Legislatura LII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19840927 - Número de Diario 12
(L52A3P1oN012F19840927.xml)Núm. Diario:12ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LII" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos,
el 21 de septiembre de 1921
AÑO III México, D. F., jueves 27 de septiembre de 1984 TOMO III. NUM. 12
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
SE APRUEBA
INVITACIONES
AL CCXIX aniversario del natalicio del generalísimo José María y Morelos y Pavón, que tendrá lugar en esta ciudad, en Ecatepec, estado de México, y en Cuautla, Morelos, el día 30 del mes en curso. Se designan comisiones ..
Al cuarto informe de gobierno del C. licenciado Oscar Ornelas K., gobernador de Chihuahua, que tendrá lugar el 30 de los corrientes. Se designa comisión
Al primer informe de gobierno del C. Xicoténcatl Leyva Mortera, gobernador de Baja California, que se efectuará el día 1o. de octubre. Se designa comisión ..
COMUNICACIÓN
Del Congreso de Veracruz, relativa a sus funciones legislativas. De enterado.
MINUTA DEL SENADO
LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL
Proyecto de decreto que reforma y adiciona la ley mencionada. Se turna a comisiones
SOLICITUD DE PARTICULAR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Suscrita por la C. Cecilia A. Martínez Cairo Barrera del Campo para que pueda hacerlo en la Embajada de Francia en México. Se turna a comisión
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA
Presentada por la Comisión Especial sobre Inmuebles en Arrendamiento de esta Cámara, que reforma el artículo 2o. del Título Especial de la Justicia de Paz del Código citado, y el artículo 97 de la ley nombrada, a la que da lectura y fundamenta el C. Mariano Piña Olaya. Se le dispensan los trámites. Sin discusión se aprueba en lo general con los artículos no impugnados.
A discusión en lo particular. A debate el artículo segundo transitorio de la iniciativa. Intervienen para una modificación los CC. Jesús Luján Gutiérrez; en pro, José Luis Caballero Cárdenas; para hechos, Alberto Salgado Salgado y Alfredo Reyes Contreras. Se desecha. Se aprueba en sus términos. Pasa la iniciativa al Senado ..
TÍTULOS PRIMERO, TERCERO Y QUINTO CONSTITUCIONALES
El C. Jesús Salvador Larios Ibarra, presenta y da lectura a la iniciativa de reformas de los artículos 1o., 2o., 10, 12, 28, 29, 50, 70, 80, 87, 89, 97 y 115 comprendidos en los títulos citados de la Constitución General de la República. Se turna a comisión. Imprímase.
ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
El C. Alberto Salgado Salgado, la suscribe y le da lectura. Se turna a comisión. Imprímase
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CENTRO MATERNO INFANTIL "GENERAL MAXIMINO ÁVILA CAMACHO"
Proyecto de decreto que abroga la ley que creó el centro de referencia. Se le dispensa la lectura. Queda de primera lectura ..
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Dos proyectos de decreto que permiten a los CC. Miriam Fuhrman de Chayo, Benito Gritzewsky Sissa, Elena M. Méndez Buelna, Silvia L. Saad, Gina Sacal Grego, Rosa Samra Mizrahi, Martha Szniger de Melamed, Linda Wintraub Groswirt, Pablo Ramos Canales, Teresa M. Zoperanes Sánchez, Genaro Villagómez Romero y Francisco Cerón Garrido, prestar servicios en la Embajada de Israel y en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Son de primera lectura ..
DICTAMEN A DISCUSIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Proyecto de decreto que autoriza a la C. María de Lourdes Delgado Taboada para que pueda prestar servicios en la Embajada de Francia en México. Segunda lectura. Se aprueba. Pasa al Senado ..
DESAFUERO DEL DIPUTADO LOCAL EN NUEVO LEÓN
El C. Felipe Gutiérrez Zorrilla se refiere a este caso. Da lectura a parte del dictamen emitido por el Congreso de Nuevo León. Expresa que el PAN luchará en defensa de este caso. El C. Alejandro Lambretón Narro manifiesta sus puntos de vista al respecto. Nuevamente interviene el C. Gutiérrez Zorrilla ..
ELECCIÓN DE DIRECTIVA
De Presidente y vicepresidentes de esta Cámara para el mes de octubre. Escrutinio. Resultado. Declaratoria ..
HOMENAJE A ADOLFO LÓPEZ MATEOS
Rendido por el C. Domingo Alapizco Jiménez, con motivo de cumplirse un aniversario más de su natalicio ..
CONTAMINACIÓN DEL GOLFO DE MÉXICO
El C. Jesús Lazcano Ochoa se refiere a los desechos radiactivos que los Estados Unidos arrojan al Golfo de México. Solicita que esta Cámara intervenga al respecto. Se turna a comisiones ..
PETICIÓN EN CONTRA DEL EMBAJADOR DE E.U.A.
El C. Crescencio Morales Orozco solicita a nombre de las diputaciones del PPS y del PST, se aplique el artículo 33 constitucional al señor John Gavin. Se turna a comisión ..
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
Comentarios del C. Ignacio Vital Jáuregui sobre el informe presentado ante esta Cámara por el secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de quien solicita comparezca ante el Pleno de esta Cámara. El C. Enrique Riva Palacios Galicia hace aclaraciones al respecto. Se turna a comisiones ..
CONSIDERACIONES SOBRE EL INFORME DEL SECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA
De parte del C. José Dolores López Domínguez, en relación a problema de campesinos y sobre el atentado a miembros del PSUM en dos poblaciones del estado de Puebla. Se turna a comisión.
AUMENTO DE TARIFAS AÉREAS Y DEL USO DEL AEROPUERTO
Denuncia del C. Raymundo León Ozuna. Hace comentarios al respecto y solicita se investiguen las finanzas de Aeroméxico y Mexicana de Aviación, así como la compra y alquileres de la flota DC - 10. Se turna a comisión ..
HUELGA DE HAMBRE
Consideraciones del C. René Rojas Ayala. El C. Héctor Sánchez López abunda en lo expresado por el C. Rojas Ayala ..
MENSAJE DE LA PRESIDENCIA
Sobre el término de sus funciones como Presidente de esta Cámara ..
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión ..
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. NETZAHUALCÓYOTL DE LA VEGA GARCÍA
(Asistencia de 368 ciudadanos legisladores)
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:30 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Miguel Angel Morado Garrido:
"Tercer Periodo Ordinario de Sesiones. 'LII' Legislatura.
Orden del día.
27 de septiembre de 1984.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que con motivo del CCXIX aniversario del natalicio del general don José María Morelos y Pavón, tendrá lugar el próximo 30 de septiembre.
El C. presidente municipal de Ecatepec de Morelos, estado de México, invita a la ceremonia conmemorativa del CCXIX aniversario del natalicio del general don José María Morelos y Pavón, la que tendrá lugar el próximo 30 de septiembre.
Invitación del C. doctor Lauro Ortega Martínez, gobernador del estado de Morelos, a la ceremonia cívica que para conmemorar el CCXIX aniversario del natalicio del generalísimo don José María Morelos y Pavón, tendrá lugar el 30 de los corrientes.
El C. licenciado Oscar Ornelas K., gobernador constitucional del estado de Chihuahua, invita a la sesión solemne en la que rendirá el cuarto informe de gobierno, la que tendrá lugar el próximo 30 de septiembre.
El Congreso del estado de Baja California invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado Xicoténcatl Leyva Mortera rendirá su primer informe de gobierno, y que tendrá lugar el próximo 1o. de octubre.
Comunicación del Congreso del estado de Veracruz.
Minuta
Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos 3o. y 18 de la Ley de Extradición Internacional.
Solicitud de particular
De la C. Cecilia Aurora Martínez Cairo para que se le conceda el permiso constitucional necesario para presentar servicios como secretaria en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de la Embajada de Francia en México.
Iniciativa con proyecto de decreto de la Comisión Especial sobre Inmuebles de Arrendamiento, que reforma los artículos segundo del Título Especial de Justicia de Paz del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y 97 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.
Dictámenes de primera lectura.
De la Comisión de Salubridad y Asistencia, con proyecto de decreto para abrogar la ley que creó el centro materno infantil 'General Maximino Ávila Camacho".
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a los CC. Miriam Fuhrman de Chayo, Benito Gritzewsky Sissa, Elena Margarita Méndez Buelna, Silvia L. Saad, Gina Sacal Grego, Rosa Samra Mizrahí, Martha Szniger de Melamed, Linda Weintraub Groswirt, Pablo Ramos Canales y Teresa Manuela Zoperanes Sánchez para prestar servicios en la Embajada del Estado de Israel en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a los CC. Genaro Villagómez Romero y Francisco Cerón Garrido para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Dictamen a discusión.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a la C. Lourdes Delgado Taboada para prestar servicios como secretaria en el servicio cultural de la Embajada de Francia en México.
Elección de Mesa Directiva"
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Secretario:
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día veinticinco de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro.
Presidencia del C. Netzahualcóyotl de la Vega García
En la Ciudad de México, a las once horas y quince minutos del martes veinticinco de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, la Presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de trescientos treinta y cuatro ciudadanos diputados.
Lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior verificada el día veinte del actual, misma que sin discusión de aprueba.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
El C. licenciado Carlos Jonguitud Barrios, gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, suscribe atenta invitación a la ceremonia que tendrá lugar el día 28 de los corrientes, en la que dará lectura al quinto informe de su gestión administrativa.
Para asistir a dicha ceremonia, en representación de la Cámara de Diputados, la Presidencia designa en comisión a los CC. Leopoldino Ortiz Santos, Helios Barragán López, Mateo de Regil Rodríguez, Zótico Demetrio García Pastrana, Carlos Jiménez Macías, Víctor Alfonso Maldonado Moreleón, Odilón Martínez Rodríguez, Eusebio Ordaz Ortiz, Gerardo Ramos Romo, Olegario Valencia Portillo, José Guadalupe Vega Macías, Domingo Alapizco Jiménez y David Lomelí Contreras.
Invitación del C. ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, gobernador constitucional del estado de Michoacán, al acto en el cual dará lectura al cuarto informe de su gestión administrativa, el día 29 del presente.
La Presidencia nombra a los CC. Francisco Xavier Ovando Hernández, Hermenegildo Anguiano Martínez, Armando Ballinas Mayés, Javier Blanco Sánchez, Francisco Calderón Ortíz, Jorge Canedo Vargas, José Cervantes Acosta, Rafael Aguilar Talamantes, Raúl Lemus García, Alfonso Méndez Ramírez, Ignacio Olvera Quintero, Eulalio Ramos Valladolid, Rubén Vargas Martínez, María Antonia Vázquez Segura, Guillermo Villa Ávila, Juan Villegas Torres, Francisco Javier Alvarez de la Fuente y Florentino Jaimes Hernández para que, en representación de este cuerpo legislativo, concurran al acto mencionado.
El C. Pablo Castillón Alvarez, en nombre de la Diputación del Partido Acción Nacional, presenta y da lectura a una iniciativa de decreto, que reforma y adiciona el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales e imprímase.
Para los efectos constitucionales el C. Presidente de la República remite iniciativa de Ley Orgánica de la Lotería Nacional.
En virtud de que dicha iniciativa ha sido ya distribuida entre los ciudadanos diputados, la Presidencia ruega a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Recibo y a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Salubridad y Asistencia e imprímase.
El propio Primer Magistrado de la Nación envía iniciativa de decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para aprobar nuevas emisiones de Bonos del Ahorro Nacional, hasta por la cantidad de diez mil millones de pesos.
Por las mismas razones del caso anterior, la Secretaría turna esta iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público . Imprímase.
A continuación el C. Juan de Dios Salazar Salazar suscribe y da lectura a una iniciativa de decreto, tendiente a reformar y adicionar los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales e imprímase.
Para hechos relacionados con la iniciativa anterior y previa la lectura de los artículos 87 y 91 del Reglamento, la C. Florentina Villalobos de Pineda se refiere a la iniciativa de decreto presentada por el C. José Guadalupe Esparza en noviembre de 1982, que a la fecha no ha sido dictaminada. Dicha iniciativa reformaba precisamente el artículo 7o. de la Constitución.
Solicita que la Presidencia conmine a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía para que dictamine el rezago de las iniciativas que le han sido turnadas.
La Presidencia hace la excitativa solicitada por la oradora.
Por su parte, el C. Sergio Quiroz Miranda, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, presenta y da lectura a una iniciativa de la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera. Túrnese a las comisiones unidas de Comercio y de Hacienda y Crédito Público. Imprímase.
A su vez, el C. Iván García Solís, en nombre del grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, presenta una iniciativa de ley que crea el Instituto Nacional para la Educación y Rehabilitación del Invidente. Túrnese a la Comisión de Salubridad y Asistencia y a la Comisión de Educación Pública e imprímase.
La H. Cámara de Senadores remite minuta proyecto de decreto, que concede permiso a los CC. Miriam Fuhrman de Chayo, Benito Gritzewsky Sissa, Elena Margarita Méndez Buelna, Silvia L. Saad, Gina Sacal Greco, Rosa Samra Mizrahi, Martha Szniger de Melamed, Linda Weintraub Groswirt, Pablo Ramos Canales y Teresa Manuela Zoperanes Sánchez para prestar servicios como empleados en la Embajada del Estado de Israel, acreditada en nuestro país. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La misma H. Colegisladora envía minuta proyecto de decreto, que autoriza a los CC. Genaro Villagómez Romero y Francisco Cerón Garrido para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Dictamen con proyecto de decreto suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que concede permiso a la C. María de Lourdes Delgado Taboada para prestar servicios como secretaria en la Embajada de la República de Francia, acreditada en nuestro país. Es de primera lectura.
La propia Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales emite un dictamen con proyecto de decreto, que concede permiso a la C. Gloria Leticia Llop Huerta para prestar como secretaria bilingüe en la
Embajada de la República de Francia en México. Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba por unanimidad de trescientos doce votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Encontrándose a las puertas del recinto los CC. Simitrio Amador Ballinas y Jaime Martínez Tapia, diputados suplentes por el V Distrito de Veracruz y IX de Guanajuato, respectivamente, la Presidencia designa en comisión para que los introduzcan al salón y les acompañen al rendir la protesta de rigor para entrar en funciones, a los CC. Ricardo Castillo Peralta, Carlos Brito Gómez, Amador Toca Cangas, Sergio Lara Espinosa, Rodolfo Rea Ávila, Sergio Quiroz Miranda, Alberto Salgado Salgado y David Lomelí Contreras.
Una vez que la comisión cumple con su cometido, puestos todos los presentes de pie, los CC. Simitrio Amador Ballinas y Jaime Martínez Tapia, rinden la protesta de ley como diputados suplentes en funciones.
Previa lectura por la Secretaría del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, hace uso de la palabra el C. Pedro Bonilla Díaz de la Vega para referirse a lo expresado por el C. secretario del Trabajo y Previsión Social al Partido Socialista Unificado de México, en relación a la requisa de Teléfonos de México, en su presentación de la Cámara de Diputados.
Hace consideraciones sobre el particular, y menciona que su partido, siendo coalición de izquierda, presentó en la Legislatura anterior una iniciativa de decreto para derogar los artículos 112 y 113 de la Ley Federal de Vías de Comunicación, que a la fecha no ha sido dictaminada.
Solicita que la Presidencia exhorte a las comisiones respectivas, dictaminen dicha iniciativa y la que sobre el mismo tema presentó un grupo de diputados de la Confederación de Trabajadores de México.
La presidencia hace la exhortación solicitada.
En seguida aborda la tribuna el C. Francisco Javier González Garza para denunciar una campaña de propaganda falsificada, que difama y calumnia directamente al Partido Acción Nacional.
Señala los lugares en donde se ha incrementado esta clase de propaganda y da lectura al texto contenido en varios volantes de la propaganda mencionada.
Hace comentarios en torno al tema y solicita que las comisiones correspondientes investiguen y esclarezcan la denuncia del 20 de septiembre, presentada ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, en relación al supuesto Partido Laboral Mexicano.
Que la Secretaría de Gobernación se aboque e informe sobre la denuncia presentada el 12 de septiembre de este año, ante la Procuraduría General de la República y se llegue hasta su última consecuencia.
Que las autoridades mantengan vigente la garantía del uso exclusivo de los membretes y de los emblemas de los partidos que están registrados y que no sean utilizados por fuerzas extrañas a este país.
Túrnese la documentación a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Por su parte, el C. José Encarnación Pérez Gaytán usa de la tribuna para decir que el problema ferroviario a que se refirió el señor Presidente de la República, el día 1o. de septiembre, está directamente vinculado con la economía nacional.
Se refiere a la rehabilitación y reestructuración que empezó hace cuarenta años, y después de hacer comentarios sobre lo expresado por el secretario de Trabajo y Previsión Social, respecto a la requisa de Teléfonos de México, reitera la petición hecha por el C. Pedro Bonilla para que se dictamine la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Vías de Comunicación, presentada por el grupo parlamentario comunista, coalición de izquierda, 21 de diciembre de 1979. Túrnese a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Trabajo y Previsión Social.
A su vez, el C. Sergio Ruiz Pérez interviene para solicitar, con base en el artículo 58 del Reglamento, que la Presidencia de esta Cámara formule una excitativa a las comisiones correspondientes, a fin de que rinda a la mayor brevedad, un informe sobre la denuncia hecha por el C. Mariano López Ramos, por los atropellos y vejaciones de que fue víctima el 8 de septiembre, por elementos de la Policía Preventiva del estado de Jalisco, apoyada, asimismo, por las fracciones parlamentarias de los partidos, Socialista Unificado de México, Popular y Socialista y de los Trabajadores.
También solicita que esta Cámara se dirija oficialmente al gobierno del estado de Jalisco, a fin de que imparta justicia y que el fuero constitucional de los diputados sea garantizado.
En virtud de lo anterior, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura a un oficio suscrito por la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, dirigido al C. gobernador del estado de Jalisco, en el que se le hace saber la denuncia formulada por el C. diputado Mariano López Ramos y se le solicita informe sobre el trámite que se le dio a la misma.
La Presidencia hace una excitativa sobre el caso a las comisiones respectivas que conocen del asunto.
Por último hace uso de la palabra el C. René Rojas Ayala para hacer consideraciones a las intervenciones en la tribuna, de los diputados de oposición. Sobre la audiencia solicitada al señor Presidente de la República por los diputados y personas que se encuentran en huelga de hambre. Sobre lo que establece el Reglamento en relación a las sesiones. Sobre la solicitud de la Dirección General de Seguridad de esta Cámara, para que se les suministren cincuenta lotes de madera. Sobre
el acta levantada ante la Procuraduría General de la República, por un empleado de esta Cámara, en la que se queja de haber sido agredido. Sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores de este cuerpo legislativo. La Presidencia toma nota.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima. A las quince horas y diez minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves veintisiete del actual, a las diez horas."
Está a discusión el acta ... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIONES
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Departamento del Distrito Federal.
México, D.F., a 18 de septiembre de 1984.
C. diputado licenciado Netzahualcóyotl de la Vega G., Presidente de la H. Cámara de Diputados. Palacio Legislativo. Presente.
Me permito informar a usted, que el próximo domingo 30 del actual, a partir de las 11:00 horas, llevará a cabo la ceremonia cívica conmemorativa del CCXIX aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón, que con asistencia del C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá lugar frente a la estatua que evoca su memoria, en la Plaza de la Ciudadela.
Al propio tiempo, me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones con objeto de que una comisión asista al acto de referencia, con la representación de la H. Cámara de Diputados que usted preside.
Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de Programación y Acción Cívica, Arquitecto Karl Godoy F."
El C. Presidente: - Para asistir a este acto, en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Humberto Lugo Gil, Netzahualcóyotl de la Vega García, Daniel Balanzario Díaz, Armando Corona Boza, Enrique León Martínez, Norma López Cano y Aveleyra, Armida Martínez Valdez, José Esteban Núñez Perea y Juan José Osorio Palacios.
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas:
"Cd. Ecatepec de Morelos, Méx., a 1o. de agosto de 1984.
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. Palacio Legislativo. México D. F.
En ocasión de la celebración del CCXIX aniversario del natalicio de uno de los héroes más grandes de México, el generalísimo don José María Morelos y Pavón, el día 30 de septiembre del año en curso, a partir de las 11:00 horas, habrá de llevarse a cabo solemne ceremonia conmemorativa en esta ciudad, organizada por el Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento Constitucional que me honro en presidir; por lo que nos permitimos formular a usted y a los distinguidos integrantes de esa H. Legislatura atenta y respetuosa invitación, a fin de que nos honren con su presencia en tan significativo acto.
Esperamos que las delicadas actividades que tiene, como Presidente de la H. LII Legislatura Federal, le permitan honrarnos con su presencia por lo que expresamos a usted las seguridades de nuestro reconocimiento por la consideración que preste a la presente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No reelección.
El Presidente municipal constitucional, C. licenciado Josué Valdés Mondragón. El secretario municipal, C. licenciado Macario Yáñez Valdovinos".
El C. Presidente: - Para asistir a este acto, en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Guillermo Fragoso Martínez, Enrique Riva Palacio Galicia y Raúl Vélez García.
El C. secretario Miguel Angel Morado Garrido:
"Cuernavaca, Mor., septiembre 25 de 1984.
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. Palacio Legislativo. México, D. F. Por instrucciones del doctor Lauro Ortega Martínez, gobernador constitucional del Estado de Morelos, me permito hacerle una atenta invitación a la celebración del CCXIX aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón, el cual se llevará a efecto el día 30 de los corrientes en la H. Ciudad de Cuautla, Morelos.
Sin otro particular, reitero a usted mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No reelección.
Licenciado David Jiménez González, secretario general de Gobierno."
El C. Presidente: - Para asistir a este acto, en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Juan Salgado Brito, Emma Victoria Campos Figueroa, Lorenzo García Solís, Heladio Gutiérrez Ortega y Jorge Minvielle Porte Petit.
El C. secretario Miguel Angel Morado Garrido:
"Septiembre 15 de 1984.
Diputado Netzahualcóyotl de la Vega, Presidente de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. México, D. F.
Por su distinguido conducto, me permito invitar muy atentamente a la H. Cámara que usted preside para que, por medio de los representantes que se sirva designar, asista
al IV informe de Gobierno que habré de rendir ante la H. Legislatura del Estado el próximo 30 del presente mes a las 20:00 horas, en el Teatro de los Héroes de esta ciudad capital designado recinto oficial para dicho efecto.
La representación de esa H. Cámara será un honor para el Gobierno del Estado, dándole una mayor significación a dicho acto.
Reitero a usted mi atenta consideración.
Licenciado Oscar Ornelas K."
El C. Presidente: - Para asistir a este acto, en representación de esta H. Cámara de Diputados, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Enrique Soto Izquierdo, Miguel Angel Acosta Ramos, Octavio Aguilar Camargo, Enrique Alcántar Enríquez, Diógenes Bustamante Vela, Alfonso Cereceres Peña, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Samuel Díaz Holguín, Juventino González Ramos, Javier Martínez Aguilera, Ignacio Moreno Garduño, Miguel Angel Olea Enríquez, Rafael Servando Portillo Díaz, Francisco Rodríguez Pérez, Alicia Perla Sánchez Lazcano, Juan Manuel Terrazas Sánchez, Luis Vaquera García y Dora Villegas Nájera.
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas:
"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. Palacio Legislativo. México, D. F.
La Decimoprimera Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre Y Soberano de Baja California invita a usted a la sesión solemne en la que el ciudadano Xicoténcatl Leyva Mortera, gobernador constitucional del Estado rendirá su primer informe de Gobierno a las 10:00 horas en el Teatro del Estado para tal efecto declarado recinto oficial.
Mexicali, B. C., octubre 1o. de 1984."
El C. Presidente: - Para asistir a este acto, en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: José Ignacio Monge Rangel, Netzahualcóyotl de la Vega García, Servio Tulio Acuña Zumalacarregui, Silverio R. Alvarado, Carlos Brito Gómez, José Luis Castro Verduzco, Guillermo Dávila Martínez, Joaquín del Olmo Reyes, Leopoldo Durán Rentería, María Griselda García Serra, Gilberto Gutiérrez Bañaga, Raymundo León Ozuna, José Dolores López Domínguez, Javier Moctezuma y Coronado, Juan Manuel Molina Rodríguez, Antonio Murrieta Necoechea, Rafael Oceguera Ramos, Sergio Quiroz Miranda, Leonor Rosales de Fonseca, Miguel Angel Sáenz Garza, Martiniano Valdez Escobedo, María Albertina Barbosa Vda. de Meraz, Manuel Solares Mendiola, Sara Esther Muza de Marrufo y Jaime Alcántara Silva.
COMUNICACIÓN
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas:
"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, México, D. F.
Participamos a usted que, con base en lo que señala el artículo 54 de la Constitución Política Local, la H. LII Legislatura del Estado de Veracruz - Llave, abrió el día 30 del actual y clausuró hoy, su sexto periodo extraordinario de sesiones, en su primer año de ejercicio legal, al que fue convocado por su diputación permanente para conocer, discutir y en su caso aprobar: 1. Iniciativa de decreto que extingue 'El Fondo Nacional para Actividades Sociales del Estado de Veracruz - Llave' 2.2 Reestructuración de Comisiones y Creación de la Comisión Instructora de esta Legislatura del Estado; y 3. Toma de protesta a la C. diputada Consuelo Ocampo Cano.
Y lo hacemos de su conocimiento, de acuerdo con lo previsto por el Reglamento para el Gobierno Interior de este Poder Legislativo.
La Mesa Directiva para presidir estos trabajos, está integrada de la siguiente manera:
Presidente: diputado Agustín González Alvarado; vicepresidente: diputado Joaquín Quiroz García; secretario: diputado Eugenio Soto Medina.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Xalapa, Ver., agosto de 1894.
H. Legislatura del Estado.
Agustín González Alvarado, diputado presidente; Eugenio Soto Medina, diputado secretario."
Trámite: - De enterado.
MINUTA DE SENADO
LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL
El C. secretario Miguel Angel Morado Garrido:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes expedientes con minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley de Extradición Internacional.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., 26 de septiembre de 1984.
Senador Rafael Armando Herrera Morales, secretario; senador Mariano Palacios Alcocer."
"MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DISPOSICIONES DE LA LEY DE
EXTRADICIÓN INTERNACIONAL
Artículo único. Se reforman los artículos 3 y 18 de la Ley de Extradición Internacional, para quedar como sigue:
Artículo 3o. ..
Las peticiones de extradición que formulen las autoridades competentes federales, de los Estados de la República o del fuero común del Distrito Federal, se tramitarán ante la Secretaría de Relaciones Exteriores por
conducto de la Procuraduría General de la República.
Artículo 18. Si dentro del plazo de dos meses que previene el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contados a partir de la fecha en que se hayan cumplimentado las medidas señaladas en el artículo anterior, no fuere presentada la petición formal de extradición a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se levantarán de inmediato dichas medidas.
El juez que conozca el asunto notificará a la Secretaría de Relaciones Exteriores el inicio del plazo al que se refiere este artículo, para que la Secretaría, a su vez, lo haga del conocimiento del Estado solicitante:
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, D. F., a 26 de septiembre de 1984.
Senadora Guadalupe Gómez - Maganda, de Anaya, Presidenta; senador Rafael Armando Herrera Morales, Secretario; senador Mariano Palacios Alcocer, Secretario."
Trámite: - Recibo y las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, y de Gobernación y Puntos Constitucionales.
SOLICITUD DE PARTICULAR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas:
"México, D. F., a 20 de septiembre, 1984.
C. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.
La que suscribe, Cecilia Aurora Martínez Cairo Barrera del Campo, de nacionalidad mexicana, solicita atentamente ante la H. Cámara de Diputados, de acuerdo al artículo 37, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autorización para aceptar y ejercer las funciones de secretaria en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de la Embajada de Francia en México, a partir del 1o. de octubre de 1984.
Cecilia Aurora Martínez Cairo Barrera del Campo."
Trámite: - Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. Presidente de la Comisión Especial sobre Inmuebles en Arrendamiento, diputado Mariano Piña Olaya.
El C. Mariano Piña Olaya: - Señor Presidente; respetados colegas: En diciembre de 1983, el Congreso de la Unión conoció y aprobó una iniciativa de reformas propuesta por el Titular del Poder Ejecutivo, con objeto de adicionar y reformar el Código de Procedimientos Civiles.
Dentro del grupo de reformas propuestas, que su soberanía aprobó en diciembre del año pasado, se modificaron los artículos 2o. y 97; el primero del Título Especial de la Justicia de Paz, y el segundo de la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común para el Distrito Federal.
El objeto de la reforma fue ampliar la competencia por razón de la cuantía en los juicios civiles, de cinco mil pesos anuales a 182 veces el salario mínimo. Esto, que de ninguna manera es novedoso, obedece a la dinámica propia de nuestro derecho.
Me permito recordar a ustedes que la competencia de los jueces de paz, en un principio, por razón de la cuantía, solamente era de doscientos pesos; que posteriormente, también por modificación a la Justicia de Paz, la competencia se aumentó a mil pesos; y que en las últimas reformas, previas a 1983, la competencia, también civil, se aumentó hasta cinco mil pesos.
En consecuencia, la decisión soberana adoptada por el Congreso en 1983, tuvo por objeto perfeccionar los instrumentos con que el Estado mexicano atiende a la administración de la justicia.
La Comisión Especial sobre Inmuebles en Arrendamientos, que también, por decisión soberana de esta Cámara, se constituyó en diciembre, se dedicó con la participación de todos los partidos políticos, al estudio y análisis de nueve iniciativas pendientes en materia de arrendamiento y también al estudio del problema de la falta de vivienda en arrendamiento en la República Mexicana y en el Distrito Federal.
La Comisión, con la concurrencia y la aportación razonada de todos los partidos políticos, ha llegado a reunir el material suficiente para que, previa la deliberación de sus miembros, en fecha muy próxima sea presentado a su soberanía junto con las conclusiones y las recomendaciones conducentes para que sean ustedes quienes en definitiva adopten las decisiones que mejor convengan a la sociedad que representamos.
Mientras tanto, la Comisión ha considerado conveniente presentar ahora un proyecto de iniciativa, sin perjuicio de todas las medidas legislativas que ofrecemos a ustedes, con objeto de modificar el artículo 2o. del Título Especial de la Justicia de Paz del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y el artículo 97 de la Ley Orgánica de los Tribunales del Orden Común, también del Distrito Federal.
Esta iniciativa tiene por objeto reservar al conocimiento de los jueces de primera instancia del orden común la materia de arrendamiento, y por consecuencia, sustraerla del ámbito competencial de los jueces de paz.
La Comisión, en el proyecto de iniciativa que someteré a su conocimiento, ha creído conveniente enfatizar que es práctica parlamentaria que las comisiones especiales, como es el caso de la de Arrendamiento, que ahora nos ocupa, tienen la facultad de proponer al Pleno el proyecto de decreto que en materia dice: "...sus estudios y que se perfeccione en el acto legislativo que aquí se celebre".
Con ese motivo, la proposición, a la que yo a continuación daré lectura, tiene por objeto dar una solución legislativa a una parte inicial del problema sometido al conocimiento de esta Comisión.
Atendiendo a la naturaleza de la Comisión y al objeto que esta Cámara la señaló, con fundamento en los artículos 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión sobre Inmuebles en Arrendamiento, presenta ahora a su soberanía el proyecto de decreto correspondiente, y de acuerdo con la preceptuado por los artículos 59 y 60 del Reglamento, estima que deberá considerarse como de urgente y obvia resolución y, por los mismo, procederá ponerse a discusión de inmediato.
El documento que la Comisión propone, textualmente dice lo siguiente: "Iniciativa de decreto que reforma los artículos 2o., del Título Especial de la Justicia de Paz del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y el artículo 97 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.
"Artículo primero. Se reforma el artículo 2o. del Título Especial de la Justicia de Paz del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 2o. Conocerán los jueces de paz en materia civil, de los jueces cuya cuantía no exceda de 182 veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, a excepción de todo lo relativo a la materia de arrendamiento de inmuebles que será competencia de los jueces de primera instancia, para estimar el interés del negocio se atenderá lo que el actor demande. Los réditos, daños y perjuicios no serán tomados en consideración si son posteriores a la presentación de la demanda, aun cuando se reclamen en ella. Cuando se demande el cumplimiento de una obligación consistente en prestaciones periódicas se computará el importe de las prestaciones de un año, a no ser que se trate de prestaciones vencidas en cuyo caso se estará su monto total.
"Artículo segundo. Se reforma el artículo 97 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 97. Los jueces de paz del Distrito Federal en materia civil conocerán:
"Fracción I. De los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales sobre inmuebles, así como de los negocios de jurisdicción contenciosa, común o concurrente cuyo monto no exceda de 182 veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal. Se exceptúan los interdictos, los asuntos competencia de los jueces de lo familiar y los juicios sobre arrendamiento de inmuebles.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
"Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Segundo. La tramitación de los juicios iniciados antes de la fecha prevista para la entrada en vigor de este decreto, se sustanciarán y decidirán conforme a las normas en vigor el momento de la presentación de la demanda.
"Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados, México, D. F., a 27 de septiembre de 1984."
Suscriben el documento por la Comisión sobre Inmuebles en Arrendamiento, los diputados del grupo parlamento priísta; los diputados del Partido Acción Nacional; los diputados del Partido Demócrata Mexicano; los diputados del Partido Socialista Unificado de México y los diputados del Partido Socialista de los Trabajadores.
Quiero expresar a ustedes que este documento ha sido puesto a la consideración y al estudio de nuestros compañeros diputados del grupo parlamento del Partido Popular Socialista, aun cuando su representante durante el curso de nuestros trabajos, renunció a continuar particularmente en los trabajos de la Comisión.
Señor Presidente, recapitulando, ruego a usted sea servido en consultar a la Asamblea, si con fundamento en lo preceptuado por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, este asunto debe considerarse como de urgente y de obvia resolución, y por lo mismo debe ponerse a discusión inmediatamente después de su lectura. Muchas gracias.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión . Presente.
Con objeto de perfeccionar las normas en materia de administración de justicia y las instituciones que tienen a su cargo esa delicada función al servicio de la sociedad, en diciembre de 1983, el H. Congreso de la Unión reformó el artículo 2o. del Título Especial de la Justicia de Paz del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el artículo 97 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal. Tales reformas ampliarán la competencia, por razón de la cuantía, de los jueces de paz en los asuntos de materia civil sometidos a su conocimiento hasta el equivalente
a 182 veces el salario mínimo diario general en el Distrito Federal.
Lo propio se hizo en el artículo 97 de la Ley Orgánica de los Tribunales del Orden Común del Distrito Federal disponiendo que en lo sucesivo, los jueces de paz conocerían de los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales sobre inmuebles, así como de los demás negocios de jurisdicción contenciosa común o concurrente, cuyo monto no exceda de 182 veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal.
Dichas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de diciembre de 1983, habiéndose fijado que su entrada en vigor sería el 1o. de octubre de 1984.
El 26 de diciembre de 1983, es decir, con posterioridad a la fecha de aprobación del decreto mencionado en los párrafos precedentes, la H. Cámara de Diputados acordó crear, con representantes de todos los partidos políticos, la Comisión Especial sobre Inmuebles en Arrendamiento, encargada de estudiar y dictaminar nueve iniciativas pendientes en esa materia.
La comisión mencionada, al estudiar los dictámenes pendientes, se dedicó igualmente al estudio del problema que significa la falta de vivienda en arrendamiento en la República y en particular en el Distrito Federal, y actualmente ha concluido varias proposiciones que previa deliberación entre sus miembros, someterá al conocimiento y estudio de su soberanía, a fin de que sea ésta quien tome las decisiones finales sobre la materia.
Como dentro de las medidas que habrán de proponerse, la Comisión ha considerado conveniente reservar a los jueces de primera instancia del orden común todo lo concerniente al arrendamiento, sustrayendo esta materia del conocimiento de los jueces de paz, la Comisión considera necesario que las reformas al artículo 2o. del Título Especial de la Justicia de Paz del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y al artículo 97 de la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común del Distrito Federal, que entrarán en vigor el próximo 1o. de octubre, sean acordes con la serie de medidas legislativas que se propondrán. Por tanto, a reserva de que la propia Comisión amplíe, ante su soberanía, los motivos que la han conducido a tales conclusiones, por el momento considera necesario proponer un nuevo texto a cada uno de los artículos mencionados, a fin de reservar expresamente la materia del arrendamiento a los jueces de primera instancia del orden común y sustraerla de la justicia de paz.
Asimismo, conviene destacar que es práctica parlamentaria que las comisiones especiales - es decir, las creadas por las cámaras para ocuparse del estudio de un problema específico - están facultadas para formular a la Asamblea las proposiciones y proyectos de ley o decreto tendientes a brindar una solución legislativa al problema que les fue sometido a su conocimiento. En tal virtud, atendiendo a la naturaleza de esta comisión y al objeto que le fue señalado por el Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo previsto por los artículos 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Especial sobre inmuebles en arrendamiento presenta ahora al Pleno de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto correspondiente, que con fundamento en lo preceptuado por los artículos 59 y 60 del Reglamento mencionado deberá considerarse como de urgente y de obvia resolución, y por lo mismo deberá ponerse a discusión inmediatamente después de su lectura.
Por lo expuesto, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Especial sobre Inmuebles en Arrendamiento propone a la consideración del H. Congreso de la Unión la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS SEGUNDO DEL TITULO ESPECIAL DE
LA JUSTICIA DE PAZ DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL
Y EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL FUERO
COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo primero. Se reforma el artículo 2o. del Título Especial de la justicia de paz del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 2o. Conocerán los jueces de paz, en materia civil, de los juicios cuya cuantía no exceda de 182 veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, a excepción de todo lo relativo a la materia de arrendamiento de inmuebles que será competencia de los jueces de primera instancia, para estimar el interés del negocio se atenderá a lo que el acto demande. Los réditos, daños y perjuicio no serán tomados en consideración si son posteriores a la presentación de la demanda, aun cuando se reclamen en ella. Cuando se demande el cumplimiento de una obligación consistente en prestaciones periódicas se computará el importe de las prestaciones de un año, a no ser que se trate de prestaciones vencidas en cuyo caso se estará a su monto total".
Artículo segundo. Se reforma el artículo 97 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal para quedar como sigue:
"Artículo 97. Los jueces de paz del Distrito Federal en Materia Civil, conocerán:
I. De los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales sobre inmuebles, así como de los negocios de jurisdicción contenciosa común o concurrente cuyo monto no exceda de 182 veces el salario mínimo diario general vigente en
el Distrito Federal. Se exceptúan los interdictos, los asuntos competencia de los jueces de lo familiar y los juicios sobre arrendamiento de inmuebles.
II. ..
III. .. "
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. La tramitación de los juicios iniciados antes de la fecha prevista para la entrada en vigor de este decreto se sustanciarán y decidirán conforme a las normas en vigor al momento de la presentación de la demanda.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, México, Distrito Federal, a 27 de septiembre de 1984.
La Comisión Especial sobre Inmuebles en Arrendamiento.
Diputados Mariano Piña Olaya, Jesús Salazar Toledano, Mariano López Ramos, José González Torres, José Aguilar Alcerreca, Armida Martínez Valdez, José Augusto García Lizama, Edmundo Jardón Arzate, Arturo Contreras Cuevas, Héctor Ramírez Cuéllar."
El C. Presidente: - Como ha sido solicitado por la Comisión Especial sobre Inmuebles en Arrendamiento, consulte la Secretaría en votación económica, si es de considerarse de urgente y obvia resolución el proyecto de decreto de que se trata, y en su caso se procederá a su discusión de inmediato.
El C. secretario Miguel Angel Garrido: - Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensan los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo... Dispensados los trámites, señor Presidente.
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general el proyecto de decreto para reformar los artículos 2o. del Titulo Especial de Justicia de Paz del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y 97 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.
Y al efecto se abre el registro de oradores.
No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría.
El C. Jesús Luján Gutiérrez: - Señor Presidente, no puso a discusión los transitorios, y yo me inscribo en contra del segundo transitorio.
El C. Presidente: - Estamos apenas en la aprobación en lo general, mi querido diputado.
Ahora, para los efectos del artículo 134 del Reglamento, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general, y en lo particular de los artículos no impugnados.
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas: - Se va a proceder a tomar la votación nominal en lo general del proyecto de decreto y de los artículos no impugnados.
(VOTACIÓN.)
Señor Presidente, se emitieron 368 votos en pro y ninguno en contra.
El C. Presidente: - Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 368 votos.
Esta Presidencia informa que ha sido reservado para su discusión el artículo segundo transitorio.
Se abre el registro de oradores para la discusión de este artículo, el segundo transitorio.
En contra se apunta el diputado Luján, y para hablar en favor del artículo, diputado José Luis Caballero.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Luján.
El C. Jesús Luján Gutiérrez: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Efectivamente, el diputado Piña Olaya nos entregó el proyecto de decreto que estamos discutiendo hace aproximadamente una hora. Todos los que estamos ligados a las demandas y a las luchas del pueblo sabemos que el problema de la vivienda en nuestro país es uno de los más agudos que golpea severamente a la clase obrera y a la población que habita en los centros urbanos.
Es un viejo problema relativo a la materia de arrendamiento de inmuebles, sobre todo aquí, en el Distrito Federal, registra graves consecuencias para los inquilinos, sabemos que del total de nuestro suelo urbano el 54% corresponde a la vivienda, que el acaparamiento del suelo y la consecuente especulación con él es uno de los factores que al encarecer el suelo de nuestra ciudad provoca la imposibilidad para el pueblo de contar con una vivienda digna, como se establece en el artículo 4o. de nuestra Constitución.
Además propicia la ocupación por sectores de bajos recursos de terrenos inadecuados para ser habitados, lo cual impide o dificulta la prestación de servicios indispensables a este sector de la población.
En la actualidad, las autoridades del Departamento del Distrito Federal reconocen la existencia de más de 220 mil predios irregulares que en 1981 debieron construirse 432
mil viviendas y que no se logró ni siquiera en un 50%. Y que de las 206 mil que requerían rehabilitación, no se realizó ninguna.
Esto lleva a que en la actualidad el déficit de vivienda en el Distrito Federal esté cercano el millón de viviendas. A lo anterior hay que agregar el problema inquilinario. En el presente, más de la mitad de las casas habitación son viviendas en renta, lo que provoca que la mayoría de la población, sobre todo los sectores de trabajadores, se enfrenten a este problema que lesiona su economía, porque la renta de casa - habitación implica para los trabajadores destinar enormes porcentajes de su salario que está entre el 40 y el 60%.
La legislación actual del Código Civil facilita a los propietarios de inmuebles incrementar sin tope alguno los alquileres, celebrar contratos cada seis meses y coludirse con funcionarios de los juzgados para lanzar, y en muchas ocasiones encarcelar a los inquilinos que luchan por subsistir y defender el derecho que todo mexicano debe tener a una vivienda digna.
En el periodo anterior se trató de dictaminar las iniciativas de ley acerca del problema inquilinario y entre los cuales se encuentra una presentada por el Partido Popular Socialista. No se pudo llegar a ningún acuerdo y, en tal virtud, se nombró la Comisión Especial que ahora viene a presentarnos este proyecto que estamos discutiendo hoy. Además, como se asienta en el documento, hubo reformas de tipo legal que lesionan severamente a los inquilinos y de ahí el por qué se estén planteando excepciones para los problemas que se refieran a la cuestión de tipo inquilinario.
Se establece la excepción en el artículo 97, se establece excepción también en el artículo 2o., y nosotros consideramos que para ser consecuentes con estas proposiciones de reforma, debe establecerse también una excepción al artículo segundo transitorio para defender a los inquilinos que tienen juicio ya en estos momentos.
Desde nuestro punto de vista, el drama que se presenta en las familias, en los hogares pobres en el momento del lanzamiento, debe cesar; el hecho de un lanzamiento, quienes los hemos observado y muchos de los aquí presentes quizá lo hayan observado, pero jamás lo han sentido, cuando ante la impotencia frente a la arbitrariedad de un casateniente que sin consideración alguna aumenta en un 400, 500 y 1,000% el precio de la renta y al quedar indefenso el inquilino por la desigualdad política, económica y social frente al dueño de las casas, sea lanzado arbitrariamente, dejar en las banquetas toda sus pertenencias y a los miembros de su familia a la intemperie; este es un problema social que no puede desentenderse ni por este Poder Legislativo, representante genuino del pueblo, ni por el Poder Judicial, y menor en nuestro país, por el Poder Ejecutivo que debe ser sensible en estos momentos ante la crisis que vive el pueblo, de tomar las medidas necesarias para que cesen los desahucios por lo injusto desde todos los puntos de vista en una sociedad como la nuestra.
Nosotros creemos que como Poder Legislativo lo menos que podemos hacer en este momento es cerrar el paso para que los juicios que se encuentran en este momento por carácter de tipo inquilinario, no vayan a derivar en desahucios, no vayan a derivar en lanzamientos.
De ahí el por qué nosotros proponemos una modificación al artículo 2o. transitorio;
"La tramitación de los juicios iniciados antes de la fecha prevista para la entrada en vigor de este decreto, se sustanciarán y decidirán conforme a las normas en vigor al momento de la presentación de la demanda."
Esto dice el texto que se está proponiendo por parte de la Comisión Especial.
Nosotros sugerimos que se incluya la excepción de los juicios de arrendamiento de inmuebles cuyo trámite debe concluirse en los juzgados de primera instancia, de acuerdo con la presente reforma; es decir, a nuestro juicio debe quedar el artículo 2o. transitorio de la siguiente manera:
"La tramitación de los juicios iniciados antes de la fecha prevista para la entrada en vigor de este decreto, exceptuándose los juicios de arrendamiento de inmuebles cuyo trámite debe concluirse en los juzgados de Primera Instancia, de acuerdo con la presente reforma, se sustanciarán y decidirán conforme a las normas en vigor, al momento de la presentación de la demanda."
Por las razones que he expuesto, compañeros, creemos que debe de aceptarse por esta Asamblea la proposición que nosotros hacemos; y, por otro lado, que seamos conscientes y sobre todo los que de la Comisión Especial, que cada día que pase sin que nosotros legislemos en defensa de los intereses de los inquilinos, querámoslo o no, estamos sirviendo a los intereses de los casatenientes; de ahí el por qué la importancia de la celeridad que debe dársele a esta legislación.
Hay quienes argumentan que en esta monstruosidad de ciudad se presentan lanzamientos y que como somos tantos, pues realmente no son muchos en relación al porcentaje.
Creo que esta es una manera incorrecta de conocer los problemas sociales de esta gran ciudad.
Por todo lo anterior, señoras y señores diputados, nosotros pedimos la aprobación a la proposición que le hemos hecho, de reformas al segundo transitorio. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado José Luis Caballero.
El C. José Luis Caballero: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Seguí con profundo interés la muy importante exposición que del problema de la vivienda y en particular de las graves dificultades que confrontan los inquilinos en el Distrito Federal, hizo el distinguido diputado que me precedió en el uso de la palabra.
Dividió su exposición prácticamente en tres partes bien diferenciadas entre sí. En la primera adujo argumentos inobjetables sobre lo apremiante del problema que los arrendatarios confrontan desde hace ya tiempo para poder solucionar una de las necesidades básicas de nuestra vida, como lo es la de contar un alojamiento digno y decoroso, la segunda parte se refiere de manera concreta a la sugerencia que se hace en el sentido de modificar el artículo segundo transitorio del decreto que ha sido puesto a la consideración de esta soberanía; y la tercera parte representa propiamente una excitativa para que
Comisión Especial, nombrada a fines del mes de diciembre de 1983, en relación con el problema de la revisión de las disposiciones legales que rigen en materia de arrendamiento, produzca cuanto antes su dictamen, puesto que cada día que pase torna más angustiosa la situación de quienes se ven precisados a vivir en locales dados en arrendamiento.
De las tres partes de esa exposición, que en lo personal estimo sumamente precisas e interesantes, sólo me corresponde ocuparme de la que concierne a la propuesta hecha en el sentido de modificar el segundo transitorio del decreto antes aludido.
No me ocupo de la primera porque el tema apasionante por sus profundas implicaciones humanas ha sido analizado sobradamente desde esta tribuna y en todos diarios y medios de comunicación masiva de la República; es un problema que evidentemente está vivo en la mente de todos y cada uno de nosotros que compartimos juntos con el grupo parlamentario al que pertenece el señor diputado que hizo uso de la palabra, la preocupación de encontrar solución que satisfaga esa necesidad fundamental de las mayorías.
No me ocupo de la tercera parte de su exposición porque la excitativa ha sido también clara e inobjetable, y estoy seguro de que quienes integran esa importantísima Comisión Especial estarán a punto de hacer saber a esta soberanía el resultado de sus trabajos que han sido constantes, y que han abarcado una amplísima gama de opiniones. de puntos de vista, de consulta con las partes más representativas en la materia.
Pero sí me ocupo obviamente de manifestar que la sugerencia hecha sobre la modificación del segundo transitorio no tendría, desde punto alguno de vista, la menor posibilidad de fundarse en el derecho procesal que es de interés público y del orden social que nos rige.
En efecto cuando las partes en uso y ejercicio de las acciones que las leyes de la materia les conceden, acuden ante los tribunales en demanda de justicia, lo hacen naturalmente con base en los preceptos sustantivos y adjetivos que la legislación pone a su alcance. En el caso de quienes en este momento tengan asuntos pendientes ante los juzgados de paz del Distrito Federal, obviamente acudieron a esa justicia de paz invocando los derechos que les asistían, ejercitando las acciones procesales del caso, la parte demandada necesariamente produjo su contestación, y rendidas las pruebas pertinentes, el juez de paz no tiene otra alternativa que la de pronunciar la sentencia que en el caso proceda.
No existe en nuestro derecho, ni recuerdo que exista en el derecho procesal de otros países, la posibilidad de que un juicio legalmente iniciado ante una instancia, cambie repentinamente para ser concluido en otra superior.
Esta sugerencia, en realidad, entraña desde el punto de vista de su servidor incluso una contradicción respecto de las personas a las que supuestamente podría favorecer la modificación propuesta. En efecto, si bien es cierto que las cuestiones que son de la competencia de los jueces del orden común requieren por su propia naturaleza de un examen más prolongado, más severo y más profundo, cuentan con recursos que las partes pueden interponer para combatir las irregularidades procesales que se vayan presentando, y disfrutan asimismo de una segunda instancia, no lo es menos que la complicación que surgiría de accederse a la sugerencia hecha por el distinguido diputado del Partido Popular Socialista señor Luján Gutiérrez, no encontrarían, en este caso, los arrendatarios una solución que en el tiempo pudiera beneficiarles; es una cuestión que bien analizada sólo ofrece una especie de apariencia, de beneficio, y no un beneficio verdaderamente apreciable para que esta soberanía accediera a aprobar la modificación propuesta.
Pero no sólo no constituye un remedio que pueda auxiliar eficazmente en la forma que aquí se ha sugerido a los inquilinos involucrados en negocios pendientes ante los juzgados de paz, sino que contradictoriamente a los afanes del pueblo mexicano sugiere en el fondo que la justicia se retrase y que no sea pronta y expedita como es la aspiración de la sociedad en su conjunto.
En consecuencia, me atrevo a manifestar que la proposición de modificaciones al segundo transitorio, no solamente no sirve para dar las soluciones que se han pretendido desde esta alta tribuna, sino que en rigor resulta contraria a esa aspiración de justicia pronta, expedida y debida que consagra la Constitución General de la República y, en consecuencia, con las reservas que en el caso requiere y con el respeto profundo que el señor diputado Luján Gutiérrez me merece, me atrevo a manifestar que la modificación sugerida, abiertamente es contraria a los principios que en materia de impartición de justicia consagra la Constitución General de la República.
A mayor abundamiento, esa propuesta de modificación al segundo transitorio, no tendría en modo alguno virtud de evitar el lanzamiento de quienes por una u otra razón se encontraran incapacitados para cumplir con
las obligaciones que todo arrendatario tiene conforme a las leyes aplicables.
El desahucio, como todos ustedes lo saben, constituye un juicio especial, procede por falta de pago de dos meses de renta. En consecuencia, el hecho de que los negocios pendientes a la fecha ante un juez de paz, pudieran continuarse a raíz de la entrada en vigor del decreto que ha sido sometido a esta soberanía, ante un juez de primera instancia, de ninguna manera evitaría las consecuencias del desahucio si éste queda debidamente probado en sus causas ante el juez de paz o ante el juez de primera instancia.
Por todos estos motivos, de la manera más respetuosa, ruego a esta soberanía se sirva aprobar en sus términos el segundo transitorio del decreto en cuestión y pregunto al señor Presidente si considera suficientemente discutido el punto, y en su caso, tenga la bondad de someterlo a votación. Muchas Gracias.
El C. Alberto Salgado Salgado: - Pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, diputado Salgado.
El C. Alberto Salgado Salgado: - Compañero Presidente; compañeros vicepresidentes; señores diputados: momentos antes nos enteramos del contenido de estas reformas y aun cuando la intervención que voy a hacer concierne a admitir algunos pareceres en torno a ese decreto, y a las exposiciones de los dos compañeros diputados que me precedieron, es de importancia señalar que ese tipo de estudios debieran ser un poquito más exhaustivos y más de fondo. Estimamos que sustraer de la justicia de paz los juicios de arrendamiento, no es una solución de fondo. Trasladar esos juicios a los juzgados civiles, significa concentrar la tramitación de los expedientes y hacer más inexpedita la justicia.
El segundo transitorio que se debate, en mi parecer representa una verdadera ociosidad jurídica, una expresión antitécnica del derecho, porque no se requiere mencionar que los juicios que se hayan iniciado antes de que entre en vigor el decreto, seguirán desenvolviéndose de acuerdo con las formalidades previstas en la justicia de paz, eso es totalmente axiomático, obvio, es abundar y es dar muestras de carencia de técnica.
Pero pretender que los juicios que ya están sustanciándose en la justicia de paz se remitan a los juzgados civiles, implica una aplicación retroactiva de la ley, que daría materia para que el arrendador interpusiera el juicio de garantía y dejara sin efecto un transitorio que no se exhibe como poco versado en derecho.
Pero además señalar, como lo señala respetuosamente el compañero José Caballero Cárdenas, que los juzgados de primera instancia implican una instancia superior de la justicia de paz con todo respeto también es un error técnico, porque las sentencias de los jueces de paz no son apelables, excepto cuando se incurre en violación, en las notificaciones o emplazamientos de la demanda, y que puede sí hacerse valer el recurso de apelación extraordinaria, que se sustancia ante un juez de lo civil.
En esas condiciones, me atrevo a pensar que hubiese sido de mayor fondo el establecer como una materia de apelación oficiosa las sentencias de los jueces de paz para que se ventilaran las tres instancias, que en estos casos dan un mayor espacio de defensa. Si lo que pretenden los compañeros del PPS es que haya protección a los inquilinos y que éstos puedan desahogar sus defensas en plazos más amplios, pues pudiéramos haber establecido como una tercera excepción la apelación de oficio, como existe en materia de nulidad de matrimonio y de rectificación de actas, que son los dos únicos casos que contempla la legislación mexicana.
De esta manera y resumiendo, estimo que el segundo transitorio es implícito, se sobreentiende y era innecesario mencionarlo. Por lo demás, de esta manera creo, en principio modestamente, haber hecho una rectificación adecuada de los puntos de vista por cuanto a introducirlo. La excepción representa retroactividad en la ley y, evidentemente, una manifestación anticonstitucional, y establecer que las instancias ante ciudadanos civiles es otro elemento de defensa, solamente en caso de excepción de la apelación extraordinaria. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Alfredo Reyes Contreras.
El C. Alberto Reyes Contreras: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: queremos llamar la atención de esta representación nacional sobre el problema de la vivienda y del alquiler que se ha convertido en un problema ya dramático para nuestro pueblo.
La Constitución, adicionada recientemente en su artículo 4o. señala como un derecho constitucional el de disfrutar de una vivienda digna y decorosa y agrega esa disposición constitucional que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios, a fin de alcanzar tal objetivo.
Esta adición constitucional, esta decisión de elevar a rango constitucional el derecho de una vivienda digna y decorosa, es de la mayor importancia, pero se contrapone el contenido del Código Civil, que en su capítulo IV en los artículos 489 al 499, tiene un capítulo especial sobre desahucio y este capítulo IV ya estaba con anterioridad a la fecha en que se hizo la adición a la Constitución.
Por lo tanto, actualmente, el juicio de desahucio es, y todo el contenido del capítulo IV del Código Civil, es y tiene características netamente anticonstitucionales, quienes dicen defender la Constitución, alegando la retroactividad de nuestra proposición, debieran
preocuparse precisamente por la defensa de la Constitución, en este aspecto que es fundamental.
Seguramente los que están preocupados por las cuestiones estrictamente jurídicas, volverían a insistir en el argumento del diputado José Luis Caballero, en el sentido de que nuestra proposición no tiene justificación procesal; probablemente no tenga justificación procesal, pero sí tiene una intensa justificación social, y podríamos decir hasta moral, porque no es posible observar con indiferencia los lanzamientos que con frecuencia se hacen, no solamente en la capital de la República sino en todo lo largo y lo ancho de nuestro país.
Se dice que nuestra proposición entraña una contradicción porque en lugar de beneficiar perjudicaría a las personas que en este momento se encuentren demandadas en los juzgados de paz; nosotros lo hacemos, en la proposición que presentamos, lo hacemos porque precisamente queremos que estas personas por lo menos cuenten con mayor tiempo para poder defenderse, que tengan mayor capacidad dentro de otros tribunales, para defenderse de estas situaciones llenas de injusticia.
Yo creo que no podríamos ver este problema, adoptando el punto de vista del litigante o del abogado, nosotros somos fundamentalmente representantes del pueblo y tenemos que asumir plenamente esa función.
Por estas consideraciones, nosotros reiteramos nuestra petición en el sentido de que se reforme el segundo artículo transitorio de la proposición que hizo la Comisión Especial. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el C. diputado Jesús Luján Gutiérrez, al artículo segundo transitorio.
El C. secretario Miguel Ángel Morado Garrido: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén por que se acepte, ponerse de pie. Los que estén por que se deseche, ponerse de pie... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo segundo transitorio se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Miguel Ángel Morado Garrido: - En votación económica y por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si está suficientemente discutido el artículo segundo transitorio.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, ponerse de pie. Suficientemente discutido, señor Presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo segundo transitorio, en sus términos.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
El C. secretario Miguel Ángel Morado Garrido: - Se emitieron 352 votos en pro y ocho en contra.
El C. Presidente: - Aprobado el artículo segundo transitorio, en sus términos, por 352 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos segundo transitorio del Título Especial de Justicia de Paz del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y 97 de la Ley
Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.
El C. secretario Miguel Ángel Morado Garrido: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
TÍTULOS PRIMERO, TERCERO Y QUINTO CONSTITUCIONALES
El C. Jesús Salvador Larios Ibarra: - Señor Presidente, pido la palabra.
El C. Presidente: - ¿Con qué objeto, señor diputado?
El C. Jesús Salvador Larios Ibarra: - Para presentar una iniciativa.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Jesús Larios Ibarra para presentación de una iniciativa.
El C. Jesús Salvador Larios Ibarra: - Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados y diputadas: presentamos iniciativa de ley para reformar el artículo 1o. de la Constitución Política y los demás artículos de la misma Constitución relacionados con este precepto.
"INICIATIVA DE LEY PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE LA MISMA CONSTITUCIÓN RELACIONADOS CON DICHO PRECEPTO
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política Federal que nos rige, los diputados del Partido Acción Nacional nos permitimos promover reformas a los artículos 1o., 2o., 10, 12, 28, 29, 50, 70, 80, 87, 89, fracción VIII; 97 y 115, fracción IX, de la misma Constitución, de acuerdo con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Texto vigente del artículo 1o.: 'En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo
gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y en las condiciones que ella misma establece.'
Antecedente importante del artículo 1o. es el que tuvo el mismo número en la Constitución de 1857, ordenamiento que empapado por la ideología de la época conceptúo dichos derechos como preexistentes por que se limitó a reconocerlos, enumerarlos y garantizarlos; a diferencia de la Constitución de 1857, la de 1917 fijó en sí misma el origen de los derechos en cuestión.
El artículo 1o. de la Constitución vigente fue tomado textualmente del proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, únicamente de la denominación de "República Mexicana" utilizada en dicho proyecto fue sustituida por la de "Estados Unidos Mexicanos", nombre que el Constituyente de 1824 dio al país.
Así pues, el artículo 1o. de la Constitución Política de la República Mexicana, sancionada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1857, reza:
'El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, en consecuencia declara que todas las leyes y todas las autoridades del país, deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución.
El reconocimiento de los derechos del hombre por los Constituyentes del 57 fue el resultado de una larga lucha para que en la Carta Fundamental de la Nación Mexicana quedara plasmada explícitamente que el Estado reconoce y garantiza dichos derechos.
Sobre esto podemos citar los siguientes antecedentes.
La Constitución de Cádiz de la monarquía española del 19 de marzo de 1812 en su artículo 4o. dice: 'La Nación está obligada a conservar y proteger, por leyes sabias y justas, la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.
El decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, conocida como Constitución, de Apatzingán del 22 de octubre de 1814, manifiesta en su artículo 24: 'La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas.'
El reglamento provisional político del imperio mexicano, dado en la ciudad de México el 18 de diciembre de 1822, en su artículo 9o. dice que: 'El Gobierno Mexicano tiene por objeto la conservación, tranquilidad y prosperidad del Estado y sus individuos, garantizando los derechos de libertad, propiedad, seguridad e igualdad legal, y exigiendo el cumplimiento de los deberes recíprocos.
'En el artículo 30 del acta constitutiva de la Federación, firmada en la ciudad de México el 31 de enero de 1924, se lee: 'La Nación está obligada a proteger con leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano.
Al discutirse el acta constitutiva y de reformas de 1847, don Mariano Otero emitió su voto particular y propuso el artículo 4o., que dice: 'Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, una ley fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la República, y establecerá los medios de hacerlas efectivas.'
Esta proposición del insigne jurista don Mariano Otero, fue aceptada íntegramente por el Congreso Extraordinario Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos y quedó inserta al sancionarse el acta constitutiva en su artículo 5o.
Así se llegó al artículo 1o. de la Constitución de 1857, que reconoció los derechos del hombre, y que ya citamos con anterioridad.
En la actualidad, muchas de las constituciones de los estados de la República "reconocen" las garantías que otorga la Constitución Federal.
La mayoría utiliza los verbos "otorgar", "reconocer" y "garantizar" e inclusive "reconocen lo que otorga la Constitución Federal y luego garantizan".
Campeche. "Artículo 1o. En el estado de Campeche gozarán de las garantías individuales consignadas en la Constitución General de la República y la Constitución Política del Estado..."
"Artículo 2o. El estado reconoce las garantías sociales consignadas en la Constitución Federal."
Colima. "Artículo 1o. El estado de Colima protege y garantiza a todo hombre el goce de sus derechos consignados en la Constitución General de la República."
Morelos. "Artículo 2o. El estado de Morelos reconoce y asegura a todos sus habitantes el goce de las garantías individuales y sociales contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos..."
Nuevo León. "Artículo 1o. El pueblo nuevoleonés reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas la leyes y todas las autoridades del Estado deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución".
Quintana Roo. "Artículo 12. El estado de Quintana Roo asegura para sus habitantes el goce irrestricto de las garantías individuales y sociales consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Igual protección asume respecto de los derechos fundamentales que, en ejercicio de su soberanía consagra esta Constitución."
San Luis Potosí. "Artículo 1o. El estado reconoce a sus habitantes los derechos que concede al hombre la Constitución General de la República."
Tamaulipas. "Artículo 17. El estado reconoce a sus habitantes:
"I. La inviolabilidad de la propiedad, la cual no podrá ser ocupada sino por causas de utilidad pública y previa indemnización;
"II. La libertad de asociarse o reunirse con cualquier objeto lícito pero en asuntos políticos es exclusiva de los ciudadanos tamaulipecos en los términos que establece la Constitución General de la República;
"III. Los derechos que la Constitución General expresa bajo el título de 'garantías individuales'."
DERECHO COMPARADO
Artículos relativos en las constituciones de otros países:
Venezuela. "Artículo 43. Todos tienen derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden público y social."
Estados Unidos de América. Preámbulo: "Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el propósito de formar una unión más perfecta establece la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, atender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y nuestra posteridad, promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América".
Italia. "Artículo 2o. La República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, ya que como individuo, ya en las formaciones sociales, en donde se desarrolla su personalidad, y demanda el cumplimiento de los deberes ineludibles de solidaridad política, económica y social."
República Democrática Alemana. Preámbulo: "Con la voluntad de garantizar la libertad y los derechos del hombre, de organizar la vida pública y económica dentro de la justicia social, de servir al progreso social, fomentar la amistad entre los pueblos y asegurar la paz, el pueblo alemán ha dictado esta Constitución".
Honduras. "Artículo 51. La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la Ley y a la propiedad."
Francia. Preámbulo. "El pueblo francés proclama solemnemente su adhesión a los derechos del hombre y a los principios de la soberanía nacional tal como fueron definidos por la declaración de 1789, confirmada y completada por el preámbulo de la Constitución de 1946.
"En virtud de estos principios y de la libre determinación de los pueblos, la República ofrece a los territorios de ultramar que manifiesten la voluntad de adherirse a ellas nuevas instituciones fundadas en el ideal común de libertad, igualdad y fraternidad y concebidas con miras a su evolución democrática".
"Artículo 2o. Francia es una República indivisible, laica, democrática y social. Ella asegura la igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y respeta todas las creencias."
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO
Aprobada por la Asamblea Nacional el 26 de agosto de 1879 y confirmada por la Constitución (francesa) de 1958.
Preámbulo. "Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, comprendiendo que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son la sola causa de la infelicidad pública y de la corrupción del Gobierno, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, pudiendo en todo instante ser comparados con el objeto de toda institución política, sean mayormente respetados, y a fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e incontestables, tiendan siempre al mantenimiento de la Constitución y a la felicidad de todos.
"En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano:...
Constitución de la República Francesa de 27 de octubre de 1946.
Con las enmiendas introducidas por la ley constitucional de 7 de diciembre de 1954.
Preámbulo. "Al día siguiente de la victoria de los pueblos libres contra los regímenes que intentaron esclavizar y degradar la persona humana, el pueblo francés proclama una vez más que todo ser humano, sin distinción de raza, religión o creencia, posee derechos inalienables y sagrados. Reafirma solemnemente los derechos y las libertades del hombre y del ciudadano ordenados por la Declaración de Derechos de 1789 y los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República".
El fundamento de esta reforma es que tal como está redactada ahora la Constitución, parece que es el Estado el que confiere los derechos al hombre y nosotros sostenemos que los derechos individuales son derechos naturales, esenciales y anteriores al Estado.
La otra reforma que proponemos al Artículo 1o., es que nuestro país en adelante se denomine República Mexicana.
El nombre de nuestra República que es Estados Unidos Mexicanos se le impuso en la Constitución del 4 de octubre de 1824, sin ningún antecedente ni base histórica, política o social que sustentara esta denominación y solamente como una imitación de la Constitución de los Estados Unidos de América, a pesar de que el acta constitutiva de la Federación, aprobada por el soberano Congreso
Constituyente Mexicano el 31 de enero de 1824, y que dio origen a nuestra primera Constitución, no se mencionó nunca en alguno de sus artículos que el nombre de nuestra República debería ser Estados Unidos Mexicanos y sí, en cambio, en sus artículo 1o., 2o. y 4o. se le designó como la Nación Mexicana y en su artículo 5o. ordenó la adopción para su gobierno la forma de República Representativa Popular Federal, por lo que el nombre en la naciente Constitución debería haber sido República Federal Mexicana o solamente República Mexicana.
Esto se confirma plenamente examinando las actas de las sesiones del soberano Congreso Constituyente, en las que varias veces al referirse a nuestro país lo llamaron República Mexicana, como se puede leer en el acta de la sesión del día 17 de marzo de 1824, que dice en su último párrafo:
"Se leyó por segunda vez una proposición sobre que se declarase solemnemente que el libertador Simón Bolívar es ciudadano de la República Mexicana. Se acordó tomarla desde luego en consideración y fue aprobada, mandándose que por lo tocante al diploma y manera de entregarlo, informe la Comisión de Puntos Constitucionales".
Antecedentes sobre el cambio de nombres que proponemos:
El generalísimo José María Morelos y Pavón, en su decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, o sea la llamada Constitución de Apatzingán, nombró a nuestra nación "América Mexicana" lo que una vez liberada del yugo español, debería haberse tomado en cuenta para la denominación de República Mexicana y no como se hizo.
El 15 de mayo de 1856, fue sancionado en el Palacio Nacional de la ciudad de México el "Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana". En la ciudad de México se dio a conocer el 16 de junio de 1856, el "Proyecto de Constitución de la República Mexicana". El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, publicó su proyecto de Constitución fechado en Querétaro el 1o. de diciembre de 1916, que en su primer precepto decía:
"Artículo 1o. En la República Mexicana, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las que no pueden restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece".
Esta proposición de don Venustiano Carranza causó en el Congreso Constituyente de Querétaro acaloradas discusiones, permitiéndonos transcribir el dictamen sobre el preámbulo, elaborado por la Comisión respectiva que presidió el general Francisco J. Múgica, así como también insertamos uno de los alegatos en favor del mismo dictamen.
"Ciudadanos diputados:
"La Comisión de reformas a la Constitución, nombrada en virtud del artículo 1o. de las reformas del Reglamento Interior del Congreso General, presenta a la consideración de ustedes, el siguiente dictamen:
"La Comisión considera muy escueta la fórmula prescrita en el artículo 12 del citado Reglamento para expedir la Constitución que apruebe definitivamente este Congreso, pues cree muy oportuno que, al conjunto de los preceptos constitucionales, proceda una breve relación de los antecedentes que produjeron la reunión de esta Asamblea.
"En el preámbulo formado por la Comisión, se ha sustituido al nombre de 'Estados Unidos Mexicanos', el de 'República Mexicana', sustitución que se continúa en la parte preceptiva. Inducen a la Comisión a proponer tal cambio, las siguientes razones:
"Bien sabido es que en el territorio frontero al nuestro por el Norte, existían varias colonias regidas por una "Carta" que a cada una había otorgado el monarca inglés; de manera que esas colonias eran positivamente Estados distintos; y, al independizarse de la metrópoli y convenir en unirse, primero bajo forma confederada y después bajo la federativa, la república, así constituida, tomó naturalmente el nombre de Estados Unidos.
"Nuestra patria, por lo contrario, era una sola colonia regida por la misma ley, la cual imperaba aún en las regiones que entonces no dependían del virreinato de Nueva España y ahora forman parte integrante de la nación, como Yucatán y Chiapas. No existían Estados: los formó, dándoles organización independiente, la Constitución de 1824.
"Los ciudadanos que por primera vez constituyeron a la nación bajo forma republicana federal, siguiendo el modelo del país vecino, copiaron también el nombre de Estados Unidos' que se ha venido usando hasta hoy solamente en los documentos oficiales. De manera que la denominación de Estados Unidos Mexicanos no corresponde exactamente a la verdad histórica.
"Durante la lucha entre centralistas y federalistas, los primeros preferían el nombre de República Mexicana y los segundos el de Estados Unidos Mexicanos: por respeto a la tradición liberal, podría decirse que deberíamos conservar la segunda denominación: pero esa tradición no traspasó los expedientes oficiales para penetrar en la masa del pueblo: el pueblo ha llamado y seguirá llamando a nuestra patria, 'México' o 'República Mexicana; y con estos nombres se le designa también en el extranjero. Cuando nadie, ni nosotros mismos, usamos el nombre de Estados Unidos Mexicanos, conservando oficialmente parece que no es sino empeño de imitar al país vecino. Una República puede constituirse y existir en forma federal, sin anteponerse las palabras 'Estados Unidos'.
"En consecuencia, como preliminar del desempeño de nuestra comisión, sometemos a la aprobación de la Asamblea el siguiente preámbulo: 'El Congreso Constituyente, instalado en la ciudad de Querétaro el primero de diciembre de mil novecientos diez y seis,
en virtud de la convocatoria expedida por el ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, el diez y nueve de septiembre del mismo año, en cumplimiento del Plan de Guadalupe de veintiséis de marzo de mil novecientos trece, reformado en Veracruz el doce de diciembre de mil novecientos catorce, cumple hoy su encargo, decretando, como decreta, la presente Constitución Política de la República Federal Mexicana'.
"Querétaro de Arteaga, 9 de diciembre de 1916. General Francisco J. Múgica, Alberto Román, Luis G. Monzón, Enrique Recio y Enrique Colunga".
El diputado por el estado de Sonora, profesor Luis G. Monzón, defendió el dictamen de la manera siguiente:
"Ciudadanos diputados: En pocas palabras voy a referirme exclusivamente a la expresión Estados Unidos Mexicanos y República Mexicana.
"La Comisión a que pertenezco acordó que se designará a nuestra patria de esta manera: República Mexicana, y no Estados Unidos Mexicanos y las honorables personas que han rebatido a la Comisión en este punto, no han destruido los argumentos que se expusieron acerca de ello.
'Hay una confusión: la expresión Estados Unidos no es una denominación política, la expresión Estados Unidos es una denominación geográfica, por más que envuelva algún sentido político, y lo voy a demostrar con los mismos argumentos de la Comisión.
"La nación que hoy se llama Estados Unidos de América o República de Estados Unidos, se constituyó por varias colonias extranjeras y distintas entre sí, unas eran inglesas, otras eran holandesas, otras eran francesas; esas colonias tenían cada una de ellas su nombre geográfico respectivo, porque había la de Massachusetts, Nueva Orléans, Rhode Island, etcétera, cada colonia tenía su nombre propio y lo conservó; la primera vez que se unieron fue en 1743, para poder defenderse de las depredaciones de los bárbaros y también de la hostilidad de los holandeses, aprovechando el apoyo de un carnicero sublime que había en Inglaterra y que se apellidaba Cromwell, el mismo que decapitó a Carlos I pocos años después; de manera que, cuando por primera vez se unieron, entonces por vez primera adoptaron una denominación geográfica y fue ésta: Colonias Unidas de la Nueva Inglaterra; fueron cuatro sólo las que se unieron: Massachusetts, Connecticut, New Hampshire y Plymouth; fueron las cuatro que se reunieron para formar las Colonias Unidas de la Nueva Inglaterra. En 1774 estalló la guerra de emancipación económica de las diversas colonias y en 1776 fue cuando por vez primera, de manera oficial, apareció la designación geográfica de Colonias Unidas de la Nueva Inglaterra, que comprendió a las colonias británicas y también a las holandesas, donde está ahora la ciudad de Nueva York. Fue un diputado por Virginia -si no recuerdo mal se llamaba Henry Richard Lee- quien propuso que las colonias Unidas de la Nueva Inglaterra se declararan independientes del dominio británico, y es la primera vez que se encuentra esa designación. Transcurrió el año de 1877 y hasta el año de 1878 fue cuando por vez primera apareció la designación geográfica de Estados Unidos de la Nueva Inglaterra, o Estados Unidos de América, hoy. Fue en el año de 1878 cuando Francia se resolvió a intervenir en los asuntos americanos en pro de la emancipación de esas colonias; entonces se le conocía oficialmente con el nombre de Estados Unidos y no era una república federal; y no lo era porque esa expresión, Estados Unidos, no tiene la significación política que se le quiere dar ni la tendrá, por más que se violenten los términos; es una designación geográfica eso es.
"Luego que las naciones de América se hicieron independientes, los pueblos que quedaron al Norte de la América Meridional. que ahora están representados por Venezuela, Colombia y Ecuador, formaron una república federal; pero eran Estados independientes y por eso tomaron la designación de Estados Unidos de Colombia. A la República Argentina nunca se le ha llamado Estados Unidos de Argentina, absolutamente nunca; esto lo saben hasta los maestros de escuela. De manera que nosotros sabemos que se denominan Provincias Unidas del Plata, pero nunca Estados Unidos de Argentina, jamás. Así es que no hay ningún motivo político para que la expresión de Estados Unidos deba equivaler a república federal: en Europa hay una república federal que se llama Suiza y a nadie se le ha ocurrido decir Estados Unidos de Suiza, absolutamente nadie. Aquí en México se nos ha ocurrido decir Estados Unidos Mexicanos: pero hay dos pruebas materiales para demostrar que es una designación geográfica y no una designación política, como se pretende. Allí está el error, a mi ver: en que sea denominación política.
"Las dos pruebas son las siguientes: las dos expresiones, República y Estados Unidos, no pueden ir juntas sino cuando nos referimos a una nación que no debería tener nombre; pero cuyo nombre geográfico es Estados Unidos, por eso dice República de Estados Unidos; pero tratándose de México, por ejemplo, no se oye bien, yo no oigo bien de esta manera: República de los Estados Unidos Mexicanos; no pueden hermanarse ambos vocablos por la diferencia de denominaciones; no se puede decir República de Estados Unidos Mexicanos. La otra prueba es la de Suiza, de que hablé. Ahora, una razón que creo es un motivo en pro de nuestro dictamen, es la siguiente: ¿Cuándo se votó esa ley o decreto que diga que la república federal forzosamente ha de tener la denominación Estados Unidos? Que se exhiba esa ley o ese decreto. Así es que las argumentaciones nuestras o nuestro dictamen, no ha sido destruido en forma alguna y subsiste, pues, el
acuerdo y subsiste también lo que hemos dicho; que es una imitación de la
República del Norte; ésa sí es república de Estados Unidos, porque la palabra república es la denominación política, y las palabras Estados Unidos son el nombre del país; así es que no podemos convencernos y, en tal virtud, subsiste el dictamen sobre ese particular".
En la América del Sur hubo dos repúblicas que tuvieron en su nombre la misma denominación de Estados Unidos, pero hace tiempo y con buen sentido político, rechazaron esta designación.
La actual República Federativa do Brasil que a partir de su primera Constitución Republicana de 1891 tomó el nombre de Estados Unidos de Brasil, pero en 1972 bajo la presidencia del general Emiliano Garraztazu Medici, cambió su nombre por el que hoy ostenta.
También la hermana República de Venezuela cambió su nombre de Estados Unidos de Venezuela al actual, en 1945, bajo el gobierno del presidente general Isaías Medina Angarita.
Como ya dijimos antes, el nombre de Estados Unidos Mexicanos, que el Constituyente de 1824 dio a nuestro país, no tiene ninguna base sería que lo sustente, ya que los prohombres de la Independencia y los que después formaron parte del soberano Congreso Constituyente, durante el largo periodo que sesionaron, jamás pensaron en esa denominación que se dio a nuestra patria cuando se votó la Constitución y sólo pudo ser esto posible por la influencia nefasta de Joel R. Poinsett, primer embajador de los Estados Unidos de América en México.
El cambio de nombre que proponemos para adoptar República Mexicana en vez de Estados Unidos Mexicanos, creemos será en bien del federalismo y tendrá la aprobación de todo el pueblo de México, sin distingo de partidos ni banderías políticas, fomentará el auténtico nacionalismo y la mexicanidad y será un vínculo más de unidad entre todos los ciudadanos de la República, ya que hoy, por los difíciles tiempos en que vivimos, es necesario más que nunca conjuntar la fuerza del pueblo y el apoyo de todos los mexicanos para sacar adelante a la patria.
Es, creemos nosotros, altamente patriótico que nuestra República lleve en su nombre precisamente esa denominación, ya que nuestra tradición republicana data desde los primeros esbozos de independencia que se dieron en este país y nuestros mejores ciudadanos defendieron siempre este sistema político, rechazando cualquier otro que se nos quisiera imponer.
Al llamarnos en adelante República Mexicana se pone de manifiesto la persistencia de nuestra nación en el sistema republicano y la voluntad política del pueblo mexicano que quiere que nuestro país siga siempre siendo una República representativa, democrática y federal, tal y como ordena el artículo 40 de nuestra Constitución.
En resumen, las dos reformas que proponemos al artículo 1o. son:
a) Que en lugar de Estados Unidos Mexicanos se retorne al nombre de República Mexicana, y
b) Que en lugar de que la Constitución "otorgue" las garantías individuales solamente reconozca los derechos humanos, anteriormente a la Constitución y al Estado, y los garantice.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente
PROYECTO DE REFORMAS AL TITULO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE COMPRENDE EL ARTÍCULO 1o., 2o., 10, 12, 28 y 29; AL TITULO TERCERO QUE COMPRENDE LOS ARTÍCULOS 50, 70. 80, 87, 89, FRACCIÓN VIII, Y 97 Y AL TITULO QUINTO, EN SU ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IX, EN LOS TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPRESAN
"Artículo primero. Se reforma el artículo 1o. del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar, en la forma siguiente:
"Artículo 1o. En la República Mexicana todas las personas son titulares de los derechos humanos individuales y sociales que reconoce y garantiza esta Constitución, estos derechos no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
"Artículo segundo. Se reforman los artículos 2o., 10, 12, 28 y 29 del Título Primero de la Constitución y 50, 70, 80, 87, 89, fracción VIII, y 97 del Título Tercero y 115, fracción IX, del Título Cuarto, para que en todas aquellas partes relativas que dicen "Estados Unidos Mexicanos", en lo sucesivo dirá República Mexicana.
"Artículo tercero. Se reforman todas las leyes en vigor emanadas de la Constitución para cambiar en ellas la expresión "Estados Unidos Mexicanos" por República Mexicana.
"Artículo cuarto. Las legislaturas de los estados de la Federación expedirán los decretos correspondientes para reformar sus constituciones y leyes actuales de acuerdo con lo establecido en el artículo 1o. de este decreto.
TRANSITORIOS
"Artículo primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se fija un plazo de noventa días para el cumplimiento total de este decreto en todo el Territorio Nacional. Salón sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 27 de septiembre de 1984.
Por la diputación del Partido Acción Nacional, diputado y licenciado Jesús Salvador Larios Ibarra".
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Imprímase.
ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alberto Salgado Salgado para la presentación de una iniciativa.
El C. Alberto Salgado Salgado: - Compañeros Presidente y vicepresidentes; señores diputados: Quiero rogar a usted, señor Presidente, que se tome nota de que esta iniciativa la presento manuscrita y quisiera llamar la atención de los taquígrafos para que se transcribiera la parte considerativa que voy a exponer de manera oral directa, a efecto de que se me expida una copia certificada de ese asunto. Que se tome nota, señor Presidente.
El C. Presidente: - Adelante.
El C. Alberto Salgado Salgado: - Gracias. Esta iniciativa, que es la número 52 y la última que presentaremos para igualarla con la legislatura en que nos ha tocado intervenir, y que representa en sí un pequeño reconocimiento y homenaje de todas las legislaturas anteriores que han pasado por el Congreso mexicano. Y el hecho de que se presente manuscrita y en la orden del día del 13 de septiembre, que desde esa fecha la habíamos elaborado y que se nos estaba haciendo añeja como se ha hecho con las comisiones de dictamen, no implica, ni contiene ningún acto de irrespetuosidad al Congreso, ni tampoco queremos con esto satirizar la crisis por la que atravesamos; simplemente es un acto de moderada protesta porque las iniciativas de los diputados no son objeto de dictamen y consecuentemente de discusión.
Esto representa una acción verdaderamente anticonstitucional, porque el artículo 72 de nuestro Pacto Federal determina de manera contundente que toda iniciativa presentada por quien esté legitimado, debe ser discutido.
Si en la Cámara de Diputados se transgrede la Constitución Política, evidentemente este hecho nos interioriza ante la opinión pública, nos desacredita ante el parecer nacional y nos coloca a un simple nivel de oficina de trámite burocrático. El incumplimiento de la ley es algo verdaderamente serio, representa un acto de irresponsabilidad plena, aquí y en donde estemos incumpliendo la ley como funcionarios. Porque la ley en sí representa también un acto, una expresión de la soberanía de la nación, que es la autoridad, el poder superior que la historia registra, ha conquistado de los autócratas, de los déspotas a base de revoluciones. Y si la ley constitucional representa la expresión de esa voluntad como un acto de soberanía, como lo es también el emitir el voto o integrar instituciones de carácter federal o local y determinar además el derecho de la sociedad y de los pueblos para modificar o alterar sustancialmente la forma de gobierno, es de importancia evidente que quienes dirijan los destinos políticos del país empiecen a pensar en serio para que en la siguiente legislatura se democratice la institución legislativa.
El pueblo aplica soluciones de fuerza a los grandes problemas y nosotros por nuestra injuria no podemos seguir orillando al pueblo a que tome una decisión de fondo al respecto, porque es evidente que las instituciones que no observan sus bases jurídicas, sociales y políticas no pueden tener solidaridad con el pueblo.
Creemos que fue un error del Constituyente de 1917 depositar la soberanía nacional en el Presidente de la República, al conferirle facultades tan exorbitantes que ha absorbido esa soberanía nacional y se ha depositado en dos manos que no siempre son pródigas; que no siempre son justas. Y no es cuestión nada más de mencionarlo teóricamente, si en teoría nosotros revisamos la Constitución actual podemos advertir que se le han otorgado al Presidente de la República facultades para iniciar leyes, y esa facultad ha producido una situación de crisis en el medio legislativo.
Nosotros recordamos en este momento que entre una de las iniciativas que propusimos a la "desconsideración" de esta Cámara, fue el sustituir la facultad de legislar del Presidente de la República por la de las comisiones de dictamen legislativo; y hace un momento el diputado Piña Olaya hizo la exposición en esta tribuna proponiendo un decreto emanado de una comisión de dictamen legislativo, y eso para mí representa un avance sustancial, representa una tendencia tal vez subconsciente, pero ahí debe desembocar la actividad del Congreso y establecer con claridad las atribuciones constitucionales para no invadir jurisdicciones que representan yerros, no sólo de rango jurídico, sino que también repercuten en el ámbito económico y social.
El derecho de veto que se le confiere al Presidente para oponerse a las iniciativas de ley y evitar su publicación a menos que se continúe un trámite interno es también otro derecho que nos parece excesivo. El derecho a integrar el Poder Judicial Federal al nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes al integrar el Pleno integran también después a los magistrados y jueces de Distrito; el derecho para designar al Poder Judicial Federal a través del nombramiento de los magistrados del Distrito Federal.
Y podemos nosotros advertir que en el ámbito económico el Ejecutivo se ha arrogado derechos que ha desprendido del Congreso, al determinar la forma en que los créditos exteriores tienen que concertarse y aplicarse en el ámbito nacional, facultad exclusiva del Congreso. Y aquellas otras de hecho, que por razones de obsecuencia, no digamos en el orden político, se integran las
gubernaturas de los estados, los diputados y senadores por decisión presidencial.
Nosotros no solamente propusimos iniciativas para reformar leyes; también propusimos leyes federales completas; entre otras recuerdo la ley que titulamos De la Deuda Nacional, en donde establecimos mecanismos para que el Congreso participe en cada uno de los empréstitos, exclusivamente la Cámara de Diputados, vigile su concertación y aplicación a efecto de evitar las fugas y la aplicación arbitraria, discrecional, de sus créditos externos.
Recuerdo también otra ley que titulamos Para la Ocupación y Enajenación de los Terrenos Baldíos en las Zonas Urbanas de las Ciudades del País, con el objeto de poder resolver el problema habitacional y de que circulen los bienes que se encuentran inscritos ociosos, aplicando el carácter de vacantes no sólo a aquellos que no se encuentran inscritos en el Registro Público de la Propiedad o desocupados, sino todo aquel inmueble que se encuentre en estado ruinoso, con posibilidades de orden administrativo para que los ocupantes puedan legitimar su posesión a través de un procedimiento simple y no tan complicado como puede ser el de prescripción positiva o la información de dominio, que además implican erogaciones importantes y que los interesados muchas veces no están en capacidad de otorgar.
Otra ley que denominamos Para la Organización y Desarrollo de la Familia, en donde también establecimos una serie de medidas para que se cumplan las obligaciones alimentarias por una vía administrativa simple, sencilla, expedita, y también otra serie de circunstancias que se previeron en esa legislación para preservar las costumbres y eliminar en lo posible que quienes ejercen la paternidad incurran en incumplimiento o mal ejemplo, o adopten actitudes viciosas, etcétera.
De esta manera, nosotros creemos que la justicia social únicamente se puede dar no sólo con leyes, sino que además de que evidentemente se cumplan esas leyes, tengan un carácter estrictamente popular, social, económico; nosotros entendemos la justicia social como la igualdad, no sólo descansa en el disfrute de las garantías constitucionales, sino que entendemos a la democracia como la igualdad económica, pero esa igualdad en nuestro régimen y en los regímenes que adopten la propiedad privada de los medios de producción, nunca podrá darse tal igualdad social y económica.
De esta manera, como partido, nosotros pretendemos introducir una solución histórica para que la desigualdad económica pueda dejar de darse en nuestra República. La democracia que tanto nosotros aquí señalamos a veces con vehemencia, la enfocamos en gran parte al ámbito político, pero descuidamos aplicar un poco más concisamente el concepto democracia al ámbito económico.
Y no puede hablarse en justicia de democracia en un país en donde existan desigualdades, porque la esencia de la democracia es la igualdad. La igualdad económica, la igualdad de oportunidades, que solamente pueden darse en un régimen, en donde los medios de producción sean propiedad social.
El Partido Socialista de los Trabajadores es congruente con su tesis central de caminar por el sendero del socialismo a través de la vía constitucional. Y si ese es un antecedente teórico-legislativo, representa en sí las bases futuras para la introducción de un régimen que habrá de darse tarde o temprano.
De esta manera, en principio, creemos que el partido satisface anhelos populares y que recoge los propósitos sociales para convertirlos en leyes, que es la fórmula eficaz para una solución equitativa de los problemas económicos de nuestro país. No quiero abundar demasiado en este tema que tiene un verdadero interés y que es materia de amplia reflexión. Con base en esas consideraciones, el partido que represento, en esta tribuna, a la consideración de ustedes este decreto, mediante el artículo 27 de la Constitución del país cuya letra es la siguiente.:
Primer párrafo exclusivamente: "La tierra, el capital y el trabajo, instrumentos de progreso, son patrimonio social y por tanto propiedad exclusiva del Estado, quien tiene a su cargo protegerlo, por ser la base del nuevo sistema económico de la Nación. Quedan, sin embargo, en usufructo permanente y gratuito para los ejidos y comunidades agrarias, las tierras y aguas dotadas o restituidas y para las organizaciones sindicales el patrimonio va incorporado a su fondo para la satisfacción de sus objetivos. Se editarán las medidas y se gestarán las acciones para hacer efectiva esta disposición, a fin de que la legislación nacional se adapte a este régimen, en el que el trabajo estará libre de explotación y sea socialmente útil, la producción tenga como propósito fundamental satisfacer las demandas materiales, culturales y morales de la sociedad y el mejoramiento de la economía del país, mediante los planes correspondientes a nivel local y nacional, regulándose y controlándose por el Estado toda actividad laboral en beneficio de la colectividad.
"Se suprime, en consecuencia, la propiedad privada de los medios de producción y pasan éstos a propiedad del pueblo, queda sin efecto toda disposición que contraríe esta medida reivindicatoria.
"Transitorio: Este decreto entrará en vigor en cuanto el proletariado tome el poder político, haya o no haya dictamen ni discusión del mismo. Gracias.
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En virtud de haber transcurrido el término de cuatro horas señalado por el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Presidencia dispone que se prorrogue la duración hasta desahogar los puntos en cartera.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CENTRO MATERNO INFANTIL GENERAL MAXIMINO AVILA CAMACHO
"Comisión de Salubridad y Asistencia.
Honorable Asamblea: En ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República sometió, el 5 de septiembre del año en curso, a la consideración del H. Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto por el que se abroga la ley que creó al Centro Materno Infantil "General Maximino Avila Camacho".
Con fecha 7 de septiembre del año en curso, dicha iniciativa fue turnada para su examen a la comisión que suscribe, misma que, después de haber analizado cuidadosamente su contenido y alcances, se permite someter a la consideración de esta soberanía el siguiente
DICTAMEN
El Centro Materno Infantil "General Maximino Avila Camacho", fue creado como organismo público descentralizado mediante ley expedida por el Ejecutivo Federal, en uso de las facultades extraordinarias que el Congreso de la Unión le confirió en el decreto de 1o. de junio de 1942, el 6 de abril de 1945 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo del mismo año.
La ley señaló como objetivo del centro, impartir servicios médicos y de prevención social, que en aquel entonces requería la población civil, principalmente a las madres y a los niños desde su concepción, hasta la adolescencia.
El C. Presidente de la República ha sometido a esta soberanía la iniciativa de por el que se abroga la ley que lo creó, y sobre la cual esta comisión emite su dictamen en los términos que a continuación se mencionan:
El centro ha vencido operando desde su creación, en 1945, en instalaciones que a la fecha presentan condiciones inadecuadas y precarias, las que se encuentran localizadas en una zona colindante a una fábrica de vidrio y rodeada por avenidas de intenso tráfico vehicular como son el Anillo Periférico y la Avenida Constituyentes que, además, producen una muy elevada contaminación.
- El basamento ésta abajo del nivel del drenaje, entre 1.20 y 1.40 metros y por segunda vez en el periodo de un año, la primera fue en junio, julio, agosto y septiembre de 1983, está prácticamente abajo del agua, conduciendo esto a un mayor deterioro de las instalaciones.
- La falta de mantenimiento y las múltiples remodelaciones que se realizaron sin seguir una línea de planeación arquitectónica, han generado que en las áreas de servicios quirúrgicos existan condiciones de alto riesgo de infección para los pacientes.
- En los cubículos de consulta externa no se tiene privacía, ni aun para cualquier exploración gineco-obstétrica.
- En la zona de internamiento para embarazadas existen condiciones de hacinamiento, lo que ha traído como consecuencia un alto índice de infecciones postparto y postquirúrgicas, superior al 20%.
- Por lo que hace a los índices de consulta externa, presentan un variable de 50 a 100 diarias. La atención de partos normales es muy reducida, fluctuando la demanda de ocho a diez diarios, esto ha ocasionado que la consulta externa represente un costo de mil 500 pesos por persona y el del parto se eleve a 160 mil pesos. Consecuentemente, los costos actuales de una cama/año son aproximadamente de doce millones de pesos. La estancia de un recién nacido normal, en cuna compartida por dos o más niños es de 16 mil pesos.
- La relación entre el número de personas que laboran en este centro y las camas existentes es muy superior a los índices aceptados, situación que ha originado que el Centro Materno Infantil "Maximino Avila Camacho" opere con tan elevados costos que hacen no recomendable su operación.
- Por la inadecuada relación entre la planta médico arquitectónica y los servicios que debe prestar, hacen que el centro sea incosteable como unidad hospitalaria, inadecuado como centro de investigación médica y mal situado, inapropiado para ser utilizado.
- Los institutos nacionales de Perinatología y de Pediatría, creados por decretos presidenciales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 1983, tiene como objetivos brindar atención médica a mujeres de embarazo de alto riesgo, y servicios de atención médica-infantil especializada, respectivamente, y cuentan con la suficiente infraestructura y recursos para cubrir a la población que demande, garantizando con aquello, que los servicios que viene prestando el centro, sean cubiertos sin causar trastorno alguno a la población.
Por lo que respecta a los servicios médicos asistenciales de población abierta del Distrito Federal, se considera que por su ubicación en diversos puntos geográficos de la ciudad, y en especial cercanos al Centro Medico Infantil, materia de este dictamen, y por el tipo de servicios que presta principalmente a madres y niños, servirán también de apoyo en la atención a la población solicitante:
De igual forma y como complemento a esta consideración, la propia Secretaría de Salubridad y Asistencia, ésta desarrollando estrategias de atención obstétrica en unidades de primer nivel.
La Ley General de Salud y el Sistema Nacional de Salud, además de tener como objetivo principal el cumplimiento del derecho a la protección de la salud, tiene como vocación evitar la duplicidad en los servicios, la racionalidad en el uso de los recursos y la coordinación
de acciones bajo la base de la sectorización, por lo que al quedar garantizada a la población la prestación de los servicios asistenciales por otras entidades hospitalarias del propio sector salud, la abrogación de la ley que creó al Centro, no causaría ningún perjuicio a la población.
- En base a las anteriores consideraciones, y después de haber realizado las investigaciones necesarias, a juicio de esta comisión, se justifica la abrogación de la ley que creó al Centro, expedida por el Titular del Poder Ejecutivo de la Unión, en uso de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas en el decreto de fecha 1o. de junio de 1942.
- Al efecto, esta comisión hace notar que el decreto original a que se ha hecho referencia como constitutivo del Centro Materno Infantil "General Maximino Avila Camacho", fue modificado en sus artículos 3o. y 4o. por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de noviembre de 1946, que igualmente fue expedido en uso de las facultades extraordinarias de que gozaba el C. Presidente de la República.
- Por los que a los artículos transitorios se refiere, de éstos desprende que los recursos materiales y financieros con que contaba el centro, serán transferidos a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, logrando con ello un mayor aprovechamiento de los mismos.
Finalmente, a juicio de esta comisión, los derechos de los trabajadores del centro, al señalar su reubicación o liquidación con la debida participación que a sus representantes sindicales corresponde, quedan debidamente garantizados.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 56, 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la Comisión de Salubridad y Asistencia somete a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
"Decreto por el que se abroga la ley que creó el Centro Materno Infantil "General Maximino Avila Camacho."
"Artículo único. Se abroga la ley que creó el organismo público descentralizado denominado Centro Materno Infantil "General Maximino Avila Camacho", expedida el 6 de abril de 1945 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo del mismo año.
TRANSITORIOS
"Artículo primero. El presente decreto surtirá efectos a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Artículo segundo. Los recursos materiales y financieros con que contaba el Centro Materno Infantil "General Maximino Avila Camacho", serán transferidos a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, con la intervención que corresponda a las secretarías de Programación y Presupuesto, de Comercio y Fomento Industrial y de la Contraloría General de la Federación.
Los recursos humanos podrán ser liquidados o reubicados en la propia Secretaría de Salubridad y Asistencia o en alguna otra dependencia o entidad de la administración Pública Federal.
"Artículo tercero. La reubicación o liquidación a que se refiere el artículo anterior, se llevará a cabo a elección de los trabajadores y con absoluto respeto de su antigüedad y de sus derechos laborales adquiridos, con la participación que corresponda a sus representantes sindicales.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
" México, D. F., a 25 de septiembre de 1984.
Los diputados de la H. Comisión de Salubridad y Asistencia: Amador Izundegui Rullán, Carlos Machiavelo Martín del Campo, Germial Arámburo Cristerna, Enoch Cancino Casahonda, Mateo De Regil Rodríguez, Esperanza Espinoza de Ugalde, Elpidia Excelente Azuara, Alma Inés Gracia de Zamora, Griselda García Serra, Everardo Gámiz Fernández, Francisco González Garza, Juan Herrera Servín, Mariano López Ramos, Xochitl E. Llarena de Guillén Rosa María Muñuzuri y Arana de Garibo, Teresa Ortuño Gurza, René Rojas Ayala, Ofelia Ramírez Sánchez, Sergio Ruiz Pérez, José Rosas Gómez Luna, María Isabel Serdán Alvarez, Miguel Ángel Sáenz Garza, Sara Villalpando Nuñez."
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
Trámite: - Es de primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 5 de septiembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta de proyecto de decreto que concede
el permiso a los ciudadanos Miriam Fuhrman de Chayo, Benito Gritzewsky Sissa, Elena Margarita Méndez Buelna, Silvia L. Saad, Gina Sacal Grego, Rosa Samra Mizrahi, Martha Szniger de Melamed, Linda Wintraub Groswirt, Pablo Ramos Canales y Teresa Manuela Zoperanes Sánchez para prestar servicios en la Embajada del Estado de Israel en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día de hoy, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERADO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que los interesados prestarán serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Miriam Fuhrman de Chayo para prestar servicios en la Embajada del Estado de Israel en México, en esta ciudad.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Benito Gritzewsky Sissa para prestar sus servicios en la Embajada del Estado de Israel en México, en esta ciudad.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Elena Margarita Méndez Buelna para prestar sus servicios en la Embajada del Estado de Israel en México, en esta ciudad.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Silvia L. Saad para prestar sus servicios en la Embajada del Estado de Israel en México, en esta ciudad.
Artículo quinto. Se concede permiso a la ciudadana Gina Sacal Grego para prestar sus servicios en la Embajada del Estado de Israel en México, en esta ciudad.
Artículo sexto. Se concede permiso a la ciudadana Rosa Samra Mizrahi para prestar sus servicios en la Embajada del Estado de Israel en México, en esta ciudad.
Artículo séptimo. Se concede permiso a la ciudadana Martha Szniger de Melamed para prestar sus servicios en la Embajada del Estado de Israel en México, en esta ciudad.
Artículo octavo. Se concede permiso a la ciudadana Linda Weintraub Groswirt para prestar sus servicios en la Embajada del Estado de Israel en México, en esta ciudad.
Artículo noveno. Se concede permiso al ciudadano Pablo Ramos Canales para prestar sus servicios en la Embajada del Estado de Israel en México, en esta ciudad.
Artículo décimo. Se concede permiso a la ciudadana Teresa Manuel Zoperanes Sánchez para prestar sus servicios en la Embajada del Estado de Israel en México, en esta ciudad.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F; a 26 de septiembre de 1984.
Humberto Lugo Gil, presidente; Mario Vargas Saldaña, secretario; José Luis Lamadrid Sauza, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Arnaldo Córdova, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O' Connor, Jorge Cruicshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Jorge Canedo Vargas, Alfonso Gaytán Esquivel, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del C., Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Nuñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Alejandro Lambretón Narro, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio E., Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valencia Carmona, Heriberto Batres García."
Trámite: - Primera Lectura.
El C. secretario Miguel Ángel Morado Garrido:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 5 de septiembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta de proyecto de decreto que concede el permiso a los ciudadanos Genaro Villagómez Romero y Francisco Cerón Garrido para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día de hoy, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que los interesados prestarán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Genaro Villagómez Romero para prestar servicios como mensajeros, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Francisco Cerón Garrido para prestar servicios como asistente, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 25 de septiembre de 1984.
Humberto Lugo Gil, presidente; Mario Vargas Saldaña, secretario; José Luis Lamadrid Sauza, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Arnaldo Córdova, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O'Connor, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Jorge Canedo Vargas, Alfonso Gaytán Esquivel, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del C., Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Nuñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Alejandro Lambretón Narro, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio E., Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valencia Carmona, Heriberto Batres García."
Trámite: - Primera lectura.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 12 del presente mes, la C. María de Lourdes Delgado Taboada solicita el permiso constitucional necesario para que pueda prestar servicios de carácter administrativo en el servicio cultural de la Embajada de Francia en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día de hoy, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en el servicio cultural de la Embajada de Francia en México serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por los expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Delgado Taboada para prestar servicios de secretaria en el servicio cultural de la Embajada de Francia en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 20 de septiembre de 1984.
Humberto Lugo Gil, presidente; Mario Vargas Saldaña, secretario; José Luis Lamadrid Sauza, Rafael Aguilar Talamantes, José Antonio Alvarez Lima, Bernardo Bátiz Vázquez, Javier Bolaños Vázquez, Genaro Borrego Estrada, Oscar Cantón Zetina, José Carreño Carlón, Arnaldo Córdova, Rubén Castro Ojeda, Irma Cué de Duarte, Salvador Castañeda O'Connor, Jorge Cruickshank García, Sami David David, Enrique Fernández Martínez, Francisco Galindo Musa, Jorge Canedo Vargas, Alfonso Gaytán Esquivel, Víctor González Avelar, Felipe Gutiérrez Zorrilla, Onofre Hernández Rivera, Ernesto Luque Feregrino, Luis Martínez Fernández del C., Luis René Martínez Souverville, Alfonso Molina Ruibal, José Esteban Nuñez Perea, Héctor Hugo Olivares Ventura, David Orozco Romo, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, Francisco X. Ovando Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Alejandro Narro, Mariano Piña Olaya, Luis Dantón Rodríguez, Jesús Salazar Toledano, Juan Salgado Brito, Maximiliano Silerio E., Manuel Solares Mendiola, Enrique Soto Izquierdo, Salvador Valencia Carmona, Heriberto Batres García, Victor Manuel García, Jorge Canedo Vargas, José Luis Caballero Cárdenas."
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
Se emitieron 360 votos en pro y ninguno en contra.
El C. Presidente: - Aprobado el proyecto de decreto por 360 votos.
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
DESAFUERO DE DIPUTADO LOCAL EN NUEVO LEÓN
El C. Felipe Gutiérrez Zorrilla: - Señor Presidente, pido la palabra para presentar una denuncia.
El C. Presidente: - ¿Su nombre, diputado? Un segundo, señor Secretario.
El C. Felipe Gutiérrez Zorrilla: - Señor Presidente; señores diputados: En el estado de Nuevo León, el Congreso local, con violación flagrante de la Constitución Federal de la República y de la Constitución local, cometió el atropello de desaforar a un diputado. Desaforarlo precisamente por manifestar ideas, por expresar opiniones.
El artículo 53 de la Constitución de Nuevo León establece que los diputados gozan de una libertad absoluta para hablar. En consecuencia son inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño de su cargo, sobre las cuales en ningún tiempo puede ser reconvenidos o juzgados por autoridad alguna.
Este precepto que protege la expresión libre de los diputados en el ejercicio de su funciones de representación popular, fue violado en el Estado de Nuevo León al desaforarse a un miembro del Congreso local.
El dictamen suscrito por los diputados miembros de la llamada Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados local señala que precisamente se viola el artículo 53 que acabo de leer. Y señala que se viola porque Mario Aguirre Villafaña coartaba la libertad de los otros diputados, cosa que resulta absurda, y se lee aquí en la página dos del dictamen de la Comisión de justicia.
Pero en la página 11 de este mismo dictamen, textualmente expresan estos señores, en el dictamen que fue aprobado, que el Congreso del estado debe ser, como hasta ahora, respetuoso y vigilante de que en su seno los señores diputados disfruten de la más completa libertad para emitir sus juicios y opiniones, con la única limitación que las leyes señalan a todos los ciudadanos para el respeto de los demás.
El propio dictamen afirma la violación a una libertad de expresión por coacción a los otros diputados y aquí mismo señala que se disfruta de esa libertad.
A Aguirre Villafaña le imputan que usó insultos o palabras malsonantes, y resulta que esa serie de palabras y de maldiciones que están señaladas en este dictamen no están destinadas a nadie, no tienen destinatario, pero hay dos expresiones, hay dos malas palabras, digámoslo así, que sí tienen destinatario que sí están señaladas precisamente contra alguien, se dice que Arvide y Gallegos son "unos tales por cuales", Arvide y Gallegos son diputados de Acción Nacional igual que lo es el que resultó desaforado, y también se dice que el diputado Luis J. Prieto es "un tal por cual que cree que gobierna el PAN, pero no lo vamos a dejar, etcétera".
Son expresiones que agravian a un diputado federal del PAN y a dos diputados locales del PAN, pero las demás no, ¿por que?, porque ese dictamen no solamente está echo con las patas, sino que además de no mencionar el por qué, el fondo de acallar una voz de la oposición, ademas de no decirlo, se refiere a algo muy serio y muy grave que debe ser denunciado públicamente; estos señores dictaminadores afirman que Aguirre Villafaña es un caso patológico y que no es normal.
Parece que estamos recordando hechos, novelas y narraciones de dictaduras en donde se imputa a una persona el no estar cuerdo, el no ser normal, el ser un caso patológico, para callarlo. Aquí sirvió esto para desaforarlo. Resulta verdaderamente infantil y torpe un dictamen de una cámara legislativa en donde se dictamina sobre la salud mental de uno de sus miembros y creo que, además de ser totalmente antijurídico, es un atropello a la dignidad de cualquier persona.
Pero no van allá los señores diputados que manejan este dictamen. En la página nueve textualmente dicen, en el caso que nos ocupa: "Ha sido constante la falta de obediencia que todos los diputados deben, en cumpliendo del Reglamento Interior del Congreso, al presidente del mismo". Entonces resulta causa, motivo de desafuero, el que un diputado sea desobediente con el presidente, lo que resulta absurdo porque los diputados no vamos a obedecer al presidente de un congreso sino a un reglamento y a una ley. Vamos a obedecer a una disposición constitucional y con ella el presidente conforma y maneja esa asamblea.
Como no sabían de dónde traer elementos ocultando la verdad del desafuero, en la página 8 de ese dictamen señalan que Aguirre Villafaña cometió hechos -que no están probados ni demostrados- el día 14 de febrero de este año, el día 14 de febrero y hasta ahora se les ocurre traer estos hechos, entre otros, y es textual, "rompió platos y tazas ", eso dice aquí.
Hemos oído aquí la defensa del fuero constitucional, pero aquí se va más allá; aquí no es solamente la defensa del fuero constitucional, es la defensa de la libertad de expresión, es la defensa del ejercicio legitimo de las garantías, es la defensa de la posibilidad de disentir y de la de criticar, es la defensa a la libertad, y aquí, el fondo de este asunto, está públicamente expresado ya en toda la prensa.
Mario Aguirre Villafaña pidió cuentas al titular del Poder Ejecutivo, Mario Aguirre Villafaña criticó al Poder Ejecutivo; aquí en
todo el dictamen no se menciona eso, se menciona que rompió platos y tazas el 14 de febrero; se menciona que no es normal y que es un caso clínico; se menciona que infirió injurias o malas palabras, así les llaman ellos, injurias, que no lo son, y dicen simple y llanamente cuáles son, pero sin titular, no dicha a fulano o a mengano sino simplemente dijo pero eso sí, sí dijo de Luis J. Prieto y sí dejo de los otros diputados de Acción Nacional con nombres, son personas señaladas con su nombre y con su apellido.
Es toda una maquinación para amordazar en esta vía moderna de querer manipular el poder como un todo, como un monopolio absoluto, a cualquier voz que disienta. Considero, por lo que he leído en la prensa, que todos los partidos que tenemos la función, la misión de preservar la libertad y de oponernos a una dictadura o totalitarismo, todos han opinado en un solo sentido, el desafuero de este diputado local cometido por el Congreso del estado de Nuevo León, es una arbitrariedad, es un acto ilícito, es una atropello. Acción Nacional va a defender este caso; Acción Nacional va a buscar que se haga justicia y se salga otra vez después del llamado proceso, que no sé de qué delitos, limpio para volver a ocupar la curul y volver a hablar y a usar su derecho y criticar, ¿por qué no ?, con toda libertad, como la tenemos o la debemos tener los diputados, al titular del Ejecutivo del estado de Nuevo León. Acción Nacional luchará y velará por esto. Gracias.
(Aplausos.)
El C. Presidente:- Tiene la palabra el diputado Lambretón Narro.
El C. Presidente:- Vamos a darle la palabra al diputado Lambretón Narro, que es el mismo asunto y en los términos del artículo 34 agotaremos el orden del día, y posteriormente en su orden, daremos la palabra a cada uno de los diputados anotados.
Tiene la palabra el diputado Alejandro Lambretón Narro.
El C. Alejandro Lambretón Narro:- Señor Presidente; honorable Asamblea: He solicitado el uso de la palabra para dar respuesta a todas las falsedades que ha venido a afirmar a esta tribuna el diputado de Acción Nacional, Felipe Gutiérrez Zorrilla.
Efectivamente, como él aquí lo señalo, fue desaforado el martes pasado el ex diputado Aguirre Villafaña, por el Congreso del estado de Nuevo León . En un acto de soberanía y con la votación unánime de todos los partidos, incluyendo Acción Nacional, se dio entrada a una solicitud para retirarlo del cargo y erigido en gran jurado este congreso, votó por unanimidad del desafuero de Aguirre Villafaña.
Viene y dice Gutiérrez Zorrilla que se violó el artículo 53 de la Constitución, que habla de las libertades que tienen los diputados en su función. Pero no dice por completo todo lo que su compañero de partido y el ex diputado hizo durante más de un año; todas las amenazas e injurias que profirió a diputados de todos los partidos, que ameritaron que en diciembre del año pasado se le reconviniera de manera enérgica y hubiera él de subir a la tribuna para pedir disculpas por su conducta y prometer que se enmendaría en un futuro; que le hecho que consigna aquí el dictamen, y que él leyó del 14 de febrero, fue precisamente en ese mes hace ya tiempo; que son más de diez ocasiones en que la Presidencia del Congreso, en su oportunidad, reconvino al diputado Aguirre Villafaña; no menciona tampoco que desde hace ya tiempo existen demandas judiciales en contra de este ex diputado, promovidas por diputados del Congreso del estado de Nuevo León, con motivo de amenazas sufridas en su contra.
Menciona también que en este dictamen se señalan una serie de injurias proferidas por Aguirre Villafaña, todas impersonales, y que solamente se personalizan las que dirigió a compañeros de su propio partido. No toma en cuenta que hubo una solicitud para que se le retirara de su cargo por tres diputados; que hubo cinco diputados más que atestiguaron estos hechos ante la Comisión de Justicia de la Cámara, y para que quede aquí constancia de la conducta que guarda éste, o que guardó este miembro del Partido Acción Nacional en el Congreso del estado, conducta que marca cuál es la actitud de algunos miembros de este partido y quienes lo avalan ante los poderes legislativos de los estados, yo quiero pedir, señor Presidente, que la Secretaría lea el segundo párrafo de la página cuatro del dictamen del Congreso del estado de Nuevo León, que termina en la página cinco.
El C. Presidente:- Por favor, señor Secretario.
El C. secretario Miguel Ángel Morado Garrido:- "Los diputados José Luis Martínez Torres, del Partido Popular Socialista; Rafael Piñeyro López, del Partido Socialista de los Trabajadores; Agustín Serna Servín, Jesús Villareal Martínez, Isidro Veloz Ruiz y Elías Zuñiga, del Partido Revolucionario Institucional, ratificaron ante la comisión las amenazas e injurias que les fueron proferidas en diversas ocasiones durante y fuera de sesión, en los términos más ofensivos tales como: "pendejos", "hijos de la chingada", "maricones", "cobardes", "serviles", "agachados", "mierdas", "faltos de dignidad", "te voy a dar en la madre", "te voy a dar de chingadazos", "si vuelves a hablar no vivirás para contarlo", "prefiero ir a la cárcel pero llevarme entre las patas a dos, tres cabrones de ustedes". Incluso trasladó las amenazas a las familias de los legisladores: "a tu hijo le voy a dar en la madre si no te callas"; "si vuelves a subir a la tribuna
voy a chingar
a tu mujer"; "todas las pendejadas que digas me las cobraré con tu familia"; "Arvide y Gallegos son pendejos, el único que cuenta en el PAN soy yo", "el PAN me quitó la coordinación de los diputados del partido, pero me importa madre porque yo pasaré a la historia"; "el diputado Luis J. Prieto es un pendejo, cree que gobierna al PAN pero nos lo vamos a chingar igual que a ustedes, etcétera."
El C. Alejandro Lambretón Narro:- Muchas gracias. No sé si los compañeros de Acción Nacional que avalan la conducta de éste, por fortuna, ya ex diputado, quieran traerlo a colaborar con ellos para que les dé este mismo trato.
Este dictamen que ameritó el retiro de Aguirre Villafaña del Congreso del estado, insistio en que fue apoyado por todos los diputados incluyendo a los de Acción Nacional. Obran en la Procuraduría del estado de Nuevo León, como señala el dictamen, algunos procesos que tendrán que seguirse, por la conducta que guardó con sus compañeros legisladores, así como por algunos pendientes que guarda con algunos bancos y con un socio de él en un expendio de licores.
También cabe señalar que en la misma sesión del martes próximo pasado, tan luego como término la sesión del gran jurado y se reanudó la sesión ordinaria del Congreso, protestó como diputado el suplente de este compañero, que ya ejerce sus funciones en el Congreso.
Por ello, consideramos que es efectivamente un caso personal y patológico. No es un ataque a ningún partido, como viene aquí a decir Gutiérrez Zorrilla, ni es tampoco el hecho de que en ocasiones se haya referido en contra de la política del Ejecutivo, simplemente es un caso que no merece siquiatra, no hay ninguna agresión al Partido Acción Nacional, puesto que ahí está ya legislando su suplente y creo que son muy pobres los argumentos y, además, muy a medias los que han venido a presentar nuestro compañero Gutiérrez Zorrilla. Muchas gracias.
El C. Felipe Gutiérrez Zorrilla: - Pido la palabra para alusiones personales.
El C. Presidente: - Diputado Gutiérrez Zorrilla, es su segundo turno.
El C. Felipe Gutiérrez Zorrilla: - Señor Presidente; señores diputados: El diputado Lambretón considera que hay falsedad en la lectura entrecomillada de párrafos del dictamen. Pero, además, confirma la gravedad de opinar en forma tan partidista, y tan enemiga de las libertades. Ya también dictaminó, como médico, no sé si como médico, que es un caso siquiátrico, que es un caso que debe ser tratado por un profesionista; yo no me atrevería a dictaminar sobre diputados que he escuchado hablando en esta tribuna, si son casos médicos que ellos, señor diputado Lambretón, se atiendan o los atiendan sus familiares.
Además, usted dijo que los diputados habían presentado demandas, son denuncias , simple y llanamente denuncias, ya que el ejercicio de la acción penal lo tiene el Ministerio Público. Pero también se refiere usted a demandas pendientes con un banco, precisamente, no disfrutan de fuero los diputados en casos civiles; no se requiere desaforar para que un banco le pueda cobrar un crédito. No es materia que se trate en este dictamen, pero sí es materia que usted trató en esta tribuna, que tiene una demanda que un banco le cobra, bueno, con fuero y sin fuero, sin necesidad de desafuero se contesta o no se contesta la demanda, se cumple o no con el requerimiento judicial.
Pero el fuero no nos protege para casos civiles, y creo que eso usted también lo sabe, porque es abogado.
Lo que realmente nos preocupa no es el caso concreto del desafuero de un diputado de Acción Nacional, es el abrir puertas enteramente grandes, brutalmente amplias, para desaforar a una persona por la manifestación de sus ideas. Y aquí, insisto, los insultos o maldiciones no tienen titular, no están dirigidos a nadie, excepto los que están dirigidos a Luis J. Prieto y a Arvide y demás, nada más, los demás no, son invenciones, son fabricaciones, son imaginaciones, lo que se ve a todas luces.
Por otro lado, el señalar que se puede desaforar a un diputado por decir que son serviles algunos miembros de una Cámara, yo he oído esa expresión aquí, y no ha sido motivo de desafuero. También creo que la ratificación que se hizo Lambretón de que es un caso siquiátrico, es de grave peligro, de extraordinario peligro, porque a cualquiera se nos puede colgar el letrero de ser un caso siquiátrico para que salga a patadas de este recinto, desaforado, y además para que se enfrente a un cobro judicial que le hace un banco. La crítica es severa, la reacción debe ser severa también. Acción Nacional defenderá este caso.
ELECCIÓN DE DIRECTIVA PARA OCTUBRE
El C. secretario Miguel Ángel Morado Garrido: - De conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se va a proceder a la elección de presidente y vicepresidentes para el mes de octubre. Se ruega a los ciudadanos diputados pasen a depositar su cédula conforme se mencione su nombre.
(VOTACIÓN.) (Escrutinio.)
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas:- La Secretaría informa el resultado del escrutinio:
Se recibe diez cédulas con diferentes proposiciones. Una, como presidente, Leopoldino Ortiz Santos; vicepresidentes, Raymundo León Ozuna, Javier Blanco Sánchez,
Daniel Ángel Sánchez Pérez, Baltazar Ignacio Valadez Montoya y Viterbo Cortés Lobato.
Otra, como presidente, Manuel Solares; vicepresidentes, José Luis Caballero Cárdenas, Sara Villalpando Nuñez, Salvador Romero Estrada, Mariano López Ramos y Viterbo Cortez Lobato.
Otra más como presidente, Ricardo Castillo Peralta; vicepresidentes, José Luis Caballero Cárdenas, Carlota Vargas, Salvador Romero Estrada, Mariano López Ramos y Viterbo Cortés Lobato.
Otra más, como presidente, Juan Mariano Acoltzin; vicepresidentes, José Luis Caballero cárdenas, Sara Villalpando Nuñez, Salvador Romero Estrada, Mariano López Ramos y Viterbo Cortés Lobato.
Otra más, como presidente, el diputado Alejandro Lambretón Narro; vicepresidentes, José Luis Caballero Cárdenas, Sara Villalpando Núñez, Salvador Romero Estrada, Mariano López Ramos y Viterbo Cortés Lobato.
Otra más, como presidente, David Orozco Romo; vicepresidentes, Juan de Dios Salazar, Rodolfo Peña Faber, Oralia Coutiño, Esperanza Espinosa de Ugalde y Haydée Eréndira Villalobos.
Otra más, como presidente, Héctor Iztlahuac Gaspar; vicepresidentes, José Luis Caballero Cárdenas, Sara Villalpando Núñez, Salvador Romero Estrada, Mariano López Ramos, Viterbo Cortés Lobato.
Otra más como presidente, Raúl Lemus García; vicepresidentes, José Luis Caballero Cárdenas, Sara Villalpando Núñez, Salvador Romero Estrada, Mariano López Ramos y Viterbo Cortés Lobato.
Otra más como presidente, Juan de Dios Salazar; vicepresidentes, José Luis Caballero, José Aguilar Alcerreca, Izundegui Amador, Salgado Salgado y Viterbo Cortés Lobato.
Otra más como presidente, Dolores López Domínguez; vicepresidentes, José Luis Caballero Cárdenas, Sara Villalpando Núñez, Salvador Romero Estrada, Mariano López Ramos y Viterbo Cortés Lobato.
Tres cédulas en blanco.
Cinco cédulas con la siguiente planilla: presidente, David Orozco Romo, Juan de Dios Salazar, Rodolfo Peña Faber, Viterbo Cortés Lobato, Luis Dantón Rodríguez y Haydée Eréndira Villalobos.
Seis cédulas con la siguiente planilla: presidente, Ricardo Castillo Peralta, vicepresidentes, José Luis Caballero Cárdenas, Sara Villalpando Núñez, Onofre Hernández Ribera, Mariano López Ramos y Viterbo Cortés Lobato.
Trece cédulas con la siguiente planilla: presidente, Carlota Vargas;
vicepresidentes, José Luis Caballero Cárdenas, Sara Villalpando Núñez, Salvador Romero Estrada, Mariano López Ramos y Viterbo Cortés Lobato.
Treinta y dos cédulas con la siguiente proposición: presidente, José Luis Martínez; vicepresidentes, José Luis Caballero Cárdenas, Sara Villalpando Núñez, Salvador Romero Estrada, Mariano López Ramos y Viterbo Cortés Lobato.
Y doscientas treinta y siete cédulas, con la siguiente planilla: presidente, Ricardo Castillo Peralta; vicepresidentes, José Luis Caballero Cárdenas, Sara Villalpando Núñez, Salvador Romero Estrada, Mariano López Ramos y Viterbo Cortés Lobato.
El C. Presidente: - Se declara que han sido electos para integrar la Mesa Directiva para el próximo mes de octubre los siguientes ciudadanos diputados: Ricardo Castillo Peralta, Presidente; vicepresidentes: José Luis Caballero Cárdenas, Sara Villalpando Núñez, Salvador Romero Estrada, Mariano López Ramos y Viterbo Cortés Lobato. (Aplausos.)
HOMENAJE A ADOLFO LÓPEZ MATEOS
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Domingo Alapizco.
El C. Domingo Alapizco Jiménez: -Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea: Vengo a esta tribuna a hablar en nombre de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, para conmemorar el vigésimo cuarto aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica. Hoy se recuerda el nacimiento de un gran estadista como lo fue el ex Presidente Adolfo López Mateos, y coincidiendo con ello, uno de los actos más importantes y trascendentes de su gobierno, como lo es la recuperación por México, por la nacionalización de la industria eléctrica, antes explotada y manejada en su mayor parte por gobiernos extranjeros.
En su segundo informe de gobierno al pueblo de México expresó el Presidente López Mateos: "Desde que inicié mi gobierno tuve el convencimiento que el desarrollo del país estaba íntimamente vinculado con la creciente electrificación del mismo y que era conveniente realizar cuanto esfuerzo e inversión se requirieran para incrementarla, como además la energía eléctrica ha alcanzado mundialmente un rango superior al de los combustibles en las necesidades primarias de las nuevas economías, la administración pública no podía desentenderse de los problemas que representaba, máxime cuando en México hemos sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básicos han de estar al servicio del desarrollo y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano."
Continúa la cita: "Como es preciso llenar todos los extremos legales y en vista de que la asamblea de la empresa está señalada para el día 26 de septiembre el día 27 de septiembre, tomará posesión de la misma, como culminación de este proceso de reivindicación inspirado en el más puro patriotismo, promoveré la adición al artículo 27 constitucional para que, como en el caso de los combustibles señalados en el párrafo sexto
de este precepto, no se otorguen concesiones a particulares para la prestación del servicio público de energía eléctrica."
Continúa la cita: "No puedo ocultar a vuestra soberanía, la emoción de mexicano y de gobernante al anunciar que con la compra de las empresas eléctricas y la reforma constitucional que propondré, la nación será la única propietaria de una fuente de energía vital para su futuro desarrollo, y abrigo la convicción profunda de que quienes actualmente laboran en la industria eléctrica se percaten de su nueva situación de trabajadores al servicio del pueblo mexicano, empeñando sus esfuerzos con renovado patriotismo en una gran tarea de solidaridad nacional". Termina la cita.
Recordar y traer a la memoria de los mexicanos fechas como las de hoy, fortalecen la capacidad de lucha del pueblo y vigorizan nuestro nacionalismo. Recordar la vida y la obra de un hombre que ya está exento de vanidad, de orgullo y de soberbia; está exento de poder real y que, por otra parte, es ejemplo de conducta y rectitud para las nuevas generaciones, sobre todo en estos tiempos en que se ha emprendido una batalla a fondo por limpiar y sanear nuestra vida pública de algunas costumbres no muy constructivas para la nación.
Recordar a Adolfo López Mateos es destacar algunos hechos sobresalientes en los distintos órdenes de la tarea gubernativa; la nacionalización mediante la compra de la industria eléctrica nacional, la institución de una gran trascendencia para elevar la cultura de nuestro pueblo, como lo es el Libro de Texto Gratuito, que representa un paso importante en la reforma educativa. Millones de niños tienen al alcance los instrumentos esenciales en la orientación educativa de la Revolución Mexicana. Esto creó alarma en las fuerzas reaccionarias, porque calaba hondo en aquello que siempre ha querido reivindicar como propiedad suya, como propiedad eterna la reacción ideológica que es la conciencia del pueblo.
En el orden político, una institución que a veinte años de distancia, podemos valorar sus frutos, como fue, como es elegir un verdadero Poder Legislativo que ha integrado dentro de la representación nacional, superando con creces el viejo concepto de que las mayorías tienen derecho a la voz, al voto y a la decisión, y las minorías solamente tienen derecho a la voz y resignarse ante la decisión. Me refiero a la institución de los diputados de partido que tienen presencia, a partir de la XLVI Legislatura. Veinte años que presencian el incremento de una vida parlamentaria más completa en México; que fortalece nuestro sistema constitucional de división de de poderes. División que no quiere decir antagonismo; división que quiere decir, por el interés superior de la nación, colaboración desde la recíproca independencia de los poderes de la Unión.
Es necesario hacer mención a otro aspecto importante de la política de López Mateos, que fue el reparto de la tierra. Más de 9 millones de hectáreas se reparten en este régimen, cuando incluso en años anteriores habían declarado algunos neoconservadores que estaban agotadas las tierras por repartir. Con este acto se demostraba en forma contundente la vigencia de la reforma agraria.
En su intensa política educativa y cultural, se construyó el Museo de Antropología e Historia más grande, de mejor calidad, mejor diseñado en aquellos tiempos del mundo moderno.
Y congruente con la política interna de lucha por el desarrollo con justicia social, se implementó una política internacional vigorosa, audaz, una política de puertas abiertas hacia el mundo.
Fue el Presidente López Mateos, quien abrió a los mexicanos mercados más allá de las relaciones tradicionales que por circunstancias geográficas y económicas, solamente teníamos una presencia hacia el exterior. También, y esto es lo más importante, dio a conocer a todos los pueblos del mundo sobre los ideales de autodeterminación e independencia de la Revolución Mexicana. Su postura firme, digna y respetuosa de México ante la revolución cubana no cedió a presiones y luchó por la integridad de América Latina.
Recordamos con gran espíritu revolucionario cuando el Presidente López Mateos formuló unas declaraciones en la ciudad de Guaymas, Sonora, aquellas declaraciones suscitaron un gran oleaje de incomprensiones, porque los primeros que advierten al pueblo cuando un gobierno actúa para transformar y hacer los cambios necesarios para que avance y se desarrolle nuestra población, son justamente los conservadores que se asustan de que se tomen medidas revolucionarias.
Lo que expresaba el Presidente López Mateos en esa declaración, era, ni más ni menos, que su gobierno actuaría dentro del mandato constitucional haciendo cumplir el artículo 3o., el 27 y el 123, que está depositado por mandato revolucionario en la Constitución de la República. El se decidió a hacer un balance de toda la obra realizada por la Revolución en materia agraria para enmendar sus yerros y aspectos negativos, y es él, López Mateos, junto a Lázaro Cárdenas, quienes asestaron golpes demoledores al viejo sistema de propiedad y tenencia de la tierra en nuestro país; fueron ellos quienes dislocaron para siempre el pernicioso sistema de latifundio en México.
El fue un hombre identificado con sus orígenes, porque entendió de que hacer la Revolución es desarrollar al país con una mejor distribución del ingreso nacional; atendió lo relacionado con una reforma fiscal; se extendieron y mejoraron los ingresos educativos; se amplió y mejoró la seguridad social. López Mateos, descendiente de grandes hombres, como lo fueran Zarco y Juan A. Mateos, nutrido de la sabiduría y enseñanza de las generaciones de la independencia, de
la reforma y de nuestra Revolución, supo que nuestra Constitución es ley, pero también es programa; ley, por cuanto norma las actuales relaciones económicas, sociales y políticas; programa, el la medida en que guía las ineludibles transformaciones que están en curso a lo largo de este periodo de nuestra historia. Muchas gracias.
CONTAMINACIÓN DEL GOLFO DE MÉXICO
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Jesús Lazcano Ochoa.
El C. Jesús Lazcano Ochoa: - Señor Presidente; señores vicepresidentes; señoras y señores diputados:
Voy a hacer un breve relato para fundamentar mi denuncia que conlleva una petición. Durante la noche de un día del mes de mayo de 1959 los pobladores de Port Oxford, estado de Oregón de los Estados Unidos de Norteamérica, despertaron angustiados al tener conocimiento de un macabro descubrimiento, pues la marea había dejado en la playa un barril vacio en el cual se leía en inglés, con grandes letras rojas: "Peligro Desechos Radiactivos. Comisión de Energía Nuclear. EE. UU".
En todo el vecino norteño creció la alarma y preocupó profundamente a los mexicanos, puesto que el descubrimiento del barril vacío en Port Oxford había sucedido a sólo tres semanas de que la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, unilateralmente, anunció que arrojaría a las aguas del Golfo Mexicano desechos radiactivos de sus plantas nucleares.
La Comisión Nacional de Energía Nuclear de México recibió notificación de que no debería temer por la decisión estadounidense, pues se utilizarían barriles de concreto apruebas de fugas y que además serían sujetos a revisión periódica para comprobar su estado y situación y a tiempo prevenir desperfectos tan peligrosos.
Pero los hechos contradijeron toda prevención; a sólo tres semanas del entierro submarino en el Golfo de México de desperdicios mortales atómicos, apareció en el Pacífico, muy al norte del Pacífico, en las playas de Por Oxford, el barril no cerrado y lleno, sino abierto y vacío de su peligroso y mortal contenido.
Nadie ha podido explicar cómo desde las costas de Florida, atravesando el Golfo de México, siguiendo por El Caribe y pasando por el Canal de Panamá, el barril vacío llegó hasta los mares norteños, al Pacífico del Norte, frente a Oregón en tres semanas. No se conocen aun todas las corrientes submarinas que los mares del planeta tienen, lo cual hace más peligroso depositar desechos radiactivos en los lechos marinos.
Y si a esto se agrega que el barril se arrojó lleno y se le descubrió vacío, cabe la pregunta cuya respuesta es aterradora: ¿en qué parte de este largo trayecto, en qué lugar, en qué sitio se abrió y desparramó su letal contenido?
El doctor Carlos Graef Fernández, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, declaró que, "usar el Golfo como cementerio nuclear sería perjudicial para nosotros y aun para Estados Unidos y la misma Europa, pues la corriente del Golfo que nace en el occidente de los mares africanos y llega al Golfo de México, lo recorre a 20 millas náuticas de la costa y llega con su agua caliente al norte de Europa, mejorando su clima frió, se encargaría de mover los toneles del lecho marino y en algún momento, éstos se esparcerían por todas partes sin que se pueda tener control sobre ellos".
El silencio del Gobierno mexicano fue la respuesta al doctor Graef Fernández; aún se oye este silencio macabro.
En mayo de 1970, el doctor James M. Sharp, presidente de la Corporación de Investigaciones de las 17 universidades estadounidenses del Golfo de México, denunció que, "el uso del Golfo de México como 'tiradero' de los diversos desperdicios, tendría como consecuencia la posibilidad de que éste se convirtiera en otro Mar Muerto".
El doctor Sharp manifestó ante una reunión de congresistas de La Florida, Misisipi, Alabama, Luisiana y Texas, que el Golfo de México estaba recibiendo dos tercios de los desperdicios nacionales de lodos radiactivos de los Estados Unidos y que de no evitarse, convertiría al Golfo en un mar estéril como el Lago Erie.
Esta Asociación de Universidades, compuesta por 17 de los cinco Estados Estadounidenses que tienen costas en el Golfo de México, basó su pronóstico en las investigaciones que realizó durante largo tiempo, por los cuales concluyó que si no se ponía coto al vertedero, toda la vida marina desaparecería irremediablemente; que ya los pelícanos acusaban síntomas de extinción.
Pero el aviso de la unión de las 17 universidades tampoco surtió efecto positivo alguna, ya que en agosto de 1970, el Pentágono hizo un aviso terrorífico, que estremeció a todos los países de la zona, que "se disponía a 'sepultar' en el fondo del Golfo de México 12 mil 450 cohetes cargados de gas letal para el sistema nervioso, tanto de animales como de humanos". El congreso estadounidense mostró firme oposición a la decisión del Pentágono y obtuvo la detención de la operación, quedando indefinidamente los cohetes en Richmond y Anniston, del estado de Alabama. La intención era cubrir los cohetes de concreto y sepultarlos a una distancia de 500 kilómetros de la costa suroeste de la península de la Florida, en el Golfo de México.
En 1972, se firmó entre México y Estados Unidos el "Convenio Sobre la Prevención y la Contaminación del Mar por Vertimientos de Desechos y otras Materias", para evitar
actos tan irresponsables como los narrados, y que en su articulado asienta: "... se prohíbe descargar sin previo tratamiento en las aguas marinas, sustancias o residuos de cualquier tipo así como aguas residuales que contengan contaminantes nocivos."
"Los estados firmantes tomarán medidas necesarias para garantizar que las actividades bajo jurisdicción o control, se realicen en forma tal que no causen perjuicios por contaminación a otros estados y al ambiente de éstos."
Señoras y señores diputados: Sin embargo, hoy en 1984, doce años después de la firma de este convenio, Estados Unidos lo olvida y con la siguiente alarma y disgusto de científicos y juristas mexicanos, amenaza con verter en el Golfo de México los gases que produzcan la incineración de 300 mil toneladas de bioxinas altamente tóxicas y consideradas de mucha peligrosidad en los Estados Unidos, nos advierte el periodista Jesús Pablo Tenorio.
Y nos dice además: "Precisamente, a consecuencia de ese convenio fue que la compañía " The Chemical Management Inc." de Oakbrook, Illinios, no pudo llevar a cabo en 1972, la incineración de sustancias conocidas como "pens", "pedd" y "ddt". Ahora , tras doce años de espera, se pensó que tal vez sería oportuno llevar a cabo esa quema en las calderas de dos buques, el Vulcano I y el Vulcano II, los que destruirían sus fatídicos cargamentos cuando se encontraran surcando el Golfo de México. Quizá por la gravedad de la situación, de este nuevo intento de deshacerse de las sustancias tóxicas, ha habido una confusión lamentable. Lo que esta vez quiere verter sobre el Golfo de México, Estados Unidos, no son desperdicios nucleares sino quemar en la superficie marina sustancias tóxicas."
El ecologista ingeniero Moisés Evaristo Orozco Leal y los biólogos Ignacio Hernández, Jorge Molina, René Murillo Jorge Cansino y Rosalba Vázquez, ven la posibilidad de que los vientos alisios lleven esas nubes de contaminación y de los altos contenidos cancerígenos, a los propios Estados Unidos, a México y a todo El Caribe.
Aunque la naturaleza de estos desechos es distinta a la de desperdicios atómicos, es mortal al alcanzar a núcleos poblacionales y a bancos marinos de distintas especies alimenticias, como las consecuencias fatales y degenerativas para sus pobladores y de los consumidores de tales productos.
Por lo asentado, si bien ha variado el contenido tóxico de los materiales de las pretendidas acciones irresponsables de algunos órganos estadunidenses, de todos modos persiste la idea de convertir al Golfo de México en basurero de desechos nucleares o tóxicos, o sea, en réplica del Mar Muerto.
El grupo parlamentario de Partido Socialista Unificado de México pide que esta denuncia pase a las comisiones de esta H. Cámara de Diputados: de Relaciones Exteriores, para que haga las consultas necesarias para evitar este atropello a la ecología marítima mexicana, y luche por que no se viole el "Convenio Sobre la Prevención y la Contaminación del Mar por Vertimientos de Desechos y otras Materias", firmado entre México y los Estados Unidos en 1972, y que esta en vigencia; a la Comisión de Marina, para que de la voz de alerta y se intensifique la vigilancia en nuestras aguas territoriales y patrimoniales de nuestro Golfo de México, y a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, para que inicie el estudio que esta denuncia suscite.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, diputado Jesús Lazcano Ochoa."
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, Marina y Ecología.
PETICIÓN EN CONTRA DEL EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Crescencio Morales.
El C. Crescencio Morales Orozco: - Compañero Presidente; señoras y señores diputados: Las fuerzas democráticas y patrióticas, representadas en esta Cámara, coincidimos en este momento de serias asechanzas contra la soberanía de nuestra patria, que el enemigo fundamental de todos los pueblos que luchan por su independencia es el imperialismo norteamericano; sin embargo, los agentes internos que actualmente sirven a los intereses del Gobierno norteamericano, con frecuencia afirman que los mexicanos debemos olvidarnos de sucesos del pasado, por que son cuestiones de poca trascendencia y que, por ejemplo, la guerra de rapiña de 1847, en la que perdimos más de la mitad de nuestro territorio, ninguna trascendencia tiene para recordarla, puesto que en la actualidad la situación es distinta y que en este momento lo conveniente es alentar la mitad de México como el Gobierno norteamericano.
La afirmación anterior es una actitud hipócrita e interesada de la derecha, la que busca a toda costa provocar nuestro descuido para dividirnos como en épocas pasadas, para golpearnos en el presente y destruirnos en el futuro como nación independiente y soberana.
El Gobierno norteamericano ha agredido a nuestro país varias veces y en la actualidad nos sigue agrediendo. Ahora ya no con intervenciones armadas como en el pasado, ahora nos agrede cultural, política y económicamente.
Nuestro pueblo no ha olvidado, no podrá olvidar nunca que en 1913, el embajador yanqui en México dirigió el golpe de Estado del general Victoriano Huerta, que originó el asesinato del presidente Francisco I Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez.
Los mexicanos no podemos olvidar que de 1914 a 1917 nuestra patria fue agredida por
el Gobierno norteamericano al ocupar militarmente el puerto de Veracruz, y la llamada Expedición Punitiva encabezada por el general Pershing, de prolongada permanencia en el norte de nuestro país. Siguiendo el ejemplo de Pershing y dizque para proteger intereses norteamericanos, elementos del ejército yanqui cruzan nuestra frontera para perseguir a revolucionarios mexicanos en tres ocasiones: en 1918 y 1919.
En décadas recientes, destaca, entre las agresiones yanquis a México, la que se produjo para obstaculizar la expropiación petrolera en el año de 1938, inclusive llegó a movilizar en forma preventiva al ejército norteamericano.
No pueden ser cosas del pasado las agresiones de que hemos sido víctimas, como lo dicen nuestros adversarios históricos. A las intervenciones armadas que fueron las formas primitivas de agredirnos surgieron otros métodos, la penetración cultural, el saqueo económico por medio de las intervenciones extranjeras y recientemente la penetración financiera a través del endeudamiento externo, que asfixia ya nuestra economía nacional.
Actualmente, el imperialismo yanqui ataca violentamente nuestra economía y la soberanía de nuestra patria con diversas acciones; mencionaremos solamente algunas de ellas: la elevación de las tasas de interés en los créditos internacionales; la expulsión, detención y maltrato a los trabajadores indocumentados mexicanos; la infiltración de grupos de provocación, desestabilización y espionaje en nuestro territorio. Sin embargo, en este momento, lo que realmente es preocupante, lo que debe llamar la atención a los mexicanos patriotas, es la intolerable intromisión del embajador norteamericano John Gavin en los problemas de carácter político, de la exclusiva incumbencia de los mexicanos. Este señor, queriéndose pasar de listo, ha hecho reiteradas declaraciones a la prensa nacional en flagrante violación del artículo 33 de la Constitución Federal de la República, en la que ha expresado que el partido en el poder es un partido mentiroso. Esta es una franca intervención en cuestiones políticas, no obstante que el párrafo segundo del artículo 33 de nuestra Carta Magna establece textualmente que, "Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país".
Hace apenas unos cuantos días este embajador irresponsable, en una franca alusión a personajes de nuestra historia, que los mexicanos respetamos por su actitud patriótica, por su acendrado amor a la patria, declaró a la prensa nacional, queriendo borrar nuestro legado histórico, que "la historia de México, dice el embajador, la manejo fluidamente. El otro día tuve la oportunidad de repasarla ampliamente teniendo como interlocutor privilegiado al eminente historiógrafo mexicano monseñor John Palomas; con él aprendí que para penetrar en el alma del mexicano es necesario despojar a la verdad histórica ese conjunto de falsedades, verdades a medias y parafernalia revolucionaria con la que la han contaminado los rojos mexicanos. No doy nombres para no herir la sensibilidad nacionalista del mexicano. Pero, por ejemplo, dice el embajador, tomen el caso del señor aquel al que dizque le quemaron los pies para que confesara dónde estaba el tesoro real. La verdad es que se puso de acuerdo con los conquistadores para repartirse a medias el tesoro, sólo que para guardar figura con el mundo, pretendieron una tortura". Esto dice mister John Gavin para minimizar la enorme estatura histórica del gran Cuauhtémoc.
Y en el caso de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, como
amorosamente los designa nuestro pueblo, el embajador yanqui expresó: "El caso de los muchachos que se cayeron de un barandal de un castillo al ver entrar a las tropas extranjeras, me parece una verdadera subversión de la verdad. Simplemente se impactaron con los winchester que traían los rangers y no midieron sus pasos." Así juzga el embajador norteamericano algunos de los más relevantes hechos históricos en los que ha estado la defensa de la soberanía de nuestra patria. Así pretende este emisario del Presidente Reagan que los mexicanos perdamos nuestra memoria histórica.
Por todo lo anterior y con la evidencia con que el embajador norteamericano ha intervenido en cuestiones políticas, no obstante que tales reuniones, él las ha calificado de inocentes, a las que han asistido altos dirigentes del clero político, prominentes miembros del Partido Acción Nacional y funcionarios del Gobierno norteamericano, esta H. Asamblea debe declarar al embajador yanqui como persona indeseable, solicitando al Ejecutivo de la Unión que pida a John Gavin abandone el territorio nacional por considerar que su permanencia en nuestro país es inconveniente.
Honorable Asamblea: Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las fracciones parlamentarias del Partido Popular Socialista, y Socialista de los Trabajadores presentan a esta honorable Asamblea la siguiente proposición:
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión declara persona indeseable al embajador norteamericano John Gavin y exige al ejecutivo al Ejecutivo Federal la aplicación inmediata del artículo 33 constitucional, haciéndolo abandonar el territorio mexicano. Atentamente. Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 27 de septiembre de 1984. Las fracciones parlamentarias del Partido Popular Socialista de los Trabajadores. Muchas Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Ignacio Vidal Jáuregui.
El C. Ignacio Vital Jáuregui: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: La fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, en su preocupación por que desaparezcan las causas de declinación de la economía, y ante la persistencia del avance de la crisis, examinó cuidadosamente el informe presentado ante la Comisión de Energéticos por el señor secretario licenciado Francisco Labastida Ochoa, titular de la Secretaría de Energía y Minas e Industria Paraestatal.
Como conclusión de este examen, y por mi humilde conducto, nuestra fracción parlamentaria presenta ante esta soberanía sus puntos de vista relativos a la problemática contenida en este informe.
Este documento empieza afirmando que el compromiso de esa secretaría es fijar metas y controles para reducir el burocratismo. Esta afirmación está a todas luces reñida con la realidad, puesto que se observa en el país el crecimiento constante del aparato burocrático del sistema, que ha pasado de 395 mil empleados federales en 1970, a un millón 694 mil, en 1983 y a un millón 732 mil en 84. Estos datos únicamente indican el crecimiento burocrático federal, el cual, si le aumentamos la burocracia estatal y municipal, observaremos que el porcentaje de burócratas referido a la población económicamente activa pasó del 3.5% en 1970 a más del 10% en 1984.
Más adelante nos informa el titular que en esa secretaría se procurará sea pequeña y eficiente y que las empresas paraestatales tengan las áreas administrativas mínimas para darle mayor peso a la producción.
Pero si examinamos las erogaciones del presupuesto federal para 1984, observaremos en el cuadro número 23 de este documento, que el gasto de esta secretaría durante este año alcanzará la astronómica cantidad de 531 mil 367 millones de pesos, el cual se empleará principalmente en el capitulo de planeaciones.
Esta enorme cantidad ajustaría para emplear a 531 mil 367 "planeadores", con un sueldo de un millón de pesos por año y por planeador.
Juzguen por esta cifra, compañeros diputados, que semejante ejército de planeadores en acción oscurecería el cielo de México.
Y nos preguntamos, ¿es esto el funcionamiento de una secretaría pequeña y eficiente?
En el Capítulo II, relativo al balance agregado, nos indica el documento que la industria paraestatal "ha contribuido de manera importante al esfuerzo del país por superar la crisis". Afirmación esta también, contraria a la realidad, que nos dice que solamente en el año de 1983 la industria paraestatal endeudó al país con un billón 700 mil millones de pesos -8 mil 500 millones de dólares-, aclarando que es deuda externa y deuda interna, cifra esta dos veces y media el importe de la deuda pública exterior acumulada en 149 años, desde 1821 hasta 1970, año del primer desbarajuste económico, lo que demuestra que más que contribuir a superar la crisis, las empresas paraestatales significan la principal causa de aumento de las dificultades económicas del país
Estamos de acuerdo en lo que asevera el informe cuando dice que esta secretaría está impulsando las actividades estratégicas y prioritarias y las que serán detonador industrial y que debe dejar de participar, en aquellas que no lo son.
A este respecto, nuestra fracción parlamentaria y todo el pueblo de México, vería con interés se le informara cuáles actividades de las empresas paraestatales serían estratégicas, prioritarias y detonantes industriales, en las cuales piensa seguir participando el aparato gubernamental, y cuáles no lo son, puesto que de la lista de 743 organismos descentralizados que tuvimos a la mano, empresas de participación estatal mayoritaria, minoritaria y fideicomisos, que existían hasta 1982, la mayor parte representan actividades que estuvieran mucho mejor operadas por la ciudadanía, con criterios sanos y económicos en su funcionamiento, y no como operan actualmente, con criterio político para acomodar en los puestos directivos a recomendados, parientes, familiares y amigos de la casta gubernamental.
El examen de la balanza comercial del sector industrial paraestatal demuestra el grado de petrolización de las exportaciones nacionales. Las exportaciones petroleras tienen un superávit de 14 mil millones de dólares y las exportaciones no petroleras paraestatales causan un déficit de 154 millones de dólares.
Para 1984 se ha fijado como meta la exportación de la industria paraestatal no petrolera en 957 millones de dólares. Las exportaciones no petroleras del Sector Privado ascenderán en este año aproximadamente a 5 mil millones de dólares, seis veces la gubernamental.
Es alentador el avance que ha logrado Pemex en el pago de su deuda externa, al reducirla durante el '84 en 2 mil millones de dólares, y en la aportación al fisco durante ese mismo año, de un billón 700 mil millones de pesos. Pero es tan penosa la situación de las finanzas nacionales que las exportaciones petroleras apenas se ajustarán para pagar los intereses de la enorme deuda externa, y la aportación al fisco de Pemex, durante el '83, fue exactamente lo que importaron los apoyos, financiamientos y transferencias para cubrir las pérdidas billonarias que genera el Gobierno metido a empresario.
Desalienta también a la opinión pública las constantes denuncias de la prensa nacional
de conductas negativas y deshonestas que se siguen practicando en Pemex,
atentatorias a su patrimonio, que es el patrimonio de todos los mexicanos.
Las noticias informan que se siguen otorgando multimillonarios contratos de obras a amigos y protegidos de los administradores de la empresa; derrames a propósito de los crudos de los tanques de almacenamiento, mismos que después son comercializados por los líderes sindicales en calidad de desperdicio y a un precio muy inferior al real, pero con pingües utilidades para los que intervienen en este ilícito, tras su "pase", que se sigue cometiendo con la complacencia de la empresa y a pesar de las constantes denuncias de los buenos mexicanos que quieren que Pemex sea una empresa que beneficie a toda la Nación y no a unos cuantos mafiosos seudodefensores de los petroleros.
En esta misma tribuna se han denunciado prácticas ilícitas y antidemocráticas en el Sindicato Petrolero, que permite a los líderes manejar a su arbitrio miles de millones de pesos de presupuesto de la empresa en diferentes rubros, como contactos indirectos y directos; el 2% sobre el total de las obras en construcción; exclusividad en la venta del crudo al extranjero, como decíamos, mañosamente disfrazado de desperdicios; intimidación criminal a los trabajadores mediante amenazas y crímenes que siempre quedan impunes para controlar a los trabajadores en la militancia al mafioso Sindicato Nacional Petrolero, adherido a su vez a la oligarquía, con antifaz del gobierno democrático.
Mientras permanezcan estos ilícitos en la operación de esta empresa, seguirá el desperdicio y la malversación del patrimonio de la principal riqueza del país, con que se cuenta actualmente para poder salir de esta crisis.
En el renglón azucarero es significativo que hayamos pasado de exportadores a importadores en la medida que esta industria ha ido siendo asimilada por el control estatal.
Nosotros veríamos con beneplácito el que esta soberanía iniciara una investigación a este sector para estudiar los diferentes factores que intervienen en su operación y producción, tales como el precio de la caña, actualización técnica de los ingenieros, optimización de las zafras y funcionamiento financiero de Azúcar, S.A. de C.V.
La industria siderúrgica paraestatal tuvo un decrecimiento productivo de 1.5%, resultado que, según el informe, es debido a la baja demanda interna.
Si embargo, la industria siderúrgica privada creció en un 2.7% en el mismo periodo de 1983. Hay que hacer notar a este respecto los multimillonarios subsidios y transferencias de que gozaron las empresas siderúrgicas paraestatales.
Son plausibles, a nuestro ver, todos los esfuerzos que están haciendo para aumentar la producción de fertilizantes, pieza clave en el aumento productivo de la agricultura.
Lo mismo opinamos de los logros obtenidos en las industrias química, petroquímica y minera durante 1983.
En la producción de maquinaria y equipo consideramos positivos los esfuerzos para producir en el país tractores de mediana potencia, pero observamos el deficiente rendimiento de DINA, cuyos ingresos propios apenas representan el 74% de sus gastos.
Por último, queremos aclarar que disentimos en la observación del informe en el sentido de que la industria paraestatal es soporte de la soberanía nacional. Esto no sucederá mientras las empresas paraestatales signifiquen una carga y no una ayuda a la economía nacional; mientras gasten impuestos en lugar de introducirlos al país; mientras sean causa del incremento de la deuda pública en lugar de ser factores de enriquecimiento nacional.
Precisamente el proceso constante de endeudamiento externo ha aumentado nuestra dependencia económica hacia los extranjeros y ha mermado considerablemente nuestra soberanía.
Al esclarecer estas y otras cuestiones se afecta a todos los mexicanos, y haciendo uso del derecho que otorga a esta soberanía el artículo 93 constitucional , la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano solicita a la Presidencia de esta Cámara, ruegue al señor licenciado Francisco Labastida Ochoa, titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, su comparecencia al Pleno en este recinto, en fecha y forma que sean convenientes, pero con la premura que las circunstancias lo requieran. Muchas gracias.
EL C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Enrique Riva Palacio.
EL C. Enrique Riva Palacio: - Ciudadano Presidente; honorable Asamblea: He seguido con interés los comentarios vertidos por el diputado Vidal Jáuregui, del Partido Demócrata Mexicano, en el cual nos presenta una serie de dudas después de haber tenido ayer una reunión con las comisiones unidas de Patrimonio y Fomento Industrial y de Energéticos, en las cuales, en la reunión que se llevó a cabo, se acordó por estas comisiones que se enviaran interrogatorios a través de las dos comisiones anteriores y que éstas se transmitieran a los funcionarios de la secretaría correspondiente para que nos fueran aclaradas en su tiempo.
También allí se acordó que se solicitaría la información correspondiente que se necesitara para que aclarara las dudas que se nos presentaban. Se reconoció en esa reunión de las comisiones unidas, en la cual estuvo presente el diputado Vidal Jáuregui, que el documento contenía una información extensa, clara; además estuvieron de acuerdo diputados de Acción Nacional y del PSUM con la proposición correspondiente, de que enviáramos por escrito todos los cuestionamientos
y a la vez que si era conveniente se citara al funcionario correspondiente para que después de estarnos alimentando, de estarnos enriqueciendo con su información, ya sea por escrito o telefónicamente, se nos aclararan las dudas y en último de los casos asistiera personalmente.
Considero que con lo antes expuesto cumplimos con lo acordado en la reunión de ayer por los miembros de las dos comisiones, y que en el transcurso de los diez días de plazo que nos fijamos, lleguemos a un acuerdo correspondiente . Muchas gracias.
EL C. Presidente: - Túrnese a las comisiones unidas de Patrimonio y Fomento Industrial, y Energéticos.
CONSIDERACIONES SOBRE EL INFORME DEL SECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA
EL C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado José Dolores López Domínguez.
EL C. José Dolores López Domínguez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Aunque estamos muy pocos ya, vamos a continuar hablando aquí.
"Somos la fuerza, somos el derecho, somos el mañana"; así sintetizaba Emiliano Zapata la grandeza y la profundidad de su proyecto de la lucha por la tierra. El más grande agrarista mexicano del presente siglo, modesto, rechazaba la propuesta denigrante y decía: "No quiero riquezas, no quiero honores", y por ello prefirió morir de pie que vivir de rodillas.
El 20 del presente mes, en el salón verde de esta representación, el secretario de la Reforma Agraria, ingeniero Luis Martínez Villicaña, informa de 12 meses de gobierno de esta Secretaría Agraria. Qué lejos está el dicho y el hecho por Zapata de lo dicho y hecho por Villicaña; pero qué real y objetiva y hasta actual lucha de aquél, al irreal, anémico y subjetivo informe de éste. Ni siquiera se toma seriamente en cuenta la realidad y además se manejan cifras en forma malabarista y en favor, naturalmente, principalmente, del gran capital agrario.
En la Secretaría de la Reforma Agraria, la institución, es la institución más desprestigiada quizá entre todas las secretarías; sexenios van, sexenios vienen, llegan y se van, a cual más hace demagogia política con la entrega de la tierra y todos reparten millones, todos buscan adornarse, pasar a la historia como presidentes agraristas y todos, hasta hoy terminan y no terminan el reparto agrario. Han repartido varias veces el territorio nacional y todavía existen más de 50 millones de hectáreas en poco menos de nueve mil grandes propietarios.
Regularizar la desigualdad y anárquica tenencia de la tierra es un buen deseo, en el presente como en anteriores sexenios; pero no se ha logrado cruzar la frontera de ese deseo y no hay bases para lograrlo ahora.
La tendencia natural del desarrollo del capitalismo en la agricultura, es el aplastamiento de la pequeña y mediana producción agropecuaria y forestal, y el fortalecimiento y desarrollo de la gran producción capitalista y la consolidación de la estructura monopolista en la tenencia de la tierra.
Se reniega ahora por la ineficacia productiva de la comunidad y el ejido; pero se deja a un lado la historia y no se quiere recordar que a esta parte del sector social productivo del campo mexicano se le ha abandonado prácticamente a su suerte en más de 70 años de la Revolución Mexicana. Hasta hace muy poco tiempo el 80% del crédito no iba a los ejidos y comunidades; 90% de la maquinaria no iba a las comunidades y ejidos y el 95% de la técnica y los técnicos tampoco llegaban ahí. Las semillas mejoradas, los insumos, los subsidios, el transporte, la infraestructura agraria, todo lo que se ha hecho hasta hoy en el agro, a quien ha beneficiado ha sido a los ricos poderosos del capital. Por ello, hasta hace muy poco se denunciaba acremente, por los enemigos de los campesinos, que éstos son flojos y no producen y se establecía que los propietarios, mal llamados "pequeños", producían el 67% o mas de lo producido en alimentos y el sector ejidal y comunal sólo el 34%, pero se ocultaba y se oculta que éstos recibían solo el 20% del crédito, el 5% de la técnica, el 10% de maquinaria, y el abandono como sistema, privilegiando a los magnates de la finanza agraria. Es claro que en esas condiciones a don Luis Martínez Villicaña le parezca también, en nuestro tiempo, que el ejido es gris en producción de alimentos, pero se oculta o no se quiere reconocer los golpes bajos y criminales que se han venido dando al ejido en el transcurso de su vida institucional.
Nosotros somos partidarios del desarrollo del ejido como célula de producción agropecuaria y forestal, a condición de que se le dé apoyo con todo lo que requiere para producir, para vivir, para el mercado y para la exportación. Nos oponemos siempre, por tanto, mediante la movilización campesina, a la creciente tendencia de privatización del mismo.
Aun cuando en su minicomparecencia el secretario de la Reforma Agraria reconoce defectos ancestrales de esa Secretaría, que califica de mal revolucionaria y noble entre las demás instituciones ligadas al agro, resulta que las propuestas para enfrentar y resolver los problemas del campo siguen siendo el autoritarismo y el paternalismo en las relaciones con los ejidatarios, con los comuneros, los pequeños propietarios y minifundistas.
Veamos: de los 14 programas de la Secretaría de la Reforma Agraria solamente uno se refiere al apoyo del aprovechamiento de
los recursos ejidales y comunales, el cual se vio afectado al disminuir en más del 40% los fondos destinados a este programa. De igual manera sucede con los apoyos de servicios de bienestar social a las comunidades rurales, las cuales sólo reciben el 15% del presupuesto de esa secretaría. ¿Dónde quedan entonces las lágrimas de cocodrilo, diría yo, de los funcionarios del sector, que cotidianamente afirman apoyar la organización de los pobres y explotados del campo?
En ese mismo renglón, de los 150 distritos agropecuarios existentes sólo se apoyó a aquellos que cuentan naturalmente con infraestructura, mientras que los distritos de temporal son abandonados, quedando a su propia suerte sin recursos.
Por otra parte, tales recursos se concentran fundamentalmente en dos programas: administración y actualización y vigencia de derechos agrarios, mismos que se llevan el 25% del total del presupuesto de esta Secretaría Agraria.
Como se ve, el aparato administrativo creció se hizo obeso, y en tal obesidad se burocratiza más, alargándose y complicándose la solución del reparto agrario, de la regularización de la tenencia de la tierra, la organización de los productores medios y pequeños y un conjunto de renglones que pudieran llevar realmente la igualdad y la justicia al campo, al dramático problema agrario, insoluble en nuestra actual estructura.
En el caso de la vigencia de los derechos agrarios, a los ejidatarios y comuneros no se les ha confirmado aún un conjunto de derechos al usufructo de su tierra, a pesar de lo informado; mientras que, por otra parte, en los 12 meses de que informa Villicaña, se emitieron 5 mil 174 certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera, más del doble que los derechos emitidos a ejidatarios y comuneros. Dentro de los 14 programas existentes se incorporó a última hora el llamado Plan Colima, del cual los informes oficiales no dan cuenta de nada.
Desde tiempos remotos y hasta nuestros días la lucha por la tierra en nuestro país ha producido las mayores víctimas. Las grandes aciones de los luchadores agrarios han despertado siempre el odio más furibundo de los terratenientes y burgueses agrarios.
La lucha por el reparto agrario se ha dado en la mayor y más cruel lucha de clases; en la más brutal represión, en la contienda más descomunal. Miles y miles de luchadores han sido perseguidos, torturados y encarcelados, desaparecidos, y miles asesinados. Sigue siendo una afrenta nacional. Hoy mismo, 38 campesinos que defienden su dignidad y sus derechos en la cárcel de Villahermosa, Tabasco
En Chiapas, decenas de luchadores agrarios están presos, entre ellos el gran dirigente estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Sebastián Pérez Núñez y más de 300 órdenes de aprehensión contra luchadores agrarios de aquel mártir estado chiapaneco.
En Xicoténcatl, Tamaulipas, cuatro dirigentes ejidales purgan sentencia de tipo porfiriano, injusta e ilegalmente acusados. En una vergüenza nacional, más de mil detenidos en el istmo de Tehuantepec del 74 al 84; 16 muertos en estas mismas fechas, cuatro presos aún en la actualidad y un desaparecido, además de cientos de presos en diferentes cárceles del país, Veracruz, Hidalgo y otros estados, donde la represión sigue siendo una sombra negra que azota la vida campesina.
Más de quinientos campesinos son reclamados en mil formas por sus familiares, algunos de los cuales mantienen en huelga de hambre en este propio recinto. Con ellos están dos diputados miembros de esta representación nacional, están otros ciudadanos y ciudadanas que merecen ser atendidos. ¿Por qué tanta soberbia para negarse a recibirlos?
El país pasa momentos difíciles, a éstos no se debe agregar la arrogancia de gobernar y la cerrazón política. Una entrevista con el responsable directo del Poder Ejecutivo no rebaja a éste, al contrario, sanearía más y mejor el ambiente y la atmósfera política. Con los huelguistas está una delegada, físicamente hablando, mujer mexicana, pero de un gran corazón y con una estatura muy grande en valentía, ganada a pulso, ella reclama un hijo y a muchos hijos a la vez. Los quiere vivos, porque vivos se los llevaron, y no le informaron si existía su hijo; lo más digno en política es dar la cara, establecer una explicación objetiva. Esta mujer debiera ya llamarse no Rosario de Piedra, sino Rosario de Acero Revolucionario y Patriótico.
Dígasele dónde se encuentra su hijo y todos sus demás hijos, estén donde estén. No envilezcamos más nuestras relaciones entre mexicanos. En este llamado "mes de la patria" no envenenemos más el agua que tomamos, el pan que nos alienta y el aire político que nos arropa a todos.
No puedo, compañeros diputados, dejar esta tribuna, finalmente, sin antes, denunciar con indignación en esta relación de hechos represivos, los criminales hechos que han sucedido en el tramo de San Sebastián Sinalcatepec y San José Niautlán, Puebla: el 25 del presente mes, a las 3 de la tarde, en el lugar de referencia, fueron agredidos miembros del Partido Socialista Unificado de México, PSUM, mi partido, acribillados con escopeta de 20 y pistolas calibre 38, más de 40 impactos tenía la camioneta en que viajaban, resultando muertos los compañeros Felipe Fernández Valiente, miembro del Comité Estatal del PSUM, en Puebla; Antonio Fernández Valiente; Ángel Galicia Baltazar y Enrique Galicia.
El comunicado de prensa del Comité Estatal del PSUM, en aquella entidad, con toda razón establece que tal agresión significa un acto cobarde y alevoso por parte de un grupo de opositores al municipio de San José Niautlán, democráticamente dirigido
por el PSUM. Estos facinerosos están dirigidos, lamentablemente, por el diputado local del PRI, Jesús Hernández Barbosa; los nombres de los asesinos están debidamente identificados, ellos son: Camilo Dorantes, Jacinto Dorantes, Enrique Dorantes y Delfino Dorantes.
En lo que va del gobierno de Jiménez Morales, se cuentan más de doscientos asesinatos de campesinos de diferentes filiaciones políticas. ¡Cómo se puede hablar de justicia agraria en estas condiciones! Como se ve, una cosa es lo que se vota aquí en derechos para el campo, la mayoría a veces, y otro muy distinto es la realidad de justicia en los poblados mexicanos; ello demuestra que hay un largo camino por transitar para imponer la democracia. La actual estructura social y política no ofrece seguridad para los ciudadanos, sean de la ciudad o del campo.
Es muy grave que en la lucha por la democracia, por la ampliación de la democratización del país, estén sucediendo permanentemente encarcelamientos y asesinatos de los hombres del campo que luchan por alimentar a la población.
¿Cómo puede, cómo se puede con ello hablar de democratizar la propiedad rural, garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, de devolver la tierra a sus verdaderos dueños y hacer una sociedad rural más igualitaria y libre?, ¿o hablar con veracidad a los campesinos, como dijo Villacaña en su informe?
Pero el secretario de la Reforma Agraria encontró entusiasmo para echar la culpa de todo a los enemigos de la reforma agraria.
Señor Presidente; señoras y señores diputados: en nombre del grupo parlamentario del PSUM, solicito que la presente denuncia de los hechos en Puebla se turne a la Comisión de Gestoría y Quejas para la investigación correspondiente. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
AUMENTO DE TARIFAS AÉREAS Y DEL USO DEL AEROPUERTO
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Raymundo León Ozuna.
El C. Raymundo León Ozuna: - Ciudadano Presidente; ciudadanos diputados: Vengo a presentar una denuncia y una propuesta.
Espero, así me lo pidieron también mis compañeros, que no se me salgan malas palabras. No sería raro, porque soy muy aficionado al cine y he visto muchas películas de la productora estatal CONACINE, y esto no vaya a provocar el desafuero de su servidor, ya que ausente, como varios diputados en esta tarde, Lambretón Narro, nos vino a hablar de una novedosa causal de desafuero que se llama "malas palabras". Tendremos cuidado.
La protesta que presentamos los del Partido Demócrata Mexicano, es en relación al aumento de las tarifas aéreas para pasajeros y carga en rutas nacionales domésticas, así como el aumento a 410 pesos por el impuesto del derecho de uso de aeropuerto, el DUA.
Las razones que aducen las empresas paraestatales, y de las cuales el pueblo mexicano está ya acostumbrado, es de que son necesarias para compensar los costos y acabar con un servicio subsidiado.
Queremos nosotros también señalar que un 10% aparentemente no es fuerte y los usuarios de ese servicio pueden y tienen dinero para pagarlo, como supuestamente se hace creer a la opinión pública. Pero aquí hay que irnos un poco más atrás de lo que ha sucedido con el transporte aéreo y con esas tarifas. Hay que recordar que en el pasado mes de marzo de este mismo año, se autorizó un aumento del 30%, y qué decir del aumento del 300% que sufrieron las tarifas para pasajeros y carga durante el año de 1983, en que damos como ejemplo el dato que un vuelo entre México y la ciudad de Tijuana, ida y vuelta, que costaba alrededor de 12 mil pesos y, en estos momentos, con este nuevo aumento está costando la cantidad de 48 mil pesos.
Nuestra preocupación es en el sentido de que todo aumento que va en detrimento del sector Comunicaciones y Transportes, afecta otras ramas de la industria, de la economía y de la vida de los mexicanos; no es únicamente aquí a los que pueden pagar un boleto de avión a los que se afecta, se afecta el traslado de mercancía, se afecta y se disloca la comercialización de los productos, el intercambio comercial entre los hombres de negocios, se afectan las vacaciones y el derecho que tienen al disfrute los mexicanos, se afecta, pues, en general, la economía.
Pero no solamente estamos afectando estos campos, también estos aumentos indiscriminados están acabando con uno de los turismos que preocupaban al Presidente de la República en su informe de gobierno: el turismo nacional; en estos momentos se ha desplomado por completo el turismo de los mexicanos para conocer su propio país. Un ejemplo que podemos dar, es el aumento del derecho de uso de aeropuertos, se aumenta a 410 pesos por persona. Si una familia que va de viaje a Acapulco se compone de cuatro persona, tendrá que pagar en ese viaje, de ida y de vuelta, 3 mil 280 pesos, esto equivale a tres veces el salario mínimo; de esta manera creemos nosotros que se pone muy lejos, lo que de manera demagógica y retórica aquí se manejó cuando se discutía la Ley Federal de Turismo, de que habría que hacer llegar el turismo a todas las clases sociales del país. Esto pone más lejano el alcance de que todos los mexicanos, las gentes de la clase media, los obreros, puedan tener acceso al disfrute de la recreación.
Se está aniquilando, acabando con este turismo nacional. Y qué decir de los millones de pesos que el Estado y los particulares tienen
invertidos en la infraestructura hotelera, en los transportes, en los
restaurantes, que están en estos momentos pasando por una verdadera crisis, como es el caso de las ciudades de Acapulco, Ixtapa, Zihuatanejo, Guadalajara, Veracruz, Baja California Sur, Sinaloa, entre ellos Mazatlán, etcétera, y aquí nosotros queremos mencionar lo siguiente, y siempre hemos sido machacones en ello, cuando los particulares, por efecto de la inflación, aumentan los precios a los consumidores se orquesta una campaña en contra de ellos, pero cuando el Estado aumenta los precios de sus bienes y servicios se maneja el argumento de que se hace en nombre del bienestar general de la nación.
Un ejemplo que podemos dar de esto que señalamos, es que el aumento de las gasolinas y de las tarifas en luz eléctrica han sido superiores a los aumentos a los que ha tenido las rentas en las casas, y esto, claro que no se maneja porque en este caso es el Estado rico, el gobierno rico el que maneja la información, el que manipula la opinión pública, por eso seguimos nosotros sosteniendo, en el Partido Demócrata Mexicano, que no queremos un gobierno rico mientras exista un pueblo pobre y éste tenga que pagar los lujos y el tren de gastos de ese gobierno.
Las tarifas en nuestro país, en estos momentos, las tarifas aéreas domésticas, son más altas que las similares en los Estados Unidos; las domésticas son las que se vuela de un punto nacional a otro punto nacional; en estos momentos nuestros precios de tarifas aéreas son más altos que los del vecino país. Claro, existe allá la libre competencia, aquí en México no existe la libre competencia, por eso no entendemos nosotros qué es lo que hacemos o qué es lo que hay detrás de la filosofía del sector paraestatal; es para qué, para engrandecerse a si mismo, para enriquecer a ese mismo sector o para servir a los usuarios, para servir a la sociedad, y en este caso nosotros vemos que es únicamente para seguir engordando a esas paraestatales, a esos "monstruos chupasangre" del pueblo.
No estamos tampoco de acuerdo en que se esté subsidiando el servicio y menos en las líneas aéreas nacionales, cuando vemos que sus precios en comparación con los internacionales, son más altos; cuando vemos también que está ya fuera del alcance del mexicano medio el viajar y conocer su propio país, y qué decir de las transferencias y subsidios que cada año, cuando comentamos y participamos en el debate del presupuesto de egresos, encontramos esos renglones millonarios en favor de Aeroméxico, a través de los subsidios y de los traspasos.
Se maneja en propaganda comercial de Aeroméxico que este año, el año pasado, arrojó finalmente ganancias; nosotros queremos alertar a la opinión pública de que las paraestatales cuando hablan de ganancias, utilizan los traspasos y utilizan los subsidios como parte de las mismas, y nosotros sabemos que es todo lo contrario; y creemos nosotros que aquí, en el fondo, del aumento a las tarifas de nuestras líneas aéreas nacionales, pero especialmente en el caso de Aeroméxico, ha habido ineficiencia y corrupción en el manejo. Tenemos datos fidedignos de que en la paraestatal Aeroméxico, en el sexenio pasado, en los últimos años de la administración del director Enrique Loaeza Tovar, que entre paréntesis es familiar del expresidente José López Portillo, hubo actos de corrupción en la compra y el alquiler de la flota de aviones DC-10 en los que se dio la triangulación, como en el caso parecido del ingeniero Jorge Díaz Serrano, en que los barcos fueron comprados, no directamente a la fábrica, no directamente al proveedor, sino que hubo un intermediario que, lógicamente, cobró su comisión e infló en un 100% el costo original que dio la fábrica y que dio el proveedor a esos barcos.
Esto realmente es lo que hay detrás de los aumentos constantes en los precios y servicios que el Estado cobra al pueblo mexicano a través de las empresas paraestatales. Casos como éstos son lo que nos preocupan y nos preocupa tanto la corrupción en el sector paraestatal, que hemos presentado esta denuncia el día de hoy para que se turne a la Comisión de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión de Turismo para que se investiguen las finanzas de Aeroméxico y Mexicana, pero, sobre todo que la Secretaría de la Contraloría General de la Federación preste atención a esta denuncia que acabamos de realizar con respecto a la compra y a los alquileres de la flota DC-10, que se utiliza en Aeroméxico y en Mexicana, durante la administración de Enrique Loaeza Tovar, exdirector de esa línea comercial. Gracias, señores diputados.
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
HUELGA DE HAMBRE
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado René Rojas Ayala.
El C. René Rojas Ayala: - Permítaseme no respetar el protocolo el día de hoy. Y ojalá esto no sea motivo de desafuero.
Compañera Rosario Ibarra de Piedra; compañeros familiares y hermanos de presos y desaparecidos políticos; compañeras y compañeros que los acompañan; señor Presidente; señoras diputadas; señores diputados: Hoy no voy a hacer ningún comentario. Simplemente voy a dejar constatada una posición política. Veintitrés días han transcurrido desde el día en que anunciamos desde esta tribuna, el inicio de la huelga de hambre de varios diputados y de la compañera Rosario Ibarra de Piedra. Veinte días han pasado a partir de la incorporación a la huelga de hambre, de varios dirigentes de organizaciones y partidos políticos de la izquierda revolucionaria de
nuestro país. 32 días han transcurrido desde el 25 de agosto, fecha en la cual los presos políticos se declararon en ayuno.
A diferencia de lo afirmado en este mismo recinto por el secretario de Gobernación, licenciado Manuel Bartlett, han sido necesarios todos estos días de ayuno para que por fin la Unidad de Audiencias de la Presidencia de la República suscribiera el compromiso, por instrucciones presidenciales, según afirmó el titular de esa dependencia, de que el Presidente concedería una audiencia a la Comisión de Familiares de los Detenidos Desaparecidos, con la exclusiva finalidad de proponer mecanismos que hagan viable una toma de posición política por parte del Presidente, que subsane la situación creada por el empleo de la desaparición como método de represión política.
Los objetivos de rescatar a 513 ciudadanos desaparecidos mexicanos de las cárceles clandestinas, y erradicar la desaparición, nos han guiado en todo momento y por ello hemos recurrido a múltiples canales. Destacamos en todo lo que vale el hecho sin precedentes de la propuesta presentada en esta Cámara que signaron las fracciones parlamentarias del PSUM, PST, PAN y PDM; de igual importancia fue la toma de postura del PPS.
En relación a la otra demanda de nuestro ayuno, la libertad de los presos políticos, el secretario de Gobernación refrendó el acuerdo tenido con otros funcionarios de esa Secretaría, en el sentido de iniciar pláticas para su posible excarcelación. Estos dos compromisos, uno del Presidente de la República y del secretario de Gobernación, se nos ha indicado por varios funcionarios que sólo se concretarán después de concluida la huelga de hambre. Dos gobernadores también lo han planteado claramente, en relación a los presos políticos. En tanto que funcionarios de la Presidencia y de la Secretaría de Gobernación, lo reafirman en relación a la audiencia con el Presidente.
Siendo congruentes con los objetivos de nuestro movimiento la libertad de los presos políticos y de los desaparecidos políticos, planteamos ante esta Cámara y ante la opinión pública, los compromisos asumidos por el Gobierno mexicano, y les anunciamos que para dar paso a la concreción de los mismos, el día de hoy levantamos nuestro ayuno.
Ante esta Cámara ha quedado evidenciada la intransigencia gubernamental que vulnera la vigencia de derechos constitucionales, como el de audiencia, en aras de lo que se llama principio de autoridad. A esa intransigencia oponemos el peso de la razón y la justeza de nuestras demandas; razón y justeza que organismos como Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, convalidan.
Señores diputados de las fracciones parlamentarias del PPS, PST, PSUM, PAN y PDM; al mismo tiempo que agradecemos su apoyo los llamamos a permanecer alertas para que este compromiso de la Presidencia sea cumplido. No es la primera vez que se nos hacen promesas que después no son cumplidas. Por eso requerimos de la permanencia de su apoyo y su vigilancia para que el derecho de audiencia sea respetado.
Al nivel del movimiento de masas, también permaneceremos pendientes. El día 2 de octubre estaremos nuevamente en las calles de la ciudad para exigir la libertad de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos, así como para exigir que se cumplan los compromisos contraídos.
No toleraremos un engaño más. Haremos que se cumpla la Constitución. No mendigamos; exigimos.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Héctor Sánchez López.
El C. Héctor Sánchez López: - Señor Presidente; señores diputados: Desde el 25 de agosto, más de 50 presos políticos en las diversas cárceles, del país se declararon en huelga de hambre para exigir que las autoridades estatales se abrieran al diálogo, se discutieran los casos de los compañeros y se diera la libertad de los mismos.
Sin embargo, en todas las entidades hubo una cerrazón y una intransigencia, que obligó a los compañeros a permanecer en huelga de hambre. Hasta hoy, los compañeros que están presos en Salina Cruz y Tehuantepec cumplen 34 días, dos de ellos de suma gravedad. Aun cuando se solicitó de manera formal y escrita que los compañeros fueran trasladados a hospitales, aun cuando había de por medio el dictamen del jefe del Hospital Civil, dependiente de la Secretaría de Salubridad, para que fueran hospitalizados, un licenciado, el director jurídico, Carlos Underwood, del gobierno del estado de Oaxaca, se negó rotundamente, y dijo que si era necesario que medio hospital estuviera en la cárcel, que así lo hicieran, pero que ninguno de los presos podía salir.
A pesar de que el médico adujo que las condiciones antihigiénicas no eran las propicias para que los compañeros fueran atendidos y se tenía una galera de cuatro por seis metros en donde había más de cincuenta presos. Esta es la situación de cerrazón e intransigencia de los gobiernos de los estados a escuchar a los presos y a los familiares de los desaparecidos, que nos obligó a nosotros, los diputados federales y estatales, a la compañera Rosario Ibarra de Piedra, y demás dirigentes de organizaciones políticas del país, a permanecer durante 22 días en huelga de hambre. Recibimos, como se ha recibido durante mucho tiempo, promesas y algunas burlas por parte de las autoridades, sobre todo de un licenciado, el licenciado Ortiz Arana, director jurídico de la Secretaría de Gobernación, que creo que antes de ocupar este cargo, ocupaba el cargo de hacer horóscopos en alguno de los periódicos; porque la contestación que da aquí, más que una
contestación jurídica, parecen horóscopos que a cualquiera de los presos y los desaparecidos le puede caer.
Compañeros, se ha entregado una relación de los desaparecidos con nombres, lugares donde fueron secuestrados, nombres incluso de los que los secuestraron; sin embargo, este señor en su informe de los más de quinientos compañeros desaparecidos, dice lo siguiente: Que los que fueran secuestrados del 69 al 82, el señor no tiene ninguna culpa de ello y que por lo tanto no tiene por qué responder. Estamos hablando de personas o estamos hablando de una institución que es el Gobierno; y el Gobierno tiene la obligación de responder por los secuestrados y desaparecidos del 69 como de los desaparecidos este año. Sin embargo, el señor dice que no tiene ninguna responsabilidad, porque en su tiempo algún procurador ya lo dijo, porque algún procurador ya dio la información de estos casos, el señor Oscar Flores Sánchez, que en su declaración cae en graves contradicciones cuando dice, por ejemplo: "Los señores fulanos fueron muertos en algún enfrentamiento", y dos años después, uno de esos "muertos en enfrentamiento" apareció vivo. O cuando dice que el profesor Víctor Pineda Henestrosa se fue a la guerrilla en la selva de Chiapas, cuando sabemos que a las doce del día 11 de julio de 1978 un comando de Ejército lo secuestró en pleno centro de la ciudad de Juchitlán, y existen decenas de testigos que han ido a dar su testimonio ante el agente del Ministerio Público.
No, no, señor Oscar Flores Sánchez, nosotros no creemos eso. Y el señor Ortiz Arana, le decíamos, era el que hacía los horóscopos, porque contesta de esta manera: "No hay nombres, ni siquiera un número para los compañeros desaparecidos".
En su informe dice: "...de los casos restantes podemos dar la siguiente información: A) En uno de ellos se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la cual hizo el traslado correspondiente a la del estado de México, por ser de su competencia".
¿Quién es uno de ellos?, ¿cuál es el número de la averiguación? O los desaparecidos físicamente, ¿también están desaparecidos sus nombres? ¿Esto es una respuesta jurídica o esto es una burla al pueblo de México y de los familiares?
Después dice en otro de los casos, "Sin denuncia presentada", "Sin denuncia presentada". La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal informó que de acuerdo con las investigaciones previas, número 30-A, 323, 981, la persona estuvo sujeta a proceso como presunto responsable de los delitos de asociación delictuosa y robo, habiendo sido puesto en libertad el día 14 de diciembre de 1981.
¿Pues no que no iba a informar de los del 82? ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese compañero que dice aquí que fue puesto en libertad el 14 de diciembre del 81? ¿No lo puede decir? ¿Tiene miedo de caer en contradicciones, como Oscar Flores Sánchez?
O cuando dice: "...que de las dos personas restantes, la Procuraduría del Distrito Federal informó que tampoco existe denuncia y sólo se conocen nombres, ignorándose domicilio, ocupación, relaciones familiares. Por esta razón no se ha facilitado la investigación".
¿Quiénes son esas dos para hacerle tragar al señor toda la información que nosotros le entregamos? ¿Quienes son? Queremos datos más preciso. Esto, definitivamente es una burla, ni siquiera es jurídica, ni siquiera política, es burocrática, es una burla.
Y a este señor, ¿quién le ordenó que tenía que presentarnos esto? El Presidente de la República había dicho a las madres y a los familiares de que Gobernación solamente sería conducto para que se consiguiera una audiencia con él. ¿Por qué salta y da esta que dice información?
Y dice que cuando se dio la información antes del 82, se abrieron las puertas para que se pudiera investigar ¿Cuándo se han abierto las puertas del Campo Militar No. 1 para que entren los familiares a buscar, celda por celda, a sus hijos? ¡Nunca!
Por eso decimos que esta burla la rechazamos, pero la agarramos porque esto es una manera para demostrar a las autoridades internacionales lo que este señor pretende hacer con el pueblo de México.
En ese sentido, señores, nosotros hoy levantamos la huelga. Estamos agarrando una pequeña promesa por escrito, que dio la Unidad de Audiencias de la Presidencia de la República, de que seremos recibidos en breve tiempo. Y ese breve tiempo, según ellos, es antes de 15 días.
Y nosotros lo aceptamos, levantamos la huelga, porque es con el Presidente con el que deben de platicar los familiares y las madres de los desaparecidos; porque es el Presidente que debe decir si se abren o no las cárceles clandestinas para que salgan nuestros compañeros.
Aquí queda pendiente algo después de los 15 días. Aquí hubo una propuesta de cinco fracciones parlamentarias para que esta Cámara hiciera suya nuestra petición de audiencia, y no ha habido dictamen, porque un dictamen se debe de discutir y se debe llevar a votación. Aquí ha habido una respuesta que es una gestoría y nosotros agradecemos esa gestoría, pero pedimos que las comisiones de Gobernación y de Gestoría y Quejas, rindan un dictamen que tenga que discutirse acá, y si después de 15 días hemos sido objeto de otra burla, con la promesa de audiencia volveremos a pedir que la presidencia excite nuevamente a las comisiones para que entreguen el dictamen.
Hoy se cierra una etapa de lucha nuestra por la libertad de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos, y no vamos a claudicar y no vamos a descansar hasta lograr
su libertad y la presentación de nuestros compañeros.
Se encuentra con nosotros la compañera Rosario Ibarra de Piedra, una mujer que, como dijo el compañero diputado José Dolores, busca a sus hijos, a más de quinientos trece, representa en estos momentos a la madre, al familiar que no se detiene hasta lograr que su hijo y sus hijos sean presentados.
Creo que mínimamente esta Asamblea debe entender el dolor que representan esas madres y familiares que mínimamente deben escuchar a esta mujer que obtuvo más de 400 mil votos y que, sin embargo, no está entre nosotros cuando así debía de ser.
Pido, señor Presidente, que consulte a través de la Secretaría a la Asamblea, si permite que la compañera Rosario Ibarra de Piedra, haga uso de esta tribuna.
El C. Presidente: - Desechada, señor diputado, el Reglamento así lo expide, es sesión de Cámara de Diputados.
El mismo C. Héctor Sánchez López: - Está desechada, cuando creemos de que la señora Rosario tiene más méritos para estar acá que muchos diputados, son 400 mil votos que tuvo la compañera Rosario Ibarra, la diputada sin curul.
En este sentido, señores diputados, nosotros les decimos que esto no es más que una posposición de nuestra lucha, y que la seguiremos dando hasta lograr la libertad de nuestros compañeros, ¡presos políticos libertad, y desaparecidos presentación!
MENSAJE DE LA PRESIDENCIA
El C. Presidente: - Hoy termina el primer mes de trabajo del tercer periodo ordinario de sesiones de la LII Legislatura. Primer mes en el que se puso de manifiesto una vez más, la apertura democrática que ha caracterizado a la máxima tribuna del país. Aquí se ha dado un ejemplo, en esta tribuna se originaron críticas, opiniones, iniciativas, proposiciones, acciones todas que finalmente formarán la vida nacional. Participación activa de todos los partidos que inciden de esta Cámara, exposición de todas las ideas sin cortapisa, sin más límite que el respeto, que nos debemos todas las corporaciones de la nación y el respeto que le debemos a este recinto parlamentario.
Libertad de expresión, libertad total de proposición, apertura de comisiones y toda la posibilidad de participación, es lo que ha caracterizado a este primer tramo de la etapa final de la legislación.
Mención especial de la directiva que hoy termina, merecen los medios de comunicación, la prensa, el cine, la radio, la televisión, que han dado una gran dimensión a las labores de la legislatura, llevando al pueblo, al pueblo que eligió a sus representantes, visión de una Cámara de Diputados actuante, participativa, pluripartidista, pero coincidente en lo fundamental, y lo fundamental, señores, es México. México, su independencia, sus libertades, sus valores nacionales y sobre todo, su soberanía.
Señores diputados, el día 1o. de septiembre, en esta misma tribuna, decíamos que el Congreso iniciaba su labor en un clima de completa libertad que ha prevalecido en la LII Legislatura. Con el análisis del informe participarán en él todos los partidos representados con diversidad de criterios, clarificando conceptos, profundizando posiciones y, ¿por qué no? quizá cuestionando acciones, pero seguramente dentro de un marco de altura, dignidad y claridad en el debate, y así ocurrió.
Por su participación, por su respeto a la investidura parlamentaria, por la dignidad y altura de los debates, nuestro reconocimiento más sentido y respetuoso, muchas gracias.
El C. Presidente: - Señor Secretario, continúe con los asuntos en cartera.
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas:
- Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
El mismo C. Secretario:
"Tercer Periodo Ordinario de Sesiones.
'LII' Legislatura.
Orden del día.
2 de octubre de 1984.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que con motivo del LXXIV aniversario de la proclamación del Plan de San Luis, que tendrá lugar el 5 de octubre.
Comunicación del Congreso del estado de Hidalgo.
Oficio de la H. Cámara de Senadores, por el que comunican los nombres del presidente y vicepresidentes para el mes de octubre.
Iniciativa del Congreso del estado de Michoacán
Para que inscriba con letras de oro, en los muros interiores del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre del general Francisco J. Múgica.
Minutas
Con Proyecto de decreto, que reforma la fracción I del artículo 20 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con proyecto de Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de México.
Dictamen de primera lectura.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a la C. Cecilia Aurora Martínez Cairo para prestar servicios como secretaria en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de la Embajada de Francia en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Salubridad y Asistencia, con proyecto de decreto, para abrogar la ley que creó el Centro Materno Infantil 'General Maximino Avila Camacho'.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a los CC. Miriam Fuhrman de Chayo, Benito Gritzewsky Sissa, Elena Margarita Méndez Buelna, Silvia L. Saad, Gina Sacal Grego, Rosa Samra Mizrahi, Martha Szniger de Melamed, Linda Weintraub Groswirt, Pablo Ramos Canales y Teresa Manuela Zoperanes Sánchez para prestar servicios en la Embajada del Estado de Israel en México.
Sesión secreta"
El C. Presidente (a las 17:30 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes, 2 de octubre, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES