Legislatura LII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19831110 - Número de Diario 23
(L52A2P1oN023F19831110.xml)Núm. Diario:23ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LII" LEGISLATURA
Registrada como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO II México, D. F. , jueves 10 de noviembre de 1983 TOMO II. NUM. 23
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
SE APRUEBA
INVITACIONES
Al acto cívico conmemorativo del CCCXXXV aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, el día 12 del actual en el Bosque de Chapultepec de esta ciudad. Se designa comisión .
A la sesión solemne en la que el C. licenciado José de las Fuentes Rodríguez, Gobernador de Coahuila, rendirá el segundo informe de su gobierno el día 15 del presente. Se designa comisión .
A la sesión solemne en la que el C. Antonio Toledo Corro, Gobernador de Sinaloa, dará lectura al tercer informe de su gestión administrativa el 15 de los corrientes. Se designa comisión .
COMUNICACIONES
De los congresos de Hidalgo, Quintana Roo y Yucatán, relativas a sus funciones legislativas. De enterado
SOLICITUD DE PARTICULAR
CARGO CONSULAR
El C. Flavio Mansi Tazzer solicita permiso para aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de Italia en el puerto de Acapulco, Guerrero. Se turna a comisión
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Proyecto de ley mencionada. Se le dispensa la lectura. Queda de primera lectura
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL D. F.
Proyecto de la ley citada. Se le dispensa la lectura. Queda de primera lectura
CONDECORACIONES
Dos proyectos de decreto que permiten a los CC. Héctor V. Ahúja Fuster y Enrique Cánovas Buenrostro para aceptar y usar las que les confieran los gobiernos de Brasil y de Estados Unidos, respectivamente. Primera lectura .
OPINIÓN SOBRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983- 1988
La Presidencia expresa que se está distribuyendo entre los CC. diputados la opinión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública sobre el plan mencionado. En esa virtud, se le dispensa la lectura
DICTÁMENES A DISCUSIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Proyecto de decreto que autoriza a los CC. Mario Guerrero Chavarría, Jorge
Contreras Jurado y Felipe de Jesús Acosta Vega para prestar servicios en la embajada de Estados Unidos en México. Segunda lectura. Sin discusión se aprueba. Pasa al Senado .
CONDECORACIÓN
Proyecto de decreto que permite al C. Luis Echeverría aceptar la que le confiere el Gobierno de Bolivia. Segunda lectura
A discusión. Para proponer que el dictamen regrese a Comisión, intervienen los CC. Ofelia Ramírez Sánchez, proposición que se desecha; en pro Raúl López García; en contra, Gustavo Arturo Vicencio Acevedo; en pro, Francisco Ortiz Mendoza; para hechos, Francisco Javier Alvarez de la Fuente y Héctor Ramírez Cuéllar, quien conmina a Alvarez de la Fuente presente pruebas de lo que aseveró y se proceda conforme al Reglamento, en caso de no hacerlo. La Presidencia insta al C. Alvarez de la Fuente satisfaga al ofendido; nuevamente interviene, Alvarez de la Fuente y Ramírez Cuéllar; para aclaraciones lo hace Roger Cicero Mackinney; la Presidencia ruega insertar las expresiones que causaron ofensa en acta especial autorizada. Para hechos hablan los CC. Juan Campos Vega, Alvarez de la Fuente y Ortiz Mendoza; por la Comisión, Luis Dantón Rodríguez; para hechos, David Orozco Romo; para aclaraciones, Luis Dantón Rodríguez y Bernardo Bátiz Vázquez; para hechos, Ortiz Mendoza. Se aprueba en sus términos. Pasa al Ejecutivo
HOMENAJE A FELIPE CARRILLO PUERTO
Por parte del C. Carlos Rubén Calderón Cecilio, en ocasión del CIX a aniversario de su natalicio
DENUNCIA SOBRE ELECCIONES PRÓXIMAS EN PUEBLA
Por parte del C. Manuel Iguiniz González, sobre acontecimientos que dice ser necesario desaparezcan para que las elecciones citadas, que deberán efectuarse el 27 de noviembre, puedan llevarse a cabo en clima de respeto. Para dar sus puntos de vista sobre el particular, intervienen los CC. Manuel R. Villa Issa, Raúl López García; Hilda Luisa Valdemar Lima; nuevamente Iguiniz González. Se turna a comisión
HECHOS EN LAS ELECCIONES ULTIMAS EN SINALOA
El C. Ignacio Vital Jáuregui se refiere a ellos, mismos que tuvieron lugar el domingo 6 del actual. Exponen sus puntos de vista sobre estas elecciones los CC. Jesús Manuel Videas Esquerra, Andrés Cázares Cámacho, Baltazar Ignacio Valadez Montoya, Alejandro Lambretón Narro, Miguel Angel Martínez Cruz y Samuel Meléndez Luévano
NEGOCIO INMOBILIARIO
El C. Samuel Meléndez Luévano se refiere a este asunto. Hace diversas citas sobre el particular y solicita que el asunto sea conocido por esta Cámara. Se turna a comisiones
SITUACIÓN EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
El C. José Encarnación Pérez Gaytán se refiere a ella, desde el punto de vista internacional
PESCA DEL ATÚN
El C. Jesús Lazcano Ochoa menciona este asunto haciendo reflexiones sobre sus problemas, que solicita sean examinados por esta Cámara. Se turna a comisiones
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. EVERARDO GAMÍZ FERNANDEZ
(Asistencia de 382 ciudadanos diputados. )
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:05 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén:
"Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.
'LII' Legislatura.
Orden del día
10 de noviembre de 1983
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que, con motivo del CCCXXXV aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, tendrá lugar el próximo 12 de noviembre.
El Congreso del estado de Coahuila invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado José de las Fuentes Rodríguez, Gobernador del estado, rendirá su segundo informe de Gobierno, la que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre.
El Congreso del estado de Sinaloa invita a la sesión solemne en la que el C. Antonio Toledo Corro, Gobernador Constitucional del estado, rendirá el tercer informe de su gestión administrativa, la que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre.
Comisiones de los congresos de los estados de Hidalgo, Quintana Roo y Yucatán.
Solicitud de particular
Del C. Flavio Mansi Tazzer para que se le conceda el permiso constitucional necesario, para aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de Italia, en el puerto de Acapulco, Guerrero.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Justicia con proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
De las comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal con proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Dos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de decreto, por los que se concede permiso a los CC. Héctor Vicente Ahúja Fuster y Enrique Cánovas Buenrostro, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a los CC. Mario Guerrero Chavarría, Jorge Contreras Jurado y Felipe de Jesús Acosta Vega, para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. licenciado Luis Echeverría para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia. "
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El C. secretario Enrique León Martínez:
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión efectuada el día ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.
Presidencia del C. Everardo Gámiz Fernández
En la ciudad de México, a las once horas y diez minutos del martes ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, la Presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de trescientos setenta y seis ciudadanos diputados.
Lectura del orden del día.
Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior, verificada el día cuatro del actual.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
El C. Presidente de la República envía iniciativa de decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para aprobar nuevas emisiones de Bonos del Ahorro Nacional hasta por la cantidad de cinco mil millones de pesos.
En virtud de que esta iniciativa ha sido ya distribuida entre los CC. diputados, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, le da el siguiente trámite: Recibo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público e imprímase.
El propio Primer Magistrado de la Nación emite iniciativa de decreto que reforma el artículo 23 bis de la Ley Orgánica del Banco de México.
Por las mismas razones del caso anterior, la Secretaría turna este documento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Imprímase.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación relativos a las solicitudes de permiso para que los CC. Héctor Vicente Ahúja Fuster y Enrique Cánovas Buenrostro puedan aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dictamen con proyecto de decreto suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que concede permiso a los CC. Mario Guerrero Chavarría, Jorge Contreras Jurado y Felipe de Jesús Acosta Vega para prestar servicios como empleados en la embajada de los Estados Unidos de América, acreditada en nuestro país. Es de primera lectura.
La Comisión del Distrito Federal emite un dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los CC. diputados, la Asamblea en votación económica le dispensa el trámite de segunda lectura, a fin de que se someta a discusión y votación de inmediato.
A discusión en lo general.
Hacen uso de la palabra, en contra, el C. Alberto Ling Altamirano; en pro, la C. María
de Jesús Orta Mata; en contra el C. Iván García Solís; para hechos, el C. David Orozco Romo; en pro, el C. Antonio Ortega Martínez; en contra, el C. Sergio Ruiz Pérez; por la comisión dictaminadora el C. José Carreño
Carlón; por segunda ocasión los CC. García Solís y Carreño Carlón; para contestar alusiones personales vuelve a la tribuna el C. Iván García Solís. Suficientemente discutido en lo general, se aprueba en votación nominal, con los artículos no reservados para su discusión, por trescientos trece votos en pro y sesenta y tres en contra.
A discusión en lo particular. A debate los artículos 3o. y 4o.
Intervienen para proponer modificaciones y la supresión de un término, el C. Gerardo Medina Valdez; para hechos, el C. Alberto Salgado Salgado; en pro, el C. Arturo Contreras Cuevas; por segunda ocasión el C. Gerardo Medina Valdez.
La Asamblea en votación económica no admite las modificaciones propuestas, y en consecuencia se dan por desechadas.
Para proponer la supresión de un párrafo a la fracción X del artículo 3o. a debate, interviene el C. Salvador Castañeda O'Connor; en pro lo hace el C. Jesús Hernández Alatorre.
En votación económica la Asamblea no admite la supresión propuesta por el C. Castañeda O'Connor, y por tanto se da por desechada. Suficientemente discutidos los artículos 3o. y 4o. , en votación nominal se aprueban en sus términos por trescientos votos a favor y cuarenta y seis en contra.
A discusión el artículo 11.
Usan de la palabra para proponer nuevo texto al artículo el C. Gerardo Medina Valdez; en pro, el C. Joaquín del Olmo Reyes; para una moción en relación a la votación, el C. Gerardo Medina Valdez, a la cual da respuesta la Presidencia.
Se considera suficientemente discutido el artículo 11 y en votación nominal se aprueba en sus términos por trescientos un votos afirmativos y cincuenta y tres negativos.
A debate el artículo 19.
Hablan para proponer nueva redacción el C. Gerardo Medina Valdez; en pro la C. Armida Martínez Valdez.
La Asamblea no admite el nuevo texto a la fracción XIX del artículo a debate, y en tal virtud se desecha.
Suficientemente discutido el artículo 19, se aprueba en sus términos en votación nominal, por trescientos tres votos en pro y cincuenta en contra.
A debate el artículo tercero transitorio.
Abordan la tribuna para proponer una adición, el C. Gerardo Medina Valdez; en pro, el C. Netzahualcóyotl de la Vega.
La Asamblea no admite la adición y en consecuencia se da por desechada.
Suficientemente discutido el artículo tercero transitorio, se aprueba en sus términos en votación nominal, por trescientos votos a favor, sesenta en contra y siete abstenciones.
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura al artículo 148 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Dictamen con proyecto de decreto presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que concede permiso al C. licenciado Bernardo Sepúlveda Amor para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Boyacá en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia. Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba por trescientos sesenta y cuatro votos en pro y uno en contra. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Para hacer una serie de comentarios y consideraciones en torno a la revolución socialista de octubre de 1917, en ocasión de conmemorarse el LXVI aniversario de la misma, hace uso de la palabra el C. Crescencio Morales Orozco.
Por su parte, el C. Antonio Ortega Martínez, en nombre de la dirección estatal del Partido Socialista de los Trabajadores en Aguascalientes, formula la denuncia que a continuación da a conocer:
Expresa que hace dos años en Aguascalientes se terminó el procedimiento para expropiar un área donde habitaba un asentamiento de más de seis mil familias que, de hecho y por derecho, estaban posesionadas de dicha área. Agrega que gracias a la intervención del presidente López Portillo se logró la decisión política de la regularización, habiéndose cubierto el procedimiento de la expropiación.
Señala que a pesar de la regularización, un área más fue dedicada como zona de reserva para uso habitacional. Por lo que su partido, junto con más de 600 familias solicitaron, en forma individual, ser incluidos en el programa de dotación de esa zona habitacional.
Dice que el Gobierno del estado pretendió escamotear el derecho de esas 600 familias, pues hace unos días se presentaron trabajadores de la CNOP y con anuencia de la delegación de CORET, pretendieron entregar la zona de reserva, impidiéndolo una valla humana que protegió el área, en espera de una negociación con el Gobierno del estado y de CORET.
Menciona que el sábado pasado se presentó el procurador de Justicia del Estado con más de 600 policías, pretendiendo romper el cerco de protección sin lograr su objetivo. El resultado fue la detención de ocho policías por una parte y de ocho compañeros que a su vez detuvo la policía, por lo que se solicitó a la zona militar del estado la presencia de observadores
para que pudieran tener una visión de los acontecimientos, como efectivamente sucedió en el segundo intento de desalojo.
Hace una serie de reflexiones sobre este problema y manifiesta que, en vista del descontrol de las fuerzas policíacas en Aguascalientes, han solicitado la intervención del ejército para poder restablecer el orden. Asimismo, solicita el C. Ortega Martínez que la Comisión de Información, Gestoría y Quejas tome cartas en el asunto y pueda evitar algún hecho que tenga que lamentarse después. Túrnese la denuncia a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las diecisiete horas y venticinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día diez de los corrientes, a las diez horas".
Está a discusión el Acta. . . No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. . . Aprobada, señor Presidente.
INVITACIONES
La C. secretaría Xóchitl Elena Llanera de Guillén:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. . - Departamento del Distrito Federal.
México, D. F. , a 1o. de noviembre de 1983.
C. diputado Everardo Gámiz Fernández, Presidente de la H. Cámara de Diputados. Palacio Legislativo. - Presente.
El Departamento del Distrito Federal por el conducto de esta Dirección General, atentamente invita a usted al acto que con motivo del CCCXXXV Aniversario del natalicio de la insigne poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, Tendrá lugar el próximo día 12 del actual a las 10:30 horas, ante el busto erigido a su memoria en la Calzada de Los Poetas, a un costado del Lago del viejo bosque de Chapultepec.
Al propio tiempo, me permito solicitarse tenga a bien dictar sus respetables indicaciones, con objeto que una comisión asista al acto de referencia con la representación de esa. H. Cámara de Diputados que usted preside.
Reitero a usted, a usted las seguridades de mis distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director de Programación y Acción Cívica, arquitecto Karl Godoy F".
El C. Presidente: - Para asistir a este acto, en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes CC. diputados: Alma Inés Gracia de Zamora, Emma Medina Valtierra, Zina Ruiz de León, María Isabel Serdán Alvarez, Hilda Luisa Valdemar Lima y Carlota Vargas Garza.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llanera de Guillén:
"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, México, D. F.
La XLIX Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila, invita a usted a la Sesión Solemne en la que el C. licenciado Jose de las Fuentes Rodríguez, gobernador constitucional del Estado, rendirá su segundo informe de gobierno ante la presencia del C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
La ceremonia se efectuará el día 15 de noviembre a las 11:00 horas en el teatro de la Ciudad, declarado Recinto Oficial.
Saltillo, Coahuila, noviembre de 1983".
El C. Presidente:- Para asistir a este acto, en la presentación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes CC. diputados: Oscar Ramírez Mijares, Enrique Agüero Avalos, Abraham Cepeda Izaguirre, Joaquin del Olmo Reyes, Domingo Esquivel Rodríguez, Juan Antonio García Guerrero, Víctor González Avelar, Alberto González Domene, Lucio Lozano Ramírez y Enrique Neaves Muñiz.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llanera de Guillén:
"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, México, D. F.
La Quincuagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa se complace en invitar a usted a la Sesión Solemne que se celebrará a partir de las 10:00 horas del día 15 de noviembre del presente año en el Cine Diana de esta ciudad, declarado Recinto Oficial en la que el C. Antonio Toledo Corro, Gobernador Constitucional del Estado. Rendirá ante esta representación popular su tercer informe de gobierno. Culiacán Rosales, Sinaloa 1983".
El C. Presidente: - Para asistir a este acto, en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes CC. diputados: Jesús Manuel Viedas Esquerra, Domingo Alapizco Jiménez, Enrique Alcántar Enríquez, Germinal Arámburo Cristerna, Andrés Cázares Camacho, Zótico Demetrio García Pastrana, Juan Rodolfo López Monroy, Jesús Murillo Aguilar, Rafael Oceguera Ramos, Maclovio Osuna Balderrama, Saúl Ríos Beltrán, Homobono Rosas Rodríguez, Angel Sandoval Romero, Manuel Tarriba Rojo, Martiniano Valdez Escobedo y Alejandro Lambreton Narro.
COMUNICACIONES
La C. secretaria Xóchitl Elena Llanera de Guillén:
"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, México, D. F.
Pachuca, Hgo. , a 28 de octubre 1983.
Con toda atención me permito el honor de comunicar a usted(es) que, la Quincuagésima Primera Legislatura del H. Congreso Constitucional
del Estado de Hidalgo, en Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, dio cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de elegir Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva de este propio H. Congreso, que fungirán durante el próximo mes de noviembre de 1983, habiendo resultado electos por unanimidad, los CC. diputados licenciado Edmundo Paniagua Vargas y profesor Armando Antonio Hernández Zamora, respectivamente.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, me es grato reiterarle(s) las seguridades de mi atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Oficial Mayor del H. Congreso Constitucional del Estado de Hgo. , C. Horacio Silva López".
Trámite: - De enterado.
La misma C. Secretaria:
"H. Cámara de Diputados. México, D. F.
La Diputación Permanente de la III Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se permite comunicar que en Sesión celebrada el día 25 de octubre del año en curso, procedió a la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, mismo que se declaró abierto con esa misma fecha, quedando integrada la Mesa Directiva de la siguiente forma:
Presidente, diputado José Melesio Fregoso Ortiz; vicepresidente, diputada profesora María Guadalupe Novelo Espadas; secretario suplente, diputado profesor Abraham Martínez Ross.
Al comunicarle lo anterior, me es grato reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Chetumal, Quintana Roo, 25 de octubre de 1983.
El Secretario de la Diputación Permanente, licenciado Luis Ramón Villanueva García. "
Trámite: - De enterado.
La misma C. Secretaria:
"Mérida, Yucatán, México, a 12 de octubre de 1983.
H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. México, D. F.
El XLIX Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán, abrió hoy, doce de octubre del presente año, su primer periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional, eligiendo a la Mesa Directiva que actuará durante dicho periodo, quedando integrada de la siguiente manera:
Presidente, C. diputado doctor José Nerio Torres Ortiz; primer secretario, C. diputado profesor Abraham S. Castro Rodríguez; segundo secretario, C. diputado Manuel Bonilla Domínguez;vicepresidenta, C. diputada licenciada Verónica Moguel de Carrasco; primer secretario suplente, C. diputado licenciado Mario E. Aguilar y Aguilar; segundo secretario suplente, C. diputado profesor José Fernando Torres Romero.
Al comunicarle lo anterior, me es grato reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Oficial Mayor y Tesorero del H. Congreso Constitucional del Estado, licenciado Orlando Vázquez Montes de Oca".
Trámite: - De enterado.
SOLICITUD DE PARTICULAR
CARGO CONSULAR
La misma C. Secretaria:
"Honorable Congreso de la Unión, Palacio Legislativo. México, D. F.
Flavio Mansi Tazzer, mexicano por nacimiento, según certificado de nacionalidad mexicana número 1556 (un mil quinientos cincuenta y seis), extendido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro del expediente VII/521. 1(45)131954, de fecha 13 de septiembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, cuya copia se adjunta, respetuosamente y comparezco a exponer:
Que con fundamento en lo establecido en la fracción II del párrafo ocho del artículo 37 de la Constitución General de la República, solicito permiso ante este honorable Congreso para fungir como vicecónsul honorario de Italia, en el puerto de Acapulco, Gro. , sin por ello perder la ciudadanía mexicana.
Por lo expuesto y fundando, a este honorable Congreso de la Unión, respetuosamente pido se sirva:
Único: Otorgarme permiso para fungir como vicecónsul honorario en el puerto de Acapulco, Gro. , sin perder la nacionalidad mexicana.
Protesto mis respetos.
México, D. F. , a 7 de septiembre de 1983.
Flavio Mansi Tazzer".
Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Justicia le fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta que contiene el proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que fue
remitida por la honorable Cámara de Senadores.
El dictamen de las comisiones unidas segunda de Justicia y segunda de Estudios Legislativos de la Cámara Colegisladora, recoge lo expresado en la iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo de la Unión, en el sentido de impulsar la reforma jurídica integral, a fin de dar al Estado mexicano el orden normativo que reclaman las necesidades actuales, que afirme los principios fundamentales del estado de derecho en el que vivimos y, sobre todo, favorezca la impartición de la justicia más pronta y más expedita. Con tal motivo, es evidente la necesidad de revisar y actualizar la estructura y las atribuciones de los órganos a través de los cuales el Ejecutivo cumple con las facultades constitucionales en materia de impartición de justicia.
Tanto en la iniciativa, como en la minuta, se destaca la abrogación de la ley de la Procuraduría General de la República de 27 de diciembre de 1974, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 del mismo mes y año, para ser sustituida por la Ley Orgánica que se propone. La inclusión del concepto ley orgánica muestra claramente la intención de organizar las atribuciones y el funcionamiento de la Procuraduría General de la República con una técnica jurídica que corresponda a las necesidades que impone la vida presente, por supuesto, sustentada en las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 102 de la Constitución General de la República.
La Comisión de Justicia, después de haber estudiado tanto la iniciativa como la minuta, concluye que la Ley Orgánica propuesta al Congreso de la Unión, para sustituir la vigente, da respuesta a las demandas sociales en materia de justicia, dejando de lado la rigidez tradicional que había conducido a organizar en la ley, en ocasiones con detalle innecesario, todos los organismos que integran la Procuraduría General de la República a una moderna técnica jurídica, ya observada en otros ámbitos de la administración pública, según la cual sólo determinada materia es recogida en la ley, en tanto que otra se reserva para ser materia de su reglamento. De esta manera, se consigue la modernidad y el dinamismo tan necesario para atender a los fenómenos sociales, producto de la vida contemporánea.
La Comisión ha confirmado que el punto medular de la nueva ley que se propone en la iniciativa es 'la sistematización y la definición de las atribuciones de la Procuraduría General de la República, de su titular, del Ministerio Público y de sus auxiliares, en los términos dispuestos por los artículos 21 y 102 constitucionales'.
En la iniciativa se destaca la vigilancia de la constitucionalidad y de la legalidad como facultad del Ministerio Público, como parte en todos los juicios de amparo, según lo preceptúa la fracción XV del artículo 107 Constitucional.
Asimismo, cabe destacar que la iniciativa recoge la experiencia dada en la vida práctica, en cuanto los particulares recurren a la Procuraduría General de la República a los agentes del Ministerio Público Federal, consultando asuntos cuya atención incumbe a otras autoridades. La Procuraduría no puede resolver por sí los asuntos que excedan su competencia, pero tampoco debe desatender las quejas que reciba, pues los particulares frustarían sus aspiraciones de justicia. A este propósito obedece la parte final del artículo 3o. de la ley propuesta, al señalar que cuando los particulares presenten quejas por actos de otras autoridades, el Ministerio Público pondrá los casos denunciados en conocimiento de quien legalmente debe atenderlos y orientará a los particulares sobre la resolución que legalmente corresponda al asunto.
La iniciativa recoge, como atribución fundamental, la promoción de la pronta y expedita impartición de la justicia.
Tomando en cuenta la amplitud actual de la administración pública federal y la importancia que en algunos casos tienen las controversias en las que intervienen entidades paraestatales, la iniciativa establece la posibilidad para que, cuando algún asunto tenga especial importancia para el interés público, también intervenga el Ministerio Público, aun cuando se trate de negocios en que sean partes o tengan interés jurídico las entidades paraestatales.
La iniciativa precisa, sobre bases constitucionales, el consejo jurídico encargado al Procurador General de la República, respecto al Gobierno federal. En cuanto a la persecución de delitos, se propone distinguir la actividad del Ministerio Público en la averiguación previa y aquella que debe cumplir como actor y parte de buena fe ante los órganos constitucionales, y dentro esta materia se destaca la facultad que se le asigna para formular los procedimientos ante la autoridad judicial para fines precautorios, personales o patrimoniales a efecto de garantizar la debida procuración y la administración de la justicia.
Por lo que hace a los actos en que la Federación interviene ante los estados de la República, se precisan las atribuciones de la Procuraduría, observando que su competencia legal no implique invasión de la soberanía de aquéllos. Se propone, asimismo, la delegación de determinadas facultades del Procurador en favor de los subprocuradores, para pronunciar resoluciones importantes en la averiguación previa, que en la actualidad por lo numeroso no hace posible que el titular de la institución estudie personal y directamente.
Se enfatiza el interés de garantizar requisitos y procedimiento adecuados tanto para el ingreso al Ministerio Público Federal, como a la Policía Judicial Federal y a los servicios periciales de la Procuraduría y, muy destacadamente,
se ratifica el cargo auxiliar y subordinado que la Policía Judicial Federal tiene respecto al Ministerio Público, en cumplimiento del mandato constitucional respectivo.
La comisión de Justicia hace notar que la Cámara Colegisladora enriqueció la iniciativa en los siguientes términos.
A) Uniformó terminológicamente el documento, adoptado como criterio general el término impartición de justicia en vez del término administración de justicia.
B) En relación con la vigilancia de la constitucionalidad y legalidad atribuida al Ministerio Público se precisó que únicamente se limitará a sugerir, por los conductos legales, la reforma de las normas locales inconstitucionales, a fin de preservar el Pacto Federal y reconocer cabalmente la autonomía de las entidades federativas.
C) Adicionó el Término procuración en el artículo 4o. 'en orden a que tiene similar importancia promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia a la impartición de la misma'.
D) En relación con la participación del Ministerio Público correspondiente a los organismos paraestatales se sustituyó la figura jurídica de representante por la de coadyuvante.
E) Se suprimió la palabra plena, mencionada en una de las etapas de la persecución de los delitos, por considerar que en la etapa de averiguación previa no puede existir plenitud probatoria.
F) Se suprimió la posibilidad de que el ministerio público y sus auxiliares requieran de las instituciones que prestan el servicio público de banca y crédito, informes, documentos, opiniones y otros elementos de prueba.
G) En relación con las sanciones al personal de la Policía Judicial Federal, se limitó al arresto a los términos del artículo 21 constitucional.
H) Se agregó la obligación para el Procurador de poner a disposición de los jueces a los agentes del Ministerio Público cuando sea expresamente requerido para tal efecto.
La Comisión de Justicia, después de haber estudiado tanto la iniciativa del Ejecutivo, como la minuta de la honorable Cámara de Senadores, ha considerado que el proyecto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República responde al propósito de sentar las bases para que la procuración y la administración de justicia formen parte de los más significativos instrumentos del Gobierno federal para conseguir sus altos propósitos, y que las disposiciones que integran el proyecto obedecen a una moderna técnica jurídica, que responde a los reclamos de la sociedad contemporánea.
La iniciativa recoge, en el orden normativo, las necesidades de nuestra época actual, que requieren dar vigor pleno al estado de derecho y como consecuencia, lograr la procuración e impartición de justicia pronta y expedita, por lo cual la Comisión de Justicia estima que debe aprobarse en sus términos la minuta.
En conclusión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 56, 64 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno del Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente.
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CAPITULO I
Atribuciones
"Artículo 1o. La Procuraduría General de la República es la Dependencia del Poder Ejecutivo Federal en la que se integran la Institución del Ministerio Público Federal y sus órganos auxiliares directos, para el despacho de los asuntos que a aquélla y a su titular, en su caso, atribuyen los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente ordenamiento y las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 2o. La Institución del Ministerio Público Federal, presidida por el Procurador General de la República, y éste personalmente, en los términos del artículo 102 constitucional, tendrán las siguientes atribuciones, que ejercerán conforme a lo establecido en el artículo 10 de esta ley:
I. Vigilar la observancia de los principios de constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas.
II. Promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia, e intervenir en los actos que sobre esta materia prevenga la legislación acerca de planeación del desarrollo;
III. Representar a la Federación en todos los negocios en que ésta sea parte, e intervenir en las controversias que ésta sea parte, e intervenir en las controversias que se susciten entre dos o más Estados de la Unión, entre un Estado y la Federación, o entre los Poderes de un mismo Estado, y en los casos de los diplomáticos y los cónsules generales;
IV. Prestar consejo jurídico al Gobierno Federal;
V. Perseguir los delitos del orden federal;
VI. Representar al Gobierno Federal, previo acuerdo con el Presidente de la República, en actos en que debe intervenir la Federación ante los Estados de la República, cuando se trate de asuntos relacionados con al procuración e impartición de justicia;
VII. Dar cumplimiento a las leyes, tratados y acuerdos de alcance internacional en que ese prevea la intervención del Gobierno
Federal, en asuntos concernientes a las atribuciones de la Institución, y con la intervención que, en su caso, corresponda a otras dependencias;
VIII. Las demás que las leyes determinen.
Artículo 3o. La vigilancia de la constitucionalidad y legalidad comprende:
I. La intervención del Ministerio Público como parte en todos los juicios de amparo, promoviendo la estricta observancia de la ley y la protección del interés público, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 5o. , fracción IV, de la ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales;
II. La propuesta al Presidente de la República exacta observancia de la Constitución. La Reforma de normas locales inconstitucionales se sugerirá por los conductos legales pertinentes; y
III. La vigilancia de la aplicación de la ley en todos los lugares de detención, prisión o reclusión de reos federales, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad competente en materia de ejecución de penas y medidas de seguridad.
Cuando los particulares presenten al Ministerio Público quejas por actos de otras autoridades, que no constituyan delitos del orden federal, aquél las pondrá en conocimiento de la autoridad a la que corresponda resolver, y podrá orientar al interesado sobre la atención que legalmente, corresponda al asunto de que se trate.
Artículo 4o. La promoción de la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia, y la intervención en los actos que sobre esta materia prevé la legislación acerca de planeación del desarrollo, comprende: I. La participación, conforme al artículo 26 constitucional, a la Ley de Planeación y al Plan Nacional de Desarrollo, en el estudio, la promoción y la ejecución de progresos y acciones correspondientes a procuración e impartición de justicia;
II La propuesta, ante el Presidente de la República, de las medidas que convengan para el mejoramiento de la procuración y de la impartición de justicia, escuchando la opinión de los funcionarios encargados de dichos servicios públicos, así como de otras personas y sectores que por su actividad, función o especialidad puedan o deban aportar elementos de juicio sobre la materia de que se trate;
III. La denuncia, ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Presidente de la Sala que corresponda, según el caso, de las contradicciones que se observen en las tesis sustentadas por las Salas de la Suprema Corte o por los Tribunales Colegiados de Circuito, a efecto de que el pleno o la Sala resuelvan lo procedente, según lo previsto en los artículos 195 y 195 bis de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; y
IV. La opinión, en los Términos y para los fines a que se refiere la fracción anterior, cuando la denuncia de tesis contradictorias provenga de Ministros de la Suprema Corte, Salas de ésta, Tribunales, Colegiados de Circuito o partes en los juicios de amparo.
Artículo 5o. La representación ante las autoridades jurisdiccionales y la intervención en controversias, comprende:
I. La intervención como parte en los juicios de amparo, en los términos previstos por el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, y en los demás casos en que la ley disponga o autorice esta intervención,
II. La intervención como representante de la federación, en todos los negocios en que aquella sea parte o tenga interés jurídico;
III. La intervención como coadyuvante en los negocios en que sean parte o tengan interés jurídico las Entidades de la Administración Pública Federal. Esta intervención procederá cuando así lo disponga el Presidente de la República o cuando lo soliciten los Coordinadores de Sector correspondientes, pero en este último caso el Procurador acordará lo pertinente, tomando en cuenta la importancia que el asunto revista para el interés público;
IV. La intervención como representante de la Federación en los casos previstos por la ley de Nacionalización de Bienes, reglamentaria del artículo 27, fracción II, de la Constitución;
V. La intervención, mediante dictamen jurídico sin efectos vinculantes y a requerimiento de las partes, en las controversias que se susciten entre dos o más Estados de la Unión, entre un Estado y la Federación, o entre los poderes de un mismo Estado, sin perjuicio de lo previsto, en su caso, por la fracción II de este artículo;
VI. La intervención, en la forma y con la salvedad a que se refiere la fracción anterior, en las controversias en que sean parte los diplomáticos y los cónsules generales, precisamente en virtud de esta calidad. Cuando se trate de un procedimiento penal, el Ministerio Público procederá de acuerdo con sus atribuciones legales.
Cuando el Ministerio Público represente a la Federación o intervenga como coadyuvante en los negocios en que sean parte o tenga interés jurídico las Entidades de la Administración Pública Federal, no podrá desistirse de las acciones intentadas, sin acuerdo expreso del Presidente de la República o sin la conformidad de quien hubiese solicitado su intervención, según el caso.
Artículo 6o. El consejo jurídico al Gobierno Federal comprende, además de la promoción de reformas legales a que se refieren los artículos 3, fracción II, y 4, fracciones I y II, de esta Ley:
I. La opinión sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que el Presidente de la República envíe para su estudio;
II. La opinión Jurídica sobre los asuntos que ordene el Presidente de la República o solicite el titular de una Dependencia de la Administración Pública Federal; y
III. El asesoramiento jurídico, en el orden estrictamente técnico y constitucional, respecto de los asuntos que lo requieran, por acuerdo del Presidente de la República, al ser tratados en reuniones de Titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal.
Artículo 7o. La persecución de los delitos del orden federal comprende:
I. En la averiguación previa, la recepción de denuncias y querellas conforme a lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, y la práctica de todos los actos conducentes a la comprobación del cuerpo del delito y a acreditación de la probable responsabilidad del indicado, como elementos que fundan el ejercicio de la acción penal, así como la protección al ofendido por el delito en los términos legales aplicables. El Ministerio Público solicitará a la autoridad jurisdiccional las medidas precautorias de arraigo o de aseguramiento patrimonial que resulten indispensables para los fines de la averiguación previa y, en su caso y oportunidad, para el debido desarrollo del proceso. Al ejercitar la acción, el Ministerio Público formulará a la autoridad jurisdiccional los pedimentos que legalmente correspondan;
II. Ante los órganos jurisdiccionales, conforme a la competencia de éstos, la intervención como actor en las causas que se sigan ante los tribunales, solicitando las órdenes de aprehensión, de comparecencia o de cateo, así como los exhortos y las medidas precautorias procedentes, proponiendo las pruebas conducentes al esclarecimiento de la conducta o de los hechos y de la responsabilidad del inculpado, planteando las excluyentes de responsabilidad penal o las causas de extinción de la pretensión punitiva de que tengan conocimiento, formulando conclusiones, exigiendo la reparación patrimonial que corresponda al ofendido, solicitando la aplicación de las penas y medidas que procedan, e interponiendo los recursos ordinarios que resulten pertinentes; y
III. Impugnación, en los términos que la ley prevenga, de las sentencias definitivas que causen agravio a los intereses jurídicos de la sociedad, cuya representación corresponde al Ministerio Público. Artículo 8o. La representación del Gobierno Federal en actos ante los Estados de la República, que ejercerá previo acuerdo del Presidente de la República, comprende:
I. La promoción y celebración de convenios, con apego a las disposiciones aplicables, y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades, sobre apoyo y asesoría recíprocos en material policial, técnico jurídica, pericial y de formación de personal para la procuración de justicia; y
II. La promoción y celebración de acuerdos, con arreglo a las disposiciones aplicables, para efectos de auxilio al Ministerio Público Federal por parte de autoridades locales, cuando se trate de funciones auxiliares previstas en esta Ley o en otros ordenamientos.
Artículo 9o. El cumplimiento de leyes, tratados y acuerdos de alcance internacional en asuntos concernientes a las atribuciones de la Institución, comprende:
I. La promoción, ante el Presidente de la República, de los instrumentos de alcance internacional en materia de colaboración policial o judicial;
II. La intervención, en la extradición internacional de delincuentes; y
III. La intervención, por acuerdo del Presidente de la República, en la aplicación de los tratados celebrados conforme al último párrafo del artículo 18 constitucional, así como en el cumplimiento de otras disposiciones de carácter o con alcance internacional, cuando se trate de asuntos concernientes a la Institución.
Artículo 10. El Procurador intervendrá por sí o por conducto de Agentes del Ministerio Público Federal en el ejercicio de las atribuciones a que se refieren los artículos anteriores, según las previsiones del Reglamento y los acuerdos que dice el Procurador. El reglamento prevendrá la distribución de los asuntos entre las unidades técnicas y administrativas de la Dependencia. El Procurador deberá intervenir personalmente en los supuestos que se refieren los artículos 3, fracción II; 4, fracción II; 5, fracción 6, 8 y 9, fracción I de este ordenamiento.
Artículo 11. En el cumplimento de sus atribuciones, el Ministerio Público y sus auxiliares, en su caso, y conforme a sus funciones, podrán requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba, en general, a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, y a otras autoridades y personas que puedan suministrar elementos para el debido ejercicio de dichas atribuciones.
CAPITULO II
Bases de organización
Artículo 12. La Procuraduría General de la República estará presidida por el Procurador, Jefe de la Institución del Ministerio Público y de sus órganos auxiliares directos, conforme a lo señalado en el Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Procuraduría contará con Subprocuradores, sustituidos del Procurador en el orden que fije el Reglamento, Oficial Mayor, Visitador General, Contralor Interno y las Direcciones Generales, Unidades Administrativas y técnicas y órganos desconcentrados necesarios para el despacho de los asuntos que los artículos 2o. a 10 de esta Ley ponen a cargo de la Dependencia, en el número y con la competencia que determine el Reglamento de esta Ley. El Ejecutivo determinará las entidades
que deban quedar sujetas a la coordinación de la Procuraduría General de la República.
Artículo 13. Los Subprocuradores auxiliarán al Procurador en las funciones que esta Ley le encomienda y, por delegación que haga el Titular, resolverán los casos en que se consulte el no ejercicio de la acción penal y la formulación de conclusiones no acusatorias, así como las consultas que el Ministerio Público Federal formule o las prevenciones que la autoridad judicial acuerde, en los términos que la ley prevenga, a propósito de conclusiones presentadas en un proceso penal o de actos cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del inculpado antes de que se pronuncie sentencia.
Artículo 14. Son auxiliares directos del Ministerio Público Federal:
I. La policía Judicial Federal; y
II. Los Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República; Asimismo, son auxiliares del Ministerio Público :
a) Los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común y de las Policías Judiciales y Preventiva en el Distrito Federal y en los Estados de la República, previo acuerdo, cuando se trate de éstos, entre las autoridades federales y locales en los términos del artículo 8, fracción 11, de la presente Ley;
b) Los cónsules y vicecónsules mexicanos en el extranjero;
c) los capitanes, patrones o encargados de naves y aeronaves nacionales; y
d) Los funcionarios de otras Dependencias del Ejecutivo Federal, en los casos a que se refiere el artículo 25 de este ordenamiento.
Artículo 15. El Procurador será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República y deberá tener las calidades que se requieren para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los Subprocuradores, sustitutos del Procurador, que deberán reunir iguales calidades, serán designados y removidos libremente por el Presidente de la República.
Artículo 16. En la designación del personal del Ministerio Público, de la Policía Judicial y de los Servicios Periciales de la Procuraduría, se atenderá a las siguientes disposiciones, sin perjuicio de las normas complementarias contenidas en el Reglamento de esta Ley o en los acuerdos internos que se expidan con fundamento en la propia Ley y en dicho Reglamento: Para ser Agente del Ministerio Público Federal se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Acreditar que se ha observado buena conducta y no haber sido sentenciado ejecutoriamente como responsable de delitos intencionales o dolosos; y
III. Ser licenciado en Derecho con autorización para el ejercicio de su profesión.
Para ser Agente de la Policía Judicial Federal, se deben reunir los requisitos previstos en las fracciones I y II, y haber concluido por lo menos, la enseñanza preparatoria.
Para ser Perito Oficial de la Procuraduría es preciso ser ciudadano mexicano, por nacimiento o naturalización, en pleno ejercicio de sus derechos, satisfacer el requisito mencionado en la fracción II, y tener título legalmente expedido y registrado por la autoridad competente, o acreditar plenamente, en su caso, los conocimientos técnicos, científicos o artísticos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar.
Artículo 17. Para ingresar o permanecer al servicio de la Institución, en cualquier categoría de Agentes del Ministerio Público Federal o de la Policía Judicial, o de los Servicios Periciales, los interesados deberán acreditar, en su caso, los requisitos a que se refiere el artículo anterior, y aprobar los examenes de ingreso y participar en los concursos de oposición o de méritos a los que se convoque. Los servidores de la institución están obligados a seguir los cursos que se establezcan para su mejoramiento profesional.
Artículo 18. El Procurador expedirá los acuerdos y circulares y los manuales de organización y procedimientos conducentes al buen despacho de las funciones de la Dependencia; y resolverá, por sí o por conducto del funcionario que determine, sobre el ingreso, la promoción, la adscripción, las renuncias, las sanciones, los estímulos y la suplencia de su subalterno, sin perjuicio de las disposiciones que regulen la relaciones laborales entre el Ejecutivo Federal y quienes presten a éste sus servicios.
Artículo 19. El procurador o, por delegación de éste, los Subproductores o el Oficial Mayor, podrán adscribir discrecionalmente al personal de la Institución en el desempeño de las funciones que a ésta corresponde, y encomendar a sus subalternos, según su calidad como Agentes del Ministerio Público y de la Policía Judicial o como peritos de la Institución, el estudio, dictamen y actuación que en casos especiales estime pertinentes. Cuando se trate de personal de base, se observará lo previsto por las normas correspondientes a las relaciones laborales que se trate.
Artículo 20. El Personal de la Procuraduría podrá auxiliar a otras autoridades, que legalmente lo requieran, en el desempeño de actividades compatibles con las funciones que aquél, sin quedar comisionados o adscritos a otras Dependencias o Entidades y previo acuerdo del procurador o, por Delegación de éste, de los Subprocuradores o del Oficial Mayor, que se emitirá discrecionalmente, tomando en cuenta las necesidades y posibilidades de la Procuraduría, y se hará saber a la autoridad requiriente.
Artículo 21. El Procurador ejercerá autoridad jerárquica sobre los auxiliares directos mencionados en las fracciones I y II de la primera parte del artículo 14, sin perjuicio de la autonomía técnica que corresponda a los peritos en el estudio de los asuntos que se soritos
en el estudio de los asuntos que se sometan a su conocimiento y en la emisión de los dictámenes respectivos. Asimismo, el Ministerio Público Federal ordenará la actividad de los auxiliares a que se refieren las fracciones I a IV de la segunda parte del artículo 14, en lo que corresponde, exclusivamente, a las actuaciones que practiquen en auxilio del Ministerio Público Federal.
Artículo 22. La policía Judicial Federal actuará bajo la autoridad y el mando inmediato del Ministerio Público, en los términos del artículo 21 de la Constitución, auxiliándolo en la investigación de los delitos del orden federal. Para este efecto, podrá recibir denuncias y querellas sólo cuando por la urgencia del caso no sea posible la presentación directa de aquéllas ante el Ministerio Público, pero deberá dar cuenta sin demora a éste para que acuerde lo que legalmente proceda. Conforme a las instrucciones que se le dicten, la Policía Judicial desarrollará las diligencias que deban practicarse durante la averiguación previa y exclusivamente para los fines de ésta, cumplirá las citaciones, notificaciones y presentaciones que se le ordenen, y ejecutará las órdenes de aprehensión, los cateos y otros mandamientos que emita la autoridad judicial.
Artículo 23. Cuando los Agentes del Ministerio Público o de la Policía Judicial del fuero Común auxilien al Ministerio Público Federal, recibirán denuncias y querellas por delitos federales, practicaran las diligencias de averiguación previa que sean urgentes, resolverán sobre la detención o libertad del inculpado, bajo caución o con las reservas de ley, sujetándose a las disposiciones legales federales aplicable, y enviarán el expediente y el detenido, en su caso, al Ministerio Público Federal que deba encargarse del asunto.
El procurador, con autorización del Presidente de la República, convendrá con las autoridades locales competentes la forma en que deban desarrollarse las funciones del auxilio local del Ministerio Público Federal.
Artículo 24. Los auxiliares del Ministerio Público Federal, deberán dar aviso inmediato a éste, en todos los casos, sobre los asuntos en que intervengan con ese carácter.
Artículo 25. El Procurador determinará a qué servidor público del Gobierno Federal corresponde la suplencia en caso de falta, excusa o ausencia del encargado de una Agencia del Ministerio Público, cuando no sea posible cubrirla con otro Agente de la Institución.
CAPITULO III
Disposiciones generales
Artículo 26. En el ejercicio de sus funciones, el personal de la Procuraduría observará las obligaciones inherentes a su calidad de servidores públicos, de acuerdo con sus atribuciones específicas y actuará con la diligencia necesaria para una pronta y eficaz procuración y administración de justicia.
Artículo 27. Los Agentes del Ministerio Público Federal no son recusables, pero deben excusarse del conocimiento de los negocios en que intervengan, cuando existan alguna de las causas de impedimento que la ley señala en el caso de Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.
Artículo 28. Los Agentes del Ministerio Público Federal no podrán desempeñar otro puesto oficial, salvo los que autorice el Procurador, que no son incompatibles con sus funciones en la Institución, y los de carácter docente, ni ejercer la abogacía sino en causa propia, de su cónyuge o concubina, o de sus parientes consanguíneos en línea recta, de sus hermanos, o de su adoptante o adoptado. Tampoco podrán ejercer como apoderado judicial, tutor, curador o albacea; a menos que sea heredero o legatario, ni podrán ser depositario judicial, síndico, administrador, interventor en quiebra o concurso, ni corredor, comisionista, árbitro o arbitrador.
Artículo 29. La desobediencia o resistencia a las órdenes legalmente fundadas del Ministerio Público o de la Policía Judicial dará lugar el empleo de medidas de apremio a la imposición de correcciones y sanciones, según el caso, en los términos que prevengan el Código Penal y Código Federal de Procedimientos Penales.
Artículo 30. Se podrá imponer al personal de la Procuraduría, por las faltas en que incurran en el servicio las correcciones disciplinarias previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mediante el procedimiento que dicha ley previene. En el caso de la Policía Judicial Federal, se aplicarán las mismas sanciones, o bien, a juicio del Director General de la Corporación y bajo su responsabilidad, arresto constitucional, retención el servicio o privación de permisos de salida hasta por quince días, si la gravedad de la falta lo amerita.
Artículo 31. Cuando se impute la comisión de un delito a un agente del Ministerio Público Federal, el juez que conozca del asunto pedirá al Procurador que lo ponga a su disposición, sin perjuicio de que se adopten las medidas cautelares que correspondan para evitar que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. El Procurador se atendrá a lo dispuesto por el órgano jurisdiccional. La detención que se practique en contravención a este precepto, será sancionada en los términos que prevenga el Código Penal.
Artículo 32. El Ministerio, Público Federal sólo expedirán constancias de actuaciones o registros que obren en su poder, cuando exista mandamiento de autoridad competente, que funde y motive su requerimiento, o cuando resulte indispensable la expedición de dichas constancias para el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones previsto por la Ley.
TRANSITORIOS
Primero. Esta ley entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Ejecutivo Federal adoptará las medidas conducentes a la elaboración y publicación del Reglamento, y a su vigencia simultánea con la correspondiente al presente ordenamiento. Segundo. Se abroga la Ley de la Procuraduría General de la República del 27 de diciembre de 1974, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de los mismos mes y año. Continuarán vigentes las normas expedidas con apoyo en la Ley que se abroga, cuando no se opongan a la presente."
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 9 de noviembre de 1983.
Presidente, Mariano Piña Olaya; Secretario; Leopoldino Ortiz Santos, Servio Tulio Acuña, Francisco Javier Alvarez de la Fuente, Heriberto Batres García, Carlos Brito Gómez, Alvaro Brito Alonso, José Luis Caballero Cárdenas, Pablo Castillo Alvarez, Armando Corona Boza, Irma Cué de Duarte, Guillermo Fragoso Martínez, José Luis García García, Eleazar García Rodríguez, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Jesús Salvador Larios Ibarra, Raúl Lemus García Juan Rodolfo López Monroy, Miguel Angel Martínez Cruz, Cresencio Morales Orozco, Ignacio Olvera Quintero, Manuel Osante López, Guillermo Pacheco Pulido Eulalio Ramos Valladolid, Rodolfo Rea Avila, Salvador Rocha Díaz, Alberto Salgado Salgado, Pedro Salinas Guzmán, Daniel Angel Sánchez Pérez, Juan Manuel Terrazas Sánchez, Amador Toca Cangas, Efraín Trujeque Martínez, María Antonia Vázquez Segura, César Humberto Vieyra Salgado."
El C. Presidente: -En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los CC. diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la primera lectura al dictamen.
El C. secretario Enrique León Martínez: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura al dictamen. Queda de la primera lectura.
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL D. F.
"Honorable Asamblea:
A las comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que la honorable Cámara de Senadores remitió.
Aparece en el expediente que las comisiones unidas, primera de Justicia y primera sección de Estudios Legislativos de la Cámara Colegisladora, formularon dictamen con fecha 20 de octubre del año en curso y que éste fue aprobado en sus términos por el pleno de dicha Cámara el día 26 del mismo mes y año.
En el dictamen de la Colegisladora, se recogen las razones expresadas por el Ejecutivo en la exposición de motivos de la iniciativa, en que se fundamenta la necesidad de expedir una nueva ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Al efecto se precisa que se propone la abrogación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial el 15 de diciembre de 1977, porque apartir de esta fecha surgieron nuevas estructuras administrativas con motivo de reformas constitucionales, de la modificación a la Ley Orgánica de la administración pública federal y de la expedición de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Se dice, en la exposición de motivos y se confirma en la minuta, que es necesaria la expedición de una ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, acorde con las disposiciones constitucionales; pero igualmente acorde con la dinámica necesaria para dar respuesta a los problemas y fenómenos creados en la sociedad contemporánea. De esta manera se propone que la Ley Orgánica precise las atribuciones de la institución y los conceptos orgánicos, dejando al reglamento la distribución de las atribuciones que las leyes asignan a la institución.
En concepto de las comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal, este criterio técnico jurídico constituye una respuesta adecuada a las necesidades de una administración de justicia que requiere actuar con dinamismo ante los problemas sociales creados en el Distrito Federal, tanto por una creciente población como por las exigencias de la sociedad acerca de la justicia y la seguridad públicas.
De esta manera, se evitará que el exceso de formulismo o de rigidez en la Ley Orgánica, impidan a la Procuraduría cumplir con el imperativo constitucional de hacer que la justicia sea pronta y expedita.
En la iniciativa se cumplen los extremos legales de toda ley orgánica; pues se precisa que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal que integra la institución del Ministerio Público del Distrito Federal, con base en las disposiciones constitucionales. Asimismo, se precisan sus atribuciones fundamentales como son: la persecución de los delitos; la vigilancia de la legalidad; la protección de los intereses de los menores o incapaces y el cuidado de la correcta aplicación de las medidas de política criminal, previo análisis que de cada una de las anteriores atribuciones se hace en el proyecto
que se dictamina, su regulación se reserva al Reglamento.
Las comisiones unidas estiman conveniente destacar de la iniciativa los siguientes tópicos:
- La persecución de los delitos, atribución esencial de la Procuraduría, se propone conforme a las diversas etapas del procedimiento penal regulado por nuestras leyes.
- La intervención del Ministerio Público como representante de los menores o incapaces y como vigilante del respeto de sus intereses.
- La conveniencia de que el Ministerio Público practique visitas a los diversos lugares de detención destinados a presión preventiva.
- Las normas de selección y profesionalismo del personal que ejerza las funciones de procuración de justicia.
Las comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal, asimismo, han estudiado las modificaciones que la honorable Cámara de Senadores formuló a la iniciativa. A este efecto, coincidieron en que las modificaciones hechas a los incisos a), fracción IV; y b), fracciones III y IV del artículo 3o., y la adición de la fracción V al inciso a) del artículo 3o., enriquece la iniciativa haciéndola más explícita. En los mismos términos deben considerarse las formuladas por la Cámara Colegisladora a los artículos 9 y 23 de la iniciativa.
En mérito a lo anterior, las comisiones unidas que suscriben consideran que la iniciativa y la minuta merecen la aprobación de la honorable Cámara de Diputados, pues la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, propuesta por el Ejecutivo y enriquecida por el Senado , constituye un ordenamiento moderno que tiene su sustento jurídico en nuestros textos constitucionales vigentes; que se encuentra actualizado frente a los requerimientos que impone la sociedad contemporánea y que resulta congruente con las reformas legislativas en materia penal, posteriores a la expedición de la ley vigente. El documento así concebido resulta respetuoso de las garantías individuales y, al mismo tiempo, recoge las inquietudes de la sociedad en relación al buen funcionamiento de esta importante institución, así como para la seguridad pública y la justicia, necesaria para la convivencia de todo grupo humano.
En conclusión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 56, 64 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal, someten a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
CAPITULO PRIMERO
Atribuciones.
Artículo 1. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal en la que se integra la institución del Ministerio Público del Distrito Federal y sus órganos auxiliares directos para el despacho de los asuntos que a aquélla atribuyen los artículos 21 y 73, fracción VI, Base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 2. La institución del Ministerio Público del Distrito Federal, presidida por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, en su carácter de Representante Social, tendrá las siguientes atribuciones, que ejercerá por conducto de su titular o de sus agentes y auxiliares, conforme a lo establecido en el artículo 7 de esta Ley:
I. Perseguir los delitos del orden común, cometidos en el Distrito Federal;
II. Velar por la legalidad en la esfera de su competencia como uno de los principios rectores de la convivencia social, promoviendo, la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia;
III. Proteger los intereses de los menores, incapaces, así como los individuales y sociales en general, en los términos que determinen las leyes;
IV. Cuidar la correcta aplicación de la medidas de política criminal, en la esfera de su competencia, y
V. Las demás de las leyes determinen.
Artículo 3. En la atribución persecutoria de los delitos, al Ministerio Público corresponde:
A. En la averiguación previa:
I. Recibir denuncias, acusaciones o querellas sobre conductas o hechos que puedan constituir delito;
II. Investigar delitos del, orden común con el auxilio de la Policía Judicial y de la Policía Preventiva;
III. Practicar las diligencias necesarias y allegarse a las pruebas que considere pertinentes, para la comprobación de cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes en ellos hubiesen intervenido, para fundamentar, en su caso, el ejercicio de la acción penal.
IV. Restituir al ofendido en el goce de sus derechos, provisional e inmediatamente, de oficio o a petición de parte interesada, cuando éste comprobado en la averiguación previa el cuerpo del delito de que se trate, exigiendo garantía suficiente si se estimare necesario, y
V. Solicitar la aplicación de la medida precautoria de arraigo.
B. En relación al ejercicio de la acción penal:
I. Ejercitar la acción penal ante los tribunales competentes por los delitos del orden común, solicitando las órdenes de aprehensión de los presuntos responsables cuando se reúnan los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien de comparecencia cuando así proceda;
II. Solicitar en los términos del artículo 16 de la Constitución, las, órdenes de cateo que sean necesarias;
III. Determinar los casos en que proceda el no ejercicio de la acción penal, porque no se satisfagan los requisitos de los artículos 16 Constitucional y los previstos en las leyes de la Materia, y disponiendo al archivo de la averiguación;
IV. Poner a disposición de la autoridad competente sin demora, a las persona detenidas en casos de fragante delito o de urgencia, en los términos a que aluden las disposiciones constitucionales y legales ordinarias.
C. En relación a su intervención como partes en el proceso:
I. Remitir al órgano jurisdiccional que lo haya solicitado a las personas aprehendidas en cumplimiento de una orden dictada por éste, en los términos señalados por el artículo 107, fracción XVIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Pedir el aseguramiento precautorio de bienes, para los efectos de la reparación del daño;
III. Aportar las pruebas pertinentes y promover en el proceso las diligencias conduncentes al debido esclarecimiento de los hechos; a la comprobación del delito, de la responsabilidad de quienes hayan intervenido y de la exigencia del daño y a la fijación del monto de su reparación;
IV. Formular conclusiones en los términos señalados por la ley y solicitar la imposición de las penas y medidas que correspondan y el pago de la reparación del daño;
V. Interponer los recursos que la ley concede y expresar los agravios correspondientes; y
VI. Las demás atribuciones que le señalen las leyes. Artículo 4. La vigilancia de la legalidad y de la pronta, expedita y debida procuración e impartición de Justicia, comprende:
I. Proponer ante el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, las medidas procedentes respecto de su competencia, en materias de seguridad pública, penal, civil y familiar; y
II. Hacer del conocimiento del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los abusos o inrregularidades graves que se adviertan en los juzgados o tribunales, que afecten el cumplimiento de las garantías de justicia, pronta y expedita. Artículo 5. La protección de los menores o incapaces, consiste en la intervención del Ministerio Público en los juicios civiles o familiares que se tramiten ante los tribunales respectivos, en los que aquellos sean parte o d alguna manera puedan resultar afectados. También intervendrá en los juicios en que el corresponda hacerlo, en carácter de representante social en los términos señalados en las leyes.
Artículo 6. La intervención del Ministerio Público en la aplicación de las medidas de política criminal, incluye practicar visitas a los reclusorios preventivos, escuchando las quejas que reciba de los internos, e iniciar la averiguación que corresponde de tratarse de alguna conducta o hecho posiblemente constitutivos de delito, sin perjuicio de poner los hechos en el conocimiento de las autoridades encargadas de la reclusión. Artículo 7. El Procurador intervendrá por sí o por conducto de agentes del Ministerio Público, en el ejercicio de las atribuciones a que se refieren los artículos anteriores, según las previsiones del reglamento y los acuerdos que dentro de su competencia, dicte el Procurador.
Artículo 8. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Ministerio Público podrá requerir informes, documentos y opiniones de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de las correspondientes al Departamento del Distrito Federal, así como otras autoridades y entidades, en la medida en que puedan suministrar elementos para el debido ejercicio de sus atribuciones. Así mismo podrá requerir informes y documentos de los particulares para los mismos fines, en los términos previstos por las leyes respectivas.
CAPITULO SEGUNDO
Bases de organización.
Artículo 9. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, estará presidida por el Procurador, jefe de la institución del Ministerio Público y de sus órganos auxiliares. La Procuraduría contará con los Subprocuradores, sustitutos del Procurador en el orden que fije le reglamento, Oficial Mayor, Supervisor General, Contador Interno y los Directores Generales y demás personal que sea necesario para el ejercicio de las funciones, con la competencia que fije el reglamento de esta Ley, tomado en consideración las previsiones presupuestales.
Artículo 10. Los Subprocuradores auxiliarán al Procurador en las funciones que esta Ley le encomienda y, por delegación que haga el titular mediante acuerdo, resolverán los casos que se consulte el no ejercicio de la acción penal y la formulación de conclusiones
no acusatorias, así como las consultas que el agente del Ministerio Público formule o las prevenciones que la autoridad judicial acuerde, en los términos que la ley establezca, a propósito de conclusiones presentadas en un proceso penal o de actos cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del inculpado antes de que se pronuncie sentencia.
Artículo 11. Son auxiliares directos del Ministerio Público del Distrito Federal:
I. La Policía Judicial; y
II. Los Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Asimismo, es auxiliar del Ministerio Público, la Policía Preventiva, debiendo obedecer y ejecutar las órdenes que reciba del Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 12. El Procurador General de Justicia del Distrito Federal será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, de quien dependerá en forma directa en los términos de la fracción VI, Base 5a. del artículo 73, y de la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para ser Procurador General de Justicia se debe reunir los mismos requisitos que para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y deberá residir en el lugar en donde tenga su asiento los Poderes Federales. Artículo 13. Los Subprocuradores y el Oficial Mayor, serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República.
Pare ser Subprocurador se deben reunir los requisitos exigidos para ser Procurador General de Justicia del Distrito Federal.
Para ser Oficial Mayor se requiere:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de derechos;
b) Ser mayor de veinticinco años, el día de la designación; y
c) No haber sido sentenciado ejecutoriamente como responsable de delitos dolosos.
Artículo 14. En la designación del personal del Ministerio Público, de la Policía Judicial y de los Servicios Periciales de la Procuraduría, se atenderá a las siguientes disposiciones, sin perjuicio de las normas complementarias contenidas en el reglamento de esta Ley o en los acuerdos internos que es expidan con fundamento en la propia Ley y en dicho reglamento. Para ser Agente del Ministerio Público se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Acreditar que se ha observado buena conducta y no haber sido sentenciado ejecutoriamente como responsable de delitos dolosos; y
III. Ser licenciado en Derecho con título legalmente expedido y registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
Además de los requisitos anteriores, los Agentes del Ministerio Público Auxiliares y Supervisores, deberán tener cuando menos tres años de ejercicio profesional.
El Procurador podrá dispensar del requisito del título a los Agentes Investigadores de las Islas Marías, cuando las necesidades del servicio así lo requieran.
Para ser Agente de la Policía Judicial, se deben reunir los requisitos previstos en las fracciones I y II y haber concluido cuando menos la enseñanza secundaria.
Para ser Perito Oficial de la Procuraduría es preciso ser ciudadano mexicano, por nacimiento o naturalización, en pleno ejercicio de sus derechos, satisfacer el requisito mencionado la fracción II y tener título legalmente expedido y registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, relativo a la especialidad sobre la que dictaminará, y acreditar que tiene los conocimientos necesarios para dictaminar, mediante el certificado que expida el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Si se trata de actividades o profesiones no reglamentadas en la ley o no impartidas por el Instituto citado, se comprobarán los conocimientos, por cualquier medio, pero deberán contar con una práctica mínima de tres años.
Artículo 15. Para ingresar o permanecer al servicio de la Procuraduría en cualesquiera categoría, de Agente del Ministerio Público o de la Policía Judicial, o de los Servicios Periciales, los interesados deberán presentar y aprobar los exámenes de ingreso y acreditar los cursos que imparte la Institución.
Artículo 16. El personal no citado en el artículo anterior, para ingresar o permanecer al servicio de la Institución, deberá presentar y aprobar los exámenes de selección y la encuesta de Trabajo Social que se practique. Todos los servidores de la Institución, tienen la obligación de acreditar los cursos que es impartan para su formación o mejoramiento profesional.
Artículo 17. El Procurador expedirá los acuerdos, circulares y los manuales de organización y procedimiento conducentes al buen despacho de las funciones de Procuraduría y resolverá, por sí o por conducto del funcionario que determine, sobre el ingreso, la promoción, la adscripción, las renuncias, las sanciones y los estímulos de sus subalternos, sin perjuicio de las disposiciones que regulen las relaciones laborales entre el Ejecutivo Federal y quienes presten a éste sus servicios.
Artículo 18. El Procurador o, por delegación de éste, los Subprocuradores o el Oficial Mayor, podrá adscribir discriminalmente al Personal de la Institución en el desempeño de las funciones que a esta corresponden, y encomendar a sus subalternos, según su calidad como Agente del Ministerio Público y de la Policía Judicial o como Peritos de la Institución, el estudio, dictamen y actuación que en casos especiales estime pertinentes.
Artículo 19. El Personal de la Procuraduría podrá auxiliar a otras autoridades, que legalmente lo requieran, en el desempeño de actividades compatibles con las funciones de aquél,
sin quedar comisionados o adscritos a dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, previo acuerdo del Procurador o, por delegación de éste, de los Subprocuradores o del Oficial Mayor, que se emitirá discrecionalmente, tomando en cuenta las necesidades y posibilidades de la Procuraduría, y se hará saber a la autoridad requiriente.
Artículo 20. El Procurador ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Institución, sin perjuicio de la autonomía técnica que corresponde a los peritos en el estudio de los asuntos que se sometan a su conocimiento, en la emisión de los dictámenes respectivos.
Artículo 21. La Policía Judicial actuará bajo la autoridad y el mando inmediato del Ministerio Público, en los términos del artículo 21 de la Constitución, auxiliándolo en la investigación de los delitos del orden común. Para este efecto, podrá recibir denuncias y querellas sólo cuando por la urgencia del caso no sea posible la presentación directa de aquéllas ante el Ministerio Público, pero deberá dar cuenta sin demora a éste para que acuerde lo que legalmente. Conforme a las instrucciones que se le dicten, la Policía Judicial desarrollará las diligencias que deben practicarse durante la averiguación previa y exclusivamente para los fines de ésta, cumplirá las citaciones, notificaciones y prestaciones que se le ordenen, y ejecutará las órdenes de aprehensión, los cateos y otros que emitan las autoridad Judicial.
Artículo 22. Los servicios periciales actuarán bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público sin perjuicio de la autonomía técnica que les corresponda en el estudio de los asuntos que se sometan a su dictamen.
Artículo 23. Los Auxiliares del Ministerio Público deberán dar aviso inmediato a éste en todos los casos, sobre los asuntos en que intervengan con ese carácter.
CAPITULO TERCERO
Disposiciones generales.
Artículo 24. En el ejercicio de sus funciones, el Personal de la Procuraduría cerrará las obligaciones inherentes a su calidad de servidores públicos, de acuerdo con sus atribuciones específicas, y actuará con la diligencia necesaria para una pronta y eficaz procuración y administración de justicia. Artículo 25. El Procurador General de Justicia del Distrito Federal, otorgará la protesta constitucional ante el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Los Subprocuradores, el Oficial Mayor, Coordinadores, Directores Generales y el personal dependiente en forma inmediata y directa del Procurador, rendirá la protesta constitucional ante éste.
El personal restante otorgará la protesta constitucional ante el servidor público que designe el Procurador.
Ninguna persona podrá ejercer funciones en la Institución antes de rendir la protesta que ordena el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 26. Los Agentes del Ministerio Público, no son recusables, pero deben excusarse del conocimiento de los asuntos en que intervengan, cuando exista alguna de las causas de impedimento que la Ley señala en caso de los Magistrados y Jueces del orden común.
Artículo 27. Los Agentes del Ministerio Público y sus secretarios no podrán desempeñar otro puesto oficial, salvo los que autorice el Procurador, que no sean incompatibles con sus funciones en la Institución, y los de carácter docente. No podrán ejercer la abogancía, sino en causa propia de su cónyuge, o concubina, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos, adoptante o adoptado. Tampoco podrán ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, tutor, curador, albacea judicial a no ser que tengan el carácter de heredero o legatario. El mismo impedimento habrá para ser síndico, administrador, interventor en quiebra o concurso, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador.
Artículo 28. El Ministerio Público o la Policía Judicial sólo expedirán constancias de actuaciones o registros que obren en su poder, cuando exista mandamiento de autoridad competente que funde y motive su requerimiento, o cuando consulte indispensable la expedición de dichas constancias para el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones previstas por la ley.
TRANSITORIOS
Primero. Esta Ley entrará en vigor a los 90 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Ejecutivo Federal adoptará las medidas conducentes a la elaboración y publicación del Reglamento.
Segundo. Se aboga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, del 1o. de diciembre de 1977, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 del mismo mes y año. Se mantienen en vigor las disposiciones expedidas con base en la Ley que se abroga y que no se opongan a la presente.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 9 de noviembre de 1983.
Comisión de Justicia:
Presidente, Mariano Piña Olaya; Secretario, Leopoldin Ortiz Santos, Servio Tulio Acuña, Francisco Javier Alvarez de la Fuente, Heriberto Batres García, Carlos Brito Gómez, Alvaro Brito Alonso, José Luis Caballero Cárdenas, Pablo Castillón Alvarez, Armando Corona Boza, Irma Cué de Duarte, Guillermo Fragoso Martínez, José Luis García García Eleazar García Rodríguez, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Jesús Salvador Larios Ibarra, Raúl Lemus García, Juan Rodolfo López Monroy, Miguel Angel Martínez Cruz, Cresencio Morales Orozco,
Ignacio Olvera Quintero, Manuel Osante López, Guillermo Pacheco Pulido, Eulalio Ramos Valladolid, Rodolfo Rea Avila, Salvador Rocha Díaz, Alberto Salgado Salgado, Pedro Salinas Guzmán, Daniel Angel Sánchez Pérez, Juan Manuel Terrazas Sánchez, Amador Toca Cangas, Efraín Trujeque Martínez, María Antonia Vázquez Segura, César Humberto Vieyra Salgado.
Comisión del Distrito Federal:
Presidenta, Luz Lajous; Secretario, José Carreño Carlón, José Aguilar Alcerreca, Domingo Alapizco Jiménez, Hilda Anderson Nevárez de Rojas, Daniel Balanzario Díaz, Pedro Luis Bartilotti Perea, Bernardo Bátiz Vázquez, Javier Blanco Sánchez, María Luisa Calzada de Campos, Arturo Contreras Cuevas, Joaquín del Olmo Reyes, Netzahualcóyotl de la Vega, Enrique Fernández Martínez, Rodolfo García Pérez, Iván García Solis, Jorge Alberto Ling Altamirano, Norma López Cano, Armida Martínez Valdes, Gerardo Medina Valdez, Miguel Angel Morado Garrido, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Antonio Ortega Martínez, David Orozco Romo, José Parcero López, Enrique Riva Palacio Galicia, Sergio Ruiz Pérez, Juan Saldaña Rosell, Jesús Salazar Toleda Alicia Perla Sánchez Lazcano, Alfonso Valdivia Ruvalcaba, Sara Villalpando Nuñez." El C. Presidente: -En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los CC. diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario Enrique León Martínez: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen. Queda de primera lectura.
DECORACIONES
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para que el C. general de grupo piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo Héctor Vicente Ahúja Fuster, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Medalla al Mérito Aeronáutico, que le confiere el Gobierno de la República Federal del Brasil.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al C. general de grupo piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo Héctor Vicente Ahúja Fuster para aceptar y usar la condecoración de la orden de la medalla al Mérito Aeronáutico, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 9 de noviembre de 1983.
Presidente, Humberto Lugo Gil; Secretario, Mario Vargas Saldaña, José Luis Lamadrid Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones R., Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, Victor Cervera Pacheco, José Carreño Carlón, Arnaldo Córdova, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O'Connor, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Núñez Pérez, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valencia Carmona, Alejandro Lambretón Narro."
Trámite: Primera lectura
La misma C. Secretaria:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 17 de octubre próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el C. teniente coronel de caballería diplomado de Estado Mayor Enrique Cánovas Buenrostro, pueda aceptar y usar la condecoración Recomendación del Ejército, que le confiere el Departamento del Ejército de los Estados Unidos de América.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, de permite someter
a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al C. teniente coronel de caballería diplomado de Estado Mayor Enrique Cánovas Buenrostro para aceptar y usar la condecoración Recomendación del Ejército, que le confiere el Departamento del Ejército de los Estados Unidos de América.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 9 de noviembre de 1983.
Presidente, Humberto Lugo Gil; Secretario, Mario Vargas Saldaña, José Luis Lamadrid Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones R., Javier Bolaños Vázquez , Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, Victor Cervera Pacheco, José Carreño Carlón, Arnaldo Córdova, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castareña O'Connor, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez del Campo, Luis Souverville, René Martínez Sauverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Núñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valencia Carmona".
Tryamite: -Primera lectura.
OPINIÓN SOBRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983-1988
ÍNDICE
Presentación.
I. En lo general.
II. En lo particular.
1. Comisiones de Defensa Nacional y de Marina. 2. Comisión de Justicia. 3. Comisión de Relaciones Exteriores. 4. Comisión de Hacienda y Crédito Público. 5. Comisión de Trabajo y Previsión Social. 6. Comisión de Educación. 7. Comisión de Salubridad y Asistencia. 8. Comisión de Seguridad Social. 9. Comisión de Asentamientos Humanos. 10. Comisión de Ecología y Medio Ambiente. 11. Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 12. Comisión de Reforma Agraria. 13. Comisión de Pesca. 14. Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial. 15. Comisión de Energéticos. 16. Comisión de Comunicaciones y Transportes. 17. Comisión de Comercio. 18. Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, Vialidad Federal y Autotransporte. 19. Comisión de Turismo. 20. Comisión de Ciencia y Tecnología. 21. Comisión del Distrito Federal.
"Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988.
Honorable Asamblea:
De conformidad con lo previsto en el artículo 5o. de la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal presentó a esta H. soberanía, por conducto de la Comisión Permanente, para su examen y opinión, el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 (PND), integrado dentro del plazo a que se refiere el artículo 21 de la citada Ley y formulado en cumplimiento de la responsabilidad de conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación y consulta señaladas en los artículos 4o. y 20 del mencionado ordenamiento.
En base a la interpretación de las normas parlamentarias vigentes, el documento fue turnado a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que coordinara los trabajos de análisis del Plan con las demás comisiones legislativas. Ello, con el objeto de propiciar la más amplia deliberación entre las diversas corrientes políticas nacionales representadas en la Cámara de Diputados. Cada una de las comisiones examinó el PND -particularmente en el (los) tema(s) de su competencia- y formuló su opinión tratando de obtener el consenso del pleno. Las opiniones generales se incluyeron en la primera parte de este documento y las particulares en el segundo apartado. Este se presenta en el orden temático del plan. Las comisiones globalizadoras -como las de Gobernación y Vigilancia- aportaron opiniones que se consignan en la primera parte.
La participación de esta soberanía en los nuevos procesos de planeación ha sido determinante a partir de la aportación, en diciembre de 1982, de la reforma a los principios normativos del desarrollo económico y social del país, plasmados en le Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma comprende un nuevo artículo 26 constitucional que ordena al Estado integrar un Sistema Nacional de Planeación Democrática. Con carácter reglamentario de este imperativo constitucional, esta soberanía aprobó posteriormente la Ley de Planeación, que fijó los términos en que debería elaborarse y
presentarse, por el Poder Ejecutivo, el Plan Nacional de Desarrollo que ahora se somete al examen y opinión de esta Cámara.
Los comentarios y observaciones que en esta fase presenta la Cámara de Diputados, constituyen el punto de partida de una participación sistemática de esta representación popular en el proceso de Planeación Nacional del Desarrollo. En las fases siguientes esta soberanía habrá de contrastar y vincular los objetivos, los propósitos, los lineamientos de estrategia y las líneas generales de acción que se incluyen en el Plan, con los programas de mediano y corto plazos, que de él se derivan, así como con las decisiones públicas fundamentales y su vigilancia y control, que competen al Poder Legislativo.
Igualmente, en los términos de la ley, esta representación nacional habrá de establecer las necesarias relaciones del Plan y sus compromisos esenciales con el informe anual del Presidente de la República al Congreso de la Unión; con los informes que cada año deberá rendir el Poder Ejecutivo al Legislativo sobre acciones y resultados de la ejecución del Plan y los programas; con las memorias e informes que cada dependencia del Ejecutivo debe enviar anualmente al Congreso sobre el estado que guardan sus respectivos ramos; con la cuenta de la Hacienda Pública; con la Ley de Ingresos; con el Presupuesto de Egresos y, en general, con los contenidos y modalidades de todas las iniciativas de ley que esta soberanía reciba para examen y discusión. En cada una de estas instancia está presente la potestad de esta representación nacional para aportar las observaciones y medidas conducentes a perfeccionar la Planeación Nacional del Desarrollo.
Entendido en sus alcances el marco jurídico y político de la participación de la Cámara de Diputados en el examen del PND y adelantados los puntos de vista de las comisiones, se procedió a integrar en el presente documento, que se pone a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente
OPINIÓN SOBRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983-1988
I. En lo general
La Cámara de Diputados reconoce que por primera vez un gobierno de la República Mexicana presenta, desde el primer año de su gestión, un plan integral que recoge los diagnósticos, las tesis, y las propuestas emanadas de una consulta social transformarlas en cuatro objetivos y en una estrategia de desarrollo, que los convertirá en realidad mediante la instrumentación de cuatro políticas básicas -social, económica, sectorial y regional- y la participación de toda la sociedad.
EL PND es un documento político que define los compromisos del Gobierno con la Nación y precisa la estrategia que hará posible la superación de la crisis, el rescate de la capacidad de crecimiento de la economía, el cambio estructural que eleva la cantidad de nuestro desarrollo y la conservación y fortalecimiento de las instituciones democráticas. Estos cuatro objetivos -que reflejan el desafío más importante de nuestro tiempo y recogen las demandas más urgentes de la sociedad mexicana- se derivan de un gran propósito fundamental consagrado por el Plan y que resume nuestros valores políticos fundamentales: "mantener y reforzar la independencia de la Nación, para la construcción de una sociedad que baja los principios del Estado de Derecho, garantice, libertades individuales y colectivas en un sistema integral de democracia y en condiciones de justicia social". La Cámara de Diputados comparte esta decisión política fundamental que recoge la voluntad popular de seguir edificando una democracia independiente, libre y justa.
Esta representación nacional, al manifestar su más puntual coincidencia con el propósito fundamental del Plan, se obliga, en consecuencia, a vigilar y a participar en el cabal cumplimiento de los cuatro objetivos comprometidos por el Gobierno de la República, dentro del término de la responsabilidad constitucional del Presidente Miguel de la Madrid, porque estos objetivos obedecen a los imperativos de subsistir como Nación, así como lograr avances efectivos en el desarrollo nacional en los ámbitos político, económico, social y cultural.
Esta soberanía conviene, asimismo, que para alcanzar los cuatro objetivos, tendrán que cumplirse los compromisos que entrañan las dos vertientes de la nueva estrategia económica y social que propone el Plan: reordenar la economía e iniciar el cambio estructural que eleve la calidad de nuestro desarrollo.
Esta representación nacional ha percibido la necesidad de establecer sin equívocos una línea de acción que concerte todas las fuerzas, los compromisos y las expectativas del país en la superación de la crisis. En ello se juega la Nación el mantenimiento y el fortalecimiento de las instituciones en que se funda su existencia misma y su vialidad. Pero esto no implica renunciar al cambio estructural en el horizonte estratégico ni a la corrección gradual de los desequilibrios fundamentales que generan la crisis. Intentar cambios estructurales sin atender a los desequilibrios del corto plazo ha originado, en el pasado, un crecimiento inestable y logros que no han alcanzado suficiente consistencia. Intentarlos en el presente, sin recuperar los equilibrios perdidos, resulta sencillamente impracticable. Por otra parte, la estabilidad entendida como inmovilidad o renuencia al cambio, obstaculiza los requerimientos de una sociedad en acelerado proceso de evocación, y agudiza las contradicciones sociales. Seguir ese camino sería condenar al país a una mayor acumulación de rezagos y a la descomposición de la estabilidad social alcanzada.
A juicio de esta soberanía, la nueva estrategia de desarrollo, al perseguir simultáneamente la estabilidad económica y el cambio estructural,
refleja una asimilación de estas experiencias y encuentra una solución firme al combatir tanto a las manifestaciones como a las raíces de la crisis. Esta Cámara está consciente de que para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo es fundamental la participación de la sociedad en el cumplimiento de los propósitos, lineamientos de estrategia y líneas generales de acción de las políticas económicas, sociales, sectorial y regional que consigna este trascendente documento. Por tal motivo, velará por el fomento de los mecanismos de participación social, y estará pendiente de que los programas de mediano plazo (sectoriales, institucionales, regionales y especiales) y los programas operativos anuales que se desprenden del PND, especifiquen y concreten, de manera congruente, estas orientaciones generales contenidas en los capítulos de instrumentación de la estrategia. Nos preocupa, de manera particular, la congruencia entre y dentro de cada una de las políticas y de éstas con los objetivos.
En este orden de ideas la Cámara concuerda con el principio adoptado por el Plan de evitar rigideces y de no proponer compromisos numéricos inamovibles, difíciles de precisar en tiempos de incertidumbre, así como dar al documento un carácter fundamentalmente cualitativo y flexible que le permita adecuar las decisiones y enfrentar las contingencias propias de la situación actual. Sin embargo, no podemos pasar por alto que en el seno de las comisiones se han expresado comentarios y recomendaciones en el sentido de concretar las políticas y acciones y de especificar los compromisos en cifras, así como presentar en detalle las relaciones inter e intrasectoriales y los vínculos objetivos metas decisiones. Por ello, conviene resaltar que tales precisiones se presentarán en los programas de mediano y corto plazos, mismos que recogerán las sugerencias y propuestas del presente documento. Tales programas, sobre los llamados "operativos anuales", son los instrumentos de flexibilidad y perfectivilidad del Sistema de Planeación, ya que en ellos se realizan los ajustes que surgen de situaciones inesperadas, de cambios imprevistos o del perfeccionamiento de los mecanismos de consulta que permiten incorporar elementos nuevos y posibles correcciones.
En este sentido la Cámara reconoce que el PND es producto de todo un sistema nacional de planeación democrática (SNPD) definido como el conjunto de relaciones donde se vinculan dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal y organismos de los sectores social privado, y se identifican responsabilidades para la toma de decisiones de manera congruente y de común acuerdo. También son producto de este SNPD los programas de mediano plazo-formulados a partir de los lineamientos del PND- y los operativos anuales, documentos que concretan y cuantifican las orientaciones generales del PND. Otros productos importantes del SPND son los informes de seguimiento de la ejecución del PLAN y los programas así como las evaluaciones de los mismos y del sistema del PLAN importantes del SPND son los informes de seguimiento de la ejecución del PLAN y los programas así como las evaluaciones de los mismos y del sistema en general. Todos estos documentos serán valiosos auxiliares para el cumplimiento de las atribuciones y compromisos de esta soberanía.
El SNPD, a su vez, es un instrumento de la Planeación como "la ordenación defina por el artículo 3o. de la Ley de Planeación como "la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política y cultural, tiene como propósito la transformación de la realidad del país de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. Mediante la planeación se fijan objetivos, metas, estrategias y propiedades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados".
En consecuencia, el PND es un documento básico que, por su naturaleza misma, da respuesta a las inquietudes o dudas fundamentales que suscita la Planeación del Desarrollo, pero no a los detalles o preguntas específicas, porque apenas uno de los muchos documentos que surgen de este proceso en la Primera de sus etapas: la formulación. A ésta habrá que añadir la instrumentación -ya en marcha-, el control y la evaluación, etapas en las que esta Cámara participará activamente, dentro del marco de atribuciones que le asigna la ley.
Se encuentra advertida esta soberanía de las dificultades, obstáculos y resistencias que entraña la configuración y, sobre todo, la efectividad de un SNPD que ordene prioridades, armonice y esfuerzos, asigne responsabilidades exigibles. Comparte, asimismo, las bases de legitimidad del naciente sistema de planeación derivadas de su apego a los principios de la Constitución General de la República, así como la autenticidad del propósito de actualizar las demandas, aspiraciones y sentimientos nacionales, manifiesta en la consulta social efectuada en la anterior campaña electoral y en los Foros de Consulta Popular que, previstos por la ley, se realizaron a principios del presente año y seguirán efectuándose de manera permanente para garantizar la flexibilidad, adecuación y efectividad del proceso de planeación.
Sin embargo, en el seno de las Comisiones Legislativas de esta Cámara se ha observado una corriente de opinión en torno a la necesidad de prever, dentro del proceso de consulta popular, mecanismos que aseguren, en forma cada vez más efectiva, la democracia de una sociedad de la complejidad, diversidad y pluralidad como la mexicana, así como de hacer también cada vez más consistente e informada la participación del
Poder Legislativo en el SNPD, en particular de la Cámara de Diputados, en la que institucional y permanentemente se da la pluralidad ideológica en el ejercicio del poder público, ya que en ella actúan los partidos que representan las más importante corrientes políticas que coexisten en la Nación. A este respecto, la Cámara de Diputados.
- Expresa su convicción de que lo esencial en el actual momento, es consolidar y perfeccionar su Sistema Nacional de Planeación Democrática que, en lo fundamental, ha propuesto el diálogo permanente entre el Gobierno y la sociedad;
- Exhorta al Ejecutivo a que promulgue, a la brevedad, el Reglamento de la Ley de Planeación que precise los términos y alcances de la consulta y la participación popular en los procesos democráticos de planeación. - Manifiesta su voluntad de contribuir a la implantación de las medidas necesarias tendientes a fortalecer la participación de esta soberanía en todo el proceso de Planeación Nacional de Desarrollo, particularmente en el perfeccionamiento y la consolidación del SNPD y sus resultados.
Por tal motivo: -Requiere el envío oportuno a esta Cámara, de los programas de mediano y corto plazos para su examen y discusión.
- Promoverá modificaciones a la Ley de Planeación, enmarcadas en una revisión integral de la legislación sobre planeación programación- presupuestación. En cuanto a las cuatro vertientes o caminos que inician o participación de la sociedad en la ejecución del PND, esta representación popular considera de singular importancia la inducción y la concertación de acciones con los sectores social y privado, por lo que conviene en señalar: - Que nuestro estado de derecho exige -para encauzar la inducción- que se revise integralmente nuestra legislación, a fin de que las políticas de promoción, regulación y orientación de la actividad social, tengan debido fundamento legal, ya que una normatividad o boleta o inadecuada, limitará esta concurrencia democráticamente sana y socialmente necesaria.
Por lo tanto, la revisión sectorial, institucional, regional y especial de la normatividad jurídica que constituye el marco legal que las encuadra, debe ser tarea de inmediata atención tanto por los poderes Ejecutivos y Legislativo como por los sectores sociales involucrados.
-Que el diseño de mejores y más imaginativas formas de organización y participación del sector social es actividad prioritaria para fortalecer y profundizar su colaboración, fuente primordial para lograr una sociedad más justa e igualitaria.
-Que la promoción y el encauzamiento de la participación social en cada uno de los programas que se deriven del PND hará que, sin mengua de la responsabilidad del Ejecutivo Federal para conducir el desarrollo, sea el compromiso de todos lo sectores sociales el que asegure una correcta ejecución, las convenientes modificaciones y adecuaciones, el necesario control y la democrática evaluación del proceso de planeación del desarrollo.
Compartimos la decisión fundamental de fomentar la participación y la solidaridad en torno a los principios, objetivos, estrategia y política que el Plan consigna, y la convicción de que las circunstancias en que el Plan ha sido elaborado -la crisis económica más seria que ha enfrentado el país en los últimos decenios y las graves convulsiones mundiales-, obligan a un replanteamiento en el manejo de los asuntos públicos. En el estricto marco del derecho, México enfrenta sus dificultades buscando el consenso por la participación y la afirmación del interés general. En esta perspectiva el Plan entraña el principio de la unidad de dirección y el del perfeccionamiento de la participación política y social, reclamo insoslayable del México de hoy.
Al emprender, por primera ocasión, el examen del Plan Nacional de Desarrollo, la Cámara de Diputados está consciente de que, como la advierte el Presidente de la República en la presentación del documento enviado a esta soberanía, los problemas por los que atravesamos en el mundo y en el país afectan estructuras, hábitos profundos de conducta, tendencias e inercias, a las que nos habíamos acostumbrado en el orden mundial y nacional; que el Estado y la sociedad nacionales tienen la capacidad para enfrentar estos retos, para convertir la crisis en oportunidad de cambio y superación y para seguir avanzando como país y como individuos; que México tiene la fortaleza interna para vencer la adversidad y enfrentar con éxito la crisis; que nuestro sistema político ha sabido, en los momentos decisivos, plantearse los problemas con realismo y honradez y reconocer las fallas con espíritu de autocrítica, estableciendo las condiciones para corregirlas; y que, en síntesis, mantenemos la voluntad y la decisión para conducir los destinos del país por el rumbo fijado por pos propios mexicanos.
Como exigencias ineludibles de nuestro tiempo, la planeación expresa el derecho y la responsabilidad de la Nación de prever y decidir su futuro; como instrumento de expansión y predominio de fuerza e intereses hegemonistas, internos, y externos, la planeación es, para ciertos grupos, una vía a través de la cual se pretende prever y decidir, por unos cuantos, el futuro de los demás. De aquí la transcendencia que esta Cámara reconoce a la consolidación y perfeccionamiento de un sistema de planeación de carácter nacional y democrático que facilite a la Nación y al pueblo de México la previsión y determinación de su destino.
De aquí también la trascendencia de la participación de esta soberanía en el proceso de planeación. Y de aquí, finalmente, la coincidencia esencial de esta Cámara con el enunciado del Ejecutivo que asume la planeación nacional y democrática como principio e instrumento de gobierno, apartado tanto de directiva foráneas como de procedimientos autoritarios, y que reafirma nuestro sistema institucional, que alienta la pluralidad y la tolerancia en la política interna y en la internacional; la concurrencia de los sectores social, público y privado en el marco de la economía mixta; la diversidad nacional en las expresiones de la cultura y la lucha por la igualdad en el campo del desarrollo social.
Como resultado del examen del PND, esta Cámara, en el ámbito de su competencia, asume el compromiso de: participar, de manera activa, vigilante, informada y continua, en todas las etapas del proceso de planeación, para que éste sea un instrumento efectivo de transformación al servicio de la construcción de una democracia independiente, libre y justa; alentar la ampliación y el mejoramiento de la participación social y la consulta popular en el proceso de planeación; atender la congruencia entre y dentro del Plan y los programas, y colaborar en la consolidación y perfeccionamiento del SNPD. Adicionalmente, como se detalla en el apartado siguiente, donde se resumen las opiniones de las diferentes Comisiones Legislativas de esta representación nacional, sobre el PND, reconoce aciertos; apunta precisiones conceptuales; propone programas adicionales; atiende a puntos sobresalientes o sugiere agregados a los diagnósticos, a los propósitos, a los lineamientos de estrategias y a las líneas generales de acción de las diferentes políticas que serán instrumentadas; presenta acciones concretas para que sean incorporadas a los programas correspondientes; solicita aclaración, o precisión o concreción de propósitos, metas y acciones; reconoce o plantea reformas inaplazables y necesidades que demandan satisfacción inmediata, tanto de orden jurídico, como político, económico y social, insta a la definición de prioridades en casos específicos; requiere los modelos utilizados para conocer los determinantes de las "variables claves" y la magnitud de su impacto, así como las interrelaciones macroeconómicas y su compatibilidad con el aspecto sectorial y regional; se interesa, particularmente, por las interacciones entre y dentro de las metas y las políticas que las hacen posibles, sobre todo para asegurar que no existen conflictos entre ellas, o bien para conocer el efecto neto cuando varias fuerzas se mueven en dirección opuesta; inquiere sobre la actualización de los pronósticos y los efectos, para comprender la temporalidad de las metas y objetivos; en fin, manifiesta apreciaciones, inquietudes y planteamientos, con el afán de apuntalar la participación de esta Cámara en la planeación, al tiempo que se vigoriza la relación responsable, fecunda y respetuosa con el Poder Ejecutivo, y se fortalece el principio de la división y colaboración de poderes. Por último, al remitir al Poder Ejecutivo Federal el presente documento de opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, la Cámara de Diputados recomienda que las diferentes observaciones y sugerencias consignadas en este primer apartado, así como las señaladas en los capítulos siguientes, se hagan del conocimiento de las dependencias de la administración pública federal, a efecto de que las analicen en el ámbito de su competencia y, en su caso, propongan las medidas que fueren necesarias para incorporarlas en su programación así como para instrumentarlas jurídica y administrativamente.
II. EN LO PARTICULAR
1. Comisiones de Defensa Nacional y de Marina.
-Para esta representación, el enfoque mexicano de la seguridad nacional, tanto en el plano interno como en el externo, se basa en el respeto al derecho; se finca también en la solidaridad interior y en la cooperación internacional.
- En el mismo sentido, conviene esta Cámara en que el programa de acción de las fuerzas armadas define sus objetivos, doctrina, políticas y acciones de acuerdo con la estrategia de desarrollo nacional, para que, en las condiciones internas e internacionales prevalecientes, se establezcan las previsiones a corto, mediano y largo plazos que contribuyan a la seguridad nacional, fortaleciendo la soberanía y el régimen democrático que determina la Constitución.
- Es por ello que la Cámara de Diputados respaldará el propósito de elevar el nivel profesional en todas las jerarquías y niveles de mando en las fuerzas armadas, adecuándolo a las demandas del México actual; el de apoyar la industria militar y naval con objeto de que, en coordinación con la planta industrial del país, disminuya gradualmente el abasto del extranjero; así como el de fortalecer los programas de superación personal, seguridad social y bienestar familiar para los integrantes de las fuerzas armadas.
- Nos parece oportuno que el PND encamine sus acciones a que los derechos del mar, los pueblos ribereños que reciben sus aguas, la plataforma continental, las especies altamente migratorias, los recursos vivos y no renovables, nuestra zona económica exclusiva, las embarcaciones, la infraestructura portuaria y la reglamentación internacional los adquiera como retos presentes y futuros que debemos enfrentar quienes estamos ligados con estos problemas y, a la vez, preocupados por mantener vigentes los derechos
que sobre el mar posee nuestro pueblo y que expresamente nos confiere nuestra Carta Magna.
2. Comisión de Justicia.
- Las transformaciones políticas y sociales, resultantes del desarrollo de nuestro país, se han visto acompañadas, a lo largo de nuestra historia, de significativas modificaciones de las estructuras jurídicas.
- Llama la atención de esta soberanía que, a partir de la Revolución y de la entrada en vigor de la Constitución de 1917, las instituciones mexicanas y las representaciones de la sociedad han aportado formulaciones jurídicas que han innovado el derecho a escala mundial.
- No obstante las diversas acciones y estrategias desarrolladas durante los últimos 66 años, es indudable que numerosos de nuestros instrumentos legales se han tornado inoperantes e ineficientes en materia de procuración y y administración de justicia. El PND posee el mérito de reconocer este desfasamiento entre el desarrollo de nuestro sistema jurídico y las necesidades y aspiraciones de los grupos sociales. Esta soberanía reconoce la validez diagnóstico al tiempo que manifiesta su profunda convicción acerca de la inaplazable necesidad de reformar las normas y órganos a los que la Constitución confía la prevención y la solución de los conflictos conforme a derecho.
-El PND propugna llevar a cabo una revisión integral y la actualización del sistema jurídico nacional. Dicha actualización supone la realización de numerosas acciones legislativas constitucionales confiadas a esta soberanía.
La Cámara de Diputados, con carácter de tribuna plural, es precisamente el espacio en que tales iniciativas encontrarán un adecuado foro para la discusión y aprobación. Para que dichas acciones sean lo expeditas y profundas que precisa, es conveniente que las mismas sean suficientemente planeadas y que sobre las mismas se dé la más amplia deliberación. Si bien es cierto que existen reformas inaplazables, esto no obsta que se mediten y examinen con el más cuidadoso detalle.
- Es innegable que además de reformas legislativas, nuestro sistema de administración de justicia reclama de una mejor organización que asegure el más amplio acceso de los ciudadanos a los órganos encargados de procurar y administrar justicia. Resulta hoy día ineludible crear los mecanismos e instrumentos que aseguren a todo individuo un fácil y expedito acceso a la administración de justicia para avanzar con ella en la democratización de nuestras instituciones. Los mejores propósitos que una ley pueda contener, se frustran irremediablemente cuando la misma no puede ser efectivamente invocada por aquellos a quienes formalmente protege.
- En opinión de esta soberanía, es conveniente, además, transformar los sistemas de incorporación, formación y actualización de los servidores públicos que tienen a su cargo la procuración y la administración de justicia así como la seguridad pública.
- A través de las funciones que a la Cámara de Diputados asigna la Ley de Planeación, esta soberanía considera, como parte de su responsabilidad frente a la Nación, participar activamente en la integración de grupos que examinen y evalúen permanentemente las acciones que sobre administración de justicia fija el Plan Nacional de Desarrollo.
3. Comisión de Relaciones Exteriores.
- La política exterior está comprendida dentro de la parte I, correspondiente a los principios políticos, así como al contexto nacional e internacional.
- Tanto los objetivos como el marco general; la estrategia y sus lineamientos; así como las relaciones bilaterales y multilaterales, incluyendo en esta última parte la relación con los organismos, se encuentran bien tratadas, con una gran claridad conceptual y, sobre todo, corresponden al proceso histórico que el país ha seguido en esta materia. Los temas han sido ordenados de tal forma que contienen los pronunciamientos principales del Gobierno de la República.
- No obstante, se advierte que en los párrafos dedicados a los países de América Central y El Caribe, no existe referencia específica a las proposiciones que el Gobierno ha venido reiterando a lo largo de estos últimos meses -de los cuales dio cuenta en su informe el señor Presidente- en unión de otros países del área conocidos como Grupo Contadora, para encontrar las bases de una paz negociada que produce una solución pacífica a los conflictos de Centroamérica. Esto se debe a la diferencia de tiempo entre el citado documento y la formulación del Plan, por lo que esperamos que tales proposiciones sean incluidas y ampliadas en el programa correspondiente, sobre todo las contenidas en la Declaración de Cancún, que fueron suscritas por los presidentes de México, Colombia, Venezuela y Panamá, el pasado 17 de junio.
4. Comisión de Hacienda y Crédito Público.
- Esta Comisión revisará el detalle de los pronósticos de crecimiento anual de la economía y entiende que las cifras que señala el Plan en esta materia, se refieren a promedios de un periodo, pues de otra manera se supondría que el crecimiento será constante a lo largo de los últimos cuatro años del sexenio.
-El Plan establece que al disminuir el déficit del sector público como porcentaje del PIB, se registrarán reducciones importantes
en los requerimientos financieros del Gobierno, liberándose recursos que apoyarán el crecimiento previsto en la inversión. Esta Comisión estudiará en profundidad este aserto, ya que si se parte de una situación donde el financiamiento del déficit se realizó en su mayor parte con recursos externos - como fue el caso de 1981- , al prescindir de estos fondos, se reduce el difícil, más por la inexistencia de los mismos que por una contracción en el gasto del Gobierno, por lo que no se liberarían recursos internos que posibilidad ten al financiamiento de nuevas inversiones, a menos que los cambios estructurales, la reducción de la inflación, la política de tasas de interés, tributaria y de empresas públicas, así como el crecimiento esperado a partir de 1984, estimulen el ahorro interno.
- En cuanto a la capacidad de generar ahorro interno, se señala en el Plan que en esta tarea juega un papel crucial el ahorro del sector público. En este sentido conviene que se precise, en el programa respectivo, la interacción de éste con el ahorro privado, ya que los aumentos en los ingresos del Gobierno y del sector paraestatal, reducen la capacidad de ahorro de las empresas y familias, por lo que el efecto neto (considerando sólo este efecto sustitución) pudiera ser inferior al contemplado en el Plan. Nos interesa conocer los efectos de otros factores sobre el ahorro interno - ingreso, tasas de interés, etcetéra- y esperamos que los mismos se especifiquen en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo.
- También esperamos que en dicho programa se definan las prioridades concretas para efectos de canalización del crédito por parte de la banca nacionalizada; que se precise la reestructuración de ésta; que se acompañe de una proyección de fuentes y usos de divisas para cubrir la deuda; que se concrete la política que se va a seguir en materia de control de cambios; y que se incluyan, de manera explícita, las relaciones financieras con el exterior.
- Esta Comisión tiene especial interés en conocer el modelo que permite la congruencia entre las políticas macroeconómicas y las de tipo sectorial. Asimismo, desea saber de los trabajos para mantener actualizadas las previsiones macroeconómicas del Plan, y solicita que, cuando se presenten cambios importantes en las estimaciones - y éstos afecten el contenido de la política económica- sean dados a conocer, mediante el Programa Anual Global respectivo, a esta soberanía.
- En lo referente a la política de desarrollo regional, deseamos conocer la forma normativa y positiva en que será planteada, pues parecen entrelazarse dos modelos: a) el de equilibrio interregional y de integración intrarregional y, b), el de "polos de crecimiento".
- Adicionalmente esperamos, si es posible, que se detallen con precisión en los programas respectivos, los plazos de las políticas regionales, dado que las estimaciones existentes acerca de los crecimientos sectoriales, implican efectos en las distintas zonas geográficas del país.
- Sabemos que la unidad básica de planeación regional continúa siendo la entidad federativa, en atención a las características de nuestro régimen federal; pero es deseable lograr criterios de regionalización adecuados a los tres órdenes de Gobierno. Nos interesa conocer los avances en esta dirección así como en las regionalizaciones de carácter amplio.
5. Comisión de Trabajo y Previsión Social.
- Esta Comisión reconoce que la crisis actual obliga a aplicar el gasto hacia zonas rurales y urbanas críticas, por eso el programa de protección al empleo y a la planta productiva, está enfocado hacia tales prioridades, lo que redunda en la creación de empleos mediante la aplicación de estos programas.
- Esta Comisión considera importante que el Plan contemple las perspectivas de producción de bienes y servicios básicos y de exportación, lo que necesariamente redunda en beneficio del trabajador, al crear empleos y proteger a la industria mediana y pequeña; y estima relevante el hecho de que el Plan Nacional dirija estos esfuerzos hacia la producción de artículos básicos de consumo popular.
- Por ello, juzga pertinente que, en el Programa de Defensa de la Planta Productiva, se hayan determinado las facilidades crediticias para la importación oportuna, con las divisas necesarias de maquinaria y refacciones.
- La Comisión contempla con satisfacción la estrategia de fomento a la producción, abasto y protección al paquete básico popular y espera que se amplié dicho paquete a productos no alimenticios y que se incremente la participación del Estado en la producción.
- Asimismo, le satisface que el Plan señale el rezago del sector social en nuestro régimen de economía mixta y la expectativa de fortalecerlo, ya que con un sector social dinámico y participativo, se vigorizará la confianza y el desarrollo de los trabajadores.
- El programa de protección al salario, contempla varias acciones favorables a los trabajadores: el control de precios, principalmente de productos de consumo básico, y el aumento de la producción de los mismos; el apoyo a la comercialización en tiendas sindicales y la desgravación fiscal. Esperamos que ésta se amplíe, no sólo hacia los impuestos sobre productos del trabajo, sino también en cuanto al IVA, para que no
afecte el nivel de vida de los estratos de menores ingresos. Consideramos importante que se acentúe la tendencia a gravar más al que más gane y consuma, y desgravar el consumo de los grupos de menores ingresos.
- Esta Comisión apoya la política del Plan de fortalecer la organización de los trabajadores y clases populares en comités de consumidores. En este sentido estima conveniente que se impulse la creación de cooperativas de consumo y la compra de productos del campo en su temporada.
- En el tema de capacitación y productividad, el Plan ha recogido las experiencias y proposiciones de las organizaciones de trabajadores que han realizado estudios al respecto y han propuesto un desarrollo con responsabilidad y calidad en la producción. En este sentido sugerimos que se estudie un nuevo sistema, más práctico y funcional, que hiciera efectiva la capacitación y el adiestramiento para los trabajadores, entre otros motivos, porque actualmente y por separado, no la pueden llevar a acabo la pequeña y mediana empresas.
- En materia de seguridad social, la Comisión juzga importante el hecho de que se aumente la cobertura de protección social a nuestros compatriotas que no gozan aún de este servicio. A nuestro juicio, dentro de las líneas generales de acción, resultaría muy conveniente establecer un sistema de vigilancia, seguimiento y control para mantener un sano financiamiento y un adecuado uso y aplicación de los recursos financieros para seguridad social.
- La vivienda, por ser una necesidad básica de la población, es clave para el desarrollo con justicia social, por lo que resulta satisfactorio para los que luchamos por la solución de los problemas de la clase trabajadora, que se contemple el desarrollo de la vivienda urbana y rural y el apoyo a la vivienda de interés social.
- La creación del Sistema Nacional de Vivienda, fortalecerá la capacidad de ofrecerla a la población que aún carece de esta realización social y recibirá el apoyo de los trabajadores, quienes, aun cuando cuentan con organismos dedicados a este propósito, saben de las dificultades enormes y de los obstáculos, a veces insalvables, que hay que superar. Se sugiere en este apartado, que se persevere en la formación de cooperativas para fabricar materiales de construcción a bajo precio y en la creación de asesorías gratuitas de ingenieros y arquitectos que apoyen técnicamente a los trabajadores, quienes los fines de semana y con ayuda de sus familiares pueden autoconstruir sus viviendas.
6. Comisión de Educación.
- Los antecedentes y cifras que registra el diagnóstico de la situación educativa contenido en el Plan muestran, en síntesis, las limitaciones que perduran pese a los grandes esfuerzos realizados por el Estado en esta materia en los últimos 40 años. La mayoría de estos problemas son consecuencia del propio proceso de crecimiento de la planta docente, del número de alumnos y del progreso de la tecnología educativa, así como de las nuevas necesidades del país.
- Dentro de los problemas señalados en el diagnóstico, destacan, por su gravedad, los que se refieren a la deserción y reprobación escolar, a la desigualdad de los rendimientos entre la ciudad y el campo y los que afectan, con mayor intensidad, a la población indígena.
- Es preocupante, en lo que toca a la educación normal, el desfase que existe entre el curriculum de la formación del normalista y los contenidos de los planes y programas de estudio que le corresponderá impartir a sus educandos. Situaciones semejantes prevalecen también en otras áreas de nuestro sistema educativo.
- La articulación de los valores que fundamentan las propuestas contenidas en el apartado materia de nuestro examen, se ajusta a las disposiciones constitucionales invocadas y coincide con nuestra propia observación y marco de referencia.
- El desarrollo histórico de nuestro ser nacional ha venido favoreciendo la aspiración a materializar la libertad para desarrollarse individual y socialmente del modo más pleno, desde el punto de vista humano. También ha velado por que esa libertad no se traduzca en un sacrificio permanente y sin remedio de la igualdad de oportunidades y disfrute de la civilización y progreso humanos. En ese sentido, coincidimos con la necesidad de que nuestro desarrollo cultural, y dentro, de éste, el sistema educativo, contribuya a que la libertad y la igualdad fundamenten el ensanchamiento de la democracia con participación informada y responsable, como dique a los autoritarismos. Igualdad que acentúe nuestra identidad nacional y hago vigoroso y fuerte nuestro nacionalismo, sin que la igualdad se confunda con uniformidad que aplaste y niegue el carácter multifacético del genio del hombre y la riqueza que éste encuentra en la diversidad que lo distingue, sin rechazos a la cultura universal, que amplía los horizontes en vez de limitarlos.
Estamos de acuerdo con la necesidad de planear la educación para que ésta concurra eficazmente al desarrollo de la cultura nacional y sus manifestaciones regionales, de modo que una sociedad más educada haga posible que las formas de organización de la vida civil materialicen los valores ya mencionados, y permita que nuestros sistemas políticos y económicos afirmen nuestra independencia nacional, en la medida en que adquiera una dinámica interna propia y autónoma.
- La opinión de quienes suscribimos las presentes consideraciones se inclina por proponer algunos aspectos dignos de considerarse para una adecuada comprensión del área:
- Que el sistema cultural de la Nación sólo es comprensible a partir de una visión integral, que incluya sus múltiples vinculaciones con otras áreas de la actividad social y que por lo tanto no se agota en la formalidad del sistema educativo a través del que se cumple esta función del Estado; por ejemplo, los medios masivos de comunicación concurren al proceso educativo y cultural a manera de vasos comunicantes; nadie podrá negar su importante impacto en la formación de los valores sociales, de ahí la necesidad de considerar su funcionamiento de modo que sus ineludibles efectos, coadyuven al logro de los propósitos educativos del PND.
- El sector educativo tiene propiedades especiales, ya que los cambios en los agentes que los realizan son lentos. Por este motivo, existe consenso en que las modificaciones y reformas no sólo son más difíciles de inducir en este sector, sino que su maduración y posteriores efectos en la sociedad sólo se logran el largo plazo. Esta es, pues la razón que explica que la planeación en esta área, reclame con más fuerza que en otros sectores la exigencia de un perfil de referencia de largo plazo, capaz de orientar a los que se inscriben en períodos más cortos.
- Especial atención no han merecido las desproporciones e inadecuaciones que se registran en distintos subsectores y niveles del sistema educativo, particularmente en la enseñanza media superior, con respecto a las necesidades del país. Sin embargo, nos parece indispensable remarcar la conveniencia de que el sistema educativo adecúe sus egresos finales e intermedios a las necesidades sociales, sin que éstos deban identificarse exclusivamente con las orientaciones que se registran en el área de la economía, sujeta a la libre acción de sus agentes. Del mismo modo, es necesario reconocer que hay ciertos excesos en las egresiones de profesionales y técnicos que, efectivamente, están por encima de lo socialmente necesario y otro cuyo exceso aparente, es la resultante del rezago en otras áreas de la actividad social.
- Por otra parte, las adecuaciones de el curriculum de las demandas de educación y de la egresión intermedia y final con las necesidades del país, habrán de lograrse por la acción armónica de la planeación democrática, que ha de incluir un vigoroso esfuerzo en la identificación de las necesidades sociales del México del presente y del futuro y, con base en ellas, constituir un sistema idóneo de orientación vocacional que deje de ser una simple información sobre estudios profesionales o técnicos.
- La descentralización educativa que se inserta en el propósito más amplio de descentralizar la vida nacional, traerá consigo una afirmación del ser nacional que se apoya en la diversidad que nos conforma. Mejorará la eficiencia y calidad de la educación y auspiciará la participación de la comunidad. Sus resultados serán positivos porque recogerá y coordinará el sentir y la acción de la sociedad, en especial de los maestros, que son la base fundamental del sistema educativo.
7. Comisión de Salubridad y Asistencia.
- Dentro del marco del Plan se destaca la voluntad política del Gobierno de la República de edificar una sociedad más justa e igualitaria, y con la plena vigencia del mandato constitucional del "derecho a la protección de la salud", que da base a un sólido e integrado sistema nacional de salud que garantice a todos los mexicanos, en el más breve plazo, servicios permanentes y accesibles de salud. Este derecho es una responsabilidad ineludible del Estado, que deberá disponer los recursos necesarios para asegurar su cabal cumplimiento.
- De conformidad con el decreto del PND, la instrumentación de los propósitos y estrategias de este apartado, es responsabilidad de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, como cabeza de sector, que los realizará a través de un "programa de mediano plazo".
- Este programa tiene como finalidad la adecuación de las acciones de los sectores público, social y privado para que, conjuntamente, cumplan con el mandato constitucional del derecho a la protección de la salud, en base a las políticas, programas y acciones que deberá observar cada uno de los sectores.
- Las acciones que permitirán mejorar la eficiencia y racionalización de los recursos del sector salud, se orientan a superar los problemas de desigual atención que confrontan los habitantes del país, a través del fortalecimiento y la consolidación de la coordinación funcional e institucional de los servicios.
- Las primeras acciones en tal sentido ya están establecidas, destacando por su importancia el fortalecimiento de la coordinadora del sector, para que ejerza mayor control en materia administrativa, de coordinación institucional y de disciplina presupuestal con sus entidades coordinadas. De igual manera, sobresalen la desconcentración administrativa, la regionalización de los servicios y la reestructuración de los niveles de atención, en especial de la red primaria.
- Estas importantes acciones permitirán aprovechar, en mayor medida, la capacidad instalada y los recursos humanos financieros; conformar instrumentos de información adecuados y una planeación participativa
con sistemas de evaluación y control para mejorar la eficiencia general de los servicios.
- Esta Comisión considera indispensable la coordinación de cada una de las entidades que integran el sector salud, para que, dentro de un planteamiento sectorial, se ubiquen y compatibilicen los programas institucionales.
- Tal coordinación debe ser real, para evitar el desorden y el dispendio; la duplicación de servicios en algunas zonas, mientras otras quedan sin los servicios más elementales; además, para asegurar la óptica suma de esfuerzos y de recursos intra e intersectoriales.
- La vinculación de los programas institucionales con el PND se dará a través de dos instrumentos: a) los programas operativos - en los que se proponen las prioridades y proyectos relevantes que se desprendan del programa sectorial- y, b), el programa- presupuesto - en el que se detallan los programas, subprogramas, y acciones a desarrollar por cada institución, y el requerimiento de los recursos necesarios para llevarlos a efecto.
- Estamos conscientes de que la ejecución del sistema nacional de salud exige la participación responsable y entusiasta de todos los sectores, para que se cumplan las prioridades definidas en el PND.
- Sin embargo, en el medio rural, se hace indispensable y urgente una atención efectiva en lo que respecta al primer nivel del derecho a la salud, por parte de las instituciones descentralizada (IMSS e ISSSTE) para que se amplíe la cobertura de beneficio de las pequeñas congregaciones marginadas. Es decir, que no actúen exclusivamente en las comunidades asentadas en condiciones ideales, sin que se apoye a la SSA, aplicando un criterio más humanista que administrativo, tomando en cuenta que hay zonas más vulnerables y que no debemos esperar a que se den las condiciones propicias de infraestructura urbana para allegarles el derecho a la salud.
- Hacemos una exhortación a la unidad, y a trabajar de buena fe, con el esfuerzo y la eficacia que la población campesina reclama, porque en los actuales momentos, la producción del campo es prioritaria y es el sector más urgido del derecho a la protección de la salud.
- En particular, se manifestó la demanda y la esperanza de que los servicios de salud se amplíen en las regiones indígenas, donde se observa un alto grado de incidencia de enfermedades y de alcoholismo. Asimismo, se insistió en el enfoque integral de la salubridad, pues de nada sirven tales servicios si no se remedian las causas de los males (falta de agua potable, contaminación, desnutrición, etcétera).
- La Comisión considera conveniente que en los programas respectivos se fundamente mejor el tercer propósito de la política de salud, pues no es claro cómo puede concordarse el crecimiento demográfico con el desarrollo económico, respetando íntegramente la voluntad de la pareja, cuando se registran tasa de crecimiento negativas en el PIB y positivas en la población.
Entendemos que el propósito se refiere al mediano y largo plazos, pero nos interesa su compatibilidad con los problemas del corto plazo.
8. Comisión de Seguridad Social
- La ampliación de la protección de la seguridad social a toda la población, con una relación formal de trabajo y a los trabajadores no asalariados, tiene que ser una actividad prioritaria del Gobierno Federal, por lo que está comisión ve con beneplácito que esta tarea se señale como propósito fundamental del PND, pues así se cumpliría con un postulado básico de justicia social.
- Especial mención merece la necesidad de que este servicio se extienda a los numerosos núcleos de campesinos, particularmente indígenas, asentados en zonas marginadas; que no cuentan con ninguna protección de seguridad social.
- Las líneas de acción que se trazan para el cumplimiento de este propósito implican una serie de actividades que tienden a descentralizar o desconcentrar los servicios, a utilizar racionalmente los recursos financieros y, en forma importante, a establecer los esquemas de coordinación interinstitucional para el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada.
- Este último lineamiento, reviste particular importancia ya que en épocas de crisis no es permisible la dispersión de los recursos materiales y humanos, la duplicación de las acciones o la utilización inadecuada de la capacidad instalada, por ello, todo lo que tienda a integrar un sistema nacional de salud y a la unificación interinstitucional de algunas prestaciones de la seguridad social, debe reforzarse al máximo para conseguir resultados positivos en el menor tiempo posible, como lo señala el PND.
- En consecuencia, la Comisión considera que los planteamientos del PND están acordados con la realidad del país en el momento actual y con la imprescindible necesidad de llevarlo a la práctica, concretándolos en hechos positivos que conduzcan a mejorar el nivel de bienestar social de todos los mexicanos.
- Finalmente, la Comisión se permite comentar que en el punto correspondiente a la obtención de un sano financiamiento en las instituciones de seguridad social, deberán afinarse y mejorarse los mecanismos de seguimiento para vigilar y controlar la utilización de los recursos financieros de cada una de ellas.
9. Comisión de Asentamientos Humanos
- Esta Comisión opina que la descentralización de la vida nacional es un reclamo, un imperativo y un reto, que supone un proceso gradual que propicie un desarrollo equilibrado de nuestra población en lo político, administrativo, económico, social y cultural, ello, a través de un fortalecimiento total al municipio. Es deseable que la función del municipio no se vea interferida por el capricho e intereses de algunos grupos de presión; lo anterior, ajustando su función a las políticas nacionales del desarrollo urbano.
- Una equilibrada distribución territorial de las actividades productivas a la provincia, sólo se podrá lograr mediante un enfoque de cambio estructural. Antes que nada, el Estado de México debe ser reordenado y controlado en su crecimiento, porque es el territorio que cuenta con grandes superficies libres de producción agrícola, que pueden ceder bajo el influjo poblacional.
- Es fundamental que se precisen y se concreten algunas acciones. Por ejemplo, que se expidan, como lo señala el primer informe presidencial, normas jurídicas que siempre serán susceptibles de adecuación, como la Ley General de los Asentamientos Humanos, la Ley de Vivienda, la legislación que permite regular las rentas y auspicie la edificación de vivienda en renta; modificaciones a la Ley General de la Reforma Agraria - para precisar la responsabilidad de la creación de las reservas territoriales para la agilización de la regularización de zonas urbanas ejidales y comunales- , la que se refiere a expropiaciones de ejidos y comunidades que tienen asentamientos humanos, la referente a terrenos nacionales y colonias agrícolas y la relativa a nuevos centros de población ejidal.
- En materia de desarrollo urbano y vivienda, el plan contempla una política que encare cambios estructurales y contribuya a la reordenación económica que requiere el proceso de desarrollo nacional. Esto plantea la mejor utilización de la infraestructura existente y el aprovechamiento del potencial de zonas alternativas. Los factores estructurales son, sin duda, una equitativa distribución del ingreso y una desmedida especulación inmobiliaria.
- En esta materia, la Comisión considera que deben señalarse las áreas de impulso básicas del desarrollo nacional en el programa correspondiente. Que esas áreas potenciales y alternos del desarrollo y otros centros de población sean señalados en cuanto a la creación de reservas territoriales para la oferta de vivieda, instalaciones públicas y desarrollo industrial. Estimamos que la regularización de la tenencia de la tierra debe cubrir dos vertientes: la de las zonas urbanas ejidales - mediante un procedimiento ágil que sustituya el trámite de regularización por la vía agraria- y aquellas, también ejidales y comunales, que ya detectadas afectan los grandes centros de población en donde se producen los fenómenos del crecimiento urbano.
- Consideramos que la vivienda popular requiere de suelo urbano y financiamiento oportuno, de apoyo decidido a la autoconstrucción y líneas de crédito nuevas, que impulsan la vivienda en renta y la adquisición de la misma, por parte de los inquilinos, cuando los propietarios vendan los inmuebles. Por ello, el sistema financiero para la vivienda tendrá que unificarse y fortalecerse y ponerse al alcance de los grupos populares dando tratamiento especial a los grupos organizados.
- La Comisión vería con beneplácito que las líneas generales de acción del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda reflejaran aspectos más concretos de carácter legislativo a conseguirse en el período 83- 84, dando prioridades a la Ley Federal de Vivienda, a la Ley de Regulación de Rentas, a las reformas a la Ley Federal de la Reforma Agraria, a la Ley de Bienes Nacionales y a la Ley General de los Asentamientos Humanos, que deberán ventilarse en el presente período de Gobierno.
- Por lo que toca a las zonas conurbadas que abarcan varios Estados, es indispensable, como en el caso de la zona metropolitana de la ciudad de México, que se creen programas de desarrollo en coordinación con los Estados involucrados.
- Se debe ser drástico en el tratamiento de las zonas conurbadas, porque las Comisiones actuales no tienen fuerza jurídica que las respalde y les dé autoridad y operatividad.
- Para que se avance en la descentralización de la vida nacional, los municipios deben ser los receptores de las reservas territoriales del desarrollo urbano y vivienda. Para ello, es necesario que los 31 congresos locales legislen sobre la materia y expidan sus leyes locales del desarrollo urbano y de vivienda. Asimismo, será necesario que modifiquen sus códigos civiles para fincar el régimen de patrimonio familiar en viviendas de interés social y expidan leyes sobre el inquilinato.
- De igual forma, será necesario que los ayuntamientos expidan las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que les permitan cumplir con los fines y las facultades que les concede el artículo 115 constitucional, en materia de desarrollo urbano y vivienda.
- Esta Comisión entiende que los cuatro programas regionales señalados por el PND no constituyen una lista exhaustiva, y opina que la demanda de construir una sociedad más igualitaria - sobre todo en su aspecto de redistribución regional de las riquezas y el ingreso- hace indispensable la formulación - así como su consiguiente instrumentación. control y evaluación- de un programa regional que permita combatir
la marginación y fomentar el desarrollo integral de las zonas áridas del país.
10. Comisión de Ecología y Medio Ambiente
- Esta Comisión considera una de suma importancia reconocer que la voz popular que se hizo escuchar en la reciente campaña política del Presidente Miguel de la Madrid, ha tenido una respuesta que manifiesta la voluntad política de asumir, con decisión, el problema ecológico y de la contaminación ambiental.
- La respuesta inmediata consiste en incluír, explícitamente y por primera vez, en la planeación nacional los criterios ecológicos y medio ambientales. Ello significa que se reconoce que el medio ambiente es al mismo tiempo resultante del proceso de desarrollo y prerrequisito para que tenga lugar; entendiendo tenga el desarrollo económico y social como un proceso de interacción de la naturaleza con la sociedad.
- La Comisión destaca que la concepción que ostenta el Plan sobre la ecología es satisfactoria porque:
- Situándola en el capítulo de la política social, la incluye entre las necesidades básicas fundamentales, y dentro del capítulo de la política sectorial da margen a que cualquier programa que implique o conlleve transformación de los ecosistemas, necesariamente requerirá de alguna gestión ambiental.
- Denuncia el dispendio y la explotación inmoderada de nuestros recursos naturales y la liberalidad en el otorgamiento de subsidios de insumos básicos, como son los energéticos y el agua.
- Señala la ausencia de control sobre los desechos y residuos industriales y urbanos que han degradado el medio ambiente.
- Cuenta, gracias a la consulta popular, con un consenso integral, de la problemática actual en sus principales modalidades.
- Infiere que hay la capacidad y la intención de evaluar el impacto ambiental y el daño ecológico de los programas de crecimiento económico para lo cual se prevé la adecuación del marco jurídico.
- Además porque sus propósitos son traducir el medio ambiente a un estado sano, como una garantía individual y un derecho social, que contribuya a un mayor bienestar para el hombre y las comunidades en su conjunto.
- Por otro lado, los lineamientos de estrategia para los asuntos ecológicos y ambientales, giran en torno a la reordenación económica estructural. En la primera, destaca el control y disminución de la contaminación ambiental y la restauración ecológica con una perspectiva regional y, en la segunda, el aprovechamiento integral y racional de los recursos naturales del país y la conservación y enriquecimiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente.
- En este punto es necesario mencionar que la estrategia de reordenación deberá concebirse con mayor rigor en el corto plazo. No deben admitirse tibiezas cuando se habla de controlar y disminuir la contaminación. Deben aplicarse con voluntad política y ecológica las medidas correctivas conducentes sobre los principales focos de contaminación. El programa inmediato debe definir algún mecanismo para que tanto las empresas públicas como privadas que se reconocen como grandes contaminadoras, instalen sin excusa ni pretexto, sus propios sistemas de control. Además, debe buscarse la participación más amplia posible de toda la ciudadanía. De ello dependerá el éxito o fracaso de posteriores ordenamientos jurídicos y administrativos.
- La Comisión de Ecología y Medio Ambiente sostiene la tesis de que la legislación vigente sobre la contaminación y medio ambiente es incompleta, pero también está consciente de que no ha funcionado cabalmente por falta de decisión política para su correcta aplicación.
- Por ello, simultáneamente a lo anterior, se deberán ir sentando las bases para operar las estrategias de mediano y largo plazo que implican el cambio estructural señalado. Las acciones para completar, tanto el marco normativo en el ámbito ecológico para resolver lo eficaz y congruente, como la legislación mediante la expedición de nuevas disposiciones legales y la incorporación del principio de agregación a los programas de desarrollo; hacerla eficaz al actualizar el sistema de sanciones y acercar la norma jurídica a la realidad social que regula para cumplir y hacer cumplir la ley; hacerla congruente incorporando a la legislación, sobre todo relativa a los recursos naturales, criterios ecológicos que den como resultado una legislación uniforme como prerrequisito para un desarrollo nacional integral.
- Es aquí donde la Comisión de Ecología y Medio Ambiente será pieza angular para que se logre congruencia entre la norma y la acción conforme a una visión integral de nuevos criterios ecológicos. Su respuesta será dada a conocer en su momento y forma oportuna.
- Es necesario informar que en los dos capítulos en que el Plan trata el asunto ecológico, los diagnósticos señalan adecuadamente los principales problemas que afrontan los recursos naturales y el medio ambiente del país, así como las causas que los originan, excepto en lo que se refiere al agua.
- La Comisión de Ecología considera que deberán revisarse los puntos secuenciales al diagnóstico del agua en ambos capítulos, esto es, los apartados de propósitos, lineamientos de estrategia y líneas generales de
acción, a fin de esclarecer su uso y calidad, así como los ámbitos de competencia entre las dependencias que funcionalmente están involucradas de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para evitar las duplicidades que en la práctica se han mostrado, principalmente entre las secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología y la de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
11. Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos
- Al analizar el contenido del PND, relacionado con el sector agropecuario, proponemos se tome en cuenta lo siguiente para la elaboración de los programas correspondientes:
- Los programas de organización y capacitación deberán diseñarse a partir de las necesidades del propio productor, orientados a una gama de funciones específicas que van desde la producción, comercialización, obtención de créditos e insumos, etcétera. hasta aquellas dedicadas a elevar sus niveles de bienestar mediante un adecuado uso y destino de sus ingresos.
- La organización y capacitación no debe estar enfocada únicamente al productor, se requiere también instrumentar estos programas hacia los técnicos y servidores públicos encargados de estructurar y ejecutar los programas del sector. Por ello es necesaria la participación coordinada de las dependencias involucradas en el diseño de los planes de estudio a nivel medio superior de aquellas carreras cuyo objetivo es la formación de recursos humanos para la atención del sector.
- A fin de que el mejoramiento de la productividad sea efectivamente el factor dinámico de la producción agropecuaria, es necesario que la concepción e instrumentación de las acciones de asistencia técnica al campo, requieran de una visión mucho más amplia que la simple transferencia de conocimientos tecnológicos enfocados a la producción.
- El elemento rector para poder llevar a cabo las acciones de la estrategia parte de la reordenación técnico- administrativa, que implica la ubicación especial de los técnicos dentro de una unidad territorial en la que exista una estrecha vinculación con el productor, ofreciéndole un paquete tecnológico de carácter integral, que va desde el mejoramiento de las agrotécnicas locales, nuevas alternativas de producción, uso intensivo de los recursos, etcétera, hasta la capacitación y formas de organización para la autogestión del productor, en su interrelación con otros sectores de la economía.
- Dentro de este marco conceptual, la estructura administrativa y operativa de los distritos de temporal y de riego deben ser un instrumento primordial en el proceso de identificación y formulación de proyecto de infraestructura, dado que cuentan con una organización cuyos miembros radican y trabajan en las áreas rurales donde se manifiesta la necesidad de los mismos.
- Una medida necesaria para estimular la producción agropecuaria, particulamente la de productos básicos que son los que en mayor medida están regulados en su precio, es la adecuación de precios de garantía, en función de los costos de producción, un margen de utilidad que incentiven al productor y el impacto en el consumidor. La justa aplicación de los precios de garantía es primordial ya que el bajo nivel de ingresos de los campesinos, es la causa principal de la desigualdad social.
- El crédito suficiente y oportuno, tanto en lo espacial como en el tiempo, deberá ser un eficiente medio de inducción de los programas de producción y promotor de la confianza de quienes lo usan, por su manejo claro y honesto.
- El seguro agrícola y pecuario deberá ser un elemento que comparta el riesgo con el productor, principalmente con aquellos que cultivan en áreas de temporal. Por ello, deberá cubrir una mayor gama de productos, principalmente de aquellos en los que se requiere incrementar la producción, además, deberá ampliar su cobertura a todas las regiones del país.
- Una forma de orientar las actividades productivas y la participación del productor, es instrumentar incentivos - fiscales, crediticios, energéticos, etcétera- ,que se otorgen a la producción y organización. Los mecanismos para la obtención de dichos incentivos deberán estar diseñados de tal forma que su obtención sea ágil y sencilla, adaptada a las características, capacidad y organización de los productores.
- La estructura administrativa y operativa de las instituciones que participan y promueven el desarrollo del sector agropecuario y forestal, requieren de modificaciones y adecuaciones sustanciales, acordes a las necesidades reales de los productores y el enfoque específico de desarrollo rural integral.
- Será necesario intensificar las acciones que en materia de tenencia de la tierra reclame cada región en particular. A fin de tener soluciones específicas en el corto plazo, sobre problemas concretos que limiten la instrumentación y ejecución del universo de programas del sector, deberá establecerse una estrecha coordinación intersecretarial a fin de atender, en forma prioritaria, aquellos problemas que se identifiquen como factores restrictivos para el logro de los objetivos del sector.
- Deberán reforzarse los instrumentos de coordinación con los gobiernos estatales mediante la desconcentración de acciones, fortaleciendo los convenios únicos de desarrollo, apoyando la readecuación de las instituciones técnico- administrativas estatales a los
objetivos y estrategias de los programas centrales, dentro de un proceso flexible de retroalimentación.
- Para lograr la distribución equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento de los recursos forestales, es necesario que sus propietarios y poseedores tengan acceso y se incorporen a los órganos directivos o consejos de administración de las empresas, tanto paraestatales como privadas. Todo ello, con la finalidad de que se acabe con el rentismo, el contrabando forestal, la apatía por el cuidado del bosque y la alarmante disminución de la masa forestal en nuestro país.
- Estimamos prudente anotar que, debido a la austeridad en el gasto público, los egresos deben destinarse hacia los grupos mayoritarios, que se encuentran en una situación de marginación económica y social. Por lo tanto, pugnamos por que se canalicen recursos para el aprovechamiento integral del recurso forestal, apoyándolo técnica y económicamente, ya que los propietarios y poseedores del recurso, particularmente los ejidatarios y comuneros, han sido grupos marginados de los beneficios sociales.
- Consideramos necesario que el presupuesto para el subsector forestal sea mayor al del año pasado. Para ello, formularemos los argumentos básicos de las necesidades de la protección, conservación y aprovechamiento integral del recurso.
- En el sector paraestatal agropecuario y forestal se considera necesario encontrar los procedimientos y estrategias que paulatinamente vayan logrando cambios estructurales a nivel de empresas, que permitan operaciones sanas, contemplando los aspectos financiero y de beneficio social.
- Para la evaluación del cumplimiento de los objetivos del sector se deberá medir no sólo la operación de las empresas, sino el impacto de los beneficios a los productores y a los consumidores. Para ello, es necesario que se pugne por: estructuras financieras sanas, incremento de producción, incremento de productividad, disminución de costos, generación de empleos, mayor participación y coordinación entre todas las partes que intervienen en el proceso productivo, capacitación de divisas y un sistema de capacitación eficiente y adecuado.
12. Comisión de Reforma Agraria
- El PDN da lineamientos y bases para la formulación de programas sectoriales que concretarán la política de "Desarrollo Rural Integral" y de "Reforma Agraria Integral". Estas mayores concreciones se ubicarán en los programas de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
- Las políticas y estrategias derivadas del PND que consideramos deben definirse de inmediato, son los siguientes:
- Tenencia de la tierra. Determinar el procedimiento para garantizarla, por encima de la documentación misma, procurando que los regímenes de tenencia vigentes funcionen correctamente apoyados en las figuras jurídicas que, de acuerdo a las circunstancias, se hagan necesario establecer o modificar.
- Vivienda. Se propone la creación de un instrumento financiero cuyo origen está plasmado en el artículo 4o. constitucional, y cuya estructura se encuentre en el PND. Deberá ser un organismo ágil, eficiente y desburocratizado que impulse la resolución integral de los problemas de vivienda rural existentes, apoyando en la infraestructura gubernamental.
- Se propone también la creación - en el seno del CAPFCE- de un programa de construcción de viviendas decorosas para el maestro rural, que además de dignificar su labor magisterial sirva para motivar al campesino a mejorar su propio tipo de habitación y sus hábitos de higiene familiar.
- Salud. No son suficientes los programas para combatir enfermedades contemplados por la SSA; su prevención mediante hábitos de higiene son igualmente importantes. La Reforma Agraria Integral debe implementar y promover programas preventivos y de instalaciones sanitarias en el medio rural.
- Educación. A los programas normales de instrucción primaria rural deben incorporarse programas de capacitación técnica especializada, en los distintos tipos de actividad agropecuaria de cada zona y de cada región del país. La Ley de Educación Agrícola que contemplaba la Parcela escolar fue abrogada en el decreto que creó la Universidad Autónoma de Chapingo. Se propone sea estudiada la conveniencia de actualizarla y someterla a discusión en las comisiones involucradas.
- Agroindustrias. Los programas agroindustriales, además de elevar el nivel de industrialización del país, transformando la materia prima en beneficio del producto directo, constituyen una fuente de trabajo y arraigan a los campesinos en su lugar de origen evitando el gigantismo de las ciudades y sus problemas colaterales.
Consideramos que el PND contiene concepciones en materia agraria que deben corregirse:
- El Plan destaca: "La indefinición de la estructura agraria", apoyándose en las irregularidades que en la realidad se presentan en la tenencia de la tierra. La estructura agraria, conforme a la doctrina, es el conjunto de principios rectores, y de instituciones fundamentales, de bases orgánicas, que sistematizan la materia agraria, consagran y sancionan el orden jurídico. De acuerdo con el artículo 27, constitucional no existe indefinición en la estructura agraria
y sí muchos problemas ligados a la tenencia de la tierra.
- El Plan expresa: "En materia de reparto agrario, es necesario determinar la totalidad de la superficie de afectación, para concluir la fase del reparto". Esto parte de un supuesto equívoco: que en lo futuro ningún propietario concentrará propiedades rurales más alla de los límites que permite la ley y que tampoco dejarán de cultivar sus propiedades rústicas más de dos años. Se olvida que el proceso de concentración de la propiedad rural es un hecho social que, como los hechos delictivos, se suceden en la vida normal de toda sociedad aunque las leyes los prohiben, y que en su esencia es dinámico, por lo cual está sujeto a todo género de transformación. Por otra parte, los propietarios de superficies inafectables que dejen de cultivar sus tierras durante dos años consecutivos, sin motivo justificado para satisfacer las necesidades agrarias. Por principio, las leyes agrarias que regulan los repartos y afectaciones son de aplicación permanente en cuanto se den las hipótesis previstas por la propia ley. Por lo tanto resulta desacertado hablar de concluir con la fase del rezago y del reparto agrario.
- Es impropio hablar de inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra y, equívoco, que la seguridad en la propiedad rural se obtenga con el solo "otorgamiento de los documentos legales". En nuestro país la inseguridad jurídica la han invocado principalmente los propietarios, cuyos predios rebasan los límites que la ley autoriza; no los auténticos pequeños propietarios ni los campesinos, quienes han demandado con todo vigor el establecimiento de un sistema de justicia agraria, que los rescate de la madeja de todo tipo de injusticias de que son víctimas. Por ello, este capítulo de la Reforma Agraria debe coordinarse con el correspondiente a reformas jurídicas e impartición de justicia, donde se apunta el reclamo de fortalecer la magistratura agraria con una justicia pronta, expedita, y honesta para los campesinos, como lo ordena la fracción XIX del artículo 27 constitucional.
13. Comisión de Pesca
- El PND en su apartado de pesca y recursos del mar, se centra casi exclusivamente en el renglón de pesca, con escasas referencias al resto de los recursos del mar.
- En el diagnóstico no se menciona el estado financiero actual del sector. Tampoco la necesidad de importar insumos indispensables ni la influencia de monopolios como el de La Viga en el Distrito Federal. Se sugiere su inclusión en el programa respectivo.
- También debiera incluirse en el diagnóstico del sector de pesca, la relación escuelas- actividades pesqueras, y asuntos graves como el contrabando de camarón y su estrecha relación con la fuga de divisas. Además, problemas con el de las llamadas cooperativas pesqueras ejidales y las características de la industria de harina de pescado.
- El programa sectorial debiera incluir las especies que por su volumen y precio podrían hacerse llegar a las mayorías. También los problemas de nutrición y hábitos de los consumidores nacionales.
- Convendría, además, en el renglón de acuacultura, hacer referencia concreta a las lagunas litorales y a la maricultura.
- En el programa del sector industrial, es indispensable plantear el problema de los envases, en especial las latas, su costo y sus necesidades de importación.
- En los propósitos convendría añadir el de control ambiental y la conversación de las especies.
- En el objetivo "contribuir a mejorar la alimentación de la población" convendría considerar los hábitos alimentarios, los precios, los recursos pesqueros existentes, las inversiones necesarias y los plazos.
- En el objetivo "generar empleos, especialmente en zonas y grupos más rezagados" convendría considerar la relación inversión- empleo- capacitación - precio- mercado nacional e internacional.
- En el objetivo "promover el desarrollo regional y comunitario y mejorar los niveles de vida para los trabajadores que se dedican a la pesca" convendría insistir en la necesidad de la coordinación interinstitucional de las dependencias que intervienen en el sector.
- En "lineamientos de estrategia" se propone insistir en la integración de las diversas actividades que constituyen la pesca, desde la investigación del recurso hasta el consumo. También dar mayor importancia a la acuacultura de lagunas litorales y a la maricultura, desde su investigación hasta su procesamiento y comercialización.
- En "líneas generales de acción" convendría incluir, en "captura", la necesidad de sustituir importaciones como las de refacciones para motores y artes de pesca.
- En "acuacultura" sería indispensable explotar nuestras lagunas litorales, hacer maricultura y aprovechar todos los almacenamientos de agua dulce. También establecer en todos los casos la tecnología nacional que permita una verdadera producción masiva de especies marinas.
- En "industrialización" convendría incluir la fabricación de harina de pescado tanto para el consumo animal como para el consumo humano.
- En "comercialización y transporte" convendría atender las relaciones precio- producto- flete- precio, envase- precio y comercialización- precio al consumidor- número de consumidores por especie.
- En "organización y capacitación" convendría insistir en la necesidad de la relación escuela- actividades pesqueras.
- En "prospección, investigación y tecnología" debía incluirse la acuacultura y la maricultura.
- En "consumo" convendría incluir la necesaria investigación de la relación idiosincrasia- hábitos- alimentación- especies- nutrición- precios.
- En "financiamientos" convendría destacar la política crediticia y su relación con los grandes pasivos del sector.
- Sería conveniente, finalmente, incluir en las "líneas generales de acción" a las siguientes: infraestructura y construcción y reparaciones navales.
14. Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial
- Esta Comisión juzga un cierto que el PND reconozca que el desarrollo industrial ha sido importante para la economía nacional, pero ha generado distorsiones a nuestro desarrollo: dependencia del exterior e injusticia social. Sin la reestructuración cabal de este sector, difícilmente se podrán lograr los cuatro objetivos del PND.
- La segunda vertiente de la estrategia del PND (cambio estructural) es de fundamental importancia para el sector industrial, porque sus seis orientaciones generales tienen una incidencia directa en el sector, particularmente la reorientación y modernización del aparato productivo y distributivo.
- Esta Comisión desea que se aclare la forma en que se alcanzarán las tasas de crecimiento promedio - entre 6.7 y 7.9%- , que se estiman para el sector industrial en el período 1985- 1988, siendo que la previsión para 1983- 1984 es entre 1.0 y 4.0%. Este salto podría explicarse por la superación de los desequilibrios económicos de 1983- 84 y por el cambio estructural al que se postula. Creemos que el programa sectorial correspondiente debiera explicar este salto y la forma de lograrlo.
- En cuanto a las políticas para impulsar el cambio estructural:
- La política de protección y comercio externo parece adecuada, sin embargo, se precisa mayor información de cómo se logrará la sustitución selectiva de importaciones bienes de capital y el fomento de exportaciones de dichos bienes.
- La política de franjas fronterizas y zonas libres deberá quedar suficientemente explícita en el programa regional correspondiente, ya que esta parte del país tiene un gran potencial exportador que debe vincularse debidamente a la economía nacional. En este sentido nos pronunciamos por que el empleo no sacrifique independencia. La industria maquiladora debe coadyuvar al desarrollo de nuestro propio proceso industrial y no ser causa de su distorsión.
- La política de fomento a la industria también deberá especificarse en el programa sectorial ya que el Plan sólo incluye un párrafo.
- La política fiscal y financiera que se detallará en el Programa de Financiamiento del Desarrollo, deberá darle una gran importancia a la orientación selectiva del crédito, y deberán quedar explícitos los mecanismos y condiciones que se utilizarán para estos efectos. El Plan sólo dice que la canalización se hará hacia "proyectos prioritarios y empresas que aseguren la rentabilidad del proyecto"; en consecuencia, tendrán que precisarse las ramas prioritarias, así como los criterios para el otorgamiento de tasas de interés preferenciales y otros apoyos bancarios.
- La política de desarrollo tecnológico - industrial y capacitación- reciben un enfoque adecuado, pero sería conveniente su ampliación.
- La precisión de la política de fomento a la pequeña y mediana industria es de suma importancia ya que de ella depende, en buena medida, el éxito de la política industrial y el logro del cambio estructural buscado.
- En la política de empresa pública industrial, creemos que deberá precisarse la expresión que dice: "La estrategia del Plan asigna a la industria paraestatal una gran importancia como instrumento de fomento más que de regulación". Consideramos que debe actuar en ambos sentidos, es decir, para regular y también para fomentar. No se trata de competir con la empresa privada, sino de regularla y fomentarla en beneficio del interés general. Creemos que en este inciso debiera quedar claramente precisadas cuáles son las áreas prioritarias en las que puede participar el Estado por sí o con los sectores privado y social.
- En cuanto a la política de regulación, nuestro interés se centró en la política de inversión extranjera. El Plan menciona que "en el proceso de expansión, diversificación y modernización de la planta productiva nacional, se utilizará de manera complementaria recursos del exterior tecnólogicos, administrativos y financieros- y se orientarán de acuerdo con las prioridades de la estrategia de desarrollo para elevar al máximo su aportación".
- Estamos consistentes de que la independencia económica de una empresa no radica exclusivamente en la estructura del capital social de la misma, sino en su operación, es decir en el grado de dependencia de insumos y tecnología extranjera para poder operar. Por ello expresamos nuestra preocupación en el sentido de que, para autorizar una inversión extranjera, no basta verificar que se cumpla con los límites de participación en el capital establecido por la ley sino además, que su operación se ajuste estrictamente a los criterios señalados en el Plan.
- En este aspecto conviene señalar el interés de la H. Cámara de Diputados
por conocer trimestralmente, un informe de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras en el que se dé cuenta de las resoluciones tomadas y los fundamentos que ha tenido para ello, ya que dicha Comisión requiere de mecanismos de control respecto a su funcionamiento.
- Por otra parte, el Plan señala políticas a cumplirse hacia los años próximos; no obstante, existen actualmente en el país empresas con capital extranjero que no cumplen con los criterios señalados en el Plan, por lo que debieran de establecerse medidas para tales casos y corregir así las desviaciones incurridas en el pasado.
- En materia de desarrollo industrial, esta Comisión espera que los programas de mediano y corto plazo detallen los lineamientos específicos para promover, alentar y organizar de mejor manera al sector social en esta materia y que se le reconozca la importancia debida a su expansión y desarrollo ante los propósitos de cambio estructural señalados.
- Para el sector industrial, debido a su situación y características, la empresa pública debe ser el principal instrumento para su reestructuración y reorientación.
- Nos parece adecuado el diagnóstico que se hace de la empresa pública, y esperamos que el programa correspondiente, que concretará los "propósitos y líneas generales de acción", se formule con la misma claridad y contundencia que caracterizan al diagnóstico.
- Se habla de "participar en la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y en aquéllas actividades de producción básica que no sean cubiertas suficientemente por la iniciativa particular". Se precisa entonces que se detallen cuáles son unas y otras, y que se aclare el papel que corresponde a la participación del Estado en estas actividades, pues la frase citada parece darle un carácter subsidiario.
- Consideramos necesario que sea en el capítulo de empresa pública donde se precisen las áreas prioritarias, en las que podrá el Estado participar por sí o con los sectores privado y social. Una parte primordial de la política de empresa pública creemos que debiera ser el señalar con precisión las ramas productivas que se consideren prioritarias de acuerdo con las políticas sectoriales.
- Dentro de los "lineamientos de estrategia y líneas generales de acción" se señala que "se pondrán en práctica lineamientos y criterios que determinen la creación, adquisición, fusión, liquidación o venta de empresas públicas". Consideramos indispensable que antes de "ponerse en práctica señale claramente cuáles son. Tales lineamientos y criterios podrían establecerse en la exposición de motivos del presupuesto de egresos de la Federación de cada año, o en los programas de mediano y corto plazos.
- Asimismo, consideramos conveniente incluir en la cuenta pública de cada año, y en la medida posible, el "balance social" de las empresas paraestatales y no únicamente su situación contable y financiera. Es imprescindible evaluar sistemáticamente y con periodicidad la utilidad que representan las empresas públicas para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo nacional, así como el impacto que representa dentro de las estrategias del Plan y como instrumento de la política económica y social. La evaluación de estas empresas rebasa el ámbito exclusivo de lo presupuestal, debiendo de efectuarse en un contexto más general.
15. Comisión de Energéticos
- El PND contempla los aspectos fundamentales en materia energética, tanto en el diagnóstico, como en los propósitos, lineamientos de estrategia y líneas generales de acción. Estos se presentan bien integrados y cubren aspectos determinantes de la planeación a nivel macroeconómico. Sin embargo, esta Comisión considera que deberían incluirse en el programa correspondiente, los puntos siguientes:
- El crecimiento del sector energético es prerrequisito para el logro de casi todos los demás aspectos que se contemplan en el Plan. Por lo tanto se sugiere: - Contemplar los inventarios de los recursos energéticos del país, ya que si bien existen inventarios de hidrocarburos y de energía hidroeléctrica, solar, biomasa y nuclear, es necesario mejorar los inventarios de energía geotérmica, eólica, carbonífera, gradientes marinos termínicos y/o salinos y de las olas. Esto es un requisito para definir el abastecimiento futuro de las diferentes fuentes de energía, así como la política en cada una de ellas en el futuro inmediato.
- Conocido el inventario el programa de mediano plazo de este sector tendrá que definir con precisión sus tasas de crecimiento congruentes con los objetivos que el Plan señala y tomando en cuenta el imperativo de diversificar fuentes de energía "dentro de un equilibrio realista en el que se tome en cuenta la correspondencia entre la disponibilidad de recursos nacionales y los requerimientos de cada una de las fuentes en términos de producción, distribución, materias primas, complejidad tecnológica y viabilidad económica, entre otros".
- Que "el mando sectorial unitario" que se prevé en los lineamientos de estrategia y al cual responden las adecuaciones a la estructura orgánica de la SEMIP, permita establecer programas, de desarrollo e inversión por sectores - petróleo
electricidad, etcétera- , con dos o tres años de anticipación a fin de hacer factible la sustitución de las importaciones.
- Este "mando sectorial unitario" es también importante para seguir políticas uniformes de desarrollo regional y sectorial ya que en ocasiones las condiciones de abastecimiento - fundamentalmente en petróleo y electricidad- no son las mismas, como es el caso de los costos para riego agrícola, donde la productividad y rendimiento de una hectárea son diferentes, dependiendo del tipo de energía que se utilice, por la amplia diferencia en el precio entre uno y otro energético.
- La energía también es vital para satisfacer necesidades básicas. En este sentido a la electrificación rural debe dársele un lugar preferente, y mencionarse por separado, ya que, por sus características económicas, su electrificación únicamente será factible mediante una transferencia del Gobierno federal, cuyo monto debe estar condicionado por las condiciones económicas de la zona por electrificar.
- En el "esquema realista de precios y tarifas" que señala el Plan, es necesario que- dentro de este realismo y sin descuidar el saneamiento financiero de las empresas productoras de energía- se consideren tasas diferenciales - tanto en derivados del petróleo como en materia de electrificación para que se atienda a la necesidad de redistribuir el ingreso a favor de los grupos, regiones y sectores más necesitados.
- El avance energético del país, en los últimos años, ha creado fuertes desequilibrios regionales por lo que debe preverse - con mayor amplitud- la acción del Estado para evitar los efectos nocivos en materia ecológica, social y económica que la presencia de PEMEX origina en algunas áreas.
- Para "fortalecer la investigación y desarrollo en fuentes en las que el país cuenta con ventaja relativa", que postula el PND, dicha investigación debe hacerse en todas las áreas para iniciar el desarrollo de una tecnología propia. Por tal motivo se deben fortalecer las acciones del Instituto Mexicano del Petróleo, del Instituto de Investigaciones Eléctricas y del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, tratando de unirlas - en aquellas áreas de investigación en las que se pueda realizar un trabajo conjunto- y de jerarquizar prioridades.
- En materia laboral, consideramos necesario analizar la asignación actual de los recursos humanos existentes, ya que en las actividades que integran al sector energético se habla de un exceso de personal en algunas áreas de carencia en otras. Para ello, como señala el PND es necesaria la participación y consulta al movimiento obrero.
- Otro fenómeno que debe analizar es el de las obras que se realizan por contrato, donde - además de exigirse un respeto absoluto por la legalización vigente - deben hacerse adecuaciones legales para evitar la comercialización de los contratos - su traspaso a terceros - por aquéllos directamente beneficiados.
En materia de comercio exterior sería conveniente que en los programas correspondientes se destaca y señalara, con mayor amplitud, que política futura de exportaciones de hidrocarburos, donde éstas disminuyan su participación en el mediano y largo plazo y el país tenga otras fuentes de divisas.
- Estimamos necesario profundizar en los mecanismos de consulta, coordinación acuerdo con los demás países exportadores de petróleo, a fin de evitar un exceso en la oferta y fluctuaciones bruscas en los precios.
Los programas de disciplina presupuestal, eficiencia en el gasto público, revisión del aparato administrativo existente, etcetéra, deben aplicarse con mayor rigor en el sector energético, dada la importancia del mismo dentro del sector público nacional.
16 Comisión de Comunicaciones
y Transporte.
- Esta Comisión considera incuestionable que el desarrollo del país, en sus órdenes económico, social y cultural, requiere que el sector comunicaciones y transportes esté totalmente integrado, de otra forma, no podrán alcanzarse las metas propuestas, dado que los problemas van en aumento y en proporción mayor al del desarrollo de este sector.
- Es cierto que los regímenes revolucionarios han dictado medidas tendientes a solucionar estos problemas de marcado interés nacional, y se ha incrementado la eficacia y la eficiencia de este sector, pero también es cierto que la crisis económica actual del país, impide que este sector cumpla su cometido con la eficacia y eficiencia ya señaladas.
- En el área de transporte PND reconoce el atraso de la legislación de la propia reglamentación, así como de una deficiente política tarifa y financiera, la falta de equipo, tecnología atrasada y la consecuente falta de capacitación y, en este momento, la falta de divisas.
- En el área de comunicaciones, también es necesario precisar que se debe revisar y adecuar su legislación para atacar varias causas de regazo.
- La Comisión de Comunicaciones y Transportes, considera que en cuanto a los lineamientos generales del sector, el PND cumple con su fin y su cometido.
- Pero entendemos que por sí sólo no es suficiente para lograr sus objetivos en esta área, sino que es necesario:
- Adecuar la legislación y reglamentación del funcionamiento del sistema de transporte.
- Coordinar las áreas de transporte, mejorar equipos, capacitar personal.
- La misma situación se presenta en el área de comunicaciones, ya que en ambas no se ha alcanzado la autosuficiencia financiera - excepción hecha de los subsectores marítimos y de autotransportes- y, en consecuencia, no se puede expandir la prestación del servicio de comunicaciones y transportes.
- Finalmente, consideramos que son a muy largo plazo los resultados del Plan en esta área, por la falta de tecnología y la carencia de divisas.
17. Comisión de Comercio
- El diagnóstico del sector comercio en el PND y corresponde a la información captada en los foros de consulta popular, identificando los problemas estructurales y coyunturales del sector.
- Los propósitos del sector comercio corresponden a su diagnóstico, pero estimamos conveniente que se jerarquicen y que se vigile cualquier desviación que afecte el logro de los mismos.
- Los lineamientos de la estrategia atienden a los problemas coyunturales y estructurales, pero las políticas deberán esclarecerse en el programa sectorial, donde se precisaría su correspondencia con la problemática que plantea el sector.
- En las líneas generales de acción, consideramos prioritario el reconocimiento del margen razonable de los productores básicos, que no los desaliente y les permita contribuir con su esfuerzo a la solución del grave problema de escasez de los mismos.
Asimismo, consideramos de urgente aplicación el desarrollo del Sistema Nacional para el Abasto que plantea el PND.
- Con respecto al desarrollo comercial, la Comisión espera que el programa sectorial amplíe los conceptos y los identifique con mayor claridad. Los problemas de los establecimientos comerciales requieren de la concentración de esfuerzos por áreas y fundamentalmente en los sitios donde el consumidor acude tradicionalmente. Esto implica un análisis más detallado de políticas y procedimientos que se traduzcan en resultados concretos en la práctica.
- En el apartado de regulación y control, la Comisión formula las siguientes observaciones:
- En la política integral de precios deberá contemplarse con precisión las posibilidades de la aplicación de subsidios a aquellos productos donde no sea posible mantener una relación inferior con respecto al salario mínimo.
- Que se contemple la necesidad de llevar a cabo modificaciones a los reglamentos y demás disposiciones que regulan la apertura y funcionamiento de establecimientos comerciales. La anárquica proliferación sólo podría irse reduciendo a futuro con fijación de criterios definidos en materia de otorgamiento de licencias, permisos y autorizaciones de cambios de domicilio y modificaciones a la capacidad operativa.
- Que no obstante el reconocimiento de lo nocivo de las prácticas de persuasión ejercidas a través de la publicidad, distorsionadoras del consumo popular y del propósito de reorientación, no se señala en esta materia cómo se ejercerá la rectoría del Estado; por lo que solicitamos que se atienda esta preocupación en el programa de mediano plazo de comunicación social.
- La organización social e integración productiva se trata brevemente, por lo que sería conveniente su ampliación y clarificación.
- Finalmente, la Comisión se pronuncia por un mayor fortalecimiento de la empresa pública productora y comercializadora de básicos, considerando - adicionalmente a lo que señala el Plan- la trascendencia de la función reguladora que ésta puede desempeñar.
18. Comisión de distribución y manejo de bienes de consumo y servicios, vialidad, vialidad federal y autotransportes
- El PND analiza correctamente la problemática del sector autotransportes, y propone las directrices que conducen a su solución.
- La Comisión considera que debido al alza del costo de las unidades, sus refacciones e insumos - agravada por el hecho de la fluctuación del peso ante el dólar- es preciso concretar las políticas tarifarias y financieras del autotransporte, ya que éstas repercuten en el valor y precio de las mercancías transportadas.
- En el rubro de propósitos, se conjuga adecuadamente el combate a la inflación con el papel del autotransporte en el abasto oportuno y eficiente, al articularlo a los sistemas de acopio, comercialización y almacenamiento.
- Sin embargo, por falta de coincidencia de la Ley General de Vías de Comunicaciones con sus homólogas de los estados, así como de sus respectivos reglamentos se dificulta el tránsito de vehículos que transportan mercancías.
Al respecto, esta Comisión se reunió con el secretario de Comunicaciones y Transportes y formuló los siguientes puntos de acuerdo:
- Integrar un equipo de trabajo conjunto entre legisladores de la Comisión y funcionarios de la SCT invitando a los gobiernos de los estados y municipios, para realizar los estudios necesarios a fin de dar mayor congruencia a las diferentes leyes, reglamentos y ordenamientos y lograr una mejor fluidez en la autotransportación de productos básicos.
- La SCT, a través de la Dirección General de Autotransporte Federal, implementará las acciones necesarias, para lograr el cumplimiento del propósito del PND de "coadyuvar a realizar abasto oportuno, racionalizando el transporte y mejorando su articulación con los sistemas de comercialización y almacenamiento".
- Se promoverán, ante los diputados estatales, acciones que conduzcan a los estudios legislativos correspondientes, a fin de que en cada entidad federativa se lleve a efecto los puntos anteriores en su área de competencia.
- Al efecto, se fortalecerá la vigilancia de la coordinación entre la autoridad máxima del autotransporte y los autotransportistas, en los movimientos masivos de granos - de las cosechas e importaciones- a fin de evitar congestionamientos en los centros de acopio y almacenamiento, y lograr su eficaz transportación.
Asimismo, las autoridades darán facilidades a los transportistas, productores y usuarios del autotransporte federal, tendientes a agilizar trámites y evitar tiempos muertos de autotransportación de básicos.
- Se establecerán los enlaces necesarios por parte de la SCT y la Cámara de Diputados para vigilar el avance y el cumplimiento de estos acuerdos.
- Respecto a la producción y distribución de alimentos básicos, la Comisión considera que hace falta definir políticas específicas que conduzcan a incorporar a la canasta básica, productos pesqueros como el atún y algunos perecederos.
19. Comisión de Turismo
- Esta Comisión considera importante conocer algunas de las variables que inciden en el sector turismo a efecto de evaluar la vialidad del propósito y de las políticas y estrategias que se plantean:
- Las expectativas del turismo para el presente año, a pesar de la crisis internacional, son bastante promisorias ya que se estima una afluencia mundial de 291.3 millones de turistas, con una derrama económica del orden de 99 mil millones de dólares; siendo los principales países generadores: Estados Unidos, Canadá y algunos de Europa, entre los que destaca Alemania Occidental. De ese total, México espera captar, para este año, el 1.5% de turistas - 4.3 millones- y el 1.7% de esta derrama económica - 1,700 millones de dólares.
- La afluencia de turismo hacia México será en un 87% procedente de los Estados Unidos; 3%, de Canadá; 6% de América Latina y El Caribe; 3.5%, de Europa; y el 0.5%, del resto del mundo.
- En turismo fronterizo se estima, para el presente año, un total de 60.6 millones de visitantes, generando un ingreso de 4,073 millones de dólares.
- Como se aprecia, la participación de nuestro país en el mercado mundial de turismo - principalmente estadounidense- sigue siendo sumamente limitada a pesar de poseer una gran diversidad y calidad de atractivos turísticos y una capacidad instalada que, en base a un cálculo conservador, nos indica la posibilidad de atender a unos 40 millones de turistas y recibir consecuentemente un ingreso aproximado de 16 mil millones de dólares anuales, tan sólo por concepto de turismo de internación.
- De acuerdo al diagnóstico del sector, contenido en el PND, esta escasa participación se ha debido a factores tales como la baja calidad de los servicios, la inadecuada política de precios, la falta de un producto diferenciado y competitivo y el manejo inadecuado de la promoción y comercialización.
- Por tal motivo, el PND propone estrategias y lineamientos de acción tendentes a incrementar la corriente de visitantes y el flujo de divisas. Sin embargo, creemos indispensable hacer algunas observaciones que enriquecerían este documento.
- Se menciona la implantación de una política de precios que permita mantener la competitividad en el mercado turístico internacional; no obstante el alza de precios en los servicios turísticos, representa un riesgo constante de la pérdida de esa competitividad, por lo que se considera que esta política deberá ser más amplia y precisa, de manera que se definan los mecanismos de regulación más adecuados.
- Las estrategias de promoción deberán estar orientadas a captar, principalmente, el turismo, procedente de los Estados Unidos y Canadá, dada la enorme potencialidad turística, dejando en un segundo término la diversificación de los mercados europeos y asiáticos, propuesta por el PND.
- El turismo fronterizo juega un papel fundamental, ya que por cada dólar captado por
turismo de internación, ingresan dos dólares por turismo fronterizo. Por tal motivo, se hace necesario definir estrategias de promoción y desarrollo de la oferta que nos permitan, por una parte, incrementar la estadía del turismo en la frontera norte y, por otra, lograr que un número cada vez mayor de esos visitantes se internen hacia los centros turísticos nacionales.
- Consideramos necesario, en primera instancia, dotar a la actividad turística de una legislación más amplia y eficiente, acorde con los objetivos del PND.
Por tal motivo, la Ley Federal de Turismo se encuentra actualmente sujeta a estudio y adecuación por parte de esta H. Cámara de Diputados, a efecto de sentar una sólida base jurídica que permita el óptimo aprovechamiento de los recursos, a la vez que propicie un crecimiento armónico y sostenido de la actividad que nos ocupa. De esta manera, damos cumplimiento a una de las principales demandas del sector. La instrumentación de las políticas y estrategias habrán de darle su impulso definitivo.
- A este respecto, cabe anotar que su adecuada ejecución, exige una mayor asignación de gasto público al sector turismo, que a la fecha representa el 0.2% del presupuesto federal, limitando así, sus posibilidades de desarrollo. 20. Comisión de Ciencia y Tecnología.
- La prioridad que da el PDN a la temática de investigación y la forma de fortalecer la estructura así como la transferencia de tecnología y la cooperación internacional, están bien expresados en términos generales y manifiestan que la Nación está consciente de la importancia de estos aspectos para la independencia política y económica que el país reclama.
- Sin embargo, en el diagnóstico falta señalar que se carece de programas generales de política científica y tecnológica que rijan tanto para las universidades - la mayoría autónomas- , como para el IPN y los institutos tecnológicos. Cada una de estas instituciones o grupos de instituciones tienen sus propias normas y políticas de desarrollo.
- El PND sólo señala el Programa de Desarrollo Tecnológico y Científico, sin aclarar qué organismo, con facultades suficientes, habrá de ser el encargado de ejecutar, coordinar y evaluar el programa. No puede ser el CONACTY, por las limitaciones jurídicas y de estructura que tiene, pues entre otras, carece de facultades ejecutivas suficientes.
- En el apartado de propósitos sería conveniente que se señalara explícitamente la necesidad de elevar la capacidad tecnológica de las empresas estratégicas para el desarrollo nacional independiente.
- En cuanto al "sistema nacional de ciencia y tecnología" que se instrumentará, cabría tomar en cuenta que la mayoría de las universidades son autónomas y se rigen bajo el principio de la libertad de investigación, situación que podría ser incompatible con la ejecución del programa. En cuanto al Instituto Politécnico Nacional y los tecnológicos regionales, se tendría que aumentar el grado de cooperación entre ellos para utilizar en común, y en beneficio de los objetivos definidos, los recursos materiales y humanos con que cuentan.
- En los "temas prioritarios de investigación" se habla de campos muy generales y consideramos importante que se señalen de manera específica los que serán prioritarios; tales como impulsar el desarrollo tecnológico de PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad, la industria siderúrgica o la satisfacción de necesidades básicas del IMSS, el ISSSTE, Salubridad, etcétera, cuyas actividades constituyen verdaderas prioridades nacionales.
- Esta Comisión estima necesario incrementar los fondos y recursos públicos al sector a un mínimo del 1% del PIB, sujeto a un programa coordinador en donde la investigación se vincule a las necesidades nacionales.
- Estimamos necesario descentralizar la investigación científica, y tecnológica, lo que debe hacerse con audacia, pues mientras no se pruebe el efecto, no podrá destruirse la causa que impide el aprovechamiento de tantos recursos humanos que el sistema nacional tiene, mismos que son desaprovechados por falta de apoyo institucional.
- Se requiere un sistema de seguimiento para los becarios del CONACYT - que actualmente son más de 30.000- , los cuales significan un núcleo de conocimientos real que debe optimizarse con la creación de centros de investigación en los diferentes estados de la República.
- Es necesario aumentar los presupuestos universitarios para programas de investigación específica, en proyectos de gran envergadura que las instituciones de provincia puedan absorber.
- Es imperativo que se fomente la consulta popular con todos los investigadores y científicos mexicanos - no sólo los del aparato gubernamental- para aumentar las ventajas de una consulta plural.
- Desde el punto de vista legislativo - como lo señala el PND- urge la creación de un paquete legislativo que incluya apoyos fiscales, presupuestos básicos complementarios, reformas educativas y leyes que exijan la utilización de la tecnología nacional en el sector productivo. Este paquete, que esperamos sea incluido en el programa de mediano plazo para el desarrollo científico y tecnológico, deberá incluir también, los mecanismos de transferencia de tecnología completos o adoptados, para generar bienes de capital e insumos para la planta productiva industrial. Se sugiere una Ley Federal de Ciencia y Tecnología que establezca la entidad responsable de fijar,
regular, instrumentar y evaluar la política científica y tecnológica. Esta ley podría facultar al CONACYT para este objeto, modificando su actual estructura jurídica.
21. Comisión del Distrito Federal.
- Esta Comisión concuerda con el PND cuando asume que solamente podrán fincarse las bases de un desarrollo regional más equilibrado si se enfrenta con decisión el reto de reordenar la zona metropolitana de la ciudad de México, por constituir el problema prioritario en el mediano plazo.
- Lograrlo, requiere aceptar que cualquier análisis, enfoque o vía de solución tiene que partir del trinomio descentralización- conurbación- servicios como fórmula integral e indisoluble.
- El núcleo de la compleja problemática del Distrito Federal y su área conurbada es su desmedido y acelerado crecimiento, que desborda intenciones y recursos. Su solución tiene que abandonar cualquier vestigio de centralismo para fortalecer al federalismo. Solamente así podrá aplicarse una estricta política de reordenamiento y programar en forma adecuada la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos en las ciudades hacia donde se orientará la desconcentración, para evitar el simple traslado del problema capitalino hacia otros lugares. Solamente así podrán detenerse las migraciones hacia la metrópoli y fortalecer el desarrollo de las zonas de expulsión. Sólo así se reorientarían las migraciones hacia las ciudades intermedias y se incrementaría la capacidad de retención de las regiones expulsoras.
- Sobre las líneas de acción, que propone el PND para revertir la tendencia concentradora de la zona metropolitana de la ciudad de México, opinamos que la desconcentración educativa y del sector salud no deben quedar como ejemplos aislados en la administración pública.
- Para las acciones desconcentradoras concretas es importante considerar un radio suficientemente amplio, porque de no contemplar la zona metropolitana con el Distrito Federal y los estados de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos e inclusive Querétaro, estaremos provocando una conurbación de inercia incontenible.
- El crecimiento desmedido del Distrito Federal afecta al estado de México; lo que aquí ya no cabe, se coloca en su alrededor, fomentando un crecimiento insospechado en los asentamientos humanos sobre el territorio del estado de México. En la medida que crecen los asentamientos humanos crece el requerimiento presupuestal y esto provoca anarquía en los usos del suelo, valores inmobiliarios, precios de construcción, pago de los servicios públicos y costo social por el deterioro de la calidad de vida.
- Deberán dictarse medidas prácticas de carácter enérgico, para iniciar el reordenamiento del área metropolitana y, con ello, reforzar cualitativamente la prestación de los servicios públicos del área, evitando su extensión.
La política de reordenamiento debe ser hacia el mejoramiento de los asentamientos humanos, la creación de posibles áreas de crecimiento y la integración urgente de las reservas territoriales para producción agropecuaria, parques nacionales, bosques, áreas de construcción y zonas prohibidas al crecimiento urbano.
- Por todo lo anterior, consideramos que sería más coherente con los programas de descentralización y con la realidad de la conurbación, elaborar un programa de desarrollo urbano de la zona metropolitana del Distrito Federal.
- En el caso del Distrito Federal y mientras se abren más y mejores vías de participación ciudadana, consideramos que los diputados deben ser quienes lleven a cabo la consulta popular permanente para alimentar el SNPD y servir de base a los programas de desarrollo urbano del Distrito Federal.
- Consideramos indispensable actualizar las normas jurídicas que afectan la vida del Distrito Federal, a fin de que los preceptos del PND aseguren su viabilidad, legitimidad y congruencia.
- Grave y constante riesgo de toda gran ciudad es que el progreso desfigure los valores esenciales de su vida colectiva. Por ello, es vital que en esta renovación legislativa se mantenga como premisa constante humanizar esta capital, fortalecer la integración social, hacer la ciudad cada vez más digna de ser vivida por las mayorías populares que la habitan y conforman cotidianamente.
- Señalamos así, sin afán exhaustivo, pero sí como claro ejemplo de lo trascendente de esta tarea, la necesidad de legislar para procurar un desarrollo urbano y preservar un medio ambiente que aseguren el sano y planeado crecimiento del Distrito Federal y con ello, una satisfactoria calidad de vida para sus habitantes.
- Estamos convencidos que no marcha a la zaga la urgencia de legislar sobre la vivienda en renta para concretar, en el contexto de nuestra capital, los lineamientos generales que contenga la iniciativa anunciada por el Ejecutivo.
Asimismo, poner en vigencia una ley de Hacienda que conjugue los criterios de todos los interesados en su instrumentación y aplicación y que se caracterice como indiscutible elemento de equidad y justicia, en apoyo de las clases económicamente débiles.
- Por otra parte, tenemos la convicción de que la iniciativa de Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, por estudiada que se nos presente y enriquecida que sea, sólo podrá cumplir su objetivo si es acompañada de inmediato por la actualización de la amplia gama de reglamentos
que regulan nuestra vida cotidiana y que se caracterizan por su inoperancia y obsolencia.
- Para cumplir cabalmente los propósitos, la estrategia y las líneas generales de acción que el PND señala sobre el Distrito Federal, es indispensable superar la antigüedad que actualmente se encuentra en su naturaleza jurídica y en su hacienda pública, ya que se le concibe como sector independiente de la administración pública y, al mismo tiempo, tiene a su cargo el gobierno directo de una población y un territorio determinado.
- El Departamento del Distrito Federal es una entidad diferente a las demás que integran la administración pública federal y también diversa a las que componen la Federación. Pese a ello, se ha venido insistiendo en considerarlo, tasarlo y evaluarlo en sus funciones y resultados con vara semejante al resto de los organismo federales.
- Basta analizar la normatividad a que está sujeto en la presupuestación, ejercicio y control de su gasto, para advertir que existen aspectos que no son congruentes con sus singulares características.
- Tal es el caso de las fuentes económicas que le proveen recursos para su subsistencia: por una parte, el financiamiento federal y, por la otra, los ingresos fiscales propios, que corresponderían en otras entidades federativas a las haciendas estatales y municipales. No en vano cuenta con su propia Ley de Ingresos, instrumento jurídico cuya existencia exigiría, por sí misma, la implementación de normas, criterios, presupuestos y mecanismos de control, también específicos.
- En nuestra opinión, el buen éxito del PND en el Distrito Federal estará directamente vinculado con la clara definición de este aspecto, pues solamente así será posible conjugar una organización eficaz que garantice el buen gobierno y la prestación ágil de servicios, con un sistema de vigilancia y control realista y objetivo.
- Los ingresos reales del Departamento del Distrito Federal se han venido contrayendo, por lo que se hace indispensable revisar los subsidios en general y, específicamente, los aplicados al agua y el transporte para adecuar las tarifas correspondientes; asimismo, fortalecer impuestos, productos y aprovechamientos, con énfasis en el predial.
- Es necesidad imperiosa reestructurar y disminuir la deuda pública y aplicar una política de reducción en las inversiones, para realizar exclusivamente las que sean autosuficientes o productivas.
- Es insoslayable que la necesidad de sanear las finanzas de la ciudad no se contraponga con la satisfacción de las necesidades de subsistencia de las mayorías populares que habitan en la metrópoli, golpeadas por la inflación y con una capacidad adquisitiva cada vez más deteriorada .
- Que se apliquen las medidas previstas, sí, pero con un verdadero y absoluto criterio de justicia y equidad; revisemos subsidios, pero que se ajusten proporcionalmente, retirándolos en forma más acentuada a quienes no los requieran o los necesiten menos.
Es lógico que se actualicen impuestos, productos y aprovechamientos, pero también lo es que su incremento se determine después de un serio y mediato estudio, armonizando los enfoques de todas las partes responsables involucradas y haciendo efectivo el principio de que "pague más quien más tiene", con protección efectiva para la clase trabajadora.
- Pero, sobre todo, fortalezcamos en la práctica la imagen de la renovación moral. Nos pronunciamos porque tanto en la iniciativa de la nueva Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, como en sus programas a mediano y corto plazos, conforme a las directrices del PND, se atienda la necesidad de considerar el binomio honestidad- eficiencia como una premisa indisoluble en el quehacer público.
- Esta premisa tendrá que orientar por igual la reorganización administrativa, la capacitación y selección del personal, el adecuado control presupuestal y el manejo diáfano de la deuda pública, interna y externa, para eliminar radicalmente desordenes del pasado y cumplir con las autorizaciones presupuestales aprobadas por esta Cámara,
- La situación actual no parece satisfactoria, el consejo consultivo y las juntas de vecinos con su organización y objetivos actuales, son solamente órganos de colaboración ciudadana, con ámbitos de consulta restringidos y sin facultades para intervenir en el rumbo que deben tomar las decisiones fundamentales de la vida de la ciudad.
- Utilicemos, como dice el PND, "los canales imaginativos y audaces, alejados de los esquemas de participación que no encajen con la dinámica de la ciudad", pero avancemos en el reconocimiento del derecho indiscutible que poseen los habitantes de este territorio específico, a intervenir en forma más directa y decisiva en la cuestiones fundamentales que norman su vida en la cotidianeidad.
Los diputados miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Manuel Cavazos Lerma, Presidente; Irma Cué de Duarte, Secretaria; Juan Mariano Acoltzin Vidal, Genaro Borrego Estrada, Alvaro Brito Alonso, María Luisa Calzada de Campos, Oscar Cantón Zetina, Rolando Cordera Campos, Antonio Fabiola Meléndez, Iván García Solís, Julieta Guevara Bautista, Juan José Hinojosa, Luz Lajous, Enrique León Martínez, Raúl López García, Moisés Raúl López Laines, David Lomelí Contreras, Eugenio A. Mayoral Bracamontes, José Ignacio
Monge Rangel, Esteban Núñez Perea, Teresa Ortuño Gurza, Alejandro Posadas Espinoza, Gerardo Ramos Romo, Héctor Ramírez Cuéllar, Dulce María Sauri Riancho, Enrique Soto Izquierdo, Homero Tovilla Cristiani, Jorge Treviño Martínez, Antonio Vélez Torres, Astolfo Vicencio Tovar, Haydée E. Villalobos Rivera, Manuel Villa Issa."
El C. Presidente: - En atención a que esta opinión se está distribuyendo entre los CC. diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Enrique León Martínez:
- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura a este documento. Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Se dispensa la lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 18 de octubre del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Mario Guerrero Chavarría, Jorge Contreras Jurado y Felipe de Jesús Acosta Vega, puedan prestar servicios de carácter administrativo en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 4 de noviembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán de carácter administrativo, y
c)Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al C. Mario Guerrero Chavarría para prestar servicios de almacenista en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al C. Jorge Contreras Jurado para prestar servicios de especialista en economía agrícola en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al C. Felipe de Jesús Acosta Vega para prestar servicios de almacenista en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 4 de noviembre de 1983.
Presidente, Humberto Lugo Gil; Secretario, Mario Vargas Saldaña, José Luis Lamadrid Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones R., Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, Víctor Cervera Pacheco, José Carreño Carlón, Arnaldo Córdova, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O'Connor, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Nuñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco Xavier Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valencia Carmona, Alejandro Lambretón Narro."
Trámite: - Segunda lectura.
El C. Presidente:- Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...
En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto, en un solo acto.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - Se va proceder a la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN).
Señor Presidente, se emitieron 371 votos en pro y 11 en contra.
El C. Presidente:- Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llarena de Guillén: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
CONDECORACIÓN
El C. secretario Enrique León Martínez:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 19 de presente mes, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al C. licenciado Luis Echeverría para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes, en el grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día de hoy, se turnó a la suscrita Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al C. Luis Echeverría para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes, en el grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Bolivia.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 25 de octubre de 1983.
Presidente, Humberto Lugo Gil; Secretario Mario Vargas Saldaña, José Luis Lamadrid Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, en contra; Bernardo Bátiz Vázquez, Heriberto Batres García, Manlio Fabio Beltrones R., Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, en contra Salvador Castañeda O'Connor, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Víctor González Avelar, en contra; Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis Rene Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Nuñez Perea Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valencia Carmona."
Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto.
El C. Presidente:- Se abre el registro de oradores.
Se han inscrito los siguientes oradores: en contra, diputada Ofelia Ramírez Sánchez, diputado Gustavo Vicencio Acevedo; en pro, diputado Raúl López García, diputado Francisco Ortiz Mendoza, y por las comisiones, diputado Luis Dantón Rodríguez.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la C. diputada Ofelia Ramírez Sánchez.
La C. Ofelia Ramírez Sánchez: - Señor Presidente; honorable Asamblea; señores diputados: Siempre ha sido política tradicional de la Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano otorgar su conformidad y aprobación a los decretos de permiso o autorización para que los CC. mexicanos usen las condecoraciones, medallas o distinciones, que los países extranjeros otorgan a nuestros conciudadanos.
En el presente caso, ignoramos si las actuales autoridades de nuestra hermana República de Bolivia, desconocieron o desconocen la verdadera personalidad del licenciado Luis Echeverría Alvarez y los daños que durante su actuación como Presidente de la República Mexicana causó al pueblo mexicano, o si fue en el conocimiento y simpatía hacia tales datos, dada la personalidad paralela y populista de su actual presidente.
De lo que sí estamos seguros es que la inmensa mayoría de los mexicanos se sentirá más ofendida que honrada y halagada con esta distinción. Contribuye a ello a que de ninguna manera ha quedado absuelto de su responsabilidad, en su carácter de secretario de Gobernación, en la matanza del 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco; y en su calidad de Presidente de la República, en la también masacre del 10 de junio de 1971, llamada de Corpus Christi.
La crisis que sufrió la Nación mexicana en 1976 fue consecuencia directa de las políticas que implantó; y se puede afirmar que la actual crisis que estamos padeciendo es también consecuencia de las políticas y de los moldes negativos que implantó, agravadas y dobladas por el sucesor presidencial que, para desgracia colectiva, nos dejó.
Entre las instituciones que nos legó, se encuentran las siguientes: La política de endeudamiento externo, ruinosa y enajenante para nuestro porvenir, y encontró una economía relativamente sana con una deuda externa de 3 mil 400 millones de dólares; y entregó el mando, con nuestro país endeudado seis
veces más, con cerca de 20 mil millones de dólares de deudas al extranjero. Y su sucesor lo emularía, pero ello no le quita responsabilidad histórica al personaje discutido. Institucionalizó la inflación como atmósfera normal de las actividades económicas de los mexicanos. Si bien no llegó a la cercanía de la hiperinflación de su sucesor y amigo, sí dejó el cauce desde un ya dañino 20% de promedio anual en la inflación y heredó los mecanismos para aumentarla.
También hizo institucional el déficit creciente del gasto público, como política gubernamental expresa, confesada, bendecida y elogiada, así como el desorden de la aplicación del gasto público ejercido, según decisiones presidenciales del momento, muchas veces influidas por el capricho y ocurrencia del momento. Parte de ellos se ejercieron en los numerosos viajes efectuados con un numeroso séquito y alto costo, muchos de ellos explicados por analistas lúcidos, como autopromociones a un supuesto liderazgo de las naciones del tercer mundo, y de los no alineados, y también de la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas, o del Premio Nobel de la Paz.
Ejerció el nepotismo, y durante su sexenio la corrupción creció en forma geométrica, a ésta no le institucionalizó, porque ya existía, pero propició que aumentara cuantitativa y cualitativamente, prueba de ello son los procesos que su sucesor armó contra una parte de sus colaboradores.
En fin, produjo graves daños a nuestro país y al pueblo, y el pueblo hasta sintió alivio cuando dejó su mandato, y uno de sus temores fue el que ejerciera un maximato.
Por eso, el que se le distinga y el que se le homenajee, como se dijo al principio, no se siente como un honor que nos hacen, sino como un agravio y como una ofensa.
Se puede argumentar que tales juicios deben dejarse a la historia, pero de alguna manera nuestra colectividad sigue padeciendo sus desaciertos. También se puede argumentar que esta distinción proviene de un gobierno extranjero. precisamente, por eso nos ocupamos de ella.
Y en relación con los acontecimientos presentes, es del dominio público que durante este año el licenciado Luis Echeverría ha expresado, tanto en nuestro territorio como en el extranjero, con su peculiar estilo, diversas declaraciones de política internacional que no siempre coinciden con los pronunciamientos y el estilo de nuestra cancillería y que han tenido resonancia en los medios de comunicación internacionales.
El licenciado Luis Echeverría es un funcionario, aunque actualmente menor, del régimen actual, tales declaraciones y pronunciamientos pueden ser tomados como las opiniones de un particular, pero si el Congreso aprueba la condecoración, en la sensibilidad de los medios internacionales, puede ser tomado el gesto como una aprobación, una ratificación o una solidaridad con tales exabruptos que ha dicho en el exterior.
De ahí que se tenga, en el caso, que investigar las razones reales que orillaron al gobierno boliviano a decidir este homenaje en las consecuencias que ello tenga en el homenajeado en su conducta política.
Por lo anterior, proponemos formalmente que el presente dictamen sea regresado a la Comisión que lo suscribe, a fin de que la misma recabe la siguiente información:
"A. De la Secretaría de Relaciones Exteriores, si las declaraciones que en materia internacional ha hecho públicas el licenciado Luis Echeverría, coinciden o no con la política exterior que sigue dicha dependencia.
B. De la misma dependencia, cuáles fueron las razones reales y formales para proponer tal condecoración por parte del gobierno boliviano, que conforme a dicha información y la valorización que se efectúe sobre las consecuencias de una condecoración para tal personaje, se presente un nuevo dictamen.
Sala de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados, México., D.F., noviembre 10 de 1983. Por la Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano: diputada Ofelia Ramírez Sánchez". (aplausos.)
El C. Presidente: - Con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite o no la propuesta hecha por la ciudadana diputada Ofelia Ramírez Sánchez.
El C. secretario Enrique León Martínez: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a esta honorable Asamblea si se admite o no la proposición hecha aquí por el Partido Demócrata Mexicano.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.
Los CC. diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el CC. diputado Raúl López García.
El C. Raúl López García: - Señor Presidente, CC. diputados: El dictamen que se ha puesto a consideración de esta honorable Asamblea, ha propiciado que tanto el Partido Demócrata Mexicano como el Partido de Acción Nacional asuman una postura en esta tribuna en contra de dicho dictamen. Escuchando la opinión del Partido Demócrata Mexicano, queremos referirnos a este dictamen en los siguientes términos.
En primer lugar, el Partido Socialista de los Trabajadores considera que esta condecoración del Gobierno de Bolivia, la Orden Nacional del Cóndor de los Andes en Grado de Gran Cruz, implica, en primerísimo lugar, un reconocimiento a la política internacional, que tradicionalmente ha asumido nuestro país en todo
momento, y que en las circunstancias específicas del mandato constitucional del Presidente Echeverría, esa firme política internacional se aplicó con toda consecuencia. Es indudable que decenas y centenares de latinoamericanos que en aquella década sufrieron en sus países la persecución política, el menoscabo de sus derechos civiles y legales, contó en México, siempre, con una posición firme y consecuente de ejercitar el derecho de asilo político para todos estos exiliados y perseguidos de muchas naciones del cono sur y de otras partes.
Igualmente, no podemos dejar de mencionar la firme posición de nuestro país en solidaridad con el Gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el presidente constitucional Salvador Allende, y que en el momento del oprobioso golpe militar realizado por Augusto Pinochet, el 11 de septiembre, la posición de nuestro país fue profundamente consecuente con sus principios internacionales.
Igualmente, en relación a la lucha por la paz, el Tratado de Tlatelolco, planteando el problema de las armas nucleares, es signo evidente de esa política. Por esas razones, en términos generales, nosotros consideramos que en la búsqueda también de relaciones internacionales distintas entre las naciones, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, constituya o constituyó una posición congruente de nuestro país en materia internacional.
Que todo este conjunto de factores, hoy valorados por el gobierno democrático de Bolivia, que en aquel entonces también sufría la persecución política, y que en aquél entonces recibieron la solidaridad de México, marca, desde nuestro punto de vista, un reconocimiento a esta actitud del pueblo de México, de mantener siempre con firmeza sus principios de autodeterminación de los pueblos y de no intervención, y que en estos momentos tan difíciles para Centroamérica y para toda América Latina, la posición que encabeza el Presidente Miguel de la Madrid en defensa de esos principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, que está enfrentando la política guerrista tan aguda y agresiva de Ronald Reagan, que tiene, con lo de Granada y con la amenaza latente para invadir Nicaragua con el ejército de Guatemala y Honduras, desde nuestro punto de vista, esta condecoración tiene ese profundo significado: El reconocimiento al pueblo de México, que en materia internacional ha sabido mantener firmemente sus puntos de vista y sus posiciones.
En otro aspecto, también no podemos reconocer que en este gobierno se inicia un proceso de apertura política en este país, que contribuyó, en términos generales, a abrir cauces materiales y políticos que contribuyeron a la reorganización de las fuerzas nacionales y populares, y que de alguna manera se expresaron en la continuación de la reforma política. Indudablemente que la política de dicho gobierno en materia interna fue enfrentada con graves presiones por los grupos industriales y financieros del país, que desde el principio se dedicaron a enfrentar, a sabotear y golpear la política económica del Presidente Echeverría.
En fin, es por todo este conjunto de factores, y por el hecho fundamental de la firme política internacional que ha mantenido nuestro país en su tradición histórica que nosotros consideramos que, en forma definitiva, la condecoración que se otorga en esta oportunidad, es un reconocimiento a la política del Gobierno mexicano, y que continúa con toda firmeza manteniendo el Presidente de la República, Miguel de la Madrid. Por todo este conjunto de factores y en virtud de que está ajustado a los términos legales del marco del cumplimiento de la fracción III, apartado B, artículo 37 de la Constitución, es que la Fracción Parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, se pronuncia a favor de este dictamen.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Gustavo Vicencio Acevedo. Se le ruega pase a la tribuna.
El C. Gustavo Arturo Vicencio Acevedo: - Señor Presidente, señoras y señores diputados: La diputación de Acción Nacional está consciente de lo que significa este dictamen, simplemente es la petición de un C. mexicano hacia el Congreso de la Unión para aceptar y usar una medalla otorgada por un gobierno extranjero. Respetamos la decisión libre y soberana del Gobierno de la República boliviana de otorgar al licenciado Luis Echeverría, la condecoración de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes en el grado de Gran Cruz.
Si razonamos nuestro voto en contra, no lo hacemos para inmiscuirnos en las decisiones del gobierno boliviano - que quede bien claro- sino para exponer nuestros argumentos del porqué consideramos que debemos negar el permiso solicitado, y que el Congreso de la Unión tiene la facultad constitucional de conceder o negar el permiso para que un mexicano acepte y use una condecoración que le confiera un gobierno extranjero.
El dictamen que hoy se nos presenta, tanto en el trámite que se le dio como por su contenido, es un ejemplo más de la política casquivana, incomprensible a los ojos del ciudadano común y corriente, pero fiel reflejo del oligárquico sistema político mexicano. En lugar de haber discutido en su momento el enjuiciamiento de un Presidente, que inició la quiebra económica más crítica de la que México tenga historia, ahora estamos discutiendo si el Congreso le da permiso para que porte una medalla otorgada por un gobierno extranjero. La diputación de Acción Nacional no hará razonamientos de tipo jurídico, ya que el dictamen nos dice que como no implica sometimiento o sujeción a gobierno extranjero, la Comisión considera cumplidos los requisitos legales, etcétera, etcétera. Fundamentaremos nuestro voto en contra en razones de hecho, tres, básicamente las que consideramos de peso suficiente para negar el permiso que se solicita.
Primero: el licenciado Luis Echeverría, como fundador y cerebro del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, A. C. - llamémosle CEESTEM- , maneja más de 250 millones de pesos, dinero que no sale de sus bolsillos, sino de los bolsillos del pueblo. A pesar de tan abultado presupuesto, otorgado por la Federación, nunca ha presentado cuentas a la ciudadanía, quien es la que verdaderamente sostiene dicho Centro. Nadie sabe en qué se están gastando esos millones, ni si sus estudios benefician de alguna manera al país.
Antes que discutir el permiso para que use una medalla, deberíamos discutir primero el dictamen de la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública unida a la de Educación Pública, donde fue turnada una propuesta del PDM, en el sentido que CEESTEM rinda cuentas claras de sus finanzas. Si realmente el CEESTEM no es otra pensión vitalicia disfrazada, como la otorgada a otro expresidente en el ahora extinto Consejo Nacional de Turismo, ¿por qué esa renuencia a que se conozca en qué se gasta el presupuesto y si beneficia a México?
Recordemos que en la pasada legislatura, el diputado por Acción Nacional, licenciado Juan Antonio García Villa, propuso que parte del dinero regalado al CEESTEM, fuera destinado a fortalecer los municipios más necesitados del país, en concreto el de Torreón, ya que el licenciado Luis Echeverría, con su enorme fortuna personal, hecha como funcionario público, bien podría mantener a ese Centro, sin necesidad de seguir sangrando a la economía nacional.
Así las cosas, no cabe más que deducir que el Centro de Estudios, que dirige el licenciado Echeverría, es sólo una plataforma mediante la cual el expresidente de México se proyecta como el mesías del tercer mundo. Redentor de los pueblos oprimidos, tarea que le ha merecido hoy, una condecoración.
Si el populismo lo aplicó tan bien en México, ¿por qué no lo haría en el ámbito internacional?
Segundo. ¿Cómo es posible que el presidente que inició el hundimiento de México, en el caos económico mas atroz, pida permiso para recibir una medalla?
La situación de la economía nacional, al término del sexenio echeverrista, nos la relata su sucesor, el licenciado José López Portillo en los siguientes términos, que no dejan lugar a dudas. Citas textuales: "La economía atravesaba entonces por el momento más crítico que le ha tocado vivir a la presente generación. La deuda pública se había elevado casi cinco veces en el sexenio; los precios subían en un mes lo que en otros aumentaban en un año, el desempleo se multiplicaba; la balanza comercial desproporcionada había alcanzado un déficit cercano a los mil millones de dólares en 1975, y se iba a aproximar a los tres mil en el año que estaba por concluir; el incremento de la producción había caído a 2%, inferior al índice de crecimiento de la población. México estaba, en síntesis, en el punto más difícil de mayor escepticismo, más oscuro de la encrucijada". Hasta aquí las palabras de López Portillo.
Si estas palabras no son dignas de crédito porque fueron dichas por quien continuó la labor de Echeverría en lo que el pueblo, siempre irónico y sabio llamó "la docena trágica" damos números; esos números que por más demagogia y populismo, no pueden ser ocultados.
Veamos el Diario de los Debates de aquella época: Echeverría recibió al país con una deuda externa que ascendía a casi cuatro mil millones de dólares; en tan sólo seis la quintuplicó hasta dejarla en casi 20 millones de dólares. El peso había permanecido estable durante 22 años, desde el gobierno de Ruiz Cortines, hasta que en seis años la economía se desquició y nuestro peso ya no tuvo sustento, por lo que fue inevitable su devaluación. Debido al populismo y demagogia con que Echeverría manejó la economía del país, el peso, al final de su mandato, se devaluó en más del 100%; de 12.50 pesos por dólar, pasó a 26 pesos por dólar, iniciando la serie de devaluaciones que han hundido al país y que aún no terminan. Otras características del régimen de Echeverría fueron: crecimiento extraordinario de una burocracia inepta, en porcentajes aumentó un 41.9%. De ese aumento pensemos: ¿cuánto fue realmente para mexicanos, cuánto para chilenos, argentinos, etcétera?
En síntesis, abundaron el populismo, demagogia y corrupción que desencadenaron muchos males en el país, como inflación, carestía y desempleo. Manejo del gobierno fuera de programa, mediante transferencias, subsidios y fideicomisos absurdos, desplome de la industria, como ejemplo, la azucarera, que de ser una de las principales generadoras de ingresos para el país, pasó a ser importadora del producto.
El desempleo llegó a cerca de cuatro millones de mexicanos, y el subdesempleo mucho más allá del 70% de la fuerza total de trabajo. Hubo un desplome en la producción nacional, ya que al término del sexenio de Echeverría el producto interno bruto registró tan sólo un incremento del 2% - el más bajo hasta entonces de toda la historia contemporánea de México- . Déficit presupuestario que alcanzó los 78 mil 845 millones, etcétera, etcétera.
En ese entonces, durante la discusión de la cuenta pública de 1976, los diputados de Acción Nacional, pidieron a la presidencia de la Cámara - citas textuales: "Que se ordene sacar la versión de todas las intervenciones de la discusión de la cuenta pública, pero que sean remitidas a la Procuraduría General de la Nación, y que ésta emprenda, verdaderamente, una acción de investigación para que se castigue a los responsables de los destrozos de nuestra economía". Esta proposición, como tantas otras de la oposición, cayó en el olvido.
Tercero. Si el licenciado Echeverría ha sido "luz de la calle y oscuridad de su casa", si su obra latinoamericanista es conocida en todo el tercer mundo, menos aquí, todavía el expresidente de México tiene cuentas pendientes con el pueblo mexicano.
Hoy en día están presentes en millones de corazones mexicanos dos hechos que estremecieron las estructuras anquilosadas de los gobiernos postrevolucionarios: el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971; dos acontecimientos que están estrechamente unidos, tanto por sistema como por persona.
Por sistema, porque el 2 de octubre y 10 de junio son parte de un largo historial en México, ya que nuestro pueblo está sometido a un régimen cuyos representantes en el Gobierno sólo verbalmente respetan la Constitución o la atacan en la medida en que no perjudique a su grupo, y se niegan a ver y entender lo profundo, acelerado e irreversible de los cambios que se vieron operando en México.
Por persona, ya que el licenciado Luis Echeverría fue actor esencial en ambos acontecimientos. En Tlatelolco, como secretario de Gobernación; y el 10 de junio, como Presidente de la República. En los dos, es corresponsable de la violencia desencadenada y de las muertes ocurridas.
Siendo Presidente de la República y para que su nombre permaneciera inmaculado, ordenó una exhaustiva investigación para que se castigara a los culpables de los sucesos del 10 de junio. Como sabemos, la investigación dispuesta por el indignado Presidente Echeverría, fue un fraude en sí misma y una burla a las víctimas, a sus deudos y a todo el pueblo. Porque disponiendo de todos los recursos del poder, no quiso o no pudo hacer que la investigación, por él mismo ordenada, llegara a su término. Ahí radica también su responsabilidad.
Todavía hoy, hace unos cuantos días, en una entrevista realizada en Madrid, el licenciado Echeverría habla de fuerzas oscuras, elementos extraños, que se mezclaron con los estudiantes; pero aquí sí sabemos que esos elementos extraños se llamaron halcones; grupos de choque que actuaron durante su mandato, utilizándolos contra estudiantes y contra quien se opusiera a su voluntad.
Señoras y señores del partido oficial: Si su voto radica en este dictámenes en sentido afirmativo, suponemos que lo será, puesto que su líder el senador Adolfo Lugo Verduzco ya lo aprobó en la Colegisladora, sólo les pedimos que reflexionen antes de votar.
¿Conocen ustedes los beneficios que el CEESTEM ha aportado a México para salir del atolladero en el que estamos hundidos? ¿No será tan sólo otro "elefante blanco" creado por un expresidente para darse pensión vitalicia extra, a costa de todos los mexicanos?
¿No fue suficiente el desastre de la economía nacional para no sólo negarle el permiso que solicita, sino de enjuiciarlo por sus actos? Piensen en la opinión del pueblo mexicano al saber que votaron a favor de este permiso para el iniciador de la Docena trágica; pienso en todas las madres que aún tienen la esperanza de encontrar a sus hijos vivos, aunque ahora yacen muertos por los sucesos del '68 y '71.
¿Será justo otorgar permiso de portar una condecoración a quien predica la paz y la fraternidad hacia el exterior, pero que aquí en México se valió de grupos de choques para apalear a quienes no pensaban como él?
Por último, recordemos que la Universidad de Guadalajara otorgó al presidente Luis Echeverría un doctorado honoris causa, pero que al término de su mandato publicamiento se lo retiró.
Dicen que la única que puede juzgar los hechos de una administración es la historia. Nosotros sabemos que la historia y el pueblo de México ya juzgaron al licenciado Luis Echeverría, y por tanto nuestro voto será negativo.
Por la Diputación de Acción Nacional, diputado Gustavo Vicencio. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Francisco Ortiz Mendoza. Se le ruega pase a la tribuna.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: - Señor Presidente; honorable Asamblea: Qué positivo fue que las fuerzas de la reacción reconocieran que jurídicamente nada tienen que objetar a este dictamen y que tendrían que hacerlo nada más en el campo de la política; y es saludable porque poco a poco va perfilándose con mayor vigor la personalidad de Luis Echeverría, como una persona que sigue en pie en la política de México.
¿Por qué el Partido Popular Socialista, ya en el campo político, viene a plantear su voto a favor del dictamen? Porque se trata precisamente de un debate con la derecha, porque se trata de un problema esencial en la vida política de México.
Desde que el Partido Popular Socialista nació, en el escenario nacional el 20 de junio de 1948, postuló como línea estratégica y técnica la unidad de las fuerzas democráticas para avanzar con independencia, ampliar la vida democrática y elevar el nivel de vida del pueblo.
Podría parecer para algunos una simple frase, pero para los más es el único instrumento que tenemos a mano para tener éxito en las luchas por la independencia nacional.
Al concluir la guerra mundial pasada y fortalecerse el sistema socialista, se abrieron amplias perspectivas para todos los pueblos del mundo, que sufrían bajo regímenes coloniales, para avanzar por la vía de su independencia y su liberación. Así, en pocos años advertimos que en África, Asia y América Latina, aprovechando la coyuntura internacional de que se había roto la hegemonía capitalista, y en el escenario existían países que eran dirigidos por la clase obrera, fueron fortaleciendo, también, sus frentes internos para lograr independizarse de sus metrópolis. Y en el lapso apenas de seis
años, se fueron perfilando también nuevas formas de gobierno, no capitalistas, pero no socialistas todavía. Una de ellas, la que más honda huella ha dejado en el mundo, es la de gobiernos nacionales democráticos, es decir, que tienen dos características esenciales: luchar por la independencia nacional y ampliar el régimen democrático, esto sólo se logra cuando la clase trabajadora, los campesinos, los intelectuales, los artistas, los científicos, es decir, las fuerzas que representan a quienes viven de su trabajo, van participando cada vez más en la dirección de sus propios países; pero, al mismo tiempo, cuando el Estado va fortaleciéndose económicamente para poder vencer al imperialismo, que es un fenómeno económico y por tanto político.
México, con la revolución que había tenido en 1910, logró plasmar en la Constitución del '17 todas la bases teóricas para que este sistema, esta forma de gobierno que florecía en los años '45 a '50, pudiera tener fuertes y amplias raíces en nuestro país. Ya en varias ocasiones el Partido Popular Socialista ha explicado la razón por la cual surge el sector estatal en México, pero por las razones antes dichas, esta forma de gobierno se desarrolla en los países semicoloniales de todo el mundo; África y Asia tienen países, naciones, con este perfil perfectamente definido; América Latina pugna por él; pero México está en vanguardia.
Esa es la razón por la que en el año de 1952, el 17 de febrero, en la ciudad de Hermosillo, siendo candidato a la Presidencia de la República el maestro Vicente Lombardo Toledano, explica y analiza con detalle cómo debería ser un gobierno de estas características en México, y posteriormente, en el IX Congreso del Partido Popular - 1955- explica con detalle lo que puede ser la democracia popular en México como perspectiva. De esa manera se fue luchando para que en México se fortaleciera el sector estatal, por una parte; por la otra, que la clase trabajadora participara cada vez más en la dirección del Estado.
Fue con el Presidente Adolfo López Mateos que México reinicia su camino revolucionario; hecho histórico aquél de septiembre, cuando nacionaliza la industria eléctrica, y a partir de entonces retoma el camino iniciado por Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, y el sector estatal de la economía crece cada día más.
La razón esencial por la cual la derecha está en contra de este dictamen, es porque no puede aceptar, no lo aceptará nunca, que el Presidente de la República, entonces, fortaleció de una manera notable el sector estatal de la economía.
Si hemos de hacer un sucinto examen, breve, por cierto, del gobierno Luis Echeverría, podremos recordar que en este sexenio se inició notoriamente la crisis económica mundial; el dólar, si lo recuerdan bien, era arrojado al Sena, en París, porque lo despreciaban en su valor. En México esta situación de crisis también repercutió, pero por una cuestión que debemos analizar también alguna vez con más detalle, porque la derecha siempre acusa al Estado de manera insolente, pero nunca analiza al sector empresarial, verdadero responsable de la crisis en México.
El Estado mexicano, por mandato de su pueblo, informa de sus finanzas; pero los financieros privados, hasta hoy, porque llegará el día en que los enjuiciemos debidamente, no informan; informan con cuatro contabilidades, pero ellos son los que saquean al país; díganlo si no los 54 mil millones de dólares que están en bancos del exterior; díganlo si no, todos los fraudes fiscales que realizan todos los días; díganlo si no, de su incapacidad, el pésimo manejo que hacen de su planta industrial que no produce, no lo hacen trabajar al más del 40% de su capacidad total; díganlo si no, si todas las empresas florecientes mexicanas en '45 están ahora en su mayor parte en manos del capital extranjero vendidas por ellos; algún día analizaremos esto con mayor profundidad, pero la realidad es que el Presidente Luis Echeverría, cuando advirtió la profundidad de la crisis hizo todos los esfuerzos para que no cayera sobre las espaldas de la clase trabajadora y del pueblo. En una política que insiste la derecha en llamar populismo, Luis Echeverría elevó constantemente los salarios, controló enérgicamente los precios, redujo los tiempos para revisar los contratos colectivos a un año en lugar de dos; a ese mismo lapso redujo los tiempos para que se modificara el salario mínimo y se adecuara a las situaciones de crisis en las que vivíamos. Múltiples fueron las medidas que adoptó y que les duele, por eso la llaman populismo, para tratar de proteger a las mayorías frente a la crisis; Luis Echeverría fue absolutamente respetuoso de la vida interna de los sindicatos, porque entendía bien que la clase trabajadora organizada era el mejor apoyo para su gobierno; Luis Echeverría, en el campo de la vida democrática, amplió el régimen jurídico para que la mujer tuviera todos los derechos, constitucional y jurídicamente la igualó con los hombres en todos los aspectos; a la juventud mexicana le dio cabida en su gobierno, modificó las edades para llegar a las Cámaras de Diputados y Senadores, para que desde la más temprana edad de ciudadano pudieran participar en la vida política del país; abrió a los partidos políticos las puertas de los medios de información aun cuando fuera de una manera incipiente; en la economía, impulsó el sistema colectivo de los ejidos impulsó también la explotación y el manejo de los energéticos duplicando su producción, tanto la petrolera como la eléctrica. Creó e impulsó la siderúrgica nacional, y Ciudad Lázaro Cárdenas es un ejemplo de ello, planeada para producir diez millones de toneladas de acero para dentro de cinco años.
Desarrolló e impulsó Ciudad Sahagún; creó empresas para que fuera México autosuficiente en la producción de amoniaco; amplió el territorio nacional duplicándolo, estableciendo la zona de explotación económica de los recursos
del mar, contra el voto de los Estados Unidos; logró que México resolviera a su favor la salida en Mexicali y, múltiple sería el análisis también, de lo que Echeverría hizo para impulsar la economía del país.
En el campo internacional, que es el que nos toca ver ahora, pocos son los que pueden tener a su favor todos los planteamientos que hizo para que los pueblos en desarrollo, los llamados del Tercer Mundo, pudieran luchar con éxito y capacidad de victoria frente al imperialismo.
Recuérdese nada más el sistema económico para Latinoamérica; recuérdese el impulso que dio a la creación del desarrollo de la Marina Mercante, pugnando siempre, y eso es lo fundamental, porque los pueblos en desarrollo y particularmente los latinoamericanos, centroamericanos y de El Caribe, lucháremos juntos para enfrentarnos con victoria frente al imperialismo. Esto es lo que está en el fondo, por cierto, de lo que tanto les escuece del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, porque Luis Echeverría entendió que sólo la unidad de los latinoamericanos, sólo la unidad de los países del tercer Mundo, pueden abrirle perspectivas de independencia a nuestros pueblos. Véase, por ejemplo, nada más la investigación científica. Y a propósito, ¿qué ha hecho el sector privado por la investigación científica? Creo. El Estado es el único que impulsa la investigación científica pero sólo unificadas las fuerzas científicas de los pueblos, llamados del Tercer Mundo, apoyados por cierto por el campo capitalista podremos lograr nuestra independencia en ese camino.
¡De dónde sale la mayor parte de los programas de estudio de las instituciones educativas del país, o salir por lo menos hasta el momento de esta preocupación? Se copiaban de los Estados Unidos. Una de las preocupaciones fundamentales del Centro de Estudios del Tercer Mundo, que dirige Echeverría, es precisamente ésa, la de ahondar en la realidad de los pueblos del Tercer Mundo, llamado así, para que de ellos mismos sustraigan su riqueza y puedan, en su unidad, enfrentarse a lo que el imperialismo norteamericano trata de impedirles que lleguen: su independencia plena nacional e internacional.
Véase si no, su intervención en las Naciones Unidas y su infatigable labor por llevar adelante la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados aprobada por todos los pueblos del mundo menos seis votos encabezados por los Estados Unidos, y si pudieran votar por los del PAN, pero esa labor internacional realizada por Luis Echeverría lo llevó al enfrentamiento con el sionismo, y recuérdese los tres últimos meses de su mandato, la más furiosa ofensiva del imperialismo norteamericano, el boicot sobre México y la labor de zapa y de traición de los ganaderos y de los grandes agricultores de Sonora y Sinaloa tratando de liquidar a Luis Echeverría, e impedir que se produjera el traslado del mandato con el gobierno de López Portillo.
Recuérdese que Luis Echeverría estableció relaciones con más de 60 países del mundo, puesto que nada más teníamos relaciones con 62, y entre ellos con todos los países socialistas del mundo. Recuérdese que Luis Echeverría estableció relaciones amplias con todos los pueblos, estableció relaciones fundamentalmente con el Mercado Común Europeo y sentó las bases para tratar con la comunidad socialista.
No es posible, entonces, poner en duda que un país hermano como Bolivia califique debidamente esta labor realizada por el entonces presidente, Luis Echeverría, y por el ahora combatiente de las fuerzas democráticas de México y del mundo. Por eso es vicepresidente del Consejo Mundial de la Paz. Les duele que sea Bolivia, les duele, porque no tuvieron la misma actitud cuando le entregaron a otro expresidente la condecoración de Mister Amigo. ¿Por qué les duele que sea Bolivia ? Porque Bolivia, como México, perdió la mitad de su territorio en desigual batalla. Porque Bolivia, como México, nacionalizó sus principales recursos naturales. Porque Bolivia, como México, fortalece al sector estatal de la economía en más de un 50%. Porque Bolivia, como México, tiene unificada su clase obrera y combativa siempre. Porque Bolivia, como México, camina también hacia un gobierno nacional revolucionario. Porque Bolivia, como México, hace también, y quizá ellos ahora más adelantados que nosotros, que su clase trabajadora participe en la dirección de las empresas y participe en la dirección del Estado, con secretarios de Estado, con secretarios de Estado de la clase obrera, cosa que todavía nos falta a nosotros.
Por eso hay esa identidad entre Bolivia y México, y por eso el pueblo y gobierno de Bolivia condecoran a Luis Echeverría como un combatiente por esta lucha de los pueblos.
Por eso, el Partido Popular Socialista, en aras de un frente nacional democrático y patriótico que nos permita consolidar la independencia nacional luchar contra el imperialismo por la paz, por la autodeterminación de los pueblos, porque no vuelva a suceder otra agresión brutal como la que se ha producido con el pueblo de Granada, demanda de esta Legislatura el voto a favor del dictamen, a las fuerzas democráticas el voto a favor del dictamen por lo que esto significa políticamente y no a la derecha, porque
Luis Echeverría tendrá como satisfacción que los que están enfrente, en la trinchera contra aquel combate, votan en contra.
El C. Francisco Javier Alvarez de la Fuente: - Pido la palabra.
El C. Presidente: - ¿Con qué objeto, señor diputado?
El C. Francisco Javier Alvarez de la Fuente: - Para hechos.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Alvarez de la Fuente, para hechos.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 102 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se recuerda al orador el límite de cinco minutos para su intervención.
El C. Francisco Javier Alvarez de la Fuente:
- Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: El ponernos en contra de que se le dé el permiso correspondiente a Luis Echeverría para recibir la condecoración que el pueblo - perdón - que el Gobierno de Bolivia le quiere otorgar, no es por ponernos en contra de él como persona, sino por el daño que causó y sigue causando al país.
Aún no se nos ha informado, al pleno de esta Cámara, el resultado de la denuncia de investigación del Centro de Estudios Económicos y sociales del Tercer Mundo. Elefante blanco y caballo de Troya de la ideología de la transnacional socialista que dirige Luis Echeverría.
Si nos oponemos a que se le dé el permiso es porque no podemos permitir que otros países otorguen honores a quienes hundieron a México.
Ahora bien, es loable que se hable de la política internacional de México, pero no es congruente con la política nacional, con lo que se confirma que son nuestros gobernantes "candil de la calle obscuridad de su casa".
Sabemos que el Partido Socialista de los Trabajadores tiene una deuda con Luis Echeverría, por ser su creador, y por eso votarán en favor. Pero nosotros, los del Demócrata Mexicano, no podemos votar a favor de que se le dé tal permiso, porque va en contra del pueblo mismo, que rechaza la política de Luis Echeverría, la política del populismo y el endeudamiento, Y por eso mismo también, los diputados del Popular Socialista, también imbuidos de la misma ideología socialistoide, del en mala hora Presidente de la República, ya que ellos de alguna manera tienen algún nexo socioeconómico con él, y por ello van a votar a favor del dictamen.
Nos decía el diputado que me antecedió, que Luis Echeverría Alvarez había llevado la idea de las Naciones Unidas, la idea del internacionalismo, pero también vamos a recordar aquí que Luis Echeverría Alvarez, en su afán desmedido de poder, quiso convertirse también en gobernante del mundo. Pero el Partido Demócrata Mexicano razona su voto en contra del dictamen por medio de los siguientes puntos:
Mañosamente los que se anotaron en pro, no hicieron mención a la participación de Luis Echeverría Alvarez y la responsabilidad que tuvo en las matanzas del 2 de octubre del '68 y del 10 de junio del "jueves de corpus; y que jamás respondió ni se castigaron a los culpables, aun cuando hubo material gráfico y pruebas suficientes, la policía de México jamás pudo encontrar a los culpables. ¿Por qué? Porque no le convenía a Luis Echeverría.
Y de esto debió habérsele fincado responsabilidad a este expresidente. Tampoco han hecho notar la grave responsabilidad que tuvo Luis Echeverría Alvarez en la devaluación de 1976, de 12.50 a 22.50 pesos, semilla de la actual crisis; tampoco cumplió, aun cuando el diputado Ortiz Mendoza dice lo contrario, tampoco cumplió con la anunciada apertura democrática para dar vida a los nuevos partidos y así aumentó obstáculos para ello.
Asimismo, Luis Echeverría Alvarez se ganó el tristemente título de corruptor de estudiantes al comprarlos con canongías, como ocurrió con muchos, sobre todo de los dirigentes del partido que creó. Nos habla también que Luis Echeverría Alvarez creó industrias del pueblo, pero, ¿qué nos puede decir de esas industrias famosas del pueblo? Nada, solamente multimillonarios salieron de ellas.
Por todo lo anterior, solicitamos los diputados del Demócrata Mexicano, a todas la diputaciones, y en concreto a las del partido oficial, que si se consideran auténticos representantes del pueblo voten en contra del dictamen, como lo haremos los de la Fracción Demócrata. Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra para hechos el señor diputado Ramírez Cuéllar.
De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se recuerda al orador el límite de cinco minutos para su intervención.
El C. Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente: Solamente he pedido el uso de la palabra para conminar de una manera oficial al señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra y que en forma irresponsable hizo una afirmación temeraria, cuando él afirma que la defensa que estamos haciendo del licenciado Echeverría, se ha debido a un nexo económico de mi partido con el citado expresidente.
Nosotros hemos subido a esta tribuna a defender nuestras opiniones, nuestras concepciones de lo que fue el gobierno de Echeverría, y no abordamos la tribuna merced a una cierta cantidad de dinero mayor o menor eso no es el estilo del Partido Popular Socialista.
En virtud de que el señor diputado ha culminado a mi partido, solicito, con base a nuestro Reglamento, que presente las pruebas de la materia, en esta sesión o en la siguiente, de no hacerlo, con base al Reglamento, solicito señor Presidente sean borradas del acta de la sesión de hoy y se conmine al diputado a aclarar estos hechos.
Nosotros hemos abordado esta tribuna para exaltar los aspectos positivos del gobierno de Echeverría, sin embargo, se pretende meter la confusión, la cizaña para uso mercantil de la prensa comercial. Por lo que exijo, a nombre de la Fracción Parlamentaria de mi Partido, que se proceda conforme al Reglamento, señor Presidente. Muchas gracias.
El C. Presidente: - En virtud de lo dispuesto por el artículo 107 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Presidencia
insta al C. diputado Francisco Javier Alvarez de la Fuente para que retire sus expresiones y satisfaga al ofendido.
Tiene la palabra el C. diputado Francisco Javier Alvarez de la Fuente.
El C. Francisco Javier Alvarez de la Fuente: - Señor Presidente, gracias. Lo único que podemos decir aquí es lo siguiente: Para comprobar el nexo socioeconómico que acabo de hacer mención del expresidente Luis Echeverría Alvarez y el Partido Popular Socialista, solicito que se haga una investigación a los fondos del mismo partido y que se forme una comisión aquí.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El C. Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente: - En vista de que el señor diputado no ha presentado una sola prueba de su aseveración, considero, en base al Reglamento, que él ha formulado una calumnia en contra del Partido Popular Socialista.
Yo diría también que se haga una investigación de los fondos económicos de los partidos de la derecha; que se vea los recursos que traslada la burguesía a estos partidos; los fondos que la Iglesia otorga a estos partidos. Pero, en realidad, eso es distraer el contenido de esa discusión; simplemente, queda asentado que el señor diputado no presentó ningún documento, ninguna prueba apoyando su afirmación.
El C. Roger Cícero Mackinney: - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Roger Cicero Mackinney para hechos.
El C. Roger Cícero Mackinney: - Señor Presidente. Señoras y señores diputados: Por lo que acabo de escuchar del diputado que me precedió en la palabra, del partido de color lila, puedo afirmar que esta tribuna se ha usado para proferir mentiras, difamaciones y calumnias. Y esta es una tribuna popular, no en voz de la ciudadanía, difamar, mentir, ni calumniar. Lo afirmó y que me demuestre lo contrario. Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - ... Su nombre, diputado.
El C. Francisco Soto Alba: - Lo retiro.
El C. Presidente: - Retira usted, con apoyo en lo previsto por el artículo 107 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, proceda la Secretaría a insertar las expresiones que han causado la ofensa, en acta especial debidamente autorizada.
El C. Juan Campos: - Señor Presidente, para hechos.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Campos, se le recuerda el contenido del artículo 102 del Reglamento, de que dispone de cinco minutos para su intervención.
El C. Juan Campos Vega: - Señor Presidente, seré muy breve: En primer lugar, el diputado del PDM, como no pudo comprobar las acusaciones que hizo a mi partido vengo a rogarle que como lo dispone el artículo 107 se le conmine a que venga aquí a pedir una disculpa, y a que se borre del Diario de los Debates. Y la segunda, el diputado Cicero se enojó mucho, subió a la tribuna, ¿por qué se enojó? el compañero Ramírez Cuéllar en ningún momento hizo directamente alusión al PAN ni al PDM dijo a los partidos de la derecha, qué bueno que se haya venido a identificar aquí (Aplausos); pero, además, en ningún momento proferimos ninguna calumnia, como lo hizo el diputado del PDM; venimos a pedir que se investigue la relación que hay entre la iniciativa privada y el clero y los partidos de la derecha, eso venimos a pedir; no estamos calumniando a nadie, estamos pidiendo la investigación y con el resultado de ella daremos nuestros juicios, que políticamente están ligados - ya lo sabemos - ; lo que nos interesa son los nexos económicos que existen, que no pueden negar la relación estrecha, desde el punto de vista político, entre el clero, entre la iniciativa privada y ustedes y en el terreno norteamericano... (interrupción.)
El C. Roger Cícero Mackinney: - Entre ustedes y el subsidio...
El C. Juan Campos: - Otra vez la vulgaridad. ¡Que bien diputado, lo invito a que suba a la tribuna! (Aplausos.)
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Javier Alvarez de la Fuente, con base en el 102, se le recuerda que dispone de cinco minutos.
El C. Francisco Javier Alvarez de la Fuente: - Señor Presidente: las pruebas se encuentran en los diarios de los debates.
En la época en que gobernó - en mala hora - a México Luis Echeverría Alvarez, al Partido Popular Socialista, sin tener derecho a diputado se les dieron diputados...
El C. Francisco Ortiz Mendoza: - ¡Mientes!
El C. Francisco Javier Alvarez de la Fuente: - ...la vulgaridad que mencionaba el compañero. Por otro lado, está también la senaduría que se le diera a Gazcón Mercado, perdón, a Cruickshank a cambio de la gubernatura de Gazcón Mercado. Y esas son pruebas que están en el Diario de lo Debates. Gracias.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: - Pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: - Para hechos, el señor diputado Francisco Ortiz Mendoza. Se le recuerda el contenido del 102 del Reglamento, que dispone solamente de cinco minutos.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: - Señor Presidente; señores diputados ¿Cómo se llama usted? Francisco quién sabe qué. Señor diputado Francisco y Casa, parece... No se nos resbale, se le está conminando a que demuestre que el Partido Popular Socialista tiene nexos socioeconómicos con el ex presidente de la República. Si sabe usted castellano, nada tiene que ver la calumnia de los diputados y la del senador Cruickshank, con los nexos económicos.
O viene usted aquí a retractarse de esa expresión textual o queda como un vulgar calumniador.
El C. Presidente: - Sobre este particular, la Presidencia informa que se ha dado ya el trámite respectivo para que se quede a salvo el derecho del C. Francisco Javier Alvarez, de declarar en sesión próxima, o de sostener los cargos hechos al Partido Popular Socialista.
- Tiene uso de la palabra el C. diputado Luis Dantón Rodríguez, a quien se ruega pase a la tribuna.
El C. Luis Dantón Rodríguez: - Muchas gracias, señor Presidente; honorable Asamblea: Es deber de las comisiones aclarar los conceptos que contienen los dictámenes, esclarecer su sentido y aportar elementos de prueba que acrediten sus aciertos y sus fundamentos. En nombre de ellas, y por tratarse de un asunto delicado, en donde se involucra la decisión del gobierno de un estado amigo, el buen nombre del Congreso y de un ciudadano qué está solicitando un permiso para aceptar y usar la más alta condecoración de la república otorgante, es por lo que mis compañeros me han pedido que participe en este debate. Por principio se dijo que tal vez el gobierno de Bolivia hubiera desconocido la personalidad del C. Luis Echeverría, quien ha solicitado respetuosamente al Congreso, aceptar y usar la condecoración de esa República en cumplimiento al mandato constitucional.
Yo le voy a rogar al señor Presidente, que si lo tiene a bien, que permita a la Secretaría la lectura de la copia legalizada de la resolución que el Presidente doctor Hernán Siles Sauzo dictó en este punto.
El C. Presidente: - Proceda la Secretaría.
El C. secretario Enrique León Martínez: - El documento dice así: "Copia legalizada. Escudo de la Presidencia de la República. Presidencia de la República, Bolivia. Sello, Presidencia de la República de Bolivia. Resolución Suprema. No. 198351. La Paz, 22 de agosto de 1983. Vistos y considerando: que la condecoración de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes creado por ley del 16 de abril de 1925 está, destinada a recompensar servicios eminentes prestados a la nación por ciudadanos extranjeros; que el Reglamento de la Orden contempla la concesión a aquellos personajes que se hubiesen destacado en el estrechamiento de las relaciones entre Bolivia y otros Estados, así como en la defensa de los intereses nacionales. Que el señor licenciado, Luis Echeverría, ex presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido y es un defensor de la causa democrática boliviana, demostrando un sincero aprecio hacia el Estado y pueblo bolivianos, se resuelve: confiérase la condecoración de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes en el grado de Gran Cruz, al señor licenciado Luis Echeverría, ex presidente de los Estados Unidos Mexicanos, como reconocimiento a su desinteresada labor en pro de la democracia boliviana y su afecto demostrado con los ciudadanos de nuestro país. Regístrese, comuníquese y archívese. Fernando Hernán Siles Sauzo, Presidente Constitucional de la República. Fernando Marufal Tamayo, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Es copia fiel del original. Sello: Palacio de Gobierno, Dirección de Archivo. Rúbrica: Fernando Silva Jampiñes. Director del Archivo General de la Presidencia de la República.
El C. Luis Dantón Rodríguez: - Muchas gracias. El gobierno de Bolivia, representado por su embajada en México, fue requerido para que ampliara a la Comisión Legislativa de la Cámara de Diputados, a instancias de su secretario técnico, el diputado Salvador Rocha Díaz, la información contenida en el documento que ha dado lectura el señor Secretario de esta Cámara.
El señor embajador no sólo ratifica que es auténtico, sino expresa su reconocimiento de la actual democracia boliviana a los gobiernos de México y a su pueblo, por su ayuda permanente y solidaria, por recuperar el estado de derecho en Bolivia, durante los 18 años de conculcación por diversas dictaduras militares en su país.
También ratifica el testimonio del altísimo reconocimiento de la República de Bolivia a los gobiernos de México y a su pueblo, por la efectiva ayuda a los exiliados y perseguidos bolivianos en los días amargos y sangrientos de la represión, propiciada por los gobiernos dictatoriales de ese país. Y expresa su profundo y sincero reconocimiento a la digna persona del ex presidente Luis Echeverría Alvarez, por su vocación latinoamericanista y decidida acción personal en favor del exilio boliviano.
Para agregar, finalmente, que valora su histórica intervención en la recuperación y traslado de los restos mortales del ex presidente demócrata Juan José Torres González, asesinado en Buenos Aires, por la dictadura, el 2 de junio de 1976.
Como se puede deducir de estos documentos originales, el Gobierno de Bolivia conoce y ha estudiado y ha revisado perfectamente bien los antecedentes del ciudadano mexicano que ahora recibe la más alta condecoración.
Está en su derecho, como se ha expresado, el Gobierno de Bolivia de otorgar esta condecoración a quien estime con los méritos para recibirla.
Está en su obligación el ciudadano, dentro de los términos establecidos por la Constitución, de solicitar - como ya lo hizo - autorización para aceptarla y usarla.
Está en las facultades del Congreso emitir la autorización o negarla, en su caso.
En resumen, se trata de un gobierno legítimamente constituido, que tiene relaciones con nuestro país y que vive ya dentro del cauce del orden democrático después de 18 años de no haberlo hecho.
Se trata de un ciudadano en el pleno ejercicio de sus derechos y prerrogativas; se trata de un reconocimiento a sus méritos y actos de solidaridad; se trata, en última instancia, de un reconocimiento a la política exterior de México, al honrar, a quien supo dirigirla como jefe de Estado, y ahora ha sabido interpretarla como un director de centros de investigaciones de ciencias sociales.
Después de escuchar este azaroso debate, me vino a la memoria, al escuchar al joven diputado Vicente Acevedo, que hace un año, precisamente el 11 de noviembre, todos los partidos nos unimos en el homenaje a don Alfonso García Robles, que recibió, como un premio excepcional, el Premio Nobel de la Paz. En aquella ocasión, el diputado de Acción Nacional expresó que, "se afirma que alguien es responsable cuando es un hombre de principios" y, a partir de esa premisa, buscó la forma de adherir la voluntad política de su partido a esta honor que un mexicano recibía.
Estamos hoy por aprobar un reconocimiento internacional de un gobierno amigo que quiera distinguir a un ciudadano mexicano, hombre de principios, con la condecoración del Orden Nacional del Cóndor de los Andes, precisamente, por haber defendido esos principios en todos los foros internacionales y haber afirmado la política exterior de nuestro país, como responsable conductor de ella al lado, precisamente, de Alfonso García Robles, que como ustedes recordarán, fue su secretario de Relaciones Exteriores, cuando menos durante el último año de su mandato; pero antes, su representante ante el Comité de Desarme en Ginebra.
Por tanto, sí queremos ser congruentes, debemos aceptar que lo que es válido para un mexicano eminente, también lo es para otro mexicano que, además el valor, aun después de dejar la responsabilidad como jefe de Estado, de continuar en el empeño de afirmar los principios de nuestra política exterior.
Yo no quisiera insistir mucho - aunque es mi obligación hacerlo - en los argumentos de carácter jurídico, puesto que aquí se han aceptado como válidos, sin embargo, no hemos escuchado dentro de las objeciones expuestas, ninguna que pueda impedir que la Cámara, en el ejercicio de sus facultades, otorgue este permiso.
Y esto me trae como recuerdo el orden lógico que debe tener la mecánica de todo procedimiento jurídico constitucional, como es el caso. Ocurre en la lógica formal que si dos juicios enunciativos se contrarían entre sí, uno necesariamente tiene que ser verdadero y el otro falso, o, en el mejor de los casos, los dos falsos; esto, siguiendo el principio de contradicción. En derecho, si dos proposiciones normativas afirma una la que otra niega, necesariamente una tiene validez y la otra carece de validez.
Si la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales está proponiendo a la Asamblea que se otorgue el permiso, porque se han reunido los requisitos legales establecidos por los términos de la Constitución, y después de examinar los antecedentes y precedentes en el caso y en otros casos, no se encuentra que ese acto quede sometido a ningún gobierno extranjero ni que haya ninguna razón legal para que el ciudadano corra el riesgo de perder su ciudadanía, y a este argumento, a esa proposición se opone otra que debe prohibírsele, o cuando menos no permitírsele el otorgamiento de este permiso, estamos frente a la antinomia de una contradicción, en donde los hechos y el derecho le dan validez a la proposición de las comisiones y dejan en la invalidez total a las objeciones.
Pero no se quería hacer en este caso ninguna argumentación de carácter jurídico. Y yo pienso que no se quería porque no se podía. Al final de cuentas, el marco jurídico donde se desenvuelven estas normas son de la más alta jerarquía en la legislación de nuestro país, se trata del capítulo IV, de los ciudadanos mexicanos y extranjeros, que comprenden los artículos del 30 al 38 y que incluyen el 73, fracción XVI. Al revisar estos preceptos se advierte que ha habido un cambio interesante de comentario, porque yo he escuchado a muchos compañeros de mi partido y de otros partidos, cómo es posible que teniendo tantas y tan importantes responsabilidades, el Poder Legislativo ocupe su tiempo en el análisis de estas cosas que presumiblemente son menores y que obviamente no están dentro del ejercicio de sus facultades legislativas, sino de aquellas otras materialmente administrativas que tiene como cuerpo colegiado de un poder público.
Ocurre que este artículo, el 37, ocupaba el número 43 en el Constituyente del '57, y entonces sólo se hablaba de la pérdida de la ciudadanía para cuando ocurrieran estos supuestos normativos, servir oficialmente al gobierno de otro país o admitir de él condecoraciones, títulos o funciones sin previa licencia del Congreso. Estaban involucrados en un solo párrafo varios supuestos normativos que, por cierto, el proyecto del señor Carranza y la propia Constitución del '17 no lo advierten, porque repiten, en los términos del artículo del siglo pasado, el correspondiente al numeral 37 de la Constitución promulgada el 5 de febrero del '17.
Es hasta el año de 1934, con el espíritu nacionalista que priva en la época y, teniendo ya en cuenta la necesidad de separar estos supuestos normativos, cuando se hace la reforma para crear dos apartados, el A y el B, y establecer las causas de cuando se pierde la nacionalidad y estas otras en donde, con menor gravedad, sólo se pierde la ciudadanía. Es muy importante, a mi juicio, separar estos dos grandes aspectos que de alguna manera explican históricamente por qué ha querido el Constituyente que sea la representación nacional quien otorgue o niegue el permiso.
Este año, por cierto, porque ya la facultad ha sido delegada a la Comisión Permanente, se han otorgado 167 permisos, para aceptar o usar condecoraciones o para tener servicios en alguna embajada; éste sería el número 168, y el que ha ocupado diez oradores de todos los partidos y, escasamente, el señor Presidente no ha dado un cuarto de hora para que las comisiones expresemos y fundamentemos el dictamen.
La condecoración, como dijo bien alguno de los compañeros diputados que objetó los términos del dictamen, no puede, no debe prejuzgar sobre los actos soberanos de un gobierno que ha decidido otorgar y exaltar los méritos.
Entonces, si no puede, ¿para qué la Constitución le concede a la representación nacional la facultad de decidir si es procedente o no el permiso? Yo diría que serían casos de excepción que no se han dado, por cierto, que yo recuerde. Podría ser de un ciudadano que ha dejado de serlo ya, o que han sido privados sus derechos para recibir la condecoración y en cuyo caso la información y la representación de los partidos en el Congreso podría advertirla podría ser de un ciudadano que se encuentre en un proceso penal o judicial que lo prive transitoriamente del ejercicio de ese derecho de ser recipendiario de una condecoración; podría ser también que la representación nacional no estuviese de acuerdo en que un ciudadano mexicano recibiese una condecoración porque no tiene relaciones con un gobierno, o porque éste francamente pudiera ser hostil. Yo no me recuerdo si en los 40 años que dejamos de tener relaciones con España, de Franco, algún mexicano recibió una condecoración o si en estos últimos diez años del gobierno de Pinochet, alguien ha sido favorecido con eso. Pero lo cierto es que el Constituyente pensó que la dignidad nacional y el justo proceso legal debiera ser observado por la máxima autoridad nacional, que es su Congreso.
En las condiciones actuales está probado que el C. Echeverría está en el pleno uso de sus derechos; que el Gobierno de Bolivia no solamente es un gobierno amigo, sino solidario de las causas y de los pronunciamientos de México, y que nosotros hemos defendido su causa de país mediterráneo en todos los foros internacionales. Luego entonces, si la comisión homóloga en el Senado, que presidió don Antonio Martínez Báez, y esta comisión, que preside nuestro líder, Humberto Lugo Gil, han coincidido en que se han reunido los requisitos legales para que se otorgue el permiso, no hay ninguna razón jurídica que se haya opuesto a esta proposición, pero, en cambio, sí hemos escuchado bastantes razonamientos de carácter político en los que yo no voy a entrar a debatir porque me parecería una nostalgia histórica; pero que, sin embargo, no puedo dejar pasar como miembro de la Comisión; aseveraciones que no corresponden a la realidad, la primera de ellas es que el señor licenciado Luis Echeverría Alvarez no es funcionario de Gobierno, ni mayor ni menor, no lo ha sido de este Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid; en segundo lugar, el CESTEM - Centro de Estudios Económicos y Sociales - no es una dependencia de Gobierno, es una organización no gubernamental. Su estatuto jurídico instituido el 20 de mayo de 1976, de acuerdo con el Derecho Privado mexicano, y que fue presentado ante notario público, es de asociación civil.
Los asociados decidieron nombrar Presidente del consejo de administración al licenciado Echeverría y, muy recientemente, en 1980, su director general. Cierto es que tiene relaciones internacionales intensas con más de 60 organismos análogos u homólogos, y que fue el 14 de septiembre de 1976 cuando el señor secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim inauguró las instalaciones del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, en su calidad de institución de investigación superior, el centro goza de un subsidio autorizado por el Gobierno Federal, lo cual no es extraño en nuestro país, también lo goza el Colegio de México, la Universidad Nacional de Bellas Artes y otros organismos privados o públicos que no son necesariamente gubernamentales, del cual dispone, de acuerdo con las normas de corresponsabilidad y seguimiento del gasto público, informando sobre el monto y distribución de tales recursos. Hay en comisiones una proposición, tengo entendido que fue formulada por el propio Partido Demócrata Mexicano, que ha dado motivos a varias reuniones y hasta un contacto personal con quienes dirigen este centro, para que se amplíe esta información respecto a lo que hace, a lo que gasta y los objetivos que cumple. Con este motivo yo no quisiera abundar más en la referencia, ya que está pendiente, por parte de la Comisión que se ha formado, y que tengo entendido que es pluripartidista, que se presente un dictamen al respecto.
Finalmente, alguna aseveración que no sólo lastima la imagen, sino que también, por aberrante, no corresponde a la verdad histórica. Se ha dicho que las promociones realizadas durante este régimen de gobierno fueron motivadas por el afán de significar un liderazgo que estaba en la posibilidad de realizarse para el entonces presidente de México.
He traído - no porque pensase que iba a ocurrir esta aseveración tan temeraria - sino porque estaba dentro de los documentos de mi revisión y estudio, el párrafo que - dicho en
la Cámara de Donceles - , el Presidente de México le dedicó a esta sospecha:
"Ante todos los mexicanos - dijo entonces Luis Echeverría - declaro de manera inequívoca, que ninguno de mis actos responde al afán de conquistar aquel elevado cargo internacional que se ha mencionado. Ni de merecer ese honroso señalamiento - refiriéndose al Premio Nobel de la Paz - , quienes así lo afirman no tienen otro móvil que el de desprestigiar la política exterior mexicana; y lo hacen porque la verticalidad de nuestras posiciones afecta injustos intereses creados, porque al margen de la diplomacia huidiza, hemos señalado las verdaderas causes de la crisis contemporánea, y un nuevo orden económico mundial. Por otra parte, nunca en mi vida consideré ni considero que puedo recibir jamás, una distinción más alta que la de haber sido elegido por voluntad popular, Presidente de México."
Eso lo dijo en su último informe de Gobierno, y después de haber escuchado todos los pros y los contras, yo vuelvo a insistir en que, en tanto no se demuestre que es improcedente la proposición que ha hecho la Comisión, en tanto que no haya una objeción fundada respecto a la negativa de un merecimiento que tiene un mexicano, en mi opinión eminente, debemos aprobarla en los términos que se ha propuesto, y por lo que corresponde a la persona, al valor nacional que representa su política en la historia de México, yo creo que será no sólo objeto de debate, sino de cuidadoso análisis y evaluación nacional, y lo está haciendo en la mejor forma en el libro, en el juicio histórico, en el ensayo, en el comentario público.
Para mí, Luis Echeverría tiene una limpia ejecutoria al servicio de las relaciones internacionales y, desde luego, al servicio de México; ha orientado acciones y decisiones en favor de su país y en favor de todos los países que luchan y se afanan por superar sus problemas sociales y económicos; ha tenido una voluntad definida en la defensa de los intereses y derechos de los hombres y de las naciones pobres; ha estado comprometido a favor de las causas de la libertad y la justicia, y ha sido, en el mundo de nuestro tiempo, una voz confiable y cumplida. Si se quiere aprovechar el trámite constitucional de este asunto, que en esta mañana hemos demostrado que no queda otra consecuencia jurídica más que de su aprobación, es porque hay intereses recónditos, escondidos, retorcidos en la imaginación o en la sicología o en la pasión de los hombres y de los grupos políticos; no es la oportunidad, es el oportunismo.
Y por lo que respecta a las querellas de nuestros distinguidos compañeros, acerca de quienes estuvieron más lejos o más cerca de este régimen, quienes más críticos o quienes más solícitos, yo les sugeriría una práctica que nos ha dado mucho resultado en Guanajuato: tomen la calle y allá resuelvan sus querellas personales y dejen trabajar al Congreso.
El C. David Orozco Romo: - Pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el C. diputado David Orozco Romo.
Se le ruega pasar a la tribuna.
El C. David Orozco Romo: - Señor Presidente; honorable Asamblea: En primer lugar, quiero felicitar - y sin ironías - , al diputado Dantón por la primera parte de su exposición, en cuanto a lógica y en cuanto a fundamentos jurídicos del asunto que se está debatiendo.
No estoy conforme, ya viendo desde el punto de vista jurídico, en que no se le califique como funcionario, pues al tenor del artículo 2o. de la Ley de Responsabilidades Civiles, cualquiera que maneje fondos públicos es considerado como tal y sujeto a las consiguientes responsabilidades. Y, una aclaración, si no es un órgano del sector público, ¿para qué se le asigna una parte del presupuesto al Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo?, cosa que veremos en el próximo proyecto de presupuesto.
Y, entonces, tampoco estoy de acuerdo en que no haya cuestiones jurídicas. Mi compañera Ofelia Ramírez sí lo planteó, aunque no formalmente, el hecho de que el licenciado Echeverría siendo funcionario público a la luz del artículo 2o. de la ley invocada, está produciendo declaraciones de tipo internacional; que las mismas no son concordes en su totalidad, tanto en contenido como en estilo, con la política exterior que sigue la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y que con una condecoración puede haber liga en una relación de causa - efecto de estas declaraciones con el homenaje, o de causa del homenaje con futuras declaraciones.
Que esto se debe investigar, que es un elemento que no consideró la Comisión en el momento en que vio el dictamen y que debía haber sido considerado, investigado, para darle su debida dimensión dentro de un nuevo dictamen y no dejarse llevar nada más por los elementos formales de las declaraciones que aquí nos leyeron, y en las cuales hay una muy interesante: de que nuestro Gobierno ayudó a restablecer las instituciones democráticas en Bolivia. Como lo hizo, ¿es esto congruente con la no intervención? Esa es una pequeña duda que no es del asunto, pero sí fue muy interesante. Y en ese sentido sí hay un planteamiento jurídico sobre el cual debemos decidirnos; en que el contra sería un contra para que se investigue, se valore y se tomen en cuenta estos elementos. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Luis Dantón Rodríguez.
El C. Luis Dantón Rodríguez: - Yo pienso que sería muy conveniente, con todo respeto, para el profesor Orozco Romo, que distinguiéramos tres conceptos: lo que son las relaciones
internacionales, lo que es la política exterior y lo que es el derecho internacional.
¿Será lo primero privativo sólo de los estados? Yo pienso que no. El mundo está formado por organizaciones tan amplias, tan versátiles y tan llenas de objetivos varios, y tan internacionales que, el todo, que son las relaciones internacionales, incluyen las interestatales e incluyen las relaciones que se realizan por otras entidades no gubernamentales, e inclusive por los propios individuos.
¿No es la Cruz Roja una organización internacional? Y, sin embargo, no es una organización gubernamental. La Cruz Roja es una organización apolítica que tiene un objetivo perfectamente definido, pero surge dentro de los hechos políticos. Si no hubiera habido guerras y ausencia de piedad en el mundo, no hubiera habido bernardotes, y no hubiera habido instituciones con estas características.
El CESTEM es una organización de investigación cultural, fundamentalmente, en donde están 83 investigadores trabajando de manera permanente, la mayoría de ellos jóvenes mexicanos de todas las tendencias y, otros, el resto, latinoamericanos, canadienses, africanos y hasta americanos. Ha producido, en los años que lleva, más de 97 títulos; tiene siete programas y una relación con 60 organizaciones más.
Yo insisto en que el licenciado Echeverría, en las condiciones actuales, no es funcionario público, es director de una institución de no gubernamental, pero que tiene una activa participación dentro y fuera del país. Una cosa es ser funcionario y otra cosa estar ciego y mudo. El licenciado Echeverría puede opinar, como usted o como cualquiera de nosotros, en este o en los foros que se nos antoje, porque para eso somos hombres libres, hemos sido dotados de la racionalidad y tenemos la pasión por una convicción. ¿Cuál es esa convicción, en materia internacional, del PDM? Ese es el asunto de ustedes. La convicción del partido mayoritario, y de los partidos socialistas, y de los partidos reunidos en esta Asamblea, se expresa dentro y fuera por sus voceros o por sus afines. Luis Echeverría puede hablar y escribir, y lo está haciendo, y le recomiendo el artículo de ahora del diario Excélsior, atendiendo a un compromiso con sus propias convicciones. Y quiero decirles una cosa, no las ha variado; en cambio, muchos de ustedes que vienen de un tronco ya pertenecen a otro.
Yo le he escuchado al señor diputado Orozco Romo, en su universidad, hablar de asuntos internacionales, pero nunca se me ha ocurrido pedirle que vaya a ver si tiene o no congruencia con lo que está diciendo nuestro canciller, es más, usted y yo tenemos un punto de vista totalmente distinto acerca de lo que es nuestro país, su evolución histórica, su proyección y su relación internacional, y no por eso dejamos de ser amigos y diputados, y no por eso tendré que pedirle permiso a la Secretaría de Relaciones para ver si coincido yo o usted con el pensamiento del señor canciller.
Dejemos a cada quien en su lugar y que no haya insinuaciones o sospechas que vengan a alterar y a deformar lo que es un debate estrictamente procesal o un debate de contenido ideológico y político. Pero si se quiere, no lo rehuimos, nomás que traigan ideas algún día de éstos. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el C. diputado Bernardo Bátiz. Se le ruega pasar a la tribuna.
El C. Bernardo Bátiz Vázquez: - Señor Presidente; señores diputados: Este debate, que se ha tornado interesante después de haber sido rebajado indebidamente, merece, por la categoría de quienes han intervenido para expresar ideas, precisamente, un par de aclaraciones que yo me permitiría hacer en relación con la argumentación inteligente y hábilmente presentada del diputado Luis Dantón Rodríguez.
El primer lugar, creo que hay un argumento jurídico equivocado en su presentación, si esta Cámara de Diputados tuviera únicamente que verificar que la solicitud para recibir una presea de un gobierno extranjero llena todos los requisitos formales y que no hay ningún detalle de la forma jurídica que falte, pues no necesitaríamos poner a debate una decisión de esta naturaleza, bastaría que nuestro eficiente y activo Oficial Mayor, pues verificara que se llenan todos los requisitos para que se diera la condecoración. (Aplausos.)
La verdad es que sí tenemos que analizar no solamente la forma jurídica, no solamente que se llenan los requisitos externos, sino que tenemos que entrar al debate político, al que estamos obligados como representantes populares, y tenemos que entender cuál es el sentir de nuestros representados respecto de una decisión política de esta naturaleza.
Yo creo que el sentir de nuestros representados es que no se otorgue esta presea al licenciado Echeverría. Se dijeron muchos argumentos en contra, se hizo un desglose rápido de sus principales errores y equivocaciones en su gobierno. Yo recordaría algunos otros interesantes, los fracasos del Plan Huichol, de la Chontalpa. Nosotros tuvimos, bajo el régimen de Echeverría, un pequeño municipio en el estado de Nayarit que con mucho esfuerzo popular ganamos democráticamente y cerró el sistema, y no nos reconoció absolutamente el triunfo en Compostela, Nay. Después nos enteramos que en terrenos de ese municipio estaban fincadas las grandes fortunas que salieron de aquel tristemente célebre fideicomiso de Bahía de Banderas, y que en ese hermoso paraíso mexicano, que es el Rincón de Guayabitos, se estaban construyendo las casas de familiares muy cercanos del Presidente Echeverría.
Hay esas razones y otras muchas, pero fundamentalmente nosotros, como diputados, no tenemos que conformarnos con la argumentación
puramente formal, y si venimos aquí a exponer nuestras opiniones respecto de un planteamiento político, no lo hacemos con doble o retorcidas intenciones, simplemente estamos convencidos de que lo que decimos representa, de alguna manera, el sentir del pueblo mexicano, y estoy seguro que sentados entre ustedes muchos compañeros del partido oficial están conscientes de que también ellos sienten esa misma decisión y esa misma inclinación que aquí defendemos.
Nuestra intención, y lo que le decimos ahora al licenciado Echeverría se lo dijimos también cuando fue Presidente de la República, y le señalamos también sus errores y le reclamamos que impusiera a un senador de la República que no tenía las suficientes, no llenaba los requisitos constitucionales para hacerlo en su momento, y ahora que se presenta esta ocasión, reiteramos nuestra posición, y volvemos a señalar que no es merecedor de una presea por defender la democracia en el exterior, quien no supo defenderla en el interior. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Francisco Ortiz Mendoza: - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Francisco Ortiz Mendoza, para hechos. Señor diputado, se le recuerda el contenido del artículo 102, que le concede sólo cinco minutos.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: - Señor Presidente; compañeros diputados: Por fortuna, regresamos al plano político y nos salimos de los puntillosos abogados, escrupulosos de la cuestión jurídica. Es político el problema, no es jurídico. En realidad, otra vez Acción Nacional viene a plantear la contra, está en su papel; está en contra de toda la política del Estado; está en contra de la política internacional. Está en su papel. El podría dar argumentos; nosotros podríamos dar más. Dejé en el tintero la nacionalización del azufre, les escuece porque la tenía el extranjero y ahora la tiene el Estado; dejé fuera la nacionalización de teléfonos, les escuece porque antes estaba en manos de capital extranjero; les duele el voto que se está dando y que se va a dar a favor de que se autorice al expresidente de la República Luis Echeverría, que utilice esta presea; les escuece también el problema de Bolivia, no lo dicen, pero lo realidad es que los pueblos que están avanzando por el camino nacional revolucionario, no les agrada; ellos quieren llevarnos al socialismo, al social - cristianismo; no vamos a ir. Esa es la lucha. Lo malo es que hablan a nombre del pueblo; dicen que al pueblo no le va a gustar, pues yo nada más quisiera recordarle al diputado Bátiz, lo que paso la semana anterior, con motivo, también, de algo que no les gusta, que aquí se haya condenado la invasión a Granada. El expresidente Luis Echeverría, al que por cierto, por aclaración y a propuesta de México, fue designado vicepresidente del Consejo Mundial de la Paz, ante miles de delegados de todo el mundo. Pero para que advierta alguna cuestión, cuando el Consejo Mundial de la Paz, el día 30 de octubre invitó a que en México se realizara una reunión mundial de emergencia por la paz en El Caribe y en Centroamérica, quien como vicepresidente, inmediatamente tomó actividad en esta resolución, fue Luis Echeverría, y da la casualidad de que todo lo que habíamos previsto para recibir delegados, quedó corto porque la sala en donde nos reunimos fue totalmente insuficiente para escuchar a dos personalidades: a Romer Chandra, el Presidente del Consejo Mundial de la Paz, y a Luis Echeverría Alvarez, al que aclamaron largamente las personas que lo escucharon, y todavía ahora se debate favorablemente su actitud. A nuestro juicio, el pueblo de México recibe con agrado y con aplausos esta solidaridad del pueblo de Bolivia con el expresidente Luis Echeverría. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Señor diputado Luis Dantón.
El C. Luis Dantón Rodríguez: - Nada más le pido a usted, señor Presidente, muy respetuosamente, pregunte a la Asamblea si está suficientemente discutido este asunto.
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría, en votación económica, si está suficientemente discutido el proyecto de decreto.
El C. secretario Enrique León Martínez: - En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie...
Suficientemente discutido, Señor Presidente.
- En consecuencia, se va a proceder a recoger la votación nominal. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
- Señor Presidente, se emitieron 328 votos en pro, 53 en contra y una abstención.
El C. Presidente: - Aprobado el proyecto de decreto por 328 votos.
El C. secretario Enrique León Martínez: - Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
HOMENAJE A FELIPE CARRILLO PUERTO
EL C. Presidente: - Se han registrado en esta Presidencia para hacer uso de la palabra, en el orden que a continuación se menciona, las siguientes CC. diputados: Carlos Rubén Calderón Cecilio, Manuel Iguiniz González,
Ignacio Vital Jáuregui, Antonio Ortega Martínez, Samuel Meléndrez Luévano, Encarnación Pérez Gaytán y Jesús Lazcano Ochoa.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Carlos Rubén Cecilio.
El C. Carlos Rubén Calderón Cecilio: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: El martes 8 se cumplió un aniversario más del natalicio de un gran mexicano. Por lo prolongado de la sesión, nos reservamos para el día de hoy, con todo respeto, hacer remembranza de ese mexicano que fue diputado al Congreso de la Unión y cuyo nombre está inscrito en este recinto: Felipe Carrillo Puerto nacido hace 109 años.
México ha recogido en las páginas de su historia a hombres que emergieron del pueblo y lucharon por sus ideas de reivindicación social; como Morelos, Juárez y Zapata surgieron para convertirse en valores patrios que forjaron nuestra nacionalidad; junto a ellos está la reciedumbre de un hombre que, en el momento histórico que le tocara vivir, se convirtió en guía social de un pueblo y de una raza marginada y explotada, a la cual le entregó su existencia en aras de su reivindicación: Felipe Carrillo Puerto.
Nuestro homenajeado nace el 8 de noviembre de 1874, en la ciudad de Motul, Yuc., hijo de padres humildes laboriosos que llegaron a poseer una modesta tienda cuya clientela fue preferentemente de campesinos mayas, trabajadores de la zona henequenera, lo que permitió a Felipe, desde muy temprana edad, conocer las necesidades y carencias de un pueblo con prestigio ancestral, que en ese tiempo padecía la explotación y el sufrimiento de un sistema social donde chocaban la miseria y la opulencia.
La explotación del campesino maya beneficiaba a una clase social apoyada por el régimen dictatorial de Porfirio Díaz. El esfuerzo de los trabajadores henequeneros enriquecía cada vez más a los hacendados, quienes implantaban un sistema semifeudal que hacía escarnio de las clases proletarias por las cuales siempre luchó Carrillo Puerto. Este fue el escenario social donde se desarrolló un mexicano con dimensiones de líder de masas, como se demostraría más tarde.
Durante su adolescencia y juventud, Felipe lleva una vida nada fácil. Desempeña sucesivamente los oficios de carretero, músico, ferrocarrilero, abastecedor de ganado y periodista; adquiere cultura de autodidacta con admirable carácter; habla el idioma nativo con fluidez y emoción, haciéndose comprender del indígena con notable sencillez.
Varias veces es amonestado y encarcelado por sus constantes enfrentamientos con la plutocracia henequenera, siempre por su defensa ante los atropellos de los indígenas mayas.
Cuando los hechos parecían confirmar el completo sometimiento de los campesinos, comenzó la actuación revolucionaria de Carrillo Puerto. Comenzó por medio de la prensa editando un modesto periódico, que le servía para censurar los actos de la administración pública de Motul, lo que le valió ser encarcelado en la penitenciaría de Mérida.
Carrillo Puerto continuó practicando el periodismo, y el 13 de septiembre de 1910 asistió como delegado al Congreso de Periodistas de la Prensa Asociada, que se celebró en San Luis Potosí. Allí propuso que los periodistas reunidos en ese congreso dirigieran un mensaje al general Díaz pidiendo la libertad de los presos políticos, que gemían en el Castillo de San Juan de Ulúa y en la penitenciaría de Mérida.
Antes de esos sucesos había ingresado al Centro Electoral Independiente, que representaba una corriente liberal opuesta al porfiriato. Durante la contienda electoral para la gubernatura del estado de Yucatán en 1910, Carrillo Puerto apoya la candidatura del licenciado Delio Moreno Cantón, postulado por el Centro Electoral Independiente, contra la de Enrique Muñoz Arístegui, candidato oficial del porfirismo.
Al triunfo del candidato oficial el descontento social cundió provocando en Valladolid, Yuc., el 4 de julio de 1910, la primera chispa de la revolución social mexicana.
Ante la asonada huertista y la caída del gobierno maderista, Carrillo Puerto ingresó a las filas del zapatismo, en donde superó los inicios ideológicos del liberalismo, maduró las ideas socialistas, leyó las obras de Marx, Lenin y otros; conoció claramente las ideas de Flores Magón y adquirió la noción de que el problema de Yucatán era problema agrario, y podría resolverse haciendo que coincidieran las acciones campesinas y obreras, para que los trabajadores tomaran socialmente la iniciativa.
Emiliano Zapata conoce y distingue a Carrillo Puerto. En noviembre de 1914 lo nombra coronel de caballería, en una clara muestra de que el Caudillo del Sur identificó los valores del hombre de la península.
Al regresar a Yucatán, Felipe encuentra que las situaciones habían cambiado, pues existía el gobierno revolucionario constitucinalista del ilustre general Salvador Alvarado.
Carrillo Puerto, durante el gobierno de Alvarado, tiene la oportunidad de desenvolver su dinámica, volviéndose un organizador social y político de primera magnitud.
Es entonces cuando ingresa al Partido Socialista de Yucatán, del cual llega a ser presidente, transformándolo en el Partido Socialista del Sureste. Su ascenso político sigue cuando es electo diputado local. Posteriormente, diputado al Congreso de la Unión, en el año de 1920; y en 1921 es electo gobernador del estado de Yucatán. Toma posesión el 1o. de febrero de 1922.
El Partido Socialista del Sureste, a partir de 1918, es el factor decisivo en el movimiento político de Yucatán. Encauzando los anhelos reivindicadores de las masas, Carrillo Puerto,
que del liberalismo se había radicalizado por las influencias del Plan de Ayala al integrarse temporalmente al zapatismo, comprendió cuál sería la estrategia que debería seguir en el caso de Yucatán. Esta estrategia, que beneficiaba a los trabajadores, se llamó socialista; era socialista, verdaderamente socialista.
El Partido Socialista del Sureste y sus órganos de promoción, las Ligas de Resistencia, organizaron a las clases trabajadoras en las ciudades, en las villas, en los pueblos y rancherías, llegando a contar con 80 mil miembros.
Las Ligas de Resistencia fueron los organismos de base que explican el mecanismo detallado del crecimiento del Partido Socialista, su independencia progresiva del estado populista y su conversión en partido popular. Las Ligas fueron organizaciones populares que eran una combinación de sindicato, club político, centro educacional y cooperativa.
El propio Carrillo Puerto definía a las Ligas de Resistencia como la organización cuyo poder había hecho posible el reparto de tierras en Yucatán; es más que un partido político, es más que una institución educativa, es más que un instrumento para gobernar: es todo esto combinado. La Liga, seguía diciendo, es el instrumento que está rejuveneciendo al indio maya y dándole el poder que necesita para llevar a cabo un amplio programa social. Muchas ciudades yucatecas tuvieron ligas feministas, además de las organizaciones de hombres.
La organización de las Ligas de Resistencia revela el intenso trabajo de un partido de masas. Fueron promotoras de conciencia de clase y de conciencia política que, partiendo de un nivel bajo, se fue incrementando hasta alcanzar manifestaciones muy considerables de luchas de clases en los campos y ciudades yucatecas.
La obra realizada por Carrillo Puerto no ha sido estudiada con profundidad, a pesar de que se conocen sus lineamientos generales. Se puede inferir que la mayoría de sus realizaciones, desde antes de que fuera gobernador de Yucatán, y sus dotes de organizador y transformador social se manifiestan desde que ingresa al Partido Socialista del Sureste, en 1918.
El gobierno de Carrillo Puerto duró del 1o. de febrero de 1922 al 12 de diciembre de 1923. Desplegó intensa labor constructiva en el aspecto agrario con influencias del Plan de Ayala, y conformó el problema de la tierra como el motor principal de la Revolución.
Por medio de la Ley Agraria, que pretendió expropiar las haciendas henequeneras que estaban abandonadas, descuidadas o con tierras sin cultivar, Carrillo Puerto dio impulso al ejido con la distribución de la tierra a los campesinos y pretendió que con la aplicación de los ejidos comenzara la existencia colectiva de los trabajadores del campo, sin abandonar la labor de proselitismo político y de solidificación del credo socialista; su gobierno se caracterizó por la creación de la Universidad Nacional del Sureste, la expedición de leyes como la de moratoria, de inquilinato, de hacienda, de catastro, de tierras ociosas, etcétera.
También se pronunció en favor de los centro asistenciales para la niñez y combatió enérgicamente el comercio de alcoholes y bebidas embriagantes; su preocupación por comunicar a los pueblos de Yucatán, permite considerarlo precursor de la obra vial, puesto que, como asienta históricamente el general Obregón, Carrillo Puerto inaugura la primera carretera de un gobierno revolucionario de Mérida a Kanasín.
Carrillo Puerto, podemos decir hoy, habló a los explotados de Yucatán en el idioma de su raza, en el idioma de su clase, con la voz de sus antepasados y con el anhelo de sus descendientes, y ese anhelo del futuro, el socialismo que se encontraba en germen en el pasado comunista de la más grande civilización de América: la maya.
Por eso podía hablarse en Yucatán naturalmente del socialismo, era, en resumen, el pasado que fecundando por la lucha de clases expresaba un potencial revolucionario. Pero cómo hubiera podido librarse Carrillo Puerto del polvo sucio, de la calumnia que sus enemigos dispersaban a diario detrás de cada acontecimiento de su gobierno. Los mancilladores de la conciencia pública, aquellos desocupados que pescan solos los ángulos negativos y ridiculizan o minimizan cualquier tarea del servicio colectivo, los eternos explotadores de hombres, los que buscan la comodidad y la riqueza a costa de los sufrimientos de un pueblo, ésos hicieron que la traición cayera sobre aquel gobernante progresista, y en un contubernio de las fuerzas reaccionarias con los alzados de la huertistas, toman prisionero a Felipe Carrillo Puerto, y mediante un juicio fraudulento y sumario lo condenan a muerte, junto con tres de sus hermanos y otros compañeros. Son fusilados en la madrugada del 3 de enero de 1924, en un paredón del cementerio general de Mérida.
El sacrificio de Felipe Carrillo Puerto y compañeros en el sello sangriento de la gran revolución agrarista, social y política que había estremecido a Yucatán desde 1915.
Los apóstoles nunca se inventan, se fingen o se improvisan; los verdaderos, como él, aun en sus últimos momentos y con el rictus de la muerte en sus labios redentores, todavía tienen el supremo amor para decir, al disparar de los fusiles criminales: "No abandonéis a mis indios."
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Manuel Iguiniz González.
DENUNCIA SOBRE ELECCIONES PRÓXIMAS EN PUEBLA
El C. Presidente: - Un momento, diputado, si es tan amable. En virtud de haber transcurrido el término de cuatro horas, señalado por
el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Presidencia dispone que se prorrogue la duración de esta sesión hasta desahogar los asuntos en cartera. Continúe, señor diputado.
EL C. Manuel Iguiniz González: - Señor Presidente; señoras y señores diputados. Vengo, más que a exponer un episodio electoral, a exponer un clima un ambiente que pronostican que las elecciones en Puebla no podrán llevarse acabo en un clima de garantía, paz, tranquilidad y respeto.
Este clima de descontento, se ha creado al manipuleo de la información; desde el principio de la campaña del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla, muy principalmente en la presidencia, por la presidencia municipal del municipio de Puebla, la prensa ha venido calumniando tanto al partido, a sus dirigentes y al candidato a la presidencia municipal, con informaciones falsas, salidas de mentes calenturientas que se han dedicado a pagar la propaganda y a amenazar a la prensa para que no publique nada de lo referente a Acción Nacional en su campaña.
Las calumnias vienen desde el principio, desde la postulación del candidato a presidente municipal del Partido Acción Nacional. Mientras nuestro candidato no se definía políticamente, mientras participaba en foros exponiendo la problemática nacional y estatal, foros a donde asistía el Presidente de la República, entonces nuestro candidato era un prohombre, un gran hombre, era llamado para que expusiera esa problemática y ayudara, con sus exposiciones, a adelantar en algo los problemas de México; pero después de su postulación ha sido llamado como el más réprobo de los ciudadanos, el que no podría llegar a la presidencia municipal por todas las cosas que le achacan a nuestro candidato.
Uno de los ataques en que ponen más énfasis, es que representa la plutocracia es cierto, es industrial, pero esto no es un pecado, antes que la CTM en Puebla, el ingeniero Villa Escalera, a través de su fábrica, construyó casas para sus trabajadores y construyó el edificio del sindicato para sus trabajadores; no creo yo que podemos dejar de reconocer que en el PRI, si recorremos las listas de los hombres del PRI, nos daremos cuenta dónde está la verdadera plutocracia.
Ha habido una hostilidad permanente en los medios de difusión, hostilidad que se manifiesta al no publicar absolutamente nada de lo que pasa en la campaña de Acción Nacional, pero en el PRI, ése sí tiene cabida a todo color, nomás que las fotografías que enseña la prensa nunca muestran las reuniones con las personas, presentan la mesa que está presidiendo los mítines y las reuniones nunca han publicado esas reuniones de desayunos que tiene con mucha de la plutocracia, desayunos privados porque siempre ha salido a coscorrones de ahí, no ha sabido contestar el candidato del partido oficial a las preguntas que los ciudadanos le hacen.
Es cierto que cuando la protesta del candidato del PRI hubo una reunión multitudinaria en el estadio de fútbol de la ciudad de Puebla, reunión a la que asistieron muchos ciudadanos desinteresados, pero desinteresados en escuchar la palabra del candidato de quienes los postulaban, fueron a ver a Rigo Tovar, que fue pagado por el partido oficial y por el Gobierno del estado para ir hacer ese desplante de popularidad inmerecida y popularidad rechazada por la ciudadanía. Sólo en ese acto la ciudadanía hizo acto de presencia, ese costo elevado fue con cargo a la ciudadanía de Puebla, con cargo del Gobierno del estado.
Todas las situaciones que se han venido sucediendo, señores diputados, son debidas a la prepotencia que siente el partido oficial y por eso se niegan a que se publique al ver cómo la ciudadanía libre de Puebla, de los barrios, la ciudadanía de las colonias, la ciudadanía del centro de la ciudad, de las juntas auxiliares, ha estado manifestando su apoyo decidido a la campaña de Acción Nacional y al candidato que encabeza la planilla del mismo. Pero a éstos sólo les queda el recurso ante esa prepotencia de usar la acción directa, y así se suscitaron los acontecimientos del pasado sábado 5 del presente.
Todos han sido informados a a través de la prensa y de los desplegados de que Acción Nacional celebraba un mitin en el barrio de San Antonio, de la ciudad de Puebla. Informaciones falaces dicen que había mil asistentes. Y les aplaudo que hayan aceptado mil asistentes, porque yo sí estuve presente y eran más de dos mil. Minutos antes de dar principio al mitin, estando ya los candidatos de Acción Nacional, estando los dirigentes arriba de la tribuna, un golpe en una de las mantas que adornaban a ésta y un cerillo que aventaron, provocó un incendio que hizo que toda la ciudadanía presente, en vez de asustarse y correr, se vieran más enardecidos y permanecieran apoyando a Acción Nacional. El incendio del templete no es como dicen en los desplegados, un auto ataque; en qué mente calenturienta, más que en la del señor Granja Ricalde, puede caber el acusarnos a nosotros, de Acción Nacional, de un auto ataque poniendo en peligro la vida quizás de nuestros dirigentes y candidatos. ¿Cómo va a ser un auto ataque - como él dice - si ni hubo víctimas? El santo señor Ricalde quería que hubiera víctimas. ¿Cómo vamos a propiciar los de Acción Nacional las víctimas? Acción Nacional siempre predica la paz, siempre estamos por la tranquilidad, el orden, la justicia.
Si tuviéramos - como dicen - una escuela de gente preparándolos para los ataques, preparándolos para la defensa, no creo yo que esas fuerzas de choque hubieran permitido a esos que allí incendiaron la tribuna, el que hubieran salido sin haber sido golpeados; no hubieran salido librados, señores diputados. Y no nos atrevemos a culpar al PRI, no nos consta que ellos fueron. Lo que sí nos consta es que emplearon mercenarios, que emplean
las siglas que conocemos todos. Mercenarios a quienes se les permite denigrar e insultar públicamente a la ciudadanía, insultar a Acción Nacional e insultar a los candidatos. Estos mercenarios sí predican la violencia, estos mercenarios sí provocan. Ustedes pueden deducir - porque muchos bien que lo hacen - quién paga a los mercenarios. Y culmina todos estos actos y muchos más con su lógica secuela.
Los desplegados de la prensa, primero el del señor Granja Ricalde, que es delegado del partido oficial en la ciudad de Puebla, en donde nos acusa de muchas cosas como ya decía del autoataque en el que no hubo víctimas, porque - decía él - , que se lanzó un cohetón que explotó abajo de la tribuna y que quemó unos sacos de papeles que ya estaban preparados. Eso se me hace una cosa infantil que no es digna de un representante del partido oficial ni de ningún partido que lo diga.
Posteriormente, apareció un desplegado del anquilosado dirigente del sector obrero del PRI - creo que es senador - Blas Chumacero, en el cual no ratifica esa acusación que hizo Granja Ricalde, creo que la consideró tan infantil que no se atrevió el señor Blas Chumacero a ratificarla; en cambio, sí nos acusa con Posteriormente, apareció un desplegado del anquilosado dirigente del sector obrero del PRI - creo que es senador - Blas Chumacero, en el cual no ratifica esa acusación hizo Granja Ricalde, creo que la consideró tan infantil que no se atrevió el señor Blas Chumacero a ratificarla; en cambio, sí nos acusa con muchos y muy falsos ataques, en los que expone que nosotros, los de Acción Nacional, somos los que estamos provocando, que nosotros, los de Acción Nacional, somos los que estamos incitando a la violencia, cosa que quienes han observado, quienes han estado presentes en las reuniones de Acción Nacional, no podrían aceptar eso porque nos han escuchado.
Lo que he expuesto, son hechos. A mí me consta lo que ha pasado, porque yo sí he estado ahí, y nunca hemos visto, más que las orejas del PRI que van y pasan más adelante las denuncias que ellos, sin conocimiento de causa se atreven a publicar en la prensa.
Señores diputados: lo único que reclamamos es que cesen estos descarados actos de reprobación, que en un momento dado pueden desencadenar la respuesta de un pueblo que se siente vejado y humillado, y que el gobernador del estado, cuyos bienes esperamos sigan en los 180 millones, que declaró al tomar posesión, se dedique a cumplir con la Constitución, que se deje de apoyar en lo personal y lo económico a su candidato, del que ha dicho que ha de ganar a como dé lugar.
Esperamos que las elecciones se lleven a cabo en un clima de respeto civilizado, tal como se merece la ciudadanía del estado de Puebla, sin violencia, sin robo de ánforas, con entrega de actas, sin relleno de ánforas.
Me voy a permitir dar lectura a dos párrafos de una columna que apareció el día de hoy en unos de los periódicos, cosas que podíamos todos suscribir.
Dicen que estas declaraciones y que todos los mexicanos sabemos que el poder le da el desempeño de su cargo al Presidente de la República, porque él es al mismo tiempo Jefe del Estado, del Gobierno, del partido en el poder y del Ejército.
Y el 15 de octubre, en Chetumal, declaró el licenciado Miguel de la Madrid: "Mi gobierno nunca permitirá que la inquietud social desemboque en violencia, pero tampoco permitiremos que la inquietud se pretenda acallar con la represión".
Señores del partido oficial, no hagan quedar mal al Presidente de México.
Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Manuel R. Villa Issa.
El C. Manuel R. Villa Issa: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Quiero, fundamentalmente, dar respuesta a las palabras del compañero diputado Ignacio Iguiniz sobre el caso de Puebla.
Puebla vive un clima de democracia y tranquilidad, con un sistema político, plural, y garantizado por la Constitución General de la República y por la propia Constitución del estado. Esto lo pueden constatar todos los poblanos, así como los visitantes que acuden a este hermoso estado. El gobernador del estado, el licenciado Guillermo Jiménez Morales, se ha comprometido ante los poblanos a mantener este clima democrático, plural, que sus acciones de gobierno se apoyan fundamentalmente en la ley. Jiménez Morales apoya estas palabras con los hechos que todos los poblanos pueden constatar.
Recientemente, sin embargo, durante la campaña política que se lleva a cabo en el estado para renovar ayuntamientos y el Congreso local, se han dado hechos que contravienen y salen de la norma de la ley. Esta situación ha sido puesto de manifiesto ante la ciudadanía, situación que ha causado irritación por la forma maquinada y perversa con que se ha venido planeando y ejecutando.
Quiero puntualizar tres aspectos que considero de suma importancia en este caso El señor diputado Iguiniz manifestó los actos que se llevaron a cabo el 5 de noviembre y que se castiguen de acuerdo a la ley, a aquellos que resulten afectados. Es conveniente tal vez hacer algunos comentarios sobre este particular, apuntamientos que ya ha manifestado nuestro partido en días pasados.
A quienes vivimos en Puebla no nos sorprende el uso del recurso del escándalo para ganar simpatías y adeptos del Partido Acción Nacional, cuando ha exhibido hasta la saciedad su incapacidad e impotencia para sumar voluntades.
Nuestro partido ha hecho públicamente y con toda anticipación, a tráves de los medios de comunicación, denuncias y advertencias en el sentido que era de esperarse el empleo de tales medios para llamar la atención por parte del Partido Acción Nacional.
Porque así lo ha hecho en otras partes de la República, porque se han enfrentado a una intensa penetración de nuestros candidatos, y porque al advertir de antemano una derrota contundente
con votos el 27 de noviembre predispone a la opinión pública respecto a una falsa condición de víctimas, con un traje que se ha confeccionado a la medida.
El ejemplo más burdo y evidente es el autoatentado, y así lo clasificamos, como autoatentado, que se fabricaron en un mitin no mayor de mil personas, en el barrio de San Antonio de esa ciudad, donde prepararon el escenario para lanzar un cohetón, prender estopa con gasolina bajo un templete y hablar de una agresión. La prueba del cuidado que tuvieron para confeccionar esta supuesta agresión, es que ni hubo víctimas ni el número de mil, que quiero pensar, sin conceder, que fueron dos mil; cómo es que no pudieron detener a ninguna de las gentes que a juicio del Partido Acción Nacional consumó el atentado.
Es conveniente mencionar algunos hechos que aparecen registrados en la denuncia que hizo el PAN ante el Ministerio Público sobre los hechos consumados.
El ingeniero Bravo Issi de León presume, y en esos términos está en esa denuncia, presume que fueron miembros del PRI, obviamente sin tener pruebas, solamente como una mera presunción.
Curioso resulta también que ninguna de las otras personas de los declarantes, todos ellos del Partido Acción Nacional, mencionan nada al respecto.
Otro punto que tal vez vale la pena mencionar es que en esa denuncia se menciona que se encontraron dos botes de 20 litros con gasolina y varios kilogramos de estopa. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo es posible que en una multitud de mil o dos mil gentes, como lo dice el ingeniero Iguiniz, nadie haya advertido la presencia de dos botes de gasolina y estopa.
Posteriormente se lanzan en contra del gobernador del estado, argumentando una política represiva y de provocación, cuando toda indica que las provocaciones parten precisamente del Partido Acción Nacional con propósitos que cualquier persona, no cegada por la pasión, pueda ver con claridad diáfana.
Esto nos da pauta para generar el segundo punto que quiero puntualizar. El Partido Acción Nacional es quien está provocando acciones violentas en una campaña política que debe realizarse con emoción y con dinamismo, pero dentro de los lineamientos de la ley.
Denunciamos esto ante esta Cámara, como lo ha denunciado mi partido en varias ocasiones en el pasado.
El Partido Acción Nacional pretende enturbiar la nitidez y la claridad de un proceso electoral democrático, ante la incapacidad de triunfar limpiamente. Su incapacidad manifiesta, así como la necesidad de recursos electorales especiales como algunos de los miembros del Partido Acción Nacional lo llaman en Puebla.
Quiero comentar hechos del Partido Acción Nacional que son del dominio público en el estado de Puebla. En primer lugar, la integración de grupos de mujeres y jóvenes adiestrados en disciplinas marciales entre los militantes de este partido para garantizar la limpieza de las elecciones. Así es como ellos lo llaman. Creo que existen otros procedimientos que se establecen claramente en la reglamentación y leyes correspondientes.
Creo que existen otros procedimientos que se establecen claramente en el reglamento y las leyes correspondientes.
Otro hecho, son los múltiples de agresión física, como la realizada en la junta auxiliar de San Francisco Teotemihuacán, que afortunadamente no pasó a mayores por la serenidad mostrada por los miembros de nuestro partido. Esto, señores, yo estuve presente ese domingo que fue el domingo pasado, hace ocho días.
Sería largo, posiblemente, enumerar otra serie de cosas que por el momento no queremos tratar, quiero tan sólo reiterar lo siguiente: no daremos respuestas a los ataques personales, reiteramos nuestro invariable respeto a todos los candidatos de oposición y a todas sus formas de hacer propaganda, nos ceñimos estrictamente a lo que marcan las leyes y no caeremos ni ahora ni nunca en la trampa de provocación y la violencia a la que nos empuja Acción Nacional; somos respetuosos, férreamente respetuosos de las normas electorales y reiteramos nuestra profunda convicción de ganar voluntades y votos convenciendo, con absoluta confianza en nuestros militantes y en la ciudadanía de toda Puebla; exhortamos a todos los partidos a desechar tácticas irresponsables y burdas y a mantener una postura limpia y digna en la contienda electoral, como lo merece y reclama la ciudadanía poblana.
Recientemente, en una publicación se hace alguna acusación al gobernador Guillermo Jiménez Morales, de amenazar con juicios a los candidatos de Acción Nacional. Sobre eso quiero comentar lo siguiente: si no se procede en base a la norma de la ley, el principio de derecho quedaría completamente desquebrajado; quiero puntualizar que no por ser candidato una persona queda al margen del marco jurídico.
Sobre el particular, permítanme dar los hechos. Al afirmar que de ninguna manera hay juicios políticos en la entidad de Puebla, puesto que no está previsto en nuestra legislación. El Procurador General de Justicia del estado manifestó que en esta dependencia se integra la averiguación previa número 139/83 por el delito de fraude que formuló la empresa denominada Control de Alto Nivel, S. A., contra la empresa Central de Datos el Triunfo, S. A. que representan los hermanos Villa Escalera, Ricardo y Francisco Fernando, como presuntos responsables de una operación ilícita al vender en dos ocasiones una máquina de computación con valor superior a los 100 mil dólares.
El funcionario explicó que la averiguación previa sobre este caso se inició el 27 de enero - quiero que quede claro que en esa época el ingeniero Villa Escalera no era candidato del PAN, estamos hablando de enero del presente año - . Esta averiguación se presentó ante la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del
estado, la cual citó al ingeniero Ricardo Villa Escalera para que rindiera declaración; prestando declaración el propio ingeniero el 9 de febrero de 1983.
La denuncia por el delito de fraude la formuló la compañía Control de Alto Nivel, S.A., misma que compró una máquina computarizadora a la empresa Central de Datos el Triunfo, S. A.; para ello dio un anticipo de 17 mil 950 dólares, que en pesos mexicanos es algo cercano a los tres millones. Pero en forma ilícita esta compañía detiene el producto para venderlo a otra empresa, por lo que está incurriendo en anomalía jurídica. Sobre la tardanza que se ha manifestado, el porqué ha tardado tanto en darle curso a esta averiguación, el mencionado funcionario señala que no sólo realizan diligencias en la ciudad de Puebla, sino también se recaba información y pruebas en el Distrito Federal, que es donde se encuentra la sede de la empresa acusadora. Sin embargo, sentenció que al deslindar responsabilidades y en caso de resultar como presuntos culpables los hermanos Escalera, consignará el caso ante las autoridades competentes.
Quiero responder y comentar un comentario - valga la redundancia - del diputado Iguiniz, quiero decirle, señor, que el ingeniero Villa Escalera, jamás ha dado vivienda a los trabajadores de su fábrica, fue su señor padre el que hizo esas acciones, mas no él; aquí no vale de que "hijo de tigre es pintito", son dos cosas perfectamente diferentes. El ingeniero Villa Escalera ha amenazado y golpeado a la gente del comité del sindicato de su fábrica, y existe prueba de ello y denuncias sobre el particular.
Finalmente, quiero puntualizar la posición del licenciado Guillermo Jiménez Morales y del Partido Revolucionario Institucional en esta contienda electoral.
El gobernador Jiménez Morales, afirmó, en reciente conferencia de prensa, en forma categórica, que la norma establecida en su administración es respetar y hacer respetar la ley; esta norma no variará. Sentenció, asimismo, que en Puebla hay paz orgánica y un irrestricto apego al pluralismo, y tampoco esta norma variará. El mandatario poblano refirió que el gobierno en todas sus instancias tiene que hacer respetar y respetar la ley como norma variable para asegurar que todas las actividades se realicen dentro del marco de derecho.
Esta es nuestra obligación - así lo puntualizó - y lo hacemos actividad cotidiana. Asimismo. el propio gobernador del estado hizo un llamado a los partidos políticos que contenderán en las próximas elecciones del día 27 del presente mes, para realizar actividades dentro del respeto, tanto a sus representantes como a sus candidatos.
Estos son los comentarios que quiero hacer y finalmente manifestar que el PRI, en la campaña que está realizando, no sólo en la ciudad de Puebla, sino en todo el estado, está apegado fundamentalmente a los preceptos de la ley, Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Raúl López García .
El C. Raúl López García: - Señor Presidente; ciudadano diputado: el viernes pasado, el Partido Socialista de los Trabajadores realizó una conferencia de prensa en la ciudad de Puebla, con la finalidad de dar a conocer públicamente su punto de vista acerca del proceso electoral que en esa entidad se desarrolla y que obviamente eso nos ha exigido la realización de un serio análisis político del marco en el que están contendiendo las fuerzas en este proceso electoral. Desde el principio fue evidente para nosotros que congruente con la postura que en muchas partes del país el Partido de Acción Nacional ha venido asumiendo, como un instrumento electoral de los grupos empresariales y de la derecha, caso de Chihuahua, Sonora, noroeste del país, observábamos que en el estado de Puebla se estaba propiciando un fenómeno de esa naturaleza, muchos panistas, auténticos demócratas, vieron con mucha sorpresa que en la convención municipal el PAN, el destacado dirigente panista Cañero hubiese estado imposibilitado de ser el candidato a la presidencia municipal de Puebla por la presencia de Villa Escalera, dejando con ello la decisión al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, según sus estatutos, para resolver ese problema que en el fondo no enseñaba sino un problema de carácter político muy serio.
La decisión del PAN ¿cuál fue? Irse por la alianza con los grupos empresariales que representa el ingeniero Ricardo Villa Escalera; no podemos desconocer que Villa Escalera, como miembro del Consejo Coordinador Empresarial y como destacado miembro de la Cámara de la Industria Textil Puebla - Tlaxcala, fue de los que encabezaron las reuniones de México en la libertad, que se opusieron a la nacionalización de la banca a partir del 2 de septiembre en todo el país. Lo que nosotros hemos manifestado como posición política del PST, en Puebla, es muy claro y hacia allá se orienta nuestra campaña.
Hay una acción evidente de la derecha poblana que tiene años de experiencia en la organización de grupos paramilitares, en la organización de fuerzas y de actividades de toda naturaleza, tendentes a la desestabilización que hoy han fraguado un verdadero plan con el cual pretenden engañar a los ciudadanos poblanos para pretender asaltar el poder municipal de la capital poblana.
En ese orden de ideas ¿quién desconoce que la Asociación Nacional Cívica Femenina, que aparentemente no tiene nada que ver con el PAN, ha tenido una labor muy activa con ciertos sectores sociales en la ciudad de Puebla, y que los días 22 y 23 de noviembre, se va a reunir en la ciudad de México, con el tema "Nos Oponemos al Proyecto de Nación de Miguel de la Madrid Hurtado".
Igualmente, la Asociación Cívica Desarrollo Humano Integral, A. C., agrupa a los más destacados miembros de los grupos paramilitares ultraderechistas, localizados, en la ciudad de Puebla. En ese terreno, lo que nosotros queremos alertar es que precisamente lo que
se está preparando para el 27 de noviembre, es una gran provocación política del Partido Acción Nacional, utilizando todo este conjunto de fuerzas desestabilizadoras. Y claro está, en esa línea de acción, provocaciones de esa naturaleza fundamentarían una actitud de insurrección electoral que es la que nosotros tenemos perfectamente localizada para el domingo 27 de noviembre en la ciudad de Puebla.
Quienes conocemos y conocimos como maestro en la universidad a Villa Escalera, y cuando tuvimos la oportunidad de luchar en el '71 para que fuese expulsado por las fuerzas democráticas, que actualmente están en el interior de la universidad, sabemos perfectamente bien los intereses, las posiciones que representa y el juego que en este momento está armando, con todos los grupos empresariales de la ciudad de Puebla, para tratar de asaltar el poder político mediante los esquemas que tradicionalmente está utilizando el PAN en este momento de crisis económica en el país. Por eso no nos ha extrañado mucho, no nos ha extrañado, es evidente que se está pretendiendo preparar el camino a 15 días de las elecciones, para desatar una provocación política en la ciudad de Puebla, que tenga como objetivo fundamental precisamente el llevar agua al molino de la derecha, que en este momento presenta con toda legitimidad el candidato del Partido Acción Nacional.
Fue por este conjunto de factores que, como delegado del Partido Socialista de los Trabajadores, en el estado de Puebla, no podemos menos que hacer pública la posición del Comité Ejecutivo Estatal del PST, que la dio a conocer públicamente el viernes pasado, y que incluso con los hechos que hoy se examinan, perfectamente está ubicada en esa línea de acción que se ha fijado el Partido Acción Nacional.
Quienes tuvimos oportunidad de ir al mitin que se hizo en El Carmen, por ejemplo, vimos claramente los grupos de jóvenes que están contribuyendo a este tipo de actitudes del Partido Acción Nacional; jóvenes organizados en el Desarrollo Humano Integral, A. C., que propicia también en su formación la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, universidad de los empresarios y que está vinculada enormemente con otros grupos paramilitares de carácter ultraderechista, que conocemos perfectamente bien en el estado de Puebla.
Así es que no nos vengan a sorprender lo que esta fraguando el PAN para Puebla es una grave provocación política, y por eso hay que denunciarlo, y así lo está haciendo el PST en la ciudad de Puebla, para que los ciudadanos sepan perfectamente bien cual es el marco de la lucha política que en este momento se está dando para las elecciones del 27 de noviembre. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la C. diputada Hilda Luisa Valdemar Lima.
La C. Hilda Luisa Valdemar Lima: - Señor Presidente; compañeros diputados: Me voy a permitir hacer algunos señalamientos respectivos a ataques mal fundados de un compañero panista que me antecedió en el uso de la palabra. El gobierno de Puebla se caracteriza, desde que asumió el cargo el licenciado Guillermo Jiménez Morales, por el permanente diálogo con los diversos sectores sociales, partidos políticos - lo que afirmara el compañero diputado panista cuando hizo alusión a que el ingeniero Villa Escalera había participado en una mesa de trabajo - ,reafirma mis palabras.
Corrientes de opinión y como resultado de este diálogo se muestra la armonía con la que trabajamos los poblanos, amalgamados en un grupo en el que, respetando nuestras diferencias, hemos coincidido en vértice afín: la poblanidad.
Pero tal parece que hoy, intereses personales que falazmente se hacen llamar política, tratan de romper esa armonía, mas no van a lograrlo. Es incongruente que miembros de Acción Nacional afirmen que no se respete la expresión en Puebla, la posición que adoptan los oradores panistas
en los mítines que se realizan en Angelópolis, constituyen la mejor demostración de que existe libertad de expresión en la entidad. Incluso la han convertido en libertinaje, como lo prueba el hecho de que a través de camionetas de sonido traten de explotar el sentimiento religioso del pueblo, calificando al Gobierno comunista y levantando el infundio de que el mismo Gobierno pretende estatizar la educación.
Es paradójico que miembros de Acción Nacional se quejen de que la expresión no es libre en Puebla, en un estado donde su campaña política la basan en calumnias y golpes teatrales, como el falso atentado que ya mencionaba el señor diputado Villa Issa. No podemos entender como fue posible que el autor del mencionado atentado, no fuese detenido cuando se encontraba rodeado de panistas; el hecho parece un autoatentado.
Resumiendo, la campaña de Acción Nacional, en Puebla, no es política; la basan apoyados en la mentira, es una manifestación clara de agresión que plantea Acción Nacional.
En los últimos días han llegado a esa entidad poblana personas de otros estados que tienen como único objeto planear y realizar actividades que trastoquen la tranquilidad de los poblanos. El sábado próximo pasado, Francisco González Gatica, promotor de eventos deportivos de mi partido, fue golpeado y herido en la cabeza por un proyectil que le lanzara un enardecido panista.
Yo fui víctima, el propio sábado, de maniobras que trataron de ser intimidatorias, cuando dos vehículos, escudándose en el anonimato con la falta de placas, cerraron el paso a aquél en el que yo viajaba, tratando de obligarme a descender al mostrarme armas de fuego seis individuos. Afortunadamente en ese momento, llegaron personas amigas que impidieron la consumación del ilícito.
En Puebla, mientras nuestros candidatos de la ciudad capital y del interior del estado llaman a la unidad y al trabajo, la campaña
de Acción Nacional es claramente ofensiva y calumniosa. En los mítines, los panistas hablan de medios radicales de agresión. José Angel Conchello, conocido dirigente de Acción Nacional, estuvo en Cholula anunció que dictaría una conferencia, lo que en realidad se convirtió en una incitación franca a la subversión.
Aquí se hizo alusión a que el ingeniero Ricardo Villa Escalera, actual candidato a la presidencia municipal de Puebla, por el Partido Acción Nacional, había conseguido casa a sus trabajadores ya había hecho la la aclaración el diputado Villa Escalera en el sentido de que no era él, sino su papá quien había conseguido estas casas.
Quiero decir a ustedes que tengo el honor de ser secretaria de Acción Social de la Federación de Trabajadores de Puebla - CTM - y que los trabajadores de la fábrica del ingeniero Villa Escalera, de la fábrica de la que es propietario el ingeniero Villa Escalera, están afiliados a nuestra federación.
Quiero decir, también, que en múltiples ocasiones han tenido dificultades con el ingeniero Villa Escalera porque no cumple adecuadamente con el contrato colectivo de trabajo, porque incluso, ha habido diversos actos violentos en los que el ingeniero Villa Escalera prepotente ha querido manipular al comité ejecutivo, como el comité ejecutivo no lo ha permitido, los ha amenazado en múltiples ocasiones.
Se hizo alusión también, en esta tribuna, a que don Blas Chumacero, secretario general de la Federación de Trabajadores de Puebla, representante del Sector Obrero ante el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional de Puebla y representante, también obrero, en el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, no había apoyado las declaraciones del señor delegado del Comité Ejecutivo Nacional, lo cual no es verdadero.
Don Blas Chumacero ha sido un luchador social del que se conocen sus acciones muy ampliamente, podríamos decir mucho en esta tribuna de don Blas Chumacero, hasta decir que él ha aportado sus ideas de luchador social, en gran parte, en la Ley Federal del Trabajo; baste decir que, gracias a su genio creativo, en gran parte el INFONAVIT ha sido una institución exitosa; él es el creador de una de las unidades habitacionales que es modelo en el país.
Pero volvamos a nuestro tema, don Blas Chumacero, como miembro del Comité Directivo Estatal en Puebla, ha firmado los desplegados que el propio Comité ha insertado en periódicos de circulación nacional.
Quiero asentar también que en cuanto a lo que los señores de Acción Nacional han dado en llamar juicio político y a lo que también se hacía alusión en esta tribuna, este no es tal, es un juicio, mas no político, aun cuando parezca reiterativo por su importancia, lo mencionamos nuevamente, el ingeniero Villa Escalera, actual candidato blanquiazul a la presidencia municipal de Puebla, y Jaime Francisco Villa Escalera, su hermano, tienen una acusación, un juicio que es anterior a la nominación del ingeniero Villa Escalera como candidato a la presidencia.
De continuar este juicio y de encontrarse culpabilidad en el que le ha sido entablado, ante autoridades judiciales del estado de Puebla, independientemente de que el ingeniero Villa Escalera sea candidato del Partido Acción Nacional, se continuará este juicio.
Quiero hacer también mención, compañeros legisladores, que ésta, como salta a la vista, es una controversia entre particulares que dirimen, decíamos ya, las autoridades judiciales de mi estado; y también quiero reafirmar lo que mi compañero priísta ya decía aquí, nosotros no responderemos a acciones provocativas y violentas; somos respetuosos de la ley y exigiremos respeto a esta ley.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Manuel Iguiniz González.
El C. Manuel Iguiñiz González: - Señor Presidente: El diputado Villa Issa vino a hacer aquí una intervención que creo yo debería haberse invertido; primero, debería haber ido él leyendo los desplegados, para yo contestarlos, como lo contesté antes de que él hablara.
Parece medio enredada la cosa, pero es la realidad. El vino a hacer unas afirmaciones, yo hice las contestaciones anteriores. Dice que Puebla vive un clima de democracia y tranquilidad, pues, señores, yo no veo la democracia y la tranquilidad. Hemos participado en cuántas ocasiones, en Puebla, y no se ha respetado el triunfo de Acción Nacional en las campañas, principalmente municipales. Y qué bueno que pidió el diputado que se castigue - nada más que aquí se le fue y dijo a los afectados, que somos nosotros - , debe castigarse a los autores de los atentados, y por eso precisamente nosotros hicimos la denuncia ante la agencia del Ministerio Público para que se investigue; pero creo que con nuestro sistema de apoyo a los candidatos del partido oficial, definitivamente, esa denuncia va a dormir el sueño de los justos, que no será la primera vez que suceda.
Mencionó un caso de Teotemihuacán, donde fueron agredidos. ¡Que barbaridad! Habría que ver el despliegue de policías que había. Y les voy a decir que un sábado anterior, es decir, sábado intermedio entre la presentación del candidato de Acción Nacional y el candidato del partido oficial, hubo agresión; metieron a la cárcel a cuatro jóvenes, porque son músicos de profesión, de 18 a 20 años y los remitieron con la acusación de que se habían robado la madera del templete que había preparado el PRI para el mitin de su candidato, sí, señores, a todo el pueblo de Teotemihuacán le consta que había dos patrullas policiacas allí, junto al templete, y no fueron capaces de defender la madera, por eso vivimos en un clima de intranquilidad en Puebla, porque las autoridades no están respondiendo a su deber y por eso la ciudad está a oscuras, y les voy a decir que el actual presidente municipal ha sido el mejor
propagandista de Acción Nacional, y el triunfo de Acción Nacional se lo vamos a deber a la campaña ordenada y generosa que estamos llevando a cabo, y al desgobierno del presidente municipal actual, apoyado por el gobernador. Yo creo, compañeros diputados, que sí efectivamente hay un grupo de poblanos que están trabajando en forma monolítica con el señor gobernador del estado, pero esos son los del PRI y la prueba es que la respuesta a la campaña de Acción Nacional es tremenda, es fantástica, está despertando la ciudadanía porque ya está cansada, ya estamos cansados, ya estamos hartos y hastiados de este grupo en el poder que siempre ha estado abusando de la ciudadanía. Y lo que queremos, lo que quieren los ciudadanos es ya liberarse.
Después pasó un compañero del PPS, del PST - perdón - , ¡caray!, pues yo honradamente ni me había dado cuenta de que estuvieran participando, porque en mis correrías por el estado hasta este domingo, es cierto, los vi en uno de los poblados que visité, pero esto sí con unos cuantos miembros del comité y unos cuantos votos que van a sacar, hacen un juicio político para enjuiciar, ¡qué barbaridad!
Decía la compañera que un típico asalto con dos carros sin placas, pistolas; por favor, yo creo que fue un ataque policiaco, todos los ataques policiacos tienen esas características y lo vemos en la prensa continuamente, carros sin placas, amenazas y, señores, yo creo que la compañera diputada debió de haber hecho una denuncia ante el Ministerio Público, pues, para que se investigue y ojalá y se investigue y que ya acabemos con esos desmanes de la policía que se presenta a llevar a cabo esos ataques atribularios en contra de ciudadanos pacíficos, en contra de ciudadanos dignos como es la señorita diputada. Y yo les voy a decir también que si Acción Nacional estuviera incitando a la violencia - como lo dicen - , la ciudadanía poblana no estaría con Acción Nacional y la ciudadanía poblana, pese a la violencia de que somos víctimas, está apoyando y no se desparraman en los mítines cuando hay violencia, nos acompañan y nos acompañaron los dos mil asistentes en San Antonio, a presentar la denuncia, a presentar la denuncia ante el Agente del Ministerio Público y yo creo que, pues, si nosotros incitáramos no irían a acompañarlos, no irían a los mítines, porque en realidad a la gente decente no nos gusta la violencia. Y Acción Nacional nunca la propicia y nunca la apoya. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Túrnese el asunto a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
HECHOS EN LAS ELECCIONES ULTIMAS EN SINALOA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Ignacio Vital Jáuregui.
El C. Ignacio Vital Jáuregui: - Señor Presidente, con su venia; compañeras y compañeros: Las impresiones que teníamos los del Partido Demócrata Mexicano acerca del cumplimiento de las promesas que el partido gobierno nos hizo durante su campaña política, eran que ya en este sexenio iba a haber, pero ya, justicia y libertad para los mexicanos.
No dijeron que ya en este sexenio iba a haber democratización. Claro, porque en el sexenio anterior y en los anteriores nunca hubo democracia. Y nos dijeron también que iba a ver en este sexenio renovación moral. Claro está, porque en el anterior nunca hubo moralidad pública, moralidad gubernamental. Pero a un año escaso del encumbramiento del nuevo régimen, vemos una sobrada razón, no solamente nosotros los pedemistas, sino todos los mexicanos, que fueron falsas promesas, que se sigue pisoteando la libertad y la justicia del pueblo mexicano. Nosotros, esto lo hemos visto en las elecciones del domingo pasado en el estado de Sinaloa. Un servidor de ustedes fue testigo directo de los hechos.
Teníamos grandes posibilidades, el Partido Demócrata Mexicano, de ganar las elecciones municipales, principalmente en dos municipios, en el ayuntamiento de San Ignacio y en el de Angostura, Sin. Este servidor estuvo presenciando los hechos electorales en San Ignacio, Sinaloa.
Previamente se nos había dicho que habría orden, que habría justicia y que habría respeto para los sufragantes, y ese día vimos exactamente lo contrario de lo que nos prometió, tanto la Secretaría de Gobernación como el señor gobernador del estado.
Vimos pisoteada la justicia, pisoteado el orden y pisoteada la libertad.
El problema empezó con la repulsa de los principales presidentes de los comités electorales municipales o distritales para registrar a nuestros representantes y tal parece que a los representantes de todos los demás participantes de la oposición, y ésta consistió en manosear el padrón electoral de acuerdo a los compromisos y de acuerdo a las conveniencias del partido - gobierno, o del gobierno - partido, como ustedes quieran.
Cada presidente de comités electorales municipales o distritales, cuando se presentaba una lista de representantes de aquel partido decía: estos señores no están registrados en el padrón. Cuando se les demostraba que pedíamos una copia nominal del padrón de las elecciones federales anteriores, nos decía: esta lista ya no vale, porque nosotros hemos depurado el padrón electoral. Bueno ¿ qué el depurar significa borrar de las listas del padrón electoral a los miembros de la oposición?
En San Ignacio, Sin., estuvimos observando el proceso, el presidente del comité municipal de nuestro partido pidió instrucciones con motivo de que no se le aceptaron ninguno de los representantes, porque no estaban, según el presidente del comité electoral municipal, no
aparecía en el padrón. Y nosotros le dijimos: usted presente de todas maneras a los representantes al inicio de la votación para que estén presentes en la apertura del evento democrático.
Y usando la fuerza, utilizando a los policías municipales y a la Judicial del estado, se les impidió a nuestros representantes tomar parte activa en el proceso electoral, aduciendo precisamente que no estaban inscritos en el padrón.
Todas las ánforas, días anteriores, estuvieron depositadas en las casas de los particulares de los representantes del PRI , al evento electoral o del presidente de la mesa que siempre, en un cien por ciento, era representante también del PRI o miembro de él.
Antes de empezar el proceso electoral todas las ánforas estaban ya repletas de votos a favor del partido - gobierno, y esto personalmente lo constatamos nosotros en un poblado que se llama El Platanar, cuando discutíamos que no era legal, que no estaba en la ley, el que se nos recusase a nuestro representante.
Dice el policía, habilitado de representante del PRI: "Yo les voy a demostrar que sí está inscrito en la ley". Y con un martillo desclavó el ánfora, al desclavarla sacó los votos que se habían emitido, sacó un ejemplar de la ley y puso al descubierto, allí, los votos planchados, que con anterioridad al proceso electoral, había hecho el PRI - Gobierno. Más claro ni el agua. Y nosotros nos preguntamos, ¿debemos de dejar pasar estos problemas que atañen a todo el pueblo de México? ¿Debemos de hacer un simple comentario, un simple lloriqueo de la oposición acerca de los despojos que nos hace el partido - gobierno en los procesos electorales ¿O debemos de enfrentar este problema como un problema candente de la Nación mexicana, ante los que la han explotado ante los que la han saqueado, ante los que la han hipotecado? Yo creo que tenemos que estar de frente al debate de la problemática nacional.
Nosotros entendemos que las gentes de buena voluntad, los que queremos un cambio un cambio a lo positivo, un cambio a la justicia, un cambio a la moral pública, necesitamos estar participando constantemente y estar alertando a la ciudadanía para que tome conciencia de los problemas de México, de la problemática del país, porque es un clamor nacional, un clamor nacional que se expresa en la siguiente frase: ¡Esto no puede seguir así, esto hay que cambiarlo!
Y nosotros hemos propuesto un cambio, pero un cambio a la justicia, un cambio hacia la libertad y un cambio hacia la democracia.
Nosotros entendemos que la historia no es una simple concatenación de hechos, nosotros entendemos que la filosofía, que la historia tiene, una filosofía tiene una moral, tiene una explicación y tiene una enseñanza a todos los pueblos.
Y esa filosofía y esa enseñanza de la historia radica en lo siguiente: La justicia, a la corta o a la larga, siempre se tendrá que imponer a la injusticia. La moral se tendrá que imponer a la inmoralidad. El estado de legalidad se tendrá, a la corta o a la larga, que imponer hacia el estado constante de decepción en que nos mantiene el Gobierno, al pueblo de México.
Y yo creo que todos los mexicanos, amantes de la paz, amantes de la justicia, tenemos que combatir mediante la virtud el vicio electoral, porque no es posible que este país ya lleve 60 años atropellado en sus principios de justicia y libertad. Es necesario, pues, seguir con esta lucha y proclamar, ante todo el pueblo de México, que necesita defenderse, de estos atropellos y de estas injusticias.
Y uno de los que toman parte activa en el cacicazgo de esa población, me decía en plan paternalista:
"Mira, quítate de eso; ya no andes en la política; dedícate a tu profesión, ahí sacarás más; tu familia estará mejor; únete al carro de los triunfadores; no le puedes hacer nada al partido en el poder; ellos tienen todo el dinero del presupuesto nacional para imponer a sus propios candidatos; ellos tienen aquí, en esta población y en todas las poblaciones de la República, tienen incondicionales, ahí los estás viendo, que han rellenado las ánforas y que van a levantar un acta diciendo que aquí no se presentó ningún candidato de la oposición y que van a levantar un acta diciendo que en esta casilla el PRI tuvo 200 votos y juntos los de la oposición tuvieron diez votos. Siempre habrá incondicionales porque el régimen les va a pagar su incondicionalidad mediante el permiso para que hagan y sigan atropellando a los ciudadanos, y se sigan enriqueciendo fácilmente, y sigan ejerciendo el poder por el poder mismo, y sigan abusando del poder; quítate ya de esas cosas, qué has ganado en tantos años de andar de sinarquista y de pedemista, dedícate a tus problemas, dedícate a tu familia, dedícate a tu profesión, no te andes metiendo ya en esas cosas".
Y yo le decía: Pues mira, con tus argumentaciones me has hecho recordar aquel episodio de la historia de la humanidad, aquel episodio de las Guerras Médicas cuando el rey Jerjes, de Persia, manda a sus emisarios a los pueblos griegos a pedirles el agua y la tierra que significaba pedir su abdicación a su soberanía, a su libertad y a su independencia. Y dice Herodoto, en su Historia de los Nueve Libros, que la mayor parte de los pueblos jónicos le mandaban al rey Jerjes de Persia, el agua y la tierra como símbolo de sumisión. Pero cuando estos emisarios llegan a Esparta, los espartanos les dijeron: "ahorita te vamos a dar tu agua y tu tierra", y aquellos emisarios de la satrapía persa los ahogaron y los enterraron bajo tierra. Pero después vieron qué habían hecho, que no se había seguido con este acto al derecho internacional y que eso ponía entredicho, el problema de la legalidad internacional de los griegos, que siempre se apoyaban en el derecho, y acordaron mandar otros emisarios de Esparta al rey Jerjes y decirle que tomara venganza en sus personas por las injurias
inferidas a los emisarios persas, y cuando estos emisarios llegan a la ciudad de Sardes, ya en posesión de los persas, el representante del rey persa les dice: "quítense de esto espartanos, quítense de esto lacedemonios, ¿ qué están haciendo ustedes, por qué osan levantar su espada contra el rey persa, que es el rey, que es el emperador de todo el mundo conocido del Asia? Ustedes son el pueblo pobre, ustedes son un pueblo humilde y los persas somos un pueblo poderoso". Y entonces aquellos emisarios de Esparta que iban a una muerte segura ante el tirano, le dicen: "Mira tú te expresas así porque vives en la tiranía, porque no has conocido más que la esclavitud. Si tú conocieras la justicia, si tú conocieras la libertad del pueblo espartano, no estarías diciendo que nos defendiéramos no solamente a espadazos, sino a hachazos si fuera posible.
El C. Presidente: - Se recuerda al orador que se le ha agotado su tiempo.
El C. Ignacio Vital Jáuregui: - Muchas gracias. Por eso, le pedimos al PRI - Gobierno o al Gobernador - PRI, que no esté tentando, que vea por donde está conduciendo la política represiva al país, porque atropellar el voto del pueblo, es herirlo en lo más profundo de su dignidad. Por eso nosotros le decimos: "...detente porque todavía hay tiempo, no sea que al igual que los viejos espartanos, el pueblo de México un día empuñe la justicia y el hacha, si fuera necesario".
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Jesús Manuel Viedas Esquerra.
El C. Jesús Manuel Viedas Esquerra: - Con su venia, señor Presidente: En Sinaloa, al celebrarse el domingo pasado las elecciones constitucionales locales para renovar el poder legislativo de la entidad y sus 18 ayuntamientos, los sinaloenses dimos de nueva cuenta una demostración de civismo, al celebrar elecciones que legitiman una contienda democrática en la que participaron seis partidos. El clima de tranquilidad política, presentado por Sinaloa a la nación, comprueba el avance de nuestro desarrollo político dentro de los cauces de la reforma en que los mexicanos estamos empeñados destacando el apego a las normas de derecho que se advirtió durante este proceso. Con este marco de legalidad, como miembro del PRI, afirmo que el triunfo es nuestro en los 23 distritos y en los 18 municipios, según la información proporcionada por los comisionados de mi partido.
Se ha dicho aquí que el triunfo es dudoso. La evolución electoral en Sinaloa es la siguiente: antes de la reforma política de 1977, el principal opositor de nuestro partido era el abstencionismo; el promedio general de votos a nuestro favor, era de 200 mil en cada elección. A raíz de la reforma política, se abre una nueva etapa, motivando positivamente la participación ciudadana, obligando esto a una transformación interna en el seno del partido para poder vencer.
El 1980 se ratifica nuestra preocupación, y se inicia con oportunidad un trabajo de fondo en la reestructuración orgánica del partido, generando resultados positivos en 1982. La votación registrada superó a los 475 mil votos en la entidad para el Partido Revolucionario Institucional. Para esta elección se redoblaron esfuerzos y aunque se manipuló la crisis, el triunfo del partido nuestro, es indudable.
Una vez más y de manera parcial en ese recinto parlamentario se ventilan asuntos que son de la competencia del estado libre y soberano de Sinaloa. De los sinaloenses afiliados a los distintos partidos que allá actúan, sujetos a las normas constitucionales y a las leyes de la materia que los propios sinaloenses se han dado para su régimen interior. Se trata, pues, de un proceso electoral local. Elecciones constitucionales locales que tienen su propia esfera de competencia en el ámbito de la entidad.
En este sentido venimos a esta tribuna, no para definir hechos que nos son de nuestra competencia, sino para informar a este honorable Congreso y rechazar imputaciones que otros partidos pudieran hacer sobre las elecciones en la entidad. Efectivamente, se realizaron en los meses de agosto, septiembre y octubre las actividades previas al día de la elección, previstas por la Ley Electoral; el pasado 6 de noviembre se recibió el sufragio en los 18 municipios y 23 distritos, con una infraestructura electoral 3 mil 551 secciones electorales, 14 mil 204 comisionados de cada partido y común de candidatos debieron de acreditarse ante 27 mil 408 ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla para vigilar el desarrollo y legitimidad del proceso electoral. Esta infraestructura humana es la comprometida a realizar la apertura y cierre de la votación y, finalmente, en presencia de los representantes de cada partido y común de candidatos a realizar el escrutinio y cómputo de la elección en cada casilla, correspondiente a un distrito o a un municipio. En ese momento, justo o dentro de 72 horas a partir del cierre del acta de escrutinio, proceden los recursos de inconformidad y de protesta ante los organismos electorales, y en la sesión, de cómputo del próximo domingo, procede el recurso de queja o de revisión. Los partidos sin estructura permanente que sólo actúan en épocas de elección, no pueden obtener todas las copias de las actas del escrutinio y cómputo de todas las casillas electorales, por lo tanto, de la información obtenida se hacen estimaciones o se manipula información, como es el caso abordado en esta tribuna. Pero el resultado final y oficial se da a conocer al término del cómputo distrital o municipal; antes de eso existen declaraciones publicitarias y aquí se llega al colmo de anticipar fraudes electorales y asegurar triunfos con el único propósito de ganar publicidad, restando tiempo y oportunidad a la tarea de legislar.
El pueblo sinaloense sabrá del resultado final de su participación ciudadana del 6 de
noviembre, el próximo domingo 13 de noviembre, así tengamos en nuestras manos estimaciones parciales de triunfo, que nos dan la confianza de que el Partido Revolucionario Institucional las ganó de todas todas, por cuarta vez dentro del actual proceso de reforma política, sabremos esperar los resultados oficiales de los organismos electorales; el famoso fraude electoral tan denunciada verbalmente sin comprobación y con anticipación, sólo sirve para amortiguar la derrota anticipada de quienes saben que no cuentan con la mayoría para triunfar. Para ellos, cualesquier movimiento lícito de los organismos electorales es fraude; cualesquier irregularidad sumaria es fraude; cualesquier facilidad o acceso al voto sin credencial, pero con la condición de aparecer en la lista del padrón, es fraude; el mismo padrón electoral es fraude; todo es fraude cuando se pierde o se anticipan a la derrota. El voto se emite y se cuenta. Pero que quede claro; no todos los que votan lo hacen por un mismo partido. Si nuestro partido obtiene mayoría, el voto por otros partidos no se invalida. Tan valen esos votos a pesar de la derrota, que los emitidos a favor de la representación proporcional valen para integrar los cabildos o la Cámara de Diputados. El voto ciudadano se certifica en la misma casilla en presencia de los representantes de todos los partidos y los funcionarios de la casilla. Cuando se pierde, todos los representantes y funcionarios son del PRI y están de acuerdo en abultar la votación. Fraude electoral, y cuando se gana quiere decir que todos los que ahí estaban eran funcionarios de otros partidos Sólo cuando se gana hay democracia, se hace valer la democracia y existe la democracia. Y cuando se pierde no hay democracia, no se hace valer la democracia y no existe la democracia, sólo existe el fraude electoral cuando se pierde; cuando ganan no solamente acabaron con el fraude, sino que en plenitud gozan el triunfo democrático.
Los actos ilícitos de un proceso electoral tienen su sanción en tiempo y forma. A nadie engañan con su fraude, a destiempo y fuera de forma. Mayor capacitación política, mayor seriedad en la selección de representantes.
Yo diría a la ciudadanía: defiéndete de quien te pide te defiendas. Porque lo que realmente te está pidiendo es : defiéndeme, no gané y, además me quieren arrebatar el triunfo. El triunfo de un candidato y de un partido lo decide la mayoría del pueblo, así sean dos contra tres votos.
En la Comisión Estatal Electoral solamente se presentaron quince protestas que fueron desechadas por su improcedencia, ya que por alguna de ellas se pudo comprobar los supuestos de violación con los que se pretendía empañar la legalidad del proceso.
Conforme a los artículos 182, 184, 186, 188, 190 y 191 de la Ley Electoral de la entidad, las sesiones de cómputo se celebrarán el próximo domingo; serán los comités distritales y municipales electorales, con su integración pluripartidista, los que en definitiva y oficialmente determinen el triunfo por mayoría relativa al partido que corresponda. Posterior a ello, los partidos políticos tienen opciones jurídicas que pueden hacer valer ante los órganos electorales; se trata de los recursos de queja y revisión, y posterior todavía, en la calificación de las elecciones, tanto en el Congreso como en los propios ayuntamientos.
Para concluir, reitero aquí el triunfo de nuestro partido, que estamos seguros en los organismos electorales, lo ratificarán el próximo domingo al celebrarse los cómputos. Ratificamos también nuestro invariable respeto al régimen de derecho que nos hemos dado los mexicanos, los sinaloenses.
Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el señor diputado Andrés Cázares, sobre el mismo asunto.
El C. Andrés Cázares Camacho: - Le prometo al señor Presidente que seré breve; soy amante de la brevedad. Licenciado Esquerra: realmente su presencia siempre me inspiró que era una persona de cordura, y no vengo aquí a discutir si el Partido Acción Nacional ganó las elecciones o las perdió. Sólo vengo a invitar a los estudiosos de las ciencias sociales, a todos los universitarios de México, a todos los diputados aquí presentes del PRI y de todos los demás partidos - porque tengo el gusto de conocer a muchos priístas con capacidad de equilibrio - para que estudien seriamente el caso de Sinaloa y, muy especialmente, el caso de Mazatlán, de donde yo vengo.
Hoy, por la mañana, ya se tuvo una conferencia de prensa, donde se aportaron datos suficientes para que los comunicadores se formaran un juicio adecuado. Se les mostraron fotografías de cómo, el día de antier, a las doce de la noche casi, una camioneta manejada y apoyada por policías municipales llegó a las oficinas de los comités municipales y distritales cargada de ánforas.
Se extrañan de la posible unión del PSUM y de Acción Nacional para defender el caso de Sinaloa y se olvidan que el día de la elección el sufragio es de interés de todos los partidos. El presidente municipal de Mazatlán una vez se extrañó porque yo y otros compañeros panistas nos acompañábamos, no sólo con personas del PSUM, sino de otros partidos para hacer un reclamo sobre problemas sociales de Mazatlán.
Y es que en momentos como esos, indudablemente todas las gentes que realmente tenemos un propósito sincero de hacer algo por el pueblo debemos unirnos.
Queda pues, la invitación a todos los estudiosos de las ciencias sociales para que vayan muy especialmente a Mazatlán, y entrevistarse con cada uno de los representantes de Acción Nacional, de más de 50 ciudadanos jóvenes de Villa Unión. De cómo a las diez y media de la noche llegaron en masa para denunciar lo que había en Villa Unión, como gentes con pistola en mano y muchos en estado de ebriedad habían
secuestrado todas las ánforas de ese lugar. Y entrevistarán, sin duda, a los funcionarios de El Pozole, que es un poblado contiguo a Villa Unión, cómo tuvieron que pasar por el río a nado para evitar agresiones mayores, que era el abuso a su dignidad como funcionarios.
Ciudadanos, muchas gracias por haberme escuchado y queda la invitación hecha. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Valadez Montoya.
El C. Baltazar Ignacio Valadez Montoya: - Estas sesiones en las que se hablan de problemas electorales, parecen una especie de videocassette; porque son imágenes voces que se repiten. Por un lado, los partidos independientes o de oposición, que hacen denuncias de graves irregularidades; y por otro lado, el partido de imposición, que niega todo. ¿A quién le cree el pueblo? Cada vez es más claro que "a los priístas y a los gobiernos priístas no les cree ni su abuelita". ¡Y vaya que las abuelitas son generosas! ¿Qué es lo que esta pasando en México? Dicen los cronistas o expertos en fútbol, que hay equipos que manejan un dispositivo táctico abierto, que juegan limpio y dejan jugar; con este dispositivo a veces pierden, a veces ganan, pero siempre cuentan con la simpatía del público. Y hay otros - dicen - que practican el cerrojo, que no dejan jugar y son equipos que nunca llevan gente a los estadios.
El PRI seguramente quiso practicar el dispositivo abierto, alegre, bonito, pero le impidieron una goliza de órdago en Chihuahua y en Durango, y entonces tuvieron que regresar al dispositivo cerrado.
Hace unos días dijo el Presidente de la República que: "sin apoyo popular nada arraiga", y el problema, señores, no se presenta exclusivamente en la coyuntura o en la circunstancia electoral, Nosotros entendemos, y creo que lo aceptarán los señores del Partido Oficial, que es indispensable, por el bien nacional, resolver la crisis que todos estamos padeciendo, pero una de las condiciones que no se pueden hacer a un lado para resolver esta crisis, es que haya comunión que haya entendimiento, que haya apoyo del Gobierno a sus gobernados, y de sus gobernados al Gobierno. ¿Y en qué condiciones dejan a los presidentes municipales que pretenden imponer? ¿Les será posible tener ese apoyo popular para rescatar al municipio del abandono, de la miseria, de la pobreza? Yo creo que no.
Entendemos y comprendemos que por la naturaleza misma de los partidos éstos aspiren a llegar a la toma del poder o mantenerse en él. Y lo legítimo de esto estriba en las prácticas que para ello se utilicen. Yo creo que hasta por razones de subsistencia los priístas están interesados en mantener la paz social, pero esta paz social, esta tranquilidad no será posible - y algo de esto afirmó Vasconcelos - mientras no haya elecciones limpias.
Por otra parte, todos sabemos que en pasillos, en diálogos personales, algunos compañeros diputados, algunos senadores, reconocen que hay atorones en este proceso de democratización y de reforma política; que hay prácticas absolutamente democráticas que hay que superar, pero cuando suben a esta tribuna todo se les olvida y entonces es bendecir de pe a pa ese proceso que abajo reconocen que existe.
¿Qué es lo que sucede con esto? Es que los caciquillos de rancho, los subdesarrollados, sienten que cuentan con el aval de esta representación nacional. Yo creo, señores, que por encima de los intereses partidistas en una elección, debe estar en nuestra mentalidad el llevar a este país a lo que está destinado, una patria desarrollada en la que todos nos entendamos, en la que el pluralismo exista, pero que exista también el respeto a la decisión popular. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Lambretón.
El C. Alejandro Lambretón Navarro: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Hemos escuchado ya al representante de Acción Nacional venir a decir por fortuna, que no venía a discutir si su partido ganó o perdió en las elecciones del domingo próximo pasado en Sinaloa; que él venía a proponer que los estudiosos de la ciencia política, de la sociología y de las disciplinas afines hicieran una investigación acerca del fenómeno que ocurrió en el estado de Sinaloa.
Existen instituciones de investigación política, algunos partidos políticos cuentan con ella, existen también organismos públicos y privados que se dedican a este tipo de investigaciones, - qué bueno que lo sigan haciendo, es parte de lo que un país democrático debe realizar - y viene también el compañero del Partido Demócrata Mexicano a señalar que el régimen se ha cerrado, que el partido se ha cerrado. Qué equivocado está o qué poco alcance tiene. Ha sido precisamente nuestro partido el impulsor de la reforma política, y ha sido nuestro partido, no obstante su fortaleza, el primero en reconocer en cualquier ocasión en la que con votos en las urnas, con votos de la ciudadanía, ha perdido alguna elección.
Pero en la democracia se gana o se pierde; no vengamos aquí a adelantar juicios de un proceso electoral que aún no ha terminado, faltan algunas instancias. Acojámonos a ese proceso que es soberano del pueblo de Sinaloa y esperemos los resultados definitivos.
Nosotros estamos seguros, por los informes y constancias que obran en nuestro poder, que el Partido Revolucionario Institucional obtuvo la mayoría en todos los municipios y en todos los distritos del estado de Sinaloa. Pero vamos a esperar a que sean los propios órganos electorales quienes den su último veredicto. Y aprendamos, de una vez por todas, a reconocer que la política es también organización y lucha, que tenemos que organizarnos y luchar para ganar una elección, y que mientras
nuestros triunfos sean claros, no los entregaremos a nadie. Qué bueno que un partido pide que se estudien los fenómenos electorales y políticos de un país, y qué malo que otro partido no entienda y no vea, no advierta la reforma política que está en curso. Es todo, señor Presidente.
El C. Miguel Angel Martínez Cruz: - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Miguel Angel Martínez, para hechos. Se le recuerda al orador el contenido del artículo 102, y que dispone cinco minutos para su exposición.
El C. Miguel Angel Cruz: - Señor Presidente: Voy a ser terriblemente breve, solo para dos aclaraciones sencillas. La primera: El Partido Acción Nacional no ha festinado el triunfo que realmente tuvo en Mazatlán; sin embargo, el diputado Lambretón a las 5 de la tarde del domingo, en Mazatlán, frente a los periodistas o sea una hora antes de que se recibiera la primera acta, había hablado que su partido había obtenido un triunfo de 20 mil votos contra 8 mil y todavía no se contaban los votos de fuera.
Por otro lado, le recuerdo, creo que falta a la verdad el diputado Lambretón cuando dice que su partido es el primero en reconocer el triunfo. Recordemos - eso la prensa es testigo todo mundo es testigo - , que el único triunfo que reconoció el partido oficial fue el de Chihuahua, la capital, ya que todos los triunfos que se habían obtenido en Chihuahua ese mismo día, festinaba el Partido Revolucionario Institucional que había arrollado en el estado de Chihuahua y Durango... Ya conocemos cuál es la forma de arrollar del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Samuel Meléndez Luévano.
El C. Samuel Meléndez Luévano: - Señor Presidente, señores diputados: antes de entrar al tema, para el cual solicité la palabra originalmente, quiero hacer una declaración a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México, en relación al debate que nos ocupa.
En primer lugar, queremos decir que rechazamos enfáticamente las aseveraciones de los dos diputados del Partido Revolucionario Institucional, que me antecedieron en el uso de la palabra, acerca de que su partido ha obtenido el triunfo en las recientes elecciones locales en el estado de Sinaloa.
No existen aún los datos completos proporcionados por las autoridades electorales correspondientes, pero los ya conocidos anticipan varios triunfos para otros partidos, y lo que está en marcha ahora es la pretensión de consumar un nuevo fraude electoral instrumentado por los priístas a la cabeza del nefasto gobernador Toledo Corro. Para nosotros, colocados desde las posiciones de la oposición de izquierda de la oposición revolucionaria, al sistema y al régimen, al sistema y al Gobierno, una de las reivindicaciones centrales de nuestra táctica y de nuestro programa de transformación revolucionaria de la sociedad, es la de luchar por la plena vigencia de los derechos políticos de los ciudadanos. Y uno de ellos y fundamental, es el derecho a elegir a sus gobernantes. En este sentido no nos arredra coincidir con otros partidos aun cuando con ello tengamos grandes diferencias de carácter ideológico y político, en una lucha como es la de defender la expresión ciudadana mediante el voto; como de la misma manera no nos arredra coincidir con el partido oficial cuando defendemos y sostenemos la política exterior de México.
Por eso, nadie debe de llamarse a engaño y venir a hacer aquí demagogia y a hablar de pretendidas extrañas coincidencias del PSUM con otros partidos, defendemos los votos de cualquiera de los partidos y seríamos capaces de defender los votos del PRI legítimamente conquistados; pero actuaremos y lo estamos haciendo en el estado de Sinaloa, movilizados en defensa del voto para que sea respetada la voluntad ciudadana emitida en esta entidad y paso al tema para el que solicité la palabra.
NEGOCIO INMOBILIARIO
El C. Samuel Meléndrez Luévano: - Señor Presidente; señores diputados: El negocio inmobiliario para las grandes empresas de este género, basa su alta tasa de ganancias, no en la tenencia de la tierra o en la industria de la construcción, sino más bien ha devenido en el negocio amañado de los contratos y de los juicios. Todo empieza en la forma de hacerse de la tierra, muchas veces, mediante subterfugios, son comprados a los tenedores originales los terrenos. Cuando ellos se resisten no hay reparos en hechar a andar la maquinaria judicial para obtener la tenencia de los legítimos propietarios, ya que siempre hay jueces dispuestos a favorecer al gran capital inmobiliario.
Cuando a pesar de la gigantesca maquinaria empleada en conseguir estos fines, por la tenaz resistencia de los legítimos propietarios, las grandes inmobiliarias no escatiman esfuerzos ni tienen escrúpulos para fomentar invasiones o para ganarse los favores de las autoridades locales o utilizar a traidores; pero el negocio apenas comienza ya que después de haber obtenido los terrenos a precios irrisorios, si es que se pago algo, sigue la tarea de conseguir incautos, entendiéndose como tales a personas que han decidido a costa de muchos sacrificios, dar a su familia un patrimonio. Entonces comienza la parte fuerte de esta industria del manejo poco honesto de la ley.
Se hace firmar al prospecto - entiéndase como tal a cualquier ciudadano necesitado de casa propia - , unas formas denominadas de preventa, promoción o cualquier otro término empleado por los especialistas en mercadotecnia. En estas formas
se establece un sinnúmero de obligaciones a cargo del prospecto, tales como entregar cantidades a título de anticipo para garantizar la seriedad de la operación, etcétera, a cambio de las cuales la empresa se reserva el derecho de considerar al prospecto para la posible venta. De esta manera, si el prospecto falla en sus entregas de dinero, entonces pierde la mayoría de lo que ha pagado y no se le toma en cuenta en los planes de adquisición; pero si por el contrario en la empresa la que decide no tomar en cuenta al prospecto, en el mejor de los casos, devuelve las cantidades que le han sido entregadas sin intereses.
Si el prospecto tiene la suerte de ser considerado en los planes de la empresa, entonces pasa a ser denominado promitente comprador, ya que no firma un contrato de compra - venta sino un contrato de promesa de venta por el cual es considerado como arrendatario, y si llega a cumplir con todos los requisitos y condiciones establecidas en el contrato, entonces la empresa le venderá a un precio especial. Lo peculiar de este contrato es que por revestir la forma de un arrendamiento, al rescindirse por cualquiera de las partes, resulta que el comprador pierde todo lo que ha entregado a favor de la empresa, ya que sólo ha pagado renta. Esto es hecho a diario con la complicidad abierta de los jueces civiles de Primera Instancia de la ciudad y del estado de México, a quienes les tienen sin cuidado que los respectivos códigos civiles y en la jurisprudencia de la Suprema Corte se establece que habiendo acuerdo en el precio y en el bien que se da a cambio, la compraventa es perfecta aunque la cosa no haya sido entregada ni el precio satisfecho.
Independientemente de lo anterior, quienes han tenido el dudoso honor de ser considerados prospectos o promitentes compradores, han sufrido los efectos de cláusulas que hacen variar el precio a satisfacción de las inmobiliarias por cambios de paridad monetaria, plusvalía, o sin especificar el motivo, que al cabo lo que cuenta es que ya se firmó el contrato. De esto dan testimonio las numerosas quejas que se formulan ante la Procuraduría del Consumidor.
Es necesario denunciar ante esta Asamblea el descarado contubernio que existe entre los fraccionadores y las autoridades locales. Es necesario frenar está sangría que sólo engorda los bolsillos de quienes, sorprendiendo la buena fe y necesidad de los ciudadanos, utilizan artimañas seudolegales como negocio.
No debemos olvidar lo hecho en la zona de Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza. Debemos tener presente que esto está a punto de suceder en el Desierto de los Leones y en el Ajusco y que en el momento presente está ocurriendo en Lomas del Chamizal, en donde un grupo de tenaces trabajadores de la industria militar que se han organizado, están dando la batalla a un grupo de fraccionadores apoyados por las autoridades menores.
En una carta dirigida al regente del Distrito Federal los referidos trabajadores de la industria militar, hacen una denuncia de lo que ocurre y demandan atención de esa autoridad, cuyo texto es el siguiente:
"Señor contador público Ramón Aguirre Velázquez, jefe del Departamento del Distrito Federal. - Presente. - Agosto 13 de 1983. - En el año de 1964 trabajadores de la industria militar decidieron organizarse para dotar de vivienda a 2 mil 69 de sus mismos compañeros, creándose así Lomas del Chamizal, S.C, quien adquirió aproximadamente 850 mil metros cuadrados de terrenos áridos e inhóspitos en los límites del norte de la Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, denominados Tepechichinco, El Zapote, Tlalpitiloya y La Diferencia a sus dueños originales en régimen de propiedad privada y vecinos de Cuajimalpa. Con el paso del tiempo dichos terrenos comenzaron a adquirir plusvalía por la proliferación de colonias residenciales alrededor de los mismos, lo que despertó la codicia tanto de fraccionadores como de directivos espurios de la sociedad, quienes no han escatimado esfuerzos tanto legales como extralegales para apoderarse de nuestro patrimonio, en una combinación de muy dudosa legitimidad. Lo que provocó la liquidación de socios, quedando en la actualidad mil de nosotros.
Como consecuencia de la combinación ya expresada, fuimos despojados de 350 mil metros cuadrados aproximadamente en violación de las normas establecidas y estatutarias de la sociedad lógicamente, también, en violación de las disposiciones legales conducentes.
No obstante lo anterior, la ambición tanto de los fraccionadores como de los líderes ilegítimos no cesó ahí y a continuación decidieron apoderarse de la totalidad de los terrenos. La argucia legal esgrimida consistió en demandar la disolución de la sociedad por interpósita persona, procedimiento que se llevó a cabo mediante una completa parcialidad por parte del fuero común del Distrito Federal.
Cansados de tan malos manejos, los socios decidieron desconocer a la directiva encabezada por el señor Manuel Enríquez Castañeda; nombrando el 20 de marzo de 1977, en forma democrática, a la directiva encabezada por el señor profesor José Lauro Godínez González.
Adicionalmente y mediante otra argucia un señor de nombre Luis Rojas Guzmán se ostentó como representante de la sociedad, personalidad que nunca le ha sido reconocida legalmente ni por los socios ni por autoridad alguna. Sin embargo llegó a firmar diversos convenios con tal sujeto.
A pesar de que tales personas siempre han actuado al margen de la ley en nuestro perjuicio, se han acercado a las autoridades delegacionales, quienes probablemente por confusión han tomado determinaciones no del todo apegadas a la ley, tales como cortar los accesos a nuestro terreno, cortar los servicios públicos y apostar guardias que han pasado a ocupar algunas de nuestras instalaciones sin apego a los mandatos constitucionales, acordes al efecto.
Es necesario hacer notar que la colonia está autorizada, como se comprueba por la
documentación oculta, en nuestras propiedades legítimas y que somos una organización integrada por trabajadores sin ningún fin de lucro, por lo que no es justo que seamos perseguidos.
Por lo anteriormente expuesto, ciudadano regente, atentamente pedimos: primero, ordenar a las autoridades delegacionales actúen conforme a la ley permitiendo a las instancias jurisdiccionales decidir el derecho. Segundo, por vía de consecuencias, ordenar el cese de la represión de que hemos sido objeto injustificadamente.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PSUM respalda estas demandas y pide que este asunto se ventile en las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y del Distrito Federal. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Túrnese a las comisiones unidas del Distrito Federal y de Información, Gestoría y Quejas.
SITUACIÓN EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
EL C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Encarnación Pérez:
El C. Encarnación Pérez Gaytan: -señoras y señores: A la distancia de cuantos días de haberse realizado la brutal intervención militar norteamericana en la isla de Granada, la situación internacional en Centroamericano y El Caribe aumenta en gravedad, y la tensión que existe es verdaderamente preocupante.
Entendemos que la invasión a Granada se hizo no para ensayar ninguna táctica militar, creo que los Estados Unidos no tienen necesidad de eso, pues hay ensayado muchas veces.
Por cierto, recuerdo ahora la experiencia de Vietnam; no para desmantelar -como han dicho- un dispositivo militar tendente a eliminar la democracia en esa zona del mundo; no, yo creo que han intervenido militarmente en Granada, para decir al mundo que pueden hacer lo que le pegue la gana, y que en cualquier parte del mundo donde exista un proceso social y político que no sea de su agrado, ellos tienen las fuerzas militares suficientes para intervenir, pésele a quien le pesare.
El Presidente de los Estados Unidos se ha burlado de lo que suele nombrarse como opinión pública mundial; se ha burlado de la opinión de la gran mayoría de los países representados en la Organización de las Naciones Unidas, que deploraron esa ingerencia militar en los asuntos de Granada.
No le importa, es la soberbia; es una actitud que esta llevando -como decimos hace unos días -al mundo al borde de la guerra. Ahora los preparativos para continuar con su cadena de invasiones militares en esta zona del mundo continúan; no después de Granada, sino desde hace mucho, en la mira del gobierno militarista guerrerista de los Estados Unidos, está la República de Nicaragua.
La situación para el hermano pueblo de Nicaragua es sumamente difícil. Y yo he traído este asunto ahora, a pesar de que tal vez la atención de muchos no se pueda concentrar por el cansancio, porque me parece que la atención de la Cámara de Diputados, que integran o te forma parte del Congreso de la Unión de nuestro país, tiene que estar pendiente de esos acontecimientos, porque de una o de otra manera involucran a nuestro país.
Honduras, prácticamente, es un país ocupado por fuerzas militares de los Estados Unidos con el beneplácito de un gobierno títere, que se dice, por los norteamericanos, es democrático. Y desde Honduras, como se sabe muy bien, se organizan las constantes provocaciones y violaciones al territorio de Nicaragua, dando base de apoyo a mercenarios equipados, organizados y dirigidos por los Estados Unidos de América.
Los exguardias somocistas, otros reaccionarios y traidores al pueblo de Nicaragua, han estados agredido constantemente, queriendo dar la idea falsa de que están luchando por la democracia en Nicaragua. Como hasta la fecha no han podido, han sido militarmente desatorados por las fuerzas armadas y el pueblo de Nicaragua, es lógico que en la desesperación norteamericana se preparen para intervenir directamente con sus tropas, con sus fuerzas militares para, tal vez, restaurar una dictadura peor -si es que pudiera haber alguna peor- a la que por muchos años maltrató al pueblo de Nicaragua, dictadura conocida como somocista.
Hay numerosos hechos. La provocación está presente. Organizan maniobras navales militares cerca de las costas de Cuba. Apenas el lunes salió publicado en la prensa nacional que se está organizando, por parte de los Estados Unidos, una gran base militar en el territorio de El Salvador, en la parte oriental, por el rumbo del Golfo de Fonseca, y muy cerca de las fronteras con Nicaragua; se instala esa gran base militar norteamericana, dizque con el propósito de entrenar a militares salvadoreño, pero con el claro fin, indudable, de utilizar en la intervención militar que se prepara contra Nicaragua.
Existen numerosos hechos que demuestran que el peligro para el pueblo nicaragüense y para los pueblos de esta región del mundo es muy grave. La posición de Nicaragua, expresada en la reunión de la Organización de las Naciones Unidas, es rechazada por los imperialistas, encabezados por los Estados Unidos.
¿Que plantea el gobierno de Nicaragua? La firma de un tratado entre Nicaragua y Estados Unidos, la firma de otro tratado de Nicaragua y Honduras, la firma de un acuerdo político para resolver, por la vía de la negociación política, el conflicto salvadoreño, y la firma de un tratado por todos los países centroamericanos para garantizar relaciones de convivencia pacífica en esta zona del mundo . Y lo rechazan abiertamente, y le niegan a Nicaragua la posibilidad de solucionar el diferendo que existen, por la vía de la negociación del
tratado, por la vía pacífica. Los guerreristas no admiten la solución pacífica, porque precisamente por eso son guerreristas.
Cuando la invasión a Granada, esta Cámara de Diputado mostró sensibilidad política y capacidad para resolver oportunamente lo que podía resolver; exigir el inmediato retiro de las fuerzas extranjeras del territorio de Granada. Esta Cámara coincidió, naturalmente con las posiciones del Ejecutivo Federal, pero ante todo con la idea y el deseo de grandes sectores de nuestro pueblo que repudian -porque repudiamos, así es- esta injerencia militar de grandes potencias, como es el caso de Estados Unidos, en los asuntos de otros pueblos. Existe, pues, a mi juicio, la posibilidad real demostrada con hechos, de una coincidencia, me atrevo a decir que de todos los grupos parlamentarios aquí presentes, para repudiar la guerra, para hacer algo por unir nuestro esfuerzo, aunque sólo sea nuestra voz, a fin de evitar la catástrofe militar y la enorme sangría, quizá no sólo del pueblo de Nicaragua, porque yo estoy seguro que en el caso de una intervención militar, Nicaragua no se quedará sola; más de un mexicano, por ejemplo, está dispuesto a ir a colaborar con el pueblo de Nicaragua en defensa de su independencia nacional y de su Soberanía, y así como hablo de mexicanos puedo hablar de los demás pueblos del mundo que son sensibles y están dispuestos a defender los derechos de los pueblos ahí donde son amenazados o violados. Existen la posibilidad de actuación conjunta, de coincidencia y me apoyo para recordar en hecho reciente, como ya lo he dicho, al acuerdo adoptado el mero día en que las tropas norteamericanas hollaron el territorio de la isla de Granada.
Nosotros, Partido Socialista Unificado de México, acabamos de realizar una reunión plenaria de nuestro Comité Central y, entre otras cosas, en su resolución acerca de la grave situación de Centroamérica y El Caribe se dice lo siguiente: El PSUM manifiesta su disposición sincera a conjugar esfuerzos, sin exclusivismos de ninguna especie. Es la hora de la solidaridad con el pueblo agredido de Granada, de defender a Nicaragua y a Cuba, de enarbolar los derechos de El Salvador a decir libremente su camino, de frenar la represión en Guatemala, de encontrar la paz en Centroamérica y El Caribe. Es la hora de la movilización popular para llevar adelante estos propósitos. Yo digo que está muy bien que nosotros nos dispongamos a actuar sin exclusivismos.
El día de la intervención militar en Granada, nadie habló primero de esta tribuna. Los que hablamos aquí, pensamos el mismo tiempo y actuamos al mismo tiempo, y nadie puede decir que arrastró a los demás en posiciones que son que son conscientes, que reflejan una posición política importante y con ese criterio vinimos a plantear aquí esta situación. Pero los asuntos de Centroamérica, y estando en la mira inmediata la República de Nicaragua, preocupan a todos los pueblos del mundo. Por eso ya de ha recordado esta mañana en esta tribuna que del día 2 al 4 de noviembre, se ha realizado una conferencia convocada por el Consejo Mundial de la Paz, que es un órgano consultivo de la Organización de las Naciones Unidas y que agrupa a partidarios de la paz de todas las partes del mundo, y que en esa reunión de ha debatido y se han adoptado resoluciones que desgraciadamente no han tenido la suficiente publicidad en nuestro país. Y en esta conferencia, México ha estado representado bastante bien. Ahí estuvieron partidos políticos registrados -voy a recordar algunos y perdonen si hago alguna omisión-: el Partido Popular Socialista, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Socialista Unificado de México -no faltaba más-; también estuvo el PRT, que tiene registros, no podía faltar porque es partido de la paz y de la democracia; faltaron los que son no muy partidarios de que se mantengan la paz en el mundo.
Estuvieron presentes PMT y otras organizaciones políticas, sindicatos, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato de Telefonistas, el SUTIN; organizaciones campesinas, como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos; estuvieron partidos también otras organizaciones sociales.
Voy a terminar; estuvieron personas representativas de nuestros país ahí estuvo el tan debatido en este día expresidente Luis Echeverría, como una persona política que sostiene esta lucha por la paz en el mundo, porque es viceprecidente del Consejo Mundial de la Paz; ahí estuvo el senador Martínez Corbalá; una senadora, Silvia Hernández; un exsenador; estuvieron otros representativos de nuestro pueblo, y yo pienso que las resoluciones de esta conferencia extraordinaria deben ser llevadas adelante, y diría yo que no estaría mal que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara hiciera algún debate, organizara algo en función de esta situación internacional para mantener viva la atención política en relación a esto.
Para terminar diría: antes que la Ley de la selva, preferimos las relaciones civilizadas entre los seres humanos. Y antes que la dominación de unas naciones por otras, enarbolamos la defensa de la independencia nacional y la soberanía de los pueblos.
Con estos criterios podemos seguir adelante para tratar de atarle las manos a los guerreristas, y para defender el derecho de los pueblos a darse el régimen social y político que ellos decidan, que ellos prefieran. Muchas gracias, señoras y señores.
PESCA DEL ATÚN
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Jesús Lascano Ochoa.
El C. Jesús Lascano Ochoa: -Ciudadano Presidente; diputadas y diputados: Desde 1978,
en que entró en vigor la denuncia de México a la Convención Internacional del Atún Tropical (CIAT), se agudizaron los problemas en relación con la pesca del atún dentro de la Zona Económica Exclusiva Mexicana (SEEM), especialmente cuando en 1980 estableció nuestro país cuotas por permiso a embarcaciones estadounidenses y exigió el pago a aquellas que nuestras embarcaciones encontraban pescado sin el permiso correspondiente. Ante esta realidad el gobierno de Estados Unidos de América del Norte cerró el mercado a las importaciones de atún mexicano y sus derivados:
Esta situación tiene antecedentes muy claros: la Convención Interamericana del Atún Tropical (CIAT) establece una lista de cuotas de conformidad con la capacidad de la flota pesquera; lo cual daba como resultado que siendo la flota pesquera estadounidense la mayor tenía la cuota más alta, y no se permitía, dentro de la CIAT, ninguna posibilidad de que apoyase, no digamos permitiera, el crecimiento de otras flotas, entre ellas la nuestra, en atención de que se requiere el voto unánime de sus miembros, y Estados Unidos de Norteamérica manifestaba invariable su veto.
Cuantas veces tratamos de obtener en la CIAT el apoyo a consenso para el crecimiento de nuestra flota atunera, el veto estadounidense fue la respuesta, a pesar de que en la Zona Económica Exclusiva Mexicana (ZEEM) se pesca el 40% del volumen de captura anual mundial y en aguas estadounidenses ni siquiera el 1%.
Es cierto que la especie es altamente migratoria, pero la mayor incidencia y captura, como la hemos manifestado ya, se hace en aguas patrimoniales mexicanas
En la Reunión Bilateral México- Estados Unidos, celebrada en abril del presente año, acordaron los dos países volver a reunirse para tratar el problema del atún y suscribir convenios regionales. México presentó una proposición, que está siendo estudiada por Estados Unidos, que establece la soberanía sobre los recursos vivos y minerales y determina la necesidad de establecer un régimen de explotación y de control.
La posición mantenida por México, con respecto al establecimiento de un nuevo régimen para la conservación y captura del atún en el Océano Pacífico Oriental, responde a nuevas realidades jurídicas y socioeconómicas, nacionales e internacionales, que imponen al Gobierno mexicano el deber ineludible de reivindicar la totalidad de los recursos naturales existentes en la Zona Económica Exclusiva Mexicana para beneficio de la Nación y de los nacionales, tanto através del pleno ejercicio de los derechos de soberanía sobre tales recursos, como mediante la aplicación de los medios y medidas necesarias para su exportación racional.
Dicha posición se basta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y está respaldada por el nuevo Derecho Internacional del Mar, tal como éste es reconocido y apoyado en la práctica por la inmensa mayoría de Estados Unidos y cuyo contenido quedó consagrado en las cuatro convenciones de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmadas en Ginebra en 1958, que regularon respectivamente: 1) la alta mar, 2) el mar territorial y las Zonas contiguas, 3) la plataforma continental y 4) la pesca y la conservación de los recursos vivos del mar. La comunidad internacional decidió revisar las cuatro convenciones citadas y a través de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, negoció por más de diez años la "Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar", abierta a la firma en diciembre de 1982, misma que ha sido suscrita por 124 Estados y entidades internacionales México incluido y Estados Unidos de Norteamérica, que participó durante diez años en las discusiones y, finalmente, no la firmó.
El interés mexicano primordial en estas negociaciones está justificado porque posee más de diez kilómetros lineales de litorales y su ubicación geográfica entre dos océanos, es estratégica para aprovechar los recursos marinos para impulsar nuestro desarrollo y para mejorar la dieta alimenticia de nuestro pueblo.
Así, de conformidad con algunos textos, hoy contenidos en la Convención sobre Derechos del Mar, México fue pionero, pues tiene, desde 1969, una extensión de doce millas náuticas de mar territorial y desde 1976 estableció en su Constitución la Zona Económica Exclusiva de 200 millas marinas e incluyó a la plataforma continental como parte integrante del territorio nacional.
Estados Unidos no firmó la convención, no obstante que fueron diversas las concesiones de la mayoría de los países hacia la postura de los Estados Unidos.
Recientemente, en marzo de 1983, los Estados Unidos unilateralmente declararon su zona económica exclusiva acogiéndose a los derechos, privilegios y beneficios que la convención confiere a los Estados partes, sin asumir ellos todas las obligaciones establecidas en dicho instrumento, con lo que seccionan un paquete global del Derecho Marítimo Internacional.
De acuerdo a todo ello, México ha realizado esfuerzos con otros gobiernos de la región, incluido el de los Estados Unidos, a fin de convenir reglas adecuadas y justas para que los Estados ribereños ejerzan plenamente sus legítimos derechos de soberanía y jurisdicción sobre sus zonas económicas exclusivas y/o administren sus recursos buscando la conservación y utilización óptima.
Así las cosas, México de basó en su derecho y en el internacional, y Estados Unidos en su prepotencia y nos aplicó el llamado embargo atunero.
La Comisión Legislativa de Pesca de la H. Cámara de Diputados sostuvo con el secretario de Pesca, licenciado Pedro Ojeda Paullada, dos reuniones de trabajo, aquí en la cafetería de este recinto parlamentario, en las mañanas
de los días 20 de septiembre y 19 de octubre del presente año.
Manifestó que sobre el embargo atunero no hay nada nuevo; que se esperaba que el Comité de Pesca de la FAO, que se estaba reuniendo en esos días en Roma, Italia, se pronunciara sobre las zonas económicas exclusivas y las especies migratorias.
Además, informó que el mercado atunero de los Estados Unidos estaba deprimido y cerradas varias plantas empacadoras de atún por el bajo consumo interno de los Estados Unidos. Comentó también que se habían dado permiso para pescar atún a los pescadores de San Pedro, California, Estados Unidos, en las aguas de la ZEEM, por tener barcos chicos y porque estos pescadores reconocían el derecho de México sobre sus aguas patrimoniales y cumpliendo con la ley mexicana, éstos lo hicieron saber al gobierno de los Estados Unidos, de que nuestro país estaba en su derecho y de acuerdo al derecho internacional, y que Estados Unidos debería reconocer el derecho mexicano sobre su ZEEM. Estas fueron sus ideas, no así sus palabras.
Informó, además, que poseíamos la segunda flota atunera del mundo, que había un porcentaje mínimo de trabajadores atuneros en activo y que los barcos atuneros valían hoy más que antes, pues antes valían 250 millones de pesos, hoy valen mil 500 millones cada uno. Nos pareció que las dos reuniones de trabaja fueron importantes y de gran significado, pues si un secretario de Estado de reúne dos veces con los diputados de la Comisión Legislativa en la cafetería de la H. Cámara, no hay razón para que otros no lo hagan y, en su defecto nos dé audiencias invitándonos a sus oficinas con bombo y platillos. Además de estas consideraciones, realmente fueron fructíferos los desayunos de trabajo con el licenciado Ojeda Paullada; pero en cuanto al atún, incompletas.
Nos hubiera gustado que nos informara el estado físico de la flota atunera, el servicio que presta, su situación económica-financiera y de captura y la situación de los trabajadores del atún. Sobre esto último, su información fue muy general, imprecisa. Le hicimos un comentario por tener la siguiente información: "Desde el 9 de septiembre iniciaron una huelga los miembros del Sindicato Revolucionario de la Industria Pesquera, similares y conexo, afiliados a la CTM, en demanda de un salario justo. Denunciaron que la Secretaría de Pesca ordenó que no se pagara a los pescadores atuneros 800 pesos por tonelada capturada, en tanto que diversas empresas, armadores y cooperativas pagan de 900 a mil pesos por cada tonelada capturada de a atún y en cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, otorgan alimentos sin pago alguno a los pescadores. Considerando que su salario está sujeto a la captura, demanda el pago de 800 pesos por tonelada capturada para levantar la huelga". El secretario de pesca a este comentario sólo manifestó que los trabajadores atuneros se rigen pos sus contratos de trabajo.
Veamos, además de la Reunión bilateral México- Estados Unidos, de abril de 1983, de la reunión del Comité de Pesca de la FAO, en Roma, en este mes de octubre de 1983. Se realizó en la Universidad de San Diego California, Estados Unidos, El Primer Seminario Binacional sobre los problemas Marítimos México- Estados Unidos, entre el 14 y el 17 de septiembre pasado.
Lo que en dicho seminario se discutió no puedo tratarlo en esta intervención; trataré lo más interesante y relativo al atún, en que a pesar del espíritu constructivo y el alto nivel académico, al fin y a cabo, irrumpieron irreconciliables las dos posiciones: la de México y la de Estados Unidos.
Ubiquemos el debate de San Diego: En diciembre de 1982 se firmó la Convención de Jamaica sobre el nuevo Derecho del mar que, como dijimos antes, le llevó a la comunidad mundial diez años de elaboración. Los Estados Unidos, a partir de la administración Reagan ha sido el principal y primer saboteador de este esfuerzo planetario. Uno de los puntos rechazados por Estados Unidos, no necesariamente el principal, es la soberanía del estado costero sobre las especies altamente migratorias, con otras palabras, el atún. Con base en el consenso mundial, México extendió en 1976, como se ha dicho, su soberanía económica a 200 millas náuticas, cubriendo así a la especie de los túnidos.
Después de infructuosas negociaciones con los Estados Unidos para implantar el nuevo régimen, México empezó, con apoyo con su ley, a partir de 1980, a detener embarcaciones estadounidenses. Los Estados Unidos, a su vez con base a su legislación interna, impusieron un boicot a las exportaciones mexicanas de atún y sus derivados que, de conformidad con datos recientes del secretario de pesca, ha motivado la pérdida de 17 mil 500 millones de pesos de nuestro país.
La interrelación de los dos países se ha revelado manifiestamente en la llamada "Guerra del Atún" México no logró diversificar los mercados internacionales y el mercado interior no pudo consumir el exceso del producto por falta de hábitos de consumo, por le alto precio al menudeo y por la carencia de una infraestructura portuaria y de procesamiento del atún.
Los cooperativistas mexicanos rayan en la desesperación por el cierre del mercado estadounidense; pero a los Estados Unidos no les ha ido mejor. No han podido pescar en aguas mexicanas, lo que ha provocado la disminución de la captura, costos y precios mayores, desempleo, etcétera. Una estela de males compartidos, pues a los pescadores y cooperativistas nuestros la Secretaría de Pesca no les tiende la mano como lo hace con los californianos.
Las evoluciones últimas muestran la agudización del conflicto y nuestras autoridades pesqueras y de relaciones exteriores tan campantes.
Nuestro vecino se las ingenió -no le faltó ingenio, pues tiene mucho... poder- para celebrar el acuerdo o convenio de San José, al cual ya hicimos mención, con varios países centroamericanos y de El Caribe a fin de aislar a México e imponer un régimen distinto al que defiende nuestro país y que es el mismo de las Naciones Unidas. Entre quienes de han sumado al Acuerdo de San José, firmando en San José, Costa Rica, el 15 de marzo de 1983, inicialmente por Costa Rica y Estados Unidos, se han sumado, como se han dicho, dos miembros del Grupo contadora: Panamá y Colombia. Tanto estos países, como los Estados Unidos, para decirlo en términos no muy elegantes, han propinado un golpe bajo, que los divorcia en definitiva de los lineamientos que la comunidad mundial ha trazado para lograr una coexistencia equitativa y que posibilite el desarrollo autónomo de los menos favorecidos. No vale la pena desgarrarnos las vestiduras, habrá que pensar más bien en la conveniencia de diversificar nuestras relaciones en todas las materias específicas y que ahora, en el problema del atún, nos coordinemos en respuesta estratégica con países afines, como Ecuador y Perú, por ejemplo.
A pesar de que han tratado de jalarnos el tapete, la maniobra no pasa de ser un absurdo diplomático. El acuerdo o convenio de San José congrega a países con minúsculas porciones de aguas jurisdiccionales, en comparación con México, que tiene un extenso litoral frente al cual de los túnidos. San José es una solución que los propicia al autoengaño. Imaginemos a la flota atunera de los del norte, desplazándose a través de las aguas mexicanas para pescar frente a Guatemala o Costa Rica. Las arrogancias, como siempre, han producido la ceguera a los del norte.
Tenemos igualmente la siguiente información: "Por solidaridad, el Gobierno de México autorizó a 30 barcos atuneros estadounidenses capturar atún durante dos meses, octubre y noviembre, dentro de la ZEEM del Océano Pacífico hoy, el 4 de octubre en los Ángeles California, la Asociación de Propietarios de Barcos Pesqueros del Occidente de Estados Unidos. Mientras tanto, sigue el embarque atunero impuesto por Washington a los exportadores de atún mexicanos.
Bill Perkins, director de la asociación, dijo que los permisos correspondientes fueron extendidos como un "acto de solidaridad" con la situación de angustia económica que padecen los propietarios de barcos atuneros, muchos de los cuales son estadounidenses de ascendencia mexicana. La mayoría de los atuneros tienen su registro en San Diego, que es además su puerto de origen.
Perkins informó que el Gobierno mexicano extendió 15 permisos durante agosto y otros 15 durante septiembre y que es posible que se autoricen otros dos en octubre.
Los permisos, según Perkins, fueron concedidos a "barcos en situación desventajosa", o sea aquellos cuyos dueños están a punto de perder sus unidades por retraso en pago de financiamientos bancarios o de sus hipotecas.
Desde 1980 la flota atunera estadounidense está parada, al cesar el Convenio Bilateral México- Estados Unidos. El convenio no fue prorrogado por Estados Unidos, renuente a aceptar las condiciones propuestas por México. Como resultado, los barcos estadounidenses no pueden operar en aguas mexicanas y Washington impuso el embargo a las exportaciones atuneras mexicanas.
En consecuencia, muchos propietarios se han declarado en quiebra; otros han sus barcos y miles de personas han quedado sin empleo.
El 1% de los barcos atuneros han sido modificados para la captura de otras especies marinas, debido a que, para su conversión, se requieren fuertes financiamientos y la banca estadounidense se abstiene de financiar la modificación, ya que se considera como inversión en extremo arriesgada.
Los 15 permisos otorgados en agosto y los 15 en septiembre, podrán ser renovados, según Perkins.
Explicó que cada permiso cuesta entre mil y 2 mil 500 dólares, según la capacidad de captura del barco; o sea, de 150 mil pesos mexicanos a 375 mil pesos, por dos meses de pesca en barcos menores de 75 a 450 toneladas cortas ( 907 kgs.). Los permisos fueron extendidos por el Gobierno mexicano bajo el sistema establecido antes de 1980. Inclusive, los 30 barcos ya habían operado entes en México mediante el mismo tiempo de licencia .
Por otra parte, los gobiernos mexicano y estadounidense continúan discutiendo, sin visos de un acuerdo concreto e inmediato, algunas vías de superar la situación existente.
Una de las vías propuestas y promovida por Washington es que México se adhiera el llamado Convenio de San José, firmado por los gobiernos de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos. Los permisos no son otorgados por el país sino por el Convenio.
Bajo esta fórmula, los intereses de México resultarían afectados en extremo, porque de los signatarios, sólo Estados Unidos captura atún, ya sea con barcos de bandera propia o con barcos de bandera panameña.
Hasta aquí la información. Caben varios comentarios; veámoslo, pues:
1o. Si el mercado atunero está deprimido, con bajo poder de compra y atún así no se le vanta el embargo atunero, la captura de atún por los compañeros, de Perkins ha impedido que falte atún en el mercado estadounidense y fortalece el embargo atunero;
2o. Mientras a pescadores mexicanos de atún se les niega que aumentan sus salarios, impidiendo que cobren 800 pesos por tonelada capturada, se acude en solidaridad con la situación de angustia de los propietarios de barcos atuneros estadounidenses. Comentarios: Candil de la calle y obscuridad de la casa".
3o. Suponiendo que todos los 30 barcos sean de 100 toneladas y cada semana hagan una captura, tendrán 400 toneladas al mes, por 30 barcos serán 12 mil toneladas mínimas que fortalecen el mercado estadounidense; el valor de la tonelada, estimado para 1983 pesos mexicanos, es de 85 mil pesos promedio; por 12 mil toneladas dan unos mil millones de pesos, que en los dos meses de permiso se ganan dos mil millones de pesos y por los cuales han pagado unos 18 millones de pesos, o sean 60 mil dólares. Salta la pregunta ¿ Por 60 mil dólares bimestrales estamos fortaleciendo el mercado interno de los Estados Unidos y por tanto dando más fuerzas al embargo atunero? 4o. Por permitir que barcos atuneros estadounidenses capturen atún en aguas mexicanas hasta por dos mil millones de pesos y nos ingresan 18 millones de pesos, cada dos meses, los atuneros estadounidenses se muestran agradecidos y escriben a su gobierno apoyando la posición atunera mexicana. ¿Es cuerdo esto?
Lo que queda claro es que la Secretaría de Pesca no ha dado información precisa y abundante sobre el problema atunero. Cuestionamos:
a) ¿En qué situación física de servicio, económica, financiera y de captura se encuentra la flota atunera mexicana y los pescadores del atún como trabajadores?
b) ¿Cómo, por qué y cuántos permisos se dieron a pescadores estadounidenses para pescar en aguas patrimoniales mexicanas?
c) ¿En qué estado se encuentra el problema atunero entre México y Estados Unidos y cómo el embargo atunero impuesto a México por Estados Unidos.
d) ¿Qué estamos haciendo para solucionar el embargo atunero?
Ciudadano diputado Presidente: En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, pide que se turne a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Pesca esta intervención para su examen.
H. Cámara de Diputados.
México, D. F., 10 de noviembre de 1983.
Diputado Jesús Lozcano Ochoa."
El C. Presidente: -Túrnese a las comisiones unidas de Pesca y de Relaciones Exteriores.
Esta Presidencia recuerda a los CC. diputados que no deben abandonar la sala hasta en tanto no sea levantada la sesión. Continúe la Secretaría.
La C. secretaria Xóchitl Elena Llanera de Guillén: -Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura a el orden del día de la próxima sesión
ORDEN DEL DÍA
La misma C. Secretaria:
"Segundo periodo ordinario de sesiones 'LII' Legislatura.
Orden del día
15 de noviembre de 1983
Lectura del acta de la sesión anterior.
Iniciativas del Ejecutivo
Para reformar y adicionar el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
De Ley General de Salud.
Con el que se remite el informe de labores de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, correspondiente al periodo comprendido del 1o. de septiembre de 1982 al 31 de agosto de 1983.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto, que autoriza al Ejecutivo Federal para aprobar nuevas emisiones de Bonos del Ahorro Nacional hasta por la cantidad de cinco mil millones de pesos.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la solicitud de permiso del C. Flavio Mansi Tazzer para aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de Italia, en el puerto de Acapulco, Guerrero.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Justicia con proyecto de ley orgánica de la Procuraduría General de la República.
Dos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de decreto, por los que se concede permiso a los CC. Héctor Vicente Ahúja Fuster y Enrique Cánovas Buenrostro para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Opinión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública
Relativa al Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, discusión en los general."
El C. Presidente (a las 17:05 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 15 de noviembre, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
DIARIO DE LOS DEBATES