Legislatura LII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19831013 - Número de Diario 15
(L52A2P1oN015F19831013.xml)Núm. Diario:15ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LII" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO II México, D.F., jueves 13 de octubre de 1983 TOMO II. - NUM. 15
SUMARIO
APERTURA..
ORDEN DEL DÍA..
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE APRUEBA..
COMUNICACIONES
De los congresos de Aguascalientes, Hidalgo y Tabasco, relativas a sus funciones legislativas. De enterado..
PROTESTA DEL C. OCTAVIO AGUILAR CAMARGO
Como diputado suplente en funciones por el estado de chihuahua, con motivo del fallecimiento del diputado Carlos Chavira Becerra..
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
ARTÍCULO 62 CONSTITUCIONAL
El C. José A. García Lizama, a nombre de la diputación del PDM, presenta y da lectura a una iniciativa que reforma el artículo citado. Se turna a comisión imprímase..
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El C. Alberto González Domene, en nombre de la diputación del PAN, presenta y da lectura a una iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 366, 371, 373 y 378 de la ley mencionada. Se turna a comisión.
Imprímase..
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
LEY DE ASCENSOS Y RECOMPENSAS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA
Proyectos de decreto que modifica el artículo 51 de la ley citada. Primera lectura..
DENUNCIA EN TORNO A LA LEY FEDERAL DE ARMAS
El C. José G. Esparza López, a nombre de la diputación del PAN, señala que en el país hay un estado de emergencia y de sitio no declarado. Al respecto denuncia diversos hechos que dice tienen lugar a partir de la promulgación de la Ley Federal de Armas, en que se ha atropellado a la ciudadanía. Además, menciona un hecho en que se vieron involucrados el C. José González Torres y él, en el estado de Aguascalientes. Se turna a comisiones..
INICIATIVA SOBRE DEFENSA DEL INQUILINO
Que presenta el C. Sergio Ruiz Peréz en 1978, quien hace una serie de señalamientos y consideraciones sobre el particular. La Presidencia exhorta a las comisiones para que se dictaminen las iniciativas pendientes..
INICIATIVA DE DIPUTADO
SOBRE INICIATIVAS NO DICTAMINADAS POR LA CAMARA
El C. Alberto Salgado Salgado, después de referirse al asunto anterior sobre defensa del inquilino, presenta y da lectura a proyecto de decreto, tendiente a que la Colegisladora dictamine toda iniciativa de la ley o decreto que en un término de 30 días no se dictamine y presente por las comisiones a esta Cámara. Se turna a comisión e imprímase..
Sobre el tema, la C. Luz Lajous, Presidenta de la Comisión del Distrito Federal, informa del trabajo de las comisiones al respecto..
MARCHA DE CAMPESINOS CHIAPANECOS
Denuncia del C. Samuel Meléndez Luévano, relativa a las reclamaciones y demandas del grupo de campesinos chiapanecos que están por llegar a esta capital procedentes del estado de Chiapas. Solicita a nombre de la diputación del PSUM se forme un grupo de trabajo de las comisiones correspondientes que actúen al respecto. Se turna a comisiones..
COMENTARIOS SOBRE EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA
En ocasión de cumplirse un aniversario más de dicho acontecimiento, usan de la palabra los CC. David Lomelí Contreras, Roger Cicero Mackinney y Juan Manuel Terrazas Sánchez, mencionando este último la fundación de la ciudad de Chihuahua el 12 de octubre de 1709.
PAGO JUSTO A LOS PRODUCTORES DE FRIJOL
El C. Daniel A. Sánchez Pérez se refiere a lo afirmado por la C. Martha Chávez Padrón sobre los precios de los productos agrícolas. Menciona lo expresado por diversas corporaciones y por el Presidente de la República, en su informe de Gobierno, en relación al asunto agrícola, y solicita de los grupos parlamentarios, de los diputados obreros y campesinos del PRI, se obligue a la CONASUPO a pagarles un precio justo a los productores de frijol. Se turna a comisiones..
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión..
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO VICTOR CERVERA PACHECO
(Asistencia de 311 ciudadanos legisladores.)
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:05 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Enrique León Martínez:
"Segundo periodo ordinario de sesiones. LII Legislatura.
Orden del Día
13 de octubre de 1983.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Hidalgo y Tabasco. Protesta del C. Octavio Aguilar Camargo.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de la Defensa Nacional con proyecto de decreto que modifica los párrafos segundo y tercero del artículo 51 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Secretario:
"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión efectuada el día once de octubre de mil novecientos ochenta y tres.
Presidencia del C. Víctor Cervera Pacheco.
En la ciudad de México, a las once horas y diez minutos del martes once de octubre de mil novecientos ochenta y tres, la Presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de trescientos treinta ciudadanos diputados.
Lectura del orden del día.
Con una aclaración del C. Jesús Lujan Gutiérrez sobre los trámites recaídos a la proposición formulada por el Partido Demócrata Mexicano. Se aprueba el acta de la sesión anterior, verificada el día seis del actual. Se da cuenta con los documentos en cartera:
El Departamento del Distrito Federal suscribe atenta invitación al acto que, con motivo del CDXCI aniversario del descubrimiento de América, tendrá lugar el día 12 de los corrientes ante el monumento erigido a la memoria de Cristóbal Colón, en el Paseo de la Reforma de esta ciudad.
Para asistir a dicho acto, con la representación de esta Cámara de Diputados, la Presidencia designa en comisión a los CC. Rodolfo García Pérez, José Esteban Núñez Perea, Rodolfo Rea Avila, Juan Vázquez Garza e Irma Victoria Zárate Pineda.
Invitación de la Quincuagésima Legislatura del estado de Sonora a la sesión solemne que tendrá lugar el día 13 del presente, en la que el C. doctor Samuel Ocaña, Gobernador Constitucional de la entidad, rendirá el cuarto informe de gestión administrativa.
La Presidencia nombra a los CC. Manlio Fabio Beltrones Rivera, José Carreño Carlón, Ricardo Castillo Peralta, Rubén Castro Ojeda, Florentino López Tapia, Alfonso Molina Ruibal, Rafael Oceguera Ramos, Luis Héctor Ochoa Bercini, Ramiro Valdez Fontes, Antonio Gershenson, Domingo Alapizco Jiménez
y Héctor Ramírez Cuéllar, para que concurran a esta sesión, con la representación de este cuerpo legislativo.
El C. Margarito Benítez Durán, en nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, presenta y da lectura a una iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Radio, Televisión y Cinematografía e imprímase.
Por su parte, el C. Alberto Salgado Salgado, del Partido Socialista de los Trabajadores, presenta y da lectura a una iniciativa de decreto, tendiente a reformar y adicionar el párrafo segundo del inciso c) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales e imprímase.
Dictamen con proyecto de decreto suscrito por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que reforma la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los CC. diputados, la Asamblea en votación económica le dispensa el trámite de segunda lectura, a efecto de que se someta a discusión y votación de inmediato.
A discusión en lo general el proyecto de decreto.
Hacen uso de la palabra, en contra, el C. Viterbo Cortez Lobato; por la Comisión Dictaminadora la C. Haydée Eréndira Villalobos Rivera.
Se considera suficientemente discutido en lo general.
A discusión en lo particular. Sin que motive debate, en votación nominal se aprueba, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto, por trescientos trece votos en pro, nueve en contra y ocho abstenciones. Pasa al Ejecutivo para su efectos constitucionales.
La misma Comisión de Hacienda y Crédito Público emite un dictamen con proyecto de decreto, que Establece Bases para la Ejecución en los Estados Unidos Mexicanos, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos.
Por las mismas razones del caso anterior, la Asamblea en votación económica le dispensa el trámite de segunda lectura a este documento.
A discusión en lo general el proyecto de decreto.
Intervienen, en contra, el C. Antonio Gershenson; por la Comisión Dictaminadora el C. Raúl Vélez García.
Se considera suficientemente discutido en lo general.
A discusión en lo particular. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba el proyecto de Decreto por trescientos once votos en favor, diez en contra y nueve abstenciones. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Presidencia del C. Jesús Salazar Toledano
Dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que concede permiso al C. Leonardo Cruz Aragón para prestar servicios como inspector de campo en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América en México. Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de decreto, sin ella, en votación nominal se aprueba por trescientos quince votos en pro y quince en contra. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La propia Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales signa un dictamen con proyecto de decreto, que autoriza a los CC. María Libia Pérez Cuapio, Amelia Quintero Zárate y Gerardo Ernesto Fuentes Quiroz para prestar servicios de carácter administrativo en la enbajada de los Estados Unidos de América, acreditada en nuestro país. Es de segunda lectura.
A discusión en lo general y después en lo particular el proyecto de decreto. Sin que motive debate en ninguno de los casos, en votación nominal se aprueba en ambos sentidos por trescientos quince votos en favor, once en contra y cuatro abstenciones. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. La Presidencia ruega a la Oficialía Mayor cite al C. Octavio Aguilar Camargo, suplente del señor diputado Carlos Chavira Becerra, a fin de que se presente en esta Cámara de Diputados el día 13 de los corrientes, a rendir la protesta de ley.
En nombre de los miembros del Ejército integrantes de esta Legislatura, hace uso de la palabra el C. Luis Garfias Magaña, para exaltar al heroico Colegio Militar, que nació en un día como éste, 11 de octubre, en la Fortaleza de San Carlos de Perote, en el estado de Veracruz.
Hace una serie de consideraciones al respecto y expresa entre otros conceptos lo siguente: "Es una institución gloriosa, la única que puede ostentar legítimamente el título de nacional en todas la épocas en que ha vivido, porque lo ha hecho dentro de un marco de honor y de bien ganado prestigio, que ha constituido un singular orgullo para México, porque ha sabido subsistir inmaculada a través de nuestra vida como país independiente".
EL C. Ricardo Antonio Govela Autrey usa de la palabra para denunciar la agresión sufrida por un grupo de manifestantes el día 9 del presente en Naquiquipa, Chihuahua, donde cerca de tres mil miembros del Partido Socialista de los Trabajadores fueron interceptados por la Policía Judicial del estado, que los atacó violentamente.
A causa de los disparos de la Policía, murió Manuel Aguilar Hernández y resultaron heridos
Sergio Pérez Barrera, Gilberto Ornelas Nevárez, Paulina Cruz de Solís y una niña de diez años que falleció el día de hoy.
Agrega que su partido protesta enérgicamente por los hechos ocurridos y responsabiliza de los mismos al gobernador del estado de Chihuahua, que ordenó al comandante de la Judicial del estado, la realización del operativo.
Hace un relato de los hechos y solicita que la comisión correspondiente de esta Cámara investigue la gravedad de los hechos y se nombre una comisión para constatar la existencia de los mismos y emita el dictamen a que hubiere lugar, pues de resultar involucrado el gobernador del estado, habría lugar al juicio de procedencia en su contra.
Para transferirse al mismo asunto y expresar su puntos de vista sobre el tema, interviene el C. Juan Manuel Terrazas Sánchez. Túrnese la denuncia a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
A continuación, aborda la tribuna el C. Jesús Luján para expresar, que ayer 10 de octubre, se cumplieron 70 años en que el traidor Victoriano Huerta mandó disolver las Cámaras del Congreso de la Unión y ordenó la detención de todos los representantes populares.
Señala que el 10 de octubre de 1913 no debe borrarse de la memoria del pueblo mexicano, porque hoy existen fuerzas minoritarias que por todos los medios a su alcance tratan de desprestigiar al poder popular por excelencia, y desean la desaparición de las instituciones que el pueblo mexicano ha logrado forjar a lo largo de su dramática historia, y sobre todo impedir que la representación popular cumpla con lealtad y eficacia su elevado deber.
Advierte la gran responsabilidad de la LII Legislatura Federal e insiste en que encuentran aquí para representar al pueblo, para defender sus intereses, para hacerse eco de sus demandas, para sugerir y aprobar las disposiciones legales que fortalezcan la independencia nacional.
Concluye diciendo que esto da lugar a que en vez de el debate responsable y elevado entre los diputados de los diferentes partidos se desarrollen sesiones de mero trámite.
Por último dice: "si cumplimos cabalmente con la honrosa tarea de representantes populares, si le damos a la Cámara de Diputados el lugar que verdaderamente le corresponde, dignificándola y dándole la autoridad que merece, la estaremos haciendo respetable y cumpliremos en verdad con el mandato popular".
A nombre de los CC. diputados de la Baja California Sur y Quintana Roo, hace uso de la palabra el C. Javier Sánchez Lozano para rendir merecido homenaje y reconocimiento a los más jóvenes estados de la República, con motivo de celebrarse, el día 8 de octubre, el IX aniversario de su convención de territorios federales en Estados Libres y Soberanos de la República.
Expresa su opinión sobre lo que esto significa y finaliza diciendo: Desde nuestros pueblos, en sus litorales y en el resto de sus territorios, habemos mexicanos vigilantes y celosos permanentes de nuestra soberanía nacional que no se discute ni se negocia. Desde ahí, expresamos nuestro compromiso de seguir preservando y afianzando nuestra independencia nacional.
Por su parte, el C. Raúl Rea Carvajal manifiesta que el 18 de noviembre del año pasado, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Unificado de México presentó ante esta Cámara proposiciones para un programa de Rescate de la Frontera Norte, cuya situación para muchos mexicanos en ese momento era sumamente difícil por los efectos dejados por dos primeras devaluaciones de 1982. Agrega que tales condiciones no han mejorado, y en cambio se han empeorado por la política de deslizamiento de nuestra moneda.
Señala que el 15 de agosto pasado fue aprobado, por el Presidente de la República, un decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación, que sienta las bases para que ésta opere en toda la República. Hace una serie de consideraciones sobre la industria maquiladora de exportación, que ha creado en los trabajadores una situación realmente trágica; por la inseguridad en el empleo; por la automatización del trabajo de maquila que crea enfermedades nerviosas; porque los trabajadores nunca ganan el salario mínimo profesional; por los contratos de trabajo; por los tiempos de descanso y porque las formas de organización son controladas para la empresa y las autoridades.
Agrega que por estas conclusiones, rechazan terminantemente el decreto presidencial del 15 de agosto, para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación, porque viola los artículos 1o., 28, 89, y 123 de la Constitución Política de nuestro país y por otras razones que a continuación explica, y solicita que esta denuncia pase a comisiones para que dictaminen sobre la procedencia de la misma. Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; de Patrimonio y Fomento Industrial; de Comercio y de Trabajo y Previsión Social.
A su vez, el C. Iván García Solís coincide con la crítica hecha a los ritmos legislativos y en su manejo, donde las iniciativas del Gobierno no se aprueban rápida y no suficientemente discutida.
En seguida, se refiere que el sábado pasado fueron detenidos por patrullas del Distrito Federal los señores Martín Batres Guadarrama, del Partido Socialista Unificado de México; y Vinicio y Homero Punzo Soto, así como José Luis Pichardo, del Partido Mexicano de los Trabajadores, quienes fueron maltratados por los patrulleros y remitidos a la Dirección Federal de Seguridad, donde fueron amenazados y acusados de ser gente sospechosa que induce la inestabilidad del país. Señala que estas personas estaban pintando leyendas de tipo político
en los espacios libres que la ciudad reserva para estas expresiones.
También menciona la detención realizada por miembros del Ejército Mexicano de los compañeros Edgar Avilés, Tarcisio Mújica y Mario Victoria, por el hecho de estar pintando una frase que no lograron terminar por haber sido detenidos.
A nombre de su partido, el Socialista Unificado de México, insiste en la ilegalidad de estas acciones que no deben pasar desapercibidas. Dice que sobre el primer caso ya se levantó el acta correspondiente en contra de los responsables; lo propio se va hacer sobre el segundo caso.
Finalmente, solicita se turne la denuncia a las comisiones respectivas, con el fin de que sean investigados estos hechos. Túrnese a las comisiones unidas de Información, Gestoría y Quejas y del Distrito Federal.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las catorce horas y cincuenta minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves trece de los corrientes, a las diez horas."
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
COMUNICACIONES
LA C. secretaria Xóchitl Llarena de Guillén:
"Aguascalientes, Ags., septiembre 29 de 1983.
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. México, D. F.
Para los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 135 del Reglamento Interior del Congreso, de aplicación supletoria, participamos a usted que en sesión de hoy se llevo a cabo la elección de la Mesa Directiva que habrá de funcionar durante el mes de octubre próximo, habiendo quedado integrada por mayoría de votos en la forma siguente:
Presidente diputado Roberto Díaz Rodríguez.
Vicepresidente diputado ingeniero Ignacio Ruelas Olvera.
Secretario diputado licenciado Roberto Padilla Márquez.
Secretario diputado Jorge Sánchez Muñoz.
Prosecretario diputado Jesús González Tavares.
Al participar a usted lo anterior, nos es grato reiterarle las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputada Presidenta, profesora Ofelia C. de Campillo; diputado secretario, Dionisio Gallegos Esqueda; diputado secretario, profesor Antonio Murillo Adame."
Trámite: - De enterado.
Las misma C. Secretaria:
"Pachuca, Hgo., 1o. de octubre de 1983.
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. México, D.F.
Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito el honor de informar a usted(es) que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 38 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo (Reformado por Decreto No. 33 de fecha 10 de febrero de 1982), y lo establecido en los artículos números 19, 24 y 27 de la ley Orgánica del Poder Legislativo, con esta fecha, en Sesión Solemne celebrada por la Quincuagésima Primera Legislatura de este H. Congreso Constitucional del estado de Hidalgo, y con la honorosa presencia del C. arquitecto Guillermo Rossell de la Lama, gobernador Constitucional de esta propia Entidad Federativa, se verificó la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer y último año de Ejercicio Constitucional, que concluye el 31 de diciembre del presente año.
También nos es grato comunicarle(s) que, en junta Preparatoria efectuada el día 29 de septiembre pasado, fue electa la Directiva respectiva, que fungirá durante el periodo mencionado en la forma siguiente:
Presidente: diputado licenciado Gabriel Perales Salvador (octubre).
Vicepresidente: diputado profesor Antonio Martínez Hernández (octubre).
Secretario propietario: diputado Arturo Avila Marín.
Secretario propietario: diputado licenciado Edmundo Paniagua Vargas.
Secretario suplente: diputado Daniel Campuzano Barajas.
Secretario suplente: diputado Vicente Trejo Callejas.
Al tener el agrado de comunicar a usted(es) lo anterior, aprovecho la oportunidad para reiterarle(s) las seguridades de mi atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Oficial Mayor del H. Congreso Constitucional del estado. C. Horacio Silva López."
Tramite: - De enterado.
La misma C. Secretaria:
"Villahermosa, Tabasco, a 29 de septiembre de 1983.
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. México, D.F.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 27 del Reglamento Interno de este H. Congreso, la 'LI' Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tabasco, tiene el honor de informar a usted(es) que en sesión pública efectuada el día de hoy, se eligió Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá a partir del 1o. al 31 de octubre del presente año, la que quedó integrada en la forma siguiente:
Presidente: diputado licenciado Rodolfo Jiménez Damasco.
Vicepresidente: diputado licenciado Héctor Argüello López.
Secretario: diputado ingeniero Tomás Yáñez Burelo.
Posecretario: diputado Tomás Contreras Morales.
Al comunicar(les) lo anterior, no es grata la ocasión para reiterarle(s) las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente del H. Congreso del Estado, ingeniero Heberto R. Cabrera Jasso, ingeniero Tomás Yañez Burelo, D. S."
Trámite: - De enterado.
PROTESTA DEL C. OCTAVIO
AGUILAR CAMARGO
EL C. Presidente: - Se encuentra a las puertas de este recinto el C. Octavio Aguilar Camargo, suplente del diputado Carlos Chavira Becerra.
Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes CC. diputados.
Roger Cicero Mackinney, Armando Corona Boza, Juan Herrera Servín, Josefina Luévano Romo y Javier Sánchez Lozano.
EL C. secretario Enrique León Martínez:
- Se suplica a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple con su Cometido.)
EL C. Presidente: - Se ruega a los presentes ponerse de pie.
Ciudadano Octavio Aguilar Camargo: "¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado, que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?"
EL C. Octavio Aguilar Camargo: - "Sí, protesto."
EL C. Presidente: - "Si así no lo hiciéreis, la Nación os lo demande."
(Aplausos.)
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
ARTÍCULO 62 CONSTITUCIONAL
EL C. José Augusto García Lizama: - Pido la palabra, señor Presidente.
EL C. Presidente: ¿Con qué objeto, señor diputado?
EL C. Augusto García Lizama: - Para presentar una iniciativa.
EL C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado José Augusto García Lizama para presentar una iniciativa.
EL C. José Augusto García Lizama: - Señor Presidente; compañeros diputados:
"Entre las prerrogativas que la Constitución Política de México otorga a los ciudadanos mexicanos se encuentran las contenidas en el artículo 35; es decir, las de votar y de ser votado y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley.
Por otra parte, la fracción IV, del artículo 36 constitucional señala que entre sus obligaciones, el ciudadano de la República debe desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados...
Asimismo, el artículo 38, en su fracción I, establece que se suspenderán sus derechos o prerrogativas a los ciudadanos que no cumplan con las obligaciones señaladas en la fracción IV, del artículo 36 constitucional. Lo anterior, sin lugar a dudas, se debe a que la falta de su cumplimiento, viola una de las esencias de la democracia, frenando la marcha de la misma por el abandono del mandato popular libremente aceptado en el caso de cargos de elección popular. Se hace indispensable que la voluntad popular, expresada en las elecciones sea cumplida fielmente por quienes resulten electos, ejerciendo plenamente las obligaciones propias del cargo popular y por el periodo de mandato.
Por ello, es necesario e inaplazable garantizar su debido y fiel cumplimiento , pues así lo exigen los más sagrados y soberanos intereses del pueblo de México y la democracia; lo que de ninguna manera puede ser soslayado en nuestra Constitución ni vulnerarse o contravenirse por supuestas y muchas veces dudosas causas justificadas de conveniencia administrativa o de eficiencia. La soberanía del pueblo, la voluntad popular, son burladas o, en el mejor de los casos ignoradas cada vez que un servidor público electo por el pueblo para desempeñar un cargo de elección pide licencia para separarse, aunque sea temporalmente, de dicho cargo y estar así en condiciones de aceptar y desempeñar otro empleo o comisión de distinta índole y origen.
Para que el voto o sufragio popular sea realmente efectivo, es decir, debidamente respetado, es necesario establecer en nuestra Constitución, con toda precisión, el impedimento para que, por la decisión de una sola persona u organismo en forma de nombramiento, se nulifiquen todo un proceso electoral y el mandato soberano del pueblo legítimamente manifestado en las elecciones. Así, estaremos contribuyendo a darle vigencia real, a uno de los
postulados fundamentales de la Revolución Mexicana y lema oficial del Gobierno de la República: "Sufragio Efectivo".
De esta manera contribuiremos igualmente, a darle plena vigencia al artículo 39 constitucional que establece el régimen republicano al preceptuar que: "La Soberanía Nacional reside esencialmente en el pueblo...".
El fortalecimiento de las instituciones republicanas exige establecer nuevas disposiciones constitucionales que le den una más indiscutible vigencia al principio de la división de poderes. Porque en la práctica observamos que se piden licencias para abandonar temporalmente o definitivamente los cargos de elección popular a fin de ocupar puestos por designación o nombramiento, es de proponerse - y proponemos - modificaciones a nuestra Constitución General de la República.
Además la observancia fiel al principio de la división de poderes consagrado a nuestra Carta Magna, nos aleja de la posibilidad de caer en el absolutismo de los regímenes que se distinguen por la concentración de todo poder y mandato supremo en un soberano, dictador y autoritario.
Se pierde el principio democrático de la división de poderes cuando el Poder Ejecutivo, ignorando o desoyendo el mandato popular, propicia el cambio de funciones, y consiguientemente, de la ya definida y correspondiente naturaleza los cargos de elección, nulificando la división del trabajo y de las funciones de los ciudadanos y poderes.
La necesidad de un efectivo y benéfico equilibrio en la división de poderes, que respete ante todo la soberanía popular manifestada en elecciones, hace imperativas algunas reformas en el sentido de que no sea permitido constitucionalmente el cambio de un cargo de elección popular, por empleo o comisión por nombramiento, dentro de la administración pública.
En virtud de lo anterior y de acuerdo con lo antes expuesto, a nombre de mis compañeros, los diputados de la Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, de conformidad y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 71 y 135 de nuestra Constitución Política Federal, nos permitimos someter a la consideración de esta H. Cámara el siguente proyecto de decreto que reforma el artículo 62 Constitucional, para quedar como sigue: DECRETO
Artículo único. Se reforma el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos:
Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios o suplentes en ejercicio, durante el periodo de su encargo, quedan inhabilitados para ser nombrados y desempeñar cualquier otro empleo o comisión de la Federación o de los Estados y, en general, de la Administración Pública por los que disfrute sueldo, a excepción de los que sean motivo de nueva elección popular, para lo cual requerirán licencia previa de la Cámara respectiva, pero entonces cesarán en estas funciones representativas. La infracción de esta disposición será castigada de conformidad con el artículo 38, fracción I, de esta Constitución.
TRANSITORIO
Artículo único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a 13 de octubre de 1983.
Por la fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano.
Diputados José Augusto García Lizama, Francisco Javier Alvarez de la F., Ofelia Ramírez Sánchez, David Orozco Romo, Baltazar I. Valadez Montoya, María de Jesús Orta Mata, Enrique Alcántar Enríquez, David Lomelí Contreras, Ignacio Vital Jáuregui, Margarito Benítez Durán, Juan López Martínez, Raymundo León Ozuna."
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales e Imprímase.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El C. Alberto González Domene: - Señor Presidente, pido la palabra para presentar una iniciativa de ley.
El C. Presidente: - Se le concede la palabra al C. diputado Alberto González Domene.
El C. Alberto González Domene: - Señor Presidente; compañeros diputados: Invoco al patriotismo que debe existir entre todos nosotros, para que esta iniciativa de ley que presentaré en seguida, no sea sólo turnada a la Comisión correspondiente para quedar congelada como suele quedar toda iniciativa presentada por la oposición sino que sea estudiada y aprobada en breve plazo en favor de la clase trabajadora de México y de la patria.
Una de las principales preocupaciones de mi Partido Acción Nacional es la de luchar incansablemente por conseguir la erradicación de la corrupción sindical que ahoga la acción del trabajo y, luchar también, por la reivindicación de los trabajadores mexicanos. Por ello, a título personal en mi campaña para diputado federal, por el II Distrito de Coahuila, yo prometí a los ciudadanos torreonenses que si llegaba a formar parte de esta Cámara de Diputados presentaría una iniciativa de ley que liberara a los trabajadores sindicalizados del yugo que les tiene impuesto el sistema mexicano, hacedor, manipulador y beneficiador utilitario de los llamados líderes charros que explotan a los agremiados.
Hoy, en estos momentos, cumpliré con esta promesa hecha a mis lectores apoyada por todos los diputados de mi partido, haciéndola extensiva a todo el pueblo de México.
"Proyecto de Reformas y Adiciones a los Artículos: 336, 371, 373 y 378 de la Ley Federal del Trabajo.
H. Cámara de Diputados:
La organización solidaria de los trabajadores, en cualquier paralelo y meridiano, es una de las fuerzas más importantes de la sociedad contemporánea y debe ser uno de los factores de mayor trascendencia en la lucha para obtener un ordenamiento justo, libre y suficiente de la vida colectiva.
En muchos países, la lucha por la conquista de las reivindicaciones sindicales ha sido permanente y solidaria para crear la base de una sana estructura social, y ha correspondido a la comunidad la fortaleza y la estructura de las organizaciones de los trabajadores para mantenerlas libres de cualquier influencia facciosa que desvirtúe su naturaleza o los propósitos de redención y de superación de los mismos trabajadores, así como la determinación de defender, proteger y aumentar sus derechos.
En México, al margen de sus elevadas funciones, con el pretexto de proteger a los trabajadores de los sindicatos han sido convertidos - salvo raras excepciones - en fuente de control político para beneficio de ambiciones que buscan no la protección de los sindicalizados sino el propio interés de los dirigentes y el poder público, en cuanto esto signifique posibilidad de ocupar un puesto político, así como la satisfacción personal de poder y enriquecimiento ilícito de sus dirigentes.
Desde el punto de vista social, las exigencias mismas de la lucha sindical, en nuestro país, han dado lugar a que intereses utilitarios, ajenos a los trabajadores, se inserten en la estructura y en el funcionamiento de los sindicatos para desviarlos de sus fines propios y emplear su fuerza en propósitos personales o de grupo, normalmente contrarios al bien común y aún a los principios, a las exigencias y a la conveniencia de los mismos trabajadores. Contra la manifiesta e indudable voluntad de éstos, el sindicato ha sido arrastrado a campos que le son ajenos, se ha entregado a intereses y apetitos políticos parciales, adversos al mencionado bien común que, al fin de cuentas, traicionan al sindicato constantemente.
El actual sistema político mexicano organizó dentro de su seno a los trabajadores del Gobierno y del país para consolidar una base en la cual pudiera mantener su fuerza, manipulando a estas agrupaciones por medio de líderes incondicionales al mismo sistema que, lejos de luchar por obtener mejores condiciones de trabajo y de garantizar la libertad y el respeto a la dignidad de sus agremiados, han lesionado, a título de disciplina y de unidad, los derechos y libertades esenciales de los trabajadores aplicando sanciones intolerablemente injustas; adjudicándose los derechos para decidir sobre la ideología política personal; reeligiéndose, manipulando y apoderándose de las directivas sindicales; dilapidando los fondos de los sindicatos, y dando, de esta manera, un carácter lucrativo a su labor, causando desunión, pérdida de fuerza moral y social para la organización y ocasionando angustia, indefensión, daños morales y materiales concretos para los trabajadores.
Un ejemplo escalofriante y reciente de este exceso de corrupción sindical que vivimos en México nos fue revelado recientemente por la prensa nacional, y en especial, por la revista Proceso, en su número 359, al destapar la cloaca del sindicato petrolero de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos - PEMEX - . Con pruebas suficientes se acusa a los líderes sindicales Salvador Barragán Camacho, senador de la República; Joaquín Hernández Galicia, alias la Quina y Héctor García Hernández, alias El Trampas, de incalificables actos delictivos de corrupción en contra de los trabajadores, de la empresa y del país, hechos que la mafia del sindicato petrolero - como un ejemplo - sin algún freno, más que el de las más bajas pasiones humanas, ha sido capaz de consumar. Lo narrado raya en lo increíble. La locura del poder ha sido capaz de todo: chantajes, robos multimillonarios, despilfarros en el extranjero, secuestros y hasta asesinatos promovidos por la terna de la Quina, el Trampas y el senador Barragán Camacho, compañeros de Fidel Velázquez, máximo líder de la CTM, y amigos personales de los dos últimos expresidentes de la República Mexicana.
El panorama general del sindicalismo nacional no es menos escandaloso. Salvo raras excepciones - repito - , se ha acusado éste por los líderes para desfigurar el espíritu de la disciplina y el propósito de las sanciones sindicales, para introducir la irresponsabilidad o para lograr la corrupción abierta de los funcionarios del sindicato, y aún para emplear los medios de la lucha obrera en fines políticos, silenciando y reprimiendo a veces, las más justas exigencias de los trabajadores, o por el contrario, promoviendo conflictos sin justificación y sin oportunidad. Todo ello con daño grave para la instalación de una auténtica democracia en México que perjudica a la sociedad entera, con merma del prestigio y de la fuerza del sindicato, con insoportable violación de la dignidad personal de los trabajadores, como hombres y como ciudadanos, de su derecho y de su más patente y legítimo interés.
Si estas desorientaciones, errores o abusos han motivado retraso en la evolución social, económica y política del país, también han debilitado la vida sindical alzando inmensos obstáculos para su normal desarrollo; si han sido fuente de angustia y de miseria, también han sido raíz de un anhelo que es ya inaplazable exigencia de los trabajadores mismos, sobre todo, dentro de esta crisis económica, las más seria por las que haya atravesado nuestro país en toda su historia el anhelo inaplazable de
limpiar, de una vez por todas, y de depurar en su estructura y en su funcionamiento la Organización del Trabajo; la necesidad de garantizar su finalidad y su alcance propios, así como los principios en que debe apoyarse su existencia y su labor para que se cierren los caminos de la falsificación y de la irresponsabilidad, para que, en suma se haga una realidad la tan proclamada
renovación moral de la sociedad, promovida, aún sin éxito, por el Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, y para que se recoja, en derecho, el fruto del esfuerzo y de la experiencia creando los firmes cauces jurídicos que aseguren el cumplimiento del ideal de un sindicato al servicio de los trabajadores y del bien común.
Frente a esta realidad mexicana y a las disposiciones constitucionales, considerar, por otra parte, que los sindicatos no tienen funciones de partido político, no significa afirmar que éstos deban mantenerse ajenos a las cuestiones públicas. La política de inversiones del Estado, en cuanto repercute en las condiciones de trabajo; la intervención del Gobierno en materia de precios, en cuanto afectan la capacidad de compra del trabajador; la política arancelaria, en cuanto fomenta o disminuye la producción nacional; la fijación de los salarios mínimos; los sistemas de seguridad social y el régimen fiscal de la Nación son unos cuantos ejemplos de las numerosas cuestiones de la vida pública frente a los que el sindicato no puede mantener una actitud pasiva, porque son problemas que repercuten, directa o indirectamente, sobre la vida del trabajador y de su familia. En un Estado moderno, se deben respetar los derechos y responsabilidades del sindicato, y éste no puede permanecer neutral sin expresar opinión sobre los problemas económicos y sociales de la Nación. No hay contradicción entre esta afirmación y la postura de independencia que buscamos para las organizaciones sindicales frente a los partidos políticos. Mantener atenta opinión sobre problemas comunes del pueblo, requieren vocación patriota y amplio espíritu democrático.
En un régimen democrático, el sindicato no debe convertirse en partido político ni afiliarse él, ni afiliar a los trabajadores para utilizar la fuerza representativa de la organización sindical como trampolín político.
Las decisiones políticas deben corresponder a la voluntad libre de los trabajadores como ciudadanos y ni aún por acuerdo mayoritario, se puede pasar por encima de los derechos humanos y de las libertades del trabajador como ciudadano, como tampoco puede comprometerse la libertad y la continuidad del movimiento sindical y sus funciones sociales con los vaivenes de la política, y menos convertir al sindicato en mera oficina de reclutamiento político forzoso.
Por otro lado, está fuera de las funciones sindicales, y es contrario a la Constitución General de la República, aplicar cualquier tipo de sanción al trabajador por razones políticas o religiosas; o bien, presionar a la empresa para el despido de algún trabajador por ese motivo.
Efectivamente, el artículo 5o. de la Constitución previene que el contrato de trabajo no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de los derechos civiles o políticos del trabajador.
El derecho al trabajo es prerrogativa común de todos los hombres, se funda en el derecho a la vida y en la libertad personal del individuo; de ahí que este derecho y esta libertad no puedan quedar sujetos al criterio del líder sindical o del patrón para negarlos basándose en criterios ideológicos o políticos. Esto sería contrario a las garantías de nuestra Constitución. El trabajador debe ser respetado; debe participar en las decisiones de su sindicato y no debe usarse su digna persona para fines políticos, partidistas o de otros intereses personales de los dirigentes. Es irrestricto su derecho a elegir y ser elegido por sus cuadros directivos, así como concurrir o no, libremente, a los eventos que se le invite y que no sean, en rigor, parte de las actividades sindicales.
Vivimos en una época en que nos impone una evolución social que fortalezca las organizaciones intermedias en la sociedad, que son base de la unidad nacional, en las cuales el sindicalismo auténtico forma el cauce patriota de una renovación moral auténtica y democrática.
Porque es necesario garantizar la fuerza moral y social del sindicato al servicio del trabajador y, a la vez, darle la garantía de libertad que como ciudadano mexicano requiere; los suscritos, diputados de la LII Legislatura, miembros del Partido Acción Nacional, proponemos al Congreso de la Unión algunas reformas a la Ley Federal del Trabajo, tendientes a lograr que el régimen interno de los sindicatos se depure y sus actividades relacionadas con la vida política se desarrollen democráticamente y en congruencia con la Declaración de los Derechos Humanos.
Cuatro son las cuestiones fundamentales que propone esta iniciativa, todas ellas tendientes a impedir los excesos relatados en esta exposición de motivos, para lograr que el sindicalismo mexicano se gobierne democráticamente, esto es, bajo el supuesto de que debe marchar conforme a las resoluciones de la mayoría, pero estableciendo claramente que las decisiones mayoritarias no pueden contradecir los derechos irrenunciables del hombre y del ciudadano reconocidos por la Constitución. Pretende:
1o. Impedir que su admisión o expulsión en los sindicatos esté condicionada a su afiliación política o ideológica, o religiosa;
2o. Impedir la reelección perpetua de los dirigentes sindicales;
3o. Impedir el funcionamiento irregular de las asambleas sindicales obligando a las directivas a rendir cuentas honestas;
Los trabajadores, apoyándose en la ley, obligarán a sus dirigentes sindicales a rendir cuentas honestas, y
4o. Impedir la afiliación masiva de un sindicato a un partido político determinado.
Por las consideraciones antes expuestas, propongo las siguientes:
REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SUS ARTÍCULOS 366, 371, 373 Y 378
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
TITULO SÉPTIMO
Relaciones colectivas de trabajo
ARTÍCULO PRIMERO
Se adiciona una fracción IV, al artículo 366 para quedar como sigue:
Artículo 366. El registro podrá negarse únicamente:
I. ..
II. ..
III. ..
IV. Si los estatutos del sindicato violan las garantías individuales de sus miembros.
ARTÍCULO SEGUNDO
Se adiciona y modifica el artículo 371 en sus fracciones V, VII, X, XI, XII, XIII, y se adicionan fracciones XVI y XVII en los siguientes términos:
I. ..
II. ..
III. ..
IV. ..
V. Condiciones de admisión de miembros. La admisión no será condicionada por motivos religiosos o políticos.
VI. ..
VII. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. No podrán los sindicatos imponer ni a los trabajadores que soliciten afiliarse ni a sus miembros, obligaciones que impliquen menoscabo de sus derechos políticos o civiles. Tampoco podrán imponerles sanciones por razón de profesión ideológica o de afiliación política. En los casos de expulsión se observarán las normas siguientes:
a) La asamblea de los trabajadores se reunirá para el solo efecto de conocer de la expulsión, siendo ésta convocada por escrito cuando menos con treinta días de anticipación, señalándose en el orden del día, en forma expresa, el caso que trate de sancionarse.
b) Cuando se trate de sindicatos integrados por sanciones, el procedimiento de expulsión se tramitará ante la asamblea general, pero el acuerdo que lo decrete requiere de la aprobación previa de las dos terceras partes de los trabajadores de cada sección.
c) El trabajador afectado deberá ser citado para que concurra a la misma cuando menos con treinta días de anticipación, mediante escrito en el que se relacionen detalladamente los cargos que en su contra se formulen. En el citatorio se le hará saber expresamente que puede ser oído en defensa de su caso por sí o por persona de su confianza.
d) ..
e) Los trabajadores no afectados, no podrán hacerse representar ni los ausentes podrán emitir su voto por escrito. En todo caso la votación se hará en forma secreta.
f) ..
g) La expulsión sólo podrá decretarse por los casos expresamente consignados en los estatutos, debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso. Por ningún motivo se considerará como causa de expulsión: el credo, las ideas y la participación religiosa o política de los miembros.
h) En el acta de la asamblea deberá incluirse:
1) Lista de los miembros del sindicato con expresión de los que asistieron;
2) Constancia de que se permitió al trabajador afectado hacer su defensa y de si la hizo por sí o por conducto de persona de su confianza, y
3) Constancia respecto de la forma en que se hubiera llevado a cabo la votación y resultados del escrutinio.
i) Cuando aplique la cláusula de exclusión, el sindicato deberá expedir dentro de los tres días siguientes el acuerdo, copia certificada por triplicado del acta de la asamblea, incluyendo los datos relativos de los requisitos del acta de la asamblea, incluyendo los datos relativos de los requisitos que esta fracción previene y las demás constancias que señale el trabajador sancionado; el sindicato entregará una copia al trabajador. La segunda la enviará a la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda y hará entrega de una tercera al patrón, al notificarle el acuerdo. El término señalado al trabajador para que pueda reclamar la expulsión, empezará a correr al día siguiente de aquel en que reciba del sindicato la copia de referencia.
Se considerará que el sindicato no puso en conocimiento del trabajador sancionado las pruebas que no se transcriban en las copias certificadas que previenen los párrafos anteriores.
j) Queda prohibida la aplicación colectiva de sanciones sindicales. En los casos en que varios trabajadores sean enjuiciados por los mismos hechos se deberán expresar separadamente los cargos que se hagan a cada uno de ellos y la resolución se ocupará por separado de cada caso.
Los procedimientos a que se refiere esta fracción deberán seguirse sólo en los casos en que un trabajador ya hubiere sido sancionado por el sindicato con suspensión de derechos sindicales por más de seis meses, o con suspensión de trabajo por más de treinta días, en una o en varias resoluciones anteriores.
VIII. ..
IX. ..
X. Periodo de duración de la directiva del sindicato y de sus secciones, en su caso. Por ningún concepto podrá ser mayor de tres años. La directiva o cualesquier personas de sus miembros podrán ser reelectos por una sola vez para el periodo inmediato si reúnen los siguientes requisitos:
a) Que haya presentado oportunamente cuentas a su correspondiente asamblea y éstas hayan sido aprobadas, y
b) Que la reelección sea aprobada cuando menos por las dos terceras partes de los miembros del sindicato o de sus secciones en votación secreta. En caso de que una directiva postulada para reelegirse no obtenga en la primera votación la proporción de votos a que se refiere el inciso b), quedará excluida de las votaciones y se procederá a elección de nueva mesa directiva.
XI. Normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes patrimonio del sindicato. En todo caso corresponderá a la Asamblea General, con exclusión de cualquier otro órgano resolver sobre la disposición de bienes y aplicación de fondos sindicales.
XII. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales. En ningún caso las cuotas sindicales ordinarias podrán aplicarse para el sostenimiento de agrupaciones políticas o para fines de política electoral. Las que se destinen a estos fines serán cuotas extraordinarias que el trabajador podrá aportar o no, y sólo podrán ser recaudadas directamente por el sindicato.
XIII. Época de presentación de cuentas. Corresponderá exclusivamente a la Asamblea, cada tres meses, resolver sobre la aprobación o rechazo de las cuentas que rindan los encargados del manejo del patrimonio sindical y sobre las responsabilidades que deberán exigírseles como resultado del mismo.
XIV ..
XV..
XVI. De las responsabilidades. Los funcionarios sindicales serán responsables ante sus agremiados:
a) Por violación a los derechos y garantía que establece esta ley o incumplimiento de sus obligaciones legales o estatutarias:
b) Por desobediencia a los acuerdos legítimos de los órganos a que estén sometidos estatutariamente u otros actos ilícitos que realicen en el desempeño de sus cargos;
c)Por obrar contra los intereses y derechos de sus representados, y
d) Por malversación de fondos. Se presumirá que hay malversación de fondos cuando no rindan sus cuentas trimestrales a la Asamblea o cuando requeridos para rendirlas, no las presenten en la forma y términos previstos por el artículo 373.
XVII. De las sanciones. Los funcionarios que incurran en responsabilidad en los términos de la fracción anterior serán destituidos y quedarán inhabilitados para desempeñar cargos sindicales:
a) Por dos a cinco años, si se trata de los casos señalados en los inicisos a,
b y c, y
b) Permanentemente en el caso del apartado "d" y en los casos de reincidencia.
Además, si la conducta de los culpables implica incumplimiento de una resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje, se les aplicarán las penas que la ley señale por desobediencia a mandatos de la autoridad. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales a que haya lugar.
c) La inhabilitación que previene la fracción anterior y la destitución, esta última si no la hubieren hecho los órganos competentes del sindicato, será decretada a petición de parte interesada por la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda .
La junta oirá a los presuntos responsables en los términos señalados para los conflictos individuales de trabajo pero omitiendo la audiencia de conciliación.
El trabajador, en su caso, o el sindicato afectado podrán intervenir en el procedimiento como tercer coadyuvante del que o quienes haya perdido la aplicación de la sanción.
d) Las juntas comunicarán de oficio a la procuraduría General de la República las resoluciones que dicten y que puedan entrañar responsabilidad penal para los funcionarios sindicales.
Además, las resoluciones de inhabilitación las comunicarán a la Secretaría del Trabajo, la que llevará un registro de ellas y cuidará de que los inhabilitados no desempeñen ningún cargo sindical con posterioridad.
ARTÍCULO TERCERO
Se adiciona y modifica el artículo 373 para quedar como sigue:
Artículo 373. La directiva de los sindicatos debe rendir a la asamblea cada tres meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Esta obligación no es dispensable.
La falta de presentación o de aprobación de las cuentas en los términos causa de la cesación de la directiva. Las cuentas estarán junto con los comprobantes relativos, a disposición de los trabajadores, cuando menos durante veinte días antes de la fecha de la asamblea que deba conocerlas.
ARTÍCULO CUARTO
Se modifica el artículo 378 en su fracción I, y se le adicionan fracciones III, IV y V para quedar como sigue:
Artículo 378. Queda prohibido a los sindicatos:
I. Intervenir en asuntos religiosos, en actos de partidos políticos y en política electoral .
II ..
III. Afiliar masiva y obligatoriamente a sus miembros a cualquier partido político.
IV. Afiliarse a un organismo internacional que no reconozca y respete los derechos y garantías que establece nuestra Constitución.
V. Sancionar colectivamente a una sección o privarla total o parcialmente de sus derechos sindicales.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor quince días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la ley, los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores que funcionen en la República deberán incorporar en sus estatutos los derechos, obligaciones, garantías y reglas procesales que contiene esta ley y, en su caso, revocar cualquier disposición estatutaria que contraríe los preceptos de la misma. La omisión de los funcionarios competentes para convocar las asambleas, u otros órganos que deban cumplir la disposición anterior, dará lugar a la aplicación de las sanciones que establece la fracción XVII, del artículo 371 de la propia ley.
Independientemente de lo anterior, los miembros de las organizaciones sindicales de que se trate, gozarán, a partir de la publicación de la ley en el Diario Oficial, de todas las prerrogativas que la misma ley establece y no surtirán efecto alguno en su perjuicio las estipulaciones que en contrario obtengan sus estatutos.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.
Por la diputación del Partido Acción Nacional, diputado Alberto González Domene.
El C. Presidente:.- Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Imprímase.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
LEY DE ASCENSOS Y RECOMPENSAS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA
El C. secretario Enrique León Martínez:
"H. Asamblea:
A la Comisión de Defensa Nacional de esta H. Cámara de Diputados fue turnada, para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto que remite la H. Cámara de Senadores relativa a la modificación de los párrafos 2o. y 3o. del artículo 51 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea nacionales.
La comisión revisó los fundamentos y razones expuestos en la iniciativa del Ejecutivo Federal, así como texto de la minuta del Senador, y habiéndose discutido entre sus integrantes, se formula el presente dictamen con apoyo en las siguientes
CONSIDERACIONES
1. El 2o. párrafo del artículo 51 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea nacionales, considera actualmente cuatro clases de condecoraciones de perseverancia a saber de 1a. 2a. 3a. y 4a. que se conceden respectivamente a quienes cumplan 30, 25, 20 y 15 años de servicios ininterrumpidos, mismo que reciben una prima complementaria de su haber.
Los servidores públicos reciben un beneficio semejante a partir de los cinco años de servicios por lo que el Ejecutivo Federal, tratando de beneficiar en forma semejante a los militares, propone la creación de dos condecoraciones de perseverancia adicionales denominándose de 5a, clase para los que cumplan diez años de servicios y especial para quienes cumplan treinta y cinco años.
2o. La iniciativa que hoy se somete a la consideración de esta H. Asamblea, modifica el 2o. y 3er. párrafos del artículo 51 de la ley de que se trata para estimular al personal que presta sus servicios en forma ininterrumpida en el Ejército y Fuerza Aérea con un incremento en sus haberes premiando la perseverancia en el servicio.
Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 56, 64 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87, 88 y demás relativos del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Defensa Nacional somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Que modifica los párrafos segundo y tercero del artículo 51 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea nacionales.
Artículo único. Se modifican los párrafos segundo y tercero del artículo 51 de la Ley de Acensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea nacionales para quedar como sigue:
Artículo 51.
Esta condecoración será de seis clases: especial, 1a. 2a. 3a. 4a. y 5a. y se concederá por su orden, a los que cumplan 35, 30, 25, 20 15 y 10 años de servicios.
Quienes en los términos de esta disposición se hagan acreedores a la condecoración de perseverancia, a partir de la 5a, clase, tendrán derecho, además, al pago de una prima como complemento del haber, en los presupuestos de egresos correspondientes se fijará oportunamente el monto o proporción de dicha prima.
TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, quedando derogadas las disposiciones que se le opongan.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados. México, D.F; octubre 11 de 1983.
Presidente de la Comisión de Defensa Nacional diputado General de División DEM Antonio Ramírez Barrera; secretario, diputado General de División DEM José Martínez Morales, diputado Jaime Alcántara Silva, diputado Homero Ayala Torres, diputado Andrés Cázares Camacho, diputado General Brigadier DEM Luis Garfias Magaña, diputado César Humberto González Magallón, diputado Gildardo Herrera Gómez, Tagle, diputado Raymundo León Osuna, diputado Samuel Meléndrez Luévano, diputado Crescencio Morales Orozco, diputado Esteban Núñez Perea, diputado Rodolfo Peña Farber, diputado Juan de Dios Salazar Salazar, diputado General de División Celso Vázquez Ramírez, diputada Oralia E. Viramontes de la Mora, diputado José Viramontes Paredes, diputado Jesús M. Viedas Esquerra."
Trámite:.- Primera lectura.
DENUNCIA EN TORNO A LA
LEY FEDERAL DE ARMAS
El C. José Guadalupe Esparza López:.- Señor Presidente, pido la palabra.
El C. Presidente:.- ¿Con qué objeto, señor diputado?
El C. José Guadalupe Esparza López:.- Para hacer una denuncia.
El C. Presidente: Se le concede la palabra al señor diputado José Guadalupe Esparza López.
El C. Guadalupe Esparza López:.- Con el permiso de usted, señor Presidente; señoras y señores diputados: La Nación no está formada por individuos abstractos ni por masas indiferenciadas sino por personas humanas reales, agrupadas en comunidades naturales reales, como la familia, el municipio, las organizaciones de trabajo o de profesión, de cultura o de convicción religiosa.
La persona humana tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino.
La Nación mexicana debe de vivir su realidad, si estamos en un estado de emergencia y de sitio debe decírselo y declararlo así, este H. Congreso de la Unión; y si no es así, este H. Congreso debe dar los pasos necesarios para que dejen de practicarse los hechos que nos hacen pensar que prevalece en México un estado de emergencia y de sitio al atropellar la libertad, la dignidad de las personas y su libre tránsito por las carreteras nacionales, los retenes militares y policiacos.
La diputación del Partido Acción Nacional denuncia el estado de emergencia y de sitio no declarado que hay en la República Mexicana, a partir de la promulgación de la anticonstitucional Ley Federal de Armas.
En toda la República Mexicana con el pretexto de buscar armas y drogas, el Ejército, la Policía Judicial Federal, La Dirección Federal de Seguridad, las policías judiciales de los estados, y las policías municipales obstaculizan el libre tránsito en las carreteras del país, donde revisan minuciosamente los vehículos, piden documentación de los mismos usurpando funciones, cachean a las personas, revisan bolsos de mano y, en muchas ocasiones, despojan a la ciudadanía de sus pertenencias.
Tanto el Ejército como las distintas policías saben que el grueso del comercio de armas y drogas no lo van a interceptar en las carreteras; la revista Proceso en su número 306, del 26 de septiembre, en su página 10 nos dice que se comerciaban las drogas en el Distrito Federal, en el sexenio pasado, y lo más probable es que también así suceda en el resto de los estados.
En el estado de Aguascalientes, en las pasadas elecciones, los retenes militares se hicieron con el fin de demostrar prepotencia de fuerza y de amedrentar a la población civil; a un servidor y al diputado federal licenciado José González Torres de nada nos sirvió nuestro fuero de diputados al entrar y salir del municipio de Calvillo, pues el oficial comandante del retén militar nos dijo que él tenía órdenes estrictas de revisar todos los vehículos y a todos los que pasaran y que mientras menos obstáculos pusiéramos perderíamos menos tiempo y nos iríamos más pronto, y tuvimos que soportar la humillación de que se revisaran todos los vehículos y a las personas de nuestra caravana y, además, fuimos testigos de las vejaciones a que fueron sometidas las demás personas que ya estaban detenidas antes de nosotros. Hechos como éstos son indebidos y no propios de sus funciones y lo único que consiguen es el repudio y temor de la ciudadanía hacia el Ejército, institución que debe inspirar sentimientos de seguridad y respeto, estos hechos son además violatorios del artículo 129 constitucional que a la letra dice: "En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles y depósitos que, fuera de las poblaciones estableciere para la estación de las tropas".
El precepto constitucional anterior establece claramente que, en tiempo de paz, los militares deben estar precisamente en sus cuarteles.
Los retenes militares y policiacos apostados en las carreteras del país violan la garantía de libre tránsito que consagra el artículo 2o. constitucional que a la letra establece: "Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio
y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros documentos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, y a los de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país".
De acuerdo a lo establecido en este artículo, cualquier persona puede circular libremente por el territorio nacional sin necesidad de documentación alguna; soló se limita la garantía en casos de requisitos migratorios; arraigos con motivo de procesos penales, y expulsión de extranjeros no gratos. Y como es de observarse dentro de las limitaciones que impone este artículo, no se encuentran comprendidos los retenes militares y policiacos, los que por su misma naturaleza restringen la libertad de libre tránsito.
Así también, dichos retenes militares y policiacos violan la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el que reza verazmente. "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandato escrito de la autoridad competente, que funde y motive las causas legales del procedimiento".
Este párrafo inicial prescribe que cualquier molestia que se infiera a las personas, la familia, papeles o propiedades debe originarse en un documento que es una orden concreta, por escrito y firmada por la persona que la expide, quien tiene las facultades para hacerlo. En el cuerpo del escrito se deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar relacionadas las disposiciones legales que justifican la formulación de la orden.
b) Incluir un análisis de los antecedentes que permiten concluir que los mismos cumplen con las normas mencionadas en el cuerpo del escrito.
Dicho de esta forma, los retenes militares y policiacos, las patrullas volantes de la Policía Federal, de la Dirección Federal de Seguridad que es la policía política.- , de las policías judiciales de los estados y las policías municipales causan un acto de molestia a los viajeros que transitan día con día por las carreteras del país, violando en forma flagrante y vejatoria la garantía constitucional de libre tránsito. Toda vez que nunca cumplen con lo que establece el precepto constitucional del artículo 16. Y lo que resulta por demás grave es que estos retenes militares y policiacos operan con la anuencia de las autoridades federales que dependen del Poder Ejecutivo, de las autoridades estatales y municipales, cuyos titulares todos, al recibir el cargo, juraron respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Así también se viola el perjuicio de la ciudadanía el artículo 29 constitucional, el que a la letra dice: "En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde".
Como es de observarse, en este artículo se prevén las causas de suspensión de garantías individuales así como los requisitos previos para la suspensión. Y resulta obvio que hasta este momento no se ha acordado una suspensión de garantías individuales por este H. Congreso de la Unión. También se viola el artículo 1o. de la Constitución General de la República, el que a la letra dice: "En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse, ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
Es decir, las garantías individuales podrán suspenderse, no eliminarse.- como lo hacen los retenes militares y policiacos.- cuando existe un trastorno público de trascendencia, que requiera una acción rápida e inmediata para resolverlo, en los términos del artículo 29 constitucional antes citado; pero cuando el trastorno haya sido eliminado, estas garantías tendrán que reimplantarse.
Pero es el caso de que tanto los retenes militares y policiacos como las patrullas volantes de la Policía Judicial Federal, de la Dirección Federal de Seguridad.- policía política.- , las policías judiciales de los estados y las policías municipales violando las garantías de libre tránsito y de legalidad, se dedican en forma permanente a restringir y eliminar las garantías individuales antes citadas y que otorgan para todos los ciudadanos los artículos 1o; 11, 16 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, manteniendo a la ciudadanía en un virtual estado de emergencia y de sitio no declarado que lo hace de suyo ilegal e inconstitucional.
Por todo lo anterior la diputación del Partido Acción Nacional pide se turne la presente denuncia a las comisiones correspondientes, a fin de que una vez hecho su dictamen lo hagan saber a esta H. Cámara y ésta, a su vez, le turne al titular del Poder Ejecutivo licenciado Miguel de la Madrid Hurtado,
ejecutivos estatales y presidentes municipales para que, de acuerdo con el Pacto Federal, los inste a ser celosos y respetuosos de las garantías que establecen los artículos 1o; 11, y 29 constitucionales, y además leyes relativas tanto federales como estatales y al mismo tiempo ellos comuniquen a la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina y Secretaría de Gobernación el primero y los segundos, a las policías judiciales estatales y municipales el acuerdo tomado por esta H. Cámara. La diputación del PAN pide esto con el fin de que cese el estado de emergencia y de sitio que, ilegalmente y sin haberse declarado, prevalece en todo el territorio nacional.
Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión, a 13 de octubre de 1983.
Por la Diputación del Partido Acción Nacional, diputados José González Torres, José Guadalupe Esparza López, Arnoldo Gárate Chapa, Andrés Cázares Camacho.
v c.c.p. Copia de la denuncia al Ministerio Público Federal, hecha por el diputado Arnoldo Gárate Chapa, por los atropellos que él ha sufrido por los retenes militares y también se están entregando copias a los periódicos Prensa de Reynosa, Tiempo de Reynosa."
Muchas gracias.
El C. Presidente:.- Túrnese a las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Información, Gestoría y Quejas.
INICIATIVA SOBRE DEFENSA DEL INQUILINO
El C. Presidente:.- Tiene la palabra el C. diputado Sergio Ruiz Pérez.
El C. Sergio Ruiz Pérez:.- Señor Presidente; señoras y señores diputados:
En la sesión celebrada en este recinto el pasado día 11, nuestro compañero Jesús Luján Gutiérrez, a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista, entre otros juicios, expresó la necesidad de que las comisiones dictaminen las iniciativas de ley que los diversos partidos han elaborado, muchas de ellas presentadas desde hace varios años y que aún no reciben el dictamen respectivo.
Una cuestión que preocupa a los miembros del Partido Popular Socialista es el problema de las relaciones que se dan actualmente entre los arrendadores y los inquilinos. El 7 de noviembre de 1987, el Partido Popular Socialista presentó una iniciativa de ley de defensa del inquilino, para proteger a este último de la voracidad de los casatenientes.
En aquella ocasión señalábamos que la ciudad de México ha crecido sin un plan concreto; que este crecimiento anárquico contribuía a agudizar el problema de la vivienda, y en especial el problema de la vivienda en arrendamiento y que esto afectaba a la mayoría de la población del Distrito Federal.
Señalábamos entonces que según los datos del censo de 1970, 761 mil 723 viviendas eran rentadas; se daban datos de las terribles condiciones de insalubridad, carencia de servicios como los de agua potable, alcantarillado, electricidad, en que viven un número importante de habitantes de esta ciudad.
De ahí que el Partido Popular Socialista consideraran necesario que se reglamentaran las relaciones que se dan entre los dueños de los inmuebles y los trabajadores que se ven en la necesidad de alquilar una vivienda; que esas relaciones no debían continuar en el Código Civil, porque éste considera a las partes que firman un contrato como iguales, y obviamente no lo son. Unos poseen la propiedad y los recursos suficientes para defenderse, y los otros necesitan urgentemente del inmueble y carecen en muchas ocasiones de lo indispensable.
De ahí también que nuestro partido considera que debieran reglamentares estas relaciones en una legislación especial, que permitiera al Estado fijar el monto de las rentas y proteger a la parte débil, al desprotegido, esto es, al inquilino.
A cinco años de haber presentado nuestra iniciativa, las condiciones en que viven los habitantes del Distrito Federal son cada vez más difíciles, pues ahora existen en esta ciudad más de un millón de viviendas en arrendamiento. Los precios de las rentas han subido desproporcionadamente en los últimos años, lo cual representa, por un lado, que la mayoría de los habitantes del Distrito Federal ocupen una vivienda rentada y, por el otro, que el monto de la renta absorba el porcentaje, un porcentaje cada vez más elevado del salario de los trabajadores.
Ante esta situación diversas organizaciones sindicales y partidos políticos progresistas también se han manifestado en el sentido de que es urgente la aprobación de una ley inquilinaria. Han dicho que es impostergable que exista un ordenamiento que defienda al pueblo y proteja el salario de los trabajadores, siendo éste un problema que afecta a la mayoría de la población del Distrito Federal, el Partido Popular Socialista considera que debe ser resuelto de manera urgente.
Pero, ¿qué es lo que ha pasado con la iniciativa que nosotros hemos presentado? Según lo que establece el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 88, que a la letra reza: "Toda Comisión deberá prestar su dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los hayan recibido". Nosotros hemos presentado esta iniciativa de ley hace 5 años.
¿Por qué no se ha dictaminado, si los diputados miembros y dirigentes de los diversos sindicatos y centrales obreras.- aquí presentes.- están de acuerdo con la necesidad de que exista una ley inquilinaria, si los diversos partidos políticos progresistas también están de acuerdo de que exista esta reglamentación? ¿Qué es lo que está pasando?
Sinceramente pensamos que están pesando más los intereses de los casatenientes.- que también están representados en esta Cámara por los partidos de la derecha e incluso por algunos diputados del partido del Gobierno. Están pesando en este momento más esos intereses, poderosos intereses de una minoría opulenta y desalmada, sobre una necesidad vital para nuestro pueblo.
Nosotros hemos insistido una y otra vez en torno a este hecho. Hace apenas unos días los miembros del Partido Popular Socialista, en el Distrito Federal, salimos a la calle a llamar al pueblo para que expresara su opinión en favor o en contra de que exista una ley inquilinaria. Durante una semana establecimos en diversos lugares de esta ciudad urnas para que los capitalinos depositaran su voto en favor o en contra de la solución de este problema.
La respuesta de los habitantes del Distrito Federal fue por demás significativa. No sólo depositaron su boleta la inmensa mayoría en favor.- el 93% de las 109 mil personas que lo hicieron.- sino que al mismo tiempo nos hicieron conocer con sus demandas, con sus denuncias, de los múltiples abusos de los casatenientes, de la conclusión y el contubernio que existe entre éstos y la mayoría de los jueces y de los actuarios del orden civil que a través de sucias maniobras convierten estos problemas, de conflictos del orden civil en asuntos de carácter penal en contra de los intereses de los inquilinos.
Por otro lado, en el pasado periodo ordinario de sesiones, se nos manifestó, desde esta tribuna, que la Comisión de Asentamientos Humanos ya había llegado a la síntesis del problema que nos ocupa y que se estaba de acuerdo en que sea el Estado el encargado de fijar el monto de la renta. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido en la Comisión de Asentamientos Humanos? Esa comisión, tenemos que reconocerlo, ha elaborado proyectos de dictamen de todas y cada una de las iniciativas de ley respecto al problema inquilinario que obraban en su poder, algunas del PRI, otras del PST y la del Partido Popular Socialista. Únicamente no había dictaminado la iniciativa presentada por el PSUM, ya que es de fecha reciente.
En el caso concreto de la iniciativa de ley de defensa del inquilino, presentada por nuestro partido, el proyecto de dictamen de la comisión es, por no llamarlo de otra manera, verdaderamente curioso. En primer lugar, se reconocen diversas cuestiones planteadas en nuestra iniciativa como aportaciones al derecho, aproximadamente en veinte artículos de nuestra iniciativa se hace este reconocimiento; de otros treinta y ocho artículos se dice que son justos, que son correctos o que son adecuados; nueve más se considera que ya estaban establecidos en el Código Civil o en otras leyes y que son de aceptarse; de cinco se dice que tienen aspectos positivos pero pueden ser mejorados, y únicamente de cuatro se dice que son insuficientes o contradictorios.
Entonces resulta que del total de setenta y siete artículos de nuestro proyecto, setenta y dos, o sea, el 93.5% del articulado se considera que es de aceptarse, que su contenido es esencial; y del 6.5% restante se dice que debe ser rechazado, y su contenido de este 6.5% de artículos es de cuestiones secundarias.
Pues bien, con todos estos elementos, el reconocimiento de que hemos aportado en la iniciativa aspectos importantes al derecho en la materia, de que hemos planteado cosas justas, correctas, adecuadas en la mayoría de los artículos de nuestra iniciativa, todos podríamos esperar que el dictamen sobre ésta fuera favorable. Pues no, considerando que el 93.5% de nuestros artículos son positivos y que atacan aspectos esenciales se rechaza. Pero se dice que estos aspectos positivos habrían de recogerse en un proyecto que habrá de elaborar la propia comisión. ¿Qué es lo que se considera negativo de nuestra iniciativa? No se acepta que se cree una procuraduría de defensa del inquilino, por que se dice que en estos momentos de crisis no hay presupuesto para crear otro aparato burocrático, y no se considera adecuado el procedimiento establecido en esa iniciativa para fijar el monto de la renta.
En torno a este problema queremos reafirmar nuestra permanente actitud de no anteponer nuestros intereses de partido a los intereses generales del pueblo. En diversas ocasiones hemos expresado que más nos importa que aquí se aprueben leyes en beneficio del pueblo a que se diga que es una ley que presentó el Partido Popular Socialista.
Si la comisión considera que nuestro proyecto no puede ser modificado, para quedar adecuadamente estructurado, el Partido Popular Socialista está dispuesto a firmar el dictamen en contra de ese proyecto a condición de que en ese mismo momento se nos presente un proyecto alternativo que recoja los aspectos que ya se consideran positivos de nuestra iniciativa, para elaborar una ley inquilinaria.- o como le quieran llamar.- , que proteja a la mayoría de los habitantes del Distrito Federal. Que es un proyecto de la comisión, qué bueno. Es un hecho que lamentablemente pocas veces se da en nuestra vida parlamentaria. Que es un proyecto del sector obrero, qué bien. Habría congruencia entre las palabras de sus dirigentes y los hechos. Que es el PRI. También. De cualquier partido, lo importante, a nuestro juicio, es que se haga, que se aprueben leyes que beneficien a la mayoría, porque la minoría bien que sabe aprovecharse y defenderse, y bastante se ha enriquecido a costa de la miseria del pueblo. Eso es lo importante a juicio del Partido Popular Socialista.
Sin embargo, es necesario recordar que esta iniciativa no fue turnada a la Comisión de Asentamientos Humanos sino a las de Estudios Legislativos y a la del Distrito Federal esta última no sólo no ha dictaminado nuestra iniciativa, ni ha iniciado un intento serio para hacerlo,
sino que trasladó la discusión de las iniciativas, sobre el problema de la vivienda a un grupo intercomisiones integrado para dicho propósito, en cuyo seno algunos diputados están en contra de que exista una ley inquilinaria; argumentan que el sólo anuncio de que se va a legislar en la materia, va a asustar, que retraería la inversión en ese terreno, y que los casatenientes dejarían de rentar sus viviendas y los pondrían en venta. Esto es, sin lugar a dudas, un argumento del todo falaz; esto es un subterfugio para defender los intereses de los casatenientes, porque la mayoría de las construcciones que la iniciativa privada ha hecho en el Distrito Federal, en los últimos años, no ha sido con el objeto de satisfacer la demanda de viviendas en renta para los trabajadores, han preferido construir lujosos condominios porque esto les ofrece mayores ganancias en menos tiempo. El otro aspecto al que han dedicado gran parte de sus inversiones ha sido el de la construcción de edificios para oficinas. Realmente viviendas de interés social, viviendas para trabajadores jamás han sido su preocupación, jamás han sido preocupación de los que invierten en el ramo de la construcción, ellos no tienen interés en resolver los problemas sociales, ellos, como todos los elementos de la iniciativa privada, lo único que buscan es enriquecerse en mayor medida en el menor tiempo; es obtener una mayor tasa de ganancia; es lucrar con las necesidades del pueblo. Este panorama del problema, que sin lugar a dudas tiene un fuerte impacto social, debe afrontarse y resolver con celeridad, no dictaminar en sentido positivo la iniciativa de ley de defensa del inquilino, presentada por el Partido Popular Socialista, o no presentar un proyecto alternativo si se desechara nuestra iniciativa, es en la práctica, hacerse cómplice o servidor de los intereses de los casatenientes. El Partido Popular Socialista invita, por mi conducto, a los presidentes de las comisiones, en especial a la del Distrito Federal, a donde fue turnada esta iniciativa para que explique aquí en el pleno de la Asamblea: ¿por qué contraviniendo el Reglamento de esa Cámara, aún no se dictamina nuestra iniciativa? ¿Por qué se sigue protegiendo los intereses de los casatenientes? ¿Por qué no se toman las medidas adecuadas para legislar en beneficio de la mayoría de nuestro pueblo en el aspecto inquilinario? Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente:.- Se hace un atento recordatorio a las comisiones para que emitan su dictamen sobre las iniciativas presentadas.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
SOBRE INICIATIVAS NO
DICTAMINADAS POR LA CAMARA
El C. Alberto Salgado Salgado:.- Señor Presidente, me permito pedir la palabra para rectificar hechos.
El C. Presidente:.- Tiene la palabra el C. diputado Alberto Salgado Salgado.
El C. Alberto Salgado Salgado:.- Es de interés el planteamiento que formula el señor diputado. Y desde luego que nos asiste el interés general a todos los que integramos esta diputación para que las iniciativas se dictaminen y discutan en cualquier sentido. La ley no prevé que necesariamente deban ser dictaminadas favorablemente para que sean discutidas. Sin embargo, además del mecanismo reglamentario que ha planteado el compañero, existe un mecanismo constitucional, en este momento me permití elaborar un decreto en el orden del día de hoy, que voy a poner a la consideración de ustedes a efecto de que se le dé turno reglamentario.
En la fracción I del artículo 72 de la Constitución se previene que cuando no se han dictaminado las iniciativas de ley o de decreto, en un término máximo de 30 días, esas mismas iniciativas deben ser turnadas a la Cámara de Senadores para que sean objeto de dictámenes y de discusión. Y es más, podríamos acudir incluso hasta al amparo mismo de ser necesario, e involucrar al Poder Judicial Federal ante la conculcación del derecho de petición y que no sólo como representantes del pueblo nos asiste sino por ser un caso de interés público, cualquier ciudadano está en condiciones de apelar a esa vía constitucional.
Desconozco si existe algún antecedente al respecto, pero podemos sentar precedentes. No se concibe que estemos aquí recibiendo dietas y que no cumplamos con nuestra función primordial, de elaborar leyes o de reformarlas.
Las simples excitativas caballerosas no han dado resultado. Sería interesante conocer la opinión del Poder Judicial Federal sobre este tema. Es menester agotar los recursos ordinarios para que esa vía constitucional quede expedita. Como una forma de complementar la petición del compañero diputado del Partido Popular Socialista, me permito presentar manuscrito este proyecto de decreto:
"Alberto Salgado Salgado, diputado, con fundamento en lo previsto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución, presento el siguiente proyecto de decreto a la consideración de la directiva de esta Cámara. Basándose en los antecedentes que obran en el Diario de los Debates, en lo que concierne a iniciativas presentadas en esta LII Legislatura, sin que las comisiones competentes las hayan dictaminado; basándose también en la inserción contenida en la fracción V del artículo 72 de la señalada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
"Artículo primero. Todas las iniciativas de ley o decreto turnadas a las respectivas comisiones ordinarias de dictamen, sin que ésas hayan rendido el dictamen respectivo, en el término de treinta días posteriores a su recibo
durante esta LII Legislatura, se turnarán las mismas a la Cámara de Senadores para los fines de dictamen y discusión.
13 de octubre de 1983."
El C. Presidente:.- Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales e imprímase.
La C. Luz Lajous de Madrazo:.- Pido la palabra, señor Presidente, para hechos.
El C. Presidente:.- Tiene la palabra la señora Lajous.
La C. Luz Lajous de Madrazo:.- Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados: Paso por la Comisión del Distrito Federal a responder con información y con hechos, muchos de los comentarios que se han hecho por el Partido Popular Socialista y por el PST respecto a la Ley Inquilinaria.
Más que nada quiero informar a ustedes, para que estén en conocimiento todos los compañeros diputados de lo que sí se ha hecho en comisiones respecto a esta situación. Efectivamente existe una iniciativa, no una, varias del PPS y de casi todos los partidos respecto a este tema. Son iniciativas que hemos tenido en muchos de los últimos años.
Creo que lo importante aquí es reconocer que el problema inquilinario y de vivienda en el Distrito Federal no es bandera personal de un partido, es una necesidad y un problema que existe grave, que todos los partidos lo reconocen como tal y que todos los partidos están haciendo un esfuerzo para encontrar solución a ellos.
No son soluciones fáciles y simplistas y quiero decirles que esta Comisión del Distrito Federal.- a la que no han asistido en ninguna de las ocasiones que se discutieron estos dictámenes que ya se hicieron.- , no estuvieron presentes los diputados que pasaron ahorita. Hace ya más de tres meses se revisó cada una de las iniciativas de ley que estaban pendientes en esta comisión. Tuvimos discusión al respecto y tuvimos distintas proposiciones que hacer.
Les puedo decir en general que las diez o quince que hay sobre la Ley Inquilinaria, se puede decir que la mayoría están propuestas de una forma que jurídicamente no procede. Otras deficiencias en cuanto a su solución, pero como toda la comisión.- y estoy hablando de todos los diputados de esa comisión, de cualquiera de los partidos que sean.- , tiene un interés real en su solución, se decidió en el seno de la comisión formar una subcomisión que estuviera integrada por las distintas áreas que tienen que ver con el problema, para que, efectivamente, se pudiera dar por terminado lo que no funciona; pero sí recoger de cada una de ellas lo positivo para poder hacer una contraposición.
El problema no es fácil de solución y no es cuestión de que mañana lo queramos hacer; pero se está trabajando y se está trabajando seriamente. Lo que quiero apuntar es que yo creo que no es válido y no es justo tomar un tema de este estilo para utilizarlo como bandera personal. Nada más los del PPS son los únicos interesados, nada más son los que han hecho algo al respecto. Esto es una afirmación falsa, pues todos los partidos han estado interesados, todos están trabajando en ello y esperamos que podamos, con nuestra mejor voluntad, encontrar una propuesta de solución al respecto.
Y sí quiero que los diputados que no han estado presentes en las comisiones, asistan a ellas; porque sólo así estarán informados de que se ha trabajado y en qué punto estamos, y no se mal interprete.- para la opinión pública en una forma simplista.- tanto el trabajo de los diputados de los partidos y de las comisiones. Muchas gracias.
MARCHA DE CAMPESINOS
CHIAPANECOS
El C. Presidente:.- Se le concede la palabra al diputado Samuel Meléndrez Luévano.
El C. Samuel Meléndrez Luévano:.- Señor Presidente; honorable Asamblea: Hace ya diecisiete días se inició la marcha de los campesinos indígenas de Chiapas que partieron unos desde Simojovel, en la región norte del estado; y otra parte desde Comitán, casi en la frontera con Guatemala.
Se mantiene en la marcha más de quinientas personas, entre ellos mujeres y niños, así como ancianos en representación de 32 pueblos indígenas de esa entidad. El día de ayer habían cubierto ya más de 700 kilómetros y arribado a la ciudad de Huajuapan de León, Oax. Hoy partirán a la ciudad de Puebla y se espera su llegada a la ciudad de México en los días próximos.
Estos compatriotas de las etnias Tzotziles, Tzetzales, Tojolavales y campesinos mestizos emprendieron una caravana en demanda de solución a sus añejos problemas que los agobian por generaciones y que los tienen postrados en la miseria y en la opresión más oprobiosa. Reivindicaciones presentadas a los sucesivos gobiernos de la entidad y a las diferentes dependencias federales sin que hasta la fecha exista respuesta positiva. Se trata de satisfacer las demandas de tierras y solucionar los embrollados conflictos agrarios, la mayoría de ellos originados en una política antiagraria y en la torpeza y corrupción de las autoridades correspondientes.
Se exige el registro de un sindicato de obreros agrícolas cortadores de café que agrupa a más de 10 mil jornaleros y que durante los últimos años les han negado el registro por tres ocasiones consecutivas, sin ningún fundamento legal consistente; pues sólo de esta manera podrán obtener las prerrogativas que la ley concede a los trabajadores como son: salario mínimo, descanso semanal, vacaciones, IMSS y reparto de utilidades. ¡ por qué no!
Se reclama también el cumplimiento al convenio suscrito entre la Secretaría de Agricultura , la Secretaría de la Reforma Agraria, Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Programación y Presupuesto, donde se estipula un conjunto de requerimientos que buscan dejar a salvo los intereses de todos los afectados por la construcción de la presa en Itzantún, ya que las aguas cubrirán más de 14 mil hectáreas.
Es necesario acabar con la conducta represiva de los cuerpos policiacos colocados al servicio de los finqueros y que hostilizan a los trabajadores agrícolas y a los campesinos de la región. Estas son cuestiones que reclaman reformas sociales y atención política, no un tratamiento administrativo y policiaco.
Mantener la sordera ante los reclamos angustiosos y hoy ya indignados de los campesinos indígenas de Chiapas o responderles con la represión, o contestarles diciéndoles como lo hicieron recientemente las autoridades estatales de esa entidad: "que al gobierno no se le presiona", sólo contribuirá a recrudecer la tensión social y política en esa entidad limítrofe con una de las zonas más conflictivas del mundo, como es Centroamérica.
Es un pobre argumento, por lo demás, decir que los campesinos chiapanecos por ser indígenas son manipulados y empujados al sacrificio; este argumento sólo pueden esgrimir quienes siguen considerando al pueblo indígena como menor de edad o incapaz de razón.- como lo consideraban los dominadores españoles-. Este es un argumento reaccionario y que despide un tufo racista.
Nuestros hermanos viven su miseria y la opresión y han cobrado conciencia de sus derechos, y puesto en pie de lucha los defienden. Por lo demás, es un legítimo deber del PSUM, y un derecho, solidarizar con sus luchas, orientarlos y poner el mejor de sus esfuerzos para satisfacer sus reivindicaciones.
El día de hoy, en el periódico uno más uno, apareció a página entera una inserción de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado de Chiapas, que revela que las demandas de los campesinos chiapanecos son las siguientes y me voy a permitir leerlas:
1. La agilización de todos los expedientes agrarios en la acción de dotación y ampliación de tierras.
2. La investigación por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria de fraccionamientos simulados.
3. La resolución del problema de tenencia de la tierra en la zona de Simojovel, Huitiupan, El Bosque y Chalchihuitán, como consecuencia de la construcción, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, de la presa hidroeléctrica Itzantún, así como la planeación del reacomodo de los pueblos que desaparecerán por el embalse de dicha presa y la dotación de tierras laborales a nuestros hermanos campesinos trabajadores agrícolas.
4. El pago de salario justo a los trabajadores del campo.
5. El apoyo a la organización de las sociedades de producción rural de las copropiedades que fueron adquiridas por grupos campesinos con el aval del gobierno del estado para el otorgamiento respectivo de créditos.
6. Apoyo y ayuda a nuestros indígenas para sacarlos de la marginación en que se encuentran.
7. La agilización y pronta resolución de las demandas laborales planteadas por los trabajadores del campo en reuniones de trabajo con nuestra central.
8. La construcción de caminos de mano de obra para agilizar la comercialización de los productos agrícolas de los campesinos y los indígenas de Chiapas.
9. La implementación de un programa educativo a través del INEA.
Así vemos nosotros que este conjuto de demandas, que son las legítimas demandas del movimiento campesino indígena de Chiapas, son también levantadas por la Central Campesina oficial. Lo que les dice el argumento falaz de que estos campesinos indígenas son manipulados, son engañados por su condición de indios, y dicen algunos, porque muchos de ellos no hablan español y no entienden.
Los hechos demuestran que ellos son conscientes, que han tomado una decisión de lucha; que requieren el apoyo de todo el pueblo de México, y exigen de esta Cámara la atención a esta lucha para que de una vez por todas sean satisfechas sus apremiantes y angustiosas demandas.
En consideración, señor Presidente, a lo anteriormente expuesto, elevo la siguiente propuesta: Que forme un grupo de trabajo de las comisiones Agrarias y de Agricultura de esta Cámara para que examinen la problemática antes mencionada y formulen recomendaciones ante las instancias correspondientes para la pronta solución a las demandas de los campesinos indígenas chiapanecos. Atentamente. Por el Grupo Parlamentario del PSUM, diputado Samuel Meléndrez Luévano. (Aplausos.)
El C. Presidente:.- Túrnese a las comisiones unidas de Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
COMENTARIOS SOBRE EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA
El C. Presidente:.- Tiene la palabra el C. diputado David Lomelí Contreras.
El C. David Lomelí Contreras:.- Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Conmemoramos ayer, 12 de octubre, el fausto acontecimiento histórico del descubrimiento de América, por el genovés intrépido Cristóbal Colón, bajo los auspicios de los reyes católicos, doña Isabel y don
Fernando. Este y no otro es el motivo de nuestra presencia hoy en tribuna de esta honorable Cámara de Diputados.- que entre paréntesis y sin malicia sea dicho.- , debe enfilar ya hacia el rumbo de la democracia y del pluralismo que habrán de llevarla, que habrán de convertirla en el limpio espejo del México moderno que muchos de ustedes, compañeros diputados, al igual que nosotros los representantes populares del Partido Demócrata Mexicano, desean legar a sus hijos: un México que prodigue amoroso cobijo a todos, sin distinciones injustas y que su servidor ha llegado a imaginar como un grande y hermoso sarape de Saltillo, multicolor, pluripartidista, vario y uno, pero bien tramado, con material y con técnica y con inspiración típica y exclusivamente mexicana. Incurriré en esta ocasión en dos cosas que en tiempos de Rubén Darío estaban prohibidas y espero que ahora no lo estén aquí: Elogiar a España, a la España eterna, y confesar nuestra sangre indiana. Sea ello la manifestación jubilosa de nuestra conmemoración y del hecho que incorporó a los habitantes de nuestro continente a la civilización occidental, que es el marco dentro del cual han surgido las instituciones que hoy por hoy conforman a nuestro país y a todos los países hermanos de hispanoamérica.
Afirmó Rodó, en su Ariel, que los pueblos de las repúblicas indostánicas tenemos una herencia de raza; una gran tradición étnica que mantener; un vínculo sagrado que nos une a inmortales páginas de la historia, confiando a nuestro honor su continuación en el futuro.
Congruentes con lo anterior; quiere nuestra voz servir esta mañana de eco a esas palabras de José Enrique, el humanista uruguayo, para que resuenen en este recinto parlamentario mexicano, a guisa de recordatorio y de compromiso que nos impone nuestra comunión de origen y de destino en la historia universal.
Hace poco más de cincuenta años, un modesto semanario argentino encabezó un artículo conmemorativo de la misma hazaña que hoy celebramos, que el 12 de octubre, mal titulado el Día de la Raza, debería ser en lo sucesivo el Día de la Hispanidad. Y no faltan razones a la proposición, porque la España de la gran hazaña no dio importancia a la sangre ni al color de la piel, a la raza pues.
Pero Día de la Hispanidad o Día de la Raza lo que importa es dejar sentado con claridad, una vez hecho el elogio a España.- la autora de tan singular proeza.- , que los mexicanos somos el producto de la fusión de dos culturas, de dos sangres, de dos razas: la india y la española, y que de ello debemos sentirnos orgullosos sin renegar jamás de ninguna de las dos raíces. Esta será una buena forma de confesar nuestra sangre indiana.
Para qué perderse en los vericuetos de los métodos etnográficos o geográficos, cuando la luz del espíritu, como son el idioma y el credo religioso heredados, se proyectan sobre tierras diseminadas en varios continentes, con climas tan diversos en los que habitan hombres de piel de diferente color; si América, geográficamente es un continente, a la llegada del descubridor era social y culturalmente considerado un vasto archipiélago. Gracias a la labor misionera del conquistador espiritual, que vestía sayal y calzaba sandalias, se convirtió en continente en lo sociocultural de muy rico contenido.
Pues el venturoso viaje de Palos de Moguer a las Antillas trazó la línea sobre la cual cupieron todos los pueblos indianos, con sus costumbres buenas y sus culturas. Y debajo de ella, como denominador común, nueva cultura grecolatina, hispanocristiana y occidental, que no restó sino que dio mayor valor a los factores asimilados.
Con el filósofo, defensor ardiente de la hispanidad, afirmamos que todos los pueblos que la forman deben su civilización a España y Portugal. Que la civilización no es una aventura, porque la comunidad de los pueblos hispánicos no puede ser la de los viajeros de un barco que después de haber convivido unos días se despiden para no volverse a ver.
No, todos ellos conservan un sentimiento de unidad que no consiste tan sólo en hablar la misma lengua o en la comunidad de origen histórico, ni se expresa adecuadamente diciendo que es un sentimiento de solidaridad.- porque según el diccionario.- solidaridad es una adhesión circunstancial a la causa de otros. Y aquí, en este caso, no se trata de una adhesión circunstancial, compañeros diputados, sino de una comunidad permanente.
A ese sentimiento de unidad quisiéramos dedicar unas breves palabras, para advertir los peligros que la acechan. Por un lado, señuelo del materialismo que suprime los valores espirituales y reduce el alma individual al hombre colectivo. La dictadura que dice estar contra todos los imperialismos menos uno: el que impone la dictadura de una clase. Y por otro lado, la asechanza del imperialismo güero, el imperialismo económico de los explotadores de los países hermanos como los de Centroamérica, considerándolos tan sólo como simples republiquitas bananeras.
Ante esos dos peligros, que aparentemente se excluyen o parecen incompatibles o antagónicos, a los hispanoamericanos sólo nos queda un camino: el de la integración en la unión animada por el espíritu de la hispanidad. Se nos podrá decir que la hispanidad de que hablamos hoy, con motivo de la conmemoración del Día de la Raza, hubo y hay Quijotes y Sancho Panza, dos partes: espíritu y material. Pero la confusión quedará aclarada si reconocemos que ambas partes constituyen en todo y la cuestión se reduce a determinar cuál de esas dos partes, don Quijote o Sancho Panza, debe gobernar a las naciones que constituyen la comunidad hispánica.
Por el momento a muchos pueblos sigue gobernando Sancho; pero pronto habrá el cambio para que don Quijote los gobierne. Será el día en que cristalice en la realidad lo que leíamos
en el Fuero Juzgo, esto es, cuando las leyes sean hechas para que los buenos puedan vivir entre los malos y no al revés como lo hacen los lobos cubiertos con piel de oveja, que hacen leyes para que los malos puedan vivir entre los buenos.
Finalmente, y a nombre de mis compañeros de la Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, deseamos saludar con sombrero ajeno, a las naciones hermanas del Continente con las palabras del poeta nicaragüense Rubén Darío: "Ínclitas razas ubérrimas; sangre de hispania fecunda; espíritus fraternos; luminosas almas; salve". Muchas gracias, compañeros.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Roger Cicero Mackinney.
El C. Roger Cicero Mackinney: - La Voz de Acción Nacional llega a esta tribuna a conmemorar una página histórica. No será nuestro propósito hacer más implicaciones que las que nos conllevan al hecho en sí, limpio como las brisas de nuestro Mar Atlántico.
Señor Presidente; compañeros diputados: Ubicado en la punta de lanza geográfica del mundo maya, el Yucatán que atempera a los huracanes con el donaire de sus palmas costaneras, mi maestro poeta, Honorato Ignacio Magaloni, nos dejó suspendida en la brisa, esta interrogante: "¿Desde qué ruina me dijo tu voz, aquella palabra, que me dejó pensativo?" Hay en estos versos acumulación preciosa y mágica de tiempo, hay una atalaya perdida en la bruma y un mensaje del que sólo sabemos de su trascendencia.
Estos elementos se nos hacen ideales para, por la fecha vecina del 12 de octubre, remontarnos siglos atrás y echarnos a la mar desconocida de Colón y sus tripulaciones a la vela.
Redescubrimos el ansia de la costa salvadora, del vuelo pajarero que la anticipa, y nos trasladamos a la curiosidad y a la epopeya desde la ruina donde el pensamiento fue activado por aquella voz que escuchó el poeta.
Y he aquí, que inmersos en la magia de los relojes que al romanticismo de las arenas dieron título de ciencia, nos ubicamos en el entusiasmo del fruto de la aventura, damos con la atalaya del cantor y completamos el mensaje que lo dejó pensativo, con la exaltación del ritmo sanguíneo que se hace resonancia de aquel "¡Tierra a la vista!", que hizo emerger hasta los ojos del viejo y limitado mundo, este otro de mineral y de savias y de culturas que ampliarían el asombro del marinero blanco ante las costas de los hombres lucayos en su isla de Guanahaní.
Entonces las gaviotas, ese salitre alado, confirmaron su mensaje, y se aprestaron rimeros de hojas a ser recopilación de los apuntes de los cronistas pioneros: Díaz del Castillo, Landa, Las Casas Sahagún.
La humanidad quedaba multiplicada y enriquecida desde la rada en que echaron anclas las embarcaciones hispanas, una vez cruzando el grande y líquido misterio atlántico.
Y florecerían a la vista otras islas, y en ellas sus habitantes siboneyes y tahínos, jíbaros y caribes y los mayas del santuario de Cozumel, florecerían también al mundo.
Luego abriría sus ríos la tierra firme, sus selvas las abriría, y se sorprenderían los calzados europeos del trazo y la limpia superficie de los "caminos blancos"; sorpresa mayor serían los templos y palacios majestuosos y llenos de color, levantados en Chichén y Etzá; en El Tajín, en Mitla, en Teotihuacán y hasta entre las nubes, recordando el Machu - Picchu inca. ¡Ay de los pueblos que no mantengan sus historias, vivas y aconsejantes! ¡Ay de los hombres que no amasen sus raíces en el orgullo legítimo de la frente alzada y del pensamiento hecho pentagrama o verso.
Al pasado hay que hacerlo emoción para fortalecer al latido y la palabra propios, y aquí se quiere, en esta representación de la ciudadanía que somos, compañeros diputados; aquí se quiere que la voz de la Nación sea vigorosa y así se demuestre, y que su latido sea unísono con el de los demás pueblos hermanos americanos.
Somos una raza que nació de la epopeya y de la plegaria; de corrientes sanguíneas de dos continentes que convergieron en este nuestro de cielos de "garzas en desliz" o de "relámpago verde de loros", como Velarde, nuestro poeta de Zacatecas, nos cantara. Y somos piel y pensamiento prometidos el 12 de octubre que recordamos, y pensamiento y piel cumplidos en la unión fértil del guerrero español de los ejércitos mayas, y la mujer india ante la que rindió todas sus batallas.
Queden en este Recinto Parlamentario de esta LIII Legislatura al Congreso de la Unión, y a tiempo de aniversario del descubrimiento de América, estas palabras que han tratado de conjuntar nuestras emociones ante el recuerdo del origen compartido por ventura y para bien. Muchas gracias. (Aplausos.)_
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Juan Manuel Terrazas Sánchez.
El C. Juan Manuel Terrazas Sánchez: - Con su venia, señor Presidente; estimados compañeros y compañeras de la diputación: El 12 de octubre es una triplemente histórica fecha, no sólo para Chihuahua sino para la República Mexicana, ya que exactamente en esta fecha fue cuando el almirante de Génova escuchó el grito de "¡tierra!" que ensanchaba el horizonte de la pequeña Europa feudal para lograr la integración geográfica del planeta y dio nacimiento a la familia de pueblos hispanoamericanos, como lo dijera anteriormente el compañero diputado Lomelí.
Quiso el destino que el mismo día y mes del año, en 1709, se fundara la ciudad de Chihuahua, que sirviera de bastión a la República Mexicana en los más trascendentales hechos de la patria histórica y su independencia, reforma
y revolución. En 1811, con su propia sangre, bendijo el Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, al estado de Chihuahua y fue el 12 de octubre de 1864 cuando el Benemérito de las Américas arribó a las tierras chihuahuenses, cuando según la elegante frase de un escritor norteño:
"México se refugió en el desierto para lograr el oasis patriótico de Chihuahua cuando la diligencia oscura simbolizaba el arca de la ley, la raza aborigen, el derecho y la fórmula republicana, frente a la monarquía exótica del archiduque de extraño nombre que venía a hollar el suelo nacional". Fue en la Reforma con Chihuahua, y después de la traición de Vidaurri en Monterrey, cuando el estado de Chihuahua entregó al Benemérito su fe y su lealtad en la fórmula republicana, justamente un 12 de octubre de 1864 el estado de Chihuahua se convirtió en la sede de los Poderes Federales, a fin de preservar la Constitución de 1857, frente al oprobio de la monarquía europea reaccionaria y ultraconservadora encabezada por Maximiliano de Hamburgo, Benito Juárez regresó triunfal partiendo de Chihuahua hasta el Palacio Nacional, después de permanecer en Chihuahua dos años con ochenta días, combatieron tesonera, heroica y virilmente a los invasores franceses casa por casa, pueblo por pueblo, aun el 25 de marzo de 1865, fue cuando en Chihuahua se desalojó definitivamente a los franceses.
En nuestro estado no se ganó solamente una batalla en contra de los invasores franceses, allí se ganaron una y mil luchas por nuestra Independencia Nacional. En ese tiempo México estaba como ahora, víctima del juego intermetropolitano. En aquella segunda mitad de la centuria, pasada la batalla, se planteó entre los centros industriales de la nueva sociedad que su política preponderaría a la extinción de su influencia, y los mercados liberados por los movimientos de independencia, y al debilitamiento de otras potencias industriales o dinásticas. En este marco Francia diseño y llevó a la práctica el proyecto de intervención en México.
La situación económica en la República era desastrosa. Así fue como Benito Juárez le dio a nuestra patria con su lucha, sacrificio y libertad, la independencia económica. Después de estos siglos de combate contra la naturaleza y contra las fuerzas de la reacción , esperanzados contemplamos con fundado optimismo el México que se levanta sobre sus problemas, y desafiando sus adversidades contemplamos con fe el porvenir que señalan los héroes de nuestra historia, en que nosotros habremos de hacerlo realidad para entregarlos satisfechos, de nuestros pasos por la historia, a las generaciones del porvenir.
Igualmente que hace un siglo, nuestro Ejecutivo Federal encontró a nuestro país en situaciones económicas similares a las descritas. Anteriormente enfrentando a problemas de corrupción y simultáneamente haciendo frente no a una intervención armada, pero sí en los límites de una economía. Así como en aquel tiempo, los chihuahuenses correspondieron a un auténtico Presidente de la República. Ahora, en este momento de reconstrucción económica, los chihuahuenses en forma patriótica y con toda nuestra lealtad responderemos al llamado que nos hace el Primer Mandatario de la Nación. Muchas gracias.
(Aplausos.)
PAGO JUSTO A LOS PRODUCTOS DE FRIJOL
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Daniel Sánchez Pérez.
El C. Daniel Sánchez Pérez: - Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: Perdonen que contamine la meliflua atmósfera que con apropiada rima los de la oposición, que son la crema, han venido a formarnos, y que yo pronuncie aquí más prosaicas palabras como son el hambre y la necesidad del pueblo.
Quizá uno de los efectos positivos de la crisis económica que confrontamos es la posibilidad de efectuar un ejercicio crítico que permita analizar honestamente los principios generales de la política económica del Estado, a fin de elaborar nuevas estrategias que hagan probable la estabilidad necesaria como requisito de una recuperación económica nacional.
Hoy es posible escuchar la voz honesta de personalidades del régimen, como la doctora Martha Chávez Padrón afirmara: "La opinión popular ha expresado que el campo mexicano vive un proceso de descapitalización severa. Por otra parte, los precios de los productos agrícolas se han mantenido por abajo de los niveles que, debidamente estructurados, permitan capitalizar al sector rural. Y lo mismo puede decirse de los subsidios y transferencias, de tal manera que tenemos un sector rural empobrecido cuyas consecuencias conocemos, y sobre todo necesitamos remediar".
Termina preguntándose la doctora: "¿Por qué no expone el Plan Nacional de Desarrollo en forma precisa, en este renglón, los mecanismos para revertir tal tendencia?
Por su parte, los miembros de la Confederación de Trabajadores de México, la organización obrera de más peso político en el país, durante la celebración de su nonagésima Asamblea General del Consejo Nacional, al presentar su documento de análisis de la situación económica nacional expresaron: "La agricultura desde hace tiempo no se ha recobrado. La situación del campo se ha dificultado con la crisis, pues si bien el precio de sus productos se han incrementado, sus costos lo han hecho en un porcentaje más elevado, bajando su rentabilidad más aún cuando se han eliminado o reducido los subsidios en este sector".
En su primer informe a la Nación el día 1o. de septiembre de 1983, el titular del Poder Ejecutivo Federal expresaba: "El sector agropecuario presenta varios rezagos en relación con otros segmentos de nuestra economía. Tiene
bajos índices de productividad; su producción ha sido insuficiente para el crecimiento de la demanda y nos ha obligado a fuertes importaciones. Nos hemos propuesto reorganizar los apoyos a la producción y articular eficientemente las actividades agrícolas entre sí y con el sector industrial y comercial".
Dicho así, tal parece que se tratara de un reproche por una ineficiencia relativa del sector agrícola, sin tomar en consideración, el efecto que ha tenido en el campo la aplicación de una política desarrollista con afán de modernización, cuya característica es, por lo que ve a los sectores económicos, una permanente transferencia de valores del campo hacia el sector industrial y el urbano, con la consecuente descapitalización del primero.
Sin embargo, más adelante se reconoce en el texto del informe la existencia de este fenómeno, cuando el Ejecutivo afirma bajo el mismo rubro de desarrollo social: "Para fomentar la producción y aumentar la retribución de los campesinos se elevaron los precios de garantía, algunos de ellos en forma muy sustancial como el trigo, 10%, el maíz, 81%; y la cebada, 180%.
"Reconocemos - dijo Miguel de la Madrid- la necesidad de seguir revisando los precios agrícolas para que no se rezaguen en función de los costos y para mejorar los términos del intercambio en favor del campo". Al referirse al abasto y los precios, el Presidente fue categórico al afirmar: "Tenemos que aceptar que los precios se ajusten gradualmente en relación a sus costos de producción y a la rentabilidad razonable del productor". Aquí, se pensaba ya en los artículos de origen industrial.
Se nota con todo esto que existe claridad en el problema que confronta el desarrollo rural y se pretende, aunque no con la congruencia debida, modificar sustancialmente los efectos negativos que aún persisten en el campo con motivo de la adopción de un modelo de desarrollo "modernizador" - entre comillas- que permitió a México se insercionara en diversa escala de la división internacional del trabajo.
Los instrumentos con los que el Gobierno de México pretende revertir la situación desfavorable al campo, aparecen delineados en forma muy abstracta en su Plan Nacional de Desarrollo; el que en su diagnóstico reconoce también que La urbanización e industrialización que ha vivido el país durante las últimas décadas, ha sido apoyada en gran medida por la población y los sectores productivos rurales los que han transferido permanentemente y sin respuesta importantes volúmenes de excedente económico, o que es causa de su rezago".
Esta desfavorable relación de intercambio, entre el sector rural frente al resto de la economía, se ve acentuada por el rezago de los precios de los productos primarios, respecto de los bienes industriales y los servicios, así como por el desequilibrio en la remuneración a los factores de la producción y por el diferencial entre las captaciones del sistema bancario y financiamiento al sector rural. Por último, se privilegió a las áreas de riego y los cultivos de exportación en perjuicio de las áreas temporales y los cultivos de básicos alimenticios.
Carlos Salinas de Gortari, en su comparecencia ante las comisiones de la LII Legislatura, esbozó que: "Los mecanismos para revertir la situación en favor del campo serían: El manejo de los instrumentos del desarrollo, siendo uno de los más importantes del gasto público, y el manejo de los precios de garantía, lo que - afirmó- , se ha buscado incrementar en forma sustancial".
Como en virtud del Reglamento no es posible que en una intervención se pudiese agotar el análisis de los dos mecanismos anunciados, y toda vez que en estos momentos existe una enorme inquietud campesina por la próxima fijación de los precios de garantía en el gabinete agropecuario, me limitaré al estudio de esos que han pretendido ser un instrumento para el estímulo de la producción y la capitalización de campo.
Es en el año de 1953 cuando por primera vez se establecen precios de garantía, y esto sólo para productos agrícolas dedicados a la alimentación popular: trigo, maíz y frijol. La política entonces era de otorgar estímulo a los productores de esos granos. Debemos recordar, sin embargo, que en esa década México era autosuficiente y hasta exportador de esos productos agrícolas, y los precios de garantía tuvieron, en algunos casos, efectos negativos al constituirse en tope de su comercialización y la creación de excedentes no exportable.
Tal situación provocó que por un tiempo los precios nominales se mantuvieran sin grandes alteraciones, pero con la modernización alemanista se insertó al país en otro nivel de la división internacional del trabajo, y en consecuencia se instrumentó un nuevo modelo de desarrollo en el que la industria y los servicios se privilegiaron, y en ese contexto el campo se rezagó en cuanto el sector productivo y los precios de garantía se estancaron, lo que permitió por un lado, liquidar totalmente las reservas exportables, pero por otra parte, se orientó el estímulo de esos instrumentos hacia otros cultivos cuya finalidad es sustentar agroindustrias transnacionales en su desarrollo y, el gran volumen de su demanda su siembra se hace privativa de la burguesía rural y provoca la concentración de recursos, principalmente financieros en las áreas de riego y provocan la aspiración del nuevo latifundismo financiero.
Así, de los alimentos básicos se pasa a estimular las oleaginosas, a los granos y forrajes para la alimentación animal y, finalmente, a la materia prima para la industria cervecera.
A partir de entonces, los precios de garantía se han venido fijando en forma injusta; primero, porque como reflejo de la tendencia general del esquema desarrollista se sacrifica al agricultor pagándole por su cosecha valores por debajo de los costos de producción; y segundo, porque se prefieren aquellos productos que sustentan el modelo agroindustrial en perjuicio
de los alimentos básicos y, en consecuencia, se orientan los beneficios hacia aquellos agricultores que cuentan con grandes recursos en tierra, maquinaria y crédito.
Es política en precios de garantía, acorde a los intereses del gran capital, es una de las causas de la supuesta ineficiencia del sector agrícola para lograr la autosuficiencia en granos alimenticios siendo irrelevantes, aun cuando parezca aberrante, el incremento poblacional, pues aún cuando constituye una causa, el elemento principal de ese desequilibrio creciente, entre la población y los recursos a nivel local, es con toda certeza el desarrollo de las fuerzas del mercado que se liberan con el sistema actual.
Ha quedado probado igualmente el fracaso de esta política, pues el desarrollo de la agricultura de cultivos comerciales no ha dado como resultado una mejoría generalizada en los ingresos y niveles de vida de la población rural, por concentrarse la producción comercial en manos de monopolios y latifundistas; por la afectación de los agricultores en sus ingresos debido a las fluctuaciones del mercado internacional de productos agrícolas; por la concentración de las utilidades de los productos subsidiados por los grandes nuevos latifundistas y por los comerciantes intermediarios, por la descapitalización de los agrícolas ante el costo de los insumos en un sistema con inflación no controlada.
Por todo lo anterior puede entenderse el por qué se ha convertido en una tarea ardua y difícil la fijación de precios de garantía para el campo, al extremo de convertiste en decisiones fundamentales para definir e impulsar una estrategia de desarrollo. En la decisión de fijar los precios de garantía se toma en cuenta nuestra inserción en el mercado internacional y los compromisos contraídos para mantener nuestras cuotas de exportación. De ahí que a la fecha, y en razón de la devaluación que nos impuso la inflación, la cotización de los granos en el mercado externo sea mayor y no obstante, aún así se prefiere seguir importando.
Citaré sólo como ejemplo las importaciones de maíz y trigo. Mientras que para el primero su precio de garantía es de 16 mil pesos por tonelada, lo compramos por millones de toneladas a los Estados Unidos a razón de 24 mil 375 pesos por tonelada; y el trigo, cuyo precio de garantía es de 14 mil pesos la tonelada, lo adquirimos a razón de 24 mil 150 pesos por tonelada, con diferencias nominales de 8 mil 375 para el primero; y de mil 155 por tonelada respectivamente para éstos; pero con diferencias reales mayores, en virtud del incremento que resulta de los costos y gastos normales por transporte, almacenaje, distribución y servicios de la deuda, puesto que se adquieren en paquetes de crédito externo. De este modo nuestro Gobierno privilegia al agricultor extranjero y sacrifica al nacional.
Se puede afirmar que en el gabinete agropecuario privan más los criterios globalizadores que los razonamientos de una política de sano desarrollo rural para los pobres de México, que son la mayoría de los campesinos.
Basta revisar los elementos que le sirven de base para la fijación de los precios de garantía y orientación y destino de los mismos para la validez de este acertó. Los elementos son: Cestos de producción: índice general de precios al consumidor; salario mínimo regional; balance nacional de oferta y demanda; precios internacionales al contado y a futuro; impacto directo del precio de garantía en los productos finales, así como el monto el subsidio. Se olvidan, como puede apreciarse, del ingreso neto del productor por hectárea garantizado éste sobre el impacto de los precios de los insumos.
Seguir como hasta ahora, y como lo pretende el Ejecutivo Federal en el informe, sustentando la fijación de los precios de garantía exclusivamente en relación a la evolución a los costos de producción es mantener una grave injusticia, tanto porque los precios de garantía no pueden y deben considerarse sólo como el salario del campesino, aunque en ocasiones sea su único ingreso, como porque al aplicarse un criterio indiferenciado para productores distintos no se toma en cuenta la desigual situación de los mismos ni el nivel de vida diferente entre éstos.
Existe, sin embargo, un consenso sobre los siguientes planteamientos: Los precios de garantía pueden constituir un instrumento eficaz para aumentar la producción y la productividad, así como para lograr la capitalización en el campo si se estructuran en forma adecuada. La agricultura capitalista ha aumentado las desigualdades sociales y económicas entre las clases sociales en el campo; ha concentrado el poder y la riqueza, así como el ingreso, en manos de terratenientes e intermediarios; ha sustituido la idea de ganancia y utilidad de unos cuantos por la idea de supervivencia de la mayoría.
Es por esto que los incentivos puramente monetarios, como se proponen, o los criterios aparentemente racionales en que se fincan estos precios de garantía actualmente, no funcionan para mejorar la productividad agrícola.
Los estudios de campo realizados en diversos partes del mundo, indican que la rápida inyección de dinero en una economía tradicional puede llevar a gastos dispendiosos, al consumo excesivo y distorsionado de resultados socialmente dañinos. Esta es nuestra experiencia; y es apartir de ésta, del conocimiento de la realidad social en el sector rural y del reconocimiento de que terminó la época de los alimentos baratos que se concluye en la necesidad de revisar y modificar el sistema de precios de garantía a fin de que éstos puedan responder a los requisitos de oportunidad, eficiencia y obligatoriedad que les son indispensables para cumplir con los objetivos que les tienen asignados en estrategia general para el desarrollo rural. Se hace necesario crear un nuevo sistema de precios de garantía que hagan posible revertir en forma gradual los términos
de intercambio entre la agricultura y el resto de la economía en favor de los productores agrícolas, pues este es el elemento fundamental que puede provocar la reactivación del sector agrícola en general y la producción de granos alimenticios en particular, dándonos la autosuficiencia deseada y rompiendo la dependencia del exterior que nos enajena peligrosamente.
Para esto podrían hacerse proposiciones de inmediato y a mediano plazo que permitan la estructuración adecuada de los precios de garantía, como las siguientes:
a) Fortalecer y diversificar la estructura orgánica del gabinete agropecuario como rector de los precios de garantía dando mayor participación a los agricultores organizados por medio de sus representaciones nacionales e incorporar una comisión del Congreso de la Unión en su seno.
b) Crear, en base al gabinete agropecuario, un sistema de información permanente cuyo flujo hacia el mismo pueda coordinarse a nivel estatal a través de los grupos sectoriales agropecuarios que funcionan en cada entidad, a los que deben incorporarse las agrupaciones de productores agrícolas que funcionan en cada estado.
c) Fijar, en base a la información recibida y los estudios de las secretarías respectivas, la estrategia nacional en precios de garantía para cada ciclo agrícola, diferenciando el tipo de productor y el destino final del producto.
d) Fijar, al mismo tiempo que los precios de garantía, la canasta básica de consumo para los campesinos incluyendo aquí a los jornaleros y garantizar su abasto para los organismos paraestatales creados para este efecto.
e) Del mismo modo, fijar en forma conjunta la canasta básica de insumos para evitar su disparo cuando se hagan públicos los nuevos precios de garantía, empezando por los que el Estado proporciona como son: crédito, fertilizante, semillas, riego, electricidad, diesel, carga fiscal, etcétera.
f) Decretar subsidios en especie que puedan operar como estímulo a los productores cuya aplicación sea por su naturaleza obligadamente cumplida en la zona y donde la producción se origina. Tales como bonificación en desvares y barbechos; preparación de tierras; maquilas en agroindustrias del Gobierno paraestatales; obras de infraestructura hidráulica; construcción de inmuebles de beneficio social como bodegas o silos y el abaratamiento del costo de las semillas.
g) Asignar a cada área de producción el número necesario de técnicos extencionistas que puedan inducir al cambio tecnológico que permita el incremento de la productividad únicamente entre los productores tradicionales de cultivos básicos mediante la intensificación del uso de la tierra, la calificación del trabajo y la utilización de semillas mejoradas regionales.
h) Privilegiar las operaciones comerciales de los productores de básicos alimenticios, a fin de que los precios de garantía no constituyan necesariamente un tope impuesto por CONASUPO, evitando además que ésta impida la venta de los productos a terceros que ofrecen mejores precios.
i) Obligar al sistema certifico nacional, que se dedica a financiar los cultivos sujetos a precios de garantía, a crear líneas de crédito paralelas para el apoyo de la creación de agroindustria que se dediquen a la transformación de los productos agrícolas por los mismos agricultores o sus familias, a fin de preservarlos del deterioro en su ingreso por la lenta evolución de los precios de garantía y erradicar el desempleo disfrazado en el campo.
j) Es claro que ningún sistema puede desarrollarse sanamente si no se finca en la organización de productores, por eso el sistema nacional de precios de garantía debe partir de la necesidad de la democratización de las organizaciones campesinas y del respeto a las formas de organización que los productores quieran darse, atendiendo a su idiosincrasia y a sus propios valores culturales, teniendo cuidado de querer forzar la organización partiendo de esquemas teóricos oficiales como lo pretende ahora la Secretaría de la Reforma Agraria con la creación de unidades de desarrollo rural, que giran alrededor de las prácticas organizativas en función del crédito, lo que concluirá en un fracaso como todo lo que se induce de las cúpulas a la base sin la consulta de ésta.
K) Modificar la legislación que forma los reglamentos internos de los organismos oficiales cuya labor es fundamental en la producción agrícola, tales como BANRURAL, ANAXA, CONASUPO, FIRA y PRONAR entre otros, para que a sus consejos administrativos se integren las organizaciones sociales campesinas de registro nacional, dándoles intervención aun cuando sea con voz en la toma de decisiones que inciden en el desarrollo rural.
1) Racionalizar la actuación de las dependencias oficiales que integran el gabinete agropecuario, a fin de que sean congruentes con los lineamientos, cuando menos aquellos lineamientos generales del Plan Nacional de Desarrollo, en lo que se refiere a desarrollo rural y concretamente al sistema de precios de garantía, evitando acciones negativas como las que se ponen en práctica por CONASUPO, al escamotear los estímulos que en especie o efectivo fueron decretados por el Ejecutivo en favor de los productores de granos alimenticios, que lo que resulta más grave que se niegue a pagar los incrementos de los precios de garantía acordados por el propio gabinete.
Estructurados así los precios de garantía constituirán un verdadero instrumento para el desarrollo rural, propiciando el incremento de la productividad y de la capitalización del sector.
Agradeciendo su paciencia, concluyo mi intervención con una denuncia concreta en contra del C. director de CONASUPO que consiste en lo siguiente: Con fecha 9 de mayo, del presente año, fueron fijados los precios de garantía para los trece productos agrícolas que
actualmente contempla este sistema, acordándose que esos regirían para las cosechas de otoño- invierno 82- 83, para las tempranas del '83 y para las cosechas minoritarias que se recibieran hasta el día 30 de septiembre de 1983.
Este acuerdo del gabinete agropecuario, al que se refería el señor Presidente de la República, en su informe, fue suscrito y difundido por los CC. secretarios de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comercio y Fomento Industrial, como cabezas de sector.
Ahora bien, los productores de frijol del estado de Sinaloa, Nayarit y San Luis Potosí presentaron su reclamación ante el director de CONASUPO para que les cubriera la diferencia de las cosechas entregadas entre los meses de marzo, mayo y junio, ya que el precio de garantía para el frijol era de 21 mil pesos por tonelada y se incrementó a 29 mil 500 por tonelada.
El director de CONASUPO se ha venido negando a satisfacer el justo reclamo de los campesinos, aduciendo que por acuerdo de su consejo de administración no se autorizó el pago de las diferencias, que para él se consideran como retroactivas. Pero sucede que para el estado de Nayarit donde se cosecharon 94 mil toneladas, recibió CONASUPO 91 mil 300, 21 mil 100 pesos y el resto lo pagó al nuevo precio de garantía, a sabiendas de que provenía de coyotes intermediarios.
Cuando hablamos de diferencias no pagadas a los campesinos frijoleros de toda la República, nos referimos a 5 mil 040 millones de pesos aproximadamente, algo así como lo que se le reclama a Díaz Serrano que ya está en la cárcel- , posiblemente porque el fraude se lo cometió al gobierno y no a los campesinos.
Quiero aclarar que los datos son aproximados, ya que CONASUPO ha bloqueado toda información, pese a que en mi carácter de diputado federal y miembro de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos de esta Cámara se las solicité por escrito desde hace ya más de un mes.
Conociendo estos hechos es muy difícil pensar y creer que la renovación moral opera igual para todos, pues se les mide con diversa vara, ya sea que se afecte al grupo en el poder o al pueblo trabajador que es el eslabón más débil de esa cadena.
Solicito pues, desde esta tribuna, la comprensión y solidaridad de los diputados obreros y campesinos del PRI, ya que los del Sector Popular por representar a los beneficiarios de este desequilibrio, nada puede esperarse. Solicito de los grupos parlamentarios de los demás partidos su comprensión también, para que se obligue a CONASUPO a pagarles a los productores de frijol el justo precio de sus esfuerzos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Túrnese a las comisiones unidas de Comercio y de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
La misma C. Secretaria:
"Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. 'LII' Legislatura.
Orden del día
18 de octubre.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico que con motivo del XXXVIII aniversario de la muerte del general Plutarco Elías Calles, tendrá lugar el 19 de los corrientes.
El C. Rodolfo Landeros Gallegos, Gobernador Constitucional del estado de Aguascalientes, invita a la sesión solemne en la que rendirá su tercer informe de Gobierno, y que tendrá lugar el próximo 22 del actual.
Iniciativa del Ejecutivo
Para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones en materia civil y mercantil.
Minutas
Con proyecto de decreto que reforma el que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los convenios sobre el Fondo Monetario Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Con proyecto de decreto que amplía el monto de la garantía que el Gobierno Federal puede otorgar en las operaciones de préstamo celebradas con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomentos y el plazo en que la misma puede concederse.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Ocho, con los que se remiten, en cumplimiento del artículo 93 constitucional, los informes de labores de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Urbano y Ecología, Minas e Industria Paraestatal, de Pesca, de Relaciones Exteriores, de Salubridad y Asistencia, de Trabajo y Previsión Social y del Departamento del Distrito Federal.
Dictamen a discusión.
De la Comisión de la Defensa Nacional con proyecto de decreto que modifica los párrafos segundo y tercero del artículo 51 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales."
El C. Presidente (a las 13:55 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 18 de octubre, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
"DIARIO DE LOS DEBATES"