan principalmente de la escasez de capitales y de la pobreza o del perturbado funcionamiento de las instituciones que han de servir para fomentar y canalizar los ahorros y orientar adecuadamente su inversión. Casi todas nuestras industrias han tenido que sujetarse a un ritmo retardado de desenvolvimiento impuesto por las posibilidades, siempre estrechas, de una reinversión constante. Y las manipulaciones monetarias y de mercado en los últimos años, rompiendo un movimiento que se inició en 1925 y se confirmó en una organización de principio lograda en 1932, han vuelto a poner freno a las tareas de industrialización. Además de estos aspectos, de la falta de una concepción global que sin perjuicio de la indispensable libertad de iniciativa, permita conocer mejor las necesidades de la industria básica y atenderlas más adecuadamente, la producción industrial encuentra obstáculos de carácter social y político.
"La lucha por la reforma social, viva e impetuosa principalmente en la vida industrial, ha permitido ir creando la organización legislativa de las instituciones en que esa reforma social se expresa y ha dado a México, a pesar de la corta importancia relativa que la actividad industrial tienen en nuestro país en proporción con la población y la economía generales, un lugar honroso en el común esfuerzo internacional de creación del derecho obrero y de las instituciones de reforma social. Queda mucho por realizar aún en esa reforma y seguramente la lucha por el mejoramiento colectivo, habrá de continuar en numerosas manifestaciones; mas hay logrado ya, y cada día se hace más amplio y más certero, un clima de comprensión general del problema y de unánime deseo de obtener y asegurar ese mejoramiento para todos y de cerrar la puerta definitivamente al desamparo y a la miseria.
"En este esfuerzo de reforma se ha insertado, en México y en todas partes, movimientos regresivos y destructores, de incomprensión o de aprovechamiento indebido de las fuerzas sociales que la lucha por la reforma organiza y pone en marcha. Las consecuencias de esta inserción de intereses y objetivos que no coinciden con los de la reforma social genuina, que expresan intereses personales o de grupo, han sido el retardo en la evolución del derecho obrero y en la creación de numerosas instituciones que podían estar ya funcionando con gran beneficio colectivo, y de la desviación de otras instituciones, con merma de su prestigio y de los servicios que les están encomendados, y de un debilitamiento constante de las posibilidades del desarrollo industrial que es necesario para incrementar nuestra producción y para aumentar considerablemente las posibilidades de empleo y mejorar las condiciones mismas de trabajo, reduciendo de paso, substancialmente y como es debido, la carga de la escasez y de la carestía sobre toda la población consumidora.
"Es imperiosa la necesidad de revisar, junto con los demás aspectos externos y materiales, internacionales y propios, de nuestra industrialización, este aspecto capital de las relaciones humanas en la producción industrial. Hay en el planteamiento oficial de esas relaciones, falsificaciones establecidas y supuestos que no concuerdan con la realidad actual; hay remanentes, por inercia de etapas anteriores de lucha, ya por fortuna superadas; y es detrás de esas falsificaciones y de esos capítulos muertos de épocas pasadas, donde acampan y se fortifican, de una parte, la resistencia, cada vez más excepcional por fortuna, al mejoramiento, y de otra parte, los propósitos u objetivos, igualmente reaccionarios y de mayor alcance desquiciante, de carácter político o de medro personal que desvían y desnaturalizan y siempre retardan o impiden, la reforma social genuina.
"En un momento como el que hoy vive México, y siempre salvando la necesidad de fondo de un programa completo, parece indispensable, desde luego, para hacer frente a la coyuntura nacional e internacional que atravesamos, una reforma inmediata de la Ley del Trabajo, fundamentalmente encaminada a garantizar que la lucha social, tan intensa como sea indispensable, mantendrá sus objetivos propios y se pondrá a salvo de las conspiraciones que quieran desviarla a propósitos ajenos o, lo que es peor, contrarios a los objetivos auténticos de mejoramiento. Por ello, en la iniciativa adjunta a esta exposición, proponemos esa reforma que comprende bases esenciales del escalafón, garantías contra la suspensión ilícita de labores, precisión de los requisitos formales de la huelga, y protección social para los servicios públicos indispensables.
"De las instituciones comprendidas en la reforma social, ocupa un lugar destacadísimo la que ha de tener por objeto garantizar al trabajador y a los suyos, contra todos los riesgos que mermen o extingan su capacidad de trabajo: el Seguro Social. Objeto de estudios y deliberaciones que están todavía lejos de haber agotado el tema, su implantación práctica ha venido siendo extendida a casi todos los países de nuestra cultura y en México, fue organizado por la ley que se promulgó en el "Diario Oficial" de 19 de enero de 1943.
"El Seguro ha venido trabajando en zonas limitadas y con restricciones, también en cuanto a los riesgos por él cubiertos. Gradualmente ha ido creando una organización y haciendo frente a los numerosos problemas de toda índole con que una institución así por fuerza tiene que tropezar. Pero ya, en esa gradual y limitada realización, es posible advertir que además de las dificultades normales en el cumplimiento de los propósitos que el Seguro Social persigue, hay otras muy numerosas y capitales, que en nuestro caso concreto provienen de errores o deficiencias de la ley misma, de su concepción sistemática, así como de desaciertos graves de ejecución, de administración. Errores y resoluciones discutibles al determinar la amplitud del Seguro en cuanto a los que deban quedar en él incluídos y en cuanto a los riesgos cubiertos; errores y resoluciones discutibles, también, en cuanto a los beneficios y a la forma y métodos para prestarlos; desaciertos en la determinación de tarifas; equivocaciones o adopción de resoluciones desventajosas para la Institución en su sistema financiero y en el régimen de inversión; desaciertos, impericia, abusos, en la administración. Todo ello hace que la tarea siempre difícil del Seguro Social, resulte en México especialmente difícil y gravosa y pueda inclusive, conducir a una situación tal, que la Institución pierda prestigio y posibilidades y que México vea así frustrada la que puede ser una magnífica esperanza.
"Los efectos de los errores y deficiencias antes señalados, tienen en esta materia una dinámica fatal y se acumulan con extraordinaria rapidez. Por ello, es preciso revisar constantemente la experiencia y no dejar transcurrir plazos largos durante los cuales esos errores o desaciertos puedan adquirir trascendencia irremediable o costosísima. Hacer esa revisión completa y a fondo de nuestra experiencia propia en esta materia y de los mejores resultados de la experiencia ajena similar, es labor técnica que exige preparación, cuidado y desinterés extremos. Proponemos, por tanto, en iniciativa anexa, que se cree una comisión capaz de efectuar esa revisión en las condiciones dichas y de garantizar, con su trabajo, la adopción de un sistema de seguridad social bien constituído técnicamente, adecuado en realidad a las necesidades de México y, como debe serlo, concebido como alta empresa de solidaridad social, y patrimonio de la comunidad entera, y no como medida partidista o de mezquina utilización política.
"A la vida normal económica de nuestro país, se oponen también problemas y obstáculos de distribución que acentúan las deficiencias de aprovisionamiento, o lo dificultan y encarecen en exceso, y son siempre ocasión y pretexto para el desenvolvimiento de la especulación, en su forma peor, que medra con la necesidad del pueblo.
"Muchos de esos obstáculos y dificultades en la distribución, son simplemente obra de reglamentaciones inadecuadas, de una equivocada interpretación del deber y de las posibilidades que a la autoridad competen en la economía; otras responden a insuficiencia de nuestro instrumental económico o a errores cometidos, por ejemplo, en el manejo del crédito y a consecuencia de los cuales innecesariamente se multiplican los intermediarios; en otros casos, es la falta de instituciones como silos, graneros o almacenes, o la no utilización de procedimientos modernos de conservación, causa de una distribución desorientada y que origina grandes pérdidas; en otros, finalmente, es la insuficiencia de nuestro sistema de vías de comunicación que determina el problema de la distribución eficaz.
"Nunca será excesivo repetir que, también en este punto, el arreglo de condiciones razonables que garanticen la distribución y hagan mínima la carga sobre los consumidores, sólo podrá lograrse en el programa completo a que tantas veces nos hemos referido. Hay, sin embargo, dos puntos que pueden y deben ser tratados desde luego.
"Es el primero el de las trabas insuperables que se han puesto para la circulación, para el transporte de productos por nuestras carreteras. No es el caso , hoy, de discutir la justificación de una ley que regule el uso de las carreteras, ni el acierto o el error de hacer consistir esa reglamentación en procedimientos que obligan o permiten la constitución de monopolios evidentemente contrarios al interés general. La necesidad del momento requiere solamente que se permita con libertad el transporte de productos, y muy especialmente de frutos agrícolas, y a ello tiende la iniciativa que adjuntamos también a esa exposición, para la reforma transitoria de la Ley General de Vías de Comunicación.
"El otro punto tiene una gravedad enorme. Es el de los Ferrocarriles Nacionales. No se trata en él simplemente de mejorar condiciones de
operación. Se trata de hacer posible la subsistencia misma de nuestro sistema ferrocarrilero.
"En efecto, según lo muestran los datos estadísticos publicados y lo expresó el C. Presidente de la República en su último Informe al Congreso, los Ferrocarriles Nacionales requieren una inversión cercana a 700 millones de pesos para hacer frente a un programa mínimo de rehabilitación de la planta y el equipo del sistema que asegure, simplemente, la posibilidad de que éste continúe trabajando. Además, es también necesidad nacional inaplazable ampliar ese sistema que permanece prácticamente estacionario. En el largo período transcurrido desde 1910, a los 18,000 kilómetros de líneas férreas con que entonces contaba la República, se han añadido solamente el ramal de Cañitas a Durango, construído hace mucho tiempo; el Ferrocarril de Sonora a Mexicali que acaba de ser terminado y carece aún del equipo necesario; y el Ferrocarril del S u r e s t e, cuya terminación está próxima. En la Argentina de 1930 a 1947 solamente, se construyeron 5,144 kilómetros nuevos para alcanzar un total de 43, 555 kilómetros. Extensiones tan necesarias como las de la línea de Durango a Mazatlán, la línea corta de México a Tampico, el tramo de Iguala a Acapulco, la línea de Apatzingán al Pacífico y la de Veracruz a Tampico, están aún en proyecto. No es en forma alguna exagerado afirmar que para la rehabilitación y expansión urgentes del sistema ferrocarrilero nacional, será necesaria una inversión tal vez superior a 1,500 millones de pesos. Sin ella, la nación seguirá estando privada de servicios que le son necesarísimos y aún podrá quedar privada del servicio que hasta ahora ha venido recibiendo o tendrá que verlo cada vez más reducido deficiente y caro.
"Pero para que un programa así pueda tener vialidad se tropieza con el obstáculo insalvable de gravísimas deficiencias en la operación de este servicio público. El coeficiente de explotación, que conforme a la ley no debiera exceder del 85%, ha sido a partir de 1940, como sigue: 1940, 90.31; 1941, 87.17; 1942, 91.09; 1943, 94.53; 1944, 96.04; 1945, 96.33; 1946, 103.13; 1947, 111.43; y en este año se estima que ese coeficiente de explotación excederá, quizá, de 125%. Es decir, que los ingresos de los Ferrocarriles, a pesar de haber aumentado considerablemente, no son suficientes para cubrir los gastos de operación. Por ello ha sido necesario que el Gobierno recargue su presupuesto para suplir el déficit de los Ferrocarriles a los cuales entregó en 1947, 59 millones de pesos, más créditos por 11 millones de dólares con el aval del propio Gobierno, aval que éste tendrá que cubrir dada la situación de bancarrota del sistema; en el corriente año, el Informe presidencial estimó que el subsidio a los Ferrocarriles será de 80 millones de pesos, más 17 millones adicionales en créditos comerciales de la Nacional Financiera y un crédito, avalado por el Gobierno, por otros 5 millones de dólares. La ayuda obligada del Gobierno Federal a los Ferrocarriles, que emplean a 56,000 trabajadores, excederá así del presupuesto total que se asigna a la Secretaría de Salubridad y Asistencia para atender problemas vitales de 25 millones de mexicanos.
"Se ha venido diciendo que esta situación es obra solamente o de modo principal, del desajuste de las tarifas de transporte. Seguramente en un programa general de rehabilitación del sistema, será indispensable una revisión cuidadosa de esas tarifas; pero debe tenerse presente que en 1945 se llevó a cabo un aumento general de 20%, y en 1946 y en 47 se hicieron otras alzas que significan un incremento de 120 millones en los ingresos del sistema. La cuota media por tonelada, por kilómetro, ha crecido aproximadamente en 90%, su importe, de 4.137 centavos era mayor en 1947 y lo fue en el presente año antes de la desvalorización internacional de nuestra moneda, a la cuota promedio de los ferrocarriles americanos.
"Es obvio, pues, que se necesita inaplazablemente un programa completo de reordenación de este servicio público nacional y que, en ese programa, como condición preliminar y básica, se requiere una rectificación a fondo de las condiciones de operación, comenzando por crear firmemente los órganos administrativos descentralizados de este servicio a fin de darles responsabilidad plena y de asegurarles la consiguiente autoridad administrativa; descargando luego a los ferrocarriles del peso de obligaciones de las que el Estado tiene principal responsabilidad y normalizando las relaciones entre el servicio público de ferrocarriles y sus trabajadores, en condiciones que, simultáneamente garanticen y protejan los derechos hoy gravemente amenazados de los mismos trabajadores hagan posible una operación ordenada, eficaz y económica del sistema.
"Iniciamos, al efecto, una reforma a la Ley de 30 de diciembre de 1940, a fin de que, frente al problema de inmensa magnitud, el Gobierno Federal tenga la posibilidad de hacer una reorganización administrativa que permita planear y llevar a cabo la rehabilitación completa del sistema.
"Las proposiciones que hoy sometemos a la consideración de la Cámara y que constituyen un programa mínimo que podría considerarse de emergencia, son, de una parte, expresión de anhelos o exigencias justificadísimas de la opinión nacional; de otra parte, medidas viables que integran, y de ninguna manera se oponen a la formación, de un programa completó indispensable para que México resuelva la crisis actual y se prepare para las amenazas de una situación internacional como nunca obscura y difícil. Ninguna de esas iniciativas tiene sentido partidario, pues todas responden exclusivamente al mejor interés común. Estamos seguros de que la deliberación sobre esas iniciativas y su aprobación, facilitarán e impulsarán tanto la formación y adopción del programa general de gobierno a que nos hemos referido, como el restablecimiento del ambiente de confianza, sin el cual será imposible el cumplimiento inaplazable de ese programa. Confianza en la autoridad que reconoce su misión y se dispone a cumplirla sin otros intereses que el bien público, con aptitud y limpieza;
confianza en que los problemas que agobian a México no son en forma alguna irresolubles ya que fundamentalmente dependen de nuestra propia voluntad; confianza en el pueblo de México, capaz de todos los esfuerzos y sacrificios cuando sabe que son exigidos para la nación y que serán hechos con fruto.
"México, Salón de Sesiones, octubre 20 de 1948. - Antonio L. Rodríguez. - Juan Gutiérrez Lascuráin. - Miguel Ramírez Munguía".
"Imprímase.
"H. Cámara:
"La grave deficiencia de nuestra producción agrícola es, sin duda, el factor principal en muchos de los aspectos raquíticos de nuestra economía y un dato desfavorable que pesa en diversas formas sobre la vida de México.
"Nunca es impropio reiterar que esa deficiencia es debida a causas múltiples que van desde la limitación real de los recursos y las posibilidades agrícolas de México, en contradicción con lo que se ha afirmado tanto respecto de nuestra riqueza, hasta el atraso técnico que hace todavía más mezquino el aprovechamiento de tales recursos; desde la indefinición jurídica de la situación de la tierra, hasta la explotación política que no ve en los campesinos mexicanos sino masa aprovechable por el interés bastardo; desde la falta de capitales y de crédito, hasta la conspiración que mantienen al agricultor de México, al hombre que vive y trabaja en el campo, en una posición social y jurídica intolerable.
"Se estima que la producción agrícolaganadera lograda por el 67% de la población de México, equivale a un 20% del total de la Producción nacional y que, entre 65 países productores de maíz y de trigo, México ocupa el 58o. lugar en rendimiento por hectárea de maíz y el 55o. en rendimiento de trigo. El promedio de ingresos por jefe de familia en el campo, es, aun tomando en cuenta los aprovechamientos directos no valuados por la estadística, terriblemente desconsolador y obviamente insuficiente ya no para el mejoramiento, sino para cubrir siquiera las necesidades inmediatas de subsistencia. Todos los hechos que el conocimiento del campo revela, conducen siempre a la exigencia imperiosa de que el problema entero de la vida y el trabajo rurales, de la utilización de los recursos de tierras, aguas, pastos y bosques, de la organización agraria y del crédito, de la capacitación de los agricultores y de la asistencia técnica del Estado, de la conservación de los suelos y su mejoramiento, y de clases y métodos mejores de cultivo y de semillas adecuadas, de la organización firme y libre de los propios agricultores y del acceso y del aseguramiento de mercados remunerativos, sea planteado en su integridad, razonablemente, sin ocultaciones ni desfiguramientos, para conocer la verdad, para procurar resoluciones auténticas. No hay razón para que subsista intocable y con carácter de misterio político, una situación que a nadie satisface ni beneficia, y que, aparte de otros daños gravísimos para México entero, empobrece y dificulta a los esfuerzos laudables que el propio Estado ha venido haciendo en otros capítulos como el de la irrigación, como el de la selección y mejoramiento de las semillas y muchas más, para atender de verdad el progreso de la agricultura nacional.
"Por eso hemos reiterado nuestra insistencia en la iniciativa que desde el año pasado presentamos para que se constituya la Comisión Nacional de Planeación del Campo y ahora, nuevamente, insistimos en que esa iniciativa sea estudiada cuanto antes.
"De las labores de positivo beneficio que han venido cumpliéndose para mejorar la producción rural, y que requieren una atención y un apoyo incomparablemente mayores que los que hasta ahora han recibido, la relativa a la selección de las semillas, es una de las más importantes y de las que más fácilmente podrían tener aplicación inmediata y prestar beneficios desde luego a nuestros agricultores y a la economía general.
"Esa labor comprende varios capítulos. Uno, el fundamental, que es el de lograr la posibilidad de suministrar la semilla más adecuada a las condiciones de cada región, la que puede resistir con éxito plagas, enfermedades y sequías, la que tenga un rendimiento mayor y pueda ofrecer más grandes posibilidades de cosecha satisfactoria. A ello se encaminan los trabajos que desde hace años viene desarrollando, no obstante sus limitaciones, la Secretaría de Agricultura, y las labores hoy confiadas a la Comisión de Maíz Otro, más modesto, es el de escoger en cada zona las semillas mejores de las que la experiencia ha recomendado, y someter las que vayan a ser usadas a una prueba de germinación y a la desinfección que las libre de enfermedades o les dé mayor resistencia.
"El primero de esos capítulos implica un largo trabajo de varios años: pero desde luego es posible ayudar a los agricultores para que aseguren y aumenten en lo posible su producción, creando un servicio de brigadas en cada Estado que recorran en la época adecuada las zonas de cultivo y lleven a cabo las pruebas de germinación y la desinfección de la semilla propia de cada agricultor, en la misma localidad.
"El equipo de este trabajo requiere, no es desmesuradamente costoso ni complejo la preparación del personal tampoco requiere un esfuerzo particularmente grande. La colaboración que de los mismos agricultores puede obtenerse, será muy importante, como lo acredita la experiencia de que dio cuenta al Congreso en su memoria de 1945 - 46, el C. Secretario de Agricultura, ingeniero Marte R. Gómez. Las autoridades federales y muy especialmente la Secretaría de la Defensa Nacional, pueden y deben prestar su colaboración valiosísima en este servicio de tan grande trascendencia, y a esa colaboración, seguramente, no se negarán las autoridades locales y municipales.
"El servicio debe contar en cada Estado con el número de brigadas suficientes para atender con oportunidad las diversas zonas de cultivo y será menester que cada brigada disponga de la maquinaria seleccionadora y limpiadora de semilla, de germinadoras y del equipo de desinfección que puedan
trasladarse con facilidad de un lugar a otro. El Ejército Nacional, que tan eficazmente ha cooperado en emergencias nacionales como la fiebre aftosa, daría una colaboración magnífica al poner su equipo y su personal de transportes, en los límites de su capacidad, al servicio de esas brigadas.
"No parece excesiva la estimación que el C. Secretario de Agricultura hace, en su memoria 1947 - 48, de un aumento hasta de un 20% en el volumen normal de las cosechas con la mera aplicación de un sistema eficaz de selección, y de desinfección de las semillas. Y el significado de un aumento así, aun sin tener en cuenta otras consecuencias sociales y sólo considerando el aspecto económico, representa muchas veces el costo que pueda tener este servicio limpia y eficazmente administrado y apoyado y sostenido por todas las colaboraciones a que antes se hace referencia.
"Proponemos, por ello, que se apruebe la siguiente Ley que establece el Servicio Nacional de Selección y Desinfección de Semilla.
"Artículo 1o. La Secretaría de Agricultura y Ganadería organizará un Servicio Nacional de Selección y Desinfección de semillas, estableciendo al efecto, en atención al calendario agrícola, las brigadas necesarias para la prestación de ese servicio en las diversas zonas del país.
"Artículo 2o. Las brigadas del servicio visitarán en las fechas adecuadas las regiones agrícolas, provistas del equipo necesario para hacer, localmente, la selección de la semilla de cada agricultor, practicar las pruebas de germinación y efectuar la desinfección de la semilla escogida.
"Artículo 3o. El servicio será gratuito y las operaciones que en él se comprenden serán hechas en presencia de los interesados, a quienes se proporcionarán las explicaciones e instrucciones que sean necesarias.
"Artículo 4o. La Secretaría de Agricultura y Ganadería deberá incluir en su presupuesto para el año próximo, las partidas necesarias para la adquisición del equipo y los materiales que el servicio requiera, así como para los demás gastos del servicio. Las demás dependencias del Ejecutivo prestarán la colaboración que sea compatible con sus posibilidades, para la más eficaz y menos costosa operación del propio servicio.
"Artículo 5o. En las siembras que se hagan en los sistemas nacionales de riego o en tierras mejoradas por obras de pequeña irrigación o con créditos de habilitación o avío de las instituciones nacionales de Crédito Agrícola, o del Crédito para la Producción Rural, la administración de esas instituciones o de los sistemas de riego y de las obras relativas, cuidarán del empleo de semilla escogida con arreglo a esta ley.
"México, Salón de Sesiones, Octubre 20 de 1948. - Antonio L. Rodríguez. - Miguel Ramírez Munguía. - Juan Gutiérrez Lascuráin".
Recibo, y a las Comisiones unidas de Estudios Legislativos y de Fomento Agrícola, e imprímase.
"H. Cámara:
"Los datos que en diferentes ocasiones han sido proporcionados a la opinión pública respecto del funcionamiento del Seguro Social, muestran que a los problemas y dificultades inherentes a la creación de una institución tan amplia y compleja, se han sumado en México otros obstáculos que derivan, en parte, de errores o deficiencias en la ejecución y administración de la ley que creó el Seguro Social y, en parte muy grande, de errores y deficiencias de la propia ley.
"Los obstáculos de ejecución y administración. Deben ser investigados para precisar y exigir las responsabilidades consiguientes y para prevenir su repetición en el futuro. Esa indagación puede ser fácilmente efectuada y debe serlo en forma imparcial, libre de interferencias políticas y sólo inspirada en el propósito de corrección que, indispensable en todos los actos de las instituciones públicas, lo es particularmente en el caso del Seguro Social por ser ésta una de las empresas de reforma social que reclama mayor limpieza y procedimiento más rigurosamente técnicos y adecuados de gestión. La investigación, pues, ha de ser objetiva y, aparte de la precisión ya dicha de responsabilidades, debe dirigirse sobre todo al señalamiento de los defectos prácticos que afectan la gestión y el funcionamiento del Seguro.
"Esa investigación debe extenderse a la consideración de la ley misma, de sus bases técnicas, de su alcance y de sus propósitos. ¿Ha de subsistir la limitación del campo de asegurados incluídos en el sistema o debe extenderse ese campo, y en qué términos y con qué condiciones, hasta alcanzar la universalidad que para el Seguro Social se ha propuesto en algunas de las tesis más fundadas sobre el particular. ¿Como hacer posible, en nuestra realidad, la extensión del seguro, por ejemplo, a la población rural especialmente necesitada; pero que se haya colocada en condiciones tan peculiares en México? ¿Con qué ritmo debe hacerse la extensión del campo del seguro y hasta qué punto esa extensión ha de confiarse, para la afiliación y para la administración y prestación de los servicios, a cajas regionales o a cajas especiales integradas por los mismos interesados y por ellos administradas, con la intervención del Instituto, limitada a la vigilancia y a la exigencia de los mínimos de beneficio señalados por la ley? ¿Cuáles han de ser los riesgos cubiertos por el Seguro y cuál la posibilidad de amparar, según se ha preconizado como ideal de la institución, todos los riesgos que extingan o reduzcan la capacidad de trabajo y de ganancia del asegurado o aumenten sus cargos familiares? ¿El Seguro ha de cubrir a los beneficiados los mínimos indispensables para la vida, independientemente de la cotización del asegurado o ha de mantener solamente beneficios que correspondan al monto de esa cotización? ¿Son correctas las estimaciones actuariales sobre las que hoy basa el Seguro Social su trabajo? ¿Debe el Seguro encargarse de la prestación directa de servicios, como se ha venido haciendo por lo que respecta a enfermedades, y esa prestación ha
de ser confiada a una organización burocrática y cerrada que el propio Instituto cree y mantenga, suscitando con ello gravísimos problemas de servicio y consecuencias sociales de trascendencia, o, en caso de mantenerse la tesis de la prestación de servicios, deben dejarse estos a las cajas especiales que organicen y manejen los asegurados mismos, o debe establecerse un plan de libre elección médica; o reemplazarse el servicio por pagos en efectivo, o dejarse pendiente el riesgo de enfermedad para ser atendido por otros caminos a fin de dar más viabilidad al Seguro Social y de hacer más fácil su extensión a todos los que de él necesitan?
"He aquí solamente algunos de los problemas de carácter técnico que, planteados teóricamente y siendo objeto aún de deliberación intensa existen agudamente perfilados en nuestra propia experiencia del Seguro y reclaman inmediata atención. La reclaman, también, numerosos puntos relacionados con la organización administrativa misma del Seguro, con la necesidad de concebirlo verdaderamente como un servicio nacional autónomo, totalmente desligado de las eventualidades políticas o burocráticas, y confiado principalmente, bajo la vigilancia tutelar del Estado, a la cuidadosa administración de los interesados mismos, de modo tal que se garantice el funcionamiento más económico y más eficaz y permita a la institución una mejor y más certera prestación de los beneficios que el Seguro comprende.
"El régimen financiero del Seguro es también motivo de preocupación fundada. El sistema de reservas adoptado inicialmente en nuestra experiencia, suscita problemas y dificultades de importancia y, desde luego, es evidente que los cálculos hechos para la constitución de las reservas deben ser rectificados conforme a la experiencia y en algunos riesgos resultan ya comprobadamente deficientes las reservas acumuladas. Hay razones técnicas de gran peso en favor de la adopción del sistema de reparto y es menester que se estudie más profundamente esta cuestión de la que dependen el prestigio y la vida misma del Seguro Social. La inversión de las reservas, en el supuesto de subsistencia de ese régimen, debe ser también objeto de cuidadoso estudio en que se consideren no sólo las recomendaciones de la técnica general sino los datos y riesgos peculiares de nuestra realidad social, económica y política. Normas de inversión viables y útiles en otras partes, son aquí, vistos esos datos, gravemente insuficientes o peligrosas y, al contrario, inversiones que resultan innecesarias o criticables en una situación económica y social diferente a nuestra, aquí pueden ser indispensables o ventajosas. La mera acumulación de reservas de inmensa cuantía, representa en una estructura económica como la nuestra, un potente factor de desequilibrio en el que los errores más leves traerán consecuencias irremediables no sólo para la estabilidad y la solvencia del régimen del Seguro, sino para toda nuestra economía.
"Las consecuencias de la instauración del sistema de seguridad social sobre otros capítulos del programa de la reforma social, requieren también examen profundo. De la concepción de los riesgos que ha de cubrir, la extensión del campo de asegurados, de los beneficios que deban impartirse, del sistema financiero que ha de ser adoptado, dependerá el concepto de amplitud o de restricción que haya de darse, por ejemplo, a las demandas sobre prestaciones otorgadas en los contratos de trabajo en relación con los capítulos cubiertos por el Seguro Social. De ese concepto básico de la seguridad, depende la posibilidad de la transferencia de las cuotas, ya que la autorización de esa transferencia no limita sus efectos a mover la carga sobre uno sólo de los factores de la producción, sino que los extiende a desvincular a los asegurados de la tarea de la administración y quitarles o a reducir en ellos el interés directo que deben tener en la vigilancia del funcionamiento del Seguro y a mitigar o desviar un estado. de conciencia social que es requisito y condición no sólo para la subsistencia de las instituciones de seguridad, sino para la perseverante orientación en el esfuerzo común de mejoramiento que la reforma social demanda.
"El conocimiento exacto de estos puntos, el correcto planteamiento de los problemas del Seguro y de las posibilidades y condiciones de su implantación y de su subsistencia en nuestro país, como una de las reformas sociales que justificadamente mueven la esperanza de todos y como uno de los pasos más importantes para alcanzar un ideal de convivencia pacífica, libre del desamparo y de la miseria, demandan una labor de aptitud técnica y de completo y desinteresado servicio del bien común. Esa labor debe ser hecha de manera tal que la opinión pública pueda seguirla, estar informada de su orientación y de sus resultados, participar en la deliberación indispensable y lograr así para las medidas que se adopten, el apoyo de la misma opinión pública sin el cual instituciones como ésta, de la seguridad social, no podrán funcionar útilmente y ni siquiera podrán subsistir.
"El asunto es de grande urgencia porque por su dinámica misma, en el régimen del Seguro las consecuencias de equivocaciones o deficiencias se acumulan rápidamente y pronto pueden volverse irremediables. La experiencia que se ha hecho en México ofrece ya un caudal suficiente de datos que deben ser analizados cuanto antes en esta labor de cotejo de la ley y de las tesis teóricas con la realidad, siempre indispensable; pero más aún en el Seguro.
"Una comisión no partidista, de carácter puramente técnico, con amplitud de facultades de indagación y de estudio, que pueda hacerse asistir por técnicos de reconocida competencia y que esté desligada de los intereses inmediatos de la administración pública y de la administración misma del Seguro, y sólo inspirada en el deseo de conocer la verdad, de indagar los problemas y las posibilidades reales del Seguro en México de orientar técnicamente a la administración del Seguro, al Estado y a la opinión nacional para que se corrijan los errores cometidos y se adopten las
resoluciones más recomendables, traerá beneficios inmensos a México.
"No sería adecuado confiar esta tarea a la administración misma del Seguro, por razones evidentes entre las cuales, en primer término, cuenta la dificultad que existe siempre para quienes están dentro de una organización y de un orden ya creado de intereses y de normas, de ver con claridad el panorama completo de esa organización y de ese orden, de advertir sus desajustes y problemas y de precisar las relaciones de ese orden y de esa organización con todos los demás aspectos de la vida común. La comisión, por supuesto, obtendrá de la Administración. del Seguro y de sus técnicos todo el caudal de datos, experiencias y sugestiones que ellos tengan; pero estará más capacitada que ellos para analizar esos datos y experiencias y valorizar esas sugestiones y para hacer una labor no orientada a la defensa de una tesis o de un interés ya establecidos, sino al perfeccionamiento de la institución y al logro de las mejores condiciones posibles para su vida y para garantizar el servicio que de él espera la colectividad nacional.
"Por estas consideraciones, con fundamento en la fracción II del Art. 71 de la Constitucional, proponemos la siguiente Ley que crea la Comisión de Estudio del Seguro Social:
"Artículo 1o. Se establece la Comisión de Estudio del Seguro Social que tendrá por objeto:
"a) El examen de la situación financiera, de las condiciones de administración y funcionamiento y de los resultados del Instituto Mexicano del Seguro Social.
"b) El análisis de la experiencia obtenida de la aplicación de la Ley de 31 de diciembre de 1942 y de los reglamentos del Seguro expedidos con arreglo a ella, tanto en lo que se refiere a los riesgos cubiertos por el Seguro como a los beneficios que éste debe impartir, a las bases actuariales y al régimen financiero de la institución, a la organización de la misma y a los términos y condiciones de su gestión.
"c) La recomendación de las medidas de corrección y de las modificaciones legales o administrativas que considere adecuadas.
"Artículo 2o. La Comisión estará formada por cinco vocales que designará el Presidente de la República, considerando los conocimientos y la experiencia de los nombrados en la técnica del Seguro Social y en la organización, administración y funcionamiento de servicios, así como su independencia ciudadana y de buena reputación como hombres honorables de estudio y trabajo.
"Artículo 3o. La Comisión deberá concluir sus labores el 1o. de septiembre de 1949, con un informe sistemático de sus investigaciones y recomendaciones que será enviado al Congreso de la Unión, por conducto del Presidente de la República, y publicado en la fecha antes mencionada por la Comisión misma.
"Artículo 4o. La Comisión designará de entre sus miembros, un Presidente y un Vicepresidente; nombrará un Secretario General y, a proposición en terna del Instituto de Contadores Públicos Titulados, un Tesorero.
"Artículo 5o. La Comisión tendrá competencia:
"a) Para consultar y revisar todos los libros de contabilidad y comprobantes, así como los contratos y presupuestos, las estadísticas y los datos actuariales, los libros de actas y los archivos del Instituto Mexicano del Seguro Social y de todas las oficinas o dependencias de éste.
"b) Para hacer comparecer ante ella a los funcionarios y empleados del Instituto o de sus agencias o dependencias y recabar su testimonio sobre los asuntos que estén a cargo de los funcionarios o empleados dichos.
"c) Para pedir o recibir informes o testimonios de las personas que puedan darlos sobre los asuntos de la competencia de la Comisión.
"d) Para contratar los servicios técnicos que requiera en el desempeño de sus labores.
"e) Para formar su propio reglamento y administrar su presupuesto.
"Artículo 6o. Los trabajos de la Comisión serán públicos y públicamente recibirá, en su caso, los testimonios a que se refieren los incisos b) y c) del artículo anterior. Serán aplicables a los mandatos de la Comisión a que se refiere el inciso b) del artículo precedente y a los informes o testimonios que ante ella se rindan, los artículos 178, 179 y 247, fracción I del Código Penal del Distrito Federal.
"Artículo 7o. La Comisión tendrá su sede en la ciudad de México; pero podrá celebrar sesiones o enviar delegaciones suyas a otras ciudades de la República. Celebrará sesión plenaria una vez por semana, por lo menos.
"Artículo 8o. La Comisión dispondrá para sus labores de un presupuesto hasta seiscientos mil pesos. Se autoriza al Ejecutivo para poner esa suma a disposición de la Comisión, en los términos del presupuesto que la misma apruebe. La Comisión deberá rendir al Congreso, por conducto del Presidente de la República y a más tardar el último de septiembre de 1949, cuenta detallada y comprobada del ejercicio de ese presupuesto.
"Artículo 9o. Los archivos de la Comisión, cuando ésta termine sus funciones, serán entregados a la Biblioteca del Congreso.
"Transitorio.
"Único. Esta ley comenzará a regir el día de su publicación en el "Diario Oficial".
"Salón de Sesiones. octubre 10 de 1948. - Antonio L. Rodríguez. - Miguel Ramírez Munguía. - Juan Gutiérrez Lascuráin".
"A las Comisiones unidas de Estudios Legislativos y de Previsión Social, e imprímase.
"H. Cámara:
"La inversión que hasta ahora se ha hecho de cuantiosos fondos públicos en la construcción de la red de carreteras, que la vida y el crecimiento del país demandan, ha aliviado también, la grave deficiencia de transportes que México padece.
"Desgraciadamente, para el uso de esas carreteras se ha venido creando trabas y obstáculos que dificultan el tránsito y encarecen el transporte, contribuyendo con ello, poderosamente, a acentuar el carácter deficitario de nuestra producción y a impulsar el alza de los precios.
"Es claro que debe existir una reglamentación que garantice los servicios de carga y pasajeros en los caminos nacionales; pero por motivos que no es ésta la oportunidad de analizar, esa reglamentación ha sido desviada y ha dado lugar a trabas y a exacciones que no sólo disminuyen la utilidad del sistema de carreteras y conspiran contra nuestro progreso económico, sino que constituyen un motivo constante de crítica y de inconformidad de la opinión pública.
"La reciente experiencia de los mercados populares, destinados a reducir la angustia del costo de la vida, vino a demostrar palmariamente la justificación de esas críticas y de esa inconformidad de la opinión. Para el funcionamiento de esos mercados ha sido indispensable hacer a un lado la aplicación de esas normas, emplear vehículos que de acuerdo con ellas no habrían podido ser utilizados y eliminar la multitud de cobros y gabelas que, a consecuencia de esa reglamentación, gravan hasta hacerlo imposible, el transporte de los productos a los mercados.
"Es que la nación necesita indispensablemente tener facilidades de transporte nuevas líneas, un número mayor de vehículos, y en estas circunstancias la tendencia a constituir un monopolio virtual, tendencia que inspira la reglamentación legal de las vías de comunicación, no es sólo técnica y constitucionalmente indebida, sino absolutamente intolerable y contraria a los intereses vitales de la colectividad.
"Atravesamos por un período de emergencia más intensa, tal vez, que el de los años de la guerra. Durante esos años, el Estado reconoció la necesidad de cubrir el servicio de carga dando permisos de transporte a particulares, para lo cual da margen la propia Ley General de Vías de Comunicación, en los términos del párrafo cuarto, de la fracción V, del artículo 153 que dice: "En los casos en que se presente una demanda extraordinaria de transportes, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas podrá conceder permisos eventuales para la satisfacción inmediata de esa demanda, dando preferencia en igualdad de condiciones a los permisionarios de las líneas regulares establecidos en las rutas; en su defecto, a permisionarios de otras líneas, y en último extremo, a transportadores particulares".
"El supuesto que ese precepto prevé, se cumple ahora, pues hay necesidad imperiosa y no satisfecha de transportes, pero la aplicación textual de sus prevenciones resultaría ineficaz para cubrir esa necesidad, porque el trámite de los permisos y la conservación del complicado sistema de preferencia, de hecho hace imposible esa aplicación.
"Aprovechando, por tanto, las lecciones que derivan de la experiencia de los mercados populares y rompiendo desde luego, a reserva de que se haga una reforma completa de la Ley General de Vías de Comunicación, el monopolio que bajo pretexto de reglamentación se ha formado con grave prejuicio de los productores y de toda la colectividad consumidora en México, proponemos la adición de un artículo transitorio a la ley de 31 de diciembre de 1947, que reformó la Ley General de Vías de Comunicación, en los siguientes términos:
"Transitorios.
"Artículo 8. Durante los próximos tres años, los transportadores particulares podrán establecer servicios de carga en todas las carreteras del país. Al efecto, bastará que presenten un aviso por escrito a la Secretaría de Comunicaciones y Obras de ese aviso, sellada por la Oficina de Policía de Caminos, correspondiente a la población en que los vehículos respectivos estén registrados. la copia de ese aviso, sellada por la Oficina de Policía de Caminos, tendrá el efecto de un permiso eventual en los términos del párrafo cuarto, fracción V, del artículo 153 de la Ley. los permisos a que este artículo se refiere, no estarán sujetos a otras condiciones que las del buen estado mecánico de los vehículos para la seguridad del tránsito por las carreteras y al cumplimiento, por sus conductores, de las normas relativas a esa seguridad.
"México, Salón de Sesiones, octubre 20 de 1948.- Miguel Ramírez Munguía.- Antonio L. Rodríguez.- Juan Gutiérrez Lascuráin".
A las Comisiones unidas de Estudios Legislativos y de Vías Generales de Comunicación en turno, e imprímase.
"Honorable Asamblea:
"Vuestra soberanía acordó turnar a las suscritas Comisiones unidas Primera de Hacienda y de Impuestos, el expediente formado con la iniciativa enviada por el C. Presidente de la República, de acuerdo con las facultades que le confiere la fracción I del Artículo 71 de la Constitución General de la República, a fin de modificar la Tarifa del Impuesto de Exportación, adicionando el gravamen que tiene señalado cada uno de los artículos que la misma menciona, una sobre tasa ad valorem del quince por ciento, fundándose para ello en los siguientes considerandos:
"Que al retirarse el Banco de México, S. A., del mercado de cambios, las divisas extranjeras, al convertirse en moneda nacional, producen mayores cantidades que antes y, con ese motivo, los productores nacionales prefieren exportar; de ahí que pueden escasear los artículos en el país y subir de precio, con prejuicio del nivel de vida de la población.
"Que los ingresos del Gobierno disminuirán al rebajarse las tarifas de importación de ciertas materias primas y semifacturadas y, frente a esta disminución, existe la erogación ineludible de subsidiar la importación de artículos alimenticios para el pueblo.
"Estas consideraciones hacen pensar en la conveniencia de restringir la salida de ciertos
artículos y al mismo tiempo crear un nuevo concepto de ingreso.
"Las Comisiones unidas que suscriben, estiman atendibles y justificadas todas estas razones y en consecuencia, se someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de decreto que modifica la tarifa del Impuesto de Exportación adicionando al gravamen que tiene señalado cada uno de los artículos que la misma especifica una sobrepasa al valorem del 15%.
"Artículo 1o. Se modifica la Tarifa del Impuesto de Exportación adicionando al gravamen que tiene señalado cada uno de los artículos que la misma especifica, una sobretasa al valorem del 15% que se aplicará independientemente de las cuotas, específicas y ad valorem señaladas en la propia tarifa a todos los artículos comprendidos en ella, inclusive los exentos de las cuotas específicas y ad valorem, sobre los precios a que se refieren los artículos 2o. y 5o. del decreto de 18 de noviembre de 1947.
"Artículo 2o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previo estudio que al efecto haga, oyendo la opinión de la Comisión de Aranceles, propondrá los casos de excepción en que deba reducirse el impuesto adicional, conforme a las bases siguientes:
"a) La reducción no podrá exceder del 80% del importe de la sobretasa ad valorem, salvo cuando se trate de artículos gravados con impuestos interiores especiales que se causen en tal forma y proporción que permitan alcanzar las mismas finalidades de la sobretasa a la exportación establecida en el artículo anterior.
"b) Las excepciones deberán establecerse por decreto del Ejecutivo que se publicará en el "Diario Oficial".
"c) Las excepciones en ningún caso podrán otorgarse en favor de determinadas personas, sociedades o empresas.
"d) La reducción deberá otorgarse por períodos de tiempo fijos sin exceder de seis meses.
"Transitorio.
"Artículo único. Este decreto entrará en vigor en toda la República en la fecha de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.
"Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
"México D. F., a 22 de octubre de 1948. Primera Comisión de Hacienda.- Eugenio Prado.- Ramón Castellanos Camacho.- Luis Díaz Infante.
"Comisión de Impuestos, Joel Pozos León.- Ernesto Gallardo S.- Vidal Díaz Muñoz".
Está a discusión, en lo general, el dictamen.
El C. Ramírez Munguía Miguel: Pido la palabra en contra.
El C. Presidente: Se abre el registro de oradores. En contra el ciudadano diputado Ramírez Munguía.
El C. Artega y Santoyo Armando: Artega Santoyo, en pro.
El C. Rodríguez Antonio L.: Me inscribo en contra.
El C. Aguirre Delgado Jesús: En pro.
El C. Presidente: Están inscritos en contra los ciudadanos diputados Ramírez Munguía y Antonio L. Rodríguez; en pro, los ciudadanos diputados Artega y Santoyo y Aguirre Delgado. ¿Ningún otro diputado desea inscribirse en pro o en contra? Se cierra el registro de oradores. Tiene la palabra en contra, el ciudadano diputado Ramírez Munguía.
El C. Ramírez Munguía Miguel: Ciudadanos diputados. Es de felicitar a las comisiones Primera de Hacienda y de Impuestos por el empeño que han desplegado para dictaminar con tanta oportunidad la iniciativa que ya ha conocido esta Cámara, y que se refiere a la imposición del 15% ad valorem sobre las importaciones; pero es de lamentarse que en el presente caso esa acuciosidad de las comisiones mencionadas se traduzca en una negación anticipada por parte de las mismas comisiones a las consideraciones de la iniciativa que los diputados de Acción Nacional tenemos presentada a esta Honorable Cámara en relación con este mismo asunto y pidiendo la derogación del decreto sobre el impuesto del 15%.
Evidentemente que esto ameritaría una moción suspensiva que formularíamos los señores diputados de Acción Nacional, con objeto de que no se tratara este asunto sino después de que se conociera por la Cámara nuestra iniciativa sobre la materia; pero comprendemos que esa moción no daría el resultado efectivo que procuramos. Por ello, por esas circunstancias, tomé la palabra en contra de la iniciativa y mi exposición va a reducirse o va a consistir exactamente en las consideraciones en que fundamos nuestra iniciativa para que se derogue el decreto del impuesto del 15% sobre la exportación y para que el dictamen que está a discusión no se apruebe.
Decimos en esa exposición:
"El establecimiento de impuestos sobre la exportación ha sido un expediente adoptado a veces con criterio puramente fiscal y a veces con el fin de impedir el alza de los precios interiores, que ha hecho grave daño a México en el pasado.
"La política de aforos y subsidios, además de debilitar nuestro comercio exterior, de constituir un estímulo para la desmoralización, de estar en contradicción abierta con las exigencias racionales de ordenación de nuestra economía, nunca fue elemento valiosos para evitar el alza en el costo de la vida, y el rendimiento fiscal de ella derivado no puede estimarse como adición positiva a los ingresos del erario, sino en todo caso, como una mera desviación de esos ingresos que en vez de proceder del impuesto sobre la renta, o disminuyendo el producto de ese impuesto, procedieron del gravamen sobre el comercio internacional.
"Una experiencia de muchos años acredita las consecuencias antes mencionadas y la razón depone en contra de medidas que van, fundamentalmente, contra de lo que debiera ser uno de los propósitos invariables de nuestra política económica el incremento de la exportación. Así lo demandan nuestras necesidades monetarias, el aprovechamiento de muchos de nuestros recursos
naturales que no tienen mercado interior, el programa de industrialización que exige el aprovisionamiento de la maquinaria y el equipo y las materias primas que nuestro país no produce, y aun nuestra propia producción deficitaria de artículos de primera necesidad que supone un cambio indispensable de nuestros artículos de exportación por los bienes de consumo que no producimos en cantidad suficiente.
"A pesar de esta experiencia y de estas consideraciones racionales, y de la drástica reducción de nuestra reserva monetaria que obligó al reconocimiento de la desvalorización internacional de nuestra moneda, el 20 de agosto anterior se estableció por decreto un impuesto de 15% ad valorem sobre las exportaciones, reproduciéndose los mismos argumentos que en apoyo de medidas semejantes habían sido dados con anterioridad.
"En las circunstancias actuales, - precisamente cuando los hechos confirman la improcedencia de tales argumentos y con apremio mayor, demandan una gestión intensa para procurar el restablecimiento de nuestra balanza comercial -, ese impuesto resulta obviamente indebido.
"La consideración fiscal del aumento de la utilidad para los exportadores con motivo de la desvalorización monetaria, no justifica la creación del impuesto. En efecto, mientras ese aumento de utilidad exista, la participación fiscal puede y debe lograrse, cuando no hay un impuesto especial, por la aplicación del impuesto sobre la renta. Y tal aumento de rendimientos, por otra parte, tiende pronto a desaparecer por el juego normal de los factores económicos que en el caso son la competencia en el comercio y en la producción de los bienes exportables y el incremento en el costo de esa producción.
"La necesidad de evitar un aumento en los precios interiores, de ninguna manera exige la creación de un impuesto indiscriminado sobre las exportaciones. Son conocidas las razones verdaderas que actúan para producir esa alza interior de los precios. Pero en cuanto pudieran influir las exportaciones para aumentar el costo de la vida, es decir, en cuanto se trate de exportaciones de productos que nuestro propio consumo necesita, bastaría para evitar la incidencia indebida sobre los precios, con prohibir o limitar al excedente la exportación de esos productos. Así lo reconoce el propio decreto, y ahora la iniciativa de ley, que establece el impuesto sobre la exportación ya que, después de crearlo en forma general e indiscriminada , en su artículo segundo prevé la posibilidad de establecer excepciones y reducciones hasta el 80% del importe de la tasa ad valorem. Este procedimiento de excepcionalidad, aparte de otros motivos técnicos de improcedencia, es notoriamente insuficiente para evitar que el impuesto de exportación cause trastornos graves y cree trabas adicionales a nuestro comercio exterior que debe ser impulsado.
"Como justificación de este impuesto se dice también que el Gobierno Federal necesitará ingresos extraordinarios para la importación de artículos alimenticios y para cubrir la baja de ingresos resultante de una reducción de las tarifas de importación sobre materias primas y productos semimanufacturados. Es evidentemente la necesidad de importar, artículos de consumo y de hacer frente al gravamen presupuestal que esa importación implica, son problemas que no pueden resolverse mediante el impuesto de exportación y que, al contrario, se agravarán de modo considerable si la subsistencia de ese impuesto obstaculiza y merma las exportaciones y reduce con ello, substancialmente, nuestras posibilidades de importar los artículos que necesitamos por insuficiencia de nuestra producción. Será sin duda incomparablemente más grave para México una reducción substancial de la reserva monetaria y de los recursos disponibles en divisas, a consecuencia de la suspensión o reducción de las exportaciones, que el aumento de la carga fiscal resultante del subsidio que haya de darse para la venta a bajo precio de los artículos de primera necesidad importados. Y en cuanto a la disminución eventual de ingresos del Erario, que sea consecuencia de la reducción de derechos de importación sobre materias primas o productos semimanufacturados que la industria nacional requiere, obviamente esa reducción no es de temerse, pues será ampliamente compensada con los ingresos que deriven de nuestra producción industrial, aparte de que es siempre indebido plantear el problema de tarifas sobre el comercio exterior como un problema principal de ingresos fiscales en vez de hacerlo como un medio de ordenación económica de nuestro comercio internacional.
"Frente a al invalidez de los argumentos invocados en favor del impuesto sobre las exportaciones, se alzan, en cambio, la necesidad universalmente reconocida de fomentar la exportación; la necesidad, en estas circunstancias del mundo, de colaborar en la obra urgentísima de reconstrucción económica; nuestra propia economía deficitaria de producción, en medios técnicos, en recursos de capital y, por tanto, exigente de un comercio internacional, en todos sentidos vigoroso y bien orientado.
"Los precios interiores son altos por la insuficiencia de la producción para nuestro consumo; pero lo son también los costos industriales, por la limitación que la producción nacional tiene si se restringe al estrecho mercado interior. El precio interior de los productos de la industria, en consecuencia, podría reducirse considerablemente si la exportación abre un mercado mayor y permite una producción más amplia. El régimen monetario se fortalecerá en la proporción en que podamos hacer superar nuestras exportaciones a las importaciones verdaderamente indispensables y a la emigración de recursos. Y los medios a nuestro alcance para hacer las compras que ineludiblemente debemos hacer en el extranjero, sólo pueden venir de esas exportaciones y de la creación de una situación interna que permita operar una reversión en el movimiento migratorio de capitales.
Aún las circunstancias internacionales de ahora, demandan el impulso a las exportaciones y lo
aconsejan, ya que, por una parte, esas exportaciones son exigidas por las necesidades de otros países y, de otra parte, hacerlas ahora dará a México una posibilidad de mercados que, pasada esta coyuntura le será incomparablemente más difícil obtener, pues ya hoy mismo, la competencia respecto de esos mercados se afina y agudiza cada día y tiene normalmente no sólo libertad, sino protección y a veces hasta subsidio de los Estados Interesados. El apoyo mínimo que el Estado mexicano puede dar a su comercio internacional, es el de no crearle estorbos y gravámenes injustificados.
Conviene mencionar, adicionalmente, los graves defectos de aplicación que hasta la fecha ha tenido y que muy difícilmente podrá dejar de tener el impuesto sobre las exportaciones. Para esa aplicación se ha publicado una lista de precios con deficiencias evidentes, entre las cuales por ejemplo, se advierte desde luego el uso de unidades de medida que no coinciden con las que el comercio internacional empleó respecto de muchos de los artículos incluidos en esa lista. Los precios excesivos señalados, multiplican el gravamen. La diversidad de casos, casi tan numerosos como las clases de productos exportables, estorba la concepción de reglas generales, suficientemente comprensivas y hace de su aplicación concreta una labor agobiadora y de realización dificilísima. Existe ya, fundada, una inconformidad general y una paralización de exportaciones que se acentuarán a medida que esas dificultades de aplicación se comprueben y se extiendan a nuevos casos.
En cuanto el interés colectivo exige prevenir o limitar la exportación de frutos o productos, hay, en cambio, la fácil posibilidad de hacerlo mediante medidas concretas, estudiadas y consideradas públicamente, para prohibir o limitar a una cuota la exportación de esos frutos o productos. Por amplia que sea la lista de prohibiciones o de cuotas, será siempre menor que la de las innumerables excepciones que habrán de hacerse en el sistema del decreto vigente. El estudio y la resolución de cada una de esas prohibiciones o cuotas, complementando con la posibilidad de prohibir provisionalmente la exportación relativa, puede hacerse más cuidadosamente, con mayores probabilidades de acierto y sin necesidad de causar entre tanto, graves daños generales.
No es por demás repetir que los factores básicos de la coyuntura actual, de la situación de crisis por la que hoy atraviesa México, requieren un conjunto programático de medidas fundamentales y el abandono de una política económica de expedientes que, como este de la creación del impuesto sobre las exportaciones, atienden sólo a aspectos externos y sintomáticos de esa situación, de esa coyuntura, pero no remueven ni cambian los factores fundamentales y antes agravan o complican sus consecuencias. El aumento de nuestra producción, la suspensión del proceso inflacionista, el restablecimiento del equilibrio monetario evitando la restricción o fuga de capitales y haciendo posible la inmigración de recursos, bien sea por el incremento de las exportaciones o por el incentivo de las inversiones legítimas permanentes en México; la remoción de las trabas y obstáculos que dificultan y encarecen la distribución, son los propósitos fundamentales que una política económica debe perseguir. Una medida como ésta, del impuesto general sobre la exportación, que es básicamente contradictoria con esos objetivos. no debe subsistir".
Señores diputados: Habéis escuchado los motivos en que fundamos la iniciativa de derogación del impuesto del 15% sobre exportaciones que hoy se quiere dejar subsistente al aprobar la iniciativa del Ejecutivo en los términos originales de la misma. Yo espero que se tomen en consideración estas razones que son de interés general y que en manera alguna pueden considerarse como razones que pongan a condiciones antipatrióticas a la iniciativa que está dictaminándose Lo único que expuse son diversos puntos de vista que los diputados de Acción Nacional ponen a la consideración de esta Cámara, a efecto de que se vea si el interés general se inclina, efectivamente, a la subsistencia del impuesto que está ya en vigor, o si por ese espíritu de mejoramiento de la patria y por ese impulso a la industrialización del país debe suprimirse esa sobrecarga y dejar que los impuestos actuales que ya recaen precisamente sobre las utilidades y provechos de estas operaciones, sean impuestos para que nuestra patria tenga los ingresos necesarios y de esa manera se impulse el abaratamiento del país.
El C. Presidente: Tiene la palabra en pro, el ciudadano diputado Artega y Santoyo.
El C. Arteaga y Santoyo Armando: Señores diputados: Al hacer uso de la palabra en defensa del dictamen que aprueba la iniciativa del Ejecutivo para adicionar con una sobretasa del 15% al impuesto general de exportación, me limitaré, con objeto de no incurrir en repeticiones cansadas e inútiles, a decir algunos conceptos de carácter general; esperando que los demás oradores inscritos en el pro satisfagan ampliamente las objeciones presentadas por los diputados de Acción Nacional. Pero previamente deseo satisfacer la queja a que se refiere el señor diputado Ramírez Munguía en el sentido de estimar indebido el afán de trabajo de la Comisión que se dedicó, en primer término a formular el dictamen aprobatorio a que se acaba de dar lectura, ignorando la iniciativa presentada en términos opuestos por los propios diputados de Acción Nacional. Las dos iniciativas son de tal manera opuestas, son tan excluyentes, que la aprobación de una que encierra fatal y forzosamente el rechazo de la otra.
Por otra parte, entiendo que la iniciativa de Acción Nacional no ha llegado todavía a poder de la Comisión dictaminadora. En consecuencia, no tiene motivo el señor diputado Ramírez Munguía para quejarse de que las Comisiones unidas dictaminadores hayan ignorado, y mucho menos maliciosamente la iniciativa a cuyos fundamentos acaba de dar lectura.
Las circunstancias de estar actualmente en vigor el decreto de 20 de agosto expedido por el Ejecutivo, persiguiendo exactamente la misma finalidad
que ahora persigue con la iniciativa que presentó, expone el problema de saber la validez que tenía tanto el decreto de 20 de agosto como la que puede tener el decreto que apruebe la Cámara en virtud de este debate.
Yo considero que esta iniciativa del Ejecutivo es una muestra del profundo sentido de responsabilidad con que está tratando de resolver todos y cada uno de los aspectos que plantea la devaluación de nuestra moneda y que al sujetarla a la libre y pública discusión de la representación nacional ha buscado orientarse en la pulsación de la opinión pública del país.
Conforme a la segunda parte de la Ley de Ingresos para 1948, en su artículo 12:
"Queda facultado el Ejecutivo Federal para modificar, en los términos que proponga la Comisión de Aranceles, las tarifas de los impuestos de importación y exportación, de acuerdo con lo prevenido por el artículo 20 de la Ley de Fomento de Industrias de Transformación; y, asimismo, para introducir en dichas tarifas, a propuesta de la propia Comisión, las modificaciones necesarias para la defensa de la producción, la elevación del nivel de vida de la población, y el sostenimiento del valor de la moneda nacional".
Si nosotros leemos la exposición de motivos en que se fundó el Ejecutivo para expedir el decreto de 20 de agosto, encontraremos que cada uno de ellos se inspira en estas limitaciones precisas que les fija el artículo 12 en la segunda parte de la Ley de Ingresos para 1948.
En consecuencia, podemos concluir que el decreto referido de 20 de agosto está expedido de acuerdo con las facultades que expresamente le concedió esta representación nacional y que al perseguir una medida idéntica con la aprobación de esta Cámara no hace, repito, sino inspirarse en las pulsaciones de la opinión pública del país.
Dos son los motivos fundamentales en que se ha inspirado el Ejecutivo al proponer esta medida a la Cámara de Diputados: en primer término, impedir el alza de los valores dentro de nuestro país. Esta alza era muy de temerse, porque en virtud de la devaluación de nuestra moneda, los industriales mexicanos de exportación encuentran ahora un mercado que no necesitan en virtud de los mejores precios que obtienen para vender en el extranjero los productos de su industria; pero hay además otro motivo fundamental y es el de compensar mediante los rendimientos que obtenga el Ejecutivo Federal por el alza de las tarifas de exportación la disminución que en sus propios ingresos va a observarse, en virtud de la ansiada disminución de las tarifas de importación en algunos productos necesarios para el consumo del país y para su proceso de industrialización.
Es, en consecuencia, una medida armónica que por un lado trata de evitar que los mejores precios que los comerciantes industriales mexicanos tengan en el extranjero, produzca el empobrecimiento de la población en virtud del alza de los precios interiores y, por otra parte, tener a su disposición una cantidad de dinero suficiente para compensar la disminución en sus ingresos como consecuencia de las bajas tarifas de importación.
Pero no es únicamente este el motivo expreso y principal en que se ha inspirado el Ejecutivo para esta medida. Hay un motivo de profunda justicia social, de profundo interés por las necesidades de las clases pobres de la nación que está detrás de esta medida. Todos sabemos que la devaluación de nuestra moneda ha ocasionado, en el instante mismo en que ocurrió, un empobrecimiento general de todos los mexicanos; pero frente a este aspecto de carácter general, hay un pequeño sector de la población mexicana que se enriqueció automáticamente. Ese sector está constituido por los industriales mexicanos que producen artículos destinados a la exportación.
No sería justo, de ninguna manera, que ese pequeño sector de la población derivara ganancias inesperadas, mientras que el resto de los mexicanos se vean empobrecidos en sus salarios.
Por otra parte, sabemos también que de estos industriales de exportación que se beneficiaron con la devaluación de nuestra moneda, la inmensa mayoría está constituida por industrias de capital extranjero. En consecuencia, aun por motivos de patriotismo como son los que ha invocado aquí el señor licenciado Ramírez Munguía, debemos procurar, en primer término, que no sean los extranjeros los que sigan enriqueciéndose a costa del sacrificio del pueblo mexicano.
No es cierto, como lo dice Acción Nacional, que la medida propuesta por el Ejecutivo vaya totalmente en contra de la exportación. La propia iniciativa reconoce lo fundamental que en las circunstancias actuales resulta para nuestro país la industria de exportación. La iniciativa lo dice expresamente, pero lejos de incurrir en una conducta tacaña de exportar a toda costa y no comprar, el Ejecutivo prefiere una medida intermedia y es la de gravar con una sobretasa a la exportación.
Por otro lado, tampoco es cierto que este tributo sea discriminal: el artículo 2o. de la iniciativa prevé excepciones tan grandes, tan numerosas y cuantiosas que asegura con esta medida la necesaria elasticidad para ir afrontando la situación como vaya desenvolviéndose en el mercado. Es, en cierto modo, inexplicable que los señores de "Acción Nacional" se ostenten como representantes de ese sector de industriales dedicados a la exportación cuando la prensa proporcionó el 20 del actual la noticia de que en virtud de la plática tenida con la Confederación de Cámaras de Comercio e Industria, ésta había quedado satisfecha del ofrecimiento del Ejecutivo con respecto a la forma en que va a aprovecharse la medida por él propuesta.
No podemos aceptar, a mi juicio, la iniciativa de "Acción Nacional" en el sentido de no reprimir, no restringir en ninguna forma por lo pronto las exportaciones ni podemos aceptar tampoco su ofrecimiento de que una prohibición de exportación sería aceptada por los industriales en cuanto fuese aconsejada por circunstancias exteriores. Si con motivo de un aumento en la tasa a la tarifa de exportación, no porque se prohiba la exportación, sino simplemente porque se aumente la tasa,
están oponiéndose aquí a esta medida. ¿Cuál sería la actitud que fueran a asumir cuando el ejecutivo propusiera la supresión total de uno o varios artículos de exportación? Podemos dar por anticipada la objeción cerrada y absoluta.
Por todos esos motivos, señores diputados, por la irreprochable procedencia legal de la iniciativa, por los profundos motivos de interés social y de beneficio para las clases pobres del país yo pido a todos ustedes la aprobación del dictamen de la Comisión.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Antonio L. Rodríguez
El C. Rodríguez Antonio L.: Señores diputados: Voy a referirme muy brevemente a algunos de los argumentos y razonamientos presentado en esa tribuna por el compañero diputado Arteaga y Santoyo, para luego entrar a la exposición fundamental que quiero hacer a ustedes sobre la importancia y necesidad de la exportación.
El diputado Arteaga y Santoyo, se refería a la oposición que podría haber en el caso de que se establecieran cuotas o permisos para estas exportaciones.
Quiero señalar a ustedes que con fecha 30 de septiembre se publicó el decreto del Ejecutivo, originado en la Secretaría de Economía, estableciendo permisos de importación y de exportación, quedando sujetos a este permiso casi todos los artículos de exportación del país, no habiendo oposición para esta medida. Todos los comerciales, industriales, productores, entienden el problema básico de satisfacer primero las necesidades del país; pero es indispensable pensar en la exportación.
No voy a entrar tampoco en lo que fue casi una tácita invitación del compañero Arteaga y Santoyo, sobre la legitimidad o ilegitimidad del anterior decreto de 20 de agosto. No quiero desviar la atención de ustedes, pues basta para nuestro propósito saber que se creyó necesario mandar una iniciativa de ley a esta Cámara, para que fuera discutida por nosotros y ver si quedaba en pie o no el decreto del 15% sobre la exportación, y voy a entrar ahora a la argumentación que quiero presentar a ustedes, para ver si puedo llevar a su ánimo la necesidad de que pensemos en rechazar el dictamen de la Comisión, para favorecer la exportación de nuestros productos.
La situación actual del país, la que nos obligó abandonar el tipo de cambio, es consecuencia inevitable de nuestro exceso de compra al extranjero sobre el valor de la mercancía que estamos enviando.
En los últimos tres años hemos estado comprando cada vez más y hemos estado perdiendo nuestras reservas y parecería lógico entonces que se estimulara toda venta de mercancías y productos nacionales al extranjero que pudieran ir aumentando el stock monetario.
Se ha hablado mucho de la unidad cambiaría y de la necesidad de este impuesto para que el Gobierno pueda recoger parte de la utilidad cambiaría que recibe el productor mexicano por virtud de la devaluación de la moneda.
Quiero indicar a ustedes que este aspecto fiscal de ingresos nos lleva a ofuscaciones sobre lo que debe ser la política fundamental del país, recordándoles que en 1938 también para recoger la utilidad cambiaría se estableció el aforo del 12%; y el aforo establecido en 1938 para recoger la utilidad cambiaría, quedó en vigor hasta 1947; ya no fue el simple propósito de recoger la utilidad cambiaría momentánea o de la emergencia; en el curso de los años siguientes, se ajustó el mercado nacional a aumentar costos y ya no quedaba la utilidad cambiaría que había sido el fundamento del aumento del 12% del aforo; sin embargo, subsistió este aforo.
Me temo que en esta medida haya prevalecido el punto de vista fiscal sobre el punto de vista de la economía nacional. No hay un sólo país del mundo que no se dedique a favorecer la exportación de sus productos, inclusive, y ustedes lo saben, es muy frecuente el caso de los países industrializados que eximen de impuestos interiores a los artículos de exportación para así ayudarlos a competir en los mercados mundiales.
Nuestra política lamentablemente ha estado en contra de este principio general, que en todos los países del mundo se sigue para favorecer y para aumentar la exportación.
En 1947 tuvimos un saldo adverso en la balanza de mil doscientos quince millones de pesos. Importamos tres mil doscientos millones y exportamos mil novecientos noventa y un millones. A pesar de esta diferencia de mil doscientos millones de pesos más de importación, vean ustedes la recaudación de impuestos sobre el comercio internacional: recibió el Gobierno doscientos doce millones por concepto de impuestos a la importación y doscientos ochenta y siete millones por concepto de impuestos a la exportación. Importando mil doscientos millones de pesos más de lo que exportamos, se cobraron sesenta millones menos en la importación; en doscientos doce millones y doscientos ochenta y siete millones en la exportación.
No son datos aislados de un solo año. En 1946 los derechos de importación fueron de doscientos cuarenta y siete millones y doscientos treinta y ocho de la exportación; en los años anteriores, las cifras son más altas en la importación de algunas cosas, pero siempre guardando un paralelismo demasiado significativo. A pesar de la necesidad de exportar, a pesar de la salida constante de las reservas monetarias de México en los años de 1946 y 1947 en que importamos en cada ocasión más de mil millones de pesos sobre la exportación, en ambos años se percibieron más impuestos sobre la exportación que sobre la importación.
El año pasado tuve el privilegio, así lo considero, de haber tomado parte en estos debates, favoreciendo y apoyando el aumento en las tarifas de importación, a pesar de que luego hubo errores graves en la aplicación de la misma tarifa, y considerando entonces lo que estoy diciendo ahora, que debe aumentarse la tarifa de importación para favorecer la economía nacional y que debe también facilitarse y estimularse la exportación.
Solamente un criterio fiscal de urgencia de fondos, que no creo que sea el caso, puede llevar a
conclusiones como las de este decreto. El país requiere y necesita el fomento de su exportación. En esta forma se está perjudicando. La unidad cambiaría que tendrá lugar en muchos casos, tiene la participación abierta del Estado en la fuente de importación más clara: la del impuesto sobre la renta, y allí puede recoger el Estado la parte que le toca por el aumento de utilidad de los productores mexicanos que pueden exportar. Pero en esta forma se está cerrando la puerta a una serie de artículos de exportación nacionales que podrían exportarse aprovechando la devaluación.
Ya hemos visto en años anteriores que al tipo de $ 4.85 nuestra exportación era muy baja comparada con la importación. Esto quiere decir que no todos los artículos mexicanos podrán exportarse con unidad cambiaría; quiere decir que la devaluación de la moneda podría permitirles ir a competir con los mercados internacionales.
Todos sabemos los altos costos de nuestra producción, que ha hecho imposible que la industria extranjera venga a invadir los mercados nacionales y competir favorablemente con nuestros productos por nuestros altos costos de producción. Entonces deberíamos facilitar esa exportación. Si los laboratorios de medicinas, si los fabricantes de telas, si los fabricantes de calzado, si los fabricantes de cerveza, pudieran aprovechar la devaluación para aumentar las exportaciones, creo que México debería hacerlo.
El diputado Artega y Santoyo se refería a que las empresas de capital extranjero serían las que aprovecharían esta devaluación del peso, si no hubiera impuesto de exportación, - seguramente se refiere al impuesto de la industria minera que cuenta con capital extranjero -.
La prensa de hoy habla de un decreto dado ya una exención o concesión especial a la industria minera, para poder facilitar la exportación de sus productos; de manera que no es tan solo el caso de la gran industria minera, la que podría aprovechar la devaluación de la moneda. Ya lo vio el Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda, y ya les concedió ayuda para que puedan exportar a pesar del quince por ciento. Se trata de un grupo de industrias mexicanas, como es el recientemente organizado en México, que podrá ir a competir y traer los dólares que el país necesita para reconstruir sus reservas y poder abastecerse del capital necesario para mejorar su equipo industrial.
Se habla mucho de esta unidad cambiaría; no se habla del servicio cambiario de que estuvieron antes exportando también al $ 4.85, cuando nos encontrábamos en la posibilidad de competir con los mercados mundiales. ¿No sería preferible para todos nosotros, que en vez de que exportáramos algodón pudiéramos exportar telas de algodón que llevaran ya incorporados los precios del trabajo mexicano?
Repito: habrá casos de unidad cambiaría; no todos tendrán esa utilidad para esa unidad cambiaría. Hay un impuesto sobre la renta que permite una mayor percepción en las utilidades de las empresas. Habrá muchos casos en que la impulsión de los mercados por la exportación, ayude y contribuya a bajar los costos de la producción en México, para beneficio de los consumidores; habrá casos en que no sería posible ni conveniente permitir la exportación libre, porque harían falta productos para el mercado nacional, y por eso proponíamos nosotros - y se puede intentar fácilmente -, el sistema de establecer cuotas y permisos, que ya están en vigor desde el 30 de septiembre.
Por estas razones llamo a ustedes para ver si fuera posible rechazar el dictamen y volver a estudiar la forma de que el Gobierno obtenga ingresos mejores. No olvidemos que en 1938, con propósito cambiario, se estableció el sistema de 12% de aforo que es exactamente equivalente al actual impuesto, y duró nueve años. A pesar de que ya había pasado el ajuste de cambios, es de temerse que haya prevalecido, repito, un criterio fiscal. Por eso en nuestra iniciativa, que no tuve la oportunidad de poner a la consideración de ustedes, en las iniciativas que hemos presentado y que han conocido ustedes a través de la exposición general de motivos, insistimos en la necesidad de medidas de conjunto no de disposiciones aisladas que no permiten ver el panorama nacional. Es incuestionable que necesitamos aumentar la producción de los bienes de México para los mexicanos y necesitamos abrir las puertas a todo lo que pueda facilitar esa producción. La exportación de los artículos abriría las puertas, nos traería reservas monetarias y nos permitiría hacernos de los dólares que nos hacen falta, las divisas extranjeras, para seguir mejorando nuestro equipo de producción.
Por esas razones, porque se pueden resolver los dos problemas que el Gobierno presenta: el de la unidad cambiaría a través del impuesto sobre la renta y las deficiencias que pudiera tener el mercado interior al través del sistema de cuotas, creo que vale la pena que ustedes mediten sobre la conveniencia de rechazar ese proyecto de ley que confirma el decreto de 20 de agosto y que se estudie nuevamente la forma de encontrar otra fuente de ingresos que no sea la exportación.
Repito, para recordar los hechos: en todos los países del mundo se impulsa y se estimula la exportación. Artículos como los automóviles, en los Estados Unidos, tienen fuertes impuestos internos, pero están exentos cuando son exportados; artículos de la producción inglesa como los wiskeys que inundan todos los mercados del mundo son gravados con muy fuertes impuestos internos, pero están exentos de estos cuando se trata de la exportación. ¿Por qué no podemos nosotros, cuando menos, sin quitar los impuestos internos, no gravar ya más la exportación de nuestros productos? Da la idea de que nos empeñamos en seguir el tipo de país comercial colonial, simplemente abastecedor de materias primas que se gravan lo más posible porque son las únicas fuentes de ingresos que se encuentran para que el gobierno tenga los ingresos que necesita.
El mercado exterior ampliaría los mercados con las industrias mexicanas y podría darnos la baja de costos que todos necesitamos.
Ojalá que estos argumentos que no quiero extender para no cansarlos, puedan llevar al ánimo
de ustedes la convicción de que ante todo y sobre todo, México necesita favorecer su exportación y que, mediante las iniciativas que hemos propuesto, sí pueden resolverse los problemas que el Ejecutivo plantea. Muchas gracias señores.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Aguirre Delgado.
El C. Aguirre Delgado Jesús: Me complace mucho que el señor Rodríguez trate como un caso muy particular y muy interesante el relativo a la industria minera que en 1938 en virtud de la devaluación, de la primera devaluación a que se refirió, dio lugar a que el tipo de cambio de 3.60 pasara a 4.85, creándose en consecuencia el 12% de aforo, sobre el 32% de ventaja cambiaría. Y me complace que toque este punto, porque es precisamente uno de los aspectos del problema más interesante.
Claro está al venir a esta tribuna, como deber, como obligación y con sentido de responsabilidad, debe probarse lo que se dice.
Indudablemente que el 12% de aforo se ha ido absorbiendo - tiene usted mucha razón señor Rodríguez, son diez años - dentro de su ejercicio; se ha ido absorbiendo. Si nosotros hubiéramos dejado ese 12% para que fuera aprovechado por los industriales dueños del capital que se invierte en la industria minera les hubiera proporcionado cerca de dos mil millones de pesos que en esta forma quedarían en México.
Trato el asunto minero con beneplácito, y me complace mucho que el señor diputado Rodríguez lo haya tratado, porque es un caso particular y el más importante, el relativo a la producción minera de México. Desde 1938, ascendió a 1,600 millones de pesos por año y se exportó el noventa por ciento que asciende a cerca de 1,500 millones que se exportan.
Ahora veamos en manos de quién está el capital y cuál es el destino final de este beneficio cambiario. Me encanta la frase del señor Rodríguez, que dice que los bienes de México deben ser para los mexicanos.
Hemos hecho el estudio pormenorizado de la producción minera de México. Claro que no vamos a extendernos demasiado, porque sería cansar la atención de ustedes. No voy a remontarme al año de 1521 en que se combatía en Tenochtitlán, pero sí vamos a puntualizar los hechos. El oro tiene en la actualidad, pagando el 15% ad valorem y concediéndole ventaja casi de un treinta por ciento, al tipo de $ 6.90 y no de $ 4.85, porque entonces se convierte en 42%, tomando como base el tipo de $ 4.85. De ese 30% se toma el quince para prevenir los siguientes fenómenos: primero, que la unidad cambiaría no vaya a mejorar las condiciones económicas del 90% del capital invertido, que no es mexicano, y dejar el 15% restante, con objeto de prevenir el aumento de las inversiones de moneda extranjera, porque esto aumenta los costos de producción, y las inversiones en moneda extranjera necesariamente tendrán que hacerse en dólares y los dólares están más caros.
Otro fenómeno: ¿es posible admitir dentro de un régimen de justicia social, que una ventaja cambiaría derive de la desgracia de nuestra moneda al perder el 30% de su valor con relación a la base superior y vaya a acumularse en pocas manos? Esto se puede permitir. Estamos en el deber, en la obligación de no permitir que la pobreza del poder adquisitivo del pueblo de México, se vaya en su totalidad a acumular en las bolsas de pocas gentes y máxime cuando no son mexicanas.
El oro, pagando el 15% ad valorem, todas las inversiones que tiene en moneda extranjera y el 10% adicional, deja una ganancia de $ 5.83. Y me refería a 1938, porque entonces se fijó una cuota para inversiones en moneda mexicana muy favorable a los intereses de las empresas, y no hay que confundir las empresas con el pueblo. Es muy diferente.
Las empresas, en aquella época, fijaron tres séptimos del valor de venta para las inversiones en moneda mexicana ya que eran las que determinaban el beneficio cambiario, pues claro que las inversiones en dólares no determinan ningún beneficio cambiario - aunque el producto se venda en dólares y en eso estamos de acuerdo, queremos ser razonables -. La plata tiene una ganancia del 2.42% pagando su 15%; el cobre tiene una ganancia de 3.91%; el zinc tiene una ganancia de 4.80, y el antimonio el 9.15%. Quiero hacer nada más una pequeña aclaración sobre este particular, porque sí es interesante que se sepa en manos de quienes están estas industrias: el 99 1/2 de la extracción de cobre están en manos de capital extranjero; la plata, el 90%, está en manos de capital extranjero, y nuestros pequeños mineros mexicanos tienen que ir a vender su platita a las empresas que tienen plantas de beneficio y que son las exportadoras y donde, cuando son varias leyes las que lleva el mineral, como con algún contenido de plomo, cobre, etc., se les castiga, ¡se les castiga! no se les paga; sucede al revés, se les castiga, en vez de obtener ganancia por doble concepto. El antimonio sí está en manos de mexicanos, en un 50%, pero con la terrible desgracia que tienen que vender su producto también a las empresas exportadoras.
Cabe también citar aquí un detalle muy interesante: en 1937, la onza troy estaba a 34 centavos dólar, señor Rodríguez. El Gobierno de México se preocupó por estimular la minería; y no recuerdo quien era el Secretario de Hacienda - tengo entendido que era el señor licenciado Suárez -, pero fue a los Estados Unidos con objeto de lograr que se mejorara el precio de la plata y se obtuvo una ventaja para este país toda vez que este renglón constituía uno de sus principales productos, puesto que produce 2,350 toneladas por año y aun se emplea en algunos otros rincones de la tierra como moneda, como en China, la India, etc.
Pues bien. Efectivamente se le concedió a México el precio de 45 centavos. La producción bajó, porque esa es la política de las empresas extranjeras. Es sencillo, la cosa es de primer año: las vetas "A" tienen una ley rica; las vetas "B" tienen una ley pobre; las vetas "C" tienen una ley paupérrima. Si el precio es alto, se aprovecha la
oportunidad, trabajando las vetas pobres. Ahora, como la capacidad de toneladas en las plantas de beneficio tanto de explotación como de generación es constante para una misma cantidad de metal, trabajando producciones de leyes menores, pues baja la producción. Aquellos señores lo único que hicieron fue aprovecharse de las gestiones del Gobierno de México para poder salir de los metales pobres y México no ganó nada.
En resumidas cuentas, en la industria minera el 90% del capital invertido es de origen extranjero. La acumulación de la ventaja cambiaría ni siquiera regresa a México, porque los pagos se hacen en Nueva York.
En consecuencia, me parece profundamente sabia y bien estudiada la iniciativa de ley. Claro que habrá algunos renglones no costeables y voy a decirlo con toda sinceridad: El plomo, en virtud del impuesto progresivo y en virtud de que el mercado de Nueva York ha tenido una mejoría para el precio del plomo, no tiene una ventaja. El 15% que se le deja no es suficiente para cubrir el 17.1/2% del aumento de su costo. En consecuencia, y aquí viene la aplicación del inteligente proyecto de ley, no se le va a cobrar el 15%.
Se tiene una diferencia de dos y medio por ciento sobre el 15, que no se dejará, puesto que se cobrará el 12 1/2, el 10, el 8, el 6 o lo que sea, porque así no debe hacerse ya. Ya no deben admitirse proyectos de bufete; ya no es tiempo de admitir demagogia blanca; vamos a estudiar los asuntos y los números dirán; nuestra doctrina de servir a México, y nuestra obligación, serán las que determinen nuestra conducta.
Esto por lo que respecta a la industria minera, pero vamos a ahondar otro poquito: Las inversiones o sean tres séptimos, determinan: (datos de la Cámara Minera de México; datos del ingeniero Pérez Duarte), los tres séptimos son 500 millones de pesos. Esa es la inversión en moneda mexicana o sean aproximadamente 105 millones de dólares al $4.85. Ahora, ¿esos 500 millones de dólares, se van a tener con 73 millones de dólares? Esos 500 millones que se compraban con 105 ahora se compran con 73 millones de dólares. Diferencia cambiaría: 40 millones - treinta y tantos -. 215 millones al tipo de $6.90. Muy bien, el 15 por ciento ad valorem va a producir 558. Queda una diferencia. La minería resulta perjudicada pero no en el 30 por ciento del beneficio; queda perjudicada porque el impuesto le fija el 15 por ciento; pero nadie ha dicho que se va a fijar el 15, se va a fijar el 12, el 10 el 8, previo estudio de la verdad. En consecuencia, ese 12 por ciento de aforo que se redujo a 5.1 por ciento, a la fecha nos servirá para tomar la mitad de lo que produce aproximadamente 58 millones de dólares. Tomamos el saldo de 26 millones y queda completamente nivelado, pagando el 15 por ciento la industria minera. Hay que fomentar la industria minera, si no hubiera monopolio. Si no estuviera monopolizada, sería mas fácil. Además, las plantas de beneficio no han de aumentar su capacidad.
Otro asunto: las telas. Tengo aquí copias de unos cables de Ceilán de Bagdad. de Johannesburg, de Ciudad del Cabo, de Caracas, con relación a este asunto. Vamos a ver uno o dos para no cansarlos a ustedes.
"New York, Aug. 25, 1948.
Hilados Tejidos Mexicanos. Tacuba 81. México City.
Sorpréndenos sobremanera actitud ustedes exigiendo ahora quince por ciento aumento sobre el precio original dieronos en firme para partida cuatrocientos mil metros Batista Maravilla. Semejante aumento colocaría precio muy por encima paridad tela similar origen americano. Es imperativo reconsideren asunto reinstalando cotización original para cerrar operación y evitar empañar reputación ustedes, así como evitar perder cliente definitivamente. Caso contrario, no nos quedará más alternativa que cancelar operación. Contesten urgente".
No se conformaron con el 30% de devaluación, si no que todavía le metieron 15 por ciento más, y luego se quejan de que no pueden competir con el mercado internacional.
Otro cable; es copia fotostática; agosto 20. Voy a leer la traducción. Está en ingles. Si el señor Rodríguez quiere pasar por aquí...
(El señor diputado Rodríguez, desde su curul, hace una señal de asentimiento a la lectura del cable).
"Johannesburg, Aug. 20, 1948.
Ciudad. México D. F.
Yours eighteen all competitors reduced confirmed orders 25% wich were u n s h i p p e d before devaluation, you receiving same amount Mexican dollars unless agree reduction detrimental future business. Don't ship goods sightdraft without our confirmation. Cable orders already shipped sightdraft and name Southafrican bank holding documents".
"Johannesburg, agosto 20 1948.
Ciudad. México, D. F.
Suyo dieciocho. Todos los competidores redujeron en 25% las órdenes confirmadas no embarcadas antes devaluación, recibiendo ustedes la misma cantidad de pesos mexicanos, a menos que se convenga en que la reducción es en detrimento de futuras operaciones. No embarquen mercancías con giro a la vista sin nuestra confirmación. Cablegrafíen pedidos ya embarcados con giro a la vista e indiquen en qué banco Sudafricano tiene los documentos".
"Suyo 18. Todos los competidores rebajaron 25%".
¡Qué curiosos! Estaban esperando que el peso mexicano se devaluara para reducir ellos sus precios.
Mandan un cable el 5 de agosto, diciendo que en virtud de las corrientes del comercio internacional, se reducen los precios de las telas mexicanas; por ejemplo la bengalina que saca un costo de catorce centavos americanos y se ofrece pagarla a veinte. ¿Qué proporción son seis centavos en
veinte, o catorce? Pues es casi un 40%. Se les pide nada más el 15.
El día 5 de agosto mandaron un cable diciendo que tales y cuales eran los precios de las telas mexicanas, y unos días después mandan aumentar los precios a como habían tratado sus telas en un 15%, porque el Gobierno mexicano los estaba orillando a una pérdida y no se conformaban con el 15 que les pedían, sino que querían el 30% de reducción.
Y oigan ustedes lo curioso de un cable que vino de Ciudad del Cabo:
"Capetown, Aug. 27, 1948.
"Afriberger. México City.
"One seventy nine further mexican pricegoods disinterested owing with 15 Pc Tax Japanese american goods cheaper competitive only if 30 pc reduction through peso devaluation upheld".
"Ciudad del Cabo, Agosto 27, 1948
"Afriberger. Ciudad de México.
"Los precios mexicanos no nos interesan debido al aumento del 15% de impuesto. Las mercancías americanojaponesas son más baratas, y la competencia sólo es posible si el 30% de reducción a través de la devaluación del peso es sostenido".
Quieren que se les dé toda la ventaja del 30% del peso devaluado en Ciudad del Cabo.
Creo que huelga seguir comentando esto, porque se ve clara la maniobra. No vamos a seguir esta cosa. El señor Rodríguez tocó la cerveza.
El C. Rodríguez Antonio L.: ¿Me permite usted una interpelación? ¿Quiere usted leer el decreto publicado hoy en la mañana, que señalaba la disposición se quiten todos los impuestos de exportación a minerales y metales?
El C. Aguirre Delgado Jesús: A eso me he referido. No es necesario leer, porque ha sido la dialéctica decir que en aquellos casos que le resulten como en el caso de los metales...
El C. Rodríguez Antonio L.: No se deroga el 15%. Se derogan los impuestos comunes de la exportación.
El C. Aguirre Delgado Jesús: Ya he dicho que para eso sirve el monto del 5.1, para tomar una parte de los cincuenta y ocho millones de pesos. Ya lo dije.
Cerveza: la malta, el lúpulo y el arroz, con una importación que abarca los siguientes porcentajes del consumo de materias primas de origen extranjero. Es el siguiente: el 23.4 por ciento de malta; el cien por ciento de lúpulo. Todos los demás conceptos como son arroz, azúcar granulado, colorante, maíz, cebada otras materias primas, etc., etc., todas ellas son de producción nacional. El recargo de costos de adquisición de materia prima importada, monta a tres millones de pesos. El porcentaje de recargo general en los costos de adquisición, es de 44% de estas materias primas; pero ahora vamos a ver qué trascendencia tiene en el costo de producción el gravamen general extraordinario sobre el costo total y adquisición de la materia prima, 1.9%. La inversión por concepto de materias primas y recargo general sobre tales de la producción de cerveza, es de 2.03%, de manera que casi le cuesta 25 centavos el contenido. Una botella de cerveza sale gravada con medio centavo.
Ahora vamos a ver a cómo se vende y veamos la ventaja del 30% y qué significado tiene. En 25 centavos, son 7 centavos. ¿Es realmente el medio centavo que corresponde al 2.03 un inconveniente para la exportación, cuando se está teniendo una ventaja de un 15%?
El calzado se grava en su costo de producción con 1.1%; los tejidos de algodón no llegan al 1%; los tejidos de lana llegan al 1.9%; el papel, que es el más afectado, tiene un 7%. No vamos a seguir en este camino. Solamente quiero hacer hincapié sobre el derecho que el pueblo de México tiene, de conformidad con la brillante frase del señor Rodríguez, de disfrutar de los beneficios que le de para la propia riqueza de la patria.
México, cuyo progreso de mejoramiento en la producción agrícola es evidente, puesto que nada menos hace unos días mandamos 30,000 toneladas de arroz como saldo favorable a Europa, de las cuales 10,000 fueron a Holanda, 10,000 a Francia y 10,000 a Bélgica. México no puede exportar algunos productos, no por el 15%, y si no vamos a ver: hay 150,000 toneladas de azúcar como saldo exportable este año; el consumo al año, en los Estados Unidos, es de 7 y 1/2 millones de toneladas; Cuba produce 6 y 1/2 y la producción americana tiene un alto porcentaje de las necesidades de los Estados Unidos, al grado de que, y aquí va el número, Cuba tiene una cuota de crédito que fluctúa entre 2 a 3 millones de toneladas de azúcar que le compran los Estados Unidos y le queda por lo general un saldo de 2 y 1/2 millones, que tiene que colocar.
México no venderá su azúcar a España y otros países porque no tienen dólares, digo, por la sencilla razón de que no le pueden pagar en dólares. La cuota que los Estados Unidos nos ha fijado es de 8,000 toneladas; ya está cubierta. Tenemos 150 millones de otros productos; el café, el henequén que se exportan, 88 millones de pesos; el algodón del cual se exportan doscientos y pico millones de pesos. Puesto que el consumo nacional es de 280,000 pacas y como la producción es de 550 a 600,000, pues entonces queda un saldo de 300,000 pacas y a la fecha hemos exportado 250,000 pacas en la siguiente forma: a La Laguna y a Chihuahua se le concedieron 56,000 pacas, a Mexicali 118,000 y a Matamoros 76,000. Esto da un cuarto de millón de pacas y todavía nos quedan 50,000.
El señor presidente de la República en su informe, lo dijo en esta tribuna quedan 50,000 pacas. Con esta ventaja cambiaría no creo que se vaya a reducir, a nadie le perjudica, teniendo 15% más de ingresos. Pero hay una cosa grave: México tiene un deficiente en grasas y en trigo. En trigo importó aproximadamente doscientas cincuenta mil toneladas, y esto ya no fue beneficio cambiario para el pueblo de México. El pueblo de México no tiene beneficio cambiario. Salió perjudicado con doscientos cincuenta y cinco pesos en tonelada de trigo y se pierden sesenta y cuatro millones de pesos en el ejercicio de doce meses. ¿De dónde
vamos a tomar el dinero? ¿Permitimos que ese dinero vaya a pocas manos, muchas de ellas no mexicanas, a ingresar su capital? No. No lo podemos permitir. Son solamente por dos conceptos, el trigo y las grasas, setenta y tres millones de pesos que no fueron beneficio cambiario, sino perjuicio cambiario para el pueblo.
Por este simple hecho y por todos los otros ya expuestos, yo pido que este inteligente proyecto del Ejecutivo Federal sea aprobado con aplausos y con entusiasmo. (Aplausos.)
El C. secretario Flores Castro Manuel: Se pregunta a la Asamblea si considera suficientemente discutido en lo general el dictamen de la comisión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Se considera suficientemente discutido.
Se va a proceder a su votación nominal, en lo general. Por la afirmativa.
El C. Secretario Magro Soto Fernando: Por la negativa.
(Votación).
El C. Aquiles Elorduy: En contra porque es inútil el dictamen, ya está en vigor el decreto.
(Risas).
El C. secretario Flores Castro Manuel: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
El C. secretario Magro Soto Fernando: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger la votación de la Mesa.
(Votación).
El C. secretario Flores Castro Manuel: Por setenta y cuatro votos de la afirmativa contra tres de la negativa, fue aprobado en lo general el dictamen de la Comisión. Está a discusión en lo particular.
"Artículo 1o. Se modifica la Tarifa del Impuesto de Exportación adicionando al gravamen que tiene señalado cada uno de los artículos que la misma especifica, una sobre tasa ad valorem del 15% que se aplicará independientemente de las cuotas específicas y ad valorem señaladas en la propia Tarifa a todos los artículos comprendidos en ella, inclusive los exentos de las cuotas específicas y ad valorem, sobre los precios a que se refieren los artículos 2o. y 5o. del decreto de 18 de noviembre de 1947".
Está a discusión el artículo primero. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal.
"Artículo 2o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previo estudio que al efecto haga, oyendo la opinión de la Comisión de Aranceles, propondrá los casos de excepción en que deba reducirse el impuesto adicional, conforme a las bases siguientes:
"a) La reducción no podrá exceder del 80% del importe de la sobretasa ad valorem, salvo cuando se trate de artículos gravados con impuestos interiores especiales que se causen en tal forma y proporción que permitan alcanzar las mismas finalidades de la sobretasa a la exportación establecida en el artículo anterior.
"b) Las excepciones deberán establecerse por decreto del Ejecutivo que se publicará en el "Diario Oficial".
"c) Las excepciones en ningún caso podrán otorgarse en favor de determinadas personas, sociedades o empresas.
"d) La reducción deberá otorgarse por períodos de tiempo fijos sin exceder de seis meses".
Está a discusión el artículo 2o. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal.
"Transitorio:
"Artículo único. Este decreto entrará en vigor en toda la República en la fecha de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.
Está a discusión el artículo transitorio. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal.
Se va a proceder en un solo acto a recoger la votación nominal, en lo particular, de los artículos reservados. Por la afirmativa.
El C. secretario Magro Soto Fernando: Por la negativa.
Votación.
El C. Aquiles Elorduy: En contra, por la misma razón anterior.
El C. secretario Flores Castro Manuel: ¿Falta algún ciudadano de votar por la afirmativa?
El C. secretario Magro Soto Fernando: ¿Falta algún ciudadano de votar por la negativa? Se procede a recoger la votación de la Mesa.
Votación.
El C. secretario Flores Castro Manuel: Por setenta y cuatro votos del pro contra tres del contra, fue aprobado en lo particular el dictamen.
En consecuencia, se declara aprobado el proyecto de decreto que modifica la tarifa en el Impuesto de Exportación, adicionando el gravamen que tiene señalado cada uno de los artículos que la misma especifica, una sobretasa de 15% ad valorem. Pasa al Senado para los efectos constitucionales correspondientes.
El C. Presidente (a las 15.40): ¿Algún ciudadano diputado desea hacer uso de la palabra? Se levanta la sesión y se cita para el próximo viernes a las doce horas.