Legislatura LII - Año I - Período Ordinario - Fecha 19821203 - Número de Diario 46
(L52A1P1oN046F19821203.xml)Núm. Diario:46ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LII" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO I México, D. F. , viernes 3 de diciembre de 1982 TOMO I. NUM. 46
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE
APRUEBA
PROTESTA DE LEY DE DIPUTADOS
Declarados electos en la sesión del día 25 de noviembre último: Eleazar García Rodríguez por el 29 Distrito de México y Demetrio E. Espinosa Leal por el 20 Distrito de Veracruz
DIRECTIVA DEL SENADO
PARA DICIEMBRE
Oficio de la Colegisladora por el que participa la elección de la Directiva nombrada. De enterado
COMUNICACIONES
De los Congresos de Durango, Nuevo León y Veracruz, participando actos inherentes a sus funciones legislativas. De enterado
INFORMES DE LABORES
De las Secretarías de la Reforma Agraria y de Comercio, que comprenden el lapso de un año. Se reservan para consulta
MINUTA DEL SENADO
LEY REGLAMENTARIA DE
LA FRACCIÓN XVIII DEL
ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONAL
Referente a la facultad del Congreso de la Unión para dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera. Se turna a comisión
PROPUESTA PARA QUE SE
DICTAMINE INICIATIVA
El C. José E. Pérez Gaytán se refiere a la requisa de Mexicana de Aviación, decretada por el gobierno anterior. Hace reflexiones sobre el particular y solicita se dictamine acerca de la derogación de los artículos 112 y 113 de la Ley de Vías Generales de Comunicación que presentó la Diputación Comunista Coalición de Izquierda el 20 de diciembre de 1979. Se desecha
COMENTARIOS AL MENSAJE
EL LICENCIADO
MIGUEL DE LA MADRID
Para referirse al Mensaje a la Nación emitido por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el día 1o. de diciembre, intervienen los CC. Jesús Luján Gutiérrez del PPS, Mariano López Ramos del PST, Baltazar I. Valadez Montoya del PDM, Antonio Gershenson del PSUM, Gerardo Medina Valdez del PAN; para rectificar hechos Alberto Salgado Salgado del PST, y Maximiliano Silerio Esparza del PRI
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
CÓDIGO CIVIL PARA EL D. F.
Reformas a sus artículos 1916 y 2116. Se turna a comisión. Imprímase
ARTÍCULO 21
CONSTITUCIONAL
Reformas al mencionado Artículo. Se turna a comisión. Imprímase
CÓDIGO PENAL
Reformas al Código nombrado. Se turna a comisión e imprímase
INICIATIVA DE DIPUTADOS
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El C. Margarito Benítez Durán, a nombre de la Diputación del PDM, presenta y da lectura a proyecto de adiciones a los artículos 358, 371 y 395 de la Ley citada. Se turna a comisión. Imprímase
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. MARIANO PIÑA OLAYA
(Asistencia de 335 ciudadanos diputados)
APERTURA
- EL C. Presidente (a las 10:45 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
- EL C. secretario Oscar Cantón Zetina:
"Primer Periodo Ordiario de Sesiones.
"LII" Legislatura.
Orden del Día
3 de diciembre de 1982.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Protesta de ciudadanos diputados
La H. Cámara de Senadores comunica la Mesa Directiva que funcionará durante el mes de diciembre.
Comunicaciones de los Congresos de los estados de Durango, Nuevo León y Veracruz .
En los términos del Artículo 93 Constitucional, las Secretarías de la Reforma Agraria y de Comercio, remiten los informes de labores correspondientes al periodo comprendido del 1o. de septiembre de 1981 al 31
de agosto de 1982.
Minuta
Con Proyecto de Ley Reglamentaria de la Fracción XVIII del Artículo 73 Constitucional, en lo que se refiere a la facultad del Congreso para dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera.
Iniciativas del Ejecutivo
Para reformar los artículos 1916 y 2116 del Código Civil para el Distrito Federal.
Para reformar el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para reformar el Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. "
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- El mismo C. Secretario:
"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y dos.
Presidencia del C. Mario Vargas Saldaña
En la ciudad de México, a las diez horas y cincuenta y cinco minutos del jueves veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, con asistencia de trescientos sesenta y dos ciudadanos diputados, la Presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del Orden del Día.
Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior llevada a cabo el día de ayer.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
El Gobierno del estado de Morelos suscribe atenta invitación a la ceremonia que con motivo del 71 aniversario de la Proclamación del Plan de Ayala, se llevará a efecto el día 28 de los corrientes, en el monumento erigido a la memoria del señor General Emiliano Zapata, en la ciudad de Cuautla, y al acto cívico que se celebrará en el Municipio de Ayala, de la propia entidad.
Para asistir a estos actos en representación de la Cámara de Diputados, la Presidencia designa en Comisión a los CC. Víctor Cervera Pacheco, Juan Salgado Brito, Emma Victoria Campos Figueroa, Martha Chávez Padrón, Lorenzo García Solís, Eladio Gutiérrez Ortega, Raúl Lemus García, José Viramontes Paredes, Efraín Zúñiga Galeana, Cándido Díaz Cerecedo, Florentina Jaimes Hernández y Viterbo Cortez Lobato.
En virtud de la renuncia presentada por el C. Enrique Ojeda Norma, al cargo de Contador Mayor de Hacienda, la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de esta H. Cámara de Diputados, propone los siguientes puntos de Acuerdo:
"1. Por las razones expresadas por el C. Contador Enrique Ojeda Norma, se acepta su renuncia al cargo del Contador Mayor de Hacienda.
2. A efecto de sustituirlo, se tenga en consideración la siguiente terna: C. P. Carlos Osoard Jiménez de Sandi. C. P. Juan Carlos Montelongo y licenciado y C. P. Miguel Rico Ramírez". A discusión los puntos de Acuerdo.
Hace uso de la palabra el C. Bernardo Bátiz Vázquez, para proponer un punto de Acuerdo más en la proposición a debate, que haga constar que el señor contador Enrique Ojeda
Norma, actúo con gran acuciosidad, cuidado y responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones.
Para apoyar esta proposición, interviene el C. Antonio Gersherson.
No habiendo más oradores, la Asamblea en votación económica aprueba la proposición de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, con la proposición presentada por el C. Bernardo Bátiz Vázquez y apoyada a su vez, por el C. Antonio Gersherson. Túrnese a la Gran Comisión.
La Presidencia considera de justicia expresar al C. Enrique Ojeda Norma, la satisfacción de la Cámara de Diputados por su labor desarrollada durante el tiempo que desempeñó el cargo de contador mayor de Hacienda. Agrega que la importante función que la Constitución de la República señala a esta dependencia, encargada de revisar a nombre de la Cámara de Diputados de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal y la del Departamento del Distrito Federal, ha sido base para que con sus resultados, la Asamblea Legislativa pueda discutir amplia y exhaustivamente la gestión administrativa y financiera del gobierno. Manifiesta asimismo, que durante el periodo en que el licenciado Ojeda Norma desempeñó su cargo, con los elementos de información proporcionados por la Contaduría, fueron analizadas las cuentas correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 1978, 1979, 1980 y 1981 que conoció y procedió a revisar esta Legislatura. Finaliza diciendo que la Presidencia expresa su reconocimiento al buen desempeño del C. Enrique Ojeda Norma.
La Gran Comisión de esta Cámara manifiesta que un grupo de senadores y diputados han sostenido conversaciones con el señor licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a la Sesión de Congreso General del 1o. de diciembre.
En virtud de estas conversaciones, la Gran Comisión propone que durante la lectura de mensaje del C. Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, el día 1o. de diciembre, los asistentes se abstengan de aplaudir, y hacerlo hasta el final.
La Asamblea en votación económica aprueba la proposición.
De conformidad con el Artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a la elección, por medio de cédula, de presidente y vicepresidente de esta Cámara, para el próximo mes de diciembre.
Llevada a cabo la votación y hecho el escrutinio correspondiente, arroja el siguiente resultado:
Doscientos noventa y siete votos para la planilla integrada por los CC. Mariano Piña Olaya como presidente y Héctor Hugo Olivares Ventura, Hilda Luisa Valdemar Lima, Javier Blanco Sánchez, Jorge Cruickshank García y Edmundo Jardón Arzate como vicepresidentes. También se registraron un voto, un voto, dos votos, dos votos, dos votos, dos votos, seis votos, nueve votos y cuarenta y un votos para otras tantas planillas así como cinco cédulas en blanco.
Después de una aclaración del C. Carlos Chavira Becerra sobre la emisión de su voto, la Presidencia hace la declaratoria acerca de los ciudadanos electos para fungir durante el mes de diciembre.
A continuación, la Presidencia designa las siguientes comisiones protocolarias con motivo de la sesión de Congreso General, en la que rendirá protesta de Ley como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el próximo primero de diciembre, el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado.
Para acompañar al C. licenciado José López Portillo, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de su residencia al Palacio Legislativo, a los CC. Juan José Osorio Palacios, Francisco Calderón Ortiz, José Carreño Carlón, Salvador Castañeda O,Connor, Luis Garfias Magaña, David Lomelí Contreras, Adrián Mayoral Bracamontes, Mariano López Ramos y Sergio Quiroz Miranda.
Para recibir en el pórtico del Palacio Legislativo al C. licenciado José López Portillo, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a los CC. Silverio R. Alvarado, Irma Cué de Duarte, José Luis Caballero Cárdenas, Daniel Balanzario Díaz, Marco Antonio Fragoso Fragoso, Manuel Osante López, Ricardo Antonio Govela Autrey, Manuel Meléndres Luévano, María de Jesús Orta Mata, Alfredo Reyes Contreras y Antonio Vélez Torres.
Para acompañar del Palacio Legislativo al Palacio Nacional y más tarde a su residencia al ciudadano licenciado José López Portillo, a los CC. Víctor Cervera Pacheco, Rafael Aguilar Talamantes, Juan Gualberto Campos Vega, Guillermo Pacheco Pulido, Francisco Javier González Garza, Carlos Jiménez Macías, Raymundo León Ozuna y José Dolores López Domínguez.
Para acompañar al C. Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente electo de México, de su residencia al Palacio Legislativo, a los CC. Enrique Soto Izquierdo, José Luis Lamadrid Sauza, Mario Vargas Saldaña, Iván García Solís, Víctor González Avelar, Ignacio Moreno Garduño, Luis J. Prieto, Héctor Ramírez Cuéllar y Baltazar Ignacio Valadez Montoya.
Para recibir a las puertas del Palacio Legislativo al C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente electo de México, a los CC. Enrique Fernández Martínez, Luz Lajous de Madrazo, Rafael Armenta Ortiz, Heriberto Batres García, José Augusto García Lizama, Ernesto Luque Feregrino, Alfonso Méndez Ramírez, Antonio Ortega Martínez, Francisco Ortiz Mendoza, Raúl Rea Carbajal Eulalio Ramos Valladolid y Guillermo Dávila Martínez.
Para acompañar del Palacio Legislativo al Palacio Nacional al C. Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a los CC. Humberto Lugo Gil, Luis Dantón Rodríguez, Bernardo
Bátiz Vázquez, Rolando Cordera Campos, Raúl López García, Jesús Luján Gutiérrez, David Orozco Romo y Jorge Dzib Sotelo.
Para acompañar al C. Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, del Palacio Nacional a su residencia, al C. Humberto Lugo Gil.
Para recibir y atender a las señoras esposas de los ciudadanos licenciados José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, a los CC. Alicia Perla Sánchez Lazcano, María Elisa Alvarado de Jiménez, Viterbo Cortez Lobato, Oralia Coutiño Ruiz, Martha Chávez Padrón, César Humberto González Magallón, Julieta Guevara Bautista, Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba, Jesús Lazcano Ochoa, Norma López Cano, Xóchitl Elena Llarena de Guillén, Armida Martínez Valdez, Emma Medina Valtierra, Angélica Paulín Posada, Ofelia Ramírez Sánchez, Zina Ruiz de León, Dulce María Sauri Riancho, María Isabel Serdán Alvarez y Aidé Heréndira Villalobos Rivera.
Se continúa con los asuntos del Orden del Día.
Dictamen con proyecto de Decreto presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que autoriza a los CC. Guillermo Domínguez Bernal, Ignacio Cano García, Francisco Guadalupe Valdez Rangel, Arturo López Martínez, Miguel Angel Lua Gallardo, Rogelio Cepeda García, Oscar Martín Fischer Ruiz, Miguel Medina Navarro, Néstor Olguín Valenzuela, Carlos Pérez Luna, Carlos René Yescas Hernández, José de Jesús Borras Zapata, María del Rosario Quintero Salinas, José Antonio Castor Aguilar, Luis Cortez Camacho, Rubén Martínez Vázquez, Héctor Mayoral Patrón, Pedro Perales Chavira, Sotero Trujillo Alvarado, Guadalupe Serna Guzmán, Felipe de Jesús Palazuelos Palomino, Raymundo Murillo Escamilla y José Adrián González Espinoza, para que puedan prestar servicios como empleados en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América en México, Es de segunda lectura.
Previa aclaración del C. Salvador Castañeda O,Connor, se somete a discusión en lo general y después en lo particular el proyecto de Decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba por trescientos sesenta y dos votos en favor y veintitrés en contra. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La propia Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales emite un dictamen con proyecto de Decreto, que concede permiso al C. Guillermo Díaz Lastra, para aceptar y usar la condecoración Nacional de la Orden Vasco Núñez de Balboa en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Panamá. Es de segunda lectura.
A discusión. Sin que motive debate en votación nominal se aprueba el proyecto de Decreto, por unanimidad de trescientos ochenta y cinco votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura a un dictamen suscrito por la Gran Comisión de esta Cámara de Diputados, relativo a la terna propuesta por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para designar al titular de la Contaduría Mayor de Hacienda, que concluye con un punto de Acuerdo, en virtud del cual se nombra al C. licenciado y C. P. Miguel Rico Ramírez, como Contador Mayor de Hacienda de la H. Cámara de Diputados.
A discusión. Hacen uso de la palabra, para hacer consideraciones, fundamentar su voto y expresa que, a su juicio la designación del contador mayor de Hacienda debe ser por decisión de todos los integrantes de la Cámara de Diputados, y no por la Gran Comisión de la misma, el C. Bernardo Bátiz Vázquez.
Por su parte el C. Antonio Gersherson, interviene para manifestar que hubiera sido correcto efectivamente, que la Cámara completa hubiera tenido la opción mencionada por el C. Bátiz Vázquez, sin embargo, no se opone al nombramiento del señor contador público Miguel Rico.
Agrega que su Partido ha planteado e insiste en que la Contaduría Mayor de Hacienda es un órgano necesario e indispensable que debe ser fortalecido y respetado, para poder cumplir mejor con su función.
En nombre de la Gran Comisión y para precisar conceptos, hace uso de la palabra el C. Enrique Soto Izquierdo.
No habiendo más oradores, en votación económica y por mayoría se aprueba el punto de Acuerdo.
El C. Juan José Hinojosa aborda la tribuna para referirse a su segunda intervención durante la sesión en que se discutió la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, en la que expresó adjetivos que considera excesivos, innecesarios e injustos contra el señor diputado Acoltzin.
Menciona que por vocación personal, por oficio político, cree que la violencia verbal puede ser la antesala de la violencia de la acción.
Estima que el plural y la convivencia exigen comprensión de la convivencia fraterna de los mexicanos que debe excluir toda violencia verbal.
En este marco, dice que ha pedido la palabra para, en humildad, pedir al diputado Acoltzin una disculpa.
Finaliza con lo siguiente: "Los mayores, nunca viejos, desde la madurez, debemos dar ejemplo y testimonio de nuestra serenidad y en serenidad y si ustedes quieren en vanidad y en magisterio, ratifico, en vocación y convicción política, en su integridad, el resto de los puntos de vista que señalé en mi segunda intervención".
Por su parte, el C. Raúl Rea Carvajal menciona la información que la prensa de hoy trae, referente a que tropas de El Salvador, Honduras y Estados Unidos se dividirán la lucha contra el Frente Farabundo Martí para la liberación Nacional.
La misma prensa dice que el oriente salvadoreño está sin electricidad. Bandas somocistas atacaron nuevamente Nicaragua desde
territorio hondureño. Estudia Managua la formación de una fuerza de paz que atestigüe agresiones.
Señala que todo esto se debe a que hoy Centroamérica es un campo de batalla, cuyas llamas comienzan a abrasarnos ya.
Añade, que sumándose a las expresiones vertidas en esta Cámara la semana pasada, desea expresar que los países imperialistas y particularmente Estados Unidos, como lo hicieron en el pasado, utilizan hoy como forma de chantaje político la amenaza de la guerra atómica, provocan guerras locales en escalada y en ellas encuentran un magnífico negocio y además la oportunidad para perpetuar la agresión y la represión sobre los países sometidos y en particular de aquellos cuyos pueblos luchan por su liberación, convirtiéndolos en puntales de las estructuras imperiales, como mercados cautivos de consumo y abastecimiento en lo económico, como muros de contención o puntas de lanza en lo militar, como cómplices incondicionales de apoyo en lo político y como focos de confusión en lo ideológico.
Hace una serie de consideraciones al respecto y concluye diciendo que por nuestros héroes, por los principios que sustentamos, por el interés de nuestras familias y el de nuestros hijos, por el amor a la paz y sobre todo, porque lo que hoy pasa en Centroamérica, mañana puede pasar con México. Debemos aprobar sin distinción de partidos ni de ideologías, una enérgica condena contra las agresiones a Nicaragua y contra todo tipo de intervención en Centroamérica. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
A su vez, el C. Iván García Solís se refiere a ciertas maniobras de dos jueces civiles que tienen como propósito despojar de su patrimonio familiar a cinco mil trabajadores de la industria militar y sus familiares.
Dice que la propiedad de estas personas fue adquirida desde 1964 y consta en escrituras públicas registradas en el Registro Público y están al corriente de sus pagos prediales, con posesión física de buena fe y pública y continua desde hace más de quince años.
Hace reflexión sobre el particular y dice que víspera de actos oficiales, hay la triste experiencia de que el aparato represivo actúa cometiendo agresiones contra la ciudadanía, transgrediendo las garantías constitucionales de expresión y manifestación y atropellando incluso a diputados, como ocurrió el pasado 1o. de septiembre, hechos que aquí oportunamente se denunciaron.
Recuerda que el 19 de noviembre, con el pretexto de los actos conmemorativos del 20 de noviembre, se reprimió el Plantón instalado en el Zócalo.
Menciona la huelga de hambre de maestros del Estado de Hidalgo y demanda la justa solución de su problema sindical. Termina expresando que hechos de esta naturaleza no deben de repetirse y solicita la intervención de la Presidencia, para prevenir un posible desalojo violento de ciudadanos que legal y justamente ejercen sus derechos constitucionales.
La Presidencia toma nota y turna la denuncia a la Oficialía Mayor.
El C. Sergio Quiroz Miranda expresa que la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista presentó a la consideración de esta Cámara de Diputados, el pasado día 18 de noviembre, una proposición que consta de cinco puntos, relativos al tema que abordó hace un momento el C. diputado del Partido Socialista Unificado de México, sobre la gravedad de la inminente intervención contra el pueblo y el gobierno de Nicaragua. Dicha proposición fue turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores, que a la fecha no ha dictaminado sobre el particular.
Señala que esta Cámara no debe permanecer al margen de la posición internacionalista, ya que el C. licenciado José López Portillo, como el Presidente electo, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, han manifestado su repudio a una agresión de este tipo.
Por estos motivos, reclama a nombre de su partido, que la Comisión de Relaciones Exteriores se ponga a trabajar y dictamine este asunto. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
A continuación, la Presidencia expresa que, de conformidad con el acuerdo tomado por la Asamblea el día 24 de los corrientes, la Cámara de Diputados se erige en Colegio Electoral para conocer, analizar, discutir y en su caso aprobar, el dictamen relativo a las elecciones extraordinarias que para diputados federales la mayoría relativa, se efectuaron en el Vigésimo Noveno Distrito Electoral del Estado de México.
La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, da lectura al dictamen en cuestión, que termina con dos puntos resolutivos que consideran válidas las elecciones y diputados a la LII Legislatura a los CC. Eleazar García Rodríguez y José Beningo López Mateos, como propietario y suplente, respectivamente.
A discusión los puntos resolutivos del dictamen.
Hacen uso de la palabra, en contra el C. Juan López Martínez y en pro el C. Heriberto Batres García.
Suficientemente discutido el dictamen, en votación económica y por mayoría se aprueba en sus términos.
La Presidencia, en virtud de lo anterior, hace la declaratoria correspondiente.
La Presidencia ruega a la Oficialía Mayor cite al C. Eleazar García Rodríguez, a fin de que rinda la protesta de Ley, el próximo día tres de diciembre.
La propia Presidencia expresa que la dignidad y el respeto nacional de la Cámara de Diputados, son el fruto de la actuación de los ciudadanos legisladores que la integran.
Hace consideraciones al respecto y termina agradecimiento a todos y a cada uno de los ciudadanos diputados, a los partidos políticos representados en esta Cámara y a los medios de comunicación social, la colaboración prestada
para el cumplimiento de las funciones de la Mesa Directiva en la que tuvo el honor de participar.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al Orden del Día de la sesión próxima.
A las catorce horas y treinta y cinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día tres de diciembre a las diez horas.
Asimismo, se cita para el día primero de diciembre a las nueve horas, a sesión de Congreso General , en la que prestará la protesta constitucional como Presidente de la República, el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado.
Está a discusión el acta . . . No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba . . . Aprobada, señor Presidente.
PROTESTA DE LEY DE DIPUTADOS
El C. Presidente: Se encuentran a las puertas de este recinto los CC. Eleazar García Rodríguez, diputado electo por el Vigésimo Noveno Distrito Electoral del estado de México, y Demetrio Ernesto Espinosa Leal, diputado suplente por el Vigésimo Distrito Electoral del Estado de Veracruz. Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de Ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Luis René Martínez Souverville, Elpidia Excelente Azuara, Juan López Martínez, Ignacio Moreno Garduño y Sergio Ruiz Pérez.
El C. secretario Oscar Cantón Zetina: Se suplica a la Comisión cumplir con este encargo.
(La Comisión cumple con su cometido. )
El C. Presidente: Se ruega a los presentes ponerse de pie. Ciudadanos Eleazar García Rodríguez y Demetrio Ernesto Espinosa Leal.
"¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?"
Los CC. Eleazar García Rodríguez y Demetrio Ernesto Espinosa Leal.
"Si, protesto".
El C. Presidente: "Si así no lo hiciéreis, que la Nación os lo demande".
(Aplausos. )
Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
DIRECTIVA DEL SENADO
PARA DICIEMBRE
- El C. secretario Everardo Gámiz Fernández:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. -
Presentes.
Para conocimiento de esa Honorable Colegisladora, tenemos el honor de comunicar a ustedes que esta Honorable Cámara, en sesión ordinaria de esta fecha, eligió la siguiente Mesa Directiva que funcionará durante el mes de
diciembre próximo.
Presidente: senador Antonio Riva Palacio López.
Vicepresidentes: senadora Socorro Díaz Palacios y senador Mario Hernández Posadas.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D. F. , 26 de noviembre de 1982.
"Año del general Vicente Guerrero".
Senador Armando Trasviña Taylor, secretario; senador Alfonso Zegbe Sanen, secretario".
- Trámite: De enterado.
COMUNICACIONES
- El mismo C. Secretario:
"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. Palacio Legislativo, México, D. F. La H. LV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, en sesión ordinaria verificada el día de hoy, en atención a lo dispuesto por el Artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, tuvo a bien designar Presidente y Vicepresidente que fungirán durante el mes de noviembre, resultando electos por mayoría de votos los ciudadanos siguientes:
Presidente: diputado Francisco Javier Ponce Ortega.
Vicepresidente: diputado profesor Filiberto García Monreal.
Lo que comunicamos a usted para su conocimiento y fines legales consiguientes, permitiéndonos reiterarle las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Durango, a 26 de octubre de 1982.
Rodolfo Reyes Soto, diputado presidente; profesor Gabino Rutiaga Fierro, diputado secretario; ingeniero Francisco Gamboa Herrera, diputado secretario. " - Trámite: De enterado.
- El C. secretario Oscar Cantón Zetina:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputado, Palacio Legislativo, México, D. F.
En sesión ordinaria celebrada el día de hoy por los integrantes de la H. LXIII Legislatura Constitucional al Congreso del Estado, se llevó a cabo la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de noviembre del corriente año, conforme lo señalan los Artículos 10 y 16 del Reglamento para el Gobierno Interior de este H. Congreso, la que se integró de la siguiente forma:
Presidente: C. diputado licenciado Manuel García Cirilo.
Vicepresidente: C. diputado René Alvarez Mendoza.
Primer Secretario: C. diputado licenciado Jesús Villareal Martínez. Segundo.
Secretario: C. diputada profesora Yavidia Guerrero Pedraza.
Tesorera C. diputada Arlina Marroquín Sánchez.
Sin otro particular, reiterámosle(s) las
seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Monterrey, N. L. , a 27 de octubre de 1982.
H. Congreso del Estado.
Primer secretario, diputado profesor José Luis Solís Gaona; segundo secretario, diputado licenciado Rafael Piñeiro López. "
- Trámite: De enterado.
- El mismo C. Secretario:
"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, México, D. F.
De conformidad con lo que establece el Artículo 17 del Reglamento para el Gobierno Interior del H. Poder Legislativo, con todo respeto participamos a usted que en sesión ordinaria de hoy, fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de noviembre, la cual fue integrada por los siguientes ciudadanos diputados:
Presidente: diputado licenciado José Lima Cobos.
Vicepresidente: diputado Rafael Martínez Hernández.
Secretario: diputado profesor Juan Nicolás Callejas Arroyo.
Y lo hacemos de su conocimiento, reiterándole la seguridad de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Xalapa, Veracruz, octubre 28 de 1982.
H. Legislatura del Estado.
Roberto Ricárdez Orueta, diputado presidente; licenciado Genaro del Angel Amador, diputado secretario. "
- Trámite: De enterado.
INFORMES DE LABORES
- El C. secretario Everardo Gámiz Fernández:
"México, D. F. , a noviembre 23 de 1982.
"Año del general Vicente Guerrero".
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. - Presente.
De conformidad con el Artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío a usted el Informe de Labores realizadas por esta Secretaría a mi cargo, durante el periodo comprendido entre el 1o. de septiembre de 1981 y el 31 de agosto de 1982, para la consideración de esa Honorable Representación Nacional.
En el documento que me permito remitir, quedan descritas cualitativa y cuantitativamente las acciones ejecutadas en acatamiento a las directrices que en materia de política agraria han sido dictadas por el C. Presidente de la República.
Reitero a usted las seguridades de mi más alta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección.
El secretario, licenciado Gustavo Carvajal Moreno. "
- Trámite: Recibo y resérvese en el Archivo para consulta de los ciudadanos diputados.
- El mismo C. Secretario:
"Secretaría de Comercio.
México, D. F. , 23 de noviembre de 1982.
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. - Presente.
A fin de cumplir con lo establecido en el Artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anexo al presente me permito enviar a usted dos ejemplares del informe de labores desarrolladas por esta Secretaría de Comercio durante el periodo septiembre 1981- agosto 1982.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
El secretario, licenciado Jorge de la Vega Domínguez. "
- Trámite: Recibo y resérvese en el Archivo para consulta de los ciudadanos diputados.
MINUTA DEL SENADO
LEY REGLAMENTARIA DE LA
FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO
73 CONSTITUCIONAL
- El C. Secretario Oscar Cantón Zetina:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, tenemos el honor de remitir a ustedes, el expediente que contiene la Minuta Proyecto de Ley Reglamentaria de la Fracción XVIII del Artículo 73 Constitucional, en lo que se refiere a la facultad del Congreso para dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D. F. , 26 de noviembre de 1982.
Armando Trasviña Taylor, S. S. ; Alfonso Zegbe Sanen, S. S. "
"MINUTA
PROYECTO DE
LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN
XVIII DEL ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONAL
EN LO QUE SE REFIERE
A LA FACULTAD DEL CONGRESO PARA
DICTAR REGLAS PARA DETERMINAR
EL VALOR RELATIVO DE LA MONEDA
EXTRANJERA
Artículo primero. El Banco de México al determinar el valor relativo de la moneda extranjera con la nacional, de conformidad con lo previsto en su Ley Orgánica, tomará en consideración como reglas generales, además de las existentes, los siguientes factores y criterios:
a) El equilibrio de la balanza de pagos;
b) El desarrollo del comercio exterior del país;
c) El mantenimiento del nivel adecuado de las reservas internacionales de divisas;
d) El comportamiento del mercado de divisas;
e) La obtención de divisas requeridas para el pago de los compromisos internacionales;
f) El comportamiento de los niveles de precios y de las tasas de interés interno y externo; y
g) La equidad entre acreedores y deudores de obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en el territorio nacional.
Artículo segundo. La valoración de los factores y criterios contenidos en las reglas del artículo anterior, tendrá por objeto promover el desarrollo equilibrado del país y el aseguramiento de la realización de los planes de desarrollo con justicia social.
TRANSITORIO
Artículo único. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, D. F. , a 26 de noviembre de 1982.
Américo Villarreal Guerra, S. P. ; Alfonso Zegbe Sanen, S. S. ; Armando Transviña Taylor, S. S. "
- Trámite:Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
PROPUESTA PARA QUE SE
DICTAMINE INICIATIVA
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado José Encarnación Pérez Gaytán.
- El C. José Encarnación Pérez Gaytán:
Ciudadanos diputados.
Como es del conocimiento público, un día antes en que tomara posesión el ciudadano Presidente de la República, el gobierno anterior decretó la requisa de la empresa Mexicana de Aviación para dar por terminado de esa manera, el conflicto de huelga que venía realizando por la revisión de su contrato colectivo de trabajo y en cumplimiento del mismo, ya que éste venía siendo violado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares; huelga que se inició el día primero de noviembre pasado.
Demandaban los trabajadores el 50% de aumento de salarios. Este porcentaje de ninguna manera es exagerado, si tomamos en cuenta que el mismo ciudadano Presidente de la República al tomar posesión de su cargo, en esta tribuna dijo que la inflación de precios a diciembre de este año, y en relación con el año anterior, será de cerca del ciento por ciento.
Los trabajadores de Aviación reclamaban la reinstalación de 50 trabajadores despedidos injustificadamente, y que fueran cubiertas 500 plazas vacantes, además de otras prestaciones contraactuales. La empresa es propiedad del Estado y durante el mes que duró la huelga, se mantuvo en el ofrecimiento del 25% de aumento al salario, más el 4. 5% en otras prestaciones.
El Sindicato afirmó que con los ingresos de diez u once días, la empresa podía cubrir los 720 millones de pesos, que era el importe del aumento salarial demandado.
Quedaba así claro que el problema no era económico sino ante todo un problema de carácter político, pues en éste, como en otros casos, se ha demostrado que el gobierno sostiene a capa y espada un determinado tope por lo que se refiere al aumento de salarios.
Esto explica la actitud del anterior Secretario de Comunicaciones y Transportes señor Emilio Múgica Montoya, también presidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, en el sentido de sostener la posición intransigente del director de esa Compañía Mexicana de Aviación, licenciado Enrique Loaeza Tovar.
Los trabajadores del Sindicato Nacional de Aviación se mantuvieron firmes en su demanda de aumentos de salarios. El Secretario de Trabajo había declarado que no era la requisición lo que permitiría la solución del conflicto; sin embargo, nada fiel a sus palabras, como ya dije al principio, un día antes de la toma de posesión del C. Presidente de la República, se declaró la requisición de esta empresa y con ello se dio por terminado el movimiento de huelga de los trabajadores de aviación.
En relación a este problema que es la utilización reiterada de un medio anticonstitucional, para cancelar en muchos casos el ejercicio del derecho de huelga, el 20 de diciembre de 1979, el Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda) presentó a esta Cámara de Diputados, una iniciativa para derogar los Artículos 112 y 113 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en los cuales se apoya el gobierno para cancelar el
ejercicio de este derecho de huelga. Esta ley, como se sabe, fue promulgada el 19 de febrero de 1940, en el marco histórico de la Segunda Guerra Mundial. Fue aquella situación de hace más de 40 años, la que selló la naturaleza de estos artículos 112 y 113. Situación pasada que, naturalmente, en la actualidad no existe, por lo que estos artículos resultan anticuados, ineficaces para los efectos que se buscó en aquel momento, por parte del Poder Público, bajo el sello del peligro de que México se viera involucrado en el conflicto bélico, era natural entonces que en el Artículo 112 de dicha ley, se dijera lo siguiente: "En el caso de guerra internacional, de grave alteración del orden público o cuando se toma algún peligro inminente para la paz interior del país, o para la economía nacional, el gobierno tendrá el derecho de hacer la requisición en caso de que a su juicio lo exija la seguridad, defensa, economía o tranquilidad del país, de las vías generales de comunicación, de los medios de transporte, de sus servicios auxiliares, accesorios o dependencias, bienes muebles e inmuebles y disponer de todo ello como lo juzgue conveniente.
Evidentemente, no existe un problema de guerra internacional. Que yo sepa no existe grave peligro de alteración del orden público. No hay tampoco indicios de que la paz interior del país esté en riesgo alguno. Y, naturalmente, una huelga, en mayor o menor escala, afecta la economía, pero no la desquicia. De ninguna manera pone en riesgo la economía nacional como tal, globalmente, sino que hay cierta afectación. Y cualquier huelga tiene ese y no otro sentido:
presionar a las empresas económicamente, para que éstas accedan a determinadas peticiones. Es este un derecho constitucional del que muchos dicen y decimos que México tiene por qué enorgullecerse.
El artículo 113 precisa el sentido del anterior artículo, al decir: "En los casos previstos en el artículo anterior, el Gobierno Federal podrá dictar las medidas que estime necesarias para el éxito de las operaciones militares". Y enseguida enumera una serie de medidas de carácter militar para los efectos del párrafo citado; es decir, que la esencia del artículo 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación es prevenir problemas derivados de una guerra y eso lo precisa, a mí me parece, el artículo 113 bastante claramente. Entonces esta es una legislación ante todo para momentos de guerra, de emergencia bélica que, evidentemente, como ya lo he dicho, no son los que vive el país. La requisición de empresas se ha aplicado únicamente para terminar con movimientos de huelga legítimos. El historial viene desde 1944 y llega hasta el momento presente. En 1944 el general Manuel Avila Camacho, Presidente de la República, decretó la requisa de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana para terminar por ese medio la huelga de los trabajadores de esa empresa, iniciada el 13 de marzo del mismo año. En 1959 fueron requisadas las empresas ferrocarrileras y se desató simultáneamente una represión de carácter político en contra de los trabajadores de ese gremio y de otras agrupaciones sociales y políticas; o sea que se aprovechó esa requisición de empresas no solamente para terminar con una huelga o una suspensión de labores, sino para violar de manera flagrante los derechos políticos de una gran cantidad de ciudadanos de este país. Con una bandera anticomunista, con una agitación reaccionaria, el Gobierno del licenciado López Mateos, desató aquella represión en virtud de la cual varios dirigentes obreros y políticos estuvieron hasta 11 años en prisión, y esas son de las cosas de las que yo creo que los partidarios de la democracia de ninguna manera podemos enorgullecernos. No nos avergonzamos tampoco, sino, por lo que se refiere a nosotros, simplemente sirven de acicate para seguir luchando por que la democracia sea realmente viva en este país. En 1960 y en 62 fue requisada la empresa Teléfonos de México; en 1962 el golpe fue contra los trabajadores de Radio Aeronáutica Mexicana, S. A. , RAMSA, cuya huelga había sido declarada existente, pero una vez requisada la empresa, los trabajadores fueron obligados a volver al trabajo; en 1976 fue requisada la Empresa Autobuses Amarillos, Coatzacoalcos, Minatitlán, Campeche; en abril del 79, la Empresa Teléfonos fue requisada nuevamente para dar por terminada la huelga de los trabajadores.
En fin, larga es la lista de hechos en los que se ha aplicado este Artículo 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para dar por terminadas huelgas legítimas de trabajadores.
Estos artículos, como lo señala la Iniciativa de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Comunista Coalición de Izquierda, contravienen los derechos y garantías establecidos en la Constitución General de la República. Y decían nuestros compañeros, hace tres años, cuando presentaban esta Iniciativa de reformas a esta Ley, que aquí los diputados juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución, y por ese mandato, por ese juramento, estamos obligados a eliminar todo aquello que contradiga los derechos y garantías que enorgullecen a los mexicanos por estar establecidos en esta Constitución. Pero si no fuera por eso es de elemental democracia, corresponde a la lucha que nosotros levantamos por la libertad política, eliminar de una legislación secundaria lo que contraviene derechos constitucionales y que además son derechos ganados a pulso, y si no a sangre y fuego, por nuestro pueblo en largas y cruentas batallas de clases en este país.
Le dan a la Ley de Vías Generales de Comunicación, el aspecto de una Ley antihuelgas. Claro, el gobierno tiene muchos recursos para evitar que se generalice el uso de huelga constitucional. Ya en esta misma tribuna, hace unas semanas, demostrábamos cómo a los
trabajadores bancarios, al incluirlos, al incluir sus relaciones de trabajo con las empresas bancarias, en el Apartado B de la Constitución, se les estaba cancelando el legítimo derecho de hacer uso de la huelga, de la contratación colectiva, etcétera.
Los trabajadores del Estado, naturalmente que no disponen realmente de esta huelga, y entonces se ven obligados a realizar huelgas de hechos; es decir, suspender las labores. Como aquí mismo se dijo en esta tribuna por parte de compañeros de nuestro Grupo Parlamentario, los maestros de escuelas con frecuencia tienen que suspender labores, hacer lo que vulgarmente se llaman paros, para exigir, por ese medio, que se resuelvan tales o cuales problemas. Es, por tanto, en defensa de la Constitución que rige a nuestro país, que proponemos que la Iniciativa del Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda), presentada hace tres años en esta Cámara de Diputados, sea dictaminada por la Comisión de Trabajo, donde entiendo que se encuentra y, en su caso, por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para que en sesión plenaria de esta Cámara de Diputados se resuelva lo que nosotros proponemos y naturalmente solicitamos que sea afirmativamente, en el sentido de derogar los artículos 112 y 113 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Quiero recordar que la diputación obrera del PRI presentó otra iniciativa similar a la nuestra, que también se encuentra allí, como por ahí vulgarmente se dice, congelada. Yo quiero también proponer que esta iniciativa, o las dos juntas, por tener una gran similitud, sean dictaminadas y discutidas en las condiciones que ya he propuesto.
Es por esta razón, ciudadanos diputados, que dejo constancia escrita ante la Secretaría de la Cámara de la siguiente proposición:
"C. diputado licenciado Mariano Piña Olaya, Presidente de la H. Cámara de Diputados. - Presente.
En representación de la Fracción Parlamentaria del PSUM, me permito someter a esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición:
Adoptar el acuerdo de solicitar a la Comisión de Trabajo y, en su caso, a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, se sirven emitir su dictamen acerca de la Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto presentada el 20 de diciembre de 1979 por el Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda) planteando la derogación de los artículos 112 y 113 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Atentamente, J. Encarnación Pérez Gaytán. "
CC. diputados: nosotros pensamos que si ha de ser cierto que existe aquí un régimen de derecho, regido por una carta fundamental, que mucho tiene de democrática, y que ha sido el producto de largas luchas históricas de nuestro pueblo, la Iniciativa para derogar estos artículos que contravienen a esa Constitución y para preservar incólume el derecho de huelga, bien ganado por los trabajadores de nuestro país, esta Cámara de Diputados no tendrá inconveniente en que se dictamine y se resuelva lo que aquí estamos proponiendo. Muchas gracias. (Aplausos. )
El C. Presidente: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, consulte la Secretaría a la Asamblea si algún ciudadano diputado desea hacer uso de la palabra en pro o en contra de la proposición.
El C. secretario Everardo Gámiz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si algún ciudadano diputado desea registrarse para hablar en pro o en contra de la propuesta hecha por el diputado José Encarnación Pérez Gaytán. . . Ningún ciudadano diputado, señor Presidente.
El C. Presidente: Con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite o no a discusión la proposición.
El C. secretario Everardo Gámiz: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se admite o no la proposición.
Los que estén por que se admita, sírvanse manifestarlo. . .
Los que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo. . . Desechada la proposición, señor Presidente.
COMENTARIOS AL
MENSAJE DEL LICENCIADO
MIGUEL DE LA MADRID
El C. Presidente: Han solicitado el uso de la palabra para hacer comentarios sobre el mensaje pronunciado por el ciudadano licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en la sesión de Congreso General el día 1o. de diciembre, los siguientes ciudadanos:
Jesús Luján Gutiérrez, Mariano López Ramos, Baltazar Ignacio Valdez Montoya, Antonio Gershenson, Gerardo Medina y Maximiliano Silerio Esparza. En tal virtud, se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Jesús Luján Gutiérrez.
El C. Jesús Luján Gutiérrez: Señor Presidente; señoras y señores diputados. El documento que escuchamos el pasado 1o. de este mes, a juicio nuestro es un documento claro, objetivo, realista, que analiza sin rodeos la completa situación económica por la que atraviesa nuestro país, las relaciones con el exterior y la posición de México respecto a la lucha de los pueblos oprimidos que luchan por su liberación frente a las agresiones del exterior.
Es a la vez, a nuestro juicio, un documento valiente, crítico y autocrítico, en el que el
Presidente propone al pueblo las medidas adecuadas para salir de la crisis y arribar a un México mejor que el de hoy. Es a la vez un compromiso público de luchar por desarrollar las fuerzas productivas, fortalecer el mercado interno, mejorar las condiciones de existencia de los mexicanos y ampliar el sistema democrático de nuestro país.
Pero nosotros consideramos que si la Revolución Mexicana no establece las bases firmes para conquistar la independencia económica respecto del extranjero, lo logrado hasta hoy se verá amenazado de muerte, y en lugar de desarrollar las fuerzas productivas y establecer relaciones más justas en el campo de la producción en nuestro país, se correrá el riesgo de paralizarse ante la intervención sistemática y cada vez más audaz de las fuerzas económicas del imperialismo.
En este marco, a nuestro juicio, adquiere un gran valor la declaración del Presidente Miguel de la Madrid acerca de un aspecto substancial que durante la campaña política vino manejando y que ha sido reiterado desde esta tribuna, y es lo relativo al nacionalismo revolucionario, interpretado y declarado como producto de la Revolución Mexicana, como producto de las luchas de nuestro pueblo, y definido y aceptado de la siguiente manera por el Presidente de la República.
El declaró: "El nacionalismo revolucionario determinará mi conducta. Es la ideología que sintetiza nuestra voluntad histórica de constituirnos en una vigorosa comunidad política, económica y social; es la conciencia de nuestra identidad y proyección colectiva. El nacionalismo revolucionario manifiesta la lealtad a nuestras tradiciones y costumbres, el apego al suelo en que nacimos, el sentido de nuestra historia, arraiga en una convicción democrática, fundamenta el poder transformador del Estado, impone la obligación de superar todo lo que vulnera nuestra independencia política y económica".
Nosotros le damos un gran valor a este aspecto de la declaración porque consideramos que estos conceptos sirven de puntual en la práctica, en la aplicación de nuestra política exterior, con base en la historia y en los dictados de las luchas de nuestro pueblo.
Es saludable a nuestro juicio que se ratifique desde esta tribuna, en un acto solemne, la continuación de nuestra política exterior, basada en los principios esenciales de nuestra idiosincrasia y apoyo a la lucha de los pueblos por su libertad y su independencia, por la paz y el desarme, por fomentar las relaciones respetuosas y justas con nuestros vecinos, el fortalecimiento de los lazos fraternos entre los latinoamericanos y para la solución justa y pacífica de las controversias entre los Estados.
Continúa el Presidente definiendo el nacionalismo revolucionario como la fuerza unificadora sustancial de los mexicanos, para conseguir los objetivos populares. Indicó: "Me empeñaré en fortalecerlo, preservaré su carácter transformador y afirmaré su proyección a la justicia social".
En este marco nosotros entendemos que se apoyan declaraciones hechas también como la de fortalecer la independencia económica y política de los ayuntamientos, para que éstos cumplan con mayor eficacia el cometido que la misma legislación les ha conferido.
Nosotros consideramos que la falta de independencia económica para el municipio, provoca restricciones a la vida política de nuestro país. Si no se eliminan los estorbos para una vida política municipal, independiente y próspera, no se podrá programar de manera eficaz el desarrollo económico y la vida democrática seguirá siendo imperfecta.
El nacionalismo revolucionario como lo interpreta el Presidente y expresado también en esta tribuna como un proyecto nacional, dice que subsiste y se fortalece en la conciencia de las nuevas generaciones. La educación es el instrumento de la nación para afirmarse. Por mandato constitucional la educación pública difunde y arraiga las actitudes democráticas, los propósitos igualitarios, el orgullo y la defensa de la independencia nacional. Indica que atenderemos enfáticamente la calidad de la educación, propiciaremos el acceso de las clases populares a los niveles educativos superiores, y organizaremos una permanente y vigorosa campaña alfabetizadora.
Declaró también, que se pronunciará durante su mandato por más y mejor educación para todos los mexicanos y que además es una exigencia de la independencia cultural, tecnológica y económica de México.
Nosotros consideramos que esta manifestación es congruente con lo que nosotros entendemos como manifestaciones de esta naturaleza y como lucha del pueblo nuestro por defender aspectos esenciales de nuestra vida, como es la educación y la cultura.
Nosotros sabemos por experiencia que el imperialismo ha formulado por sistema de la manera más ruda y clara sus aviesos propósitos sintetizados en su deseo de borrar desde sus bases la cultura latina en la América no anglosajona, reemplazarla por la de los Estados Unidos, hacer del continente una sola unidad espiritual, unificar el pensamiento superior de todos los pueblos americanos, revisar su historia y llegar a la creación de una cultura continental americana que asocia a todos sus habitantes para el porvenir en todas las empresas que el destino histórico le ha confiado según ellos al imperialismo yanqui.
Nosotros, nuestro partido, el Partido Popular Socialista, levantándose contra esa terrible amenaza de borrar no sólo nuestra independencia económica y política, sino nuestra personalidad espiritual, nos colocamos orgullosamente bajo el amparo de la gran tradición cultural mexicana y nos inspiramos en sus ideas de libertad, progreso y justicia para continuar la secular lucha de nuestro pueblo por una vida digna y grande.
México, decía el maestro Lombardo Toledano, es la patria formada por las culturas autóctonas, entre las que sobresale la gran cultura olmeca, raíz de todas y sus mejores frutos, la
azteca y la maya; poesía bella y profunda sin que la lengua contara con alfabeto y prosa hablada, elocuente y sobria de extraordinaria claridad y concisión y llena de múltiples matices. Cómputo del tiempo de mayor exactitud que la de los europeos, arquitectura grandiosa, armonía perfecta de la estructura material de la fábrica y de la escultura y la pintura, artes menores llenas de imaginación y elegancia, amor entrañable y honda reverencia hacia la tierra y hacia sus dones, señorío natural resultado de un carácter austero y discreto, de una gran confianza del hombre en sí mismo y de un arrojo insuperable que si a veces lleva hasta el sacrificio de la vida, no se hace sino acrecentar las cualidades viriles. En la defensa de esta herencia histórica, de esta lucha por defender lo nuestro, no podemos menos que aplaudir una manifestación del Presidente que coincide precisamente en la defensa de la cultura frente a las agresiones del exterior.
Hubo declaraciones muy importantes también, que a nuestro juicio debemos de subrayar. Aplaudimos y apoyamos la declaración y la decisión del Ejecutivo de que la nacionalización de la banca sea irreversible, ésta a nuestro juicio debe ser del pueblo y no de una nueva minoría de dirigentes, pero tampoco debe volverse a permitir la participación de los que la usaron para sus fines bastardos e intereses mezquinos y de quebrar al país con su actitud antipatriótica. Debe haber vigilancia y llamamos a todas las fuerzas revolucionarias y democráticas de nuestro país sobre los funcionarios que se colocaron y que son de tendencia neoliberal y monetarista cuya conducta moral y política ha causado tanto daño a nuestro país.
Vemos que es justa la declaración de que es necesario revisar la forma tan injusta en que se encuentra distribuida la riqueza en nuestro país y que con equidad deben tomarse las medidas fiscales para que sean beneficiadas las grandes masas de nuestro pueblo.
A nuestro juicio, el costo social en la superación de la crisis que estamos padeciendo y que es falso que sea producto de la actitud de la clase obrera, de los campesinos, y del pueblo, no debe recaer una vez más en estos sectores, sino que debe recaer esencialmente en la minoría privilegiada que se ha enriquecido de manera insultante abusando de las bondades del movimiento armado y de las disposiciones equivocadas algunas, del Ejecutivo y del Gobierno en su conjunto. Por eso es plausible y merece todo el apoyo a nuestro juicio, de las fuerzas democráticas y revolucionarias de nuestro país para que el Presidente en la aplicación de estas medidas tenga todas la condiciones para aplicar una reforma fiscal a fondo que corrija las graves deficiencias de que adolece la actual.
Nosotros saludamos el anuncio hecho por el Presidente Miguel de la Madrid de promover reformas a la Constitución para reafirmar la rectoría del Estado en la economía y establecer un sistema de planeación democrática para el desarrollo en el que se delimiten jurídicamente las áreas de actividad económica del Estado y los particulares, normada por el nacionalismo, la libertad, la democracia y la justicia social. Esto es bueno a nuestro juicio y además, por que consideramos que si la Constitución tiene un conjunto de principios y de normas sobre la economía nacional no sólo se llena una laguna que existe en la Carta Magna, sino que todos los sectores sociales tendrán un camino claro para encauzar sus actividades sabiendo cuáles son los propósitos del desarrollo económico del país y los derechos y obligaciones del Estado de las distintas fuerzas sociales y de los individuos.
Es un clamor nacional y todos quienes de manera sistemática estamos participando junto al pueblo en sus luchas, corroboramos la justeza de la declaración hecha por el licenciado De la Madrid de que las policías en lugar de proporcionar garantías a los ciudadanos y a las organizaciones sociales y políticas, se convierten en una amenaza, por lo que no vacilamos en aplaudir y en apoyar las medidas aquí anunciadas para que estos organismos policiacos sirvan precisamente para dar garantía y seguridad a las instituciones y a los ciudadanos.
Habla el Presidente de que es necesario, de que es el momento de transitar por una nueva etapa histórica de nuestro país. Nosotros consideramos también que ha llegado el momento para que el aspecto democrático y político se eleve al mismo rango, al mismo nivel en que se ha avanzado en otros aspectos tan importantes como el aspecto económico, y que ha rebasado, en mucho, a las condiciones políticas.
Nosotros consideramos que ha llegado el momento de establecer la representación proporcional en la elección de todos los cuerpos colegiados representativos del pueblo, desde los ayuntamientos municipales hasta el Poder Legislativo, pasando por los congresos locales; que ha llegado el momento también de que los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal tengamos el derecho de elegir libremente a nuestras autoridades municipales y legislativas;
que es necesario que se otorgue el derecho a todos los ciudadanos del Distrito Federal para nombrar, por la vía electoral, a nuestras autoridades; que ha llegado el momento de establecer en nuestro país un gobierno de democracia nacional en el que estén representadas todas las fuerzas sociales representativas del pueblo en el Ejecutivo, y no sea sólo un grupo de ciudadanos, por más distinguidos que éstos sean, con el simple merecimiento de su capacidad o de la amistad con el Jefe del Ejecutivo de la nación.
Consideramos que estas medidas, y muchas más que están contenidas en el documento leído por el Presidente de la República el 1o. de diciembre, de corte avanzado y progresista, merecen el apoyo para seguir impulsando los aspectos esenciales de la Revolución Mexicana, porque nosotros, los miembros del PPS, consideramos que este trazo dado por el movimiento social iniciado en 1910 y el rumbo del mismo será el que nos lleve a la construcción de una sociedad superior en la que desaparezcan los vicios y las lacras que actualmente padecemos. Muchas gracias. (Aplausos. )
AÑO I.T.I. No.46 CÁMARA DE DIPUTADOS DICIEMBRE 3, 1982
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Mariano López Ramos.
El C. Mariano López Ramos: Señor Presidente; serosa y señores diputados.
Hemos solicitado la palabra con el fin de hacer algunas consideraciones preliminares acerca del mensaje que dirigió a la nación el pasado 1o. de diciembre el señor Presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado.
A nosotros, los integrantes de la fracción parlamentaria del PST, nos parece que el mensaje del señor Presidente de la República ha sido, efectivamente, un mensaje realista y objetivo. Consideramos que este mensaje es fundamental porque recoge, sobre todo, muchas demandas de la clase trabajadora y del campesinado de nuestro país que durante mucho tiempo ha venido planteando bajo diferentes formas, a través º de sus diferentes organizaciones.
Por eso resaltamos, en primer lugar, que el mensaje del señor Presidente tiene la virtud de recoger lo que pulsó en su campaña de nuestro pueblo, demandas que consideramos son impostergables y requieren efectivamente la participación de todas las fuerzas políticas y sociales de nuestro país; demandas y reivindicaciones que van a requerir, sobre todo, una actitud muy valiente, muy firme, muy decidida para que las medidas que apuntó en su mensaje el señor Presidente de la República, puedan verse cristalizadas en la realidad y sobre todo que beneficien a las amplias masas trabajadoras de nuestro país.
Nosotros consideramos que a raíz de la nacionalización de la banca, el Estado mexicano empieza a corregir el rumbo para orientarse conforme lo establece la Constitución General de la República, en beneficio de las mayorías trabajadoras.
Nos parece por eso muy importante que al inicio de su mensaje el señor Presidente de la República, haya mencionado que va a gobernar con la Constitución y con las leyes; en la actualidad sabemos muy bien que es un reclamo de millones de trabajadores del país, que los empresarios que acaparan la inmensa mayoría de la riqueza del país dejen de hacer caso omiso a los derechos contenidos en el Artículo 123 Constitucional y en la Ley Federal del Trabajo.
Nosotros sostenemos que han sido los grandes empresarios, que son los caciques y terratenientes los que han venido viviendo en la igualdad al negarle a las masas campesinas el derecho que tienen a la tierra y a lo que producen, que son los grandes empresarios los que viven en la ilegalidad al coartar el derecho de huelga, al negarle a los trabajadores el aumento justo a sus reclamos de mejoría en los salarios y de prestaciones sociales.
Por esa razón, nosotros consideramos que cuando el señor Presidente de la República expresa que gobernará con la Constitución y con las leyes, está retomando el camino que nuestro pueblo marcó en la lucha revolucionaria de 1910 y 1917 y que quedó plasmada, como lo sabemos bien todos, fundamentalmente en el Artículo 123 y en el 27 constitucionales.
Consideramos también que el programa de reordenación económica del señor Presidente apunta hacia la solución de la grave crisis económica que vive nuestro país; sin embargo, es natural que todas las fuerzas productivas del país, que todos los sectores y los grupos, encontremos en el mensaje del señor Presidente de la República respuestas a muchas inquietudes, a muchos interrogantes.
Para nosotros que representamos a los trabajadores y al pueblo, pensamos que esas medidas podrán ser efectivas en la medida en que se profundice en el respeto a los derechos de los trabajadores; pensamos que esas medidas habrán de ser las mejores si se toma en cuenta, como lo anunciaba el señor Presidente, de manera real y efectiva al pueblo y a los trabajadores, porque es claro que la disminución del gasto público debe efectivamente ser sobre todo sin sacrificar las obras prioritarias de beneficio popular, porque es efectivamente necesario proteger el empleo a fin de que los trabajadores puedan seguir alimentando a sus familias, y a través de su lucha organizada dándoles mejores niveles de bienestar social.
Nosotros pensamos que el proyecto de reordenación económica del señor Presidente de la República debe orientarse prioritariamente a desarrollar la fuerza principal de este país que son las fuerzas de la clase trabajadora, del campesinado, que están con fuertes reclamos esperando una vez más, que se les haga justicia, que se les tome en cuenta, que se atiendan sus reclamos.
Y por eso pensamos que la nacionalización de la banca y el programa de reordenación económica que ha planteado el señor Presidente de la República debe tener como puntal el desarrollo de la propiedad social, a fin de que los trabajadores y los campesinos puedan crear empresas de solidaridad social, a fin de combatir de manera real y efectiva el desempleo. Porque son los trabajadores organizados, porque es la experiencia de ellos en muchas partes del mundo, sobre todo en los países socialistas, los que han venido a demostrar que con su organización, su trabajo, pueden elevar la producción y sacar a nuestro país, sin lugar a dudas, de la profunda crisis económica.
Por eso sostenemos nosotros que las acciones de las diferentes empresas de la banca nacionalizada, en este sexenio a la mayor brevedad posible, deben ponerse en manos de los trabajadores y se responsabilicen de dirigir, de administrar, de sostener y de impulsar la productividad en esas empresas. Consideramos que es la mejor opción para que la clase trabajadora tome conciencia de su importante papel y contribuya de manera efectiva, a sacar al país de la crisis económica. Para ello se requiere que el Estado impulse la propiedad social, porque está contenido en nuestra Constitución el derecho que tiene nuestro pueblo y la clase trabajadora, el derecho que tiene el Estado de darle a la propiedad privada los fines que dicte el interés público.
Por eso sostenemos que ante la grave crisis económica, ante el creciente desempleo y la creciente elevación de los precios de los artículos de primera necesidad, debemos ofrecer a la clase trabajadora alternativas viables que puedan contribuir a combatir de manera real la crisis, sobre la base de que los trabajadores empiecen a convertirse en factores activos de la política gubernamental, de que están dirigiendo, administrando, empresas que antes pertenecían a la esfera de la propiedad privada.
Por eso es importante que en el campo se constituyan empresas de solidaridad social, se dé impulso a la producción colectiva en el campo, se creen agroindustrias como lo ha señalado el señor Presidente, a fin de que los campesinos nos puedan liberarse de las ataduras de las grandes empresas transnacionales, que les imponen los precios a sus artículos, a sus productos, y que los tienen encadenados, viviendo en la miseria, en el desempleo, en la desnutrición y en muchos problemas más.
Compartimos nosotros también que es una necesidad de que la clase capitalista, de que quienes tengan más, paguen más impuestos. Pero no solamente es necesario que el gobierno de la República suspenda todos los subsidios que tienen las grandes empresas, a fin de que paguen lo justo por los combustibles, por la energía eléctrica, por el agua potable y por muchos otros subsidios que durante mucho tiempo la empresa privada ha gozado de parte del Estado.
Pensamos que deben terminarse esos subsidios y que efectivamente la Reforma Fiscal debe atender prioritariamente a las necesidades de la población trabajadora para que los que tengan y produzcan más sean los que paguen mayores impuestos.
Hemos sostenido que con la nacionalización de la banca se abren las posibilidades para el desarrollo de la propiedad social en el campo y en la ciudad y por eso es fundamental que en este sexenio el crédito se oriente a las necesidades prioritarias del país que permitan que las grandes mayorías organizadas puedan contribuir con sus esfuerzos, con su capacidad, con su organización, a sacar a nuestro país de la crisis económica; porque estamos ante el peligro de que la banca nacionalizada, sus créditos, en lugar de favorecer a los trabajadores y a los campesinos, vayan a beneficiar a los capitalistas, a los grandes empresarios, inclusive a los extranjeros dueños de las trasnacionales. Es importante por esa razón que el crédito se oriente al campo; que el crédito se oriente a la creación de empresas productivas que estén administradas por los propios trabajadores. Y por eso es importante el mensaje del señor presidente que retoma el derecho del Estado Mexicano de regir la economía del país. Pensamos que ha llegado el momento de que el estado consolide, a través de una serie de medidas que ya apuntaba el señor presidente, el papel rector principal y fundamental que tiene que tener en la economía de nuestro país. Pero ese papel rector principal y fundamental, no puede seguirse orientando al beneficio de unas cuantas empresas, al beneficio de una clase privilegiada. La rectoría del Estado en materia económica debe orientarse hacia el beneficio de las amplias masas trabajadoras del campo y de la ciudad. Y la nacionalización de la banca y el otorgamiento a crédito a los obreros y a los campesinos que se organicen para producir nos señalará el camino para salir a corto plazo de la crisis. Señala también el mensaje del señor Presidente y fue reiterativo en su campaña electoral, de la necesidad de fomentar la democracia en todos los ámbitos de la vida nacional. Esta es una demanda de la población trabajadora, que es una demanda de nuestro pueblo que todos los días en el ejido, en la fábrica, en el sindicato, en la colonia y en el barrio es la demanda de nuestro pueblo de que se le escuche, de que se le atienda, de que no se le coarte en sus libertades, de que se le permita su participación no pasiva, sino activa, en el proceso de la vida política y social , económica y cultural de nuestro pueblo.
Por esa razón, nosotros respaldamos esa medida, pensamos que es positiva, y estamos y estaremos pendientes y contribuiremos a que la clase trabajadora y nuestro pueblo empiecen a ejercer plenamente sus derechos, que va cada vez a la clase trabajadora y el pueblo vaya teniendo mayor participación en la vida de nuestro país. No puede haber democracia en los ejidos, en la provincia cuando haya un terrateniente y cacique que acaparen las tierras, que acaparen los productos, no puede haber respeto a la ley o a la Constitución cuando predominan relaciones semifeudales en el campo, cuando unos pocos se enriquecen a costillas del trabajo, de la miseria y el hambre de millones de trabajadores. Por eso es necesario que impulsemos efectivamente la participación del pueblo y de los trabajadores, y que no quedemos en simple pronunciamiento.
Es necesario, sin lugar a dudas, también profundizar la reforma política, reforma política que durante el régimen de López Portillo se impulsó, pero que aún constituye una demanda de nuestro pueblo, que es necesario que rompa una serie de ataduras que limitan la participación de los trabajadores en los sindicatos, en el ejido y en toda la vida de nuestro país.
La Reforma Política no puede circunscribirse a las elecciones federales o a las elecciones para Presidente de la República o para senadores; es necesario que la Reforma Política profundice y llegue a los estados, y llegue a los municipios, y afecte a los interesados de los caciques y de los terratenientes; afecte a los grupos del poder que están trabando el desarrollo sano de nuestro país. Es necesario que la Reforma Política sea abrazada por nuestro pueblo con la convicción plena de que en el ejercicio de sus derechos está la solución de muchos de sus problemas y, por lo tanto, está una democracia más real en nuestro país.
Por eso la Reforma Política debe profundizarse en los estados y en los municipios y esperamos que en este sexenio la participación de los trabajadores, la participación de las diferentes organizaciones democráticas y
revolucionarias no vayan a tener presión o coacción alguna que limite sus derechos contenidos en nuestra Constitución.
Por eso consideramos que es saludable y positivo que se profundice la Reforma Política. El mensaje del señor Presidente nos expresa también el compromiso del gobierno de la República de atender las necesidades de alimentación, de vivienda, de salud, de recreación y deporte de nuestro pueblo. Son demandas también y exigencias de nuestro pueblo. No podemos seguir ignorando que somos un país donde más de la mitad de la población padece diferentes grados de desnutrición.
Debemos entender que hay una gran injusticia implícita ante la imposibilidad de nuestro pueblo de alimentarse, porque los hijos de los campesinos, los hijos de los trabajadores, en muchísimos casos nacen ya desnutridos, y nuestro pueblo no puede seguir en la desnutrición. Eso conviene a los intereses de las grandes transnacionales, eso conviene a los intereses de los que quieren que nuestro pueblo no se desarrolle en forma sana, no desarrolle todas sus capacidades y potencialidades, a fin de mantenerlo permanentemente explotado y sumido en las tinieblas de la ignorancia. Por eso es importante, esperamos que en este sexenio se profundice a todos los niveles la educación entre nuestro pueblo para que desaparezca de nuestro país el analfabetismo.
Es la experiencia de muchos pueblos, de muchos gobiernos de diferentes partes del país, que cuando gobiernan junto con los trabajadores y con el pueblo, tienen las posibilidades de desarrollar grandes potencialidades para terminar para siempre con el analfabetismo, y por lo tanto al difundir la cultura en nuestro pueblo, estaremos difundiendo la posibilidad de que nuestro pueblo sepa alimentarse mejor y sepa aprovechar de manera más creadora sus potencialidades, sus energías, su creatividad.
Nos parece muy importante porque es una necesidad impostergable, principalmente de la clase trabajadora, que se atiendan las demandas de vivienda. La pasada Legislatura estableció el derecho de todos los trabajadores a una vivienda digna. Hasta estos momentos el Senado de la República no aprueba esa reforma, y por lo tanto las legislaturas locales no pueden aprobarlo.
Pensamos que, como paso inicial, atender los graves problemas de vivienda que padecen los trabajadores, debe aprobarse por el Senado el derecho de todos los trabajadores a una vivienda digna, a fin de que se plasme en nuestra Constitución ese derecho y, sobre todo, que se tomen las medidas para que los trabajadores que carecen de vivienda puedan organizarse en cooperativas de producción de materiales, en cooperativas de construcción de viviendas y, de muchas formas, para que sean los trabajadores con su organización los que puedan hacer efectivo ese derecho. Pero para ello es necesario que en la ciudad y en el campo se afecte a los acaparadores de la tierra, para ello es necesario hacer una serie de reformas para que el patrimonio familiar de la vivienda se establezca con un carácter inalienable, a fin de que los acaparadores de la vivienda no despojen a los trabajadores de la misma.
Se requiere hacer una serie de reformas en ese sentido para que los trabajadores tengan efectivamente garantizado su derecho a la vivienda, porque los trabajadores, una parte importantísima de su salario lo consumen en los pagos de la renta, y ésta es una demanda que se recoge en el mensaje del señor Presidente y que pensamos es impostergable y que pensamos que nosotros como representantes del pueblo en esta Legislatura, tenemos que tener la sensibilidad para atender a esa y a muchas demandas de nuestro pueblo.
Nosotros sabemos que la corrupción tiene sus orígenes y se alimenta del propio sistema capitalista, sin embargo, aún en el propio sistema capitalista como es la experiencia de otros pueblos, es posible combatir y disminuir la corrupción. El mensaje del señor Presidente se orienta hacia esa demanda de nuestro pueblo.
Pensamos que la serie de medidas que se tomen en ese sentido, deben llevarse hasta sus últimas consecuencias y pensamos que en este sentido, al permitírsele a nuestro pueblo que recupere plenamente sus derechos, podrá el pueblo y los trabajadores con su organización señalar con el índice de fuego a todos los sinvergüenzas y corruptos, no solamente los que puedan estar dentro del gobierno sino los de la iniciativa privada que son fundamentalmente y han sido fundamentalmente los grandes corruptores de nuestro país.
La fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, considera que el mensaje del señor Presidente es un mensaje alentador y realista, que va a requerir sobre la práctica consecuencia política, que va a requerir que todas las fuerzas sociales se involucren a fin de aportar nuestros esfuerzos para salir de la actual crisis económica.
Nosotros pensamos que todas las medidas que el Gobierno de la República tome para salir de la actual crisis económica, deben hacerse sobre la base de que se atienda en primer término las necesidades, los intereses, los derechos de las mayorías trabajadoras de nuestro país.
Si se pensara salir de la actual crisis económica haciendo sufrir a los trabajadores con mayores impuestos, con topes salariales, con negativas a aumentarles sus salarios y sus prestaciones sociales, estaríamos sin lugar a duda equivocando el rumbo y preparando el terreno para el estallido violento de nuestro pueblo.
Nosotros en ese sentido pensamos que las medidas que a partir de hoy se dan a conocer en los medios de difusión, deben ser medidas que protejan a los trabajadores de menos ingresos, que les garanticen plenamente los derechos que establece la Constitución.
Es necesario que en estos momentos de crisis económica no se prive a las familias trabajadoras del escaso pan que llevan a sus hogares. Es necesario que en este periodo las demandas de los trabajadores, que son las demandas de las mayorías, prevalezcan por encima de las
demandas egoístas de una minoría privilegiada y enriquecida y explotadora.
Por esa razón, nosotros, los de la Fracción Parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores consideramos que estas medidas apuntan hacia la solución de la crisis económica, y que con la organización de los trabajadores y del pueblo, respetando plenamente sus derechos, desarrollando la propiedad social, estaremos caminando hacia la solución de la actual crisis económica. Muchas gracias.
(Aplausos).
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Baltazar Ignacio Valadez Montoya.
El C. Baltazar Ignacio Valadez Montoya: Señor Presidente; honorable Asamblea:
Dentro de la brevedad que impone el marco de labores de esta Cámara, a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, expongo nuestros puntos de vista preliminares, acerca del mensaje pronunciado por el Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid, en el acto de toma de posesión de su elevado cargo, a reserva de precisarlos y ampliarlos en otros momentos, tanto en éste como en otros foros.
El Partido Demócrata Mexicano se ha autodefinido y autocaracterizado en su actuación como independiente, como tal, frente al poder público se ha impuesto la norma de reprochar y oponerse a los actos que vayan en contra de México y de alabar y de apoyar los actos que redunden en el bien común de nuestra nación, juzgados a la luz de nuestros principios, programas y plataforma.
En las pasadas elecciones federales, nuestro partido al postular como candidato a la Presidencia de la República, al ciudadano Ignacio González Golláz, y a sus distintos candidatos a senadores y diputados federales, propuso un programa diferente al que presentó el PRI al postular al ahora Presidente de la República, con sus semejanzas y diferencias, sí, pero distinto al fin.
El licenciado de la Madrid ha expresado su lealtad a su programa, nosotros reafirmamos nuestra lealtad al nuestro, por lo que a lo largo de su gestión habrá coincidencias en sus medidas, como también disidencias, ambas legítimas y ambas ejercidas en nuestro caso en el civismo y en la búsqueda del bien de nuestra patria.
Los 10 puntos programáticos que anunció en su mensaje para sacar a nuestro país de la grave crisis que padece, merecen una consideración especial. En primer lugar, un reconocimiento al realismo con que fueron abordados los problemas nacionales y un voto para que tal estilo se prolongue en el Presidente y se extienda a sus colaboradores.
En segundo lugar, se trata de un plan de emergencia para que el país no se deshaga según la propia expresión presidencial. Los 10 puntos de referencia, responden en términos generales a tal requerimiento. Deben ser aceptados por todos los grupos y partidos, con independencia de su ideología y sin desdoro de ella, que presenten un mínimo de amor a México. Incluimos los propósitos de renovación moral de la sociedad, entre los puntos de emergencia y de urgencia. Por ello, apoyamos y apoyaremos los 10 puntos propuestos a la nación, junto con el de renovación moral de la sociedad, para salir de la crisis actual y apoyaremos la gestión del licenciado Miguel de la Madrid, para realizarlos, e incitaremos a los demás a que brinden el mismo apoyo solidario. Tal apoyo está enmarcado en los siguientes postulados y presupuestos:
Lo ejercemos desde nuestra postura independiente; sin abdicar de ella y más bien acentuándola, en el juicio crítico y en la denuncia, ya que prevemos que muchos miembros del grupo en el poder, que muchos subordinados del nuevo Presidente, no cuantificados aún, aunque van a prestar una adhesión formal y externa a los propósitos de renovación moral, en la práctica y ante las medidas concretas que se tomen, presentarán una resistencia que puede ir desde el disimulo y la inercia, hasta el franco sabotaje y la calumnia, la enemiga hipócrita, pero tozuda y cruel.
La experiencia histórica nos ha demostrado que todos los mensajes iniciales de los presidentes han sido esperanzadores y aplaudibles. Pero que los propósitos en ellos enunciados no siempre realizaron, frente a lo cual el juicio final de la gestión, más de una vez ha contrastado con los elogios al discurso inicial. México no puede salvarse con un discurso, por excelso que éste sea. Hoy más que nunca, las obras son amores y no buenas razones.
En el corto tiempo de esta nueva gestión, nos reconfortan dos hechos: la sobriedad republicana en la ceremonia de toma de posesión y la no inclusión en el nuevo gabinete, con sus inevitables pelillos en la sopa, de los elementos más característicos y caracterizantes de lo negativo de un paso ominoso. Deseamos sinceramente que los aplausos honestos y espontáneos de los legisladores demócratas que tributamos a algunos conceptos del mensaje comentado, no se conviertan en rechifla al final del sexenio, sino en una ovación más atronadora por la obra realizada y bien realizada.
A fuerza de ser independientes, nos reservamos el derecho y el deber de juzgar las medidas concretas con que se implanten los 10 puntos comentados y la renovación moral para, según su contenido, apoyarlas, rechazarlas, proponer modificaciones o adiciones, según el caso. Por lo pronto, sin agotar la materia, ponemos a la consideración de esta Asamblea los siguientes puntos de vista.
La eliminación del déficit presupuestario es una exigencia ineludible para abatir la inflación y evitar el endeudamiento externo. Es lógico que para lograrlo se busquen dos caminos convergentes: la austeridad en el gasto público y la elevación en los ingresos del Estado. Lo segundo es a tráves de la reforma fiscal tributaria y la adecuación de los precios y tarifas de los servicios y bienes que presta o
proporciona el Gobierno y las paraestatales. Esto último, mal implementado, puede significar dolorosos impactos en la economía popular, como el alza en el precio de la gasolina anunciada ayer y la elevación desmedida de las tasas tributarias, de por sí altas, que pueden perjudicar el aparato productivo y desalentar iniciativas y esfuerzos. La reducción en el crecimiento del gasto público no sólo debe contemplarse en un ajuste mínimo de las distintas partidas, lo que podría llamarse "las economías en la sopa del perico" sino extenderse a los factores y causantes de mayor magnitud del déficit presupuestario; las pérdidas de las empresas paraestatales, la futilidad del gasto en las dependencias intersectoriales como COPLAMAR y los fideicomisos, etc., y los subsidios.Las empresas paraestatales que no presten una definida e inobjetable función social, deben privatizarse.Si no se toma esa medida, aun cuando se remonte la presente crisis, sus pérdidas serán la raíz de nuevas crisis. No necesita Salubridad y el Seguro Social de Coplamar y la duplicidad de gastos de administración que conlleva para establecer centros de salud en zonas marginadas, ni educación para establecer escuelas. etcétera. En cuanto a los subsidios ya se anunció su racionalización y tal racionalización debe tender a su disminución concomitante con el aumento del poder adquisitivo de los menos favorecidos.
Nunca creeremos en una autoridad presupuesta que no vaya acompañada sustancialmente de un freno a la explosión burocrática. De esa manera si se baja el gasto público en esos renglones, en la ecuación respectiva el alza de los ingresos estatales será menos dolorosa y perjudicial en las obras iniciadas, por concluirse o detenerse, para haber congruencia con la democratización integral anunciada, debe darse a conocer a la opinión pública un catálogo de las mismas y establecer como uno de los ingredientes de las prioridades los resultados de una consulta popular.
En la definición y clarificación de la rectoría económica del Estado, debe funcionar como principio rector el de subsidiariedad, o sea, que el Estado no haga ni mande lo que los particulares, individualmente o agrupados en sociedades intermedias, pueden hacer y en consonancia con el bien común y que emprenda y mande lo que los particulares no puedan emprender o no dirijan hacia el bien común, precisamente, para que el gobierno y el Estado sirva al hombre y éste no sea mero instrumento del primero.
En la renovación moral de la administración pública, además de la voluntad política para lograría y una ley de responsabilidades adecuada, deben funcionar un presupuesto controlado sin sobregiros no autorizados expresamente por el Congreso, ni desviaciones en las partidas sin que en él funcione la filosofía del chicle, por aquello de que"en arca abierta, hasta el más justo peca", y "a río revuelto, ganancia de pescadores".
En resumen, apoyamos a Miguel de la Madrid en sus 10 puntos, como independientes, como sujetos activos a la vida pública que proponen y discuten y, sobre todo, queriendo ser patriotas que buscan el bien de México. Señores diputados, por su atención, muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Antonio Gershenson.
El C. Antonio Gershenson: Ciudadano Presidente; ciudadanos diputados. En el mensaje que estamos comentando del Presidente de la República, se anuncia un programa económico en el cual uno de los elementos fundamentales es la relación entre el sector público y el sector privado.
En el momento en que vemos venir una severa restricción al gasto público, no podemos dejar de manifestar preocupación por el hecho de que esto no se limite a racionalizar el gasto a eliminar dispendio, derroche, por el hecho de que en 1977 y 78, al amparo de la necesidad de eliminar dispendio y derroche, que a fin de cuentas los vimos proliferar, sí fueron canceladas empresas estatales, reducidas otras; sí fue reducido durante esos años el papel del Estado como rector de la economía, y sí se generaron las condiciones que llevaron a la fuga de recursos, al saqueo que nos llevó a la situación de todos conocida.
En el momento en que la conquista más reciente en esta materia, la nacionalización de la banca, se ve presionada hacia atrás, en el momento en que se habla de dar una participación a empresarios en el patrimonio y en las decisiones de los bancos, no podemos nosotros dejar de establecer relación entre estos hechos y los que vimos en 1977 y 78. No podemos olvidar que hace todavia pocos días pasó por aquí - y hace una semana se publicó en el Diario Oficial- una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Banco de México, en la cual, en el proyecto inicial, se facultaba al Banco de México para vender hasta el 15% de las acciones de los bancos a particulares.
Esta parte, afortunadamente, fue eliminada, pero la intención quedó de manifiesto; la intención de quien haya introducido esta facultad al Banco de México quedó clara.
Efectivamente, se necesita que la banca y las demás empresas estatales no funcionen burocráticamente, pero la democratización tiene que verse como un control social sobre estas empresas, en primer término a través de la fiscalización por parte de los trabajadores, del funcionamiento, de la orientación, de la administración de las empresas estatales.
No podemos considerar válida una distinción entre nacionalización y estatización si se le emplea para justificar la privatización parcial de esas empresas. No podemos dejar de considerar que el Artículo 28 Constitucional, recientemente modificado, señala que la función de la banca es exclusiva del Estado y no podemos aceptar ninguna infracción o violación a este principio constitucional.
Si se admitiera que una cosa es estatizar y otra cosa es nacionalizar en el sentido de que esto puede dar pie a acciones en manos privadas de las empresas estatales, hoy es la banca, mañana será el petróleo y esto nos lleva por un camino completamente inaceptable.
También vemos que no está claro el destino de una medida que se tomó junto con la nacionalización de la banca, complementaria de ella, necesaria, indispensable en lo general, pero en especial en la situación en que vivimos; en el momento en el que el control de cambios será administrado por el nuevo director del Banco de México, que fue director del Banco de México antes del control de cambios, que se opuso al control de cambio, que anunció que renunciaría en caso de que se estableciera el control de cambios alguna vez en este país, en ese mismo momento las frases generales de adecuar el control de cambios, de modularlo, adquieren un significado cuando menos preocupante.
Por otro lado, hay un aspecto positivo que se define en el mensaje de toma de posesión en cuanto a relación entre empresa pública y empresa privada, se anuncia la eliminación de subsidios a quienes más tienen a través de las bajas tarifas y de los bajos precios a los que se han entregado los bienes y servicios del sector público a los grandes empresarios.
También la reforma fiscal que necesariamente debe entenderse como una reforma fiscal que establece impuestos progresivos que graven el ingreso global eliminando el anonimato en las acciones, como se anuncia que se propondrá a este Congreso.
Esta reforma fiscal es un ingrediente indispensable para que dejemos de tener un sector público que pierde dinero y que tiene que endrogarse a costa de que la empresa privada pueda aumentar sus ganancias, sacarlas del país como vimos en el periodo que acaba de terminar y que propicie una mayor desigualdad social.
Se menciona también en el mensaje la importancia de modificar determinados aspectos de la vida política del país, y efectivamente es necesario que la reforma política llegue al Senado;es necesario que los habitantes del Distrito Federal tengamos el derecho de elegir a nuestras autoridades; es necesario introducir una serie de reformas al apartado judicial, y es necesaria también la democratización de todos los ámbitos de la vida del país incluyendo las organizaciones sociales, sindicatos, comunidades, etcétera. Todo esto es necesario y tendremos que impulsar las medidas que vayan en este sentido, y pugnar porque no se vean éstas limitadas por intereses establecidos, y que no queden en cambio secundarios, sino que vayan a las necesidades de democratización a fondo de nuestra sociedad.
La situación de la mayoría de la población se verá comprometida, no sólo por la situación sino por toda una serie de medidas que se anuncian de política económica en relación con esta cuestión. Además de la reducción del gasto público en forma drástica que necesariamente se prevé que afectará el gasto social, vemos venir una carestía desenfrenada, una carestía desenfrenada que no sólo no se ve combatida, sino que se ve acompañada del anuncio en la reducción de los controles de precio de alrededor de 5, 000 productos sujetos a control a entre 200 y 300. Y no se ve que el control vaya a ser más efectivo por el hecho de que sea menor la lista de productos controlados.
Lo que sí es claro que la absoluta mayoría de estos productos dejarán de ser controlados y que esto dará todavía más alas a la carestía de la vida, que de por sí estamos viviendo. Esta carestía sumada a la presión en contra de los salarios y del empleo, nos permite prever una situación verdaderamente crítica contra la mayoría de la población trabajadora.
Esta situación, lejos de ser enfrentada con medidas de política económica avanzada en su conjunto, se ve altamente condicionada por una política acorde con la que promueve el Fondo Monetario Internacional.
Hay algunos otros puntos que no podemos dejar de mencionar, por supuesto, dado el tipo de este debate en que no podemos permitirnos hacer intervenciones excesivamente largas, debemos concretarnos a los puntos principales. LLama la atención que no se mencione en todo el mensaje de toma de posesión el término "reforma agraria".
LLama la atención que sólo se ofrezca certidumbre en la tenencia de la tierra a quienes ya la tienen y que no se dé ningún tipo de salida para los millones que no la tienen. No se habla ni de reforma agraria ni de cómo afrontar los problemas de los millones de trabajadores asalariados del campo, que en la practica no sólo tienen restringido su nivel de vida sino sus derechos.
Y lo que se necesita es un proyecto amplio y global para el campo, que tome en cuenta la necesidad de aumentar la producción y que ésta no sólo se aumente en función de la actividad sino en función de la necesidad de los propios campesinos.Que tome en cuenta la necesidad de una vida democrática y de decisiones democráticas en las organizaciones campesinas, la necesidad de un trabajo colectivo para aumentar la productividad y que esta colectivización se dé sobre bases democráticas también. Y en un momento en que presenciamos un esfuerzo importante de productividad de algunas coaliciones y uniones de ejidos colectivos, es indispensable que ese esfuerzo tenga un apoyo nacional.
El planteamiento de descentralizar la educación hacia los estados, es perfectamente correcto en la medida que se trate de una descentralización administrativa. Pero es completamente inadmisible una transferencia a los gobernadores de los estados, del control político de la educación, porque esto sí que representaría un retroceso; esto sí que representaría dar marcha atrás en la conquista federalizadora de la enseñanza y esto sí que representaría un problema verdaderamente grave en un sistema educativo que con todo lo que le falta, ha logrado conquistar de gran importancia gracias a la lucha del magisterio y del pueblo en general.
Finalmente, tenemos que considerar el problema de la relación entre Estado y sociedad civil, que fue planteado en el mensaje. Y tenemos que decir que la necesidad de que el Estado transfiera funciones a la sociedad civil, no puede tomarse como pretexto para entregar facultades que la Constitución reserva al Estado, en una sociedad dividida en clases, con una clase dominante, para entregar a esta clase dominante funciones que el Estado debe ejercer. Ni funciones ni propiedades ni acciones del Estado, pueden transferirse a la empresa privada. Sí en cambio, es perfectamente correcto que haya un proceso de democratización, de participación de los trabajadores, de participación de los trabajadores, fiscalizando las empresas; de participación de los trabajadores en la vida política del país, es perfectamente correcto un proceso de democratización política y de las organizaciones sociales. En este sentido sí es admisible el fortalecimiento de la sociedad civil. No en un sentido de fortalecer minorías privilegiadas.
En este sentido no es admisible ningún debilitamiento del Estado frente a grupos privilegiados, frente a grupos enriquecidos económicamente poderosos. Quisiera yo finalmente, además de agradecer la atención, señalar que es indispensable que en este periodo difícil que tenemos enfrente, llevemos adelante las mejores conquistas de la lucha de nuestro pueblo, las mejores conquistas especialmente del proceso abierto por la revolución mexicana y que no permitamos un solo retroceso en ella, ni en el proceso nacionalizador, ni en la reforma agraria, ni en el papel que el Estado debe jugar al servicio de la sociedad y del progreso. Muchas gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Gerardo Medina.
El C. Gerardo Medina Valdez: Honorable Asamblea: Anteayer, poco antes de esta hora. comenzaron a correr para Miguel de la Madrid Hurtado los 72 meses en los que la Constitución encierra, inexorablemente, el Mandato Presidencial que un mexicano puede cumplir una sola vez en la vida, tiempo contra el cual el nuevo Titular del Poder Ejecutivo deberá luchar para llevar a término el proyecto del país que se ha trazado y tiempo también que otros, vigilándose mutuamente han comenzado a contar en cuenta regresiva en busca del propio lanzamiento.
No se puede negar que el discurso de toma de posesión de Miguel de la Madrid, referencia obligada durante los próximos 6 años, despertó esperanzas en el pueblo mexicano, pero tampoco es posible negar que en nuestro sistema político, en el que un solo grupo a venido tomando las decisiones desde hace más de medio siglo, la esperanza es un ave fénix que renace de sus cenizas cada 6 años. Y es fácil comprobarlo. Basta releer los discursos iniciales de los últimos presidentes, y comparar sus contenidos de promesas con los resultados. El país ha venido cayendo en crisis cada vez más graves, la de ahora de tales dimensiones que se pronostican dos años de "crecimiento cero", con todo lo que esto implica en desempleo y conflictos sociales.
Tan cierto es, tan cierto ha sido todo esto, que si este pueblo del que formamos parte no tuviera las enormes reservas de fortaleza espiritual que le han permitido sortear estas situaciones provocadas por el sistema, hace mucho que podría haberse colocado, a la entrada de cada sexenio, la misma leyenda que Dante Alighieri puso en la del Infierno: "Abandonad toda esperanza los que llegáis aquí".
Y no ha sido así. Seguimos esperando, porque renunciar a la esperanza sería optar por la violencia, acogerse a la más sangrienta expresión de la justicia, la justicia por propia mano, sin preocuparse, ni un instante por el destino de los otros. Y si no hemos renunciado a la esperanza, pese a las frustraciones, es porque los mexicanos tenemos conciencia histórica y social, conjugamos la reciedumbre de valores espirituales y la racionalidad de la convicción de que, como hombres y como pueblo, tenemos los elementos necesarios para salir adelante, a pesar del sistema y sus beneficiarios, todos y siempre del mismo partido oficial, como si no hubiéramos rebasado hace siglos la sociedad de castas privilegiadas.
Y son esta reciedumbre espiritual y esta racionalidad de convicción las que nos mantienen a los mexicanos verticales, de pie en esta hora crítica, cuya dimensión y profundidad se pueden medir en los drásticos apuntamientos entramados en el primer mensaje de Miguel de la Madrid como Presidente, medidas que son, a su vez, las del estrepitoso fracaso de la administración que se fue. Si ésta se hubiera desempeñado con realismo, sin caer en el triunfalismo; si hubiera gobernado con imaginación pero evitando la fantasía, México y los mexicanos no estaríamos en la crisis más seria de las últimas décadas. Y triunfalismo y populismo y fantasía fueron fincar todo el proyecto de prometida prosperidad general en los precios de los energéticos, y mantener una planta industrial de invernadero, de mercado cautivo, sin categoría para competir internacionalmente.
Tan profundo fue el daño, que la cura tiene que ser forzosamente enérgica, a plazo de 2 años, cuando menos. Los exagerados aumentos a los combustibles dispuestos por el gobierno a partir de hoy, cuando los salarios siguen congelados, no es más que el anuncio del duro camino que tenemos que recorrer.
Y no se necesitaban nueve meses de "conasulta popular", de reuniones en las que todo, hasta el más mínimo detalle, estaba previsto, revisado y aprobado, para saberlo: habría bastado que el equipo gobernante, del que salió el titular actual de Poder Ejecutivo, hubiera bajado de su nube a tocar la carne estremecida de un pueblo que había creído, que había otorgado confianza y que había concedido tiempo y que, ante los hechos, tan distantes de los discursos, iba cayendo en la desconfianza y el pesimismo, "en la discordia entre clases y grupos, en la enconada búsqueda de culpables, en recíprocas y crecientes recriminaciones", en "abandono, desánimo y exacerbación de egoísmos individuales, tendencias que corroen la
solidaridad indispensable para la vida en común y el esfuerzo colectivo", según palabras de Miguel de la Madrid. Habrían constatado los corresponsables de poner el país a la deriva, - el Presidente y todos los miembros de su gabinete sin excluir a uno solo y la mayoría oficial de dos Legislaturas- que los mexicanos habían perdido la confianza. No que se sintieran los mexicanos "una nación vencida y sin recursos", pero sí una nación burlada en su fe y en su esperanza.
Y porque el daño fue muy profundo, los compromisos han tenido que ser hoy mayores no sólo para enfrentar la crisis, sino para reconstruir en sus cimientos la esperanza en un esfuerzo común que concierte los propósitos del nuevo gobierno y la voluntad y el trabajo de todos. Hay que reponer las bases para levantar la maltrecha confianza de cada uno en sí mismo, en los demás y en las instituciones aún válidas, que no es lícito pedir solidaridad a mayorías que sólo han sido víctimas; que ninguna culpa han tenido en las equivocaciones de los gobernantes, si no se reconstruyen uno a uno los elementos que alienten y alimenten la esperanza.
Y estos elementos han sido enunciados en el primer mensaje del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado: freno y castigo a la corrupción, principalmente "en las entidades administrativas encargadas del agro"; la salud como derecho constitucional, con énfasis en la medicina preventiva; "más educación para todos"; protección al empleo; revisión del aparato de administración de la justicia, desde los cuerpos de la policía; vigencia del auténtico federalismo, y no simple" descentralización"; revisión de la reforma política para profundizarla, incluyendo al Senado y al Distrito Federal, propósito éste que tiene ya oportunidades de comprobar su sinceridad en el tenso Estado de Chiapas hoy y el domingo en Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas.
Efectiva equidad en las cargas fiscales y racionalización de los subsidios, para "que pague más el que tenga más"; proyectos económicos adecuados a los recursos disponibles, y de acuerdo a verdaderas prioridades nacionales. "No más Estado solamente, sino más sociedad integrada al Estado"; más amplia fiscalización del gasto público a través de una Contraloría de la Federación, promoción y estímulo a la democracia en las organizaciones intermedias; no "estatización de la sociedad"; banca honesta y eficazmente administrada y rechazo al "populismo financiero"; "un marco jurídico claro" para la actividad económica del Estado como rector, y de los particulares en la libertad; gobierno para todos, y sobre todo hablar con la verdad.
En opinión del Partido Acción Nacional y de nosotros sus diputados, es central este compromiso del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado: "Hablaré con la verdad, dijo. Diré al pueblo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer; diré lo que haya logrado, diré aquello en lo que se haya fallado y el por qué de cada falla..." Compromiso central, decimos, porque nada se puede construir sobre la mentira, porque con mentiras jamás fue ni será posible despertar confianza ni fomentar la solidaridad. "Hacer lo que se dice, y decir lo que se hace", ha demandado desde hace años Acción Nacional, porque sólo sobre la verdad es fecundo el diálogo y franca la participación.
Hay mucho de positivo en el primer mensaje presidencial del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, pero no compartimos la interesada euforia de quienes creen y dicen que ya con eso están resueltos los problemas.
Como Partido y como diputación, en su oportunidad, opinaremos sobre cada uno de los instrumentos de este Programa de Gobierno, centrado ahora sobre la recuperación económica.
Y nos permitimos señalar dos vacíos a nuestro juicio muy importantes: el convenio con el Fondo Monetario Internacional y el de una política concreta de salarios. Del convenio con el Fondo Monetario Internacional, ciertamente se intuye una referencia en el mensaje cuando se informa del gasto público restringido y mejor controlado, las alzas en los precios y tarifas de bienes y servicios producidos o prestados por el Estado, dos de los condicionantes que figuran en la "Carta de Intención". Pero no hay nada sobre salarios, excepto una recomendación de "moderación" a trabajadores y empresarios, en cuanto a salarios y ganancias.
El Partido Acción Nacional y nosotros sus diputados federales, reclamamos un pronunciamiento del Ejecutivo al respecto. Este capítulo debe quedar claro en un programa de recuperación económica que a todos impone austeridad, porque también esta carga debe ser equitativa. Y si el propio Presidente ha reconocido que la inflación ha alcanzado este año el 100%, quiere decir que el peso de enero en cuanto a poder adquisitivo vale apenas un centavo, o un poco más de un centavo con los aumentos de emergencia, y no es justo que otra vez sean los asalariados, en particular los de salario mínimo, los que sufran en mayor escala los estragos de la crisis.
Finalmente, dos observaciones al margen del primer mensaje del Presidente, Miguel de la Madrid Hurtado. No es cierto, como profusamente se quiso hacer creer en la propaganda, que haya habido "cambio en el mando de la República". Fue un relevo de "mandatarios", es decir, de quien ha recibido en grado supremo el mandato del pueblo, para que lo ejecute, para que lo cumpla y le rindan cuentas, porque el del mando, es solamente el pueblo.
La otra observación: el acarreo de gente en miles de autobuses y propaganda sin parar en costos, fue el primer desmentido al rechazo presidencial al populismo.
El Partido Acción Nacional ha fijado públicamente su posición ante el relevo presidencial. Promoveremos cuanto esté a nuestro alcance para colaborar en la recuperación del país. Y apoyaremos todo lo que con este propósito
haga el gobierno, motivados y movidos como siempre por un solo interés: un México democrático y justo, construido y vertebrado por todos los mexicanos, porque la patria no tiene otras manos que nuestras manos. Ni ayudas de afuera. Ni actos mágicos. Ni en sí mismo el cambio de un presidente nos van a salvar.
Nos salvaremos todos por nosotros mismos, porque queremos salvarnos; porque tenemos con qué; porque en última instancia los ojos de los mexicanos que en estos momentos se están abriendo a la vida, nos están exigiendo que lo hagamos y palabra que los haremos. Muchas gracias.
El C. Alberto Salgado Salgado: Señor Presidente, pido la palabra para rectificación de hechos.
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado, para hechos. Cinco minutos, señor diputado.
El C. Alberto Salgado Salgado: Señor Presidente; compañeros todos:
Me permito intervenir con el objeto de hacer alguna observación breve respecto a la intervención del compañero Gerardo Medina, cuando alude de manera principal, al aumento inmoderado en el precio de los combustibles y hace el enfoque económico, virtiendo la crítica que hemos escuchado.
Nosotros estimamos y respetamos la posición de don Gerardo, porque representa una corriente política e ideológica y todos estamos en igualdad de externarnos de acuerdo con nuestros criterios. Pero creemos que no contamos con elementos suficientes para poder estimar si ese incremento es o no aceptable, porque no tenemos a la vista un estudio económico ni conocemos en principio la situación financiera de Petróleos Mexicanos, se sabe que tiene una deuda externa excesiva, que hay que pagar intereses, que representa el principal elemento económico del país para tal objeto, a fin de que también a través de ese proyecto, podamos nosotros obtener las divisas necesarias y cubrir esa deuda, industrializar al país, resolver problemas populares de vivienda, etcétera. El partido Socialista de los Trabajadores hace un enfoque distinto respecto de ese Decreto que ha pronunciado el Ejecutivo, nosotros sostenemos no una impugnación desde el punto de vista económico porque no tenemos los elementos de análisis para hacerlo con seguridad, pero sí creemos que desde el punto de vista jurídico existe alguna irregularidad que debe subsanarse a futuro y creemos que es un caso típico de preterintención, porque se postela al Congreso General, que tiene facultades económicas para participar en la creación de estos fenómenos. Dentro de las facultades que el artículo 73 Constitucional nos confiere, de tipo general, está el establecimiento de las contribuciones para cubrir el presupuesto y dentro de las contribuciones especiales está la que se refiere sobre gasolina y sus productos derivados. ¿Qué significa esto? Que al incrementarse el precio de la gasolina necesariamente se incrementa el impuesto y de esto debe tener conocimiento el Congreso de la Unión. De tal manera, pues, que el mecanismo que se sigue desde el punto de vista jurídico, creemos que resulta un poco irregular y que debe darse cuenta al Congreso General para que ejercite su soberanía que conforme al artículo 41 también nos corresponde en representación del pueblo, determinar de qué manera esa soberanía se pone en práctica.
Consecuentemente para que ese Decreto que incrementa el precio de la gasolina tenga validez jurídica, aunque políticamente ya lo sabemos que la tiene, debe pasar a conocimiento del Congreso, ser objeto de dictamen de discusión y aprobación y su publicación necesariamente para que surta sus efectos.
Yo traigo una propuesta escrita para que se ponga en conocimiento del Ejecutivo, simplemente proporcionamos nosotros una sugerencia para que se respete la Soberanía del Congreso General y se tome en cuenta para futuras ocaciones. Gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Maximiliano Silerio Esparza.
El C. Maximiliano Silerio Esparza: Señor Presidente; honorable Asamblea: La sesión de hoy vuelve a dar muestra del pluralismo político, alentado por una reforma que quiere fortalecer, por estas libertades de pensamiento, de asociación y de acciones políticas, la democracia mexicana.
Hemos escuchado los comentarios de los voceros de todos los partidos representados en esta Cámara, que en mucho reflejan una reacción ante las coincidencias o discrepancias, que con las ideas y programas de sus partidos, mostró el maduro, recio y patriótico mensaje del Presidente de la República, Miguel de la Madrid, al asumir el cargo. Y me atrevo adelantar, con todo respeto, a estas líneas partidarias, que el análisis y la toma de posición frente a este mensaje definitorio, no puede hacerse desde el puritanismo ideológico de cada partido, que pretendiera encontrar, en los planteamientos presidenciales, el reflejo de sus propios principios.
Desde las primeras palabras, señaló el Presidente de la Madrid, su reafirmación de la ideología y el programa de la Revolución Mexicana como guía de su gobierno. Ni antes, ni ahora, ni después, puede nadie llamarse engañado sobre este punto. No con sentido faccioso, pues aunque la ideología de la Revolución Mexicana es la ideología de las mayorías, confirmada con el voto del 4 de julio, el Presidente enfatizó que gobernará para todos los mexicanos, pero gobernar para todos los mexicanos, no significa gobernar sin línea, sin principios, sin programa.
Es muy importante distinguir, a estas alturas, entre los grandes objetivos programáticos e ideológicas y un programa de coyuntura como el de como el de reorientación económica, delineado
en su discurso del 1o. de diciembre por el Jefe del Ejecutivo.
Es necesario distinguirlo, porque las dos cosas están presentes en ese discurso, pero tienen un significado evidentemente diverso. El hombre hace la historia, pero no elige ni determina las circunstancias.
El programa inmediato de reorientación económica es un programa de coyuntura, un programa dictado por las circunstancias, pero no un programa reaccionario ni de abandono, aún en estas condiciones críticas, de los grandes objetivos históricos de la Revolución Mexicana.
Es verdad que bajo el imperio de las circunstancias se reconoce la necesidad de una administración extremadamente austera, que implica grandes restricciones económicas y en algunos aspectos desaceleración también del desarrollo social. Con un lenguaje llano, directo, veraz, el Presidente reconoció que no podemos asegurar avances cuantitativos hacia una sociedad más igualitaria bajo estas condiciones. Pero ese freno no deriva del programa inmediato de reordenación económica, sino de la profundidad de la crisis que enfrentamos. Es más, sin este programa o con un programa que desconociera la situación real, la crisis habría de ser de efectos más dramáticos, desfavorables y prolongados.
El programa simplemente parte del reconocimiento de los hechos; expresa la voluntad política de moderar su impacto negativo sobre los niveles de vida de las mayorías del pueblo, especialmente de las zonas rurales deprimidas y de las áreas urbanas marginadas, y propone, en consecuencia, los ajustes inevitables, pero también las políticas compensatorias.
Después de escuchado, léase y reléase; ahí se confirma este juicio. Dice "disminución del crecimiento del gasto público", sí, pero "preservación de los servicios públicos a nivel indispensable y de los programas para la inversión prioritaria". Dice, por eso, "promoción del empleo con obra generadoras de ocupación, ajuste a los programas intensivos de capital y apoyo a la pequeña y mediana industria sana"; proclama el empleo como valor fundamental a proteger; propone atemperar salarios y utilidades, pero reforzando el control de precios de la canasta básica de consumo popular, racionalizando y orientando los subsidios con ese propósito.
Anunció ya que el alza de precios de los bienes y servicios producidos por el sector público con aumentos mayores para aquellos bienes y servicios que consumen, lo subrayamos, los grupos sociales de más altos ingresos relativos, el que más tiene que más pague, dijo el Presidente De la Madrid.
Ofreció continuar las obras en proceso, pero acelerando sólo las más productivas y reforzar la disciplina, programación, eficiencia y honestidad en el ejercicio del gasto público.
Comprometió apoyo y estímulo para los programas de producción, importación y distribución de alimentos populares básicos. En cuanto al crédito señaló su reorientación para la producción, procesamiento, distribución y consumo de los bienes y servicios requeridos por las mayorías o de interés nacional.
Al mismo tiempo, manejarlo la banca, no al viejo estilo como lo pretendían críticos superficiales, no para beneficio de la minoría de antes, pero menos aún para beneficio de una nueva minoría de dirigentes bancarios gubernamentales, sino para beneficio del pueblo y de las fuerzas productivas de la sociedad.
Es triste interpretación la de quienes traducen pronunciamientos de eficiencia, honradez y confianza como manejo reaccionario, la de los que suponen que el rechazo al populismo financiero que significa demagogia y autoapoyo político por los administradores del crédito, equivale a abandono del verdadero interés popular.
La nacionalización de la banca fue claramente confirmada como irreversible, pero se propuso preservar la democratización buscando fórmulas participantes en su manejo y patrimonio para obreros, campesinos y empresarios.
La reivindicación del mercado cambiario bajo la autoridad y soberanía monetaria del Estado, y el ajuste del control y tipo de cambio, no tienen otro color político que el interés nacional, y si se propone realismo es porque hay primeras y muy ilustradoras experiencias para adecuar su explicación y darle verdadera utilidad a esos instrumentos.
La nueva reestructuración de la Administración Pública Federal anunciada, se presenta con espíritu constructivo para aprovechar lo alcanzado, rectificar lo errado e innovar lo indispensable enfatizando la responsabilidad de los funcionarios.
El último punto del programa, al reafirmar la rectoría del Estado en nuestra economía mixta, anuncia una iniciativa de reformas y adiciones de contenido económico a la Constitución General de la República.
Programa de emergencia, sí. De ninguna manera programa de reacción, y bajo ningún concepto programa despolitizado ni carente de guía programática e ideológica. Es la incansable y tenaz búsqueda de los caminos propios de la Revolución Mexicana, en condiciones, a veces como ahora, extremadamente difíciles frente a grandes carencias y problemas, pero con rumbo cierto.
Pero no intentemos simplemente glosar ni exaltar un programa inmediato de reordenación económica. El discurso presidencial va mucho más allá y es muy claro: "Gobernaré contra la crisis, pero también lo haré", dijo, "para instrumentar la plataforma sexenal" ordenada por el pueblo en las elecciones.
Y dijo también: "No sólo gobernaré frente a la adversidad de hoy, gobernaré con decisión para un futuro de bienestar para los mexicanos".
Y hay en efecto en el mensaje del primero de diciembre, el diseño de una acción gubernamental de mucho más grande aliento, para seguir construyendo en el sexenio las bases de esa sociedad más justa e igualitaria, más próspera y libre por la que seguiremos luchando.
Frente a las limitaciones impuestas a la acción inmediata de su gobierno en algunos ámbitos por las dificultades que atravesamos, se define en cambio un ambicioso programa de democratización integral y modernización política. Los trazos de esa democratización son enérgicos y positivos, no son un capricho, no son una entelequia, recogen demandas populares, fortalecer la división de poderes, el federalismo y el municipio libre, respetar el pluralismo y las formas de asociación política, atender la opinión pública y sus medios y democratizar la totalidad de las relaciones políticas de la sociedad y hacer permanente la consulta popular.
No es un programa tibio, es una declaración de fe demócrata. Es el fortalecimiento del federalismo bajo un renovado enfoque encuentra expresión concreta en la transferencia a los gobiernos locales de la educación desde preescolar hasta normal, con los necesarios recursos financieros. Rescate del esquema original educativo de la Constitución del 17, sí, pero todavía más, reafirmación del federalismo de entonces y de siempre en la propuesta de concertar la redistribución de competencias y atribuciones entre los gobiernos federal, estatales y municipales; y más radicalmente en materia fiscal, en un nuevo esquema que respondiendo a una demanda generalizada, asigna fuentes de ingresos propios e intocables a los municipios.
En realidad no hay otro camino para la descentralización de la vida nacional y en términos políticos para combatir el centralismo.
En la voz presidencial encontró eco la renovada demanda de impulsar justicia y producción al campo; de atender en primer lugar al campesino mexicano; impulsar a la agroindustria, racionalización de la agricultura; la ganadería; la pesca y la explotación de los bosques; seguridad en la tenencia; fortalecimiento de las zonas temporales y lucha contra la corrupción en el agro, serán los primeros pasos.
Afirmó como preocupación fundamental de su gobierno, la alimentación, la vivienda, la educación, la cultura y la recreación y el deporte para el pueblo, señalando que el derecho a la salud será un derecho constitucional.
Expuso las bases de un ataque frontal al problema de la vivienda y señaló la atención más alta para la producción y el abasto, bien planeado y ejecutado, justo para productores, distribuidores y consumidores, de los alimentos para el pueblo.
El nacionalismo revolucionario inspira todo el discurso y configura su núcleo ideológico. Nacionalismo como afirmación de cultura, tradiciones y culturas propias, especialmente por la educación, nacionalismo como defensa de la independencia y proyección de nuestros valores democráticos a nuestra política exterior y a la convivencia internacional, en una política de principios, sin dogma ni pragmatismo, encaminada a enaltecer la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de los conflictos, la igualdad jurídica de los Estados, el desarme para la preservación de la paz y la cooperación internacional equitativa y eficiente.
Retomó el Presidente un tema de campaña que a algunos produce escozor y a algunos otros desconcierto: el de la renovación moral de la sociedad. Pero es el clamor de la mayoría de la nación y comprometió medidas concretas del mayor rigor, en términos de control, organización y sanción para hacer que el gobierno ejemplifique con su conducta.
Reivindicó por último, la planeación democrática para articular las demandas sociales y asegurar la capacidad directa del Estado, no como panacea, ni porque los planes fueran a neutralizar todas las adversidades, sino para organizar el esfuerzo de la nación, para afrontarlas y mantener a la vista la ruta y los objetivos.
Nos solidarizamos con el mensaje de Miguel de la Madrid, porque está planteado de frente a la realidad nacional; porque no ofrece paraísos y reconoce hoy los problemas en que nos encontramos y porque promete reconocer cuando se produzcan, los errores en que incurramos. Nos solidarizamos por ello como ya lo hiciera el diputado Humberto Lugo Gil, el mismo día 1o. de diciembre al esfuerzo arduo y a la responsabilidad solidaria en la que todos los mexicanos concurramos para garantizar independencia, soberanía, desarrollo social, democracia, libertad, derecho y justicia. Muchas gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: Continúe la Secretaría con los asuntos del Orden del Día.
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
CÓDIGO CIVIL PARA EL D.F.
- EL C. secretario Everardo Gámiz Fernández:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.
Por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el presente envío a ustedes Iniciativa de Reformas a los Artículos 1916 y 2116 del Código Civil para el Distrito Federal, documento que el propio Primer Mandatario somete a la consideración del H. Congreso de la Unión por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 3 de diciembre de 1982.
'Año del general Vicente Guerrero'.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett D".
"CC. Secretarios de la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión Presente.
La necesidad de una efectiva renovación moral de la sociedad exige, entre otras medidas,
adecuar las normas relativas a la responsabilidad civil que produce el daño moral, por ser imprescindible la existencia de una vía accesible y expedita para resarcir los derechos cuando sean ilícitamente afectados.
El respeto a los derechos de la personalidad, garantizado mediante la responsabilidad civil establecida a cargo de quien los conculque, contribuirá a completar el marco que nuestras leyes establecen para lograr una convivencia en la que el respeto a las libertades no signifique la posibilidad de abusos que atenten contra las legítimas afecciones y creencias de los individuos ni contra su honor o reputación.
Bajo la denominación de derechos de la personalidad se viene designando en la doctrina civilista contemporánea y en algunas leyes modernas, una amplia gama de prerrogativas y poderes que garantizan a la persona el goce de sus facultades y el respeto al desenvolvimiento de su personalidad física y moral.
La persona posee atributos inherentes a su condición que son cualidades o bienes de la personalidad y que el derecho positivo debe reconocer y tutela adecuadamente mediante la concesión de un ámbito de poder y el deber general de respeto que se impone a los terceros, el cual, dentro del derecho civil, deberá traducirse en la concesión de un derecho subjetivo para obtener la reparación en caso de transgresión.
La reparación del daño moral se logra a base de una compensación pecuniaria, de libre apreciación por el Juez. Hoy este principio es unánimemente admitido por las legislaciones y por la jurisprudencia, desechando los escrúpulos pasados en valorar pecuniariamente un bien de índole espiritual.
Nuestro Código Civil vigente, al señalar que la reparación del daño moral sólo puede intentarse en aquellos casos en los que coexiste con un daño patrimonial y al limitar el monto de la indemnización a la tercera parte del daño pecuniario, traza márgenes que en la actualidad resultan muy estrechos y que la más de las veces impiden una compensación equitativa para los daños extrapatrimoniales.
El Ejecutivo a mi cargo considera que no hay responsabilidad efectiva cuando el afectado no puede exigir fácil, práctica y eficazmente su cumplimiento, que la responsabilidad no se da en la realidad cuando las obligaciones son meramente declarativas, cuando no son exigibles, cuando hay impunidad o inadecuación en las sanciones frente a su incumplimiento. Por congruencia con lo anterior, en materia de responsabilidad por daño moral es necesario ampliar las hipótesis para la procedencia de la reparación. Lo anterior es particularmente importante en los casos en que a través de cualquier medio, incluyendo los de difusión, se ataca a una persona atribuyéndole supuestos actos, conductas o preferencias, consideradas como ilegales o violatorias de los valores morales de la sociedad.
Por lo anterior, en ejercicio de la facultad que me confiere la Fracción I del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a ese Honorable Congreso, por el digno conducto de ustedes, la presente
INICIATIVA DE REFORMAS A LOS
ARTÍCULOS 1916 Y 2116 DEL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo único. Se reforman los artículos 1916 y 2116 del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 1916. Por daño moral se entiende la lesión que una persona sufre en sus derechos de la personalidad, tales como sus sentimientos, afecciones, creencias, decoro, honor, reputación, secreto de su vida privada e integridad física, o bien, en la consideración de sí misma.
Cuando un acto u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante un pago compensatorio en dinero.
La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima si existe litispendencia.
El monto del pago compensatorio lo determinará el Juez en forma prudente, tomando en cuenta los derechos lesionados, la intencionalidad o el grado de culpabilidad del agente, la situación económica del responsable y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.
Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor o reputación, el Juez ordenará, con cargo al demandado, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el Juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original.
Artículo 2116. Al fijar el valor y el deterioro de una cosa, no se atenderá al precio estimativo o de afección, a no ser que se pruebe que el responsable destruyó o deterioró la cosa con el objeto de lastimar la afección del dueño; el aumento que por estas causas se haga, se determinará conforme a lo dispuesto por el Artículo 1916.
TRANSITORIO
Artículo único. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Palacio Nacional, a 2 de diciembre de 1982.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H."
- Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia e imprímase.
AÑO I. T. I. No. 46 CÁMARA DE DIPUTADOS DICIEMBRE 2, 1982
ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL
- El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Poder Ejecutivo Federal, México, D. F. Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales y por instrucciones del C. Presidente de la República, con el presente envío a ustedes Iniciativa de Reforma al Artículo 21 de la Constitución Política.
Al comunicar a ustedes lo anterior, les reitero en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 3 de diciembre de 1982.
'Año del General Vicente Guerrero.'
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz."
"CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
El advenimiento de una sociedad igualitaria encuentra en la administración de la justicia su manifestación más generosa.
La norma suprema consagra los principios que rigen y orientan la administración de justicia y que garantizan la igualdad de los ciudadanos en conflicto.
La justicia junto con la libertad es el valor supremo de la convivencia social y del derecho. No hay sistema social válido que postergue la justicia en aras de la libertad, como tampoco es legítimo cancelar la libertad con miras a extender el ámbito de la justicia.
La dinámica social ha puesto en entredicho el contenido justiciero del Artículo 21 de la Constitución Política que, entre otras garantías, dispone que la sanción administrativa por violaciones a reglamentos gubernativos y de policía sólo podrá consistir en multa o arresto, para así erradicar otras prácticas sancionadoras repugnantes a la dignidad del hombre y a la recta impartición de la justicia y que en caso de incumplimiento de la sanción pecuniaria se sustituirá por arresto hasta de 15 días.
Si bien el propósito del constituyente fue brindarle al infractor de escasos recursos la posibilidad de optar por el arresto en lugar de cubrir la multa que se le impusiere, para así proteger su patrimonio, la realidad socioeconómica del país llevó a que el cumplimiento del arresto impidiera obtención del salario o jornal.
El Artículo 21, por otra parte, previene que el máximo del arresto será de 72 horas, pero permite su ampliación hasta por 15 días, si proviene de multa no pagada, lo que redunda en perjuicio de los infractores de escasos recursos.
En tal virtud y atendiendo a un reclamo recurrente del pueblo, se propone a esa H. Cámara la reforma del artículo citado para que en todo caso el arresto, cualquiera que sea su origen, sea hasta por 36 horas y en ningún caso la multa a imponer al jornalero u obrero sea mayor a un día de su salario.
Con ese cambio se logrará el equilibrio entre una correcta impartición de justicia por faltas administrativas y las condiciones económicas y sociales de las grandes mayorías nacionales.
Dentro de los anhelos de mejoramiento de la administración de justicia destaca el perfeccionamiento de la justicia popular administrativa, porque es la que afecta a los ciudadanos en su quehacer cotidiano, para que sea ejemplar y correctiva y, a la vez, proporcional a la magnitud de las infracciones.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción I del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tengo a bien enviar a esa H. Cámara de Diputados, por el amable conducto de ustedes, la siguiente iniciativa de reformas al Artículo 21 de la Constitución Política, en los siguientes términos:
Artículo único. Se reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
"La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquel. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor fuese jornalero u obrero, no podrá ser sancionado con multa mayor de importe de su jornal o salario de un día."
TRANSITORIO
Artículo único. la presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reitero a ustedes la seguridad de mi más alta consideración.
Palacio Nacional, a 2 de diciembre de 1982.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H."
- Trámite: Recibo y túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales de justicia e imprímase.
CÓDIGO PENAL
- El C. secretario Oscar Cantón Zetina:
"Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Poder Ejecutivo Federal. México, D. F. Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Con el presente envío a usted, por instrucciones del C. Presidente de la República y para
los efectos constitucionales, Iniciativa de Decreto de Reformas al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D. F. a 3 de diciembre de 1982.
'Año del General Vicente Guerrero.'
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D."
"CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presente.
La renovación moral de la sociedad no es concebible sin un régimen eficaz para prevenir y sancionar la corrupción del servicio público. Establecerlo es columna vertebral para ese mandato del pueblo.
El ejercicio de la acción penal es el recurso de última instancia con que cuenta la sociedad para protegerse de la inmoralidad que infringe la Ley, que daña sus legítimos intereses y los de sus miembros, Sólo procede cuando han fallado la adhesión convenida a los valores nacionales, la solidaridad con la patria y otras políticas y mecanismos para prevenir la delincuencia. La persecución eficaz de la corrupción de los servidores públicos utilizando su empleo, cargo o comisión, es sólo una parte de la política de renovación moral. Exige antes que nada que la legislación penal contemple como delito de las conductas a través de las que se manifiesta la corrupción pública y establezca las sanciones efectivas para prevenirla y castigarla.
La legislación penal en el ámbito federal y del Distrito Federal fue definida hace más de medio siglo. Hay una gran tarea por delante para actualizarla y modernizarla de acuerdo con las exigencias generales de seguridad pública y de rehabilitación social que surgen del desarrollo del país durante los últimos 50 años. Pero esa tarea futura no puede ser obstáculo para posponer la prioridad impostergable de establecer las reglas penales eficaces a fin de prevenir y sancionar la corrupción de servidores públicos en el México de nuestros días.
Esto es el objeto de esta iniciativa de Ley que reforma y adiciona el Título Décimo del Código Penal, en vigor en el Distrito Federal y que rigen en materia federal.
La iniciativa tipifica como delito las conductas públicas ilícitas que ostensiblemente se han desarrollado durante el último medio siglo y que la Ley ha ignorado. Establece, sobre bases coherentes, sanciones penales efectivas para prevenir y castigar dichas conductas, en consonancia con las reformas y adiciones al título cuarto constitucional en general y al Artículo 111 en particular, que he sometido a la consideración del H. Congreso de la Unión. Esta iniciativa regula, siguiendo esos principios constitucionales, las penas para los delitos patrimoniales cometidos por servidores públicos, de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos o de los daños económicos causados, por su delincuencia, así como la naturaleza preventiva que debe tener su sanción económica.
Las bases generales de la legislación penal vigente no consagran esos principios, lo que, entre otros factores, ha propiciado la delincuencia con cargo al patrimonio el pueblo por parte de quienes deben preservarlo. Tipos penales nuevos
La iniciativa propone tripificar conductas que ostensiblemente sustancian la corrupción pública, pero que hasta hoy han sido soslayadas por la legislación penal vigente. Establece seis delitos nuevos en que puede incurrir la conducta de los servidores públicos: el de 'Uso indebido de atribuciones y facultades' el de 'Intimidación', el de 'Ejercicio abusivo de funciones', el de 'Tráfico de influencias', el de 'Deslealtad', y el de 'Enriquecimiento ilícito'.
La tipificación que propone esta iniciativa, así como el catálogo de obligaciones propuesto en la iniciativa de 'Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos', que por separado se envió al H. Congreso de la Unión, toman en consideración las conductas contenidas en la iniciativa de reformas y adiciones al Código Penal que el Ejecutivo Federal sometió a vuestra soberanía en septiembre de este año.
El delito de 'Uso indebido de atribuciones y facultades', sanciona el manejo ilícito de recursos económicos públicos y de facultades para regular la economía.
El delito de 'Intimidación' sanciona al servidor público que mediante la violencia física o moral inhiba a cualquier persona a presentar denuncia, querella o aportar información relativa a un acto ilícito.
El delito de 'Ejercicio abusivo de funciones', sanciona el uso del empleo, cargo, o comisión del servidor público para promover sus intereses económicos personales, los de sus familiares y los de sus afines, así como de personas con las que tenga vínculos afectivos o económicos.
El delito de 'Trafico de influencias' sanciona el uso del empleo, cargo o comisión del servidor público para inducir, promover o gestionar cualquier tramitación o resolución ilícitas de algún negocio público.
El delito de 'Deslealtad', sanciona la infidelidad del servidor público tanto por no proporcionar información para prevenir daños graves a los intereses del Estado, como por sustraer, destruir, difundir, transmitir, ocultar e inutilizar ilícitamente información que el servidor público custodia o a la cual tenga acceso en virtud de su empleo, cargo o comisión.
El delito de 'Enriquecimiento ilícito' sanciona la adquisición de bienes cuyo valor exceda notoriamente el monto de los ingresos de los servidores públicos y cuya procedencia legítima no puede justificar.
Adecuación de tipos penales existentes
La iniciativa amplía los tipos penales existentes (de 'Abuso de autoridad', 'Cohecho' y 'Peculado') con conductas ostensiblemente
ilícitas, pero que no están contempladas por la legislación en vigor.
El delito de 'Abuso de autoridad' se aplica con el otorgamiento de empleos, cargos o comisiones en el servicio público con conocimiento de que no serán desempeñados, con el otorgamiento de acreditaciones falsas en el servicio público y con la contratación de personal inhabilitado.
El delito de 'Cohecho' se amplía con la solicitud de cualquier dádiva por parte del servidor público para cualquier tercero.
El delito de 'Peculado', se amplía con el uso de fondos públicos y de facultades y atribuciones para regular la economía a afecto de lograr la promoción personal o la denigración de cualquier persona, así como con la distracción de dichos fondos para usos indebidos por parte de quienes los custodian, aunque no sean servidores públicos federales o del Departamento del Distrito Federal.
Eliminación y reordenación de conductas delictuosas
La iniciativa elimina la responsabilidad penal de conductas cuya peligrosidad no amerita sancionarse penalmente y frente a las cuales la sanción administrativa es más adecuada. Se propone eliminar cuatro fracciones del delito en vigor de 'Ejercicio indebido o abandono de funciones públicas' referentes a acciones u omisiones en el servicio público que resulta irrazonable sancionar penalmente. Se deja como delito de 'Ejercicio indebido del servicio público' sancionando al servidor público que utilice el empleo, cargo o comisión después de que legalmente lo ha dejado de desempeñar.
La aplicación ilícita de recursos públicos queda mejor comprendida en el delito de 'Uso indebido de atribuciones y facultades' que en el de 'Abuso de autoridad' en el cual se encuentra enmarcado en la legislación vigente.
Tipificación de la corrupción activa
La iniciativa privada propone sancionar expresamente la conducta de cualquier persona que promueva la corrupción delictuosa del servicio público, aunque se preserve la integridad del mismo. No se debe confundir esta conducta con la de coparticipación o coautoría en los delitos cometidos por servidores públicos pues estas últimas suponen la responsabilidad penal de aquéllos.
La sanción penal a la corrupción
Las sanciones penales establecidas hace más de medio siglo en vez de prevenir el lucro con el patrimonio del pueblo, lo fomenta. Su esquema es sumamente injusto, ya que prevé sanciones demasiado leves con relación a la peligrosidad y responsabilidad que entrañan las conductas inmorales de aquellas personas a quienes estando confinada por la sociedad la salvaguarda de su orden y la administración de sus recursos, pervierten sus obligaciones aprovechando su función para satisfacer intereses personales.
Los esfuerzos fragmentarios para resolver las deficiencias de la legislación penal, en este orden, están condenadas al fracaso, no es con base en adecuaciones aisladas como se podrán obtener los efectos disuasivos y sancionadores que se requieren.
Las sanciones propuestas en esta iniciativa contemplan de manera fundamental la naturaleza de aquellos valores que se pretenden proteger, considerando la infracción delictuosa de las obligaciones de los servidores públicos en función de los intereses y valores sociales superiores que están bajo su tutela, como son: la honradez en el manejo de los recursos del pueblo y el respeto incuestionable a la ley que debe prevalecer en la actividad de todo servidor público.
Obedeciendo al espíritu de la iniciativa de reformas constitucionales que he sometido al Constituyente permanente, las sanciones penales propuestas permiten que el juzgador tenga un comportamiento sensiblemente distinto ante los fenómenos de baja y alta corrupción.
Estos principios establecen las bases para que las sanciones sean equitativas y preventivas penalizando proporcional y disuasivamente los frutos de la corrupción. Se trata de prevenir que el comportamiento corrupto sea un aliciente económico, estableciendo la certidumbre jurídica de que la corrupción del servicio público debe implicar sanciones con costos superiores al lucro obtenido.
Es inaceptable dar igual tratamiento a aquellos servidores públicos que incurran en actos, si bien inmorales, de poca trascendencia para los intereses del pueblo, que aquellos que teniendo a su cargo las más altas responsabilidades las abandonan para provecho propio.
La corrupción del servicio público debe ameritar las penas más severas cuando el lucro ilícito con cargo a él, alcanza proporciones que socavan gravemente el patrimonio del pueblo, produciendo así daños sociales de toda índole incluyendo los que afectan la vida e integridad personal de los mexicanos. La distracción de recursos públicos para el lucro personal, implica, en la misma proporción de su cuantía, una incapacidad del Estado para atender las demandas básicas del pueblo. La renovación moral de la sociedad exige que los delincuentes que por su corrupción dejan a los mexicanos más desprotegidos sin alimentación, sin salud, sin educación, sin empleo, sean tratados con la máxima severidad.
H. representación nacional:
Es certidumbre del Ejecutivo a mi cargo, que no basta con determinar en la ley como delitos aquellas conductas inmorales antes soslayadas.
La Ley como pronunciamiento no es válida, requiere su aplicación firme y decidida para
que alcance los objetivos preventivos y saneadores buscados.
Por lo anterior, y con fundamentos en la fracción I del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, me permito presentar a la consideración del H. Congreso de la Unión la presente iniciativa de Decreto de reformas a diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, en los siguientes términos:
Iniciativa de Decreto de Reforma al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal:
Artículo primero. Se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, para quedar como sigue:
Artículo 24.
Inciso 1 a 17.
18 Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito. Artículo 30.
III. Tratándose de los delitos comprendidos en el Título Décimo la reparación del daño abarcará la restitución y de dos a tres tantos el precio de la cosa o los bienes obtenidos por el delito.
Artículo 52.
4. Tratándose de los delitos cometidos por servidores públicos con motivo de su empleo, cargo o comisión, al graduar la pena el juez tomará en cuenta, en su caso, el lucro obtenido por el infractor y la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita.
Artículo 85.
Tratándose de los delitos comprendidos en el Título Décimo, la libertad preparatoria sólo se concederá cuando se satisfaga la reparación del daño que se refiere la fracción III del Artículo 30.
Artículo 90.
e) En el caso de los delitos previstos en el Título Décimo de este Código para que proceda el beneficio de la condena condicional se requiere que el sentenciado satisfaga el daño causado en los términos de la fracción III del Artículo 30, u otorgue caución para satisfacerla.
TITULO DÉCIMO
Delitos cometidos por servidores públicos
CAPITULO I
Artículo 212. Para los efectos de este Título y el subsecuente es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organizamos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos en los que el fideicomitente sea alguno de los anteriores, en el Congreso de la Unión o en los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, o que maneje recursos económicos federales. Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración de algunos de los delitos previstos en este título o el subsecuente.
CAPITULO II
Ejercicio indebido de servicio público
Artículo 213. Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público, que continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido legalmente.
Al que cometa el delito de ejercicio indebido de servicio público se le impondrán de un mes a dos años de prisión, multa desde 30 hasta 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito federal en el momento de la comisión del delito y destitución e inhabilitación de un año a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
CAPITULO III
Abuso de autoridad
Artículo 214. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las infracciones siguientes:
I. Cuando para impedir la ejecución de una ley, Decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto;
II. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare injustamente o la insultare;
III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud;
IV. Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto, aunque sea el de obscuridad o silencio de la ley, se niegue a despachar un negocio pendiente ante él;
V. Cuando el encargado de una fuerza pública, requerido legalmente por una autoridad civil para que le preste auxilio, se niegue indebidamente a dárselo;
VI. Cuando estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones privativas de libertad, de instituciones de readaptación social o de custodia y rehabilitación de menores y de reclusorios preventivos o administrativos que sin los requisitos legales, reciba como presa, detenida, arrestada o interna a una persona o la mantenga privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente.
VII. Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la denunciase a la autoridad competente o no la haga cesar, si esto estuviere en sus atribuciones;
VIII. Cuando abusando de su poder, haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le haya confiado a él y se los apropie o disponga de ellos indebidamente por un interés privado;
IX. Cuando, con cualquier pretexto, obtenga de un subalterno parte de los sueldos de éste dádivas u otro servicio;
X. Cuando, con motivo de su empleo, cargo o comisión solicite u obtenga cualquier prestación o servicio indebido de cualquier persona;
XI. Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o comisión públicos, o contratos de prestaciones de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se les nombró, o no se cumplirá el contrato otorgado;
XII. Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, siempre que lo haga con conocimiento de tal situación; y
XIII. Cuando otorgue cualquier identificación en que acredite como servidor público a cualquier persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que se haga referencia en dicha identificación.
Al que comete el delito de abuso de autoridad se le impondrá de un año a ocho años de prisión, multa desde 30 hasta 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la comisión del delito y destitución e inhabilitación de un año a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión público.
Iguales sanciones se impondrán a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refieren las fracciones XI, XII y XIII.
CAPITULO IV
Coalición de servidores públicos
Artículo 215. Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarios a una ley o reglamento, impedir su ejecución, o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas.
Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de dos años a siete años de prisión y multa de 30 a 90 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de la comisión del delito, destitución e inhabilitación de un año a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
CAPITULO V
Uso indebido de atribuciones y facultades
Artículo 216. Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades:
I. El servidor público que indebidamente:
A) Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación;
B, Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico;
C) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales; y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la Administración Pública Federal, y del Distrito Federal.
D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos.
II. Toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hace referencia la fracción anterior, o sea, parte de las mismas; y
III. El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé a sabiendas, una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciese un pago ilegal.
Al que cometa el delito de uso indebido de atribuciones y facultades se le impondrán las siguientes sanciones:
Cuando el monto a que se asciendan las operaciones a que hace referencia este Artículo no exceda del equivalente de 500 veces el salario mínimo diario vigente n el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento
de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Cuando el monto a que asciendan las operaciones a que hace referencia este Artículo, exceda del equivalente a 500 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometer el delito, se impondrán de dos a doce años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
CAPITULO VI
Concusión
Artículo 217. Comete el delito de concusión el servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución , recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la ley.
Al que cometa el delito de concusión se le impondrán las siguientes sanciones:
Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta veces a trecientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a doce años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, y destitución e inhabilitación de dos a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión.
CAPITULO VII
Intimidación
Artículo 218. Comete el delito de intimidación:
I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, presente una querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la Legislación Penal o por la ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y
II. El servidor público que con motivo de la querella, denuncia o información a que hace referencia la fracción anterior realice una conducta ilícita u omita una lícita que lesione o pueda lesionar los intereses de las personas que las presenten o aporten, o de algún tercero con quien dichas personas guarden algún vínculo familiar, de negocios o afectivo.
Al que cometa el delito de intimidación se le impondrán de tres años a nueve años de prisión, multa por un monto de cuarenta a cien veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, destitución e inhabilitación de tres años a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
CAPITULO VIII
Ejercicio abusivo de funciones
Artículo 219. Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones:
I. El servidor público que valiendose de la influencia de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por así, o por interpósita personas, contratos, concesiones, premios, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte;
II. El servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la primera fracción, y
III. El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción.
Al que cometa el delito de ejercicio abusivo de funciones se le impondrán las siguientes sanciones:
Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo no exceda del equivalente a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal
en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometer el delito, se impondrán de dos a doce años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, y destitución e inhabilitación de dos a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
CAPITULO IX
Tráfico de influencia
Artículo 220. Comete el delito de tráfico de influencia:
I. El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación a resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, y
II. Cualquier persona que promueva la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior.
Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de dos años a seis años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
CAPITULO X
Deslealtad
Artículo 221. Comete el delito de deslealtad:
I. El servidor público que teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal centralizada, del Distrito Federal, organismo descentralizado, empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomiso en los que el fideicomitente sea alguno de los anteriores, del Congreso de la Unión, o de los Poderes Judicial Federal o Judicial del Distrito Federal, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está siendo de sus facultades;
II. El servidor público que por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, trasmita, oculte o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentra bajo su custodia o a la cual tenga acceso o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión, y
III. Cualquier persona que difunda la información a que hace referencia la fracción anterior de este artículo y que tenga conocimiento de que su difusión es ilícita.
Al que cometa el delito de deslealtad se le impondrán de dos años a siete años de prisión, multa de treinta veces hasta trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
CAPITULO XI
Cohecho
Artículo 222. Comete el delito de cohecho:
I. El servidor público que por sí , o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y
II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a algunas de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita acto justo o injusto relacionado con sus funciones.
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
En ningún caso de devolverá a los responsables del delito de cohecho el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.
CAPITULO XII
Peculado
Artículo 223. Comete el delito de peculado:
I. Todo servidor público encargado de un servicio público, del Estado o descentralizado,
aunque sea en comisión por tiempo limitado y que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.
Para los efectos de esta fracción se entiende que también pertenecen al Estado las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos en que el fideicomitente sea la administración Pública Federal, centralizada o paraestatal, el Congreso de la Unión, los Poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal.
II. El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue algunos de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de sus superior jerárquico o el de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.
III. Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute se los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades, y
IV. Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distinga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.
Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones:
Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública.
CAPITULO XIII
Enriquecimiento ilícito
Artículo 224. Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriqueci - miento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar la legítima proceden- cía de sus bienes, en los términos del Artículo 83 de la Ley Federal de Responsabilidades el los Servidores Públicos.
Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar como suyos bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la misma Ley a sabiendas de estas circunstancias.
Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes sanciones:
Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de tres a catorce años de prisión y destitución e inhabilitación de tres a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.
Artículo segundo. Por lo que respecta a las declaraciones sobre situación patrimonial efectuadas con anterioridad a la vigencia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se estará a lo dispuesto en las normas vigentes en el momento de formularse dicha declaración.
Reitero a ustedes las seguridades de mi más distinguida consideración. Palacio Nacional, a 2 de diciembre de 1982.
Sufragio efectivo. No reelección.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H."
- Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia e imprímase.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Margarito Benítez Durán.
En virtud de haber transcurrido el término de 4 horas señalado por el Artículo 28 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Presidencia dispone que se prorrogue la duración de esta sesión hasta desahogar los asuntos en cartera.
El C. Margarito Benítez Durán: C. presidente: CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.- Presente.
La Fracción Parlamentaria Demócrata, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Cámara, el presente proyecto de Decreto que reforma y adiciona a los Artículos 358, 371 y 395 de la Ley Federal del Trabajo, en la forma y términos que se precisan más adelante y se sustenta en los siguientes
MOTIVOS
En el primer periodo de la Quincuagésima Primera Legislatura, el Partido Demócrata Mexicano, presentó una Iniciativa de reforma y Adiciones a los Artículos 371 y 395 de la Ley Federal del Trabajo, según la cual, se debe prohibir que la cláusula de exclusión o admisión se aplique a cualquier trabajador, por motivos de carácter político.
Dicha Iniciativa se encuentra en poder de la Comisión de trabajo y Previsión Social, sin que hasta la fecha haya emitido el dictamen correspondiente.
Tomando en consideración que hasta la fecha las condiciones que dieron origen a dicha iniciativa persisten y que incluso se han agravado, ya que constantemente trabajadores pertenecientes a algunas organizaciones sindicales son obligados a pertenecer a un partido político, aplicándoles la cláusula de exclusión o siendo objeto de castigo o suspensiones en su trabajo precisamente por ser militantes o candidatos de partidos políticos independientes o de oposición, consideramos necesario insistir en la iniciativa que tenemos presentada.
Sin embargo y en virtud de que las expulsiones, los castigos o suspensiones se derivan generalmente de disposiciones contenidas en los Estados de tales organizaciones sindicales que establecen la obligación para sus agremiados de pertenecer a un determinado organismo político, creemos que es necesario que la Ley Federal del Trabajo establezca la prohibición para que en los Estatutos de establezca la obligación de que sus miembros deban pertenecer o no a determinado partido o asociación política civil o religiosa.
El Partido Demócrata Mexicano considera que las cláusulas que en los Estatutos de los Sindicatos obligan en esta materia a sus afiliados, limitan y contravienen las disposiciones contenidas en la Constitución General de la República.
En efecto, el sexto párrafo del Artículo quinto Constitucional, establece que "El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la Ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.
Tal dispositivo es una garantía de los mexicanos y no puede ser violada ni por el gobierno, ni por los patrones, ni por los sindicatos.
A cualquiera nos parecería monstruoso que un patrón estableciera en el Contrato de Trabajo que sus trabajadores deben pertenecer o no pertenecer a determinado partido político; de la misma manera es monstruoso que en los sindicatos se establezcan estas limitaciones a las libertades individuales de los mexicanos.
Millones de trabajadores sindicalizados, ya sea de empresas particulares, des centralizadas o de los gobiernos Federal, Estatal o Municipal, son víctimas de la esclavitud política a que los someten sus líderes, amparados en disposiciones estatutarias que los obligan a pertenecer al Partido Revolucionario Institucional y en cuanto un elemento sindicalizado pertenece a otro partido, o es candidato del mismo a algún puesto de elección popular, se le aplica la cláusula de exclusión o se le castiga o suspende.
Esto es denigrante para los derechos del ciudadano mexicano y es contrario al sistema democrático que inspira nuestra Constitución.
La esencia de la democracia es la libertad de los individuos y cuando a algún ciudadano se le obliga a pertenecer o a no pertenecer a un partido político, se está limitando su libertad y se pisotea la democracia.
Por lo anterior, el Partido Demócrata mexicano amplía la iniciativa que tiene presentada, con la presente a efecto de que no sólo se establezca la prohibición para que los trabajadores sindicalizados se les aplique la cláusula de exclusión por motivos políticos, sino que además, se establezca en la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo correspondiente a los Sindicatos, la prohibición de que en los estatutos de Sindicatos, Federaciones o Confederaciones, se obligue a los trabajadores a renunciar a sus derechos políticos o civiles mediante su afiliación o no afiliación a partidos o asociaciones políticas o civiles.
El Partido Demócrata Mexicano considera que los trabajadores mexicanos son lo suficientemente maduros como para ejercer sus derechos y que en este momento nadie puede, ni debe impedirles el ejercicio de su libertad, y que el sindicalismo mexicano debe abrir los horizontes hacia la libertad y ser elemento vitalizador de la democracia.
Queremos insistir en lo que mencionamos en nuestra anterior iniciativa, en el sentido de que nos mueve a presentar ésta, el hecho de que millones de trabajadores sufren aún este tipo de esclavitud política y que de ellos tenemos ejemplos actuales de militantes del Partido Demócrata Mexicano a quienes se les ha aplicado la cláusula de exclusión, a otros se les ha suspendido de sus derechos sindicales, precisamente por militar en este partido, dándose también el caso de trabajadores que han sido electos dirigentes de sindicatos, se les veda ese derecho por no pertenecer al PRI.
De emprenderse en forma cabal y sincera, la democratización integral en nuestro país, conforme a lo anunciado por el C. Presidente de
la República, Miguel de la Madrid Hurtado, en su mensaje a la nación este 1o. de diciembre, las reformas y adiciones que proponemos, deberán dictaminarse y discutirse a la mayor brevedad posible y con carácter de urgente. Pues siendo los sindicatos organismos sociales, un pilar básico de la estructura de la sociedad mexicana, reformas como las que mencionamos amplían la posibilidad de lograr la democratización que se persigue.
En virtud de lo anterior, presentamos a esta Honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se adiciona el Artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo, con un tercer párrafo, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 358.
Asimismo queda prohibida cualquier estipulación estatuaria que implique renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles de los miembros de los sindicatos y por lo tanto se tendrá por no puesta y no surtirá ningún efecto la obligación que se imponga de pertenecer o no algún partido o asociación política o civil.
Artículo segundo. Se reforma la fracción VII del Artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, adicionándole un inciso H). Así como el Artículo 395 de la misma ley, al que se le adiciona un tercer párrafo, para quedar como sigue:
Artículo 371.
Fracción VII
Inciso h). En ningún caso se podrá decretar la expulsión por motivos de carácter político.
Artículo 395. Tanto la cláusula de exclusión por ingreso como por separación, no podrá aplicarse en situaciones de carácter político.
TRANSITORIOS
Primero. Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las cláusulas o artículos de estatus aprobados con anterioridad, que contengan disposiciones contrarias a lo prescrito en este decreto, quedarán sin efecto.
Salón de Secciones de la H. Cámara de Diputados a 3 de diciembre de 1982.
Por la Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano. Diputados federales David Orozco Romo, Baltazar Ignacio Valdez Montoya, David Lomelí Contreras, José Augusto García lizama, Juan López Martínez, Ofelia Ramírez Sánchez, Margarito Benítez Durán, licenciado Francisco Javier Alvarez de la Fuente, María de Jesús Orta Mata, Enrique Alcántar Enríquez, ingeniero Ignacio Vital Jáuregui, Raymundo León Ozuna."
- Trámite:
El C. Presidente: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social e imprímase.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El mismo C. Secretario:
"Primer periodo ordinario de sesiones.
LII Legislatura.
Orden del Día.
7 de diciembre de 1892.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del estado de Chiapas, invita a la sesión solemne en la que el C. general Absalón Castellanos Domínguez rendirá la Protesta de Ley como Gobernador Constitucional del Estado, la que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre.
Invitación del Congreso del estado de Tlaxcala, a la sesión solemne en la que el C. licenciado Tulio Hernández Gómez, Gobernador del Estado, rendirá su segundo informe sobre el estado que guarda la Administración Pública, la que tendrá lugar el próximo 11 de los corrientes.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de Decreto que autoriza una emisión de Bonos del Ahorro Nacional.
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Ley Reglamentaria de la fracción XVIII del Artículo 73 Constitucional, en lo que se refiere a la facultad del Congreso para dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera."
Sesión secreta.
- El C. Presidente (a las 14:55 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 7 de diciembre, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
DIARIO DE LOS DEBATE