Legislatura LIII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19860918 - Número de Diario 8
(L53A2P1oN008F19860918.xml)Núm. Diario:8ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921.
AÑO II México D. F., jueves 18 de septiembre de 1986. NÚM.. 8
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba.
REINCORPORACIÓN DEL DIPUTADO MANUEL FERNÁNDEZ FLORES
Lo que comunica una vez que se cumplió el motivo de su licencia.
De enterado.
COMUNICACIÓN
Del congreso de Durango relativo a sus funciones legislativas.
De enterado.
DIPUTADOS ASISTENTES A LA MISIÓN DE PARLAMENTARIOS
La gran Comisión propone a los CC. Salvador Robles Quintero y Píndaro Urióstegui Miranda. Se aprueba.
FUNDACIÓN DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
El diputado Indalecio Sáyago Herrera propone una sesión solemne en ocasión de que este año se cumple el L aniversario.
Se turna a comisión.
MEMORIA
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que comprende del 1o. de septiembre de 1985 al 31 de agosto de 1986.
Se turna a comisión.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
PERMISO AL EJECUTIVO PARA AUSENTARSE DEL PAÍS
Solicitud para que el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado pueda asistir al XLI período ordinario de sesiones de la ONU. Se turna a comisión con el ruego de que se dictamine de inmediato.
INICIATIVA DE DIPUTACIONES
Artículos 103 y 107 constitucionales.
El C. Juan de Dios Castro, a nombre del Partido Acción Nacional, Partido Socialista Unificado de México, Partido Mexicano de los Trabajadores y Partido Revolucionario de los Trabajadores, presenta reformas a los artículo citados. Se turna a comisión.
INCREMENTOS PREVISTOS A DERIVADOS DEL PETRÓLEO
El C. Franz Ignacio Espejel Muñoz propone que esta Cámara intervenga en este asunto. Se desecha.
FUNDACIÓN DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
La C. Gabriela Guerrero Oliveros fundamenta la propuesta del diputado Indalecio Sáyago Herrera que presentó en esta misma sesión.
DESIGNACIÓN DE COMISIONES
Propuesta del C. Juan Manuel Lucia Escalera para cuando se programe una comisión se incluya un diputado del distrito correspondiente.
Se turna a comisión.
ANÁLISIS DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 1985
Intervienen los CC. Sergio Armando Valls Hernández y Cecilia Romero Castillo. Se guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas.
A su vez el C. Manuel Terrazas Guerrero, a nombre del Partido Socialista Unificado de México, Partido Revolucionario de los Trabajadores y Partido Mexicano de los Trabajadores, fundamenta una propuesta de ampliación al decreto expropiatorio expedido a causa de la destrucción sísmica. Hablan para hechos los CC. Sergio Armando Valls Hernández y Leopoldo Arturo Whaley Martínez; en pro Efraín Calvo Zarco; para una modificación Sergio Armando Valls Hernández; para hechos Antonio Monsiváis Ramírez, Juan de Dios Castro Lozano, Alejandro Gascón Mercado y Enrique Bermúdez Olvera, quien a su vez hace una propuesta, misma que se desecha. Siguen Efraín Jesús Calvo Zarco, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Angel Conchello Dávila y Eduardo Valle Espinosa. Se admite y turna a comisión la propuesta del diputado Manuel Terrazas Guerrero con la modificación del diputado Sergio Armando Valls Hernández.
Continúan con el tema los CC. José Trinidad Cervantes Aguirre, Beatriz Gallardo Macías, Manuel Fernández Flores, Héctor M. Calderón Hermosa, Efraín Calvo Zarco quien contesta una interpelación de la C. Jarmila Olmedo de Garcilita y, para hechos Alonso Aguirre Ramos, Manuel Monarres Valenzuela, Lulio Valenzuela Herrera, Rafael López Zepeda y Joaquín López Martínez. Prosiguen Luis Pérez Díaz, Efraín Jesús Calvo Zarco, Pablo Alvarez Padilla y Alonso Aguirre Ramos.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
LEY DE QUIEBRAS Y SUSPENSIÓN DE PAGOS
El C. Pablo Alvarez Padilla presenta y da lectura a reformas de los artículos 163 y 165 de la ley citada. Se turna a comisión
LEY DEL SEGURO SOCIAL
El C. Genaro José Piñeiro López presenta y da lectura a reformas del artículo 11 de la ley nombrada, a la que además le adiciona un capítulo. Se turna a comisión.
EXHORTO EN RELACIÓN A COMPARECENCIA
Que solicita el C. Jorge Alcocer Villanueva, a fin que la comisión respectiva se reúna y dictamine acerca de que se cite al titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Exhorto de la Presidencia.
MEMORÁNDUM TÉCNICO DE LA CARTA DE INTENCIÓN CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
El C. Jorge Alcocer Villanueva se refiere a la carta que se suscribió el 22 de julio de este año y propone se certifique el memorándum expresado y en consecuencia se cite al Secretario de Hacienda y Crédito Público. En torno al asunto hablan los CC. en pro Roberto Calderón Tinoco; en contra Luis Manuel Orcí Gándara; para hechos Jorge Alcocer Villanueva, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos y Roberto Calderón Tinoco. Se desecha.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
PERMISO AL EJECUTIVO PARA AUSENTARSE DEL PAÍS
Proyecto de decreto que permite al C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de la República, asistir del 23 al 26 del actual a la ONU. Se dispensan los trámites. A discusión: hablan en pro los CC. Hildebrando Gaytán Márquez y Jesús Heriberto Noriega Cantú. Se aprueba. Pasa al Senado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIÓN
Solicitud de permiso para que el C. Alfonso Vélez Pliego pueda aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de Polonia. Se turna a comisión. 77
EXTRADICIÓN DE CIUDADANO ITALIANO
El C. Eduardo Acosta Villeda trata este asunto que dice se pretende actuar en su contra, aduciendo que es delincuente del orden común. Propone se hagan las averiguaciones necesarias sobre el caso. Se admite. Se turna a comisión.
SINDICATO DE COSTURERAS " 19 DE SEPTIEMBRE "
El C. José Luis Díaz Moll da lectura a escrito firmado por miembros de dicha organización en que se involucra al diputado Luis Pérez Díaz. Demanda la intervención de esta Cámara en el asunto. Habla en pro el C. Javier Paz Zarza. Se desecha.
AGRESIÓN A PRESIDENTE MUNICIPAL DE VERACRUZ
El C. Manuel Fernández Flores se refiere a la que sufrió el presidente del municipio "Filomeno Mata".
LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
El C. Lorenzo Serrano Gutiérrez comenta la publicación en un periódico que se edita en San Diego, California, en que se involucra a funcionarios, con el narcotráfico que propone se combata. Opinan, en pro el C. Oswaldo Harris Muñoz; en contra Jorge Montúfar Araujo y, para hechos, Roberto Calderón Tinoco. Se desecha.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Dos solicitudes de permiso parta que los CC. Enrique Gómez Lima, Victorino Rangel Gómez, Silvia Valdés López, Flavia F. Hernández García y José G. Corona Sánchez, puedan prestarlos a gobiernos extranjeros. Se turna a comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
Dos proyectos de decreto que permiten a los CC. Jaime Quiñonez Cruz y Pascual Fuentes Gallegos, aceptar y usar las que les confieren gobiernos extranjeros.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Cinco proyectos de decreto que autorizan a los CC. Nicolás E. Contla González, Jorge N. Bello López, Delfino M. Huerta Molina, Yolanda Aragón Martínez, Roberto Vázquez, Daniela Melis Boulogne, José I. Galván Nieto, Ana M. Tobalina Zúñiga, Edité Galindo Paniagua, Guadalupe L. Hernández Husseini, Hilda López Soria, Alaa El Din Aly El Saghir Azmy, Héctor M. Pérez Ceballos, José R. Salazar López, Jorge Ayala Ocampo, Julio C. Velasco Morales y Juana Ortiz Linares, prestar servicios en embajadas extranjeras acreditadas en México.
MANIFESTACIONES ESPERADAS PARA EL 19 DE SEPTIEMBRE
El C. José Luis Díaz Moll presenta una proposición a nombre de las diputaciones, menos la del Partido Revolucionario Institucional, en que se manifestarán los damnificados. A solicitud del C. Jorge Montúfar Araujo se verifica la falta de quórum. Se suspende la sesión y se cita para el martes 23 del actual. Se reanuda la sesión y se cita para el martes 23 del actual. Se reanuda la sesión. Uso de la palabra el C. José Luis Díaz Moll para retirar la propuesta por ser ya extemporánea. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. NICOLÁS REYNÉS BEREZALUCE
(Asistencia de 308 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. presidente ( a las 11:10 horas ): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez:
Segundo período ordinario de sesiones LIII Legislatura.
Orden del día.
18 de septiembre de 1986.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Durango.
Proposición de la Gran Comisión.
Proposición del C. diputado Indalecio Sáyago Herrera.
Para los efectos del artículo 93 constitucional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remite el informe de labores, correspondiente al período comprendido del 1o. de septiembre de 1985 al 31 de agosto de 1986. Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite la solicitud de permiso del C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 23 al 26 de septiembre, para asistir al cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Alfonso Vélez Pliego, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Popular de Polonia, que le otorga el Gobierno de ese país.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Enrique Gómez Lima, Victorino Rangel Gómez, Silvia Valdés López y Flavia Francisca Hernández García, puedan prestar servicios en la embajada de la República de Filipinas, en México.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. José Gilberto Corona Sánchez, pueda prestar servicios en el consulado general de los Estado Unidos de América, en Guadalajara Jalisco.
Dictámenes de primera lectura
Dos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se concede permiso a los CC. Jaime Quiñonez Cruz y Pascual Fuentes Gallegos, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Dos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se concede permiso a los CC. Nicolás Eduardo Contla González y Jorge Natividad Bello López, para prestar servicios a gobiernos extranjeros.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Delfino Martín Huerta Molina, Yolanda Aragón Martínez y Roberto Vázquez, para prestar servicios en la embajada de la República Francesa, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Daniela Melis Boulogne, José Ismael Galván Nieto y Ana María Tobalina Zúñiga, para prestar servicios en la embajada Británica, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Edité Galindo Paniagua, Guadalupe L. Hernández Huesseini, Hilda López Soria, Alaa El Din Aly El Saghir Azmy, Héctor Manuel Pérez Ceballos, José Ricardo Salazar López, Jorge Ayala Ocampo, Julio César Velasco Morales y Juana Ortiz Linares, para prestar servicios en la embajada de la República Árabe de Egipto, en México.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. secretario:
Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día once de septiembre de mil novecientos ochenta y seis.
Presidencia del C. Nicolás Reynés Berezaluce
En la ciudad de México, a las once horas y treinta minutos del jueves once de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, la presidencia declara abierta la sesión una vez que la secretaría manifiesta una asistencia de trescientos cuarenta ciudadanos diputados.
Lectura del orden del día del acta de la sesión anterior verificada el día de ayer, misma que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta con lo asuntos en cartera:
La presidencia manifiesta a la asamblea que de acuerdo con el artículo 8o., párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la sesión de hoy se destinará al análisis del Cuarto Informe de Gobierno rendido por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, sobre política interior.
Para el efecto, hacen uso de la palabra los CC. diputados Salvador Robles Quintero, Xavier Abreu Sierra, Arnoldo Martínez Verdugo, Graco Ramírez Garrido Abreu, quien presenta una proposición para que en su oportunidad se someta a consideración de la asamblea.
Continúan los CC. Arnoldo Martínez Verdugo, Gonzalo Altamirano Dimas, Graco Ramírez Garrido Abreu, Leonardo Durán Juárez, Navor Camacho Nava, Hildebrando Gaytán Márquez, Heberto Castillo Martínez, quien deja también una proposición para que se conozca en su oportunidad.
A petición del C. Heberto Castillo Martínez y previa aprobación de la asamblea, puestos todos los presentes de pie, se guarda un minuto de silencio en memoria del señor Manuel Buendía y demás periodistas asesinados.
Siguen en el uso de la palabra los CC. Juan de Dios Castro Lozano, Federico Ling Altamirano, Alejandro Gascón Mercado, Rosario Ibarra de Piedra, Juan Maldonado Pereda, Amado Olvera Castillo, José Camilo Valenzuela y Manuel María Bribiesca Castrejón, quien presenta una propuesta, para que se conozca al final de las intervenciones.
Para referirse a los conceptos vertidos por los CC. Heberto Castillo Martínez y Juan de Dios Castro Lozano, interviene el C. Santiago Oñate Laborde; para hechos lo hacen los CC. González Schmal, Oñate Laborde, Jesús González Schmal, y Martín Tavira Urióstegui.
Terminado el análisis del informe presidencial, se da lectura a la proposición del C. Graco Ramírez Garrido Abreu, por la que solicita que la Secretaría de Gobernación informe periódicamente sobre el proceso de la elaboración de leyes y reformas constitucionales, para que su soberanía a través de la comisión correspondiente, pueda valorizarlas debidamente, y para que una vez concluido este proceso se cite al C. Secretario de Gobernación, a fin de que explique las bases políticas y legales en que se sustentan dichas iniciativas.
Abordan la tribuna, en pro el C. Miguel Alonso Raya; en contra el C. Jaime Aguilar Alvarez; para insistir en sus argumentos el C. Graco Ramírez Garrido Abreu; para proponer que las iniciativas relativas a la renovación política electoral, una vez que se encuentran en esta Cámara, se cite al C. Secretario de Gobernación, para que explique las bases políticas en que se sustenten, interviene el C. Jaime Aguilar Alvarez.
Por su parte el C. Graco Ramírez Garrido Abreu, modifica su proposición en la siguiente forma:
"Primero Solicitar a la Secretaría de Gobernación la información recabada durante el Foro de Consulta Popular, respecto a la renovación político electoral y participación ciudadana en el Distrito Federal.
Segundo. Una vez cumplido este proceso, estando listos los proyectos de reformas constitucionales y de ley, para ser presentados a esta Cámara de Diputados, se cite en base a lo establecido en el artículo 93 constitucional, al C. Secretario de Gobernación, a fin de que explique con amplitud las bases políticas y legales en que se sustentan dichas iniciativas".
La asamblea en votación económica, previa aclaración del C. Jaime Aguilar Alvarez, en el sentido de que retira su propuesta y se une a la del C. Graco Ramírez Garrido Abreu, admite a discusión la proposición modificada.
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La propuesta presentada por el C. Heberto Castillo Martínez, a efecto de que la Comisión de Justicia de esta Cámara se aboque al estudio del presente asunto y por los medios que juzgue convenientes, acuda ante el juez instructor para que se le dicte sentencia al ingeniero Jorge Díaz Serrano, conforme a la asamblea en votación económica no la admite a discusión, previa impugnación a la misma por el C. David Jiménez González. En consecuencia se da por desechada.
Se da lectura a la propuesta formulada por el C. Manuel María Bribiesca Castrejón, para que se integre una comisión formada por representantes de todos los partidos, que se apersone con el señor Presidente de la República y le entregue
una versión completa de los pronunciamientos de cada uno de los partidos.
La asamblea no admite la proposición y por lo tanto la desecha.
A su vez, el C. Eduardo Acosta Villeda da lectura a una denuncia de los habitantes de la colonia "La Rosita" en Cuajimalpa, en contra de las autoridades de dicha delegación, que están permitiendo la explotación de terrenos, propiciando el peligro de derrumbe de varias viviendas.
Propone que a través del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Partido Mexicano de los Trabajadores, se recurra a la Cámara de Diputados a fin de que intervengan para que el diálogo se encauce con seriedad entre autoridades del Departamento del Distrito Federal y la Comisión Pro Defensa de "La Rosita". Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas que tiene antecedentes.
El C. Alejandro Encinas Rodríguez, en nombre del Partido Socialista Unificado de México, Partido Mexicano de los Trabajadores y Partido Revolucionario de los Trabajadores, hace uso de la palabra para hacer comentarios relativos a los salarios mínimos y a la merma en el poder adquisitivo de la población.
Propone que esta Cámara se dirija a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para sugerirle se reúna de inmediato a fin de establecer un aumento salarial de emergencia.
Hablan, en contra el C. Juan Moisés Calleja García; para hechos los CC. Jorge Alcocer Villanueva, Blas Chumacero Sánchez y Martín Tavira Urióstegui, quien propone se haga una excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para que en el presente período de sesiones se aboque al estudio y presente los dictámenes respectivos sobre las diversas iniciativas que han presentado las fracciones parlamentarias en materia laboral.
Continúan sobre el mismo tema los CC. Pedro José Peñaloza, Alejandro Encinas Rodríguez, Juan Moisés Calleja García y Pedro José Peñaloza.
La asamblea no admite a discusión la proposición presentada por el C. Alejandro Encinas Rodríguez y en consecuencia se tiene por desechada.
La propia asamblea admite y aprueba la propuesta del C. Martín Tavira Urióstegui. La presidencia excita a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que atienda la petición.
El C. Angel Sergio Guerrero Mier, manifiesta que el 16 de los corrientes se cumplirán doscientos años del nacimiento del insigne insurgente duranguense don Guadalupe Victoria.
Considera que este hecho es un acontecimiento histórico de trascendencia y propone que esta Cámara de Diputados acuerde la celebración de una sesión solemne para conmemorar el bicentenario del natalicio del general Guadalupe Victoria, primer presidente de México y Benemérito de la Patria. Túrnese a la Comisión de Régimen Reglamentario y Prácticas Parlamentarias.
A solicitud del C. Martín Tavira Urióstegui, se guarda un minuto de silencio en homenaje al presidente de Chile, Salvador Allende, en ocasión de cumplirse hoy 11 de septiembre, el XIII aniversario de su muerte.
Se continúa con los asuntos en cartera:
Oficio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el que se comunica que del 15 al 20 de los corrientes, se iniciará en Punta del Este, Uruguay, la nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales, bajo los auspicios del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
Túrnese a la Gran Comisión de esta Cámara.
La presidencia designa las siguientes comisiones para que, en representación de esta Cámara de Diputados asistan a los actos que a continuación se mencionan:
Al CLXXIII aniversario de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac, que tendrá lugar el día 13 del actual en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los CC. Jorge Montúfar Araujo, Porfirio Camarena Castro, Alicia Buitrón Brugada, Amin Zarur Menez, José Rubén Robles Catalán, Agustín Villavicencio Altamirano, Félix Liera Ortiz, Píndaro Urióstegui Miranda, Jesús Heriberto Noriega Cantú, Nabor Ojeda Delgado y como orador al C. Humberto Salgado Gómez.
Al CXXXIX aniversario de la gesta de los Niños Héroes, que, con asistencia del C. Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se llevará a cabo el sábado 13 del presente, en el Bosque de Chapultepec; a los CC. Eliseo Mendoza Berrueto, Nicolás Reynés Berezaluce, Alejandro Ontiveros Gómez, Cirilo José Rincón Aguilar, Jesús Galván Muñoz, José Encarnación Alfaro Cázares, Héctor Yunes Landa, Regina Reyes Retana Márquez Padilla, Rafael González Pimienta, Manuel Jiménez Guzmán, Fernando Ulibarri Pérez, Rigoberto Abelardo Alanís González y Javier Lobo Morales. A la sesión solemne en la que el C. licenciado José Ramírez Gamero, rendirá la protesta de ley como gobernador constitucional del estado de Durango, el día 15 de los corrientes; a los CC.
Angel Sergio Guerrero Mier, Gonzalo Castellot Madrazo, Cristobal García Ramírez, Francisco Gamboa Herrera, Joel Lleverino Reyes, Manuel Monarres Valenzuela, Alfonso Reyes Medrano, Javier Pineda Serino, Juan Moisés Calleja García, Agustín Bernal Villanueva, Héctor Morquecho Rivera y Miguel Alonso Raya.
A la sesión solemne que tendrá lugar el día 15 del mes en curso, en la que el C. Luis Martínez Villacaña rendirá la protesta de ley como gobernador constitucional del estado de Michoacán; a los CC. Rafael Ruiz Béjar, Salvador Robles Quintero, Macario Rosas Zaragoza, Antonio Correa López, Raúl Héctor Castellano, José Berber Sánchez, Manuel María Bribiesca Castrejón, José Ascención Bustos Velasco, Abimael López Castillo, Juan Carlos Velasco Pérez, Janitzio Múgica Rodríguez Cabo, Rosalba Buenrostro López, Leonel Villalobos Chávez, Ignacio Ramos Espinoza, María Soledad del Río Herrera, Antonio Jorge Díaz de León Valdivia y Jorge Amador Amador.
Oficio de la Secretaría de Gobernación al que se acompaña la iniciativa de decreto enviada por el C. Presidente de la República, que reforma y adiciona la ley que crea la tarifa del Impuesto General de Exportación.
En atención a que este documento ha sido distribuido entre los ciudadanos diputados, la asamblea en votación económica le dispensa la lectura.
Túrnese a la Comisión de Comercio.
La propia Secretaría de Gobernación remite la iniciativa enviada por el Ejecutivo de la Unión, que reforma y adiciona la ley que crea la tarifa del Impuesto General de Importación.
Por las mismas razones del caso anterior se le dispensa la lectura. Túrnese a la Comisión de Comercio.
La Gran Comisión de la Cámara de Diputados propone al C. Javier Garduño Pérez para que, en calidad de observador de este cuerpo legislativo, asista a la nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales que se efectuará del 15 al 20 de septiembre actual, en Punta del Este, Uruguay, bajo los auspicios del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
En votación económica la asamblea aprueba la proposición.
La secretaría da lectura a una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo que, con asistencia del C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá lugar el día 16 del presente mes, en el Paseo de la Reforma de esta capital, con motivo del homenaje que el Gobierno de la República rinde a los Héroes de nuestra Independencia.
Para asistir a dicho acto en representación de la Cámara de Diputados, la presidencia designa a los CC. Eliseo Mendoza Berrueto, Nicolás Reynés Berezaluce, Jorge Montúfar Araujo, Miguel Herrerías Alvarado, Jaime Aguilar Alvarez, Francisco Berlín Valenzuela, Rodolfo Mario Campos Bravo, Juan José Castro Justo, Javier Garduño Pérez, José Herrera Arango, José Armando Lazcano Montoya, Gilberto Nieves Jenkin, Héctor M. Aguirre Barragán, Antonio Punzo Gaona, Lulio Valenzuela Herrera, María Cristina Sangri Aguilar, Manuel Urrutia Castro, Alonso Aguirre Ramos, Mario Murillo Morales, Gonzalo Altamirano Dimas, Eraclio Zepeda Ramos, Beatriz Gallardo Macías, Jesús Zamora Flores, Héctor M. Calderón Hermosa y Edmundo González Llaca. En atención a la invitación formulada por el C. Presidente de la República, para designar representantes a la reunión de evaluación de las acciones realizadas en la tarea de reconstrucción que se efectuará el día 19 de septiembre próximo, en el Museo de Antropología de esta ciudad de México, la Gran Comisión propone a los CC. Eliseo Mendoza Berrueto, Nicolás Reynés Berezaluce, Jorge Montúfar Araujo, Sergio Armando Valls Hernández, María Emilia Farías Mackey, Graco Ramírez Garrido Abreu, Jesús González Schmal, Arnoldo Martínez Verdugo, Carlos E. Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Pedro José Peñaloza, Antonio Monsiváis Ramírez y Francisco Hernández Juárez.
La asamblea en votación económica aprueba la proposición. Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las veinte horas cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves dieciocho de septiembre, a las diez horas.
La C. secretaria Alma Salas Montiel : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.... Aprobada, señor presidente.
REINCORPORACIÓN DEL DIPUTADO MANUEL FERNÁNDEZ FLORES
El C. diputado Eliseo Rodríguez Ramírez:
« C. diputado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Cámara de Diputados en el mes de septiembre. Presente.
Con relación a la licencia que solicité el 4 de junio del año en curso, con objeto de estar en disponibilidad para participar en las elecciones del estado de Veracruz, como candidato a gobernador, misma que fue atendida favorablemente por la Comisión Permanente, me permito comunicar por la presente que; habiendo concluido el período electoral en el estado de Veracruz, donde fui postulado por mi partido, y encontrándome en libertad para continuar desempeñando las tareas como representante popular, a partir de esta fecha solicito se tome en cuenta mi reincorporación a la Cámara de Diputados miembro de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.
Atentamente.
Manuel Fernández Flores, diputado federal.
México D.F., a 17 de septiembre, de 1986.
Trámite: De enterado.
COMUNICACIÓN
La C. secretaria Alma Salas Montiel:
« C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, México D.F. Con fecha primero de septiembre del presente año, quedó legítimamente instalada la honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del estado de Durango, integrando su mesa directiva: presidente contador público Sergio González Santacruz, secretarios profesor Rubén Guzmán Nájera y Rómulo Nava Martínez.
Atentamente.
El oficial mayor del H. Congreso del Estado, licenciada María Alcantar Chávez. ». Trámite: De enterado.
DIPUTADOS ASISTENTES A LA MISIÓN DE PARLAMENTARIOS
La misma C. secretaria:
Honorable asamblea:
El señor Masaaki Fujita, presidente de la Cámara de los Consejeros del Japón, giró invitación para que una delegación integrada por cuatro legisladores mexicanos, dos diputados y dos senadores, asistan los días 19 y 20 de septiembre a una misión de parlamentarios para profundizar el mutuo entendimiento y promover las relaciones amistosas entre los dos países, repitiendo el intercambio entre parlamentarios representantes del pueblo, tanto del Japón como de los Estados Unidos Mexicanos.
Con fundamento en el artículo 74 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos proponer, para cumplir la visita señalada, a los siguientes ciudadanos diputados: Salvador Robles Quintero y Píndaro Urióstegui Miranda.
México, D.F., a 18 de septiembre de 1986.
Atentamente.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Nicolás Reynés Berezaluce, secretario; Jorge Montúfar Araujo, secretario. ».
En votación económica, se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarloAprobada, señor presidente.
FUNDACIÓN DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
La misma C. secretaria:
« C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. Presente.
Considerando que este año de 1986, es el del L aniversario de la fundación del Instituto Politécnico Nacional, que constituye la más elevada de las conquistas de la Revolución Mexicana en el ámbito de la educación superior puesta al servicio de las grandes masas de nuestro pueblo y de la Nación, conquista que el Presidente de la República ha considerado, de manera plenamente justificada, como la base fundamental e indispensable por el manejo altamente calificado de la ciencia y la creación de una tecnología propia por parte de los egresados de esta institución para el desarrollo industrial independiente de México, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista se permite proponer a usted la realización, con motivo de este hecho trascendental, de una sesión solemne de la Cámara de Diputados, con asistencia de las más altas autoridades del país y de la comunidad científica y técnica de México.
Considerando su elevada sensibilidad y profundo apego a lo que la Revolución Mexicana ha logrado en el ámbito de la educación, estamos convencidos de que nuestra proposición será acogida por ustedes con profundo interés, y con su autoridad, abrirá el camino para la realización de este
importante acto conmemorativo que le proponemos.
Atentamente.
Diputado, Profesor Indalecio Sáyago Herrera.
Trámite: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
MEMORIA
La misma C. secretaria:
« Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
México D.F., 2 de septiembre de 1986.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Presente.
De conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por su digno conducto me permito hacer entrega a esa Cámara de Diputados del informe de labores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al período comprendido del 1o. de septiembre de 1985 al 31 de agosto de 1986.
Esperamos que los elementos contenidos en dicho informe sean suficientes para transmitir el estado que guardan los asuntos del ramo. Sin embargo, quiero subrayar nuestra disposición absoluta para atender necesidades de información adicional que fuera pertinente y relevante.
Sin más por el momento, reitero a usted las seguridades de mi atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El secretario, Gustavo Petriccioli.
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
PERMISO AL EJECUTIVO PARA AUSENTARSE DEL PAÍS.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos .-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Secretaría de Gobernación.
CC. secretario de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
Para los efectos constitucionales, con el presente les envío iniciativa de decreto solicitando permiso para que el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional del 23 al 26 de septiembre de 1986, a fin de que asista al XLI período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D.F., a 15 de septiembre de 1986.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.
El mismo C. secretario:
« CC. secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente.
El año pasado solicité a este H. Congreso la autorización constitucional correspondiente para asistir al cuadragésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, por la naturaleza de los trágicos sucesos de septiembre pasado, consideré oportuno permanecer en el país a fin de coordinar las actividades que demandaba la situación de emergencia.
Los motivos que expuse en esa ocasión ante esa representación al formular mi solicitud en 1985, conservan hoy plena vigencia. Más aún, la evolución de la situación internacional confirma la necesidad de que, en el XLI período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, México haga oír su voz, al más alto nivel político, en defensa de los intereses nacionales y de los principios que han de regir a la comunidad de Estados. México tiene la certeza de que los problemas en la prosecución de la paz y el desarrollo sólo pueden encontrar respuestas satisfactorias si se contemplan desde la perspectiva de los intereses universales. Pensamos, por ello, que la Asamblea General de las Naciones Unidas constituye el foro insubstituible para concertar voluntades políticas, a fin de procurar una solución eficaz a los desafíos que enfrenta la comunidad de Estados en los últimos lustros del siglo XX. El diálogo democrático y la negociación en el seno del organismo mundial representan la mejor vía para alcanzar, en un marco de paz y estabilidad, los cambios estructurales que demanda la sociedad internacional.
No podemos ignorar que el sistema de las Naciones Unidas es ahora objeto de controversias.
Para muchos, las tareas aún inacabadas del organismo son motivo de escepticismo y desaliento. La llamada crisis del multilateralismo ha puesto de manifiesto limitaciones innegables y ha llamado la atención sobre deficiencias y desvíos que es preciso corregir.
Las dificultades por las que atraviesan los organismos multilaterales evidencian también un rechazo al principio de la igualdad de los Estados y a la idea de una democracia internacional.
Muchas veces se privilegian enfoques unilaterales que ignoran las razones de los demás. Los intereses particulares no deben jamás prevalecer entre los intereses del conjunto de las naciones. La actual situación internacional hace necesario retornar a los principios y propósitos de la Carta de San Francisco. Hace cuatro décadas, al adoptar los principios de la Organización, decidimos establecer una sociedad internacional más armónica, impedir la guerra y asegurar una paz duradera.
Sobre la base del respeto al derecho, las Naciones Unidas están llamadas a promover una cooperación entre los Estados que favorezca el progreso compartido en términos de justicia y beneficio recíproco. Muchos se ha avanzado en el logro de estos propósitos. Sin embargo, para la realización plena de sus finalidades, esta es la hora precisa de que todos los Estados, con plena voluntad política, contribuyan a fortalecer y perfeccionar nuestra Organización.
Hoy en día, las normas del Derecho Internacional no son cabalmente respetadas. El empleo de la fuerza, las intervenciones y agudos antagonismos globales y regionales, parecen substituir el diálogo y la negociación como formas de relación entre los Estados. Se pone en duda, así, la obligación jurídica de buscar soluciones pacíficas a sus diferencias.
Actualmente observamos algunos signos alentadores de entendimiento entre las grandes potencias. Pero persiste una acelerada carrera armamentista que suscita nuevos enfrentamientos y que aumenta el riesgo de la guerra nuclear. La confrontación entre los dos bloques de poder incide también en el mundo en desarrollo, exacerba los conflictos locales y tiende a limitar, de acuerdo con intereses estratégicos más amplios, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
México ha mantenido invariablemente una postura pacifista en favor del desarme, que obedece a nuestra convicción de que, en un conflicto nuclear, se eliminaría todo vestigio de vida sobre la Tierra. De ahí la activa participación de nuestro país en los foros multilaterales sobre desarme y en acciones concretas como la iniciativa del llamado Grupo de los Seis, que propone medidas prácticas y viables para detener la espiral militarista y acercarnos al objetivo último que es la completa eliminación de las armas atómicas.
Por otro lado, en los últimos tiempos se han hecho más evidentes las desigualdades entre los países industrializados que constituyen una minoría y las naciones con severas carencias que son las más. La concentración de los recursos financieros, aunada a la caída de los precios de nuestros productos de exportación, al proteccionismo y al peso del servicio de la deuda, configura un Horizonte amenazador. Las economías en desarrollo no pueden seguir subsidiando la prosperidad y hasta el derroche de los países más avanzados.
El desequilibrio económico internacional exige con urgencia soluciones globales y concretas en las que participen responsablemente todos los Estados.
Se trata de una indispensable reformulación del intercambio entre las naciones sobre bases de equidad y provecho mutuo. Es necesario repetir que la actual situación pone en peligro inclusive el bienestar de quienes ahora atraviesan por una época de bonanza.
Las Naciones Unidas han impulsado el proceso de descolonización que modificó la geografía política del planeta. En diversos momentos y regiones, las gestiones de la Organización han permitido solucionar pacíficamente controversias y evitar conflictos bélicos. A su incansable labor se debe que el desarrollo económico y social sea hoy preocupación central de la comunidad de Estados y la existencia de mecanismos multilaterales para atenuar el hambre, la ignorancia y la enfermedad.
El perfeccionamiento del orden jurídico internacional y la lucha por los derechos humanos representa, igualmente, importantes logros del organismo. Es preciso ahora que los Estados miembros, sin excepciones, refrenden su compromiso con la vocación de civilización política que se refleja en las últimas acciones de las Naciones Unidas.
El fracaso de las Naciones Unidas significaría, a no dudarlo, el imperio de la ley del más fuerte y el colapso de la política como manifestación de la razón. Hoy, ningún país puede permanecer aislado ni indiferente ante los problemas de los demás. Los fenómenos económicos y políticos, independientemente del lugar en que se produzcan, nos afectan a todos. Los genuinos intereses nacionales exigen solidaridades y participación activa en los foros en que se ventila el destino de la sociedad humana. México, por su peso específico en las relaciones internacionales y por su inevitable apertura hacia el exterior, ha de asumir mayores responsabilidades dentro de la comunidad de Estados. No podemos rehuir un
compromiso ya contraído que nos a ganado respeto y legitimidad.
Nuestro país ha apoyado invariablemente a las Naciones Unidas, porque sus propósitos y principios se identifican con aquéllos que norman la política exterior de México. La autodeterminación y no intervención, la universalidad de los organismos y democracia entre los Estados, el repudio al uso de la fuerza y respeto al derecho, constituyen la piedra angular de un orden internacional donde la ley impera sobre la arbitrariedad, y el entendimiento sobre el poder. A tales nociones se vincula claramente la tradición política del pueblo mexicano.
El futuro de las Naciones Unidas y la eficacia de sus decisiones revisten para nosotros particular importancia. De ello depende, en buena medida, el bienestar de los mexicanos y de los demás pueblos de la Tierra. La próxima asamblea general ofrece una nueva oportunidad de encontrar fórmulas y mecanismos que propicien el fortalecimiento de la Organización. Es conveniente que, en ella, el Presidente de México reafirme la convicción invariable de nuestro país en la utilidad y el valor universal de los organismos multilaterales.
Por tales razones, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción primera, y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ese honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de
DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al C. Miguel de la Madrid Hurtado, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 23 a 26 de septiembre de 1986, a fin de que asista al XLI período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York.
Artículo transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 12 de septiembre de 1986.
El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado.
Trámite: Recibo y Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El C. presidente: - Se ruega a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales proceda a formular el dictamen relativo y lo entregue a la presidencia en el transcurso de esta sesión.
Señores diputados, han solicitado el uso de la palabra algunos señores diputados. Quisiera rogarle...
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Quisiera pedir la palabra para referirme al problema del primer año de los sismos.
El C. presidente: - Si señor.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Inscríbame para presentar una iniciativa de ley a nombre de los cuatro grupos parlamentarios.
El C. Juan Manuel Lucia Escalera: - Para presentar una proposición.
El C. presidente: - ¿Para una proposición?, permítame señor Lucia Escalera. Existen ya aquí un número considerable de diputados sobre ese tema, ahorita voy a dar a conocer los nombres y el orden en que se inscribieron.
Para una proposición, apoyar la proposición del diputado Sayago.
Quiero informar a esta asamblea que se han registrado ante esta presidencia para hacer un análisis sobre las acciones de reconstrucción relacionadas con el sismo, los siguientes ciudadanos diputados, en este orden:
Diputado Sergio Valls Hernández, diputada Cecilia Romero Castillo, diputado Manuel Terrazas Guerrero, diputado José Trinidad Cervantes, diputada Beatriz Gallardo Macías, diputado Manuel Fernández Flores, diputado Héctor Calderón Hermosa, diputado Efraín Calvo Zarco y diputada Jarmila Olmedo de Garcilita.
Como varios diputados protestan por el orden en que se les citó, el C. presidente manifiesta:
Quiero informarle que en esta presidencia se han registrado todos estos oradores de tal manera que he dado lectura en el orden en que lo fueron haciendo.
Está tratándose el asunto de los sismos, señor diputado. Está usted registrado, si usted me permite señor diputado, para otros temas y otras proposiciones están registradas las siguientes personas: el señor diputado Franz Espejel Muñoz, posteriormente el señor licenciado Juan de Dios Castro y la diputada Gabriela Guerrero Oliveros del Partido Popular Socialista. También el señor diputado Juan Manuel Lucia Escalera, sí señor.
Señor diputado Jorge Alcocer Villanueva también con todo gusto.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - ¿Me permite señor presidente?
El C. presidente: - También usted ¿para otro asunto señor? Me permite señor atender...un momentito, ahorita lo atiendo con todo gusto.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente, perdóneme pero pedí el uso de palabra para una iniciativa.
El C. Pedro José Peñaloza: - Sobre el mismo tema, yo le quisiera sugerir de la manera mas atenta, que respetara el orden en que fueron pidiendo la palabra cada uno de los legisladores, porque el orden que usted planteó no corresponde exactamente como lo pidieron los diputados.
El C. presidente: - Yo creo que hay una confusión.
El C. Pedro José Peñaloza: - Le estoy sugiriendo, que en función de ello, porque nosotros no vimos que los demás diputados pidieran la palabra. Si esa lista emergió de otro lugar, es otra cosa distinta. Pero había un orden de acuerdo a como se pidió la palabra. Yo le pediría que la respetara de la manera más atenta.
El C. presidente: - Se está respetando. Precisamente respetar la petición de todos las fracciones parlamentarias. Quiero informarle a usted señor diputado Peñaloza, que oportunamente a esta presidencia se registraron, inclusive levantaron muchos de ellos la mano, para solicitar la palabra, las diferentes fracciones parlamentarias a sus oradores sobre ese mismo tema. Y el orden al que yo he dado conocimiento de ustedes, es precisamente en el que se va a desarrollar este debate.
Precisamente por ello, ruego al señor diputado Castro, tenga la amabilidad de permitirnos terminar con este debate.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - No señor, porque le pedí hacer una moción de orden. Yo pedí el uso de la palabra para hablar sobre el tema al que usted se refirió y al que se inscribieron los oradores. Yo le pedí el uso de la palabra para presentar una iniciativa. Le hice mención al artículo 30, fracción III: "tienen preferencia las iniciativas". Por eso pedí que me de el uso de la palabra, antes de que se toque lo del sismo.
El C. presidente: - Con todo gusto. Tiene usted razón señor diputado, en la observación que me ha hecho. Tiene usted uso de la palabra.
INICIATIVA DE DIPUTACIONES
ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente; señoras y señores diputados: esta iniciativa tiene transcendencia por el tema, y porque la suscriben cuatro fracciones parlamentarias de esta Cámara.
«H. Cámara de Diputados:
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, nos permitimos poner a su consideración para que se destine para su trámite al órgano previsto por el artículo 135 de la ley fundamental, la presente iniciativa de reforma a los artículos 103 y 107 en su fracción IV de la Constitución General de la República. Fundan nuestra iniciativa las razones contenidas en los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero. Uno de los grandes obstáculos para que la legislación electoral vigente se respete por parte de las autoridades electorales y el Gobierno, es la ausencia de tribunales imparciales y de medios de defensa o recursos eficaces para dejar sin efecto los actos de las autoridades violatorios de la ley o las omisiones de las propias autoridades al cumplimiento de las obligaciones que la propia ley les impone. En efecto, el aspecto contencioso en materia electoral se ve afectado, por lo que se refiere a la objetividad e imparcialidad con la que deben dictarse las resoluciones, por la forma en que están integrados los organismos electorales responsables de la resolución de los recursos. En todos ellos, el partido oficial con el auxilio de los partidos satélites, aseguran siempre una mayoría que resuelve, no con apego a los dictados de la ley, sino en función de los particulares intereses de una fracción. En iniciativa por separado, planteamos una serie de reformas a las leyes secundarias que intentan corregir esta situación en áreas de una mejor aplicación de la ley en beneficio de la sociedad en la cual vivimos.
Segundo. Que la existencia de recursos legales y de tribunales con un mínimo de garantías para que la resolución sea apegada a derecho, dejaría trunca la justicia electoral mientras subsista la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que los derechos políticos no son garantías individuales y por ello, la institución máxima de protección a la legalidad, como lo es el amparo, resulta improcedente cuando se reclama en él la violación de los derechos políticos de los ciudadanos, los derechos de los partidos políticos o asociaciones.
Esta interpretación está confirmada además en la propia ley de amparo cuando en el capítulo relativo a la improcedencia establece, en el artículo 73, fracción VIII que el juicio de amparo es improcedente "contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, en las legislaturas de los estados o de sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente".
¿Podemos afirmar en estas condiciones que un Colegio Electoral se apega al derecho, cuando es soberano o discrecional en sus decisiones? ¿Hay garantía de que el imperio de la ley predomine sobre la conducta arbitraria o caprichosa de un Colegio Electoral? ¿Podemos decir que contamos con medios de defensa ante la conducta ilegal de un Colegio Electoral que se niegue a apreciar o a recibir medios de prueba y a ajustar en su valoración su conducta a la ley? Evidentemente que no. Es por ello que se precisa, en primer término, promover una reforma constitucional que permita al Poder Judicial Federal, a instancia de parte agraviada, proteger la totalidad de los preceptos constitucionales.
Creemos que sigue vigente la idea de Emilio Rabasa, contenida en su obra "El juicio constitucional", de establecer en el artículo 103 una expresión general que dé a la justicia federal competencia para conocer de toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen cualquier disposición constitucional. Si a esto agregamos la procedencia expresa del amparo en materia electoral en favor de los partidos, asociaciones y ciudadanos, contaremos con un sistema de defensa que dé vigencia a la legislación electoral en beneficio de la democracia para nuestro país.
En mérito de lo expuesto proponemos las reformas a los artículos 103 y una adición a la fracción IV del artículo 107 de la Constitución General de la República, para quedar en los términos siguientes:
Artículo 103. Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de cualquier autoridad que violen un precepto de la Constitución con perjuicio de un derecho de las personas.
Artículo 107...
IV...
En materia electoral procederá el amparo contra las resoluciones que causen agravio, no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal a partidos políticos, asociaciones o ciudadanos.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 18 de septiembre de 1986.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Juan de Dios Castro Lozano; por el grupo parlamentario del Partido Mexicano de los Trabajadores, diputado Heberto Castillo Martínez; por el grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, diputado Arnoldo Martínez Verdugo; por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario de los Trabajadores, diputado Pedro José Peñaloza.»
Trámite: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
INCREMENTOS PREVISTOS A DERIVADOS DEL PETRÓLEO
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Franz Ignacio Espejel Muñoz.
El C. Franz Ignacio Espejel Muñoz: - Señoras y señores diputados: el día martes nueve de septiembre, el diputado Javier Paz Zarza abordó esta tribuna legislativa y nos recordó que en próximos días aumentarán los precios de los productos derivados del petróleo que entre otros son la gasolina, el combustóleo, el diesel, el gas doméstico, etcétera.
Señaló también el diputado Paz Zarza la inconveniencia de estos aumentos ya que agravarían el débil poder adquisitivo del pueblo. Participaron, como ustedes recordarán, representantes de otros grupos parlamentarios apoyando dicha propuesta, conscientes también del impacto que ésto va a provocar en obreros, campesinos, etcétera, con su ya microscópico salario.
De presentarse, señores diputados, estos aumentos a los productos derivado del petróleo, habrán de presentarse irremediablemente una escalada de precios en los productos básicos y de servicios, pero además, no se duda de que son muchos más los problemas que se van a ocasionar con esos aumentos, que por cierto ni son equitativos ni son proporcionales, y ésto tomando en cuenta la ganancia que reciben ya los trabajadores. El salario sigue igual, y se puede orillar peligrosamente a la desestabilización familiar, ya que el desempleo sigue en aumento y la desconfianza en el régimen se hace patente día a día. Sin embargo, el Gobierno parece no estar dispuesto a rectificar el rumbo tomado, de hecho, rechazaron la propuesta del diputado Paz Zarza.
Quisiéramos también, en este sentido, hacer tomar en cuenta que en tiempos de crisis, se
debieran bajar los impuestos para estimular la producción y en tiempos de bonanza elevarlos.
Bajar los impuestos además implicaría más confianza en el inversionista, provocaría también más confianza en el régimen, provocaría además que los salarios no se vean tan afectados con dichos aumentos.
Pero parece ser entonces, señores diputados, que no hay conciencia política y humana. Señores legisladores, el pueblo ya no puede estar soportando más estas cargas. Las prioridad del régimen en allegarse recursos en dinero a como dé lugar, puede ocasionar consecuencias sociales que ninguno de nosotros deseamos.
En esta Cámara, en ese día de la propuesta del diputado Paz Zarza, se mostró la indiferencia de la mayoría de los diputados mayoritarios, de hecho, la totalidad de la mayoría de los diputados; y hay que tomar en cuenta que los diputados que son representantes de los obreros y de los campesinos, inexplicablemente también guardaron silencio, aun a pesar y a sabiendas que los impactos que van a provocar dichos aumentos, van a demeritar el poder adquisitivo de los trabajadores.
No hay sensibilidad política, no hay voluntad entonces de corregir el rumbo, a pesar de que se conoce y saben del dolor que se presentará en el seno familiar ante la zozobra de satisfacer sus necesidades mínimas.
Se rechazó la propuesta del diputado Javier Paz para que el Ejecutivo diera marcha atrás en estos incrementos. El pueblo parece ser el sacrificado y el régimen con sus exigencias se muestra insensible. El pueblo está pagando un precio bastante caro.
Lo que sí es cierto, es que las cosas por su peso caen, y esto señores diputados es bastante peligroso. El pueblo ya los conoce y tiene también su paciencia, un límite.
Por otro lado, en esta Cámara de Diputados también se presenta una cosa muy curiosa, cuando los incrementos de los precios a los productos y servicios se dan a conocer a través de los medios de comunicación, entonces es cuando subimos a la tribuna y protestamos. Nos gastamos en presentar argumentos válidos de la inconveniencia de dichos incrementos, pero como dicen, "a palo dado ni Dios lo quita", es por eso que exige la necesidad de que el Ejecutivo tome en cuenta a la Cámara de Diputados para que toda solicitud de aumento en los precios y tarifas se estudien y se analicen aquí en la Cámara de Diputados.
¿Por qué el Ejecutivo se abroga el derecho de autorizar los aumentos de muchos productos sin tomarnos en cuenta? ¿O qué no somos los representantes de la voz popular, no estamos aquí para defender sus intereses? ¿No son facultades exclusivas de esta Cámara el aprobar el presupuesto y la Ley de Ingresos?
Por lo anterior y tomando en cuenta que el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice en su primer párrafo: que los secretarios del despacho y los jefes de los departamentos administrativos, luego que se ha abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del Estado que guarden sus respectivos ramos.
Por lo que nuestra fracción parlamentaria hace la siguiente proposición: "Que la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicite al Ejecutivo que ordene a la Comisión Intersecretarial de Precios y Tarifas que los incrementos previstos para los productos derivados del petróleo no se lleven a cabo hasta que esta Cámara de Diputados conozca, estudie, analice y se pronuncie sobre los motivos que se tienen para aumentar los precios de estos productos.
Salón de sesiones a 18 de septiembre de 1986.
Por la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional: diputados Franz Espejel Muñoz, José Ángel Conchello Dávila.»
Muchas gracias, señores diputados.
El C. presidente: - Señores diputados, en los términos del artículo 58 del Reglamento en vigor, ruego nos informen si existen oradores en pro o en contra de esta proposición.
Toda vez que no existen oradores ni en pro ni en contra, sírvase la secretaría consultar a la asamblea si se admite o no a discusión.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - Por acuerdo de la presidencia, se pregunta a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición hecha por el diputado Ignacio Franz de Acción Nacional. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de pie. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo en forma acostumbrada... Desechada, señor presidente. El C. presidente: -Tiene la palabra la señorita diputada Gabriela Guerrero Oliveros.
FUNDACIÓN DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
La C. Gabriela Guerrero Oliveros: - Señor presidente; honorable asamblea: en el Primer Informe que en acatamiento a los mandatos constitucionales diera a la Nación Mexicana el 1o. de
septiembre de 1935 el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, dijo textualmente al referirse a los problemas de la educación: "La Secretaría de Educación Pública está por terminar durante el presente año con el propósito de que funcione el próximo el estudio que organiza el establecimiento de la escuela politécnica, complementándose así el plan sexenal en lo relativo a que debe darse preferencia a las enseñanzas técnicas que tiendan a capacitar al hombre para utilizar y transformar los productos de la naturaleza, a fin de mejorar las condiciones materiales de la vida humana".
Un año más tarde, en su Segundo Informe y ante la misma soberanía del Congreso de la Unión, de manera oficial y por la primera vez se habla ya por su nombre del Instituto Politécnico Nacional, cuando el presidente Lázaro Cárdenas explica: "en el extranjero se adquirieron ocho equipos para laboratorio que se destinarán al Instituto Politécnico Nacional, a saber: de electricidad, de mediciones eléctricas de soldadura eléctrica autógena, de taller mecánico, de fábrica de jabón, de fábrica de vidrio y de laboratorio de biología, además del material escolar indispensable". Así, sin un ordenamiento que legalizara su nacimiento y existencia, como un fruto fecundo del pueblo y la Revolución Mexicana, pero sin acta de nacimiento, surgió a la vida el Instituto Politécnico Nacional por una simple transferencia de partidas en el presupuesto interno de la Secretaría de Educación Pública, para cubrir los gastos iniciales del agrupamiento en el seno del Departamento de Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial de esta Secretaría, de todas las escuelas de artes y oficios o de enseñanza media o superior de tipo técnico, las cuales sin un plan perfectamente meditado se convertían así en escuelas, prevocacionales, vocacionales y de nivel medio y superior para integrar la institución educativa de tipo nuevo que la Revolución misma le había ofrecido al pueblo que la hizo posible.
Dicen, señoras y señores diputados, los que lo vieron, o los que fueron sus actores, que aquella mañana era emocionante y conmovedor contemplar las filas de jóvenes, casi niños, campesinos, la mayoría e hijos de obreros y soldados los demás, procedentes de todos los lugares de la República que formados ante el ingeniero Juan de Dios Bátiz en el viejo y ya histórico cuadrilátero de Santo Tomás, apretaban contra su pecho como única riqueza, el certificado de haber concluido sus estudios de la escuela primaria superior y la carta del comisariado ejidal o del presidente municipal del pueblo natal o del dirigente sindical de la factoría donde laboraba el padre, que le servían de presentación en angustiosa espera de la respuesta de las autoridades a su solicitud de ser recibidos como alumnos en el naciente politécnico e integrar la primera de sus generaciones, esperando recibir de la institución no sólo educación y cultura, sino alimentación y hospedaje, porque ellos habían acudido en respuesta al llamado del general Lázaro Cárdenas sin más recursos que su desbordada pasión de convertirse en hombres útiles a su pueblo y a su Patria que en esos momentos se empeñaban en lucha heroica por labrarse un camino de progreso e independencia.
Pocos días después con estos mismos jóvenes junto a centenares como ellos, y con los que habrían de ser sus maestros y preceptores, en una ceremonia solemne realizada a principios de enero de 1937, en el Palacio de Bellas Artes, se inaugura de manera oficial el primer año lectivo del Instituto Politécnico Nacional. Desde esa fecha hasta hoy han transcurrido 50 años señoras y señores diputados, decenas de miles de jóvenes mexicanos han pasado por las aulas del Instituto Politécnico Nacional conquistando con incalculables sacrificios e incluso con sangre, su derecho a vivir y a sobrevivir como generaciones dispuestas a superar todos los obstáculos que se levantaran en su camino para alcanzar su objetivo; tal como aconteció en el año de 1942, para arrancar el reconocimiento oficial a sus títulos profesionales; o en 1950 para lograr la construcción de su ciudad politécnica; o a partir de entonces, para conquistar todo un sistema nacional de enseñanza técnica constituido ahora por centenares de escuelas técnicas e institutos tecnológicos regionales diseminados a lo largo y a lo ancho de la República para tocar el cielo de sus aspiraciones profesionales al obtener el legítimo derecho de realizar investigación científica y desarrollar tecnología de punta sobre la base de maestrías y doctorados en todos los ámbitos del conocimiento científico y técnico.
Desde entonces han transcurrido 50 años, y no existe lugar de la República, ni factoría, ni centro industrial, o de salud, o escuela de tipo superior, o centro de investigación donde no se encuentre un egresado del Instituto Politécnico Nacional, o de las escuelas técnicas o tecnológicos regionales que durante su larga vida ha secundado. Centenares son los hombres del Politécnico que trabajan en el campo o en la industria o surcan los mares junto con otros mexicanos formando parte de la Marina Mercante o de la Armada o están integrados en el Ejército Nacional prestando servicios, profesionales, o se hayan como funcionarios medios o altos en empresas del Estado o el Poder Ejecutivo, o como dignos representantes del pueblo en esta H. Cámara de Diputados.
En todas las múltiples actividades que la economía comprende, en el ámbito del arte y la cultura, en las aulas o en los laboratorios de investigación científica, se encuentran desde jóvenes que se vieron forzados a dejar inconclusos sus estudios por falta de recursos, pero que han
puesto los conocimientos adquiridos en el Politécnico, al servicio de la producción y de los servicios, hasta premios nacionales de ciencias, y quienes dan brillo en el campo de la investigación a su alma mater y a su patria, que los vio nacer.
Esta, señoras y señores diputados, es la obra fecunda del mayor fruto de la Revolución Mexicana, en el campo de la educación superior y de la investigación científica, cuyo reconocimiento ha dado motivo a que el presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado, al inaugurar sus cursos correspondientes al presente año lectivo, 1986-1987, declarara que el Instituto Politécnico Nacional, ha sido uno de los pilares fundamentales del desarrollo de nuestra economía.
Profundamente convencido de este hecho, convocó a la comunidad politécnica a abordar este nuevo desafío de la reconversión industrial que necesita la economía nacional.
El Instituto Politécnico Nacional, dijo el Presidente de la República que ha sido capaz de incorporar la Nación a la técnica, ahora puede, como ya lo está haciendo, plantearse cuales son las perspectivas que debe tener en México la enseñanza técnica. Este es, señoras y señores diputados, el hecho que el Partido Popular Socialista, desea poner de relieve para su reflexión en esta Cámara: el cumplimiento del L aniversario de la creación del Instituto Politécnico Nacional, ¿ha cumplido cabalmente con la misión histórica que le fue encomendada? ¿ha sufrido desviaciones en su camino? ¿ha alcanzado o se ha alejado de los objetivos que le fijara la Revolución? ¿se han otorgado al Politécnico todas las facilidades y los medios para el cumplimiento de su elevada tarea? ¿sus planes y programas de estudio corresponden a la etapa en la que México está viviendo ahora? ¿tiene el Politécnico una clara perspectiva de lo que debe hacer en el futuro próximo para contribuir a conquistar y consolidar la independencia económica del país? ¿cuenta con los recursos necesarios para ubicarse a la altura de la actual revolución cientificotécnica a la que el mundo de nuestro tiempo hace frente? Esos y otros cuestionamientos están en el aire después de 50 años, y deben ser planteados y resueltos con urgencia.
El Partido Popular Socialista considera que si fue ante esta soberanía donde se habló por primera vez por parte del general Lázaro Cárdenas de la creación del Instituto Politécnico Nacional para servir al pueblo. Corresponde a esta misma soberanía, auténtica y genuina representante de este pueblo, analizar y dar respuesta a todos estos planteamientos, más aún cuando en ella se encuentran representadas las mejores fuerzas políticas del país a través de todos los partidos. Por tal razón, señoras y señores diputados, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista se permite proponer a esta honorable asamblea que para conmemorar el L aniversario de la fundación del Instituto Politécnico Nacional, se celebre en este mismo año y en este mismo recinto una sesión solemne de la Cámara de Diputados, invitando a ella a las más altas autoridades del país, a funcionarios, maestros y representantes estudiantiles del Politécnico, a asociaciones y agrupaciones de egresados, y a los hombres de ciencia que han surgido del seno de esta institución popular y democrática.
México, D. F., a 18 de septiembre de 1986.
La Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista.
Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Juan Manuel Lucia Escalera, toda vez que a esta proposición ya se le dió el turno que corresponde.
DESIGNACIÓN DE COMISIONES
El C. Juan Manuel Lucia Escalera:
«México, D. F., a 4 de septiembre de 1986.
C. Presidente Cámara de Diputados
Honorable Cámara de Diputados:
Me he dado cuenta que muchas comisiones que asisten a sus inspecciones y visitas, no va el diputado respectivo del distrito correspondiente, a mi entender es incorrecto por las siguientes razones:
1o. Porque el diputado respectivo conoce su distrito, y la problemática del mismo, y es el más indicado a orientar mejor el trabajo a desarrollar por la comisión respectiva.
2o. Los vecinos de dicho distrito quedarían inconformes al no ver al diputado del distrito correspondiente y se sentirían defraudados.
Considero que el diputado de ese distrito debe estar en contacto frecuente con los vecinos del mismo, por esto votaron por él.
Por tal motivo quisiera que todas las comisiones que salgan a visitar algún distrito se programen conjuntamente con el diputado respectivo, y por ello que participe con la comisión visitante.
En espera de que tomen en consideración mi propuesta, los saludo afectuosamente.
Atentamente.
Diputado ingeniero Juan Manuel Lucia Escalera.»
El C. Juan Manuel Lucia Escalera: - Con vuestra venia señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Me he dado cuenta que en las comisiones que salen a cumplir con la obligación que se les otorga, en esas comisiones -en la mayoría de ellas -, no va el diputado que corresponde al distrito que visitan. Por tal motivo dicha comisión muchas veces tiene que andar preguntando diferentes cosas para resolver su cometido que lleva. En varias ocasiones nos han preguntado del diputado de ese distrito.
Por tal motivo, vengo a considerar a ustedes la proposición que las comisiones si no tienen al diputado del distrito que van a visitar incluido en su lista, dicho diputado sea invitado para que asista, ya que es el representante popular de ese distrito.
Compañeros diputados por favor, el diputado del distrito es el indicado para orientar a la comisión que va a resolver cualquier problema en ese distrito. Muchas gracias.
El C. presidente: - Por favor señor secretario, de lectura a los puntos propositivos.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: "Por tal motivo, quisiera que todas las comisiones que salgan a visitar algún distrito, se programen conjuntamente con el diputado respectivo y por ello que participe con la comisión visitante".
El C. presidente: - Se pregunta a la asamblea si existen oradores en pro o en contra de esta proposición. No habiéndolo, consulte esta secretaría, si admite o no a discusión la proposición.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - Por acuerdo de la presidencia se pregunta a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición presentada por el ciudadano diputado ingeniero Manuel Lucia Escalera.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo...Se acepta a discusión, señor presidente.
El C. presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor diputado Sergio Valls Hernández.
ANÁLISIS DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 1985
El C. Sergio Valls Hernández: - Con su permiso señor presidente; honorable asamblea: a esta representación nacional le ha tocado vivir una nueva etapa democrática, caracterizada por la participación de nueve partidos políticos que expresan las principales corrientes ideológicas de México en el más amplio ejercicio de la libertad.
Los diputados a esta LIII Legislatura hemos manifestado en reiteradas ocasiones, el firme propósito de servir a las mayorías del pueblo a la luz de una vigorosa confrontación ideológica.
Como lo anunciara el ciudadano Presidente de la República en el IV Informe de Gobierno rendido ante el honorable Congreso de la Unión, mañana 19 de septiembre se llevará a cabo una reunión de evaluación de las acciones realizadas en la tarea de reconstrucción. Será en esa reunión presidida por el propio titular del Poder Ejecutivo, donde se informará detalladamente sobre los resultados obtenidos.
Por decisión de esta soberana asamblea, a dicha reunión asistirán diputados representantes de las nueve fracciones parlamentarias.
Asimismo, el Presidente de la República anunció que haría llegar a esta representación nacional, el reporte pormenorizado correspondiente, a fin de que procedamos a su análisis y discusión.
En tal virtud, compañeros diputados, será entonces cuando estaremos en una mejor posibilidad de analizar y discutir la información que se de a conocer en dicha reunión.
Los sismos de septiembre trajeron consigo sufrimientos humanos y una gran destrucción material. Estamos conscientes de que se llevará varios años reponer las pérdidas materiales y se seguirá requiriendo el esfuerzo conjunto del gobierno y la sociedad; pero no sólo se trata de reponer lo destruido, sino de cobrar conciencia sobre la necesidad de profundizar cambios estructurales impostergables al demostrarse la vulnerabilidad de la concentración en el Valle de México.
La reconstrucción ha implicado renovación, nos debe obligar a revisar el orden de prioridades, a profundizar en acciones que se venían realizando y a modificar otras, siempre aprovechando y promoviendo la participación de la sociedad y su enorme vitalidad.
Aunque básicamente las acciones que se llevan a cabo en la capital de la República, repercuten en todo el país, la magnitud de las tareas que se enfrentan implica el concurso de la creatividad y de la disciplina.
Al producirse la emergencia, el Gobierno de la República, encabezando en todo momento la tarea, primero de rescate y auxilio a la población damnificada, después de reconstrucción, respondió siempre con prontitud y eficacia.
Asimismo, es de todos conocido que la respuesta de la sociedad fue con rapidez y con intensa solidaridad y que en forma simultánea se empezó a recibir ayuda de países e instituciones internacionales.
A iniciativa del Gobierno de la República se constituyó la Comisión Nacional de Reconstrucción, como instrumento para encauzar la participación de los diferentes sectores y grupos, concertando las acciones del gobierno con la sociedad.
Como otro esfuerzo colectivo, cabe mencionar las aportaciones en efectivo de un gran número de mexicanos, así como el manejo eficaz y transparente del Fondo Nacional de Reconstrucción, que como lo señalara el Presidente de la República en su último Informe de Gobierno, al 15 de agosto alcanzó recursos por aproximadamente 42 mil 899 millones de pesos y 14 mil 112 dólares, que se han canalizado principalmente a las tareas de reconstrucción de escuelas y hospitales.
Nos hemos percatado de que la reconstrucción de vivienda, consideró las acciones más diversas relativas a la emergencia, remoción de escombros, apuntalamiento de vivienda, servicios médicos, dotación de alimentos y agua, distribución de la ayuda internacional otorgada en especie.
En el momento oportuno se construyó vivienda emergente para quienes la habían perdido, después vivienda provisional para alojar a los damnificados durante el desarrollo de las obras; paralelamente entonces, se levantaron los censos y los estudios socioeconómicos para definir el perfil de la población damnificada y así las autoridades competentes pudieran establecer los términos sociales, financieros y técnicos adecuados a las acciones emprendidas.
Es del conocimiento público que en mayo de este año se firmó entre el Gobierno de la República y la sociedad, el convenio de concertación democrática para la reconstrucción, en el que se acordaron las bases para la reparación y construcción de vivienda sobre los predios expropiados en octubre de 1985 en el Distrito Federal.
Participaron en este convenio organizaciones de damnificados, universidades, colegios, cámaras, fundaciones y asociaciones civiles.
La reconstrucción se lleva a cabo a través de cuatro grandes vertientes que son: renovación habitacional popular, reconstrucción democrática de Tlatelolco, programa emergente de vivienda fase I y programa emergente de vivienda fase II.
El programa de renovación habitacional popular atiende a 44 mil 437 familias del centro de la ciudad, que habitaban el área donde se llevaron a cabo las expropiaciones. El programa emergente de vivienda atendió en su fase primera, a 12 mil 448 familias de servidores públicos cuyas viviendas fueron afectadas por los sismos; en su fase II -actualmente en marcha -, brinda financiamiento a 7 mil 971 familias organizadas en grupos de arrendatarios, cuyos inmuebles fueron dañados por los sismos y desean repararlos y adquirirlos en propiedad.
En el programa de reconstrucción democrática de Tlatelolco, se avanza en la reparación de 5 mil cinco departamentos de la unidad que sufrieron daños menores; en la rehabilitación de las estructuras de 32 edificios que registraron daños mayores y en la demolición de ocho con daños irreparables
. Finalmente el gobierno decidió extender los programas de vivienda de organismos no gubernamentales, los beneficios fiscales y el apoyo administrativo de los programas de vivienda en marcha.
Los programas de estos organismos han atendido a mil 49 familias con la participación de diversos organismos cívicos y sociales en los que destacan la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Mexicana, el Patronato Nacional de Promotores Voluntarios, la Fundación para el Apoyo de la Comunidad, A.C., el Centro Cívico de Solidaridad y la Unicef.
Los sismos dañaron por otra parte, mil 658 escuelas en la ciudad de México, según datos que obran en el informe complementario del primero de septiembre. En el mismo se asienta que el Programa de Reconstrucción de Escuelas se apoyó con recursos fiscales y aportaciones del Fondo Nacional de Reconstrucción, que en total asciende a 12 mil 951 millones de pesos. De este total, 8 mil 743 millones provienen del Gobierno Federal y 4 mil 208 millones son recursos del Fondo Nacional de Reconstrucción.
Con recursos ministrados por ese último concepto, se han reparado 600 planteles educativos en el Distrito Federal, de los cuales tres de ellos fueron demolidos, reportándose 594 terminados y seis en proceso de restauración.
En lo que se refiere a las instalaciones hospitalarias también se reportaron graves daños en los mismos; además de lamentarse la pérdida de pacientes, de personal médico, de enfermeras y demás empleados de apoyo. Para hacer frente a estos problemas se instrumentó un Programa de Construcción y Reordenación de los servicios de salud que comprende: la construcción de seis hospitales generales en la zona metropolitana de la ciudad de México y el nuevo Hospital Juárez.
Así también se efectúa la construcción de
hospitales en los municipios de Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Atizapán, Netzahualcóyotl y Toluca. El Instituto Mexicano del Seguro social, ha emprendido la reconstrucción de unidades del Centro Médico Nacional, como son los hospitales de Cardiología, de Oncología y de Especialidades.
Por su parte el Departamento del Distrito Federal realiza obras en los hospitales de la Villa, de Balbuena, de Peralvillo, Xoco, Rubén Leñero, Topilejo y Milpa Alta.
Los daños de la planta telefónica nacional se han reparado en su totalidad; la reposición de las obras de drenaje dañadas por los sismos, incluye la reconstrucción del Viaducto Piedad en seis puntos, cinco Km.; también se realizaron diversas obras complementarias que permitirán aumentar la flexibilidad en su operación y la posibilidad de su seccionamiento para la reparación de fugas.
Se llevaron a cabo trabajos de demolición y residuo de 1.5 millones de m3 de escombro y se repararon 40 mil m2 de banquetas, repavimiento de calles y la demolición de la mayor parte de las construcciones que presentaban peligro de derrumbe.
Fueron reparadas las redes de alumbrado público y los sistemas de semaforización y señalización que se afectaron en las delegaciones Benito Juárez y Venustiano Carranza. También se realizaron diversos estudios de geología, diseño estructural, mecánica de suelos y de normas sísmicas, para definir las características del subsuelo de la ciudad de México por zonas; éstos servirán de base para las modificaciones al Reglamento de Construcción.
Por lo que se refiere al proceso de construcción en los estados, podemos señalar que a la fecha el Capfce, está reparando escuelas de Michoacán, destinando 469 millones de pesos para ese efecto, que fueron complementados con 70 millones provinientes del ramo de desarrollo regional.
Habiéndose concluido ya los trabajos en cuarenta y dos planteles de los cincuenta y tres dañados.
El Seguro Social se encargó de rehabilitar el hospital de Uruapan y se repara el hospital de Lázaro Cárdenas, todos con fondos provenientes de la ayuda internacional.
Los once hoteles de la entidad de Michoacán, que registraron daños fueron reparados con créditos blandos. En Jalisco se instrumentó un programa de reconstrucción de vivienda, que está operando con 5 mil 854 millones de pesos y financia 3 mil 082 acciones de vivienda en Ciudad Guzmán y áreas aledañas.
Actualmente el Capfce, aplica 537 millones de pesos del Fondo Nacional de Reconstrucción, para la reparación y construcción de locales educativos.
Por lo que se refiere al estado de Guerrero, en 1985 se apoyaron las acciones de reconstrucción con recursos provenientes de los programas de desarrollo regional, destinándose 300 millones de pesos a la reparación de edificios públicos y 200 millones para la construcción y reparación de viviendas. En conjunto se registra en el estado de Guerrero, un avance físico de 80% de las obras. En Ixtapa, Zihuatanejo la mayor parte de las instalaciones hoteleras que sufrieron daños, fueron rehabilitadas durante el último trimestre de 1985.
Compañeros diputados, nos solidarizamos con las tareas que el Gobierno de la República siempre ha encabezado, concertando las acciones para la reconstrucción nacional. El propio Presidente de la República con entereza señalo en su informe, "que la acción del Gobierno no hubiera bastado para hacer frente por sí sólo a la urgencia, sin la participación madura, responsable, solidaria y activa de la sociedad mexicana".
Han sido pues, los esfuerzos colectivos y concertados del Gobierno y la sociedad en la reconstrucción, los que están permitiendo dar solución a uno de los más graves problemas sociales que hayamos enfrentado. En estas tareas la gran mayoría de los damnificados pueden dar testimonio de que se han respetado sus derechos, sus costumbres, su cultura y su forma de vida, no sólo en el sentido de que permanezcan en los lugares donde tienen organizada su vida, sino también para mejorarla.
Los damnificados han tenido abiertas las posibilidades de participación en las tareas de reconstrucción. Sabemos que el gobierno, en forma responsable y serena, ha venido concertando las acciones que han hecho posible que la reconstrucción sea una tarea colectiva, un esfuerzo conjunto, que involucra a todos los sectores de la sociedad.
Compañeros diputados: la reconstrucción nacional es el propósito que todos perseguimos, que ha sumado y sumará nuestros esfuerzos. Los mexicanos no estamos a la defensiva resistiendo nuestras dificultades acrecentadas por un mundo inmenso en situaciones de conflicto, estamos hechos a la adversidad, ella nos ha forjado, por ella somos fuertes.
A un año del desastre que enlutó a la nación, pueblo y gobierno unidos, seguimos empeñados en convertir la circunstancia adversa en ocasión propicia para la renovación nacional. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra la ciudadana diputada Cecilia Romero Castillo.
La C. Cecilia Romero Castillo: - Con el permiso de la presidencia: señoras y señores diputados: para iniciar este previo análisis de las consecuencias del sismo que enlutó a tantos hogares mexicanos hace casi un año, quiero solicitar a los aquí presentes que guardemos un minuto de silencio por todos aquellos que fallecieron en el sismo, muchos conocidos y muchos hasta ahora y tal vez hasta siempre desconocidos.
Pido a la presidencia que se solicite un minuto de silencio.
El C. presidente: - Ruego a los presentes ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.
(Todos de pie guardan un minuto de silencio).
Muchas gracias.
La C. Cecilia Romero Castillo: - A un año de distancia, el sismo que conmovió a nuestra patria hasta los cimientos, sigue siendo para los mexicanos motivo de análisis, de evaluación, de duelo y de esperanza.
A partir de 1985, nunca podremos hablar de patria sin hablar al mismo tiempo de solidaridad. Por alguna de esas razones que escapan al humano entendimiento, el sismo devastador tuvo lugar en el mes de septiembre y ratificó históricamente el vínculo indisoluble que existe entre la patria mexicana y los valores que la sustentan.
México respondió ante la tragedia hermana, despertando de un largo letargo y reivindicó así su ser nacional trascendente. La solidaridad como sustento de nuestra historia, la generosidad que se prodiga sin medida, el amor fraterno sin egoísmo y sin intereses. Este México nuestro salió a la calle y se dió entero, sin cortapisas y sin presiones; fue la sociedad civil, fueron los jóvenes en mezclilla uniforme, las mujeres en concierto de calor humano, los hombres, eslabón de cadena interminable; fue el pueblo de México el que curó al herido, el que sepultó al muerto, el que rescató al atrapado, el que consoló a la viuda y al huérfano. México, su pueblo, su gente, enfrentó la tragedia y consolidó ante el mundo su ser patrio y solidario.
Y fue también el resto del mundo, fueron las naciones hermanas las que acudieron en auxilio del país postrado. Las demostraciones de ayuda de todas partes, fueron prueba contundente de que hay en la comunidad internacional posibilidad de respuesta. El auxilio, pronto y eficaz, de tantos países en apoyo humano, financiero, médico, logístico, contribuyó definitivamente a aliviar el dolor y superar la adversidad.
Pero frente a este espectáculo de hermandad y solidaridad, es necesario e imprescindible realizar una evaluación objetiva de lo que de ese día hasta hoy ha sucedido. Queda como testimonio imperecedero el valor del pueblo, su capacidad para enfrentarse a la tragedia, su decisión de crecer y superar los obstáculos. Pero por otro lado, está el Gobierno, su actitud, su reacción y su responsabilidad como conductor de la sociedad ante este drama que no hemos aún superado.
¿Qué hizo el Gobierno ante la tragedia? La movilización oficial se inició muchas horas después de que ocurriera el sismo, el Presidente de la República, apareció ante el pueblo de México después de doce horas de tragedia, diciendo entre otras cosas, que éramos autosuficientes y que todo estaría bajo control.
El ejército cumpliendo órdenes del regente del Distrito Federal, no implementó en su totalidad el Plan de Emergencia y obstaculizó la acción de los civiles que, en forma espontánea y organizada, realizaban labores de salvamento.
Lo que se inició rápidamente por parte del Gobierno fue la creación de comisiones. El día 20 se creó por parte de esta Cámara, una comisión especial pluripartidista. El cuatro de octubre se inició la sistematización del Programa Nacional de Reconstrucción con el decreto para la creación de la Comisión Nacional de Reconstrucción. Y de ahí se derivaron comisiones, subcomisiones, comités y organismos variados que en un año han crecido y reproducido funciones y gastos y burocracia, y en un año muy poco han contribuido a aliviar el dolor que lacera a tantos mexicanos, que buscando ser auxiliados se encuentran ante una maraña de escritorios que los obliga a peregrinar sin rumbo y sin esperanza.
Respecto a las actividades programadas de hace un año, hay varias formas de catalogarlas para su evaluación. Algunas debieran ser y no fueron, otras más no deberían haber sido y sin embargo fueron; muchas otras están siendo apenas, y en fin, los hechos concretos se pueden constatar en las calles donde los damnificados siguen sufriendo, en las oficinas donde los expedientes se acumulan, en los trámites donde las respuestas se congelan, en los módulos donde las esperanzas se manipulan.
Debemos ciertamente aceptar que las magnitudes que alcanzó el siniestro superaron cualquier previsión y que nadie por organizado que estuviera habría podido controlar y dirigir los trabajos de rescate en corto plazo.
Aquí podríamos hacer también alguna reflexión sobre la criminalidad y responsabilidad de los que directa o indirectamente autorizaron o realizaron construcciones fuera de los reglamentos establecidos o de los que no proveyeron el mantenimiento de cimientos en edificios como el trágico ejemplo del Nuevo León.
El análisis del sismo puede ser largo o corto, conciso o complejo, pero será siempre en dos sentidos: uno, la sociedad mexicana organizada espontáneamente supera con creces al gobierno desorganizado institucionalmente; el otro, las soluciones que el gobierno ha dado a los problemas resultantes de la tragedia han sido ineficientes y en el mejor de los casos lenta.
La historia ya juzgará la actuación del pueblo y del gobierno; nosotros como legisladores debemos analizar, opinar y cuestionar y pugnar porque se establezcan mecanismos que protejan al pueblo de México no de los efectos naturales de un desastre como el que nos ocupa, pero sí de aquellos provocados por la ineficiencia, el burocratismo y la manipulación de que en este trágico caso han sido víctima tantos hermanos nuestros que reclaman en la indigencia y esperan que las promesas se hagan realidad.
No podemos dejar de hacer algunos señalamientos, sobre aquellos aspectos que resaltan en este panorama que ahora contemplamos, es cierto - lo repito - , que ha habido avances, que se han entregado viviendas, que se han demolido edificios, que se han aceptado algunos recursos de revocación, es cierto que se han reconstruido escuelas y reubicado a damnificados, pero sobre todo es importante hacer entender que estos modestos avances son muy pocos en contra de los graves deterioros provocados por la "comisionitis", la burocracia y la manipulación.
Un aspecto importante dentro del análisis del sismo es el referente al decreto expropiatorio del 11 de octubre, este decreto despojó de sus casas a más de cuatro mil familias mexicanas, pretendía ser una solución justa y expedita como lo indicó Miguel de la Madrid en su cuarto informe, y ha resultado para la mayoría de los expropiados a un año de distancia, una secuencia interminable de trámites y esperas infructuosas.
Los recursos de revocación interpuestos en su mayoría no han sido dictaminados. El nuevo titular del Departamento Jurídico del Distrito Federal prometió a principios de julio que en tres semanas daría solución al problema y a esta fecha no lo ha hecho.
Se prometió a las personas que se deshicieran del recurso, que los trámites para la indemnización correspondiente serían revisados con rapidez, y ésto tampoco se ha hecho.
La entidad Renovación Habitacional Popular que merece capítulo aparte, ha violado amparos promovidos en contra de la demolición, dejando a los propietarios habitantes de las casas al arbitrio del personal ignorante que pasa por encima de los amparos otorgados, sin otra explicación que la fuerza de la piqueta y la motoconformadora.
Los conflictos sociales entre inquilinos y propietarios han crecido propiciados por la falta de definición y la lentitud con que los casos de expropiación se han tratado.
En los módulos que se desprecia a los propietarios, en las vecindades se le repudia, en las oficinas se les hace esperar, ellos son también damnificados no por el sismo, sino por la expropiación injusta de que han sido objeto.
En el mes de julio el titular del Departamento Jurídico del Distrito Federal fue ascendido al puesto de magistrado de la Suprema Corte de Justicia. El nuevo director decidió prácticamente volver a empezar, implementando un sistema computarizado que a la fecha no ha dado resultado alguno, porque lo repetimos, los recursos de revocación no han sido resueltos.
De esta manera se pretende hacer justicia, dañando a gentes de escasos recursos que en muchos casos contaba como único patrimonio con una propiedad, de cuyas exiguas rentas vivía.
No es la cantidad lo importante, es el poco valor que a la dignidad de la personas conceden nuestras autoridades lo que indigna, a los miles de damnificados por el sismo muy poco les ha beneficiado la expropiación, todo siguen siendo promesas y programas y a los cientos de damnificados por la expropiación, mucho les ha perjudicado este acto populismo y demagógico. Más mexicanos que sufren injusticia, más mexicanos que esperan comisiones y que no reciben respuesta.
Respecto a Renovación Habitacional Popular, podemos decir que este organismo que fue creado el 14 de octubre para atender los aspectos de reconstrucción de viviendas dañadas y construcción de nuevas, tenía un plan original de trabajo que concluiría al terminar 1986, fecha en que según cálculos debería haber concluido su misión.
Los damnificados por el sismo pasaron muchos meses esperando a la interperie o en casas de campaña, que se les auxiliara con una vivienda provisional digna y no fue sino hasta el mes de abril en vísperas del campeonato mundial de fútbol, cuando a pasos acelerados se llevó a cabo la construcción de lo que todos llamamos propiamente gallineros, donde se ha asignado a las familias en un paso más hacia la cada vez más complicada posibilidad de un hogar digno
Sobre las erogaciones realizadas para la construcción de estos albergues provisionales, los funcionarios nunca se pusieron de acuerdo; el caso es que éstos resultaron costosísimos y definitivamente insuficientes, aún considerando que sean provisionales.
Este tipo de albergues hubiera sido tal vez adecuado para asilar a los damnificados en las semanas inmediatas después del sismo, pero resultaron francamente insultantes a más de seis meses de distancia.
La situación de los damnificados era a tal punto apremiante, que tuvieron que aceptar esos cuartuchos ante la inminencia de las lluvias y tuvieron que soportar y siguen soportando las inclemencias del tiempo y la inseguridad indignante en los famosos albergues provisionales. También el organismo Renovación Popular, sufrió cambio de titular y también el volver a empezar desesperante.
El presupuesto original de 129 mil 975 millones de pesos, ascendió ya a 200 mil 512 millones. Pero los plazos originales para la entrega de casas terminadas y el cumplimiento de las metas del programa se han ido ampliando y ahora sabemos por la prensa que se ha concluido el 25% de los 44 mil 547 programas de viviendas, esto a un año del sismo.
A la fecha pues, a los damnificados se les sigue manteniendo con planes y promesas y muchos de ellos en la desesperación han sido presa de corruptelas de empleados menores, que trafican con la miseria del compatriota prometiendo agilizar trámites e incluirlos en las listas de beneficiarios de lo que en derecho les corresponde, el tiempo futuro sigue siendo para los damnificados el pan de cada día.
Un punto de fundamental importancia en el análisis de las consecuencias del sismo, es la forma como el partido oficial se ha adueñado prácticamente de las funciones del Programa de Reconstrucción, llegando al extremo de que es casi imposible delimitar dónde termina el funcionario y dónde empieza el partido. Qué bueno que los partidos políticos y las organizaciones de ciudadanos participen y colaboren en el trabajo de reconstrucción. Que malo que el Partido Revolucionario Institucional, haya viciado este cuerpo adueñándose de las funciones de los distintos organismos.
Para obtener un certificado de derecho, los damnificados deben primero afiliarse al Partido Revolucionario Institucional, para tener cabida en los albergues provisionales, hay que tener buena relación con el delegado del Partido Revolucionario Institucional en la zona, el Partido Revolucionario Institucional organizó a los inquilinos de las vecindades expropiadas en comités de reconstrucción, los vecinos de las zonas dañadas recibieron propaganda, instructivos, regalos del partido oficial. El personal de Renovación es del Partido Revolucionario Institucional, y los del Partido Revolucionario Institucional, son de Renovación; en los albergues campean los logotipos del partido mencionado. El tráfico indigno de la pobreza y el desamparo de los damnificados ha sido durante este año motivo de continuas reclamaciones por parte de la ciudadanía.
El Partido Revolucionario Institucional, se apropió de la representatividad ciudadana, formó la mesa directiva de los comités de reconstrucción autonombrándose el interlocutor válido entre el pueblo y los organismos de reconstrucción y ahora las escuelas, las casas reconstruidas, las viviendas edificadas, lucen propaganda del partido oficial que sigue haciendo uso de los recursos del pueblo para ostentarse como su salvador y reivindicador de sus derechos.
Sobre el asunto del manejo de fondos, es necesario también afirmar que ya tristes antecedentes - el más reciente el de San Juanico - , nos hablan fehacientemente de que dichos fondos no han llegado en su totalidad a las víctimas de los siniestros; en el caso del sismo de septiembre pasado, recibimos de nacionales y extranjeros, apoyos financieros millonarios, muchos de los donadores hicieron su donativo al Fondo Nacional de Reconstrucción con la intención de auxiliar directamente a los damnificados para la reconstrucción de viviendas y apoyo inmediato para solucionar sus necesidades urgentes, sin embargo se decidió que los fondos se utilizarían para escuelas y hospitales, razón por la cual entre otras, el programa de vivienda sufrió retrasos notables.
En el mes de marzo pasado el director de Nacional Financiera anunció que el fondo se había agotado, la mitad se había invertido y la otra mitad estaba ya comprometida, desde entonces no recibimos informes de las inversiones o compromisos mencionados.
El comité de Asuntos Financieros, uno de los miles de comités establecidos como auxiliar del Comité de Reconstrucción, no ha dado cuentas de los dineros recibidos; se esfumó el fondo, se esfumaron los donativos, se esfumaron las cuentas que periódicamente aparecían en los diarios nacionales.
¿Qué curso se le ha dado a los impuestos especiales de reconstrucción? ¿Qué se ha hecho con los donativos en especie que no han sido distribuidos o no habían sido distribuidos hasta el último informe entre los necesitados? ¿A dónde han ido los intereses del Fondo de reconstrucción que no nos ha dado cuentas de marzo pasado,
cuando anunció que la mitad de sus fondos estaba ya comprometida?
El pueblo no ha visto resultados tangibles, la falta de claridad sigue siendo el común denominador en el manejo de recursos. Esto es injusticia y violación a la dignidad, los mexicanos, los donadores, las víctimas somos víctimas de la falta de respeto y esto es ocasión de desconfianza, de recelo, cuando no muchas veces es ocasión de palpar las corruptelas de que han sido víctimas muchos de los damnificados. Exigimos que se nos informe del destino de los más de 40 mil millones de pesos y 14 millones de dólares que se han recibido para la reconstrucción nacional.
El día de mañana se cumple un año del sismo, el presidente habló en su informe se que: "haré llegar a ustedes para su análisis y discusión, el reporte pormenorizado correspondiente".
De antemano adelantamos que este reporte debería haber sido rendido periódicamente por las muchas comisiones formadas para el efecto, en especial para la comisión pluripartidista de esta Cámara, que ahora nos acaba de dar un informe, más que un análisis de lo que ha pasado en el sismo.
También adelantamos que todos los reportes que se nos envíen, no bastarán para maquillar la realidad. ¿Cuántos muertos hubo en el sismo? ¿Cuántas personas perdieron la vida? se habla de 4 mil, de 20 mil, de 40 mil, nunca lo sabremos ¿Cuánto dinero se ha malgastado en propaganda, en folletos, en panfletería? ¿cuántos damnificados están aún esperando justicia y no ha sido posible que ésta se les haga? ¿Cuántas personas esperanzadas se privaron de tantos aspectos positivos para ayudar a los damnificados y no saben qué ha sido de los donativos que dieron?.
Esperamos el reporte para analizarlo, esperamos lo que mañana se nos dirá a un año, debiendo haber sido informados como representantes de la ciudadanía, periódicamente de lo que estaba pasando; la realidad sigue estando en las calles, nosotros esperamos el reporte mientras el pueblo se cansa de esperar y el " yo acuso" se hace cada vez más agudo y más desesperante. Gracias.
(Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Manuel Terrazas Guerrero.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Compañero presidente; compañeras y compañeros diputados: mañana se cumple un año del aciago día en que nuestro país sufrió la más grande catástrofe de su historia por efecto de las fuerzas naturales.
Nuestro recuerdo sentido a los miles de mexicanos que cayeron, que perdieron la vida, nuestra solidaridad a los miles de mexicanos que aún sufren las consecuencias del terremoto la reafirmación de nuestra decisión de seguir luchando por la solución de esos problemas, nuestra reafirmación categórica de unir esfuerzos con todos aquellos dispuestos a que no solamente sanen las heridas provocadas por la catástrofe, sino que se superen las consecuencias, se reconstruya y se renueve material, política social y culturalmente.
A un año de los sismos tenemos que reconocer que la Cámara de Diputados no ha cumplido con sus propios acuerdos en torno a los damnificados y la reconstrucción. La Comisión Especial Pluripartidista ha muerto, ha muerto por inanición.
La fracción parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México, expresa su desacuerdo con ese proceder, y al mismo tiempo señala de manera categórica que está demandando y que va a demandar a nuestros compañeros legisladores, en primer término a los legisladores priístas, para que asuman su responsabilidad, por el incumplimiento de acuerdos tomados en el plenario de la Cámara, entre los que mencionamos los siguientes:
La decisión de estudiar y legislar en materia de reforma urbana integral para asegurar una vivienda digna.
El acuerdo de revisar la legislación en materia de vivienda y promover las medidas administrativas y legislativas necesarias, para proteger los derechos de los damnificados y combatir la especulación con la vivienda.
La resolución de emprender acciones para proteger los derechos laborales de los afectados por los temblores y para impulsar programas de empleo.
El acuerdo de estudiar y adoptar medidas para reforzar las atribuciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
La decisión de revisar 19 leyes y ordenamientos, entre las que se encontraban el Código Civil y el Penal, el de Comercio, la Ley Orgánica del Distrito Federal y las del Trabajo y Protección del Consumidor.
La decisión de legislar para aprobar, en su caso, una reforma urbana integral
. Denunciamos también los intentos por parte del Partido Revolucionario Institucional, de monopolizar y desnaturalizar el movimiento de los damnificados, y demandamos el respecto a las organizaciones que éstas se han dado democráticamente, como es el caso de la Coordinadora Única de Damnificados.
Manifestamos pleno apoyo y solidaridad a la marcha convocada por la Coordinadora Única de Damnificados para el viernes próximo y calificamos prepotente y peligroso los intentos gubernamentales de prohibirla, intentos que señalamos como una significativa amenaza al derecho libre de manifestación.
Los sismos han tenido múltiples efectos, nosotros no nos vamos a referir a todos ellos, queremos referirnos al problema de la vivienda de manera específica y a ello vamos a dedicar la intervención. Otros compañeros se referirán a otros aspectos de este problema y de la significación global del desastre del 19 de septiembre.
Según diversas fuentes oficiales, el déficit de vivienda en el país es de seis millones; de éstos, dos millones corresponden al Valle de México. Si en la República sólo se construyen 270 mil viviendas anuales, véase si no es de preverse que esa carencia tenderá a agravarse mucho más en los próximos años.
Los sismos de septiembre del año pasado afectaron y agravaron sumamente la situación de más de 500 mil viviendas en el Distrito Federal, mismas que ya antes del terremoto presentaban severos daños y albergaban a miles de inquilinos que vivían en condiciones pésimas, falta de servicios, inseguridad por la presión constante de casatenientes voraces y especuladores del suelo urbano.
Conforme a datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, todo el programa de reconstrucción del Gobierno Federal, a través de las instituciones públicas y privadas de la banca y del Departamento del Distrito Federal, las acciones de vivienda se manifiestan de la siguiente manera:
En el programa fase uno, se atenderán a través de diversas instituciones a 12 mil 448 familias por medio de créditos para la adquisición, compras a terceros, viviendas unifamiliares o en condominios. Esas familias fueron expulsadas prácticamente del centro de la ciudad de México ya que la mayoría de viviendas se construyeron en la periferia o en el Estado de México.
De los 3 mil 969 predios en que finalmente quedó limitado el decreto expropiatorio del 11 de octubre de 1985 - dejando fuera por cierto a mil familias - , el programa de renovación habitacional popular atiende a 44 mil 437 familias las cuales en su mayoría habitarán las mismas viviendas en los mismos predios; de este total de viviendas, el 63.9% será de vivienda nueva.
El colapso del edificio Nuevo León más los edificios que han sido demolidos por tener daños estructurales e irreparables, significó para Tlatelolco la pérdida de más de un mil quinientas viviendas; las familias que habitaban esos edificios fueron también descentralizadas a través de convenios o mediante las acciones de crédito del Programa, fase primera. Como se sabe, además de esas familias, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología promovió la venta de departamentos y se desarraigaron así a mil 700 familias en los primeros meses siguientes al sismo, con la promesa de que dichas familias podrían regresar de resultar habitables y reparables sus edificios; sin embargo ya no bajo las mismas condiciones con las cuales vendieron los residentes: departamentos que fueron vendidos a 3 millones 800 mil pesos, ahora costarán entre 8 y 12 millones de pesos aproximadamente.
En el multifamiliar Juárez según la Comisión Nacional de Emergencia, se perdieron 785 viviendas cuyos habitantes fueron canalizados en un 70% a través del Fovissste para la adquisición y créditos, fuera del centro de la ciudad. La Sedue y el Departamento del Distrito Federal han reconocido que en las colonias del centro existen más de 46 mil viviendas dañadas, no fueron expropiadas.
Por otra parte, tanto fundaciones religiosas como organismos privados han beneficiado o beneficiarán a través de sus programas, a mil 49 familias. Si tomamos en cuenta que la demanda social de viviendas afectadas por el sismo asciende a 500 mil viviendas, que requieren ser reparadas o reconstruidas, más el déficit existente de dos millones de viviendas, todo el programa de reconstrucción sólo ha podido beneficiar o va a beneficiar a nueve mil 923 familias, de las cuales, cerca de 17 mil fueron descentralizadas a la periferia del Distrito Federal o al estado de México.
Compañeras y compañeros diputados, esto significa que sólo se ha podido atender el 18% de los problemas de vivienda tras las consecuencias naturales, económicas y sociales después del 19 de septiembre; el resto - es necesario subrayarlo - , está requiriendo atención y solución, esto se manifestará con mayor profundidad en la misma medida en que el gobierno no tome las medidas consecuentes y claras para su solución.
Queremos referirnos al decreto de expropiación y queremos referirnos a ese decreto de expropiación en función precisamente de lo que trató de enfrentar respecto a la agudización del problema de vivienda.
Después de los sismos, las manifestaciones de agudización de ese problema y de la lucha de las organizaciones políticas y sociales por resolverlo, por hacer frente no solamente a los inmuebles dañados, sino también a la especulación enorme que se desató a las rentas por encima de la capacidad de pago de los inquilinos, al deterioro
considerable de las acusaciones por falta de mantenimiento, hacinamiento, etcétera, después - decíamos de eso - , esas manifestaciones se encrudecieron de una manera dramática en la ciudad como consecuencia de las miles de viviendas que resultaron afectadas.
Ante esta situación, las organizaciones que se conformaron a raíz de la tragedia y diversas organizaciones políticas se manifestaron por la expropiación de los inmuebles dañados, así como de aquellos que por negligencia de los propietarios se encontraban seriamente deteriorados. Esa medida conjuntamente con otras demandas, se plantearon como un primer paso que podría poner fin al déficit de vivienda y a la especulación con el suelo urbano en la ciudad.
Con fecha 11 de octubre de ese año, el Ejecutivo Federal aun en contra de sectores que consideraban aventurera, peligrosa y demagógica esa medida, emitió un decreto por el cual se expropiaban, por causas de utilidad pública, inmuebles de propiedad particular afectados por el sismo. La lista de inmuebles que contemplaba dicho decreto, fue depurado, presentándose una nueva relación con fecha 21 de octubre del mismo año.
No obstante los errores y omisiones en que se incurrió, esa medida del Ejecutivo resultó benéfica para el desarrollo del Programa Emergente de Vivienda en su fase I.
Consideramos por otra parte, de manera crítica, el decreto de expropiación nos da derecho a la posición que adoptamos, el impulso que le dimos, la lucha por su cumplimiento y por la corrección de sus omisiones. Por eso agregamos, por otra parte, que el decreto vino a destrabar un problema donde competía y compiten fuertemente los intereses del gran capital inmobiliario, contra los intereses de los habitantes de estas zonas, sólidamente arraigados a sus costumbres y con una permanencia de varias generaciones. Frente a las condiciones e intereses de los segundos, y los planes de centralizar, ni las leyes inquilinarias han sido consecuentes y eficaces.
En el informe presentado por el Presidente Miguel de la Madrid el 19 de octubre, ante la Comisión Metropolitana de Emergencia, se justificaba la expropiación como alternativa para salir - cito - , "del círculo vicioso que había que solucionar de la mejor manera posible. Por una parte al propietario no le interesaba realizar mejoras al inmueble, puesto que el arrendamiento del mismo no redituaba ni los gastos: el Impuesto Predial, el derecho por el servicio de agua, el mantenimiento de las áreas generales, el sueldo de los porteros, etcétera.
Por otro lado, el inquilino no tenía ningún interés en invertir sus pequeños ahorros en mejorar la vivienda, puesto que la misma no era de su propiedad o bien las reparaciones representaban un costo tan elevado que quedaba fuera de sus posibilidades, la falta de un crédito para esa vivienda dada su ausencia de garantía real para esta operación". Termina la cita de lo dicho por el Presidente de la República en la Comisión Metropolitana de Emergencia, el 19 de octubre de 1985.
Más adelante el documento señalaba que no podemos rehuir el compromiso del Gobierno de la República con las clases más desprotegidas, aunque muchas veces las medidas se ataquen porque afectan los intereses de un grupo minoritario.
En congruencia con el Programa de Reordenamiento Urbano y Preservación Ecológica, implícitamente el Presidente ante la Comisión Metropolitana de Emergencia afirmaba: "El haber decidido un programa habitacional popular de esta magnitud, en algún otro lado hubiera significado ampliar en mayor medida la mancha urbana del Distrito Federal, con la grave consecuencia de incrementar el desequilibrio ecológico de la capital".
Adicionalmente al costo de las viviendas se hubiera tenido que agregar el respectivo importe de una nueva infraestructura urbana, sin considerar los problemas que representa llevar hasta estos sitios los servicios públicos fundamentales de dotación de agua potable, drenaje, alumbrado público, teléfono, servicio de transporte y apoyos comerciales y demás servicios.
Del punto anterior se desprenden las condiciones en que se apoyaba el decreto expropiatorio por parte del Presidente de la República el 19 de octubre de 1985, todas y cada una hay que decirlas, y por eso citamos lo dicho por el Presidente de la República, prevalece y hoy esas condiciones son mucho más graves que en octubre de 1985. Con la recatastración en colonias como la Centro, Guerrero, Peralvillo, Santa María la Ribera, Morelos.
Los inmuebles aumentaron su valor hasta un mil y mil 500%, sólo en las colonias del Centro, el valor del metro cuadrado se estima en 150 mil pesos; bajo estas condiciones se restringe el número de propietarios que deseen invertir en sus inmuebles, a menos que pudieran lanzar a sus habitantes, por lo general de escasos recursos.
A su vez los inquilinos no tienen condiciones para comprar, ya que con ese valor no puede haber condiciones de crédito que pudiesen cubrir las familias que ocupan estos predios. Un ejemplo de ésto es el caso de Leandro Valle número 20, situado frente a la Plaza Santo Domingo, en el cual habitan más de 120 familias en condiciones ruinosas y cuyo predio tiene un área de más de 6 mil m2; este predio fue expropiado y su propietario Alfredo Átala se amparó contra el
decreto. El Departamento del Distrito Federal ha ofrecido 88 millones de pago por éste y sin embargo el propietario exige 880 millones, o sea un mil por ciento más.
Las colonias más densamente expropiadas fueron la Morelos, Guerrero, y sin embargo el decreto sólo afectó al 40% de estas colonias y recordamos todos que se dejó fuera del decreto a la colonia Obrera, y condiciones semejantes también en cuanto a la Morelos y a la colonia Guerrero privan en la colonia Obrera y en la colonia de los Doctores. El resto por las razones antes expuestas, no tiene posibilidades de adquirir y mejorar sus viviendas, dadas las cada vez más graves condiciones económicas de esta población, lo restringido de los créditos incluyendo al Programa, fase II y el aumento considerable del suelo, promovido por las mismas autoridades del Departamento del Distrito Federal. La especulación que se realiza con el suelo urbano, continúa siendo negocio de un grupo minoritario, por lo cual no es justificable postergar la solución a un problema eminentemente social que afecta a todos, manteniendo los privilegios de ese grupo, no tomar medidas legislativas adecuadas y por parte del Gobierno significará en el futuro el agravamiento mayor de las condiciones de vida y de vivienda de más de 400 mil familias. Si el Gobierno pretende desarraigar y reubicar a éstas en la periferia, entonces sería contradictorio con lo expuesto al final del punto cinco, en lo que se refiere a lo costoso de aumentar la mancha urbana con un crecimiento horizontal de la ciudad.
El Programa de Renovación Habitacional Popular, cuenta con 200 mil 512 millones de pesos, para cubrir las necesidades de 44 mil 437 familias. Si comparamos esta cifra con lo que el gobierno tiene que pagar por cada punto que aumentan los intereses de las inversiones a plazo fijo en Cetes, Petrobonos, etcétera, cada punto porcentual significa 106 mil millones de pesos, que el gobierno tiene que pagar a los capitalistas parasitarios, muy semejantes a los grupos minoritarios que poseen la mayor parte de la propiedad inmueble de las colonias del Centro de la ciudad.
En este sentido, el Programa de Renovación significa dos puntos de pago de intereses de la deuda interna. De esa manera el gobierno podría pagar con certificados de tesorería a los propietarios expropiados el valor catastral, asegurándoles sus altas tasas de interés: 84, 87, más de 90 y alrededor de más del 100%, mismas que no reciben hoy de rentas de sus inquilinos. Y a las familias beneficiadas con el Programa de Renovación Habitacional Popular, se les ha fijado en un millón de pesos el valor del suelo, esto significa que de 44 mil 437 familias, el gobierno pagó 44 mil 437 millones a los propietarios expropiados, que en total fueron 3 mil 969. A esos en promedio les tocó 11.2 millones, los cuales perciben de intereses 9.4 millones de pesos anuales en promedio.
¿Podemos acaso, compañeras y compañeros diputados ignorar esta situación, no considerarla, no analizarla, no tomar medidas a fondo y serias efectivamente, las que en nuestro medio y en nuestras posibilidades sean medidas radicales para acabar con una notoria y evidente injusticia social? ¿No tiene que ver ésto con la reconstrucción y con la renovación, con la superación de los efectos de los sismos, y no - hay que decirlo con toda fuerza con vehemencia, en este momento en que la Cámara de Diputados hace recuento - , plantea problemas, señala metas frente al aniversario primero de los sismos?
Yo quisiera, compañeras y compañeros, dedicar una parte de esta intervención, porque estimamos que es importante, porque creemos que no es perder el tiempo, porque recoger un punto de necesaria atención. Queremos referirnos a la fase II del Programa Emergente de Vivienda, y queremos dar nuestra opinión de manera muy concreta, de manera rápida, pero con algunos detalles.
Este programa, ya sabemos, fue tratado por el Departamento del Distrito Federal y la Sedue ante el problema de vivienda de los habitantes de la ciudad de México cuyos inmuebles fueron seriamente dañados por los temblores de septiembre, y no se incluyeron en ninguno de los decretos expropiatorios, por errores, por omisiones o por arreglos previos con los propietarios.
Con este programa, como se ha dado a conocer, se pretende beneficiar a 16 mil familias, se les destina un presupuesto de 46 mil millones de pesos, los cuales se cubrirían en un 83% con recursos externos provenientes del Banco Mundial, y 17% con recursos fiscales. Se estiman además 25 millones de dólares de fundaciones privadas que favorecerían a 8 mil familias.
Es importante esta cuestión. No podríamos, no deberíamos dejar de detenernos en ella sin establecer algunas conclusiones que la Cámara de Diputados está en la necesidad y en el deber de plantearse, al dedicar esta parte de su labor de hoy a los problemas derivados del desastre que asoló al Distrito Federal y a otros lugares de la República y el año pasado, y en estas fechas. Recordemos las características de esta fase segunda del Programa de Emergencia Habitacional Popular, hablan por sí solas, e independientemente de su propósito, del intento que conlleva en el sentido de tratar de resolver una situación a la que no somos, no podemos ser indiferentes, ni desconocemos en su finalidad, no son una salida eficaz a la misma. Lo que presenta el programa no es la solución ni la única, ni la más favorable a los intereses populares, aún más, diríamos, la que
más conviene al Gobierno desde el punto de vista social y económico.
Estos requisitos señalan por ejemplo lo siguiente: para obtener los créditos - que se trate de inmuebles seriamente dañados por supuesto - , es una condición, por los sismos, que los propietarios estén dispuestos a vender; que el inmueble no esté hipotecado o tenga adeudos fiscales; que los inquilinos tengan una base financiera, o sea, un enganche del 10% del crédito otorgado, aproximadamente 310 mil pesos en caso de vivienda nueva fijado el precio de ésta en 3 millones 100 mil; que los inquilinos se constituyan como asociación civil con una cláusula adicional: "la compraventa con los propietarios deberá hacerse bajo las condiciones del precio del suelo aprobado por el programa", el cual fluctúa entre 15 mil y 22 mil pesos metro cuadrado según la zona. Cabe hacer notar que las 16 mil familias que se pretende beneficiar están localizadas en alrededor de 698 predios, 300 en el Centro, 70 en Peralvillo y 50 en la colonia Morelos, abarcando básicamente la zona del Centro. Sin embargo, son 40 mil las que se encuentran en condiciones semejantes a las del decreto expropiatorio, reconocido así por las propias autoridades.
Si bien es un hecho que resalta por sí sólo, también debe subrayarse otro, con la conclusión que le corresponde y que no puede soslayarse: si los predios hasta ahora considerados en la fase segunda del Programa Emergente de Vivienda, presentan las mismas características a las que se redujo finalmente el decreto expropiatorio de octubre de 1985, no existe razón ni justificación para que se les explique el trato diferenciado que se les pretende dar.
Es de llamar la atención igualmente el hecho de que los créditos otorgados por el Banco Mundial al Gobierno mexicano para la fase segunda del Programa, será utilizado en parte importante para el pago de los casatenientes del centro de la ciudad, en una negociación de compraventa a precios del suelo cercanos a los comerciales, circunstancia que a todas luces es injusta si consideramos además las condiciones económicas del país y la de por sí impagable deuda externa.
Es evidente que se requiere plantearse una opción distinta. A estas alturas dado el grave problema social que implica esta cuestión ¿Va a mantenerse el criterio hasta ahora incluido en el programa, como el que señalamos? El afán de buscar otra opción, nos mueve a la proposición que presentaremos.
Resulta también, compañeras diputadas y compañeros diputados, muy evidente que con el sistema de adquisición de viviendas representado por este programa, si el dueño del inmueble no quiere vender, cosa más que probable, los inquilinos deberían o serían reubicados en predios que pudieran comprarse y se encontraran en la periferia de la ciudad, con el consiguiente desarraigo social y cultural y todas las consecuencias negativas que eso acarrearía.
Es inevitable preguntarse, aun en los casos en que los inquilinos de inmuebles dañados que se vieran obligados a optar por la reubicación, no dejarían un edificio en el centro de la ciudad que inmediatamente fuera ocupado y ya no con rentas congeladas ¿quién sería así el más beneficiado? Para ser beneficiario del programa fase II, todo inquilino debe presentar una carta de compromiso del propietario sobre la posibilidad de venta del inmueble dañado. Este requisito lleva a los interesados a encontrarse con predios intestados, vecindades divididas, que por ser rentas congeladas, una parte de los vecinos además no quiere comprar; propietarios que aprovechan la situación para deshacerse de inquilinos que consideran problema.
Es de advertirse que si alguna organización de vecinos se encuentra con alguno de esos problemas, quedan excluidos del programa fase II.
Ahora bien, consideremos en el supuesto que los inquilinos después de llevar todos los requisitos antes señalados y el Departamento del Distrito Federal y la Sedue hayan pagado al propietario con el crédito externo, éstos se enfrentan a condiciones notoriamente diferentes de los vecinos que habitaban los predios que sí fueron expropiados. Consideremos - decíamos - , esa situación de diferenciación en estos términos:
Uno. El crédito es mayor y con un 10% de enganche, lo cual no existe en el Programa de Renovación Habitacional Popular.
Dos. No son sujetos de ayuda de renta o vivienda provisional mientras se construye su vivienda.
¿A dónde van a ir? ¿No está definido si el crédito incluye la demolición o los estudios y proyectos, etcétera.
Hemos distraído su atención, compañeras y compañeros diputados, tratando de dar elementos de juicio, de señalar circunstancias objetivas, inobjetables que llevan a una conclusión, es necesario que nuestra Cámara de Diputados se pronuncie realmente por tomar el problema en sus manos y por aprobar una medida, desgraciadamente la Cámara de Diputados ha renunciado a otras facultades, facultades que ahora únicamente puede ejercer el Poder Ejecutivo, por lo mismo nos permitimos leer el siguiente texto:
"Compañero presidente de la Cámara de Diputados; los suscritos diputados representantes de las fracciones parlamentarias que al calce se menciona, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos proponen a esta asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Que esta Cámara se dirija respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, para que en uso de sus facultades amplíe el decreto por el cual se expropian por causas de utilidad pública, los inmuebles de propiedad particular afectados por el sismo, incorporando al mismo los inmuebles contemplados en el Programa Emergente de Vivienda fase II, a cargo del Departamento del Distrito Federal y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología , así como aquéllos inmuebles no incorporados a algunos de los programas de vivienda que reúnan las características y estén dentro de los supuestos señalados por el propio decreto expropiatorio.
Firman esta proposición de punto de acuerdo, por el Partido Socialista Unificado de México, Arnoldo Martínez Verdugo; por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el compañero Pedro José Peñaloza; por el Partido Mexicano de los Trabajadores, el compañero Eduardo Valle Espinosa".
Los tres diputados a esta LIII Legislatura del Congreso de la Unión, doy a ustedes las más cumplidas gracias por su atención y la consideración que puedan merecer estas estimaciones.
Muchas gracias.
El C. presidente: - En estos términos del artículo 102 de nuestro reglamento, tiene para hechos la palabra por cinco minutos el compañero diputado Sergio Armando Valls Hernández.
El C. Sergio Armando Valls Hernández: - Con su permiso señor presidente: he pedido la palabra para hechos, compañeros diputados, para hacer una precisión en la amplia exposición que nos ha hecho nuestro amigo y compañero diputado Manuel Terrazas.
El se refirió a que la Comisión Especial Pluripartidista había muerto por inanición, en todo caso, tal vez el término pudiera haber sido otro más, no el de inanición.
Yo quiero recordar que esta comisión se crea por decisión soberana de la asamblea el 20 de septiembre de 1985, con una competencia definida en los términos del punto único de este acuerdo que a la letra dice: "Intégrese una Comisión Especial Pluripartidista que en los términos del artículo 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se aboque a investigar los alcances de la tragedia y proponer acciones".
Yo quiero recordar que en las sesiones que llevó a cabo la comisión, en las 18 reuniones convocadas en esta asamblea, se dieron a conocer los alcances de la tragedia en varios informes que su servidor rindió a la misma, así también se hicieron las propuestas concretas de acciones en el ámbito de la competencia del Poder Legislativo.
Posteriormente la propia asamblea amplió la competencia de la comisión para conocer el origen y la aplicación de los recursos.
El comité supervisor de donativos, a través de la Secretaría General de la Contraloría, rindió un informe final sobre ésto el día 16 de abril de 1986, en que compareció el subsecretario B de dicha dependencia y nos dió un informe pormenorizado, que está a disposición de la asamblea, sobre los donativos en especie, y por lo que hace a los donativos en efectivo, él periódicamente cada 15 días, está publicando la aplicación de estos donativos en efectivo independientemente de que en la propia cuenta pública se detalla la aplicación de los mismos.
De tal manera pues, que pudiera estimarse que la Comisión Especial Pluripartidista ha cumplido en la medida de los términos de su competencia con sus funciones, ha venido cumpliendo con ellas; se celebraron con toda oportunidad - y no voy a ser prolijo en ello - , se celebraron reuniones de la Comisión Nacional de Emergencia, con los secretarios de Estado involucrados en el despacho - perdón - , involucrados en la atención de la emergencia; se celebraron reuniones con dirigentes del organismo de Renovación Habitacional Popular, con los titulares de Sedue; recorridos por las zonas desbastadas; en fin, hubo una actividad en la cual el propio compañero diputado Terrazas participó en forma muy destacada y muy activa en estas actividades, de tal manera fue que lo único que quería precisar a la asamblea es que la Comisión Especial Pluripartidista se sujeta a los términos del acuerdo que la creó y en estos términos ha actuado y ha cumplido con sus funciones. Muchas gracias.
El C. Arturo Whaley Martínez: - Pido la palabra para hechos, señor presidente
. El C. presidente: - Para hechos sobre el mismo tema, el señor diputado Arturo Whaley Martínez.
El C. Arturo Whaley Martínez: - Señor presidente; compañeras, compañeros: el compañero Valls no sólo aceptó la muerte de la Comisión Especial Pluripartidista, sino que vino aquí a rezarle el réquiem, la única diferencia con nuestro partido es un problema de medicina patológica, saber si murió de inanición o de intolerancia.
Creo que el hablar tanto del pasado y los hechos que se han venido sucediendo desde el terremoto, a un año del terremoto, llevan a una cuestión que consideramos muy importante, esa consigna que se dió desde el poder y que fue bajando a todas las instancias administrativas y burocráticas y también políticas, de volver a la normalidad, efectivamente operó como una forma de volver a recuperar los controles que la misma movilización popular había conquistado para si misma. Y esto se ha manifestado compañeros no sólo en las instancias que se crearon en las grandes y pequeñas comisiones que se crearon para darle cauce a las ganas de participación que tenía la sociedad mexicana, particularmente la de esta capital, sino también a una renuncia explícita de cualquier iniciativa que pueda tener esta Cámara de Diputados, para resolver los problemas derivados de la tragedia ocurrida hace poco menos de un año.
Esta intervención del diputado Valls nos lleva a esta conclusión: revisemos, veamos si es cierto que esta Cámara cumplió efectivamente con las pocas iniciativas que tuvo, o tal vez contagiada por esos momentos extraordinarios de solidaridad que se dieron en los días subsiguientes al sismo, y veamos si no efectivamente se está pretendiendo enterrar a esta Comisión Especial.
Efectivamente como lo señaló, la Comisión Especial Pluripartidista fue integrada por acuerdo del pleno de la Cámara, para obtener información sobre el impacto y consecuencias de los mismos, emprender acciones de apoyo y revisar la legislación en diversos aspectos, para adecuarla a la nueva situación.
Como resultado de sus trabajos y de la discusión en la propia Comisión, está presentó dos documentos a la asamblea de la Cámara, los cuales fueron aprobados y asumidos colectivamente por ésta.
En el primer documento, informaba de las actividades de la Comisión y se hacían una serie de recomendaciones generales y pronunciamientos en torno a los problemas más urgentes en materia de vivienda, trabajo, uso del suelo, salud y reordenación urbana en general. Además de este tipo de declaraciones, incluía ya el compromiso de promover y realizar los estudios necesarios para legislar sobre la reforma urbana integral y el de realizar las tareas de gestoría que son inherentes a la calidad de representantes populares de los diputados; recogiendo las demandas e inquietudes de los moradores de las zonas afectadas, estableciendo una relación permanente con ellos.
El documento programático presentado el tres de octubre de 1985, y aprobado por unanimidad por el pleno, se enumeraron una serie de propuestas concretas para la atención de los problemas entre las que destacan, por su vinculación directa con el trabajo propio de la Cámara los siguientes:
En materia de reforma urbana y vivienda - cito textualmente - : "La Cámara de Diputados decide promover y realizar los estudios destinados a legislar en materia de reforma urbana integral, para asegurar a toda familia del campo y la ciudad, el derecho de una vivienda digna y decorosa, de conformidad con el artículo cuarto constitucional".
¿Qué queda de este propósito de la Cámara, le preguntaría particularmente al compañero Valls?
¿Qué queda de este propósito de promover y realizar los estudios destinados a legislar en materia de reforma urbana integral, y si esta Cámara y la Comisión que ella nombró, efectivamente se abocó a las tareas para las que fue creada?
la Cámara de Diputados revisaría la legislación en materia de arrendamiento, y promovería medidas administrativas y legislativas que permitan la más amplia protección de los derechos de los afectados por el sismo, a fin de combatir la especulación con la vivienda en arrendamiento.
También preguntaría tanto al presidente de esta Comisión Especial, como al presidente de la Comisión del Distrito Federal, que ante una serie de iniciativas de diferentes partidos, del Partido Socialista Unificado de México, del Partido Popular Socialista, del Partido Revolucionario de los Trabajadores ¿qué ocurrió ante estas iniciativas? Simplemente se les desestimó y se consideró que no podían operar porque se podía afectar el mercado de vivienda.
El hecho es que, a diferencia de hace un año, hoy no podemos hablar de que puede suceder un proceso de especulación de la vivienda. En realidad estamos viviendo en el marco general de un proceso económico altamente especulativo, uno de los más graves es precisamente el de la vivienda, en realidad los hechos que se dieron en las semanas subsecuentes no sirvieron, esa enorme solidaridad popular no sirvió para construir una nueva colectividad, sino para iniciar un proceso, el proceso de expulsión de los pobres de esta ciudad, de este espacio físico.
En materia de trabajo y previsión social, se decía - cito textualmente - : "vigorizar las acciones tendientes a proteger los derechos laborales de quienes perdieron su centro de trabajo por los sismos, por impulsar programas de empleo y apoyo a los pequeños productores y comerciantes, estudiar y, en su caso, adoptar medidas legislativas que permitan reforzar las atribuciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y garantizar a los damnificados un fácil acceso a la justicia laboral; propiciar la incorporación de familiares de los desaparecidos y damnificados, a programas de
solidaridad a cargo de instituciones de seguridad social".
Muy poco hicimos en la Cámara en torno a este problema del trabajo y la seguridad social, y muy poco ha hecho el secretario del ramo, que está más preocupado en encontrar justificaciones legaloides al cierre de fuentes de trabajo en el país, cumpliendo afanosamente las autoimposiciones del Gobierno mexicano, en sus tratos con el mundo financiero internacional.
En materia de justicia, no solo podemos ver los propósitos fracasados sino también esa brillante argumentación que dió el compañero Oñate en defensa de la entonces procuradora, la señora Victoria Adato de Ibarra, que con gran brillo intelectual, sirvió para defender causas muy nobles y que a los pocos meses de ésto, de haberse dado esta batalla, el propio Presidente de la República tomó la decisión de destituir, de pedirle la renuncia.
La Cámara de Diputados y en especial la Comisión Especial Pluripartidista, no sólo no cumplió con estos compromisos adquiridos públicamente, sino que además no dictaminó las iniciativas presentadas por los distintos grupos parlamentarios para enfrentar los problemas derivados de los sismos.
El 24 de septiembre nuestro partido presentó como propuesta, una iniciativa para limitar los alquileres de vivienda y la suspensión de juicios de recesión de contratos de arrendamiento en las zonas afectadas por los sismos. Otros grupos parlamentarios hicieron propuestas de modificaciones a diversas disposiciones, incluso el propio partido oficial propuso dos meses después de los sismos, un conjunto de iniciativas que en realidad habían sido procesadas por diputados de todos los partidos, pero tampoco éstas se dictaminaron.
Yo creo que no ayuda, nosotros pensamos que no ayuda en nada reducir todo a un problema de enumerar cuántas viviendas se han construido y cuántas se tienen proyectadas por construir. Creemos que en este proceso se perdió lo más importante de lo que se había dado posterior a la tragedia, que era lo que ya decía hace un momento, las ganas de participación que existían en la sociedad mexicana y en particular entre los capitalinos, que incluso contagiaron a esta Cámara y la llevaron a eso, a tener iniciativa.
Hoy estamos presentando una, la que presentó el compañero Manuel Terrazas, para que se solicite al Ejecutivo la ampliación del decreto de expropiación.
Si bien no ayuda tampoco el exagerar los datos, creemos que esta posición crítica y también autocrítica de nuestro partido, permitirá valorar esta iniciativa y poder recuperar lo que esta Cámara perdió en los meses pasados de capacidad de iniciativa y regresó efectivamente a la normalidad de estar sujeto a las disposiciones, a los programas, a las iniciativas del Poder Ejecutivo.
Hacemos pues este llamado no sólo en términos de la justicia de nuestro planteamiento, sino también en términos de un momento en que es necesario recuperar la posibilidad de imaginación y de iniciativa, que aunque sea por un momento se pudo vislumbrar en esta Cámara. Muchas gracias compañeros.
El C. presidente: - Está pendiente de darle trámite a una propuesta del señor diputado Manuel Terrazas Guerrero. Quiero suplicarle a la secretaría de lectura a los puntos propositivos.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez:
"Punto de Acuerdo: Único. Que esta Cámara se dirija respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo para que en uso de sus facultades amplíe el decreto por el cual se expropian por causas de utilidad pública los inmuebles de propiedad particular afectados por el sismo, incorporando al mismo los inmuebles contemplados en el Programa Emergente de Vivienda, fase II, a cargo del Departamento del Distrito Federal y Sedue, así como aquellos inmuebles no incorporados a algunos de los programas de vivienda que reúnan las características y estén dentro de los supuestos señalados por el propio decreto expropiatorio".
El C. presidente: - En los términos del artículo 58 se consulta a la asamblea si existen oradores en pro o en contra de esta proposición. El diputado Efraín Calvo Zarco tiene la palabra.
El C. Efraín Calvo Zarco: - Parece realmente curioso que se pueda repetir de nueva cuenta aquella discusión que se dió cuando se propuso en esta Cámara de Diputados, hace ya un año, 24 de septiembre de 1985, el decreto expropiatorio; cuando se presentó en aquel entonces, se planteó por parte de la mayoría priísta que era un decreto inadecuado, aventurero, peligroso y no se cuántos más calificativos se nos hicieron llegar.
Cuando se planteó por parte del Presidente, la cosa fue completamente diferente; entonces era un decreto patriótico, de alcances históricos, de una visión impresionante etcétera. Nosotros señalamos que el decreto expropiatorios - nosotros y muchos partidos - . por supuesto era conveniente, que era un paso adelante, pero que sin embargo había sido hecho mal, y había sido hecho mal porque había incongruencia impresionante, podíamos ver cómo al lado de una vecindad expropiada, había otra en las mismas y exactas condiciones no expropiada. Pudimos corroborar que
cuando se hizo la corrección al decreto expropiatorio, no solamente se quitaron vecindades o viviendas en las que se habían cometido errores ¿errores como cuáles? como los expropiar casas del Departamento del Distrito Federal, o bien casas que ya eran propiedad de los mismos inquilinos, sino que además se quitó una parte significativa de los damnificados que se quedaron entonces sin respuesta, el caso más grave de esos, pero no el único, fue el de los habitantes de la colonia Roma ¿cuál fue el pretexto para retirar a varios predios de la colonia Roma del decreto expropiatorio? que no se tratara de lugares donde hubiera gente del pueblo necesitada.
Se dijo entonces que el decreto expropiatorio estaba destinado fundamentalmente a servir a la vivienda popular, pero no se tomó en consideración que mucha gente de la colonia Roma y de muchas otras partes, que fueron retiradas del decreto expropiatorio o que no fueron contempladas en el decreto expropiatorio, primero, vivían en realidad en condiciones muy difíciles.
En la propia colonia Roma se han hecho estudios y se ha desmentido el hecho de que vivía pura gente acomodada. Hay una enorme cantidad de pequeños comerciantes o de subempleados que de una manera muy difícil se tiene que ganar la vida, estas personas no tienen alternativa con el programa fase II. No tienen alternativa porque no tienen de dónde sacar el famoso 10% que requieren de enganche para entrar en este famoso plan fase II.
Tampoco tienen con qué pagar las mensualidades que se van a cobrar y que son mucho más altas que las que plantea el Programa de Renovación Habitacional Popular para las viviendas expropiadas.
A esta gente, la única alternativa que les está quedando es que se vaya, se desconcentre, que se vaya a los suburbios del estado de México y esto en condiciones mucho más complicadas y difíciles que las que actualmente habitan, porque no tienen a quién recurrir, cómo resolver su problema.
Por eso el programa - plan fase II, es un programa completamente inadecuado para la población; es absolutamente necesario que el espíritu del decreto expropiatorio - nótese bien - , el espíritu del decreto expropiatorio, fuera fundamentalmente que apuntara a preservar la imagen y las tradiciones de los barrios, se siga extendiendo a todos los lugares en donde hubo viviendas dañadas por los sismos.
Nosotros pensamos que de no hacerse así, el plan fase II solamente va a dar entrada, primero a la desconcentración que mencionábamos y segundo, también va a dar entrada a la especulación de la tierra, del suelo urbano y al enriquecimiento de los casatenientes. De esta forma el plan fase II realmente rompe el espíritu expropiatorio y no da solución a los damnificados de las personas de la colonia Roma, de la colonia Centro, Morelos, Tepito, etcétera, que no estén contempladas dentro del programa expropiatorio.
Pensamos que es una injusticia, una irregularidad, una incongruencia que el decreto expropiatorio se haya atorado donde está, y vamos a ver qué nos dice el compañero Valls para tratar de justificar que ya no se amplíe el decreto expropiatorio.
¿Es un problema económico? ¿Es un problema político? ¿ De qué se trata? ¿No hay dinero? si es un problema político ¿qué tipo de argumentos se dan para que el decreto no se vuelva a presentar? porque muchas veces se ha dicho que ya no se va a lograr esta cuestión del decreto expropiatorio, que el gobierno ya no va a volver a plantear esta medida, pero nunca se ha dicho porqué.
Queremos escuchar los argumentos políticos de peso para poder saber exactamente ¿por qué se oponen ustedes? para decirlo así a la población damnificada ¿Por qué se oponen a la ampliación del decreto expropiatorio?.
Nosotros seguimos manteniendo nuestra propuesta; obviamente cuando lo hicimos en una primera ocasión dijimos que está bien que la mandaran a la congeladora, que la podían mandar cuantas veces quisieran a la congeladora, pero que ya iba a venir el pueblo, los damnificados a esta Cámara o a cualquier otro lugar para descongelar esta iniciativa y así fue, el 27 de septiembre los damnificados organizaron una marcha que partió desde aquí de la colonia Morelos, hasta el Zócalo y arrancaron la expropiación; vamos a ver si no les pasa lo mismo a esta nueva opción del partido oficial a que el decreto expropiatorio se amplíe.
Eso es todo. Gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Sergio Valls Hernández
. El C. Sergio Armando Valls Hernández: - Con su permiso señor presidente; compañeros diputados; los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por mi conducto manifiestan que estamos de acuerdo en el fondo, de la propuesta del compañero Manuel Terrazas. Solamente queremos a nuestra vez proponer una modificación en la redacción, tomando en cuenta que la expropiación es un acto propio del Poder Ejecutivo, que la atribución le corresponde al Poder Ejecutivo que por lo tanto estamos en obligación de manejar un lenguaje de cortesía hacia el Poder Ejecutivo, como esté lo hace para con nosotros.
En tal virtud ruego a la secretaría, señor presidente, con su anuencia, se sirva dar lectura nuevamente al punto de acuerdo para hacer la propuesta correspondiente.
El C. presidente: - Proceda la Secretaría en atención a la solicitud del señor diputado.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - El punto de acuerdo de la proposición dice así: "Punto único. Que esta Cámara se dirija respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, para que en uso de sus facultades amplíe el decreto por el cual se expropian por causas de utilidad pública, los inmuebles de propiedad particular afectados por el sismo, incorporando al mismo los inmuebles contemplados en el programa emergente de vivienda fase II, a cargo del Departamento del Distrito Federal y Sedue, así como aquellos inmuebles no incorporados a alguno de los programas de vivienda que reúnan las características y estén dentro de los supuestos señalados por el propio decreto expropiatorio.
El C. Sergio Armando Valls Hernández: - En la parte que dice" Se amplíe el decreto"; nosotros proponemos que diga de la siguiente manera:
"Que se considere la conveniencia de ampliar el decreto expropiatorio". Y todo lo demás en los mismos términos.
Es esa la propuesta que respetuosamente los diputados del Partido Revolucionario Institucional, hacemos con relación a lo que usted ha propuesto señor diputado Manuel Terrazas.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Aceptado compañero presidente.
El C. presidente: - En virtud de que ha sido aceptado por el ciudadano Manuel Terrazas que formuló la proposición, consulte la secretaría.
El C. Antonio Monsiváis Ramírez: - Pido la palabra para hechos.
El C. presidente: - Para hechos sobre este mismo tema. Tiene la palabra el señor diputado Antonio Monsivaís.
El C. Antonio Monsiváis Ramírez: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: he solicitado el uso de la palabra con el objeto de razonar o de traer hasta ustedes el razonamiento, en torno al punto de acuerdo que se está discutiendo respecto de la fracción del Partido Demócrata Mexicano.
La proposición de ampliación del decreto expropiatorio para dotar de vivienda al mayor número de ciudadanos damnificados por el trágico terremoto del día 19 de septiembre de 1985. Nosotros creemos que tienen buenos propósitos.
En esta ocasión la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, sostuvo que nuestro partido no podía oponerse a que se dotara de hogar a quienes quedaron sin habitación, se les pudiera dar un techo digno de la calidad de seres humanos. Y los diputados del Partido Demócrata Mexicano apoyamos el decreto expropiatorio del 11 de octubre del año pasado, que afectó inicialmente a siete mil predios de la capital de la República, basándose en los principios de nuestro partido. En efecto en las bases programáticas que con motivo de las elecciones de 1985 aprobó nuestro partido, se sostuvo, al hablar sobre la democracia social, que el que la propiedad sea del pueblo no quiere decir que la acapare el gobierno, sino que se difunda entre sus gobernados.
Se dijo además que si la propiedad particular es un bien y una garantía de libertad para quien la tiene, ésta debe difundirse entre el mayor número posible de personas para que todos podamos ser libres.
En dichas bases se sostuvo también que la reforma urbana por la que lucha el Partido Demócrata Mexicano, garantiza una casa propia y digna para cada familia mexicana, como base de seguridad para que los miembros de ella puedan moverse en libertad y participar en las decisiones de la sociedad mexicana.
Por lo anterior, y basados en la lucha de nuestro partido por lograr hacer de cada mexicano un propietario, en contra de lo que pretenden otras ideologías que quieren convertir en proletarios a todos los mexicanos, la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano apoya en esta ocasión este punto de acuerdo.
Sin embargo, reconocemos que debido tal vez a la celeridad, la precipitación con que se realizó la expropiación de predios, provocó una desviación en las intenciones, ya que fue causa de injusticias y errores que permitieron el despojo de su propiedad a mexicanos que tenían como único patrimonio familiar su vivienda, con lo cual se elevó el número de damnificados, estos últimos no por el terremoto sino por los encargados de velar por su seguridad como son las propias autoridades capitalinas.
En tal virtud, nuestro partido mantiene su posición de apoyo para dotar de vivienda digna al mayor número de mexicanos, pero se opone terminantemente a que para lograrlo se despoje a otros ciudadanos que sólo tienen como patrimonio el hogar donde viven.
En tal virtud, nuestro punto de vista es que pueden ser expropiados aquellos predios que representen un exceso de propiedad particular para sus dueños, es decir que dichos predios sean
considerados como parte del monopolio del tener, en contra del cual el Partido Demócrata Mexicano lucha.
Igualmente sostiene el Partido Demócrata Mexicano que si se expropian nuevos predios, se construyan en ellos el mayor número de viviendas populares, cuyo valor esté al alcance de los ciudadanos cuyos ingresos les hayan impedido hasta el presente adquirir en patrimonio un hogar.
Este es el razonamiento, esta es la posición de la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano. Por el honor de su atención muchas gracias.
El C. presidente:- Consulte la secretaría si se admite o no a discusión la propuesta del señor diputado Manuel Terrazas, con la modificación...
¿Quiere usted tomar la palabra?
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Pido el uso de la palabra para fundar nuestro voto.
El C. presidente: - Tiene el uso de la palabra el señor diputado Juan de Dios Castro.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señoras y señores diputados. Este tema de la expropiación toca un tema de carácter ideológico que establece, ya ha establecido hasta ahora las discrepancias profundas que sobre este tema existen, en los principios ideológicos de los distintos grupos parlamentarios aquí representados, el tema de la propiedad.
Y el constituyente de 1917 estableció un principio que es la materia de este debate que fue la materia de muchos debates en el período legislativo anterior, sobre la procedencia o la licitud de la expropiación por parte del gobierno del Departamento del Distrito Federal y del Ejecutivo Federal mismo, y por parte de los ejecutivos en las distintas entidades federativas.
Es indiscutible señoras y señores diputados, y no podemos refutar el derecho del Estado a expropiar como principio. Nosotros mantenemos la tesis, cuando hablamos que procuramos la difusión de la propiedad privada entre todos los particulares, porque estimamos que es un medio de que el particular pueda mantener su independencia y su libertad frente al Estado, y por eso establecemos en nuestros principios de doctrina que debe procurarse la difusión de la propiedad privada.
Pero señora y señores diputados, nosotros no decimos que la propiedad privada sea un derecho absoluto e ilimitado, nosotros no establecemos el principio de la parte final del derecho romano, del derecho de usar, disfrutar y abusar de la propiedad; nosotros establecemos el principio de que sobre la propiedad pesa una hipoteca social y que ésta siempre está subordinada a los dictados del bien común. Y tal parece que el legislador, el constituyente del 1917 estableció no el derecho ilimitado sobre la propiedad privada, estableció sí el derecho del Estado a expropiar en determinadas condiciones y circunstancias.
Y el artículo 27 de la Constitución es categórico en uno de sus párrafos y dice así - sito en el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 27 constitucional - :"Las leyes de la Federación y de los estados en sus respectivas jurisdicciones determinarán los casos que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada y de acuerdo con dichas leyes, la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente."
El precio que se fijará como indemnización de la casa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figuren en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado, o por los propietarios o simplemente aceptado por ellos de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esa base.
¿Que deviene de aquí ciudadanos diputados? que conforme a la Constitución, que conforme a la ley fundamental, el Estado tiene derecho a expropiar no a confiscar, porque la propia Constitución prohibe la confiscación, tiene el derecho a expropiar y ¿qué debemos entender por expropiación? sino la imposición de manera unilateral que el Estado hace al particular, para que le ceda su propiedad a cambio de una indemnización; pero señoras y señores diputados no olvidemos algo, las expropiaciones se hacen por causa de utilidad pública, así lo dice la Constitución.
Lo que nosotros decimos cuando la propiedad esta subordinada al bien común, es precisamente porque impera la causa de utilidad pública, entonces la autoridad cuando realiza una expropiación por imperativo legal, por disposición constitucional, señoras y señores diputados, tiene que establecer en el decreto expropiatorio todas y cada una de las razones y causas que lo motivaron a tomar la decisión de expropiar.
No paso inadvertido un hecho señoras y señores diputados, que este artículo tiene en este año de 1986, en esta década, una terrible deficiencia que provoca una injusticia en la expropiación: te impongo la sesión de Tú propiedad, si pero a cambio de esto te doy la justa compensación.
Yo promoví una iniciativa de reforma a esta fracción VI del artículo 27 constitucional, que como casi todas las iniciativas de la oposición, permanece durmiendo el sueño de los justos en la Comisión Dictaminadora.
Y yo quiero preguntarle a alguno de los diputados que quizás suba a dar respuesta a esta argumentación, en esta época de inflación ¿será justo que se entregue, como en forma imperativa lo establece la fracción VI, al particular expropiado el valor que aparece con carácter catastral en la oficina recaudadora? ¿Será una justa compensación que se entregue la cantidad que sirve de base al catastro, como indemnización a cambio de la imposición unilateral que el Estado realiza para la sesión de su propiedad? No teníamos en 1917 el período de inflación galopante que padece el país en 1986. Pero voy más allá.
Apegándonos incluso al texto constitucional, yo no estaría en contra de la expropiación como principio, pero sí señoras y señores diputados, en contra de los decretos expedidos por Miguel de la Madrid en la legislatura pasada que se dieron a conocer al público, que se ejecutaron, que se aplicaron, con la aplicación de una ley de expropiación que establece cuando hay interés público, incluso la ejecución inmediata del decreto expropiatorio dictado por las autoridades ejecutivas.
Me dirán ¡ah!, está en contra de las clases populares que se van a ver beneficiadas por una medida de esta naturaleza; no estoy en contra, porque estoy en contra de la arbitrariedad, porque yo estimo que una medida expropiatoria tiene que estar motivada, no solamente fundada, bastaría con decir el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 27, bastaría con decir con la ley de expropiación vigente desde hace más de 40 ó 50 años.
Ya esta fundado el decreto, sí, pero no quiero que nada más lo funde, quiero que lo motive porque si no lo motiva entonces cualquier particular, cualquier ciudadano ya no el potentado que tiene grandes extensiones de predios urbanos, ya no el casateniente que impide a muchos de sus conciudadanos adquirir un espacio en donde vivir, ya no la cantidad de gente que no consigue vivienda y que parecen nómadas en su propia tierra no, si lo aceptamos sin motivar los ciudadanos diputados estamos dando paso al capricho, a la decisión unilateral del Ejecutivo de los estados o del Ejecutivo Federal.
Según que la expropiación se haga en un estado o se haga en el Departamento del Distrito Federal y nadie me puede desmentir cuando yo lo afirme que desde el punto de vista jurídico, cuando se examina el decreto expropiatorio del año pasado, no había suficiente motivación, no había los estudios y los análisis de cada paso particular para justificar la necesidad de la medida, no había los peritajes y dictámenes técnicos que permitan justificar una medida tomada como se tomó el año anterior.
Y el propio Ejecutivo nos da la razón cuando emitió un segundo decreto expropiatorio para corregir los grandes errores que había en el primer decreto expropiatorio, porque no se ajustó su conducta al artículo 16 constitucional que ordena sin excepción del Presidente a toda autoridad motivar y fundar sus decisiones. Por eso es peligroso decir expropia; ¿con qué estudios?, ¿con qué dictámenes?, ¿con qué peritajes? Y más todavía, ni siquiera ciudadanos diputados, corresponde a está Cámara, es facultad discrecional del Ejecutivo Federal. Muchas gracias.
El C. Alejandro Gascón Mercado: - Pido la palabra para hechos.
El C. presidente: - Sí señor, con todo gusto, un momentito.
El mismo C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Gascón Mercado
El C. Alejandro Gascón Mercado: - Señores diputados, entiendo que ahora estamos en mejores condiciones que hace un año, para ofrecer una serie de soluciones concretas al problema de los damnificados.
Cuando se habla de distintas cifras de desaparecidos, de muertos, da la impresión de que no hemos tenido ni siquiera capacidad de contar. A estas alturas me parece que cualquier medida que se tome, estará basada en la experiencia de 365 días.
Efectivamente, el decreto expropiatorio tuvo muchas fallas, la realidad así lo ha demostrado desde ese punto de vista, desde el punto de vista jurídico, aunque yo no tengo experiencia en esto, pues las expresiones de Juan de Dios Castro parecen lógicas, pero aquí lo importante es que los mexicanos sí tenemos mentalidad expropiatoria.
Todos según se ve en esta Cámara, tenemos la necesidad de expropiar cuando se tenga que expropiar, en eso estamos de acuerdo todos. Que se haga bien la expropiación y se motive correctamente, creo que todos estamos de acuerdo.
Pero hay que expropiar, ¿Por qué hay que expropiar?, porque en una vecindad, amontonados en un cuarto o dos, vivían tres familias; la del abuelo, la del padre y la del hijo; estaban amontonados. A la hora que se hizo el recuento solamente se tomó en cuenta una familia, y las otras dos quedaron volando; son los que les llamaron " los desdoblados". Esos desdoblados quedaron liquidados. No, es que hay que acomodarlos, son 16 mil, son 20 mil; hay que hacer un nuevo recuento y no darle solo el derecho a aquél que nació primero o que llegó primero a la habitación, sino como fruto de una necesidad, que un terremoto, nos creó a todos; ese es el problema.
Pero hay gente que subarrendaba también, que se quedó sin casa, que la aventaron a cualquier parte; esas son como 50 mil familias. Naturalmente esto bastaría para justificar un nuevo decreto de expropiación.
Pero además hay estudios técnicos, ha habido un debate entre los técnicos de carácter nacional, a esas alturas, que ya se dice dónde no deben volver a construir, y nosotros tenemos el deber no solo de preservar nuestro patrimonio actual, sino también de prevenir los riesgos para los mexicanos del futuro en una ciudad como esta. No es posible que estamos repitiendo errores de siglos, por eso hay que expropiar, que la causa de interés público nunca fue mejor justificada que ahora.
Esto está muy claro; ahora que los funcionarios hasta las cosas buenas las hechan a perder en nuestro tiempo, eso es cierto; bueno pero yo creo que esta es la voluntad de Dios, tal parece. ¿Hay que corregir esto?, no, la verdad es que debemos establecer una serie de principios. Me parece que este debate, entre otras cosas, deja claro que aquellos extranjeros que están comprando empresas mexicanas ahora, con motivo de las subastas que se dan en nuestro tiempo, están equivocados. Nosotros tenemos mentalidad expropiatoria, los mexicanos y los extranjeros deben fijarse muy bien en eso, en que vamos a expropiar y también a confiscar en un momento dado. ¿Por qué? Porque los que se han enriquecido ilícitamente en este país, en un momento dado van a tener que ser confiscados, porque si bien es cierto que no hay que pagarle con precios que están en el catastro, también es cierto que no hay que pagar con los precios de las especulación del mercado actual.
Yo creo que todo eso debe verse con cuidado, pero la única solución para los problemas concretos a fin de que éstos no tarden siglos, sino que se haga más o menos rápidamente, es que se vuelva a hacer un proyecto, un plan adecuado para resolver los problemas concretos de los damnificados que siguen en la calle y ésta es la verdad.
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Enrique Bermúdez Olvera.
El C. Enrique Bermúdez Olvera: - Con su permiso señor presidente. Señor como representante de mi partido, Presidente en el Distrito Federal, estamos viviendo momentos muy importantes que queremos declarar en esta Cámara de Diputados a nuestras compañeras y compañeros, y seguramente los que están en mi caso representando a los distintos partidos como representantes en el Distrito Federal lo saben, hay grandes extensiones de terreno que no tienen dueño porque ya la persona murió, tengo varios casos que citar.
Viene la invasión y después viene el juego legal con la burocracia en el cual siempre salen perdiendo los señores que afectaron ese terreno y que tienen derecho porque está vacío completamente de grandes extensiones de terreno. No es uno son muchísimos, muchísimos que existen en el Distrito Federal.
Como dijo el diputado Juan de Dios sin agredir a nadie, con un estudio concienzudo estoy seguro que hay muchos lotes en el Distrito Federal con más de diez años que no han sido ocupados y que no les interesa a los propietarios ni siquiera poner un ladrillo en ese lote.
Nuestro partido y en lo particular servidor de ustedes, hace una proposición que con un estudio preciso, práctico de esos lotes vacíos que a veces son de cientos de miles que no están ocupados, se haga esa expropiación sin agredir a nadie, sino los que no tengan dueño, los que no les interese más que su valor comercial y no hagan un servicio social para las gentes, que se les pague naturalmente. Pero que sí se tome en cuenta que estos terrenos pueden ser expropiados, afectados para el beneficio de nuestros compatriotas y si no naturalmente al venir esta expropiación los señores que tengan terrenos baldíos tendrán la oportunidad de construir y habrá trabajo para varios centenares de nuestros compatriotas.
Por eso señor presidente, en nombre propio hago la siguiente proposición: "Que se consideren para expropiación los terrenos baldíos con más de 10 años, para que puedan ser listos y ocupados para beneficio de tantos damnificados compatriotas nuestros. "Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Efraín Calvo Zarco.
El C. Efraín Calvo Zarco: - Yo creo que este problema hay que ubicarlo, el problema de la expropiación, porque se ha debatido contra esta cuestión, de esta medida fundamentalmente con dos tipos de argumentos: uno de ellos es toda la relación, toda la argumentación legal que presenta el diputado Castro Lozano interesante; él dice en esencia creo que así lo entendí, que no están en contra de las expropiaciones en la medida en que están consignadas en la Constitución, que está en contra de la confiscación y que lo que está pasando actualmente por las irregularidades que se han cometido en la expropiación se parece a esa confiscación. Y también habla de que la falta, la motivación a la ley, al decreto expropiatorio para que se pueda aplicar. Hay otro argumento, el que usó la compañera Cecilia hace un momento que hizo su exposición, yo creo que esto es un poco más débil desde mi punto de vista; ella señala que la expropiación estuvo llena de defectos y que además de los que hubieron y que las injusticias que se cometieron por otra parte la expropiación ha llevado a la gente a un mundo de burocratismos peor que el que enfrentaba anteriormente y
que por esta razón la expropiación desmerece completamente.
Yo creo que no es posible ubicar así el problema, pienso que debemos discutirlo como es, como un problema político, yo creo que empezó bien el compañero Castro Lozano cuando dijo que de lo que se estaba discutiendo era un concepto político, el problema de la propiedad y que por ahí deberíamos de discutirlo mejor, porque quedan más claras las cosas, porque para nosotros el problema de la propiedad es una cuestión fundamental, la propiedad privada debe estar sometida ciento por ciento a la propiedad social, al interés social. Por eso cuando se vinieron los sismos había un problema político creado ahí, había el problema de qué se iba hacer con toda esa gente que se estaba quedando en las calles y que estaba pagando rentas congeladas desde hace mucho tiempo. En esos momentos plantear las cosas como se han planteado desde un punto de vista, apegándonos a las leyes existentes, nos hubiera creado un conflicto mucho mayor del que después tuvimos que enfrentar.
¿Que hubiera pasado si los propietarios de los predios se dan cuenta de que venía el decreto?, se hubieran defendido con todo, con las uñas, y eso hubiera obstaculizado una medida política que era necesaria, urgente y que evidentemente estaba motivada, estaba motivada por la simple y sencilla razón de que había una destrucción masiva de casas habitación de gente humilde, esa era la motivación, motivación que ahí estaba en los hechos, esa era la motivación política.
Si nosotros no hubiéramos planteado esa medida de esa manera como se hizo, no se hubiera dado y no hubiera tenido los alcances que tuvo a pesar de los errores que se cometieron.
Nosotros pensamos que evidentemente esta realidad puede chocar en un momento determinado con las leyes vigentes, con lo que actualmente está en la Constitución, los procedimientos que se deben de hacer, pero nosotros pensamos, como siempre hemos pensado que si en un momento determinado las leyes se oponen a la realidad lo que hay que modificar son las leyes y no tratar de enchalecar la realidad con las leyes que ya no sirven.
Por eso pensamos que en un momento determinado, sí hay congruencia en los reglamentos o en las leyes o en la Constitución, tal y como están actualmente para resolver este tipo de problemas, lo que hay que cambiar, lo que debemos de hacer aquí los legisladores, es buscar, estudiar la forma de cambiar esos preceptos que, además es una de nuestras tareas principales y uno de los compromisos que hicimos cuando se estableció la Comisión Especial Pluripartidista el año pasado y que espero que siga continuando su función; eso es lo que tenemos que estudiar en esta Comisión, eso es lo que tenemos que revisar para ver si no está siendo conveniente que revisemos la ley en lo que respecta a las expropiaciones.
Y con respecto a esta nueva propuesta que se está planteando actualmente, díganme ustedes, si no está motivado, miren ustedes ya han pasado muchos meses como para que no volvamos a caer en los errores que se cayeron el 11 de octubre, muchos meses han pasado, hemos tenido la oportunidad de hacer estudios que están contemplados en todo lo que es el universo de trabajo del Plan Fase II, fueron estudios que fueron hechos, realizados por instituciones de educación superior, por los analistas gubernamentales, por cantidad de arquitectos que ahí están sus resultados, hay una motivación absoluta en todos y cada uno de los predios, de los 698 predios que están contemplados en el universo del Plan Fase II.
Y hay una motivación política, la motivación política es que estas personas que son 16 mil familias no tienen con qué cubrir, no tienen conocimiento de cómo hacerle para entrar dentro de los requisitos que se requieren por el Plan Fase II para resolver ese problema de vivienda.
Por eso la motivación política y social al respecto de lo que está en el Plan Fase II, se meta a un decreto expropiatorio, esta planteada ahí. Yo creo que es muy difícil, completamente imposible oponerse por cualquier motivo, ya sea por argumentos en el sentido de que se complica la vida de la gente burocrática o por argumentos legales de lo que existe actualmente como reglamentos y leyes vigentes. Oponerse a este planteamiento. oponerse a él significa desde mi punto de vista quedarse aislado y a la zaga de un problema social de enormes consecuencias.
Los sismos nos enseñaron muchas cosas y una de ellas es que la realidad nos esta obligando a cambiar preceptos. Yo creo que quien se quede con los que están actualmente simple y sencillamente por el respeto a los mismos, se va a quedar aislado de este nuevo paso que nuestro México esta dando a raíz de los sismos. Gracias.
El C. presidente: - Para hechos tiene la palabra el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Compañeras y compañeros diputados: en esta pequeña escaramuza ha resurgido el tema que discutimos hace un año, en torno al decreto expropiatorio y resurge porque es un tema plenamente vigente, desde la Constitución de 1917 y seguirá siendo vigente todavía por un buen tiempo: el problema de la propiedad privada, sus características y limitaciones en nuestro país.
Antes de la Constitución de 1917, nuestro sistema social se fundamentaba en los principios liberales y no establecía ningún criterio de carácter social, ninguna limitación a la propiedad privada, pero a partir de la Constitución de 1917 se plasmó un principio fundamental que rige la estructura jurídica de nuestro país en torno a este problema, al establecerse en el artículo 27 el principio de que la propiedad es en su aspecto originario de la nación, y la propiedad privada existe en nuestro país como concesión de la nación a los particulares, y reserva al Estado, representante de la nación, la facultad de imponer a la propiedad en cualquier momento las modalidades que estime convenientes.
Ese es el principio fundamental que rige en esta fase de la vida de nuestro país. Sin embargo, hay privatistas, subsisten los privatistas con mentalidad del siglo pasado, los privatistas con mentalidad porfirista o neoporfirista y los privatistas de la corriente neoliberal cuyo centro ideológico radica en Wall Street, en los Estados Unidos y que ahora tratan de proyectar una nueva oleada liberalista o neoliberalista al resto del mundo, con un neoliberalismo muy peculiar, un neoliberalismo que pocas veces se atreve a plantear las viejas tesis liberales, tal cuales eran en el pasado, porque el plantearlas resulta ridículo en este momento, pero que retoman su esencia y las encubren de alguna manera.
El decreto del año pasado, el decreto Presidencial, el decreto expropiatorio, fue histórico o no lo fue. Evidentemente que fue histórico y fue trascendente porque hacía mucho tiempo que no se aplicaba al mandato constitucional trascendente, establecido en el artículo 27, y en esa ocasión, frente a una situación de emergencia, provocada por el mismo, se retomó el camino de la Constitución de 1917, el camino de la Revolución Mexicana. Ahora el problema del decreto no es los errores que se hayan podido cometer al expropiar a algunas gentes que no debían haber sido expropiadas, porque eso incluso sobre la marcha se corrigió. Eran problemas de carácter menor, en torno a los cuales alguna corriente de derecha procuró escandalizar lo más posible, escándalo intrascendente, no pasó de tempestad en vaso de agua.
El problema en realidad del decreto expropiatorio fue su limitación, lo limitado de sus alcances. Ya mi partido desde el año pasado planteó la necesidad de ampliar ese decreto expropiatorio, porque en efecto no cubre las necesidades mínimas, no resuelve los problemas fundamentales del conjunto de familias damnificadas con el sismo. Está todavía pendiente de dictaminar una proposición, una iniciativa de modificaciones al decreto expropiatorio que presentamos desde el año pasado la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.
Hoy ha resurgido el tema, es un tema que seguirá a debate no sólo por lo que toca al problema de habitación derivado del sismo, sino a la esencia misma del problema de las limitaciones de la propiedad privada en esa etapa. Así pues hoy ha resurgido con un planteamiento hecho en este tribuna por el diputado Terrazas, justo planteamiento en el sentido de que la Cámara se dirija al Poder Ejecutivo solicitándole que amplíe el decreto expropiatorio, que amplíe y fundamente, dirían quienes hoy se han atrevido a defender muy discretamente por cierto las tesis privatistas; no han presentado argumentos fuertes, ni sólidos, simplemente algunos de barandilla y la petición se concreta a fundamentar. No hay objeción que se fundamente, pero que se amplíe de manera muy vigorosa, muy amplia, de grandes alcances debe ser la aplicación del decreto expropiatorio. Creo que eso es sin duda lo que conviene al pueblo de México y quienes se opongan a estas medidas, cualesquiera que sean sus argumentos, tarde o temprano serán barrios entre la hojarasca y la basura para ir a dar donde dan todas las corrientes que se oponen a los avances populares.
Muchas gracias.
El C. José Ángel Conchello: - Pido la palabra para hechos.
El C. presidente: - ¿Para hechos señor sobre este mismo asunto? Tiene la palabra el señor diputado.
El C. José Ángel Conchello Dávila: - Señor presidente; señores diputados: para refrendar el sentido del voto de Acción Nacional, que a pesar de lo que se diga, brillantemente expuesto el licenciado Castro, porque tal parecería que no hacer caso de esas cuestiones, nos llevaría a la idea de que la Cámara de Diputados, donde nacen las leyes, no tienen interés en el derecho.
Dijo un diputado que en México la propiedad está sujeta a las modalidades del interés público. Una verdad que al dejarla a medias, convierte lo que estamos discutiendo en una mentira completa, porque la expropiación señores, no es una modalidad que se impone a la propiedad. Las modalidades que se imponen a la propiedad, están contenidas en muchas leyes y deben ser de carácter general. Pero la aplicación concreta no es propiamente una modalidad a la propiedad privada, sino un acto concreto del Ejecutivo, que nunca hemos puesto en duda. A partir de eso, dijo otro diputado, que había que ubicar el problema. Tal vez primero en su sentido teórico y después en el sentido práctico de lo que realmente estamos haciendo, Si ustedes quieren que entremos a saco en el valor y la tradición de la propiedad privada en México, desde la Constitución de Apantzingán hasta la redacción original del artículo 27 de 1917, lo haremos con mucho gusto.
Nosotros creemos y repetimos, que cuando nos quitan el derecho de propiedad acabarán por quitarnos la propiedad de todos los demás derechos. Pero eso no es el problema, vamos a ubicarnos en la proposición concreta y veamos el sentido de la recomendación; entendamos que la fase II, señores diputados, se refiere a aquellas viviendas que no fueron expropiadas; que no se cayeron y en las que están en tratos el casero voraz y sus inquilinos para ver si se establece con la forma de condominio, para ver si le compensan esa propiedad y entonces todos ellos se convierten en condominios. Esto es lo que pretende la fase II y aquí ustedes quieren recomendar al Ejecutivo que haga a un lado este procedimiento lento y angustioso, pero que va en marcha para resolver el problema, cometiendo por una parte una violación de los principios, y por otra señores, un grave error práctico de estos momentos.
Desde el punto de vista de los principios, tal parecería que la voluntad del Presidente al hacer una nueva expropiación se va a imponer sobre las negociaciones que estén realizando dos particulares para ponerse de acuerdo en una compraventa. Esto a mi me preocupa porque estamos cayendo en el vicio de que en México todo se convierte en interés público y está desapareciendo el interés privado; todo se convierte en derecho público y esta desapareciendo el derecho privado, y mientras no se conserven ambos, derecho público y derecho privado, estaremos acercándonos al totalitarismo.
Vamos a tener fe a los particulares que están negociando la compra de sus casas. Además, se dice que el Gobierno les brindará el apoyo crediticio para que compren si así lo resuelven. Creo que esta es la vía más práctica de solución.
¿Que pasaría si se expropian los 600 predios donde hay actualmente negociaciones entre inquilinos y caseros? El Gobierno tendrá que hacer un doble o un triple desembolso. Por una parte pagar a aquellos que está expropiando, a menos que los confisque, la voluntad ustedes la pondrán, pero si no lo confisca y lo expropia, tendrá que pagarles. Por otra parte, tendrá que construir las casas para que mañana las habiten los inquilinos, y si una de las principales piedras con que se ha tropezado la reconstrucción es la falta de recursos económicos, no lo estamos ayudando a resolver sino lo estamos complicando.
Hay varias medidas que ustedes mismos han dictado, que ayudan a que este problema se resuelva; acuérdense de la iniciativa de ley de los condominios vecinales, hecha en cierto sentido para ayudar a resolver este problema. Hay un decreto del Departamento del Distrito Federal que habla de que cuando las dos terceras partes de los inquilinos de una vecindad se pongan de acuerdo, puede convertirse en condominio, es decir, hay medios para resolver el problema, respetando la voluntad de los particulares, protegiendo a los inquilinos del casero voraz, pero sin recargar las arcas del Departamento del Distrito Federal con nuevos quebrantes.
En síntesis, señores, si lo que ustedes quieren es que el problema se resuelva, vamos a acelerar la fase II, no a interrumpirla, sino que ustedes quieren es que el problema se agrave, vamos a pedir que se siga expropiando. Y porque nosotros queremos que el problema se resuelva por la vía del derecho y con la línea de menor resistencia y en la forma más rápida posible, por eso señores, rechazamos esta proposición. Muchas gracias.
El C. Eduardo Valle Espinosa: - Para hechos, señor presidente.
El C. presidente: - Si señor diputado Valle, para hechos tiene usted la palabra.
El C. Eduardo Valle Espinosa: - Señor presidente, la propuesta que hemos hecho tres fracciones parlamentarias y que con alguna modificación ha merecido ya el apoyo de otras fracciones parlamentarias es muy precisa. Alrededor de esta propuesta el Partido de Acción Nacional ha intervenido con dos tipo de argumentos en contra: el primero de ellos, digamos doctrinario, técnico general; y el segundo, ya alrededor de los problemas de fase II.
Es conveniente explicar ante la Cámara de Diputados en pleno, el problema de fase II, un problema que se ha visto terriblemente complicado básicamente por tres hechos: en primer lugar porque a la hora de hacer ofertas de compra el dueño de los predios no ha querido vender a una tasa determinada, ha pedido mucho más. Ya el compañero Manuel Terrazas explicaba aquí como en un caso se ofrecen 88 millones de pesos y el dueño pide más de 800 millones de pesos, más del mil por ciento. Este es el primer tipo de problemas.
Pero esto es digamos un problema crematístico de negociación entre las partes, que por cierto no es el Gobierno, las partes son los inquilinos y el dueño de los predios, esto debe de quedar perfectamente claro.
Pero hay otro problema muchísimo más complejo todavía, que es el problema de los intestados; resulta que una gran cantidad de los predios de los que están en fase II están en intestado y por lo tanto los inquilinos que quieren tratar no saben con quién tratar. Simple y llanamente no hay propietario con quién tratar por el proceso jurídico que tienen encima la propiedad de los predios.
Pero todavía más, hay un tercer problema que ha complicado mucho más el asunto, resulta que en muchos predios, la mitad de las rentas de las casas habitación de esos predios son rentas congeladas, entonces resulta que para los habitantes de esa zona, de esos predios no les conviene tratar a los precios que esta pidiendo el dueño del predio, es más ni les interesa tratar de entrar a un régimen de condominio por el problema tan grave de las rentas congeladas que tenemos en el centro de la ciudad.
¿Esto qué resultado ha tenido en términos prácticos? El resultado concreto es que ni el 10% de estos 698 predios han podido ser tratados en régimen de negociación entre el propietario de los predios y los inquilinos. Una pequeñísima cantidad de predios de fase II pueden caminar por la línea que llamaba el diputado Conchello de la menor resistencia; no, el problema es que tiene que ver con muchos años de especulación y con muchos años de legislación y que en estos momentos prácticamente no tienen salida. Por eso prácticamente no tienen salida, aquí es una cosa retórica, pero allá, compañeros diputados es una cosa de caracteres dramáticos, porque muchos de los predios de los que estamos hablando son predios que están a punto de derrumbarse, es decir, la gente que está viviendo ahí está en un peligro físico incuestionable para cualquiera que quiera darse una vuelta por esa zona. Entonces no es un problema de retórica, es un problema para ellos de seguridad física personal y de sus familias.
Ahora bien, esta es la parte que corresponde a la parte técnica de la fase II, la parte doctrinal nosotros hemos aprendido aquí de los abogados que suben a la tribuna, que no se vale juzgar a priori.
Vamos por ejemplo a juzgar el decreto expropiatorio anterior, el decreto que dio salida a una serie de problemas que giran alrededor de este asunto que hoy estamos tratando.
El decreto fue muy malo técnicamente sobre todo por lo que ya decía Cuauhtémoc Amezcua, no solamente por los excesos sino sobre todo y principalmente por las insuficiencias.
El decreto del presidente De la Madrid posterior al sismo de septiembre fue un decreto muy mal hecho, llegó al extremo de expropiar terrenos que eran de propiedad del Gobierno Federal, el Nacional, el edificio " El Nacional" fue un caso que trágicamente lastimó mucho ese decreto; situaciones que verdaderamente son insostenibles por parte de la autoridad del Departamento, ¿Pero qué fue lo principal?, lo principal es que afectó a familias que realmente se sintieron lastimadas, familias de viviendas unifamiliares que de repente vieron expropiada su pequeña propiedad, literalmente pequeña propiedad, literalmente una vivienda unifamiliar, ¿pero eso lastima el sentido general de utilidad pública del decreto?, no, eso no lo lastima.
El decreto posterior a septiembre 19 fue un decreto muy importante, fue un decreto que abrió oportunidades nuevas, tanto de carácter legislativo como de carácter ejecutivo para resolver el problema de la especulación urbana en el centro de la ciudad y que alcanza niveles estratosféricos.
Ahora bien, ¿qué es lo que estamos planteando?, porque eso es lo que nosotros estamos planteando, que se amplíe el decreto, con la fundamentación y con la motivación que está exigiendo el diputado Juan de Dios Castro a nombre de la diputación del Partido Acción Nacional. Nosotros seríamos los primeros en exigir esa fundamentación y esa motivación, la motivación general existe compañeros, eso ni el Partido Acción Nacional puede negarlo, pero a lo que se refiere el diputado Juan de Dios Castro, por supuesto, creo entenderlo así, es a la motivación casuística, caso por caso, a esa no, a la general, por lo que la general supongo yo que está ojos vista de toda la nación; se refiere a la motivación casuística y nosotros estamos de acuerdo en la motivación casuística, caso por caso, porque hemos visto los excesos y hemos visto las insuficiencias. Pero de aquí a decir que no se va a dar la fundamentación, que no se va a dar la motivación hay un paso distinto, nosotros planteamos que es correcta desde el punto de vista histórico, político, económico y jurídico. Que se amplíe el decreto de expropiación con esa fundamentación y con esa motivación, pero eso ya es un problema técnico que como decía Gascón Mercado es un problema que se ha venido discutiendo técnicamente durante más un año; entonces lo que nosotros decimos es lo siguiente: no se puede ocultar a priórico, lo fundamental es llevar adelante la ampliación del proceso del decreto expropiatorio y si en última instancia el problema es un problema de valor fiscal, ese valor fiscal debe de entenderse como sea ha entendido en fase II por las propias autoridades y por los propios habitantes, y por los propios habitantes de las viviendas afectadas por la fase II como una fase de la negociación, como base de la negociación porque si en estos momentos estuvieran pagando de acuerdo al catastro, que por cierto aquí hay una situación interesante, la recatastración se dio y fue producto también de muchas quejas e inconformidades. Ahora tendríamos que hacer saber si esa recatastración tiene efectos también para valores fiscales y también para valores de negociación de los precio de los predios.
Nosotros creemos que por parte nuestra hay una serie de definitiva congruencia, aprobar la ampliación del decreto de expropiación, tiene como objetivo efectivamente hacer viable la solución a
una serie de problemas que tenemos enfrente en el campo de los damnificados y en el campo de la propia especulación urbana. Y en ese sentido señalamos que nosotros no tenemos interés porque juzgar a priori un decreto que perfectamente puede ser motivado y puede ser fundamentado jurídica, política e históricamente para servir a las causas de utilidad pública. Gracias.
El C. presidente: - Consulte la secretaría sí se admite o no a discusión la propuesta formulada por el señor diputado Terrazas a nombre del Partido Socialista Unificado de México, Partido Mexicano de los Trabajadores y Partido Revolucionario de los Trabajadores y con la adición propuesta por el señor diputado Sergio Valls Hernández. Posteriormente analizaremos la del señor diputado Bermúdez, por lo pronto, ésta que ya fue aceptada por el señor diputado Terrazas. Consulte si se admite o no a discusión.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - Por acuerdo de la presidencia, y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición hecha por las tres fracciones parlamentarias a que se refirió el señor diputado Manuel Terrazas y que fue propuesta una modificación aceptada por el señor diputado Sergio Valls Hernández, repito, y aceptada por el que propuso originalmente el punto de acuerdo.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo de igual manera... Admitida, señor presidente.
El C. presidente: - Consulte usted a la asamblea si se acepta la propuesta del señor diputado Bermúdez, que está en poder de usted.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si acepta la proposición del señor diputado Enrique Bermúdez, relativa a los predios baldíos. Los que estén por la afirmativa, que se admita, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén en contra, favor de manifestarlo de igual manera... Rechazada, señor presidente.
El C. presidente: - Túrnese la propuesta presentada por el señor diputado Terrazas, en las condiciones ya anotadas a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Tiene la palabra el señor Trinidad Cervantes Vega.
El C. José Trinidad Cervantes Vega: - Con la venia de la presidencia; compañeros diputados: el sismo ocurrido a la 7:19 horas del 19 de septiembre de 1985, como todos sabemos, constituyó la peor catástrofe natural que registran los anales de la Nación mexicana en las últimas décadas, y que afectó a la ciudad de México y a muchas otras poblaciones y zonas de los estados de Michoacán, Guerrero y Jalisco.
El sacudimiento de que fue víctima en todos los órdenes de su vida la población entera, vino a sumarse en reiteración desquiciante de la furia telúrica el terremoto registrado en la noche del día siguiente, 20 de septiembre, que acrecentó la magnitud de los daños materiales en todo el centro del país.
Muy poco tiempo después del siniestro capital, el primero de los mencionados, se registró el inicio de una movilización sin precedente en todos los estratos de la sociedad mexicana, movilización que fue encontrando eco hasta en los más apartados rincones de nuestro planeta. Estos son algunos datos de aquella movilización: no había transcurrido un cuarto de hora alrededor de las 7:30 horas, de la Secretaría de la Defensa Nacional, se le comunicaba al presidente de la Madrid la petición u orden expedida por radiotelegrafía a las comandancias de las zonas militares para que reportarán los primeros efectos del sismo y pocos minutos más tarde se le trasmitían al propio jefe del Ejecutivo los primeros reportes, tras lo cual hacia las 7:45 horas de ese mismo jueves el Presidente dio instrucciones al secretario de la Defensa para poner en marcha el Plan DN3 de rescate a la población civil en casos de desastre.
En la Cámara de Diputados el día 20 se acordó por unanimidad que se integrara una comisión especial pluripartidista y sin perder tiempo ésta se aplicara a recabar información sobre los efectos del sismo para sugerir al Ejecutivo Federal y al Gobierno del Distrito Federal las formas y medios para hacer frente a la situación.
También el 19 de septiembre la Secretaría de Relaciones Exteriores comenzó a girar una serie de cinco telex circular a las representaciones del Gobierno de México en las demás naciones. En dichos comunicados circulares se informaba de la situación así como de las primeras disposiciones y medidas tomadas por el Gobierno en orden a controlar la situación, impulsar el rescate de cadáveres y el auxilio a las víctimas, así como a remover los escombros y emprender la primera o preliminar evaluación de los daños en vida y bienes materiales.
La Secretaría de Gobernación mientras tanto inició el contacto con las entidades federativas, en particular las aledañas al Distrito Federal y aquellas en que de momento se presumía habían sido afectadas por considerase dentro del radio de acción del sismo.
El Presidente de la República inició el primero de sus recorridos ese jueves 19 en helicóptero con el
propósito de tener una visión de conjunto de los efectos del movimiento telúrico en el área metropolitana. En conferencia de prensa el día 20, el Secretario de Relaciones Exteriores mencionó - junto con las directrices giradas a la misiones diplomáticas de nuestro país en el extranjero -, las primeras manifestaciones de solidaridad de algunos gobiernos y organismos internacionales hacia México.
Durante la última decena de septiembre, y primera quincena de octubre, fueron surgiendo creadas e impulsadas por el Gobierno Federal, diversas comisiones: la Nacional de Emergencia, la Metropolitana de Emergencia, la Nacional de Reconstrucción. Esta última, el 4 de octubre. Dentro de ésta última, se creó también un comité de auxilio internacional que con la participación de representantes de los diversos sectores sociales, así como de las dos cámaras legislativas, comenzó sus labores el 19 de octubre. Del extranjero, durante varias semanas, fluyó una caudalosa corriente de auxilio en especie, buena parte y en numerario otra considerable cantidad. Gobiernos e instituciones de muy diversa índole, se sumaron a este movimiento de recursos destinados a la recuperación material de nuestro país y desde luego significaron una movilización de simpatía y solidaridad hacia el pueblo mexicano en sus momentos aciagos.
A todo esto, la población civil había ya superado maravillosamente los primeros momentos de azoro, terror y angustia, sacudido su horror y levantado con entereza insospechada su ánimo, su decisión y su capacidad de autorrenovación. Se lanzo la población civil multitudinariamente a buscar edificios más dañados y bajo los escombros - humeantes o densamente polvorientos todavía -,víctimas que rescatar con vida o sin ella. Y en esos primeros impulsos, lo que menos importaba era el rescate de bienes materiales, porque el impacto del siniestro había lastimado y herido al pueblo y a cada persona en su ánimo, en su riqueza moral, en lo más hondo de su vida, en lo sobrenatural que llevan cada ser humano a su paso por la tierra.
Fueron decenas de edificaciones las venidas al sueldo; varias de ellas, hospitales, hoteles, residencias multifamiliares, con centenares y en algunos casos, miles de personas que perdieron ahí todo su patrimonio y varios millares de personas que perdieron también la vida.
Barriadas enteras de pobrería quedaron arrasadas, como ocurrió en las colonias urbanas Morelos, Guerrero y otras. La población sobre viviente se vio de pronto en la intemperie y en el abandono, en la miseria y bajo todas las inclemencias.
Tras la caótica explosión de la tragedia, muchos miles de compatriotas se convertían en algo así como parias, en desheredados, en marginados. Y numerosas familias quedaron deshechas, con huérfanos y desarraigados por centenas y por millares, sin techo y sin abrigo, sin pan y sin agua siquiera expuestos al quemante sol en varias horas del día y a las cuchilladas del frío también por horas que se antojaban eternas por la noche.
En la zona de Tlatelolco, de Peralvillo hacia el poniente, los derrumbes prácticamente borraron hasta los vestigios de familias enteras. Varios de los multifamiliares de la unidad Tlaltelolco amenazaban ruinas desde mucho antes, y las autoridades habían desatendido, ignorando criminalmente las quejas y las protestas y los reclamos de los vecinos que rudimentariamente se habían organizado motivos por elemental sentido solidario. Y sus reclamaciones de antes, acentuadas con el dramatismo de la situación subsiguiente a los sismos de septiembre, siguen siendo todavía un año después, reclamaciones a oídos sordos, siguen siendo gritos en el desierto de la incurría y del burocratismo de bien conocidos funcionarios públicos.
Por estos días, a un año de los sismos de septiembre de 1985, como lo atestiguan informaciones reiteradas de no pocos medios de comunicación, siguen viviendo en la calle, en barrancas que se antojan de campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, muchos miles de damnificados, miles de familias a quienes se ofreció vivienda digna y decorosa, se les ofreció, pero a muchísimos nada de lo ofrecido se les ha cumplido.
Cabría preguntarse si la promesa se les hizo con verdadero ánimo de cumplir. La verdad es que a muchísimos se les dejó prácticamente abandonados a su suerte, porque no otra cosa es y esto lo pueden comprobar cualquiera de nosotros al asomarse a las casuchas de madera y de techo de cartón bañado de algún anticorrosivo, sin los elementales servicios sanitarios, sin privacidad, sin margen ni espacio para el desarrollo físico, mental y moral, sobre todo lo de los niños que son inocentes víctimas de lo ocurrido y empiezan apenas a vivir.
Tales casuchas, de las cuales hay algunos centenares a pocos metros de este sitio en que estamos hablando, a espaldas de este recinto legislativo, no pueden constituir por una parte, patrimonio y lugar adecuado para el natural desenvolvimiento humano. Pero tales casuchas tampoco pueden servir como justificante de la obra de que tantas comisiones, comités, dependencias y organismos aplicados con aparente designo de reconstrucción, despliegan o dicen desplegar a favor de los damnificados.
A lo anterior tiene que agregarse la mención, siquiera breve, de los recursos que en especie y en
numerario enviaron gobiernos e instituciones de buen número de países, como auxilio y como muestra de solidaridad hacia el pueblo afectado por la terrible catástrofe de septiembre de 1985.
Desde luego que tales auxilios representaron muchos millones de dólares, de los cuales ciertamente se ha dado relación pormenorizada pero de cuya aplicación hubo acciones que despertaron suspicacias y serias quemantes dudas entre la población.
Finalmente hemos de referirnos a la plaza o jardín de "La Solidaridad", obra monumental construida a costa que seguramente fue de muchos millones de pesos, en uno de los puntos más céntricos de esta capital. No se ha informado si el costo de tal plaza o jardín salió de las arcas, por lo visto exuberantes del Departamento del Distrito Federal, o bien, como en esta tribuna llegó a mencionarse en días pasados si ese costo fue extraído del Fondo Nacional de Reconstrucción.
De donde quiera que este costo haya salido, resulta apenas concebible en realidad insultante que al cumplirse un año de aquella tragedia se haya construido y se tenga lista para su inauguración en unas cuantas horas una plaza monumental con altísimo costo, cuando este monto debiera y podría aplicarse a construir viviendas para buena cantidad de damnificados de los que siguen viviendo en la calle.
La fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano deja constancia que de su conformidad ante una situación como está a que nos veníamos refiriendo, ya que siguen muchos miles de compatriotas en la calle en condiciones humillantes.
Ellos, sostenemos nosotros, tienen un derecho sagrado a vivir como seres humanos, como hombres libres, como ciudadanos cabales y no como ciudadanos de tercera o de cuarta clase, tienen derecho a vivir como queremos vivir todos los pobladores del territorio mexicano. Por su atención, muchas gracias.
El C. presidente:- Tiene la palabra la ciudadana diputada Beatriz Gallardo Macías.
La C. Beatriz Gallardo Macías: - Con su permiso compañero presidente; compañeras y compañeros diputados: a un año de los sucesos acaecidos a raíz de los mismos que vivimos y sufrimos junto con los millones de habitantes de esta gran ciudad, el Partido Socialista de los Trabajadores considera que la actitud del pueblo mexicano en momentos tan difíciles demuestra clara de un enorme potencial de participación y de lucha por salir adelante frente a las adversidades naturales, económicas y políticas.
Para mi partido rememorar estos hechos tienen un profundo significado político e ideológico, la visión de cada una de las fuerzas políticas del país responde a los intereses de clases que defienden, y el Partido Socialista de los Trabajadores ante estos graves sucesos ha emprendido la tarea de vincularse estrechamente a los afectados para organizarlos y lucha por la solución a sus problemas.
Hay grupos reaccionarios que tienen una visión arcaica de los hechos. Quienes tratan de rememorar esta fecha sólo de manera luctuosa y que están ligados a organizaciones clericales y hasta del extranjero, los cuales intervienen directamente en la asignación de recursos para damnificados, adoptan una actitud de ingeniería política ante la problemática que dejaron los sismos y tratan de imponer la idea de que el 19 de septiembre sea un aniversario trágico. Hay otras fuerzas que tratan de conmemorar o festejar las cualidades y las bondades otorgadas por el sistema a los damnificados y los cuales realizarán una marcha de apoyo al Presidente agradeciendo el destino de fondos a programas que hasta ahora solamente han tratado de allegarse medios para utilizarlos y recapturar las bases sociales perdidas por el partido oficial.
Otras fuerzas que pretenden de manera frívola abrogarse el derecho a ser los únicos defensores en la lucha por los damnificados. Por nuestra parte el Partido Socialista de los Trabajadores en el Distrito Federal ha asimilado la gran lección que el pueblo nos dio en los momentos de emergencia.
Estamos de pie, dando la batalla y defendiendo palmo a palmo a los moradores de cientos de vecindades apropiadas para reivindicar su derecho a una vivienda digna y en repetidas ocasiones haciendo frente a las sucias maniobras que funcionarios del Departamento del Distrito Federal de renovación habitacional popular, de los módulos y hasta de las delegaciones políticas que obstaculizan la solución expedida de los problemas.
Hemos vivido momentos de indignación cuando bajo pretexto de los efectos del sismo se pretendió cerrar un centro de abasto popular, Jamaica; esta Cámara, y ustedes compañeros diputados han sido testigos de la lucha que dieron los jamaiquinos junto con el Partido Socialista de los Trabajadores por defender su fuente de trabajo, estuvimos en el Zócalo, en las calles de Guillermo Prieto y el ejemplo está aquí, los jamaiquinos recuperaron su fuente de trabajo y derrotaron las equivocadas decisiones que estaban golpeando a más de 4 mil familias de locatarios, productores, lo que fue una consigna de lucha hoy es una esplendorosa realidad; Jamaica vive, los sismos pusieron al descubierto la situación de miles de costureras que ante la veracidad de sus patrones
eran exploradas severamente. Sí a la existencia de sacar de los talleres derrumbados a cientos de ellas, los patrones optaban por sacar primeramente maquinaria y materiales.
La lucha de las costureras es un ejemplo de tenacidad y de combate contra la explotación capitalista y el control sindical que favorecía los intereses de los patrones. Nuestro partido se solidarizó con ellas y seguirá apoyándolas hasta el logro de sus metas.
Miles de inquilinos que sufren el aprobioso régimen inquilinario, han visto agravar sus condiciones de vida ya que muchas de sus viviendas están a punto de derrumbarse y no solamente los beneficiados con la expropiación, sino también los que habitan en vecindades no expropiadas vieron sangrar y caer entre los muros de sus viviendas a muchos de sus familiares que por falta de mantenimiento y atención de los caseros y el contubernio de ingenieros tramposos y arquitectos poco serios, encubiertos por las autoridades delegacionales abandonaron la atención de los inmuebles.
El Partido Socialista de los Trabajadores ha luchado y ha levantado demandas posteriores a los sismos, promoviendo que se incluyera en el Programa Emergente de la Vivienda, a todas las vecindades no contempladas en el decreto expropietorio y se exigió la renovación habitacional, que junto con las expropiadas se les diera cabida en dicho programa.
Actualmente, luchamos porque mas de 700 vecindades sean acogidas en el programa emergente de vivienda, fase II. Pero la parcialidad de dos funcionarios delegacionales y del programa, han obstruido esta lucha.
El director de ese programa, es identificado como un destacado priísta, ha dicho que se dará prioridad a los Militantes del Partido Revolucionario Institucional y consecuentemente marginarán las peticiones de otras fuerzas políticas.
Estamos conscientes de la incapacidad económica del Gobierno para dar una solución justa y necesaria a este grave problema social. Tal vez se pretende privilegiar a algunas vecindades, orientando algunos créditos para la compra venta, pero con esta actitud se perjudica a cientos de viviendas que pretenden salirse del oprobioso régimen inquilinario, las cuales encuentran problemas para la obtención de materiales y de recursos.
El Partido Socialista de los Trabajadores pelea créditos para mayor número de vecindades y asegurar su compra, pero este beneficio llegará a unas cuantas. Por ello, no desistiremos en nuestra lucha y no renunciaremos a la compra venta; pero el problema de fondo, la demanda principal, es luchar por un segundo decreto expropiatorio que logre un régimen patrimonial para las viviendas afectadas.
Y en ese sentido, compañeros diputados, nosotros estamos totalmente de acuerdo en suscribir el anterior acuerdo que aquí se ha propuesto por algunos compañeros diputados.
Estamos y estaremos en contra de tricolorizar a las vecindades. El pueblo debe ser respaldado en su derecho a participar en la organización que más le convenga; y del pueblo surge la necesidad, como por ahí dice una consigna popular, que el Presidente no tembló para firmar medio decreto, y no temblará para firmar un completo.
Los efectos del sismo han agudizado las contradicciones de nuestra sociedad y han golpeado severamente a los trabajadores. Miles de obreros han sido despedidos de sus fuentes de trabajo; muchas de ellas han sido cerradas y miles de familias se han visto prácticamente en la miseria. Existen cerca de 2 millones de desempleados en el Distrito Federal, y muchos de ellos han tenido que refugiarse en el subempleo.
En el Distrito Federal, aproximadamente existen 180 mil comerciantes ambulantes que a diario les niegan su derecho constitucional al trabajo, argumentando disposiciones reglamentarias que están por debajo de la Constitución de la República. Cotidianamente, se enfrentan a las extorsiones y a la represión de los operativos de vía pública, de mercados de las delegaciones políticas, llegando a decomisar sus pertenencias, además de imponerles elevadas multas.
Caso relevante es de los vagoneros del metro, quienes a diario andan a salto de mata, vagón tras vagón, vendiendo su modesta mercancía y que son perseguidos como delincuentes y privados ilegalmente de su libertad en las llamadas "permanencias del metro", para posteriormente turnarlos a las delegaciones, a donde según el criterio del juez calificador en turno, se les obliga a pagar una multa y de no hacerlo, son recluidos hasta por 72 horas. La mayoría de estos mexicanos son jóvenes, como esos que a las primeras horas del sismo salieron a prestar solidaridad a las víctimas y que luchan por sobrevivir haciendo un esfuerzo por seguir sufragando sus estudios, las mujeres que viven de este oficio en la mayoría son madres de familia que llevan el sustento de sus hijos, esos son también damnificados y el gobierno del Distrito Federal debe garantizarles su derecho al trabajo.
Estamos en la reconstrucción, estamos en contra de que se sigan dando más concesiones a sectores de la iniciativa privada que han capitalizado sus empresas con la reconstrucción. Los beneficios y avances logrados con el decreto expropiatorio para
miles de familias proletarias, tienen una amenaza latente, las revocaciones y los amparos interpuestos por los propietarios y especuladores de bienes inmuebles.
En la práctica se da marcha atrás por el gobierno del Distrito Federal ante circunstancias jurídicas apoyadas por el Poder Judicial; con esto quedan totalmente desamparadas más de 5 mil familias que nuevamente enfrentarán las caducas relaciones de propiedad vigentes.
Han transcurrido 364 días de lucha por sobrevivir por parte de los damnificados del sismo y los damnificados por la crisis económica. El Partido Socialista de los Trabajadores considera que es cada vez más apremiante que en la ciudad de México se restablezca el principio de soberanía popular. Ante las desigualdades e injusticias sociales se abre el camino para que los habitantes del Distrito Federal podamos transitar por la vía de participación democrática, ciudadana, eligiendo mediante el voto popular, a nuestros gobernantes y decir sobre los programas de gobierno, acabando de una vez por todas con el autoritarismo y arbitrariedad en las delegaciones políticas y de algunos funcionarios del Departamento del Distrito Federal, con la corrupción y los vicios generados por un estilo antipopular y anacrónico de gobierno que lesiona cotidianamente el interés social de los ciudadanos, Sólo así tendremos ahora la oportunidad histórica de evitar conflictos sociales de gran envergadura que nos haría retroceder históricamente.
Señores diputados: mañana 19 de septiembre por la mañana, el Partido Socialista de los Trabajadores, el directorio de defensa de damnificados, vecindades insurgentes, el directorio de Jamaica vive y el directorio de defensa de los trabajadores del comercio u oficios varios, marcharemos hacia el Zócalo desde varios puntos de la ciudad. No para lamentarnos, sino para izar nuestras banderas de lucha, de solidaridad y de compromiso con nuestro pueblo.
Llegaremos al Zócalo miles de trabajadores, para elevar nuestras demandas al Gobierno de la República y exigir un segundo decreto expropiatorio; un alto a los amparos y revocaciones apoyadas por el Poder Judicial; por la agilización de las compras de vecindades en el programa emergente fase II; por el respeto al derecho al trabajador a comerciantes ambulantes y vagoneros del metro; por una verdadera y profunda democratización en el Distrito Federal que contemple la elección directa y popular del Regente y de los delegados políticos.
El pueblo del Distrito Federal, se encuentra de pie y en lucha. Sus organizaciones trabajan duramente por superar las precarias condiciones de vida. Toca ahora al Gobierno de la República y a los partidos políticos, asumir a sus responsabilidades. Por nuestra parte, el Partido Socialista de los trabajadores, firme en la defensa de los derechos del pueblo y de los trabajadores, damnificados por el sismo y por la crisis económica.
Gracias compañeros.
El C. presidente:- Tiene la palabra el señor diputado Manuel Fernández Flores
. El C. Manuel Fernández Flores: - Con su permiso señor presidente; honorable Cámara de Diputados: recordar brevemente lo doloroso de los terribles momentos que vivimos, daños incalculables, pérdida de vidas, sufrimientos incontables, los primeros momentos de confusión e impotencia ante la tragedia; también de una reacción popular de solidaridad humana.
A un año de distancia podemos hacer algunas reflexiones que nos permitan afirmar, por ejemplo, que ese grave acontecimiento no fue el parteaguas de la historia de nuestro país; que sí fue un acontecimiento que puso de manifiesto las graves injusticias que vive una sociedad como la nuestra, problemas que se agudizaron con el sismo. Una sociedad dividida en clases sociales como la nuestra, con la tragedia del 19 de septiembre de 1985, puso de manifiesto las profundas y graves lacras que tiene el sistema que vive la sociedad mexicana. Faltan muchos problemas por resolver, sin embargo, hacer un balance en estos momentos posiblemente no podíamos por falta de elementos; el día de mañana, en que se realice una reunión muy importante, seguramente tendremos datos y elementos que nos permitan hacerlo y que expresaremos nuestra opinión en el debate que en torno a este asunto deberá realizarse. Nos reservamos nuestra opinión cuando lo tengamos a la vista.
Solamente quiero recordar que en su oportunidad, nuestro partido propuso un proyecto de decreto de ampliación del decreto expropiatorio, dentro de una serie de diversas proposiciones para resolver algunos de los muchos problemas provocados por el sismo.
Hemos votado en pro de la propuesta hecha porque es coincidente con la nuestra. Sin embargo considero conveniente recordar y recomendar que esta Cámara de Diputados cumpla con su obligación de dictaminar las iniciativas presentadas por todos los partidos en torno a este y otros graves problemas, y que se han presentado en su oportunidad, y uno de ellos, importatísimo, es en relación con la expropiación.
Quisiera hacer un paréntesis únicamente. Hace algunos momentos, en esta tribuna escuchamos una expresión que nos parecía rara si no estuviéramos acostumbrados a esos cambios en la forma pero no en el contenido. Al hablar el diputado
Conchello, del Partido Acción Nacional, acerca de que no ayudaríamos al Gobierno con la recomendación de un decreto expropiatorio porque le ocasionaría dobles gastos, nos parece sumamente raro, independientemente de la forma en que se presente la negativa a esta proposición y que el diputado Valle la definió claramente, nos parece raro que ahora por boca del diputado Conchello el Partido Acción Nacional defienda al Gobierno, porque lo dijo textualmente: así no defendemos al Gobierno.
Nuestro partido opinó de la necesidad de que se manejara con escrupuloso cuidado y honestidad los recursos del exterior y del interior de nuestro país para este objetivo. Sin embargo, reitero no será sino hasta después del día de mañana cuando con mayor argumentación, con mayores elementos daremos la opinión del Partido Popular Socialista. Muchas gracias compañeros.
El C. presidente:- Tiene la palabra el señor diputado Héctor Calderón Hermosa.
El C. Héctor Calderón Hermosa: - Ciudadano presidente de esta honorable Cámara; compañeras y compañeros diputados: a un año de distancia del sismo del 19 de septiembre, estamos obligados a revisar algunas de las acciones emprendidas a raíz del cataclismo, para reiterar las que hayan quedado rezagadas o marginadas. Sobre todo, deben reclamar nuestra atención aquéllas en que ha intervenido esta H. Cámara de diputados, o que responden a proposiciones presentadas aquí.
La gran preocupación de la presentación popular por contribuir a la creación de una legislación moderna que ayude a prevenir los efectos sociales de los macrosismos se ha reflejado en la participación de las Comisiones de Ciencia y Tecnología, Ecología y Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y de compañeros legisladores, a título personal, y nuestros eventos técnicos relacionados con los sismos.
Resalta entre ellos la reunión de análisis y consulta sobre construcción antisísmica y sus repercusiones en las políticas de urbanización que, por acuerdo del pleno de la Cámara se llevó a cabo con todo el éxito el 29 de abril del presente año.
Vale la pena recordar que el punto segundo de dicho acuerdo establece que: "...La memoria de las reuniones de consulta, será turnada a las comisiones legislativas relacionadas con la materia sujeta a análisis, a efecto de que coadyuve en el estudio de las adecuaciones, reformas o formulación de ordenamientos jurídicos que sobre esos temas convengan los ciudadanos diputados..."
El tercero, por su parte, ordena que "...La memoria de las reuniones de consulta será turnada a las instituciones del Poder Ejecutivo cuyas funciones se relacionen con la temática tratada, para su conocimiento.
Las recomendaciones generales que surgieron de esta reunión son las siguientes:
I. El Diseño Sísmico
1.1. Se debe llegar a definir una microzonificación de la zona de terreno compresible del valle de México.
1.2. Revisar los factores de reducción por ductilidad ahora aceptados por el reglamento actual.
1.3. Imponer requisitos más estrictos de refuerzo, sobre todo en columnas.
1.4. Promover el empleo de sistemas estructurales que proporcionen mayor rigidez y resistencia a cargas laterales a los edificios.
1.5. Limitar el empleo de sistemas de columnas y losa plana a edificios de baja altura y detallar apropiadamente las zonas de losa alrededor de la columna.
1.6. Tender a evitar el uso de muros de mampostería como elementos divisorios de estructuras muy flexibles.
1.7. Estudiar a fondo los problemas de interacción suelo - estructura.
1.8. Desarrollar nuevos modelos matemáticos, con el apoyo de la tecnología computarizada, con cuyas predicciones sea posible perfeccionar tanto los diseños sísmicos como la reglamentación correspondiente.
1.9. Diseñar con mayores refuerzos y márgenes de seguridad los edificios habitacionales y los de uso público.
II. De Normatividad y Supervisión
2.1. Establecer en forma obligatoria una supervisión más estricta de las construcciones para asegurar que se cumplan las normas de proyecto y de reglamento.
2.2. Establecer varios tipos de supervisión para vigilar que no se modifique el uso y destino del edificio para los que fue proyectado y autorizado. Deben incluirse severas sanciones para la violación de esta norma.
2.3. Que anualmente se dictamine si las construcciones edificadas resisten sismos intensos, o se han deteriorado o utilizado en forma indebida.
III. De Estudio, Investigación y Medición en el Valle
3.1. Apoyar el desarrollo de estudios de profundidad acerca del subsuelo de la ciudad de México en relación con la dinámica de los movimientos sísmicos, así como análisis histórico de los sismos en el Valle de México.
3.2. Instalación de una amplia red sísmica con 25 estaciones de monitoreo en el Valle de México, que permita efectuar un análisis geotécnico del subsuelo, tanto estadístico como dinámico. Al mismo tiempo, apoyar la instalación de una red de acelerógrafos y fortalecer la manera importante las redes sismológicas en el país.
3.3. Instalar estaciones de observación con una serie de piezómetros electrónicos y acelerómetros.
3.4. Que se propicie el estudio de refuerzo en construcciones de adobe en zonas sísmicas.
3.5. Que se den las condiciones adecuadas para contar con medios que permitan estudiar la dinámica del subsuelo del Valle de México.
3.6. Que se dé un mayor apoyo a la investigación científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialmente a los institutos de ingeniería, geofísica y geología en sus proyectos relacionados con los fenómenos sísmicos.
3.7. Que se apoye presupuestalmente en sus gestiones a las instituciones que, como Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, propician la investigación científica y tecnológica de los problemas fundamentales de la sociedad mexicana.
3.8. Que, a partir del conocimiento de la acumulación de energía en las brechas de las placas tectónicas, se tomen previsiones para casos de sismo, se capacite y entrene a la población civil, en la región de riesgo sísmico, incluyendo las áreas urbanas y rurales.
3.9. Fomentar que los estudiantes de educación superior en áreas afines al estudio sísmico, se vinculen a los proyectos de "investigación que se hace indispensable realizar, a partir de la experiencia del 19 de septiembre".
3.10. Que es urgente formar un mayor número de recursos humanos especializados en estudios diversos relativos a problemas conexos con la actividad sísmica en México.
3.11. Que se proporcione de inmediato todo el apoyo que requieran las instituciones de Investigación que sumen sus esfuerzos a las investigaciones propuestas en el texto "Investigación para aprender de los sismos de septiembre de 1985 en México".
3.12. Que se busque el apoyo de las dependencias directamente responsables para emprender las siguientes líneas de investigación:
a) Estudio sobre los factores y fenómenos de la naturaleza que pueden provocar desastres.
b) Análisis de la vulnerabilidad de ciudades y regiones del país ante fenómenos naturales y de sistemas nacionales de producción de bienes y servicios.
c) Diseño de organizaciones y métodos de rescate de poblaciones y restablecimiento de sistemas de producción.
3.13. Que se exprese el apoyo político y financiero que la ciencia mexicana requiere.
3.14. Que se incluya en los programas de investigación a los centros y organismos de diversa índole, que llevan a cabo actividades relacionadas con el tema general de sismos y desastres en general.
IV. De Prevención y Capitalización Social
4.1. Es necesario establecer como obligatorio el que se lleven a cabo simulacros de desastre sísmico en edificios públicos, especialmente en los de uso escolar. Será indispensable medir el tiempo de desalojo de la población escolar, considerando el sismo y un posible incendio. Que en todas las escuelas se apliquen las normas de prevención de sismos.
4.2. La capacitación de la población civil para saber qué debe hacer antes, durante y después de una emergencia, es indispensable. Para ello se deberá "educar" a los habitantes de zonas de riesgo, por medio de serias campañas, cuidadosamente diseñadas, en las que se transmitan los conceptos básicos de lo que a cada quien corresponde hacer, en un momento dado. Es decir, impulsar programas intensos de educación antisísmica.
4.3. Aprovechar los medios masivos de comunicación para informar al público cuál es el plan de rescate de las autoridades y cual es el papel de cada entidad gubernativa en caso de desastre.
4.4. Difundir ampliamente entre la población y los organismos oficiales, cuáles son las entidades que están preparadas para recibir ayuda especializada y canalizarla a los beneficiarios.
4.5. Que cada edificación cuente con un refugio antisísmico especialmente reforzado.
4.6. Que el Estado realice los refuerzos necesarios de prevención, divulgación de información y de seguridad que hagan posible que el impacto de los fenómenos sísmicos sea menos severo en la población.
V. De Política de Urbanización
5.1. Limitar la construcción de edificios de ciertas dimensiones y usos de las zonas de mayor vulnerabilidad.
5.2. Que el Estado asuma la responsabilidad de incorporar a los planes de uso del suelo las restricciones necesarias, previendo los efectos sísmicos.
5.3. Conceptualizar políticas de urbanización específica para zonas sísmicas, limitando los usos y destinos del suelo y de las edificaciones.
VI. De Aspectos Jurídicos
6.1. Que se adecúe el reglamento de construcción para el Distrito Federal y, en su caso, aquellos reglamentos de entidades federativas que pueden resultar afectadas por sismos.
6.2. En el caso del Distrito Federal, modificar el Capítulo XXXVII, denominado "Diseño para el Sismo", así como los artículos que incidan sobre el tema, ampliando el margen de seguridad actualmente configurado.
6.3. Es necesario reformar el reglamento de la Ley de Obras Públicas, que señalará las normas mínimas, incluyendo las de seguridad que deberán observarse en la ejecución de las obras.
Como puede comprobarse al revisar estas conclusiones, muy pocas de ellas se han traducido en acciones concretas y tal parece que el trauma psicológico sufrido por todos los mexicanos en ocasión de los sismos de hace un año nos induce a relegar el doloroso tema a un segundo plano; pero esto, evidentemente es irracional y únicamente nos expone a que se presente en el futuro otro terremoto igualmente intenso y nos encuentre tan impreparados y desvalidos como en 1985.
Por estas importantes razones, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana propone que se haga una excitativa al Ejecutivo Federal y al Jefe del Departamento del Distrito Federal para que paralela e independientemente de las ceremonias que se llevarán a cabo para rememorar los trágicos sucesos, se den pasos firmes para reactivar la redacción del nuevo reglamento para la construcción en el Distrito Federal y los equivalentes en otros estados situados en la zona sísmica y penisísmica del país; Que se concreten las iniciativas para la revisión y adecuación de los instrumentos legales, educativos y sistémicos que coadyuven a prevenir y remediar los efectos sociales de futuros macrosismos; que se ponga a disposición de los arquitectos, ingenieros, urbanistas, estudiantes y del público en general el cúmulo de datos, investigaciones científicas, exploraciones geotécnicas y artículos de consulta que permitan crear una verdadera cultura sísmica en nuestro país, con el fin de impulsar mejores técnicas de diseño y construcción antisísmica y propicien formas eficaces de organización y acción ciudadana. Finalmente que las Comisiones de Ciencia y Tecnología, Ecología y Obras Públicas y Asentamientos Humanos, en cumplimiento del punto tercero del dictamen de 28 de diciembre de 1985, redacten y publiquen la memoria de la Reunión de Análisis y Consulta y le dé la más amplia difusión. Muchas gracias.
El C. presidente:- Tiene la palabra el señor diputado Efraín Calvo Zarco.
El C. Efraín Jesús Calvo Zarco:- No vamos a hacer lo que hemos hecho en otras ocasiones, que ha consistido fundamentalmente en hacer una serie de propuestas recogidas del movimiento de los damnificados. En esta ocasión queremos hacer más bien un recuento de lo que pasó, un balance de los que pasó, pero con dedicatoria, ojalá por lo menos logremos quitarle el sueño a los compañeros que va dirigido este mensaje a los compañeros del Partido Revolucionario Institucional.
Comentábamos el otro día, el compañero Peñaloza y yo, que ustedes creen que nosotros somos Héctor Hernández, pero ustedes parecen concanacos cuando gritan y chiflan de esa manera, empecemos pues:
Cuando recién pasaron los sismos fue muy claro que el aparato operativo y de comunicaciones del gobierno prácticamente se paralizaron; eso por los daños habidos a las instalaciones oficiales.
Esto llevó a que la respuesta del Poder Ejecutivo en todos sus órdenes fuera caótica y desordenada; sólo el ejército como institución, mantuvo la coherencia y en cuestión de horas tenía ya un panorama aproximado de lo que había sucedido, tal y como nos lo informó el general Arévalo Gardoqui. Esta capacidad del ejército, que se deriva del hecho de ser un aparato paralelo de poder, le permitió movilizar a por lo menos un tercio de sus efectivos para eso de las 12 horas del 19 de septiembre, cuando se empieza a aplicar el famoso plan DN - 3E.
El gran problema que entonces surgió fue el siguiente: la intervención del ejército tomó una preponderancia total por encima de un poder civil golpeado y débil, pero como el poder civil de todas formas se resistió a ser desplazado, entró en fricción con el aparato militar provocándose entonces serios roces a nivel de los poderes, la consecuencia fue el malestar de todas las partes, de los civiles, de los militantes y de la población. En cuanto a la milicia la cosa llegó a tanto que se autolimitó en la aplicación del plan DN - 3E dejándolo a medias, todo ello llevo a una peor parálisis del Poder Ejecutivo que no atinaba a dar una respuesta efectiva a la grave situación creada.
No estamos haciendo reclamo alguno por supuesto, de que se debería haber aplicado el programa de los militantes; afortunadamente la atonía para decirlo de alguna manera gubernamental, fue superada y desbordada por la participación popular espontánea que durante por lo menos cinco días tomó en sus manos el control de la situación. Era común observar a miles de voluntarios tomando en sus manos el control del tránsito, el acopio de víveres y cientos de tareas más, el único obstáculo, la única limitante que encontró el voluntariado fue el estorbo que representó el actor gubernamental
. En efecto es de sombra conocido que el primer esfuerzo hecho por los rescatistas para sumarse a las labores de salvamento de vidas fue obstaculizado por el ejército, el mismo llegó solamente acordonar las áreas de desastre, desalojando a quienes llevaban a efecto las labores de remoción de escombros, casos concretos de ellos los tuvimos en el edificio Nuevo León en Tlatelolco, en el Hospital General, en el Multifamiliar Juárez, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por su puesto en las fábricas de San Antonio Abad, lugar este en donde las fuerzas armadas impidieron incluso el acceso de maquinaria especializada para las labores de rescate y sólo estamos mencionando algunos cuantos ejemplos.
Ya de por sí esta "chata" concepción de un plan de emergencia limitado sólo al acordamiento causó profundas molestias en el pueblo; miles y miles de mexicanos se quedaron muy resentidos, pensando que muchos hermanos se hubieran podido salvar sino hubiera sido por esta torpeza. Pero el descontento se acrecentó con la participación del ejército, por las irregularidades que se cometieron en el desempeño de sus funciones.
Ahí van a quedar los testimonios no solamente de Elena Poniatowska de gran autoridad moral; sino de aquellos de los que fuimos directamente testigos, cómo no recordar por ejemplo el reclamo de muchos tlatelolcas que se quejaban de que el ejército había llegado a desalojar las casas con pretexto de derrumbes, solo para después llevarse las pertenencias de los damnificados en camiones y con rumbo desconocido. Como no indignarse ante el recuerdo de lo sucedido en avenida Pino Suárez, a la altura de República del Salvador, cuando pudimos constatar que el dueño de una fábrica de ropa, obligaba a sus trabajadores a sacar las mercancías de un edificio que se estaba cayendo.
Como no vamos a recordar que ese dueño tenía un permiso firmado por el general brigadier diplomado del estado mayor presidencial Agustín Vallejo Alvarez, uno de los comandantes encargados de la primera zona militar, ante el cual no hubo autoridad civil alguna que pudiera oponerse y como olvidar que a sólo una cuadra de ahí los damnificados no podían moverse en ninguna dirección, ni ellos, ni sus pertenencias, por carecer de un permiso similar que de todas maneras no podían obtener porque estaba acordando el palacio nacional, sede precisamente de la primera zona militar.
Nunca vamos a olvidar tampoco, que fuimos testigos de cómo los dueños de las fabricas de San Antonio Abad donde quedaron sepultadas tantas costureras, contaban con permisos de la primera zona militar varios de ellos firmados por el general que ya les dije, para sacar sus mercancías. Mientras que era imposible conseguirlo para hacer pasar la maquinaria necesaria para el rescate de los cuerpos que aún tenían vida, daba rabia verdaderamente ver cómo los responsables de acordonar el área que tenían sus oficinas improvisadas a un lado de Bancomer y que nosotros visitamos, estaban llenas de telas y botellas de vinos producto de regalos de evidente procedencia y para fines bastante claros.
Después de que pasó la primera etapa, la etapa de rescate de vidas, esa etapa en la que los errores costaban vidas humanas muy lentamente para la emergencia del momento, el poder civil fue retomando el control de la situación, haciendo caso en algunas ocasiones a las recomendaciones que por ejemplo hiciera la comisión especial pluritartidista para dar cauce al esfuerzo del voluntariado y no obstaculizarlo. Pero vino entonces el reto de la reconstrucción, una vez que el gobierno se recuperó de su colapso, emitió una serie de declaraciones sumamente generales respecto a los criterios que se seguirían en la reconstrucción.
De entre ellos destacan las declaraciones del presidente en el momento en que se formó la Comisión Nacional de Reconstrucción. Ahí, De la Madrid aseveró que no se trataba simplemente de poner los ladrillos caídos, sino de reconstruir renovando; otra de sus definiciones apuntaba que la prioridad sería la vivienda, los hospitales y las escuelas. Sacó la conclusión además de que era indispensable desconcentrar o descentralizar para evitar una urbe tan grande y tan expuesta a los fenómenos naturales.
Hubieron otras declaraciones, todas ellas así de generales y abundaron aquellas destinadas a elevar el ánimo de la población pero nada más. En realidad los programas de reconstrucción se fueron elaborando en la práctica, pero gracias fundamentalmente a la lucha de las propias personas afectadas y en todos los casos, como veremos a continuación con varios ejemplos, los hechos se desarrollaron siguiendo la siguiente consecuencia.
1o. A las autoridades se les ocurría una salida genial para dar a uno de los problemas de los damnificados.
2o. Ese plan era rechazado por las organizaciones de los afectados.
3o. El gobierno aceptaba el plan de los damnificados pero realizando grandes campañas para mostrar su supuesta capacidad y
4o. Y esto es lo más grave, porque aquí se vino a hacer mucha demagogia de que no se iban a hacer partidismos, el Partido Revolucionario Institucional, que llegó demasiado tarde a los acontecimientos, trató de adjudicarse los éxitos y controlar con ayuda del aparato gubernamental, a los damnificados. Vamos a los hechos.
Podríamos empezar por cualquiera, por cualquiera de los principales problemas que vimos a raíz de los sismos, pero queremos empezar por la cuestión del decreto expropietario. Ya no voy a repetir lo que hemos dicho aquí en la pasada discusión; yo quiero abordar el asunto desde otro punto de vista.
Cuando se presentó el problema de qué íbamos a hacer con las personas que se quedaron sin vivienda, hubieron varias ideas en sectores del gobierno para resolver este grave problema. Mencionaremos algunas solamente: unos proponían un simple congelamiento de rentas donde fuera necesario, más la detención de todo tipo de juicios de desahucio. Había quienes planteaban que se obligara a los dueños de las vecindades a reconstruir, y si se negaban, entonces presionarlos para que vendieran a los habitantes de las vecindades, quienes se harían cargo entonces de la reconstrucción.
Como una modalidad de esto, hubo quienes pensaron que para poder afrontar esta tarea se requerirían préstamos gubernamentales, mientras que otros pasaban canalizar a este asunto los fondos de la solidaridad nacional e internacional.
Había quienes no entendían nada de esto, y que como el Regente de la ciudad declaraban que se construirían parques en todos los lugares en que se hubieran quedado edificaciones dañadas o como Carrillo Arenas de triste memoria, quien con su insensibilidad acostumbrada declaraba que a nadie se le iba a regalar nada. Parece que estaba hablando de otro planeta.
En calidad de mientras, las autoridades se dieron una línea a seguir en relación a los damnificados, quienes por miles ocupaban las calles en campamentos mal organizados. Mandarlos a todos a los albergues que se habían instalado para el caso. Sin embargo, nació y se desarrolló una poderosa resistencia a esta idea, principalmente por las siguientes razones: una, porque la gente temía que le robaran sus pertenencias si las dejaban abandonadas, temor muy bien fundado. Pero aunque las autoridades ayudaran a llevar las cosas a los albergues como prometio el delegado de la Carranza, seguía la resistencia por otra poderosa razón: si me voy a un albergue, razonaba el damnificado, llega el dueño de la vecindad y entonces si me corre como quiere hacerlo desde hace varios años.
Por supuesto, también contaba mucho, el hecho de que la gente no quería abandonar el entorno de siempre y al actuar así luchaba por mantener la imagen de su barrio. Los damnificados de las vecindades querían reconstruir eso no se duda, sin embargo, no querían reconstruir para beneficiar al dueño de la vecindad sino para el de sus familias.
Por supuesto se presentaba el problema de los fondos para llevara a cabo esta tarea, pues las personas de estos lugares son las mas humildes de la capital. Ciertamente, mucha gente no tenía con qué comenzar a trabajar, con lo cual el plan de la compra a los dueños se volvía una quimera. Sin embargo, los damnificados, contrario a los que pensaba Carrillo Arena, no querían nada regalado y estaban dispuestos a discutir cómo hacer para resolver este conflicto.
En vez de mostrar sensibilidad a esta realidad, la terquedad oficial realmente no tuvo límites. El Distrito Federal por su parte, siguió insistiendo en que la gente se fuera de los albergues a como diera lugar, llegó al extremo incluso, yo fui testigo de ello, de amenazar a la gente diciendo que mandaría brigadas especiales para llevarse a los niños y a las mujeres a los albergues, cosa que por su puesto no se atrevió a hacer ante la beligerancia de los tepiteños.
Luego, intentó chantajear a los damnificados, diciéndoles que sólo se entregaría lo recibido por la solidaridad internacional a aquellos que se fueran a los mentados albergues, cuestión que realmente hizo, utilizó el chantaje, pero que no consiguió de todas maneras el objetivo perseguido.
Las autoridades menores, como los delegados, hicieron su parte, por supuesto. Ante los reclamos de los damnificados sólo respondieron con promesas vagas o de plano con la indiferencia y la prepotencia que caracterizaron a los tristemente célebres delegados de la Venustiano Carranza y de la Cuauhtémoc, para poner solamente algunos ejemplos.
Los diputados del Partido Revolucionario Institucional no jugaron un papel muy brillante que digamos para dar respuesta al problema de vivienda de este sector de los damnificados. López Zepeda, por ejemplo, sólo se hizo presente en su distrito, aquél que abarcaba precisamente a la colonia Morelos, Tepito, cuando el Presidente hizo por ahí un recorrido, pero no se le vio participar activamente en las labores de rescate o en las de preveer a los damnificados de los más elemental. Tampoco intentó sino hasta unos veinte
días después de los sismos reunir a los representantes de las vecindades, y cuando lo hizo, lo hizo a manera tradicional, digo a manera tradicional de ustedes, mandando a terceros, ordenando que la gente se presentara a la asamblea, por su puesto poca gente le hizo caso, pues ya estaban bastante adelantadas una serie de organizaciones en Tepito, la colonia Morelos, Valle Gómez, Emilio Carranza y otros lugares, y cuando López Zepeda hizo su magra reunión no planteó por su puesto nada que se pareciera a la expropiación de los predios.
Podrían plantearse claro que este diputado estaba muy preocupado con relación al destino de los trabajadores bancarios de quienes es dirigente; pero no, ya hemos demostrado hace como un año también y en otras sesiones de esta Cámara, que López Zepeda no sólo no hizo nada por el rescate de los trabajadores de ese sector que quedaron atrapados en ese edificio, sino que además se hizo de la vista gorda, cuando la banca despidió a los trabajadores voluntarios que si se metieron a las labores de rescate. Tampoco la diputada Jarmila se mostró precisamente ágil en estos días en el distrito correspondiente al centro de la ciudad.
En honor a la verdad, sin embargo, a Jarmila sí se le vio preocupada por hacer llegar a algunos núcleos de damnificados alguna ayuda. Sin embargo, poco fue lo que hizo en relación a plantear las mismas orientaciones que resolvieran sus problemas. Menos aún planteó en momento alguno la expropiación de las vecindades que también abundaban en el centro, o sea no hubo propuesta política de resolución a los conflictos.
Quienes sí plantearon esta demanda dándose cuenta de la situación fueron en la colonia Morelos la organización llamada Peña Morelos, la Unión Popular de Inquilinos de la colonia Morelos, la Unión de inquilinos y Damnificados del centro en el Distrito de Jarmila y varias otras organizaciones que se formaron a raíz de los sismos.
Ellos plantearon la expropiación.
Esta propuesta les fue planteada a toda clase de autoridades, por su puesto que así fue y sus respuestas fue en todo momento los oídos sordos.
Cuando nosotros recogimos esta demanda y la presentamos primero ante el Presidente de la República y después en este pleno de la Cámara de Diputados el 24 de septiembre, en realidad no hacíamos otra cosa que ser transmisores de la voluntad de muchos de los damnificados, tarea que por su puesto nos enorgullece.
Dada la necesidad de las autoridades los damnificados tuvieron que organizarse mejor y más para ser oídos y llegaron a la conclusión de que era necesario realizar acciones contundentes para solucionar el problema. Así los damnificados buscaron a la prensa nacional y extranjera, llevaron a efecto conferencias, pero sobre todo realizaron una enorme marcha, enorme por su recorrido y cantidad de participantes desde la colonia Morelos hasta los Pinos el 27 de septiembre. Esta y numerosa otras acciones fueron las que conquistaron el decreto expropiatorio del 11 de octubre y no otra cosa, no fueron las recomendaciones de los diputados priístas como dijera el presidente Miguel de la Madrid cuando informó sobre este asunto.
Cuando el Presidente decretó la expropiación a nadie se le ocurrió calificar la medida como irresponsable o provocadora, como hicieran sólo dieciocho días antes los diputados Adrián Mora, Cuauhtémoc Amezcua, Elba Esther Gordillo, María Luisa Mendoza, Murillo Karam, Monarres Valenzuela, Moises Calleja y Santiago Oñate en esa famosa sesión del 24 de septiembre cuando propusimos el decreto expropiatorio y ahí esta el Diario de Debates, ahora por el contrario, todo fueron alabanzas al supuesto alcance histórico de miras del señor presidente Miguel de la Madrid Hurtado, este fue el primer intento serio, señores diputados de apropiarse de una demanda de los damnificados, pero después vino la secuela de definición relacionada del decreto expropiatorio y aquí de nueva cuenta la política oficial pecaba de errónea y antipopular.
Renovación Habitacional Popular fue la encargada de definir esas políticas y desde el principio enfrentó la resistencia de las organizaciones de damnificados a sus pretensiones, por esta razón renovación se vio obligada a aceptar los planteamientos de las uniones de las vecindades, en relación a una amplia gama de problemas que van desde la forma de recoger los verdaderos afectados por medio de asambleas en la que los avecindados se reconocen mutuamente, pasando por la clarificación de los así llamados certificados de derecho que acreditan las personalidades de los damnificados hasta llegar a las definiciones crediticias como tasas, plazas de pago y parte de salario y muchísimos otros aspectos.
Pero para que esto se lograra hubo de pasar sin embargo, mucho tiempo y se debieron sortear numerosas dificultades.
Renovación se dio por ejemplo, un plazo de quince meses para resolver el problema de las 42 mil viviendas de estos programas, sin embargo, en fecha tan tardía como febrero de este año, prácticamente sólo se había avanzado y esto en forma insuficiente en la repartición de los certificados de derecho. Por esta razón hubo que quitar a Parcero y poner a Aguilera al mando de . renovación, pero como producto de esta negligencia por ejemplo los damnificados tuvieron que pasarse las temporadas de frío en la calle pues las autoridades no definían qué tipo de propuesta llevara la práctica.
Mientras el Departamento del Distrito Federal seguía planteando que la fuente se fuera a los albergues, a necio nadie le gana al departamento, renovación no se decidía a reconstruir la vivienda transitoria en los lugares donde vivían los damnificados tal y como era su demanda, y para completar el panorama los damnificados tuvieron que enfrentar nuevamente a los priístas que trataban una y otra vez de aprovechar sus conquistas para hacer burdo proselitismo político. Jarmila por ejemplo se puso a repartir certificados de derecho que supuestamente había gestionado pero que no eran, sin embargo, conquista de ella, sino de las uniones de los vecinos del centro, y tan mal le fue que los vecinos la tomaban o como personal de renovación, o cuando se daban cuenta, definitivamente lo rechazaban y hasta le llegaron a cerrar con candado las puertas de las vecindades.
La C. Jarmila Olmedo de Garcilita: -¿Me permite una interpelación?
El C. Efraín Calvo Zarco: -Como no, compañera Jarmila, por supuesto.
La C. Jarmila Olmedo Garcilita: -¿Me lo puedes decir otra vez? Porque mientes, tú sabes el trabajo que desarrollamos en el distrito y que nosotros no tenemos por que avergonzarnos de nuestro partido. Lo que hace la gente de ustedes, trabaja por debajo, engañan a la gente, no se dice la verdad. El hecho de que la camioneta tuviera un logotipo del Partido Revolucionario Institucional, es lo que usamos, es lo que tenemos y no nos avergonzamos; ustedes en cambio engañan a la gente y no les dice de qué partido es. (Aplausos.)
El C. Efraín Calvo Zarco: -Qué bien que me interpela compañera Jarmila, porque me da la oportunidad de responderle, si usted se acuerda en esta Cámara de Diputados yo dije, muy demagógicamente se aseveró, que en esta tarea de reconstrucción nacional, en estos momentos en que la patria estaba tan herida, no se valían los partidismos. Ya desde el principio dijimos, que por ahí estaban poniendo los logotipos del Partido Revolucionario Institucional a los tanques de agua que se concedían por la solidaridad nacional e internacional. Como desde el principio, y no somos ingenuos, nos percatamos perfectamente de que ustedes eran los que estaban haciendo esa tarea de proselitismo político antes que buscar la resolución de los problemas.
Lo que usted dice, compañera Jarmila, es perfectamente claro, así actuaron ustedes, desde el principio, abiertamente como partido político y eso es precisamente lo que estamos condenando, que todos por las buenas o por las malas y les voy a demostrar más con muchos otros casos y con muchos otros diputados, actuaron desde el principio tratando de arrebatar la representación a los damnificados.
Si nuestros militantes de partido no se presentaron como partido, fue porque respetamos a la organización independiente de los damnificados a pesar de que participamos, ahí estamos comprometidos.
Vamonos a otros casos. El Hospital General, otra de las vergüenzas del Gobierno, lo fue el caso del Hospital General, creo que todos recordamos que el plan original del secretario de salud, era desaparecer ese hospital para dar paso a una desconcentración de los servicios médicos que prestaba la institución.
Afortunadamente la comunidad hospitalaria se opuso terminantemente a estas intenciones, principalmente por dos razones; una porque el hospital sólo requería de reparaciones menores y su inhabilitación dejaría sin servicio a miles de enfermos de escasos recursos y dos, porque era evidente el objetivo político de Soberón con esas medidas, pero tendía a desarticular la vida política y sindical de la comunidad hospitalaria con objeto de acabar con un posible foco de agitación política en el sector. Es de todos conocida la guerra de movilizaciones que efectuaron ante cada una de las declaraciones de Soberón los damnificados de la comunidad hospitalaria.
El insistía una y otra vez que se desapareciera el Hospital General y los damnificados iban una y otra vez en marcha sin movilizaciones, y hubo una de ellas especial, la de: "batas blancas", aquella silenciosa y respetuosa marcha a Los Pinos que le puso el mentir definitivo a los objetivos que tenía el doctor Soberón y que acabó definitivamente con el problema cuando el Presidente decide que el Hospital General se vuelve a abrir. Pero esa fue otra de las pifias de los secretarios de Estado que se presentaron durante la reconstrucción y los sismos.
Hay otro caso, mas doloroso todavía, que es el de las costureras, este fue tal vez de todos los casos que se conocieron a raíz de los sismos y que más impactó a la sociedad, por la magnitud de lo que se reveló cuando se presentaron los sismos. Para empezar, la destrucción de talleres de costura fue impresionante. Tanto, que cerca de 40 mil obreras quedaron sin empleo por los sismos, y no fue casual que los terremotos se hubieran ensañado en esta rama industrial, pues si se destruyeron ochenta centros de trabajo en este ramo, fue porque los dueños se instalaron siempre en edificios muy viejos, totalmente inadecuados para el trabajo y mediante la tradicional mordida a los inspectores mantuvieron talleres clandestinos por años y años.
Talleres clandestinos que además se ubicaban en edificaciones no aptas para la instalación de fábricas con pesadas maquinarias y tonelada de materias primas, lo más natural dadas estas circunstancias, era que una muy buena parte de esos talleres se cayeran, como se cayeron, pero al suceder esto, los edificios revelaron toda la crudeza de las condiciones infrahumanas de trabajo de las costureras. Las mismas no sólo han debido padecer condiciones insalubres de trabajo, laborando en sitio con poca iluminación o con corrientes de aire dañinas o calores insoportables o con asientos incómodos; también han debido padecer un régimen laboral absolutamente ilícito, en el que no se respetan los más mínimos derechos sindicales. Tradicionalmente, los dueños de los talleres de costura han sido para las costureras déspotas desalmados más parecidos a esclavistas que patrones modernos.
A raíz de los sismos, se difundió con amplitud la situación de las costureras, se supo por ejemplo, que eran sometidas a ritmos de trabajo muy intensos, con paga pésima y con frecuentes horas extras mal remuneradas y además obligatorias. Se conoció que la costurera tratada como basura por el patrón, quien muchas veces la trataba como a una prostituta por el simple delito de ser pobre y de requerir un trabajo. A la costurera se le obligaba a la sumisión y se le hostigaba sexualmente día a día y debía estar pegada a la máquina casi sin tener derecho ni siquiera de ir al baño. De la hazaña patronal se supo mucho por los sismos. Muchas costureras por ejemplo se quedaron atrapadas y murieron porque los supervisores las obligaban a seguir trabajando cuando comenzó el sismo; alguno de ellos incluso atrancó la puerta para evitar la desbandada; luego de los terremotos muchos patrones se esfumaron y los que se llegaron a encontrar no querían siquiera pagar los días trabajados bajo el pretexto de que todo se había perdido. Ante los reclamos de indemnización de los familiares de las víctimas, los patrones respondieron invariablemente con negativas o escondiéndose, ni se diga con las labores de rescate, no hubo so solo dueño que se prestará a ayudar a las mujeres que se quedaron atrapadas en sus fábricas, ni uno, por el contrario, se dedicaron a buscar a quien sobornar en el gobierno para obtener permisos con objeto de retirar sus mercancías y lo lograron, como ya lo señalé. Su crueldad llegaba a tanto que por ejemplo en San Antonio Abad 150 se les vio tratando de retirar una caja fuerte mientras a los familiares no se les daba nada para rescatar a sus deudos.
Y quién, señores diputados, en honor a la verdad, quién se va a creer que el gobierno no sabía que existía esta situación; nadie pues era con la complicidad de los funcionarios gubernamentales que se mantuvieron los talleres clandestinos, nadie va a creer tampoco ni nadie creyó, la cara de supuesta sorpresa que pusieron las centrales obreras ante la superexplotación de las costureras, pues es sabido que decenas de talleres clandestinos o no, tienen contrato de protección con los patrones ladrones explotadores de costureras.
Precisamente porque el gobierno y los burócratas sindicales tenían las manos manchadas en este asunto tan delicado, es que se dedicaron hacer todo tipo de declaraciones demagógicas, pero no más que eso, a pesar de que diputados y senadores se comprometieron a prestar ayuda a las costureras, nadie cumplió su palabra; a los familiares por ejemplo y como parte de una comisión que fue aquí de la especial pluripartidista, se les dijo que se enviaría maquinaria para rescatar los cuerpos, pero no fue sino hasta diecisiete días después, diecisiete días después de los sismos y luego de que hubo necesidad de parar el tránsito en ambos sentidos de San Antonio Abad, que por fin llegaron las mentadas maquinas para empezar el rescate de cuerpos, diecisiete días después, ya para qué.
El Congreso del Trabajo y la Secretaría del Trabajo también, se aprestaron a hacer una serie de declaraciones y para el 15 de octubre decían que el problema estaba bajo control, solo para que unos días después, el 18 de octubre, las costureras tuvieran que hacer una marcha multitudinaria a Los Pinos para reclamar una reunión intersecretarial que encontrara soluciones a sus problemas y reivindicaciones.
Como producto de estas luchas, de las costureras, el 20 de octubre ganan el reconocimiento del sindicato nacional y comienzan a pelear por sus reivindicaciones. Así por ejemplo, y contra la opinión de los líderes como Luis Pérez Díaz, diputado federal, pelearon y ganaron que las indemnizaciones se les dieran a las costureras no importando la situación de la empresa y siempre o encima de lo estipulado por la ley. Pero para eso hay que pelear; cosa a la que entonces no estaban acostumbrados varios líderes sindicales.
En un principio, el Secretario de Trabajo, demagógicamente planteó que la secretaría a su cargo apoyaría en todo a las costureras. Pero una vez que decayó la atención de la opinión pública y que dejó de ser peligroso estar contra las costureras, las propias autoridades se atrevieron a desatar la represión contra el así llamado Sindicato 19 de septiembre, al que engañaron con promesas falsas de dejarlo participar en el desfile oficial. Además, en estos momentos hay una campaña de desprestigio contra el sindicato, que tiene como objeto impedir el avance del mismo y proteger así a los sindicatos traidores que detentan los contratos colectivos que son contratos que son contratos de protección la mayoría absoluta de las veces. Pero el "19 de septiembre", es un sindicato difícil de derrotar; nació de los escombros, está acostumbrado a pelear en el peor de los
terrenos; además, de que cuenta con una autoridad moral que no tienen ni todo el gobierno junto ni los líderes corruptos.
Veamos otros caos: la colonia Roma y el Plan Fase Dos; ¿Cómo nacieron? Es sabido que en muchas ocasiones hasta los pasos positivos que da el gobierno los da mal. Como ya se mencionó, este fue el caso del decreto expropiatorio.
Por todos es conocido que hubieron numerosos errores en el primer decreto que más tarde se pretendieron corregir, sólo para caer en peores incongruencia.
En efecto, si bien con las correcciones que limaron algunos errores, como aquéllos risibles de expropiar predios del departamento o predios inexistentes o las propiedades que ya no eran de los vecinos, en muchos otros casos, se evidenció sin embargo, la falta de criterios sólidos para la expropiación, criterios que solicitamos una y otra vez a través de la especial pluripartidista al Departamento del Distrito Federal y que nunca se nos entregó, así como tampoco se nos dijo de quién era el error.
Así por ejemplo, hemos sido testigos de miles de casos de vecindades afectadas no expropiadas, vecinas de otras similares, que sí fueron concretadas en el decreto. Y fuimos testigos también del injusto criterio aplicado en la segunda ocasión que dejó fuera del beneficio de la expropiación a colonias como la Roma, por el pretexto de que los programas estarían dedicados a la vivienda popular.
A pesar de las reiteradas veces que organizaciones de damnificados señalaron la incongruencia gubernamental, la decisión fue no volver a emitir decreto expropiatorio alguno y por esta decisión quedaron sin protección más de 50 mil familias de las más de 100 mil que reconoce el gobierno que fueron afectadas en relación a la vivienda. Los vecinos sin embargo, como sucedió siempre, no se dieron por vencidos, y se organizaron. Así por ejemplo los pobladores del multifamiliar Juárez, a pesar de que tuvieron que soportar la enorme desgracia de ver a los miles de sus miembros muertos por los escombros, se plantearon luchar por sus derechos, mismos que tuvieron que conquistar a pesar de la tozudez tradicional de Carrillo Arenas.
El Gobierno no tenía más plan para estas edificaciones que las de obligar a los dueños supuestamente a que repararan, y si se negaban a hacerlo, obligarlos a vender. ¿Quién iba a proporcionar los créditos para llevar adelante esta tarea? ¿Qué facultades se iban a dar para esta labor? Nada, nada de esto estaba definido. Ante la falta de respuestas y acción de algunas de las autoridades que ni siquiera estaban obligando a los dueños a reconstruir, los damnificados tuvieron que buscar vías propias, y así encontraron formas de organización y financiamiento independientes, con los que empezaron la reconstrucción por su cuenta.
El Gobierno naturalmente se dio cuenta del peligro que entrañaba esta posición independiente, que lo podía desprestigiar en el extranjero, y retomó algunas de las ideas básicas de los damnificados, no contempladas en el decreto expropiatorio para diseñar lo que se ha llamado el que ya tanto discutimos Plan Fase Dos. Las desventajas de esta plan ya quedaron evidenciadas por los documentos que aquí se presentaron.
Lo que queremos destacar aquí con relación a esta cuestión de Fase II, son algunos detalles que llaman la atención, uno de ellos es la forma en que el gobierno ha presionado a las agencias no gubernamentales e independientes de financiamientos, sobre todo las europeas, con todo tipo de amenazas para que se vean obligadas a trabajar con el sector oficial, cosa que no querían hacer en un principio. Concretamente se les ha inflado la labor de apoyar a los damnificados para que ayuden a cubrir el monto de los enganches que se plantean en el plan Fase II. Curioso papel del gobierno de obligar a agencias independientes a hacer lo que quiere.
La otra cosa que queremos comentar, es de nueva cuenta el papel del Partido Revolucionario Institucional en el Plan Fase II. Posiblemente ustedes sepan que a quien más afectó la no expropiación fue precisamente a la colonia Roma, que resultó de las más afectadas por los sismos, y que según las cifras del Departamento del Distrito Federal arrojó un saldo de cuatrocientos setenta y cuatro edificios destruidos y mil quinientos con daños mayores.
Según el Departamentos del Distrito Federal este es el lugar donde más destrucción hubo. A pesar de que un 20% de familias optó por aceptar viviendas en el Estado de México, cuestión que los desarraigaba en su barrio y tradiciones, el problema de los que se quisieron quedar era grave desde el principio y lo sigue siendo hoy por supuesto. Se suponía que uno de los primeros responsables que ayudaba a los residente era el diputado del Partido Revolucionario Institucional Manuel Gurría Ordóñez.
Sin embargo, la primera vez que se lo vio por el campamento central de la Colonia Roma, ese que se puso en las calles de Chiapas y Córdoba fue solamente veintiún días después de los sismos, pretextó que había estado ayudando a los damnificados y que tal vez no los había visto a ellos porque era un nuevo campamento, lo que resultaba bastante risible, pues desde ahí se coordinaba toda la ayuda a la colonia desde el comienzo.
Gurría ofreció ayudo y la cumplió, a los tres días llegó con tres litros de aceite, pero cuando los damnificados le solicitaron que planteara aquí, en el Congreso de la Unión, que se formará una comisión que investigará los hechos del multifamiliar Juárez, no aceptó, con el pretexto de que él estaba sometido a la disciplina priísta. Eso que ya había señalado, que haría lo que se le ordenara, porque estaba al servicio de los electores.
Por supuesto, muy amablemente, le regresaron sus tres litros de aceite y lo despidieron de ahí. Más tarde, y seguramente porque ya no tenía nada qué hacer en su distrito, Gurría se iría, como todos sabemos como uno de los brujos alquimistas del fraude en Chihuahua.
El Partido Revolucionario Institucional no ceja en su intento de controlar a los damnificados y está usando el plan Fase II para tratar de obligarlos a caer en sus redes. Así ha puesto dicho plan bajo estricto control de los delegados políticos, quienes en estrecho contacto con los priístas están manejando el plan, sobre todo en el centro y colonias aledañas con sus seguidores, buscando por esta vía bloquear a las organizaciones independientes de los damnificados.
De nuevo están intentando, lo cual no quiere decir que vayan a ganar, a arrebatar una conquista a los damnificados para hacer proselitismo político, pero bastante desleal y aparatista.
Y vamos a Tlatelolco el Tlatelolco heroico. En este caso no nos vamos a meter en muchos detalles, en la medida que esta Cámara de diputados estuvo constantemente informada por la comunicada agrupada en la coordinadora de residentes de Tlatelolco de los pasos de su lucha, hagamos solamente un breve recuento.
Como se recordará, el origen de los problemas de los tlatelolcas es aquel de la singular figura jurídica de su régimen de propiedad: los certificados de participación inmobiliaria, que daban posibilidad de uso, no de propiedad, de los habitantes a sus viviendas.
Si bien, este sistema en una época fue un gran negocio, de repente dejó de serlo, por lo que Banco Nacional de Obras Públicas, Fondo Nacional Popular y Aisa, se dieron a la política de cambiar anticipadamente el régimen de propiedad para pasarlo al de condominio. Sin embargo, los vecinos se resistieron bajo el argumento de que había vicios ocultos de origen en las edificaciones, cuestión que sólo era responsabilidad de Banco Nacional de Obras Públicas corregir y no de los residentes, por ello se negaron a pasar al nuevo régimen y el Gobierno se negó a dar mantenimiento adecuado a los edificios, aún cuando varios de ellos, pero sobre todo el Nuevo León, estaban en serio peligro de caer.
La llegada de los sismos, corroboró los temores de los residentes y el edificio Nuevo León se vino abajo con una clara responsabilidad gubernamental. Era de esperarse entonces que el Gobierno tuviera una actitud positiva, que reconociera su responsabilidad y accediera a las demandas de los damnificados. Sin embargo, al frente de la Secretaría encargada de solucionar el problema; Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, estaba un hombre que había estado directamente involucrado en la construcción de Tlatelolco y que sabía exactamente en qué consistía la responsabilidad oficial en este caso.
Esta es la razón que explica por qué Carrillo Arenas se dio a la tarea de exterminar el foco infeccioso que significaba Tlatelolco; su política consistió desde el momento en que tomó el asunto en sus manos hasta que dejó el cargo a mediados de este año, en tratar de demoler treinta y tres edificios aún sin ninguno de los peritajes profesionales. Desconoció los derechos de los certificados de participación inmobiliaria dándoles a los damnificados un a sola alternativa, la desconcentración y se negó a reconocer que los certificados garantizaban la reconstrucción total de las viviendas en caso de sismo.
Carrillo Arenas se condujo en los tlatelolcas como un auténtico enemigo y fue necesario una larga y heroica jornada de lucha antes de que se le reconociera que tenía razón. En efecto, la coordinadora hubo de realizar cuatro marchas a Los Pinos, una de ellas de mujeres; siete marchas al Zócalo; dos a la Procuraduría General de la República; tres a la Cámara de Diputados; dos a la Secretaría de Gobernación; una a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y una más a Banco Nacional de Obras Públicas antes de que la nueva Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología la dirigida por Camacho Solís propusiera la famosa concentración democrática para la reconstrucción que de una u otra manera daba una respuesta positiva general a la demanda de los damnificados.
No todos los problemas están resueltos por supuesto, hay muchos problemas relacionados hasta la calidad de las obras y al avance, el ritmo de avance de las mismas. Vamos a destacar sin embargo de nueva cuenta la actitud camaleónica y aparatista de los diputados del Partido Revolucionario Institucional.
Elba Esther Gordillo estuvo intentando junto con Campos Bravo, ambos diputados federales de esta legislatura, apropiarse del movimiento desde un principio, llamaron a varias reuniones, una de ellas el 24 de septiembre pero sin éxito; el 2 de octubre finalmente en un acto que celebraron en el auditorio "5 de mayo" y en presencia incluso del Director de Fondo Nacional de Habitación Popular, Elba Esther fue ampliamente repudiada
por los cientos de delegados organizados ahí en la coordinadora de residentes de tlatelolco.
Desde entonces su revanchismo no tuvo límites, trató de dirigirse por ejemplo, en la gestora única de los damnificados ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Departamento del Distrito Federal, cosa que no le resultó. Ni ella ni Campos pudieron hacer propuestas concretas de reconstrucción emanadas de los propios residentes por lo que se transformaron de esta manera en una especie de garrote de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para implementar su política. Así Elba Esther desde un principio se convirtió en la implementadora de una campaña de terror que hablaba de la demolición inminente de los treinta y siete edificios que planteaba fechas para los desalojos y que amenazaba a los vecinos para que aceptaran las condiciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología por las buenas o por las malas. Según recuerdan los tlatelolcas, Elba Esther siempre realizó acciones paralelas y buscó enfrentar primero a los tlatelolcas entre sí y luego a los mismos contra las autoridades promoviendo incluso grupos de proveedores como las así llamadas juventudes revolucionarias priístas quienes hacían acto de presencia en las actividades de la coordinadora para plantear enfrentamientos estériles.
La caída de Carrillo Arena, dejó colgada de la brocha a Elba Esther Gordillo, la misma, sin embargo, ni se resignó a perder su posición de fuerza y así como abrazó lo política de Carrillo Arenas aceptó sin más la de Camacho, con objeto de tratar de controlar la organización de los tlatelolcas.
Con objeto de legitimar su supuesto poder la diputada priísta aprovechó la elección de los comités chicos de manzana de abril de 1986. En ello se instrumentó un escandaloso fraude manipulando de convocatorias, aprovechando sus relaciones con la subdelegación para no dar reconocimientos oficiales a los jefes de manzanas electos democráticamente etcétera.
Todo ello con objeto de mantener el absoluto control de la asociación de residentes , instrumento que hoy trata de oponer a los damnificado.
Antes de extraer las conclusiones generales de todo lo que acabo de decir, los hechos que acabo de relatar, permítaseme extraer las conclusiones generales de las políticas que anunció el Presidente.
El primero de ellos se refiere el criterio presidencial de: reconstruir renovando.
A nosotros nos parece un objetivo correcto pero bastante lejana está la política oficial de cumplir, veamos porqué. Los cálculos más conservadores señalan que lo destruido por los sismos, le costó a México por lo menos uno y medio billones de pesos, del año pasado, los propios cálculos gubernamentales no desestiman ese cálculo y unos hasta lo superan, pero tomemos esa cantidad como base, si no se pretende solamente poner los ladrillos caídos, eso debería costar por lo menos el triple de lo que se cayó, sin embargo, el presupuesto global para la reconstrucción sin contar el Fondo Nacional de Reconstrucción no alcanzó siquiera la cantidad de los 500 mil millones de pesos, o sea solamente la tercera parte de lo que se cayó; ¿dónde están entonces los recursos que harán posible que se aplique el criterio delamadridiano, con el cual estamos de acuerdo? No queda claro.
Tal vez por eso Camacho Sólis se haya visto obligado a reconocer que mas del por ciento de las viviendas dañadas, están fuera de todo plan gubernamental, pero ya que hablamos de los daños de los sismos, de los problemas de una infraestructura que no se van a poder resolver, veamos lo que sucedió al tipo de edificaciones que se destruyeron.
El Presidente reconoció, recordémoslo; que se destruyeron cerca del 30% de la capacidad hospitalaria instalada, que mil 658 escuelas resultaron afectadas, cuatrocientos doce edificios totalmente destruídos y 5 mil 728 resultaron dañados. Las cifras saltan a la vista y lo que no dijo el Presidente es que ya parte de los edificios públicos que resultaron afectados, entre escuelas y hospitales y oficinas de gobierno -y esto no es casual- se debe fundamentalmente a defectos en las construcciones o a los criterios con los que se adquieren en compra o venta a los edificios. Es el Gobierno el directamente responsable de que las cosas hayan ocurrido así.
Sin embargo, es el mismo Gobierno el que alude su responsabilidad, no sólo no ha denunciado a un sólo funcionario por las posibles irregularidades que mencionamos, sino que ahora resulta que el propio Gobierno se erige como gran damnificado y decide, sin consultar a nadie, que el dinero del Fondo Nacional de Reconstrucción se destine a la reparación de escuelas y hospitales, o sea lo dedica a resolver sus problemas.
Y ahora sí, pasamos a las conclusiones y los dejo comer en paz. Hoy a un año de los sismos de septiembre, vemos con gran alegría que una gran parte de las demandas de los damnificados han sido tomadas en consideración, lo que no significa que ya se hayan resuelto los problemas, vemos sin embargo con preocupación que el gobierno intente por todos, -por todos- los medios a su alcance retomar esos planteamientos, tratando de hacer a un lado, sin embargo, a los promotores originales con objeto de quedarse el
solo con el mérito de lo avanzado, mala práctica es esta que rompe totalmente con espíritu de la concertación democrática para la reconstrucción.
Estamos seguros, sin embargo, que esta táctica no da resultado alguno como no lo dio este año.
Respecto a la táctica priísta de tratar de adjudicarse los éxitos de los damnificados, queremos señalar lo siguiente: Como hemos visto, esta táctica se caracteriza por...
El C. presidente: -Señor orador, le recuerdo que se ha usted excedido en el tiempo que señala el reglamento.
El C. Efrain Calvo Zarco: -Señor presidente, término, son solamente estas dos cuartillas y se acabó.
Las conclusiones son las más importantes, lo que más les interesa a ustedes, ¿quieren que las abrevie sin leer? Vamos a abreviarlas sin leer para que sean en menos de tres minutos las conclusiones, las conclusiones son muy sencillas.
Lo que le sucedió al Partido Revolucionario Institucional en los sismos, fue que su estructura se vino abajo compañeros, con los edificios que se cayeron, por eso ese revanchismo que ustedes tienen, por eso, y mañana van a hacer una marcha de acarreados, por eso, hoy están tratando de recuperar el control por las buenas o por las malas, por eso están tratando de utilizar todos los recursos del Estado para recuperar el control de una situación que perdieron definitivamente a raíz de los sismos. Si es cierto Castillo, así sucedió. Esa es la parte central de nuestras conclusiones.
Para los damnificados, los verdaderos, pero los auténticos que van a ir a la marcha de mañana, esta cuestión del "19 de septiembre" no es ninguna fiesta, ni motivo de agandalles políticos, es un día de luto, pero es también un día de reflexión y es un día de lucha, y ahí estaremos con ellos.
El C. presidente: -Señores diputados: me han solicitado el uso de la palabra para contestar alusiones personales algunos diputados. A todos ellos les ruego se ajusten al contenido del artículo 102, usando por cinco minutos esta tribuna. Tiene la palabra el señor diputado Alonso Aguirre Ramos.
El C. Alonso Aguirre Ramos: -Con su permiso, Señor presidente, compañeros diputados: vengo a esta tribuna en mi carácter de soldado miembro de la más gloriosa de las instituciones nacionales, sin buscar en lo absoluto ninguna paternidad de los hechos ni una utilización vergonzosa de la situación de los damnificados.
Como soldado, soy miembro el ejército que es el pueblo en armas, y por ello a los militares nos duele profundamente todo lo que ha pasado al pueblo de México. Cierto que las fuerzas armadas debemos y actuamos de manera férrea, disciplinada y ordenada, aplicando nuestra organización, pero eso no nos prueba de nuestra condición humana y de nuestra condición de ciudadanos mexicanos.
No es cierto que el ejército haya actuado diez horas después como aquí se ha dicho, el ejército, por orden del centro de operaciones, se desplegó desde los diez minutos siguientes al sismo del 19 de septiembre, sobrevolando la ciudad de México con cinco helicópteros y seiscientos motociclistas para valorar los daños. Los que lo deseen tengo a su disposición el videocasete de ese vuelo.
No es cierto que el plan DN-E3 no haya sido aplicado el ejército, con los datos obtenidos, aplicó este plan en los términos en que aquí se explicó, después que la Comisión de la Defensa Nacional acudió a que el Secretario de la Defensa nos explicara las labores que desempeñó la fuerza armada, ejército y fuerza aérea a todos los diputados de la comisión de Defensa Nacional les consta esta situación que fue después explicada en ese pleno,
Cuando se trata de resumir la actuación de las fuerzas armadas es fácil que los señores diputados olviden que el sismo no solamente afectó al Distrito Federal en donde de inmediato se desplegaron 9 mil 357 hombres en misión de seguridad, de ayuda médica, de rescate de personas y propiedades. También se desplegó el servicio de sanidad y se recibieron heridos en las formaciones sanitarias, tanto las fijas como en el hospital móvil que fue desplegado.
Aún se sigue dando consulta a algunos de los elementos que no pueden recibirla en el Hospital Juárez, tal como ya se mencionó aquí en el hospital pequeño que tenemos en El Pípila y que pertenece al Estado Mayor Presidencial.
El servicio de transmisiones aseguró la comunicación oficial entre el Distrito Federal con las entidades federativas, toda vez que los daños causados al sistema de teléfonos no permitieron un control por parte de las autoridades de manera que fuera considerado efectivo. Participó en los estados de Colima, Hidalgo, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán y Morelos en donde en total se desplegaron 8 mil 130 elementos. además de los que se desplegaron en estos estados, se incorporaron los sábados a trabajar y a colaborar 40 mil conscriptos.
Se ha dicho que el ejército obstaculizó la labor de salvamento, esta aseveración es infundada; se basa principalmente en los dichos de personas que en su angustia por salvar a sus familiares o recuperar sus pertenencias deseaban entrar en áreas que a veces han sido consideradas como áreas peligrosas hasta en tanto se diese un peritaje técnico. Fuera de esto, el ejército en ningún momento actuó en forma que se pueda considerar obstaculizadora; no era la institución que estaba al mando de la situación.
El plan DN-E3 presupone la colaboración del ejército con las autoridades civiles, no se estaba aplicando una ley marcial en la que el ejército pueda asumir el mando y tome las atribuciones de las autoridades legalmente constituidas.
Se ha mencionado aquí el hecho de que la primera zona militar autorizó la entrada a algunos edificios, eso es cierto, pero previos los peritajes y el cumplimiento de la satisfacción de trámites que fueron determinados por el Departamento del Distrito Federal. Cierto que es difícil actuar cuando se tiene como norma, como la tiene le ejército, el respeto irrestricto de las leyes y las garantías individuales, que continuaron en su pleno ejercicio, si eso es criticable, el ejército acepta la crítica, porque hemos jurado mantener el imperio de la Constitución y seguiremos actuando con estricto apego a la ley, actuando para garantizar los mas sagrados derechos de los mexicanos. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Manuel Monarrez Valenzuela.
El C. Manuel Monarrez Valenzuela: - Con su permiso señor presidente; con su autorización compañeras y compañeros diputados: que lamentable compañeros diputados, que esta tribuna donde existe la más amplia libertad para que vengamos todos los representantes del pueblo y otros representantes de partidos políticos, la utilicemos como lo que ha sucedido hace unos momentos, por un cronista del terror, de la frustración, del resentimiento y de la desverguenza.
Estoy seguro que Dante Allighieri, lo reconocería como una de sus fuentes principales de inspiración, porque el sabe perfectamente que viene aquí a deformar, a mentir, a decir cosas que no las puede sostener con los hechos; porque el Partido Revolucionario Institucional no ha necesitado crear ninguna coordinadora; el partido Revolucionario Institucional tiene su propia organización y actuó desde el día 19 de septiembre de 1985 durante y después del sismo, y el Partido Revolucionario Institucional está actuando en cada uno de los frentes.
Efectivamente, a la mejor el compañero diputado Rafael López Zepeda, Jarmila o un servidor, no estuvimos en los lugares que ellos estaban, porque nosotros tenemos un distrito donde ganamos una elección, y no estamos representando aquí a ninguna minoría; el Partido Revolucionario Institucional sostiene que el ejército mexicano, como lo ha señalado el general, actuó de acuerdo al derecho que le dan nuestras leyes, y supo imponer el orden en la ciudad. Las autoridades actuaron de acuerdo a lo que le ha señalado nuestra propia Constitución, pero aquí no deberíamos de actuar como aves de carroña, querer sacar a los muertos para un beneficio personal, por el contrario, esta tribuna se debería de utilizar para hacer desde aquí un reconocimiento a los jóvenes, un reconocimiento al pueblo de México, y un reconocimiento a nuestras instituciones gubernamentales, que actuaron y supieron mover las conciencias y voluntades para superar la crisis, y estoy seguro que en la reconstrucción de nuestra ciudad de México, y de las otras entidades del país, habrá de seguir trabajando en mayoría el pueblo de México, el Partido Revolucionario Institucional, y las minorías servirán solamente como el partido al que representa este compañero, para venir a criticar y nunca para construir nada. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Lulio Valenzuela Herrera.
El C. Lulio Valenzuela Herrera: -Con su permiso señor presidente; distinguidos señores diputados y diputadas: vengo a esta tribuna en mi carácter de diputado federal, y más que nada como convencido priísta de que mi partido ha cumplido en las labores de reconstrucción, no con las actividades de proselitismo, que aquí ha venido a manifestar el diputado Efraín Calvo, sino en un legítimo reconocimiento y cumpliendo una obligación que como priísta tenemos de ayudar a nuestros electores. Quizás el subjetivismo o la ideología amañada o el fanatismo del diputado Efraín Calvo, le ha obligado aquí a deponer errores y a manifestar cosas que no son ciertas.
El, al abordar esta tribuna, y al deponer en contra de los diputados priístas, rebajó la autoridad de la representación popular, el vino a esta tribuna a manifestar lo que no pudo hacer como representante popular, ayudar a los mexicanos en desgracia.
La representación popular, diputado Efraín Calvo, se gana en las urnas, no se gana en la teoría. La representación del Partido Revolucionario Institucional que ostentamos, es una representación ganada sobre ustedes el siete de julio, las minorías y así lo aceptaron en este Palacio Legislativo, han aceptado su condición legítima también de minorías, a las cuales el Partido Revolucionario Institucional respeta.
No es cierto, como usted lo ha mencionado en esta tribuna, que el plan de reconstrucción haya
fracasado, no es cierto, también como se ha manifestado en esta tribuna, que las instituciones, el gobierno y el Partido Revolucionario Institucional, llegaron tarde a la ayuda de los damnificados.
Como diputados cumplimos con nuestro deber, legislando para los damnificados. Como representantes populares estuvimos gestionando al lado de ellos, no es cierto que la reconstrucción no esté en marcha, están los cuatro programas fundamentales: la Fase Uno, renovación habitacional, la Fase Dos y el Programa Democrático de Reconstrucción de Tlatelolco.
Quisiéramos, más que nada, que en esta tribuna se abordaran con objetividad las labores de reconstrucción, que se abordaran con madurez lo que todo un pueblo nos ha enseñado, el trabajo constante, el enfrentamiento de la adversidad y también la unión y la solidaridad de todos los mexicanos. Creo que como diputados e integrantes de este pueblo debemos estar orgullosos de él, debemos estar a la altura del pueblo ; venirnos a denigrar es denigrar la representación popular que ostentamos.
Antes bien debemos ahondar en la organización del pueblo, debemos ayudarlo a que la reconstrucción salga lo más pronto posible y debemos coordinar para que nuestro pueblo entienda que los diputados estamos de su lado.
Qué fácil es venir a criticar, el que critica y no hace nada ese nunca se equivoca, en cambio el activo, el que programa, el que realiza actividades, ese podrá equivocarse y preferimos los priístas equivocarnos trabajando, o solo venir aquí a criticar lo malo que se ha hecho o los errores y las fallas que ocurran en un programa.
Esa no es nuestra función como diputados del partido, nuestra función como diputados del Partido Revolucionario Institucional y entendiendo nuestros documentos básicos, es ayudar a que esa población, a que nuestros electores recobren su grado de dignidad, capten los beneficios por los cuales ellos han luchado y siguen luchando. Que no nos vengan aquí solo de un plumazo o de unas cuantas palabras a enlutar y a entristecer la actividad vigorosa de todo el pueblo, en ello, todos los diputados estamos comprometidos.
Las actividades del programa de reconstrucción son actividades que están a la vista, si bien no completas si es cierto que los muros, que las casas se están edificando ya algunas están edificadas. Que se construyeron vivienda provisional, que se alimentó y se rescató a los compañeros y los compatriotas que quedaron en los escombros, y esa es una actividad que no debemos soslayarla, porque al soslayarla estamos aceptando nuestra complicidad en los trabajos de reconstrucción y los diputados como auténticos representantes hemos estado al pendiente y al frente de nuestros electores.
Creemos que hablar con la verdad es una tesis de todo diputado y aquí el diputado Efraín Calvo no ha hablado con la verdad, ha omitido lo que se ha hecho, lo bueno que ha hecho nuestro pueblo y lo bueno que han hecho las instituciones en esta hora de desgracia.
Creemos pues que la reconstrucción no está terminada, la reconstrucción sigue adelante y nosotros como diputados, y el pueblo seguiremos y tendremos que seguir siendo sus protagonistas.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Rafael López Zepeda.
El C. Rafael López Zepeda: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: he pedido el uso de la palabra para algunas alusiones personales, ya que con el ánimo más desencantado y negativo, afectado quizás por una penosa y larga enfermedad que lo afectó a su regreso de vacaciones de la República Dominicana del Trosco, Efraín Calvo ha venido a mentir asquerosamente a esta tribuna; ha venido solamente a apreciar lo que el tamaño de su partido aprecia, ha venido a decirnos aquí lo que solamente el cree que es su verdad, pero solamente el una persona tan limitada y de un criterio tan bajo como de este compañero diputado; que lástima, que pena que esta tribuna haya sido para decir tal cantidad de mentiras. No es a usted compañero diputado al que tenemos que informar lo que hacemos los priístas, no sabía yo que cada vez tenga que ir a mi distrito, tenga que mandarle quizá un aviso compañero; lo que sí se que a mis electores, a mi partido y a mi organización es a quienes tengo que informarles lo que hago, y solamente de ellos espero reclamos, espero avisos. Muchas gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra el señor diputado Joaquín López Martínez.
El C. Joaquín López Martínez: -Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: indudablemente que hemos escuchado el triste papel que vino a representar el Garrett del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Efraín Calvo.
Un papel en el cual ha utilizado la tribuna más alta de la nación, para venir a exponer una sarta de mentiras, y eso comercializarlo personalmente hacia su persona y a su partido. Esto, esto compañeros legisladores, no se vale y quiero informarle al señor diputado Efraín Calvo, que mi partido, Revolucionario Institucional a breves horas del suceso del 19 de septiembre, los 40 diputados nos reunimos en sesión permanente para ir a todos y cada uno de los distritos en los
cuales fuimos electos, así es de que el vino aquí a manifestar que nos habíamos dormido, que habíamos dejado pasar tiempo y días -eso es mentira- estuvimos en pocas horas en nuestros distritos y ahí fuimos a ver a nuestros electores porque nos habíamos comprometidos con ellos.
Quiero informarle a este compañero que mi partido, el Revolucionario Institucional, jamás se ha dormido, eso querrá usted, pero jamás lo va a conseguir. Quiero también manifestarle que nuestros electores, por si usted no está enterado y quisiéramos que en algún día así como nos ha acompañado a algunas giras de la Comisión del Distrito Federal, pudiera usted acompañarnos a la giras que realizamos a nuestros respectivos distritos, donde el ciudadano Presidente de la República se comprometió, dio su palabra para que se diera la vivienda a los compañeros damnificados, y nada más como una información concreta, el día de hoy ha entregado más de seis mil viviendas. Eso es su palabra del Presidente y la ha cumplido.
No es posible que adoptemos un carácter tan mediocre y vengamos aquí a tratar de seguir llevando agua a nuestro molino, así no se gana compañero, se gana como ya lo dijo mi compañero que me antecedió en la palabra, con los votos, con la gente, con la consulta siempre con ellos, porque no nada más debemos acordarnos cuando se vienen las elecciones, mi partido, el Revolucionario Institucional permanentemente está con la gente y por eso somos la mayoría. Salud compañeros.
Presidencia del C. Nicolás Reynés Berezaluce
El C. presidente: -Tiene la palabra el señor diputado Luis Pérez Díaz.
El C. Luis Pérez Díaz: -Con su permiso señor presidente, compañeros diputados: tomo esta tribuna por una alusión del compañero Efraín Jesús Calvo Zarco, donde nos critica que no hemos cumplido con la obligación como representantes sindicales. Puedo decir que mi partido, el Revolucionario Institucional, y mi organización a la que pertenezco, orgullosamente estoy en esta tribuna y soy diputado de mayoría.
Y quiero decirles que desde hace más de cuatro meses esta en el poder de la Comisión de Trabajo, de la Comisión de Gestoría y Quejas un expediente completo donde se menciona que el sindicato ha defendido en tiempo y forma los derechos de las compañeras de lo que el compañero Efraín Calvo Zarco ha mencionado. No ha tenido la curiosidad de llegar y estudiar el expediente.
Yo pido que si el compañero Efraín Calvo Zarco no está conforme con la actuación que hemos llevado ante las autoridades laborales, me compruebe lo contrario. El sindicato al que yo represento ha hecho en tiempo y forma todo lo que debe hacer. Y le pregunto si ha tenido tiempo de ver el expediente que es lo que falta por hacer, y a ver si así puedo aprender algo de él. Muchas gracias, señor presidente.
El C. presidente - El señor diputado Efraín Calvo Zarco, en los términos del
El C. diputado Efraín Calvo Zarco: -estaban dormidos varios de ustedes pero les quitamos el sueño.
General Alonso, con todo respeto yo no dije que el ejército hubiera tardado diez horas, dije que a las doce del día el ejército ya tenía movilizada a la tercera parte de nuestros efectivos para acordonar la zona de desastre, eso lo dije reconociendo que el ejército como poder paralelo y con toda la capacidad, a diferencia del poder decidir de hacer lo que hizo y una cosa más que es muy importante; las cosas que hemos denunciado yo dije que la mayor parte de ellas soy testigo presencial, se las señalábamos en Gobernación cuando hablamos con el Secretario de Gobernación; se las señalamos personalmente a varios de los diputados de su comisión y lo reiteramos aquí y en donde sea necesario, porque si ha habido este tipo de fallas son realmente lamentables y se deben de corregir; pensamos nosotros.
Al diputado Monarrez, hizo lo mismo que el año pasado cuando propusimos el decreto expropiatorio; casi usó las mismas palabras, fue realmente impresionante esa forma de no aportar nada nuevo, pero hizo una cosa importante, eso sí, dijo una cosa importante, que el Partido Revolucionario Institucional no tiene necesidad de coordinadoras, que tiene su organización propia; ¿saben cuándo nació la coordinadora única de damnificados? El 24 de octubre de 1985, ¿y saben cuándo nació sus organizaciones? Cinco meses después; por si hubiera un dato ilustrativo, de quién se movió, con qué velocidad, bastaría señalar este dato que ahí se queda:
Lulio, hay una cosa muy interesante con Lulio, resulta que cuando uno ya es vecino de los que están sujetos a lo del plan Fase II, y va a pedir a la delegación Cuauhtémoc que le den por favor información sobre el plan Fase II, le dicen vayan a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional y hablen con Lulio Valenzuela; para empezar ahí tienes una responsabilidad muy metida, directa, de como se está utilizando al Partido Revolucionario Institucional, para tratar de llevar agua a su molino.
Le iba yo a responder a Lulio que no tenía yo que rendirle cuentas aquí, pero si, sí voy a rendir
cuentas; fuimos de los pocos diputados que se movilizaron muy activamente a raíz de los sismos y si pudimos traer aquí no solamente la propuesta de la expropiación, sino muchísimas otras más que ustedes pueden revisar en el Diario de los Debates de que soy hoy parte de los programas de reconstrucción que se están llevando a efecto, no fue porque nos sentemos atrás de nuestro cómodo escritorio a contemplar la realidad, fue por nuestra participación necesariamente; entonces si doy cuenta además de las cuentas que damos con los trabajadores, con los campesinos, con quienes trabajamos constante y cotidianamente.
Yo no dije Lulio, yo no dije nunca que no estén en marcha los programas de reconstrucción, yo no sé dónde sacaron ustedes eso, yo lo que dije, es que no me iba a meter en ese asunto porque de todas maneras está caminando; lo que trate de demostrar y creo que lo hice, fue con hechos constatables, que no me respondieron ninguno de ustedes, fue pura oratoria aquí, lo que traté de demostrar es que el origen de esos programas de reconstrucción no está en sus brillantes ideas, señores diputados priísta, sino la voluntad de organizarse y movilizarse de los damnificados, que son los que han sido quienes han conquistado con la fuerza, por la buena o por la mala, con la razón o con la movilización, todos esos programas de reconstrucción.
Al diputado López Zepeda, sería bueno que rindiera cuentas también aquí, porque vale la pena; ya en una ocasión lo increpamos, le dijimos que no estaba haciendo nada por los trabajadores bancarios y nos respondió en el mismo tono: "a ustedes no tengo que informarles". Pero cómo no, si esta es una representación nacional y aquí vale la pena que cuando alguien es cuestionado, diga lo que está haciendo, en pocas palabras no me contestó.
Obviamente yo no voy a pedir que se retiren del Diario de Debates, toda la bola de insultos que ustedes sí me lanzaron, yo no hice un solo insulto; simplemente relaté hechos, y les puse su adjetivo calificativo después de narrarlos; pero a ninguno de ustedes los insulté personalmente, y ustedes sin embargo, han insultado cantidad. No pido que se retire el Diario de los Debates toda la cesta de insultos, porque ahí queda. Ahí queda cuál es su respuesta ante señalamientos concretos.
Y finalmente, a Luis Pérez Díaz ha sido señalado por las costureras como de sus charros traidores, nefastos, que tienen contratos de protección con las empresas. Las compañeras costureras de Symor, Sociedad Anónima, vinieron aquí a esta Cámara de Diputados, vinieron primero a la Comisión de Gestoría y Quejas y después vinieron en mitin, a decir que Luis Pérez Díaz las había utilizado en su campaña electoral, pero que cuando se vinieron los sismos, no se paró.
Varias compañeras están reclamando su indemnización y todavía no les llega. Todavía no les llega, a pesar de pertenecer a este sindicato de la Crom, ¿éso es solución rápida? Solución rápida la que ha dado el "19 de septiembre", que ha resuelto miles de casos de costureras con conquistas muy superiores a las que marca la propia ley, eso es trabajar, pero para eso se necesita movilización, pero se necesita también voluntad de movilización y no solamente palabras o actuar simple y sencillamente de acuerdo a lo supuestamente estipulado. No Luis Pérez Díaz, ese estigma que tiene el compañero, no se lo va a quitar nadie, porque aquí vinieron las costureras y están dispuestas a venir cuantas veces sea necesario, a volver a ratificar sus argumentos, eso es todo lo que tengo que decir.
El C. Pablo Alvarez Padilla: - Pido la palabra para hechos.
El C. presidente: -Con todo gusto señor diputado Pablo Alvarez Padilla.
El C. Pablo Alvarez Padilla: -Con su permiso señor presidente; compañeros diputados: quisiera leer a ustedes el texto de un oficio suscrito por Jesús Salazar Toledano, presidente del comité directivo en el Distrito Federal del Partido Revolucionario Institucional, sito en Puente de Alvarado 75, México, Distrito Federal.
«México, Distrito Federal a 7 de marzo de 1986.
Compañeros del Partido, integrantes de Comités de Reconstrucción. Presente.
Para superar los daños ocasionados por los sismos, y hacer efectivos los beneficios de la expropiación ordenada por el Presidente de la República, ustedes decidieron organizarse dentro de su vecindad en un comité de reconstrucción, promovido por nuestro Partido Revolucionario Institucional.
Estamos avanzando en esta lucha para tener una vivienda digna, pero todavía nos falta un tramo que recorrer. Necesitamos poseer todos el certificado de derechos, firmar los convenios para disponer del crédito y que de una vez por todas se inicien las obras de nuestro predios y de nuestras vecindades. Por eso es importante la oportunidad que vamos a tener de pedirle al Presidente que sus instrucciones se cumplan de inmediato, en el acto de toma de protesta de la federación de comités de reconstrucción, que tendrá lugar el próximo jueves 13 del presente, a las doce horas en la sala de armas de la ciudad deportiva de la Magdalena Mixhuca en la delegación de Iztacalco.
La presencia de todas las familias damnificadas priístas en este evento es de vital importancia para que el licenciado Miguel de la Madrid compruebe, una vez más, la urgencia de resolver nuestros problemas y la confianza que tenemos de que su gobierno cumpla el compromiso que ha contraído con nosotros. Asistamos todos a esta reunión con el Presidente, para lograr que se empiecen de inmediato las obras de construcción en nuestra vecindad.
Hay una frase latina que dice que: "al inteligente paupa", a los inteligentes pocos argumentos por que les son suficientes para darse cuenta de la realidad y de los alcances de la situación.
¿Cómo es posible compañeros, que después de leer un documento como éste, escrito por Jesús Salazar Toledano, se piense todavía que el Partido Revolucionario Institucional no ha usado en forma desvergonzada y cínica este hecho tan lamentable que hemos padecido todos los mexicanos del 19 de septiembre del año pasado, que estamos por cumplir ya un año de conmemorar tan infausta fecha? ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta de este tipo de documentos? ¿Cómo es posible que no deduzcamos de ellos que no existe ningún Partido Revolucionario Institucional, sino que se trata de una membresía y de una sigla inventada por el Gobierno para funcionar y para controlar políticamente la situación del país?
Esto es claro, las personas que conocen la forma de como se puede constituir un partido político que saben de teoría del estado y de ciencia política, sabrán quizás, no exteriormente pero en el fondo, darme la razón. No es posible ¿cuál libertad de asociación? ¿Cuál independencia de criterio? ¿Cuál situación concreta derivada de la Constitución de un verdadero político, puede connotarse o puede asimilarse en la forma de funcionar del Partido Revolucionario Institucional?
Quiero también ser sincero con ustedes y decir, entiendo que no todos los priístas son iguales, ya en algunas ocasiones los he distinguido, los he clasificado en órdenes, de acuerdo con un criterio personal por la observación que de los hechos veo. Hay gente que quisiera en realidad, que su instituto funcionara como un verdadero partido político, pero que sin embargo, contra él se levantan todas las inercias de años en donde hay muchos intereses que proteger y prefieren seguir de la manera como lo han venido haciendo, como su secretaría para efectos electorales controlada por la Secretaría de Gobernación.
Corran riesgos compañeros priístas, no se monten verdaderamente en un problema tan grave, tan vergonzoso, tan delicado y tan triste y tan lamentable como fue el sismo del 19 de septiembre pasado. Manténganse marginados de esa situación, dejen a las personas que sufran su dolor, que piensen en sus muertos, que piensen sobre la manera como pueden resistir psicológica y anímicamente esta situación y solventarla a su manera. Pero por favor, no las apabullen con una nueva desvergüenza, como es el de conmemorar mañana este infausto acontecimiento, como fue el sismo del que estamos hablando.
Todo lo que ha dicho Calvo aquí no sé si tenga razón, porque los elementos de juicio que él categóricamente ha expuesto aquí, pues han sido muy contundentes y las respuestas que le han dado no han convencido a nadie.
Yo quisiera que el debate se hubiera llevado en el mismo tono de mesura, de racionalidad, de acuerdo con hechos que él exponía, hubieran sido rebatidos. Tal parece que la racionalidad de un hecho aquí trata de debatirse a nivel de graduación de decibeles, tal parece que el grito mayor es el que gana el discurso, el que gana el debate, y no es posible continuar en este mismo tono.
Y por si alguno quiere algunos elementos de juicio mayores, aquí hay documentación del Partido Revolucionario Institucional; aquí hay más documentación en donde se denuncia a actuales diputados de hechos lamentables como es el acarreo y la manipulación de las gentes. Por pudor, por respeto a este diputado, ni siquiera voy a dar su nombre aquí, él sabe bien de quien se trata, gente que ha traído aquí, empleados de la Secretaría de Comunicaciones para abuchear las posiciones de los partidos de oposición.
Yo creo compañeros, que si en realidad todos tenemos la aspiración justa de mejorar al país, debemos de estar convencidos de que esta mejoría no va ser por generación espontánea, esta mejoría es por decisión personal de cada uno de nosotros como hombres y como diputados. Muchas gracias.
El C. presidente: -Se concede la palabra para hechos al señor Alonso Aguirre Ramos.
El. C. Alonso Aguirre Ramos: -Con su permiso, señor presidente; señores diputados: me permito hacer uso de esta tribuna para referirme a una mención hecha por el señor diputado Calvo, en el sentido de que sus aseveraciones son verídicas y que fueron presentadas ante la Secretaría de Gobernación, no podemos entrar a discutir esos puntos en este lugar, porque faltaría que se aportaran pruebas verídicas y fehacientes.
Yo sólo quiero permitirme entregar aquí y lo voy a entregar a la secretaría, un resumen en donde están dando los valores rescatados por el ejército, que nada más a manera de ejemplo yo quisiera decir que, en el edificio Nuevo León se recogieron 426 mil 650 pesos, 189 monedas de plata ley 0.720; 294 en pesos mexicanos del año de 1962,
monedas de 10 pesos, etcétera, una lista tremendamente larga.
Se encontraron armamento que también fue entregado, alhajeros, anillos, relojes, bolsas. En el edificio de Cuauhtémoc y Avenida Central se entregó -y está dispuesto a que se corrobore en la forma que lo crea conveniente el señor diputado Calvo-, se entregó en efectivo 1 millón 150 mil pesos, 92 monedas de plata ley 0.720, cuatro monedas de oro, una cubeta llena de monedas de 20 y 50 pesos, joyas, aretes, anillos, pulseras y esclavas.
De lo que se entregó a las diferentes personas que se presentaron a rescatarlo, al señor Necín Gulsari se le entregaron 53 cheques nacionales con valor de 12 millones 570 mil; se le entregaron tres kilos 840 g de material de joyería, 12 mil 953 dólares y 77 mil 142 pesos en efectivo.
Al señor José Zerur, 50 cheques nacionales por 12 millones 827 mil y además 47 letras de cambio con un total de 59 millones, una caja fuerte conteniendo la cantidad de 4 millones y medio; al señor Alberto Galán, más de 72 millones en documentos entregados a la Secretaría de Protección y Vialidad.
En el edificio C-4, el soldado entregó al teniente de infantería Alberto Serrano, la cantidad de 500 mil pesos en billetes de diferentes denominaciones, también se hicieron entrega al señor Lázaro Carrillo de 194 mil 300 pesos en billetes de caja; en Bolívar y Fray Servando Teresa de Mier, se entregó una caja fuerte perteneciente al Banco Nacional de México.
Como ve usted, es muy difícil tener la ubicuidad suficiente para cuidar detrás de 9 mil elementos de tropa y poder estar encontrando situaciones como las que señala el señor diputado Calvo; creo que la mejor forma es que se haga una denuncia en serio y no utilizar esta tribuna para hacer acusaciones que es muy fácil de plantear si no se tienen las pruebas; creo que eso no es honesto, sobre todo cuando se trata de estar poniendo en entredicho una institución, que por razón natural tampoco tiene la obligación de estarle informando al señor diputado Calvo, de cada movimiento y cada paso que da cada soldado, de los asuntos que recogió o que encontró, que canalizó de acuerdo con las disposiciones reglamentarias. Muchas gracias.
El C. presidente: -Hay dos personas que han solicitado la palabra para presentar iniciativas, que como ustedes saben, de conformidad con el contenido del artículo 30 debe dársele preferencia.
Yo solicité a los dos señores diputados nos concedieran la oportunidad de terminar con este debate, para posteriormente concederles el uso de la palabra.
Tiene la palabra para presentar una iniciativa el señor diputado Pablo Alvarez Padilla.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
LEY DE QUIEBRAS Y SUSPENSIÓN DE PAGOS
El C. Pablo Alvarez Padilla: -Señor presidente; compañeros diputados: INICIATIVA DE LEY QUE CONSTITUYE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 163 Y 165 DE LA LEY DE QUIEBRAS Y SUSPENSIÓN DE PAGOS
«Que presentan diputados del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 fracción II y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Federal.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existen en el mundo de los negocios de la actualidad, factores de diversa índole que tienen con los mismos relación y que en momentos significan la vida o el fracaso de las empresas.
Esta situación puede presentarse en forma graduada y eso permite a los negocios ir tomando o previniendo las medidas adecuadas para solventar los problemas; o puede presentarse intempestivamente, lo cual acarrea serios problemas, ya no sólo en el manejo o administración de la empresa, sino hasta en la vida de la misma, con todos los efectos que ello conlleva: inflación, costos, ventas, reservas, impuestos, financiamiento, crédito, etcétera, son temas que significan todo para el crecimiento económico de una región o de un país en su totalidad.
Cuando a una empresa sus problemas le han rebasado y existe real capacidad para solventar los créditos que debe cumplir a favor de acreedores (así lo establece la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, cuando en su artículo primero establece: artículo 1º. "podrá ser declarado en estado de quiebra el comerciante que cese en el pago de sus obligaciones"). La ley prevé la posibilidad de que sea a petición del comerciante, de un acreedor, etcétera, declarar el estado de quiebra obligando al comerciante prácticamente a la liquidación, bajo determinadas circunstancias de la empresa o negocio en giro.
La Ley de Quiebras es muy rigurosa en el establecimiento de los requisitos de procedencia para decretar la quiebra, y rodea a la institución de una forma de control a efecto de que los acreedores no sean defraudados por simulaciones culpables o fraudulentas. Una situación real de quiebra, trae para el quebrando -máxime tratándose de persona física-, problemas muy graves en el orden económico, familiar y social, incapacidad económica para solventar ya no sólo los créditos a acreedores diversos, sino aún obligaciones alimentarias elementales que con la familia se tienen.
Es pues, en atención al bienestar familiar primeramente y en segundo lugar por adecuación a la constitucionalidad, que debe ser característica ineludible de las leyes secundarias y aún atendiendo a una técnica legislativa adecuada, que los artículos 163 y 165 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos deben ser modificados, a efecto de lo cual conviene hacer un análisis de dichos preceptos:
El artículo 163 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos establece actualmente que: "Frente a la masa se presumirá que pertenece al cónyuge quebrado los bienes que el otro hubiere adquirido durante el matrimonio, en los cinco años anteriores a la fecha a que se retrotraigan los efectos de la declaración de quiebra.
Para proceder a la ocupación de estos bienes, sin perjuicio de las medidas precautorias procedentes, el síndico deberá promover un incidente en el que, para obtener la resolución judicial favorable, bastará que pruebe la existencia del vínculo matrimonial dentro de dicho período y la adquisición de los bienes durante el mismo.
El cónyuge podrá oponerse probando en dicho incidente o en el que se promueva, en los términos de la sección IV del capítulo cuarto, que dichos bienes los habría adquirido, con medios que no podrían ser incluidos en la masa de la quiebra, por ser de su exclusiva pertenencia o que le pertenecían antes del matrimonio".
El precepto inmediatamente transcrito, adolece en su redacción de errores graves de inconstitucionalidad, tales como el afectar los derechos del cónyuge del quebrando, presuponiendo abusivamente que fueron adquiridos con recursos del quebrado, el juicio que categóricamente establece el artículo 14 constitucional, haberlo oído y haberlo vencido, agravando su situación imponiéndole la carga de la prueba para acreditar que los bienes fueron adquiridos con recursos que no pueden ser incluidos en la masa de la quiebra, o que le pertenecían antes del matrimonio.
A tal efecto conviene pensar que el precepto en cuestión urge sea modificado por las razones inmediatamente expuestas, y además porque al margen de la capacidad y competencia del precepto aludido, viola la soberanía de los estados o entidades federativas, al legislar sobre materias como la sociedad conyugal, sus bienes, y el destino de los mismos, materia correspondiente a los Códigos Civiles de todos los estados.
Por otra parte el artículo 165 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, establece que: "todos los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal quedan comprendidos en la masa de la quiebra del cónyuge que quebrare. Si el otro cónyuge usara el derecho de pedir la terminación de la sociedad conyugal, en los términos de la legislación civil, podrá reivindicar los bienes y derechos que le correspondieren".
Como se ve claramente, el precepto es atentatorio a las garantías de legalidad consagradas por el artículo 14 de la Constitución Federal, al privar al cónyuge del quebrado de los bienes y derechos correspondientes a la sociedad conyugal, sin previo juicio y audiencia relativa.
Las modificaciones que se proponen, mejoran el texto existente y salvan los problemas de inconstitucionalidad y afectación económica abusiva a la familia del quebrando, y aseguran de varias maneras la subsistencia familiar, y el orden y la paz social, valores que el derecho preconiza como su natural soporte.
Texto que se propone:
Artículo 163. Si existiera fundada sospecha que los bienes adquiridos por el cónyuge del quebrando durante los cinco años anteriores a la declaración de la quiebra, hubieren sido adquiridos con recursos del quebrado, para privar a éste de dichos bienes, el síndico podrá promover juicio en contra del cónyuge del quebrando para, obteniendo resolución judicial favorable, reivindicarlos a la masa del quebrando.
Artículo 165. De los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal del quebrado, sólo entrará en la masa de la quiebra, aquéllos que correspondan y conformen su proporción en dicha sociedad.
Por lo que pedimos se de a las iniciativas propuestas, el trámite reglamentario.
Protestamos lo necesario.
México, Distrito Federal, Palacio Legislativo 18 de septiembre de 1986.
Diputados: Pablo Alvarez Padilla, Javier Abreu Sierra, Carlos Arturo Acosta González, Juan Alcocer Bernal, Gonzalo Altamirano Dimas, Víctor Guillermo Alvarez Herrera, Pablo Alvarez Padilla, Consuelo Botello de Flores, Manuel M.
Bribiesca Castrejón, Alejandro Cañedo Benítez, Juan de Dios Castro Lozano, José Ángel Conchello Dávila, Jaime Delgado Herrera, Franz Ignacio Espejel Muñoz, Cristóbal Nicola Figueroa, Edeberto Galindo Martínez, Jesús Galván Muñoz, Ricardo García Cervantes, Jesús González Schmal, María del Carmen Jiménez de Avila, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Salvador Landa Hernández, Federico Ling Altamirano, Ubaldo Mendoza Ortiz, Sergio Teodoro Meza López, María Esperanza Morelos Borja, Amado Olvera Castillo, Jorge Eugenio Ortíz Gallegos, Javier Paz Zarza, Héctor Pérez Plazola, Humberto Ramírez Rebolledo, Humberto Rice García, Oscar Luis Rivas Muñóz, Cecilia Romero Castillo, Alfonso Joel Rosas Torres Rubén Rubiano Reyna, María Esther Silva Alvarez, Germán Tena Orozco, Héctor Terán Terán, Eduardo Turati Alvarez, Pablo Ventura López y Héctor Mejía Gutiérrez.
De la lectura y del comentario hecho, están suficientemente aclarados los propósitos que motivan esta iniciativa que se está presentando ante esta soberanía.
Es por todo ello que con los fundamentos del reglamento, solicitamos que se les dé el trámite adecuado a estas iniciativas y protestamos lo necesario de acuerdo con el reglamento.
Palacio Legislativo, 18 de septiembre de 1986. Las firmas de todos los diputados de Acción Nacional que avalan esta iniciativa». Gracias.
El C. presidente: -Túrnese a la Comisión de Justicia.
Tiene la palabra el señor diputado José Piñeiro López, para presentar una iniciativa.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
El C. Genaro José Piñeiro López: -Con su permiso señor presidente; compañeros diputados: en el uso de la palabra a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, vengo a presentar a esta soberanía.
INICIATIVA DE DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SE AGREGA UN CAPÍTULO A LA MISMA
«C. presidente de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
1º. Considerando que la seguridad social otorga al conglomerado mexicano en un importante volumen, beneficios como la salud, asistencia médica, servicios sociales encaminados a generar el bienestar colectivo e individual; y aún cuando tales beneficios se han circunscrito a los que prestan servicios como trabajadores en términos generales, se posibilita la inclusión de los particulares con la consecuencia de mayores erogaciones a las provenientes de una relación de trabajo.
Es pues, el Seguro Social el medio idóneo para la seguridad colectiva que se otorga como un servicio público a nivel nacional, además de otros medios de esta misma naturaleza que diversas leyes establecen para determinados grupos, como son los seguros de otra índole proporcionados por entidades privadas y públicas.
Por medio del Seguro Social se cubren pues, contingencias o eventualidades a través de los diversos servicios conferidos por la institución descentralizada respectiva, mediante prestaciones en especie y en dinero; en los términos previstos en la ley respectiva y en sus reglamentos.
El principal fundamento del Seguro Social se encuentra o localiza en la seguridad social, mediante el otorgamiento de servicios de beneficio colectivo, en algún caso específico, otros destinados a prestaciones sociales cuya finalidad es fomentar la salud, prevenir enfermedades, así como accidentes y contribuir a mejorar los niveles de vida de la población.
2º. Que la protección del Seguro Social no es tan amplia como se deseara, pues al régimen obligatorio se circunscribe solamente a: riegos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada, muerte y guarderías para hijos de asegurados. Quedando entonces desprotegidas eventualidades como el desempleo, en casos que ni siquiera pudieron considerarse en su sentido nato, sino incluso restringido a circunstancias derivadas de excepción; un ejemplo claro lo tuvimos como efecto de los sismos de septiembre del año pasado.
Un importante número de fábricas quedaron inactivas y otras desaparecieron del ámbito económico por destrucción total o parcial, dejando a los trabajadores sin posibilidades de ingreso, pues su fuente de trabajo se extinguió; pero además, lo penoso de esta situación es que el Seguro Social no prevé esta eventualidad y desprotege a los afectados.
3º. Que según las últimas reformas a la Ley del Seguro Social, la institución otorga seis meses de servicio asistencial a partir de la fecha de baja del trabajador, independientemente de la causa de la misma. 4º. Que es necesario garantizarle al trabajador en caso de siniestro, además de servicio asistencial, el salario correspondiente por el tiempo que dure
el estado crítico de afectación, consecuencia del siniestro.
5º. Considerando además que, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativas de reforma a la Ley Federal de Trabajo en los artículos 51, 132, 133, 430, 435, 436 y 502, que sin duda alguna fortalecen el espíritu de protección al trabajador.
6º. Es necesario que se grave, aún con mayor vehemencia, al sector empresarial a efecto que el sector obrero disponga de mayor seguridad en cuanto a su sobrevivencia, ésto como un acto de justicia social y económica, ya que es patente e inobjetable que la fuerza de trabajo mexicana es explotada, sin que las leyes, en especial la Federal del Trabajo, resuelva ese problema pues la fijación de los salarios o retribuciones no son remuneratorios; por lo que nos asiste como organización política, se satisfagan anhelos populares de bienestar como fórmulas para la armonía colectiva y propiciar mejores condiciones para los trabajadores.
7º. Esta iniciativa representa pues un acto de responsabilidad política, social y económica; pues traslada la solución de un problema que puede reiterarse como eventualidad a futuro, ya que es evidente que habitamos una zona sísmica y es de toda prudencia, preveer las consecuencias de desempleo derivados de hechos emanados de la naturaleza.
En el estado actual la legislación del Seguro Social no contempla, ni prevé por tanto, una causa como la tratada con antelación y se requiere, por la importancia del caso que legislemos al respecto.
Por todo lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores en base a las facultades que le otorga el artículo 71 fracción II de la constitución, propone a esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley del Seguro Social y se agrega un capítulo a la misma.
TITULO SEGUNDO
Del Régimen Obligatorio del Seguro Social
CAPITULO I
Generalidades
Artículo 11. El régimen obligatorio comprende seguros de:
I. Riesgos de trabajo.
II. Enfermedades y maternidad.
III. Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte.
IV. Guarderías para hijos de asegurados; y
V. Desastres, plagas, inundaciones y desordenes interiores.
CAPITULO V BIS
Del Seguro de Desastres, Plagas, Inundaciones y Desordenes Interiores.
Artículo 183-1 Este seguro comprende las eventualidades provenientes de terremotos, que afecten de manera tal a las instalaciones o centros de trabajo y que hagan imposible la continuación de las actividades o que simplemente las suspendan, por el período que fuere.
Artículo 183-2. Igualmente se incluye en este seguro las inundaciones de cualesquier tipo o causa, que produzca los mismos efectos previstos en el artículo precedente.
Artículo 183-3. En caso de perturbaciones internas, producto de desordenes sociales, tuvieren la causa que fuere, y que origine como consecuencia el cierre temporal de empresas como medida de seguridad ordenada por las autoridades competentes, o derivada de acuerdo entre trabajadores, sindicato y patrones, se establece por esta ley la seguridad social respectiva.
Artículo 183-4 Los trabajadores afectados por las anteriores eventualidades, quedan bajo la protección del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien hará el pago de los salarios por el período irregular de suspensión de las labores, hasta que éstas sean reanudadas.
Artículo 183-5. Las cuotas respectivas para cubrir estos riesgos, serán establecidas en el reglamento para el pago de cuotas y contribuciones del régimen del Seguro Social, mediante las tablas o tarifas correspondientes que resulten.
Artículo 183-6. Las prestaciones a que hubiere lugar, derivadas de los anteriores riesgos, se cubrirán desde luego, inmediatamente por el instituto, sin perjuicio de que los patrones hagan entrega de los capitales constitutivos que resulten, o de que se les haga efectivos por la vía administrativa compulsivamente, según los términos de esta Ley.
Artículo 183-7. Presentada la eventualidad, los bienes de las empresas quedarán afectos a las responsabilidades derivadas de esta ley y a disposición del instituto, como garantía quedando también los trabajadores como depositarios de los mismos, hasta que sea deslindada la cuestión.
TRANSITORIO
Único. Este decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente
Por un gobierno de los trabajadores.
Fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores.»
Esperamos que se turne conforme al reglamento.
El C. presidente: -Túrnese a la Comisión de Seguridad Social. Tiene la palabra el señor diputado Jorge Alcocer Villanueva.
EXHORTO EN RELACIÓN A COMPARECENCIA
El C. Jorge Alcocer Villanueva: -Señor presidente; señores diputados: voy a pedir permiso a la presidencia para tratar en esta sola intervención dos propuestas, una muy breve y la otra voy a tardar un poquito más.
La primera tiene que ver con una solicitud que hicimos nosotros, el grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, junto con otras fracciones parlamentarias, la semana pasada. Pedimos que se citara al secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Alfredo del Mazo, para que compareciera ante el pleno de la Cámara, y explicara el programa de reconversión industrial y sus efectos sobre las empresas paraestatales.
Dijimos aquí que estaban cerrando Altos Hornos de México, estaban cerrando la planta uno de Altos Hornos. Se acordó turnar la propuesta a la Comisión de Patrimonio, pero la Comisión de Patrimonio no se ha reunido, y quisiéramos solicitar a la presidencia que en uso de sus facultades, exhortara a la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, para que a la mayor brevedad posible se reúna y dictamine sobre nuestra propuesta, porque hay cosas muy graves que están pasando en el país; en Altos Hornos de México el dirigente del Sindicato Minero Metalúrgico, Napoleón Gómez Sada, confirma que se han cerrado tres hornos de la planta uno, y que hay 8 mil trabajadores que están cobrando la mitad de su salario en Monclova; y cualquiera que conozca Monclova, sabe que Monclova es Altos Hornos y nadie nos explica nada, y Altos Hornos es una empresa sujeta a control directo de la Cámara de Diputados, y así empezaron con Fundidora, lo repetimos, empezaron cerrando hornos y terminaron declarando en quiebra la empresa.
Entonces sí pediríamos nosotros que la presidencia exhorte a esa comisión a que dictamine. No vemos por qué se puedan reunir comisiones como la que nos va a presentar un dictamen en unos momentos más sobre el viaje del Presidente a Nueva York, está bien, es importante. Pero no es tan importante como eso que 8 mil trabajadores estén en riesgo de ser despedidos. ¿No ameritaría eso una reunión ya de emergencia, de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial? Parece que esto no les preocupa a algunos diputados priístas, pero a nosotros sí nos preocupa. Y queremos la información puntual, completa, de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, ¿de qué está pasando en Altos Hornos de México? y en concreto ¿qué está pasando en la planta uno? Y no que nos sigan dando fechas para las calendas griegas que en fin de cuentas perjudican el trabajo de la Cámara, pero sobre todo perjudican a 8 mil trabajadores que están en riesgo de perder su empleo.
Yo tengo la propuesta de que se haga el exhorto y paso a la siguiente propuesta:
Miren ustedes, nosotros nos la pasamos algún buen tiempo, a partir del 22 de julio, reclamando primero en la Comisión Permanente y luego aquí en esta tribuna, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enviara a la Cámara de Diputados, el memorándum técnico anexo a la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, que fue suscrita el pasado día 22 de julio.
En la Comisión Permanente hubo diputados del Partido Revolucionario Institucional que dijeron que éramos unos mentirosos que ese documento no existía, que nosotros lo habíamos inventado y quién sabe cuántas cosas más.
Yo quiero creer que ellos no sabían que existía el documento. Y que preguntaron y les dijeron que no existía; pero lo más grave de este asunto es que ese memorándum técnico ha sido publicado ya, ha sido publicado por el periódico La Jornada el sábado pasado, traducido al español, porque como ustedes saben la Secretaría de Hacienda, ahí el idioma oficial es el inglés. Lo tradujeron los señores de la Jornada y lo publicaron. Eso fue el sábado.
Bien, el viernes de la semana pasada estuvo aquí en la Cámara el licenciado Francisco Suárez Dávila, subsecretario de Hacienda, en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Aprovechamos la oportunidad de que él estaba aquí; yo le pregunté que nos aclarará de una vez el viernes, si existía o no el memorándum técnico, y si existía que nos dijeran si nos lo iban a mandar o no; y si no nos lo iban a mandar, ¿por qué?. Bueno, él entre otras linduras que contestó, dijo que había muchos memorandos técnicos, que no sabía a cuál me
refería yo y que bueno que no tenía él tampoco, parece ser, noticia de que existiera un documento de esas características.
Yo tengo la versión estenográfica de lo que nos contestó Francisco Suárez Dávila al final. Le dije yo ya que había terminado y se había ido por otro lado, le dije:" señor subsecretario, ¿no nos van a mandar el memorándum?" Y entonces contesta: "si usted me dice ¿cuál de la biblioteca de memorandos técnicos?" Y yo le digo:" el de la carta de intención con el fondo". Y contesta: "como señale la carta de intención con el fondo es el documento de planteamiento del Gobierno Federal; con mucho gusto podemos ver la biblioteca de memorandos técnicos, tienen una biblioteca de memorandos técnicos, a ver ¿cuál es el que le interesa?"
Bueno, ¿pues qué cinismo es este? Porque esto lo dijo ahí, delante de todos los diputados, que había una biblioteca de memorandos técnicos, y que no sabía a cuál me estaba yo refiriendo. Bueno, pues yo aquí lo tengo en inglés, les digo, está traducido en la Jornada para quien lo quiera ver que existe. Se lo vamos a mandar a la Comisión de Hacienda como cortesía del Partido Socialista Unificado de México, dado que no nos lo quiso dar el funcionario responsable.
Pero esto, más allá del absurdo que representan estas respuestas, representa una cosa muy grave, que es la prepotencia con la que funcionarios del Poder Ejecutivo tratan al Congreso de la Unión; es la prepotencia de quien decide de manera unilateral, lo que se le puede dar al Congreso y lo que no se les pega la gana darnos, y no merecemos más explicación que la invocación a una biblioteca de memorandos técnicos. Ese es el trato que funcionarios del Presidente de la República le dan al Congreso, y en eso nosotros no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo porque tiene repercusiones muy graves.
Más allá de esa prepotencia, lo cierto es que el titular del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Hacienda, está negociando con los bancos un paquete de financiamientos que abarca 1987 y 1988, y ahí se lo dijimos también al licenciado Francisco Suárez Dávila, y ahorita les voy a leer lo que contesta con la misma prepotencia.
Le dijimos que el Presidente de la República, porque en este caso es el titular del Poder Ejecutivo al que hay que adjudicarle la responsabilidad, está violando la Constitución, está violando el artículo 73 en su fracción octava, que dice que el Congreso de la Unión es el que debe reconocer y mandar pagar la deuda nacional, y debe autorizar los empréstitos que se celebren sobre el crédito de la nación.
Y el Presidente de la República está negociando, ya negoció con el Fondo Monetario Internacional, y ya está negociando con los bancos el paquete de créditos de 1987 y 1988, y ya se dice en el memorándum técnico, por eso queríamos que nos lo dieran para confirmar esto que decíamos, que en 1987 los créditos serán por 5 mil 100 millones de dólares. Y bueno, ¿quién le autorizó al Presidente? ¿Cuándo este Congreso autorizó contrataciones de créditos para 1987 y 1988? ¡Ah! pero el licenciado Francisco Suárez Dávila quiere que les demos una medalla, y así nos contestó. Dice, cuando yo le dije que estaban violando la Constitución: "también comenta usted el aspecto de la violación. Yo diría que ahorita más que violación prácticamente mereceríamos quizá, estrictamente un premio, es decir, frente a un programa de endeudamiento externo de 4 mil millones de dólares inicialmente planteado según nuestras últimas cifras, estamos en un desendeudamiento del orden de 945 millones de dólares". Para justificar, aquí está la versión estenográfica.
Yo creo que el señor Francisco Suárez Dávila no es abogado, debería rodearse de abogados porque al estar negociando con el fondo y los bancos, él se ampara en el artículo 3º. fracción II de la Ley de Ingresos para 1986. Pero al Presidente de la República se le olvida que la Ley de Ingresos de la Federación es de vigencia anual, no prorrogable, no extendible y que esa autorización que el Congreso autorizó al Presidente termina el 31 de diciembre de 1985, y si el Ejecutivo no pudo conseguir que le prestaran los 4 mil millones, pues no puede venir a decirle al Congreso: ¡ah! pues lo que me autorizaste para el año pasado no me lo prestaron, entonces lo pido para el siguiente y ya no tengo que pedirte autorización, es la filosofía con la que están trabajando.
En eso no estamos de acuerdo, sostenemos que el Presidente de la República está violando la Constitución al establecer esos convenios con el fondo y con la banca internacional, porque cualquier endeudamiento que afecta 1987 y 1988 presupone constitucionalmente la autorización del Congreso, y esa autorización no ha sido dada.
Junto a esto tenemos otro problema. Tenemos el problema de la desinformación acerca de las negociaciones, él ya sabe que ya le prestaron a México los 1 mil 600 millones de dólares del crédito puente, al día siguiente sale que lo que contestaron los banqueros: "es que el Gobierno de México está loco", al día siguiente que el cupón cero y al siguiente ya es otra la propuesta. Y ya nadie sabe bien a bien lo que están negociando.
El licenciado Francisco Suárez Dávila el viernes intentó explicar con esa manera que tienen de explicar, revolviendo y confundiendo todo, pero no es satisfactorio, y miren, aunque fuera nada más para conocer al licenciado Petriccioli, yo se que él se la vive en Nueva York y en Washington,
bueno, haber si tuviera unas tres horas para venir aquí a esta Cámara y explicarle a la soberanía de este Congreso que es la depositaría de la facultad de lo que él anda haciendo, y qué están haciendo.
Porque dicen en el memorándum técnico que en el mes de diciembre se van a reunir con el fondo para que una vez que la Cámara apruebe, pues ya eso pase a ser programa. Sí, pero se les olvidó que esta Cámara deberá estar aprobando, ya sabemos que lo van a aprobar ustedes, el Presupuesto de Egresos de la Federación allá por el día 25, sí trabajamos y no respetamos los días santos, el día 26 quizá de diciembre, y bueno, ¿cuándo van a empezar a negociar con el fondo? ¿El 27 de diciembre? Cuando el compromiso es tener todos los acuerdos antes del día 31. Se van a ir a negociar con el fondo desde antes que esté la aprobación del Congreso, la aprobación de la Cámara, y eso es lo que es una falta de respeto total del Presidente de la República al Congreso de la Unión.
Y pues como aquí no podemos citar al Presidente, como ya se sabe, pues queremos nosotros pedirles que citemos a Petriccioli y, sirve que digo haber si lo conocemos. Yo por estas razones entonces quiero pedirle a la presidencia que dé trámite a la siguiente propuesta de
PUNTOS DE ACUERDO
MEMORÁNDUM TÉCNICO DE LA CARTA DE INTENCIÓN CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
Primero. Que se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público copia fotostática que voy a entregar del memorándum técnico entregado por el Gobierno mexicano al Fondo Monetario Internacional, con motivo de la firma de la carta de intención suscrita con dicho organismo internacional el pasado 22 de julio del año en curso, para que la presidencia de la Comisión que puso en duda que existía el documento, por cierto, certifique ante la secretaría del ramo su autenticidad, haber si lo sacamos de la biblioteca de memorandos porque no nos dio la dirección, que certifique su autenticidad y una vez satisfecho tal procedimiento se reparta entre los miembros de la Comisión de Hacienda, para que después no vayan a decir que nosotros lo escribimos o lo rentamos.
Segundo. Que con fundamento en el artículo 93 constitucional proceda la Comisión de Hacienda a citar al ciudadano secretario licenciado Gustavo Petriccioli, para que en el seno de dicha Comisión rinda informe detallado sobre las negociaciones celebradas con el Fondo Monetario Internacional que condujeron a la firma de la carta de intención, así como las que se están celebrando con la banca internacional acreedora para la renegociación de la deuda externa de México y el otorgamiento de nuevos créditos, y responda a las preguntas que los ciudadanos diputados le formulen.
Ya sabemos que va a venir en noviembre, por favor no nos vayan a contestar eso, ya sabemos que en noviembre va a estar parado aquí y le vamos a poder preguntar algunas cosas, no, de lo que se trata es que venga cuanto antes para explicarle a este Congreso lo que están haciendo, porque luego dicen que nosotros sólo nos guiamos por la prensa, pero pues si el señor secretario nunca se deja ver, como nunca le podemos preguntar nada, ¿cómo quieren que nos guiemos por otro lado?
Dejo mi propuesta por escrito, aquí dejo el memorándum técnico, está un poco borroso, a lo mejor les dan otro mejor y dejo también mi propuesta de exhorto a la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, pidiéndole a la presidencia les dé el debido trámite. Muchas gracias.
El C. presidente: -Por cuanto hace a la exitativa a la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial.
Esta presidencia excita a la Comisión para que se reúna a la mayor brevedad posible, en atención a la solicitud del señor diputado Jorge Alcocer Villanueva.
Por cuanto hace a la proposición que se encuentra ya en poder de la secretaría se consulta a la asamblea si hay oradores en pro o en contra en los términos del artículo 58.
En pro el diputado Roberto Calderón Tinoco. En contra el diputado Luis Orcí Gándara.
Tiene la palabra el C. diputado Roberto Calderón Tinoco.
El C. Roberto Calderón Tinoco: -Señores legisladores: la propuesta que ha presentado el diputado Jorge Alcocer Villanueva creo que merece que tenga por parte del pleno un apoyo, sobre todo si tomamos en cuenta que tiene una finalidad muy concreta que es el de que el licenciado Petriccioli, secretario de Hacienda, dé información a satisfacción de los legisladores sobre el curso que han seguido las negociaciones respecto al manejo de la deuda y a los puntos a que se hace mención en la propuesta.
Nosotros consideramos que si es la Cámara a la que se le pone a consideración las solicitudes o los montos de endeudamiento por parte del Gobierno Federal y es ésta la que al menos formalmente aprueba dichas solicitudes, dichos montos, hay razón fundamentada para que ésta en el momento en que lo requiera, solicite la
información en torno a la obtención o las condiciones en que se obtienen estos endeudamientos. No creemos nosotros que esta propuesta pierda congruencia con el sentido que tiene la Cámara en relación a las autorizaciones que da al Ejecutivo.
Bien sabemos que si parte del hecho de que todo lo que solicita el Ejecutivo en cada uno de sus momentos, es aprobado por esta Cámara, si es que seguimos el trámite formal de que es una competencia del Poder Legislativo y es ella la que autoriza, debe reconocerse también que es ésta la que debe pedir ampliación en la información.
Si hay una molestia generalizada en lo que hemos estado participando en alguna forma sobre los avances que se han tenido en torno a las negociaciones y que no obstante de que ya hace una buena cantidad de semanas se pidió que se diera a conocer este memorándum técnico del que hoy se hace mención, se haya mostrado esa resistencia para hacerlo y creemos que esto ofende al derecho que tiene el Parlamento mexicano, el Congreso mexicano para hacer este tipo de solicitudes y para que sea atendido.
No vemos nosotros ¿por qué se da esta incongruencia en la información cuando por parte de funcionarios calificados se desconoce o se hace como que no se entiende de qué se está hablando o qué se está pidiendo? Me consta que las solicitudes del memorándum técnico se hicieron ya desde hace ya algunas semanas y no es posible que sea como se viene a repetir o como se viene a comprobar que sea solamente a través de los medios de comunicación como los legisladores tengamos que enterarnos de cosas que deberían llegar por el conducto debido. No es la primera vez que esto sucede.
Nosotros, insistimos en que esta información debe ser ampliada y que mejor que sea el titular de la Secretaría de Hacienda el que se presente ante la Comisión, por lo menos, ante la comisión del ramo. No se esta pidiendo la comparencia ante el pleno, cosa que de antemano se daría por desechada, se esta pidiendo que comparezca ante la Comisión. Y en función al interés que hay en torno a este asunto, creemos que debe merecer el apoyo de la mayoría, que el Secretario de Hacienda se presente.
Habrá otras cosas que interesarán a los legisladores, sobre todo las condiciones en que se han dado las últimas renegociaciones de parte de nuestra deuda, por ejemplo con el Club de París. De explicar también porque entre lo que se conoce el contenido de las negociaciones, porque no ha habido un apego a lo que se ofreció al principio, que se buscaría que nuestros pagos, el establecimiento del compromiso de nuestros pagos fueran en función de la capacidad real del país y que se buscara que estos estuvieran supeditados, establecidos conforme al monto de las exportaciones ya sea petroleras o no petroleras.
Hay una serie de interrogantes que solamente el Secretario de Hacienda puede contestar, porque al menos los demás subsecretarios que han hecho referencia o tratado de dar respuesta a algunas consideraciones o cuestionamientos que legisladores de las comisiones respectivas han hecho, han mostrado cierta incapacidad o restringencia para dar la información con amplitud.
Es por eso que nosotros apoyamos esta propuesta y dirigiéndonos al sentido común de los legisladores que integramos este pleno, confiamos en que haya una aprobación para satisfacción de las facultades que se le conceden a esta Cámara en este campo tan importante. Muchas gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra el señor diputado Luis Orcí Gándara.
El C. Luis Orcí Gándara: -Con su permiso, señor presidente: el viernes pasado, en una reunión en la que estuvo acá en la Cámara el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, ante el planteamiento del diputado Jorge Alcocer Villanueva, el licenciado Francisco Suárez Dávila, con respecto al memorándum técnico de entendimiento dijo:
"Tiene usted razón señor diputado, hay muchos memorandos técnicos. Es quizá la actividad principal del Fondo Monetario Internacional, hacer infinidad de memorandos técnicos".
En México, concretamente en los últimos 15 días, la prensa ha manejado lo que parece ser dos memorandos técnicos: el 13 de septiembre pasado, en uno de los periódicos de México, se publica una traducción por Juan Ángulo -de lo que llaman el memorándum técnico de la carta de intención 1987-1987-, copia que también yo he sacado fotostáticas del mismo periódico.
Aproximadamente dos semanas antes, en otro periódico, hay referencia a otro memorándum técnico del Fondo Monetario Internacional, y hay diferencias muy importantes en los planteamientos de los dos; que los dos pueden perfectamente ser memorandos técnicos de este organismo internacional. El primero de ellos hace 15 días, hace una serie de proyecciones sobre cual estiman va a ser la inflación; sobre cual estiman van a ser los flujos de capital de diferente tipo, balanza de pagos, etcétera, y en el que hace referencia ahorita el señor diputado Jorge Alcocer Villanueva, es el que salió el viernes pasado, donde hay una serie de referencias que hace según esto el Fondo Monetario Internacional, suponiendo que así es el caso, hay una serie de consideraciones al respecto, que hay que hacer.
La primera de ellas, es de que memorandos técnicos abundan. Y estoy seguro que no sólo el Fondo Monetario Internacional con respecto a cada uno de los convenios que tiene, igual que el Banco Mundial o los demás organismos internacionales elaboran memorandos técnicos, donde manejan estadísticas y donde plasman en cifras, en números, en proyecciones, sus estimaciones de cómo van a ir evolucionando las diversas variables de la economía. Pero algo bien interesante resalta de este memorándum técnico que se publicó el viernes pasado.
El primero de ellos es de que en el tema de finanzas públicas, dice:
"Los techos anuales y trimestrales para 1987, se acordarán el momento de la primera revisión del programa contingente". Luego, más abajo, en la referencia a las operaciones del Banco de México, dicen:
"Los incrementos, el calendario trimestral de acumulación de reservas internacionales para 1987, será acordado al momento de la primera revisión del programa de crédito contingente".
Luego, donde habla del financiamiento interno del Banco de México y el financiamiento interno del sistema bancario hacia el sector público, dice:
"Los límites para 1987 se fijarán durante la primera revisión del programa contingente de ese año". Más abajo dice: "Los topes para 1987 se acordarán al momento de la primera revisión del programa contingente". Toda referencia a 1987 no tiene absolutamente ninguna referencia, como pueden ver ustedes, cuando trata de uno de los aspectos más importantes, y ese es de que es el Congreso de la Unión el que aprueba, el que autoriza, el presupuesto de egresos del sector público; y es el Congreso de la Unión también nosotros, los que aprobamos la Ley de Ingresos. Sin una Ley de Ingresos y sin un presupuesto de egresos, no hay forma de llenar estas cifras para 1987.
¿Que representa esto? representa que en el proceso de negociación que ha venido llevando a cabo y que llegó a la conclusión en el crédito contingente para los 18 meses que son de la segunda mitad de este año hasta la totalidad del año que entra, no hay cifras que estén relacionadas con las autorizaciones que tenemos nosotros que hacer, que asumió compromiso el Ejecutivo del país.
Algo semejante ocurrió en 1982 hasta 1985, cuando México negoció un crédito de facilidad ampliada para tres años con el Fondo Monetario Internacional. En cada uno de los casos se acordó, y tuvo que aceptar el Fondo Monetario Internacional que las cifras para cada uno de los años siguientes no se iban a acordar, ni se iba a comprometer México hasta que no hubiera un programa económico aprobado por el Congreso de la Unión. Una vez más, éste es el caso.
Entonces, vienen acá y dicen "el memorándum técnico de entendimiento", el memorándum técnico de entendimiento cuando son los memorandos técnicos relacionados del Fondo Monetario Internacional con todos los convenios, en primera instancia.
Segunda consideración: la nación de que hay una violación de la Constitución porque de alguna forma el Ejecutivo ya ha absorbido, ha asumido responsabilidades y compromisos en cuanto a las cosas que nosotros tenemos que autorizar en el Congreso, es un supuesto completamente falso, y en esta versión que está manejando el señor licenciado Jorge Alcocer Villanueva toda referencia a 1987, en cuanto a compromisos específicos, están dejando hasta más allá, hasta una vez que nosotros aprobemos ese punto.
Ahora, con respecto al aspecto de la negociación con la banca internacional, sería muy grave que un gobierno ante la problemática económica tan grave que vive el país no estuviera activa, actuando y estableciendo sus tesis y negociando a nivel internacional para hacer sus planteamientos y para poder saber, ¿en qué mundo se mueve?, ¿Cuál va a ser la realidad económica? Y ¿con qué contamos y qué pueden ser los elementos que forman el programa económico del siguiente año?
En este momento, lo dijo Francisco Suárez Dávila en la reunión que tuvimos con él el viernes pasado, lo ha dicho en diversas ocasiones públicas el señor Secretario de Hacienda, lo ha dicho el señor Presidente en planteamientos que ha hecho sobre tesis en diversos discursos a nivel nacional de la posición mexicana, una vez más insistir de que ante el exterior, con responsabilidad y límites a la capacidad de pago.
La noción de corresponsabilidad ha sido identificar el boquetón en 18 meses la caída tan masiva de recursos de divisas que no entrarán a México en 12 mil millones de dólares.
Lo que México está haciendo en este momento y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y habrá que repetirlo hasta quizás se entienda, de que esa brecha tan inmensa de recursos implica de que la tenemos que resolver a través de una negociación internacional, en donde el mundo acreedor se haga corresponsable con la problemática económica interna que viene como consecuencia del comportamiento del sector externo.
Y esos 12 mil millones de dólares se podrán llenar o cumplir o compensar en una de dos maneras: en pagos que no se harán al exterior por
intereses que se bajen, por márgenes que se reduzcan, por quitas por reducciones de diferente naturaleza que son recursos que no salen, o con recursos frescos nuevos que entren en este período de 18 meses.
El proceso de negociación está vivo, está activo, y efectivamente, licenciado Jorge Alcocer Villanueva, continuamente recibimos y leemos en la Prensa internacional las declaraciones que los negociadores internacionales hacen, en donde dicen: esto no nos gusta, esto si nos gusta, esto no aceptamos. Es el proceso negociador que ellos hacen, lo hacen a través de la prensa, quieren apabullar, quieren asustar; pero lo que es claro, es que la posición de México ha sido muy firme y muy clara, y ha dicho que la corresponsabilidad externa implica dimensiones de esta naturaleza. ¿Cómo se podrá llenar entre financiamiento externo y pagos menores, es parte, consecuencia de lo que se está negociando ahorita y que sea factible lograr? ¿Y será también parte, consecuencia de que lo que nosotros como Congreso aprobemos en la Ley de Ingresos y en la Ley de Egresos para 1987?
Si se logra una disminución en tasas de interés en la Ley de Egresos, sin duda saldrá una referencia a que los intereses a pagarse el año que entra sean menores por una negociación internacional que ha logrado una disminución de x cantidad. Si parte de ello implica recursos externos, en la Ley de Ingresos figurará un planteamiento del Ejecutivo donde dirá: para llenar el programa económico para 1987 planteamos un endeudamiento externo de x cantidad. Para este año en particular, el endeudamiento externo que nosotros autorizamos fue de 4 mil 100 millones de dólares o 4 mil millones de dólares. A mediados del año el endeudamiento neto es negativo, en algo cercano a los 600 millones de dólares, quiere decir que en la segunda mitad del año podría México contratar financiamiento por 4 mil 600 millones y estar dentro del margen que nosotros hemos autorizado como Congreso.
Es parte de la negociación que se está llevando a cabo, la contratación de créditos para este año y la contratación de créditos que podrá hacer para el año que entra. Pero lo que es obvio y lo que es claro es de que el respeto que se ha reflejado en las negociaciones mexicanas por parte del Ejecutivo ha sido evidente de que no hay compromisos numéricos concretos, ni firmas de financiamiento de ninguna naturaleza que involucren algo de lo que no se tiene autorización, y que no podrá actuar y no actúa, y en el pasado así lo ha sido, y durante la vigencia del convenio de facilidad ampliada de los años 1983, 1984 y 1985 en todo momento operó en estos términos.
Finalmente, la razón por la cual planteamos o proponemos de que estamos en contra del planteamiento que hace el señor licenciado Jorge Alcocer Villanueva, porque quiere decir que cada vez que alguien publique algo que se llama memorándum técnico o algún memorándum que nosotros leamos, saquemos una copia xerox, mandemos y le digamos al Congreso de la Unión: revise por favor que el Ejecutivo si este memorándum es el correcto o no es el correcto, me imagino que tendríamos una cantidad de tiempo desperdiciado en planteamiento de esa naturaleza, es falta de seriedad, señor diputado. Muchas gracias.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: -Para hechos y alusiones personales.
El C. presidente: -Para hechos el señor diputado Jorge Alcocer Villanueva.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: -Señor presidente; señores diputados: lo que es una falta de seriedad es lo que viene a hacer aquí Luis Orcí Gándara, francamente si leyera, yo creo que sabe leer, vería que hay una falta de seriedad absoluta de su parte. No hay varios memorandos técnicos, déjense de cuentos, no tienen por que repetir las tonterías que dice un funcionario. Hay un memorándum técnico que empieza diciendo: "de conformidad con el programa económico diseñado para 1986 y 1987 que se describe en la carta fechada el 22 de julio de 1986", aquí está la carta de intención de México con el fondo y está fechada el día veintidós, Luis Orcí Gándara, no está fechada el día veintiocho.
Que para engañar al Congreso, negarle información se tenga que hacer uso de marrullerías como las que tuvo que hacer uso Francisco Suárez Dávila y que ahora viene el diputado Luis Orcí Gándara a repetir aquí pues eso sí es francamente vergonzoso. No se publicaron dos memorandos técnicos. El periódico " El Financiero" publicó hace como quince días unos cuadros que no forman parte del memorándum técnico, forman parte de otro documento que fue presentado no al fondo Luis Orcí Gándara, se lo presentaron a la Banca Internacional, son las prohibiciones de balanza de pagos para 1987 y 1988, no, ningún otro periódico había publicado antes el memorándum técnico y yo dejé aquí el documento no es español, por que si no Luis Orcí me va a decir que la traducción esta mal hecha, lo dejé el documento original en inglés, bueno creo que lo menos que debería hacer es molestarse en hacer al presidente de la Comisión de Hacienda, es preguntarle a la secretaría si ese es el memorándum técnico que le anexaron a la carta de intención, y si él tiene otros pues que también se los mande y le aclaren su duda a ver cuál es el bueno, nosotros sostenemos que este es el memorándum técnico y esas vaciladas de las bibliotecas de memorandos técnicos pues que vayan a contárselas a quien se las crean.
Segundo punto, que no están violando la Constitución, bueno dice Luis Orcí que en el texto del memorándum al que ahí se la da credibilidad, no dice nada de 1987, pues si, sólo que el memorándum tiene cuadros, y en el cuadro número uno del memorándum técnico señala clarísimamente que para 1987 los préstamos externos acumulados as sin ajustes se estiman en 5 mil millones de dólares que eso es el paquete neto que ahí se le da credibilidad, no dice nada de 1987, pues sí, sólo que el memorándum tiene cuadros, y en el cuadro número uno del memorándum técnico señala clarísimamente que para 1987 los préstamos externos netos acumulados sin ajustes se estiman en 5 mil 100 millones de dólares que eso es el paquete neto de endeudamiento que está negociando el señor Petriccioli con los bancos, y les recuerdo para terminar al diputado Luis Orcí Gándara que si revisa la versión estenográfica de lo que dijo Francisco Suárez Dávila; él dijo ahí que efectivamente, estaban negociando un paquete para 1987 de alrededor de 11 mil millones de dólares, de los cuales 6 mil vendrían de beneficios, concesiones que el Gobierno mexicano está solicitándole a la banca y el resto provendría de endeudamiento neto, pues sí señores pero nosotros insistimos, y cuándo el Congreso le autorizó al Presidente a ir a negociar créditos adicionales con cargo al presupuesto de 1987 por esa cantidad.
Aquí podrán decir ustedes lo que quieran para defender a un subsecretario, pues con mayor razón defienden al secretario, pero lo cierto es que ahí está facultad constitucional, ahí están las negociaciones, y todavía el Congreso de la Unión no puede recibir la información. Parece que este Congreso tendrá si se concreta la posición del diputado Luis Orcí qué esperar hasta noviembre para poder preguntarle al secretario de Hacienda en qué ha comprometido al país, en qué ha comprometido a los mexicanos para muchos años, mas eso es lo que queremos evitar, nos parece que en cualquier congreso del mundo esto habría motivado ya desde hace muchas semanas que estuviera con nosotros el secretario de Hacienda, pero aquí ni preguntar se vale.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: -Compañeras y compañeros: Yo no sé si Luis Orcí recuerde lo que se llama una discusión bizantina o lo que decía con frecuencia Miguel de Unamuno, salirse por los cerros de Ubeda, que equivale a decir "hacerle al loco".
No es la vieja historia de qué fue primero si el huevo o la gallina, es el problema de definir la responsabilidad de un diputado y de esta Cámara como poder soberano frente al Poder Ejecutivo.
La teoría de los tres poderes que señalara José María Morelos, se cumplió en las Constituciones y sigue en vigor, pero es letra muerta porque esta mayoría relativa se sigue subordinando al Poder Ejecutivo. No es cierto que iniciar negociaciones, plantear documentos y empezar a realizar un programa para tener 12 mil millones de dólares el año que entra, signifique independencia del Poder Ejecutivo frente al Poder Legislativo; significa que este Poder Legislativo que ustedes representan en la mayoría relativa, está subordinado al Poder Ejecutivo y no exige cuentas previas. En cualquier terreno en que se quieran poner, primero es la potestad para negociar que debe provenir de esta legislatura y no la potestad del Ejecutivo que se pone a negociar para luego mandarles el plebiscito, para que ustedes lo firmen y digan que sí.
En nombre de la dignidad elemental del Congreso, tienen razón el diputado Jorge Alcocer en reclamar que se informe a este Congreso y que este Congreso apruebe las gestiones que se están haciendo a nombre del Ejecutivo y en nombre del país, de lo contrario, estamos repitiendo la falta de un poder independiente. Este Poder Legislativo no está representando aquel sueño de Morelos; este Poder está significando simplemente la sumisión al Poder Ejecutivo.
Y ya que de periódicos hablamos, ahora se entiende por qué y vamos a usar los periódicos, hasta en una nota de periódico, de este día se dice claramente que el reportero acudió a hablar con diferentes representantes del partido, acerca de partidos, a ver si andaba bien lo del Fondo Monetario Internacional y que por su parte el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Luis Orcí Gándara, se abstuvo de hacer comentarios sobre las advertencias del Fondo Monetario a nuestro país. El representante popular -dice la nota- en ningún momento quiso salir de su oficina.
Ya subió a la tribuna, ojalá regrese, pero que me venga a decir cómo va a demostrarnos qué es un legislador auténtico y no un empleado de la Secretaría de Hacienda.
El C. presidente: -Tiene la palabra para hechos el señor diputado Roberto Calderón Tinoco.
El C. Roberto Calderón Tinoco: -Señor presidente; señores legisladores: francamente nosotros tampoco podemos aceptar que se trate de confundir a este pleno en el asunto de los memorandos.
Creo que hubo bastante claridad cuando se planteó por primera vez la necesidad de conocer este memorándum y se entendió a qué se estaba haciendo referencia, a qué tipo de memorándum técnico se estaba haciendo referencia.
Y podríamos nosotros aceptar que en torno a los diferentes asuntos que maneja la Secretaría de Hacienda y en relación también con la política de endeudamiento o de obtención de empréstitos exista una serie de memorandos tantos como para hacer volúmenes y mandarlos a las bibliotecas. Pero aun en ese supuesto, si se están dando datos y estamos hablando que en torno a la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y a la que hizo referencia incluso el Presidente, previo al envío de esta carta de negociación, se produjo un memorándum técnico, pues obvio que a quienes se les está solicitando supieran qué es lo que esta representación pedía.
En cuanto a los montos de endeudamiento y en cuanto a la inconstitucionalidad de los mismos, por lo que se refiere al año de 1987, debe aceptarse que en el mismo Programa de Aliento y Crecimiento se habla de montos, de cantidades que se necesitan a corto plazo y de cantidades que se necesitarán para años siguientes a fin de hacer posible el funcionamiento de este programa. Entonces también que no se desconozca que hay una vinculación en la información que se está dando.
Nosotros sí queremos insistir que sin el afán de crear un debate que pudiera llevar a un campo de una discusión sin término en torno a la existencia de memorandos. Se acepte que no ha sido atendida la petición de esta representación y que además fue turnada a comisiones, y que además hubo una vez una excitativa para que fuese atendida, que no ha sido atendida y que no se ha dado satisfacción al pleno de esta Cámara, de este Congreso. Muchas gracias.
El C. presidente: -Consulte la secretaría si se admite a discusión o no la proposición del señor diputado Jorge Alcocer Villanueva.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: -Por instrucciones de la presidencia se pregunta a la asamblea, si se admite o no a discusión la proposición hecha a la misma, por el diputado Jorge Alcocer Villanueva, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie, los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo en igual forma... Desechada señor presidente.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: -Señor presidente, ¿podría devolverme mi copia?
El C. presidente: -Con todo gusto. Permítame señor diputado, con todo gusto, un segundo.
Señor secretario, en el transcurso de la sesión la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales entregó a esta presidencia el dictamen relativo al permiso del ciudadano licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ruego a la secretaría dar cuenta con él.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
PERMISO AL EJECUTIVO PARA AUSENTARSE DEL PAÍS
EL C. secretario Elíseo Rodríguez Ramírez:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, fue turnada para su estudio y dictamen la solicitud de autorización presentada el pasado 18 de septiembre por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para ausentarse del Territorio Nacional, con el objeto de asistir al XLI período ordinario de sesiones de la asamblea general de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, durante los días 23 al 26 de septiembre de 1986. De conformidad con lo previsto en los artículos 88 de la Constitución General, 56 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y aplicables del reglamento para el gobierno interior del Congreso, se somete a esta asamblea el siguiente dictamen:
CONSIDERANDOS
Primero. Desde su promulgación, la Constitución General fijó como uno de los principios que rigen nuestro régimen político que la dirección de la política exterior corresponde al Presidente de la República. El ejercicio de esta facultad se sujeta al principio de legalidad y, también por mandato expreso de la propia Constitución, requiere en casos específicamente señalados, del concurso del Congreso.
Las negociaciones diplomáticas en el mundo moderno se caracterizan por la necesaria relación directa y personal entre jefes de Estado y entre estos y los Organismos Internacionales de mayor trascendencia. La eficaz conducción de las relaciones exteriores supone, en nuestros días, de la realización de visitas de Estado por parte del titular del poder ejecutivo.
Las visitas de Estado, conforme a lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución General, deben contar con la aquiescencia del Congreso quien, de esta manera, determina la oportunidad y conveniencia de las mismas.
Segundo. El presidente Miguel de la Madrid asume cabalmente la trascendencia de la norma constitucional mediante la solicitud presentada ante la Cámara de Diputados en la que expone los
fundamentos y razones de la visita que como jefe de Estado se propone realizar.
Tercero. La asistencia del Presidente de la República a la asamblea de las Naciones Unidas se inscribe claramente dentro de los principios invariables de la política exterior mexicana.
Es de considerarse que ya en septiembre de 1985 el titular del Poder Ejecutivo había solicitado autorización para concurrir ante la Asamblea General de las Organizaciones Unidas y que habiendo obsequiado el Congreso de la Unión dicha solicitud, no pudo llevarse a efecto la visita con motivo de que los trágicos acontecimientos hicieron necesaria la permanencia del Presidente de la República en el país.
Resulta de particular interés para la nación el que el Presidente de la República acuda a la asamblea general de las Naciones Unidas, puesto que con ello se refrenda el invariable compromiso de nuestro país con la organización que busca permanentemente la consolidación de relaciones democráticas y justas entre los estados, actúa como garante de la seguridad internacional, de los derechos de autodeterminación y del progreso compartido de todos los pueblos.
Hoy, a pesar de la intensa labor desplegada en los últimos cuatro decenios, subsiste el riesgo de que los conflictos entre las Naciones se resuelva apelando a la fuerza. De aquí el reto continuado por retornar a los principios y propósitos de la carta de San Francisco y por buscar la plena vigencia del derecho internacional.
La Comisión que suscribe estima que la asistencia del Presidente de la República a la asamblea general de las Naciones Unidas resulta congruente con la necesidad del país de participar con determinación en acciones que impulsen la celebración de negociaciones globales en materia económica, a fin de enfrentar en forma genuina y coherente los problemas financieros, monetarios y comerciales del desarrollo. Acciones éstas que se encuentran en las Naciones Unidas en foro del más alto nivel. Es de considerarse también, que nuestro país ha apoyado de modo invariable a las Naciones Unidas porque sus principios y propósitos coinciden con aquellos en que se sustenta la política exterior de México.
La paz mundial, la cooperación entre los estados, la creación de condiciones económicas internacionales favorables, fines éstos, que animan la tarea desplegada por la Organización de las Naciones Unidas, son supuestos necesarios para la seguridad y el progreso de México.
Cuarto. Toda vez que las condiciones internas del país son hoy propicias para la gestión presidencial en el exterior, la Comisión que suscribe, con fundamento en los artículos 88 de la Constitución General y 56 y demás relativos de la Ley Orgánica y del Reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Articulo único. Se concede permiso al C. Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional, del 23 al 26 de septiembre de 1986, a fin de que asista al XLI período ordinario de sesiones de la asamblea general de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York.
TRANSITORIO
El presente decreto entrará en vigor, el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México D. F., a 18 de septiembre de 1986.
Diputados: Elíseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan José Castillo Mota, Heberto Castillo Martínez, Juan Moisés Calleja García, Carlos Cantú Rosas, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Guillermo Fonseca Alvarez, Romeo Flores Caballero, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmall, Miguel Ángel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Jorge Masso Masso, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verduzco, Jorge Mon-túfar Araujo, Antonio Monsiváis Ramírez, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, José Pablo Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, María Guadalupe Ponce Torres, Heriberto Ramos Salas, Ignacio Ramos Espinoza, Graco Ramírez Garrido Abreu, Nicolás Reynés Berezaluce, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Diego Valadés Ríos y Sergio Valls Hernández.
Trámite: Es de primera lectura.
El C. presidente: - Esta presidencia considera el asunto al que se dio primera lectura, como de urgente resolución. Se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Elíseo Rodríguez Ramírez: -Por instrucciones de la presidencia, y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta
a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato. Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se dispensa la segunda lectura... Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente: -En consecuencia, esta a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Solo existen dos oradores a favor. Tiene la palabra el señor diputado Hildebrando Gaytán Márquez, en pro.
El C. Hildebrando Gaytán Márquez: -Con su venia señor presidente; señoras y señores diputados: cumpliendo con el artículo 88 de la Constitución, el señor Presidente de la República ha solicitado el permiso para salir del país y asistir, así lo explica, a la asamblea general de las Naciones Unidas.
Este hecho -pensamos- merece el comentario de esta H. Cámara para fundamentar, para resaltar la importancia de este viaje y su consecuente aprobación.
Señala en la exposición de motivos el jefe del Ejecutivo, que las normas del derecho internacional no son cabalmente respetadas. Asimismo que se comenta sobre la llama "crisis del mutilarismo", y que el fracaso de las Naciones Unidas constituiría el imperio de la ley del más fuerte. Estos razonamientos son dignos de toda atención, porque es cierto, hay el interés por parte de quien quiere hacer a un lado el derecho internacional por llevar las relaciones de los países a situaciones de fuerza.
Es conocido que en algunas instituciones unilaterales como es la OUTI y la UNESCO para la educación, la ciencia y la cultura. El Gobierno norteamericano se ha retirado de estas agrupaciones tratando de llevarlas a su desaparición por ineficiencia. Es cierto, también, que se trata de menguar la importancia de las normas del derecho internacional, ahí está el más notorio de los ejemplos con la resolución del tribunal de la Haya del 27 de julio en atención a la demanda que interpuso el Gobierno de Nicaragua y que el Gobierno norteamericano al negarse aceptar, al ponerla en tela de duda, está vulnerando las normas del derecho, y al vulnerar las normas del derecho está efectivamente tratando de que las instituciones entren en crisis.
Es conocida la postura internacional de nuestro país, siempre en sus relaciones internacionales en base a las normas de derecho. México ha acudido al tribunal de la Haya y ha acatado en todos los casos los fallos que se han dado en ese alto tribunal, no solamente en el caso del Chamizal que fue favorable a México, sino hay otros más dentro de la historia diplomática de México, en donde siempre nuestro país ha tratado de que sea precisamente por medio del derecho y las negociaciones como se lleven a cabo la solución de los conflictos.
Por eso es importante este viaje del señor Presidente. No lo dudamos muy importante que se revitalice el camino que en las décadas de los sesentas impulsaron países como México dentro de lo que se ha llamado el derecho económico, hoy, que problemas tan agudos como el de la deuda externa y el de las injustas relaciones de intercambio comercial y financiero, están golpeando la economía de los países en vías de desarrollo, es necesario que México, de acuerdo con esos antecedentes, revitalice y vigorice la lucha que se emprendió en 1967 al crearse el grupo de los 77 en ese documento de carta de Argel donde están las reivindicaciones económicas de los países en vías de desarrollo y que pocos años después en 1974 dieron origen primero a la declaración y el programa de acción del nuevo orden económico internacional y poco después a la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados.
Estos documentos de las Naciones Unidas para poder impulsar el desarrollo independiente de los países semicoloniales y dependientes, sin embargo ha sido bloqueada por el imperialismo norteamericano. Se ha detenido la lucha económica de los países semicoloniales, fue desviada por los Estados Unidos primero con la ley comercial que aprobó por medio de la cual impuso presiones y restricciones a los países que se ajustaran y que invocaran estos documentos de derecho económico en los que se salvaguardaban diversos aspectos como por ejemplo el de ejercer el control sobre sus derechos naturales, ejercer el derecho de nacionalizaciones o transferencia de la propiedad a sus nacionales, o de tratar de reglamentar las actividades de las corporaciones transnacionales, el de exigir relaciones justas y equitativas entre los precios de las materias primas, productos primarios, bienes manufactureros, o el de exigir el acceso a los adelantos tecnológicos, modernos, esas y otras demandas más del nuevo orden económico internacional y en la Carta de Deberes Económicos necesita levantarse e impulsarse, poner a todas estas demandas con este problema actual de la deuda externa, que por no haberse presentado en aquellos años con la gravedad como existe hoy, no fue tocado en toda su profundidad, por eso el nuevo orden económico internacional debe cubrir estos nuevos problemas que hoy padecen los pueblos subdesarrollados como el nuestro, sabemos perfectamente que la humanidad siempre resuelve sus problemas, que no hay época estéril, que no hay generación que no pueda encontrar salida a los
agudos problemas que se le presentan y este de la deuda externa que es imposible de resolver en el plano económico, es decir por el pago total de estos compromisos tanto en lo que es como capital que se debe o como los intereses que deviene, sabemos sin embargo, que por el trato que se le dé incrustándola dentro de las demandas del nuevo orden económico podrá tener la solución correcta y justa, la única que habrá de dársele a este problema mundial contemporáneo.
Por eso dentro de los problemas de la época es importante la presencia del Presidente en las Naciones Unidas, para darle fuerza al nuevo orden económico internacional que tarde o temprano habrá de adoptar soluciones como estas que ya señalamos.
También es importante la presencia de México en las Naciones Unidas en esta época contemporánea, tiene la autoridad moral que le ha dado su lucha por solucionar los problemas de Centroamérica conforme a los principios que ha defendido de la carta de contadora.
Estoy hablando no para hechos, sino inscrito a favor del dictamen.
Decíamos que es importante en estos momentos la presencia del Presidente en las Naciones Unidas porque ante la política tan negativa del Gobierno norteamericano en el área centroamericana en donde tal quisiera barrer con el artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas que en forma tajante establece el derecho y el principio de la autodeterminación de los pueblos y no solamente eso, sino la necesidad de que las Naciones Unidas pongan en práctica todas las medidas no solamente que alejen el peligro de la guerra, sino de impulsar la solución de los problemas económicos o sociales que tienen los pueblos, es muy importante ahora la presencia de México.
Tiene que evitarse por medio del derecho una invasión militar en Nicaragua; tiene que evitarse también por medio del derecho, una intervención militar y que siga la ayuda militar a los gobiernos títeres que están golpeando a los pueblos del área centroamericana; tiene que ser preocupante que ese país centroamericano que es Honduras que ocupa un lugar estratégico puesto que colinda con El Salvador, con Guatemala y con Nicaragua, es hoy prácticamente ya el punto de partida del imperialismo norteamericano para sus acciones aventureras e intervencionistas.
En Honduras este gobierno de Ronald Reagan ha construido y readecuado 11 aeropuertos militares; ha establecido estaciones de radar en la isla El Tigre y en el Cerro La Mole; ha establecido centros de entrenamiento militar como el que tienen Puerto Castilla y bodegas de almacenamiento de municiones en Palmerola y San Lorenzo, entre otros de los graves hechos que tienen que llamarnos la atención para poder aquilatar la necesidad de darle fortaleza a las instituciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas y a las normas del derecho que se han dado los pueblos.
Miente el Gobierno de Reagan cuando señala que el problema número uno, que el problema más grave es el del narcotráfico; miente porque ese es un problema en todo caso que tiene en su país y es que también debe rechazarse toda esa serie de política agresiva que al calor del ataque al narcotráfico viene proyectando el Gobierno norteamericano, como es la recientemente anunciada "refuerzo a la vigilancia de la frontera de Estados Unidos" con nuestro país, para la cual destinará 400 millones de dólares.
El problema del narcotráfico es un problema de los norteamericanos en virtud de su sociedad en crisis; es un producto de su sistema en crisis y de las relaciones injustas que se dan entre los Estados Unidos y los países subdesarrollados.
Para nosotros los problemas fundamentales son el de la paz, son el del nuevo orden económico internacional, el respeto de la autodeterminación de los pueblos que son los que esperamos que habrá de defender con pasión el Presidente de la República y abrirle nuevas vías, un cauce más profundo a las normas del derecho económico para el bien de nuestro pueblo.
Por eso le auguramos buen viaje y votaremos en favor de esta iniciativa para el viaje del Presidente a las Naciones Unidas. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el señor diputado Heriberto Noriega Cantú.
El C. Jesús Heriberto Noriega Cantú: -Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados: por los hechos lamentables acaecidos hace un año, se suspendió la visita del Presidente de la República al XL período ordinario de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas.
En el término de este año, ha sido evidente la agudización de los problemas que obstaculizan y frenan el desarrollo y estabilidad de las economías de los países pobres.
El creciente desorden económico internacional sigue siendo fuente principal de la injusta relación entre los países subdesarrollados y los altamente industrializados. Y se han agudizado también los peligros y las amenazas a la paz mundial que hoy constituyen una brutal realidad que colocan prácticamente el riesgo permanente la existencia misma de la humanidad. Por ello, en la asamblea general de las Naciones Unidas, en su
próximo XLI período ordinario de sesiones, la voz de México debe hacerse escuchar vigorosamente en defensa de los intereses nacionales y por la plena vigencia de los principios que sustentan nuestra política exterior. Hacer esto, significa reiniciar la lucha por un nuevo orden económico internacional; significa demandar precios justos y estables a nuestras materias primas. Demandar el acceso de nuestros productos de exportación a los mercados de los países industrializados; demandar el beneficio del desarrollo tecnológico; significa, insistir en un tratamiento justo al principal obstáculo para lograr el crecimiento y desarrollo de nuestra economía: la deuda externa. Así como también tenemos confianza en que habrá de elevarse una vez más un firme llamado a las potencias que continúan desarrollando la carrera armamentista que incluso, involucra ya a sus aliados en la utilización de los adelantos científicos y tecnológicos, poniéndolos al servicio de la militarización del espacio.
Por ello, saludamos y respaldamos toda acción que contribuye al fortalecimiento y vigencia de la Organización de las Naciones Unidas, a fin de evitar que imponga la fuerza sobre el imperio de la ley y el derecho internacional.
Particularmente apoyamos la participación del Presidente Miguel de la Madrid en la asamblea general de las Naciones Unidas, como expresión del papel activo desplegado por México frente a los acontecimientos que afectan a todos los países de la tierra sin excepción, alejado del papel de mero espectador, un papel que desean asignar las fuerzas reaccionarias del país.
Al abstenerse el Partido Acción Nacional de aprobar el dictamen que concede permiso al Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional los días del 23 al 26 de septiembre, con el fin de asistir a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, así como se abstuvieron también de intervenir en el examen del informe de Gobierno en materia de política exterior, expresa sin lugar a dudas su rechazo a nuestra digna y soberana política exterior, política exterior que por cierto ha sido motivo en buena medida, de la campaña intervencionista de presiones y amenazas que la administración Reagan está empeñada también en modificar. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Consulte la secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto.
El C. secretario Elíseo Rodríguez Ramírez: -En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Suficientemente discutido señor presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.
(Votación.)
Señor presidente, el resultado de la votación es 205 votos a favor y 14 abstenciones. Aprobado por mayoría.
El C. presidente: -Aprobado en lo general y en lo particular el artículo único por 205 votos.
Aprobado el proyecto de decreto que autoriza al C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de los Estados Unidos Mexicanos para ausentarse del territorio nacional del 23 al 26 septiembre.
El C. secretario Elíseo Rodríguez Ramírez: -Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIÓN
El C. secretario Elíseo Rodríguez Ramírez:
«Escudo Nacional. -Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Secretaría de gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 8 del actual:
"Ruego a usted tenga a bien solicitar del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el C. licenciado Alfonso Vélez Pliego, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Popular de Polonia que, en grado de Insignia de comandoría, le otorga el Gobierno de ese país, por sus méritos en la promoción de la cooperación científica y académica entre Polonia México, y por la contribución al desarrollo de las relaciones amistosas entre ambos países".
Al comunicar a ustedes lo anterior, les reitero en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio efectivo. No Reelección.
México D.F., a 9 de septiembre de 1986.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El C. Presidente: -Se concede el uso de la palabra al señor diputado Eduardo Acosta Villeda.
EXTRADICIÓN DE CIUDADANO ITALIANO
El C. Eduardo Acosta Villeda: -Con su autorización, señor presidente; señoras y señores diputados: he solicitado el uso de la palabra para tratar un asunto en relación a un ciudadano de nacionalidad italiana que pretende ser extraditado de este país, diciendo que es un delincuente de orden común, cuando en realidad es un perseguido político. Pietro Antonio Arisi.
Fue detenido en Guadalajara, Jalisco, el 27 de abril de 1983 por la interpol y trasladado a los separos de Soto 81 el día 28 del mismo mes, donde se le mantuvo incomunicado hasta el día 18 de mayo del mismo año.
El día 18 de mayo es puesto a disposición del juez primero de distrito en materia penal en el Distrito Federal y se le notifica que está detenido provisionalmente con motivo de la solicitud de detención provisional de la Embajada Italiana y que el término de 60 días para la presentación de la petición formal de extradición por parte de la embajada Italiana empezó a correr desde el día 13 de mayo.
En este período se violaron los artículos 16 y 19 constitucionales, el 16 porque ordena que nadie puede ser molestado en su persona, bienes, familia, sin que medie orden judicial que funde y motive el procedimiento. El 19 dispone que nadie puede ser detenido sin que en el término de tres días se le dicte auto de formal prisión.
En el caso de Arisi, aunque se trate de una solicitud de extradición las autoridades tenían la obligación de cumplir con los preceptos mencionados, más aún fue totalmente ilegal la detención, mejor dicho fue secuestrado.
El secuestro de que fue víctima fue propiciado por la falta de procedimiento en la nota 1013 del 12 de abril de 1983 enviada por la Embajada Italiana a la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitando la aprehensión de Pietro Arisi; ya que dicha nota carecía de la forma exigida por la ley de extradición en la que en su artículo 17 se establece que cuando un Estado manifieste la intención de presentar petición formal de extradición y solicite la adopción de medidas precautorias, éstas podrán acordarse siempre que la petición del Estado solicitante contenga la expresión del delito por el cual se solicitará la extradición y manifieste que existe orden de aprehensión. Dicha nota es mencionada en el escrito del 21 de abril de 1983 que dirige la Secretaría de Relaciones Exteriores al Procurador General de la República en la que hace alusión a la "nota" de fecha 12 de abril, por los delitos de participación a nivel organizador del grupo armado Brigadas Rojas, posesión ilegal de armas, explosivos y municiones.
La nota 1013 del 12 de abril no vuelve a aparecer en el expediente. En el escrito de la Secretaría de Relaciones Exteriores al procurador, solicita la orden de aprehensión para que quede bajo su custodia por el término de 60 días a la espera de la solicitud formal de extradición (21 de abril). El procurador de dirige al juez de distrito en turno (que resulto ser el primero) con fecha 27 de abril, día en que detuvieron a Arisi, aunque en la vía de las formalidades aparece que el escrito fue interpuesto el nueve de mayo. Es más, descaradamente en el escrito dirigido al juez en la hoja cinco, penúltimo párrafo, el procurador expresa que aún cuando en el oficio de la Secretaría de Relaciones exteriores se señala que el reclamado se encuentra en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se tiene conocimiento cierto de que el señor Arisi se localiza en la ciudad de México.
La solicitud del procurador, al negar en forma cierta que la ubicación de Arisi sea la de Guadalajara, sino del Distrito Federal, evidencía su conocimiento de la detención de Pietro Arisi.
La ilegalidad del procedimiento se hace más evidente con la solicitud que nuevamente hace la Embajada Italiana con fecha 10 de mayo (en la que menciona la nota del 12 de abril 1013 y que no consta en autos), comprobándose lo sostenido por la defensa en cuanto a los vicios de procedimiento no solamente de forma sino de fondo. Ya que cómo es posible que el procurador se dirija un día antes al juez de distrito, de la solicitud de detención provisional de la Embajada italiana que "motivó" todo el procedimiento. (según consta en autos la orden de detención provisional la emitió el juez el 13 de mayo.)
La Embajada italiana presentó formalmente la petición de extradición extermporáneamente, ya que lo hizo hasta el día ocho de julio de 1983 por los delitos de asociación subversiva, formación y participación de banda armada, posesión ilegal de armas y explosivos y otros delitos (sic) ¿qué significa otros delitos? Delitos que no fueron por
los cuales se decretó la medida provisional (detención.)
Solicitud que se presenta al juez varios días después. No obstante todo ello y de la vaguedad del término "otros delitos", tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como el procurador prosiguieron los trámites para hacer del conocimiento del juez del distrito la petición formal de extradición.
El juez primero de distrito licenciado Pedro Elías Soto Lara tuvo por ejercida la acción de extradición en contra de Pietro Antonio Arisi por la comisión de los delitos participación a nivel organizador en el grupo armado denominado "Brigadas Rojas" y posesión de armas, explosivos y municiones.
La defensa opuso como excepciones la de inaplicabilidad del tratado al no ajustarse la petición a la fracción II del artículo 16 de la Ley de Extradición Internacional ya que en ningún momento la Embajada italiana comprobó la existencia del cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del reclamado (requisito que establece el mencionado precepto.)
Se hizo valer la prescripción, ya que desde la detención a la presentación de la petición formal de extradición, excedieron los 60 días establecidos por la ley.
Se hizo notar que al solicitarlo por su participación en "Las Brigadas Rojas" es claro que Arisi es objeto de persecución política, por lo que no es posible su extradición conforme al artículo ocho de la Ley de Extradición Internacional, la misma prohibición contiene el artículo 15 constitucional.
La Embajada italiana se limitó a señalar la existencia de la orden de aprehensión y ofreció "lista de delitos imputados al señor Pietro Arisi y a otros más" (sic), junto con las declaraciones de Daniela Bonato y Giuliano Marchi. De las declaraciones de estas dos personas no puede inferirse la responsabilidad directa y exacta de Arisi. Ya que al no ser probada la acusación, no tienen la fuerza de prueba plena, quedando en simple acusación.
Con una simple lista de delitos imputados a Arisi, no se comprueba ni su responsabilidad ni el cuerpo del delito.
Sin embargo, el juez primero de distrito consideró que procedía la extradición y la Secretaría de Relaciones Exteriores a quien corresponde la decisión, conforme a los artículos 29 y 30 de la Ley de Extradición, resolvió que procedía la extradición de Arisi.
El juez octavo de distrito en materia penal, negando la suspensión de la extradición consideró que la "Inobservancia de los tratados celebrados por el Gobierno mexicano con países extranjeros afectaría las relaciones diplomáticas de la República con esas otras naciones". Trascendiendo con ello su carácter de autoridad judicial, emitió opinión política internacional y no jurídica.
Contra la negativa de conceder la suspensión de extradición se interpuso revisión ante el Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia penal en el Distrito Federal, quien otorgó la suspensión.
En cuanto a la resolución del fondo el juez octavo de distrito en materia penal, negó el amparo en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores de conceder la extradición, así por ejemplo en el considerando décimo primero manifiesta que"...En cuanto a los actos reclamados también del Secretario de Relaciones Exteriores consistentes en el acuerdo de fecha cuatro de enero de 1984 por el cual ordena su extradición a Italia del peticionario... sin entrar al estudio de los conceptos de violación por resultar improcedentes..."
Cabe la pregunta ¿cómo dice que resultan improcedentes si no los estudia? Además de que el juez tiene la obligación de estudiar todos y cada uno de los conceptos de violación.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 15, de Ley de Extradición Internacional y diversos tratados y convenios firmados por México, prohiben la extradición de personas perseguidas por motivos políticos o que puedan ser objeto de persecución política en el Estado solicitante.
La Convención Sobre Asilo Territorial de Caracas, Venezuela, en el artículo 3º. establece que ningún Estado está obligado a expulsar de su territorio a personas perseguidas por motivos políticos o delitos comunes cometidos con fines políticos. En el artículo 4º. establece: la extradición no es procedente cuando se trate de perseguidos políticos que por calificación del Estado requerido sean perseguidos por delitos políticos o delitos comunes cometidos con fines políticos o cuando se solicita la extradición por móviles predominantes políticos.
La Convención Sobre Asilo Político de 1933 de Montevideo, Uruguay, en el artículo 2º. establece que la calificación de la delincuencia política corresponde al Estado que presta el asilo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el punto 14 establece que en caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país.
La Declaración Americana de Derechos Humanos en el artículo 27 indica que toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución. El caso de Arisi está siendo considerado como del orden común y fundamentalmente el móvil es de carácter político.
Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción parlamentaria del Partido Mexicano de los Trabajadores propone el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Que el presente caso sea turnado a la Comisión de Justicia de esta Cámara para que se aboque al conocimiento de este asunto haga acopio de toda la información necesaria de parte de la Procuraduría General de la República, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se actúe conforme a derecho.
México D.F., a 18 de septiembre de 1986.
Diputado federal Eduardo Acosta Villeda.
Lo dejo en la secretaría, al igual que otros documentos que hablan de este asunto.
Como lo establecen los artículos invocados anteriormente se llega a la conclusión de que la extradición no es procedente en este caso, por lo que se anexan documentos de el diario "il Giornale", así como documentación de la "Procura della República in Milano" y del diario "La Cronaca."
«Traducción (Diario Mondo Padanoo, 13 de junio 1983)
Ahora están temblando los supuestos terroristas después de la aprehensión de Arisi.
Palmira Bonini, la mujer que vivía junto con el hombre detenido en México, está todavía detenida en San Vittore.
Con el arresto de Pietro Arisi, 35 años, por parte de la policía mexicana en Guadalajara, ocurrido en el lugar donde vive Raúl Torres, agente mexicano de la sociedad Impex de Cremona (Import - Export de Giovanni Agosti), que rentó a su nombre el pequeño departamento de la calle Volturno 46, donde el 2 de febrero pasado la policía arrestó a los que quedaban de la columna Walter Alasia (Adriano Carnelutti, Guiliano Marchi, Caterina Prancioli, Ario Lizzelli e Patrizia Sotgiu) se abre un capítulo nuevo en Cremona. No es de hecho improbable que, una vez capturado Arisi, que está en espera de la extradición desde México, el juez dé instrucción de Milán, a cargo del cual está la encuesta y que también ordenó la aprehensión de la mujer que vivía junto con el ciudadano Arisi, Palmira Bonini, 37 años, enfermera en un consultorio dentístico, tome en examen también otros nombres de por lo menos tres ciudadanos de
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Cremona que habían sido señalados por la Uigos de Cremona, que secuestró muchísimo material en la "cueva" de calle Volturno. De hecho son tres los nombres de gente de Cremona que podrían estar involucrados en la encuesta, aunque con roles seguramente inferiores al de Arisi que, a esta altura ya no habría dudas, era parte componente de la columna Walter Alasia.»
El C. presidente: -En los términos del artículo 58, se consulta a la asamblea si hay oradores en pro o en contra.
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No habiéndolos, consulte la secretaría si se admite o no a discusión el punto de acuerdo.
El C. secretario Elíseo Rodríguez Ramírez: -Por instrucciones de la presidencia se pregunta a la asamblea si se acepta o no a discusión la proposición que acaba de hacer el señor diputado que acaba de hacer uso de la palabra. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de igual forma.. Se admite a discusión señor presidente.
El mismo C. secretario: -Túrnese a la Comisión de justicia.
SINDICATO DE COSTURERAS "19 DE SEPTIEMBRE"
El C. presidente: -Señores diputados: quisiera rogar a ustedes su atención su atención unos segundos para informales que de acuerdo con los programas de esta Cámara de Diputados está iniciándose un acto muy trascendente. De tal manera, quisiéramos rogar muy encarecidamente a todos los señores diputados que al hacer uso de la palabra lo hicieren con el menor tiempo posible. Muchas gracias por su atención.
Tiene la palabra el señor diputado José Luis Díaz Moll.
El C. José Luis Díaz Moll: -Con el permiso de la presidencia: con toda seguridad el asunto que voy a tratar es de suma importancia y seguramente quizá habrá quien piense lo contrario, más importante del acto al que se nos invita.
Durante esta tarde, cuando intervino el compañero Efraín Calvo, hubo quienes se burlaron de él, le chiflaron considerando que su intervención se salía de lo que se supone tiene que tratarse aquí. Hubo inclusive un diputado, Pérez Díaz, quien dijo que eso que se planteaba era falso, que cuando se subiera a la tribuna se subiera con hechos concretos, hechos verídicos, estamos de acuerdo. Cuando subamos a la tribuna hablemos de hechos concretos y de hechos verídicos.
El nos dijo que no hay problemas con las costureras, o al menos lo insinuó o dijo que él -claro hay que quedar bien-, ha hecho todo para que los problemas de las costureras se solucionen.
Haciéndonos eco de esta excitativa del diputado Pérez Díaz, vamos a los hechos, vamos a cuestiones verídicas y concretas: al exterior de esta Cámara se encuentra un contingente de compañeras costureras, algunas de ellas están en el interior de esta sala junto con nosotros, planteando precisamente lo contrario a lo que nos vino a decir el diputado Pérez Díaz.
Nos han hecho llegar un documento que vamos a leer y al cual vamos a anexar una propuesta. Seguramente el diputado Pérez Díaz multicitado por mí, tendrá algo que contestarnos a lo mismo.
El documento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Costura, Confección, Vestido, Similares y Conexos, 19 de septiembre, dice así:
«18 de septiembre de 1986.
A los diputados del Congreso de la Unión de los Estado Unidos Mexicanos. Al C. Blas Chumacero, presidente de la Comisión de trabajo. A la Comisión de Gestoría y Quejas.
Por medio de la presente los trabajadores de la empresa Liza, S.A., queremos manifestar una serie de hechos que han venido ocurriendo a nuestro centro de trabajo y en nuestra organización sindical, donde el señor diputado Luis Pérez Díaz, y la organización que asesora, tiene que ver en forma directa en los acontecimientos que a continuación señalamos:
Primero Como asesor del sindicato que ha tenido la titularidad del contrato colectivo de la fábrica Liza, S.A., durante cuatro años, el señor Luis Pérez Díaz, lejos de representar los intereses colectivos de los trabajadores, se dedicó a tener actitudes y tácticas patronales que iban desde permitir que no se nos pagara el reparto de utilidades como marca la ley, las revisiones del contrato se hacían sin la participación de los trabajadores, etcétera, hasta correr a compañeras cuando no comulgaban con sus puntos de vista.
Segundo. Por otro lado nos forzaba a participar en sus campañas políticas, descontando y castigando con días si no "colaborábamos" en sus actividades políticas.
Tercero. La participación de los trabajadores en la vida sindical era nula y cuando se citaba a asamblea se hacía con el objetivo de presionarnos para sacar lo que la patronal demandaba, sin el correspondiente derecho de los trabajadores. Nos acusaba de chismosas e intimidaba cuando manifestábamos no estar de acuerdo con lo que planteaba en dichas asambleas, llegando al absurdo y al cinismo, cuando en forma pública manifestó que "no le interesaban las costureras, sino lo que le interesaba era lo que el patrón le daba".
Cuarto. Por estos motivos, la mayoría de las compañeras decidimos cambiar de sindicato, con el objeto de buscar una mejor organización para defendernos. La respuesta que recibimos por el señor Pérez Díaz fue la de presionarnos,
espiarnos, perseguir a nuestras compañeras en sus domicilios, jalonear y amenazar de muerte a varias compañeras.
Quinto. En el recuento, el señor Pérez Díaz mandó a grupos de individuos a presionar a las compañeras, impidiendo con esto la libre manifestación de nosotras las trabajadoras. El ofrecimiento de casas, de meter a nuestros niños en guarderías y la amenaza del despido, fue la forma como trató de impedir que votáramos en contra de él.
Sexto. En el recuento, 31 se manifestaron por cambiar de sindicato y 30 a favor de seguir perteneciendo al sindicato que asesora Pérez Díaz; a los siete días de haber celebrado dicho recuento, cinco compañeras fuimos despedidas, porque se nos aplicó la cláusula de exclusión. Dicha sanción no cumplió con los requisitos que marcan los estatutos de la organización sindical que él asesora, además de que fue aplicado a compañeras que por aquel entonces ya no eran miembros de su sindicato.
Séptimo. A cuatro meses de haberse celebrado el recuento, el laudo vino a favor del sindicato que asesora el señor Pérez Díaz. Esto no es casual, pues había manifestado "que pasara lo que pasara iba a mover todas sus influencias para que el laudo lo favoreciera". Las amenazas a nuestras compañeras continuaron, se sigue castigando a compañeras creando un ambiente tenso en nuestro centro de trabajo, continúan despedidas cinco de nuestras compañeras, y la amenaza de otros despidos están a la orden del día.
Termina el documento: Por todo lo anterior, queremos manifestar -dicen las compañeras de este sindicato- y demandar que se tomen las medidas necesarias para que se resuelva el conflicto en favor de lo que realmente demandan y sienten la mayoría de las trabajadoras de Liza, S.A.
Consideramos que se hace necesario que esta Legislatura discuta y haga justicia a lo demandado por las trabajadoras que hoy nos manifestamos en este documento. Planteamos las siguientes demandas:
Primero. Que cese las presiones y represiones a las trabajadoras que laboran en Liza, S.A.
Segundo. Que se levante la cláusula de exclusión a cinco de nuestras compañeras aplicadas por la Confederación Revolucionaria de Obreros de México.
Tercero. Reinstalación de nuestras compañeras despedidas.
Cuarto. Pago de los salarios caídos a nuestras compañeras despedidas por la Confederación Revolucionaria de Obreros de México.
Quinto. Que se detenga la protección por parte de las autoridades a líderes sindicales que pasan por encima de los derechos de los trabajadores.
Sexto. Castigo al diputado Luis Pérez Díaz por violar y pisotear los derechos de los trabajadores.
Atentamente
Las trabajadoras de Liza, S.A.: Susana Villegas Benítez, Julieta Arista H., Luisa Corona R., Luisa Arroyo, Bernardina Rodríguez, María Magdalena H. Soledad Chávez, Elena Ibarra, Catalina Beltrán Torres, Flora Liza C., Rosalba Benítez G.»
Este es el documento que hicieron llegar a nuestras manos las compañeras del Sindicato de Costureras "19 de Septiembre", sindicato al que se le dio su registro y el cual paulatinamente ha venido siendo agredido con la intención clara y concreta de desaparecer.
Una cosa, efectivamente es lo que se dijo en los días posteriores al sismo. Se decía que se les iban a dar todas las garantías para organizarse sindicalmente, tal y como lo marca la ley; que ellas tenían la libertad de elegir la organización sindical que fuera de su conveniencia y que ellas pensaran que fuera la de su predilección.
Estos son hechos, son situaciones que hablan, pero no es el último hecho, la prensa y algunos otros medios de comunicación han consignado cómo secciones del Sindicato "19 de Septiembre", han venido siendo agredidas constantemente procurando y luchando porque ese sindicato desaparezca. Una cosa es lo que dice, una cosa es lo que se plantea demagógicamente y otra cosa son los hechos. Reiteradamente hemos planteado la necesidad de que seamos congruentes en nuestros hechos y en nuestras palabras.
Me van a decir eso que propone el pliego petitorio, no lo podemos discutir en la Cámara, efectivamente, en el pleno difícilmente, pero vamos a proponer un
PUNTO DE ACUERDO
En ese sentido:
«Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del reglamento Interior para el Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, se propone por parte de las fracciones parlamentarias del Partido Mexicano de los trabajadores, Partido Revolucionario de los Trabajadores y Partido Socialista Unificado de México, como punto único el siguiente:
Único. Que la demanda presentada por el Sindicato Nacional de la Industria de la Costura,
Confección, Vestidos, Similares y Conexos "19 de Septiembre", se turne a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Firman diputados de estos tres grupos parlamentarios, diputados: Eduardo Acosta Villeda, Rosalía Peredo Aguilar, José Luis Díaz Moll, Rubén Aguilar Jiménez, Alejandro Encinas Rodríguez, Oswaldo Harris Muñoz». Gracias.
El C. presidente: -En los términos del artículo 58 se consulta si hay oradores en pro o en contra.
El C. Javier Paz Zarza: -En pro.
El C. presidente: -Tiene la palabra en señor diputado Javier Paz Zarza.
El C. Javier Paz Zarza: -Señor presidente; señores diputados: esta denuncia que acaba de ser presentada por un diputado es muy grave, y lo mínimo que debería, por dignidad hacer el diputado Luis Pérez Díaz, es subir aquí hablar en contra y denunciar esos hechos, por dignidad es lo mínimo que se debe de hacer. La corrupción es un mal muy grave en el país y la corrupción de seudolíderes sindicales, es algo que debemos de erradicar en México, porque el sindicato hoy día en México, ha sido pervertido y es utilizado por algunas personas como trampolín político.
Yo no pretendo prejuzgar si son ciertos o no los hechos denunciados, pero por sentido común creo que se tienen que investigar a fondo y que el pleno conozca el resultado de los mismos. Creo que es muy clara la posición que señaló el compañero diputado y se debe aceptar esa proposición y analizarse a fondo. Gracias.
El C. presidente: -Consulte la secretaría si se admite o no a discusión el punto de acuerdo.
El C. secretario Elíseo Rodríguez Ramírez: -Por disposición de la presidencia, se pregunta a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición que ha hecho el diputado José Luis Díaz Moll.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, poniéndose de pie. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de igual manera... Desechada señor presidente.
El C. presidente: -Tiene la palabra el señor diputado Manuel Fernández Flores.
AGRESIÓN A PRESIDENTE MUNICIPAL DE VERACRUZ
El C. Manuel Fernández Flores:
«Honorable Cámara de Diputados:
Tengo la certeza que a una gran mayoría de los miembros de esta honorable asamblea les preocupa el cumplimiento del conjunto de normas hechas, ley que rige la vida de nuestro país. Es por eso que ante ustedes, vengo a denunciar un hecho que se agrega a la larga serie de acontecimientos lamentables que hacen del estado de Veracruz una entidad en que gran parte de sus habitantes viven en la incertidumbre del respeto a sus vidas por culpa de caciques pueblerinos, terratenientes y ganaderos que con hombres armados a su servicio y contando con un gobierno tolerante y débil, hace de esa entidad federativa tierra de crimen y violencia.
El Lunes 15 de septiembre a la media noche, después de la ceremonia tradicional, el profesor Ramón López Jiménez, presidente municipal de la población denominada Filomeno Mata de la Sierra de Papantla, Veracruz, encontrándose en el local provisional que han habilitado como presidencia municipal, fue agredido desde la calle , recibiendo un disparo de escopeta, hiriéndolo en la cabeza con tres proyectiles, así como al auxiliar del ayuntamiento, compañero Miguel López Cruz.
Dado que esta población carece de energía eléctrica no fue posible ver al agresor; sin embargo este hecho es la actitud del cacicazgo que encabezaban Gonzalo González Martínez, Manuel Cabrera Santos y José Andrés Morales, pues son ellos los que han obstaculizado las funciones del actual ayuntamiento constitucional, son ellos los que encabezan el grupo que destruyó el palacio municipal y quemó los archivos en el mes de diciembre de 1985, son los caciques ligados a los de Coahuitlán que, pese a las advertencias hechas por nuestro partido en múltiples ocasiones, el 28 de abril de este año, asesinaron al C. Hermilio García Juárez, regidor del ayuntamiento son que hasta la fecha se haya procedido contra los culpables.
Son ellos los que han estado obstruyendo los trabajos de la carrera para comunicar ese poblado con el de Coyutla; son los que usurpan funciones con sellos y documentos de la gestión anterior, que no fueron entregados a los nuevos funcionarios, los que utilizan un aparato de sonido que permanentemente está agrediendo al pueblo en general, son los que mantienen una gavilla que ha asesinado a varios ciudadanos de Filomeno Mata y que están ligados al abigeato y al tráfico de drogas, ya que la colindancia con el estado de Puebla y lo agreste de la sierra, les permite sus actividades; todo esto, ante la indiferencia del gobierno del estado que no ha atendido esta dramática situación, pues la policía del lugar no cuenta con armamento para salvaguardar la seguridad, así como no se atienden los llamados para que las fuerzas de seguridad del estado vayan a vigilar la zona. Estos hechos nos permiten manifestar nuestra preocupación por la seguridad de los miembros del ayuntamiento y en
particular, del presidente municipal, C. Román López Jiménez.
Los acontecimientos criminales que se viven en el estado de Veracruz, son múltiples. El caso del estimado diputado federal Demetrio Ruiz Malerva, podría mencionarse como otro ejemplo de la situación existente.
Por lo tanto, el Partido Popular Socialista, hace esta denuncia con el fin de que las autoridades respectivas realicen las investigaciones pertinentes y se castigue a los culpables y pongan fin a esa insoportable ola de violencia que azota el estado de Veracruz.
18 de septiembre de 1986.
Diputado Manuel Fernández Flores».
Muchas gracias por su atención compañeros, dejo una copia a la secretaría para que tome nota de esto.
El C. presidente: -Reciba la secretaría. Señor secretario, ¿es una propuesta o una denuncia?
El C. secretario Elíseo Rodríguez Ramírez: -Es una denuncia.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Solamente pedimos que quede asentado en el Diario de los Debates.
El C. presidente: -Tiene la palabra el señor diputado Lorenzo Serrano Gutiérrez.
LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
El C. Lorenzo Serrano Gutiérrez: -Señor presidente; señores diputados: como el renglón de política interna, al glosar el IV informe de Gobierno, afirmamos en el Partido Demócrata Mexicano: "Estamos interesados en que el compromiso presidencial de renovación moral sea cumplido como condición primaria junto con la democratización integral del país para aspirar al saneamiento de la vida nacional, la superación de la crisis imperante y luego el desarrollo."
La renovación moral debe acabar todos los aspectos de la vida nacional a partir de la administración pública, y aspecto fundamental es que los servidores públicos, especialmente de los órganos judiciales y de defensa sean honorables ciudadanos, libres de conductas delictivas y en todo caso combatientes de los delitos, especialmente respecto a la desviación de los recursos del pueblo y el tráfico de drogas y estupefacientes.
La reciente alusión implicatoria del general Juan Arévalo Gardoqui, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, en actividades de narcotráfico en una publicación de la California norteamericana, ha vuelto a reavivar la inquietud popular sobre el hecho de que funcionarios federales, estatales y municipales se encuentren involucrados en delitos tan repugnantes como los que se cometen contra la salud física y moral a través del narcotráfico.
Por nuestra parte, no podemos ni condenar ni exonerar de culpa al general Arévalo Gardoqui, ni a otros funcionarios que han sido o son señalados como presuntos narcotraficantes.
No somos órgano jurisdiccional ni autorizados para ejercitar la acción penal e incluso carecemos de pruebas. Prejuzgar sería antijurídico, pero tampoco podemos permanecer indiferentes al fenómeno de tráfico de drogas que ha adquirido dimensiones escandalosas. Todavía más nauseabundo y alarmante, cuando en este toman parte como promotores criminales quienes tienen o debían tener por tarea la conducción y protección de la comunidad.
Ante las anteriores circunstancias, y conforme a las facultades que sí tenemos en nuestra calidad de representantes populares interesados en la salud física y moral de la colectividad mexicana, cimiento primario e insoslayable de toda renovación moral que pretendemos, se someta a la consideración de esta asamblea soberana y en su oportunidad se apruebe la siguiente proposición:
«Que esta Cámara inste formalmente al Ejecutivo Federal, para que profundice, amplíe e intensifique la lucha contra el tráfico de drogas y la siembra y tráfico de estupefacientes. Independientemente de los esfuerzos que en ese sentido ha venido realizando hasta la fecha, cuidando de la no implicación de los servidores públicos en la comisión de tales delitos, y ejercitando la acción penal que proceda, contra los que resulten indicados.
Atentamente
Por la fracción parlamentaria del Partido Democrático Mexicano, Lorenzo Serrano Gutiérrez y un grupo de diputados demócratas.»
El C. presidente: -Señores diputados, se ha hecho una proposición, consulte la secretaría, oradores en pro, oradores en contra.
El C. secretario Elíseo Rodríguez Ramírez: -Por acuerdo de la presidencia, se pregunta a la asamblea si existe algún diputado que desee hablar en pro o en contra.
El C. Oswaldo Harris Muñoz: -Pido la palabra.
El C. presidente: -Tiene la palabra señor diputado Oswaldo Harris Muñoz.
El C. Oswaldo Harris Muñoz: -Con su venia señor presidente; compañeros diputados: creo que estamos ante una nueva injerencia de un periódico de San Diego, y creo que no lo hace a título únicamente personal, o como una instancia aislada de la política de los Estados Unidos sobre asuntos nacionales. Creo que esto ha llegado ya al descaro, es una intervención totalmente dentro de toda esa gama de agresiones que ha sufrido el pueblo de México.
Nosotros no tenemos nada absolutamente en contra o a favor del Secretario de la Defensa Nacional, del señor Arévalo Gardoqui, pero creo que una investigación de este estilo, como la que propone el compañero del Partido Demócrata Mexicano, es importante que se realice. Este tipo de injerencias creo que lastima la soberanía nacional, ya de por sí tan maltrecha por toda una serie de medidas que se están tomando a nivel del Gobierno, pero que en ningún momento debemos permitir que gobiernos extranjeros, y menos aún el Gobierno de los Estados Unidos, se inmiscuya en nuestros asuntos.
Eso es todo lo que quería decirles a ustedes. Muchas gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Jorge Montúfar Araujo.
El C. Jorge Montúfar Araujo: -Con su venia; compañeros diputados: la proposición que acabamos de escuchar constituye una petición extraña. Hace días en términos de generalidad, como tienen que tratarse estos temas, la Procuraduría General de la República manifestó que esa dependencia está abierta a las denuncias que quieren hacer en ese renglón instituciones, organismos o personas, pidió que quienes quieran hacerlo, aporten las pruebas para que, como tal, la Procuraduría instaure los expedientes que correspondan y se proceda conforme a la ley. Yo creo como ciudadanos y como representantes populares responsables, debemos hacernos eco de aquellas denuncias que tengan seriedad y que estén acompañadas de pruebas. Si nosotros vamos a hacer casos de resonancia, de denuncias irresponsables de mala fe, sin elementos de juicio, nos estaremos convirtiendo en marionetas de intenciones francamente
antinacionales. Yo creo que es tiempo de que a este respecto asumamos la responsabilidad política y jurídica que tenemos como representantes populares. Es terriblemente grave, de mal gusto para cualquier diputado de cualquier partido, sumarse a un acto de intención oscura y sin pruebas fehacientes o pruebas de ningún tipo.
Debemos ser respetuosos de nuestra representación. Yo estoy de acuerdo en que esta tribuna sirva para denunciar y para acusar, pero hay que hacerlo con alguna base y con responsabilidad. Si seguimos por el camino en el que vamos, haciéndonos eco de cualquier insulto o de cualquier denuncia sin seriedad, al rato vamos a ser denunciados nosotros como narcotraficantes o no se qué, o en qué orden de delitos.
Seamos pues más serios y más responsables, vamos a rechazar esta proposición, precisamente porque no tiene sustentación alguna y porque, además señores, pretende lesionar a una institución que es básica para ese tema que tanto nos apasiona, la defensa de la soberanía nacional y porque es básica para la estabilidad de las instituciones del orden de la paz pública.
Y no olvidemos compañeros, que sin orden y sin paz pública no hay democracia, no podrá haber pluripartidismo. No seamos pues llevados a la trampa del caos y del desorden, adelante con las actitudes de denuncia, pero con la base de la seriedad. Denuncias sin pruebas son calumniosas y calumniar a las instituciones, y que los diputados lo permitamos, es abrir el paso para la destrucción de esta patria, no señores, más seriedad y más responsabilidad.
Si nosotros dejamos la denuncia al viento seremos denunciados al viento y no vamos a poder contestar al pueblo de México, ni a nadie de todos los que votaron para que viniéramos a representar aquí la voluntad popular.
Esa será la razón y que quede bien claro por la que nosotros rechazamos esta proposición sin sustentación alguna. Gracias.
El C. presidente: -Consulte la secretaría si se admite a discusión o no la propuesta de que se ha dado lectura.
El C. Roberto Calderón Tinoco: -Para hechos.
El C. presidente: -Para hechos el señor diputado Roberto Calderón Tinoco.
El C. Roberto Calderón Tinoco: -Señor presidente, señores legisladores: desde luego que nosotros queremos precisar en ninguna forma, el que traigamos este asunto al pleno de la Cámara nos constituye marionetas ni en cajas de resonancia de una información dada en el exterior. Lo que si creemos es que en la medida en que éste número de referencia en las que se involucra a los ciudadanos mexicanos y concretamente a funcionarios debe darse respuesta, no a quienes emiten esos juicios o hacen las presunciones, sino al pueblo que se entera y que especula, debe darse una satisfacción al pueblo, porque en última instancia se trata de sus funcionarios a quienes se tiene
encargada la seguridad nacional y en la medida que queda en el aire la duda y que no hay respuestas inmediatas que satisfagan el interés de los ciudadanos, que nos enteramos de este tipo de acusaciones, se puede aplicar aquello de que "el que calla otorga".
Creemos nosotros que no es, ni se trata de dar continuidad a un juego, sino que en función al interés nacional, debemos sí constatar que no son ciertas estas acusaciones y que además no es la primera vez que se hace.
Nosotros quisiéramos insistir en que se dé lectura por parte de la presidencia al punto propositivo para que se vean los términos en que lo estamos haciendo, pero que en alguna forma adelantamos que no estamos acosando, pero que si urgen acciones que el pueblo entienda y comprenda y que desvanezcan las dudas que se siembran con este tipo de referencias. Muchas gracias.
El C. presidente: -Consulte la secretaría si se admite o se desecha la proposición.
El C. secretario Elíseo Rodríguez Ramírez: -Por acuerdo de la presidencia, se pregunta en votación económica a la asamblea, si se admite o no a discusión la proposición.
El C. presidente: -Previamente lea usted los puntos propositivos.
El mismo C. secretario:
«Que esta Cámara inste formalmente al Ejecutivo Federal para que profundice, amplíe e intensifique la lucha contra el tráfico de drogas y la siembra y tráfico de estupefacientes, independientemente de los esfuerzos que en ese sentido ha venido realizando hasta la fecha, cuidado de la no implicación de los servidores públicos en la comisión de tales delitos y ejercitando la acción penal que proceda contra los que resulten indicados».
Por instrucciones de la presidencia, se pregunta en votación económica a la asamblea, si se admite o no a discusión la citada proposición. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Desechada señor presidente.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El mismo C. secretario:
«Escudo Nacional. -Estados Unidos Mexicanos. -Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F. -Secretaría de Gobernación. CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
En oficio fechado el 27 de agosto último, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a esta de Gobernación. lo siguiente:
"Por ser un asunto de la competencia de esa dependencia del Ejecutivo, solicito a usted tenga a bien gestionar ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión los permisos a que se refiere la fracción II, apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que las personas que a continuación se mencionan puedan prestar sus servicios en la Embajada de la República de Filipinas en esta ciudad:
C. Enrique Gómez Lima, intérprete traductor; C. Victorino Rangel Gómez, chofer y mensajero; C. Silvia Valdéz López, telefonista recepcionista; C. Flavia Francisca Hernández García, empleada doméstica.
Se anexan copias certificadas de las actas de nacimiento de los ciudadanos mexicanos y solicitudes de permiso individuales".
Al transcribir a ustedes lo anterior, les envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan, para los fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D.F., a 9 de septiembre de 1986.
Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz».
Trámite: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El mismo C. secretario:
«Escudo Nacional. -Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a esta de Gobernación, con fecha 25 de agosto último, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para que la persona cuyo nombre se proporciona a continuación pueda prestar sus servicios en el lugar que se cita. La nacionalidad mexicana de dicha persona se ve acreditada por la fotocopia de su respectiva acta de nacimiento que se remite anexa al presente oficio.
José Gilberto Corona Sánchez, oficinista, Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco".
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D.F., a 9 de septiembre de 1986.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz».
Trámite: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA CONDECORACIONES
La C. prosecretaria Elvia Lugo de Vera:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadanos general brigadier Diplomado de Estado Mayor, Jaime Quiñonez Cruz, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Militar, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
La Comisión considera cumplido los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor Jaime Quiñonez Cruz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Militar, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil. Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México D.F., a 5 de septiembre de 1986.
Elíseo Mendoza Berrueto, presidente: Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moises Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsivais Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Heriberto Ramos Salas, Nicolás Reynés Berezaluce, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Diego Valadés Ríos, Sergio Valls Hernández».
Trámite: Queda de primera lectura.
La misma C. Prosecretaria:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano general de brigada Diplomado de Estado Mayor Pascual Fuentes Gallegos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Militar de primera clase, que le confiere el Gobierno de la República de Portugal.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano general de brigada Diplomado de Estado Mayor Pascual Fuentes Gallegos, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden del Mérito Militar de primera clase, que le confiere el Gobierno de la República de Portugal.
Sala de Comisiones de la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión.
México D.F., a 8 de septiembre de 1986.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll. Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsivais Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Heriberto Ramos Salas, Nicolás Reynés Berezaluce, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Diego Valadés Ríos, Sergio Valls Hernández».
Trámite: Queda de primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La misma C. prosecretaria:
«Comisión de Gobernación de Puntos Constitucionales
Honorable asamblea:
En oficio fechado el cuatro de junio del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Nicolás Eduardo Contla González, pueda prestar servicios como asesor del departamento político en la Embajada de Japón en México.
En sesión efectuada por la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, el día cuatro de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de su nacimiento.
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de Japón en México, serán como asesor del departamento político.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Nicolás Eduardo Contla González, para prestar servicios como asesor del departamento político, en la Embajada de Japón en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México D.F., a 8 de septiembre de 1986.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Nicolás Reynés Berezaluce, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortíz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, María Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Heriberto Ramos Salas, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Diego Valadés Ríos, Sergio Valls Hernández.»
Trámite: Primera lectura.
La misma C. prosecretaria:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable asamblea:
En oficio fechado el ocho de agosto próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso
constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Natividad Bello López, pueda prestar servicios administrativos en la Embajada de la República Francesa en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el día cuatro de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de la República Francesa en México, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jorge Natividad Bello López, para prestar servicios administrativos en la Embajada de la República Francesa en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México D. F., a 8 de septiembre de 1986.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsivais Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Heriberto Ramos Salas, Nicolás Reynés Berezaluce, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Diego Valadéz Ríos, Sergio Valls Hernández.»
Trámite: Primera lectura.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable asamblea:
En oficio fechado el 12 de agosto próximo pasado la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Delfino Martín Huerta Molina, Yolanda Aragón Martínez y Roberto Vázquez, puedan prestar servicios administrativos en la Embajada de la República Francesa en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día cuatro de septiembre se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de las actas de nacimiento.
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de la República Francesa, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Delfino Martín Huerta Molina, para prestar servicios como mensajero en la Embajada de la República Francesa en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Yolanda Aragón Martínez, para prestar servicios como secretaria encargada de la difusión en el servicio de prensa en la Embajada de la República Francesa en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Roberto Vázquez, para prestar servicios como mensajero del servicio de prensa en la Embajada de la República Francesa en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México D. F., a 8 de septiembre de 1986.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortíz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Heriberto Ramos Salas, Nicolás Reynés Berezaluce, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Diego Valadés Ríos, Sergio Valls Hernández.»
Trámite: Primera lectura.
El mismo C. secretario:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable asamblea:
En oficio fechado el 22 de agosto próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Daniela Melis Boulogne, José Ismael Galván Nieto y Ana María Tobalina Zúñiga, puedan prestar servicios administrativos en la Embajada Británica en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día cuatro de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas del acta de su nacimiento.
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada Británica, serán de carácter administrativo.
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Daniela Melis Moulogne, para prestar servicios como asistente en el departamento de prensa, en la sección comercial de la Embajada Británica en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano José Ismael Galván Nieto, para prestar servicios como chofer, en la sección comercial de la Embajada Británica en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Ana María Tobalina Zúñiga, para prestar servicios como secretaria bilingüe, en la sección comercial de la Embajada Británica en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputado del H. Congreso de la Unión.
México D. F., a 8 de septiembre de 1986.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñete Laborde, secretario; Cuauhtémoc Mendoza Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badilla Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Heriberto Ramos Salas, Nicolás Reynés Berezaluce, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Diego Valadés Ríos, Sergio Valls, Hernández.»
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez:
Trámite: Queda de Primera lectura.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable asamblea:
En oficio fechado el seis de agosto próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores a
través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Edith Galindo Paniagua, Guadalupe Lyanne Hernández Husseini, Hilda López Soria, Alaa El Din Aly El Saghir Azmy, Héctor Manuel Pérez Ceballos, José Ricardo Salazar López, Jorge Ayala Ocampo, Julio César Velasco Morales y Juana Ortíz Linares, puedan prestar servicios como empleados administrativos, en la Embajada de la República Árabe de Egipto de México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día cuatro de septiembre se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de las actas de nacimiento y la declaratoria de nacionalidad mexicana por naturalización número 3401 del ciudadano Alaa El Din Aly El Saghir Azmy.
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de la República Árabe de Egipto en México, serán de carácter administrativo.
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Edith Galindo Paniagua, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de la República Árabe de Egipto en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Guadalupe Lyanne Hernández Husseini, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de la República Árabe de Egipto en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Hilda López Soria, para prestar servicios como secretaria, en la oficina comercial de la Embajada de la República Árabe de Egipto en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Alaa El Din Aly El Saghir Azmy, para prestar servicios como ayudante doméstico, en la Embajada de la República Árabe de Egipto en México.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Héctor Manuel Pérez Ceballos, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República Árabe de Egipto en México.
Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano José Ricardo Salazar López, para prestar servicios como mensajero, en la Embajada de la República Árabe de Egipto en México.
Artículo séptimo. Se concede permiso al ciudadano Jorge Ayala Ocampo, para prestar servicios como mensajero, en la oficina comercial de la Embajada de la República Árabe de Egipto en México.
Artículo octavo. Se concede permiso al ciudadano Julio César Velasco Morales, para prestar servicios como mensajero, en la oficina comercial de la Embajada de la República Árabe de Egipto en México.
Artículo noveno. Se concede permiso a la ciudadana Juana Ortiz Linares, para prestar servicios como empleada doméstica, en la Embajada de la República Árabe de Egipto en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México D. F., a 8 de septiembre de 1986.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmall, Miguel Herrería Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Heriberto Ramos Salas, Nicolás Reynés Berezaluce, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Diego Valadés, Sergio Valls Hernández.»
Trámite: Queda de Primera Lectura.
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Leopoldo de Gyvez.
El C. Leopoldo de Gyvez: - Exclúyame de la lista señor presidente.
El C. José Luis Díaz Moll: - Pido la palabra.
El C. presidente: -¿Con qué objeto señor diputado?
Tiene la palabra el señor diputado José Luis Díaz Moll.
MANIFESTACIONES ESPERADAS PARA EL 19 DE SEPTIEMBRE
El C. José Luis Díaz Moll: - Con el permiso de la presidencia: hoy en la tarde, discutiendo entre los grupos parlamentarios, se llegó a un punto de acuerdo en lo que se refería a las diferentes manifestaciones que se realizarán el día de mañana. Este punto de acuerdo fue firmado en un inicio de manera unánime por todo los partidos políticos. De último momento fuimos enterados que el diputado Montúfar quien había firmado este documento, retiraba la firma del punto de acuerdo que al ser unánime, no hubiera habido mayor problema, que se había firmado por todas las fracciones parlamentarias.
No sabemos por qué razones políticas, esta firma del punto de acuerdo fue retirada, lo que me planteaban unos compañeros es que - bueno-, esto es de preocuparse en términos de lo que pueda suceder el día de mañana durante estas manifestaciones que se van a realizar, pero en fin todo a su momento y esperemos los hechos del día de mañana, los cuales confiamos y deseamos que se den sin mayor contratiempo.
A nombre de las ocho fracciones parlamentarias restantes, voy a dar lectura a la propuesta de este
PUNTO DE ACUERDO
"La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, consciente de las distintas manifestaciones de demandas sociales que se realizarán el 19 de septiembre en la ciudad de México, manifiesta su seguridad de que esta expresiones democráticas de los damnificados y otros sectores sociales, se realizarán por los cauces constitucionales y serán respetadas por las autoridades en irrestricto apego a las libertades de expresión y manifestación pública.
La Cámara de Diputado considera que esta manifestaciones se inscriben en el ejercicio pleno de los derechos y garantía constitucionales, y que así serán entendidas por los ciudadanos y las autoridades, sobre la base del respeto a los valores de la tolerancia y a las disposiciones legales que hacen posible el orden y el progreso en el seno de la sociedad.
En ninguna condición debemos olvidar los mexicanos que la paz Pública es sustento de la democracia, la justicia y la libertad.
Firman ocho grupos parlamentarios."
Dejo la propuesta y anexo una propuesta firmada por seis diputados. En términos del reglamento, se solicita atentamente que la votación sobre el anterior punto de acuerdo sea nominal.
El C. presidente: - Señor secretario, consulte usted si hay oradores en pro en contra del punto de acuerdo.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta si existe orador en contra o en pro del punto de acuerdo que acaban de proponer.
El C. presidente: - No habiéndolo señor secretario, proceda usted a consultar a la asamblea si se admite o no a discusión el punto de acuerdo y tome la votación nominal en virtud de que se han satisfecho los requisitos.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta que acaba de hacer el diputado que hizo uso de la palabra, José Luis Moll.
Como lo ha solicitado, la consulta se hará por votación nominal por estar reglamentariamente satisfecho el requisito de petición.
El C. Jorge Montúfar Araujo: -¿Por qué no consultamos si tenemos quórum?
El C. Eduardo Valle Espinosa: - No hay quórum, yo estoy de acuerdo en que se consulte.
El C. Jorge Montúfar Araujo: - perfecto.
El C. Eduardo Valle Espinosa: - Que se disuelva entonces la asamblea.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Hay que pasar lista.
El C. presidente: - En los términos del artículo 106 y toda vez que para la presidencia de esta Cámara es verdaderamente notoria la falta de quórum, se levanta la sesión a las veinte treinta horas se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 23 de septiembre, a las diez horas.
La C. prosecretaria Elvia Lugo de Vera: - Señor presidente, hay una asistencia de 265 diputados. Hay quórum.
El C. presidente: - Se reanuda la sesión.
En virtud de que la proposición presentada por el ciudadano diputado José Luis Díaz Moll y otros ciudadanos, se tramitó de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos y agotada que fue la fracción II, procede a consultar a la asamblea si se acepta a discusión la proposición.
El C. José Luis Díaz Moll: - Señor presidente, pido la palabra.
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado José Luis Díaz Moll.
El C. José Luis Díaz Moll: - Con el permiso de la presidencia: Resultaría ilógico el votar una propuesta que tenía como objetivo, el tomar una posición con respecto a las manifestaciones que se celebraron el viernes pasado, dado que la misma está fuera de tiempo y que de votarse, estaríamos votando para quizás las manifestaciones del año que entra. Se retira la propuesta con lo cual la votación nominal automáticamente queda fuera.
El C. presidente: - Gracias señor diputado. Continúe la secretaría con el desahogo de los asuntos en cartera.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - Señor presidente, agotado los asuntos en cartera de la sesión del 18 de septiembre.
El C. presidente (a las 11:40 horas): - Se levanta la sesión y se continuará de inmediato con la próxima.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES