Legislatura LIII - Año I - Período Extraordinario - Fecha 19860416 - Número de Diario 4
(L53A1P1eN004F19860416.xml)Núm. Diario:4ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921.
AÑO I México, D. F., miércoles 16 de abril de 1986 NÚM. 4.
PERÍODO EXTRAORDINARIO
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LAS SESIONES
La presidencia hace aclaraciones sobre este particular y contesta una interpelación del C. Juan de Dios Castro Lozano.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Se aprueba
AGRESIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A LIBIA
El C. Pedro José Peñaloza comenta este hecho
MOCIÓN SUSPENSIVA
Presentada por el C. Humberto Ramírez Rebolledo, a la lectura del dictamen relativo a la Ley del Seguro Social. Se desecha.
AGRESIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A LIBIA
Nuevamente se trata este asunto. Hacen comentarios en torno a él, los ciudadanos Jesús Heriberto Noriega Cantú, Reyes Fuentes García, Juan Manuel Lucía Escalera, Alejandro Gascón Mercado, Heberto Castillo Martínez, Leopoldo Arturo Whaley Martínez, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Jesús González Schmal, Roberto Calderón Tinoco, Martín Tavira Urióstegui y Juan José Bremer Martino.
MOCIÓN SUSPENSIVA Y PROPUESTA DE COMPARECENCIA
Nuevamente se presenta otra moción suspensiva en relación a la Ley del Seguro Social que presenta el C. Ricardo Francisco García Cervantes, misma que apoya el C. Juan de Dios Castro Lozano que también propone comparezcan los Secretarios de Hacienda y de Programación y Presupuesto. Apoya la propuesta el C. Amado Olvera Castillo; el C. Angel Sergio Guerrero Mier se manifiesta en contra de la moción suspensiva.
Después de las lecturas de los artículos 111, 18, 19, reglamentarios, con base en ellos, en contra de la resolución de la presidencia, intervienen el C. Ricardo Francisco García Cervantes; en pro el C. César Augusto Santiago Ramírez; en contra el C. Juan de Dios Castro Lozano; en pro el C. Santiago Oñate Laborde; para hechos el C. Jesús González Schmal y para alusiones el C. Oñate Laborde. Se aprueba la resolución de la presidencia. Para hechos hablan los ciudadanos Jorge Eugenio Ortiz Gallegos y Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
Respecto a la propuesta de comparecencia del diputado Castro Lozano, intervienen en contra el C. César Augusto Santiago Ramírez y en
pro, el C. Humberto Ramírez Rebolledo. Se desecha.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
LEY DEL SEGURO SOCIAL
Proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 111, 115, 177 y 178 de dicha ley.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
LEY SOBRE EL RÉGIMEN EN PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Proyecto de decreto que adiciona con un capítulo VIII la ley citada.
A discusión en lo general. Intervienen los ciudadanos, para fundamentar el dictamen Francisco Berlín Valenzuela; en contra Efraín Calvo Zarco; para un voto particular del PST Beatriz Gallardo Macías; en pro, Lulio Valenzuela Herrera; para alusiones, Calvo Zarco; en contra, Manuel Terrazas Guerrero y Manuel Fernández Flores; en pro, Leonardo Durán Juárez; en contra Eduardo Valle Espinosa; en pro, María Emilia Farías; para hechos, Valle Espinosa.
Siguen, como miembros de la comisión Manuel Terrazas Guerrero que propone regrese el dictamen a comisión; en contra de la propuesta, Francisco Berlín Valenzuela; para alusiones, Terrazas Guerrero; para hechos, Eduardo Valle Espinosa y para aclaraciones, Berlín Valenzuela. Se desecha.
Finalmente hablan, como miembro de la comisión, Efraín Calvo Zarco y para hechos, Eduardo Valle Espinosa. Se aprueba al igual que los artículos no impugnados.
A discusión en lo particular. A debate los artículos 47 al 50. Intervienen los ciudadanos, para modificaciones al 47, 48 y 49 que se desechan, Efraín Calvo Zarco. Para una supresión al 48 y modificaciones al 49 y 50 que se desechan, Sergio Meza López. en contra del 48 y 49, Carlos Arturo Acosta González. Se aprueban en sus términos. Pasa al senado.
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. JESÚS MURILLO KARAM
(Asistencia de 313 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. Presidente (a las 17:45 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La C. Secretaria Consuelo Botello de Flores:
«Cámara de Diputados. Primer Período extraordinario de sesiones del primer receso de la LIII Legislatura.
Orden del día
16 de abril de 1986.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 114, 115, 177 y 178 de la ley del Seguro Social.
Dictamen a discusión
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que adiciona con un capítulo VIII
la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.»
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LAS SESIONES
El C. Presidente: - Señores diputados, la expresión de las corrientes ideológicas representadas en esta cámara, está garantizada por la Constitución General de la República. Es en consecuencia, obligación de la Presidencia, hacer valer este derecho, y es criterio personal, producto de vieja vocación republicana, que siempre será la libertad la forma superior de convivencia.
Por ello, esta presidencia considera oportuno dejar asentado en forma clara, precisa y contundente, que el derecho de expresión de los señores diputados, no sólo no será coartado, sino cumpliendo con la obligación y con la vocación, será respetado y defendido en el curso de los debates de este período.
En el ejercicio de la democracia, podrá haber confusiones e interpretaciones diversas, pero deberán campear como normas supremas de conducta, el respeto a la ley, la intención de justicia y el más profundo sentido democrático, solamente limitado por este mismo sentido. Muchas gracias. (Aplausos.)
Continúe la secretaría con el acta de la sesión anterior.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente, si me permite, el aplauso de la asamblea implica una aceptación a sus palabras ¿Lo que acaba de exponer significa que la presidencia incurrió en un quebrantamiento de la libertad de expresión en la parte final de la sesión anterior?
El C. Presidente: - No señor, no significa. Continúe la secretaría.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El C. secretario Juan Moisés Calleja García.
"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día quince de abril de mil novecientos ochenta y seis.
Presidencia del C. Jesús Murillo Karam
En la ciudad de México, a las once horas y quince minutos del martes quince de abril de mil novecientos ochenta y seis, con asistencia de trescientos treinta y un ciudadanos diputados, la presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día.
La presidencia da lectura a una solicitud presentada por la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados, a fin de que se retire del orden del día el dictamen relativo al proyecto de Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
La asamblea en votación económica aprueba la proposición. Se retira el dictamen.
La presidencia informa a la asamblea que se encuentra en el recinto una comisión de la H. Cámara de Senadores. Para introducirla al salón de sesiones, designa en comisión a los ciudadanos Guillermo Fonseca Alvarez y Demetrio Ruiz Malerva.
Una vez que la comisión cumple con su cometido, hace uso de la tribuna el C. senador Alejandro Sobarzo Loaiza, Presidente de la Comisión de la H. Colegisladora, comunicando que el H. senado de la República quedó debidamente instalado para funcionar durante el primer período extraordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio de la Quincuagésima Tercer Legislatura del H. Congreso de la Unión y hace consideraciones sobre la importancia que entraña este período extraordinario de sesiones.
La presidencia expresa que la Cámara de Diputados ha quedado enterada de la instalación de la H. Colegisladora y a nombre de esta cámara, envía un afectuoso saludo a los integrantes del Senado de la República.
La misma comisión que introdujo a los señores senadores los acompaña a retirarse del salón.
Se continúa con los asuntos en cartera:
Lectura del acta de la sesión anterior llevada a cabo el día de ayer, misma que sin discusión se aprueba.
Encontrándose en el recinto los ciudadanos Maclovio Bedoya Rico, Gorgonio Meza Ramos, Pedro Sánchez Arrieta y Alejandro Encinas Rodríguez, diputados suplentes por los distritos primero de Campeche, noveno de Sinaloa, décimo
de Veracruz y quinta circunscripción, respectivamente, la presidencia designa en comisión para que los introduzcan al salón y les acompañen en el acto de rendir la protesta de rigor, a los ciudadanos Juan Maldonado Pereda, Eraclio Zepeda Ramos y María Luisa Solís Payán.
Una vez que al comisión cumple con su cometido, los ciudadanos Maclovio Bedoya Rico, Gorgonio Meza Ramos, Pedro Sánchez Arrieta y Alejandro Encinas Rodríguez, rinden la protesta de Ley como diputados en funciones.
Oficio de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, por el que comunica que, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turnaron a comisión las siguientes iniciativas:
Ley Federal de las entidades paraestatales. A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública. A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Reformas a la Ley del Seguro Social. A la Comisión de Seguridad Social.
Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales. A la Comisión de Hacienda y Crédito Público. De enterado.
Oficio de la H. Cámara de Senadores por el que comunica la elección de la mesa directiva que funcionará durante el período extraordinario de sesiones. De enterado.
Dictamen de primera lectura:
Con proyecto de decreto que adiciona la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
La presidencia manifiesta a varios ciudadanos diputados que solicitaron el uso de la palabra para hechos, que los temas a tratar en el período extraordinario de sesiones, por disposición constitucional, son los exclusivos para los que éste fue convocado, quedando en todo caso y conforme al acuerdo parlamentario aprobado y propuesto por todas las fracciones parlamentarias, el foro de la comisión permanente, para tratar cualquier otro asunto.
A las doce horas se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana, dieciséis de abril, a las diecisiete horas".
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra. en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor presidente.
AGRESIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A LIBIA
El C. Pedro José Peñaloza: - Pido la palabra, señor presidente.
El C. Presidente: - ¿Con qué objeto, señor diputado?
El C. Pedro José Peñaloza: Para hacer algunas consideraciones que interesan a la Cámara.
El C. Presidente: - Tiene usted la palabra.
El C. Pedro José Peñaloza: - Señores diputados; señoras diputadas: Ha sido de conocimiento general que la agresión que perpetró el gobierno norteamericano contra el pueblo de Libia - no se si haya aquí delegados de Norteamérica, para que hagan eso -. De tal suerte, que el Gobierno de Reagan, bajo el pretexto de que Libia exporta el terrorismo mundial, ha lanzado y concretó un operativo criminal contra el pequeño pueblo de Libia, que ha dejado como secuela: indignación y coraje entre la absoluta mayoría de los países de orden.
Y no es para menos. Reagan ha ratificado que es el principal terrorista del mundo y que no está dispuesto a escatimar recursos para agredir a aquellos pueblos que buscan su liberación y que actúan de manera independiente a los dictados de la Casa Blanca.
La administración reganiana utilizó un dispositivo altamente especializado, en el que participaron 33 aviones de combate de largo y mediano alcance; 18 bombardeos FB - 111 que partieron de bases de Gran Bretaña y 15 casabombarderos A - 6 y A - 7 que lo hicieron de los portaaviones Coral C A y América que navegan en el Mediterráneo. Este ataque duró aproximadamente media hora.
En esta acción preventiva, llamada por Reagan se utilizaron bombas de precisión de unos 225 y 900 kilogramos, dirigidos por rayos láser, destruyendo, según la versión norteamericana, sistemas de defensa antiaérea, así como parte de
la infraestructura Libia, los sistemas de Comando Central de Inteligencia. Comunicaciones y Logística. Por su parte, radio Trípoli denunció que el ataque ordenado por Reagan afectó barrios civiles y populosos de Trípoli y cientos de civiles, en su mayoría extranjeros. había perecido.
Reagan, después de su ataque, ha dicho que solamente ha sido el inicio de una larga batalla antiterrorista y cuya visión genocida ha sido apoyada por todo el Congreso norteamericano, repito, todo el Congreso norteamericano con lo cual se confirma que los demócratas no son consecuentes opositores a la línea guerrerista de Reagan, solamente opositores de formas.
Sin embargo, Reagan no las tiene todas consigo, sus aliados europeos no apoyan el ataque a Libia, excepto la inefable Margaret Tatcher, que ha manifestado su simpatía y su apoyo por este criminal atentando contra el pueblo Libio; e incluso se ha fortalecido la unidad de los países árabes en contra de esta acción genocida.
Es perfectamente claro, entonces, que la estrategia político - militar del gobierno norteamericano busca escalar posiciones e intimidar a regiones que representan, según la lógica, peligro para los intereses de Estados Unidos. Y en ese diagnóstico seguramente está el área centroamericana como parte de un plan que busca ejemplificar con la agresión a Libia una advertencia evidente de las posibilidades reales de una acción directa contra la revolución nicaragüense.
Por eso resulta injustificable la actitud inmovilista y pasiva del Gobierno de México al no adoptar ninguna condena al bombardeo norteamericano. Temor, conservadurismo o falta de comprensión integral de la crisis. Muchas gracias.
MOCIÓN SUSPENSIVA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Humberto Enrique Ramírez Rebolledo.
El C. Humberto E. Ramírez Rebolledo: - Compañeros diputados. Su servidor, a nombre de los que suscribimos una proposición que me voy a permitir leer.
«H. Cámara de Diputados. Presente
Los que suscriben, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, atenta y respetuosamente comparecemos a esta asamblea, para plantear una moción suspensiva, por lo que se refiere a la primera lectura del dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 114, 115, 177 y 178 de la Ley del Seguro Social.
Fundamos nuestra solicitud en la imperiosa necesidad de que esta asamblea legislativa obtenga del Ejecutivo Federal toda la información pertinente sobre el destino que se dará a las cantidades de dinero que dejará de erogar el Gobierno Federal, inicialmente destinada al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Consideramos necesario advertir que estamos solicitando suspensión de la lectura del dictamen, no suspensión de su discusión, por lo que en la especie, no se surten las hipótesis previstas en los artículos 109, 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
México, D.F. 16 de abril de 1986.
Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Dejo esta proposición a la secretaría.
El C. Presidente: - Señor secretario, sírvase poner en consideración de la asamblea la moción suspensiva propuesta por el diputado de Acción Nacional.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Por indicaciones de la Presidencia, y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite o se rechaza la proposición que se acaba de leer.
Los que estén porque se admita, sírvanse manifestarlo., los que estén porque sea rechazada, sírvase manifestarlo... Rechazada, señor presidente.
AGRESIÓN DE LOS E.U.A. A LIBIA
El C. Presidente: Tiene la palabra, para hechos, el señor diputado Jesús Heriberto Noriega Cantú.
El C. Jesús Heriberto Noriega Cantú: - Compañeras y compañeros diputados: Por el respeto que ha ratificado la libertad de expresión al inicio de esta sesión, el señor presidente de la Cámara, espero tener su permiso ya que en la sesión del día de ayer esta representación popular mantuvo un silencio obligado ante los actos de piratería internacional ordenados por el presidente Reagan, en contra de un país soberano desde el mayor santuario del terrorismo mundial: la Casa Blanca.
Fue un silencio obligado, pero no porque en esta Cámara de Diputados no se comprendiera la gravedad de esta agresión armada que viola flagrantemente el derecho internacional o porque no se tuviera la firme decisión de condenar estos actos de terrorismo de Estado que ponen en riesgo la seguridad de la región y que deja en total indefensión a los países soberanos pequeños frente a la potencia imperialista, frenando con ello cualquier avance a favor de la paz mundial.
No, compañeros diputados, no fue ninguna de estas razones las que nos han llevado el día de hoy a probar una declaración conjunta, simplemente se trató de una actitud intolerante y prepotente del compañero presidente de esta cámara, de su desafío y nulo respeto a nuestro derecho irrenunciable a expresarnos, a una interpretación muy, pero muy limitada, del acuerdo a que se llevó de práctica parlamentaria para este período extraordinario. Es decir, la aún tardía reacción de la Cámara de Diputados frente a un conflicto que pone en riesgo la paz mundial, se debió a la negativa del presidente de la misma para que se analizara y se fijara posición en este asunto tan importante para nuestra comunidad internacional.
Pese a que existen acuerdos concretos respecto a los asuntos a tratar en este período extraordinario de sesiones y del funcionamiento de la Comisión Permanente, debe entenderse que esta representación popular reunida en sesión plenaria no puede sustraerse a tomar posesión frente a los acontecimientos que afectan a nuestra nación en lo interno y lo internacional. Esa es nuestra responsabilidad. No estamos dispuestos a renunciar a ella. Esperamos que nunca más se vuelva a dar el caso en que se niegue el uso de la palabra a un diputado mexicano en su propio recinto parlamentario, pues de ser así, cualquier mesa directiva, prohijadora de la mordaza a la libertad de expresión, vería erosionada su autoridad y estaría imposibilitada a seguir ocupando el cargo en una cámara plural.
En horabuena, pues, porque al inicio de esta sesión se haya ratificado la votación democrática del compañero presidente de la cámara.
Por otro lado, respecto al asunto vital para los interiores de la comunidad internacional que está motivando una reacción enérgica de esta Cámara de Diputados, deseo expresar lo siguiente a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores. A finales del mes de diciembre del año pasado, con motivo del acto terrorista perpetrado en el aeropuerto Fiumicino de Roma, en el que incluso perdieron la vida dos compatriotas nuestros. Las 9 fracciones parlamentarias representadas en esta Legislatura, coincidimos de expresar nuestra más enérgica condena a estos actos injustificados y reprobables que en nada contribuyen a las supuestas causas reivindicatorias que pudieran esgrimir estos grupos que han sido, por lo demás, deslegitimados por los auténticos representantes del pueblo árabe y que sí en cambio socavan y minan cualquier esfuerzo de paz en esta región del planeta.
De entonces a la fecha se han recrudecido estos actos terroristas, planteándose, incluso, la hipótesis de que sus acciones hubiesen alcanzado recientemente a nuestro país con el propósito de involucrarnos en la estrategia norteamericana y debilitar nuestra firme posición de buscar solución pacífica a los conflictos regionales. Reafirmamos, sin reserva alguna, nuestra más severa condena al terrorismo internacional que provoca indiscriminadamente la muerte de seres inocentes, es responsabilidad nuestra condenarle donde se presente, sí, pero es responsabilidad nuestra también no caer en la burla manipulación de la administración del Presidente Reagan que busca aprovechar la justa indignación y repudió que causan en la opinión pública mundial los actos realizados por estos grupos de provocadores para pretender justificar lo injustificable, la agresión armada, primero naval hoy aérea a un país soberano, que vuelve a ampliar esta nada novedosa táctica en contra de los gobiernos que no son gratos a los ojos del gobierno estadounidense, que no responden a sus intereses y que no se ponen de hojosos a sus pretensiones hegemónicas, buscando inculparlos de promover y fomentar el terrorismo internacional. Cuando la historia demuestra que el imperialismo norteamericano con su política intervencionista busca desestabilizar a los gobiernos legalmente constituidos y que es a través de la Agencia Central de Inteligencia que prepara y financia muchas veces estos grupos.
No bastaron al Presidente Reagan las sanciones políticas y económicas impuestas contra Libia, que no fueron por cierto secundadas por todos sus aliados, tampoco bastó su verbalismo belicista y ha dado paso a la incursión armada y a la agresión directa, al lenguaje de las bombas, a un abierto terrorismo de Estado burdamente embozado como un pretendido acta de defensa propia de los Estados Unidos. Condenamos esta escala de agresiones contra Libia y el grave precedente de la incursión naval armada de la Sexta flota norteamericana en el Golfo de Sidra, porque viola el Tratado Internacional que reconoce los derechos soberanos de los Estados sobre el mar patrimonial. Derecho que reiteradamente viola y se ha negado a reconocer el gobierno estadounidense. Sin embargo, ante estos nuevos ataques aéreos de la
potencia imperealista, al bombardear ciudades libias que no sólo tuvo objetivos militares, sino también civiles, surgen signos alentadores que son ejemplo incipiente, tal vez de la firme, voluntad de quienes desean contribuir el establecimiento de un verdadero clima de paz mundial, de vigencia plena del Derecho Internacional buscando nuevos caminos para la solución pacífica de las controversias.
Por un lado, el revés diplomático que ha recibido el gobierno norteamericano por la mayoría de los gobiernos europeos ante sus intentos de utilizar sus bases militares para atacar Libia, lo que le lleva a tener que refugiarse en sus portaaviones para agredir a los pueblos.
El apoyo que los 21 miembros de la Liga Árabe han dado a Libia y el repudio generalizado ante esta agresión armada que amenaza la paz y seguridad del Mediterráneo, el compromiso hoy para los países democráticos legítimos y soberanos del mundo entero, es el de sumar esfuerzos para detener la agudización del conflicto, recurriendo urgentemente a los foros mundiales y regionales, que han surgido además organismos de países al calor de los conflictos regionales como es el caso de Centroamérica, para que juntos impidamos que la suma de conflictos regionales disminuyan aún más los anhelos de paz mundial. Y México representando en esta soberanía, tiene que elevar su voz para que la comunidad internacional cierre filas para defender la convivencia pacífica del mundo. Tenemos derecho a existir como nación. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Reyes Fuentes García.
El C. Reyes Fuentes García: - Compañeros diputados; señoras y señores: Como es del dominio público, el 14 de abril, en la madrugada, un pueblo independiente, un pueblo soberano, una nación libre, sufrió la agresión priísta injustificada y criminal de la Fuerza Aérea Norteamericana. Ordenaron la agresión en dos o tres ocasiones, aviones cargados de bombas, metralletas y muerte volaron sobre el territorio independiente de Libia, bombardearon a la capital Trípoli, Bengasi y la base aérea de Medina, informan los noticieros.
Ningún pretexto como el que esgrime el Presidente de los Estados Unidos es válido para justificar esta condenable agresión al territorio y al pueblo libio; asesinar, sembrar el terror, intimidar a la nación independiente fue el claro objetivo del Presidente Ronald Reagan y del capital financiero monopolista y guerrerista que lo maneja y a quien sirve.
Mentira que este acto agresivo y militar es para favorecer el pueblo norteamericano; mentira que esta agresión militar y bélica a un pueblo independiente y soberano que con dignidad no acepta la dominación norteamericana, es respuesta al terrorismo; el terrorismo es condenable porque es anarquismo y no acto revolucionario ni nacionalista. Por lo mismo es condenable el terrorismo en cualesquiera de sus manifestaciones, promuévalas quien las promueva, vengan de quien vengan, pero agresión injustificada es la que el gobierno de los Estados Unidos acaba de realizar contra la nación y el pueblo libio.
La agresión a Libia es condenable por toda la humanidad y por la gran mayoría de las naciones que defienden la independencia y la soberanía nacional.
Los pueblos portadores de la paz, de la libertad y de la democracia, con su protesta contra la agresión a Libia, han de demandar la terminación de esta agresión, luchar porque no se repitan actos intimidatorios y de terrorismo como el que ha practicado contra la nación libia el gobierno norteamericano.
Dicen los comunicados que sólo la pérfida Albión, que sólo Inglaterra permitió la salida de los aviones de sus pases para poder bombardear a Libia, ¿por que? Porque Inglaterra es un imperio decadente de deuda con los Estados Unidos, dependiente cada día más de los Estados Unidos, por eso autorizó la salida de los aviones de sus bases.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana condena la agresión norteamericana al pueblo libio, se suma el clamor mundial contra este acto terrorista de Mr. Reagan, se solidariza con la nación libia y su pueblo que en su dolor por la pérdida de vidas, pide a esta LIII Legislatura del Congreso de la Unión lo siguiente:
Primero, Que el Congreso de la Unión condene, la LIII Legislatura condene, públicamente, la agresión norteamericana a la nación libia.
Segundo. Que acuerde pedir al señor Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid, que el Gobierno de México fije su posición, se pronuncia por la inmediata reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, para que este organismo condene la agresión de Estados Unidos a Libia, evitando en lo futuro que actos terroristas de esta naturaleza vuelvan a repetirse. Muchas gracias. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Juan Manuel Lucia Escalera.
El C. Juan Manuel Lucia Escalera: - Con su venía, señor presidente, compañeros diputados: Nuestro país es independientemente y ha llevado la postura de no meterse en otras naciones.
Venimos a atacar aquí a una nación que es muy separada de nosotros, que fue a atacar a otra nación, pero hace aproximadamente 4 meses, ninguno de nosotros levantó la voz y la protesta por el asesinato de dos damas mexicanas ¿Quiénes fueron los que pusieron la bomba dentro del avión a estas damas mexicanas?
Posteriormente en Italia, más grave aún: a nuestro agregado militar, sin deberla ni temerla, lo balearon. Quiero preguntar a mis compañeros diputados si estas personas mexicanas no tenían el derecho de defenderlas.
Compañeros mexicanos, compañeros diputados, primero debe ser México y siempre México. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alejandro Gascón Mercado.
El C. Alejandro Gascón Mercado: - Señoras y señores diputados. Para mi es motivo de preocupación la forma en que hemos tomado los acontecimientos que se dieron en Libia. Me parece que estamos viendo estos hechos con una gran superficialidad, no los estamos valorando en su justa medida y esto naturalmente nos coloca en estado de indefensión.
Yo no creo que esto pudiera calificarse como un hecho intrascendente alrededor del cual los señores diputados debiera colocarse en forma simplista en una o en otra posición. Entiendo que si esto se hubiera dado hace algún tiempo, los mexicanos de manera unánime hubiéramos rechazado esta agresión, pero evidentemente que estamos involucionando, y ahora actos de piratería tan graves como el que ha sucedido en Libia se presta a pequeños jaloneos de carácter político, como si estuviéramos tratando un fraude cotidiano en la vida municipal del país.
Yo creo que nosotros tenemos que reflexionar, estamos muy preocupados por algunas cuestiones de carácter reglamentario, ¿pero de que nos va a servir esto si está en peligro la paz del mundo? Nosotros tenemos, sobre todo, que defender el derecho a la vida, porque frente a esto todo lo demás es secundario, y evidentemente que el ataque a Libia por parte del gobierno norteamericano, pone en peligro la paz mundial.
Está muy claro que si no fuera por la sensatez de los revolucionarios del mundo y particularmente de las fuerzas democráticas y los países socialistas francamente se correrían muy graves riesgos. Si se actuara con la misma ligereza y frivolidad y actitud verdaderamente irracional con lo que lo hace el gobierno norteamericano, hace mucho tiempo que se hubiera dado la tercera guerra mundial. Y todos sabemos que la Tercera guerra mundial sería la última guerra, no habría otra. La humanidad está en peligro y frente a eso, estamos viendo como asunto de politiquería en este recinto, los acontecimientos de Libia.
¿De qué se trataba? Evidentemente que el gobierno norteamericano, su presidente, trataba de asesinar al coronel Kadhafi, todo lo indica así. Trataba de asesinar al dirigente de este país para crear condiciones y poder cambiar el rumbo y la política del gobierno de Libia. Eso está claro, porque su espionaje, eficazmente le señaló los lugares donde podría encontrar al coronel Kadhafi.
Por eso están heridos la mayoría de sus familiares y por eso fue asesinada una hija de 15 meses, que no había entrado todavía al terrorismo, que no la pueden acusar de terrorista.
Se trataba de matar a Kadhafi. No había declaración de guerra. ¿Con qué derecho se atacaba este país? Sin embargo, califican esta agresión como una forma de autodefensa. No. Esta es una forma de terrorismo. Pero un terrorismo más grave que el terrorismo que cometen los individuos, porque es el terrorismo de un país que con toda alevosía, premeditación y ventaja atenta contra una nación independiente. Estos son los hechos.
¿A dónde nos quiere conducir el Presidente Reagan?
Nos quiere conducir a que aceptemos que puede bombardear la casa de Daniel Ortega, Presidente de la República de Nicaragua, a intervenir en Nicaragua o que se puede intervenir en El Salvador; o que pueda intervenir en Cuba y ya en el plan de que aceptemos la locura de este hombre como una cosa normal, bueno, pues, todos los pueblos vamos a seguir reaccionando sin tomar posiciones en la lucha por la paz mundial, que es lo que debemos garantizar los seres humanos de nuestro tiempo, porque lo demás, como decía y repito, es secundario.
Señores diputados: no nos hemos podido poner de acuerdo en un documento común, que esta cámara pudiera aprobar condenando la agresión. Eso es el reflejo de nuestra involución política. eso es el reflejo de que por este camino vamos a aceptar cualquier cosa de los norteamericanos, así bombardeen los Pinos y pudiera morir alguno de los hijos del Presidente de México. vamos por un
camino que de verdad está destruyendo lo que los mexicanos habíamos construido al paso de los siglos, al paso del tiempo.
Por eso yo abordé la tribuna simplemente para hacer notar una cosa, ¿vamos a aceptar ya, que todo lo que diga Reagan es lo que tenemos que hacer los mexicanos?
Ya nos metieron en una deuda extraordinaria que no queremos nosotros repudiar porque es ilegítima, inmoral y que ha sometido a nuestro pueblo grandes sacrificios; ahora también estamos renunciando no sólo a nuestra vida material, estamos renunciando a nuestra vida material, estamos renunciando a nuestra vida espiritual con esta actitud tan contraria a las tradiciones políticas de México. Yo creo que si queremos ser congruentes con Morelos, con Juárez, con Hidalgo, con nuestros próceres, debiéramos rechazar la actitud de este hombre demente que desgraciadamente tiene tanto poder en el mundo. ¿Por qué? Todos los hombres, cualquiera que sea su ideología, cualquiera que sea su posición política, cualquiera que sea su religión, está obligado a preservar a la humanidad para los terrícolas de hoy y los de mañana. Y las locuras de cualquiera donde quiera que se encuentre no pueden sujetar a los hombres de nuestro tiempo.
Yo entiendo, señores diputados, que nuestra actitud debería ser otra muy diferentes a la que hemos asumido.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Heberto Castillo Martínez.
El C. Heberto Castillo Martínez: - Señor presidente, compañeras y compañeros diputados: Hemos solicitado, a nombre del Partido Mexicano de los Trabajadores, el uso de la palabra porque consideramos necesario que la Cámara de Diputados en este período extraordinario de sesiones se pronuncia de alguna manera en contra de la violencia que avanza en el mundo. Ya hemos conocido en otro ámbito la opinión de compañeros legisladores y pensamos que es urgente llegar a un acuerdo. Consideramos necesarios dejar sentadas aquí algunas tesis porque pudieran señalar el camino para lograr que los mexicanos todos levantemos la voz en contra de la violencia, cualquiera que sea su origen.
La violencia utilizada para dirimir querellas entre naciones y entre grupos étnicos o grupos religiosos, no es el camino para avanzar en la convivencia de la especie, el uso de esta violencia, pero no podemos nosotros dejar que se equiparen, que se igualen los actos de terrorismo. Unos son los actos de terrorismo que se cometen por grupos políticos o grupos religioso en contra de ciudadanos y otros son los actos de terror que se cometen desde los gobiernos de los diversos estados.
Ciertamente, preocupa en el mundo que un avión estalle, víctima de una bomba colocada por terroristas, preocupa que una biblioteca sea incendiada, un centro nocturno o un hotel; preocupa que el terrorismo se practique así, segando la vida de inocentes; y es obligación de todos los seres humanos buscar las maneras para detener esa delincuencia. Pero condenar en igualdad de condiciones el terrorismo que practican esos grupos, el terrorismo que practican algunos gobiernos, es inadmisible.
México ha sido una nación que ha defendido, en todos los ámbitos el derecho de los pueblos, a darse la forma de gobierno que más convenga a sus intereses y a reclamar el respeto irrestricto a su derecho a determinar las formas de gobierno que más nos conviene. Este es un principio que debemos defender en todos los foros, en todas las instancias.
México, por otro lado, es un país que atraviesa una situación crítica muy especial. Estamos sometidos a presiones económicas muy fuertes, estamos sufriendo la baja del precio del petróleo que desploma nuestros ingresos a niveles que no habíamos imaginado el año pasado y esta situación económica nos hace ser débiles ante embates de políticas también económicas de otras naciones.
Debe quedar claro que tenemos la obligación de levantar la voz contra todo acto de violencia que ejerza un gobierno contra un pueblo determinado.
Entonces, no es el caso aquí que se trate del gobierno de los Estados Unidos específicamente. Podría ser cualquier otro. El problema grave es que la escala de terror que ha ejercido el gobierno de los Estados Unidos es algo que no puede negar nadie. Se ha llegado al extremo de un parlamento de un país decidirse cómo se apoya la agresión terrorista en otro país. Se ha llegado al extremo de que se aprueban partidas presupuestales para financiar las actividades de grupos que están usando la violencia en naciones como Nicaragua, nuestra hermana Nicaragua. Y podemos estar o no de acuerdo con la forma de gobierno que existe en ese país, pero lo que no podemos aceptar, y esto es un hecho que defienden todos los partidos representados en este Congreso, no podemos aceptar que una nación se inmiscuya, tenga injerencia en estos actos lícitos, diríamos, de todo pueblo para cambiar su estructura de gobierno.
No vamos a condenar nosotros las formas violentas que ejercen algunos pueblos para modificar
sus estados de gobierno, porque los hemos ejercido nosotros. Sería ir en contra de nuestra historia, pero no podemos aprobar que ahora se guarde silencio, sea desde la Cámara de Diputados, sea desde el gobierno de la República, ante hechos tan abiertamente conflictivos, terroristas como los que ha vivido en el mundo en las últimas horas.
¿Quién puede negar que el gobierno de Estados Unidos es el causante del bombardeo de Trípoli? ¿Quién puede negar que es el gobierno de Estados Unidos el que ha masacrado a la población civil de Libia, que ha asesinado a criaturas inocentes? ¿Quién lo puede negar si el propio dirigente de ese gobierno lo ha declarado abiertamente por la radio, la televisión y todos los medios a su alcance? Esto no puede estar a discusión. Pero poner en el mismo paquete a este terrorismo de Estado con el terrorismo que practican algunos grupos, atribuyéndoles a determinados gobiernos el origen de esos actos de terror, esto no es compatible con la más elemental racionalidad. No es compatible.
Nosotros estamos preocupados porque en México surjan grupos políticos, llámense como se llamen, estén representados o no en el Congreso de la Unión que se embosquen en planteamientos democráticos pero que están solicitando el apoyo de los grupos terroristas que practican el terrorismo desde el Gobierno de los Estados Unidos. Y no estamos descubriendo el hilo negro ni el agua tibia si decimos que la Agencia Central de Inteligencia y que el FBI, en los Estados Unidos, promueven el terror y promuevan la violencia, como lo han expresado abiertamente en múltiples ocasiones.
Por ello nos preocupa dejar sentado muy claramente que nuestro deseo es que los diputados mexicanos, nuestro deseo es que los senadores mexicanos se pronuncien condenando el terrorismo, ese terrorismo internacional, provenga de donde provenga y que se exija por todos los medios a nuestro alcance para que los tribunales competentes, para que las instancias que existen en el mundo sean las que determinen la culpabilidad de los terroristas que causen daño a la sociedad. Pero de ninguna manera sancionemos con nuestro silencio el que un país, el que un gobierno, cualquiera que sea, se abrogue el derecho a decidir si alguien es culpable y además si ese alguien debe ser ejecutado o condenado por el supuesto delito que se le atribuye. Entonces no es consecuente con la democracia, no es consecuente con el deseo que tenemos al menos expresado por todos los Diputados de este Congreso, de todos los partidos, no es consecuente, decía, el que se propicie ese terrorismo con el silencio cuando nosotros estemos planteando la obligación de dirimir nuestras diferencias con la razón, con los argumentos, con la lucha política, con la presencia de las organizaciones políticas en nuestra patria y en otros territorios. esta situación pudiera parecer teórica para algunos, pero es que vivimos en México, somos vecinos de Estados Unidos, hemos tenido conflictos con esta nación, somos hermanos del pueblo de los Estados Unidos, somos seres humanos como ellos, tenemos que convivir por siempre, no podemos separarnos, estamos unidos fatalmente, pero sabemos bien, y esto es lo que hay que señalar, que en los últimos tiempos los problemas económicos de México nos han hecho depender en exceso de la economía de este país, somos los principales proveedores de petróleo de Estados Unidos de América consecuentemente, cualquier conflicto bélico que asuma la nación del norte, será un conflicto bélico que tiene que tiene que asumir México. Los proveedores de petróleo, los proveedores de gas, son naciones comprometidas siempre en un enfrentamiento bélico. Estaremos siempre en el ojo del huracán. Pero además estamos abriendo las puertas a la inversión extranjera en nuestra patria. Se ha planteado que hacen falta las inversiones extranjeras, que deben llegar. Hay muchas inversiones extranjeras en México, somos una de las naciones con mayores inversiones de Estados Unidos en México. Tenemos una dependencia financiera internacional con una característica marcadamente estadounidense. ¿Y eso que tiene que ver con el terrorismo, dirá alguien? Nada menos que el hecho de que el Presidente de los Estados Unidos declaró a la radio, a la televisión, en su mensaje, reiteradamente, que ese país que representa se abrogue el derecho a defender a sus ciudadanos donde quiera que estén; esto es, que si los ciudadanos de Estados Unidos viven en México y los ciudadanos de Estados Unidos son víctimas de terrorismo en México, de los grupos terroristas, pues también somos entonces, sujetos de su acción penal, también seremos víctimas o podremos serlo, de su iracundia. Esta misma sala donde estamos ahora reunidos, puede ser mañana considerada santuario de terrorismo. Aquí hay compañeros diputados que expresan su simpatía, su relación directa con las ideas del marxismo, del lenismo, del maoísmo, del trotskismo. Estos compañeros en México tienen garantizado su derecho a expresarse y actuar de acuerdo a sus ideas. Pero el señor Reagan considera que éstas son las fuerzas del mal que están penetrando en nuestra patria. Y es más, un grupo de notables entre los cuales se encuentra el presidente municipal de Monterrey, se han declarado aliados, simpatizantes a los planteamientos de Estados Unidos respecto a su preocupación de evitar que proliferen las fuerzas del mal en nuestra patria.
Entonces nos están anunciando, nos están anticipando que en México se pueden tomar represalias, puesto que aquí, esta misma cámara decía, este mismo recinto, es santuario de gentes a las que Estados Unidos considera sus enemigos.
¿Podemos pasar desapercibida esta amenaza? ¿Podemos, a nombre de cualquiera de las ideologías que aquí se profesa, señalar que tiene derecho una nación extranjera a intervenir en sus asuntos y no solamente intervenir sino a condenarnos a muerte a todos aquellos que nos simpaticemos con la forma específica de gobierno que se ejerce en el vecino país del norte.
Alguien dirá que no, que condena toda forma de terrorismo, pero en abstracto, las condenas en abstracto tienen esa desventaja, que sirven para que nadie se sienta aludido, porque una condena en abstracto del terrorismo hace que quienes lo practican desde el Estado, como es el gobierno de Estados Unidos, estén de acuerdo, y que quienes lo practican emboscados y embozados digan que están de acuerdo.
Nosotros tenemos la obligación en México, los legisladores mexicanos de cualquier partido, tenemos la obligación de condenar expresamente los actos de terrorismo que se han dado, y tenemos la obligación también de diferenciar el acto de terrorismo individual como el acto de terrorismo de estado. No es lo mismo condenar a un asesino en lo particular a un ciudadano de cualquier país que cometa un asesinato, a condenar a un estado que agrede y que asesina.
Hay antecedentes, ya en la Primera Guerra Mundial se llegó a la necesidad, muy discutible también, de formar un tribunal de guerra, pero se formó, y nosotros pensamos que estamos en el filo de la navaja, que nuestro silencio, como el silencio de muchos países en el mundo, puede ser el factor que haga que se incline la balanza por la violencia. Se subestima, a menudo, el valor de las palabras y se subestima a menudo el valor de la razón, pero sabemos que en el mundo, en momentos decisivos, es la razón la que ha podido abrir cauce a la supervivencia, cauces a la convivencia de todas las naciones con regímenes políticos distintos.
