Legislatura LII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19831209 - Número de Diario 34
(L52A2P1oN034F19831209.xml)Núm. Diario:34ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LII" LEGISLATURA
Registrada como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO II México, D.F., viernes 9 de diciembre de 1983 TOMO II NUM. 34
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
SE APRUEBA
INVITACIONES
A la ceremonia cívica conmemorativa del V aniversario luctuoso del licenciado Emilio Portes Gil, el 10 del actual en el Panteón Francés de esta ciudad Se designa comisión
A la sesión en la que el C. Enrique González Pedrero gobernador de Tabasco, rendirá su primer informe de Gobierno el 11 del Actual. Se designa comisión.
COMUNICACIÓN
Del congreso de Veracruz, por la que expresa el apoyo a los esfuerzos del Grupo Contadora en favor de la paz en Centroamérica. De enterado
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA PESCA
Proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley nombrada. Se le dispensa la lectura. Queda de primera lectura .. 4
DIVERSAS DISPOSICIONES HACENDARÍAS
Proyecto de decreto que las reforma y adiciona. Se le dispensa la lectura.
Queda de primera lectura .. 8
LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY DEL INFONAVIT
Proyecto de decreto que reforma las leyes citadas. Se le dispensa la lectura.
Queda de primera lectura .. 10
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CUENTA DE LA HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 1982
Proyecto de decreto correspondiente a la Cuenta mencionada. Se le dispensa la lectura. La C. Luz Lajous, por las Comisiones, expone sus fundamentos .. 14
A discusión en lo general. Intervienen en contra los CC. Gerardo Medina Valdez, Iván García Solís y Baltazar Ignacio Valadez Montoya; en pro, Mariano López Ramos; en contra, Héctor Ramírez Cuéllar; en pro, Juan José Osorio Palacios. Se aprueba .. 35
A discusión en lo particular. A debate los artículos 1o. al 5o. Intervienen para impugnar todos los artículos, los CC.: Alberto Ling Altamirano, quien, además, propone un dictamen alternativo, mismo que desecha; también objeta todos los artículos David Orozco Romo; para proponer modificaciones al artículo 4o., incisos e), f) y g), Edmundo Jardón Arzate; por las Comisiones, José Carreño Carlón, quien acepta las modificaciones a los incisos f) y g), mismos que se aprueban; para fundamentar su voto en contra, Sergio Ruiz Pérez; nuevamente Carreño Carlón, Ling Altamirano y Carreño Carlón; para hechos, Salvador Castañeda O'Connor. Se aprueban en
sus términos, y el 4o., con las modificaciones propuestas. Pasa el Ejecutivo .. 56
CONDECORACIONES
Dos proyectos, de decreto que permiten a los CC. Alberto Bustamante V. y Jesús Esquinca Gurrusquieta, aceptar y usar las que les otorgan los gobiernos de Francia y Colombia, respectivamente. Segunda lectura. Se aprueban. Pasan al Ejecutivo y al Senado, respectivamente 73
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
LEY FEDERAL DE TURISMO
Proyecto de la Ley respectiva. Se le dispensa la lectura. Queda de primera lectura .. 74
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión .. 85
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. HERIBERTO BATRES GARCÍA
(Asistencia de 335 ciudadanos diputados )
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:10 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Jorge Canedo Vargas:
"Segundo periodo ordinario de sesiones.
LII Legislatura
Orden del Día
9 de diciembre de 1983.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Invitación del Departamento del Distrito Federal al acto cívico que, con motivo del V aniversario luctuoso del ex Presidente de los Estados Unidos Mexicanos licenciado Emilio Portes Gil, tendrá lugar el próximo 10 del actual.
El Congreso del estado de Tabasco invita a la sesión solemne en la que el C. Enrique González Pedrero, gobernador constitucional del estado, rendirá su primer informe administrativo, la que tendrá lugar el próximo 11 de diciembre.
Comunicación del Congreso del estado de Veracruz.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Pesca, con proyecto que reforma el artículo 10 de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones hacendarias.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Dictámenes a discusión
De las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, relativo a la Cuenta de Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal.
Dos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se concede permiso a los CC. Alberto Bustamante V. y Jesús Esquinca Gurrusquieta para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Secretario:
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.
Presidencia de la C. Luz Lajous
En la ciudad de México, a las once horas y cinco minutos del jueves ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, con asistencia de trescientos sesenta y seis ciudadanos diputados, la Presidencia declara abierta la sesión. Lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, llevada a cabo el día cinco de los corrientes, misma que sin discusión se aprueba. Se da cuenta con los documentos en cartera:
La Legislatura del estado de Tlaxcala suscribe atenta invitación a la sesión solemne que tendrá lugar el día diez del actual, en la que el C. licenciado Tulio Hernández Gómez, Gobernador Constitucional de la entidad, rendirá el tercer informe de su gestión administrativa.
Para asistir a dicha sesión, con la representación de esta Cámara de Diputados, la Presidencia designa en comisión a los CC. José Antonio Alvarez Lima, Rafael Armenta Ortiz, Genaro Borrego Estrada, José Carreño Carlón, Juan Campos Vega, Sami David David, María Griselda García Serra, Alma Inés Gracia de Zamora, José Luis Lamadrid Sauza, Enrique
León Martínez, Mariano Piña Olaya, Raúl Rea Carvajal y Efraín Zúñiga Galeana.
El Congreso del estado de Coahuila comunica la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de su ejercicio. De enterado.
La H. Cámara de Senadores remite la minuta proyecto de decreto de reformas y adiciones a la Ley de Obras Públicas. Recibo y túrnese a las comisiones unidas de Asentamiento Humanos y Obras Públicas, y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales suscribe dos dictámenes con sendos proyectos de decreto, que conceden permiso al C. Alberto Bustamante para aceptar y usar la condecoración de las Palmas Académicas en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa, y al C. Jesús Esquinca Gurrusquieta, la Orden del Mérito Militar José María Córdoba, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia. Son de primera lectura.
Dictamen presentado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1982.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los CC. diputados, la Asamblea, en votación económica, le dispensa el trámite de segunda lectura, a efecto de que se someta a discusión y votación de inmediato.
Para explicar los fundamentos de la comisión dictaminadora en relación al dictamen a debate, hace uso de la palabra la C. Irma Cué de Duarte.
A discusión en lo general el proyecto de decreto.
Hacen uso de la palabra, en contra, los CC. Juan José Hinojosa, Rolando Cordera Campos y David Lomelí Contreras, quien propone modificaciones a los artículos 1o., 3o., 4o., 5o., 10o. y 11, que la Asamblea en votación económica no aprueba y por tanto se dan por desechadas. Continúan en el uso de la palabra, en pro, el C. Ricardo Govela Autrey; en contra, el C. Héctor Ramírez Cuéllar, y por la comisión dictaminadora, el C. Manuel Cavazos Lerma.
Suficientemente discutido en lo general, en votación nominal se aprueba en este sentido, con los artículos no reservados para su discusión, por doscientos noventa y cinco votos en pro y setenta y uno en contra. A discusión en lo particular. A debate el artículo 1o. Intervienen, en contra, el C. Astolfo Vicencio Tovar, quien previa autorización de la Asamblea trata el artículo 8o., al cual propone nuevo texto; en pro, el C. Rogelio Carballo Millán, quien contesta una interpelación del C. Javier Blanco Sánchez.
Presidencia del C. Heriberto Batres García.
Continúa la discusión. Hablan, para aclaraciones, nuevamente, los CC. Astolfo Vicencio Tovar y Rogelio Carballo Millán; para impugnar el artículo 1o., el C. Ignacio Vital Jáuregui; en pro, el C. Alejandro Posadas Espinosa; por segunda ocasión, los mismos oradores.
Presidentes de la C. Luz Lajous.
Suficientemente discutido el artículo 1o., en votación nominal se aprueba, en sus términos, por trescientos tres votos a favor y sesenta y tres en contra.
A discusión el artículo 3o.
Usan de la tribuna, en contra, el C. Raymundo León Ozuna; en pro, la C. Dulce María Sauri Riancho; en contra, el C. Daniel Angel Sánchez Pérez, quien también impugna al artículo 5o.; en pro, el C. Manuel Villa Issa; por segunda ocasión, los CC. Sánchez Pérez y Villa Issa; en contra, el C. Antonio Gershenson, que también objeta el artículo 4o.; en pro, el C. Genaro Borrego Estrada; para aclaraciones, el C. Antonio Gershenson y la C. Irma Cué de Duarte.
Suficientemente discutido el artículo 3o., en votación nominal se aprueba en sus términos por trescientos cinco votos en pro y sesenta y uno en contra. A debate el artículo 4o. No habiendo quien haga uso de la palabra se aprueba en sus términos en votación nominal, por trescientos cinco votos afirmativos y sesenta y uno negativos.
A discusión el artículo 5o.
Intervienen, en contra, el C. Luis J. Prieto; en pro, el C. Antonio Herrera Bocardo; por segunda ocasión, el C. Luis J. Prieto y, para hechos, el C. Ricardo Castillo Peralta.
Suficientemente discutido el artículo, en votación nominal se aprueba, en sus términos, por trescientos cuatro votos en pro y sesenta en contra. A discusión el artículo 8o. Sin que motive debate, la Asamblea, en votación económica, no admite la modificación propuesta por el C. Astolfo Vicencio Tovar al impugnar el artículo 1o. y, en la virtud, se da por desechada. Se aprueba el artículo en sus términos en votación nominal, por trescientos cinco votos en pro y cincuenta y nueve en contra. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el ejercicio de 1982. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Dictamen con proyecto de decreto emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que autoriza a las CC. Lorena Villalobos Gutiérrez y Patricia Piera Salazar para prestar servicios administrativos en la embajada de los Estados Unidos de América, acreditada en nuestro país. Es de segunda lectura.
A discusión en lo general y después en lo particular, no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba en ambos sentidos por trescientos cincuenta y nueve votos a favor y cinco en contra. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión Próxima.
A las veintiuna horas y cincuenta minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana viernes, a las diez horas."
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIONES
El C. Secretario Enrique León Martínez:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Departamento del Distrito Federal.
México, D. F., a 6 de diciembre de 1983.
C. diputada Luz Lajous, Presidenta de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo. Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha organizado para el próximo sábado 10 del actual, a las 11:00 horas, la ceremonia cívica conmemorativa del V Aniversario luctuoso del ex Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Emilio Portes Gil, ante la tumba erigida a su memoria en el Panteón Francés de La Piedad, ubicado en avenida Cuahutémoc No. 408 de esta capital.
Al propio tiempo me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones, con objeto de que una comisión asista al acto de referencia, con la representación de esa H. Cámara de Diputados que usted preside. Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El subdirector de Acción Cívica, licenciado Alfredo Desentis M."
El C. Presidente: - Para asistir a este acto, en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes CC. diputados: Heriberto Batres García, Guillermo Fragoso Martínez, Federico Hernández Cortés, Abdón Martínez Hinojosa, Jorge Minvielle Porte Petit, Oscar Mario Santos Gómez y Martín Téllez Salazar.
El C. secretario Enrique León Martínez:
"El C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo. México, D. F.
La Quincuagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, invita a usted a la sesión solemne en la que el Gobernador Constitucional del estado, Enrique González Pedrero, rendirá su primer informe de gobierno el día 11 de diciembre a las 11:00 horas, en el Teatro del Estado 'Esperanza Iris', declarado, para este acto, recinto oficial del Poder Legislativo.
Villahermosa, Tabasco, diciembre de 1983."
El C. Presidente: - Para asistir a este acto, en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes CC. diputados: Amador Izundegui Rullán, María Elisa Alvarado de Jiménez, José Antonio Alvarez Lima, Pedro Luis Bartilotti Perea, Oscar Cantón Zetina, Jorge Cruickshank García, María Griselda García Serra, Jesús Luján Gutiérrez, Manuel Llergo Heredia, José Ruiz González, Andrés Sánchez Solís y Daniel Angel Sánchez Pérez.
COMUNICACIÓN
El C. secretario Jorge Canedo Vargas:
"H. Cámara de Diputados. México, D. F.
Comunicamos a ustedes que la H. Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Veracruz - Llave, en sesión ordinaria celebrada hoy, aprobó el siguiente ACUERDO ECONÓMICO:
'...Expresar al Gobierno de la República, el decidido y pleno apoyo del Congreso Veracruzano, a los esfuerzos del Grupo Contadora, en favor de la paz en Centroamérica, fundamentados en los principios que en el orden internacional, ha sustentado tradicionalmente nuestro país...'
Y lo hacemos de su conocimiento, reiterándoles la seguridad de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Xalapa, Veracruz, octubre 17 de 1983.
H. Legislatura del Estado.
Licenciado Antonio G. Campillo Sánchez, diputado Presidente; licenciado Guillermo Díaz Gea, diputado Secretario."
Trámite: - De enterado.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA PESCA
"Comisión de Pesca.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Pesca fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, que pertenece a la Comisión de Pesca, somete a la soberanía del H. Congreso de la Unión, para modificar el artículo 10 de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca.
La Comisión, después de haber estudiado las razones, y fundamentos expuestos en la iniciativa de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, formula el presente dictamen con apoyo en los siguientes
CONSIDERANDOS
La pesca constituye una de las actividades económicas más importantes de nuestro país y de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988 tiene por objetivos centrales:
Contribuir a mejorar la alimentación de la población; Generar empleos, especialmente en zonas y grupos más rezagados; Captar divisas mediante las exportaciones de productos pesqueros; Promover el desarrollo regional y comunitario y mejorar los niveles de vida para los trabajadores que se dedican a la pesca.
La pesca deportiva es muy importante para el desarrollo turístico de nuestro país, en especial en algunos estados costeros, donde constituye el atractivo fundamental para el turismo nacional y extranjero.
La ley Federal para el Fomento de la Pesca es reglamentaria del artículo 27 constitucional en cuanto a la regulación, fomento y aprovechamiento de la flora y la fauna acuática, como elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación.
La ley Federal para el Fomento de la Pesca fue decretada, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes de mayo de mil novecientos setenta y dos. En esa fecha, la Nación ejercía soberanía sólo sobre el Mar Territorial de doce millas naúticas, por lo que, fuera de ellas, las flotas extranjeras pudieron explotar sin restricción ni control alguno, las especies existentes en las aguas que hoy conforman nuestra Zona Económica Exclusiva.
Con base en los trabajados de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, iniciada en 1972, se creó una nueva doctrina internacional que reconoció la necesidad de una Zona Económica Exclusiva, fuera del Mar Territorial y adyacente a éste, de 20 millas a partir de la línea de base de la cual se mide dicho Mar Territorial. En ejercicio de su soberanía y con apoyo en esta doctrina, nuestro país estableció el 6 de febrero de 1976, en el párrafo octavo del artículo 27 constitucional, nuestros derechos de soberanía y jurisdicción sobre las doscientas millas de Zona Económica Exclusiva, adyacentes a todas las costas e islas del país. Esta zona comienza donde termina el Mar Territorial. En el Mar Territorial, el estado costero ejerce plena soberanía sobre el área, es decir, es una extensión de su porción terrestre. En la Zona Económica Exclusiva, se ejerce soberanía sobre los recursos, renovables y no renovables, los fondos incluido el subsuelo y las aguas suprayacentes. También se tiene jurisdicción sobre las islas artificiales, la preservación del medio marino y la investigación científica. Con esta reforma constitucional el Mar de Cortés, es en su totalidad Zona Económica Exclusiva de nuestro país, dado que la distancia entre la Península de Baja California y el Continente, en ninguna parte excede las cuatrocientas millas.
En el propio año de 1976 el H. Congreso de la Unión aprobó la Ley Reglamentaria de la Zona Económica Exclusiva, en la que se precisa que la Nación tiene derechos de soberanía para los fines de exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales tanto renovables como no renovables y jurisdicción con respecto a la preservación del medio marino, así como la investigación científica. Esta Ley establece también que el Poder Ejecutivo Federal dictará las medidas adecuadas de administración y conservación para que los recursos vivos no sean amenazados por una explotación excesiva: que determinará la captura permisible de recursos vivos y que promoverá la utilización óptima de los mismos dentro de la zona, en la inteligencia de que sólo cuando la captura permisible de una especie sea mayor a la capacidad para pescar de las embarcaciones nacionales, el Poder Ejecutivo Federal dará acceso a embarcaciones extranjeras a excedentes de las capturas permisibles, de acuerdo con el interés nacional y bajo las condiciones que señale la Ley Federal para el Fomento de la Pesca.
El 10 de diciembre de 1982 terminó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar con la apertura a la firma de la Convención resultante de sus trabajos. México suscribió de inmediato dicho documento y el Senado de la República lo aprobó el 29 de diciembre de 1982, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 1983.
El instrumento de ratificación fue depositado en la Secretaría General de las Naciones Unidas el 18 de marzo del año en curso.
La Convención señala en su artículo 61 que "El Estado Ribereño determinará la captura permisible de los recursos vivos en su Zona Económica Exclusiva."
En el artículo 62 se menciona que: "1o. El Estado Ribereño promoverá el objetivo de la utilización óptima de los recursos vivos de la Zona Económica Exclusiva, sin perjuicio del artículo 61. 2. El Estado Ribereño determinará su capacidad de capturar los recursos vivos de la Zona Económica Exclusiva. Cuando el Estado Ribereño no tenga capacidad para explotar toda la captura permisible, dará acceso a otros estados al excedente de la captura permisible, mediante acuerdos u otros arreglos y de conformidad con las modalidades, condiciones y leyes y reglamentos a que se refiere el párrafo cuarto teniendo especialmente en cuenta los artículos 69 y 70, sobre todo en relación con los estados en desarrollo, que en ellos se mencionan".
En relación a las especies reservadas a la pesca deportiva, en el artículo 10 para el Fomento de la Pesca, el artículo 64 de la Convención indica que: "El Estado Ribereño, y los otros estados cuyos nacionales pesquen en la región las especies altamente migratorias, en numeradas en el Anexo 1 cooperarán, directamente o por conducto de las organizaciones internacionales apropiadas, con miras a asegurar la conservación y promover el objetivo de la utilización óptima de dichas especies en toda la región, tanto dentro como fuera de la Zona Económica Exclusiva. En las regiones en que no exista una organización internacional apropiada,
el Estado Ribereño y los otros estados, cuyos nacionales capturen esas especies en la región, cooperarán para establecer una organización de este tipo y a participar en sus trabajos".
El Anexo 1 incluye entre otros el marlín, el velero, el pez espada y el dorado, todos los cuales, menos el pez espada están reservados a la pesca deportiva en la Ley Federal para el Fomento de la Pesca.
El artículo 5o. de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca de fecha 10 de mayo de 1972, no está actualizado en relación con el artículo 27 constitucional modificado en su párrafo octavo el 6 de febrero de 1976, ni con la Conferencia de la ONU sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982, aprobada por el Senado de la República el 29 de diciembre de 1982.
El artículo 10 de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca reserva en forma exclusiva para la pesca deportiva las especies marlín, pez vela, sábalo, pez gallo, dorado y cualquier otro que se determine, previa opinión del Instituto Nacional de Pesca. Estas especies más el pez espada han sido las que tradicionalmente se dedican en México a la pesca deportiva y son altamente migratorias, lo que significa que su conservación y su utilización óptima debe cuidarse tanto dentro como fuera de nuestra Zona Económica Exclusiva. Las especies altamente migratorias de referencia se explotan en todo el Océano Pacífico y en parte del Océano Atlántico, por lo que su preservación debe ser regida por convenios internacionales, independientemente de la legislación nacional en nuestra propia Zona Económica Exclusiva.
Cuando se decretó la actual Ley Federal para el Fomento de la Pesca, no se había establecido constitucionalmente la Zona Económica Exclusiva por lo que el artículo 5o. de la mencionada Ley regula y fomenta la pesca en aguas interiores de propiedad nacional; aguas del Mar Territorial; aguas extraterritoriales con embarcaciones de bandera mexicana; zonas exclusivas o preferenciales que establezca la Federación; aguas suprayacentes a la plataforma continental; la plataforma continental y aguas de alta mar. El artículo 10 para el Fomento de la Pesca no menciona el área a la que debe limitarse la pesca deportiva pero el artículo 11 clasifica la pesca comercial: "De ribera, cuando se realice en aguas interiores o aguas del Mar Territorial"; esto es, dentro de las doce millas náuticas adyacentes a todas las costas e islas del país. Lo anterior significa que antes de que existiera la Zona Exclusiva Económica Exclusiva Mexicana, la reserva para la pesca deportiva se limitaba a las doce millas náuticas de nuestro Mar Territorial. Al establecerse dicha zona, la reserva se amplió automáticamente a 200 millas, situación que desde el punto de vista práctico excede con mucho a las necesidades de los pescadores deportivos, ya que esta actividad se realiza con embarcaciones menores, cerca de los puertos de origen y a lo largo de las costas. En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca, que faculta al Ejecutivo Federal para fijar zonas de explotación y para establecer, por razones de interés público, restricciones o limitaciones a la pesca en las zonas marítimas y aguas interiores de propiedad nacional se considera que, para proteger debidamente a la pesca deportiva y simultáneamente para promover la pesca comercial de las especies mencionadas, dado su gran mercado de exportación y su incipiente mercado nacional, debe reservarse una área de 50 millas naúticas, a lo largo de la línea de base, desde la cual se mide el Mar Territorial, por tanto el tiempo y distancias acostumbradas, como porque dentro de la propia área se encuentran localizados amplios recursos de las especies reservadas. Esta disposición permitirá, además, la pesca comercial en las restantes 150 millas naúticas exclusivamente, a flotas de bandera mexicana; en la inteligencia de que se promoverá la utilización óptima de los recursos pesqueros conforme al máximo rendimiento sostenible; se dará en todos los casos preferencia a la pesca deportiva y de acuerdo con la Conferencia de la ONU sobre el Derecho del Mar se determinará nuestra capacidad de capturar los recursos vivos de la Zona Económica Exclusiva y en su caso se dará acceso a otros estados al excedente de la captura permisible, de modo que se preserven las especies y se controle su adecuada explotación.
Para promover la utilización óptima de los recursos pesqueros conforme al máximo rendimiento sostenible, es necesario que el Ejecutivo Federal, con base en los estudios pertinentes, expida permisos de pesca deportiva y comercial de dichas especies, fuera de las 50 millas reservadas exclusivamente a la pesca deportiva. Esto es necesario no sólo para su debido aprovechamiento, sino porque otros recursos que se encuentran en esa zona son capturados con las mismas artes de pesca. Es importante aclarar que la pesca deportiva puede incluir cualquier otra especie, además de las reservadas para ella; que tiene prioridad y puede llevarse a cabo, mediante el permiso previo de la Secretaría de Pesca, en toda la Zona Económica Exclusiva y que en la franja de 50 millas no podrá haber pesca comercial de las especies marlín, pez vela, sábalo, pez gallo, pez espada y dorado.
Asimismo, y dado el carácter altamente migratorio de las especies reservadas a la pesca deportiva, se hace indispensable promover los convenios internacionales que protejan a las especies dentro y fuera de la Zona Económica Exclusiva.
Por todo lo anterior, en la iniciativa se destaca que la autorización de pesca para propósitos comerciales fuera del área restringida de 50 millas, se podrá otorgar siempre que se preserve una cantidad adecuada de tales especies para ser aprovechadas en la pesca deportiva, dentro de la zona reservada para este fin y exclusivamente a flotas de bandera mexicana.
Sólo en aquellos casos en los que la capacidad de explotación de la flota mexicana sea inferior a la captura máxima permisible, que la propia autoridad pesquera mexicana haya determinado, la Secretaría de Pesca podrá autorizar a pescadores extranjeros el aprovechamiento de esos excedentes, fuera de la franja reservada a la pesca deportiva, en los términos y condiciones establecidos en los convenios internacionales suscritos por nuestro país. La iniciativa que se propone, no sólo reitera las facultades y atribuciones que tiene el Ejecutivo Federal para administrar y conservar el recurso pesquero en cualquier forma que se aproveche; también pone de manifiesto la prioridad que la actividad turística tiene para la Nación, garantizando la práctica y el futuro desarrollo de la pesca deportiva y asegurando la coexistencia de esta actividad con la comercial, para cumplir con los convenios internacionales celebrados y para alcanzar los objetivos de Nuestro Plan Nacional de Desarrollo.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS QUINTO Y DÉCIMO DE LA LEY FEDERAL
PARA EL FOMENTO DE LA PESCA
Artículo único. Dada la relación de la regulación y fomento de la pesca deportiva, con los derechos de la soberanía de nuestro país sobre la zona Económica Exclusiva se modifican los artículos 5o. y 10 de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca, como sigue:
Artículo 5o. La presente Ley regula y fomenta la pesca en:
I. Aguas interiores;
II. El Mar Territorial;
III. La Zona Económica Exclusiva;
IV. La Plataforma Continental;
V. Alta Mar por embarcaciones de bandera mexicana;
VI. Las zonas económicas exclusivas o de conservación pesquera establecidas por otros países cuando la pesca se efectúe con embarcaciones de bandera mexicana.
Esta materia se regula, además, por las leyes respectivas por los tratados o convenios internacionales celebrados o que se celebren, de conformidad con el artículo 133 constitucional.
Artículo 10. La pesca se considera deportiva cuando se practica con fines de esparcimiento y sin propósito de lucro, con los implementos y características previamente autorizados por la Secretaría de Pesca.
Queda reservada la pesca deportiva, dentro de una franja de 50 millas náuticas a lo largo de la línea de base desde la cual se mide el Mar Territorial, la captura de las especies marlín, pez vela, sábalo o chiro, pez gallo, pez espada y dorado. La captura incidental de estas especies dentro de esta franja, realizada con motivo de la pesca comercial, será regulada por la Secretaría de Pesca, en tanto se expide el reglamento respectivo.
Para la explotación óptima de las especies enlistadas en el presente artículo, se podrá autorizar exclusivamente a flotas de bandera mexicana, su captura comercial o deportiva fuera de la franja a que se refiere el párrafo anterior siempre que se disponga de un volumen adecuado de tales especies para la pesca deportiva.
Para la aplicación de este artículo se atenderán las disposiciones sobre el aprovechamiento y conservación de los recursos pesqueros dentro de la Zona Económica Exclusiva, los convenios internacionales, suscritos sobre el particular y la recomendaciones del Instituto Nacional de la Pesca.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. En un plazo no mayor de 180 días de la publicación de las presentes reformas el Ejecutivo entregará a través de la Secretaría de Pesca, el Reglamento correspondiente.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 7 de diciembre de 1983.
Comisión de Pesca.
Presidente: diputado ingeniero José Aguilar Alcerreca; Secretario: diputado José Luis Castro Verduzco; Diputados Germinal Arámburo Cristerna, Javier Blanco Sánchez, Viterbo Cortez Lobato, Jorge Dzib Sotelo, José Estefan Acar, Rubén García Farías, José Augusto García Lizama, Ignacio González Barragán, Jesús Lazcano Ochoa, Juan Rodolfo López Monroy, Mariano López Ramos, Florentino López Tapia, Manuel Llergo Heredia, Victor Alfonso Maldonado Morelón, Luis René Martínez Souverville, Adrián Mayoral Bracamontes, Juan Medina Cervantes, Gerardo Medina Valdez, Jesús Murillo Aguilar, Sara Esther Musa de Marrufo, Maclovio Osuna Valderrama, Raúl Rea Carvajal, Homobono Rosas Rodríguez, Javier Sánchez Lozano, Rubén Vargas Martínez, Manuel Rafael Villa Issa, Armando Ballinas Mayes, Efraín Zúñiga Galeana, Xóchitl Llarena de Guillén, María Isabel Serdán Alvarez, José de Jesús Fernández Alatorre, Domingo Alapizco Jiménez, José Pacheco Durán."
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los CC. diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura del dictamen.
El C. secretario Jorge Canedo Vargas:
- Por intrusiones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensan la lectura al dictamen.
Trámite: - Queda de primera lectura.
DIVERSAS DISPOSICIONES
HACENDARIAS
"Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Hacienda y Crédito Público fue turnada por el Pleno de la Cámara de Diputados de esta Gran Comisión, la minuta de la Cámara de Senadores, relativa a la iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, respecto del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones hacendarias, particularmente a la Ley de Crédito Rural, a la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, S. A; así como la Ley orgánica del Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal, S. A de C. V.
La Comisión analizó las razones y fundamentos expuestos en la iniciativa presidencial y en el dictamen elaborado por la Colegisladora, y después de discutirlo en su seno, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente
DICTAMEN
Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público planear, coordinar coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al Banco Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio público de banca y crédito. Asimismo, realizar o autorizar todas las operaciones en que se hagan uso del crédito público; igualmente manejar la deuda pública de la Federación y del Departamento del Distrito Federal. Es decir, tiene como función integral dirigir la política monetaria y crediticia del país.
Consecuentemente, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la entidad responsable de fortalecer y canalizar eficientemente el ahorro interno. Se busca en todo este logro la posibilidad de una mayor captación de recursos financieros, así como también una mayor racionalidad en la asignación del crédito entre sectores productivos y regiones geográficas.
Se considera también que para la consecución de los propósitos anteriores se debe lograr que los bancos de fomento se especialicen para la atención a sectores determinados; y los fondos y fideicomisos financieros adscritos fiduciariamente a los mismos, se vinculen en la mayoría de los casos, al Banco de Fomento más afín con su propósitos. Asimismo, se establece qué crédito de fomento se dará como parte de un programa de apoyo más amplio que concluya asesoría técnica y extensionismo.
Finalmente, que el crédito de la banca de fomento no se concentre en unos cuantos deudores discriminando contra el acceso de otros que, en principio, también se pretende beneficiar.
Adicionalmente, según las directrices marcadas por la Ley de Planeación, en lo relacionado a la instrumentación del Sistema Nacional de Planeación Democrática, según lo establece lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución General de la República se marcan tareas y responsabilidades específicas para lograr los aspectos relacionados con la promoción sectoral de actividades productivas, la descentralización de la vida nacional, el apoyo para el cambio estructural en el Sector de Transformación, así como también en todos aquellos aspectos relacionados con los procesos de abasto y modernización comercial, tareas en cuya promoción y financiamiento tiene un papel importante el Banco Nacional del Pesquero y Portuario, S. A; como el Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal, S. A. de C. V. Lo propio, resulta de las consideraciones establecidas en artículo 27 de la Constitución, donde se establece el compromiso de establecer propósitos de configurar un proceso de desarrollo rural integral, donde juegan un papel importante los organismos financieros vinculados con el Sector Agropecuario, particularmente el Banco Nacional de Crédito Rural.
Por tanto, resulta importante que las bases y criterios de operación crediticia de las instituciones nacionales de crédito antes señaladas mantengan un aspecto de consistencia y uniformidad en lo relativo a la asignación de recursos y financiamiento de actividades dentro de las áreas en que directamente se ha especializado, según las responsabilidades atribuidas a las mismas en su respectivas leyes orgánicas.
Resulta entonces pertinente la propuesta que se inserta en la iniciativa del Ejecutivo; donde se plantea que sea el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público responsable de dirigir la política monetaria y crediticia, quien encabece los respectivos consejos de administración de las instituciones nacionales de crédito que atienden en el campo, los aspectos de desarrollo pesquero y portuario y el pequeño comercio en el país. Esto viene a garantizar unicidad en los aspectos de apoyo crediticio y financiamiento dentro de estas áreas de actividad productiva, marcada como prioritarias en el Plan Nacional de Desarrollo. La Comisión reconoce que este reordenamiento administrativo no es suficiente para organizar el éxito en los programas de fomento; sin embargo, sí reviste aspectos de consistencia su instrumentación Por otro lado, cabe señalar que se establecen otros cambios en lo relativo a la nomenclatura de algunas entidades que ya anteriormente integraban la membresía de los consejos de administración, y que debido a las recientes modificaciones en la Ley Orgánica de
la Administración Pública, hubieron de modificar la denominación de las mismas. Tal es el caso de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, del Comercio y Fomento Industrial, que se integran en su nueva denominación en el Consejo del Banco Nacional Pesquero y Portuario; asimismo, esta última participa también dentro del Consejo de Administración del Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal.
La comisión está consciente de que esto es apenas un principio de reestructuración de las instituciones a las cuales se está proponiendo la modificación de la estructura de sus consejos de administración, lo cual permitirá que configuren sus propios programas financieros de desarrollo integrados al Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo. No se considera conveniente en este momento pensar en aquellas modificaciones a la estructura administrativa de la Ley Orgánica de esta instituciones, hasta no conocer el contenido íntegro de la propuesta Ley Bancaria que el propio Titular del Ejecutivo Federal anuncio en su primer informe, que sería enviado a esta Cámara de Diputados hasta el tercer periodo ordinario de sesiones.
Por las anteriores razones, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Hacienda y de Crédito Público somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES HACENDARIAS.
LEY GENERAL DE CRÉDITO RURAL
Artículo primero. Se reforma el artículo 16 de la Ley General de Crédito Rural, para quedar como sigue:
"Artículo 16. Los consejeros de la serie 'A' serán el Secretario de Hacienda y Crédito Público, o quien lo deba sustituir conforme a las disposiciones aplicables, y que tendrá el carácter de Presidente del Consejo de Administración; los Secretarios de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Reforma Agraria, quienes tendrán el carácter de Vicepresidentes; el Secretario de Programación y Presupuesto; el Director General del Banco de México y el Director General de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Los Consejeros, con la representación de los accionistas de la serie 'B' serán designados, respectivamente, por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A., la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, dos por parte de la Confederación Nacional Campesina, y uno más por los vicepresidentes, que será seleccionado entre las diversas organizaciones campesinas. La resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los presentes y en caso de empate el Presidente del Consejo tendrá voto de calidad."
LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL
PESQUERO Y PORTUARIO
Artículo segundo. Se reforma el artículo 7o., párrafo primero y tercero de la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, S. A., para quedar como sigue:
Artículo 7o. El Consejo de Administración estará integrado por catorce consejeros propietarios, quienes serán designados en la siguiente forma: por las acciones de la Serie 'A' se elegirán tres por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dos por la Secretaría de Pesca y uno por cada uno de las siguientes dependencias: Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Comunicaciones y Transportes, de Trabajo y Previsión Social, Fomento Industrial y de Marina. Por las acciones de la serie 'B' se elegirán tres consejeros.
..
La Presidencia del Consejo de Administración corresponderá al Secretario de Hacienda y Crédito Público o a quienes le deba sustituir conforme a las disposiciones aplicables, correspondiendo la vicepresidencia al Secretario de pesca o a quien deba sustituirlo.
.. "
LEY ORGÁNICA DEL BANCO DEL
PEQUEÑO COMERCIO DEL DISTRITO
FEDERAL
Artículo tercero. Se reforman los artículos 13, fracción I, párrafo segundo y 18 de la Ley Orgánica del Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal, S. A. de C. V. para quedar como sigue:
Artículo 13. ..
I. ..
Los primeros dos propietarios y dos suplentes por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los terceros propietarios y suplentes por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y el cuarto propietario y suplente por el Departamento del Distrito Federal.
.. "
"Artículo 18. La Presidencia del Consejo de Administración corresponderán al Secretario de Hacienda y Crédito Público o a quien lo deba sustituir conforme a las disposiciones aplicables, correspondiendo la Vicepresidencia al Secretario de Comercio y Fomento Industrial."
ARTÍCULO TRANSITORIO.
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de mil novecientos ochenta y cuatro.
Sala de Sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
México, D. F., a 9 de diciembre de 1983.
Diputados: Jorge A. Treviño, Ricardo H. Cavazo Galván, Miguel Angel Ramos Acosta, Juan Mariano Acoltzin Vidal, Hermenegildo Anguiano Martínez, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Javier Bolaños Vázquez, María Luisa Calzada de Campos, Abraham Cepeda Izaguirre, Rolando Cordera Campos, Jorge Luis Chávez Zárate, Antonio Fabila Meléndez, Alberto González Domene, Manuel Cabazos Lerma, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Sergio Lara Espinoza, Enrique León Martínez, Raúl López García, Edmundo Martínez Zaleta, Miguel Angel Olea Enríquez, Leopoldino Ortiz Santos, David Orozco Romo, José Luis Peña Loza, Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, Héctor Ramírez Cuéllar, Eulalio Ramos Valladolid, Francisco Rodríguez Pérez, Pedro Salinas Guzmán, Alberto Santos de Hoyos, Dulce María Sauri Riancho, Amador Toca Cangas, Efraín Trujeque Martínez, Carlota Vargas Garza, Salvador Valencia Carmona, Raúl Vélez García, Haydée Eréndira Villalobos Rivera."
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los CC., ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Enrique León Martínez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Trámite: - Queda de primera lectura.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Y LEY DEL INFONAVIT
"Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Trabajo y Previsión Social le fue turnado, para su estudio y dictamen, la iniciativa formulada por el titular del Ejecutivo Federal para reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
La iniciativa propone:
Reformar el artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo.
Reformar y adicionar los artículos 30, 36, 40, 41, 49 y 55 de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Los principios del programa de trabajo presentado a la Nación Titular del Poder Ejecutivo Federal el pasado 30 de mayo, sintetizados en el Plan Nacional de Desarrollo, producto de una amplia consulta popular, vienen a cristalizarse con las medidas que en los diferentes rubros de la administración pública federal se han emprendido.
En el caso de la vivienda, ya el constituyente de 1917 estableció en el apartado A del artículo 123, fracción XII, de la Constitución General de la República, la obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, obligación que se incorpora al texto de la Ley Reglamentaria y que se ha venido haciendo realidad a partir de la publicación de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el 24 de abril de 1972, la que entre sus objetivos esenciales contempla la instrumentación de un sistema de financiamiento para que los trabajadores adquieran en propiedad habitacional cómodas, higiénicas y baratas.
Por lo que dentro del contexto constitucional referido, la iniciativa presidencial tiene la firme intención de hacer más operativos los mecanismos financieros que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores utiliza; con lo cual, esta Institución podrá cumplir con más eficiencia las demandas de vivienda del Sector Social, al que sirve.
Entendiendo el derecho a la vivienda como una aspiración justa de la familia mexicana, la iniciativa recoge los principios constitucionales en esta materia y se orienta en pro del fortalecimiento de la Institución con objeto de hacer llegar los beneficios a un número cada vez mayor de asalariados.
Asimismo, se procura que las normas orientadas a resolver el problema de la vivienda respondan a los requerimientos de la seguridad social, dentro un estado de derecho; por lo que fortaleciendo y adecuando los ordenamientos jurídicos en esta materia, se puede afirmar que el Estado tiende, cada vez más a realizar una auténtica justicia social en este rubro.
Dentro de este marco de ideas, las modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal se circunscriben en dos títulos: el sustantivo y el operativo. El primero reporta las reformas al artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo y, el segundo, a diversas disposiciones que regulan los fines del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Por lo que las modificaciones propuestas en la iniciativa se sustentan en el interés de mejorar el régimen de aportaciones económicas para la adquisición de viviendas, así, propone un nuevo mecanismo que tiende a:
1. Simplificar la administración de la cuenta individual de los trabajadores derechohabientes.
2. Lograr mayor agilidad y trasparencia en su manejo.
3. Mantener actualizada la información sobre saldos pendientes de amortizar. Considera también, la iniciativa, que separar el sistema de aportaciones que integran el fondo de ahorro de los trabajadores derechohabientes, del sistema de recuperación de créditos, redundará en un doble beneficio: primero, sus créditos se amortizarán exclusivamente con el porcentaje de descuento salarial correspondiente, y, segundo, que la totalidad de aportaciones patronales a su favor se aplicarán a constituir el fondo de ahorro, al igual que se hace con los trabajadores no creditohabientes.
Como consecuencia de la anterior medida, los adeudos crediticios de los trabajadores se cubrirán en un plazo mayor, precisando también que el fondo de ahorrro se incrementará y que en los casos de jubilación, incapacidad total permanente o fallecimiento, el trabajador podrá disponer de una cantidad adicional igual a dicho fondo.
En cuanto aquellos trabajadores que han dejado de estar sujetos a una relación laboral, la iniciativa presenta una importante innovación a la ley de la INFONAVIT consistente en que aquellos trabajadores creditohabientes que cuenten con cincuenta o más años de edad, verán aplicado el importe de su fondo de ahorro a la amortización de su crédito, con lo cual la deuda por este concepto se verá reducida considerablemente en un momento que ya no están en condiciones de continuar amortizándola en los términos en que lo venían haciendo.
En relación al régimen crediticio para la obtención de vivienda por los trabajadores, la iniciativa se orienta a establecer un sistema de solidaridad más equitativo, en el que se beneficia a un mayor número de trabajadores.
El punto esencial de la iniciativa, consistente en las reformas al artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo, es recogido por el dictamen.
En dicha reforma se suprimen del artículo 141 la fracción I, II y III, y modifica la primera parte de la VI, con el objeto de utilizar y aplicar el 100% de los depósitos que se hubiesen hecho a favor de los trabajadores, para la amortización de sus créditos.
La Comisión estima que los fines sociales del INFONAVIT son de alta prioridad, y que es necesario contar con el mayor acopio de recursos que permitan cumplir con los fines del organismo. Por ello se considera adecuada la supresión de que se habla.
Las fracciones I, II y III de la iniciativa regulan los casos en que se hace devolución de los depósitos constituidos a favor del trabajador cuando éste se incapacita total y permanentemente, se jubila o muere; o bien, cuando deje de estar sujeto a una relación laboral y tiene cincuenta o más años de edad. En el primer caso se le devuelve el total de los depósitos, más un 100%; en el segundo, sólo se le regresa el total de los depósitos, y en la hipótesis de la fracción III, o sea, cuando el trabajador hubiese recibido crédito y se incapacite total y permanentemente, se jubila, muere o deje de ser sujeto de relación de trabajo y cuenta con cincuenta o más años de edad, los depósitos se aplican a la amortización del crédito, y sólo que quedase un saldo a su favor se le entregará éste.
Considerando que las leyes deben ser congruentes, claras y complementarias entre sí, la Comisión enriquece el artículo 141, precisando en su fracción III y a continuación de las palabras: salvo en los casos de incapacidad total permanente o muerte, un agregado que diga: en los términos del artículo 145; ellos, en virtud que los créditos otorgados por el INFONAVIT se encuentran amparados por un seguro que se cubrirá en caso que el trabajador que disfrute de aquél quede inutilizado total y permanentemente, o muera.
Para hacer congruente las reformas a la Ley Laboral sustantiva, la iniciativa instrumenta adecuaciones a la del INFONAVIT con el fin de fortalecer su estructura financiera, agilizar su actividad administrativa, y mediante sanciones de pérdidas de derechos adquiridos sobre bienes financiados por el Instituto, evitar prácticas de especulación y abuso que contrarían la finalidad social que se persigue.
Con la modificación que se propone el artículo 30 de la Ley, se precisa el carácter de organismo fiscal autónomo del INFONAVIT. Con ellos se le dota de facultades, dentro de un marco riguroso de legalidad, para determinar, en caso de incumplimiento, el importe de las aportaciones patronales y de los descuentos omitidos, señalar las bases para su liquidación, fijarlos en cantidad líquida, referir su pago y determinar los recargos que correspondan. Como se nota, se amplían dichas facultades. Asimismo, este dispositivo amplía las instituciones receptoras de créditos fiscales omisos y sus accesorios, a las sociedades nacionales o instituciones de crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o en las propias oficinas del INFONAVIT.
La reforma del artículo 36 se justifica en atención a la reforma propuesta al artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo.
Por los mismos motivos, la reforma de los párrafos siguientes al inciso f), se justifica por su adecuación a la fracción III del mencionado artículo 141. Estima la iniciativa la necesidad de modificar el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley, para precisar la forma y términos en que proceda el otorgamiento de prórroga para el pago de amortizaciones a trabajadores que han dejado de prestar sus servicios a un patrón. Esta medida es estimada por la Comisión como acertada.
Con la reforma que se propone al artículo 49 en su primer párrafo y la adición de un segundo al mismo artículo, se considera que con ellos se cumple con las finalidades que animaron la creación del INFONAVIT, y que no es otra que la de procurar la dotación de viviendas a los trabajadores derechohabientes, por lo que se propone, con esta medida, que las viviendas que financia el Instituto no sean objeto de especulación o de abuso en la utilización o destino de la misma por parte del trabajador acreditado, lo que desvirtuaría el fin social que persigue.
No obstante, en este último caso, se sugiere se adopte una modificación a dicho artículo para que en el caso de que los créditos que otorgue el Instituto se den por vencidos anticipadamente cuando los deudores enajenen las viviendas o graven los inmuebles que garanticen el pago de los créditos recibidos, sin que haya mediado autorización expresa de aquél, que sólo se podrá transmitir a otro derechohabiente con el consentimiento del INFONAVIT. Esta medida, se considera, redundará en mantener la solidaridad entre derechohabientes.
La sanción que propone la iniciativa en el artículo 55 de la Ley, relativa a que la cuantificación de las sanciones para el caso de infracciones que cometan los patrones, con motivo del incumplimiento de esta Ley, en perjuicio de sus trabajadores o del Instituto, se estima coherente por la reducción real del monto de las multas, motivado por el proceso inflacionario que vive el país.
Por lo anterior, las comisiones unidas estiman conveniente recomendar a la Soberanía de la H. Cámara de Diputados la aprobación de la iniciativa con la salvedad que se menciona y que en seguida se propone.
Por lo anteriormente citado, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 56, 64 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal proponen a vuestra soberanía el siguiente
PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y A LA LEY DEL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
Artículo primero: Se reforma el artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 141. Las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda son gastos de previsión social de las empresas y se aplicarán en su totalidad a constituir depósitos en favor de los trabajadores que se sujetarán a las bases siguientes:
I. En caso de incapacidad total permanente, de jubilación o de muerte del trabajador, se entregará el total de los depósitos constituidos a él o a sus beneficiarios con una cantidad adicional igual a dichos depósitos, en los términos de la Ley a que se refiere el artículo 139.
II. Cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de trabajo y cuente con 50 o más años de edad, tendrá derecho a que se le haga entrega del total de los depósitos que se hubieren hecho a su favor, en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
III. En caso de que el trabajador hubiere recibido crédito del Instituto, las cantidades a que tuviere derecho en los términos de las fracciones anteriores, se aplicarán a la amortización del crédito, salvo en los casos de incapacidad total permanente o de muerte; en los términos del artículo 145 si después de hacer la aplicación de dichas cantidades a la amortización del crédito quedare saldo a favor del trabajador se le entregará a éste el monto correspondiente.
Para la devolución de los depósitos y cantidades adicionales bastará que la solicitud por escrito se acompañe con las pruebas pertinentes.
Artículo segundo. Se reforman y adicionan los artículos 30, 36, 40, 41, 49 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:
Artículo 30. Las obligaciones de efectuar las aportaciones y enterar los descuentos a que se refiere el artículo anterior, así como su cobro, tienen el carácter de fiscales.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su carácter de organismo fiscal autónomo, está facultado, en los términos del Código Fiscal de la Federación, para determinar, en caso de incumplimiento, el importe de las aportaciones patronales y de los descuentos omitidos, señalar las bases para su liquidación, fijarlos en cantidad líquida, requerir su pago y determinar los recargos que correspondan.
Los pagos que deban efectuarse conforme a lo señalado en este artículo, se harán en las oficinas del propio Instituto o en las de las sociedades nacionales o instituciones de crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El cobro y ejecución de los créditos no cubiertos, estarán a cargo de la Oficina Federal de Hacienda que corresponda, con sujeción a las normas del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 36. Los depósitos constituidos a favor de los trabajadores, así como la cantidad adicional a que se refiere la fracción I del
artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones aplicables de la presente ley, estarán exentos de toda clase de impuestos.
Artículo 40. ..
..
a) a f) ..
..
Cuando los trabajadores hubieron recibido crédito del Instituto, la entrega de las cantidades a que tuvieren derecho, se hará en los términos de la fracción III del artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo.
..
Artículo 41. Para los efectos de la fracción II del artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo, se entenderá que un trabajador ha dejado de estar sujeto a una relación de trabajo, cuando deje de prestar sus servicios a un patrón por un periodo mínimo de doce meses, a menos que exista litigo pendiente sobre la subsistencia de la relación de trabajo.
Cuando un trabajador hubiere recibido un crédito del Instituto, éste le otorgará a partir de la fecha en que haya dejado de prestar sus servicios a un patrón, una prórroga sin causa de intereses en los pagos de amortización que tenga que hacerle por concepto de capital e interés. Para tal efecto, el trabajador acreditado deberá dar aviso al Instituto dentro del mes siguiente a la fecha en que deje de prestar sus servicios al patrón. La prórroga tendrá un plazo máximo de doce meses, independientemente de que exista litigio en trámite sobre la subsistencia de la relación de trabajo y terminará anticipadamente cuando el trabajador vuelva a estar sujeto a una relación de trabajo.
..
Artículo 49. Los créditos que otorgue el Instituto se darán por vencidos anticipadamente cuando sin su consentimiento los deudores enajenan o gravan las viviendas en favor de personas que no tengan el carácter de derechohabientes y sin que haya mediado autorización previa de aquél, para garantizar el pago de los créditos concedidos. En caso de que arrienden las viviendas o trasmitan su uso por cualquier título o incurran en violación de cualesquiera de las causas consignadas en los contratos respectivos, será motivo de rescisión.
Tratándose de créditos otorgados para la adquisición de viviendas financiadas directamente por el Instituto, éstos se darán por cancelados y el contrato rescindido si los deudores incurren en alguna de las causas señaladas en el párrafo anterior, por lo que el deudor o quien ocupe la vivienda deberá desocuparla en un término de 45 días naturales contados a partir de la fecha en que se recibe el aviso respectivo.
En el caso del párrafo anterior, las cantidades que hayan cubierto los trabajadores hasta la fecha en que se desocupe la vivienda, se aplicarán a favor del Instituto a título de pago por el uso de la propia vivienda. Artículo 55. Independientemente de las sanciones específicas que establece esta Ley, las infracciones a la misma que en perjuicio de sus trabajadores o del Instituto comentan los patrones, se castigarán con multas por el equivalente de 15 a 315 veces el salario mínimo general. La cuantificación de las sanciones pecuniarias que se establecen, se hará tomando como base de cálculo la cuota diaria de salario mínimo general vigente, en el lugar y tiempo en que se cometa la violación.
..
TRANSITORIOS
Primero: Las solicitudes de entrega de depósitos presentadas con anterioridad a estas reformas y pendientes de ser resueltas, se atenderán en los términos de las disposiciones legales anteriores a las propias reformas. Las solicitudes de entrega de depósitos presentadas con posterioridad a la iniciación de vigencia de la reforma al artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo, se resolverán atendiendo a la norma vigente en el momento en que el derecho en que se funden, se volvió exigible.
Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto las aportaciones que se efectúen a favor de los trabajadores ya acreditados, se aplicarán íntegramente a constituir su fondo de ahorro.
Tercero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados. México Distrito Federal, 6 de diciembre de 1983.
Trabajo y Previsión Social.
Presidente, Juan José Osorio Palacios: secretario, José de Jesús Fernández Alatorre, Servio Tulio Acuña, Luis Aguilar Cerón, Silverio R. Alvarado, Manuel Alvarez González, Francisco Alvarez de la Fuente, Homero Ayala Torres, Víctor Manuel Carreto, Abelardo Carrillo Zavala, Gerardo Cavazos Cortez, Alfonso Cereceres Peña, Pablo Sánchez Puga, Oscar Mario Santos Gómez, Ramón Serrano García, Daniel Sierra Rivera, Hilda Luis Valdemar Lima, Martiniano Valdez Escobedo, J. Guadalupe Vega Macías, Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, Florentina Villalobos de Pineda, Dora Villegas Nájera, Juan Villegas Torres, Armando Corona Boza, Oralia Coutiño Ruiz, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Netzahualcóyotl de la Vega, Leopoldo Durán Rentería, Everardo Gámiz Fernández, Juan Antonio García Guerrero, Lino García Gutiérrez, Rodolfo García Pérez, Lorenzo García Solís, Antonio Gershenson, Jesús Ibarra Rayas, Luis Mayén Ruiz, María del Carmen Mercado Chávez, Miguel Angel Morado Garrido, Ignacio Olvera Quintero, Ramón
Ordaz Almaraz, Jesús Ortiz Herrera, José Pacheco Durán, Ramiro Plascencia Loza, Luis J. Prieto, Alfredo Reyes Contreras, Venustiano Reyes López, Faustino Ross Mazo, José Ruiz González, Daniel Angel Sánchez Pérez."
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los CC. diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Enrique León Martínez:
- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ... Se dispensa la lectura al dictamen.
Trámite: - Queda de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA
DEL DEPARTAMENTO DEL
DISTRITO FEDERAL 1982
"Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal.
Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1982.
Honorable Asamblea:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 74, fracción IV, como facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, entre otras, el examen, de discusión y la aprobación anual del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal y la revisión de la Cuenta Pública correspondiente a su ejercicio.
El Ejecutivo Federal, en su carácter de órgano al que la Constitución General encomienda el gobierno del Distrito Federal, presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 7 de junio de 1983, la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1982, cumpliendo así con lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV de la Constitución; 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y 15 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.
La Comisión Permanente turnó la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal al Oficial Mayor de la Cámara de Diputados quien, atento a los términos establecidos por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, la envió a la Comisión de Vigilancia, misma que la remitió, el pasado 16 de junio, a la Contaduría Mayor de Hacienda y a las comisiones unidas que suscriben, para que procediesen a su análisis en los términos de su propia Ley Orgánica.
Estas Comisiones Unidas, tras haber considerado en detalle a la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente a 1982, pasan ahora a rendir al Pleno de esta Asamblea el siguiente
DICTAMEN
I. EL MARCO JURÍDICO, LOS
CRITERIOS PRESUPUESTALES
Las comisiones unidas consideran oportuno reiterar, en este dictamen, algunas de las consideraciones hechas en la revisión de la Cuenta Pública Federal. La revisión de la Cuenta Pública constituye un aspecto central de la fiscalización financiera que el Constituyente confía a esta Soberanía. La fiscalización financiera que se realiza a través de la revisión de la Cuenta Pública constituye una forma de control externo del ejercicio del presupuesto. Tal función corresponde a la Cámara de Diputados en razón de que dicho control es el correlato lógico de sus facultades en materia de discusión y aprobación de los Presupuestos de Egresos. Así nuestra Constitución establece un singular mecanismo de refuerzo al principio de separación de poderes. El Legislativo, a través de la leyes financieras y del Presupuesto de Egresos, establece tanto las fuentes como los destinos de los tributos y del crédito públicos; el Ejecutivo, a través de sus dependencias desarrolla los programas contenidos en el Presupuesto de Egresos, mediante actos de ordenación y ejecución en los que se materializan las autorizaciones de gasto expedidas por el Poder Legislativo, al que el Ejecutivo debe rendir cuentas puntuales sobre su gestión. La revisión de la Cuenta por el Legislativo, al que el Ejecutivo debe rendir cuentas puntuales sobre su gestión. La revisión de la Cuenta por el Legislativo tiene por objeto central, de acuerdo con las reformas que en 1977 se hicieron al artículo 74 de la Constitución General, reconocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si el gasto se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y vigilar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas desarrollados por la administración pública durante el ejercicio en examen.
La fase final de la fiscalización financiera consiste en el examen de la correspondencia o discrepancia entre lo gastado por la administración y lo autorizado en las partidas del presupuesto.
Las tareas de fiscalización financiera se realizan por la Cámara de Diputados a través de sus distintos órganos, en momentos sucesivos en el tiempo y conforme a procedimientos y técnicas diversas.
En relación a los órganos que intervienen en el proceso de revisión de la Cuenta Pública, destacan a la Comisión Permanente, El Pleno de la Cámara, las comisiones de dictamen legislativo y la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico de la Cámara de Diputados que se encuentra bajo la dirección de la Comisión de Vigilancia. Cada uno de estos órganos cumple con funciones específicas que le son propias y para las que se encuentran expresamente facultas por la Ley.
El proceso de fiscalización financiera comprende diversas fases que se encaminan al logro de objetivos específicos. Una vez que el Ejecutivo envía la Cuenta a la Comisión Permanente, ésta la remite a la Oficialía Mayor para su turno a las comisiones legislativas y a la Comisión de Vigilancia, que la recibe y envía a la Contaduría Mayor de Hacienda.
A las comisiones unidas corresponde preparar el dictamen que habrán de presentar al Pleno de la Cámara de Diputados para cumplir con las funciones que al respecto señala la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. En la elaboración de su dictamen las comisiones analizan la Cuenta Pública y su documentación anexa, disponen también del Informe Previo preparado por la Contaduría Mayor de Hacienda, al tiempo que cuentan con informaciones al efecto recabadas de los órganos de la administración pública.
Las funciones del Pleno son las de analizar la Cuenta Publica a partir del dictamen elaborado por las comisiones legislativas. Su propósito, acorde con su naturaleza de asamblea deliberante, es el de formular apreciaciones sobre los efectos políticos, económicos y sociales resultantes de la ejecución del presupuesto.
Siendo el presupuesto uno de los instrumentos centrales de la política económica, el análisis de su ejercicio, a través de la revisión de la Cuenta Pública comprende, necesariamente, la formulación de un conjunto de apreciaciones sobre los efectos de su ejercicio sobre la economía, sobre la estructura productiva y sobre la composición misma del todo social. El impacto social del ejercicio del presupuesto conduce, necesariamente, a que el Pleno de la Cámara de Diputados conozca y se pronuncie sobre los aciertos y desaciertos de la política económica, así como para que aprecie la eficacia o ineficacia de la gestión financiera y administrativa desarrollada por el Ejecutivo.
De esta manera, la revisión de la Cuenta Pública se inserta dentro del diálogo existente entre la representación nacional de la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo. Diálogo insustituible que, en el caso, se concreta en actos de fiscalización parlamentaria posterior que deben traducirse en un marco de referencia para la discusión y aprobación de presupuestos ulteriores.
Por otra parte, y de conformidad con la reforma constitucional de 1977, el examen de la Cuenta Pública por la Contaduría Mayor de Hacienda se inicia desde el momento de su recepción. A la Contaduría Mayor corresponde, según establece el artículo 74 de la Constitución General, verificar si las cantidades gastadas concuerdan con las partidas autorizadas en el presupuesto, así como la exactitud y justificación de los gastos hechos. Si en las investigaciones correspondientes aparecen irregularidades que entrañen gastos no autorizados y carentes de justificación, incumplimientos reiterados de las leyes vigentes en materia financiera y anomalías contables pendientes de explicación, la Contaduría Mayor de Hacienda deberá adoptar las medidas conducentes. Las verificaciones de referencia se concretan en el análisis contable a través de auditorías - de egresos, de sistemas, de obras, entre otras - y de inspecciones que permiten determinar con precisión la naturaleza, motivos y magnitud de las irregularidades administrativas, civiles y penales, materia de la investigación.
Si las investigaciones practicadas demuestran que las irregularidades contables fueron ocasión o motivo para que se configurasen desviaciones administrativas, se causaren daños civiles o perpetrasen ilícitos penales, la Contaduría Mayor de Hacienda deberá realizar las acciones conducentes a la determinación de responsabilidad. De estas acciones de la Contaduría Mayor de Hacienda da cuenta a través del Informe de Resultados. Es mediante estas acciones, resumidas en el Informe de Resultados, como la Cámara de Diputados cumple sus atribuciones en lo relativo al fincamiento de responsabilidades. Estas tareas realizadas por la Contaduría Mayor de Hacienda, siempre bajo el control de la Comisión de Vigilancia, permiten que la Cámara actúe ante los órganos de control administrativo del Poder Ejecutivo a fin de determinar y aplicar las sanciones administrativas y civiles a que haya lugar respecto a los servidores públicos que incurran en negligencia o abuso en los pagos y, finalmente, con los órganos encargados de la procuración de justicia para aquellos casos en que las irregularidades contables detectadas permitan suponer, fundadamente, que las mismas son constitutivas o dieron origen a ilícitos penales. Las acciones aquí descritas, son recogidas en el Informe de Resultados que la Contaduría Mayor de Hacienda, a través de la Comisión de Vigilancia, pone en conocimiento del Pleno.
Las anteriores consideraciones constituyen un ejercicio de interpretación de las normas constitucionales vigentes en materia de revisión de la Cuenta Pública. Estas Comisiones Unidas pasan ahora a presentar ante esta Soberanía el análisis de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1982. Para ello, principiaremos con el análisis de la eficacia del marco
jurídico, el cumplimiento de los criterios presupuestales y el logro de la legalidad del ejercicio fiscal; proseguiremos con la exposición del marco socioeconómico dentro del cual se ejerció el presupuesto, con el examen de la gestión financiera y la evaluación de los alcances registrados por los diversos programas, para finalizar con un conjunto de conclusiones y recomendaciones que motivan el decreto correspondiente. Con todo esto el Pleno cumplirá con las atribuciones que respecto a la revisión de la Cuenta Pública le asigna la Constitución.
Análisis de la legalidad
El examen del cumplimiento de los criterios presupuestales dentro de la revisión de la Cuenta Pública, de conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y las prácticas hasta hoy vigentes, tiene por objeto el constatar la eficacia de los controles de legalidad en el ejercicio del presupuesto.
Los criterios presupuestales aparecen contenidos en normas de diverso rango o jerarquía.
Por un lado, se cuenta con los preceptos constitucionales de índole tributaria, por otro, con las normas propiamente integrantes del Presupuesto cuyo ejercicio se examina y que se complementan, teóricamente, con las diversas disposiciones vigentes en materia de contabilidad, deuda, adquisiciones, arrendamientos y dos, por la Constitución General y por el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1982 son claros y puntuales, diversas normas contenidas en la legislación secundaria resultan en la actualidad imprecisas y reflejan el desfasamiento del derecho financiero respecto a las necesidades de la moderna gestión hacendaria al punto que hacen impostergable su reforma.
Del examen del ejercicio presupuestario correspondiente a 1982 son de advertir anomalías en materia de controles normativos. En particular, la normatividad vigente en las áreas de obra pública, adquisiciones y contabilidad refleja deficiencias. Tanto en lo que hace el departamento del Distrito Federal como en lo relativo a las entidades por él coordinadas, se aprecia la inoperancia de los principios y normas de contabilidad gubernamental.
Los ordenamientos relativos a la adquisición y arrendamiento de bienes y servicios por parte del Departamento del Distrito Federal, así como a la contratación de obra pública no fueron puntualmente observados.
Los mecanismos de control normativo no operaron satisfactoriamente. Su educación deberá considerarse en lo futuro como una prioridad de la administración pública. Debe reconocerse, en este orden de ideas, que las deficiencias encontradas en el ejercicio presupuestal de 1982 deberán mejorar sensiblemente en ejercicios futuros a través de las acciones y facultades que el Congreso de la Unión asignó a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, así como del cumplimiento de las observaciones que esta Cámara hizo a la Secretaría de Programación y Presupuesto y al Departamento del Distrito Federal, con ocasión de la revisión de la Cuenta Pública de 1981 en el Artículo 4o. del decreto aprobado el 24 de noviembre de 1982, y las que aquí se proponen como parte del decreto que ahora se somete a la Asamblea.
Por lo que hace a la contabilidad gubernamental, es imperioso que el gobierno capitalino realice un esfuerzo serio y consciente en la corrección de las anomalías detectadas y que, en breve término, que pueda cumplir con los principios al efecto emitidos en 1981.
En razón de que los criterios legales del presupuesto no fueron cabalmente observados y que su inobservancia bien pudo conducir a propiciar usos indebidos de fondos públicos, estas comisiones unidas han llegado a la conclusión de que conforme a lo establecido en la Ley, la Contaduría Mayor de Hacienda deberá ahondar sin demora en las investigaciones que permitan esclarecer estas anomalías y, de encontrarse que se perpetraron ilícitos, fincar la responsabilidad respectiva y proceder conforme a derecho, a fin de que se apliquen las sanciones correspondientes a los funcionarios y particulares que usaron en su provecho los fondos destinados a sufragar necesidades colectivas.
Particular cuidado deberá tener la Contaduría Mayor de Hacienda en la auditoría de aquellas obras y adquisiciones que no fueron concursadas, excluidas las que, por su naturaleza o por disposición legal expresa, quedaron exentas de cumplir este requisito.
II. MARCO SOCIOECONÓMICO
Después de los análisis correspondientes al marco jurídico y de la revisión del cumplimiento de los criterios presupuestales, resulta indispensable establecer el encuadramiento crítico de la situación económica y social en que se realizó la gestión financiera y el alcance de los objetivos programáticos por parte del Departamento del Distrito Federal, durante el ejercicio de 1982.
Año que, de diversas maneras, pueda caracterizarse como vértice en el que se juntan y agolpan las consecuencias de una profunda crisis de estructuras económicas internas y externas, el análisis de la gestión programática, presupuestal y financiera del Departamento del Distrito Federal durante 1982, no puede limitarse sólo al manejo de valores nominales desconectados del examen de las alteraciones que estos valores sufrieran a lo largo del ejercicio anual, así como de sus causas y sus efectos en los resultados parciales y finales. Transcurrido un tiempo razonable regido por la controversia política y social sobre la situación económica de los últimos años, las comisiones unidas que suscriben consideran llegado
el momento de emprender un esfuerzo singular de esclarecimiento. Viendo por la crisis quedó atrás todo afán triunfalista. La claridad que exige esta hora, obliga a abandonar, lo mismo empeños justificadores a ultranza, que perjuicios y resentimientos. El imperativo de hoy es responder a las preguntas de una sociedad que aspira a encontrar las verdades esenciales del presente, para seguir fincando su acción solidaria que asume una realidad crítica a escala estructural y que reclama el cambio consciente de las desviaciones y errores por corregir, de las insuficiencias por colmar y de las formas y estilos por sustituir; sin olvidar por ello que somos un pueblo enraizado en una historia propia, con instituciones permanentes y con potencialidades y recursos humanos,políticos, sociales, culturales y materiales para vencer la adversidad y reanudar el avance sobre bases fortalecidas y horizontes claros.
El ejercicio crítico que las Comisiones Unidas proponen a esta Soberanía, exige una actitud consecuente de cada uno de los diputados, de cada uno de los partidos y de las diversas corrientes políticas e interés por ellos representados.
Acotado en sus límites formales el examen de la Cuenta Política, en los términos expuestos en la primera parte del presente dictamen, las Comisiones Unidas se han propuesto presentar los elementos de juicio necesarios para evaluar el ejercicio de 1982 en su dimensión amplia, que analiza las relaciones del gasto público con la realidad económica en que se inscribe. Ello, con el fin de estar en aptitud de evaluar, con la mayor congruencia, el ajuste entre programas, presupuestos y erogaciones, el cumplimiento de metas y el apego a disposiciones y principios de gestión financiera.
Programas y proyectos específicos del ejercicio fiscal que se examina fueron elaborados, por una parte, a partir de las necesidades ingentes e inaplazables derivadas del crecimiento y de la complejidad de la concentración metropolitana. Por otra parte, ingresos, costos, estructura financiera, metas, criterios de ejercicio presupuestal y el contenido mismo del presupuesto de Egresos de 1982 para el Departamento del Distrito Federal, se determinaron a fines del año de 1981, a partir de supuestos relativamente estables de financiamiento que durante 1982 entraron en severa contradición con factores internos y externos imprevistos, que quedaron fuera de control y que cambiaron radical y súbitamente las condiciones para la gestión financiera, el ejército presupuestal y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
De la descripción apuntada en el párrafo anterior se desprenden los puntos esenciales para el análisis crítico, que se desarrollan en las siguientes secciones:
1a. La estructura crítica manifiesta en el crecimiento intolerable de la Ciudad de México y su zona metropolitana.
2a. La crisis del desarrollo nacional que dejo en evidencia la coyuntura de 1982 y llevó a extremos de dislocación los desequilibrios crónicos de la administración de la ciudad.
En esta parte quedarán encuadradas las secciones que comprenderán la revisión de:
3a. Los resultados de la gestión financiera, y
4a. Los objetos contenidos en los programas.
Sección 1a. La estructura Crítica del Distrito Federal y la Zona Metropolitana.
Además de las implicaciones de injusticia, desequilibrio e ineficiencia que entraña para el desarrollo regional del país y del deterioro creciente de la calidad de la vida de los habitantes de la urbe y de su entorno natural, el desarrollo concentrado del Distrito Federal y la Zona Metropolitana ha provocado, a lo largo de varios lustros, una situación de déficit crónico de los recursos disponibles de cara a los costos de las obras y los servicios urbanos que debe realizar y atender el Departamento del Distrito Federal.
Sólo en función de contrastar los límites naturales que ofrecía para la expansión urbana la cuenca cerrada, a más de dos mil metros de altura sobre el nivel del mar, con el espacio en que hoy se erige la mayor concentración demográfica del país, se hace la referencia a los factores políticos, religiosos y militares que determinaron la fundación de la ciudad indígena y la edificación de la ciudad colonial sobre las piedras de la ciudad indígena, como punto de partida de la formidable fuerza de atracción que ha ejercido el altiplano en el curso de los siglos.
Pero no es sino hasta hace cuarenta años que comenzó la transformación de la ciudad de México en la gran aglomeración urbana que hoy conocemos.
La ciudad creció más rápido que los recursos necesarios para equipar su crecimiento. Los problemas derivados de ese crecimiento se han extendido hacia los municipios aledaños sus efectos en el empleo, el ordenamiento urbano y el medio ambiente. La zona metropolitana rebasa las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal y alcanza 55 municipios del estado de México y uno más del estado de Hidalgo; concentra, en la actualidad, 17 millones de habitantes. Su tasa de crecimiento demográfico es superior a la registrada en el país. En efecto, la población nacional creció tres veces y medio en las últimas cuatro décadas, mientras que la zona metropolitana lo hizo nueve veces, hasta concentrar actualmente al 21% de la población total del país.
Como dato que informa el agudo desequilibrio regional a escala de la Nación y el papel de la zona como receptor de los efectos de esos desequilibrios, alrededor de la mitad de su población es de origen rural y ha emigrado a ella expulsada por las condiciones de grave depresión de otras zonas del país. Pero en función de los límites a que a llegado la expansión del área en sus diversos órdenes, solo el 29% de esa población encuentra ocupación en la industria, mientras el 64% realiza actividades propias de un sector de servicios que frecuentemente encubre el subempleo en razón de la
inestabilidad laboral, la baja remuneración y la carencia de calificación técnica o profesional. A ello hay que agregar sus dificultades o franca imposibilidad de acceso a vivienda, servicios y equipamientos adecuados.
En contrapartida, como la otra cara del desequilibrio regional, que ilustra los procesos de dapauperización de las demás regiones del país en beneficio de la zona metropolitana, el valor de la producción de la industria manufacturera concentrado en esta zona, representa el 45% del total nacional.
Entre 1980 se incremento en alrededor de dos veces el caudal de agua potable a la zona, suministrado crecientemente de fuentes externas a la metrópoli. Su consumo en el último año mencionado, fue aproximadamente el equivalente de lo que consumieron los 20 centros urbanos que le siguen en tamaño y, todavía así cerca de dos millones de habitantes del área carecen hoy de un suministro adecuado del líquido.
En los últimos diez años la superficie urbanizada de la Zona pasó de 680 a mil 100 kilómetros cuadrados, bajo un patrón de crecimiento horizontal sobre tierras ejidales, comunales, y nacionales, dentro de un esquema de especulación privada y prácticas ilegales que genera desplazamientos masivos de la población del centro a la periferia, con una tendencia a la ocupación de áreas agrícolas y forestales que agrava la destrucción ecológica y hace altamente costoso el proceso de equipamiento y de dotación de servicios. De continuar con la tendencia actual, en sólo cinco años se puede llegar a ocupar más de cinco mil kilómetros cuadrados, dentro de una operación depredatoria sobre bosques, tierras y aguas sin precedente en la historia de los fenómenos urbanos más actuales.
Actualmente, el tiempo promedio que requieren los habitantes de la zona metropolitana para trasladarse entre su centro de trabajo y su hogar es estimado en tres horas diarias. Los medios colectivos, que transportan 21 millones 700 mil pasajeros al día ofrecen un servicio deficiente, incómodo y altamente gravoso para el erario. En particular, el Metro, que brinda servicio solo a tres millones y medios de personas registra en algunas líneas y horas una sobrecarga de pasajeros del 25%. Y en lo que respecta a la red vial, ampliada a altos costos en los últimos años, sin que se vislumbre una solución definitiva a las dificultades de tránsito de dos millones 200 mil vehículos, habría que ver, retroespectativamente, los efectos actuales de no haberse realizado dichas obras y, prospectivamente, la incapacidad material que acusará la infraestructura de hoy para absorber la circulación de cerca de tres millones de vehículos que se prevén dentro del próximo lustro, si no se adoptan las medidas correctivas urgentes.
La contaminación del aire ha aumentado, en los últimos diez años, en 7.5 por ciento anualmente. De las 11 mil 400 toneladas de desechos sólidos que se generan a diario, 4 mil 150 toneladas - El 36% - no llega a recogerse, contaminando suelo, y agua. Hace diez años se generaban 450 gramos diarios de basura por habitante. En la actualidad se generan 700 gramos y para 1988 se prevén 800 gramos, lo cual indica que de continuar el actual esquema de recolección, el problema será prácticamente irresoluble. De hecho, todos los elementos naturales que se requieren para el desarrollo de la región se hallan severamente afectados con daños en muchos casos irreversibles. Dentro de las causa de la contaminación atmosférica destacan las malas condiciones mecánicas del 90% de los vehículos en circulación, la insuficiente adecuación en la calidad de los combustibles para las condiciones del Valle de México, el inadecuado funcionamiento de los procesos de combustión de los automotores del transporte público, el desconocimiento de la ciudadanía del uso de dispositivos que reduzcan la emisión de contaminantes, los gases y humos de una refinería de petróleo, dos plantas termoeléctricas, dos fábricas de cemento y alrededor de 60 fábricas de diversos tipos, las cuales emiten aproximadamente el 45% de los contaminantes industriales del país, entre los que destacan los óxidos de azufre, de nitrógeno, hidrocarburos y partículas de diversa índole. Otro factor que incide en el deterioro ecológico de la zona ha sido la invasión de áreas verdes o de reserva, a causa de los asentamientos irregulares y de fraccionamientos residenciales. Sólo el 70% de la población de la zona cuenta con servicios de drenaje. La cantidad de desechos sólidos disueltos, grasas y aceites presentes en las aguas residuales va de 10 a 15 millones de toneladas al año, afectando suelos con potencial agrícola por salinidad e impermeabilidad, por lo que el crecimiento demográfico e industrial de la zona, con los actuales patrones, pone en peligro de contaminación, en los años próximos, la totalidad de los cauces superficiales y la carga de los mantos acuíferos del subsuelo.
Finalmente, el problema de la seguridad ciudadana se ha agravado y complicado en la zona en dimensiones que exijen transformaciones cuantitativas y cualitativas, cuantiosos recursos y cambios sociales, económicos y culturales que hasta ahora han rebasado las posibilidades de las gestiones gubernamentales con responsabilidad en el área.
Estos datos ilustran inequívocamente la magnitud de la crisis de estructura que afecta a la concentración urbana, expandida en torno a la capital de la República.
Sin demérito de la importancia de las disposiciones que han sancionado esta Soberanía en el orden de avanzar en la descentralización de la vida nacional, de la consideración del Plan Nacional de Desarrollo sobre la zona metropolitana como cuestión de interés nacional y de la puesta en marcha del Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la ciudad de México y de la Región Centro, que entrañan el inicio de cambios estructurales a la medida de la crisis estructural del desarrollo en que se debate la urbe, resulta evidente que los efectos de dichos cambios, en sus aspectos cualitativos,
tienden a madurar en el mediano y el largo plazos, lo que implica que las consecuencias acumuladas del desarrollo altamente centralizado y su dinámica seguirá gravitando en los desequilibrios entre los requerimientos de obras y servicios de la metrópoli y los recursos disponibles y autogenerados en la zona.
Lo que importa subrayar en este dictamen es que dentro de estos desequilibrios socioeconómicos de carácter estructural de la metrópoli, se realizó el ejercicio del Departamento del Distrito Federal en el año de 1982. Sección 2a. La Crisis del Desarrollo Nacional y sus Repercusiones en el Distrito Federal.
Si la dinámica del desarrollo concentrado originó, a lo largo de los últimos lustros, un crecimiento desproporcionado de la demanda de bienes y servicios y del costo de proveerlos sin que los ingresos mediante los cuales deben financiarse hayan crecido a igual ritmo; si ello obligó al Departamento del Distrito Federal a depender sistemáticamente de subsidios y financiamientos para cubrir el déficit entre sus ingresos propios y su gasto, y ha provocado que su deuda se haya incrementado aceleradamente, incluso en épocas de auge económico y de relativo desahogo de las finanzas públicas, el impacto de los efectos más severos de la crisis a escala nacional durante el ejercicio de 1982 dislocó radicalmente las condiciones del ejercicio presupuestal y la gestión financiera del Departamento del Distrito Federal.
Desplome y retroceso de la producción, desempleo creciente, inflación triplicada en el curso del año, devaluación en seis veces del peso, con una pesada deuda documentada en divisas extranjeras, entre otros efectos inmediatos de la crisis del desarrollo nacional, repercutieron sensiblemente en la alteración de los valores nominales contenidos en la Cuenta Pública que se analiza. Para dar una idea de esta dislocación generada en lo fundamental por la inflación y las devaluaciones, los egresos totales del Departamento del Distrito Federal ascendieron en 1982 a 222 mil 576 millones de pesos, que representaron un incremento nominal de 54% respecto del presupuesto original, y de más del doble - 105.4% - también en términos nominales, comparado con lo ejercido en el año anterior. Sin embargo, en términos reales, al descontar las variaciones que mostraron los precios del ejercicio fiscal a examen, los egresos del Departamento en 1982, respecto de 1981, se incrementaron sólo en un 3.3%.
Corresponde a la revisión de la Cuenta Pública Federal el análisis general de la economía nacional y sus relaciones con el Presupuesto de Egresos de la Federación. Pero tomando en cuenta las magnitudes descritas en el punto anterior sobre la desproporcionada concentración poblacional, económica y del gasto público en la capital y en lo zona metropolitana, resulte evidente que el impacto de la coyuntura de 1982 fue absorbido, también en términos de alta concentración, por las finanzas del Departamento del Distrito Federal que si, como quedó, establecido tradicionalmente han sido deficitarias, hoy se enfrenta a una de sus etapas más críticas.
Para tener una idea de la concentración de este impacto en la estructura de suyo crítica de la administración de la urbe, baste señalar que para finales de este año de 1983, si no se toman medidas correctivas inmediatas, la deuda del Departamento se incrementará en alrededor de 500 mil millones de pesos, cifra cercana a lo recaudado en todo el país por la hacienda federal de enero a septiembre del año en curso por concepto de impuesto sobre la renta y muy superior a lo captado por el impuesto al valor agregado en ese periodo. Ello se deriva de que el proceso devaluatorio de 1982, el del ejercicio que se analiza, encontró al Departamento del Distrito Federal con una deuda en más del 60% contraída en moneda extranjera.
La contundencia de estos datos y la llaneza con que los presentan las Comisiones Unidas, pretenden acreditar una vez más tanto la crisis de estructura de la zona metropolitana y el déficit crónico de sus finanzas públicas, como su dramático empeoramiento en función de la coyuntura 1982, como expresión inmediata de una crisis estructural del desarrollo de la Nación.
Con esta perspectiva las Comisiones proponen fijar los términos del debate político y social, en un primer plano, en la realidad económica, en las causas profundas de la crisis y sus relaciones con el ejercicio presupuestal de 1982 que se analiza, sin menoscabo de la atención que corresponde al siguiente plano de nuestras atribuciones constitucionales y que atañe a la revisión específica de las operaciones del Departamento del Distrito Federal.
Esta Soberanía ha participado activamente en el debate nacional sobre la crisis. La discusión de las cuentas públicas que corresponde a esta Cámara propicia una toma de conciencia no a partir de la distribución de culpas y reproches que deje salvo a quien las imparte sino desde la aceptación crítica y autocrítica de las responsabilidades y las corresponsabilidades. Estas Comisiones Unidas proponen que errores, desviados, impresiones y pérdidas tendrían que ser asumidos - como lo ha hecho el Ejecutivo - por todos los sectores que antes de la coyuntura crítica compartió lo que se consideró aciertos, rencauzamientos, previsiones e incluso lo que se aceptó como beneficios.
La característica central que estas comisiones unidas encuentran en la revisión de la Cuenta Pública del Departamento de Distrito Federal de 1982, es que el presupuesto se elaboró a partir de las premisas de 1981, que no resistieron al agolpamiento de los factores internos y externos que precipitaron la crisis estructural de la economía de la Nación.
Podría afirmarse que ningún agente económico, público o privado, asumió entonces activamente la dimensión de los descalabros que se precipitarán en el ejercicio de 1982. De fuera y de dentro se conjuntaron en el vértice critico las altas tasas de interés del exterior que arrastraron a las del interior; la baja en el
precio de nuestras materias primas; el exceso de nuestras importaciones; la disminución de nuestras exportaciones; la caída del turismo del exterior el aumento de los viajes y los gastos de los nacionales en el mundo y la salida de capitales en grandes flujos especulativos.
Difícilmente podrían estas comisiones adentrarse en el análisis objetivo de la Cuenta Pública de 1982 sin encuadrarlo en la dimensión de la crisis y en las medidas adoptadas en el mismo año para enfrentarla.
Inflación y devaluaciones incidieron significativamente en las condiciones de la gestión financiera. Modificaciones - en términos nominales y reales - del gasto público, encarecimiento de las importaciones y aumentos salariales gravitaron sobre el cumplimiento de los programas.
Sección 3a. Los Resultados de la Gestión Financiera.
El análisis de la gestión financiera comprenderá en primer término, algunas observaciones sobre el estado presupuestal del Sector Distrito Federal y el análisis de su gasto para continuar con el examen directo de la dependencia Departamento del Distrito Federal y de los principales organismos y empresas agrupadas al Sector.
a) Sector Distrito Federal
La gestión financiera del Sector Distrito Federal se refiere, en conjunto, a la realizada por el Departamento del Distrito Federal y sus organismos y empresas. El análisis tiene por marco de referencia, la descripción de los índices más relevantes de gestión financiera del Sector Distrito Federal, a fin de ofrecer una idea global sobre su situación financiera y el impacto de la crisis sobre el mismo.
Las finanzas públicas del Sector Distrito Federal se deterioraron a lo largo de los últimos años; en 1982 la crisis económica acentuó dicho deterioro. En primer término destaca una severa variación entre el gasto aprobado y el ejercido, variación del 54%. Se debe considerar que la inflación durante ese año fue de alrededor de 100%.
Conviene, por tal motivo tener presente que los datos empleados tanto en la Cuenta Pública como el presente Dictamen no han sido ajustados a términos monetarios reales, por lo que el manejo de las cifras en dinero se hace a precios corrientes y no a precios constantes.
Por la misma razón el examen se centra en la estrategia, estructura y operación de la gestión financiera y de los programas, y no simplemente en el cotejo de cifras monetarias nominales.
La debilidad crónica de las finanzas públicas del Sector deriva de la incapacidad de recaudar ingresos para responder a los requerimientos de la gran concentración urbana del Distrito Federal. Esta debilidad de los ingresos ordinarios se compensó a través de deuda pública cuyo crecimiento rebasó los limites tradicionales que se juzgan convenientes para entidades como el Departamento del Distrito Federal. En la revisión de la Cuenta Pública de 1981 se advirtió ya este mismo fenómeno y se concluyó en la necesidad de cambiar la estrategia financiera.
Las devaluaciones registradas durante el periodo en examen multiplicaron la deuda pública en razón de su volumen y composición, llevándola a límites sin precedentes.
El estado presupuestal del Sector Departamento del Distrito Federal es como sigue:
Importe Presupuesto Variación
real original + ( - ) %
Ingresos: (Millones de pesos)
Ingresos Sector
Central 75 606 76400 (794) (1.0)
Ingresos de
Organismos 27 383 21727 5 656 26.0
Suma Ingresos
sin considerar
financiamiento 102 989 98 127 4 862 4.9
Egresos:
Egresos Sector
Central 164804 97407 67397 69.2
Egresos de
Organismos 29925 26281 3644 13.9
Suma de Egresos
sin considerar
autorización 194729 123688 71043 57.4
Déficit financiero 91740 25561 66179 258.9
Menos: Contratación
de Pasivo 57520 46425 11095 23.9
Más: Amortización
de Deuda 27904 20864 7040 33.7
Aumento Neto Deuda 29606 25561 4055 15.9
62124 62124
El déficit presupuestal de 62 mil 124 millones de pesos quedó integrado de la siguiente forma:
Millones
de pesos
ADEFAS* 9523
ISSSTE, FOVISTE y Aseguradora Hidalgo 2450
Acreedores por adquisiciones y prestación de
servicios de luz y teléfono 3271
Contratistas de obra 3802
______
Vales y pendientes de autorización presupuestal
incluidos en esta Cuenta Pública 3375
Deuda titulada 49226
________
Déficit presupuestal 62124
________
* Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
Los datos anteriores sobre el déficit presupuestal de 1982 explican la necesidad de financiamiento no previsto en el presupuesto original.
Por otra parte, anotamos que la información presentada en la Cuenta Pública respecto a la deuda total acumulada al finalizar 1982 ascendió a 216 mil 701 millones de pesos.
Finalmente, en la Cuenta Pública se acredita que quedaron pendientes de pago erogaciones por 58 mil 750 millones de pesos que se han venido cubriendo con cargo a las partidas del presupuesto de egresos de 1983.
Análisis del gasto
En los términos expuestos, el presupuesto de Egresos para el Sector Distrito Federal fue de 145 mil millones de pesos. Es importante reiterar que en términos reales el incremento de egresos en 1982, comparado con el ejercido en el año anterior, sólo fue de 3%.
Los 78 mil millones de pesos en los que se excedió el gasto respecto al presupuesto aprobado se explican de la siguiente manera:
Millones
de pesos
Pérdida cambiaría* 25060
Aumentos salariales** 6759
Impacto inflacionario en obras 46262
________
78081
*Considerando el cambio en paridad de divisas de $26.23 a $71.57 por dólar.
** 10 - 20 - 30%: Decreto sobre salarios de emergencia.
b) Dependencia Departamento del Distrito Federal
En cifras redondas, los ingresos corrientes ascendieron 76 mil millones de pesos, lo cual representa una disminución del 1% respecto a lo estimado por el presupuesto. En cambio, los gastos corrientes ascendieron a 79 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 58% respecto a lo estimado. Estas variaciones originaron un déficit de tres mil millones de pesos sin que pudiera alcanzarse el ahorro programado.
En el rubro de gastos corrientes destaca el renglón de intereses de la deuda pública, mismo que alcanzó la cifra de 48 mil millones de pesos, 24 mil millones de pesos más de lo presupuestado y que responde, fundamentalmente, a las devaluaciones del peso en el periodo.
En lo relativo al pago de servicios personales; el ajuste de salarios de emergencia provocó sensibles variaciones. En cuanto a materiales y suministros, la modificación presupuestal se debió al aumento en el costo de los insumos; lo mismo es aplicable con relación al rubro de servicios generales.
El aumento de los insumos destinados a las obras públicas motivó que los egresos de capital ascendieran, en 1982, a 86 mil millones de pesos, reflejando un incremento del 81% respecto al presupuesto.
La amortización de la deuda fue durante 1982 de 26 mil millones de pesos, con un incremento del 37% respecto a lo presupuestado, alcanzándose así un gasto total de 190 mil millones de pesos, cifra superior en 64% a la programada originalmente.
INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR CENTRAL
DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
1982
(Millones de Pesos)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Por su parte, la deuda neta ascendió a 111 mil millones de pesos, 181% mayor a la presupuestada y el saldo total de la deuda acumulada en ejercicios anteriores y en el año de análisis la cifra de 217 mil millones de pesos*.
Al igual que manifestamos en la revisión de la Cuenta Pública de 1981, se advierte también ahora que el Departamento del Distrito Federal dependió de un alto grado de financiamiento y subsidios; generó, además una deuda irregular tanto en su cuantía y condiciones como en sus plazos, con los que puso en peligro la disponibilidad de recursos suficientes para la realización eficaz de gastos corrientes y de inversión.
La situación financiera caracterizada por estos elementos se agravó a grado extremo en 1982. Los problemas económicos del periodo, particularmente los relativos a la paridad cambiaría hicieron que una situación financiera de por sí difícil se tornarse crítica.
En el Dictamen de la Cuenta Pública de 1981 se señalo la necesidad de cambios en la estrategia financiera a fin de fortalecer los ingresos propios y disminuir los financiamientos y subsidio; Igualmente se apuntó la necesidad de reestructurar la deuda del Departamento del Distrito Federal.
Acciones tendentes a conseguir estos dos objetivos se están realizando durante el ejercicio de 1983. Esta Cámara aprobó, en diciembre de 1982 la nueva ley de Hacienda y del Departamento del Distrito Federal, que moderniza la recaudación de ingresos ordinarios. Reformas a esta nueva ley se han presentado a esta soberanía para proseguir su adecuación. Por su parte el Gobierno Federal ha anunciado ya la adopción de medias encaminadas a la reestructuración de la deuda, por lo que, dentro de la circunstancias difíciles por las que atraviesa el país, empezarán a sanearse las finanzas del Sector Distrito Federal.
No obstante lo anterior, aún se requieren acciones adicionales para acelerar la reestructuración financiera del Sector. Para ello, estas Comisiones proponen se fije normativamente un límite al endeudamiento y se restrinja éste al monto autorizado de conformidad con el programa financiero. Igualmente, es preciso que se evite contraer la llamada deuda no titulada, y que se modernice la administración fiscal que permitirá obtener una efectiva recaudación.
c) Organismos y empresas del sector
Distrito Federal
El análisis que a continuación se presenta, tiene por objeto caracterizar los principales organismos y empresas del Sector Distrito Federal examinando su capacidad para afrontar los problemas y hacer ciertas reflexiones sobre el desarrollo de sus programas. Es en está área donde se encuentran prevalentemente localizados los subsidios que la federación otorga al Distrito Federal.
La suma total de los ingresos y gastos financieros de los organismos y empresas del Departamento del Distrito Federal, se incrementó en 1982, principalmente por la incorporación de la Entidad Autotransportes Urbanos de Pasajeros R - 100.
Actualmente esta entidad representa aproximadamente 34% de los ingresos ordinarios; 48% de los egresos corrientes; 75% del déficit corriente antes de transferencias; 40% de éstas en rubro corriente; 46% de éstas en rubro corriente; 46% de los gastos de capital; 48% del déficit en esta Cuenta; 64% de las transferencias para inversión y la totalidad del financiamiento de dicho Sector Paraestatal.
Los ingresos más importantes de los organismos y empresas, durante 1982, se encuentran representados por los subsidios recibidos del Gobierno Federal y por los financiamientos y aportaciones del Departamento del Distrito Federal, que en conjunto ascendieron a 19 mil 594 millones de pesos. Se destinaron a las entidades Sistema de Transporte Colectivo Metro, Autotransportes Urbanos de Pasajeros R - 100 y Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, empleándose para cubrir gastos de operación, adquisición de autobuses y amortización de la deuda a favor de los expermisionarios de las líneas de autotransportes urbanos en el Distrito Federal.
Todo esto se debió a la prioridad que el Gobierno Federal y el Departamento del Distrito Federal han dado al servicio de transporte urbano de pasajeros, buscando su desarrollo a fin de atender a una demanda creciente motivada por el aumento poblacional y su disgregación en el área metropolitana de la ciudad de México; asimismo, en la política tendiente a evitar incrementos en las tarifas de dichos servicios, como instrumento subsidiario en la protección del salario de las clases trabajadoras.
Las finanzas públicas de los organismos y empresas del Sector Paraestatal del Departamento del Distrito Federal son un fiel reflejo del deterioro que se venía presentando desde hace años anteriores y que se agudizó en 1982.
Las Comisiones Unidas que suscriben pasan a analizar las principales entidades coordinadas por el Departamento del Distrito Federal atendiendo a su importancia.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro tuvo ingresos totales por 7 mil 239 millones de pesos, cantidad similar a la del presupuesto original. Los ingresos propios del sistema solo se representaron en el año ahora examinado el 20% de sus ingresos totales; esta baja en la recaudación se debe a que las tarifas del servicio prestado no corresponde a la realidad económica y financiera de la entidad, por lo que esta depende de los subsidios del Gobierno Federal y las aportaciones que al efecto realiza el propio Departamento. Es significativo apuntar que en 1977 los ingresos totales del Sistema de Transporte Colectivo Metro se componían en un 49% de subsidios
y aportaciones, en 1982 éstos ascendieron al 81%.
La política de mantener bajas las tarifas de transporte mediante subsidios federales también comprendió el Sistema de Autotransportes Urbanos de Pasajeros R - 100. Los ingresos totales de esta empresa ascendieron a 17 mil 066 millones de pesos, de los que sólo el 27% fueron recursos propios. Es necesario destacar que las transferencias corrientes y de capital alcanzaron en conjunto la suma de 5 mil 723 millones de pesos. Se observó un endeudamiento neto de 3 mil 445 millones de pesos.
En el rubro de servicios personales el gasto fue de 7 mil 115 millones de pesos excediéndose en 2 mil 172 millones de pesos respecto a lo presupuestado originalmente. En este renglón de materiales y suministros se observó también un aumento del gasto, ya que se ejercieron 3 mil 503 millones de pesos frente a un presupuesto de 498 millones de pesos.
Los ingresos totales del Servicio de Transporte Eléctricos del Distrito Federal llegaron en 1982 a 2 mil 167 millones de pesos. Del total de ingresos corrientes destacan los subsidios que a esta empresa otorgó el Gobierno Federal y que ascendieron a mil 554 millones de pesos. Hay que destacar que, de las empresas del Sector Departamento del Distrito Federal estudiadas, es el Servicio de Transportes Eléctricos la empresa que en proporción registró menores ingresos provenientes de recursos propios. Por este concepto la empresa sólo obtuvo un 9% de sus ingresos totales.
El deterioro de la situación financiera del servicio de Transporte Eléctrico se debió, al igual que en las otras empresas del Departamento del Distrito Federal, aquí revisadas, a que sus objetivos son la prestación de un servicio de transporte a bajo costo. El precio del pasaje en trolebús es actualmente de 60 centavos, mientras que, de acuerdo con información obtenida, el costo real por pasajero transportado durante 1982 ascendió a 9.11 pesos.
Por otra parte, en la industrial de Abastos (IDA) se observó una recuperación del equilibrio y un mejoramiento de su posición financiera. Esto fue consecuencia del aumento de sus ingresos propios durante 1982, ingresos superiores incluso a los previstos en el presupuesto y a la racionalización de su gasto. Así, a diferencia de ejercicios anteriores no se requirió de subsidios ni de aportaciones, si bien, el equilibrio se logro con el ingreso de 106 millones de pesos derivados de operaciones ajenas a sus funciones.
Finalmente, en Servicios Metropolitanos (SERVIMET) las previsiones formuladas para 1982, fueron rebasadas ampliamente. La entidad cubrió con ingresos propios prácticamente sus gastos de operación, realizo inversiones superiores a lo previsto con apoyo en su ingreso extraordinario neto y en transferencias por inversión; pudo amortizar ADEFAS y aumentar sus disponibilidades, mediante la colocación de un préstamo por 348 millones de pesos del Departamento del Distrito Federal.
Al revisar los principales organismos y empresas del Sector Distrito Federal, en particular aquellos relacionados con el transporte urbano, estas comisiones unidas que de no disminuir los subsidios a estos servicios, su gestión no podrá evaluarse objetivamente ni medirse con realismo su eficiencia. Se plantea así, claramente, el dilema que tiene el Departamento del Distrito Federal en materia de transporte público: sanear las finanzas de los organismos responsables del servicio conlleva un impacto social muy fuerte que debe ser cuidadosamente ponderado. Una política financiera sana, supondría elevar las tarifas para lograr la autosuficiencia de los organismos, lo que aseguraría un servicio de mayor cobertura. En contrapartida, en tanto las tarifas se mantienen bajas no se logra el saneamiento de las finanzas y tampoco es posible proporcionar un servicio adecuado.
Este dilema reclama una respuesta pronta que verdaderamente resuelva el problema del transporte público en el Distrito Federal.
Estas comisiones unidas estiman oportuno agregar una última reflexión sobre este tema. Es posible encontrar soluciones intermedias en las que los precios y tarifas se eleven en cierta medida sin eliminar por completo los subsidios.
Para esto, y con objeto de obtener cuentas transparentes, se requerirá, posiblemente, de cambios en la sectorización de las empresas de transporte público quizá su transformación en empresas descentralizadas del Gobierno Federal. Resulta apremiante avanzar en la toma de decisiones en este campo; esta es una vía que las comisiones unidas consideran apropiadas para lograr que las prioridades sean complementarias y no excluyentes.
Finalmente, dentro de la situación actual, es preciso que el Departamento de Distrito Federal cumpla cabalmente con sus atribuciones de control y vigilancia de las entidades por él coordinadas, ya que casi todas ellas muestran una contabilidad deficiente e irregular.
Sección 4a. Los Objetivos Contenidos en los programas.
De conformidad con lo .previsto por el artículo 74 de la Constitución General la revisión de la Cuenta Pública comprende también el análisis del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
El presupuesto del Departamento del Distrito Federal para 1982 previó la realización de 36 programas que comprenden diversas acciones destinadas a incrementar y reforzar la infraestructura urbana y a proporcionar a la población los servicios y satisfactores necesarios.
La mayor parte de los programas examinados registraron variaciones entre el presupuesto aprobado y el gasto real ejercido. Estas variaciones dependen en gran medida de la proporción de obras comprendidas en los programas y de la adquisición de insumos extranjeros a tal efecto destinados. En ambos rubros la inflación, el aumento salarial de emergencia y la pérdida cambiaría tuvieron un impacto relevante durante 1982.
Así, aun cuando el gasto correspondiente se incrementó nominalmente en un 54% sobre el presupuesto aprobado, muchos de los objetivos y metas cuantativas de los programas no pudieron alcanzarse.
GASTO PROGRAMADO Y EJERCIDO DEL SECTOR DEPARTAMENTO
DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMAS 1981 - 1982
(Millones de pesos)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Estas Comisiones Unidas han analizado en detalle algunos programas considerados como prioritarios. Su grado de cumplimiento muestra el impacto de la crisis, pero también refleja deficiencias importantes en la planeación y administración del Departamento del Distrito Federal. Es importante destacar esto último para formular fundamentalmente algunas recomendaciones para su mejoramiento en lo futuro.
La estrategia programática del Departamento muestra un patrón definido que se mide por el porcentaje de gasto asignado a los programas de transporte urbano, infraestructura y equipamiento para la vialidad, mejoramiento urbano, agua potable y drenaje, mismos que en conjunto representa el 48% del gasto total del año.
El Programa de Transporte Urbano es el que tuvo en 1982 una mayor importancia presupuestaria. Esta tendencia ha sido constante durante los últimos años; en 1982 su participación fue de 33%.
Así, el Programa de Infraestructura y Equipamiento para la Vialidad, ejerció en 1981 el 11.5% del presupuesto del Sector; su importancia se vio reducida al asignársele para 1982 un presupuesto equivalente al 6.1% del gasto.
Por su parte, el Programa de Mejoramiento Urbano experimentó también una reducción en su importancia estratégica al pasar su participación del 9.7% del total ejercicio en 1981 al 3.9% de los recursos torales previstos para 1982.
Otro tanto ocurrido con el Programa de Agua Potable que en 1981 ejerció recursos equivalentes al 6.5%, mientras que en 1982 sólo alcanzó 2.6% del gasto total.
En cambio, el Programa de Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras ejerció en 1981 el 1.4% del total., incrementándose sus recursos en 1982 para participar en 1.9% del total del gasto ejercido.
Finalmente, por lo que respecta al Programa de Deuda Pública, que ha mostrado una importancia relativamente elevado dentro de la estrategia de egresos, representó el 14.7% del total ejercido en 1981, aumentando su importancia durante 1982, hasta alcanzar un 33% del presupuesto total ejercicio en el periodo, materia de esta revisión.
En el análisis de los seis programas anteriores se observa que la estrategia en materia de distribución del gasto vigente en 1981 sufrió modificaciones significativas durante 1982.
Únicamente los Programas de Infraestructura y Equipamiento para la Vialidad y el de Agua Potable no mostraron en 1982 incrementos relativos en su asignación original respecto a lo ejercido en 1981.
El total ejercido por los seis programas durante 1981 representó el 74.8%; conforme a la estrategia planteada en el presupuesto de egresos de 1982 alcanzaron el 75.5%; finalmente, el ejercicio del gasto registrado en el año, materia de examen, fue de 80% del total sectorial. Esta distribución muestra claramente la importancia que estos programas tienen en relación con las prioridades del Departamento del Distrito Federal.
Del conjunto de programas desarrollados por el Departamento del Distrito Federal destacan los siguientes: Transporte Urbano, Agua Potable y Educación. Todos ellos prioritarios y que ejemplifican la dinámica de los problemas
del Distrito Federal y la dificultad de su puntual atención en los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control. Transporte urbano
El Departamento del Distrito Federal se ha propuesto, como objetivo fundamental, el lograr la operación de un sistema de transportación masiva para reducir el tiempo que pierden los habitantes de la ciudad al desplazarse de las zonas en que viven a los centros de estudio, trabajo, recreación y cultura, mismos que se encuentran generalmente ubicados en lugares diversos y aun opuestos geográficamente.
Con la ampliación del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se alcanzó la construcción de 18.6 Kms. de red superándose con esto en 15%, la meta programada. Entraron en servicio las líneas 4 - en el tramo Candelaria a Santa Anita con 3.2 Kms. - y 5 - de Consulado a Politécnico con 8.3 Kms - . Adicionalmente, se alcanzaron avances de 2.9 Kms. en la línea 7 y de 0.2 Kms. en la línea 2 Además se adquirieron los 306 carros - metro programados.
En lo referente al transporte de superficie se proporcionó conservación y mantenimiento a 839 trolebuses, así como a 325 kilómetros de líneas elevadas.
Para contribuir a la solución del problema de transporte, el organismo Autotransportes Urbanos de Pasajeros R - 100, adquirió 4 mil 800 unidades, construyó diez talleres y atendió el mantenimiento y readaptación de 4 mil 500 autobuses.
No se cumplió con las metas de construcción de 57 Kms. de líneas elevadas para trolebuses y la de adquisición de 100 trolebuses. Lo más preocupante fue que sólo se transportaron mil 37 millones de pasajeros en 1982, lo que representa un incumplimiento del 65% sobre el objetivo estimado.
Las autoridades responsables informaron que este incumplimiento se debió a que los proyectos de ampliación del Metro se desfasaron en su entrega y que algunas líneas nuevas no están funcionando a su capacidad total, debido a fallas en la integración operativa de los diferentes medios de transporte colectivo. Ejemplos de dichas deficiencias son, entre otras, que las líneas de transporte suburbano no entroncaban con las estaciones del Metro, que corrían líneas del Metro y que la población desconocía las rutas y destinos.
Esto indica deficiencias en la planeación y administración, ya que no se incluyeron en el planteamiento inicial todos los proyectos necesarios ni se presentaron las condiciones para que los programas se realizaran con exactitud y repercutieran en otros alcanzando sus objetivos.
Dada la prioridad y la magnitud de recursos con que cuenta el programa del Metro es imperativo que mejore su eficacia y su eficiencia, pues compromete en forma fundamental a todo el Departamento del Distrito Federal.
Agua potable
Durante 1982 se amplió la red secundaria de agua potable en colonias populares ubicadas en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Tlalpan, Coyoacán, Iztacalco, Magdalena Contreras, Iztapalapa de Morelos, entre otras.
Igualmente, se construyeron tanques de regulación y plantas de bombeo para beneficiar a colonias localizadas en las partes altas de la ciudad
Para atenuar el déficit de agua potable que tradicionalmente se produce durante el estiaje, en las fuentes naturales de abastecimiento, fue necesario, durante 1981 - 1982, perforar nuevos pozos en los Valles de Lerma y México y construir las líneas de distribución correspondiente.
Se construyeron líneas primarias de distribución en diferente delegaciones para cerrar circuitos, entre éstas destacan: Azahares, Carpio, Casas Alemán, Gran Canal, Anillo Periférico, Doctor Andrade, Rojo Gómez, Azcapotzalco, Granjas - Mariano Escobedo, La Caldera, Las Torres - Río Churubusco y Cuchilla del Tesoro.
Dentro del programa de agua potable se cumplió con las metas relativas a la construcción de las plantas de bombeo de Xotepingo y de Picacho - Cerro de Agua, así como con la construcción de cinco pozos de agua potable. Se logró captar, conducir y distribuir más de 18.5 millones de metros cúbicos de agua potable a lo largo de la red, se dio mantenimiento a 12 mil 859 kilómetros de las redes primarias y secundarias del sistema de agua potable.
El programa para la rehabilitación de pozos de agua potable se cumplió en un 53% al rehabilitarse 32 de los 60 pozos comprendidos en el programa. No se alcanzó la meta en razón de los incrementos registrados en los costos. Al programa de agua potable se asignaron originalmente 3 mil 500 millones de pesos, y se ejercieron 5 mil 900 millones de pesos. No obstante su incremento - de un 67% - , el total ejercido representa apenas un 2.6% del gasto total del Departamento del Distrito Federal y contrasta con el ejercicio durante 1981 que en el mismo programa representó un 6.5%.
Hacemos mención de estos datos porque en reuniones de trabajo de la Comisión del Distrito Federal con funcionarios responsables del programa se conoció que su presupuesto subestimó la importancia del programa y, aunado a emergencias ocurridas durante el año, sus erogaciones tuvieron que incrementarse mediante la transferencia de recursos originalmente destinados al programa de construcción de escuelas.
Una adecuada planeación se hace impostergable a fin de prevenir que la satisfacción de las necesidades vitales se realice en un marco en el que la satisfacción de una sola de ellas
termine por impedir la satisfacción de las restantes.
Educación
Este programa comprende la construcción de planteles escolares. Su presupuesto original fue de 2 mil 745 millones de pesos y el ejercido real de mil 378 millones de pesos lo que significa que, en contraste con los demás programas del Departamento del Distrito Federal, fue uno de los dos que experimentaron reducción presupuestal. En el caso, su reducción fue del 50%.
Por esto no se construyó durante 1982 ni una sola de las 53 escuelas para educación preescolar que se tenían programadas y se dejaron de construir 16 escuelas primarias.
Estas comisiones consideran que los recursos asignados tanto al programa de agua como al de educación eran de por sí limitados y no correspondían a la importancia que socialmente tienen. El reducir aún más los recursos del programa educativo no fue una decisión acertada.
Adicionalmente, y como problema recurrente, estas comisiones unidas aprecian que la información que el Departamento del Distrito Federal proporciona sobre los recursos que destina al programa de construcción de escuelas es insuficiente. Es claro que la responsabilidad de la impartición de la educación corresponde al Gobierno Federal y que el Departamento, además de construir las escuelas, proporciona los terrenos donde éstas se ubican y debe atender de su conservación y mantenimiento, así como dotar gran parte de los bienes muebles y promover su restauración. Sin embargo, la deficiencia de la información sobre este programa hace imposible su evaluación y, en consecuencia, un juicio fundado sobre la toma de decisiones en la materia.
La necesidad de presentar correctamente los datos sobre el desarrollo de los programas educativos ha sido reiterada por la Cámara de Diputados, por las Comisiones y por los mismos diputados. Como a la fecha se carece de ellos estas comisiones unidas han decidido incorporar el decreto una norma que asegure su cumplimiento.
Ya en la revisión de la Cuenta de 1981 se apuntó que para mejorar la disciplina presupuestaria se requería disponer, en el propio presupuesto, que los programas que se establezcan expresamente como prioritarios no deben ser modificados reduciendo el monto de los recursos que se les hayan asignado, o que la flexibilidad en las transferencias rompa la disciplina presupuestal. Asimismo, se recomendó mejorar las técnicas de programación a fin de asegurar que en los programas de construcción de obras se incluyan los recursos para las obras y servicios complementarios.
El presupuesto de 1983 ha incorporado ya estas recomendaciones; insistiremos en su observancia.
La evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos de los 36 programas de 1982 permite concluir que se requiere definir desde el principio, en forma detallada, las prioridades en los servicios y las obras públicas, implantar sistemas de información adecuados, acentuar la disciplina presupuestal, mejorar la gestión administrativa en todos sus aspectos e incorporar mecanismos de vigilancia y control; en suma, se busca alcanzar la mayor eficiencia del gasto público por parte del Departamento del Distrito Federal.
Es innegable que esto implica un gran esfuerzo y que no se llegará de inmediato a niveles óptimos de eficiencia; es cierto también que el Departamento es ya de magnitud y complejidad poco frecuente, pero su rezago pone en peligro la viabilidad misma de la ciudad, además de propiciar un quebranto de la cohesión administrativa que propicia la ineficiencia y el desarrollo de prácticas ilícitas.
III CONCLUSIONES
En la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1982, estas comisiones unidas han considerado los marcos jurídico y socioeconómico dentro de los cuales se ejerció el presupuesto correspondiente. Igualmente, se procuró analizar su impacto sobre el todo social mediante el examen de la gestión financiera, tanto del Departamento del Distrito Federal como de los organismos y empresas por él controlados sectorialmente, evaluándose, finalmente, los objetivos alcanzados por algunos de los programas a cargo del Departamento de Distrito Federal.
La normatividad financiera vigente acusa un desfasamiento que reclama adecuaciones y reformas. En general, los diversos mecanismos de control legal contenidos en la leyes en materia de presupuestos, de cuenta pública, contabilidad, adquisiciones, arrendamientos y obra pública, entre otras, no cumplen adecuadamente las funciones preventivas y reductoras de la discrecionalidad en el ejercicio presupuestal.
La asignación de recursos destinados a proveer a la satisfacción de la ingentes necesidades sociales de los habitantes del Distrito Federal fue, durante el periodo de examen, insuficiente. Varios son los factores que determinaron esta situación.
Destaca los profundos desequilibrios estructurales que condicionan y configuran la realidad social del Distrito Federal y de la zona metropolitana a él aledaña. El crecimiento demográfico, en buena medida producto de migraciones internas, así como la complejidad de la concentración metropolitana, afectan el espectro de las necesidades urbanas invalidando los esfuerzos de planeación que orientaron la elaboración del presupuesto examinado. Si a lo anterior se agregan los efectos que sobre el ejercicio presupuestal tuvo la crisis económica internacional y nacional del periodo, es fácil determinar la insuficiencia de los recursos públicos
para satisfacer necesidades día a día más complejas, tanto en su dimensión como en su calidad.
En lo tocante al desarrollo de programas encaminados a mejorar las condiciones de vida de los sectores mayoritarios, a través de acciones que podrían tener efectos redistributivos, el ejercicio de presupuesto de 1982 tuvo resultados limitados. Ello se debió, entre otros factores, a la insuficiencia estructural y a la transferencia de la partidas destinadas a rubros tales como salud, educación y vivienda, a otros programas.
La crisis socioeconómica vivida durante 1982 y la rigidez de los ingresos ordinarios obligaron al Departamento del Distrito Federal a acentuar su dependencia de subsidios del Gobierno Federal y del endeudamiento, ya que los ingresos no pudieron crecer en la misma proporción que la tasa de inflación registrada en el año.
Un factor más de singular importancia, fue objeto de nuestra consideración en la revisión de la Cuenta Pública correspondiente a 1982. Los recursos insuficientes y las necesidades de complejidad y magnitudes, sin paralelo en nuestra historia, acentuaron las deficiencias de la gestión administrativa del Departamento del Distrito Federal.
Todas estas consideraciones nos obligan a formular un conjunto de recomendaciones cuya adopción, en opinión de estas comisiones unidas, se sumará a las respuestas que se vienen dando para lograr una mejor administración y un mejor ejercicio de los presupuestos que en el futuro esta Asamblea apruebe para el Departamento del Distrito Federal.
La modernización e integración de los sistemas de contabilidad gubernamental deberán acelerarse en el Sector Distrito Federal, por ser otro requisito indispensable de una buena gestión administrativa y financiera.
Es de reconocerse, y estas comisiones unidas así lo reiteran, que es imperiosa la necesidad de modificar las estrategias financieras del Departamento del Distrito Federal para fortalecer sus ingresos ordinarios y reducir sus financiamientos y subsidios. En este orden de ideas es preciso insistir en la reestructuración de la deuda, tanto interna como externa. Igualmente, en lo tocante a la gestión de las empresas públicas coordinadas por el Departamento del Distrito Federal, es necesario apuntar que el aumento de sus precios y tarifas deberá estudiarse cuidadosamente a fin de que, en el futuro, alcancen la solidez económica y la salud financiera.
En aquellos casos en los que por ineficiencia de los mecanismos de control normativo interno se realizaron acciones aparentemente anormales o en que la ausencia de eficaces instrumentos de contabilidad impiden comprobar la regularidad de las operaciones, materia del ejercicio, es preciso que la Contaduría Mayor de Hacienda - de conformidad por los dispuesto por su propia Ley Orgánica - continúe sin demora la práctica de auditorías e investigaciones que le permitan, llegar el caso, fincar las responsabilidades correspondientes, sean éstas administrativas, civiles o penales. Por lo anterior, estas comisiones unidas consideran necesario formular al Departamento del Distrito Federal de las siguientes observaciones:
a) Incluir en los proyectos de presupuesto para los años sucesivos un límite al endeudamiento del Departamento del Distrito Federal y de las empresas y organismos sujetos a su control, estableciendo normas y mecanismos que impidan el rebasamiento de dichos límites.
b) Realizar los estudios y adoptar las medidas administrativas tendentes a resolver el problema de transporte urbano mejorando su eficacia y eficiencia.
c) Adoptar, a la mayoría brevedad, las medidas que permitan una efectiva coordinación entre los programas a cargo del Departamento del Distrito Federal.
d) Proseguir con firmeza las acciones tendientes a la desconcentración del Departamento del Distrito Federal, fortaleciendo sus delegaciones, así como contribuir en el ámbito de su competencia, al objetivo nacional de la descentralización.
Con estas observaciones y con fundamento en los artículos 65, 70 y 74 fracción IV de la Constitución Política; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso; 11 y 13 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y demás relativos aplicables, las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, someten a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REVISA LA CUENTA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL
DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1982
Artículo 1o. Se revisó la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal y se conocieron los resultados de la gestión financiera correspondiente al ejercicio presupuestal de 1982, en los términos de la parte II, sección 3o. del cuerpo del dictamen.
Artículo 2o. Se revisó la observación de los criterios legales presupuestales tanto por parte del Departamento del Distrito Federal como por los organismos desconcentrados y descentralizados bajo su control, en los términos de la parte I del cuerpo del dictamen.
Artículo 3o. Se evaluó el grado de cumplimiento de los objetos y metas contenidas en los principales programas previos en el presupuesto de los términos de la parte II, sección 4a. del cuerpo del dictamen.
Artículo 4o. Para mejorar la gestión financiera del Departamento del Distrito Federal esta dependencia deberá:
a) Fortalecer y modernizar, durante 1984, sus sistemas contables en los términos de las normas vigentes en materia de contabilidad gubernamental.
b) Proseguir las acciones administrativas, financieras, contables y reglamentarias que permiten liquidar la llamada deuda no titulada, así como las tendentes a impedir la repetición de esta práctica.
c) Eliminar la trasferencia de partidas entre programas que implique la imposibilidad de alcanzar sus objetivos.
d) Informar a la Cámara de Diputados acerca del monto, estructura y modalidades de su deuda total a diciembre de 1983.
e) Informar a la Cámara de Diputados acerca de la composición en forma desagregada de las partidas asignadas a la ejecución de los programas de ejecución, conservación y equipamiento de edificios escolares.
f) Informar trimestralmente a la Cámara de Diputados acerca del avance de los programas a su cargo.
g) Informar a la Cámara de Diputados acerca del avance de las acciones tendentes a cerca de la desconcentración del Departamento del Distrito Federal, al fortalecimiento de sus delegaciones y a la desconcentralización.
h) Adoptar las medidas encaminas a reestructurar y racionalizar la administración fiscal.
Artículo 5o. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de vigencia, que practique las auditorías y realice las acciones legales que permitan esclarecer las irregularidades habidas en el ejercicio del presupuesto del Departamento del Distrito Federal durante 1982 y, finque las responsabilidades correspondientes y proceda a solicitar la imposición de las sanciones administrativas, civiles o penales conforme a derecho, incluyéndola para que informe mensualmente de sus acciones a la propia Comisión de vigilancia de la Cámara de Diputados.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 5 de diciembre de 1983.
Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal.
Manuel Cavazos Lerma, Presidente; Irma Cué de Duarte, Secretaria, Juan Mariano Acoltzin Vidal, Genaro Borrego Estrada, Alvaro Brito Alonso, María Luisa Calzada de Campos, Oscar Cantón Zetina, Ricardo Castillo Peralta, Rolando. Cordera Campos, Serafín Domínguez Ferman, Antonio Fabila Meléndez, Iván García Solís, Julieta Guevara Bautista, Juan José Hinojosa, Luz Lajous, Enrique León Martínez, Raúl López Laines, David Lomelí Contreras, Eugenio Adrián Mayoral Brocamontes, José Ignacio Monge Rangel, Esteban Nuñez Perea Teresa Ortuño Gurza, Alejandro Posadas Espinoza, Gerardo Ramos Romo, Héctor Ramírez Cuéllar, Dulce María Sauri Riancho, Enrique Soto Izquierdo, Homero Tovilla Cristiani, Jorge Treviño Martínez, Antonio Vélez Torres, Astolfo Vicencio Rivera, Manuel Villa Issa.
Comisión del Distrito Federal.
Luz Lajous, Presidenta; José Carreño Carlón, Secretario, José Aguilar Alcerreca, Manuel Alvarez González, Domingo Alapizco Jiménez, Hilda Anderson Nevárez, Pedro Luisa Calzada de Campos, Arturo Contreras Cuevas, Joaquín del Olmo Reyes, Netzahualcóyotl de la Vega, Enrique Fernández Martínez, José Augusto García Lizama, Rodolfo García Pérez, Iván García Solís, Everardo Gámiz Fernández, Ricardo Antonio Govela Autrey, Edmundo Jardón Arzate, Enrique León Martínez, Alberto Ling Altamirano, Norma López Cano, Xóchil Llarena de Guillén, Armida Martínez Valdez, Gerardo Medina Valdez, Miguel Angel Morado Garrido, Esteban Nuñez Perea Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, David Orozco Romo, José Parcero López, Enrique Riva Palacio Galicia, Sergio Ruiz Pérez, Juan Saldaña Rossel, Jesús Salazar Toledano, Perla Alicia Sánchez Lazcano, Alfonso Valdivia Ruvalcaba, Sara Villalpando Nuñez"
ANEXOS
INGRESOS Y EGRESOS EN CUENTA DOBLE DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
1982
(Millones de pesos y por cientos)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
GASTOS CORRIENTES, 1982
SECTOR CENTRAL
(Millones de pesos)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
INGRESOS CORRIENTES, 1982
SECTOR ORGANISMOS Y EMPRESAS
(Millones de pesos por ciento)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
GASTOS CORRIENTES, 1982
SECTOR ORGANISMOS Y EMPRESAS
(Millones de pesos y por ciento)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PARA DESARROLLO URBANO
DEL DISTRITO FEDERAL, 1982
(Millones de pesos y por ciento)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1982
(Miles de millones)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
PRESUPUESTO 1982
(Miles de millones)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
DEUDA PUBLICA SALDOS
(Miles de millones)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
DEUDA PUBLICA POR MONEDA
(Miles de millones)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
CUENTA PUBLICA 1982
Dar doble click con el ratón para ver imagen
CUENTA PUBLICA 1982
COVITUR
Original 24 603.4 M
Ejercicio Real 45 896.8
Variación 86% 21 293.4 M
_____ __________
Causas:
1. Trenes e insumos del extranjero, cambio de paridad 26.23 a 71.54. 8 700.0
2. Impacto salarial por efectos devaluatorios e inflacionarios y precios, 17.5%, marzo; 15%, agosto. 4 085.0
3. Modificaciones técnicas proyectos:
- Obras hidráulicas: Construcción sifones para librar tuberías, agua potable y colectores. Profundizar cajones L.3 y 6. 3 700.0
- L.4 cambio a superficial elevada provocó obras extras, dos puentes y vialidades, desvíos tuberías, agua y colectores, pasarela Palacio Legislativo. 606.0
- Fosas extras Talleres Zaragoza, mayor longitud colas terminales, naves depósito. Preparaciones estructurales para cruces y enlaces de vía. Ampliar túnel. 1 522.0
4. Refuerzo de secciones para túnel. L.3 Sur y revestimiento por cavernas L.7:
- Cambios de trazo, lumbreras adicionales, refuerzo en conexiones, túneles principales y secundarias, cambios a estaciones, accesos, túneles y andenes. 2 716.0
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ya a sido impreso y distribuido en los CC. diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Jorge Cañedo Vargas: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo...Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El C. Presidente: - Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el uso de la palabra a la C. diputada Luz Lajous, para explicar los fundamentos del dictamen.
La C. Luz Lajous de Madrazo: - Señor Presidente; honorable Asamblea: como fue reiterado durante la sesión de ayer, en que se revisó la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, el dictamen que se debatirá hoy sobre la Cuenta del Departamento del Distrito Federal, de acuerdo con la Constitución, pone a consideración de esta Asamblea una serie de juicios críticos sobre el estado de las finanzas de esta dependencia del Poder Ejecutivo.
Con fundamentos Constitucionales, con rigor y objetividad en el análisis de la información financiera y contable, con responsabilidad y compromiso con nuestros principios y convicciones, el dictamen analiza la cuanta Pública del Departamento del Distrito Federal desde perspectiva económica y política, alejada lo mismo de artificios complacientes como del escándalo amarillista.
El esfuerzo de las comisiones dictaminadoras se orientó a prepara el cumplimiento de la función que la Constitución confiere el pleno; esto es, su pronunciamiento sobre las políticas seguidoras por el gobierno del Distrito Federal y sobre las formas y efectos de la ejecución de su presupuesto.
Por consiguiente, los contenidos básicos que informan el dictamen a discusión son: el señalamiento de las previsiones e imprevisiones; de grados de planeación y grados de improvisación; de ajustes y actitudes en el cumplimiento de los criterios legales para el ejercicio del presupuesto; de efectividades e insuficiencias y anacronismos en el propio marco legal vigente; de eficacias y quebrantos de la gestión financiera y de cumplimientos de los programas contenidos en el presupuesto, así como las causas, los afectos y las determinaciones y rectificadoras para ya evitar en el futuro los hechos que cuestionamos.
Las comisiones adelantan, de partida, la siguiente convicción: los instrumentos administrativos del Distrito Federal, su capacidad de planeación y sus procesos de toma de decisiones, siempre a la zaga de los problemas, no responden ni a la magnitud ni a la complejidad de los requerimientos colectivos derivados de la dinámica concertadora. Evidentemente, no respondieron en el ejercicio de 1982 que se analiza; como no respondieron en los últimos lustros; y, hay que reconocerlo, tampoco responderán de un día para otro.
Asumimos en todos sus alcances la crisis del desarrollo concertado en la zona metropolitana del Distrito Federal. Crisis que reclama cambios de estructurales que, iniciados ya, sus efectos y su maduración habrán de esperar a mediano y a largo plazo.
Este es el fondo del problema. Debatirlo, obtener de su discusión las enseñanzas importantes y actuar en consecuencia es la obligación central de esta Asamblea. Con el conocimiento crítico de las causas fundamentales que han determinado el desequilibrio crónico de las fianzas del Departamento del Distrito Federal de inicia el verdadero esfuerzo de esclarecimiento.
Es esto lo que da su auténtico sentido a la deliberación sobre la Cuenta Pública. No contribuirá en cambio, a ese auténtico sentido, sino que lo empañara la presencia de cualquier afán que tienda a desviar el debate de este pleno de la Cámara de Diputados, que no es una brigada de peritos auditores, tampoco agencia del Ministerio Público, Juzgado Penal o Comité de Salud Pública.
Que de una vez por toda queden, así deslindados los campos, de conformidad con las atribuciones constitucionales de esta Asamblea.
Por otra parte, con su propio campo de acción, funciona la Comisión de Vigilancia y la Contaduría Mayor de Hacienda, que cuanta con auditores y personal técnico especializado, capaz de determinar irregularidades y fincar responsabilidades. En el mismo campo, en el Poder Ejecutivo se encuentran la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, las procuradurías y sus agencias del Ministerio Público.
Finalmente, también el Poder Judicial. No pretendamos sustituirlos, no nos arroguemos sus funciones, no desviemos nuestros empeños y cumplamos nuestras alta y auténtica misión.
En consecuencia, las comisiones proponen a la Asamblea, central la discusión y formular sus juicios en sus grandes alcances, referidos a la calidad de las gestión política, económica y administrativa, que asumió el ejercicio presupuestal de 1982, para dejar a la Contaduría Mayor de Hacienda la determinación de cualquier irregularidad punible en la operación directa del presupuesto.
Con el trabajo y las aportaciones de todos los grupos parlamentarios hay que advertir y reconocer que se han logrado elaborar los dictámenes de Cuenta Pública cada vez más consistentes y comprometidos. El correspondiente al ejercicio de 1982 del Distrito Federal, que hoy se debate, se aparta de inercia y tradicionalismos, no se refugia en el formulismo excepcional.
En lo sustantivo, el dictamen establece la observancia de criterios legales del ejercicio presupuestal, y respecto de aquéllos que no fueron observados, instruye a la Contaduría Mayor de Hacienda para que ahonde sin demora en las investigaciones y proceda conforme a derecho.
Ubica en su dimensión real las variaciones nominales de la gestión financiera, pondera los efectos más graves de la crisis que afectaron dicha gestión, cuestiona con objetividad el exceso de discrecionalidad y prevé límites normativos al endaudamiento.
El dictamen también establece que el Departamento del Distrito Federal deberá cumplir cabalmente con sus atribuciones de control y vigencia de las entidades en los servicios y las obras públicas, se implanten sistemas de
información adecuada, se acentúe la disciplina presupuestal, se mejore la gestión administrativa en todos sus aspectos y se incorporen nuevos y eficaces mecanismos de vigilancia, contabilidad y control.
Finalmente entre los apuntamientos críticos del dictamen, se establece que en el ejército de 1982 quedaron pendientes de pago erogaciones por cerca de 59 mil millones de pesos, que se han venido cubriendo con cargo a las partidas del presupuesto de Egresos de 1983.
A este respecto el decreto determina normativamente la obligación del Departamento de proseguir las acciones administrativas financieras, contables y reglamentarias que permitan liquidar la llamada deuda no titulada, así como los tendientes a impedir la repetición de esta práctica.
Sin el menor ánimo retórico, las comisiones desean llamara la atención sobre un hecho básico: con la participación y las aportaciones de diputados de todos los partidos, que así los términos, la metodología, las conclusiones y el decreto del dictamen, que ahora se somete a debate, constituyen un avance decisivo en el orden de definir y fortalecer la función de la Cámara de Diputados como órgano de control externo de la actividad financiera de la administración pública.
Hacemos votos por que el debate no sólo se sostenga en el nivel de precisión y de rigor alcanzado, sino que apunte a nuevos esclarecimientos. De ello depende, en gran medida, los ulteriores avances que en el perfeccionamiento de nuestra vida democrática exigía de nosotros el pueblo de México. Muchas gracias. ( Aplausos.)
El C. Presidente: - Está a discusión el dictamen en lo general. Se abre el registro de operadores.
Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra, los siguientes CC. diputados: Gerardo Medina Valdés, del partido Acción Nacional; Iván García Solís, del Partido Socialista Unificado de México; Baltazar Ignacio Valadez Montoya, del Partido Demócrata Mexicano y Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista.
Y para hablar en pro, los siguientes CC. diputados Mariano López Ramos del Partido Socialista de los Trabajadores y Juan José Osorio Palacios del Partido Revolucionario Institucional.
Ciertamente ha avanzado; ya no todos los dictámenes terminan en párrafos aprobatorios, pero son como el que hoy nos ocupa, cuidadosamente crítico, más son también son acartonados en sus puntos resolutorios, no se atreven todavía a tejar en la llanez de llamar a las cosas por su nombre.
Una observación más, antes de entrar propiamente en materia: Si bien, dentro del marco enunciado, todas las cuentas públicas son muy importantes, la que corresponde al año que fue en término de un periodo presidencial, tiene un sentido singular, no puede ni debe reducirse al ejercicio presupuestal sino abarcarse, hasta lo posible, todo el periodo como la culminación que es de toda una administración, con el objeto que se entienda con mayor claridad, el proceso que remata precisamente en la Cuenta Pública que formalmente se examina.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. Gerardo Medina Valdez, del Partido Acción Nacional.
El C. Gerardo Medina Valdez: - De entrada señor Presidente; señoras y señores diputados: queremos decir o reiterar que tal como se halla estructurado el proceso de examen de la Cuenta Pública, tiene mucha de semejanza con el dicho popular, después del niño ahogado, tapar el pozo. Con una adición no exenta de suspicacia, también después del niño ahogado, tapar el pozo. Con una adición no exenta de suspicacia, también popular y muy mexicana, después del niño ahogado, tapar el pozo para abrir otro, en un cuento de nunca acabar, porque en realidad el informe de resultados que la Contaduría Mayor de Hacienda presenta a la Cámara de Diputados, a dos años del ejercicio presupuestal correspondiente, tiene trámite de recibido, queda para consulta de los señores diputados, y diputados, por dicho informe jamás ha trascendido que, como de un tiempo a esta parte se ha venido recomendando, se hayan fincado, y a quiénes, responsabilidades incluso penales, por comprobadas anomalías en el ejercicio del gasto público.
Esperamos - hemos esperado muchos años - que esto cambie para que tengan trascendencia real estos obligados y ya clásicos debates.
Tal vez debiéramos pensar en reformas que permitieran al Pleno, no a los diputados individualmente, al Pleno de la Cámara, conocer, analizar y resolver sobre dicho informe de resultados. Este es el caso de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal de 1982, que ahora examinamos.
El jefe del Departamento del Distrito Federal hasta ese año, y desde 1976, fue el profesor Carlos Hank González, designado por el Presidente José López Portillo junto con su equipo principal, entre ellos El Negro, jefe de la Policía. Es toda administración la que está a debate, y de los esclarecimientos que en él se logren, dependerán las conclusiones que saquemos nosotros, los diputados, y los que saque la gente más allá de estos muros.
El actual jefe del Departamento del Distrito Federal, contador público Ramón Aguirre Velázquez, informó el 15 de diciembre del año pasado a las comisiones unidas del Distrito Federal, de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto, que había encontrado al Distrito Federal, al Departamento, en quiebra. Aunque sólo llevaba dos semanas en el cargo, tenía que saberlo muy bien porque en parte del '81 y once meses del '82 él había sido secretario de Programación y Presupuesto, entidad responsable de velar el sano ejercicio presupuestal, también en el Distrito Federal y, por tanto, de alguna manera correspondiente de
lo sucedido, ya que fue acatado instrucciones del jefe de ambos funcionarios, el Presidente de la República.
En esa ocasión, el jefe del Departamento del Distrito Federal afirmó: "De acuerdo a las instrucciones del señor Presidente de la República, para facilitar la tarea cogobierno y de participación popular, nos proponemos a la transparencia de los asuntos del Departamento del Distrito Federal". Se refería a programas y financiamientos bajo su nueva responsabilidad, pero creemos tener derecho a reclamar la misma transparencia en los asuntos del Distrito Federal, comprendidos en la Cuenta Pública de 1982.
Ya no más el borrón y cuenta nueva, si es que efectivamente se tiene el propósito de rescatar la confianza pública en la actual administración. Entendemos que puede ser, más que difícil, doloroso, porque al fin y al cabo esta y las anteriores administraciones han sido de la misma familia. Y como buenos hermanos tienen que procurar protegerse mutuamente.
Pero ni el país ni esta gigantesca ciudad de 11 millones de habitantes pueden seguir siendo sacrificios en aras de intereses y complicidades intrapriístas. Tanto el dictamen que nos ocupa como el contador público Ramón Aguirre, en la comparecencia señalada, reconocen el progresivo deterioro de las finanzas del sector Departamento del Distrito Federal en los últimos años; pero también señalan una serie de irregularidades, anomalías, vacíos de información y de comprobación que se han tratado de corregir desde la Cámara de Diputados, a base de recomendaciones al Departamento del Distrito Federal y órdenes a la Contaduría Mayor de Hacienda para que ahonde investigaciones y finque las responsabilidades a que hubiere lugar.
Pese al énfasis que en hacer notar estas órdenes y estas recomendaciones pusieron ayer, y seguramente podrán hoy, los defensores priístas del dictamen, junto con sus adherencias de otras siglas, la verdad es que ni recomendaciones ni órdenes han operado, como lo demuestra esta Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio presupuestal de 1982.
Ya antes queda dicho que no ha trascendido ninguna acción concreta de la Contaduría Mayor de Hacienda, ni de las sucesivas comisiones de vigilancia, más allá de formular informes de resultados para el archivo.
En cuanto a las recomendaciones, el informe previo sobre la Cuenta Pública del Distrito Federal de '82, consigna que no fueron atendidas entre 1978 y 1981 algunas tan importantes como éstas: ampliar comentarios y justificaciones respecto a desviaciones presupuestales.
El informe previo dice que "tales comentarios - cito textualmente - son similares a los que se han hecho en años anteriores. No se cumplió, no se atendió.
Que se incluye un capítulo especial en la Cuenta Pública con la comparación entre objetivos y metas aprobadas y lo realizado. Y todavía en 1981, la Cuenta contenía situaciones no cuantificables, y no presenta el costo de algunos programas. Que los ADEFAS - Adeudos Fiscales Anteriores - fueran depurados al cierre del ejercicio para que su monto se reflejara con exactitud en la Cuenta, pero en 1981 aparecía un saldo de 3 mil 931 millones de pesos, que información posterior fijo en 4 mil 49, y en 1982 aparecen ADEFAS por más de 13 mil millones de pesos sin que exista - lo dice el informe previo - , la información correspondiente para comprobar si ese saldo es correcto.
Que se entreguen los estados financieros de los organismos con oportunidad, a fin de poder evaluarlos, y para la Cuenta del '82 se entregaron hace 21 días.
Desde 1979 se recomendó revisar procedimientos para la integración de la Ley de Ingresos, pues hay enormes diferencias entre lo estimado y lo recaudado, pero lo cierto es - dice el informe previo sobre el '82 - que hasta la fecha no se tiene conocimiento de que el Departamento del Distrito Federal esté desarrollando un metodología que atienda esta recomendación.
En el mismo año se recomendó que las entidades en el Departamento del Distrito Federal llevaran libros y registros autorizados por la Secretaría de Programación y Presupuesto, pero el Departamento de Contabilidad de la Tesorería del Departamento del Distrito Federal sigue manejando - cita textualmente - libros de contabilidad que no han sido autorizados.
En 1981 se recomendó el Departamento del Distrito Federal sujetarse al Presupuesto autorizado, y que de tener ingresos excedentes, se apegara al gasto adicional autorizado, pero habiéndose autorizado en gasto de 116 mil millones de pesos, que por un recorte de programación quedó en 115 mil 254, el Departamento ejercicio 190 mil 321 millones de pesos, excediendo en 76 mil millones de pesos, y dejó pendientes de pago 58 mil 750 millones de pesos para el ejercicio siguiente, que es el actual de 1983.
Se recomendó renegociar la deuda, pero se hizo sólo de corto a mediano plazo y el pago de interés no fue reducido respecto al pago de amortizaciones. En cambio, sus financiamientos pasaron de 90 mil 723 millones de pesos en 1981, a 2,167 mil 100 millones de pesos en 1982, aunque de ese 138.9% de exceso, el 99.5% - se dice en un manejo muy raro en el dictamen - fue por pérdida cambiaría y el 39.4% por endeudamiento. El 99.5% de 138.9% no puede dejar margen al 39.4%.
Es cierto que algunas recomendaciones fueron atendidas pero, ya en esta administración, como la de eliminar la contratación de auditorias externas, pero todo ese muestrario de recomendaciones del Poder Legislativo, desatendidas por el Departamento del Distrito Federal, significa simple y sencillamente que el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados,
no contó para nada para el Poder Ejecutivo representado en el Distrito Federal por el gobierno que encabezó el profesor Carlos Hank González.
Si esta Cámara de Diputados quiere ser respetada debe hacerse respetar procediendo con mayor energía, ir más allá de formulismos de cuidado y emulsivo lenguaje. Exigir a su órgano técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda, y a su Comisión de Vigilancia actuar a plazo perentorio para aclarar anomalías y fijar ya la responsabilidad.
Si la revisión de la Cuenta Pública por el Poder Legislativo tiene por objeto central conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar que el gasto se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y vigilar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas durante el año que se fiscaliza, corresponde a este Pleno, a todos nosotros, dice el dictamen, analizar la Cuenta pública a partir del dictamen elaborado. Su propósito es el de formular apreciaciones sobre los efectos políticos, económicos y sociales resultantes de la ejecución del presupuesto.
El impacto social del ejercicio del presupuesto conduce, necesariamente, a que el Pleno de la Cámara de Diputados conozca y se pronuncie sobre los aciertos y desaciertos de la política económica, así como para que aprecie la eficacia o ineficacia de la gestión administrativa y financiera desarrollada por el Ejecutivo.
Nosotros creemos que, con base en los datos considerados en el informe previo y el propio dictamen, complementados por los que surjan a lo largo de este debate, este Pleno tendrá que decidir acciones ejemplares.
El dictamen aborda los siguiente aspectos: Análisis de la eficacia del marco jurídico; el cumplimiento de los criterios presupuestales y el logro de la legalidad del ejercicio fiscal; el marco económico en que éste se dio, con el examen de la sección financiera y la evaluación de los alcances registrados por los diversos programas, para finalizar con un conjunto de conclusiones y recomendaciones que motiven el decreto correspondiente.
En el análisis de la legalidad coincidimos en que si bien los criterios constitucionales y presupuestales son claros y puntuales, la legislación secundaria debe ser revisada para evitar el desfasamiento del derecho financiero, respecto a las necesidades de la moderna gestión hacendaría, pero nosotros nos negamos a aceptar que a este desfasamiento se deban las anomalías en materia de controles normativos, en particular en las áreas de obras públicas, adquisiciones y contabilidad, y sin un cambio a la inobservancia; quiere decir que hay normas vigentes, pero que no se observan, no se cumplen; la inobservancia - digo - de los ordenamientos relativos a la adquisición de arrendamientos de bienes y servicios, así como del no acatamiento de los criterios presupuestales, lo cual dice con elegancia el dictamen, bien pudo conducir a propiciar usos indebidos de fondos públicos; bien pudo conducir, señores diputados, nosotros afirmamos, que esa inobservancia de normas claramente establecidas para el ejercicio presupuestal, condujo al latrocinio de fondos públicos, y esto, en un año tan crítico como fue 1982, cuyas aristas más agudas resalta el propio dictamen.
Si es delito grave desviar fondos públicos a fines personales o ajenos a su destino de servicio a la comunidad, más grave es permitir que esto suceda en tiempos de crisis. Si todos, sin distinción de partidos e ideologías, condenamos que los particulares se aprovechen de las crisis, mayor condena nos deben merecer los funcionarios públicos que lo hacen. Este es para nosotros, los diputados de Acción Nacional, el sentido y el alcance de este significativo párrafo del dictamen.
Transcurrido un tiempo razonable, regido por la controversia política y social sobre la situación económica de los últimos años, las comisiones unidas que suscriben consideran llegado el momento de emprender un esfuerzo singular de esclarecimiento; vencido por la crisis, quedó todo afán triunfalista. La claridad que exige esta hora, obliga a abandonar los mismos empeños justificadores a ultranza que prejuicios y resentimientos.
Todos los diputados que hayan estudiado, o al menos leído, ya no los dos tomos del informe previo y ni siquiera el dictamen en su totalidad, sino solamente las conclusiones, recomendaciones y el proyecto de decreto sobre esta Cuenta Pública, habrán visto de inmediato que son congruentes con este rotundo pronunciamiento. Pero sin prejuicios ni resentimientos y en la credulidad de que las réplicas de la mayoría oficial y sus adherencias, no sean, como de costumbre, empeños justificadores a ultrazar, vamos a examinar algunos de los asuntos de la Cuenta Pública del último año del sexenio de José López Portillo en el Distrito Federal, representado por el profesor Carlos Hank González y su equipo.
El impacto de la crisis: En las explicaciones que el dictamen da sobre el enorme rebasamiento del presupuesto aprobado para el Distrito Federal en 1982, en un orden de 78 mil millones de pesos, tiene destacado papel el impacto de una crisis que aparece, punto menos que impredecible, como que sobrevino de la noche a la mañana, para alterar radicar y súbitamente las condiciones para la gestión financiera, el ejercicio presupuestal y el cumplimiento de los programas. Y esto, señores diputados, es absolutamente falso.
Si el presupuesto para 1982 fue optimista, fue porque así correspondía a la ficción sostenida por el presidente José López Portillo, ficción irracional, porque desde la caída de los precios petroleros a mediados del '81, esa bien previsible una crisis que ciertamente no iba a detenerse con ladridos.
Hubo demasiado orgullo y nula racionalidad. Si él había prometido que dos años serían para salir del bache, dos más para la consolidación económica y los últimos dos para administrar la prosperidad. ¿cómo iba a renunciar el Presidente
de la República de entonces a su esquema? Si la realidad se oponía pues peor para la realidad, y para todo el pueblo que iba a padecer las consecuencias.
Frente a esto, nos parece anecdótico que el dictamen haga nota que si bien nominalmente el gobierno del Distrito Federal se excedió en un 54% sobre lo autorizado, en términos reales por la crisis y sus secuelas devaluatorias fue apenas de un 3%.
Los programas: De los 36 programas abarcados por el presupuesto, solamente seis absorbieron el 75.5% del gasto efectuado. Ellos fueron transporte urbano, infraestructura y equipamiento para la vialidad, mejoramiento urbano, agua potable, drenaje y tratamiento de aguas y deuda pública. De esos seis, los que menos recibieron fueron agua potable y drenaje - 2.6 y 1.9% respectivamente - . Se descuidaron totalmente programas de educación; no se construyeron 16 escuelas primarias ni una sola de las preprimarias que estaban programadas. Se descuidaron los programas de Salud y de Mejoramiento Ambiental. No mejoró la calidad de la vida urbana, pero en Mejoramiento Urbano se disparó el gasto en un 104% de 4 mil 211 millones de pesos a 8 mil 626 millones de pesos.
No mejoró la administración, pero el gasto aprobado fue de 7 mil 307 millones de pesos y se ejercieron 12 mil 398 millones de pesos; dicen que por el alza de salarios, pero si eso fuera cierto habrían llegado casi a los 14 mil millones de pesos, muchos más del 69.7% de exceso registrado, porque en el propio dictamen el importe de esos aumentos fue de más de 6 mil millones de pesos.
Dice el dictamen que aparte del impacto de la crisis hubo deficiencias importantes en la planeación del Distrito Federal. ¿Y claro que hubo! Claro que hubo deficiencias importantes en la planeación y la administración del Distrito Federal.
Examinemos juntos, dos de esos programas: El del Transporte Urbano, que representó el 33% del gasto; y el de Deuda Pública, otro 33%.
Transporte Urbano: Comprende el Metro, los autobuses de la Ruta 100 y los trolebuses y tranvías del Servicio de Transporte Eléctricos. Estos, lo mismo que los demás organismos y empresas, tienen como principal ingreso los subsidios federales y las aportaciones del Departamento del Distrito Federal; subsidios y aportaciones que cubren entre el 91 y el 64% de los organismos.
Del metro, dice el dictamen que amplió su orden en 18.5 kilómetros, superando en un 15% lo programado; pero debe haber aquí mucho de turbio porque a pesar de financiamientos mayores, el 81%, no es cierto que se haya rebasado el programa. El propio actual jefe del Departamento, don Ramón Aguirre, nos informó textualmente el año pasado, en lo que se refiere el Metro, dijo: "De los 111.5 kilómetros que se esperaban terminar en 1982, se tienen en servicio 78.8 quedando inconclusas las líneas 6, Instituto del petróleo- El Rosario; 1, Zaragoza - Pantitlán; 2, Tacuba - Cuatro Caminos; 3 sur, Zapata - Ciudad Universitaria con una longitud de 6.5 kilómetros y de la línea 6 con 8.3 kilómetros.
Adquirir 24 trenes de Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, diez de Canadá y diez de Francia y poner en servicio los talleres de El Rosario en su primera etapa.
¡De dónde sacaron los dictaminadores y los autores del informe previo, que en 1982 el programa del Metro se rebasó en un 15%? ¡O acaso nos mintió don Ramón Aguirre? Nosotros no creemos que nos haya mentido.
De los trolebuses, el dictamen afirma que se proporcionó conservación y mantenimiento a 839 trolebuses, así como a 325 kilómetros de líneas elevadas, lo que nos parece irrelevante porque es lo menos que se puede pedir a ese organismo, que conserve y mantenga lo que tiene, pero no consigna el dato que sobre la administración del Distrito Federal y para este año de 1983, que está por concluir, recayó la obligación de pagar el saldo de 100 trolebuses adquiridos desde 1981, y cuyo importe fue difiriendo la administración de Hank González.
Este dato que proporcionó también don Ramón Aguirre, debe haber aparecido en el informe de resultados de la Cuenta Pública de 1981, y requiere hoy una explicación, porque si bien se informa que no se contribuyeron los 57 kilómetros de línea elevadas, que tampoco se compraron otros 100 trolebuses en 1982, los pagos pendientes por los adquiridos en 1981 no se mencionan.
Lo de Autotransportes Urbanos Ruta 100 es todo un caso para investigaciones, aclaraciones y sospechas. Dice el dictamen que sólo este organismo representa el 48% del déficit presupuestal, cuyo altísimo importe deberían haber absorbido los permisionarios de no haberse estatizado el servicio. Pero la explicación que se da es que adquirieron 4 mil 800 unidades, construyeron diez talleres y atendieron el mantenimiento y readaptación de 4 mil 500 autobuses.
Pero, señores diputados, sobre esto, el actual gobierno del Distrito Federal - cito textualmente a don Ramón Aguirre - declaró lo siguiente: "Por su parte, el organismo descentralizado Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100, también presenta serios problemas, basta señalar que de los 6 mil 227 autobuses recibidos, mil 500 se encuentran fuera de servicio por grave deterioro, y 3 mil 100 por reparaciones mayores, lo que obliga a fuertes erogaciones.
Se presentaron otros problemas por dificultades en el control de fondos, registro de gasto, en la planeación financiera y en la operación de las unidades y del boletaje, lo que ocasionó diversas fugas de dinero." Posteriormente - sigo citando a don Ramón Aguirre - se compraron 3 mil 36 autobuses y se programó la construcción de diez talleres para dar mantenimiento a la línea, no habiéndose terminado ninguno de ellos. Esta circunstancia provocó que de los 7 mil 536 autobuses
que debían formar el parque vehicular en servicio, sólo lo hicieron 4 mil 500, lo que influyó directamente en un incremento de costos de transporte por mantenerse elevado el número de choferes ociosos.
Está claro que de Ruta 100, prácticamente Hank González dejó chatarra. De 6 mil 227 unidades, sólo estaban en servicio 2 mil 627. No se compraron 4 mil 800, sino 3 mil 36 autobuses, lo que da una diferencia de mil 764 unidades, que calculando cada una en cuando menos a 2 millones de pesos, significan 3 mil 528 millones de pesos desaparecidos.
Tampoco se terminó uno solo de los diez talleres, y resulta absurdo que en el dictamen se den por constituidos, convalidando los miles de millones de pesos de sus costos. ¡Cuánto se gasto en la supuesta construcción de los diez talleres inexistentes?
Deuda Pública: La anterior administración no solamente desdeño ceñirse a lo autorizado por el Poder Legislativo, sino que no cubrió con oportunidad el pago de intereses, y de remate se endeudó con 111 mil millones de pesos en 1982, dejando una deuda acumulada de 217 mil millones de pesos, que el dictamen estima al tipo de cambio de 71.24 pesos por dólar.
Nosotros afirmamos que no podemos considerar esa deuda acumulada del Departamento del Distrito Federal como si toda fuera en dólares; por lo tanto, debe aclararse la deuda interna y la externa y desglosarse cada una para poder evaluarla, a menos de que también la deuda interna haya sido contraida en dólares. porque sospechamos que aquí hay otro pantano multimillonario, pues este año esa deuda anda por los 300 mil millones, según el secretario de Hacienda puede llegar a los 500 mil millones de pesos.
Entre muchos otros que podrían aportarse, como por ejemplo, lo relativo al total vacío respecto al bunker Hank o Central de Abastos, inaugurada en 1982, de lo cual no dice nada la Cuenta Pública, tal vez la peor inversión del sexenio, pero el gran negocio para algunos; estos son, señores diputados, los datos y consideraciones en que por ahora fundamentamos los diputados de Acción Nacional nuestro rechazo al dictamen de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente a 1982, sin dejar de reconocer los adelantos que en el mismo se contienen.
Esperamos, señores diputados de la mayoría, respuestas congruentes con los datos y los pronunciamientos críticos del propio dictamen, y los que aquí hemos expuesto y los que vengan a aportar otros diputados.
Queremos creer, por el bien de la República, que la mayoría priísta de esta Legislatura no es como la de 1979, que incapaz de valorar cifras y argumentos, aplaudió a rabiar a uno de sus voceros que salió con esto que - salvo el nombre incensado con tanto fervor - guarda un enorme parecido con la tónica, e lenguaje y los propósitos de la actual administración federal.
Aquí, dijo entonces el vocero priísta, cuando se debatía la Cuenta Pública de 1978, lo que importa dirimir es que a partir de diciembre de 1976 el país entra en un camino de recuperación de la moral ciudadana. Ahora estamos en el esfuerzo renovador y es López Portillo el que encabeza esa moralización de la administración pública; es en la restauración moral de la vida política mexicana donde podemos encontrar la salvación de esta, otra vez, difícil crisis en aquel el país se encuentra. Hasta ahí la cita.
Dos años llevamos ya padeciendo lo que resultó de esa moralización encabezada por José López Portillo.
Si de verdad queremos, señores integrantes de la LII Legislatura, hacer que el país avance, no volvamos a caer en lo mismo. Si no se modifica, rechacemos todos este dictamen que deja para un hipotético irreal, después que el pueblo de México está esperando a quienes por vanidad, por orgullo o por simple servilismo, en el sexenio pasado hundieron a la República, más de lo que ya la había hundido Luis Echeverría, siempre con el amorosísimo aplauso de los diputados del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Iván García Solís, del Partido Socialista Unificado de México, en contra.
El C. Iván García Solís: - Señor presidente, en suplencia de la señora Presidenta; honorable Asamblea: Queremos iniciar estos comentarios al dictamen sobre la Cuenta Pública del Distrito Federal, incorporando también algunos juicios sobre la intervención inicial de la diputada Lajous, al proponernos este dictamen.
Considero que sus palabras son una autocrítica adicional a los elementos que en este sentido aparecen en el proyecto de dictamen. Habla ella de eficiencias y quebrantos como contrapunto del ejercicio presupuestal de 1982. Habla también de reconocimientos de la crisis estructural del país y del Distrito Federal, de los necesarios cambios de estructura, cambios que continuamente se ofrecen, pero no se concretizan en esa magnitud, en la magnitud de cambio de estructura. Alude también al desequilibrio crónico de las finanzas de la ciudad, y por último, propone una especie de preceptiva del debate en el cual debamos huir de ser una agencia del Ministerio Público o un comité de salud; claro que no seremos eso, pero sí seremos o deberemos ser una Cámara responsable que trate a fondo el problema de la sobre dependencia del Distrito Federal, de la falta de autonomía relativa de su indefensión política y jurídica, que se refleja en resultados que hoy, en forma retrospectiva, ubicamos en 1982.
Analizamos una Cuenta Pública como un agregado, como un apéndice de la Cuenta Pública Federal, este es un primer hecho que debe llamarnos la atención y, ¿Por qué ocurre así? Porque el Distrito Federal no cuenta aún con un estatuto jurídico que le garantice igualdad de derechos con los estados, carece de gobierno
propio y esto nunca será ocioso insistir en ello, y por ende de un congreso local que sería el abocado para conocer sus asuntos políticos, financieros y administrativos.
Esta limitación, no la única, dificultad y entorpece la posibilidad de una discusión y decisión adecuadas sobre los asuntos de la gran ciudad; con este mecanismo los ciudadanos del Distrito Federal permanente doblemos tutelados: por el Presidente de la República, quien es titular del Poder Ejecutivo y también por la Cámara de Diputados, que teniendo funciones de legislatura federal, legisla también en nuestra entidad y conoce en este caso la Cuenta Pública, como conocerá próximamente el presupuesto.
Sirva esta mención como un llamado insistente a aquellas fuerzas, que hemos arribado a la conclusión de que es inaplazable la dirección propia y democrática del Distrito Federal, para que no cejemos en la lucha por conquistar este objetivo.
Entremos ahora a establecer un marco de referencia para la discusión de la Cuenta Pública del '82, que nos permita tener una mejor idea sobre los tiempos de esta discusión, su relación con los hechos que evaluamos y, finalmente, con la eficacia o la ineficacia que nuestras acciones como legisladores puedan cobrar este respecto.
¿Qué significa - preguntémonos - que hoy, 9 de diciembre de 1983, estemos aquí discutiendo un ejercicio que concluyó hace más de un año?, anotamos que esta pregunta por supuesto es también válida, y así lo hicimos notar en las intervenciones de nuestro partido, el día de ayer, para la discusión de la Cuenta Pública Federal. Significa, reiterémoslo, que actuamos con un retraso que vuelve prácticamente inoperante la vigilancia camaral sobre el gasto público. Este desfasamiento en general, determina que las recomendaciones que año tras año hace la Cámara, para que el Poder Ejecutivo informe mejor, ciña sus gastos a lo presupuestado, presente cifras congruentes desde el punto de vista contable y, en fin, se apegue al mandato que el año anterior dio el Congreso, aparezcan como una buena voluntad lindante en la ingenuidad o en la simulación.
De hecho, la Cámara siempre hace señalamientos más o menos críticos al Ejecutivo y éste incorpora o no en un lento proceso, algunos de los cambios propuestos.
Estas modificaciones son, aclarémoslo bien, básicamente de tipo contable, ya que no se ha dado el caso de que se impugne a fondo la orientación política implícita en el gasto, y esto debiera ser así, ya que las cosas se juzgan por los resultados, y la cuenta es una especie de radiografía, no sólo del esquema presupuestario sino de la relación de la aplicación de éste con los efectos que tuvo en la realidad.
Este año, además, la discusión de la Cuenta Pública tiene otro elemento peculiar: siendo la que hoy se discute la última de la cuentas del gobierno anterior, la coyuntura se presta para el deslinde sexenal, más leve o más pronunciado que ejercita el grupo gobernante tradicionalmente, con la obvia finalidad de avivar la ilusión, afortunadamente cada vez más diluida, de que el cambio de equipo dirigente es ocasión propicia y hasta obligada para cambio importantes y benéficos para el país.
Pero regresemos a las limitaciones que de manera estructural tiene la Cámara para incidir en la vigilancia, y sobre todo en la imposibilidad para la modificación oportuna de aquellas políticas que sólo a posteriori se registran como negativas, aun cuando la voz de la oposición, la opinión pública y el sentido común de miles, y aun de millones de ciudadanos señale ya la inconsistencia, la ineficacia y el carácter antipopular de muchas de esas medidas.
La prensa de hoy, por ejemplo, comentando este hecho dice en pocas líneas algo que nos debiera mover a reflexiones y rectificaciones: "Que coraje se siente cuando el aviso de, ¡cuidado!, se oye después de caer al suelo". Frase similar a las emitidas por el diputado Medina.
Y esto viene a cuento porque, en efecto, la crítica de la Cámara, que en días pasados fue amplificada más allá de lo que ésta en realidad significaba, por algunas notas de prensa y de otros medios de difusión, hace aún más ostensible el retraso y el carácter inocuo en lo fundamental, de este ejercicio legislativo.
¿En qué consisten, pues, estas limitaciones estructurales? En primer lugar, en que el organismo técnico de vigilancia de la Cámara, la Contaduría Mayor de Hacienda, no cuenta ni con los recursos ni con las atribuciones que le permitan hacer un seguimiento simultáneo de las acciones de gasto de gobierno del Distrito Federal.
Bajo el pretexto desechable de que no se puede ni se debe interferir en acciones de gobierno legales y autorizadas - como se ha dicho aquí por diputados del PRI, en otros debates - , el Poder Legislativo se ve constreñido a ejercer el papel de un lejano observador, que se prepara para un sermón moralizante extemporáneo y sólo ligeramente útil en casos.
Recordemos el debate que hace un año tuvimos con las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dijimos entonces que "la implantación de dos supersecretarías - como son las actuales de Programación y Presupuesto y la de la Contraloría - centralizaban más aún, no sólo el diseño de la política económica, financiera y administrativa sino también su control y vigilancia; estableciendo, no una necesaria y útil complementación con el Poder Legislativo sino, en la práctica, relegándolo más aún o por lo menos congelando, constriñendo las posibilidades de una mayor intervención de la Cámara de Diputados".
Nuestro partido propuso en esa ocasión, y algún otro, también, y hoy nosotros lo reiteramos, la necesidad de que, por una parte, la Secretaría de la Contraloría incluya representaciones de los trabajadores del Estado de los partidos políticos y de los destinatarios de ser vicios populares, con el objeto de establecer una
vigilancia real con efectos simultáneos a la aplicación del gasto, y con posibilidades reales de juicio imparcial.
También demandamos que en forma correlativa, la Contaduría Mayor de Hacienda elevara su papel, se fortaleciera de manera sustancial, desde el punto de vista administrativo y, sobre todo, fuera reorganización de manera tal, que exista en ella una acción pluripartidista, no sólo en el consejo de vigilancia sino en toda su estructura.
Por supuesto que es necesario también, y ello lo consideramos fundamental, que la Contaduría trabaje en forma coordinada con la Secretaría de la Contraloría, también reformada en los términos que lo proponemos, para que la acción de vigilancia del Poder Legislativo se produzca en tiempo, y no aparezca como la tortuga que llega a la meta del ajuste de cuentas, cuando la liebre de la Contraloría, cuando la espolean, hizo ya las pesquisas que le ordenaron, sólo esas inculpó, y en su caso, promoviendo la sanción de aquellos funcionarios a quienes el Poder Ejecutivo señalo para convertirlos objeto de ejemplificación pública. Caso ilustrativo de este procedimiento, y ahora no hablamos del '82, sino del '84, es el del ex delegado de Coyoacán y ex diputado, quien fue destituido y encausado a partir de acciones unilaterales de la Contraloría, sin conocimiento alguno, sin participación, no digamos del Congreso sino tampoco de la ciudadanía de la jurisdicción respectiva.
Utilizamos este ejemplo también para evidenciar el modelo de control y vigilancia autoritaria y coercitiva, aplicando por la actual administración pública, que es diametralmente opuesto a un control democrático, que es el deseable y necesario, no sólo porque así se promovería la real participación de los ciudadanos en sus asuntos, sino porque a la postre es un mecanismo que redunda en mayor eficacia y mejores frutos de la inversión pública.
Esa es, pues, nuestra orientación fundamental es este debate. No desestimamos la importancia de un registro puntual de la forma como se aplicó el presupuesto en el año de 1982, en el Distrito Federal. Más aún, consideramos que lo útil de esta visión retrospectiva es más que el intento porque cuadren las cifras, lo que tampoco es desdeñable, más que ello recapitular sobre una política económica, que hoy todo mundo reconoce como negativa y hasta desastrosa, pero cuya crítica pretende ser utilizada por el actual gobierno para hacer ajustes antipopulares aun en el presupuesto y el gasto.
A este respecto, recalcamos la opinión ya presentada, el día de ayer, por nuestro grupo parlamentario, en el sentido de que a nombre de la exhibición y denuncia del despilfarro, la corrupción y el dispendio, que ello no debe ser la cobertura para la convalidación de la política de restricción del gasto, sobre todo cuando éste se destine a servicios de interés popular.
La crítica al déficit y a la deuda en este sentido no debe, a nuestro juicio, desviarse como una justificación de la reducción del gasto o de la elevación de tarifas de los servicios públicos.
El déficit crónico de las finanzas públicas del Distrito Federal, debe ser analizado en el marco de la situación económica nacional; sí, pero también en el de la tendencia similar que se observa en las grandes metrópolis. Y al buscar una alternativa, debemos rechazar de manera tajante aquella que, asumiendo como naturales e inevitables las tendencias del crecimiento urbano bajo la lógica del gran capital, simplemente se orientan a establecer un marco que proteja y regule este desarrollo de los grandes intereses privados y deposite la modificación de algunas tendencias negativas, como es el crecimiento excesivo de la ciudad, en la simple y drástica aceptación de que esta ciudad se encarezca paulatinamente, y de este modo deje de ser polo de atracción para grupos mayores y crecientes de mexicanos que llegan en busca de empleo o mejores condiciones de vida.
Deseamos comentar también, es esta intervención, algunas de las conclusiones que se presentan en este debate. Decíamos al comienzo que hay algunos elementos autocríticos, pero que no llegan a la explicación del fondo del problema; se dice en las conclusiones que la normatividad financiera vigente acusa un desfasamiento que reclama adecuaciones y reformas, y se agrega que, en general, los diversos mecanismos de control legal contenidos en las leyes en materia de presupuestos, cuenta pública, contabilidad, adquisiciones, etcétera, no cumplen adecuadamente las funciones preventivas y reductoras de la discrecionalidad en el ejercicio presupuestal.
Poniendo las cosas más en claro y haciendo propuestas más directas, nosotros diríamos que el problema no es solamente el de la normatividad financiera vigente en su desfasamiento, el problema es toda la estructura antidemocrática de gobierno, de presupuesto y de ejercicio del gasto en esta entidad, y por ahí es como podríamos comenzar haciendo una crítica de fondo de este grave problema del Distrito Federal.
Se menciona también, como elementos de conclusión, los profundos desequilibrios estructurales que condicionan y configuran la realidad social del Distrito Federal, de la zona metropolitana a él aledaña; pero, preguntamos nosotros, ¿cómo se abordan esos profundos desequilibrios estructurales? No es un hecho que en realidad la política, la de '82, la que culminó en '82 y la que se aplica ahora, es una política de continuidad de un modelo de crecimiento inadecuado, irracional de la ciudad, que no corresponde ni con los intereses de esta entidad ni con los del conjunto de la República, no se use entonces una crítica a desequilibrios estructurales, cuando que las propuestas alternativas mantienen y refuerzan esos profundos desequilibrios estructurales.
En las conclusiones también se habla de que en lo tocante al desarrollo de programas encaminados a mejorar las condiciones de vida
de los sectores mayoritarios a través de acciones que podrían tener efectos redistributivos. El ejercicio del presupuesto del '82 tuvo resultados limitados. Ello se debió - se agrega - entre otros factores, a la insuficiencia estructural y a la transferencia de las partidas destinadas a rubros tales como la salud, educación, vivienda y a otros programas.
Aquí queremos comentar que de por sí la previsión estructural, la previsión presupuestal para el '82, de manera similar a la de los años posteriores, significaba ya reducciones muy importantes es esos rubros de salud, educación y vivienda. Es decir, que de origen, estos renglones estaban desatendidos. A ello se agregó, efectivamente, la desviación de esos recursos, y su transferencia; pero no depositemos la crítica sólo en esas transferencias, sino hagamos la crítica de fondo que consiste en que este gasto estaba castigado.
Para insistir en el caso que ya hemos mencionado en forma reiterada, el de educación, recordemos que significaba menos de un punto porcentual del presupuesto; es decir, que de origen existía no sólo una previsión raquítica e insuficiente sobre el cual todavía hubo desviaciones, sino que en este caso, como sigue ocurriendo en 1983, y lo que seguramente ocurrirá para 1984, el Departamento del Distrito Federal, con el aval del Congreso, se mantenía fuera de la Ley, ya que la Ley Federal de Educación demanda que no menos del 15% del presupuesto de todas las entidades se dedique a la educación.
Los elementos de conclusiones también se mencionan: Que los recursos insuficientes y las necesidades de complejidades y magnitudes, sin paralelo en nuestra historia, acentuaron las deficiencias de la gestión administrativa del Departamento del Distrito Federal; pero el problema que reconocemos y señalamos en su momento, de la insuficiencia de recursos, no debe nublar ni opacar el problema de la mala distribución de los recursos, que es un problema de fondo y más agudo, en caso de presupuesto insuficiente.
La mala canalización y distribución de fondos hizo posible que el resultado fuera el reforzamiento de la desigualdad y el mantenimiento y acrecentamiento, en muchos casos, de los privilegios de la minoría.
Se habla también de la modernización e integración de los sistemas de contabilidad gubernamental, los cuales deberán acelerarse en el sector Distrito Federal, por ser esto requisito indispensable de una buena gestión administrativa y financiera; y más adelante, ya en las recomendaciones, se hacen algunas sugerencias, varias de ellas de carácter positivo, pero que no inciden en el aspecto fundamental, de que la contabilidad gubernamental no solamente no es transparente sino que se encuentra al arbitrio del monopolio político dominante, y a este respecto podemos insistir y debemos insistir en que no existe todavía una información.
Se propone aquí que exista ahora la información trimestral y esto es positivo, pero no existe, no hemos dispuesto de esta información y tampoco se ha dispuesto y se ha negado la información relativa al uso de recursos por programa y por delegación política. Esta es una necesidad indispensable para poder tener un seguimiento de ese uso de recursos, pero insistimos también que ella debiera estar al servicio, no de la vigilancia lejana, diferida y moralizante del Congreso de la Unión sino al servicio de un gobierno propio y democrático del propio Distrito Federal.
Hay una parte de las conclusiones que nosotros queremos comentar, porque de su texto pueden surgir interpretaciones, o de hecho pueden surgir apoyos a la política actual de justificación de la disminución de apoyos a los consumos y servicios populares. Se habla de modificar las estrategias financieras del Departamento del Distrito Federal para fortalecer sus ingresos ordinarios y reducir sus financiamientos y subsidios. Nosotros preguntamos ¿Cómo se logrará este fortalecimiento de ingresos ordinarios? Y ahí, nuestra alternativa es distinta a la que se ha venido aplicando, hablamos del '82, pero no con un criterio de vocación o un criterio hacia el pasado; hablamos de '82 tomando en cuenta lo que ha ocurrido en el año que casi termina, y lo que tenemos que discutir también para el año próximo, y en este sentido insistimos en que el crecimiento de ingresos ordinarios debe ser operado a partir de una reforma fiscal progresiva, la reforma fiscal se menciona, en términos generales, en las recomendaciones; pero nosotros sostenemos que hay que caracterizar y detallar los términos de esa reforma, porque los cambios fiscales de tarifas y de precios, de servicios que presta el Estado, han demostrado su carácter antipopular, han demostrado una inclinación recaudatoria que no permite asegurar redistribución de recursos con sentido popular, sino por el contrario, mayores cargas a la mayoría de la población.
Otro de los juicios expresados también en los elementos de conclusión, es el relativo a las empresas públicas coordinadas por el Departamento del Distrito Federal. Ahí se dice que el aumento en sus precios y tarifas deberá estudiarse cuidadosamente, a fin de que en el futuro alcance la solidez económica y la salud financiera.
¿Quiere esto decir que se irá hacia el criterio de hacer rentables o medianamente rentables, o menos faltas de rentabilidad a estas empresas, muchas de las cuales tienen un abierto sentido social, como la de transporte? Nosotros pensamos que, por el contrario, en estos servicios de beneficio masivo cuyos resultados de subsidio al consumo popular son inequívocos, debe procederse no solamente al mantenimiento del apoyo financiero sino incluso, a su progresión mayor con el objeto de que opere como un mecanismo redistribuidor del ingreso y como un apoyo al salario de por sí exiguo e insuficiente de la población trabajadora de esta entidad.
Pasamos ahora, de manera breve, a comentar una de las últimas conclusiones en donde
se habla de adoptar, a la mayor brevedad, las medidas que permitan una efectiva coordinación entre los programas a cargo del Departamento del Distrito Federal, y a una siguiente, que habla de proseguir con firmeza las acciones tendientes a su desconcentración, fortaleciendo sus delegaciones, así como contribuir en el ámbito de su competencia al objetivo nacional de la descentralización.
Nosotros reiteramos nuestro juicio sobre este concepto. Para nosotros descentralización no debe ser simple intento de optimización burocrática de recursos; para nosotros descentralización debe significar democratización y cuando hablamos de ello demandamos entonces que la coordinación efectiva entre los programas del Departamento del Distrito Federal se opere, no a partir de la cúpula administrativa minoritaria que gobierna la ciudad, sino a partir de una consulta y decisión real y efectiva de la ciudadanía de esta entidad.
Y lo mismo cuando se habla de las acciones tendientes a la desconcentración del Departamento del Distrito Federal y al fortalecimiento de sus delegaciones. Estas delegaciones, a nuestro juicio, deben dejar de serlo con ese sentido para transformarse en jurisdicciones con mando propio y gestión democrática, porque ello garantiza no solamente el encauzamiento de los recursos a los objetivos populares sino también, en última instancia, la verdadera eficacia de la aplicación de dichos recursos.
Queremos también hacer algunos señalamientos en torno a las recomendaciones finales que se hacen en el cuerpo del dictamen. Pensamos nosotros, con el criterio que señalamos al comienzo, que la reflexión sobre el ejercicio del '82 debe estar orientada, más que todo, hacia la crítica del '83 y la prospección del '84, queremos nosotros plantear que es indispensable que se precise en este dictamen que la eliminación de la transferencia de partida entre programas, que implique la imposibilidad de alcanzar sus objetivos, tal como está aquí propuesto, se adicione con elementos que efectivamente garanticen que esto ocurrirá así. Lo mencionamos en el caso de la educación, y es necesario también decirlo en el caso de la salud, en donde, como hubo un reconocimiento de la Cuenta del '82 y seguramente sigue pasando lo mismo en el '83, cuotas y recursos de los trabajadores que debieron ser manejados por las instituciones de seguridad social, fueron retenidos por la Federación y por el Distrito Federal, en vez de canalizarse directamente a sus objetivos.
Respecto a la propuesta de la información dice aquí, en forma disgregada, de las partidas asignadas a la ejecución de los programas de construcción, conservación y equipamiento de edificios escolares. Reiteramos que la conclusión de la Cámara no puede hacer caso omiso de lo que mencionábamos hace un momento, que actualmente se encuentra fuera de la ley este ejercicio, autorizado por el Congreso, el relativo a la educación pública.
Aquí, la conclusión debe ser tajante, este Congreso debe resolver que se cumpla la Ley Federal de Educación y que se ejerza el 15% presupuestado, y no menos de los recursos de esa entidad, para el gasto educativo.
Compartimos la necesidad del informe trimestral de la Cámara, pero agregamos que no tendría caso sólo darnos por informados si no hubiera posibilidad de incidir en la corrección del gasto o del ejercicio del gasto, de acuerdo con lo que aconseje el examen de ese informe trimestral. por lo tanto, pensamos que esta Cámara debe acordar también, de manera más precisa, la forma de que no solamente obtendrá la información trimestral, sino ejercerá oportunamente una vigilancia no diferida sino en tiempo.
Finalmente, queremos decir y coincidir con puntos de vista expresados por otros diputados en el sentido de que regodearse e insistir en la crítica del '82 y, sobre todo hacerlo por parte de quienes fueron corresponsables de esa política, no solamente es un ejercicio inútil sino incluso, es una acción deplorable.
Es una conferencia de prensa que dio ayer el PRI, en el curso mismo del debate de la Cuenta Pública Federal, según lo recoge la crónica periodística, el diputado José Luis Lamadrid, tengo entendido, mencionó como ejemplo de dispendio del gasto en el Distrito Federal, la construcción de este Palacio Legislativo. Pero nosotros queremos preguntarle a esta Cámara ¿cuál fue el grupo gobernante y cuál fue la legislatura que aprobó y apoyó eso que ahora se menciona como dispendio? Y queremos recordar que nuestro partido, en esa ocasión, propuso oportunamente que en vez de levantarse aquí una cámara, que si no iba acorde con un profundo proceso de democratización del país, podía convertirse en otro mausoleo neoporfirista, en vez de eso se estableciera una estación de ferrocarril suburbano, aprovechando el caso de la vieja estación de San Lázaro.
De tal manera que coincidimos con el diputado Medina, cuando hace un puntual y entrecomillado, y hasta en sus términos eufónicos reproduce el discurso oficial. Recuperemos la memoria política y al hacer la crítica del ejercicio y del gasto del '82, veamos cuál fue la posición de las diferentes fuerzas políticas de este país, para evitar actitudes camaleonísticas de encubrimiento o de cambio forzado, y para que la opinión pública y el pueblo de México conozcan cuál es la verdadera consecuencia o inconsecuencia de cada una de las fuerzas políticas que aquí estamos representando. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra en contra, el C. diputado Baltazar Ignacio Valadez Montoya, del Partido Demócrata Mexicano.
El C. Baltazar Ignacio Valadez Montoya: "Señor Presidente; honorable Asamblea: Entre los que integramos esta Legislatura, por fortuna plural, es indudable que hay quienes, por su formación y especialización técnicas, entienden mucho mejor que quienes carecemos de ello, los datos que se nos ofrecen para la
revisión de la Cuenta de Hacienda Pública del Distrito Federal, correspondiente a 1982.
Sin embargo, donde no debe haber variantes, es en el grado de responsabilidad que nos obliga a realizar el mejor de nuestros esfuerzos en el desempeño de un trabajo que, por otra parte, no ha de limitarse el cumplimiento formal y rutinario de un mandato constitucional sino que ha de abarcar cabal y clara respuesta a todos los reclamos del pueblo, que decimos representar.
Conocer la verdad, figura entre los más enérgicos e insistentes reclamos populares.
Y si queremos dar respuestas satisfactoria a esa legítima demanda, no debemos disfrazar las realidades a través de largas disertaciones explicativas, mediante las cuales se pretende justificar lo injustificable.
Lo anterior se hace más urgente e indispensable, si se acepta que transitar por los senderos de la verdad significa acrecentar la posibilidad de la rectificación en aquello que se ha de rectificar.
El de justicia es otro de los reclamos populares que debemos atender y debemos escuchar. Toda la amplitud del concepto justicia, está íntima, estrechamente vinculado al destino final que debe tener la revisión de toda cuenta pública, pues como ya lo expresamos en alguna ocasión, tras la frialdad y la aridez de las cifras están, en nuestro caso, millones de mexicanos cuyo margen de rezago o de progreso depende en gran parte de la eficacia y honestidad con que se manejen las finanzas públicas.
Si hoy padecemos las consecuencias de un grave dislocamiento económico, del rezago social y del estado de injusticia en que la riqueza excesiva de unos cuantos, insulta y ofende a las mayorías, que carecen de lo indispensable para vivir con decoro y dignidad, ello se debe a que la ineficacia, la inconstitucionalidad y la deshonestidad se han convertido en la constante de las administraciones priístas.
Si hablamos de ineficacia, inconstitucionalidad y deshonestidad en las administraciones priístas, es porque en el contenido de los informes para la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, así como para la del Distrito Federal, sin excepción y aunque con variedad de porcentajes, anualmente se registran desvíos, incumplimiento de programas y sobregiros inconstitucionales.
En el Diario de los Debates respecto a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1980, por ejemplo, encontramos que la Cámara aprobó para la Presidencia de la República un presupuesto de mil 312 millones de pesos, pero que a final de cuentas y sin que para ello se consultara a la Cámara, gastó cinco mil 41 millones de pesos. Esto es, hubo un ligero sobregiro del 273%.
Aunque el dato no se refiere a la Cuenta del Distrito Federal, que es la que hoy nos ocupa, es por demás ilustrativo, y para demostrar que los sobregiros no son nuevos; pero si éstos no son nuevos, los registrados en el ejercicio de 1982 son francamente escandalosos, y tal vez se nos diga que ni éstos ni los anteriores implican necesariamente deshonestidad; sin embargo, el enriquecimiento absolutamente inexplicable de algunos miembros prominentes del grupo en el poder, demuestra que hay fundamento de sobra para señalar como constante la deshonestidad.
Luego de las anteriores consideraciones, plantearé algunas razones de mi partido, el Demócrata Mexicano, por las que votaremos en contra del dictamen que sobre la Cuenta de la Hacienda Pública del Distrito Federal correspondiente a 1982, elaboraron las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la del Distrito Federal.
Nuestro voto en este sentido, cabe aclarar que no es condenatorio del trabajo realizado por las comisiones, particularmente la del Distrito Federal, sino que pretende enfatizar la reprobación y la indignación de nuestro partido por el ejercicio irregular, y en ocasiones delictuoso, del presupuesto de 1982 del Departamento del Distrito Federal, por parte de sus autoridades. Mediante este voto reafirmamos esa reprobación más allá de la metodología en que se inscriben los puntos resolutivos del proyecto de decreto.
Ciertamente, en el dictamen se contienen juicios críticos negativos sobre la irregularidad con que se ejerció este gasto, concordes con los datos técnicos aportados por el informe previo del Contador Mayor de Hacienda, y la amplia información recabada en las reuniones de trabajo de la Comisión del Distrito Federal.
Nos parece que tales juicios y tal manera de proceder, merecen ser destacados, más que por lo inusitado por ser el inicio del deber de vigilancia, respecto a la aplicación de los fondos públicos, ya sea que el funcionario que los maneje, debida o indebidamente, pertenezca a no al mismo partido que el legislador que los examina y valora.
Es de hacer notar, por otra parte, que los juicios, comentarios y conclusiones contenidos en el dictamen, no se reflejan lo suficiente en los puntos resolutivos del proyecto de decreto. Entendemos que este dictamen, dado el marco legal que lo rige, tiene una naturaleza análoga a una sentencia declarativa, pero en una de sus facetas, en sus resolutivos, se pudo reflejar más la condena nuestra y del pueblo ante un ejercicio definitivamente anárquico.
Los resolutivos pueden ser correctos formalmente, pero resultan neutros; y más que por ser incorrectos, votaremos en su contra por ser incompletos.
Exceptuamos de los anterior los que hacen referencia a recomendaciones para el futuro y, sobre todo, aquél que instruye a la Contaduría Mayor de Hacienda a que realice auditorías para deslindar y exigir responsabilidades que de ellas se desprendan. Tal instrucción, por razones de justicia, que no de venganza, merece nuestra aprobación, como seguramente la merece del pueblo.
Al examinar el diagnóstico de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal,
encontramos que hay muchos pronunciamientos que compartimos, y otros que provienen del especial enfoque partidario de la mayoría que los elaboró y frente a los cuales disentimos.
Entre las conclusiones que no compartimos, figura la estimación de un sobregiro presupuestal de un 56%, ya que un análisis hecho con rigor, demuestra que tal porcentaje es más alto si se toma en cuenta que muchos programas no se cumplieron.
Uno de esos casos lo representa el subprograma 02, Transporte de Superficie, del cual, por cierto, en el informe previo de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal, se dice que: "Las metas de inversión relacionadas con este subprograma se cumplieron en su generalidad"; pero luego se contradice enormemente, pues se asienta que no se construyeron los 57 kilómetros de líneas elevadas programadas, que no se adquirieron los 100 trolebuses previstos y que la instalación de 16 subestaciones eléctricas planeadas, sólo tuvo un 12% de eficacia.
De lo anterior, se desprende que lejos de cumplirse en lo general con las metas de inversión, el subprograma se limitó al mantenimiento de vías, de líneas elevadas y de trolebuses, objetivos éstos que por elementales no representan ningún avance, mientras que con los sustantivos, como pueden clasificarse los referentes a la construcción de líneas elevadas, la instalación de subestaciones eléctricas y la adquisición de trolebuses, no se cumplió.
Otro de estos casos, es el del programa 2M destinado a la Infraestructura y Equipamiento para la Vialidad, integrado por cuatro subprogramas y cuya variación global entre los recursos presupuestados, cinco mil 777 millones de pesos, y los ejercidos, trece mil 626 millones de pesos, fue nada más y nada menos que de un 135.9%.
Rotundamente probatorio de nuestra afirmación, en el sentido de que el sobregiro de 56% es mayor si se toma en cuenta el incumplimiento de programas, resulta la información que se nos proporciona en torno a los cuatro subprogramas, de los cuales como vía de ejemplo, sólo mencionaremos uno. instalar y reparar semáforos, así como pintar señalamientos viales, resulta
El subprograma 02, Semaforización y Señalización, que tuvo como objetivos instalar y reparar semáforos, así como pintar señalamientos viales, resulta que sólo se instalaron 720 de los mil 136 programados, o sea que se cumplió en un 64.2%, mientras que en lo referente a pintar 3.6 millones de metros de señalamientos viales, se cumplió en un 100%, según dice el informe.
Para este programa se presupuestaron 461 millones de pesos, y se ejercieron nada menos que 828 millones, o sea, un 296.5% más de lo previsto.
Resulta patético el caso del programa 3C, Agua Potable, integrado por tres subprogramas, entre ellos el 01, que entre otros objetivos se fijó el de la ampliación de la red primaria, respecto a lo cual se habla en los datos contenidos en la Cuenta Pública de 48 mil kilómetros de ampliación, pero que tras consulta directa con el Departamento de Evaluación del Distrito Federal, resultó que la ampliación real de la red primaria de agua potable, sólo fue de 6.4 kilómetros, contrastando escandalosamente los recursos asignados para llevarlo acabo y que originalmente ascendían a 226 millones de pesos, y que al final del ejercicio se convirtieron en 2 mil 344 millones, que representaron un sobregiro nada más y nada menos que del 937.2%.
Queda claro entonces, que el sobregiro presupuestal estimado en un 56%, resulta notablemente mayor, dado el incumplimiento de programas.
Por lo anterior, seguramente, las propias autoridades del Distrito Federal estiman que si se hubieran cumplido los programas, el sobregiro global del ejercicio '82 hubiera sido doble.
Este sobregiro, por otra parte, no se explica totalmente por los factores a que hace referencia el dictamen, como son el de la inflación, el incremento de salarios y el cambio de la paridad cambiaría.
Con los anteriores factores, decimos, se trata de explicar diversas variaciones, pero si se observa con atención se encontrará que estás son de distinto porcentaje entre sí, cuando debiera ser homogéneo, si la consideración del dictamen fuera correcta.
Por cierto, que en los mencionados factores que las Comisiones incluyen para explicar el sobregiro, se habla de una inflamación del 100 por ciento; sin embargo, no todo el presupuesto se ejerció sobre ese índice inflamatorio, ya que ha de tomarse en cuenta que este fue menor en los primeros meses del '82 y se precipitó en el último trimestre del año.
El caso más contundente para demostrar que la explicación de la Comisión no es del todo válida, nos lo ofrece el programa 03, para la Coordinación, Promoción y Regulación de los Servicios del Transporte Urbano, pues padeciendo los mismo impactos de inflación devaluación e incremento salarial, pudo cumplir con sus metas en un 100 por ciento, y que de acuerdo con lo previsto, se construyeron 10 edificios para talleres, se adquirieron 4,800 autobuses y se readaptaron 4,500 vehículos. Si estos datos no son verídicos, de cualquier manera sí sirven para demostrar que el aumento salarial, si efectivamente fuera un factor para justificar estratosféricos sobregiros, uno de ellos se hubiera registrado en este subprograma, ya que los operadores de los autobuses, sobre todo los de la Ruta 100, disfrutaron substanciales aumentos durante el año.
La crisis y la coyuntura económica, son manejadas por las comisiones como factores justificantes de la irregularidad en el ejercicio presupuestal de 1982, pero ello no es admisible, pues insistimos en lo que afirmó nuestro compañero David Lomelí, en el sentido de que el modo de ejercer este presupuesto, es de causa y no efecto de la crisis.
La verdad, compañeros diputados, es que el sobregiro presupuestal fue financiado con deuda interna mediante la emisión primaria de dinero, lo cual produjo la inflación y la pérdida de valor adquisitivo de nuestra moneda en relación con las extranjeras. El que el peso estuviera sobrevaluado, fue causa por otro lado, de que disminuyen las exportaciones y en cambio, aumentarán las importaciones y se multiplicarán los sacadólares.
Se puede aducir que la del Distrito Federal es una administración municipal y que más que provocadora de la crisis, la sufrió en su ambiente grande, pero municipal. Sin embargo, hay que recordar que el ex regente Hank González, fue parte del equipo de López Portillo que propició la crisis y que el ejercicio del gasto público del Distrito Federal, colaboró, en su medida, a la agravación de ésta, ello independientemente de que provocó el endeudamiento tan grave del Distrito Federal que indicó en la deuda interna y externa.
Por cierto, en las consideraciones del dictamen que elaboraron las comisiones, se mencionan a la deuda como uno de los factores que explican los sobregiros, pero equívocamente se le presenta como si se tratara de un fenómeno meteorológico, tan inevitable como la lluvia, cuando, en realidad, es un fenómeno político, consecuencia indudable de las malas administraciones.
El desapego a los principios de normatividad mencionado en el dictamen, no es simple violación normativa, sino presumible maniobra de deshonestidad. El mal cajero resuelve las causas para poder robar; pero eso, tras el revoltijo, las discrepancias entre las cantidades gastadas y las presupuestadas que aparecen en la cuenta de la Hacienda Pública del Distrito Federal, hay evidencia constitucionalidad y base casi segura para afirmar que hubo deshonestidad. Más si se toma en cuenta un factor no mencionado en el dictamen y que el pueblo, dado al humor negro y a la penetrante ironía, califica como el "año de Hidalgo" al último de cada sexenio.
Todo lo anterior, compañeros diputados, explica porqué el voto de la fracción parlamentaria demócrata, es desaprobatorio y va más allá de la pureza metódica.
Sin embargo, señores de la mayoría, la opinión pública nacional y particularmente la capitalina, está atenta no al sentido de nuestro voto, sino a la dirección del suyo, pues sabe bien que es el que determina si hay o no, decisión de enderezar y rectificar.
Por el bien de México, ojalá que en esta ocasión su voto, señores de la mayoría, no sólo tenga el peso aplastante de su número, sino también el peso convincente de la razón.
A quienes nos presentaron su atención, muchas gracias. (Aplausos.)
México, D.F., diciembre 9 de 1983.
Sala de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, por la Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano.
Diputado Baltazar Ignacio Valadez Montoya."
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Mariano López Ramos, del Partido Socialista de los Trabajadores, en pro.
El C. Mariano López Ramos: Ciudadano Presidente; honorable Asamblea:
La Fracción Parlamentaria del Partido Socialista de los trabajadores, considera que el dictamen sobre la Cuenta Pública del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1982, es un análisis realista y crítico que se apega a las atribuciones que la Constitución otorga en su fracción IV del artículo 74.
En el cuerpo del dictamen se analizan los factores de la crisis económica que contribuyeron al déficit presupuestal, pero sin dejar de la influencia que éstos tuvieron en el mismo.
También se localizan otros elementos y factores de mayor importancia que fueron determinantes para que los resultados de la gestión financiera no fuera como estaban presupuestados.
En el dictamen se reconocen un conjunto de deficiencias y fallas, de anomalías que nosotros consideramos tienen peso y razón y por ese motivo fundamental el apoyo al presente dictamen.
Se habla en el cuerpo del dictamen, de anomalías en materia en los controles normativos; de deficiencias en la normatividad vigente en las áreas de obra pública, adquisiciones y contabilidad. La contracción de obra pública no fue puntualmente observada; no operaron satisfactoriamente los mecanismos de control; deficiencias en el ejercicio presupuestal; anomalías detectadas a diversos niveles; inobservancia de los criterios legales, y se abre la posibilidad de la comprobación ante quien corresponde por ley, de la posibilidad de los usos indebidos de los fondos públicos.
Hubo contabilidad ineficiente e irregular, y se reconoce que muchos de los objetivos programados no se alcanzaron.
Más adelante se reconoce que los efectos resultantes de tal política presupuestal vinieron a afectar a sectores mayoritarios de nuestro pueblo en los renglones más importantes y básicos de nuestra población.
En otro párrafo se habla de la necesidad de definir desde el principio en forma detallada las prioridades en los servicios y las obras públicas, de implantar sistemas de información adecuados, de acentuar la disciplina presupuestal, de mejorar la gestión administrativa en todos sus aspectos y de incorporar mecanismos de vigilancia y de control.
Y finalmente, se hacen un conjunto de proposiciones y de observaciones en relación a las mismas deficiencias, que sin lugar a dudas tenemos que reconocer que son necesarias, y que lo fundamental es que se ejerza mayor vigilancia y control para que dichas observaciones y medidas se lleven a la práctica y no queden en simples recomendaciones.
Nosotros consideramos que en el marco socioeconómico en que se da esta gestión presupuestal del '82, se deben considerar - como
se hacen en el dictamen - un conjunto de factores que no podemos, queremos o no, ignorar; ya que en el '82 se acentuó más la crisis económica, por supuesto sin dejar de aumentar el crecimiento demográfico y la migración de muchísimos mexicanos de provincia hacia la capital. Y esto, sin lugar a dudas, originó, repercutió directamente en el mismo presupuesto del Departamento del Distrito Federal.
Todos conocemos el conjunto de factores que han determinado la crisis y que han venido agravándola y que sobre todo en el '82 contribuyeron a multiplicar los problemas de una gran ciudad como la de México. Y sin lugar a dudas tuvieron una repercusión real en el presupuesto.
Estamos de acuerdo también en que este presupuesto elaborado en 1981, no contempla factores que se desarrollaron y multiplicaron en el '82 y que vinieron determinando una serie de problemas que se enfrentaron a la hora del ejercicio presupuestal.
En relación de la obras públicas se habla de un incremento en los insumos del 81%, aumento en la deuda de 111 mil millones de pesos, que significaron un 181% mayor a los presupuestados.
Nosotros aquí consideramos lo siguiente: El Departamento del Distrito Federal, sin lugar a dudas estuvo en la situación con un presupuesto aprobado y ante factores originados por la crisis económica, estuvo ante la situación de cancelar un conjunto de obras programadas, en virtud de las alzas indiscriminadas en algunos casos, sobre todo en relación a las obras públicas.
Y aquí cabe señalar y hacernos la pregunta ¿qué haya sido mejor, si limitarse exclusivamente a los recursos asignados, dejando por lo tanto inconclusas muchas obras, o cancelado, inclusive, programas importantes o de lo contrario asumir la responsabilidad con las consecuencias de sobrepasar el presupuesto, pero sobre todo con el objetivo de realizar aquellas obras previamente establecidas?
Nosotros pensamos que aquí las autoridades del Distrito Federal, se colocaron ante una disyuntiva y pensamos que la realidad misma los obligó a elevar su presupuesto por arriba de los aprobados con el objetivo de realizar esas obras. nosotros, estamos de acuerdo en términos generales con el dictamen de la Cuenta Pública, sin embargo, esto no significa de ninguna manera que estamos de acuerdo con el uso y destino que se le dieron a muchos de esos fondos y que sin lugar a dudas repercutieron en perjuicio de sectores, muy importantes de la población del Distrito Federal.
Nosotros estamos conscientes que los problemas del Distrito Federal son gigantescos y que los problemas de transporte, de educación, de agua potable, de drenaje, de vialidad y muchos más, requieren cuantiosos recursos para ser realmente recogidos progresivamente.
Y por esa razón estamos en completo desacuerdo con que se hayan transferido importantes sumas de dinero de sectores fundamentales, como el de la educación, el de la salud, a otros de menor importancia.
Consideramos aquí que esa política fue completamente equivocada y por esa razón y ya se apunta en el dictamen, se deben fijar previamente las prioridades y se deben ejecutar los presupuestos hacia esos programas de mayor trascendencia para la población.
No ignoramos nosotros la importancia de resolver el problema del transporte, de mejorar la vialidad del Distrito Federal. Sin embargo y aquí corresponderá a otras instancias, el que se realicen las investigaciones a fondo, para determinar en torno a conjunto de obras relacionadas con la vialidad y el transporte si no se realizaron fraudes o desviaciones de fondos del pueblo para enriquecer a empresas privadas del ramo de la construcción o incluso a funcionarios.
Uno de los renglones en que de manera mínima, insignificante, desde el '81 se programó, es el relativo al mejoramiento urbano y sobre todo al problema de la vivienda.
Nosotros consideramos que en Distrito Federal se deben tomar medidas radicales, destinando mayores recursos, estableciendo mecanismos de vigilancia y de control para desarrollar programas de vivienda que beneficien a los trabajadores y a las personas de escasos recursos económicos, con el objetivo de hacer realidad el derecho constitucional a la vivienda. Y todavía, desgraciadamente en estos renglones, se dieron las transferencias.
No es posible que en esta ciudad de México sigan marginados de la educación, de la salud, de los servicios elementales, como el agua y el drenaje, millones de mexicanos, mientras en las colonias abundan esos servicios; se derrochan; y de manera insultante se les otorga.
Nosotros consideramos que en esta Cámara de Diputados debe tomar medidas concretas para que se eleve substancialmente el presupuesto destinado para las obras y servicios que beneficien a las mayorías, cada vez más empobrecidas por la actual crisis económica.
No es posible que se vuelva a repetir transferencia de recursos, por ejemplo del sector de educación a otros y se dejen de construir jardines de niños o escuelas primarias y se realicen obras secundarias de menor importancia.
Esto es una responsabilidad de la Cámara de Diputados, de que debe ejercer vigilancia para que se realicen aquellos proyectos y programas que beneficien a las mayorías. Mientras se siga en el Distrito Federal favoreciendo de los intereses de la clase económicamente más poderosa, seguirán sin lugar a dudas agravándose los problemas sin posibilidades de resolverlos a corto plazo.
En materia de regularización de servicios de vivienda, de educación y de salud, se requiere tomar medidas a fondo, mientras se aliente y se tolere la especulación con el suelo urbano por parte de las particulares; mientras se aliente y se tolere ilegal de tierras ejidales y comunales para hacer negocio; mientras haya autoridades y funcionarios que responden
a los problemas sociales de la falta de vivienda y de servicios con la política de los desalojos, de los atropellos y arbitrariedades, en lugar de estar resolviendo los problemas a fondo se estará contribuyendo a agudizarlos más.
Nosotros consideramos que en esta situación de aguda crisis económica, se deben tomar medidas a fondo que, en lugar de multiplicar los problemas los disminuyan y se oriente a acciones concretas en cada uno de esos programas y sectores para resolverlos a fondo.
Nos parece importante que por primera vez en un dictamen se plantee el no dejar impunes a quienes, en su caso, hicieron mal uso de los fondos del pueblo, destinados a obras previamente establecidas.
Aquí es necesario que se tomen medidas a fondo para que destinen las responsabilidades y se castiguen a los responsables del probable y casi seguro uso indebido de fondos destinados a servicios y obras del pueblo.
Creo que es fundamental que en este se base de las palabras a los hechos, porque de lo contrario correríamos el riesgo de simplemente denunciar o enjuiciar de manera abstracta a los que sustraen los fondos del pueblo y quedar, de alguna manera, solamente en las condenas, como las que hicimos a los sacadólares que ahondaron la crisis económica.
En los análisis y juicios, no solamente de la Cuenta Pública, del último año de Gobierno, sino de la política presupuestaria de todo el sexenio no se puede desligar, desde nuestro punto de vista, del programa general del Gobierno y de un modelo económico del desarrollo que va siendo cada vez en mayor grado, incapaz de resolver a fondo y para siempre los desequilibrios y las desigualdades.
Los contrastes entre la opulencia más insultante en el Distrito Federal y en el país, y la miseria más lacerante de nuestro pueblo, no pueden seguir siendo miradas y analizadas con tanta diferencia. Estos contrastes y desigualdades, desde nuestro punto de vista, jamás se terminarán mientras no se transforme el actual sistema económico social en el que vivimos.
Por todas estas consideraciones, la fracción parlamentariamente del Partido Socialista de los Trabajadores reconoce todos los aspectos positivos, objetivos, realistas y críticos que contiene este dictamen. Los reconocemos y respaldamos las observaciones y proposiciones que se le hacen al Departamento del Distrito Federal para corregir esas deficiencias y fallas.
Corresponderá, sin lugar a dudas, no sólo a la vigilancia de esta honorable Cámara de Diputados, sino a la vigilancia diaria, permanente, del pueblo y de los trabajadores a través de sus organizaciones y del ejercicio pleno de sus derechos a hacer que las desviaciones, fallas y errores que se incurren en el uso del presupuesto de 1982, no se vuelvan a repetir; de ahí la necesidad tan sentida en la población del Distrito Federal de la democratización plena para que los ciudadanos del Distrito Federal no sean ciudadanos de segunda, sino que ejerzan plenamente sus derechos y puedan contribuir a resolver los graves problemas de la ciudad. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra en contra, el diputado Héctor Ramírez Cuéllar del Partido Popular Socialista.
El C. Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente; compañeros diputados: Las finanzas públicas del Departamento del Distrito Federal han estado profundamente deterioradas desde hace mucho tiempo, porque persiste la misma estructura tributaria que descansa en las captaciones del Impuesto Predial, del agua y de otros servicios, olvidándose que en la ciudad de México se concentra la mayoría de las industrias privadas, nacionales y extranjeras, y los grandes establecimientos comerciales que se beneficiaran además de la mano de obra barata, con la infraestructura que en esta zona ha creado la inversión constante del Gobierno Federal. Hasta hoy, no ha existido la suficiente voluntad política para que el Departamento del Distrito Federal participe en la captación directa del Impuesto Sobre la Renta, sobre todo en lo que concierne a las aportaciones del capital.
Esta omisión, que ya dura muchos años, ha provocado, entre otros factores, un descenso en los ingresos ordinarios, ya que el año de 1977 eran del 40% por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, y en el '82 tan sólo representaron el 20%; en contraste, los financiamientos pasaron del 3 al 41%. Los rubros típicos, como el Impuesto Predial a pesar de las distintas revaluaciones catastrales y los del servicio del agua, también han bajado; el primero se redujo en un 32% y el segundo en un 17%. En términos generales, la recaudación ha disminuido en un 111%; ha sido la propia situación política prevaleciente en el Distrito Federal una de las causas más severas que ha impedido la modernización de la estructura tributaria.
El hecho de que el jefe del Departamento sea designado unilateralmente por el Presidente de la República y sólo rinda cuentas a él, ha estimulado la tendencia económica de que es el Gobierno Federal el que sostiene en la práctica al propio Departamento, como lo revela la reciente decisión del propio Gobierno Federal de absorber la deuda externa, lo que fomenta la incapacidad de la entidad para desarrollarse con recursos propios que generen los habitantes de esta región.
A falta de una reforma fiscal progresiva que afecte al gran capital, según su monto, las autoridades decidieron, como ocurrió a nivel federal, el fácil, pero ahora pesado camino de endeudamiento externo. En el periodo anterior, el endeudamiento externo aumentó el 1,254%, por cada peso recaudado se adeudan tres. Para tratar de remediar esta situación, en la nueva Ley de Hacienda, que pronto estará a nuestra consideración, tan sólo se apuntan elevadas multas a quienes infringen las disposiciones sobre consumo de
agua. Mientras el Departamento no supere sus compromisos financieros, la mitad de ellos contraídos en dólares, no podrá sanear su estructura administrativa ni económica. Ni podrá contar con recursos para ampliar los servicios públicos.
El ejercicio del gasto público fue de 222 mil millones de pasos, que en comparación con lo aprobado, representó, como aquí se ha dicho un sobregiro presupuestal de 91 millones de pesos. Pero nosotros nos preguntamos: ¿Cuáles fueron las razones básicas de esas desviaciones? En primer lugar, reconocemos como válidos los argumentos que plantea el dictamen en cuanto a la jerarquía que le otorga a las repercusiones cambiarías de nuestra moneda, a los impactos de la inflación y a los aumentos de emergencia de los salarios. Pero también - agrega el Partido Popular Socialista - a una política equivocada que se aplicó desde las altas esferas del Departamento.
En efecto, todos los programas; de asignación de recursos y de construcción de obras, se hicieron a un lado a la hora de ejecutar el presupuesto. Se enfatizó en los ejes viales más que en la necesidad de extender las líneas del Metro, no obstante que se ha mostrado hasta la saciedad la eficiencia del sistema de transportación masiva.
El Congreso de la Unión ha legislado para todo lo relativo al Distrito Federal Pero por el hecho de que el jefe del Departamento, otros altos funcionarios y los delegados, son designados por el Presidente de la República, no han acatado ni en '82 ni antes, las disposiciones y normas que en materia económica dicta esta representación popular; siempre los presupuestos que su han presentado en los últimos años no han reflejado ni los ritmos de la actividad económica general, ni los de la región, ni se han elaborado calculando las tasas inflacionarias calculadas para el año en que se van a ejecutar, por lo que siempre son rebasados y trastocados, apoyando programas y metas que al final no corresponden a las intenciones populares y nacionales.
La permanente falta de respeto a todos los dictámenes que esta Cámara ha elaborado a la hora de aprobar los presupuestos de egresos, ha tenido se contrapartida en un excesivo y oneroso contratismo privado.
En efecto en el año de 1982 no se concursó en una sola obra pública como lo ordena la ley de la materia, y el consorcio constructor ICA fue el principal, y casi único beneficiario del conjunto de obras que realizó el Departamento.
Este énfasis limitado en el contratismo ha sido una profunda desviación en la política económica , tanto del Gobierno Federal como del gobierno del Departamento. Se aduce para ello que el Gobierno no tiene los equipos, maquinaria y tecnología necesarios para ejecutar las obras, y que por lo tanto se deben entregar a los particulares. Pero esto no es verídico porque muchas empresas públicas si pueden hoy, con los recursos disponibles y otras con un aumento en la asignación de recursos, participar de una manera directa en el proceso de construcción de obras públicas; pero desgraciadamente el propio Gobierno, en lugar de fortalecer a sus propias empresas prefiere entregar los contratos millonarios a las compañías privadas.
Según el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, que hizo múltiples auditorías, encontramos que el contratismo propició la adulteración de costos; obras que no se incluyeron en el presupuesto, pero que no se terminaron, obras que tienen materiales de baja calidad y cuantiosos adeudos que todavía se tienen que liquidar - 16 mil millones de pesos - a contratistas particulares.
Nosotros pensamos que esta deformación de la política del Departamento debe frenarse, porque es una de las causas más importantes de la descapitalización que sufre la entidad y de las empresas, y también uno de los motivos que han generado los problemas financieros más grandes que tiene el propio Departamento.
Desde nuestro punto de vista, el Departamento debe contar con un órgano interno que pueda organizar sus funciones administrativas y técnicas, y con un sistema de planeación hacia el exterior que evite la toma de decisiones arbitrarias o personalistas, en que se incurrió en el año de 1982.
La planeación debe atender a los requerimientos económicos y sociales de la mayoría del pueblo; debe crear más fuentes de trabajo; construir viviendas de interés social y ampliar los servicios públicos fundamentales en las regiones más pobres de la capital. Pero la estructura política es un obstáculo para el fortalecimiento económico de los ingresos del Departamento que siguen siendo, todavía a estas alturas, de carácter municipal.
Se impone, por lo tanto, un cambio político que estimule el desarrollo de las fuerzas productivas hacia la creación de una nueva entidad autónoma para que puedan cobrarse otro tipo de impuestos y gravámenes, y no solo participar en lo que decide la Federación por concepto de transferencias.
Pero sobre todo, el Departamento debe organizar empresas de carácter productivo, de tipo industrial y comercial que generen recursos propios como ya lo hacen muchos ayuntamientos y estados de la unión, que explotan procesan y comercializan recursos naturales.
El caso del anterior jefe del Departamento del Distrito Federal es acaso el ejemplo típico de un hombre que en otra época de su vida militó en las fuerzas de la Revolución Mexicana, que preconizó la tesis de nacionalismo revolucionario, pero que, ya andando el tiempo se pasó a las filas de la iniciativa privada, y al terminar su gestión administrativa, se convirtió en uno de los hombre más ricos de nuestro país, que entró en convivencia con los negocios del grupo de Miguel Alemán y de otros grandes burgueses de México. Se pasó a las filas del sector que tradicionalmente ha torpedeado el desarrollo histórico de México, se vinculó en los negocios con ellos y manejó la institución del Departamento, exactamente
como si fuera una empresa privada de su propiedad.
Estas afirmaciones están reflejadas en el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, relativo a como se entregaron y en que condiciones, la ejecución de las obras públicas del Departamento. Según el informe previo, se realizaron pagos por obras sin haber contado con las correspondientes estimulaciones. Hubo falta de verificación en los volúmenes reales de las obras, no existieron actas de entrega o de recepción de obras realizadas por varias compañías.
En lo que concierne a la fianza del 10% del importe de los trabajos a realizar, que deben establecer los constructores, tampoco se cumplió con esa obligación. Tampoco en el caso de la retención del 5% de las estimaciones a los trabajos por ejecutar, es decir, el contratismo llevado a su más absoluta expresión.
De esta experiencia nosotros queremos sacar varias conclusiones y al mismo tiempo varias lecciones para el presente y para el futuro. Cuando los cargos públicos se proporcionan a individuos provenientes de la iniciativa privada, o a los funcionarios vinculados con ella o cuando se permite que desde el poder político se hagan también negocios, que se mantengan negocios comunes entre funcionarios públicos y miembros de la gran burguesía. Se genera la más alta corrupción, que solo se conoció a plenitud en el régimen de Miguel Alemán.
Y esta imbricación entre funcionario público e inversionista particular ha provocado una descapitalización muy grande en el Departamento del Distrito Federal.
Lo menos que debe hacer esta representación popular, es el de exigir mayor respeto a las autoridades capitalinas, a las decisiones y a las normas que fije este Congreso en materia presupuestal, para evitar el hecho bochornoso de que la participación del Congreso en esta entidad, en los últimos años, ha sido más bien simbólica que real, en donde se hace aun lado todo lo relativo a la orientación de la política presupuestal.
En gran medida reconocemos la afirmación del dictamen de que el déficit del gasto público se debió a causas externas al Departamento, eso es cierto. Pero también en una gran proporción, ese déficit se debió a que se ejecutaron obras públicas que no solamente no estaban programadas - como decía aquí un diputado del PRI - , no solamente no estaban programadas, sino que no eran estrictamente necesarias o solamente necesarias en un calendario rígido. Se abrieron demasiadas fuentes de construcción, tan solo con el objeto de gastar las grandes transferencias de recursos que el Gobierno Federal entregaba a las autoridades capitalinas.
Si ese gasto se hubiese destinado hacia actividades productivas de bienes y generadoras de recursos propios, a la ampliación de los servicios públicos en las colonias proletarias. El PPS apoyaría en ese caso el sobregiro del Departamento del Distrito Federal. Pero no estamos en esa tesitura. Hubo obras que pudieron no haberse construido en el año que estamos discutiendo; hubo otras de carácter ornamental y además muchas obras que no se concluyeron y que ni siquiera se han entregado físicamente a la administración del Departamento.
Sin embargo nosotros discrepamos del dictamen en lo que se refiere a la concepción que tiene acerca de las tarifas y de los precios del Departamento, afirmando que, elevando las tarifas, se podría sanear la deteriorada estructura financiera de la entidad.
Nosotros pensamos que no es por ahí, esencialmente, por donde ocurrirá el saneamiento financiero de la entidad, sino buscando otras fuentes de ingreso que sean propias, generadas de la clase obrera y por el capital de esta zona; porque si se permitiera llevar a su aplicación práctica esta recomendación de la comisión de elevar los precios de los servicios y de las tarifas, llegaríamos a la situación en la que ya estamos de un notable encarecimiento de la vida cotidiana con una acentuación en los desequilibrios sociales, con una agudización de los antagonismos de las clases sociales, hasta llegar a la situación paradójica de que, la ciudad de México una ciudad de un país en vías de desarrollo, sea una de las ciudades más caras del mundo, cuyos servicios serán muy altos, pero que no tendrán la calidad ni la eficiencia de los servicios públicos de las ciudades de los estados más desarrollados.
Nosotros pensamos, entonces, que propiciar una alza indiscriminada de las tarifas de los servicios del Departamento, en virtud de los extremos niveles de pobreza en que viven millones de mexicanos en esta zona, solamente agravará la injusta distribución de la riqueza, y estaremos ante la posibilidad de explosiones sociales violentas entre los sectores más pobres de nuestra entidad.
Nosotros apoyamos, desde luego, la decisión o la recomendación del dictamen de que se proporcionen a esta soberanía un informe de carácter trimestral acerca del ejercicio del presupuesto. Nos parece que si esto ya se ha logrado a nivel del Gobierno Federal, no hay ninguna razón para que no ocurra a nivel del Departamento del Distrito Federal. Porque precisamente el hecho de no haber contado con una información trimestral o periódica del ejercicio del gasto, entre otras razones, permitió los abusos en los sobregiros y la trastocación completa de los programas.
Nosotros deberíamos agregar que esa información que reciba la Cámara sea evaluada, no desde el punto de vista contable, porque al fin y al cabo eso es secundario o corresponde a la Contaduría Mayor de Hacienda, sino en función de las metas y de los programas que aprueba el Congreso de la Unión. Porque no es adecuado que éste apruebe en el mes de diciembre un conjunto de metas económicas y sociales, las apruebe en función de una cierta jerarquía de prioridades, según la consideración de la mayoría, y en el transcurso del
año esas metas de hagan a un lado, se incluyan otras que no tenían casi nada que ver con las que previamente aprobó el Congreso.
Entonces, somos de la idea de que se considere, fundamentalmente, el aspecto de metas y objetivos.
También proponemos que el Departamento del Distrito Federal, además de este órgano de planeación interno, que termine con el desbarajuste administrativo que existe, que presente también a esta Asamblea un registro único de transferencias y subsidios, con el objeto de que podamos revisar anualmente estas partidas, desde el punto de vista del cumplimiento de sus programas y del acercamientos a los objetivos, y que pudieran ser evaluadas en cuanto a lo que cumplieron y en cuanto a lo que no cumplieron, de tal manera que las transferencias y los subsidios no queden a la decisión personal del jefe del Departamento sino que sean una decisión soberana de la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, reconociendo los avances del dictamen, no podemos estar en contra del contenido de esta política qué se aplicó en el año de '82. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra a favor, el diputado Juan José Osorio Palacios del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Juan José Osorio Palacios: - Señor Presidente; compañeros diputados. He pedido el uso de la palabra con el propósito de apoyar el dictamen de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, y hacer algunas aclaraciones que creo fundamentales.
Nadie ignora que nos hallamos ante una crisis que amenazaba con el derrumbe de instituciones, todo el mundo siente y resiente en mayor o menor grado los alcances de este fenómeno, y por ello todas nuestras acciones deben encaminarse a vender la adversidad, corregir errores, apuntar aciertos, prevenir desviaciones, sustituyendo lo que tenga que cambiar y conservando lo valedero.
El que las comisiones presenten los elementos de juicio necesarios para evaluar el ejercicio de 1982 en su dimensión justa y analice la relación del gasto público con la realidad económica, es un acierto que nos conducirá a evitar nuevas equivocaciones. Dicha revisión implica una grave y profunda responsabilidad, no es solamente un acto de fiscalización financiera consistente en el examen de correspondencia entre lo gastado por la administración y lo autorizado en las partidas. Esto sería un hecho de absurda simplicidad económica doméstica; estamos obligados a la valorización de la respuesta de la administración pública frente a las grandes demandas y necesidades del pueblo de nuestra urbe.
El Constituyente delegó al poder soberano de esta Asamblea la revisión de la Cuenta Pública, mandato que tenemos que emprender analizando todos los factores que incurrieron al realizarse la gestión financiera en estudio. 1982 fue particularmente un año difícil para el país, y el Distrito Federal se vio fuertemente impactado en su economía, las alteraciones que provocó la crisis desconectaba en forma radical del cumplimiento de los objetivos con los recursos nominales materialmente disminuidos o a largo del ejercicio anual; factores internos y externos imprevistos cambiaron en forma considerable las condiciones para la gestión financiera; por lo demás - esto todos los partidos lo han aceptado - es la ciudad de México y la zona metropolitana un reto histórico que aumenta en complejidad la demanda, incrementada constantemente, de los servicios públicos, el acelerado crecimiento demográfico por elevados índices de natalidad, el permanente flujo migratorio a la urbe, al grado de que la mitad de sus habitantes son de origen rural; la cada vez más apremiante necesidad de fuentes de trabajo; una insuficiencia de recursos disponibles frente a los requerimientos más inmediatos en obras y servicios; los efectos de degradación del medio ambiente son, entre otros no menos alarmantes, los resultados del crecimiento de la ciudad a lo largo de 40 años.
"Todos los problemas de la urbe se van entrelazando de tal manera, que es difícil resolver algunos de ellos sin que tengamos que atacar simultáneamente los que en su periferia se han aglutinado; así, por ejemplo, el problema del desempleo u subempleo que demanda más fuentes de trabajo, que permitan a las clases que cuentan con menos recursos obtener los elementos necesarios para su subsistencia, se deben visualizar y atender, así como otros graves problemas que con ellos se relacionan, como la baja remuneración, carencia de calificación técnica o profesional, agregando, como el dictamen lo indica, las dificultades o franca imposibilidad de acceso a la vivienda, servicios y equipamiento adecuados.
A pesar de los esfuerzos extraordinarios que ha efectuado el Gobierno de la República desde hace varios años, no se ha podido dotar de agua potable a todos los habitantes del área. Una ciudad fincada a más de dos mil metros de altura sobre el nivel del mar, con el número de habitantes con los que cuenta, con un alto índice de crecimiento demográfico, representa un serio problema en lo que respecta a la dotación de agua potable; se requieren elevados costos para lograr bombear la cantidad de líquido que se consume, a veces utilizado de una manera irracional que imposibilita proporcionar el óptimo servicio.
El crecimiento de la metrópoli está devorando de la manera más anárquica las tierras que la circundan, ejidos, comunas, pequeñas propiedades, tierras nacionales y bosques, van sucumbiendo en esa marcha incontenible. Sin pasar por alto la destrucción ecológica que esto produce, se apunta que es insostenible el costo del proceso de equipamiento y de dotación de servicios que reclaman esos asentamientos humanos.
Conozco de cerca las angustias, necesidades y carencias de los habitantes de nuestra capital, no sólo porque procedo de una de sus colonias populares sino porque en mi calidad de
candidato y diputado de mi partido, el revolucionario Institucional, ha participado activamente en múltiples proyectos y programas que han coadyuvado en la evolución de la metrópoli.
Todo mi esfuerzo y trabajo político legislativo se ha vinculado estrechamente con el desarrollo de nuestra urbe, la labor sindical que hace años emprendiera, me ha permitido también concebir, de una manera integral, la problemática de México, que a través de nuestras luchas reivindicatorias hemos enfrentado. Todo ello me ha dado oportunidad de atestiguar el desarrollo político - social que, gracias a nuestro sistema, se ha alcanzado.
Hace 30 años, en el seno de esta representación nacional, se otorgaba, a iniciativa del Presidente Adolfo Ruiz Cortines, el voto a la mujer, paso importante de la democratización del país; conquista irreversible del pueblo y su gobierno.
En el régimen del Presidente Adolfo López Mateos, nacionalizador de la industria eléctrica, se presentaban en esta Cámara los agrupamientos para dar la oportunidad a los que no piensan como nosotros, a los disidentes del sistema, a los adversarios de la Revolución, para que llegaran hasta esta alta tribuna, como diputados de partido, abriéndose las puertas de este recinto al pluralismo ideológico.
Se reduce la edad para poder ejercer el derecho al voto, se da mayor oportunidad de participación política a la oposición y en el sexenio pasado, se crean las diputaciones de representación proporcional basadas en los índices obtenidos por regiones.
Con toda la autoridad que nos da la representación mayoritaria de un distrito del Distrito Federal, no la de índices proporcionales, señalamos a los compañeros de la oposición que la libertad que ahora ejercen en esta Tribuna Parlamentaria, es gracias a un gobierno que cotidianamente cuestionan.
Nuestros opositores señalan, generalmente con falta de información y no siempre de buena fe, diferencias, desviaciones, errores; nosotros analizamos sus preceptos, sus comentarios, sus críticas y desechamos lo que no es valedero.
Tiene razón quien aquí expresó que la mayoría es responsabilidad, y eso es precisamente lo que estamos ejerciendo, la responsabilidad precisa para corregir los errores, pero para seguir adelante con nuestra Revolución en el camino que ella ha trazado.
El crecimiento desproporcionado de la demanda de bienes y servicios en la capital de la República, y la imposibilidad de estructurarlos con recursos propios, obligó al Departamento del Distrito Federal a depender en forma considerable de participaciones en los ingresos de la Federación y financiamientos; el problema financiero que confrontó el país, desencadenando en forma de grave crisis en 1982, incrementó el gasto corriente por elevación del salario mínimo y aumentos de sueldo y salario en general, así como por una mayor inversión para abatir el déficit de servicios, a lo cual se aunó la elevación de precios ocasionada por la inflación; la elevación de tasas de interés y las seis devaluaciones monetarias.
Entendemos nuestra responsabilidad autocrítica ante la historia, y ante las corresponsabilidad que de ella se derivan, por eso hemos hecho una revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal de 1982 en forma exhaustiva, y coincidimos con lo referido en el dictamen, que el presupuesto se formó con premisas de un año anterior, y que factores internos y externos propiciadores de la crisis estructural lo hicieron inoperante.
No es posible adentrarse al estudio de la Cuenta Pública sin encuadrarlo en la dimensión de la situación económica y en el análisis de las medidas que se adoptaron.
Es imprescindible profundizar, desde el punto de vista político, los contrastes internos que se trata de superar, los conflictos que se intenta impedir que lleguen a ser violentos, las fricciones que se quiere evitar se conviertan en explosivas, porque no olvidemos que cuando se vive una crisis, inflación, baja de precios de la materia prima, fuga de divisas, debe ponerse especial atención en las repercusiones sociales que en otras latitudes se han desencadenado en estallamientos.
La operación de la gestión financiera y de los programas deben de ser el fundamento del estudio; de esto resulta que al reducirse el poder adquisitivo de la moneda, los recursos del presupuesto sólo alcanzarían para realizar la mitad de lo estipulado en los programas, la disyuntiva estaba clara; dejar sensiblemente disminuidos los servicios a la ciudad, u obtener financiamientos que permitieran cuando menos, mantener y operar los servicios y avanzar dentro de lo posible las obras en proceso. De no haberse procedido de esta manera, hubiera sido catastrófico, ya que con toda seguridad se lamentarían deterioros materiales y sociales imposibles de cuantificar.
Afortunadamente, el criterio esencial de los cuadros políticos que han tenido la responsabilidad de tomar las decisiones, no se ha doblegado ante el esquema, ante la rigidez, se han sabido modificar los planes previos; inflexibilidad ante la realidad es fanatismo dogmático.
Fue indispensable actuar fuera del presupuesto, pero obligados por las circunstancias. Es cierto que algunas metas no se alcanzaron, pero otras se rebasaron y se realizaron algunas no programadas por necesidad imperiosa.
Al hacer el análisis de la Cuenta Pública del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1982, resaltan los siguientes hechos:
1o. El presupuesto original consolidado de 144 mil 500 millones de pesos, fue ejercido en un monto de 225 mil millones de pesos, lo cual representó un excedente de 78 mil 081 millones de pesos, que significaba un 54% de más.
2o. Asimismo, se originó que la Deuda Pública al 31 de diciembre de 1982 fuera de 216 mil 700 millones de pesos.
Ahora bien, ¿por qué el exceso en el ejercicio del presupuesto? La respuesta es clara, el presupuesto de 1982 se elaboró en 1981, tomando en consideración los índices que en ese año se pronosticaban para el siguiente; ocurrió que, en 1982, se produjeron seis devaluaciones, un alza inusitada de las tasas de interés en el exterior y en el interior y una inflación del 100%. Tomando en cuenta, vuelvo a insistir, sólo este último renglón, es evidente que con el presupuesto original sólo se hubiera podido realizar el 50% del programa, puesto que se doblaron los costos, o bien, que para realizar el programa al 100% hubiera sido necesario duplicar el total de los recursos presupuestados. A la vista de lo ocurrido se optó por una solución intermedia:
Realizar el programa de trabajo al 80% de lo proyectado, lo que produjo una elevación del gasto con un 54%.
La deuda al 31 de diciembre de 1982 es de 216 mil 700 millones de pesos. ¿Cómo se integra esta deuda?
Millones de pesos
El saldo al 31 de diciembre de 1981 fue de 90,723
De los cuales se amortizaron en 1982 4,276
Quedando un capital insoluto de 86,447
Se obtuvieron en 1982 créditos por 40,044
Por lo que la deuda ascendió a 126,491
Los intereses no pagados, la elevación de
tasas y las diferencias cambiarías sumaron 41,004
Al 30 de noviembre de 1982 la deuda era de 167,495
En el mes de diciembre de 1982, por intereses
causados, elevación de tasas y pérdida cambiaría
se produjo un incremento de 49,205
Que elevaron la deuda al 31 de diciembre de 1982 a 216,700
Lo anterior significa que de la deuda registrada al 30 de noviembre de 1976, que fue de 26 mil 445 millones de pesos, se pasó a 126 mil 491, es decir, se incrementó en 100 mil millones de pesos.
De la siguiente manera:
Millones de pesos
Metro: 82,900
Obras hidráulicas: 6,800
Semáforos: 800
Obras viales: 600
Otras Obras: 1,400
---------
Suma: 92,500
Abono a intereses: 7,500
________
Total: 100,000
El Departamento del Distrito Federal tuvo pues, un endeudamiento neto de 1977 a 1982 de 100 mil millones de pesos que se invirtieron como ya se ha dicho.
La deuda al 31 de diciembre de 1982 se integra así:
Millones de pesos
Deuda de ejercicios anteriores 25,000
Créditos de 1977 a 1982 100,000
Elevación de tasa, pérdida cambiaría e intereses insolutos 90,000
________
Total: 216,000
- -
De acuerdo con las leyes respectivas, "las funciones del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, son las de analizar la Cuenta Pública a partir del dictamen elaborado por las Comisiones Legislativas. Su propósito, acorde con su naturaleza de Asamblea deliberante, es el de formular apreciaciones sobre los efectos políticos, económicos y sociales resultados de la ejecución del presupuesto."
Examinemos, en función de lo anterior, a qué se aplicaron los recursos manejados por el Departamento del Distrito Federal en el sexenio anterior:
Agua potable. Se construyeron 2 mil 890 kilómetros de redes primarias, secundarias y de conducción, y tanques de almacenamiento y obras complementarias para 400 mil metros cúbicos.
Se perforaron 40 nuevos pozos y se rehabilitaron 275 en los valles de México y de Lerma.
Drenaje. Se construyeron 456 kilómetros de drenaje se concluyó el entubamiento del Río Churubusco, cuya falta generaba enormes problemas a grandes áreas de la ciudad; se construyeron las plantas de bombeo necesarias para la buena función del río entubado; plantas de bombeo y plantas de tratamiento de agua, que permitieron liberar tres y medio metros cúbicos de agua potable por segundo, que se destinó a usos domésticos, ya que mediante una red de 130 kilómetros se utilizó el agua tratada para riego.
Drenaje profundo. En 1977 se inició la construcción del drenaje profundo a partir del Monumento a la Raza, que era el sitio hasta donde llegaba la gran obra de desagüe del Valle de México y se construyó el interceptor central del Monumento a la Raza hasta la esquina de Paseo de la Reforma y Avenida Cuauhtémoc, poniéndose en servicio y se continúo de ahí hacia el sur, dejándose en proceso hasta la esquina de Cuauhtémoc y Alvaro Obregón, con una longitud de 22 kilómetros y una profundidad de 30 metros.
Vialidad y semaforización. Se construyeron y acondicionaron 494 kilómetros de vialidad, dotándola de 729 cruceros de semáforos electrónicos y quedaron 198 más listos para ser instalados.
Transporte. La red del Metro pasó de 40 a 78.8 kilómetros en servicio y 32 más, cuya
construcción quedó al 50% y al concluir se integrará una red de 111 kilómetros provista de 591 carros existentes en enero de 1977, que se incrementaron a mil 458 en noviembre de 1982.
Los viejos autobuses que daban pésimo servicio por sus malas condiciones mecánicas y por las cortísimas rutas que cubrían, fueron substituidos al municipalizarse el servicio, por 4 mil 500 nuevos autobuses que en rutas directas proporcionan servicio a los capitalinos.
Los útiles, pero estorbosos tranvías, fueron destinados a áreas periféricas y substituidos por 805 trolebuses.
Escuelas. Se construyeron 600 escuelas que comprenden 5 mil 486 espacios educativos.
Se realizó la urbanización y regeneración urbana de numerosos barrios y pueblos del Distrito Federal en todas las delegaciones, fundamentalmente en Milpa Alta, Iztacalco, Xochimilco, Tláhuac, Venustiano Carranza, Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Tlalpan, Cuajimalpa y Coyoacán.
Reforestación. Se plantaron con la participación de los niños de las escuelas, de los jóvenes de estudios medios, de las organizaciones de barrio, de los sindicatos y fundamentalmente, del Ejército Nacional, 115 millones de arbolitos y se estableció en Xochimilco, un vivero en 40 hectáreas, capaz de producir hasta 40 millones de arbolitos anuales para proseguir de manera permanente esta indispensable labor.
Se adquirieron tres plantas de incineración, cuya instalación quedó en proceso.
Se claustro el tiradero de Santa Cruz Meyehualco para destinarlo a área verde, e igual cosa se inició en el tiradero de Santa Fe, donde ya se ha instalado el nuevo sistema de procesamiento de desechos sólidos; a esto debe agregarse la multitud de centros sociales, centros de barrios y numerosos e importantes edificios delegacionales.
Se titularon 500 mil predios en donde igual número de mexicano bien han dirigido sus viviendas, garantizándose con ello la legítima propiedad de su patrimonio.
Al margen del ejercicio presupuestas se construyó el fideicomiso de carácter privado que permitió construir la Central de Abasto, indispensable para la gran área metropolitana sin fondos gubernamentales. Aclaro aquí, que este fideicomiso no aparece en la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal para 1982, precisamente por tratarse de un fideicomiso privado, regulado en el capítulo quinto de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. De otra manera la hubiese constituido el fideicomitente único del Gobierno Federal: la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Las partes del fideicomiso central de abasto son las siguientes: fideicomitentes, los adquirientes del derecho de uso por 99 años, aportaron recursos para la construcción de las bodegas, y el Departamento del Distrito Federal, a través de CODEUR, que afectó desde su patrimonio los terrenos para construir la central. Fiduciario, actúo Banco Mexicano Somex, en su carácter de institución mixta de crédito en banca múltiple. Fideicomisarios, también los adquirientes del derecho de uso y el Departamento del Distrito Federal, ya que no hizo un traslado de dominio, sino únicamente concedió un derecho de explotación por 99 años, pero que conservó el derecho real de propiedad, y se revierte en su favor al terminar la duración del fideicomiso. Como resultado de esta operación se estima el activo a favor del Distrito Federal en 60 mil millones de pesos, a pesos actuales, y una extensión de 327 hectáreas. En este fideicomiso se estableció como un requisito esencial, que el proyecto se pudiera realizar sin influir en recursos directos del Gobierno, y así contar con el financiamiento sano para el desarrollo del proyecto.
Con aportaciones de particulares, administradas por ellos mismos, se hizo la regeneración del Centro Histórico, las obras del Templo Mayor, la Plaza Madrid con la fuente de La Cibeles, la fuente Monumental de Reforma, el jardín de Bellas Artes, el de la Banca Nacionalizada, por mencionar sólo los más conocidos, y junto a ellos multitud de pequeños jardines y fuentes en pueblos y barrios del Distrito Federal. Cumpliendo con la función de formular apreciaciones sobre los efectos políticos, económicos y sociales, resultantes de la ejecución del presupuesto, cabe meditar en qué ocurriría a la Ciudad de México si no se hubieran realizado las obras anteriores, que permitieron dotar de agua a diez millones de habitantes, en vez de cinco, que la recibían en 1976; si el drenaje que proporcionaba servicio a dos millones y medio de habitantes no sirviera hoy a siete millones; si la vialidad y la semaforización no permitieran el transporte actual de cinco y medio a seis millones de pasajeros en autobuses de la Ruta 100; si los 805 trolebuses que transitan por 294 kilómetros y transportan a 680 mil pasajeros diarios, no funcionaran; si el Metro, que transporta hoy a más de tres y medio millones de pasajeros, sólo transportara un millón, como en 1976.
¿Qué harían los 638 mil 902 niños que ahora se educan en 5 mil 846 nuevas aulas, si éstas no existieran?, si no se hubieran iniciado los programas de reforestación; en fin, ¿qué sucedería hoy a nuestra ciudad si esta enorme obra realizada por el pueblo del Distrito Federal en unión del Gobierno, no se hubiera llevado a efecto? ¿Cuál sería a la situación de más de tres millones de mexicanos que integran las 500 mil familias cuyos predios están hoy plenamente garantizados? ¿Cuál sería el costo social y político si subsistiera tantas carencias más de las que hoy padece nuestra ciudad? El legislador no puede ni debe confundir su función con la de un contable o a la sola función de administrar; la función de gobernar ha de entenderse como la de conducir los esfuerzos y la vida de un conglomerado, y atender sus requerimientos y necesidades constantemente cambiantes.
El pueblo no es materia estática, es vida, es dinámica, es acción y renovación permanente
de requerimiento que el gobernante debe satisfacer en forma también dinámica y ajustada a la necesidad, a la circunstancia y al momento en que se vive.
El satisfacer demandas y necesidades en medio de tremenda crisis económica y financiera, llevó al Departamento del Distrito Federal a la deuda de que tanto hemos hablado al examinar la Cuenta Pública y que, por otra parte, debe compararse en términos relativos con el inicio y el fin del ejercicio gubernamental; los 26 mil millones de deuda que el Departamento registraba en 1976 representaron respecto de la deuda total de la Federación, que fue de 152 mil millones, un 17.3%.
La deuda de 216 mil millones de pesos, registrada en diciembre de 1982, si se estima en divisas, que contribuyeron su parte fundamental, representa mil 500 millones de dólares, que comprados con los casi 60 mil de la deuda federal, representan el 2.5%.
En términos comparativos, la Deuda del Distrito Federal del 2.5% es superior a la del 17.3% de 1976. Por otra parte, ¿es imperdonable el endeudamiento del 2.5% para resolver algunos de los problemas que padecen los diez millones de habitantes del Distrito Federal, o los 17 millones del área metropolitana que representan el 21% de los mexicanos, y que no todos son nacidos en el Distrito Federal?
¿Qué hubiera sido preferible? ¿Asumir la deuda o dejar de prestar los servicios? ¿Cuál hubiera sido mayor problema, la deuda económica o una mayor insatisfacción de la colectividad? ¿Pueden medirse en números los efectos sociales y políticos de un gobierno que posponga la satisfacción, aunque sea precaria, de necesidades ingentes del mayor conglomerado humano del país y que es al mismo tiempo el número uno, o uno de los más grandes del mundo?
Considero, compañeros diputados, que es muy importante la acción de la Cámara, que cumpliendo el espíritu del Constituyente, permanezca alerta y observe la acción del Ejecutivo a la vez que trece nuevos rumbos a la vida de nuestro país y avizore metas mejores para la vida de nuestros compatriotas; que analice y practique a fondo la acción realizada, pero que no se ciegue frente a evidencias contundentes de actos positivos para el bien social.
Debo responder a algunas de las aseveraciones que falsamente se han hecho aquí: en el transporte se dice que, ¿por qué no se lograron alcanzar todas las metas programadas?
Las metas programadas en 1982, de transportar 304 millones de pasajeros, no se lograron; se transportaron 249 millones, en virtud de que el organismo no pudo adquirir 100 trolebuses nuevos por haberse reducido el presupuesto autorizado para el año de 1982 en el rubro de inversiones de 680 millones de pesos que financiarán con aportaciones del Distrito Federal.
Esta situación se originó por ajustes a la política económica nacional y a la creciente pérdida económica nacional y a la creciente pérdida cambiaría, y esta reducción presupuestal originó también que no se construyeran 57 kilómetros de nueve vías que no se instalaran tampoco las 14 subsistencias eléctricas. Esa es la explicación.
El agua potable, ya lo dijimos anteriormente -
El agua potable, El programa de agua potable, ya lo dijimos anteriormente - insisto - se vio incrementado en comparación con la asignación original, debido a que se incorporaron obras de beneficio popular no contempladas en el mismo, como fueron la ampliación de la red primaria en colonias populares de las delegaciones: Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Magdalena Contreras, entre otras. Se construyeron siete tanques de regulación para beneficio de las colonias localizadas en las partes altas de la ciudad, así como el fuerte incremento de los costos en todas las obras.
Sobre infraestructura y equipamiento para la vialidad, la empresa extranjera de la que fueron adquiridos los insumos necesarios para la instalación del sistema computarizado de semáforos, fincó un crédito al Departamento del Distrito Federal por el pago correspondiente del año de 1982, que se vio afectado en proporción a la devaluación del peso. Sin embargo, los 407 cruceros no instalados se dejaron en existencia para el uso posterior.
Por otra parte, la operación y mantenimiento tanto del sistema como de los viejos sistemas Countran y electromecánicos.
No hubo fallas tampoco en la planeación y disciplina administrativa, pues en todos los casos se presentaron por el Sector del Departamento las solicitudes correspondientes a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Lo que sí existió fue confrontación de situaciones imprevistas e imprevisibles, a las que hubo que dar adecuada respuesta, ya que un gobierno debe atender a las necesidades y requerimientos de un pueblo, sobre todo cuando éstas no son previsibles, como sucedió en el ejercicio de 1982.
Que se realizaron obras no contempladas en programas originales, es cierto; pero esto fue por la presión originada por el déficit de servicios, que obligó a realizar obras no contempladas, pero debe tomarse en cuenta que fue una medida que evitó costos altos a futuro.
Se abrieron diferentes frentes para atender los diversos requerimientos de obras y de servicios; y aun cuando se compromete la operación de ejercicios futuros, fue preferible adelantar las obras que en el futuro tendrán que hacerse por la demanda acelerada de servicios, con lo cual se abaten costos posteriores mucho más altos.
En lo que se refiere a que el presupuesto del Departamento del Distrito Federal para educación debe ser más alto, estamos totalmente de acuerdo; debe procurarse una mayor atención a ese problema, se debe atender a la juventud y a la niñez. Pero consideramos que las paradojas sarcásticas y las expresiones agresivas de algunos compañeros, utilizadas aquí en su intervención, no corresponden en
nada al tono elevado y responsable en el cual se ha ventilado este debate.
Compartimos la preocupación por el fortalecimiento de la Contaduría Mayor de Hacienda para una más eficaz fiscalización del ejercicio presupuestal. De hecho, sus recursos se han duplicado, se ha agilizado decididamente su actuación y se prepara la renovación de su marco jurídico e institucional. Podemos por ello esperar, fundamentalmente, que el informe de resultados del ejercicio 1982, que recibiremos en septiembre del año próximo, será un documento de información valiosa, y nos dará noticias de las acciones concretas de financiamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales a los que conduzca su tarea sobre la base este dictamen enérgico, riguroso, veraz.
Está claro, pero debemos aclararlo una vez más a los compañeros diputados que se empeñan en oscurecer las cosas: el dictamen sobre la Cuenta Pública no es aprobatorio de la Cuenta Pública.
Estos dictámenes analizan, ponderan, critican, destacan y hacen señalamientos, propuestas y recomendaciones respecto de la Cuenta y el ejercicio presupuestal. Es una etapa, no termina aquí el asunto.
En ningún momento significa borrón y cuenta nueva. El dictamen en nada exonera de responsabilidad a nadie que pudiera haber incurrido en ella.
Por el contrario, pone las bases y da las disposiciones para el más profundo análisis e investigación del ejercicio del que se dio cuenta, para que puedan precisarse posibles responsabilidades.
Con mala fe insinúo algún orador que entendía que: "como los integrantes de éste y los anteriores gobiernos han sido de la misma familia; habrán de protegerse mutuamente como buenos hermanos..."
Es el Gobierno actual, y nadie más, ni la oposición ni nadie más, el que ha promovido una estricta legislación para el control y sanción de conductas inmorales de servidores públicos. Es el Gobierno actual y nadie más, el que ha formulado la Cuenta Pública en términos sin precedente, cuyo valor ha tenido que reconocer, incluso la oposición. Es la diputación de la mayoría priísta actual, a través de sus miembros en las comisiones, quien ha formulado el dictamen crítico y riguroso que estamos debatiendo.
Esta depuración la conduce y la lleva adelante el actual gobierno priísta. Y a nadie se intenta proteger, sino al pueblo mexicano a la Nación.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El C. secretario Jorge Cañedo Vargas: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si considera suficientemente discutido el dictamen, en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El C. Presidente: Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
El C. Presidente: Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal, en lo general.
El C. secretario Jorge Cañedo Vargas: - Se va a proceder a recoger la votación nominal, en lo general, y en lo particular de los artículos no impugnados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
Señor Presidente, se emitieron 263 votos en pro y 62 en contra.
El C. Presidente: - Aprobado el dictamen en lo general 263 votos.
Esta Presidencia informa que han sido reservados para su discusión los artículos del 1o. al 5o.
Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 1o.
Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del artículo 1o. los siguientes CC. diputados: Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional, y David Orozco Romo, del Partido Demócrata Mexicano.
Tiene la palabra el C. diputado Alberto Ling Altamirano, del Partido Demócrata Mexicano.
Tiene la palabra el C. diputado Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional.
El C. Alberto Ling Altamirano: - Señor Presidente, honorable Asamblea: Estoy solicitando autorización para tratar, en una sola intervención, todos los artículos que hemos reservado, que es prácticamente todo el decreto. De tal manera, de que a pesar de que está a discusión ahorita solamente el artículo 1o., que reservamos la votación de todos los artículos; claro, uno por uno, pero hasta el final de todo el debate para hacer más ágil este debate parlamentario.
Señor Presidente, si gusta usted consultar.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta la proposición del diputado Alberto Ling Altamirano para tratar en una sola intervención los artículos del 1o. al 5o.
El C. secretario Enrique León Martínez: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se acepta o no la petición del diputado Alberto Ling Altamirano para tratar en un solo acto los artículos del 1o. al 5o. de este proyecto de decreto.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestado... Aceptada, señor Presidente.
El C. Alberto Ling Altamirano: - Hace un momento un diputado de la mayoría decía que debemos esperar al informe de resultados
para saber cómo fue la sesión financiera y además, según esto, fincar responsabilidades.
De acuerdo, habrá que esperar a no más de septiembre del año que entrar, pero entre otras cosas, siendo la misma administración, aunque distinta gestión fiscal, podíamos y vale la pena, no esperar y ver qué pasó en 1982, aquí está el resultado y responsabilidad de los culpables de los cimientos de la crisis durante 1981. El informe de resultados de la Cuenta Pública, a 1981, que provocó la crisis que después tuvo problemas en la gestión del '82; no debemos, pues, esperar a septiembre del año que entra, puesto que esto fue entregado en septiembre de este año.
El diputado que habló en lo general al final, dijo algunas cosas interesantes, bastante interesantes, que reflejan claramente la semblanza de su partido. Dice así: Al principio mencionó que hubo factores que provocaron la crisis: externos, internos y que muchos de éstos fueron imprevistos, etcétera. Y que en esto estamos de acuerdo todos los partidos - dijo él - . Es el problema de confundir la mayoría con el total.
Nosotros no estamos de acuerdo, y nuestros, diputados que intervinieron en el debate ayer, en la Cuenta Pública de la Federación, dijeron claramente esto: que no estábamos de acuerdo, que había señales de alarmas, de tal manera que la crisis no fue provocada imprevistamente.
Desde el punto de vista interno existen indicadores financieros muy importantes, que nos dicen todo el movimiento, en especial de los precios del petróleo. Y los internos, los factores internos, evidentemente éstos no son provocados por un espíritu chocarrero sino son deformaciones de la estructura de gobierno que distorsionaban la economía. De tal manera que nosotros no podemos resolver el problema de la crisis ni considerar que fuimos víctimas de una crisis económica sino que la crisis económica está provocada por una distorsión del sistema político mexicano, que en el papel dice que es pluralista, pero que estamos viendo en los resultados y en la mentalización de los representantes de la mayoría, con este efecto totalizador, que solamente ellos tienen que tomar las decisiones.
Por ejemplo, en el párrafo final de su intervención, decía que los avances son gracias a lo que hace el Gobierno, a lo que hace el PRI, a lo que hacen sus diputados, que todo se debe a ellos. Pues, sí, todo, con ese efecto totalizador, todo se debe a ellos; entonces a ellos se debe la crisis.
Dice también que, ¿qué hubiera pasado si no hubieran ejercido los gastos? Que los niños no tendrían escuela, que no habrían 500 mil familias con sus terrenos, etcétera. Evidentemente, si ellos no hubieran hecho la función de gobernar, era su obligación hacer esto; pero nosotros nos preguntamos no sólo cuantitativamente. ¿Qué hubiera pasado si la administración pasada hubiera sido honrada, eficaz, eficiente y sin despilfarro?
Se habla de que estábamos en plena crisis, que éramos golpeados por la crisis, que algunos programas no se podrían cumplir porque había crisis, había escasez de moneda, la paridad cambiaría, los intereses, etcétera. Sin embargo, se hicieron la fuente monumental del Paseo de la Reforma, el Monumento a la Expropiación Bancaria, la Plaza de los Cibeles, etcétera, que son muy bellos monumentos, pero son suntuarios.
También se habla del fideicomiso para la construcción de la Central de Abastos, que es un fideicomiso particular, y que gracias a que se dieron concesiones por 99 años, etcétera. Asimismo, el diputado afirmó, que los terrenos los cedió CODEUR, pero todos sabemos que en realidad fueron arrebatados con artimañas y prepotencia a los chinamperos de la zona.
Es cierto, hubo crisis, no lo negamos, pero la crisis tiene causas, y si hay causas hay responsables debe haber culpables de la crisis. Así es que no somos víctimas de una crisis, verdad, de la sexta dimensión, de tal manera que nos golpea de repente, sino que esta crisis es provocada a ciencia por la forma populista de gobernar; pero suponiendo, sin conceder, que la crisis fuese justificada o justificable, ¿cómo se puede decir que es gracias a la crisis que los registros de los libros no se hacen en libros autorizados? ¿Cómo se puede explicar que la crisis señale los problemas de los talleres de la Ruta 100? Una cosa es que no se tenga dinero para construir y otra cosa es que se diga que se hicieron cuando no se hicieron: eso no es culpa de la crisis, eso es una vulgar mentira.
¿Cómo se puede explicar por medio de la crisis el relajamiento presupuestal, que no se atienen a lo que está presupuestado? ¿Cómo se puede explicar por medio de la crisis el cruzamiento y las transferencias prohibidísimos entre programas del propio Departamento sin una autorización específica y que no fue hecha para esto? Evidentemente, la crisis, suponiendo que tuviera causas justificada o justificables, ¿cómo podemos echarle culpa a la crisis de que el ejercicio, según el propio dictamen, pudo haber provocado la corrupción? La crisis puede provocar austeridad, pero no debe de provocar corrupción.
También se dijo - y es conocido a través de la prensa - que hace dos años, cuando se puso el precio de las placas, se dijo que el aumento exagerado en el costo de las mismas era para financiar los camiones de la Ruta 100, y de esto se dice absolutamente nada.
Por otro lado, hagamos un poquito de sumas y restas. Si atendemos a lo que dice, a lo que dice la Cuenta Pública: dice, que se compraron 4 mil 800 camiones, si a esto le sumamos que a otros 4 mil 500 se les dio mantenimiento, cómo es posible que al recibir, en teoría, 9 mil camiones, 9 mil 300 camiones, don Ramón Aguirre firme de recibido sólo por 2
mil 627. ¿Qué pasó con los camiones? ¿Qué pasó con la chatarra Ruta 100?
No vamos hablar ya del déficit financiero, cómo estuvo el exceso de gasto, el exceso de endeudamiento, etcétera, porque fue tratado muy ampliamente por compañeros diputados del PSUM, del PAN y de otros partidos. Solamente queremos comentar algunas situaciones del movimiento y la dinámica de la deuda.
El financiamiento en 1977 representaba el 3.3% de los ingresos del Departamento y fue aumentando conforme pasaba el tiempo, de tal manera que en 1982, en vez del 3.3%, ya representaba el 41% de los ingresos. Esto, evidentemente, no es culpa de la crisis sino que provoca la crisis, la crisis que estamos viviendo en 1983.
Acerca de las erogaciones por servicio de la deuda dejan un gasto programable demasiado pequeño por esta sangría, mientras el servicio de la deuda de 1977 era el 6.7%, en 1982 es del 38%, dejando un gasto programable sólo del 61% del presupuesto.
También se acusa de que la crisis fue provocada por la pérdida cambiaria, por las tasas de interés, por la inflación y los salarios. Pero como el ejercicio presupuesta fue del 100% en números redondos, ¿cómo le podemos explicar que la pérdida cambiaria lo puede justificar si los factores que provocan una crisis del 100%, todos y cada uno de ellos es menor del 100%? Todos sabemos que la suma de factores que provocan una crisis es la multiplicación de los mismos, de tal manera que la pérdida cambiaria, las tasas de interés, la inflación y los salarios de emergencia del 10, 20, 30%, etcétera, no justifican más que una mínima parte de la crisis o el exceso de gasto del 100%.
En la página 17 de la Cuenta Pública enviada por el Departamento, vienen tal como están las deudas o el endeudamiento del Departamento, tanto en moneda nacional como en dólares, francos suizos, marcos alemanes, francos franceses y yens japoneses. ¿Cómo le podemos rehacer a la pérdida cambiaria y a las tasas de interés si exactamente el 50% de la deuda está en moneda nacional? Entonces la pérdida cambiaria sólo puede justificar el otro 50%.
Por todo esto que no se menciona ni en el dictamen ni en el proyecto de decreto, nosotros, los del Partido Acción Nacional queremos hacer a ustedes la siguiente proposición tratando de mejorar específica y explícitamente los proyectos de dicho decreto. Por lo tanto, estamos presentando un proyecto de decreto alternativo. Voy a dar lectura a éste:
"Proyecto de Decreto por el que se revisa la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio presupuestas de 1982.
Artículo 1o. Se revisó la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal y se conocieron los resultados de la gestión financiera correspondiente al ejercicio presupuestal de 1982, encontrándose una severa variación entre el gasto aprobado y el ejercicio, compensándose a través de deuda pública, cuyo crecimiento rebasó los límites que se juzgan convenientes; que se generó una deuda irregular tanto en su cuantía y condiciones como en sus plazos, poniendo suficientes para la realización eficaz de gastos corrientes y de inversión.
Se quedaron erogaciones pendientes de pago por 58 mil 750 millones de pesos, que se han venido cubriendo con cargo a las partidas del presupuesto de egresos de 1983.
Que el ejercicio del gasto ascendió a 223 mil millones de pesos, excediéndose en 78 mil 81 millones de pesos.
Que los ingresos corrientes del Sector Central fueron de 76 mil millones de pesos.
Que los gastos corrientes fueron de 79 mil millones de pesos, y que es 58% mayor a lo presupuestado, y cuyo déficit de 3 mil millones de pesos evitó el ahorro programado.
Que la deuda neta del Sector Central para el año de 1982 ascendió a 111 mil millones, y cuyo monto es de 181% mayor que la presupuestada, alcanzándose en ese año una deuda acumulada de 217 millones de pesos, equiparable al presupuesto ejercicio por todo el Departamento.
Que los organismos y empresas del Departamento del Distrito Federal se sostienen gracias a los subsidios del Gobierno Federal y las aportaciones del mismo Departamento.
Que la incorporación de la entidad Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100, distorsionó severamente la estructura financiera del sector paraestatal del Departamento del Distrito Federal.
Que de los ingresos totales del Sistema de Transporte Colectivo metro, los subsidios y aportaciones pasaron de 49% en 1977, al 81% en 1982.
Que de los ingresos totales del servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, solamente el 9% provienen de recursos propios.
Que la Industria de Abastos no requirió subsidios y aportaciones mejorando su posición financiera.
Que los Servicios Metropolitanos cubrió con ingresos propios prácticamente sus gastos de operación.
Que casi todas las entidades coordinadas con el Departamento del Distrito Federal muestran una contabilidad deficiente e irregular.
Artículo 2o. Se revisó la observancia de los criterios legales presupuestales, tanto por parte del Departamento del Distrito Federal como por los organismos reconcentrados y descentralizados bajo su control, encontrándose que los ordenamientos relativos a la adquisición y arrendamiento de bienes y servicios por parte del Departamento del Distrito Federal, así como la contratación de obra pública, no fueron puntualmente observados; los criterios legales del presupuesto no fueron cabalmente observados y que su observancia bien pudo conducir a propiciar usos indebidos de fondos públicos.
En algunos casos, el Departamento del Distrito Federal no se ajustó al artículo 134 constitucional acerca de la contratación de obra pública adjudicada en subasta y bajo convocatoria.
En términos generales, se cumplieron los artículos 16 y 24 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, acerca de poner a la disposición y proporcionar a la Contaduría Mayor la información que solicite, así como los libros, documentos y datos.
Existió una deficiente planeación y coordinación de la operación de las entidades de la administración paraestatal del Sector del Departamento del Distrito Federal, lo cual implica incumplimiento del artículo 51 de las leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y de Obras Públicas.
o se cumplió satisfactoriamente, en términos generales, con la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, excepción hecha de lo relativo a la formulación del anteproyecto de presupuesto y la proyección y cálculo de los ingresos.
Se aplicaron correctamente los criterios señalados por la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, y la Ley de Hacienda del propio Departamento para la recaudación; excepto por haberse rebasado el endeudamiento autorizado de 20 mil 967.7 millones de pesos de monto neto, violándose el artículo 3o. de la Ley de Ingresos.
No se cumplieron las disposiciones del artículo 4o. del decreto de presupuestos de egresos para el ejercicio de 1982 del Departamento del Distrito Federal, ya que las ampliaciones al presupuesto y los compromisos, con cargo al mismo, no fueron debidamente autorizados.
No se cumplió el artículo 7o. del decreto de presupuesto de egresos, ya que hubo erogaciones que no fueron aprobadas por el coordinador del sector ni autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Tampoco se observó el artículo 10 del mismo decreto de presupuesto de egresos, ya que se detectaron casos que demuestran la falta de ejecución estricta del mismo.
Se incurrió en violaciones al artículo 11 del decreto de presupuesto de egresos, en el apartado relativo a la observancia de preceptos de la Ley de Obras Públicas.
No se cumplió el artículo 13 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público General, pues no hubo una adecuada planeación y programación, y por consecuencia algunas metas no se alcanzaron.
Se violó el artículo 25 de la misma Ley de Presupuesto. Contabilidad y Gasto Público, pues hubo transferencias presupuestales sin que existiera la autorización correspondiente de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
No se cumplieron los artículos 28 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, pues hubo sobre ejercicio presupuestal, sin haber informado a la Secretaría de Programación y Presupuesto los pasivos existentes al cierre del ejercicio, lo que trae como consecuencia pagos en '83 y operaciones no contabilizadas en 1982.
No se cumplieron los artículo 39 y 40 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, ya que de las entidades y dependencias del Sector Departamento del Distrito Federal, sus registros de control presupuestal difieren de la información que se presenta en la Cuenta Pública.
No se cumplió el artículo 86 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Departamento, ya que no proporcionó la información sobre su deuda pública flotante en los términos requeridos por la Ley.
Se violó el artículo 97 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad que no habían sido autorizados por la Secretaría de Programación y Presupuesto.
No se cumplió el artículo 105 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, pues el Departamento del Distrito Federal no contabilizó las operaciones financieras y presupuestales dentro del plazo de 60 días.
No se cumplió el artículo 17 de la Ley General de Deuda Pública, pues no hubo autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo que se refiere a los financiamientos adicionales del endeudamiento neto, previstos en la propia Ley.
El Departamento del Distrito Federal no cumplió con el artículo 8o. de la Ley sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Almacenes de la Administración Pública Federal.
A la Ley de Obras Públicas no se le dio cumplimiento a sus artículos 29, 30, 34, 35, 45, 46 y 47, siendo el fideicomiso para la construcción de la Central de Abasto, el que violó más artículos.
En las revisiones preliminares y de los organismos donde se practicaron auditorías, se encontraron que no se cumplieron algunos de los principios básicos de contabilidad gubernamental, como son los periodos contables, y que acerca del costo histórico se pudo constatar que en ningún caso se aplican las reglas específicas para la reexpresión de estados financieros en el sector paraestatal, emitida por la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Vamos a leer la proposición para el artículo 3o.: Se evaluó el grado de cumplimiento de los objetivos y metas contenidas en los principales programas, previstos en el presupuesto en los términos siguientes: En la mayor parte de los programas, que fueron 36, se registraron variaciones entre el presupuesto aprobado y el gasto real ejercido, que aun cuando el gasto real ejercido, que aun cuando el gasto correspondiente se incrementó nominalmente en un 54% sobre el presupuesto aprobado, muchos programas no se pudieron alcanzar. Que del análisis en detalle de algunos programas prioritarios efectuados por estas comisiones unidas, se colige que el grado de cumplimiento muestra el impacto de la crisis, pero también refleja deficiencias importantes en la planeación
y administración del Departamento del Distrito Federal.
En el Programa de Transporte Urbano no se construyeron 57 kilómetros de líneas elevadas para trolebuses ni se compraron 100 trolebuses, y solamente se cumplió con el 45% del objetivo estimado de pasajeros.
El programa de agua potable en algunas metas se excedió y en otras no las alcanzó y, sin embargo, se ejerció un 67% más del gasto presupuestado, obteniéndose dicho incremento a costa del programa de construcción de escuelas, pues no se construyó ninguna de las 53 primarias planeadas ni 16 primarias. El reducir los recursos del programa educativo no fue una decisión acertada.
El Programa Educación contiene deficiencias en su información por lo que se hace imposible su evaluación. El rezago en los niveles óptimos de eficiencia en el Departamento del Distrito Federal, pone en peligro la viabilidad misma de la ciudad. Además de propiciar un quebranto de la cuestión administrativa y la ineficiencia y el desarrollo de prácticas ilícitas.
En el desarrollo de programas encaminados a mejorar las condiciones de vida de los sectores mayoritarios, a través de acciones que podrían tener efectos redistributivos, el ejercicio del presupuesto de 1982 tuvo resultados limitados.
Nosotros, los de la diputación del Partido Acción Nacional, en este lugar del dictamen queremos intercalar un artículo 4o., que difiere del anterior, y que después haremos referencia al mismo.
Artículo 4o. Quedan vigentes las recomendaciones formuladas en las revisiones de las cuentas públicas de 1978 a 1981, por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, y las efectuadas por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en el mismo periodo.
Artículo 5o. Que es igual al artículo 4o. del decreto original; y
Artículo 6o. Queremos darle una redacción final como sigue: "Ordenése a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de Vigilancia, que practique las auditorías y realice las acciones legales, que permitan esclarecer las irregularidades habidas en el ejercicio del presupuesto del Departamento del Distrito Federal, durante 1982. Y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes y proceda a solicitar la imposición de las sanciones administrativas, civiles o penales, conforme a derecho, instruyéndola para que informe de sus acciones a la propia Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, lo más pronto posible, dentro del plazo establecido por su Ley Orgánica.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados. - 9 de noviembre de 1983."
Señor Presidente, quiero solicitar que esta proposición de dictamen alternativa, que enriquece al anterior, fuese propuesto a votación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso consulte a la Secretaría a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta del C. diputado Alberto Ling Altamirano.
El C. secretario Enrique León Martínez: - Por instrucción de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si admite a discusión la propuesta del señor diputado Ling Altamirano.
Los CC. diputados que estén por que se acepte, sírvase manifestarlo... Los CC. diputados que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: - En virtud de haber transcurrido, en exceso, el término de cuatro horas, señalado por el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, del Congreso, esta Presidencia dispone que se prorrogue la duración de esta sesión hasta desahogar los asuntos en cartera.
Tiene la palabra el C. diputado David Orozco Romo del Partido Demócrata Mexicano.
El C. David Orozco Romo: - Con su venia, señor Presidente: Quisiera solicitar, igual que el diputado Ling, autorización para tratar los distintos aspectos de los artículos impugnados en está intervención.
El C. Presidente: - Consulte la Secretaria a la Asamblea si se acepta la proposición del C. diputado David Orozco Romo, para tratar en una sola intervención todos los artículos que ha impugnado.
El C. secretario Enrique León Martínez: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a este honorable Asamblea si se acepta la proporción del diputado David Orozco Romo, para tratar de un solo acto todos los artículos que ha impugnado.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra.
El C. David Orozco Romo: - Honorable Asamblea: Vengo Aquí confesando una desventaja, de acuerdo con la tesis de diputado Juan José Osorio, soy un diputado de segunda, porque soy de representación proporcional, vine a esta representación con 40 mil votos, posiblemente con los que debata, hayan obtenido 50 mi, votos o sea, que tendrán 20% de razón más que yo, o 25% más de lucidez (aplausos), pero, con ese handicap negativo, me voy a referir al asunto que estamos tratando; desde luego, ya una labor de gambusino para encontrar datos de este desastre financiero hubiera sido fácil y un tanto reiterativo, ya mi compañero Valadez expuesto, en lo general, todos esos aspectos.
De alguna manera en el dictamen y en la parte encomiable del mismo se expresa, en la
página 10: Del examen del ejercicio presupuestario correspondiente a 1982, son de advertirse anomalías en materia de controles normativos, en particular la normatividad vigente en las áreas de obra pública, adquisiciones y contabilidad, refleja deficiencias, tanto en lo que hace al Departamento del Distrito Federal, como en lo relativo a las entidades por él coordinadas se aprecia a inoperancia de los principios y normas de contabilidad gubernamental.
Y en la página 11 del dictamen se establece: En razón de que los criterios legales del presupuesto no fueron cabalmente observados y que su observancia bien pudo conducir a propiciar usos indebidos de fondos públicos, estas comisiones unidas han llegado a la conclusión de que conforme a lo establecido en la Ley, la Contaduría Mayor de Hacienda deberá ahondar sin demora en las investigaciones que permitan esclarecer estas anomalías, y de encontrar que se perpetraron ilícitos, fincar la responsabilidad respectiva y proceder conforme a derecho, a fin de que se apliquen las sanciones correspondientes a los funcionarios y particulares que usaron en su provecho los fondos destinados a sufragar necesidades colectivas.
Particular cuidado deberá tener la Contaduría Mayor de Hacienda, en la auditoría de aquellas obras de adquisiciones que no fueron concursadas. Añado que ninguna fue concursada. Excluidas las que por su naturaleza o por disposición legal expresa, quedaron exentas de cumplir este requisito, que es cuando hay temblor, terremotos, tragedias, que no deben concursarse.
Entonces esta falta de normatividad, esta falta de seguir los reglamentos contables, éste no concursar las obras, reconocido explícitamente , recorre todo este ejercicio, y hace dudosas y pone entre paréntesis las otras explicaciones: Que fue por la inflación, que porque no se consiguieron en el mercado, que fue por el alza de precios, el sobregiro, etcétera. Cualquiera de esas explicaciones está acompañada por esa falta de normatividad, por esa falta de seguir los presupuestos legales, y entonces todo el ejercicio está afectado de duda y debe ser, como acertadamente lo estableció la Comisión, objeto de auditorías y de fincar responsabilidades.
¿A quién se le van a fincar? A quien haya sido responsable, pero hay que recordar que el ejercicio del gobierno del Departamento del Distrito Federal le corresponde al Ejecutivo, y que esas responsabilidades le pueden llegar al que lo fue en 1982.
Algunos diputados de la mayoría expresaron que no se podía exigir responsabilidad al presidente López Portillo, basándose en el artículo 108 de la Constitución. No fue en esta tribuna, sucedió en la realidad, y aquí reflejamos y comentamos lo que sucede fuera de esta tribuna.
El artículo 108 establece que: "El Presidente, durante el tiempo de su encargo sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común". Así lo dice el 108 y, efectivamente, sólo puede ser acusado por estos delitos durante el tiempo de su encargo; pero no una vez que ha cesado en él. Durante el tiempo de su encargo no puede ser acusado por ningún delito fuera de estos gravísimos de traición a la patria o delitos graves considerados como tales por la opinión pública, que pudiesen ser el parricidio, el homicidio, etcétera, pero tampoco puede ser acusado por los delitos que haya cometido con anterioridad a la posesión de su cargo, y la institución que establece un fuero extraordinario, mayor que el de los diputados y senadores y ministros de la Suprema Corte, es para el efecto que el del ejercicio del Poder Ejecutivo no se vea perturbado por acusaciones menores: que se pasó un alto, que provocó lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, etcétera, pero no establece que no sea incriminable. Establece la inacusabilidad, no la impunidad, no la imputabilidad.
Me decía un distinguido diputado, que conoce mucho del tema de los que emitieron la opinión, con muy buen criterio jurídico, que este artículo no es nuevo sino que es recogido de la Constitución de '24, en la de '56, en la de '17, y que fue recibido de la Constitución americana que fue la primera Constitución republicana cuando se vio con el problema de la antigua inimputabilidad. Es decir, inimputabilidad que tenían los monarcas, que quiso trasladarla al Poder Ejecutivo ya democrático y ya republicano.
Pero yo le decía: "No puede ser licenciado, cuando hubo ese traslado necesariamente se filtró por las convicciones republicanas; si no, estaríamos llegando al caso de las cartas que Boileav escribe a Luis XIV, y en las que le dice que él no puede pecar y le da varios argumentos; usted no puede pecar contra el mandamiento séptimo, octavo - digo, sí me los sé, pero en la tribuna se me han olvidado - , que prohibe robar porque todo es suyo, porque es su reino, el reino de Francia, y usted no se puede robar a sí mismo."
La teoría del Estado patrimonialista que se puede trasladar a nuestra realidad, y ya Octavio Paz así la clasificaba cuando el gobernante toma los recursos propios como su propio patrimonio como sucedía en las monarquías, en que del patrimonio del rey, lo mismo salía el alfiler con que se prendía los calzones, como las guerras que sufragaba o los pocos caminos que se realizaban. No puede ser, tuvo que ser cambiado por la convicción republicana para convertir la institución en una no acusabilidad durante el ejercicio, y no en una impunidad por los delitos cometidos durante su mandato.
Afortunadamente, creo que esta interpretación de la Constitución es la que debe de prevalecer, si no, estaríamos perdiendo el tiempo en el examen de esta Cuenta Pública.
¿A quién se le va a fincar responsabilidad sobre el ejercicio del Ejecutivo, sino es al mismo Ejecutivo?
Creo que con esa convicción estamos examinando la Cuenta Pública y fincando responsabilidades, como la parte contable, como ya la parte de fincar responsabilidades ha
quedado bastante acreditada, a pesar de que a veces se le trate de cubrir con euferismos, en estos exámenes hay una parte prospectiva en cuanto a mejoramiento de las condiciones a las que se refiere el propio dictamen, a lo que se refirió la presidencia de la Comisión, en su bien pensada intervención oratoria y maciza conceptualmente, de tomar las experiencias de este examen de la Cuenta Pública para sacar conclusiones.
Y de esa Cuenta Pública tomé el transporte, que es el que ocupa un mayor espacio del presupuesto. Ya no tanto para referirme a la parte gambusible de buscar defectos, que tampoco es una tarea legislativa, sino prospectiva, como me referí a los 4 mil 500 autobuses que se compusieron, que se atendieron, y después resultaron descompuestos o desaparecidos - a los que ya han hecho referencia otros diputados - , sino a la visión macroeconómica del mismo.
En esto se nos afirma que en el transporte, en la Ruta 100, únicamente hay el 27% de ingresos propios; en el transporte eléctrico, nada más el 9%, y en el Metro, el 20%. Por cierto, el subsidio federal que recibió Ruta 100, según la aseveración del informe previo, de casi seis mil millones de pesos, no fue contemplado originalmente en el presupuesto de 1982.
La Comisión, ante este hecho, en varios pasajes, sugiere el aumento de precios y tarifas y desliza la sugerencia como la mayor participación federal de que se haga federal. Parece una solución sencilla, pero no lo es. Si hacemos ejemplos con Ruta 100 y vamos atrás, vemos que el anterior servicio de transportes estaba prestado particularmente. Como era una santa paloma no era totalmente particular, no había el fenómeno de la competencia, estaba establecida una oligarquía que detentaba en una complicada red de concesiones y de contraprestaciones con el Estado, en el servicio deficiente que era objeto de un clamor general en contra, que era parte del sistema, en que sus integrantes eran adalides del nacionalismo revolucionario que criticaban a la reacción y a la derecha, que se aprovechaba de la crisis electoralmente, como si la oposición no se aprovechara en todos los países de la crisis electoral, y que contaron con posiciones propias, entre ellas, la gubernatura de Guerrero. Eran parte del sistema, no exactamente iniciativa privada, pero después de todo no recibimos subsidios.
Hoy, el servicio cuesta y recibe un cuantioso subsidio, un tanto con los desaciertos de su director. En la Cuenta se afirma que es una de las pocas dependencias en que sí se siguieron los criterios de contabilidad, pero aquí se refleja lo malo del sistema intrínsecamente. Aquí el subsidio se presenta contra la provincia, en que pagan de 10 a 20 pesos por el servicio de camión, en distancias menores.
Se puede decir, y algunos han alegado, que en el Distrito Federal aportamos más por IVA, por Impuesto Sobre la Renta, y que eso se debe reflejar en el presupuesto es del Departamento Central. Pero no se toman en cuenta todos los servicios que recibimos a través de las prestaciones federales, como puede ser en la educación, en las universidades, en la salud, y que parte de ese Impuesto Sobre la Renta es generado gracias a que en el Distrito Federal se concentran los servicios, sobre todo los del Gobierno, con disparidad frente a la provincia.
Y encontramos este subsidio, que hace pensar que el boleto del camión es barato. Ese término es muy relativo. En el mismo dictamen se confiesa que el capitalino usa tres horas diarias de su vida en el transporte, y entonces prefiere pagar el servicio alterno del transporte semicolectivo de pasajeros, que ya no son peseros, sino 20 o 30 peseros, para que no le cueste en horas - trabajo, y se desarrolla este servicio particular alterno en contra de todos los hechos. Lo mismo sucede con Ferrocarriles, que sus tarifas son bajas, que son tarifas de segunda, pero su servicio es de tercera y por eso, como tendencia histórica, constantemente está bajando la proporción de lo que transporta Ferrocarriles frente a lo que transportan los autobuses que cobran más caro, porque resulta ya, en última instancia, más caro.
Y esto de los subsidios nos ubica en lo que el Presidente López Portillo - él que tanto los extendió - , llamó la economía ficción. Aquí se aplica que son para favorecer a las clases más desvalidas, pero se aplica el dicho ya antiguo de la Colonia, de don Juan de Robles, que: "Hizo un hospital para pobres, pero primero hizo a los pobres."
Con la política de subsidios en que el Estado sustrae riqueza de la sociedad, más allá de lo que requiere la sociedad que le devuelva en servicios, hace a los pobres; le quita empleos, porque un empleo en el Sector Público cuesta más que en el Sector Privado, y no sólo por lo que se gane, sino por todo lo que se tenga que implementar alrededor de él.
Nuestros empleos no sólo cuestan por la dieta que recibimos, con mucho gusto cada mes más, sino todos los servicios que nos prestan de las edecanes, de las secretarias, la amortización de ese elefante blanco - que ya se ha discutido aquí - , en fin, que le costamos mucho a la Nación. Pero también cada servidor público le cuesta mucho a la Nación, y al extraer riqueza de lo privado, quita empleos.
Nosotros somos partidarios de ir sustituyendo los subsidios gradualmente, mediante la elevación del poder adquisitivo de quienes lo necesitan. ¿Qué es lo correcto, qué es lo normal? El obrero alemán no necesita subsidio para comprar su pan, porque gana bien, y el obrero norteamericano y el obrero suizo, inclusive el obrero español, y a eso es a lo que debemos de llegar. No al Juan de Robles sino al aumento de la producción y al aumento de la justicia social, vía salario, reparto de utilidades y demás prestaciones.
Entonces, para solucionar el problema no es sólo subir tarifas, porque también se nos presenta este problema. El Estado cuando actúa como tal frente a los precios que venden los particulares, ya sea de artículos o de servicios,
actúa como juez. Cuando es de sus propios servicios actúa como juez y parte, y se establece una especie de lucha de clases entre el Estado y los gobernados por cada precio que fije. Y mientras mayor sea el número de precios que fije, mayor será esa lucha, que no estará regida por motivos de justicia, sino por motivos de conveniencia, por motivos políticos. ¿Por qué no se suben los pasajes en el Distrito Federal? Porque aquí, en el Distrito Federal, la votación de los partidos independientes y de oposición superó a la del PRI, porque aquí en la capital hay una población sensible, politizada, y que reclama cuando se ve afectado su bolsillo; entonces se le carga esto a provincia. ¿Y por qué se sube el precio de la gasolina? Ese sí es factible subirlo, porque los coches de todas maneras tienen que cargar ese producto después de una suspensión temporal de sus actividades, no por justicia, no en relación con los costos, sino por razones presupuestales. Entonces, no es cuestión de subir tarifas, precios, que tal vez habrá que hacerlo, pero dentro de una solución integral, en que no exista un Estado empresario en todos los aspectos, y ese Estado empresario es en donde más crece y fructifica el Estado patrimonialista, en que la nación es propiedad del régimen.
Como ustedes no quieren el estado patrimonialista, lo que quieren es una efectiva revisión de la Cuenta Pública, porque estamos en una República, votarán en contra del dictamen los que así lo sientan, para mejorar nuestras finanzas públicas y llegar a ser república. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Como se ha solicitado con anterioridad, consulte la Secretaría a la Asamblea si se reserva la votación de cada uno de los artículos para el momento en que concluya la discusión en lo particular.
El C. secretario Enrique León Martínez: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a esta honorable Asamblea si se acepta o no que se reserve la votación de todos los artículos impugnados para el término en la discusión en lo particular.
Los CC. diputados que estén por que se acepte, sírvanse manifestarlo ... Aceptado, señor Presidente.
El C. Presidente: - Tiene la palabra para intervenir en lo particular el C. diputado Edmundo Jardón Arzate, del Partido Socialista Unificado de México.
El C. Edmundo Jardón Arzate: - Señor Presidente; colegas legisladores: Antes que nada, una respetuosa aclaración al compañero Juan José Osorio. No todos los diputados de oposición que estamos aquí lo estamos gracias al Gobierno; habemos algunos que, voto más, voto menos, estamos aquí gracias al pueblo.
Tanto en el examen de la Cuenta Pública Federal, como en este examen de la Cuenta del Departamento del Distrito Federal, se ha mencionado como una de las causas de la anomalía, de la irregularidad en el manejo de los recursos, la deuda externa. Se ha dicho que este fue y que es uno de los factores de la crisis y que ello, de una o de otra manera, ha incidido e incide en los problemas que actualmente aquejan a nuestro país. Y es cierto que esta deuda externa es una de las causas de la crisis, pero también es cierto que opiniones acerca de la adquisición de recursos en el exterior, opiniones en contrario, en torno al disparo de esta deuda externa, fueron dadas y vertidas por sectores de la opinión pública, por partidos políticos, en su momento, con oportunidad, sin que fueran escuchadas. Se diría, como se ha dicho, con la idea de que particularmente un recurso, el recurso del petróleo, podría contribuir a resolver no sólo los problemas que ya se tenían, sino a sacar adelante al país y a convertirlo en una nación próspera, con un nivel de vida más elevado para todos sus habitantes. Y así, con ese recurso, que en momento fue calificado como el recurso de la oportunidad histórica, se anduvo por el mundo recogiendo y recibiendo préstamos.
Y llegaban a nuestro país representantes de la banca internacional y generosamente - generosamente entre comillas - , otorgaban cuantos préstamos solicitaba el Gobierno de México.
Hoy estamos en una situación distinta. Y tenemos incluso dificultades para obtener recursos, préstamos del exterior. Esto trae a mi memoria unos versos que más o menos describen o pueden describir lo que nos ha sucedido: "Tuvo Aurora mil amantes / que a su hora la cubrieron de diamantes / como a una gran señora / pero ahora, aunque llegan los amantes / ¿qué se hicieron los diamantes de la Aurora?
Las lecciones de la historia no quieren aprender, o nos negamos o algunos se niegan a aprenderlas aunque conozcan la historia. hace unos días, en plática con el compañero diputado Cavazos Lerma, recordaba yo lo que había ocurrido después de que el gobierno británico decidió retirarse de aquella aventura, originalmente tripartita de intervención en México, motivada por la decisión de Benito Juárez de declarar una moratoria a la deuda que nuestro país tenía con otros países, con banqueros de otros países. Y le decía que ya desde entonces el primer ministro Palmerston, después de resolver que la Gran Bretaña no intervendría junto con España y con Francia en México, decidió, porque así lo habían decidido, por supuesto, los verdaderos interesados en este asunto, los tenedores de bonos de la deuda mexicana, decidió que a México se le siguiera prestando, y daba una explicación: "Tenemos que seguir prestándole a México porque si no, México no va a tener con qué pagarnos" Y añadía: "Y porque además, no podremos, si dejamos de prestarle, dejar de decidir el rumbo de la política económica de México."
Digo, lección de la historia que parece no quiere aprenderse. Y aquí en los exámenes
de la Cuenta Pública se hace énfasis en que ésta es una de las causas de las anomalías y de las irregularidades.
Es cierto, es una de las causas de la crisis, pero yo diría que no tanto de anomalías y de irregularidades; en este sentido, en esta materia, creo que otras son las causas, y no voy a meterme en ellas porque han sido ya desmenuzadas, analizadas, al debatirse este asunto, en lo general. No quiero tampoco, ni ha sido mi intención mi propósito, lejos de mí, semejante idea, convertirme en Ministerio Público o en miembro de un comité de salud. No lo quiero porque creo que todos tenemos conciencia cabal de cuál es la función de este cuerpo, somos Poder Legislativo y en consecuencia, conforme a nuestra esfera de acción, tenemos también conciencia de nuestros deberes y de nuestros derechos. Ni Ministerio Público ni comité de salud.
Tampoco, desde luego, es frase el decir desafortunados buitres, frase símil o aspiración a metáfora, desafortunados, porque si así fuera, quien lo dijo debió haber estado pensando en contrapartida que José López Portillo es carroña, y nosotros no hemos pensado nunca eso.
Queremos, sí, señalar que este dictamen de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal contiene opiniones críticas y autocríticas, muchas de ellas salidas del seno del propio Partido Revolucionario Institucional, es decir, de la mayoría de la Cámara; pero queremos también señalar que algunas opiniones contenidas en este dictamen fueron recogidas por esta mayoría priísta, de las que dimos los partidos que no formamos parte de esa mayoría. Crítica pues, de una parte autocrítica de la otra.
El dictamen, en muchos de los aspectos, es fiel a los hechos, fiel a la verdad, aunque por supuesto en el caso de los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, espero yo que no se quede sólo en mero asentamiento, en la mera constancia escrita, sino que sea expresión real de un propósito de actuar de manera distinta. Aquí valdría citar, para que no vuelva a suceder el salmo octavo de Francisco de Quevedo y Villegas - prosaico y preferido para mí entre mis autores - ; "que al sol de la verdad tenéis por sombra los arrepentimientos".
Paso a hacer proposiciones concretas de modificaciones a los incisos a), f) y g) del artículo 4o. de este proyecto de decreto y doy lectura a ellas:
Propongo que el inciso e) quede con el siguiente texto: "Informar a la Cámara de Diputados acerca de la composición en forma desarreglada de las partidas asignadas a educación pública, exigiendo que se cumpla con la Ley Federal de Educación, destinándose no menos del 15% del Presupuesto del Departamento del Distrito Federal para esa actividad.
Inciso f). Informar trimestralmente a la Cámara de Diputados acerca del avance de los programas a su cargo, presentando en forma desagregada por proyecto, la ejecución del presupuesto.
Inciso g). Informar trimestralmente a la Cámara de diputados acerca del avance de las acciones tendientes a la desconcentración del Departamento del Distrito Federal, al fortalecimiento de sus delegaciones y a la descentralización, precisando el gasto programático asignado a cada una de sus entidades administrativas.
Señor Presidente, de acuerdo con el Reglamento, solicito que se ponga a discusión estas proposiciones y en su caso se sometan a votación.
El C. Presidente: - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite a discusión la proposición de adiciones al artículo 4o., presentada por el C. diputado Edmundo Jardón Arzate.
El C. José Carreño Carlón: - pido la palabra, señor Presidente, por la Comisión.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado José Carreño por la Comisión.
El C. José Carreño Carlón: - Gracias, señor Presidente; honorable Asamblea: Por la Comisión, y después de reconocer la participación en sus trabajos de los diputados de todos los partidos, quisiera informar que a la Comisión le parecen pertinentes, que mejoran y dan mayor consistencia las modificaciones propuestas por el diputado Jardón a los incisos f) y g) del artículo 4o.
Yo quisiera ver si es posible que se sometieran a votación, o si se quiere abrir a la discusión estos dos artículos. Quiero adelantar que la Comisión estaría conforme con estas adiciones por las razones expuestas.
En lo que respecta al inciso e), el acuerdo de la Comisión, después de las deliberaciones que en su seno se llevaron a cabo, en los términos en que quedó el artículo respectivo, y creo que después de tales deliberaciones no estaríamos en el Pleno con la suficiente información para ponderar el nuevo texto que se propone, toda vez que el resto del dictamen ha sido puesto a consideración de esta Asamblea para primera lectura, hace unos días, para segunda lectura hoy y, en esa circunstancia, pensamos ya se ha madurado la opinión, el juicio de la Asamblea, para votar en consecuencia.
Esta es la propuesta que hace la Comisión a la proposición de adiciones a los incisos f) y g), hechos por el diputado Jardón al artículo 4o. del decreto. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado Edmundo Jardón Arzate.
El C. secretario Enrique León Martínez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a esta honorable Asamblea ...
El C. Edmundo Jardón Arzate: - Si no hay objeción de parte de la Comisión, yo quisiera solicitar que se vote directamente.
El C. Presidente: - Vamos a ver si no hay objeción, diputado Jardón.
El C. secretario Enrique León Martínez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la honorable Asamblea si se admite o no a discusión la proposición hecha por el C. diputado Edmundo Jardón Arzate sobre el artículo 4o.
Los CC. diputados que estén por que se admita, sírvanse manifestarlo ... Admitida señor Presidente.
El C. Presidente: Está a discusión la propuesta. Se abre el registro de oradores; no habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación de la Asamblea sobre la propuesta formulada.
El C. José Carreño Carón: ¿En los términos de la Comisión o inciso por inciso?.
El C. Presidente: Proceda a la Secretaría a recoger la votación de la propuesta del diputado Jardón para adicionar los incisos f) y g) del artículo 4o. del dictamen, en la forma que quedó expresada.
El C. Secretario Jorge Canedo Vargas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si son de aprobarse las adiciones de los incisos f) y g) propuestos por el señor diputado Edmundo Jardón.
Los que estén de acuerdo por esta propuesta, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Raúl López García, del partido socialista de los Trabajadores.
El C. Raúl López García: Señor Presidente, declino el uso de la palabra.
El C. Presidente: - Por haber declinado la intervención, se concede a continuación el uso de la palabra al C. diputado Sergio Ruiz Pérez del Partido Popular Socialista.
El C. Sergio Ruiz Pérez: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: del examen de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal de 1982 se destacan, entre otros, estos datos significativos: Se ejerció un gasto de 223 mil millones de pesos, en comparación con el presupuesto autorizado de 145 mil millones, registrándose un sobregiro de 78 mil millones de pesos, existiendo también un déficit presupuestal de 62 mil 124 millones, y la deuda total acumulada alcanzó en 1982 la cantidad de 216 mil 701 millones de pesos. Y de aquí se desprende a grosso modo una conclusión válida para todo el periodo sexenal de 1976 - 1982: La capital del país estuvo sometida a una administración pésima, orientada por criterios privatistas que dejó a la ciudad, desde el punto de vista económico, administrativo y financiero, convertida en zona de desastre.
Los esfuerzos por tratar de justificar los catastróficos resultados de esa administración, culpando a la densidad demográfica o a las grandes carencias populares, o a las elevadas tasas de interés, o a la devolución, son vanas; la causa real de este desastre administrativo debe buscarse en la contradicción grave que se da entre la necesidad de una dirección política y económica, popular y democrática, que parta de nuestra realidad nacional y siga nuestra vía natural de desarrollo histórico, y la que pueden ejercer funcionarios públicos enriquecidos, en prósperos nombres de empresa, quienes, con mentalidad de negociantes, ejercen sus funciones.
En efecto, cuantas veces se pretenda dejar el gobierno de una entidad como el Distrito Federal en manos de un empresario, los resultados serán semejantes.
Entre los hechos que caracterizan a la anterior administración, profundamente negativos, vinculados todos a la característica clasista y política del funcionario que ejerció esa responsabilidad, están los siguientes: Decisiones personales al margen de las normas e instituciones, como si se tratara de la administración de una empresa privada y no de una comunidad social; violaciones a la Constitución en materia de división de poderes, y falta de respeto al Poder Legislativo, al que reiteradamente se le ocultó y manipuló la información.
Mi partido, el PPS, año con año, durante todo el sexenio pasado, denunció, desde esta elevada tribuna del pueblo, esa conducta del jefe del Departamento. Hábitos de especulación y acumulación de riqueza personal y familiar, al margen de lo que las leyes le permiten. En efecto, así como procede todo empresario que lleva dobles o triples contabilidades, que defrauda al fisco, que esconde las mercancías, que reetiqueta, que especula con divisas, aunque hunda la economía del país; que explota a sus trabajadores y que todavía se queja de los impuestos, del Gobierno, de los perezosos y buenos para nada que son sus asalariados, así, un negociante en funciones públicas busca también toda oportunidad para enriquecerse, realiza obras, muchas obras, pero muchas de ellas superfluas o no adecuadamente jerarquizadas, si éstas reditúan a su bolsillo. Otorga las concesiones al margen de las leyes, a sus socios, amigos y familiares, especula con los predios urbanos de las zonas en las que planea realizar obras de infraestructura. Complicidad, en grado de subordinación, con otros negociantes de mayor poder económico, sobre todo extranjeros, y a eso se debe la facilidad con que los funcionarios como que el que estuvo al frente de la administración del Distrito Federal, cayeron en la trampa del excesivo endeudamiento externo, del que se derivaron
después consecuencias y no causas, los problemas de la elevación de las tasas de interés y la supresión de los flujos crediticios.
Está claro que los créditos fueron utilizados por los países de alto desarrollo económico capitalista, por el capital financiero internacional como una trampa para someter a una brutal dependencia económica y política, a múltiples países en vías de desarrollo del mundo, y a la vez para saquear a manos llenas sus riquezas. Eso es lo fundamental. Desde el punto de vista de mi partido, que se ventila hoy en esta sesión de la Cámara de Diputados.
¿Quién debe gobernar la capital del país, al país mismo, y con qué criterio? negociantes prósperos, como quieren los partidos de la derecha, ahí está el anterior jefe del Departamento del Distrito Federal como muestra del resultado catastróficos que su pretensión ocasiona.
Insistir en la política económica de capitalismo dependiente, ahí tenemos en el informe de la Contaduría Mayor de Hacienda, una pequeña muestra de a dónde conduce ese camino, porque no importa, a fin de cuentas, si los funcionarios negociantes llegan a los puestos públicos por la vía del PRI, o por la vía del PAN, en uno y otro caso hacen lo que conviene a sus intereses de clase, los que son antagónicos con los intereses superiores del pueblo y de la Nación mexicana.
Si hemos de sacar la lección lógica, la moraleja de este cúmulo de datos negativos, de violaciones y engaños, de desviaciones de recursos y ocultamientos de informes, es la de afirmar la convicción de que está definitivamente condenada al fracaso la perspectiva que ofrecen los enemigos de nuestra vía nacional de desarrollo; que los reaccionarios y contrarrevolucionarios vengan al PRI o del PAN, nada tiene de positivo que ofrecer; que los funcionarios negociantes sólo ven en el puesto público un negocio más, un botín en sus inescrupulosas manos: por tanto, si queremos evitar el tener en lo sucesivo que encontrarnos con cuadros de catástrofes financiera y administrativa, como el que hoy se analiza, se requiere que los funcionarios públicos sean individuos vinculados con el pueblo, con los trabajadores, y no con los empresarios; que impulsen la creciente intervención del Estado en la economía, que combatan la especulación.
Se requiere planificar y programar las tareas de Gobierno en función de los intereses populares, se requiere fortalecer al Congreso de la Unión, particularmente a esta Cámara para que cumpla sus tareas de representante del pueblo, de vigilante enérgico del Ejecutivo. En el caso concreto del Distrito Federal se necesita un congreso local que vigile constantemente la conducta administrativa de mandatarios surgidos con el voto de la ciudadanía.
Por ahora, esta Cuenta Pública no puede aceptarse. Aun reconociendo los avances de su articulado y el esfuerzo crítico que realizaron las comisiones, el Partido Popular Socialista ha votado por su rechazo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al C. diputado José Carreño Carlón.
El C. José Carreño Carlón: - con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados: Al llegar prácticamente al término del debate sobre el dictamen de la cuenta pública del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio presupuestal de 1982; por la Comisión, primero deseo agradecer los reconocimientos hechos al dictamen por los diputados de los diversos partidos, así como por las observaciones y aportaciones que se hicieron tanto en las Comisiones como en esta reunión del Pleno, y que sin duda seguirán contribuyendo a elevar, a hacer cada vez más consistente el papel de la Cámara de Diputados como órgano externo de control de las finanzas del Ejecutivo.
Creo que en el debate han podido subrayarse coincidencias esenciales y que también han quedado claras las diferencias de enfoque y de alternativas, en una relación dialéctica y de discusión democrática entre las diversas corrientes políticas representadas en esta Cámara. Yo quiero hablar de una y de otras, de coincidencias y de diferencias; quizá el punto de partida del dictamen preparado por la Comisión, por las Comisiones, en las que en reuniones en que participaron, insisto, todos los grupos parlamentarios, es el señalamiento crítico que se da en México y se da en gran parte de los países, de un rebasamiento por la realidad del derecho financiero de la legislación vigente.
De ese reconocimiento, nosotros, en las Comisiones, pero también en los términos del dictamen, obtenemos la conclusión y el Compromiso de la Cámara de Diputados de seguir avanzando en este proceso de modernización y del derecho financiero, tanto en sus términos preventivos como correctivos.
No quisiera insistir o llegar a los pormenores de las críticas particulares que se han hecho a nuestro marco vigente de control de la administración financiera, y tampoco quiero señalar probables incongruencias. Simplemente para ilustrar a la Asamblea de la necesidad de la ingente tarea de actualizar y modernizar el derecho financiero, quiero señalar, sin ánimo de subrayar ninguna incongruencia, sino para subrayar precisamente que estamos en un campo nuevo, el hecho de que el Partido Acción Nacional, a través del diputado que participaba en la Comisión de Vigilancia hace dos legislaturas, el diputado Guillermo Carlos de Cárcer Vallescá, se expresaba en términos positivos de un punto de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, que ahora ha sido impugnado por los diputados de Acción Nacional, Subrayó, pues, que se trata no de una incongruencia, sino de una legislación que está a prueba todos los días y que debe seguir modernizándose.
Decía, entonces, el diputado de Acción Nacional, a propósito de los plazos para entregar, por la Contaduría, los informes de resultados, en términos de reconocimiento, que se contaría con un mayor tiempo para la elaboración del informe sobre el resultado de la revisión de la Cuenta, por parte de la Contaduría, así como una estructura, atribuciones, material humano, auxilio de auditores, que debe traducirse en un documento completo, el cual contendrá además el señalamiento de las irregularidades.
Creo que los términos señalados entonces, coinciden con el marco vigente en el que se inscribe el dictamen puesto a consideración de ustedes.
Rebasados los instrumentos administrativos para la administración del Distrito Federal, creo que encontramos otro punto igualmente de coincidencia, como está en el dictamen y como lo señalaba esta mañana la Presidencia de la Comisión del Distrito Federal; creo que hay también absoluta coincidencia en que la capacidad de planeación, la hacienda pública, los procesos de toma de decisiones, siempre a la zaga de los problemas, no responden ni a la magnitud ni a la complejidad de los requerimientos colectivos, derivados de la dinámica concertadora en esta área metropolitana y, reconocía la Presidencia de la Comisión del Distrito Federal que, evidentemente, no respondieron en el ejercicio de 1982 que se analiza, como no respondieron en los últimos lustros, y hay que recomendarlo - concluía - tampoco responderán de un día para otro.
No obstante, pues, por parte de la Comisión ni pretendemos - como se ha dicho en el curso del debate, en la prensa - imponer, ni tratando de imponer un borrón y cuenta nueva, ni manejando artificios justificadores. Estamos asumiendo, eso sí, un problema en sus verdaderos alcances que son de estructura, como también asumimos que en el año de 1982 del ejercicio que se analiza, vivió el país, vivió la ciudad, vivió y vive el mundo, una combinación de causas y efectos de una estructura económica irracional e injusta.
La combinación del rebasamiento estructural, de los requerimientos reales, sociales, económicos, de la población del Distrito Federal respecto a las capacidades de la entidad administrativa que lo gobiernan, son evidentes, pero hay que insistir en que ese rebasamiento se combinó con los efectos y el agolpamiento de situaciones críticas que impusieron variaciones de todo orden en la deuda, en el proceso mismo de endeudamiento y en el gasto.
Pero que quede muy claro, también, que estas ponderaciones, que nos llevan a inscribir en la crisis estructural del desarrollo concentrado en esta zona y los efectos de las más graves situaciones enfrentadas en 82, tampoco liberan ni liberarán a partir de nuestros instrumentos jurídicos a los responsables, que en medio de todas las situaciones, de todas las operaciones que se realizaron fuera de una deseable normalidad en los términos expuestos por el dictamen, se pudieran haber aprovechado de la situación para cometer actos faltos de probidad.
Llamemos a las cosas por su nombre, tenemos un marco legal vigente, rebasado. Hubo incumplimiento de un marco legal defectuoso. También reconozcamos que los defectos legales de algunos de estos incumplimientos por ese mismo rebasamiento de la realidad respecto del marco jurídico, no tienen mayores efectos legales, y reconozcamos también, dentro de esta legislación vigente, reconozcamos el papel de la Contaduría Mayor de Hacienda, como órgano técnico de la Cámara de Diputados y de los órganos de control con los que cuenta el Poder Ejecutivo para precisar y llevar hasta las últimas consecuencias jurídicas cualquier situación que merezca individualizar responsabilidades.
Quiero referirme también a las observaciones de algunos compañeros diputados de los partidos de oposición, en cuanto a que hubieran querido términos resolutivos del decreto más comprometidos, quizá más vinculados - dicen ellos - con los términos críticos del dictamen.
Yo quiero informarles, porque no se ha dicho en este Pleno, que también, en este campo el decreto implica un avance notable. No es cierto que el decreto esté afectado de alguna especie de neutralidad aséptica. Expresamente, y en la reunión que tuvimos en la Comisión del Distrito Federal, el Diputado David Orozco encontró una fórmula que nos pareció feliz a todos para vincular la revisión de la gestión financiera, la evaluación del cumplimiento de los criterios presupuestales y la revisión del cumplimiento de programas, a los términos críticos del dictamen, de forma y manera que el proyecto alternativo de decreto que nos propuso nuestro compañero Alberto Ling, salvo por un prurito que yo calificaría de estrictamente formal, coincide en sus términos esenciales, bien leído, con el decreto que contiene el dictamen.
Hubiera sido útil que el diputado Ling nos hubiera llevado a la Comisión su propia alternativa de decreto, y quizá hubiéramos llegado a algún punto de consenso. Sin embargo, presenta este proyecto alternativo lleno de cifras ante el pleno, el cual no podrá ponderarlo sin contar con el mismo tiempo que tuvo para revisar el dictamen. La mayoría, después de haber tenido oportunidad de revisar el dictamen que se presentó a primera lectura hace varios días, opta por quedarse con el proyecto contenido en el dictamen, en sus términos y con la convicción también de que incluye, en una lectura cuidadosa, las preocupaciones principales del compañero diputado de Acción Nacional. No voy ha referirme a todas las aparentes diferencias de cifras que se han ventilado en esta Asamblea, a propósito de las que recoge el dictamen. No hay tampoco diferencias que no sean de matiz y quizá también de mejoramiento de la información que se ha dado en el
último año sobre la situación del Distrito Federal.
La Comisión trabajó con las cifras de la Cuenta Pública. La Cuenta Pública la presenta el Poder Ejecutivo en una fecha. Se han manejado otras informaciones también procedentes del Poder Ejecutivo, presentadas en otras fechas. De ahí me propongo, pueden surgir algunas diferencias, pero propongo también convenir en que los rasgos generales de la crisis, que sus rangos y proporciones apuntan a la misma situación, que cualitativamente propone el dictamen, hay diferencias de enfoques y matices, insisto. Y a manera de ejemplo, también, como lo propuso David Orozco, veamos, por decir algo, el de los camiones de la Ruta 100, con la carga ideológica que rige la lúcida intervención del Diputado Orozco, habría también que abrir los interrogantes que deben de abrirse ante toda afirmación de carácter ideológico, así esté basada en las cifras manejadas por el dictamen.
Veamos las diferencias entre unidades de autobuses de Ruta 100, como dijo un orador del Partido Acción Nacional, y contestémoslas en los términos aquí mismo expuestos en el debate Dijo Gerardo Medina que la administración pasada dejó chatarra en lugar de autobuses de la Ruta 100. Y ahí puede empezar una explicación de las diferencias de autobuses, de cómo los contabilizaron, cómo los inventariaron los encargados de hacerlo de la administración anterior, y como los inventariaron los de la nueva administración, después de desechar lo que seguramente fue chatarra.
Pero la carga ideológica se puede descubrir muy fácilmente. No pudo la administración anterior dejar chatarra en unos cuantos meses de gestión directa; desde otro enfoque, y también tendrá razón quien lo diga, se dirá que la administración recibió chatarra de la gestión monopólica privada.
Estos son los puntos que quizá maticen los acuerdos esenciales del encuadramiento crítico en que hemos manejado el dictamen y el debate de la Cuenta Pública.
A propósito, querrá yo aclararle al diputado David Orozco que el monopolio privado de la gestión del transporte urbano sí recibía subsidios, y habría que hacer un ejercicio, creo que no es el momento ahora, para ver cuáles son las cargas del manejo en una y otras manos. Yo le adelanto que no quisiera sobreideologizar el hecho de que un servicio esté en manos del Estado o esté concesionado a particulares; preferiría que en base a estos esfuerzos que realizamos desde la Cámara de Diputados podamos también analizar empíricamente, y hacer las proposiciones correspondientes sobre el uso de los recursos públicos expresados en servicios concesionados o subsidiados y en las obras que para dichos servicios se requieren.
Proponemos, pues, este ejercicio crítico y una acción consecuente, reformadora, correctiva que dé su lugar a cada uno de los poderes de la Unión, y que podamos también, en este ejemplar ejercicio político que se ha realizado en esta jornada, elevar los términos del debate político llevando las discusiones, que son fundamentales, a su verdadera área de ventilación, y que dejemos las individualizaciones de orden correctivo en las instancias correspondientes.
Las proposiciones hechas en el debate sobre el origen de la crisis, sobre el papel del gasto público y del ejercicio presupuestal, sea recibiendo y afectándose de los efectos de la crisis, sea - como también se dijo - incidiendo en la propia crisis y reproduciendo sus efectos, creo que ha sido un ejercicio esclarecedor y de hondo contenido democrático.
Sí quisiera apuntar, a propósito de quien se refirió a que es este sistema, el que agudizó o el que llevó a sus extremos la crisis del 82 - yo voy a poner los ejemplos porque lo hemos escuchado mucho en esta tribuna - que los países con los más diversos sistemas políticos y económicos recibieron - a partir de ese año - efectos iguales o aún mayores de la misma crisis mundial.
Tampoco quisiera entrar ahora, lo hemos hecho en varias ocasiones y lo seguiremos haciendo, a la discusión sobre la estructura de gobierno del Departamento del Distrito Federal.
Respecto de esa especie de línea transversal que atravesó los debates sobre Cuenta Pública, ayer y hoy, y que es la gestión económica del Estado y de los fenómenos de corrupción, si quisiera abundar en los términos, esto sí, quizá alternativos a los que se han hecho y con los que se ha pretendido imponer una versión unidimensional de la corrupción como fenómenos prácticamente exclusivo de la gestión pública.
Y es que a veces se pasa por alto que corromper, en su primera acepción, significa alterar y trastocar la forma, el orden de las cosas. Yo estoy de acuerdo con el diputado Gerardo Medina en que el tema de la mala administración, sobre todo cuando esta mala administración se pretende regida por el fenómeno de la corrupción, no puede ni debe ventilarse - él decía entre familia, o entre la misma familia - dentro del Gobierno o sólo dentro del partido mayoritario. Y no puede hacerse por una razón sencilla, porque la corrupción, como acción y efecto de corromper, difícilmente atañe a una falta individual, no se da como un fenómeno aislado; involucra siempre a más de una persona, a más de una familia, a más de una parte, y estoy de acuerdo con él, termina envolviendo al todo social.
De esta visión del fenómeno de la corrupción propongo, como miembro del partido de la mayoría, que derivemos una concepción política apartada de maniqueísmos y de la cómoda alusión de responsabilidades. Aquí, y en cualquier país, la inmoralidad pública se origina en la tendencia a la particularización, a la privatización - como dijo un compañero diputado del PPS - ,del poder en todas las escalas. Desde el agente o el inspector que asume el cargo y la placa, como patrimonio individual, o usa la fuerza pública como instrumento de extorsión y de lucro personal, a los
cuadros medios que suelen negociar - y esto se tendrá que ver en el caso de la Cuenta Pública de 82, en las instancias correspondientes - con la obra pública o hacen asunto privado del acto de autoridad.
De ahí que el enquistamiento en los altos niveles de decisión de algunos personeros de intereses particulares sea directamente a través de algunos de sus más conspicuos exponentes personales, o indirectamente a través de vinculaciones de negocios o de grupos de interés.
Y creo que, como lo hacía aquí el Diputado David Orozco, es posible identificar también esta tendencia en términos históricos, Desde esta concepción patrimonial del cargo público, que en México heredamos de la Colonia, a la picaresca de la formación del capital nativo por la vía de la acumulación primaria, a la configuración de un riesgo que señalamos desde nuestras campañas políticas - y al decir nuestras, incluyo todas las del Partido Revolucionario Institucional, entre ellas y a la cabeza la del hoy Presidente Miguel de la Madrid - en el sentido del riesgo de llegar a configurar un complejo burocrático empresarial que al proponerse la subordinación de las estructuras políticas y administrativas al capital privado, ha pretendido erigirse en rector del poder real de las decisiones públicas desde el interés particular o privado.
Esta es la perspectiva crítica del debate político que quisimos manejar primero en el dictamen y ahora en el debate sobre la discusión de la Cuenta Pública del Distrito Federal de 1982.
Y quizá haya aquí un elemento de deslinde que vaya más allá de lo que se ha insinuado o dicho sobre este análisis crítico, en un año parteaguas de los ciclos sexenales, este elemento se deslinde - insisto - se ha dado a la luz del día, se ha dado - recuerdo otra vez - , desde las campañas electorales de 1982, en que se expresó el compromiso de reformar leyes y sistemas para prohibir que los funcionarios responsables aprovechen su posición para promover directa o indirectamente, a través de funcionarios, de amigos o de parientes, negocios en obras públicas, compras o aprovechamiento de plusvalías de obras públicas o acciones del Gobierno.
Anoté yo de la campaña de 82, la reiteración del entonces candidato a la Presidencia de la República, de que no es compatible servir en puestos públicos y simultáneamente operar negocios cuya actividad se funde en relaciones económicas con el Gobierno, y hay que definir, si, las responsabilidades, que puedan surgir del análisis de la cuenta pública; pero también tendremos que convenir en que no sólo lo decimos ahora, sino que en una acción concertada entre el poder ejecutivo y el legislativo se ha logrado ya dar pasos importantes en el orden de normar preventivamente las conductas corruptas al establecer, en una serie de reformas constitucionales legales, nuevos, supuestos delictivos y al promover también el establecimiento de sistemas que claramente marcan la incompatibilidad de intereses que marcan ese límite entre el Gobierno y el hacer negocios .
La nueva visión política de las responsabilidades de los servidores públicos obedece a los cambios operados en la economía y la sociedad mexicana, Transcienden las simplificaciones de un liberalismo económico tardío en nuestro país, y que en rigor nunca se dio con pureza en ninguna parte.
Es cierto que la corrupción directa en el Sector Público es la forma más intolerable de inmoralidad social; pero no es sostenible que sólo los funcionarios sean responsables del destino de los fondos públicos, sino también los particulares que se benefician con subsidios y con exenciones, así también con permisos, concesiones, autorizaciones. Y el dictamen de la Cuenta Pública del Distrito Federal, en la instrucción que da a la Contaduría Mayor de Hacienda para establecer las responsabilidades posibles de funcionarios, también menciona la que pueda surgir de esta relación, siempre necesaria con los particulares.
Hay que trascender las limitaciones de esa supuesta buena conciencia que pretende sancionar, donde las encuestas, las fechorías político - burocráticas. Hay que incorporar también la ineficacia como forma de corrupción, como una forma de incumplimiento del deber social. pero, igualmente - y es la lección de los debates de estos dos días - debemos trascender esa propensión al escándalo, al amarillismo, y asegurar, en cambio la lucha permanente contra la corrupción por la vía del derecho.
Ninguna nación, menos una basada en principios y objetivos democráticos, puede gobernarse ni en lo social ni en lo económico, mediante procedimientos simplemente policiacos.
La lucha contra la corrupción no es asunto de predicadores, de místicos, menos de fariseos; es una necesidad política, una necesidad que debe satisfacerse por la ley y sin excesos amarillistas, sin cacerías de brujas o programas de terror. Porque el escándalo tiende a desnaturalizar los esfuerzos contra la corrupción, a debilitar por el desprestigio la gestión gubernamental , a ocultar las verdaderas causas de la corrupción y a sus verdaderos promotores y beneficiarios. esos intereses, dentro o fuera del Gobierno, para mí no hay duda, son fundamentalmente privados, así lleguen a actuar desde adentro de la administración pública, en la medida en que su conducta inmoral o ilegal los beneficia en lo particular y de ninguna manera beneficia al Sector Público.
Con una trastocación en estos términos de la lucha contra la corrupción se corre el riesgo de dejar intocados los aspectos estructurales de la corrupción, encubriéndola con nuevas capas de corrupción, enmascarándola, paradójicamente, con supuestos lances contra la corrupción. Quizá una lección esencial de estos debates es que, frente a estas distorsiones, nos convenzamos de que resulta indispensable recuperar el sentido esencial de esa lucha contra la corrupción por la vía del derecho .
Y, para terminar, les propondría que la corrupción, más que un motivo de actitudes.
amarillistas, escandalosas o superficiales, debería llevarnos a entender que en esencia atenta contra la democracia, porque concentra las decisiones públicas en esa confusión de poder político y poder económico. Creo que en esta línea general se ha orientado el sentido auténtico que animó tanto la elaboración del dictamen, como el espíritu que ha animado el debate que está a punto de llegar a su conclusión.
Por todo ello, señor Presidente, suplico consulte a la Asamblea si este dictamen está suficientemente discutido para, en su caso, someterlo a votación. Muchas Gracias.
El C. Alberto Ling Altamirano: - Pido la palabra.
El C. Presidente: - ¿Con que objeto, señor diputado?
El C. Alberto Ling Altamirano: - Para mi segunda intervención.
El C. Presidente: - Tiene la palabra en su segunda intervención el C. diputado Alberto Ling Altamirano del Partido Acción Nacional.
El C. Alberto Ling Altamirano: - Señor Presidente; honorable Asamblea: pedí la palabra en una segunda intervención, porque usaré aproximadamente seis minutos. No pedí la palabra para hechos, porque me quedarían cosas muy importantes en el último minuto.
Vamos a ver, en el principio de su intervención, el diputado Carreño Carlón habló de un diputado panista de otra legislatura, el diputado De Cáncer, acerca de los términos para entregar la Cuenta Pública y los informes previos. Queremos hacer mención que no existe contradicción, cuando no se confunde qué rápido significa hacer las cosas mal, ni qué lento significa hacer las cosas bien.
Dentro de este marco queremos decir que no hay incongruencia, acerca de que los desvíos y los presupuestos que no se cumplieron, las transferencias que fueron no autorizadas, existen responsabilidades en este momento, claramente. No tenemos que esperar para dentro de un año saber que el Departamento está en una situación catastrófica. No necesitamos, pues, para esto, esperar el informe de resultados; podemos empezar por los hechos conocidos en este momento y para los acontecimientos finos, para la corrupción fina, podemos esperar hasta septiembre del año que entra.(Aplausos.)
Se nos dice, además, que el incumplimiento del marco legal es porque las leyes están mal, y no porque los hechos están mal. Parece, pues, que las leyes estorban en este momento a la realidad. Si entonces el denominador común es el incumplimiento de los programas, los presupuestos, la mala gestión financiera, ¿por qué entonces echarle la culpa al marco legal y no a los malos administradores, a los cuales desde este momento se le pueden fincar responsabilidades? No es culpa de la ley: es culpa de las personas y de la voluntad para cumplir los ordenamientos de ésta.
Queremos decir además, que nuestro dictamen alternativo, en apariencia, pudiera ampliar la situación de la Comisión, que podemos tener coincidencias, pero no se puede confundir coincidencia con semejanza y con identidad, de tal manera que los dictámenes a pesar de ser parecidos no son iguales, porque el nuestro trataba de explicitar todos los datos y todas las anomalías para que esta honorable Asamblea se diese cuenta de las irregularidades, porque evidentemente en estas reuniones se obvia el trámite de la lectura y del dictamen pocas personas se enteran, Entonces, debemos de ser prácticos para decir las irregularidades que se encontraron con toda su crudeza dentro del proyecto de decreto; además, la estructura en sí del proyecto de dictamen - perdón el dictamen y proyecto de decreto - empieza con muchos rayos y truenos, con muchas amenazas gitanas, hubo corrupción, hubo mala administración, no se ejercieron los presupuestos, el agua potable disminuyó, no se compraron los trolebuses, etcétera, para venir a salir con un parto de los montes, con un gorjeo de pajaritos diciendo: Se revisó la Cuenta Pública.
No, teníamos que relacionar específicamente el cuerpo del dictamen con los datos que le faltaron, ciertamente, a la Comisión, a ellos y nosotros nos faltó tiempo de estudio; pero nosotros nos desvelamos dos días más estudiando todos los documentos - aparte de la Comisión - y por eso presentamos un proyecto alternativo muchos más completo.
Además, no podíamos presentar nuestro proyecto alternativo de proyecto de decreto antes que el que presentó la Comisión, porque no me puedo inconformar de algo que todavía no conozco. Es entonces, pues, que hasta que la Comisión presenta su proyecto, es que nosotros tratamos de cubrir las lagunas que quedaban.
Acerca de la chatarra ruta 100 se dice que quién la recibió, quién la vendió, etcétera, y se satanizó, efectivamente, que venía de la iniciativa privada; pero recordemos que quien manejaba los camiones en México era lo que se llama el pulpo camionero, y que esta iniciativa privada, o sea, en las manos de los particulares, el principal dueño de los camiones era un diputado del PRI, en ese momento que, además, era el jefe de la Comisión de Vialidad y Transporte; de tal manera que tuvo que ser suspendido con una licencia de su cargo para poder discutir lo de la municipalización del mismo, así que si alguien vendió chatarra al Departamento, o sea, un listo que vendió chatarra y un tonto que la compró, fue, por un lado, unos miembros del PRI y, por el otro, el Departamento del Distrito Federal.
Evidentemente los hechos no tienen ideología, pero si nosotros, las personas de carne y hueso, que venimos a hablar aquí y tenemos que hacerlo desde nuestro individual punto de vista, desde nuestra propia ideología, porque la doctrina, la ideología es una cosmovisión de las cosas, y no podemos hacer más que desde este punto de vista nuestros juicios. No somos una computadora que dice: vete en esta dirección, para que simplemente se resuelvan las cosas.
Acerca de la corrupción también se habló mucho aquí y se hizo una cátedra de la misma. ¡Que bueno! Se dijo que para que haya corrupción se necesita alguien que corrompa y alguien que se deje corromper. En ocasiones es así, es la corrupción conmutativa; pero existe otro tipo de corrupción, la distributiva, cuando sólo existe el generador de la corrupción, porque cuando un funcionario llama a su esposa, a sus hijos, a sus primos, a puestos públicos y estoy hablando de nepotismo, ¿quién corrompe a quién? Les voy a decir quién corrompe a quién es la administración pública la que corrompe a la sociedad con estas prácticas, es el Gobierno con sus regímenes, en especial el pasado.
No podemos permitirnos que en un dictamen y en un proyecto de decreto se dejen de decir estas cosas. Por eso presentamos proyectos alternativos. Pareciera que hubiese un slogan que dijese: Robe ahora y pague después, si es que te finca responsabilidades el libro de revisión de cuentas.
Y podríamos decir algo más, cuando se trafica con influencias, ¿quién corrompe a quién? ¿Quién es el que corrompe y quién es el corrompido? Ya nuestro fundador del partido, Manuel Gómez Morín, decía desde hace 40 años que: "La honradez, como el agua de arriba, es como baja".
No señores, ni con decretos tibios, ni con cárcel, ni ampliando los reclusorios Norte, Sur, Este u Oeste, o todos los puntos de la rosa de los vientos con reclusorios, no se podrá eliminar la corrupción ni ese sistema. Tenemos que cambiar la estructura política, no solamente de las personas que son corruptas en lo individual, es el sistema político mexicano que permite este tipo de corrupciones.
Por lo tanto, señores de la mayoría, señores del Gobierno, no es con leyes como ustedes van a cambiar. Ustedes tienen que hacer la transformación de adentro hacia afuera; ustedes, viviendo la honradez, no la corrupción. Muchas gracias.
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al C. diputado José Carreño Carlón.
El C. José Carreño Carlón: - Con permiso, señor presidente; honorable Asamblea: Muy brevemente, en primer lugar, el diputado del PAN no entendió o no escuchó bien el claro señalamiento de coincidencia, incluso en lo que dijo otro diputado del PAN hace dos legislaturas.
Pero en ese mismo punto se vuelve a confundir tanto el procedimiento instituido para el establecimiento de responsabilidades, tanto por la Contaduría Mayor de Hacienda en el informe de resultados, como en lo que se refiere a los demás órganos de control también internos del Ejecutivo.
No es el informe de resultados el que va a fincar responsabilidades, es el resultado de las auditorías que se vayan realizando el que irá dando materia para tal fincamiento de responsabilidades. Todo lo que haga la Contaduría en este trayecto, en ese proceso, es lo que formará parte del informe de resultados una vez llegado el término señalado.
Respecto al famoso proyecto alternativo de dictamen, tenemos que convenir en que el viernes se conoció el proyecto de la Comisión Redactora, el mismo viernes surgieron ideas que lo modificaron, que se dio tiempo para el sábado a fin de hacer nuevas adecuaciones que no se hicieron. Quiero observar respecto de las apreciaciones del diputado Ling, que no es que el Pleno no esté en condiciones de ponderar los términos de un dictamen, porque en lugar de leerse se repartió. Quiere decir que entregado para su lectura desde hace una semana, desde principios de esta semana, se dio precisamente tiempo a todo el Pleno para ponderar su contenido.
Lo que sí sería forzar mucho la energía del pleno, después de tantas horas de discusión, es para ponderar un proyecto alternativo hoy, para que sobre la marcha pensar - y sobre todo por los contenidos de cifras - ponderar, aceptar y estar en disposición de evaluar su contenido.
Respecto de los personajes que menciona en su intervención y que participaron en esta historia de la chatarra, creo que fui suficientemente claro en la descripción del fenómeno del complejo burocrático - empresarial o político - empresarial; que no me desdigo. Que antes de ser diputado, en mi función periodística, lo denuncié; que lo hice como candidato del PRI en mi campaña y lo sostengo aquí en la Cámara de Diputados.
Pero insisto, también, en el móvil privatista, el que corrompe a la administración pública se esté fuera o dentro de ella. E insisto, finalmente, y esto me parece lo más importante, que es este sistema político en el que creo, en el que cree la mayoría, con su capacidad precisamente de autocriticarse, de rectificar y de reformarse con la participación de todas las instancias políticas de la sociedad. Y aquí, incluso, las representaciones sociales, obreras, campesinas, la labor de un desarrollado complejo de educación superior creado también por este sistema, la labor de los partidos políticos, la prensa, es lo que permite precisamente seguir avanzando tanto en el perfeccionamiento de nuestra organización republicana, como en el ensanchamiento de nuestra organización republicana, como en el ensanchamiento de los canales democráticos de participación. No nos confundamos, quizá uno de los errores mayores de la oposición de diferentes tendencias, ha sido pretender menospreciar o pretender, incluso, despreciar esta capacidad del sistema político mexicano para reformarse y seguir avanzando en torno de sus principios esenciales. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Salvador Castañeda O'Connor: - Señor Presidente, pido la palabra.
El C. Presidente: - ¿Con qué objeto, señor diputado?
El C. Salvador Castañeda O'Connor: - Para hechos.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Salvador Castañeda O'Connor, para hechos.
El C. Salvador Castañeda O'Connor: - Señor Presidente; compañeros diputados: El hecho al que yo me quiero referir es que aquí se ha producido un debate muy importante, desde el día de ayer, que ha continuado hoy, sobre la política económica del Gobierno y concretamente, sobre la política financiera y la forma en que se maneja el presupuesto del gasto público. Pienso, sin embargo, que es lamentable que un debate tan importante concluya en una resolución de machote. En este debate, además, han surgido cosas interesantes: Los enemigos tradicionales de la reforma agraria, aquí han aparecido ahora como defensores de los campesinos; los beneficiados o beneficiarios de los subsidios, ahora se muestran en contra de los subsidios, pero no en contra de los subsidios de los grandes monopolios sino en contra de los subsidios del pueblo. Y ahora tenemos aquí la curiosa tesis de que la honradez nos viene de origen divino, nos viene del cielo, y que es monopolio de una clase social, de un partido y de una ideología, es monopolio de ella el uso de la honradez.
Pero, compañeros, yo sí pienso que algo hay que hacer con este artículo 74 de la Constitución, porque si el dictamen tiene un carácter crítico, la conclusión es: se revisó, se evaluó y se recomienda. Si el dictamen tiene un carácter laudatorio, positivo, la conclusión es la misma: se recibió, se examinó, se evaluó y se recomienda. Yo pienso que, efectivamente, este Pleno no está constituido en una asamblea de agentes del Ministerio Público ni en un comité de salud pública. Ya el informe de resultados y las auditorías darán lugar a las consignaciones en sí, pero este Pleno es un pleno deliberante que tiene funciones fundamentalmente políticas y yo pienso que debería concluir, después de los antecedentes que se manifiestan en el dictamen, rechazar la forma en que se manejó el gusto público por la administración del Distrito Federal; y esto, ¿qué consecuencias tiene? consecuencias políticas para que no se vuelva a caer en los mismos estilos, en la misma forma de manejar de manera deshonesta el dinero del pueblo y de todos nosotros. Muchas gracias, es todo lo que quería decir.
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si los artículos impugnados se encuentran suficientemente discutidos.
El C. secretario Enrique León Martínez: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si los artículos impugnados se consideran suficientemente discutidos.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El C. Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de cada uno de los artículos impugnados.
El C. secretario Enrique León Martínez:
- Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 1o., en sus términos.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
Señor Presidente, se emitieron 271 votos en pro y 54 en contra.
El C. Presidente: - Aprobado el artículo 1o. por 271 votos, en sus términos.
El C. secretario Enrique León Martínez: - Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 2o., en sus términos.
(VOTACIÓN.)
Señor Presidente, se emitieron 262 votos en pro y 63 en contra.
El C. Presidente: - Aprobado el artículo 2o. por 262 votos, en sus términos.
Se exhorta a los CC. diputados permanecer en sus curules con el propósito de que la votación pueda llevarse a cabo con toda regularidad.
El C. secretario Enrique León Martínez: - Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 3o.
(VOTACIÓN.)
Señor Presidente, se emitieron 262 votos en pro y 55 en contra.
El C. Presidente: Aprobado el artículo 3o. por 262 votos, en sus términos.
Para los efectos del artículo 4o. del dictamen se va a proceder, en primer término, a recoger la votación nominal de la adición aprobada en votación económica por la Asamblea, del inciso f).
(VOTACIÓN.)
Señor Presidente, se emitieron 303 votos en pro, 13 en contra y una abstención.
El C. Presidente: - Aprobada la adición al inciso f) del artículo 4o. por 303 votos.
El C. secretario Jorge Canedo Vargas: - En su turno se va a proceder a recoger la votación nominal de la adición al inciso g) del propio artículo 4o.
(VOTACIÓN.)
Señor Presidente, se emitieron 315 votos en pro y 2 en contra.
El. C. Presidente: - Aprobada la adición al inciso g) del artículo 4o. por 315 votos.
El C. secretario Jorge Canedo Vargas:
- En su turno se va a proceder a recoger la votación nominal del resto del artículo 4o. en sus términos.
(VOTACIÓN.)
Señor Presidente, se emitieron 270 votos en pro y 47 en contra.
El C. Presidente: - Aprobado el artículo 4o., en la parte no impugnada, por 270 votos, en sus términos.
El C. secretario Enrique León Martínez: - Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 5o., en sus términos.
Señor Presidente, se emitieron 268 votos en pro y 49 en contra.
El C. Presidente: - Aprobado el artículo 5o. por 268 votos, en sus términos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal.
El C. secretario Enrique León Martínez: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
CONDECORACIONES
El C. secretario Jorge Canedo Vargas: "Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales.
Honorable Asamblea: Con oficio fechado el 2 de diciembre del año actual, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al C. ingeniero químico Alberto Bustamante V., presidente del Comité Directivo de la Alianza Francomexicana de Oaxaca, A.C. para aceptar y usar la condecoración de Las Palmas Académicas en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 5 del presente mes, se turnó a la suscrita Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al C. ingeniero químico Alberto Bustamante V., presidente del Comité directivo de la Alianza Francomexicana de Oaxaca, A. C. para aceptar y usar la condecoración de Las Palmas Académicas en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 6 de diciembre de 1983.
Presidente, Humberto Lugo Gil; Secretario, Mario Vargas Saldaña, José Luis Lamadrid Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Manlio Fabio Beltrones R., Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, Víctor Cervera Pacheco, José Carreño Carlón, Arnaldo Córdova, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O'Connor, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Alfonso Gaytán Esquivel, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Núñez Pérez, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valencia Carmona, Heriberto Batres García."
Segunda lectura.
En consecuencia, está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El mismo C. Secretario:
"Comisión de la Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la solicitud de premiso constitucional necesario para que el C. general brigadier D.E.M. Jesús Esquinca Gurrusquieta, pueda aceptar y usar la condecoración de la orden del Mérito Militar, José María Córdoba, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al C. general brigadies D.E.M. Jesús Esquinca Gurrusquieta para aceptar y usar la condecoración de la orden del Mérito Militar, José María Córdoba, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México D. F., a 6 de diciembre de 1983.
Presidente, Humberto Lugo Gil; Secretario, Mario Vargas Saldaña, José Luis Lamadrid Sauza, Salvador Rocha Díaz, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Manlio Fabio Beltrones R., Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, Víctor Cervera Pacheco, José Carreño Carlón, Arnaldo Córdova, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O'Connor, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo
Musa, Alfonso Gaytán Esquivel, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Fenegrino, Luis Martínez Fernández del Campo, Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Núñez Pérez, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio Esparza, Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valencia Carmona, Heriberto Batres García."
Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y el anteriormente reservado.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
El C. secretario Jorge Canedo Vargas:
- Señor Presidente, se emitieron 317 votos en pro y ninguno en contra.
El C. Presidente: - Aprobados los proyectos de decreto por 317 votos.
El C. secretario Jorge Canedo Vargas:
- Pasan al Ejecutivo y al Senado para sus efectos constitucionales.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
LEY FEDERAL DE TURISMO
"Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Turismo.
Honorable Asamblea: A las comisiones unidas de Gobernación y puntos Constitucionales y de Turismo les fue remitida para su estudio y dictamen la iniciativa de Ley Federal de Turismo, formulada por un grupo de diputados del Partido Revolucionario Institucional.
En la exposición de motivos de la iniciativa se expresa como sustento doctrinal de la misma que el turismo es factor determinante en el desarrollo económico y social, debido a su capacidad para captar divisas y generar empleos, así como por su contribución al ordenamiento poblacional, que constituye un fundamental de identidad nacionalista, que propicia el entendimiento cultural de los mexicanos y mejora nuestras relaciones en el ámbito internacional, de cual resulta que la participación del Estado debe ser más efectiva a fin de programar, fomentar y regular el turismo, dentro del esquema de planeación democrática del desarrollo nacional estatuido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El proyecto de Ley Federal de Turismo consta de 13 capítulos, que a su vez contienen 108 artículos. Asimismo, consta de diez artículos transitorios.
Los capítulos del proyecto de Ley se denominan: "Disposiciones Generales"; "Programación Turística", "Comisión Intersecretarial Ejecutiva del Turismo", "Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario"; "Capacitación Turística"; "Fomento al Turismo"; "Turismo Social"; "Fondo Nacional de Fomento al Turismo"; "Prestadores de Servicios Turísticos"; "Registro Nacional de Turismo"; "Protección al Turista"; "Vigilancia y Verificación"; y "Sanciones y Recurso de Revisión".
Como se advierte en el título de cada uno de los capítulos, la iniciativa obedece a un orden sistemático acorde con la moderna técnica jurídica en materia de administración pública, e igualmente acorde con los planteamientos de la vida contemporánea y de las prioridades que se ha propuesto desarrollar el actual régimen de Gobierno.
En el primer capítulo debe destacarse la definición del turista y el listado de los servicios que se consideran como turísticos con el objeto de dar protección a los turistas, en mérito a que la seguridad de éstos es un bien jurídico cuya tutela debe ser objeto destacado en la Ley.
Cabe hacer resaltar que en el proyecto se suprimió la división de competencias que la Ley vigente atribuye a la Secretaría de Turismo y a la de Comercio y Fomento Industrial, por haberse estimado que conforme a los principios de la administración pública resulta mejor responsabilizar preferentemente a la Secretaría de Turismo de todas las facultades de programación, planeación, regulación, operación y sanción de la actividad turística, preferiéndose de esta manera concentrar en una entidad responsable la unidad de criterio y sus consecuencias normativas.
En el capítulo segundo del proyecto se contienen los fundamentos jurídicos con base en los cuales la Secretaría de Turismo debe atender a las actividades de planeación en esa área que corresponden al Poder Ejecutivo Federal con objeto de fortalecer la adecuada prestación de los servicios, sin discriminación de ninguna especie, bien se trate de turistas nacionales o extranjeros. Al efecto de establecer las bases para que a través de los Convenios Únicos de Desarrollo, la administración federal fortalezca los procesos de descentralización con los gobiernos estatales y municipales.
Asimismo, se establecen las bases legales para que la Secretaría de Turismo, en coordinación con la de Relaciones Exteriores, esté en aptitud de concertar y coordinar trabajos con gobiernos extranjeros y organismos internacionales a efecto de incrementar el intercambio turístico.
El capítulo tercero se refiere a la Comisión Intersecretarial Ejecutiva del Turismo, cuyo objeto consiste en conocer, atender y resolver los asuntos del Sector Turismo que requieran de la intervención de distinta dependencias del Gobierno Federal.
En el capítulo cuarto, que se refiere a las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario se da vigencia a la idea de determinar cuáles son los lugares susceptibles de un aprovechamiento exclusivamente turístico, con la pretensión de su desarrollo y explotación tanto por las entidades gubernamentales como con la participación de los sectores social y privado.
En el capítulo quinto se abordó la capacitación turística, con objeto de que la secretaría del ramo, en coordinación con las de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social, promueva la formación de técnicos y profesionales en turismo, así como la necesaria investigación en la materia, a efecto de mejorar la actividad turística y la consecuente prestación de los servicios.
En el capítulo sexto que se refiere al Fomento a Turismo se concentraron las disposiciones sobre oferta y demanda de la actividad turística con objeto de fomentar integralmente al turismo. En este tema debe destacarse el establecimiento de un sistema de reservaciones e información turística como elemento de apoyo a los prestadores de servicios.
En el capítulo séptimo que se refiere al Turismo Social se establecen las disposiciones pertinentes para que los grupos menos favorecidos económicamente tengan digno acceso al turismo y, por lo tanto, se trata de promover el desarrollo de programas de turismo social para campesinos, estudiantes, jóvenes, trabajadores del Estado y otros grupos similares cuenten con servicios turísticos a precios accesibles a su capacidad económica.
En el capítulo octavo que se refiere al Fondo Nacional de Fomento al Turismo se recoge un instrumento de eficiencia comprobada, que ha servido para que el Gobierno de la República realice importantes tareas turísticas; tal es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, creado originalmente por Ley publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1974.
Su inclusión en la Ley tiene por finalidad ampliar sus objetivos a efecto de conseguir, su participación decidida en la programación, fomento y desarrollo de la actividad turística nacional, para lo cual se le dota de facultades en materia de estudio y ejecución de obras, enajenación de inmuebles y operación de inmuebles y operación financiera, en los términos dinámicos, amplios y flexibles del capítulo que se comenta, a efecto de que su buena experiencia en la materia coadyuve en las importantes tareas que la Ley asigna a la Secretaría de Turismo.
En los capítulos noveno y décimo, relativos a los Prestadores de Servicios Turísticos y al Registro Nacional de Turismo, se establece la regulación de dicha actividad, que junto con la programación y la promoción constituyen los tres grandes objetivos de la participación del Estado en esta área.
Las normas en esta materia específica constituyen el instrumento obligatorio por medio del cual se pretende conseguir la equidad de trato que debe existir entre el prestador y el usuario del servicio turístico.
A fin de que se establezca el orden necesario y la reglamentación debida del servicio turístico, se establece la obligación de que todo prestador se inscriba en el Reglamento Nacional de Turismo, de donde se derivará la expedición de la cédula turística o de la credencial, en su caso, con las cuales las personas morales o físicas estarán en aptitud legal de prestar el servicio turístico. En estos capítulos merece la pena destacar las obligaciones expresas que se imponen a los prestadores de los servicios turísticos, como una garantía para la prestación de sus servicios.
En los capítulos 11, 12 y 13 que se refieren a la Protección del Turista, vigilancia y verificación, y sanciones, establecen las disposiciones adecuadas para auxiliar y proteger a los turistas, asistirlos cuando hayan sido víctimas de alguna irregularidad o presunto delito y se establece el procedimiento de conciliación para atender las quejas que se presenten en contra de los prestadores. A tal efecto se establecen, asimismo, las disposiciones necesarias para la vigilancia que debe efectuar permanentemente la Secretaría de Turismo, con el propósito de hacer cumplir la Ley y sus disposiciones reglamentarias y para ello se establecen las atribuciones para practicar visitas a los establecimientos que presten los servicios. Asimismo, se señalan criterios para la aplicación de sanciones, los casos y las condiciones de procedencia de ésta y se establece el monto de las multas en base a múltiplos del salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal.
Las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Turismo destacan el artículo tercero transitorio por virtud del cual se abroga la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación de 8 de enero de 1982, que creó el Banco Nacional de turismo, pues consideran que esta disposición es consecuente con la realidad jurídica, ya que tal institución bancaria, de acuerdo con nuestro sistema financiero actual, no se requiere, para cumplir con las atribuciones del Gobierno Federal en el Sector Turismo. Las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Turismo, con base en lo expuesto en los párrafos precedentes, han considerado que la iniciativa de Ley Federal de Turismo debe aprobarse, pues constituye un instrumento de justicia social necesario para armonizar normativamente las atribuciones de la administración pública con las necesidades sociales impuestas por una dinámica y cambiante vida de interrelación, en al ámbito nacional e internacional.
Las propias comisiones unidas han considerado oportuno, como resultado de las aportaciones de sus miembros de los diversas partidos políticos en ellas representados y recogiendo peticiones de los sectores social y privado, cuya actividad es materia de la Ley, introducir modificaciones que contribuyan al logro de los objetivos que la iniciativa pretende, y para ello:
1. Hacer explícita la facultad de la Secretaría para clasificar los servicios turísticos, para
lo cual se modificó la fracción V del artículo 2o.
2. Conceptuar, con criterio idóneo a la aplicación de la Ley, tanto al turista como al prestador de servicios turísticos, armonizando esta disposición con la Ley General de Población, en el artículo 3o. de la iniciativa.
3o. Agregar en la fracción II del artículo 4o. a las operadoras de turismo, por las diferencias que en la realidad se presentan frente a las agencias y operadoras de viajes.
4. Modificar la fracción VI del artículo 4o. para evitar el trato discriminatorio en restaurantes, bares, etcétera.
5. Incorporar a la Comisión Intersecretarial prevista por el artículo 15, a las Secretaría de Salubridad y Asistencia, y Trabajo y Previsión Social, dado que su participación contribuirá al mejor funcionamiento de la referida comisión.
6. Dar congruencia a la disposición contenida en el artículo 18, respecto a las declaratorias de uso del suelo turístico, con las leyes relativas al uso del suelo, tanto de nivel federal como estatal.
7. La necesidad de hacer compatible la formación técnica y profesional para el sector turístico con las necesidades de la propia actividad, motivó la adición al artículo 23 de la iniciativa.
8. En virtud de que la Ley Federal del Trabajo contiene la obligación de capacitación y adiestramiento de los trabajadores, la obligación contenida en el artículo 25 se sujeta a los términos de la citada ley laboral.
9. En el artículo 35 se hace la remisión a la legislación aplicable al control de la inversión extranjera en el sector turístico.
10. En el artículo 43, relativo a los programas de Turismo Social, las comisiones consideraron necesario incluir a los grupos infantiles y a los trabajadores no asalariados, que la iniciativa no excluía, pero no contemplaba expresamente.
11. Se modifica la redacción del artículo 46, para evitar cualquier forma de segregación del Turismo Social.
12. En la disposición contenida en el artículo 49 se incluye la obligación de la Secretaría de proporcionar la asistencia y asesoría que las organizaciones sociales puedan solicitar.
13. En la redacción del artículo 50 se hace expresa mención del propósito de consolidar los principios de solidaridad con todos los pueblos, cuando la Secretaría proponga programas de intercambio internacional en materia de Turismo Social.
14. A la disposición contenida en el artículo 61 se agrega la obligación de la Secretaría de resolver sobre las solicitudes de autorización de precios y tarifas, dentro del término de 45 días, y se incluye las necesidad de que las autoridades competentes soliciten la previa opinión de la autoridad turística para determinar las tarifas de transporte turístico.
15. En las disposiciones contenidas en el artículo 71, como obligatorias para los prestadores de servicios turísticos, se confirma la de capacitar a sus trabajadores y empleados, en coordinación con la Secretaría, para que el derecho de los trabajadores contribuya a su mejoramiento técnico y profesional, y, además, ,se incluyen las obligaciones de emplear destacadamente el idioma nacional y de preservar la dignidad nacional y veracidad de la publicidad con la que anuncia sus servicios.
16. Se sustituye el contenido original del artículo 72, a fin de facultar a la Secretaría para exceptuar, como prestadores de servicios turísticos, a los restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y similares, cuya actividad no se dirija a la satisfacción de necesidades del turismo nacional o internacional.
17. En el artículo 78 se incorpora la posibilidad de que los usuarios acrediten los motivos de queja, con los elementos probatorios de que dispongan, sin que necesariamente sean documentos.
18. Dada al naturaleza de alguno de los servicios turísticos, el artículo 87 prevé la posibilidad de que la Secretaría practique visitas en días y horas hábiles, pero se incluye la limitación consistente en que dichas visitas se practiquen dentro de los horarios de funcionamiento autorizados.
19. Se modificó el texto del artículo 100 que establece los motivos de clausura, para precisar que los intereses turísticos nacionales son los que determina el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial Turístico, y para agregar dos hipótesis de especial gravedad, como lo son la violación de precios o tarifas y el funcionamiento sin la cédula turística correspondiente.
20. Se incorpora el artículo décimo transitorio para respetar los derechos adquiridos por los guías y guías choferes.
Por todo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 56, 64 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Turismo, proponen a vuestra soberanía el siguiente proyecto de
LEY FEDERAL DE TURISMO.
CAPITULO I.
Disposiciones generales.
Artículo 1o. La presente Ley es de interés público y de observaciones general en toda la República correspondiendo su aplicación al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Turismo, a la que, para efectos de la propia Ley, se le denominará: "La Secretaría".
Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto:
I. La programación de la actividad turística;
II. La promoción, fomento y desarrollo del turismo;
III. La creación, conservación, mejoramiento, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales;
IV. La protección y auxilio de los turistas, y
V. La regulación, la clasificación y control de los servicios turísticos.
Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se considera como turista a la persona que viaje, trasladándose temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual, o que utilice alguno de los servicios turísticos a que se refiere el artículo siguiente, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley General de Población para efectos migratorios. Se considera prestador de servicios turísticos a la persona física o moral que proporcione o contrate la prestación de dichos servicios turísticos.
Artículo 4o. Serán considerados como servicios turísticos los siguientes:
I. Hoteles, moteles, albergues, habitaciones con sistemas de tiempo compartido o de operación hotelera y demás establecimientos de hospedaje, así como campamentos y paradores de casas rodantes;
II. Agencias, subagencias y operadoras de viaje y operadoras de turismo.
III. Arrendadoras de automóviles, embarcaciones y otros bienes muebles y equipo destinado al turismo;
IV. Transporte terrestre, marítimo, fluvial, lacustre y aéreo para el servicio exclusivo de turistas;
V. Los prestados por guías de turistas, guías choferes y guías especializados;
VI. Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y similares, con la salvedad a que se refiere el artículo 72, y
VII. Los demás que la Secretaría considere preponderantemente turísticos.
Artículo 5o. En la presentación de los servicios turísticos no habrá discriminación por razones de raza, sexo, credo político o religioso, nacionalidad o condición social.
Artículo 6o. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y sus representaciones en el extranjero, así como los gobiernos estatales y municipales, en la forma en que se convenga, auxiliarán a la Secretaría en la aplicación de esta ley y de los reglamentos que de ella emanen.
CAPITULO III
Programación turística
Artículo 7o. La Secretaría elaborará el Programa Sectorial Turístico, que se sujetará a lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo y especificará los objetivos, prioridades y políticas que normarán al sector.
Artículo 8o. La Secretaría participará en los Convenios que celebren el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de las Entidades Federativas, relativos a la planeación nacional del desarrollo en materia turística.
Artículo 9o. La Secretaría suscribirá Acuerdos con los titulares de los poderes ejecutivos estatales, a efecto de favorecer el desarrollo turístico regional o local. En dichos Acuerdos se establecerán las bases para la descentralización de acciones y programas a su cargo y de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal por ella coordinadas.
Artículo 10. La Secretaría participará y coadyuvará en los esfuerzos que realicen los distintos niveles de gobierno, así como los sectores social y privado, dentro del proceso integral de planeación de cada entidad.
Artículo 11. La Secretaría participará en los órganos estatales de planeación para el desarrollo, entendidos como la instancia para promover y coordinar las acciones conjuntas que lleven a cabo los gobiernos federal y locales en las entidades federativas.
Artículo 12. La Secretaría podrá suscribir acuerdos y bases de cooperación o colaboración con otras dependencias y entidades públicas, o con organizaciones de los sectores social y privado, para la realización de programas y acciones especificas relativas a los objetivos señalados en el artículo 2o. de esta Ley.
Artículo 13. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, participarán en las acciones relativas a la cooperación turística internacional, para lo cual promoverá la concertación y coordinación de trabajos con gobiernos e instituciones extranjeras y con organismos internacionales, con el fin de impulsar y facilitar el intercambio y desarrollo turísticos.
CAPITULO III.
Comisión Intersecretarial Ejecutiva del Turismo.
Artículo 14. La Comisión intersecretarial Ejecutiva del turismo tiene por objeto conocer, atender y resolver los asuntos de naturaleza turística relacionados con las competencias de dos o más dependencias del Ejecutivo Federal.
Artículo 15. La Comisión estará integrada por el Titular de la Secretaría de Turismo, quien la presidirá, y por los Subsecretarios que designen los titulares de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Marina, Hacienda y Crédito Público, Comercio y Fomento Industrial, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Urbano y Ecología, Educación Pública, Salubridad y Asistencia, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria y Pesca. El Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tendrá el carácter de invitado permanente.
Por cada integrante de la Comisión se designará un suplente.
Artículo 16. La Comisión contará con un Secretario Técnico que será designado por el Secretario de Turismo.
Artículo 17. La Comisión expedirá el Reglamento Interno que regulará su funcionamiento.
CAPITULO IV.
Zonas de desarrollo turístico prioritario
Artículo 18. La Secretaría, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y con la participación de los gobiernos estatales y municipales promoverá la determinación de zonas de desarrollo turístico prioritario, a efecto de que se expidan las Declaratorias de Uso del Suelo Turístico en los términos de las leyes respectivas, para crear o ampliar centros de desarrollo turístico. Cuando proceda, se recabará la opinión de la Secretaría de la Reforma Agraria.
Artículo 19. Podrán ser consideradas como de desarrollo turístico propietario, aquellas zonas que por sus características constituyan un atractivo turístico real o potencial evidente.
Artículo 20. La Secretaría participará en la elaboración de los programas regionales que se requieran para las zonas de desarrollo turístico prioritario, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que correspondan y con los gobiernos estatales y municipales respectivos.
Artículo 21. La Secretaría apoyará la creación de empresas turísticas que realicen inversiones en las zonas de desarrollo turístico prioritario y estimulará de manera preferente, en coordinación con las Secretarías de la Reforma Agraria, y del Trabajo y Previsión Social, la constitución de empresas turísticas ejidales o comunales, y de sociedades cooperativas de índole turística.
Artículo 22. La Secretaría promoverá la dotación de la infraestructura que integralmente requieran las zonas de desarrollo turístico prioritario, así como la creación de centros de producción de insumos y la instrumentación de mecanismos de abasto para las mismas, en coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública federal que correspondan.
CAPITULO V.
Capacitación turística.
Artículo 23. La Secretaría promoverá, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública el establecimiento de escuelas y centros de educación y capacitación para la formación de profesionales y técnicos en las ramas de actividad turística. Asimismo, coadyuvará en la elaboración de programas de estudios y apoyará la realización de investigaciones en la materia, previa clasificación de necesidades profesionales y de ocupación turística.
Artículo 24. Para que tengan validez oficial los estudios realizados en instituciones dedicadas a la enseñanza turística, deberá obtenerse el acuerdo respectivo de la Secretaría de Educación Pública previa opinión de la Secretaría.
Las instituciones de enseñanza turística que carezcan de reconocimiento de validez de estudios deberán expresar ese hecho en su correspondiente documentación y publicidad.
De conformidad con los datos que proporcione la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría llevará un registro de instituciones dedicadas a la enseñanza en turismo que cuenten con reconocimiento de validez oficial, para informar tanto a los solicitantes de educación turística como a los prestadores de servicios turísticos sobre la situación jurídica y académica de dichas instituciones.
Artículo 25. Conjuntamente con la Secretaría del trabajo y Previsión Social, la Secretaría participará en los programas de capacitación y adiestramiento destinados a trabajadores y empleados de establecimiento en los que se presten servicios turísticos, en los términos de la Ley Federal del trabajo.
Artículo 26. La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos y establecerá bases de coordinación con otros dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos estatales y municipales, y con organizaciones de los sectores social y privado, en materia de educación y capacitación turísticas.
Artículo 27. Cuando así lo soliciten, los gobiernos estatales y municipales, en su caso, recibirán asistencia y colaboración por parte de la Secretaría para mejorar las aptitudes de los servidores públicos con que cuenten en sus respectivas dependencias y entidades de índole turística.
Artículo 28. La Secretaría intervendrá en los programas de educación y capacitación y en la evaluación de las personas que aspiren a ser guías de turistas.
CAPITULO VI.
Fomento al turismo.
Artículo 29. La Secretaría es la Dependencia del Ejecutivo Federal encargada de fomentar integralmente el turismo, para lo cual llevará a cabo acciones encaminadas a proteger, mejorar, incrementar y difundir los atractivos y servicios turísticos del país, así como a alentar las corrientes turísticas nacionales y las provenientes del exterior.
Artículo 30. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y los gobiernos estatales y municipales, en los términos en que se convenga y en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones, coadyuvarán con la Secretaría en la realización de actividades de fomento al turismo.
Artículo 31. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, promoverá la difusión, fuera del territorio nacional,
de los atractivos, eventos y servicios turísticos del país, para lo cual podrá contar con representaciones en el extranjero.
Artículo 32. La secretaría colaborará con las dependencias y entidades que tengan a su cargo la administración y conservación de parques y bosques nacionales, playas, lagos, lagunas y ríos, zonas arqueológicas, edificios, monumentos u objetos de valor histórico o cultural, museos y otros atractivos turísticos, a efecto de impulsar su aprovechamiento turístico.
Artículo 33. La secretaría difundirá, a través de material impreso, de la prensa, el cine, la radio, la televisión y otros medios de comunicación y promoción, los atractivos turísticos nacionales. En el caso de la radio y la televisión. La Secretaría participará del tiempo que le corresponde al Estado.
Artículo 34. La Secretaría apoyará, ante las dependencias y entidades respectivas, el otorgamiento de financiamiento a las inversiones en proyectos y servicios turísticos. Asimismo, participará con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o con las dependencias que corresponda en el otorgamiento de facilidades y estímulos fiscales, a quienes corresponda, para el fomento a la actividad turística.
Artículo 35. La Secretaría, cuando se trate de inversión extranjera, que concurra en proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, emitirá su opinión ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en los términos de las leyes respectivas.
Artículo 36. La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades responsables del fomento a la cultura, el deporte, las artesanías, los espectáculos, el folklore, y la preservación y utilización del patrimonio histórico y monumental nacional, promoverá la instrumentación de programas para su divulgación.
Artículo 37. La Secretaría, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la administración Pública Federal organizará, fomentará, realizará, o coordinará espectáculos, congresos, excursiones, feria, audiciones, representaciones, exposiciones y actividades deportivas, culturales, tradicionales o folklóricas, así como otros eventos que a su criterio constituyan o puedan constituir un atractivo turístico relevante.
Artículo 38. Los comités, patronatos y asociaciones de naturaleza turística de carácter público, social, privado o mixto, recibirán el apoyo y la asesoría de la Secretaría cuando sus actividades contribuyan a la promoción y fomento del turismo.
Artículo 39. Como instrumento de promoción y fomento al turismo, así como de apoyo a los prestadores de servicios turísticos, la Secretaría promoverá el establecimiento y la operación de un sistema de reservaciones turísticas, con la intervención que le corresponda a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Artículo 40. La Secretaría promoverá, conjuntamente con las dependencias y entidades que correspondan, los servicios de transportación que requieran los centros turísticos, fundamentalmente las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario.
Artículo 41. La Secretaría promoverá ante las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos estatales municipales, el establecimiento de unidades turísticas, desarrollos náutico - inmobiliarios, instalaciones para pesca deportiva y otros similares, y fomentará las actividades acuático - recreativas en litorales y aguas interiores.
Artículo 42. La Secretaría proporcionará servicios de orientación, información y auxilio a los turistas, en los centros de mayor aforo turístico en las carreteras del país y en las principales terminales de transporte aéreo, terrestre y marítimo.
CAPITULO VII.
Turismo social.
Artículo 43. La Secretaría promoverá, coordinará y llevará a cabo programas de turismo social, a través de los cuales los grupos obreros, campesinos infantiles, estudiantes, juveniles, magistrales, burocráticos, de trabajadores no asalariados y otros similares, tengan acceso a los atractivos y servicios turísticos existentes en el país.
Artículo 44. Los programas de turismo social se orientarán a propiciar la identidad y la solidaridad nacionales a través de la difusión de las zonas turísticas con atractivos naturales, históricos, culturales y típicos.
Artículo 45. La Secretará fomentará la participación de los prestadores de servicios y de las instituciones públicas, sociales y privadas en los programas de turismo social, diseñando en forma conjunta paquetes y recorridos turísticos.
Artículo 46. La Secretaría suscribirá acuerdos con prestadores de servicios turísticos por medio de los cuales se determinen precios y tarifas reducidos para los programas de turismo social.
Artículo 47. La Secretaría estimulará las inversiones que tiendan a incrementar las instalaciones destinadas al turismo social, así como la formación de sociedades cooperativas, asociaciones, comités y patronatos que auspicien esta forma de turismo.
Artículo 48. Las instituciones, dependencias y entidades de los gobiernos Federal, estatales y municipales promoverán entre sus trabajadores y empleados el turismo social, en coordinación con la Secretaría, las instituciones de seguridad social y las organizaciones sindicales correspondientes.
Artículo 49. Las organizaciones sindicales de obreros y campesinos, así como las agrupaciones populares, podrán solicitar asistencia y asesoría a la Secretaría y ésta proporcionará dicho servicio en el momento requerido, para el desarrollo
de sus actividades en materias de turismo social.
Artículo 50. La Secretaría propondrá programas de intercambio internacional en materia de turismo social, a fin de consolidar los principios de solidaridad entre todos los pueblos.
CAPITULO VIII.
Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
ARTÍCULO 51. El fideicomiso Fondo Nacional de Fomento al Turismo tendrá por objeto participar en la programación, fomento y desarrollo del turismo, de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley, a la Ley de Planeación y las normas, prioridades y políticas que determinen el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría.
Artículo 52. Para cumplir con su objeto, el Fondo realizará las siguientes funciones:
I. Elaborar estudios y proyectos, ejecutar obras de infraestructura y urbanización, y realizar edificaciones e instalaciones que incrementen la oferta turística nacional;
II. Dotar, fomentar y promover el equipamiento urbano, para las zonas, centros y desarrollos turísticos;
III. Adquirir, fraccionar, vender, arrendar, administrar y, en general realizar cualquier tipo de enajenación de bienes muebles e inmuebles que contribuya al fomento del turismo;
IV. Operar, administrar y mantener, por sí, o a través de terceros, todo tipo de bienes relacionados con la actividad turística;
V. Realizar la promoción y publicidad de sus actividades;
VI. Participar con los sectores público, social y privado, en la constitución fomento, desarrollo y operación de empresas, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, dedicadas a la actividad turística;
VII. Participar, con carácter temporal, como socio o accionista en sociedades que desarrollen objetivos turísticos;
VIII. Adquirir valores emitidos para el fomento al turismo por instituciones de crédito o empresas dedicadas a la actividad turística;
IX. Gestionar y obtener todo tipo de financiamiento que requiera para lograr su objeto, otorgando las garantías necesarias;
X. Operar con los valores derivados de su cartera:
XI. Otorgar todo tipo de créditos que contribuyan al fomento de la actividad turística;
XII. Descontar a las instituciones de crédito, títulos provenientes de créditos otorgados para actividades relacionadas con el turismo;
XIII. Garantizar a las instituciones de crédito las obligaciones derivadas de los préstamos que otorguen para la inversión en actividades turísticas;
XIV. Garantizar la amortización de capital y el pago de intereses de obligaciones o valores que se emitan con la inversión de instituciones de crédito, con el propósito de destinar al fomento del turismo los recursos que de ellos se obtengan;
XV. Vender, ceder y traspasar derechos derivados de créditos otorgados, y
XVI. En general, todas aquellas que permiten la realización de su objeto.
Artículo 53. El patrimonio que constituye el Fondo se integrará con:
I. Las aportaciones que efectúen el Gobierno Federal, los gobiernos de los estados y municipios, las entidades paraestatales o los particulares;
II. Los créditos que obtenga de fuentes nacionales, extranjeras e internacionales;
III. El producto de sus operaciones y de la inversión de fondos, y
IV. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.
Artículo 54. El fideicomiso tendrá un Comité Técnico que estará integrado por representantes de cada una de las siguientes dependencias y entidades:
I. Secretaría de Turismo;
II. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
III. Secretaría de Programación y Presupuesto;
IV. Secretaría de Desarrollo Urbano Y Ecología, y
V. Banco de México.
El Comité Técnico será presidido por el secretario de Turismo, y la institución fiduciaria dentro de la cual se encuentre constituido el fideicomiso contará con un representante dentro del mismo, quien concurrirá a las sesiones con voz, pero sin voto, al igual que el director general del fideicomiso.
Por cada representante propietario será designado un suplente.
Artículo 55. El fideicomiso tendrá un Delegado fiduciario especial y director general, que será propuesto por el Presidente de la República, a través del titular de la Secretaría, a la institución fiduciaria.
Artículo 56. El fideicomiso contará con un comisario designado por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
CAPITULO IX.
Prestadores de servicios turísticos.
Artículo 57. Los prestadores de los servicios turísticos a que se refiere el artículo 4o., se sujetarán a lo establecido por esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones que expida la Secretaría.
Artículo 58. Para poder operar, los prestadores de servicios turísticos deberán inscribir al establecimiento correspondiente en el Registro Nacional de Turismo y contar con la Cédula Turística, en los términos establecidos en el capítulo X de la presente Ley.
Artículo 59. Los prestadores de servicios turísticos que no operen un establecimiento, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Turismo y contar con la credencial que los acredite como tales.
Artículo 60. Para obtener la Cédula Turística o la credencial, los prestadores de servicios turísticos deberán satisfacer los requisitos que establezca la Secretaría, de acuerdo con las modalidades previstas en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias.
Artículo 61. Los Prestadores de Servicios Turísticos deberán solicitar de la Secretaría, la autorización de sus precios y tarifas los que únicamente podrán ser aplicados cuando se expida por escrito la autorización respectiva. Las solicitudes que presenten los prestadores se acompañaran de los documentos que señalen los reglamentos respectivos. La Secretaría deberá resolver dichas solicitudes dentro del término de 45 días. Se exceptúan de lo anterior los servicios de transporte, cuyas tarifas serán fijadas por las autoridades competentes, previa opinión de la Secretaría.
Artículo 62. La Secretaría proporcionará a la Secretaría de hacienda y Crédito Público los elementos que permitan determinar, en su caso, los montos de los derechos que deban cubrir los prestadores de servicios turísticos por la inscripción en el Registro Nacional de Turismo, la expedición o revalidación de Cédula Turística o Credencial, y la autorización de precios y tarifas.
Artículo 63. La Secretaría fijará y, en su caso, modificará la clasificación y las categorías de los establecimientos en los que se presten los servicios turísticos señalados en el artículo 4o., de conformidad con lo que dispongan los reglamentos respectivos.
Artículo 64. Cuando los prestadores de servicios turísticos no cuenten con un establecimiento, la categoría se fijará según los criterios señalados en el reglamento correspondiente.
Artículo 65. En aquellos casos en que la prestación de un servicio turístico requiera del otorgamiento de una concesión, permiso o autorización de otra dependencia o entidad pública, la Secretaría emitirá en cada caso un dictamen en el que haga del conocimiento de la autoridad competente si el solicitante cumple o no con los requisitos que en materia turística establezca esta Ley y las demás disposiciones derivadas de la misma. Para los casos previstos en la fracción VI del artículo 4o., el reconocimiento de Calidad Turística por parte de la Secretaría sustituirá al dictamen a que se refiere este artículo.
Artículo 66. La Secretaría formulará el catálogo de circuitos, rutas y lugares de interés turístico en los que se requiera de la prestación de servicios de transporte exclusivo de turismo o de la ampliación de los mismos, que será tomado en consideración por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el otorgamiento de las concesiones respectivas.
Artículo 67. La Secretaría establecerá las condiciones y modalidades que en materia turística deban satisfacer los prestadores de servicios de transporte exclusivo de turismo, y emitirá un dictamen ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre el otorgamiento de las concesiones de que se trate. La Secretaría otorgará Cédula Turística definitiva a aquellos prestadores de este tipo de servicios que hayan quedado inscritos provisionalmente ante ella y que obtengan la concesión correspondiente.
Artículo 68. La Secretaría fijará los criterios turísticos que normen la transportación de personas bajo el sistema de fletamento y apoyará, cuando así proceda, el otorgamiento de los permisos correspondientes ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Artículo 69. Para los efectos señalados en los tres artículos precedentes, la Secretaría participará dentro de las Comisiones Consultivas y Técnicas presididas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tengan relación con la transportación turística.
Artículo 70. Los prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo tendrán los siguientes derechos:
I. Ser incluidos en los catálogos, directorios y guías que elabore la Secretaría;
II. Adquirir el reconocimiento de la categoría que corresponda a la calidad de sus servicios, así como solicitar su modificación cuando reúnan los requisitos establecidos en el Reglamento respectivo;
III. Solicitar y obtener, en su caso, las autorizaciones de precios y tarifas por parte de la Secretaría, con la excepción establecida en el artículo 61;
IV. Participar en los programas de promoción y fomento coordinados por la Secretaría;
V. Recibir la ayuda que proceda por parte de la Secretaría para la obtención de créditos, estímulos y facilidades de diversa índole, destinados a la instalación, la ampliación y mejora de servicios turísticos;
VI. Obtener de la Secretaría, cuando proceda, su intervención y respaldo en las gestiones que realicen ante otras autoridades federales, estatales y municipales, y
VII. Participar en los programas de capacitación turística que promueva o lleve a cabo la Secretaría.
Artículo 71. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:
I. Proporcionar los bienes y servicios que ofrezcan a los turistas, en los términos convenidos y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en sus Reglamentos;
II. Revalidar la Cédula Turística o Credencial, según corresponda, con la periodicidad que para cada tipo de servicio turístico establezcan los Reglamentos;
III. Aplicar los precios y tarifas autorizados por la Secretaría, con la salvedad a que alude el artículo 61, hacerlos del conocimiento del público en forma visible y expedir, a solicitud de los usuarios, copia detallada en la factura, nota de consumo o documento que ampare los cobros realizados por la prestación del servicio;
IV. Colaborar con la Secretaría en los programas de Fomento y de Turismo Social, que lleve a cabo;
V. Comunicar a la Secretaría los cambios de nombre o razón social del establecimiento, de propietario o de domicilio, así como cualquier modificación en los servicios que presten;
VI. Garantizar el cumplimiento de las condiciones en que ofrezcan los servicios, mediante el otorgamiento de fianzas, así como contratar los seguros que se requieran, de acuerdo con las modalidades y términos que establezcan los reglamentos;
VII. Proporcionar a la Secretaría los datos y la información que se le solicite relativa a su actividad turística y prestar a la Secretaría el auxilio y las facilidades que procedan;
VIII. Contar con un libro de registro, debidamente autorizado por la Secretaría, para la recepción de quejas;
IX. Organizarse en forma representativa para los efectos de esta Ley, de conformidad a lo dispuesto por los reglamentos respectivos;
X. Capacitar a sus trabajadores y empleados, en los términos de las leyes respectivas en coordinación con la Secretaría, de tal manera que la capacitación que reciba el trabajador constituya la realización de su derecho para mejorar su nivel técnico o profesional;
XI. Emplear destacadamente el idioma nacional en las leyendas en que anuncien al público su razón social, denominación o los servicios que presten, sin perjuicio del uso de otros idiomas, y
XII. Realizar su publicidad, preservando la dignidad nacional, sin alteración o falseamiento de los hechos históricos o las manifestaciones de la cultura e informar con veracidad sobre los servicios que ofrezcan.
Artículo 72. La Secretaría, por medio de disposiciones generales, podrá exceptuar de la consideración de servicios turísticos a que se refiere el artículo 40, a los restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y similares cuya actividad no esté directamente vinculada al turismo.
CAPÍTULO X.
Registro nacional de turismo.
Artículo 73. El Registro Nacional de Turismo estará a cargo de la Secretaría y constituirá un instrumento para la información, estadística, programación y regulación de los servicios turísticos que se presten en el país.
Artículo 74. En el Registro quedarán inscritos los prestadores de servicios turísticos, los establecimientos en que se ofrezcan, así como su clasificación y categoría, precios y tarifas, tipo y características, y toda aquella información que señalen los Reglamentos respectivos.
Artículo 75. Al quedar inscrito en el Registro, el establecimiento y el prestador correspondientes obtendrán la Cédula Turística o Credencial, según sea el caso, sin las cuales no podrán operar.
Artículo 76. La inscripción en el Registro Nacional de Turismo y la Cédula Turística o Credencial, según corresponda, podrán cancelarse en los siguientes casos:
I. Por solicitud expresa del prestador, cuando cese en sus operaciones,
II. Por resolución de la Secretaría, cuando se imponga como sanción por violaciones a esta Ley y a sus Reglamentos, en términos del Capítulo XIII de este ordenamiento, y
III. Cuando al prestador se le retiren, revoquen o cancelen las concesiones, permisos o autorizaciones otorgadas por otras autoridades, dejándolo imposibilitado para prestar legalmente los servicios.
CAPÍTULO XI.
Protección al turista.
Artículo 77. La secretaría, en su carácter de Dependencia responsable de asistir, auxiliar y proteger a los turistas, intervendrá en las controversias que se susciten entre éstos y los prestadores de servicios turísticos. De igual forma, los asistirá cuando se hayan cometido violaciones o incumplimientos a la presente Ley o a sus Reglamentos que afecten intereses de los turistas o de los prestadores, canalizando el asunto a la autoridad competente y, en su caso, constituyéndose en coadyuvante del Ministerio Público.
Artículo 78. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, la Secretaría recibirá y atenderá las quejas que los usuarios presenten por escrito, las que deberán acompañarse, de ser posible, de los elementos probatorios de los hechos asentados en las mismas, asimismo, dará curso a las quejas que se contengan en los libros de Registro con que deban contar los establecimientos donde se presten servicios turísticos.
Artículo 79. Cuando la queja únicamente reporte la existencia de una anomalía o anomalías por parte del prestador de un servicio turístico, la Secretaría determinará si procede practicar una visita de verificación al establecimiento, en términos de lo expuesto en el Capítulo XII de esta Ley.
Artículo 80. Si la queja del usuario contiene una petición de reembolso por parte del prestador. La Secretaría citará por escrito al quejoso y al prestador para que se lleve a cabo una audiencia de conciliación durante la cual se exhortará para que lleguen a un acuerdo sobre la controversia. Al término de la audiencia, se levantará una acta en la que se hará constar el resultado de la misma.
Artículo 81. Independientemente de que las partes hayan llegado a un acuerdo en la audiencia de conciliación, la Secretaría podrá imponer al prestador del servicio la sanción que corresponda, con apego a lo dispuesto en el Capítulo XIII de la Ley.
Artículo 82. La falta injustificada, a juicio de la Secretaría, del prestador del servicio a la audiencia de conciliación a la que se refieren los artículos anteriores, será sancionada de acuerdo a lo previsto en el Capítulo XIII de este ordenamiento
Artículo 83. Cuando la Secretaría considere que el quejoso está imposibilitado para comparecer
y cuente con pruebas y elementos suficientes para determinar la procedencia del reembolso, exigirá al prestador del servicio la presentación de la constancia de que lo ha efectuado, con independencia de que imponga la sanción que en su caso proceda.
CAPÍTULO XII.
Vigilancia y verificación.
Artículo 84. A efecto de regular y controlar la prestación de los servicios turísticos, la Secretaría vigilará que los establecimientos cuenten con Cédula Turística; que se presten los servicios conforme a su clasificación y categoría, en los términos contratados con los usuarios; que se apliquen los precios y tarifas autorizados; y que se cumplan las demás disposiciones contenidas en esta Ley y en sus reglamentos.
Artículo 85. La Secretaría practicará las visitas de verificación que se requieran para cumplir con lo señalado en el artículo anterior.
Artículo 86. Además de las visitas de verificación que practique la Secretaría como parte de sus programas de trabajo, podrá realizarlas también en los siguientes casos:
I. Cuando los interesados promuevan su solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Turismo como prestadores de servicios turísticos, a efecto de verificar la información proporcionada.
Cuando se presente una queja ante la Secretaría derivada de la prestación de un servicio turístico, que a su juicio requiera de comprobación.
Artículo 87. Las visitas de verificación se practicarán en días y horas hábiles, por personal expresamente autorizado por la Secretaría, previa identificación y exhibición de la orden de verificación respectiva, la que deberá ser, expedida por la autoridad competente, de conformidad con el Reglamento Interior de la propia Secretaría. Sin embargo, podrán practicarse visitas en días y horas inhábiles, en aquellos casos en que el tipo y la naturaleza de los servicios turísticos así lo requieran, pero dentro del horario del funcionamiento autorizado para el establecimiento.
Artículo 88. Durante las visitas de verificación que se practiquen, los prestadores de servicios turísticos proporcionarán a la Secretaría la información que les sea solicitada, siempre que ésta se refiera a lo establecido en esta Ley y en sus Reglamentos.
Artículo 89. A toda visita de verificación que realice la Secretaría corresponderá el levantamiento del acta respectiva, misma que será circunstanciada y elaborada en presencia de dos testigos propuestos por la persona que haya atendido la visita, o por el verificador de la Secretaría en caso de que aquélla se hubiere negado a hacerlo.
Artículo 90. En las actas que se levanten con motivo de una visita de verificación practicada por la Secretaría de Turismo se hará constar, por lo menos, lo siguiente:
I. Hora, día, mes y año en que se practicó la visita;
II. Objeto de la visita;
III. Número y fecha de la orden de verificación, así como de la identificación oficial del verificador;
IV. Ubicación física del establecimiento o de las instalaciones donde se presten los servicios turísticos que sean objeto de la verificación, la que incluirá calle, número, colonia, código postal, población y entidad federativa;
V. Nombre y carácter o personalidad jurídica de la persona con quien se entendió la visita de verificación;
VI. Nombre, domicilio y teléfono, si lo tuvieren, de las personas designadas como testigos;
VII. Síntesis descriptiva sobre la visita, asentando los hechos, datos y omisiones derivados del objeto de la misma;
VIII. Declaración de la persona con quien se entendió la visita, o su negativa en el caso de que no sea su deseo hacerla, y
IX. Nombre y firma del verificador, de quien atendió la visita y de las personas que hayan fungido como testigos.
Artículo 91. El verificador una vez elaborada el acta, proporcionará una copia de la misma a la persona con quien se entendió la visita, aun en el caso en que ésta se hubiera negado a firmarla, hecho que no desvirtuará su validez.
CAPÍTULO XIII.
Sanciones y recurso de revisión.
Artículo 92. Las violaciones a lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos, y demás disposiciones que de ella se deriven, serán sancionadas por la Secretaría.
Artículo 93. La Secretaría podrá imponer las siguientes sanciones:
I. Multa;
II. Clausura temporal o definitiva, y
III. Cancelación de Cédula Turística o credencial según sea el caso.
Artículo 94. Para la determinación de las sanciones previstas en el artículo anterior, la Secretaría tomará en cuenta lo siguiente:
I. Lo asentado en el acta de verificación, si se hubiere practicado visita;
II. La gravedad de la infracción;
III. El daño económico que se le hubiere causado al turista, en caso de que así ocurriera;
IV. El resultado de la audiencia de conciliación, si se hubiere efectuado; y
V. La reincidencia del infractor, en su caso.
Artículo 95. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, será sancionado por la Secretaría con multa que podrá ser desde una cuarta parte hasta cien veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal. Por cada violación podrá imponerse una multa.
Artículo 96. En aquellos casos de incumplimiento en que la Secretaría estime que procede imponer una multa, citará al prestador del servicio turístico para que comparezca y manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la queja presentada en su contra, con los hechos asentados en el acta de inspección, o con los actos u omisiones que se le imputan.
Artículo 97. Valoradas las pruebas y analizados los dichos del prestador del servicio o de su representante legal, la Secretaría procederá a dictar la resolución definitiva, misma que será notificada al infractor.
Artículo 98. Para la determinación del monto de las multas, la Secretaría tomará en consideración, además de lo estipulado en el artículo 94, el tipo de servicio turístico de que se trate, su ubicación, sus precios y tarifas autorizadas, y su categoría.
Artículo 99. El infractor que en un plazo de dos años reincida en una misma violación a lo establecido en esta Ley y las disposiciones que de ella se derivan, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera ocasión. Si dentro de ese mismo término reincide de nueva cuenta, se le podrá imponer hasta dos tantos del importe de la segunda multa, y si a pesar de ello reincide se le podrá cancelar la Cédula Turística o la Credencial, según sea el caso.
Artículo 100. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la Secretaría podrá ordenar en cualquier momento la clausura de un establecimiento en el que se presten servicios turísticos, cuando a su juicio la gravedad de la infracción aténte contra los intereses turísticos nacionales, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial Turístico, así como en los casos en que se violen los precios o tarifas autorizados por la Secretaría, o cuando un prestador opere sin la Cédula Turística correspondiente.
Artículo 101. La cancelación de la Cédula Turística implicará la clausura inmediata del establecimiento. La cancelación de la Credencial tendrá por efecto la imposibilidad de la persona física que la detente para operar.
Artículo 102. La falta de inscripción en el Registro Nacional de Turismo y la consiguiente falta de Cédula Turística, será; sancionada con clausura.
Artículo 103. En relación con aquellos servicios turísticos cuyos reglamentos exijan el otorgamiento de fianzas para garantizar el cumplimiento de los servicios contratados, por parte de los prestadores respectivos, la secretaría podrá iniciar el procedimiento para su afectación en los casos en que, en términos de los artículos 80 y 83 de la presente Ley, se haya probado la procedencia del reembolso y el prestador se niegue a efectuarlo, con independencia de las sanciones que procedan.
Artículo 104. Contra las sanciones que imponga la Secretaría con fundamento en esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones complementarias, procederá el recurso de revisión.
Artículo 105. El recurso de revisión se interpondrá por escrito ante la Secretaría, dentro de los siguientes 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la resolución que se recurra.
Artículo 106. En el escrito por medio del cual se interponga el recurso de revisión, se precisarán el nombre y el domicilio del promovente, los agravios que considere se le causan derivados de la resolución impugnada, así como los datos y pruebas complementarias que considere necesarios. En cualquier caso, el escrito deberá acompañarse del documento que acredite la personalidad del promovente cuando éste actúe en nombre y por cuenta de otro, así como copia del documento que garantice el interés fiscal derivado de la multa que se recurra.
Artículo 107. La interposición del recurso de revisión producirá el efecto de suspender la resolución impugnada, hasta en tanto se revoque, confirme o modifique.
Artículo 108. El recurso de revisión se tendrá por no interpuesto en los siguientes casos:
I. Cuando se presente fuera del término a que se refiere el artículo 105 de esta Ley, y
II. Cuando no se acredite la personalidad del promovente o no se garantice el interés fiscal.
TRANSITORIOS
Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se abroga la Ley Federal de Turismo de 29 de diciembre de 1979, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de enero de 1980, y se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Artículo tercero. Se abroga la Ley que crea el Banco Nacional de Turismo, S.A., del 29 de diciembre de 1981, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1982. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Programación y Presupuesto, en la esfera de sus respectivas atribuciones, vigilarán que la liquidación y la extinción del Banco Nacional de Turismo, S.A., se lleven a efecto con apego a la legislación aplicable.
Artículo cuarto. La Secretaría de Programación y Presupuesto, dentro de un término de 60 días contados a partir de la fecha de publicación de esta Ley, acordará con la fiduciaria en la que se encuentre constituido el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, las modificaciones necesarias al Contrato de Fideicomiso, a efecto de que se suscriba el correspondiente Convenio Modificatorio, en términos de lo expuesto en este ordenamiento.
Artículo quinto. El Ejecutivo Federal expedirá las disposiciones reglamentarias que requiera esta Ley. Mientras tanto, seguirán vigentes los actuales reglamentos en lo que no se opongan a la presente Ley.
Artículo sexto. Los prestadores de servicios turísticos a que se refiere el artículo 4o., que
carezcan de inscripción en el Registro Nacional de Turismo, deberán presentar su solicitud correspondiente en un plazo máximo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Artículo séptimo. Los prestadores de servicios turísticos que ya se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Turismo recibirán, previa solicitud, en plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de la Ley. La Cédula Turística a que alude el artículo 58 de la misma.
Artículo octavo. Los asuntos que se encuentren en trámite al momento de ser publicada la presente Ley Federal de Turismo, serán resultados conforme a lo dispuesto por la Ley que se abroga.
Artículo noveno. Las infracciones cometidas durante la vigencia de la Ley que se abroga, se sancionarán conforme a lo dispuesto en esa misma Ley, a menos que el interesado manifieste su voluntad de acogerse al presente ordenamiento por estimarlo más favorable.
Artículo décimo. El derecho adquirido por los Guías y Guías - Choferes a que alude el artículo 72 de la Ley que se abroga, subsistirá y será ejercido en los términos y con las modalidades que con ellos convenga la Secretaría de Turismo.
Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados. México, Distrito Federal, diciembre 8 de 1983.
Diputados licenciado Humberto Lugo Gil, Rafael Oceguera Ramos, Mario Vargas Saldaña, José Estefan Acar, Salvador Rocha, José Luis Lamadrid doctor Pedro Bonilla Díaz de la Vega, Armando Córdova, en contra, Raymundo León Ozuna, Jorge Cruickshank García, Wulfrano Leyva Salas, Irma Cué de Duarte, en contra Jesús Lujan Gutiérrez, Sami David David, Luis Martínez Fernández del C., Enrique Fernández Martínez, Odilón Martínez Rodríguez, Francisco Galindo Muza, Licenciado Luis René Martínez S., Alfonso Gaytán Esquivel, licenciada Armida Martínez Valdez, Víctor González Avelar, licenciado Edmundo Martínez Zaleta, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Sara Esther Musa de Marrufo, Onofre Hernández Rivera, María Albertina Barbosa de M., Alejandro Lambretón Narro, Juan Manuel Molina R., Ernesto Luque Feregrino, Jesús Murillo Aguilar, María Encarnación Paz Méndez, Luis René Martínez Souverville, Ramiro Placencia Loza, Alfonso Molina Ruibal, Humberto Pulido García, Esteban Núñez Perea, Raúl Rea Carbajal, en contra en lo particular, Héctor Hugo Olivares Ventura, licenciado Juan Salgado Brito, David Orozco Romo, Pedro Salinas Guzmán, Manuel Osante López, Héctor Sánchez Ponce, Juan José Osorio Palacios, licenciada María Isabel Serdán A., Francisco Xavier Ovando Hernández, Efraín Trujeque Martínez, Guillermo Pacheco Pulido, general Celso Vázquez Ramírez, Mariano Piña Olaya, Raúl Velez García, Luis Dantón Rodríguez Aidé Eréndira Villalobos R., Jesús Salazar Toledano, Alma Inés Gracia de Zamora, Juan Salgado Brito, Irma Victoria Zárate Pineda, Rafael Aguilar Talamantes, licenciado José Luis Caballero C., José Antonio Alvarez Lima, Guillermo Dávila Martínez, Bernardo Bátiz Vázquez, arquitecto Jaime Armando de Lara T., Heriberto Batres García, licenciado Jorge Dzib Sotelo, licenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera, profesor Marco Antonio Fragoso F., Javier Bolaños Vázquez, licenciado Francisco Galindo Musa, Genaro Borrego Estrada, profesor Zotico García Pastrana, Jorge Canedo Vargas, Rodolfo García Pérez Oscar Cantón Zetina, Griselda García Serra, José Carleño Carlón, Humberto González Magallón, Salvador Castañeda O'Connor, Mario González Navarro, Rubén Castro Ojeda, Maurilio Hernández González, Víctor Cervera Pacheco, Luis Jaime Castro, Silerio Esparza Maximiliano, Manuel Nogal Elorza, Manuel Solares Mendiola, Carlota Vargas, Enrique Soto Izquierdo, Manuel Torres Ramírez, Salvador Valencia Carmona, Javier Sánchez Lozano."
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los CC. diputados, Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si le dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario Enrique León Martínez: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los CC. que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de primera lectura.
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA.
El C. secretario Jorge Canedo Vargas: '- Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.
'LII' Legislatura.
Orden del día.
13 de diciembre de 1983.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas.
Minuta.
Con proyecto de decreto que reforma le Ley Federal del Trabajo.
Dictámenes de primera lectura.
De las comisiones unidas de Energéticos, de Patrimonio y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que
reforma los artículos 5o., 6o., 9o., fracción II, 10, 12, fracciones III, y VI, 13, 14, 20, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 42, 43 y 44 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Dictámenes a discusión.
De las comisiones unidas de Turismo y de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Ley Federal de Turismo.
De la comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca.
De la comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones hacendarías.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores."
El C. Presidente (a las 18:20 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 13 de diciembre, a las diez horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES.