Legislatura LII - Año I - Período Ordinario - Fecha 19821021 - Número de Diario 33
(L52A1P1oN033F19821021.xml)Núm. Diario:33ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CAMARA
DE DIPUTADOS
DEL CONGREGO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LII" LEGISLATURA
Registrada como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO I México, D. F., jueves 21 de octubre de 1982 TOMO I. NUM. 33
SUMARIO
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE APRUEBA
MINUTA DEL SENADO
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Proyecto de Decreto que adiciona esta Ley con un artículo Décimo Tercero Transitorio. Se turna a Comisión. A solicitud del C. Víctor Manuel Carreto se dictaminará este asunto en esta sesión
INICIATIVA DE DIPUTADOS
LEY DE AMPARO
El diputado Alberto Salgado Salgado, a nombre de la diputación del PST, presenta y da lectura a una Iniciativa tendiente a adicionar con un párrafo segundo la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. Se turna a Comisión.
Imprímase
INVITACIÓN
Al acto cívico conmemorativo del 168 aniversario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, el día 22 del actual en esta ciudad capital. Se designa Comisión.
COMUNICACIÓN
Del Congreso del estado de Hidalgo, participando actos inherente a sus funciones legislativas. De enterado
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY DE INSTITUTOS MÉDICOS
Iniciativa de Decreto que modifica diversos artículos de la Ley que crea los Institutos Nacionales de Cancerología, Oftalmología, Gastroenterología, y Urología, publicada el 30 de diciembre de 1950. Primera lectura
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Proyecto de Decreto que autoriza a los CC. Adriana Casillas Marín, Hilda de Hoyos Feliz y María P. Padilla Díaz, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos en México y, a la C. María A. Munguía Avilés, en el Consulado del citado país de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Primera lectura
DICTAMEN A DISCUSIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Proyecto de Decreto que permite a los CC. Bárbara Xóchitl A. Izquierdo Torres, Ma. de Lourdes Palacios Martínez, Maritza Terán Bustamante y Jorge Monroy Canchola, prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos en México, y a María L. Bernal Pacheco en el Consulado del citado país de la ciudad de Tijuana. Segunda lectura
A discusión en lo general. Habla en contra el diputado Alfredo Reyes Contreras y, a nombre de la diputación del PPS, presenta una proposición tendiente a que esta Cámara solicite de la Secretaría de Relaciones Exteriores se proporciones información relativa a prestaciones de servicio al Gobierno Norteamericano. Se turna a Comisiones. Sin discusión en lo particular, se aprueba por mayoría. Pasa al Ejecutivo.
ATROPELLO SINDICAL A MIEMBRO DEL PDM
Proposición presentada por la diputación del PDM por voz del diputado Raymundo León Ozuna, tendiente a que dictamine las reformas presentadas a la Ley Federal del Trabajo en la LI Legislatura, relativa a exclusión sindical por motivos políticos. Con anterioridad el diputado León Ozuna hace consideraciones acerca de un trabajador que
fue suspendido del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Nestlé. Se turna la propuesta a Comisión
DICTAMEN A DISCUSIÓN
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Proyecto de Decreto que adiciona esta Ley con un artículo Décimo Tercero Transitorio. Antes de Dársele lectura a este dictamen, el C. Medina Valdez, solicita sea devuelto a Comisiones para nuevo estudio. Primera lectura. A petición del C. José Pacheco Durán se le dispensa la segunda lectura 16 A discusión en lo general. Intervienen los CC., en pro Margarito Benítez Durán, Héctor Ramírez Cuéllar, Antonio Gershenson, Antonio Ortega Martínez y Joaquín del Olmo. Se aprueba por unanimidad con las fracciones no impugnadas
A debate en lo particular la fracción III, Intervienen los CC., para proponer nuevo texto Bernardo Bátiz Vázquez; en pro José Pacheco Durán. Se desecha la modificación. En contra Javier Blanco Sánchez; en pro Silverio Ricardo Alvarado. Se aprueba por unanimidad.
Pasa al Ejecutivo
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. ABELARDO CARRILLO ZAVALA
(Asistencia de 325 ciudadanos legisladores.)
APERTURA
-El C. Presidente (a las 10:45 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
-El C. secretario Everardo Gámiz Fernández:
"primer periodo ordinario de sesiones.
LII Legislatura.
Orden del Día.
21 de octubre de 1982.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Minuta
Con proyecto de Decreto que adiciona la Ley Federal del Trabajo con un artículo 13 transitorio.
Invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico, que con motivo del 168 aniversario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, tendrá lugar el próximo 22 de octubre.
Comunicación del Congreso del Estado de Hidalgo.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Salubridad y Asistencia con proyecto de Decreto por el que se modifican los Artículos 1o., 2o., 3o, 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 11 y 17 de la Ley que crea el Instituto Nacional de Cancerología, Oftalmología, Gastroenterología y Urología.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto por el que se concede permiso a las CC. Adriana Casillas Marín, Hilda de Hoyos Félix, María Petra Padilla Díaz y María Alejandra Munguía Avilés para prestar servicios en la Embajada y Consulado de los Estados Unidos de América en México.
Dictamen a discusión De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto por los que se concede permiso a los CC. Bárbara Xóchitl Alicia Izquierdo Torres, María de Lourdes Palacios Martínez, Maritza Terán Bustamante, Jorge Monroy Canchola y María Lourdes Bernal Pacheco, para prestar servicios en la Embajada y Consulado de los Estados Unidos de América en México,"
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
-El mismo C. secretario:
"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y dos.
Presidencia del C. Abelardo Carrillo Zavala en la ciudad de México, a las diez horas y treinta minutos del martes diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y dos, la Presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de trescientos treinta y cinco ciudadanos diputados.
Lectura del Orden del Día y del acta de la sesión anterior llevada a cabo el día catorce de los corrientes, misma que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
La Legislatura del estado de Michoacán suscribe atenta invitación a la sesión solemne que tendrá lugar el día 22 del actual, en la ciudad de Apatzingán, con motivo de conmemorar el 168 aniversario de la Promulgación de la constitución de 1814.
Para asistir a dicha sesión en representación de esta Cámara de Diputados, la Presidencia designa en Comisión a los CC. Francisco Xavier Ovando Hernández, Hermenegildo Anguiano Martínez, Cristóbal Arias Solís, Armando Ballinas Mayes, Javier Blanco Sánchez, Jorge Canedo Vargas, José Cervantes Acosta, Francisco Calderón Ortiz, Raúl Lemus García, Crescencio Morales Orozco, Ignacio Olvera Quintero, Eulalio Ramos Valladolid, Rubén Vargas Martínez, Ma. Antonia Vázquez Segura, Guillermo Villa Avila, Juan Villegas Torres, Sara Villalpando Núnez y Alfonso Méndez Ramírez.
Los Congresos de los Estados de Guerrero y Zacatecas comunican actos inherentes a sus funciones legislativas. De enterado.
El C. Víctor Alfonso Maldonado, en nombre de la diputación del Estado de San Luis Potosí, presenta y da lectura a una Iniciativa de Ley, que adiciona la fracción XXIX-D, del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Ecología y Medio Ambiente e imprímase.
La H. Cámara de Senadores remite una Minuta con proyecto de Decreto que concede permiso a las CC. Adriana Casillas Marín, Hilda de Hoyos Félix y María Petra Padilla Díaz, para que puedan prestar servicios como asistentes consulares, en la Embajada de los Estados Unidos de América, acreditada en México, y a la C. María Alejandra Munguía Avilés, para prestar servicios como empleada de visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dictamen con proyecto de Decreto emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que autoriza a los CC. Bárbara Xóchitl Alicia Izquierdo Torres, María de Lourdes Palacios Martínez, Maritza Terán Bustamante y Jorge Monroy Canchola, para que puedan prestar servicios como empleados, en la Embajada de los Estados Unidos de América, acreditada en nuestro país y a la C. María Lourdes Bernal Pacheco, para prestar servicios como secretaria, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Es de primera lectura.
El C. Crescencio Morales Orozco hace uso de la palabra, para rendir homenaje al General Lázaro Cárdenas, uno de los mexicanos más ilustres de los últimos tiempos, con motivo de conmemorarse el día de hoy, un año más de su desaparición física.
A continuación destaca las importantes obras realizadas, así como los beneficios extraordinarios que hizo en favor de los indígenas de México y el impulso que dio al desarrollo económico nacional durante su régimen, el General Cárdenas.
Por su parte, el C. Alberto González Domene, a nombre de la diputación del Partido Acción Nacional, expresa que con objeto de aprovechar el tiempo tan valioso, presenta y da lectura a la siguiente proposición:
"Que las votaciones nominales se efectúen mediante el uso de las instalaciones electrónicas de esta Cámara, a solicitud de cualquier Grupo Parlamentario.
Que las votaciones económicas se efectúen siempre en forma simultánea, mediante el uso del mismo sistema electrónico.
Que para el efecto de la votación electrónica, se asigne a cada diputado una curul fija. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias."
A su vez, el C. Víctor González Rodríguez aborda la tribuna para denunciar la arbitrariedad y la represión que han estado padeciendo los trabajadores de Acer-Mex y Carabela.
Hace una relación de dichas arbitrariedades que han sufrido los obreros desde hace más de 30 años por el consorcio del Grupo Alfa.
Menciona que de 1978 a 1982 han sido asesinados tres trabajadores y despedidos quinientos de ellos. Que la escalada represiva ha sido solapada por los asesores locales de la CTM, central a la que pertenece el sindicato de Acer-Mex. y Carabela, a pesar de que los obreros siempre han reiterado su militancia en las filas de esta central sindical.
Que de todo esto da testimonio, ya que fue trabajador y representante sindical en esa empresa.
Hace otras consideraciones sobre el particular y dice que el Grupo Parlamentario de Partido Socialista Unificado de México, se hace eco de la lucha de los trabajadores de Acer-Mex. y Carabela y exige que les sea respetado el derecho de existir como auténtico sindicato democrático. En cuanto al muy posible cierre de esa fuente de trabajo, también pide que las acciones que la Banca Serfín tenía en el mencionado consorcio, deben mantenerse bajo control del Estado y exige también, la total estatización de esta empresa.
Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Para hacer aclaraciones a los conceptos vertidos por el orador y manifestar que efectivamente ese sindicato laboraba sin problemas sindicales, hasta el momento en que fue adquirida la empresa por el Grupo Alfa, que siempre se ha distinguido por socavar la unidad sindical, y también para poner de manifiesto que no es posible ayudar a los trabajadores mencionados, porque desgraciadamente no están unidos y no se han disciplinado a su central, interviene el C. Alfonso Valdivia Ruvalcaba.
Para reiterar sus conceptos y su solidaridad ante los trabajadores de Acer-Mex, vuelve a la tribuna el C. Víctor González Rodríguez.
En seguida, para tratar el mismo tema y en virtud de haberse tocado a la CTM, a la Federación de Trabajadores del Distrito Federal y a dirigentes obreros con muchos años de vida sindical, aborda la tribuna el C. Joaquín del Olmo, quien expresa que este
problema debe discutirse entre los propios trabajadores y resolverse por los propios trabajadores; que deben ser ellos quienes tomen la decisión oportuna y necesaria y que no se traigan a esta Cámara de Diputados, problemas personales; problemas de índole que tratan de manchar nombres en lo particular, miembros del partido a que pertenezcan, cualquiera que fuese, pero que deben ser tratados directamente en las asambleas sindicales bajo el absoluto respeto a la democracia sindical.
El C. Sergio Quiroz Miranda hace uso de la palabra para señalar que después del 1o. de septiembre se han venido dando una serie de hechos graves, concatenados, integrados en un solo objetivo, y que es el de presionar por todos los medios al Gobierno de la República, a las fuerzas democráticas que actúan dentro y fuera del Poder Público, para que retroceda o dé marcha atrás en las medidas tomadas el mismo 1o. de septiembre.
Refiere que ese día el señor Gobernador del Estado de Baja California, Roberto de la Madrid, hizo declaraciones contrarias a los beneficios que pudieran tener para el país el establecimiento del control de cambios, y el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial del mismo Estado de Baja California, hizo también declaraciones agresivas contra el Presidente de la República.
También dice que el Presidente de la Cámara de Comercio de Tijuana, afirmó que los comerciantes iban a comprar y vender dólares por fuera de las reglas establecidas por el control de cambios.
Esas acciones han sido realizadas paralelamente a las reuniones que han tenido la Patronal de nuestro país en Puebla, en Ixtapa y la última en Torreón. En ellas pudiéramos resumir los argumentos: Se afirma que en México se están perdiendo las libertades, que estamos ya en un pleno estado socialista, que el verdadero autor de la nacionalización de la Banca no fue el señor Presidente de la República, sino un grupo de economistas de filiación comunista, y llegan a la conclusión de que el Gobierno debe dejar de invertir y entregar esa actividad a los particulares.
También exigen al Presidente electo señor licenciado Miguel de la Madrid, que se defina entre esta alternativa. Si va a impulsar la economía mixta o si él va a cambiar al socialismo.
Piden además la supresión de la lucha de clases. Los métodos y los medios para ejercer esta presión. van desde las declaraciones que ya se han mencionado, hasta la táctica empleada en este momento, de bajar la productividad en las empresas particulares, creando desempleo y todas las repercusiones que ello implica.
Hace reflexiones a este respecto y concluye con lo siguiente:
"La nacionalización de la Banca, el establecimiento del control de cambios, no deben ser objeto de concesiones. Lamentamos que en la zona fronteriza, el señor Secretario de Hacienda haya dictado medidas para establecer, precisamente, nuevamente la fuga de capitales.
La zona libre se va a convertir de esa manera en la banca privada, es decir, en el canal para la fuga de los dólares que está requiriendo el país en estos momentos. Cerrémosle el paso a la derecha, es el llamado que hace el Partido Popular Socialista."
La C. Ma. de Jesús Orta Mata expresa que el Partido Demócrata Mexicano ha sostenido y sostiene, que el derecho del pueblo de ser informado se explica y se fundamenta en el derecho a conocer la verdad. Por desgracia y en perjuicio de la salud de nuestro cuerpo social, los legisladores recibimos grandes cantidades de documentos relativos a temas determinados, pero no se nos informa.
Señala que nos falta información esencial sobre Petróleos Mexicanos. Así lo demuestra el hecho de que para culminar una investigación de poco más de tres años, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó formalmente, a fines de septiembre, a varios individuos y algunas empresas que demostraron lo que se denominó fraude en los contratos de compra venta celebrados con Pemex. Externa otros conceptos y dice que el pueblo y nosotros, tenemos el derecho a saber por qué Pemex en lugar de ser la palanca del desarrollo nacional, se ha convertido en el freno, a grado tal, que estamos prácticamente hipotecados. Por estas y otras razones, la Fracción Parlamentaria Demócrata, independientemente de la investigación que a fondo debe hacer la Procuraduría sobre el escandaloso fraude, pide de manera urgente y formal, que esta Cámara de Diputados a través de las Comisiones correspondientes, promueva una auditoría a Petróleos Mexicanos, en la que participe el Congreso. Túrnese a las Comisiones Unidas de Programación , Presupuesto y Cuenta Pública; de Patrimonio y Fomento Industrial y de Energéticos.
Por último, el C. Carlos Chavira Becerra usa de la tribuna para relatar la historia del pueblo tarahumara, que no ha sido tratado como debe tratarse, porque no se le ha redimido, a pesar del mucho dinero que se ha gastado en ello.
Señala que la realidad lacerante es la del hombre que vive en las cuevas lleno de enfermedades. El sesenta por ciento de los tarahumaras padecen tuberculosis.
Formula una serie de consideraciones sobre el particular y previa autorización de la Presidencia, la Secretaría de lectura a la siguiente denuncia suscrita por el propio C. Carlos Chavira Becerra.
"La Compañía Paraestatal Profortara", Productos Forestales Tarahumara, está destruyendo inmoderadamente los bosques de Chihuahua, violando así las disposiciones legales forestales. En interés de la conservación de la riqueza forestal, solicito se turne la presente denuncia a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos de esta Cámara, a efecto de que se investigue los hechos denunciados, y, en su caso, se pida el retiro de la concesión que goza la compañía denunciada, y así también se apliquen las sanciones a que se hayan
hecho acreedores los responsables de la tala desmedida en los bosques de Chihuahua. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Ecología y Medio Ambiente.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al Orden del Día de la sesión próxima.
A las doce horas y treinta minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves veintiuno del presente, a las diez horas.
Está a discusión el Acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
MINUTA DEL SENADO
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
-El C. secretario Oscar Cantón Zetina:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.- Presente.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con Minuta Proyecto de Decreto que adiciona la Ley Federal del Trabajo, con un artículo 13 transitorio.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F. a 20 de octubre de 1982.
'Año del general Vicente Guerrero'.
Senador Armando Trasviña Taylor, secretario; Senadora Silvia Hernández de Galindo, secretaria.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON UN
ARTÍCULO 13 TRANSITORIO
Artículo único. Se adiciona la Ley Federal del Trabajo con un Artículo 13
transitorio, en los términos que a continuación se precisan:
'Artículo 13. Se faculta a las Comisiones Regionales y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que establezcan el incremento de los salarios mínimos generales, del campo y profesionales vigentes.
Para efectuar la nivelación de los salarios mínimos a que se refiere el párrafo anterior, se observará el siguiente procedimiento:
I. Dentro de los tres días siguientes a la entrada en vigor de este decreto, las comisiones regionales de los Salarios Mínimos dictarán resolución estableciendo el incremento de los salarios mínimos.
II. Los presidentes de las comisiones regionales bajo su responsabilidad, comunicarán a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos las correspondientes resoluciones dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de haberse dictado.
III. El Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos convocará al Consejo de Representantes y someterá al mismo el dictamen pertinente para que dentro de los tres días siguientes a la recepción de las comunicaciones a la que se refiere la fracción anterior, dicten resolución confirmando o modificando las que hubieren dictado las comisiones regionales, debiendo fijar el incremento que debe aplicarse a los salarios mínimos vigentes, para que en forma obligatoria se modifiquen tomando en cuenta lo dispuesto en la resolución expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de fecha 19 de marzo de 1982.
IV. El Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos enviará al Diario Oficial de la Federación, para su publicación, la resolución del Consejo del Representantes que contenga los salarios mínimos que correspondan al aumento establecido.'
TRANSITORIO
Artículo único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados.- México, D. F., 20 de octubre de 1982.
Senador Renato Sales Gasque, presidente; senador Armando Trasviña Taylor, secretario; senadora Silvia Hernández de Galindo, secretaria."
-Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El C. Víctor Manuel Carreto: Señor Presidente, pido la palabra para hacer una proposición.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Víctor Manuel Carreto.
El C. Víctor Manuel Carreto: Señor Presidente; compañeros diputados. Con gran preocupación el sector obrero dio cuenta de que la mayor parte de los trabajadores que militan dentro del Congreso del Trabajo, fueron beneficiados por la disposición de la Secretaría del Trabajo del 19 de marzo y aparecida dentro del Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de este mismo año.
Con mucha preocupación nos dimos cuenta de que a un gran número de mexicanos fueron beneficiados con esta disposición y a partir de esa fecha se ha venido pugnando porque se resuelva este grave problema que incide particularmente sobre este núcleo importante de mexicanos, son los trabajadores asalariados de más escasos recursos.
Ahora, con la Iniciativa Presidencial presentada a la Cámara de Senadores, la saludamos con estusiasmo porque tiende a resolver de una manera rápida y eficaz este grave problema, originado porque algunos patrones, empresarios mexicanos, desprovistos de solidaridad y de apoyo para la nación y para sus propios trabajadores, se negaron sistemáticamente a apoyar económicamente con el
incremento recomendado por la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Ahora que esta Iniciativa conocida por la Cámara de senadores, Dictaminada por la misma en primera lectura, llega a este recinto, a nombre de la diputación obrera me permito con toda atención, proponer que con base en el artículo 21 de nuestro Reglamento, y la fracción sexta, se turnó de inmediato a Comisiones, para que en esta misma sesión y en este mismo acto, sea conocido el Dictamen y resuelto en la soberanía de esta Asamblea, con el apoyo de todos los diputados, por la importancia, por el momento político que estamos pasando y sobre todo para que ese importante núcleo de mexicanos que ocupa un lugar preponderante dentro del proceso productivo de la nación, alcance, aun cuando sea en forma tardía, esos beneficios. Muchas gracias.
(Aplausos).
El C. Presidente: Se ruega a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, formule su dictamen de inmediato y lo presente en esta misma sesión.
El C. Astolfo Vicencio Tovar: Señor Presidente, se necesita pasar a votación porque es una proposición.
El C. Presidente: Está pasado a Comisión, y nos estamos apoyando en las fracciones III, IV y VI del Artículo 21 del Reglamento, en relación con el 24 de la Ley Orgánica, fracción B).
INICIATIVA DE DIPUTADOS
LEY DE AMPARO
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Alberto Salgado.
El C. Alberto Salgado Salgado: Compañeros; señor Presidente.
En sesión el Ejecutivo Federal presentó a esta Asamblea Legislativa, un proyecto que adiciona el Artículo 124 de la Ley de Amparo en donde propone se otorgue la negativa de suspensión a decisiones u órdenes que provengan de militares.
Se ha turnado a Comisión, y oportunamente será objeto de discusión para determinar si se aprueba o se rechaza.
Considerando el Grupo Parlamentario Socialista de los Trabajadores que el Artículo 124 de la Ley de Amparo, en donde se establece en términos generales que la suspensión debe concederse como regla genérica porque tiene la particularidad de conservar la materia del amparo y hacer posible el fallo restitutorio en caso de que así proceda, permitiendo analizar la constitucionalidad del acto y estimando que debe hacerse extensiva esta protección al sector obrero y al sector campesino.
Si bien es cierto que la suspensión como medida paralizante del acto que se estima inconstitucional, para que la autoridad federal determine sobre su legalidad, es conveniente a efecto de evitar que se consuma el acto arbitrario en daño del patrimonio de las personas o de los grupos, advertimos que en esa fracción II del Artículo 124, se establece en términos generales sobre la procedencia en cuanto el agraviado solicite esa suspensión. Pero además la ley condiciona el otorgamiento de la suspensión, a que no se siga un perjuicio al interés social y se contravengan disposiciones de orden público.
Si bien es cierto que el Tribunal Supremo de este país, no ha establecido con claridad qué debe entenderse por interés social, y que en cada caso los juzgadores determinan con criterios no siempre uniformes sobre ese concepto.
Pero que en términos generales nosotros estimamos que ese interés social se circunscribe al hecho que la colectividad está interesada en que se cumplan las leyes, en que se eviten daños generales. En esas condiciones debe negarse la suspensión. Cuando de concederse se pueda continuar con el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios. Se puedan consumar delitos o sus efectos, se pueda impedir que se apliquen medidas contra plagas, etcétera.
En ese orden de ideas, el grupo parlamentario Socialista de los Trabajadores, considera que también debe otorgarse la negativa de la suspensión definitiva, cuando se trate de laudos que condenen a reinstalar al trabajador en su actividad usual.
¿Y por qué es de considerase esta iniciativa? , porque en la práctica advertimos que cuando un trabajador ejercita como acción principal la de reinstalación, y excepcionalmente se llega a conceder mediante un laudo, esa reinstalación, el empresario a través del juicio de garantías pude impedir que se lleve adelante la ejecución de ese laudo. Esto implica necesariamente un perjuicio para el trabajador, porque impide de manera inmediata que pueda reanudar sus actividades y obtener su percepción salarial, que le permita sobrevivencia. Y en este caso podemos estimar como de interés social la seguridad del trabajador a esa supervivencia, de ahí que se proponga la negativa de la suspensión para estos casos que será objeto de discusión, cuando la Comisión de Dictamen Legislativo emita la opinión correspondiente. Y también pensamos con justeza que esa negativa de la suspensión debe hacerse extensiva en resoluciones de carácter agrario, porque advertimos que en la práctica que contra las resoluciones de los ejecutivos locales o del ejecutivo federal que conceden, mediante dotación, restitución o ampliación de tierras aguas y bosques o tierras para la integración de nuevos centros de población, se impide la ejecución inmediata a través del juicio de garantías. Y estimamos que en este caso el interés social es evidente, porque deben prevalecer los
intereses mayoritarios a los intereses de grupos fortificados económicamente y que a través del recurso de amparo que, desde luego, es de alta estima en el medio jurídico ya que prevé al individuo contra actos arbitrarios. Sin embargo, estimamos, que al concederse la suspensión en estos casos, se está contraviniendo el interés social y desde luego el orden público.
Se harán las consideraciones más exhaustivamente cuando se discuta este dictamen. De momento pido a la Presidencia, con base en el Artículo 71, fracción II de la Constitución y 56 del Reglamento, que dé instrucciones a la Secretaría, para que tengan a bien firmar la copia del proyecto que presentamos y se le dé la lectura correspondiente y se pase a dictamen.
El C. Oscar Cantón Zetina: La Fracción Parlamentaria del PST con fundamento en el Artículo 71 de la Constitución me permito someter a esta Soberanía la adición que se precisa en este proyecto al Artículo 124 de Ley de Amparo, por las consideraciones que se motivan acto continuo:
1. Considerando que la medida suspensional como institución básica de juicio de amparo es fundamental para conservar la materia del mismo, y de consiguiente impedir que se consuman los actos de Autoridad contrarios a la Ley y que han motivado su impugnación a través del juicio de garantías, lo que da la seguridad de que habrá de analizarse en forma definitiva a través de la sentencia, la constitucionalidad del acto atacado.
2. De que dicha medida por tanto debe ser de aplicación genérica y sólo admitir casos de excepción, cuando el interés social así lo exija por la naturaleza misma de la señalada medida; y tomando en cuenta que en materia de Amparo Laboral no se hace distingo alguno en cuanto a la aplicación de tal medida, debe establecerse la excepción, en lo que atañe a la condena a reinstalar al trabajador en su actividad; como consecuencia del fallo condenatorio a tal efecto, que se contenga en el laudo respectivo; para que se permita al trabajador recuperar su capacidad económica ya que los salarios se consideran equiparablemente a alimentos, de ahí que la suspensión no debe abarcar en este caso más que el importante económico de la condena mas no en lo que concierne a la reinstalación, siguiendo la misma suerte en lo que se refiere al periodo de seis meses que es el que se considera como el usual para la substanciación de dicho juicio constitucional.
3. Ese mismo criterio debe prevalecer en materia agraria, en cuanto a que la suspensión no debe operar cuando se trate de mandamientos provisionales emanados de los ejecutivos locales, que condenan mediante resolución favorable la dotación, restitución o ampliación de bosques, tierras y aguas, debido a la naturaleza del mandato y su evidente función social que protege a grupos marginados económicamente y que de aceptarse este proyecto, propiciaría el que entrara en posesión inmediata de los bienes agrarios otorgados para su debido usufructo; entendiéndose la negativa suspensional también por lo que se refiere a los decretos del Ejecutivo que otorgan de manera definitiva tierras, aguas y bosques a los grupos campesinos, por las mismas razones.
Con base en estos antecedentes, se propone la adición al citado párrafo II de la fracción II del Artículo 124 de la Ley de Amparo, en estos términos: Artículo 124 : Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:
Fracción 1a.
Fracción 2a. Que no se siga perjuicio a interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
Se considerará entre otros casos que si se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión; se impida el cumplimiento del laudo que condenó a reinstalar al trabajador, en lo que a la reinstalación se refiere; igualmente se impida la ejecución de las resoluciones provisionales o definitivas que doten, restituyan o amplíen tierras, bosques, montes o aguas a los grupos agrarios.
México, D. F., a 19 de octubre de 1982.
Por la Fracción Parlamentaria del PST.
Diputados Rafael Aguilar T., Ricardo Govela A., Mariano López R., Ignacio Moreno G., Alberto Salgado S., Antonio Ortega M., Cándido Díaz C., Domingo Ezquivel P., Raúl López y Pablo Sánchez P."
-El C. Presidente Túrnese a la Comisión de Justicia e imprímase.
INVITACIÓN
-El C. secretario Everardo Gámiz Fernández:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Departamento del Distrito Federal.
México, D. F., a 11 de octubre de 1982.
'Año del general Vicente Guerrero.'
C. diputado profesor Oscar Ramírez Mijares, presidente de la H. Cámara de Diputados.
-Palacio Legislativo.
Presente.
El Departamento del Distrito Federal por conducto de esta Dirección General, atentamente invita a usted al acto cívico que tendrá lugar el día 22 del actual a las 10:30 horas, como motivo del CLXVIII Aniversario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, frente a la estatua que evoca la memoria del generalísimo don José María Morelos y Pavón, en la Plaza de la ciudadela de esta capital.
Al propio tiempo, me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones con objeto de que una comisión asista al acto de referencia y efectúe el depósito de una ofrenda floral, con la representación de esa H. Cámara de Diputados que usted preside.
Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Directora General, profesora María Andrade de del Rosal."
El C. Presidente: Para asistir a este acto en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Alejandro Posadas Espinosa, Paulino Aguilar Paniagua, María Luisa Calzada de Campos, Armando Corona Boza, Florentino Jaimes Hernández, Juan López Martínez, Ignacio Moreno Garduño y Sergio Ruiz Pérez.
COMUNICACIÓN
-El C. secretario Oscar Cantón Zetina:
"Pachuca, Hidalgo, octubre 1o. de 1982.
C. Presidente de la Cámara de Diputados.- México, D. F.
Para su conocimiento y efectos consiguientes, nos permitimos el honor de informar a usted(es) que, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 38 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo (Reformado por Decreto No. 33 de fecha 10 de febrero de 1982), y lo establecido en los Artículos números 19, 24 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con esta fecha, en Sesión Solemne celebrada en el Recinto Oficial de este propio H. Congreso, se verificó la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de su ejercicio constitucional, que concluye el 31 de diciembre del presente año.
Al permitirnos informar usted(es) que en dicha Sesión Solemne, se contó con la honrosa asistencia del C. arquitecto Guillermo Rossell de la Lama, gobernador constitucional del estado de Hidalgo, también nos es grato comunicarle(s) que, en Junta Preparatoria efectuada el día 29 de septiembre pasado, fue electa la Directiva respectiva, que fungirá durante el periodo mencionado, en la forma siguiente:
Presidente, C.P. Carlos A. Padilla Hernández (octubre); vicepresidente, profesor Alvaro López Ríos (octubre); secretario propietario, profesor Antonio Martínez Hernández; secretario propietario, licenciado Edmundo Paniagua Vargas; secretario suplente, C. Vicente Trejo Callejas y secretario suplente, profesor Armando A. Hernández Zamora.
Al tener el agrado de comunicar a usted(es) lo anterior aprovechamos la oportunidad de reiterarle(s) las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputado Secretario, profesor Antonino Martínez Hernández; diputado secretario licenciado Edmundo Paniagua Vargas."
- Trámite: De enterado.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY DE INSTITUTOS MÉDICOS
- El mismo C. secretario:
"Comisión de Salubridad y Asistencia.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salubridad y Asistencia fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de ley que el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado José López Portillo, envió a la H. Cámara de Diputados para su estudio y aprobación en su caso, iniciativa de ley, que modifica substancialmente la ley que crea los Institutos de Cancerología, Oftalmología, Gastroenterología y Urología, (publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre de 1950).
Los artículos que se modifican de la mencionada ley, son los artículos 1o., 2o., primer párrafo, 3o. primer párrafo, 4o., 5o., 6o., 7o. primer párrafo, 9o. primer párrafo, 11 y 17. Dentro de la exposición de motivos que hace el Ejecutivo Federal, para proponer esta modificación a la Ley que se menciona, señala que en el momento actual, la creación de los Institutos Nacionales de Oftalmología, Gastroenterología y Urología, ya no es necesaria para el país toda vez que sus acciones se encuentran debidamente atendidas y satisfechas por el sistema hospitalario del sector salud; y por otro lado, se hace necesario dar mayor atención a la enfermedad llamada cáncer y por lo tanto, propone que se incrementen suficientemente por el Gobierno Federal, los recursos con que actualmente cuenta el Instituto Nacional de Cancerología, a fin de ampliar y mejorar los servicios de prevención, detección, diagnóstico temprano y tratamiento del cáncer; así como también se incrementen sus actividades en renglones tan importantes como la experimentación e investigación clínica de esta enfermedad y sus actividades docentes.
Dicho proyecto turnado a esta Comisión, con fundamento en los artículos 54, 56, y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formula el presente dictamen con apoyo en los siguientes CONSIDERANDOS
Que después de haber realizado una auscultación entre especialistas de esta rama de la medicina y haber revisado datos estadísticos nacionales, considera que el cáncer es una enfermedad que claramente está en aumento.
Que es un verdadero problema de salud pública.
Que su diagnóstico es difícil y su tratamiento costoso.
Que es menester tener más y mejores instalaciones, así como suficientes camas para el tratamiento de esta enfermedad.
Que se requiere una formación cada vez mayor de especialistas en esta materia y una educación continua a todo el equipo de salud, respecto de los beneficios que acarrea para el
paciente un diagnóstico temprano pero sobre todo, una eficaz y eficiente prevención.
Que es menester que el país cuente con una información actualizada que pueda reflejar la magnitud del problema.
Que es necesario que el país disponga de protocolos de investigación y experimentación, sobre este grave problema de salud y su forma de incidir en la población autóctona.
Que habiendo hecho las investigaciones suficientes y adecuadas, las especialidades de oftalmología, Gastroenterología y Urología, son en la actualidad debida y suficientemente atendidas por las Unidades respectivas que tienen su sede en el Hospital General de la ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Que es de aceptarse la proposición que hace el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta la preocupación que debe tener el Estado por mejorar el bienestar físico, mental y social de la ciudadanía.
Se toma en cuenta también que esta proposición del Ejecutivo Federal, se adecua a la modernización que en los últimos tiempos se ha hecho de la Administración Pública Federal.
La Comisión dictaminadora estima conveniente modificar también el Artículo 8o. párrafo cuarto.
Por las razones expuestas los CC. diputados que suscriben, someten a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se modifican los artículos 1o., 2o., primer párrafo, 3o. primer párrafo, 4o., 5o., 6o., 7o. primer párrafo, 8o. cuarto párrafo, 9o. primer párrafo, 11 y 17 de la ley que crea el Instituto Nacional de Cancerología, Oftalmología, Gastroenterología y Urología.
Artículo 1o. Por medio de la presente ley se crea el Instituto Nacional de Cancerología., Artículo 2o. El Instituto tendrá por objeto: I. a IV.
Artículo 3o. El Instituto tendrá personalidad jurídica propia, para todos los efectos legales y contará con un patrimonio que se integrará con los siguientes bienes:
I. a VII
Artículo 4o. El subsidio del Gobierno Federal a que se refiere la fracción III del artículo anterior, será cubierto por trimestres adelantados y será por la suma necesaria para cubrir el presupuesto del instituto. Su monto será aprobado por la Secretaría de Salubridad y Asistencia en los dos primeros años de funcionamiento y no podrá ser, después, inferior a la cifra fijada para el segundo año de vida del instituto.
Artículo 5o. Los subsidios, aportaciones y donaciones a que se refieren las fracciones IV y V del Artículo 3o. estarán exentos de toda clase de impuestos y se entenderán siempre sujetos a condición resolutoria si el Instituto o el gobierno pretendieren destinarlos a fines distintos de los que persigue el propio instituto.
Artículo 6o. El Instituto estará facultado para cobrar derechos y cuotas por los servicios que preste a los enfermos económicamente capacitados, de acuerdo con la tarifa que apruebe su patronato, y el producto se destinará a cubrir los gastos de conservación y reparación, tanto de los edificios, como del equipo y mobiliario, o al mantenimiento si lo juzga pertinente.
Artículo 7o. El Instituto estará regido por un patronato constituido por seis miembros.
Unos de ellos será el Secretario de Salubridad y Asistencia o la persona que él designe como su representante, y tendrá el carácter de Presidente del patronato: otro será el Director del Instituto; y los cuatro restantes tendrán el carácter de vocales y serán designados entre personas de
relevantes cualidades, en la inteligencia de que no podrá ocupar el cargo de vocal ninguna persona que desempeñe algún puesto de elección popular.
Artículo 8o. Los patronos recibirán una remuneración mínima de $1,000.00 por cada junta que celebren; pero no podrán recibir por este concepto, una suma mayor de $4,000.00 al mes, cualquiera que sea el número de juntas celebradas.
Artículo 9o. El patronato del Instituto tendrá todas las facultades de dominio y administración necesarias para la realización de los fines del Instituto y, entre ellas, las siguientes:
I. a VII.
Artículo 11. El gobierno interior del instituto quedará a cargo de un director y un cuerpo consultivo técnico.
Artículo 17. La administración interna del Instituto, la vigilancia de su marcha y el manejo de las erogaciones en los términos aprobados por su patronato, estarán a cargo de un superintendente, subordinado jerárquicamente al patronato y al director, y con derecho a voz informativa ante el propio patronato.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 15 de octubre de 1982.
Los diputados miembros de la H. Comisión de Salubridad y Asistencia, Amador Izundegui Rullán, Carlos Machiavelo Martín del Campo; Arámburo Cristerna, Germinal; Cancino Casahonda, Enoch; De Regil Rodríguez, Mateo; Espinoza de Ugalde, Esperanza; Excelente Asuara, Elpidia; Gracia de Zamora, Alma Inés; García Serra, Griselda; Gámiz Fernández, Everardo; González Garza, Francisco; Herrera Servín, Juan; López Ramos, Mariano; Llarena de Guillén, Xóchitl E.; Muñuzuri y Arana de Garibo, Rosa M.; Ortuño Gurza, Teresa; Rojas Ayala, René; Rosas Gómez Luna, José; Ruiz Pérez, Sergio; Sáenz Garza, Miguel Angel ; Serdán Alvarez, María Isabel; Villalpando Núñez, Sara."
-Trámite: Primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
-La C. secretaria Ofelia Ramírez Sánchez:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 15 de octubre próximo pasado, la Cámara de Senadores remite expediente con Minuta Proyecto de Decreto, que concede permiso a los ciudadanos Adriana Casillas Marín, Hilda de Hoyos Félix, María Petra Padilla Díaz y María Alejandra Munguía Avilés, para que puedan prestar sus servicios en la Embajada y Consulado de los Estados Unidos de América, en
México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 19 de octubre del actual, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado B del Artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la C. Adriana Casillas Marín, para que pueda prestar sus servicios, como Asistente Consular, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la C. Hilda de Hoyos Félix, para que pueda prestar sus servicios, como Asistente Consular, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la C. María Petra Padilla Díaz, para que pueda prestar sus servicios, como Asistente Consular, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la C. María Alejandra Munguía Avilés, para que pueda prestar sus servicios, como Empleada de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 20 de octubre de 1982.
Presidente, Humberto Lugo Gil; secretario, Mario Vargas Saldaña; Rafael Aguilar Talamantes, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, Salvador Castañeda O'Connor, José Carreño Carlón, Arnaldo Córdova, Víctor Cervera Pacheco, Irma Cué de Duarte, Jorge Cruickshank García, Enrique Fernández Martínez, Sami David David, Víctor González Avelar, Francisco Galindo Muza, José Luis Lamadrid Sauza, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Luis René Martínez Souverville, Ernesto Luque Feregrino, Esteban Núñez Perea, Luis Martínez Fernández del Campo, David Orozco Romo, Héctor Hugo Olivares Ventura, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios Guillermo Pacheco Pulido, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Luis Dantón Rodríguez, Salvador Valencia Carmona."
-Trámite: Primera lectura.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
-El C. secretario Everardo Gámiz Fernández:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 6 de octubre próximo pasado, la Cámara de Senadores remite expediente con minuta proyecto de Decreto, que concede permiso a los CC. Bárbara Xóchitl Alicia Izquierdo Torres, María de Lourdes Palacios Martínez, Maritza Terán Bustamante, Jorge Monroy Canchola y María Lourdes Bernal Pacheco, para que puedan prestar servicios en la Embajada y Consulado de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 14 del actual, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del Artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la C. Bárbara Xóchitl Alicia Izquierdo Torres para que pueda prestar sus servicios, como operadora de teléfonos, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la C. María de Lourdes Palacios Martínez, para
que pueda prestar sus servicios, como secretaria en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la C. Maritza Terán Bustamante para que pueda prestar sus servicios como bibliotecaria, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso al C. Jorge Monroy Canchola para que pueda prestar sus servicios como bibliotecario en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo quinto. Se concede permiso a la C. María Lourdes Bernal Pacheco, para que pude prestar sus servicios como secretaria en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 15 de octubre de 1982.
Presidente, Humberto Lugo Gil, secretario, Mario Vargas Saldaña; Rafael Aguilar Talamantes, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Javier Bolaños Vázquez, Genero Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, Salvador Castañeda O'Connor (en contra), José Carreño Carlón, Arnaldo Córdova (en contra), Víctor Cervera Pacheco, Irma Cué de Duarte, Jorge Cruickshank García, Enrique Fernández Martínez, Sami David David (en contra), Víctor González Avelar, Francisco Galindo Muza, José Luis Lamadrid Sauza, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Luis René Martínez Souverville, Ernesto Luque Feregrino, Esteban Núñez Perea, Luis Martínez Fernández del Campo, David Orozco Romo, Héctor Hugo Olivares Ventura, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Guillermo Pacheco Pulido, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Luis Dantón Rodríguez, Salvador Valencia Carmona."
Es de segunda lectura.
El C. Presidente: Está a discusión el dictamen en lo general. Se abre el registro de oradores.
El C. Alfredo Reyes Contreras: Señor Presidente, pido la palabra en contra.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Alfredo Reyes Contreras en contra.
El C. Alfredo Reyes Contreras: Señor Presidente; honorable Asamblea: En el breve tiempo que lleva el primer periodo de sesiones de la LII Legislatura, este es el segundo dictamen concediendo permiso a varios ciudadanos mexicanos para prestar sus servicios en la Embajada Norteamericana y consulados de la misma nación.
El Partido Popular Socialista expresa su rechazo a este dictamen, como la ha hecho para otros en el mismo sentido en las legislaturas que nos procedieron.
La Actitud de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista se explica porque con frecuencia y de manera ligera se conceden permisos a nacionales o ciudadanos mexicanos para que presten sus servicios a un gobierno extranjero.
Ha sido particularmente frecuente la autorización que se concede para que nacionales mexicanos trabajen a favor del gobierno norteamericano dentro del territorio nacional.
La actitud del PPS no significa oposición sistemática a ese tipo de permisos pero es necesario que la Asamblea advierta que en estos momentos y frecuentemente se presentan presiones de parte del gobierno norteamericano sobre el mexicano, y es necesario advertir que frecuentemente esas presiones, concuerdan, coinciden con presiones que las fuerzas de derecha dan en el interior de nuestro país.
Hoy, en este momento, estamos viviendo una de esas campañas en las que coinciden los voceros del imperialismo norteamericano con los sectores de la derecha interna en nuestro país, con los sectores del clero, con los partidos representantes de la derecha en nuestro país. Nuestra actitud obedece, fundamentalmente, a una decisión que debemos mantener como mexicano para vigilar la conducta de quien nos ha agredido permanentemente. Es cierto que podemos confiar en nuestros nacionales, en los mexicanos que van a trabajar al servicio de otros gobiernos, y concretamente, en el caso que nos ocupa, del gobierno norteamericano, pero no podemos confiar, no podemos bajar la guardia ante las agresiones de que somos objeto permanentemente por el gobierno norteamericano.
En la práctica, el permiso que concede el Congreso de la Unión se traduce no en la protección de los intereses de la nación frente a la utilización de nacionales a favor de un gobierno extranjero en diversas actividades; lo que ocurre con el permiso en que se protege al ciudadano que decide prestar sus servicios oficiales a favor de otro gobierno, sólo para el efecto de no perder su carácter de ciudadano mexicano. Pero la decisión de una persona de prestar sus servicios oficiales en favor de otro gobierno significa su propósito de desprenderse no sólo de la ciudadanía, sino de la nacionalidad mexicana para aceptar la del país a que se sirve, y en este sentido hay que recordar los debates que se dieron en el interior del Congreso Constituyente de Querétaro. Es evidente que el permiso que concede el Congreso General de la Nación no modifica para nada la decisión del individuo dispuesto a servir a un gobierno que no sea el mexicano. También es evidente que en el caso que estamos examinando, no tiene vigencia la disposición contenida en la primera parte del Artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias para toda
clase de concesiones y para todos los empleos, cargos y comisiones del Gobierno se entiende que se trata del gobierno mexicano y no de otro gobierno. En lo que se refiere a la contratación de su personal, los gobiernos extranjeros no están obligados a observar el Artículo 32 de nuestra Constitución, pues ellos se rigen por sus propias leyes, ya que según el derecho internacional, la Embajada de otro país en nuestro territorio es una extensión de su territorio, lo mismo ocurre con nuestras embajadas en el exterior.
No podemos olvidar, y el pueblo mexicano no puede olvidar, mucho menos sus representantes, que vivimos junto a la potencia capitalista más agresiva de la historia de ese sistema; tenemos con la Unión Americana una extensa frontera que nos une geográficamente, pero que nos divide históricamente; esas diferencias perdurarán por el tiempo que en el mundo exista la división de Estados y Naciones como ahora la conocemos.
Estamos geográficamente junto a la potencia que ha hecho del espionaje una práctica permanente y que considera ese mecanismo abominable como condición esencial para su existencia; sus métodos de espionaje han llegado a tal refinamiento que muchas veces parecen increíbles; sin embargo, no puede prescindir de utilizar el servicio de personas que no sean nacionales o ciudadanos del vecino país del Norte para sus propósitos de espionaje. De este hecho hay muchos datos, pero tenemos legítimo derecho a suponer lo anterior partiendo de la experiencia que varios pueblos de la tierra, incluido el nuestro, han tenido en su trato con la potencia yanqui.
Por otra parte, si sobre el Congreso de la Unión recae la responsabilidad de otorgar el permiso para que ciudadanos mexicanos presten servicios oficiales a otro gobierno, y en el dictamen que está a discusión al servicio del gobierno norteamericano, elementalmente la legislatura federal debe saber cuántos ciudadanos mexicanos están trabajando para ese gobierno; cuáles son las condiciones en que esos mexicanos laboran y cuántos han dejado de hacerlo.
Por lo tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a solicitud de la Cámara de Diputados, debe informar a esta soberanía los datos que permitan verificar el tiempo y las condiciones en que ciudadanos y nacionales mexicanos trabajan oficialmente pare el gobierno norteamericano.
Por lo anterior, y por las razones que en otras ocasiones se han expuesto, la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista dará su voto en contra del dictamen a discusión, y al mismo tiempo se permite hacer la siguiente proposición.
"La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, le proporciones información sobre el Número, el tiempo y las condiciones en que nacionales mexicanos trabajan oficialmente en la Embajada y Consulados del gobierno norteamericano, dentro del territorio nacional.
Esta información se solicita con carácter urgente.
México, D. F., a 21 de octubre de 1982.
Por la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Alfredo Reyes Contreras."
El C. Presidente: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Relaciones Exteriores la propuesta.
Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El C. secretario Everardo Gámiz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Suficientemente discutido.
El C. Presidente: Para los efectos del Artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto en un solo acto.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: Se emitió la siguiente votación 12 votos en contra; 11 abstenciones, que dan un total de 23; y 302 votos a favor.
El C. Presidente: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
ATROPELLO SINDICAL A MIEMBRO DEL PDM
El C. Raymundo León: Pido la Palabra,
El C. Presidente: ¿Con qué objeto?
El C. Raymundo León: Para una proposición.
El C. Presidente: Para una proposición tiene la palabra el C. diputado Raymundo León Ozuna.
- El C. Raymundo León Ozuna: Ciudadano presidente; ciudadanos diputados; señoras y señores; niñas y jóvenes escolares que nos visitan este día, bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Vengo ante esta alta soberanía a denunciar los siguientes hechos que acontecieron en mi Estado, el Estado de Jalisco. Concretamente en la ciudad de Lagos de Moreno, Jal.
El día 1o. de octubre del presente año, el Sindicato Unico de Trabajadores de la Compañía Nestlé, Sección Segunda, afiliado a la CTM en Lagos de Moreno, Jal., giró un oficio al ciudadano, al obrero, al trabajador Miguel Alva Zermeño, donde se le notifica oficialmente que queda suspendido en sus labores de trabajo por el término de 90 días, por haber violado el artículo 56, inciso c) del estatuto sindical de dicho sindicato.
Ciudadano presidente, quisiera pedirle se ordene al ciudadano secretario que dé lectura al oficio a que hago referencia.
- El C. Presidente: Se autoriza.
- El C. Secretario Everardo Gámiz Fernández: "Sindicato Unico de Trabajadores de Compañía Nestlé de la República Mexicana, Comité Ejecutivo Local. Señor Miguel Alva Zermeño. Presente. En acuerdo conjunto del Consejo Local de Vigilancia y Justicia y los integrantes de la Secretaría de Acción Política en este Sindicato, han tomado a bien en suspenderlo de sus labores por 90 días, por violar nuestros estatutos en su artículo 56, inciso c). Dicha suspensión se llevará a efecto el día 2 de octubre del año en curso.
Atentamente. Por la Emancipación de México. Consejo de Vigilancia. Firmas: El Primer Vocal del Consejo de Vigilancia, Ismael Velázquez; el presidente del Consejo de Vigilancia, Eduardo Rojas; el Segundo Vocal del Consejo de Vigilancia, J. José Cervantes Hernández; de la Secretaría de Acción Política, Alfredo Gómez Camacho y Ramón Durán Roque."
- El C. Raymundo León Ozuna: Muchas gracias ciudadano presidente. Muchas gracias ciudadano secretario. Sucede que el obrero Miguel Alva Zermeño es también miembro de nuestro partido y candidato a Regidor Propietario por la planilla que presentamos en Lagos de Moreno, para las elecciones municipales.
Es éste pues el fondo del asunto que motivó a este sindicato para aplicar este anticonstitucional artículo 56 de sus estatutos sindicales, inciso c), o sea, que el ejercer sus derechos políticos, su libertad política, de pertenecer a un partido político, que es consecuente en su manera de pensar, se le castiga, mediante la suspensión de sus labores y además queda pendiente, porque así se lo han manifestado, aplicarle la cláusula de exclusión.
Quiero leer ese artículo 56, inciso c), al que me hago referencia, se dice: "La Secretaria de Acción Política del Sindicato y la Comisión de Vigilancia, no deberán permitir la afiliación de los socios de su Sección en partidos políticos, que no sean los indicados por la Confederación de Trabajadores de México y las Federaciones de Trabajadores a que pertenecen".
Pues bien, ciudadanos diputados, aquí se están aplicando estatutos sindicales que son instrumentos seudo legales para coartar la libertad política de los trabajadores de México lo que no nos explicamos en el Partido Demócrata Mexicano es cómo las autoridades del trabajo sancionan este tipo de estatutos sindicales que lesionan los más elementales derechos de los trabajadores, que lesionan sus garantías individuales consagradas en la Constitución General de la República y que sería ocioso aquí repetir el número de artículos que este estatuto anticonstitucional sindical está violando. Cabe también mencionar las incongruencias que se dan en el marco político de México. Por un lado se castiga con la suspensión de labores a nuestro candidato a regidor propietario, además miembro de ese sindicato, se le suspende, no podrá ser posible él llevar su sustento por 90 días a su familia por el hecho de ejercer libremente sus derechos políticos y por otro lado, en forma cínica e incongruente se premia al Secretario General de este Sindicato al C. Guadalupe Guzmán, como candidato a regidor propietario por el Partido Revolucionario Institucional; o sea, si se es de oposición, se le castiga y si es del partido oficial se le premia, ¿qué es esto, señores? la democracia de ficción que vivimos en México, es esto señores el país nuestro, el país de la ficción política. Estos hechos se presentan precisamente y paradógicamente en el sexenio en que se promovió la reforma política. Mientras con dicha reforma política los partidos políticos son elevados al rango constitucional se integran al diseño constitucional, por el otro lado cacicazgos sindicales, locales y prehistóricos castigan la pertenencia de quien milita en los partidos independientes como es el nuestro, el Partido Demócrata Mexicano.
Aquí cabe hacer la reflexión de que precisamente uno de los problemas fundamentales a que la reforma política se ha encontrado y que no ha sido posible que sea cabal y eficaz, ha sido que los trabajadores de México están sometidos a una verdadera esclavitud política, porque mientras que la cláusula de exclusión y la suspensión de labores se utilizan con fines de control y castigo político, y no con el fin que las originaron, que era el de precisamente proteger a los trabajadores de los malos patronos; que era el de proteger a los trabajadores de sindicatos esquiroles; que era precisamente proteger la lucha de los trabajadores y de sus libertades políticas. Pero es aquí que quienes detentan el sindicalismo oficial en México, utilizan la cláusula de exclusión y la suspensión de labores como horma política para coartar la libertad de los trabajadores de México y no permitirles que sean consecuentes con su ideal político.
Precisamente esta actitud anticonstitucional de los sindicatos oficiosos y oficiales, atentan
contra el artículo 5o. Constitucional, que prescribe en su párrafo 7o., que: ...el contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fija la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador. Y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.
Si no damos cabal cumplimiento a este precepto constitucional, la actual reforma política, el pluralismo que pretende vivir México en estos momentos, no tendrá eficacia porque la libertad política de los trabajadores será precisamente quien dará el dinamismo y la eficacia a esta reforma política.
Consecuente, la Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, de estar siempre en favor de las mejores causas de México y de los trabajadores, se presentó ante esta Cámara de Diputados, durante la LI Legislatura, un proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 371 y 395 de la Ley Federal de Trabajo que en su parte medular pide: "...que en ningún caso se podrá decretar la expulsión de los miembros de un sindicato por motivos de carácter político". Tanto la cláusula de exclusión de ingreso como de separación no podrán aplicarse en situaciones de carácter político.
Este proyecto de decreto que presentó nuestra fracción parlamentaria en la LI, tenía como objeto que se libere políticamente a los trabajadores de México y que, además, se reformaran estos artículos de la Ley Federal del Trabajo para que de esta forma no incidan los trbajadores en gastos fuera de su presupuesto familiar para pagar abogados, para pagar juicios laborales largos. De esta forma, si se dictamina en forma y con carácter de urgente este proyecto de decreto que presentó nuestra fracción parlamentaria pasada, estaremos precisamente dando un gran paso en favor de los trabajadores y en favor de la reforma política. Y precisamente solucionaríamos este problema de fondo porque no es únicamente el PDM el que hace uso de esta tribuna para denunciar estos hechos anticonstitucionales; son otros los partidos políticos que a su vez lo hacen y, además, de algunas otras denuncias que no son presentadas en la misma por lo que pedimos que se dictamine y se discuta nuestro proyecto a la brevedad posible.
Por lo tanto, la fracción parlamentaria demócrata, por mi conducto, propone: 1o. Se inste a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que dictamine a la mayor brevedad posible la iniciativa a la que se ha hecho referencia.
2º. Se turne la presente denuncia a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, para que se aboque al asunto concreto que estamos denunciando.
Acompañamos a esta proposición copia del proyecto de decreto para la Ley Federal del Trabajo y copia de oficio que se le envió al obrero Miguel Alva Zermeño. Muchas gracias.
(Aplausos.)
"1º. de octubre de 1982.
Señor Miguel Alva Zermeño. Presente.
En acuerdo conjunto del Consejo Local de Vigilancia y Justicia y los integrantes de la Secretaría de Acción Política de este Sindicato, han tomado a bien en suspenderlo de sus labores por 90 días por violar nuestros Estatutos en su artículo 56 Inciso (c), dicha suspensión se llevará a efecto el día 2 de octubre del año en curso.
Atentamente.
"Por la Emancipación de México."
Consejo de Vigilancia, 1er. vocal del Consejo de Vigilancia Ismael Velázquez C.; Presidente del Consejo de Vigilancia, Eduardo Rojas N.; 2o. Vocal del Consejo de Justicia J. José Cervantes Hernández. Secretearía de Acción Política, Alfredo Gómez Camacho, Ramón Guzmán Roque."
Partido Demócrata Mexicano.
"CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presente.
La Fracción Parlamentaria Demócrata, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Cámara, el presente proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 371 y 395 de la Ley Federal del Trabajo, en la forma y términos que se precisan más adelante y se sustentan en los siguientes
MOTIVOS
Ha sido fundamento toral de todo régimen de derecho, el garantizar el pleno ejercicio de la libertad humana. Nuestro desarrollo jurídico se ha manifestado a través de los años por los causes de esta aspiración perenne que aunque distante de lograrla en la práctica, representa un jalón en la conciencia que nos induce a elevarnos como nación libre en lo interno y en lo externo.
Lógicamente esto ha implicado que los principios jurídicos que nos inspiran vayan evolucionando en cuanto a su aplicación se refiere para adecuarse a las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales de nuestro pueblo.
Vivimos inmersos en una sociedad que día a día busca allegarse estructuras que la acerquen al ideal democrático de justicia, libertad y paz social. La Democracia debe buscarse afanosamente no como un fin en sí misma, sino como un instrumento idóneo que elevara al ser humano mexicano en dignidad. Esto tiene consecuencias muy importantes en el desenvolvimiento del pueblo y en la de las autoridades emanadas de él.
De esta preocupación porque se cumpla tal responsabilidad, nació el proceso de Reforma Política, que, aunque sea ocioso reiterarlo, es la última oportunidad para que la nación se enfile en línea directa, rumbo a la superación en todos los ordenes. Por ser este proceso una forma nunca estática, debe buscarse la perfección de
las instituciones y de las leyes. En la medida que esto se realice, estará la magnitud del avance que logremos.
Uno de los problemas a que la Reforma Política tiene que enfrentarse, se encuentra en la situación de verdadera esclavitud política a que se hayan sujetos los trabajadores afiliados a ciertos sindicatos, que han venido utilizando la cláusula de exclusión más que para fortalecer la institución sindical y permitir una mayor fuerza de las organizaciones de trabajadores frente a las empresas, para limitar la libertad política de los trabajadores, misma que por otra parte se encuentra garantizada por el propio artículo 5ºconstitucional que prescribe en su párrafo séptimo, que el Contrato de Trabajo solo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la Ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles."
Asimismo la Fracción III del Artículo 35 constitucional establece que son prerrogativas del ciudadano, "Asociarse para tratar los asuntos políticos del país:" derecho que está en concordancia con el Artículo 9o. de la propia Constitución que garantiza el derecho de asociación política.
Estamos conscientes de que la Cláusula de Exclusión sea de ingreso como por separación, representan una defensa de los trabajadores y una forma para evitar que las empresas, ocupando empleados no sindicalizados, puedan evitar que las organizaciones sindicales adquieran la fuerza necesaria para su desarrollo y se conviertan en meros organismos de agrupación sin el suficiente poder para exigir mejores prestaciones en favor de los trabajadores, pero es una verdad que en México la cláusula de exclusión se ha empleado más que para beneficiar a los trabajadores sindicalizados, para mantenerlos en verdadera esclavitud política, ya que son obligados a pertenecer al partido que en la actualidad detenta el poder y en casos de negativa, son expulsados del Sindicato, perdiendo, ipso facto, el trabajo en la empresa, y perdiendo también el medio de sustento para él, para su esposa y para sus hijos. El Partido Demócrata Mexicano tiene experiencia propia en este sentido y por ello lucha para que los trabajadores de México, recobren su libertad política, de manera que sus convicciones no incidan en la seguridad del trabajo.
Es necesario señalar que toda la historia de la cláusula de exclusión tanto de ingreso como por separación, refleja que el objetivo fundamental ha sido el de fortalecer a los propios gremios en la defensa de intereses profesionales, como se vio en el régimen corporativo, y como se observa también en los casos que se originaron en México con anterioridad a la Constitución de 1917, si se considera que la primera apareció en la especie de cláusula de exclusión de ingreso que se pactó en el Contrato Colectivo de Trabajo firmado en 1916 entre la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A., y su sindicato, como lo informó el señor Ortiz Petricioli, miembro de la Confederación Regional Obrera Mexicana el maestro Mario de la Cueva, y asimismo el antecedente relativo a la Convención Textil de marzo de 1927, previas las reuniones durante los años 1925 a 1927, de todo ello se desprende que el objetivo de la cláusula, es precisamente fortalecer las agrupaciones sindicales y no crear la esclavitud política de los sindicatos.
En múltiples ocasiones se ha discutido tanto en la doctrina como ante los tribunales, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión, pero de las ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se llega a la conclusión de que este alto tribunal ha considerado que tal cláusula es constitucional, si se reúnen determinados requisitos que la propia ley establece, tales como que la exclusión se vote por las dos terceras partes de los miembros del sindicato, y que los motivos y procedimientos de la expulsión del trabajador, estén previstos en sus respectivos estatutos.
Sin embargo, no se ha considerado que la materia de la exclusión puede limitar de alguna manera los derechos constitucionales de los trabajadores, como son los derechos políticos y uno de estos derechos políticos, el fundamental, es la libertad de tener una ideología política, luchar por ella y afiliarse al partido que la promueva.
La práctica en México ha sido la contraria; los sindicatos que de alguna u otra manera tienen una relación directa con el partido en el poder, presionan a los trabajadores para pertenecer al mismo aplicando la cláusula de exclusión a quienes rehusan afiliarse a dicho partido. Creemos que cualquiera que sea el partido en el poder, el hombre debe mantener su libertad. No es posible erradicar esta negativa práctica acudiendo a los tribunales en los casos concretos que se originen, porque los trabajadores mexicanos no están en condiciones de arriesgar el sustento de sus hijos mientras se ventilan los juicios respectivos. Esta práctica negativa sólo puede eliminarse, estableciendo con claridad en la propia Ley que la cláusula de exclusión no podrá aplicarse por motivos de carácter político.
La Constitución establece el derecho de asociación política y que el contrato de trabajo no podrá limitar los derechos políticos de los trabajadores, pero es preciso que, ya que la Suprema Corte ha considerado que en sí la Cláusula de Exclusión no es anticonstitucional, se establezca en la Ley que no deberá aplicarse a casos de carácter político.
Para ello se propone adicionar un inciso h) a la fracción VII del Artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo así como la reforma al Artículo 395 de la misma, para que se precise que en ningún caso se podrá decretar la expulsión de un miembro de cualquier sindicato ni se podrá aplicar la cláusula de exclusión por motivos de carácter político.
Por lo anterior, la Fracción Parlamentaria Demócrata propone a esta honorable Cámara el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforma la fracción VII del Artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, adicionándole un inciso h), así como el Artículo 395 de la misma Ley, al que se adiciona un tercer párrafo, para quedar como sigue.
Artículo 371.
Fracción VII.
Inciso h). En ningún caso se podrá decretar la expulsión por motivos de carácter político.
Artículo 395.
Tanto la cláusula de exclusión de Ingreso como por separación, no podrán aplicarse en situaciones de carácter político.
TRANSITORIOS
Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Democracia, Independencia y Revolución.
México, D.F., a 30 de octubre de 1979.
Licenciado Gumersindo Magaña Negrete, Presidente del Grupo Parlamentario Demócrata."
- El C. Presidente: Túrnese a la Comisión de Información Gestoría y Quejas.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
- El C. Presidente: La Comisión de Trabajo y Previsión Social, entregó a esta presidencia el dictamen relativo a la adición de un artículo 13 transitorio, a la Ley Federal del Trabajo.
Por lo tanto, proceda la Secretaría a darle lectura.
- El C. Gerardo Medina Valdez: Señor Presidente, pido la palabra.
- El C. Presidente: ¿Con qué objeto, señor diputado?
- El C. Gerardo Medina Valdez: Para objetar el procedimiento respecto al dictamen.
- El C. Presidente: Tiene la palabra.
- El C. Gerardo Medina Valdez: De muchas cosas, señor Presidente, señores diputados, vamos a sentirnos orgullosos de esta legislatura, y entre ellas hay que contar con que en 52 minutos la Comisión Dictaminadora, la Comisión de Trabajo de esta Cámara, despachó su dictamen, seguramente favorable, respecto al asunto que nos turno la Cámara de Senadores.
La situación del país, y esto no es descubrir nada nuevo, es sumamente delicada; expreso sin dobles intenciones mi admiración por los señores dictaminadores que deben haberse sumergido a lo largo de 52 largos minutos en todo lo que implica la Iniciativa que se va a poner a discusión.
¿Cuál es la situación desde el punto de vista socioeconómico del país? ¿Qué implicaciones va a tener el que se ponga en vigencia esta iniciativa? Tenemos, estimados por la Secretaría del Trabajo, 430,000 trabajadores cesantes como resultado de la crisis y se estima que esta cantidad de trabajadores cesantes solamente por efectos de la crisis, alcanzará entre uno y medio y dos millones de trabajadores para 1983.
Creemos los diputados de Acción Nacional, que este es un asunto que independientemente de su bondad inmediata, debería ser objeto de un examen mucho más profundo.
El pasado miércoles 13, los miembros de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, fuimos convocados precisamente para concretar nuestra posición respecto a la situación del país en el aspecto de salarios. El día 15, firmada por el presidente de nuestro partido, el licenciado Abel Vicencio Tovar, se hizo la declaración siguiente:
"En estos momentos de crisis que golpea a todos y en particular a los mexicanos de ingresos mínimos, el Partido Acción Nacional considera que sí se justifica un aumento de salarios, bien sea como una medida de emergencia o adelantando en dos meses la revisión anual de los salarios mínimos, con el objeto de cubrir, al menos tentativamente, el año de 1983. En cualquiera de estas dos opciones, los aumentos deberán conciliar este doble objetivo: por un lado ayudar a los trabajadores a recuperar su poder adquisitivo, por el otro, asegurar la estabilidad de las fuentes de empleo.
La Secretaría del Trabajo debe hacer hasta lo imposible para mantener vivo el diálogo entre empresarios y trabajadores; atizar en estas circunstancias enfrentamientos que llevaran a una huelga general, aparecería como el deliberado propósito de culminar una obra de desestabilización social para ocultar el estrepitoso fracaso del gobierno que se va.
En opinión de Acción Nacional, para decidir sobre los aumentos salariales, habrá de tomarse en cuenta que no merecen el mismo trato:
Primero. La gran empresa y la mediana y pequeña industria. Estas dos últimas representan el 15% de los puestos de trabajo.
Segundo. Las que pagaron los aumentos de emergencia de marzo, y las que no lo hicieron; las que a pesar de la crisis mantuvieron su planta de personal, y las que hicieron reajustes de personal o de jornadas de trabajo.
Los trabajadores de empresas e instituciones que tienen condiciones de privilegio en comparación con la generalidad de los
asalariados, en muestra de solidaridad deberían moderar sus exigencias de aumentos.
Acción Nacional tiene plena conciencia de que los aumentos salariales ayudarán; pero no resolverán el fondo de la crisis económica, que es de inflación con recesión. El peor problema al que una economía puede enfrentarse.
La única vía para superar la crisis, tendrá que ser la rectificación en serio, de los factores internos que la han provocado llevando al país a un empobrecimiento general y muy peligroso desde el punto de vista social. La planeación económica sobre falsas expectativas; los déficits presupuestales; la corrupción y la Administración Pública; la incontrolable producción, entre comillas, de circulante, la errónea canalización de los financiamientos y una equivocada política proteccionista, que ha conducido a la ineficacia y falta de competitividad. Si no corrige estos errores el próximo gobierno, tomando en consideración la opinión de todos los sectores de la población, por encima de partidos, la situación de este país se agravará aún más y las consecuencias serán funestas.
Volviendo al tema específico de la adición de un transitorio, el 13, a la Ley Federal del Trabajo, los diputados de Acción Nacional consideramos que este trámite que equivale prácticamente a la dispensa de trámite, aún estando dentro del Reglamento, es precipitado y pésimo augurio de lo que nos espera para diciembre, el mes en el cual legislar al vapor o sobre las rodillas, se ha vuelto desgraciadamente institucional.
Nosotros, los diputados de Acción Nacional, estamos por la justicia y no como abstracción, sino traducida en hechos. Y en materia de salarios, hemos defendido siempre el salario justo y suficiente, tomando como base no al trabajador sólo como individuo, sino a la familia como célula fundamental de la nación.
Por esa razón, objetamos el procedimiento de la dispensa prácticamente de trámite, a una iniciativa del Presidente, que puede estar fundada en la justicia, pero que viene a esta Cámara en una situación que ni de muy lejos es comparable a la de marzo, que viene a tratar de resolver un problema de justicia, tal vez a millones de trabajadores que no recibieron los aumentos salariales en marzo, porque no eran obligatorios, era obligatoria la recomendación o la resolución de la Secretaría del Trabajo y que a seis meses de distancia, siguen quedando en terrible desigualdad frente a los que sí la recibieron.
Con base en esto y considerando que de acuerdo con la ley desde agosto deben haberse iniciado los trabajos para la revisión de salarios mínimos, que deberán decidirse dentro de dos meses, solicitamos a ustedes, que ni siquiera se dé lectura al dictamen, vuelva a la Comisión, para analizar a fondo las repercusiones, independientemente de sus aspectos justicieros que seguramente contiene. Muchas gracias.
- El C. Presidente: Continúe la Secretaría dando lectura al dictamen.
- El C. secretario Oscar Cantón Zetina:
"Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Honorable Asamblea:
A la suscrita Comisión fue turnada por acuerdo de vuestra soberanía el expediente que contiene:
La minuta del proyecto de Decreto, en relación con la iniciativa presentada a la H. Cámara de Senadores por el C. Presidente de la República, que adiciona la Ley Federal del Trabajo con un Artículo 13 transitorio.
El Decreto propuesto en la iniciativa presidencial, señala un procedimiento transitorio, facultando a las comisiones regionales y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que fijen un incremento de los salarios mínimos generales, del campo y profesionales vigentes, que dé obligatoriedad a la recomendación formula por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en la Resolución de 19 de marzo de 1982.
En relación con la iniciativa presentada por el C. Presidente de la República, la Cámara de origen dictaminó y está en favor de esa facultad transitoria para modificar en este año, los salarios mínimos generales y sólo modificó el procedimiento, para ceñirlo a lo que señala la Ley Federal del Trabajo en cuanto a la intervención de las comisiones regionales y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
Dados los antecedentes expuestos, la Comisión que suscribe,por considerar que el dictamen aprobado por la Cámara de Senadores, se ajusta al espíritu y texto del Artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo en su parte relativa, se permite proponer a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO
que adiciona la Ley Federal del Trabajo, con un artículo 13 transitorio.
Artículo único. Se adiciona la Ley Federal del Trabajo con un artículo 13 transitorio, en los términos que a continuación se precisan:
"Artículo 13. Se faculta a las Comisiones Regionales y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que establezcan el incremento de los salarios mínimos generales, del campo y profesionales vigentes.
Para efectuar la nivelación de los salarios mínimos a que se refiere el párrafo anterior, se observará el siguiente procedimiento:
I. Dentro de los tres días siguientes a la entrada en vigor de este decreto, las comisiones regionales de los Salarios Mínimos dictarán resolución estableciendo el incremento de los salarios mínimos.
II. Los presidentes de las comisiones regionales bajo su responsabilidad, comunicarán a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos las correspondientes resoluciones dentro de las
24 horas siguientes a la fecha de haberse dictado.
III. El Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos convocará al Consejo de Representantes y someterá al mismo el dictamen pertinente para que dentro de los tres días siguientes a la recepción de las comunicaciones a las que se refiere la fracción anterior, dicten resolución confirmando o modificando las que hubieren dictado las comisiones regionales debiendo fijar el incremento que deba aplicarse a los salarios mínimos vigentes, para que en forma obligatoria se modifiquen tomando en cuenta lo dispuesto en la resolución expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de fecha 19 de marzo de 1982.
IV. El Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos enviará al Diario Oficial de la Federación, para su publicación, la resolución del Consejo de Representantes que contenga los salarios mínimos que correspondan al aumento establecido."
TRANSITORIO
Artículo único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.
Túrnese al Ejecutivo Federal para su debida promulgación y publicación.
Sala de Comisiones del Palacio Legislativo de la H. Cámara de Diputados.
México, D. F., a 21 de octubre de 1982.
Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Presidente, diputado Juan José Osorio Palacios; secretario, diputado licenciado José Fernández Alatorre; diputados Servio Tulio Acuña Zumalacarregui, Luis Aguilar Cerón, Silverio R. Alvarado, Jesús Ortiz Herrera, José Pacheco Durán, Ramiro Plascencia Loza, Luis Prieto González, Alfredo Reyes Contreras, Venustiano Reyes López, Faustino Ross Mazo, José Ruiz González, Daniel Angel Sánchez Pérez, Pablo Sánchez Puga, Mario Santos Gómez, Ramón Serrano García, Daniel Sierra Rivera, Hilda Luisa Valdemar Lima, Martiniano Valdez Escobedo, José Guadalupe Vega Macías, Gustavo Vicencio Acevedo, Florentina Villalobos, Dora Villegas Nájera, Juan Villegas Torres, Silverio R. Alvarado, Antonio Osorio de León, Juan Antonio García Guerrero, Lino García Gutiérrez, Rodolfo García Pérez, Lorenzo García Solís, Antonio Gershenson, Jesús Ibarra Rayas, Luis Mayen Ruiz, María del Carmen Mercado Chavéz, licenciado Miguel Angel Morado Garrido, Ignacio Olvera Quintero, Ramón Ordaz Almaraz, Manuel González Alvarez, Francisco Javier Alvarez de la Fuente, Homero Ayala Torres, Víctor Manuel Carreto, Abelardo Carrillo Zavala, Gerardo Cavazos Cortez, licenciado Armando Corona Boza, Oralia Coutiño Ruiz, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Netzahualcóyotl de la Vega García, Leopoldo Durán Rentería,Everardo Gámiz Fernández."
- Trámite: Primera lectura.
- El C. José Pacheco: Pido la palabra, señor Presidente, para hacer una proposición .
- El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado José Pacheco Durán.
- El C. José Pacheco Durán: Señor Presidente, señores diputados:
No cabe duda de que la crisis económica por la que atraviesa el país es motivo de preocupación de todos los partidos políticos aquí representados y de todos los sectores de nuestra sociedad. No cabe duda que para resolver esa crisis económica tiene que observarse un criterio de auténtica justicia social, dando a todos los que conformamos a este nuestro México al que todos queremos y por el que todos trabajamos, los medios suficientes para tener un nivel de vida digno, un nivel de vida apropiado, pensando en la necesidad de que la familia mexicana obtenga los satisfactores indispensables para elevar constantemente su nivel de vida, uno de los objetos indiscutibles de nuestra revolución social.
Sabemos que desde el mes de marzo de este año y como consecuencia de pláticas sostenidas por ambos factores de la producción, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dictó una resolución que para sorpresa de muchos, después fue desconocida por algunos empresarios que la calificaron de no obligatoria, que si bien no tenía una obligatoriedad legal, moralmente era obligatoria para todos los mexicanos y en forma especial para el factor de la producción que tiene los medios necesarios para ayudar a la satisfacción de las necesidades de los trabajadores, esto es al sector empresarial. Sin embargo, hay también empresarios conscientes que se manifestaron solidariamente con este llamado nacional, y no dudaron en dar los incrementos sugeridos, según la resolución de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. De eso ya han pasado muchos meses. Hay empresas que no son precisamente las que argumentan que pudieran tener un colapso económico por dar algo a sus trabajadores, que hasta la fecha se han negado a dar esos incrementos. Han aumentado de esta manera el sacrificio económico que la clase trabajadora, de manera nacionalista, ha aportado para ayudar a la superación de la crisis económica.
Después de esos meses, después de leer declaraciones de todos los partidos políticos en la prensa nacional, en la que manifiestan con toda claridad lo justo de incrementar los salarios, lo justo de darle al trabajador lo que le corresponde por el esfuerzo que aporta. ¿Después de esos meses quién puede ahora decir, con una conciencia tranquila, que no se justifica un incremento salarial para los trabajadores, que no lo recibieron de esos empresarios, que estuvieron faltos de solidaridad nacional?
Esta es la situación que se nos plantea con el decreto aprobado por la Cámara de origen y que ha dictaminado la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara.
Ese es el asunto que se nos plantea, y me pongo a pensar ¿quién puede dudar que no sea de urgente resolución? ¿Quién puede dudar que si no se resuelve el problema salarial de muchos trabajadores que quedaron por debajo de la inmensa mayoría, porque la mayoría obtuvo esos incrementos, no contribuye a una inestabilidad social que no van contribuyendo a un descontento creciente, que de no atenderse de manera justiciera, y de explotar, a todos nos perjudicaría?
No hay que pensar, señores diputados, que un incremento de esa naturaleza provocaría un cierre masivo de empresas, porque es un hecho de que la mayoría de las empresas han otorgado el incremento salarial sugerido en el mes de marzo.
Ahora, es imperante que ese incremento se dé también a los que no lo tienen, no lo recibieron para poner en igualdad de condiciones a la clase trabajadora que percibe el salario mínimo y también, por qué no decirlo, para poner hasta donde es posible en igualdad de competencia a muchas empresas que, no pagando esos incrementos y que al no pagarlos por lo general son las que acostumbran violar la Ley Federal del Trabajo y no pagan muchas prestaciones, quedan en ventaja competitiva respecto a los que sí han cumplido con la ley y con respecto a los que han mostrado solidaridad nacional.
En consecuencia, consideramos que no podemos dudar de la urgente necesidad de resolver sobre este dictamen. La clase trabajadora del país lo reclama y nosotros, como representantes populares, apoyamos ese reclamo y, por lo tanto, pedimos a esta presidencia, pedimos a ustedes H. diputados que, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior de esta Cámara y del Congreso en general, se dé dispensa de segunda lectura a este dictamen y se pase a inmediata discusión. Muchas gracias. (Aplausos.)
- El C. Presidente: Como lo solicita el C. diputado José Pacheco Durán, consulte la Secretaría de la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.
- El C. secretario Oscar Cantón Zetina: Por instrucciones de la Presidencia, y como lo solicita el C. diputado José Pacheco Durán, con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, ponerse de pie... Dispensada la segunda lectura.
- El C. Presidente: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el Artículo Unico del proyecto de Decreto.
Se abre el registro de oradores...
- El C. Presidente: Se han inscrito en contra, el ciudadano diputado Bernardo Bátiz para la fracción III, en lo particular; el ciudadano diputado Javier Blanco Sánchez para la misma fracción. En pro, los ciudadanos diputados Héctor Ramírez Cuéllar; Antonio Gershenson; Joaquín del Olmo y, por las comisiones, el ciudadano diputado José de Jesús Hernández Alatorre y el diputado Prieto; en pro también el diputado Margarito Benítez Durán y el diputado Antonio Ortega.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Bernardo Bátiz.
- El C. Bernardo Bátiz: Señor Presidente, ¿se podría poner a votación en lo general, reservando la fracción III y la discutimos en lo particular?
- El C. Presidente: No habiendo quien haga uso de la palabra en contra, en lo general, se discute en un sólo acto en lo general y en lo particular el Artículo Tercero Transitorio, menos la fracción III que se ha reservado.
En consecuencia, tiene la palabra el ciudadano Margarito Benítez Durán.
- El C. Margarito Benítez Durán: Honorable Asamblea:
Los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, votaremos a favor del dictamen que establece un artículo 13 transitorio de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que con el mismo se repara en parte la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, y en especial de los marginados sin protección, los cuales aún no han alcanzado los beneficios del decreto administrativo de
marzo de este año.
Habiéndose confesado una inflación a septiembre, por parte del Banco de México, de un 62%, posiblemente mayor a la fecha, sin signos de haberse disminuido, estamos conscientes de que el Decreto y las recomendaciones que en el mismo contienen, no llegan a cubrir la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Por parte de lo anterior sostenemos que deben de buscarse otros mecanismos, entre ellos la contratación colectiva impulsada por un sindicalismo combativo y consciente, y medidas legislativas bien pensadas, sin dispensa de trámite para el efecto, para que los trabajadores no carguen en exclusiva con las actuales crisis.
En el problema debe contemplarse la situación de las pequeñas y medianas empresas, de la manera que de la justicia indiscutible en el caso no revierta en un desmantelamiento o un deterioro mayor del aparato productivo mexicano, ya de por sí dañado y en peligro.
La debida compensación al trabajo, en las actuales circunstancias, sólo puede efectuarse en la pequeña y mediana empresa una serie de desgravaciones y sacrificios fiscales, y de aportaciones al Seguro Social que oportunamente, y en forma de iniciativa de ley, la Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano propondrá ante esta Cámara.
Hacemos una vez más mención de que la inflación y la política económica en ella basada, es dramáticamente dañina para nuestro país, ha perjudicado lo mismo a empresas que a trabajadores, y a estos últimos los pone en el dilema trágico que cuando pidan lo que en justicia les corresponde, se vea en peligro su empleo o el de sus compañeros, señalamos lo anterior para que este Honorable Congreso en las próximas medidas legislativas, sean conscientes del fenómeno de la inflación y del estatismo que lo acompaña para que rechace las instituciones y medidas que llevan implícita esta plaga. Muchas gracias.
- El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
- EL C. Héctor Ramírez Cuéllar: Señor Presidente; compañeros diputados:
Hoy discutimos la adición de un artículo transitorio de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de hacer justicia a un sector importante de la clase trabajadora al cual por distintas causas, no se le habían pagado los incrementos salariales acordados por el Gobierno Federal, el pasado 19 de marzo. No se trata como aquí se ha pretendido hacer ver, de un nuevo aumento salarial; se trata, de que esos incrementos del mes de marzo, sean efectivos para la clase trabajadora en lo general.
Todos recordamos que en el mes de marzo se entablaron negociaciones obrero - patronales, con el objeto de lograr que se recuperara la capacidad adquisitiva de los obreros, perdida a raíz de la devaluación del mes de febrero. Esas negociaciones propiamente, no tenían el fin de elevar más allá de los límites posibles, justos y necesarios el poder de compra de los trabajadores. Es decir, sólo perseguían la recuperación del poder de compra perdido a raíz de la devaluación de sus efectos en la economía nacional.
Como todos sabemos, después de la devaluación de febrero, México entró a la vorágine de la escalada inflacionaria y no fue posible que se tomara ninguna medida por parte del Estado para frenar esta situación.
Hasta agosto de 1981 el gobierno había mantenido bajo ciertos parámetros de control el proceso inflacionario, pero después de agosto, hasta hoy, ese control de la inflación, se escapó de las manos del Estado y hoy llega, según los últimos datos del Banco de México, al 65%, pronosticando que para el mes de diciembre el índice general de precios al consumidor llegará, por lo menos al 95%.
Ya desde el mes de febrero, México estaba experimentando las tasas inflacionarias más altas de la historia moderna del país, ya teníamos niveles de precios sin precedentes en los últimos 40 años y ya se consideraba con toda razón, que el poder de compra de los obreros se había precipitado hacia la baja en forma acelerada.
Por eso se acordaron los porcentajes de aumento del 10, del 20 y del 30%.
Si bien es cierto que esos aumentos no se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, sí tuvieron todo el valor legal necesario porque en las negociaciones obrero - patronales fue el sector patronal el que invitó o el que propició la invitación para que fuera el Gobierno Federal el que determinara los porcentajes y así lo hizo en su oportunidad la Secretaría del Trabajo; sin embargo, a pesar del carácter legal de estos acuerdos, a pesar de haber sido aceptado por el sector patronal, nos encontramos con una actitud de resistencia, de oposición y de intransigencia a cumplir con esos aumentos de carácter salarial y durante los meses de marzo y parte de abril, México vivió un serio enfrentamiento de clases, un serio enfrentamiento obrero patronal, por medio del cual la clase obrera trataba de obligar a las empresas a que cumplieran con esos incrementos y como la propia Minuta del Senado lo dice "la mayoría de las empresas cumplieron" pero evidentemente no todas cumplieron. Por eso ahora se repara esta omisión y se obliga a los patrones a que paguen estos incrementos a los trabajadores que perciben salario mínimo que son la mayoría de la clase trabajadora.
Es necesario considerar que este problema se inscribe dentro de distintas concepciones que se tienen sobre la política de los salarios; aquí se ha sustentado una concepción, la que afirma que aumentar los salarios de los trabajadores equivale a incentivar la inflación porque de esa manera aumenta el circulante monetario y de esa manera se plantea una oposición a los incrementos salariales. Nosotros consideramos que el gasto por concepto de salarios que se paga en las empresas es tan sólo una parte minoritaria de las inversiones de los industriales y de los comerciantes; que en realidad los aumentos salariales no tienen por qué repercutir en los aumentos de precios, tomando en cuenta que realmente no representan un gran porcentaje de la inversión total de la industria correspondiente.
Pero, al mismo tiempo, consideramos que si no hay aumentos salariales, si no se restituye el poder de compra de los trabajadores, será imposible mantener el crecimiento del mercado nacional; será imposible que los trabajadores tengan la posibilidad de comprar bienes y servicios. Y de esa manera repercutirá negativamente en el sistema productivo nacional. Pero además eso frena el desarrollo de las fuerzas productivas en nuestro país.
No se trata de aceptar los incrementos salariales sólo en virtud de una posición política, en virtud de una posición sentimental, si no se trata de que la política salarial vaya conjuntamente armonizada con otras políticas, porque, sucede en nuestro país, que cuando los trabajadores plantean aumentos salariales, entran a una fuerte lucha obrero patronal, que llega incluso a amenazar con el estallido de la huelga general. Pero cuando se trata de aumentar los precios de las mercancías, sólo hay una oficina del sector público que aprueba
esos incrementos, oficina en la cual no tienen ninguna participación los sindicatos de nuestro país.
En pocas palabras, hay una actitud rígida, a veces inflexible, prolongada, cuando se trata de los aumentos salariales; pero por el lado de las empresas, por el lado de las utilidades, hay la actitud opuesta, la flexibilidad, la tolerancia, la complacencia y el impulso a las utilidades de las empresas.
Así llegamos a la siguiente consideración de carácter general:
Mientras en el sexenio que está por concluir, el poder de compra del salario se ha perdido en un 256%, las utilidades de las empresas registradas en la bolsa de valores se han incrementado anualmente en un 46%. Esto nos indica claramente que hay una política económica deliberada para favorecer al capital y para perjudicar a los obreros, sobre todo a los que tienen un salario fijo. Esta es precisamente la política de austeridad contra la cual está el PPS.
Nosotros consideramos que no es posible, que no es legítimo, que no es justo que se exija a los trabajadores austeridad en materia salarial cuando ya en 1976 dieron una clara muestra de aceptar esa política de contención salarial impuesta por el FMI. Durante 3 años la clase trabajadora fue sacrificada en virtud de los acuerdos del FMI que aconsejaron lo que aquí se ha dicho:
moderación en los incrementos salariales. Esa moderación en los incrementos salariales significó una congelación de salarios o bien una disminución ridícula de éstos, si los comparamos con el aumento de los precios de las mercancías y de los servicios.
Por eso ningún partido político puede venir a esta tribuna y de nuevo, en este momento, exigir moderación en los incrementos salariales, porque esta moderación los obreros de México la han sufrido ya en lo que va del presente sexenio. ¿A dónde conduciría la política de moderación salarial que la derecha y los monetaristas proclaman? Conduciría, una vez más, a que la clase trabajadora aportara una vez más su sacrificio para que, al igual que en 76, México se recuperara desde el punto de vista económico. Y es ahí donde se encuentra la más profunda diferencia del PPS en estas concepciones y con esta práctica.
Para nosotros esto que estamos aprobando hoy no es un nuevo aumento salarial - y eso debería quedar claro entre todos los miembros de la Cámara de Diputados - no estamos aprobando un nuevo incremento al margen de la lucha de la clase obrera, sino estamos fortaleciendo una victoria que ya obtuvieron en el mes de marzo. Desde luego que los aumentos salariales, en un país como México no resuelven el problema de la carestía de la vida, desde luego que una medida de este tipo no se enfrenta directamente al problema de la carestía de la vida, pero sí va a favor de solucionar esos grandes problemas.
Para nosotros es muy importante que la política de utilidades de las empresas y la política de salarios, vayan conjuntamente, de tal manera que en la medida en que se exija restricción al salario por parte del gobierno, también se exija una política de restricción a las utilidades de las grandes empresas.
Es decir, una política armónica que finalmente, en un futuro próximo, haga cambiar de raíz la actual política económica de nuestra patria.
Desde hace tiempo persiste en el sector público, existe en el gobierno la creencia de que la base del desarrollo económico y de la recuperación del país, está en estimular las actividades de la empresa privada y de elevar el crecimiento de sus utilidades, y hemos pasado muchos años aplicando esta política de favorecimiento de las utilidades y de retracción de los salarios, y hemos llegado a tener, a merced a esta política, uno de los sistemas de distribución de la riqueza más injusto del mundo, incluso de los países con menor desarrollo que México.
Por eso consideramos que la política salarial, si bien es cierto es limitada en un país capitalista, por lo menos contribuye a hacer recuperar el poder de compra perdido por la clase trabajadora.
Por eso vemos con satisfacción cómo cada día más estas reformas se acercan a la proposición del Partido Popular Socialista, de establecer la escala móvil de salarios, mecanismo automático que permita ir controlando y frenando la carestía de la vida, que permita, en la medida en que aumentan los precios, otorgar el consiguiente aumento salarial.
Ya en este sentido ha habido un avance considerable, ya hay un grupo importante de dirigentes obreros que son partidarios de la implantación de la escala móvil de salarios y por ello, nosotros insistiremos en esta Cámara, en que pronto se implante este mecanismo que hoy por hoy, si bien es cierto no es el mecanismo perfecto, sí sería el más idóneo para salir de los problemas que actualmente confrontamos.
Nosotros consideramos que la austeridad debe existir en México, es cierto, pero ¿cómo es posible que se exija austeridad a los obreros y a los campesinos? ¿Cómo es posible que al sector más golpeado por la crisis económica se le exija de nuevo un aporte en su sacrificio?
Consideramos que es una demanda totalmente injustificada, venga del gobierno o venga de la derecha. La austeridad sí debe existir en México, pero la austeridad en el gasto improductivo, la austeridad en el gasto suntuario, en la adquisición de artículos de lujo, en los gastos que se dan a funcionarios por concepto de viajes, de representación y de otros, es decir todo lo que signifique gasto improductivo; eso sí debe someterse a las limitaciones convenientes y a la austeridad necesaria, pero los salarios no deben ser objeto de ningún tipo de restricción, porque no debemos olvidar que el salario es una mercancía, como es cualquier otra, y el precio del salario debe estar sujeto, como el de cualquier otra mercancía, al movimiento del mercado
nacional, de tal manera que así como aumentan los precios de los productos, así aumenten el precio del otro producto que se llama el trabajo humano.
Por estas razones, nosotros consideramos que es de elemental justicia aprobar este transitorio de la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias.
- El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Antonio Gershenson.
- El C. Miguel Gómez Guerrero: Señor Presidente, yo le solicito que nos apeguemos al artículo 122 del Reglamento, que cuando dice que sólo se pidiese la palabra en pro, podrán hablar hasta dos miembros de la Cámara. Creo yo que ya han hecho uso de la palabra más de dos.
El C. Presidente: Se informó a la Asamblea con anterioridad los señores diputados que estaban inscritos, por lo tanto tiene la palabra el C. diputado que ya fue enlistado.
- El C. Antonio Gershenson: Ciudadano Presidente; ciudadanos diputados.
No es exacto que sean los aumentos de salario los causantes de la situación que vive la economía del país. Al contrario, primero hemos visto cómo se ha desarrollado y profundizado la crisis, y precisamente los aumentos de salario han respondido a la necesidad de contrarrestar algunos de los efectos de esta crisis.
Las empresas que han estado cerrando, lo han hecho en buena medida por ingredientes de tipo financiero, ingredientes que han sido en lo fundamental empezados a atacar con medidas como la nacionalización de la banca, la rebaja de las tasas de interés, el control de cambios. Con la situación anterior lo que estaba sucediendo es que los propios empresarios desviaban los recursos de las empresas hacia actividades especulativas y por lo tanto estaban descapitalizando las empresas. Aunque las medidas mencionadas no tienen ni pueden tener un efecto de un día para otro, ni tienen por qué ser las únicas, lo cierto es que contribuyen en forma muy importante a rectificar esa situación de desviación de recursos de la producción hacia la especulación.
Pero hay otro ingrediente que no podemos ignorar, de los cierres de fábricas y de empresas. Y ese ingrediente es la falta de mercados.
Un mercado que fuera del país no se va a encontrar en una situación en que los principales compradores están también en una situación recesiva. No se va a encontrar en una época en que el principal producto de exportación en la actualidad como lo es el petróleo, tiene poca demanda. El mercado está dentro del país. Es el mercado interno. Y ese mercado interno está deprimido, porque con la carestía de la vida, el salario no alcanza para comprar lo más elemental. Si no se compran más zapatos no es porque la mayoría de la población tenga ya 10 pares y ya no quiera más.
Si no se compran zapatos, por ejemplo, es porque el dinero no alcanza, y en ese sentido los aumentos a los salarios con una medida de primera importancia, incluso para sanear las empresas. Claro, si no se piensa en términos de sanear las empresas, sino de enriquecimiento del empresario aun a costa de la empresa, entonces es diferente.
Si hay la preocupación de dar un trato equitativo a los empresarios que pagaron el aumento hace seis meses, con los que no lo pagaron, el planteamiento debía ser, en todo caso, que fuera retroactivo el aumento al salario mínimo, puesto que aquellos que dieron el 30% de aumento a los salarios más bajos en este caso, ya lo están pagando desde entonces y no van a resultar afectados por este cambio. Este cambio va a afectar a los que incumplieron el aumento de 10, 20 y 30%. A los que no cumplieron con esa recomendación.
En todo caso, tendríamos que señalar que el aumento debía ser mayor, debido a que ahora se está planteando de nueva cuenta la restitución del poder de compra del salario y la mayoría de los sindicatos los están planteando incluso con emplazamiento a huelga para el primero de noviembre o fechas próximas.
Sindicatos que ya recibieron el 30% de aumento en los salarios más bajos.
En todo caso debíamos plantear que si el salario mínimo ha perdido el 52% de su capacidad de compra desde octubre de 1976 hasta septiembre de 1982, según datos oficiales, el 30% es insuficiente para reponer ese poder de compra.
Y lo que planteamos es que en marzo se dijo que no se podía subir el salario mínimo porque la Ley establecía que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se reuniría una vez al año, y en este momento podemos decir, con toda justificación, que esa facultad de dicha Comisión de reunirse cada vez que haya un desequilibrio entre los factores de la producción para acordar un aumento en el salario mínimo, debía ser permanente y no sólo una cuestión transitoria como se está planteando.
Vamos a votar a favor de éste, porque entendemos que cualquier modificación implicaría el regreso de esta Iniciativa al Senado y un retraso que no es correcto, y en todo caso debemos considerar por separado las otras cuestiones.
Y aquí hay que aclarar, que no hubo una modificación aquí, de la Comisión de ningún tipo, sino que el único cambio que hubo fue en el Senado, en comparación con la Iniciativa del Ejecutivo. Pero aquí no ha habido ninguna modificación de la Comisión en relación con la Minuta del Senado y, por lo tanto, no tendría ninguna razón de que eso se regresara con la modificación que pudiera haber habido al Senado. No es el caso.
Es importante que se busque la forma de que las empresas respeten los derechos de sus trabajadores. No en todos los casos hay la forma directa de hacer respetar estos derechos, sea porque en muchos casos no hay un sindicato, sea porque en otros casos a pesar de haberlo
intervienen otros factores que hacen que los derechos no sean respetados a pesar de la existencia de un sindicato.
Podemos poner un ejemplo muy reciente, muy actual, hace una semana que están en huelga de hambre nueve trabajadores de la Planta 2 de Altos Hornos de México en Monclova, hubo un movimiento demandando el establecimiento de categorías nuevas y retabulaciones, conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente y la respuesta de la empresa fue despedir a todo un departamento, 129 trabajadores en masa. Estos trabajadores lograron la restauración de 80; 40 aceptaron la liquidación y los otros 9, que todos ellos son representantes de departamentos o bien en comisiones, están fuera del trabajo y en huelga de hambre desde hace una semana; bueno en este caso ni siquiera la presencia de un sindicato impide, aunque por supuesto contrarresta de manera notable, el que se incumpla con los derechos de los trabajadores; pero todos esos casos de que durante 6 meses no se ha pagado el aumento a los trabajadores de salario mínimo que desgraciadamente son muchísimos, incluso a la mayoría porque la mayoría de los trabajadores asalariados no están organizados sindicalmente, en todos esos casos, lo menos que se puede hacer, es obligar por ley a esas empresas a otorgar con esos 6 meses de retraso, el aumento del 30% del que le corresponde al salario mínimo.
Con esas consideraciones y en el entendido de que esto debe ir más allá en cuanto a la reposición del poder de compra del salario, en el entendido de que sólo con una escala móvil de los salarios se podrá lograr una reposición frecuente del poder de compra de los trabajadores, en el entendido de que esto incluso desde el punto de vista de las empresas, aunque tal vez no de muchos empresarios, sería mejor puesto que para una empresa es más fácil programar sus inversiones con regularidad sabiendo que va a corresponder un aumento en determinado momento, que tener que hacer frente a situaciones imprevistas de un aumento de un mayor porcentaje por no existir previsiones anteriores, es más fácil programar la inversión de una empresa sabiendo que hay escala móvil y que en determinado momento va a haber que dar un determinado aumento, que tener una situación imprevista de un aumento del 30%, entendiendo que la escala móvil es una solución mucho mejor pero que en todo caso es de aquí a futuro, consideramos que es indispensable aprobar este aumento y no retrasar más esta cuestión puesto que ya con seis meses de
retraso es más que suficiente y este aumento debe ser otorgado de manera legal, obligatoria, para todos los patrones que en este caso será una obligación exclusivamente para aquellos que hace seis meses no cumplieron. Muchas gracias. (Aplausos.)
- El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Antonio Ortega Martínez.
- El C. Antonio Ortega Martínez: Señor Presidente; señores diputados:
Habría que hacer un llamado a la atención y a la responsabilidad porque lo que en estos momentos está a discusión, no es un simple problema de trámite o de costumbre entre los que aquí representan a los patrones y contra los que representamos los intereses de los trabajadores. No es tampoco esta discusión un asunto que deba sólo debatirse en el terreno de la economía administrativa de las empresas en relación a los derechos que los trabajadores están exigiendo. Si lo viéramos así estaríamos descuidando lo que desde el punto de vista nuestro está a discusión, es decir, la lucha que en estos momentos está dando la nación en contra de su enemigo principal, es decir, el imperialismo norteamericano.
Habría que ligar, señores diputados, este proyecto y esta discusión con la lucha cerrada y a fondo que en las últimas semanas viene dando la nación contra el imperialismo, en el sentido de qué tipo de programas de gobierno va a establecerse para el próximo sexenio.
No habría que olvidar que hace unos momentos el diputado Medina, de Acción Nacional, vino a impugnar el dictamen usando algunos argumentos que si ustedes tienen la precaución de recordar, verán que son exactamente los mismos que viene estableciendo el FMI respecto a la imposición de un programa político y económico de gobierno, repetimos, para el próximo sexenio. Y eso, señores es lo que está a discusión en este asunto. O la Cámara permite que los voceros del FMI en México hagan en esta sesión voz para ganar consenso, para ganar simpatía y presionarnos no sólo desde fuera, sino internamente, que el gobierno tome una serie de medidas, repetimos, de carácter político - económico.
Yo apunté que el señor Medina manejaba la necesidad de que se parara el desorden del gobierno y no se permitiera el mismo en el próximo gobierno y establecía control de salarios en el país; establecía, como parte de la crisis económica, la situación de las paraestatales y planteaba su venta a los empresarios privados. De alguna otra manera lo planteaba.
Decía también la necesidad de que se restableciera la economía de las empresas planteando libertad de precios. Repetimos, compañeros, posiblemente no con las mismas palabras, pero habría que tener sensibilidad para entender el fondo de la exposición del diputado de Acción Nacional. Planteaba, sobre todo, que emparejado a lo que ellos llaman corrupción, la necesidad de que el gobierno redujera los presupuestos en los programas sociales del próximo sexenio. 4 o 5 argumentos del diputado del PAN, repetimos, compañeros, sabiéndolos interpretar, nos ubican, compañeros, o los ubican a ellos en los argumentos que el FMI está planteando.
Repetimos que aquí lo que está a discusión en el fondo es qué tipo de programa político - económico se establece para el próximo sexenio.
Por esa razón nuestro partido considera
indispensable apoyar el dictamen propuesto porque, repetimos, representa la decisión del grupo gobernante de resistir, con medidas como éstas, a las presiones y en el terreno de la negociación que se está dando para el convenio con el FMI, repetimos, resistir las presiones y de esta manera, con el respaldo de las mejores fuerzas, sacar adelante un proyecto de carácter nacionalista revolucionario.
No va a ser raro que aquí se repita lo que Gerardo Medina ha dicho de que el Congreso del Trabajo está en forma irresponsable e inconsciente llamando a una huelga general para restituir el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.
Nosotros consideramos que el movimiento obrero y el Congreso del Trabajo, principalmente, han localizado con justeza, con precisión y con sensibilidad, que lo que está en juego ahorita no son unos cuantos pesos más o unos cuantos pesos de menos, lo que el Congreso del Trabajo ha localizado y nos está orientando y concretamente la CTM, es que lo que está a discusión es qué tipo de programas se empieza a establecer en México.
Por esa razón, repetimos, nosotros respaldamos totalmente el proyecto y hacemos un llamado de atención a los diputados que representan la corriente progresista, a los diputados obreros, para que sea en el terreno político exacto en el que se dé esta discusión. Gracias.
- El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Joaquín del Olmo.
- El C. Joaquín del Olmo: Señor Presidente, honorable Asamblea:
Es incuestionable el deterioro que ha sufrido el poder adquisitivo de la clase trabajadora; esto es una emergencia nacional. Cómo no es posible que en este recinto legislativo los diputados revolucionarios, los diputados que velan por los destinos del pueblo de México, de la clase trabajadora en especial, tengamos que someter a la consideración de la Comisión correspondiente una iniciativa de ley que ha sido reclamo justo de la Confederación de Trabajadores de México, del Congreso del Trabajo, del Partido Revolucionario Institucional, de compañeros obreristas de otros partidos y que es precisamente el devolver a nuestros compañeros trabajadores ese poder adquisitivo que han perdido por la crisis económica que enfrentamos.
Cómo no es posible que una Comisión Dictaminadora pueda sesionar y actuar y decidir y proponer a esta honorable Asamblea una resolución de emergencia, cuando nuestros propios compañeros de trabajo se encuentran sujetos en muchos casos todavía al miserable salario de $280.00 como salario mínimo general.
No cerremos los ojos a la realidad; la verdad única es que son necesarias las medidas revolucionarias, como ésta que se ha propuesto por el Ejecutivo Federal pero que es seguramente la consecución de uno de los pasos que el Movimiento Obrero desea continuar adoptando en beneficio de los trabajadores.
La regularización salarial es inevitable, viene desde el 19 de marzo. En las pláticas sostenidas durante un mes y medio anteriores a la resolución que emitiera el Secretario de Trabajo y Previsión Social, publicada el día 22 de marzo del presente año, hubo suficiente tiempo para que las partes pudiesen llegar a establecer los argumentos en pro y en contra del aumento salarial solicitado por el Movimiento Obrero.
Hubo toda clase de argumentos empresariales, las mismas amenazas que escuchamos en estos momentos: el desempleo, el cierre de empresas, el desequilibrio económico nacional, los mismos argumentos vienen a repetirse en esta tribuna. Nosotros, los obreristas, los que no podemos aceptar que compañeros de trabajo continúen viviendo en las condiciones actuales, los que vivimos por la vigencia del derecho, por la vigencia de la ley, por la vigencia de los principios constitucionales elementales, tenemos la obligación absoluta de respaldar esta iniciativa y el dictamen que se ha emitido por la Comisión correspondiente.
Es incuestionable igualmente, y viene como consecuencia de esta resolución del 19 de marzo, una competencia desleal entre los propios empresarios: los que fueron nacionalistas, conscientes, los que entregaron los aumentos salariales solicitados, son aquellos que son precisamente responsables del buen futuro del país, pero aquellos desnacionalizados, aquellos que no cumplieron con esta resolución, que mantienen actualmente a sus trabajadores con esos salarios de miseria, son esos precisamente los que tienen que entrar dentro de esa regularización salarial, son éstos los que provocan los ataques al movimiento obrero; los que tienen que entrar en esa regularización salarial.Son éstos los que provocan los ataques al movimiento obrero; los que presionan para detener las luchas obreras; son los que provocan al movimiento obrero, que se encuentra ya cansado e impaciente de escuchar esas provocaciones. Siempre hemos hecho frente a esta problemática. Ahora con más razón, cuando escuchamos aquí palabras que vienen a revertir como si se quisiera establecer el hecho de que los salarios, el aumento salarial, sea la provocación de la inflación, estamos conscientes todos absolutamente, que no es el aumento salarial, sino el aumento de precios y el exorbitante desquiciamiento, y la exorbitante ambición empresarial, la que implica que los precios se eleven cada vez que se elevan los salarios de los trabajadores.
No podemos de ninguna manera cerrar los ojos a esta realidad. Debemos acostumbrarnos a que los empresarios ganen menos de lo que han venido ganando hasta ahora. Que tengan menos canongías de las que han tenido hasta hora, porque los trabajadores han entregado absolutamente su reconocimiento, su respeto absoluto a las instituciones republicanas y su
compromiso para servir a la nación. ¿Por qué simplemente una clase, la clase trabajadora, puede sentirse orgullosa de haberse entregado al beneficio del país? Cuando no se cumple con una resolución que desde el mes de marzo ha sido publicada, el día 22, y que ha tenido tiempo suficiente para que pueda ser estudiada, programada y preparada para su aplicación inmediata.
Por estas razones, el Partido Revolucionario Institucional, la Confederación de Trabajadores de México, el Congreso del Trabajo, el sindicalismo nacional, sin individualidades de partidos, de ideologías, de centrales, estamos unidos en una misma lucha, en una misma lucha general de mejoría absoluta de los salarios de nuestros trabajadores. Cómo no va a ser una emergencia el que los hijos trabajadores están muriendo de hambre, que los hijos de los trabajadores tengan siquiera los elementos más suficientes para poder tener una educación digna, una casa digna, ropa, alimentos dignos, cuando vivimos en un país en el que las fuerzas democráticas del país a través de la Confederación de Trabajadores de México y el Congreso del Trabajo, tenemos la obligación de rescatar a estos compañeros de la situación económica actual en que se encuentran.
Las partes que discutieron el aumento salarial, estuvieron de acuerdo en someterse a la resolución del señor Secretario de Trabajo. Dicho funcionario dictó su resolución a través de las medidas que consideró pertinentes y a través de los propios sindicatos representados en esas pláticas y de las propias cámaras industriales, patronales y empresariales.
No hay ningún pretexto para su aplicación, entreguemos, compañeros diputados, por medio de la ley lo que no se dio por medio de una consciencia nacionalista y responsable frente a los trabajadores. El sector obrero reconoce a todos y cada uno de los partidos que han apoyado esta Iniciativa, su solidaridad y su sentido altamente revolucionario, reconforta esta postura a la lucha obrero nacional.
Y por estas razones, como priísta, como cetemista, como orgulloso miembro del Congreso del Trabajo del proletariado nacional, solicitamos a esta Asamblea su aprobación al dictamen que ha emitido la Comisión de Trabajo y Previsión Social y consecuentemente cumplamos con nuestra misión de legisladores, aplicando el imperio de la ley, el imperio de la justicia, el imperio de la equidad, para toda la clase trabajadora del país, sin distingos de ninguna naturaleza.
Por nuestros compañeros revolucionarios, trabajadores de la nación, por eso nos pronunciamos la diputación obrera cetemista y del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias.
- EL C. Presidente: Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
- EL C. secretario Oscar Cantón Zetina:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo..
Suficientemente discutido.
- C. Presidente: Para los efectos del Artículo 134 del reglamento Interior del Congreso General, y en virtud de haberse reservado la fracción III del Artículo 13 Transitorio para discutirla en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de las fracciones no impugnadas del proyecto de Decreto en un solo acto.
- EL C. secretario Oscar Cantón Zetina: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de las fracciones no impugnadas, en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
Se emitieron 273 votos en pro y cero en contra.
- El C. Presidente: Aprobado en lo general y en lo particular las fracciones no impugnadas por unanimidad de votos.
Esta Presidencia informa que ha sido reservada para su discusión, la fracción III.
Se abre el registro de oradores para la discusión de la fracción III.
Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra de la fracción III los siguientes ciudadanos diputados: Bernardo Bátiz Vázquez, Javier Blanco Sánchez y Luis J. Prieto.
Y para hablar en pro del mismo; de la fracción III; los CC. diputados José Pacheco Durán, Silverio R. Alvarado y José de Jesús Fernández Alatorre, por la Comisión.
Se le aclara al diputado Prieto que consulte el Artículo 88 porque como parte de la Comisión, tenía su derecho a presentar por escrito.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Bernardo Bátiz Vázquez.
- EL C. Bernardo Bátiz Vázquez: Señor Presidente; Honorable Asamblea:
Dice Chesterton que "cuando vale la pena hacer una cosa, vale la pena hacerla mal, pero no hay que abusar". Yo creo que era necesario tomar una medida que rescatara el poder de compra de los trabajadores asalariados, pero desgraciadamente estamos discutiendo hoy una medida que debió haberse tomado hace 8 meses.
Los señores que se dicen representantes de los trabajadores, y que hablan de que había un reclamo para lograr que los trabajadores en México tuvieran esta economía económica para solventar sus necesidades y las de sus
familias, tuvieron que esperar a que el señor Presidente diera el visto bueno y el banderazo para que ellos, defensores de los trabajadores, heroicos defensores de los trabajadores, tomaran la estafeta y vinieran aquí a hablarnos de que es un gran paso en la revolución, y que el reclamo de los trabajadores ha tenido eco. (Aplausos). Podrían haber hecho sus proposiciones desde entonces, y podría haberse tomado el remedio cuando se inició el mal.
Estamos a 8 meses de distancia desde que se inició el grave deterioro de la economía que golpea especialmente a los más humildes. Pero estábamos hace 8 meses, en campaña política y no había por tanto el ambiente adecuado para resolver los problemas económicos, había que cuidar la propaganda la publicidad y los fines partidistas y electorales y no agitar la vida social de México con alguna otra circunstancia que viniera a empañar la campaña que se llevaba a cabo entonces.
Con ese motivo, ahora, apresuradamente, tratando de poner remedio a los efectos y no a las causas, se nos presenta este proyecto de modificación a un artículo, más bien este proyecto del nuevo artículo de modificación a la ley a través de un artículo transitorio que es una manera muy peculiar de legislar.
Normalmente las leyes deben ser generales y referirse a casos no concretos ni específicos, sino precisamente a los que afecten a la totalidad de la población. Las leyes tienen, como una de sus finalidades, su permanencia en el tiempo. Los artículos transitorios son simple y sencillamente para resolver alguna situación conflictiva entre la ley que se deroga y la nueva ley que se va a poner en aplicación.
Sin embargo, ante grandes males grandes remedios y pasando un poco sobre la ortodoxia legislativa estuvimos de acuerdo en votar a favor de este decreto, pero sí pensamos que especialmente en su fracción tercera puede ser mejorado.
La fracción tercera, tal como está propuesta, en nuestra opinión encierra algunas anomalías que pueden ser corregidas. En primer lugar, esta es una observación de carácter general. Volvemos a caer nosotros, como Poder Legislativo, en el error que de alguna manera pone en entredicho nuestra categoría de poder de que venimos a corregir, mediante una ley, un acto ilegal del Poder Ejecutivo.
La resolución de 19 de marzo fue un acto que de ninguna manera estuvo apegado a la ley, que no podía tener carácter obligatorio y que simplemente fue un parche mal pegado que no resolvió nada y que acrecentó el conflicto, a tal grado que ahora vemos esa diferencia tan grave que señala que unos patrones cumplieron la exhortación o el consejo que les dio la Secretaría del Trabajo y otros no quisieron o no pudieron hacerlo y la situación se ha convertido en injusta porque hay tratamiento diferente para casos similares.
Entonces venimos, como en otras coasiones, a corregir la plana de un error que provoca otros errores y que establece una cadena de errores, y no venimos, repito, a remediar las causas de la situación precaria de los trabajadores en México, sino los efectos. No vamos a resolver el problema de los trabajadores con este aumento o con esta regulación de los sueldos, nivelación de los sueldos para que exista una igualdad entre todos los trabajadores, no la vamos a remediar porque las causas de más fondo, que también fueron ya mencionadas en esta Tribuna, el despilfarro administrativo, las causas que han provocado la inflación, la mala administración, el mal manejo de los fondos públicos, una dirección equivocada en la economía del país, han sido las causas del empobrecimiento de nuestro país, aunadas también a la corrupción que no tiene ni siquiera discusión, hasta la Procuraduría General de la República acepta que hay corrupción.
Entonces, vamos a tratar de remediar un efecto y vamos a dejar todavía intactas las causas, pero más vale un mal menor aunque sea también un mal lo que de alguna manera se está haciendo.
Sin embargo, quiero decir que no podemos resignarnos a vivir en la inflación por tiempo indeterminado, tenemos que pensar y el próximo gobierno que inicia sus gestiones el 1o. de diciembre debe de reflexionar en la manera de poner un límite a este desbarrancadero por el que va el país; no podemos resignarnos a vivir permanentemente en la inflación; no podemos estar modificando salarios y precios todos los días, o cada mes, o cada seis meses; debemos de buscar de alguna manera la estabilidad y esto no lo vamos a resolver ni con esta modificación a la ley que crea un nuevo salario mínimo que va a estar vigente un mes, dos meses nada más, ni con muchas modificaciones sucesivas, porque, repito, estamos atacando simplemente el efecto y no la razón que produce ese efecto.
Tal como está redactada la fracción tercera, podría prestarse a una interpretación anticonstitucional. Yo entiendo que no es la intención ni del proyecto inicial ni de las Comisiones el que se le dé a este Artículo 13 transitorio el efecto de retroactividad; sin embargo, pensamos que se debe decir expresamente en el texto que no será retroactiva la aplicación de esta modificación a la ley, para evitar de alguna manera alguna interpretación errónea.
Pensamos también que debe de cumplirse con el espíritu de la Ley Federal del Trabajo que exige a los organismos que fijan el salario mínimo una serie de estudios y de consideraciones para determinar el salario mínimo.
Tal como está redactado el proyecto del Artículo XIII, fracción tercera, está encaminado a que simplemente los organismos que fijan el salario mínimo, tomen aquella resolución de la Secretaría del Trabajo de principio de año, y lo apliquen ahora.
Nosotros proponemos que se tomen en cuenta también los estudios que deben haber hecho ya las Comisiones del Salario Mínimo Nacional y Regionales. que se tomen también en cuenta esos estudios que de acuerdo con la ley debieron
iniciarse en agosto de este año, y que no se atengan necesariamente las decisiones que se tomen para fijar los salarios al proyecto de hace ocho meses, a la resolución de hace ocho meses, sino que se tomen en cuenta también las circunstancias y las consideraciones que ya deben de tener en sus manos los organismos encargados de esos asuntos tan importantes.
Y queremos también que se piense, y así lo proponemos en nuestro proyecto de Fracción Tercera, que se piense que puede ser más grave el remedio que la enfermedad en algunos casos y en algunas circunstancias, y que muchos trabajadores prefieren tener un salario más modesto pero conservar su empleo, y que no se cierren las fuentes de trabajo por falta de capacidad para absorber estos incrementos salariales.
Estas tres razones, razón de tipo constitucional, consideraciones para que se tomen en cuenta los estudios que ya deben estar hechos y para cumplir así con el espíritu de la Ley Federal del Trabajo, ya que estamos de alguna manera rompiendo los principios expresos de esta ley, y que también se deje la posibilidad de que haya alguna excepción para las empresas pequeñas y medianas que no puedan cumplir exactamente con los porcentajes que nosotros proponemos.
Pensamos que estas tres proposiciones son medidas prudentes que convergen con el espíritu de la iniciativa, y que quizá la enriquezcan un poco y la afinen en algunos puntos que consideramos que se hicieron un poco sobre las rodillas, y que nos obligaron también a nosotros a trabajar sobre las rodillas.
La Fracción Tercera que para poner en letras y en términos precisos estas ideas que les he esbozado, es la siguiente:
Fracción Tercera: El Consejo de Representantes, en el término que requiero para hacerlo, fijará el incremento que para resolver la presente emergencia deban de tener los salarios mínimos a partir de esta fecha, tomando en cuenta la resolución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 19 de marzo de 1982, así como los estudios que de acuerdo con el artículo 571, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, debieron de iniciarse en el mes de agosto de 1982.
Por tratarse de un aumento de emergencia, y para evitar el cierre de fuentes de trabajo, el Consejo tendrá la facultad de hacer excepciones porcentuales en el caso de empresas pequeñas o medianas que no soporten la totalidad del aumento de emergencia y sólo mientras se fijan los salarios mínimos obligatorios para el próximo año.
Esta es señores, la proposición de Acción Nacional. Y yo exhorto a los señores miembros de las comisiones y a todos los integrantes de esta Cámara, que las consideren como un intento, como una aportación que trata de alguna manera de mejorar y de afinar algunos aspectos del proyecto que esta a discusión.
- El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado José Pacheco Duran, en pro - El C. José Pacheco Duran: Señor Presidente; señores diputados.
Muchos de los representantes populares que formamos parte de esta Legislatura, pensamos que debemos y sentimos que no estamos preparados para el cambio que exige el país. Y vamos observando la reacción de los diferentes partidos políticos para sentir cuando en realidad dicen con honestidad lo que piensan y lo que pretenden; y cuando es nada más su intervención y su exposición, motivo de un juego de lucimiento, de política con intereses partidistas nada más, y no velamos por el interés general, como argumentan. No se extraña la posición que a veces adopta el partido de Acción Nacional. Los legisladores de este partido se merecen todo nuestro respeto. Estamos dentro de un régimen de libertad de expresión. Como se merecen todo nuestro respeto los aquí presentes. Pero nos extraña que respalden mejoras y propuestas a favor de los trabajadores, cuando piensan que ellos son los pioneros de una bandera para beneficio de una clase necesitada. Cuando ven una realidad, esas aspiraciones del sector obrero, dan marcha atrás. Y tratan de boicotear esas mejoras.
Tratan de plantear y de tratar de convencer en fallas minúsculas, que no tienen gran trascendencia para el fondo de lo que se está buscando.
No podemos aceptar como dijo el diputado Bátiz Vázquez, que el movimiento obrero no se esforzó por conseguir esa mejoría del mes de marzo de este año.
Para quien no es sabido, que las centrales obreras y la CTM, a la que orgullosamente pertenezco, tuvo que recurrir a movimientos de huelga para que muchas empresas aceptaran esa recomendación. Quien no sabe que tuvieron que estallar varios movimientos y al final de cuentas, obtuvimos con lucha, no por simple dádiva y muy a gusto de parte de los empresarios, obtuvimos ese incremento salarial. Y si observamos, son en su gran mayoría núcleos de trabajadores que no cuentan con una organización sindical, los que hasta ahora no gozan de ese beneficio.
La inmensa mayoría de los trabajadores sindicalizados, ya lo tienen. Pero los trabajadores que no lo están, siguen siendo objeto de la resistencia patronal.
No puede pensarse que es un incremento que no puedan resistir las empresas. Lo han resistido otras desde hace más de seis meses. Y las que no lo han pagado, se han ahorrado eso y muchas otras prestaciones tal vez.
No pensamos tampoco que ese aumento que ahora sería efectivo para los trabajadores que no lo gozan, no va de acuerdo con la situación económica actual, argumentándose que la de hace 6 meses era diferente, en todo caso el incremento que debiera pedirse o procurarse para esos trabajadores debía ser mayor por que la inflación en aquellos meses era infinitamente inferior a la que tenemos ahora, llegamos en
A estos meses a una inflación de 65 o 66 puntos y va a llegar a 100 al finalizar el año, cuando esos incrementos salariales fueron recomendados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social la inflación no llegaba tal vez a 15 puntos. No se trata de que hayamos esperado que nos ordenara o nos diera línea el Presidente de la República como dijeron mal intencionadamente, pero hace 8 meses no había períodos de sesiones, hace 8 o 6 meses la situación económica permitió tal vez que esos trabajadores soportaran de alguna manera la situación económica que ahora si ya es insoportable y no es válido, no es válido el argumento de falta de claridad de la Fracción III. todo ello es, se siente, el deseo de retrasar la obtención de este beneficio, es el deseo de poner obstáculos, de crear problemas artificiales para ganarle tiempo a las pretensiones de los trabajadores. No sentimos que haya peligro de retroactividad, si en la recomendación de marzo hubo retroactividad, no se trataba de una ley, se trataba de una resolución administrativa y si se obtuvo pago retroactivo, fue por que las organizaciones obreras pelearon por que así fuera, por que estaba justificado pelearlo.
Ahora estamos, porque no decirlo, hay que hablar con claridad ante proyecto que, de transformarse en ley, no prevé expresamente la retroactividad de su aplicación, y ya la Constitución establese con claridad cómo debe de aplicarse una retroactividad legal. En este caso sentimos que la retroactividad no se aplicaría para el 19 o 22 de marzo, si no que, como dice el propio Transitorio del Decreto y del Dictamen que ahora estamos discutiendo, entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación, del día siguiente de su publicación, y se establecen claramente los términos para las comisiones regionales y la comisión nacional para que resuelva y dictamine cuáles van a ser los salarios mínimos generales y profesionales que regirán para estos trabajadores.
No puede argumentarse que para ese incremento del 10, 20 y 30% no se hayan hecho los estudios necesarios para resolver de una manera realista. Se ha dicho, es necesario repetirlo, intervinieron en las pláticas que se sostuvieron desde el mes de febrero, representantes de ambos factores de la producción; se hicieron estudios económicos exhaustivos; sabe el sector empresarial que ese aumento estaba justificado, y fue el sector empresarial que impidió a la autoridad del trabajo que resolviera, porque ya sabía de ante mano dentro de qué límites iba a resolver, pero que después se hayan echado para atrás algunos y presionar a los dirigentes empresariales para decir que no era obligatorio, eso es otra cosa; pero si en aquel entonces era necesario ese aumento ¿cómo puede pensarse que no es aún mayor el aumento que es necesario para ahora? Sin embargo atendiendo a la situación económica que vivimos, se pretende igualar lo que ya tiene la mayoría de los trabajadores mexicanos entre otras cosas, gracias al espíritu combatido y a la acción que desarrollaron sus organizaciones sindicales.
No podemos aceptar el argumento de que el trabajador prefiere un salario modesto a cambio de conservar un empleo. El trabajador necesita el salario suficiente que permita a él y a su familia una vida digna, una vida humana; estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de máquinas, y el trabajador siente como todos nosotros, y tenemos la obligación de procurar a esa clase más desprotegida, de procurar su mejoramiento económico y, como alguien ha dicho aquí y es cierto, la prosperidad económica de un país no debe medirse por el grado de utilidad del empresario, sino por el nivel de vida general que alcancen sus habitantes.
Podríamos vivir tal vez en un país sin empresarios, pero no podríamos vivir en un país sin trabajadores, y los trabajadores necesitan restituir ese poder de compra que se ha perdido. No pueden llamarse salarios modestos a los que actualmente devengan muchos trabajadores, son salarios de hambre por que no les alcanzan ni para alimentación sencilla. Tenemos que tomar conciencia de ello.
No intentemos, señores diputados, desviar nuestra atención en detalles que no tienen una importancia fundamental que sólo persiguen atrasar este beneficio impostergable para la clase trabajadora.
Yo pido, en nombre de los diputados obreros en nombre de los legisladores cetemistas y del PRI, que la propuesta hecha por el diputado Bátiz Vázquez no sea tomada en cuenta; hacerlo sería negar a las inmensas mayorías de México, a la clase trabajadora, algo que no se le puede seguir negando. Demasiado sacrificio han hecho ya. Muchas gracias. (Aplausos.)
- El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el C. diputado Bernardo Bátiz Vázquez.
- El C. secretario Oscar Cantón Zetina: En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén por que se acepte, ponerse de pie...
Muchas gracias, Los que estén por que se deseche ponerse de pie... Desechada.
- El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Javier Blanco Sánchez,en contra.
- El C. Javier Blanco Sánchez: Señor presidente, compañeros diputados: Claro que el asunto era de esencia vital para el pueblo mexicano; por su puesto que nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo necesario; ciertamente que no es el hombre para la economía, sino la economía para el hombre; y también es cierto que la extrañeza positiva en esta Tribuna, por lo menos para los miembros diputados del Partido Acción Nacional, hubiera sido que el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra no hubiera
tomado el rábano por las hojas ni se hubiera permitido deformar la proposición concreta presentada por el señor diputado Bernardo Bátiz, que en nada contradice la proposición oficialmente puesta a nuestra consideración y que sí en cambio, busca agregar una posible medida también obligatoria, para evitar el aumento del desempleo que oficialmente, con cifras reales, el propio gobierno mexicano ha dado a la publicidad y que no sólo no han sido desmentidas por el sector organizado de los trabajadores mexicanos, sino aumentadas en su cuantía.
La proposición que solicita la facultad para las Comisiones del Salario Mínimo de considerar las razones de la real economía de la pequeña y mediana industria, para en esa misma realidad fijar el salario mínimo obligatorio para ellas en beneficio de sus trabajadores.
No tiene ninguna perversa intención, ni de retraso ni de rechazo de un reclamo de justicia social, sino por el contrario, mantener vivas y actuantes las fuentes de trabajo que la realidad económica ha puesto en circunstancias de dificultad tal, que se ven en la imperiosa necesidad de desaparecer.
Nosotros, señores diputados, al proponer esta reforma de la Fracción Tercera, no estamos buscando lograr una acción de tipo dilatorio. Sabemos perfectamente que este proyecto aprobado ya por el Senado, y al ser modificado por esta Cámara, tiene que volver al seno de la Cámara de senadores, la cual, con la misma
prontitud con que obsequió al Jefe del Poder Ejecutivo en el origen de la proposición, podría obsequiar a la Colegisladora para que en la misma sesión próxima del lunes, pudiera quedar definitivamente sancionada esta reforma, con lo cual no hay tal fantasma de medida dilatoria o de sabotaje a la bondad de este instrumento jurídico.
Creemos que la medida tiene razones también políticas que no debemos ignorar: tiene la razón de defender ente la clase trabajadora del país, la eficacia de la diligencia sindical oficial de México frente a los embates de descrédito que otras fuerzas pretenden aprovechar para quitarles sindicatos y afiliados.
Entendemos también que esta medida presentada hoy aquí, tiene como intención, y creo que loable, quitarle el detonador a la bomba y evitar, como ya alguno de los diputados del Partido Popular Socialista indicaba, el estallido social, la huelga generalizada que se preconiza en contra de la no aceptación de los aumentos salariales.
Pero también pensamos que esta medida de defensa de la vigencia sindical, de quitarle el detonador a la bomba de estallido social en México por desesperación y por hambre de los trabajadores, debe dejar la constancia que Ramírez Cuéllar también señaló en esta tribuna, de impedir que la autoridad correspondiente acepte injustificadamente constante aumento a los precios de los productos y de los servicios, que a la postre hace negatoria el aumento del salario mínimo.
Creemos que estos aumentos pueden ser debidamente absorbidos por las empresas del país en la moderación de su renglón de utilidades. La creemos, por lo mismo, en su esencia, justa, debida y necesaria, pero a la vez seguimos contemplando que no todos los empresarios de México tienen el mismo desarrollo y capacidad de respuesta económica frente a sus asalariados.
Esta realidad no es reaccionaria, ni progresista, a secas, es una realidad económica. Y esta realidad con sabiduría la contempla la propia Ley Federal del Trabajo que estableció las Comisiones Regionales y la Nacional del Salario Mínimo. Si no fuera así, si no hubiera necesidad de distingos en el monto de los salarios, sería absurdo que se hubieran establecido esta serie de Comisiones Regionales y hubiera bastado con una dictatorial comisión centralista, que decretara para todo el país los salarios mínimos vigentes.
Pero como la realidad económica rebasa el deber ser y nos ubica en el poder ser, la Ley sabiamente contempla estas posibilidades y les da camino de ley. Y eso exactamente es lo que propone esta concreta medida señalada ante ustedes por el diputado Bernardo Bátiz. La posibilidad de que se establezcan salarios mínimos congruentes con la verdad económica del pequeño y mediano empresario, para que estas empresas no se cierren y no aumente en México, en esta circunstancia de dos o de tres meses, el número de los desempleados.
Tan malo es no poder comprar lo suficiente para la existencia personal y familiar, como malo es que por una disposición se ciegue la fuente de trabajo y de ingreso de miles de mexicanos. De ahí esta medida, de ahí esta proposición. De ahí que los salarios mínimos sean diferenciados según las capacidades económicas y de desarrollo de las distintas regiones de México.
Señores, nuestra posición es sincera y franca en favor de una economía cada vez más humana y más al servicio del hombre. Entendemos que la crisis debe obligar a los empresarios de México a aceptar estas exigencias de justicia social e impedirles que las cargas de aumento a los salarios las repercutan en el precio de los productos y en el costo de los servicios. Que las absorban en el ámbito de sus utilidades, moderando ellos sí, con justa necesidad y razón, el margen de sus utilidades en el tiempo de la emergencia.
Si siempre es necesaria la moderación, si siempre es imperioso que nadie tenga más frente al que nada tiene, ahora es una exigencia vital para México. No venimos hoy aquí a discutir culpabilidades o responsabilidades de la crisis, dentro de ese contexto de responsabilidad las ubicó el diputado Bernardo Bátiz, pero la esencia de los que discutimos es esta medida que creemos de prudencia para el bien general de los trabajadores mexicanos y para la existencia de las pequeñas y medianas industrias o fuentes de trabajo de los mexicanos. Muchas gracias.
- El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Silverio R. Alvarado.
- El C. Silverio Ricardo Alvarado: Señor Presidente; honorable Asamblea. En efecto, no creímos, no estaba en nuestro pensamiento que hubiera debate en esta iniciativa de Ley, porque es tan clara, por que es tan obvio, que por lo contrario, creo yo y también creo que la mayoría, debió haber merecido el aplauso de todos los diputados cualesquiera que fuera el signo de su partido, porque se trata nada menos que de restituir, en parte aunque sea, al trabajador que es el constructor de este país, el salario que la circunstancia económica del mismo ha hecho que sea cada día más pequeño. No creo que las sutilezas del señor diputado Bátiz y del señor diputado Blanco Sánchez por cuanto hace a la retroactividad del derecho a la aplicación del mismo, sean válidas, creo que la fracción III es clara en este sentido y ya se dijo que la ley siendo de orden público en este sentido, porque se trata de una garantía social del trabajador, tenga efectos retroactivos; por eso no creemos que sea dable y necesario que en este Decreto se haga esta prevención. Por lo demás, es cierto que las Comisiones Regionales del Salario Mínimo tiene hechos estudios que la ley les obliga a hacer para fijar los salarios mínimos cada fin de año. Esos estudios y los que sirvieron de base a la resolución de marzo, seguramente servirán de base para la Resolución que dicten las Comisiones de Salarios Mínimos en esta oportunidad y digo resolución, porque que quede bien claro, fue una resolución dictada por el Secretario del Trabajo a petición de las partes, que es lo que le da fuerza, los empresarios desdeñaron la petición de los trabajadores, creyeron infundadamente, que la resolución que dictaran en su momento les iba a favorecer, dando a los trabajadores sólo un pequeño aumento; cuando se dieron cuenta que no, de que el estudio que dio como resultado el aumento del 10, el 20 y el 30 estaba fundado en una ley económica, pusieron el grito en el cielo y se negaron a acatarla la mayor parte de ellos, una gran parte, porque creyeron, más bien argumentaron que se atacaban sus sagrados derechos a las utilidades.
Nosotros les decimos que ya está en la conciencia pública del país, que los trabajadores siempre han llevado la carga, la peor carga; que cuando se trata precisamente de un tanto restituirles a lo que tiene legítimo derecho, no soló se defienden ellos sino que también tienen gratuitos defensores, porque en este caso se está defendiendo llanamente al sector empresarial, porque el salario mínimo es de orden público, posee una garantía social y no se pueden hacer excepciones.
Creo que en esta tribuna no se debería venir con pronunciamientos sofisticados a defender una causa perdida de antemano, por que no creemos, señores diputados, que haya nadie que fundadamente en este momento esté en contra de que a los trabajadores del salario mínimo, del salario mínimo, óigase bien, se les dé un aumento que en parte equilibre su ya menguada economía.
Por eso los diputados del sector obrero, estamos a favor de la iniciativa que aquí se ha dado conocer, y si bien es cierto que además de esta justa disposición legal los trabajadores del país, por separado. están pidiendo por la vía de la huelga, que es un derecho constitucional inalienable, aumentos a los salarios tabulados, de ninguna manera se trata de una huelga general, se trata de movimientos reivindicatorios, que cada sindicato de conformidad con las condiciones económicas de cada empresa tiene derecho en uso inalienable del sentir de sus agremiados, pactar los aumentos que sea dable pactar, legítimos, y por qué no decirlo "patrióticos" porque no se puede condenar a los trabajadores a que sigan soportando la carga sólo mientras los empresarios, ricos de empresas pobres, le están escatimando el pan para sus hogares.
El salario mínimo que el movimiento obrero quiere que sea renumerador es vergonzoso venir a esta tribuna a tratar de escatimarlo. No debe ser así, por lo contrario (aplausos) por lo contrario, repito, creo que la respuesta que el pueblo de México hubiera visto con simpatía, seguramente con simpatía, repito, es que en esta Cámara todos, puestos de pié, hubiéramos aplaudido esta medida reivindicatoria del trabajador que más lo necesita y por eso, en obvio de tiempo, yo me permito proponer a la Asamblea que vote favorablemente a la iniciativa que estamos discutiendo. Gracias.
(Aplausos.)
- El C. Presidente: Por virtud de haber declinado hacer uso de la palabra el C. diputado Prieto, consulte la Secretaría a la Asamblea si la fracción tercera se encuentra suficientemente discutida.
- El C. secretario Oscar Cantón Zetina: En votación económica se pregunta si está suficientemente discutida la fracción III.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutida.
Se va a proceder a recoger la votación nominal de la fracción III en sus términos.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
Se emitieron 250 votos en pro y cero en contra.
- El C. Presidente: Aprobada la fracción III por 250 votos en sus términos.
Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad de votos el proyecto de Decreto que adiciona el Artículo 13 transitorio de la Ley Federal del trabajo. (APLAUSOS.)
- El C. secretario Oscar Cantón Zetina:
Pasa al Ejecutivo para sus efectos Constitucionales.
- La C. secretaria Ofelia Ramírez Hernández: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
- La misma C. secretaria:
"Primer periodo ordinario de sesiones. LII Legislatura.
Orden del Día.
26 de octubre de 1982.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del estado de Oaxaca, invita a la Sesión Solemne en la que el C. licenciado Pedro Vázquez Colmenares, gobernador constitucional del estado, rendirá su Segundo Informe de Gobierno, y tendrá lugar el próximo 30 de octubre.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por los que se concede permiso a las CC. Adriana Casillas Marín, Hilda de Hoyos Félix,María Petra Padilla Díaz y María Alejandra Munguía Avilés, para prestar servicios en la Embajada y Consulado de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Salubridad y Asistencia con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 1º., 2º., 3º., 4º., 5º., 6º., 7º., 8º., 9º., 11 y 17, de la Ley que crea el Instituto Nacional de Canceróloga, Oftalmología, Gastroenterología y Urología."
- El C. Presidente (a las 14:55 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar, el próximo martes 26 de octubre, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
DIARIO DE LOS DEBATES