Legislatura LII - Año I - Período Ordinario - Fecha 19820928 - Número de Diario 26

(L52A1P1oN026F19820928.xml)Núm. Diario:26

ENCABEZADO

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

"LII" LEGISLATURA

Registrada como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921

AÑO I México, D. F., martes 28 de septiembre de 1982 TOMO I. NUM. 26

SUMARIO

APERTURA

ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR SE APRUEBA

INICIATIVA PRESIDENCIAL

ARTÍCULO TRANSITORIO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo primero transitorio del Código mencionado, que pospone la fecha en que entrará en vigor. Se turna a Comisión con el ruego de que se dictamine de inmediato

INVITACIONES

A la ceremonia en la que el C. ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, gobernador de Michoacán, rendirá su segundo Informe de Gobierno el día 29 del actual. Se designa comisión.

Al acto cívico conmemorativo del 217 aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, el día 30 del presente en esta capital. Se designa comisión

También en ocasión al 217 aniversario del natalicio de don José María Morelos y Pavón, en Cuautla, Morelos, a la celebración que se verificará el día 30 del propio mes. Se designó comisión

A la ceremonia en que el C. licenciado Oscar Ornelas K., gobernador de Chihuahua, rendirá el segundo Informe de su gobierno, el 30 de los corrientes. Se designa comisión

Una más, en ocasión del natalicio del "Siervo de la Nación", don José María Morelos y Pavón, por los mismos motivos anteriores, en Ecatepec, México.

Se designa comisión

INICIATIVA DE CONGRESO LOCAL

ECONOMÍA NACIONAL

Iniciativa de Decreto suscrita por los integrantes del Poder Legislativo de Coahuila, tendiente a consolidar la economía nacional, con motivo de la nacionalización de la banca. Se turna a comisión. Imprímase

SOLICITUD DE PARTICULAR

CARGO CONSULAR

El C. Federico G. Chacón y Rábago Voss, solicita permiso para aceptar y desempeñar el cargo del Cónsul Honorario de la República Federal de Alemania en Veracruz, Veracruz. Se turna a comisión

DICTAMEN A DISCUSIÓN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Proyecto de Decreto que autoriza a los CC. María E. Gómez Cárdenas, Librando Contreras Rodríguez y Juan F. José Serna Penichet, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos en México; y a las CC. María de los Angeles Aguirre Rubio y Rosalinda Manzur Badra, en consulados del mismo país en Ciudad Juárez y Monterrey, respectivamente. Impugna el dictamen el C. diputado Jesús Luján Gutiérrez. Se aprueba por mayoría. Pasa al Senado

HECHOS HISTÓRICOS CELEBRADOS AYER

El diputado Abelardo Carrillo Zavala usa de la tribuna para referirse a la consumación de la Independencia y a la nacionalización de la industria eléctrica.

Por su parte, el diputado José González Torres opina sobre el primer hecho histórico nombrado y hace consideraciones en torno al tema

DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA

ARTÍCULO TRANSITORIO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Proyecto de Decreto que reforma al Artículo primero transitorio del Código mencionado, que pospone la fecha en que entrará en vigor. Se le dispensa la segunda lectura al dictamen

A discusión en lo general. Intervienen los siguientes CC.: Daniel A. Sánchez Pérez en contra; en pro Jorge A. Treviño Martínez; nuevamente los dos oradores; para hechos Salvador Castañeda O'Connor y, por la Comisión, Ricardo Cavazos Galván. Sin discusión se aprueba en lo particular. Se aprueba por mayoría en ambos sentidos. Pasa al Senado

REFLEXIONES SOBRE LA SINDICALIZACIÓN DE LA BANCA

El diputado Antonio Gershenson habla sobre el tema

AUDIENCIAS PUBLICAS SOBRE REFORMAS CONSTITUCIONALES

El diputado José Viramontes Paredes se refiere a los decretos en el último Informe Presidencial y hace comentarios al respecto. Además, se refiere a las reformas de los artículos 28, 73 y 123 constitucionales. En virtud de lo anterior, a nombre de la diputación del PAN, propone se convoque a audiencias públicas en que se traten los asuntos mencionados. Se turna a comisión la propuesta

FIRMA DEL CONVENIO PRÓXIMO ENTRE MÉXICO Y EL FMI

El diputado Rolando Cordera Campos hace consideraciones sobre el particular.

Concluye exigiendo información sistemática y precisa, de la Secretaría de Hacienda y el conjunto del Ejecutivo, del convenio señalado

QUEJA CONTRA LA COMISIÓN ELECTORAL EN COAHUILA

La diputada Graciela Gutiérrez de Barrios denuncia la pretendida cancelación de nombramientos de representantes del PAN ante casillas electorales de diversos municipios del estado. Relata anomalías habidas en las pasadas elecciones federales y solicita se tomen cartas en el asunto. Se turna a comisión

ORDEN DEL DÍA

De la sesión próxima. Se levanta la sesión

DEBATE

PRESIDENCIA DEL C. HUMBERTO LUGO GIL

(Asistencia de 358 ciudadanos diputados.)

APERTURA

- El C. Presidente (a las 10:40 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

- - El C. prosecretario Rafael Oceguera Ramos:

"Primer periodo ordinario de sesiones.

LII Legislatura.

Orden del día

28 de septiembre de 1982.

Lectura de Acta de la sección anterior.

Iniciativa del Ejecutivo

Para reforma el Artículo primero transitorio del Código Fiscal de la Federación.

La LXII Legislatura del estado de Michoacán invita a la sesión solemne en la que el C. ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, gobernador del Estado, rendirá su segundo informe administrativo, la que tendrá lugar el próximo 29 de los corrientes.

El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que para conmemorar el 217 aniversario del natalicio del Generalísimo don José María Morelos y Pavón, tendrá lugar el próximo día 30 del actual.

Invitación del Congreso del Estado de Morelos, a la ceremonia cívica que para conmemorar el 217 aniversario del natalicio del Generalísimo don José María y Pavón, tendrá lugar el 30 de los corrientes.

El Congreso del estado de Chihuahua invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado Oscar Ornelas Kuchle, gobernador del estado, rendirá su segundo informe administrativo, la que tendrá lugar el 30 de septiembre.

Invitación del presidente municipal de Ecatepec de Morelos, estado de México, a la ceremonia conmemorativa del 217 aniversario del natalicio del general don José María Morelos y Pavón, la que tendrá lugar el 30 del actual.

Iniciativa del Congreso del estado de Coahuila

Para que se promulguen leyes y decretos que establezcan normas con el propósito de consolidar la economía nacional.

Solicitud de particular

Del C. Federico Guillermo Chacón y Rábago Voss para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal de Alemania en la ciudad de Veracruz, Veracruz.

Dictamen a discusión.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto por el que se concede permiso a los CC. María Esther Gómez Cárdenas, Librado Contreras Rodríguez, Juan Francisco José Serna Penichet, María de los Angeles Aguirre Rubio y Rosalinda Manzur Badra, para que puedan prestar servicios al gobierno de los Estados Unidos de América en México."

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

- El mismo C. Prosecretario:

"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura de H. Congreso de la Unión efectuada el día veintitrés de septiembre de mil novecientos ochenta y dos.

Presidencia del C. Humberto Lugo Gil.

En la ciudad de México, a las diez horas y cuarenta y cinco minutos del jueves veintitrés de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, con asistencia de trescientos ochenta y cinco ciudadanos diputados, la presidencia declara abierta

la sesión.

Lectura del Orden del Día y del acta de la sesión anterior, verificada el día veintiuno del presente, misma que sin discusión se aprueba.

Se da cuenta con los documentos en cartera:

El Departamento del Distrito Federal suscribe atenta invitación al acto cívico que, con motivo del 161 aniversario de la consumación de la Independencia, tendrá lugar el día 27 de los corrientes ante el monumento erigido en memoria del Benemérito de la Patria, general don Vicente Guerrero, ubicando en el Jardín de San Fernando de esta capital.

Para concurrir a dicho acto, con la presentación de este cuerpo legislativo, la presidencia designa en comisión a los CC. diputados Juan José Osorio Palacios, Luz Lajous de Madrazo, Manuel Osante López, Ma. Luisa Calzada de Campos, José Parcero López, Xóchitl Elena Llarena, Jesús Salazar Toledano, Armida Martínez Hernández, Pedro Luis Bartilotti, Alicia Perla Sánchez Lazcano, Daniel Balanzario Díaz y Alberto González Domene.

Oficio de la H. Cámara de Senadores por el que comunica la designación de la Comisión Especial para el estudio de la documentación enviada por el C. Presidente de la República, de la cual hizo mención en el último Informe que rindió ante el H. Congreso de la Unión.

De enterado.

Para los efectos del Artículo 93 constitucional, la Secretaría de Gobernación remite el informe de las labores realizadas por la misma durante el periodo comprendido del 1º. de septiembre de 1981 al 31 de agosto de 1982.

Recibo y reserve en el Archivo para consulta.

La presidencia informa a la Asamblea que un ejemplar dicho Informe está a disposición de los ciudadanos diputados en la Oficialía Mayor.

La propia Secretaría de Gobernación envía un oficio solicitando que esta Cámara de Diputados designe sus representantes ante la Comisión Federal Electoral de acuerdo a lo que establece al Artículo 78 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.

En virtud de lo anterior, la Gran Comisión de la Cámara de Diputados propone como sus representantes ante la Comisión Federal Electoral a los CC. diputados José Luis Lamadrid Sauza y Heriberto Batres García, como propietario y suplente, respectivamente.

La Asamblea, en votación económica, aprueba la proposición de la Gran Comisión. Comuníquese.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales emite un dictamen con proyecto de Decreto que concede permiso al C. José López Portillo, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional, el tiempo necesario, para comparecer, el día 1º. de octubre, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y realizar una visita de Estado a la República Dominicana los días 11 y 12 del mismo mes. Primera lectura.

La presidencia considera este asunto de urgente resolución, y la Asamblea, con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento, dispensa la segunda lectura al dictamen a efecto de que se someta a discusión y votación de inmediato.

A debate el proyecto de Decreto.

Hacen uso de la palabra en pro los CC. diputados Viterbo Cortez Lobato, Ma. de Jesús Orta Mata y Víctor Alfonso Maldonado.

Suficientemente discutido el Artículo único del proyecto de Decreto, en votación nominal, se aprueba por trescientos setenta votos en pro, ocho en contra y siete abstenciones. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Después de una aclaración de la secretaría al C. diputado Alberto Salgado Salgado, sobre la votación anterior, se continúa con los asuntos en cartera. Dictamen con proyecto de Decreto presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que concede permiso a los CC. María Esther Gómez Cárdenas, Librado Contreras Rodríguez y Juan Francisco José Serna Penichet, para prestar servicios como empleados en la Embajada de los Estados Unidos de América acreditada en nuestro país, y a las CC. María de los Angeles Aguirre Rubio y Rosalinda Manzur Badra como empleadas en los consulados generales de dicho país en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Monterrey, Nuevo León, respectivamente. Es de primera lectura.

A continuación, el C. diputado Sergio Ruiz Pérez hace uso de la palabra para denunciar al arquitecto Marco Antonio Espinoza Magaña, delegado del Departamento del Distrito Federal en Gustavo A. Madero, y a sus subordinados, licenciado Manzanares, subdelegado jurídico, y al comandante coronel Ordorica, jefe de área en dicha Delegación, quienes sistemáticamente han venido atropellando los derechos de vecinos humildes residentes en dicha jurisdicción los cuales, poseyendo títulos de propiedad de los lotes que habitan, el día 4 de mayo pasado fueron violentamente desalojados, allanado sus domicilios y despojándolos de sus pertenencias y ahorros monetarios.

Agrega que ante la injusticia acudieron a varias autoridades, a la Procuraduría, a la Presidencia de la República y a los diputados del Partido Popular Socialista, para tratar de resolver sus problemas.

En seguida hace una relación detallada de las agresiones sufridas por dichas personas y concluye solicitando que la Comisión de Información, Gestoría y Quejas intervenga en defensa de las treinta y seis familias víctimas de atropellos de las autoridades de la Delegación Gustavo A. Madero; y que, de corroborarse el contenido de esta denuncia, se exija la destitución y consignación de estos funcionarios delincuentes y enemigos del pueblo.

La presidencia acuerda se turne este asunto a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas para su investigación.

Por su parte, el C. diputado Iván García Solís usa de la tribuna para referirse a la concentración de maestro celebrada el día de ayer en el Estadio Azteca.

Señala que el acto quiso ser revestido con un débil y oportunista apoyo a la nacionalización de la banca, pero que su objetivo real fue presionar al gobierno, y sobre todo al próximo, para que siga avalando y permitiendo el clima antidemocrático que priva en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para obtener mayores posiciones en el aparato administrativo de la Secretaría de Educación Pública, así como en otras instancias del poder público.

Agrega que también se pretendió, con esta acción, tender una cortina de humo sobre los graves problemas pendientes de solución, tales como el incumplimiento por parte del grupo Vanguardia, de los acuerdos signados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y ante la Secretaría de Gobernación.

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México llaman la atención de la Cámara de Diputados y de la opinión pública acerca del carácter antidemocrático de los actos llevados a cabo el día de ayer.

Dice que el día de mañana los maestro democráticos, en unión con diversas organizaciones sindicales, políticas y populares, marcharán por las calles de esta ciudad para demandar democracia sindical y aumento general de salarios, y demandan que las autoridades educativas no interpongan obstáculo alguno para la participación de los maestro en el acto del día de mañana.

Por su parte, el C. Juan Manuel Molina Rodríguez usa de la palabra para protestar por la suspensión de labores en las escuelas de todo el país para realizar una concentración política en la capital de la República.

Menciona que la situación que sufre el país cualquier desperdicio de tiempo y de recursos en un atentado contra la nación. Si una suspensión de labores no justificada en los centros de producción es grave, más grave es una de las labores educativas, de cuya importancia esencial nadie puede dudar.

Expresa, por último, que esa concentración nacional de maestros no fue para ofrecer respaldo al Presidente López Portillo, sino para promover al cacique del Sindicato de Maestros, el gobernador de San Luis Potosí, que desde hace días años mangonea ese sindicato en su provecho personal, político y económico.

A su vez, el C. Jorge Canedo Vargas aborda la tribuna para contestar los conceptos vertidos por los dos oradores, asimismo para hacer una síntesis de la historia y de la estructura democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Hace otras reflexiones en torno a la concentración de maestros en el Estadio Azteca el día de ayer y concluye diciendo que la unidad, al fin y al cabo, de la organización sindical en el seno de Vanguardia Revolucionaria quedó corroborada el día de ayer cuando fueron al Estadio Azteca a manifestar, por su libre derecho, la solidaridad al señor Presidente José López Portillo.

En seguida hacen uso de la palabra para contestar alusiones personales el C. Iván García Solís, y para hechos los CC. Ma. Teresa Ortuño Gurza, David Orozco Romo y Jorge Canedo Vargas.

Agotados los asuntos en cartera se da lectura al Orden del Día de la sesión próxima.

A las trece horas y cuarenta minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día veintiocho de los corrientes, a las diez horas."

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.

INICIATIVA PRESIDENCIAL

ARTÍCULO TRANSITORIO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

- La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.

-Secretaría de Gobernación.

CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión . Presentes.

Por instrucciones del C. Presidente de la República, y para los efectos constitucionales, con el presente les envío Iniciativa por la que se propone la reforma legal correspondiente a efecto de que el Código Fiscal de la Federación inicie su vigencia a partir de abril de 1983.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 27 de septiembre de 1982.

'Año del General Vicente Guerrero.'

El Secretario, profesor Enrique Olivares Santana."

"CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presentes.

El Ejecutivo a mi cargo, en ejercicio de sus facultades constitucionales, envío al H. Congreso de la Unión, en diciembre pasado, una Iniciativa de Código Fiscal de la Federación, la cual mereció su aprobación y se público en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1981.

En el Artículo primero transitorio del citado Código Fiscal de la Federación se dispuso que el mismo entraría en vigor en toda la República el 1º. de octubre de 1982.

A la vigencia de este último ordenamiento se condicionó la entrada en vigor de algunos preceptos también aprobados por el H. Congreso de la Unión en la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones en Materia Fiscal, relativas a las Leyes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto sobre la Renta y la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, tal y como aparece en los artículos sexto, décimo octavo, vigésimo quinto y trigésimo octavo transitorios del ordenamiento de referencia.

Esta correlación entre la vigencia del Código Fiscal de la Federación y las leyes citadas y la conveniencia de que los particulares y las autoridades fiscales tengan un mayor tiempo para el conocimiento y aplicación del nuevo Código, que norma todo el sistema fiscal federal, motiva que el Ejecutivo promueva, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, un mayor plazo para la vigencia de todas estas disposiciones a través de la siguiente.

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL CÓDIGO

FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Artículo único. Se reforma el Artículo primero transitorio del Código Fiscal de la Federación, de 30 de diciembre de 1981, para quedar como sigue:

"Artículo primero. Este Código entrará en vigor en toda la República el día 1º. de abril de 1983".

TRANSITORIOS

Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1º. de octubre de 1982.

Artículo segundo. Los artículos transitorios, sexto, relativo a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; décimo octavo, referente a la Ley del Impuesto al Valor Agregado; vigésimo quinto, concerniente a la Ley del Impuesto sobre la Renta; y trigésimo octavo, respecto de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones en Materia Fiscal, de 30 de diciembre de 1981, entrarán en vigor en la fecha señalada en el Artículo primero Transitorio del Código Fiscal de la Federación que se reforma.

Ruego a ustedes, CC. secretarios, se sirvan dar cuenta con la presente Iniciativa a la H. Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.

México, D. F., a 27 de septiembre de 1982.

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, José López Portillo."

-Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con el ruego de que de dictamine de inmediato y se presente el dictamen en esta misma sesión.

INVITACIONES

- El C. prosecretario Rafael Oceguera Ramos:

"Morelia, Mich., a 21 de septiembre de 1982.

C. diputado Humberto Lugo Gil, Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Palacio Legislativo, México, D. F.

La Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del estado de Michoacán se congratula en invitar a una representación de la LII Legislatura del honorable Congreso de la Unión a la sesión solemne que habrá de llevarse a cabo el día 29 del presente mes a las once horas, en el Teatro José María Morelos de la ciudad de Morelia, acto en el que el C. ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, gobernador constitucional del estado, habrá de rendir, ante esta Representación Popular, su segundo informe acerca del estado que guarda la administración pública en la entidad.

Agradeciendo la distinción de su presencia, ofrecemos a usted nuestra distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Diputado presidente, doctor Eduardo Pliego Margáin; diputado secretario, licenciado Jerjes Aguirre Avellaneda; diputado secretario, Raúl Tovar Ortiz." - El C. Presidente: Para asistir a este acto, en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes ciudadanosnos diputados: Francisco Xavier Ovando Hernández Cristóbal Arias Solís, Hermenegildo Anguiano Martínez, Javier

Blanco Sánchez, Daniel Ángel Sánchez Pérez, Armando Ballinas Mayen, Jorge Canedo Vargas, Francisco Calderón Ortiz, José Cervantes Acosta, Raúl Lemus García, Crescencio Morales Orozco, Ignacio Olvera Quintero, Eulalio Ramos Valladolid, Ma. Antonia Vázquez Segura, Juan Villegas Torres, Rubén Vargas Martínez y Guillermo Villa Ávila.

- El C. prosecretario Rafael Oceguera Ramos:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.

-Departamento del Distrito Federal.

México, D. F., a 17 de septiembre de 1982.

'Año del General Vicente Guerrero.'

C. diputado licenciado Humberto Lugo Gil, Presidente de la H. Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo. Presente.

Con motivo de conmemorarse el CCXVII aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, el Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, hace a usted una cordial y atenta invitación al acto cívico que tendrá lugar a las 10:00 horas el próximo día 30 del actual, frente a la estatua erigida a su memoria, en la plaza de la Ciudadela de esta capital.

Al propio tiempo me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones con objeto de que una comisión asista al acto de referencia y efectúe el depósito de una ofrenda floral, con la representación de esa H. Cámara de Diputados que usted preside.

Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Directora general, profesora Marta Andrade de Del Rosal."

El C. Presidente: Para asistir a este acto, en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: José Carreño Carlón, Miguel Ángel Morado Garrido y Sara Villalpando Núñez.

- El C. prosecretario Rafael Oceguera Ramos:

"Cuernavaca, Mor., 7 de septiembre de 1982.

'Año del General Vicente Guerrero.'

C. licenciado y diputado Humberto Lugo Gil, Presidente de la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados. Lafragua No. 3, México. D. F. Me es grato hacer de su conocimiento que este gobierno, a fin de conmemorar dignamente el CCXVII aniversario del natalicio del Generalísimo don José María Morelos y Pavón, ha organizado para el día 29 del presente mes, a las 21:00 horas, una velada literario- cultural, que se verificará en el Cine Robles 70, así como la ceremonia oficial, que tendrá lugar a las 10:00 horas del día 30, frente al monumento erigido a la memoria del héroe insurgente, prosiguiendo un desfile cívico-militar, en la H. ciudad de Cuautla, Mor.

La presencia de su distinguida personalidad con motivo de esta celebración constituirá un honor para esta entidad federativa, por lo que, a nombre propio, del pueblo y gobierno de Morelos, me permito hacer a usted la más atenta y cordial invitación para que se digne asistir a las ceremonias mencionadas.

Agradezco a usted la atención que tenga a bien dar a la presente y aprovecho las oportunidad para reiterarle una vez más mi respetuosa y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El gobernador constitucional del estado, doctor Lauro Ortega Martínez; el secretario de gobierno, ingeniero y licenciado Marcos Manuel Suárez Ruiz."

El C. Presidente: Para asistir a este acto, en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Juan Salgado Brito y Eladio Gutiérrez Ortega.

- La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas:

"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. México, D.F.

La Comisión Permanente de la H. LIII Legislatura del estado libre y soberano de Chihuahua tiene el honor de invitar a usted a la sesión solemne que se efectuará en el Teatro de los Héroes, declarando recinto oficial, el día 30 del actual, a las 20:00 horas, con motivo de la apertura del periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de su ejercicio legal, y en cuyo acto dará lectura a su segundo Informe de Gobierno el C. licenciado Oscar Ornelas K., gobernador constitucional del estado.

Chihuahua , Chih, septiembre de 1982."

El C. Presidente: Para asistir a este acto, en representación de esta Cámara se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Enrique Soto Izquierdo, Miguel Ángel Acosta Ramos, Diógenes Bustamante Vela, Jesús Luján Gutiérrez, Samuel Díaz Olguín, Miguel Ángel Olea Enríquez, Servando Portillo Díaz, Francisco Rodríguez Pérez, Juan Manuel Terrazas Sánchez, Dora Villegas Nájera y Alicia Perla Sánchez.

- El C. prosecretario Rafael Oceguera Ramos:

"Ciudad Ecatepec de Morelos, Méx., septiembre 24 de 1982.

C. diputado licenciado Humberto Lugo Gil, Presidente de la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados. México, D.F.

Por este conducto el H. Ayuntamiento que presido se permite formular a usted y a los ciudadanos integrantes de esa H. Cámara de Diputados atenta y cordial invitación a efecto de que nos concedieran el honor de su presencia en la ceremonia conmemorativa del CCXVII aniversario del natalicio del "Siervo de la Nación", Generalísimo don José María Morelos y Pavón, que se llevará a cabo el día 30 de

septiembre en curso, a las 10:00 horas, en la Plaza cívica de esta ciudad.

Aprovechamos esta oportunidad para patentizar a usted las seguridades de nuestra más distinguida consideración, expresándole nuestro agradecimiento por su fina atención. Sufragio Efectivo. No Reelección.

El C. presidente municipal constitucional, profesor y licenciado Josué Valdés Mondragón; el secretario municipal, C. licenciado Macario Yáñez Valdovinos."

El C. Presidente: Para asistir a este acto, en representación de esta Cámara se designan a los siguientes diputados: Arturo Martínez Legorreta, Luis Mayén Ruiz, Raúl Vélez García, Guillermo Fragoso Martínez y Enrique Riva Palacio Galicia.

INICIATIVA DE CONGRESO LOCAL

ECONOMÍA NACIONAL

- El mismo C. Prosecretario:

"C. licenciado Humberto Lugo Gil, Presidente de la H. Cámara de Diputados. Palacio Legislativo del H. Congreso de la Unión. México, D. F.

Con fundamento en el Artículo 71, fracción 3a., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 59, fracción 1a., de la Constitución Política del estado de Coahuila de Zaragoza, la Legislatura de esta entidad somete a la consideración de los diputados al Congreso de la Unión la siguente iniciativa de decreto, fundada en los considerandos y puntos resolutivos que en seguida se mencionan:

Primero. Que las medidas dictadas por el C. Presidente de la República, licenciado José López Portillo, contenidas en su histórico mensaje a la nación del día primero de septiembre, relativas a la expropiación, por causa de utilidad pública, de la banca privada mexicana y el control generalizado de cambios, exigen del fortalecimiento y apoyo de todo el pueblo de México.

Segundo. Que el impulso que se deriva de las trascendentes resoluciones citadas requiere del apoyo de nuestra estructura económica, política y social a fin de profundizar los objetivos propuestos con medidas enérgicas tendientes a pagar nuestra deuda externa tanto a organismos financieros internacionales como a los acreedores de la banca privada internacional.

Tercero. Que la instrumentación tanto de la nacionalización de la banca como del sistema de control de cambios de divisas extranjeras, mediante resoluciones de las autoridades hacendarías y de la Dirección General del Banco de México, necesitan de una inmediata reafirmación para lograr un proceso acelerado de integración y control sobre los medios y mecanismos financieros nacionalizados Cuarto. Que las negociaciones que se realizan actualmente en el exterior por funcionarios del gobierno mexicano para lograr que no se desvirtúen los propósitos nacionalistas que son la esencia de las medidas decretadas por el C Presidente de la República, en su afán de reorganizar y darle renovado vigor al sistema político y económico de nuestro país.

Con fundamento en lo anterior la Legislatura del estado de Coahuila de Zaragoza se permite presentar a la consideración de los diputados miembros de esa honorable Cámara el siguiente proyecto de decreto:

I. Se gestiona una reunión de carácter interparlamentario con representantes del Congreso de los Estados Unidos de América, con el propósito de legislar para lograr la congelación de los depósitos bancarios realizados por ciudadanosnos mexicanos durante los últimos diez años en instituciones financieras de aquel país, así como instrumentar medidas tendientes a la incautación de los bienes inmuebles adquiridos por ciudadanos nacionales en territorio de los Estados Unidos de América durante el mismo lapso de tiempo.

II. Que se aplique la legislación vigente en materia fiscal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las personas e instituciones que el gobierno federal tenga conocimiento que hayan sustraído valores para ser depositados en el extranjero o destinados a la compra de bienes inmuebles.

III. Así como la promulgación de leyes o decretos que establezcan las normas para que el sector público conserve las acciones o cualquier otra participación que la banca privada del país adquirió en empresas particulares, con el Propósito de consolidar la economía nacional.

La XLVIII Legislatura del estado libre y soberano de Coahuila de Zaragoza solicita se le dé a esta iniciativa el trámite señalado por el Reglamento Interior del Congreso de la Unión y se acuse recibo y posterior información de las resoluciones que se tomen sobre esta iniciativa.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coah., septiembre 9 de 1982.

Diputado presidente, Gaspar Valdéz Valdéz; diputado vicepresidente, Francisco J. de la Peña Dávila; diputado secretario, Cuauhtémoc Ruiz de la Rosa; diputado secretario, Alfonso Hernández Hernández; diputado tesorero, ingeniero, Jesús R. Perales Moreno; diputado licenciado Elías Cárdenas Márquez, diputado Manuel Torres González, diputado Alfredo Maldonado Piña, diputado Francisco Guereca Luna, diputado Luis Armando Castro Ortiz, diputado doctor Jesús Ma. Rodríguez Hernández, diputado licenciado Rodolfo Rábago Rábago, diputado ingeniero Alvaro Pérez Treviño G., diputado licenciado Héctor Morquecho Rivera, diputado licenciado Leonel Rodríguez Galindo, diputado profesor Armando Ibarra Garza."

"Año del General Vicente Guerrero."

-Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, e imprímase.

SOLICITUD DE PARTICULAR

CARGO CONSULAR

- La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez:

"H. Congreso de la Unión.

México. D. F.

Federico Guillermo Chacón y Rábago Voss, gerente de Representaciones Marítimas, S. A., Consignatarios de Buques en Veracruz, Ver., de nacionalidad mexicana por nacimiento, según certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento No. 4626, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores con fecha 9 de septiembre de 1976, y que acompaño, mayor de edad, casado, al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, y con domicilio para recibir respuesta en la avenida Independencia Núm. 887 de esta ciudad de Veracruz, Ver., comparece ante el H. Congreso de la Unión y respetuosamente expone:

Que habiéndole sido ofrecido el nombramiento de Cónsul Honorario de la República Federal de Alemania en la ciudad de Veracruz, Ver., solicita del H. Congreso de la Unión el permiso correspondiente, de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar tan honrosa designación. Esta solicitud se hace en cumplimiento de lo expuesto por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 37, apartado B, inciso II, permitiéndome acompañar al presente, copia de acta de nacimiento, así como copia de comunicación al efecto, de fecha 29 de mayo de 1981 de la H. Embajada de la República Federal de Alemania en México, D. F.

Protesto a ustedes, señores, las seguridades de mi más alta consideración y respeto. Veracruz, Ver., a 21 de septiembre de 1982.

Federico Guillermo Chacón y Rábago Voss."

-Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

DICTAMEN A DISCUSIÓN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

- La misma C. Secretaria:

"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado 19 de agosto próximo pasado la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Esther Gómez Cárdenas, Librado Contreras Rodríguez, Juan Francisco José Serna Penichet, María de los Angeles Aguirre Rubio y Rosalinda Manzur Badra, puedan prestar servicios al gobierno de los Estados Unidos de América en México.

En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 7 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán serán de carácter administrativo;

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B) del Artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso para prestar servicios a los siguientes ciudadanos: María Esther Gómez Cárdenas como secretaria; Librado Contreras Rodríguez y Juan Francisco José Serna Penichet como empleados en la Embajada de los Estados Unidos de América en México; María de los Angeles Aguirre Rubio como asistente consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; Rosalinda Manzur Badra como secretaria en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 8 de septiembre de 1982.

Presidente, Humberto Lugo Gil; secretario, Mario Vargas Saldaña; Rafael Aguilar Talamantes, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, Salvador Castañeda O'Connor, (abstención), José Carreño Carlón, Arnoldo Córdoba, Victor Cervera Pacheco, Irma Cué de Duarte, Jorge Cruickshank García, Enrique Fernández Martínez, Sami David David, Víctor González Avelar, Francisco Galindo Muza, José Luis Lamadrid Sauza, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Luis René Martínez Souverville, Ernesto Luque Feregrino, Esteban Núñez Perea, Luis Martínez Fernández del Campo, David Orozco Romo, Héctor Hugo Olivares Ventura, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios Guillermo Pacheco Pulido, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Luis Dantón Rodríguez, Salvador Valencia Carmona."

Segunda lectura. Está a discusión el proyecto de Decreto.

El C. Jesús Luján Gutiérrez: Señor Presidente, pido la palabra.

El C. Presidente: ¿En qué sentido, señor diputado?

El C. Jesús Gutiérrez: En contra.

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Jesús Luján Gutiérrez.

El C. Jesús Luján Gutiérrez: Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Una vez más los miembros del PPS venimos a oponernos a un dictamen de las características de éste que autoriza a ciudadanos mexicanos para prestar sus servicios en los consulados generales en los estados de la República y en la Embajada de los Estados Unidos en México y que, según la contabilidad que nosotros tenemos de tales permisos, ya suman cientos los autorizados en los últimos años.

Esta actitud nuestra, la de oponernos a que se autorice a ciudadanos mexicanos para que presten sus servicios, es consecuente con la lucha secular de nuestro pueblo por su independencia nacional, en su lucha a vivir como amo y señor de su destino y no como sometido o esclavo, con libertad para las personas, con mejores condiciones de existencia, con derechos democráticos y con independencia plena para la nación.

A nuestro juicio, en las condiciones actuales de este mundo, cuando el imperialismo norteamericano, que se encuentra en plena decadencia, sin poder ya dictar el rumbo del campo capitalista, como se manifiesta por las contradicciones interimperialistas, significadas éstas actualmente ya de manera destacada -para no mencionar otras- por la contradicción que existe en cuanto a la construcción del gasoducto de la unión Soviética a Europa Occidental, de todas formas, este enemigo de la humanidad, en su conjunto, sigue representando en lo particular, por su poderío económico, político y militar, el principal obstáculo para el avance de los pueblos que luchan por su independencia y por vencer su atraso económico, como el nuestro, como el de nuestro país.

El gobierno imperial de los Estados Unidos y sus ideólogos tienen un plan perfectamente orquestado con el propósito de penetración y sujeción hacia México, tendiente a irnos quebrando, a que debilitemos nuestra conciencia nacional, a que despreciemos lo nuestro. Para ello se vale de los órganos de difusión masiva como son la prensa, la radio y la televisión, para dar a conocer sus costumbres, su música, el idioma mismo, y esto, a nuestro juicio, es muy peligroso.

No debemos olvidar la historia; no debemos cerrar los ojos ante la lucha de nuestro pueblo registrada en cientos de tentativas de despojo, a agravios e invasiones padecidos por nuestro país de los gobiernos filibusteros norteamericanos. No podemos, no debemos olvidar los desembarcos a Veracruz, la ocupación y bombardeo de poblaciones costeras del Pacífico, del Golfo de México y de California, el cercamiento de más de la mitad de nuestro territorio y que ahora poseen los Estados Unidos; y los propósitos de imperialismo y debemos salirles al paso a cada momento.

O ¿qué ya se olvidó la campaña de calumnias orquestada desde los Estados Unidos en contra de México? O ¿Qué ya se olvidó, o ya se olvidaron las groseras declaraciones intervencionistas del Embajador de Estados Unidos, que anuncia bebidas embriagantes, John Gavin? No, nosotros consideramos que no podemos cerrar los ojos ante esta realidad; y estos mexicanos, para los que hoy se presenta el dictamen aprobatorio para que vayan a servir en los consulados y en la Embajada, van a servir precisamente a esta política de agresiones contra México.

Estos paisanos nuestros van a ser instrumentos de una política que lesiona los intereses fundamentales de la nuestra, por eso nosotros nos oponemos; no podemos cerrar los ojos, no debemos cerrarlos ante el hecho de que en todo el territorio nacional hay presencia de norteamericanos. Lo mismo en las grandes ciudades, en las pequeñas poblaciones, en las montañas, en las costas, en los lugares más aislados y escabrosos, encontramos de manera sistemática a norteamericanos. Aparecen ya como lingüistas, como antropólogos, como hippies, como veteranos de guerra, como evangelistas, como asesores técnicos. En fin, de mil formas actúan en territorio nuestro con propósitos no altruistas ni de interés para nuestra patria.

Se han concedido cientos de permisos. Y nosotros preguntamos: ¿cuál es el tope de personas, de ciudadanos mexicanos a quienes se va a seguir concediendo permisos para que presten éstos en los consulados y en la Embajada de los Estados Unidos? De todos a quienes se les ha otorgado el permiso constitucional ¿cuántos de ellos laboran actualmente en las embajadas y en los consulados?, ¿a qué se dedican?, ¿han ascendido dentro de la administración de estas instituciones del gobierno de los Estados Unidos o se han convertido en agentes de la CÍA , ¿o a qué se dedican?

Nosotros desde esta tribuna demandamos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe al Poder Legislativo cuántos son los empleados mexicanos que laboran en los consulados de los Estados Unidos y en la Embajada en nuestro país. Cuántos han dejado de prestar estos servicios. Y, si esto fuese posible, que se investigará a qué de dedican.

En consecuencia, a nuestro juicio, no se deben conceder permisos para que presten éstos al gobierno de los Estados Unidos, por el hecho de tenernos en la mira y que nos consideren como su patio trasero, y nuestros recursos como reservas para la satisfacción de sus necesidades de subsistencia.

Con base en estas ideas, con base en estos razonamientos, la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista votará en contra del dictamen.

Muchas gracias.

El C. Presidente: Consulte la secretaría a la Asamblea si ésta suficientemente discutido el proyecto de Decreto.

- La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de Decreto.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutido.

En consecuencia, se va a proceder a recoger la votación nominal.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos que se refiere al Artículo 161 del Reglamento Interior.

(VOTACIÓN.)

Señor Presidente, Se emitieron 342 votos a favor y 19 en contra.

El C. Presidente: Aprobado el proyecto de Decreto por 342 votos.

- La C. secretaria Hilda Andreson Nevárez de Rojas: Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

HECHOS HISTÓRICOS

CELEBRADOS AYER

El C. Abelardo Carrillo Zavala: Pido la palabra para hechos, señor Presidente.

El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Abelardo Carrillo Zavala.

El C. Abelardo Carrillo Zavala: Señor Presidente; señores diputados; honorable Cámara:

Dos hechos de singular importancia histórica acaban de celebrarse el pasado 27 de septiembre: la consumación de la Independencia y la nacionalización de la industria eléctrica, que este H. cuerpo colegiado debe estimar fundamentales en la construcción de nuestro proyecto colectivo. Constituye la consumación de la Independencia no sólo el mero acto final de un profundo movimiento social, sino entraña el primer acto de soberanía y el punto de partida de nuestra evolución, precedente insoslayable de la primera Constitución Federal que recogió los principios humanistas y de derecho público más avanzado de la época, por los cuales nuestros próceras habían entregado lo mejor de sus esfuerzos, como lo revelan las leyes de amplio contenido social de Hidalgo o el sabio documento de Apatzingán. La nacionalización de la industria eléctrica, efectuada por el presidente Adolfo López Mateos en 1960, por su parte representa la etapa de madurez de la teoría de la nacionalización de nuestros derechos constitucionales. A través de este acto, el Estado mexicano rescata una riqueza común en torno a la cual se cimentó el extraordinario desarrollo posterior de la industria eléctrica, en la que descansa, de manera muy importante, la autodeterminación e independencia nacionales.

El proceso de industrialización del país no se entendería sin la participación de las medidas nacionalizadoras en el proyecto nacional.

El retiro de las concesiones que las compañías extranjeras usufructuaban las industrias petroleras y eléctricas fue sin duda el inicio de una nueva etapa de la vida nacional; el Estado reafirmó su carácter de depositario de la soberanía popular, de intérprete fiel de los principios revolucionarios de la actitud económica para preservar en su empeño democrático y de justicia social.

En México nacionalizar no es un sinónimo de conservadurismo, como a menudo se confunde en otras latitudes; en nuestro país nacionalizar ha significado, históricamente, anticolonialismo, protección de los intereses fundamentales del pueblo contra procesos subdesarrollantes y sistemáticamente emprobecedores Nacionalismo y nacionalización son dos conceptos firmemente arraigados en nuestra conciencia de pueblo injustamente agredido por el apetito de poderes y factores extranacionales, ajenos, invariablemente, a los valores políticos de la mayoría. Gracias a esa filosofía y a esa práctica indudablemente revolucionaria nuestro país se ubica entre las pocas naciones del mundo que controlan, a través de su representación política, que es el Estado legítimamente constituido, los sectores estratégicos y claves para el desarrollo nacional sin la interferencia de intereses, de enclave de gravámenes externos, de corporaciones contrarias a los valores fundamentales del pueblo.

Debido al control estratégico de los sectores neurálgicos de la economía, este país es dueño de su destino y es enteramente libre para orientarlo en beneficio de las causas populares, raíz y razón de las motivaciones del poder público.

Por ello afirmamos que el profundo nacionalismo de los mexicanos, fundado en la convicción por el interés general de la sociedad, es producto de una amarga experiencia histórica. En nuestra larga y difícil lucha por la libertad sólo el nacionalismo y el apoyo de las corrientes populares a esta filosofía básica ha hecho posible consolidar la independencia económica, política y cultural. La historia de México ha sido, en esencia, la historia de esas luchas por la descolonización de la vida política, de la vida económica, de la vida social y de la vida cultural de nuestro país. Ayer hizo 161 años que se dio por consumada la fase militar de la Revolución de Independencia. Con lo importante que resulta esto hay que señalar que marcó también el inicio de una nueva etapa de lucha para hacer efectiva la autodeterminación del pueblo mexicano por crear sus formas propias de gobierno; por instaurar la República; por trascender las instituciones heredadas por la Colonia; por acabar con los fueros de la sociedad; por superar para la nación los enclaves de autoridad en manos de poderes extranacionales; por generalizar el estado de derecho; por establecer una

educación que prepare para la libertad y no para la sumisión; para rechazar sistemáticamente toda intervención extranjera en los asuntos nacionales; por preservar el principio de que es la nación el origen de todo derecho y de todo deber; por recuperar los recursos patrimoniales y los servicios estratégicos del país; en suma, para ganar la batalla de la justicia en el orden interno, y de la descolonización plena del exterior.

Ha sido una lucha larga, a veces con graves desgarramientos con triunfos y con amarguras, pero ha sido una lucha eminentemente popular.

En México las causas nacionales jamás se han apartado de las causas populares; saben los trabajadores de México, los campesinos de México, las clases populares mexicanas, que toda subordinación del país a intereses antinacionales subordinaría también a sus trabajadores; sabe el movimiento obrero organizado de México que la injusticia internacional en el orden económico redunda en más injusticia y explotación contra los trabajadores mexicanos. Y sabemos también que cada espacio que gana la nación es un nuevo espacio para la reivindicación de las causas populares. Por eso en México los trabajadores del campo y de la ciudad han estado a la vanguardia de la nacionalización permanente de la vida del país.

Con la nacionalización del suelo y del subsuelo de la riqueza petrolera y minera; con la reivindicación patrimonial de sus mares; con la prestación pública de los servicios esenciales de comunicaciones y transportes; con la nacionalización de los servicios estratégicos de la banca y el crédito; con la nacionalización se advierten efectos de repercusiones sociales positivas que van más allá del simple acto en sí, que en derecho responde a la soberanía de un pueblo, de una nación, cuando rescata el manejo de sus recursos económicos con reglas de legítima protección para el país y para las grandes mayorías del pueblo.

Las clases marginadas, los menos favorecidos en un sistema económico agotado, con la nacionalización de la banca se encuentran ahora ante la perspectiva de recibir trato justo y adecuado a sus requerimientos de desarrollo para mejorar sus condiciones en el trabajo. La capacitación en la producción y en la productividad.

Los satisfactores para el logro de una vida más digna encuentran su camino al instrumentarse programas que ya no permitan el acaparamiento de los recursos y los instrumentos de redistribución de la riqueza y el usufructo de ganancias desmedidas por parte de minorías privilegiadas que sólo entienden de lucro, de utilidades exageradas y de ventajas a costos sociales, que se tornaban sumamente peligrosos para el país al agotarse los límites de la paciencia obrera, campesina y popular.

El nacionalismo de los trabajadores mexicanos no es autocomplaciente ni es pasivo, es un nacionalismo crítico, reivindicatorio, activo, exige acción en la magna tarea de mantener el ímpetu nacionalizador de nuestra historia.

Este, compañeros diputados, este es el sentido de recordar desde esta tribuna el fin de la fase consumada de la Revolución de Independencia y de la nacionalización de la industria eléctrica. Muchas gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra para hechos el ciudadano diputado José González Torres.

El C. José González Torres: Señor Presidente de la Cámara; señores diputados: Yo también sumo mi voz en el centésimo sexagésimo primer aniversario de la consumación de la Independencia para recordar ese acontecimiento que suele pasar casi inadvertido.

Se recuerda, y con razón y con justicia, además el comienzo de la gesta y a los audaces que la iniciaron, pero se olvida la consumación, el feliz término de la empresa y algunos de quienes la realizaron, sobre todo, Iturbide y O'Donojú.

Iturbide ha sido calumniado se le ha juzgado traidor, porque con el ejército que le confió el virrey Apodaca consumó la Independencia.

Pero ese es un juicio ligero y falso; Iturbide consideró que el ejército era de Nueva España, integrado en nueve décimas partes por hombres novohispánicos y pagado con dinero de la Nueva España. Que debía, por tanto, estar al servicio de ésta y que si Nueva España quería la Independencia, había que dársela. Y se la dio.

Y todos lo aprobaron; don Vicente Guerrero, que mantenía, aunque débilmente, la llama de la Independencia en las montañas del estado que hoy lleva su nombre, aceptó la idea, se puso a sus órdenes, y con el abrazo que se dieron en Acatempan aseguraron la Independencia.

Y todos los simpatizadores de la causa, don Nicolás Bravo, principalmente, aplaudieron la idea de Iturbide. Y más tarde, el nuevo virrey, O'Donojú, sancionó los hechos, y en los tratados de Córdoba reconoció la Independencia.

Iturbide fue el autor del nombre patrio: México, el plasmador del ejército mexicano y el autor de la bandera nacional, aunque posteriormente se hayan cambiado el orden y la forma de los colores. Claro que el ejército ya existía, pero Iturbide le dio el toque nacionalista al infundirle el espíritu ya mexicano, y además lo realizó casi sin derramamiento de sangre, las acciones militares fueron pocas y las diplomáticas muchas, delicadas y exitosas.

Todos colaboraron y aprobaron la medida, por eso Iturbide fue popularmente aclamado, aceptó la corona -motivo de otro cargo-, porque todo el pueblo se la ofreció, pues entonces la forma de gobierno ordinaria era la monarquía pero él la había ofrecido, en el Plan de Iguala, a Fernando VII o a miembro de su familia, o de cualquier casa reinante en Europa. Nadie aceptó, por eso se le propuso a Iturbide; podríamos aplicar aquí el aforismo histórico "Errores son del tiempo y no de Iturbide" Reveses en el Congreso y, sobre todo, la influencia vigorosa de fuerzas extrañas lo

obligaron a abdicar, y para no ser causa de divisiones decidió expatriarse voluntariamente.

El peligro de reconquista de México por parte de España, apoyada por las naciones de la Alianza, le movió a volver a su patria para ayudarla, ignorando la injustísima Ley privativa, ahora diríamos anticonstitucional, y además antinatural, que se había dictado individualmente en su contra, y fue arteramente aprehendido y fusilado y, lo que es peor, su memoria oficialmente execrada. Qué ironías de la vida; con la colaboración de Guerrero consumó la Independencia, Guerrero felicitó calurosamente a Iturbide al ser electo emperador, ambos desempeñaron el Ejecutivo de la nación, ambos fueron aprehendidos a traición y fríamente fusilados, ambos debieron, pienso yo, haber corrido la misma suerte en la historia; y no es así; lo que me parece indebido. Don Juan O'Donojú tuvo también el mérito de haberse dado cuenta del deseo de lndependencia de la Nueva España, y de haberlo apoyado; como virrey venía a impedirla, pero fue comprensivo y apoyó la obra. Lejos de obstruirla, generosamente la facilita y apoya; por ello merece también el reconocimiento de México. Creo llegado el momento de olvidar los yerros del pasado, explicables por las pasiones del momento, y de celebrar juntos a todos los que hicieron posible la consumación de la Independencia: don Nicolás Bravo y don Vicente Guerrero son justamente reconocidos, falta que se reconozca a don Agustín de Iturbide y a don Juan O'Donojú, para cuya memoria pido de esta Cámara un recuerdo agradecido.

Muchas gracias. (Aplausos.)

DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA

ARTÍCULO TRANSITORIO DEL CÓDIGO

FISCAL DE LA FEDERACIÓN

El C. Presidente: La Comisión de Hacienda y Crédito Público entregó a esta Presidencia el Dictamen relativo a las reformas del Artículo primero transitorio del Código Fiscal de la Federación.

Proceda la Secretaría a darle lectura.

- La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas:

"Comisión de Hacienda y Crédito Público. Honorable Asamblea:

A la suscrita Comisión de Hacienda y Crédito Público fue turnada la iniciativa de Decreto que Reforma al Artículo Primero Transitorio del Código Fiscal de la Federación, misma que remitiera el Ejecutivo a esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad con lo que establecen los artículos 54, 56, 57 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos esta Comisión se permite someter a la consideración de esta soberanía el siguiente

DICTAMEN

Durante el mes de diciembre de 1981 el Congreso de la Unión aprobó la Iniciativa de Código Fiscal de la Federación, que en su oportunidad le remitió el Poder Ejecutivo Federal, estableciendo a su Artículo primero transitorio que dicho ordenamiento entraría en vigor el día 1º. de octubre de 1982, como aparece en el Decreto correspondiente, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre pasado.

Asimismo, el propio Congreso de la Unión, al aprobar la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones en Materia Fiscal, publicada en el propio Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1981, dispuso, en sus artículos sexto, décimo octavo, vigésimo quinto y trigésimo octavo transitorios, que diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto sobre la Renta y de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, respectivamente, entrarían en vigor en la misma fecha que el nuevo Código Fiscal de la Federación.

En la Iniciativa de que se trata, el Ejecutivo de la Unión señala la convivencia de que los particulares y las autoridades fiscales tengan un mayor tiempo para el conocimiento y aplicación del nuevo Código Fiscal de la Federación, que norma el sistema fiscal del país, lo cual también se relaciona con la aplicación de las disposiciones de las leyes a que antes se ha hecho referencia y que entrarían en vigor en la misma fecha que el citado Código Fiscal de la Federación.

Atento a lo anterior, la Comisión considera válidas las razones que señala el Presidente de la República, por lo que somete a la aprobación de esta H. Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

QUE REFORMA EL ARTÍCULO

PRIMERO TRANSITORIO DEL

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Artículo primero. Se reforma el Artículo primero transitorio del Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1981, para quedar como sigue:

Artículo primero. Este Código entrará en vigor en toda la República el día 1º. de abril de 1983.

Artículo segundo. Los Artículos transitorios sexto, relativo a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; décimo octavo, referente a la Ley del Impuesto al Valor Agregado; vigésimo quinto, concerniente a la Ley del Impuesto sobre la Renta y trigésimo octavo, respecto de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas

Disposiciones en Materia Fiscal, de 30 de diciembre de 1981, se reforman para surtir sus efectos en toda la República a partir del 1º. de abril de 1983.

TRANSITORIO

Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el 1º. de octubre de 1982. Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, D. F., a 28 de septiembre de 1982.

Los diputados miembros de la H. Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Presidente, Jorge A. Treviño; secretario, Ricardo H. Cavazos Galván; Acosta Ramos, Miguel Ángel; Acoltzin Vidal, Juan M.; Anguiano Martínez, Hermenegildo; Beltrones Rivera, Manlio Fabio; Bolaños Vázquez, Javier; Calzada Campos, María Luisa; Cepeda Izaguirre, Abraham; Cordera Campos, Rolando; Chávez Sárate, Jorge Luis; Fabila Meléndez, Antonio; González Domene, Alberto; Gutiérrez Zorrilla, Felipe; Lara Espinoza, Sergio; León Martínez, Enrique; López García, Raúl; Martínez Zaleta, Edmundo; Olea Enríquez, Miguel Ángel; Ortiz Santos, Leopoldino; Orozco Romo, David; Peña Loza, José Luis; Perfecto Rodríguez, Héctor; Ramírez Cuéllar, Héctor; Rodríguez Pérez, Francisco; Salinas Guzmán, Pedro; Santos de Hoyos, Alberto; Toca Cangas, Amador; Trujeque Martínez, Efraín; Vargas Garza, Carlota; Valencia Carmona, Salvador; Vélez García, Raúl; Villalobos Rivera, Aidé Eréndira.

-Trámite: Primera lectura.

El C. Presidente: Esta presidencia considera el asunto, al que se acaba de dar primera lectura, como de urgente resolución. Se ruega a la secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.

- La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: Por instrucciones de la presidencia, con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Dispensada la segunda lectura, señor Presidente.

El C. Presidente: En consecuencia, está a discusión en lo general. Se abre el registro de oradores.

Tiene la palabra, para hablar en contra, el C. diputado Daniel Ángel Sánchez Pérez.

El C. Daniel Ángel Sánchez Pérez: Señor Presidente; H. Asamblea:

El PSUM, por mi conducto, quiere razonar su voto en contra de esta Iniciativa, que nos envía el Ejecutivo, de la siguiente forma: el objeto de la iniciativa es posponer la entrada en vigencia del nuevo Código Fiscal de la Federación, y los argumentos del Ejecutivo son dos: la correlación prevista en la reforma entre la vigencia del Código Fiscal y las siguientes disposiciones legales. La Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas Disposiciones en Materia Fiscal, relativas a las Leyes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del IVA, del Impuesto sobre la Renta y de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, tal y como aparece en los artículos 6º., 18, 25 y 38 transitorios del ordenamiento de referencia. Y se busca también -así lo dice el Ejecutivo- que exista un mayor espacio de tiempo para el mejor conocimiento del nuevo Código Fiscal, o sea de los nuevos ordenamientos, por parte de las autoridades y de los particulares.

Esta motivación de la Iniciativa es, a nuestro criterio, insuficiente y proponemos los siguientes razonamientos: en nuestro país se ha privilegiado la facultad del Ejecutivo para la presentación y formación de leyes, posiblemente por la interpretación que se da al Artículo 71 constitucional, donde se establece la norma de competencia para estas iniciativas, pero en forma enumerativa, no privilegiada. Ahí aparece en primer término el Presidente de la República, y esa es la conducta práctica que se sigue aquí Basta revisar la estadística existente para comprobar que las iniciativas presentadas por el Ejecutivo son las que ocupan el porcentaje absolutamente o casi absolutamente mayoritario y que en cambio las iniciativas no tramitadas, a las que se llama "congeladas" corresponden a las que fueron presentadas por esta Legislatura, las legislaturas de los estados y aún a las que plantearon las diputaciones obrero-campesinas del partido mayoritario. Hemos visto la queja que se hizo en la Legislatura anterior por parte de la diputación obrera:

sabemos de las quejas de la diputación campesina por lo que ve a la derogación del amparo agrario, que existe como iniciativa también "congelada".

De esta forma, el trabajo legislativo se ha convertido en una práctica compulsiva, donde se atienden más a las necesidades del Ejecutivo, que impone además el ritmo que le conviene en la discusión de las iniciativas. Bástenos recordar el reciente debate de esta Legislatura por la reforma del Artículo 74 fracción IV, constitucional para ilustrar este hecho.

Aquí se nos lleva a la carrera, aprisa, para poder aceptar aquellas iniciativas que vienen adecuando a las necesidades del Ejecutivo.

Fue posiblemente esta práctica reglamentaria, o parlamentaria, la que rigió los trabajos en donde se aprobó el nuevo Código Fiscal, por cierto en sesión maratónica, y que en una segunda ronda, y sin discusión, una vez que regresó la iniciativa del Senado, pudiera alegarse, pues, cierta ligereza en el trámite, pero

éste y los otros vicios anotados no justifican de ninguna manera incurrir en una ligereza más como la que se pretende ahora.

El espíritu de una ley sólo puede valorarse cuando la norma se confronta en la práctica con la realidad social, y en esta iniciativa se da por cierto y aprobado el hecho de la imposibilidad jurídica para que la reforma aprobada entre en vigor sin avalar la argumentación con otras pruebas que no sean las apreciaciones subjetivas del Ejecutivo en la motivación de la iniciativa.

Frente a la supuesta carencia de correlación legislativa e insuficiente información pública deberíamos oponer los prejuicios que se ocasionarían si no se aplica de inmediato el nuevo Código Fiscal. Considero que esto debería ponerse en el plano de las discusiones.

La iniciativa privada, debemos recordar que desencadenó una furibunda campaña contra las reformas, especialmente aquellas que se refieren a las visitas domiciliarias, que consideraban una violación constitucional. Decían que se atentaba contra la inviolabilidad del domicilio, ante una nueva concepción de domicilio que pretende establecerse, o que se estableció en el Código Fiscal, precisamente para tener una intervención más directa en eso en que hasta ahora ha venido siendo una práctica completamente negativa de las empresas privadas, en llevar dobles documentaciones o triple documentaciones, y en estar defraudando al fisco en innumerables formas.

Debemos además relacionar esta medida, o sea la reforma o un nuevo Código Fiscal, mejor dicho, para ser más claro, más específico, que se aprobó en 1981, a fines de 1981, y que hoy, con el Decreto presidencial del primero de septiembre, cobra nueva vigencia en algunos de sus aspectos. Debemos entender que las reformas a la Constitución del primero de septiembre dadas por López Portillo, si no se les crea una amplia cobertura legislativa que las implemente en forma práctica y rápida, van a quedar cojas; van a quedar pendientes en muchos aspectos. Y van a quedar siempre en manos de que el Ejecutivo esté dispuesto a impulsar o no esta reforma en forma democrática. Yo simplemente citaría algunos de esos aspectos que trae el Código Fiscal, como ese de cambiar el concepto del domicilio por lo que ve a las empresas, digamos un domicilio social, y otro que trae también unas consecuencias no deseadas por lo que ve al fortalecimiento municipal.

Además, retardar la vigencia del nuevo Código Fiscal, donde no se legislan sanciones para conductas colectivas que originaron las medidas del 1º de septiembre, es obstaculizar la implementación de éstas en la práctica. Basta recordar las disposiciones que a manera de sanciones vienen en ese nuevo Código Fiscal respecto al control de cambios, compañeros. Ahí ya vienen sansiones específicas. Y también basta recordar que de no aplicarse de inmediato el nuevo Código Fiscal, la Ley Aduanera quedaría coja.

Recuerden que la Ley Aduanera no contempla sanciones para sus violaciones o para las formas negativas que se han venido dando del traspaso de bienes y de valores a través de nuestras fronteras. Es necesario que eso lo recapaciten.

Que ese nuevo Código Fiscal, sí, ya trae esas sanciones que complementan a la Ley Aduanera, que hasta ahorita ha tenido tantos y tan graves problemas en nuestras fronteras.

La mecánica de traslado de fondos a través de la aplicación de sanciones que se otorga en ese Código Fiscal a los ayuntamientos es una nueva forma de fortalecer también la economía de ese ente que ponemos en la base de nuestra Constitución Política, en nuestra base de formación política, y que, sin embargo, por su empobrecimiento, no funciona. De aplicarse de inmediato las nuevas formas del Código Fiscal, para estos nuevos ejercicios en todos los ayuntamientos de la República, se verían fortalecidos con la aplicación de estas disposiciones que les permiten, a través del cobro de multas, obtener nuevos dividendos, nuevos ingresos para el ayuntamiento.

Todo esto bastaría para votar en contra de la postergación de la vigencia del nuevo Código Fiscal. Sin embargo, quisiera hacer ante ustedes dos últimas reflexiones: en el proyecto que todos aceptamos, de un Congreso más moderno y autónomo, se debe apreciar y valorar la continuidad y congruencia del trabajo legislativo. De ahí que el PSUM avale el buen juicio y criterio de quienes nos antecedieron en la responsabilidad de normar la convivencia social, y debemos darle la oportunidad de la práctica, de la aplicación práctica, a este nuevo Código Fiscal para empezar a ponerlo o colgarle errores de alguien que en forma arrogante, de esta nueva Legislatura, dice que incurrieron las Legislaturas anteriores. No es sino en la práctica que se puede dar precisamente esa confrontación entre teoría y la realidad.

Nosotros tenemos otra preocupación: aquí se ha venido dando lugar a prácticas reiteradas o reiterativas, que vienen a degenerar en algo negativo, compañeros. Varias ocasiones se hacen cosas reiteradas, que después se revierten en contra de la seriedad de este órgano legislativo. Postergar la vigencia de leyes sólo porque quieren un marco mayor de manejo, de arreglo, el Ejecutivo y algunos sectores, eso es malo.

Nosotros debemos ver hacia el futuro.

Yo les recordaré a ustedes, por ejemplo, otra cosa que nos vino a la memoria cuando se nos dio a conocer esto, que desde la Legislatura Quincuagésima se aprobó la Ley de Marcas y Patentes, que según el sector empresarial los afectaba mucho en determinadas cosas. Y también se hizo una gran campaña. Esa campaña vino, en última instancia, a crear una forma de presión para el Ejecutivo, que ha venido postergando, desde la Quincuagésima Legislatura, la entrada en vigencia de dicha ley.

Señores, de seguir en esta práctica de postergar la vigencia de las leyes que aquí se aprueban, y en una forma ya indefinida, porque ni siquiera le ponen término, aquí puede ser que en abril volvamos a pedir que se postergue, para fecha posterior. Eso nos está dando lugar a

que estemos creando un veto de hecho. Yo estoy de acuerdo en que hay un veto del Ejecutivo. Pero, ¿por qué vamos también a darles la facilidad a los sectores enriquecidos, a los desnacionalizados, como hasta ahorita se ha dicho, a que tengan detrás de sí ese veto de hecho que puede afectar aun a las medidas de la nacionalización de la banca? Yo solamente les pido que recapaciten un poco, que vean no la cuestión no nada más así a la carrera, que vean todas estas cosas que aquí hemos expresado, que se abra el debate, que se abra una discusión más calmada de estas situaciones. Y, en última instancia, sin no les gusta el Código Fiscal como lo establecieron, si en verdad tiene tantos errores, éste ha de caer por su peso y estamos siempre en la posibilidad de derogarlo o de reformarlo.

Este era el sentido del voto en contra del Partido Socialista Unificado de México. Muchas gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Jorge Treviño, en pro.

El C. Jorge A. Treviño Martínez: Señor Presidente: honorable Asamblea:

Comparezco ante esta tribuna a sostener los puntos del Dictamen aprobado, que recién se leyó, por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. No es definitivamente, no es por arrogancia, ni mucho menos por servilismo el que nosotros hayamos recomendado a ustedes la modificación del Artículo primero transitorio del Código Fiscal de la Federación expedido en diciembre del año pasado y de algunas otras disposiciones transitorias contenidas en leyes conexa que son correlativas.

Es, no por arrogancia, sino por responsabilidad, esto, la actitud de la Cámara no significa genuflexión ante el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, en uso de facultades constitucionales y en ejercicio de prácticas democráticas, que solamente se dan cuando se tiene responsabilidad, está sometido a la consideración soberana de nosotros la conveniencia de diferir la entrada en vigor de un conjunto de disposiciones normativas tributarias que es necesario diferir, al menos temporalmente.

Los motivos de diferimiento, los expresó con claridad el señor diputado Daniel Ángel Sánchez Pérez, son para que exista más tiempo para el conocimiento y aplicación del nuevo Código; son para que los destinatarios de las reglas jurídicas que se contienen en el Código Fiscal de la Federación las conozcan mejor; son para que quienes administran o van administrar esas reglas jurídicas las conozcan mejor; son para que quienes van a juzgar las controversias que se susciten con su aplicación las conozcan mejor y preparen los cambios necesarios en la estructura que imparte la justicia administrativa tributaria. Son circunstancias válidas.

Implícitamente, implícitamente, se reconoce en la iniciativa una serie de hechos reales que constituyen hechos sociales: el haber establecido lo que los alpinistas llaman vacio legis en la entrada en vigor o para la entrada en vigor del Código Fiscal de la Federación obedece a varios propósitos:

Primero. Que haya un lapso razonable para que se conozca.

Segundo. Para que se recojan las observaciones de quienes habrán de ser administradores o destinatarios de las reglas o jueces.

En ese lapso, que casi es de nueve meses, es un hecho social en que en muchas partes de la comunidad mexicana, interesada en estos problemas se han producido dudas, algunas posiblemente fundadas, algunas simplemente por que no se ha podido difundir con la eficiencia debida el contenido y el alcance del nuevo ordenamiento. De nadie interesado en estos problemas es desconocido el hecho que colegios profesionales, que profesores universitarios, que funcionarios de la administración activa, que funcionarios judiciales, que academias de derecho especializadas en la materia han abrigado una serie considerable de dudas respecto a la operatividad de los dispositivos del nuevo ordenamiento.

Precisamente esa es una de las razones de dar un lapso para que, entre la fecha que se establece en la ley y su entrada en vigor, se produzcan estas reflexiones, precisamente por ejercicio democrático el Ejecutivo, reconociendo esos hechos sociales como dados en nuestra realidad, está sugiriendo, y nosotros, los integrantes, casi unánimemente, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, estamos recomendando que se difiera, que se difiera la entrada en vigor hasta el mes de abril.

Esto no incluye la postergación de la justicia ni la postergación del equilibrio que existe en alguna forma entre el contribuyente y el fisco federal.

México se ha caracterizado, señores, por tener, desde el año de 1938, una legislación común tributaria que ha sido muestra y, en buen sentido del término, envidia de muchos otros países y nosotros no debemos de correr el riesgo de por ganar un poco perder lo mucho. La reforma administrativa no debe sacrificarse en aras de un eficientismo liso y llano. La reforma administrativa, dentro de la cual está inmersa la extensión del Código Fiscal de la Federación, es constante proceso de cambio, y las circunstancias que estamos viviendo nosotros desde la fecha en que se expidió el Código Fiscal, cuyo diferimiento se sugiere, son muy distintas a las circunstancias de septiembre y octubre de 1982.

Bien decía alguien, en una fecha memorable, que el México nuestro es distinto antes del primero de septiembre de 1982 al de después de septiembre de 1982; es un México cambiante y tendremos inclusive nosotros la oportunidad de hacer reflexiones conjuntas para ver si esas reglas todavía son eventualmente eficaces o pueden serlo.

No podríamos nosotros más que en principio estar en total desacuerdo respecto a las consideraciones del veto. Por principio el Poder Legislativo no está sujeto a su propio veto, y por principio el Poder Legislativo puede modificar, cuantas veces estime pertinente, la ley, cuando

la realidad que está tratando de regular ha cambiado, y nosotros creemos que esa realidad ha cambiado y que merece reflexionarse si las reglas dadas se van a aplicar con justicia, con equidad y con eficacia a esa realidad.

Me voy a referir muy brevemente a algunos de los puntos concretos -no me voy a extender- mencionados por el señor diputado Daniel Ángel Sánchez Pérez.

El Ejecutivo no tiene el privilegio de iniciar leyes. En el caso, efectivamente, ha habido premura, y tenemos que resolver con premura, porque si no resolvemos pronto, entra en vigor lo que en principio queremos que no entre por lo pronto.

No estamos confrontando con esta medida una realidad social; precisamente porque creemos que la realidad social es distinta es por lo que estamos sugiriendo también que se difiera. No se causa perjuicio; el fisco, en esa difícil relación entre contribuyente y administración tributaria, en México siempre ha tenido privilegio, goza del privilegio que en la doctrina se conoce con el nombre de la acción de oficio. Y goza del privilegio del procedimiento administrativo de ejecución. En otros derechos, en Latinoamérica, nada más en Panamá y en otro país, existe este privilegio. No lo existe en Argentina, ni en Colombia, ni en Honduras, ni en Nicaragua, ni en Estados Unidos, ni en Canadá.

El fisco mexicano tiene el privilegio, además, de no litigar nunca despojado; para discutirle el contribuyente al fisco tiene que garantizar el interés fiscal. Y dispone el fisco de una herramienta buena, aunque perfectible, como lo es todavía el Código Fiscal vigente el día de hoy, expedido a fines de 1966 y que entró en vigor en el año de 1967.

Lo referente al domicilio y a las dudas que surgen en el domicilio, no es la preocupación que se ha expresado en distintos foros en torno a esta institución. Respecto a las empresas, la preocupación nuestra es precisamente que no tienen conocimiento del articulado a fondo, conocimiento a fondo del articulado del Código Fiscal de la Federación, que son los pequeños y los medianos contribuyentes. Los grandes contribuyentes lo conocen perfectamente y no pueden o no deben tener temor a las reglas del domicilio. Pero nosotros debemos reflexionar a quién estamos en realidad protegiendo con el conocimiento que pide el Presidente López Portillo se ha haga más a fondo a través de dar más tiempo para él. Es en realidad a los pequeños y medianos contribuyentes.

En cuanto al fortalecimiento municipal, el que no entre en vigor el Código el día primero de octubre en nada lo afecta, La fuente en virtud de la cual los ayuntamientos tienen participación en el cobro de multas es derivada de convenios de coordinación existentes, que encuentran su marco en la Ley General de Coordinación fiscal, y si el Código Fiscal los prevé es para reforzar aún más el carácter de legales. Los municipios están recibiendo, y van a recibir, lo mismo que recibirían entrando en vigor el nuevo Código que no entrando en vigor.

En síntesis, esta decisión es una decisión democrática. Es una decisión pensada, es una decisión que se da dentro del contexto de la reforma administrativa, que nos permitirá: primero, difundir con mayor extensión el contenido del nuevo ordenamiento; segundo, aclarar las dudas que han surgido en distintos foros respecto a la operabilidad y respecto a la legalidad, jerárquicamente superior, que debe respetarse; y, en tercer término y dado el caso, de corregir el rumbo y corregir los eventuales errores existentes.

Muchas gracias.

El C. Daniel Ángel Sánchez Pérez: Señor ciudadano diputado Daniel Ángel Sánchez Pérez.

El C. Daniel Ángel Sánchez Pérez: Señor presidente; honorable Asamblea:

Creo que al igual que quien me antecedió en la tribuna, y reconoció que yo había hablado claramente cuáles eran los motivos del señor Presidente para lanzar su iniciativa, pues creo que él reconoce cuáles fueron los argumentos para pedir también que no se postergue la vigencia del Código Fiscal.

El ha confesado todo lo que aquí hemos dicho, él lo ha reiterado en varias ocasiones que da lo mismo que se eche o no se eche a andar el nuevo Código Fiscal. Ha venido diciendo algunas cosas que nos fortalecen en nuestra postura, yo simplemente quiero citar algunas de ellas. Habla de la vocacio legis, quizá habrá que ver a la academia esa que hay ahora para la defensa de nuestro lenguaje.

Yo en ese caso quisiera simplemente advertir que efectivamente hay ese espacio entre la promulgación de la Ley y la entrada en vigor de la misma. Y qué bueno que los legisladores anteriores tomaron en cuenta un lapso de nueve meses; si en ese tiempo nace un niño, por qué no va a nacer también la forma de que una ley funcione.

Yo les quería recordar, que yo no quise hacer uso de alguna otra expresión que pudiera ofender al Ejecutivo, como poderle llamar negligente. Si en nueve meses no pudo instrumentar todo un programa para dar a conocer al público y a sus propios funcionarios qué cosas eran las nuevas adecuaciones fiscales o la nueva forma de proceder en la cuestión fiscal, creo que podrían haberse llevado a cabo cursos como los hacen permanentemente, o como aquella famosa visita ciudadana que machacaba todos los días en la televisión, o como se viene haciendo a cada instante para lo que le interesa al Ejecutivo, y tal parece que aquí no le interesaba que el nuevo Código Fiscal entrara en vigor; porque además también no puede alejarse que el destinatario de la norma, que son los pequeños o medianos o grandes comerciantes o aquellas gentes a las que se llega supuestamente a afectar o beneficiar, no pudieron haberse enterado, en nueve meses, a perfección de éstos, puesto que están organizados en cámaras nacionales, de comercio grande, pequeño

o mediano, también esto se pudo haber realizado. Entonces creo que no quisimos ir al extremo de llamarlos negligentes.

Por lo que se refiere a quien represente a la comisión por ese equilibrio entre contribuyentes del sistema tributario, pues eso es innegable, nada más que nosotros, los de la izquierda, hemos dicho que ese equilibrio no beneficia a las clases populares, ese equilibrio se busca entre el sistema tributario, y precisamente las clases pudientes. Por eso ahora quieren que ese equilibrio no se rompa para poderle dar su lugar de maniobra, espacio de maniobra, a esas gentes que ahora se ven ante otra realidad y que aquí sí se confronta, señor licenciado, se está confrontando, no como pleito, sino simplemente de qué cosa era la ley que estaba y cómo se está dando la realidad ahora; eso es confrontar, no pelear, entonces ahora posiblemente, para no romper ese equilibrio que tan bien han guardado, le dan un espacio de maniobra mayor al Ejecutivo para que éste pueda tener transacciones, esa es nuestra opinión; pero respecto a ese estado de equilibrio tampoco estamos por que se rompa, estamos por que se rompa en cuanto a los contribuyentes que son esas gentes que hasta ahorita han sido beneficiadas por la orientación de la política fiscal del gobierno mexicano.

Por lo que ve a esa disyuntiva que usted ponía entre el riesgo de perder más o perder menos con este tipo de apresuramientos que dice usted, en primer lugar no es ningún apresuramiento, eso estaba previsto por la Legislatura anterior, el apresuramiento es por modificarlo, pero qué podría hacer más el Presidente de la República; aquí reconoció que había cometido un error, y que había, si ustedes quieren, retardado un poco la medida de la nacionalización de la banca, y que había propiciado con eso un gran saqueo.

¿Qué no se está propiciando lo mismo con el diferimiento de esto? Al no haber sanciones, no se están dando cada caso en los periódicos que estamos viendo diariamente de que a Fulano lo agarraron con cinco millones, y que le pidieron disculpas por haberlo detenido, no había sanción, le entregaron sus cinco millones, y le dijeron que como no había nada, nada más se portara bien y se fuera con sus millones; eso lo vemos todos los días. Y estamos viendo, por ejemplo, que la Ley Aduanera se ve en la imposibilidad de actuar en el sentido que se le exige, por que en el Código Fiscal que existe no hay sanciones en ese sentido, la Ley Aduanera no las tiene; ni tampoco antes había el control de cambios, que ahora sí está establecido, que existen ciertas sanciones en el Código Fiscal que pueden aplicarse de inmediato. ¿Qué podría perderse más? Esperarnos para abrir y nos sigan saqueando, como dijo el Presidente de la República, que no permitirán más saqueo, o de una vez, pecando de apresurados, poner el tapón que ya se necesita, aunque se enojen aquellos con los que se busca el equilibrio fiscal.

Ahora, yo en lo particular, el PSUM tiene la preocupación por las visitas domiciliarias, la preocupación debe de ser de otros, aquellos que tienen miedo que efectivamente las cosas y la orientación en el Estado mexicano cambien y la política fiscal ya no les sea tan favorable, y verdaderamente se puede ir a hacer indagaciones directas en libros o en empresas, sin que se tenga el prurito ese de que hay que respetar el domicilio social; la preocupación es de otra gente, señor licenciado, y por lo que ve a que al municipio no le va a ir mal ni le va a ir bien con el hecho de que no se le entreguen las cantidades determinadas por medio del Código Fiscal, sino por convenios, pues simplemente que irá a aclarar que no es lo mismo un convenio, que no es obligatorio, claro, está previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, a una norma ya establecida en un ordenamiento ya determinado; los convenios pueden celebrarse o no, eso ya todos lo sabemos, no es obligatorio; como una cosa general, claro, que es muy bueno que se haga para buscar la adecuación fiscal en forma general. Pero nosotros buscamos que aquí se establezca ya como norma y no que quede al criterio de los gobernadores de poder establecer ese documento o no, porque el municipio necesita ya de cosas básicas, fundamentales que estén estatuidas y no que queden al garete.

Simplemente quise hacer esas aclaraciones.

Muchas gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Jorge Treviño.

El C. Jorge A. Treviño Martínez: Señor Presidente; H. Asamblea:

Como la réplica fue muy breve la dúplica también lo va a ser. En esta ocasión voy a invertir el método de intervención; me referiré a las cosas concretas y luego a las cosas generales, empezando por lo último. Insisto en que sería ideal el que en una discusión federal, como es el Código Fiscal de la Federación, se incorporara una regla que regulara lo relativo a la participación de los municipios en el cobro de multas federales no fiscales.

Pero, yo insisto, sería ideal en términos de concepto; en la realidad no cambia la realidad. El municipio va a cobrar lo mismo que podría haber cobrado sin el código que con el código, porque los convenios tiran su existencia de la ley esa grande de coordinación fiscal, y además se elevan a rango de leyes locales, de los Congresos locales; no es el gobernador el que maneja los convenios, el gobernador inicia la tramitación del convenio, y para que opere se necesita elevar a rango de ley local, y esa es la realidad actual.

Quiero referirme en términos generales a que no es por un error, a que no es por negligencia el que el Código Fiscal se tenga que diferir. Es cierto, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que nueve meses son muchos meses como para meditar, pero cuando se trata de una circunstancia tan difícil fíjense ustedes de qué nueve meses estamos hablando, colóquense de febrero para acá: de qué nueve meses estamos hablando, qué difíciles meses, y aparte, cuando se trata de un cuerpo jurídico ejemplar en el

derecho mexicano y otros derechos como es el Código Fiscal de la Federación, que contiene preceptos sumamente importantes, la meditación debe hacerse con ponderación y con mucha serenidad el análisis.

Nosotros estamos por que no se rompa ese equilibrio que debe de dar, que ya de por sí está desequilibrado. Nosotros no nos oponemos a que existan visitas domiciliarias, pero comulgamos con aquellos que expresan sus legítimas dudas respecto a que si tal o cual precepto cumple con los requisitos. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo constitucional: la acción fiscal, como toda la acción en México, de acuerdo con nuestra carta política fundamental, que por fortuna tenemos y que nos da este cuadro de libertad para discutir, e incluso para confrontar ideas, sin pelearnos -yo nunca he pretendido pelearme-, la Constitución tiene un pivote esencial en materia de la actividad de la administración pública, que es el principio de legalidad. La acción del poder público, concretamente del Poder Ejecutivo, tiene, como dice algún autor por ahí, como motor la ley. Pero tiene también como límite la ley. En este caso habrá que volver a considerar en las reflexiones que han hecho, repito lo que ya dije, como hechos sociales, muchas organizaciones profesionales para ver si efectivamente se respeta el principio de legalidad superior. Habrá que verlo. Yo no sé, tendremos tiempo. En mi conclusión a la intervención anterior dije que este discernimiento servía para difundir más a fondo primero, para aclarar dudas después, y eventualmente y dado el caso, para corregir.

Nueve meses son muy pocos cuando se trata de un organismo, de un ordenamiento jurídico tan importante. No sé si convenga recordar el periodo en que el Código Civil para el Distrito Federal y de aplicación federal en toda la República, tuvo una lapso como éste, entre la fecha del establecimiento y la fecha de su puesta en vigor. El Código Civil es un instrumento muy importante y no porque tenga 3 mil 44 artículos o 3 mil y pico de artículos y éste tenga 200 o 300. El ordenamiento en sí es muy importante por la materia o por las materias que regula. Conviene recordar que ese Código Civil se expidió y se aprobó en un mes de agosto del año 1928, y así se conoce como el Código Civil de 1928. Pero entró en vigor el 1º de octubre de 1932. Es decir, mediaron cuatro años para que se analizara debidamente y se sopesara. Esos son mis comentarios respecto de los suyos. Muy amables.

El C. Salvador Castañeda O'Connor: Pido la palabra.

El C. Presidente: ¿Con qué objeto, señor diputado?

El C. Salvador Castañeda: Para hechos.

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Salvador Castañeda O'Connor para hechos.

El C. Salvador Castañeda O'Connor: Señor Presidente; señores diputados:

No creo que sea necesario entrar en este juego de la Caperucita Roja con el Ejecutivo, que siempre termina en : "para conocerte mejor". Yo pienso que aquí, la cuestión importante, más importante es el tema que se debate, en relación con el Código Fiscal. Ya no nos interesa tanto conocer las bondades o los defectos del Código Fiscal, porque tal vez no entre en vigor nunca.

El problema es que son exageradas las facultades legislativas del Ejecutivo;

tiene la facultad de iniciar las leyes, tiene la facultad de vetarlas eventualmente, tiene la facultad de promulgarlas, tiene la facultad de reglamentarlas. Y nos manda el Ejecutivo una ley en un tiempo determinado, nos apresura a que la discutamos aquí en el Congreso. Se discute rápidamente y luego ahora tiene la facultad de posponer su aplicación durante tiempo indefinido.

Nosotros hemos saludado los decretos que nacionalizaron la banca y establecieron el control total de cambios, pero estas medidas deben combinarse por una posición democrática. No es buena para el pueblo la fórmula de la nacionalización de la banca más autoritarismo, es buena para el pueblo la fórmula de nacionalizar una banca y las nacionalizaciones en general más democracia. Y en el afán de mejorar la vida democrática del pueblo hace falta que el Congreso tenga un mayor peso en sus relaciones con el Poder Ejecutivo, porque aquí están representadas, aunque no en la proporción debida, las fuerzas fundamentales del país.

Y no se puede jugar con nosotros así. Aprobamos una ley rápidamente y luego se nos dice que esperemos para conocer mejor esa ley.

Yo creo que el método debe ser diverso, antes de que el Ejecutivo nos mande una ley, por qué no someterla a una discusión entre todos los interesados en el país, abrir una discusión a fondo entre el pueblo de México y hacer una discusión muy amplia en el Congreso. Y no después de aprobada y promulgada venir a decir que necesitamos un espacio más para aprobar las leyes.

Esa es mi objeción, por dignidad del Congreso, porque no podemos aquí estar aprobando todo lo que nos manda el Ejecutivo de manera rápida, sin reflexión.

Por dignidad del Congreso vamos a votar en contra de este dictamen.

El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Ricardo Cavazos, por la Comisión.

El C. Ricardo Cavazos Galván: Honorable señor Presidente; miembros de la Asamblea:

Creo que hemos venido comentando en relación a una iniciativa del Ejecutivo, y siento que hemos perdido un poco el rumbo en razón de algunos detalles y en razón también del tiempo que nos ocupa.

Si recordamos, a lo largo del presente régimen, nos hemos encontrado con que ha habido por parte de la administración pública federal,

por parte de todos los órganos que la componen, e interés de profundizar y reformar lo que ha venido siendo este país nuestro. Hemos encontrado un proceso y un esfuerzo en aras de una reforma política, reforma política en la cual hemos vivido, la cual nos consta y de la cual formamos parte. También ha quedado ya integrada e inscrita en la historia de este país.

Hemos estado también dedicando nuestro esfuerzo y nuestro tesón como mexicanos, como patriotas y como responsables en este país por una reforma administrativa, de la cual también hemos registrado y tenemos resultados positivos y de avance en lo material, en lo político y en lo social. Y también tenemos una reforma económica que se inició desde el principio de este régimen y que la hemos venido acrecentando y enriqueciendo a lo largo de cada una de las disposiciones que se han venido estableciendo y que muchas de ellas inclusive han sido materia de la discusión en esta honorable Cámara de Diputados.

En razón de ello y en esa perspectiva también, creo que esta disposición, el Código Fiscal, viene a formar parte de toda una secuela y de un esquema integral dentro de las disposiciones y del avance administrativo, económico y político que vamos nosotros cada día enriqueciendo y acrecentando. En esa circunstancia, creo que, y en esa perspectiva también, creo que las disposiciones que tenemos en este Código Fiscal revisten también un avance y son también positivas en cuanto a que actualizan y forman parte del nuevo acervo de disposiciones de tipo tributario. Tenemos también la experiencia cuando se integró la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley del Impuesto Valor Agregado, donde el Ejecutivo dio un plazo y un margen para efecto de llevar adelante la instrumentación de las mismas. Si ustedes recuerdan, dicha Ley del Impuesto al Valor Agregado inició su vigencia a nivel del impacto sobre los causantes, sin embargo, entró en vigor a partir del día 1º. de enero del año de 79, dando ese plazo de tiempo para efecto de ir instrumentando todas aquellas medidas que en un momento dado pudieran implicar el éxito de su viabilidad.

Por otra parte, implicaba el recibir y el establecer algunas modificaciones que en alguna manera pudieran significar siempre su mejoramiento, dado que cualquier disposición que eventualmente pudiera establecerse se consideraba, creo que todos estamos de acuerdo, susceptible de enriquecerse y de mejorarse.

En esa perspectiva, creo que lo que el día de hoy estamos aquí manejando, y creo que esta nueva iniciativa del Ejecutivo viene a plantearnos esa posibilidad, máxime cuando hemos recibido y cuando se han establecido criterios y puntos de vista muy respetables de diferentes órganos de jurisperitos y de personas que han revisado y que han establecido algunos criterios en relación a dicha disposición fiscal.

Creo que en esta circunstancia, y sobre la base de enriquecerla, de llevarla adelante sin que en forma alguna, eventualmente, puedan suscitarse cuestiones de controversia o de juicios contenciosos, significa esto que podamos, en un momento dado, revisarla, y se pueda inclusive ampliar ese espacio para diferentes fracciones parlamentarias, o para que también el mismo Ejecutivo, en un momento dado, establezca la posibilidad de adecuarla a las nuevas condiciones en las que se encuentra el país a partir del 1º de septiembre, como ya fue mencionado por los oradores que me antecedieron.

Creo, por todas las razones anteriores, y siento también sobre la base de ir progresivamente, paulatinamente, mejorando el acervo legislativo que tenemos en nuestro país que, señor Presidente, se someta a votación la iniciativa y el dictamen que fue presentado por la honorable Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se conozca el resultado de la votación. Muchas gracias.

(Aplausos.)

El C. Presidente: Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

- La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.

El C. Presidente: Para los efectos del Artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General y en virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general en lo particular del proyecto de Decreto en un solo acto.

- La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(VOTACIÓN.)

Señor Presidente, se emitieron 331 votos en pro, 28 en contra y una abstención.

El C Presidente: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por 331 votos.

- La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez: Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

REFLEXIONES SOBRE LA SINDICALIZACIÓN DE LA BANCA

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Antonio Gershenson.

El C. Antonio Gershenson: C Presidente de la H. Cámara de Diputados; CC. diputados:

La nacionalización de la banca, junto con las medidas de política económica que la han acompañado, representan el cambio más importante y positivo que hemos presenciado desde hace mucho tiempo. Es fundamental que esa medida se consolide y no sea minada por medidas que limiten los derechos de los trabajadores bancarios, aliados naturales de la nacionalización, ni proporcionen a los banqueros expropiados armas en contra de dicha medida de reivindicación nacional.

El pasado jueves 9 de septiembre, en el Salón Panamericano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, altos funcionarios de esa dependencia reunieron a los responsables de los departamentos de personal de los bancos, dieron indicación de organizar y registrar de inmediato sindicatos de cada banco. Para ello la oficina de asuntos laborales de la Comisión Nacional Bancaria distribuyó a cada funcionario formas de registro, actos de constitución y los estatutos del sindicato que en cada dependencia se formaría, como es éste. A ello siguieron apresuradas sesiones, el viernes 10, en las que directores o gerentes de personal de los bancos, junto con sus colaboradores más cercanos, llenaron los machotes; de modo que a partir del siguiente lunes empezaron a llover solicitudes de registro ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que selló las solicitudes. Ese tribunal es el correspondiente a sindicatos sujetos del apartado B.

A disposición de aquellos que hasta ayer perseguían a los trabajadores para impedir su sindicalización y hoy han sido milagrosamente convertidos en sus representantes sindicales, hay licencias, viáticos, dinero e instalaciones de los bancos, y para los verdaderos sindicalistas ha habido varios casos de actitud hostil que ha llegado a los despidos en bancos como Confía, Serfín y Mercantil de México.

En los numerosos casos en que existen para un mismo banco solicitudes de registro de dos sindicatos, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ha estado eludiendo en la práctica el recuento, y se ha limitado a verificar listas en forma tal que excluye a muchos trabajadores. Un recuento auténtico debe ser convocado abiertamente por la autoridad laboral que corresponda y llevarse a cabo mediante el voto universal directo y secreto de los trabajadores que no sean de confianza, sin presencia de los directivos de los bancos.

Esto se agrega al Decreto del 6 de septiembre, que confina a los trabajadores bancarios al apartado B del Artículo 123 constitucional, que restringe los derechos sindicales y laborales en comparación con el apartado A del propio artículo, y las propuestas de afianzar ese confinamiento por vía legal y constitucional, a lo cual nos referimos con la amplitud necesaria en el momento oportuno dado que en esta Cámara se discutirán.

En el caso de los bancos expropiados, los funcionarios bancarios que están a cargo de la organización de sindicatos bancos son los mismos que ya fungían en esos cargos cuando los bancos eran privados, fueron nombrados por los banqueros expropiados, son personas de su confianza y a ello responderán. No podemos dejar de ver que en la medida en que se restringen y atropellan los derechos de los trabajadores aliados de la nacionalización y se fabrica una estructura sindical espuria y controlada por personas de la confianza de los banqueros expropiados, éstos tendrán armas en contra de la banca nacionalizada.

Como necesaria afirmación de la medida nacionalizadora a que nos referimos demandamos que cese la intromisión de funcionarios de las instituciones bancarias en cuestiones sindicales; demandamos también el pleno respeto a los derechos sindicales y laborales de los trabajadores bancarios; demandamos que el C. Secretario del Trabajo y Previsión Social conceda de inmediato las entrevistas que desde la semana pasada le solicitan numerosos sindicatos bancarios para abrir cauces de negociación en el nivel adecuado. En la nacionalización de la banca, ni un paso atrás A los derechos de los trabajadores, ninguna restricción. Muchas gracias.

AUDIENCIAS PUBLICAS SOBRE REFORMAS CONSTITUCIONALES

El C. Presidente: Tiene la palabra para hechos el C. diputado José Viramontes Paredes.

El C. José Viramontes Paredes: Honorable Asamblea:

El día primero de septiembre en forma por demás sorpresiva, el señor Presidente de la República, al rendir su sexto informe de gobierno al Congreso de la Unión, anunció la publicación, ese mismo día, de dos decretos: uno que establecía el control de cambios total, que de hecho ya estaba funcionando desde unos días antes. Y otro que, en lenguaje del mismo primer mandatario, nacionalizó la banca privada.

Desde el anuncio de estos decretos, hasta la fecha, el Ejecutivo y grupos interesados han desplegado una actividad propagandística inusitada para convencer al pueblo de México no sólo de la bondad de la medida, sino de su eficacia para salvar a nuestro país de la grave crisis económica en la que se encuentra desde hace meses.

La propaganda oficial, siguiendo la afirmación presidencial, divide a los mexicanos con un criterio peligroso, en buenos y malos mexicanos. Según sea que apoye o no las medidas tomadas por el Presidente. Esta actitud, que en sí misma es disolvente de la unidad de los mexicanos, se agrava con manifestaciones prefabricadas de apoyo, con comentarios poco informativos e irresponsables, que impiden la elaboración de juicios serenos y patrióticos y que dificultan una polémica verdaderamente a fondo, tanto de la situación económica de México como de la validez y oportunidad de las medidas adoptadas

A esto podemos agregar que la opinión que juristas de capacidad reconocida y de probidad profesional por encima de dudas han externado públicamente su opinión contraria a la legalidad y constitucionalidad de los decretos del primero de septiembre. En este contexto de dudas y críticas, por un lado, y de un gran despliegue de publicidad, por el otro, que tienden más bien a aturdir y a ofuscar que a orientar y clarificar, hemos recibido en esta Cámara los proyectos de reformas constitucionales que vendrían a legitimar, a posteriori, los hechos consumados el día primero.

En efecto, hemos recibido ya el proyecto del Ejecutivo con el que se pretende reformar los artículos 28,73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Proyecto que ya ha sido turnado a las comisiones respectivas y que se refiere a al inclusión de la actividad bancaria entre los monopolios del Estado.

A la posibilidad de que el Congreso General legisle sobre el servicio de banca y crédito, así como para que fije el valor relativo de la moneda extranjera y para que la relación entre la banca y sus trabajadores quede incluida dentro del Apartado B del Artículo 123 constitucional.

En todos estos asuntos se ha notado una falta de planeación adecuada, un apresuramiento y una ligereza que corresponde al Congreso, y en especial a esta Cámara de Diputados, detener y centrar.

Para dar lugar a un verdadero y libre debate nacional sobre el tema, que sobrepase dogmatismos y supere actitudes puramente propagandistas, en bien de la seriedad del estudio que cambios tan profundos requieren; por otra parte, en los pasados comicios de julio fue notorio que los partidos políticos que propugnaban en sus programas la implantación de las medidas que se impusieron el día 1º. de septiembre tuvieron votaciones muy bajas que nos autorizan a pensar que el pueblo de México no está de acuerdo en general con ellas. Todo esto nos lleva a la necesidad de abrir un debate amplio en el que participen todos los sectores interesados del pueblo mexicano con libertad y respeto recíprocos, exponiendo los pros y los contras que nos den finalmente elementos claros de juicio para ejercer consciente y responsablemente la soberanía que se ha depositado en este cuerpo colegiado.

Por tanto proponemos a esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que primero se convoque a audiencias públicas para escuchar las opiniones de los grupos, instituciones o personas que lo soliciten, respecto a la iniciativa de Decreto enviada por el Ejecutivo a esta Cámara, proponiendo las modificaciones a los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, que se autorice a la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales para publicar de inmediato la convocatorio y para que en cuanto se reciban solicitudes para participar en las audiencias públicas se elabore un calendario para que se lleven a cabo. Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 28 de septiembre de 1982. En nombre de la diputación de Acción Nacional, su servidor, José Viramontes Paredes. (Aplausos.)

El C. Presidente: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

FIRMA DEL CONVENIO PRÓXIMO ENTRE MÉXICO Y EL FMI

El C. Presidente: Tiene la palabra para hechos el C. diputado Rolando Cordera.

El C. Rolando Cordera Campos: Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Quitamos un poco de su tiempo para reiterar ante algunos de ustedes, y plantear por primera vez ante la Cámara en pleno, una preocupación que externamos inicialmente durante las sesiones de Colegio Electoral, y que noticias publicadas hoy en la prensa y difundidas ayer con gran despliegue por esta especie de secretará oficiosa de información del gobierno federal en que se ha convertido Televisa, anoche, nos llevan a plantearlas una vez más.

Nos referimos a la noticia dada de diferente manera por la televisión privada ayer y por varios diarios capitalinos hoy, en el sentido de que está próxima, y es deseable, la firma de un convenio entre el gobierno mexicano y el Fondo Monetario Internacional, atribuidas al actual director del Banco de México.

Pasamos a un lado, porque no es el momento de discutir las reales o supuestas consideraciones que llevarían al gobierno mexicano a desear la firma de este convenio a la mayor brevedad. Allá cada quien con su teoría económica.

Nosotros, por ejemplo, pensamos que es un simplismo considerar que hubo una firma con el Fondo Monetario Internacional y le va a permitir al país aumentar sus exportaciones.

Es sabido por todos, por otro lado, que los préstamos a que México tendría derecho directamente con el FMI son ridículos en su magnitud, si tomamos en cuenta las exigencias que México tiene que cumplir en materia de endeudamiento externo y las exigencias a que México tiene que hacer frente si es que quiere crecer en su economía en los próximos años para mínimamente dar satisfacción a las demandas de empleo.

La firma con el FMI, en consecuencia, no nos va a traer por sí misma más divisas, que todos convenimos son el talón de Aquiles de la economía mexicana en el momento. Pero, repito, no es el momento de discutir esta cuestión y de exponer ante ustedes nuestras

consideraciones sobre la bondad o maldad de una firma de esta naturaleza y sobre las implicaciones que esto tendría para la economía nacional. Tenemos nuestras posiciones, son públicas y en su momento las reiteramos y, si podemos las desarrollaremos.

No queremos, por otro lado, convertir al FMI en un fetiche, sobre todo cuando se trata de una institución decadente y entonces lo que tendríamos en términos de la discusión pública sería un fetiche maloliente. En lo que queremos insistir es en que al mismo tiempo que nos negamos a convertir al FMI y a sus convenios en fetiches también nos negamos a que se nos imponga de nueva cuenta la amnesia como forma de política del Estado. Son célebres, por tristes, los convenios que el FMI acostumbra firmar con países con problemas financieros externos y es célebre también, por triste y dañosa, la tradición del FMI de firmar convenios reproducidos en mimeógrafo, que igual se aplican a Inglaterra que a Zambia o al Perú. Son conocidos en la opinión pública, sobre todo en la opinión pública especializada, que los resultados de estos convenios no han sido los buscados originalmente.

Está por supuesto a discusión si es culpo a del Fondo Monetario, del convenio o del país en cuestión; lo que no está a discusión en la frecuencia con que se repiten los desastres sociales y económicos cuando estos convenios tratan de aplicarse.

Nosotros llamamos la atención sobre esto porque, hasta la fecha, los convenios firmados con el Fondo Monetario Internacional, repito, en países tan disímbolos como la Gran Bretaña, los países africanos o el Perú, de cuya experiencia tenemos noticias más cercanas y frescas, han sido resultados malos para la situación social de las mayorías; resultados malos para las relaciones externas de los países en cuestión y resultados malos para las estructuras económicas internas.

Creo que sobre esto no hay ya discusión en nivel internacional, porque los hechos son contundentes. Nosotros creemos que, a partir simplemente de esta experiencia internacional, lo menos que podemos pedir, y nosotros reiterar, es que el convenio o las pláticas con el Fondo Monetario Internacional sean difundidas, sean informadas a la opinión pública mexicana de la manera más precisa, sistemática y continua posible; que de llegarse a firmar un convenio, éste esté precedido por la más amplia, seria y rigurosa discusión en los órganos respectivos del Estado, y desde luego en la opinión pública y, tercero, que esta Cámara de Diputados, como parte del órgano colegiado representativo más alto del Estado mexicano, tome cartas de inmediato en el asunto.

Nosotros lo dijimos durante el Colegio Electoral. Hoy lo reiteramos: de acuerdo con las leyes en la materia, hasta el momento el principal responsable institucional de las relaciones con los organismos internacionales, particularmente con el Fondo Monetario Internacional, es la Secretaría de Hacienda. Y nosotros volvemos a exigir y los invitamos a ustedes a que exijan, con nosotros, que la Secretaría de Hacienda y el conjunto del Ejecutivo informen de manera sistemática y precisa sobre estas conversaciones que podrían llevar al país a firmar un convenio desastroso. Muchas gracias.

QUEJA CONTRA LA COMISIÓN ELECTORAL DE COAHUILA

El C. Presidente: Tiene la palabra para hechos la C. diputada Graciela Gutiérrez de Barrios.

- La C. Graciela Gutiérrez de Barrios: Señor Presidente; miembros de la Gran Comisión; señoras y señores diputados de la LII Legislatura:

Vengo a denunciar el atropello que se pretende cometer contra los derechos ciudadanos del pueblo de Coahuila, consistentes en la cancelación de los nombramientos ya registrados por la Comisión Estatal Electoral de los representantes ante las casillas electorales, por el Partido Acción Nacional, en los municipios de Torreón, 42 representantes en San Pedro de las Colonias; 46 en Monclova, Coah., en Múzquiz, en Frontera, 40 en Acuña, en Piedras Negras, etcétera, con el doloso pretexto de que los nombres de dichos representantes no se encuentran inscritos en el padrón electoral.

Hago constar que todas estas personas a quienes se les está negando su presencia en las casillas electorales, en estas elecciones estatales a efectuarse el próximo domingo, tres de octubre, todas sin excepción ostentan sus nuevas credenciales de elector y han sido asignadas a sus respectivas secciones electorales.

Igualmente dejamos constancia de que en las pasada elecciones federales, por acuerdo del 17 de junio de 1982, de la Comisión Federal Electoral, y con el propósito de facilitar el voto, se permitió éste ante las siguientes circunstancias:

1º. Votar sin credencial cuando el nombre del elector aparecía en la lista nominal de electores.

2º. Votar aunque no apareciera su nombre en la citada lista, teniendo su correspondiente credencial de elector.

En todo caso, esta anomalía de ninguna manera podemos aceptarla en perjuicio de Acción Nacional y de la ciudadanía, puesto que corresponde a una deficiencia de la Delegación del Registro Federal de Electores en ese estado y que corresponde a la Comisión Estatal Electoral subsanar.

Por consiguiente, este absurdo pretexto que se arguye para manipular las próximas elecciones en el estado de Coahuila es un atropello más a los derechos ciudadanos, que la Comisión de Gestoría y Quejas de esta Cámara no debe pasar por alto.

Exigimos, pues, que esta Comisión tome cartas en el asunto, se dirija al señor gobernador del estado para que, con esa su calidad,

intervenga ante esa Comisión Estatal Electoral para pedir la corrección de esta grave irregularidad, que desdice mucho del régimen y de su más pregonado logro: la reforma política.

Muchas gracias. Hago entrega, señor Presidente, a la secretaría para su trámite.

El C. Presidente: Túrnese a la comisión de Información, Gestoría y Quejas.

- La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez de Rojas: Señor Presidente, la secretaría informa, se han agotado los asuntos en cartera.

El C. prosecretario Rafael Oceguera Ramos: Se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DÍA

- La C. secretaria Hilda Anderson Nevárez: "Primer Periodo Ordinario de Sesiones.

LII Legislatura.

Orden del Día

30 de septiembre de 1982.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Elección de Mesa Directiva

El Congreso del estado de Baja California invita a la sesión solemne en la que el C. gobernador constitucional del estado, Roberto de la Madrid Romandía, rendirá su quinto informe de Gobierno, y que tendrá lugar el próximo 1º. de octubre.

Invitación del Departamento del Distrito Federal al acto cívico que, para conmemorar el 72 aniversario de la promulgación del Plan de San Luis, tendrá lugar el próximo 5 de octubre.

Proposición de la Gran Comisión.

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de Decreto, para adicionar o reformar los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

- El C. Presidente (a las 13:45 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves, 30 de septiembre, a las diez horas.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES