Legislatura XLVIII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19711021 - Número de Diario 17

(L48A2P1oN017F19711021.xml)Núm. Diario:17

ENCABEZADO

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

XLVIII LEGISLATURA

Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921.

AÑO II México, D. F., Jueves 21 de Octubre de 1971 TOMO II.- NÚM. 17

SUMARIO

Orden del Día

Se abre la sesión. Lectura del Orden del Día.

Acta

Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.

Invitación

Del Departamento del Distrito Federal, al acto que tendrá lugar el día 22 del actual, con motivo del 157 aniversario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán. Se designa comisión.

Comunicaciones

De las Legislaturas de los Estados de Baja California y Guerrero, relativas a períodos de sesiones y designación de Mesas Directivas. De enterado.

SOLICITUD DE PARTICULAR

Condecoraciones

El C. doctor Lucio Mendieta y Núñez solicita el permiso necesario para aceptar y usar dos condecoraciones que le fueron otorgadas por el Instituto Brasileiro de Estudos Sociais. Se turna a comisión.

OFICIOS DE LA SECRETARIA

DE GOBERNACIÓN

Condecoraciones

La Secretaría de Relaciones Exteriores, por el conducto debido, solicita el permiso necesario para que los CC. Alfonso Estrada Berg y Hernán del Valle Escamilla puedan aceptar y usar condecoraciones que les fueron conferidas por los Gobiernos de Austria y Venezuela. Se turnan a comisión.

Cargo Consular

La Secretaría de Gobernación transcribe oficio de la de Relaciones Exteriores, relativo a la solicitud de permiso para que el C. Arturo Alejandro Herrera pueda presentar servicios como Asistente Consular en el Consulado de los Estados Unidos de Norteamérica, en Guadalajara, Jal. Se turna a comisión.

INICIATIVAS

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales

Para los efectos constitucionales, el C. Presidente de la República envía Iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales. A las comisiones correspondientes e imprímase.

"Aeropuerto Internacional Benito Juárez"

El C. Maximiliano León Murillo, a nombre de los diputados miembros del Partido Popular Socialista, da lectura a una iniciativa de Decreto, a efecto de que el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México lleve el nombre de "Benito Juárez" y se inscriba en el frontispicio su apotegma. Se turna a comisión e imprímase.

DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA

Cuenta Pública Federal

Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Gasto Público, con proyecto de Decreto relativo a la Cuenta Pública

de la Federación que comprende los Organismos Descentralizados, el Departamento del Distrito Federal y los Territorios, correspondientes al ejercicio fiscal del año de 1970. Primera lectura e imprímase.

Informe de Comisión

El C. Ignacio Altamirano Marín da lectura al Informe que rinde la Sección "Zonas de Desastre" de la Comisión de Desarrollo Regional, respecto del recorrido realizado por la misma, en los Estados de Nayarit y Sinaloa. De enterado e insértese en el Diario de los Debates.

Consideraciones sobre el Sufragio

Femenino

La C. Hilda Anderson Nevárez, con motivo del 18 aniversario del Decreto que otorgó el voto a la mujer, hace consideraciones al respecto. Se levanta la sesión.

DEBATE

PRESIDENCIA DEL C. RAMIRO ROBLEDO TREVIÑO

(Asistencia de 173 ciudadanos diputados.)

- El C. Presidente (a las 12:35 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

- El C. secretario Herrerías Montoya, Ignacio F.:

"Cámara de Diputados.

Segundo período ordinario de sesiones.

XLVIII Legislatura.

Orden del Día.

21 de octubre de 1971.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El Departamento del Distrito Federal invita a la ceremonia en que habrá de conmemorarse el 157 aniversario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, que se celebrará el día 22 del presente mes.

Comunicaciones de las Legislaturas de los Estados de Baja California y Guerrero.

El C. Lucio Mendieta y Núñez solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar dos condecoraciones de la República del Brasil.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Dos por los que se transcriben otros tantos de la de Relaciones Exteriores, en los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Alfonso Estrada Berg y Hernán del Valle Escamilla puedan aceptar y usar las condecoraciones que les fueron otorgadas por los Gobiernos de Austria y Venezuela.

Uno por el que se transcribe otro de la de Relaciones Exteriores, en el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Arturo Alejandro Herrera pueda prestar sus servicios como Asistente Consular en el Consulado de los Estados Unidos de Norteamérica, en Guadalajara, Jalisco.

Iniciativas

El C. Presidente de la República envía Iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales. Iniciativa de Decreto, suscrita por los ciudadanos diputados del Partido Popular Socialista, para que el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, se denomine "Benito Juárez".

Dictamen de primera lectura

Uno de la Comisión de Presupuestos y Gasto Público con proyecto de Decreto, relativo a la Cuenta Pública de la Federación, del Distrito Federal y de los Territorios, correspondiente al Ejercicio de 1970.

Informe de la Comisión de Desarrollo Regional, Sección "Zonas de Desastre" respecto de los Estados de Nayarit y Sinaloa".

ACTA

- El mismo C. Secretario:

"Acta de la sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. XLVIII Congreso de la Unión, el día diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y uno.

Presidencia del C. Ramiro Robledo Treviño.

En la ciudad de México, a las doce horas y cincuenta minutos del martes diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y uno, se abre la sesión con asistencia de ciento sesenta y dos ciudadanos diputados, según consta en la lista que previamente pasa la Secretaría.

Lectura del Orden del Día.

Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada el día catorce del presente.

Se da cuenta de los documentos en cartera:

El C. licenciado José Servando Chávez Hernández, Gobernador Interino del Estado de Michoacán, invita a los actos que tendrán lugar, el primero, el día 21 del presente, en la ciudad de Uruapan, Mich., en ocasión del 106 aniversario luctuoso de los mártires que fueron sacrificados en esa ciudad, durante la intervención francesa, y el segundo, el día 22, en Apatzingán, Mich., para conmemorar el 157 aniversario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, por don José María Morelos y Pavón.

Para asistir a esos actos llevando la representación de esta Cámara se designa en comisión a los CC. diputados Luciano Arenas Ochoa y Moisés Ochoa Campos.

Comunicación del C. Marco Antonio Bolaños Cacho, diputado federal y por el 2o. Distrito Electoral del Estado de Baja California, por el que se sirve manifestar su deseo de optar por el cargo de Presidente Municipal de Tijuana, B. C. Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Las Legislaturas que a continuación se mencionan, participan:

Jalisco, la inauguración del segundo período ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio y la integración de su Mesa Directiva. De enterado.

Michoacán, la elección de Presidente y Vicepresidente de su Directiva para el presente mes. De enterado.

Veracruz, haber quedado legítimamente constituida la cuadragésima Novena Legislatura, su apertura y la elección de su Directiva. De enterado.

Para los efectos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ciudadanos general de división Hermenegildo Cuenca Díaz, Secretario de la Defensa Nacional; ingeniero Víctor Bravo, Ahuja, Secretario de Educación Pública, y almirante Luis M. Bravo Carrera, Secretario de Marina, envían los informes de labores desarrolladas por esas Dependencias, correspondiente al período de septiembre de 1970 al 31 de agosto de 1971. Recibo, y resérvese en el Archivo para consulta de los CC. diputados y córrase traslado a la H. Cámara de Senadores.

El C. licenciado Luis Echeverría Alvarez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, envía Iniciativa de Ley del Impuesto sobre Compraventa de Primera Mano de Artículos Electrónicos, Discos, Cintas, Aspiradoras y Pulidoras de uso Doméstico. Recibo, y túrnese a las Comisiones unidas de Hacienda, Crédito Público y Seguros y de Estudio Legislativos e imprímase.

El C. diputado Jorge Garabito Martínez da lectura a una iniciativa de Reformas a los artículos 89, fracción XVIII; 90, 94, 97 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados miembros del Partido Acción Nacional. Túrnese a las Comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos e imprímase.

Para conmemorar el aniversario luctuoso de los ex Presidentes de la República generales Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, hacen uso de la palabra los CC. diputados Daniel Mora Ramos, Alejandro Gazcón Mercado y Renato Vega Alvarado.

A las catorce horas y veinticinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves veintiuno del presente, a las once horas, en la que se tratarán los asuntos con los que la Secretaría dé cuenta."

Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobada.

INVITACIÓN

- El C. secretario Espinosa Pablos, Marco Antonio:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F. - Departamento del Distrito Federal.

México, D. F., a 18 de octubre de 1971.

C. diputado licenciado Ramiro Robledo Treviño, Presidente de la H. Cámara de Diputados. - Allende y Donceles.- Presente.

El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección, invita a usted al acto que tendrá lugar el viernes 22 del actual, a las 10:30 horas, con motivo del CLVII Aniversario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán frente a la estatua del Generalísimo José María Morelos y Pavón, en la Plaza de la ex Ciudadela de esta Capital.

Al mismo tiempo, me permito rogarle tenga a bien dictar sus respetables instrucciones con objeto de que una comisión que represente a esa H. Cámara de Diputados a su digno cargo, asista al acto de referencia y haga el depósito de una ofrenda floral.

Reitero a usted mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Director General, doctor José Rivas Guzmán."

El C. Presidente: Para asistir a este acto, en representación de esta Cámara, se designan en comisión a los siguientes CC. diputados: Jorge Baeza, Leopoldo Cerón e Ignacio Sologuren Martínez.

COMUNICACIONES

- El C. secretario Herrería Montoya, Ignacio F.:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo del Estado de Baja California.

C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Donceles y Allende.- México, D. F.

Tenemos el honor de informar a usted que previos los requisitos establecidos por la Constitución y la Ley Electoral del Estado vigentes, con fecha 30 de septiembre del corriente año, quedó debidamente instalada esta VII Legislatura que me honro en presidir, habiendo iniciado con esta fecha el Primer Período Ordinario de su Ejercicio Constitucional, quedando integrada la Mesa Directiva en la siguiente forma:

Presidente, diputado profesor J. Jesús López Gastélum; Vicepresidente, diputado Rodolfo Fierro Márquez; Secretario, diputado doctor Carlos Cevallos Nava: Prosecretario, diputada Mercedes M. viuda de Lizárraga.

Con este motivo hacemos a usted presentes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mexicali, B. C., a 1o. de octubre de 1971.- Profesor J. Jesús López Gastélum, D. P.- Doctor Carlos Cevallos Nava, D. S."

- Trámite: De enterado.

- El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Legislativo.

Chilpancingo, Gro., 1o. de octubre de 1971.

C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F.

Nos complace informar a usted que esta H. Cuadragésima Sexta Legislatura del Estado, previa las formalidades de Ley, inauguró con esta fecha, su Segundo Período de Sesiones, correspondiente al tercer y último año de su ejercicio Constitucional, habiendo quedado integrada su Mesa Directiva en la siguiente forma:

Presidente, diputado Filiberto Vigueras Lázaro; Vicepresidente, diputado Neftalí Gracida Guerrero; Secretario Propietario, diputado doctor Juan Andrés Delgado Chávez; Secretario Propietario, diputado Rodolfo Rodríguez Ramos; Secretario Suplente, diputado José Bárcenas Martínez; Secretario Suplente, diputada Celia Espinosa de Olea.

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Doctor Juan Andrés Delgado, D. S.- Rodolfo Rodríguez Ramos, D. S."

- Trámite: De enterado.

SOLICITUD DE PARTICULAR

Condecoraciones

- El C. secretario Espinosa Pablos, Marco Antonio:

"H. Congreso de la Unión.- C. Presidente de la H. Cámara de Diputados.- Presente.

Lucio Mendieta y Núñez, abogado, doctor en Derecho, señalando como domicilio para recibir notificaciones la casa número 330 de las calles de Providencia en la ciudad de México 12, D. F., ante usted respetuosamente expongo:

I. Que recientemente se llevó a cabo en la Facultad de Derecho un curso académico sobre la Reforma Agraria en la América Latina, que sustentaron eminentes catedráticos de las Universidades de Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, Bolivia;

II. Al clausurarse el Curso a que antes me refiero el doctor Roque Theophilo, representante del Brasil y Director del Instituto Brasileiro de Estudos Sociais, me entregó una condecoración denominada "Cruz del Mérito Social" del Instituto mencionado y, además, otra que lleva por nombre "Palma Magna";

III. Como ambas condecoraciones provienen de una Institución privada del Brasil, parece que no es aplicable al caso lo dispuesto en el artículo 37, fracción III, de la Constitución de la República Mexicana; pero es el caso que:

IV. El Instituto Brasileiro de Estudos Sociais fue declarado de utilidad pública en una asamblea que presidió el Presidente de la República del Brasil y el Congreso de Sao Paulo, provincia de dicha República, expidió un Decreto declarando oficializada la condecoración "Cruz del Mérito Social", que fue publicado en el Diario Oficial correspondiente.

Por el expuesto,

Al H. Congreso de la Unión, atentamente pidió:

Que dada la seriedad de las consecuencias que pueden derivarse para mí de las condecoraciones antes mencionadas, se sirva resolver:

Primero. Si no es necesario el permiso del Congreso de la Unión para aceptar y usar la condecoración "Cruz del Mérito Social", que me fue conferida por una institución privada, pero a la que dio carácter oficial, no la República del Brasil, sino el Congreso de Sao Paulo. En caso contrario que se me conceda el permiso correspondiente.

Segundo. Si no es necesario el permiso del Congreso de la Unión para aceptar y usar la condecoración "Palma Magna", que me fue concedida por una institución privada de la República del Brasil.

Para ilustrar el criterio del H. Congreso de la Unión, adjunto a este escrito los detalles sobre la organización del Instituto Brasileiro de Estudos Sociais que fueron publicados en la Revista Interamericana de Sociología (número 4).

Protesto a usted las seguridades de mi consideración muy distinguida.

México, D. F., a 11 de octubre de 1971.- Doctor Lucio Mendieta y Núñez."

- Trámite: Recibo y a la Comisión de

Permisos Constitucionales.

OFICIOS DE LA SECRETARIA DE

GOBERNACIÓN

Condecoraciones

- El C. secretario Herrerías Montoya, Ignacio F.:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

En oficio fechado el 13 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

"Ruego a usted muy atentamente que se sirva solicitar del H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37, para que el C. Alfonso Estrada Berg, Ministro Consejero, pueda aceptar y usar la condecoración Gran Insignia de Honor con Estrella de Plata, que le confirió el Gobierno de Austria. Con el presente remito a usted dos copias fotostáticas del diploma en el que consta el otorgamiento de la mencionada presea, y mucho agradeceré a usted que tenga a bien enviar una de dichas copias al H. Congreso de la Unión al solicitar el permiso correspondiente."

Lo que transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente copia del anexo relativo.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 19 de octubre de 1971.-

El Secretario, licenciado Mario Moya Palencia."

- Trámite: Recibo, y a la Comisión de Permisos Constitucionales.

- El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 6 del actual:

"Ruego a usted muy atentamente que se sirva solicitar del H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado B, del Artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el C. General Brigadier D. E. M. Hernán del Valle Escamilla pueda aceptar y usar la Condecoración Cruz de las Fuerzas Terrestres Venezolanas, que en su Segunda Clase le confirió el Gobierno de Venezuela. Con el presente remito a usted dos copias fotostáticas del diploma en el que consta el otorgamiento de la mencionada presea, así como del acta de nacimiento del interesado, y mucho agradeceré a usted que tenga a bien enviar una de las primeras copias al H. Congreso de la Unión al solicitar el permiso correspondiente."

Al comunicar a ustedes lo anterior, les envío con el presente los anexos a que se hace referencia, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 19 de octubre de 1971.- El Secretario licenciado Mario Moya Palencia."

- Trámite: Recibo, y a la Comisión de

Permisos Constitucionales.

Cargo Consular

- El C. secretario Espinosa Pablos, Marco Antonio:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 15 del actual:

"Ruego a usted muy atentamente se sirva solicitar del H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la Fracción II, Inciso B, del Artículo 37 de la Constitución Política, para que el C. Arturo Alejandro Herrera pueda prestar sus servicios en el Consulado de los Estados de América, en Guadalajara, Jalisco, como Asistente Consular. En cumplimiento de las disposiciones respectivas, con el presente se acompaña copia certificada del acta de nacimiento del señor Arturo Alejandro Herrera, así como copia fotostática del contrato de trabajo temporal del interesado."

Al comunicar a ustedes lo anterior, les envío con el presente los anexos a que se hace referencia, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 19 de octubre de 1971.-

El Secretario, licenciado Mario Moya Palencia."

- Trámite: Recibo, y a la Comisión de Permisos Constitucionales.

INICIATIVAS

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales

- El C. secretario Herrerías Montoya, Ignacio F.:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

Por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el presente les envío iniciativa de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales, documento que se somete a la consideración del H. Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 20 de octubre de 1971.-

El Secretario, licenciado Mario Moya Palencia."

- El mismo C. Secretario:

"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.

En ejercicio de la facultad que me concede la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto al H. Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, esta iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales, que sustituye a la Ley Orgánica del Ministerio Público del Distrito Federales, publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1954.

Los tres lustros transcurridos desde la expedición de la vigente Ley Orgánica del Ministerio Público han traído consigo nuevas necesidades, que ha sido preciso atender a través de constantes modificaciones estructurales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales, modificaciones que carecen, sin embargo, del indispensable apoyo legal. Resulta necesario, pues, fijar las bases jurídicas orgánicas de la Procuraduría de Justicia, en forma congruente con las circunstancias actuales y con los requerimientos que la lucha contra la delincuencia plantea hoy día a esta dependencia del Ejecutivo Federal.

En la elaboración del anteproyecto se tomaron en cuenta las ventajas y desventajas de adoptar cada una de las siguientes denominaciones: Ley Orgánica del Ministerio Público del Fuero común, designación tradicional, y Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales. Del examen realizado derivó la creencia de que es preferible hablar de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales, dado que el instrumento que se consulta no sólo organiza a la Institución del Ministerio Público, sino también a las principales autoridades y funciones auxiliares de éste, como son la Policía Judicial y los Servicios de Pericia. No obstante la incuestionable dependencia en que éstos se encuentran con respecto al Ministerio Público, es evidente que si el designio de la Ley es organizar a la Procuraduría en su conjunto, tal designio debe quedar fielmente captado en el nombre mismo del instrumento jurídico que se sugiere.

En consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, ha sido preciso modificar numerosos preceptos en forma tal que se haga referencia, cada vez que resulte pertinente, a funcionarios y empleados de la Institución, no sólo al personal del Ministerio Público. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en las disposiciones sobre nombramiento y remoción del personal, vacaciones y licencia, excusas, instrucciones giradas por el Procurador, quejas sobre irregularidades en el despacho de los negocios y correcciones disciplinarias.

En este proyecto se conservan, como es natural, las funciones propias del Ministerio Público y demás órganos auxiliares, cuya naturaleza y jerarquía jurídica emanan de la Constitución.

En relación del personal de la Procuraduría se fija la necesidad de que los Directores y Subdirectores que intervienen en actos del procedimiento penal, instando la actividad jurisdiccional en nombre de la Procuraduría, así como quienes participan o pueden participar en otros actos procesales como representantes de la propia Institución, ostenten siempre la calidad de Agentes del Ministerio Público, Auxiliares del Procurador. Con ello queda de manifiesto la verdadera índole jurídica de sus funciones, distante y distinta de una mera gestión administrativa. En el mismo catálogo de personal, aportado por el artículo 3o., se hace alusión a los diversos funcionarios de la Procuraduría en los términos de las reformas que se analizan en capítulos posteriores.

En el propio artículo 3o, la fracción XXII pasa a referirse a los Agentes Investigadores adscritos a los hospitales de traumatología, en general, dado que hoy día resulta en extremo limitativa la sola referencia, contenida en la Ley actual, a las Cruces Verde y Roja.

En la parte final del mismo artículo, se especifica que el Presidente de la República podrá aumentar, conforme a las necesidades del servicio, el número de Agentes del Ministerio Público y de la Policía Judicial. En la Ley que se propone sustituir, dicha prevención sólo comprende a los Agentes del Ministerio Público, a pesar de que es pertinente que el Presidente de la República conozca y apruebe, en todo caso, el aumento en los efectivos de un importante cuerpo de seguridad, como lo es la Policía Judicial.

No obstante ser eminentemente jurídicas, como es obvio, las tareas encomendadas al Procurador General de Justicia, la legislación en vigor no reclama ningún requisito especial, personal o profesional, para el nombramiento de este funcionario. Así las cosas, en hipótesis cualquier persona podría ser Procurador General de Justicia, independientemente de su edad, de sus antecedentes y de su formación y especialidad profesional. A efecto de colmar esta laguna, siguiendo para ello un criterio análogo al acogido por la Constitución en cuanto al Procurador General de la República, en el artículo 4o. del proyecto se propone que el Procurador General de Justicia reúna los mismos requisitos exigidos para ser magistrado del Tribunal Superior. Como es natural, idénticos requisitos se prevén para los Subprocuradores, eventualmente llamados a sustituir al Titular.

En cuanto al nombramiento del resto del personal, cabe notar dos elementos aportados por el proyecto. En primer término, se suprime la posibilidad de dispensar el requisito de título profesional a los Agentes Investigadores, salvo en los Territorios Federales y en las Islas Marías, cuyas circunstancias son bien distintas de las que prevalecen en el Distrito Federal. En efecto, semejante dispensa de título carece de razón de ser en la ciudad de México, donde varias instituciones de enseñanza superior expiden grados de licenciado en Derecho y en donde existe una gran concentración de profesionales de esta disciplina. Por lo demás, es evidente la necesidad de que los delicados actos con que se inicia la averiguación previa sean confiados a personas profesionalmente calificadas para ello. En segundo término, se hace expresa referencia a la selección del personal por medio de concursos, sin perjuicio de la designación directa, así como a la capacitación del mismo por parte del Instituto Técnico de la Procuraduría. Con todo ello se sientan las bases para una auténtica carrera del Ministerio Público, fincada en designaciones de personal formuladas con arreglo a criterios de la mayor objetividad.

En aras de la buena técnica, la fracción III del artículo 6o. no exige ya ser "abogado" con título legalmente expedido, sino "licenciado en derecho", puesto que el título se refiere a esto último y no a aquello, y tomando en consideración, además que la postulancia no debiera ser condición para el acceso a la función del Ministerio Público.

El precepto concerniente a requisitos para la designación de policías judiciales se ha trasladado al capítulo en que se regula, en general, el sistema de nombramientos, remociones y suplencias. Dado que el personal de la Policía Judicial formo parte del cuerpo de colaboradores de la Procuraduría de Justicia, no tiene caso excluir esta materia del capítulo que ahora se comenta, a efecto de llevarlo al que contiene la organización y las funciones de la Policía Judicial. De seguirse esta última técnica, sería lógico establecer en cada capítulo los requisitos para el nombramiento del personal correspondiente.

En el artículo 11 del Proyecto de Ley que se consulta se ha suprimido la vieja norma que confiaba al oficial recaudador de contribuciones la suplencia de Agente del Ministerio Público adscrito a un tribunal de los Territorios Federales, así como la disposición que prescribía un régimen especial de suplencia para los Agentes del Ministerio Público con sede en las Islas Marías. No es necesario, en efecto, contemplar semejantes casos, pues resulta claro que esta sustitución deberá recaer, prudentemente dispuesta por el Titular de la Procuraduría, en quien mejor pueda desempeñar las funciones del Ministerio Público, considerando su preparación y demás circunstancias personales.

El artículo 14 conserva el régimen de la ley vigente en materia de licencias. Sin embargo, se ha creído oportuno indicar que en caso de enfermedad se apliquen, preferentemente, las normas generales sobre la materia, de forzosa observancia para todas las personas incorporadas al sistema de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado.

En el artículo 15, incluido en el capítulo sobre excusas e incompatibilidades, se extiende a los Secretarios del Ministerio Público y a los Auxiliares de la función investigadora, particularmente los peritos, la obligación de excusarse en los negocios en que intervengan cuando exista alguna de las causas que motive la excusa de los jueces. Por demás estaría subrayar la pertinencia de esta nueva disposición, fundada en el género de labores confiadas a los secretarios y a los referidos auxiliares, cuyo imparcial ejercicio constituye un presupuesto para el debido desenvolvimiento de la averiguación previa. En el mismo capítulo, se aporta la reforma tendiente a incorporar a los secretarios del Ministerio Público en el régimen de incompatibilidades que rige para los Agentes de la Institución. Esto se apoya en la circunstancia de que a menudo los secretarios desempeñan, por vacancia, excusa o licencia del titular, las funciones propias de los Agentes. Esto, aunado a la importante participación que los propios secretarios tienen en los actos del procedimiento, aconseja su equiparación a los Agentes del Ministerio Público para los efectos que ahora nos ocupan.

Al hacer referencia a las atribuciones de los Subprocuradores, se ha creído pertinente mencionar de modo claro y directo la posibilidad de que dichos funcionarios resuelvan, por acuerdo del Procurador, sobre archivo, conclusiones no acusatorias y desistimiento en el ejercicio de la acción penal. Actos tan trascendentales pueden ser confiados, sin duda, a la decisión de funcionarios de elevada jerarquía administrativa profesional y moral, como son los Subprocuradores. Cabe recordar, a mayor abundamiento, que en los últimos años ha sido práctica uniforme la resolución de esos asuntos por los Subprocuradores, en forma alterna, previa delegación general de estas funciones por parte del Procurador.

En el capítulo destinado a los Agentes Auxiliares, se crea la Coordinación de Auxiliares, que responde a patentes necesidades técnicas y administrativas. En efecto, la vigente Ley Orgánica carece de previsión acerca de la forma de coordinar las labores de los Auxiliares a través de cuyos dictámenes elabora la Procuraduría, en el curso del tiempo, criterios técnicos que, a su turno, normarán las actividades y determinaciones de los Agentes del Ministerio Público de inferior jerarquía. En consecuencia, la necesidad de uniformar y ordenar tales criterios técnicos, así como la conveniencia de aportar los fundamentos para una buena marcha administrativa de los Agentes Auxiliares, han sugerido el establecimiento de la citada Coordinación de Auxiliares.

Algunas innovaciones importantes se proponen en torno a la actual Dirección General de Investigaciones, a la que el proyecto designa como Dirección General de Averiguaciones Previas, en forma consecuente con la naturaleza procedimental de sus tareas.

La expansión extraordinaria de los trabajos de esta dependencia, resultado del crecimiento de la ciudad de México, ha hecho precisa la creación de numerosas Agencias Investigadoras y de nuevas Mesas y turnos en el Sector Central. En tal virtud, el buen desempeño del trabajo hace pertinente contar con dos Subdirecciones, que cuiden del adecuado y expedito trámite de los asuntos relativos a las Agencias Investigadoras, por una parte, y al Sector Central, por otra parte. En cambio, de la Dirección General de Averiguaciones Previas se desprende la Oficina de Revisores, que pasa a ser Departamento de Revisores, dotado de autonomía con respecto a aquella Dirección, al que se atribuyen las funciones mencionadas en el capítulo correspondiente.

El proyecto prevé que la acción penal deberá ser ejercitada siempre, con las obvias excepciones de los Territorios Federales y de las Islas Marías, así como de ciertos casos que resulten de un proceso penal en marcha, por la propia Dirección General de Investigaciones.

Se resta esta facultad, por lo tanto, a los llamados Agentes Foráneos, cuyas atribuciones en orden al ejercicio de la acción penal carecen de razón de ser actualmente, máxime si se toma

en cuenta el gran cúmulo de actos de averiguación previa que el Sector Central realiza en procedimientos concernientes a los antiguos Partidos foráneos, hoy Partidos Segundo, Tercero y Cuarto de la ciudad de México.

La actividad del Ministerio Público en la averiguación previa ha revestido, tradicionalmente, mucha mayor importancia funcional y práctica que la que esta misma Institución desempeña en el curso del procedimiento judicial. Tal situación determinó un desequilibrio orgánico, al que el proyecto pone término. Para ello se crea la indispensable Dirección General de Control de Procesos, que, de aprobarse el proyecto, tendrá a su cargo el debido y sistemático control sobre la actividad que los Agentes del Ministerio Público realizan ante los órganos jurisdiccionales de adscripción de dichos funcionarios, tanto del fuero penal como de los fueros civil y familiar. Por lo que toca a este último, que constituye una de las más recientes y progresistas innovaciones en el Derecho común mexicano, se ha creído conveniente subrayar que el Ministerio Público deberá poner cuidado especial en la protección de los incapaces, así como en el trámite y resolución de las cuestiones concernientes al régimen de la familia. Esta referencia, que pudiera estimarse redundante, pero que quiere ser enfática, acentúa la misión tutelar del Ministerio Público en el área de los menores y otro incapaces, tradicionalmente soslayada en aras de la notoria importancia que reviste la actividad del Ministerio Público en el enjuiciamiento penal.

Por lo que concierne a la Dirección General de Servicios Periciales, su estructura ha sufrido sólo las modificaciones necesaria para hacerla consecuente con la realidad. Las especialidades de la pericia se han agrupado en oficinas diversas, a manera de permitir el adecuado control técnico y administrativo sobre aquéllas.

Entre las novedades más importantes incluidas en proyecto figuran las que atañen a la Dirección General Consultiva y de Servicios Sociales, cuyo futuro crecimiento podrá determinar, inclusive, en razón de la magnitud y de la especialidad de funciones, el desdoblamiento en dos dependencias diversas. Al lado de tareas fundamentalmente administrativas y jurídicas, o auxiliares de éstas, la citada Dirección asume singulares atribuciones de servicio social. A través de estas últimas se inicia un nuevo sentido, no sólo una nueva estructura, de la Procuraduría General del Distrito, dado que la función procesal inherente a ésta se ve enriquecida con una función social que, asociada a aquélla, involucra mayores posibilidades de éxito en la lucha contra la delincuencia. De tal suerte, a la función persecutoria se agrega la función preventiva, desempeñada por medio de las Oficinas de Orientación Social, Orientación Juvenil y Orientación Legal, cuyos destinatarios son los habitantes del Distrito Federal, pero principalmente las víctimas directas o indirectas de la actividad delictiva, sujetos tradicionalmente olvidados del drama penal.

Por lo que hace a la Dirección General de Servicios Administrativos, el capítulo relativo del proyecto se limita a establecer las dependencias y las funciones convenientes para la buena administración de la Procuraduría, tema que merece el mayor interés en orden al adecuado empleo de los recursos materiales y humanos con que cuenta esta Institución.

La pertinencia de informar al público en forma objetiva y veraz, directamente o a través de los grandes medios de difusión, sobre las atribuciones y el funcionamiento de la Procuraduría, ha sugerido la creación de una Dirección de Relaciones Públicas. Será misión de esta dependencia, asimismo, informar y orientar sistemáticamente a los habitantes de la ciudad de México acerca de sus derechos y obligaciones frente a la Procuraduría.

7 Una de las más importantes dependencias de la Procuraduría General de Justicia es la Policía Judicial. Sin prejuicio de modificaciones de mayor o menor cuantía aportadas por la Ley o por las normas reglamentarias que al efecto se expidan, es indispensable acentuar la necesidad de que exista una sana selección y una debida formación de quienes prestan sus servicios como miembros de dicha Policía. De la digna actuación de los policías, de su espíritu de servicio e inclusive de sacrificio, de su disciplina y probidad, de sus sólidos conocimientos en la profesión que desempeñan, habrá de surgir una verdadera Policía Judicial científica, acorde con los requerimientos de una gran ciudad. Por ello, se han incrementado los requisitos taxativos de ingreso a la Policía Judicial, estableciendo que los candidatos deben haber concluido la enseñanza secundaria y deberán, además, aprobar los exámenes de ingreso que se practiquen y los cursos de capacitación que se importan.

En la vigente Ley Orgánica del Ministerio Público se contempla la existencia de la denominada Escuela Técnica de la Policía, que con el tiempo se convirtió en el Instituto de Capacitación Criminalística, y que en la actualidad ha recibido de Instituto Técnico de la Procuraduría. Con todo, carece de trascendencia la modificación del nombre; la tiene, en cambio, el enriquecimiento de las funciones y el engrandecimiento de la proyección institucional. El Instituto, en los términos del proyecto, pasará a coadyuvar en la selección científica de todo el personal de la Procuraduría, así como en la formación de éste en sus distintas especialidades y niveles. Las disciplinas jurídicas penales, la criminología y la criminalística, serán los elementos constantes en el trabajo del nuevo Instituto, llamado a constituir una pieza maestra en el desarrollo de la Procuraduría.

Líneas arriba se indicó que la Oficina de Revisores debería convertirse en Departamento de Revisores, autónomo con respecto a la Dirección General de Averiguaciones Previas. De hecho, esta separación se ha operado desde hace varios años. Para evitar las dudad y fricciones que trae consigo la actividad de los revisores en las Agencias del Ministerio Público

si no se deslinda cuidadosamente la competencia propia de los Agentes Investigadores, en el proyecto se hace constar con claridad que la función del revisor será de supervisión técnica de las averiguaciones previas penales. En consecuencia, el Agente Investigador no está sujeto jerárquicamente a la autoridad del Agente Revisor.

Por lo expuesto, atentamente solicito a ustedes se sirvan dar cuenta a esa H. Cámara de Diputados, con la siguiente iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales:

Título Primero.

Atribuciones del Ministerio Público.

Capítulo Único.

Artículo 1. Son atribuciones del Ministerio Público:

I. Investigar, por sí mismo y con auxilio de la Policía Judicial, los delitos de su competencia;

II. Ejercitar la acción penal, en los casos en que proceda, aportando las pruebas y promoviendo todas las diligencias conducentes a la comprobación del delito y de la responsabilidad de los inculpados, así como de la existencia y monto del daño privado causado por el delito;

III. Recabar de las oficinas públicas correspondientes, federales o locales, organismos descentralizados, empresas de participación estatal y demás organismos al sector público, así como de las personas privadas, físicas o morales, los documentos e informes indispensables para el ejercicio de sus funciones;

IV. Promover lo necesario para la recta y pronta administración de justicia;

V. Recibir las manifestaciones de bienes de los funcionarios y empleados del Distrito y Territorios Federales, al tomar posesión de sus cargos y al dejarlos;

VI. Conocer, en auxilio del Ministerio Público Federal, de las denuncias o querellas que se le presenten con motivo de los delitos de ese fuero, en los términos legales;

VII. Intervenir en los términos de ley, en la protección de incapaces y en los procedimientos del orden familiar que se ventilen ante los tribunales respectivos, y

VIII. Intervenir en todos los demás asuntos que las leyes determinan.

Artículo 2. Toda denuncia o querella por delitos de la competencia de los tribunales del orden común se presentarán ante el Ministerio Público, a fin de que se proceda conforme a las prescripciones legales aplicables. En caso de urgencia podrán presentarse ante la Policía Judicial y ésta actuará desde luego, dando cuenta inmediata a su superior y al funcionario del Ministerio Público que corresponda, a efecto de que éste tome sin demora conocimiento de los hechos.

Título segundo.

Régimen del Personal de la Institución.

Capítulo I.

Personal.

Artículo 3. Forman el personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales:

I. El Procurador General de Justicia;

II. Un Subprocurador Primero, sustituto del Procurador;

III. Un Subprocurador Segundo, sustituto del Procurador;

IV. Un Coordinador de Auxiliares, Agente del Ministerio Público Auxiliar;

V. Un Director General de Averiguaciones Previas, Agente del Ministerio Público Auxiliar;

VI. Dos Subdirectores de Averiguaciones Previas, Agentes del Ministerio Público Auxiliares;

VII. Un Director General de Control de Procesos, Agente del Ministerio Público Auxiliar;

VIII. Un Subdirector General de Control de Procesos, Agente del Ministerio Público Auxiliar;

IX. Un Director General Consultivo y de Servicios Sociales, Agente del Ministerio Público Auxiliar;

X. Un Subdirector General Consultivo y de Servicios Sociales, Agente del Ministerio Público Auxiliar;

XI. Un Director General de Servicios Periciales;

XII. Un Subdirector General de Servicios Periciales;

XIII. Un Director General de la Policía Judicial;

XIV. Un Subdirector General de la Policía Judicial;

XV. Un Director del Instituto Técnico;

XVI. Un Subdirector del Instituto Técnico;

XVII. Un Director General de Relaciones Públicas;

XVIII. Un Director General de Servicios Administrativos;

XIX. Un Subdirector General de Servicios Administrativos;

XX. Un Jefe del Departamento de Revisores, Agente del Ministerio Público Auxiliar;

XXI. Un Subjefe del Departamento de Revisores. Agente del Ministerio Público Auxiliar;

XXII. Los Agentes Auxiliares del procurador que determine el presupuesto;

XXIII. Los Agentes Investigadores del Ministerio Público adscritos al Sector Central, a la Dirección General de Policía y Tránsito, a las Delegaciones de la Policía y a los Hospitales de Traumatología;

XXIV. Los Agentes del Ministerio Público adscritos al Tribunal Superior de Justicia y a los Juzgados Penales, Familiares y Civiles, Menores y de Paz, y

XXV. Los jefes de Oficina y demás personal que señale el presupuesto.

El Presidente de la República podrá aumentar el número de Agentes del Ministerio Público y de los Agentes de la Policía Judicial, según lo exijan las necesidades del servicio y lo autorice el presupuesto.

Capítulo II.

Nombramiento. Remociones y Suplencias.

Artículo 4. El Procurador General de Justicia del Distrito y Territorios Federales será nombrado y removido libremente por el Presidente

de la República, de quien dependerá en forma directa.

Para ser Procurador General de Justicia se deben reunir los mismos requisitos que para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 5. Los Subprocuradores serán nombrados y removidos por el Procurador con aprobación del Presidente de la República.

Para ser Subprocurador se debe reunir los requisitos exigidos para ser Procurador.

Artículo 6. Los Agentes del Ministerio Público serán nombrados y removidos libremente por el Procurador y deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Acreditar que se ha observado buena conducta y no haber sido sentenciado como responsable de delitos intencionales, y

III. Ser licenciado en Derecho con título legalmente expedido y registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

Además de los requisitos anteriores, los Agentes Auxiliares deberán tener cuando menos tres años de ejercicio profesional.

El Procurador podrá dispensar el requisito del título a los Agentes Investigadores de los Territorios Federales y de las Islas Marías, cuando las necesidades del servicio así lo requieran.

Artículo 7. Para ser Agente de la Policía Judicial se requiere:

I. Ser mexicanos por nacimiento, mayor de 21 años;

II. Haber concluido la enseñanza secundaria;

III. Acreditar que se ha observado buena conducta y no haber sido sentenciado como responsable de delitos intencionales;

IV. Aprobar los exámenes de ingreso que se practiquen, y

V. Seguir y aprobar los cursos que al efecto se impartan en el Instituto Técnico de la Procuraduría.

Artículo 8. El personal restante de la Procuraduría será nombrado y removido libremente por el Procurador, sin perjuicio de las normas aplicables en materia de trabajadores al servicio del Estado.

Los nombramientos se podrán hacer previo concurso de méritos u oposición entre los aspirantes, a quienes se podrá requerir, además, examen de admisión practicado en el Instituto Técnico.

Artículo 9. El Procurador cuidará discrecionalmente de que los Agentes del Ministerio Público sólo sean removidos de sus cargos por ascenso, ineptitud, mala conducta o responsabilidad.

Artículo 10. El Procurador está facultado para cambiar discrecionalmente la adscripción a todo el personal.

Artículo 11. El personal del Ministerio Público será suplido de la manera siguiente:

I. El Procurador, por los Subprocuradores, según su orden numérico;

II. Los Subprocuradores, uno por el otro, y a falta o excusa de ambos, por el Auxiliar que designe el Procurador;

III. Los Agentes Auxiliares, por quienes de entre ellos designe el Procurador;

IV. Los Agentes adscritos, por quienes designe el Procurador;

V. Los Agentes Investigadores, por el Oficial Secretario en función, y

VI. El personal restante, por designación del Procurador.

Capítulo III.

Vacaciones y licencias.

Artículo 12. Los funcionarios y empleados de la Procuraduría disfrutarán anualmente de dos períodos de vacaciones de quince días cada uno, con goce de sueldo, siempre que tengan más de seis meses de servicio.

Artículo 13. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Procuraduría se concederán por el Procurador, en forma tal que no se perjudique la regular tramitación de los asuntos.

Artículo 14. El Procurador podrá conceder licencias a los funcionarios y empleados de la Procuraduría:

I. Sin goce de sueldo hasta por seis meses.

Esta licencia podrá prorrogarse hasta otros seis meses, a juicio del Procurador;

II. Hasta un mes con goce de sueldo, si en su concepto, existe causa justificada para ello;

III. Hasta por seis meses por causa de enfermedad, siendo los dos primeros con goce de sueldo íntegro, los dos segundos con medio sueldo, y los restantes sin goce de sueldo, salvo lo que sobre el particular determinen las leyes especiales aplicables a la materia, y

IV. Por tiempo indefinido, mientras subsistan las causas que la motiven.

Capítulo IV.

Excusas e incompatibilidades.

Artículo 15. Los Agentes del Ministerio Público, sus Secretarios y auxiliares de la función investigadora, no son recusables, pero deben excusarse en los negocios en que intervengan, cuando exista alguna de las causas que motiva la excusa de los jueces.

Artículo 16. El Presidente de la República calificará las excusas del Procurador, y éste las de los funcionarios de la Institución.

Artículo 17. Los Agentes del Ministerio Público y sus Secretarios no podrán desempeñar otro puesto oficial, ni ejercer la abogacía, sino en causa propia, de su cónyuge o de sus hijos, ni ser corredor, comisionista, apoderado judicial, tutor, curador, albacea judicial, a no ser que tenga interés en la herencia, interventor en una quiebra o concurso, ni árbitro o arbitrador.

No quedan comprendidos en esta prohibición los puestos de carácter docente.

El Procurador podrá autorizar el desempeño de otro cargo, cuando no sea incompatible con sus funciones.

Título Tercero.

Organización y atribuciones.

Capítulo I.

Procurador de Justicia.

Artículo 18. Son atribuciones del procurador General de Justicia del Distrito y Territorios Federales:

I. Intervenir por sí mismo, cuando lo juzgue necesario, o lo acuerde el Presidente de la República, en los asuntos del orden criminal o en los civiles en que el Ministerio Público, conforme a la ley, deba ser oído;

II. Dar a los funcionarios y empleados de la Procuraduría las investigaciones generales o especiales que estime convenientes, para el cumplimiento de sus deberes;

III. Investigar las detenciones arbitrarias que se cometan, promover su castigo y adoptar las medidas legales pertinentes para hacerlas cesar;

IV. Poner en conocimiento del Tribunal Superior y el Presidente de la República los abusos o irregularidades graves que se adviertan en los juzgados o tribunales, para los efectos de los artículos 89, fracción XIX, y 111, párrafo final, de la Constitución General;

V. Residir en el lugar en que tengan su asiento los Poderes Federales;

VI. Imponer al personal de su dependencia las corrientes disciplinarias que procedan;

VII. Asistir, teniendo solamente voz, a los plenos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en que se hagan designaciones de funcionarios judiciales, o dar por escrito su opinión sobre dichas designaciones;

VIII. Acordar con el Presidente de la República los asuntos de la Institución;

IX. Encomendar a cualquiera de los agentes del Ministerio Público, independientemente de sus funciones el estudio de los asuntos que estime conveniente;

X. Nombrar el personal de la Institución, concederle licencias y vacaciones en los términos de la presente ley;

XI. Pedir que se haga efectiva la responsabilidad en que hubieren incurrido los funcionarios y empleados del Ministerio Público y de la Administración de Justicia del Distrito y Territorios Federales, por los delitos oficiales que cometan en el desempeño de sus cargos:

XII. Recibir quejas sobre demoras, excesos o faltas en el despacho de los negocios en que intervenga el personal de la Institución:

XIII. Calificar las excusas que presenten los funcionarios empleados de la Institución para intervenir en determinado asunto;

XIV. Promover ante el Presidente de la República la iniciación de las leyes y la expedición de los reglamentos que estime necesarios para la buena administración de justicia en el Distrito y Territorio Federales, y

XV. Las demás que las leyes le confieren.

Capítulo II.

Subprocuradores.

Artículo 19. Los Subprocuradores ejercerán todas las funciones que esta ley señala para la institución según la distribución de los negocios que discrecionalmente acuerde el Procurador. Por delegación del Procurador, podrán resolver en los casos de no ejercicio de la acción penal, desistimiento de ésta y formulación de conclusiones no acusatorias.

Capítulo III.

Coordinación de Auxiliares y Agentes Auxiliares.

Artículo 20. Corresponde a la Coordinación de Auxiliares armonizar técnica y administrativamente el trabajo de los Agentes Auxiliares, acordando con el Procurador o con los Subprocuradores, según corresponda, los asuntos sobre los que aquéllos deban determinar.

Artículo 21. Son atributos de los Agentes Auxiliares:

I. Intervenir como agentes especiales en los asuntos que determine el Procurador;

II. Dictaminar en los asuntos en que el Procurador o los Subprocuradores deban decidir:

a) Sobre procedencia del desistimiento de la acción penal.

b) Sobre formulación de conclusiones de no acusación, o

c) Sobre la falta de elementos para ejercitar la acción penal, y

III. Las demás que, en materia penal o civil, les atribuya el Procurador.

Capítulo IV.

Dirección General de Averiguaciones Previas.

Artículo 22. La Dirección General de Averiguaciones Previas se compondrá de:

I. Dirección General;

II. Subdirección del Sector Central;

III. Subdirección de Agencias Investigadoras;

IV. Sector Central de Investigaciones;

V. Agencias Investigadoras del Ministerio Público en el Distrito Federal;

VI. Oficina de Consignaciones, y

VII. Oficialía de Partes.

Artículo 23. Son atribuciones de la Dirección General de Averiguaciones Previas:

I. Practicar las averiguaciones previas en el Distrito Federal y, en su caso, ejercitar la acción penal;

II. Dictar las resoluciones procedentes en los negocios a que se contrae la fracción anterior, sometiendo al procurador los casos de no ejercicio de la acción penal;

III. Revisar las averiguaciones previas que remitan en consulta los Agentes adscritos a los tribunales de los Territorios e Islas Marías, que no sean de abstención en el ejercicio de la acción penal;

IV. Turnar los exhortos y causas por incompetencia, excusas o impedimentos que reciba el Ministerio Público, a los tribunales correspondientes, y

V. Las demás que le atribuyan las leyes, los reglamentos y el Procurador.

Artículo 24. En los Territorios Federales y en las Islas Marías, la averiguación previa estará a cargo de los Agentes del Ministerio Público adscritos a las Agencias Investigadoras y a los Juzgados respectivos, quienes ejercerán la acción penal cuando proceda.

Artículo 25. Los Agentes Investigadores del Ministerio Público tendrán autoridad inmediata, en el ejercicio de sus funciones, sobre

todos los miembros de la policía de la jurisdicción en que actúen, aunque éstos, por su nombramiento, dependan de otros funcionarios.

Capítulo V.

Dirección General de Control de Procesos.

Artículo 26. La Dirección General de Control de Procesos se compondrá de:

I. Dirección General;

II. Subdirección General;

III. Oficina Central de Control;

IV. Jefatura de Agentes y Agentes del Ramo Penal;

V. Jefatura de Agentes y Agentes del Ramo Civil y Familiar, y

VI. Jefatura de Agentes y Agentes adscritos al Tribunal Superior de Justicia y a los Juzgados Mixtos, Menores y de Paz.

Artículo 27. Son atribuciones de los Agentes adscritos a los Juzgados del Ramo Penal:

I. Intervenir en todas las averiguaciones y procesos ante el Juzgado de su adscripción, en los términos de ley, promoviendo las diligencias tenientes a comprobar el delito y la responsabilidad penal del indicado y, en su caso, la inculpabilidad de éste;

II. Ejercitar la acción penal, solicitando, en su caso, la orden de aprehensión respectiva, contra las personas cuya responsabilidad se acredite durante la instrucción de un proceso;

III. Concurrir a las diligencias, audiencias y visitas que se practiquen en el juzgado de su adscripción;

IV. Formular los pedimentos que sean procedentes y desahogar las vistas dentro de los términos legales, así como presentar oportunamente y sostener las conclusiones correspondientes;

V. Cuidar de que los procesos se sigan con toda regularidad;

VI. Interponer los recursos que procedan, expresando sucintamente agravios que los funden;

VII. Concurrir a las visitas de cárceles que practiquen los jueces ante los que actúen;

VIII. Rendir al Director General de Control de Procesos un informe mensual del estado que guarde los asuntos en que intervengan, señalando la actividad que en los mismos hubieran tenido, y poner en su conocimiento las irregularidades que adviertan en el juzgado de su adscripción;

IX. Remitir al Procurador las órdenes de aprehensión que reciban del juzgado de su adscripción, y

X. Las demás que les señalen las leyes, los reglamentos y el Procurador.

Artículo 28. Los Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados de los Ramos Civil y Familiar tendrán ante éstos la intervención que las leyes señalan, debiendo poner especial cuidado en la protección de los menores y otros incapaces, así como en el debido trámite y resolución de las cuestiones concernientes al régimen de la familia en que deban intervenir.

Artículo 29. Los Agentes adscritos a Juzgados Mixtos tendrán las facultades y obligaciones fijadas en este capítulo a los adscritos a Juzgados Civiles, Familiares y Penales.

Capítulo II.

Dirección General Consultiva y de Servicios Sociales.

Artículo 30. La Dirección General Consultiva y de Servicios Sociales se compondrá de:

I. Dirección General;

II. Subdirección General;

III. Oficina de Amparos;

IV. Oficina de Manifestación de Bienes;

V. Oficina de Orientación Social;

VI. Oficina de Orientación Juvenil;

VII. Oficina de Orientación Legal;

VIII. Oficina de Estadística Criminal;

IX. Oficina de la Revista Mexicana de Derecho Penal, y

X. Biblioteca.

Artículo 31. Son atribuciones de la Dirección General Consultiva y de Servicios Sociales:

I. Atender las consultas internas de la Institución que no estén especialmente encomendadas a otra dependencia;

II. Estudiar los problemas generales y especiales sobre legislación, reglamentación y elaboración de otras disposiciones administrativas, que acuerde el procurador, formulando, en su caso, los proyectos relativos;

III. Formular los informes y toda clase de escritos que deban presentarse en materia de amparos interpuestos contra las autoridades de la Procuraduría;

IV. Recibir y ratificar las manifestaciones de bienes que formulen los funcionarios y empleados públicos del Distrito y Territorios Federales, al tomar posesión de su cargo y al dejarlo;

V. Brindar a los habitantes del Distrito Federal, en general, y particularmente a las víctimas de los delitos, la atención pertinente por medio de las Oficinas de Orientación Social, Legal y Juvenil, con propósito tutelar y preventivo;

VI. Editar la Revista Mexicana de Derecho Penal;

VII. Reunir y procesar la información estadística sobre la delincuencia en el Distrito y Territorios Federales;

VIII. Prestar servicio de biblioteca a las dependencias de la Institución, y

IX. Las demás que les señalen las leyes, los reglamentos y el Procurador.

Capítulo VII.

Dirección General de Servicios Periciales.

Artículo 32. La Dirección General de Servicios Periciales se compondrá de:

I. Dirección General;

II. Subdirección General;

III. Laboratorio de Criminalística, con secciones de química, bioquímica, física, examen técnico de documentos, balística, explosión, incendio y fotografía;

IV. Oficina del Casillero de Identificación Judicial, con clasificación dactiloscópica, nominal, fotográfica, de retrato hablado y de modo de proceder;

V. Oficina de Tránsito y Vehículos;

VI. Oficina de Ingeniería y Topografía;

VII. Oficina de Mecánica y Electricidad;

VIII. Oficina de Contabilidad y Valuación;

IX. Oficina de Intérpretes;

X. Servicio Médico Forense en el Sector Central y en las Agencias Investigadoras, y

XI. Las demás oficinas que sean necesarias.

Artículo 33. La Dirección General de Servicios Periciales tiene a su cargo la rendición de dictámenes en los casos y condiciones establecidos por el código de Procedimientos Penales. Los dictámenes se emitirán, en las diversas especialidades pertinentes, a petición de las autoridades judiciales del fuero común, del Ministerio Público y de la Policía Judicial en el Distrito y Territorios Federales.

En caso de que ese solicite el servicio por otra autoridad o institución, se presentará cuando lo acuerde el Procurador y sin perjuicio de la atención preferente que debe darse a las solicitudes formuladas por las autoridades a que alude el párrafo anterior.

Capítulo VIII.

Dirección General de la Policía Judicial.

Artículo 34. La Dirección General de la Policía Judicial se compondrá de:

I. Dirección General;

II. Subdirección General;

III. Grupos de Investigadores y Aprehensiones;

IV. Oficina Administrativa, y

V. Guardia de Agentes.

Artículo 35. El Ministerio Público tendrá bajo sus órdenes inmediatas a la Policía Judicial.

Artículo 36. Las Policías del Distrito y Territorios Federales son auxiliares de la Policía Judicial y, por tanto, tendrán la obligación de colaborar con ésta para el buen desempeño de sus funciones.

Artículo 37. El Procurador podrá acreditar como agentes de la Policía Judicial a otros empleados de la Institución, cuando lo juzgue pertinente.

Artículo 38. Son atribuciones de la Policía Judicial del Distrito y Territorios Federales, como órgano auxiliar del Ministerio Público del orden común:

I. Investigar los hechos delictuosos de que tenga conocimiento, en los términos de las disposiciones legales aplicables;

II. Buscar las pruebas de la existencia de los delitos y las que tiendan a determinar la responsabilidad de quienes en ellos participen;

III. Citar y representar personas para práctica de diligencias;

IV. Ejecutar órdenes de aprehensión y las de cateo cuando la autoridad judicial lo determine, y

V. Las demás que le señalen las leyes, los reglamentos y el Procurador.

Capítulo IX.

Dirección General del Instituto Técnico de la Procuraduría.

Artículo 39. El Instituto Técnico de la Procuraduría constará de:

I. Dirección General;

II. Subdirección General;

III. Oficina de selección de personal;

IV. Sección de cursos para la Policía Judicial, y

V. Sección de cursos especiales, a nivel medio y superior.

Artículo 40. Son atribuciones del Instituto Técnico de la Procuraduría la selección científica del personal de la Procuraduría, en sus diversos aspectos, así como la realización de las actividades docentes que tiendan al constante perfeccionamiento técnico de dicho personal.

La participación en las tareas docentes que desarrollo el Instituto Técnico será obligatorio para el personal de la Procuraduría según lo determine el Procurador.

Capítulo X.

Dirección General de Relaciones Públicas.

Artículo 41. La Dirección de Relaciones Públicas constará de:

I. Dirección General;

II. Oficina de Información, y

III. Oficina de Publicaciones.

Artículo 42. La Dirección General de Relaciones Públicas tiene a su cargo reunir y difundir la información sobre las actividades que en ejercicio de sus atribuciones lleva a cabo la Procuraduría, editar y distribuir las publicaciones informativas que esta Dependencia realice y, en general, oriente al público sobre la organización y el funcionamiento de la Procuraduría, y acerca de los derechos y obligaciones de los particulares frente a la propia Institución.

Capítulo XII.

Departamento de Revisores.

Artículo 43. El Departamento de Revisores constará de:

I. Jefatura;

II. Subjefatura, y

III. Grupo de Revisores, Agentes del Ministerio Público.

Artículo 44. El Departamento de Revisores se ocupará en la supervisión técnica de las averiguaciones previas penales que se practiquen en las Agencias Investigadoras del Distrito Federal. Por acuerdo del Procurador, esa supervisión se podrá extender al Sector Central.

Artículo 45. La opinión de los Agentes Revisores no es vinculativa para los Agentes Investigadores, pero en caso de discrepancia, éstos deberán dar cuenta inmediata a sus superiores, para que resuelva sobre la discrepancia quien designe el Procurador.

Capítulo XIII.

Dirección General de Servicios Administrativos.

Artículo 46. La Dirección General de Servicios Administrativos constará de:

I. Dirección General;

II. Subdirección General;

III. Oficina de Asesoría Técnica;

IV. Oficina de Personal;

V. Oficina de control de presupuesto;

VI. Oficina de servicios generales , y

VII. Guardería.

Artículo 47. La Dirección General de Servicios Administrativos tiene a su cargo:

I. Tramitar todo lo relativo a nombramientos, ascensos, renuncias, remociones, cambios de adscripción, licencias, vacaciones y dotación de documentos de identificación para el personal de la Procuraduría, por acuerdo del Procurador. En ningún caso se acreditará como funcionario o empleado de la Institución, mediante la credencial o placa respectiva, a quien no preste servicios en la misma;

II. Realizar y someter al Procurador estudios sobre organización y funcionamiento de la Procuraduría, en el ramo administrativo;

III. Formular el anteproyecto de presupuesto de la Procuraduría, manejar las partidas correspondientes y administrar los gastos, con acuerdo del Procurador;

IV. Proporcionar los servicios generales de archivo, depósito de objetos, intendencia, inventarios, proveeduría y vehículos;

V. Administrar la Guardería y otros servicios destinados al personal de la Institución, y

VI. Las demás que le señalen las leyes, los reglamentos y el Procurador.

Título Cuarto

Disposiciones generales.

Capítulo Único.

Artículo 48. El Procurador podrá imponer al personal de la Procuraduría, por las faltas en que incurran en el servicio, las siguientes correcciones disciplinarias:

I. Apercibimiento;

II. Multa de uno a cinco días de sueldo, y

III. Suspensión de empleo hasta por ocho días.

Al imponer alguna disposición disciplinaria, el Procurador por sí o por la persona que al efecto designe, oirá en defensa al interesado, si éste lo solicita, resolviendo, en su oportunidad, lo que proceda.

Artículo 49. Cuando los Agentes del Ministerio Público soliciten instrucciones del Procurador, lo harán por conducto de su superior inmediato, y deberán exponer el caso y emitir la opinión que sobre él tengan, citando, en su caso, las leyes, jurisprudencia y doctrinas que consideren aplicables. La infracción de este precepto ameritará la imposición de una corrección disciplinaria.

Artículo 50. Las resoluciones y pedimentos del Ministerio Público deberán fundarse y motivarse legalmente.

Artículo 51. Los Agentes del Ministerio Público en ningún estado del proceso podrán variar o modificar la acción penal que se hubiere intentado, sin previa autorización del Procurador General.

Transitorios:

Primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial .

Segundo. Se deroga la Ley Orgánica del Ministerio Público del Distrito y Territorios Federales, de 29 de diciembre de 1954.

Protesto a ustedes mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 19 de octubre de 1971.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Luis Echeverría Alvarez." (Aplausos.)

- Trámite: Recibo, y a las Comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos e imprímase.

"Aeropuerto Internacional Benito Juárez"

El C. León Murillo, Maximiliano: Señor Presidente, pido la palabra.

El C. Presidente: ¿Con qué objeto?

El C. León Murillo, Maximiliano: Para dar lectura a una proposición.

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado León Murillo.

El C. León Murillo, Maximiliano: Compañeros diputados: La diputación del Partido Popular Socialista, por mi conducto, viene a exponer ante esta H. Cámara la siguiente proposición:

"Proposición de la diputación del Partido Popular Socialista, con el objeto de que el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México lleve por nombre 'Aeropuerto Internacional Benito Juárez' y se inscriba en el frontispicio su apotegma 'El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz'.

Honorable Cámara de Diputados:

La Diputación del Partido Popular Socialista presenta a la consideración de esta Asamblea, con base en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de la Unión, la proposición de que el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México se denomine en lo sucesivo 'Aeropuerto Internacional Benito Juárez', y se inscriba en la fachada principal su apotegma 'El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz'.

Fundamentos de la proposición.

Nació Benito Pablo Juárez García en el poblado de San Pablo Guelatao, perteneciente a Santo Tomás de Ixtlán, del Estado de Oaxaca, el 21 de marzo de 1806, hijo de un matrimonio indígena formado por Marcelino Juárez y Brígida García.

A la edad de tres años Benito queda huérfano de padre y en poco tiempo también de madre. Es llevado junto con dos de sus hermanos a casa de los abuelos paternos. Estos fallecen pronto y Juárez es entregado a su tío Bernardino, quien se dedicaba al pastoreo de ovejas.

La infancia de don Benito Juárez es de desdicha y de miseria, si bien con su tío halló un hogar, también pasó fatigas y hambre. Esta época importante en el desarrollo del hombre, hizo de Juárez un ser silencioso y adusto.

A los 12 años, en 1818, Juárez abandonó Guelatao y después de recorrer las 14 leguas que hay entre este poblado y la Capital del Estado, llegó a Oaxaca en busca de su hermana Josefa, quien lo acogió en la casa de la familia Maza donde ella prestaba sus servicios.

La señora Petra de Maza enseñó a Juárez las primeras letras del español y fue después el religioso franciscano Antonio de Salanueva, de común acuerdo con Antonio Maza, quien lo llevó a su taller de encuadernación donde aprendería el oficio y perfeccionaría el idioma.

A la edad de 15 años, el 18 de octubre, Juárez ingresaba al Seminario de la ciudad de Oaxaca. En él realizó estudios brillantes, distinguiéndose como un alumno extraordinario. Para el año de 1827, abrió sus puertas el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y poco después Juárez ingresó a él y abandonó el seminario.

El Instituto, un centro educativo de carácter liberal al igual que la mayoría de sus maestros, conformó definitivamente el carácter libertario de Juárez.

En el año de 1828, siendo Juárez aún estudiante, se inició en la política apoyando la candidatura de don Vicente Guerrero para Presidente del país. En 1831 fue electo regidor del Ayuntamiento del Oaxaca y poco después fue electo diputado ante el Congreso del Estado.

El gobierno local lo expulsó de Oaxaca por la lealtad a sus ideas liberales, estableciéndose por un tiempo en Tehuacán. Regresó a Oaxaca en 1832, siendo designado como Profesor Auxiliar, en el Instituto de Ciencias, impartiendo la clase de física y seguía siendo alumno al mismo tiempo.

Para el año de 1833 se recrudeció la lucha entre federalismo y centralismo. La ciudad de Oaxaca fue atacada. Juárez se enlistó nuevamente en las milicias cívicas y con el grado de Capitán Ayudante del Comandante de la Plaza, lucho defendiendo la Capital de su Estado y al federalismo.

En los años de 1833 a 1835, desempeño las cátedras de Derecho Canónico e Historia Eclesiástica en el Instituto. En 1834 terminó su carrera de abogado y presentó su examen profesional. En 1836 fue nombrado Secretario del Instituto, al mismo tiempo que ejercía la abogacía.

Casó Juárez con Margarita Maza en julio de 1834. Por esos días fue designado Secretario de Gobierno en Oaxaca; pero en poco tiempo renunció, quedándose al frente del Partido Liberal en su Estado. Después era electo Diputado al Congreso de la Unión y como tal, en 1846, intervino para apoyar la proposición de que se hipotecara parte de los bienes que administraba el clero y obtener fondos para defender a la patria contra los invasores yanquis. Regresó Juárez a Oaxaca en donde es electo Gobernador a fines de 1847, durando hasta 1852. Fue después Director del Instituto de Ciencias, siendo maestro de Derecho Civil.

Expulsado nuevamente de Oaxaca, ahora por el gobierno de Santa Anna, fue llevado a Veracruz, embarcado y enviado a Europa. Llegó a La Habana. Algunos cubanos lo desembarcaron y lo ayudaron a ir a Nueva Orleáns, Estados Unidos, el 29 de diciembre de 1853. Reunióse en este sitio con Arriaga, Mata, Ocampo, Cepeda Peraza y Prieto. En Nueva Orleáns organizó la Junta Revolucionaria contra Santa Anna. Durante este lapso de destierro vivió como obrero dedicado a fabricar cigarrillos para una empresa americana.

En el año de 1854, por los primeros días se iniciaba la Revolución de Ayutla un movimiento armado de carácter liberal que, encabezado por el insigne patriota Juan Alvarez, trataba de terminar con la oprobiosa dictadura conservadora y militarista de Santa Anna. A ella se unió Juárez que retornando del exilio en Nueva Orleáns, viene a contribuir con su talento, su firmeza ideológica y su capacidad al triunfo de la libertad.

Juárez es el secretario del general Alvarez; pero en poco tiempo es el guía de la Revolución. Al triunfo de ésta forma parte del gabinete ocupando el Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Con ese carácter dictó la ley en contra de los privilegios del clero y del ejército, llamada también 'Ley Juárez', el 23 de julio de 1855. Esta ley, la primera de las llamadas Leyes de Reforma, trató de privar de la situación hegemónica que tenían dentro de la sociedad, al clero y al ejército, estableciendo el principio de que todos los mexicanos eran iguales ante la ley, independientemente de su situación económica y filosófica.

Días más tarde, el general Alvarez dejaba el poder en virtud de los pronunciamientos clericales de los generales Echegaray y Doblado. Juárez regresó a Oaxaca para hacerse cargo interinamente del gobierno del Estado. Era costumbre que la toma de posesión de un gobernante se iniciara con un Tedéum, realizado en la catedral, acto que reafirmaba la autoridad del poder eclesiástico sobre el poder civil. Juárez, como primer acto de su gobierno lo suprimía, rescatando para siempre la supremacía que el poder civil debe tener sobre otros poderes y otras situaciones.

Al redactarse la Constitución Liberar de fines del 56 y principios del 57, Juárez, gobernando Oaxaca, impulsa animosamente a los

Constituyentes y les pide que introduzcan todas las reformas que la nación requiere para salir del atraso económico, político y social en que se encuentra. Los diputados que en su gran mayoría lo aceptaban como el jefe de la corriente liberal, plasman en leyes las ideas juaristas, produciendo una Constitución que era la base de un México nuevo.

Realizadas elecciones en Oaxaca, Juárez es elevado a la gubernatura en forma definitiva, y ante el triunfo unánime y arrollador que obtiene, Comonfort, que está al frente de la Presidencia, lo llama para que ocupe en su gabinete el Ministerio de Gobernación. Realizadas elecciones nacionales en ese año de 1857, Juárez es electo Presidente de la Suprema Corte de Justicia y, con tal carácter, considerado por la ley como el Vicepresidente del país.

Entre tanto, el clero, el ejército y la aristocracia, temerosos de que la aplicación de la Constitución terminara con los 350 años de dominio que ejercían sobre la nación, iniciaban la Guerra de Reforma que, con la defección de Comonfort y después su desconocimiento como Presidente por parte de los conservadores, permitió que el indio de Guelatao, Juárez, quedara al frente de la nación como Presidente legítimo e iniciara la defensa de la Constitución.

El Presidente Constitucional inicia su primer peregrinar. Va a Guanajuato, Guadalajara, Manzanillo y establece su Gobierno en Veracruz. Con él Ocampo, Prieto, Santos Degollado, Gutiérrez Zamora Mata, lo más preclaro del liberalismo.

Desde el puerto y durante tres años el Patricio don Benito Juárez es el faro que guía la lucha del pueblo por darse una nueva vida, en donde todos disfruten de todo, en donde la ley sea el vértice de la vida y el Estado laico la suprema autoridad. Tres años de lucha fratricida a la que ha sido empujado el pueblo por un clero ambicioso y corrompido, por un militarismo retrógrado y conservador, una aristocracia ávida y sedienta de riqueza. Juárez, impasible, inflexible en sus principios ideológicos y con gran tenacidad, no desmaya e impulsa a su pueblo al triunfo contra las minorías privilegiadas.

Son tres años aciagos de Guerra de Reforma, de sacrificios y penurias; pero el triunfo lo compensa. La patria nacía recia, fuerte, con un Estado soberano a la cabeza y con un patriotismo incólume que jamás se doblegará ante las presiones del imperialismo norteamericano.

El pueblo mexicano tenía ya una patria, un Estado, una Constitución y las Leyes de Reforma, y el artífice de ello un hombre extraordinario, don Benito Juárez.

Por el año de 1859 las presiones de imperialismo del norte se habían acentuado y aprovechándose de la lucha interna obligaron a la nación a que les otorgara algunas concesiones que con anterioridad reclamaban: el libre tránsito por algunas regiones del país y el derecho a construir un paso por el Istmo de Tehuantepec. El genial indio de Guelatao, realizando una extraordinaria labor diplomática en la que tuvo una actuación destacada Ocampo, lograba imponer un tratado que sin desdoro de nuestra nacionalidad y sin ceder un centímetro de nuestro territorio, satisfacía las exigencias norteamericanas, salvando a la patria y dejando incólume nuestra soberanía.

Sin embargo, el patriotismo del pueblo y de su guía don Benito Juárez se acentuarían tiempo después, cuando otro país imperialista, la Francia napoleónica, la Francia de Napoleón el Pequeño, emulando hazañas de conquista en Argel y siguiendo los pasos de los imperialistas norteamericanos, se lanzó contra la nación mexicana que sin recuperarse aún de sus heridas le hará frente a esta nueva injusticia.

Francia pretexta sinrazones, organiza la intervención tripartita; España e Inglaterra se convencen de lo justo del juarismo. Se inicia la lucha en 1862. Juárez, prudente y sereno, está al frente de su pueblo. El valor de los mexicanos es puesto a prueba; pero el mejor ejercicio del mundo sucumbe ante las faldas de Loreto y Guadalupe y la sagacidad de Zaragoza, cobijado con la sombra del Patricio.

La lucha continúa sin cuartel. El suelo patrio es hollado. Juárez deambula en sus confines, llevando con él la legalidad de la República.

Los conservadores, anteponiendo sus intereses personales al interés patrio, hacen causa común con los invasores, ponen a sus servicio sus riquezas, sus espadas y logran traer para alegría de sus mujeres, a un príncipe rubio que establezca en la patria conquistada un imperio, una colonia francesa en la América Latina. Sin embargo, el insigne Juárez no se doblegó ni permitió que la nación lo hiciera y con un patriotismo de las dimensiones de la causa, después de 5 largos años, recobraba la patria.

Qué injusta la actitud del clero, de los militares conservadores, de la aristocracia mexicana y del imperialismo francés contra la patria mexicana. Qué heroica, patriótica y extraordinaria la actitud de Juárez y su pueblo que escribieron página tan brillante de la historia.

Qué lección tan ejemplar la que la nación y Juárez dieron al mundo entero, epilogándose en Querétaro en el Cerro de las Campanas, que fue tumba de anhelos imperiales y apoteosis de patriotismo republicano.

Bello ejemplo el de una nación pequeña, que defendiendo el derecho a vivir como su pueblo lo quería, daba vigencia a los principios que serían norma de la convivencia universal. Qué importante aporte el de México que con su sacrificio ponía en vigor el apotegma del Patricio: 'Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz'.

El país se ha salvado. Juárez es aclamado por el pueblo y electo Presidente para gobernar de 1867 a 1871. Es la época de la relativa paz y calma. Es la época de la creación y de la construcción. Juárez impulsa la educación en grado sumo; pone en vigor las Leyes de reforma y varios procedimientos legales para otorgar más garantías a los ciudadanos; impulsa grandemente las comunicaciones, otorgando ayuda para construir vías ferreas, que serían los cambios que ayudarán al progreso de México.

Al finalizar el año de 1871 era electo nuevamente para ocupar, por cuatro años más, la Presidencia; pero el 18 de julio de 1872, el insigne patricio don Benito Juárez entregaba su vida a la nación a la que había salvado, cerrándose el capítulo del hombre más grande que haya dado la patria mexicana.

Juárez fue un hombre de los que cualquier nación se podría enorgullecer. Su figura es la más trascendental de nuestra historia. El representa la transición del antiguo régimen a la modernidad, campeón de una nueva época y caudillo civil de una extraordinaria generación de mexicanos. Guía incólume del liberalismo mexicano, republicano apasionado, demócrata y defensor enérgico del Federalismo.

Su actitud principal fue la política. Su voluntad se templó en la adversidad y el sacrificio; destruyó los privilegios de las viejas clases, de las instituciones sociales y políticas en que aquéllas fundaban su dominio, derrotando la intervención extranjera consumó la segunda Independencia de México. Sin embargo, con sincera humanidad declaró que no podía decir que por él la patria era libre, expresando que la Independencia se había recuperado con la heroica lucha de su pueblo.

Como gobernante, sus ideas fueron: pronta administración de justicia; buen manejo y buena inversión de los caudales públicos; observancia irrestricta de las leyes que protegen los derechos de los ciudadanos; siempre estuvo animado del deseo de hacer el bien; censuró con energía a los que en el gobierno improvisaba; supo claramente que el gobernar a un pueblo era tener vocación de sacrificio y voluntad de servicio.

En relación con las comunicaciones, además de propiciar la construcción de varios ferrocarriles que sirvieron al desarrollo económico de la nación, decía que había de habilitar puertos al comercio extranjero, abrir caminos. Se interesó en que se suprimieran las alcabalas para ayudar a la agricultura, al comercio y a la industria, sacando al país del estado de aislamiento, miseria y atraso en que se encontraba.

Un renglón muy especial fue su oposición a que en los cargos públicos hubiese ineptos y viciosos, que al ser desplazados se convertían en elementos de agitación y discordia.

Una actitud de extraordinaria importancia en la acción y pensamiento de Juárez fue el ser el guía espiritual y el inspirador del trabajo del Congreso de 1856- 1857, diciéndoles a los legisladores: Reforma, Libertad, todo lo que sea progreso. Apenas promulgada la Constitución, Juárez la puso en práctica indicando que ella sería 'la salvaguardia de las libertades públicas' y él mismo fue un defensor extraordinario de las doctrinas consagradas por los Constituyentes en esa Constitución de 1857.

Pero lo más extraordinario del Benemérito de las Américas, como un gran representativo de su pueblo, consistió en proclamar que de la Reforma y de la lucha contra la invasión francesa había surgido la patria. En 1867 declaraba que México era una sociedad civil, con autoridades constituidas, una civilización adelantada y un territorio; que el país era una nación que no reconocía soberanos ni jueces ni árbitros extranjeros. Y Juárez había sido la figura principal en esos dos dramas que había servido para que de ellos surgiera la nación.

Por todo lo anterior, y considerando:

Que la actitud del Benemérito don Benito Juárez fue ejemplar en las siguientes etapas de su vida:

1. Cuando niño y después como estudiante, preparándose para ser útil a su patria con inauditos sacrificios.

2. Como profesionista ejerciendo la abogacía al servicio de los pobres, principalmente de la población indígena.

3. Durante la aciaga Guerra de Reforma como liberal incorruptible y guía extraordinario de su pueblo, llevándolo al triunfo.

4. Durante la invasión francesa con un inconmensurable patriotismo, salvando a la patria mancillada.

5. Como gobernante durante diversas etapas de la vida patria, dio muestras de su capacidad, honradez y entrega al servicio de sus semejantes y además: Que la figura más relevante de la historia del país, es la de don Benito Juárez.

Que Juárez tuvo una gran preocupación por las comunicaciones del país.

Que Juárez fue uno de los conformadores más importantes de nuestra política internacional.

Que el pueblo mexicano debe rendir honores a los grandes constructores de la nación.

Que nuestro Aeropuerto Internacional es la puerta más importante de entrada y salida al extranjero, con que cuenta nuestra nación.

Que el citado Aeropuerto no tiene ningún nombre específico.

Proponemos:

Primero: Que el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, en lo sucesivo se llame 'Aeropuerto Internacional Benito Juárez'.

Segundo. Que se inscriba en el frontispicio su apotegma: 'EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ'.

Tercero. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión promueva ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo conducente para que la proposición anterior sea llevada a efecto.

Salón le sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, veintiuno de octubre de mil novecientos setenta y uno.

La Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista: Jorge Cruickshank García.- Alejandro Gascón Mercado.- Manuel Stephens García.- Francisco Ortiz Mendoza.- Felipe Cerecedo López.- Maximiliano León Murillo.- Emilia Dorado Baltazar.- Jesús Luján Gutiérrez.- Francisco Hernández Juárez.- Simón Jiménez Cárdenas. (Aplausos.)

- Trámite: A la Comisión de Estudios Legislativos, Sección Asuntos Generales, e imprímase.

DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA

Cuenta Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1970

- El C. secretario Herrerías Montoya, Ignacio F.:

"Comisión de Presupuesto y Gasto Público.

Honorable Asamblea:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65, fracción I, de la Constitución General de la República, el Poder Ejecutivo de la Unión remitió a esta H. Cámara de Diputados las Cuentas de la Hacienda Pública del Gobierno Federal, que incluye a los Organismos Descentralizados y las Empresas Propiedad del Gobierno Federal; la del Departamento del Distrito Federal y la de los Territorios Federales, que envió la Contaduría Mayor de Hacienda, correspondientes al año fiscal de 1970, documentos que por acuerdo de vuestra soberanía fueron turnados a la Comisión que suscribe.

En acatamiento a lo ordenado por la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, la Comisión Inspectora rindió su informe previo examen de los estados contables que integran las cuentas públicas y que sirven de base para el presente dictamen.

Los estados presupuestales contables y los anexos respectivos, fueron revisados por esta Comisión confrontando el presupuesto aprobado por la H. Cámara de Diputados y las cifras ejercidas, para determinar saldos en las partidas estimadas originalmente tanto en ingresos como en egresos, precisando excedentes y faltantes en cada uno de los renglones que integran el presupuesto de 1970.

La Cuenta Pública que hoy se somete a la consideración de vuestra soberanía no puede considerarse como un documento de contabilidad retrospectiva en la que se ha registrado un juego de relaciones entre los flujos de ingresos y gastos e inscrito los resultados que de él derivan. Un enfoque de esta naturaleza se reduce a asegurar que los desembolsos públicos sean cubiertos íntegramente con los ingresos fiscales.

Si bien es cierto que el equilibrio presupuestal fue, durante largo período, la norma esencial de la estrategia financiera, a la altura de nuestros tiempos ya no es lícitamente aceptable, política o doctrinariamente, suponer que la Hacienda Pública actuara como mera tributaria de la economía.

Por circunstancias profusamente divulgadas el Estado dejó de ser, desde hace varias décadas el simple espectador a que pretendía reducirlo el liberalismo económico. Su acción reguladora sobre las fuerzas del mercado es ahora una realidad en el contexto universal, inclusive en aquellas economías que podrían calificarse de altamente individualistas.

Los gobiernos de hoy, manejan espectaculares sumas de dinero y son también, poderosos empresarios; de ahí que haya cambiado la concepción tradicional de la política financiera: La hacienda pública de neutral y pasiva pasa a ser el instrumento más importante para influir en el curso de la economía, el volumen de empleo y la distribución del ingreso.

Bajo estas circunstancias, el empréstito, se define, en escala mundial, como rasgo permanente de las finanzas gubernamentales.

En México, la Constitución de 1917, brindó el marco jurídico esencial para que el Estado se identificara con los ambiciosos propósitos de modificar la estructura social y económica del país.

Desde mediados de los veinte surge, como el producto más lógico de acción revolucionaria, una política general de desarrollo sustentada en la reforma agraria, la inversión en obras de infraestructura e industrias fundamentales, el rescate de los recursos naturales básicos y en el fomento del bienestar social. Destácase en esta perspectiva la función de las finanzas públicas, y la significativa importancia de la gestión presupuestaria, que recoge la mayoría de las decisiones gubernamentales, particularmente aquéllas que más influyeron en el desarrollo socioeconómico del país.

El rigor, la estructura dinámica de la economía revela la influencia trascendental que ha tenido el plan de acción presupuestario en las opciones económicas del sector privado y en el curso de los acontecimientos económicos de la nación. La experiencia recogida así lo confirma; el manejo de vastos recursos físicos y financieros y la administración de elevadas cuotas de la inversión global del país se han convertido, en manos del Estado, en instrumentos esenciales para la consecución de sus propósitos: fomento económico y desarrollo social.

Por razones obvias, la estrecha interdependencia entre las decisiones del gobierno y el progreso del país, empleando este concepto en su sentido más amplio, han impreso un alto grado de complejidad a la función hacendaría. En el pasado, cuando las responsabilidades del gobierno eran limitadas, bastaba que las opciones presupuestarias se determinaran siguiendo el buen sentido y la inspiración. En el tiempo de hoy, esas virtudes son insuficientes. Ha sido preciso, para lograr la máxima eficiencia de los fondos sociales, ordenarlos y jerarquizarlos dentro de un sistema que responde a los postulados básicos de la estrategia económica y a la filosofía. Por eso en los presupuestos fiscales se advierten objetivos claros, realistas y compatibles entre sí y, también eficacia y justicia en las medidas para materializarlos.

En este contexto, los criterios selectivos han obedecido al propósito de lograr la tasa más rápida de desarrollo congruente con un régimen de libertad individual y garantías sociales promoviéndose actividades que, por un lado, ofrecen los mayores beneficios sociales y, por el otro, generan los más amplios efectos económicos.

Simultáneamente, la política financiera ha buscado corregir las desigualdades que genera

la dinámica del desarrollo, transfiriendo ingresos a los estratos mayoritarios de la población a través de prestaciones, múltiples: educación, servicios médicos - asistenciales, seguridad social, vivienda, apoyo a precios agrícolas.

En materia de ingresos, la adopción de impuestos directos con tasas progresivas y, el aprovisionamiento limitado de arbitrios por vía de tributación indirecta informan también, de los criterios sociales que han prevalecido en la estrategia financiera gubernamental.

Nadie ignora, sin embargo, que en el mundo contemporáneo, las exigencias del gasto sobrepasan la capacidad del ingreso fiscal, particularmente en el tránsito del desarrollo, y sobre todo, en aquellos países cuya población crece con tasas explosivas, como es el caso de México. Por ello, sólo raras veces se producen situaciones en que los egresos son cubiertos íntegramente con arbitrios propios y nuestro país no podía ser la excepción; menos frente a la multiplicación de la fuerza de trabajo y, de la población, y ante la presencia de vastas y complejas necesidades insatisfechas.

Bajo estas circunstancias, nada más lógico que se descarta el concepto de gasto mínimo por el de gasto óptimo y se recurriera al empréstito para financiar inversiones. En contraste con los procedimientos inflacionarios empleados por la mayoría de países para acelerar el desarrollo, deprimiendo por vía de precios los niveles de vida de asalariados y campesinos, la estrategia mexicana ha vigilado estrechamente este aspecto: desecha la emisión de moneda y utiliza, en su lugar, los canales institucionales de crédito para proveerse de fondos.

No debe pues, sorprender, que la nota distintiva y dominante del perfil de la economía mexicana desde 1954, sea el crecimiento dinámico con estabilidad interna y externa de precios.

Cabe añadir, por otra parte, que el procedimiento de financiación para nutrir el gasto en inversiones públicas ha tenido singular efecto en la economía mexicana: ó permitió por un lado incorporar al sistema productivo, vastos ahorros ociosos y por el otro, indujo la movilización de cuantiosas inversiones privadas. De esta manera, pudo romperse la relación circular asociada al subdesarrollo, que impide la formación de capital nacional, gracias a lo cual el país ha progresado aceleradamente hasta colocarse en los umbrales del desarrollo pleno.

Por eso, válidamente afirmaríase que en su proyección histórica la cuenta pública expresa las realizaciones gubernamentales cuyos indiscutibles aciertos se reflejan en los cambios en la estructura productiva y social y en el progresivo aumento de la renta nacional. La que hoy nos ocupa corresponde a la última etapa de un programa de gobierno iniciado en 1964, cuyas metas eran entre otras: alcanzar un crecimiento económico por lo menos de 6% en promedio anual; otorgar prioridad al sector agropecuario para acelerar su desarrollo y fortalecer el mercado interno: impulsar la industrialización y mejorar la eficacia productiva de la industria; atenuar y corregir desequilibrios en el desarrollo, tanto regionales como entre distintas ramas de la actividad; distribuir con mayor equidad el ingreso nacional; mejorar la educación, la vivienda, las condiciones sanitarias y asistenciales, la seguridad y, en general, el bienestar social; fomentar el ahorro interno; y mantener la estabilidad del tipo de cambio y combatir presiones inflacionarias.

En la búsqueda de estos propósitos se implantó un esquema adecuado a las circunstancias reales del país, y a los recursos disponibles, pero con la flexibilidad y pragmatismo consecuentes con el régimen mexicano de economía mixta. De ahí que sus resultados trascendieran a las grandes cifras nacionales Baste señalar que el adecuado ordenamiento, y el oportuno ejercicio de las inversiones, contribuyeron a lograr que la economía avanzara con un ritmo anual superior al presupuesto - más del 6%- sin generar presiones inflacionarias y manteniendo invariables la paridad del peso y su libre convertibilidad.

Dentro de la política gubernamental de fomento económico se le imprime celeridad a la producción agropecuaria para fortalecer el ingreso campesino y ampliar el mercado interno según se desprende del hecho de que se duplicara, respecto del sexenio anterior, el volumen de fondos destinados a elevar la productividad rural y a mejorar las condiciones de existencia en el campo.

En esta materia se destaca el programa coordinado en beneficio de pueblos rurales en el que se conjugaron los trabajos de pequeño riego, fruticultura, bodegas, electrificación, caminos rurales, agua potable y centros de salud.

La canalización al campo de vastos recursos, el reparto de tierras y otras medidas aplicadas para el mismo fin se tradujeron en un aumento del orden del 30% en la producción agropecuaria del sexenio que resulta particularmente significativo si se consideran las desfavorables condiciones climatológicas que se dieron.

No obstante la importancia de los recursos asignados para promover el desarrollo rural, dos quintas partes del total de la inversiones públicas se aplicaron a impulsar el proceso de industrialización y a elevar la eficiencia productiva de las industrias gubernamentales.

Estimula entre otras cosas, por los mecanismos fiscales, la industria continuó destacándose como el sector más dinámico de la economía experimentando en su crecimiento, cambios estructurales, al iniciarse una producción más compleja derivada de la fabricación de bienes de producción, intermedios y de capital, cuyo abastecimiento interno contribuyó a limitar importaciones.

Sobresale también, en la política de gasto, el propósito de integrar el mercado interno a través de más amplios y mejores medios de comunicaciones. La construcción de 982 kilómetros de carreteras troncales, 8080 de caminos alimentadores, 3062 de vecinales, 1559

kilómetros de caminos rurales y 516 de autopistas informan sobre la preocupación gubernamental en la materia.

La capitalización nacional, no habría tenido sentido en el contexto de la filosofía política gubernamental si a través de ella los grandes sectores de la población no hubieran alcanzado mayores oportunidades para elevar sus niveles económicos y sociales. El gasto público fue, al igual que a lo largo de la historia de los gobiernos revolucionarios, herramienta eficaz para redistribuir los beneficios del progreso, otorgándose prioridad a la construcción de 50 000 aulas, laboratorios y talleres; la edificación de modernos hospitales y conjuntos habitacionales. En el curso del sexenio 9 millones de personas se beneficiaron con los servicios médico asistenciales prestados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia y otros muchos más lo hicieron por conducto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Seguro Social.

La obra realizada por vía presupuestaria se proyectó entre la ciudad y el campo, entre núcleos reducidos y densos. Pasado y presente quedaron vinculados en la permanente continuidad de progreso auspiciado por los regímenes gubernamentales.

Panorámica de la Cuenta Pública en 1970; resumen de ingresos y gastos.

El examen de los registros contables de las operaciones del Gobierno Federal, incluyéndose los organismos y empresas del tipo paraestatal, pone de manifiesto que durante el ejercicio correspondiente al año de 1970 ingresaron 109 064 millones que representaron un aumento del orden del 11.9% respecto del año anterior, cuya cuantía ascendió a 97 509 millones.

Los recursos captados permitieron que el gasto conjunto excediera 11.5% al volumen erogado en 1969, pasando la cifra respectiva de 98 001 millones a 109 260 millones.

Al finalizar el ejercicio se produjo un déficit contable de 109 millones que fue cubierto con los 2 058 millones del numerario que existían al iniciarse el período.

El análisis más detallado del movimiento de los fondos públicos, revela una circunstancia importante: el dinamismo de los ingresos corrientes permitió cubrir los gastos ordinarios y generó todavía un superávit de 16 461 millones de pesos que se derramó en los renglones de inversión.

Sumadas estas disponibilidades con los 3 755 millones percibidas en la cuenta de capital, pudieron financiarse más de las dos terceras partes de los proyectos de inversión, cuya ejecución significó un valor conjunto de 28 664 millones. La diferencia, o lo que debe considerarse como déficit financiero, que ascendió a 8 448 se cubrió con empréstitos.

En torno a estos datos, conviene destacar que las inversiones gubernamentales durante el año fueron dos veces más elevadas por el incremento neto de su deuda; 28 664 millones y 8 251 millones una y otra; diferencia indicativo de los esfuerzos realizados por el Estado para capitalizar el país con medios propios.

Gasto Consolidado. Gobierno Federal y Sector Paraestatal.

La cuantía de las erogaciones públicas en el año examinado pone de relieve la preocupación que se tuvo de ajustar sus niveles al límite compatible con la estabilidad de los cambios y del nivel interno de precios.

De los recursos manejados - 109 238 millones de pesos - el Gobierno Federal administró 52 656 millones y sus organismos y empresas 56 582 millones. En su conjunto los fondos administrados significaron poco más de la cuarta parte del producto nacional, magnitud reveladora de la vigorosa influencia que ejerció el Estado en el crecimiento del 7.5% que registró esa cuenta del país.

Puede observarse que aun cuando la acción presupuestaria analizada se contrae al período de un año - 1970- , las decisiones responden a objetivos diseñados a mediano plazo según se desprende de la continuidad en los criterios de distribución del gasto respecto de lo que le precedió: imprimir mayor ritmo a los planes y obras que benefician a núcleos rezagados; propiciar una creciente actividad del sector privado, fortalecer las bases materiales del país y transferir el mayor volumen posible de recursos en favor de los grupos más necesitados.

Sin embargo, en esta panorámica se destaca, entre los años de 1969 y 1970, un cambio significativo en el orden jerárquico, derivado del fortalecimiento de la posición relativa de los renglones de Bienestar y Seguridad Social y de Fomento y Conservación de Recursos Naturales Renovables. Hecho que apunta claramente el deseo de proteger en mayor medida a la base de la población.

En cuanto a las magnitudes ejercidas se observa que todos los rubros registraron aumentos con excepción del Fomento, Promoción y Reglamentación Industrial y Comercial; aunque por su dinamismo sobresale el de Fomento y Conservación de Recursos Naturales Renovables, que prácticamente se duplicó.

La Comisión Dictaminadora después de examinar los registros enviados por el Ejecutivo Federal encontró que la baja de 1 586 millones en el renglón citado obedecía a cambios en los criterios de clasificación en lo que respecta a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, cuyos gastos se aplicaron en el año de 1970 al renglón de Fomento y Conservación de Recursos Naturales Renovables y no como venía haciéndose en el de Apoyo a Empresas Comerciales.

Los miembros de la Comisión consideran justificado el cambio, toda vez que la derrama del gasto de ese organismo se proyecta básicamente en el sector rural.

Finalmente la clasificación funcional del gasto consolidado, señala que el grupo de Fomento, Promoción, Reglamentación Industrial y Comercial, absorbió el 30% del total en tanto que los recursos ejercidos para el desarrollo de las

Comunicaciones y Transportes y los destinados a Bienestar y Seguridad Social, representaron individualmente alrededor del 11%, con sumas que se movieron en el nivel de los 12 mil millones de pesos. Para pago de la Deuda Pública se asignó el 19%. Asimismo, se canalizaron 7% hacia Servicios Educativos y Culturales; 4% a Salubridad y Servicios Asistenciales; 6.5% para Administración General.

Gastos del Gobierno Federal:

En análisis del ejercicio del Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal para el año de 1970, revela que el gasto total ascendió a 52 679 millones cifra 6% más elevada respecto de la del período anterior, cuya magnitud fue de 49 816 millones.

Del conjunto ejercido, 29 948 millones se destinaron para cubrir los gastos corrientes quedando un sobrante de 10 572 millones que se asignó a la cuenta de capital. Bajo este concepto se ejercieron en el año 18 023 millones.

Comparados estos flujos con los del período precedente, se observa que el proceso de formación de capital nacional fue más dinámico en 1970, como resultado del mayor incremento en el residuo de la cuenta corriente y de los préstamos que pudieron obtenerse. Los fondos disponibles permitieron casi duplicar la cifra programada para inversión, cuyo monto se dilató de 9 218 millones que inicialmente se habían previsto a 18 023 millones.

Conviene añadir que buena parte de los ingresos captados en el Distrito Federal, alimentaron inversiones realizadas en infraestructura y bienestar social en distintas áreas del país, circunstancia que refleja el deseo expreso de promover un desarrollo especialmente más equilibrado.

Nada, sin embargo, define con mayor claridad los objetivos del Gobierno Federal como el orden de prioridades en la asignación de sus gastos.

Habla en este sentido, la importancia dada al renglón de Servicios Educativos y Culturales a través del cual se ejercieron 7 373 millones excediéndose 96 millones respecto del presupuesto aprobado. Debe añadirse que han de sumarse 667.6 millones ejercidos por el Comité Administrativo del Programa Federal de Construcciones de Escuelas, de donde la suma real asignada a la prestación de servicios educativos en el año comentado fue del orden de 8040.6 millones, o sea 10% más que la magnitud originalmente autorizada para estos propósitos. Por sus efectos redistribuidores, son igualmente significativas las sumas erogadas en los renglones de Bienestar Seguridad Social, Salubridad, Asistencia Médica y Servicios Hospitalarios, que conjuntamente absorbieron... 4 373 millones, o sean 583 millones más que en 1969.

En el cuadro general se destacan por su dinamismo las sumas invertidas para atender los renglones de Comunicaciones y Transportes, de Fomento y Conservación de recursos Renovables, cuyos niveles se incrementaron en 674 y 868 millones respectivamente, alcanzando los totales ejercidos 6 319 y 5 199 millones de pesos en el mismo orden. De acuerdo con la clasificación funcional, se aplicaron 9 183 millones al pago de servicios de la deuda.

Finalmente cabe señalar que en atención a los grandes objetivos de política, el Gobierno Federal dedicó 42% de sus recursos para fomentar la economía y 22.3% al desarrollo social.

Deuda Pública del Gobierno Federal:

Al concluir el ejercicio fiscal de 1970 la Deuda Pública del Gobierno Federal sumaba 66 117 millones. De este total, 53 840 millones estaban representados por créditos internos y 12 277 por obligaciones con el exterior.

En la fecha anotada el empréstito público ofrecía la siguiente estructura: 49 446 millones colocados en títulos a plazos de 15 a 20 años que representan el 75% del total y 16 671 millones en contratos y documentos pagaderos a 5 y 15 años; o sea el 25% del global citado.

De manera concreta, en el último ejercicio la emisión de bonos internos fue del orden de 6 600 millones, en tanto que los créditos flotados en el país por Nacional Financiera y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos ascendían a 1 374 millones. De otra parte se contrajeron obligaciones externas por valor de 2 750 millones.

Cuando se habla de Deuda Pública debe subrayarse que su carácter básicamente interno - 81.4% del total - es indicativo, ciertamente, del esfuerzo propio en que se ha fincado el desarrollo pero, además, y esto es muy significativo desde el punto de vista de sus efectos económicos, implica el uso de recursos que no afectan en modo alguno la estabilidad de los cambios. Hay que agregar que el financiamiento interno, a través de la contratación de deuda por los canales institucionales de crédito público, hace que el impacto sobre los precios, derivado de la movilización de tales fondos, sea mínimo.

A pesar de la utilización de un volumen importante de recursos crediticios internos ha sido preciso complementarlos con arbitrios extranjeros, para imprimirle mayor celeridad a la formación de capital y a la creación de fuentes de producción y empleo.

La función de la Deuda Pública Externa, ha sido pues, importante, pero complementaria; así lo informa su participación - 18.6%- en el conjunto de obligaciones crediticias contraídas por el Gobierno Federal.

No se soslaya, sin embargo, que por redimirse en moneda extranjera la cuantía de la deuda externa se proyecta sobre la balanza de pagos. Esta situación, que por cierto es común a todas las economías en desarrollo, no constituye, en el caso de México, un problema serio si se considera que el ahorro externo se ha aprovechado para alimentar gastos productivos que han incidido directamente en los índices nacionales de productividad.

En rigor, la carga de la deuda externa debe ponderarse en esta perspectiva porque la capacidad de pago del país está determinada, en

última instancia, por el desarrollo dinámico de su economía: crecimiento del sector externo, ampliación de la base industrial para sustituir importaciones y uso más eficiente de los recursos productivos.

En suma, el endeudamiento público permitió utilizar productivamente una masa importante de fondos, con cuyo concurso se imprimió mayor celeridad a la tasa de desarrollo económico.

El sistema impositivo de México refleja las aspiraciones económicas y los objetivos sociales del Gobierno Federal y en la medida que éstos se extienden, es preciso adaptar la política fiscal a fin de que siga siendo un instrumento eficaz para genera y apoyar el desarrollo de la nación.

El Sector Público Federal obtuvo ingresos durante el año de 1970 por 109 064 millones de pesos; 11 555 millones más que en 1969. Del total de ingresos recibidos corresponde al gobierno 52 092 millones y a sus Organismos Descentralizados y Empresas Paraestatales 56 972 millones.

La estimación original en los ingresos ordinarios del Gobierno Federal que comprenden impuestos, derechos, productos y aprovechamientos fue de 27 483 millones y se obtuvieron 40 520 millones; 13 037 millones más de lo previsto en 1970 y 5 233 millones más que el año anterior.

El ingreso público correspondiente a impuestos ascendió en el año que se dictamina a 37 328 millones, destacando el Impuesto sobre la Renta que alcanzó la cifra de 15 478 millones; 1 458 millones más que en 1969; en Impuesto a la Industria, Producción y Comercio fue de 6 799 millones; 1 155 millones más que en 1969, el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles produjo 4 359 millones; 456 millones más que en 1969 y el Impuesto sobre la Importación, 6 392 millones; 1 214 millones más que en 1969.

No obstante que el valor de nuestras exportaciones totales ascendió de 13 922 millones a 14 298 millones de pesos en 1970, la recaudación correspondiente al Impuesto de la Exportación descendió en 173 millones de pesos, hecho atribuible al estímulo que el Gobierno Federal ha venido dando a las ventas en el exterior de artículos cuyo mayor o menor grado de manufactura dan ocupación a los mexicanos y mejoran las condiciones deficitarias de la balanza comercial.

Los Derechos por la Prestación de Servicios Públicos registraron ingresos por 1 136 millones; los Productos 1 295 millones y los Aprovechamientos 1 488 millones; todos ellos superiores a los obtenidos en el año de 1969.

Dentro de los ingresos públicos extraordinarios del Gobierno Federal figuran 10 725 millones de pesos procedentes de la Emisión de Bonos de Promoción Industrial. Electrificación y Caminos, que se colocaron durante el año de 1970 en las mejores condiciones que ofrecía el Mercado de Capitales Nacional; recursos que junto con el superávit en cuenta corriente apoyaron el gasto e inversión pública que el Gobierno Federal realizó durante el año de 1970.

Los Organismos Descentralizados y las Empresas de Participación Estatal obtuvieron ingresos por un total de 56 972 millones de pesos; 12 877 millones más de lo previsto para 1970 y 8 324 millones de pesos más que en el año de 1969.

La clasificación económica en Cuenta Doble muestra un superávit en Cuenta Corriente del Gobierno Federal de 10 572 millones y en Organismos y Empresas de 5 889 millones; o sea un total de 16 461 millones, que fueron aplicados junto con los 3 755 millones de ingresos en Cuenta de Capital y el aumento neto de 8 251 millones de la Deuda Pública, al Programa de Inversiones que el Sector Público Federal realizó durante el año de 1970 según se detalla en el cuerpo de este dictamen.

Petróleos Mexicanos, que ha contribuido determinantemente a la industrialización del país, ha sido capaz de producir el 90% de la fuente de energía total consumida y de satisfacer al mismo tiempo la creciente demanda nacional de hidrocarburos; muestra de ello, es la forma en que ha venido incrementándose la producción anual en barriles al pasar de 10 mil en el año de 1900 a 43 millones en 1939, hasta llegar a 168 millones en el año de 1970, dentro de una estructura económica de precios bajos.

Las inversiones de este organismo en el período 1965- 1970, representan cerca del 20% de las inversiones del sector público, y el 6.5% de las totales del país; por otro lado ha sido fuente de trabajo para 71 mil jefes de familia.

Petróleos Mexicanos ha hecho frente a la demanda de productos petroquímicos básicos, realizando una invariable política de substitución en las importaciones; fabrica más de 200 productos entre combustibles industriales, automotrices y aeronáuticos, así como lubricantes, insecticidas y productos para la farmacología, asfaltos, ácidos, azufre y derivados como el hule, el benzol y otros.

El valor de los activos fijos de este organismo ascendió en el año de 1970 a 44 167 millones de pesos; destacando por su importancia las inversiones en las refinerías de Azcapotzalco, Cd. Madero, Minatitlán, Poza Rica, Reynosa y Salamanca con una capacidad de refinación diaria de 569 mil barriles de crudos y 30 mil de productos derivados.

Actualmente están en proceso de ampliación algunas de estas plantas, para refinar 143 mil barriles más al día; también forman parte importante de su activo, las plantas de absorción en Cd. Pemex y La Venta, Tab., con capacidad para procesar 721 millones de pies cúbicos diarios de gas natural húmedo.

Para la distribución y venta de sus productos cuenta con un sistema integrado por 3,185 Km. de poliductos, 3,535 Km. de gasoductos; además de una flota de 21 barcos con capacidad de 2 millones 720 mil barriles, habiendo transportado un total de 78 millones en e año de 1970.

En el ejercicio de que se trata, Petróleos Mexicanos obtuvo un ingreso total de 20 046 millones, destacando por su importancia 13 639 millones por ventas, 915.3 millones de financiamientos internos y 5 365 millones de externos.

Durante el mismo ejercicio se gastaron 20 030 millones de pesos, destacando los renglones de inversiones, adquisiciones capitalizables y perforación de pozos, por un total de 4 604 millones de pesos; se terminaron 124 obras que tuvieron un costo total de 1 413 millones, y además, al 31 de diciembre del mismo año, estaban un proceso de ejecución 160 más con un costo de 2 710 millones de pesos.

En las plantas de refinación, almacenamiento y distribución se invirtieron 413 millones de tuberías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, edificios, servicios administrativos, casas habitación y obras sociales, se invirtieron 518 millones de pesos; los 130 pozos exploratorios junto con los 193 en desarrollo, significaron un costo de 2 100 millones de pesos.

Petróleos Mexicanos ha sido tradicionalmente el mejor contribuyente del Gobierno Federal, basta señalar que en el año de 1970 pagó por concepto de impuestos 1 202 millones de pesos; así como 145 millones como pago del Impuesto de 2%, sobre el total de ventas de gasolina, que le corresponden a las Entidades Federativas.

Es muy importante destacar que los precios de los productos elaborados por Petróleos Mexicanos, se han mantenido sin variaciones substanciales desde el año de 1959, lo que ha beneficiado durante doce años a la economía nacional.

Los bajos precios de los hidrocarburos, se han podido mantener, no obstante el impacto que sobre la economía de este organismo ha tenido la elevación de los precios en los productos y servicios, gracias a la mayor productividad y volumen de ventas, las cuales se incrementaron sólo de 1969 a 1970 en un 8.9%.

Se liquidó pasivo externo en el mismo período por la cantidad de 5 163 millones de pesos; Petróleos Mexicanos ha mantenido una política invariable que le permite cubrir sus pasivos con ingresos propios y sólo recurrir complementariamente a los financiamientos, aplicándolos exclusivamente en la realización de programas de inversión que elevan substancialmente la productividad, a fin de hacer frente a sus pasivos sin detrimento de su patrimonio.

La petroquímica es un renglón sobresaliente en casi todos los países de economía desarrollada; al efecto, Petróleos Mexicanos, ha elaborado un vasto programa de integración para esta industria, a fin de satisfacer la demanda interna; lo que ha permitido que actualmente se elaboren 28 productos petroquímicos, en sus 55 plantas de procesamiento, significando sólo en esta industria, una inversión de 3 144 millones: cabe destacar que este renglón, se ha financiado con recursos exclusivamente del sector petrolero, y es actualmente una de las grandes esperanzas tecnológicas de la nación. Podemos agregar que a través del Instituto Mexicano del Petróleo se ha dado notable impulso a la investigación científica en el campo de productos petroquímicos con resultados altamente satisfactorios.

Este organismo siguiendo la política del Ejecutivo Federal, está empeñado en elevar la productividad de sus recursos humanos, materiales y financiaron a través de una mejor planeación y control de las inversiones, con el uso de las técnicas más avanzadas, y con una mayor eficiencia en el manejo de su patrimonio.

La Comisión Federal de Electricidad ha venido apoyando el desarrollo económico de México y representa una base sólida de progreso manejada de acuerdo con los intereses nacionales. En 1970 nos presenta un gasto de 7 493 millones de pesos, correspondiendo al renglón de adquisición de bienes de inversión el mayor porcentaje.

En el ejercicio de 1970, con una inversión de 2 645 millones de pesos se pudo elevar la capacidad instalada a más de 6 millones de KW, al poner en servicio 410 000 KW distribuidos en 20 plantas localizadas en diferentes Estados.

Las principales plantas terminadas en 1970 fueron: la termoeléctrica de Salamanca, la Unidad y la gas en Bella Vista, N. L., 1a. y 2a. Unidades y las ampliaciones de las plantas termoeléctricas de La Laguna, Valle de México y Guaymas. Se construyeron 139 subestaciones con una capacidad de 2 millones 353 mil KVA y 14,000 Km. de líneas de transmisión; se electrificaron 1 004 comunidades rurales y se dio servicio a 460 000 nuevos consumidores.

En el mismo año, los principales proyectos en proceso de construcción fueron las plantas hidroeléctricas de La Angostura y la Villita, la geotérmica de Cerro Prieto, B. C. y las ampliaciones de la planta del Infiernillo, Salamanca, 2a. y 3a. Unidades, Valle de México, 3a. y 4a. Unidades y Monterrey.

En previsión de la demanda futura y procurando ahorros en recursos energéticos no renovables, esta empresa ha iniciado proyectos para incorporar al sistema de generación, la energía nuclear y la energía geotérmica, así como unificar frecuencias de 50 a 60 ciclos por segundo para poder incorporar el sistema central al sistema eléctrico nacional.

Para mantener en operación la empresa, se gastaron 1 999 millones de pesos, adquisición de bienes de operación, conservación de bienes muebles e inmuebles y otras erogaciones de operación, que sumados a los 1 600 millones del servicio de deuda interior y exterior nos da un total de 3 599 millones de pesos.

Los 3 847 millones de pesos por venta de servicios, fueron suficientes para cubrir los gastos de explotación, pagar el servicio de deuda interna y externa y cubrir parte de las inversiones.

Durante el ejercicio de 1970, la utilidad neta ascendió a 464 millones de pesos.

Ferrocarriles Nacionales de México, en 1970, incrementó su activo fijo en 2.42%, a una cifra de 16 413 millones. La depreciación y amortización fue del 1.15% del activo fijo o sea 184.8 millones.

Esta empresa tuvo erogaciones por 3 311 millones e ingresos por 2 156 millones, lo que reporta una pérdida de 1 155 millones.

Dentro de las erogaciones, dos aspectos merecen mencionarse. Se registraron inversiones para conservación de tramos de vía, cambios de durmientes, construcción de 15 puentes grandes y otros pequeños, por un valor de 807 millones. Los gastos de operación aumentaron, debido en gran parte al incremento en sueldos y prestaciones producto de la revisión del contrato colectivo de trabajo amparado por la Ley Federal de la materia.

En la rama de los ingresos se encuentra la causa de la operación deficitaria de los Ferrocarriles Nacionales. El servicio de pasajeros aporta aproximadamente el 7% de los ingresos, y contribuye con un poco más del 40% del déficit total; sin embargo, no es recomendable una importante reducción y menos la supresión de este servicio, pues para un gran número de compatriotas es el único medio razonable de transporte; hicieron uso de él 38 millones de pasajeros.

El servicio de flete carga también es una operación deficitaria. A pesar de un aumento de 4.2% en el volumen de 116 productos transportados (agrícolas, minerales, industriales y derivados del petróleo), los ingresos tan sólo se incrementaron en 1.2%. Este tipo de operación en sus 14 000 Kilómetros de vías han servido de apoyo al desarrollo económico del país.

Por lo que se refiere a los ferrocarriles Chihuahua - Pacifico, del Sureste y del Pacífico, sus problemas son similares a los Ferrocarriles Nacionales.

El patrimonio de Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos, está constituido principalmente por 13 autopistas con una extensión de 1 634 Km., 20 puentes y 4 transbordadores. El Gobierno Federal está empeñado en ampliar los activos fijos de esta empresa y al efecto encomienda a la Secretaría de Obras Públicas la construcción de caminos y puentes mediante créditos autoliquidables. Estas obras al terminarse quedando bajo la administración de este organismo.

En el ejercicio de 1970 los ingresos por derecho de tránsito ascendieron a 400 millones de pesos; los cuales sumados a ingresos por alquiler de maquinaria venta de emulsión asfáltica, combustibles, lubricantes y otros servicios, nos dan un total de 435 millones, según el estado comparativo de pérdidas y ganancias de esta empresa. Lo anterior significa un aumento de 18.2% en comparación a los ingresos de 1969.

Los gastos de este organismo durante este mismo ejercicio fueron de 384 millones, lo que da un remanente de ingresos por 51 millones que comparado con el año anterior, es superior en 20 millones.

Este organismo desempeña un papel muy activo en el desenvolvimiento de comunicaciones que resultan de vital importancia para la integración de diversas zonas del país.

Los ingresos del Instituto Nacional de la Vivienda durante el año de 1970 fueron de 48.7% millones de pesos: destacándose 30.1 millones por venta de bienes y 12.2 millones por ingresos por cuenta de terceros. Sus egresos fueron de 59.7 millones, correspondiendo la mayor proporción a gastos administrativos y liquidación pasivo interno.

El activo de este organismo al 31 de diciembre de 1970 era de 446.5 millones; 313.4 millones de préstamos hipotecarios; 36.1 de inmuebles en venta; 52.7 por cuentas por cobrar y 3.8 millones de construcciones en proceso.

Los activos y función social de este organismo fueron absorbidos por el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y la Vivienda Popular.

El activo de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública al 31 de diciembre de 1970 era de 613.7 millones de pesos; su activo circulante de 464.5 millones, y su pasivo circulante de 181.2 millones, esto es una relación de activo circulante y pasivo circulante de 2.56; el patrimonio de dicha empresa era de 306 millones y las reservas de capital de 77.3 millones.

Según el estado de pérdidas y ganancias del año de 1970 la utilidad neta en dicho ejercicio fue de 524 millones que se destinaron a la construcción de hospitales, servicios asistenciales y a incrementar sus reservar de capital.

El Instituto Mexicano del Seguro Social obtuvo ingresos en 1970 de 8 943 millones de pesos, 1 278 millones más que en 1969, siendo sus renglones principales las cuotas obrero - patronales con 6 333 millones de pesos y financiamientos internos por 1 670 millones.

Estos ingresos, que representan un 16% más que los del año anterior, permitieron cubrir un gasto total de 8 835 millones de pesos en el mismo ejercicio, elevar los activos fijos al 11 604 millones de pesos; y beneficiar a 750 000 derechohabientes más que en el ejercicio anterior, para llegar a un total cercano a los 10 millones.

En el total de egresos señalados destacan: gastos de operación con 6 503 millones de pesos, otras operaciones con 1 769 millones y liquidación de pasivos internos con 1 491.

En relación con el año de 1969 y según el estado comparativo de balances, este organismo incrementó su activo fijo en 718 millones de pesos; sus reservas complementarias en 361 millones y su patrimonio en 452 millones de pesos. El remanente del ejercicio o fondos libres destinados a incrementar las reservas técnicas fue de 432 millones.

Dentro de los 718 millones del aumento en activo fijo, figura como principal renglón el de muebles e inmuebles, que está representado por la construcción de clínicas en: El Centro Médico Nacional y los Estados de Coahuila, Baja California, Oaxaca, Puebla, México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, Colima, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Los egresos totales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ascendieron a 2 974 millones de pesos durante el año de 1970. En el rubro de inversiones destaca por su importancia la construcción de hospitales, clínicas, conjuntos urbanos habitacionales y Guarderías infantiles en diferentes entidades del país. Por otra parte la conservación y mantenimiento de sus instalaciones, adquisición de inmobiliario y equipo, incorporación de mejores y mayores servicios

médicos pensiones y jubilaciones, así como instalación de tiendas I.S.S.S.T.E., con cuya seguridad social se benefician 1498176 derechohabientes y familiares de trabajadores al Servicio del Estado Mexicano.

Los ingresos totales fueron de 3 232 millones correspondiendo la mayor proporción a la Venta de Servicios y Erogaciones Recuperables. La aportación legal que recibió del Gobierno Federal en 1970 fue de 1 136 millones de pesos, superior a la de 1969 en 198 millones de pesos Esta aportación del Gobierno correspondiente al 12.75 sobre los emolumentos que reciben los empleados públicos y que el Estado la otorga en acatamiento del Estatuto Jurídico del I.S.S.S.T.E. para salvaguardar la seguridad social de los trabajadores.

Los activos totales de este Organismo al 31 de diciembre de 1970 ascendieron a 6 503 millones de pesos, destacando por su cuantía los prestamos a corto plazo por más de 2 mil millones, los muebles e inmuebles por 1838 millones y los préstamos hipotecarios por 1 517 millones: el incremento de los préstamos a corto plazo en relación con el año anterior, fue de casi un 15%, el incremento neto al fondo o remanente de este organismo, fue de 384 millones de pesos. Del estado comparativo de productos costo, y gastos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se desprende un aumento de las pensiones y jubilaciones pagadas, de los servicios médicos especializados y medicamentos consumidos. En 1970 el excedente de las erogaciones correspondientes a servicios médicos en relación con las a aportaciones y descuentos para los seguros generales, fue de 291 millones.

La acción de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares comprueba la preocupación de un régimen revolucionario por apoyar la economía de las clases sociales de menores recursos. Su intervención es doble: apoyo a los productores agrícolas y a los consumidores de subsistencias populares.

En la planeación de la producción agrícola existen varios elementos indispensables; tres de ellos son la tierra, el agua y el crédito El cuarto elemento indispensable es el precio de garantía En este último incide marginalmente Conasupo, garantizando un precio mínimo, y adquiriendo un promedio del 20% de, los principales productos cosechados, protegiendo así a los productores.

Además Conasupo colabora a mejorar los sistemas de la producción mediante el programa de normas de control de calidad, Centros de Capacitación Campesina, asistencia técnica, tanto de productividad como de comercialización.

El apoyo al consumidor se realiza en varias formas. Primero, al almacenar existencias regula y garantiza el abastecimiento, evitando las especulaciones que tanto dañaban al público especialmente el de escasos recursos. Segundo. sostiene el precio de un buen número de artículos de primera necesidad con lo que aumenta el poder de compra especialmente de las clases desvalidas. Tercero, interviene en el campo de industrialización de algunos productos agropecuarios así como en la comercialización de artículos de consumo popular, para que con venta al menudeo, regular marginalmente el nivel de precios.

Compañía Nacional de Subsistencias Populares controla el comercio exterior del maíz, trigo, frijol, arroz, sorgo, leche en polvo, sebo y semillas oleaginosas. Realiza importaciones y exportaciones de acuerdo con necesidades reguladoras y de balanza de pagos.

Compañía Nacional de Subsistencias Populares y sus filiales con gran agilidad han acudido en ayuda a zonas de desastre; en diciembre de 1970 tuvo una importante participación por medio de las despensas populares y la campaña de abaratamiento del gasto familiar.

Su situación financiera es sana, tiene un pasivo de 718 millones de pesos, razonable frente a sus ventas totales de 2890 millones y un activo fijo de 1 052 millones, un activo circulante de 2 035 millones de pesos e inventarios de 1 318 millones. Las fuentes de financiamiento son internas.

En 1970 Compañía Nacional de Subsistencias Populares obtuvo un remanente de operación de 55.4 millones, tomando en cuenta un subsidio del Gobierno Federal de 850 millones. Este subsidio debe considerarse como un gasto de transferencia instrumento fiscal, promotor de justicia social.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares tenía al 31 de diciembre de 1970 un patrimonio de 1 846 millones, que registró un aumento de 1 141 millones en comparación con el balance al 31 de diciembre de 1969, incremento que se debe a la incorporación de los aeropuertos de Monterrey y Uruapan cedidos por la Secretaría de Obras Públicas y los de Ciudad Obregón, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, Puerto Vallarta, San Luis Potosí y Tijuana, cedidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a sus propias obras en proceso.

Las erogaciones que este organismo realizó en el año que se dictamina ascendieron a 188 millones de pesos y fueron apoyados totalmente en sus propios recursos, obteniendo una utilidad de 34 millones de pesos.

Según el Estado Analítico, Productos Forestales Mexicanos, no obtuvo ingresos propios durante 1970; por cuenta de terceros y financiamientos internos ingresó un millón de pesos, que contribuyeron a sus gastos, que según el estado de pérdidas y ganancias fueron de 4.8 millones de pesos.

Se trata de una empresa en período de formación con el propósito de lograr el aprovechamiento integral de la zona de veda localizada al noroeste del Estado de Durango. Siendo el propósito de este organismo el formar un polo de desarrollo en la región mencionada, la Comisión considera que esta empresa está justificada en su inversión actual.

La mexicanización de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., promovida por los regímenes revolucionarios, ha evitado la salida de divisas por concepto de utilidades y disminuyó la fuerte presión que los elevados costos ejercían sobre el precio de la energía eléctrica.

Los ingresos de esta empresa durante el año de 1970 fueron de 4 339 millones de pesos y los egresos sumaron 4 264 millones. Entre los primeros destacan la venta de energía en la zona concesionada que cubre, siguiéndole en importancia los financiamientos externos o internos. Entre los egresos sobresalen los gastos de adquisición de bienes de inversión y de operación.

Su activo total en 1970 ascendió a 7 226 millones de pesos, 646 millones más que en 1969; sus reservas se incrementaron en 441 millones; su capital contable aumentó en 161 millones y la utilidad del ejercicio fue de 79 millones de pesos.

La Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., es una empresa filial de la Comisión Federal de Electricidad y su política en materia de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, es fijada por el mencionado Organismo.

En 1970, Aeronaves de México, S.A., continuó dando servicio en las rutas que tiene concesionadas, amplió su equipo, abrió nuevas rutas y aumentó la frecuencia de sus servicios. En sus rutas nacionales ha cumplido su función de comunicación rápida coadyuvando con la integración acelerada de todos los mexicanos. Directamente y a través de sus subsidiarias presta servicio social en algunas rutas que comercialmente no serían recomendables. Con sus vuelos internacionales, sirve de fuerte apoyo al turismo, actividad tan importante para nuestra economía. El movimiento de pasajeros se incrementó en un 12.6% para llegar a un millón doscientos treinta mil.

El pasivo de Aeronaves de México, S.A., al 31 de diciembre de 1970 se origina principalmente en dos renglones básicos. Al Eximbank, por adquisición de equipo de vuelo (485.8 millones) en condiciones de plazo e interés razonables; y a Nacional Financiera 889.3 millones. Esta última cifra y las características de Nacional Financiera y Aeronaves, nos permite opinar que la situación financiera de la empresa es sólida, pues a diferencia de empresas estatales de aviación en otros países que reciben subsidios directos de sus gobiernos, Aeronaves no los recibe y a cambio obtiene créditos del sector oficial.

Es conveniente elaborar sobre la pérdida contable que fue de 87 millones. Primero: el objetivo primordial de esta empresa no es su rentabilidad, sino como ya hemos señalado cumple funciones de fomento económico y sirve a los amplios intereses de México. Segundo: 1970 fue un año en que la inmensa mayoría de las empresas de aviación extranjeras superaron precedentes en cuanto a pérdidas, las Aeronaves de México, S. A., por comparación, fue muy modesta. Tercero: esta empresa obtuvo una utilidad en operación de 38 millones, pero pasa a los números rojos mencionados cuando se consideran otros gastos que están fundamentalmente compuestos por intereses pagados por los créditos del Eximbank (29.6 millones) y de Nacional Financiera (89.6 millones).

El Departamento del Distrito Federal, obtuvo ingresos totales durante el año de 1970 por 4205 millones de pesos, 278 millones más que en 1969.

Los impuestos aumentaron de 2298.9 millones a 2533.8 millones los derechos de 404.8 millones a 565.6 millones de pesos y los aprovechamientos de 668.6 a 710.2 millones de pesos. Los productos disminuyeron de 177.6 millones a 129.6 millones y los ingresos extraordinarios de 377.6 millones a 265.8 millones de pesos.

Dentro de los ingresos por impuestos destacan por su cuantía el predial, el aplicado a los ingresos de los industriales y comerciantes en los términos del artículo 3o. de la Ley de Ingresos del Distrito Federal, el de los productos de capitales, diversiones y espectáculos, traslación de dominio y el impuesto sobre bienes inmuebles.

Entre los ingresos por concepto de derechos destacan: cooperación para obras públicas, los de servicios de agua, sobre vehículos y licencias y registro público de la propiedad; y en los provenientes de productos destacan los ingresos por arrendamientos, explotación o enajenación de bienes inmuebles y de capitales y valores propiedad del Departamento del Distrito Federal.

En los ingresos por aprovechamiento adquieren importancia los rezagos, la participación en impuestos federales, los recargos y las multas, y en los ingresos extraordinarios, financiamientos por un total de 265.8 millones. de pesos.

Los egresos que dicho Departamento realizó durante el mismo año de 1970, ascendieron a 4 241.8 millones. Cabe enfatizar que en su estructura general se advierte una concordancia entre los estimados presupuestados y los montos ejercidos. Hay que añadir, sin embargo, que en conjunto lo erogado excedió el monto aprobado como resultado de los recursos adicionales, captados, mismos que íntegramente se asignaron a renglones que en el cuadro general tienen prioridad: Construcción de los Interceptores y Colector Central, pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores de energía eléctrica, aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y otros.

Los porcentajes mayores del gasto general corresponden a las direcciones de Obras Hidráulicas y de Obras Públicas, y Aguas y Saneamiento. Dentro de las obras hidráulicas ejecutadas durante el año de 1970 destacan por su magnitud la ya consignada construcción de Interceptores profundos y Emisor Central, ampliación del servicio de agua y drenaje a zonas donde aumentó la densidad de población; la conservación de la red de alcantarillado, mantenimiento y operación de plantas de bombeo y la construcción de colectores en colonias populares.

Se atendió la urbanización, construcción y conservación de obras viales.

Dentro del renglón de Partidas Generales las erogaciones de mayor cuantía corresponden a la aportación para la construcción del Metro y pago de deudas de ejercicios fiscales de años anteriores. En menor proporción y dentro de este mismo renglón se registran el pago de energía eléctrica y las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Según el balance comparativo, el Departamento del Distrito Federal registro un aumento

total en su activo de 1 933.7 millones en relación con 1969, incremento que se atribuye principalmente a construcciones en proceso, mobiliario, equipo y bienes inmuebles.

Después de cubrir sus gastos de administración, los intereses de la deuda pública, las transferencias y las erogaciones especiales, el Departamento del Distrito Federal obtuvo en superávit en cuenta corriente de 2 063 millones de pesos que fueron aplicados a programa de inversiones realizadas durante el año de 1970.

El Territorio Sur de la Baja California realizó durante el año de 1970, erogaciones totales por 87.6 millones de pesos, correspondiendo la mayor proporción a obras públicas y construcciones.

El Gobierno Federal en cooperación con el del Territorio efectuaron gastos de educación por más de 50 millones de pesos destacando la construcción de la escuela preparatoria José María Morelos en la ciudad de La Paz, la Escuela primaria Francisco J. Mújica en la propia capital, la construcción de la Escuela Técnica Agropecuaria en Villa Insurgentes y la Escuela Hogar Rural en la población de Loreto, B.C. Estas erogaciones e inversiones en materia educacional, resultan equiparables al monto total del Presupuesto de Egresos del Territorios en 1969.

En materia de caminos se realizaron a través de los programas ordinarios bipartita, extraordinario bipartita y Federal complementario, obras por 44 millones. Esta inversión se ha aplicado principalmente, en los tramos San José del Cabo - Cabo de San Lucas y Villa Insurgentes - Puerto Escondido - Loreto. En la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Paz, se gastaron 93.5 millones. Esta obra ha colocado a la capital del Territorio a la altura de las mejores ciudades del país en materia de aeronavegación.

Por ser el incremento de las comunicaciones marítimas de esencial importancia, dada la calidad de tierra prácticamente insular del Territorio de Baja California Sur, se debe hacer mención de la adquisición que hizo caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos, de un nuevo transbordador que fue puesto en servicios en septiembre de 1970 en la ruta Mazatlán - La Paz.

En materia de pequeña irrigación se realizaron diversas obras que beneficiaron a comunidades ejidales. Se ampliaron las redes de agua potable y alcantarillado en las poblaciones de San José del Cabo, La Paz, Villa Constitución y Santa Rosalía.

En servicios coordinados de salud pública se construyeron dos centros de salud, se edificaron 23 casas habitación en el programa de mejoramiento de la vivienda rural, Se concluyó la construcción del hospital en la ciudad de La Paz, teniendo esta obra un costo de 16 millones.

Además de las obras antes mencionadas efectuadas en la cooperación del Gobierno Federal, el del Territorio de Baja California Sur invirtió en obras de pavimento banquetas, drenajes y en edificios delegacionales, la suma de 10 millones de pesos.

Los gastos fueron cubiertos con recursos procedentes de impuestos, derechos, de impuestos derechos productos y aprovechamientos, los cuales sumaron 25.2 millones, así como por aportaciones del Gobierno Federal y participaciones de impuestos federales.

Cabe destacar como dato revelador de la eficacia administrativa y de la intensa acción gubernamental en materia cultural, social y económica realizada en el territorio de Baja California Sur, durante 1970, que el gasto corriente ascendió a 21.5 millones y en cambio en obras y construcciones se invirtió la suma de 26.6 millones.

El Territorio de Quintana Roo, tuvo ingresos durante el año de 1970 por 44.5 millones y egresos por 52 millones de pesos. Además de sus ingresos propios recibió recursos extraordinarios por 30.5 millones que sumados a su existencia en caja al 1o de enero de 1970 apoyaron los gastos e inversiones realizadas en el mencionado ejercicio.

Dentro de sus egresos y en un renglón presupuestal de Servicios Generales, tiene especial trascendencia inversiones por 30.7 millones de pesos que fueron aplicados a la construcción de caminos, preparación de tierras para la agricultura electrificación de poblados, construcción de escuelas y en la ciudad de Chetumal se realizaron obras de pavimentación, ampliación del aeropuerto, construcción del mercado, y de diversas escuelas.

Asimismo una buena parte del presupuesto señalado, lo destinó al Gobierno de dicho Territorio a desayunos escolares, mantenimiento de hospitales recursos hidráulicos, becas mantenimiento y reparación de edificios Públicos y ampliación de servicios asistenciales.

De lo expuesto, el gasto público tuvo como preocupación fundamental, lograr mejores niveles de vida de las clases populares mayoritarias del Territorio de Quintana Roo.

En el estudio comparativo de las cifras aprobadas por esta H. Cámara para el ejercicio fiscal de 1970 correspondiente al Gobierno Federal y los organismos paraestatales, la Comisión Dictaminadora se percató que las magnitudes erogadas discrepaban de las originalmente autorizadas. Conocida la facultad que le confiere al Ejecutivo Federal el artículo 3o. del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos para 1970, los suscritos, no obstante, juzgaron pertinente adentrarse en las circunstancias que mediaron en los excedentes ejercidos.

En primer término, se constató que el flujo de egresos se había ajustado a los términos legales por tanto que los excedentes fueron cubiertos íntegramente con ingresos adicionales captados en la ejecución de la Ley de Ingresos de la Federación.

Dentro de este orden de ideas, se juzga que la aplicación inmediata de los ingresos disponibles, impidió que el período de ejecución de obras y planes se prolongan indebidamente, difiriendo el término en que comienzan a operar; lo que sin duda, se habría reflejado adversamente en el ritmo de la tasa de desarrollo.

En esta virtud, consideran correcto el procedimiento y justificada la aplicación de excedentes, toda vez que permitió utilizar los recursos disponibles para atender los gastos corrientes y de transferencia y dedicar un volumen importante a los renglones de capital, lográndose influir decisivamente en el incremento del 12.5% de la inversión global y, por consiguiente, en la rápida tasa de aumento - 7.5% - que registró el producto nacional bruto.

Al margen de las consideraciones que anteceden la Comisión encargada de elaborar el dictamen sobre la Cuenta Pública, quiere poner de manifiesto el mejoramiento que en el transcurso de los años han experimentado las cifras y las elaboraciones estadísticas del Gobierno Federal en materia hacendaria y manifiesta asimismo su interés porque sigan perfeccionándose en el futuro.

Con apoyo en el contenido de los estados financieros del sector público correspondientes al ejercicio fiscal de 1970, la Comisión Dictaminadora considera que el gasto público y sus medios de financiamiento se ajustaron en cuantía estructura y fuentes, a los principios de la política general de desarrollo económico y social, siguiendo un orden de prioridad conformado de acuerdo con objetivos concretos.

Los suscritos estiman que las decisiones presupuestarias adoptadas en el curso del año fiscal, se encuentran justificadas a la luz de la estabilidad cambiaría y de los precios internos; de la tasa de incremento del producto nacional bruto, del crecimiento sectorial de la economía y de las transferencias realizadas por el gobierno, a través de los mecanismos fiscales en favor de los grandes sectores de la población.

Por lo expuesto y con base en lo que establecen los artículos 65 fracción I, 73 fracción XXVIII, de la Constitución y demás ordenamientos relativos, sometemos a esta H. Asamblea el siguiente proyecto de Decreto:

Artículo 1o. Se admite y acepta la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, que comprende la del Gobierno Federal y sector paraestatal; y la del Departamento del Distrito Federal, y las de los Territorios Federales correspondientes al ejercicio fiscal de 1970 a que se refieren los estados de contabilidad que las resumen y que fueron presentadas y remitidas por el Ejecutivo de la Unión y la Contaduría Mayor de Hacienda, respectivamente, dentro del término de Ley.

Artículo 2o. Revisados los estados contables a que se refiere el punto resolutivo anterior se encontró que las cantidades gastadas concuerdan con las partidas autorizadas, y en consecuencia, se aprueban aquéllas. Asimismo son de aprobarse los resultados logrados en el desarrollo económico y social del país por la correcta aplicación de la política de ingreso y gasto público seguida por el jefe del Poder Ejecutivo Federal.

Artículo 3o. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda que examine minuciosamente los libros de contabilidad y glose los documentos justificados y comprobatorios que integran la propia cuenta y proceda en los términos de Ley.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 20 de octubre de 1971.- Diputado Salvador Reséndiz Arreola.- Diputado Humberto Hiriart Urdanivia.- Diputado Rafael Castillo Castro.- Diputada Guillermina Sánchez Meza de S.- Diputado Alberto Hernández Curiel.- Diputado Carlos Osorio Aguilar.- Diputado Román Ferrat Solá.- Diputado Marcos Manuel Suárez.- Diputado Enrique Soto Reséndiz.- Diputado Antonio Melgar Aranda.- Diputado José Ma. Serna Maciel.- Diputado Roberto Suárez Nieto."

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- Trámite: Primera lectura e imprímase.

INFORME DE COMISIÓN

Sección: Zonas de Desastre

El C. Altamirano Marín, Ignacio: Pido la palabra.

El C. Presidente: ¿Con qué objeto?

El C. Altamirano Marín, Ignacio: Para rendir un informe de la Comisión del Desarrollo Regional, Sección Zonas de Desastre.

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Ignacio Altamirano Marín. - El C. Altamirano Marín, Ignacio:

"Señor Presidente; señoras y señores diputados:

En cumplimiento del acuerdo de la Presidencia de esta Cámara de Diputados, dictado en la sesión del 15 del presente mes, los señores Legisladores Celso H. Delgado, Alejandro Ríos Espinosa, Guadalupe Urzúa Flores e Ignacio Altamirano Marín, miembros de la sección Zona de Desastre de la Comisión de Desarrollo Regional de esta representación Nacional, nos trasladamos con la urgencia que el siniestro señalaba, a la zona afectada por las inundaciones originadas por el ciclón Priscila que azotó las costas del Estado de Nayarit en el territorio de los Municipios de San Blas y Santiago de la misma Entidad.

En coordinación con las autoridades Federales y Locales, y usando los medios de transporte idóneos en cada caso: camioneta, camión, tractor y canoa, recorrimos el viernes 16 los pueblos comprendidos en la margen derecha del río Santiago y que fueron los siguientes: Amapa, Cerritos, Gavilán Grande, Gavilán Chico, Campo de los Limones, Sentispac, Pueblo Nuevo, Botadero, Villa Juárez, Cañada de Tabasco, Puerta de Mangos y los Corchos.

Del recorrido efectuado y del diálogo sostenido con los habitantes de esos poblados y la observación directa y objetiva de los daños, pudimos percatarnos que ellos fueron cuantiosos y afectaron gravemente su economía.

El sábado 17 se celebró una reunión de trabajo con la presencia del Ejecutivo del Estado y los representantes de los Bancos Oficiales de Crédito, el Agente de la Secretaría de Agricultura en la Entidad, el Gerente de la Mutualidad del Seguro Agrícola, además de funcionarios estatales, dirigentes campesinos, presidente del comité directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y diputados locales.

Inmediatamente, la Comisión salió a recorrer los poblados que se encuentran en la margen izquierda del río Santiago y que son: Villa Hidalgo, Aután, Guadalupe Victoria, El Carleño, Plaza de Ramírez, Isla del Conde, El Ciruelo y Laureles y Góngora.

El tercer día, domingo 18, la Comisión recorrió en helicóptero proporcionado por el Estado Mayor Presidencial, las zonas devastadas en ambas márgenes del río Santiago, y posteriormente, por tierra se visitó la zona platanera dañada del municipio de San Blas y los poblados de Jalcocotan y Mecatán.

La cuantificación de los daños causados a la producción agrícola en las zonas devastadas comprende una superficie de 18,839 hectáreas, que afectan una producción de 57,628 toneladas, con un valor de $48,476.418.00, de cultivos de maíz, ajonjolí, jitomate, chile, algodón, papaya y tabaco, destacando por su gravedad las pérdidas sufridas en sorgo, caña de azúcar y plátano.

Los caminos destruidos comprenden los tramos Villa Hidalgo, El Limón, 19.5 km. Ramales: La Culebra - Aután - El Carleño - Tramo Sauta - La Presa, Santiago - Los Corchos, 32 km., Ramales: Botadero, Puerta de Mangos, Villa Juárez y Boca de Camichín. Santiago - El Carrizo - Sentispac -

Laguna de mexcaltitán, con una extensión de 24.8 km. y ramales de acceso a otros pueblos con un valor que reclama la inversión de $13.305,000.00 para su reconstrucción.

Otras pérdidas no cuantificadas pero no por ello menos graves, son las derivadas de la desocupación en la región platanera, el aplazamiento de las siembras en virtud del exceso de humedad de la tierra y las ganancias que se dejan de percibir por la destrucción de las cosechas y el bajo rendimientos de los cultivos aplazados.

Otros daños fueron la pérdida de ganado, la incidencia de enfermedades de origen hídrico, destrucción de bordos de protección de algunos poblados, la desaparición física de dos menores y el desplome de la actividad económica como consecuencia de la gravedad del desastre.

La población afectada en lo general con motivo del siniestro, asciende a cerca de 25 mil personas que viven en las márgenes del río Santiago.

Esta Comisión considera pertinente destacar la rapidez del auxilio que, por instrucciones del C. Presidente de la República, se ha proporcionado a los damnificados de la zona por conducto del ejército, Secretaría de Gobernación, Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Secretaría de Recursos Hidráulicos, Agricultura y Ganadería, Secretaría de Salubridad y Asistencia, Secretaría de Obras Públicas, haciendo constar que los Titulares de las dos últimas dependencias, el Subsecretario de Agricultura y el Director de Gran Irrigación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, estuvieron presentes en el lugar del siniestro.

De la visita efectuada, esta Comisión recogió las proposiciones de los grupos interesados en su rehabilitación y que pueden condenarse en lo siguiente:

1. Préstamo urgente por $3.000,000.00 para iniciar la rehabilitación de la zona platanera del Municipio de San Blas y el sostenimiento de las familias afectadas.

2. La construcción, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de un fideicomiso por $5.000,000.00 para la propia zona platanera.

3. Otorgamiento de créditos suficientes y expedidos de los Bancos Oficiales, para la reconstrucción de los diversos sementeros de los cultivos dañados y que operen con clientela en recuperación.

4. Se considera también carente de oportunidad la decisión del Banco Nacional de Crédito Agrícola en el sentido de retirar la habilitación de crédito para 2,000 hectáreas de tabaco ubicadas en la misma zona y se recomienda que únicamente se retiren 1,000 para dedicarlas a otros cultivos de alto rendimiento.

5. La reparación inmediata de los caminos, puentes, ramales, alcantarillas y bordos de protección destruidos.

6. Que se amplíe el número de brigadas médicas para la prevención y curación de enfermedades, así como el establecimiento de Centros de salud a nivel regional.

7. Evitar técnicamente la repetición o la dimensión de las avenidas de los ríos Santiago y San Pedro, mediante la construcción de la presa de Aguamilpa, ubicada río arriba, que además incorporaría a la producción, en condiciones ventajosas, una área considerable, así como la construcción de canales revestidos de riego río abajo.

Esta Comisión observó y recogió del diálogo con los campesinos y pobladores afectados, la queja de que la reparación de las vías de comunicación efectuadas en el pasado no se cumplimentaron suficientemente, ni fueron satisfechas las demandas de los agricultores, en virtud de las pérdidas sufridas en otra temporada, merced a las inundaciones anteriores, por lo que creemos conveniente hacerlo del conocimiento de las Dependencias responsables para que culminen los planes anunciados para rehabilitar total y justicieramente a los pobladores de las zonas del desastre. Además, es necesario que esta Comisión esté atenta de que sean satisfechas oportunamente las necesidades presentes y futuras de los damnificados de ésta u otras zonas en iguales condiciones.

Nos complace informar a esta representación nacional que el pueblo de Nayarit observó con beneplácito la solidaridad manifestada por esta XVLIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión en los momentos difíciles por los que atraviesa y depositó fundadas esperanzas en la efectividad de las gestiones que realice la Comisión competente de esta Cámara de Diputados y expresó su agradecimiento al generoso e ilimitado auxilio que el Presidente Echeverría ordenó se les otorgáse.

México, D.F., a 20 de octubre de 1971.- Comisión de Desarrollo Regional, Sección: Zonas de Desastre: diputado Ignacio Altamirano Marín.- Diputado Celso H. Delgado.- Diputado Alejandro Ríos Espinosa.- Diputada Guadalupe Urzúa Flores." (Aplausos.)

El C. Presidente: Al Informe de la Sección de Zonas de Desastre de la Comisión de Desarrollo Regional, en uso de la facultad que le concede el artículo 21, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, esta Presidencia dicta el siguiente trámite parlamentario: De enterado e insértese en el Diario de los Debates.

CONSIDERACIONES SOBRE

EL SUFRAGIO FEMENINO

- La C. Anderson Nevárez, Hilda: Señor Presidente, pido la palabra.

El C. Presidente: ¿Con qué objeto?

- La C. Anderson Nevárez, Hilda: Para hacer consideraciones sobre el sufragio femenino.

El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra. (Aplausos.)

- La C. Anderson Nevárez, Hilda: Señor Presidente; señoras y señores diputados; compañeras:

"La misión del hombre y la mujer en la sociedad contemporánea, son complementarias la una de la otra y ambas tienen igual importancia y necesidad. La experiencia nos enseña

que en igualdad de circunstancias, todos los seres humanos adecuan su acción y su capacidad, de acuerdo con su talento, sin encontrarse diferencia alguna en la actividad, capacidad y dinamismo, con relación a la diferencia de sexos.

En un país en el que las estructuras político - sociales y económicas corresponden a todos los ciudadanos a actuar consecuentemente para transformar esas condiciones en posibilidades de desarrollo, es necesario hacer notar que la importancia de la mujer es indispensable para lograr los objetivos que en un momento determinado se fija una sociedad.

Estamos a 18 años de distancia en que la Revolución Mexicana concedió la plenitud de derechos ciudadanos a la mujer. (Aplausos.) El 17 de octubre de 1953 entró en vigor el decreto que reformó los Artículos 34 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En nuestro país, la mujer es por derecho propio un factor que ha contribuido con su esfuerzo al que hacer cotidiano de construir un México mejor, tanto en lo político y en lo económico, como en lo social; y el camino de la democracia exige que los ciudadanos emitan su voluntad a través del voto y es por ello que con motivo del XVIII Aniversario de la fecha en que se concedió el derecho de voto a la mujer mexicana, quiero rendir homenaje a los hombres y a las mujeres de la Revolución, que en diversas etapas consolidaron la participación activa de la mujer en la vida cívico - política de nuestro país (aplausos), principalmente a todas las mujeres que con el ejercicio de ese derecho del voto, han sabido responder a ese paso trascendente en el proceso democrático que ha vivido nuestra nación. (Aplausos.)

Evocar también a los hombres, como Salvador Alvarado, quien en Yucatán, el 13 de enero de 1916, patrocinó el Primer Congreso Femenil en el cual se aprobó que la mujer obtuviese más libertad, más derechos, y desde luego, luchar por alcanzar el voto ciudadano; a Felipe Carrillo Puerto, el valioso libertador de los indios mayas, quien en 1922 y gobernando su Estado, dio igualdad de derechos y oportunidades a las mujeres de su tiempo y, aquí en este mismo recinto parlamentario, se encuentra la mujer que obtuvo el primer puesto de elección popular en la República Mexicana, la maestra Rosa Torres G., Primera Regidora en el Ayuntamiento de Mérida en 1922. (Aplausos.)

Quiero también rendir homenaje a otros legisladores: la H. XXX Legislatura Local del Estado de Chiapas, que en 1925 aprobó un decreto concediendo la ciudadanía a las mujeres y que decía así:

'Decreto: Artículo Único. Se reconoce a la mujer, de los 18 años en adelante, en todo el territorio del Estado de Chiapas los mismos derechos políticos del hombre; en consecuencia tiene el derecho de votar y ser votada para los puestos públicos de elección popular, cualesquiera que éstos sean'.

Quiero también hablar y evocar a Lázaro Cárdenas, quien el 19 de noviembre de 1937 envió a la Cámara de Senadores reformas al Artículo 34 Constitucional, preparando el advenimiento de la ciudadanía de la mujer. En Veracruz declaró a la prensa el 26 de agosto del mismo año, este ilustre michoacano: 'El gobierno no se detendrá únicamente a tratar cuestiones que interesen o más convengan a los hombres, sino que colocará a las mujeres en el mismo plano que los hombres, y para el efecto prestará a las Cámaras, las reformas necesarias para que las mujeres queden definitivamente incorporadas a la función social y política. Porque no sería justo que estuviéramos reclamando la presencia de la mujer en los actos sociales, si no la hemos colocado en un plano de igualdad política'. Esto dijo de nosotras Lázaro Cárdenas, compañeras y compañeros. (Aplausos.)

La mujeres de aquel entonces se unieron en diversos grupos femeniles y en todo lo ancho y largo de la patria solicitaban en diversas formas su igualdad cívico - política.

Y así llegamos al 24 de diciembre de 1946, cuando la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de Ley enviada por el Ejecutivo, referente a la adición al Artículo 115 de la Constitución que concedía el voto a la mujer en las elecciones municipales.

La innegable fuerza de la mujer tendría ya que traducirse en una fuerza política nueva.

Comenzaba a encender en el sentimiento popular el innegable derecho que la mujer tenía para participar en forma determinante en la vida política del país. Las mujeres sin abandonar las obligaciones del hogar y sin dejar de ser celosas guardianes de los valores del espíritu, comenzaron a ganar la confianza de todos los ciudadanos y fue entonces cuando empezaron a actuar en puestos de elección popular, en Presidencias Municipales y en Regidurías.

Pero, ¿concedidos los derechos femeniles municipales, ya no tenían bandera política las mujeres?, ¿quedaban plenamente satisfechas sus demandas? No, porque aún no se había alcanzado el derecho de igualdad con el hombre, persistiendo una unión férrea entre todos los grupos femeniles de aquel entonces; una lucha por agigantar sus pasos hacia un triunfo final y fue así como el 6 de abril de 1952, en una asamblea femenil en el 'Parque 18 de Marzo', en donde asistieron miles de mujeres campesinas, obreras y de las colonias populares, el entonces candidato a la Presidencia de la República, Adolfo Ruiz Cortines, ofreció la igualdad definitiva, sin restricción, el otorgar el voto ciudadano a la mujer, y es así como al llegar a la Presidencia de la República, la promesa de este hombre surgido de las filas de la Revolución Mexicana, se hizo realidad y en el Decreto publicado el 17 de octubre de 1953, se reformó en los Artículos 34 y 115 de la Constitución Política, otorgando plenitud de derechos ciudadanos a la mujer en la República Mexicana. (Aplausos.)

18 años han transcurrido en que la mujer ha ejercido el derecho de votar y de ser electa también y creo que este ejercicio de participar activamente en la política nacional, valora la capacidad, la firmeza y la decisión de la mujer mexicana. Y en estos momentos de profundas transformaciones a la par con el hombre, mantiene la estabilidad política de nuestro país, su lucha constante, su preparación ascendente y conocedora cada día más, de cuáles son sus deberes y sus derechos, también expresa su pensamiento y sus aspiraciones. Ha venido sosteniendo con su voto a los mejores ideales de la Revolución Mexicana y ha llevado a los puestos de elección popular a los mejores hombres que con su actuación han respondido a su tiempo, Luis Echeverría Alvarez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y considero que es el preciso momento de que la palabra de la mujer en la más alta tribuna de la patria valore profundamente las leyes que envió a este mismo Congreso y que son armas poderosas para asegurar la igualdad de la mujer frente a su destino. (Aplausos.) En 10 meses de actuación, conduciendo al país, otorgó en la Ley de Reforma Agraria lo que muchas mujeres campesinas habían anhelado: la plenitud de derechos de la mujer en el campo, considerándola al igual que el hombre, con derecho a la tierra, así como trabajar en las industrias.

Dio Luis Echeverría a la madre mexicana el derecho sagrado de trasmitir la nacionalidad aun cuando ésta esté casada con extranjero y nazca su hijo en suelo extraño, a través de la Ley de Nacionalidad y Naturalización que en este mismo Congreso de la Unión analizamos con regocijo todas las mujeres legisladoras que tenemos el honor de participar en la XLVIII legislatura.

El presidente Echeverría hizo profundas reformas en la Ley de Seguridad Social que benefician a la madre trabajadora, al niño y al hogar.

Envió la nueva Ley de Readaptación de Sentenciados en donde se integra a la sociedad al hombre o a la mujer que han tenido la desgracia de delinquir y haber estado tras una larga condena sentenciados.

Con esta ley los hijos de estos hombres y estas mujeres podrán también en lo futuro tener otro destino más humano más amable, más promisorio.

Tomando en cuenta que la base de la sociedad es la familia y los problemas que ésta confronta, al surgir algún conflicto de carácter jurídico, los juzgados civiles eran insuficientes para resolver rápidamente estas situaciones familiares: en esta virtud se hicieron Reformas al Código de procedimientos civiles para el Distrito y Territorios Federales y surgen así los Juzgados de lo familiar. (Aplausos.)

Nuestro Presidente, el hombre que conduce los destinos de México, ha respondido a la fe y a la esperanza de su pueblo. Las mujeres hacemos público reconocimiento a su obra de gobierno. Actualmente México lucha con todas sus fuerzas por conseguir trabajo digno para sus hijos, educación, una mejor distribución a la riqueza, la expansión de su comercio y el disfrute equitativo de sus riquezas, sin que manos ajenas nos quiten el pan de la boca; en este esfuerzo que el Presidente Echeverría y su digna esposa libran todos los días, las mujeres hacemos profesión de fe en el destino de México.

Estamos comprometidas con la Patria. ¿Qué es la Patria? Es el conjunto de los esfuerzos realizados por generaciones anteriores para darnos libertad e independencia y es también el conjunto de los ideales que ahora compartimos para mantener nuestra autodeterminación y nuestra soberanía. Y es necesario recordar a todas aquellas abnegadas compañeras que en el transcurso de sus vidas lucharon sin descanso para contribuir a configurar una imagen esforzada de nuestro país.

Rindo homenaje a aquellas mujeres, cuyos nombres están inscritos en letras de oro en este recinto parlamentario, y que demuestran cómo la mujer mexicana ha venido luchando a través de nuestra historia por el ideal de una patria libre en beneficio del pueblo.

Haga un recuerdo emocionado, lleno de gratitud, hacia las compañeras del admirable grupo que al lado del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez, realizó hace más de un siglo la reforma que sentó desde entonces las bases del sistema republicano que hoy es la columna vertebral de nuestro régimen democrático.

Aprovecho para invocar a los sentimientos de las mujeres de México para que el próximo año, año de Juárez, cuando todos solidariamente con la iniciativa del señor Presidente Echeverría dediquemos nuestros mejores pensamientos a tan ilustre estadista, guardemos también en lo íntimo de nuestros corazones un emocionado homenaje a quien fue abnegada compañera y entendida alentadora de los ideales reformistas: Doña Margarita Maza de Juárez. (Aplausos.)

Desde esta alta tribuna de la Patria deseo mencionar a todas las mujeres de México que, unidas en ideal y pensamiento, aportaron algo para lograr la consolidación del sufragio femenino: A Hermila Galindo, que dirigió un mensaje al Congreso Constituyente de Querétaro, pidiendo igualdad para la mujer: a Margarita Robles de Mendoza; a Soledad Orozco; a Esther Chapa y a Rosa Torre G., que a las puertas mismas de esta Cámara de Diputados, con decisión y fe inquebrantable pidieron la igualdad en el sufragio.

Vaya un pensamiento de amor y de respeto a las mujeres ya desaparecidas, a la primera mujer Diputado Local, Elvia Carrillo Puerto; a la primera mujer Diputado Federal, Aurora Jiménez de Palacios, y a todas aquellas que en las filas de la Revolución Mexicana formaron parte de grupos entusiastas que lucharon por la plenitud de derechos de las mujeres de México.

Y a 18 años de distancia, la intervención de la mujer en la vida cívica del país ha tenido proyecciones extraordinarias que se reflejan en todos los órdenes de la actividad nacional: hoy distinguidas mujeres ocupan puestos relevantes y ayudan con eficacia al fortalecimiento de nuestras instituciones.

En esta misma cuadragésima octava legislatura un grupo de compañeras, con sentido revolucionario aportan su esfuerzo a los trabajos de Cámara y concurren a las comisiones para contribuir al mejor cumplimiento de nuestro cometido.

Han ido muchos de nuestros compañeros hasta los lugares más apartados del país para buscar la verdad y traerla a la Cámara de Diputados en leyes que protejan esos grupos marginados. Hay en estos momentos, una mujer Vicepresidenta que actúa en nuestra Cámara pluripartidista que también nos legó la Revolución Mexicana.

Con sensibilidad que enaltece nuestra condición de mujer, recibimos con entusiasmo la confianza que en nosotros depositan ustedes, señores diputados, y les brindamos en reciprocidad, el más sincero reconocimiento a ustedes, compañeros nuestros. (Aplausos.)

Desde la más alta tribuna de la patria, hago un llamado a todas las mujeres de México: a las campesinas, a las obreras, a las profesionistas, a las mujeres sencillas del pueblo, para que todas unidas sigamos construyendo con nuestra diaria tarea, con nuestro empeño, con nuestra capacitación técnica y profesional, desde el hogar mismo, este gran país nuestro que se llama México y que espera tanto de nosotras, a los 18 años de sufragio femenino." (Aplausos.)

El C. secretario Herrerías Montoya, Ignacio: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

El C. Presidente (a las 15.50 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 26 del actual, a las 11 horas, con aquellos asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y

"DIARIO DE LOS DEBATES"