Desde esta tribuna, compañeros, tenemos que hacer un llamado a los legisladores, diputados y senadores, al gobierno de la República, al Presidente de la República para recordar que el silencio es cómplice, que cuando no se levanta la voz a tiempo se corre el peligro de desaparecer, de sufrir gravísimos daños; pero además de ser cómplice del acto que no se ha condenado.
El terrorismo de Estado es uno de los mayores peligros que afronta ahora nuestra especie. Levantemos la voz en su contra, diferenciémoslo del simple terrorismo particular, individual o de grupo; señalemos la necesidad de que los tribunales internacionales tengan vigencia; que en la medida en que no lo hagamos, esos tribunales se volverán simples instrumentos de manipulación política. Este silencio nuestro le puede quitar una gran validez a la Organización de las Naciones Unidas. Y este silencio nuestro le puede quitar esperanza de vida a la especie humana. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Arturo Whaley Martínez.
El C. Arturo Whaley Martínez: - Señor Presidente: Yo espero que todos entendamos realmente que las naciones múltiples del gobierno norteamericano no son la locura de un viejo decrépito, sino un fenómeno mucho más profundo. Desgraciadamente un fenómeno mucho más profundo, que tiene que ver con el ascenso de una nueva derecha que ha transformado muy rápidamente las relaciones en el mundo entero, porque la agresión de hace 48 horas al pueblo de Libia no es un hecho aislado. Tiene como antecedente directo la que se dio, la invasión directa que se dio contra el pueblo de Granada, hace poco más de un año. Tiene como antecedente la guerra sucia que, desde el inicio de la administración, Reagan se ha dado contra el pueblo de Nicaragua y contra el pueblo de El Salvador; tiene como antecedente la ocupación militar de hecho, que sufre nuestro hermano el pueblo hondureño; porque aquí no se trata de ver a dos partes, sino a un fenómeno en donde este señor, Ronald Rambo, se da el lujo de intervenir a su antojo en todo el mundo, quitando y poniendo dictadores como ha hecho en Haití; cambiando a un pueblo como el norteamericano, que después de la guerra de Vietnam anhela y quería la paz; un pueblo que se ha vuelto a dogmatizar a favor de la guerra, del intervencionismo, del militarismo.
Ese es el fenómeno que estamos viviendo y del cual los hechos de antier son sólo un paso más. Si aquí los compañeros del Partido Acción Nacional no están de acuerdo en condenar los hechos de esta administración, y no les quiere inventar conspiraciones internacionales, sino afinidades ideológicas y políticas expresas, sostenidas con el Partido Republicano, principal expresión partidaria de esta nueva derecha a la que me he referido, y de la cual no están ausentes algunos sectores del partido oficial, como lo demuestra la declaración de San Diego, por ejemplo.
Esto no debe implicar, compañeros, que este Congreso permanezca callado. Hicimos un
esfuerzo, les consta a muchos compañeros diputados, para lograr la unanimidad. No fue posible, porque el Partido Acción Nacional retiró una firma que en principio se había otorgado, por desacuerdo, por mencionar explícitamente la agresión de Estados Unidos contra el pueblo libio.
Y por otro lado, esperamos también, compañeros, que los incidentes que se han venido dando al arrancar estos trabajos extraordinarios, el incidente de ayer en la mañana, los incidentes de ayer en la tarde los que se dieron por la ligereza con que se actuó hoy en la Comisión Permanente, esto no sea lo dominante para impedir que haya una declaración política, si no unánime sí mayoritaria, de lo que siente, piense y ama el pueblo mexicano, que es la lucha por la soberanía de todos los pueblos.
Debemos actuar con la mayor sensibilidad, para darle a la opinión pública mundial la importancia que tiene para detener esta creciente agresión, no sea que esta película o esta pesadilla que estamos viviendo ahora sea dentro de algunos siglos la explicación que les den de cómo se hizo la tercera guerra mundial.
Seamos sensibles, compañeros, asumamos nuestra responsabilidad como representantes de la soberanía nacional y popular. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromudo: - Señor presidente; compañeras y compañeros integrantes de esta representación popular.
Se escuchan algunas voces que de buena fe formulan la pregunta: ¿Qué nos interesa esto a los mexicanos? ¿Por qué preocuparnos de lo acaecido en el Golfo de Sidra, a muchos kilómetros de distancia de nuestro territorio? ¿Por qué ocupar el tiempo y la atención de los parlamentarios mexicanos, examinando un problema como éste? ¿No se tratará de una cuestión de segunda importancia? ¿No deberíamos ocuparnos de cosas más directamente vinculadas a nosotros mismos, como mexicanos?
Esta pregunta planteada así, de buena fe, merece también una explicación de buena fe.
El Golfo de Sidra, que es uno de los lugares donde se concentra en alto grado la atención en el mundo, como se concentra también en la zona de Centroamérica y del Caribe y en otros puntos de la tierra, son sitios donde un pequeño suceso, donde una novedad repentina, aun relativamente pequeña. Pudiera ser la chispa que desencadenara ese hecho terrible, el más grave que nos puede acontecer a nosotros los mexicanos, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos; y no sólo a nosotros los mexicanos; a todos los pobladores del planeta, que sería una tercera guerra mundial y que con el tipo de armamento que ahora existe, con el poder destructivo brutal de este armamento y con la cantidad que hay almacenada, bastaría para desaparecer de la faz de la tierra toda forma de vida. No hay la perspectiva de un problema entre ciertas potencias, donde nosotros pudiéramos ser neutrales espectadores. Nos involucra de un modo muy directo.
Todo mexicano que ame a su patria debe preocuparse por estos problemas. Todo mexicano o todo ser humano que ame a sus hijos, que ame a su familia, que ame a sus semejantes debe preocuparse hondamente, más que por ninguna otra cosa, de tan graves problemas que tenemos que enfrentar, por un problema de esta magnitud: el riesgo de una hecatombe nuclear.
Así pues, estamos frente al problema más grave de todos cuantos podemos enfrentar.
Otra pregunta que suelen hacerse personas de buena fe es ¿Por qué tomar partido? Bien, sí nos interesa el problema desde le punto de vista de lucha por la paz, de evitar una guerra, una guerra nuclear. Pero, ¿por qué tomar partido? ¿Por qué no condenar por parejo a unos y otros? Después de todo Estados Unidos afirma que está defendiéndose, puesto que el gobierno de Libia ha asesinado ciudadanos norteamericanos por medio de la práctica del terrorismo, dice, y entonces, probablemente tan culpables sean unos como otros. Unos, que primero han desarrollado actos de terrorismo donde se han causado pérdidas de vidas humanas, y otros que responden a esta primera agresión con una agresión más directa; también vale la pena explicarlo y sería muy útil que todos nosotros, que todos diputados patriotas, sin vínculo vergonzantes o directos que nos motiven a encubrir a alguna de las parte, a la parte que resultare culpable, sería muy útil que todos nosotros tuviéramos los argumentos a la mano para explicarlo. Vale la pena.
El hecho es fácil de entender. Aquí a menudo hemos escuchado a colegas diputados, algunos expertos en el manejo del derecho, que vienen y argumentan, manejando las tesis del derecho, a veces de manera muy recta y responsable y otras veces torciéndola para defenderse determinados intereses. Pero hay cuestiones muy elementales del derecho. Existe la posibilidad de legítima defensa siempre y cuando, en verdad, exista la flagrante y verdadera agresión.
Nuestro pueblo , el pueblo mexicano tiene experiencias. Nuestro país ha sido agredido de un modo directo muchas veces; en alguna de ellas perdimos más de la mitad de nuestro territorio, y siempre que eso ha ocurrido, siempre que el suelo patrio de los mexicanos ha sido agredido por una potencia extranjera, hemos usado el derecho de defensa, de legítima defensa. En esas condiciones se da el derecho de legítima defensa.
Lo que el gobierno de los Estados Unidos argumenta, se da en circunstancias bien diferentes. El gobierno de los Estados Unidos dice que puesto que en algunos sucesos han perdido la vida, en algunos sucesos violentos, en algunos sucesos de terrorismo, han perdido la vida ciudadanos norteamericanos, entonces el gobierno de los Estados Unidos tiene derecho a ir a bombardear un país cualquiera al que el gobierno de Estados Unidos unilateralmente atribuye la responsabilidad de aquel suceso o aquellos sucesos donde perdieron la vida ciudadanos norteamericanos, y eso nada tiene que ver con la legítima defensa. Si el gobierno de los Estados Unidos tuviera alguna razón, algún argumento sólido, alguna prueba para acusar al gobierno de Libia, o a cualquier otro gobierno del mundo - así como dijo Libia - podría haber dicho el gobierno de México de Miguel de la Madrid, si tuviera algún argumento o alguna prueba, recurriría, conforme a derecho, a los tribunales. Ninguno de los ciudadanos aquí presentes, tiene derecho a decir: ese otro señor que está ahí me infirió un daño y por lo tanto yo tengo el derecho de castigarlo en este momento, así, porque se me ocurra, recurría a los tribunales competentes, como el Tribunal Internacional de La Haya, recurriría al Foro de la Organización de las Naciones Unidas, recurriría incluso, si el asunto fuera de extremada urgencia, al Consejo de Seguridad. No lo hace así, no procede con apego a las normas de derecho internacional, por una razón muy sencilla: porque no tiene ningún argumento sólido ni ninguna prueba, lo único que hay atrás, es una gran campaña de propagandas: Khadafy, igual a terrorismo, se ha repetido una y mil veces y eso no es la primera vez que ocurre, se ha hecho muchas veces en la historia y los seres humanos debemos aprender de la historia. Hasta se ha teorizado sobre ello. Fue aquel señor Goebels, de triste memoria, quien dijo que cuando una mentira se repite miles de veces, acaba por ser creída por la gente. Khadafy igual a terrorismo, dicho mil veces o varias miles de veces, es la única razón en la que se apoya el gobierno de Estados Unidos para tomarse la atribución de ir a bombardear ciudades de un país distinto y causar mortandad de población civil.
Tenemos. pues, dos hechos bien diferenciados, de un lado, una acusación sin prueba, una acusación sin datos ningunos en qué sustentarla, más que una repetición reiterada muchas veces, pero sin respaldo, y de otro lado un hecho a la vista de todo mundo: aviones norteamericanos bombardeando ciudades libias.
Así pues, frente a esos hechos, existe de buena fe, me pregunto, les pregunto a todos ustedes, compañeros diputados, porque este no es problema de los partidos de la izquierda, este es problema de conciencia de todos los seres humanos y de todos los mexicanos patriotas porque también nuestro país está en peligro, como Libia. Pregunto: ¿Existe la posibilidad honesta de ser imparcial, de condenar, por parejo, a unos y a otros o de decir, es problema de ellos y no nos concierne? Definitivamente me parece que no.
Nuestro país, México, ha sufrido en el pasado y en el presente múltiples formas de agresión. El terrorismo, que condenamos con toda energía, no está probado de ninguna manera que lo practique el gobierno libio, y aun si lo practicara, no existe razón para tomar en mano propia el derecho de la sanción o del castigo. Hay tribunales.
El terrorismo, en cambio, sí hay múltiples evidencias de que lo practica el gobierno de los Estados Unidos. La historia lo relata con hechos fehacientes. ¿Quién asesinó al presidente Salvador Allende, de Chile, presidente electo constitucionalmente, llegado al poder por el voto popular? ¿Quién asesinó hace décadas al apóstol de la democracia en México, a don Francisco I Madero? Son múltiples los testimonios de agentes o ex agentes de la policía política de Estados Unidos que publican libros y hacen relatos, con datos, con nombres, con fechas, con lugares, de los múltiples actos de terrorismo, de todo tipo. Magnicidios, robos, bombas, actos de sabotaje, de todo tipo que han causado miles de pérdidas de vidas humanas en todas partes del mundo. Eso lo hace público y notoriamente la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Y lo ha reconocido. En cambio, no hay ningún elemento en ninguna parte para culpar al gobierno de Khadafy.
Y ahora, como lo han dicho otros oradores en la tribuna, se entra a una fase mucho más descarada, mucho más cínica y mucho más peligrosa de terrorismo que es el terrorismo de Estado. Un gobierno que abiertamente, públicamente, como gobierno, ejerce el terrorismo justificándose en nada, justificándose en mentiras repetidas miles de veces; un gobierno que somete a los órganos de gobierno, a su Congreso, el votar recursos para ir a desestabilizar y derrocar a gobiernos de otros países; un gobierno que lanza sus aviones y sus tropas a agredir a otros países, eso
definitivamente ningún mexicano honesto, cualquiera que sea su ideología, ningún patriota, ningún ser humano con sensibilidad puede tolerar ni puede guardar silencio frente a esos hechos. Es de desearse que el gobierno mexicano que se caracteriza, que tiene prestigio en todo el mundo por la posición de principios sumamente respetable que siempre ha tenido en la historia en materia de política internacional, es de desearse que no titubee más en un problema como éste. Estos problemas exigen pronunciamientos públicos, viriles, decididos y honestos, de los hombres y de los gobiernos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús González Schmal.
El C. Jesús González Schmal: - Señor presidente, señores diputados: En efecto, a quién no ha conmovido el drama que asola hoy a la humanidad con los hechos bélicos protagonizados en el Mediterráneo, tan cerca de nuestras raíces, tan cerca a nuestra historia, tan cerca a nuestro sentido de universalidad. Qué más quisiéramos, tener la capacidad, el poder de someter, de paralizar todo lo que supone una contienda guerrera y por lo mismo contravenciona a los principios elementales de la civilización y de la razón. Qué más quisiéramos poder, a partir de asumir posiciones de jueces frente a los conflictos y de sentencias condenatorias absolutistas, poder someter a cada una de las partes en su posición para preservar la paz, pero no somos ingenuos, sabemos que son dos niveles en los que se despliegan los debates internacionales, los que se dan en tiempo de paz y que permiten sí, asumir posiciones parciales, asumir posiciones comprometidas definitivamente y los niveles en donde están el fuego, la artillería, la zozobra, el dolor humano enmedio del conflicto y requieren contemplarlo en otra dimensión.
Sí, jamás renunciar y ser intransigente en la postulación de los principios de los derechos humanos de la paz, del derecho universal, de la Carta de las Naciones Unidas. Pero jamás adelantar juicios, maniqueos, para no incurrir en equívocos que pueden no sólo alentar la agresión y el conflicto en la zona, sino ampliarlo a otras áreas de nuestro orbe. Necesitamos, por tanto, en estos momentos sumamente delicados ante todo, salvaguardar la invulnerabilidad de nuestra nación, ser precisamente racionales, ser precisamente reflexivos frente a los fenómenos, a copiar la información real y fidedigna de lo que acontece, ser analíticos en las perspectivas no sólo de los hechos actuales y consumados, sino de los orígenes remotos y próximo. Necesitamos, por tanto, estar alertas a los acontecimientos.
Por ello, Acción Nacional en efecto resumió su posición en cuarto principios fundamentales esta mañana:
En que el Congreso de la Unión ratifique su adhesión a los principios y normas del Derecho Internacional y de la Carta Universal de los Derechos Humanos y a la Carta de las Naciones Unidas.
Que también haga explícita la censura a toda forma de violencia de los países agresores y de los grupos terroristas que en ambos casos atentan con igualdad de gravedad, a la seguridad y al orden jurídico internacional. Además, que el gobierno mexicano asuma una posición imparcial ante los hechos consumados que le permitan y validen su gestión a favor del cese inmediato del fuego y fortalezcan la instancia de conducir el conflicto para ser dirimido ante los organismos internacionales. Y más adelante sí, una vez logrado esto, que cese la agresión inmediata, entonces sí, la representación nacional ante los organismos internacionales con base en información fidedigna absolutamente, debe pronunciarse en razón del derecho y de la paz del mundo. Pero precisamente esta posición y esta proposición de Acción Nacional tiene el objetivo primordial y fundamental de salvaguardar la integridad de México, de no comprometernos y no llegar a posiciones y a lineamientos equívocos que pueden ser de mucha transcendencia para ampliar el conflicto o constituir a México en parte del conflicto, y en su oportunidad, claro. Asumiendo y reivindicando las tesis internacionalistas de México a favor de la autodeterminación y la no intervención, entonces sí ser gestor efectivo para la prevalencia del derecho internacional, de la paz, de los derechos humanos, y una gran contribución que podría hacer México en este campo es predicar con el ejemplo, respetar un propia casa, establecer y reivindicar los principios de justicia, ser en realidad una convivencia civilizada en el propio México para tener voz y autoridad en el concierto universal para la paz de todos los hombres. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Roberto Calderón Tinoco.
El C. Roberto Calderón Tinoco: - Señor presidente: señoras y señores diputados: Vengo a reiterar el pronunciamiento que a nombre del Partido Demócrata Mexicano hiciéramos en la reunión de la Comisión Permanente el día de hoy en lo que se refiere a este conflicto a que se ha venido haciendo referencia.
Reprobamos la acción militar que constituye una violación al Derecho Internacional y que ha sido afectada por el gobierno de los Estados Unidos en
contra del pueblo libio, y que no justificamos esta acción aun cuando se tome como elemento para ello el que es con el fin de dar respuesta a actos de terrorismo que se atribuyen a esta nación.
Nosotros, este asunto no lo hemos visto con parcialidad en cuanto a lo que compete a la violación de los derechos de las naciones, y hemos criticado en múltiples ocasiones y hemos condenado todos aquellos actos que van encaminados a crear la zozobra y que atentan contra la vida humana y que se escudan, sobre todo, en el anonimato, como son los actos del terrorismo.
Esto, si lo hemos de analizar con imparcialidad, debemos entender que todo hombre de bien debe reprobar estas acciones, y nosotros lo hemos hecho desde el punto de vista del Partido Demócrata Mexicano.
La acción que ha realizado Estados Unidos en contra del pueblo libio, no ha sido recibida con beneplácito, puesto que, como se ha dicho, constituye una violación. Y condenamos el que quiera tomarse la justicia por su propia mano, sin acudir antes a los caminos que deben ser sustanciados entre las naciones para que haya una participación abierta y encontrar elementos que puedan dirimir los problemas que se hayan suscitado entre estas dos naciones. Pero que acordemos nosotros también, y creo que es conveniente hacerlo en esta ocasión, por lo que implica al atentamiento y a la falta de la seguridad mundial, que ya en una ocasión del Premio Nobel de la Paz, García Robles, en este mismo recinto, dijo que la paz es primero, con lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo.
Pero habrá que ver también que si estamos o hemos estado en riesgo de perderla, ha sido por el choque que los dos imperialismos, que con diferentes métodos de acciones, se disputan el dominio del mundo. Las invasiones, las agresiones a las naciones, deben ser siempre reprobadas; en su momento, reprobamos por ejemplo, el atentado que sufrió el pueblo afgano, como ahora también lo reiteramos con el atentado que el imperialismo americano está efectuando en contra del pueblo libio. Muchas gracias (Aplausos.)
El C. presidente: - En turno, el diputado Martín Tavira Urióstegui.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Señor presidente, señoras y señores diputados. La agresión norteamericana al pueblo de libio, a un pueblo de un poco más de uno y medio millón de kilómetros cuadrados y al rededor de tres millones de habitantes, ha preocupado profundamente la conciencia universal.
Desde que las noticias llegaron a México, los diversos partidos y organizaciones sociales hemos estado buscando los caminos para hacer pronunciamientos energéticos contra esta práctica terrorista del imperialismo norteamericano. Hemos encontrado un consenso general. El día de ayer las fracciones parlamentarias, después de muchos debates y negociaciones, llegamos a conclusiones comunes, con excepción de la fracción parlamentaria del partido Acción Nacional.
Siempre consideramos al Partido Acción Nacional como una organización que tiene buenos juristas, porque hay muchos intereses que defender, buenos especialistas en ramas del derecho concretas, derecho laboral para defender a los patrones, derecho agrario para defender a los terratenientes, derecho mercantil, etc. Pero siempre creímos que un jurista, especializado en las normas del derecho privado, pudieran tener un sentido jurídico más universal y aprender a aplicar correctamente las Normas del Derecho Internacional, que es un derecho fundamentalmente político.
¿Qué ha ocurrido? Es la única organización que se ha negado a condenar la agresión de los Estados Unidos al pueblo de Libia, ¿por qué? ¿Por qué hay dudas de la agresión? ¿Es un hecho dudoso que los Estados Unidos bombardearon la capital y otras ciudades de ese país y hay víctimas, incluyendo la propia familia del jefe de Estado? Es un hecho objetivo que está ahí enfrente de nosotros, reconocido por el autor, el presidente de los Estados Unidos.
Pero no. Dicen que hay otros hechos, los hechos del terrorismo que han ofendido a los pueblos en diferentes áreas del planeta.
Pero preguntemos: ¿Hay pruebas fehacientes de que el gobierno del Presidente Khadafy cometió los actos terroristas que le imputa el gobierno de Ronald Reagan?
Pero yo pregunto a los jurisconsultos de Acción Nacional: Cuando un hombre comete un delito hay o no necesidad de probar que lo cometió. Y además, ¿en el derecho penal común, existe la facultad de hacerse justicia por su propia mano? Pues en el Derecho Internacional público tampoco existe esa prerrogativa.
Ningún país tiene derecho de hacerse justicia por su propia mano. Por eso existen los organismos adecuados que la comunidad internacional se ha dado. Está el Consejo de Seguridad, está el
organismo de las Naciones Unidas, está la Corte de la Haya; están las normas, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Suprema, la Constitución Máxima de la comunidad internacional.
Si el gobierno yanqui tiene pruebas en contra del gobierno libio, que las presente en los organismos internacionales adecuados. Pero nosotros no podemos hacer condenas en abstracto, ignorando cómo ocurrieron los hechos y careciendo de las pruebas suficientes. Tenemos que atenernos a lo que ha ocurrido. Los Estados Unidos dicen que hacen uso del derecho a la legítima defensa, pero eso es interpretar de una manera infantil y malévola, el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. En efecto, en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas está el derecho a la legítima defensa, frente a una agresión. Pero yo pregunto: ¿El gobierno Libio ha ordenado bombardeos en territorio norteamericano para que los Estados Unidos hagan uso de esa prerrogativa de la Carta de las Naciones Unidas?
Entonces, compañeros diputados, estamos ante un gravísimo hecho que pone en peligro la paz del mundo y la propia supervivencia del género humano. No podemos asumir una actitud irresponsable de alegar lo que no se puede discutir, de invocar razones que no se pueden invocar, de apelar a cuestiones de carácter moral ante hechos evidentes que están frente a nuestros ojos y que nos estén reclamando nuestra intervención inmediata.
Los Estados Unidos constituyen ellos sí un grave peligro para la paz universal, porque hacen tabla rasa de todas las normas del Derecho Internacional que la humanidad ha creado a lo largo de tantos años y experiencias sangrientas y amargas.
Los Estados Unidos se adjudican el derecho de intervenir en cualquier área del mundo para defender lo que ellos llaman la democracia y la libertad, ellos se convierten en jueces para decidir en qué país no existe la democracia, en qué país no existe la libertad, en qué país se violan los derechos humanos, y como ellos son los campeones de los derechos humanos, de la defensa de la libertad y de la democracia tienen derecho de llevar sus fuerzas a todos los ámbitos de la tierra para aplastar a los pueblos.
Esta es la barbarie, este es el retroceso en la concepción de las relaciones internacionales y de las relaciones entre los hombres.
Los Estados Unidos se adjudican el derecho de defender a sus ciudadanos en donde quiera que éstos se encuentren, como si cada ciudadano norteamericano llevara debajo de sus plantas pedazos del territorio norteamericano y el territorio norteamericano fuera una especie de objeto elástico que se puede estirar a voluntad y hasta donde se estira ahí pueden los Estados Unidos intervenir, llevar sus fuerzas para defender lo que ellos llaman sus "intereses vitales."
Esto que ahora los Estados Unidos discuten, proponen como algo nuevo, es muy viejo, esto ya lo reprobó la conciencia jurídica universal y el propio Derecho Internacional. Recordábamos hoy en la mañana cómo el Presidente Venustiano Carranza en su mensaje del primero de septiembre de 1918 tocaba este tema, porque nuestro país tenía una gran experiencia; no es posible que los extranjeros gocen de privilegios especiales frente a los nacionales, no podemos aceptar que una potencia extranjera venga a intervenir en nuestro asuntos so pretexto de defender los intereses de sus nacionales. Esta declaración forma parte de lo que en la historia de México se conoce como La Doctrina Carranza, en materia de Derecho Internacional y esta tesis ha sido incorporada a la Carta de la O.N.U. y a la doctrina internacional con la que están de acuerdo todos los hombres de buena voluntad que quieren la paz del mundo y el respeto de todos los pueblos.
¿Qué significa esto, compañeros cuando un partido se niega a condenar una agresión? Hay una actitud, diríamos, sospechosa de que hay un freno, un obstáculo que impide que una organización política de carácter nacional se niegue a condenar un crimen que se ha cometido y que está a la vista de todos.
El pueblo mexicano está esperando que sus representantes hagan pronunciamientos certeros frente a este grave problema, porque es un precedente que pone en peligro a todos los pueblos del mundo.
Mañana, el gobierno norteamericano puede afirmar que aquí en nuestro país están ocurriendo hechos terroristas que dañan los intereses vitales de los Estados Unidos y hay que agredir a esas áreas de México con armas de alto poder destructor; mañana el imperialismo va a decir que en México no se respetan los derechos humanos o que en México no existe la democracia, como ya las publicaciones yanquis lo han insinuado o lo han dicho abiertamente cuando hay organizaciones que se quejan de que les roban todos los días los votos, principalmente en el norte de la nación. Ese peligro existe de que los Estados Unidos califiquen a México de ser un país antidemocrático y hay que destruir al gobierno de México y a las instituciones que se ha dado, porque no responden a las concepciones democráticas que tienen los Estados Unidos; mañana van a
decir - como ya lo han dicho - que ya está penetrando el terrorismo y que los Estados unidos están dispuestos a venir a ayudar a México. Lo dijo Gavin, el embajador, en Cancún hace algunas horas:
"México está en grave peligro, pero los Estados Unidos le van a tender la mano a México para que sea capaz de repeler el terrorismo". ¿Qué significa esto? Están ofreciendo su intervención para ver si el gobierno de México lo acepta, pero si el gobierno de México no lo acepta, entonces esa intervención podrá venir si no oponemos la resistencia, si no formamos un muro inexpugnable todas las fuerzas de México para sortear los peligros extranjeros.
Los Estados Unidos son un grave peligro, compañeros diputados. Tienen al mundo aterrorizado. 2500 bases militares desde donde parten sus fuerzas armadas para amenazar, chantajear, agredir y de dónde parte también el terrorismo de Estado que practican los Estados Unidos. Descaradamente las autoridades norteamericanas, su Consejo de Seguridad, ha hablado de que hay que practicar algunos métodos complementarios a la simple política normal, hay que hacer la guerra económica, hay que presionar a los gobiernos, hay que poner explosivos en todos lados para atemoriza al gobierno o a la sociedad de un país determinado y someterlo. Esas son prácticas.
Los Estados Unidos mantienen al mundo al borde de la guerra. Como hemos dicho, para los Estados Unidos toda la humanidad es un rehén de su política de chantaje y de guerra, y nosotros no podemos tolerar, compañeros. Hay una agresión, la agresión norteamericana a un pueblo pequeño, a un pueblo hermano, a un pueblo que en gran parte también sufre los mismos problemas que nuestro país como un hermano tenemos que ayudar a este pueblo, tenemos que hacer pronunciamientos para interés de los pueblos todos y para interés de México.
Nuestra cámara, nuestro parlamento mexicano, tiene que responder a las exigencias del momento, a las exigencias históricas; porque si nosotros no actuamos de inmediato, podemos sufrir las consecuencias y la humanidad puede ser destruida de un momento a otro por la cobardía o la negligencia de nosotros mismos. No debemos permitir que eso ocurra, compañeros diputados. Es el momento de emplear los recursos de nuestra historia, nuestro acervo ideológico, nuestro derecho, el derecho de todos los pueblos y hacer pronunciamientos contundentes que paren en seco esta agresión y prevengan en el futuro a que el imperialismo norteamericano haga de las suyas en el mundo entero. Muchas gracias.
El C. presidente: - Corresponde el turno al señor diputado Juan José Bremer.
El C. Juan José Bremer Martino: - Ciudadano presidente, compañeros diputados: Durante siglos las relaciones internacionales han estado regidas por la política en el poder, han sido conducidas por el crudo juego de intereses particulares por los imperialismos políticos, económicos y culturales. La historia da testimonio abrumador de este fenómeno, puede decirse que no ha habido un período prolongado de tiempo al margen de la violencia, al margen del despojo; los breves momentos de paz sorprendentes e inesperados han sido tan sólo respiros antes del inicio de nuevas contiendas. Esta expresión dolorosa de nuestra condición humana contrasta agudamente con logros indudables del hombre en el campo de la cultura y dentro de la cultura con las instituciones políticas democráticas y el mundo del derecho. Si la violencia ha jugado un papel ominoso en nuestro devenir, cobra mayor dimensión si tomamos en cuenta el asombroso desarrollo científico y tecnológico que nos ha dado en los últimos 100 años una capacidad destructora más allá de la imaginación, hombres de ciencia contemporáneos afirman con fundamento que la capacidad de destrucción, que en los años 50 se concentraba en un barco tipo destructor en 30 años tan sólo en 30 años de avance tecnológico se puede concentrar esa misma capacidad destructora en el volumen reducido de una computadora de bolsillo.
A esto sumamos el hecho de que las grandes potencias tienen en estos momentos concentrados y a su disposición arsenales atómicos capaces de volar en pedazos al planeta y a sus habitantes 250 veces. Este pavoroso incremento de la capacidad destructora al servicio de la industria de la guerra, no puede ser pasada por alto al hablar hoy del conflicto del Mediterráneo. Como nunca desempeña un papel crucial la función civilizadora, apaciguadora del Derecho y de los organismos internacionales. Después del fracaso de la sociedad de naciones que no pudo impedir el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Después de la experiencia nazifascista del genocidio y de la muerte de más de 50 millones de seres humanos, los ciudadanos más responsables y conscientes del mundo lucharon por la creación de una organización internacional que se encargara específicamente de evitar de nuevo el flagelo de una nueva guerra se constituyen en San Francisco la Organización de las Naciones Unidas y desde un principio México se involucra en el diseño de su estructura y de sus facultades. Recordemos, tengamos presente hoy, que la Organización de las Naciones Unidas buscaba superar el atraso de los instrumentos de cooperación y de diálogo
internacionales, así como, subrayo, dejar atrás la práctica de la venganza privada. Desde entonces, México propuso medidas para alentar la evolución del Derecho Internacional, para fortalecer su acción, para dar mayor autoridad a los pronunciamientos de la organización naciente, desde entonces nos comprometimos en denunciar todo intento para debilitarla.
Naciones Unidas no nace como consecuencia de un teórico, es el resultado de terribles y concretas experiencias que condujeron a su diseño y su fundación. Convicción de México es el que el derecho y la negociación política no solamente representan un camino deseable para resolver conflictos, sino son un recurso fundamental de supervivencia de la humanidad.
Es ante este marco de referencia que debemos de juzgar la importancia del conflicto bélico de estos días; es ante este panorama que cobra importancia la postura de México ante la confrontación entre los Estados Unidos y Libia.
Nuestra posición es clara en todos los foros internacionales nos hemos pronunciado en contra del uso de la fuerza para resolver los conflictos; hemos abogado no solamente en discursos de ocasión sino comprometiéndonos, asumiendo riesgos y enfrentando presiones y ataques en múltiples casos concretos por la negociación política en vez del empleo de los recursos militares.
Hoy sostenemos que la Carta de las Naciones Unidas debe ser respetada en todos sus rubros, y no eludir sus mandamientos mediante interpretaciones subjetivas o interesadas. Hoy reiteramos que la Carta constituye el mejor fruto que ha alcanzado la civilización política del hombre, y que las obligaciones que consigna no son expresiones de cúpulas políticas o económicas sino anhelos y demandas de la humanidad.
Somos conscientes, además, que las prescripciones de la Carta obligan aún más a los estados miembros del Consejo Permanente de Seguridad. México ha rechazado contundentemente al terrorismo, y hoy reiteramos nuestra más enérgica condena. Sin embargo, para ventilar cualquier acusación por grave que sea, existen órganos específicos de la comunidad internacional que son responsables del mantenimiento de la paz, a donde todos los estados que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas deben acudir, y en especial, reitero, los miembros permanentes del Congreso de Seguridad, a fin de substanciar cargos, desahogar pruebas y deslindar responsabilidades para en su caso imponer sanciones a los responsables infractores de las normas jurídicas.
Por ningún motivo, y menos aún sostenido en forma subjetiva, será suficiente para atentar contra la paz y la estabilidad. Por ello es inaceptable que se violen todas las normas y se recurra al uso de la fuerza para resolver los problemas internacionales.
Esto desata, lo hemos visto muchas veces, una espiral de violencia que pone en peligro no solamente la estabilidad política en el Mediterráneo, sino la supervivencia misma de la humanidad.
Es por ello que mi fracción parlamentaria rechaza el empleo de la fuerza, y demanda el cese inmediato de las acciones bélicas y el respeto a la acción de los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas, a las que corresponde resolver los conflictos internacionales.
Los planteamos, no solamente como una exigencia para el conflicto actual, que nos preocupa en sí mismo y por su explosividad, sino también porque nos preocupa tanto que este sea el modelo que impere para resolver otras diferencias actuales y futuras en otras regiones del mundo.
Tenemos una política exterior de principios, comprometida con la defensa de nuestra independencia, y solidaria con las causas justas de otros pueblos. No hay presiones, ni habrá presiones que logren apartarnos de nuestra votación pacifista y de nuestro rechazo a la política que nos ha llevado a defender valores, a oponernos a injusticias, a denunciar intervenciones y a buscar, por todos los medios, la paz.
Buscamos actuar con la serenidad y la madurez de un Estado respetuoso y respetado, con la cautela al servicio del compromiso, y no de la evasión; con la conciencia de que nos movemos en un mundo lleno de celadas y maniobras detrás de bastidores, pero con la convicción de que una política fundada en valores y no en pragmatismo sin dirección, se impone al paso del tiempo.
Nuestra actitud es clara: en el ejercicio de nuestra política exterior, negociamos por principio, pero no negociamos nuestros principios. Hoy reafirmamos una vez más la votación pacifista, y la política exterior de México, no están en entredicho. Muchas gracias. (Aplausos.)
MOCIÓN SUSPENSIVA Y PROPUESTA DE COMPARECENCIA
El C. presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Francisco García Cervantes.
El C. Ricardo Francisco García Cervantes: - Con permiso de la presidencia; señoras y señores diputados. En esta ocasión en que al abordar la tribuna en un período extraordinario se vuelve a sentir la grave responsabilidad de venir a desempeñarse con alta responsabilidad y conciencia de que nuestro trabajo repercute e interesa a todo el pueblo de México. Después de saludarles, expreso mis votos para que el trabajo que efectuaremos durante estas sesiones sea verdaderamente en beneficio del pueblo que representamos.
Los que suscribimos, miembros del grupo parlamentario Acción Nacional, comparecemos a esta asamblea con el siguiente objeto. Con apoyo en las disposiciones contenidas en la fracción IV, segundo párrafo del artículo 74 constitucional, proponemos a esta asamblea legislativa una moción suspensiva a la lectura del dictamen de la Comisión de Seguridad Social con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 114, 115, 177 y 178 de la Ley del Seguro Social.
En efecto, las reformas a los citados artículos de la ley en cita, se traducen, primero, en una reforma a la Ley de Ingresos por cuanto se modifican las percepciones que por concepto de cuotas de los patrones percibe el Instituto del Seguro Social, concretamente, en la fracción II del artículo 1o. de la citada Ley de Ingresos; y por la otra se precisa la aprobación del destino que deban darse a los ingresos que deja de erogar el gobierno federal en la correspondiente Ley de Egresos.
El dispositivo constitucional que sirve de fundamento a nuestra moción, exige que en la especie, en el caso que nos ocupa, concurran los Secretarios del Despacho correspondiente, a dar cuenta de las citadas reformas, pues, esto implica modificaciones a la Ley de Ingresos y Ley del Presupuesto y la Constitución es categórica, por cuanto deben comparecer los Secretarios de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, los que deben dar cuenta de tales iniciativas, enviadas por el Ejecutivo.
Señores diputados, hemos observado cómo del orden del día han sido retirados dictámenes que se proponían para primera lectura, como es el caso de un dictamen de la Comisión de Justicia, sobre la Ley de la Tortura. Me he enterado que para abrir los espacios necesarios que requiere el trabajo de comisiones, mañana no tendremos sesión plenaria. Esto, esto es positivo si va dirigido a permitir que los diputados desempeñemos con apego a la Constitución y con profunda responsabilidad el trabajo que nos han encomendado el pueblo de México.
Por eso, es que para dar cuenta de esta moción, fundamentada en la ley suprema y concretamente en el artículo 74 de la Constitución, dejo la proposición, agradeciendo de antemano los comentarios de los compañeros diputados y el trámite que dé a ésta la presidencia.
El C. presidente: - Se suplica a la secretaría dé lectura al artículo 111 del reglamento.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente: Quisiera hacer mi propuesta complementaria a la que acaba de hacer el señor diputado, por economía procesal.
El C. presidente: - Tiene la palabra.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente; señoras y señores diputados: El planteamiento hecho por el compañero diputado Ricardo García Cervantes, que se va a complementar con la proposición a la que voy a dar lectura, es de importancia capital porque va de por medio el sentido, la finalidad y el apego al derecho de este período extraordinario de sesiones.
Todo el pueblo de México se ha enterado de la razón fundamental que ha obligado a plantear este período extraordinario de sesiones. No se trata de dar salida al trabajo legislativo rezagado, se trataba de dar salida a algunas iniciativas planteadas por el señor Presidente de la República, y se planteaba también resolver con este trabajo legislativo algún predicamento de orden económico en la situación económica gravísima que pesa sobre el país. Pero ello no exime al señor presidente de esta asamblea, ni exime a los señores diputados, mis compañeros, de hacer caso omiso de lo que establece el artículo 128 constitucional, la obligación de todos los funcionarios públicos de apegar su conducta a los dictados de la Constitución fundamental del país.
Hay varias iniciativas, no sólo la de la Ley del Seguro Social, tenemos programada y está en comisiones, además, una Miscelánea Fiscal, y esta ley la del Seguro Social y la otra, la Miscelánea Fiscal, se traducen, querámoslo o no, en reformas a una ley ya aprobada por esta asamblea que es la Ley de Ingresos y el Presupuesto Nacional.
No voy a tratar en este momento, señoras y señores diputados, porque eso será materia del debate de fondo si se quebranta o no la característica de anualidad del presupuesto, eso será materia del debate de fondo. Pero sí quiero establecer una irregularidad gravísima de origen, si esta legislación, si estas iniciativas se están traduciendo en modificaciones a la Ley de Ingresos y ameritan aprobación a una partida presupuestal, entonces, señoras y señores diputados, aun cuando se rompa la característica de anualidad al presupuesto, no podemos dejar pasar inadvertido el imperativo de la fracción IV, segundo párrafo del artículo 74 de la Constitución. Un artículo que respeta la facultad del Ejecutivo para poder plantear como primera face la Iniciativa de la Ley de Ingresos y que el Ejecutivo plantee ante esta asamblea, el Presupuesto. Sí, dice el 74, facultad del Ejecutivo, pero en forma imperativa, lo dice, deberá plantearlos a esta cámara por conducto del secretario del despacho y tiene que ser así, señoras y señores diputados.
Se ha establecido cada año la Ley de Ingresos y el Presupuesto, y esta asamblea ha recibido la comparecencia de los secretarios del despacho, para poder interrogar y para poder recibir información y por si eso fuera poco, el 93 de la Constitución nos da la misma facultad para citarlos, pero la necesidad de que comparezcan, lo establece el artículo 74.
Por ello, con fundamento en el artículo 93 segundo párrafo, de la Constitución, atentamente solicito:
Unico. Se cite a comparecer a los CC. Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto, para los efectos a que se contrae la fracción IV del artículo 74 constitucional.
De no hacerlo, señoras y señores diputados, estarán iniciando el período con una violación flagrante a la Constitución que todos protestamos respetar. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Amado Olvera Castillo: - Señor presidente, solicito el uso de la palabra.
El C. presidente: - Señor diputado Amado Olvera, ¿es su participación con el mismo tema?
El C. Amado Olvera Castillo: - Sí, señor presidente.
El C. presidente: - Tiene usted la palabra.
El C. Amado Olvera Castillo: - Señor presidente: señores diputados: Por trascendencia en resultados negativos a posteriori, vengo a insistir en que las reformas que pretende hacer el Ejecutivo y la Ley del Seguro Social, modifica la Ley de Ingresos que aprobó a esta cámara hace apenas cuatro meses.
Es obvio que al rehuir el Gobierno su responsabilidad de garantizar las salud de la sociedad traspasando casi todo el porcentaje de su participación a los patronos, incrementa la atribución de éstos y por consecuencia se modifica de eta forma la ley de ingresos.
Sería deseable que el Gobierno siguiera cumpliendo su responsabilidad, pero se advierte claramente que el Gobierno está tomando medidas desesperadas para compensar su exceso en el gasto público, en vez de decidirse en serio a reducir su gasto y dejar ya de pretender ser empresario, creando empresas que tanto dinero cuestan al pueblo.
En virtud de que eso modifica la ley de ingresos, como ya dije, y además que no es clara la aplicación de esta partida de ahorro del Gobierno, de acuerdo con el artículo 74 fracción IV de la ley fundamental, deben comparecer los titulares de Programación y Presupuesto y Hacienda para solicitar la aprobación de esas modificaciones a la ley de ingresos.
El C. presidente: - Señor diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: ¿Es sobre el mismo tema?
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Espero a que les dé usted trámite a las proposiciones.
El C. presidente: - ¿Es sobre el mismo tema señor diputado Guerrero Mier? Tiene usted la palabra.
El C. Angel Sergio Guerrero Mier: - Con su venia señor presidente; señoras y señores diputados: He pedido el uso de la palabra en relación con la moción suspensiva presentada por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, estimando desde luego e invocando al artículo 111 del reglamento, rogando a la presidencia instruya a la secretaría para que le dé lectura.
El C. presidente: - Sírvase la secretaría dar lectura.
La C. secretaria Rebeca Arenas Martínez: - "Artículo 111. No podrá presentarse más de una proposición suspensiva en la discusión de un negocio".
EL C. Juan de Dios Castro Lozano: - ¿Puedo hacer una pregunta a la presidencia? Atendiendo a su añeja vocación. Sobre el punto hago una pregunta a la presidencia y tengo el derecho.
El C. presidente: - Que termine el orador, señor diputado. No quiero interrumpir al señor orador en su exposición para no faltar al respeto a su exposición. Sea usted tan amable de esperar a que termine.
El C. Angel Sergio Guerrero Mier: - De acuerdo con la disposición a la que la Secretaría ha dado lectura, a la proposición ya fue desechada por el pleno de la cámara. Consecuentemente, es improcedente al tenor de este capítulo, y por lo tanto pedimos respetuosamente a la presidencia que conforme a esta disposición se tenga por no presentada. (Aplausos.)
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Pido la palabra para una interpelación.
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Juan de Dios Castro.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - El señor diputado que me acaba de preceder en el uso de la palabra, ha establecido una litis que ya ha sido resuelta, una identidad en el objeto del pedimento planteado por el diputado García Cervantes, con el pedimento planteado por el señor diputado Humberto Ramírez Rebolledo.
Creo que no es el mismo pedimento, en el primero se establecía que se suspendiera la lectura para que el gobierno Federal informara del destino que se iba a dar a los ingresos que iba a dejar de erogar. En el segundo se establece la suspensión de la lectura porque no se ha satisfecho el requisito del artículo 74 fracción IV de la Constitución General de la República. Pero voy a establecer la hipótesis que el señor diputado ha establecido, con una recomendación también a la presidencia, ratificando mi derecho de poder interrumpir a un orador cuando voy a pedir datos o información, que también lo prevé el reglamento.
Voy a suponer, decía, que el señor diputado tiene razón en su argumentación no podrá presentarse más de una proposición suspensiva en la discusión de un negocio, y ¿quién le ha dicho al señor diputado que se está discutiendo un negocio? No se ha discutido nada, ni se ha indicado la discusión, ni pedimos siquiera que se suspenda el debate porque el dictamen de la Ley del Seguro Social no está sometido a la discusión, no es aplicable ni el 109, ni el 110, ni el 111 del reglamento, es una situación sin precedentes, que una modificación a la Ley de Ingresos o Presupuesto se pasa a la asamblea, se corra el procedimiento de iniciativa sin que el secretario encargado del despacho venga a esta cámara como lo ordena la Constitución. Muchas gracias.
El C. presidente: - Sírvase la secretaría informar si la moción suspendida desechada plantea lo mismo que la moción suspensiva en este momento se solicita.
La secretaria Rebecca Arenas Martínez: - "Los que suscriben miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, atenta y respetuosamente comparecemos a esta asamblea para plantar una moción suspensiva por lo que se refiere a la primera lectura del dictamen de la Comisión de la Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos, 79, 114 y 115, 177 y 178 de la Ley del Seguro Social".
El C. presidente: - Sírvase ahora la secretaría leer la otra moción suspensiva.
La secretaria Rebecca Arenas Martínez: - Dice lo siguiente: "Con apoyo en las disposiciones contenidas en la fracción IV segundo párrafo, del artículo 74 de la Constitución General de la República, proponemos a esta asamblea legislativa una moción suspensiva a la lectura del dictamen de la Comisión de Seguridad social con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 114, 115, 177 y 178 de la Ley del Seguro Social".
El C. presidente: - Las dos mociones plantean lo mismo. En consecuencia se aplica el artículo 111 del Reglamento.
El C. Ricardo Francisco García: - Quiere usted informarme por favor, ¿cuán es el asunto que se está debatiendo?.
El C. presidente: - Sí señor, la moción suspensiva del asunto que aparece en la orden del día. La lectura de esa Ley.
El C. Ricardo Francisco García: - Sobre ese negocio hay más de dos mociones suspensivas.
El C. presidente: - Señor diputado, la presidencia ha dictado una resolución: el artículo 19 del Reglamento plantea un procedimiento en estos casos. Sírvase la secretaría leerlo. Lea también el 18 por favor.
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - "Artículo 18. El presidente en sus resoluciones estará subordinado al voto de su respectiva cámara."
"Artículo 19. Este voto será consultado cuando algún miembro de la cámara reclame la resolución o trámite del presidente, previa una discusión en que podrán hablar dos individuos en pro y dos en contra, lo cual se podrá hacer siempre que no haya mediado votación en el mismo negocio y se adhiera a la reclamación por lo menos dos de los individuos presentes."
El C. presidente: - ¿Puedo considerar que está usted haciendo una reclamación señor diputado?
El C. Ricardo Francisco García: - Solicito la reclamación en los términos del 19.
El C presidente: - Correcto. ¿Se adhieren dos diputados a la reclamación? Correcto.
En esas condiciones, lea la secretaría nuevamente el artículo 19 para fijar el procedimiento.
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - Artículo 19. Este voto será consultado cuando algún miembro de la cámara reclame la resolución o trámite del presidente, previa una discusión en que podrán hablar dos individuos en pro y dos en contra, lo cual se podrá hacer siempre que no haya mediado votación en el mismo negocio y se adhiera a la reclamación por lo menos dos de los individuos presentes.
El C. presidente: - En consecuencia pregunta la secretaría los nombres de los oradores en contra.
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - ¿En contra quiénes se inscriben como oradores si son tan amables? García Cervantes, Juan de Dios Castro. ¿Son dos señor presidente?
El C. presidente: - Anótelos en el orden, y cuando se hayan agotado los dos oradores procederemos.
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - Humberto Ramírez.
(Voces en la sala): - son dos, son dos solamente.
El C. presidente: - Orden. Vamos a aplicar el reglamento. Pueden inscribirse todos los que quieran pero solamente hablarán dos. (Aplausos.)
Consulte la secretaría quiénes son los oradores en pro.
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - Se pregunta si los nombres que ha inscrito esta secretaría son los de los legisladores interesados en participar: diputado García Cervantes, Juan de Dios Castro, Humberto Ramírez y Jesús Galván.
El C. presidente: - Consulte la secretaría qué oradores se inscriben en pro.
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - Vamos a preguntar a la asamblea en pro qué legisladores desean inscribirse. El diputado Santiago, el diputado Reyes Medrano, el diputado Santiago Oñate.
El C. presidente: - Informe la secretaría quiénes son los oradores inscritos en contra.
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - Esta secretaría ha anotado como oradores en pro a los diputados Santiago, Reyes Medrano y Santiago Oñate.
El C. presidente: - ¿En contra?
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - En contra están inscritos los diputados García Cervantes, Juan de Dios Castro, Humberto Ramírez y Jesús Galván.
El C. presidente: - En consecuencia tiene la palabra el diputado García Cervantes.
El C. Ricardo Francisco García Cervantes - Con la autorización de la presidencia: El capítulo en el que se encuentren contenidos los artículos que se han invocado y fundamentalmente el 111, se refiere al capítulo de las discusiones y la decisión de la presidencia de aplicarlo supone que las mociones suspensivas se hayan enderezado en la discusión de un negocio. Sin embargo, queda evidente que aún no estamos en el período de discusión de la iniciativa de reformas a la Ley del Seguro Social.
La moción que he presentado plantea una incompatibilidad con la norma constitucional, el hecho de traer al orden del día la lectura de un dictamen, para que posteriormente se someta a discusión, y sobre la discusión de este dictamen se aplicaría lo relativo al 111 del reglamento. La moción que hemos venido a presentar no está en el capítulo de las discusiones; está precisamente en la controversia que se presenta entre la norma constitucional y el procedimiento de pretender incluir al orden del día de la sesión de hoy un dictamen que emane del trabajo de una comisión que no insistió en cumplir con lo preceptuado en la Constitución.
Primer lugar: no se está discutiendo sobre el mismo negocio porque no estamos en el período
de discusión, y la moción se endereza a señalar un antagonismo entre lo que se pretende hacer al incluir la lectura, no a discusión, un dictamen, y lo que preceptúa la norma constitucional.
En ese sentido, con todo respeto solicito que la apreciación de la presidencia sea modificada y se permita que esta soberanía actúe con apego a la norma suprema que es la Constitución. Gracias (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago Ramírez.
El C. César Augusto Santiago Ramírez: - Con su venia, señor presidente. Yo he sostenido en varias discusiones, que el papel tan importante que debiera desempeñar al buen manejo jurídico al presentar proposiciones de cualquier tipo. Esto es importante, y es importante porque al confundir el buen manejo jurídico, el concepto jurídico que debe estar en el fondo de la propuesta, con argumentos ingeniosos sin duda, pero apartados totalmente de la juridicidad, lo único que hace es pretender crear una fumarola que disfrace el objeto innegable que está detrás de esa propuesta.
Yo tuve la suerte, y debo de decir suerte, de haber escuchado en la LI Legislatura muchas veces al señor diputado Juan de Dios Castro, hombre talentoso, presentar propuestas y sugerencias de todo tipo, creándose a sí mismo la aureola de una gente que siempre sabe qué hacer en materia jurídica. Pero yo con cuidado he repasado esas intervenciones y dudo mucho que en la mayoría de ellas haya esa pretendida justificación jurídica que una vez se ha preferido presentar aquí.
Y la respuesta es muy sencilla, habiendo dicho este prólogo, es muy sencilla, si no hay precisión legal para suspender lo que los señores quieren que se suspenda, porque como tuvo que reconocer aquí, no están pidiendo que se suspenda el debate, sino que se suspenda la lectura de algo que está en el Orden del Día, ¿no era, señor abogado, preferible inconformarse cuando se leyó el Orden del Día y se pidió la aprobación de la asamblea para ver si ella estaba de acuerdo en el orden listado? ¿No era preferible - pregunto yo - ...
(Varios diputados del PAN): - Señor presidente, una interpelación.
El C. presidente: - El orador no admite una interpelación.
El C. César Augusto Santiago Ramírez: - Yo creo que en el fondo de esto hay sin duda la intención de prejuzgar sobre temas sobre los que seguramente vamos a discutir con gran amplitud. Si hay una modificación a Ley de Ingresos, si se trata de un nuevo impuesto, el término de anualidad, lo preceptuado en el artículo 74 constitucional que son temas que seguramente vendrán en la discusión de fondo de las iniciativas que vamos, seguramente, a tratar.
Pero este asunto ha sido resuelto bien por la presidencia y en términos legales, ya hace mucho tiempo que pasó la oportunidad de inconformarse con el orden del día. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano.
El C. Juan de dios Castro Lozano: - Señor presidente; señoras y señores diputados: ¿Qué ha dicho el señor diputado que me precedió en el uso de la palabra?
Después de referirse a mi persona, argumento at ominen, que no estaba en el centro del debate los conceptos que usted expresó acerca de aquellos debates de la LI Legislatura.
Me hubiera agradado tenerlo de contrincante entonces para que hubiera expuesto lo que en estos momentos acaba de afirmar: que la argumentación jurídica no era tan sólida.
Pero eso es un calificativo. Y por desgracia, para usted, los argumentos no se contestan con calificativos; se contestan con argumentos.
Y si usted dice que no es sólida la argumentación o si usted dice que hay una aureola, como usted afirmó, diga por qué razón no es sólida la argumentación. No exprese el calificativo, exponga las razones de orden jurídico, como yo lo voy a hacer contra su argumentación.
Usted no dio más que un solo argumento. "Los actos violatorios de la Constitución consentidos por un diputado se convalidan", eso es lo que dijo.
Como no objetase en tiempo, no importa que se viole el artículo 74 de la Constitución. No importa lo que el constituyente del 17 estableció y no importa, y para usted no tiene ninguna importancia el contenido del artículo 128 constitucional. Si se consintió y no se objetó, debe tolerarse por esta violación flagrante al artículo 74 constitucional.
Pero ese argumento que ilusionó a tantos de sus compañeros y que tanta porra le echaron quizá a veces por la incapacidad de ellos de venir a esta
tribuna a defender lo que piensan, si apantalló a muchos de sus colegisladores que con aplausos y risas festejaron su afirmación, cuánto siento decirle que sube usted, señor diputado a la tribuna sin la información suficiente para poder defender sus afirmaciones. Y le voy a dar pruebas, le voy a dar como prueba el contenido del Diario de los Debates, y le voy a dar como prueba lo que se expresó en la Comisión Permanente cuando el señor diputado Jesús González Schmal, que es nuestro diputado en esa Comisión Permanente, expresó por cuenta a la convocatoria y al dictamen para convocar a este período extraordinario de sesiones. Exactamente los mismos argumentos, no hubo, pues, consentimiento como usted, quizá por falta de información, afirmó en esta tribuna.
Pero vamos al fondo, fondo del debate que usted no tocó, el planteamiento concreto es que la decisión tomada por el señor presidente es antirreglamentaria, es igual y consiente además una violación de tipo constitucional grave. ¿Por qué decimos que es ilegal la afirmación del señor Presidente y su decisión de desechar motu proprio, con el argumento de que ya han sido planteadas dos mociones suspensivas, y dijo, a pesar de que se leyeron, que tienen exactamente el mismo contenido.
Yo voy en primer término a señalar que el señor Presidente ha hecho una apreciación inexacta del contenido de ambas proposiciones. La proposición planteada por el compañero Humberto Ramírez Rebolledo no es una moción suspensiva a las que se refieren los artículos 109, 110 y 111 del reglamento, esas mociones son suspensivas de la discusión. Le preguntamos al señor presidente ¿y cuál es el asunto a discusión, señor Presidente? Dice, el asunto a discusión es la moción suspensiva. Que no sabe el señor presidente de esta asamblea que el 109, 110 y 111 se refieren a mociones suspensivas sobre discusión de dictámenes, por eso está en el capítulo de las discusiones, por eso no lo presentamos en la segunda lectura donde pudieran sacar ustedes un argumento legal y decir sencillamente, señores, es primera lectura, están fuera de momento procesal, no es el momento procesal oportuno de la suspensión de la discusión, deben esperarse a la primera lectura, a la segunda lectura, y cuando se vaya a iniciar el debate del dictamen, entonces presente su moción suspensiva. Ilusos. No presentamos una moción suspensiva de la discusión del dictamen, por eso afirmamos que no se aplican el 109, 110 y 111 aplicamos una proposición que si el señor Presidente estuviera atento a aceptar el reglamento, le daría el trámite reglamentario del 58 porque si no es moción suspensiva de las del 109, 110 y 111, entonces es una proposición que no es iniciativa de ley y el dispositivo legal aplicable, es el artículo 58 del reglamento.
Pero vamos a suponer que el señor presidente y usted, tienen razón, que son dos mociones suspensivas. El señor presidente, a diferencia de la facilidad con que en la sesión pasada hizo caso de la señal de quien tenía el liderazgo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y cuando se le pidió el uso de la palabra para hechos, dio por terminada la sesión, ignorando el reglamento. A pesar de su añeja vocación democrática y a pesar de la explicación no pedida que nos dio al inicio de esta sesión, vamos a suponer que tiene razón el señor presidente, se le olvidó y yo le pedí, y mi propuesta, se le olvidó que mi propuesta complementaria de la del señor diputado García Cervantes, que no era una moción suspensiva, implicaba la citación de los señores secretarios de Estado. ¿Por qué razón señoras y señores diputados? Porque aquí se trata de la Constitución, ni siquiera del reglamento, se trata de establecer si se puede reformar la Ley de Ingresos y el Presupuesto, sin que el Secretario de Despacho venga a esta Cámara a cumplir con lo que establece la fracción IV del 74 al margen de los demás temas de fondo. La aureola, señor diputado, déjela para sus sueños. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Santiago Oñate.
El C. Santiago Oñate Laborde: - Señor presidente, con su autorización. Señores diputados: Hago uso de esta tribuna para manifestarme en pro de la resolución dictada por el señor presidente, electo en esta Cámara de Diputados, en cuanto a las proposiciones presentadas por dos diputados de Acción Nacional.
Quiero refutar algunas afirmaciones que no por ciertos conceptos y argumentos vertidos aquí, por quienes vinieron a hablar en contra de la resolución dictada por el presidente.
Resulta altamente preocupante, al menos para el que habla, que por sistema y quizá por debilidad del sistema, se ponga en entredicho las decisiones que adopta la presidencia de este órgano colegiado, reunido para sesionar en el período extraordinario. Preocupa, y lo hace altamente, porque parecería que estamos aquí empeñados en entrar en una suerte de esgrima, de tácticas y estratégicas calificadas bien en otros países como claro filibusterismo, esto es, como prácticas que tratan de alejarnos del contenido mismo de nuestra labor para enredarnos o pretender hacerlo en los zarzales reglamentarios y en vericueto de normas que al parecer, atendiendo a la exposición de quien me precedió en esta tribuna, no existen.
Se afirmó, sí, y con mucho énfasis, tal vez exagerado, que la decisión era ilegal y antirreglamentaria. ¿Qué se dijo al respecto? repito, dijo, no argumentó. Se dijo que lo que habían presentado como moción suspensiva no era moción suspensiva, que era proposición, porque no son ignorantes, se afirmó, del reglamento. Que prevé las mociones suspensivas sólo para los debates. Pero entonces me pregunto yo, si no es moción suspensiva, de qué estamos hablando. Quisiera y o señor presidente, si usted tiene a bien autorizar, que se diera lectura a eso que ahora le llaman proposición y que pusiésemos todos atención a ver si ahí se dice o no que se trata de una moción suspensiva, solicito, pues su autorización.
El C. presidente: - Lea la secretaría las dos proposiciones de moción suspensiva que se han hecho.
La C. secretaria Consuelo Botello de Flores: - "Los que suscribimos, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, comparecemos a esta asamblea con el siguiente objeto: con apoyo en las discusiones contenidas en la fracción IV, 2o. párrafo del artículo 74 de la Constitución General de la República, proponemos a esta asamblea legislativa una moción suspensiva a la lectura del dictamen de la Comisión."
El C. presidente: - Lea la otra, por favor.
La C. secretaria Consuelo Botello de Flores: - "Consideramos necesario advertir que estamos solicitando suspensión de la lectura del Dictamen, no suspensión de su discusión...".
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Consideramos necesario advertir que solamente solicitamos suspensión de la lectura del dictamen, no suspensión de su discusión.
El C. Santiago Oñate Laborde: - Sí señor Juan de Dios Castro y quienes le acompañan, es claro, muy claro, moción suspensiva de la lectura, que no se lea, que no se vea...
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - ¿Permite el orador una interpelación?
El C. Santiago Oñate Laborde: - Se habla entonces de una moción suspensiva para la lectura de un dictamen. Pregunto yo si se encuentra prevista la moción suspensiva de la lectura en el reglamento.
El C. presidente: - Permítame el orador un momento. Señor diputado Castro, el hecho de que el orador continúe con su exposición demuestra tácitamente que no admite su interpelación.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente, en derecho el silencio no tiene efectos jurídicos.
El C. presidente: - Señor diputado, voy a suplicarle sea usted respetuoso con los oradores de la misma manera que lo son con usted.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Digo que en derecho el silencio no tiene efectos jurídicos señor presidente.
El C. presidente: - No admite su interpelación, señor diputado.
El C. Santiago Oñate Laborde: - Tenemos entonces que se ha argumentado aquí que lo que se ha presentado es una moción suspensiva de la lectura. Bueno, no habla ciertamente de ella el Reglamento, no se dice cuál es el fundamento jurídico para solicitar esta moción suspensiva de la lectura. En consecuencia se trata de decir que es una proposición que aparece reglamentada en el 58 dentro del capítulo de Iniciativa de las Leyes. Es una proposición que tiene ¿qué objeto? El señor Castro ha hablado al referirse a sus mociones, que tienen un fin además de una estratagema; ¿cuál es el fin que se persigue con esto? que se profundice, que se continúe en el estudio de una iniciativa, eso sería en buenos términos el propósito que podíamos suponer en una moción de este tipo. Y para continuar en el estudio de esta iniciativa, de ese mismo dictamen, no existe, hasta donde sabemos, impedimento legal alguno, no reglamentario. Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿qué es lo que se pretende?, se corrige la primera propuesta hecha por un miembro de Acción Nacional, para presentar una nueva en donde además se agrega, se agrega en un tono enérgico, que debe aplicarse la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución y se nos advierte, se nos advierte casi como lenguas de fuego, que de no hacerlo, estaremos violando el 128 de la Constitución. Grave amenaza. Pero qué poca sustancia hay en ella, porque para afirmar que se estaría violando el 128 se están dando por lo menos dos saltos mortales en la argumentación: uno primero. Se está diciendo que deben de comparecer los secretarios de Estado a exponer dicha reforma y así se dijo. Y ¿por qué se está diciendo que deben de comparecer dichos secretarios de Estado?, porque se está estimando que las iniciativas en cuestión entrañan un nuevo presupuesto o una modificación al mismo o una alteración al presupuesto anual al que hace referencia la fracción cuarta del artículo
constitucional invocado. Y eso precisamente, señores, es prejuzgar sobre la iniciativa. Eso, señores, es precisamente materia del debate que debe darse en el seno de la Comisión. Eso es, señores, el argumento que debe de ventilarse ahí y no aquí. Ese es el argumento que debe de plantearse y resolverse en esa instancia. No podemos entrar y no vamos a hacerlo, a calificar aquí si se trata o no, de un ajuste presupuestal, de un nuevo presupuesto o de una enmienda al mismo. Hacerlo entraña prejuzgar sobre un asunto que no está como lo han dicho los señores de Acción Nacional, puesto todavía a una discusión.
En tal virtud, señor Presidente, compañeros diputados, vengo a reafirmar la corrección, el apego a derecho de la decisión adoptada por el presidente de esta asamblea. Vengo a hacerlo con motivo de las imputaciones a mi entender privadas de sentido, como lo he demostrado ante ustedes, que se hacen de que es ilegal y antirreglamentario. Muchas gracias.
El C. Jesús González Schmal: - Pido la palabra para hechos.
El C. presidente: - Para hechos, por cinco minutos, tiene la palabra.
El C. Jesús González Schmal: - Bueno, parece que el señor diputado Santiago Oñate hay que repetirle las cosas porque le cuesta trabajo deveras entenderlas.
Resulta que justamente cuando sesionaba la Primera Comisión de la Comisión Permanente, sometí a consideración de esa comisión una moción suspensiva porque la iniciativa de ley de la Miscelánea Fiscal no había sido ni siquiera, no había estado ni siquiera en las manos de los integrantes de esa Primera Comisión, y ya estaban dictaminando la procedencia de la Convocatoria al Período Extraordinario y la integración de esa iniciativa en la agenda del mismo.
Qué corta tiene la memoria cuando se señale que era irresponsabilidad y era excesivo sometimiento al Ejecutivo el llegar a un dictamen sobre la procedencia, sobre la celebración de un período extraordinario sin siquiera tener las iniciativas a la mano. Ese mismo día, a las once de la noche, llegó a mi casa una copia de la Miscelánea.
Y enseguida, en la siguiente junta de la Comisión Permanente, volvía a solicitar, y está el voto particular constando y mi participación en el debate, sobre la inconstitucionalidad de la iniciativa de reformas a la Ley de Ingresos. Señalaba entonces, como lo repito ahora, que en la misma ley, en la misma reforma a las diversas leyes, conocida como Miscelánea Fiscal, el propio Ejecutivo confiesa que quiere incrementar sus ingresos y que por eso es que envía la iniciativa a la consideración de esta asamblea, por lo tanto, que no haya, pues, amnesia política, que se digan las cosas con veracidad. Si hoy insistimos es porque estamos absolutamente seguros que no cabe ventilar ni la Ley del Seguro Social ni la Miscelánea Fiscal sin que previamente comparezcan los secretarios a presentar sus iniciativas, los secretarios del ramo, y en todo caso se agravia a la seguridad jurídica si se reforma la Constitución en cuanto a la naturaleza anual de la Ley de Ingresos del Presupuesto. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Santiago Oñate Laborde: - Señor presidente, para alusiones personales si es tan amable.
El C. presidente: - Por cinco minutos para alusiones personales.
El C. Santiago Oñate Laborde: - Señor presidente, con su venia: Afirma González Schmal que soy de memoria corta, pero no de lengua larga. (Aplausos.)
Quiero recordar aquí, porque algunas cosas sí recuerdo, que efectivamente usted presentó moción suspensiva ante la Primera Comisión Dictaminadora de la Comisión Permanente; también la reiteró usted ante la propia Comisión Permanente, y hoy, integrantes de la fracción a su cargo han hecho dos nuevas mociones en sentido o con finalidad parecida.
Pero parece ser que lo que no se recuerda, parece ser lo que se olvida es que las decisiones en órganos colegiados como el presente, no se adoptan por consentimiento, señor González Schmal. Se adoptan por votación de la deliberación correspondiente. Y quiero recordar que usted perdió la primera; usted perdió la segunda y está a punto de perder la tercera. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se aprueba la resolución de esta presidencia.
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la proposición a la que se ha hecho alusión. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
El C. presidente: - Aclare la secretaría el sentido del voto. La pregunta debe ser en este
sentido: Si aprueba la resolución de la presidencia.
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - Se pregunta, por instrucciones de la presidencia a la asamblea, si se aprueba la resolución hecha por la presidencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Pido la palabra, señor presidente.
El C. presidente: - ¿Con qué objeto, señor diputado?
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Para hechos.
El C. presidente: - Tiene la palabra, para hechos, por cinco minutos, el señor diputado Jorge Eugenio Ortiz.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Señor diputado Jesús Murillo Karam, presidente en turno ¡Quosque tandem obutere pacientia nostra! Hasta cuándo soportaremos tus inconveniencias!, decía Marco Tulio Cicerón, el tribuno romano.
Apenas el 31 de marzo, cuando no corrían cien días de que en esta cámara habíamos señalado la improcedencia de las cargas fiscales presentadas a la consideración de esta H. asamblea. Todavía no empezaban a asimilar los mexicanos esa andanada de nuevas leyes fiscales; apenas comenzaban a percibirse de cuál era el sentido de las nuevas misceláneas fiscales, cuando ya el 31 de marzo el Ejecutivo lanzó a esta cámara una convocatoria inminente y urgente para proponer nuevos aumentos en los ingresos.
Son ingresos que vienen a promover mayor miseria en el pueblo de México, mayor inflación y ciertamente una búsqueda desesperada de la bancarrota en que el gobierno se debate. Pero se trata de una transferencia como el propio gobierno señala de la erosión financiera en la que se ve envuelto. Y en este instante de erosión, en vez de apretarse el cinturón, en vez de buscar hacer una eficiencia mayor en el egreso, el gobierno se pone a transferir la erosión al pueblo de México.
Y esto, señores se llama agresión ante el pueblo. Por ello, como hace dos siglos, como hace veinte siglos, tenemos que repetir la frase de Cicerón: ¿Hasta cuando piensas, Ejecutivo, que vas a poder permitir que la paciencia del pueblo te soporte? Muchas gracias.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Pido la palabra.
El C. presidente: - ¿Con qué objeto señor diputado?
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Para hechos.
El C. presidente: - Tiene la palabra para hechos.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor presidente, compañeros diputados. El primer hecho que quiero hacer resaltar es la insistencia, el tesón, la firmeza que tiene los señores diputados de Acción Nacional, la habilidad, el ingenio, para retorcer los argumentos jurídicos, cuando se trata de defender al sector patronal.
La argumentación llega al grado de llamarle pueblo a los explotadores del pueblo. La argumentación se centra en pedir que se apriete más el cinturón el Estado, como también han pedido muchas veces que se apriete más el cinturón el pueblo, los trabajadores. En cambio, no los hemos oído hablar de que está obeso el sector privado, como lo está en verdad. Si no, hay que recordar la figura del señor Clouthier. No los hemos oído hablar de que se apriete el cinturón la Iniciativa privada. Mientras estas gentes lucran, ellos luchan porque sigan lucrando.
Sería deseable que la misma enjundia hubieran usado para defender la lucha por la paz, para denunciar las flagrantes violaciones al derecho internacional de Reagan o para defender los intereses de verdad del pueblo mexicano.
Pero, independientemente de citas de grandes tribunos, que muy grandes les quedan, perdieron la primera, perdieron la segunda, perdieron la tercera y perdieron la batalla histórica hace mucho tiempo. Muchas gracias.
El C. presidente: - Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor Presidente: Olvidó darle el trámite a mi propuesta que esa si no es una moción suspensiva.
El C. presidente: - Señor. Su propuesta estaba sujeta a la propuesta de su compañero.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - No. Dije que era complementaria, no que estaba sujeta.
El C. presidente: - Correcto, señor diputado. Quiere, por favor, la secretaría leer la propuesta del señor diputado Castro.
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - Honorable Cámara de Diputados: De la propuesta planteada por mi compañero diputado García Cervantes, se desprende la necesidad de la comparecencia de los ciudadanos secretarios Jesús Silva Herzog y Carlos Salinas de Gortari, titulares de las secretarías de Hacienda y de Programación y Presupuesto.
Por ello, con fundamento en el artículo 93, segundo párrafo de la Constitución, atentamente solicito:
Unico. Se cite a comparecer a los ciudadanos secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto para los efectos a que se contrae la infracción IV del artículo 74 constitucional.
México, Distrito Federal, la fecha de hoy.
Firma diputado Juan de Dios Castro."
El C. presidente: - Señor diputado Juan de Dios Castro. Su propuesta en el principio se refiere a que de la propuesta de su compañero se desprende la suya. Yo le pregunto en virtud a que la de su compañero fue desechada: ¿A pesar de que esté desechada, usted insiste en su propuesta?
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor, le sugiero a usted que dé trámite reglamentario, nada más.
El C. presidente: - Lea la secretaría el artículo 58 del reglamento.
La C. Secretaria Rebecca Arenas Martínez: - "Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de Ley presentadas por uno o más individuos de la cámara, sin formar los que la suscriben, mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
Primero. Se presentarán por escrito y firmados por sus autores, al Presidente de la Cámara y serán leídos una sola vez en la sesión en que sean presentadas.
Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.
Segundo. Hablaron una sola vez dos miembros de la cámara, uno en pro y otro en contra, refiriéndose al autor del proyecto o proposición.
Tercero. Inmediatamente se preguntará a la cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda, y en el segundo se tendrá por desechada.
El C. presidente: - En virtud de que el autor de la propuesta ya la fundó, pregunte la secretaría si hay un orador en contra y un orador en pro.
El C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - Se pregunta a la Asamblea si hay algún orador en pro y otro en contra que quieran inscribirse para pasar.
Ramírez Rebolledo, en pro.
El C. presidente: - Pregunte a la secretaría si hay algún diputado que se inscriba en contra.
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si hay algún diputado que desee inscribirse en contra.
El diputado César Augusto Santiago.
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Humberto Ramírez Rebolledo.
El C. Humberto Ramírez Rebolledo: - Primero el que está en contra, según el reglamento.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago, en contra de la propuesta.
Sírvase la secretaría poner cerca de la tribuna la propuesta para que la consulten ambos oradores.
El C. César Augusto Santiago: - Señoras y señores diputados: Esta nueva oportunidad que tengo de intervenir en este debate permite a propósito de formular algunas reflexiones relacionadas con mi primera intervención porque en ese orden de la discusión pienso que estamos una vez más usando una forma que yo justamente he querido criticar, y que es en aras de oponerse buscar a una situación muy clara elementos supuestamente reglamentarios y todavía más, pretendidamente jurídicos que no tienen relación con el asunto que está en el fondo de esta propuesta. Si se analiza bien, hay por ahí la idea de que al discutir la Miscelánea Fiscal y, tal vez la iniciativa de reformas a la Ley del Seguro Social, vamos a proponer medidas que de alguna forma incidan en la Ley de Ingresos ya aprobada anualmente, como dice el artículo 74 constitucional.
Santiago Oñate fue muy claro en decir que entrar a debatir esta cuestión ahora, implicaría prejuzgar que en efecto aquellas disposiciones jurídicas que todavía no debatimos, contiene los supuestos que están permeando la esencia de la propuesta del diputado Juan de Dios Castro y esto está por discutirse aún, está todavía pendiente de llevar a debate y de discutir con amplitud si en efecto estas disposiciones jurídicas van a referirse a lo que concretamente señala la disposición constitucional referida.
Yo he dicho en repetidas ocasiones que los abogados tenemos una responsabilidad histórica porque es por el derecho, por la vía en que de alguna forma se incide con mayor vigor la transformación de la sociedad; pero es por la vía del derecho, de la aportación que transforma, que modifica, que crea, no por el rebuscamiento acucioso de detalles que nada tienen que ver con el derecho, que son sólo eso, rebuscamientos, búsqueda incesante de detalles nimios para aportarlos en una argumentación, que supuestamente jurídica, no alcanza ni siquiera a contener la esencia por la que los abogados hemos luchado tanto tiempo.
Yo creo que por sí sola la propuesta explica que no tiene razón de ser si la primera ha sido desechada y con esa argumentación pido que la asamblea la deseche prontamente. Muchas gracias (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Humberto Ramírez Rebolledo.
El C. Humberto E. Ramírez Rebolledo: - Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados, miembros de la mayoría de la sinrazón: Un compañero diputado de su fracción dijo que los compañeros, más o menos textualmente, no puedo, pero en la idea, dijo que los compañeros de Acción Nacional estamos a cargo de Jesús González Schumal, y yo quiero hacer un comentario. Por muchos méritos que tenga Jesús González Schmal en su persona, en sus cualidades morales, en sus cualidades como diputado, como orador, nosotros no estamos a cargo de ninguna persona. Nuestra única conciencia, nuestro único cargo es el pueblo de México que ustedes estén olvidando.
Quiero también referirme a la idea de que no tenemos memoria, a decirle que desde las sesiones de la Comisión Permanente, estamos insistiendo en el procedimiento irregular que se está dando por parte del Ejecutivo para proponer estas propuestas de modificaciones al Presupuesto de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación.
Dicen que estemos presuponiendo modificación. Yo me remito al texto que se aprobó, que se refiere a la Ley de Ingresos, que dice claramente los montos autorizados para recaudar cuotas por concepto de cargos a la seguridad social.
Yo quiero que lo revisen y verán que hay una cantidad especificada en pesos y ahora nos encontramos en los dictámenes de marras, los que está siendo objeto de estudio por las comisiones y en este momento al que nos oponemos en su primera lectura, al que se debe la lectura, dice, con el permiso de la presidencia, le quiero pedir a la secretaría que lea el segundo párrafo de la iniciativa correspondiente al planteamiento de reformas a la Ley del Seguro Social.
El C. presidente: - Lea la secretaría.
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - "La iniciativa que fue sometida a la consideración de esta honorable asamblea, tiende a reordenar las asignaciones económicas del gobierno en materia de seguridad social para poder destinar un mayor esfuerzo a la atención de grupos marginados, que por razón precisamente de esa marginación no tienen acceso a los servicios de las instituciones de seguridad social, por carecer de capacidad contributiva".
El C. Humberto E. Ramírez Rebolledo: - Gracias. Señor presidente, le quiero pedir también que instruya a la secretaría para que lea el segundo párrafo de la iniciativa correspondiente a miscelánea.
El C. presidente: - Adelante.
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - "El Ejecutivo Federal a mi cargo estima oportuno someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión en el período extraordinario de sesiones a que fue convocado, las diversas modificaciones legales contenidas en esta iniciativa a fin de proporcionar un incremento en los ingresos fiscales federales, una recaudación más oportuna de los mismos y el fortalecimiento de los instrumentos que aseguren el cumplimiento por los obligados de la presentación en tiempo de sus declaraciones".
El C. Humberto E. Ramírez Rebolledo: - Agradeciéndole la lectura a la compañera diputada, yo quiero preguntar y dejar sobre el tapete si el reordenar el presupuesto de egresos y el incrementar los ingresos fiscales con sus correspondientes modificaciones a las leyes respectivas, no significa que se debe exigir la presencia de los secretarios del ramo y cumplir
con lo que establece el precepto constitucional correspondiente.
Yo siento que el fondo es, está por encima de la Constitución y su estricta aplicación la respuesta, si por encima de ellos la respuesta es el Reglamento es superior, siento que andemos históricamente como dijo alguien, mal, y de bajada. Muchas gracias.
El C. presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión.
La C. secretaria Consuelo Botello de Flores: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los que están por la negativa sírvanse manifestarlo igualmente... No se acepta a discusión, señor presidente.
El C. presidente: - Se tiene por desechada y continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
LEY DE SEGURO SOCIAL
La C. Secretaria Consuelo Botello de Flores:
«Comisión de Seguridad Social.
Honorable asamblea: A la Comisión de Seguridad Social que suscribe, le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa del Poder Ejecutivo Federal para reformar los artículo 79, 114, 115, 177 y 178 de la Ley del Seguro Social.
La iniciativa que fue sometida a la consideración de esta honorable asamblea tiende a reordenar las asignaciones económicas del gobierno en materia de seguridad social, para poder destinar un mayor esfuerzo a la atención de grupos marginados, que por razón precisamente de esa marginación no tienen acceso a los servicios de las instituciones de seguridad social, por carecer de capacidad contributiva.
El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo la responsabilidad de su administración señalada en las disposiciones que la misma Ley del Seguro Social le otorga, quedando esas disposiciones legales sin modificación, conservando en consecuencia la organización, las atribuciones y el funcionamiento que a la fecha tiene dicho instituto, sin que represente ninguna alteración en la estructura organizativa tripartita que rige su funcionamiento interno, ya que la reforma que se propone es exclusivamente en los que al esquema de financiamiento se refiere.
El proponer la redistribución de las aportaciones que permiten el funcionamiento adecuado del IMSS como régimen tripartita, se plantea sin que esto signifique afectar los servicios que el instituto proporciona, con motivo de la disminución de la aportación estatal que señala la iniciativa. Al mismo tiempo se mantiene la capacidad de respuesta en cuanto a los servicios y las prestaciones que la institución otorga a sus derechohabientes y sin que el aumento de la aportación patronal signifique un mayor ingreso económico para la institución.
Al estudiar esta iniciativa, la comisión ha tomado en cuenta que dentro de las bases de la seguridad social está el principio de la solidaridad que se refiere fundamentalmente al financiamiento de las prestaciones que se van otorgando a quienes las van necesitando, con la cooperación económica de todos los demás asegurados, de los patrones y del estado, siendo por consiguiente un mecanismo de redistribución del ingreso, igualador de oportunidades, garantizando así un código mínimo de protección.
También se ha considerado, que si bien en sus inicios, el financiamiento de los gastos del IMSS requería de una aportación importante de parte del estado, toda vez que el instituto inicia en 1943 sus actividades, sin capital propio y sin sus propias instalaciones, también es cierto, que en la actualidad con una infraestructura instalada y con una solidez financiera que le han permitido tener garantizada su solvencia, la aportación estatal, puede disminuir, aumentando la cuota que deben cubrir los patrones, de tal manera que no se lesionan ni en la mas mínima parte los servicios y prestaciones que se tienen que otorgar, y así el estado esté en condiciones de destinar esos recursos a la atención de servicios de solidaridad social a la población necesitada, tales como indigentes, marginados sociales, ancianos, desamparados, etc.
La comisión ha considerado, igualmente, que si la implantación del régimen de seguridad social trabajo como consecuencia inmediata y directa, el que los trabajadores quedaran debidamente protegidos en las prestaciones a que tienen derecho en el régimen de justicia social, dicha implantación también beneficia a los patrones al liberarlos, mediante el pago de una prima de seguro, de las responsabilidades económicas, que les originaría la ausencia de una política social de este tipo, y en consecuencia de ello, es equitativo que su aportación aumente para permitirle al estado mexicano, al disminuir su aportación, destinar
mayores recursos al cumplimiento del derecho constitucional a la protección de la salud, a que está obligado para con aquellos grupos que no reciben los beneficios de ningún tipo de seguridad social.
Los artículos 114 y 117, cuya modificación propone el ejecutivo federal en la iniciativa motivo de este dictamen, establecen los porcentajes que deben pagar los patrones y los trabajadores para el financiamiento de los seguros de enfermedad y maternidad, el primero de ellos, y los de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte el segundo de los mencionados. El porcentaje de la cuota patronal en relación al salario base de cotización, en la ley vigente corresponde al 5.625% en el artículo 114, y al 3.750% en el artículo 177.
La iniciativa propone que estos porcentajes de la cuota patronal aumente al 6.30% y al 4.20% es decir que aumenten en términos reales, un 0.675% en el seguro de enfermedad y maternidad y un 0.45% en los seguros de invalidez, vejez cesantía en edad avanzada y muerte. Por otra parte en los artículos 115 y 178 de la Ley vigente se establece que la contribución del estado para los seguros mencionados en los artículos 114 y 177 corresponde al 20% de la cuota patronal, y en la iniciativa propuesta este porcentaje se disminuye al 7.143% de la cuota patronal; es decir que el 1.125% que aporta actualmente queda en 0.45% o sea la aportación estatal disminuye en un 0.675% en el seguro de enfermedad y maternidad, y que del 0.75% que aporta actualmente se puede en un 0.30% en el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte o sea que aquí la disminución de la aportación estatal es de un 0.45%.
Como puede observarse esta reordenación en el régimen financiero de seguro social, no afecta los ingresos del instituto para seguir prestando sus servicios de manera eficaz, no afecta tampoco, de manera importante la cuota patronal, permitiendo así al estado destinar mayores recursos a la atención prioritaria en materia de salud, seguridad y solidaridad social de grupos sociales no protegidos actualmente.
La cuota de los trabajadores no experimenta ninguna modificación, Permanece igual 2.50% del salario base de cotización cuando este sea superior al mínimo, en el seguro de enfermedades y maternidad, y el 1.50% en el seguro de enfermedades y maternidad, y el 1.50% en el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte.
En el artículo 115 igualmente se establece que será la Secretaría de Programación y Presupuesto, la dependencia del Gobierno a la que el instituto deberá presentar la estimulación de sus aportaciones en el mes de julio de cada año, en lugar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo establece la Ley vigente. Dicho cambio se fundamenta en las funciones que la Ley Orgánica de la Administración publica federal señala la Secretaría de Programación y Presupuesto en relación a las referidas aportaciones.
Además de lo anterior se propone en la misma iniciativa, una reforma en el artículo 79 que se refiere al pago de la prima a cargo de los patrones para el seguro de riesgo de trabajo. Como esta prima esta en relación directa y es un porcentaje del pago que se hace por los seguros de invalidez, vejes, cesantía en edad avanzada y muerte, se ajustan las primas que señala el artículo 79 para que el pago sea exactamente el mismo que se hacen en la actualidad: es decir, en este artículo la reforma propuesta tiene exclusivamente como finalidad, adecuar para sostener el mismo pago que hacen los patrones en este tipo de seguro sin que se contemple aumento alguno.
Por lo anterior, y considerando que el proyecto de reformas a la Ley del Seguro Social tiene por objeto reordenar los recursos financieros del propio instituto, permitir que el estado utilice mayores recursos para el cumplimiento del derecho constitucional a la protección de la salud, y mantiene inalterables los recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social para que pueda seguir otorgando en el mismo nivel, capacidad y eficacia, los servicios que por ley está obligado a prestar, esta comisión estima conveniente recomendar a esta soberanía, la aportación del presente proyecto de decreto.
Por lo que con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de este honorable pleno el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL
Artículo único. Se reforman los artículos 79, 114, 115, 177 y 178, de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 79. Para los efectos de la fijación de las primas a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo, las empresas serán clasificadas y agrupadas de acuerdo con su actividad, en clases, cuyos grados de riesgo se señalan para cada una de las clases que a continuación también se relacionan:
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Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de clase por modificación en sus actividades, las empresas invariablemente serán colocadas en el grado medio de la clase que les corresponda y con apego a dicho grado pagarán la prima de seguro de riesgos de trabajo.
Artículo 114. A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir para el seguro de enfermedades y maternidad las cuotas del 6.30% y 2.25% sobre el salario base de cotización, respectivamente.
Los ingresos por concepto de pensiones quedan exentos de pago de cuotas.
Artículo 115. En todos los casos en que no esté expresamente prevista por Ley o decreto la cuantía de la contribución del Estado para el seguro de enfermedades y maternidad, será igual al 7.143 por ciento de total de cuotas patronales.
La aportación del Estado será cubierta en pagos bimestrales iguales, equivalentes a la sexta parte de la estimación que presente el Instituto para el año siguiente a la Secretaría de Programación y Presupuesto, en el mes de julio de cada ejercicio, formulándose el ajuste definitivo en el mes de enero del año siguiente.
Artículo 177. A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir, para los seguros a que se refiere este capítulo, las cuotas del 4.20% y 1.50% sobre el salario base de cotización respectivamente.
Artículo 178. En todos los casos en que no esté expresamente prevista por Ley o decreto la cuantía de la contribución del Estado para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, será igual al 7.143 por ciento del total de las cuotas patronales y cubrirá en los términos del Artículo 115.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente Decreto entra en vigor a partir del día veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y seis.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 16 de abril de 1986.
Comisión de Seguridad Social
Presidente Guillermo Altamirano Conde; secretario, Bulmaro Andrés Pacheco Moreno; Fernando Abarca Fernández, José Berber Sánchez, Rosalba Buenrostro López, Eleazar Camarillo Ochoa, Rodolfo Mario Campos Bravo, Humberto Cervantes Vega, Porfirio Cortés Silva, Blas Chumacero Sánchez, José Delgado Valle, Ezequiel Espinoza Mejía, Salvador Esquer Apodaca, Cristóbal García Ramírez, José Ramón García Soto, Gerardo Tomás Gómez Castillo, Sebastián Guzmán Cabrera, José Herrera Arango, Rafael de J. Lozano Contreras, Manuel Monarres Valenzuela, Manuel Monreal Zamarripa, Heriberto Morales Arroyo, Diego Navarro Rodríguez, Pedro Ortega Chavira, Manuel Germán Parra Prado, Luis Pérez Díaz, Lauro Rendón Castrejón, Serafín Roa Cortés, Macario Rosas Zaragoza, Antonio Sandoval González, David Serrano Acosta, Heriberto Serrano Moreno, Ismael Torres Díaz, Gaspar Valdés Valdés, Isaias Vazquez Mendoza, Patricia Villanueva Abrajan, Agustín Villavicencio Altamirano, Doroteo Zapata García, Efraín Jesús Calvo Zarco, María de la Luz Gama Santillán, Magdalena García Rosas, Manuel Fernández Flores, Juan Manuel Lucia Escalera, Javier Paz Zarza, Eduardo Turatí Alvarez, Gerardo Unzueta Lorenzana, Magdaleno Yáñez Hernández.»
El C. Presidente: - Puede omitir la lectura de las tablas, en virtud de que fue repartida.
La C. secretaría Consuelo Botello de Flores: - Me permito preguntar a la asamblea por instrucciones de la presidencia, si se me permite omitir la lectura de la tablas de riesgos de trabajo, porque ya todos tienen la iniciativa y tienen estas tablas. Los que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo.
(VOTACIÓN.)
Aceptado. Muchas Gracias.
El C. Presidente: - Omítalo.
Trámite: Es de primera lectura.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
LEY SOBRE EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL D. F.
La C. secretaría Consuelo Botello de flores
«Comisión del Distrito Federal.
Con fecha 26 de diciembre de 1985 fue turnada a esta Comisión, por Acuerdo del Pleno de la H. Cámara de Diputados la iniciativa de decreto presentada por las fracciones parlamentarias de los Partido Revolucionario Institucional; Demócrata Mexicano; Popular Socialista; Autentico de la Revolución Mexicana y Socialista de los Trabajadores; que adiciona la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Carácter Vecinal."
En su oportunidad la comisión formuló dictamen sobre la iniciativa al cual se le dispensó la primera lectura, habiendo pasado a segunda lectura con fecha 27 de diciembre y por acuerdo del pleno fue devuelto a esta comisión, para que se analizara más a fondo su contenido y fuera sometido nuevamente a esta honorable asamblea.
La comisión acordó que el mismo grupo de trabajo se había dictaminado el proyecto de iniciativa, se allegara toda la información sobre el particular y profundizara en sus trabajos para lograr la depuración y perfeccionismo de la iniciativa, lo cual se hizo en forma metódica y exhaustiva contando con el auxilio de los sectores involucrados en la materia, los beneficiarios directos de la reforma y las autoridades con atribuciones en el área de vivienda tanto del Distrito Federal como de las diferentes dependencias del Ejecutivo Federal
. La comisión puso a disposición del grupo de trabajo a la iniciativa que sobre la misma materia y con el mismo objeto presentó el C. diputado Efraín Calvo Zarco, del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
El objeto de la Reforma que adiciona con un capítulo la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, consiste en el establecimiento de un régimen de excepción que permite hacer extensiva la propiedad en condominio a sectores de pocos recursos económicos que habitan o habitaban en propiedades de inmuebles destinadas al arrendamiento que por sus características dificultan la Constitución de condominios.
En consecuencia, la pretensión final es que quienes arrendaban habitaciones que fueron destruidos por los sismos de setiembre del año próximo pasado o habitaban a la fecha inmuebles conocidos como "vecindades" o edificios antiguos en los cuales en alguna forma participan el Distrito Federal, o las entidades de la Administración Pública Federal, ya sea porque haya pasado a su propiedad el inmueble o porque hubieren otorgado o están en proceso de otorgar financiamiento para su reconstrucción, puedan convertirse en propietarios de las viviendas que venían o vienen habitando sin limitación de ninguna clase a su derecho de propiedad, es decir no se está creando una nueva figura jurídica que rompa con el régimen de propiedad urbana contemplada en nuestra legislación positiva, únicamente se está estableciendo un régimen excepcional que viene a constituir, una modalidad de la propiedad en condominio y que traerá beneficios trascendentales para los afectados por los sismos, así como a quienes por las características de sus viviendas, no habían podido transformar su naturaleza jurídica de inquilinos a propietarios.
La intención de la iniciativa no es otra que contribuir al cumplimiento del derecho a la vivienda que fue elevado a garantía constitucional al consignarse en el Artículo 4o. de nuestra Carta Magna.
Se estudió la propuesta del Partido Revolucionario de los Trabajadores presentado por el diputado Efraín Calvo Zarco, estimándose que el objetivo que se persigue con la misma es semejante al de la formulada por la mayoría de las fracciones parlamentarias, no obstante en la iniciativa del diputado Calvo Zarco, se está desvirtuando el régimen de propiedad en condominio
ya que con la reforma se pretende crear un derecho de copropiedad, lo cual es una figura jurídica de características diferentes al condominio.
Por otra parte, las limitaciones que se ponen en la iniciativa a la translación de la propiedad por los inquilinos que la adquieran mediante la reforma, son de tal naturaleza que hacen nugatorio el derecho. En efecto si lo que se persigue es transferir la propiedad a quienes siempre han deseado tenerla poco se les beneficia, si se les limita, en forma tal, su derecho de transferirla que les impide en un momento determinado aplicar el bien en beneficio propio y de sus familiares, como lo planteo la iniciativa del diputado Efraín Calvo Zarco.
Aún más, esa iniciativa se ocupa en su mayor parte de lo relativo a la administración de los condominios dejando de lado el fondo que es lo relativo a la constitución de éstos.
La comisión, acatando el mandato del pleno de esta soberana asamblea, procedió a depurar el contenido de la iniciativa turnada para su estudio y dictamen en términos tales que permita lograra el objetivo social previsto en su
Sobre este supuesto , en el texto del artículo que se somete a vuestra consideración, se determinó en forma clara y precisa cuando procede la constitución de una propiedad en condominio de carácter vecinal; que se trata de un régimen de excepción de la propiedad en condominio que está destinado a unidades habitacionales de interés social, en virtud de lo cual se eliminan una serie de requisitos operantes para los casos normales de condominio y por otro lado se protege la constitución de estos regímenes al sujetarse a una declaración previa por parte del Distrito Federal para que proceda la misma. Será en este acto de la declaración, cuando se otorgue facilidades tanto en requisitos administrativos como en el tratamiento fiscal que se dé a los actos de constitución de este tipo de condominios. Se incluye un precepto en el que se dispone que se respetará la forma de administración que para sus viviendas acuerden los condominios vecinales.
No se establece ninguna limitación a la propiedad adquirida por este medio, con el fin de cumplir el objetivo esencial de la reforma que consiste en hacer posible a sectores de escasos recursos contar con una vivienda que no solo la habiten, sino que viene a representar un bien patrimonial.
Retomado los motivos expresados en la iniciativa en razón del carácter prioritario de la vivienda en el Distrito Federal, así como de la necesidad que existe de eliminar cualquier obstáculo legal que impida el logro de objetivo a corto plazo, consistente en reponer la vivienda a quienes la perdieron con motivo de los sismos de los días 19 y 20 de septiembre de 1985, se estima oportuno la modificación propuesta además de las razones expuestas por los siguientes aspectos:
Este régimen especial se justifica para dar una forma jurídica adecuada, a vecindades que son características de algunas zonas de nuestra ciudad, y que no fueron construidas con sujeción a las normas ordinarias del régimen de condominio, por ser anteriores a este régimen legal. La realidad ha demostrado que la falta del mismo ha sido una de las causas determinantes del deterioro de estas vecindades y ha constituido un obstáculo insuperable, para que los inquilinos satisfagan su aspiración de convertirse en propietarios de sus viviendas; mismas que con motivo de los sismos se dañaron, ocasionando desequilibrios habitacionales que con este instrumento jurídico se pretende regular.
Se constituirá como un régimen especial de la propia Ley y por disposiciones que contengan las escrituras de la constitución de ese régimen.
Es de gran importancia el que la comunidad que se integre bajo este régimen tenga su capacidad participativa y creativa en la administración y conservación del condominio de carácter vecinal, con objeto de preservar su arraigo, vecindad y tradiciones, integrando su organización de la declaratoria de la constitución de este régimen dando preferencia a la forma propuesta por los beneficiarios.
En la ejecución del programa emergente de renovación habitacional popular, se ha observado que la satisfacción plena de los requerimientos de vivienda de los damnificados por los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, amerita, por las características de los beneficiarios de dicho programa crear condiciones que permitan concretar la adquisición de vivienda en propiedad en condominio, régimen que entre las distintas formas de propiedad resulta la más idónea para satisfacer la necesidad básica antes señalada.
Es de imperiosa necesidad que queden incluidos en este régimen especial los inmuebles que en materia del programa emergente de renovación habitacional popular del Distrito Federal, aprobado mediante decreto del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 1985, y los inmuebles que se incluyan en los programas habitacionales del Departamento del Distrito Federal.
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 71, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 56 y 64 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del reglamento para el Gobierno interior del congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión propone a vuestra soberanía el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA LEY SOBRE EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
Artículo único. Se adiciona con un capítulo VII la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, con los Artículos del 46 al 51, inclusive, para quedar como sigue:
CAPITULO VIII
Del régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal.
"Artículo 46. El Régimen de Propiedad en Condominio de Carácter Vecinal es un régimen excepcional que se regirá por las disposiciones de esta ley, las que contenga la declaratoria de las autoridades competentes que lo autoricen las de las escrituras en que se hubieren establecido dicho régimen y las demás disposiciones jurídicas aplicables, en lo que no se oponga a lo establecido en el presente Capítulo".
"Artículo 47. El Régimen de Propiedad en Condominio de Carácter vecinal podrá constituirse:
I. En inmuebles que enajene para ese fin, el Departamento del Distrito Federal o las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal dedicadas al fomento de la vivienda.
II. En inmuebles, en cuya adquisición participen con financiamiento para el mismo fin, las entidades del sector del Departamento de Distrito Federal o las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal;
III. En inmuebles que sean adquiridos por sus ocupantes o inquilinos, en cuya adquisición o enajenación intervengan las dependencias y entidades mencionadas;
IV. En inmuebles y predios incluidos en los Programas Habitacionales del Departamento del Distrito Federal que oportunamente se aprueben, y
V. En inmuebles dedicados a vivienda que cambien por voluntad de los propietarios o copropietarios y en su caso con la conformidad de los inquilinos que las habiten, al régimen a que se refiere este capítulo.
El Régimen de Propiedad en Condominio de Carácter Vecinal, sólo podrá constituirse en viviendas de interés social y locales anexos".
"Artículo 48. El Régimen de Propiedad en Condominio de Carácter Vecinal, deberá ser autorizado por el Departamento del Distrito Federal, el cual, en la declaratoria prevista por el artículo 3o. de esta ley, señalará las características del proyecto que apruebe y los requisitos administrativos a que dicho proyecto deberá estar sujeto."
Artículo 49. La formalización de los actos y contratos en los que se hagan constar la constitución del Régimen de Propiedad en Condominio de Carácter Vecinal y las operaciones traslativas de dominio a que se refiere el artículo 47, tendrá el tratamiento que determine el Departamento del Distrito Federal"
. Artículo 50. Para la administración y vigilancia de ésta, en los inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad en Condominio de Carácter Vecinal, la declaratoria a que se refiere el artículo 3o. de esta ley, dará preferencia a la forma de organización propuesta por los beneficiarios de cada proyecto".
"Artículo 51. Los requisitos que se exima expresamente en las declaratorias a que se refiere el artículo 3o. de esta ley para la constitución del Régimen de Propiedad en Condominio de Carácter Vecinal, no serán sustituidos por contribuciones, impuestos o derechos de cualquier índole o naturaleza."
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Quedan comprendidos en este decreto los inmuebles que estén incluidos en el Programa Emergente de Renovación Habitacional Popular del Distrito Federal, aprobado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 1985.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México D. F., a 17 de marzo de 1986.
Comisión del Distrito Federal.
Gilberto Nieves Jenkin, presidente; Manuel Gurría Ordóñez, secretario; Aguilar Alvarez
Jaime, Cantú Rosas Carlos Enrique, Altamirano Cuadros Luis Manuel, Casillas Ontiveros Ofelia, Altamirano Dimas Gonzalo, Castellot Madrazo Gonzalo, Berlín Valenzuela Francisco, Castillo Mota Juan José, Bernal Villanueva Agustín, Castro Justo Juan José, Calleja García Juan Moisés, Cervantes Aguirre José Trinidad, Calvo Zarco Efraín Jesús, Díaz Córdova Homero, Campos Bravo Rodolfo Mario, Durán y Liñán Federico, Fernández Flores Manuel, Fonseca Alvarez Guillermo, Gallardo Macías Beatriz, Galván Muñoz Jesús, Garduño Pérez Javier, Godínez López Alfonso, Granja Ricalde Federico, Herrera Arango José, Jiménez Guzmán Manuel. Ling Altamirano Héctor, López Martínez Joaquín, López Zepeda Rafael, Monarres Valenzuela Manuel, Mora Aguilar Adrián, Olmedo de Garcilita Jarmila, Oñate Laborde de Santiago, Parra Prado Manuel Germán, Pineda Serino Javier, Punzo Gaona Antonio, Reyes Medrano Alfonso, Rizo García Sócrates, Silva Ruiz Lorenzo, Terrazas Guerrero Manuel, Ulibarri Pérez Fernando, Valenzuela Herrera Lulio, Whaley Martínez Leopoldo.
La C. Secretaria Rebeca Arenas Martínez: - Por instrucciones de la presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El C. presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general y se abre el registro de oradores.
Se han inscrito, en contra, los señores diputados, Calvo, Terrazas, Fernández Flores, Whaley, Valle y Harris.
¿Son todos los diputados que se inscribieron en contra? Whaley no, correcto.
Ahora tome la secretaría los oradores en pro:
La C. secretaria Rebeca Arenas Martínez: - El diputado Berlín Valenzuela, la diputada Farías, el diputado Lulio Valenzuela. ¿Algún otro diputado en pro? La C. diputada Gallardo Macías.
El C. presidente: - Se han inscrito en pro los diputados Berlín Valenzuela, María Emilia Farías, Julio Valenzuela y Beatriz Gallardo.
Tiene la palabra el señor diputado Calvo Vázquez.
¿La comisión quiere fundamentar el dictamen?
Tiene la palabra la comisión si usted me permite señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Berlin Valenzuela para fundamentar el dictamen.
El C. Francisco Berlín Valenzuela: - Señor presidente; honorable asamblea: Siempre ha sido el problema fundamental para el hombre el tener un techo donde guarecerse de las inclemencias del tiempo y ponerse a salvo de los peligros de la naturaleza. Así, en los albores de la humanidad, los grupos nómadas asumieron conjuntamente la solución de este problema mediante la posesión transitoria y colectiva de cuevas y parajes, pero es a partir de la sedentarización de los grupos humanos que este problema se agudiza concomitantemente con el propio ingenio del hombre para enfrentarlo y resolverlo.
Es así como en el devenir de la humanidad se perciben diversas formas de acometer la solución del problema de la morada, pudiéndose clasificar en lo general en dos grandes grupos: uno de signo de individualista que encuentra su expresión más extrema en el ermitaño y el anacoreta, y el otro de orientación colectivista en el que la sociedad entera se aboca a resolver el problema de vivienda de todos y cada uno de sus componentes, actuando cada individuo en beneficio de todos y todos en beneficio de cada uno.
En la historia de la vivienda humana se contemplan diversos matices entre estos dos polos opuestos, pero es ineludible que la vida civilizada determina inexorablemente que este problema se afronte socialmente, pues aun en el hipotético caso del personaje literario de Daniel Defoe, Robinson Crusoe o del propio Alexander Selkirk, protagonista real del un naufragio en el Pacífico acaecido en el siglo XVI en el que se inspiró la novela, la construcción de su morada no se concibe sin el bagaje cultural producto de la comunidad universal que inspiró su lucha por la sobrevivencia.
La sociedad mexicana ha encauzado en sus diversas etapas la solución el problema de la vivienda dentro de una fluctuación en busca del justo medio que va de las corrientes
individualistas que entronizan el derecho de propiedad privada a las corrientes que lo cuestionan en aras de una radical colectivización. Observamos así que en su evolución se encuentran lo mismo formas de propiedad privada como de propiedad comunitaria, tal como se desprende en la historia de nuestro derecho, de clara ascendencia latina, que va perfilando en su evolución en la época moderna el sentido social que el derecho de propiedad ha adquirido en nuestro país.
A este respecto, cabe destacar que entre nuestras instituciones jurídicas tenemos formas de propiedad social y también de propiedad individual, e instancias intermedias como es la propiedad comunal, en la que una pluralidad de sujetos usufructúan bienes que no son susceptibles de propiedad privada.
La propiedad colectiva, en la que a través de una persona moral un conglomerado de personas físicas ejercen conjuntamente un derecho de propiedad privada, o la copropiedad, en la que un grupo de individuos a título personal ejercen un derecho de propiedad sobre un bien pro indiviso, siendo cada uno de ellos titular de una parte alícuota de este derecho, pues el bien objeto del mismo se mantiene unitario.
Esta última forma de tenencia de los bienes ha desembocado en un relativamente nuevo derecho de propiedad que conocemos como condominio, en el que un bien susceptible de división da lugar a que cada una de la personas que ejercen el derecho de propiedad sobre las partes comunes, tengan simultáneamente un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su departamento, vivienda o local.
La circunstancia de que el bien inmueble materia del régimen de condominio sea susceptible de división en departamentos, viviendas o locales que puedan aprovecharse de manera singular por tener salida propia y una serie de características particulares y unicidad, ha hecho que desde la promulgación de la Ley sobre el régimen de propiedad en condominio de inmuebles, en diciembre de 1954, este régimen, tan aceptado sólo haya podido usarse para construcciones modernas, de considerable valor económico y construidas exprofesamente con las características técnicas que requiere dicho propósito
La anterior es incompatible con nuestra realidad social, que ha evidenciado la necesidad de dar mayor versatilidad al régimen de condominio, a fin de que no sólo los edificios relativamente nuevos destinados al arrendamiento de viviendas de clase media, puedan ser transformados en condominios, como lo permiten las reformas legales de 1984, sino que es imprescindible que la vivienda popular, la del gran proletariado mexicano que parece haber perdido la esperanza de ser dueño de su morada, pueda sujetarse a esta modalidad de la propiedad, para hacer de esta institución jurídica un instrumento de la propiedad, para hacer de esta institución jurídica un instrumento más de la Revolución Mexicana, al servicio de la justicia social.
La iniciativa de reformas a la Ley que el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal pretende sentar bases jurídicas para la realización de dicho propósito justiciero. La indiscutible bondad de la institución a que me he referido, no es suficiente en un estado de derecho para afectar las normas de convivencia social, en aras de su consecución, si no existe para ello un sólido fundamento jurídico que lo justifique.
Afortunadamente, los mexicanos tenemos el privilegio de vivir bajo un régimen de derecho, perfilado por graves visionarios, los Constituyentes de 1917 que nos legaron una Constitución que ha aprobado tener previstos hasta los grandes cambios que plantea la dinámica social, a siete décadas de su promulgación. Encontrando así que el párrafo tercero del artículo 27 constitucional, nos da el soporte jurídico necesario al prescribir que la nación tiene en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada la modalidades que dicte el interés público.
Es obvio que el propósito de la iniciativa que se comenta responde a dicho interés público, según se infiere de lo consignado en la propia Carta Magna, en el párrafo cuarto de su artículo 4o. que textualmente asienta: "Toda la familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo
" No obstante lo contundente de los preceptos constitucionales invocados, creo pertinente enfatizar la fundamentación evocando al texto del artículo 9o. de la Ley de Condominios citada que expresa: "Se declara de utilidad pública la constitución del régimen de propiedad en condominio así como la regeneración urbana en el Distrito Federal".
Señores diputados, el objetivo de las reformas legales contenidas en la iniciativa presentada a nuestra soberanía, es además de coherente con la suprema voluntad jurídico - política del pueblo mexicano, altamente congruente con nuestra realidad económica social, pues converge con el Plan Nacional de Desarrollo, que formulado e
impulsado por el Ejecutivo de la Unión, norma las acciones de su gobierno para el acto comprendido entre los años de 1983 - 1988, al reconocer que la problemática actual de desarrollo urbano y la vivienda, se deriva de la gran inercia de un patrón territorial tradicionalmente disperso y centralizado. Agravando por la insuficiente puesta en practica de la política regional, urbana y de vivienda, y de factores estructurales tales como una inequitativa distribución del ingreso y una desmedida especulación inmobiliaria.
Concluyendo estas ideas con el enfático pronunciamiento de que la vivienda es una necesidad básica, cuya satisfacción condiciona a la alimentación, la salud y la educación. Es un elemento clave del desarrollo social y por tanto se ratificará explícitamente su carácter de derecho social de todos los mexicanos.
Estos planteamientos, conducen a que se destaquen entre las líneas generales de acción que el gobierno de la República se ha propuesto, la revisión de las bases jurídicas que norman a la vivienda, la reorientación de los sistemas financieros, el impulso de la participación organizada de la comunidad mediante la creación de cooperativas de vivienda y realización de programas de autoconstrucción, así como el reconocimiento, apoyo práctico y jurídico de las nuevas formas que adopte la vivienda urbana y suburbana, particularmente la fracción priísta se pronuncia en favor del dictamen sometido a consideración de esta honorable asamblea, porque los objetivos que persigue, la iniciativa de reforma, coinciden con los objetivos mediatos e inmediatos alusivos contenidos en la declaración de principios y el programa de acción que norman la presencia de nuestro partido en la vida política nacional.
La argumentación esgrimida para fundamentar esta iniciativa, no me impide percibir que la institución jurídica que se pretende generar, bajo el nombre de régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal es perfectible, como corresponde a toda obra humana, pero sí quiero dejar constancia de que consideramos que ella se ajusta a las posibilidades de realización que por ahora son factibles.
Al formular este acertó, no se escapan a mi consideración algunas proposiciones que en otro sentido conoció la Comisión del Distrito Federal, encargada de dictaminar esta iniciativa. Como es la de sujetar el régimen de patrimonio de familia, presentada por el Partido Socialista Unificado de México y que se encuentra regulado este régimen en el Código Civil en los artículos 723 al 746, las viviendas que se constituyen como condominios vecinales, propuesta que no se consideró ni viable ni deseable.
No visible, porque el carácter sui géneris del patrimonio de familia lo hace imbargable, inalineable y lo sustrae de todo gravamen haciéndolo así incompatible con el cumplimiento coactivo que la ley del Régimen de Condominio impone a los condominios morosos, en el pago de sus cuotas de mantenimiento marginando los bienes que lo integran del ejercicio de las facultades económico - coactivas del fisco.
Asimismo resulta inconciliable el patrimonio de familia con el derecho de copropiedad que supone el régimen en condominio, con respecto a las áreas comunes. Pero además, si lo anterior no fuera suficiente para descartar la idea, cabe reflexionar en que la sujeción al patrimonio de familia de esta vivienda, impediría que su financiamiento, como se prevé factible, se obtuviera mediante créditos hipotecarios al no poderse dar en garantía por no ser gravable, dificultándose así el cumplimiento de la fracción IV del artículo 731, del Código Civil del Distrito Federal que establece como requisito fundamental para la constitución del patrimonio familiar la propiedad de los bienes destinados al patrimonio.
De tal argumentación se desprende que la propuesta para afectar al condominio vecinal al patrimonio de familia, como pretende el Partido Socialista Unificado de México, lejos de beneficiar a las clases populares como se pretende, las perjudicaría al impedirles en las práctica la posibilidad de ser dueños de su vivienda.
Aun suponiendo que los obstáculo anteriores se pudiera subsanar, la propuesta tampoco resulta deseable dado que con ello se privaría a los adquirentes de vivienda en condominio vecinal del aliciente psicológico de su propiedad que debe ser lisa y llana, según se desprenda de la idiosincrasia del pueblo mexicano al respecto suficientemente manifestado en el hecho de que en los últimos 20 años no se haya realizado ninguna inscripción de patrimonio familiar según datos del registro público de la propiedad del Distrito Federal, pues es evidente que al Jefe de familia satisface con la tenencia de su casa no sólo la necesidad de tener vivienda, sino también la necesidad de una reserva patrimonial para contingencias de la que se le privaría en virtud de que el patrimonio de familia estaría fuera del comercio.
Otra de las propuestas que fue objeto de minucioso análisis es la presentada . por el diputado Efraín Jesús Calvo, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, consistente en la creación de un
peculiar régimen de copropiedad al que denomina de propiedad vecinal y en el que inciden más que las características propias de la copropiedad, aquellas que definen el régimen que en teoría se ha llamado de propiedad comunal, en virtud de que ésta recae sobre bienes que no son susceptibles de propiedad privada, sino sólo de propiedad común de un grupo social.
En el artículo que integra esta propuesta, se advierte el intento de transferir algunas disposiciones normativas el derecho agrario diferentes al régimen de propiedad comunal, al campo del derecho civil pretendiendo hacerle algunos ajustes y cambios de terminología para transformarlas en normas que versan sobre aspectos rurales a normas que regulen aspectos urbanos
. Por otro lado, en la iniciativa en cuestión se contienen disposiciones que parecen instituir un régimen de propiedad colectiva, es decir, aquella en que la titularidad de la propiedad la tiene una sociedad o persona moral participando los individuos sólo como socios del ente jurídico titular de propiedad, pero no como dueños de ella, así se pretende dar al conjunto de los habitantes de una vecindad reunidos en asamblea tal cúmulo de atribuciones Que lo hace aparecer como el titular de los derechos de propiedad del edificio, lo que lo asimila casi a una persona jurídica.
En el artículo 47 del proyecto aludido se define el régimen de propiedad vecinal como aquel en que los avecindados son copropietarios tanto del suelo como de las edificaciones, perfilándose así un régimen de copropiedad que en otros artículos se desvirtúa con disposiciones incompatibles con la misma, como son la obligación de conservar indiviso el bien, la prohibición de vender la parte alícuota, la inexistencia del derecho del tanto, la obligación de habitar el inmueble, etc. La apariencia de copropiedad que se desprende del artículo 47 del mencionado proyecto condujo a la Comisión del Distrito Federal a señalar que se estaba desvirtuando el régimen de la propiedad en condominio imponiéndole limitaciones que hacía nulatorio el derecho de propiedad.
Se infiere de lo anterior que de suyo está fuera de lugar agregar un capítulo octavo a la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio para establecer un régimen de propiedad que se haya normado en lo general en el Código Civil del Distrito Federal en el capítulo sexto del título cuarto del libro segundo pues en todo caso lo procedente sería adicionar dicho título si se considera aconsejable afrontar el objetivo que nos motiva con este tipo de régimen.
Particularmente consideramos que las ventajas del Régimen de Condominio han sido ya suficientemente evidenciadas al haber aprobado su eficacia en los 32 años que tiene de existencia en el Distrito Federal por lo que no resulta aconsejable ni pertinente instituirlo por el régimen de copropiedad para el caso especifico de la vivienda popular dadas las limitaciones que este último implica, las que podemos sintetizar de la manera siguiente:
"Primero. La copropiedad no da derecho individual a una vivienda y el condominio, sí.
Segundo. En la copropiedad, la venta de la parte alícuota requiere del consenso de todos los propietarios y en el condominio se tiene la libre disposición del bien.
Tercero. En la copropiedad, la muerte de un copropietario afecta a todos los demás y en el condominio no existe interdependencia entre los condóminos.
Cuarto. La copropiedad propicia el acaparamiento de todo el inmueble en un solo copropietario por el derecho del tanto que en ella existe y en el condominio no existe dicho derecho ni la obligación de vender el bien a los demás condóminos.
Quinto La copropiedad no está suficientemente reglamentada en cuanto al uso de las áreas comunes, en el condominio su ley regula suficientemente el uso y disposición de esas áreas.
Sexto. En la copropiedad, cualquier copropietario puede solicitar la venta en remate judicial de todo el inmueble para terminar con ella y hacer líquida su inversión. En el condominio, cualquier condómino puede vender su parte sin afectar a los demás".
En el proyecto que se comenta también, se insiste en que no sea agravable ni embargable el inmueble sujeto al régimen de propiedad vecinal, con lo que, como ya se dijo, se reducen las posibilidades de su financiamiento al no poderse dar en garantía.
Otras de la propuestas, finalmente, que fueron sopesadas por los miembros de la comisión en la en la formulación del dictamen sometido a la consideración de esta honorable asamblea, fue en el sentido de que la Constitución de Régimen en Propiedad en Condominio Vecinal, debería dejarse abierto para que uno o varios grupos de inquilinos pudieran constituirlo sin intervención oficial. Al respecto cabe atraer la atención sobre
las circunstancias de que la fracción V del artículo 47 del dictamen aprobado por la comisión , otorga a dichos grupos de inquilinos e incluso a los propietarios de los inmuebles, la posibilidad de promover dicho régimen, pero sujeto, como lo dice el artículo 48 a la autorización del Departamento del Distrito Federal, requisito que fue considerado necesario para evitar la anarquía y la posibilidad de que se abuse de este régimen en perjuicio de los inquilinos vendiéndoles inmuebles en estado desastroso e insalubre.
A las consideraciones y argumentaciones anteriores, es pertinente agregar que las múltiples acciones que el Departamento del Distrito Federal esté implementado para afrontar el difícil problema de habitación que desde hace muchos años vienen padeciendo los habitantes de esta ciudad, se agravó por la penosa pérdida de las viviendas que sufrieron numerosos compatriotas nuestros, con motivo de los sismos del año pasado, haciendo patente la urgencia instrumentos jurídicos idóneos que facilite la atención inmediata que la situación demanda.
Esta es la razón por la que se incluyeron en la iniciativa a vuestra consideración al artículo Transitorio Segundo, que involucra los inmuebles incluidos en el programa emergente de Renovación Habitacional Popular del Distrito Federal.
Respetables señores diputados: Al solicitar a ustedes su aprobación al dictamen que se comenta, deseo hacerle notar que los infaustos acontecimientos del año pasado hicieron brotar un generoso espíritu de solidaridad que engloba a pueblo y gobierno, pues lo mismo el modesto ciudadano que el Ejecutivo de la República han sabido estar en pie de lucha a la altura de las circunstancias para trabajar en la solución del problema desde sus ámbitos de acción.
Los diputados tenemos por ámbito de acción el legislar; por vocación de servicio el deber de solidarizarnos con la solución de la problemática nacional; la angustiosa situación de la vivienda en nuestra capital demanda que el régimen de condominio se haga extensivo también al proletariado nacional, luego entonces, aquí y ahora, debemos aportar los instrumentos jurídicos necesarios para contribuir a hacer realidad el derecho constitucional a la vivienda. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Efraín Calvo Zarco.
El C. Efraín Jesús Calvo Zarco: - Señoras y Señores diputados: yo creo que Robinson Crusoe sí era un damnificado, pero no de los que vamos a discutir. Nosotros vamos a discutir de los que son damnificados a raíz de los sismos del 19 de septiembre.
Tampoco vamos a hablar del Plan de Desarrollo, porque en el Plan de Desarrollo no se preveían los sismos, y no tratemos de encajarnos como dé lugar esta cuestión del dictamen que se está presentando para plantear que está de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.
Tampoco tratemos de hacer, como hace el dictamen, una justificación de las políticas gubernamentales diciendo que este dictamen está en congruencia con el artículo 4 de la Constitución, que pretende ayudar a resolver el problema de la vivienda, porque lo que se está tratando de hacer es mínimamente reparar en daños y no avanzar nada más, sino reparar lo que fue destruido en los sismos del 19 de septiembre.
Yo creo que vale la pena que nos centremos sobre el punto, que hablemos deveras de los damnificados y que sobre eso discutimos, porque si no siempre se tiene cortinas de humo que no hacen sino evitar discutir los puntos que queremos resaltar.
En primer lugar yo quiero decir que es una verdadera lástima, realmente es una verdadera lástima que hayamos tenido que esperar tanto tiempo para llegar a tan poco en lo referente al régimen de propiedad. Digo esto porque resulta que lo que hoy nos presenta el dictamen de la mayoría es totalmente insuficiente en relación a lo que realmente se requiere, pero a lo que se requiere allá en las calles, aquí en los campamentos que están enfrente, acá en la Colonia Morelos, en todos los lugares donde se están erigiendo campamentos de damnificados y donde se están erigiendo viviendas transitorias y viviendas definitivas para las gentes que fueron afectadas el 19 de septiembre.
Creo yo que incluso el dictamen que se está presentando a discusión echa para atrás muchos acuerdos a los que inicialmente ya habíamos arribado en diciembre en los numerosas reuniones de comisión, subcomisión, privada, pública, etc, que tuvimos para discutir este punto, ¡Por qué tuvimos tantas reuniones? ¡Por qué fue tanto problema la discusión sobre esta cuestión de régimen de propiedad? Yo quisiera señores y señoras diputados, hacer un breve recuento de la historia de este asunto para que entonces nos ubiquemos y veamos exactamente cuál es la discusión.
Permítasenos recordar que la historia de este asunto es tan largo como el Decreto
Expropietario. Ya en aquel entonces, pocos días después del Decreto Expropietario, el mismo día 15 de octubre, a sólo 4 días de la expedición del Decreto, nosotros dijimos aquí mismo en esta tribuna después de apoyar el Decreto Expropietario, dijimos para que sea congruente con la voluntad de la expropiación y la misma sirva realmente a los intereses populares, estamos convencidos de querer establecer un régimen de propiedad adecuado; desde nuestro punto de vista esto no está claro en ninguno de los decretos. En un principio la euforia por la medida tomada en la discusión que acarreó, impidió veré la importancia de este tipo de definición, más tarde sin embargo cuando se empezaron a dar los primeros pasos tendientes la reconstrucción, se pudo observar con calidad que de no definirse el nuevo régimen de propiedad el conjunto de las tareas de reconstrucción se iban a empantar. Se presentaron problemas como los siguientes.
1o. La gente no quería saber nada de vivienda transitoria mientras no tuviera claro cómo iba a adquirir su nueva propiedad; es evidente que los certificados de derecho fueron siempre un instrumento insuficiente para dar confianza a los damnificados en este sentido.
Por eso don Ramón Aguirre nunca pudo lograr su objetivo de que la gente se fuera a los albergues, la gente decía, cómo me voy a ir a los albergues si no sé qué va a pasar con mi casa, qué va a pasar con mi vivienda.
2o. Problema que se presentaba, si no había una definición de la forma en que se adquiría la nueva propiedad, luego entonces a qué figura jurídica o bajo qué forma legal se iban a otorgar ya los materiales a los financiamientos a los pobladores para que llevaran a cabo la reconstrucción. Este era un problema gravísimo. No se podía hablar de financiamiento mientras no se hablara de régimen de propiedad. y este régimen de propiedad tardó meses y meses y sigue tardando hasta hoy tal vez, para definirse.
En tercer lugar, la multicitada indefinición, dejaba en el aire el espíritu del decreto expropietario, uno de cuyos objetivos era preservar el arraigo y las tradiciones de los barrios. Por todas las razones anteriores, nuestros diputados y varios compañeros de la oposición, insistimos en reiteradas ocasiones del Distrito Federal, Asentamientos Humanos y también la Comisión Especial Pluripartidista, para que contemplara dentro de sus actividades, la discusión de este problema que para todos era de obvia y urgente resolución pero nadie le quería entrar.
Con objeto de no plantear una alternativa poco seria para solucionar este problema, estuvimos teniendo un intenso intercambio de puntos de vista con las más variadas instancias. En primer lugar por supuesto, llevamos a cabo una amplia actividad de consulta con las propias organizaciones de damnificados, surgidas a raíz de los sismos, pero también discutimos el asunto en el subcomité de vivienda de la comisión Metropolitana de Reconstrucción, lo discutimos con el Director de Renovación Habitacional Popular, aquí en la misma Cámara de Diputados, con las autoridades del Departamento del Distrito Federal, con varios diputados e insistimos en todos los lugares, en que se tendrían que formar subcomisiones para elaborar un proyecto que recogiera el consenso de varios partidos sobre el asunto. Sobre este asunto pensamos nosotros que era tan importante su discusión, que no valía que ninguno de los partidos tratara de abrogarse el derecho de haberlo presentado primero. Pensamos que era tan necesario que tuviéramos un decreto sobre esta naturaleza que valía la pena que entre todos tratáramos de sacar un consenso. Eso no sucedió.
Por la indefinición de una orientación clara en este sentido, y ante el riesgo de que el período de sesiones ordinarias sin que este problema se discutiera, elaboramos una propuesta de régimen de propiedad retomando una idea que planteó por ahí el Director de Renovación Habitacional Popular a la que le dimos forma, la forma que consideramos, Esta propuesta la entregamos el día 20 de diciembre a los diputados Valls y al diputado Valenzuela, para que se comenzara a discutir en comisiones.
El día 26 sin embargo, se leyó el pleno de la Cámara de Diputados una propuesta presentada por Valenzuela, a nombre del PRI y de otras fracciones parlamentarias, que recogía muy poco o nada, de la propuesta que habíamos presentado. Estuvimos de acuerdo sin embargo, todavía, en hacer un esfuerzo para tratar de llegar a un consenso sobre el asunto, mismo al que finalmente no pudimos arribar, posponiéndose el punto para ser discutido a la brevedad, si se que la brevedad se entiende este período extraordinario de sesiones. Como producto de esa falta de consenso, presentamos nuestro proyecto en el último día de sesiones con objeto de que pasara a estudio de las comisiones, y de las comisiones es precisamente que hoy recibimos este dictamen.
En vista de que en el dictamen se hace referencia explícita, y también el diputado Berlín Valenzuela hizo referencia explícita a la propuesta que nosotros presentamos a nombre del PRT, queremos leer a ustedes los artículos que consideramos
más importantes de la propuesta de decreto que presentamos.
El artículo 47 que proponíamos decía para empezar: Se define como régimen de propiedad vecinal aquél en que los avecindados son copropietarios del suelo indiviso del predio, así como de las edificaciones que se encuentran en él, y cuyo objeto es garantizar la habitación de los mismos con sujeción a las siguientes disposiciones: Se considerará como vecino para los efectos de este capítulo al jefe o jefa de cada una de las familias que habiten o vayan a habitar el inmueble.
Este concepto es muy importante para nosotros; se profundizaba en otros artículos como el artículo 54 que decía: Los vecinos sólo podrán ceder sus derechos bajo cualquier título gratuito u oneroso a la Asamblea de Vecinos o a terceros siempre y cuando éstos se autoricen por las dos terceras partes de la asamblea. Se exceptúa de esta disposición la transmisión que se opere en beneficio de los familiares que habitan la vivienda.
Había otro artículo, el 55 que dice: Queda estrictamente prohibido el arrendamiento de las viviendas comprendidas bajo el presente régimen; cualquier violación de la presente disposición ameritará la pérdida de los derechos como copropietarios y vecino.
Y el artículo 56 que decía: Perderá sus derechos como tal el vecino cuya familia deja de habitar la vivienda sin causa justificada por un lapso de seis meses.
En el dictamen se nos acusa de pretender desvirtuar el régimen de propiedad en condominio; hay que crear un derecho de copropiedad, lo que es una figura jurídica de características diferentes al condominio.
Se dice, además, cito el dictamen "que las limitaciones que se ponen en la iniciativa a la tablación de propiedad por los inquilinos son de tal naturaleza que hacen nugatorio el derecho". Pues bien, señores y señoras diputados, aceptamos el pecado, haber cometido el pecado de plantear algo diferente al régimen de condominio; lo aceptamos; completamente cierto.
Si lo hemos hecho así sin embargo, es porque nuestra propuesta está diseñada para que responda a la realidad a la que tenemos en México, a la que pensamos que tiene que ajustarse las normas jurídicas vigentes o no vigentes en el país, y pensamos que en caso especial, específico de los damnificados no tenemos por qué tratar de forzar una ley de condominios para que se adecúe a la realidad. Lo bueno sería hacerlo al revés.
Tenemos que ver si la fórmula que tenemos es congruente con la realidad que hay; si no hay, inventamos una nueva fórmula jurídica y no andamos tratando de estirar lo que ya tenemos porque si no, no resulta, porque la realidad es la que en última instancia es la que hace las leyes en este país y en cualquier parte del mundo.
Nosotros pensamos que la realidad de las vecindades nació de las difíciles condiciones económicas de los pobladores, a beneficio de quienes se estatuyó que para protegerlos de los abusos de los casatenientes, se les cobrarían ventas congeladas o rentas muy bajas. La permanencia en el tipo de esta medida y también la permanencia de las dificultades económicas de los moradores, se convirtió en toda una forma de vida caracterizada por el arraigo, el surgimiento de una cultura urbana popular característica y de toda una serie de entrelazamientos sociales que tenían como centro de operación las vecindades.
Evidentemente, el transcurrir el tiempo y ante la negativa de los caseros de dar mantenimiento a las viviendas, muchas de ellas se fueron deteriorando. Si dicho deterioro no avanzó más fue porque los propios avecindados lo impidieron, como una respuesta natural a su deseo de conservar su identidad. Por cierto es falso lo que afirma el dictamen cuando señala que el deterioro de las vecindades se dio porque no existía el régimen de condominio. Eso el falso. Se dio por la irresponsabilidad de los caseros y también porque el Estado fue incapaz de legislar o hacer valer los instrumentos legales existentes, para que se actuara con firmeza contra los patrones, contra los caseros, contra los casatenientes, para que ellos pagaran los gastos de mantenimiento.
Realmente, la perorata del dictamen sobre esta cuestión de que deterioro de las viviendas se debe a que no existía la Ley de Condominios, parece más bien una defensa postmortem de los propietarios de las vecindades que fueron expropiadas el 11 de octubre, y eso sinceramente, no creo que sea papel de los legisladores más aquello que aplaudieron el decreto expropiatorio.
Pero todo esto se hace, toda esta defensa postmortem, con el único objetivo de defender el régimen de propiedad en condominio. Ciertamente nuestra propuesta implicaba, como se decía explícitamente, la copropiedad de las vecindades, y esto se deriva del hecho de que se deben buscar formas de mantener el arraigo de los actuales pobladores de las vecindades.
Ciertamente debe haber una serie de regulaciones que dificulten, aunque no imposibiliten, la transferencia de las propiedades, pues de otra forma, dejando las nuevas propiedades al libre albedrío de las fuerzas del mercado, éstas se incorporarán muy rápidamente, señores, al mercado especulativo inmobiliario, que a la larga sólo beneficiará a los grandes casatenientes urbanos, con todo tipo de maniobras de las que ya conocemos, presionarán a los avecindados para arrancarles sus viviendas y entonces sí se desvirtuará, lo tenemos claro y seguro, el espíritu del decreto expropietario.
Esto es lo que va a suceder ni bien se ponga en venta las propiedades de los damnificados.
La búsqueda de fórmulas que impidan este fenómeno, tiene orígenes revolucionarios. Tal cosa sucedió con el ejido en el campo, sí es cierto, diputado Valenzuela, sí estamos tratando de trasladar cuestiones de campo y ahorita le digo por qué.
Si el ejido se ha mantenido como tal, es por la lucha de los campesinos,. y si la tierra en el campo no está sujeta al mercado especulativo de la tierra, es porque los campesinos han definido y defendido con las armas en la mano lo conquistado de que la tierra fuera inalienable e intransferible e imprescriptible. Y nosotros pensamos que en la ciudad tendríamos que hacen lo mismo, nuestro partido ha venido pugnando porque esta conquista de la Revolución Mexicana se extienda a las ciudades, mediante la creación de lo que nosotros llamamos el ejido urbano o cualquier otra figura similar que dé la misma idea.
Pero siempre nos hemos encontrado con la oposición de aquellos que defienden a rajatabla la propiedad privada del suelo en la ciudad, hoy, por ejemplo, se nos dice en el dictamen: si lo que se persigue es transferir la propiedad a quienes siempre han deseado tenerla, poco les beneficia si se les limita en forma tal su derecho de transferirla que les impida, en un momento determinado, aplicar el bien en beneficio propio y de sus familias como lo planteó la iniciativa del diputado Efraín Calvo Zarco.
Señoras y señores diputados, hagamos una reflexión y acordémonos de esos argumentos, quienes lo han manejado contra el ejido, quienes han sido los que han dicho que el ejido perjudica a los campesinos porque les quita el derecho que tienen de vender sus tierras, son los compañeros del PAN. Ellos lo dicen clara, abierta y honestamente, es su punto de vista y están en todo su derecho a decirlo y a defender aquí. Pero que lo hagan los señores del PRI que tanto atacan al PAN por estar en contra del ejido, sinceramente suena ridículo.
Nosotros pensamos que en efecto se tiene que extender hacia la ciudad la misma conquista que hizo la Revolución Mexicana para terminar de una vez por todas con la especulación del suelo urbano que tanto padecemos y que actualmente a más de la mitad de los mexicanos, sobre todo en el área del Distrito Federal, sin vivienda. Pero que esas cosas las defiendan los compañeros del PAN no los priístas, se ven realmente muy mal haciendo eso.
Dice el diputado Berlín también que si nosotros llegamos a una cuestión de copropiedad o a la vivienda instransferible e inalienable e imprescriptible, esto va a causar problemas con el mantenimiento de las vecindades. De nueva cuenta contra el problema del mantenimiento de las vecindades.
Ya vimos que el dictamen señala que la culpa del deterioro de las vecindades se debe a que no había régimen de propiedad en condominio, y nosotros decimos que eso no es cierto, que era culpa de los patrones. Pero también decimos que no es cierto, que es totalmente falso que las vecindades se deterioran si la gente tiene su vivienda intransferible e imprescriptible, etcétera. Porque vamos a hacer de nueva cuenta un parangón con los campesinos, ¡a poco los campesinos se desatienden de la tierra porque la misma es intransferible y etc.? ¡Verdad qué no?.
Se preocupan organizadamente, para decirlo de alguna manera, para que las tierras se mejoren, es el gobierno el que pone los obstáculos para que esto no suceda. Pero los campesinos tienen la iniciativa y la fuerza propia para hacer que sus tierras sean cada vez mejores. Lo mismo pensamos nosotros podría pasar fácilmente con los propietarios o copropietarios de vecindades que pudiesen adquirir la vivienda en estas características que estamos proponiendo.
No tenemos desconfianza en la capacidad del pueblo para organizarse y para en un momento determinado dar el mantenimiento que requieren las vecindades para que sigan siendo habitables y decorosamente habitables.
Pensamos que no es casual, por otra parte, que los señores del PRI retomen los documentos opositorios, pues de lo que se sabe que varios de ellos son precisamente beneficiarios de la especulación inmobiliaria y entre sus filas se hayan no pocos terratenientes urbanos. Ah, pero hasta en la prensa aparecen todos los días.
Poco antes de los decretos expropietarios, se habló, y el compañero Lulio no lo desmintió. El
compañero Lulio había adquirido una buena cantidad de hectáreas de tierra, sabiendo que se venía el decreto expropietario de vecindades.
Como estos hay muchos datos, pero un día de estos si quieren discutimos sobre esto datos.
En fin, este problema del ejido urbano, o de la copropiedad de las vecindades y va a seguir siendo una vieja discusión. Lo que no podemos aceptar, señores diputados, es que nos achaquen una debilidad de propio proyecto de decreto que nos presenta la mayoría. Decimos esto, porque ahora resulta que nuestra propuesta, cito el dictamen, se ocupa en su mayor parte en lo relativo a la administración de los condominios, dejando de lado el fondo que es lo relativo a la constitución de éstos.
Esta acusación no la aceptamos. Y no la aceptamos porque como se desprende de lo que hemos señalado, la preocupación central de nuestro proyecto era la de definir claramente el nuevo régimen de propiedad.
El cargo es realmente increíble, porque éste fue precisamente el señalamiento que hicimos desde el principio al proyecto de la mayoría priísta, recalcamos en una y en otra ocasión que la propuesta de la mayoría, tenía un defecto principal y que era que en ningún momento definía de qué se tratara el régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal. A pesar de las numerosas discusiones que tuvimos sobre el asunto, en ninguno de los proyectos modificados se avanzó mucho en tal definición.
En realidad lo único que se hacía , era legislar a medias. Esto es, abrir un nuevo capítulo de la Ley de Condominio que le permitiera al Departamento del Distrito federal o a la SEDUE y a otras autoridades definir ellas, por medio de declaratorias, las características que adoptaría este régimen de propiedad. O sea, el proyecto priísta solamente contenía el permiso para que otras instancias definieran lo que solamente nosotros podemos definir y ustedes no se atreven a definir.
El mismo problema se presenta hoy con el proyecto de decreto que ha dictaminado la Comisión. y que es peor que los anteriores proyectos que se habían considerado en diciembre. Se habla de un régimen de excepción, cuya única excepción es que será el Departamento del Distrito Federal quien determine la modalidad o el carácter de nuevo régimen de propiedad. Si no, vamos a analizar los artículos, como se debe hacer.
Primero el 46. ¡Qué espera uno cuando se adiciona un capítulo nuevo a una ley, más cuando ésta se refiere a un nuevo régimen de propiedad, a un nuevo régimen de propiedad o a una nueva modalidad de la propiedad de régimen de condominio. Lo primero que debería contener la definición de ese régimen, para luego señalar los ordenamientos del mismo, sus regulaciones, etc., pero no, el proyecto de Decreto en cambio dice: "Artículo 46. El régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal es un régimen excepcional". Debería decir consiste en tal y cual cosa, pero no. Luego dice:" en un nuevo régimen excepcional que se regirá por las disposiciones de esta ley, etc. O sea ¡dónde quedo la bolita? ¡dónde quedo la definición del régimen de propiedad? No existe.
En el artículo 46, que es quien debería de contenerlo, sigue diciendo: "Las disposiciones de esta ley o las que contenga la declaración de las autoridades competentes que lo autoricen, las de las escrituras en que se hubiese establecido dicho régimen y las demás disposiciones jurídicas aplicables en lo que no se oponga a lo establecido en el presente capítulo.
Acá hay varios problemas, uno que lo que rige la Ley según las disposiciones de la misma, en otros artículos, no tienen nada que ver con la definición del régimen de propiedad. El artículo 47, por ejemplo, señala a qué tipo de construcciones se va a aplicar. El artículo 48 dice que en nuevo régimen debe ser autorizado por el Departamento del Distrito Federal. El 49 indica que la formación de los actos relativos al nuevo régimen tendrá el tratamiento que determine el Departamento del Distrito Federal. El artículo 50 habla de las formas de organización de los avecindados, el 51 de la exención de requisitos para la constitución del régimen y de que los mismos no sustituirán contribuciones e impuestos, y esto es todo, se acabó, no hay más en el proyecto de Decreto.
Se sabe, eso sí queda muy claro, que es el Departamento del Distrito Federal el responsable de definir prácticamente todo. ¡Bajo qué criterio? Nunca se aclara o por lo menos se insinúa, así el DDF que no se ha caracterizado precisamente por su cordura en lo relativo a los damnificados, que una y otra ves ha sido rebasada y/o desmentido por las Autoridades Federales, se convierte en el gran rector de los destinos de los damnificados pues serán sus declaratorias las que definen todo. Esto según el diputado Valenzuela, es para evitar arbitrariedad, más de las que ha cometido el Departamento del Distrito Federal, veo difícil.
Se deja abierta también una puerta muy peligrosa, esto es así porque seguramente las grandes constructoras se van aprovechar de este Decreto y de las declaraciones del Departamento del Distrito Federal, para hacer pingües negocios, argüirán que están construyendo condominios de carácter vecinal para entonces sí violar la ley de condominios, que les obliga a muchas disposiciones que todos conocemos.
Así como está, la propuesta que seguramente adoptarán se puede volver un instrumento en contra de personas como los tlatelolcas quienes desde hace tiempo vienen oponiéndose a que los ubiquen en un régimen de condominio que es contrario a las ventajas que disfrutan por la posición de las traídos y llevados certificados de participación inmobiliaria.
Si las autoridades trataron de obligar a los tlatelolcas a que pasarán a ser condominios, ello no tenía más objetivo que buscar que fueran los propios vecinos los que se encargaran de reparar una serie de fallas estructurales de los edificios, ellos porque la Ley de Condominio obliga a sus copropietarios hacerse cargo del mantenimiento y fácil solución que le deban al asunto, y los vecinos se opusieron terminantemente a esta orientación porque sabían perfectamente que quien tenía la culpa de los desperfectos eran AISA, Banobras, y en última instancia, el Gobierno Federal.
Por todo lo anterior señalado, señoras y señores diputados; nuestro partido va a votar y llamar a quien quiera votar en contra de este proyecto que retrocede incluso de los avances pequeños que habíamos logrado después de muchísimas negaciones y de discusiones en diciembre.
Pensamos que el espíritu de democratización de esta Cámara de Diputados, se han quedado en la caja del olvido y por eso llamamos a votar en contra. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tienen la palabra la diputada Beatriz Gallardo Macías.
La C. Secretaria Beatriz Gallardo Macías: - Señor presidente; compañeros diputados: el grupo parlamentario del Partido Socialista de los Trabajadores, presenta a este pleno un voto particular sobre el Proyecto de Decreto que adiciona La Ley sobre Régimen en propiedad en Condominio de Inmuebles, para el Distrito Federal, que presentó la fracción del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal a esta soberanía, mismo que consideramos inconcluso e insuficiente, ya que no corresponde cabalmente al espíritu del decreto expropiatorio del pasado 11 de octubre de 1985 y por lo cual exponemos los siguiente considerandos:
De todos nosotros es conocida la problemática de vivienda que prevalece en el país y muy particularmente en el Distrito federal, la cual se agravó considerablemente debido al sismo, dando como resultado, que más de 43 mil familias trabajadoras se vieron afectados principalmente en las Delegaciones de Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Que conocemos senciblemente las graves consecuencias del sismo sufrido, el Presidente Miguel de la Madrid expidió con gran valentía un decreto expropiatorio, permitiendo a miles de trabajadores hacer posible, a través de él, sus derechos constitucionales a la vivienda, pero que consideremos que como producto de ese mandato presidencial, se cree el organismo Revolucionario Habitacional cuyas funciones inmediatas eran las de salvaguardar los derechos de la población damnificada y llevar a cabo la reconstrucción de viviendas.
A pesar de los grandes esfuerzos para llevar a cabo los objetivos establecidos, debemos de dejar sentado que organismos como Renovación Habitacional ha enfrentado dificultades financieras, pero que el gran burocratismo que existe en este organismo ha operado y trabajado, así como la participación de las delegaciones han limitado para que avance este programa y han impedido que todos los compañeros resuelvan de la manera más ágil el problema de la reconstrucción.
Indiscutiblemente de todos ustedes es conocido que en muchas organizaciones y entre ellas la del directorios de defensa del damnificado, ha presentado una lucha permanente y tenaz porque los objetivos que se plantean en el decreto expropietario sean llevados hasta sus últimas consecuencias, a pesar del burocratismo que de manera constante Renovación Habitacional ha instrumentado por la vía del control político de delegaciones y de la misma institución, ha trabajado sensiblemente al desarrollo de este programa.
Consideramos que en este proyecto contiene indiscutiblemente avances que contribuyen a que algunos miles de familias trabajadoras puedan adquirir las viviendas que ocupan comprándolas vía gubernamental, pero esto, compañeros, es posterior al sismo.
Para nosotros es bastante significativo el que en estos momentos este proyecto de Decreto sin duda alguna, merece de la revisión de esta Soberanía. Consideramos indiscutiblemente que
posibilita la aprobación de este Decreto el que se dé entrada al mercado de valores, a la especulación de bienes raíces, todas las viviendas que por la vía del decreto expropietario adquiere la posibilidad de miles de trabajadores a obtener una vivienda, y para nosotros como Partido Socialista de los Trabajadores esto no es posible que pueda llevarse a cabo, porque desgraciadamente entraría en contradicción con el decreto expropietario que el presidente De la Madrid dio a conocer el 11, por vía de decreto, el 11 de octubre del año pasado.
Además aproximadamente un 70% del total de las familias beneficiadas en el decreto expropietario, reciben ingresos de 1.5 veces al salario mínimo, y deteriorarse más aún sus niveles de vida por efectos de la grave crisis económica, en un corto plazo estaría en posibilidades de prácticamente vender sus viviendas, por lo cual el decreto expropietario quedaría en letra muerta.
Queremos indiscutiblemente a esta soberanía poner a su consideración que es una necesidad para garantizar el espíritu del decreto expropietario el que nosotros modifiquemos sustancialmente las propuestas que se hacen con la inclusión de un apartado especial en donde se tome en cuenta el establecimiento de estas viviendas como de patrimonio familiar.
Señores diputados, conocemos las grandes necesidades que en estos momentos nuestro pueblo mexicano tiene, muy especialmente los damnificados, nosotros no podemos aprobar de ninguna manera un proyecto de decreto que lesionaría gravemente el interés social, económico de los damnificados. Sentimos que como legisladores y como representantes populares estamos obligados a que se adopten medidas que puedan efectivamente llegar a beneficiar a estas miles de familias con un régimen de propiedad patrimonial familiar que les permita en lugar de entregar sus viviendas al mercado especulativo, garantizar para sus familias la oportunidad histórica que en estos momentos, a pesar de los lamentables sucesos de los terremotos, pueden los trabajadores obtener a raíz de estos lamentables sucesos. Gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Lulio Valenzuela Herrera.
El C, Lulio Velazquez: - Con su permiso, señor presidente; señores diputados y diputadas. Pues subo a esta tribuna, en primer lugar, obligado por la aseveración del diputado Efraín Calvo de que hice compras de inmuebles sabiendo del decreto expropietario. siguiendo el principio de derecho de que el que afirma debe comprobar, lo exhorto a lo mismo. A cambio de ello le diré que nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional, sí ha comprado vecindades, y sí ha comprado inmuebles ayudando y asesorando a los inquilinos que ahí habitaban. Solamente para su ilustración le voy a señalar algunos domicilios que me hiciera el favor de visitar para preguntarle a los inquilinos y que ellos les respondieran cuál ha sido la intervención de nuestro Partido: Jesús Carranza 93, Igualdad 33, Gabino Barrera 30, el famoso edificio de Buen Tono, que alberga a 190 familias y que fue de los primeros en renta que se construyeron en esta ciudad, en la calle de García Cubas número 6, en la calle de Vertiz 656, comprados antes de los sismos del año pasado.
Y le quiero decir también que nuestro partido el Revolucionario Institucional, está en proceso de organizar a los inquilinos en estos momentos, que habitan en mil vecindades y edificios dañados por los sismos, que nuestro partido está organizando para proceder a su compra.
Por otro lado, quiero decir a esta Soberanía, que el problema de la vivienda es una de las necesidades máximas de nuestra población y uno de los retos fundamentales a los que nos enfrentamos todos los ciudadanos y que muchos no han resuelto todavía este problema, porque viven en condición en que su vivienda no es definitiva, no tiene agua, no tiene luz, drenaje, son habitaciones sin baños integrados, sin ventilación e higiene y en fin, son insalubres porque no representan el espacio adecuado para que nuestras familias se desarrollen. Esa fue una de las motivaciones del Congreso de la Unión, de la LII Legislatura para aprobar la Ley Federal de Vivienda. Y como aquí se decía también, esta iniciativa es insuficiente, Estamos de acuerdo en que es insuficiente, porque en el día en que todos los mexicanos aceptemos, apliquemos, hagamos plenamente vigente esta Ley Federal de Vivienda, en ese momento avanzaremos con pasos firmes y definitivos para dotar de vivienda a nuestros compatriotas. Esta iniciativa que crea el condominio de carácter vecina, es un capítulo más a la Ley del Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. No es una nueva forma de tenencia de las viviendas porque la tenencia de las viviendas está marcada ya en el Código Civil, en la Ley de Vivienda.
De lo que se trata con esta iniciativa, con esta adición es de facilitar que los mexicanos que quedaron sin sus viviendas por motivo del sismo las reparen en condiciones salubres, y no sólo las reparen, sino como ya existe el compromiso del Ejecutivo Federal de que se reparen las que tengan que repararse, se rehabiliten otra o se repongan
o reconstruyan las más para satisfacer la necesidad de vivienda de los damnificados.
¡Por qué ese adecuamiento de la ley? Porque si dejamos la aplicación de la Ley de Condominio tal y como está, tendrían nuestros compatriotas que tener cajones de estacionamiento, tendrían que tener sus casas instalaciones hidráulicas sanitarias separadas, y tendrían que cumplir sus proyectos con características de uso del suelo común y privado en forma adecuada.
Se dice también, como en esta tribuna, que esta forma no llena los requisitos reales de nuestros compatriotas, y precisamente lo que nuestros compatriotas piden es un régimen seguro, estable que les dé la seguridad sobre los inmuebles que les van a dar o los inmuebles que ya tienen, y este régimen no entra precisamente a la copropiedad porque la copropiedad está definida en nuestro Código Civil, en el capítulo sexto, en los artículos 938 y siguientes, y eso es precisamente lo que postula el diputado Efraín Calvo en la propuesta que él hizo a esta soberanía.
Lo que explica y lo que reglamenta es la copropiedad; establece que sólo se cederán los derechos de acuerdo a la Asamblea, y eso en el condominio es materia de los reglamentos que deben ser debidamente aprobado por la asamblea de condominios de aprobarse esta modalidad del condominio que es el condominio vecinal.
Es, pues, la copropiedad tratada muy bien en esta propuesta del diputado Calvo, porque precisamente es el reglamento, es la asamblea de copropietarios o de condominios, los que establecen las modalidades y las fórmulas que los condominios o copropietarios deben ejercer para usar sus derechos, sólo que en el condominio hay derecho privado y hay derechos comunes, y el reglamento establece, de acuerdo con la asamblea, la forma en que estos derechos de harán uso a cada uno de los condominios o copropietarios.
Por eso los diputados del Partido Revolucionario Institucional del Distrito Federal, consideramos que una forma de ayudar a los damnificados sería establecer la modalidad del condominio vecinal, pero no sólo a los damnificados, sino también a aquellos inquilinos interesados y deseosos de adquirir sus viviendas, estén o no estén dañadas. También servirá para aquellos compatriotas que habitan en las llamadas ciudades perdidas, que tienen una vida similar a las vecindades, que habitan en cuartos redondos, redondos porque representan la recámara, el comedor los baños, en un cuarto donde vive toda la familia. y precisamente el condominio vecinal tendrá que romper con esa fórmula de vivir y con esos espacios que hasta antes del sismo y algunos después del sismo, venían usando.
Quiero hacer también referencia a lo que señalaba el diputado Calvo en relación a lo que él llamado el "ejido urbano". Si él bien recuerda, las partes donde viven los ejidatarios y los compañeros del sector agrario no me dejarán mentir, se llaman zonas urbanas ejidales. Y estas zonas urbanas ejidales es donde se asientan y donde viven los ejidatarios. Y estas zonas urbanas se lotifican y se desincorporan, para trasmitírselas a los ejidatarios en forma privada.
Podemos decir que del régimen de condominio de carácter vecinal, son tres las características fundamentales que la Comisión y los diputados tomaron en cuenta para concebirla, no como la panacea para los damnificados, no como el único instrumento para escriturales o trasmitirles sus casas, porque esta iniciativa no va a negar los valores que pudieran tener otras figuras de la tenencia, cuando los inquilinos o los beneficiarios así lo decidan.
La primera, es que se constituirá este régimen sobre viviendas nuevas, pero también se podrá constituir sobre construcciones de vivienda usada que pudieran adquirir los inquilinos. Otra característica, es que en este tipo de condominios se salvan y, por lo tanto, se eximen los requisitos del artículo 4o. de la ley de Condominio, los espacios comunes y para estacionamiento y todas las instalaciones por departamentos, donde se llegaba incluso e incluir o a exigir un tinaco para cada una de las viviendas.
Y otra de las características de esta adición la representa que el impuesto sustitutivo de estacionamiento que establece la Ley de Hacienda y el Departamento del Distrito Federal, no podrá ser aplicado en la constitución de este régimen de condominio de carácter vecinal, en virtud y en base del artículo 51.
En cuanto a lo que se refiere a la definición del condominio de carácter vecinal, es necesario remitirse, en primer lugar, al artículo 46 de la propia adición, que dice, que es un régimen excepcional, que se regirá por las disposiciones de esta ley, de la Ley de Condominios.
Y la Ley de Condominios establece en su artículo 1o. que el condominio se constituirá cuando uno o varios propietarios lo son de un local o de una vivienda, que tienen la propiedad privada sobre el inmueble donde viven, y la propiedad común de uso para todos los condominios.
Es pues esta una definición que legal es aplicable al condominio vecinal. Y por otra parte, como ya se mencionó aquí, el artículo 9o. de la propia ley de Condominios establece el carácter de intereses social de esta modalidad también del condominio de carácter vecinal. Y por si fuera poco se atiende también a la organización que tienen y van a tener los inquilinos o los beneficiarios de esta nueva modalidad del condominio. De tal manera que las cooperativas de vivienda, las asociaciones de inquilinos, las sociedades de inquilinos, podrán ellos determinar la forma colectiva de administrar y detener los inmuebles donde se constituya el condominio de carácter vecinal.
Son estas algunas de las reflexiones que tomamos en cuenta los diputados que aprobamos la propuesta adicional. Porque estamos conscientes de que debe avanzar en el abatimiento del déficit de la vivienda. Debemos romper con el hacinamiento, debemos ir al abatimiento de las vecindades que por su deterioro significan ya una carga para los inquilinos y no un espacio higiénico y salubre, donde se puede desarrollar su núcleo familiar.
La vecindad la conocemos todos, es el cuarto redondo donde vive un núcleo familiar. La vecindad se formó desde hace tiempo en esta ciudad. Hay que devolverle su forma tradicional, hay que dejarle el arraigo de sus vecinos, hay que fomentar la comunicación, la elevación de sus moradores. Y esta edición, la creación del condominio vecinal, propende precisamente a que los inquilinos sean los autogestores, sean los autoadministradores del condominio vecinal que ellos constituyan, La autoridad tendrá que declararlo, por que la autoridad en un estado de derecho, como el que vivimos, es la que puede decir qué vivienda o qué proyecto puede reunir las condiciones sociales técnicas y económicas adecuadas para que los beneficiarios accedan a una vivienda digna y decorosa, que esa es la aspiración de esta soberanía cuando aprobó la elevación a rango constitucional el derecho a la vivienda, y esa fue la aspiración al aprobar la Ley Federal de Vivienda.
Y esta adición tiende a caminar en la resolución del problema de la tenencia de la vivienda.
Creemos que se da un paso con esta adición para que los mexicanos logren materializar ese derecho constitucional a la vivienda. Muchas gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: - Por 5 minutos para alusiones personales, tiene la palabra el diputado Efraín Calvo.
El C. Efraín Calvo Zarco: - Nosotros creemos que la especulación de la tierra urbana, la especulación de la vivienda en la ciudad de México y en todas las ciudades del País, se ha dado en una forma muy intrincada, muy complicada. Pero sabemos perfectamente que en esta manera de enriquecerse están implicadas primero que nadie las constructoras, y para nadie, para nadie es un secreto que los funcionarios de este país se enriquecen, una de las vías de enriquecimiento es precisamente el contrato de las obras; para nadie es un secreto entonces que hay colusión grande de muchos funcionarios con las constructoras y por tanto con los especuladores de la tierra urbana.
No se preocupe, diputado Valenzuela, usted es solamente uno de los que menciona la prensa, pero hay muchos más que no solamente menciona la prensa, sino que tenemos la certeza de que son de tipo de individuos. Les prometemos, y luego no se vayan a molestar por eso, prepararles una listita.
Pero ahora bien, discutamos algunas de las cosas que planteó el diputado Lulio, de nueva cuenta se exagera, se dice que el Decreto Expropietario y que el dictamen que hoy se está planteando es para resolver lo que plantea el artículo 4o. constitucional, de nueva cuenta la exageración. No es cierto, miren ustedes, solamente plantea la resolución de una parte del problema, porque la expropiación no llegó más que a una parte de las viviendas dañadas, ni siguiera llegó al conjunto de las viviendas dañadas, primero que nada porque se hizo con las patas, en este país muchas veces hasta lo que se hace bien se hace mal, como el Derecho Expropietario. Hubo una cantidad del retrocesos sobre el Decreto Expropietario, y muchas de las viviendas que no están contempladas en el Decreto Expropietario y que están dañadas, están prácticamente desprotegidas, entonces no hablemos aquí de que el dictamen sobre este problema de régimen de propiedad en condominio va a resolver todo el problema del artículo 4o. constitucional, ni siquiera va a coadyuvar para llevar ya, la verdad.
Pero la copropiedad, yo insisto de nueva cuenta, admito el pecado que cometimos, en efecto, lo que estamos planteando es otra cosa distinta, y mi compañero Lulio, yo he trabajado con los compañeros campesinos para poner un ejemplo de los del Estado de México, y sienten que no es justos que haya un trato distinto en el campo que en los pueblos en los que ellos habitan, porque en efecto, en los pueblos hay especulación de la tierra porque ahí sí se divide la propiedad y se vende, transfiere, etcétera, y en el ejido no, ellos dicen, cómo es posible que en tierra que trabajamos
no tengamos estos problemas pero que vengamos al pueblo y tengamos todo este tipo de problemas gigantescos y que además van aparejar otra cantidad de problemas de impuestos que tampoco tienen en la tierra. Yo le plantearía, diputado Valenzuela, que platique de veras con sus compañeros de la CNC a ver si no es cierto esta realidad. Porque lo que nosotros estamos diciendo es que si la conquista de la Revolución Mexicana en el campo fue positiva, porque no extenderla a las ciudades y por qué no extenderla a los pueblos. Claro que se puede y se debe de hacer para evitar precisamente que se sigan enriqueciendo unos cuantos especuladores fraccionadores clandestinos, etcétera.
Yo creo que hay solamente un artículo rescatable y rescatable a medias, hay con muletas, que es el artículo que habla de la organización de los avecindados, porque se dice que se respetará la forma que ellos determinen ojalá, porque no ha sido precisamente esta la orientación, pero por lo menos queda en el espíritu de la ley.
Ojalá se respete. Pero todo lo demás, todo lo demás del decreto es solamente un permiso al señor regente de la ciudad para que haga lo que crea conveniente y aquí, donde deberíamos de discutir a fondo cómo, de qué manera, etc., aquí no lo vamos a tratar, esto se va a discutir en otros lugares, por eso estamos en contra del dictamen.
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Manuel Terrazas Guerrero.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Compañeros de la presidencia; compañeras y compañeros diputados: Me parece que no habría ninguna duda si pudiéramos considerar que en este problema estamos decidiendo una de las cuestiones importantes que tienen que ver con los problemas más serios que afectan en la actualidad al pueblo mexicano y que la decisión que se tome en esta cuestión, va a revelar muchas cosas y va a establecer, sin duda alguna, nuevas bases, sobre las cuales plantearnos este problema, el grave problema de la vivienda, porque en realidad de lo que aquí se trata es precisamente de examinar una política de vivienda; los caminos de la política de vivienda, las medidas que son necesarias adoptar, para atacar el problema. Eso está en el fondo de la cuestión.
Yo me había propuesto tratar de contestarme una pregunta, aparte de esa de carácter general, ¡qué es lo que se esconde, lo que subyace en el dictamen presentado a esta soberanía? Pero sin dejar de contestar a esa pregunta, yo quisiera hacer algunas consideraciones iniciales o comentarios.
La primera, realmente en este asunto hay mucha historia, claro está que hay la historia que intentó el doctor Berlín Valenzuela acerca de la vivienda, pero además hay otros aspectos que revelan que hay mucha historia aquí, el dictamen mismo como se elaboró, cómo de trabajó en la Comisión, cómo no se trabajó, cómo se presentaron las cosas en el dictamen contrariamente a la realidad tratando de presentar una situación distinta completamente para fundamentar lo que no se puede justificar.
Y desde luego intervenciones sorprendentes de compañeros que se apuntan en favor y habla en contra, y compañeros que se apuntan en contra y hablan luego en favor. Se ha dado esta situación.
La compañera Beatriz Gallardo se apuntó en favor, habló en contra; el compañero Lulio Valenzuela y el compañero, el doctor Berlín Valenzuela se apuntaron en favor y hablaron en contra, sobre todo la última intervención de Lulio Valenzuela en una intervención en contra del dictamen, en contra de la solución que encuentra el dictamen y que proponen a esta soberanía.
Nosotros hemos votado en contra en la comisión y tratamos de hacer un esfuerzo de flexibilidad, tratamos de estudiar el problema, de encontrar respuesta a lo que estaba planteado ante la comisión, resolver el régimen de propiedad de las viviendas expropiadas y propusimos precisamente el régimen de propiedad que a nuestro juicio correspondía, y fue el de patrimonio familiar. ¡Y qué ocurrió? Lo rechazó primero la Comisión, posteriormente hubo discusión tratando de encontrar soluciones, y llegamos a un dictamen: la comisión aprobó, llegó al punto de acuerdo de proponer el régimen de patrimonio familiar como solución concreta a lo que proponía la propia mayoría de la comisión. Sin embargo, a las dos horas se rectificó, sin embargo ya estaba un acuerdo concreto, específico: Propiedad patrimonial, para resolver el problema de la tenencia, de la vivienda expropiada, Posteriormente rectificaron, y qué ocurrió, que volvimos a insistir tratando de buscar una fórmula y volvió a aprobarse como punto de acuerdo.
Compañeras y compañero: El régimen de patrimonio Familiar, y hubo consultas con compañeros expertos en materia jurídica y hubo compañeros que llegaron a afirmar que era compatible completamente el régimen de Patrimonio Familiar con lo que proponía la mayoría de la comisión, la adhesión con un capítulo octavo a la Ley de Condominios, pero nuevamente la insistencia del Director General Jurídico del Departamento del Distrito Federal, echó abajo el acuerdo, y por eso volvió a su redacción original, y no obstante, compañeros, que en el dictamen, que es un dictamen con características muy
especiales se afirma que se realizó un trabajo exhaustivo, de discusión, profundo, para modificar, para enriquecer, para perfeccionar el dictamen inicial, ¿dónde está ese perfeccionamiento, quiero preguntarle a la comisión? ¿Dónde está el resultado del estudio exhaustivo de las consultas del perfeccionamiento? Nos presentan un dictamen exactamente igual, exactamente igual, el mismo, que echó por la borda, que hizo a un lado, que despreció, que rechazó esfuerzos por encontrar soluciones al problema de la tenencia de la vivienda expropiada; otra cosa es lo que viene resultando en este debate importante, otra cosa muy distinta es pero ¿cuál es el resultado de un trabajo exhaustivo, de un trabajo de profundización, de un trabajo de perfeccionamiento?, exactamente el mismo dictamen y hay solamente una palabra que se agregó, el de "predios" expropiados también porque solamente se consideraba inmuebles, ése es el resultado ¿acaso cumplió la comisión? Aquí ha asumido una gravísima responsabilidad, pero en seguida queremos referirnos a otro problema, el problema que se refiere a por qué hemos estado en contra de este dictamen? Hemos estado compañeras y compañeros en contra de este dictamen porque no resuelve el problema que estaba planteado ante la Comisión, no lo resuelve o lo resuelve, sí, pero inadecuadamente, en forma incorrecta, contraria a los intereses de los damnificados, contraria a aquellos que perdieron sus viviendas, y que les proporcionan un régimen de tenencia que no puede satisfacer lo que piden los damnificados y ¿qué piden los damnificados compañeras y compañeros? Piden seguridad en la tenencia de la vivienda, seguridad, piden además que verdaderamente su vivienda sea patrimonio familiar, piden que la vivienda no sea más objeto de especulaciones, que no entre al mercado, de bienes raíces para evitar que puedan hacer nuevamente desalojados y expropiados. Hemos hablado en cientos, yo no sé con quiénes hablaron los compañeros de la comisión, cientos de damnificados en la Obrera, en los Doctores, en Peralvillo, en Guerrero y ¿qué plantean? su temor de que a los pocos años vuelvan a ser echados del centro, vuelvan a condición de marginados. Ese es el problema que no resuelve absolutamente, no resuelve la proposición de la mayoría, la proposición contenida en el proyecto de dictamen, no de seguridad a las familias, no evita la especulación, no impide que vuelvan a ser desalojados, que vuelvan a quedar marginados y que no se opere nuevamente un proceso de marginación, un proceso de desalojo, un proceso de recompra por los antiguos casatenientes de las viviendas. Eso es lo que está planteado, no lo resuelve el régimen de condominio con el carácter vecinal. Ese es el problema ¿por qué no advertirlo, por qué no señalar las cosas por su nombre? ¿qué respuesta da la comisión?, no da ninguna respuesta, lo que hace es ponderar el régimen de condominio con carácter vecinal, y hablar de las bondades, y qué bondades plantea como argumento principal. No cabe duda que el compañero Lulio tiene razón. Y tiene razón Berlín Valenzuela. Y tiene razón el Jefe del Jurídico del Departamento del Distrito Federal. Y tiene razón Aguirre Velázquez. Tiene razón en cuanto a que aquí efectivamente hay ventajas. A que aquí hay determinadas utilidades. ¿Cuáles son? Efectivamente, evitan que se construyan cajones de estacionamiento. Efectivamente, evitan que se pague el sobreimpuesto que discutimos aquí en diciembre del año pasado. Y otras facilidades en cuanto a impuestos de carácter fiscal. Pero ¿trata de resolver el problema trasladando el condominio con algunas facilidades con algunas modalidades aun cuando dan el carácter, el dictamen mismo lo plantea, de excepcional condición, de especial condición?, ¿dónde está el carácter excepcional? ¿dónde está el carácter especial? ¿qué fundamenta el dictamen de la Comisión? Mal, muy mal de manera contradictoria, de manera falsa, de manera débil, es lo que la comisión no ha podido corresponder, no ha podido fundamentar ni va a poder fundamentar. Lo único que va a poder fundamentar es que efectivamente no se van a construir cajones de estacionamiento, es que efectivamente no se les va a cobrar el impuesto, es que efectivamente compañeras y compañeros, se les van a dar facilidades fiscales. Efectivamente va a haber facilidades para las escrituras, para una serie de cuestiones más. Esta es la única diferencia. No resuelven nada. Pero además hay otra cuestión en el fondo.
Nosotros queremos plantear el problema de fondo. Y no sólo es compañeras y compañeros, queremos con toda responsabilidad y claridad plantearlo en esta asamblea. La política de vivienda del Gobierno de la República en muchos años ha sido una política falsa, ha sido una política que no ha encontrado solución, que ha demostrado incapacidad el grupo político en el poder para resolver el problema de la vivienda, y todas las promesas que campaña tras campaña se vienen haciendo para producir una Ley Inquilinaria, para elaborar un reforma urbana integral han fracasado totalmente; esas promesas no las ha cumplido el PRI, esto está en el fondo del problema; no ha habido capacidad, ha habido fracaso, ha habido inutilidad, ha habido falsas posiciones en el problema de la vivienda, y una de las deudas históricas que difícilmente va a cumplir si se sigue por este camino, que tiene el Partido Revolucionario Institucional, y una de las deudas históricas que puede asumir esta soberanía, esta LIII Legislatura, no es responder a las promesas
de resolver la cuestión de la vivienda en los marcos que pueden resolverlos.
Yo me felicito sinceramente que al fin y al cabo hayan ustedes encontrado el camino, la solución; no la piedra ni la varita mágica efectivamente, pero la solución, la dirección del problema de la vivienda en México. Lo decía Berlín Valenzuela y lo decía Lulio Valenzuela, ese es el hecho importante, soluciona el problema de la vivienda, a la falta de vivienda, al problema de la necesidad de tener una vivienda digna y decorosa por la vía del condominio, aunque se diga que sea un carácter vecinal; ése es el problema.
Ustedes han planteado ahora una dirección y un contenido político fundamental de la vivienda; la vía del condominio. Y ¿qué indica la vía del condominio compañeras y compañeros? Hay que decirlo con toda claridad, indica que el gobierno quiere desentenderse, con insensibilidad social, al contrario de lo que decía Berlín Valenzuela, porque su exposición es una demostración de que falta congruencia social; hay una alta incongruencia social en lo que plantea Berlín Valenzuela con relación a este problema. Y él mismo lo decía: hay que trasladar el proletariado nacional; así es, esa es la verdad,
Y prueben que no. Hay que trasladar al proletariado nacional el problema del condominio, y hay que darles a las clases populares, a los habitantes de las ciudades perdidas, eso lo decía Lulio, esa posibilidad de resolver el problema de la vivienda, por la vía del condominio, del condominio vecinal. Me quedan cinco minutos, cinco minutos que vamos a tratar de emplear en torno precisamente a lo que consideramos esa cuestión esencial. Y nosotros demandamos que se responda a ello, y nosotros demandamos que haya una respuesta concreta. Que no se venga a hablar aquí del problema del condominio vecinal. Que se venga a hablar del problema de la solución a la cuestión de la vivienda, solución que ahora quiere ser planteada por la vía del condominio vecinal.
El gobierno inició una política contraria a resolver la cuestión de la vivienda, al suprimir la fracción correspondiente del artículo 123 constitucional, para tratar al crear el INFONAVIT, y eliminar o dejar que los patrones ya no tuvieran la responsabilidad de construir viviendas para los trabajadores. Ahora ¿de qué se trata? INFONAVIT por un lado, que ha fracasado, y por el otro, condominios para los trabajadores. Con qué, me pregunto yo, va a resolver el problema del Departamento del Distrito Federal de las mil viviendas, de las mil vecindades que están en la Colonia de los Doctores, que están en la Colonia Obrera, las miles de vecindades en estado ruinoso, de un cuarto redondo, de edificios viejos, cuyos propietarios piden millones de pesos porque consideran que esa propiedad tiene un valor comercial y no catastral. De dónde van a salir los millones para edificar las construcciones que se necesitan sobre la base de demoler las viejas vecindades. ¿Quién va a pagar?
La solución es que paguen los propios inquilinos. Van a poder pagar cinco, seis, siete millones, cuando la inmensa mayoría de los inquilinos en el Distrito Federal son sujetos de salario mínimo, y un enorme porcentaje ni siquiera del salario mínimo recibe. ¿Por qué va a ser la solución al problema de la vivienda en el distrito Federal? ¿Por qué se afirma, se pondera, se elogia hasta lo máximo el que se extienda el régimen de condominio con carácter vecinal, precisamente a las nuevas viviendas? ¿A las que adquiere el Departamento del Distrito Federal? O sencillamente también ¿a las que comprenden aquéllos inquilinos?
La cuestión de la generalización, peligrosa, antipopular, que no va a ser posible aplicar que contiene este proyecto de decreto, que es, compañero, contradictorio, infundado, la prueba está que tuvo que intervenir el doctor y diputado Berlín Valenzuela, porque es inconsistente. Por eso nosotros preguntamos, estamos en contra del dictamen por lo que representa, por su contenido, eso es lo que se puede defender, es lo que no pueden argumentar, es lo que no pueden considerar legítimamente. Por esa razón nosotros estamos en contra.
Y por esa razón, si considerábamos que deberíamos argumentar en favor del régimen del patrimonio familiar, que permite dar seguridad a la posesión de la vivienda para que ésta sea inembargable, para que está no sea efectivamente sujeta a la posibilidad de pérdida, habíamos estimado inscribirnos en la discusión en lo particular y proponer nuestras tres iniciativas en favor del patrimonio familiar. En favor, también, de que no fuera el Departamento del Distrito Federal, el que recibiera todo absolutamente todo de manera antidemocrática, impositiva.
Por esa razón, vamos a omitir la discusión en lo particular. Estamos en contra del fondo, estamos en contra del sentido fundamental, estamos en contra de la política que expresa ese proyecto de decreto que expresa el dictamen y que no se ha sabido aquí por incapacidad de responder.
Por esa razón, nos manifestamos y afirmamos nuestra postura en contra de ese tipo de soluciones, y por esa razón renunciamos desde ahora a entrar en la discusión en lo particular. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Manuel Hernández Flores.
El C. Manuel Hernández Flores: - Señor presidente; honorable Cámara de Diputados: La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista se opone terminantemente y votará en contra de este proyecto de dictamen.
Lamentamos profundamente que no se haya aprovechado esta magnífica oportunidad para que siendo consecuentes con el decreto expropiatorio, se haya propuesto una forma, de legislación, para defender la vivienda como patrimonio familiar
. Y estamos en contra, no solamente porque no resuelve el problema de la vivienda a raíz de los acontecimientos de septiembre, sino porque va a facilitar que la vivienda familiar de quienes resultaron afectados, sea motivo de especulación y entre el mercado para que los adinerados, aprovechando la necesidad de los desposeídos puedan apropiarse de sus viviendas.
Estamos en contra del dictamen, porque no compartimos la idea de que la vivienda popular sea incluida en el régimen de condominio. Lamentamos profundamente que es esta ocasión no hayamos sido capaces, que esta cámara no haya sido capaz de encontrar un conjunto de normas que evite que la vivienda popular sea objeto de especulación y se propicie mediante esta forma la concentración de la propiedad urbana.
Estamos seguros que existen otras formas o categorías jurídicas que pueden eficazmente defender la vivienda popular.
Por ejemplo, el gobierno del licenciado López Mateos encontró un camino apropiado: En el caso de la Unidad Nonoalco Tlatelolco, que a través de los certificados de participación inmobiliaria no amortizables, prohiben expresamente la especulación, el no otorgar la propiedad en condominio; desgraciadamente el régimen se ha desvirtuado con la tolerancia de las autoridades respectivas.
Se argumenta de que un aliciente psicológico a la propiedad privada, es el de que esta propiedad estará sujeta a hipotecas. ¿Este es una aliciente psicológico? Creo que no resistiría el mínimo examen este argumento.
Esto no es más que rendirle culto a la propiedad privada.
Existen otras formas que en el pasado ha habido para atender aunque sea en mínima parte el problema de la vivienda, para los trabajadores particularmente. Recordamos cómo el Instituto Mexicano del Seguro Social construyó unidades habitacionales con rentas muy bajas, pero desde al año pasado estas unidades habitacionales fueron puestas a la venta. La práctica lo ha comprobado y esta es, en nuestra opinión, una respuesta a una pregunta que se hacía hace pocos minutos en esta tribuna; lo que subyace en este proyecto es la opinión de la corriente dentro del gobierno que tiende a privatizar todos los aspectos de la vida económica de nuestro país, y este es el caso precisamente de las unidades habitacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social.
¿Por qué no se continuó con ese sistema para proporcionar vivienda barata a los trabajadores? Aunque no fuera en propiedad, porque creo que no es legítimo aprovechar un prejuicio y decir que esto va a ser "mío" independientemente del beneficio que represente o no el usufructo de una vivienda en este caso. Decir que es mío sin pensar en el peligro que le día de mañana deje de ser "mío" por las necesidades que existen.
Deseamos equivocarnos, pero podemos decirles estimados compañeros diputados, que los partidarios de la privatización del ejido en este momento se están tallando las manos y que los argumentos que se han venido a expresar por parte de quienes defienden este proyecto, que esos mismos argumentos se van a utilizar más adelante para tratar de privatizar el ejido. Yo creo que los constituyentes de 1917 estarían en este momento lamentando que se utilicen estos argumentos que van a ser utilizados por la derecha y la reacción. Por esos motivos el Partido Popular Socialista votará en contra del dictamen. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Leonardo Durán Juárez.
El C. Leonardo Durán Juárez: - Señor presidente; compañeras y compañeros legisladores Antes de exponer las razones por las cuales la fracción parlamentaria democrática votará a favor del proyecto de decreto que adiciona la ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, me permitiré hacer algunas consideraciones en torno a este período extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Como todos sabemos, fue convocado por la Comisión Permanente a petición del titular del Ejecutivo ante el cual dado nuestro absurdo régimen presidencialista, los de su partido que lo avalan, no quieran o pueden decirle, no.
La petición del Ejecutivo no es en sí misma mala, pero sí resulta criticable que sólo el señor
presidente sea escuchado y atendido y no así los legisladores de los partidos independientes de oposición y en efecto, diputados de partidos independientes o de oposición en diversas legislaturas y diversas coyunturas sociopolíticas ciertamente graves, elevaron su demanda ante la Comisión Permanente para que convocara a un período extraordinario de sesiones y su petición fue sistemáticamente rechazada.
Esta, compañeros legisladores, es una de las injustificadas causas por las que se mantiene en el llamado congelador las iniciativas de los partidos independientes, según se puede constatar en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, correspondientes a diversas legislaturas que registrarán la presentación de tales iniciativas jamás discutidas y jamás dictaminadas
. Independientemente de las consideraciones anteriores, está claro que la convocatoria a este período extraordinario de sesiones, se motiva principalmente por necesidades recaudatorias del gobierno, lo cual podemos demostrar mediante las intervenciones de la fracción parlamentaria de mi partido en los próximos días de trabajo en esta asamblea.
Por lo demás, es de lamentarse igualmente que se sigan dando los vicios que son una constante en el quehacer legislativo mexicano, entre los cuales figuran la práctica deleznable de que se nos entreguen proyectos de ley con unos días y hasta horas antes de su discusión, lo que nos conduce, como se dice, a legislar al vapor.
Pasando ya al proyecto de decreto que nos ocupa, debo expresar que votaremos a favor, entre otras razones, porque abre la posibilidad de que un considerable número de capitalinos se convierta si no en nudo propietario, sí, por lo menos, para que disfruten una forma de copropiedad de su vivienda, según el régimen jurídico que es el que se perfila en el proyecto de preferencia.
En los postulados para el proyecto de nación que el Demócrata Mexicano concibe, figura el que cada familia mexicana sea dueña de la casa que habita, como base de seguridad para que los miembros de ella puedan moverse con libertad y participar en las decisiones de la sociedad mexicana. El proyecto de decreto que se discute abre las posibilidades, insistimos, de que un buen número de familias mexicanas se convierta en copropietario de su vivienda, lo cual está a tono de y sólo a tono con el postulado Demócrata y a las aspiraciones que recoge el 4o. Constitucional, hoy todavía parte de nuestra derecha ficción.
Nosotros, al igual que ustedes, compañeros legisladores, sabemos que para resolver el grave problema de vivienda que se padece en nuestro país no es suficiente la sola existencia de un marco legislativo adecuado, sino que es necesario y cada vez más inaplazable una revolución de estructuras sociales, económicas y políticas que suprima la emigración de los hombres del campo, provocadas por el hambre, la insalubridad y la miseria, que evite las grandes concentraciones humanas, que haga posible la desconcentración de la riqueza por la cual unos cuantos habiten palacios, mientras que la mayoría de mexicanos habitan pocilgas.
Estas, compañeros legisladores, son algunas de las razones que tiene la fracción parlamentaria demócrata para votar en favor del decreto. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Eduardo Valle.
El C. Eduardo Valle Espinosa: - Con su autorización, señor presidente: En primer lugar, de una manera paradójica deseo lamentar y celebrar al mismo tiempo la ausencia de una colega diputada. Me refiero por supuesto a la diputada Ofelia Casillas, que según tengo entendido y recuerdo fue la compañera que presentó el proyecto original de la fracción priísta.
Ofelia Casillas presentó este documento: la propuesta. Yo subí con ella. A mí Ofelia me parece una persona leal a la Legislatura, vinculada a muchas causas populares, de mucho trabajo entre la gente marginada en el país, especialmente el Distrito Federal, y ella con emoción, una emoción política muy recuperable, planteaba este documento. Yo le dije a Ofelia, a los pocos minutos de haber presentado su iniciativa a nombre de la diputación priísta, que ella actuaba de buena fe pero que ya veíamos los resultados en el dictamen Y lamento su ausencia porque quisiera que Ofelia, que fue la persona que presentó este proyecto original, me explicará por ejemplo el artículo 50 del proyecto de dictamen, ya dictamen, de la Comisión del D. F.
Yo quisiera hacer notar que en la Comisión del D. F. existen gentes que son profundas conocedoras del derecho, gente muy seria, gente con una filosofía histórica hecha, congruente, que sabe de derecho; yo no soy abogado, no sé mucho de derecho, pero quisiere pedirle a Ofelia que me explicara el artículo 50. Yo quisiera pedirle autorización a la Presidencia para que la Secretaría diese lectura al artículo 50 del dictamen.
La C. secretaria Consuelo Botello de Flores: - "Artículo 50. Para la administración
y vigilancia de ésta en los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal, la declaratoria a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley dará preferencia a la forma de organización propuesta por los beneficiarios de cada proyecto."
El C. Eduardo Valle Espinosa: - Gracias a los compañeros de la Presidencia. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Hemos estado preguntándole a los compañeros del PPS, a los compañeros del PSUM, a los compañeros del PRT, a distintos compañeros de distintas fracciones. ¿Qué quiere decir esto, de qué están hablando? Voy a leerlo de nuevo. "Artículo 50. Para la administración y vigilancia de ésta, en los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio..."etc., esta palabra, ésta, ¿a qué se refiere? ¿al régimen de condominio? ¿a la declaratoria? ¿A qué se refiere? Es verdaderamente una cosa ininteligible, ininteligible, ¿qué nos quiere decir la Comisión del D. F. con sus doctos, doctores en derecho con esta redacción? Nadie sabe. Espero que los doctos doctores en derecho suban y nos expliquen esta redacción, porque es verdaderamente inconcebible que la Comisión del D. F. tenga la oportunidad de presentarnos una redacción de este tipo. Las Leyes deben ser claras. Las leyes deber ser precisas. Las leyes deber ser explicables por sí mismas. ¿Que quiere decir la primera línea del artículo 50? "Para la administración y vigilancia de ésta..." ¿Dé qué están hablando?, una cosa muy extraña. Pero el descuido, la premura, la intención de la Comisión del Distrito Federal al presentar este dictamen se muestra hasta en términos de una burla sangrienta de los damnificados. Una burla sangrienta de los damnificados.
Les voy a leer el segundo transitorio. "Quedan comprendidos en este decreto los inmuebles que estén incluidos en el programa Emergente de Renovación Habitacional Popular del Distrito Federal, aprobado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿A qué inmuebles se refiere?, porque el programa hizo varias cosas: entre otras crear habitación realmente de emergencia y creó inmuebles provisionales. Provisionales. Son estas cosas que han dado en llamar "gallineros" los damnificados. ¿Quedan comprendidos los gallineros de los damnificados en el artículo segundo de los transitorios? ¿qué no les parece a ustedes ciudadanos diputados priístas de la Comisión del Distrito Federal, señores Jenkins, señores Adrián Mora, señores componentes de esta Comisión que no tienen el derecho de burlarse de la gente que ha sufrido el sismo? ¿que no cabe en su cabeza señores diputados de la Comisión del Distrito Federal, que con una redacción de este estilo, lo único que están ustedes haciendo es lastimar la dignidad más elemental de 40 mil damnificados? Al parecer no les cabe esta idea. Y el descuido en la redacción muestra con precisión cuál es el sentido del dictamen, el sentido político y social.
Ya decía el doctor, creo que es doctor en derecho, Berlín Valenzuela, en esta exposición de su filosofía y de su visión histórica, en donde él pasaba del neolítico al devenir de la humanidad. Y él exponía cómo el problema de la habitación es un problema efectivamente vital para la gente. Y nos hablaba desde ya de los dos instintos el individualista y el comunitario. Pero él no aclaraba, nunca lo aclaró, que el problema del dictamen es lo que señalaba ya con toda precisión el compañero Manuel Fernández Flores del Partido Popular Socialista; de lo que se trata simple y llanamente es de destruir todo lo comunitario y de colocar en el terreno de la especulación los terrenos de la vivienda de interés social que nosotros conocemos como vecindades, y es cuestión de conocer el Distrito Federal para saber dónde están las vecindades. Las vecindades a las que se refiere también este dictamen no son cualesquier vecindades.
Vayan ustedes al centro histórico de la ciudad de México, vayan ustedes a toda una serie de terrenos absolutamente codiciados por la especulación inmobiliaria en el Distrito Federal, absolutamente codiciados, son parte de los terrenos más valiosos del Distrito Federal, y esos terrenos son a los que se refiere este dictamen, y eso es lo que ustedes quieren que se ponga a la circulación mercantil, y por eso es que les interesa tanto, tanto, colocar en el terreno de la circulación mercantil esas vecindades, para hacer negocio con ellas, para hacer negocio con ellas nada más, nada más, única y exclusivamente para hacer negocio con ellas. Este dictamen tiene una mentalidad negociante y de los peores, de los que especulan con esto que el doctor Berlín Valenzuela llamaba el ansia vital, la necesidad vital de la habitación, del techo que se manifiesta desde el neolítico.
Y quedan también claro dos cosas, y esto hay que reconocerlo, y hay que decirlo con todas sus palabras, hay que felicitar a la Comisión del Distrito Federal por su ingenio mercantil; hay que felicitarlos, ingenio no les falta compañeros diputados priístas de la Comisión del Distrito Federal. Ya inauguraron un nuevo negocio, el negocio de la declaratoria, prevista en el artículo tercero del condominio, de la Ley de Condominios. Ya tienen señores una nueva manera de robar en el bolsillo de los ciudadanos en México; ya tienen una nueva forma de tener liquidez en términos materiales; ya hay nuevas formas de
tráfico de influencias en el Departamento del Distrito Federal.
El ingenio de los diputados es extraordinario, es un ingenio que ya ha dado muestras en términos de alicientes psicológicos, y efectivamente estos alicientes psicológicos ya están planteados ahí. Pero hay una forma más de ingenio: ya se está planteando un paso más acerca del problema de la propiedad en nuestro país.
Antes, según los Constituyentes, la propiedad era originaria de la nación; después las empresas del sector estratégico pasaron a ser propiedad del Estado. Y entonces, del neolítico, hemos venido caminando rápidamente a una forma muy especial del capitalismo: el capitalismo presidencialista. Ya ni siquiera es un capitalismo en términos democráticos, de la burguesía. Ahora el capitalismo es un capitalismo de Estado presidencialista.
Pero como en el Distrito Federal hay una forma muy especial de regencia, entonces ahora, con esta Ley de Condominio se afirma el Estado del capitalismo regencial. Como pueden ustedes ver, incluso, incluso el análisis y el ingenio histórico de los diputados de la comisión del D. F., da para crear nuevos modos de producción. Nuevos modos de producción.
Yo vuelvo a insistir en que si Chesterton escribiera en México, simple y llanamente sería escritor de sociales, o quizá de nota roja, porque aquí se inauguran nuevas formas de capitalismo y deformaciones sociales al gusto de los señores del PRI, en este caso concreto, al gusto de la Comisión del Distrito Federal.
Nosotros creemos que la compañera Ofelia Casillas, Homero Díaz Córdoba, o el compañero Homero, de la Comisión del D. F., que creo que estuvo en el Distrito Federal, ahora es diputado por Chiapas, todos ellos nos podrían explicar por qué desaparecieron de la iniciativa priísta algunos de los artículos más importantes Por ejemplo: ¿por qué desaparecieron el artículo 51? Fíjense lo que decía el 51, y conste que estamos hablando de muchos de los damnificados. Fíjense lo que decía el 51: "Los actos y contratos que se celebren para el régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal, así como para la enajenación de inmuebles bajo dicho régimen, estarán exentos de toda clase de impuestos, derechos o contribuciones de la Federación o del Distrito Federal", por eso es que Ofelia Casillas subió a esta tribuna a hablar con pasión legítima. Por eso es que subió, porque sabía de qué estaba hablando. Y nos lo han convertido, en esta forma de capitalismo regencial, en lo siguiente: "Los requisitos que se examinan expresamente en las declaratorias a que se refiere el artículo 3o. de esta ley, para la constitución del régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal, no serán sustituidos por contribuciones, impuestos o derechos de cualquier índole o naturaleza". Faltaba más; faltaba más, diputados del Distrito Federal. Todavía de que le eliminan el 51, faltaba todavía que dijesen que las exenciones, sí, serían sustituidas por contribuciones o por impuestos o derechos de cualquiera otra índole o naturaleza. Pero no les parecería ya un gesto exagerado, y conste que ustedes son exagerados, pero eso ya sería incluso demasiado hasta para ustedes señores diputados priístas del Distrito Federal. Y miren ustedes, hay cosas en este dictamen que son verdaderamente escandalosas, fíjense nada más: artículo 49, en el actual articulado: "La formalización de los actos y contratos en que se haga constar la constitución del régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal y las operaciones traslativas de dominio a que se refiere el artículo 47, tendrán el tratamiento que determine el Departamento del Distrito Federal".
Vean ustedes el anterior 49 que presentó aquí Ofelia Casillas: "La formalización de los actos y contratos en los que se haga constar la constitución del régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal y las operaciones traslativas de dominio a que se refiere el artículo 47, tendrán el tratamiento más favorable que determine el Departamento del Distrito Federal". Hay diferencia, sustancial diferencia, en su caso hay elemental humanismo, en el otro hay negocios del Departamento del Distrito Federal; y estamos hablando de dinero, dinero del Departamento del Distrito Federal, derechos, impuestos y aprovechamientos.
Entonces resulta que a la gente más lastimada del Distrito Federal en los últimos años, a la gente más humilde, a la gente que debería de recibir, no el paternalismo del Estado, sino el aliento del Estado, para formar comunidades de defensa de su vida social y de su cultura tradicional, no paternalismo del Estado sino aliento del estado, para fortalecer la sociedad civil del Distrito Federal, a esta gente se le hace esto por parte de quienes hoy están presentando el Dictamen. Y se les hace en términos de una burla sangrienta a su condición humana y en términos de una falta grave y de verdadera llamada de atención para esta legislatura a los procedimientos más sencillos, más elementales, más racionales y más inteligentes en el más sencillo término de la palabra con respecto a la elaboración de un dictamen de ley.
Por eso es que yo lamento enormemente que hoy, Ofelia Casillas y su pasión legítima, no se encuentren
presentes en esta asamblea, pero también agradezco la ausencia de Ofelia Casillas. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la diputada María Emilia Farías.
La C. María Emilia Fardas Mackey: - Con su permiso, señor presidente; honorable asamblea: La naturaleza nos muestra tal como es, ni hostil ni amigable, sólo cruelmente indiferente.
El problema de la vivienda en el Distrito Federal, es sumamente complejo. La Concentración demográfica en algunas zonas de la capital, los ingresos bajos e inestables que persigue una gran mayoría de habitantes del Distrito Federal, la excesiva especulación de la tierra y la falta de oferta en la construcción de vivienda popular frente a una demanda cada día mayor, son los aspectos más relevantes del problema.
Las acciones del estado para resolver esta necesidad, las demandas crecientes de numerosos grupos de organizaciones de la sociedad civil, para tener una vivienda digna y decorosa; las disposiciones legales y las medidas legislativas recorren caminos distintos en los últimos 60 años. La mayoría de las veces son líneas asintóticas que nunca llegan a cruzarse.
Hoy debatimos en torno a una adición a la ley sobre el régimen de propiedad en condominio de inmueble para el Distrito Federal. Hoy se cruza la acción del estado, las exigencias populares y el compromiso de esta soberanía con un núcleo desprotegido de la población del Distrito Federal.
Ya al pasado 26 de septiembre los diputados de esta legislatura, decidimos nuestra responsabilidad legislativa y política para dar la más amplia protección a los derechos de los afectados por los sismos.
El sismo puso de manifiesto la fragilidad de los equilibrios naturales y asumió un sentido político al inscribirse en el contexto social, señalando las contradicciones propias de nuestra sociedad. Mostró también sin rubor y sin vergüenza los resultados de la excesiva concentración urbana y la capacidad del gobierno para enfrentar de manera urgente y con recursos limitados el problema de la vivienda.
El saldo que dejó el sismo al pasado mes de septiembre, en materia de vivienda es de color rojo. El resultado de 400 años de concentración provocó derrumbes, edificios en peligro o de caer en riesgo de derrumbarse. Y la calle para miles de capitalinos.
Vale la pena referirnos a algunos antecedentes: La conquista y la colonización española rompieron con las formas de construcción de los indígenas provocando el desequilibrio ecológico. Durante la Colonia, el clero controlaba las viviendas de renta existentes, las vecindades en 1,700 representaban el 20% de los inmuebles urbanos estaban en su mayoría controladas por el clero.
En la segunda mitad del siglo XIX las leyes de reforma pretenden acabar con el monopolio que el clero tenía sobre los predios urbanos, sin embargo, la desamortización de los bienes de la iglesia provoca que la propiedad urbana se concentre en un número muy reducido de familias. En 1862 el 43% de las propiedades rematadas fueron compradas por 78 personas; entre 1874 y 1875 el señor Martínez de la Torre fraccionaba más de un millón de metros cuadrados.
Durante el porfiriato la ciudad se extiende hacia el sur con colonias dotadas de servicios para los sectores de mayores posibilidades económicas y al noroeste para los sectores con menores recursos; Tepito y la Lagunilla empiezan a funcionar en esta época.
El proceso revolucionario de 1910 hace que muchos capitalinos cambien su residencia a provincia, el constituyente del 17 considera la vivienda parte de la relación laboral; el artículo 123 plasmó la obligación de los patrones de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas a renta baja. Una vez iniciado el período constructivo de la revolución los caudillos abren nuevos fraccionamientos. Entre 1921 y 1926 se crean 19 colonias, mismas que se consolidan en 1930.
El primer antecedente de la participación del Estado es en 1925 cuando se crea la Dirección de Pensiones, primera dependencia pública para construir vivienda.
Unos cuantos años más tarde el departamento del Distrito Federal crea la oficina de colonias populares; en 1932 se crea el Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas y en 1934 el Instituto Nacional de Vivienda.
Para 1941 encontramos un acuerdo presidencial que forma el Comité Intersecretarial de la Habitación para los Trabajadores con el propósito de construir colonias para trabajadores con opción de renta o venta a plazo; en 1942 el presidente Ávila Camacho decreta la llamada congelación de rentas que es la imposibilidad de aumentar las rentas de las casas, departamentos y viviendas, así como cuartos de alquiler ubicados
en el Distrito Federal para impedir que las clases trabajadoras disminuyan su standar de vida, frente al lucro excesivo de los arrendadores, ya que el impuesto predial durante el ejercicio fiscal de 1942, disminuyó en lugar de aumentar, a partir de entonces, el Estado no vuelve a intervenir en el mercado de vivienda de alquiler.
En 1943, la Ley del Seguro Social en su artículo 148 específica que el Instituto invertirá un 80% en habitaciones para trabajadores.
En los años cincuenta, la ciudad tiende a crecer hacia el oriente y el norte, en esta década se construye para los sectores medios el multifamiliar Benito Juárez; en 1954, el Instituto mexicano del seguro Social instrumenta un importante programa de vivienda de renta muy baja para los trabajos. Petróleos Mexicanos hace lo mismo en 1956.
En los años sesentas, se construye el mayor complejo habitacional: Nonoalco - Tlatelolco. En esta década, se incrementa la expansión sobre la periferia producto de la industrialización, acelerando el crecimiento de las ciudades, sin embargo el censo de la ciudad de México sigue conservando su población.
A partir de 1962 el Estado establece la alternativa de proporcionar vivienda en propiedad a la población, como recurso para abatir el déficit habitacional, canalizado masivamente los ahorros del público en instituciones de crédito para la vivienda, surgen el FOVI y el FOGA como fideicomisos para otorgar apoyos financieros a la vivienda popular.
En los años setenta encontramos por primera vez una mayor participación del Estado en materia de vivienda. En 1970 se crea la Dirección General de Habitación Popular del Departamento de Distrito Federal, hoy desaparecida, y el INDECOP, Instituto nacional para el desarrollo de la Comunidad y la Vivienda Popular, convertido en FANAHPO. Es también en este año cuando se modifica la Ley Federal del Trabajo para fortalecer el derecho de los trabajadores a la habitación cómoda e higiénica.
En 1971 se reforma la fracción XII del apartado A, del artículo 123, dando origen al INFONAVIT, Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, cuya ley se expide en 1972. En 1972 se crean el FOVISSSTE y el FOVINE, fondos semejantes al INFONAVIT que atenderían a los trabajadores del estado y a los integrantes de las fuerzas armadas, en ese mismo año se Formuló la Ley General de Asentamiento Humanos.
En paralelo el crecimiento acelerado del Distrito Federal producto de la industrialización y de la inmigración masiva de trabajadores del campo que provocó asentamientos irregulares en la periferia.
Los habitantes de estos nuevos núcleos de población se organizan para exigir, primero, suelo; segundo, construcción de vivienda; y tercero servicios.
Entre 1975 y 1977, las principales ciudades del país, Monterrey, Guanajuato, Torreón, Chihuahua, Acapulco y por supuesto el Distrito Federal, experimentan un nuevo tipo de participación que busca formas de organización diferente y exigen al estado el reconocimiento de su representatividad y legitimidad por un lado y la participación en las decisiones del espacio urbano por otro. Baste señalar el movimiento en Iztacalco y en Iztapalapa conocido como campamento Dos de octubre, y al Frente Nacional de Acción Popular, así como a la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular. Las colonias del centro experimentan también nuevas maneras de organización.
Las colonias Ex Hipódromo de Peralvillo, Paulino Navarro y Buenos Aires representan las primeras experiencias cooperativas de desarrollo urbano; no sin olvidar el movimiento de los tepiteños hace ya algunos años, en donde el arraigo origina la organización de vecinos para mejorar sus condiciones de vida. Los tepiteños tienen 15 años luchando contra los programas de reorganización urbana y todavía reviven su oposición organizada y agresiva a l plan Tepito.
Apenas hace tres lustros el problema de vivienda empieza a ser tratado con mayor seriedad y enfocado a satisfacer una necesidad social, fundamentalmente en favor de los trabajadores al servicio del Estado y de aquellos que dependen de un patrón.
Antes de esta fecha solamente encontramos acciones dispersas para resolver el problema de la vivienda, y cuya atención se daba en coyunturas políticas y . sociales. Entre 1970 y 1980, la política del Estado destinó el grueso de su recurso a vivienda terminada, tanto para el Infonavit como para el FOVISSSTE. Actualmente, las demandas de las clases populares en materia de vivienda, la atiende el FONHAPO, Fondo Nacional para la Habitación Popular, que en 1981 sustituye al INDECO. El FONAHPO proporciona líneas de crédito de apoyo a la autoconstrucción y al mejoramiento de la vivienda.
En 1981, y a iniciativa del Partido Popular Socialista, esta soberanía debate la necesidad de
elevar a rango constitucional el derecho a la vivienda, ampliando considerablemente la garantía social que contiene el artículo 123 y se reforma el artículo 4o. de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma legislativa satisface la exigencia de la sociedad y uno de los postulados de la revolución cuya lucha está impregnada de un profundo sentido de justicia social. Es así que el 7 de febrero de 1983 el constituyente permanente consagra al derecho a la vivienda como un derecho social a favor de la familia y obliga al estado, con el establecimiento de esta garantía social a encontrar mecanismos para satisfacer la necesidad del pueblo, a la que reconoce ya como un derecho.
En 1980 el Programa Nacional de Vivienda formula sus estrategias después de analizar las necesidades y jerarquiza sus prioridades derivada del incremento de la población, la capacidad de ingreso de los diferentes sectores, el impacto de la vivienda en el desarrollo urbano y económico y el marco normativo e instrumental. La estrategia general de este programa plantea la necesidad de lograr una síntesis entre el crecimiento económico y la distribución social de sus beneficios.
Para 1983 el Plan Nacional de Desarrollo reconoce a la vivienda como una necesidad básica cuya satisfacción condiciona la alimentación, a la salud y a la educación y se señala una política de vivienda cuyas líneas de acción toman en cuenta el habitat natural y social para apoyar la superación de las carencias de vivienda en el campo y en la ciudad, reorientando las acciones de los sectores en la llamada Acción Popular Concertada. Con la participación de los 3 niveles de gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo concibe a la vivienda no sólo en cuanto a su uso como inmueble, sino también como un elemento generador del desarrollo, y asegura la creación de un sistema nacional de vivienda que tiende a normar el desarrollo de las acciones de vivienda y a revisar sus bases jurídicas para participar en mercados inmobiliarios y de la tierra para fortalecer también y reorientar la capacidad instalada en la industria de la construcción y para redefinir los sistemas de vivienda auspiciando créditos adecuados a las capacidades de sus demandantes.
En 1984 se expide la Ley Federal de Vivienda. El 18 de septiembre de 1985 exactamente un día antes del sismo que produce el problema que ahora nos ocupa, en la reunión de evaluación del Programa Nacional de vivienda, la SEDUE reconoce un déficit de 3 millones de viviendas. Es en este contexto de lucha por una vivienda digna y barata de los sectores de la población que contaban con elementos necesarios para acceder al mercado de vivienda, que el sismo pone en entredicho las acciones para enfrentar este problema por parte del estado, en lo que respecta a las clases populares urbanas, cuyos ingresos se caracterizan por ser reducidos e inestables. Es en este contexto que el gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, pone en marcha una nueva etapa de la política de vivienda en la ciudad de México. El sismo obliga a modificar la actuación del gobierno y abre las puertas a nuevas formas de participación social en la gestión de la vivienda popular. El Estado en este contexto dio al problema de los trabajadores no asalariados de bajos ingresos, una respuesta rápida abriendo espacios de debate público, negociando las alternativas inmediatas con los damnificados y proporcionando una acción de ayuda inmediata con los albergues, logrando así legitimar su actuación frente a los damnificados.
El Centro de la ciudad, ha sido espacio de vivienda disponible para sectores con recursos limitados, desde la colonia, las vecindades son y han sido la única posibilidad real de acceder al mercado de la vivienda para una población de no asalariados que ganan menos del salario mínimo y cuyas familias están integradas por 5 o más miembros y que mayoritariamente viven en un solo cuarto.
Las vecindades son pequeñas comunidades formadas casi en su totalidad por familias extensas. La cultura de la vecindad se funda en las relaciones establecidas entre familias e individuos, con intereses y proyectos de vida diferente.
La vecindad es, por lo tanto, un microcosmo social con dinámica propia y para muestra basta un botón, hay solamente que señalar la función tan primordial que tiene en las relaciones y en las interrelaciones sociales el patio de las vecindades.
La sobrevivencia de un núcleo importante de trabajadores que no tiene un trabajo estable y bien remunerado está asegurada en el centro de la ciudad; el comercio en las calles garantiza la obtención de ingresos; por lo tanto es indispensable para los habitantes su permanencia en esas colonias en las que se localiza su fuente de ingresos sin tener gastos de transportación, además de los beneficios que gozan debido a la extensa red de servicios, frente a aquellos trabajadores no asalariados que habitan las precarias colonias populares de la periferia.
La defensa de su vivienda se volvió prioritaria, así como la determinación por defender una forma de vida y de organización interna. El sismo acabó con las paredes, los pisos y los techos, pero no logró destruir los mecanismos íntimos de organización y reproducción de las vecindades.
En el centro encontramos un porcentaje superior al promedio de actividades del sector terciario, la intensa actividad comercial de la Merced y Jamaica es una importante fuente de empleo. El centro de la ciudad brinda oportunidad de trabajo a aquellos que tienen un nivel de calificación ocupacional, facilitándole acceso a una actividad remunerada en el comercio y pequeños talleres.
Los jefes de familia de estas vecindades en su gran mayoría ganan menos del salario mínimo, ya se trate de hombres o mujeres, y no destinan más de cinco mil pesos promedio mensual para el pago de la renta. Generalmente viven en un solo cuarto, en viviendas de renta congelada.
La alternativa de la vecindad forma parte de la estrategia de supervivencia de las clases populares que destinan un porcentaje muy bajo del ingreso familiar a gastos de habitación para garantizar otros consumos indispensables como la alimentación.
Las distintas formas de tenencia de la tierra que presentan las viviendas en cuestión, la actitud negligente de los propietarios que no cumplieron con las disposiciones legales en lo que toca al mantenimiento de los inmuebles por las rentas bajas que cobraban, y la falta de estímulos de los inquilinos para invertir en un bien que no es de su propiedad, además de la amenaza constante del desalojo por parte de los caseros, así como la escasa capacidad de pago de esta población de bajos ingresos y que las colonias del centro con el tiempo y el descuido se convirtieron en una zona degradada con graves problemas sociales, los programas instrumentados por parte de diferentes dependencias públicas no cumplieron cabalmente sus objetivos, y que la mayoría de las viviendas en arrendamiento tenían rentas congeladas, y las condiciones de deterioro de estas viviendas impedían el incremento de las rentas, así como el arraigo e identificación con el barrio en el que realizan la mayoría de su actividades, y la preocupación por regenerar la zona expropiada para reservar la fisonomía y tradiciones de los barrios que adquirieron esta forma desde la colonia, son las causas que hacen que el Estado ratifique su compromiso con los damnificados.
El Estado cumple con su promesa de ayuda a la reconstrucción, con la expropiación y la creación de Renovación Habitacional Popular. El Estado tenía obligación de garantizar el derecho de estas personas a seguir viviendo en esta zona. Tradicionalmente, la solución masiva de esta población a este problema, ha sido la autoconstrucción y la construcción de vivienda precaria en la periferia. Esta situación se agrava en el contexto actual de la crisis, conde el ingreso real de los trabajadores se deteriora, y ante las limitaciones que tiene el gasto público en la actualidad.
Dentro de la difícil situación de las finanzas públicas, el gobierno de la república hace un gran esfuerzo sin salirse de los límites requeridos para ayudar a solventar la difícil situación habitacional, agravada por los sismos de septiembre del año pasado, a través de la reasignación de recursos.
A través de diferentes fuentes de financiamiento, se obtienen 500 mil millones de pesos; 300 mil millones de pesos de origen fiscal, de estos 300 mil millones de pesos, 259 mil millones de pesos son para inversiones del gobierno central, 41 mil millones para el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE; y los 200 mil millones de pesos restantes, del crédito especial de vivienda.
Hoy en día los trabajadores no asalariados de bajos ingresos del centro de la ciudad, enfrentan nuevas formas de gestión de vivienda.
Los legisladores queremos garantizar la tenencia de su vivienda transfiriendo la propiedad. El Estado reorienta con renovación habitacional popular y los programas del FIVIDESU para la adquisición de viviendas, su política de vivienda para atender a la población no asalariada, lo que representa mayor compromiso de las autoridades con la población de bajos ingresos.
Renovación atenderá 432 mil predios, 3,911 vecindades y 44,788 familias. Compañeras y compañeros, han pasado siete meses y la gente instalada en la calle y los albergues provisionales sigue conservando su identidad como integrantes de una comunidad. Hasta el momento lo habitantes de las vecindades han demostrado su fuerza, su arraigo y su voluntad para seguir viviendo donde mismo lo hacían hasta antes del sismo.
Hemos de reconocer que el problema de vivienda ha sido enfrentado con soluciones parciales que no han conseguido alcanzar aquellas que más necesitan del impulso gubernativo para gozar de una vivienda digan y decorosa. En el espíritu de esta Iniciativa al enfrentar estos problemas, atendiendo a las experiencias que nos han dejado los procesos de apoyo a la vivienda ejecutados a lo largo de nuestra historia, que ahora fructifican en este proyecto, en el que se busca dar una solución de fondo a este problema, procurando dar seguridad jurídica y económica a las clases que tradicionalmente han vivido en las vecindades de
nuestra ciudad, otorgándose la propiedad de estos inmuebles y la oportuna participación de los beneficiarios en la administración y conservación de éstos a través del régimen de propiedad de condominio vecinal.
Sé que hay y que seguirá haciendo divergencias de opciones en los mecanismos que en particular se proponen, en esta Iniciativa. Pero también sé que los diputados progresistas, aquí presentes, estarán de acuerdo conmigo en apoyar este importante paso del Estado mexicano para hacer realidad la garantía social de la vivienda consagrada en nuestra Constitución. Muchas gracias.
El C. presidente: - Diputada, el diputado Valle quiere interpelarles. ¿Acepta la interpelación?
La C. María Emilia Farías Mackey:
- No, no la acepto.
El C. presidente: - Para hechos, por 5 minutos, tiene la palabra el diputado Valle.
El C. Eduardo Valle Espinosa: - Con su autorización, señor presidente: Yo lamento mucho que una compañera que se distingue por su trabajo y por su seriedad, en esta ocasión no hubiere concedido una respetuosa interpelación a ella.
Pero creo que ha solucionado un problema, más bien creo que he solucionado dos problemas.
Parece que ya encontré las palabras que faltaron en el dictamen de BANRURAL, están aquí, le sobraron palabras. Miren ustedes si aplican al artículo 50 un pequeña supresión de palabras, entonces y sólo entonces, diputados Nieves Jenkin, Berlín Valenzuela, Adrián Mora y otros compañeros de la Comisión del Distrito Federal, priístas, entonces y sólo entonces parece adquirir alguna racionalidad lo que están proponiendo y que está aquí por escrito.
Fijense ustedes, si le quitan la palabra "esta, en" pudiera suceder que hasta ustedes le entiendan. Y diría así: "Para la administración y vigilancia de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal, la declaratoria que se refiere al artículo 3o. de esta Ley, dará preferencia a la forma de organización propuesta por los beneficiarios de cada proyecto".
Quizá así en estas condiciones pueda parecer racional lo que ustedes están proponiendo al Congreso de la Unión, específicamente a la Cámara de Diputados.
Esperemos, señores de la comisión, que traten ustedes de aclarar este embrollo lingüístico, jurídico, histórico que además pasa por supuesto de neolítico al capitalismo gerencial.
El C. presidente: - Tiene la palabra, por la comisión, el diputado Terrazas.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Compañeras y compañeros: hablo como miembro de la comisión, como miembro de la comisión, que no puedo asumir verdaderamente ni ser considerado dentro de lo que el dictamen llama trabajo exhaustivo, profundo, fecundo, perfeccionador de la iniciativa, que no perfecciono no profundizó nada. Pero quisiera decir que las intervenciones hechas por los compañeros de la mayoría de la comisión han demostrado lo contradictorio y lo inconsistente del propio proyecto, han demostrado estas intervenciones lo contrario de las conclusiones que aquí se establecen, todas ellas sobre todo la última de la compañera María Emilia Farías, en la cual se demuestra que efectivamente había la tendencia de intervención de Estado para resolver el problema de la vivienda con un sentido social.
La proposición que ahora se somete para ser materia de fondo del decreto es precisamente lo contrario de lo que ha dicho la compañera María Emilia Farías porque trata de eliminar precisamente la intervención del Estado y el carácter social de la solución al problema de la vivienda, estableciendo totalmente un parteaguas porque la solución toda está en función, lo decía en sus palabras finales, el régimen de condominio con carácter de finanza.
Por lo que el mismo dictamen plantea, y quisiera tratar de demostrarlo, dice el dictamen en cuanto a su sentido fundamental y por eso es contradictorio, no puede admitirse un dictamen así, debe regresar el dictamen a comisiones, quiero fundamentar la proposición de que el dictamen regrese a comisiones para que este asunto se estudie más para que se considere más a fondo, para que verdaderamente se cumpla lo que dice el dictamen y que no fue realidad.
El dictamen afirma "sobre este supuesto en el texto del articulado que se somete a nuestra consideración se determinó en forma clara y precisa cuándo procede la constitución de una propiedad en condominio de carácter vecinal que se trata de un régimen de excepción de la propiedad en condominio que está destinado a unidades habitacionales de interés social, en virtud de lo cual se eliminan una serie de requisitos operante para los casos normales de condominio y por otro lado se protege la Constitución de esos regímenes al sujetarse a una declaración previa por parte del Distrito Federal,
para que proceda la misma. Será en este acto de la declaración, cuando se otorguen facilidades tanto en requisitos administrativos como en el tratamiento fiscal que se dé a los actos de constitución de este tipo de condominios. No se establece ninguna limitación a la propiedad adquirida por este medio con el fin de cumplir el objetivo esencial de la reforma, que consiste en hacer posible a sectores de escasos recursos contar con una vivienda que no sólo la habiten, sino que viene a representar un bien patrimonial.
Es profundamente contradictorio el dictamen porque de que generaliza el régimen de condominio con carácter habitacional. Dice después que tomando los motivos expresados en la iniciativa en razón del carácter prioritario de la vivienda en el Distrito Federal así como de la necesidad que existe de eliminar cualquier obstáculo legal que impida el logro del objetivo a costo plazo consistente en reponer la vivienda a quienes la perdieron con motivos de los sismos, se estima oportuna la modificación propuesta, además de las razones expuestas por los siguientes aspectos.
Por otra parte, se plantea en otro párrafo que no hay ningún carácter excepcional sino simplemente el de establecer determinados requisitos, por lo tanto, compañero Presidente de la Cámara de Diputados, el suscrito miembro de esta Cámara de Diputados con fundamento en el artículo 106 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita la suspensión de la discusión y votación de la iniciativa de decreto que adiciona la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, por las siguientes razones:
La evidente incongruencia de la iniciativa que presente, la insuficiencia de la discusión.
Por esa razón, pido que se suspenda la discusión y regrese el dictamen a comisiones. Muchas gracias.
La C. secretaria Rebela Arenas Martínez: - Ciudadano presidente de la Cámara de Diputados. Presente:
"El suscrito, miembro de esta Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita la suspensión de la discusión y votación de la iniciativa de decreto que adiciona la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio, en Inmueble para el Distrito Federal por las siguientes consideraciones:
"Primera. La evidente incongruencia de la iniciativa que se presenta."
"Segundo. La insuficiencia - con todo respeto, es un poco ilegible- en la discusión de la Comisión."
El C. presidente: - Lea la secretaría, por favor, el artículo 110 para regular el procedimiento.
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - "Artículo 110. En el caso de moción suspensiva, se leerá la proposición y sin otro requisito que oír a su autor, si la quiere fundar, y a algún impugnador si lo hubiere, se preguntará a la Cámara si se toma en consideración inmediata. En caso afirmativo, se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar al efecto tres individuos en pro y tres en contra, pero si la resolución de la cámara fuese negativa, la proposición se tendrá por desechada".
El C presidente: - En virtud de que el autor de la proposición ya la fundó, pregunta si hay algún impugnador.
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - Se pregunta, por instrucciones de la presidencia, a la asamblea, si existe algún impugnador a esta propuesta.
El diputado Berlín Valenzuela.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Berlín Valenzuela.
El C. Francisco Berlín Valenzuela: - Señor presidente, honorable asamblea: He pedido la palabra como miembro de la Comisión Dictaminadora que conoció de esta Iniciativa a fin, en primer lugar, de oponerme a la solicitud que ha hecho el compañero Terrazas, porque considero que no tiene fundamentación seria que resista un análisis sereno y objetivo. Y no la tiene porque en realidad el argumento de que hay insuficiencia en la discusión no es de ninguna manera atribuida a esta llamada insuficiencia por parte de él, a los miembros de la Comisión, dado que nosotros lo hemos fundamentado con una argumentación jurídica, una argumentación sociológica y un apoyo de carácter de histórico. Si acaso la insuficiencia estaría por parte de los que no han tenido los argumentos jurídicos suficientes y necesarios para venir aquí a exponer puntos de vista lo suficientemente válidos.
¿Por qué se ha dado esta situación? En primer lugar porque considero que se ha perdido de vista algo que es muy importante, el análisis de esta iniciativa de este dictamen, tiene que hacerse dentro del contexto de la Ley de Condominios y de ninguna manera analizar por separado lo que pretende ser una adición en el capítulo octavo a fin de complementar lo que constituye un régimen de excepción.
De tal manera que cuando se habla de una indefinición del condominio, de carácter vecinal, se está haciendo caso omiso de que éste, se encuentra ya definido en su género, que está en el artículo primero de la Ley de Condominio y que como especie de que es de éste, no tenía por qué ser nuevamente redefinido
Si ustedes me lo permiten, quisiera referirme a algunos de los puntos que los distintos oradores que han participado en este debate han esgrimido con la pretensión de oponerse a este dictamen. No seguiré un orden en las intervenciones, simplemente en términos generales habré de tratar de fundamentar.
Siempre he tenido considerable respeto a lo que considero constituye el talento del compañero Eduardo Valle. Sin embargo, la mordacidad y la ironía que ha pretendido hacer para ocultar en cierta forma sus ausencias de conocimientos jurídicos, no debe ser aceptada, no debe ser aceptada porque implica una falta de respeto a esta asamblea.
El C. presidente: - Permítame el orador ¿acepta una interpelación?
El C. Francisco Berlín Valenzuela: - Sí, señor.
El C. presidente: - Un momento, sí señor diputado.
El C. Manuel Tarrazas: - Considero que el diputado Berlín pidió la palabra para impugnar la proposición. Pido en consecuencia, que se limite a impugnar la proposición, no a responder a las intervenciones de todos los compañeros que han hablado en contra del dictamen.
El C. Francisco Berlín Valenzuela: - Señor presidente; he pedido la palabra por la comisión para responder a las diversas alusiones que los distintos oradores han dicho.
El C. presidente: - El señor orador pidió la palabra como impugnador de la moción. En esos términos tiene todo el derecho para hablar exactamente igual que todos los diputados de esta Cámara. Siga adelante señor diputado.
El C. Eduardo Valle Espinoza: - ¿Me permite una interpelación el orador?
El C. presidente: - Hay otra interpelación, ¿la acepta el orador?
El C. Francisco Berlín Valenzuela: - Adelante, compañero Valle.
El C. Eduardo Valle Espinosa: - Señor diputado Berlín, para ilustrar esta evidente falta de conocimientos jurídicos, sería usted tan amable de mostrarnos qué quiere decir el artículo 50 cuando dice: "para la administración y vigilancia de ésta, (coma) en los inmuebles..
El C. Francisco Berlín Valenzuela: - Con mucho gusto compañero Valle si me tiene paciencia y espero que vaya refutando los argumentos de los destinados oradores.
(Voces): - No aceptó la interpelación.
El C. Francisco Berlín Valenzuela: - Si usted quiere, con mucho gusto vamos a comenzar por lo que a ustedes le interesa, Dice el artículo 50: "para la administración y vigilancia de ésta, en los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal, la declaratoria a que se refiere el artículo tercero de esta ley, dará preferencia a la forma de organización propuesta por los beneficiarios de cada proyecto.
Quiero remitirlo a usted, para su conocimiento a dos artículos que le permitan acepta captar y comprender la esencia de este artículo 50, y que forma parte de la Ley de Condominios dentro de cuyo contexto debe entenderse precisamente la adición de este capítulo octavo.
Dice el artículo 30: Los condominios serán administrados por la persona física o moral que designe la Asamblea en los términos de esta ley y del reglamento del condominio.
Artículo 31: Corresponderá al administrador... y fija todas y cada una de las obligaciones que tiene el administrador. Inmediatamente después, en el artículo 32 se dice: El comité de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones y deberes..." y empieza a enumerar en distintos párrafos cuáles son las atribuciones y los deberes. Luego entonces en todo condominio existe una administración y un Comité de Vigilancia. El Comité de vigilancia no es sobre los inmuebles; el Comité de Vigilancia ejerce facultades precisamente sobre los administradores. Por eso, cuando en el artículo 50 se refiere a la administración y a la vigilancia que sobre éstas tendrá el Comité de Vigilancia, me parece que es entendible lo que aquí se ha dicho.
Pero si eso no fuera así, me parece, compañero Valle, que de ninguna manera debemos usar la mordacidad y la ironía para la última instancia llamar la atención a lo que podía se una falta de estilo o un error mecanográfico, y en esta forma tratar de zaherir a los compañeros y a usted, que han formado parte de la comisión del distrito Federal.
Yo creo que todos y cada uno de ustedes merecen un respeto especial. Podemos tener puntos de vista dirigentes, puntos de vista contrarios, pero cada uno, de acuerdo con su capacidad, pone su mejor esfuerzo para tratar de hacer bien las cosas.
En esa perspectiva, ya quisiera que no se hiciera un drama por cosa tan simple, y que además no se tratara de tergiversar algo que no es lo suficientemente claro, y que forma parte del artículo 2o. transitorio, para tratar de hacer ver, en una falta, eso sí, de respeto a los compañeros damnificados por los sismos, al llamarles "gallineros" a las viviendas en que provisionalmente se encuentran. De ninguna manera puede ser considerado eso un gallinero, compañero. El gobierno de la república esta haciendo su mejor esfuerzo para tratar de construir lo más rápidamente posible, y eso se hará en la medida en que también le demos los instrumentos jurídicos, viviendas más dignas y más decorosas para estos humanos nuestros, que se encuentran en estos momentos en áreas de uso común, en los parques, en los jardines y en las calles.
Se trata precisamente y a esto obedece el interés de la comisión del distrito Federal de brindarle la oportunidad a los señores dirigentes del Programa Emergente de Renovación, de que puedan empezar, una vez aprobada esta Iniciativa, a construir estas viviendas que están demandando con tantas prisa quienes ahora se encuentran a lo que usted llama "gallinero".
Creo que es preferible que se encuentren en esas viviendas a que estén abandonados y dejados de la mano de quien tiene la obligación de asistirlos, porque considero que eso sí sería tenerlos a la intemperie. Esta vivienda es provisional y así debe entenderse y puedo decirle, porque hemos platicado con las autoridades del Programa Emergente, que existe el propósito y la urgencia de contar con estos instrumentos que estamos tratando de darles a los compañeros que han sufrido la desgracia de los sismos del año pasado.
Por esto, este segundo transitorio de ninguna manera debe ser considerado como una afrenta para ellos, porque ha sido mal entendido y dolosamente tergiversado por el compañero Valle.
Dice el artículo Segundo transitorio: "Quedan comprendidos en este Decreto los inmuebles que estén incluidos en el Programa Emergente de Renovación Habitacional Popular del Distrito Federal, aprobado mediante decreto publicado en Diario Oficial de la Federación, el 14 de Octubre de 1985. Obviamente se refiere a los inmuebles que fueron expropiados y de ninguna manera a la construcciones provisionales que se encuentran en las calles, en los parques, en los jardines. Es doloso esa interpretación.
Dice el compañero Terrazas que qué se esconde en el dictamen que se ha presentado a la asamblea, y que algunos que se han inscrito en contra votaron a favor y que los que votaron a favor se inscribieron en contra.
Por lo que nosotros respecta, hemos obtenido a favor nuestro de este dictamen. Hemos dado los argumentos y esa ha sido mi intención al hacer abundado el porque no era posible tomar en consideración algunos de los puntos de vista que el Partido Socialista Unificado de México había propuesto. Pero quisiera decirles que de ninguna manera se ha cancelado la posibilidad de que se evite la formación de patrimonio familiar, porque esta es una actitud de quien quisiera serlo.
Pero hay dos requisitos que deben ser tomados en consideración compañero Terrazas, para que pueda constituirse el patrimonio familiar. Uno de ellos está consignado en el artículo 728, que dice: "Solo puede constituirse el patrimonio de la familia con bienes fijos en que esté domiciliado el que lo constituya".
Y el artículo 731, fracción cuarenta: "El miembro de la familia que quiera constituir el patrimonio, lo manifestará por escrito al juez de su domicilio, designado con toda precisión y de manera que pueda ser inscritos en el registro público los bienes que van a quedar afectados". Además dice, comprobará lo siguiente, y no hay que perder de vista esta facción IV: "que son propiedad del constituyente los bienes destinados al patrimonio y que no reportan gravámenes fuera de la servidumbre".
El que pueda comprar y adquirir su vivienda y sea propietario de ella, está en libertad de poder construir el patrimonio familiar.
Lo que es fácil lograr, compañero Terrazas, es construir un patrimonio familiar con una vivienda que no le pertenece; con una vivienda que para poder ser propietario de ella va a tener, y eso se está previendo, necesidad de un financiamiento que habrá de darse a través de las múltiples posibilidades que existen.
Y ese financiamiento forzosa y necesariamente, requerirá de una garantía, y esa garantía la constituye precisamente a propiedad. Pero además quisiera agregar, esta institución del patrimonio familiar no ha sido de ninguna manera popular en nuestro medio, le he mencionado a usted en la investigación que hemos realizado que hasta la fecha no ha habido una sola inscripción en el
registro público de la propiedad. ¿No cree usted que si hubiera realmente un interés por parte de los miles de mexicanos que habitan el Distrito Federal ya habría miles también de patrimonios familiares constituidos? Hay indudablemente una realidad y debemos ser congruentes con esa realidad. Pero quiero darle a usted algunos argumentos de tipo social e histórico sobre el patrimonio familiar en relación al condominio vecinal. La legislación que regula este patrimonio por razón natural está íntimamente vinculado con la institución matrimonial y está encaminada a proteger la cédula primaria de la sociedad que es la familia, para eso se constituye, para que puedan los miembros de ella tener cierto respaldo y un cierto apoyo económico. Estos supuestos fue lo que hizo que el legislador fuera rígido y formalista en los preceptos que regulan la Constitución, la vigencia y la extinción del patrimonio familiar; en el caso de familia de escasos recursos que son precisamente a quienes van destinadas estas reformas que hoy estamos poniendo, el objeto de la iniciativa que se discute; existen muchos aspectos formalistas del decreto que deben cubrirse para la constitución de un patrimonio familiar y que hacen precisamente que éste sea poco accesible puesto que existe un procedimiento que es necesario una declaración judicial para que pueda llegar a consumarse en el registro público su inscripción. Luego entonces, hasta el punto de vista económico resultaría poco atractivo la constitución del patrimonio familiar por los gastos que origina el procedimiento que debe seguirse. Creo que además se está desvirtuando la naturaleza jurídica del patrimonio familiar que es una institución que por esencia sólo puede crearse por voluntad misma del interesado, no podemos obligarlo porque esta institución no se hace por obligación legal, si el padre de familia quiere construir el patrimonio, está en libertad de hacerlo, no lo va a construir porque nosotros lo digamos en estas reformas de Ley de Condominio. Las reformas que venimos analizando las posibilidades para que cualquier jefe de familia que haya liquidado su vivienda, pueda construir este patrimonio, pero no olvidemos que siempre será un acto constitutivo de carácter voluntario.
Esa es la razón por la cual, compañero Terrazas, la comisión consideró que no era compatible con el régimen de condominio vecinal y que además este era el régimen que más convenía a este problema que tenemos encima y que urge atender, que es necesario dar ya los instrumentos precisamente porque nos conduele el ver a las gentes en las calles, en los parques.
Puedo a usted decirle que por las pláticas que hemos tenido con el director del Programa Emergente de Habitación Popular, que está esperando con gran urgencia un instrumento como este de carácter jurídico que le permita ya empezar a construir viviendas dentro de un régimen como éste. Además no perdamos de vista que hay gran cantidad de familias en la ciudad de México que están viviendo en vecindades que tienen ya una existencia de 40, 50, 60 años
. ¿Qué posibilidades tienen esas familias de poder llegar a ser propietarias de su vivienda?
¿Quién les va a financiar o quién les va a dar el dinero para poder comprarla? Hay un programa que tiende a convencer a los dueños de esas viviendas de que las vendan precisamente a los programas emergentes de habitación que se están llevando a cabo. Puedo decirle a usted que se han comprado ya muchas viviendas. Esas viviendas serán inmediatamente puestas en venta a los mismos vecinos, a las mismas familias que ahí están viviendo. Y puedo asegurarle que hay un gran entusiasmo entre todas esas familias porque por primera vez serán dueños de la pequeña habitación, mediana o grande que ellos tienen.
Esa es la única posibilidad que tienen de llegar a ser dueños de la vivienda. Caray, creo que debemos darles los instrumentos para poder hacerlo. Si hay financiamiento disponible para ello, si hay también la voluntad de hacerlos dueños de su vivienda, démosle los instrumentos jurídicos que están dando. No pongamos trabas a algo que es eminentemente una conquista revolucionaria de ellos y que constituye, como lo he dicho anteriormente, una deuda de la Revolución Mexicana que implica un esfuerzo para hacer efectiva la justicia social.
Ha dicho por su parte el compañero Calvo que no que no encuentra la bolita, no sé a que bolita se refería, pero talvez pienso que se refería a la falta de definición de lo que es el condominio vecinal. Quisiera reiterarle lo que ya dije hace un momento: la bolita que así denomina él se encuentran en el artículo 1o. que da la definición en razón del género que nos dice qué se debe entender por condominio por lo que ya no era necesario hacerlo en razón de la especie.
Yo me referí compañero Calvo, a que el departamento del Distrito Federal con su intervención iva a evitar la arbitrariedad. Yo me referí a que era necesaria la intervención como autoridad para evitar precisamente la anarquía para que no proliferara cualquier propietario de vecindades que llegara a forzar de alguna manera a los que en este momento la habitan como en que inquilinos sin reunir condiciones mínimas si se quiere, pero condiciones de salubridad y de higiene para ser habitadas.
Por esta razón sostuve que era necesario que hubiera una vigencia en la declaración de esa posible constitución del condominio vecinal.
Por otra parte yo estoy de acuerdo que es ilícito si se quiere utilizar las instituciones de cualquier rama de derecho para fundamentar otra rama distinta, ya sabemos que el derecho no es un comportamiento estanco y que de ninguna manera debe verse como una disciplina tajante, separada de todas las demás. Creo que todo derecho en la actitud es eminentemente interdisciplinario y que los conceptos y las instituciones de una pueden servir para fundamentar y para darle vigor a un concepto de derecho específico. Sin embargo creo que no debemos pasar desapercibidos que las condiciones culturales, las condiciones económicas y sociales del campo que fundamentan la existencia de los bienes comunales y de los bienes ejidales son muy distintas a las condiciones sociales culturales y económicas que encontramos en las ciudades. Por eso transferir algunos de los aspectos que han tenido aplicación en el medio rural al medio urbano, nos pueden llevar a una institución híbrida como siento, con todo respeto compañero Calvo, se encuentra contenida en la propuesta que usted nos ha hecho, porque no debemos olvidar que el ejido y los bienes comunales son formas de tenencia sobre bienes no susceptibles de propiedad y que en cambio la vivienda sí es susceptible de propiedad privada, inclusive la vivienda misma de los campesinos está a otro régimen distinto de los que están sujetos los bienes comunales.
La copropiedad que ellos invocan es una forma por lo tanto de ejercicio de la privada, el ejido ha sido formado como una unidad de protección, y en cambio la vivienda como un medio de satisfacer una de las fundamentales preocupaciones del hombre.
De ahí que por eso la Comisión consideró que utilizar estas instituciones del Decreto Agrario dentro del Derecho Civil, no podría llevar realmente a problemas muy serios en la constitución misma de las viviendas que tanto estamos en este momento pidiendo para la gente lo que está necesitando.
Por otra parte, quisiera decirle al compañero Manuel Fernández Flores, que de ninguna manera pretendemos que con una adición a la Ley de Condominios como es este capítulo 8o. vamos a resolver el problema de la vivienda. Lo que sí puedo asegurarles, es que queremos ayudar a resolver problema de vivienda.
Usted comprenderá en un país con dificultades económicas como el nuestro, no es fácil en este momento resolver este problema. Ningún país del mundo lo ha logrado. Ni aun los que tienen un alto grado de desarrollo económico. En todas partes existen concentraciones misérrimas en donde los hombres habitan, y eso no han podido todavía constituir una resolución efectiva y real al problema efectiva y real al problema de vivienda. Cada país lo va logrando de acuerdo a las posibilidades de desarrollo económico y de acuerdo con las circunstancias históricas en que vive.
Nosotros en México queremos con disposiciones con éstas, contribuir aunque sea en mínima parte, a resolver o ayudar a resolver el problema de la vivienda, de un considerable número de mexicanos que se encuentran en este momento sufriendo la falta y la carencia de ella. Claro que existen otras formas. Pero el problema requiere soluciones urgentes y por eso yo me opongo a la petición que ha hecho el compañero Manuel Terrazas: regresar este dictamen a comisiones, porque creo que tiene la suficiente fuerza y el suficiente vigor, para ir respondiendo a as necesidades de nuestros compañeros Y que la experiencia de más de 32 años del condominio, ha sido ya bastante elocuente. Y si ha funcionado para resolver los problemas habitacionales de la clase media y de un nivel un poco más elevado, no veo por qué con la protección y la orientación que se le pretende dar no pueda resolver o ayudar a resolver el problema de las clases más menesterosas de nuestro país, de ese proletario nacional en que muchos de ustedes coincide con nosotros sigue siendo todavía motivo de preocupación de los diputados de esta LIII Legislatura, por eso pido que vayamos en su ayuda y que aunque sea en mínima parte tratemos de encauzar sus angustias y sus penas. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Pido la palabra para alusiones personales, y por la comisión.
El C. Presidente: - Para alusiones personales por cinco minutos.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Seguramente los compañeros que chiflan, que ya han fundado la proposición de la mayoría de la comisión, pero sigue siendo y es la verdad, contradictoria e inconsistente.
En primer lugar yo quiero aclarar que quien encasillo el problema de la forma de propiedad para las viviendas expropiadas, fue precisamente la comisión. Nosotros nunca propusimos que fuera sobre la base del régimen de condominio
con algunas modalidades, e inclusive dándole el carácter de excepcional, lo cual no tiene de ninguna manera. Lo que nosotros propusimos es que se buscará una figura que resolviera el problema de la seguridad de la tenencia de la vivienda, que resolviera el problema de la incertidumbre de que iba a pasar después con esa vivienda, que considerara la vivienda como inembargable, como inalienable, como patrimonio familiar, que se buscara precisamente la figura. Esta era la cuestión esencial no fuimos nosotros quien planteamos... Entonces, habría que considerar esta cuestión de una manera honrada, de una manera ética. No fuimos nosotros. Planteábamos un problema y de ahí insuficiencia de la discusión en la Comisión. No estoy hablando del plenario de la cámara, de la comisión. Fue insuficiente el esfuerzo realizado. La prueba estará en que en un día se hicieron dos dictámenes, y sólo se regresó porque seguramente tenía muchas contradicciones e iba a ser muy difícil que el Senado lo aprobara.
En segundo lugar, es necesario aclarar que nosotros planteamos el problema de como va a ser posible que se extienda el régimen de propiedad en condominio con caracter vecinal, para resolver el problema general, como lo ha planteado el compañero Berlín Valenzuela aquí, de la vivienda en el país. El ha hablado de extender, de ofrecerle a la clase obrera, al proletario, decía él, a los sectores de bajos recursos, la posibilidad de tener una vivienda digna y decorosa. ¿Cómo es posible, cómo es posible que vayan a adquirir esa vivienda? ¿con qué recursos van a adquirir la tierra y la construcción?
El compañero Berlín Valenzuela, compañeras y compañeros diputados, ha demostrado fehacientemente, de manera bastante completa, muy completa, jurídica y políticamente, una realidad: la decisión del Estado, aunque él lo presenta como conquista revolucionaria, precisamente de no intervenir, de eximirse de responsabilidades para procurar vivienda digna y barata a los trabajadores y a las masas populares que necesitan de la vivienda, sobre la base de la privatización. Este es el problema, de las formas tradicionales de la sociedad capitalista. Esa es la cuestión esencial y por qué la elude el compañero Berlín Valenzuela, por qué la eluden los demás compañeros, se trata acaso de una solución con carácter social o una solución con carácter privado, ahí está la cuestión fundamental. Ahí debe girar la discusión, ahí está el problema político de fondo y más importante, qué rigor para unos y qué flexibilidad para otros en la cuestión del tiempo. Pero que quede claro, el problema esencial es ese. Nosotros no estamos de ninguna manera incurriendo en incongruencia jurídica, son otros los compañeros que apoyaron incluso en función de estar de acuerdo con el carácter social que nosotros le debemos para introducir seguridad en la propiedad de la vivienda, quienes opinaron que no había ninguna incongruencia. Amigos y compañeros del propio Berlín Valenzuela, miembros de su partido, que argumentaron y probaron que no había ninguna contradicción, pero el problema de fondo está precisamente en la oposición a que la solución del problema de la vivienda se realice por la vía social, a la insistencia y a la tendencia a resolver el problema de la vivienda sobre la base del condominio aun dándoles el carácter de vecinal.
Ese es el problema y condominio es compra de la tierra; y condominio es compra de los edificios; y condominio es posibilidad de la concentración; y condominio es la posibilidad de la pérdida del patrimonio familiar; y condominio es abandono de la línea social para resolver el problema de la vivienda. Esa es, compañero Berlín Valenzuela la cuestión fundamental, lo que está a debate, lo demás son palabras y quizás dramatizaciones sin fundamento alguno.
El C. Presidente: - Tiene la palabra para hechos, por cinco minutos, el diputado Eduardo Valle .
El C. Eduardo Valle Espinoza: - Con su autorización, señor presidente: Independientemente de los nuevos Mozarts mexicanos que están aquí inaugurando nuevas melodías, tengo la impresión de que por fin alguien resolvió un problema y ese fue el diputado Berlín.
El artículo 50 efectivamente se refiere a la vigilancia de la administración. Este problema ya está resuelto, qué bueno.
Y el diputado Berlín se duele de la mordacidad, de la ironía y de la falta de respeto.
Yo me duelo de la falta de respeto. Yo le preguntaría al diputado Berlín, ¿Qué pasó con el artículo 51 que propuso originalmente la fracción priísta? ¿Y qué pasó con en artículo 49 que propuesto originalmente la fracción priísta? ¿Qué le sucedió a lo que propuso en la fracción priísta y que ahora se convierte en otra cosa? No beneficiando a los damnificados que hoy se viene a respetar en la tribuna, se viene a respetar y se viene a lastimar económicamente.
Es fácil, muy fácil hablar del respeto a los damnificados. Y ellos se duelen de una palabra:
gallinero. La palabra yo no la empleo. Salgan ustedes a hablar con los damnificados a ver quién dice la palabra gallinero.
Y en síntesis aquí hay un problema y siempre es bueno escuchar a gente docta. Aquí hay un problema muy interesante de derecho. El artículo 50 habla de la administración y de su vigilancia, y dice: la declaratoria que se refiere el artículo tercero, que es la declaratoria del Departamento del D. F., dará preferencia a la forma de organización propuesta por los beneficiarios de cada proyecto.
¿Por qué esto? Porque van a decir. Ah, es que nosotros estamos proponiendo que esto sea un régimen de excepción en todo aquello que no se oponga a lo establecido en el presente capítulo entonces resulta que se está proponiendo una forma distinta de organización que pudiera ser promovida por los propios beneficiarios de la Ley, porque la Ley de Condominio, como lo sabe muy bien el diputado Berlín Valenzuela, establece la asamblea de los condominios, el comité de vigilancia integrado por una o hasta tres personas con funciones específicas perfectamente determinadas por la Ley y además establece la figura del administrador.
Pero entonces en el título de régimen de excepción entonces ya se está proponiendo que se respete la forma de organización propuesta por los beneficiarios de cada proyecto, pero no se aclara por ejemplo que hay un artículo muy importante para el régimen de condominio que establece que sólo con el 75% de la votación en una asamblea se puede terminar con el régimen de condominio. Y como aquí estamos hablando de especulación y de traslado de la propiedad de este régimen al beneficio mercantil, entonces resulta que aquí hay una ambigüedad dela propia ley.
En este sentido, yo solamente quiero decir lo siguiente. Hay un artículo 7o. de la Ley de Condominio que aclara una serie de cosas que tienen importancia fundamental para la propuesta nueva de la Comisión del Distrito Federal en relación con la antigua propuesta priísta que se refería en muchos mejores términos al tratamiento dado a esta gente que puede ser beneficiada.
En síntesis, simple y llanamente todo tipo de ambigüedades e imprecisiones en esta ley basadas precisamente en el título de excepción no tienen otro sentido que fomentar los negocios particulares y el tráfico de influencias con las vecindades. Esto es lo que va a suceder porque si vamos a ser respetuosos conla Asamblea y como decía el diputado Berlín, el Derecho es ahora interdisciplinario y aquí hay problemas de economía urbana y cualquiera sabe que en términos de economía urbana hay una serie de predios que tienen fundamental importancia para la especulación urbana.
Como creo que el diputado Berlín desea hacer una interpelación, con mucho gusto se la concedo.
El C. Francisco Berlín Valenzuela: - Compañero Valle, lo que quiero hacer es una aclaración. Efectivamente el proyecto original del art. 51 al que usted se refiere mencionaba que estaría exento de toda calse de impuestos posibles o contribuciones de la Federación y del Distrito Federal, las habitaciones que estuvieron dentro del régimen de condominio vecinal.
La comisión consideró conveniente extraer este artículo de este proyecto original en virtud de que como usted recordará en la Ley de Hacienda aprobada en diciembre del año pasado se consignaron ya las excepciones de impuestos en esta materia que estaban precisamente en vigor para los damnificados ya que no había necesidad de incluirlo en esa Ley, puesto que ya lo habíamos aprobado en diciembre en la Ley de Hacienda. Por esa razón no se incluyó. Yo quisiera exhortar a usted a que no malinterpretemos las cosas por falta de una visión hagamos juicios personales acerca de negocios que de ninguna manera le puedo asegurar, existe el propósito de llevar a cabo.
El C. Eduardo Valle Espinosa: - Con toda evidencia mi miopía, compañeros diputados coloca esta situación en un problema de efecto demostración, eso es lo que los economistas llamados a lo que va a suceder en un momento determinado en función de determinadas leyes o tendencias económicas.
Aquí lo que se nos está pidiendo a final de cuentas es un cheque en blanco, sobre la buena voluntad de una comisión que ha tenido la mala fortuna, como de alguna manera ya reconoció el diputado Berlín Valenzuela, no solamente de caer en una situación de ambigüedad, sino también en errores que no debió de haber caído hasta en términos de la redacción de la ley.
En este sentido, yo solamente quiero terminar señalando un efecto que se va a dar. Ahora las vecindades van a ser sujetas de una serie de presiones con el objetivo de convertirlas en el botín de la especulación inmobiliaria en esta ciudad de México y al tiempo lo veremos. Muchas gracias.
El C. presidente: - Consulte la secretaría para desahogar la moción suspensiva, si la asamblea lo aprueba o la desecha.
El C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - Por instrucciones de la presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se toma en consideración la propuesta de moción suspensiva presentada por el diputado Terrazas. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo igualmente... Desechada la propuesta, señor presidente.
El C. Efraín Jesús Calvo Zarco: - Como miembro de la comisión pido la palabra.
El C. presidente: - Tiene la palabra.
El C. Efraín Jesús Calvo Zarco: - Primero, la bolita, el artículo 1o. de la Ley de Condominio.
Aquí es donde descubre el asunto realmente. Se dice en el dictamen y se dice también en el proyecto de ley, que se está estableciendo un régimen de excepción, o sea, no está hablando del régimen ya establecido sino un nuevo, distinto, de excepción se define, si no se le define entonces caemos en un vacío que es precisamente el problema del proyecto de Decreto, que no define nada, bueno sí define una cosa, un pase para que el Departamento del Distrito Federal defina o que quiera, lo que crea conveniente, sin consultar a nadie sobre lo que tiene que ser ese régimen de propiedad vecinal, ese es el problema precisamente, yo sabía que la bolita andaba por ahí y sabía precisamente que no lo define porque no quieren definir este régimen de excepción.
Sobre la cuestión de la vivienda transitoria, yo quiero intervenir porque ya aquí se ha hecho, créanme, demagogia para todos lados sobre este problema. Miren ustedes, la ONU recomienda que en casos de desastre se llevan a cabo programas de construcción de viviendas transitorias, se empiecen estos programas por lo menos 15 días después de acaecidos los desastres y lo que ha pasado aquí en México señores diputados, no tiene nada que ver con esas recomendaciones de la ONU, pero nada que ver con esas recomendaciones, porque aquí se empezó el programa de construcción de vivienda transitoria 6 meses después y no me vayan a decir que los albergues eran alternativas por una razón; la línea del Departamento del D. F. desde un principio fue que la gente se fuera a los albergues y la gente no se fue a los albergues, esto lo señalamos aquí en tribuna una y otra y otra vez y la gente no se iba a los albergues por una simple y sencilla razón, porque el pueblo mexicano acostumbrado a los golpes de la vida o a los golpes de gobierno, tiene una profunda desconfianza, una profunda desconfianza que se manifiesta en el siguiente cuestionamiento que cualquiera que haya ido con los damnificados, y yo creo que el diputado Berlín no fue para allá, se manifestaba de la siguiente manera: ¿como nos vamos a ir a algún albergue si no sabemos qué va con nuestra casas? Fueron ellos, ellos precisamente los héroes de los barrios, los héroes damnificados los que negaron a irse a los albergues y que provocaron son su actitud el Decreto expropiatorio. Ni mas ni menos que ellos, porque se basaron en su propia fuerza y la confianza en su propia manera de ver las cosas, para no irse a los albergues transitorios que el gobierno está ofreciendo y que eran los albergues. Albergues que por lo demás eran insuficientes y que por otro lado eran coercitivos de las libertades de los propios damnificados. Se tardarón seis meses en dar una respuesta como la que nosotros planteamos desde un principio. Nosotros dijimos, la gente no se va a ir a los albergues. La gente quiere que se les de una alternativa de vivienda transitoria ahí donde están viviendo para poder checar lo que se está haciendo con sus viviendas que no vaya haber cochupos después y le regresen la vivienda a los expropietarios. ¿Pero seis meses. Y saben que pasó en esos seis meses ? Pasó el invierno. Y yo quisiera que alguno de ustedes se hubiera acercado siquiera a los lugares donde estaban los damnificados. Que vivieran en las casa semidestruidas con peligro de venirse abajo, en las que estuvieron viviendo los damnificados para no morirse de frío. Y siquiera también que hubieran vivido en las casas de campaña construidas con papel, construidas con plásticos, en las que estuvieron viviendo los damnificados por la falta de una respuesta efectiva sobre este asunto. No se vengan ahora a adornar, con esta cuestión. No les corresponde. Si hay vivienda transitoria y se empieza a llevar a cabo vivienda transitoria, es porque los propios damnificados la exigieron con movilizaciones en la calle, con protestas masivas, con protestas ante los medios de comunicación.
Ahora el problema que se nos va a venir a presentar aquí, el problemita que se nos va a venir a presentar aquí es: ¿cuanto tiempo van a tener que vivir los damnificados en esas vivienda transitoria?
Yo les quiero decir una cosa: aquí, en este recinto, hay compañeros damnificados que viven en eso que Eduardo ha dicho que se llama, que la
gente les dice "gallineros" y que en efecto así les dicen. ¿Cuánto se van a tratar los programas de Renovación Habitacional Popular en edificar estas nuevas viviendas?, ¿quince meses? yo lo dudo. Lo he dicho muchas veces, Yo dudo que en quince meses el gobierno tenga la capacidad siquiera para llevar este programa, adelante, porque el programa no empezó a impulsarse más que hace un mes, apenas hace un mes se empezaron los famosos frentes, los tres mil frentes para la reconstrucción de viviendas. ¿Cuánto va a tardar esto? Con la crisis económica que estamos viviendo yo dudo que esto vaya a tardar poco, y entonces sí los damnificados van a volver a protestar porque pudieran aceptar en un momento determinado vivir en esa vivienda transitoria pero no por demasiado tiempo. Ese es uno de los problemas muy importantes.
No vengan a decirnos aquí que ustedes son los autores de la vivienda transitoria, porque el gobierno, sobre todo el Departamento del Distrito Federal estuvo en contra, en contra de esa alternativa de vivienda transitoria; en todo caso es una conquista de la gente, y no vengan aquí a decir que ustedes son los que se paran el cuello sobre este asunto.
Otra cosa, estoy hablando como miembro de la comisión, así que puedo yo hacer lo que quiera como lo hizo Berlín y le voy a contestar a cada uno de los puntos que Berlín tocó.
Renovación, está esperando un instrumento para poder llevar adelante los programas de Renovación Habitacional Popular. Ansiosamente el Lic. Aguilera está esperando este instrumento, está seguramente por aquí viéndonos o por los circuitos cerrados de televisión, haber si ya de una vez tiene el instrumento. Es que eso nos da la razón, señores.
¿Era o no de obvia y urgente resolución que lo sacáremos este problema en el pasado Período de Sesiones Ordinario? Era y no pudieran definir porque se entrelazó y se enfrentó con una serie de intereses que impidieron que esta definición se diera antes; ahora lo están planteando hasta ahora, seis meses después estamos planteando que ahora sí ya estamos a punto de dar la definición sobre este problema del régimen de propiedad que se requiere para dar alternativa a los damnificados.
De nueva cuenta están ustedes señores detrás de los acontecimientos.
También tocó el diputado Berlín Valenzuela el problema de los dueños de la vivienda. Es muy emotivo, realmente a veces hasta le arrancan a uno las lágrimas. ¡Qué felices van a ser - si de hacer teatro se trata, vamos a hacer teatro todos no nada más ustedes- , qué felices van a ser los damnificados que van a poder ahora sí adquirir su vivienda en propiedad! Este sería el mismo argumento que pudieran decir, insisto, los compañeros del PAN con respecto a los campesinos, qué felices serían que pudieran adquirir la tierra para ellos mismos.
Nosotros decimos que esta conquista de la revolución mexicana se debe de extender, hacia las tierras urbanas, señores y señoras. Y en efecto, nosotros sí admitimos que hay una realidad distinta en el suelo urbano. Por eso estamos proponiendo no precisamente que sea el ejido urbano así como tal, que se traslada automáticamente y mecánicamente al problema de la vivienda, al problema de la tierra urbana. Estamos proponiendo un tipo de régimen de copropiedad, que sin embargo, no facilite totalmente que se pueda transferir la vivienda tan fácilmente, porque sí creemos que la gente debe tener en propiedad su casa, pero que debe tener una serie de dificultades para transferirla, para que no se borre, para que no se esfume, para que no se diluya el espíritu del decreto expropiatorio, que es el de garantizar el arraigo de los barrios, de la gente en los barrios, porque si ustedes lo dejan libre al mercado especulativo, no va a faltar quien tenga la necesidad de vender su vivienda porque no tiene qué comer, porque esta es la realidad de este país, que no hay qué comer, y entonces va a tener que pasar a vender su vivienda, a malbaratarla, y los señores, como ustedes, que se enriquecen de la vivienda, van a empezar a especular y acaparar el terreno urbano. Eso es lo que va a empezar a pasar en este país.
Nosotros decimos que debe de estudiarse un tipo... - no, déjalos Pedro, esta bien, se están enojando porque les estamos dando en el mero punto, déjalos.
El C. presidente: - Se le suplica amablemente a la asamblea se sirva guardar orden, y se invita respetuosamente al orador a hacerlo de esa manera. El orador tiene 30 minutos, de los cuales han transcurrido 15 por ser miembro de la comisión.
EL C. Efraín Calvo Zarco: - Así es, muchas gracias, señor presidente. Hay un aspecto más que nos preocupa mucho. Dice el diputado Berlín Valenzuela que el Departamento del Distrito Federal va a intervenir para evitar la anarquía. ¿Qué tipo de anarquía? Pues evitar que se cuele una serie de oportunistas, de terratenientes urbanos, que tratan de beneficiarse con este programa. ¿Pero quién en el Departamento del distrito Federal a estas alturas? ¿Saben lo que
estaba diciendo el Departamento del Distrito Federal poco después de los sismos? Que en los lugares donde se hubieran destruido las viviendas habría que construir parquesitos. Nosotros dijimos que no, que era un error craso, fue una de las tantas desafortunadas declaraciones de nuestro señor regente, Ramón Aguirre Velázquez. Y como éstas, no una sino muchas, tan grave llegó a ser el problema que tuvieron que hacer una serie de movimientos políticos en el interior del Departamento del Distrito Federal, para que de una u otra forma se atemperaran o bien se politizaran las posiciones del Departamento del Distrito Federal.
Fue el señor regente, estamos en el tema, el tema son los damnificados, aquí lo extendieron los señores diputados, le entramos. Se está planteando que sea el Departamento del Distrito Federal quien defina toda esta cuestión del régimen de propiedad, pero nosotros, señores, no tenemos ni la más mínima confianza al Departamento del Distrito Federal, para que se él quien determine qué se tiene que hacer.
Aquí no es la cuestión del proyecto que se está planteando más que una revisión más de ese proyecto antidemocrático que padecemos los capitalinos. Aquí quien decide todo es el Departamento del Distrito Federal y uno, como ciudadano, no tiene la más mínima posibilidad, porque ni cámara tenemos, no tenemos gobierno propio, no tenemos gobierno autónomo, de decir lo que pensamos, que ni siquiera va a definir Renovación Habitacional Popular.
Imagínense, el organismo creado ad hoc específicamente para el problema de los damnificados, no va a ser la SEDUE tampoco imagínese, la SEDUE que de una u otra manera tenía una relación directa con el problema de los damnificados. No va a ser la Comisión Metropolitana de Reconstrucción, ni el Subcomité de Vivienda, ni ninguno de los Subcomités existentes, en donde mínimamente ahí por abajo y muy escondido, participan de una u otra manera los damnificados, es el Departamento del Distrito Federal.
Y saben qué hizo el Departamento del Distrito Federal cuando le dejaron en sus manos el problema de la vivienda transitoria, porque estaba en sus manos en un primer momento, así se definió por el Programa de Renovación Habitacional Popular, no hizo nada, ninguna Delegación hizo nada con respecto a este problema de la vivienda transitoria. ¿Cómo entonces le dan ese tipo de facultades al Departamento del Distrito Federal o quién pues le va a dictar la línea al Departamento del Distrito Federal sobre este tipo de problemas? Esto es para nosotros lo que nos preocupa, el proyecto de Ley que se está planteando en estos momentos tiene un carácter antidemocrático, antipopular porque solamente da un pase para que el DDF sea quién defina al régimen de propiedad y nada más.
Esto quiere decir que los legisladores se están dando un autogol, en esta época de goles, porque se niegan a legislar sobre una cosa que es obligación legislar, se están negando para dar a una autoridad inferior esas posibilidades. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos como gran problema de este proyecto de decreto. Eso es todo.
El C. presidente: - Para hechos, por 5 minutos, el diputado Eduardo Valle.
El C. Eduardo Valle Espinosa: - Con su autorización, señor: Tengo aquí el prontuario de leyes fiscales 1986.
El capítulo segundo de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, el título segundo trata de los impuestos. El capítulo primero del impuesto predial y se refiere al injusto predial del 14 al 22 A.
El impuesto sobre adquisición del inmuebles es el capítulo segundo, está comprendiendo los artículos 23 al 30. Y entendiendo que está aquí la Ley de Hacienda, compañero Berlín Valenzuela, podría usted explicarnos qué pasó con los artículos que exentaban de impuesto a los damnificados?
El C. Francisco Berlín Valenzuela: - Lea usted el once transitorio, compañero Valle.
El C. presidente: - Se suplica que cuando tenga que hacerse una interpelación, se haga por conducto de esta presidencia.
El C. Eduardo Valle Espinosa: - El once transitorio dice lo siguiente: "Las personas que como consecuencia en los sismos acaecidos en el mes de septiembre de 1985 hubiesen perdido su vivienda, quedan exentas por una sola vez del pago de impuestos sobre la adquisición de inmuebles y de los derechos por la prestación de servicios de registro público de la propiedad previa exhibición del certificado de damnificado.
Dichas personas gozarán también de facilidades para el trámite de las escrituras públicas que al efecto se otorguen cuyas bases deberán ser establecidas por las autoridades fiscales del Departamento del Distrito federal".
Compañero y compañeros de la Asamblea, sólo se refiere a las personas que hubiesen perdido su
vivienda, no se refiere al título de excepción que hemos estado tratando tanto tiempo.
El C. presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
(Registro de artículos para discutirlos en lo particular.)
El C. presidente: - Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados en un solo acto.
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - Señor presidente, la votación fue en el siguiente sentido: Hubo 27 abstenciones, 28 en contra y 193 votos en favor.
El C. presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 193 votos.
Esta presidencia informa que han sido reservados para su discusión los artículos 47, 48, 49 y 50. Se abre el registro de oradores para la discusión de estos artículos, pero antes, esta Presidencia quisiera consultar a la Asamblea si podemos aplicar una práctica que ha dado buenos resultados, es decir, que cada uno de los impugnadores se refiera en forma general a los artículos que está impugnando. Consulte la secretaría a la asamblea.
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - Por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea si es de aprobarse esta propuesta de que en una sola intervención cada uno de los participantes desahogue los artículos impugnados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada su propuesta, señor presidente.
El C. presidente: - El diputado Efraín Jesús Calvo Zarco, reservó los artículos 47, 48 y 49. Tiene la palabra.
El C. Efraín Jesús Calvo Zarco: - Como ustedes acaban de aprobar este proyecto de ley, bueno esta ley, que es según todo lo que hemos dicho sumamente peligrosa, pues quisiéramos proponerles que por lo menos sea menos peligrosa, por eso en el artículo 47 que se refiere al tipo de vivienda que va a aplicar esta ley, en vez de que se aplique a todo lo que dice el artículo 47, yo quiero proponer que diga lo siguiente:
"Artículo 47. El régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal, se constituirá sólo y exclusivamente mediante previo acuerdo del total de los interesados, beneficiados del Programa de Renovación Habitacional Popular, una vez adquiridas las viviendas a título honoroso". Se la paso a la secretaría.
Ahora bien, con respecto al artículo 48, para evidenciar el carácter antidemocrático de la ley que se acaba de aprobar, yo quiero proponer que el artículo 48 se cambie para decir como sigue:
"Artículo 48. El régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal, deberá ser autorizado por las organizaciones que se hayan dado democráticamente en los propios damnificados. Para ello notificará sus decisiones a las autoridades correspondientes del Departamento del Distrito Federal o de Renovación Habitacional Popular. Cualquier declaratoria del Departamento del Distrito Federal prevista por el artículo 3o. de esta ley, que señale las características del proyecto que se apruebe y los requisitos administrativos a que dicho proyecto deberá estar sujeto, deberá ser autorizada por las organizaciones de los damnificados".
Queda claro que no es por el Departamento del Distrito Federal. Se la paso a la secretaría.
Quiero ver si es cierto que están del lado de los damnificados. Por eso propongo que el texto quede como sigue:
"Artículo 49. La formalización de los actos y contratos en los que se hagan constar la
constitución del régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal y las operaciones traslativas de dominio a que se refiere al artículo 47, tendrán el mejor tratamiento por parte de las autoridades correspondientes, entendiéndose por ello la exoneración de pagos por la realización de estos trámites a favor de los beneficiarios".
O sea, no queda a criterio del Departamento del Distrito Federal cuál es ese trato. Eso es todo. Gracias.
El C. presidente: - En virtud de que el señor orador ha hecho tres propuestas, sírvase la secretaría ponerlas a consideración de la asamblea.
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - "Artículo 47. El régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal se constituirá sólo y exclusivamente mediante previo acuerdo del total de los interesados beneficiarios del Programa de Renovación Habitacional Popular, una vez adquiridas las viviendas a título oneroso".
En votación económica se consulta a la asamblea si se acepta o se desecha esta propuesta presentada al artículo 47 por el diputado Efraín Calvo Zarco. Los que estén por la afirmativa, sírvase, manifestarlo. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada la propuesta, señor presidente.
"Artículo 48. Dice como sigue: El régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal deberá ser autorizado por las organizaciones que se hayan dado democráticamente los propios damnificados. Para ello notificarán sus decisiones a las autoridades correspondientes del Departamento del Distrito Federal o Renovación Habitacional Popular. Cualquier declaratoria del Departamento del Distrito Federal prevista por el artículo 3o. de esta ley que señale las características del proyecto que se apruebe y los requisitos administrativos a que dicho proyecto deberá estar sujeto, deberá ser autorizada por las organizaciones de damnificados".
En votación económica se consulta a la asamblea si se acepta o se desecha esta propuesta al artículo 48. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo igualmente... Desechada la propuesta al artículo 48, señor presidente.
"Artículo 49. La formalización de los actos y contratos en los que se hagan constar la constitución del régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal y las operaciones traslativas de dominio a que se refiere el artículo 47, tendrán el mejor tratamiento por parte de las autoridades correspondientes, entendiéndose por ello la exoneración de pagos por la realización de estos trámites a favor de los beneficiarios".
En votación económica se consulta a la asamblea si se acepta o desecha la propuesta a que esta Secretaría acaba de dar lectura. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada la propuesta al artículo 49, señor presidente.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Meza López Sergio, con los artículos 48, 49 y 50.
El C. Sergio Meza López: - Creo que el problema de la vivienda, todos estamos de acuerdo en que es uno de los problemas más graves, y que para su solución es necesario el concurso de todos, gobernantes y gobernados.
Creo que nosotros como diputados tenemos una responsabilidad mucho muy especial, pues debemos analizar todo el régimen jurídico que conlleva el resolver el problema humano, perdón, el problema de la vivienda que sí es un problema humano.
Debemos buscar un Régimen jurídico que impida una acumulación excesiva de la propiedad urbana y de la propiedad rural susceptible a la vivienda.
Debemos buscar un régimen jurídico que impida exageradas ganancias en la venta de terrenos fraccionados y de casas. Debemos buscar un régimen jurídico en el que se exija el cumplimiento de los requisitos de los servicios que deben de tener de salubridad, de zonas verdes y de espacios para escuelas y mercados
. Debemos buscar de todas formas que tengamos, que tengan las gentes seguridad jurídica en relación a la vivienda.
Estos principios los ha sostenido el Partido Acción Nacional en diferentes documentos, entre ellos Plataformas Políticas.
En la materia de la vivienda creo que debemos de condenar todo el manejo político que se hace; es un problema, es una necesidad que tienen muchas gentes y que por ello mismo son presa fácil de líderes que prometiéndoles un lugar donde vivir les piden que tengan que renunciar a determinados derechos, entre ellos los políticos.
Hay un gran manejo de gente necesitada por parte de líderes, por así llamarlos, que abusan
aprovechándose de esa necesidad con fines partidistas. Creo que en eso debemos fijar también todos los legisladores, y en un momento dado, señalar algunos delitos.
La razón por la cual voy a solicitar algunos cambios en los artículos 48, 49 y 50, básicamente es por la cuestión de la seguridad jurídica. En el artículo 48, voy a pedir alguna supresión, y en el 49 y 50, modificaciones.
El artículo 48 dice así, que propongo: "El régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal, deberá ser autorizado por el Departamento del Distrito Federal, el cual, en la declaración prevista por el artículo 3o. de esta ley, señalará las características del proyecto que apruebe". Aquí estoy solicitando la supresión de lo que dice el proyecto al final, en la que dice: y los requisitos administrativos a que dicho proyecto deberá estar sujeto". ¿Por qué solicito esa supresión? Por seguridad jurídica. Porque considero que en el supuesto caso de que exista algún conflicto en este punto con el Departamento del Distrito Federal, sólo la ley puede permitir una decisión imparcial y justa. No podemos admitir este último párrafo del proyecto, y los requisitos administrativos a que dicho proyecto deberá estar sujeto, dejando al aire esos requisitos administrativos del Departamento del Distrito Federal.
Es por eso que pido la supresión de ese último párrafo.
En cuanto al artículo 49, señalo una modificación para que quede de la siguiente manera: "La formalización de los actos y contratos en los que se haga constar la constitución del régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal y las operaciones traslativas de dominio a que se refiere el artículo 47 se sujetarán a las disposiciones legales vigentes". Que se sujeten a las disposiciones legales vigentes y no que se sujete, como dice el proyecto al juicio del Departamento del Distrito Federal, también es por seguridad jurídica.
Al artículo 50 propongo darle una claridad que inclusive ya se analizó por parte de un diputado, cuando se discutió en lo general, para que quede de la siguiente manera: "Para la administración y vigilancia de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal, la declaratoria a que se refiere el artículo 3o. de esta ley, dará preferencia a la forma de organización propuesta por los condóminos de cada proyecto". Aquí en lugar de esa confusión, que acertadamente dijo un compañero diputado, se cambia la redacción, en lugar de que diga vigilancia de esta en los inmuebles, es para la administración y vigilancia de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad. Y también viene la modificación para que en lugar de que se utilice la palabra beneficiarios, se utilice la palabra condóminos. Muchas gracias por su atención.
El C. presidente: - Ponga la secretaría a consideración de la asamblea las propuestas hechas por el señor diputado.
La C. secretaria Consuelo Botello de Flores: - Por instrucciones de la presidencia se somete a la consideración de la asamblea si se aceptan o se desechan las modificaciones propuestas por el diputado Sergio Meza.
El artículo 48 queda como sigue: "El régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal, deberá ser autorizado por el Departamento del Distrito Federal, el cual en la declaración prevista por el artículo 3o. de esta ley, señalará las características del proyecto que apruebe".
Sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se desecha la propuesta.
"Artículo 49. Dice como sigue: La formalización de los actos y contratos en los que se haga constar la constitución en régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal y las operaciones traslativas a que se refiere al artículo 47, se sujetarán a las disposiciones legales vigentes."
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada la propuesta.
"Artículo 50. Para la administración y vigilancia de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio de carácter vecinal, la declaratoria a que se refiere el artículo tercero de esta ley, dará preferencia a la forma de organización propuesta por los condómino s de cada proyecto."
Los que estén de acuerdo como queda la propuesta, sírvanse manifestarlo por favor en la forma acostumbrada. Los que estén en contra sírvanse manifestarlo... Desechada la propuesta, ciudadano presidente.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Carlos Arturo Acosta González con los artículos 48 y 49.
El C. Carlos Arturo Acosta González: - Compañero diputados, lo malo de subir a la
tribuna en el último lugar, es que la mayor parte de los argumentos que uno tenía ya se expusieron y casi, casi se tiene uno que quedar mudo.
Por otra parte, es frustrante ver la actitud de los diputados de los cuales depende la aprobación o el rechazo de las leyes. Decía el doctor Berlín Valenzuela que esta ley evidentemente no resuelve el problema de la vivienda, yo no puedo estar en mayor acuerdo con él, creo que tiene toda la razón. También decía el doctor Valenzuela que el objetivo de esta ley era mejorar aunque fuera en una mínima parte las condiciones actuales, y con esa intención me dirijo a ustedes. Creo que las proposiciones que hizo el diputado Meza, si las analizan fríamente, si les ponen atención tienen esa característica, mejoran un poco las condiciones actuales.
Quiero referirme para enmarcar el problema de la vivienda, quiero referirme a unas cifras generales que desgraciadamente en lo abstracto, pues no reflejan lo trágico que es este problema de la vivienda. La diputada Farías nos enteraba de que según la Sedue, el rezago actual de vivienda es de 3 millones de viviendas; yo recuerdo que por allá en 1972 cuando se instituyó el Infonavit el rezago ya era de 3 millones y medio de viviendas. Actualmente con una tasa de crecimiento poblacional del orden del 2 y medio por ciento estamos creciendo a razón de 2 millones de habitantes anualmente, lo que implica una necesidad de 400 mil viviendas anuales; parece ser que se construyen exactamente 100 mil viviendas anuales, por tanto, el rezago va en constante y aumento y en forma exponencial.
Por otro lado, si suponemos que el costo de una vivienda de esas que se especifican digna y decorosa, que es un concepto fluctuante y que precisamente ese concepto fluctuante de lo que es una vivienda digna y decorosa, es lo que provoca esta discusión, originalmente se hablaba en el decreto expropiatorio de mejorar las condiciones de la vivienda de los afectados por el sismo, en la ley actual, parece ser que esos buenos propósitos de mejorar las condiciones se archivaron y vamos a tratar - así lo entiendo yo en esta ley - de aprobar condiciones, o sea, bajar los niveles de exigencia para la vivienda digna y decorosa y los vamos a aceptar tal y como están.
Decía yo que si consideramos que una vivienda digna y decorosa, de acuerdo con las normas mínimas que en este momento pudiera costar 3 millones de pesos, sin tomar en cuenta el terreno, y hay un rezago no menor, imagino yo de ese tipo de viviendas de 5 millones de casas, eso nos lleva a una cifra de 15 billones, o sea 15 millones de millones de pesos. Si nos referimos al presupuesto de este año, se acaba la mitad del presupuesto, si nos referimos al producto interno del país, el año pasado fue - según datos que me dieron y que agradezco - de 45 millones de millones, quiere decir que si destinaramos todo lo que se produce en este país durante tres años, solamente a resolver el problema del rezago de la vivienda, necesitaríamos tres años, son cifras aterradoras.
Por otra parte, cuando la diputada Gallardo hablaba se me vino a la memoria algo que me contaron y que no me consta, lo cuento tal como me lo contaron. Dice que... (Interrupción.)
Voces en la sala pidiendo tema.
El C. Carlos Arturo Acosta G.: - A eso voy, compañeros, nada más denme chance, yo creo que todos tenemos derecho a salirnos del tema, no nada más los señores del PRI. Que le atribuyen a un premio Nobel en Economía, Milton Fridman, una frase, que no sé si será cierta o no. Dicen que Fridman dijo en una ocasión que si por algún caso el gobierno mexicano fuera a intervenir en el desierto del Sahara, se iba a escasear la arena. Y eso es lo que es aterrador, porque aquí se nos dice que esta ley presenta una nueva figura jurídica, una figura de excepción, y que tiene toda la intención de mejorar las condiciones de los damnificados y de las gentes de escasos recursos, y vamos a creerlo así. Sin embargo, esa afirmación de Fridman parece ser que se cumple, porque a 7 meses del sismo es poco lo que se ha hecho.
En una ocasión, uno de los directores de los programas y comisiones que se han instituido para resolver este problema, el director del programa de Rehabilitación Habitacional, vino aquí a la Comisión, una comisión mixta, a hacernos un informe. Trajo un informe que podría ser impecable en cuestiones de diseño gráfico. Citaba a Octavio Paz y abundaba en vaguedades. En total eran 17 cuartillas, pero específicamente había tres renglones de esas 17 cuartillas que se referían al informe se le había pedido.
¿Qué se ha hecho? ¿Realmente en este tiempo qué ha hecho la burocracia por los damnificados, atendiendo aquello de las cifras de la vivienda? Y éramos muchos y parió la abuela con esto del sismo. ¿Qué se ha hecho? Se les han dado certificados de derechos. Aquí les molestó el término de gallineros, que es el que los mismos damnificados según parece emplean.
En octubre del año pasado, la diputación de Acción Nacional señaló los inconvenientes del decreto expropiatorio por la forma precipitada en
que se hizo y que ocasionó más conflictos de los que se resolvía, el tiempo nos ha estado dando la razón, no ha cesado el flujo de damnificados, de afectados ahora sí damnificados por el Decreto, que vienen aquí a pedir ayuda.
Por otra parte, alarman ciertos informes respecto al costo de las viviendas que han dado autoridades del Departamento del Distrito, dicen que las viviendas costarán 300 mil pesos metro cuadrado; por otra parte imagínese ustedes 300 mil pesos metro cuadrado. En una ocasión en la televisión un funcionario del Departamento del Distrito Federal dijo que se construirían albergues provisionales, 21 mil de ellos, con un costo de 100 mil cada uno, imagínense un albergue de esos, uno de esos gallineros cuesta 100 mil pesos según el Departamento del Distrito Federal.
El arquitecto Parcero López por otro lado, en una visita que se hizo a los damnificados, afirmó que no eran 21 mil sino 22 mil los que se iban a hacer y que el costo iva a ser de 300 mil pesos por cada uno. Entonces estamos viendo la intervención de los burócratas en este problema, pues no ha resuelto las cosas y sí las está complicando mucho. Precisamente coincidimos creo muchos diputados de diferentes grupos parlamentarios, en ese hecho, vamos a tratar de evitar que las cosas queden sujetas al arbitrio de un funcionario que no va a tener más límite que lo que se le ocurra, y pues las cosas que se le pueden ocurrir pueden ser horrorosas; vean ustedes por ejemplo tal como está proposición de ley, afecta no solamente a las construcciones existentes, vamos a decir ya lo malo, pues malo está, y peor sería que la gente no tuviera a dónde cobijarse, entonces estas viviendas que por ningún motivo podrían pasar los reglamentos de salubridad y los reglamentos de vivienda mínima digna y decorosa, los vamos a tolerar bueno, pero, ¿y los que vengan? ¿Los que vengan también van a estar sujetos a lo que se le ocurra a un funcionario del Departamento del Distrito Federal?, pues yo creo que la proposición que hemos hecho es la idónea para que efectivamente se garantice una seguridad jurídica a los que, para los que se está haciendo esta modificación de ley.
Quiero terminar nuevamente citando al doctor Berlín Valenzuela. Vamos tratando de mejorar un poco las condiciones existentes y yo creo que eso va a ser muy bueno. Muchas gracias.
El C. presidente: - Conforme a los términos del artículo 123 del reglamento, consulte la secretaría a la asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos 47, 48, 49 y 50. La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se consideran suficientemente discutidos los artículos 47, 48, 49 y 50.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Está suficientemente discutido, señor presidente.
El C. presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se toma la votación nominal de los artículos 47, 48, 49 y 50 en conjunto.
La C. secretaria Consuelo Botello de Flores: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si es de aprobarse o desecharse la propuesta de tomar la votación en un solo tiempo, de los artículos 47, 48, 49 y 50.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada la propuesta, señor presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal en un solo tiempo, de los artículos 47, 48, 49 y 50 en sus términos. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
Señor presidente, se emitieron votos en el siguiente sentido: una abstención, 52 votos en contra y 192 votos a favor.
El C. presidente: - Aprobados los artículos 47, 48, 49 y 50 por 192 votos en sus términos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona con un capítulo octavo la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)
Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria Rebecca Arenas Martínez:
«Cámara de Diputados. Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Receso del LIII Legislatura.
Orden del día
18 de abril de 1986.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 114, 115, 177 y 178 de la Ley del Seguro Social.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 45, 46, 47, 48, 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones fiscales.»
El C. presidente (a la 1:45 horas del jueves 17): - Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el viernes, 18 de abril, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES