Legislatura XLIX - Año III - Período Ordinario - Fecha 19751226 - Número de Diario 43
(L49A3P1oN043F19751226.xml)Núm. Diario:43ENCABEZADO
Diario de los Debates
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
XLIX LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921.
AÑO III México, D. F. Viernes 26 de Diciembre de 1975 TOMO III. - NÚM. 43
SUMARIO
Apertura
Orden del Día
Acta de la sesión anterior. Se aprueba
Invitados de Honor
La Secretaría da lectura a los nombres de los invitados de honor presentes en esta sesión
Comparecencia del C. Secretario de la Presidencia.
Una comisión al respecto, introduce al Salón al C. licenciado Ignacio Ovalle Fernández, Secretario de la Presidencia de la República quien, en el uso de la palabra, da lectura a su exposición relativa, a la Iniciativa de Ley General de Asentamientos Humanos
Interpelaciones
A continuación, los CC. Salvador Robles Quintero, Jaime Coutiño Esquinca, Rosendo González Quintanilla, Fernando Estrada Sámano, Jaime Castillo Reyna, Luis León Aponte, Rubén Rodríguez Lozano, María Guadalupe Cruz Aranda, Javier Blanco Sánchez, Pánfilo Orozco Alvarez, Francisco Rodríguez Pérez Carlos Machiavelo Martín del Campo, Manuel Ramos, Gurrión, José Octavio Ferrer Guzmán y Mariano Araiza Zayas, Formulan al C. licenciado Ovalle Fernández, varias preguntas en relación a la Iniciativa de Ley en cuestión, a las cuales éste da respuesta
Los CC. julio Cortazar Terrazas, Jesús Enríquez Burgos, Margarita García Flores y Eugenio Ortiz Walls, inscritos para hacer preguntas, declinan hacerlo por considerar que ya han sido contestadas Sigue el C. Secretario de la Presidencia refiriéndose a la importancia de la Iniciativa de Ley General de Asentamientos Humanos, y a otra más enviadas por el C. Presidente de la República, que entrañan vital importancia para la democracia y justicia social de todos los mexicanos
Agradecimiento
La Presidencia agradece los conceptos del C. licenciado Ovalle Fernández, y a nombre de la Cámara expresa su congratulación por haberlo escuchado, por lo que lo felicita y hace votos por que continúe desarrollando actividades que lo hacen ser destacado y digno exponente de toda una generación revolucionaria. La misma Comisión que introdujo al alto funcionario, lo acompaña al retirarse del Salón. La Secretaría por su parte, agradece la asistencia de los distinguidos invitados
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
Reformas a la Ley del ISSSTE y a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona las leyes arriba expresadas. Primera lectura
Ley que Crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.
Dictamen con proyecto de Ley que crea la Universidad mencionada. Primera lectura. Se dispensa la segunda. Se a prueba en lo general y en lo particular. Pasa al Ejecutivo
Ley Federal para el Fomento de la Pesca.
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 37 de la Ley aludida. Primera lectura. Se dispensa la segunda. Se aprueba en lo general y en lo particular. Pasa al Ejecutivo
MINUTA
Reformas al Código Civil para el Distrito Federal.
La H. Colegisladora envía la minuta con proyecto de Decreto que reforma
y adiciona los artículos 58 y 389, fracciones I y II, del Código Civil para el Distrito Federal. Se turna a Comisión
Proposición
El C. Arturo González Cosío propone la creación de un Comité Administrador del Programa Federal de Protección a los Monumentos Históricos. Se turna a Comisión e imprímase
Orden del Día
Se da lectura al Orden del Día de la próxima sesión. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO LUIS DEL TORO CALERO
(Asistencia de 140 ciudadanos diputados.)
APERTURA
- El C. Presidente (a las 11:35 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El C. secretario Rogelio García González:
"Cámara de Diputados.
Tercer Período Ordinario de Sesiones.
XLIX Legislatura.
Orden del día
26 de diciembre de 1975. Lectura del acta de la sesión anterior.
10.30 horas, comparecencia del C. licenciado Ignacio Ovalle Fernández, Secretario de la Presidencia.
Dictámenes de primera lectura
De las Comisiones unidas Primera y Segunda de Trabajo y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto, que reforma y adiciona las Leyes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
De las Comisiones unidas de la Defensa Nacional y de Estudios Legislativos con proyecto de Ley, que crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.
De las Comisiones unidas de Desarrollo Pesquero, de Marina Nacional y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto, que reforma al artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca.
Minuta
Con proyecto de Decreto, que reforma y adiciona los artículos 58 y 389, fracciones I y II, del Código Civil para el Distrito Federal."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- El mismo C. Secretario:
"Acta de la sesión efectuada por la Cámara de Diputados de la XLIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, el día veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.
Presidencia del C. diputado Luis del Toro Calero.
En la ciudad de México, a las trece horas y cinco minutos del martes veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, se abre la sesión, con asistencia de ciento sesenta y cuatro ciudadanos diputados.
Lectura del Orden del Día y del Acta de la sesión anterior, llevada a efecto el día de ayer, que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta de los documentos en cartera:
El C. Jorge Armando Gaitán Gudiño da lectura al dictamen con proyecto de Ley suscrito por las Comisiones Unidas de Asuntos Agrarios; de Hacienda, Crédito Público y Seguros y Estudios Legislativos, relativos a la Ley General de Crédito Rural. Primera lectura. A petición del orador se dispensa la segunda lectura del mismo.
A moción del C. Eduardo Limón León, la Asamblea, en votación económica, difiere el debate de este asunto, para realizarlo en el curso de esta misma sesión.
Las Comisiones unidas Segunda de Justicia y de Estudios Legislativos presentan un dictamen con proyecto de Decreto, que reforma el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Primera lectura.
El C. Guillermo Gómez Reyes da lectura al dictamen suscrito por la Comisión de Presupuestos y Gasto Público, que contiene el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 1976, y solicita, a nombre de las Comisiones, se dispense la segunda lectura del dictamen.
En votación económica, la Asamblea aprueba la solicitud.
A discusión en lo general y posteriormente en lo particular, sin que motive debate, en votación nominal se aprueba en ambos sentidos por unanimidad de ciento cuarenta y siete votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Dictamen con proyecto de Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para 1976, presentado por la Comisión de Presupuesto y Gasto Público y al cual da lectura la C. María de la Cruz Espinosa Ortega. Primera lectura, a solicitud de la oradora, la Asamblea dispensa la segunda lectura al documento en cuestión.
A discusión en lo general.
Hacen uso de la palabra, en pro, el C. Gerardo Medina Valdez; por la Comisión, el C. Alejandro Cervantes Delgado.
Suficientemente discutido en lo general, se reserva para su votación nominal.
A discusión en lo particular, no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de ciento cuarenta y seis votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El C. Alberto A. Loyola Pérez presenta y da Lectura a una Iniciativa con proyecto de Decreto para reformar la fracción II del artículo 71 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que suscriben los CC. diputados del Partido Acción Nacional a la XLIX Legislatura. A las Comisiones unidas de Fomento Cooperativo, y de Estudios Legislativos e imprímase.
Después de un breve receso, se reanuda la sesión.
La H. Cámara de Senadores envía la Minuta con proyecto de Ley que crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Recibo y a las Comisiones unidas de la Defensa Nacional, y de Estudios Legislativos.
La misma H. Colegisladora remite la Minuta que contiene el proyecto de Decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca. Recibo y a las Comisiones unidas de Desarrollo Pesquero; de Marina Nacional, y de Estudios Legislativos.
La C. Margarita García Flores hace uso de la palabra para referirse al dictamen de las Comisiones unidas Primera y Segunda de Puntos Constitucionales; de Asuntos Agrarios, y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 27, 73 y 115 de la Constitución General de la República, y solicita se dispone la segunda lectura del mismo, en virtud de ser ya del conocimiento de los señores diputados este asunto.
La Asamblea, en votación económica, dispensa la segunda lectura al dictamen.
La propia diputada García Flores, a nombre de las Comisiones Dictaminadoras, da a conocer a la Asamblea algunas modificaciones hechas al proyecto de Decreto; asimismo solicita se dispense la segunda lectura a estas modificaciones y se sometan a discusión conjuntamente con el artículo del dictamen.
La Asamblea, en votación económica, prueba la solicitud.
A discusión en lo general con las modificaciones presentadas y aceptadas.
Hacen uso de la palabra, en contra, el C. Manuel González Hinojosa; por las Comisiones, el C. Antonio Martínez Báez; en contra, el C. José Angel Conchello Dávila; en pro, el C. Lázaro Rubio Félix; en contra, el C. Fernando Estrada Sámano; por las Comisiones, el C. Mario Ruiz de Chávez; por segunda ocasión, el C. Manuel González Hinojosa, y finalmente por las Comisiones, el C. Jesús Dávila Narro.
Suficientemente discutido en lo general, se aprueba en votación nominal, por ciento veintitrés votos en favor y veintiuno en contra.
A discusión en lo particular, no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal, se aprueba por ciento veintitrés votos de la afirmativa y veintiuno de la negativa.
Aprobado tanto en lo general como en lo particular con las modificaciones, pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que participa que el C. Presidente de la República, con base en el artículo 93 constitucional, ha dado autorización para que el C. licenciado Ignacio Ovalle Fernández, Secretario de la Presidencia, comparezca ante esta Cámara de Diputados, para que informe sobre las cuestiones de interés para que informe sobre las cuestiones de interés de la Iniciativa de Ley General de Asentamientos Humanos. De enterado y se señalan las 11:00 horas del día 26 de los corrientes para recibir a dicho funcionario. Comuníquese al C. Secretario de Gobernación para los efectos consiguientes.
La propia Secretaría de Gobernación comunica que el Ejecutivo Federal, ha dado instrucciones para que el C. licenciado Octavio Sentíes Gómez, Jefe del Departamento del Distrito Federal, comparezca ante este Cuerpo Legislativo, a fin de que informe sobre la importancia de la Iniciativa de Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. De enterado y se señalan las 11:00 horas del sábado 27 del actual, para recibir al señor Regente. Comuníquese al C. Secretario de Gobernación para los efectos correspondientes.
De conformidad con el Acuerdo tomado por la Asamblea , se somete a debate el proyecto de Ley General de Crédito Rural.
El C. Octavio Peña Torres, a nombre de las Comisiones, da lectura a unas modificaciones introducidas al dictamen, que enriquecen al mismo, y solicita se dispense la segunda lectura de las mismas, y se sometan a discusión conjuntamente con el articulado.
La Asamblea aprueba la solicitud anterior.
A discusión en lo general con las modificaciones.
Hacen uso de la palabra en apoyo del proyecto de Ley, los CC. Javier Blanco Sánchez, María Villaseñor Díaz, Pedro Bonilla Díaz de la Vega y Diódoro Carrasco Palacios.
Suficientemente discutido en lo general, se aprueba por mayoría de ciento cuarenta y seis votos en favor y uno en contra.
A discusión en lo particular.
Previa moción del C. Luis Dantón Rodríguez, el C. José de Jesús Sánchez Ochoa, impugna en una sola intervención los artículos 42, fracción IV; 59, fracción I; 55, 69, 81, párrafo segundo; 94, párrafo segundo; 119, fracción I; 126, párrafo primero; 127, párrafo segundo; 134, fracción I; 135, fracción I y V.
Por las Comisiones interviene el C. Octavio Peña Torres.
Suficientemente discutidos estos artículos, se reservan para su votación nominal.
A debate el artículo 16.
Usan de la Palabra para proponer una
modificación, el C. Angel Conchello Dávila; por las Comisiones, el C. Luis Dantón Rodríguez.
Suficientemente discutido se reserva para su votación normal.
A discusión los artículos 60 y 62.
Intervienen para proponer modificaciones, el C. Fernando Estrada Sámano; por las Comisiones, el C. Jorge Armando Gaitán Gudiño.
La Presidencia declara un receso de cinco minutos.
Se reanuda la sesión, hace uso de la palabra por las Comisiones, el C. Luis Dantón Rodríguez, quien acepta se modifique el artículo 62, dando a continuación lectura a la nueva redacción.
La Secretaría procede a recoger la votación nominal de los artículos que fueron impugnados, que son los siguientes: 60; 16; 42, fracción IV; 55; 59, fracciones I y II; 69; 81, párrafo segundo; 94, párrafo segundo; 119, fracción I; 126, párrafo primero; 127, párrafo segundo; 134, fracción I, y 135, fracciones I y V, los que resultan aprobados por ciento veintisiete votos de la afirmativa y diecisiete de la negativa.
Los artículos, párrafos y fracciones no impugnados, en votación nominal se aprueban por unanimidad de ciento cuarenta y cuatro votos. Pasa al Senado el proyecto de Ley para los efectos constitucionales.
Dictamen de las Comisiones unidas de Hacienda, Crédito Público y Seguros; de Presupuesto y Gasto Público con proyecto de Ley, que establece, reforma y adiciona diversas Leyes Fiscales.
A solicitud del C. José Luis González, en votación económica se dispensa la segunda lectura del dictamen.
A discusión en lo general, sin que motive debate, se aprueba por unanimidad de ciento cuarenta y tres votos.
A discusión en lo particular.
El C. Miguel Fernández del Campo objeta el artículo 4o.; por las Comisiones, interviene el C. Hernán Morales Medina.
Suficientemente discutido, en votación nominal se aprueba por ciento veintiséis votos en pro y once en contra.
Los artículos no impugnados se aprueban en votación nominal, por unanimidad de ciento cuarenta y tres votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El C. Lázaro Rubio Félix, a nombre del Partido Popular Socialista, hace uso de la palabra para protestar públicamente por las declaraciones hechas por un senador de la República a un periódico de esta ciudad de México.
Se da lectura al Orden del Día de la próxima sesión.
A las cero horas y cuarenta minutos del día veinticuatro de diciembre, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo viernes veintiséis, a las diez horas."
Está a discusión el Acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente,
INVITADOS DE HONOR
- El mismo C. Secretario:
En ocasión de la comparecencia del ciudadano licenciado Ignacio Ovalle Fernández, se encuentran en presencia de esta honorable Asamblea, los siguientes funcionarios públicos:
Licenciado Fausto Zapata Loredo, Subsecretario; ingeniero Juan B. Puig de la Parra, Director General de la Comisión de Estudios del Territorio Nacional; Licenciado Fernando Paz Sánchez, Subdirector General de Inversiones Públicas; doctor Víctor A. Maldonado, Director General de Documentación e Informe Presidencial; licenciado Humberto Valdivia, Subdirector de Difusión y Relaciones Públicas; licenciado Emilio González Anguiano, Director General de Administración; doctor José Chanes Nieto, Director General de Estudios Administrativos; licenciado Rafael Santoyo, Subdirector General de Asuntos Jurídicos y de Legislación; licenciado Fernando Córdoba Lobo, Director General de Quejas; licenciado Luis de Pablo Serna, Director General Coordinador de Programación Económica y Social; ingeniero Jaime Luna Traill, Director General de Desarrollo Regional; licenciado Mario Casco, Director General de la Comisión del Desarrollo Turístico de la Península de la Baja California; licenciado Manuel Lozano Jiménez, Secretario Particular del C. Secretario; licenciado Rafael García Garza, Secretario Particular del C. Subsecretario; licenciado José Carreño, Asesor de la Secretaría de la Presidencia; C. Francisco Cano Escalante, Vocal Ejecutivo de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera; arquitecto Joaquín Martínez Chavarría, Director de INDECO; licenciado Luis Vicente Echeverría, Responsable del Sistema de Información para la Programación Económica y social de la Secretaría de la Presidencia; licenciado Guillermo González Avelar, Secretario Particular del C. Director de INFONAVIT; licenciado Ramón Ojeda Mestre, Coordinador del Consejo Nacional de Población; licenciado Rodolfo Echeverría Zuno, Director General de Desarrollo de la Comisión del Río Balsas; ingeniero Luis Uniquel, Director de Estudios del Urbanismo del Colegio de México; arquitecto Francisco Covarrubias, Investigador del Urbanismo del Colegio de México; licenciado Eduardo Jiménez González, Embajador de México en Noruega; ingeniero Angel Alessio Robles, Director de Planeación del Departamento del D. F.; ingeniero Juan F. Valera, Vocal Ejecutivo de la Comisión Nacional Coordinadora de Puentes, y otros distinguidos invitados. (Aplausos.)
COMPARECENCIA DEL C. SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA
El C. Presidente: Me permito informar a la Asamblea que se encuentra a las puertas de este recinto el licenciado Ovalle Fernández, Secretario de la Presidencia. Para introducirlo al Salón de Sesiones, se designa en
comisión a los siguientes CC. diputados: Raúl Gómez Danes, Jesús Dávila Narro, Graciela Aceves de Romero, María de la Paz Becerril, Juan C. Peña Ochoa y Pánfilo Orozco Alvarez. Rogamos a los señores diputados cumplan con su cometido. (La Comisión cumple su cometido.) (Aplausos.)
- El mismo C. Presidente: En cumplimiento del punto de acuerdo aprobado por esta Cámara de Diputados el 19 de los corrientes, hoy comparece ante esta Representación Nacional el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, Secretario de la Presidencia, a fin de informar y contestar preguntas en relación a la Ley General de Asentamientos Humanos. Por conducto de la Secretaría, varios CC. diputados han manifestado su deseo de formular algunas preguntas al señor Secretario de la Presidencia una vez que terminada su exposición.
Esta Presidencia dará lectura a los nombres de los legisladores inscritos:
Salvador Robles Quintero, Jaime Coutiño Esquinca, Rosendo González Quintanilla, Fernando Estrada Sámano, Jaime Castillo Reyna, Luis León Aponte, Rubén Rodríguez Lozano, Guadalupe Cruz Aranda, Julio Cortazar Terrazas, Javier Blanco Sánchez, Pánfilo Orozco Alvarez, Jesús Enríquez Burgos, Francisco Rodríguez Pérez, Margarita García Flores, Eugenio Ortiz Walls, Carlos Machiavelo Martín del Campo, Manuel Ramos Gurrión, Abraham Talavera López y Mariano Araiza Zayas.
- El C. Secretario de la Presidencia:
"Ciudadano diputado licenciado Luis del Toro Calero, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados:
Ciudadanas y ciudadanos diputados:
Señoras y señores:
La iniciativa de Ley General de Asentamientos Humanos promovida por el Presidente de la República, que ha dado lugar a la honrosa convocatoria de esta honorable representación, se inscribe en el proceso iniciado por el Constituyente de Querétaro, tendiente a garantizar que el uso y disfrute del territorio y las riquezas nacionales responden al interés público.
Hace 60 años, la comisión que elaboró la iniciativa del artículo 27 constitucional, enfatizó que la nación habría de retener bajo su dominio soberano todos los recursos que fueran necesarios para el desarrollo social.
En virtud de esa conquista, el país ha dispuesto de elementos fundamentales para su desarrollo, que han constituido, a su vez, las bases para satisfacer las demandas de una población creciente.
Hoy, y en los próximos años, el imperativo de elevar cualitativamente la convivencia nacional, exige seguir combatiendo los desajustes y las injusticias que todavía gravitan sobre la población campesina y que han deteriorado y deprimido las condiciones de vida en los centros urbanos.
El aspecto demográfico más relevante del desarrollo del país, en los últimos 45 años, ha sido precisamente el proceso de urbanización.
En 1930, México sólo tenía una ciudad de un millón de habitantes y once poblaciones con más de 50 mil personas cada una. En ellas vivía el 12% de población total.
Por esas mismas fechas, sólo tenían comunicación por carretera México y otras siete poblaciones de más de 30 mil habitantes. Era claro que el país, casi en su totalidad, era rural.
En 1940, permanecía una situación semejante, ya que aparte de la ciudad de México, que por entonces contaba con dos millones de habitantes, sólo existían 13 poblaciones con más de 50 mil personas.
A partir de ese entonces, como resultado del desarrollo general cobró impulso el proceso de urbanización. No obstante el rápido aumento de la población general, en 1950 residía el 43% de los habitantes de la República en centros urbanos. El país contaba ya con más de 22 ciudades de 50 mil o más habitantes.
En 1970, el proceso de urbanización había modificado la demografía del país. En ese año contábamos ya con tres ciudades de más de un millón de habitantes y 59 centros de población de más de 50 mil moradores cada uno. El 60% de la población censada, esto es, más de 28 millones de habitantes, vivían ya en centros urbanos.
En los últimos cinco años, el proceso de urbanización se ha intensificado y habrá de continuar en el futuro. Por ello, debemos prepararnos para afrontar las modificaciones que tendrá necesariamente nuestra organización económica, social y política.
En los próximos veinticinco años, se estima que el 80% de la población vivirá en comunidades urbanas de más de 2 mil 500 habitantes. Es decir se modificará en forma radical la situación presente. Por lo mismo, deben redoblarse los esfuerzos para planificar, orientar y construir el ambiente urbano que responda a las necesidades de esa estructura de la población.
Al proceso de urbanización han contribuido, por una parte, los desequilibrios entre el campo y la ciudad y por otra, los diferentes grados de desarrollo de la agricultura y de la industria. A medida que se impulsaron las actividades secundarias y terciarias se propició el éxodo a las ciudades.
La falta de oportunidades de trabajo en el campo y más recientemente el propio aumento de la productividad agropecuaria acentuaron la migración interna. El desplazamiento masivo hacia las ciudades, sin embargo, no siempre ha representado una solución. Hoy padecemos desempleo y subempleo en los centros urbanos, la marginación de grandes grupos sociales y se sufre también la carencia de servicios básicos en las comunidades más densamente pobladas del país.
Desde el inicio de su gobierno, el Presidente Echeverría se propuso combatir en sus causas los problemas sociales originados por la carencia de una estrategia del desarrollo, que agudizó las desigualdades entre los grupos y el desequilibrio entre las regiones del país, y entre la ciudad y el campo.
En 1970, en el Distrito Federal y su zona adyacente residía el 18% de la población del país, con un incremento de alrededor de mil habitantes al día; se concentraba el 52% de los automóviles y el 54% de los aparatos telefónicos; se localizaban establecimientos de la industria de transformación, que producían el 46%, y ocupaban el 43% del personal respecto a los totales nacionales. Se concentraba, además en 1970 el 33% de los establecimientos de servicios, cuyos empleos recibían el 50% de los salarios, y su inversión ascendía al 50% del total de la República.
En el propio Distrito Federal se realizaba el 50% de la actividad comercial del país, el 82% del comercio al mayoreo y el 90% del comercio en materiales industriales.
El proceso centralizador afectó también la distribución de las oportunidades educativas. En el Distrito Federal funcionaba, en 1970, el 45% de las vocacionales y de las preparatorias, el 46% de los escuelas normales y el 45% de las escuelas subprofesionales y profesionales existentes en el país. En el área metropolitana residía el 35% de la población que asistía a escuelas postprimarias y el 33% de profesionales y técnicos.
En Guadalajara, en el mismo año de 1970, radicaba el 44% del total de la población del Estado, se localizaba el 41% de las viviendas; el 33% de las industrias extractivas de aquella entidad, Jalisco; el 55% de las de transformación, que ocupaban el 76% de las personas dedicadas a esta actividad.
La concentración reformadora del equilibrio regional tenía perfiles más agudos en el caso del área metropolitana de Monterrey en 1970; entonces en ella radicaba el 72% de la población del Estado, se ubicaba el 70% de las industrias extractivas y el 78% de las de transformación, que daban ocupación a más del 80% de la población dedicada a estas actividades.
A fin de detener y modificar sustancialmente ese proceso centralizador, desde el inicio de su gobierno el Presidente Echeverría ha promovido la descentralización de las actividades económicas, culturales, políticas y administrativas para que se realicen, cada vez en mayor medida, fuera de esas tres grandes áreas metropolitanas.
Desde 1971, al constituirse las unidades de programación de las entidades del sector público y acelerarse el proceso de reforma administrativa, se hizo evidente la urgencia y necesidad de descentralizar las actividades económicas y sociales.
Esta política se ha materializado en estímulos y mecanismos para favorecer el crecimiento industrial fuera de las zonas metropolitanas, tales como las inversiones destinadas a crear nuevas ciudades industriales; los decretos que conceden subsidios y exenciones a las empresas que se establezcan en lugares distintos a las tres zonas principales de concentración; la creación del Fondo Nacional de Fomento Industrial; el apoyo a las artesanías y las agroindustrias, sobre todo en los ejidos; y el programa para desarrollar las franjas fronterizas del Sur y del Norte, así como los perímetros libres.
Paralelamente, para hacer llegar los beneficios que el país puede proporcionar a zonas tradicionalmente marginadas, se han creado varios organismos, entre ellos la Comisión Nacional de Zonas Áridas, del Centro Coordinador para el Desarrollo de la Región Mixe y de la Región Maya la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec y la península de Baja California.
Se ha desplegado un especial esfuerzo en materia educativa en cada uno de los estados. En este período, las dos terceras partes del total de maestros federales contratados, y de las aulas escolares, talleres y laboratorios, se han canalizado al medio rural.
El apoyo económico a las instituciones de educación superior del interior del país de ha incrementado en nueve veces respecto al que se otorgó en 1970.
En estos cinco años se han establecido además los instrumentos y mecanismos indispensables para la planeación realista de la actividad económica. La creación de la Comisión Nacional Coordinadora del Sector Agropecuario, la Coordinadora del Transporte, junto con las comisiones relativas a los energéticos, a la siderurgia y a la política industrial constituyen los conductos para estructurar las actividades básicas con un enfoque sectorial.
En cuanto a la planeación regional, el Jefe del Ejecutivo dispuso el establecimiento de los Comités Promotores del Desarrollo Socioeconómico y de la Comisión Nacional de Desarrollo Regional para propiciar el desenvolvimiento y la programación a nivel estatal, con la concurrencia de las autoridades locales y los representantes de todos los sectores sociales interesados en lograr estos propósitos.
Un paso importante para superar los desajustes regionales y sociales ha sido la promulgación de la Ley General de Población, que regula los fenómenos que afectan los conglomerados humanos en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de que participen justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo.
En el marco de esta Ley fue creado el Consejo Nacional de Población, que se ocupa de la planeación demográfica del país.
Conjugan esos mecanismos las bases para la planeación sectorial, regional y de los recursos humanos. Al proponer esta nueva Ley, el Ejecutivo desea dotar al Estado de un instrumento que le permita orientar el desarrollo urbano y en general en forma conveniente a los intereses de los asentamientos humanos generales de la sociedad.
Un país que tiene escasos recursos, como es el nuestro, no puede dilapidar su ahorro nacional en la formación desordenada de sus núcleos urbanos. Debe canalizar sus esfuerzos hacia aquellos puntos de su territorio que ofrecen las mayores posibilidades para aglutinar contingentes numerosos de su población, para aprovechar mejor sus recursos naturales y
combinarlos en forma más eficiente con el capital, de modo que esas ciudades generen los empleos necesarios para lograr un verdadero desarrollo social y no un ilusorio desarrollismo económico.
Las reformas promovidas por el Jefe del Ejecutivo a los artículos 27, 73 y 115 de la Constitución General de la República, constituyen nuevos avances de nuestro derecho social. Con ellas, y con la iniciativa de Ley que ahora tiene esta honorable Cámara a su consideración, el gobierno de la República quiere atender el reclamo de gran número de mexicanos de vivir en centros de población dignos y de recibir los beneficios del desarrollo.
Las nuevas realidades y las justas demandas de las mayorías del país, exigen hacer cumplir a la propiedad su función social. Ello lleva a la nación a ejercer su facultad para ordenar los asentamientos humanos y establecer provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de fundar, conservar, mejorar y dar cauce adecuado al crecimiento de los centros de población.
Con esta Ley, señores diputados, el Ejecutivo se propone continuar una bien meditada estrategia del desarrollo nacional y responder a los imperativos de una planeación de conjunto.
La coordinación institucional permanente, en los términos que propone esta iniciativa, permitirá resolver problemas cotidianos, como la invasión de las ciudades sobre terrenos ejidales y la conurbación, esto es, la unión física de centros urbanos en expansión, en los que grandes asentamientos humanos enfrentan serios problemas, que en la actualidad se atienden a través de autoridades y disposiciones legales diferentes, en función de las demarcaciones municipales y estatales.
Los fenómenos urbanos no respetan límites políticos ni administrativos. No se pueden esperar resultados óptimos de proyectos reguladores si se limitan a una área determinada, mientras en la circunscripción vecina se sigan políticas diferentes y en ocasiones contradictorias. En la actualidad, la normas para fraccionar y construir cambiar en los centros conurbados de una calle a otra, situación que ha favorecido la especulación con bienes raíces y la manipulación de las disposiciones vigentes por las empresas fraccionadoras.
De esta manera, la falta de instrumentos reguladores ha permitido a los particulares - entre los que ha habido fraccionadores fraudulentos - programar, de hechos, la orientación de las ciudades en función de sus intereses y en detrimento de los objetivos de la comunidad.
Este fenómeno da lugar a que muchos ciudadanos vivan en condiciones distintas a las que la manipulación publicitaria les prometió y genera graves problemas cuya solución requiere grandes volúmenes de gasto público, que provienen de todos los contribuyentes. Estas situaciones, por razones de interés público, deben llegar a su fin. Este es, entre muchos otros, el sentido social que anima a esta Iniciativa de Ley enviada por el ciudadano Presidente Luis Echeverría.
La solución de estos problemas requiere la concurrencia de los tres niveles de gobierno y el compromiso y colaboración de los ciudadanos. Así lo ha previsto la presente iniciativa de Ley.
La práctica continua de una estrecha colaboración entre el gobierno de la República y las autoridades estatales y municipales fortalecen nuestro régimen federal.
Los gobiernos de los Estados y los ayuntamientos podrán enfrentar problemas que han venido rebasando sus límites geográficos y sus capacidades económicas y de decisión. Al mismo tiempo, el Gobierno Federal podrá atender, con la colaboración de todos, aquellos aspectos de alcance nacional.
Al Gobierno Federal habrá de corresponder, en el marco de su competencia, la elaboración de los lineamientos generales del desarrollo urbano, así como coordinar la ejecución de los planes y participar en los procesos de conurbación entre dos o más entidades federativas.
La Secretaría de la Presidencia deberá armonizar la elaboración y ejecución de dichos planes y prestará asesoría a las entidades federativas y a los municipios que lo soliciten para formular sus programas específicos.
Las entidades federativas podrán expedir leyes particulares de asentamientos humanos, en concordancia con la ley general; elaborar y ejecutar los planes correspondientes, determinar la fundación de nuevos centros urbanos y establecer el régimen aplicable a los procesos de conurbación entre los municipios del Estado.
Los ayuntamientos, a su vez, quedarán facultados a expedir decretos y disposiciones administrativas, ordenar los asentamientos humanos, proponer al gobierno del Estado la fundación de nuevos centros urbanos en su jurisdicción, establecer planes municipales de inversión para manejar la vida en la comunidad y determinar los distintos usos, provisiones y reservas de los predios ubicados en el municipio.
En la configuración de estos planes invariablemente se promoverá la participación activa de los pobladores de cada comunidad. Así, los planes que se formulen habrán de reflejar las aspiraciones y los intereses generales.
Una planeación que responda al desarrollo general de la sociedad requiere de políticas y programas que encaucen los fenómenos migratorios y los procesos urbanos. Aún más, la planeación de las actividades nacionales, para hacer realista y operativa, deberá tomar en cuenta la regulación del crecimiento urbano, toda vez que existe una tendencia manifiesta a la urbanización de crecientes grupos sociales.
La falta de planeación del crecimiento urbano ha contribuido a agudizar el desempleo y subempleo en las ciudades y la marginación de grandes grupos sociales en asentamientos espontáneos, segregados, carentes de servicios elementales y aislados físicamente a causa de graves problemas de transporte y vialidad.
El crecimiento desordenado de las ciudades ha dado lugar también a la concentración de
la tierra en pocas manos, la especulación con la vivienda y la anarquía y el derroche en el uso del espacio urbano.
Estos problemas se presentan con mayor severidad en los casos en que el fenómeno migratorio se orienta en forma desmedida a uno o muy pocos centros urbanos. En la actualidad 15 millones de habitantes, la cuarta parte del total del país, radica en las zonas metropolitanas de México, Guadalajara y Monterrey. Pero la concentración es especialmente dramática en el área metropolitana de la ciudad de México. En el período 1950 - 1970, el Valle de México recibió más del 50 por ciento del volumen total de las corrientes migratorias del país, tomando como base las 37 principales ciudades. Guadalajara y Monterrey sólo captaron, entre las dos, la cuarta parte de los habitantes que recibió la capital.
Al mismo tiempo, la ausencia de regulación en esta materia ha favorecido una aguda dispersión en el medio rural, donde cerca de 9 millones de personas habitan en más de ochenta mil comunidades con manos de 500 pobladores, a los cuales es muy costoso o prácticamente imposible hacerles llegar los servicios que requieren para su mejoramiento material y espiritual.
De ahí que la Ley General de Asentamientos Humanos no persiga limitar el acceso de ningún grupo humano a los beneficios de la vida urbana. Sienta las bases, en cambio, para evolucionar hacia un sistema de ciudades de dimensiones medias, en las que se pueda mantener y acrecentar la calidad de la vida, y evitar tanto la atomización de poblados, como el fenómeno de la macrocefalia, con su lacerante secuela de hacinamiento y degradación social.
Encauzar con justicia y racionalidad el desarrollo del país exige integrar los objetivos, los programas y la estrategia regional y sectorial con el ordenamiento del desarrollo urbano, en un marco que propicie el aprovechamiento cabal de los recursos y responda al interés de distribuir en forma equitativa los beneficios del desarrollo nacional.
Si ya se cuenta con instrumentos para atender los desajustes sectoriales y regionales del país, nada justificaría que el fenómeno urbano quedara al margen de la nueva estrategia del desarrollo.
La especulación con predios urbanos ha tenido consecuencias altamente negativas en la economía del país y ha dado origen a nuevas formas de injusticia social. La inversión de carácter especulativo en el mal sentido del término, en bienes raíces inmoviliza capitales que podrían orientarse a la producción y a la creación de empleos, eleva artificialmente los costos sociales de desarrollo urbano y ha contribuido a que los grupos de bajos ingresos vean reducidas o canceladas sus posibilidades de contar con vivienda digna.
La Ley General de Asentamientos Humanos no se limita al marco de la planificación urbana. Esta es muy necesaria, pero no suficiente. Por eso, se orienta dentro del ámbito regional, para entrelazar las actividades productivas del campo y la ciudad, la agricultura y la industria, así como los servicios, de modo que se engrane más eficientemente la economía y se genere perspectivas de empleo múltiple a elevados niveles de productividad, tanto en los propios centros urbanos como en el medio rural.
Sobre esta base, se estimula un apoyo recíproco de la ciudad al campo y del campo a la ciudad, que es requisito indispensable para superar la marginación social y el subempleo.
La planeación de los asentamientos humanos se considera la base para un crecimiento regional integrado y, a su vez, el desenvolvimiento regional es factor primordial para alcanzar nuestros propósitos de un desarrollo nacional, fincado en nuestros propios recursos.
Señores diputados:
Han sido éstos, cinco años de esfuerzos sostenidos para orientar el desarrollo y evitar que sigan los factores del desequilibrio regional. Sin embargo, es preciso profundizar en este empeño y al mismo tiempo emprender nuevas acciones para superar los pasivos acumulados.
El Presidente Echeverría ha promovido una nueva moral en todos los órdenes de la vida colectiva. Ante la anarquía, la irracionalidad y la injusticia que han caracterizado el proceso de desarrollo urbano, propone a la comunidad nacional un cambio en las actitudes y procedimientos para superar estos problemas.
La Ley General de Asentamientos Humanos que el Presidente de la República pone a consideración del Poder Legislativo, hará posible, de ser aprobada por esta soberanía, establecer medidas efectivas para que la propiedad de la tierra responda fielmente a su función social, dentro del más estricto respeto a nuestro sistema federal y al ejercicio de las libertades públicas.
Permitirá, además, contrarrestar las presiones inflacionarias originadas en la especulación con los bienes raíces, redistribuir la plusvalía que genera la obra pública, y sentar las bases de un sistema urbano que eleva la calidad de la vida en las ciudades.
Las disposiciones de esta iniciativa están llamadas a formar parte de las nuevas estructuras institucionales creadas en el presente régimen para favorecer el mejoramiento de la población y se inscriben en los principios constitucionales que prescriben el aprovechamiento, en beneficio social, de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para lograr, como lo manda el artículo 27 constitucional, una distribución equitativa de la riqueza nacional.
En resumen, de aprobarse la Iniciativa que nos ocupa será posible establecer medidas efectivas que den a la tierra de los centros urbanos su función social. Esta implica, entre otros aspectos, una reglamentación relativa al uso del suelo, de tal manera que sea factible la realización de planes de desarrollo urbano a un costo razonable para la sociedad; que evite la inflación resultante de la especulación con la tierra; que impida la acumulación irrestricta de bienes raíces, fuente de concentración del
poder económico en unos cuantos grupos sociales; que transfiera al sector público, para su equitativa distribución una parte mayor de las plusvalías que actualmente usufructúa una minoría y cuyo origen no es otro que el propio crecimiento urbano; que frene la subdivisión prematura de terrenos suburbanos; que garantice el cumplimiento estricto de las leyes urbanas y que reduzca la congelación de cuantiosas inversiones en bienes raíces que generan grandes ganancias con poco riesgo y que podrían emplearse más productivamente con fines sociales y económicos.
Por ello la Iniciativa de Ley que hoy discute, de merecer la aprobación de Congreso de la Unión, será uno de los instrumentos sin duda alguna para los mexicanos, más efectivos para alcanzar la justicia social. Muchas gracias. (Aplausos.)
INTERPELACIONES
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Salvador Robles Quintero.
El C. Salvador Robles Quintero: C. Secretario de la Presidencia. Como ha quedado brillantemente establecido en sus claras palabras introductorias, el hecho central que nos ocupa es que en la zona metropolitana del Valle de México que cuenta, como sabemos, con el 0.01% de la superficie nacional, se concentra aproximadamente el 55% de la industria nacional; casi el 20% de la población total; el mayor mercado de consumo del país; los grandes centros educativos y culturales con que cuenta la nación y el mayor número de los grandes núcleos de decisión política y económica nacionales. Estos determina, lógicamente, que los gobiernos se esfuercen por evitar la crisis urbana en el centro nacional, pero ello implica también que gran parte de las inversiones públicas y privadas se hagan en el centro de la nación, quizá en detrimento de las inversiones que podrían ir a provincia.
Mi pregunta respetuosamente es, señor Secretario: ¿De qué maneras concretas prevé la Ley General de Asentamientos Humanos enfrentar esta realidad?
El C. licenciado Ignacio Ovalle F.: Señor diputado Salvador Robles Quintero. La pregunta de usted nos permite describir cómo el problema de los asentamientos humanos, el crecimiento de las ciudades, no puede resolverse desde la perspectiva estrecha del urbanismo. Las ciudades, según aparece, crecen y crecerán en los próximos años. De acuerdo con los últimos datos dados a conocer por la Organización de las Naciones Unidas, aproximadamente 200 Millones de seres humanos se han desplazado del campo hacia las ciudades, en Asia, África y América Latina. Este proceso parece no detenerse y a la luz de muchas de las ventajas en principio, cuando las ciudades tienen una dimensión adecuada, las ventajas que tiene, repito, vivir en las ciudades parecería recomendable no detener el proceso; salvo en aquellas donde su crecimiento excesivo debe de reportar ventajas para acarrear inconvenientes a los seres humanos. Pero si han de crecer las ciudades, lo importante es que crezcan en orden.
Platicando con algunas gentes hace algunos días, cuando estaba a punto de enviarse a esta Cámara la Iniciativa de Ley, alguien nos comentó que hace algunos años se veía con lo que ahora sabemos que es un vano orgullo cómo la ciudad de México y algunas otras de la República, pero fundamentalmente la ciudad de México, crecían a semejanza de algunas de las capitales del mundo superindustrailizadas. Este era un vano orgullo porque era en alguna forma una reproducción mimética, una imitación extralógica respecto a aquellas grandes capitales, sin tener las condiciones sociales y económicas, la estructura económica y social en el resto del país que hiciera posible y deseable tal crecimiento de nuestras ciudades.
Ahora que cuando menos la zona metropolitana de la ciudad de México se halla entre las principales, por su extensión y su tamaño y población, entre las seis ciudades más grandes del mundo; y de proseguir las previsiones de las Naciones Unidas, podría llegar a ser, dentro de 25 años, la más grande del mundo de no corregirse esta situación, no podemos pasar del vano orgullo, de ese orgullo y de esa imitación extralógica, al pánico. Esto nos llevaría probablemente a una simplificación del problema y a pesar que este excesivo centralismo de la ciudad de México es el problema más grave o que es el origen de todos nuestros problemas.
Precisamente, como usted dice, el tamaño de esta ciudad y de algunas otras del interior de la República, requieren, para la atención de sus necesidades, de tal cantidad de volumen de inversión, de gasto público en general, que se desatienden, en ocasiones, alguno de los requerimientos fundamentales de las zonas rurales del país. Sin embargo, el crecimiento de la ciudad de México como la de Guadalajara, la de Monterrey, algunas ciudades fronterizas, la zona conurbana de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, constituyen antes que nada un efecto y no una causa de los problemas.
Efecto porque es justamente el desequilibrio regional, el abandono que durante muchos años ha tenido el campo mexicano, el que ha originado que sea más intensa la migración hacia las ciudades.
Pero las ciudades al crecer, y sobre todo al crecer excesivamente se constituyen también como usted lo que ve con toda claridad, señor diputado Robles Quintero, se constituyen también en una causa, en una nueva causa de otros problemas. Es decir, en un obstáculo para poder hacer llegar los recursos necesarios a la satisfacción de las necesidades del campo, y de otras ciudades pequeñas o medianas en el interior de la República, integrándose así un círculo vicioso. ¿Y por dónde hay que romper el círculo vicioso? El círculo vicioso debe romperse por los dos lados.
Por una parte, deben resolverse los problemas específicos que ya tienen las grandes ciudades,
y que constituyen un problema en sí. Y por otro lado, atacarse las causas reales del problema y asumir decisiones de fondo, reorientando el desarrollo económico y social del país, porque hasta la fecha no podemos nosotros decir, como podría haberse dicho a fines del siglo pasado y principios de este siglo en las principales capitales industriales del mundo, que el crecimiento de nuestras ciudades ha sido como resultado de la atracción que ejercen por ofrecer mejores condiciones de vida para los habitantes del país. Ciertamente aquí se pueden encontrar mayores oportunidades de empleo y este fenómeno de atracción se presenta y existe, pero esto era más claro en el crecimiento de las ciudades, de los países superindustrializados; en nuestro país, si bien, pesa el elemento de atracción a las principales ciudades, pesa más en esta migración interna hacia los centros urbanos, el rechazo de los sitios de origen de los habitantes por la falta de oportunidades de empleo, por la marginalidad extrema. Sin embargo, al desplazarse a las ciudades, tampoco resuelven completamente sus problemas, en nuestros países, a diferencia del desarrollo industrial, repito, de los países industrializados, muchos de los mexicanos tienen que sustituir el desempleo rural por el desempleo urbano y tienen que sustituir la miseria rural por la pobreza urbana, no obstante optan por este último camino en virtud de que aunque caigan en el desempleo o en el empleo disfrazado, así sea exclusivamente por la cantidad de los servicios públicos, la diversidad de los mismos o las oportunidades de que en el futuro, al menos en materia educativa pueden tener para sus hijos, esto en cualquier forma les representa un adelanto. ¿Dónde está la solución del problema? En esto tendríamos que mencionar lo que ha constituido la gran rectificación histórica en el camino de la Revolución Mexicana que ha impulsado el señor Presidente de la República; en dos vías, en dos vertientes principales: la primera dentro del país, acudiendo al auxilio del campo, con crédito, aumentando los precios de garantía con volúmenes de inversión en el campo, con la promoción de empleo en los caminos, de mano de obra en otra serie de construcciones que generan empleo en el interior de la República, cambiando la estructura del sistema educativo, dando mayor oportunidad a las escuelas técnicas y construyendo la gran mayoría de ellas en el interior de la República y apoyamos como dijimos en el documento escrito, la educación superior, elevando 9 veces el subsidio que se daba a las instituciones de educación pública superior en el año de 1970 y modernizando la estructura industrial, fomentando la producción de bienes de capital y fomentando también la descentralización industrial y la descentralización administrativa.
Y en la segunda vertiente, luchando fuera de nuestras fronteras, por la estructuración de un mundo más justo, unificándose con el resto de países para la defensa de las materias primas, el resto de países del Tercer Mundo para la defensa de nuestras materias primas y promoviendo con idéntico objetivo, la creación de empresas multinacionales que permitan auxiliar el desarrollo económico y social del país en su conjunto. Pero no vamos nosotros a esperar a que cambie el mundo y se convierta en un mundo más justo, ni a la maduración de las decisiones de fondo que se tienen que tomar y que se han tomado para auxiliar a los sectores rurales de nuestro país, para resolver los problemas de las ciudades, porque como hemos dicho, éstas de suyo ya constituyen también un obstáculo para poder realizar las otras medidas. Se tiene que actuar en los dos sentidos; en lo que ya tiene de específico y de propio el desarrollo excesivo de ciertas ciudades en la República, hay que tomar una serie de medidas correctivas, y si han de crecer, que crezcan con orden, a la luz de los intereses nacionales, y no de los intereses particulares, entre los cuales, junto a los lícitos, hay una serie de intereses ilícitos, que deforman la estructura de nuestras ciudades.
Nada más que muchas de las medidas que se toman en nuestras ciudades, cuando se construye una nueva vía rápida, cuando se introducen nuevos carros del Metro, cuando se toman una serie de medidas para mejorar el tráfico, la recolección de basura o para reducir la contaminación ambiental, cuando se realizan programas habitacionales para mejorar las condiciones de vida de los cinturones de miseria que rodean a nuestras principales capitales, éstos se convierten al mismo tiempo en un incentivo para que vengan más gentes a poblar las principales ciudades.
Para que estas medidas correctivas no se conviertan a la postre en un incentivo, y actúen en contra de la intención original, es necesario de nuevo actuar en el campo, y en otras ciudades del interior de la República, dando ahí los incentivos, en un sistema general de ciudades, a la que aquí nos hemos referido y que contempla la Iniciativa de Ley, de ciudades medias, para que aquellos incentivos sean aprovechados ahí, donde es más rentable la inversión y el gasto público, y no se sigan produciendo hacinamientos en la grandes ciudades.
Sabemos nosotros que es muy difícil llevar los servicios indispensables en materia de educación, en materia de salud, en materia de fomento de las actividades productivas, a cada mexicano en particular si se hallan en comunidades dispersas como sucede con algunas comunidades indígenas. Esto es antieconómico. Para que resulte económico, es indispensable que haya un mínimo de aglutinamiento de las personas, pero cuando este aglutinamiento es excesivo como ocurre en la ciudad de México, en la ciudad de Monterrey, en la ciudad de Guadalajara, vuelven a actuar factores de deseconomía porque el agua se tiene que traer de distancia bastante más remotas, porque cuesta más la conducción de energía eléctrica, en fin, porque conduce a reducir las condiciones de la vida y conduce a un cierto estado de histeria social que contradice las ventajas que originalmente representa para el hombre la vida en las ciudades.
Se necesita, por lo tanto, fomentar la creación de ciudades medias - no sabemos cuál sea la medida - hay una ciudad media, pero no hay una ciudad media para todo el país, todo depende de los pobladores, de su ubicación geográfica y de las posibilidades para atender los servicios.
Sin embargo, dicho todo esto, la respuesta a lo que usted pregunta, radica en auxiliar al campo, en sostener y perseverar en lo que hemos llamado la rectificación histórica en la Revolución Mexicana hecha por el señor Presidente Echeverría, que la vuelve, como dijo el señor diputado Sansores, vuelve la vista al campo como dijo el primero de septiembre en esta Cámara de Diputados, porque debemos entender que el problema urbano no es un problema para urbanistas, es ante todo un problema de carácter político, en el que lo que está a discusión es el tipo de país que queremos ser. Y para ello, antes que nada, hay que definir cuáles son las prioridades básicas del desarrollo nacional y las que debemos considerar para el remedio y para la solución y el ordenamiento de nuestros asentamientos urbanos, éstas prioridades son, antes que ninguna otra, reducir la marginalidad y el desempleo. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Jaime Coutiño Esquinca.
El C. Jaime Coutiño Esquinca: Licenciado Ovalle Fernández. Hemos recibido con interés la Iniciativa de Ley que el Ejecutivo Federal ha enviado a la consideración de esta representación popular proponiendo la Ley General de Asentamientos Urbanos. Las Comisiones hemos considerado de trascendencia social a dicha Iniciativa toda vez que urge ya la reglamentación del crecimiento de las ciudades las que, por otro lado, habían venido creciendo anárquicamente y sin planeación adecuada. Dicha Iniciativa he leído que propone la creación de las Comisiones de Zonas Conurbadas y dentro de las funciones de estas Comisiones está la de elaborar los planes de conurbación y dice que el primero de los cuales deberá de presentarse en un lapso de 6 meses. Considerando señor licenciado que no todas las zonas conurbadas presentan problemas de la misma magnitud porque obviamente los problemas que tendrá el crecimiento de las ciudades, de la provincia, como podría ser Chiapas, son diferentes a las que pudiera tener una zona altamente industrializada, como Monterrey, Naucalpan o alguna otra ciudad. Me permito preguntar a usted, ¿qué criterio se seguirá en la conformación de estos planes y si considera usted factible la preparación de un plan integral y objetivo en el plazo especificado sobre todo teniendo en cuenta las necesidades de contar con los datos de las zonas conurbadas?
El C. licenciado Ovalle Fernández: En la pregunta de usted, señor diputado Jaime Coutiño Esquinca, nos permite considerar lo que se llama en general la terminología de asentamientos urbanos zonas de conurbación. Zonas de conurbación son aquellas en las cuales están creciendo dos ciudades en un radio que se ha determinado de 30 kilómetros, partiendo de la zona limítrofe entre dos entidades de la República.
Esta medida obedece a que la zona metropolitana de la ciudad de México, que es la más grande, más o menos permite comprenderla a toda ella. Desde luego estas medidas pueden modificarse de acuerdo con lo que puedan convenir las entidades correspondientes y el Gobierno Federal.
Las zonas conurbadas, como usted sabe, al obedecer a disposiciones municipales y a disposiciones de la legislación de cada uno de los Estados, pueden conducir a ciertas deformaciones en el conjunto. Por ello, se propone en la Iniciativa de Ley que puedan realizarse convenios entre los municipios, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal para realizar un estudio integral de la zona en una comisión que sería convocada por la Secretaría de Gobernación y presidida por la Secretaría de la Presidencia, a efecto de ir definiendo cuáles son las normas de complementación indispensables para alcanzar un saludable desarrollo urbano.
Nosotros estimamos, de acuerdo con los estudios previos realizados, que dada la premura existente para resolver este género de problemas de zonas conurbadas en varias regiones de la República, es posible - y además deseable - que el primer programa, el primer plan, la primera ordenación, las primeras normas básicas puedan definirse en un término de 180 días. No lo consideramos reducido en virtud de que no estamos partiendo de cero. Por ejemplo, en la zona conurbada de la ciudad de México, el señor Regente de la Ciudad de México, licenciado Octavio Sentíes, y el señor Gobernador del Estado de México, conocen perfectamente bien, cuáles son los problemas que cotidianamente se presentan en materia de transportes, de disposiciones relativas a recaudación fiscal, conducción de agua potable, etc., existen entre una y otra entidad. Lo que sí parece evidente es la necesidad de poner orden a este género de desarrollos. La ciudad de México puede en un momento determinar que no es deseable que sigan construyendo fraccionamientos, y sin embargo, el municipio de Naucalpan, del Estado de México, puede considerar conveniente que se sigan estableciendo porque necesitan dar facilidades a los trabajadores y a los empleados que llegan a establecerse en las zonas industriales, que además para resolver el problema de empleo del Estado de México se pueden seguir fomentando.
Esto necesita analizarse en relación a una perspectiva general que vea incluso no solamente el problema de la zona conurbada, sino las necesidades de redistribución de la población en todo el país.
Puede también esto requerir la conducción de agua potable también desde zonas muy distintas, y que no pueden sufragar, por ejemplo, los habitantes de la ciudad de México, o que no pudieran sufragar éstos u otros servicios que se fueran encareciendo paulatinamente. Ahora bien, como digo a usted, existen ya estudios madurados en una y en otra entidad,
que permitirán exclusivamente la complementación en aquellos aspectos que sean esenciales. Esto no constituirá de ninguna manera un programa o un plan definitivo, por eso en la propia Iniciativa de Ley se dice que el primero de los ordenamientos urbanos se hará en el término de 180 días, lo que en su propio contexto está indicando que puede surgir otro género de planes y de programas con posterioridad. Además se cuenta ya con elementos técnicos como los que puede aportar la Comisión de Estudios del Territorio Nacional de la Secretaría de la Presidencia, que facilitan el desarrollo de estos programas para las zonas conurbadas, entre los que hay que considerar también, por cierto, a Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, que forman, como todos sabemos, una única zona urbana. En 1892 Torreón era un rancho con 200 habitantes; hacia 1910 tenía 34 mil y ahora excede los 250 mil habitantes junto con otras ciudades, y es necesario atender este problema. Otro semejante tiende a presentar en la zona de Lázaro Cárdenas, Las Truchas, que se halla en el Estado de Michoacán y que está relativamente cerca del Municipio de la Unión, el que por cierto queda entre Lázaro Cárdenas, Las Truchas, donde se están invirtiendo 11 mil millones de pesos para esta planta siderúrgica tan importante para el desarrollo nacional, y entre Zihuatanejo, donde se está llevando a cabo también un programa de desarrollo turístico de Ixtac a Zihuatanejo. La Unión queda en medio y sufre las consecuencias del aumento de la actividad económica en uno y otro foco, sin tener la Unión misma las posibilidades de responder a los cambios económicos a veces al incremento en el costo de la vida, que esto genera. Esto plantea también la necesidad de considerar desde ahorita, es decir, al mediano plazo, la posibilidad de realizar un primer plan a reserva de perfeccionarlo para esta tercera zona conurbada. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Rosendo González Quintanilla.
El C. Rosendo González Quintanilla: Señor licenciado Ovalle Fernández, Secretario de la Presidencia. Es muy importante que la iniciativa sometida a nuestra consideración no lesione o vulnere las soberanías de las entidades federativas y la libertad que la posición general de la república otorga al régimen municipal. Mi pregunta, señor Secretario: ¿Cómo se justifica la concurrencia de la Federación en una materia que ha considerado básicamente municipal, prevé la Ley la iniciativa de planear a nivel nacional, local y municipal? ¿no podrán existir contradicciones entre los diferentes planes?
El C. Secretario de la Presidencia: Señor diputado Rosendo González Quintanilla. Como ustedes habrán podido apreciar en la Iniciativa de Reformas al artículo 27, 73 y 115 de la Constitución General de la República, en la propia exposición de motivos, el señor Presidente de la República hace notar, y en el texto mismo de la Reforma Constitucional, particularmente en el artículo 115, que lo que se propone no es una redistribución de competencia, sino una adecuada concurrencia para resolver los problemas de los asentamientos humanos en el país.
Por otra parte, podemos decir, que se están creando los instrumentos de que se carecían, los instrumentos legales de que se carecían, incluso en los tres niveles, para poder desempeñar esta función de fundación, conservación, decoramiento y crecimiento de centros urbanos y la terminación, según sus reservas, destinos, que se dé a las tierras, bosques y aguas en materia de asentamientos humanos, y que podría, si se dejara a la discreción de cada Municipio, a la discreción de cada Estado, o a la discreción del Gobierno Federal, dar por resultado un crecimiento anárquico, que a la postre se convirtiera en un problema más difícil de resolver para la nación en su conjunto.
No podría, se establece la concurrencia, porque no podría el Municipio solo, con los recursos económicos de que dispone, a pesar del auxilio que se le ha dado en los últimos años, porque carece el municipio, carecen los Estados y a veces carece el Gobierno Federal para atender las necesidades de la República el personal calificado necesario para poder hacer una adecuada planeación en esta materia.
Pero, repito, no podría el Municipio solo resolver todos los problemas relativos a su adecuado desarrollo urbano. ¿Por qué? Porque la concurrencia para la cual se están dando instrumentos legales no existía, ya existe, no podría ningún Municipio de la República menos aun los que tienen ciudades pequeñas y medianas, pretender resolver todos los problemas de su desarrollo urbano, si en materia de tenencia de la tierra, en materia de contaminación ambiental, en materia a veces de construcción de escuelas, en materia de conducción de agua potable desde lugares muy distantes; si para la construcción de una carretera no está interviniendo el Municipio, sino que son obras de alcance federal, una carretera que es hace o que se traza y se construye a la luz de los intereses generales de la República, pero pasa cerca de una población, aunque no se haya propuesto afectar la composición demográfica de esa población, el objetivo original, porque se está haciendo a la luz del interés nacional, es obvio que va a influir en el desarrollo urbano de esa población y, por lo tanto, el Gobierno Federal, aun sin proponérselo, está interviniendo, está concurriendo, está influyendo en la composición, en la distribución demográfica entre las distintas poblaciones del país; de la misma manera no podría el Gobierno Federal - y se dice en la Iniciativa de Reforma Constitucional - ésto sería antihistórico y reaccionario, no se podría hacer la planeación de cada uno de los municipios de toda la República, a la luz de los juicios, criterios de carácter técnico del Gobierno Federal.
Por esto se establece y se afirma en la propia Reforma Constitucional que en el marco específico de las atribuciones de cada uno de los niveles de Gobierno, éstos habrán de concurrir
para hacer posible un adecuado, racional y equilibrado desarrollo urbano.
Existe, por lo que hace a la segunda parte de su pregunta, una posibilidad real de contradicción entre estos niveles, es decir, existe o puede existir en la práctica, pero justamente un sistema que permita discernir cuáles son estas contradicciones que haga posible captarlas, es el primero de los pasos que es indispensable cumplir para poder superar estas contradicciones. Es todo, señor diputado. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Fernando Estrada Sámano.
El C. Fernando Estrada Sámano: Con independencia y más allá de algunos problemas serios y de índole diversa que el análisis de la presente medida legislativa pudiera presentar, desearíamos, señor Secretario, contribuir a colaborar en un marco apropiado de consideración y juicio quizás en la línea en que usted ha hecho exposición y ha contestado a alguna de las preguntas de los colegas diputados.
Desde luego debemos señalar que convenimos en la urgente necesidad de buscar y encontrar soluciones eficaces a los muy graves problemas que plantean los asentamientos humanos y la distribución de la población en el México de hoy y de los años por venir. Al mismo tiempo, y precisamente por la interrelación de estos fenómenos con otros aspectos de la realidad mexicana, parece necesario destacar algunos rasgos de importancia en las medidas propuestas; a consideración nuestra, algunas de las cuales ya ha mencionado usted.
En primer lugar, sectores diversos del pueblo mexicano válidamente se preguntan hasta qué punto son indispensables y verdaderamente eficaces las diversas medidas legislativas que pueden dejar integrados algunos lugares y si en las áreas de la administración ejecutiva en los diversos niveles del gobierno Estatal, Federal y Municipal no afectará la administración de la justicia. Tales deficiencias como todos lo sabemos, inciden por motivos muy variados en las características de la vida y en la formación de asentamientos incontrolados tanto por la razón de las oportunidades sociales como por la participación práctica del ejercicio de los respetos humanos y ciudadanos.
Por otra parte, en la consideración de fenómenos como los que hoy nos ocupan, no siempre es fácil separar o distinguir claramente entre los efectos tangibles ya identificados y las causas de fondo que los producen. Cuando la solución de la raíz de los problemas se pospone por razones diversas, quizá válidas, los efectos aparecen como necesitados de más urgente atención impostergable, lo cual, por lo demás, nos parece inevitable si se ven los hechos con realismo.
Es posible, señor Secretario que, como lo señala la Iniciativa sobre Asentamientos Urbanos - y usted ha ampliado en su exposición - el impacto y la relación de influencia con otros fenómenos de la problemática del país, urgida ciertamente de soluciones, puede percibirse con especial claridad en los procesos de urbanización y en la concentración desordenada de la población en su distribución y las nuevas necesidades que éstas mismas producen. Así, por ejemplo, se comprueba una relación, no suficientemente prevista en su tiempo, entre una política todavía reafirmada de fomento de los llamados "polos de desarrollo" en México y un creciente desequilibrio sectorial y regional hoy generalmente aceptado como fuente de común preocupación.
En congruencia, con lo anterior, diversos autores señalan coincidencias importantes entre la aplicación de instrumentos de política fiscal mexicana y la tendencia a una considerable concentración de beneficios sociales en tres o cuatro centros urbanos importantes del país, en términos, como usted lo ha dicho, de oportunidades educativas, asistenciales, ocupacionales, de comunicación y otras.
Asimismo se comprueba lógicamente la relación entre las corrientes de migración y los efectos de mostración de esos beneficios, algunas veces, conseguidos con frecuencia, sólo esperados con frustración en el deseo por mejorar las propias condiciones de vida de grupos y familias de mexicanos.
El rasgo más serio y preocupante de estos fenómenos relacionados con los asentamientos humanos, es en la opinión de los diputados de Acción Nacional, el deseo de equilibrio progresivo entre el campo y la ciudad; entre los niveles de vida en el medio urbano y las condiciones de desventaja que confrontan millones de trabajadores y habitantes del medio rural en nuestra patria.
Hay una especie de expulsión o como usted lo ha llamado, una especie de rechazo, de población del campo hacia las ciudades medianas y grandes. Un alto excedente de mano de obra desocupada, que los sectores industrial y de servicio obviamente no pueden absorber.
De modo que el problema de la concentración poblacional y de los asentamientos humanos es quizás principalmente, y en el fondo, una dependiente de la solución de los muy grandes problemas del campo y del campesino mexicano.
En consideración a lo anterior, señor Secretario, agradeceríamos la ampliación de su opinión en torno a las siguientes cuestiones: ¿Considera usted que la iniciativa de ley que nos ocupa se oriente básicamente al control y corrección de los efectos, de los fenómenos, de los asentamientos humanos, o en qué medida puede su aplicación contribuir a solucionar sus causas? En este sentido, ¿qué soluciones de fondo considera usted posible y eficaces a los problemas del sector agropecuario en México, y en consecuencia, señor Secretario, qué perspectivas de éxito considera usted sean razonablemente previsibles en la aplicación de las medidas de la presente iniciativa y dentro de los patrones actuales del desarrollo del país?
El C. Secretario de la Presidencia: Señor diputado Fernando Estrada Sámano. Efectivamente, la pregunta que usted plantea se relaciona con la pregunta que nos fue formulada por el señor diputado Salvador Robles Quintero.
De alguna manera, nos permite abundar sobre la interrelación que existe entre vida rural y vida urbana, fomento a las actividades que se desarrollan en el campo y al mismo tiempo el remedio y el mejoramiento de las condiciones de vida en las ciudades.
Aquí podríamos decir lo siguiente: una de las características que tuvo el desarrollo urbano de las principales ciudades de lo que hoy conocemos como mundo industrializado, fue el creciente desarrollo del sector que se conoce con el nombre de sector terciario, es decir, el de los servicios. En nuestro país, y en general, en las principales ciudades de América Latina, se ha observado que existe o se ha registrado estadísticamente, también un extraordinario desarrollo del sector terciario. Sin embargo, podemos decir con toda certidumbre que en el caso de nuestras ciudades de los países del Tercer Mundo, éste es un sector terciario artificial, el sector terciario en los países, más industrializados se desempeña en los servicios más calificados, en la educación en la tecnología, más adelantada, en los más modernos medios de transporte, en las actividades ajenas a la industria; en cambio, en nuestros países lo que llamamos optimísticamente sector terciario, está compuesto por subempleados, por vendedores ambulantes, por gentes que realizan actividades escasamente remuneradas y que desempeñan trabajos que no tienen ninguna de las características para merecer esa denominación; no son ni estables ni remunerativos ni productivos, esto coloca a nuestros países y en nuestro caso a las ciudades de nuestro país, a las ciudades mexicanas, en la tesitura de estar acumulando explosivamente en el riesgo de acumular de manera explosiva un alto grado de ineficiencia, ineficiencia que se refleja en la falta de brazos en el campo y la producción de alimentos, por una parte y, por la otra, que al trasladarse a las principales ciudades no viene a aumentar la productividad nacional sino para constituir una parte más dentro del grupo de marginados urbanos; los pobres de la ciudad. La solución, como dijimos al contestar la pregunta del señor diputado Salvador Robles Quintero, se halla en los dos polos. Por una parte, llevar adelante el apoyo económico a las actividades agropecuarias, aunque las estadísticas demuestren que a medida que aumenta la productividad en el campo aumenta también la migración a las ciudades, y por otra parte, fomentar el establecimiento de ciudades medianas, donde se pueden desempeñar los servicios adecuados, es decir, un sector terciario verdadero.
Tercero. Dentro de una estrategia general de desarrollo, fomentar un sistema nacional de ciudades que permita alcanzar este objetivo.
Cuatro. Insistir y ahondar en la política de reforma educativa que en lugar de orientarse a la producción de profesionales con un carácter elitista, sin descuidar, la educación superior, siga poniendo el acento en la educación técnica, de tal manera que el país no siga produciendo profesionales que ante la expectativa de obtener mejores condiciones de vida, al recibirse, lo que obtiene a la vista es la necesidad de emplearse en actividades distintas a las que se preparó. Insistir en la necesidad de modificar nuestras actitudes mentales de que, como dijo el señor Presidente de la República en su Tercero y Cuarto Informe de Gobierno: no se confundan o no se substituyan los títulos nobiliarios con los títulos profesionales, y sí resolver los problemas de las grandes ciudades, incluyendo en el uso, destino y reserva del suelo, de manera que al influir en el costo, en el valor de la tierra, en el adecuado ordenamiento de los establecimientos humanos, al encauzar el crecimiento, de todas maneras indetenible, cuando menos indetenible de golpe de las principales ciudades, esos asentamientos permitan efectivamente mejorar las condiciones de vida de los habitantes, a la luz de los recursos de que actualmente se dispone, y con ello facilitar a cada uno de los mexicanos, una vivienda digna, que a la postre es una proyección o una representación tangible, para cada hombre, de su propia identidad.
Así, en lugar de tener que estar regularizando algunos de los asentamientos precarios que se establecen sobre tierras ejidales, sería posible, con anticipación, como se está haciendo en la zona de Lázaro Cárdenas, crear fraccionamientos de carácter popular con un mínimo de servicios, para que quienes habrían de establecerse de todas maneras en forma precaria pero desordenada, lo hagan conforme a un plano regulador que permita posteriormente allegarles los servicios, que no ocurra como ocurrió en Acapulco, que los asentamientos irregulares se fueron hacia los cerros, donde es más difícil hacer llegar los servicios, y muchas veces hay gentes que viven en condiciones inhumanas; que no ocurra como en Tijuana, que las casas se fueron por el lecho del río y luego con grandes volúmenes de inversión pública que tuvieron que pagar todos los mexicanos, tenga que corregirse la situación.
En pocas palabras, es necesario actuar en toda una gana de acciones para lograr el adecuado equilibrio entre las condiciones de vida de la ciudad y del campo. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Jaime Castillo Reyna.
El C. Jaime Castillo Reyna: Señor licenciado Ignacio Ovalle Fernández, Secretario de la Presidencia. Para la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista el descongestionar los grandes centros urbanos y modelar centros urbanos de dimensiones medias, son algunos de los objetivos de la Iniciativa de Ley sometida a la consideración de esta soberanía, al efecto es evidente la importancia en manos del gobierno federal revisen los tres elementos siguientes: Primero, la estructura y volumen del gasto público; segundo, el fomento al desarrollo regional y la descentralización administrativa. Señor Secretario, le ruego nos informe en relación con los objetivos de la Iniciativa, ¿cuáles han sido los logros del Gobierno Federal en materia del gasto público, desarrollo
regional y descentralización administrativa? Muchas gracias.
El C. Secretario de la Presidencia: Cómo no, señor diputado Jaime Castillo Reyna. Creo que el catálogo de acciones realizadas por el gobierno federal a lo largo de estos cinco años de gobierno son muy abundantes en este sentido. Voy a enumerar, de acuerdo con un pequeño listado que tengo aquí, porque sería difícil hacer la enumeración exhaustiva de todas las actividades. ¿Cuáles son de éstas? Las principales: Primero, y además nos permite complementar la respuesta que merece el señor diputado Fernando Estrada Sámano en relación a las actividades que se pueden realizar de manera concreta; en primer término, la inversión al campo. En el año de 1970 se invirtieron 4 mil millones; en el año de 1975, la inversión se halla calculada en 20 mil millones de pesos; el crédito destinado al campo es ahora cuatro veces superior al destinado en 1970; del gasto público global que se venía invirtiendo con anterioridad después de una paulatina reducción, el 12% se ha recuperado un mínimo indispensable que sería necesario incrementar y que actualmente representa el 20% del gasto público total. Se han llevado adelante los programas de construcción con mano de obra entre los que destaca subrayadamente el Programa de Caminos de Mano de Obra llevado a cabo por la Secretaría de Obras Públicas. El incremento reiterado y no para unos sino para muy diversos productos de los precios de garantía y a esto se podría sumar el Programa de Inversiones Públicas del Desarrollo Rural IDER que ustedes conocen y que este año alcanza un total de 100 regiones integradas, las dos terceras partes de los maestros que ha contratado la Secretaría de Educación Pública, las dos terceras partes han ido al medio rural, se ha dado, es la tercera vez que la señalamos en esta sesión, un apoyo a la educación superior en el interior de la República, 9 veces mayor que el que se había establecido en el año de 1970. Había que sumar a esto algunos géneros de comisiones que coordinan las distintas entidades cono es la Comisión Nacional de Zonas Áridas, la multiplicación de los Centros Coordinadores Indigenistas; los Comités Promotores de Desarrollo Socioeconómico de los Estados; las Comisiones Coordinadoras del Sector Agropecuario, creadas en cada una de las entidades federativas; los esfuerzos para mejorar el funcionamiento de los puertos a través de la Comisión Nacional de Puertos; las explotaciones turísticas o los centros turísticos que son llevados fundamentalmente en la costa y en el mar Caribe; nuevas explotaciones de carácter forestal fomentadas por el Estado; nuevas industrial como son TABAMEX y Productos Químicos Vegetales Mexicanos PROQUIVEMEX para la adecuada explotación del barbasco; los incentivos fiscales que se dieron dividiendo el país en zonas para el establecimiento de industrias en las zonas más deprimidas; la participación municipal en los impuestos fiscales que del año de 1917 al año de 1975 se ha incrementado, pese a que siguen siendo difíciles las condiciones de muchos municipios en un 400%; el fideicomiso para el fomento de las artesanías que constituye uno de los signos característicos del régimen del señor Presidente para considerar como una de nuestras principales galas el trabajo de los humildes mexicanos; a las administraciones fiscales regionales establecidas por la Secretaría de Hacienda; los Centros SOP que se han establecido como un paso en materia de Reforma Administrativa.
Lo mismo ha ocurrido en materia de descentralización administrativa con el ISSSTE, con Aeropuertos y Servicios Auxiliares y en general con 19 dependencias directas del Gobierno y 26 organismos descentralizados y la Comisión Intersecretarial para el fomento.
Todas estas medidas del Gobierno Federal, a las cuales se pueden sumar muchas más, de las cuales los señores diputados son testigos en sus particulares circunscripciones, en sus distritos por los que fueron elegidos, forman parte de un propósito general del Gobierno de la República de, recogiendo una preocupación del propio señor diputado Estrada Sámano respecto a huecos en la administración de justicia de lo que corresponde, no en la justicia conmutativa que corresponde al Poder Judicial, sino en la justicia distributiva que en gran medida sigue correspondiendo al Ejecutivo de la República, algunos de los propósitos que se persiguen y algunos de los logros modestos - como lo dijo ayer el señor Presidente de la República - aunque nos ponen muy lejos del fracaso, que se han alcanzado a lo largo de estos cinco años de Gobierno. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Luis León Aponte.
El C. Luis León Aponte: Ciudadano Secretario de la Presidencia, deseo felicitarlo muy sinceramente por la brillante exposición que nos ha ofrecido de la Iniciativa de Ley General de Asentamientos Humanos, y en virtud de que por primera vez, con la Iniciativa sometida a consideración de esta Asamblea, se pretende legislar en materia de conurbaciones.
La pregunta que me voy a permitir hacerle se divide en tres partes, de las cuales la primera es: ¿Por qué se señaló en la Iniciativa que la zona de conurbación sería la comprendida en un diámetro de 60 kilómetros, ubicada en el territorio de dos o más Estados?
La segunda: ¿Se debe entender que se limita la soberanía local en la zona de 30 kilómetros que corresponda a las entidades en que haya conurbación?
Finalmente: ¿Se federalizarán todos los servicios en esa zona o, por el contrario, seguirán siendo competencia local con una supervisión federal?
- El señor secretario Ovalle Fernández: Señor diputado Luis León Aponte. Respecto a su primera pregunta, la medida de 60 kilómetros que se establece, es decir, 30 kilómetros a partir de los límites territoriales en cada entidad federativa, es una medida de carácter convencional que obedece, como ya habíamos señalado,
a la extensión aproximada que amerita la zona metropolitana de la ciudad de México que representa el punto más crítico dentro de una política general de asentamientos humanos del Gobierno Federal y de los gobiernos locales.
Es decir, es el problema más agudo en materia de conurbación. Ninguno de los otros polos que han de enfrentar este problema en un futuro previsible alcanza esta extensión.
Sin embargo, como las leyes trascienden el tiempo, y no se hacen exclusivamente para el día de hoy o el de mañana inmediato, se ha establecido en el propio articulado de la iniciativa que convencionalmente las autoridades participen. Los municipios, las entidades federales correspondientes y el Gobierno Federal pueden convenir en el ejercicio de su soberanía, discrecionalmente la extensión de esta zona, de tal manera que es exclusivamente un principio metodológico para poder iniciar actividades en los principales centros conurbados.
Por otra parte, respecto a si se limita la soberanía local en los 30 kilómetros que corresponde a cada una de las entidades federativas, esto no ocurre de ninguna manera. No ocurre porque la Comisión que ha de crearse para el ordenamiento no extrae, no es sustitutiva de la soberanía de los Estados.
Es decir, no extrae esta soberanía a los Estados ni a los municipios. Cada uno en el ámbito de su competencia convendrá lo que sea posible convenir; aquello que esté en contra de su legislación interna, adoptada de acuerdo con la Constitución local, no podrá convenirse aunque la Comisión o los demás miembros de la Comisión consideren que es muy importante para un efectivo desarrollo urbano, lo que ocurre es que se parte del principio general de que conociéndose los diversos puntos de vista en el seno de una Comisión, el razonamiento y la buena voluntad, la buena fe que tengan todas las autoridades que participen, permitirá adoptar, pero subrayo, en todo aquello que sea posible, y en que se pueda convenir las medidas que resulten adecuadas.
Por último, habrán de federalizarse todos los servicios en esa zona. Un poco las respuestas anteriores nos conducen a considerar que esto no ocurrirá de ninguna manera. Los servicios y las actividades seguirán siendo cumplidas por cada una de las autoridades competentes. Usted, que ha sido compañero de trabajo nuestro, que trabajó como ayudante militar del señor Presidente de la República, sabe muy bien, porque lo vio trabajar cotidianamente y de cerca, que el señor Presidente de la República, por el tratamiento y consideración que tiene con los Estados de la República, con cada uno de los señores gobernadores, no hubiera mandado una iniciativa de reforma constitucional, ni una iniciativa de ley general de asentamientos humanos, que conculcara este género de desarrollo. Usted como diputado elegido por un Distrito del Estado de Guerrero, habrá de ver muy cerca de su Distrito, o probablemente dentro de su Distrito, en la zona conurbada, o cuando menos tendiente a la conurbación, entre Lázaro Cárdenas, de Michoacán, y la Unión, de su Estado, Guerrero, cómo cada uno de los Municipios y cada una de las entidades federativas podrá ejercer, en el ámbito específico de sus atribuciones, las competencias que cada uno de los ordenamientos legales correspondientes les designan. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Rubén Rodríguez Lozano.
El C. Rubén Rodríguez Lozano: Por la correcta y profunda exposición que usted ha formulado, respecto de la importancia y trascendencia de la ley de asentamientos humanos, nosotros vemos precisadas las metas que persigue toda revolución auténtica como son las de convertir a los pueblos de pobres en prósperos, de ignorantes en cultos, de insanos en salubres, de simplemente agrícolas en industriales y de rurales en urbanos, y esta última meta es la que pretende satisfacer o conquistar en gran parte, mediante la aplicación estricta y correcta de esta Ley de Asentamientos Humanos. Ahora bien, es una legítima aspiración humana la de darle a la familia un hogar decoroso y de esa necesidad social se valen los explotadores para amasar cuantiosas fortunas, pues cada día aumenta por parte de toda clase de empresarios, de fraccionadoras y constructoras, la especulación desmedida con terrenos e inmuebles en las áreas urbanas del país, permitiendo una ilegal e insultante acumulación de la riqueza. Es así como el sector privado capitalista plusvaliza que se generen mediante la aplicación de los recursos del pueblo en obras materiales y esta situación lesiona principalmente a las familias de medianos y escasos recursos económicos que son la inmensa mayoría en la República.
Ahora bien, la diputación del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana necesita conocer cuáles son las disposiciones, los procedimientos o medidas para evitar esta especulación con terrenos e inmuebles destinados a la habitación popular, principalmente a las familias de medianos y escasos recursos económicos. Muchas gracias, señor Secretario.
El C. licenciado Ovalle Fernández: Gracias a usted; señor diputado Rubén Rodríguez Lozano. La pregunta de usted es sumamente importante y toca uno de los puntos capitales de la iniciativa de ley que tenemos a consideración.
La Ley, o la Iniciativa de Ley que ustedes conocen, no constituye un recetario de medidas concretas para ninguno de los aspectos de que se ocupa. Es una ley generatriz, una ley matriz, de otros ordenamientos, de ordenamientos legales que habrán de ser expedidos a nivel estatal por las legislaturas locales, pero que habrán de ocuparse de los aspectos generales establecidos, sí, por este instrumento jurídico de carácter federal.
¿Cuáles son los elementos que aporta esta Ley general que nos permiten afirmar que no se trata de un documento jurídico frío o indiferente a las necesidades de los sectores mayoritarios de la población? Son justamente las
atribuciones que se especifican al Estado, es decir, en sus 3 niveles: al Municipio, a los Estados que componen la Federación y al Gobierno Federal, para determinar la función, mejoramiento, conservación y crecimiento de las ciudades, y fundamentalmente señalar las previsiones, reservas, destinos y usos del suelo. Ante la anarquía del desarrollo urbano en que pueden concurrir empresarios honrados y pueden concurrir empresarios deshonestos, el Gobierno de la República y los gobiernos de los Estados y los Gobiernos Municipales no pueden permanecer impasibles. Han de actuar de conformidad con el interés general, las oportunidades de desenvolvimiento a estos últimos y han de hacer que los primeros, los deshonestos, actúen de conformidad con la ley, lo que es más importante todavía, no tengan oportunidad de actuar en contra de ella.
Es justamente la posibilidad de determinar el uso del suelo que habrá de especificarse en las leyes locales, y en los decretos y disposiciones municipales, donde se crea este instrumento para regular la plusvalía de los terrenos.
El precio, hasta la fecha, ha estado determinado por la rentabilidad de la tierra; rentabilidad a la que a veces inconscientemente, o que inconscientemente el propio Gobierno de la República da origen, al establecer, por ejemplo, o los gobiernos de los Estados o municipales, una tienda, al establecerse una colonia de carácter popular, que por sí misma representa un mercado, y los terrenos aledaños a ese establecimiento aumentan de valor; en el momento en que las leyes locales determinen el uso del suelo, se está condicionando el precio, se hará la reserva de aquello que estará destinado a fraccionamiento popular, y no podrá anunciarse como fraccionamiento residencial, por ejemplo. Además, se podrá especificar que está reservado para un asentamiento de tipo industrial en una misma ciudad, a efectos de evitar, que es otra forma de especulación que a través de la publicidad se presenta como adquisiciones ventajosas aquellas que no lo son, que se presenta como fraccionamiento residencial, para vivir en las mejores condiciones posibles, cierto género de construcciones y de casas que luego van a estar junto a una fábrica contaminante; es decir, se sientan los principios de orden que hagan posible a las autoridades municipales y estatales, regular el uso del suelo, y de esta manera contrarrestar la especulación ilegítima.
Estas mismas reservas oportunas, permitirán a las instituciones públicas que tienen por objeto proporcionar vivienda popular, obtener, hechos los destinos con suficiente anticipación, obtener al precio socialmente justo, los terrenos para la realización de este objetivo de interés primordial, y que no se utilice el mercado gigantesco que pueden representar las adquisiciones del sector público como un instrumento más para aumentar el precio de la tierra.
Podrá dar origen, pero esto depende de cada una de las leyes específicas a una serie de medidas fiscales que tengan por objeto reducir el latifundismo urbano y lograr que cierto género de recursos privados se destinen a otras áreas donde sean más productivos.
Haría falta revisar hasta qué grado influye entre las causas internas del proceso inflacionario el movimiento o el traslado de dominio de bienes inmuebles donde literalmente se entierra el dinero que de todas maneras se hace circular de modo no directamente productivo. Habría que revisar también cuál es el gasto y el costo resultante de esas operaciones y estos traslados de dominio en los servicios que generan también sin actividades productivas.
Por otra parte, se reducirán también las posibilidades de especulación a medida en que sea posible ir ejecutando en el tiempo este sistema nacional de ciudades medias, porque a medida que se presenta a las puertas de la ciudad de México un nuevo inmigrante así sea infinitesimalmente, ese nuevo habitante, ese nuevo poblador viene a aumentar el valor de la tierra en el Distrito Federal, porque está generando una demanda de la misma. En la medida en que hay sobresaturación no se presenta y pueda desplazarse a través de la serie de medidas que aquí se han descrito, esa inmigración a las ciudades que parece indetenible a aquellas donde el precio puede resultar razonable, se estará también dando las bases para evitar este género de especulación.
Y por otra parte, tenemos como un elemento fundamental las medidas que ustedes habrán podido observar en la Iniciativa de Ley que hace que cada uno de los particulares sea coadyuvante del interés público, desde el momento que se considerarán como nulas, absolutamente, aquellas operaciones jurídicas que se realicen, de traslado de dominio o de tenencia de bienes inmuebles en contravención a las leyes locales, cuando los decretos o disposiciones municipales hayan determinado el destino, uso, reserva de cada uno de los terrenos que circundan a los municipios, ningún particular querrá realizar una operación que no se halle en las condiciones preestablecidas conforme a un adecuado desarrollo urbano. Además, se impedirá a través de este género de disposiciones municipales y estatales, que puedan arbitrariamente establecerse o generarse un fraccionamiento en una zona boscosa que debe quedar por ejemplo, reservada para el mejoramiento o conservación del ambiente de las ciudades y que, por las ventajas que representa vivir en un ambiente relativamente bucólico cercano al campo, pueden ser vendidos como terrenos de más alto precio y, además, esto permitirá a través de otro género de disposiciones actuar a los fraccionadoras con un grado mayor de veracidad impidiendo que se puedan crear fraccionamientos habitacionales allí donde las condiciones no son óptimas o en donde los suelos son inconvenientes, donde las construcciones se van a deteriorar o donde será muy alto el precio para introducir los servicios y, además, podrán también - pero esto depende también de cada una de las leyes locales - establecer los principios básicos para esta veracidad, en los fraccionadores que impidan que se ofrezca por la manipulación publicitaria
como ya decíamos a cada uno de los ciudadanos, sean de clase media o sean de clases modestas, algo que a la postre no van a obtener y se le sigan ofreciendo a bajo precio una falsa entrada a una falsa aristocracia y que se le siga presentando como un sinónimo de lujo, cierto género de construcciones que no obedecen a lo que en realidad se está ofreciendo y que a la postre ocurre, como dice en su libro Tiempo Mexicano nuestro Embajador en Francia, Carlos Fuentes, "que sigan muchas casas con manzardas esperando ventiscas que no van a llegar"; en todos estos aspectos puede, la legislación que tienen ustedes a consideración, a través de las disposiciones que expidan en el interior de la República las legislaciones locales, reducir la especulación ilícita y con ello la apertura de posibilidades para la expansión de la vivienda popular. Es todo. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra la diputada María Guadalupe Cruz Aranda. - La C. María Guadalupe Cruz Aranda:
Señor Secretario. Ninguna tarea nacional es posible si se pretende realizarla a espaldas del pueblo. No sería comprensible una Ley sobre asentamientos humanos que ignorase al beneficiario directo de la Ley, como es el poblador. Por ello, el artículo 19 de la Iniciativa establece que el Estado promoverá la participación de la comunidad en la elaboración y en la ejecución de los planes y los programas que tengan por objeto el ordenamiento de los asentamientos humanos.
La pregunta es la siguiente: ¿Podría usted informarnos a través de qué acciones concretas se espera conseguir la participación popular?
El C. Secretario licenciado Ovalle Fernández: Cómo no, señorita diputada Guadalupe Cruz Aranda. También en este caso serán las leyes locales las que especificarán cuál será el género de participación que tengan los particulares de cada centro de población.
En el caso de la primera Ley particular que ustedes han recibido para su consideración, que es la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se menciona la participación de Juntas de Vecinos; pero en cada una de las entidades federativas conforme a sus diferentes condiciones y características puede variar esta situación. En algunos casos podrán ser las Juntas Municipales, las Juntas de Mejoramiento Cívico y Material, en otros casos pueden participar otro género de órganos, en otros casos pueden participar otros géneros como pueden ser los Comités Promotores de Desarrollo Socioeconómico de los Estados, en los que concurren las autoridades federales, locales y municipales y los principios representados de las actividades de carácter social y económico en cada uno de los Estados, incluyendo a las autoridades educativas y a los propios estudiantes. Esto depende de las circunstancias específicas de cada una de las Entidades. Lo que esta Ley matriz, volvemos sobre el mismo punto, está estableciendo, es la necesidad de que por cualquiera de los caminos que dispongan en el ejercicio de su soberanía las leyes locales, se promueva la participación ciudadana y no se tomen medidas que afecten a los ciudadanos y con desconocimiento absoluto de la población.
A lo largo de los cinco años de Gobierno del Presidente Echeverría, ha sido justamente una de las principales características de su Gobierno el hecho de promover la participación ciudadana. El Presidente de la República, a la cabeza de los funcionarios federales, se desplaza por todo el territorio nacional promoviendo la participación ciudadana, escuchando los puntos de vista de los pobladores, hoy mismo, ayer mismo, los días que la mayor parte de la población mexicana considera festivos - y el propio Presidente de la República también - son motivo de trabajo también y ocasión para reunirse con pobladores de los sitios más distantes, como ha ocurrido en el día de ayer con los pobladores, colonizadores que salieron de La Laguna y fueron a fundar los centros de población en Quintana Roo "Alfredo V. Bonfil" y "Sergio Butrón".
Así, pues, el Presidente de la República está promoviendo, más allá de su actitud personal, más allá de lo que ha motivado en los propios integrantes de su Gobierno, quienes también abandonan sus oficinas, dejan sus oficinas para reunirse con los distintos pobladores y escuchar de viva voz los problemas y regresar también a las oficinas a resolverlos, pero no empolvarse en ellos, no tratar de resolver los problemas desde el escritorio y convertir a éste en una frontera; más allá de esta actitud específica del actual Gobierno - digo - el Presidente de la República promueve esto como una actitud institucional que trasciende el tiempo, y promueve o establece o invita a esta Legislatura a que al aprobar o al considerar la aprobación de esta Iniciativa de Ley, considere el mandamiento, dentro de ella, de que se promueva la participación popular, es decir, que quienes han de tomar las decisiones o quienes han de generar los estudios estén considerando, ante todo, las necesidades específicas vivamente manifestadas por las distintas poblaciones que integran el territorio nacional.
El país requiere un género de técnicos que estén en contacto directo con la población; requiere, como hemos dicho, técnicos, no tecnócratas.
Técnico sería aquél que trata de trasladar su lenguaje o trata de traducirlo para que sea comprendido por la población. Pone su lenguaje y sus conocimientos al servicio del pueblo.
Tecnócrata sería aquel que trata de utilizar sus conocimientos para servirse de la población, para crear un lenguaje difícil que lo distancie del mismo y le permita conservar una situación privilegiada.
El avance democrático del país, del que en estos años se ha dado un aliento extraordinario, lo que requiere son técnicos, no tecnócratas. Comunicación con el pueblo para la toma de decisiones. Es el sentido de la ley. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Julio Cortazar Terrazas.
El C. Julio Cortazar Terrazas: Señor secretario licenciado Ignacio Ovalle, declino mi pregunta ya que en su amplia y clara exposición ha sido contestada ya.
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Javier Blanco Sánchez.
El C. Javier Blanco Sánchez: Señor Secretario de la Presidencia. Me temo que en algunos aspectos de mi pregunta debiera seguir el ejemplo del doctor Cortazar, pero me voy a atener a la sabiduría popular que dice que cuando lo bueno abunda, no daña, aunque usted tenga que fatigarse un poco más. Así es que plantearemos los diputados miembros de Acción Nacional, a usted, las siguientes preguntas.
¿Es evidente la necesidad de que las ciudades de México, dada la creciente explosión demográfica de la población, y el crecimiento desordenado de algunas de ellas, se sujeten a una reglamentación adecuada para que no se dé el caso de grandes ciudades y grandes concentraciones humanas en las que se establezcan dolorosos contrastes como ocurre en el Distrito Federal? en donde contemplamos grandes zonas residenciales, ciudades perdidas y los llamados cinturones de miseria, fenómeno que además permite la concentración de riqueza en áreas relativamente pequeñas, como es el del área metropolitana, en donde se concentra más del 40% del potencial económico del país, pero la evidente necesidad de esa regulación pensamos que debe buscarse por medios adecuados, que no vulneren principios de convivencia dentro del orden jurídico establecido por la misma Constitución.
De acuerdo con los principios de la Organización jurídico política correspondiente a los Estados y a la Federación, y a los Municipios, la Ley de Asentamientos Humanos que se propone a la consideración de esta Cámara, plantea diversas cuestiones que nos preocupan: 1o., por cuanto que las normas positivas que contiene implican una subordinación de las jurisdicciones y competencias de los Estados y Municipios a la Federación, ya que a pesar de que la Ley se repite constantemente que las concurrencias de la Federación con los Estados y los Municipios serán, respetando las distintas competencias y jurisdicciones de las partes concurrentes, en realidad los planes de desarrollo urbano, las leyes de los Estados y los reglamentos municipales se oponen a los planes de la Federación y a la Ley Federal de Asentamientos Humanos.
2o. Por otra parte, percibimos un conflicto constitucional por cuanto que esta Cámara, al estudiar en este mismo período la Ley de Asentamientos Humanos estará legislando sin facultades constitucionales porque la adición al artículo 73 de la Constitución Política de la República la aprobamos el día 23 del mes en curso, está en discusión en el Senado, y sólo podrá surtir efectos hasta que lo aprueben las Legislaturas de los Estados, que no podrán hacerlo durante el presente año o lo que es lo mismo, mientras que no se aprueben las reformas propuestas en la forma constitucional, preestablecidas, estaremos ejerciendo una facultad constitucional que aún no tenemos.
¿No cree usted, señor Secretario, que dada la importancia de esta materia, valdría la pena no festinar la aprobación de esta Ley y que se convocara a un período extraordinario de sesiones para estudiar con mayor detenimiento las reformas que regulan los asentamientos humanos, sin correr graves riesgos de romper el orden constitucional y de pasar inadvertidos algunos problemas como el relativo a conflictos de leyes y de funciones que plantea este ley en oposición a la Ley Federal de Reforma Agraria que prevé la creación de nuevos centros de población y las previsiones de tierras, aguas y bosques?
El C. Secretario de la Presidencia de la República: Señor diputado Javier Blanco Sánchez. No sólo no causa fatiga sino satisfacción. Aunque la causara grandemente, sería importante dar respuesta a sus preguntas. En primer término tomaré la segunda, en lo que se refiere a las facultades de este Cuerpo Legislativo para conocer y aprobar la Iniciativa Presidencial que nos ocupa, debo decirle que el señor Presidente de la República no prejuzga respecto al trámite que este Cuerpo Legislativo y en general el Congreso de la Unión haya de dar a sus iniciativas; el Presidente de la República al haber enviado la Reforma Constitucional y enviar ésta y ustedes al citar a un servidor de ustedes a explicar el fondo de esta Iniciativa, interpreta que esta comparecencia puede cuadyuvar al conocimiento y mejor compresión de la reforma o de la Iniciativa de reforma constitucional, el destino que ustedes den a esta Iniciativa, las reformas que le hagan y las consideraciones en relación al tiempo que a su juicio sea necesario para discutirlas, son cuestiones que el Jefe del Ejecutivo no prejuzga por estar más allá del ámbito de sus atribuciones justamente aquí se relaciona con el resto de nuestra exposición para dar respuesta a la primera parte de su cuestionamiento, el Presidente de la República es escrupuloso en la no invasión de funciones, como escrupuloso es respecto al sistema federal en que radica al hablar usted del conflicto de leyes y de competencia entre los diversos niveles que integra la estructura gubernamental de México a nivel municipal, estatal y el federal, pensamos que esta Iniciativa de Ley, así como la Iniciativa de Reforma Constitucional, respetan de manera irrestricta el ámbito de las atribuciones de cada uno de los niveles de autoridad. ¿Por qué lo respeta? En primer término porque la Iniciativa de Reforma Constitucional establece que todas las atribuciones de concurrencia que se asientan en el texto legal o el texto que después de aprobarse pasará a ser legal, son en el ámbito propio, específico de las atribuciones de cada una de las autoridades o de los niveles gubernamentales establecidos en México.
Por otra parte, los Estados son soberanos en el marco Constitucional. De aprobarse de
manera definitiva la Iniciativa de Reforma Constitucional que nos ha ocupado, o de la materia que nos ha ocupado, los Estados tendrán las atribuciones específicas para poder intervenir en los términos de esta Ley, para un adecuado ordenamiento urbano. Los municipios, de conformidad con las leyes que se expidan en cada uno de los Estados, podrán determinar los usos, provisiones, reservas y destinos de las tierras circundantes, y con esto evitar anticipadamente el crecimiento desordenado de muchas de nuestras ciudades. Ya hemos dicho algunas cosas, pero vale la pena destacar o recordar las medidas, sin mencionarlas todas de nuevo, la descentralización que ha llevado a cabo el Presidente de la República, todas las cuales se sustentan en una política de coordinación y de colaboración entre los distintos niveles gubernamentales.
Tengo yo en mi poder un documento que estimo de carácter histórico, del cual leería exclusivamente algunos cuantos párrafos. Dice: "El progreso de la República depende del mejoramiento de las entidades que la forman, todo cuanto hace el Gobierno de la Unión se realiza merced al aporte de sus entidades, y cuanto éstas reciben es resultado del esfuerzo de sus habitantes y también del que desarrollan los mexicanos de otras regiones del país. Nuestro sistema federal es así expresión de solidaridad nacional. Los recursos económicos de que disponemos son frecuentemente desproporcionados respecto de las carencias a las que tenemos que hacer frente. Necesitamos por ello suscitar la cooperación de la comunidad en la resolución de sus problemas y la mejor utilización del trabajo humano que es el más abundante capital de que disponemos". Sigue diciendo: "Concedo la mayor importancia a la coordinación de esfuerzos para mejorar la situación de la vivienda obrera y campesina y a la reserva y dotación de tierras para éstos. La Federación y los Estados deben tener como objetivo prioritario el fortalecimiento de nuestro régimen municipal, con base en el respeto a su libertad política, a la autonomía económica, tal como lo dispuso el Constituyente de 1917, y los Municipios han de convertirse en núcleos de desarrollo, y en promotores eficaces del progreso de la comunidad, ya que son la célula a partir de la cual crece nuestra democracia política y económica".
Y sigue diciendo: "Muchas son además las acciones conjuntas que la Federación y los Estados debemos emprender, de acuerdo con los principios constitucionales. En cada localidad es preciso unificar esfuerzos para atacar problemas, tales como el abastecimiento de aguas potables, la dotación de alcantarillado, la construcción de campos deportivos y sitios de recreo, la conservación de suelos y recursos naturales, el cuidado de los bosques, y la lucha contra la contaminación de las aguas y ríos. Por todas estas razones, considero muy importante que establezcamos un diálogo más intenso, a fin de resolver los problemas que existen con nuestra mutua participación; las necesidades de nuestro pueblo no tienen fronteras; el Federalismo en la forma que ha tomado nuestra democracia para mejor representar y servir a los habitantes del territorio nacional.
Aprovecho esta oportunidad para hacerle llegar una relación que contiene los datos relativos a la inversión pública federal autorizada para el año en curso.
Le quedaré muy agradecido por cualquier observación que desee hacerse sobre el desarrollo de esas obras, y en general, sobre las labores que llevan a cabo en el Estado las Dependencias del Ejecutivo Federal.
Espero por otra parte y otros caminos que usted tenga a bien proponerme, encontremos señor Gobernador, fórmulas cada vez más eficaces de cooperación. Tengo la certeza, señor Gobernador, que esta comunicación abrirá nuevas y más fecundas perspectivas a nuestras relaciones de trabajo y de servicio, en provecho de su Estado y de nuestra patria".
Es una carta enviada el día 4 de junio de 1971 a todos los señores Gobernadores de los Estados para inaugurar una tarea de coordinación entre las Entidades Federativas, los Municipios y el Gobierno Federal. Los saluda muy cordialmente, y apenas si es necesario decirlo, firma el señor Presidente Echeverría.
Este ánimo de cooperación federal entre los distintos niveles de gobierno de que se compone el sistema nacional institucional de la República es perfectamente compatible con la iniciativa de reforma constitucional y con la Iniciativa de Ley. Más aún tiende a fortalecerlo, porque la verdadera actitud centralizadora, si se tratara de que el gobierno federal invada las atribuciones que corresponden por ley a los municipios y a los estados, la verdadera actitud centralizada sería dejar que siga corriendo la inercia que hasta la fecha. La verdadera actitud centralizadora sería sustraer esta competencia a los estados y a los municipios para arrogarla al gobierno federal y no como dispone la Iniciativa, para que se establezca la adecuada competencia en el ámbito de la competencia de cada uno de ellos. La verdadera actitud centralizadora sería dejar solos a los municipios y solos a los estados, para que sin personal calificado en muchos casos y sin recursos económicos, tengan que resolver una serie de problemas urbanos que en muchas ocasiones los objetivos primordiales de la nación obligan al gobierno federal a introducir, como ocurre, valga la pena citar por tercera ocasión este ejemplo, el caso de Lázaro Cárdenas "Las Truchas", donde la cuantiosa inversión del gobierno federal pone pero a una gran distancia de poder resolver los problemas que se generan en un municipio, en una considerable desventaja; o concurre el gobierno federal que en razón de objetivos nacionales tiene que realizar forzosamente esta inversión y que genera una afluencia que hace dos años de 60,000 habitantes, donde hace dos años había 6,000 habitantes, se estaría cometiendo un crimen con ese municipio, con esa entidad.
La verdadera actitud centralizadora sería dejar las cosas como están, para que la inercia,
el descuido y la falta de planeación y la falta de programación, siguieran generando o incrementando la desordenada inmigración del campo hacia nuestras ciudades.
El federalismo que se concibe en el documento a que di lectura; el feudalismo a que se refiere la Iniciativa de reforma constitucional; el federalismo a que se refiere la Ley que estamos nosotros discutiendo, es un federalismo de cooperación, un federalismo equilibrador que trata frente a la igualdad formal entre los estados a hacerla compatible, consecuente con una realidad, es decir, con una igualdad real o la búsqueda de una igualdad real entre los Estados a través de distintas medidas de carácter económico, es decir, es un federalismo militante, un federalismo activo, un federalismo fecundo en el ámbito de atribuciones de cada uno de los niveles de Gobierno, un federalismo para la colaboración, no uno que conciba a las entidades y a los municipios como compartimientos estancos, no un federalismo que sea obstructor del progreso y que por lo tanto acabaría por ser un federalismo falso y exclusivamente un recurso declamatorio y estéril. Es todo. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Pánfilo Orozco Alvarez.
El C. Pánfilo Orozco Alvarez: Señor licenciado Ignacio Ovalle Fernández, Secretario de la Presidencia de la República. En muchas regiones urbanas de lo país existen fraccionadores inescrupulosos que muchas veces coludidos con líderes y funcionarios realizan especulaciones fraudulentas con terrenos urbanos en perjuicio de los intereses populares. El Partido Popular Socialista desearía saber, señor Secretario, ¿de qué manera establece la Iniciativa de Ley que nos ocupa, mecanismos que impidan la proliferación de este tipo de fraccionadores? Muchas gracias.
El C. Secretario de la Presidencia: Señor diputado Pánfilo Orozco Alvarez, al contestar la pregunta del señor diputado del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, aludimos a algunos aspectos que se relacionan con su interesante pregunta. Todos hemos sido testigos de que muchos fraccionadores, y repito, algunos honestos y algunos deshonestos, se han convertido en verdaderos fundadores de ciudades a la luz de su interés particular aprovechando la gran demanda de tierra para habitación existente en las principales ciudades del país y algunas otras dentro ya de las principales ciudades; algunas otras colonias que todos sabemos que son más grandes que muchas de las ciudades esparcidas en el territorio nacional.
Lo malo, lo defectuoso, lo que hay que corregir no es la creación de fraccionamientos sino el surgimiento de fraccionamientos ilegales, fraudulentos, al margen de todo control, de todo orden, de una idea general de las necesidades del país en su conjunto.
La política y la administración no admiten vacíos. Si quienes tienen que velar por el interés público no toman oportunamente las previsiones del caso, es decir, si no planean este hueco, será llenado por otros. Es decir, la planeación será realizada por otras gentes. Pero esta no es una planeación integral, es la planeación de intereses específicos y equivaldría en el caso de fraccionadores aún a aquellos de buena fe, a confundir la planeación con el plan de su particular interés y este plan por bien concebido que esté no puede ser compatible y más aún puede ser totalmente contradictorio con los intereses nacionales.
Así pues, la planeación se hace o se impone, se hace o se nos hace y se nos impone también a todas las autoridades públicas la obligación de andar tapando hoyos y andar apagando fuegos por falta de la adecuada previsión.
Por ello, la Iniciativa que estamos considerando es probablemente una de las más importantes de las que se pueda ocupar o se haya podido ocupar el actual período de sesiones y, en general, esta Legislatura.
Los fenómenos dramáticos, como el caso de Ciudad Netzahualcóyotl - que todos conocemos y que se ha expandido en otras partes del país - no debe repetirse por ningún concepto. Incluso en este momento, por la falta de un sistema integral - para el que ahora tenemos la oportunidad de dar pie - el problema de Netzahualcóyotl se está reproduciendo en otras partes del país y en esta misma ciudad de México.
Por lo tanto, las previsiones para determinar el uso del suelo hacen previsible, como decíamos en la respuesta al señor representante del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que podemos reducir y controlar en alguna forma, con mucha mayor eficiencia que en la actualidad, la especulación ilícita que se realiza con los terrenos urbanos.
Pero, además, hay que resaltar aquí las tres disposiciones que contiene la Iniciativa hacia el final de su articulado, que se refieren a la obligación de los registros públicos de la propiedad que correspondía de asentar, en un término de 10 días a partir de la fecha en que se expidan las leyes, decretos y disposiciones administrativas tendientes a determinar el uso y las reservas y los destinos y las provisiones de los suelos, a efecto de que todas las operaciones jurídicas que se realicen con los bienes inmuebles se consignen notorialmente, obligación que también se impone a los notarios de verificar que se cumpla con estos requisitos. Es decir, se obliga al asentamiento en estas condiciones y se establece a los particulares la sanción de nulidad absoluta, considerándose el cumplimiento de estos requisitos, establecidos por el municipio y por las leyes, locales, como un requisito esencial en las operaciones jurídicas que se celebren, de tal manera que las operaciones que se realicen en contravención a las mismas, carecerán en absoluto de validez.
Con esto, como ya decíamos, se hará posible que los propios particulares en razón de su interés específico, de su interés personal, coadyuven al interés público de que no se realicen de manera anárquica las operaciones jurídicas más que en aquellos terrenos que estén debidamente regularizados.
Las violaciones a la ley están por encima de las consideraciones jurídicas que hoy estamos analizando. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Jesús Enríquez Burgos.
El C. Jesús Enríquez Burgos: Señor Secretario de la Presidencia. Las amplias y bien meditadas respuestas que usted ha dado a las preguntas formuladas por diversos compañeros diputados, han satisfecho la inquietud que tenía al respecto a algunos puntos que iba a someter a la consideración de usted en mi pregunta.
Al quedar brillantemente expuestos los fundamentos de la iniciativa enviada por el ciudadano Presidente de la República, me permito felicitarlo sumándome así a las felicitaciones de los compañeros diputados, y por lo mismo retiro mi pregunta.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Francisco Rodríguez Pérez.
El C. Francisco Rodríguez Pérez: Señor licenciado Ignacio Ovalle Fernández. Sin duda que el Proyecto de Ley General de Asentamientos Humanos enviado por el Presidente Echeverría a la Cámara, marca el inicio de una nueva etapa de la Revolución Mexicana. Ciudad Juárez, Chihuahua, cabecera del Distrito Electoral que represento, ha incrementado en mil por ciento su población en los últimos 35 años. Como esta ciudad, otras muchas en el país han sufrido este fenómeno demográfico alarmante más o menos en las mismas proporciones.
La familia mexicana reclama y merece las posibilidades de acceso hacia la tenencia de un pedazo de tierra y una habitación digna. Por ello, quisiera preguntar a usted, señor Secretario de la Presidencia, si en su opinión, el propósito de la Ley de descongestionar las grandes ciudades no resulta violatorio de las garantías consagradas en el artículo 11 de la Constitución General de la República, que establece el derecho de todo hombre de mudar de residencia sin necesidad de cumplir ningún requisito, y, además, cómo se afectan las libertades ciudadanas en el articulado y en el espíritu de la iniciativa. Muchas gracias.
El C. Secretario de la Presidencia: C. diputado Francisco Rodríguez Pérez. Como afirmación inicial, podemos decir que de ninguna manera la iniciativa que nos ocupa atenta contra las libertades ciudadanas. No debemos confundir la libertad con los caprichos antisociales de unos cuantos.
Pondremos un ejemplo obvio para representar la necesaria conciliación que tiene que haber ante la libertad ciudadana y la libertad social. Si alguno de nosotros quisiera circular en sentido contrario en el Periférico, por ejemplo para llegar a un sitio, y alguien, un agente de tránsito, por ejemplo, se lo impide, esto no es atentatorio de la libertad de tránsito, es incluso no solamente por razones sociales y la seguridad de los demás, sino una razón de seguridad del propio ciudadano que quisiera conculcar esta norma reglamentaria. Este ciudadano podría llegar al sitio que se propone, nadie se lo impediría, pero circulando en el sentido adecuado. Y así ocurre con todas las libertades establecidas por nuestra Constitución, nuestro régimen político; el progreso del país requiere un adecuado equilibrio entre la iniciativa individual que debe ser fomentada y el interés público, se diría que en realidad la iniciativa individual y el interés público no son justos sino son necesariamente complementarios. A nadie pues, en relación a su pregunta, se puede impedir mudar la residencia excepto por ejemplo si quiere mudar su residencia a la plaza pública o quiere mudar su residencia en detrimento de las reservas forestales de una población que las necesita para la depuración de su ambiente; pero hay algo más importante, sí existe, se sostiene y se afirma la libertad de mudar de residencia, pero en términos sociales considerando a la integridad de nuestra población. ¿Cuántas gentes tiene el privilegio de mudar de residencia a placer? ¿Cuántos tienen los recursos necesarios para hacerlo? ¿Cuántos mudan su residencia no por ejercer una libertad para hacerlo sino por la necesidad imperiosa de sobrevivir, sin saber cuál será su destino y llegan a la ciudad de México o a otras del interior de la República sin saber dónde pasarán la primera noche? Antes, o al mismo tiempo que respetar las libertades, debemos preocuparnos por que la mayor parte de los mexicanos tengan residencia para que pueda ser ejercida realmente esa libertad. Es decir, necesitamos dar sustento material al ejercicio de las libertades y en este caso al ejercicio de la libertad para mudar de residencia. Necesitamos, y lo promueve la ley al reducir las posibilidades de la expeculación del suelo urbano, vivienda para todos. Esta es la conciliación que entiende el gobierno federal entre la libertad y el orden. El Presidente de la República, el pasado día 1o. de septiembre, en este recinto, aludió a la necesidad de que en los próximos años la República tendrá que realizar un esfuerzo de planeación más riguroso en y para la libertad, no al margen de la libertad.
Hemos hablado de la libertad y de su conciliación con el orden, pero a qué tipo de orden nos referimos, señor diputado. ¿A un orden represivo, a un orden estático, a un orden injusto? La palabra orden e injusticia sí son opuestas; éstas sí constituyen un contrasentido. Porque la injusticia es el peor de los desordenes. Como hemos dicho, cuando las aguas estancadas se agitan, se enturbian, surge una apariencia de desorden, pero el desorden estaba allí, es el lodo que estaba en el fondo y en esa apariencia de desorden tenemos ya los elementos para ir depurando la organización social. Conocemos cuáles son las deficiencias del sistema y no las ocultamos atrás de aparentes. aguas claras. Sabemos que tenemos que poner un filtro; podemos medir y discernir cuál es nuestro problema, pero repito, el desorden estaba allí y es el peor de los desordenes, el desorden de las conciencias que produce la miseria, la insalubridad y la insatisfacción de las necesidades. Es decir, es el todo que son las prioridades a que nos referíamos desde la primera
pregunta; se llaman desigualdad, desempleo y miseria. Esto obliga al Gobierno Federal; lo obliga en esta iniciativa de ley a no eludir el problema y confundirlo con un problema simplista de medidas urbanistas. Hay que llegar al fondo y combatir este género de problemas y de lacras sociales en que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir, han de contribuir, y estamos empeñados.
Por ello, señor diputado, esta Ley no atenta contra la libertad, fomenta por el contrario, dándole sustento, a la libertad de los más; nuestro sistema no se concibe sin la libertad política y la libertad espiritual que es condición plena para la actividad del género humano, y sin la cual la ciencia sería conocimiento de una pequeña secta; la ideología se convertiría en dogma; el Arte no sería más que una repetición, y la Política sería simplemente una forma de la ciega obediencia. Es todo, señor diputado. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra la diputada Margarita García Flores.
- La C. Margarita García Flores: Ciudadano Secretario. Mi pregunta sobre coordinación general, acerca de la Iniciativa de Ley que ha sido sujeta a nuestra consideración, ha tenido ya explícita y profunda respuesta durante la exposición de usted dada a mis compañeros legisladores. Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Eugenio Ortiz Walls.
El C. Eugenio Ortiz Walls: Señor Secretario, como la pregunta que yo pensaba formular ha sido contestada en lo substancial por usted, declino volver a insistir.
El C. Secretario de la Presidencia: Muchas gracias, señor diputado.
El C. Presidente: Corresponde el turno al señor diputado Carlos Machiavelo Martín del Campo.
El C. Carlos Machiavelo Martín del Campo: Señor Secretario de la Presidencia Refriéndome a la difícil existencia del hombre en las grandes urbes, hemos escuchado a antropólogos, sociólogos, médicos, urbanistas, etc., referirse al metropolismo patológico, megalópolis enajenante, deshumanización urbana, muchedumbre solitaria, selvas de asfalto, e irónicamente se refieren al habitante como un sobreviviente. Por eso nos satisface encontrar en la fracción 9a. del artículo segundo de la iniciativa, que propone que la ordenación y regulación de los asentamientos humanos tenderá a procurar que la vida en común se realice como el mayor grado de humanismo.
Quisiéramos, señor Secretario, nos diera a conocer su punto de vista sobre este concepto del humanismo, con el objeto de precisar la amplitud y la intención de este apartado. Muchas gracias.
El C. Secretario de la Presidencia: Con mucho gusto, señor diputado Carlos Machiavelo Martín. Efectivamente, en el ánimo general de la Iniciativa alienta la necesidad de mejorar las condiciones de vida en las ciudades y en términos más generales, las condiciones de vida de todos los mexicanos.
De acuerdo con la relación campo - ciudad a que nos hemos tenido que referir en varias ocasiones. Las ciudades han perdido su dimensión humana, cuando menos algunas de las ciudades, nosotros que las conocemos, que representan el problema específico de que se ocupa esta Iniciativa.
En la antigüedad la ciudad representaba en otras condiciones muy distintas el ámbito de libertad, era el sitio de la seguridad para los saqueos que tenían lugar en los viejos centros rurales, la ciudad representaba el ambiente para el ejercicio de las entonces llamadas libertades del ciudadano en la participación política, y siguen representando a la fecha la mejor oportunidad para el ejercicio de los derechos cívicos y para poder contar con una ciudadanía informada; pero antes las ciudades podían recorrerse, antes las principales ciudades del mundo podía antes llegar a ellas, verse, tenerse una idea física de la ciudad.
Las grandes ciudades del mundo moderno siguen creciendo, ni se pueden recorrer a pie mucho tiempo, ni se pueden abarcar con la vista, la idea física de las ciudades comprende algunos aspectos, algunos renglones de la misma, pero no se puede abarcar con la vista, es decir, han roto la escala humana.
Mientras más veloces son los vehículos más tarde se llega a los sitios de destino. El hombre se encuentra en este género de ciudades solo entre mucha gente; esto conduce a un cierto género de histeria social y a deterioros en el comportamiento humano que es necesario prever y corregir.
Es más fácil hablar de máquinas, de edificios, de planos, de ciertas consideraciones de carácter técnico, que del hombre que en muchos casos va a ser el gran desconocido en el planteamiento de las ciudades, mucho mejor que todos nosotros, el problema de la deshumanización de las ciudades, el obrero que tiene que desplazarse desde el Lago de Texcoco, Ciudad Netzahualcóyotl, para tomar un primer camión saturado para llegar a la estación de Zaragoza. En la estación de Zaragoza también pasan dificultades muy graves para poder abordar el Metro, desplazarse hasta la estación de Tacuba y tomar otro camión que lo traslade a su centro de trabajo en Industrial Vallejo, o en Tlalnepantla o en sitios e inclusos más distantes. Esto que es conducido a las ciudades, de las ventajas que indudablemente representan al ser focos de difusión de cultura, al ofrecer mayores oportunidades con todas las deficiencias a que nos hemos referido de empleo, al ofrecer costumbres de carácter cívico y político o que se desarrollen costumbres de carácter cívico y político en los ciudadanos que les permitan un mejor ejercicio de sus derechos, al adquirir la costumbre de enterarse por los periódicos o los medios masivos de comunicación, al tener un mayor acceso a cierto género de diversiones, al poder aprovechar - por ser las ciudades ventanas abiertas al exterior y centros de concentración de cultura y de información - los conocimientos y las novedades que se generan en otras partes del mundo, los ciudadanos aparentemente
reciben una ventaja, y la siguen recibiendo al vivir en las ciudades, pero a medida que éstas crecen en exceso, esto va dejando de convertirse en términos relativos, en la ventaja que necesariamente anunciamos para pasar a ser uno de los problemas más acuciantes en nuestra época. Por ello, habría que decir que hay que recuperar la ciudad, los ciudadanos, los ciudadanos de todos los estratos a medida que se van haciendo más complejos y más graves los problemas de la sociedad, la contaminación, el ruido y otros, van tendiendo a aislarse en su domicilio. Es decir, que cada vez se aíslan los hogares, y eso lo vemos con mayor claridad en las ciudades de países más adelantados, los hogares se aíslan cada vez más del ruido, de los gases, de la delincuencia, y se van cerrando de tal manera que independientemente la inviolabilidad del domicilio, que es un derecho sagrado del ciudadano que hay que conservar y fortalecer, si bien se cayeron, se derribaron las viejas murallas de las ciudades y parece que ahora había que rodear de murallas el campo por el crecimiento de las primeras, se han levantado murallas dentro del hogar por la participación ciudadana. Se podría hablar de un derecho a la ciudad, hay que recuperar a la ciudad, hay que recuperar los espacios abiertos, al sentimiento de libertad o de supuesta libertad que tenían los pobladores de las ciudades antiguas al llegar a las ciudades ahora está invertido; ahora el sentimiento de libertad lo tienen los habitantes de la ciudad cuando salen a los espacios abiertos del campo y no sienten la atmósfera opresiva que los rodea en los principales asentamientos humanos como la ciudad de México.
Por esto, si las ciudades como hemos visto han de crecer, es deseable que crezcan con orden; no podemos impedir a los mexicanos, a ningún mexicano, que mude su residencia hacia donde lo desea. Porque si le impidiera esto es una falsa solución. Es el orden imperativo, el orden no dialogante, el orden ciego, el orden estático, el orden frío; no el orden resultado de la participación ciudadana.
Dentro del propósito general de la Ley, en todas las consideraciones ante dichas prevalece la meta política de redistribuir el ingreso de los mexicanos; distribuyendo la población en el espacio geográfico; fomentar el crecimiento de ciudades medianas como ya lo hemos dicho en un sistema integral de ciudades que resulten verdaderas.
Por esto el problema no puede resolverse aisladamente de asentamiento humano en asentamiento humano. La solución está más allá de la ciudad, está en cada una de ellas pero está también en una visión integral, en una visión de conjunto para redistribución geográfica de la población.
Por está razón, la propia iniciativa que nos ocupa ha considerado importante, vital, que la coordinación que se lleve a cabo tanto en las conurbaciones como el asesoramiento general que el Estado hay de dar tanto a los Estados como a los Municipios que lo soliciten, que el Gobierno Federal haya de dar a los estados y a los municipios que lo soliciten y, en resumen, los planes municipales , los planes estatales y los planes federales para un adecuado asentamiento urbano se lleven a cabo de acuerdo con las directrices resultantes de la aplicación de la Ley General de la Población, con las directrices que definan en esta materia las autoridades competentes, que son la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Población que bajo la dirección del Secretario de Gobernación dirige - hay que decirlo - tan atinadamente la licenciada María Luisa Leal. Han de ser estos organismos, en cooperación con el resto de autoridades federales, estatales y municipales, las que definan la redistribución geográfica de la ciudad, que permita no sólo, a través de una adecuada redistribución , el nivel global de los precios de la tierra en el país, reduciendo la presión demográfica en los principales centros de congestionamiento, sino también redistribuyendo la población ahí donde la ciudad, en términos relativos, ofrece más ventajas que desventajas.
Es así como, en suma, se pueden ofrecer mejores condiciones de vida, es decir, dar un sentido más humanista al desarrollo urbano de nuestro país. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Manuel Ramos Gurrión.
El C. Manuel Ramos Gurrión: Señor Secretario. Uno de los objetivos fundamentales de la Iniciativa de Ley que estamos comentando es la regulación del crecimiento de las ciudades, es el de ordenar este crecimiento, como usted lo ha venido apuntando, para detener esta expansión, para que no se caiga en una actitud anárquica. Sin embargo, al favorecerse esta expansión se requiere mayor superficie de terreno.
La pregunta que yo quiero formularle a usted, señor Secretario, es: ¿Qué criterios se van a seguir, qué medidas se van a adoptar al favorecer o estimular el crecimiento urbano, particularmente en zonas o en terrenos o en superficies que deben ser aprovechadas y que están destinadas además a la producción agrícola?
El C. licenciado Ignacio Ovalle: Señor diputado Manuel Ramos Gurrión. El artículo, me parece que 47 o 48 de la iniciativa de Ley General de Asentamientos humanos, previene que para la determinación de destinos, usos y reservas de tierra para la expansión y provisiones, para la expansión de los centros urbanos, aquellos terrenos en explotación minera, agrícola o forestal, se conserven preferentemente en explotación.
Esto quiere decir que únicamente cuando sea indispensable por la expansión urbana, ocuparla, esto deba realizarse con el orden debido. Para ello se establece también en la propia iniciativa que cuando sea indispensable que el desbordamiento de la ciudad debe ocupar estos terrenos, esto se realice de conformidad con los preceptos legales que regularían las incorporación a los fondos urbanos.
En el caso específico de que se tratara de terrenos ejidales o comunales, el municipio, de conformidad con el sistema legal vigente, realizaría junto con el Gobierno Federal las disposiciones o los trámites legales conducentes a efecto de llevar a cabo la expropiación resultante del caso con la indemnización correspondiente. De tal manera que el crecimiento de las ciudades no estará obstruido por este género de explotaciones pero tampoco de manera desordenada habrán de obstruirse éstas en tanto no sea indispensable realizarlas.
Otro artículo de la propia iniciativa dispone que cuando esto sea, cuando sea previsible que esto va a ocurrir, cuando esté considerada una zona en explotación dentro de las reservas que serán incorporadas a la ciudad, se mantenga en explotación aunque ya esté reservada el destino, hasta el momento en que la ciudad llegue hasta estos linderos. Es en realidad el sentido de la ley, y espero que haya quedado satisfecha su inquietud, señor diputado Ramos Gurrión. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el penúltimo de los oradores inscritos, diputado José Octavio Ferrer.
El C. José Octavio Ferrer: Señor Secretario, deseo someter a su consideración algunas interrogantes que evidentemente van a resultar del consenso popular alrededor de esta iniciativa.
Fundamentalmente, señor Secretario, ¿cuáles son las limitaciones y modalidades que la iniciativa de la Ley impone a la propiedad privada?
Por otra parte, ¿qué nos sugiere usted considerar, ante la suspicacia de si las modalidades previstas en la iniciativa no estarán limitando excesivamente el derecho de propiedad, lo que en su caso podría generar una situación inconveniente que distorsione la actividad económica del país?
Y finalmente, ¿hasta dónde podría resultar valedera la afirmación de que el régimen de ordenación de los asentamientos humanos propuesto por el Ejecutivo Federal contribuye a crear inseguridad jurídica?
El C. Secretario de la Presidencia: Señor diputado Octavio Ferrer Guzmán. La pregunta de usted es muy importante, porque nos permite esclarecer algunos de los puntos que pudieran conducir a una equivocada interpretación de la iniciativa de Ley General de Asentamientos Humanos. El Derecho de Propiedad desde 1917, y ratificado por el Código Civil vigente, se ejerce plenamente en los términos constitucionales, que vale la pena recordar en está ocasión el párrafo 3o en su parte conducente que especifica que la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, las modalidades conforme a las cuales deberá ejercer en el derecho de propiedades privadas en las ciudades, será de conformidad con lo establecido en esta Ley General de Asentamientos Humanos, en caso de que el Congreso de la Unión apruebe la Iniciativa de Reforma Constitucional y esta Iniciativa de Ley que nos ocupa, pero esta norma de carácter general no está establecido limitaciones específicas como un formulario casuístico a la forma en que habrá de ejercerse el derecho de propiedad, sino las normas generales conforme a las cuales las legislaturas locales habrán de establecer las condiciones necesarias para que el derecho de propiedad sea, si bien ejercido, no en contravención de los intereses generales de la sociedad ni en perjuicio de los asentamientos humanos, provocando con ello el desorden. Esto nos lleva a considerar de nueva cuenta el sentido social de la propiedad; siempre que hay una época de cambio, una época de discusión política, surge al debate el tema de propiedad, quienes la detentan en exceso, y hay que subrayarlo, quienes la detentan en exceso en perjuicio del derecho de propiedad de los demás, suelen en estos períodos arrogarse su defensa y anteponer este derecho por encima de todos los demás valores sociales y lo colocan como el primero en los valores sociales, cuando que en realidad lo que están defendiendo es el derecho de acumularlo; la democracia, la verdadera democracia económica, la democracia que postula nuestro sistema constitucional, no es este derecho privilegiado de una minoría, la Constitución postula, el espíritu que anima al artículo 27 constitucional, es la defensa del derecho de propiedad sí, pero la propiedad de todos, propiedad para todos, no propiedad para unos cuantos. En ello radica la verdadera seguridad jurídica del derecho de propiedad; en dos características o dos soportes esenciales: que sea bien distribuida y bien habida. En la medida en que esté mal distribuida o mal habida, inseguridad en cualquier país para los que la detentan con exceso o se han arrogado un derecho de propiedad que no les correspondía. Las alusiones que hemos hecho en relación al destino que dará al destino del suelo y al reducirse o controlarse la especulación de los terrenos urbanos a medida que las legislaturas locales vayan expidiendo las leyes correspondientes o complementarias de esta general, podrán irse ampliando los programas de vivienda; en otras palabras, podrá irse expandiendo y difundiendo el derecho de propiedad.
El ordenamiento urbano que dispone esta ley, por otra parte, evitará que existan o cuando menos se multipliquen al ritmo que en la actualidad los asentamientos urbanos precarios, en otras palabras, la invasión de predios urbanos que debe constituir una precaución para quienes detentan ese derecho de propiedad. También permitirá regular la invasión urbana de los ejidos que circundan a las ciudades para que después tengan que estarse realizando las regulaciones por trasladarla a propiedad privada. La invasión de bosques, la construcción en áreas peligrosas por falta de regulación cuando se construyen casas encima de cuevas o de suelos que acaban deteriorando las construcciones que se han vendido a altos precios a los estratos medios, o la construcción en condiciones antieconómicas, como nos hemos referido
al ejemplo de Acapulco en los cerros o de Tijuana en el cauce del río.
A medida que exista esta adecuada regulación urbana, la propiedad y la tenencia serán más seguras. Hemos visto nosotros que, por ejemplo, el Comité de Regularización de la Tenencia urbana, el CORET, se ocupa de ir regularizando los desbordamientos urbanos sobre los ejidos; desbordamientos por cierto ilícitos pero irreversible. Aquí en Contreras, el diputado que representa este distrito, el licenciado Rodolfo Echeverría Ruiz, en combinación con el Comité de Regularización de la Tenencia de la Tierra, ha realizado una tarea importante para regularizar justamente los predios que eran ejidales y ahora son urbanos, pero hasta en tanto llegó la intervención de esa organización, tanto los ejidatarios como las gentes que habían adquirido y construido allí, tuvieron un alto grado de inseguridad respecto a lo que podía resultar de las construcciones que habían realizado.
Una legislación como ésta permitirá, como lo está haciendo en Las Truchas, establecer, aunque sea en condiciones mínimas, pero a priori, anticipadamente, la regulación de los asentamientos humanos cuando éstos hayan de desbordarse sobre las zonas ejidales o comunales que circundan a las principales ciudades de la República. Esto también es un elemento de seguridad jurídica y un respaldo para la propiedad. Por esto podemos decir que esta Ley o esta iniciativa sólo podría ser vista con antipatía por quienes tienen propiedades en exceso o mal habidas, y no porque como resultado de la Ley, sus propiedades hubieran de ser tocadas, sino porque son gentes que viven en el temor como Ley o sin Ley; el temor de quien se sabe en falta y vive rodeado de miseria.
En cambio, quienes tiene sus propiedades bien habidas producto de su trabajo, no tienen nada que temer. Este país, México, que está compuesto en su inmensa mayoría por trabajadores, que viven de su esfuerzo físico e intelectual, y no de su capital acumulado, no pueden sino ver con simpatía una Ley que está encaminada a difundir el derecho de propiedad para los demás.
Y decimos que México es un país fundamentalmente de trabajadores, porque trabajadores no son solamente los obreros y los empleados de las empresas públicas o de las empresas privadas, y empleados públicos, sino son también trabajadores en sentido nato los campesinos, lo son cooperativistas, lo son maestros, los intelectuales; en suma, repetimos, todos aquellos que viven de su esfuerzo físico y de su esfuerzo intelectual, y que ven, repetimos también, en esta Ley, la oportunidad de hacer realizable y seguro su propio derecho de propiedad.
En suma, en una sociedad sana, con riqueza bien distribuida, en que se postule, no el derecho de propiedad de los menos, la acumulación, la especulación, sino que por el contrario esté encaminada a difundir la vivienda popular, la vivienda obrera, a reducir el precio de la tierra, no puede conducir a la inseguridad jurídica, sino la seguridad de toda sociedad bien constituida y equilibrada, y a reproducir el derecho de propiedad no de una minoría, sino el derecho de propiedad a que tienen derecho todos los mexicanos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el último de los oradores inscritos, el C. diputado Mariano Araiza Zayas.
El C. diputado Mariano Araiza Zayas: Señor Secretario. Hemos escuchado con una gran atención la exposición con la que se ha dirigido a esta Asamblea y las respuestas que ha dado a las preguntas que los señores diputados le han dirigido.
Los integrantes de las Comisiones a quienes les han sido turnadas estas dos leyes, la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, encontramos muy ilustrativos los conceptos que usted ha vertido esta mañana.
Refiriéndome al marco general de toda esta comparecencia, quisiera hacer alguna breve comparación. La concentración de bienes y servicios en las zonas urbanas y, por tanto, la carencia de estos servicios en las zonas rurales, provocan una relación socio - económica entre estas zonas básicamente injusta, generando una situación de colonialismo interno.
Entendemos que el problema de asentamientos humanos tiene que ver fundamentalmente con la distribución equitativa de la riqueza.
Quisiéramos conocer su criterio sobre el impacto de la Ley General de Asentamientos Humanos sobre la sociedad mexicana en general.
El C. Secretario de la Presidencia: Señor diputado Mariano Araiza Zayas. Usted que es un estudioso de problemas de la planeación y que preside o dirige la Comisión Interna de esta Cámara de Diputados que se ocupa de este género de problemas, comprenderá seguramente en toda su amplitud la trascendencia o importancia que tiene una iniciativa de esta naturaleza en el marco general de la planeación económica y social del país. Tenemos que insistir en este punto, en que el problema que nos ocupa no es sólo urbano, de que como quedó planteado desde la interrogación del diputado Salvador Robles Quintero y la primera pregunta elaborada por el señor Representante del Partido Acción Nacional. Quedo claro que el excesivo crecimiento urbano constituye más un efecto que una causa, aunque a la postre se convierta en causa, es decir, en un obstáculo para una adecuada canalización de recursos a la solución de los demás problemas nacionales por la gigantesca absorción que implica la solución de los problemas en las principales ciudades del país. Ven el problema exclusivamente como el excesivo centralismo o la necesidad de corregir el excesivo centralismo de la ciudad de México o el que regionalmente ejerce en ciudades como Guadalajara y Monterrey, nos podría conducir a una simplificación del problema y a presentar como solución la de atender únicamente el aspecto parcial, presentar una parte de la verdad y esto constituirá un argumento demagógico, es decir, mentir con la verdad, con
parte de las verdades sin presentar éstas en todo su contexto; ello equivaldría reduciendo el argumento a lo absurdo, a que pretendiéramos resolver ya no los problemas nacionales sino los problemas específicamente urbanos, con medidas exclusivamente urbanas cuando el problema no lo es; que pretendiéramos resolver el problema del hacinamiento de basura simplemente introduciendo más camiones recolectores y más tiraderos; si pretendiéramos resolver el problema del transporte exclusivamente con más vías rápidas, con más autobuses y con más carros del Metro, por más que esto es útil e incluso indispensable; y si pretendiéramos que es más absurdo reducir o combatir el problema de la contaminación o del ruido tapándonos las narices o cerrando las ventanas. El problema subsiste y requiere por tanto una solución de carácter integral, es decir, saltar por encima de los síntomas y llegar a las causas profundas estas causas profundas, como lo hemos dicho, consisten en el compromiso político fundamental de cualquier gobernante que es definir sin ambigüedad cuales son las prioridades nacionales. Y esto es un esfuerzo de la nación, significa saber hacia dónde vamos, cuál es nuestro camino, cuál es nuestro destino, qué clase de país queremos construir.
Aquí me viene a la memoria lo que para estos efectos es cuento infantil muy citado, el de "Alicia en el País de las Maravillas". Que se acerca y se encuentra al gato aquel que la mayor parte de ustedes conoce, digo esto porque los cuentos infantiles a veces son muy ilustrativos para los adultos y este no parece un cuento infantil. Se encuentra al gato y le pregunta cómo llegar a algún sitio. El gato le pregunta ¿a donde quieres llegar? Me da igual. Entonces el gato le contesta: Ve por donde quieras.
Esto tiene por caso definir antes que nada cuál es nuestra meta, cuál es nuestro camino, qué país queremos; si un país con libertad o un país en la dictadura; un país con participación popular o no; un país que redistribuya el ingreso aunque tenga que crear fuentes simultáneamente o que tenga que esperar como ha quedado obviamente demostrado que se fracase en los países en desarrollo a esperar que haya riqueza para después redistribuirla.
En este modo general de planeación el actual Gobierno de la República ha desempeñado una tarea muy importante y constante: que la planeación de la vida económica y social no es un problema de carácter técnico - siéndolo - , sino es fundamentalmente un problema de carácter político. La primera entre las obligaciones de un gobernante que es definir el sendero general que ha de seguir la nación.
¿Que se ha hecho en materia de planeación económica y social a lo largo del actual Gobierno? Desde nuestro punto de vista se han dado pasos fundamentales. Nos parece indispensable repetir aquí el apoyo que se ha dado al campo, al aumentar los precios de garantía revisándolos constantemente, al conducir el mayor flujo posible de recursos al evitar que recaiga sobre las clases trabajadoras el pesado efecto de la inflación internacional, habiéndolo evitado con la revisión anual de los salarios o, cuando menos, habiéndolo atenuado; respetando de manera irrestricta el derecho de huelga y el derecho de asociación de los sindicatos; creando instituciones a favor de las clases trabajadoras, como el Infonavit y el Fonacot y muchas que ustedes conocen; fomentando, como también hemos mencionado aquí, la educación técnica y el apoyo fundamental a la provincia, modificando un concepto de educación antes elitista, y dando un apoyo sin precedentes, en términos absolutos y en términos relativos, a la educación superior en la provincia; luchando, en materia de política exterior, por la estructura de un mundo más justo, y logrando, como habíamos dicho en otra ocasión, remover esa pesada burocracia internacional para que pudiera ser aprobada la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, ante la incredulidad de muchos que tiene muy dentro el complejo de inferioridad de los mexicanos, y que el Presidente de la República ha venido a demostrar que es posible y pertinente y ha hecho ondear la bandera de México con su voz y con sus postulados en los ámbitos internacionales. O en materia de política interior, que no puede considerarse al margen de la política de planeación, ampliando el ejercicio de la democracia, promoviendo la participación de jóvenes en las responsabilidades administrativas y enviando iniciativa para que participen en los puestos de elección popular, en un mayor grado, cosa que se justifica, en México como en América Latina, que es un universo de juventudes; promoviendo la igualdad de la mujer y alentando, como nunca antes, el pleno ejercicio de las libertades públicas.
Si estos propósitos no son considerados como las prioridades básicas del país, si no son considerados como la ejecución de un plan determinado, qué quisieran algunos planeadores teóricos. ¿Un libro que dijera en la pasta: plan? ¿Un recetario? ¿Un libro que nos diera una fórmula para cada uno de nuestros problemas inesperados? Como si en el país se estuviera trabajando con muñecos y no con hombres. O promover el aliento y la participación no solamente de todas las autoridades sino de todos los ciudadanos del país a través de muy distintos instrumentos.
Por eso podemos afirmar que éste ha sido - aun no concluye - el sexenio que inaugura la planeación racional operativa, participativa, intersecretarial y regional en el país; que ha roto o iniciado la ruptura del aislacionismo y feudalismo administrativo, y que permitirá en los próximos años dar pasos adelante con mucha mayor firmeza. Con mucha mayor firmeza dentro de la continuidad de las instituciones del país; no en continuismo que es el afán de los particulares por prevalecer vana, y diríamos ridículamente en los puestos que provisionalmente le son asignados por voluntad popular o por voluntad autónoma del Ejecutivo.
Todas las normas y las disposiciones en materia de planeación, como son las leyes, trascienden el tiempo. Las propias leyes se inscriben
dentro de una panorámica general de planeación Si no entiende como está no pueden entenderse en ninguna otra forma. Vale la pena recordar aquí la expresión que también el señor diputado Carlos Sansores Pérez expresó el pasado día 1o. de septiembre, al contestar el informe del señor Presidente de la República, al subrayar que era el legislador social de México, en el siglo XX. Y como legislador social, y promotor de instituciones en combinación con el Congreso de la Unión, ha sentado muchas de las bases para la planeación futura del país y para el diseño de nación y de comunidad nacional que todos los mexicanos, o cuando menos la gran mayoría de los mexicanos, las mayorías revolucionarias del país, desean. Este es, repito, un acto fundamental de planeación. No puede considerarse, o no puede afirmarse y no se ha afirmado, ni esta sancionado, o no podría rescatarse vanamente, aquella triste expresión de que qué han hecho las generaciones futuras por nosotros, para que nosotros hagamos algo por ellas. Parecería, desde ciertos puntos de vista, para aquellos que confunden el progreso general del país con su situación personal, con sus dificultades y frustraciones personales, con los problemas generales del país, que todos los recursos de la nación habrían de destinarse para la resolución de esos problemas específicos. Pero los recursos son escasos y requieren un gran sacrificio y una gran complementación de puntos de vista y coordinación entre las autoridades federales, municipales y estatales, para la satisfacción de los mismos. En ese camino, en esa tarea, en ese sendero, han de encontrarse todas las acciones del gobierno federal, el que, por los demás, en los últimos 11 meses de gobierno se halla en plena actividad creadora; prueba de ello lo dan las diversas iniciativas de ley que han mandado a la consideración de la Cámara, tanto la que amplía el ámbito territorial, por lo que se refiere a las 200 millas de mar patrimonial, como la Ley de Protección del Consumidor, y muchas otras. El actual gobierno de la República no es una empresa en liquidación ni nosotros somos sus síndicos; es un gobierno en plena actividad, en actividad creadora.
Palacio Nacional y Los Pinos son visitados para todos los ciudadanos que lo desean, comisiones y grupos de ciudadanos como desde el primer día, siguen recibiendo la atención del Jefe del Ejecutivo y en tanto sea necesario, indispensable para los intereses de la Nación , el Congreso de la Unión, en períodos ordinarios o en períodos extraordinarios seguirá recibiendo las iniciativas de ley que sean indispensables para alcanzar los propósitos de democracia y de justicia social que animan a todos nosotros. En Los Pinos y en Palacio Nacional hay un hombre que como desde el primer día recibió comisiones y grupos, consideró la posibilidad de enviar en los primeros cien días toda una cauda de modificaciones legislativas para cambiar en lo conducente la estructura institucional del país y dotarlo de los instrumentos administrativos necesarios para cumplir los propósitos que manda la Constitución, el Presidente de la República, el primer día después de tomar posesión, no celebró con una fiesta íntima, ni una fiesta gigantesca tampoco, con ningún género de frivolidad, esa toma de posesión y ese al acceso al poder que le otorgaba el pueblo y así seguirá; todos tenemos la convicción, hasta el último día de su mandato, último día en que tampoco habrá ninguna fiesta íntima, ninguna celebración, ninguna frivolidad y en que abandonará Palacio Nacional y Los Pinos, para instalarse en la conciencia, en el corazón y en la historia de todos los mexicanos consientes y responsables que entienden la medida de su esfuerzo; saldrá de Palacio Nacional y de Los Pinos después de haber enviado iniciativas como las que hoy nos ocupan, que de ser aprobadas permitirán llevar adelante estos propósitos de justicia social, con la satisfacción del deber cumplido; insisto, el Presidente de la República, cuando salga de Palacio Nacional y de Los Pinos, sin ningún ánimo de autocongratulación, sí saldrá, cuando menos , con la suprema satisfacción ciudadana del deber cumplido. Muchas gracias. (Aplausos.)
AGRADECIMIENTO
El C. Presidente: Su presencia ante esta Asamblea popular pone de manifiesto la estrecha y respetuosa colaboración entre los poderes de la unión, quienes sin perder su autonomía funcional e institucional, trabajan, como usted lo ha dicho, coordinadamente en beneficio del país.
No hay ni habrá jamás en México confusión o fusión de poderes, sino coordinación de atribuciones. La garantía democrática de la división de los poderes es decisión política inquebrantable del pueblo mexicano. Sin embargo, es importante mencionar que, precisamente por la índole de sus funciones, es el Ejecutivo el poder que con mayor eficacia puede ponderar una realidad y en función de ella. promover iniciativas sin que ello signifique menguar la facultad que en este sentido tienen los señores diputados y que en esta XLIX Legislatura han ejercitado en repetidas ocasiones con responsabilidad e interés.
También es cierto que los diputados, como gestores de las comunidades que representan, conocen la problemática de aquéllas y en esa virtud hoy lo han interrogado para conjugar el criterio y la información del Ejecutivo con su libre punto de vista y el conocimiento de los problemas de sus representados, a efecto de producir, en su oportunidad, una norma de evidente beneficio comunitario, norma que, por otro lado, como todas las aprobadas por el Congreso General, habrá de ser emitida con absoluto respeto al sistema de facultades regulado por la Constitución General de la República.
La Iniciativa objeto de esta comparecencia, contempla una realidad que imponía ya su reglamentación.
De profundo sentido humanista, es coincidente con las constantes políticas del presente régimen que tienden a corregir desequilibrios y propugnar sistemas más justos y equitativos en todos los órdenes.
La vida humana, no puede desenvolverse anárquicamente; planear la ordenación y la regulación de los asentamientos humanos, respetando siempre las esferas de atribuciones de las Entidades y de los Municipios, implica propiciar un equilibrio en el país, que armonice la vida del campo con la de la ciudad.
Señor licenciado Ignacio Ovalle; Ha expuesto usted con meridiana claridad, las razones que el Ejecutivo ponderó al redactar la Iniciativa que hoy se comenta. De sus respuestas, por otro lado, se revela un amplio conocimiento de la materia y un acusado sentido de responsabilidad.
A la nueva generación de funcionario y de políticos que el Régimen de la Revolución ha promovido en esta etapa, le es particularmente satisfactorio reconocer en usted a un hombre que ha sabido responder a la oportunidad que el Gobierno le ha conferido. Fue usted universitario destacado y también lo recordamos como inquieto y honesto líder de nuestra Alma Mater; las doctrinas humanistas que en ella abrevó, fortalecidas con el ejemplo de la conducta de un Presidente humanista también, lo han convertido en un funcionario que responde a su tiempo, y en un político cuya conducción y pensamiento reflejan una sensibilidad social de respeto a los altos valores del pueblo mexicano.
Señor licenciado Ignacio Ovalle: Es usted el más joven de los integrantes del Gabinete Presidencial. Su juventud, empero, no ha sido valladar para una madura actuación, sino estímulo renovador de conducta progresista. Sus amigos, nos congratulamos de haberlo escuchado y de saber de sus aciertos y la Presidencia y las dos Vicepresidencias, a nombre de este Organismo Colegiado, lo felicitan y hacen votos porque continúe usted desarrollando esa actividad que lo hace ser destacado y digno exponente de toda una generación revolucionaria. (Aplausos.)
Se ruega a la comisión designada, acompañe al licenciado Ignacio Ovalle Fernández, Secretario de la Presidencia, cuando él desee retirarse del recinto.
(La comisión cumple su cometido. Aplausos.)
El C. secretario Rogelio García González: Reconocemos atentamente la presencia de todos nuestros invitados.
El C. Presidente: Señores diputados, vamos a continuar con el Orden del Día. Les rogamos respetuosamente tomar sus asientos y escuchar con atención a la Secretaría. (Aplausos.)
Continúe usted, señor Secretario:
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
Reformas a la Ley del ISSSTE y a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado
- El C. secretario Rogelio García González:
"Comisiones unidas Primera y Segunda de Trabajo y de Estudios Legislativos.
Honorable Asamblea:
A las suscritas Comisiones unidas, se turnó por acuerdo de Vuestra Soberanía, la Minuta que reforma y adiciona la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, aprobada por el H. Senado de la República.
Estas Comisiones analizaron la Iniciativa enviada al Senado por el C. Presidente de la República, participando por una atención a esta H. Cámara de Diputados, en todo el proceso de acopio de datos que efectúo la Colegisladora a fin de enriquecer su conocimiento sobre los planteamientos que tratan las reformas y adiciones a las leyes mencionadas.
Percatados de la importancia de las disposiciones a estudio, reconocen las Comisiones el valor que tiene para el Gobierno de la República la seguridad social de sus servidores, así como el lograr para ellos satisfactores que le hagan sentir la importancia que tiene para la materialización de las obras que estudia, planea y ejecuta el Estado Mexicano.
Así pues, se estima que los preceptos que se analizan son de vital trascendencia para los servidores del pueblo y que vienen a enriquecer lo alcanzado a través de los gobiernos surgidos del movimiento iniciado en 1910.
Con el propósito de ampliar la seguridad social y el bienestar de los trabajadores del Estado, la Iniciativa adiciona el artículo 23 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, autorizando al Instituto a que preste servicios médicos por enfermedades no profesionales, en el caso de los hijos de los trabajadores que sean solteros, mayores de 18 años hasta la edad de 25, siempre y cuando se encuentren realizando estudios a nivel medio o superior, en planteles oficiales o reconocidos, así como a los que estén incapacitados física o psíquicamente, sin límite de edad, cuando no puedan trabajar para obtener su subsistencia. En ambos casos, será requisito que las personas de las que dependen, carezcan de capacidad económica suficiente. Para el mejor funcionamiento de esta disposición, se establecen requisitos, los cuales de ninguna manera significan una limitación al goce de este beneficio, ni tampoco alguna medida que venga, con la investigación correspondiente a rebajar la dignidad de los interesados, sino que tiende a evitar que surjan excesos. No menos importante es el reconocimiento al derecho que tiene el esposo o pensionista, en los casos que señala la fracción V, que es un tratamiento originado aparte del vacío existente en el jurídico trato igual, que tienen el hombre y la mujer.
De acuerdo a los fenómenos económicos que han incidido en el poder adquisitivo de la moneda y tomando en consideración la política habitacional del régimen, la que busca más medios y facilidades para que los trabajadores puedan tener una vivienda digna y decorosa, tomando en consideración que la suma máxima que como crédito hipotecario se establece en la actual ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, ya resulta en muchos casos insuficiente para los fines para los que fue creada, se estimó conveniente la elevación del límite máximo de este préstamo, mediante
la reforma al artículo 49, a la cantidad de 200 mil pesos; como consecuencia también se modifica el artículo 54 del mismo Ordenamiento para elevar a la suma de 400 mil pesos, la exención de los impuestos federales y los del Distrito Federal, por todo el tiempo que el crédito de que se viene hablando permanezca insoluto.
Las reformas propuestas a los artículos 63, 66,72,78 y 79 de la Ley del mismo Instituto, son vistas con satisfacción por los justos y anhelados objetivos que contienen. Los primeros obligan a una mayor celeridad en la tramitación de las pensiones, al pago de una pensión provisional y a la revisión de ésta, lo que terminará con la incertidumbre de aquellos que habiendo dejado de laborar veían pasar indefinidamente al tiempo, sin alcanzar la suma a que tienen derecho. La segunda fija los casos en que opera la compatibilidad para el disfrute de dos pensiones, así como el máximo a que ambas pueden ascender. La tercera se contrae a señalar el máximo que puede alcanzar una pensión, para frenar y evitar las grandes diferencias que existen y la descapitalización del propio Instituto lo que se relaciona con la modificación al artículo 78, en el que se especifica la cifra fijada actualmente como cuota mínima diaria, además de que faculta a la Junta Directiva del Instituto para establecer, está de acuerdo con las circunstancias, es evidente que conlleva a la práctica de la justicia social, porque por una parte aumenta las percepciones de quienes por sus bajas cotizaciones al dejar de laborar, tendrían un ingreso ridículo y limita a un margen razonable las pensiones que se asignaban a altos funcionarios. Existe una señalada petición que los Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado, han venido efectuando para éstos, a fin de que sus pensiones se otorguen a la base de los últimos sueldos percibidos, la reforma contenida en el artículo 79, es un paso importante para alcanzar este anhelo, ya que se toma como base para determinar el sueldo regulador el promedio de las percepciones por las que cotice el trabajador, disfrutadas en los tres últimos años de servicio, en lugar del quinquenio que actualmente está en vigor.
Por lo que respecta a las modificaciones al artículo 5o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, es un acto de justicia de gran alcance, por el número de trabajadores de servicios federales que se incorporan a la seguridad jurídica. Desde hace algún tiempo se viene observando el ingreso al servicio público, de personas cuyas labores pueden ser clasificadas como de base y que no obstante ello, recibían el tratamiento de empleados de confianza, careciendo de protección legal, con la medida comentada, se termina con esta anomalía, así pues, de ahora en adelante, únicamente serán comprendidos como trabajadores de confianza de los que ostentaban la categoría de servicios federales, los jefes que no desempeñen labores que correspondan a plazas de base.
El mismo propósito se advierte en el artículo primero transitorio de la Minuta aprobada por la Colegisladora que aclara que este personal de servicios federales al entrar en vigor el Decreto, que estén realizando labores correspondientes a trabajadores de base, pasarán a ocupar empleos de esta naturaleza, consecuentemente, aquellos que estén desarrollando labores típicamente de confianza y que no tengan la denominación de jefes, pasarán a tener el nombramiento respectivo sin que se modifiquen las percepciones que hayan venido recibiendo.
La modificación al artículo 16 de la Ley Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional tiende en primer lugar a evitar traslados innecesarios con el consiguiente perjuicio para el trabajador y su familia, así como para limitar órdenes injustas; por otro lado amplía, en razón de las erogaciones necesarias por el cambio de domicilio, los conceptos que se cubren por el titular en estos casos.
La reforma al artículo 35 de la Ley da mayor agilidad al análisis y resolución de los cambios económicos que puedan surgir en las diversas zonas donde prestan sus servicios los trabajadores del Estado, dando mejor perspectiva de un fallo equitativo el hecho de dar intervención a la organización sindical, que ha demostrado en muchas ocasiones tener puntos de vista que son dignos de tomarse en cuenta.
El nuevo artículo 42 bis al institucionalizar el aguinaldo como prestación que se da a cambio del trabajo desarrollado, libera de la duda de su vigencia a los beneficiados y plasma una determinación que para sus empleados había venido observándose por los gobiernos de la revolución.
Con bastante tristeza se venía observando que en los casos en que los trabajadores públicos, planteaban sus inconformidades ante el tribunal competente, al reconocer éste su derecho, no les eran cubiertas las prestaciones que la justicia fallaba a su favor, ya que o bien recibían anualmente una ridícula suma a cuenta de la condena o aceptaban recibir globalmente algo que no era lo justo, por ello es plausible la reforma del artículo 43 fracción IV de la Ley, que contribuirá a la realización de una justicia pronta y expedita, ya de ahora en adelante se percibirán en una sola exhibición el monto de las condenas en los términos de los laudos respectivos.
Por otra parte, la obligación establecida en la fracción X, de nueva creación, en el artículo citado obligará al titular a la integración de los expedientes y a la remisión de los informes, que hasta ahora habían sido llevados en algunos casos con lentitud, tal vez por no existir la norma impositiva.
No menos importante que las demás reformas que se señalan es al que se refiere al artículo 87 de la Ley Federal de que se viene hablando, por ella las condiciones generales de trabajo que existan en las dependencias se fijarán con opinión del Sindicato correspondiente, ello ayudará a alcanzar la reforma administrativa necesaria que interesa al Gobierno y al pueblo de México, precisando las obligaciones y los derechos de los trabajadores y la forma en que éstos puedan cumplir en mejor forma,
sin detrimento de sus derechos, con las funciones para las que han sido nombrados.
El artículo 46 de la Ley en su reforma, así como la creación de los artículos 46 bis y 127 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tienen como objetivo primordial evitar injusticias que lamentar, cuando se dan por terminados los efectos del nombramiento o la suspensión de estos efectos, en esta forma se pretende concluir con pedir excusas hecho el daño, lo que traerá una disminución del pago de salarios caídos durante el procedimiento porque disminuirá el número de ceses injustificados. Lo anterior no libera que puedan suspenderse los efectos del nombramiento cuando existan causas graves y sea autorizada tal determinación, contribuyendo todo lo reglamentado a la mayor agilidad en la tramitación de los procesos."
Por lo anteriormente expuesto las Comisiones que suscriben, se permiten someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 23,49,54,63,66,72,78 Y 79 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; A LOS ARTÍCULOS 5,16,35,43 Y 46 Y LA CREACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 42 BIS Y 127 BIS DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Artículo primero. Se reforman y adicionan los artículos 23, fracciones III, IV, V y VI; 49; 54; 63; 66, párrafos primero y segundo; 72, tercer párrafo; 78; 79, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:
Artículo 23. ..
I y II. ..
III. Los hijos solteros mayores de dieciocho años, hasta la edad de veinticinco, previa comprobación de que están realizando estudios a nivel medio o superior, de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos;
IV. Los hijos mayores de dieciocho años, incapacitados física o psíquicamente que no puedan trabajar para obtener su subsistencia, lo que se comprobará mediante certificado médico expedido por el Instituto y por los medios legales procedentes;
V. El esposo de la trabajadora o pensionista, que se encuentre incapacitado física o psíquicamente o que sea mayor de 55 años y que, en ambos casos, dependa económicamente de ella; y
VI. El padre y la madre del trabajador o pensionista que originó la pensión.
Los familiares que se mencionan en este artículo tendrán el derecho que esta disposición establece si reúnen los siguientes requisitos:
a) Que dependan económicamente en forma total del trabajador o del pensionista;
b) Que el trabajador o el pensionista tengan derecho a las prestaciones señaladas en la fracción I del artículo 22; y
c) Que dichos familiares no tengan por sí mismos derechos propios a las prestaciones otorgadas por esta Ley.
Artículo 49. El instituto formulará tablas indicadoras para determinar las cantidades máximas que puedan concederse al trabajador en calidad de crédito hipotecario, según su sueldo, tomando como base, que las amortizaciones no deben sobrepasar el 50% del sueldo o sueldos que el trabajador perciba y por los cuales se le practiquen descuentos para el Instituto. En los casos en que el trabajador justifique tener otros ingresos permanentes que puedan computarse para la amortización del préstamo, esté podrá sobrepasar el máximo fijado para su sueldo en forma proporcional. En todo caso, el límite máximo para los créditos hipotecarios, aún tratándose de préstamos mancomunados, será de doscientos mil pesos.
Artículo 54. Los siguientes adquiridos o construidos por los trabajadores para su propia habitación, con fondos administrados por el Instituto, excepto de los que provengan del fondo de la vivienda, quedarán exentos a partir de la fecha de su adquisición o construcción de todos los impuestos federales y del Departamento del Distrito Federal, por el doble de crédito y hasta por la suma de cuatrocientos mil pesos de su valor catastral, durante el término que el crédito permanezca insoluto. Gozarán también de exención los contratos en que se hagan constar tales adquisiciones. Está franquicia quedará insubsistente, si los inmuebles fueren enajenados por los trabajadores o destinados a otros fines.
Artículo 63. El derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala.
El expediente deberá quedar integrado en un plazo máximo de ciento veinte días, contado a partir de que el Instituto reciba la solicitud, transcurrido el cual, se otorgará la pensión en un lapso de quince días.
Si en los términos señalados en el párrafo anterior no se integra el expediente y no se ha otorgado la pensión, el Instituto estará obligado a efectuar el pago del 65% de la pensión probable que pudiera corresponder al solicitante que estuviere separado definitivamente del servicio. La pensión provisional se cubrirá en los términos indicados hasta la fecha en que se otorgue la definitiva, sin perjuicio de que transcurridos dos años se revise el caso para determinar lo que proceda, independientemente de que se finquen las responsabilidades en que hubieren incurrido los funcionarios y empleados del Instituto y de las Entidades y Organismos Públicos que en los términos de las leyes aplicables estén obligados a proporcionar la información necesaria para integrar los expedientes respectivos.
Cuando el Instituto hubiese realizado un pago indebido, en los términos del párrafo anterior, por omisión o error en el informe rendido por la Entidad o el Organismo, se resarcirá al propio Instituto con cargo al presupuesto de éstos.
Artículo 66. Es compatible el disfrute de dos pensiones cuando una de ellas se otorgue en base al derecho que se origina por el carácter de familiar, esposa o concubina del derecho habiente en los términos de esta Ley, pero la suma de las cuotas no excederá de la cantidad fijada en la parte final del artículo 72 para la cuota máxima de la pensión. Igualmente es compatible el disfrute de la jubilación con el de una pensión otorgada con la misma base.
Salvo lo previsto en el párrafo anterior, es incompatible la percepción de una pensión otorgada por el Instituto con la percepción de cualquier otra pensión concedida por el propio Instituto y por las entidades y organismos públicos a que se refiere el artículo 1o. de esta Ley y que están incorporados al régimen de la misma. Es igualmente incompatible la percepción de una pensión con el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión remunerados por tales entidades y organismos públicos, siempre que tales cargos y empleos impliquen la incorporación al régimen de esta Ley, salvo el caso de las pensiones que se originaron en los términos que se señalan en el primer párrafo de este artículo. Los interesados podrán gozar nuevamente de la pensión cuando desaparezca la incompatibilidad.
.. .. Artículo 72 . ..
.. Sin embargo, la cuota diario máxima para las pensiones y jubilaciones nunca será mayor de veinte veces la cuota mínima vigente en el Instituto, a que se refiere el artículo 78.
Artículo 78. La pensión total por vejez que se conceda con cargo al Instituto, en ningún caso podrá ser inferior a $32.47 diarios, o en su defecto, a la cuota diaria mínima que en su caso establezca la Junta Directiva del ISSSTE; ni podrá exceder del 100% del sueldo regulador a que se refiere el artículo siguiente, aún en el caso de la aplicación concomitante de otras leyes.
Artículo 79. ..
Asimismo, para calcular el monto de las cantidades que correspondan por jubilación o por pensión en los términos de los artículos 72 y 77, respectivamente, se tomará el promedio del sueldo básico, disfrutado en los tres años inmediatos anteriores a la fecha del acuerdo por el que se conceda. Dicho promedio se denominará sueldo regulador.
Artículo segundo. Se reforman y adicionan los artículos 5o., fracción II; 16; 35, último párrafo; 43, fracción IV y X; 46, fracción V, párrafos segundo y tercero; y 87; asimismo se crean los artículos 42 bis, 46 bis, y 127 bis, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue;
Artículo 5o. ..
I. ..
II. En el poder Ejecutivo; los Directores y Subdirectores Generales; Jefes y Subjefes de Departamento o Instituto; Tesoreros y Subtesoreros; Cajeros Generales; Contralores; Contadores; y Subcontadores Generales; Procuradores y Subprocuradores Fiscales; Gerentes y Subgerentes; Intendentes; encargados directos de adquisiciones y compras; Inspectores de Impuestos, derechos, productos y aprovechamientos y de servicios públicos no educativos; Inspectores y personal técnico adscrito a los Departamentos de Inspección y Auditorías; Auditores y Subauditores Generales; Jueces y Árbitros; Investigadores Científicos; Consultores y Asesores Técnicos; Vocales; Consejeros Agrarios; Presidentes y Oficiales Mayores de Consejos, Juntas y Comisiones; Secretarios de Juntas, Comisiones o Asambleas; Directores Industriales; Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje; Conciliadores e Inspectores de Trabajo; Delegados; miembros de Comisiones Especiales, Intersecretariales e Internacionales; Secretarios Particulares en todas sus categorías; los que integran la planta de la Secretaría de la Presidencia; empleados de las Secretarías Particulares o Ayudantías autorizadas por el Presupuesto; Jefes de Servicios Federales que no desempeñen labores que correspondan a plazas de base. Empleados de servicios auxiliares destinados presupuestalmente a la atención directa y personal de altos funcionarios de confianza; Director de la Colonia Penal de Islas Marías; Director de los Tribunales y de los Centros de Investigación para Menores; Jefe de la Oficina Documentadora de Trabajadores Emigrantes; Jefe de la Oficina del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana; Agentes de los servicios de Información Política y Social; Jefes y Subjefes de Servicios Federales encargados de Agencias del servicio de población; Jefes de Oficinas Federales de Hacienda; Administradores y Visitadores de Aduanas; Comandantes del Resguardo Aduanal; Agentes Hacendarios; Investigadores de Crédito; Directores y Subdirectores de Hospitales y Administradores de Asistencia; Jefes de Servicios Coordinados Sanitarios; Directores Médicos y Asistenciales; Agentes Generales de Agricultura y Ganadería y de Industria y Comercio; Investigadores de Industria y Comercio; Visitadores Generales; Procuradores Agrarios y Auxiliares de Procurador Agrario; Gerentes y Superintendentes de Primera a Cuarta en Obras de Riesgo; Capitanes de Embarcación o Draga; Patrones o Sobrecargos que estén presupuestalmente destinados a unidades; Capitanes de Puerto; Directores y Subdirectores de las Escuelas Normales del Distrito Federal y del Instituto Politécnico Nacional.
.. .. III a V. ..
Artículo 16. Cuando un trabajador sea trasladado de una población a otra, la Dependencia en que preste sus servicios, dará a conocer previamente al trabajador las causas del traslado,
y tendrá la obligación de sufragar los gastos de viaje y mensaje de casa, excepto cuando el traslado se hubiere solicitado por el trabajador.
Si el traslado es por período mayor de seis meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los gastos que origine el transporte de menaje de casa indispensable para la instalación de su cónyuge y de sus familiares en líneas recta ascendentes o descendentes, o colaterales en segundo grado, siempre que estén bajo su dependencia económica. Asimismo, tendrá derecho a que se le cubran los gastos de traslado de su cónyuge y parientes mencionados en este párrafo, salvo que el traslado se deba a solicitud del propio trabajador.
Solamente se podrá ordenar el traslado de un trabajador por las siguientes causas:
I. Por reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas;
II. Por desaparición del centro de trabajo;
III. Por permuta debidamente autorizada; y
IV. Por fallo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Artículo 35. ..
La Comisión de Recursos Humanos del Gobierno Federal, escuchando a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, realizará y someterá a las autoridades que corresponda, los estudios técnicos pertinentes para la fijación de sobresueldos según las zonas en que éstos deban regir.
Artículo 42 bis. Los trabajadores tendrán derecho a un "aguinaldo" anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, que deberá pagarse antes del día quince de diciembre y que será equivalente a un mes de salario, cuando menos, sin deducción alguna. El Ejecutivo Federal dictará las normas conducentes para fijar las proporciones y el procedimiento para los pagos en caso de que el trabajador hubiere prestado sus servicios menos de un año.
Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a que se refiere el artículo 1o. de esta Ley:
I a III. ..
IV. De acuerdo con la Partida que en el Presupuesto de Egresos se haya fijado para el efecto, cubrir la indemnización por separación injustificada cuando los trabajadores hayan optado por ella y pagar en una sola exhibición los salarios caídos, sobresueldos, primas por vacaciones y aguinaldos, en los términos del laudo definitivo;
V a IX. ..
X. Integrar los expedientes de los trabajadores y remitir los informes que se le soliciten para el trámite de las prestaciones sociales, dentro de los términos que señalen los ordenamientos respectivos.
Artículo 46. ..
I a IV. ..
V. ..
a) a la j). ..
En los casos a que se refiere esta fracción, el Jefe superior de la oficina respectiva podrá ordenar la remoción del trabajador que diere motivo a la terminación de los efectos de su nombramiento, a oficina distinta de aquella en que se estuviere prestando sus servicios, dentro de la misma Entidad Federativa cuando esto sea posible, hasta que sea resuelto en definitiva el conflicto por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Por cualquiera de las causas a que se refiere esta fracción, el Titular de la Dependencia podrá suspender los efectos del nombramiento si con ello está conforme el Sindicato correspondiente; pero si éste no estuviere de acuerdo, y cuando se trate de alguna de las causas graves previstas en los incisos a), c), e), y h), el Titular podrá demandar la conclusión de los efectos del nombramiento, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual proveerá de plano, en incidente por separado, la suspensión de los efectos del nombramiento, sin perjuicio de continuar el procedimiento en lo principal hasta en los términos y plazos que corresponda, para determinar en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de la terminación de los efectos del nombramiento.
Cuando el Tribunal resuelva que procede dar por terminados los efectos del nombramiento sin responsabilidad para el Estado, el trabajador no tendrá derecho al pago de los salarios caídos.
Artículo 46 bis. Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del Sindicato respectivo, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, a que se firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto, una copia al trabajador y otra al representante sindical.
Si a juicio del Titular procede demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañaran, como instrumentos base de la acción, el acta administrativa y los documentos que, al formularse ésta, se hayan agregado a la misma.
Artículo 87. Las Condiciones Generales de Trabajo se fijarán por el Titular de la Dependencia respectiva, tomando en cuenta la opinión del Sindicato correspondiente. A solicitud
Artículo 127 bis. El procedimiento para resolver las controversias relativas a la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se desarrollará en la siguiente forma:
I. La Dependencia presentará por escrito su demanda, acompañada del acta administrativa y de los documentos a que se alude el artículo 46 bis, solicitando en el mismo acto el desahogo de las demás pruebas que sea posible rendir durante la audiencia a que se refiere la siguiente fracción;
II. Dentro de los tres días siguientes a la presentación de la demanda se correrá traslado de la misma al demandado, quien dispondrá de
nueve días hábiles para contestar por escrito, acompañando las pruebas que obren en su poder, señalando el lugar o lugares en donde se encuentren los documentos que no posea, para el efecto de que el Tribunal los solicite, y proponiendo la práctica de pruebas durante la audiencia a la que se refiere la fracción siguiente; y
III. Fijados los términos de la controversia y reunidas las pruebas que se hubiesen presentado con la demanda y la contestación, el Tribunal citará a una audiencia que se celebrará dentro de los quince días siguientes de recibida la contestación en la que se desahogarán pruebas, se escucharán alegatos de las partes y se dictarán los puntos resolutivos del laudo, que se engrosará dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la celebración de la audiencia, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias para mejor proveer, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y una vez desahogadas se dictará el laudo dentro de quince días.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Los trabajadores con nombramiento de empleados de servicios federales que al entrar en vigor este Decreto estén realizando labores correspondientes a trabajadores de base, pasarán a ocupar empleos de esta naturaleza. Los trabajadores con nombramiento de empleados de servicios federales que estén desarrollando labores típicamente de confianza, pasarán a tener nombramiento de jefes de servicios Federales sin que por este motivo se modifiquen las percepciones que han venido recibiendo.
Artículo segundo. La Comisión de Recursos Humanos del Gobierno Federal elaborará los estudios conducentes a la revisión del catálogo contenido en la fracción V del artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, poniendo los resultados en conocimiento del Ejecutivo Federal.
Artículo tercero. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 22 de diciembre de 1975.
Trabajo (1a. Sección): Arturo Romo Gutiérrez. - Rafael García Vázquez. - Angel Olivo Solís. - Daniel Mejía Colín. - Francisco González Martínez. - Ramón Díaz Carrillo. - Jesús García Lovera. - Marcos Montero Ruiz. - Silverio R. Alvarado Alvarado. - Gilberto Aceves Alcocer. - Gerardo Cavazos Cortés. - Joaquín del Olmo Martínez. - Jorge Dúran Chávez. - Luis Fernando Solís Patrón. - Alfredo Rodríguez Ruiz. - Jesús Ibarra Tenorio. - Juan Pablo Prom Lavoignet. - Eustolia Turrubiates Guzmán. - Trabajo (2a. Sección): Oscar Bravo Santos. - Leonardo Rodríguez Alcaine. - Antonio Jiménez Puya. - Javier Hernández Lara. - Lino García Gutiérrez. - Pánfilo Orozco Alvarez. - Héctor G. Valencia Mallorquín. - Fernando Estrada Sámano. - Manuel González Hinojosa. - Jesús Moreno Jiménez. - Luis Parra Orozco. - Francisco Valles Zaragoza. - Luis Adolfo Santibañes Belmont. - Gerardo Medina Valdez. - Estudios Legislativos: Presidente, Píndaro Urióstegui Miranda. - Secretario, Antonio Torres Gómez. - Sección Obrero: Silverio Ricardo Alvarado Alvarado. - Angel Olivo Solís. - Rafael García Vázquez. - Arturo Romo Gutiérrez. - Jesús López González. - Jaime Esteva Silva. - Leonardo Rodríguez Alcaine.
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, en virtud de haber sido impreso y difundido entre los ciudadanos legisladores el artículo correspondiente, se pregunta a la Asamblea si se omite la lectura del mismo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ... Dispensada.
- Trámite: Primera lectura.
LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD DEL EJERCITO Y FUERZA AÉREA
El C. Luis León Aponte: Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: ¿Con qué objeto, señor diputado?
El C. Luis León Aponte: Para dar lectura a un dictamen.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Luis León Aponte.
- El C. Luis León Aponte:
"Comisiones unidas de la Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.
Honorable Asamblea:
A las suscritas comisiones de la Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, fue turnada para su estudio y dictamen y por acuerdo de vuestra soberanía, la Minuta Proyecto de Ley que Crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, aprobada por la honorable colegisladora.
La Revolución Mexicana ha introducido en sus fuerzas armadas una nueva etapa en su organización con apego a los principios consagrados en nuestra Ley Fundamental y orientada a la capacitación permanente de sus elementos, lo cual ha permitido un mejor aprovechamiento de sus recursos humanos y por ende, una actividad eficaz en el cumplimiento de sus altas responsabilidades.
Los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, además de desempeñar la delicada misión que se les ha conferido, participan en actividades sociales y culturales.
El avance del conocimiento y el de la ciencia y arte militares requiere se impartan nuevos cursos de formación, aplicación, perfeccionamiento y de postgrado en los planteles que constituyen el sistema educativo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Con ello, se logrará que los cuadros de clases, oficiales, jefes y Generales, estén mejor preparados para instruir y mandar las tropas en las elevadas misiones conferidas a las Fuerzas Armadas por nuestra Constitución Política y leyes correspondientes.
En algunos servicios, existe la necesidad de formar otros profesionales y técnicos, así como especializar a los existentes para hacer más eficiente su apoyo a las armas y ramas de esas instituciones.
La política educativa del Ejecutivo Federal, ha mantenido como norma invariable el apoyo irrestricto a la creación de Instituciones Educativas, así como todos aquellos mecanismos orientados a defender la cultura y a promover la enseñanza, investigación científica y tecnológica que además de propiciar el desarrollo integral del país, consolide su independencia económica.
La Iniciativa Presidencial para crear la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, tiene por objeto impartir educación media superior y superior, a Clases, Oficiales, Jefes y Generales, a fin de cumplir las diversas misiones de las armas, ramas y servicios; formar profesores técnicos e investigadores; para los establecimientos de educación militar: realizar investigaciones científicas relacionadas con la ciencia y arte militar, procurando en todo caso una formación acorde con los altos intereses de la patria.
Con la creación de esta Universidad, se sentarán nuevas y sólidas bases sobre las cuales nuestro Instituto Armado, leal a las Instituciones de la República, se incorporará de manera más significativa a las tareas del desarrollo nacional.
Por lo expuesto, las suscritas Comisiones se permiten someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD DEL EJERCITO Y FUERZA AÉREA
Artículo 1o. Se crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, con los establecimientos de Educación Militar, de nivel medio superior y de tipo superior existentes, y los que se instituyan en el futuro.
Artículo 2o. La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea depende del Secretario de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de Educación Militar, la que asumirá funciones de rectoría. Para este efecto, se reestructurará para continuar desempeñando sus actuales funciones conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y las que se deriven de la conducción y control de la Universidad.
Artículo 3o. La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea tendrá las siguientes finalidades:
I. Impartir a los militares conocimientos científicos, técnicos y humanísticos a nivel de educación media superior y educación superior, para el mejor cumplimiento de las misiones de las Armas, Ramas y Servicios de dichas instituciones;
II. Formar profesores para las diversas asignaturas que se imparten en los Establecimientos de Educación Militar;
III. Realizar investigación científica en general y la relacionada con el avance de la ciencia y arte militares;
IV. Hacer llegar los beneficios de la cultura a los componentes del Ejército y Fuerza Aérea, a efecto de ampliar su formación así como sus conocimientos militares, para lograr más eficiencia en el cumplimiento de sus misiones; y
V. Desarrollar en los educandos una formación espiritual acorde con los altos intereses de la patria.
Artículo 4o. En el Reglamento Interior de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, se determinará la organización de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, su dependencia administrativa, sus atribuciones, la denominación de sus diversos órganos y la de sus funcionarios.
Artículo 5o. La Universidad contará con un Consejo Académico , que asesorará pedagógicamente al Director General de Educación Militar.
Artículo 6o. La Secretaría de la Defensa Nacional expedirá los certificados de estudios, diplomas, títulos profesionales y grados académicos de las carreras y cursos que imparta la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.
Artículo 7o. Para su funcionamiento, la Universidad dispondrá de los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional.
TRANSITORIOS
Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de sus publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Artículo tercero. En tanto se expida el reglamento interior de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, el funcionamiento de la misma se sujetará a las disposiciones que dicte el Secretario de la Defensa Nacional. Los establecimientos de educación militar de nivel medio superior y de tipo superior existentes se regularán por las disposiciones que actualmente las rigen en todo aquello que no se opongan a la presente Ley.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 23 de diciembre de 1975. - Comisión de la Defensa Nacional: Presidente, Tomás Sánchez Hernández; Secretario, Luis León Aponte. Sección Defensa Nacional: Modesto A. Guinart López . - José Rivera Arreola. - Rafael Gómez García. - Juan C. Peña Ochoa. - Jesús Guzmán Rubio. Comisión de Estudios Legislativos: Presidente, Píndaro Urióstegui Miranda; Secretario, Antonio Torres Gómez. Sección Administrativo: José Ortiz Arana. - Humberto Hernández Haddad. - Hilario Punzo Morales. - Arturo González Cosío Díaz. - Angel Rubio Huerta. - Julio Cortazar Terrazas. - José Luis Escobar Herrera. Sección Asuntos Generales:
Julio Camelo Martínez. - Antonio Carrillo Huacuja. - Héctor Esquiliano Solís. - Miguel Fernández del Campo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Rubén Rodríguez Lozano. - Delia de la Paz Rebolledo de Díaz."
Primera lectura.
- El mismo C. diputado: Señor Presidente: Ruego a usted ordene se consulte a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura del proyecto de Ley que me permití leer con anterioridad y se someta a discusión y votación de inmediato.
El C. Presidente: En atención a lo solicitado por el señor diputado, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.
El C. secretario Rogelio García González: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura del proyecto de Ley y se pone a discusión de inmediato .. Dispensada.
Esta a discusión en lo general el proyecto de Decreto.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva la votación nominal en conjunto.
Está a discusión en lo particular. Los señores diputados que deseen impugnar algún artículo, sírvanse reservarlo .. No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal, en un solo acto, en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.
(Votación.)
Fue aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por unanimidad de 153 votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA PESCA
El C. Antonio Carrillo Huacuja: Pido la palabra.
El C. Presidente: ¿Con que objeto?
El C. Antonio Carrillo Huacuja: Para dar lectura a un dictamen.
El C. Presidente: Tiene la palabra.
- El C. Antonio Carrillo Huacuja:
"Comisiones unidas de Desarrollo Pesquero, Marina Nacional y Estudios Legislativos.
Honorable Asamblea:
A las Comisiones unidas de Desarrollo Pesquero, Marina Nacional y Estudios Legislativos, se turnó el expediente y Minuta Proyecto de Ley que modifica el artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca aprobado por la honorable Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen.
Son múltiples las justificaciones de la presente iniciativa que tiene como objeto fundamental, adecuar la legislación vigente en materia pesquera, con la legislación relativa a la zona económica exclusiva cuya magnitud y trascendencia es ampliamente conocida por todos.
En reuniones de trabajo, con elementos de la Honorable Colegisladora, se destacó el supremo interés del pueblo de México para satisfacer sus necesidades alimentarias y prever el incremento en la demanda de los recursos energéticos para el hombre, como consecuencia de la vertical y ascendente tendencia demográfica.
La iniciativa contempla como consecuencia de la adición del párrafo octavo del artículo 27 constitucional, una racional explotación de los recursos vivos del mar en la zona económica exclusiva.
Considerando que, la capacidad de captura de algunos Estados ribereños en un principio será inferior a la capacidad disponible dentro de las zonas de referencia, no sería lógico permitir el desperdicio de tales recursos en perjuicio de la humanidad que requiere cada vez más las proteínas de origen animal.
De ahí que exista consenso internacional para que en estos casos el Estado ribereño conceda el acceso a embarcaciones extranjeras para la captura de esos excedentes siempre y cuando cumplan con las disposiciones establecidas por el estado en cuestión, de lo contrario, no se lograría una utilización óptima de los recursos vivos que es precisamente uno de los objetivos del establecimiento de la zona económica exclusiva, pues se ha comprobado que la libertad de pesca tradicional; aunado al reducido espacio del mar territorial que acepta la comunidad de naciones han sido incapaces de lograrlo.
En la Ley Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 27 constitucional, relativo a la zona económica exclusiva se prevé esta situación y se hace frente a esta responsabilidad que tenemos ante el mundo.
En efecto, a la vez que se establece que el Ejecutivo Federal determinará la captura permisible de recursos vivos y promoverá la utilización óptima de tales recursos, se señala, que cuando el total de captura permisible sea mayor a la capacidad de las embarcaciones nacionales, el mismo Ejecutivo dará acceso a embarcaciones extranjeras al excedente de acuerdo con el interés nacional y bajo las condiciones que señale la Ley Federal para el fomento de la pesca.
Compete pues a nuestro país establecer las condiciones bajo las cuales otorgará licencias a pescadores extranjeros y eso es precisamente lo que se contempla en la reforma al artículo 37 de la Ley Federal para el fomento de la pesca que aquí se dictamina.
Obviamente se les impone a los extranjeros una serie de obligaciones encaminadas a lograr una explotación racional de los recursos, un ingreso de divisas mediante la venta de licencias y algunas medidas que tiendan a mejorar el desarrollo de nuestra industria pesquera.
Atinadamente en el proyecto se establece la preferencia a las embarcaciones de países que den condiciones de reprocidad a embarcaciones mexicanas y podrá excepcionarlas del cumplimiento de uno o varios de los requisitos
exigidos, cuando el interés nacional lo justifique.
Con el proyecto, se logrará la legislación completa que exigió la adición de un párrafo octavo al artículo 27 constitucional, y esta legislación sin duda, servirá de ejemplo en el ámbito internacional tomando en cuenta que México ha sido el primero en elaborar una legislación integral de la materia y que un número considerable de países comenzará a legislar sobre la misma a partir del próximo año.
En virtud de las consideraciones anteriores, solicitamos de esta soberanía se digne aprobar el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ART¡CULO 37 DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA PESCA
Artículo único. Se reforma el artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca, para quedar como sigue:
Artículo 37. Se prohíbe la pesca comercial por embarcaciones extranjeras en las aguas territoriales y en las de la zona económica exclusiva.
Excepcionalmente, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Industria y Comercio podrá conceder permisos de pesca embarcaciones extranjeras para cada viaje, cuando el total de la captura permisible de una especie sea mayor que la capacidad de pesca de las embarcaciones nacionales.
Los interesados en obtener los permisos, presentarán una solicitud a la Secretaría de Industria y Comercio en la que deberán acreditar el tonelaje neto de bodega, el tipo de embarcación de que se trate y sus artes de pesca, exhibir el Certificado del Registro Nacional de Pesca y comprometerse a:
I. No desembarcar en territorio nacional los productos capturados:
II. Abandonar las aguas de dicha zona dentro del término que se les fije;
III. No practicar la pesca o caza comercial de mamíferos marinos, ni de las especies reservadas a las sociedades cooperativas de producción pesquera, ni de las reservadas a la pesca deportiva tal y como lo señalan los artículos 40 y 10 de esta Ley;
IV. Que la tecnología utilizada en las operaciones de pesca, así como el procedimiento industrial de las especies capturadas al amparo de estas autorizaciones, se ponga a disposición de las nacionales sin que esto sea objeto de pago o contraprestación alguna;
V. Efectuar un depósito en efectivo para garantizar el cumplimiento de las anteriores obligaciones;
VI. Cuando se soliciten permisos para pescar dentro de las aguas territoriales, además, se deberá cumplir con lo siguiente:
a) Que cuando menos el 50% de la tripulación sea de nacionalidad mexicana.
b) Que la tripulación nacional se contrate en territorio mexicano, con salario y prestaciones iguales a la extranjera, cuando éstos sean superiores a los nacionales.
c) Obligarse a no efectuar pesca comercial de sardinas y anchovetas.
d) Obligarse a no capturar sardina viva para carnada en la zona prohibida por la Secretaría de Industria y Comercio.
e) Obligarse a no efectuar pesca comercial en las zonas que están reservadas en los términos de esta Ley.
De acuerdo con el interés nacional, la Secretaría de Industria y Comercio resolverá lo que corresponda. Si la resolución es favorable, el interesado deberá pagar los impuestos y derechos que fijen las disposiciones fiscales en vigor.
La Secretaría de Industria y Comercio, en el otorgamiento de los permisos de excepción, dará preferencia a las embarcaciones extranjeras de países que den condiciones iguales de reciprocidad a embarcaciones mexicanas y podrá excepcionarlas del cumplimiento de uno o varios de los requisitos y condiciones señalados anteriormente, cuando el interés nacional lo justifique.
TRANSITORIO
Único. Esta Ley entrará en vigor simultáneamente con la adición del párrafo 8o. al Artículo 27 Constitucional.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 23 de diciembre de 1975. Desarrollo Pesquero: Antonio Carrillo Huacuja. - Mario Vargas Saldaña. - Salvador Robles Quintero. - Augusto Briseño Contreras. - Daniel A. Moreno Díaz. - Gabriel F. Legorreta Villarreal. - Graciano Astudillo Alarcón. - Rosa María Martínez Denegri. - Anselmo Ibarra Beas. - Jaime Coutiño Esquinca. - José Rivera Arreola. - Gilberto Aceves Alcocer. - Federico Martínez Manautou. - Ramiro Oquita y Meléndrez. - Efrén Ricardez Carrión. - Fidel Herrera Beltrán. - Julián Montejo Velázquez, - Demetrio Ruiz Malerva. - José Andrés Cota Sandoval. - Héctor Esquiliano Solís. - Sebastian Uc Yam. Marina Nacional: José Rivera Arreola. - Mario Vargas Saldaña. - Antonio Carrillo Huacuja. - Graciano Astudillo Alarcón. - Salvador Robles Quintero. - Augusto Briseño Contreras. - Sebastián Uc Yam. Estudios Legislativos: Presidente, Píndaro Urióstegui Miranda; Secretario, Antonio Torres Gómez. Sección Asuntos Generales: Julio Camelo Martínez. - Antonio Carrillo Huacuja. - Héctor Esquiliano Solís. - Miguel Fernández del Campo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Rubén Rodríguez Lozano. - Delia de la Paz Rebolledo de Díaz. - Arturo Romo Gutiérrez."
- Trámite: Primera lectura.
- El mismo C. diputado: Señor Presidente, suplico someta a la consideración de la Asamblea se dispense la segunda lectura del dictamen
que leí, y se ponga a discusión de inmediato.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de atenderse la petición del señor diputado en el sentido de dispensar la segunda lectura y someter a consideración de inmediato el asunto de que se trata.
El C. secretario Rogelio García González: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo .. Dispensada la segunda lectura, señor Presidente.
En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de Decreto .. No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
(Votación.)
Aprobado en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de Decreto, por unanimidad de 155 votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
MINUTA
Reformas al Código Civil para el D. F.
- El mismo C. Secretario:
CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, tenemos el honor de remitir a ustedes, el expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto de Reforma y Adiciones de los Artículos 58 y 389 fracciones I y II del Código Civil para el Distrito Federal.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D. F., a 23 de diciembre de 1975. - José Castillo Hernández, S. S. - Salvador Gámiz Fernández, S. S."
MINUTA PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES DE LOS ARTÍCULOS 58 Y 389 FRACCIONES I Y II DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo único. Se adiciona el artículo 58 y se reforman las fracciones I y II del artículo 389 del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 58. ..
.. En los supuestos de los artículos 60 y 77 de este Código, el Juez del Registro Civil pondrá el apellido paterno de quien efectúe el reconocimiento.
Artículo 389. ..
I. A llevar el apellido de sus progenitores, o ambos apellidos del que lo reconozca;
II. A ser alimentado por las personas que lo reconozcan; y
III. ..
TRANSITORIO
Único. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores. - México, D. F., a 23 de diciembre de 1975. - Emilio M. González Parra, S. P. - José Castillo Hernández, S. S. - Salvador Gámiz Fernández, S. S."
- Recibo, y a la Comisión de Estudios Legislativos.
PROPOSICIÓN
El C. Arturo González Cosío: Pido la palabra señor Presidente.
El C. Presidente: ¿Con qué objeto?
El C. Arturo González Cosío: Para leer una proposición.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado González Cosío:
- El C. Arturo González Cosío:Honorable Asamblea:
La atención creciente que ha despertado la conservación y restauración de sitios y monumentos de interés histórico, artístico y cultural, como una actividad fundamental para la preservación de nuestro patrimonio cultural, no ha estado, desgraciadamente, desprovista de problemas.
Aun cuando la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de mayo de 1972, contiene en líneas generales los aspectos más importantes sobre la protección de los monumentos, no hace referencia a la organización de estas actividades o servicios y descansa únicamente la creación de los organismos a quienes corresponde la aplicación de la ley.
Ahora bien, en la práctica aparecen numerosos problemas, como resultado de las intervenciones de diversos organismos públicos que participan activamente en la conservación y restauración de sitios y monumentos, independientemente de la ley y a su arbitrio.
Estos problemas son de diverso género y van desde captación de recursos económicos hasta los de carácter meramente administrativo.
Además de la Dirección de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (SEP), a la que por ley está adscrita esta tarea (Artículo 44), participan en estas labores: la Secretaría del Patrimonio Nacional, por medio de su Dirección General de Urbanismo, Ingeniería y Arquitectura; el Departamento del Distrito Federal, a través de su Dirección de Obras Públicas; la Secretaría de Turismo y en ocasiones los gobiernos de los Estados y hasta los municipios intervienen sin
una política homogénea y sin adecuada asistencia técnica.
Los presupuestos para la realización de estas actividades son, de hecho, proporcionales a la importancia del organismo público, de lo que resulta: que la Dependencia a la que por ley competen estas acciones, cuenta con el presupuesto más exiguo, y sin embargo se le puede adjudicar toda la responsabilidad con relación a las actividades de esta materia.
En el orden administrativo aparecen problemas derivados de la inclusión de la Dirección de Monumentos Históricos dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, especialmente los que se refieren a la falta de independencia, a los presupuestos raquíticos, a la escasez de técnicos competentes, a largos procesos burocráticos, etc.
Esta posición, hace frecuente también la difícil relación con otros organismos avocados a estas tareas, por cuestión de carácter jerárquico administrativo.
En este mismo orden, los escasos técnicos disponibles y los recursos dispersos de los distintos organismos, puesto que no existe ninguna política concertada entre ellos, hacen que resulte frecuente la superposición inútil de tareas y un gasto excesivo sin fundamento técnico.
Si partiéramos de la hipótesis de institucionalizar una mecánica que pudiera poner en práctica y desarrollar una política, está debería estar vinculada al Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero al mismo tiempo debería estar liberada de los diversos y complejos problemas a que se enfrenta ese Organismo en su muy amplia gama de funciones.
Sería necesario pensar en un Comité Administrador de un Programa Federal, que transformara a la Dirección de Monumentos Históricos, pero sin crear una hipertrofia en el seno del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues ahogaría sus otras tareas, igualmente importantes de: investigación, pedagogía, etnografía, lingüística, y otras incluso muy diferentes, que no podrían tener una equivalencia en los aparatos de infraestructura que se requieren para la salvaguarda de nuestros monumentos históricos y para la conservación de las zonas históricas de tantas y tantas ciudades de nuestro país.
Pensamos que un Comité Federal para esta materia, tendría un consejo de administración presidido por el Director General del I. N. A. H.; con la participación de la secretaría del Patrimonio Nacional, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Turismo; y con una gerencia general designada por unanimidad.
Este Comité podría significar un ahorro de las erogaciones de la Federación, pues actualmente se gastan, por las diversas dependencias federales que intervienen en estas labores, alrededor de cuatrocientos millones de pesos; los que deberían canalizarse a un solo organismo competente y responsable, para tener el éxito que la nación demanda.
Además se obtendrían resultados más coherentes, que permitirían el desarrollo de una moderna tecnología en la conservación de los bienes culturales, se podrían captar recursos de la iniciativa privada y de otras Entidades Federativas, a la manera y bajo el modelo de otros organismos que el Estado Mexicano ha institucionalizado para definir su política, en áreas como la construcción de escuelas y hospitales como (CAPFCE, CCISSSA, IMSS).
Hay que considerar, que este patrimonio debe ser manejado en el país como un recurso no renovable, con graves implicaciones en la formación de la conciencia nacional, pues constituye un vinculo permanente de identidad cultural para nuestro pueblo.
Por lo anterior la jerarquización correcta de las inversiones de la Federación debe permitir fincar responsabilidades claras y específicas a quien se encargue de ello. Se evitaría así, también, los casos muy frecuentes en que la discrepancia en cuanto a los objetivos, propósitos y técnica de restauración dieran lugar a que continuaran sucediéndose, ante los ojos de la opinión pública, las polémicas entre las diferentes dependencias que hoy en día intervienen en esta materia.
Las funciones de este Comité serían:
a) Elaborar y poner en práctica medidas que tengan por objeto la protección, conservación y restauración del patrimonio cultural.
b) Elaborar y poner en práctica todas aquellas medidas que permitan la integración activa del patrimonio cultural a la vida de la comunidad, en el mayor respeto a sus características originales.
c) Llevar a cabo un inventario completo del patrimonio cultural, y establecer los servicios de archivo y documentación adecuados.
d) Formar y concentrar al personal científico o técnico y administrativo, para llevar a efecto las acciones de protección y para dirigir su ejecución.
e) Revisar todos aquellos problemas que se presenten para la protección de los monumentos y sitios e implantar aquellos estudios que permitan solventarlos.
Este Comité llevará a cabo sus labores de enlace con todos aquellos órganos estrechamente ligados con el patrimonio cultural, como son la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Turismo y los relacionados con la planeación del territorio, como la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Presidencia, al igual que con la Secretaría de Obras Públicas y con todos aquellos que fuere necesario para el cumplimiento de sus objetivos.
La protección, conservación y restauración de monumentos y sitios históricos, no deberá seguir siendo considerada en forma aislada, sino que deberá ser tratada y entendida en el marco general de nuestro desarrollo e integrada su acción a través de la planificación a todos los niveles: nacional, regional y local.
Se contempla igualmente la conveniencia de asociar directamente a las poblaciones locales
a la protección y conservación del patrimonio cultural de la nación.
Se está proponiendo la creación de un Comité Administrador del Programa Federal de Protección a los Monumentos Históricos, que ponga en práctica, con fluidez y eficacia, los postulados que el Instituto Nacional de Antropología e Historia establece como objetivos de la conservación de los testimonios de nuestro desarrollo social, económico y cultural, dándole otra estructura a la Dirección de Monumentos Históricos.
Se está apuntando también el caso de que si estos trabajos continúan siendo observados frívolamente en el camino de lo ocasional y de lo imprevisto, esto puede conducir a la pérdida un importante patrimonio con detrimentos no sólo en el orden económico, sino de manera esencial en la identidad cultural de nuestro pueblo, en el presente y en el futuro.
Como conclusión se propone a esta honorable Asamblea, formular una atenta excitativa al Ejecutivo Federal para el efecto de que, dentro de las facultades que le otorguen tanto la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, como la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado y dentro del marco de reforma administrativa que ha sido llevado con tanto tino por el Ejecutivo, instituya en los términos que estime pertinentes y de acuerdo con las ideas expresadas; el Comité Administrador del Programa Federal de Protección a los Monumentos Históricos, institución que desarrollará los objetivos expuestos anteriormente."
El C. Presidente: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Educativo. Imprímase.
El C. secretario Rogelio García González: Señor Presidente, agotados los asuntos en cartera. Se va a proceder a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El C. secretario Rogelio García González:
"Cámara de Diputados.
Tercer Período Ordinario de Sesiones.
XLIX Legislatura.
Orden del Día
27 de diciembre de 1975.
Lectura del acta de la sesión anterior.
10:30 Comparecencia del C. licenciado Octavio Sentíes Gómez, Jefe del Departamento del Distrito Federal
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Dos por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Ernesto Segre Todros y Rosa Luz Alegría de Echeverría, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les fueron conferidas por gobiernos extranjeros.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 58 y 389 fracciones I y II del Código Civil para el Distrito Federal en materia Común y para toda la República en materia Federal.
Dictámenes a discusión
De las Comisiones unidas Segunda de Justicia y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto que reforma el Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal.
Escrito del C. diputado Cuauhtémoc Sánchez Barrales.
Minutas del Senado
Proyecto de Decreto de Ley Nacional de Educación para Adultos.
Proyecto de Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Código de Comercio."
- El C. Presidente (a las 15:55 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar, mañana sábado 27, a las 10:00 horas, en la que comparecerá el Jefe del Departamento del Distrito Federal.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y "DIARIO DE LOS DEBATES"