Legislatura XLVIII - Año I - Período Ordinario - Fecha 19701103 - Número de Diario 31

(L48A1P1oN031F19701103.xml)Núm. Diario:31

ENCABEZADO

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

XLVIII LEGISLATURA

Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921.

AÑO I. México, D. F., Martes 3 de Noviembre de 1970 TOMO I. - No 31

SUMARIO

Orden del Día

Se abre la sesión. Lectura del Orden del Día

Acta

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

Invitación

Del Congreso del Estado de Guerrero, a la sesión que se llevará a cabo el día 6 del actual, con motivo del CLVII Aniversario de la Promulgación del Acta de Independencia de México. Se designa comisión

Mesa Directiva del H. Senado

La H. Cámara de Senadores comunica la elección de la Mesa Directiva que funcionará durante el presente mes de noviembre. De enterado

Informe

Presentado por la Secretaría sobre el número de expedientes tramitados el durante el mes de octubre, por las Comisiones de Trabajo de la Cámara de Diputados. Insértese en el Diario de los debates

DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA

Cargo Consular

Dictamen de la Comisión del Servicio Consular y Diplomático, con proyecto de Decreto, que concede permiso al C. Luis Castillo González, para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario del Gobierno de Guatemala, en Monterrey, N. L. Primera Lectura

DICTAMEN A DISCUSIÓN

Cuenta Pública de la Federación y del Departamento del Distrito Federal.

Dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuenta relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, por el ejercicio fiscal de 1969. Segunda lectura. A discusión en lo general.

Hacen uso de la palabra: En contra, el C. Miguel Hernández Labastida; por la Comisión, el C. Humberto Hiriart Urdanivia; en contra, el C. Magdaleno Gutiérrez Herrera; por la Comisión, el C. Salvador Reséndiz Arreola; en pro, los CC. Rafael Rodríguez Barrera y Jesús Luján Gutiérrez; en contra, el C. Jorge Garabito Martínez; en pro, los CC. Rubén Moheno Velasco y Francisco Ortiz Mendoza; en contra, el C. Juan Landerreche Obregón; por la Comisión, el C. Humberto Hiriart Urdanivia; en pro, los CC. Alfredo V. Bonfil y Juan Barragán Rodríguez; en contra, el C. Jorge Garabito Martínez; en pro, el C. Alfredo V. Bonfil; en contra, el C. Juan Landerreche Obregón, y finalmente en pro, el C. Alejandro Peraza Uribe. Se aprueba en lo general, por 160 votos en pro y 18 en contra. A discusión en lo particular, sin ella, se aprueba en lo particular por 160 votos en favor y 18 en contra. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales

Orden del Día

Lectura del Orden del Día para la próxima sesión. Se levanta la sesión

DEBATE

PRESIDENCIA DEL C. MANUEL ORIJEL SALAZAR

(Asistencia de 168 ciudadanos diputados)

- El C. Presidente: (A las 12:10 horas) Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda:

"Cámara de Diputados.

Primer Período Ordinario de la XLVIII Legislatura.

Orden del Día

3 de noviembre de 1970.

Lectura del acta de la sesión anterior.

La Legislatura del Estado de Guerrero invita a la ceremonia en la que se conmemorará el 157 aniversario de la Promulgación del Acta de Independencia de México.

La Colegisladora informa la mesa Directiva que funcionará durante el presente mes de noviembre.

Informe que presentan los CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados cumpliendo con el artículo 25 fracción VI, que expresa el número de expedientes despachados y pendientes, manejados por las Comisiones Permanentes y Especiales.

Dictamen de Primera Lectura

De la Comisión del Servicio Consular y Diplomático, con Proyecto de Decreto, por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el C. Luis Castillo González pueda aceptar y desempeñar el cargo de Vice - Cónsul Honorario del Gobierno de Guatemala, en Monterrey, Nuevo a León.

Dictamen a Discusión

De la Comisión de Presupuestos y Cuenta con Proyecto de Decreto, relativo a la Cuenta Pública de la Federación y del Distrito Federal de 1969."

ACTA

- La misma C. Secretaria:

"Acta de la sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. XLVIII Congreso de la Unión, el día veintinueve de octubre de mil novecientos setenta.

Presidencia del C. José Carlos Osorio Aguilar.

En la ciudad de México, a las doce horas y veinticinco minutos del jueves veintinueve de octubre de mil novecientos setenta, se abre la sesión con asistencia de ciento ochenta y un ciudadanos diputados, según consta en lista que previamente pasa la Secretaría.

Lectura del Orden del Día.

Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada el día veintisiete de los corrientes.

Se da cuenta de los documentos en cartera:

El C. licenciado José Castillo Tielemans, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, invita a la ceremonia que tendrá lugar el día primero de noviembre próximo en la capital de esa Entidad, y en la cual habrá de rendir el sexto informe de su gestión administrativa.

Se designa en comisión, para asistir a esa acto con la representación de esta Cámara, a los CC. diputado Antonio Melgar Aranda, Ignacio Calvez Rocha, José Román Mortera Cuevas y Angel Pola Berttolini.

Circular de la Legislatura del Estado de Oaxaca por la que se comunica la elección de su Mesa directiva para el presente mes. De enterado.

El C. Luis Castillo González solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario del gobierno de Guatemala, en Monterrey, Nuevo León. Recibo, y a la Comisión de Servicio Consular y Diplomático.

Dos dictámenes con proyectos de Decreto, suscritos por la Primera y Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, por los que se concede permiso a los CC. Ernesto Kubli Sarmiento y Mario Armando Amador, para que puedan aceptar y usar la condecoración 'Al Mérito' de la República Italiana, en el grado de Caballero Oficial, el primero, y la Orden de Mayo al Mérito, en el grado de Gran Oficial, el segundo, que les fuera otorgada por los gobiernos de Italia y Argentina, respectivamente. Segunda Lectura.

A discusión, sin ella se reservan para su votación nominal.

La Comisión del Servicio Consular y Diplomático presenta un dictamen con proyecto de Decreto, en virtud del cual se concede permiso el C. José Juan González Bravo, para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Gobierno de la República Dominicana, en Cuernavaca, Mor. Segunda lectura.

A discusión, sin que motive debate, en votación nominal se aprueba éste y los dos anteriormente reservados por unanimidad de ciento ochenta y dos votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.

Elección, por medio de cédula, de Presidente y Vicepresidentes de la Cámara de Diputados, para el mes de noviembre próximo.

Hecho el escrutinio, da el siguiente resultado:

Diez votos para la planilla en la que se propone para Presidente al C. Manuel Orijel Salazar, y para Vicepresidentes, a los CC. Ramiro Robledo Treviño y Alfonso Garzón Santibáñez.

Diecinueve votos para la planilla en la que se propone para Presidente el C. José Melgarejo, y para Vicepresidentes, los CC. Bernardo Bátiz Bátiz y Magdaleno Gutiérrez.

Ciento cincuenta y cinco votos para la planilla integrada por los CC. Manuel Orijel Salazar, para Presidente; Ramiro Robledo Treviño y francisco José Peniche Bolio, para Vicepresidentes.

Hecho el escrutinio de la votación, la Presidencia hace la declaratoria correspondiente.

Lectura del Orden del Día para la próxima sesión.

A las trece horas y quince minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes tres de noviembre, a las once horas."

Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobada.

INVITACIÓN

- La misma C. Secretaria:

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Poder Legislativo. - Chilpancingo, Gro. - 23 de octubre de 1970.

C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. - Donceles y Allende. - México, D. F.

El H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tiene el honor de invitar a usted, rogándole hacer extensiva esta invitación a los demás miembros de ese H. Cuerpo, a la sesión pública y solemne que se efectuará en el Auditorium 'Primer Congreso de Anáhuac', de esta ciudad, el día 6 de noviembre próximo, a las 11 horas, para conmemorar el CLVII Aniversario de la Promulgación del Acta de Independencia de México expedida por el Primer Congreso de Anáhuac el 6 de noviembre de 1813.

Esperando contar con su asistencia en este acto, nos es satisfactorio expresarle nuestro agradecimiento muy cumplido.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Diputado Secretario. - Diputado Secretario."

Para asistir a este acto en representación de esta Cámara. se designa en comisión a los siguientes ciudadanos diputados: Francisco Cerda Muñoz, J. Refugio Mar de la Rosa, Ramiro González Cásales y Jaime Pineda Salgado.

MESA DIRECTIVA DEL H. SENADO

- La misma C. Secretaria:

"Secretaría y Comisiones. Sección Primera Of. Núm. 36.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. - Presente.

Para conocimiento de esa H. Colegisladora, nos es honroso comunicar a ustedes que esta H. Cámara en sesión ordinaria de esta fecha, designó la siguiente Mesa Directiva que funcionará durante el mes de noviembre próximo:

Presidente: senador Gilberto Suárez Torres; Vicepresidentes: senador Guillermo Fonseca Alvarez y senador Bonifacio Salinas Leal.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D. F., a 29 de octubre de 1970. - José Castillo Hernández, S. S. - Carlos Pérez Cámara, S. S."

- Trámite De enterado:

INFORME

- La misma C. Secretaria:

"Informe que presentan los CC. Secretarios de conformidad con la fracción VI del artículo 25 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General. Expedientes de anteriores Legislaturas y turnados a las Comisiones correspondientes: 146.

Tramitados en el mes de octubre de 1970 de las Comisiones Permanentes y Especiales de la Cámara de Diputados del XLVIII Congreso de la Unión:

Dar doble click con el ratón para ver imagen

DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA

Cargo Consular

- La misma C. Secretaria:

"Comisión del Servicio Consular y Diplomático.

Honorable Asamblea:

El C. Luis Castillo González, en escrito fechado el 22 de octubre del presente año, ha solicitado el permiso constitucional necesario para aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario del Gobierno de Guatemala, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el día 29 de octubre, fue turnado a la suscrita Comisión, el expediente relativo a esta solicitud, y considerando:

a) Que el peticionario ha acreditado su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento relativa;

b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al Gobierno de Guatemala serán de carácter estrictamente consular y en forma honorífica;

c) Que la solicitud se ajusta a los establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite proponer a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de Decreto:

Artículo único. Se concede permiso al C. Luis Castillo González para que, sin perder la ciudadanía mexicana, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario del Gobierno de Guatemala, en Monterrey, Nuevo León.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 30 de octubre de 1970. - Diputado Jaime Fernández Reyes. - Diputada Consuelo Escamilla S. - Diputado Agapito Hernández Hernández. - Diputado Javier R. Bours Almada. - Diputado Jesús Gámez Soto."

- Trámite: Primera Lectura.

DICTAMEN A DISCUSIÓN

Cuenta Pública de la Federación y del Departamento del Distrito Federal

- El C. secretario Altamirano Marín, Ignacio:

COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y CUENTA

Honorable Asamblea:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65, fracción I, de la Constitución General de la República, el Poder Ejecutivo de la Unión remitió a esta H. Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública del Gobierno Federal, que incluye a los Organismos Descentralizados y Empresas Propiedad del Gobierno Federal, así como la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondientes al año fiscal de 1969, documentos que por acuerdo de vuestra soberanía fueron turnados a la Comisión que suscribe.

En acatamiento a lo ordenado por la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, la Comisión Inspectora rindió su informe, previo examen de los estados contables que integran ambas cuentas públicas y que sirven de base para el presente dictamen.

La Cuenta Pública es la reseña en cifras de un programa de gobierno. Un examen a fondo de la relación contable de ingresos y gastos del Sector Público, nos permite determinar cuáles han sido las proyecciones de la política gubernamental; hacia qué propósitos se ha orientado y de dónde provienen los recursos utilizados en la realización de aquéllos. La Cuenta Pública, es reveladora de la estructura más íntima de una política en acción.

El Estado moderno tiene en la actualidad una singular trascendencia en la orientación de la actividad económica. En nuestro país, dicha importancia la establece claramente la Constitución Política de 1917. Al superarse la depresión económica internacional de 1929 - 1933, el Gasto Público se convirtió universalmente, en un instrumento para lograr los objetivos elementales de toda sociedad moderna en el ámbito de la economía: el mayor desarrollo, compatible con el más alto nivel de ocupación, dentro de un clima de libertad y justicia. En nuestro país, por el camino de la intervención del Estado en la vida económica con sentido nacionalista y popular, la política de Gastos Públicos ha constituido y constituye una tendencia constante para canalizar esfuerzos que logren allegar recursos a las mayorías, subsanando desigualdades sociales. La política de desarrollo equilibrado y establece impuesta por la Administración Pública ha dado celeridad al desarrollo económico de la Nación. La infraestructura económica, cuya construcción representa el primer paso para un desarrollo económico satisfactorio, se realiza en múltiples órdenes. El Estado ha capitalizado al país al amparo de su política general de desarrollo.

La Cuenta Pública del año de 1969, que fue sometida a estudio a esta Comisión y que ahora se presenta a través del presente dictamen a la consideración de vuestra soberanía, responde en su estructura a los principios normativos que han regido la conducta estatal en este aspecto en las últimas décadas.

La distingue el énfasis que ha puesto el actual régimen en aspectos esenciales de nuestro sistema. De manera singular, destaca la incisiva acción del Poder Público para atenuar disparidades sociales, regionales y sectoriales.

NOTA. Para facilitar la lectura del presente dictamen, se cierran las cantidades, a millones de pesos.

Para precisarlas, se recomienda acudir a los anexos.

En escala importante se advierte el impulso dado al ahorro interno para apuntalar el desarrollo económico con inversiones públicas y privadas.

La política de gasto del Gobierno Federal, que se refleja a posteriori en las cifras de la Cuenta Pública, indica las orientaciones y los objetivos alcanzados, en el período de un año, por un régimen de gobierno.

El Estado Mexicano comparte la responsabilidad y dirige sus esfuerzos a promover el desarrollo económico del país, dentro del marco institucional de una economía mixta. La delimitación de actividades que toca atender al sector público y privado, ha dejado al primero la parte sustantiva de crear la infraestructura básica para el crecimiento, esto sin perjuicio de cubrir sus funciones tradicionales y, cuando se han presentado, las omisiones del Sector Privado.

Se tiene así que la política económica estatal, apoyada en el instrumento del gasto público, se ha sustentado en la necesidad de fortalecer la estructura productiva del Sector Agrícola, propiciar la industrialización acelerada del país, buscar la integración económica regional, ampliar los servicios asistenciales, fundamentar un desarrollo equilibrado y autosostenido y elevar el nivel de vida de la población al mismo tiempo que se cuida de que el gasto público tenga efectos positivos en la distribución del ingreso.

Para cumplir con estos importantes objetivos, el Estado se ha visto precisado a implantar toda serie de mecanismos con importantes repercusiones en la economía nacional.

El Sector Agrícola ha recibido singular atención, pues aparte de los esfuerzos realizados para llevar a su total culminación el proceso distribuidor de tierras, hacia él se han canalizado recursos de consideración para crear obras de infraestructura con incidencia directa y a corto plazo en los aumentos de la producción de este sector. Una gran variedad de servicios que estimulan directamente la producción o resuelven problemas de distribución y comercialización de los productos agrícolas se origina en la participación del Sector Público. Destaca la producción y abastecimiento a precios accesibles de fertilizantes y semillas mejoradas, por empresas paraestatales. La existencia de precios de garantía para los principales productos agrícolas que aseguran al productor estabilidad en sus ingresos.

Funcionó el sistema de Seguro Agrícola Integral y Ganadero que cubre los principales riesgos del agro, cuya operación protege a los productores de las condiciones naturales adversas, de alta incidencia en las actividades agrícolas, al mismo tiempo que los capacita para ser sujetos de crédito de las Instituciones Financieras. Se derramaron créditos para cubrir las necesidades de capital de los grupos ejidales y pequeños propietarios agrícolas que tradicionalmente han visto limitado su acceso a las fuentes de financiamiento privadas. Se atendió la conservación y movilización oportuna de los productos agrícolas mediante la red de almacenes nacionales y la intervención de los Ferrocarriles Nacionales de México; se ejecutaron obras básicas de pequeña y gran irrigación que ampliaron la superficie de riego con que cuenta el país. Fueron sostenidos centros de investigaciones agropecuarios en las zonas productoras más importantes, con la finalidad de llevar los avances de la moderna tecnología agrícola a los productores. Se ampliaron sensiblemente los servicios de extensión agrícola. Se realizaron inversiones de consideración en caminos vecinales y de penetración.

Las actividades industriales recibieron estímulos tanto directos como indirectos. A través de las Empresas Paraestatales se generaron los insumos energéticos básicos que requiere la estructura actual de la industria manufacturera y el dinamismo de su crecimiento, señalándose por su contribución la industria petrolera y la eléctrica. La ampliación de la red vial y las comunicaciones a cargo del Estado brindaron las condiciones propicias para el fortalecimiento del Sector Industrial.

La política en materia de comunicaciones trazada por el Poder Ejecutivo, fortalece al Sector Agrícola. Los nueve Kilómetros de caminos que diariamente se construyen permiten que por medio de transportes adecuados la producción agropecuaria se lleve con facilidad a los centros de consumo.

Las inversiones efectuadas en el ramo de telecomunicaciones han colocado a México en condiciones tales que le permiten enviar y recibir cualquier tipo de información enlazándolo así con todos los países del mundo.

El Gobierno Federal transfirió recursos financieros a diversos organismos paraestatales a fin de acelerar sus programas de inversión. Las tareas de promoción y reglamentación industrial se impulsaron con el propósito de inducir al establecimiento de nuevas industrias, por parte del Sector Privado, así como la ampliación de las ya existentes.

El impacto del gasto corriente del Sector Público en los servicios, se manifiesta en la atención de los renglones de Administración General, Bienestar y Seguridad Social, Servicios Educativos y Culturales, de Salubridad, Servicios Asistenciales y Hospitalarios. Las partidas erogadas, tanto por el Gobierno Federal como por Empresas e Instituciones Paraestatales cumplieron importantes finalidades.

La Administración General, que se integra en su mayor parte por los gastos efectuados para cubrir las remuneraciones de los trabajadores al servicio del Estado, tuvo efectos benéficos para la economía al sostener su nivel ocupacional.

Conviene hacer notar que estos gastos han mantenido su misma participación porcentual que en el año pasado.

El régimen de Seguridad Social se consolidó y amplió para atender una mayor proporción de la población del país que recibe los beneficios más caracterizados de la protección del Estado, fundamentalmente los que implican la preservación de la salud y el otorgamiento de pensiones y jubilaciones. La población que todavía no está sujeta al régimen de Seguridad

Social, recibió a través de los gastos efectuados en Salubridad, Servicios Asistenciales y Hospitalarios la atención médica que requería, así como los servicios materno - infantiles que se presentaron.

Los Servicios Educativos y Culturales que tradicionalmente han recibido recursos de consideración, en el año de 1969 conservaron su papel prioritario dentro de la jerarquización de necesidades que toca cubrir al Sector Público.

Se vigorizó el programa de construcción y conservación de unidades escolares, se aumentó la planta de profesores, se otorgaron mayores subsidios a las Universidades y Escuelas Superiores y se crearon nuevas bibliotecas y museos, mejorándose la calidad de sus servicios. Se incrementaron apreciablemente las inversiones en la investigación, con el propósito de crear una tecnología propia adaptada a las condiciones de nuestra economía, así como los mecanismos idóneos que conduzcan a la asimilación de técnicas importadas, iniciando de esta manera, el proceso perentorio de disminuir la dependencia del exterior en esta materia.

Durante 1969 el Estado hubo de hacer frente a la situación desfavorable motivada por la sequía que prevaleció hasta el mes de junio, y por las fuertes inundaciones que repercutieron adversamente sobre los cultivos de temporal, en particular; el maíz y el frijol. Para aliviar la aflictiva situación de importantes núcleos de campesinos, se canalizaron recursos presupuestales a las zonas afectadas, que cumplieron el doble propósito de generar ocupación y el de dotar al sector rural de obras de infraestructura y de servicio social.

El papel del Gasto Público, sin duda fue fundamental para alcanzar la tasa real de crecimiento del producto bruto interno (7.2%) y del producto por persona (3.7%), con relación a los niveles de 1968, si se considera que el Gasto Público en 1969, representó el 26.1% del producto.

Definidos los criterios básicos y predeterminadas las metas, el Gasto Público se manejo en el año que se analiza en un marco de unidad programática que respondió a los requerimientos de la etapa actual del desarrollo económico de país.

El gasto ejercido por el Sector Público, Gobierno Federal, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, resultó superior a las estimaciones originalmente previstas. La causa que explica la diferencia entre los gastos estimados y el gasto real se encuentra en la operación de factores cuya importancia no puede minimizarse y que plantean exigencias a un gobierno preocupado por interpretar y responder a los intereses de las grandes mayorías de la población.

La acelerada tasa de crecimientos demográfico que conforma una población con una alta proporción de jóvenes, impone al país una agobiante carga financiera, sin un correlativo aumento en los ingresos, que se manifiesta en la necesidad imperiosa e ineludible de construir instalaciones escolares, unidades hospitalarias, centros materno - infantiles, crear un mayor número de plazas para profesores; entre otros requerimientos, también ha de propiciar la generación masiva de empleos, para ocupar a la población que ingresa a la actividad económica cada año y cuya cifra se estima en 600 000 personas.

La disyuntiva es clara, o el Estado atiende las necesidades de la población o se ajusta al balance matemático del presupuesto asignado igual al ejercido, con carencias y sacrificios para la ciudadanía y comprometiendo el ritmo de crecimiento de la economía nacional.

Ya el Sr. Presidente de la República señalaba en su último informe de gobierno: "los países que primero se industrializaron no previeron su desarrollo económico, ni sus consecuencias; llegaron a él sin haberlo buscado. Nuestro caso es distinto: nos hemos lanzado al desarrollo económico deliberadamente".

La búsqueda del desarrollo económico implicó niveles crecientes de Gasto Público, flexibilidad en su manejo, estrategia en su dirección y razonalización de su empleo, para lograr el uso más eficiente de los recursos nacionales.

Finalmente, es conveniente señalar que en el año de 1969 el Gasto Público tuvo efectos benéficos como elemento redistribuidor de ingresos. Resumen de Ingresos y Egresos

En el año de 1969, la Federación, incluyendo los Organismos Descentralizados y las empresas de Participación Estatal percibieron 97 509 millones de pesos, como ingresos totales, cifra superior en 12 231 millones de pesos y en 14.4% a los ingresos totales captados en 1968.

Del gran total correspondieron 48 861 millones de pesos al Gobierno Federal y 48 648 millones de pesos a los Organismos y Empresas Estatales, por lo que la participación porcentual de estos dos subsectores fue de 50.1% y 49.9%, respectivamente.

Los egresos totales del Sector Público ascendieron a 98 001 millones de pesos, lo que en números absolutos significa un incremento de 14 579 millones de pesos y en relativos de un 17.4% en relación con 1968.

La diferencia que se aprecia entre las cifras percibidas como ejercicio de la Ley de Ingresos y las erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos, cuyo monto es de 493 millones de pesos, se cubrió con las existencias de numerario y las recuperaciones de cuentas de administración.

El aumento en los ingresos se compone de 8 613 millones de pesos de ingresos propios y de ingresos ajenos 3 618 millones de pesos. Del aumento en los egresos se destinaron 7 555 millones de pesos a gastos corrientes, 3 985 millones de pesos a gastos de capital y 3 039 millones de pesos a la amortización de la Deuda, por lo que dicho incremento se financió en su mayor parte con recursos propios.

Ingresos del Gobierno Federal

Los ingresos del Gobierno Federal en el año de 1969, ascendieron a 48 861 millones de pesos contra 42 893 millones de pesos del año anterior, es decir, aumentaron en 14%. La Comisión estimó pertinente introducir algunos comentarios respecto a los ingresos acusados por algunas de las fracciones más significativas.

En la integración de los ingresos se destaca por su importancia el Impuesto Sobre la Renta que alcanzó una recaudación de 14 020 millones de pesos, cifra que significa el 39.2% del total de ingresos ordinarios y un incremento del 16.0% sobre la del año anterior. La alta participación de este impuesto evidencia el deseo de las Autoridades Hacendarias de utilizar sus conocidos efectos como redistribuidor de ingresos y hacer más amplia su base y más equitativa la carga fiscal.

El Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles aumentó su recaudación en 508 millones de pesos y representó el 15% de los ingresos ordinarios.

Los Impuestos Sobre la Importación ascendieron a 5 177 millones de pesos, y se manejaron con el deliberado propósito de desalentar la adquisición de bienes suntuarios o no necesarios en el extranjero; al mismo tiempo se estimuló la entrada al país de los bienes de capital indispensables para el crecimiento económico.

1 157 millones de pesos representaron los ingresos procedentes de la Exportación: por tanto, acusaron una disminución del 6% con relación al año anterior, lo que obedece a que se utilizaron estos gravámenes como un incentivo a las exportaciones, fundamentalmente de artículos semielaborados y manufacturados, con un alto contenido de valor agregado nacional.

Los ingresos no tributarios alcanzaron el monto de 3 687 millones de pesos que se integran por 1 077 millones de pesos que absorbieron los Derechos, 1 198 millones de pesos los Productos y 1 412 millones de pesos los Aprovechamientos.

Los ingresos derivados de financiamientos totalizaron 12 716 millones de pesos y tienen como fuentes la emisión de bonos por 4 496 millones de pesos, y los financiamientos para obras que alcanzaron 8 219 millones de pesos. De los bonos, se destinaron, básicamente para caminos y para electrificación, 596 millones de pesos y para la promoción industrial 3 649 millones de pesos. Gastos de Gobierno Federal

Los gastos de 1969 respecto a 1968 fueron superiores en 8 691 millones de pesos, al pasar de 41 124 a 49 816 lo que representa un 21.2% de aumento.

El 82% de este incremento correspondió a los Ramos de Educación Pública, Inversiones, Erogaciones Adicionales y Deuda Pública.

El Ramo de Educación Pública erogó 586 millones de pesos más en servicios personales y 643 para construcción, ampliación y reparación de escuelas. Los primeros se explican por el aumento en las plazas de personal docente, y los segundos por un aumento de 612 millones de pesos al Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas.

El de Inversiones que incrementó su gasto 1 355 millones de pesos lo hizo principalmente en el capítulo de Inversiones Financieras.

El aumento más significativo del Ramo de Erogaciones Adicionales lo constituyó la partida de aportaciones dentro de las que destacan las otorgadas al Sector Agropecuario.

La clasificación funcional del gasto indica que los recursos canalizados al Fomento Económico conservaron su papel prioritario, con un 38% del total, siguiéndoles en orden de importancia los gastos efectuados en inversión y protección social con un 22%.

Deuda Pública del Gobierno Federal

Al 31 de diciembre de 1969, la Deuda Pública del Gobierno Federal ascendió a 59 034 millones de pesos; correspondiendo a la Deuda Interna 48 800 millones de pesos y 10 234 millones de pesos a la Externa; 82.7% y 17.3%, respectivamente. La Deuda Pública se encuentra documentada en 45 300 millones de pesos en bonos y 13 734 millones de pesos con pagarés y contratos a cargo del Gobierno Federal.

La colocación de Deuda en el año que se analiza llegó al 12 716 millones de pesos, que se distribuyen en la siguiente forma: 4 246 millones de pesos en Bonos Internos y 5 902 millones de pesos en financiamientos internos; los bonos externos suman 250 millones de pesos y los financiamientos externos 2 317 millones de pesos. Por lo tanto, se concluye que en el mercado nacional se colocaron 10 148 millones de pesos y en el exterior 2 567 millones de pesos, composición que refleja una política de captación de capitales dirigida a atraer recursos nacionales en primer lugar, y en forma complementaria fondos del exterior.

El Incremento neto de la Deuda Pública que fue de 8 968 millones de pesos no puede despertar especulaciones, ya que correlativamente a su crecimiento se amplía y fortalece la estructura productiva de la economía nacional, generando así los medios suficientes para cubrir los compromisos financieros derivados de la utilización del crédito público. Conviene indicar que la Deuda Pública representó el 16% del producto interno bruto en 1969, cifra que contrasta con la de un gran número de países, entre ellos los industrializados donde se encuentran porcentajes superiores al 40%.

El uso de la capacidad de captación de capitales externos del país, cuyo crédito está sólidamente fincado en el cumplimiento de los compromisos contraídos por la Nación, propicia nuestro desarrollo económico, porque al aprovechar una fuente de crédito externo se han financiado inversiones en riego, carreteras, energía, ferrocarriles, industrias, siempre con el sano criterio de que estas inversiones incrementen, en un plazo razonable, la capacidad

productiva del país, ya que por sí mismas generan recursos suficientes para hacer frente a los compromisos que de ella se derivan.

Los financiamientos adquiridos por el Gobierno de México, siempre obtenidos en las mejores condiciones prevalecientes en el mercado internacional de capitales, es decir créditos a plazos largos y con bajas tasas de interés, se han destinado a fortalecer y vigorizar la infraestructura económica básica del país y siempre han resultado autoliquidables.

Es importante señalar que en el ejercicio analizado, los gastos corrientes del Sector Público se integraron con recursos que procedieron de fuentes ordinarias de ingresos, arrojando un superávit de 13 135 millones de pesos que se aplicó a la cuenta de Capital. El hecho de que el déficit presupuestal se originara en la Cuenta de Capital, revela los esfuerzos gubernamentales por acelerar el proceso de desarrollo.

Los Organismos Descentralizados y Empresas propiedad del Gobierno Federal obtuvieron ingresos por 48 648 millones de pesos, destacando por su cuantía:

Millones

Petróleos Mexicanos 6 209

Instituto Mexicano del Seguro Social 940

Comisión Federal de Electricidad 932

Compañía de Luz y Fuerza del Centro 624

Compañía Nacional de Subsistencias Populares 3487

Ferrocarriles Nacionales de México 187

Del total de los 98 001 millones de pesos de Egresos efectuados en 1969, corresponden al Gobierno Federal 49 816 millones de pesos, y a los Organismos Descentralizados y Empresas Propiedad del Gobierno Federal 48 185 millones de pesos, clasificados funcionalmente como sigue:

Millones %

Fomento, Promoción y Reglamentación

Industrial y Comercial 34 548 35.3

Se destinaron a cancelar pasivos

internos y externos del Gobierno Federal,

sus Organismos y Empresas 18 305 18.7

Comunicaciones y Transportes 10 798 11.0

Bienestar y Seguridad Social. 10 665 10.9

Servicios Educativos y Culturales 7 049 7.2

Administración General 5 349 5.5

Fomento y Conservación de

Recursos Naturales 4 332 4.4

Salubridad y Servicios

Asistenciales 4 292 4.4

Ejército, Armada y Servicios

Militares y Gastos pendientes de aplicar 2 663 2.6

El Gobierno Federal, los Organismos Descentralizados y las Empresas Propiedad del mismo Gobierno, recibieron en total durante el año de 1969 financiamientos internos y externos por 21 216 millones de pesos, en tanto que las amortizaciones de capital ascendieron a 13 326 millones de pesos, registrándose por lo tanto un incremento de 7 890 millones de pesos a la Deuda Pública.

Las seis empresas que a continuación se analizan representan juntas el 78% del total de ingresos y el 83% de egresos del total registrado en los Organismos Descentralizados y Empresas Propiedad del Gobierno Federal durante el año de 1969.

En el caso de Petróleos Mexicanos, el grupo de mayor importancia del balance de este Organismo es el del activo fijo con 39 472 millones de pesos que muestra un incremento respecto a 1968 de 4 956 millones de pesos que se refleja en 71% en inversiones en pozos, ductos, refinerías y campos, 15% en obras en proceso y 14% en muebles e inmuebles.

El aprovisionamiento al Sector Agrícola e Industrial de Energéticos, se ha llevado a cabo fundamentalmente por la Industria del Petróleo Nacionalizado, que además de incrementar la producción y diversificar los artículos de la misma, la comercialización de esta importante fuente de energía se ha realizado sin grandes fluctuaciones en los precios y con la meta de fortalecer al sector agrícola que es el más desfavorecido en el ámbito de la economía nacional y por otro, el pilar del sector industrial que condiciona su dinámica al desenvolvimiento de esta importante industria nacional.

Petróleos Mexicanos en un proceso continuado que lleva varias décadas, ha iniciado el desarrollo de la industria Petroquímica con las técnicas más avanzadas y con la más elevada participación de recursos propios.

Esta industria, llamada a ser soporte de la estructura futura del sector industrial, recibió cuantiosas inversiones tanto en materia de investigación como para el incremento de la producción petroquímica.

Los ingresos del Instituto Mexicano del Seguro Social ascendieron en el año de 1969 a 6 941 millones de pesos, originados principalmente por mayores recursos provenientes de cuotas de nuevos afiliados, ingresos que sumados a los 821 millones de pesos de aportaciones del Gobierno dan un total de 7 762 millones de pesos.

Las erogaciones de este Organismo fueron de 6 951 millones de pesos, destacando por su cuantía el valor de los servicios prestados con 4 962 millones de pesos.

El remanente neto del Instituto Mexicano del Seguro Social en el año 1969 fue de 469 millones de pesos con una leve variación de menos de 785 mil pesos, en relación con 1968. La aportación legal del Gobierno Federal de 821 millones de pesos en 1969 se capta en los ingresos de este Organismo en su estado de resultados dentro de las cuotas para accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y no profesionales, maternidad y otros.

Al 31 de diciembre de 1969 el Instituto Mexicano del seguro Social amparaba 2 940 000

asegurados y a 6 200 000 beneficiarios o sean 9 140 000 personas, esto es, 1 019 000 más que en 1968. Este aumento se debió entre otras razones al incremento natural de la actividad económica del país y a las campañas específicas de verificación y censo encaminados a lograr el cumplimiento de la Ley por parte de los patrones.

Las operaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, están controladas por representantes de los trabajadores afiliados, patrones y el gobierno Federal a través de las Secretarías del Patrimonio, Hacienda y Presidencia, quienes revisan conjuntamente con las autoridades del Instituto los planes anuales de inversión, los aprueban y mensualmente vigilan la puntualidad y corrección de las inversiones.

El presupuesto total autorizado a la Comisión Federal de Electricidad fue de 7 101 millones de pesos y se gastaron 6 583 millones de pesos, quedando un saldo por ejercer de 518 millones de pesos.

El renglón principal de egresos fue el de adquisición de bienes de inversión, dentro del que se incluyen obras de pequeña y gran electrificación. Se pusieron en servicio en el año de 1969 plantas con capacidad total de 482 000 KW, siendo las principales unidades la tercera y cuarta de la planta hidroeléctrica de Malpaso con una capacidad de 360 mil KW. Se construyeron subestaciones con capacidad de 1 074 000 KVA y líneas de transmisión necesarias para distribuir esta energía. Se electrificaron 1 523 poblaciones, beneficiando a 2 500 000 personas; el número de usuarios aumentó en 777 000.

La aportación de 1 759 millones de pesos que la Comisión Federal de Electricidad recibió del Gobierno Federal durante el año de 1969 fue aplicada en su totalidad al programa de inversiones en obras que aumentaron su activo en 3 086 millones de pesos; la diferencia fue financiada con recursos propios que dicho organismo obtuvo durante el ejercicio de 1969. Las utilidades netas fueron de 526 millones; 69 millones de pesos más que en 1968.

Durante el año de 1969 la Compañía de Luz y Fuerza del Centro ejerció 3 707 millones de pesos del total de su presupuesto autorizado; esto es, gastó 28.9 millones de pesos menos de lo previsto.

Efectuó inversiones por 598.5 millones de pesos en nuevos servicios dentro del área geográfica comprendida por el Distrito Federal, parte de los Estados de México, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Michoacán y Tlaxcala. El activo de esta Empresa, a diciembre de 1969, era de 6 580 millones de pesos y sus reservas de 1 662 millones de pesos.

Las utilidades de esta Empresa en 1969 fueron de 171 millones de pesos.

Durante el año de 1969 aumentó el número de habitantes servidos, de 7 900 000 que era en 1968 a 8 340 000 en 1969.

El Presupuesto ejercido de la compañía Nacional de Subsistencias Populares fue de 3 614 millones de pesos.

Por la importancia de las erogaciones destacan en primer lugar, la adquisición de bienes de operación que comprende compras de maíz, trigo, frijol, sorgo, leche en polvo, cártamo, semilla de ajonjolí y semilla de algodón.

Otro renglón importante, es el de Erogaciones Recuperables, que incluye la construcción de silos cónicos y bodegas, obras extras que son autoliquidables por los propios campesinos beneficiados.

El subsidio que recibe del Gobierno Federal, se aplica a apoyar al productor nacional en las ventas de excedentes que por conveniencia económica se hacen frecuentemente en el extranjero y a subsidiar los precios del maíz y trigo, destinados al consumo popular.

Durante el año de 1969, este Organismo realizó operaciones de compra de granos por 2 955 millones de pesos, con un volumen de casi 3 millones de toneladas. Las ventas fueron de 3 364 millones de toneladas, con un importe de 2 926 millones de pesos; tanto en volumen como en su importe, supero a las del año de 1968.

La Compañía Nacional de Subsistencias Populares, conjuntamente con otros Organismos del Sector Público, acudió con eficacia y oportunidad a atender las necesidades que en materia de alimentación requerían aquellas poblaciones que resultaron afectadas por las perturbaciones climatológicas que registró el país en 1969.

Los ingresos propios de los Ferrocarriles Nacionales de México por venta de servicios, ascendieron a 1 972 millones de pesos. Los 1 569 millones de pesos que recibieron como aportación del Gobierno Federal, fueron aplicados a incrementar su patrimonio y para cubrir parte de gastos de operación.

Los Ferrocarriles Nacionales de México registraron en 1969 un resultado deficitario de 989.7 millones de pesos; 24.6 millones de pesos menos que en 1968; disminución que obedece a reducción en los gastos de operación.

Esta Institución ha iniciado una política tendiente a abatir los gastos de operación y administración cuyos resultados se reflejan ya en el balance general de la empresa.

Ferrocarriles Nacionales de México en un organismo de servicio público que ha venido subsidiando artículos básicos para la economía nacional, como trigo y maíz, a los que se les aplican tarifas de transportación de bajo costo.

CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

Según se desprende de los cuadros que a este dictamen se acompañan, formulados por las oficinas correspondientes y examinados acuciosamente por esta Comisión, al iniciarse 1969 se registro una existencia en caja, bancos y otros conceptos, de 1 757 millones de pesos que sumados a 3 927 millones de pesos de ingresos corrientes mas de 7 millones de pesos de

incrementos del pasivo de administración durante el ejercicio, arrojan un total de 5 691 millones de pesos, cifra que representa las disponibilidades del Departamento del Distrito Federal, en el ejercicio de 1969 que se examinó.

Las erogaciones realizadas, fueron: por Gastos Corrientes (administrativos), 1 894 millones de pesos; por Gastos Directos de Capital 2 438 millones de pesos, que sumados a 1 359 millones de pesos de existencia en caja, bancos y otros conceptos, al finalizar el ejercicio dan un total de 5 691 millones de pesos, cifra igual a la de las disponibilidades a que se hace referencia en el párrafo anterior.

Para tener una idea clara y precisa de la aplicación dada al gasto de capital por 2 438 millones, es importante señalar que 861 millones de pesos se destinaron a incrementar al volumen de agua potable mediante la realización de las obras del Alto Lerma que resuelven en forma económica el abastecimiento de agua, dando satisfacción a las necesidades actuales y de futuro inmediato que presenta la Ciudad de México, a obras del Emisor Central y ampliación del sistema de drenaje que protegen a la metrópoli contra las inundaciones. Al quedar terminada la construcción del Emisor Central y de los interceptores correspondientes, se garantizará firmemente la posibilidad de controlar las aguas de lluvia protegiendo a la ciudad contra inundaciones en un período mayor de 30 años. Se destinaron 337 millones de pesos a obras de pavimentación, apertura de nuevas calles y obras viales y de alumbrado público; 356 millones de pesos se canalizaron a la construcción de nuevos edificios, destacando entre éstos, 13 jardines de niños, 36 escuelas primarias, 20 escuelas secundarias, 48 campos deportivos, 2 mercados y una unidad de protección social y, finalmente, 836 millones de pesos, se aportaron al patrimonio del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), que representa la iniciación de las obras necesarias para darle solución al problema del transporte en la ciudad en un futuro próximo. Con el establecimiento del Sistema de Transporte Colectivo, por otra parte, también se ha logrado disminuir la contaminación ambiental y fundamentalmente constituye un instrumento vial favorecedor de los sectores de la población con escasos recursos económicos; asimismo, por la agilidad de su operación permite que aquellas personas que lo utilizan den un rendimiento de mayor productividad a su ocupación por la reducción de los tiempos que emplean en trasladarse a sus centros laborales.

Si bien es cierto, que contra un ingreso de 3 927 millones de pesos, los egresos fueron de 4 332 millones de pesos, lo que arroja un excedente en los gastos de 405 millones de pesos, es pertinente hacer notar que esta diferencia fue cubierta con 398 millones de los propios recursos o reservas del Departamento del Distrito Federal, (diferencia entre 1 757 millones de pesos, de existencia al 1o. de enero y 1 350 millones de pesos, por los mismos conceptos al 31 de diciembre), y un aumento del pasivo por sólo 7 millones de pesos. De lo anterior se desprende que el Gasto Público efectuado en el Departamento del Distrito Federal fue aplicado conforme a las exigencias y requerimientos de una ciudad con un crecimiento explosivo de población.

Los suscritos, miembros de la Comisión de Presupuestos y Cuenta, encontraron que los ingresos y gastos del Gobierno Federal y de los Organismos Descentralizados y Empresas Propiedad del Gobierno Federal, así como los correspondientes al Departamento del Distrito Federal a que se refieren las Cuentas Públicas que se dictaminan, han sido apoyadas en disposiciones legales en vigor, y, en lo económico y en lo social, corresponden a los programas y a la política en materia de gasto público trazada por el Ejecutivo de la Unión, y que ha sido sancionada por la H. Cámara de Diputados; por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta H. Asamblea, con base en lo dispuesto en los artículos 65 fracción I, 73, fracción XXVIII de la Constitución y demás ordenamientos relativos, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1o. Se admite la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, que comprende la del Gobierno Federal y la de los Organismos Descentralizados y Empresas propiedad del Gobierno Federal y la del Departamento del Distrito Federal, correspondientes al ejercicio fiscal de 1969 a que se refieren los estados de contabilidad que las resumen y que fueron presentadas por el Ejecutivo de la Unión dentro del término de Ley.

Artículo 2o. Revisados los estados contables a que se refiere el punto resolutivo anterior se encontró que las cantidades gastadas concuerdan con las partidas autorizadas y, en consecuencia, se aprueban aquéllas. Asimismo son de aprobarse los resultados logrados en el desarrollo económico y social del país por la correcta aplicación de la política de ingreso y gasto público seguida por el Jefe del Poder Ejecutivo Federal.

Artículo 3o. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda que examine minuciosamente los libros de contabilidad y glose los documentos justificativos y comprobatorios que integran la propia cuenta y proceda en los términos de ley.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F. a 23 de octubre de 1970. - Diputado Humberto Hiriart Urdanivia. - Diputada Guillermina Sánchez Meza de Solís. - Diputado Salvador Reséndiz Arreola. - Diputado Rafael Castillo Castro. - Diputado Alberto Hernández Curiel."

Dar doble click con el ratón para ver imagen

Dar doble click con el ratón para ver imagen

Dar doble click con el ratón para ver imagen

Dar doble click con el ratón para ver imagen

Dar doble click con el ratón para ver imagen

Dar doble click con el ratón para ver imagen

Dar doble click con el ratón para ver imagen

Dar doble click con el ratón para ver imagen

Dar doble click con el ratón para ver imagen

Dar doble click con el ratón para ver imagen

Dar doble click con el ratón para ver imagen

Dar doble click con el ratón para ver imagen

Dar doble click con el ratón para ver imagen

Dar doble click con el ratón para ver imagen

Segunda lectura. Está a discusión el dictamen en lo general.

(Se abre el registro de oradores.)

El C. Presidente: La presidencia informa que de acuerdo con el artículo 96 del Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso General, se han inscrito para hablar en contra del dictamen los siguientes ciudadanos diputados: Miguel Hernández Labastida, Magdaleno Gutiérrez, licenciado Jorge Garabito, licenciado Juan Landerreche Obregón.

Para hablar en pro del dictamen: Licenciado Rubén Moheno Velasco, licenciado Alejandro Peraza Uribe, licenciado Santiago Roel García, licenciado Alfredo V. Bonfil, licenciado Cuauhtémoc Santana, licenciado Rafael Rodríguez Barrera, Jesús Luján Gutiérrez, Maximiliano León Murillo, Francisco Ortiz Mendoza y general Juan García Barragán.

Para hablar en contra, se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Miguel Hernández Labastida.

- El C. Hernández Labastida, Miguel: Señor Presidente, señores diputados: reconocemos que este asunto que se va a discutir es de extraordinaria importancia para esta Cámara, pues en estos momentos vamos a ejercitar una de las principales funciones constitucionales que como legisladores y representantes del pueblo tenemos: el examen y la revisión de las Cuentas Públicas, Federal y del Distrito Federal.

Dada la gran responsabilidad de que este debate implica, trataremos de presentar un planteamiento objetivo y claro que cumpla en rigor con el papel que debemos de desempeñar los diputados. Si señalamos deficiencias es con el mejor ánimo de realizar una crítica constructiva, que nos lleve a un mejor cumplimiento de nuestra función constitucional. Si planteamos problemas aún no resueltos, es con el propósito de que esta Legislatura asuma su papel con responsabilidad y dignidad y se aboque al estudio y solución de problemas ingentes que sufre el pueblo de México aquí representado.

Plantearemos algunas de las interrogantes que el pueblo del Distrito Federal se hace respecto a cómo se gastan sus dineros, por lo que abordaremos en estos momentos la parte del dictamen del Distrito Federal. Ya mis compañeros, posteriormente tratarán lo de la Cuenta Pública del Erario Federal.

En primer lugar encontramos que el dictamen nos dice: "Existe un total de erogaciones de 4 mil 332 millones de pesos contra 3 mil 150 millones de pesos que se habían presupuestado, encontramos una diferencia de 1,182 millones de pesos en exceso a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos para el año de 1969, cerca del 40 por ciento de lo asignado." Dada la importancia que reviste la aprobación de los lineamientos del presupuesto, su variación no puede quedar en manos del Jefe del Departamento Central. El proceso presupuestal representa un equilibrio de poderes: de una parte el Ejecutivo, que propone y de otra el Legislativo, que puede modificar o aceptar los planes y limitaciones que el mismo Ejecutivo se impuso en el presupuesto. De aquí que una vez aceptado el presupuesto, se requiere de una decisión posterior del legislador para modificar. Es por ello que el artículo 126 constitucional establece textualmente:

"No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior."

Claro que estamos conscientes que el crecimiento demográfico, el aumento de los ingresos, y el aumento en el volumen de los negocios puede originar mayores erogaciones no presupuestadas; pero no compartimos la tesis del dictamen que considera que no se pueden atender las necesidades de la población si se ajusta al balance del presupuesto asignado igual al ejercido.

A este respecto la Ley Orgánica de Presupuesto prevé, dentro de los lineamientos del artículo 126 constitucional, en sus artículos 30 y 31, el procedimiento consiste en la rápida preparación de iniciativas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proponer a esta Cámara de Diputados los cambios y ajustes presupuestales que sean requeridos.

Señores diputados, no nos oponemos a que se gasten los excedentes en bien del pueblo; a lo que nos oponemos es a que no se realice este bienestar general dentro de los causes legales. Encontramos de positivo dentro del dictamen, el hecho de que se haya cubierto el gasto de la Hacienda Pública del D. F. con el 9% de financiamiento, consistente en 7 millones de incrementos del pasivo de administración, más 377 millones y medio de colocación de empréstitos; nos oponemos a que se clasifiquen estos 377 millones como ingresos corrientes.

Nosotros los estamos considerando como ingresos extraordinarios.

Encontramos también dos partidas que aumentaron considerablemente con relación a lo presupuestado: la amortización de la deuda, y el renglón de partidas generales. Siendo el presupuesto un instrumento de planeación y de previsión, se nos hace inconcebible que la amortización de la deuda se haya elevado el 742% de lo real contra lo asignado. ¿Qué acaso el Departamento del Distrito Federal desconoce cuáles son sus obligaciones o adeudos con los proveedores y contratistas a un año de distancia? O simplemente no se quiso informar de las obligaciones inmediatas que tenía el mismo. Este concepto se elevó de 42 millones y medio a 358 millones gastados. El renglón de partidas generales se elevó también considerablemente de 784 millones de pesos presupuestados a 1,831 millones gastados, es decir, 1,047 millones de pesos de más que equivalen a 133 y medio % sobre lo asignado. Consideramos que estas variaciones tan elevadas se deben en nuestra opinión a una inadecuada clasificación de ciertas partidas incluidas aquí que deberían separarse. Tales son entre las principales las cooperaciones varias, las aportaciones al patrimonio del Metro y la amortización de adeudos. Por lo que se refiere a Obras Públicas, vimos que los dineros del pueblo se han invertido fundamentalmente en tres grandes obras: en incrementar el volumen de agua potable mediante la realización de las obras de Alto Lerma, a obras del emisor central y ampliación del sistema de drenaje y a la aportación al patrimonio del sistema de Transporte Colectivo, para obras del Metro. Lo gastado en estas tres obras, ascendió a 1,697 millones de pesos y, señores diputados, no tenemos ningún inconveniente en reconocerlas como medidas que tienden a resolver algunos de los principales problemas del Distrito Federal. El resto de los gastos para obras públicas se clasifica en construcción de nuevos edificios 356 millones de pesos, en pavimentación, aperturas de calles, obras viales y alumbrado 337 millones de pesos y a diversos el restante de 48 millones de pesos.

Del total de obras públicas realizadas no se nos informa de los compromisos contraídos para financiarlas; como por ejemplo, uno nada

más, los posibles préstamos y compromisos que se hayan contraído para financiar el Metro.

De las obras de pavimentación, apertura de calles, obras viales y alumbrado público que indiscutiblemente aún queda todavía mucho por hacer, a pesar del gasto de 337 millones de pesos, no se dice si fueron realizados en algunas de las muchas colonias proletarias que carecen de estos servicios públicos mencionados y tampoco se menciona qué se ha hecho con las colonias que han proliferado sin reconocimiento del Departamento Central que en consecuencia, ha dejado a cientos de familias en una situación extrajurídica y desde luego sin los mencionados servicios municipales.

Esta situación, de estos colonos, que han habitado terrenos ejidales y terrenos comunales, es una situación que coloca a esta parte de la población del Distrito Federal bajo presiones sociales, económicas y políticas.

Encontramos igualmente en el renglón de servicios personales, que se siguen pagando a miles de trabajadores que aún se encuentran en una situación de lo más inestable e injusta, pues a la fecha, aunque tengan años de servicios en el Departamento Central, siguen siendo considerados como eventuales, supernumerarios o a la lista de raya.

Quisimos encontrar en el dictamen, algo que se refiera a uno de los problemas principales, no sólo del Distrito Federal, sino también de la República.

Y vimos que ni siquiera se cumple con el mínimo exigido en la Ley Orgánica, en lo que se refiere al campo de la Educación.

Dice textualmente el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Educación: "La prestación del servicio público de la educación en el Distrito Federal, corresponde en sus aspectos técnicos y administrativos al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación Pública, sin perjuicio de las prestaciones económicas de aquéllas, en la inteligencia de que estos servicios no podrán ser inferiores al 15% del total de su Presupuesto de Egresos."

Señores diputados: Tratamos de hacer un cálculo somero sobre lo que se había invertido en el renglón de Educación, y si nos hubiésemos basado al 15% de lo presupuestado, hubiera correspondido a Educación 472 millones; pero como se ejerció 4332, entonces debió de haber correspondido la cantidad de 650 millones a Educación.

Resulta que con los datos que encontramos en el dictamen, sólo vemos que se construyeron 16 jardines de niños, 36 primarias, 20 secundarias, más una aportación que se hizo dentro de la partida, dentro del renglón de partidas generales, a la Secretaría de Educación Pública.

Tratando de hacer, decía, un somero cálculo, vemos que si calculamos a un millón cada jardín de niños, a 3 millones cada escuela primaria y a cinco millones cada escuela secundaria, llegaremos a 221 millones de pesos. Si a esto le agregamos los 79 millones que se aportaron a la Secretaría de Educación Pública, encontramos un gasto total para Educación de 300 millones de pesos.

Lo lamentable en este caso es que no se haya ejercido lo que por rigor, lo que por ley debió de haber correspondido; es decir, los 650 millones de pesos, si todo el pueblo de México, ustedes y nosotros, estamos conscientes de que hay carencia de escuelas, de que hay carencia de maestros y muchos problemas más en materia educativa.

Encontramos en el dictamen y sin pretender ser demasiado rigorista ni mucho menos adoptar poses exhibicionistas, queremos hacer un brevísimo relato sobre lo que se puede desprender del dictamen correspondiente a servicios públicos.

La ciudad de México - y estoy refiriéndome a ella porque, como diputados, todos también debemos de asumir nuestro papel de legislador local - , ha sentido en el aspecto de seguridad y de vigilancia una absoluta inseguridad y una absoluta falta de vigilancia. Y cuando se está estableciendo en el mismo dictamen, en el Presupuesto de Egresos, que se deberían invertir en policía y tránsito 260 millones de pesos, encontramos que no se ejerció el 17%, es decir, 44 millones de pesos, es decir, que no es en plan de cuentachiles, sino que es en plan de que siendo esta metrópoli la principal capital de la República y además, necesitada urgentemente de la solución de estos dos problemas, no se hayan ejercido los 44 millones de pesos.

También encontramos en materia de aguas y saneamiento tantas veces, sobre todo en estas colonias que hemos mencionado, está urgiéndole cuando menos de una toma de agua, destapar alguna alcantarilla, etc., se dejó de ejercer 17 millones de pesos. Y para servicios médicos, conocemos que necesita mucho esta capital de 7 millones de habitantes, se dejaron de ejercer 7 millones. Y por último, para limpias y transportes, el aspecto de servicios generales, se dejó de ejercitar 6 millones de pesos.

Hemos mencionado brevísimamente estos servicios públicos, porque consideramos que debe de haber alguna voz que hable a nombre de la ciudadanía del Distrito Federal, y esa voz en este caso, somos uno que la menciona y todos y cada uno de nosotros que formamos esta Cámara de Diputados.

Por las razones expuestas, señores diputados, la diputación de Acción Nacional rechaza el dictamen y no lo aprueba en cuanto se refiere a la Cuenta de la Hacienda Pública del Distrito Federal. Muchas gracias. (Aplausos.)

- El C. Presidente: En el uso de la palabra el ciudadano diputado Humberto Hiriart, de acuerdo con el artículo 100 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General.

- El C. Hiriart Urdanivia, Humberto: Señor presidente, señores diputados: La Comisión de Presupuesto y Cuenta que elaboró el dictamen que está a discusión, tiene que hacer algunas aclaraciones el señor diputado de Acción Nacional Miguel Hernández Labastida sobre la forma en que él enjuicia

los gastos erogados por el Departamento del Distrito Federal y por la forma en que él intenta impugnar el dictamen de la Cuenta en lo relativo al Departamento del Distrito Federal.

Ha sido, y tenemos así que manifestarlo, una intervención sumamente compleja, difusa, falta de método en cuanto a la exposición de lo que reclama y de lo que rechaza. Es decir, cuando Acción Nacional intenta impugnar el dictamen sobre la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, se va a cuestiones contables y realmente no aporta nada fundamental que pueda ensombrecer la legítima y correcta Administración Pública que el Gobierno del Distrito Federal ha dado a los fondos del pueblo de la ciudad de México.

Por otra parte, con conceptos legalistas a nada se puede conducir. Ya es bien sabido del dominio popular que cuando se aprobó la Ley de Presupuesto de Egresos para el año de 1969, en el artículo 3o. se aclara perfectamente que el Gobierno está facultado a erogar todos aquellos excedentes de capital para emplearlos en beneficio de obras para bien colectivo.

Por otra parte, en otra de sus intervenciones, hace referencia y critica a los gastos en servicios que lleva a cabo el Departamento del Distrito Federal. Convendría, en esta ocasión, recordar que el gasto en servicios que efectuó el Departamento del Distrito Federal en 1969, fue de 1 mil 536 millones de pesos. Valdría la pena comparar este gasto en servicio, producto de una administración correcta, con el gasto que otras ciudades del mundo erogan en esta materia. También debemos decir que este gasto en servicios representa 215 pesos al año por persona. Es decir, que los mexicanos que habitan el Distrito Federal, gastan en pagar servicios 59 centavos diarios. Por ejemplo, la ciudad de New York gasta en servicios 1,500 millones de dólares, 18,750 millones de pesos. La ciudad de los Ángeles, con una población similar a la nuestra, gasta en servicios mil millones de dólares; 12,500 millones de pesos; o sea que New York gasta 12 veces más que el Distrito Federal y los Ángeles 8.3 veces más que nuestra ciudad.

Siete millones, 50 mil habitantes, que habitan el Distrito Federal, son atendidos por el gobierno con servicios de acuerdo a sus necesidades, y presentan a nuestra ciudad como legítimo orgullo para todos los mexicanos.

(Aplausos.)

El gasto público que presenta el Distrito Federal en el año de 1969, arroja inversiones, y esto hay que hablarlo en términos de macro economía, en escuelas, en hospitales, guarderías infantiles, jardines, instalaciones deportivas. Y es necesario recordar que se han destinado los dineros del pueblo para lograr las obras de abastecimiento de agua potable mediante la captación de los recursos del Alto Lerma, y asimismo, con la terminación de la construcción del emisor central y de los interceptores correspondientes, la ciudad de México quedará garantizada a no tener ningún problema con el agua excedente de lluvias que producen las inundaciones.

A las obras a que se refiere el dictamen debemos hacer también mención de la preferencia que se ha dedicado a las de orden público, pavimentación y repavimentación de calles. Algo que está en el pensamiento de todos los mexicanos es la construcción de esa obra magna que ha significado para la ciudad el Sistema de Transporte Colectivo. (Aplausos.)

Sobre este referendo al que poco hace caso Acción Nacional, sí convendría la pena que los señores diputados lo enjuiciáramos claramente. El costo inicial del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), fue de dos millones, 2,530 millones de pesos con la construcción de 31.2 kilómetros de vía, estaciones de 100 metros de largo para alojar trenes de 6 carros y solamente 300 carros para dar servicio. Esto fue el proyecto inicial del Metro. La demanda popular obligó a realizar la ampliación al sistema; a principios del año próximo, este sistema constará de 42.5 kilómetros de vía con estaciones de 150 metros de largo para recibir trenes de 9 carros y equipos rodantes de 537 carros y su costo no sobrepasará los 5,000 millones de pesos. (Aplausos.) En el primer proyecto la capacidad de transporte era de 900 mil personas diarias, en la actualidad la capacidad del transporte será del doble. Desde el 14 de julio de 1967 fecha en que la que se inició la construcción del Sistema de Transporte Colectivo hasta el momento actual, valdría la pena que comparáramos el costo del Sistema de Transporte Colectivo nuestro con el de otros países del mundo para que aprendamos a saber cómo administrando correctamente los fondos públicos se pueden hacer economías en bien del pueblo mexicano.(Aplausos.) Como ejemplo en Osaka, Japón, país que además está caracterizado por abatir sus costos, el Sistema de Transporte, terminando en 1960 con 42.8 kilómetros de vía tuvo un costo de 139 millones de pesos por kilómetros contra 118 millones de pesos por kilómetros que tiene el nuestro. El de Sao Paulo, en Brasil, en construcción, tiene un costo proyectado por kilómetro de 186 millones de pesos. En Londres, ciudad bien conocida de todos nosotros, sabe mucho de las economías, la ampliación a la Línea Victoria, tuvo un costo de 124 millones de pesos. Comparados los costos de los diferentes Sistemas de Transporte Colectivo con el nuestro, se puede sin lugar a equívocos manifestar que la construcción del Sistema de Transporte Colectivo que se hizo en México, tuvo una sana administración. (Aplausos.)

Por otra parte, México recibió para la construcción de este sistema de transporte 950 millones de francos como empréstito en aquel tiempo, al tipo de cambio del franco 2410 millones de pesos. Al devaluarse el franco en 1969, como todos ustedes bien conocen, con esto México obtuvo 365 millones de pesos de ganancia. Todo el equipo se adquirió a través de 40 concursos internacionales y 12 nacionales. Los carros de rodada neumática fueron adquiridos

en Francia, en virtud de que es el único país que los fabrica. Con esto creemos que si el Gobierno de Distrito Federal emplea excedentes en sus partidas hacia la consecución de obras que puedan canalizar mejores servicios para el Distrito Federal. Qué si hay la preocupación permanente por atender los diarios servicios que la ciudadanía reclama y consideramos que la ciudad de México es una de las más grandes del mundo y por lo tanto está preñada de grandes problemas, la Comisión considera y pone a consideración de la conciencia de los señores diputados y del pueblo de México que el gasto realizado por el Departamento del Distrito Federal en el ejercicio de 1969 debe ser aprobado. (Aplausos.)

- El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al C. diputado Magdaleno Gutiérrez para hablar en contra del dictamen.

- El C. Gutiérrez Herrera, Magdaleno: Señor Presidente; señores diputados: No obstante la costumbre establecida por parte de los señores diputados del PRI de aprobar sin reservas los dictámenes con proyecto de Decreto, que presentan las Comisiones de Presupuestos y Cuenta, la diputación de Acción Nacional, en cumplimiento de un deber, una vez más viene a confirmar su posición franca, sincera y patriótica con respecto a este asunto de tanta importancia nacional.

Cuando esta Cámara discutió el Presupuesto de Egresos de 1969, cuya cuenta ahora se dictamina, dijimos por boca del entonces diputado de Acción Nacional José Angel Conchello, que denunciábamos, una vez más, que por nuestra eficiencia constante, hemos sido, primero de una gran anarquía en el manejo del erario federal y segundo, en una grave desorientación en la política del actual sexenio.

"Nuestra responsabilidad, dijo, está en el divorcio que ha existido entre el Presupuesto de Egresos de la Federación y el dictamen de la Cuenta Pública." Conviene dejar aclarado que reconocemos el avance económico de la Nación; que reconocemos todas aquellas obras de beneficio social que se han realizado en México, las que se han realizado en el Distrito Federal; reconocemos y admiramos la obra del Metro, pero con lo que no estamos de acuerdo es con ese divorcio constante que existe entre el Presupuesto que aprueba la Cámara, y lo que se ejerce después; porque en el caso concreto del Distrito Federal, como lo manifestó mi compañero, el diputado Hernández Labastida, se dejaron de ejercer 100 millones de pesos en dos renglones y precisamente ese artículo 3o. que mencionó el señor diputado aquí, dice que deben atenderse primeramente los gastos corrientes. Y ésta es la objeción. Yo deseo, desearía de todo corazón que no se usara esta tribuna para lanzar ataques indebidos, porque los diputados de Acción Nacional somos respetuosos de todos los compañeros diputados. Y si venimos a hacer uso de esta tribuna, es para plantear casos concretos, casos concretos sobre el asunto en debate.

He dicho que reconocemos todas aquellas obras de beneficio social en favor del pueblo de México, aunque también estamos conscientes de que hace falta mucho por hacer. Todavía tenemos grandes regiones inhóspitas en donde no hay escuelas, no hay centros de salud, no hay caminos que hagan posible ningún intercambio; lugares donde se hablan dialectos todavía, a donde ni siquiera se ha intentado la alfabetización en su menor grado.

Todo esto nos habla muy elocuentemente de que algo anda mal; ese algo puede estar en los presupuestos que se aprueban y en el ejercicio del mismo, en el ejercicio de los gastos.

He estado consultando los estados que contienen la información de la Cuenta Pública de 1969, y no hubo otro remedio que entrar a consultar los números y hablar primeramente de asuntos contables porque se trata precisamente de cuentas del Erario Federal al que me voy a referir.

Algunos de los diputados, algunos de los señores diputados del PRI, en ocasiones anteriores, en legislaturas pasadas, decían que esta Cuenta Pública contiene números fríos. Realmente podría pensarse en eso, pero para quitarles esa frialdad es necesario hacerlos más accesibles, más significativos, más expresivos. Para poder juzgar mejor de la Cuenta Pública, hacen falta algunos estados que liguen uno con el otro de tal manera que se establezca el eslabón perdido y de esa manera llegar a conocer los datos funcionales que ahí se presentan.

En seguida, para darle una función eficaz al presupuesto, se impone la necesidad de establecer las variaciones habidas en el presupuesto estimado para llegar al gasto real, con el fin de que al consultar ese documento podamos explicarnos claramente muchas cosas que así nada más no se entienden.

También en legislaturas pasadas, cuando se trata de la Cuenta Pública, se dice que ahí están los obras a la vista. Pero es necesario, señores diputados, que el pueblo se entere a través precisamente de esos estados contables, de que si las obras son las que debieran estar, cuando debieran estar, y a qué precios están. Por eso ahora mismo, por esta razón, ocupamos la atención de ustedes, para objetar el dictamen de la Cuenta Pública del Erario Federal por ejercicio de 1969, en vista de que no estamos de acuerdo con el artículo 2o. del proyecto de Decreto que dice: "Revisados los estados contables a que se refiere el punto resolutivo anterior, se encontró que las cantidades gastadas concuerdan con las partidas autorizadas."

Vamos a demostrar por qué no existe esta concordancia.

En el ejercicio que nos ocupa, el presupuesto aprobado por esta Cámara fue por 26,512 millones de pesos, habiéndose ejercido 49,816 millones. Hay una variación nada menos que de 23,304 millones de pesos, que representa el 186% con respecto al presupuesto aprobado. Hubo una recaudación ordinaria de 36 mil 144 millones de pesos y por deudas y

financiamientos se obtuvieron 12 mil 715 millones de pesos. Es decir, 48 mil 859 millones de pesos. Con esta primera comparación de cifras, el pueblo de México habrá de pensar indudablemente en cualquiera de estas dos cosas, cuando se hace patente el divorcio entre las partidas presupuestadas y las gastadas. Primero, se presenta un presupuesto estimado muy alejado de lo técnicamente posible, con el fin de que las partidas que aparecen en cada uno de los ramos sean lo más bajo posible y con ello poder disponer con libertad de un 87% adicional. Segundo, que no hay un programa de gobierno para el ejercicio que es el presupuesto. Es decir, que los presupuestos de programas, como debieran ser los presupuestos gubernamentales, aquí no se emplean. Y no podrá decirse que es un caso aislado, no podrá decirse que son intencionalmente conservadores, porque la tendencia a los ingresos de cada año demuestran que es posible variar las bases de los presupuestos tan técnicamente que las variaciones sean razonables.

Esta manera de presupuestar viene a explicar por qué dentro del catálogo de cuentas que maneja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se distinguen dos criterios: el de las partidas específicas del ramo correspondiente y de partidas no específicas concretamente, que por desgracia son éstas que reciben el impacto más importante al ejercer el gasto.

Los presupuestos formulados con principios flexibles, por cuanto a que toman en cuenta condiciones especiales y variables, podrían ser los que un buen gobierno podría adoptar para ejercer partidas, gastos después, sin tener que meterse en esas variaciones tan tremendas. No deben fundarse los presupuestos en prácticas antiguas, sino en investigaciones y conocimientos precisos de las tendencias presupuestales del pasado para enfocar el nuevo presupuesto hacia el futuro. Los presupuestos sujetos, deben estar sujetos a control porque de esta manera es posible exigir responsabilidades; es posible determinar cómo se ejerció el gasto en cada rama, y ver quién es el causante de la desviación; el que tienen los méritos de un buen ejercicio del presupuesto, o el que tiene la culpa de que se haya desviado el camino de la meta.

Estas diferencias presupuestales, que dicho no son casuales sino que han sido una tendencia observada dentro de los 5 años del sexenio. En 1965 el presupuesto aprobado por la Cámara fue de 17,854 millones de pesos; y el ejercicio fue de 36,715 millones. Una diferencia de 18,861 millones. En 1966 se aprobaron 20,132 millones, y se ejercieron 32,492 millones. Hubo otra enorme diferencia de 12,364 millones de pesos. Y así sucesivamente durante todos los demás años, hasta totalizar en los 5 años 110,827 millones de pesos aprobados por esta Cámara, y ejercidos por el Ejecutivo 201,003 millones de pesos. 90,176 millones de pesos de diferencia que el Ejecutivo en el erario federal ejerció a criterio.

Lo mismo sucedió con las empresas y organismos del gobierno federal. Aquí el total en los 5 años fue de 161,598 pesos aprobados, y ejercidos 189,942. Una diferencia de 28,344 millones de pesos. En total se aprobaron 272,425 millones de pesos, y se ejercieron 390,945. 118,520 millones de pesos ejercidos a criterio del Ejecutivo.

Y volviendo a mencionar el artículo 3o. de la Ley del Presupuesto de Egresos se dice ahí que esas diferencias se pueden ejercer con el plan de prioridades, pero es el caso de que no tenemos plan de prioridades, por lo menos la Cámara no los conoce.

Por los datos expuestos sí habían elementos para hacer, para elaborar presupuestos técnicamente hechos. Las cifras de los ingresos, mejor dicho los ingresos de cada año de esos cinco que he enumerado, concuerdan con los totales efectivos. Las diferencias son mínimas. Esos ingresos podían haber servido de base para elaborar el presupuesto del año siguiente. Cada una de las partidas, cada uno de los ramos, muestran así variaciones muy importantes de más o de menos en cada ejercicio. En el año de 1969 por ejemplo, tenemos esas variaciones. En el caso de la Presidencia de la República y su Secretaría, el presupuesto aprobado fue de 74 millones y se ejercieron 279 millones. Una variación de más de 205 millones. La tendencia durante los 5 años, fue la misma. En 1965, se excedió con 68 millones, en 66 con 99, en 67 con 103, en 68 con 152 y en 69 con 205 millones.

En lo relativo al ramo de la Secretaría de Hacienda, sucedió cosa parecida. En 1969 se presupuestaron 819 millones y se ejercieron 2,211 millones. Hubo una variación impresionante de 1,392 millones de pesos. Si la Comisión no puede explicar satisfactoriamente las razones concretas de la diferencia, yo creo que sería muy deseable que la Contaduría Mayor la analice concienzudamente y nos lo haga saber oportunamente. (Aplausos.)

Conviene hacer notar que en 1965, esta Secretaría que ejerció 735 millones de pesos y que desde 1968 la diferencia ya fue descomunal, pues entonces se ejercieron 1827 millones contra 766 millones presupuestados.

En el ramo de las inversiones sucede otra vez lo mismo, todos los ramos deben presupuestar a base de programas o de planes, pero con más razón en el ramo de inversiones. Sin embargo, se advierte cómo año con año las aberturas de desviaciones aquí son muy notables. Hay otros ramos como éste, el de erogaciones adicionales y deuda pública en que las variaciones son también descomunales. Por ahí leí en una revista la explicación que se da a esta variación tan enorme. Dice que el incremento constante que acusa este renglón, obedece fundamentalmente a que los proyectos de inversión no se consignen en el presupuesto original, debido a que no se tiene seguridad en su autorización por parte de la Secretaría de la Presidencia, como es el caso del proyecto, y agrega otro factor que influye, es el relativo a que como el sector público carece de suficientes recursos propios, frecuentemente recurre al endeudamiento interno y externo. Sin embargo, como la concertación de empréstitos

no es determinado en forma priori, cualquier financiamiento obtenido se refleja en el presupuesto ejercido. Uno y otro caso indican la falta de un plan previamente trazado. Hacemos un llamado sobre este punto al próximo Gobierno.

Deseamos sinceramente que por bien de México, barra para siempre con sistemas caducos y se implante una administración científica, con gente capaz, responsable, animada por un alto espíritu de servicio por el bien común, que piense que no es posible vivir del presupuesto como modus vivendi, desde los Secretarios de Estado, pasando por los Directores, Jefes de Departamento, hasta llegar al personal menor, todos sin escatimar tiempo a su encargo, mucho menos desperdiciándolo, con todos sus sentidos sigan diariamente cada quien en su radio de acción, ese plan preconcebido.

Próximamente recibiremos el Presupuesto de Egresos para 1971. Ojalá que en este renglón de inversiones, como todos los demás obedezcan a ese plan, a ese programa de inversiones y de ser posible que como anexo al Presupuesto tengan todos y cada uno de los planes de inversión para 1971.

En el renglón de inversiones el Presupuesto para 1969, fue de 1,682 millones de pesos, y el gasto real ascendió a 6,011 millones de pesos; es decir una variación de 4,392 millones. El 357 por ciento, ejercido con criterio del Ejecutivo.

Esas variaciones también fueron constantes: en 1965 se presupuestaron 764 millones y se ejercieron 5,559. En 66, se presupuestaron 889 y se ejercieron 4,007 millones de pesos. Y así sucesivamente cada uno de los años. En 68 se presupuestaron 1,907 y se ejercieron 4,655. En 69, ya lo hemos dicho, se presupuestaron 1,682 y se ejercieron 6,011. En total se presupuestaron en los cinco años del sexenio, 6,951 millones de pesos y se ejercieron 25,132 millones. Una variación de 18,181 millones de pesos.

En números absolutos fue, en el primer año del 727.6 por ciento; en el siguiente en 450.7; en el tercero 266; en el cuarto 244, en el quinto 357 y en el último 361 por ciento.

En la cuenta 0.1 de inversiones, es decir, en inversiones financieras para 1969, el presupuesto mencionaba: que para adquisiciones de bienes inmuebles se designaban 200 mil pesos; en fideicomisos para créditos con estos dos subtítulos: Créditos al Pago, municipios, Territorios y Distrito Federal, 100 mil; y Créditos a Particulares y empresas Privadas, 11 millones de pesos.

Dentro de esta clasificación, viene una partida, la 22720202, correspondiente a otros, que tenía asignada una cantidad de un millón pesos.

Convendría mucho saber, señores diputados, convendría de veras mucho saber cómo se ejerció este renglón, cuál fue el dato real, y la partida, y los conceptos que lo componen; los créditos a particulares y empresas privadas, quiénes son los particulares y quiénes son las empresas privadas.

Luego tenemos Erogaciones Adicionales. Aquí quiero yo hacer notar esto: que esos conceptos vagos por erogaciones adicionales, de varios, de imprevistos, de otros, de gastos generales, deberían desaparecer; debería concretarse el concepto: mantiene cantidades presupuestadas y gastos reales ejercidos por muchos miles de millones de pesos. Y debería analizarse por conceptos, aunque genéricos, pero menos genéricos que esto.

Para 1969, al ramo de Erogaciones Adicionales se le autorizó una partida de 3,158 millones de pesos y se ejercieron 12,746 millones. Hay una diferencia de 9,588 millones, el 403.6% que es una variación terriblemente enorme. Se ha dicho también al tratar de explicar esta diferencia, que son transferencias no registradas en los presupuestos que se presentan a la Cámara y que el Ejecutivo otorga al grupo de organismos y empresas del Gobierno Federal y el sector privado.

Bien, pues eso es lo que queremos, que los presupuestos no omitan cifras, sino que expresen, que signifiquen en realidad el propósito para el año siguiente.

Además, al revisar el estado de asignación original de excedentes presupuestales de organismos descetralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal, no encuentro correspondida ninguna partida de esta naturaleza; quizá queden comprendidas dentro de los rubros mencionados en la cuenta con denominación genérica, pero en todo caso habrían de presentarse por separado.

Las variaciones en este ramo como en los anteriores son durante los cinco años del sexenio también muy impresionantes. En 1965 se presupuestaron 2,840 millones de pesos y se ejercieron 9,077; es decir, hubo una diferencia de 6,237 millones de pesos, el 319,6%.

Solamente para que tengamos una idea más clara de esto mencionaré que el presupuesto total del erario federal para ese año, aprobado por esta Cámara, fue de 17,854 millones de pesos, y que lo gastado en este renglón fue de 9,077 millones de pesos, es decir, el 50.84% del total del presupuesto aprobado.

Y así sucesivamente durante todos los años, hasta totalizar en los cinco años, 15,109 millones aprobados y 47,199 millones de pesos ejercidos, con una variación total de 32,090 millones de pesos.

Y en el ramo de Deuda Pública, a reserva de hablar en otra ocasión con más detenimiento acerca de este importantísimo renglón, por ahora reduciré mi intervención a la critica de las variaciones, porque no cabe la menor duda de que al pueblo le interesa conocer hasta qué grado se respetan las decisiones de la Cámara, en este caso, a través del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio de 1969. La cantidad presupuestada fue de 1,519 millones de pesos, y se ejercieron 10,153, es decir, se ejercieron de más 8,633 millones de pesos, el 668% con respecto al presupuesto original. Pudiera pensarse que en el año de 1969 se hicieron pagos adelantados, o que se saldaron

algunos adeudos, pero es que la diferencia no solamente corresponde a este ejercicio, sino que desde 1965 la situación se repite año con año. En 1965 se presupuestaron 1,031 millones de pesos, y se ejercieron 9,861 millones. En 66 se presupuestaron 1,158 y se gastaron 6,977 millones. En 67, 1,182 millones, y se gastaron 11,814 millones, así hasta totalizar en los cinco años, 6,313 millones de pesos aprobados, y 47,723 millones de pesos ejercidos. Hay una diferencia de 41,410 millones de pesos.

Aquí, en números relativos, en 1965 tenemos un 957%, casi el mil por ciento; en 66, 602%; en 67, el 999%; en 68, 626%, en 69, 668%, con un promedio de 755%.

El Ejecutivo Federal manifestó, al proponer el Presupuesto cuya Cuenta Pública ahora objetamos, que con el 5.73% del gasto total atendería el servicio de la deuda pública y que con ello estaría garantizado el pago de los compromisos que vencerían en 1969, lo que consolidaría el prestigio tanto interno como externo de que goza el sector público. Pero la realidad fue muy diferente . El porciento cambió al 20.38% sobre el presupuesto ejercido, y con respecto al presupuesto aprobado fue de 38.30%. Si la diferencia incluyera movimientos revolventes, ¿por qué no se señalaron al hacerse el presupuesto y por qué no se distinguen al ejercer la partida?

Volveremos a concluir: han hecho falta para cada año programas de gobierno. Pasamos de un sexenio sin un programa ni a largo ni a corto plazo.

Ahora en Recursos Hidráulicos sucede lo contrario, ahí las variaciones son negativas. En este ramo, la cantidad aprobada fue para 1969 de 2 mil 338 millones de pesos, y la cantidad gastada fue de 1,912 millones de pesos. Es decir, se gastaron de menos 426 millones de pesos, y la tendencia de las variaciones fue también, año con año, la misma: en 1965 se propusieron 1,477 millones y se ejercieron 1,211. En 66, se presupuestaron 1,631 y se ejercieron 1,453; en 67 se presupuestaron 2,102 y se gastaron 1,662; en 68 se presupuestaron 2,133 y se gastan 1,726. La tendencia en cada uno de esos años fue siempre de menos.

Y en Educación Pública, el contraste del criterio usado en la ejecución del presupuesto, ahora es mayúsculo. Primero eran partidas ejercidas con criterio de más; ahora son con criterio de menos. En un ramo como Educación Pública, en el que yo creo todos estaremos de acuerdo en que por lo menos debieron haberse ejercido las cantidades presupuestadas.

En 1969 se aprobó un presupuesto de 7,347 millones de pesos, y sin embargo se ejercieron 7,073. Es decir, 274 millones de pesos menos. Se propuso el 27.71% sobre el presupuesto, y resultó ser el 14.19% sobre el gasto real.

También en este ramo como en el anterior, siempre ha habido una tendencia negativa, pues no sólo no hay proporción con respecto al gasto real, sino que ni siquiera se cumple con el estimado, como podemos ver a continuación.

En 1965 se presupuestaron 4,563 millones de pesos. El 25.55% con respecto al presupuesto aprobado. Y sin embargo se ejercieron 4,074 millones de pesos, que corresponden al 11% sobre el gasto real. En 1966 se presupuestan 5,182. El 25.64% sobre el presupuesto aprobado, y se ejercen 4,697 millones de pesos. El 12.79% sobre el gasto real. Y así durante cada uno de los años siguientes. La diferencia en números absolutos, en el primer año fue de 489 millones de pesos menos; en el siguiente de 485, en 1967, de 515 millones; en 1968 de 663 millones, y en 1969 de 274. Es decir que durante los 5 años se ejercieron 2,426 millones de pesos menos en este ramo de educación.

Y así podríamos seguir comentando por mucho tiempo la cuenta pública de 1969. Pero con lo que llevo dicho es suficiente para demostrar a esta honorable Cámara, por qué no estamos de acuerdo con el dictamen, ni con el proyecto de Decreto que aprueba las cuentas a pesar de que no se ajustan al presupuesto autorizado. Muchas gracias. (Aplausos.)

- El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Salvador Reséndiz.

- El C. Reséndiz Arreola, Salvador: Señor Presidente, señores diputados: ¿Cómo es posible que el diputado Magdaleno Gutiérrez, de Acción Nacional se haya pasado casi 45 minutos tratando de confundir a esta Honorable Asamblea y al público aquí presente. Confunden, señores diputados de Acción Nacional, la palabra asignación original con la palabra autorización del gasto que hizo el gobierno y que está plenamente respaldado por el decreto aprobatorio de egresos en sus artículos 2o. y 3o. Si en un caso se está señalando la cifra es porque el gobierno federal la puede precisar. En el otro, y la vamos a ver al paso de mi intervención, ¿cómo es posible que se entienda esa cifra y se considere que el pagado, el ejercido, el gastado que el gobierno federal incurrió, es una cantidad alta, fijada por esta Cámara de Diputados. El señor diputado Magdaleno Gutiérrez ha dicho que no obstante que revisó los cuadros que nos presentaron a la Comisión y a los diputados de Acción Nacional que a ella tuvieron acceso, no entendió ni los estados presupuestales ni los contables. Es difícil, señor diputado, entender la contabilidad del sector público. Es más fácil entender la pequeña empresa del presupuesto personal, con la que debidamente están ustedes familiarizados. (Aplausos.)

Nosotros sí entendemos las cifras, nosotros profundizamos en las cifras y voy a dar lectura al resumen no con cifras en detalle para confundir de la situación general de los egresos y de los ingresos del gobierno federal y de los organismos descentralizados cuyos gastos dictaminamos todo correcto.

Los organismos descentralizados, pero antes quisiera aclarar una cosa, señor diputado: usted despreciaba hace rato algunos términos de la contabilidad. El catálogo general de cuentas de los egresos e ingresos del Gobierno Federal

y de los Organismos Descentralizados cuyo gasto dictaminamos como correcto. Con qué armas quiere que tratemos, no olvide que la técnica presupuestal tiene como base las cifras contables, sin ser tan rígida como ésta, también se auxilia con la estadística. Vamos a hablar con términos contables o cuáles son los términos que ustedes van ha inventar, supuesto que están despreciando la tecnología de Hacienda para preparar los presupuestos. Hablemos de los contables, parece que no se explicó usted bien de lo que quería. Los Organismos Descentralizados en el año de 1969 obtuvieron ingresos corrientes, entiéndase bien, ingresos corrientes, por 38,077 millones. Sus gastos corrientes de operación, espero que lo entendamos bien, son los sueldos, es la operación de la Administración Pública, de la administración de los Organismos Descentralizados, tuvo un superávit en cuenta corriente de 5,567 millones. En los ingresos encontramos que ese superávit en cuenta corriente 5,567 millones sirvió para apoyar inversiones por 8,756 millones que realizaron los Organismos Descentralizados. En resumen, para que se entienda mejor y puedan apuntar, el superávit en cuenta corriente de los Organismos Descentralizados fue de 5,567 millones. En cuenta corriente, entiéndase bien, el déficit en cuenta de capital o sea las inversiones que hacen los Organismo Descentralizados, fue de 6,687, es claro, lo que se vende por chatarra, lo que se vende por productos de desecho, no es suficiente para amparar las inversiones del Gobierno Federal. Por lo tanto, hubo un déficit en cuenta de capital de 6,687 millones. El déficit financiero presupuestal fue de 1,120 millones. El aumento neto en la deuda por los Organismo Descentralizados, fue de 1,583 millones. Tuvieron superávit sobrante, ganancia o utilidad por 463 millones. Veamos los recursos con los que éstos contaron.

Los ingresos Presupuestales fueron de 40,147. Financiamientos en los que incurrieron en su mayor parte, son los financiamientos internos y los que se nombraron en el exterior, fueron del Banco Mundial, del Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento y del Banco Interamericano y si alguna vez fue elaborado en otro organismo, todos fueron a largo plazo, mínimo 20 años.

Tipo de interés, inferior al 7 y medio por ciento. Para ustedes debe parecer un sueño. En el ambiente en que se mueven anda en un 19 por ciento de interés. (Aplausos y ruidos en las galerías.)

El Gobierno Federal, por su parte tuvo ingresos por 35,721 millones. Su déficit en cuenta de capital, fue de 14,831 millones. El superávit en cuenta corriente fue de 7,568 millones. Es superativa, señores diputados de Acción Nacional, con la idea que tienen ustedes de la técnica presupuestal con un siglo de retraso, seguramente lo más conveniente hubiera sido que el Gobierno Federal, lo pusiera en la Caja de los Bancos, amigos de ustedes, para que seguir especulando ... (aplausos en las galerías)... pero no, el Estado moderno entiende su presupuesto en otra forma, ojalá, señores, que la preocupación de ustedes que me parece que es el sexto año, en esta ocasión quede o queden convencidos y si no estamos dispuestos, las gentes que intervenimos en la Comisión a seguir platicando posteriormente con ustedes para juntos ayudarles al aprendizaje de la técnica presupuestal moderna del Estado moderno. (Aplausos.)

Veamos el capítulo de los Egresos que tanto les preocupa a ustedes. Aclarando, la Comisión, de la cual tomo parte no solamente se concretó a revisar esos grandes volúmenes, todos perfectamente cuadrados, contables y presupuestales, sólo que aún más, exploró, para conocer el procedimiento de preparación de los presupuestos del Gobierno Federal y los Organismos Descentralizados. Vuelvo a la misma: para lograr esto se usa un catálogo de presupuestos. ¿Lo aceptamos, señores de Acción Nacional? Tiene mucho de contabilidad. Lo aceptamos.

Las cuentas se uniforman, se divide el gasto en inversión, en pasivo y en gastos normales; gastos normales, pasivo e inversión. El Gobierno Federal no es cierto como ustedes quieren confundir aquí, que no tiene ningún plan. Conoce no solamente la inversión efectuada sobre la por efectuar, y no a un año, a cinco años si ustedes lo quieren.

¡Cómo lo logra? Haciendo llegar a cada uno de los organismos descentralizados y a las Secretarías ese procedimiento moderno de preparación del presupuesto, por el cual se tiene una idea clara de cuáles serán las erogaciones necesarias durante un ejercicio, para hacer frente con los escasos recursos con que cuenta el Gobierno Federal, comparados con las necesidades.

Y así se encuentra y creo que aquí venimos tratando el tema que a ustedes les preocupa. Los recursos propios, los impuestos, los derechos y aprovechamientos y los demás recursos son muy inferiores a las necesidades que manifiestan estas formas que utiliza el Gobierno Federal para conocer el gasto necesario de un ejercicio.

¡Qué hacer? Para darles gusto a ustedes, ¿lanzar un presupuesto a la publicidad, con recursos de los cuales no tiene ninguna seguridad, o es preferible que a este honorable Congreso nos muestren erogaciones respaldadas por recursos de los cuales el Gobierno Federal tiene seguridad?

Previendo que los recursos adicionales se irán aumentando, entiéndase bien, a esta parte estructural del presupuesto que él formula y que se refiere a las inversiones. El Gobierno Federal no tiene déficit en cuenta corriente; ustedes lo han visto con cifras. Tiene un superávit siempre que aplica en bien del pueblo de México.

Para dar gusto a los señores de Acción Nacional, convendría y hago la pregunta: ¿Qué el presupuesto de egresos arrojara una cifra que dependa en mucho de los financiamientos; que no se obtienen a tontas y a locas los financiamientos; que dependen siempre de cuál sea el volumen de importaciones que

tengamos; que depende en mucho de cuál sea el volumen de turismo que tengamos; que depende en mucho de cuál sea el volumen de exportaciones que nosotros tengamos, o sea que ese complicado mundo de las importaciones y exportaciones del mundo moderno hace más compleja la exactitud de un presupuesto del sector público, que ustedes reclaman como si fuera un estado contable.

El control del presupuesto de que ustedes se quejan se lleva a cabo por los propios organismos descentralizados, por las propias Secretarías. Las inversiones se autorizan por el señor Presidente de la República a través de la Secretaría de la Presidencia de la República, pero se agrega claramente que esa inversión se irá realizando paulatinamente a medida que se obtengan los recursos adicionales de que habla el artículo 3o. del decreto que aprueba el presupuesto de egresos, y a medida que se vayan obteniendo los financiamientos necesarios, ya sean recursos internos o externos.

Ustedes, amigos muchos de banqueros, ¿podrían prever el tipo de interés del dinero en el mercado mundial, atendiendo a que solamente en los 6 ó 7 meses transcurridos del año hemos tenido incremento en el precio del dinero en el mercado mundial de casi 4 puntos? Creo que no. Parece que es una situación en la que el gobierno tiene toda la razón, de no incluir de inmediato en el presupuesto de egresos más que aquella parte que pueda financiar con sus propios recursos. O sea, que no tiene razón Acción Nacional en estar confundiendo a esta H. Asamblea con la asignación original, el arranque de un presupuesto, con lo autorizado. Lo autorizado es una cosa distinta y se autorizó numéricamente y en el artículo 3o. de este decreto se señaló claramente que las diferencias que se obtengan serán aplicadas mediante un sistema que ahí se señala y se señala también que los financiamientos adicionales se irán aplicando a hacer frente esas erogaciones. Sí hay plan del gobierno. Qué lástima que ustedes, sus gentes que tuvieron acceso a los libros, no les interesó un poco más el problema. No profundizaron para conocer de cerca la preparación, el control y la interpretación del presupuesto; cómo van ustedes a comentar el Presupuesto de la Cuenta Pública cuando no saben cómo se formula y menos cómo se controla.

La Secretaría de Hacienda viene controlando a los organismos descentralizados mediante sus ingresos diarios, que se depositan en la misma Secretaría, y los retiros se hacen mediante un sistema uniforme, explicando a la propia Secretaría en qué se van a aplicar los fondos, ya sea para pasivo, ya sea para gastos, ya sea para inversiones. Las inversiones - vuelvo a repetirlo - , se vienen controlando a través de la Secretaría de la Presidencia, la Dirección de Inversiones. Y la deuda está condicionada, vuelvo a repetir, al mayor o menor movimiento en el complejo mundo del comercio internacional, se vienen controlando a través de la Secretaría de Hacienda, con su Dirección de Crédito, o sea que no está al capricho, como se señala ahí, en incurrir en más o en menos volumen de deuda. Creo en parte haber contestado sus preocupaciones. La Comisión sigue pendiente de dudas, que durante el transcurso de este debate que ustedes tengan para contestarlas con mucho gusto.

De pronto las autoridades financieras de nuestro país, mexicanos todos ellos, han controlado muy bien su presupuesto. Su sistema de preparación es bueno, es el aplicable al sector público. Felicitemos a ellos y felicitemos al jefe máximo del país, al señor Presidente Gustavo Díaz Ordaz. Muchísimas gracias. (Aplausos.)

- El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Rafael Rodríguez Barrera.

- El C. Rodríguez Barrera, Rafael: Honorable señor presidente, compañeros diputados, señoras y señores:

Hemos escuchado con un profundo interés las impugnaciones hasta ahora vertidas por los compañeros diputados de Acción Nacional. Un brevísimo resumen de estas impugnaciones nos permite advertir de inmediato tres cosas: en primer lugar un raro fenómeno de orfandad intelectual que hace que sobreviva en este recinto el pensamiento de algún diputado de Acción Nacional de otras épocas que centró sus conceptos a través de un folleto conocido por todos nosotros.

En segundo lugar, una grave contradicción. Claman por las grandes necesidades nacionales, y hablan de que hacen falta muchas cosas todavía para que nuestro pueblo alcance el absoluto bienestar, pero al mismo tiempo se oponen a que se hagan erogaciones para satisfacer esas necesidades. Y por último, que han centrado sus impugnaciones en una supuesta falta de concordancia entre los volúmenes de presupuestos aprobados por la Cámara, y los volúmenes ejercidos realmente.

Esto es una serie de objeciones casuísticas y minuciosas que no atienden de ninguna manera lo fundamental que debemos traer a colación en esta sesión. He rogado se me conceda el uso de la palabra con la intención no solamente de manifestar mi apoyo al dictamen sobre la Cuenta Pública Nacional, sino también con otra intención: la de apelar al buen juicio de los impugnadores de Acción Nacional, cuyos argumentos quisiéramos sinceramente considerarlos como expuestos de buena fe, pero la fuerza de la verdad nos hace recibirlos como lo que realmente son: como la voz y la expresión de una postura nunca desmentida de partido de la negación nacional. (Aplausos.)

Centremos conceptos, compañeros diputados. La tradicional oposición a la Cuenta Pública no es más que una manera de disfrazar su franca oposición a la corriente de la Revolución Mexicana, y a la línea de ascenso que vive el pueblo de México en la actualidad. Debemos centrar este concepto, porque detrás de las citas de cifras, de estadísticas, la recordación de revistas nada recomendables y nada serias, está la pugna contra todo lo que representa el desarrollo liberal y democrático que todos nosotros podemos observar.

Reclamo para este debate la categoría intelectual y política que merece.

Estamos hablando de la Cuenta Pública Nacional. Esto es y ya se dijo muy atinadamente en el dictamen: la manifestación en cifras de un programa de gobierno que ha impactado profundamente la vida del país. Esta es la verdadera trascendencia de este debate, en el que está en juego el manejo dado a los recursos para aplicarlos a una nación llena de necesidades efectivamente como es la Nación mexicana. Para este debate, reclamo el razonamiento sereno, el juicio imparcial, las consideraciones equitativas y categóricamente rechazo la exigencia intranscendente; la emboscada fácil por los intrincados caminos de las operaciones matemáticas y también la asechanza de un fanatismo ciego a toda verdad excepto a las espaldas de quien supone que debe ser su víctima. (Aplausos.)

Una vez más estamos asistiendo a una pretendida invitación a minimizar nuestras funciones. Estamos viendo cómo se pretende enjuiciar un fenómeno económico y social como es la política financiera de un régimen revolucionario con las normas de conducta aplicables a una empresa mercantil privada.

Acostumbrados a contemplar las inversiones menos riesgosas; a los entierros permanentes y ociosos de fondo; a las especulaciones utilitarias, a los préstamos con intereses inhumanos, los impugnadores no pueden concebir una política sana en la que se cuide el bienestar social, en la que se atienden las necesidades sociales, sin esperar retribuciones. No pueden concebir una erogación sin premio. Y mientras sustenten ese criterio, estarán incapacitados para hacer un juicio sano y parcial de la inversión pública de México. (Aplausos.)

Ya se han expuesto aquí con toda claridad las bases técnicas que justifican las erogaciones hechas por el Ejecutivo en 1969. Ya se ha señalado que el aumento de las erogaciones obedece principalmente al crecimiento y la expansión nacionales. Ya se ha hablado de lo aventurado que resulta calcular lo aleatorio e inseguro de los financiamientos, porque éstos están sujetos a su disponibilidad y a sus conveniencias por lo que toca a las tasas de intereses. Es más prudente reducirse a contar con los ingresos propios, seguros, para no caer en el peligro y en el riesgo de que por falta de esos financiamientos eventualmente tuviera que frenarse el progreso nacional, detenerse los programas de obras.

Pero una vez obtenidos los ingresos sobre bases justas y equitativas para bien de la Nación y refiriéndome también al dictamen, la disyuntiva es perfectamente clara. ¿Debe el Ejecutivo Federal convertirse en el cancerbero de bienes en numerario custodiando el sueldo ocioso de muchos millones de pesos o debe emplearlos para seguir estructurando el bienestar del pueblo? ¿Debe el gobierno federal proceder al igual que un mercader que medroso cada noche oculta sus ganancias del día en el fondo oscuro de un colchón, o debe salir a la luz pública para afrontar las necesidades de su pueblo y echando manos a esos recursos, tratar de satisfacerlas? (Aplausos.)

Por fortuna tengan la seguridad, señores de Acción Nacional, que mientras haya revolucionarios en el Gobierno de México, no habrá titubeos y los recursos propios, así como los que puedan allegarse al pueblo de México, volverán al propio pueblo para fortalecer su economía y para satisfacer sus necesidades. Sigan ustedes adelante con su criterio de cuenta - chiles, que la Revolución no se detendrá, no parará su marcha por sus raras concepciones siempre opuestas a México. (Aplausos.)

Deliberadamente al hablar de esas diferencias de cantidades, soslayan el propósito altamente humano en el destino que se da a esos recursos de la nación. El dinero del pueblo no puede emplearse para oprimirlo. Los fondos del erario no van a satisfacer ambiciones extra nacionales, no van a la guerra, no van a la conquista, van a satisfacer los grandes rubros de la necesidad social.

Los recursos que provienen de financiamientos internos y exteriores, se destinan a obras que tienden a aumentar la productividad directa o indirectamente, se obtienen en las mejores condiciones y son, en su mayoría, autoliquidables.

El régimen, señores, no traza signos de tanto por ciento utilitario con el bienestar del pueblo. Para juzgarlo, hay que sensibilizarse primero con la verdadera realidad de México.

Es claro que con un criterio estrecho y anticuado, se puede hablar de falta de formalidades constitucionales, de violaciones a la Ley, de gastos sin autorizaciones, etc. Pero eso es tener un concepto del presupuesto como documento rígido, cerrado y ciego a la realidad que ya ha sido superado por fortuna en la mayor parte de los países adelantados económicamente. Es un concepto del presunto que tuvo validez en la época porfiriana, pero señores, absolutamente obsoleto en la actualidad.

Para los revolucionarios el Presupuesto debe ser un instrumento de redistribución de la riqueza. Un instrumento dinámico, ágil y moderno que prevea sus propias modalidades para ajustarse a una vida económica variable día a día a la que tiene que estar atento.

Hablan de imprevisión y se olvidan de que México es un país lleno de imprevisiones, lleno de contingencias. Somos un Estado, en primer lugar, integrado armónicamente a un conglomerado internacional. Los cambios en la política monetaria de otros países, las variaciones en el valor de la moneda, las fluctuaciones del oro, son fenómenos que no pueden preverse de un año para otro y sin embargo nos afectan sustancialmente.

Y en lo interior, estamos sujetos a las eventualidades que nos impone la geografía y el clima de nuestro país. En el año de 1969, mientras en el norte, la sequía se prolongaba meses enteros, dando al traste con las esperanzas de cientos de miles de familias de campesinos, en el Sureste, el caudal de los ríos, ensanchado brutalmente por las copiosas precipitaciones pluviales, arrasaban familias, ganados y siembras. Y yo me pregunto: ¿puede alguien prever

estas calamidades? ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno federal? ¿Cruzarse de brazos ante la catástrofe nacional o echar mano de los recursos de que disponga el pueblo de México, para acudir al recate de los hermanos que sufren y cumplir así con una de las finalidades esenciales de la Revolución?

(Aplausos.)

¿Tiene acaso alguien, tiene acaso alguno de los señores de Acción Nacional la fórmula mágica para prever estas contingencias?

Ustedes, compañeros diputados, tienen la palabra. Y la expresarán cuando pensemos que el Régimen, con serenidad, con firmeza, ha hecho frente a esos imprevistos, imprevistos que han requerido nuevos y extraordinarios esfuerzos y lo ha hecho, además, de mantener el rumbo de una política de desarrollo que despierta interés en otros países, además de velar por las necesidades de una población que crece explosivamente, además de estar construyendo la infraestructura en la que descansa el progreso del país. Esta es, en síntesis, la administración de los bienes nacionales que se advierte en las erogaciones de 1969.

Por eso hemos manifestado que el análisis de la Cuenta Pública no puede impugnarse desde el punto de vista exclusivamente contable y numérico, sino con un criterio mucho más amplio y más abierto que permita entender cómo es la realidad de México.

Compañeros diputados: Por ser de justicia, por apegarse estrictamente a la ley, votemos en favor de este dictamen que revela la realidad de las finanzas de México. (Aplausos.)

- El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Jesús Luján Gutiérrez.

- El C. Luján Gutiérrez, Jesús: Señor Presidente; compañeros diputados: los diputados del Partido Popular Socialista no podemos observar las cuestiones relativas a la Deuda Pública desde un punto de vista de este pasaje de las Memorias de don Manuel Azaña. Pública desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista de un esquema cerrado, sino que tenemos que estudiarlas, observarlas en atención al cambio constante que se realiza en todos los ámbitos de la vida. Para nosotros, la preocupación fundamental no estriba en si se gasta más o se gasta menos de lo presupuestado, sino en qué renglones, con qué fines se invierte y a quiénes benefician fundamentalmente esas inversiones. Para nosotros ya no es cuestión de conflicto el aceptar que la intervención del Estado en la economía nacional es lo que ha permitido el avance independiente de nuestra patria y la elevación de condiciones de vida de las grandes masas populares.

Estamos de acuerdo con la Comisión de Presupuestos y Cuenta en que el gasto público debe ser realizado para allegar recursos a las grandes mayorías y subsanar desigualdades sociales. No obstante esa tendencia - con la cual nosotros estamos completamente de acuerdo, nos preocupan las condiciones de vida en que viven sectores de la población, y la forma todavía injusta en que se distribuye la riqueza nacional. El 16% - lo hemos insistido en muchas ocasiones - de los mexicanos disfruta del 51% de la renta nacional, y el 84% de los mexicanos únicamente les queda el 49 por ciento.

Estamos también nosotros en favor de las obras de infraestructura, que se construyan y que beneficien al pueblo; pero no podemos tampoco callar el hecho de que muchas obras de la infraestructura sirven todavía a los sectores económicamente fuertes y a los intereses internacionales, presentes en México a través de las inversiones extranjeras.

Estamos de acuerdo también en que la intervención del Estado en la economía ha propiciado la capitalización nacional. Los informes de Hacienda revelan que el 90 por ciento de la capitalización se debe al esfuerzo de los mexicanos, y el 10 por ciento únicamente se debe a los empréstitos de tipo internacional.

Esto prueba, una vez más, a nuestro juicio que las inversiones extranjeras descapitalizan a nuestra patria. Razones las hemos mencionado muchas veces: no reinvierten, se llevan más de lo que invierten inicialmente, etcétera. Por esa razón nosotros insistimos, a pesar de que la reacción diga que es la única que se refiere a estas cuestiones, de que las inversiones extranjeras deben reglamentarse mediante una ley que nosotros debemos aprobar y que para tal motivo el Partido Popular Socialista, en la Cuadragésima Séptima Legislatura presentó una iniciativa de ley.

Nos satisface también que la distribución del gasto público indica que haya decisión de impulsar las fuerzas productivas nacionales, agrícolas e industriales, ampliar los servicios asistenciales y elevar el nivel de vida del pueblo. Es plausible, además, que para el servicio educativo se haya destinado la mayor parte del presupuesto. México es uno de los países que más dedica en porcentaje a este renglón, comparándolo con países de la América Latina, y aun de Europa.

A nosotros no nos preocupa que se hablen dialectos todavía en nuestra patria.

Eso no nos alarma; a nosotros nos preocupa las condiciones de vida en que viven los grupos indígenas; ésa es nuestra preocupación y por eso luchamos por elevarla. No porque hablen tal o cual dialecto. También nos preocupa en el ramo educativo lo concerniente a la educación superior, y los subsidios a ella destinados. Nosotros estamos a favor de la ciencia, de la técnica, de la cultura, de que nuestro pueblo sea más preparado. Pero del subsidio que se dedica a las escuelas superiores, dada la forma en que está integrado el alumnado, el 90% de los subsidios destinados con dinero del pueblo van a beneficiar a estudiantes hijos de sectores económicamente fuertes, y únicamente el 10 por ciento a los hijos de los trabajadores.

Es muy importante también que se haya impulsado el régimen de seguridad social; de la preservación de la salud. Nosotros insistimos no obstante el impulso, en que la totalidad del pueblo debe tener derecho a la salud, y la única forma a nuestro juicio, es logrando la nacionalización de la industria

químico - farmacéutica para que esta sea una realidad. El hecho de que el 38% del gasto se haya canalizado al fomento económico, y el 22% en inversión y protección social, indica que la línea de gobierno es justa, y está en dirección del interés nacional. La deuda pública, su monto, nos preocupa no obstante que el 17.3% es deuda exterior y el 82.7 interior y que esta deuda, los ingresos de esta deuda se han utilizado para impulsar el desarrollo económico, en la creación de sistemas de riego, en las construcciones de carreteras, en la industria eléctrica, en ferrocarriles, en impulsar las industrias nacionales y que además son autoliquidables. El hecho de que la deuda pública sea progresiva refleja que no es muy sana la política económica. Las empresas descentralizadas, su desarrollo y la dirección de su política impulsa el desarrollo económico y eleva el nivel de vida del pueblo.

Esto es lo que molesta a la diputación de Acción Nacional, porque la medida en que se fortalecen las empresas descentralizadas están desplazando a la iniciativa privada de los renglones más importantes de la vida nacional y están combatiendo también a las inversiones extranjeras, dos sectores que los miembros de Acción Nacional defiende muy calurosamente. El déficit de los Ferrocarriles Nacionales podía ser menor a nuestro juicio, si no subsidiaran la transportación fundamentalmente de materias primas que utilizan las grandes empresas nacionales y algunas extranjeras en las reiteradas intervenciones de los diputados de Acción Nacional, no encontramos cambios sustanciales a través de la historia parlamentaria de nuestro país, son contradictorias y raras sus aseveraciones. Están de acuerdo con las obras, pero no están de acuerdo con el gasto.

Yo pregunto: ¿Con qué quieren entonces que se hagan las obras? ¿Por obra y gracia de quién?

Siempre sus alegatos de tipo numérico fundamentalmente, y huecos aparentemente desde el punto de vista ideológico, lo único que están tratando de demostrar emboscadamente es que el Estado Mexicano es mal administrador. Si gastan de más, según ellos. Si se gasta de menos, también. ¿Que es lo que pretende? Que el Estado Mexicano, dando marcha atrás, que eso es imposible devuelva la Administración Pública a los particulares para que sigan orientándola de acuerdo con los intereses facciosos y poniéndolos en subasta pública a los intereses internacionales y fundamentalmente al imperialismo norteamericano. Por todas estas razones nosotros estamos en contra de la postura sectaria, anticientífica del Partido Acción Nacional; y no obstante nuestros juicios críticos, al Dictamen, estamos de acuerdo, apoyamos en su conjunto, el mismo, dejando constancia de que nuestra actitud de criticar, constructivamente, refleja el interés nuestro de sanear al máximo las instituciones nacionales creadas a través de la lucha del pueblo de México. Muchas gracias.

(Aplausos.)

- El C. Presidente: Para participar en contra del dictamen, se concede la palabra al C. diputado Jorge Garabito.

- El C. Garabito Martínez, Jorge: Señor Presidente; señoras y señores: Es difícil realmente establecer una discusión sobre un tema tan importante, trascendental, para las instituciones legislativas, cuando no hay concordancia ni siquiera en el léxico. Protestamos nosotros contra la incongruencia del gasto y el presupuesto por lo que hace al Distrito Federal, y se nos contesta que el Metro es tan importante, y tan eficiente la Administración del general Corona del Rosal, que causó la devaluación del franco.

Insistimos nosotros en que hay una discordancia entre la Cuenta Pública y la Ley de Egresos y se nos contesta con denuestos o insultos o diciendo que todas las erogaciones ya fueron aprobadas. Claro que fueron aprobadas por la Cámara; con anticipación está aprobado todo lo que haga el Ejecutivo; pero ese artículo 3o. de la Ley de Ingresos tan traído en esta sesión, es concreto y expreso acerca de los excedentes presupuestales y dice concretamente que tratándose de los excedentes, el Ejecutivo procurará que los ingresos aplicados a gastos de inversión del bienestar social no sean superiores a los de su inversión de la productividad o de estructura económica, ni tampoco inferiores al 25% de los excedentes destinados a la inversión.

De las cifras citadas anteriormente y concretamente de las cifras expuestas por el diputado Magdaleno Gutiérrez, se desprende textual y categóricamente, que en esta parte del artículo 3o. de la Ley de Egresos no fue acatado. Es claro, que incluso el mismo artículo 3o. contempla la posibilidad de que no sea respetada u obedecida esta proporción que la misma ley establece, y la ley misma, el artículo 3o, dice "El Ejecutivo dará cuenta a la Cámara de Diputados de las erogaciones que efectúe con base a esta disposición, al presentar la cuenta de la Hacienda Pública correspondiente a 1969, que rinda al Congreso para los efectos constitucionales. En dicha cuenta, el Ejecutivo hará el análisis de la aplicación de los excedentes a los conceptos a que se refieren los incisos a) y b), y en caso de que los hubiere aplicado en forma distinta, informará al Congreso de las razones que hubiere tenido para realizar los cambios."

Hubo cambios. Yo quisiera pedirle al próximo orador que aparte de sus desahogos personales, muy justificados, muy explicables, contestará concretamente esta pregunta:

¿El ejecutivo informó las razones que tuvo para realizar los cambios efectuados, y no los tomó en consideración la Comisión? o ¿El Ejecutivo no informó, en cuyo caso violó flagrantemente el artículo 3o. de la Ley de Egresos? El mismo Presidente de la República, en su último informe reconoce que a pesar de sus esfuerzos todavía las disparidades sociales, regionales y sectoriales son cada vez más graves; que existe una distancia cada vez mayor entre

los que tienen y todo aquellos que carecen de todo.

Dice el dictamen, siguiendo un slogan demagógico del régimen, que el sector agrícola recibió singular atención, poniendo énfasis en una aparente preocupación gubernamental sobre el sector agrícola, y luego el mismo dictamen apunta las cifras correspondientes y afirma y reconoce que el presupuesto total se dedicó al riego al 1.8 por ciento; al fomento agrícola el 1.6%; al fomento ganadero el 0.3% es decir, el 3 al millar; a colonización y reparto agrario al 0.1%, es decir el 1 al millar; a fomento avícola el 0.01%, es decir el 1 al diez millar. ¿Es ésta la preferente atención que el gobierno tuvo para el sector agrícola? Evidentemente que el dictamen contiene una desviación errónea al apuntar un concepto y luego dar las cifras correspondientes que no responden nunca a la preferencia apuntada.

Dice el dictamen que los servicios educativos conservaron su papel prioritivo y luego menciona en la misma página 6 del dictamen, que los servicios educativos apenas alcanzaron el 7.2% del presupuesto total. Estas son las razones fundamentales por las que el dictamen no corresponde a la realidad.

Veamos la Cuenta Pública en sí, no el dictamen, la Cuenta Pública en sí. Reconocemos públicamente que el gasto efectuado en 1969 representa un esfuerzo notable del gobierno para impulsar el desarrollo. Ha sido preocupación fundamental del régimen el desarrollo económico del país, y a esta preocupación ha dedicado la mayor parte de los recursos de que dispuso.

Consecuencia de esta preocupación, y de este impulso al desarrollo económico, el régimen del licenciado Díaz Ordaz logró avanzar en parte muy importante la capitalización del país. El ha reconocido de hace tiempo la ingente necesidad de capitales para impulsar el desarrollo. A esta preocupación destinó el régimen actual una muy buena parte de sus esfuerzos, logrando capitalizar al país en una proporción muy considerable.

Además es realmente plausible y aplaudible que el régimen haya extendido su preocupación hacia el fortalecimiento y la ampliación de la infraestructura, reconociendo que la creación, la conservación, y la ampliación de la infraestructura es función esencial del Estado. Y a ello debe destinarse en buena parte el gasto público.

Y por último hay que reconocer también que fue preocupación importante del gobierno, a través del gasto público, el cubrir las deficiencias en muchos casos notables del sector privado, cumpliendo así otro cometido esencial del Estado de supletoriedad sobre las fallas de la iniciativa privada. No obstante esto, Acción Nacional no está de acuerdo con el gasto realizado. En primer lugar no coincide con el programa de gobierno expuesto. Al terminar su presupuesto de 1969, el gobierno ofreció atender con prioridad el problema educativo destinado un 26% del presupuesto a la resolución del problema educativo en México, reconocido por todos, por todos los mexicanos sin distinción de banderías políticas como el problema fundamental de México. Aplaudimos la preocupación gubernamental acerca del problema educativo y que destinará una parte cuantiosa del presupuesto del 26% para atender este problema, pero la realización, el verdadero programa del gobierno, hizo a un lado el problema educativo y lo colocó en un plano muy secundario destinado sólo un muy secundario ese .2% del presupuesto total al problema educativo, en una situación en que ni siquiera del presupuesto original, del presupuesto de arranque ni siquiera fue ejercido totalmente, como quedó demostrado en mis intervenciones anteriores.

Se ofreció por parte del gobierno, atender al sector agrícola como preocupación fundamental independientemente de las declaraciones y de la publicidad demagógica acerca del problema agrícola, la verdad es que han sido mínimas e irrisorias en comparación al volumen del presupuesto total, las cantidades del gasto público destinadas a aliviar o a resolver el problema del sector agrícola en México. Y a pesar de los millones de hectáreas repartidas, a pesar de la publicidad demagógica realizada a través de todos los últimos años acerca de este problema, el sector agrícola sigue siendo el sector más deprimente de México. El sector agrícola, sigue siendo el sector explotado sobre cuyas espaldas pesa la miseria total de México, sobre cuyas espaldas pesa el dolor de todo el pueblo y sobre una clase social privilegiada. No está de acuerdo Acción Nacional con el gasto realizado en 1969 porque sigue pesando sobre la economía del país un aparato burocrático que le cuesta el 11% del presupuesto gubernamental y que resulta obsoleto en su organización anticuada. Recibimos con mucha satisfacción, las promesas del licenciado Díaz Ordaz, de reorganizar la estructura burocrática de México y estamos en espera todavía de que se presente un plan de reorganización burocrática.

México en 1970, en su aparato administrativo sigue teniendo sistemas tan anticuados que resultan realmente gravosos para la economía del país, a grado tal, que ya se hace un sinónimo de burocracia igual a ineficacia, y no es culpa de los empleados públicos de ninguna manera, culpa es de los sistemas anticuados que están observándose en el país desde hace más de medio siglo y que no han sido modificados y este atraso administrativo le cuesta al país el 11% de su presupuesto gubernamental. Acción Nacional no está de acuerdo con la política gubernamental económica a pesar de que reconoce la importancia del desarrollo económico, porque pensamos que antes que el desarrollo, el gasto público debe ser un instrumento de justicia social. Es a través del gasto público donde el gobierno puede suavizar los desniveles sociales que tanto aquejan al país, es a través del gasto público donde el gobierno puede realizar realmente la justicia social, quitando a los que mucho tienen, para dar a los

que carecen de todo. Por eso, nosotros aplaudimos las transferencias económicas, pero aquí también en las transferencias o las transferencias se aplican a cubrir los déficit de los organismos descentralizados y de las empresas propiedad del gobierno que no realizan una extensión de los servicios públicos.

Muy loable que el régimen se preocupe del desarrollo económico; pero más importante que crear riqueza, es repartir la riqueza; más importante que crear capitales, es ver que esos capitales vayan a beneficiar a las grandes masas necesitadas. Porque, en resumidas cuentas, la capitalización en México se ha venido haciendo a costa de la pobreza y de la miseria del campo, en primer lugar y de los trabajadores en segundo lugar.

La industria nacional que es la que está formando los capitales, se ha venido prosperando gracias al andamiaje proteccionista arancelario que en resumidas cuentas significa una grave carga que pesa sobre el campesino mexicano y sobre los trabajadores. (Aplausos.)

Y no es justo que los capitales así formados vayan a beneficiar sólo a una clase privilegiada. Por eso no estamos de acuerdo con la política del régimen. Porque la política del régimen ha sido eminentemente capitalista. No sólo capitalista en el sentido de proteger a los capitalistas privados, sino ha sido una política de capitalización para beneficio del propio Estado.

Ha habido creación de capital, pero muchos de esos capitales han sido creados para ser propiedad del mismo Estado. Y estamos contemplando, actualmente, el gravísimo peligro que se cierne sobre el país de un consorcio perfectamente visible entre el capitalismo gubernamental y el capitalismo privado. Ese capitalismo apátrida que en 1962 prefirió las bóvedas suizas que nada producen a los riesgos aparentes que la crisis nacional prometía.

Ese capitalismo feroz y explotador de los trabajadores es el principal socio del actual régimen gubernamental. Por eso no estamos de acuerdo con la política gubernamental.

Una política cada vez más voraz en materia económica, que cada vez trasciende la economía del país absorbiendo partes cuantiosísimas del producto nacional.

En 1950 el gasto público era de 10.9% del producto nacional: en 1960 el gasto público representó el 14.4% del producto nacional; en 1964 el presupuesto llegó al 18.2% del producto nacional. Por estas épocas economistas oficiales, altos empleados de la Secretaría de Hacienda, trajeron a colación un estudio formulado por dos economistas norteamericanos los señores Allison Martín (?) y W. A. Lewis, en el que analizan los gastos corrientes y de capital de 16 países de diferentes niveles de desarrollo. Y llegan a la conclusión de que el nivel de gasto adecuado equivale al 18.84% del ingreso.

Este estudio fue sacado a luz en aquel entonces, porque el gasto público representaba apenas el 14.4% del ingreso y se decía por los economistas oficiales que el egreso y el gasto público estaban muy por debajo en México de la mediana de los 16 países estudiados y que era necesario incrementar el presupuesto para que México pudiera realmente alcanzar un nivel de vida, una relación óptima entre el gasto público y el producto bruto nacional.

Este punto óptimo se alcanzó fácil en 1964 con el 18.2%; pero ahora la Comisión no tiene empacho en reconocer y ponerlo en su dictamen que el presupuesto comprende el 26.1% del producto bruto nacional, una participación exagerada del presupuesto en el producto bruto nacional.

No estamos de acuerdo con esta política gubernamental porque queremos para México justicia social; que la pirámide en que más del 50% de los mexicanos, que viven todavía en el campo carecen de todo; en el que un pequeño grupo de capitalista asociados a los intereses gubernamentales, disfrutan y manejan a su antojo la economía del país, y sobre todo, pesa sobre la clase trabajadora, sobre la clase media, sobre los que con sus esfuerzos están formando a México, son los que sostienen realmente el presupuesto. La Comisión también lo reconoce al hablar de que el Impuesto sobre la Renta es el que aporta la mayor parte de los ingresos para cubrir los gastos. El Impuesto sobre la Renta y la Deuda Pública.

No estamos de acuerdo con el capitalismo de Estado, asociado al capitalismo privado. Queremos para México justicia; justicia para los campesinos; justicia para los trabajadores, un gobierno que realmente se preocupe del problema educativo, un gobierno que realmente invierta el dinero del pueblo mexicano, en resolver las carencias graves, trágicas, del campesino mexicano. Por eso no aprobamos el dictamen. (Aplausos.)

- El C. Presidente: Se previene a las galerías que se comporten con toda seriedad; de lo contrario, la Presidencia procederá en los términos del artículo 209 del Reglamento.

Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Rubén Moheno.

- El C. Moheno Velasco, Rubén: Señor Presidente, señoras y señores diputados. La conducta, a veces elocuente, del Partido de Acción Nacional, nos va acostumbrando a que año con año se convierta en conflictivo el problema de la Cuenta Pública. Ya es viejo el debate. Los argumentos, por lo menos los más especiosos, no han variado en lo fundamental.

Quiero, con motivo de un reclamo anticipado que hiciera el señor diputado Garabito en esta misma tribuna, hace unos minutos, atender su reclamo llevando a la explicación del porqué de su pregunta. Se refería al artículo 3o. de la Ley del Presupuesto. En la parte medular dice: "Tratándose de excedentes de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo citado de la citada Ley de Ingresos de la Federación, con excepción de las fracciones XXVI, cuotas para el Seguro Social y en cobros que efectúan organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal, los aplicará dentro de la nomenclatura establecida por la Ley Orgánica del

Presupuesto de Egresos de la Federación y de acuerdo con la prioridad que les corresponda, en el plan de inversiones de la Presidencia de la República, después de atender a los gastos corrientes y de transferencia.

A este respecto quiero recordar al señor licenciado Garabito que, según la Cuenta Pública, el exceso de ingresos ordinarios que se dedicará al gasto corriente en primer término, fue así. Fue de 9,857 millones, cantidad insuficiente para cumplimentar los gastos corrientes en el dinamismo de un Estado y de un país en crecimiento dinámico, que fue de 11,146 millones de pesos. Yo creo que con esta referencia, pues, doy cumplida respuesta al reclamo del señor licenciado Garabito. Yo creo. He tratado de entender su pregunta. Y después de que esta tribuna se han manejado esta mañana argumentos tan heterogéneos, se hace mención a un estudio de 1952 si no recuerdo mal, al que también se refirió el señor licenciado Garabito, hecho por unos norteamericanos. Yo hice una anotación para no dejar pasar desapercibido este antecedente. De 1952 a 1970 han transcurrido 18 años; 18 años en que el fenómeno del crecimiento de México tanto demográfico, que es explosivo, - así lo califican los expertos - como el económico, que es satisfactorio, según la propia expresión del señor licenciado Garabito, han variado mucho. Y refiriéndose al alto porcentaje del gasto sobre el producto bruto, desde entonces, ha variado notablemente el problema, y es en esta virtud que los estudios a que alude, pierden validez porque se ignora un elemento de primera magnitud: el hombre, que es el objeto primero y principal del gasto público.

Son muchas las interpelaciones de los señores diputados de Acción Nacional a las que podríamos, y acaso deberíamos referirnos. Dentro de la captación posiblemente humana de que somos materia, daremos respuesta, o comentaremos, algunas de esta intervenciones.

La larga y pretendidamente muy técnica intervención del señor diputado Magdaleno Gutiérrez, manejados sus conceptos a veces en forma muy confusa, poco clara, y yo sospecho, les ruego de antemano mi excusa, mi perdón porque maliciosamente pienso que es falta de familiaridad con la materia de que se trataba, debo aclararle principalmente por cuanto al renglón de educación, al que volveremos a referirnos, que los presupuestos no proyectan porcentajes sino valores absolutos. Primero, y después para ilustrar un poco mejor nuestra información, diremos que durante la reciente campaña política electoral, el Partido Acción Nacional, manejó maliciosamente un folleto que es producto del estudio y las afirmaciones del entonces señor diputado Conchello. Hay en la página 5, del ejemplar que yo tengo en mi poder, un comparativo que pretende ser catastrófico para el régimen, comprende los años de 65, 66, 67 y 68, hasta donde el conocimiento del señor diputado Conchello le dio tiempo de hacer y para 1965, pone los siguientes rubros: presupuesto autorizado, porcentaje anunciado, gastado efectivamente, realmente, diferencia aproximada y luego un porcentaje de la partida, de la partida, nótese bien, no del presupuesto en la suma de todas sus partidas. Se refiere al año del 65, lo mismo que al de 68 y por cuanto al primero, anótese, presupuesto autorizado 4,563 millones de pesos para educación, porcentaje anunciado 23.4%. Gastado efectivamente 4.074 millones de pesos, diferencia aproximada 500 millones de pesos; porcentaje real, anótese, 11%; no es exacto, no es verdad. Esos porcentajes están inducidos artificiosa y mañosamente para deformar la idea original, para proceder con ética completa, debía tomarse la misma referencia del presupuesto para hacer la diferencia que hacen de lo no gastado, que es de 500 millones de pesos muy aproximadamente.

Yo tuve, al conocer estas cifras que daba el señor diputado Conchello, respaldado por su partido, la curiosidad de verificarlas con una máquina calculadora y me dio los siguientes resultados; el presupuesto de 1965 - y ya que se habló de referencia de estudios económicos de 1952, séame permitido a mí retrotraerme un poco dentro del mismo ejercicio de Gobierno - . Se presupuestaron 4,563 millones de pesos, el 25% del total del presupuesto. El gasto efectivo fue de 4,074 millones de pesos. Aproximadamente 500 millones de pesos que no dejaron de ejercerse, pero que la naturaleza de la Secretaría que lo iba a hacer, exigía pagos a posterioridad del 31 de diciembre y, que en consecuencia, el porcentaje real del Presupuesto que sí fue aplicado, del presupuesto total del 22.82 por ciento. En tanto que ellos nos hablan para empobrecer la inversión y la atención sólo el 11 por ciento.

Tomar dos referencias de distinta naturaleza para sacar una distancia reducción, yo diría que ni es ortodoxo, y llevarla al extremo con la debida consideración a los señores diputados de Acción Nacional, yo diría que no es honesto tampoco.

Si se quería hacer el comparativo de que se presupueste y sólo se gasta el 11, debía haberse tomado la misma referencia original, pero se tomaron dos: una por cuanto al presupuesto y otra por cuanto al gasto real.

No presenta un cuadro satisfactorio, ni en el orden técnico y yo diría que tampoco en el orden de satisfacciones razonables. Así está hecho el estudio de educación del 65, 66, 67 y 68. Todos con las mismas notabilísimas referencias y todos con la referencia de dos puntos de referencia absolutamente distinto.

México es, señores diputados, y creo que todos ustedes estarán con nosotros, país de necesidades, en donde no se puede aplicar y lo han explicado muy elocuentemente, de manera singular, nuestro compañero Rodríguez Barrera, no se puede aplicar, medidas rígidas para algo que se presupone y puede no realizarse.

Si felizmente el ingreso real de lo recaudado supera a veces con mucho a lo previsto, qué bueno que este artículo tercero de la Ley del Presupuesto, presenta las facilidades y la dinámica debida para que el Ejecutivo pueda

aplicarlo dentro de las restricciones sin más que el propio artículo le hace.

Por otro lado, el señor licenciado Garabito mencionó la capitalización en favor del Estado. Pero también lo mismo que su antecesor de Partido en esta tribuna dijo que le satisfacía mucho el crecimiento económico de México, la metodización - llamémosla así, pero no encontrar otra expresión de momento - y sistemática de ese propio ofrecimiento; pero que no lo pueden aprobar. Lo secundario que sería en este caso un poco arbitrariamente ciertas fórmulas de carácter legalista, lo antepone a lo primario que es el crecimiento económico real del país.

Cuando nosotros pensamos - la idea nos la da uno de sus oradores cuando habla de conducta patriótica - que lo patriótico sería aplaudir sin frenos, sin cortapisas y casi sin condiciones este crecimiento real que permite un avance tal vez lento aunque es uno de los más acelerados del mundo, del desarrollo de la ciudadanía de México en el orden económico.

Esto ¡qué bueno que de veras fuese con espíritu patriótico, porque eso significaría la conjunción del esfuerzo común para alcanzar las metas anheladas por todos nosotros!

Volviendo, señores, a los 500 millones de pesos no ejercidos en aquella ocasión por la Secretaría de Educación Pública, y se han vuelto a repetir los siguientes, esto amerita la explicación: lo que no se ejerce en el año y queda como economía al año siguiente, desde los primeros meses, se ejerce en el ramo de la Deuda Pública como deuda flotante y es ése el motivo por lo que el ramo de Deuda Pública se acrecienta, en una parte al menos.

Alguien afirmará poniendo en boca de uno de los oradores de la mayoría, que la devaluación del franco se había originado en el crédito a México para la realización del Metro. No es verdad, como es natural y como todos nosotros lo sabemos; una afirmación de este género, pues es ridícula: no somos tan poderosos para influir en la economía mundial para originar a su vez la devaluación de una moneda que se consideraba fuerte o por lo menos de un país fuerte como lo es Francia, ni nunca pensamos que en una oportunidad de esa naturaleza y nosotros lo ratificamos, que esa devaluación del franco permitió a México una economía, un ahorro de más de 300 millones de pesos. Eso lo seguimos sosteniendo, porque nosotros sobre que hubiéramos sido un factor para la devaluación del franco, o hubo confusión de ideas, o hubo desconocimiento franco del tema. Hubo también de llamar la ley de ingresos en vez de la ley de egresos, pero eso yo me lo explico fácilmente por una confusión, no de ideas, sino más bien de palabra.

El cuadro comparativo que yo me permití tratar de analizar ante ustedes del estudio - así lo llamo - realizado por el señor licenciado Conchello, les demuestra a ustedes no sólo la técnica equivocada que se sigue de tomar dos factores originales para hacer un comparativo que nada tiene que ver entre sí. Si lo que quiso decir el señor licenciado Conchello es que se presupuestó una cantidad y se gastó otra mucho mayor, eso lo hemos venido observando en todo el ejercicio de todos estos presupuestos, y ello, no es una abdicación, cuando se aplaude y se aprueba en esta Cámara ese gasto público, excedente del presupuesto: no es una abdicación de la función constitucional de esta Cámara de Diputados; es simplemente que el gobierno lo ejerce funcionalmente miembro del Partido Revolucionario Institucional. Que esta Cámara tiene mayoría de ese régimen; que coincidimos en el sentido de alentar y fomentar todo lo que sea positivo para el disfrute del pueblo de México, pero de ninguna manera ese concepto ligero y a ratos un tanto depresivo, de que la Cámara abdica de sus funciones. No abdicará, y por ello fortalece la réplica, en ese cúmulo un tanto anárquico de insinuaciones, afirmaciones o cargos contra la cuenta pública.

¿Qué haría Acción Nacional, si el jefe del Ejecutivo fuera miembro de su Partido?, indudablemente que apoyaría las medidas de gobierno que ese jefe del Ejecutivo tomara. Eso es lo mismo que ha hecho la mayoría de esta Cámara de Diputados, y de ninguna manera una abdicación de sus funciones. No abdica desde el momento en que replica, rápidamente, a lo que nos parece, en el curso de los oradores de Acción Nacional que han desfilado esta mañana por esta tribuna, un enjuiciamiento a la cuenta pública, sino un enjuiciamiento a la Revolución Mexicana y a su regímenes. Si este fuera el propósito, sería más franco, más claro, más limpio, más fácil el tratar un debate sobre tal tema, y no por cuanto a la Cuenta Pública, porque aplicó legalmente los excedentes al gasto público y el presupuesto quedó atrás. El presupuesto es, ya se ha dicho muchas veces, no sólo un programa de gobierno, sino un programa mínimo de posibilidades. Si por el contrario, la Federación, el Titular del Ejecutivo, al elaborar su presupuesto o la Secretaría de Hacienda, que es el órgano encargado de ello, presupuestara las posibilidades relativas del financiamiento interno y externo de México, se expondría a que el mercado de valores no fuera propicio en el momento de la colocación de esos empréstitos y no diera cumplimiento ni mínimamente a ese mínimo programa de gobierno, de grandes lineamientos, que es el presupuesto.

Yo quisiera no ser, naturalmente lo deseo de todo corazón, ser irrespetuoso o ser desconsiderado con los señores Diputados de Acción Nacional, en que si no han atinado siempre, sí a veces hacen confusa sus relaciones, tratan de hacer un enjuiciamiento histórico en vez de una crítica de la Cuenta Pública, no se nos tome a mal el que hagamos las rectificaciones correspondientes, llamando la atención a los participantes, en el debate de que qué bueno que se concentren debidamente al tema que estamos tratando.

Los señores de Acción Nacional parecen ignorar un hecho por de más evidente para cualquier neófito de los problemas comunes: la verdadera naturaleza del ingreso debe iniciarse en la esfera de la producción con empleos

remunerados y complementariamente abordará las medidas fiscales encomendadas a las realizaciones del egreso. Subsidios al consumo, seguridad social y salubridad. Por ello la distribución del gasto se desenvolverá en renglones tendientes a incrementar al aparato productivo nacional, la capitalización del país - no la del Estado - es la que nos dará los medios para lograr que los mexicanos vivan cada vez mejor, llevada a cabo con sentido social que es un poco sorpresivo para mí que invoqué el lema que ha sido de nuestro gobierno y nuestro partido, un poco de propiedad encomanditada con ello. Pero qué bueno que cada vez se vaya realizando más la identidad, cuando menos en los propósitos y en los enunciados que la Revolución realiza todos los días.

Yo pienso, señores diputados, que la medida no siempre afortunada por cuanto a sus resultados y a su desenvolvimiento de Acción Nacional, obedece más al propósito de estorbar que de anular una medida legislativa de la naturaleza de este Congreso, como es la aprobación del gasto público.

A qué abundar después de las elocuentes expresiones de nuestro compañero Rodríguez Barrera, que ponía el dilema o el ajuste a la frialdad - siempre serán frías - de las cantidades de un presupuesto, o la oportunidad de economizar sufrimiento y tiempo al desarrollo pleno del pueblo mexicano. Yo coincido con algunos oradores que me han precedido en el uso de la palabra de que el gasto público esta vez está plenamente justificado. Y parece ser que los señores diputados de Acción Nacional se regocijan con nosotros cuando reconocen, cuando lo hicieron dos de sus oradores, el crecimiento real de la economía del pueblo, y la satisfacción todavía muy relativa de esos satisfactores que genera para llegar a la médula y a la mayoría del pueblo mexicano, singularmente en sus clases menos fortalecidas económicamente.

Señores, todo esto podría tener un fácil resumen. A qué este debate que pretende hacerse conflictivo, porque un presupuesto está excedido por el gasto real. Qué bueno, tanto por cuanto al ingreso regular dentro del país, por cuanto a los financiamientos.

Y por cuanto a la intervención del señor diputado del Partido Popular Socialista, yo quiero recordarle un expresión que en esta misma tribuna hace 5 años, tuvo el fallecido y recordado licenciado Vicente Lombardo Toledano: si los mercados de valores permiten la colocación de empréstitos para financiar a nuestro país, pobre en capitales, necesitado de ellos para su desenvolvimiento pleno, qué bueno, debe tomarse todo lo que nos ofrezcan. No se ha hecho así; se ha seleccionado buscando los largos plazos de amortización, y también la baja tasa de interés, que los señores de Acción Nacional, algunos de ellos muy versados en este género de finanzas, tendrán que reconocer que no fueron empréstitos comprometedores ni por su tiempo de amortización ni por el pago al capital que se nos ha proporcionado. Yo sigo sosteniendo esa tesis que expuso en esta tribuna el licenciado Lombardo, debemos captar todo lo posible de capital, si el ahorro interno ha permitido que se eche mano de la deuda pública para financiar y economizar tiempo y esfuerzo en el largo camino a desenvolver en el futuro, debe continuarse haciendo, obstaculizar esto puede ser cualquier medida, pero no patriótica porque vivimos en un mundo confuso de relaciones en que nosotros debemos asegurar primero el crecimiento y el bienestar del pueblo mexicano. No hago referencia a una, a otras cuestiones de menor interés, porque sería verdaderamente engorroso quitar el tiempo a esta honorable Asamblea en cosas anecdóticas y de detalle. Pienso que es el deber de la mexicanidad representada en todas sus clases en esta Cámara de Diputados, da el apoyo, da el impulso y aprobar, pero lleno de satisfacción el estado de la Cuenta Pública que nos presenta el Ejecutivo para su examen y aprobación. De esta manera sí se procede patrióticamente, juntando esfuerzo y voluntades y no fraccionándolos a veces en objeciones que nos da la impresión por su magnitud, de mezquina o de formulismo indispensable para ciertas mentalidades. Señores diputados, voy a terminar haciendo a ustedes una excitativa. A nadie se le ha ocurrido afirmar que el gasto público realizado en 1969, a pesar de haberse excedido en el presupuesto, pero apoyado por el Artículo 3o. de la Ley de Ingresos relativa, a nadie se le ha ocurrido afirmar que estos fondos fueron maniobras de fraude a la Nación o desvió de intereses para satisfacciones personales. Qué temeraria habría sido semejante afirmación. Ha sido para la inversión al servicio del pueblo mexicano. Ha sido para la manutención de necesidades que son inaplazables. Son la inyección necesaria y permanente por mucho tiempo para el desarrollo económico en el país y para la integración de la mexicanidad. En ese plano de dignidad y de satisfacción que a veces nos invoca Acción Nacional sin que su conducta en esta Cámaras coincida con su declaratoria previa. Muchas gracias. (Aplausos.)

- El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Francisco Ortiz Mendoza.

- El C. Ortiz Mendoza, Francisco: Honorable Cámara de Diputados: Es de indudable interés el estudio, el análisis y la aprobación o reprobación de la Cuenta Pública. Tan es importante que durante casi 100 años, en nuestra Legislatura se concedía o se apartaba un período de sesiones, de la Cámara de Diputados, casi completo, para abordar este tema. Por esa razón el Partido Popular Socialista consciente de este hecho interviene en su debate. Hay cuestiones que nos interesa hacer destacar. Para nosotros, como dijo nuestro compañero de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, el estudio de la Cuenta Pública no está constituido por el análisis detallado de cada una de las partidas o de los gastos mayores o menores que pudieron haberse realizado. Para nosotros lo determinante es saber el sentido que tuvo el gasto público

durante el período fiscal que se estudia, pero, además, a nuestro juicio, el estudio de la Cuenta Pública, tiene también el valor de sentar las bases para elaborar presupuestos futuros. En esta ocasión tiene singular interés este aspecto, porque estamos a punto de iniciar un nuevo período gubernamental, está a punto de tomar posesión como Presidente de la República, el licenciado Luis Echeverría Alvarez, electo por el pueblo mexicano. (Aplausos.)

Y lo que vamos a decir aquí respecto a la Cuenta Pública del año de 1969, tiene el interés de sentar las bases de nuestro debate en el momento en que se discuta el Presupuesto de 1971. Más que discutir en detalle las cuestiones de lo gastado en el año de 1969, hay una cuestión que sí quisiéramos se perdiera en años futuros: la notable discrepancia real entre lo aprobado y lo gastado. No vemos la razón por la cual se va a robar la oportunidad permanente a los pescadores de errores, para estar cada año insistiendo sobre ese tema.

Es obvio que siempre se despegará lo presupuestado de lo que realmente se gasta; en un país en pleno desarrollo como México, siempre serán mayores los ingresos, por fortuna también será mayor el gasto que se realice de lo que esta Cámara haya aprobado. Sin embargo, es de notarse en verdad, que la mitad del presupuesto o mejor dicho la mitad del gasto real está aprobado por la Cámara de Diputados y la otra mitad se gasta sin la aprobación de la Cámara de Diputados. Esta es una cuestión formal que sería muy saludable liquidar en lo futuro. Sin embargo, nosotros siempre hemos aceptado que lo que importa es que ese porcentaje excedente que se gasta sobre lo previsto originalmente, está gastado en una orientación revolucionaria en beneficio de las grandes mayorías.

Y hasta hoy siempre ha sido así, siempre el presupuesto se ha invertido, o mejor dicho, los ingresos se han invertido en beneficio de las grandes mayorías. Pero debemos dejar clara una cuestión, esta Cuenta Pública forma un todo. En esta Cuenta Pública se entremezclan cuestiones positivas y negativas: cuestiones saludables y cuestiones que no lo son. Error grave cometería el Partido Popular Socialista al aprobar la Cuenta Pública, aprobar la orientación del gasto público, sin señalar estas cuestiones que lamentablemente encauzan varios de sus sectores por caminos equivocados. Nosotros aprobaremos la Cuenta Pública; estamos de acuerdo con la orientación que se le da al gasto público, pero tenemos necesidad de hacer notar - y mucho nos agradaría que se clasificaran estas cuestiones en detalle, si no ahora, en un futuro próximo, en debates que se produzcan posteriormente o en la tribuna popular - , por qué algunos de los renglones sufren disminución, cuando todos estamos de acuerdo en que asciendan en el gasto.

Se ha hablado aquí de la educación pública, y es verdad. Desde 1965, por lo menos 64, analizando las cuentas públicas de los últimos 5 años, el valor relativo, es decir, el renglón relativo a la educación, siempre disminuye con respecto al presupuesto original. ¿A qué se debe este hecho? Por qué, si hay más dinero, en lugar de incrementar el gasto en la educación pública, como se habla a la hora de discutir el presupuesto, y en éste es uno de los casos, en los que nosotros estamos sentando bases para discutir dentro de mes y fracción el presupuesto federal, por qué motivo disminuye en números relativos lo que se gasta en educación pública? ¿Qué no será que hay una especie de ligazón, entre esa iniciativa privada, voraz y permanentemente insatisfecha, que defiende tan apasionadamente Acción Nacional en tantas y tantas ocasiones? ¿No habrá una ligazón para que no se realice ese gasto adecuadamente?

Acción Nacional viene aquí a llorar lágrimas de cocodrilo porque no se hace el gasto en la educación. (Aplausos.) Pero basta nada más echar una ojeadita al asunto. ¿Realmente les duele, señores de Acción Nacional? ¿No salen ustedes beneficiados por tantas escuelas privadas que construyen? Precisamente donde el Estado deja ese campo para ustedes. Han creado toda una estructura, toda una estructura educativa frente a la del Estado: Kindergarten, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, latinoamericanas, de todos los nombres manejadas por ustedes? ¿No tienen ustedes presentada una iniciativa de ley para que el dinero de los bancos se vaya a las escuelas privadas? ¿Les duele a ustedes en realidad que no se gaste en educación? No es verdad. Lo ponen ustedes aquí como ejemplo nada más para señalar un error del Estado; pero ustedes son los primeros beneficiados con que no se gaste ese dinero.

El Partido Popular Socialista... El Partido Popular Socialista - y ahorita voy a aclarar una cuestión muy importante al señor Garabito para que vuelvan a preguntar cuál Partido - . el Partido Popular Socialista exige que el 26 por ciento que se programa en realidad se gaste. De esa manera, de las 198 escuelas normales que existen en el país, por ejemplo, de los cuales 105 son privadas, dejarían de existir. En ningún caso el Estado debió darle derecho a la iniciativa privada para ejercer la educación en el campo de las escuelas normales, y sin embargo las escuelas normales privadas, manejadas por los señores de Acción Nacional, hínchese e hínchese de dinero, y luego viene a llorar aquí de que no se gastó en lo que quieren. (Aplausos.) Ahí está el caso del Instituto Politécnico Nacional. Una institución creada por el Estado, por el Presidente de la República, general Lázaro Cárdenas (aplausos), una institución eminente revolucionaria. Cuando ahora, en la campaña electoral del licenciado Luis Echeverría demandaba permanentemente que había que preparar a los técnicos, y particularmente a los técnicos y a los investigadores científicos, al Estado Mayor técnico de nuestro país para sacudirnos definitivamente del coloniaje en el campo de la técnica y de la ciencia, el Instituto Politécnico Nacional está circunscrito al Distrito Federal, se ha

convertido en una institución cerrada a la frontera del Distrito Federal. En cambio la Universidad Nacional, que en última instancia de todas maneras no pertenece al Estado, está desbordándose en toda la República, y programando ya la construcción de una nueva Universidad. ¿De qué se trata? ¿De que el Estado abandone para siempre la preparación de los cuadros superiores? ¿De qué se trata? ¿De que la enseñanza técnica quede en manos de la iniciativa privada con tantas y tantas universidades y tecnológicos particulares, y el Instituto Politécnico Nacional, creado por el gobierno, sostenido por el gobierno, se limite exclusivamente al Distrito Federal?

La Comisión Federal de Electricidad, y lo vengo a denunciar desde esta tribuna, tiene pactos hechos con el tecnológico de Monterrey, que es una escuela privada, para impulsar su investigación y tener en su seno a los técnicos egresados del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo es posible que una institución del Estado, como es la Comisión Federal de Electricidad propicie el crecimiento de una escuela privada como es el Tecnológico de Monterrey, y le cierre las puertas a los egresados de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que pertenece al Estado? Eso es lo grave. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo que el renglón de la Educación en México baje del 26% al 14 en número relativos. Pero no por las razones de Acción Nacional, sino por razones revolucionarias.

Yo invito a ustedes, señores diputados, a que vayan a hacer un recorrido por las escuelas del gobierno, las escuelas vocacionales particularmente, y vuelva la enseñanza técnica. Miles y miles de jóvenes de 16 años se quedan sin escuelas; miles. Y ¿por qué? Porque el renglón de educación baja al 14%. No se invierte lo suficiente. ¿Dónde van a ir esos jóvenes de 16 años? No hay centros de trabajo, no hay escuelas vocacionales para técnicos medios. ¿Qué es lo que se propicia con eso? La vagancia, el pandillerismo y la delincuencia juvenil.(Aplausos.) Ese es el problema.

Y finalmente, desde hoy bosquejamos la proposición, la iniciativa que habremos de elevar a esta Cámara para los egresados de las escuelas del Estado, tenga preferencia en las empresas estatales y descentralizadas, sobre los que egresan de las escuelas privadas. (Aplausos.) Si analizamos renglón por renglón, advertiríamos las razones que tiene Acción Nacional para estar siempre combatiendo la Cuenta Pública, pero por fortuna el licenciado Garabito sacó el verdadero peine de la cuestión. Abandonaron su posición de frustrados aspirantes a auxiliares de contador privado en empresas particular (aplausos) y se fueron al campo de la política. Bienvenida la cuestión, dice el señor Garabito que está cansado ya, prácticamente así lo plantea, de que el capitalismo de Estado esté agrupado con el capitalismo privado y todo esto en torno a que el estado gasta más de lo que le aprueban, etc., por el artículo 3o. Siempre se les atraviesa el artículo 3o. para su desgracia.(Aplausos.) Pregunta: Dice el señor Garavito, el señor diputado Garavito ¿cuál debe ser el camino a seguir? No estamos de acuerdo en que el Estado se asocie con el capital privado y cuando todos esperábamos lo que sí quería, dice: lo que queremos es justicia para el obrero. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Me gustaría mucho aclararla (aplausos.) Allí está el peine compatriotas, señores diputados, ahí está el asunto. Acción Nacional no quiere que el Estado siga creciendo en lo que él llama capitalismo de Estado, es decir, lo que quiere Acción Nacional en esencia es frenar el desarrollo estatal de la economía y no lo dice, porque no tienen al valor de decirlo, porque utilizan una maniobra doble: en la calle pregonándose defensores de la juventud y orientadores de los estudiantes, etc., desprestigian al Gobierno, ¿por qué lo desprestigian?, para tratarlo de mirar, para tratarlo de liquidar y decir que el Estado no es buen Administrador y que todo debe pasar a la iniciativa privada, no lo dijo en la tribuna, pero eso es lo que quiere, que el Estado deje de ejercer influencia en el sector económico, que Petróleos Mexicanos ya no se atrevería ni con mucho a que pasara a las empresas extranjeras, pero que lo maneje la iniciativa privada a través de los bancos que ellos representan. Si ustedes ven las listitas de los bancos (aplausos.), de los balances que salen cada semestre, ahí encontrarán a los señores diputados de Acción Nacional como Consejeros de los Bancos, ahí están. Eso es lo que ellos defienden. Que la iniciativa privada maneje el petróleo, maneje la electricidad, maneje Altos Hornos de México, maneje Guanos y Fertilizantes, que todo eso pase a la iniciativa privada para que entonces así, los gastos, los presupuestos y los ingresos, serán niveladitos. Siempre los cierran a cero en su segunda contabilidad. Siempre. Ahí no hay disyuntiva.

Por todo eso estamos nosotros, los del Partido Popular Socialista aprobando la Cuenta Pública. Por todo eso apoyaremos permanentemente e impulsaremos la creación de nuevas empresas del Estado y por todo eso en breve futuro histórico, habrá de ser liquidado Acción Nacional en esa postura antihistórica y contraria a los intereses del pueblo mexicano. (Aplausos.)

- El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano licenciado Juan Landerreche Obregón.

- El C. Landerreche Obregón, Juan: Señor Presidente; señoras y señores diputados: Simplemente haré algunas pequeñas aclaraciones respecto a ese problema de la educación que nos interesa fundamentalmente y que interesa fundamentalmente al pueblo de México.

No es indebido señor diputado Moheno comparar los porcentajes distintos cuando cambian a correlaciones totales distintas, cuando cambian las proporciones.

Yo creo que lo que puede ser indebido es hacer propagando diciendo, cuando se hace el

presupuesto que el Estado Mexicano se ocupa antes que todo y sobre todo por la educación y que dedica el 25 por ciento de sus recursos totales a la educación y que después resulta que solamente dedica el 11 por ciento de sus recursos totales. Eso parece, cualquiera diría que es un engaño y yo creo que no se debe engañar al pueblo de México cuando se trata de problemas fundamentales. Y también quiero decir que Acción Nacional no quiere evitar que el Gobierno gaste en educación: Acción Nacional quiere que se eduque al pueblo de México por el Gobierno y por la iniciativa privada, por una razón muy importante: porque Acción Nacional sabe que el pueblo de México tiene una carencia de instrucción, sabe que el pueblo de México cuando se eduque, sabrá ser patriota y sabrá reconocer la verdad, se haya educado en escuelas de Gobierno o en escuelas particulares.

Y ahora vamos al fondo del problema. Ciertamente como decía el señor licenciado Moheno, que por cierto también decía que no era cierto que se hubiera dejado de gastar en educación, y leyó un papelito en que le había escrito que lo que se había dejado de gastar había pasado a los gastos flotantes. Yo solamente quiero decir de la Cuenta que se nos rindió en el dictamen, no aparece así; aparece simplemente que no se gastó y que lo que no se gastó en educación se gastó en otras cosas; eso ha sucedido en todas las cuentas que hemos visto en los últimos años en la Cámara.

Bueno en el debate de la Cuenta Pública, que también lleva muchos años en la Cámara, desde la primera vez que fuimos diputados de Acción Nacional, aquí, antes claro no había debate sobre la Cuenta Pública se ha presentado un fenómeno muy especial. Habla Acción Nacional de la inconstitucionalidad de la Cuenta Pública, del gasto público, y los señores del PRI, los señores de la mayoría hablan de cosas completamente distintas, de lo que se hizo en transferencia, de lo que se construyó en escuelas, de lo que se gastó en Seguro Social, de muchas otras cosas; pero no se distingue como debe distinguirse, que, en la Cuenta Pública, hay un problema, por un lado, político - constitucional y, por el otro lado, un problema económico social, y es necesario distinguir estos problemas aunque están íntimamente unidos entre sí.

Nosotros no estamos en contra de que se gaste el dinero que se recauda, aunque sea más dinero del previsto. Que quede esto muy claro.

Señores: siempre nos achacan a Acción Nacional cosas que decimos; nosotros no estamos contra el gasto y tampoco estamos contra el Metro. El metro lo propusimos y lo pedimos nosotros cuando el gobierno anterior se oponía a realizarlo. Nosotros estamos en contra de la manera: del procedimiento de gastar. El dictamen ignora totalmente, con un olímpico desprecio, el problema constitucional del presupuesto y de la cuenta pública. Se menciona el artículo 65, fracción I, de la Constitución, e ignora totalmente que existe también un artículo 126. El artículo 65, fracción I, exige que la Cámara compruebe que lo gastado en el gasto público corresponde a lo aprobado en el presupuesto. Y el artículo 126, ese que ignora la Comisión y que ignora la Cámara - lo ignora, no porque no lo conozcan, sino porque no le hacen caso - , establece que no se debe hacer gasto alguno que no esté expresamente aprobado por el presupuesto o en una ley posterior. Y a esto nos dicen que el sistema es un sistema caduco, rígido, inaceptable, que el adelanto social, político y económico exige ahora un presupuesto que sea instrumento de acción económica, que sea instrumento de acción social, y que no debe ser rígido. Nosotros, en esta tribuna, lo hemos dicho también: señores, estamos de acuerdo que el presupuesto debe ser un instrumento de acción económica y un instrumento de acción social, pero un instrumento que se debe usar en forma y con los procedimientos adecuados. No estamos en contra de la intervención del Estado en la economía. Estamos plenamente de acuerdo con lo que dice el dictamen, que al Estado le corresponde crear la subestructura, las infraestructuras económicas y suplir las omisiones de la iniciativa privada. Estamos de acuerdo aún más: estamos de acuerdo en que hay situaciones económicas, instituciones económicas, que tienen una fuerza tal que no deben quedar en manos de los particulares, sino que deben quedar en manos del Estado.

Pero negamos totalmente que exista el dilema de que el Estado, o bien atiende las necesidades del país y gasta lo que tiene o se atiene a un presupuesto rígido que le impide llevar a cabo esa acción económica.

¿Por qué este dilema? Si el presupuesto debe ser un instrumento de acción económica y si en la teoría constitucional antigua el presupuesto era un instrumento rígido, entonces ¿por qué no cambiar el presupuesto? ¿Por qué no cambian ustedes la forma como hacen los presupuestos? Eso es lo que deben hacer. El Presupuesto y la Cuenta Pública están siempre íntimamente relacionados entre sí. La acción económica del Estado requiere previsión, requiere estudios, requiere financiamiento, ciertamente, y son estudios que no se hacen de un día para otro, son previsiones que no se hacen de un día para otro, sino que requieren mucho tiempo, y el presupuesto se tiene que planear para un año de plazo.

¿Por qué en vez de hacer un presupuesto rígido, para decir tanto en Educación, tanto en Comunicaciones, tanto en Seguro Social, tanto de esto, de lo otro, de lo de más allá, por qué no dice el presupuesto, tenemos estos proyectos?; si tenemos dinero los hacemos y si no tenemos el dinero no lo podemos hacer. Pero que la Cámara esté enterada, sepa cuáles son los proyectos del Ejecutivo y en qué se va gastar el dinero. El problema no está, señores, en que se guarda el dinero en una caja fuerte cuando se recauda y que se deje de gastar. No. El problema está en que el Ejecutivo solamente

gaste cuando esté autorizado por la Cámara de Diputados. Cuando está autorizado por la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados es la representante del pueblo que debe aprobar los actos del Ejecutivo (Aplausos.)

Lo que no podemos aceptar, señores, no es que se gasten los excedentes. Lo que no podemos aceptar es que la mitad de los recursos del Estado, la mitad o el 40 por ciento de los recursos del Estado, se gasten por el Ejecutivo sin ninguna consulta a la Cámara. ¿Por qué? Porque entonces se está rompiendo el sistema constitucional, se está rompiendo el sistema democrático.

Hemos visto, y estamos de acuerdo, en que la labor económica del Ejecutivo ha significado progreso para el país y ha significado también, en cierta medida, justicia social; pero también vemos que hay muchos aspectos de la justicia social que están muy lejos de realizarse.

Si nos referimos simplemente a datos objetivos que están planteados por los informes del Ejecutivo, por el mismo dictamen, el aumento del producto nacional bruto fue, según se dice de 8.6 el año de 1969. Sin embargo el aumento del rendimiento en el campo fue solamente de 2.9. Quiere decir que es casi menos de la tercera parte del aumento del rendimiento del país, del progreso del país. El campo progresa una tercera parte menos de lo que progresa el país en su conjunto. Y en el campo, señores, viven más de la mitad de la población mexicana, y viven del campo. Están necesariamente, por consiguiente, en una situación de inferioridad.

Y lo dijo el señor Presidente de la República en su informe, cuando reconoció, y lo reconoció ciertamente con angustia que nosotros compartimos, cuando reconoció que hoy, 60 años después de haberse iniciado la Revolución, hay igual número de campesinos que había en 1910, que no tienen tierra.

Entonces, el Ejecutivo está bien que gaste, y que tenga sus ideas y cómo debe gastar, pero que consulte al pueblo, porque el pueblo muchas veces, porque la Cámara de Diputados como representante del pueblo, puede aportar ideas, puede señalar errores en cuanto al gasto que haya proyectado al Ejecutivo. Y esa es la función nuestra; es la función que la Constitución y que el sistema democrático atribuyen a la aprobación del presupuesto por un cuerpo legislativo. Que el Ejecutivo no sea absoluto en sus actos; que el Ejecutivo reconozca y reciba los aportes de los representantes del pueblo en la Cámara, respecto a cómo debe actuar, y en el caso concreto del gasto público; respecto a cómo debe hacer el gasto público.

Como ustedes ven, la situación es completamente distinta. Señores, no nos oponemos a las obras públicas y al gasto como instrumento económico, pero debemos decir una cosa: el gasto público como instrumento económico lo usan toda clase de gobierno; los democráticos y los no democráticos; lo usan, y hacen obras económicas y hacen obras que dicen que son en beneficio del pueblo, las dictaduras, las antiguas, las modernas, las de izquierda o las de derecha, como ustedes las quieren llamar. Qué diferencia hay, pues, en que el Ejecutivo haga gastos y esa obra económica en un país de esa clase, en un país totalitario o en un país democrático?, la diferencia, y ésa es la diferencia que no se da en México, está en que en un país democrático, en un país que cumple las normas constitucionales, y sigue los principios constitucionales, el Ejecutivo consulta a los representantes del pueblo; y los consulta para tener su aprobación, para tener su colaboración y sus luces, porque cuando es apoyado y es aprobado por los representantes del pueblo, puede contar con mayor aporte de elementos para que su acción sea eficaz, para que su acción realice realmente lo que se debe realizar.

El dinamismo del Ejecutivo, su interés en hacer una labor económica y social, no debe llevarlo a faltar a la Constitución, debe hacer esa tarea dentro de la Constitución; si no se hace así, si deliberadamente, como hemos visto que ha sucedido en los últimos 5 años, y aún desde mucho antes, pero en los últimos 5 años como se demostró en la intervención del diputado Magdaleno Gutiérrez, y deliberadamente el Ejecutivo lo está haciendo así, planteando una situación en que le permite gastar más de la mitad de los recursos del país sin consultar a la Cámara de Diputados, se está creando una situación indebida, porque la base, la esencia de la situación democrática es que todas las autoridades tengan una facultad subordinada a la ley y no se subordina a la ley esa acción del Ejecutivo en el gasto público, en que se prevé que se autoriza cinco y se gastan diez. Si trata de un problema de organización constitucional y política. Estamos en un país en que se dice que nuestra Constitución establece una división de poderes. Cada poder tiene su función y del conjunto de las relaciones armónicas entre ellos debe salir la acción mejor, más adecuada para el interés nacional. No planteamos el problema de la división de poderes como una cuestión de frenos y contrapesos puramente mecánico, lo planteamos con un sentido mucho más elevado, mucho más importante, mucho más trascendental, en el sentido de que esa subordinación y limitación de unos poderes con respecto a los otros; es una actitud de respeto a la ley, es una actitud de respecto al interés general, es una actitud de respeto a los intereses de los gobernados, para quienes debe, en cuyo beneficio debe actuar el gobierno.

No existe pues, ese dilema de guardar el dinero en las arcas públicas o de atender a las necesidades del pueblo, a los problemas del país, se pueden atender las necesidades del país sin necesidad de guardar el dinero en las cajas públicas, sino retirando el dinero de las cajas públicas, retirando el dinero que se obtiene y usándolo de acuerdo con el Congreso.

Repito, el problema está en que deben ustedes cambiar la forma de planteamiento del presupuesto. Mientras haya un presupuesto que plantea en forma rígida y que por más que se

dice y es cierto en el fondo, se dice que es un programa de gobierno pero ya no plantea el programa de gobierno, sino simplemente las cifras, las cifras escuetas, no es posible que se coordinen estos dos problemas, estos dos sistemas.

En cambio si realmente se hace un presupuesto en que se puedan dejar los mínimos a realizar de acuerdo con una estimación conservadora y luego plantear programas concretos que tenga el Ejecutivo, que haya estudiado y cuya ejecución se subordine en forma expresa a la obtención de recursos suficientes, entonces, el Congreso, la Cámara de Diputados puede aprobar ese presupuesto y entonces podrá decir el Ejecutivo que está actuando dentro de la ley: con toda libertad podrá llevar a cabo esa acción económica, y cuando lo hace en forma absoluta, sin consultar a nadie, se excede en sus facultades y rompe el sistema de equilibrio constitucional que deriva de la división de poderes.

Estamos en contra de ese sistema en que cierra los ojos y se dice que no se puede prever a plazo de un año, gastos de inversión y recaudaciones y gasto. ¿Cómo no se van a poder prever estas cosas con todos los sistemas con que se cuenta actualmente, sistemas mecánicos de computación? Sabemos que el Ejecutivo tiene equipos humanos, preparados y que tiene hechos los estudios. ¿Por qué no los comunica al Congreso? ¿Quién se lo impide? En cambio, al no hacerlo, está faltando a su obligación. (Aplausos en las galerías.)

Ciertamente hay gastos que pueden variar y también hay imprevistos que pueden presentarse por causa de fuerza mayor, pero no son estos los que criticamos. En primer lugar, los gastos que pueden variar, que se pueden estimar con una aproximación muy importante, en cuanto, imprevistos por causa de fuerza mayor, nadie los ha reclamado, nadie lo va a reclamar, ciertamente, entonces, se está justificando que se actúe. Pero esto no puede significar la mitad del presupuesto, la mitad de los recursos del Estado, eso puede significar una pequeña parte y la previsión es posible, se debe hacer, es una obligación constitucional hacerla.

Hemos dicho en esta tribuna, lo hemos dicho fuera de aquí y seguiremos insistiendo, que cuando el desarrollo político no corre al parejo con el desarrollo económico y con el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo social son incompletos, falto de base y pueden ser en realidad, inexistentes.

¿Qué progreso, qué desarrollo político hemos tenido en la Cámara en la materia de Presupuesto y de Cuenta Pública? Para no ir más lejos cuando en 1964 llegamos a esta Cámara los primeros diputados de partido, entre los cuales nos tocó la honra de estar como diputados de Acción Nacional, se planteó a fondo, claramente, este problema del Presupuesto de la Cuenta Pública. Entonces se logró ciertamente un paso muy importante, un adelanto. Por primera vez se incluyó en el presupuesto el de los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. No todos ellos. Sabemos que eran como 400 y ahora son muchos más, de esos 400 unos 12 o 14 fueron los que se incluyeron en ese régimen.

Ciertamente son los más importantes, ciertamente son los más grandes, pero los otros, aunque son de menor escala y son de menor calidad, también manejan dinero que es dinero de los contribuyentes, que es dinero del pueblo, por quien han de rendir también cuentas a la Cámara. Y ni un solo organismo se ha agregado a la lista que figura, a la lista primera que se incluyó dentro del sistema del presupuesto y, en cambio, sí son muchas las instituciones que han engrosado la lista de empresas del Estado, la lista de organismos descentralizados.

Nosotros, pues, reiteramos nuestra conformidad con que el gasto público pueda usarse como instrumento de acción económica, como instrumento de acción social; pero también reiteramos nuestra exigencia de que esos instrumentos actúen dentro del sistema constitucional, dentro del sistema democrático. Si reiteradamente no se hace así, nosotros entonces estamos engañando al pueblo, estamos diciéndole que hay régimen democrático cuando en realidad lo que hay es un régimen absoluto que no reconoce ni acepta someterse a las restricciones de la ley, porque es fundamental para el régimen democrático que las autoridades tengan sus facultades y se sometan a la ley.

Dentro de la ley se puede plantear esta situación: Acción Nacional está conforme en que si un presupuesto se establece sobre esa base, si se cambia su constitución y anualmente un programa o varios programas que prepara el Ejecutivo para que puedan realizarse de acuerdo con las circunstancias y de acuerdo con las recaudaciones, sin crear problemas, está dispuesto Acción Nacional, en una palabra, a aceptar un presupuesto que establezca fórmulas en que se coordinen la necesidad y la justificación de la acción económica en lo futuro, pero al mismo tiempo el respeto a los principios de la Constitución y el respeto a los principios democráticos.

Mientras esto no se realice, Acción Nacional tendrá que seguir oponiéndose, porque los debates de la Cuenta Pública no son más que la consecuencias del planteamiento de los debates del presupuesto. Si el presupuesto se planteó en forma indebida, dando inconstitucionalmente facultades del Ejecutivo para ejercer el gasto público sin someterse a las normas aprobadas expresamente por la Cámara, nosotros no podremos aprobar ni el presupuesto ni la Cuenta Pública; si el presupuesto se plantea en una forma adecuada, entonces podremos nosotros estar de acuerdo en apoyar esa actitud porque estamos de acuerdo en lo que sea en favor y en beneficio de México. Muchas gracias. (Aplausos.)

- El C. Presidente: Por la Comisión, se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Humberto Hiriart.

- El C. Hiriart Urdanivia, Humberto: Señor presidente, señoras y señores: La Comisión considera un deber, tratar de

esclarecer algunos asuntos que se han venido diciendo a lo largo del debate de la Cuenta Pública del ejercicio de 1969. Vamos a tratar de ordenar todo aquello que aquí se ha venido diciendo y la Comisión tratará de dar cabal respuesta a todas aquellas dudas que pudieran quedar, porque es voluntad expresa de la Comisión de Presupuesto y Cuenta, que este debate trascienda a la opinión popular.

No queremos enjuiciar la Cuenta Pública sin que el pueblo de México entienda cabalmente en qué forma han sido empleados sus dineros, y si la Cuenta Pública, después de minucioso estudio por parte de la Comisión, ha sido aprobada, es porque los dineros del pueblo mexicano han sido empleados para bien del país y han permitido que esta nación se desarrolle cada día con impulso vigorizante y que el dictamen que está a su consideración sea un dictamen claro, sea un dictamen preciso, en el que se utiliza un lenguaje que el pueblo de México puede comprender claramente.

Durante el proceso del debate hemos venido recibiendo algunas impugnaciones por parte de Acción Nacional. Queremos decir que el partido Acción Nacional tuvo acceso a todas las cifras que nosotros conocimos para dictaminar sobre la Cuenta Pública, que durante mucho tiempo ellos pudieron darse cuenta de cuál era el informe que el Ejecutivo daba al Poder Legislativo sobre el estado de cosas que prevaleció en la cuenta de 1969; pero fundamentalmente, y esto la Comisión quiere que quede bien claro, nuestro interés es que el pueblo de México sepa que en 1969 su dinero fue gastado adecuadamente por el Poder Ejecutivo. (Aplausos.)

El movimiento revolucionario de 1910, consagrado en nuestra Constitución Política, estatuye nueva mentalidad en la apreciación de nuestro derechos sociales. El cuerpo de leyes garantiza la movilidad del Estado y está sujeto no a cambios, sino a interpretaciones constantes y oportunas que concilian la situación particular con los principios generales concernientes al interés público. Es decir, el espíritu revolucionario del legislador debe prevalecer en cada caso contra la literatura inadmisible y restrictiva que forzaría al Estado a reconocer la ausencia de normatividad en cada circunstancia, en cada pormenor de la vida social, la norma se instaura para esa decisión y propiciar el desarrollo de la comunidad, nunca impera para frenar o detener las exigencias populares, porque entonces la ley se convierte en privilegio, en sello de vergonzosas diferencias, en arma del más fuerte. El precepto nos faculta a nosotros, diputados, a examinar, justificar y decidir respecto al empleo de los recursos con que el Poder Ejecutivo subviene a las necesidades del pueblo, entre la disyuntiva de considerar al Estado como simple procurador, como una institución regulativa de ingresos y egresos, con las estrictas limitaciones que sólo el lucro puede justificar, o bien la de ver en el Estado al generador, al promotor del bien social en progresivo y continuado ejercicio consecutor de la liberación total de los connacionales. Si escogemos lo primero, estaremos de espaldas a la historia, y las razones que han pesado para nuestra elección, y traicionaremos las finalidades de nuestra investidura. A propósito del examen de la Cuenta Pública, el debate toca cuestiones fundamentales, a que decidamos respecto de nuestra concepción del Estado, y de nuestra responsabilidad frente al pueblo. La ley no es verdad relevada, sino aspiración, rescate, impulso de vicisitudes triunfalmente históricas a las que debamos respeto y fidelidad, para que nuestra obra también se oriente en las dignidades conformatorias de nuestra nacionalidad.

Cometeríamos grave error si nos concretáramos a labores de simple auditoría. Si no advirtiéramos en la cuenta examinada el esfuerzo del pueblo por lograr su desarrollo, y si no comprendiéramos la lealtad del Ejecutivo de la Unión para dirigirlo, alentarlo y ejecutarlo.

Como se desenvolvió la actividad estatal en el ejercicio de 1969, es lo que consta en la cuenta que se nos propone, y lo que debemos aprobar es si las erogaciones efectuadas, no tanto su monto, fueron consecuentes con el afán del pueblo de México para armonizar el trabajo en común, y lograr pacíficamente en todos los órdenes la consolidación de sus ideales, económicos, políticos y sociales. Y repito, no tanto su monto, porque éste siempre será exiguo. La racionalización de los procedimientos de recaudación en sus ramas por parte del Estado, más la actividad de las empresas paraestatales, permitió favorablemente inversiones en bienes de capital, en obras de infraestructura básica, en ampliación de servicios, lo cual de ninguna manera es censurable. Lo sería en cambio que ante las carencias esclavizantes, el dinero estuviese en fajas sin ser factor creativo. No nos alarma que el gasto haya excedido al presupuesto, si consideramos que su aplicación redundó en mejores niveles de vida, en rescate compensatorio del arrojo productivo, y en incremento real de posibilidades económicas y humanas para nuestra República. El presupuesto aprobado no determina las necesidades del gasto público, pues apenas indica la viabilidad de los haberes, y de acuerdo con ellos se prevé la cobertura potencial, pero si ésta aumenta, el Ejecutivo está obligado a efectuar modificaciones supervivientes, ya que debemos insistir, las necesidades son crecientes y apremiantes, nada más inconsecuente con el principio revolucionario que sostenemos que la pretensión de coartar inversiones o impedir servicios por sostener criterios supuestamente legalistas contra las demandas de crecimiento económico de nuestro pueblo. Si las cantidades erogadas se han utilizado en mejorar condiciones, en ampliar perspectivas, en acelerar nuestro desarrollo, nosotros las aprobamos, porque ello nos indica que pueblo y gobierno marchan juntos y juntos superan deficiencias. Comprobamos el incremento en materia agropecuaria y el fortalecimiento de la actividad industrial, el alto rendimiento por las obras de infraestructura básica en los órdenes de aprovechamiento de los energéticos, petróleo y electricidad, de las obras de riego,

la ampliación al sistema vial, el aumento del ingreso, el crecimiento de servicios educativos y asistenciales, el índice promisorio del ahorro interno, la solidez de nuestro sistema monetario, y al comprobarlo, nos congratulamos de que la obra de la Revolución Mexicana fortalece la soberanía nacional para que la voz de México sea escuchada en su demanda en favor de la paz y de la justicia, como lo aprueba el pacto que desnucleariza a la América Latina. La Cuenta Pública, señores diputados, debemos estimarla como la evidencia insospechable de que el Ejecutivo Federal ha procedido con eficacia y patriotismo para vigorizar y robustecer los principios democráticos de la Revolución, que son los principios del pueblo mexicano. (Aplausos.)

Ahora bien, algo que preocupa a los señores de Acción Nacional, son las variaciones de las cantidades en cuanto a lo ejercido y a lo aprobado. Eso tiene una justificación técnica y una justificación política. El presupuesto no es un modelo rígido, no es un modelo de cifras estáticas, por lo contrario, es una razón dinámica, es un indicador de las necesidades apremiantes de nuestro pueblo; con dinámica acción revolucionaria nuestro avance económico al ritmo de nuestra expansión demográfica, debe realizarse.

La política de gastos públicos marcha de conforme a la exigencias de nuestros planes de desarrollo, avance económico, plan nacional de desarrollo y gasto públicos, siempre dirigidos a fortalecer la economía de las grandes mayorías.

Ya los constituyentes con clara visión determinaron la necesidad de crear un Estado fuerte y vigoroso. De ahí la presencia en nuestra Carta Magna, del artículo 28 constitucional.

Por lo contrario, durante la época del porfiriato, por los senderos del liberalismo clásico, se condujo a la enajenación de las fuentes de energía primaria.

El Estado moderno mexicano, con el vigor de nuestra Revolución, da a la política de gastos públicos la firme encomienda de construir y vigorizar las estructuras económicas que nuestro país reclama.

Solamente, y que esto quede bien claro, de una vez y sin duda o titubeo alguno, que es el Estado a través de su gobierno revolucionario, que es en esencia el pueblo mexicano, quien está facultado por la voluntad popular, para planear, desarrollar o ejecutar las políticas generales que sean capaces de aprovechar todos y cada uno de los recursos que son patrimonio de la Nación.

La intervención del Estado en la vida económica y la del Estado Mexicano no es una excepción: es programada. Los presupuestos obedecen a un programa de gobierno. Debemos mencionar que si existen variaciones entre lo ejercido y lo ejecutado, es porque muchos aspectos económicos. muchas cuestiones de tipo económico se resienten durante el año y se resintieron durante 1969, por lo que el Estado tuvo allegamiento de capitales que lo obligaron a gastar más ¡y qué bueno que gastó más en bien del pueblo mexicano!

Por un lado existe mayores ingresos de los previstos. Mayores recursos en el aumento de los impuestos al ingreso. Mayores recursos por aumento de impuestos a la industrias y sobre la producción y el comercio, aumento de recursos y por impuestos a la importación, a los ingresos mercantiles, mayor captación de recursos fiscales por nuevos causantes, por la generación de nuevos empleos, convenio de regularización fiscal, mayores impuestos por exportación cuando existen cosechas óptimas o aumento al precio de minerales en el mercado internacional, mayores impuestos por elevación de los valores de la propiedad agrícola o urbana, por obras de riego, caminos, electrificación o urbanización.

Todos estos recursos allegan una mayor posibilidad al Estado de realizar inversiones. Por otro lado, la concertación de empréstitos en las mejores condiciones, es decir, se buscan las tasa de interés óptimo que prevalecen en los mercados de capitales, con plazo amplios a proyectos redituables.

No hay certeza cuando se realiza el presupuesto, de prever cuáles van a ser las circunstancias específicas que prevalezcan en el mercado internacional de capitales. Por eso el Gobierno de México realiza los empréstitos con el exterior para efectuar las obras de infraestructura cuando el mercado de capitales presenta condiciones óptimas. Si esas condiciones no son favorables, no se efectúan los empréstitos, se difieren y por ello no se pueden prever dentro del presupuesto de Egresos.

El Presupuesto aumenta también conforme van llegando los créditos. En 1969 tuvimos que soportar graves aspectos en cuanto a perturbaciones climatológicas; de allí que hubiera necesidades de ampliar las partidas, de las Secretaría de Recursos Hidráulicos y Obras Públicas para un plan agrícola de ayuda, un plan de emergencia por la sequía que, como decía un diputado del Partido Revolucionario Institucional, se presentó en el norte del país y por las inundaciones que sufrió el sureste. Asimismo el Golfo de México se vio azotado por perturbaciones climatológicas.

¿Cómo podemos prever esas contingencias climatológicas? Puede que existan mexicanos que no les interese que ese tipo de perturbaciones climatológicas deje sin hogares a campesinos y que el gasto público no aumente por esta causa. A quienes militamos en el Partido Revolucionario Institucional eso sí nos importa, y cuanto sea necesario gastar para ayudar a un campesino sin hogar debe ser gastado. (Aplauso.) De ahí la partida en 1969 del plan de emergencia en Salubridad, CONASUPO, y ahí el seguro agrícola también intervino para dar cabida a que las inversiones de aquellos campesinos no fueran perdidas. Durante el año de 1969 se canalizaron 700 millones de pesos al campo mexicano, con la presencia del Seguro Agrícola, que no tiene afán de lucro. Díganme ustedes qué institución bancaria invertía en el campo mexicano antes de que existiera el seguro agropecuario. Es la Revolución Mexicana,

a través de su gobierno, la que dota al país de todos los instrumentos favorables para elevar el patrimonio de las familias más desheredadas del país. (Aplausos.)

El presupuesto está trazado, planeado; obedece a una idea de servicio. El crecimiento de los ingresos, comparado con el aumento de los gastos en relación con el producto nacional, revelan una sana política fiscal. Valdría la pena reflexionar sobre estos datos: México tiene una tasa de crecimiento del 7.2 al año; en el rango mundial, esta tasa de crecimiento es muy saludable. Nuestra tasa demográfica es una de las más altas del mundo, 3.5. Debemos crear 600,000 empleos al año y también debemos hacer, si somos diputados conscientes, una evaluación clara, comparativa de cómo se manejaron los ingresos y los gastos, comparando 69 con 1968. Los ingresos de 1968 a 1969, aumentaron el 14.4%; los servicios personales de 1968 a 1969 únicamente el 6%. La inversión, de 1968 a 1969, aumentó el 19.9%. La amortización de la deuda del gobierno federal y empresas paraestatales de 1968 a 1969 aumentó en 29.4%. Estos, señores diputados, quiere decir: estamos liquidando nuestro pasivo, incrementando a gran alcance nuestra inversión, fortaleciendo el ahorro interno, dirigiendo el esfuerzo estatal hacia el bienestar de los mexicanos.

Asimismo, cuando la iniciativa privada no nacionalista se marcha y se margina de la actividad económica, creando el desempleo, es el Estado quien acude en auxilio de los obreros mexicanos con medidas que van desde la protección del trabajador hasta la incorporación de la empresa al patrimonio estatal. Aquí valdría la pena pensar qué vale más; dejar que una empresa, por irresponsabilidades de hombres de la iniciativa privada no nacionalista, quede al garete y sus trabajadores sin empleo, o bien es el Estado con gasto eficaz, quien recoge esos trabajadores generando empleos y permite salvaguardar el patrimonio de la familia de los obreros mexicanos. (Aplausos.) Nosotros estamos por lo segundo.

Por otra parte, si hay perspectivas propicias para nuestros productos de exportación, verbigracia, precios al alza, el Estado destina recursos, ensancha las áreas de cultivo, intensifica la explotación de minerales. También si por especulaciones en los mercados internacionales de nuestros productos, se produce un desplome súbito de precios, ahí está el Estado para ir en auxilio de los sectores de mexicanos afectados.

El desarrollo económico debe ser integral. Si lo ejercido es más de lo presupuestado en la Cuenta Pública, es porque el Poder Ejecutivo Mexicano quiere que ningún compatriota nuestro quede al margen del progreso. (Aplausos.)

Un asunto que también fue debatido y que debe quedar muy claro, es el concerniente a la deuda pública. En México, la deuda interna alcanzó 48 mil 800 millones de pesos en bonos de fomento para industrias, financiamientos internos, entre otras cuestiones. La deuda exterior ascendió a 10 mil 234 millones de pesos. En 1969, la deuda total fue de 12 mil 716 millones de pesos, la externa de 2 mil 567 millones, y la interna de 10 mil 148 millones. El crédito externo se aplica para la adquisición de bienes de capital que no se producen en México y que son indispensables para el desarrollo del país. Y al mismo tiempo detienen, difieren la salida de divisas que en un momento dado podría resentir nuestra estabilidad cambiaría. El 17.3% es lo que concierne a la deuda externa, y por otro lado, la deuda pública interna fomenta el desarrollo, lo encauza hacia la construcción de obras de infraestructura básica del país. Siempre busca finalidades productivas. El índice de la deuda pública en relación con el producto bruto interno es adecuado para un país con la tasa de crecimiento como el que tiene el nuestro. Es absurdo evitar la política de deuda pública que capta capitales del exterior y del interior en condiciones favorables para el país, toda vez que esta política de allegar capitales permite resolver problemas básicos para acelerar el crecimiento.

Hasta la fecha, México ha cumplido fielmente, rigurosamente, celosamente sus compromisos con el exterior, lo que demuestra sin objeción alguna, nuestra capacidad de pago; otra demostración de la liquidez del país, es la facilidad para obtener crédito, y la diaria y múltiple oferta de capitales que recibimos del exterior por parte de organismos internacionales. Nuestro créditos son concertados sobre programas y sobre proyectos específicos para la construcción de obras fundamentales sujetas a concursos internacionales en los que México ha intervenido, obteniendo contratos. De las obras importantes financiadas por créditos exteriores, hace tiempo que ninguna empresa extranjera ha obtenido contratos para construcción, sino que ha sido la industria privada nacionalista de México, la que ha acudido a la demanda de desarrollar el país para bien de los connacionales.

Por otra parte, las empresas descentralizadas han seguido jugando el papel que la Revolución Mexicana les ha asignado. Valdría la pena mencionar que solamente en materia de electrificación rural, son cerca de 7 mil los poblados que se han electrificado durante el sexenio. Esto, preguntaríamos, si lo hubiera hecho las compañías extranjeras cuando detentaban el manejo de los energéticos. Asimismo se ha vigorizado la acción de Petróleos Mexicanos como piedra angular del desarrollo industrial del país; Guanos y Fertilizantes de México ha permitido darle mayor impulso a la explotación agropecuaria; con las empresas descentralizadas el Estado sostiene niveles de precios adecuados para el desarrollo económico, tarifas favorables a la gasolina, la electricidad, los fertilizantes. CONASUPO constituye un régimen de seguridad social para el campo. México gasta para elevar el nivel de vida de las mayorías, no tenemos gastos superfluos ni en armamentos, ni tenemos deseos de conquista. Las inversiones a través de financiamientos amplían el presupuesto, y aumentan el gasto. El Estado tiene

intereses de servicio que son irreconciliables con algunos sectores de la población que buscan especular, controlar precios, dirigirlos al alza, encarecer artículos de primera necesidad, el Estado da incentivo a la industria privada nacionalista de México. Así pues, podríamos decir que si en 1910 el clamor fue de Tierra y Libertad, si 1938 obligó a los mexicanos a la expropiación petrolera y en 1960 se nacionalizó la industria eléctrica, que 1970 es nuestra razón de ser nacionales hacia el desarrollo económico sin dudas ni titubeos, para bien de las clases populares. (Aplausos.)

El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al C. diputado Alfredo V. Bonfil.

El C. Bonfil, Alfredo V.: Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados, compañeros diputados: nunca más que hoy, respetable auditorio, entendemos el cansancio, el cúmulo de datos que por la importancia del tema han sido acumulados en las diversas corrientes de opinión que conforman precisamente la vida democrática de este Congreso. Pero la jerarquía del asunto en debate, pensamos amerita una precisión aún mayor y un sobreesfuerzo que les ruego me disculpen.

Año I. Tomo I. Número 51. Dice en una de sus partes: Diario de los Debates. "Estamos de acuerdo en que las necesidades del Estado Mexicano obligan a que todos los ingresos excedentes se gasten en beneficio del país. Estamos conformes en que formalmente, lo reconocemos, esta autorización previa, sujeta a que el Ejecutivo dé cuenta de la misma, representa un adelanto." Diputado licenciado Adolfo Christlieb Ibarrola; entonces presidente del Partido Acción Nacional.

Se refería en concreto a las modificaciones hechas al artículo tercero de la Ley de Egresos. Sin embargo, esto fue realmente flor de un día. La mentalidad regresiva de que muchas veces se ha imputado a los elementos integrantes del Partido Acción Nacional, se justifica plenamente, porque han regresado otra vez a las posiciones irreconciliables en atención a premisas falsas y a falsos métodos lógicos.

Algo más grave aún: En muchas ocasiones, se señalo por la opinión pública, y los hechos lo iban confirmando hasta el cansancio, que había una crisis interna dentro de este partido y que carecía en realidad de un rumbo político, de un derrotero económico, de una filosofía y de una orientación real congruente entre los elementos de ese partido.

Hoy, los hechos lo han comprobado. En realidad, la Comisión Dictaminadora y los elementos del Partido de la Revolución nos hemos encontrado frente a una grave y difícil disyuntiva. ¿Qué es lo que están argumentando como partido político? ¿Cuál es en realidad el camino, la conclusión a la que quieren llevar el debate?

En un momento dado el diputado Magdaleno Contreras, del Partido Acción Nacional, declaró que su partido reconocía las obras de beneficio social del pueblo de México y que reconocía que aún faltaba mucho por hacer. Unas cuantas horas más tarde, el señor diputado Landerreche llamaba la atención sobre la anticonstitucionalidad o inconstitucionalidad de la Cuenta Pública y del famoso art¡culo 3o.

El diputado Jorge Garabito señaló que no votaba en favor de la Cuenta Pública a discusión, porque ésta no llenaba el contenido social a que se hacía referencia; es decir, hay un sinnúmero de contradicciones y podríamos seguir abundando en ellas.

El señor diputado Landerreche reconoce que el presupuesto debe ser un instrumento regulador del desarrollo económico impactante en algunas zonas de la economía y de la inversión pública. Y el señor Garabito, también diputado de Acción Nacional, ha señalado que la inversión del Estado, en concreto, el 26.6 que representa actualmente, era ya una atrocidad contra el proceso democrático y libre de la República Mexicana.

El señor Landerreche habló de su profunda satisfacción por la vida educativa de México, de su interés por su participación y la multiplicación de los servicios educativos; pero por otra parte los elementos del Partido de Acción Nacional encabezaron y todavía recordamos en Monterrey, por ejemplo, las grandes manifestaciones contra el procedimiento del gobierno por impulsar la educación popular en beneficio del libro de texto gratuito. (Aplausos.)

El señor diputado Garabito, del Partido Acción Nacional, habló de que pretendían la justicia social. Y en este particular valdría la pena hacer un apartado; al inicio del debate nuestro compañero Rafael Rodríguez Barrera señalaba que la verdadera razón, el verdadero motivo por el que se oponían sistemáticamente cada ocasión que se trataba el problema de la Cuenta Pública los compañeros del Partido de Acción Nacional, no era por purismos legales, no era por ajustes constitucionales; que en realidad se oponían porque se oponen sistemáticamente a la marcha de la Revolución Mexicana. Y esto lo podemos comprobar con un hecho. El compañero Garabito unos cuantos minutos después señalaba que el Estado no debe intervenir y no debe capitalizarse y no debe multiplicar las empresas decentralizadas. Ahí está la verdadera razón. Piensan en la inversión privada libre, en los capitales concurrentes al mercado sin ninguna restricción, en la falta de apoyos populares y del Estado y a su vez en la falta de inversiones del Estado en beneficio de las grandes clases del país. (Aplausos.)

Tendríamos que hacer un pequeño resumen. Ha quedado muy claro, en muchas ocasiones dentro de este recinto, que el presupuesto ha dejado de corresponder a un estado liberal del siglo XVIII o XIX para convertirse en el instrumento regulador en el plan de trabajo, en la acción permanente del gobierno, para beneficio de las grandes clases sociales. Refieren con mucho interés, y hoy lo volvió a sacar el diputado Landerreche, el artículo 127 constitucional. un artículo sancionado en el siglo XIX, al cual el gobierno actual se ajusta respetuosamente, pero la dinámica tiene que ser diferente. Basta señalarles que en la época del porfiriato, en la

que seguramente todavía una idea de sobrevivencia, el presupuesto de egresos de la Federación no pasaba de 100 millones de pesos. En la actualidad estamos analizando una cuenta pública de gastos, de 97 millones de pesos. Los mecanismos, en consecuencia , deben evolucionar, deben transformar, y había que encontrar el puente que todos los países modernos, los de régimen democrático, los de régimen presidencialista, los de régimen parlamentario, han buscado para establecer la equivalencia, la justa reciprocidad, el respeto y la sanción entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En Estados Unidos de Norteamérica, en Francia, en Italia, en Suecia, en Inglaterra, en todos los países de economía moderna, existe un mecanismo legal para que se interprete el presupuesto dentro de la dinámica moderna y los requerimientos de la sociedad. Con intervención inclusive de los compañeros - Entonces diputados - del Partido Acción Nacional, se modificó y se creó en la Ley de Egresos un artículo 3o, un artículo que establecía precisamente el puente entre uno y otro mecanismo, entre el respeto a la Constitución, entre el ejercicio dinámico del presupuesto por parte del Ejecutivo, y la sanción, análisis y control del Poder Legislativo.

El diputado Garabito se refirió a ese tema y pidió la aclaración sobre las fracciones a) y b) de dicho artículo. Fueron señaladas con toda amplitud. Quedó perfectamente definido: Primero, que no hay inconstitucionalidad en el Presupuesto de Egresos; Segundo, que las disposiciones legales a que se sujetó al Poder Ejecutivo, fueron satisfechas plenamente a satisfacción de esta Cámara; Tercero, que queda un paso, que es el análisis meticuloso y detallado a cuyo cargo está la Contaduría Mayor de Hacienda.

Todos éstos, en realidad, vuelvo a repetir, los prismas legales a que se pretendió llevar el debate de la Cuenta Pública no tenían más objetivo que negar, en realidad, el avance de la Revolución. Pretendieron no atacar, y sin embargo, en un acto -porque tenemos que hacer esa exégesis, inclusive para entenderlos -, en un acto del subconsciente, uno de los diputados de Acción Nacional pidió una administración hacendaria científica, y a nadie escapó, de nosotros, a qué cientificismo se refería. Es imposible entendernos con hombres que todavía piensan que el secretario de Hacienda debe ser un científico del corte de Limantour (Aplausos).

Hablaron de la educación y terminaron también, subconcientemente, defendiendo la escuela confesional y pidiendo que se entregaran a la iniciativa privada las escuelas primarias de México. Esto, señores, es la verdadera razón, el fondo de todo esto. Pero la tribuna más alta del país, el análisis de los grandes intereses del pueblo, la línea de política financiera y económica que el gobierno de la Revolución impone, no puede estar sujeta ni a malos entendidos ni a intenciones aviesas ni a dejar colgadas pequeñas dudas en la opinión pública.

Cuando el Presidente de la Comisión Dictaminadora, licenciado Hiriart, llamaba la atención de que el Congreso pretendía que la Cuenta Pública quedara libre de toda mancha, quedara clara la opinión del público fuera parte diáfana de la conducta política del gobierno, no hacía sino compartir el sentimiento de la gran mayoría de los diputados; de los diputados progresistas, de los diputados revolucionarios que entienden que el Estado Mexicano, particularmente en el período del Presidente Díaz Ordaz, ha sido un gran promotor de la justicia social. (Aplausos.)

En particular quedó una última duda a la que quiero referirme. De repente como de la nada surgió un apasionado agrarista de la Zona Rosa. Vino a sorprender conciencias, seguramente nada más de sus partidarios. No se puede ser agrarista cuando no se ha participado ni remotamente del sentimiento revolucionario de México. Y hablaba con gran angustia de qué ha hecho la Revolución. En particular reclamaba qué ha hecho el Presidente Gustavo Díaz Ordaz por los campesinos de México, la clase más desvalida. Era natural su pregunta, aunque era de mala fe. Y era natural preguntar qué había hecho, porque el señor, estoy seguro, jamás se ha parado en un ejido, ni conoce dónde queda el campo. Ellos querían llevarnos a otra conclusión. Querían recoger otra vez, sin argumentos, otra vez con contradicciones de oratoria cruzada entre ellos mismos, las banderas de la Revolución Mexicana que son única y exclusivamente patrimonio del pueblo revolucionario de México.

Y vamos a contestarle al señor qué es lo que ha hecho el señor Presidente Gustavo Díaz Ordaz; qué ha hecho el gobierno de la Revolución por los campesinos de México. Seguramente tiene conocimiento de más de 24 millones de hectáreas entregadas por la vía ejidal a los campesinos del país; a más de 350 mil campesinos. Claro, esto no se cuenta en pesos y centavos; se cuenta en justicia social, se cuenta en movimiento revolucionario, se cuenta en distribución equitativa de la riqueza. Este es uno de los renglones. Hablaban de la Deuda Pública; de la amortización de 10 mil millones. Nadie puede ignorar si actúa de buena fe, que muchos de esos miles de millones de pesos, más de la mitad se amortizaron por inversiones hechas en el campo de México; en los sistemas de irrigación, en los sistemas de comunicaciones; en energía eléctrica se invirtieron 10 mil millones de pesos. Seguramente porque no ha estado en el campo, no sabe que fueron más de 8 mil las comunidades electrificadas, las comunidades más apartadas del país en comunicaciones y transportes se gastaron 5,600 millones de pesos. Tampoco, seguramente a México corresponden nada de esa inversión. En bienestar social y seguridad social se invirtieron más de 11, 200 millones de pesos, una gran parte de esto, más del 50 porciento, y son testigos los campesinos de México, se diseminaron en la geografía rural de nuestra Patria. En educación se invirtieron 7,049 millones de pesos, tampoco conoce la

escuela rural, ni las misiones culturales, ni los tres mil promotores bilingües que tienen la Secretaría de Educación en las zonas indígenas del país, eso es lo que ha hecho Gustavo Díaz Ordaz. En fomento de recursos renovables invirtieron más de 9,331 millones de pesos, en crédito, compañero, el Gobierno proporcionó más de cien mil millones de pesos en el año de 69, contra la iniciativa privada que sigue sin concurrir o concurre en beneficio de los grandes latifundistas que sobreviven bajo el amparo de instituciones contrarrevolucionarias. El seguro agrícola otorgó garantías por más de 5,815 millones de pesos. En recursos hidráulicos en un sexenio, multiplicando las obras hidráulicas de pequeña irrigación, en más de cuatro mil, aumentando la capacidad de almacenamiento del agua en más de un 40% de la lograda desde 1926 hasta 1964, el Gobierno de la República, el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz entregó más de 11,500 millones de pesos. Se triplicaron los servicios de extensión agrícola para tecnificar el campo, se duplicó el crédito agropecuario, se creó el Banco de Fomento Agropecuario y ..... PROFORMEX (Productos Forestales Mexicanos), se crearon más de tres mil graneros del pueblo en beneficio de más de cuatrocientos mil ejidatarios para liberarlos de los especuladores, para liberarlos de los agiotistas, para liberarlos de los banqueros. Más de 70 millones de árboles se distribuyeron para incrementar la riqueza forestal y pecuaria en todo el territorio nacional. Tal vez nunca haya estado en La Chontalpa, y no conoce lo que es la rehabilitación de la comarca lagunera, pero sí la conocen los campesinos y saben directamente que Gustavo Díaz Ordaz ha sido un leal y fiel servidor a la causa agraria de México. Más de 7 mil obras de salubridad, de agua potable y de pequeños hospitales son testigos de la consecuencia entre el pensamiento agrario de Gustavo Díaz Ordaz y su obra durante seis años de gobierno. No se puede venir a la tribuna a sorprender ni a crear confusión. En México los campos son sólidos, son firmes, son delimitados. Sabemos qué es el Presupuesto y sabemos qué es la Cuenta Pública, porque están los testimonios de millones de hombres que reciben el beneficio del gasto nacional.

Quisiera concluir esta intervención con una solicitud atenta, en tanto no se tenga elementos de juicio, bases jurídicas, congruencia entre el mismo sector del pensamiento, cuando menos, por respeto a la tribuna, a la dignidad nacional, absténgase de agraviar un recinto, de sembrar la duda, de crear confusión, porque entretanto, nosotros mantendremos una línea de conducta. (Aplausos.)

Dijimos, sabemos, estamos plenamente ciertos, que el gobierno hace los mayores esfuerzos por prever el ingreso dentro de los marcos técnicos. Sabemos que hace los mayores esfuerzos para aumentar los causantes y mejorar los sistemas de recaudación para el transcurso del año incrementar sus servicios.

Sabemos que con patrimonio y con nacionalismo, con sentido popular, con criterio de inversión y de planeación se captan en el exterior, los capitales indispensables para el desarrollo del país; sabemos que la Cuenta Pública que hoy nos entrega la Comisión, tiene un profundo contenido patriótico, un profundo contenido revolucionario, una intachable conducta de honestidad y que es, en el fondo, un testimonio histórico, de lo patriótico, de lo revolucionario, de lo grande que ha sido, en la Presidencia de México, Gustavo Díaz Ordaz. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan Barragán.

El C. Barragán, Juan: Señor Presidente; señoras y señores: Después de las brillantes intervenciones que hemos presenciado en estos importantes debates por destacados economistas diputados del Partido de la mayoría, y, sobre todo, señores, por lo cansado ya de tan largos debates, voy a ser brevísimo, con menos de cinco minutos. (Aplausos.)

Los diputados miembros del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, vienen, por mi voz, a expresar su más completa y sincera conformidad con el dictamen que se acaba de leer.

Manifestamos que la Cuenta Pública del Gobierno Federal, ha estimulado a la Revolución, aumentando sus realizaciones en bien del pueblo de México, tal como lo estableció el Constituyente de 1917.

Pedimos, con todo respeto a esta honorable Legislatura, se sirva aprobar el dictamen de referencia, que revela la honestidad, el celo patriótico y el decisivo propósito que siempre alentó al régimen que preside el señor licenciado Gustavo Díaz Ordaz, por mantener dinámico el proceso irreversible de la Revolución Mexicana, y por darle al dinero del pueblo el destino supremo de servir al pueblo.

Por todo ello, aprobamos, en todos sus términos, el dictamen que ha sido presentado por la Comisión.

El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Garabito.

El C. Garabito Martínez, Jorge: Señor Presidente: ¡qué fácil señoras y señores diputados, contestar con denuestos los argumentos sólidos! ¡Qué fácil es decir que la Revolución es patrimonio de un grupo cerrado que detenta el presupuesto para beneficio propio! Quién puede decirme que ha mentido cuando, con los mismos datos del dictamen estoy afirmando la postergación que el régimen hace del problema del campo.

No nos impresiona el que venganza decirnos que se destinaron 1,852 millones de pesos para riego estos 1,852 millones de pesos significan sólo el 1.8% del presupuesto. Qué quiere decir que el gobierno haya destinado 1,600 millones de pesos para el fomento agrícola; serán muchos millones de pesos, pero solamente son el 1.6% del presupuesto. Y qué quiere decir que el gobierno actual haya destinado 300 millones de pesos para el fomento ganadero, menos del 1% del presupuesto. Esta es la

aclaración palpable de cómo el gobierno ha postergado definitivamente el problema agrario, independientemente de las posturas demagógicas y de publicidad. Nada nos impresiona con que nos digan que no conocemos el campo; lo conocemos mejor que muchos de la mayoría. Hablamos del dolor del campesino porque nos duele, porque somos mexicanos. Pedimos y exigimos al gobierno que cumpla las promesas que hizo de resolver el problema del campo y que no la cumplido porque se dedica y se ha dedicado preferentemente a la capitalización que sólo beneficia a un grupo privilegiado, a una clase social privilegiada, porque no hay justicia social en México. La justicia social significa la repartición de la riqueza para beneficio de las grandes masas, y no para beneficio de una "élite" a la que llegan los políticos que vienen a manejar el presupuesto para convertirse en banqueros. No nos afecta el que nos digan que no conocemos la Revolución porque nosotros sí vivimos la Revolución; porque nosotros queremos que se resuelvan las carencias de los campesinos, y de los trabajadores, de los trabajadores que están esclavizados y no tienen libertad política por las grandes centrales manejadas a través del Ejecutivo, por los líderes que maniatan la libertad de los trabajadores. Queremos la libertad de los trabajadores y de los campesinos, y por eso exigimos a los regímenes gubernamentales que cumplan los postulados de una Revolución traicionada, de una Revolución vilipendiada, de la Revolución que no ha sido llevada a cabo, porque ha sido desviada por los beneficiarios de los presupuestos públicos.

No nos afecta que nos digan que no conocemos el campo. Conocemos a los campesinos y los campesinos saben quiénes son sus verdaderos defensores. Si es cierto lo que se dice que los gobiernos han hecho en favor de los campesinos, no existiera esa clase campesina tan grande, que es más de la mitad del pueblo mexicano, y que vive agobiada de las carencias más graves y más drásticas. Que vengan a decirle que no existe 52 por ciento de los mexicanos en el campo careciendo de todo lo más indispensable, y que aquí, a unos cuantos pasos de la capital, los mexicanos que viven en el Valle del Mezquital, tienen una vida infrahumana que no tienen los animales domésticos que mantienen en sus casas los grandes próceres de la Revolución. (Aplausos.)

El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alfredo V. Bonfil.

El C. Bonfil, Alfredo V.: Señor Presidente de la Cámara.

Evidentemente hoy es un día muy importante para las fuerzas revolucionarias de México, porque ya no son los argumentos jurídicos. Ya no es la pureza la de que tanto y por tantos años habían hecho mofa en boletines de prensa, y habían tratado de divulgar por todos los caminos. No, señores, afortunadamente ya apareció el peine. Ha aumentado otra vez la confusión; poco menos y saldré sin saber cómo me llamo. Resulta que ahora los defensores de la Revolución, los abanderados de la justicia social, los que pugnan por la distribución equitativa de la riqueza son los elementos de la reacción; son los ricos, son los banqueros, son los reaccionarios.

Hacía una grave acusación a los modestos esfuerzos que los integrantes de la Comisión; modesto porque los miembros del Partido de la Revolución sabemos e intentamos ser discretos y humildes. Pero los valiosos esfuerzos de ellos les llamó peyorativamente "los políticos que se quieren hacer banqueros". Y sólo nos resta agregar una cosa.. Lo decían, "los banqueros que se quieren hacer políticos". (Aplausos.)

No sé si de buena o mala fe hoy ha circulado por esta Cámara un boletín del Banco de Londres y México, S. A., que no me permitirá desmentirlo: Vicepresidente: licenciado Manuel Gómez Morín; Consejero, licenciado Juan Landerreche Obregón. Y así podríamos seguir la lista. (Voces.)

El C. Presidente: Se prohibe el diálogo.

El C. Bonfil Pinto, Alfredo V.: Son muchos los que forman parte de estos cuerpos, de acuerdo. Disculpen la omisión. Hablaban de que la Revolución no se ha llevado a cabo. Es cierto, pero me quedó una duda: de todas maneras es cierto. La Revolución de la "belle epoque", la Revolución del porfiriato, en que ellos sueñan o la Revolución con justicia social que es un largo proceso por caminar, con grandes inquietudes, con grandes obstáculos, pero que vigorosamente gobierno y pueblo se enfrentan cotidianamente. ¿Cuál es la revolución a la que se referían?

Volvemos a los argumentos sofistas, a la cifra fría, al intento de confusión. Hace unas cuantas horas denostaban contra los sistemas contables. Hoy vuelven a sacar la estadística, y vuelven a sacar la contabilidad, el manejo conceptual del porcentaje para tratar de crear la confusión.

Es cierto que se invirtieron mil y pico de millones de pesos en irrigación. Le parece poco. Los recursos del país son escasos. Pero frente a eso, recorran las miles de comunidades que han recibido los beneficios de las obras de pequeñas irrigación. Visiten el Valle del Carrizo, donde están construyendo los grandes distritos de riego. ¿Cuál de ustedes ha ido a La Chontalpa para ver los 17 pueblos con más de tres mil familias campesinas, y hablaba como ejemplo en un absurdo del desconocimiento?, realmente de una irresponsabilidad, del Valle de Mezquital, el que ha sido punto doloroso de la Revolución y bandera demagógica de los grupos que no colaboran a la Revolución. Para su aclaración, en el Valle del Mezquital, iniciada en el Gobierno del Presidente Gustavo Díaz Ordaz, se han construido, está en proceso de construcción muy avanzado, el distrito de riego con más de diez mil hectáreas para beneficio de esa población. Así responde la Revolución Mexicana. Este es el verdadero

contenido de la Cuenta Pública que hoy analizamos, que no se pretenda confundir a la opinión pública del país, que no quieran surgir redentores, vuelvo a repetir, desde la zona rosa que trataron de representar con el voto de los mexicanos, que no se confundan, porque ahora, más que nunca, están definidos los campos. Quienes piden la intervención del Gobierno para compactar la vida revolucionaria, quienes pretenden la capitalización nacionalista, quienes pretenden la distribución real y equitativa de la riqueza y aquellos que aspiran al estado de abstención para que ricos como lo son, continúen acrecentando y acumulando más millones de pesos en sus cuentas bancarias. Vuelvo a pedir a la Asamblea que sea tan amable de votar favorablemente el dictamen de la Cuenta Pública, en virtud de que en ella se contienen sin ninguna discusión un programa de acción hacia la justicia social y una administración pública honesta y patriótica. Basta de falsedades, basta de infundios, basta de calumnias y vamos a ser definidos en las consecuencias y en las posiciones dialécticas, en la metodología y en la filosofía política, vamos a ser sinceros cuando menos por una vez, señores de Acción Nacional, ante la opinión pública de México. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el C. diputado Juan Landerreche Obregón.

El C. Landerreche Obregón, Juan: No vengo a contestar imputaciones, no tengo porqué avergonzarme por los trabajos profesionales que yo llevo a cabo. Los banqueros están en el PRI y lo han repetido en muchos tonos, públicamente han pedido, han dicho, que están en el PRI. No necesito pues justificarme por ello. En cambio reivindico el derecho que como mexicano tengo de interesarme por los problemas de mi pueblo y por problemas del campesino mexicano. Mucho pueden hablar ustedes de lo que se ha hecho por el campesino mexicano, pero de acuerdo con los mismos datos del Informe del Ejecutivo, de acuerdo con los mismos datos del dictamen, el producto nacional bruto, como dije hace un momento, en el campo es menos de la tercera parte del producto, es decir, el rendimiento en el campo es menos de la tercera parte del producto nacional bruto.

Y si de acuerdo con las cifras que también son oficiales, no recuerdo la cifra exacta, pero aproximadamente el ingreso anual per capita es de 5 mil pesos, o 6 mil pesos, y en el campo el rendimiento de la tercera parte. Quiere decir que en el campo hay un ingreso per capita de dos mil pesos, promedio. ¿Qué campesino mexicano puede vivir con esto?

Señores, la Revolución se hizo para la justicia social, para la reivindicación del campesino. Pero la Revolución es patrimonio del grupo que ahora se dice revolucionario. Los principios de justicia social, son principios del pueblo de México y yo como mexicano tengo el derecho de defenderlos y de denunciar a aquellos que los han traicionado. (Aplausos.)

El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alejandro Peraza.

El C. Peraza Uribe, Alejandro: Señores diputados: Resulta en verdad sorprendente que en el análisis del Gasto Público después de que los señores diputados del Partido de Acción Nacional han perdido su flema británica cuando se le ha dicho y demostrado que son banqueros de bancos precisamente no londinenses sino de bancos mexicanos, banqueros que predican la justicia social y aducen que el desarrollo económico, no está conduciendo a nuestro país a esa justicia social quisiera preguntarle: ¿Este banco cuyo balance acabamos de ver también con ese mismo derecho que ellos manifiestan para la Cuenta Pública, con esa viva curiosidad de mexicanos que observamos que obtienen en una anualidad más de 8 y medio millones de pesos, quisiéramos también saber cuánto de esta cantidad van a dar en créditos para los pobres campesinos de los que se han sustentado sus defensores? (Aplausos.)

El interés en los asuntos públicos compete obviamente al gobierno de la Revolución que representa el pueblo, pero no somos ajenos para criticarlo y para coadyuvar en su desarrollo todos los ciudadanos; con ese mismo interés que ponemos en criticar la Cuenta Pública, vamos colaborando también con parte de nuestros millones los compañeros de Acción Nacional para redistribuir un poco al ingreso que habla esta lectura.

Me refiero al hecho de que el señor diputado Garabito en esta tribuna mencionó con verdadero alarde de prestidigitador conceptos que me llenaron de asombro. Me refiero al hecho de que pretende que las banderas de la Revolución, que están todavía de este lado, se las estaba llevando subrepticiamente para el lado del Partido de Acción Nacional. Cuando afirmó el señor diputado Garabito que efectivamente existe una gran miseria en el campo y que esa miseria de la que se conduelen necesita vigorizar el gobierno las obras de infraestructura y las obras de crédito para que se subsanen esas necesidades.

Atacó duramente a los capitalistas y mencionó también que hay un maridaje entre un sector del Gobierno y la Banca a la que ellos mismos representan. ¿No será que esta queja quejumbrosamente expresada se duele de que ellos no participen de este absurdo maridaje que dicen existe? ¿No será que acaso están planteando la necesidad o la petición de que el Gobierno de la Revolución les dé una manita también a sus bancos o a sus negocios privados? (Aplausos.)

Por lo que se refiere a sus afanes para hacer una análisis contable del presupuesto y del gasto público que se ha discutido en esta tribuna, también mencionó el señor diputado Landerreche con extrañeza que aparecían doscientos setenta y tantos millones del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública que no se habían gastado. Una aparante economía. ¡Cómo es posible que con un criterio simplista se

analice el gasto público! Es verdad que es bien sencillo, tan sencillo que los que no tenemos el privilegio de ser contadores y menos contadores de Acción Nacional, lo podemos entender, si comprendemos que el gasto público y el presupuesto del gasto constituye una unidad cuyo análisis lo tenemos que hacer viendo la interdescendencia de varios ramos del gasto. Me refiero al hecho de que esos doscientos setenta y tantos millones que ellos mencionan no se gastaron en la Secretaría de Educación, efectivamente no se gastaron y sí se gastaron. No se gastaron para efectos de la contabilidad, porque realmente no habían sido gastos, pero sí se gastaron porque el 1o de septiembre, como todos los años lectivos, los años educativos, principian en la Secretaría de Educación Pública, y al aumento de mayor número de educandos viene un aumento de mayor número de plazas que empiezan a generarse a partir del 1o de septiembre de 1969. Y los nuevos maestros que ocupan esas plazas tienen que realizar una serie de trámites administrativos para que se les pueda pagar un trabajo que ya realizaron de septiembre de 1969 a enero de 1970 y en enero de 70 finalmente se les paga a estos profesores con cargo a la previsión que existía en 1969, es decir, esos 270 millones es un gasto diferido cuyo pago se realiza en 1970, en la partida de deuda pública flotante, como claramente lo expuso el diputado Moheno, miembro de la diputación priísta. Pero tal parece que las palabras del diputado Moheno no pudieron penetrar dentro de la conciencia hábil, cazadora de gazapos de nuestros respetables compañeros de Cámara, y no les permitieron comprender que en una administración compleja como es la administración del gasto público, también hay deudas diferidas, como es el caso de los sueldos magisteriales. De esa partida de 270 millones, que supone el pago a los maestros que trabajaron a partir del 1o de septiembre de 69 y que van a cobrar en los primeros meses de 70. Y aún más, esos 270 millones suponen también, englobadas, a muchas obras que se realizaron: muchas escuelas, muchos laboratorios y podría yo mencionar las cifras que estaban en proceso de construcción y que se terminaron en las postrimerías del año precisamente del 69, y cuyos papeles y trámites y justificaciones de gastos, tendrán que presentarse en el año siguiente, en el año de 70.

Es así como para poder analizar precisamente esta aparente economía, este gasto que no se realiza en la Secretaría de Educación, que nosotros afirmamos que sí se realiza, porque es un pago diferido a unos cuantos meses, tenemos que analizar también el ramo de deuda pública flotante o de gasto diferido y de pronto el pago del presupuesto de 1970, del gasto de 1970.

En confirmación de lo anterior, basta observar que en el mismo año de 69, en los meses de enero y febrero, se pagaron por deuda diferida 135 millones de pesos a maestros que habían empezado a trabajar en julio y septiembre del año de 68, y esta cadena se va haciendo cada año. ¿Es necesario para que nuestros honorables compañeros de Cámara comprendan estos pequeños detalles del gasto diferido, que cambiemos el año lectivo de la Secretaría de Educación Pública, y les digamos a los niños que tienen que entrar el 1o de enero y salir el 31 de diciembre para que nuestros colegas puedan contabilizar adecuadamente el gasto público? ¿Se hace necesario esta iniciativa de Ley? (Aplausos.)

Creo, por último, que ni contablemente, como ha quedado demostrado en este debate, ni desde el punto de vista ideológico en el que suscribo las afirmaciones del diputado Bonfil, se ha demostrado que los compañeros, los honorables miembros de la Cámara que representan al Partido de Acción Nacional, han merecido la más pequeña justificación a sus argumentos. Sea que los hayan dicho con la gracia del prestidigitador que trata de llevarse nuestras banderas revolucionarias y viste huaraches, y viste sombrero y camisa de algodón, y se hace aparecer como redentor de un campesino que apenas ahora empiezan a conocer en los libros que circulan también en esta Cámara. Ni tampoco en los sesudos enjuiciamientos de la Cuenta Pública. Creo, pues, que el debate ha sido suficientemente discutido. Creo también que ha quedado demostrado quiénes somos, y las posiciones filosóficas, políticas y de análisis económico que representamos los partidos en esta Cámara.

Señores diputados, el dictamen merece aprobarse. En conciencia está fundado en la obra financiera de la Revolución. Debajo del dictamen, es verdad, existe nuestro pueblo, y una inmensa gama de carencias. No son los elementos de la oposición los que van a venir a hacer la autocrítica de la Revolución. Los mejores revolucionarios, el hombre que muy pronto está en Palacio Nacional, y miembros distinguidos de nuestro partido, han hecho con mejor claridad la autocrítica de lo que falta por hacer; la autocrítica de los rumbos que debemos encauzar en este país. Les pido que lean estos documentos también para que sus argumentos estén un poco más fundados de los que han expresados en este día.

Finalmente creo que es hora ya de centrar las posiciones ideológicas que representamos en el Congreso, que son las posiciones que representamos también en la vida nacional. Detrás de los guarismos hay un hecho que se ha conservado por los últimos regímenes revolucionarios: la solidez del peso mexicano. ¿En qué medida afecta al obrero o al campesino la solidez del peso mexicano? No afecta al banquero que especula con la devaluación de la moneda. Pero sí afectaría tremendamente a los hombres que viven de un salario fijo y que la devaluación de la moneda significaría más que todas las cosas, la baja de su poder adquisitivo. Sumirlos en una miseria tremenda. Eso que no se ha dicho es el resultado de una sana política financiera. Hay una estabilidad del peso en la economía de México. (Aplausos.)

Por esto que se ha hecho en favor de las mayorías: por un sinnúmero de hechos que de tanto ser cotidianos pasan ya inadvertidos; también por el derecho que disfrutan algunos sectores privilegiados de tener ganancias de millones en anualidades cuando sufren la pobreza miles de nuestros campesinos deben dar ellos gracias a la Revolución que hoy deturpan. Finalmente, detrás de los números, está la estabilidad económica de México. Tenemos muchas carencias, pero también tenemos una vigorosa filosofía revolucionaria y una convicción profunda de que cada seis años superamos esas carencias y afirmamos nuestras convicciones revolucionarias en el futuro de México, fincado en beneficio a los desheredados y a los más pobres. Muchas gracias y pido que se apruebe el dictamen. (Aplausos.)

El C. Presidente: La presidencia informa a la Asamblea que de acuerdo con el artículo 116 hicieron uso de la palabra, en contra, los ciudadanos diputados Miguel Hernández Labastida, Magdaleno Gutiérrez, Jorge Garabito, Juan Landerreche Obregón. En pro, por la Comisión, los ciudadanos diputados Humberto Hiriart y Salvador Reséndiz y los ciudadanos diputados Rafael Rodríguez Barrera, Rubén Moheno, Jesús Luján, Francisco Ortiz Mendoza, Alfredo V. Bonfil, Juan Barragán y Alejandro Peraza, quedando los ciudadanos diputados licenciado Roel, Cuauhtémoc Santana y Maximiliano León Murillo.

En consecuencia, consulte la Secretaría si el Dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El C. secretario Altamirano Marín, Ignacio: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si el Dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Suficientemente discutido.

-La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general. Por la afirmativa.

El C. secretario Altamirano Marín, Ignacio: Por la negativa. (Votación.)

-La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: ¿Falta algún ciudadano diputado de emitir su voto, por la afirmativa?

El C. secretario Altamirano Marín, Ignacio: ¿Falta algún ciudadano diputado de emitir su voto por la negativa?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa. (Votación.)

-La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Señor Presidente, la Secretaría informa que fue aprobado en lo general por 160 en favor, y 18 en contra. (Aplausos.)

El C. secretario Altamirano Marín, Ignacio: Está a discusión en lo particular. Los diputados que deseen impugnar algún artículo sírvanse reservarlo. no habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo particular. Por la afirmativa.

-La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Por la negativa. (Votación.)

El C. secretario Altamirano Marín, Ignacio: ¿Falta algún ciudadano diputado de emitir su voto por la afirmativa?

-La C. secretaria Anderson Navárez, Hilda: ¿Falta algún ciudadano diputado de emitir su voto por la negativa?

Se va a proceder a recoger la votación de la Directiva. (Votación.)

El C. secretario Altamirano Marín, Ignacio: Señor Presidente, la Secretaría informa que el proyecto de Decreto ha sido aprobado en lo particular por 160 votos a favor y 18 en contra. (Aplausos.)

- EL mismo C. Secretario: Aprobado el proyecto de Decreto en lo general y en lo particular. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

ORDEN DEL DÍA

-La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda:

"Cámara de Diputados.

Primer Período Ordinario de la XLVIII Legislatura.

Orden del Día

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicación de la H. Cámara de Senadores.

Circulares de la Legislaturas Estatales.

Dictamen a Discusión

De la Comisión del Servicio Consular y Diplomático, con proyecto de Decreto, por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el C. Luis Castillo González, pueda aceptar y desempeñar el cargo de ViceCónsul Honorario del Gobierno de Guatemala, en Monterrey, Nuevo León. Sesión Secreta."

- El C. Presidente (a las 18:20 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día 5 del actual, a las 11:00 horas.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y

"DIARIO DE LOS DEBATES"