Legislatura LIII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19860930 - Número de Diario 12
(L53A2P1oN012F19860930.xml)Núm. Diario:12ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO II México D. F., martes 30 de septiembre de 1986. NÚM.. 12
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DIA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Con aclaraciones se aprueba.
MEDALLA DE HONOR BELISARIO DOMÍNGUEZ
Invitación del senado a la sesión solemne del 7 de octubre próximo, en que se impondrá dicha presea al doctor Salvador Zubirán Anchondo. Se designa comisión.
TOMA DE POSESIÓN DEL GOBERNADOR DE CHIHUAHUA
Los CC. Ricardo García Cervantes y Arnulfo Villaseñor Saavedra hacen aclaraciones a la propuesta que sobre el particular presentó la diputada María del Carmen Jiménez de Avila en la sesión próxima pasada. Intervienen para hechos los CC. Ricardo García Cervantes y Juan de Dios Castro Lozano.
DIRECTIVA DEL SENADO PARA OCTUBRE
La colegisladora participa su elección. De enterado.
DIRECTIVA DE ESTA CÁMARA PARA OCTUBRE
Votación. Escrutinio. Resultado. Declaratoria.
INICIATIVA DEL EJECUTIVO FEDERAL
LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
Proyecto de decreto que reforma y adiciona la ley citada. Se turna a comisión.
MEMORIAS
De las Secretarías de Programación y Presupuesto, Educación Pública, Marina, Gobernación y Defensa Nacional, relativas a las labores desarrolladas durante septiembre de 1985 a agosto de 1986. Se turnan a las comisiones respectivas.
CAMPAÑA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Informe de la Procuraduría General de la República sobre la lucha desplegada por esta dependencia en agosto último contra el narcotráfico. Se turna a comisión.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Solicitud de permiso para que el C. Roberto Solís pueda hacerlo en la Embajada de Colombia en México. Se turna a comisión.
MINUTAS DEL SENADO
CÓNSUL HONORARIO
Proyecto de decreto que permite al C. Bernardo Obregón Tamariz, aceptar y
desempeñar dicho cargo de la República de Corea, de Guadalajara, Jalisco. Se turna a comisión.
PRESTACIONES DE SERVICIOS
Proyecto de decreto que autoriza a la C. Alma Y. Ibarra de Carreón para hacerlo en la Embajada de Yugoslavia en México. Se turna a comisión.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
ARTICULO 27, 42 Y 48 CONSTITUCIONALES
El C. Cristobal Figueroa Nicola presenta reformas a estos artículos. Se turna a comisión.
ARTÍCULOS 225, 226 Y 227 DE LA LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y PROCESOS ELECTORALES
El C. Ricardo García Cervantes, presenta reformas a estos artículos de la Ley de Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Se turna a Comisión.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El C. Magdaleno Yáñez Hernández presenta reformas y adiciones a los artículos 48 y 51 de la ley citadas. Se turna a comisión.
CRITICA A PROCESOS ELECTORALES RECIENTES
Por parte del C. Heberto Castillo Martínez, fundamentalmente a los de Chihuahua, Durango y Oaxaca. Alude a la actitud del Partido Acción Nacional de buscar soluciones en comisiones internacionales y a la adhesión del presidente José López Portillo al pacto de San José y solicita se turne lo expresado al Senado.
Opinan en torno al tema los CC. Juan de Dios Castro Lozano, Heberto Castillo Martínez, Juan de Dios Castro Lozano, Jesús González Schmal, Marín Tavira Urióstegui, Federico Ling Altamirano, Martín Tavira Urióstegui, Arnoldo Martínez Verdugo, Jesús González Schmal y César Augusto Santiago Ramírez
Continúan los CC. Pablo Alvarez Padilla, Rosario Ibarra de Piedra, Elba Esther Gordillo Morales, María del Carmen Jiménez de Avila, María Esther Scherman Leaño, Ricardo Andrés Pascoe Pierce, Mario Niebla Alvarez, Consuelo Botello de Flores, Roberto Calderón Tinoco, Leopoldo Arturo Whaley Martínez, Eduardo Valle Espinosa, Juan de Dios Castro Lozano, Heberto Castillo Martínez y Juan de Dios Castro Lozano. Se turna al Senado lo expresado por el C. diputado Heberto Castillo Martínez.
DESARROLLO URBANO EN EL DISTRITO FEDERAL
Proposición del C. Manuel Terrazas Guerrero en que solicita se obtenga informe sobre los planes parciales de dicho desarrollo. Habla en pro el C. Jorge Alcocer Villanueva. Se turna a comisión.
RECHAZO A INSTANCIAS AJENAS AL PUEBLO DE MÉXICO
Propuesta presentada por el C. Guillermo Fonseca Alvarez. El C. Gonzalo Altamirano Dimas propone una modificación, misma que se rechaza. Se aprueba. Cúmplase.
JUAN DE LA CABADA
El C. José Felipe Gutiérrez propone se difundan sus virtudes y obra literaria y humanista. Se turna a comisión.
INSULTOS AL C. DIPUTADO LORENZO SERRANO GUTIERREZ
Denuncia presentada por el C. Antonio Monsiváis Ramírez, que dice fue insultado por el diputado Alonso Aguirre Ramos con motivo de la denuncia en contra de caciques de Oaxaca. La presidencia expresa se investigará el caso.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
El C. Franz Ignacio Espejel Muñoz propone se cite al Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos para que explique la política sobre precios de garantía de granos básicos y oleaginosas. Habla en pro el C. Jaime Delgado Herrera. Se desecha.
DETENCIÓN DE OAXACA DEL DIPUTADO LEOPOLDO DE GYVEZ DE LA CRUZ
Que denuncia el C. Alejandro Encinas Rodríguez con el objeto de que se den explicaciones y excusas sobre el caso. La presidencia ofrece se investigará el asunto.
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES SOBRE LA DEUDA EXTERNA
La C. María Esther Scherman Leaño presenta proposición para que la comisión respectiva de esta Cámara se reúna con el grupo negociador mexicano para tratar el caso. Hablan, en pro el C. Jorge Alcocer Villanueva y para hechos, el C. Héctor Morquecho Rivera. Se turna a comisión.
SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES
El C. Eduardo Valle Espinosa presenta proposición para que se les considere incluidos en los salarios mínimos profesionales, a los señores periodistas. Se turna a comisión.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
PRESENTACIÓN DE SERVICIOS
Proyecto de decreto que permite a las CC. Sandra Hernández González y María E. Cepeda González, hacerlo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
PRESENTACIÓN DE SERVICIOS
Tres proyectos de decreto que autorizan a los CC. María del Carmen González Ramírez, José L. Medina Carrillo y Julieta Ponce Gordillo, para que puedan hacerlo en la Embajada de Jamaica; a los CC. Enrique Gómez Lima, Victorino Rangel Gómez, Silvia Valdés López y Flavia F. Hernández García, hacerlo en la Embajada de Filipinas y, la C. Consuelo Franco Cuesta, hacerlo en la Embajada de Venezuela, acreditadas en nuestro país. Se aprueban. Pasan al Senado.
CONCEPTOS SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
Emitidos por el C. Juan Maldonado Pereda, con motivo de que hoy termina su actuación. Palabras de agradecimiento de la presidencia.
ORDEN DEL DIA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. NICOLÁS REYNÉS BEREZALUCE
(Asistencia de 285 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. presidente (a las 14:00 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La C. prosecretaria Elvia Lugo de Vera:
«Segundo período ordinario de sesiones LIII Legislatura.
Orden del día
30 de septiembre de 1986.
Sesión solemne para conmemorar el CCXXI aniversario del natalicio de don José María Morelos y Pavón.
Recepción de la Bandera Nacional
Lectura del acta de la sesión anterior.
La H. Cámara de Senadores invita a la sesión solemne en la que se impondrá la "medalla de honor Belisario Domínguez", y que tendrá lugar el próximo siete de octubre.
La H. Cámara de Senadores comunica la mesa directiva que funcionará durante el mes de octubre.
Elección de la Mesa Directiva
Iniciativa del Ejecutivo
De decreto que reforma y adiciona la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal.
Para los efectos del artículo 93 constitucional, las Secretarías de Programación y Presupuesto, de Educación Pública, de Marina, de Gobernación y de la Defensa Nacional, remiten los informes de labores correspondientes al período comprendido del 1º. de septiembre de 1985 al 31 de agosto de 1986.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite el informe pormenorizado acerca de las actividades desarrolladas por la Procuraduría General de la República, en la campaña contra el narcotráfico, abarca el mes de agosto.
Por el que se solicita permiso constitucional necesario para que el C. Roberto Solís pueda prestar servicios en la Embajada de Colombia en México.
Minutas
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Bernardo Obregón Tamariz, para prestar servicios como cónsul honorario de la República de Corea en Guadalajara, Jalisco.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la C. Alma Yolanda Ibarra de Carreón, para prestar servicios como secretaria administrativa, en la Embajada de la República Socialista Federativa de Yugoslavia en México.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a las CC. Sandra Hernández González y María Elena Cepeda González, para presentar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. María del Carmen González Ramírez, José Luis Medina Carrillo y Julieta Ponce Gordillo, para presentar servicios en la Embajada de Jamaica en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Enrique Gómez Lima, Victorino Rangel Gómez, Silvia Valdés López y Flavia Francisca Hernández García, para presentar servicios en la Embajada de la República de Filipinas en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la C. Consuelo Franco Cuesta, para presentar servicios en la Embajada de Venezuela en México.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La misma C. prosecretaria:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día veinticinco de septiembre de mil novecientos ochenta y seis.
PRESIDENCIA DEL C. SANTIAGO CAMARENA FLORES
En la ciudad de México, a las once horas y cuarenta minutos del jueves veinticinco de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, con asistencia de trescientos diecisiete ciudadanos diputados, la presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día.
Con una aclaración del C. Juan Manuel Lucia Escalera, se aprueba el acta de la sesión anterior verificada el día veintitrés del actual.
Presidencia del C. Nicolás Reynés Berezaluce
Encontrándose a las puertas del recinto la C. Josefina Sánchez Ponce, diputada suplente por la tercera circunscripción, la presidencia designa una comisión para introducirla al salón y acompañarla en el acto de rendir la protesta de rigor, a los CC. María Emilia Farías Mackey y Eraclio Zepeda Ramos.
Una vez que la comisión cumple con su cometido, la C. Josefina Sánchez Ponce rinde la protesta de ley como diputada suplente en funciones.
Se da cuenta con los asuntos en cartera.
La presidencia designa las siguientes comisiones para que, en representación de este cuerpo legislativo,
concurran a los actos que enseguida se mencionan:
A la sesión solemne que tendrá lugar el día 27 de los corrientes, en la que el C. licenciado Elías Zamora Verduzco, gobernador constitucional del estado de Colima, rendirá el primer informe de su gestión administrativa, a los CC. Alfonso Santos Ramírez, Francisco Velasco Figueroa, Cirilo Rincón Aguilar, J. Jesús González Gortázar, Gonzalo Castellot Madrazo y Manuel Fernández Flores.
A la ceremonia cívica conmemorativa del CCXXI aniversario del natalicio del generalísmo José María Morelos y Pavón, que se llevará a efecto el día 30 del mes en curso en la Plaza de la Ciudadela de esta capital, a los CC. Edmundo González Llaca, Ofelia Casillas Ontiveros y Manuel Fernández Flores.
A la sesión solemne que se llevará a cabo el día 30 del presente, en la que el C. licenciado Saúl González Herrera, gobernador constitucional del estado de Chihuahua, dará lectura al VI informe de gobierno, a los CC. Jacinto Gómez Pasillas, Manuel Gurría Ordóñez, Alfredo Rohana Estrada, Doroteo Zapata García, Fernando Abarca Fernández, José Bernardo Ruiz Ceballos e Hildebrando Gaytán Márquez.
A la sesión solemne que tendrá lugar el día primero de octubre próximo, en la cual el C. Xicoténcatl Leyva Mortera, gobernador constitucional del estado de Baja California, rendirá el III informe de su gestión administrativa, a los CC. Margarita Ortega de Romo, Luis Ignacio López Moctezuma y Torres, Rafael Sáenz Moreno, Enrique Pelayo Torres, Rogelio Preciado Cisneros, Jorge Salceda Vargas, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Rafael García Anaya y Gustavo Valenzuela.
A la sesión solemne que se llevará a cabo el día tres de octubre próximo, en la que con asistencia del C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el C. licenciado Fernando Baeza Meléndez, rendirá la protesta como gobernador constitucional del estado de Chihuahua, a los CC. Eliseo Mendoza Barrueto, Nicolás Reynés Berezaluce, Jorge Montúfar Araujo, Alonso Aguirre Ramos, Manuel Gurría Ordóñez Jacinto Gómez Pasillas, Alfredo Rohana Estrada, Doroteo Zapata García, Elba Esther Gordillo Morales, Eduardo Robledo Rincón, Fernando Abarca Fernández, José Bernardo Ruiz Ceballos, Fernando Ortiz Arana, Santiago Oñate Laborde, Graco Ramírez Garrido Abreu, Mario Niebla Alvarez, José Rubén Robles Catalán, Rafael González Pimienta, Melquiades Morales Flores e Hildebrando Gaytán Márquez.
La Quincuagésima Séptima Legislatura del estado de Durango comunica haber quedado legítimamente instalada y haber integrado su mesa directiva. De enterado.
La presidencia expresa que recibió una invitación de la Secretaría de Gobernación, al acto que se llevará a cabo el día veintinueve del mes en curso en el recinto parlamentario de mil ochocientos cincuenta y siete, ubicado en Palacio Nacional, con motivo del bicentenario del nacimiento del primer presidente de México don Guadalupe Victoria.
Para asistir a dicho acto en representación de la Cámara de Diputados, la propia presidencia designa a los CC. Eliseo Mendoza Berrueto, Nicolás Reynés Berezaluce, Santiago Oñate Laborde, Fernando Ortiz Arana, Juan José Bremer Martino, María Emilia Farías Mackey, Guillermo Fonseca Alvarez, Luis Ignacio López Moctezuma, María Luisa Mendoza Romero, Miguel Osorio Marbán, Antonio Tenorio Adame, Alonso Aguirre Ramos, Juan Maldonado Pereda, Rafael García Anaya, Jorge Antonio Díaz de León Valdivia, Miguel Ángel Herrerías Alvarado, José Aguilar Alvarez Mazarrasa, Alfonso Joel Rosas Torres, Cristóbal García Ramírez, Ángel Sergio Guerrero Mier, Francisco Gamboa Herrera, Joel Lleverino Reyes, Jesús González Schmal, Indalecio Sáyago Herrera, Antonio Monsiváis Ramírez, Arnoldo Martínez Verdugo, Graco Ramírez Garrido Abreu, Pedro José Peñaloza, Heberto Castillo Martínez y Carlos Enrique Cantú Rosas.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, relativos a las solicitudes del permiso para que los CC. David Téllez Arredondo, Sandra Hernández González y María Elena Cepeda González, puedan presentar servicios como empleados en las Embajadas de Dinamarca y de Estados Unidos de América, en México. Recibió y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La Gran Comisión de la Cámara de Diputados propone para asistir a la LXXVI Conferencia de la Unión Interparlamentaria que se llevará a efecto del seis al 11 de octubre de este año, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, a los CC. Fernando Ulibarri Pérez, Agustín Bernal Villanueva, Gabriel Jiménez Remus y Martín Tavira Urióstegui.
La asamblea en votación económica aprueba la proposición. Comuníquese.
Dictamen con proyecto de decreto presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que concede permiso a los CC. María del Carmen González Ramírez, José Luis Medina Carrillo y Julieta Ponce Gordillo, para prestar servicios como empleados en la Embajada de Jamaica, en México. Es de primera lectura.
La propia Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, suscribe un dictamen con proyecto de decreto que autoriza al C. José Gilberto Corona Sánchez, para presentar servicios como oficinista, en el Consulado General de los Estados Unidos de América de Guadalajara, Jalisco. Es de primer lectura.
Dictámenes a discusión emitidos por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales:
Con proyecto de decreto que concede permiso al C. Alfonso Vélez Pliego, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Popular de Polonia, en grado de Insignia de Comandoría, que le confiere el Gobierno de dicho país. Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de decreto. Sin que motive debate, en votación nominal se aprueba por unanimidad de trescientos dieciocho votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
En relación al dictamen de primera lectura relativo al Consulado General de los Estados de América en Guadalajara, Jalisco, el C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo aclara que no se mencionó que su voto en el dictamen en cuestión, es en contra.
Presidencia del C. Porfirio Cortés Silva
De la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, que concluye con un punto de acuerdo, en virtud del cual la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, acuerda la celebración de una sesión solemne el día nueve de octubre, para conmemorar el bicentenario del natalicio del general Guadalupe Victoria.
A discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba.
Con proyecto de decreto que autoriza a los CC. Delfino Martínez Huerta Molina, Yolanda Aragón Martínez y Roberto Vázquez, para prestar servicios como empleados en la Embajada de la República Francesa en México. Segunda lectura.
A discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Sin ella en ninguno de los casos, en votación nominal se aprueba por unanimidad de trescientos dieciséis votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los CC. Daniela Melis Boulogne, José Ismael Galván Nieto y Ana María Tobalina Zuñiga, para presentar servicios como empleados en la Embajada Británica, acreditada en nuestro país. Segunda lectura.
A discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Sin que motive debate, en votación nominal se aprueba por unanimidad de trescientos dieciséis votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Presidencia del C. Nicolás Reynés Berezaluce
A continuación hacen uso de la palabra los siguientes ciudadanos diputados:
El C. Eraclio Zepeda Ramos, para presentar una iniciativa de ley para la regulación y control de la Industria Maquiladora de Exportación. Túrnese a la Comisión de Asuntos Fronterizos.
El C. Cristóbal Figueroa Nicola, para dar lectura a una iniciativa de decreto que reforma los artículos 72, 77, 78, 90 y deroga el artículo 79 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.
El C. Amado Olvera Castillo, para dar lectura a una iniciativa tendiente a adicionar y reformar el artículo 2º A, y derogar la fracción II del artículo 2º. B, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La C. Beatriz Gallardo Macías, para presentar una iniciativa de decreto de control de precios que ratifica el artículo 28 constitucional; su Ley Reglamentaria en Materia de Monopolios y la Ley Sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica. Túrnese a la Comisión de Comercio.
El C. Juan José Bremer Martino, para dar lectura a una propuesta de resolución que a la letra dice:
"Las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional, Partido Socialista Unificado de México, Partido Socialista de los Trabajadores, Partido Popular Socialista, Partido Mexicano de los Trabajadores, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido Demócrata Mexicano y Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, de la H. Cámara de Diputados, manifiestan su coincidencia con el contenido del trascendental mensaje que el presidente de México, Miguel de la Madrid, dirigió el día de ayer veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su XLI período de sesiones, en la ciudad de Nueva York".
Solicita se considere de urgente y obvia resolución.
Habla en pro el C. Martín Tavira Urióstegui.
La asamblea en votaciones económicas admite a discusión la proposición y la considera de urgente y obvia resolución. Se aprueba en sus términos. Cúmplase.
Presidencia del C. Santiago Camarena Flores
El C. Efraín Calvo Zarco, para proponer a nombre del Partido Mexicano de los Trabajadores, Partido Socialista Unificado de México y Partido Revolucionario de los Trabajadores, que la Comisión de Asentamientos humanos y Obras Públicas, se reúna con el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, para intercambiar puntos de vista en torno al acuerdo de esta Cámara de Diputados del dieciocho del presente, relativo a la ampliación del decreto expropiatorio.
Intervienen, en contra el C. Rafael López Zepeda, en pro el C. Manuel Terrazas Guerrero y para hechos el C. Sergio Armando Valls Hernández.
Por su parte, la C. Cecilia Romero Castillo presenta una proposición, a fin de solicitar al organismo Renovación Habitacional Popular, que realice un estudio particularizado de las seiscientas noventa y ocho viviendas que constituyen la fase II de su programa, y con base en dicho estudio se canalicen resursos del presupuesto de renovación, atendiendo las prioridades de crédito para su compra, reconstrucción y asesoría jurídica.
Para hechos, aclaraciones y consideraciones sobre el tema, interviene el C. Sergio Armando Valls Hernández.
Presidencia del C. Nicolás Reynés Berezaluce
Continúan los CC. Efraín Calvo Zarco, Manuel Terrazas Guerrero, Sergio Armando Valls Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Efraín Calvo Zarco y Manuel Terrazas Guerrero.
La asamblea en votación económica no admite a discusión la proposición del C. Efraín Calvo Zarco y en consecuencia se da por desechada.
Para hechos abordan la tribuna los CC. Efraín Calvo Zarco, Cecilia Romero Castillo y Beatriz Gallardo Macías.
En votación económica la asamblea admite la propuesta de la C. Cecilia Romero Castillo. Túrnese a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
La presidencia, a petición del C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, exhorta a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas para que atienda lo solicitado por el C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El C. Manuel Alonso Raya, para proponer a nombre del Partido Socialista de los Trabajadores, que esta soberanía respalde la decisión de la mayoría de las centrales obreras y sindicatos nacionales pertenecientes al Congreso del Trabajo, con el fin de restituir el poder adquisitivo de los salarios, hoy seriamente afectados.
Habla en pro de la misma, el C. Luis Manuel Altamirano Cuadros. La asamblea admite la proposición. Se considera de urgente resolución. Se aprueba. Cúmplase.
El C. J. Jesús González Gortázar, para externar comentarios con motivo de que en este mes de septiembre se cumpla el sesquincentenario de que un grupo de extranjeros declaró la sedicente República de Texas.
El C. Jorge Alcocer Villanueva, para proponer que la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial de esta Cámara recabe información acerca de la situación que guarda la operación de la empresa Altos Hornos de México, y rinda al pleno de esta Cámara un informe sobre el particular.
Intervienen, en pro el C. Rodolfo Antonio Menéndez; para hechos los CC. Héctor Morquecho Rivera, Jorge Alcocer Villanueva y Rodolfo Antonio Menéndez Menéndez.
La asamblea admite la proposición. No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial.
El C. Humberto Andrés Zavala Peña para proponer, a nombre de varios ciudadanos diputados del Partido Revolucionario Institucional, que la sesión del próximo treinta de septiembre se dedique a la conmemoración del natalicio de don José María Morelos y Pavón y en ella haga uso de la palabra un orador por cada una de las fracciones parlamentarias.
La asamblea admite la proposición. Se considera de urgente resolución. Se aprueba. Cúmplase.
Presidencia del C. Santiago Camarena Flores
El C. Javier Paz Zarza para denunciar, a nombre del Partido Socialista Unificado de México, Partido Demócrata Mexicano y Partido Acción Nacional, el fallecimiento del menor de edad Felipe de Jesús Macías Lara, a causa de las torturas perpetradas en las instalaciones de la dirección de la policía judicial del estado de Aguascalientes.
Interviene el C. David Jiménez González, para proponer a su vez, que la denuncia sea turnada a
la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, con lo que está de acuerdo el C. Javier Paz Zarza.
La asamblea admite la proposición. Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
El C. Jaime Delgado Herrera, para referirse a las elecciones para gobernador, diputados estatales y alcaldías, que se llevarán a cabo el día 5 de octubre próximo en el estado de Aguascalientes, con recursos gubernamentales que ofenden al pueblo, no siendo esto congruente con las medidas de austeridad que se hacen obligadas.
Solicita que el Procurador General de Justicia de la República practique la averiguación de los hechos y se ejercite la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables.
Para responder a las aseveraciones del orador, interviene el C. Eduardo Robledo Rincón; para hechos lo hacen los CC. Pablo Alvarez Padilla, Hesiquio Aguilar de la Parra y Federico Ling Altamirano.
Presidencia del C. Nicolás Reynés Berezaluce
La C. María del Carmen Jiménez de Avila, para fundamentar una proposición a fin de que se revoque la decisión de que una comisión de esta Cámara, asista a la toma de posesión del C. Fernando Baeza Meléndez, como gobernador del estado de Chihuahua.
Previas aclaraciones de la presidencia en relación a la designación de la comisión en cuestión, hablan para hechos los CC. Juan de Dios Castro Lozano, Arnulfo Javier Villaseñor Saavedra y Juan de Dios Castro Lozano.
La asamblea en votación económica aprueba la decisión de la presidencia, acerca de la comisión designada para la toma de posesión del gobernador de Chihuahua.
El C. J. Encarnación Alfaro Cázares para rechazar, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, las agresiones por parte de los medios de comunicación norteamericanos a la soberanía de nuestro país y a la falta de respeto a nuestros símbolos patrios.
Propone que se eleve la más enérgica protesta por los conductos que procedan, a los medios de comunicación responsables en los Estados Unidos, de este vergonzoso hecho que lesiona las relaciones de los países vecinos, en un momento difícil de la vida del mundo y de la de nuestros pueblos.
Intervienen, en pro la C. María Luisa Mendoza Romero; para hechos el C. Hildebrando Gaytán Márquez y para solicitar que se vote nominalmente, el C. Héctor Yunes Landa.
La asamblea admite a discusión la proposición. Se considera de urgente resolución.
En votación nominal se aprueba por doscientos veinticinco votos en pro y nueve abstenciones. Cúmplase.
El C. Eraclio Zepeda Ramos para proponer, a nombre de todos los partidos representados en esta Cámara, que la Cámara de Diputados salude a la Quinta Reunión Continental del Instituto Interamericano de Derechos de Autor, que se lleva a cabo en esta ciudad de México, para celebrar el primer centenario de la Convención de Berna, deseando a los participantes éxito en su trabajo.
La asamblea admite la proposición. Se considera de urgente resolución. Se aprueba. Cúmplase.
El C. Lorenzo Serrano Gutiérrez, para denunciar la violencia desatada en el estado de Oaxaca y particularmente a los caciques de José María Morelos perteneciente al municipio de Huazolotitlán, quienes actuando con un espíritu imposicionista, arbitrario y faccioso violan la ley y la voluntad ciudadana. Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Para referirse a los conceptos del orador y sumarse a su propuesta, interviene el C. Juan Manuel Cruz Acevedo.
El C. Lauro Rendón Castrejón, para rendir homenaje al expresidente de México, licenciado Adolfo López Mateos, en ocasión del XVII aniversario de su fallecimiento.
Para señalar los asesinatos y el encarcelamiento de varios ciudadanos durante el régimen del licenciado Adolfo López Mateos, habla el C. Alejandro Encinas Rodríguez.
Por último, también para rendir homenaje al licenciado Adolfo López Mateos, usa de la palabra el C. Manuel Fernández Flores.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las dieciocho horas y cuarenta minutos se levanta la sesión y se cita la sesión solemne que con objeto de conmemorar el CCXXI aniversario del natalicio de don José María Morelos y Pavón, tendrá lugar el próximo martes treinta de septiembre , a las diez horas, y a sesión ordinaria al término de la solemne».
La C. María del Carmen Jiménez de Avila: -Señor presidente, en el acta dice que yo hice una petición y no fue una petición, sino una proposición, y pedí que se tratara como asunto de obvia y urgente resolución y demás no fue
votada. Quisiera que me hiciera favor de esa aclaración.
La C. prosecretaria Elvia Lugo de Vera: -Se toma nota.
El C. Manuel Fernández Flores: -Señor presidente, también para hacer una rectificación. Interviene en esa sesión pasada para conmemorar la nacionalización de la industria eléctrica y para criticar la política económica del gobierno.
La prosecretaria Elvia Lugo de Vera: -Se toma nota, compañero. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor presidente.
MEDALLA DE HONOR BELISARIO DOMÍNGUEZ
El C. secretario Antonio Melgar Aranda:
«CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
El próximo día siete de octubre, se llevará a cabo en esta Cámara, una sesión solemne, en la que se impondrá la "medalla de honor Belisario Domínguez" del Senado de la República al C. doctor Salvador Zabirán Achondo, merecedor de esa alta distinción.
Nos permitimos comunicar a ustedes lo anterior, a efecto de que tengan a bien dar cuenta a ese cuerpo legislativo de la cordial invitación que por este medio formulamos, para que una comisión de ciudadanos diputados, encabezada por el ciudadano diputado Eliseo Mendoza Berrueto, presidente de la Gran Comisión, así como al presidente de esa Cámara, asistan al desarrollo de dicha sesión solemne. Asimismo, rogamos a ustedes designar a un orador para que haga uso de la palabra y se refiera al ilustre senador chiapaneco desaparecido.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México D. F., a 29 de septiembre de 1986.
Senadora María del Carmen Márquez de Romero Aceves, secretaria; senador Héctor Vázquez Paredes, secretario».
El C. Ricardo García Cervantes: -Señor presidente, solicito la palabra en términos del artículo 102.
El C. presidente: -Señor diputado ¿para qué efecto?
El C. Ricardo García Cervantes: -En términos del artículo 102 para referirme a hechos de la sesión anterior.
El C. presidente: -Hechos de la sesión anterior ¿en relación con qué, con el acta o qué?
El C. Ricardo García Cervantes: -Si usted considera que no procede l artículo 102, me voy a obligar a invocar el 107.
El C. presidente: - El 102 es para rectificar hechos como usted sabe perfectamente bien licenciado para contestar alusiones personales. Quiera la secretaría dar lectura al artículo 107.
La C. prosecretaria Elvia Lugo de Vera:
«Artículo 107. No podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por falta o errores cometidos en el desempeño, podrá reclamarles en la misma sesión, cuando el orador haya terminado su discurso o en otra que se celebre en día inmediato. El presidente instará al ofensor a que las retire o satisfaga al ofendido, si aquél no lo hiciere así, el presidente mandará a que las expresiones que hayan causado la ofensa se autoricen por la secretaría, insertando estas en el acta especial para proceder a lo que hubiere lugar».
El C. presidente: -Con todo gusto le vamos a dar la palabra, permítame nada más terminar con el trámite de lo que ya se dio lectura.
El C. Ricardo García Cervantes: -Insisto en tomar la palabra en términos del artículo 107, al considerar que en la sesión anterior hubo injurias y en los términos del artículo 107 pido la palabra.
El C. presidente: -Va a tener el uso de la palabra señor licenciado, no se le va a negar, nada más permítame designar la comisión que va al Senado para terminar este tramite y con todo gusto.
Para asistir en este acto, en representación de esta Honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Elíseo Mendoza Berrueto, Nicolás Reynés Berezaluce, Jorge Montúfar Araujo, Porfirio Cortés Silva, Eduardo Robledo Rincón, César Augusto Santiago Ramírez, Homero Díaz Córdoba, Antonio Mergar Aranda, Humberto Zavala Peña, Oscar Ochoa Zepeda, Ylce Sarmiento Gómez, Sergio Valls Hernández, Cristóbal Figueroa Nicola, Jesús Zamora Flores, Héctor M. Calderón Hermosa, Indalecio Sayago Herrera, Heraclio Zepeda Ramos, José Felipe Flores Gutiérrez, César Augusto del Ángel Fuentes y Ricardo Andrés Pascoe Pierce; Como oradora oficial, la C. diputada Blanca Esponda de Torres.
TOMA DE POSESIÓN DEL GOBERNADOR DE CHIHUAHUA
El C. presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Ricardo García Cervantes.
El C. Ricardo García Cervantes: -Señoras y señores diputados; con la anuencia de la presidencia: para referirme a algo que pudiera parecer intrascendente, pero que desde mi punto de vista no es. Desde sus primeras participaciones en esta representación nacional, el Partido Acción Nacional, ha entendido su responsabilidad de aportar su esfuerzo para dignificar y elevar el rango de respuestas de esta soberanía frente al compromiso con el pueblo todo de México; esa expresión clara y permanente de mi partido, que cuanto vigorice la unidad nacional acerque y fortalezca los valores tradicionales que dan forma y sustento a la natación; coordine y jerarquice justamente los intereses parciales en el interés nacional, debe tener el apoyo pleno de la colectividad de sus organismos, de sus órganos. Cuanto conspire a romper esa unidad, a deformar su carácter, ha ser rechazado por todos.
El pluralismo político, es decir, la diversidad de convicciones, tendencias e intereses políticos, imponen la necesidad de la discusión y el diálogo entre los diversos grupos políticos y entre ellos y el gobierno.
La discusión y el diálogo, que se basan en la sinceridad y en la verdad, son condiciones para conciliar la diversidad en la unidad mediante el recto ejercicio de poder. Es con el espíritu de estas consideraciones iniciales, que consideramos una obligación expresar una enérgica protesta por el desapego al Reglamento Interior del Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por parte de la presidencia de esta Cámara, en perjuicio y menoscabo o de los derechos no sólo de mi compañera la diputada Carmen Jiménez de Avila, al presentar una proposición, sino de todos los diputados miembros de esta representación nacional.
La proposición presentada por la diputada fue tramitada con arbitrariedad calculando derechos de los partidos que conformamos esta soberanía. Veamos:
"Artículo 72 constitucional. Todo proyecto de ley o de decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones". La observación del Reglamento de Debates aparece en nuestra ley fundamental.
El artículo 21 fracción III del citado reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, establece que: "son obligaciones del presidente dar curso reglamentario a los negocios y dictar los trámites que se deban recaer en los asuntos con que se de cuenta a la Cámara".
Tengo las versiones estenográficas donde se plantea que la proposición hecha por la diputada Jiménez de Avila, ni fue tramitada como una proposición, ni fue aceptada posteriormente la impugnación al trámite que hizo la presidencia por el diputado Juan de Dios Castro, en los términos del artículo 18 y 19 del reglamento.
El artículo 18 del reglamento es muy claro en su letra y creo que en su intención también lo es: "El presidente en sus resoluciones estará subordinado al voto de su respectiva Cámara". o tiene embrollos gramaticales, no utiliza términos confusos ¿Cuál sería entonces la intención del legislador? que esa es una obligación nuestra, acudir en caso de duda, y concedo que en este caso pudiera haber existido ¿cuál sería la voluntad del legislador en el artículo 18? Creo que es clara, evitar que esta Cámara pueda ser presidida con desapego al reglamento, por capricho o por arbitrariedad.
El artículo 19 de nuestro reglamento es igualmente claro en sus conceptos y en sus vocablos, dice: "Este voto será consultado cuando algún miembro de la Cámara reclame la resolución o trámite del presidente, previa una discusión en que podrán hablar dos individuos en pro y dos en contra, lo cual se podrá hacer siempre que no haya medida votación en el mismo negocio y se adhieran a la reclamación por lo menos dos de los individuos presentes".
Está que cuando se hizo la impugnación del trámite que dictaba la presidencia no había mediado votación, estaba dado el supuesto de procedibilidad de este artículo, era perfectamente aplicable y ¿cuál es la voluntad entonces del legislador al incorporar esta necesidad de consultar el voto de esta soberanía? Contiene un principio de igualdad en el debate, pero también contiene la voluntad de no dejar en estado de indefensión a la propia presidencia de la Cámara, como también no dejar en estado de indefensión a quien recurre sus decisiones, no fue considerado y no fue tomado en cuenta.
Yo reconozco en descargo de la presidencia, lo obsoleto y lo inadecuado que puede resultar el actual reglamento, sin embargo, la comisión de esta Cámara, responsable de dotar de un mejor instrumento para el debate, y para el cabal cumplimiento de nuestras obligaciones ¿qué ha hecho por mejorar este instrumento vital para la vida parlamentaria de esta Cámara? ¿Dónde está ese acuerdo que señala que no se dictaminarán las iniciativas relativas a modificar el reglamento, hasta no sé cuándo o no sé qué cosas pueda suceder?
Creo que hay responsabilidad de la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias presididas por el diputado Píndaro Urióstegui.
Quiero hacer propias algunas referencias, algunas palabras, los conceptos importantes vertidos en esta Cámara de Diputados el 4 de octubre de 1979 por don Rafael Alonso y Prieto, diputado en aquél entonces.
¿Por qué estamos en esta Cámara? Era la pregunta que se hacía el diputado. Esta Cámara de Diputados pluripartidista y nuestra presencia en ella, tiene un sentido profundo para la historia de México, representa la posibilidad de resolver los conflictos, las contradicciones y las necesidades de la vida de México por la vía del diálogo y de la discusión racional, en lugar de por la vía de la violencia, y del ataque sangriento; usando una palabra predilecta del señor presidente: no resolverlas por la vía de la satanización de los distintos miembros de la sociedad mexicana.
Nuestra presencia en esta Cámara es, efectivamente señores un acto de fe, un acto de fe por mi parte, en mi propia capacidad racional de convencer y ser convencidos, un acto de fe en la capacidad racional de todos y cada uno de ustedes, de convencer y ser convencidos, en una palabra, un acto de fe en la capacidad de México como pueblo y como nación, de resolver sus conflictos y encontrar su camino por la fuerza de la razón y no por la razón de la fuerza. Que no siente precedente el desapego al reglamento en los trámites de los negocios que se presentan ante esta soberanía. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Continúe la secretaría desahogando los asuntos en cartera. Tiene la palabra el diputado Arnulfo Villaseñor Saavedra.
El C. Arnulfo Trujillo Saavedra: - Señor presidente; compañeros diputados: he solicitado el uso de la palabra simplemente para hacer unas pequeñas observaciones, respecto a lo manifestado por el diputado García Cervantes. Muchos de sus conceptos en los que estamos de acuerdo en que debe haber diálogo, discusión, entendimiento y que sobre todo pues se debe hablar de buena fe.
En el escrito presentado por la diputada María del Carmen Jiménez de Avila, no hace mención a ninguna proposición, habla exclusivamente de una reconsideración. Y posteriormente en la versión estenográfica la diputada desde se curul sostuvo que se remitía al artículo 18 del reglamento, en donde puede pedir la renovación de un acuerdo tomado, o sea, que la discusión sí quedó centrada sobre el artículo 18. Después el diputado Juan de Dios Castro, hizo mención al 19, al 18. Yo mismo cuando intervine también me refería al 18 y al 19.
En realidad no hubo ningún desapego al reglamento, se falló en los términos del 18 y el 19, y todavía resulta más extraño, que siendo un asunto ya concluido, ya votado, se esté sacando a nueva cuenta, admitimos desde luego, que posteriormente su punto de vista ¡que bueno que lo ha sostenido! y nosotros también sostenemos que se desahogó en los términos del 18 y el 19. Nada más para eso.
El C. Ricardo García Cervantes: - Señor diputado, si usted dice que se aceptó que se asienta su argumentación en los términos del artículo 19 quiero...
El C. Arnulfo Javier Villaseñor Saavedra: - Dije 18 y 19.
El C. Ricardo García Cervantes: - El 18 nos remite al 19 para su tramitación.
El C. Arnulfo Javier Villaseñor Saavedra: - No necesariamente, es al revés.
El C. Ricardo García Cervantes: - Sí, necesariamente porque dice: ...pero no quiero establecer diálogo. Mi pregunta es esta: si el trámite que se ordenó, se ordenó por parte de la presidencia, fue una discusión en la que podía hablar dos individuos en pro y dos en contra.
El C. Arnulfo Javier Villaseñor Saavedra: - Dice "podrán", es optativo. Cuando después intervino el señor diputado Juan de Dios Castro, el señor presidente de la asamblea le dijo - ya pasada la votación - , que se habían llenado los requisitos de la discusión.
El C. Ricardo García Cervantes: - Señor diputado, ¿tendría usted inconveniente en que el secretario leyera el artículo 19?
El C. Arnulfo Javier Villaseñor: - Ya lo conozco ?. No dice podrán? Gracias señor diputado muy amable. Está terminado.
El C. Ricardo García Cervantes: - Señor presidente, pido la palabra para hechos.
El C. presidente: - Tiene la palabra, señor diputado.
El C. Ricardo García Cervantes: - Lo más importante de esto es aclarar la intención al señor diputado, de traer a esta tribuna este asunto. Es realmente una intención sana y honesta.
Creemos que el trámite de los negocios, que la capacidad de debate de esta Cámara de Diputados se mantenga y se acrecente mediante el respeto irrestricto del reglamento. Esa es la intención.
El señor diputado plantea que se cumplió conforme a reglamento en los términos del 18 y 19,
y su principal argumentación es que en el texto del artículo 19 existe la palabra "podrán". Pero yo quiero que quede claro en dónde esta ubicada, y quiénes son los que podrán, no la presidencia, sino los diputados que quieren hablar en pro o en contra:
"...Este voto será consultado cuando algún miembro de la Cámara reclame la resolución o trámite del presidente, previa una discusión en la que podrán hablar dos individuos en pro y dos en contra" ¿Quién podrá? ¿Podrá el presidente o no aplicar el procedimiento descrito en el 19, o podrán los diputados de abstenerse de argumentar en pro o en contra y simple y sencillamente manifestar su voluntad mediante el voto que él mismo exige?
¿No ha sido práctica común ya del grupo parlamentario mayoritario de que cuando haya proposiciones a las cuales se tiene derecho a inscribir oradores en pro o en contra, sin hacer una inscripción para argumentar en contra simple y sencilla, sin entrar a debate, sin entrar a discusión votan en contra? ¿Quiénes podrán señor diputado? Somos los diputados a hacer el uso del derecho a solicitar la palabra inscribirnos en un debate, no de la presidencia a negar el trámite que está señalado por el reglamento.
Espero que en estas dos aclaraciones, la primera fundamental, el por qué sacamos este asunto, y repito la frase final: que no siente precedente, que vayamos al diálogo y al debate parlamentario en los términos de una seguridad legal, de una seguridad jurídica que nos da la observancia irrestricta del reglamento.
Ese es el quid, esa es la intención. No hay otra y quien podrá son los diputados. Gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra señor diputado Juan de Dios Castro.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente; señoras y señores diputados: esto pudiera parecer una discusión bizantina por tratarse de una cuestión ya debatida en la sesión anterior, pero si el señor diputado de la mayoría relativa, Arnulfo Javier Villaseñor Saavedra, no hubiera hecho una afirmación refiriéndose a una palabra del artículo 19, no tendría yo ningún interés en intervenir en este debate, porque de no hacerlo se sentaría un precedente muy peligroso para esta asamblea pluripartidista.
Resulta que el señor diputado Villaseñor Saavedra nos ha cambiado la argumentación del debate anterior y nos ha planteado en esta sesión un elemento nuevo en la discusión.
En la sesión anterior estableció la prescripción de la acción para poder reclamar el trámite del 18 y 19, porque ya se había consentido. Y ahora no, ahora el señor diputado dice que la presidencia sí se ajustó al reglamento.
Vamos a ver si es cierta su afirmación: tengo aquí la transcripción taquigráfica de ese debate en la parte conducente, y voy a leer nada más dos párrafos:
La solicitud de la compañera diputada María del Carmen Jiménez de Avila, que le dijo a la presidencia desde su curul: "yo me remito al artículo 18 del reglamento, donde puedo pedir la revocación de un acuerdo tomado".
Y dice usted, señor diputado que la presidencia ajustó su conducta al 18 y 19. Vamos a ver si es cierto que la ajustó.
Dice el C. presidente: "recuerdo que hace mucho tiempo se hizo esta designación, de tal manera que son facultades del presidente de designar las comisiones, de tal manera no creo que sea procedente la petición".
¿En qué quedamos? ¿Siguió el artículo 19 la presidencia o no lo siguió? Categóricamente y definitivamente no ajustó su conducta la presidencia al reglamento. ¡Ah! pero el señor diputado nos trae algo que es sumamente peligroso, que nos convierte al presidente en un dictador.
De aceptar su argumento, convierte a la presidencia en un ente absoluto e indiscutible en sus decisiones. Dice el artículo 19: "cuando este voto será consultado, cuando algún miembro de la Cámara reclama la resolución o el trámite del presidente, previa una discusión en que podrán ..."; y recalca el señor diputado Villaseñor el término podrán, y nos da a entender que es optativo para la presidencia. Y si dice podrán, no deberán; significa según él, que la presidencia podrá omitir la discusión y podrá omitir la intervención de los oradores.
Yo quiero recordarle que en las facultades - insisto en el argumento anterior - , "quien puede lo más, puede lo menos", pero no en las obligaciones. Y este " podrán" no se refiere a la presidencia, se refiere a los diputados, podrán si los diputados quieren, si no quieren no hay obligación de que se inscriban y no hay obligación que se discuta y no hay obligación de que se haga turno de oradores. Si los diputados no quieren, no, si la presidencia quiere o no, y este "podrán", como lo afirmó el señor diputado, se refiere a la presidencia, entonces señores, tenemos una férrea dictadura en la presidencia de cada mes, en este y en los subsecuentes periodos legislativos. y entonces el artículo 18 se hace totalmente nugatorio, porque no podrán discutirse las decisiones de la presidencia, como decía aquél secretario de ayuntamiento español, al que le decía el presidente: "se calla si
o sí", y el miembro del cabildo le corrige y le dice: "querrá decir su señoría, se calla si o no"; dice: "no si o si porque de todas maneras se calla". Ese es el tipo de presidencia que quiere el señor diputado Villaseñor. Gracias.
El C. presidente: - Señor secretario, continúe con el desahogo de los asuntos en cartera.
DIRECTIVA DEL SENADO PARA OCTUBRE
El C. secretario Antonio Melgar Aranda:
«CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
Para el conocimiento de esa honorable colegisladora, tenemos el honor de comunicar a ustedes que esta Cámara, en sesión ordinaria de esta fecha, eligió la siguiente mesa directiva que funcionará durante el mes de octubre próximo:
Presidente: senador Víctor Manzanilla Schaffer; vicepresidentes: senadores Guillermo Mercado Romero y Alberto Eduardo Villanueva Sansores.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México D.F., 29 de septiembre de 1986.
Senadora María del Carmen Márquez de Romero Aceves, secretaria: senador Héctor Vázquez Paredes, secretario».
Trámite: De enterado.
DIRECTIVA DE ESTA CÁMARA PARA OCTUBRE
El mismo C. secretario: - La secretaría informa: en voto a favor como presiente de la C. María Emilia Farías, un voto a favor de Manuel Monarres como presidente y como vicepresidente Juan Alvarado Jaco, Germán Parra, Juan Moisés Calleja, Lulio Valenzuela y H. Galindo.
Un voto para el diputado Juan de Dios Castro como presidente y vicepresidentes diputado Ling Altamirano, diputado Javier Paz, diputado Eduardo Valle.
Un voto para la plantilla: como presidente Federico Ling Altamirano, vicepresidente Arnulfo Villaseñor, María Amelia Olguín Vargas, Arturo Whaley Martínez, Justino Delgado, Francisco Morales Aceves.
Un voto como presidente, para Jesús Zamora Flores y como vicepresidente Castillo Mota, Rubén Aguilar, Javier Garduño Pérez y Enrique Pelayo.
Dos votos para la planilla: como presidente Jesús Zamora Flores y como vicepresidentes Arnulfo Javier Villaseñor Saavedra, María Amelia Olguín Vargas, Federico Ling Altamirano, Leopoldo Arturo Whaley Martínez, Hildebrando Gaytán Márquez.
Dos votos para la planilla: como presidente Javier Paz Zarza, vicepresidente Blas Chumacero Sánchez, Juan de Dios Castro, Juan Moisés Calleja, Rosario Ibarra de Piedra.
Ocho votos a favor de Juan Moisés Calleja García como presidente, como vicepresidente, Arnulfo Javier Villaseñor Saavedra, María Amelia Olguín Vargas, Indalecio Sáyago Herrera, Leopoldo Arturo Whaley Martínez, Hildebrando Gaytán Márquez.
31 abstenciones y 183 votos a favor de la plantilla de Juan Moisés Callejas García como presidente, vicepresidente Arnulfo Javier Villaseñor Saavedra, María Amelia Olguín Vargas, Federico Ling Altamirano, Leopoldo Arturo Whaley Martínez, Hildebrando Gaytán Márquez.
Señor presidente, este es el resultado de la votación.
El C. presidente: - Se declara que han sido electos para integrar la mesa directiva, para el mes de octubre, los siguientes ciudadanos diputados: Juan Moisés Calleja García, presidente; vicepresidentes, Arnulfo Javier Villaseñor Saavedra, María Amelia Olguín Vargas, Federico Ling Altamirano, Leopoldo Arturo Whaley Martínez e Hildebrando Gaytán Márquez. (Aplausos.)
INICIATIVA DEL EJECUTIVO FEDERAL
LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
El C. secretario Antonio Melgar Aranda:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México D. F.- Secretaría de Gobernación.
CC. secretario de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
Anexa al presente envió a ustedes, por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, documento que el propio primer mandatario somete a
la consideración de esa H. representación nacional por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D. F., a 23 de septiembre de 1986.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz».
El mismo C. secretario:
«CC. secretario de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
El Ejecutivo Federal a mi cargo, en uso de las facultades que le confiere el artículo 71, fracción I) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envía a esa honorable representación nacional, la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, que tiene como finalidad enriquecer la participación del Estado en la regulación de las actividades de la asistencia privada, Incorporado a los individuos y a las comunidades necesitadas a una vida plena y productiva, con respeto plenos a la decisión que en este renglón tomen los particulares.
La nueva garantía social elevada a rango constitucional mediante la adición del párrafo tercero del artículo 4o. de la ley fundamental, consagra el reconocimiento de que la salud es un bien social en cuya protección deben participar el estado, la sociedad y los diversos sectores que organizadamente la componen.
El desarrollo desigual que caracteriza a los países en proceso de su crecimiento como el nuestro, provoca la formación de grupos sociales con mayor grado de vulnerabilidad y menores posibilidades de ingresos y mantenimiento autónomo en el concierto social.
A pesar de la crisis por la que atraviesa el país; el estado mexicano ha seguido pendiente de las necesidades de los grupos más vulnerables, tales como menores, ancianos en situación de desamparo, minusválidos y personas carentes de recursos socioeconómicos.
Es así que la Secretaría de Salud tiene la responsabilidad, como instancia coordinadora del sector salud, del planear y evaluar acciones que lleven a cabo los subsectores de la asistencia social y la asistencia privada.
Para contar con los instrumentos jurídicos indispensables para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, consagrado como garantía social programática, esa soberanía aprobó, el 26 de diciembre de 1983, la Ley General de Salud Reglamentaria del párrafo tercero del artículo 4o. constitucional, en la cual se señaló, de manera expresa, que una de las finalidades de esa prerrogativa social lo constituye el bienestar físico y mental del hombre, que contribuya al ejercicio pleno de sus capacidades.
En dicho instrumento jurídico se establece el Sistema Nacional de Salud, el cual tiene, entre otros objetos, colaborar en el bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social a los grupos más vulnerables.
Así, la asistencia social es recogida por primera vez por la legislación sanitaria. El título décimo de la Ley General de Salud reconoce la importancia estratégica de la asistencia social, recibiendo el carácter básico de salud y reconociéndola como una de las tareas de interés prioritario a cargo del Estado y la comunidad. De esta suerte se transforma radicalmente la concepción de la asistencia social en nuestro país.
El Plan Nacional de Desarrollo señala, entre los propósitos que se persiguen en materia de salud, el promover la protección social que permita fomentar el bienestar de la población de escasos recursos, enfocando una de sus estrategias prioritarias a la reorganización de los servicios de asistencia, para lo cual deben reorientarse los objetivos asistenciales y sociales de las instituciones de asistencia privada para contribuir, con mayor contundencia, a la consecución de los fines del propio Plan Nacional de Desarrollo.
La realización de las acciones asistenciales adquiere, desde el punto de vista constitucional y legal, una dimensión programática como obligación del Estado de establecer las condiciones mínimas para que los grupos más necesitados de la población gocen progresivamente de los satisfactores que aseguren el pleno ejercicio de su derecho a la protección de la salud. El Estado queda comprometido a proporcionar, en forma sistemática, servicios de asistencia social y a normar, promover y coordinar los que brinden los sectores social y privado.
En nuestro país la asistencia social ha estado íntimamente vinculada a su deber histórico, representado uno de los esfuerzos más auténticos que el hombre realiza en favor del hombre, lo cual ha exigido la renovación de cuadros originalmente proteccionistas a esquemas de promoción, prevención, asistencia y rehabilitación que favorezcan el desarrollo de personas pertenecientes a las clases necesitadas, desprotegidas por los sistemas de seguridad social, en un clima de justicia y de solidaridad social.
Fue así que ese honorable Congreso aprobó la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1986, que reestructura el organismo público descentralizado encargado de la asistencia social, denominado Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, cuya tarea está orientada a proporcionar los servicios asistenciales encaminados al desarrollo integral de la familia y a apoyar en su formación y subsistencia a individuos con carencias familiares.
No obstante la intervención oficial, la función asistencial no podría incumbir de manera exclusiva al poder público. En los particulares invariablemente ha estado presente el anhelo de servicio a los demás y de participación espontánea para el apoyo a los grupos desvalidos de la comunidad.
En la presente administración la asistencia privada ha jugado trascendente papeles, toda vez que ha contribuido de manera decisiva y solidaria al auxilio de individuos en estado de necesidad, logrando su incorporación a la sociedad con una vida plena, labores estas, sin duda, de beneficio colectivo.
De esta manera, las instituciones de asistencia privada, al desarrollar sus acciones en favor de las clases necesitadas, colaboran con el Estado de una manera decisiva a la solución de la carga asistencial, de ahí que el poder público debe esforzarse en su atención e impulso.
Planteado el marco jurídico para la regulación de la asistencia social a cargo del sector público, se hace imperativo modernizar y adecuar el contexto legal de la actividad que en este campo realizan los particulares.
El esfuerzo conjunto y coordinado de los sectores públicos y privados solidariamente involucrados en la mecánica asistencial, harán posible la rehabilitación y desarrollo de la población necesitada y consecuentemente su integración al proceso de desarrollo social y económico del país y, por ende, a la obtención de los satisfactores que le proporcionarán una vida más digna.
Por tanto, para complementar el proceso de regulación jurídica dentro del marco del rubro asistencial, resulta ahora necesario, a juicio del Ejecutivo a mi cargo, la actualización de conceptos y la unificación de procedimientos y lineamientos que faciliten y propicien el fomento de acciones de asistencia, que realicen los particulares.
La iniciativa que se eleva a la consideración de esa honorable representación nacional, refuerza jurídicamente los lineamientos existentes y tiene por objeto establecer las bases jurídicas para garantizar a los particulares el efectivo cumplimiento de su voluntad al constituir instituciones de asistencia privada, de tal forma que la participación solidaria y decidida de los particulares contribuya a la consolidación del Sistema Nacional de Asistencia Social y, por lo tanto, al efectivo cumplimiento del derecho a la protección de la salud que consagra nuestra carta primordial.
Refiriéndome en especial a las reformas que ahora someto a esa alta representación popular, puntualizo enseguida las particularidades de la presente iniciativa.
El artículo 1o. se adiciona con un segundo párrafo para, optativamente, someter al imperio de la ley que se desea reformar a todas aquellas personas físicas y morales que pretendan crear instituciones que persigan los objetivos que enuncia el artículo 27 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma de la fracción II del artículo 13 da una mayor precisión al requisito para constituir una institución de asistencia privada, que la propia fracción establece.
El artículo 27 concreta la obligación que tiene el albacea para garantizar su manejo, en términos del artículo 1708 del Código Civil, suprimiendo la obsoleta referencia a los artículos 2935 y 2939 del mismo ordenamiento.
En el artículo 40 sólo se sujetan los donativos onerosos o condicionales a la autorización previa de la junta de asistencia privada, independientemente de la cantidad de que se trate. Asimismo, se adiciona el artículo con la obligación de las instituciones de informar a la junta sobre las donaciones recibidas; así como con la facultad que tiene ésta para recibir los donativos, herencias y legados destinados a la asistencia privada en general, para después canalizarlos a las instituciones en particular. Es de observarse que el presente dispositivo recoge el contenido del artículo 43 vigente.
El artículo 41 de esta iniciativa fusiona los artículos 41 y 42 de la ley vigente, con el objeto de dar una mayor claridad y conexión al acto de efectuar un donativo para considerarlo perfeccionado.
El artículo 42 representa un estímulo fiscal para las personas físicas o morales que solidariamente realicen donaciones para fines asistenciales, al permitir deducir de sus ingresos el importe de los donativos realizados, lo que es congruente con la actual política tributaria al respecto.
El artículo 43 establece la irrevocabilidad de los donativos una vez que se han perfeccionado; sin embargo, admite su reducción en el supuesto normado por el artículo 2348 del Código Civil.
Es importante la adición contenida en el artículo 44 que incluye, como aportaciones en servicios, la participación de personas que en calidad de colaboradores voluntarios desarrollen actividades de asistencia privada sin ánimo de compensación económica o de cualquier especie.
Hubo que reformar la fracción II del artículo 51 para hacer congruente su redacción a la novedosa integración de la junta de asistencia privada, a la cual concurrirán, de aprobarse esta iniciativa, las Secretarías de Salud, Hacienda y Crédito Público y Educación pública, así como el Departamento del Distrito Federal, con un representante cada una de ellas en calidad de vocal, conformando de esta manera la participación del sector público en la junta de asistencia privada.
En la fracción V del mismo artículo 51 únicamente se precisa el carácter doloso o intencional del delito a que la propia fracción se refiere, para que al sentenciado le esté prohibido, además, el desempeñar un cargo de patrono en las instituciones que regula el ordenamiento que se reforma.
La fracción XIV del artículo 53 sustituye el criterio de cuantificación específica por el de salario mínimo, lo que es acorde con la actual tendencia que se refleja en números cuerpos legales reformados en esa tónica.
En el artículo 54 se suprime el segundo párrafo para eximir a los patronos del otorgamiento de la fianza para garantizar su manejo, quedando subsistente la mención de las responsabilidades civiles o penales en que puedan incurrir.
El texto del artículo 57 pretende dar mayor claridad y precisión a la obligación que tienen los patronatos de las instituciones para remitir a la junta los presupuestos de ingresos y egresos y de inversiones en activos fijos.
En el artículo 58 se prevé, como innovación, el que en ningún caso los gastos de administración superen el importe de los servicios asistenciales, a fin de no descapitalizar a las instituciones.
El artículo 59 precisa con un sentido más actual el destino del remanente que reporte un ejercicio, en cuyo caso, aquél se aplicará a cubrir faltantes de ejercicios anteriores y si no los hubiere, el remanente incrementará el patrimonio de la institución.
Dos variantes se aprecian en el artículo 67 que se propone. La primera, en el segundo párrafo, para actualizar la mención de la institución bancaria por la de Sociedad Nacional de Crédito que es la ahora correcta, obligándose además a las instituciones asistenciales a depositar sus fondos cuando la cuantía de éstos lo haga aconsejable. La segunda, en el último párrafo, es con el objeto de permitir que los fondos y documentos de las instituciones puedan estar en el domicilio de alguno de sus patronos, colaboradores o empleados, sólo si ese domicilio es la sede de las institución de que se trate.
El inciso C del artículo 76 establece que cuando las instituciones presenten con garantía hipotecaria, el valor de los bienes objeto de la hipoteca será fijado por una sociedad nacional de crédito, haciéndolo más conciso; por su parte, el inciso E, reduce el plazo de los préstamos que otorguen las instituciones a sólo diez años, agregando que el pago se hará por el sistema de amortizaciones de acuerdo a lo que disponga la junta de asistencia privada.
El artículo 83 precisa la naturaleza de la junta de asistencia privada, ubicándola como un órgano administrativo desconcentrado por función subordinado a la Secretaría de Salud, como siempre lo ha sido, a través del cual el Estado ejerce sus funciones de vigilancia y asesoría sobre las instituciones de asistencia privada.
El artículo 84 establece un nuevo criterio para la integración de la junta, innovándose la figura del consejo de vocales. El presidente sigue siendo designado por el Secretario de Salud. Se aumentan a ocho los vocales integrantes de la junta, señalándose que éstos deberán ser mexicanos por nacimiento de reconocida honorabilidad, quienes desempeñarán sus funciones personalmente y cuyos cargos serán indelegables. Al sector público se le concede la designación de cuatro vocales por conducto de tres secretarías de Estado y por el Departamento del Distrito Federal, quedando la designación de los otros cuatro a cargo de las instituciones de asistencia privada dedicadas a la asistencia a niños y adolescentes, al anciano, asistencia médica y en la educación, económica, en especie u otra. El criterio de la reforma indudablemente mejora el actual, toda vez que no le interesan factores de carácter económico como el capital de las instituciones de asistencia privada, sino la actividad primordial de la asistencia privada que presenten las instituciones.
El artículo 86 se hizo necesario establecer que los honorarios de los vocales representantes de las instituciones y sólo éstos, serán fijados anualmente por el consejo de vocales de la junta de asistencia privada.
Una adición importante la constituye el artículo 86 bis, que regula el caso de las instituciones que sin causa justificada, dentro del mes correspondiente, no pagan sus cuotas a la junta. En este supuesto las instituciones cubrirán un interés sobre sus saldos insolutos destinado a crear e incrementar un fondo de ayuda extraordinaria a las instituciones.
A virtud de la reforma al artículo 88 se incrementa el número de vocales a cinco para establecer el quórum en las sesiones del consejo.
El artículo 89 se vería la suplencia del presidente de la junta, estableciendo que sus ausencias serán suplidas por el vocal designado por la Secretaría de Salud o, en su caso, por los vocales nombrados por el sector público en el orden establecido en el artículo 84.
El artículo 91 busca más claridad en la enunciación de las funciones propias de la junta, ampliándolas significativamente.
La adición del artículo 93 bis constituye una innovación más de la ley al prever la posibilidad de que la Secretaría de Salud celebre acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para que, por medio de la Junta de Asistencia Privada, se les proporciones asesoría y asistencia técnica en la expedición de leyes estatales que favorezcan el impulso de la asistencia privada.
El artículo 121 se adiciona con un párrafo para regular el supuesto no hipotético de los fundadores que no hubieren previsto el cambio de objeto de una institución, en cuyo caso la junta lo determinará.
El artículo 128 de esta iniciativa únicamente hace recaer en la Junta de Asistencia Privada la designación del liquidador que en la ley actual corresponde a la Secretaría de Salud, ello con el fin de que la junta ejerza plenamente sus funciones de fiscalización y asesoría en la materia.
En el artículo 145 bis cuya adición se promueve, se crea una simbología autorizada por la Junta de Asistencia Privada, a fin de identificar plenamente a las instituciones del ramo que se creen o funcionen al amparo de la ley que se pretende reformar, previéndose una sanción por el uso indebido de esa simbología.
En los artículos 147, 148 y 150 se sustituye el criterio de cuantificación específica por el de salario mínimo vigente en e Distrito Federal, con el objeto de mantener permanentemente actualizado el ámbito administrativo sancionador de la ley.
El artículo 161 se adiciona con el objeto de que las sociedades nacionales de crédito informe de los fideicomisos que se constituyan en beneficio de las instituciones de asistencia privada, a fin de que la junta del ramo esté en aptitud de ejercer las funciones a su cargo.
Por lo anterior, por le digno conducto de ustedes me permito someter a la consideración del H. Congreso de la Unión la presente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE INSTITUCIONES DE
ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo primero. Se reforma los artículos 1o.; 13, fracción II, 27; 40,41, 42,43,44,51; fracciones II y V; 53, fracción XIV; 54,57,58,59,67,76, inciso c y e; 83,84,86,88,89,91,121,128,147,148 y 150; de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, para quedar como siguen:
Artículo 1o. Las instituciones de asistencia privada son entidades jurídicas que con bienes de propiedad particular ejecutan actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósito de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios.
Podrán acogerse a las disposiciones de esta ley las personas físicas o morales que pretendan crear instituciones cuyo objeto se alguno de los que menciona el artículo 27 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 13. Las personas que en vida deseen constituir una institución de asistencia privada, presentarán a la junta de ese ramo un escrito que contenga:
I...
II. El nombre, objeto y domicilio legal de la institución que se pretenda establecer;
III a la VII...
Artículo 27. El patronato de la fundación así constituida no podrá dispensar a los albaceas de garantizar su manejo o de rendir cuentas y exigirá a los mismos, cuando el testador no los haya eximido de esta obligación, que constituya en favor de la fundación que ellos representen, una garantía en los términos que establece el artículo 1708 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal.
Artículo 40. Los donativos que reciban las instituciones requerirán autorización previa de la junta cuando sean onerosos o condicionales.
Los donativos, herencias o legados que se destinen a la asistencia privada en general, los recibirá la junta y los canalizará a la instituciones de asistencia privada.
Artículo 41. La persona que quiera hacer un donativo oneroso o condicional a una institución, lo manifestará por escrito al patronato de la misma para que éste lo haga del conocimiento de la junta.
Una vez concedida la autorización a que se refiere al artículo 40 de esta ley, la institución lo hará del conocimiento del donante por escrito, para que quede perfeccionada la donación sin perjuicio de que se cumplan las formalidades establecidas en la legislación común.
Artículo 42. Las personas físicas o morales que donen bienes en favor de las instituciones constituidas conforme a esta ley, podrán deducir de sus ingresos el importante de los donativos realizados, el cual deberá constar en un recibo expedido por la institución donataria que reúna los requisitos fiscales que al efecto señale la Ley del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento, al momento de efectuarse la donación.
Artículo 43. Los donativos efectuados a favor de las instituciones hechos conforme a esta ley, no podrán en ningún caso revocarse, una vez perfeccionados; sin embargo, se admitirá la reducción de las donaciones en los términos del artículo 2348 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, cuando perjudiquen la obligación del donante de ministrar alimentos a aquellas personas a quienes los deba conforme a la ley, en la proporción que señale el juez competente.
Artículo 44. Además de los donativos a que se refiere este capítulo las instituciones podrán contar, a manera de aportaciones en servicios, con el auxilio de colaboradores voluntarios que con el ánimo exclusivo de prestar asistencia privada destinen parte de su tiempo a realizar actividades personales sin remuneración, que permitan el cumplimiento de los objetivos de una asociación o fundación.
Artículo 51. No podrán desempeñar el cargo de patrono de una institución:
I...
II. Las personas que desempeñen cargo de elección popular, los secretarios y subsecretarios de Estado, los oficiales mayores de las secretarías del Estado, el jefe, los secretarios generales y el oficial mayor del Departamento del Distrito Federal, los directores generales, gerentes generales o similares de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal; el presidente y los vocales de la Junta de Asistencia Privada representantes del sector público conforme a lo establecido por el artículo 84 de esta ley, los funcionarios y empleados de la misma;
III y IV...
V. Los que por sentencia ejecutoriada dictada por la autoridad judicial hayan sido suspendidos o privados de sus derechos civiles o condenados a sufrir una pena por la comisión de algún delito intencional.
Artículo 53. Los patronatos tendrán las siguientes obligaciones:
I a la XIII...
XIV. No entregar dinero, mercancías o valores que no estén amparados con documentos, siempre que el monto de aquél o el valor de los dos últimos exceda de un día de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
XV a la XVII...
Artículo 54. Los patronos, en el ejercicio de sus funciones, no se obligan individualmente pero están sujetos a las responsabilidades civiles y penales en que incurran, conforme a las disposiciones aplicables.
Artículo 57. A más tardar el primero de diciembre de cada año, los patronatos de las instituciones deberán remitir a la junta, en los términos y con las formalidades que ella establezca, los presupuestos de ingresos y el de inversiones en activos fijos. La información contable periódica correspondiente deberán presentarla al inicio de cada año.
Al enviarse los presupuestos a que se refiere el párrafo anterior, se remitirá el programa de trabajo correspondiente al mismo período.
Artículo 58. En ningún caso, en instituciones que estén operando normalmente, los gastos de administración podrán ser superiores al importe de los servicios asistenciales.
Artículo 59. En caso de que en un ejercicio resultare remanente, este se aplicará a cubrir faltantes de ejercicios anteriores y si no los hubiere, el remanente se aplicará a incrementar el patrimonio de la institución.
Artículo 67. Los libros principales, registros, auxiliares y de actas, en su caso, archivos y documentos que forman un conjunto del que pueda inferirse el movimiento de las instituciones, deberán ser conservados por los patronatos en el domicilio de las mismas o en el despacho que oportunamente darán ellos a conocer a la junta, y estarán en todo tiempo a disposición de ésta para la práctica de la visitas ordinarias o extraordinarias que acuerde.
Los fondos de las instituciones deberán ser depositados en alguna sociedad nacional de crédito, cuando su cuantía lo haga aconsejable.
En ningún caso podrán estar los fondos y documentos en el domicilio particular de alguno de
los patronos, colaboradores o empleados de las instituciones, salvo que ese sea la sede de las institución.
Artículo 76. Cuando las instituciones presenten con garantía hipotecaria se sujetarán a las siguientes reglas:
a) y b)...
c). El valor de los bienes objetos de la hipoteca será fijado por avalúo hecho por alguna sociedad nacional de crédito.
d)...
e). El plazo de los préstamos no excederá de diez años.
El pago deberá hacerse por el sistema de amortizaciones en los términos que determine la Junta de Asistencia Privada.
Artículo 83. La Junta de Asistencia Privada es un órgano administrativo desconcentrado por función, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Salud, por medio del cual el poder público ejerce la vigilancia y asesoría que le compete sobre las instituciones de asistencia privada.
Artículo 84. La junta estará a cargo de un consejo de vocales integrado por:
I. Un presidente que será designado por el Secretario de Salud; y
II. Por ocho vocales designados entre personas de reconocida honorabilidad, mexicanos por nacimiento y quienes deberán desempeñar sus funciones personalmente. Dicho cargo es indelegable.
Al sector público le corresponde designar cuatro vocales por conducto de la Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública y por el Departamento del Distrito Federal, los cuales nombrarán, cada uno de ellos, un vocal.
Los vocales restantes serán designados por las instituciones. Aquéllos podrán ser o no patronos de estas y se designarán de acuerdo a la función asistencial predominante prestada por las instituciones de acuerdo a los siguientes rubros:
a) Asistencia a niños y adolescentes;
b) Asistencia al anciano;
c) Asistencia médica, y
d)Asistencia en la educación, económica, en especie u otras.
La designación de estos vocales se hará por mayoría de votos, teniendo un voto cada institución y en caso de empate decidirá el presidente de la junta.
Artículo 86. El presidente de la junta de percibirá el sueldo fijo mensual que le asigne el presupuesto aprobado por la Secretaría de Salud.
Las instituciones cubrirán a la junta una cuota del seis al millar sobre sus ingresos brutos, destinada a cubrir los gastos de operación de la junta, de conformidad con el presupuesto anual acordado y a los gastos extraordinarios autorizados por el consejo de vocales. Los honorarios de los vocales representantes de las instituciones serán fijados cada año por el consejo de vocales, debiendo cubrir las instituciones la parte alícuota o proporcional que les corresponda de acuerdo a sus ingresos.
Las cuotas a que se refiere este artículo no formarán parte de los ingresos del Estado ni figurarán en sus presupuestos; serán pagadas por las instituciones mensualmente dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la forma y lugar que señale la junta.
Artículo 88. Podrá haber sesión cuando concurran por lo menos cinco vocales y las determinaciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes en el consejo, teniendo el presidente voto de calidad en los casos de empate. Si un vocal fuere patrono o empleado de una institución, deberá abstenerse de opinar y votar en cualquier asunto relacionado con aquella y abandonará el salón de sesiones en el momento de tratarse dicho asunto.
Artículo 89. Las ausencias del presidente se suplicarán por el vocal designado por la Secretaría de Salud o, en su caso, por alguno de los vocales designados por el sector público en el orden establecido en el artículo 84 de esta ley, lo cual se hará constar en el acta de sesión.
Artículo 91. Para el cumplimiento de sus fines la junta tendrá las siguientes funciones:
I. Elaborar las normas internas de operación del consejo de vocales;
II. Autorizar la creación, modificación, o extinción de las instituciones;
III. Autorizar los estatutos de las instituciones y en caso de no haber sido formulado por éstas, elaborarlos;
IV. Promover ante las autoridades competentes el otorgamiento de estímulos fiscales;
V. Aprobar la declaratoria mediante la cual se autoriza la constitución de una institución y
representar los intereses de esta última, entre la expedición de la misma y de la declaración formal de constitución de dicha institución.
VI. Ordenar la inscripción de las instituciones en el Registro Público de la Propiedad, en los términos de esta ley;
VII. Aprobar los presupuestos de ingresos y egresos y de inversiones en activos fijos de las instituciones, así como sus modificaciones, formulando los comentarios conducentes;
VIII. Aprobar el informe de labores que, en términos de esta ley y demás disposiciones, deba ser presentado ante ella por las instituciones;
IX. Defender los intereses de las instituciones en los casos establecidos en esta ley;
X. Formular sus proyectos de presupuesto, así como sus programas;
XI. Elaborar anualmente un informe general de los trabajadores realizados durante el periodo;
XII. Sujetar la creación, operación, modificación o extinción de las instituciones a los programas de asistencia privada;
XIII. Opinar sobre la interpretación de esta ley y demás relativas, en caso de duda respecto a su aplicación, resolviendo las consultas que las autoridades o las instituciones le planteen en relación con la asistencia privada;
XIV. Ayudar a los patronatos a la buena administración de los bienes de las instituciones, haciéndoles al efecto las sugerencias conducentes para que, de acuerdo con sus objetivos y estatutos, presten de manera eficaz los servicios asistenciales inherentes a sus objetivos;
XV. Vigilar que los capitales productivos de las instituciones se impongan de acuerdo con la presente ley y asimismo, que las operaciones que realicen sean llevadas a cabo con las debidas seguridades para que sean costeables;
XVI. Vigilar que los patronatos empleen los ingresos con estricto apego a lo que dispongan sus presupuestos de egresos e inversiones de activos fijos;
XVII. Vigilar que los patronatos cumplan con las disposiciones de esta ley y los estatutos;
XVIII. Vigilar que las instituciones cumplan con los fines para los cuales se constituyeron;
XIX. Revisar los estatutos de las instituciones, a fin de que los mismos se ajusten estrictamente a esta ley, cuidando especialmente que en ellos no se contraríe la voluntad de los fundadores. La junta indicará, en su caso, al patronato de una institución, las reformas que fueren necesarias a sus estatutos y les señalarán un término de sesenta días para llevar a cabo dichas reformas;
XX. Autorizar a las instituciones todos los demás actos que se deriven de la presente ley y otras disposiciones aplicables, y
XXI. Las demás que le confiere la ley, la Secretaría de Salud y otras disposiciones aplicables.
Artículo 121. Si el fundador o fundadores hubieren consignado en los primeros estatutos o en el escrito de solicitud para la constitución de la institución de que habla el artículo 13 de esta ley, la clase de actos de asistencia que deberá ejecutar la institución al cambiar de objeto, se estará a lo mandado por ellos.
En el caso de que los fundadores no hubieren previsto la desaparición de esa necesidad asistencial o un nuevo objetivo, la junta determinará el nuevo objetivo.
Artículo 128. Cuando la junta de asistencia privada resuelva la extinción y liquidación de una institución de asistencia privada, se nombrará un liquidador por el patronato y otro por la junta. Si el patronato no designare el liquidador que le corresponde dentro del plazo de ocho días hábiles, en su rebeldía hará la designación la Junta de Asistencia Privada.
Cuando el patronato haya sido designado por la Junta de Asistencia Privada conforme a la fracción II del artículo 50 de esta ley, el nombramiento del liquidador será siempre hecho por la misma junta.
Artículo 147. Cuando los patronos incurran en falta que no sean causa de remoción la junta los amonestará y, en caso de reincidencia, les impondrá una multa por el equivalente de seis a treinta días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.
Artículo 148. La residencia de un patrono a separarse de sus funciones, una vez resuelta su remoción conforme al artículo 108 de la presente ley, se castigará con seis meses a tres años de prisión y una multa de seis a sesenta días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.
Artículo 150. Los delegados, inspectores o auditores que rindan a la Junta de Asistencia Privada informes que contengan hechos falsos, serán sancionados con un mes a dos años de prisión y multa de uno a treinta días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.
Artículo segundo. Se adiciona con los artículos 86 bis, 93 bis, 145 bis y 161 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 86 bis. Cuando las instituciones sin causa justificada no paguen dentro del mes correspondiente sus cuotas a la junta, en los términos del artículo 86 de esta ley, cubrirán adicionalmente como sanción un interés sobre sus saldos insolutos. El tipo de interés a pagar se calculará sobre los rendimientos que por ese mes paguen las sociedades nacionales de crédito en los depósitos a noventa días.
Los intereses que se cobren a las instituciones en mora se destinarán a crear e incrementar un fondo de ayuda extraordinaria para las instituciones.
Artículo 93 bis. La Secretaría de Salud podrá celebrar acuerdos de coordinación con los gobiernos de los estados para que, por medio de la Junta de Asistencia Privada, se les proporcione asesoría y asistencia técnica a fin de que se promueva la expedición de leyes estatales que favorezcan la creación y desarrollo de la asistencia privada.
Artículo 145 bis. Las instituciones de asistencia privada tendrán cada una de ellas un símbolo que las indentifique como tales. Este símbolo será autorizado por la Junta de Asistencia Privada mediante las disposiciones que al efecto se emitan y deberá usarse en todo documento generado por las instituciones.
Las personas que se ostenten y funcionen como instituciones de asistencia privada sin autorización de la Junta de Asistencia Privada o que usaren la simbología a que se refiere el párrafo anterior, serán sancionadas con arresto hasta de treinta y seis horas y multa de tres a treinta días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, sin perjuicio de su responsabilidad civil.
Artículo 161. Las sociedades nacionales de crédito en donde se constituyan fideicomisos en beneficio de las instituciones de asistencia privada, deberán informar a la Junta de Asistencia Privada la constitución de los fideicomisos de referencia, dentro de los primeros treinta días al en que suceda.
TRANSITORIOS
Artículo primero. La presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se concede un plazo de sesenta días naturales contados a partir del que entren en vigor estas reformas y adiciones, para que las instituciones de asistencia privada legalmente establecidas usen y ostenten el símbolo que para su identificación se prevé en el artículo 145 bis.
Artículo tercero. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones que contravengan las presentes reformas y adiciones.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 23 de septiembre de 1986.
El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado».
El C. presidente: - En virtud que este documento ha sido impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría darle el trámite correspondiente.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda: - Recibo y túrnese a la Comisión de Seguridad Social.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Señor presidente, pido la palabra.
El C. presidente: - Con todo gusto, nada más desahogamos estos asuntos de la orden del día y con todo gusto le damos la palabra.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Para una propuesta le pido la palabra en este momento.
El C. presidente: - Con todo gusto, diputado Primero vamos a darle el orden a las iniciativas, como quedamos.
MEMORIAS
La C. prosecretaria Elvia Lugo de Vera:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. -
México, D.F. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la memoria de labores realizada por la Secretaría de Programación y Presupuesto, correspondientes al período comprendido del 1o. de septiembre de 1985 al 31 de agosto de 1986, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D. F., a 22 de septiembre de 1986.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz».
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
La misma prosecretaria:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.
C. secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la memoria de labores realizada por la Secretaría de Educación Pública, correspondiente al período comprendido del 1o. de septiembre de 1985 al 31 de agosto de 1986, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D. F., a 24 de septiembre de 1986.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz». Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Educación Pública.
La misma C. prosecretaria:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la memoria de labores realizadas por la Secretaría de Marina, correspondiente al período comprendido del 1o. de septiembre de 1985 al 31 de agosto de 1986, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D. F., a 25 de septiembre de 1986.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz».
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Marina.
La misma prosecretaria:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados del congreso de la Unión. Presente.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la memoria de labores realizada por esta Secretaría, correspondiente al período comprendido del 1o. de septiembre de 1985 al 31 de agosto de 1986, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D. F., a 25 de septiembre de 1986.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz».
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La misma C. prosecretaria:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México D. F. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la H. Cámara de diputados del Congreso de la Unión. Presente.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la
memoria de labores realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, correspondiente al período comprendido del 1o. de septiembre de 1985 al 31 de agosto de 1986, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad la seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D.F., a 24 de septiembre de 1986.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz».
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de la Defensa Nacional.
CAMPAÑA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
El C. secretario Antonio Melgar Aranda:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México D. F. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
Para conocimiento de ustedes y fines que estimen procedentes, a continuación transcribo oficio que el C. doctor Sergio García Ramírez Procurador General de la República, envió a esta dependencia del Ejecutivo.
"En seguimiento a mi anterior oficio de fecha 5 de agosto pasado, me permito remitir a las H. Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, por el digno conducto de la Secretaría de Gobernación, si lo tiene a bien informe pormenorizado, acerca de las actividades desarrolladas por esta dependencia en la campaña contra el narcotráfico. El informe que ahora proporciono abarca el mes de agosto íntegramente y alude a las acciones realizadas, día por día con el equipo aéreo de la Procuraduría General de la República".
Al manifestar a ustedes lo anterior les envío con el presente, el informe que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D. F., a 22 de septiembre de 1986.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz».
Trámite: Recibo y a la Comisión de Justicia.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El mismo C. secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México D. F. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
Con fecha 11 de los corrientes la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a esta de Gobernación lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted que de no existir inconveniente para ello, tenga a bien transmitir al H. Congreso de la Unión, la solicitud de permiso a que se refiere la fracción II, apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Roberto Solís pueda prestar sus servicios como auxiliar administrativo en la Embajada de Colombia acreditada ante el Gobierno de México. Sobre el particular adjunto al presente, remito a usted el acta de nacimiento del señor Roberto Solís, misma que comprueba la nacionalidad del interesado. En tal virtud mucho agradecerá a usted, que una vez que se haya cumplido plenamente con los ordenamientos constitucionales, se ponga a esta Secretaría en aptitud de ofrecer una respuesta a la solicitud de que se trata"
Lo que hago del conocimiento de ustedes, para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se menciona y les reitero en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D. F., 19 de septiembre de 1986.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz».
Trámite: Recibo y Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
MINUTAS DEL SENADO
CÓNSUL HONORARIO
La C. prosecretaria Elvia Lugo de Becerril:
«CC secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
Para los efectos constitucionales tenemos el honor de remitir a ustedes expediente con minuta proyecto de decreto, aprobado en esa fecha por la Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Bernardo Obregón
Tamariz, para prestar sus servicios como cónsul honorario de la República de Corea en Guadalajara, Jalisco.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México D. F., 24 de septiembre de 1986.
Senadora Yolanda Sentíes, secretaria; senador Ramón Martínez Martín, secretario. Minuta.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Bernardo Obregón Tamariz para prestar sus servicios como cónsul honorario de la República de Corea en Guadalajara, Jalisco.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.
México D. F., a 24 de septiembre de 1986.
Senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, presidente; senador Ramón Martínez Martín, secretario; senadora Yolanda Sentíes, secretaria».
Trámite: Recibo y Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La misma C. prosecretaria:
«CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
Para los efectos constitucionales tenemos el honor de remitir a ustedes expediente con minuta proyecto de decreto, aprobado en esta fecha por la Cámara de Senadores, por el que concede permiso a la ciudadana Alma Yolanda Ibarra de Carreón para prestar sus servicios como secretaria administrativa, en la Embajada de la República Socialista Federativa de Yugoslavia en esta ciudad.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México D. F., 24 de septiembre de 1986.
Senadora Yolanda Sentíes, secretaria; senador Ramón Martínez Martín, secretario. Minuta.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Alma Yolanda Ibarra de Carreón para prestar sus servicios como secretaria administrativa, en la Embajada de la República Socialista Federativa de Yugoslavia en esta ciudad.
Salón se sesiones de la honorable Cámara de Senadores.
México D. F., a 24 de septiembre de 1986.
Senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, presidente; senador, Ramón Martínez Martín, secretario; senadora Yolanda Sentíes, secretaria».
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Señor presidente, pido la palabra.
El C. presidente: - Señor diputado Manuel Terrazas, le ruego muy atentamente tenga usted la bondad, no obstante que está en el ejercicio de sus derechos, tenga la bondad de permitir que se agoten los asuntos del orden del día; quedan unos cuantos.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Señor, pero aquí hay un asunto importante que requiere del conocimiento de todo el pleno de la Cámara.
El C. presidente: - Desde luego. Sí señor, mire usted...
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Este asunto es más importante que lo que son condecoraciones y permisos, yo creo que se contraviene un uso y una costumbre de la Cámara al darle atención a iniciativas de ley. Muchas gracias.
El C. Ricardo García Cervantes: - Señor presidente, moción de orden.
El C. presidente: - Diga diputado Ricardo García Cervantes.
El C. Ricardo García Cervantes: - Le estoy haciendo una moción de orden a la presidencia y estoy citando, conforme al reglamento el artículo 30, fracción III. Ya había solicitado el uso de la palabra para presentar una iniciativa de ley.
Conforme al reglamento debió usted heberme dado la palabra inmediatamente después de presentada la iniciativa del Ejecutivo. Esta práctica de agotar todos los puntos del orden del día, es nugatoria del derecho de los diputados de presentar iniciativas de ley equiparables a las mismas que provienen del Ejecutivo.
El C. presidente: - Señor diputado, en efecto, en nuestro reglamento se determina el orden de los asuntos a tratarse en las sesiones. ¿Usted pidió la palabra para presentar una iniciativa?
El C. Ricardo García Cervantes: - Sí, señor.
El C. presidente: - Primero que usted la pidió el señor diputado Cristóbal Benjamín Figueroa Nicola.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
ARTICULO 27, 42 Y 48
CONSTITUCIONALES
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Cristóbal Benjamín Figueroa Nicola.
El C. Benjamín Figueroa Nicola:
«Los suscritos, diputados federales en ejercicio, miembros del Partido Acción Nacional, cometen a la consideración de esta honorable Cámara una iniciativa de reformas a los artículos 27, 42 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de señalar de manera expresa, que el Golfo de California queda comprendido dentro del territorio nacional bajo el dominio de la nación, al igual que sus recursos naturales.
La iniciativa está de acuerdo con la tradición jurídica sostenida por México y con el criterio sustentado por la inmensa mayoría de los países ribereños, tal vez no compartido por las grandes potencias marítimas que no sólo han influido de manera preponderante en la formación de derecho internacional marítimo, sino que suelen sostener sus propias y particulares interpretaciones.
Al incluir expresamente dentro de su territorio el Golfo de California, México consagrará en una norma de derecho interno, un hecho que tiene consecuencias respecto al derecho internacional; pero no creará un derecho; lo expresará en una disposición constitucional fundada en rectas interpretaciones sobre el mar territorial, los golfos o bahías en sentido amplio, las bahías históricas, las plataformas continentales y aguas suprayacentes y las regiones marinas adyacentes a las costas, que entre otras, por razones biológicas y marítimas pertenecen al país ribereño.
La doctrina del mar territorial se originó en el siglo XIV con Bartolo de Sassoferrato, quien sostuvo el dominio de los estados ribereños hasta una distancia de cien millas desde sus costas sobre el mar adyacente; este criterio mereció la aprobación y adhesión de todos los juristas importantes de su época y de los del siglo siguiente.
Posteriormente, Hugo Grocio, uno de los fundadores del derecho internacional, en su obra "Derecho de la Guerra y de la Paz" reconoció que la soberanía de un Estado puede extenderse a una porción del mar adyacente. Después Van Bynkershock sostuvo como verdad axiomática la célebre fórmula de que la potestad de la tierra termina, ahí donde termina el poder de las armas, de donde se originó la doctrina de las termillas.
A este respecto, en el siglo XVIII Surland sostenía que el territorio de los puertos y costas se extendía hasta donde el estado ribereño dominara el mar con sus cañones; Vattel, que el mar cercano es propiedad de la nación ribereña, que puede reclamar para sí sus productos, y Galliani adopta el principio del tiro de cañón y lo calcula en tres millas. Esta doctrina fue acogida de manera general por las tratadistas de la época y llenó una etapa de derecho internacional.
Cuando surgen a la vida nuevas naciones, no se conforman con la exigua dimensión de tres millas que parecen imponerles las grandes potencias forjadoras del derecho internacional marítimo y empiezan a reclamar y reivindicar diversas porciones de mar en forma tal que a la fecha no ha sido posible establecer un criterio uniforme sobre estas cuestiones, debido principalmente a la renuencia de las potencias marítimas.
"Un factor primordial de divergencia - afirma Gidel - es la desigualdad del poderío marítimo. Mientras, mayor es el poderío marítimo de un Estado, más tenderá éste a limitar la anchura del mar territorial. Al menos así ha sucedido desde que el principio de la libertad de los mares - se habla aquí únicamente del tiempo de paz - ha triunfado definitivamente hace mas de dos siglos.
Una gran potencia marítima no tiene necesidad de pedir al derecho internacional los medios de ejercer facultades especiales sobre una amplia zona de mar adyacente a sus costas; sus propios medios de acción bastan para asegurarle ese ejercicio..." No tiene pues, nada de extraño que la Gran Bretaña, Japón y los Estados Unidos se hayan mostrado en 1930 partidarios de la reducción máxima del mar territorial.
En la conferencia de la Haya, de 1930, las grandes potencias marítimas sostuvieron cerradamente el criterio de las tres millas como extensión del mar territorial, lo volvieron a sostener en la conferencia de Ginebra de 1958, no lo han cambiado hasta el día de hoy, ni hay indicios de que lo vayan a cambiar en un futuro próximo. Por su parte, México jamás ha aceptado tales limitaciones.
Un ejemplo: en 1848, para dar fin a la invasión norteamericana, México celebró con los Estados Unidos, el Tratado de Guadalupe en el que al fijarse las nuevas fronteras, en el artículo 5o. se señaló que la línea divisoria entre las dos repúblicas, por lo que toca al Golfo de México, comenzara tres leguas fuera de tierra frente a la desembocadura del Río Grande o del más profundo de sus brazos. Esta medida de tres leguas que corresponde a nueve millas marinas, o sea 16 kilómetros 668 metros - se ratificó en el Tratado de La Mesilla de 1853 - .
De 1848 a 1908 México ha celebrado tratados bilaterales con doce países que son: Estados Unidos, Guatemala, Alemania, Suecia, Noruega,
Francia, Ecuador, Gran Bretaña, Santo Domingo, El Salvador, Holanda, China y Honduras; con seis de los cuales se convino en fijar el límite del mar territorial en nueve millas y con los otros seis en veinte kilómetros. Posteriormente por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de agosto de 1935, México fijó la anchura de su mar territorial en 16 kilómetros 668 metros.
El artículo 17 de la Ley General de Bienes Nacionales de 31 de diciembre de 1941, establece que el mar territorial comprende las aguas marginales hasta la distancia de nueve millas marinas (16 km 668m), contadas desde la línea de la marea más baja en la costa firme, en las riberas de las islas que conforman parte del territorio nacional, en los esteros que se comunican con el mar, permanente o intermitentemente y en los ríos que desembocan en el mar.
Indiscutiblemente, para México son aguas territoriales, marginales, las comprendidas entre las costas del estado de Baja California y las costas del estado de Sonora a la altura de la Isla Tiburón.
Opinando sobre este problema, César Sepúlveda conocido profesor mexicano, escribió:
"La convención sobre el mar territorial, una de las cuatro que salió de Ginebra en 1958 (A/conf.13/L,52), aunque no se ha convertido aún en norma convencional universal, constituye una razonable formulación del derecho consetudinario existente y recoge reglas que merecen la aquiescencia general de todos los miembros de la comunidad internacional.
Por una parte el artículo 7o., párrafo seis de ese instrumento señala que el estado costero puede adquirir soberanía sobras las llamadas "bahías históricas" y por otra parte, el párrafo I de esta misma disposición ha dejado establecido que si la distancia entre las líneas de bajamar de los puntos naturales de entrada de una bahía (o de un golfo) no excede de 24 millas náuticas, las aguas así encerradas se conceptúan como aguas interiores, esto es sujetas a la soberanía exclusiva del estado de litoral.
A la luz del contexto de esos dos importantes principios ha de examinarse la situación peculiar en que se presenta hoy día el Golfo de California, pues indudablemente se está ante una evolución visible en las normas relativas y frente a un cambio beneficioso en los principios que dan cuerpo al derecho de las áreas marítimas.
Para el que escribe parte del mar de Cortés que está situada al norte de una línea continua, que corre desde la punta San Francisquito al extremo sur de la isla de San Lorenzo, de ahí al punto meridional de la isla San Esteban y de la Isla de Tiburón y de ésta al sitio de las costa sonorense más cercano, debe estimarse desde siempre como un mar interior, como un lago propio mexicano; aún antes de que las discusiones sobre anchura del mar territorial empezaran a preocupar a los estadistas, porque las escotaduras en el trazo que se indica no exceden del doble de lo que la nación mexicana ha estimado en todo tiempo como dimensión de sus aguas marginales.
Por ser un cuerpo de agua claramente definido por la naturaleza, circundando en todos sus ámbitos por suelo nacional y no cruzado por rutas de navegación de otros países, unido todo ello al disfrute no contrariado de soberanía en esa zona a la ausencia de pretensión extraña viva y sin que exista fundado en el derecho de gentes, algún otro título válido que pueda oponerse.
Los argumentos de los apóstoles de la caduca regla de las tres millas y de los mantenedores de las "servidumbres" territoriales no alcanzan a menguar en nada esta pretensión válida, ni aún en el caso en que no hubiera admitido por el gran número de países con litoral que suscribieron; esa convención de 1958, el concepto general de bahía a golfo interior sujeto a la exclusiva soberanía del país ribereño, cuando sus fauces no exceden de 24 millas marinas, pues en el trazo que aquí se menciona no existe ninguna boca de esa anchura, sino inferior a ella.
Formado por aguas marginales en los términos expuesto en primer lugar, es mar interior que pertenece a México, la parte del Golfo de California comprendida desde la desembocadura del Río Colorado y que se describe en los párrafos anteriores.
Estas consideraciones explícitas y expresas, fundan el derecho de nuestro país para que las embarcaciones extranjeras respeten como mar cerrado que corresponde a México la zona septentrional del Golfo de California. Con base en las mismas disposiciones nuestras autoridades tienen derecho a proteger para beneficio de México, las especies someras y pelágicas que se encuentran en la parte septentrional del Golfo de California y que son buscadas afanosamente por barcos y flotas pesqueras extranjeras que tanto de ida como de regreso tienen que atravesar aguas marginales mexicanas a menos de seis millas de nuestras costas.
Es necesario además, que se apruebe la iniciativa, no sólo en cuanto se refiere a consignar en nuestra Constitución este primer aspecto. Al aprobar la modificación al artículo 42 de la Constitución, México no sólo consignará su derecho indiscutible a la zona septentrional del Golfo de California, desde la desembocadura del Río Colorado hasta la Isla Tiburón y demás señaladas.
sino sobre el Golfo de California en toda su extensión.
Esta iniciativa tiene las mismas razones patrióticas, que impulsaron al presidente Avila Camacho a proclamar en 1945 que la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas adyacentes; son propiedad de México y forman parte de su territorio nacional. El Golfo de California debe considerarse como integrante de la economía de México cuyos intereses se encuentra vinculados, por muchas razones al golfo en toda su extensión.
Pero no sólo la iniciativa también se funda en la doctrina mexicana y en el derecho internacional. En octubre de 1945 el presidente Avila Camacho proclamó la soberanía de México sobre la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas y promovió ante el Congreso, las reformas a los artículos 27, 42 y 48 de la Constitución Política para consignar en el primero de ellos como propiedad de la nación, tanto la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, como las aguas subadyacentes en toda la extensión de la plataforma y los zócalos; en el segundo, para consignar que la plataforma continental y zócalos submarinos de las islas y en consecuencia las aguas epicontinentales en toda la extensión de las mismas, forman parte del territorio nacional y en el tercero, para dar carácter federal a dichas aguas, zócalos y plataforma.
El Congreso y las legislaturas de los estados aprobaron las reformas. Sin embargo, el Ejecutivo Federal se abstuvo de promulgarlas por considerar que una declaración de soberanía sobre las aguas subadyacentes a la plataforma continental, que en el Golfo de México alcanzan una gran extensión en contraste con el Océano Pacífico, podría interferir con la libertad de navegación reconocida en el mismo golfo. Quince años después, el Ejecutivo promovió otras reformas a los mismos artículos, para consignar que están incorporados a la soberanía de la nación, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, así como las aguas epicontinentales, en cuanto son marginales en la extensión de nueve millas a que se refiere la Ley General de Bienes Nacionales y de veinte kilómetros conforme a los tratados internacionales suscritos por México.
Según la reforma que proponemos, nuestro país al consignar al Golfo de California como integrante del territorio nacional, lo consideraría fuera del régimen general del mar territorial, e incorporado al régimen especial de las bahías en sentido amplio en términos ya sostenidos por México y reconocidos a medida que el tiempo pasa, por un mayor número de los países costeros. En la tercera reunión del consejo interamericano de jurisconsultos celebrada en la ciudad de México del 17 de enero al 4 de febrero de 1956, al tratar lo relativo al régimen del mar territorial y cuestiones afines, México elaboró una declaración conocida como "principios de México sobre régimen jurídico del mar", que sometió a la consideración de la reunión y que fue aceptada por ésta y aprobada en su cuarta sesión plenaria.
En la declaración se reconoce que sus principios son expresión de la conciencia jurídica del continente y que son aplicables por los estados americanos, y que la aceptación de tales principios no implica ni tendrá por resultado la renuncia o el perjuicio de la posición que sostienen los distintos países de América sobre la extensión que debe tener el mar territorial.
A continuación se afirma que la extensión de tres millas para delimitar el mar territorial es insuficiente y no constituye una norma general de derecho internacional, por lo que se justifica la ampliación de la zona de mar tradicionalmente llamada "mar territorial"; que cada estado tiene competencia para fijar su mar territorial hasta límites razonables, atendiendo a factores geográficos, geológicos y biológicos, así como a las necesidades económicas de su población y a su seguridad y defensa.
Que los derechos del estado ribereño en lo que concierne al suelo y subsuelo de la plataforma submarina o zócalo continental correspondiente, se extienden asimismo a los recursos naturales que ahí se encuentran, tales como petróleo, los hidrocarburos, las substancias minerales y todas la especies marinas , animales y vegetales que viven en constante relación física y biológica con la plataforma, sin excluir las especies bentónicas; que los estados ribereños tienen el derecho de adoptar siguiendo principios científicos y técnicos, las medidas de conservación y vigilancia necesaria para la protección de los recursos vivos del mar próximo a sus costas, más allá del mar territorial.
Que los estados ribereños tiene además, el derecho a la explotación exclusiva de las especies vinculadas a la costa, a la vida del país o a las necesidades de la población costera, como en los casos de las que se desarrollan en aguas jurisdiccionales y después emigran a alta mar o cuando la existencia de ciertas especies influye de manera notable en una industria o actividad esencial al país costero o cuando este último lleva a cabo obras de importancia que tengan por resultado la conservación o el aumento de las poblaciones de especies.
La declaración define como bahía toda entrante de mar bien determinada, cuya penetración tierra adentro en relación con la anchura de su boca sea
tal que sus aguas estén comprendidas entre porciones definidas de tierra, abrazadas por la tierra - Inter fauces terras - y constituya algo más que una mera inflexión de la costa. La línea que cierra una bahía se trazará entre sus entradas geográficas naturales, donde la entrante deja de tener la configuración de una bahía.
Las aguas que comprende una bahía estarán sujetas al régimen jurídico de las aguas interiores, si la superficie de aquellas es igual o mayor que la de un semicírculo trazado, tomando como diámetro la boca de la bahía y si la bahía tiene más de una entrada, el semicírculo se trazará formando como diámetro la suma de las líneas que cierran todas las entradas. La superficie de las islas situadas dentro de una bahía estará comprendida en la superficie total de ésta.
Agrega la declaración que, además las bahías llamadas "históricas" estarán sujetas al régimen de aguas interiores del o de los estados ribereños".
De los anteriores principios se desprende en primer lugar, que los relativos a bahías son íntegramente aplicables al Golfo de California en toda su extensión, al igual que los que reconocen la facultad a los estados ribereños para fijar su mar territorial hasta límites razonables, atendiendo a factores geográficos, geológicos y biológicos; así como a las necesidades económicas de su población y a su seguridad y defensa.
México, al considerar que tiene soberanía sobre el Golfo de California y al considerarle aplicable el régimen especial de las bahías, aplica los principios aprobados a un caso concreto de su propia jurisdicción, principios que por otra parte han sido reconocidos por países europeos, aún antes de su detallada enunciación por nuestro país.
Desde 1930 en la conferencia de La Haya para la codificación del derecho internacional, Suecia propuso "que en ausencia de un acuerdo internacional para delimitar la extensión del mar territorial, cada estado puede por sí mismo fijar razonablemente los límites de sus propias aguas territoriales".
La misma tesis fue sostenida por el jurisconsulto latinoamericano Alejandro Alvarez juez de la corte internacional de justicia, en una sentencia relativa a las pesquerías anglonoruegas en que textualmente resolvió:
"a) Teniendo en consideración la gran variedad de condiciones geográficas y económicas, no podría establecerse una regla uniforme de derecho internacional respecto a la extensión del mar territorial, como no existe ninguna regla uniforme en lo concerniente a bahías y estrechos.
b) Cada estado tiene derecho de determinar la extensión de su dominio marítimo, a condición de que lo haga de una manera razonable, de que sea capaz de supervigilar y cumplir los derechos propios en la zona que le sean impuestos, de que no infrinja los derechos adquiridos por otras naciones y de que no dañe los intereses generales o cometan un abus de droit.
c) Un estado puede alterar la extensión de su mar territorial si proporciona adecuada justificación para el cambio".
México tiene adecuada justificación, para considerar el Golfo de California, no dentro del régimen general del mar territorial, sino dentro del régimen especial de las bahías.
En la tercera reunión del consejo interamericano de jurisconsultos, el representante de México licenciado Manuel J. Sierra expuso en la sesión del 25 de enero de 1956:
"Mi delegación como un acto preliminar a su intervención en el análisis sobre el tema "Mar territorial y cuestiones afines" desea concretar la posición de México al respecto, desde el doble punto de vista de la justicia y del derecho.
Fiel a su destino, mi país ha luchado y sigue luchando por su emancipación y mejoramiento económico, poseedor de valiosos recursos naturales; no ha logrado en la medida requerida, su aprovechamiento para satisfacer plenamente las apremiantes exigencias de su población. Entre los elementos con que se cuenta para resolver este problema que agrava un índice demográfico, que marca los más altos mercuriales en la estadística mundial; se halla el de la utilización de los recursos marinos con que la naturaleza pródigamente lo ha dotado.
Además de las razones de orden jurídico aplicables, el derecho natural demanda que esa producción que vive biológicamente vinculada a nuestras costas, se aproveche en primer término por nuestro país, ya que en realidad se trata de una prolongación en el mar de su propia economía.
México, por mucho tiempo encadenado al absoleto e injusto principio de las tres millas que subordina el ejercicio del derecho de soberanía, al del poder y de la fuerza; se ha visto constreñido a contemplar cómo sus riquezas eran explotadas por nacionales de otros países, mientras la población costera tenía que soportar las consecuencias de la penuria y la abstinencia. No sólo nuestros juristas y autoridades, saben que la distancia clásica de tres millas no desempeña su función protectora en favor de los legítimos intereses mexicanos, sino que el pueblo mismo se reciente de ser privado sin limitaciones de la rica fauna marina,
que al alcance de su mano puebla la extensión marítima que sus propios ojos contemplan.
Pero hay otras razones además de las expuestas entonces por el representante de México. En primer lugar; es falso el antagonismo que se pretende plantear por muchos países, entre el concepto de mar territorial con sus restricciones consecuentes, presentar al mar territorial como una limitación al alta mar, considerar el alta mar con sus atributos de libertad de navegación, de comercio, de uso y de explotación. Como la regla general, en tanto que el mar territorial como la excepción de esta regla, es hacer un falso planteamiento que predetermina la solución.
Ambos conceptos no son antitéticos, sino por el contrario complementarios e igualmente valiosos. No se puede concebir un estado costero carente de mar territorial para su seguridad y para proveer los indispensables requerimientos de su economía, como tampoco se puede pensar en un alta mar cerrado al tránsito de las naves de todos los países y vedado su uso y explotación comunes.
Por lo que hace al mar territorial y cuestiones afines, incluyendo las bahías y la plataforma continental, es incuestionable que su determinación se origina siempre en una decisión soberana del estado ribereño; bien sea que proceda de una costumbre, una ley o norma de derecho interno, o un tratado internacional en todos los casos, la fuente generadora de tal determinación es la soberanía del estado ribereño.
Por cuanto al concepto de alta mar, no es admisible en la actualidad, pensar en un criterio irrestricto de la libertad, en perjuicio de determinados países y para beneficio de otros, por la simple perpetuación de normas obsoletas sobre anchura de mar territorial. México piensa que si la libertad de alta mar tiene limitaciones impuestas por intereses superiores de la comunidad internacional, las tiene también, y preferentes, en favor de los estados ribereños ligados a determinadas zonas del alta mar, cuyo desarrollo y subsistencia está amparado por principios morales de orden superior.
El primer atributo que se asigna a la libertad de los mares, es la libre navegación, irrestricta en alta mar y sujeta a las reglas y protegida por las garantías del paso inocente, en las aguas marginales.
México se ha abstenido de reivindicar las aguas epicontinentales para no entorpecer la libertad de navegación y ha reducido sus aguas marginales a la distancia de nueve millas, y aun dentro de ellas, siempre se ha mostrado respetuoso del derecho de paso inocente de todas aquellas naves que para ir de un punto a otro tienen necesidad de pasar por nuestros mares territoriales.
Ahora bien, la cuestión relativa a si presentaría algún problema el paso para penetrar al Golfo de California debe resolverse negativamente, pues este, por su misma condición de bahía, de golfo cerrado, no es zona de rutas internacionales y las naves que penetran al mismo, o llevan como destino el arribo a un puerto mexicano y por lo mismo deben sujetarse a los reglamentos y disposiciones nacionales, o penetran a la bahía con el fin de capturar las especies marinas que en la misma se producen, con lo que se afecta la economía del país, sin que pueda hablarse, por tanto, de paso inocente.
El siguiente atributo de la libertad de los mares es la libertad de pesca.
En 1925, ante la explotación destructora que pescadores extranjeros hacían de las valiosas especies que se encontraban en el Océano Pacífico frente a las costas de ambas Californias, México celebró un trato con los Estados Unidos para evitar la destrucción de las especies marinas, adoptando técnicas racionales y científicas para su captura en toda la zona del Océano Pacífico que baña las costas de la península de Baja California, México y de California, Estados Unidos, incluyendo el mar territorial y una zona contigua hacia el occidente.
Más tarde, la Comisión Internacional de Pesquería México Estados Unidos, fijó la extensión de la zona en 50 millas marinas a partir del litoral de ambos estados, y declaró expresamente que son propiedad de dichos estados las especies marinas que se encuentren en dicha zona, o que fueren extraídas de la misma.
Aplicando este criterio al Golfo de California, resulta que son propiedad de México las especies marinas que se encuentren a cincuenta millas de las costas de Sonora y cincuenta millas de las costas de los estados de Baja California, con lo que se cubre prácticamente todo el golfo que en su máxima apertura se aproxima a las ciento diez millas.
Por lo que hace a la neutralidad de México en caso de conflictos extraños, sería absurdo que las naves de un país beligerante pretendieran penetrar al Golfo de California alegando que el centro del mismo es alta mar. El derecho de México para impedir tal cosa, sería indisputable.
A este respecto las repúblicas americanas suscribieron en 1939 la denominada "declaración de Panamá". En este instrumento las repúblicas americanas, como medida de protección continental y bajo la condición de mantener su neutralidad, proclamaron su indiscutible derecho de
conservar libres de todo acto hostil por parte de cualquier nación beligerante no americana, aquellas aguas adyacentes al continente americano que ellas consideraran como de primordial interés y directa utilidad para sus relaciones, y se determinó como límite de esas aguas una línea imaginaria en grados geográficos, en torno del Hemisferio Occidental, que parte desde la frontera de Estados Unidos con Canadá en el Océano Atlántico y que después de circundar el continente termina en la frontera de esos dos países en el Océano Pacífico.
De este modo, mediante un libre y soberano pronunciamiento de las repúblicas americanas, se fundó la institución del mar continental, cuya latitud alcanza la distancia aproximada de trescientas millas marinas desde las costas continentales.
Ahora bien, por lo que respecta a México, esta zona se cuenta a partir de la costa occidental de Baja California, quedando comprendido el golfo como mar interior.
Por último, en este mismo orden de ideas, aunque es cierto que México no ha hecho declaración expresa sobre polución del mar, entendiéndose para estos efectos la misma anchura de su mar territorial, sería inadmisible que algún país extranjero pretendiera arrojar desperdicios de petróleo o residuos atómicos en el Golfo de California, en zonas consideradas como alta mar.
Todo lo anterior demuestra la necesidad de amparar al Golfo de California con el régimen de bahía por estar tan íntimamente vinculado a intereses vitales para México. Al hacerlo obraría al igual que tantas otras naciones que han reclamado para si sus bahías.
Francia reclama para si la bahía de Cancale o Granville y Gran Bretaña lo admite expresamente; Noruega reclama como aguas interiores todos los fiordos que caen dentro del concepto de bahías y ningún país la contradice; Estados Unidos reclama las bahías de Chesapeake y Delaware a virtud de que las mismas no pueden convertirse en senda de una nación a otra; Gran Bretaña reclama la bahía de la Concepción en Terranova y bahías cerradas por tierra, pertenecen al territorio de la nación que es dueña de las costas que los rodean; en el caso del Golfo de Fonseca, el Tribunal Americano Central, estimó que Nicaragua, El Salvador y Honduras eran copropietarios de esas aguas.
Por último, para citar sólo los casos más notables, la bahía de Hudson con sus 58 mil millas cuadradas de extensión, que sobrepasan diez veces la superficie del Golfo de California, la reclama para sí Canadá, sólo por motivos históricos, ya que fue descubierta por Henry Hudson en 1610 y Gran Bretaña reconoció a sus sucesores privilegiados exclusivos de comercio y administración.
Las razones expuestas por todos los casos mencionados, son válidas para el de Golfo de California, y por cuanto a razones históricas, México las tiene en grado muy alto, desde el descubrimiento por Hernán Cortés, del Golfo de California que por esa razón también lleva el nombre de Mar de Cortés, quien lo sometió al dominio de la Corona Española de la que México es causahabiente, desde que al conquistar su independencia, asumió su propia soberanía.
El ya citado César Sepúlveda, al analizar la situación del Golfo de California como bahía histórica, y en especial la situación de su porción meridional, al sur de la Isla de Tiburón y además islas mencionadas, expresa:
"La otra porción del Golfo de California, o sea la que se encuentra comprendida entre la línea descrita arriba y otra que se trazara, por ejemplo, de Punta Arena en la Península, al Altata, cae bajo régimen diferente, o sea aquel corresponde a las llamadas bahías - o golfos - históricas.
El concepto de "bahía histórica" o "golfo cerrado" no parece muy claramente definido ni en la literatura ni en la práctica internacionales. En general, ellas constituyen una excepción al régimen del mar libre y al de las aguas territoriales, y son diferentes de la noción de bahía que aparece en el artículo 7 de la mencionada convención de Ginebra.
Lo "histórico" significa - aunque de manera vaga - que el estado adyacente ha mantenido con éxito la soberanía sobre esos espacios marítimos durante un tiempo más o menos largo, sin que otros países hayan pretendido en forma clara y persistente impedir esa apropiación. Esa determinación resulta además, de que tales accidentes geográficos poseen condiciones físicas peculiares, tal como estar ceñidas del todo por el estado del litoral, encontrarse confinadas en ciertas porciones distantes del tránsito marítimo internacional tener un acceso estrecho o fácilmente controlable, y ofrecer la característica de que su boca sea de dimensiones pequeñas en comparación a su área general.
Estas bahías históricas han sido reclamadas, en alguna ocasión, por el estado ribereño como exclusivamente suyas, por considerar que goza del título a ese espacio territorial a través de posesión larga, no disputada abiertamente o bien, por virtud de algún acto simbólico relativamente antiguo que ha recibido aceptación implícita o tácita de otra nación. A este género corresponden la bahía de Hudson, reivindicada por Canadá; la de Chesapeake y Delaware, por los Estados Unidos, y numerosas otras antiguas o que han venido
surgiendo en los últimos tiempos como resultado de las nuevas situaciones y de las preocupaciones de los países por su seguridad y subsistencia.
En los tiempos modernos, al aspecto histórico, físico y defensa se ha agregado el consejo de interés vital del estado del litoral, principalmente económico y social, y representado por la conservación y aprovechamiento de los espacios marinos y por la explotación de hidrocarburos. De esa manera las pretensiones sobre los "golfos nacionales" resultan del eslabonamiento permanente político y económico con la tierra firme que los rodea. Estas reivindicaciones tienen desde luego una justificación mayor que las antiguas, fundadas soló en la idea de supremacía territorial o de seguridad.
Los elementos, pues, que dan cuerpo a una aspiración legítima para que se considerara, conforme al derecho de agentes, al Mar de Cortés como aguas interiores mexicanas, como golfo nacional, y por lo mismo subordinado exclusivamente al dominio mexicano, están presentes en su casi totalidad. La disposición física a esa área marina es por entero favorable , pues está cerrado por la mayor parte de sus accesos y ofrece además una característica funcional uniforme con respecto al territorio nacional.
Existe la vinculación económica y política con el litoral. De pretenderse que fuera mar abierto se interferiría con las líneas naturales de comunicación que van de una costa a otra. Los intereses vitales están representados debidamente, pues los recursos pesqueros no son indispensables para la alimentación del pueblo mexicano. Particularmente en el futuro.
El disfrute de soberanía ha sido constante y positivo, y sobre todo, no existe ninguna pretensión opuesta válida que pueda contraponerse al interés razonable del estado costero, o que sostenga la razón de que no deba estimarse como mar cerrado.
Esto no constituye ninguna pretensión extravagante ni irrazonable, porque no existen ingresos de la comunidad internacional que resulten adversos, o si los hubiere, ellos son inconspicuos. No se encuentra en juego el interés internacional en la navegación, que es lo que en última instancia determina el concepto de mar libre. No se mudan las reglas actuales del derecho internacional, sino que se precisan y aclaran con este motivo, y por último, ello no significa la exclusión de los derechos de otros países que se deriven del derecho de gentes y que se reconocerían a su tiempo".
Hasta aquí la exposición de César Sepúlveda.
Al proponer esta iniciativa, hemos tenido presente las situaciones que pudieran derivarse del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, del Tratado de La Mesilla suscrito en 1853 y del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre México y los Estados Unidos, de 1944.
El artículo 6o. del Tratado de Guadalupe, que establecía el derecho de tránsito para los buques y ciudadanos norteamericanos, por el Golfo de California, fue derogado y anulado por el artículo 4o. del Tratado de límites de la Mesilla, que sobre el particular establece: "Los buques y ciudadanos de los Estados Unidos tendrán en todo tiempo libre y no interrumpido tránsito por el Golfo de California para sus posesiones, y desde sus posesiones sitas al norte de la línea divisoria de los dos países: entendiéndose que ese tránsito se ha de hacer navegando por el Golfo de California y por el Río Colorado, y no por tierra, sin expreso consentimiento del Gobierno mexicano".
El Tratado de 1944, señala que, tomando en cuenta que los artículos 6o. y 7o. del Tratado de la Mesilla de 1853, reglamentan únicamente para fines de navegación el uso de las aguas de los ríos Bravo y Colorado, y considerando que a los intereses de ambos países conviene el aprovechamiento de esas aguas en otros usos y consumos y deseando, por otra parte, fijar y delimitar los derechos de las dos repúblicas sobre los ríos Colorado y Tijuana y sobre el Río Bravo, celebran el propio tratado.
El artículo 3o. del Tratado de 1944, establece, por orden de preferencias, los usos de las aguas internacionales; usos domésticos y municipales, agricultura y ganadería, energía eléctrica, otros usos industriales, navegación, pesca y caza y cualesquiera otros usos benéficos determinados por la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Los usos anteriores tienen un destino preferente para la solución de los problemas fronterizos de saneamiento.
Ahora bien; es público que las aguas del Río Colorado no son navegables desde hace mucho tiempo, por virtud de los usos preferentes a que están destinadas, para los que - en el caso de México - son insuficientes aún para usos agrícolas.
Debe concluirse, por tanto, que las estipulaciones del artículo 4o. del Tratado de la Mesilla, en lo relativo al libre tránsito de los buques y ciudadanos norteamericanos por el Golfo de California, carecen de objeto, por ser ya imposible la navegación por el Río Colorado. En consecuencia, no siendo ya el Río Colorado una vía de acceso para, o desde las posesiones norteamericanas, sitas al norte de la línea divisoria, no es posible el derecho de tránsito a que el tratado se refiere, y
ningún derecho se vulnera con la reforma propuesta.
Pero más aún: el hecho mismo de que los Estados Unidos hubieran obtenido de México; en los Tratados de 1848 y 1853 un derecho de tránsito por el Golfo de California , implica el reconocimiento por parte de los Estado Unidos, de que este mar, históricamente, y por sus características, había sido y es del dominio exclusivo de México.
La iniciativa no pretende una reforma con finalidades puramente afirmativas de dominio. Las tierras mexicanas en torno al Golfo de California, han entregado al mar elementos de vida para las especies que en él se crían, a costa de su propia destrucción y agotamiento. A este respecto, se ha opinado que las bahías son de la mayor importancia como áreas reproductivas y creadoras, para el mantenimiento de las especies en las zonas costeras, porque su reproducción activa ocurre dentro de la bahía en gran medida a base de los elementos que se desprenden de la tierra, con mengua de las posibilidades de vida de los ribereños.
México debe resguardar jurídicamente sus recursos naturales, para atender al incremento de su población, ya que, lamentablemente, la elevación de su producción de alimentos no es proporcional al crecimiento demográfico, con independencia de otras consideraciones válidas sobre la necesidad de mejorar la dieta de la mayoría del pueblo mexicano. La pesca y actividades del mar, son fuente muy importante de trabajo y de sobrevivencia, y los gobiernos tienen la obligación de asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones de subsistencia y de procurarles los medios para su desarrollo económico.
Por eso, consideramos necesario consignar, mediante afirmaciones expresas en el texto de nuestra Constitución, los derechos que inmemorialmente ha tenido México sobre el Golfo de California. Al proclamar constitucionalmente el derecho de México sobre el Golfo de California, se proclama también sobre sus productos, que indiscutiblemente nos pertenecen por ser el único país ribereño.
El biólogo mexicano Rodolfo Ramírez Granados, de quien hemos expresado ya alguna idea, afirma que las naciones ribereñas, por múltiples razones jurídicas y científicas, tienen derecho a ejercer soberanía para fines de estudio, administración y conservación, sobre los recursos naturales de la plataforma continental, subsuelo, aguas subadyacentes o epicontinentales, así como accidentes geográficos o topográficos relacionados con ella o situados dentro de sus límites, tales como bancos, cayos, arrecifes, o bien sobre una zona continua de anchura conveniente que les permita explotar suficientemente en forma racional los recursos del bioma - región marina adyacente a sus costas, con clima y propiedades oceanográficas características así como un complejo de asociaciones animales y vegetales, que deben pertenecer al país ribereño adyacente a su territorio.
Para concluir, nos adherimos una vez más a la opinión de Sepúlveda, que como consecuencia obvia de las consideraciones jurídicas que quedan expuestas, señala que todos los recursos naturales renovables, de las aguas del suelo y del subsuelo de toda área del Golfo de California, corresponden de manera privativa a la República, la que puede regular su aprovechamiento de la manera que pueda convenirle.
"Claro que - afirma - en vista de que las manifestaciones externas de autoridad comportan un valor considerable en las cuestiones de título sobre territorios, no estaría de más que se inscribiera el área descrita en el catálogo de las partes del territorio nacional que se contienen en la Constitución y que se expidieran, como en el caso reciente de la plataforma submarina, disposiciones legales para reglamentar la explotación de los recursos ahí colocados, a la vez que creando el simbolismo que tantos efectos produce en los que se refieren a derechos territoriales de los países".
Esta iniciativa la presentamos a la consideración de la Cámara recogiendo opiniones de diversos grupos ciudadanos , fundándola en consideraciones de juristas y técnicos mexicanos, entre los cuales no queremos dejar de citar al doctor Alfonso García Robles, Premio Novel de la Paz. No pretendemos haber agotado el tema de las fundamentaciones de la iniciativa, pero sí consideramos haber expuesto las suficientes, para que merezca el apoyo de esta Cámara, del Senado de la República y de las legislaturas de los estados.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción 11 de la Constitución, proponemos el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se reforman los párrafos cuarto y quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Corresponde a la nación el dominio de todos los recursos naturales del Golfo de California, de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos de piedras preciosas, de la sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición
de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, los yacimientos minerales u organismos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional.
Son propiedad de la nación el Golfo de California, las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional; las aguas marinas interiores: las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar;..."
(El texto del párrafo del artículo 27, en lo demás, no se reforma).
Artículo segundo. Sé reforma la fracción quinta del artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 42. El territorio nacional comprende:
V. El Golfo de California en toda su extensión, las aguas de los mares territoriales en las extensión y términos que fije el derecho internacional, y las marítimas interiores".
Artículo tercero. Se reforma el artículo 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 48. Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, el Golfo de California, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los estados",
TRANSITORIO
Único. Las presentes reformas entrarán en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, diputado Cristóbal Figueroa Nicola; relación de diputados del Partido Acción Nacional: Xavier Abreu Sierra, Carlos Arturo Acosta González, Juan Alcocer Bernal, Gonzalo Altamirano Dimas, Victor Guillermo Alvarez Herrera, Pablo Alvarez Padilla, Consuelo Botello de Flores, Manuel María Bribiesca Castrejón, Alejandro Cañedo Benítez, Juan de Dios Castro Lozano, José Angel Conchello Dávila, Jaime Delgado Herrera, Franz Ignacio Espejel Muñoz, Cristóbal Benjamín Figueroa Nicola, Edeberto Galindo Martínez, Jesús Galván Muñoz, Ricardo García Cervantes, Jesús González Schmal, María del Carmen Jiménez de Avila, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Salvador Landa Hernández, Federico Ling Altamirano, Héctor Mejía Gutiérrez, Ubaldo Mendoza Ortiz, Sergio Teodoro Meza López, María Esperanza Morelos Borja, Amado Olvera Castillo, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Javier Paz Sarza, Héctor Pérez Plazola, Humberto Ramírez Rebolledo, Humberto Rice García, Oscar Luis Rivas Muñoz, Cecilia Romero Castillo, Alfonso Joel Rosas Torres, Rubén Rubiano Reyna, María Esther Silva Alvarez, Germán Tena Orozco, Héctor Terán Terán, Eduardo Turati Alvarez, Pablo Ventura López.
El C. presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ARTÍCULOS 225, 226 Y 227 DE LA LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y
PROCESOS ELECTORALES
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Ricardo García Cervantes.
El C. Ricardo García Cervantes: - Con autorización de la presidencia: con la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, nos permitimos presentar a la consideración de esta Cámara, la presente iniciativa que reforma y deroga diversos artículos de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.
Fundan nuestra iniciativa las razones contenidas en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
«La necesidad de que exista un verdadero sistema contencioso electoral, que permita otorgar a los ciudadanos y partidos, "la garantía mínima" de que el trámite y resolución de los recursos que haga valer ante la violación de un derecho en materia electoral, se sujete a un procedimiento estrictamente jurídico, da sustancia a la presente iniciativa, en la que se plantea como esa "garantía mínima" la intervención del Poder Judicial Federal en el conocimiento de los recursos que promuevan los ciudadanos mexicanos y los partidos políticos, contra las resoluciones de los organismos electorales.
Al sistema contencioso electoral actual se le asigna la elevada responsabilidad de ahondar en la democracia para igualar oportunidades y resolver por la vía pacífica las controversias; pero cuando
se le estructura de forma tal, que la composición de los organismos electorales garantizan el predominio de un partido, - el del Gobierno - contando siempre con una mayoría de miembros en disposición de defender, aún en contra del imperio de la ley, intereses de grupo o de facción, queda al descubierto la verdadera voluntad política que subyace en la llamada Reforma Política Electoral de 1977; La simulación de democracia, la apariencia de legalidad como fuente turbia de legitimidad del poder político.
Al introducir plena jurisdicción al Poder Judicial federal, para conocer los recursos que en materia electoral promuevan los ciudadanos y los partidos políticos, se abrirá una nueva y más viable posibilidad de abatir considerablemente las irregularidades que vician la expresión de la voluntad popular, que se manifiesta mediante el voto, ya que se encontrará con la perspectiva de que los recursos se ciñan a un desarrollo jurídico en su trámite y resolución, en mejores condiciones de imparcialidad que las actuales.
La exposición de motivos de José López Portillo a la iniciativa de Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales plantea en materia de recursos lo siguiente:
"El argumento de que un sistema de recursos apegado a derecho es incompatible con la inmediatez y las formas expeditas del procedimiento electoral, es rebatible si tales recursos se encuentran previstos de tal manera que no se opongan a la sustanciación oportuna de los actos posteriores a la elección".
La beligerancia que el entonces presidente de la República da a tal argumento, es realmente reveladora de la verdadera intención y propósito del actual sistema contencioso electoral, plantea la incompatibilidad entre un sistema de recursos apegados a derecho y dos características del procedimiento electoral: la inmediatez y lo expedito de sus formas, resolviendo este antagonismo con un sistema de recursos de tal manera "ineficientes" que no se opongan a la sustanciación "oportuna" dice, de los actos posteriores a la elección.
Nosotros no creemos en este criterio y los hechos demuestran que la gran mayoría del electorado tampoco; consúltense los índices de abstencionismo de los procesos electorales de 1977 a la fecha y apréciese su tendencia.
Nosotros proponemos un sistema de recursos en lo contencioso electoral apegado a derecho y encomendado al poder jurisdiccional del Estado.
Nosotros ampliamos el catálogo de cualidades del proceso electoral que, además de contar con inmediatez y formas expeditas, cuenten con transparencia, imparcialidad y justeza, cualidades que nieguen por sí mismas su incompatibilidad con el orden jurídico.
Nosotros afirmamos que lo que puede oponerse a la sustanciación oportuna de los actos posteriores a la elección, no son los medios con los que cuente el pueblo y sus organizaciones políticas para recubrir los actos violatorios de sus derechos cometidos por los organismos electorales. La sustanciación oportuna de los actos posteriores a la elección, depende de la legalidad y legitimidad de los actos que se realizan antes y durante la elección.
El concepto de oportunidad se satisface con una adecuada calendarización de los eventos del proceso electoral y su estricta observancia por los organismos electorales, dando orden a un aparato justo y equitativo de salvaguardas consistente en un sistema contencioso electoral.
Nosotros afirmamos con convicción que: la realización de la justicia electoral al igual que la demás justicia es atribución primaria del Estado. La honesta, objetiva y fecunda actuación de este valor, es la mejor garantía que puede otorgarse a los derechos fundamentales de la persona humana, además, la armonía social y el bien común lo imponen como condición necesaria.
Un verdadero estado de derecho como al que aspiramos, además de la aplicación justa de la ley por los tribunales, exige la elaboración de normas auténticamente jurídicas y un esfuerzo concurrente de todos los órganos del Estado, presidido por la justicia e inspirado en ella.
El poder especialmente encargado de hacer justicia, debe corresponder a la dignidad transcendental de su misión, con acendrada responsabilidad; firme independencia y enérgica actitud, como guardián celoso y activo agente de la protección del derecho, no sólo contra las transgresiones de los particulares, sino, principalmente contra toda desviación o abuso del poder.
Es por ello que en esta iniciativa se plantea la intervención del Poder Judicial Federal para resolver el recurso de revocación en contra de las decisiones de cualquier organismo electoral y de sus dependencias antes de que se califique la elección. Ello se traduciría en un principio de garantía para lograr imparcialidad en la resolución del recurso. No se pasa inadvertida la necesidad de dar legitimación para recurrir, a los partidos políticos, a las asociaciones o a los ciudadanos agraviados por resoluciones que en materia electoral no se apeguen a la ley.
En mérito de lo expuesto nos permitimos poner a su consideración el siguiente:
DECRETO
Artículo primero. Se reforman los artículos 225, 226, 227 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales para quedar como sigue:
Artículo 225. Podrán recurrirse los actos de los organismos electorales y de sus dependencias a través del recurso de revocación.
Artículo 226. El recurso de revocación se interpondrá ante el juzgado del distrito respectivo, teniendo legitimación para interponerlo, los comisionados de los partidos políticos o los ciudadanos afectados por la resolución, dentro del término de tres días siguientes a aquel en que tuvieren conocimiento del acto.
En el escrito se expresará el acto que se impugna a la omisión reclamada, el precepto legal violado y los conceptos de violación, anexando las pruebas de que se disponga.
Artículo 227. Interpuesto el recurso el juez de distrito solicitará al organismo electoral responsable informe con justificación, que deberá rendirse por el presidente del organismo en un plazo improrrogable de cinco días, bajo pena de destitución y multa hasta de 90 días de salario.
La resolución se dictará dentro de los tres días siguientes a la recepción del informe.
La falta de informe justificado no será obstáculo para dictar la resolución, si la parte recurrente acompaña copias certificadas por cualquier medio de acuerdo impugnado.
Artículo segundo. Se derogan los artículos de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales contrarios al contenido del artículo 1o. del presente decreto.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados, a los 30 días del mes de septiembre de 1986.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, licenciado diputado Ricardo Francisco García Cervantes, Xavier Abreu Sierra, Carlos Arturo Acosta González, Juan Alcocer Bernal, Gonzalo Altamirano Dimas, Victor Guillermo Alvarez Herrera, Pablo Alvarez Padilla, Consuelo Botello de Flores, Manuel María Bribiesca Castrejón, Alejandro Castañeda Benítez, Juan de Dios Castro Lozano, José Angel Conchello Dávila, Jaime Delgado Herrera, Franz Ignacio Espejel Muñoz Franz Ignacio, Cristóbal Benjamín Figueroa Nicola, Edeberto Galindo Martínez, Jesús Galván Muñoz, Ricardo García Cervantes, Jesús González Schmal, María del Carmen Jiménez de Avila, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Salvador Landa Hernández, Federico Ling Altamirano, Ubaldo Mendoza Ortiz, Sergio Teodoro Meza López, María Esperanza Morelos Borja, Amado Olvera Castillo, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Javier Paz Zarza, Héctor Pérez Plazola, Humberto Ramírez Rebolledo, Humberto Rice García, Oscar Luis Rivas Muñoz, Cecilia Romero Castillo, Alfonso Joel Rosas Torres, Rubén Rubiano Reyna, María Esther Silva Alvarez, Germán Tena Orozco, Héctor Terán Terán, Eduardo Turati Alvarez, Pablo Ventura López, Héctor Mejía Gutiérrez.
El C. presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El C. presidente: - Tiene la palabra para presentar una iniciativa el diputado Magdaleno Yáñez Hernández.
El C. Magdaleno Yáñez Hernández: - Señor presidente; señoras diputadas y diputados:
«En virtud de que hay patrones que cometen fraude al trabajador, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, una gran cantidad de trabajadores que no disfrutan de estos derechos, por tanto, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados del Partido Demócrata Mexicano, venimos a proponer a esta soberanía la iniciativa de reforma a los artículos 48 y 51 de la Ley Federal del Trabajo.
CONSIDERACIONES
La idea de hacerle justicia al trabajador surge en México en la época de la colonia cuando la explotación tiene un auge en todo su esplendor, aunque en nuestro tiempo existen patrones semejantes a los de aquella época, al no darles a sus trabajadores lo que en justicia y en derecho les pertenece.
Así encontramos unas de las primeras leyes que van a tratar de defender a los trabajadores; son las Leyes de Indias de 1680 que van a contener varias disposiciones laborales tales como: reglamentar el salario mínimo, pago en efectivo, prohibición de las tiendas de raya, la presentación de accidentes y enfermedades de trabajo, regularon derechos de asistencia a los indios que se accidentaban, quienes debían seguir percibiendo la mitad o retribución hasta su total restablecimiento; en caso de enfermedad, a los que trabajaban en los obrajes, se les concedía la percepción íntegra de sus salarios, hasta el importe de un mes de sueldo, los indios podrían hacerse atender en hospitales sostenidos con subvenciones oficiales
y cotizaciones de los patrones, entre otras cosas, estas leyes a pesar de los avances no lograron gran cosa como sucede todavía con algunas leyes que son burladas por los patrones.
Es a principios del presente siglo cuando se gestan nuevos movimientos que lucharon por la redención obrera; como lo hicieron entre otros los hermanos Flores Magón, Juan Sarabia, Librado Rivera.
El 20 de febrero de 1904 José Vicente Villada gobernador del Estado de México, presentó a las Comisiones Unidas de Legislación y Justicia, el dictamen sobre ediciones al artículo 1787 del Código Civil (1884), el cual establecía que cuando con motivo del trabajo que se encargue a los asalariados conforme al arrendamiento del trabajo y de la industria reconocido por el Código Civil de 1884, estos sufrieran algún accidente que les causara la muerte o alguna lesión o enfermedad que les impidiera trabajar, la empresa o negociación que reciba sus servicios, estaría obligado a pagar, sin perjuicio del salario que se debiera devengar por causa del trabajo, los gastos que originaran la enfermedad o la inhumación en su caso, ministrando además, a la familia que dependiera del fallecido, un auxilio igual al importe de quince días del salario o sueldo que devengara. Se presuponía que el accidente sobrevino con motivo del trabajo al que el obrero se consagraba, a salvo prueba en contrario.
Asimismo, el decreto en cuestión fijó la obligación a los trabajadores de atenderse en el hospital del patrón si este lo tuviere o de ministrar este los gastos en el hospital de la localidad, por un lapso de tres meses obligatorios; si el padecimiento continuaba, era potestativo para el patrón continuar ministrando médicos y medicinas, por lo que esto se fijaba en el clausurado del contrato de arrendamiento de trabajo. Las controversias que se suscitaran sobre el particular, se ventilarán al juicio sumario.
La "Ley de Accidentes de Trabajo" de Bernardo Reyes, en Nuevo León, de 1906, estableció la atención médica y farmacéutica a la víctima por un tiempo no mayor de seis meses y los gasto de inhumación en su caso, mas la mitad del salario si la incapacidad era total temporal; un 20% ó 40% si la incapacidad era parcial, temporal o permanente, el pago del sueldo íntegro durante dos años si la incapacidad era total permanente y si el accidente de trabajo ocasionara la muerte del trabajador se les pagaría a sus deudos, según de lo que se tratara, el sueldo íntegro del trabajador fallecido, de diez meses a dos años según el caso.
Después del movimiento armado de 1910, hubo iniciativas y algunas leyes locales como la de Veracruz en 1914, la de Yucatán de Salvador Alvarado, al que se le atribuye la ley más avanzada en materia de trabajo y en cuestiones de higiene, seguridad y accidentes de trabajo, en la cual se hizo responsable el patrón.
Otra ley importante fue la de Coahuila de 1916, donde el patrón era responsable de los accidentes de trabajo y sus consecuencias que a su exposición de motivos expresó "que el obrero en su constante y abnegada labor está expuesto a sufrir con motivo del trabajo accidentes que le privan total o parcialmente de la capacidad o actitud de proporcionarse los medios más indispensables de subsistencia, por lo que el Estado debe buscar en las riquezas por el trabajador laboradas y en la capital del empresario, la más justa reparación de los males ocasionados por los accidentes del trabajo, devolviéndole de esa manera cuando menos, una pequeñísima parte del capital, amasado y tinto con la sangre de sus venas".
Posteriormente el Constituyente de 1917 establecerá en la Constitución el artículo 123, como fruto de la lucha de líderes sociales que tuvieron que sufrir la represión, la cárcel y muchos ofrendaron sus vidas porque los marginados vivieran un poco mejor y lograr así el inicio de legislación social de la más avanzada del mundo.
En 1921 el presidente Obregón elaboró un proyecto para la creación del seguro obrero, para beneficiar a la clase trabajadora. Propuso la creación del Seguro Social, administrado por el Estado a fin de solucionar los problemas que atañen a los trabajadores al encargarse de velar, por los derechos de los mismos y protegerlos al amparo de la ley.
El acontecimiento más importante en materia laboral se da en 1931 con la promulgación de la "Ley Federal del Trabajo" con carácter federal, aquí es donde la represión, la cárcel y la muerte de los que desafiaron a los poderosos económica y políticamente, daría su fruto más importante, ya que dicho código laboral es una de las legislaciones de mayor contenido del mundo y que si se cumpliera en toda nuestra patria la situación sería diferente.
Como resultado de una larga lucha y evolución histórica, surge la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943. La finalidad de dicha ley fue dar protección al trabajador y su familia, un importante hecho, dentro de la lucha de varios años.
Así encontramos que se estableció el seguro obligatorio en:
a) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;
b) Enfermedades no profesionales y maternidad;
c) Invalidez, vejez y muerte;
d) Cesantía en edad avanzada.
En 1974 esta ley sería reformada para ampliar sus beneficios a los que tienen derecho como consecuencia de la lucha de los obreros, surgió otra institución que vendría a ayudar a los trabajadores o obtener una vida mejor, el movimiento social en el presente siglo originó la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en 1972.
En la exposición de motivos de la ley del instituto se dejó clara la finalidad de dicha institución; que el trabajador tenga una vivienda decorosa en propiedad; en la exposición de motivos se establece entre otras cosas lo siguiente:
"Conforme a estos criterios, la iniciativa de la ley prevé que cuando un trabajador, titular de depósito constituidos a su favor en el instituto, se jubile o deje de estar sujeto a una relación laboral, pueda optar por recibir de inmediato el total de los depósitos que le correspondan o permanecer dentro del sistema. Esto permitirá al trabajador escoger el régimen que estime más conveniente según su situación y necesidades y propiciará que el fondo cuente con mayores recursos facilitando al instituto el otorgamiento progresivo y creciente de préstamos.
En el supuesto de que un trabajador quede incapacitado de manera total y permanente, o muera, el monto de los depósitos se entregarán, en su caso, al propio trabajador o a sus beneficiarios. En la segunda hipótesis, se considera que, tratándose de ahorros a favor de los trabajadores, debe prevalecer su libre voluntad para señalar a las personas que disfrutarán de los mismos. En defecto de lo anterior, se establece un régimen de prioridades que tiende a proteger a los familiares o a las personas que hubiesen hecho vida conyugal o dependido económicamente del trabajador.
Para no poner en peligro el patrimonio familiar derivado de los hechos que se otorgan a los trabajadores, estos quedarán asegurados de modo que, en caso de incapacidad total o de muerte, cesen las obligaciones contraídas con el instituto. Todos los gastos de este aseguramiento correrán a cargo de la institución.
El sistema de financiamiento se estructura conforme al régimen previsto por la Constitución, dentro del cual los recursos del instituto deberán destinarse al otorgamiento de créditos a los trabajadores titulares de depósito, para la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de habitaciones o para el pago el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos, así como a la concesión de créditos a promotores o constructores, destinadas a la edificación de conjuntos habitacionales, cuyas viviendas sean adquiridas en propiedad por los trabajadores.
Los créditos a los trabajadores se concederán a una tasa de interés del 4% anual sobre saldos insolutos, notoriamente inferior a la que prevalece en el mercado, y a plazos no menores de 10 y hasta 20 años; esto último tratándose de préstamos para la construcción o adquisición de habitaciones. Este sistema, particularmente benéfico para los trabajadores que reciban créditos del instituto, se fortalece con una disposición que prevé una prórroga hasta de 12 meses en el pago, sin intereses, de las amortizaciones correspondientes, en los casos en que el acreditado deje de estar sujeto a una relación".
Porque los patrones, se burlan de la ley al igual que en la colonia y el porfiriato, los capitalistas no inscriben a los trabajadores a dichas instituciones.
El trabajador y su familia no disfrutaban de los derechos que la ley les otorga. El que no está inscrito en el Seguro Social no tendrá derecho a disfrutar de los seguros: de enfermedades, maternidad, invalidez, vejez, muerte, cesantía en edad avanzada, entre otras cosas importantes para el trabajador que después de haber dejado su vida en el trabajo, no tendrá derecho a tener una vejez asegurada, ni tendrá protección su familia.
El trabajador que no se ha inscrito en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no tendrá derecho a las prestaciones que establece la ley de dicha institución. Por lo tanto será más difícil para él adquirir una vivienda en propiedad.
Encontramos pues que los patrones que no inscriben a sus trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de los Trabajadores, se burlan de la justicia, del trabajador, de la Constitución Política y de sus leyes reglamentarias.
Por tal motivo de injusticia, la fracción parlamentaria del Partido Democrática Mexicano propone que sean reformados los artículos 48 y 51 de la Ley Federal del Trabajo, para que el trabajador pueda prescindir de la relación de trabajo, sin responsabilidad para él, además para que el trabajador que no sea inscrito al Instituto del Seguro Social o el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores cuando sea despedido se le otorgue lo que le corresponde de las aportaciones que el patrón tendría que aportar a dichas instituciones con el salario vigente en el momento de su liquidación.
Es justo que se le han negado los servicios y derechos de las instituciones de la seguridad social, cuando deje de prestar su trabajo
a un patrón, este le pague lo que le ha esquilmado durante el tiempo que ha trabajado.
Es necesario, la reforma que propone la fracción democrática a los artículos citados, por el número considerable de trabajadores que son explotados por aquellos que eluden la aplicación de las leyes.
Por lo anterior, la fracción parlamentaria demócrata propone a esta honorable Cámara, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, adicionándole dos párrafos, así como el artículo 51 de la misma ley que se le adiciona una fracción, para quedar como sigue:
Artículo 48...
Además cuando no haya estado inscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tendrá derecho al pago total de las aportaciones que el patrón tuviera a dichas instituciones durante el período que hubiera laborado.
La indemnización será de acuerdo con el salario vigente en el momento de su liquidación.
Artículo 51.
IX. No inscribir el patrón al trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
X. Las análogas a las fracciones anteriores de igual manera graves y de consecuencias semejantes, en los que el trabajo se refiere.
TRANSITORIO
Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente
Democracia, Independencia y Revolución.
México D.F., a 30 de septiembre de 1986.
Por el grupo parlamentario demócrata, diputado Magdaleno Yáñez Hernández».
El C. presidente: - Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
CRITICA A PROCESOS
ELECTORALES RECIENTES
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Heberto Castillo Martínez.
El C. Heberto Castillo Martínez: - Compatriotas: vengo a esta tribuna porque en los últimos tiempos se han desarrollado algunos acontecimientos que nos preocupan profundamente. Tienen que ver con los problemas suscitados por los procesos electorales que se han dado, fundamentalmente en los estados de Chihuahua, Durango y Oaxaca.
Yo quiero hacer alguna reflexión, un análisis de lo que puede suceder en esta patria, si para dirimir nuestras diferencias olvidamos algo sustancial, fundamental, que siempre estará presente para resolver las diferencias más agudas, el pueblo de México, el tribunal supremo de la nación.
El paternalismo político se implantó como sistema en México con la conquista, cuando los aztecas fueron derrotados en 1521. La figura del padre la representó el soldado español, quien impuso por la fuerza de las armas los intereses de la colonia española. Y la imagen de la madre la dio la iglesia católica, quien apoyó la conquista, pero la suavizó con amor y promesa de vida eterna y amable en el más allá.
Nunca, desde entonces, tuvo nuestra patria una forma de gobierno diferente. La guerra de independencia modificó el sistema y de la monarquía se pasó a una república peculiar a los fracasos en dos o tres intentos de conservar una estructura monárquica.
Iturbide primero y Maximiliano después, comprobaron la preferencia por la república. No se olvidaba que el sistema monárquico estableció el orden en la Nueva España, pero también la esclavitud y justicia, miseria y marginación de los indígenas y mestizos.
La esperanza de redención se ligaba necesariamente a la abolición del sistema monárquico que había vivido México durante la colonia. La república no cambió el sistema paternalista, los primeros gobernantes independientistas ejercieron el paternalismo de manera quizás más natural que los virreyes que fueron padres represores.
Guadalupe Victoria y los que siguieron eran los padres salvadores de la Patria, entre ellos el padre casi eterno y siempre nefasto, Antonio López de Santa Ana. La democracia brilló por su ausencia en México desde siempre, los cambios de gobierno se dieron a través de incontables golpes militares y significaron fundamentalmente sólo el cambio del padre del pueblo, en esos tiempos hubo padres malos, pésimos, y padres
buenos. Benito Juárez fue el mejor y más duradero del siglo XIX, pero nunca pudo el pueblo elegir a sus gobernantes, no estaba maduro. Si hubo elecciones fueron indirectas, el pueblo no participaba, al padre bueno, generoso, restaurador de la república y no el padre que pronto actuó como padrastro.
Porfirio Díaz, reelecto seis veces mediante un sistema antidemocrático por excelencia. El pueblo aprendió que quienes nombran los gobernantes son los poderosos, los cultos, los notables, y en esa república en la cual los habitantes no pueden hacer otra cosa que aprobar los designios de sus gobernantes se aprendió a rechazar a los malos sólo por un camino, el de la violencia.
La historia enseña que en México no se ha podido rechazar la imposición de gobernantes por la vía pacífica. Cuando el pueblo ha discrepado de las decisiones de los notables para imponer gobernantes, ha tenido que guerrear para hacer valer su derecho, sólo así ha podido hacer rectificaciones, jamás la historia lo enseña, se ha cambiado en paz la decisión antidemocrática de los gobernantes para nombrar a sus relevos, esa realidad innegable es la que empuja a algunos en estos tiempos a acudir al extranjero, a tribunales y comisiones internacionales para que rectifique la decisión del Gobierno para imponer gobernantes en algunos estados de la República.
Quienes se empeñan en lograrlo, deben saber que no hay otro camino para imponer la democracia, que hacer valer la facultad del pueblo para elegir gobernantes, si no se respeta su voluntad electoral, habrá que someterse a su violencia, la violencia popular, pero nuestro pueblo no quiere la violencia, como la ha vivido tantas veces, para hacer valer sus derechos políticos, busca todos los caminos posibles, antes que acudir a ella.
Tampoco los panistas la quieren y se hacen la ilusión de que tomarán pacíficamente el poder, si acuden a jueces extranjeros. Los dirigentes panistas temen a la violencia revolucionaria, no sólo por un encomiable espíritu pacifista, ¿quién sano podría armar la guerra? La temen también porque la violencia popular desatada buscará reivindicaciones más allá del respeto al sufragio.
La revolución de 1910, estalló para hacer valer el sufragio e impedir la reelección, pero una vez desatada, brotaron las demandas de reivindicaciones populares por todo el país, eso lo saben los dirigentes panistas ahora y a muchos de ellos ricos empresarios, negociantes, no convienen las reivindicaciones populares que tendrían que hacerse a sus costillas. No quieren la violencia revolucionaria porque tienen muchos intereses que perder, un viejo adagio popular dice que "los pájaros gordos no vuelan". Los panistas ricos - los pájaros gordos - no quieren violencia revolucionaria, no están dispuestos, lo han dicho repetidamente, a exigir los triunfos electorales por esa vía, son herederos de Madero, devaluados por la riqueza.
Don Francisco era hombre de convicciones, de recursos y de valor, tres virtudes muy difíciles de conjuntar, imposibles casi de hallar en los candidatos del Partido Acción Nacional los diversos puestos de elección popular, no entre sus militantes de base, no entre sus militantes pobres - que los hay muchos - entre ellos, hay disposición de hacer valer sus derechos, incluso por la violencia, lo constaté personalmente en Chihuahua y en Ciudad Juárez.
No hay más tribunal a quien acudir para hacer valer el voto del pueblo, que el pueblo mismo y el Gobierno debe entender, hay que hacerle entender, que si no respeta la voluntad del pueblo, se tendrá que enfrentar a él.
Por ello cuando fui a Ciudad Juárez, Chihuahua, para dialogar con los tres huelguistas de hambre, les dije que tenían que entender que Chihuahua no era México y que aunque todo el pueblo de aquel vasto estado estuviera dispuesto a rebelarse para hacer valer sus derechos electorales, sería aplastado porque el pueblo de Chihuahua se tendría que enfrentar al Gobierno de todo el país, no al gobierno de Chihuahua.
No había alternativa de triunfo. Creí que lo habían comprendido cuando aceptaron emprender la jornada por la democracia en todo el país para llamar al pueblo de México a luchar por el sufragio efectivo, no para dar a conocer la verdad en Chihuahua como ahora pretende. De nada servirá su campaña si la limitan a defender el sufragio en Chihuahua.
Mi pronóstico es el mismo que les hice entonces: habrá manifestaciones, marchas, enfrentamientos, mítines de plaza llena, toma de puentes, de carreteras, pero poco a poco la lucha irá decreciendo hasta desaparecer casi por completo. Sólo llegará a desgastar su lucha, como sucedió en San Luis Potosí, en Oaxaca y en Nayarit hace algunos años.
El cambio democrático para que se dé, tiene que ser en toda la República, y nuestra Patria es fecunda para los cambios revolucionarios y establecer la democracia electoral en México lo es, sólo cada seis años. Cada vez que se renuevan los poderes federales entonces, sí se puede exigir el respeto al sufragio con la fuerza del único tribunal sin apelación que hay en este país y en todos los países del mundo, el pueblo.
Si en las elecciones federales les dije a los huelguistas: "El Gobierno comete fraude, se puede llamar al pueblo a que rectifique los resultados
electorales con justicia, y ese pueblo tiene poder suficiente para lograr el cambio. Claro que tienen que hacerlo como lo han hecho en el pasado: por la vía de la rebelión. Ese es su derecho".
Se trata - como se ve - de una responsabilidad histórica muy grande. Quizá para hacer valer el voto popular habría que incendiar al país, pero será porque el Gobierno no deje otro camino. Las revoluciones estallan cuando la clase en el poder se empeña en mantenerse en él contra la voluntad popular, y ese camino es el que no quiere tomar la diligencia del Partido Acción Nacional, hasta ahí no quieren llegar, no pueden llegar, va en contra de los intereses de sus jerarcas, de la dirección del Partido Nacional; y como descartan ese camino, consideran más civilizado acudir a tribunales internacionales. Así creen evitar la violencia y no aceptarán sumisamente el fraude electoral, que lo hubo en este año en Chihuahua, en Durango, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí, sin lugar a dudas. Ese camino pudiera parecer a primera vista más racional, puede parecer pacífico, pero no lo es de manera alguna, es el que más violencia producirá de tomarse, pero muchos no lo ven así, lo creen en verdad pacífico y hasta justo y equitativo, olvidan que el pueblo rechazará - como siempre - la intervención extranjera.
Los dirigentes del Partido Acción Nacional argumentan que si ya no hay recursos legales imparciales en México a quien acudir, se puede llamar a los tribunales internacionales, que no son extranjeros, dicen y argumentan que siendo jueces nativos de diversas naciones, son imparciales, sin intereses políticos ni económicos. Se trata de una expresión nítida del complejo de Malinche, la búsqueda de la cobija del poderoso, del padre, el paternalismo hecho internacionalismo electoral, que vengan nuestros padres justos, sabios, a determinar quien tiene razón, que vengan a constatar que hubo fraude, que hagan un reproche moral a este Gobierno tramposo. Las naciones extranjeras y poderosas tendrían ante si la oportunidad de volver al colonialismo, podrían civilizarnos, evitar que nos desangremos en guerras intestinas, pondrían el orden donde quiera que estallara la violencia revolucionaria, aplicarían a los belicosos, ordenarían las elecciones en todo el mundo, Estados Unidos - por supuesto - vería con gozo esta alternativa civilizada, quedarían proscritas las guerras civiles, todo se arreglaría por elecciones convocadas organizadas y supervisadas por la Organización de Estados Americanos o por la Organización de las Naciones Unidas.
¿Se puede imaginar mejor democracia representativa? No habría más fraudes, ni más guerras, los países atrasados entraríamos así de lleno a la civilización. ¿Alguien podrá tragarse semejante infundio? Demócratas desinteresados, las grandes potencias, esas que tienen derecho al voto en la Organización de las Naciones Unidas, establecerse este método para realizar elecciones en el mundo quedaría anulado el derecho elemental de los pueblos a darse gobernantes por los medios, que ellos, los pueblos, decidan libremente. Se anularía el principio de la autodeterminación de los pueblos.
No hay que confundir los derechos humanos que pueden invocarse ante los tribunales internacionales, cuando la condena a su violación no implique intervención de extranjeros en un país para resolver una cuestión sustancial, quién o quienes gobiernan ningún convenio, tratado o acuerdo internacional puede ni debe imponer normas a los habitantes de un país para seleccionar a sus gobernantes. Esa atribución tiene que ser exclusiva del pueblo de ese país, cualquiera que este sea.
Establecer el derecho de un tribunal internacional a calificar las elecciones en algún país, es terminar con el derecho fundamental de todo pueblo, cambiar su sistema de gobierno, por cualquier vía, hacer semejante barbaridad, conceder atribuciones a los tribunales extranjeros para calificar elecciones o determinar quién o quienes deben gobernar en un país, es acabar con el derecho fundamental de todo pueblo, su derecho a la rebelión para cambiar su sistema de gobierno, para deshacerse de una tiranía, es cancelar el derecho de los pueblos a hacer revoluciones, nada menos.
Por otro lado, establecer normas internacionales para designar gobernantes en un país, es ponerse en manos de las grandes potencias, significa establecer en el mundo como norma la ley de la selva, que triunfe el más poderoso.
El Partido Acción Nacional argumenta que tiene derecho a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como lo hizo ya el presidente José López Portillo, emitió un decreto publicado el 7 de mayo de 1981, en el Diario Oficial de la Federación, aceptando o adhiriéndose al pacto de San José, Costa Rica, en el cual se establece que cualquier habitante del continente puede recurrir a esta Comisión en reclamo a alguna violación a sus derechos, señalando que la adhesión al pacto fue aprobada por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el día 19 del mes de diciembre del año de 1980.
En ese decreto, el Gobierno de México hizo reserva de los derechos de los ministros de los cultos, los que cito: "no tendrán voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos", porque así lo manda nuestra Constitución.
Empero olvidó hacer la reserva respecto a que no puede aceptarse la ingerencia de extranjeros en nuestros asuntos políticos, como lo es evidentemente la calificación de nuestros procesos electorales, porque lo prohibe expresamente la
constitución en el párrafo segundo de su artículo 33. Habrá que demandar entonces que la Cámara de Senadores corrija el imperdonable olvido del presidente López Portillo, y de esa Cámara, denunciando el pacto de San José para adherirse a él una vez establecida la reserva correspondiente.
Yo solicito a la presidencia se turne a la colegisladora esta preocupación, toda vez que ella es la competente en asuntos internacionales.
De salirse con la suya el Partido Acción Nacional para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenga en México para calificar, así sea sólo moralmente las elecciones, mañana las potencias estarán tratando de poner y quitar gobernantes en los países débiles. Dirán por supuesto, que intervienen sólo para poner orden y establecer la democracia en el mundo, como ahora ya pretende hacerlo Estados Unidos en Nicaragua, y por ese camino intervendrá sin obstáculos en todas partes, moralmente, por supuesto.
¿Se le puede reconocer autoridad moral a la Organización de Estados Americanos o a la Organización de Naciones Unidas para calificar procesos electorales en el mundo? ¿En cabeza de quién cabe semejante estupidez? En México, para acatar semejante tratado tiene que anularse previamente el párrafo segundo del artículo 33 de la Constitución, que establece la prohibición de que los extranjeros intervengan de alguna manera en nuestros asuntos políticos internos. Y se deberá modificar también el artículo 39 constitucional que dice "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este.
El pueblo tiene en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar las formas de su gobierno. Los habitantes de las naciones subdesarrolladas deberán estar conscientes de que no podrán hacer revoluciones sin que lleguen a su territorio para apaciguarlo tropas neutrales bajo el control de lo que podrá llamarse Comisión Interamericana para Preservar la Paz, el Orden y el Progreso (CIPPOP) o algo por el estilo".
Será, por supuesto, una comisión dependiente de la Organización de las Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos, esos organismos paradigmas de democracia, justicia y equidad. Eso se lograría de tener éxito el Partido Acción Nacional en su denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de no denunciarse el pacto de San José. Eso se obtendrá si el Gobierno atiende a estas reclamaciones, violando la Constitución, eso pretende el Partido Acción Nacional.
Por mi parte sé, que el pueblo de México desde siempre ha definido su postura ante hechos semejantes, gritarán con todas sus fuerzas y actuará en consecuencia. Ingerencia extranjera, nunca, rebelión sí. Muchas gracias
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Parece que se le debe dar el trámite de la propuesta.
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Juan de Dios Castro Lozano.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Heberto Castillo, es un tema de contenido profundamente jurídico; pero que además conlleva implicaciones de carácter político sumamente importante.
Quiero hacer una pequeña corrección al señor ingeniero Heberto Castillo. Yo creo que no fue objetivo ni fue justo, cuando dijo: "aceptar la decisión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como quiere Acción Nacional". Debió haber dicho: "Aceptar la Comisión de los derechos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como quiere Acción Nacional y como lo quiere la mayoría relativa integrada por el Partido Revolucionario Institucional y como lo quiere el Senado mexicano y como lo quiere y lo quiso en su momento, cuando tenía las facultades, el presidente José López Portillo".
Creo que debió abarcarnos a todos, porque el tratado se incorporó a nuestro orden jurídico por decisión del Senado y de un Senado integrado en su totalidad por miembros del Partido Revolucionario Institucional y con la postura de primer priísta de la República, el presidente José López Portillo, y el apoyo que le dio su partido a la totalidad de sus actos, porque usted recuerde, señor ingeniero Heberto Castillo, que nuestro país para los miembros del Partido Revolucionario Institucional, las decisiones son inatacables cuando provienen del Presidente de la República, a tal grado lo son que cuando un partido de izquierda planteó aquí hace unos días una proposición que transcribía el contenido del informe, que transcribía renglones del contenido del informe, cuando algún distinguido diputado se le preguntaba si votaban en pro o en contra estaba en un conflicto. Si votaba en pro, estaba apoyando la postura de la izquierda, y si votaba en contra estaba en contra del Presidente de la República, y cuando la presidencia de la Cámara le preguntó vote en sentido reglamentario, ese señor diputado de la mayoría priísta dijo: "Yo estoy con el presidente Miguel de la Madrid" y cuando se le increpó y se le dijo: en favor o en contra señor diputado, conforme al reglamento, siguió insistiendo, estoy con el presidente de la República Miguel de la Madrid, porque el presidente es una figura intocable.
Creo que al inicio de su intervención y durante todo el curso de su intervención no debió haber
enfocado la batería hacia el Partido Acción Nacional, sino debió haber incluido también al Partido Revolucionario Institucional, a sus juristas, a los asesores del presidente López Portillo, a los destacados juristas del Senado que estuvieron en la comisión que examinó el dictamen del tratado y a todos y cada uno de los senadores que aprobaron el tratado.
Primera precisión señor ingeniero, que creo que estará usted de acuerdo conmigo.
Segunda objeción antes de entrar en materia, segunda precisión que quisiera también hacer. Usted hablaba de las palomas, de los pollos gordos que había en Acción Nacional; creo que tampoco fue objetivo ni fue imparcial señor ingeniero Heberto Castillo.
Permítanme señoras y señores diputados, creo necesario hacer estas precisiones, vamos a entrar en un debate interesante, porque vamos a plantear a fondo de una vez por todas, si es lícito o no acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en función del tratado y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o pacto de San José, Costa Rica, elaborado en 1969 y aprobado hace unos cuantos años por el Senado mexicano.
Decía usted, de los pollos gordos de Acción Nacional. Señoras y señores, yo he escuchado y casi nunca me he preocupado por contestar a diputados que tienen vocación de percheros, cuando nos acusan de ricos empresarios, miembros del imperialismo, etcétera, yo puedo decirle señor ingeniero, que en Acción Nacional el número de empresarios comparados con el número de miembros del partido es extremadamente reducido. Los hay porque nuestro partido no es un partido clasista. En eso quizás discrepamos de la postura ideológica de varios partidos políticos, sobre todo de la izquierda.
Nosotros no pretendemos, como decía un destacado diputado del Partido Revolucionario Institucional que militó en las filas del Partido Popular Socialista, que el Partido Revolucionario Institucional es el partido de los trabajadores - así lo dijo - previa a una convención nacional. Y esa postura originó un debate en esa convención sobre si el Partido Revolucionario Institucional era o no era partido de los trabajadores, entonces decía él, bueno, si no es partido de los trabajadores, vamos a decir que el Partido Revolucionario Institucional es un partido de los ociosos.
Yo creo que en su partido, señor diputado Heberto Castillo, usted mismo puede tener una situación económica superior a la mía y no voy a llamarlo por eso "pollo gordo" y yo "pollo flaco". Yo creo que en los partidos de izquierda, hay gente destacada, como dirigente de esos partidos de izquierda, hay algunos que en los partidos paraestatales, partidos satélites, partidos que nos atacan o nosotros, pero no son capaces de atacar al Partido Revolucionario Institucional y a veces cuando el debate es caldeado, hemos presenciado como a veces el que ahora es nuestro destacado e ilustre presidente de la Cámara, ha dado indicaciones a algunos de esos líderes para que suba a contestarnos, para que dé los argumentos que a veces el Partido Revolucionario Institucional no es capaz de dar, y visten finísimas chamarras de gamuza y están en situación económica privilegiada, más que muchos miembros de Acción Nacional.
Yo quiero decir esto, señor diputado Heberto Castillo, que hay ricos y pobres de clase media y de clase elevada, con muchos recursos económicos y con pocos recursos económicos en todos los partidos políticos que existen registrados en nuestro país.
Considero poco objetivo su ataque a Acción Nacional en esos términos. Y voy más allá, si hablamos de "pollos gordos" en cada uno de los partidos políticos, refiriéndome a nuestra extraordinaria capacidad económica, ¿en qué clase de clasificación, en qué parte de clasificación, en qué parte de la clasificación ubicaríamos a Hank González, por ejemplo? ¿O en qué parte de la clasificación ubicaríamos a José López Portillo, por ejemplo, o a don Luis Echeverría, o al mismo Regente del Distrito Federal, que alguna revista ya le ha dado el calificativo del "bufón del rey" por los magníficos chascarrillos que sabe contar, pero podemos afirmar algo sobre su extraordinaria capacidad económica? Eso como segunda precisión.
Vamos ahora, señoras y señores diputados, a hablar algo; esto lo hago la simpatía que un diputado de la mayoría relativa expresó aquí hace dos semanas, palabras textuales: "quiero expresar en primer término mi simpatía a las firmes convicciones nacionalistas del diputado Castillo, quien con firmeza sostuvo palabras más, palabras menos, apelar a organismos internacionales para resolver conflictos electorales no era una actitud precisamente nacionalista". Entonces López Portillo que firmó este tratado y el Senado, y la mayoría priísta, no tiene una actitud profundamente nacionalista, de acuerdo con la afirmación suya.
Pero yo creo, señor diputado Heberto Castillo, que el problema está mal planteado. No se trata en derecho, conforme a derecho que los tribunales internacionales juzguen procesos electorales, califiquen elecciones o resuelvan recursos. Se trata de algo más elevado que eso, de algo más importante que eso, se trata del planteamiento de derechos humanos que en última instancia a eso se refiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Puede ocurrir que en un determinado proceso electoral no exista la violación de derechos humanos y quiero suponer, señoras y señores diputados, que nuestro país puede darse un proceso electoral en que no se viole absolutamente ningún derecho humano. El problema es: ¿Tendrá un ciudadano de la República el derecho de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para plantear lo que a su juicio implican violación de derechos humanos, que en la realidad no se producen? Es lo que en los tribunales se llama. ¿Tendrá derecho de acción el que tiene derecho nada más? O sin tener incluso el derecho tiene el derecho de acudir a los tribunales para que examinen los hechos y conforme al derecho le otorguen o le nieguen lo que solicita.
Usted ha citado el artículo 33 y yo creo que la clave del debate se finca en el 133 y en el 33 que usted ha solicitado. Usted ha citado los dos artículos y establece una opción entre la postura de Acción Nacional en abierta contradicción con la disposición constitucional y tal parece, tal parece - repito y señalo al parecer - que usted tiene razón porque el artículo 33 que usted cita y que tengo yo aquí a la vista, en su segundo párrafo nos dice: "los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país", ningún gobierno extranjero, ningún - agrego yo - jurista extranjero, ningún agregado mío, tribunal extranjero, puede inmiscuirse en los asuntos políticos del país, ese es el tema del debate y vamos a discutirlo.
El C. Heberto Castillo Martínez: - Me permito una interpelación, señor diputado?
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Sí, señor.
El C. Heberto Castillo Martínez: - Nada más que el artículo 133 dice: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que están de acuerdo con la misma..." y este tratado no está de acuerdo con la misma.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Sí señor, esa es su opinión, la risa de los señores diputados se está produciendo antes de que dé mis argumentos. Yo voy, vamos a ver si tengo o no tengo salida, su risa señores de la mayoría que apoyan la interpelación del señor diputado Heberto Castillo, la plantea usted en su último artículo de protesta que leí en la última edición de la revista, es precisamente lo que voy a refutar.
Yo considero que no hay incompatibilidad, pero si los señores de la mayoría apoyan su punto de vista, están rechazando a quien fue su presidente de la República, y están rechazando a sus senadores priístas que aprobaron el tratado, y están tildando al presidente José López Portillo, al que aplaudían hasta rabiar en esta Cámara los diputados de la LII Legislatura, lo están, de mi no se ríen, se están riendo de él, porque él firmó el tratado.
Pero voy a demostrar que no hay incompatibilidad, señor ingeniero. Vamos a examinarlo. Dice el tratado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, - alguno dijo ya, pero dispongo de tiempo porque voy a hacer una proposición - en su artículo 2o., el tratado, señor diputado, no está en contra de la Constitución.
Mire usted lo que dice el artículo 2o. del tratado: "deber de adoptar las disposiciones en derecho interno", o sea que el tratado y los que lo firmaron, y los que en él participaron, sabían de la imposibilidad de un país extranjero para entrometerse en los asuntos internos de los países miembros y firmantes del tratado, por eso el artículo 2o., dice: "las partes se comprometen a que las disposiciones del tratado que no aparezcan en su legislación interna, las partes que pactan en este tratado, se obligan en un acto de soberanía, en un acto de su voluntad" ,no porque el tratado los obligue, porque si el tratado por sí los obligará, no firmarían el tratado el tratado, no lo ratificarían, entonces se obligan en un acto de absoluta libertad a incorporar sus disposiciones al derecho interno de los estados.
¿Y cuál es nuestro derecho interno? Nuestro derecho interno, señor diputado Heberto Castillo y señoras y señores diputados, pues toda la legislación que rige nuestro país esté vinculada con el contenido del tratado; legislación electoral, si se trata de cuestiones electorales; códigos de procedimientos penales si se trata de justicia penal, porque también este tratado legisla esos derechos naturales; el derecho a tener defensor, el derecho a repreguntar a los testigos en casos de acusaciones criminales. Si algún estado partícipe del tratado no están plasmadas estas garantías, la nación que lo firma, se compromete a plantear en sus respectivos órganos legislativos las reformas legales conducentes para que sean contenidas.
Vamos a ver lo que dicen los artículos 21 y 23 que es el punto que motiva esta discusión: Derechos Políticos. Fíjese usted a lo que se comprometió José López Portillo para garantizar en nuestro derecho interno que se garantice lo siguiente:
1º. Que todos los ciudadanos tengamos el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Dirán, México tiene en su derecho interno este derecho que otorga el tratado. ¿Qué no tenemos en nuestra Constitución el derecho de votar y ser votado? El derecho a participar en los asuntos políticos del país y como usted acertadamente lo dijo, el señor, expresidente ahora, López Portillo, se reservó y
tuvo en cuenta la Constitución, y dijo: "El Gobierno de México hace reserva expresa en cuanto al párrafo dos del artículo 23, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 30 dispone que los ministros de los cultos no tendrán voto activo ni pasivo, ni derecho a asociarse con fines políticos".
Así es, por eso hizo la reserva adecuada, por eso dijo: "acepto el artículo 23 en el punto uno y en el punto dos con esa reserva, porque la Constitución ya tiene una disposición que excluye a una parte de los mexicanos de este derecho que tenemos todos los ciudadanos, los ministros de los cultos no tienen voto activo ni pasivo por lo que respecta a la ley mexicana y por eso se hizo esa reserva".
2º. Se comprometió México a través de su Gobierno, de que todos los ciudadanos tengamos derechos a votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas.
Ya supimos de la amabilísima carta, que no se quién se la redactó, se la redactó muy bien, que Fernando Baeza dirigió a los intelectuales mexicanos. Y ya sabemos, lo que uno de esos intelectuales le contestó, cuando le dijo: "celebro que usted esté feliz y que en su fuero interno crea verdaderamente que ganó la elección. Por lo que a mí respecta, le dijo en la preparación, en el desarrollo y en el resultado y ante la opinión del pueblo de México, la elección arrojó muchas dudas y fue fraudulenta". Lo menos que ameritaba era una nulidad, pero el Gobierno mexicano se comprometió a que pudiéramos votar y ser elegidos en elecciones auténticas, y permítame establecer un corchete en este debate para una cuestión meramente incidental.
En el punto relativo a la clasificación de las elecciones de esta Cámara, yo nunca entendí una situación. Mi estimado compañero diputado, el doctor Bribiesca, teníamos una documentación completa con la ausencia de ocho casillas o nueve donde teníamos prueba presuncional de que había habido fraude. Y los señores del Colegio Electoral aceptaron de que había esa prueba presuncional; y se votó el caso del doctor Bribiesca por mayoría en esta Cámara y él llegó a ser diputado.
En cambio, en Baja California, no nos faltaba ningún acta electoral. En Chihuahua no nos faltaba ningún acta electoral, teníamos el 100% de las actas con mayoría a favor de nuestros candidatos, actas que eran documentales públicas firmadas por funcionarios electorales. Y, sin embargo, señor diputado Heberto Castillo, maravilla de maravillas, en esa ocasión el Colegio Electoral no valoró las pruebas como en el primer caso y dijo "no se reconocen esas actas" y nos presentaron otras actas con datos y números distintos, ni siquiera se utilizó una prueba parcial, no sabíamos si eran los funcionarios y se declaró electo a un ilustre educador, el rector de una universidad, ejemplo para los jóvenes de su estado que aquí está en esta Cámara de Diputados, pero dirán, es discutible, aquí se comprometió el Gobierno mexicano a que respetara el derecho a votar y ser votado en elecciones auténticas.
3º. Tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Deveras, deveras tenemos acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de nuestro país, los partidos de oposición, incluso los satélites, porque a veces uno que otro satélite en algún distrito, los ciudadanos votan firmemente por ellos, auténticamente y ganan elecciones y protestan cuando se les hace fraude, hay igualdad en relación con el Partido Revolucionario Institucional que tiene todos los recursos del poder público, que es cuando a mi me dicen la fuerza tremenda del Partido Revolucionario Institucional, sí tiene una fuerza tremenda - yo no lo niego - la fuerza tremenda del Partido Revolucionario Institucional es la fuerza del Gobierno, no nos enfrentamos a un partido político, nos enfrentamos al Gobierno mismo y esas son condiciones generales de igualdad para acceder a las funciones públicas de nuestro país y a eso se comprometió la mayoría priísta en este tratado.
Vamos adelante téngame paciencia señor ingeniero, todavía no llegamos al punto que nos interesa.
Artículo 42. Aquí si ya empezamos; ya vimos que hay derechos políticos considerados como derechos protegidos por el pacto de San José, los estados partes deben remitir a la comisión copia de los informes y estudios que en sus respectivos campos y continúa en el artículo 44: cualquier persona - insta la legitimación para acudir aceptada por el Gobierno mexicano - , cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental, legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la organización, puede prestar a la comisión, peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta convención por un estado parte. Usted me dirá, ahí si no, ese artículo - me dirá usted - está en contra del artículo 33 de la Constitución General de la República y del 133, porque los tratados serán la ley suprema de la Unión, cuando estén concordantes con la Constitución.
Entramos a un tema que es el del derecho internacional, no solamente hay tratados en esta materia, alguna vez al señor diputado Bremer le pedí en una de sus eruditas intervenciones, que me permitiera hacer una interpelación y él me preguntaba después que sobre qué tema le iba a interpelar. Bueno, pues yo en esos momentos tenía el Tratado de Aguas en mis manos, el
Tratado de Aguas en virtud del cual nuestras aguas, y le quiero decir que Acción Nacional denunció este tratado, somos, no se nos puede acusar de traidores, de falta de nacionalismo, la historia nos ha demostrado por los antecedentes que somos profundamente nacionalistas.
Cuando algún diputado, algunos de los que tienen vocación de "perchero" nos dice que somos traidores, yo lo entiendo como un reflejo condicionado de que ya para todos el traidor es el Partido Acción Nacional, como que existe un maniqueismo que nosotros somos los buenos y los del partido contrario son los malos. No ataca al Partido Revolucionario Institucional, nos ataca casi siempre a los del Partido Acción Nacional. Somos los traidores, traidores, pero ¡caray! denunciamos el Tratado de Aguas, las aguas de nuestros ríos cedidas a los Estados Unidos y denunciamos el proceso de salinización de nuestro territorio nacional por los Estados Unidos y es un tratado signado por un gobierno emanado de la mayoría relativa de esta Cámara, del Partido Acción Nacional, firmado por ellos, y era la pregunta que le iba a hacer, diputado Bremer, si usted estaba de acuerdo con ese tratado, Tratado de Aguas.
Pero aquí primero, el tratado establece la legitimación procesal de cualquier ciudadano para denunciar la violación de los derechos a que hace referencia este tratado. Primero, si aceptamos la tesis del ingeniero Heberto Castillo, señoras y señores diputados, estaríamos negando la posibilidad de aceptar la jurisdicción de los tribunales internacionales.
Ya en mi intervención de hace dos semanas le señalé que en materia de derecho internacional algunos tratadistas como Austins le niegan categoría de norma jurídica al derecho internacional. La norma jurídica y el conjunto de normas jurídicas es lo que integra el derecho, tiene como característica esencial, precisamente, la coercibilidad. ¿Y qué es la coercibilidad, señoras y señores diputados? La coercibilidad como característica de la norma jurídica es la posibilidad que se tiene de obligar al destinatario de la norma, al que tiene el deber de cumplirla, de acatarla, a cumplirla aún en contra de su voluntad, por la fuerza y la violencia si es preciso. No confundamos la coercibilidad con la existencia de la sanción. La sanción es una cosa y la coercibilidad es una cosa distinta. Sencillamente la posibilidad que se tiene de obligar al destinatario de la norma a cumplirla.
Entonces nuestro problema, dicen algunos tratadistas de derecho internacional, es que en materia de derecho internacional los tratados, por la soberanía, lo que usted mencionaba, de los estados, no es posible que el que tiene el derecho pueda satisfacer su derecho por la vía del tribunal internacional si el que no tiene el derecho, tiene la fuerza. Ejemplo, a granel. La historia lo demuestra. ¿Qué valor tienen estos tratados? Decía Hitler, "pero tienen más valor que el papel en que están escritos". Y lo demuestra el quebrantamiento de todos los tratados a que hace referencia la historia por parte del más fuerte: la ley de la selva. Pero no podemos por ese motivo renunciar al derecho de gentes. No podemos renunciar a la agrupación de naciones soberanas a que celebran tratados, y aquí está el punto de discrepancia, ingeniero, para que las decisiones que se den en uso de su soberanía, el que pacta las acepte conforme a su derecho. Y fíjese bien.
Pueden ocurrir dos cosas: la comisión no va a resolver la querella, la comisión examinará la querella planteada por Acción Nacional, por los candidatos de Acción Nacional, preciso, por ciudadanos mexicanos que estimen que se violó el artículo 21 al que hice referencia y que el Gobierno aceptó. Pediré informes, pero fíjese bien que el tratado prevé situaciones, me imagino que usted lo ha leído porque ha escrito bastante sobre él, que no podrá hacer investigaciones en el país contra el que se plantea la queja sin su previo consentimiento. O sea, que si se hicieran investigaciones, porque el tratado las prevé, tendría el país contra el que se presenta la queja que acceder el uso de su soberanía y de su voluntad, para no quebrantar la soberanía del Estado.
El Estado puede rechazarla, y la Comisión Interamericana, si estima que hay elementos, pasará el caso a otro órgano de la Organización de Estados Americanos que es la Corte Interamericana, integrada por siete jueces de distintas nacionalidades, y que no podrá haber más de dos jueces de la misma nacionalidad, y dará un informe a la Organización de Estados Americanos, y el comunicará al país miembro si a su juicio hay violación o no, y el país miembro, en uso de su soberanía, repito, en uso de su soberanía, dirá el país miembro: yo firmé este tratado, lo estimé de acuerdo con la Constitución, no voy a aceptar que un tribunal me imponga si el tribunal decide, yo en uso de mi soberanía puedo decidir corregir.
Quiero suponer que haya países donde la violación a los derechos humanos sea tal que el acusado no tenga derecho a ser oído en juicio, que no tenga derecho de defensa, que no tenga derecho de repreguntar testigos, que no tenga derecho a que se le sentencie en un plazo determinado, que no tenga ¡vaya! que haya incluso tortura regulada. Quiero pensar que hay un país donde existe eso; en México lo hay, legalmente no, pero lo hay. Usted y Eduardo Valle lo han padecido en carne propia, en carne propia lo han padecido, la tortura, y con las memorias que están saliendo últimamente ¿caray! están saliendo pruebas a granel de la existencia de tortura en nuestro país.
Entonces, ¿le va a vedar a un ciudadano que sufra la tortura, que sufra ese tipo de violaciones a sus derechos naturales, el quejarse, el presentar un escrito, y va a decir usted, no, porque el artículo 33 impide que los extranjeros se inmiscuyan en los asuntos internos del país? Yo creo que no, señor diputado.
Me avisan que se me ha agotado el tiempo. Tengo más pólvora en la canana por si desean que continuemos el debate. Muchas gracias, señoras y señores. (Aplausos.)
El C. presidente: - Señor diputado, para hechos sobre este mismo asunto tiene usted la palabra, ingeniero Heberto Castillo Martínez, en los términos del artículo 102.
El C. Heberto Castillo Martínez: - Quiero ver si es posible diferenciar la gimnasia de la magnesia. En efecto, en mi intervención precisaba yo la preocupación por un hecho. El diputado Juan de Dios habla de que tenemos que reconocer que la acción de los candidatos del Partido Acción Nacional es lícita. Yo jamás dije que fuera ilícita. Expresa que había que señalar que están acudiendo a una oportunidad que les ofrece un pacto, un tratado, y que este fue aprobado por el entonces presidente José López Portillo y por el Senado de la República, y claro, en el Senado no se si había algún senador que no fuera del Partido Revolucionario Institucional, pero es una absoluta mayoría priísta.
Lo que me preocupa y en el Partido Mexicano de los Trabajadores nos preocupa terriblemente, es que no se reflexione lo suficiente en todos los partidos, yo diría en todas las instancias, para darnos cuenta de que este hecho va más allá del problema puramente jurídico. Por adelantado digo que no tengo conocimiento sobre derecho, apenas la hago como ingeniero. Y luego pues nos metemos en problemas aquí de economía, de sociología, de no sé cuantas cosas. Pero es que por encima de mi preocupación de si va a quedar registrado en el Diario de Debates una argumentación precisa en cuanto a lo jurídico, a lº económico, a lo sociológico, lo que nos ha traído aquí a esta tribuna, lo que nos ha llevado a la acción política, es nuestra preocupación por México.
Claro que me duele y mucho, los cientos de desaparecidos que hay en este país, porque me lo he imaginado muchas veces cómo desaparecieron, porque estuvimos en un tris de hacerlo, de que nos ocurriera a nosotros y vimos las condiciones. Pero aquí lo importante es esto, a lo que la ignorancia o mi conocimiento y lo que hemos plantado en el Partido Mexicano de los Trabajadores, donde también los diputados aquí son jóvenes y no tienen una gran experiencia en estos temas, es si es posible decir que el artículo 23 que dice derechos políticos, no tiene que ver con la política.
A mí me cuesta mucho trabajo pensar que no se puede establecer la reserva al firmar el pacto, en lo que respecta al artículo 23 de la Constitución de la República, en su artículo 33 establece que los extranjeros sean juristas, sean ingenieros, sean ciudadanos de otros países, no pueden intervenir en nuestros asuntos políticos.
Para mí, resulta fundamental dilucidar aquí, si el artículo 23 tiene que ver con la ingerencia en asuntos políticos de extranjeros en los asuntos de México. Entonces me parece que si el artículo fue firmado por ignorancia de José López Portillo, no lo creo, porque dicen que es muy culto, o por desidia del Senado, no lo creo, porque dicen que está siempre muy atento a todos sus trabajos.
Pero no me interesa ¿Por qué? Porque me interesa precisar, es que si lo hicieron está mal, va en contra de la Constitución y que no debemos permitirlo, que debemos denunciarlo, que debemos modificarlo, que debemos establecer la reserva para que estos asuntos no sean motivo del tratado, por la sencilla razón que veo, sin ser jurista, que lo hicieron con los derechos de los ministros de los diversos cultos. Si lo pudieron hacer ahí, por una elemental lógica que aprendí y espero no se me haya olvidado del todo, bueno, por esa elemental lógica, los derechos políticos no pueden ser tratados por jueces extranjeros. Los mexicanos resolvemos nuestros problemas y ahí esta el segundo punto.
Que no hemos dicho que los "pájaros gordos, más "gordos" están en el Partido Revolucionario Institucional. Pero como no, aquí en esta misma tribuna. ¿Pero qué cosa era lo que queríamos argumentar y fundamentar? Probablemente mal hecho, que yo conocí y he conocido ahora en el Partido Acción Nacional, muchos militantes que están luchando por sus derechos y merecen todos mis respetos, pero me refiero a quienes están participando, que tienen intereses muy fuertes, no tan fuertes como Carlos Hank González, de acuerdo, no tan fuertes como José López Portillo, si no se trata de comparar, algunos son "pájaros gordos" y otros han de ser "avestruces gordos".
Pero a lo que me refería es a algo que aquí también deberíamos dejar muy claro, es que abrir la puerta en un tratado, no rectificar, dicen que es de sabios cambiar de opinión, no sé si también se valga entre los dirigentes políticos, aquí en México parece que no, el dirigente político que rectifica pues hace mal; aquí el dirigente político debe tener la razón siempre. Bien, pero nos formamos en otra escuela, yo creo que vale la pena rectificar y dejar abierto un derecho fundamental de nuestro pueblo, yo diría el derecho más
importante de nuestro pueblo, el derecho a hacer la revolución.
Hace unas horas le rendíamos emocionado tributo a don José María Morelos y Pavón, que algunos jueces dirían y dijeron: asesino, mató niños, mujeres, cómo no, esas guerras son horribles porque se muere la gente. Pero este es el derecho fundamental de nuestros pueblo, hacer la revolución.
Cuando este pueblo de México esté pisoteado, no valga ningún derecho, las cárceles sean cosa común, desaparezcamos un día sí y otro también, nos torturen como ya lo hicieron, ese día, yo en la cárcel, como ya estuve, me proponen: oye, te puedes ir a otro lugar. ¿Te puedes ir a otro país? Digo, no, porque prefiero ejercer mi derecho, mi derecho a morirme peleando en mi patria por la libertad de mi pueblo. Prefiero defender el derecho contra todas las injusticias, contra el poderosísimo Partido Revolucionario Institucional o Gobierno, contra el que sea, pero no abrirle las puertas a la intervención extranjera.
Porque decía Juan de Dios Castro: ¿Qué pasa cuando el tribunal dictamine? Simplemente, no hay poder de coerción. Bueno, en México tampoco lo hay, o lo hay hasta que deja de haberlo. Así son las cosas en la lucha política; así son las cosas en la vida. Se vive hasta que se deja de vivir se domina hasta que se deja de dominar y así pasó a la dominación española, y aparecieron Hidalgo, Morelos. Y así ocurrió con la dominación de los Estados Unidos sobre México, pero surgieron muchos mexicanos que defendieron nuestro territorio. Y así ocurrió con la dominación de los franceses; y así ocurrió con la dominación de Porfirio Díaz. ¿Vamos nosotros a asentar el precedente para anular el derecho del pueblo de México a hacer la revolución? ¿O pensamos todos que ya no debe haber más revoluciones?
Yo pienso que sí, que no debe. Lo que no podría decir es que no puede. Entonces, este es el argumento fundamental que yo hago aquí.
El artículo 23 debe ser puesto en reserva. Esto es, en cuanto a esto, no porque la Constitución de la República lo impide. Ahora, en cuanto a los derechos humanos individuales adelante, pero que no caiga en esto, porque aquí se establece, fíjense ustedes el privilegio de países muy poderosos para intervenir como lo hizo Hitler. Si Hitler dijo que los tratados valían en el papel que estaban impresos, que no dirían ahora los dirigentes de las grandes potencias, cuando además los tratados están impresos y favorecen sus intenciones? Creo que impulsar eso, compañeros, y la reflexión es claro, fundamentalmente al Partido Acción Nacional, pero al Partido Revolucionario Institucional es la rectificación, yo no le diría la reflexión, la rectificación.
No puede rectificar López Portillo porque afortunadamente ya no es presidente, pero sí puede rectificar en turno, sí pueden rectificar atendiendo a estas razones. Defendamos todos el derecho de nuestro pueblo, hacer la revolución. Este es el homenaje más limpio que le pudiéramos hacer a nuestros héroes. Este es el homenaje a Hidalgo, a Morelos, a Juárez, a Madero, porque alguien me decía o decía el compañero Juan de Dios que yo podría tener más dinero que él, quizá. Pero lo importante no es el que es rico, porque tal vez tiene ideas, puede ganar lo suficiente o porque tiene una riqueza acumulada.
Yo me refería a un señor, un señor con toda la palabra: don Francisco I. Madero, que también era rico, que tenía recursos, pero se puso al servicio de una causa superior a su riqueza. Esa es la crítica fundamental que yo le haría a algunos jerarcas del Partido Acción Nacional, no a todos. Les consta que sabemos tener relaciones cordiales incluso cuando defendemos causas justas.
Nosotros no somos, en el Partido Mexicano de los Trabajadores, los que ponemos de un lado los buenos y de otros los malos, por eso a veces nos confundimos un poco y no sabemos si somos buenos o somos malos.
No, lo que defendemos es la razón en la que creemos, y la razón en la que creemos es que el derecho fundamental de un pueblo es cambiar la situación interna por el mismo y no es un chovinismo que pretenda erradicar la solidaridad entre los pueblos, es la convicción de que en el mundo, en estos tiempos son los pueblos pobres, los pueblos subdesarrollados los que pueden iluminar el camino en el derecho internacional, haciéndoles entender a los poderosos que podremos seguir viviendo en este planeta si somos capaces de aceptar las razones por encima de la fuerza. Muchas gracias.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Pido la palabra para alusiones.
El C. presidente: - Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos en los términos del 102.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Qué bueno que el señor diputado Heberto Castillo hizo esa pequeña distinción, puede haber gente con recursos - discrepo - , nos llevaría a un debate muy grande sobre si el hecho de que una persona tenga grandes recursos económicos heredados por herencia; o grandes recursos económicos por sus conocimientos en el caso suyo, algunos debidos a su ingenio, a su gran capacidad como ingeniero, rechazo su modestia, en cuanto que manifestó que medianamente llegaba a ingeniero, pero
entregados a causas nobles y eso puede existir en todos los partidos políticos.
El artículo 23 que dice usted que debió haberse reservado el Gobierno de México, yo creo que tenemos un punto discrepante señor ingeniero.
Los países miembros se obligan a incluir esos derechos en sus respectivos órdenes jurídicos internos, eso no es ninguna intromisión extranjera - repito - si se hiciera la reserva del artículo 23, el Gobierno mexicano, diría en relación con el dos, yo no me comprometo a que en mi legislación exista el derecho a votar y ser votado en elecciones auténticas y en igualdad de circunstancias.
El país, en uso de su soberanía acepta el artículo 23, y lo aceptó el Gobierno mexicano porque ya tenía en su legislación el derecho a votar y a ser votado y porque ya tiene en su legislación teóricamente en algunos artículos la posibilidad de elecciones auténticas, pero el problema es, qué pasa cuando esto que el Gobierno ya tiene en su legislación interna no lo obedece, no lo acata, no lo cumple, es como yo le decía, qué pasa cuando un Gobierno practica la tortura, va usted a privar al ciudadano acudir a denunciar el hecho ante el órgano internacional, porque eso es una intromisión en los asuntos internos, claro que reconozco que la tortura no es un aspecto político, y que el párrafo del artículo 33 dice en los asuntos políticos del país, pero mi tesis no queda contrariada, porque vamos a suponer en teoría, en hipótesis, nos estamos adelantado a los acontecimientos, que la Corte Interamericana fallará en contra del Gobierno del Gobierno mexicano y en favor de los ciudadanos del Partido Acción Nacional y da su decisión, le comunica al Gobierno mexicano la decisión de la corte por promoción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la corte no hace caso de ciudadanos, sólo de estados y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el medio que tienen los particulares para llevar el asunto a la corte.
Pueden ocurrir dos cosas: puede el Gobierno mexicano en uso de su soberanía, señor ingeniero, por decisión propia - por decisión propia - cambiar su actitud a futuro porque si las decisiones del Colegio Electoral de Chihuahua son irrevocables, no hay ningún medio de cambiarlas.
Yo sí quiero señalar que el Gobierno mexicano está faltando a otro punto del pacto de Costa Rica, establecer en su derecho interno los medios legales para que los ciudadanos hagan valer estos derechos que están consagrados, no olvidemos este punto de vista, se compromete el Gobierno a aceptar los derechos, entre ellos el artículo 23, pero para evitar la intromisión extranjera, se compromete a que en su legislación interna, existan los recursos para defender esos derechos y lamentablemente en materia política, sigue vigente la tesis de la corte de que el amparo no opera porque los derechos políticos no son garantías individuales.
Y no solamente eso opera sobre seguimiento, la improcedencia del amparo, dice textualmente, la Ley de Amparo en su artículo 73, que es improcedente, contra las decisiones de los colegios electorales que califiquen una elección, o decidan sobre el enjuiciamiento de un funcionario cuando estos sean soberanos. Entonces no va a haber intromisión. ¿Por qué razón? No la va a haber porque no existen instrumentos para hacerlo, quedará la única sanción que el Gobierno mexicano aceptó, que se rinda el informe ante la corte y se diga que en México una situación del tratado, un derecho contenido en el tratado, no está siendo acatado por el Gobierno mexicano. Pero eso no implica una intromisión del extranjero para rectificar una decisión tomada por el Colegio Electoral de Chihuahua porque como usted dice, en materia política, artículo 33, los extranjeros no pueden inmiscuirse.
Nuestro problema básico está en la esencia del derecho internacional. Si usted no acepta esto, señor ingeniero, negará a todo estado y a todo país la posibilidad de hacer tratados; negará la esencia misma del derecho internacional negará la posibilidad de decisiones de tribunales como La Haya. ¿No ha resuelto La Haya en contra de los Estado Unidos por su actitud imperialista, violatoria del derecho internacional al establecer un bloqueo económico a Nicaragua? Estado Unidos dijo, no reconozco la jurisdicción de ese tribunal la competencia. Ese es el problema.
El problema es si el Estado en uso de su soberanía, por decisión propia, dictaba una resolución, es capaz, como Estado soberano, por decisión propia, no por la intromisión de un extranjero, por cumplimiento a lo que pactó, a lo que decidió a asumir y adecuar su conducta conforme al tratado. Y esa no es la intromisión, eso es sencillamente, que el Estado está cumpliendo un tratado que firmó en uso de su soberanía, y como usted dice, si llegara al extremo, acepto la hipótesis del supuesto, si llegara al extremo de que el tratado permitiera la intromisión y usted sabe que en el siglo pasado hubo algunos tratados que permitían el paso de extranjero por el Istmo de Tehuantepec, y sabe que los tratados de Bucareli quebrantaban seriamente la soberanía nacional también si hubiera un tratado que llegará a ese extremo, lo que debiera hacer el Gobierno mexicano en ese momento es rectificar.
¿Qué rectificar? Sencillamente decirle a la nación: esto lo rectifico y no lo acato porque es una intromisión. En eso estaría de acuerdo si llegara al extremo de intromisión.
En los que diferimos usted y yo es en pensar que una decisión de la corte ya implica la intromisión
del órgano extranjero en los asuntos internos del país. No, el que va a tomar la decisión va a ser el país, y es el país el que decide si la tomo a no, porque en última instancia a eso se reduce el derecho internacional. Muchas gracias.
El C. presidente: - Diputado Jesús González Schmal.
El C. Jesús González Schmal: - Señor presidente; señores miembros de esta Cámara de Diputados: en efecto, creo que este asunto tiene una gran trascendencia en nuestra vida política contemporánea. Es el ejercicio de un recurso, de una instancia que por primera vez no sólo un grupo de ciudadanos mexicanos ejercitan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reclamar violación a los derechos humanos en materia política, sino que es primera vez que ciudadanos del continente interpones, ejercitan este recurso para este reclamo.
Por tanto, también es novedad, incluso en el Continente Americano, y por ello se justifica una serie de dudas y de cuestionamientos respecto a la procedencia de este recurso que vale la pena que en este foro donde se encuentran representadas las principales fuerzas políticas del país, se debata con el ánimo de llegar a clarificar las ideas a partir de la precisión de los conceptos.
Señalaba con justa razón el diputado Heberto Castillo, alguna duda que quizá todos los mexicanos hemos tenido: ¿por qué el Gobierno mexicano suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿por qué el Senado ratificó? ¿por qué está en vigor y por qué forma parte de nuestra ley interna?
Es muy sencillo: en efecto hubo resistencia, fue de los últimos países que suscribieron esta convención, pero afortunadamente se pudo sobreponer la autenticidad, el legítimo reclamo de la humanidad, de los hombres del continente para hacer que los gobiernos, en su gran mayoría, parte ya de esta convención, suscribieran estos tratados y se estuvieran obligando a su respeto.
En el caso del Gobierno mexicano, había una tendencia que todos conocemos muy común, que alguna vez se le llamó tercermundista, de proclamar el respeto de los derechos humanos para todos los pueblos, con excepción del pueblo mexicano, pero que estos pronunciamientos no faltaban en ningún foro internacional. Siempre había un diplomático mexicano, hasta el Presidente del país, todo mundo invocaba estos principios y estos valores de derecho.
Pero ocurre que siempre el Gobierno mexicano fue renuente a someterse a mecanismo jurisdiccionales que lo obligaran en su propia casa al respeto de estos principios que proclamaba para la humanidad. Y se logró finalmente hasta 1981, apenas hace unos años. Y hoy forma parte de nuestra ley interna.
Por cuanto al argumento del diputado Castillo, de que de acuerdo con el 133 que todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, debo decirle que toda la Convención Americana de Derechos Humanos y en particular el artículo 23 que él señalo, tiene su correlativo en la Constitución mexicana, no es incompatible, no hay desacuerdo, no hay absoluta diferencia.
El artículo 23 de la convención dice:
Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
"De participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, autenticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libertad de expresión, etcétera; tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas del país
Y nuestro artículo 35 con otras palabras dice exactamente lo mismo:
Son prerrogativas de los ciudadanos votar en las elecciones populares, poder ser votados para todos los cargos de elección popular y nombrados para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley, asociarse para tratar los asuntos políticos, etcétera, etcétera.
Otras garantías hablan precisamente de lo mismo que este artículo 23, por tanto, no hay incompatibilidad alguna en los dos cuerpos normativos.
En este aspecto, él señala el artículo 33 del decreto que se refiere a una materia totalmente distinta que es la ingerencia personal de un extranjero en nuestros asuntos políticos que no se da en el caso de un acuerdo ratificado por el Senado, y que forma parte de nuestra ley interna, por el contrario, lo que en los objetivos de la Convención Americana de Derechos Humanos se busca, es que no haya intervención directa bilateral o unilateral de un estado sobre otro, sino que a través de organismos multilaterales se evite que haya confrontaciones o que hay exceso de un estado sobre otro.
También vale aquí la pena señalar un poco porque las grandes potencias, incluso los Estados Unidos han tenido cierta resistencia a seguir, a tener en la Organización de las Naciones Unidas un foro de debate, y de alguna manera han estado rehuyendo las resoluciones de las Naciones Unidas en muchos casos, y como lo señalo también el diputado Castro Lozano con relación a La Haya.
Precisamente porque los organismo multilaterales dan igualdad de derechos a los países pequeños, aun países casi territorialmente insignificantes con los países poderosos que concurren a estos organismos multilaterales. Es el caso de la Organización de Estados Americanos, cada uno de los países que integran la Organización de Estados Americanos tiene el mismo voto; lo mismo tiene Belice que los Estados Unidos, y lo mismo tiene México que Brasil, y en este caso se igualan los derechos y se permite una mayor equidad y mayor democracia en las decisiones.
Pero este asunto a debate no sólo tiene el aspecto técnico que debemos abordar, técnico jurídico, sino también tiene un significado político muy importante. Tendríamos que penetrar en un sentido histórico del nacimiento del desarrollo de la presencia de las organizaciones políticas en nuestros país.
Hoy más que nunca, se valida precisamente el sentido o la razón de ser histórica del nacimiento y desarrollo de uno de los partidos políticos, hoy en nuestro país; el Partido Acción Nacional. Este esfuerzo no nace por azar o causalidad; obedece a una respuesta vital de la nación frente a la institucionalización del modelo de partido único oficial, que paralizaba la revolución para convertirla en símbolo, mito sólo utilizable para justificar la inmutabilidad del poder centralizado en un partido oficial y en el régimen de un presidencialismo omnímodo.
Contra la reversión precisamente de la revolución se levantó un grupo de intelectuales universitarios mexicanos, que habían dado los primeros signos de vigor indeclinable en el rescate de la autonomía universitaria en 1933, frente a los primeros signos totalitarios de la inercia del modelo oficial de 1929, que empezaba por no tolerar la capacidad de autogobierno de nuestra máxima casa de estudios.
Fue esa línea histórica que un prominente historiador mexicano, Enrique Karauz, vincula entre los postulados originales maderistas, la respuesta reivindicadora vasconcelista y la síntesis de una aportación moderna a través de la Constitución de un partido político permanente, y cuyo objetivo central sería el de convencer a la inteligencia de los mexicanos para la eficaz organización en el rescate para el pueblo del ejercicio de la soberanía, a través del agrupamiento en partidos políticos pluralistas como único medio para consolidar la unidad nacional con respecto a la libertad política esencial y prioritario atributo de la persona humana.
El partido Acción Nacional ha transitado por el camino histórico de ir conquistando voluntades libres aún en contra de todas las adversidades por la institucionalización, de un sistema que instrumentado hacia el control político lo que fueron objetivos libertarios de la revolución ha desvirtuado las conquistas de los campesinos empobreciéndolos al extremo, y sometiéndolos a la inseguridad jurídica crónica. Que ha prostituido la larga historia del sindicalismo mexicano para hoy tener a los trabajadores presos de la carestía económica y esclavos de líderes venales que trafican los derechos obreros para obtener cargos públicos.
Contra toda esa falsificación, nació Acción Nacional, contra el monopolio educativo o contra el monopolio en el abastecimiento del papel periódico para la prensa o contra el maridaje monopólico de la radio y la televisión, mediante condiciones refrendables anualmente. Contra esos lastres, nació Acción Nacional, y sigue existiendo el Partido Acción Nacional.
Si fuera el Partido Acción Nacional como lo caricaturiza el Gobierno un partido antirrevolucionario y antinacional, ¿a qué tanto miedo de enfrentarse a él mediante elecciones libres, limpias e imparciales? Ya se ha dicho que lo primero en estilizares en el modelo de partido oficial fue precisamente el proceso electoral para que éste fuera el medio infalible para mantener el 98% de los cargos de elección popular y el 100% de los puestos en los altos niveles de la burocracia en la administración pública federal, estatal y municipal.
También, naturalmente, contra ese monopolio y por el sufragio efectivo está de pie Acción Nacional. Pero naturalmente como corriente democrática, Acción Nacional hubo de agotar etapas fundamentales de convencimiento a partir de la adhesión al ideario, a la doctrina, a los valores vértices de desarrollo en los planteamientos políticos que proponía el partido. Y este objetivo permanente es el que explica el crecimiento del mismo por sus proposiciones, por sus programas, por sus postulados que en lo esencial parten de la concepción y proyección de la persona humana como titular primario de derechos inalienables y permanentes.
Tratar de entender el Partido Acción Nacional desde la desfiguración que de él hace sistemáticamente el Gobierno y sus parásitos, es lo que lleva después a conclusiones equívocas y hacer juicios a prioris o sin conocimiento pleno de lo que es en realidad el partido y su desarrollo histórico.
La interposición del recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no nació ayer ni antier, es producto de una larga reflexión democrática en el seno del partido. Es a través de la referencia a sus principios de doctrina, en donde se reconoce que los organismos internacionales, multilaterales en la defensa de los derechos
humanos, no sólo son aceptables, sino encomiables y con obligación solidaria de respaldarlos, para la preservación de la paz en el mundo y la paz en lo interno en las naciones.
De estos considerando axiológicos se desprende el deber del hombre y del partido a recurrir a instancias internacionales, que son patrimonio de la humanidad. Y nosotros en México somos esa humanidad. Y si es humanista el optar por la violencia, cuando se tienen vías racionales, jurídicas y pacíficas, para restituir al pueblo sus derechos, entonces la humanidad entera está equivocada al invertir siglos en la creación del derecho internacional y en la constitución de mexicanismos de defensa frente a tiranías y dictaduras.
Nosotros si creemos en el derecho extremo a la rebelión, pero siempre y cuando moralmente se hayan agotado las instancias pacíficas y civilizadas, porque de otro modo la violencia sin condiciones morales a cumplir se convierte en la ley de la fuerza o en la anarquía zoológica.
El Partido Acción Nacional, por su propia dinámica, ha ido abriendo medios de lucha, la participación electoral intensa y amplia, la resistencia civil en la protesta, aún con toma de edificios públicos como medios de legítima defensa, la desobediencia civil, el ayuno público y tantos medios de lucha incluyendo las instancias que la Constitución permite en materia internacional.
Todo ello en el sentido de lograr que la oligarquía sea obligada por la fuerza moral a acceder a la democracia. No que la oligarquía tenga nuevamente el pretexto para arrasar al pueblo como en 1968, y que todavía después copia a las víctimas de sus atropellos para asimilarlos al carro oficial.
Tenemos que reconocer pues que ésta en la esencia, que está en los planteamientos doctrinarios y en su proyección del Partido Acción Nacional la viabilidad humanizadora de esta instancia. Llegaremos al extremo de agotar los recursos morales y entonces quizás estemos en la tesitura de plantearnos el derecho a la revolución. Pero todavía hay un pueblo ausente de la participación, todavía hay un pueblo al que llamar a sus deberes, un pueblo hipnotizado por un Gobierno servil, por un Gobierno falseador de la verdad; ese pueblo está esperando esas condiciones aptas para la democracia se están dando, el silencio roto de más de medio siglo de la fuerza moral de la iglesia de los intelectuales que se habían permanecido en silencio frente a problemas electorales, de las posibilidades de convergencia, en la defensa de determinados valores y determinados principios políticos y fundamentales de sufragio efectivo, del llamamiento generalizado cada día más a la conciencia nacional y al compromiso con México, de que México no puede ser presentado en lo internacional como un país resignado fatalmente al dominio de una oligarquía, sino que México, los mexicanos somos un pueblo capaz de arribar a la democracia presentarnos ante el mundo como soberanos, como independientes, capaz un día ya no muy lejano de decirle incluso a las potencias extranjeras que dejen de financiar a este gobierno, aun para el mantenimiento de su control político.
Tenemos que llegar a ese momento que la representación nacional esté efectivamente en los cargos públicos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Martín Tavira Urióstegui.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Señor presidente; señoras y señores diputados: no quisiera hacer reclamos sobre causas pequeñas, pero si llamar la atención de una cosa; los diputados del Partido Acción Nacional son muy dados a discutir largas horas sobre violaciones al reglamento. Pero cuando ellos lo viola, todo está muy bien, monopolizan la tribuna violando flagrantemente el reglamento y no hay nadie que les diga nada. Todo está perfectamente bien.
Dijo el diputado Schmal, que por primera vez una organización hace uso de este "recurso". Pues yo diría que ninguna otra organización va a hacer uso de este recurso. Esta acción ante una Comisión Interamericana de Derechos Humanos sólo la puede hacer el Partido Acción Nacional porque está de acuerdo con su filosofía de recurrir a organismos extranjeros.
Ahora han querido recurrir a las Naciones Unidas, lo dijo Luis Echeverría Alvarez cuando fue candidato a la presidencia de la República. Ahora quieren recurrir a senadores reaccionarios de misma filosofía política y es dable decir así, pero es el único partido que recurre a organismo extranjeros. Y además parece que es el único partido también que recurre al exilio, aunque este exilio dure apenas unas pocas horas.
Yo deseo hacer algunas rectificaciones. Como es posible que se falte al respeto a esta tribuna y a cerca de 400 diputados que fueron a la escuela, que aprendieron las primeras letras, que por lo menos estudiaron en el silabario de San Miguel, y que alguna sabiduría tienen para venir a decir aquí cuestiones tan infantiles, como la de un partido político es ajeno a las clases sociales, un partido político puede encerrar en su seno diferentes clases sociales y ser de todas maneras un partido que lucha por toda la nación.
Compañeros diputados acaso se nos ha olvidado el origen de los partidos políticos, cómo y por qué surgieron los partidos políticos, cuando surgieron los partidos políticos; los partidos
políticos no han existido siempre, son el resultado del ascenso del capitalismo industrial en el mundo y del ascenso del poder de la burguesía. Quiero recordarles a los señores de Acción Nacional que las primeras organizaciones que merecen el nombre de partidos políticos son las de la clase obrera, y que surgieron en el país más desarrollado, desde el punto de vista capitalista, después de haber aflorado las primeras crisis como la de 1825 que luego pasó al continente; fue la organización de los cartinistas, que no solamente exigían reivindicaciones de carácter económico sino también político, las primeras manifestaciones de organización partidaria - y aunque no les guste la palabra -, fue la liga de los comunistas, fue la liga de los comunistas donde estuvieron Marx y Engels, las organizaciones también de la clase obrera, que dieron origen a los partidos Comunista y Socialista.
¿Dónde surgió el Partido de Acción Nacional? en el Banco de Londres y México, fue fundado por representantes de la gran burguesía mexicana, fundamentalmente de la burguesía bancaria y ya sabemos qué con fines surgió Acción Nacional, lo hemos dicho muchas veces aquí, para combatir la política progresista y nacionalista de Lázaro Cárdenas.
En efecto, no negamos que en el Partido de Acción Nacional hay gentes de la clase media y gentes de la clase trabajadora, engañamos por cierto, pero lo importante de un partido es quién dirige y cuáles son los objetivos de la organización. ¿Quién ha dirigido al Partido de Acción Nacional? ¿quién los dirige actualmente y cuáles son las metas que se propone ese partido? Sus famosas declaraciones de principios lo dicen claramente, ellos predican la conciliación de clases, predican el bien común, hablan de que la empresa es una comunidad trabajadores donde debe existir la armonía de clases, son enemigos jurados del sistema socialista, del gobierno de la clase obrera, se oponen a la vía revolucionaria y nacionalista de nuestro país, siempre se han opuesto, enemigos de la reforma agraria, enemigos de la intervención del Estado en la economía, partidario ferviente del aumento de las inversiones extranjeras en México y del capitalismo típico en manos de la burguesía privada, ese es el Partido de Acción Nacional; y nació además lo hemos de recordar de una vez más, coludido, emparentado con los partidos fascistas de Europa, lo reconocieron sus dirigentes, manifestaron siempre su admiración a los capitostes de aquellas organizaciones, fundamentalmente elogiaban a la falange española y al régimen de Francisco Franco.
Pero yo pensaba que en efecto, iba a haber una argumentación profunda de parte del abogado Juan de Dios Castro, porque hay que distinguir entre un jurisconsulto y un abogado, yo respeto a Juan de Dios Castro como abogado, como litigante pero no como jurisconsulto; jurisconsulto es el científico, el abogado picapleitos es el que retuerce el derecho de los tribunales para ganar un conflicto, el que ahora dice que es blanco lo que es negro y después dice negro lo que es blanco, en esto no niego su gran inteligencia, su gran habilidad. Y si algún día tengo un pleito de carácter jurídico - nunca lo he -, tal vez me anime a poner en manos de Juan de Dios Castro mi asunto... (Aplausos.) porque es muy buen litigante; podría haber empleado poco para su alegato, en vez de hablar 45 minutos o 50 minutos y después de 15 minutos para rectificar hechos o referirse a alusiones.
Yo pensaba, como él lo prometió y no lo cumplió, que en efecto iba a demostrar que los artículos a los que se ha referido el ingeniero Heberto Castillo - que aquí resultó verdadero -, que los artículos a los que se refería el ingeniero Heberto castillo, no contradecían la constitución, el artículo 33 concretamente; prometió pero no cumplió. Se dedicó a cotejar la Convención de San José con la Constitución mexicana, es innegable y si nosotros examinamos el artículo 20 constitucional y alguna lista de imposiciones de la Convención de San José, pues dicen lo mismo, tienen los mismo conceptos. Pero no es eso lo que nos preocupa, nos preocupa si en efecto, algunos artículos del Pacto de San José, que se refieren a que varios individuos pueden recurrir al Comité Interamericano de Derechos humanos, contradice las disposiciones de nuestra carta fundamental.
Pero se han hecho falacias verdaderamente monstruosas, cómo es posible comparar la Corte Internacional de Justicia, la Corte de la Haya, con el Comité Internacional de Justicia; se deslindan problemas interestatales y no como lo establece el Pacto de San José, de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede juzgar asuntos internos de un país.
Nosotros consideramos que por lo menos algunas disposiciones del Pacto de San José, deberían ser denunciadas por el Gobierno mexicano. Yo estaba esperando que el abogado Juan de Dios Castro se refiera, por ejemplo a los artículos 44 y 48 y demás relativos de la convención, pero ni media palabra sobre eso.
Y ya que se refirió al Tratado de la Mesilla o Tratado Garvned de 1853 que autorizaba una servidumbre, precisamente en el artículo 8o. por el Istmo de Tehuantepec, y digo que si ese tratado estaba realizado, estaba hecho desde el punto de vista formal, de manera irrefutable ¿Debíamos obedecer los mexicanos? ¿Debíamos permitir que en efecto pasaran tropas norteamericanas por el Istmo de Tehuantepec?
Yo quiero refrescar la memoria al abogado Castro. Cuando francisco Castillo Nájera fue designado embajador de México en los Estados Unidos, fue a ver al presidente Cárdenas para discutir con él los asuntos pendientes con el país vecino, y Francisco Castillo Nájera le explicó al presidente Cárdenas sobre el peligro que implicaba la existencia de esa cláusula octava en el Tratado de Garvned y las palabras del Presidente Cárdenas fueron estas: "Pancho, tú me quitas este problema de encima a como de lugar". Y Francisco Castillo Nájera, con su gran patriotismo y su capacidad diplomática y jurídica, pudo deshacer esa cláusula, con la suerte además, de que gobernaba aquél país el presidente Roosevelt.
Compañeros, quisiera referirme en esta deshilvanada intervención a algunas cuestiones que se han dicho aquí. En efecto, cada partido político tiene sus estrategias y tiene sus tácticas. El Partido Acción Nacional tiene su estrategia y tiene su táctica, el sabe con quién hace alianzas y nosotros también tenemos nuestras estrategias y nuestras tácticas, sabemos con quién hacemos nuestras alianzas, pero las alianzas de ellos no son respetables, en absoluto. Su estrategia consiste en aliarse con el enemigo principal de México, el imperialismo norteamericano.
Su estrategia consiste en aliarse con una organización muy poderosa que ha tenido una negra historia en la vida de nuestro país: el clero político, esas son las estrategias que usa el Partido político de Acción Nacional, y no va a enseñar a Acción Nacional estrategias al partido de Vicente Lombardo Toledano Injuriaron a Lombardo varios de sus diputados - pequeños por cierto -, injuriando a Vicente Lombardo Toledano. Le dijeron cuando Lombardo dijo en la tribuna: "He vivido, luchando por mi pueblo", y el panista le dijo: "claudicando". Sí, también a Lombardo le decían claudicando, porque Lombardo le decían claudicando, porque Lombardo tenía una estrategia que es la que nos enseñó a nosotros, y no tan sólo a nosotros, sino a todas las fuerzas progresistas, revolucionarias y nacionalistas de México, y es la única línea, la única estrategia que ha hecho que el país avance, porque no es en la especulación política, lo que pase en un país, lo que conquiste un país; la independencia que logre una nación, las conquistas de su pueblo, eso es lo que demuestra que una línea estratégica y táctica es correcta. Todo lo demás no nos importa, que Ación Nacional injurie a los partidos de izquierda, nos tienen sin cuidado. Pero queremos decirles precisamente eso, ello se alían a los enemigos del progreso y de la independencia de nuestro país.
Pero sigamos compañeros: ¿Se han puesto ustedes a reflexionar en efecto sobre el catálogo de derechos que trae el pacto de San José ? Ustedes seguramente han estudiado, leído los ochenta y tantos artículos que trae el documento. En realidad este documento establece derechos del hombre realmente trascendentales. Nosotros pensamos que no. El catálogo de derechos que trae el pacto de San José es una lista de derechos clásicos, que son válidos, pero son totalmente limitados. El código - si así podemos llamarle del pacto de San José -, no instituye garantía en lo que llamamos en la Constitución de México, las garantías sociales, que son quizá de mayor categoría, de mayor trascendencia, porque de ellas depende - de las garantías sociales -, depende el cumplimiento de los otros derechos del hombre, y el Pacto de San José es totalmente mudo a este respecto.
¿Por qué? porque el pacto de San José fue elaborado por los juristas de la Organización de estados Americanos, que no tienen ningún pensamiento avanzado, ni quieren saber nada de reforma agraria, de derecho a la salud, al trabajo, a la cultura, en fin.
Ya sabemos lo que es la Organización de Estados Americanos, ¿Qué es la Organización de Estados Americanos señores diputados, tan cara al partido de la derecha? ¿Qué ha sido la Organización de Estados Americanos? Ha sido la servidora incondicional del Gobierno de los Estados Unidos, ha sido el instrumento del imperialismo norteamericano.
¿Acaso ya se nos olvidó que la Organización de Estados Americanos fue utilizada como instrumento en contra de Cuba? ¿Acaso ya se nos olvidó que la Organización de Estados Americanos convalidó la agresión norteamericana a Santo Domingo en 1965 para cortar, asesinar una revolución que estaba por triunfar? ¿Acaso se les ha olvidado que la Organización de los Estados Americanos se ha convertido en una organización colonial y la han llamado unas 20 colonias al servicio de los Estados Unidos?
Ahora, claro los tiempos han cambiado, esta Cuba, está Nicaragua y México, naturalmente se niega a ser parte de esas 20 colonias. Pero si México fuera servil a la Organización de los Estados Americanos, a los mandatos de la Organización de Estados Americanos, hubiera seguido una política muy cercana o plenamente ajustada a los lineamientos de la política de los Estados Unidos. Afortunadamente México se ha desligado de los acuerdos de la Organización de Estados Americanos.
Recordemos cómo se negó a romper relaciones con Cuba contradiciendo un acuerdo de la Organización de Estados Americanos, se negó a convalidar la agresión norteamericana a Santo Domingo y a pesar de todo lo que se diga en contra del Presidente Díaz Ordaz, nosotros recordamos cómo Díaz Ordaz levantó su voz en contra de esa
agresión del imperialismo yanqui contra ese hermano pueblo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un organismo de la Organización de Estados Americanos, pero el Abogado del Partido Acción Nacional nos amenaza con el asunto que han planteado puede ir a la corte, y que este es pleito, pero el abogado Juan de Dios Castro lo ve como un pleito, no le da la dimensión, ha mencionado de paso el derecho internacional, ha hecho algunos alegatos sobre el derecho internacional, su validez o no, pero ha tratado el asunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un asunto de litigantes, como un asunto pequeño, pero luego ha querido engrandecerlo comparándola con la Corte Internacional de Justicia, sabiendo que allá se ventilan otro tipo de asuntos.
Qué poco respeto a la tribuna de la Cámara de Diputados de México, que poco respeto al pueblo de Nicaragua cuando ha hecho comparaciones odiosas, dice: Nicaragua ha presentado una demanda contra los Estados Unidos, precisamente en la Corte de Haya ¿Cómo nosotros nos vamos a poder presentar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es una falta de respeto al derecho internacional, a Nicaragua y a la Corte Internacional de Justicia, hacer esas comparaciones odiosas como he dicho.
¿Qué precedentes se sentarían compañeros diputados, si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se abocara a conocer la demanda del Partido Acción Nacional y dictara una resolución o pidiera cuentas al Gobierno de México? Se sentaría un funestísimo precedente, y eso no debe ocurrir. Primero denunciamos el pacto de San José y después aceptamos que un organismo, sea cual sea, intervenga en los asuntos internos de nuestro país.
Compañeros diputados, la historia registra muchas inconsecuencias, muchas traiciones, muchos desaciertos de sus hijos. Y en los últimos tiempos, en la época actual, la historia de México tendrá que registrar estos desaciertos, porque no podemos permanecer impasibles ante hechos graves, ante hechos gravísimos, ante hechos que desprestigian la fisonomía de nuestro país en el extranjero.
¿Qué tienen que hacer políticos mexicanos pidiendo audiencias con senadores para contarles sus penas, para ir a lloriquear sus derrotas electorales en México? ¿Qué tienen que hacer políticos mexicanos en un organismo extranjero para plantear cuestiones que sólo los mexicanos podemos resolver?
Compañeros, creo que los términos están puestos con toda claridad, no es posible aceptar que un organismo extranjero intervenga en los asuntos que son de la competencia exclusiva de los mexicanos. Que apelen al pueblo de México el pueblo de México no los va a seguir, por eso no apelen a él, porque el pueblo de México es inteligente, el pueblo de México ha vivido sus revoluciones, nuestro pueblo es un pueblo curtido en el combate revolucionario y no va a creer en un partido que se ha vivido negando la filosofía y las conquistas de la gran revolución histórica de México.
Compañeros, quiero citar a Benito Juárez, quiero citar la carta de Benito Juárez a Maximiliano de Hasburgo: "Cuando los traidores de mi Patria - no es lectura textual - se presentaron a Miramar a ofrecerle la corona diciendo que expresaban la voluntad del pueblo mexicano, usted no debió ver más en eso que una farsa, indigna de ser tomada en cuenta por un hombre decente". Parafraseamos al Benemérito de la Américas: "Cuando los traidores de mi patria se presentaron a Washintong, ustedes, políticos norteamericanos no debieron ver más en esto más que una farsa indigna de ser tomada en cuenta por hombres decentes."
Compañeros, debemos rechazar con toda energía, debemos condenar con pasión patriótica estas acciones del Partido Acción Nacional, porque son acciones que sientan precedentes totalmente negativos para la vida de nuestro país. Todos tenemos que condenar y debemos decirle a nuestro pueblo con toda claridad: el verdadero enemigo es este poder extranjero que quiere avasallar nuestra patria, pero que en México tiene un servidor. Eso es lo que debemos decirle a nuestro pueblo y no podemos permanecer callados ante una infamia antipatriótica que se trata de cometer.
El C. Presidente: - Señor diputado Federico Ling Altamirano tiene la palabra.
El C. Federico Ling Altamirano: - Señor presidente; señoras y señores diputados: si bien se observa el debate de esta tarde adquiere a medida que se desarrolla, tres fases fundamentales: La primera, es la que se da al plantearse la cuestión jurídica que nos lleva en natural consecuencia a una desembocadura política y finalmente a la cuestión clave, importante, histórica, de si en México, en nuestro tiempo, se están ampliando o reduciendo las vías para que el pueblo mexicano logre uno de sus más caros anhelos que es la vigencia total de los derechos democráticos.
Para tranquilidad del diputado Castillo, puede afirmar aquí que con pacto o sin pacto de San José suscrito por México, con o sin la reserva que a juicio de varios diputados puede ser necesario sobre el artículo 23 del mismo pacto, con o sin reforma electoral interna para adecuarla a lo suscrito por México en el pacto, con o sin respeto táctico al voto de nuestra nación, y mucho
Más allá de nuestra evidente transitoriedad como individuos en el contexto general de la historia de México, y por muy importante que sea nuestra coyuntura, y por muy importante que consideremos que es el debate de hoy y quisiéramos liquidarlo totalmente en una sola tarde, mucho más allá de todo esto, el pueblo mexicano conservará el supremo derecho de establecer aún por vía revolucionaria el régimen o tipo de gobierno que desee.
Pero entrando al terreno que me parece sumamente interesante, de si en México se están ampliando o reduciendo las vías que conducen a la total vigencia de la democracia en nuestra nación, me parece que hemos dejado de lado una aseveración importantísima del ingeniero Castillo. Esa aseveración es de orden práctico, y dice: Creo que con justa razón en su apreciación que las condiciones para un gran cambio a nivel nacional, no se dan nunca hasta ahora en la simple coyuntura de elecciones estatales.
Y afirma el diputado Castillo, que es necesario esperar a una coyuntura en donde la elección sea de participación nacional para que se den las condiciones del cambio y tal vez la coyuntura revolucionaria que se puede preveer.
Yo siento, con todo respeto para la opinión del diputado Castillo, que esto sí es reducir, restringir de una manera importantísima las posibilidades y la consideración misma de las posibilidades para el gran cambio aún por vía revolucionaria. Restricción práctica, pero de gran importancia significa de hecho reducir la posibilidad de que una coyuntura electoral conduzca a un gran cambio a un derecho sexenal a darse el tipo de gobierno que el pueblo desee. Y esto si es una restricción importantísima. Derecho sexenal, porque así lo marcan las condiciones prácticas, sólo derecho sexenal a la rebelión del pueblo de México, si esto llegara a ser necesario, coyuntura electoral.
Y me parece que esto tiene una importancia grandísima para la vida nacional. En este sentido la posición del ingeniero Castillo no amplía las vías que deseamos todos para perfeccionar nuestra democracia, más bien las reduce, esa expectativa de que en 1988 o en 1994, sí se den las condiciones necesarias para el gran cambio que muchos deseamos. En cambio, según la tesis de Acción Nacional, al movernos dentro del derecho constitucional ampliado, ampliamos también el cause civilizado del cambio, dejando intacto el derecho a la revolución, porque ese, aunque quisiéramos - y no queremos -, seguirá intacto para el soberano pueblo de México.
Nuestra tesis como usted sabe ingeniero, es el del cambio por vía de reforma, somos en ese sentido reformistas, queremos la vía de la reforma, y así lo declaramos simple y llanamente, sólo que las ingentes y urgentes necesidades de este pueblo angustiado que tiene una economía despedazada y una democracia pulverizada y aún en ciernes, reducida a sólo un embrión, nos hacen pensar en una reforma a gran velocidad, una reforma si pudiera darse paso de revolución, esa es la posición de Acción Nacional, planteada claramente desde febrero de 1969, en ese documento llamado "cambio democrático de estructuras".
Finalmente, me opongo y creo que es el sentir general de la diputación de Acción Nacional, el oponernos a que se consideren las naciones como estados, como dijera Leibnitz en su tiempo, de individuos, de los seres humanos, como nómadas cerrados en sí mismos, entidades sin ventanas y sin posibilidades de comunicarse, sin posibilidad de echar lazos y compromisos, viviendo aislada y egoístamente cada quien, pretendiendo alcanzar su destino por separados; si esa no es la condición actual de los pueblos, de las naciones y estados de la faz de la tierra, Más bien es al contrario, mucho más allá de las naciones nómadas que se constituían, también en átomos que se muerden según Leibnitz mucho más allá, debemos preguntarnos por el destino universal de los derechos fundamentales del ser humano y hablo del ser humano tanto en su vertiente de persona humana individual, como persona colectiva, como sociedad, con fisonomía y destino propio que alcanzar, qué sería de los derechos humanos en el mundo sin la corresponsabilidad solidaria de las naciones, estado que en uso de su libertad y soberanía como ha demostrado aquí el eminente jurista Juan de Dios Castro, pueden firmar libre y soberanamente estos compromisos, luchamos pues, porque se pueda seguir firmando libre y soberanamente compromisos de éste tipo, que obliguen a los estados a cumplir lo que firmaron "pacta sund servanda" dice un principio común al derecho natural y al derecho positivo, los pactos tienen que ser cumplidos, los compromisos tienen que ser cumplidos, y mientras no se modifique la situación formal, ésta es la obligación jurídica y moral del Gobierno mexicano que lo suscribió.
Así pues, al movernos en este terreno de ampliación de vía y lucha por derechos universales del ser humano en el mundo, sentimos que pertenecemos a lo más moderno de las corrientes políticas del mundo, que tenemos derecho a encabezar una lucha, la brillante lucha que se ha dado en México, concretamente al pueblo mexicano, para lograr la instauración de ese brillante anhelo que algún día será la democracia.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Martínez Verdugo.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Señor presidente quisiera rogarle al compañero si me permite
usar la tribuna para rectificar hechos. ¿me permite señor diputado?
El C. Presidente: - Si usted se lo permite diputado Arnoldo Martínez Verdugo.
El C. Arnoldo Martínez Verdugo: - Si no hay inconveniente.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Martín Tavira.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Señor presidente, compañeros diputados: yo creo que el diputado Altamirano confundió las Mónadas de Leibnitz con las monedas, porque en efecto, los que hablan de que en nuestro tiempo debe de desaparecer la soberanía absoluta de los estados, son aquellos jurisconsultos al servicio del imperialismo que quisieran que desaparecieran esos derechos de autodeterminación y no intervención, con el fin de que la economía - dicen ellos - se internacionalice. Es por culpa de ese nacionalismo lo - han repetido -, por culpa de ese nacionalismo, que los países subdesarrollados siguen en esa situación. Por qué no abren sus puertas para que haya una interdependencia en todo el mundo y no defiendan con tanto celo su independencia. Estas son monedas y no monadas, estas son finanzas.
Otra rectificación, señores diputados. Cuando hablamos nosotros del derecho a la revolución, le damos a la revolución su contenido preciso, revolución no es cualquier escándalo, cualquier golpe de ésta, de cualquier cuartelazo, cualquier rebelión de tomar puentes internacionales o de hacer depredaciones de toda naturaleza. La revolución es la expresión de la clase obrera y sus aliados para construir un régimen distinto. Esa es la revolución y sólo tienen derecho a la revolución las clases revolucionarias y sólo tienen derecho de invocar la revolución, los partidos revolucionarios y no una fuerza contrarrevolucionaria. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Arnoldo Martínez Verdugo.
El C. Arnoldo Martínez Verdugo: - Señor presidente; señores diputados: yo creo que estamos ante un debate que tiene mucha importancia para el país y también para el curso posterior de nuestra lucha política. Precisamente por eso creo que deberíamos hacer un esfuerzo para no vulgarizarlo, para no rebajarlo, para no utilizarlo simplemente para tratar de desprestigiar al oponente político.
Yo pienso que la cuestión que aquí se está debatiendo, la tenemos que examinar en los dos aspectos que me parece que tiene.
El primer aspecto, me parece a mi, que se relaciona con la definición de si nosotros reconocemos o no el derecho de los mexicanos y de las organizaciones que los mexicanos han creado de todo tipo, a acudir a instancias internacionales, especialmente a aquellas que han sido creadas por los estados, para contribuir a la vigencia de los derechos humanos que como sabemos, son por desgracia vulnerables en muchas zonas del mundo, y que se necesitan defender.
Yo creo, siempre lo he considerado así, que es legítimo el derecho de los partidos y de los ciudadanos a denunciar en el exterior las arbitrariedades que el Estado comete sobre los ciudadanos, las violaciones a los derechos humanos de manera fundamental, pero al conjunto de los derechos y también reconozco que es legítimo, el derecho de demandar la solidaridad internacional de otros pueblos, con las luchas del pueblo mexicano, como nosotros también tenemos por mandato constitucional el deber de prestar esa solidaridad en la lucha por la democracia, por la libertad, para hacer que en el mundo rijan relaciones políticas de tipo democrático y para contribuir al combate de las arbitrariedades que se comenten de manera sistemática.
Desde este punto de vista, yo considero que es irrebatible el derecho del Partido Acción Nacional de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana, creada por la Convención Americana de Derechos Humanos, afirmada por el Gobierno y ratificada por el Senado.
Como también considero que tiene todo el derecho, estimada compañera Rosario Ibarra de Piedra, de apelar a la solidaridad internacional para que sean eliminados todos los delitos que el Estado comete y ha cometido con ciudadanos desaparecidos o que son objeto de arbitrariedad policiaca.
Yo pienso que en esto los mexicanos tienen sobre todo su corriente democrática, una larga trayectoria, que no debe ser, no solamente eliminada, sino ni siquiera oscurecida o estorbada en aras de consideraciones momentáneas sobre todo derivadas de la lucha electoral.
Este es el primer aspecto que yo creo llamo a tomar en cuenta, pero el segundo aspecto se refiere a que esta cuestión que estamos debatiendo no es un asunto solamente de derechos, y en el caso concreto yo diría que no es tanto de derechos, es un asunto eminentemente político. Lo tenemos que tomar así si queremos hacer un juicio justo sobre los problemas que estamos debatiendo. Es un asunto político y por lo tanto es un asunto de conveniencia. En este caso la conveniencia es la que se refiere al país, a la nación. Conviene que nosotros vulneremos de alguna manera el combate largo de los mexicanos
para ser efectivamente soberanos, para resolver entre nosotros los problemas que nos dividen, sin ingerencias de ningún tipo procedentes del extranjero, o bien queremos entrar en otro terreno y entonces abrir la puerta para que en efecto, fuerzas que siempre han tratado de meter la mano, lo han hecho por desgracia de manera muy reiterada en los asuntos políticos y en la conducción de nuestro país, pero sobre todo en la cuestión fundamental que es la relativa al problema de su desarrollo social del país.
Y es en este sentido en el que nosotros nos parece que el Partido Acción Nacional está cometiendo un grave error político, y esto hay que decirlo de manera clara al Partido Acción Nacional, porque al solicitar la intervención de un organismo extra nacional para dirimir asuntos que competen única y exclusivamente a los mexicanos, porque me parece que éstos son los relativos a nuestra capacidad para elegir a las propias autoridades, se está haciendo una concesión injustificable, y estoy diciéndolo desde el punto de vista de que reconozco ese derecho pero me parece que aquí se expresa una visión política de la solución de los problemas del país con la que nosotros de ninguna manera podemos estar de acuerdo, y ni siquiera permanecer callados.
La función de elegir autoridades, que es la esencia del planteamiento que hizo inicialmente el compañero Heberto Castillo, no se puede delegar, no se puede someter a la jurisdicción de ningún organismo extranjero, ni aún de aquellos en los que participa de algún modo el Gobierno mexicano.
Pero además aquí hay otros ingredientes que nos llevan a nosotros también a definir nuestra conducta, rechazamos esta posición del Partido Acción Nacional, porque el organismo del que depende la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, carece de toda autoridad, no tiene ninguna autoridad ni moral ni política, yo creo que ni ante el pueblo mexicano ni ante el resto de los pueblos latinoamericanos. En realidad ha sido siempre un instrumento de manipulación y de intervención del Gobierno de los Estados Unidos.
Aquí se ha dado ya ejemplo que yo comparto, de la forma de concebir a esta organización dentro de la cual está la Comisión Interamericana, jamás la Organización de Estados Americanos en efecto, hizo nada para defender los derechos y la independencia de las naciones de América Latina, nada absolutamente... (Aplausos.) no ha levantado un dedo.
Cuando la agresión abierta, oficializada del Gobierno de Reagan, dispone cantidades de dinero para fortalecer a una fuerza exterior, esto por sí mismo ya lo eliminaría de cualquier autoridad, pero sabemos también que fue la Organización de Estados Americanos la que promovió el criminal bloqueo que se hizo contra Cuba en los primeros años de su revolución, y que en gran parte determinó el curso posterior de los procesos internos de la Revolución Cubana. ¿Cómo nosotros podemos estar de acuerdo en que sea políticamente justo acogerse a un órgano que de ninguna manera representa garantía alguna para que pueda haber ahí un juicio mínimamente imparcial? Desde luego que no lo habrá.
Pero aquí hay otros elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y es que esta acción no es aislada. Tomemos en cuenta que grupos de ciudadanos, miembros o simpatizantes del Partido Acción Nacional, han emprendido auténticas campañas para promover la intervención de sectores oficiales del Gobierno de Estados Unidos en cuestiones electorales.
A mi me parece que el menor tacto político, la menor convicción de que en esta cuestión nuestro país en un momento tan delicado como el que estamos viviendo de crisis, de debilitamiento real del país y también de debilitamiento del propio gobierno, entonces esto se convierte en materia accesoria para documentar las presiones del gobierno de Reagan, presiones que son muy claras, son públicas, que se están desplegando para que México cambie lo mejor de su política internacional, para que lo que hace muchos años se planea en los altos círculos financieros norteamericanos, que es efectivamente desmantelar aspectos fundamentales de nuestra economía como el sector estatal, condicionar el desarrollo de nuestro país a las necesidades del capital financiero internacional, pero fundamentalmente del norteamericano. Estas son cuestiones en las cuales se está ejerciendo una presión y por desgracia esa presión no es resistida de la forma como la tradición democrática de nuestro país lo demandaría, la tradición de soberanía. Y esto lo que hace es reforzar, introducir nuevos elementos para que el gobierno y el país sigan siendo objeto de estas presiones inadmisibles desde todo punto de vista.
Pero compañeros, la lucha contra las presiones externas y también la defensa de la soberanía, cuestiones justas, no pueden ocultar que México está padeciendo problemas cruciales, que obstaculizan aspectos esenciales de su desarrollo social y también de su desarrollo económico y político. Y que de estas cuestiones está ocupando ya el lugar central la existencia de una legislación electoral que efectivamente lesiona, y lesiona profundamente los derechos políticos de todos aquellos que no pertenecen al partido oficial y que, por lo tanto, no se pueden beneficiar de la existencia de un sistema electoral que carece de toda veracidad y credibilidad para sectores cada vez más grandes de nuestro pueblo.
Y esta cuestión no la vamos a resolver con un ¡Viva México!, recuerdo aquí - algunos quizá lo recuerden también -, a aquél cómico mexicano que cuando la concurrencia se aburría o dejaba de aplaudir, lanzaba un estentóreo ¡viva México! para que los aplausos se produjeran. No, no es con apelaciones a ciertos chauvinismos que se han venido formando en algunos sectores de nuestra sociedad, como se van a resolver estos problemas que, en efecto, están acumulando material explosivo en amplios sectores de nuestra población.
Pienso que tampoco se van a resolver acudiendo a organismos internacionales o a fuerzas extranjeras hurgadas a gobiernos extranjeros; de ninguna manera, se van a resolver por la acción de nuestro pueblo, como decía el compañero Heberto Castillo, en última instancia por la revolución.
Pero aún antes, los revolucionarios, o sea, aquellos que quieren resolver las cuestiones del país de raíz y a fondo y además pronto y no con esta idea del desarrollo a paso de tortuga, tienen que hacer todos los esfuerzos para resolver todos los problemas con el mínimo de costos sociales para nuestro pueblo. Y por eso tiene que desarrollarse la acción de nuestro pueblo, la lucha interna ese sentido, y tienen que formularse también las posiciones tácticas.
Nosotros lo hemos dicho con toda claridad, frente a este problema del derecho al sufragio vulnerado sistemáticamente, hace falta que todas las fuerzas interesadas en un desarrollo político sano de este país y por lo tanto, democrático, todas sin excepción, incluyendo a las fuerzas gobernantes, tomen conciencia y actúen para colocar las bases sobre una nueva base, para formular un nuevo pacto político y social, para hacer que en efecto la comprensión de este gran problema, lleve a la busca de soluciones políticas reales; y a nosotros nos parece que precisamente la defensa del sufragio es hoy aquello que puede unir a todas las fuerzas que comprenden que el desarrollo social de México está por encima de los intereses contradictorios de los partidos y que esa es la tarea fundamental del momento de nuestro país. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús González Schmall.
El C. Jesús González Schmal: - Se me ha restringido el tiempo a cinco minutos, con todo gusto lo respetaré.
Interesante la elaboración que hace el diputado Martínez Verdugo sobre el problema en los dos enfoques de esta medida a que Acción Nacional ha recurrido.
En efecto, ha reconocido, jurídicamente es impecable, pero tiene sus reservas muy señaladas en cuanto a la procedencia política.
Y la verdad es que se advierte una flagrante contradicción cuando se reconoce políticamente viable, por ejemplo, el recurrir a instancias como Contadora para un problema de régimen interno en una nación y en cambio se invalida par recurrirlo en el caso de nuestra propia patria.
Yo creo que estamos aquí siendo objeto de una aprehensión muy bien dirigida por el gobierno. Sin duda ha habido un esfuerzo, una campaña desplegada, clarísima con los recursos de manipulación del poder público, para crear en el mexicano una especie de resignación, una especie de complejo frente a su participación en el escenario internacional, en la posibilidad de recurrir y rebasar las fronteras en materia de información.
Siempre que hay una persona distinta al gobierno no autorizada por el gobierno, que sale al extranjero que formula algunas consideraciones en materia política, inmediatamente se desencadena la censura, llega a calificativos hasta de traición a la patria.
Esto ha provocado sí, una especie de inhibición, una especie de resistencia sicóloga a no reconocernos como pueblo que no tiene un gobierno auténticamente representativo, como pueblo parte de la comunidad internacional, capaz de dejar oír su voz, capaz de dejar oír su voz, capaz de invocar la solidaridad misma que nosotros como pueblo, damos a otras naciones en sus luchas legítimas, y esto justamente está dando en esta nueva apreciación, o en esta apreciación de una nueva instancia de un recurso intentado por Acción Nacional.
Si los compañeros que están molestando haciendo ruido con las curules, con las tapas, mejor lo hicieran como corresponde, ladrando, quizás sería más digno y tal vez provocara que el presidente les llamara la atención, pero ni aún cuando se resistan, ni aún cuando hagan ruido, ni aún cuando censuren la acción perfectamente procedente de recurrir a una instancia internacional, aun contra esa resistencia del gobierno, aún contra el despliegue de todos sus recursos, estamos justamente preservando la soberanía nacional, y diré por qué: Porque la soberanía nacional jamas se comprometerá recurriendo a estas instancias, recordemos que los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son elegidos en lo individual, no representan a ningún país con juristas connotados de prestigio y trayectoria en la defensa de los derechos humanos y no actúan en función ni en representación de ninguna nación.
En cambio, qué diferente es que nuestro gobierno, usurpando una representación que no le corresponde,
porque no está obtenida en las urnas ni en la voluntad popular, usurpando esa representación, compromete a la nación y la constriñe y la reduce a ser un pagador fiel a sus acreedores, después de que ha dilapidado en derroches y en el mantenimiento del aparato electoral, los créditos contraídos a nombre del pueblo; estos sí son compromisos insalvables, esto sí en realidad está reduciendo la capacidad de la soberanía en la decisión de su política económica, en la decisión básica y fundamental, en sus decisiones de gobierno, esto si realmente es vulnerar la soberanía.
No vengan aquí a disfrazar y a querer trasladar la responsabilidad, por el simple ejercicio de una instancia internacional, la responsabilidad si es que algo tiene comprometido a México es de un gobierno que ha monopolizado por más de medio siglo el poder y que nos tiene sometidos a designios de los países acreedores poderosos, esto si es compromiso; que en cambio no sería precisamente liberar a la nación de estos compromisos, cuando pudiéramos tener una representación auténtica que sometiera al Ejecutivo rigurosamente a las limitaciones que la Constitución establece?, ¿qué no sería justamente salvar nuestra soberanía para que aquí podamos limitar en los presupuestos y en la cuenta pública los límites a los que puede llevarse a cabe toda la deuda pública y todos los compromisos a nombre de la nación? ¿Qué no sería precisamente cuando el pueblo emerja libremente y se auto determine soberanamente, cuando podamos dar la cara al extranjero y decirle que no somos una oligarquía, que no somos un pueblo resignado al fatalismo, que ni aceptamos el exclusivismo y los privilegios de ser el monopolio en la representación exterior y que somos un pueblo soberano, que reivindicaremos nuestros derechos pese a quien le pese? y que sigan ladrando los perros. Muchas gracias.
El C. presidente: - Para hechos el diputado César Augusto Santiago.
El C. César Augusto Santiago Ramírez: Compañeras y compañeros diputados: esta intervención última, y algunas otras del Partido Acción Nacional que hemos escuchado en este debate, con toda franqueza debo decir que yo sentí en ésta algo de nostalgia, porque ojalá que los señores diputados del Partido Acción Nacional que últimamente han hecho uso de la tribuna, regresaran a los temas del reglamento, esos temas sí los manejan con vehemencia, y a veces hasta con algo de propiedad, pero cuando se trata de cuestiones serias, cuando hay que debatir cuestiones fundamentales para la vida del país, donde no da lugar a elaboraciones procedimentales, se muestra una cara distinta con la que simplemente he querido venir aquí a esta tribuna.
No es aventurado decir que en la práctica parlamentaria hay alguna referencia frecuente al leguleyismo, es querer encontrar a todo una justificación jurídica, una explicación estrictamente apegada a la letra de la ley, como si la ley fuera un simple cartabón de palabras que se pueden manejar al antojo de quien mejor armas tenga en la tribuna, pero eso es consecuente con la ideología y el procedimiento del Partido Acción Nacional, porque a un partido con esas características le interesa mucho que el debate siempre se vaya por ese lado, porque al llegar a las cuestiones fundamentales de la política, en lo que hay que sacar la verdadera para justificar la razón de ser de la lucha que cada uno da, el procedimentalismo leguleyo es simplemente eso, una mera forma de encontrar un camino para disfrazar una ineficiencia histórica y una falta de razón contundente. (Aplausos.)
Yo solamente quise aquí en esta misma corriente procedimental, una referencia que se hace sobre por qué en el asunto de Contadora nosotros sostenemos la legitimidad de esas tareas y se quiere derivar el debate y decir cómo ahí sí, en esta actitud que ahora encabezan estos señores, no procede esta conducta. Planteado así parecería que hay alguna razón de fondo, pero es al revés y por eso pedí la palabra para hechos.
Justamente la lucha de Contadora, es para ratificar una vez más la política que a través del tiempo ha sostenido nuestro país por la autodeterminación de los pueblos y ¿qué es la autodeterminación? sino al otorgar a cada pueblo la facultad de ejercer su soberanía plena sin interferencia de ninguna potencia o nación exterior. Eso es la lucha por la autodeterminación de los pueblos.
Si se ve desde esta óptica, es completamente justificado el que nosotros y el Gobierno de la República sostenga la tarea del Grupo Contadora. Yo siempre he pensado que a veces resulta más propio encontrar o buscar en las raíces la justificación de estas conductas aparentemente nuevas y en el caso del Partido Acción Nacional, yo he tenido el cuidado de buscar un poco más allá de esta andanada reciente de la ideología panista y seguramente los señores vendrán aquí a ampliar esta referencia final que voy a hacer.
Hace muchos años el señor Gómez Morín, un destacado intelectual mexicano, escribió un ensayo que él llamó "1915". En ese ensayo al inicio empezó a definir lo que para él era su búsqueda, el deseo de conformar -decía- una nueva generación, una generación que fuera nacionalista. Eso dijo él, que fuera nacionalista; crítica, que fuera crítica y que buscara en las esencias de la patria las raíces para sustentar una nueva ideología. Ese fue el inicio de su lucha, buscar una nueva generación política, dijo él.
Hoy en este debate, parecer ser que Gómez Morín ya encontró a su nueva generación política.
Desafortunadamente, señoras y señores diputados una generación política crítica, eso sí, pero no nacionalista ni enteramente mexicana. Esa búsqueda de Gómez Morín, aquí está en este debate claramente demostrado, se quiere subsistir la razón por la vehemencia, no se pueden ganar los debates simplemente por la vehemencia.
Yo quisiera en ese sentido considerar, finalmente, que ojalá hubiese la generosidad de quien me antecedió en el uso de la palabra y volviese aquí a esta tribuna a retirar sus expresiones no dignas de su calidad de representante popular. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pablo Alvarez Padilla.
El C. Pablo Alvarez Padilla: - Señor presidente; compañeros diputados: ha sido interesante el trabajo del día de hoy, ha habido intervenciones oratorias de calidad, ha habido opiniones sinceras que han sido defendidas aquí con argumentos de razón que pudieran ser más o menos valioso, pero que son sinceros, que nacen de la autenticidad del ser, del pensar y del sentirse persona, del sentirse y del hacerse respetable.
El orador que me ha antecedido ha hecho aquí una serie de afirmaciones gratuitas; no ha dado un solo argumento de razón, seguramente porque carece de capacidad de tenerlos y de darlos y se ha limitado a lanzar epítetos sin ningún fundamento; así como están silbando algunos, así ha venido él aquí simplemente a excretar palabras sin ningún sentido.
Habla él en esa parrafada sin sentido y sin orden, de ineficiencia histórica. Seguramente pensaba él en los jefes nacionales de su partido, como López Portillo, como Luis Echeverría -como no compartimos su forma de pensar - sí ellos se refería cuando hablaba de ineficiencia histórica.
También lo compartimos si se expresaba así al pensar en ese Senado que ratificó precisamente el tratado a que durante toda la tarde nos hemos venido refiriendo. Pero le soy sincero, no me ha causado ninguna sorpresa. Ya desde el colegio electoral los conocemos y conocemos la capacidad de cada uno. Qué lastima que se desperdicie el tiempo en forma tan miserable al ocupar la tribuna para cosas tan baldías y tan insustanciales, como la intervención de esta persona que acaba de hablar.
Ha hecho mención el compañero, de Contadora y es precisamente Contadora, en el punto quince de su documento básico que establece en el apartado dos la obligación de establecer órganos electorales independientes, que elaboran un registro electoral confiable y que aseguren la imparcialidad y el carácter democrático del proceso.
Compañeros: ¿qué de veras se necesita hacer un esfuerzo de razón para comprender que en nuestro país no existe este órgano independiente electoral, que es indispensable para que se den unas auténticas elecciones?
No es difícil entenderlo, es una realidad que todos reconocemos, es una realidad que todos vivimos y es una realidad que todos constatamos en las distintas fases de este supuesto proceso electoral, que todos los partidos de oposición especialmente venimos padeciendo.
Acción Nacional, compañeros diputados, tiene una doctrina humanista, que inclusive preconiza el respeto que a ustedes les debemos y que tratamos de ejercitar y que a veces, a través de algún acto pasional muy justificable de nosotros tiene algún exabrupto muy natural también. Sin embargo, yo en lo personal quiero decirles a ustedes que no ha perdido la confianza en la capacidad de rectificación del ser humano; que no he perdido la confianza de que en ustedes todavía aflore esa bondad natural, porque buenos nacieron y buenos deben conservarse, y buenos debemos de conservarnos con un poco de esfuerzo. Es posible que entre seres humanos nos entendamos; es posible que entre seres humanos busquemos hacer de nuestro México una patria ordenada y generosa.
Por eso, apreciamos y reconocemos los argumentos que se dan aquí de razón cuando tienen razón de ser esgrimidos, sin engreimientos, sin dogmatismos, mediante un análisis exhaustivo del contenido de los mismos, pero por favor, si no se quieren reacciones violentas no se venga a decir estupideces desde esta tribuna y seamos sensatos y ayudemos a que esto resulte bien. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la diputada Rosario Ibarra de Piedra.
La C. Rosario Ibarra de Piedra: - Señor presidente; señores diputados: ya se ha mencionado aquí que nosotros hemos recurrido a organismos internacionales para denunciar hechos terriblemente graves de violaciones a los derechos humanos en nuestra patria.
Nosotros creemos que esto debe de hacerse; nosotros, después de acudir a todas las instancias en el país, después de tocar todas las puertas, y creo que aquí nadie lo ignora y espero no aburrirlos, fuimos a Amnistía Internacional, y volveremos a ir, y volveremos a ir porque Amnistía Internacional ha salvado las vidas de muchos compatriotas.
Fuimos al seno mismo de las Naciones Unidas a instalar una huelga de hambre cuando los nombres de los desaparecidos mexicanos fueron
borrados de un plumazo de la lista de desaparecidos de la América latina. Hemos logrado con esta lucha y con esta denuncia internacional repito, la libertad de muchos seres, y estamos de acuerdo en que cuando las instancias se cierran en el país en el que se vive, hay que recurrir a la denuncia internacional con los pueblos hermanos del mundo. Lo reiteramos, lo repetimos, lo recalcamos y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros consideramos que los derechos del hombre son todos; nosotros no separamos unos derechos de los otros. Nuestras leyes lo dice, y nosotros pensamos que es legítimo acudir a otros pueblos en demanda de apoyo, de solidaridad.
¿Por qué preocuparse tanto?, ¿por qué el Gobierno mexicano se preocupa tanto? Nos hemos dado cuenta en nuestras largas estancias en las Naciones Unidas, que al Gobierno mexicano le preocupa mucho una sola cosa: su imagen en el exterior; le preocupa que se manche, que se deteriore esa imagen, y por eso no quiere que estas cosas se den a nivel internacional.
Nosotros tenemos por experiencia algo que mencionaba aquí el diputado Castro, que esas cosas funcionan muy lentamente. En esta tribuna y en muchos lugares nosotros hemos acusado al Gobierno mexicano de muchas cosas, pero no podemos decir que sea tonto. El Gobierno mexicano tiene perfectamente bien estudiados todos los pasos que da a nivel nacional y a nivel internacional, por eso esos tratados están perfectamente calculados, y le van a hacer, como dice por ahí el dicho; "lo que el aire a Juárez y el ventarrón a Madero".
El Gobierno mexicano en las Naciones Unidas, cuando nosotros hemos reclamado a la comisión, al grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias, el Gobierno mexicano tiene el derecho como decía el licenciado Castro, de decir que mentimos, y ese grupo no tiene más remedio, no tiene otra alternativa que decirnos a nosotros lo que le contestó el Gobierno mexicano, entonces eso es lo mismo que va a pasar y no va a llevar la sangre al río, si por ese camino se sigue esta polémica y esta lucha que se está dando.
Sin embargo, yo creo que el ir a hacer la denuncia, que el que otros pueblos sepan que en este país se violan los derechos humanos, que en este país se consuman los fraudes, es sano, es bueno para el pueblo mexicano, porque llevará su verdad a otras latitudes que están engañadas con la falsa democracia del Gobierno mexicano, de una falsa democracia fundamentada en una política internacional que es hipócrita en muchos sentidos.
¿Porqué, por que no son consecuentes los señores del Partido Revolucionario Institucional y del gobierno. Si quieren ser consecuentes sobre el asunto de la soberanía nacional, que expulsen al Fondo Monetario internacional, que no traigan deudas a este pueblo, que no vengan con esos millones y millones de deuda a este pueblo sufrido, cargándolos sobre sus espaldas.
Nosotros estamos en contra de las injerencias extranjeras y lo estaremos siempre, pero estamos a favor del internacionalismo y de la lucha internacional. Y los señores priístas deben de recordar que aquí mismo está don Francisco Javier Mina que no era mexicano y que llego con un puñado de extranjeros a luchar por la libertad del pueblo pobre de México. Ese es el internacionalismo que entendemos y con ese estamos y no contra las injerencias como la de Reagan y otras gentes con las cuales quizás, esos que dicen defender al país de la injerencia, son los que la permiten con esa deuda tan tremendamente enorme que nosotros sufrimos. Muchas gracias.
El C. presidente:- La diputada Elba Esther Gordillo tiene la palabra.
La C. Elba Esther Gordillo:- Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados: hay quienes creen que se hace demagogia cuando se destaca, una vez más, que la vocación soberana de México se encuentra amenazada por afanes servirles de la contrainsurgencia.
Hay quienes sostienen que se exagera sólo por mantener el poder, quienes así actúan le están dando la espalda a la historia. Ciegos y sordos también han perdido la memoria, allá ellos y su conciencia, como dice el pueblo: que con su pan se lo coman.
Vengo a esta tribuna porque consiente está mi partido que este debate no es esencialmente un debate jurídico, mas bien es de valores políticos. Para fortuna de México la mayoría de nosotros si tenemos memoria histórica y recordamos el cúmulo de agresiones a que se ha sometido nuestra nación, no por una nación, por muchas, pero siempre ha habido un pueblo alerta y vigilante dispuesto a darlo todo por defender su soberanía e independencia. Y en eso quisiéramos ahondar.
Si tienen derecho cualquier partido o persona que lo desee recurrir a las Naciones Unidas, a la Organización de Naciones Unidas, o a la instancia que lo deseen, lo que no tienen derecho es a subastar la nación su pretexto de fraude electoral. No estamos en subasta. Y este país tiene historia y es bueno recordarle, particularmente este día, hoy 30 de septiembre, al lado del generalísimo Morelos estuvieron muchos grandes y aguerridos
mexicanos dispuestos a defender los grandes valores de la nación.
Da gusto, señores, da muchísima satisfacción saber que es posible en las cosas sustanciales, en lo esencial, coincidir con diferentes corrientes ideológicas, y coincidimos, porque sobre todo y por toda, como aquí dice: "La Patria es primero", por eso nos satisfacen algunas opiniones que aquí se han dado.
No es casual y no dudamos que cuando el señor Villa Escalera estuvo en Washington haciendo denuncias electorales, ya bajo una estrategia de Acción Nacional prevista con largos tiempos, meses de acusar de fraude electoral, campañas publicitarias permanentes, búsqueda en el extranjero de una corporación o una asociación publicitaria que se dedicará a desprestigiar a la nación. No desprestigiaban a un solo grupo, estaba desprestigiando a la Nación entera, se dedicaron pues desde antes de la elecciones -, a lograr un ambiente de desprestigio a nuestro procesos electorales.
Villa Escalera fue a Washington y entonces dijo Acción Nacional que había ido de mutuo propio, que individualmente tenía derecho, y lo sancionó Acción Nacional. Y la congruencia y la disciplina del partido Acción Nacional se refleja en un simple hecho, hoy Villa Escalera es candidato a la gubernatura de Puebla. Señores, más congruencia.
Y no sólo eso, casi estamos ciertos que ya empezarán una campaña de desprestigio en torno al proceso electoral en esa entidad federativa vecina.
Ustedes en aquella ocasión en la ida a Washington, recordarán que el Presidente de la República fue llevando la voz de los mexicanos a una defensa de nuestra política exterior y algunos asuntos necesarios a discutir. Y establecieron la estrategia de desprestigiar y debilitar la voz del Presidente; no lo consiguieron, no lo lograron porque hay mexicanos, la gran mayoría que está con su Presidente. Nuevamente van a la Organización de Naciones Unidas cuando el Presidente de la República va a tratar asuntos de gran interés nacional. Asuntos que preocupan a todos los mexicanos; la renegociación de la deuda externa, y entonces ustedes tratan de restar toda autoridad moral y toda posibilidad de una negociación que beneficiara al pueblo mexicano.
Y yo me pregunto: ¿qué intereses obedecen? A los intereses más obscurantistas y más reaccionarios de los Estados Unidos. Son reaccionarios, han querido poner a la Nación en subasta y no se los vamos a permitir.
El panismo va al exterior a darle instrumentos endebles, pero útiles a un sector gubernamental estadounidense, soberbio y prepotente que desea ver a México sometido sin soberanía, sin independencia. Triste papel de quienes así actúan. Mi partido sostiene hoy más que nunca...
El C. Consuelo Botello Flores:- ¿Me permite una interpelación? ¿No me la permite? Gracias.
La C. Elba Esther Gordillo Morales:- Perdóneme compañera diputada, cuando termine. No se la permito.
Mi partido sostiene hoy más que nunca que debemos resistir con dignidad plena el embate imperial que de un tiempo resiente a la fecha se ha dado por cotidiano. El afán de desprestigiar a nuestro presidente y a nuestras instituciones, no cesa, nunca probado suficientemente, pero si difundidos con amplitud para hacernos ver como una nación indigna.
Reprobamos aquí ahora enérgicamente que la reacción vaya a dirimirse afuera, lo que sólo los mexicanos y nada más que los mexicanos tenemos que sancionar, calificar y discutir. La reacción nada tiene que hacer frente a los principios de la Nación. Mi partido está preparado para no tolerar intromisiones ajenas a los mexicanos, aquí sabemos lo que tenemos que hacer. Por fortuna los más de los mexicanos han resistido, no sin daños estos afanes colonialistas.
Hicimos un movimiento de independencia, otro de reforma y uno de honda raíz revolucionaria como para dejar que algunos alucinados políticos quieran invalidarnos en las sedes del imperialismo.
Bien ha dicho nuestro dirigente nacional, y queremos que se entienda: "la historia mexicana no tiene caminos de regreso". Nos resulta sospechoso que los panistas que asumen una estrategia diseñada desde Allende "El Bravo", nos desea debilitar como nación, pero se equivocan si quieren lograrlo.
Hay quienes no tiene la mínima idea de la integridad nacional, mucho menos de su valor y de su esencia. Por eso con ligereza que espanta van a hacerle el juego a los sectores externos de agresiva, insolente y constantemente nos achacan todo tipo de males.
Mi partido sabe de los acechos de los poderosos, no ignora que en sus esquemas de expansión somos una pieza más, pragmáticamente somos sujetos de explotación, no nación soberana para esos que atacan emboscados no les merecemos el menor respeto y en este contexto los panistas van gustosos y en aras de una mentirosa y falaz defensa de la democracia a hacer el papel de cómplices.
Los manipuladores de conciencias movieron hace pocos meses mar y cielo para hacer creer a la opinión pública internacional que Chihuahua sería el primer foco de una guerra civil, se equivocaron rotundamente, la paz electoral imperó, pero los maximilianistas de nuevo cuño no aceptaron su derrota. Ahora vuelven a la carga, gritando en el exterior que en nuestro país no hay legalidad, nosotros los priístas ante estos sonorosos hechos que nos pretenden desprestigiar, sostenemos que aquí se respeta la Constitución y la voluntad política de las mayorías, con espíritu autocrítico reconocemos errores e insuficiencias, pero no vamos ni contra el derecho ni contra la nación, pero esto que resulta elemental para mi partido es nada para minorías entreguistas que quisieran estar en el poder para acabar de un plumazo con todas las conquistas revolucionarias de los trabajadores del campo, de la ciudad. Los priístas cerramos filas para impedir que los propósitos reaccionarios se instalen en el gobierno, para ello contamos con el apoyo de los mexicanos. No podemos ocultar la satisfacción que nos conduce que las mayorías apoyen.
Yo quisiera compañeros y compañeras de partido de la honorable cámara, con la autoridad mora, con la conciencia, que diaria y cotidianamente nuestro ánimo y nuestra disposición de trabajo está por la soberanía y la independencia de la nación, les decimos categóricamente que sabremos hacerle frente, por que la razón histórica está de nuestro lado.
El C. presidente:- En relación por lo afirmado por la oradora tiene la palabra la diputada Carmen Jiménez de Ávila.
La C. Carmen Jiménez de Ávila:- Señoras y señores diputados: realmente no sé si vale la pena si contestar tanta demagogia, es increíble como se maneja la demagogia aquí en la tribuna. En primer lugar la diputada Gordillo reconoce que tuvimos derechos, que tenemos derecho para recurrir a los organismos internacionales, que legal y jurídicamente estamos en derecho; pero parece que se le olvida que si ese tratado existe es por que lo firmó López Portillo, como ya el diputado dijo en más de una ocasión, y de la misma manera lo ratificó el Senado, si el tratado existe es por eso, no lo firmó Acción Nacional.
Habla de que tiene valores políticos, seguramente el engaño, la mentira, la represión es lo que para ella son los valores políticos, para Acción Nacional no.
Sí, el engaño, la mentira, la represión fue lo que privó en Chihuahua y sigue privando todavía, fue lo que privó en el estado de Chihuahua antes, durante y después de las elecciones y es precisamente eso lo que tiene un pueblo indignado quien en pie de lucha después de dos meses de celebradas las elecciones; y eso son hechos no palabras, y si no ¿de qué forma se va a tomar posesión de dos meses de celebradas las elecciones? Y esos son hechos, no palabras.
Y si no, en qué forma se va a tomar posesión un gobernador electo en medio de un gran aparato militar y represivo.
Dice en un desplante que no sé cómo calificarlo, que nosotros, los del Partido Acción Nacional, queremos subastar a la nación. ¡Pero que barbaridad! Ya lo decía doña Rosario y ya lo decían mis compañeros anteriores ¿quiénes están subastado a la nación? ¿no serán aquellos que nos están endeudando y que en la forma más irresponsable que se puede conocer lo han hecho desde 1979 en contra de las protestas reiteradas una y otra vez de partido Acción Nacional para que no tuviera México más crédito? ¿No fuimos los diputados de Acción Nacional en la LI Legislatura los que dijimos una y otra vez que no se siguiera petrolizando la economía nacional? Entonces cómo se atreven a decir que estamos subastando a la nación cuando los que la han subastado son los gobiernos priístas.
También dice: "La patria es primero". Sí, ¿para qué? Primero ¿para explotarla?, primero ¿para servirse de ella?, primero ¿para endeudarla? Para nosotros ese no es el significado de patria. La patria la constituimos todos, la patria es el resultado del trabajo y de las acciones y de las omisiones de cada uno de nosotros y en ese sentido todos tenemos responsabilidad de construir la patria.
Y en ir a poner una denuncia en un organismo internacional, no va contra la patria, simple y sencillamente es el camino que nos están dejando también como decía doña Rosario, cuando todas las puertas en México se nos han cerrado.
Y luego habla también de congruencia. ¿Congruencia en qué sentido? ¿Congruencia entre sus palabras y los hechos? ¿Congruencia entre venir a decir aquí, que el Partido Revolucionario Institucional ha tenido conquistas revolucionarias y que gracias a esas conquistas revolucionarias los trabajadores del campo, yo pregunto, cómo están los trabajadores del campo, qué acaso la diputada Gordillo no se ha tomado la molestia de ir por esos caminos rurales o eso mejor dicho no caminos por que no existen y para llegar a Chihuahua a Morelos, por ejemplo, hay que pasar las de caín porque no hay una sola brecha? Y hay que ver cómo viven aquellas gentes comiendo papas cuando bien les va. ¿Esas son las conquistas revolucionarias? ¿Eso es congruencia entre lo que se dice aquí y los hechos reales? ¡Qué barbaridad!
Y luego dice que nosotros vamos a desprestigiar a la nación en momentos de crisis. En primer lugar, el desprestigio, quien lo ha hecho realmente, no es el Partido Acción Nacional quien ha estado en el poder durante cincuenta y seis años, no ha sido Acción Nacional quien ha hundido a la nación en este tiempo, no es el partido Acción Nacional, no señores, ha sido el Gobierno, el Gobierno, y el Gobierno es el Partido Revolucionario Institucional desde hace cincuenta y seis años y a todos niveles. Por lo tanto de esta situación son ustedes los únicos responsables.
No somos nosotros quienes vamos a desprestigiar a la nación, son ustedes, de la misma manera en que son ustedes, los que la han puesto en subastar y son ustedes quienes están buscando una dependencia de los organismos internacionales y de los pueblos internacionales con la deuda en la que nos han sumido.
Y luego también se atreve a decir que somos manipuladores de conciencias. Y yo le pregunto ¿acaso somos nosotros los que manipulamos conciencias? ¿somos nosotros los que nos valemos de los sindicatos para decirles que si se presentan en un mitin de un partido de oposición quedan con cinco años sin derechos sindicales? ¿somos nosotros los que tenemos en un puño a los sindicalizados por que con unos estatutos anticonstitucionales coartamos la libertad de conciencia y entonces de una manera brutal ponemos al derecho al trabajo condicionando a acabar con el hambre de esa familia? No, eso sí es manipular conciencia y eso no lo hacemos nosotros, y tampoco somos nosotros los que en ocasiones ofrecemos dádivas vergonzosas y vergonzantes a cambio de la sumisión. La gente que nos sigue es gente voluntaria; la gente que va con el Partido Acción Nacional es gente que conscientemente sabe lo que está haciendo y eso no es manipular conciencias. Y así seguiríamos refutando una por una todas las frases que ha dicho la diputada Gordillo que, repito desde que la conozco la considero como la maestra de la demagogia. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra, diputada María Esther Scherman Leaño.
La C. María Esther Scherman Leaño: - Con el permiso de la presidencia; compañeros diputados: no cabe duda, lo hemos comprobado con la intervención de la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, que la verdad no peca pero incomoda.
No cabe duda, lo hemos comprobado, que al denominar a la diputada compañera Elba Esther Gordillo como maestra de la demagogia mienten de nuevo, se enmascaran de nuevo, de disfrazan de nuevo, no cabe duda, una vez más, de que como siempre, de acuerdo a la estrategia de Acción Nacional que solamente trabaja en ese sentido, anticipan, como lo dijo la diputada, la represión en la toma de protesta del compañero Baeza en chihuahua.
¿Pero por qué anticipan la represión? Porque de acuerdo a los mecanismos que utiliza Acción Nacional, porque de acuerdo a como lo comprobamos, porque de acuerdo a la experiencia que tuvimos de las actividades políticas de la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, la violencia y además la incitación a la violencia de la población de los chihuahuences ha sido su método y su estrategia política, y si no, que lo comprueben las bombas molotov o los envases con cierto contenido explosivo que se encontraron entre sus haberes.
Habló también la diputada de que el Partido Revolucionario Institucional, de alguna manera, manipulaba conciencias. Se manejo en términos de que su partido Acción Nacional, representaba a los trabajadores del campo, en este sentido, queremos decirle a la compañera diputada, queremos decirle a la compañera que me antecedió en el uso de la palabra, que de nuevo, como acostumbra, se refiere a una realidad que no es la nuestra, se refiere a una realidad que a la mejor significa un poco lo que decía uno de los ideólogos de Acción Nacional.
Decía textualmente: "dormimos con don Porfirio desayunamos con Huerta, y como la Revolución nos negó la comida, nos convertimos en una oposición estéril, inútil, bravucona".
Esto viene, compañeros diputados, como referencia a las palabras finales de el coordinador de la derecha, que al utilizar un vocabulario vulgar, tramplón. faltándole incluso el respeto a esta alta tribuna de la nación. ¿Pero qué podíamos esperar, compañeros? No podemos, indudablemente no podemos pedirle peras al olmo. Afortunadamente todo esto quedará inscrito en el Diario de los Debates y la historia indudablemente lo registrará, como registra todo los días la serie de traiciones, la serie de traiciones al pueblo que los representantes de Acción Nacional, que no sabemos porque pero generalmente sonríen, y tampoco sabemos porque lo hacen todo los días, que los representantes de Acción Nacional efectúan en el que hacer cotidiano, en el "trabajo político". Queremos decir aquí una vez más, que como referencia anterior a las palabras que utilizara el líder de la derecha, acentuar compañeros, no estamos de acuerdo de ninguna manera con los adjetivos utilizados a la compañera Elba Esther Gordillo; no estamos de acuerdo de ninguna manera que se anticipe la represión, a que se califique un hecho que no se ha efectuado; no estamos de acuerdo de ninguna manera que se maneje que el Partido Revolucionario Institucional
trabaja con base en el engaño, la mentira y la represión.
Queremos recordar, de acuerdo a lo que el compañero diputado de la derecha, a los calificativos que utilizó el compañero diputado de la derecha, que éste es el mejor de ellos, ¿Qué podemos esperar compañeros, de los demás compañeros de Acción Nacional? (Aplausos).
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Ricardo Pascoe Pierce.
El C. Ricardo Pascoe Pierce: - Señor presidente: compañeras y compañeros diputados hablemos pues de soberanía, porque en efecto la discusión y el debate nos ha permitido eliminar de la discusión una serie de consideraciones jurídicas que en realidad, hay que decirlo, venían a encubrir venían a estorbar la discusión en tanto no nos permitía precisar el fondo del debate político y las diferencias políticas que confrontamos en este debate tan importante.
Hemos llegado al punto en que la discusión es: ¿quién defiende a la soberanía nacional, quien defiende al país, quién representa auténticamente los intereses nacionales, los intereses del pueblo de México?
Intentemos pues resolver esto, por que si este problema no se resuelve entonces mejor acudimos a un debate jurídico, sin solución, con enormes contradicciones, y simplemente desechemos la verdadera discusión y el verdadero debate político.
Quiero referirme al problema de la soberanía porque creo que es el punto donde hemos llegado en este momento. La soberanía es la defensa de los intereses nacionales; la soberanía no es simplemente un concepto teórico, un concepto político; es la concreción de proyectos nacionales, la visión del proyecto nacional que cada partido sostiene y ostenta como su programa, como su proyecto ante el pueblo de México.
Yo me he escuchado en el transcurso de la discusión a un solo partido plantear que está dispuesto a entregar la nación, yo creo que ningún partido sería tan ingenuo como para venir aquí a plantear esa situación. Y todos los partidos en efecto tienen todos los recursos necesarios, todo el arsenal de debate, retórico, para negar tal situación. Nadie aquí aparentemente entrega la soberanía de la nación, ¿Entonces porqué discutimos tanto este punto? ¿Cuál es el sentido pues de este debate? El problema es que hay un abismo entre en efecto lo que se dice aquí en este tribuna y lo que se hace en el proyecto nacional, y allí es justamente donde tenemos que examinar el origen del debate.
Para mí, el origen del debate, no es la presentación del Partido Acción Nacional ante la Organización de Estados Americanos. El origen del debate, en realidad empieza en un doble problema, por un lado el acontecimiento electoral en Chihuahua, marcado por un profundo fraude electoral y una violencia en contra de la soberanía de ese pueblo. Y por el otro lado...
(Voz en la sala: Falso.)
No es falso, lo siento, no es falso. Y por el otro lado, el hecho de que personas representativas de Acción Nacional si acudieron a instancias del Gobierno norteamericano. Y entonces el problema aquí es que el debate sufre de este doble fenómeno político, no jurídico, es político; de un agravio por un lado y por el otro lado una respuesta efectivamente equivocada de Acción Nacional de recurrir a estas instancias.
Y hay que decirlo, los compañeros de Acción Nacional niegan esta situación, pero nosotros tenemos todo el derecho de dudar y a sospechar mínimamente de una acción de este partido, en el sentido de acudir efectivamente a personajes del gobierno norteamericano, al senador Helms, entre otros, y esto planteó un problema real. Por que podemos negar y negar y negar como todos niegan aquí las cosas, que resulta que la realidad es más fuerte que todas las negativas que se han expresado en esta tribuna.
Hemos escuchado las negaciones del Partido Revolucionario Institucional, hemos escuchado las negaciones del Partido Acción Nacional, y entonces la gran confusión es dónde está la verdad en este asunto. Y el hecho es que ante el fraude electoral de Chihuahua tenemos esta respuesta del Partido Acción Nacional.
Nosotros estamos, en mi partido, absolutamente en contra de que organismos políticos de nuestro país acudan a gobiernos extranjeros. Nosotros nos oponemos rotundamente a esta cuestión. Pero no es lo mismo que organizaciones políticas y sociales de nuestro país planteen sus problemas, planteen sus derechos violentados en procesos políticos en nuestro país no solamente electorales ante organismos internacionales. Esto es una cuestión diferente.
Pero en el fondo la suspicacia y la pregunta es: ¿Quién está violando la soberanía nacional? Hay en nuestra opinión una sospecha fundada en relación al comportamiento político de Acción Nacional. Pero por el otro lado. lo que nosotros observamos es que la soberanía nacional está sufriendo su más profundo ataque por el comportamiento de la política económica de este Gobierno. Nosotros nos preguntamos: ¿Qué tiene que ver el Fondo Monetario Internacional con la cuestión de la soberanía nacional? ¿Qué tiene que
ver la intervención de los norteamericanos, del Gobierno norteamericano, para presionar a nuestro gobierno en relación a Centroamérica? Aquí hay problemas centrales, son problemas centrales de quién defiende la soberanía nacional y a nombre de quién.
Porque todos aquí hablamos del pueblo, decimos que representamos al pueblo, negamos toda intención antinacional; es más todos nos hemos presentado como antiimperialistas, todos se dicen antiimperialistas y se cuestionan las intenciones del gobierno de Reagan y sin embargo están una vez más los hechos no las palabras, los hechos, el comportamiento político real que está definiendo el perfil y el programa y las intenciones políticas de tal organismo político.
Este es el problema que nosotros debemos y tenemos la obligación de resolver, porque repito, hemos puesto en el tapete de la discusión la cuestión de la soberanía y al poner la cuestión de la soberanía nacional en le tapete de la discusión, lo que estamos haciendo en la práctica es cuestionando, cuestionando y dudando de la existencia de esa soberanía nacional como un hecho político real y determinante para el que hacer político del país.
Este problema quizás no se percibe, cuando se para aquí a hablar tan a la ligera de cuestiones como: ¿quién está subastando al país? El problema de la subasta tiene que discutirse en efecto, tiene que definirse. ¿Qué significa subastar económicamente a un país? ¿Qué significa subastar políticamente a un país? Y estas cuestiones repito, no pueden resolverse con palabras aquí en la tribuna.
Esta cascada de palabras que ofusca, que confunde, que oscurece absolutamente la discusión en absoluto sirve, compañeros y compañeras diputados, porque si de resolver y de establecer el problema se trata y sí queremos efectivamente hacer que valga la pena estar debatiendo en la Cámara de Diputados y que esto sea un organismo representativo real del pueblo de México hagamos claridad, busquemos la manera de resolver la suspicacia, las dudas, las sospechas y el problema entonces es que tenemos que defender y plantear un proyecto real de defensa en la soberanía nacional; que somos antiimperialistas, que somos nacionalistas, que unos son más nacionalistas que otros cuando es y son los hechos los elementos determinantes.
Esta cuestión de la deuda externa para poner un ejemplo, es clave, es crucial, es vital este problema. Hoy se está renegociando y reestructurando la deuda externa y se dice para el año 2006 estamos comprometiendo generaciones enteras del pueblo de México. Y ese problema no se ha discutido aquí, es más ni siquiera se ha planteado en esta tribuna, una falla lamentable de todos nosotros; porque el problema es que ahí es donde está la discusión verdadera de la soberanía nacional.
¿Cuál es el contenido de los acuerdos que se están tomando en este momento en Washington y en Nueva York? ¿Qué es lo que se está resolviendo de nuestro país en materia de concesiones económicas y políticas? Porque hay que decirlo, hay concesiones económicas y hay concesiones política en estas negociaciones con el fondo, en las negociaciones con la banca internacional en el conjunto del proyecto que se está planteando para la reestructuración de la deuda.
Ese proceso no es simplemente económico, como esta discusión no es simplemente jurídica, es tan político como la discusión y el proceso de renegociación de la deuda externa.
Ante esos problemas, nosotros creemos que el problema aquí es tomar una verdadera posición antiimperialista, tomar una verdadera posición nacionalista, plantear una perspectiva para nuestro pueblo que realmente le favorezca, que plantee perspectivas para el año 2006 y no simplemente más deudas para el año 2006; que ofrezca un proyecto democrático para nuestro país que no sea simplemente la reiteración retórica demagógica aquí de posturas que no tiene absolutamente ninguna comprobación en la realidad de los hechos, este es el problema que enfrentamos este es el problema que nosotros tenemos que debatir y resolver aquí.
Nosotros hemos dicho que el gobierno es en lo fundamental el autor de un proyecto que va en contra de la soberanía nacional, el proyecto económico que por cierto y repito no se ha discutido aquí, no se han esclarecido aquí los elementos informativos elementales sobre esta cuestión, incluyendo la renegociación que se lleva a cabo, todos estos son elementos que merman, que atacan y que corroen los cimientos de la soberanía nacional, debemos defender la soberanía nacional, pero esa discusión no puede resolverse con ataques entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, en relación a la comparecencia en la Organización de Estados Americanos.
Este partido se presenta en la Organización de Estados Americanos y en efecto como se ha dicho aquí tiene todo el derecho de hacerlo y de presentar su caso, pero el problema es en efecto no subastar la nación, ese si es en efecto el problema, pero el problema es ¿quien está subastando? ¿dónde se está subastando? ¿y en qué términos se está subastando la nación?
Nosotros creemos que hay cuestiones francamente dudosas en relación al comportamiento político de Acción Nacional, pero creemos que lo más
notable y lo más claro en términos de hecho políticos y económico, es el comportamiento de la mayoría priísta en relación a la conducción y ejecución de este programa económico que no beneficia a nuestro pueblo.
Por eso creemos que el proyecto que se ha presentado aquí, es absoluto viene a resolver el problema de fondo en esta discusión, los problemas de quien defiende la soberanía y nosotros queremos plantear que nuestra opinión es que la soberanía es del pueblo, del pueblo trabajador, de los trabajadores que están buscando crear una corriente de oposición verdaderamente defensora, no de un nacionalismo iluso.
Porque la clase obrera es profundamente internacionalista en su solidaridad, en su comportamiento, porque la clase obrera entiende que se puede defender a las luchas de otros pueblos y que es su obligación histórica defender a las luchas de otros pueblos y que quienes han acudido como la compañera Rosario, en efecto están haciendo uso de ese derecho solidario de los trabajadoresse de defender su derecho, a expresar su denuncia en todos los foros internacionales necesarios para hacer escuchar la voz de un pueblo oprimido como el nuestro. Muchas gracias.
El C. presidente:- Tiene la palabra el diputado Mario Niebla Alvarez.
El C. Mario Niebla Alvarez:- Señor presidente con su venia, compañeros diputados: pensamos nosotros que esto sería una discusión de fondo, sin embargo, observamos con detenimiento que algunos de nuestro compañeros diputados, prácticamente desbarraron en la tribuna y algunas gentes en un momento determinado ofuscados, definitivamente recorrieron a su origen.
Algunos creen haber encontrado en un resquicio jurídico la forma de justificar su vocación extranjerizante. El espíritu de miramar ha vuelto a campear aquí en esta tribuna y un grupo aquí presente lo trajo y lo quiso mantener y lo quiso sostener de una manera yéndose al debate jurisdiccista.
Esperamos sinceramente, que la visita que le hicieron a Jeasse Helms, le busquen también una justificación jurídica. Cuando se representa a la antipatria, a la antisoberanía y a la antiindependencia, cuando vuelve a campear el espíritu de José María Gutiérrez de Estrada y cuando se quiere justificar la intromisión y se propicia la intervención extranjera, nosotros insistimos y nosotros mantenemos la postura tradicional que nos dio origen.
Porque algunos de nuestro compañeros nos decía, no sé, Niebla, so sé compañeros si ustedes observaron cómo nos insulto al coordinador de un grupo parlamentario. Y hace un momento le decíamos, haciendo unas reflexiones, deberás de observar claramente que la responsabilidad que él representan la responsabilidad que él tiene, no creas que ese insulto fue un insulto simple y llanamente; ese insulto fue una provocación porque sintió perdido el debate y viendo que el problema de la soberanía lo había perdido, pensó que nuestros compañeros iban a subirse a insultarlo para llevarlo precisamente a un debate de ataques de orden personal.
Nosotros pensamos que esta posición de acudir a un organismo extranjero lesionando la soberanía como lo dijeron toldo el resto de los partidos políticos, no fue más que una actitud poco meditada y que estamos plenamente conscientes de que están arrepentidos de haberlo hecho, pero no se pueden echar para atrás, no se pueden echar atrás en virtud de que la opinión pública los señalaría una vez más, en la actitud de los tumbos que están dando, porque no pueden mantener una postura nacionalista, no la puede sostener.
Mandaron a sus mejores agentes, mandaron a las gentes que conocen muy bien el reglamento, mandaron a la gente que coordina la diputación de ellos, de la derecha y no pudo convencer aquí a nadie. Todos los partidos definitivamente les dieron una respuesta y nosotros también, pero fundamentalmente la respuesta siempre se las ha dado el pueblo de México.
Pensamos firmemente que una cuestión de soberanía no la vamos a discutir con argumentos jurisdiccistas; pensamos definitivamente que la derecha una vez más se exhibió aquí y vuelve a mostrar su origen; creemos y los conminamos sinceramente, a que reflexionen, a que sientan, a que analicen, - como alguien decía aquí en la tribuna de los compañeros de la derecha -, que si se equivocaban podrían rectificar. Estamos firmemente convencidos que sabiendo ustedes el fondo de la cuestión y sabiéndose perdidos, podemos tenderles un "puente de plata" para que rectifiquen.
Difícilmente rectificarían y muy difícil que ustedes rectifiquen en virtud de que sería prácticamente un poco traicionar su origen. Por eso nosotros pensamos que los insultos que de último momento se propiciaron, no fueron porque quienes los lanzaron sea su vocabulario, yo discrepo inclusive, con algunos de mis compañeros en lo personal, no esto fue una provocación; perdieron el debate, se sintieron completamente ofendidos y ofuscados aparentemente, y en el pleno de la soberanía no pudieron sostener la defensa de los intereses de la Nación.
Yo no creo - vuelvo a insistir -, que ésto sea el lenguaje común y el lenguaje cotidiano. Al contrario, inclusive conmino al coordinador de la
diputación de Acción Nacional a que retire los insultos. Yo no creo, - vuelvo a reiterar -, que sea su manera de actuar, que sea su vocabulario.
Si el compañero desea retirarlos, nosotros y toda la diputación - creo - se lo agradecería con respeto. Si el compañero no desea hacerlo, será cuestión de que él se mantenga en su actitud.
El C. Jesús González Schmal (desde su curul):- ¿Me permite una interpelación?
El C. Mario Niebla Alvarez: - Si señor.
El C. Jesús González Schmal (desde su curul):- Con todo gusto si se rectificaran los que estaban golpeando las tapas de los escritorios, con todo gusto, y dan la cara, retiraré lo dicho. Si siguen escudándose en el anonimato, mantengo mi calificativo.
El C. Mario Niebla Alvarez:- Yo considero, compañero, que independientemente de cualquier falla que pueda haber en cualquiera de los compañeros insisto -, su actitud de responsable de una coordinación no le da ni ni siquiera, no nada más derecho, sino no lo hace que usted cambie su personalidad que siempre ha sostenido.
Ahora que si usted en lo personal no puede sostenerlo, o no desea retirarlo porque se ofuscó, nuestro respeto a su actitud. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra la diputada Consuelo Botello de Flores, por cinco minutos.
La C. Consuelo Botello de Flores:- Ciudadano presidente; ciudadanos diputados: volvemos al debate, " lo dijo aquí el que me antecedió en el uso de la palabra -, hubo quienes con elevación de ideas que seguramente responderán a sus derechos, hacen un debate profundo y compacto y quienes vienen también a acudir al insulto aunque lo reprueban públicamente".
Respecto a lo que dice el diputado Niebla; nosotros nos dimos cuenta, es decir la prensa toda, que en la visita del ciudadano Presidente Miguel de la Madrid hizo a Washington, se entrevistó también con Jessie Helms, con el señor O'Neal, presidente de la Cámara de representantes, con Jack Anderson; no lo utilizamos como justificación porque nosotros estatutariamente, no se había autorizado en el partido la visita de estas personas que lo hicieron a título personal.
No estamos haciendo una justificación, pero también consideramos que así como nosotros lo admitimos, también deben los señores de la mayoría relativa no venir aquí a rasgarse las vestiduras, como si nunca hubieran hecho nada de lo que realmente el pueblo entero se ha dado cuenta que han hecho, virtualmente contra la propia soberanía de este respetable pueblo mexicano.
Realmente yo creo que los que tenían perdido el debate no son los que finalmente sueltan algún exabrupto, sino los que no teniendo nada que decir o no teniendo el valor para hacerlo en lo personal, golpean las curules con la anuencia de la coordinación de la mayoría, puesto que no hay ni una sola llamada de atención del presidente de debates en turno, para todas esas personas.
Por otra parte, me extraña que el diputado Niebla afirma con tanta osadía, que todos los partidos o que todo mundo estuvo en contra de la posición de Acción Nacional, por su visita a la "omisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando que por boca de algunos de los propios coordinadores y de otros diputados de las distintas fracciones parlamentarias, se dijo que había derecho, que teníamos el derecho de acudir a tales instancias. Lo dijo la señora Ibarra de Piedra, lo dijo el propio diputado Martínez verdugo y lo dijo la propia diputada Alba Esther Gordillo, del Partido Revolucionario Institucional; cuando afirmó que era impecable jurídicamente nuestro derecho a asistir a tales instancias.
No habíamos perdido el debate; si políticamente, como fue enfocado por las distintas personas que aquí tomaron la palabra, si políticamente diferían, lo entendemos; ideológicamente somos todos distintos y por eso tenemos que presentar nuestras posiciones bajo la doctrina y la ideología de cada uno de los partidos que estamos dirimiendo aquí.
Por otra parte, consideramos que no hay propiamente ofuscación, que no hay propiamente una manera de provocar, porque los insultos y las provocaciones las recibimos todos los oradores de los partidos de oposición independiente, y como la presidencia de debates siempre pertenece a un priísta, podemos suponer, fundándonos en ese hecho, que tienen tales provocadores toda la anuencia del partido oficial aquí representado. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente:- Tiene la palabra el señor diputado Roberto Calderón Tinoco.
El C. Roberto Calderón Tinoco: - Señor presidente; señores diputados: se ha estado cuestionando el derecho de acudir a foros internacionales u organismos, a los que como se ha apoyado nuestras leyes reconocen atribuciones receptoras de quejas o denuncias, respecto a agravios o violaciones concretas.
Sin embargo, de esta discusión de la que nosotros esperábamos que tras la reflexión de las distintas posiciones que han hecho uso de la palabra se dieran luces, se señalaran causes a la conducta y procedimientos partidistas, y no que degenerara en
adjetivos o insultos que poco enaltecen la calidad de representación de esta soberanía. A este respecto en el Partido Demócrata Mexicano creemos, y así lo hemos sostenido, que es válido luchar por los derechos del hombre en todo tiempo y en todo lugar.
Lo que hoy se debate tiene un origen, una razón de ser, se sustenta en agravios que no sólo partidos o entidades políticas han sufrido, sino el pueblo que ha tomado en serio la convocatoria para la lucha electoral y ha creído que las reglas que norman estas acciones van a ser respetadas.
Es cierto, bien quisiéramos y por ello incluso, nosotros abogaríamos que las discusiones y dudas sobre la aplicación de esas reglas se dirimieran dentro de nuestro país, en amplia confianza a las instancias legales que para substanciar estas quejas se han creado y existen.
Nosotros apelamos a la voluntad política del sistema, de quienes hasta ahora se han dado la facultad de decidir a su conveniencia sobre resultados que han quedado a la vista de los participantes en los procesos electorales. Apelamos para que reconozcan que estas prácticas deben ser abandonadas; esto si en verdad queremos mantener la paz social que se dice vivimos en este país. Que demos paso a la vigencia de la democracia, a un sistema en que la voluntad del pueblo sea cumplida, so opinión sea respetada y el bien del mismo sea promovido.
Los derechos del hombre, entendemos, existen en donde pisa el hombre. La libertad se busca sin límites y sin fronteras. No pugnamos porque se apliquen barreras, no apoyaríamos el que se pongan obstáculos y el que se pongan estigmas a esa búsqueda de los derechos y de la libertad, que en el afán sistemático como se ha visto de descalifica y destruir a una determinada corriente política, se atropelle el derecho general de los ciudadanos de nuestro país. Muchas gracias.
El C. Arturo Whaley Martínez:- Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: estamos efectivamente ante un debate que tiene que ver con las condiciones de un mundo bastante difícil y complejo, sobre todo, insistiría yo, por la política belicista, intervencionista que la administración Reagan ha logrado imponer en Estados Unidos.
No es un problema menor para un país que, según los propios norteamericanos, forma parte de la seguridad nacional o del ámbito de la seguridad nacional de los propios Estados Unidos. Por eso cuando uno habla de intervenciones extranjeras o de búsqueda de juicios aún sean morales en el extranjero, uno no puede dejar de lado esta realidad que hemos padecido a lo largo de nuestra historia y que nuestro pueblo ha soportado con una enorme dignidad.
Hoy hablar de la nación no puede ser solamente hablar de la defensa de las fronteras de una manera formal. Nuestra historia es la historia de la construcción de una nación independiente, es la búsqueda de nuestra nacionalidad, es el desarrollo de nuestro nacionalismo, es sobre todo, la búsqueda de un camino propio decidido exclusivamente por los mexicanos.
Por eso, como hizo el ayuntamiento de la ciudad de México en 1808, defendiendo aún contra la abdicación del rey español la corona de España, nosotros preguntamos, si el Presidente de México aún ratificando un tratado por el Senado, ¿tiene el derecho de entregar parte de la soberanía, o de comprometer en parte nuestra soberanía?
Nosotros afirmamos que no, que aún cuando se hayan cumplido aspectos formales, procesales, jurídicos, en el caso de la ratificación del tratado del pacto de San José; nosotros señalamos que del pacto de San José; nosotros señalamos que este pacto no puede tener vigencia porque va contra nuestra historia y va contra la defensa de nuestra soberanía.
Y no se trata aquí de defender más que de un derecho que es fundamental. Nuestro nacionalismo, como efectivamente lo señaló mi compañero Arnoldo Martínez Verdugo, no es patrioterismo, no es gritar ¡viva México!, es señalar las responsabilidades que todos tenemos los representantes populares y sobre todo el Presidente de la República de mantener en alto, plenamente vigentes, los postulados básicos de nuestra Constitución.
Si no hay ese derecho, el que se ha discutido en términos jurídicos, sí discrepo de lo señalado por el compañero Juan de Dios Castro, en el sentido de que el Presidente y el senado tienen la facultad en términos jurídicos, de ceder en parte la soberanía, si esto no es cierto, entonces las acciones que ha emprendido Acción Nacional van en contra de un sentido profundo de nacionalismo; abren la posibilidad de la intervención y sí nosotros vemos que no se trata de un hecho aislado, sino que se ha tratado de un proceso en el que se ha buscado a partir de un proceso electoral, en el que efectivamente no han faltado trampas y fraudes, en el que efectivamente ha habido uso de recursos públicos, a favor del partido oficial, en el que efectivamente se ha impedido que se exprese plenamente la voluntad de los electores, aún con todo esto no podemos justificar que se abran las puertas a la intervención.
Creemos y lo hemos sostenido en todos los foros, que ningún acto de autoridad puede justificar la intervención o la búsqueda de intervenciones sobre todo de la potencia del norte.
Si nosotros reflexionamos, compañeras y compañeros diputados, si podemos ver que precisamente al grito de: "muera el mal gobierno", se han abierto todas las posibilidades de intervención a lo largo de nuestra historia, si vemos que efectivamente los conservadores - y claro -, menciono a los conservadores del siglo pasado, no porque los vincule a los panistas del siglo actual, sino para aprender de las lecciones de la historia, cuando se empezó a plantear el mal gobierno que había, la imposibilidad aparente de gobernarnos por nosotros mismos, empezó a generarse y se pudo hacer realidad la idea de tener un emperador, un emperador de sangre real que viniera y que nos señalara el camino para gobernarnos.
Hablar ahora en los términos que algunos compañeros han hablado de Acción Nacional, de la ilegitimidad del gobierno actual y por lo tanto, del derecho que asiste a una fuerza política mexicana de asistir al extranjero, particularmente a los instrumentos que se ha dado el imperialismo norteamericano, el Gobierno norteamericano, es empezar otra vez a jugar con la idea de un nuevo emperador en las condiciones del siglo XX, pero también en estos términos.
Nosotros pensamos que en el nacionalismo, que la defensa de la nación implica no sólo la defensa de la soberanía, sino que está íntimamente vinculado con el desarrollo de la democracia en nuestro país, que está íntimamente vinculado con el pleno ejercicio de los derechos de todos los mexicanos, que nuestro nacionalismo está vinculado con la superación del atraso de la dependencia de la desigualdad, y que también se violentan la soberanía de nuestro país y también se promueve la intervención extranjera, en la medida que se sostiene una política económica que nos hace cada vez más débiles frente al exterior y en la medida que se sostiene una política económica, que lejos de servir para superar desigualdades y atrasos sirve para producirlos y para ampliarlos.
Establezcamos una diferencia clara, compañeros, la lucha por la democracia no puede servir de pretexto y de coartada para promover la intervención extranjera, pero la lucha formal por la soberanía no puede servir y no la podemos aceptar de ninguna manera para anular el proceso democrático de nuestro pueblo.
Nosotros, los socialistas entendemos que precisamente en un programa integral estará la solución de los problemas fundamentales de nuestro país, y así por esta posición, que intenta ver el conjunto de nuestro país, por eso podemos y tenemos la autoridad moral de condenar los hechos intervencionistas de una de las fuerzas políticas nacionales que debería estar preocupada al igual que todos nosotros, de ampliar la democracia, de consolidar la soberanía y de superar los enormes rezagos de nuestro pueblo. Muchas gracias.
El C. presidente:- Tiene la palabra el diputado Eduardo Valle Espinosa
El C. Eduardo Valle Espinosa:- Señor presidente con su autorización; compañeros diputados: hace ya varias horas el ingeniero Heberto Castillo trajo a esta tribuna una reflexión, después de un larguísimo debate importante debate, en donde se han mencionado una gran cantidad de asuntos, el problema de la deuda, el asunto de la tortura, la necesidad, la conveniencia el derecho que tenemos los mexicanos de hacer denuncias en el exterior, el fundamental asunto permanente siempre de la solidaridad internacional y la reflexión, a cerca de la autodeterminación de los pueblos, pareciera ser, cuando menos para nosotros en el Partido Mexicano de los Trabajadores, que algunas cosas se han esclarecido.
En términos jurídicos quizá pudiera concretarse o sintetizarse el debate en los siguientes términos, es inconstitucional o no la aceptación del artículo 23 del tratado, en lo que se refiere a procesos electorales y asuntos políticos.
Para el Partido Mexicano de los Trabajadores no hay duda, la aceptación del artículo 23 sin reserva sobre estos asuntos es inconstitucional; lo es porque el artículo 33 define con precisión que los asuntos políticos son reservados exclusivamente para los mexicanos; lo es porque el artículo 133 define que los tratados tienen que estar en estricta concordancia con la Constitución Política Nacional, pero si esto no fuese suficiente, lo es porque el artículo 39 constitucional establece que la soberanía reside esencialmente y originalmente en el pueblo.
Ningún gobierno, absolutamente ningún gobierno, ni siquiera con el aval, ni siquiera con el entendimiento y la compresión positiva, ya no digamos de la Cámara de Diputados y del propio, de la propia Cámara de Senadores puede atentar contra la soberanía e incluso, llevaríamos esa reflexión de carácter político e histórico un poco más allá; no se puede libre y soberanamente, no se puede libre y soberanamente ceder la soberanía ni por parte del Gobierno y ya ni siquiera por parte del Estado; la soberanía ni es un asunto solamente de Gobierno y no es solamente un asunto del estado, es fundamentalmente y principalmente e históricamente un problema del pueblo, no del Gobierno ni tampoco del Estado.
Ahora bien, también hemos identificado otro tipo de problemas, el problema jurídico político, es verdad, José López Portillo firmó el tratado, y el senado lo ratificó, además en uso de sus prerrogativas fundamentales y en particular las que
establecer exclusivas para el Senado la Constitución Política de la República.
Uno lo permitió y ahora se usa y como lo expresaba ya el diputado Heberto Castillo, se usa lícitamente, pero lo lícito no siempre tiene concordancia con nuestros intereses históricos y más todavía cuando se refiere a aspectos que tiene que ver directo e inmediatamente con la posibilidad de abrir un resquicio o una puerta a la intervención de gobiernos o de poderes extranjeros en la vida de nuestra nación.
Hay más todavía, un aspecto esencialmente político, el problema del fraude electoral y el problema de la respuesta popular.
Para nosotros no tenemos absolutamente ninguna duda de ello, el problema se refiere a nuestra capacidad para convocar a quienes en última instancia tiene que decidir de manera determinante, de manera última y soberana estos asuntos, que la gente del pueblo de México.
Y aquí bien vale una reflexión, una breve pregunta no sólo para la diputación panista, una pregunta sencilla para toda la LIII Legislatura y la pregunta es ésta, para todos, para la izquierda y sus matices y sus diferencias que se han manifestado aquí, para los partidos conocidos como la derecha nacional, para el partido del Estado, ésta es nuestra pregunta: ¿Le vamos a permitir a un tribunal extranjero en derecho de calificar nuestras elecciones? Porque compañeros, hoy se refiere a un asunto estatal, ¿qué va a suceder cuando estemos hablando del Poder Ejecutivo Federal?, ¿qué va a suceder cuando se refiera esta situación a la estructura del poder nacional que se refiere a toda la estructura del Estado en nuestro país? Esta es nuestra pregunta.
En esos términos, en términos de la importancia y trascendental consecuencia política e histórica, política histórica, de este debate, nosotros queremos solicitarle de la manera más respetuosa a la presidencia de esta asamblea, para que recuerde nuestra original proposición, que también bastante sencilla y nuestra proposición era que se remita esta reflexión de la Cámara de Diputados a la colegisladora, con el objetivo de que se actúe no sólo conforme a derecho, no sólo conforme a procedimientos, sino que se actúe en función de los intereses superiores de nuestro pueblo y de la nación. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Juan de Dios Castro Lozano.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señoras y señores diputados: después de un largo intervalo, de un debate que empezó con un planteamiento hecho por el señor Heberto Castillo, en el que se reflejó el argumento de la mayoría, yo necesito hacer varias precisiones al compañero Eduardo Valle y al compañero Whaley, que también hizo uso de la palabra.
No somos ni creemos en los poseedores de la verdad absoluta. Si pudiéramos determinar si el tratado es inconstitucional o no lo es, pudiéramos decir, hay jurisprudencia de la corte.
Lamentablemente nuestro orden jurídico impide que la orden, que la corte se pronuncie porque fíjense bien, compañero Eduardo Valle, el tratado, conforme al artículo 133, aprobado por el Senador, en opinión del Partido Mexicano de los Trabajadores es inconstitucional, en opinión del Partido Socialista Unificado de México; jurídicamente no toco el argumento político del compañero Arnoldo Martínez Verdugo, es legítimo; en opinión del Partido Revolucionario de los Trabajadores, por labios de la compañera Rosario Ibarra de Piedra, es legítimo que acudamos a esa instancia internacional; el partido de la mayoría relativa de esta Cámara, porque fueron electos según el principio de la mayoría relativa, por labios de Elba Esther Gordillo, también determinó que era lícito y legítimo y sería absurdo que dijera lo contrario sería absurdo que dijera lo contrario porque ellos lo firmaron, ellos estuvieron presentes en la convención.
En 1969 no se firmó se ratificó por parte del Gobierno mexicano, si vemos el tratado, la convención, veremos que no aparece la firma del Gobierno mexicano, fue hasta muchos años después, once, doce años después en que en el régimen de López Portillo, el Gobierno mexicano por conducto de su Presidente, con reservas interpretativas, primero y reservas categóricas, firma el tratado. Entonces la postura queda planteada muy claramente.
Para el Partido Mexicano de los Trabajadores el artículo 23 es inconstitucional ¿por qué? Porque estiman que en eso estriba esa sutil diferencia entre la postura de ustedes y la nuestra. De hecho el debate se ha centrado entre todas las fracciones parlamentarias y ustedes nada más, porque hasta ahora la del único grupo parlamentaria que ha planteado la inconstitucionalidad del artículo 23 y del tratado mismo en el Partido Mexicano de los Trabajadores con esta sutil diferencia; el organismo internacional va a calificar el elección.
No señores, si calificara la elección estaríamos en un super estado, estaríamos en una renuncia absoluta a la soberanía, dice bien Pascoe el problema del debate central es el problema de la soberanía y ¿en que consiste -en derecho constitucional - la soberanía? En lo interno ningún poder igual o mayor que el Gobierno de la nación, y en lo externo el Gobierno y el poder y la fuerza del Estado mexicano es igual al de cualquier estado sea cual fuere su fuerza económica. Y si estuviéramos pensando que un organismo
internacional va a calificar la elección, pensaríamos que esa decisión se iba a imponer al Gobierno mexicano, que iba a entrometerse y que se anularían las elecciones del estado de Chihuahua, absurdo.
Yo fui muy claro en mi exposición, no hay recurso ninguno; si lo pudiéramos tener compañero Valle y este es un argumento más que fortalece nuestro punto de vista: si el artículo 103 estuviera como ustedes y nosotros firmamos una iniciativa de ley hace dos semanas, que los tribunales de la Federación son competentes para conocer de cualquier violación a cualquier precepto de la constitución, si el tratado según el artículo 133 forma parte de nuestro orden jurídico, interponemos amparo ante la justicia federal y son los tribunales de la Federación, con base en el tratado, violándose el principio de legalidad, los que corregirían totalmente la decisión del gobierno arbitrario de Chihuahua. Y digo gobierno porque no soy tan ingenuo en pensan que el colegio electoral es independiente del Gobierno.
Ningún colegio electoral en el país es independiente del Gobierno, ni siquiera el gobierno estatal de Chihuahua tiene soberanía y autonomía. Fue renunciado el gobernador, fue impuesto el actual gobernador para poder darle la fuerza que requería el gobernador para cometer una infamia como la que se cometió en Chihuahua.
Lo que decimos nosotros es que la decisión que se rinda en la corte, ni siquiera en la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana va a plantear el asunto en la Corte Interamericana. No hará más que una declaración en la Organización de Estados Americanos. México la acepta y aceptó el argumento de Arnoldo Martínez Verdugo cuando dice que la Comisión Económica para África no tiene solvencia moral, sirve a los intereses de los Estados Unidos, de acuerdo con esa apreciación en muchas situaciones históricas concretas que han ocurrido, pero la realidad es que el Gobierno mexicano se ha incorporado a ese organismo, se ha adherido a él, ha pactado una adhesión a ese organismo.
Entonces lo único que se planteará si el fallo resulta favorable, es que por lo que se respecta al Gobierno mexicano en tal o cual circunstancia, ha quebrantado el pacto, no la Ley Electoral de Chihuahua, no la legislación mexicana, no, ellos no van a resolver sobre leyes mexicanas, no van a resolver sobre quebrantamiento a leyes mexicanas; la materia litis en el organismo internacional es si se violó o no se violó el tratado. Con esto es suficiente.
El C. Presidente: - Sí señor diputado, cinco minutos, con Heberto Castillo Martínez.
El C. Heberto Castillo Martínez: - Creo que es necesario precisar algunas cuestiones que maneja el diputado Juan de Dios Castro. El que algunos diputados hayan dicho que es legítimo el que el Partido Acción Nacional haya acudido a este tribunal, es intrascendente para nosotros; no estamos cuestionando la legitimidad, estamos cuestionando que ese acto lastima la soberanía nacional, es decir si las leyes en México todas facultarán a las organizaciones políticas para hacerlo, lucharíamos porque no fuera así.
No es argumento para nosotros que lo haya firmado el Presidente de la República en su tiempo, ni el Senado de la República. Es nulo de origen porque definitivamente el artículo 33 establece que ningún extranjero puede intervenir en nuestros asuntos políticos internos, ninguno, bajo ninguna circunstancia. Eso lo hace inconstitucional, está en contra de ese precepto constitucional, y el artículo 133 prevé ese hecho porque establece que sí el tratado pasa a ser parte de nuestras normas siempre y cuando no esté en contra de la Constitución, así que no es funcional.
Se dice que no se va a calificar las elecciones, bueno ¿entonces qué van a hacer? ¿Van a dar una opinión, van a decir simplemente está bien, se violaron o no? ¿Esto no es calificar? Esto es cuando sobre un hecho se da una opinión se califica; si yo digo que la bandera es verde, blanco y colorado, o verde, blanco y rojo, estoy calificándola, le estoy atribuyendo colores y un daltónico podría tener otra opinión que yo, pero definitivamente quiero también precisar que no es lo mismo que Estados Unidos desconozca una resolución de la Corte de la Haya a que México lo haga, no es lo mismo; no es lo mismo un país débil que un país poderoso.
Y por otro lado no es argumento que si ya estamos en la Organización de Estados Americanos pues ya ni modo, ahora apechugamos con esto. Ese es el argumento de ya entrados en gastos ni modo, no señores. Si en la Organización de Estados Americanos se procede contra los intereses del pueblo de México, también podemos salirnos de la Organización de Estados Americanos, también, nada de que ya estamos ahí. Y si hemos firmado y hemos aprobado un tratado como este y no nos hemos dado cuenta de que estaba firmando así, todos incluyéndonos nosotros, cuando vemos que este tratado es lesivo a la soberanía del pueblo de México, tenemos la suficiente calidad humana, moral, para decir: está mal, hay que rectificar, nos hemos equivocado, hemos sido omisos.
Comparar este problema por otra parte, el problema de una calificación, de un juicio, de una opinión política sobre un proceso electoral de autoridades o de tribunales internacionales, es insisto, el problema que tenemos desgraciadamente muchos mexicanos, es el complejo de malinche, es la idea de que los extranjeros son buenos, es la
idea de que los jueces, esos si juzgan bien las cosas aún cuando algunos compañeros que han acudido a esos tribunales; yo recuerdo ahora mismo a doña Rosario en la Organización de las Naciones Unidas, la opinión que dio de la integridad y de la limpieza y de la rectitud de ese tribunal cuando incluso tramaban de impedir que se expresaran opiniones.
No compañeros, no creamos que los que no elegimos nosotros son buenos gobernantes, porque estamos confiando en la decisión de gobernantes de otros países que quizá fueron electos en peores condiciones que los gobernantes nuestros y en algunos ni siquiera fueron electos, pero tienen -como alguien decía - el mismo derecho al voto.
Por eso es que no estamos cuestionando, aquí si tuvieron derecho, o no los estamos llamando a la reflexión para que entendamos todos que este tratado puede ser rectificado por el Senado, que puede hacerse una reflexión que diga: "vamos a reservamos esto para que en cuestiones electorales no pueda intervenir nadie, para que resolvamos los problemas entre nosotros a como haya lugar". Esa es la aclaración que quisiéramos hacer y pedir sí, que se someta a la consideración de la asamblea nuestra propuesta.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Quiero el uso de la palabra para alusiones y para hechos.
El C. presidente: - Tome la palabra señor diputado Juan de Dios Castro Lozano.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente; señoras y señores diputados: quisiera que no estemos abundando de la paciencia de la mayoría de los señores diputados. Creo que el debate ha quedado en dos planteamientos definidos con un ligero avance; el señor diputados Heberto Castillo ya habla de la licitud del acudir y habla no dirigido a nosotros me imagino, sino dirigido al Partido Revolucionario Institucional y al Gobierno mexicano, la necesidad en su opinión de que se rectifiquen en cuanto a que se haga la reserva del artículo 23 por lo que respecta a los derechos políticos.
Yo estaría en desacuerdo con usted señor ingeniero, mire usted, con ese argumento tendría el Gobierno mexicano que estar en desacuerdo no con el artículo 23, con todos los artículos que marcan los derechos contenidos en el tratado, quiero suponer un ejemplo: el derecho a la tortura, porque doña Rosario Ibarra de Piedra entre paréntesis, yo no he afirmado en ningún momento que el tribunal vaya a ser justo, no lo sé si va a ser justo, es más no sabemos si va a fallar en favor de nosotros o en contra de nosotros, quiero decirle que incluso es un riesgo para nosotros.
Que la tal si la Corte Interamericana después de que corra el paso obligado por la Comisión Interamericana, decide que no hubo violación al artículo 23. Imagínese que será esa resolución de la corte en manos del Gobierno mexicano con todos los medios de comunicación social, que barnizada de democracia se va a dar el país por su gobierno, en el extranjero y ante la opinión pública mundial. Un partido de oposición planteó, se le escucho, tuvo su garantía de audiencia, se desahogaron pruebas y la resolución como decía usted, citando a doña Rosario, negativa pero tenemos que hacerlo.
Por cierto el corchete y continúo con mi argumentación inicial si aceptamos su argumentación señor ingeniero, tendrán que reservarse todos los derechos de tratado ¿Porque, dígame usted quién es el que va a quebrantar esos derechos? El Gobierno mexicano, la tortura por ejemplo; usted habla del aspecto político del artículo 23, bueno pues yo abro otro enfoque que no había tocado en mi argumentación, todos los derechos tienen aspectos políticos, porque todos están vinculados en la conducta del Gobierno mexicano a través de sus órganos.
Quiero plantearle un caso de tortura ¿a quién van a desprestigiar en un caso de tortura? Al Gobierno mexicano por conducto de alguno de sus órganos. Aquí aprobamos una ley de la tortura, a la cual parecería absurdo, nos opusimos los partidos de oposición y parece absurdo: una de las compañeras diputadas que ha visto de cerca el problema de la tortura, también se opuso a esa ley contra la tortura, porque el problema de la tortura es el problema del valor probatorio de la confesión rendida ante la policía judicial.
Que es lo que motivo la tortura en última instancia y en México -y se lo digo por experiencia propia - alguien me llamó abogado litigante, he litigado, he sido juez, me ha agradado el derecho y me gusta el derecho, he visto de cerca lo que son las cárceles, algunos compañeros nos acompañaron al reclusorio para entrevistar a una mujer torturada y a pesar de ser diputados chocamos contra la burocracia y no nos permitieron verla, quiero que me diga: ¿la tortura no tiene faceta política?
No va un ciudadano a quejarse en un organismo internacional, ¿va a negársele ese derecho? En última instancia el enjuiciado en el extranjero sería el Gobierno mexicano y hago y rectifico algo que dijo alguna diputada del Partido Revolucionario Institucional, el desprestigio no es para México, México no es el Presidente, México no es su gobierno, la patria es algo distinto al Presidente y distinto al Gobierno.
Quiero establecer que en última instancia no hay calificación de elección, hay calificación sobre si
hubo violación o no de derechos humanos, es todo. Muchas gracias.
El C. presidente: - Remítase el documento presentado por el señor diputado Heberto Castillo Martínez a la colegislatura.
DESARROLLO URBANO EN EL DISTRITO FEDERAL
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Manuel Terrazas Guerrero.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Vamos a descender a otro nivel, vamos a descender a otra realidad en este sentido, vamos a volver al Distrito Federal un poco tarde, y hay que explicar ¿por qué decimos un poco tarde? se puede decir nunca es tarde, pero para el efecto de esta intervención es un poco tarde.
Usamos la tribuna siempre con un doble propósito claramente hay que decirlo: para exponer una posición, buscar que prevalezca esa posición y para buscar un efecto, independientemente que se apruebe o no una propuesta, , una propuesta o se haga una denuncia buscando que tenga efectivamente el efecto de la reparación.
Aquí pretendíamos nosotros una rectificación a estas, algunas quizás ya sea efectivamente tarde la rectificación.
El día de hoy dentro de escasas dos horas, de no modificarse lo establecido, ya llega a su fin la consulta popular que las autoridades del Departamento del Distrito Federal y el Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal, han implementado. El Partido Socialista Unificado de México como lo declaró ayer su comité del Distrito Federal y lo está ratificando en este momento la fracción parlamentaria, no puede dejar pasar este hecho sin expresar su desacuerdo, su oposición a los programas presentados a los tiempos y a los mecanismos en que se realizó esta consulta.
El desacuerdo y la oposición de la Fracción Parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México por su carácter y sentido favorable a la inmensa mayoría de nuestro pueblo, constituyen, creemos nosotros, un problema importante al cual no puede ser de ninguna manera ajena nuestra Cámara de Diputados.
Tomamos debidamente en cuenta que la gravedad de la crisis por la que atraviesa hoy la sociedad mexicana y el claro deterioro del nivel de vida de la mayoría de la población, han dado un amplio consenso a la necesidad de racionalizar el que hacer público como el uso de los recursos y la actividad productiva a través de la introducción de mecanismos planificadores.
En el caso de la ciudad de México, el sismo del 19 de septiembre además marcó la exigencia de normar el crecimiento de la urbe, garantizando mayor seguridad para sus habitantes.
La consulta para los programas parciales se ha caracterizado por una participación social insuficiente, dirigida, promovida y coordinada por el propio Ejecutivo General, lo que implica que esta fórmula instrumenta, se controla y se evalúa a sí misma.
El anteproyecto que se intenta imponer a través de las delegaciones, es un proyecto funcionalista y comercial que de hecho se reduce a delimitar el uso y usufructo del suelo urbano, supeditado a la especulación del suelo y a garantizar altas tasas de ganancia privada, no es posible desvanecer circunstancias que surgen claramente a la vista, como fondo evidente de los proyectos de desarrollo urbano parcial.
Las propuestas de crecimiento vertical de densidad máxima permitible, la determinación de la cantidad de metros cuadrados construidos en relación al área del terreno, tiene como objetivo a nuestro juicio, concentrar a la población de escasos recursos en zonas específicas donde se permite la mayor saturación y se promueve el crecimiento vertical; en tanto las zonas privilegiadas, por su ubicación se pretende designarlas a la proliferación de zonas residenciales donde la construcción horizontal queda sujeta a la capacidad de compra de grandes extensiones de terreno.
El comité del Partido Socialista Unificado de México en el Distrito Federal ha propuesto un ejemplo, un ejemplo, dramático de esta política, los pueblos y colonias de Cuajimalpa como Copilco, Chimalpa, Zentlapatl y Lomas del Padre donde se restringe el crecimiento a sus actuales límites, para destinar el resto de los terrenos al fomento de zonas residenciales donde se podrá construir sólo el 1% de la propiedad territorial; así tenemos derecho a una construcción de 120 metros cuadrados, se tendrá que adquirir mil 200 metros cuadrados de terreno, porque si esto fuera poco, los habitantes de las cabeceras serían afectados con las obras de vialidad requeridas para valorizar las zonas residenciales.
La designación de zonas de reserva ecológica por otra parte, es una medida insuficiente para afrontar la crítica contaminación de la ciudad de México en este aspecto, como en el resto, se abordan los programas parciales, no se especifica la forma en que se implementará tal medida por lo que se toma desalojos compulsivos de los asentamientos
humanos ubicados en dichas zonas, de igual manera se omiten las medidas de conservación.
El 99% - sabemos muy bien del área - lacustre se ha perdido, el 73% de los bosques están deteriorados, se registra una desforestación anual de un mil hectáreas, la escasez de áreas verdes, el problema de la basura - 12 mil toneladas diarias -, la contaminación atmosférica incrementada hasta antes de medidas eficaces, que hay que reconocer, han reducido de manera importante la contaminación; era antes de estas medidas de 150% en los últimos 10 años, son problemas cuyos tratamientos es indispensable en un verdadero programa de desarrollo urbano; sin embargo, se encuentran ausentes en los anteproyectos presentados. También por otra parte debe señalarse que en los programas parciales de desarrollo urbano, no hay metas ni objetivos concretos en lo que se refiere a servicios básicos como salud y educación, no se definen para distribuir servicios.
La terrible experiencia de los sismos del 19 y del 20 de septiembre, los aportes y recomendaciones de especialistas nacionales y extranjeros sobre el tipo de construcción, medidas de seguridad en zonas sísmicas, los estudios del suelo para determinar el destino y el uso del suelo, la escasez de vivienda y el deterioro de servicios, así como las absurdamente medidas de implementación, no tienen ninguna incidencia en la elaboración de los programas de desarrollo. Nos referimos a las medidas para implementar estos programas de desarrollo parcial, al contrario se pretende resucitar propuestas de olvidado Plan de Desarrollo Urbano discutido antes de la tragedia.
Subsiste el criterio de encarecer la ciudad para controlar su crecimiento, llegando a disposiciones tales como de no dotar de los servicios requeridos a las zonas populares de mayor crecimiento como Cuautepec por ejemplo, para desalentar los asentamientos.
Por lo anterior queremos proponer el siguiente punto de acuerdo, basado en nuestra demanda de que no se dé por concluida la consulta sobre programas parciales y esos programas se reelaboren mediante la discusión democrática, a partir de la creación de organismos de integración democrática participativa, de organismos representativos de las distintas fuerzas sociales en las que participen en forma amplia y sistemática los vecinos electos con este fin, los sindicatos, las asociaciones de productores, de profesionistas, de comerciantes, los partido políticos, las organizaciones ciudadanas representativas y en general todos los sectores y grupos sociales involucrados en la planeación.
La propuesta de crear estos organismos con estructura y reglamentación democrática obedece al objetivo de darle permanencia, autonomía, continuidad a la participación social y no hacerla depender de eventos esporádicos y no reglamentados.
Por lo dicho estamos proponiendo a esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo.
«Ciudadano presidente de la H. Cámara de Diputados. Presente.
El suscrito diputado miembro del grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, con fundamente en los dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que esta Cámara, a través de la Comisión del Distrito Federal, solicite atentamente al Departamento del Distrito Federal y al Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal, la información relativa a los resultados que hasta ahora se han obtenido en la consulta popular sobre los planes parciales de desarrollo urbano en el Distrito Federal.
Segundo. Que se solicite al Departamento del Distrito Federal y al Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal, la continuación de la consulta popular sobre los planes parciales de desarrollo urbano en el Distrito Federal, con el fin de posibilitar la participación de organizaciones sociales y políticas que aún están interesadas en intervenir en la misma.
Firma el que habla. Muchas gracias por su atención».
El C. presidente: - En los términos del artículo 58 se pregunta si hay oradores en pro o en contra. Tiene la palabra el señor diputado Alcocer.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señor presidente, señores diputados: lamentablemente no es esta la mejor hora para abordar este problema que ha planteado mi compañero Manuel Terrazas. Venimos de un largo debate y sin embargo este es uno de los asuntos que más preocupan y afectan a una cantidad muy importante de mexicanos que radican en el Distrito Federal.
El Departamento del Distrito Federal organizó una consulta de esas llamadas consulta populares, sobre los planes parciales de desarrollo urbano. Sin embargo, a lo largo de las consultas quedó claro que había una buena parte de la ciudadanía y de organizaciones que actúan en el Distrito Federal en diversas instancias, con diversos carácter, que podrían tener interés en dar su opinión sobre este asunto.
Lamentablemente los términos en que fue planteada la consulta no permitió que un mayor número de organizaciones y de ciudadanos se expresara y por otro lado - como parece que ya nos tenemos que acostumbrar en México aunque nosotros no negamos a acostumbrarnos -, estas consultas sirven para que la autoridad decida por sí y ante sí y no de la cara a los ciudadanos consultados, tomen decisiones que afectan en buena medida la vida en la ciudad.
Nosotros creemos y por eso la solicitud que ha planteado el compañero Terrazas tiene dos partes, que primero que nada es necesario que el Departamento del Distrito Federal informe a esta Cámara, dado que en ella radica las facultades para legislar sobre el Distrito Federal en ausencia de poderes electos democráticamente, que correspondan a la propia ciudad de México, ellos van a decidir. Esta Cámara deberá legislar, pero para legislar se requiere tener la información, y eso demanda que nos la envíe. Ese es un requisito básico de información. Que nos digan cuáles son los resultados de los planes parciales, de la consulta sobre los planes parciales, qué opiniones se recogieron, se recabaron sobre estos planes, por que sin duda que sería muy interesante que la Cámara, a través de la comisión legislativa del ramo, la Comisión del Distrito Federal, pudiera estudiar, conocer y sobre esa base poder tomar iniciativas legislativas o bien formar su criterio acerca de aquellas iniciativas que el Departamento del Distrito Federal, por conducto del titular del Ejecutivo Federal, remita a la Cámara.
Parece que es un derecho básico, derecho a la información que en esta Cámara tenemos que reivindicar y ahora lo queremos reivindicar de nueva cuenta. Que nos envíe la información por los canales conducentes. Pero el problema está en que para el Departamento -que esa es la segunda parte de la propuesta del diputado Terrazas -, para el Departamento del Distrito Federal, esto ya ha concluido, esta consulta, pese a que es evidente que aún hay muchas organizaciones políticas, civiles, incluso gremiales me atrevería yo a decir, que podrían expresar opiniones a este respecto y que no las han expresado, por el tipo de consulta que se organizó.
Pero yo agregaría un argumento: en poco tiempo esperamos, aquí en la Cámara deberemos recibir del Presidente de la República, así como ya hemos recibido de los partidos políticos, propuestas concretas sobre la transformación democrática del Distrito Federal, propuestas que pueden conducir, permítaseme la hipótesis optimista, a la elección del regente, si nos vamos por la hipótesis pesimista de dejar todo como está. Pero lo cierto es que el Presidente de la República adoptó el compromiso de enviar a esta Cámara un proyecto de reformas sobre el gobierno del Distrito Federal. El lo llama participación de los ciudadanos en el gobierno del Distrito Federal, se le puede llamar como sea, pero aquí en esta Cámara se va a recibir una iniciativa.
Y de esa iniciativa pueden derivar cambios importantes en la estructura de gobierno. Y nosotros nos preguntamos: ¿Bueno, y qué va a pasar con los planes? Ya quedaron sancionados de una vez y para siempre y los nuevos órganos de gobierno de elección popular, en caso de que así ocurra, qué va a hacer con esos planes. Incluso la prudencia política recomendaría no suspender ahora la consulta, sino esperar a que esta soberanía tome una decisión en materia legislativa sobre el gobierno del Distrito Federal para, sobre esa base entonces terminar, la consulta, adaptarla a las nuevas condiciones que surjan de las decisiones legislativas que aquí se tomen, y darle a esos planes parciales que son muy importantes porque van a asentar la vida de millones de ciudadanos del Distrito Federal, darles otro contenido.
Por eso nosotros creemos que la propuesta de nuestro compañero, presentada a través de nuestro compañero Manuel Terrazas debería merecer el apoyo de todos los aquí presentes, debería ser turnada, que es lo que se está pidiendo, a la Comisión del Distrito Federal para que éste solicite al Departamento la información.
Y por último quiero anticiparme -no sea que nos vayan a responder por ahí -, a un argumento de una vez. Miren, la cuenta pública del Departamento, por cierto, la recibimos el día de hoy en los grupos parlamentarios a pesar de que mañana tenemos una reunión, sobre eso, vamos a tener que trabajar a las carreras, no trae nada sobre esto, habla de planes parciales etcétera, pero la consulta se ha venido desarrollando a lo largo de este año, y esto también contribuiría al mejor trabajo de las comisiones que deben dictaminar sobre la cuenta pública.
Por esas razones nosotros venimos, yo vine a apoyar la solicitud de mi compañero Terrazas, y creemos que es una propuesta que debiera ser aprobada por el pleno de esta Cámara. Muchas gracias .
El C. presidente: - Consulte la secretaría si se admite o no a discusión la propuesta del señor diputado Manuel Terrazas Guerrero.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición que contiene el punto de acuerdo expresado aquí en esta tribuna por el diputado Manuel Terrazas. Los ciudadanos diputados que estén porque se deseche la proposición ponerse de pie... Admitida.
El C. presidente: - Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
RECHAZO A INSTANCIAS AJENAS AL PUEBLO DE MÉXICO
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Guillermo Fonseca.
El C. Guillermo Fonseca Alvarez: - Señor presidente, honorable asamblea: estuvimos atentos al debate suscitado con motivo de la proposición del diputado Heberto Castillos, y queremos formular la siguiente proposición:
«Considerando la difícil experiencia del pueblo de México a lo largo de su historia por conquistar y preservar su independencia, tomando en cuenta las numerosas intervenciones y presiones extranjeras que hemos vivido los mexicanos durante nuestra vida como nación independiente, tomando en consideración las presiones que hoy se ejercen sobre nuestro país, por fuerzas que no buscan la profundización de nuestra vida democrática ni la defensa de los derechos ni los intereses del pueblo, sino nuestro sometimiento y conscientes de que el rechazo a toda intervención extranjera en nuestros asuntos internos es fruto de nuestra historia y parte integrante de nuestra conciencia nacional, los firmantes, más allá de interpretaciones meramente técnicas, apoyados en las claras lecciones de nuestro pasado, y en una interpretación objetiva de las fuerzas hegemónicas que se manifiestan hoy en día en la escena internacional, con fundamento en las consideraciones anteriores proponemos a esta honorable asamblea la adoptación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
La Cámara de Diputados rechaza con firmeza toda pretensión de recurrir a instancias ajenas al pueblo de México, para ventilar fuera de nuestras fronteras decisiones fundamentales que conformen la voluntad política de la nación, y reafirma su voluntad de perfeccionar los sistemas, métodos y leyes electorales que nos rigen, siempre conforme a los intereses irrenunciables del pueblo de México.
Firmamos: diputados: Eliseo Mendoza Berrueto, Blas Chumacero Sánchez, Guillermo Fonseca Alvarez, y Eliseo Rangel Gaspar».
Señor presidente en los términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se solicita que esta proposición sea considerada de urgente resolución. Dejo en la secretaría la proposición.
El C. presidente: - Se pregunta a la asamblea si existen oradores en pro o en contra.
El C. Gonzalo Altamirano Dimas: - Para su adición a la proposición.
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Altamirano Dimas.
El C. Gonzalo Altamirano Dimas: - Simplemente para precisar la proposición una vez hecha por escrito y adherirnos a la proposición del señor diputado del Partido Revolucionario Institucional, pero con esta adición: es decir, que esta Cámara rechaza con firmeza todas las instancias no contempladas por nuestro orden jurídico.
Yo simplemente estoy agregando, a nombre de la diputación del Partido Acción Nacional, la expresión de las instancias no contempladas por nuestro orden jurídico, para así cuadrar perfectamente con nuestro orden constitucional, que no estamos invalidando las leyes que son precisamente fruto de nuestras instituciones, las leyes que son reconocidas por el propio gobierno y de las cuales se derivarían instancias jurídicas.
Por otro lado, si nos sumamos al rechazo de acudir a instancias no contempladas por nuestro orden jurídico. En ese sentido dejo la propuesta. Gracias.
El C. presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no la adición que el señor diputado Altamirano Dimas ha presentado a la propuesta del señor diputado Guillermo Fonseca Alvarez.
La C. secretaria Elvia Lugo de Vera: - Por instrucciones de la presidencia se pregunta a esta asamblea si se admite la adición presentada por el diputado Altamirano Dimas, a la proposición hecha por el diputado Guillermo Fonseca Alvarez. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa de la adición, sírvanse manifestarlo... Desechada señor presidente.
El C. presidente: - Consulte la secretaría si debe considerarse la propuesta del señor diputado Guillermo Fonseca Alvarez de urgente y obvia resolución.
La C. secretaria Elvia Lugo de Vera: - Por instrucciones de la presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea, si se considera de acuerdo al artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General, si se considera de urgente resolución la proposición presentada por el diputado Guillermo Fonseca Alvarez. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.... Aceptada señor presidente, de urgente resolución.
El C. presidente: - Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la
secretaría si se aprueba o no la propuesta del señor diputado Fonseca Alvarez.
La C. secretaria Elvira Lugo de Vera: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a esta asamblea si se aprueba la proposición presentada por el diputado Guillermo Fonseca Alvarez. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada señor presidente.
El C. presidente: - Cúmplase.
JUAN DE LA CABADA
El C. José Flores Gutiérrez: - Ciudadano presidente; compañeros diputados, pueblo de México: he venido a esta tribuna para dejar constancia de un sentimiento hacia un hombre universal.
La desaparición física de Juan de la Cabada, llena de tristeza a los amigos que tuvimos la oportunidad de conversar con él aquellas largas horas de las noches tropicales de Campeche, lo mismo en la Plaza de la Independencia, que frente al mar de la bahía del puerto.
Escuchándole sus experiencias vividas en la guerrea española, al lado de los trabajadores, como luchador internacionalista que fue, así como sus permanentes luchas en bien de los trabajadores de nuestra patria. Su estancia en Cuba, en su primera juventud y en la última década así también oyéndole los pasajes de sus libros: Incidentes Melódicos de un Mundo Irracional, Lago Aranducha y Tiempo Abandonado.
A propósito, y con relación a su primera obra Incidentes Melódicos de un Mundo Irracional, tres ilustres literatos mexicanos de talla universal dijeron: "Juan de la Cabada, vigor auténtico, creación verdadera, bondad y virtud legítima, escritor y hombre de primera, lo quiero y lo admiro, no hay en él página perdida; don Alfonso Reyes".
"Desde su Campeche, Juan de la Cabada recorrió los caminos selváticos y los anchos reales también de la península yucateca, y en todo lugar donde halló al maya, bebió en las directas y puras fuentes de la ancestral sabiduría popular. El arte de Juan de la Cabada en este libro, es pues fruto de lo que vive ese pueblo que fue el más grande de América, así el senador de su lenguaje y las melodías que contiene, nos brindas una pulpa de jugo tan fresco y sabor tan verdaderamente sano y cálido como fecundo y generosa su semilla, profesor Alberto Barrera Vázquez".
"Este libro de Juan de la Cabada, a mi juicio y para mi gusto, constituye por la materia autóctona de que trata, el más definido y por la gracia originalísima de su estilo, el más bello, el que mejor representa el espíritu literario de este México que nace, Emilio Abreu Gómez".
No podemos olvidar su última visita a Campeche, para analizar detalladamente la revisión y edición de sus obras mencionadas y con respecto a su obra Tiempo Abandonado, él decía: "ha que tiempo que ya la abandono".
Seguramente los amigos de Juan y quienes lo conocieron a través de sus obras o los que con él convivieron en México y en otros lugares del mundo, sienten sinceramente la extinción de una vida llena de sabiduría, se trata de una pérdida que resiente su pueblo, trabajadores, intelectuales y manuales, mujeres y jóvenes que vemos en ese hombre universal un ejemplo a seguir, recordando su innata característica de irradiación de alegría y de esperanza, su optimismo así como su gran espíritu humanista. Juan siempre estuvo al lado de su pueblo y en el idioma maya se comunicaba con sus hermanos, acudiendo a los lugares más apartados, conocedor de otros idiomas en otros lugares del mundo, se comunicaba y externaba siempre la pasión que sentía por esta su patria, México.
Lo más importante de la vida de Juan es y seguirá siendo su honestidad, su congruencia de pensamiento con sus palabras y sus hechos, fue hombre que trazó un camino limpio para satisfacción de sus descendientes y que los jóvenes seguirán para bien de nuestra patria.
Con relación a lo anteriormente dicho, ciudadano presidente de la H. Cámara de Diputados, quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Socialista de los Trabajadores, respetuosamente proponemos al pleno de esta LIII Legislatura aprobar el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
«Único. Que haciendo uso de los diversos medios internos y externos de comunicación con que cuenta esta Cámara, difundan ampliamente las grandes virtudes del C. Juan de la Cabada y su obra literaria y humanista como ejemplo a seguir por la juventud mexicana y las futuras generaciones; que se explique asimismo la pérdida que significa para nuestra patria la desaparición física de ese gran mexicano. Muchas gracias.»
El C. presidente -Se pregunta a la asamblea si hay oradores en pro o en contra. No habiéndolos consulte la secretaría si se admite a discusión o no el punto de acuerdo repuesta por el señor diputado José Flores.
El C. secretaria Antonio Melgar Aranda: - Por instrucciones de la presidencia se pregunta si se admite a discusión la proposición presentada por
los diputados del Partido Socialista de los Trabajadores.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse poner de pie. Los ciudadanos que estén porque se deseche la proposición, ponerse de pie... Aceptada señor presidente.
El C. presidente: - Túrnese al Comité de Asuntos Editoriales.
El C. presidente. -Tiene la palabra el señor diputado Antonio Monsiváis Ramírez, en su turno, para una proposición.
El C. Franz Ignacio Espejel Muñoz: - Señor presidente; quiero hacer una observación. Tiene mucho tiempo que solicité, que pregunté mi registro al vicepresidente, yo considero que antes que el compañero, estaba yo inscrito.
El C. presidente: - Disculpe, señor diputado, está aquí en la relación Antonio Monsiváis y usted sigue.
INSULTOS AL DIPUTADO LORENZO SERRANO GUTIÉRREZ
El C. Antonio Monsiváis Ramírez: - Señor presidente, compañeras y compañeros diputados: en la forma más comedida, atenta y respetuosa y como mejor proceda, traemos este escrito dirigido al C. diputado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la H. Cámara de Diputados, y desde luego a esta honorable asamblea a nombre de las fracciones parlamentarias que al final se menciona, vengo a manifestar, como ya manifesté anteriormente de la forma más atenta, de la forma más comedida, pero a la vez enérgica, nuestra protesta en virtud de los siguientes hechos que a continuación me voy a permitir narrar.
«El pasado 25 de septiembre, el compañero diputado Lorenzo Serrano Gutiérrez, vino a denunciar los atropellos caciqueriles que sufren los ciudadanos del ejido José María Morelos, perteneciente al municipio de Huazolotitlán, Oaxaca. Y a petición de los propios ciudadanos que habitan esa comunidad, igualmente vino a denunciar las constantes agresiones que padecen a manos de los pistoleros que operan al servicio de Octavio Barrera Sorrosa, a quien se le acusa de ser dueño de sembradíos de marihuana.
El diputado Serrano señalo que de este hecho tienen conocimiento las autoridades locales y federales y se preguntó el por qué no ha llegado al lugar de referencias, el combate al narcotráfico que se da en el país, bajo el mando del general Arévalo Gardoqui.
Ante la denuncia el general y diputado Alonso Aguirre Ramos, en lugar de venir a esta tribuna a dar una respuesta civilizada, fue hasta el lugar que ocupa el diputado Serrano para insultarlo con palabras que por respeto a esta asamblea no citamos aquí.
No conforme con esto, el general diputado Alonso Aguirre Ramos, lanzó violentas amenazas contra el compañero Serrano.
El artículo 61 de la Constitución General de la República expresamente establece que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.
El presidente de la Cámara, velará por el respeto del fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
Con fundamento en el proceso constitucional arriba citado instamos a la presidencia a que haga lo conducente en favor del respeto al fuero constitucional de los miembros de esta Cámara y contra el cual atentó el diputado y general Aguirre Ramos.
Palacio legislativo, México, D. F., septiembre 30 de 1986.
Por los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional: diputado Jesús González Schmall: por el Partido Socialista Unificado de México, diputado Arnoldo Martínez Verdugo; por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, diputado Pedro Peñaloza; por el Partido Mexicano de los Trabajadores, diputado Miguel Eduardo Valle; por el Partido Demócrata Mexicano, su servidor Antonio Monsiváis Ramírez».
Dejo al presente escrito en la secretaría para que cause sus efectos legales. Por el honor de su atención. Muchas gracias.
El C. presidente: - En los términos del artículo 34, esta presidencia llevará a cabo la investigación del caso a fin de que se haga respetar el fuero constitucional de todos los miembros de esta Cámara.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
El C, presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Franz Ignacio Espejel Muñoz.
El C. Franz Ignacio Espejel Muñoz: - Señor presidente: señoras y señores diputados: cuando se institucionalizó la revolución y al llevarse a cabo la Reforma Agraria, se veía la necesidad de dar un régimen de tenencia de la tierra justo y eficaz,
proponiendo entre sus metas dar al trabajador del campo la tierra, alimentación, educación, habitación digna, salud, capital y técnica. Y derivado de lo anterior, in ingreso real y con acceso a la justicia.
A pesar de esto, la realidad es muy diferente a lo que esperaba el campesino, debido a la desordenada y perpetua redistribución de tierra, provocando inseguridad a todas las formas de propiedad de la misma, y por la acción de intereses ajenos, para lograr que el campesino adquiera suficiencia económica, seguridad jurídica y libertad política.
Es notable que quienes dirigen las actividades del campo a través de organismos como la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la Secretaría de la Reforma Agraria, Banrural, organizaciones campesinas, etcétera, buscan sujetar al campesino para controlarlo políticamente, en vez de librarlo y de propiciar su desarrollo a la interacción y a la vida económica de la nación.
Actualmente, pese a las exaltaciones de los secretarios de Estado en este renglón, el campo no cuenta con los apoyos necesarios para hacer eficiente la producción de alimento, además de que se le han restado recursos económicos, hay desvíos de dichos apoyos. Muchas han sido las denuncias en contra de Banrural, de comisariados ejidales, de líderes campesinos, de fraudes y abusos en contra del campesino mexicano por funcionarios de la Reforma Agraria y Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Para el Gobierno es mejor apoyar la industrialización que al campesino, desanimando la productividad del mismo, de producción de alimentos básicos que nos son indispensables. Es grave la injusticia que vive el campesino, pero es más grave el tener que depender del extranjero por importar alimentos, con la obvia salida de divisas. Además, el campesino, al verse abandonado por el Gobierno que lo ha engañado con promesas durante las campañas electorales del partido oficial, se ve en la necesidad de abandonar su tierra y buscar el sustento en las ciudades o tierras extranjeras en donde sí es importante la producción de la tierra.
Por otro lado, el Gobierno lleva una deficiente política de precio de garantía que impone a los productores básicos, logrando que las actividades agropecuarias sean poco atractivas, como para vivir digna y decorosamente. Ahora bien, la producción de alimentos en el sector rural ha sido descuidado. Recordemos que desde el inicio de la actual administración, el Estado se comprometió con responsabilidad a promover el desarrollo del sector rural con el propósito de estimular la producción, generar empleos y garantizar a la población campesina bienestar y participación en el desarrollo nacional. Y para tal propósito creó el Plan Nacional de Desarrollo Rural Integral, el cual tiene entre sus objetivos organizar el campo para hacerlo productivo y lograr la soberanía alimentaria, sobre todo en los productos de mayor demanda popular, y lograr con ello una mejor distribución de ingreso en la población rural.
Sin embargo, observamos que el campo se encuentra en una situación difícil, hay restricciones en el gasto público y en este año no se ha logrado una canalización adecuada de los recursos presupuestales en este sector. Los créditos son insuficientes y no alcanzan a fortalecer la infraestructura y las condiciones de operación, a tal grado de sólo ha sido posible financiar el 33% de la superficie agrícola y ganadera del país.
Como consecuencia de la falta de recursos, más la inflación los cotos de producción en el campo se han disparado, sobre todo en fertilizantes, maquinaria, plaguicidas, energía eléctrica, combustible entre otros. Por ejemplo en 1980 existían en el campo aproximadamente 175 mil tractores, un gran número de ellos viejos y obsoletos; hoy vemos que cada vez es más difícil que un ejido o agricultor disponga de maquinaria apropiada y a precios accesibles. Un tractor equipado cuesta aproximadamente 12 millones de pesos, sin embargo vemos que el campo necesita por lo menos 400 mil tractores, y nos preguntamos, ¿por qué cerraron la International Harverster Massey Ferguson? y además con un Diesel Nacional en quiebra.
Los tractores además no están gravados con impuestos excesivos. Aparentemente no lleva el Impuesto al Valor Agregado, mas sin embargo, tenemos el conocimiento que ya el precio en sí del tractor implica fuertes gravámenes, y además esto también origina altos costos de la producción del campo.
Ciertamente que el Plan de Desarrollo Rural, aún cuando pudiera ser deseable no ha sido posible llevarlo a la realidad, falta congruencia entre los propósitos del Gobierno y entre los de los campesinos hay desconcierto y falta de entendimiento entre las dependencias estatales, además de que ha habido falta de canalización de recursos de apoyo para este propósito, y como ejemplo puede señalarse también la falta de apoyo a los programas de asistencia técnica, hidráulica, sanidad, divulgación en materia agrícola, pecuaria y forestal por parte de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, además que dicha Secretaría ha descuidado la organización de los productores.
Nos preocupa muchísimo la situación actual de los agricultores ya que el licenciado Eduardo Pesqueira Olea afirmó que no se elevarían los precios de garantía puesto que éstos serían inflacionarios, pero en cambio sí ofreció que se bajarían los precios de los insumos para apoyar a los campesinos
en la producción de alimentos, tanto básicos como oleaginosa. Pero sin embargo, se ha observado que aún a pesar de que la producción de alimentos se encuentra estancada desde 1984, oscilando entre los 20 y 22 millones de toneladas de granos básicos y oleaginosas, esto ha permitido que México tenga que importar entre siete a ocho millones de toneladas de estos productos para satisfacer la demanda interna, obviamente también con una fuerte salida de divisas.
Se nos podrá decir que en 1986 exportamos algunos productos como lo son el trigo, el azúcar, café y otros, pero podemos asegurar señores diputados, que esta exportación más bien se debe a la contracción del consumo interno de estos productos; hay excedentes, sí, pero debido al bajo poder adquisitivo del pueblo que se empobrece más cada día.
El Gobierno afirma que a través de Conasupo hace esfuerzos para asegurar los ingresos del producto, garantizar la existencia de alimentos básicos y proteger el poder adquisitivo de los consumidores, lo cual es incierto ya que los precios van a la zaga de la inflación.
El pueblo marginado, sin salario mínimo, los desocupados, los aislados geográficamente, se ven inermes ante esta crisis, abandonan el campo y emigran a la ciudad o al extranjero como indocumentados. Y, señores diputados mientras exista insuficiencia en la producción, habrá desnutrición. Si hay desnutrición, entonces no podemos hablar de salud, educación ni acaso de subdesarrollo.
Por otro lado, es tal el grado de desesperación en que se encuentran nuestros campesinos, que superando todas las dificultades que su difícil situación les impone, han resuelto salir a las carreteras de Hidalgo, Tlaxcala, del Estado de México, y que convergen a la capital del país, para hacer saber al pueblo de México que a pesar de las cifras alegres de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el campo está postrado y los campesinos no alcanzan siquiera a pagar sus costos de producción, muchos menos para tener un margen para sobrevivir.
Ellos dicen que hace apenas unos meses, con una tonelada de cebada compraban una tonelada de fertilizantes de Fertilizantes Mexicanos, Sociedad Anónima, hoy necesitan mas de dos toneladas y media. Al igual antes con un kilogramo de cebada podían comprar dos litros y medio de diesel, hoy necesitan dos kilos de grano para comprar un litro de diesel.
No podemos permanecer ciegos ante la realidad ni ignorar el sacrificio de nuestros hermanos del campo. Ellos están sufriendo como cualquier mexicano frente a este Gobierno burocratizado que no ve el drama cotidiano del pueblo. La caravana de campesinos ha sido disuelta con la promesa de la Secretaría de Gobernación, de que serán atendidas sus demandas.
Esto no puede ser una burla más. Tendremos que estar pendientes y exigir que no se engañe una vez más al pueblo. Y debe escucharse y entenderse las legítimas demandas del campo, de ahí hacia México, y puesto que no podemos entonces renunciar a nuestro origen.
Por lo tanto, señoras y señores diputados, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario de Acción Nacional hace la siguiente proposición:
«Que el titular de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, licenciado Eduardo Pesqueira Olea, comparezca ante esta Cámara de Diputados, para que:
Primero. Explique cuál es la política que se ha llevado en materia de precios de garantía de los granos básicos y oleaginosas.
Segundo. Cuáles han sido y cómo se han canalizado los apoyos de la dependencia a su cargo, tanto a los agricultores como a los ganaderos del país.
Tercero. Explique cómo el campesino podría mantener o superar su poder adquisitivo a pesar de los incrementos permanentes a sus insumos que necesita para realizar su participación en el desarrollo del país.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 30 de septiembre de 1986.
Por el grupo parlamentario de Acción Nacional firman ocho diputados y un servidor, diputado Franz Ignacio Espejel Muñoz. Muchas gracias».
El C. presidente: - Se pregunta a la asamblea si hay oradores en pro o en contra, el señor diputado Jaime Delgado en pro.
El C. Jaime Delgado Herrera: - Muy breve, gracias. Hace unos días recibimos un informe donde se hablaba de que si bien nuestro desarrollo agrícola había tenido ligeras mejorías en 1985; al examinar la cuenta pública de 1985 observamos como muchos de los programas que menciona el diputado Franz Espejel, estaban precisamente contraídos, al cuestionar al licenciado Valenzuela, subsecretario de planeación de la propia Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, él simplemente cayó ante estas aseveraciones, al plantear que si bien el aparato burocrático administrativo de la propia Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y su presupuesto para 1985 se había
contraído en un 11% al observar los programas que menciona el diputado Espejel, vemos que todos estos programas se han recortado entre el 40 y 90%. Entonces nos preguntamos ¿cuál es el propósito de una Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos que está inflada en lo administrativo? Simplemente no funciona, simplemente se encuentra atascada en ese aparato burocrático inoperante.
Se han descuidado programas sumamente valiosos, programas como es el de los estudios de Cetenal, programas de estudio de la atmósfera y miles de programas más. Vemos nosotros cómo nuestro país desde hace más de 20 años tiene suscritos convenios con otros tantos países que tiene satélites para el estudio de los recursos de la tierra y nosotros vemos que ahorita nuestro país no tiene ni siquiera una planta de meteorólogos, de estudiantes y de investigadores de la atmósfera.
Y señores, en nuestro país el estudio del recurso del suelo es sumamente importante y lo hemos descuidado y no nada más el recurso de la tierra sino el recurso de los océanos y del recurso de la atmósfera.
No nos debe extrañar de nuestra dependencia alimentaria, eso está descuidado, información que llega dos veces al día de nuestra República en fotografías de nuestro territorio nacional y ¿qué hacemos sino archivarlas? Y ¿dónde están los técnicos? ¿Dónde están los investigadores? ¿Dónde están los verdaderos agrónomos y administradores que manejen estos programas? Hay mucho de vacío, hay mucho de negativo en lo que se refiere a nuestra agricultura y a nuestra ganadería nacional.
No es por demás hacer mención de lo que hablaba aquí el diputado Heberto Castillo. Vemos nosotros que nuestro campo está marginado, que en nuestro campo se encuentra el agricultor postrado ante la miseria, ante el hambre, ante la injusticia y ante tantas cosas más como son la ignorancia, la educación, la insalubridad y miles de cosas más. Queremos una agricultura fuerte para que tengamos un país fuerte; esa es la realidad que está pasando y esa es la realidad que nosotros debemos plantear aquí ante ustedes y que es necesario que en un forma abierta, en una forma franca, nos explique aquí el ciudadano secretario de agricultura, licenciado Pesqueira Olea, basta de mentiras no podemos engañarnos.
¿Cuánto cuesta traer un kilo de maíz de las planicies de Illinois o de Iowa, Estados Unidos? ¿Cuánto cuesta traerlo por río Misisipí , bajarlo a Nueva Orleans, traerlo a Veracruz, subirlo penosamente con ferrocarriles que reptan a 12 kilómetros por hora para llevar un kilo de maíz al desierto semidesierto del país?
Tal parece que estamos subsidiando a los agricultores americanos, esa es la realidad. Es bien cierto que planteen ustedes 80 pesos kilo de maíz traído de esos lugares tan remotos, subido y llevado a Coahuila, a Zacatecas, ¿Cuánto viene costando pues ese kilo de maíz? Se duplica el precio y necesitamos que aquí el mismo ministro, el Gabinete Económico nos diga ¿Cuánto cuesta cada kilo de esos productos, granos básicos, oleaginosas traídos desde lejos y puestos al servicio de Compañía Nacional de Subsistencias Populares? Son cifras y son los secretos guardados de Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
Pero no somos tontos en imaginarnos que esos precios se duplican y en algunos casos se triplica el valor de estos productos puestos aquí en el país; entonces porque no comparar los precios que se pagan al agricultor de Tlaxcala, al agricultor de Puebla y que vienen penosamente aquí a implorar que se les pague un precio justo, no de 85 mil pesos tonelada de malta, sino ellos aspiran siquiera a 112 mil pesos la tonelada y comparemos esos precios y comparemos honestamente el costo social tan grande que representa a nuestro país traer desde lejos una tonelada de granos alimenticios y esa es la respuesta que quisiéramos oír de nuestro secretario de Agricultura, pero una respuesta franca, porque con engaños ya no podemos manejar demagógicamente al campo. Muchas gracias.
El C. presidente: - Consulte la secretaría si se admite a discusión o no la propuesta del diputado Franz Ignacio Espejel Muñoz.
La C. secretaria Elvia Lugo de Vera: - Por instrucciones de la presidencia se pregunta a la asamblea, si se admite a discusión o no la proposición presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Los que Estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Desechada señor presidente.
DETENCIÓN EN OAXACA DEL DIPUTADO LEOPOLDO DE GYVES DE LA CRUZ
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Encinas Rodríguez.
El C. Alejandro Encinas Rodríguez: - Con su permiso señor presidente, compañeras y compañeros diputados: el pasado domingo 28 de septiembre, fue detenido por demás arbitraria nuestro compañero y diputado federal Leopoldo de Gyves de la Cruz, por elementos policiacos del municipio Unión Hidalgo en el Estado de Oaxaca pese haberse identificado a plenitud ante dichos agentes.
Leopoldo de Gyves se encontraba en la población mencionada junto con el exdiputado Héctor Sánchez
quien también fue detenido; por intervenir en el problema suscitado por la oposición a que dos regidores del Partido Socialista Unificado de México legalmente electos tomaron posición de sus cargos y permaneció detenido por más de tres horas hasta que un enviado del gobernador oaxaqueño intervino y logró su liberación.
Desde nuestro punto de vista este no es un caso aislado, sino una muestra más de la actitud prepotente de la policía municipal de Unión Hidalgo y de las autoridades de esta población que han creado un clima de tensión política que se generaliza en la región del istmo oaxaqueño.
Frente a esta situación, solicitamos al C. presidente de esta Cámara que en uso de las facultades que le confiere el artículo 61 constitucional, se dirija al gobernador del estado de Oaxaca solicitando explicaciones y presente las excusas correspondientes por la arbitraria detención que sufrió el diputado Leopoldo de Gyves de la Cruz y la violación que significa esto al fuero constitucional para los diputados federales.
Agradeciendo de antemano su atención para la presente, dejo el documento a la secretaría. Muchas gracias.
El C. presidente: - En los términos del artículo 34 esta presidencia de la mesa directiva, investigará para hacer respetar el fuero constitucional del miembro de la Cámara que se ha hecho referencia.
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES SOBRE DEUDA EXTERNA
El C. presidente: - Tiene la palabra la ciudadana diputada María Esther Scherman Leaño.
La C. María Esther Scherman Leaño: - Con la venia del señor presidente, compañeros diputados: nada más para poner a la consideración de la asamblea la siguiente proposición:
«Considerando la importancia que reviste el proceso de las negociaciones internacionales en torno a la deuda externa, su avance a la fecha la importancia que puede tener para nuestra economía y la necesidad que este cuerpo legislativo tiene de la información fidedigna, confiable y de la fuente más cercana a la realidad, se propone que la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados se reúna a la brevedad posible con los miembros del grupo negociador mexicano, que las autoridades hacendarias determinen para este efecto.
Firman esta propuesta diputados de los partidos: Partido Socialista Unificado de México, Partido Demócrata Mexicano, Partido Mexicano de los Trabajadores, Partido Popular Socialista, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido Socialista de los Trabajadores, Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional».
Dejo a la secretaría la proposición planteada.
El C. presidente: - Hay oradores en pro o en contra. En pro el señor diputado Jorge Alcocer Villanueva, tiene la palabra.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señor presidente, señores diputados: nosotros hemos firmado la propuesta que ha sido leída por la compañera diputada Scherman más que nada porque pues, si somos los que más piden que comparezcan funcionarios que haya explicaciones para la Cámara, como no vamos a firmar en pro esa propuesta.
Pero una cosa es recibir información a tiempo y otra cosa es recibirla "toro pasado". Y ese, el problema al que yo me quiero referir para que quede claro, que es lo que estamos firmando nosotros y hablo también a nombre del Partido Mexicano de los Trabajadores y del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Que nosotros sepamos, hasta hace una hora que fue la última información a la que tuvimos acceso en la agencias de prensa, los negociadores mexicanos siguen encerrados con los banqueros internacionales intentando llegar a un acuerdo, acuerdo al que se había fijado como fecha límite el día de ayer a las doce de la noche.
Cuando vengan los funcionarios no nos engañemos, van a venir a presentarnos lo que a saber y entender nos quieran dar y aparte lo que ya hicieron.
Nosotros hemos expresado ya nuestra opinión en otras ocasiones de esta conducta del Gobierno mexicano, pero haya un problema que no podemos dejar pasar porque es uno de los problemas claves de la negociación, que está ahora en marcha -y no lo digo yo - lo dijo el licenciado Suárez Dávila en su anterior presencia ante esta Cámara.
¿Cuál es el punto que está en este momento fundamentalmente en entredicho y por lo que se está retardando las negociaciones? No es la reducción de lo que les llaman spread sobre la tasa de interés, el diferencial que cobra la banca a México es este, este ya lo aceptaron los bancos, no es tampoco por cierto, el problema de pasar la deuda de la tasa prima de Nueva York a la tasa interbancaria de Londres. Tampoco es este el problema, tampoco son los seis mil millones que ya están autorizados, hay un problema que a la mejor el licenciado Suárez Dávila ni siquiera tomó muy en cuenta, lo que iba a representar en la negociación cuando nos lo dijo.
El Gobierno mexicano ha propuesto como parte de la negociación que los intereses que haya que pagar, una vez culminado el convenio de los intereses que se deriven de la tasa de interés aplicables, se pagaría por parte del Gobierno mexicano la mitad en efectivo, en dólares y la otra mitad sería depositada en pesos, en bancos mexicanos, en instituciones bancarias mexicanas, para que los acreedores extranjeros hagan uso de esos fondos dentro del país en proyecto de inversión que el Gobierno mexicano autorizará.
Y este es el punto en donde está el problema. porque nosotros queremos advertir desde ahora nuestra realidad radical oposición a esta medida que ha propuesto el Gobierno mexicano, porque eso significa en términos conservadores, un flujo de inversión extranjera directa a México en los próximos años de cerca de 4 mil, alrededor de 4 mil millones de dólares anuales.
Y esto representa para cualquiera que conozca un mínimo de cómo opera la inversión extranjera en México y lo que significa, significa la desnacionalización creciente del aparato productivo, significa sí la participación del extranjero en Fertilizantes Mexicanos, S.A., significa la participación del capital extranjero en la siderúrgica, significa la apertura al capital extranjero de ramas enteras de la producción o su desnacionalización.
¿Es por esa vía que el Gobierno en esta visión que tiene pretender resolver - como dice el dicho popular -" matar dos pájaros de un tiro", creen que resuelven el problema de la deuda y al mismo tiempo le meten un gran flujo de inversión? Sí, pero esa inversión va a llevar en el muy corto plazo a una mayor desnacionalización de la economía.
Y nosotros decimos que lo congruente de nueva cuenta con lo que el presidente De la Madrid ofreció el 21 de febrero, era haber determinado la capacidad de pago del país en función de las condiciones de México, no en función de las exigencias de la banca internacional.
Lo congruente era que si se podía pagar 4 mil millones de dólares ó 3 mil ó 2 mil, o mil, eso fuera lo que se pagara y no andar haciendo operaciones de "vamos a pagar en pesos" que es en realidad "vamos a pagar con la economía nacional, vamos a pagar perdiendo más aún el control de nuestra economía para que a la vuelta del tiempo no muy lejano por desgracia, a la mejor nos encontramos con que seis estados del país del norte están convertidos en una gran Hong Kong, en el imperio y el paraíso de las maquiladoras.
Eso es el riesgo que desde aquí denunciamos y por eso creemos que esa negociación que el Gobierno mexicano está conduciendo, es contraria a los intereses del país, a los intereses de hoy y a los intereses del futuro.
Repito, no nos oponemos a que vengan los funcionarios. Lamentablemente vendrán a informarle a esta Cámara a lo que ya comprometieron al país y sobre esa base. ¿Qué podemos hacer nosotros?
El C. presidente: - Para hechos, señor diputado Héctor Morquecho Rivera.
El C. Héctor Morquecho Rivera: - Señor presidente, con su permiso, compañeras y compañeros diputados: nosotros también estamos de acuerdo en que comparezcan ante la Comisión de Hacienda los que están negociando, a los responsables que deben informar sobre las negociaciones frente a la banca internacional por parte del Gobierno mexicano.
Nosotros vemos realmente como muy grave, digamos profundamente grave la situación. Es un problema más que económico, es un problema profundamente político, es un problema de fuerza política frente a otra fuerza política, la fuerza política de nuestro país que debería estar unida junto a un club de deudores o unida a otros países como el nuestro, a la fuerza de la banca internacional, es la fuerza del imperialismo.
Por eso nos interesa que se informe, que tengamos la noción de: ¿Qué es lo que está haciendo? Es decir, ¿de qué manera se está negociando? ¿Cómo se puede de parte de las fuerzas progresistas evitar que nuestro país se comprometa aún más en cuanto a su soberanía económica?.
Nosotros hemos afirmado, los del Partido Popular Socialista, que debe ser por el camino de cancelar para siempre el pago de la deuda. ¿Cómo se podrá resolver el problema para hacer crecer a nuestro país? ¿Por qué no estamos de acuerdo cuando Hacienda dice que necesitamos crecer para pagar? Estamos de acuerdo en que el país está estancado, está digamos agarrado del cogote, está en una tremenda trampa en nuestro país y requiere en efecto de inversión, pero estamos completamente convencidos que no es por la vía de someter más a nuestro país al imperialismo, como puede crecer nuestra patria económicamente.
Nosotros estamos de acuerdo en que se puede crecer, pero crecer hacia adentro, no para pagar la deuda externa, crecer hacia adentro para desarrollar las fuerzas productivas, crecer pero no para apapachar otra vez a la burguesía privada, no para darle calor nuevamente a las empresas transnacionales.
El propio presidente Miguel de la Madrid ha afirmado, que no podemos recurrir al camino que nos hizo llegar a esta crisis tremenda que hoy vivimos, entonces en consecuencia, nosotros observamos
que se quieren poner otra vez en práctica los instrumentos, seguir el camino que ya nos metió en esta grave crisis económica.
Por esa razón pensamos que - como decía hace rato -, crecer sí, pero viendo que no se le vaya a dar nuevamente calor a la burguesía privada, que ya desde ahorita con ese cinismo que tiene, con ese descaro que tiene, con el apoyo del imperialismo está diciendo: "si vienen dólares que no los controle el Estado", dicen que mejor nos den el capital privado, es decir volver otra vez a recorrer el camino hacia otra nueva crisis.
Por eso estamos de acuerdo en que se haga la comparecencia de estas personas, que de ser posible sería una cosa, digamos, - como pedirle peras al olmo -, que hubiera una actitud patriótica, porque el presidente Miguel de la Madrid dijo precisamente ayer: "aquí no se requieren soluciones de gabinete, sino que se requieren soluciones a fondo para salir de la crisis"; entonces ojalá y se siga por ese camino de procurar que se modifique la política económica, para que el reclamo de las generaciones inmediatas que vienen, tengamos que responder a ellos, a esos reclamos con una postura más digna en favor de nuestro pueblo. Gracias.
El C. presidente: - Consulte la secretaría si se admite a discusión o no la propuesta de la ciudadana diputada María Esther Scherman Leaño.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición expuesta por la diputada Scherman suscrita por las fracciones parlamentarias del Partido Socialista Unificado de México, Partido Acción Nacional, Partido Mexicano de los Trabajadores, Partido Socialista de los Trabajadores, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido Demócrata Mexicano, Partido Popular Socialista Y Partido Revolucionario Institucional. Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie. Los que estén porque se deseche la proposición, ponerse de pie... Aceptada señor presidente.
El C. presidente: - Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Miguel Eduardo Valle Espinosa.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Señor presidente, compañeros diputados: queremos traer a la consideración de ustedes una propuesta que está firmada por representantes de todas las fracciones parlamentarias. Estoy absolutamente obligado a ser breve en esta ocasión y solo quiero señalar dos cuestiones:
En primer lugar, que esta propuesta prácticamente unánime hasta el momento en términos de fracciones parlamentarias, surge como una inquietud en primer lugar de la Unión Nacional de Periodistas Democráticos, pero también y es justo señalarlo del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa.
La primera organización dirigida por el compañero Elías Chávez de Proceso, es una organización que en un congreso, su último congreso celebrado hace unos meses, examinó con cierto cuidado y detalle el problema que nos vamos a permitir comentar a ustedes, Por otra parte el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, que dirige Mario Cedeño de El Universal es una organización que sistemáticamente había comentado esta situación, aunque no había presentado de una manera formal la inquietud a ningún grupo parlamentario.
En segundo lugar, quiero comentar que la profesión de periodista es en estos momentos en nuestro país una profesión peligrosa. No sólo porque se ha actuado con extrema violencia y con impunidad en 20 casos en contra de compañeros trabajadores de los medios de comunicaciones, sino porque también es una profesión sujeta a muchos riesgos, a muchas dificultades y a una situación difícil en términos de retribución a sus servicios profesionales.
En muchos lugares del interior de la República, la profesión del periodista es una profesión difícil y muy mal pagada.
En virtud de ello todos los compañeros que firmamos la propuesta, hemos considerado que de alguna manera esta propuesta y su acuerdo en el caso en que ustedes lo acepten, representa iniciar una batalla que realmente tendrá una singular importancia para los trabajadores más humildes, más sencillos, para los trabajadores que hacen nota, para los trabajadores que realmente tienen una situación de carácter laboral, pues es bastante difícil a pesar de la calificación que necesita su trabajo.
En virtud de esta situación hacemos la siguiente propuesta de punto de acuerdo.
CONSIDERANDO
«Primero. La fracción VI del artículo 123 constitucional, establece los salarios mínimos profesionales para aplicarse en normar determinadas de la industria o del comercio o en profesiones u oficios y trabajos especiales y que estos salarios también serán sometidos para su aprobación a una comisión nacional.
Segundo. La profesión de periodista incuestionablemente exige una calificación a la hora de su ejercicio.
Tercero. La Constitución establece inequívocamente que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.
Cuarto. Existen en el país muchas empresas periodísticas de diverso tamaño y condición económica, en ella se refleja esta distinta condición y se presentan casos de trabajadores de los medios de comunicación masiva, en los cuales el salario de sus trabajadores no alcanza siquiera para satisfacer los lineamientos establecidos en la mencionada fracción del artículo 123 constitucional establecidos para el salario mínimo general.
Quinto. En virtud de esta situación y de la necesidad de dar garantías al ejercicio de esta profesión, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión establece el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Recomendar a la Comisión de Salarios Mínimos, que considere en los términos de sus normas de funcionamiento la inclusión, dentro de los salarios mínimos profesionales, el de periodista».
Firman esta propuesta los diputados: Gonzalo Altamirano Dimas, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Pedro José Peñaloza; Graco Ramírez Garrido Abreu, Reyes Fuentes García, Arnoldo Martínez Verdugo, Eduardo Valle Espinosa y Juan Moisés Calleja. Muchas gracias.
Pongo a consideración de la presidencia.
El C. presidente: - Se pregunta si hay oradores en pro o en contra. No habiéndolo, consulte la secretaria si se admite o no a discusión la propuesta del señor diputado Miguel Eduardo Valle Espinosa.
La C. prosecretaria Elvia Lugo de Vera: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si se admite o no discusión la propuesta presentada por el diputado Miguel Eduardo Valle Espinosa y firmada por todos los grupos parlamentarios. Los que estén por la afirmativa ponerse de pie... Se admite señor presidente.
El C. presidente: - Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Continúe la secretaría con el desahogo de los asuntos en cartera.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario Antonio Melgar Aranda:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 4 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Sandra Hernández González y María Elena Cepeda González, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 25 de septiembre se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Sandra Hernández González, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana María Elena Cepeda González, para prestar servicios como secretaria bilingüe, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México D.F., a 26 de septiembre de 1986.
Firman los diputados: Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinosa, Heriberto Ramos Salas, Nicolás Reynés Berezaluce, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Diego Valadés Ríos, Sergio Valls Hernández».
Trámite: Primera lectura.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - señor presidente: pido que la secretaría haga constar que mi firma en el dictamen, dice a la letra en un lado que es en contra del dictamen.
El C. presidente: - Se ruega a la secretaría expida la constancia solicitada.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La C. prosecretaria Elvira Lugo de Vera:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea:
En oficio fechado el 15 de agosto del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María del Carmen González Ramírez, José Luis Medina Carrillo y Julieta Ponce Gordillo, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de Jamaica en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 4 de septiembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de Jamaica en México, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana María del Carmen González Ramírez, para prestar servicios como empleada de aseo, en la Embajada de Jamaica en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano José Luis Medina Carrillo, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de Jamaica en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Julieta Ponce Gordillo, para prestar servicios como recepcionista, en la Embajada de Jamaica en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México D.F., a 5 de septiembre de 1986.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal. José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, María Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinosa, Heriberto Ramos Salas, Nicolás Reynés Berezaluce (*), Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui
Miranda, Diego Valadés Ríos y Sergio Valls Hernández.
(*) Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Trámite: Segunda lectura.
El C. presidente: - Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para efectos del artículo 134 del reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.
La C. prosecretaria Elvia Lugo de Vera: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento interior.
Se emitieron 232 votos en pro.
El C. presidente: - Aprobado por 232 votos.
La misma prosecretaria: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea:
En oficio fechado el 27 de agosto próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Enrique Gómez Lima, Victorino Rangel Gómez, Silvia Valdés López y Flavia Francisca Hernández García, puedan prestar servicios como empleados administrativos en la Embajada de la República de Filipinas en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 18 de septiembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de las actas de nacimiento.
b) Que los servicios que los interesados prestaran en la Embajada de la República de Filipinas en México, serán de carácter administrativo.
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Enrique Gómez Lima, para prestar servicios como intérprete traductor, en la Embajada de la República de Filipinas en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Victorino Rangel Gómez, para prestar servicios como chofer y mensajero, en la Embajada de la República de Filipinas en México.
Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Silvia Valdés López, para prestar servicios como telefonista recepcionista, en la Embajada de la República de Filipinas en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Flavia Francisca Hernández García, para prestar servicios como empleada doméstica, en la Embajada de la República de Filipinas en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México D.F., a 19 de septiembre de 1986.
Eliseo Mendoza Barrueto, presidente; Santiago Oñate laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moises Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Heriberto Ramos Salas, Nicolás Reynés Berezaluce (*), Humberto Salgado
Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Diego Valadés Ríos y Sergio Valls Hernández.
(*) Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Segunda lectura.
El C. presidente: - Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no sea reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente una propuesta quisiera yo solicitar la votación de los dos en un solo acto.
El C. presidente: - La propuesta del señor diputado Juan de Dios Castro Lozano es correcta, hagan favor de darle lectura al otro oficio.
La C. prosecretaria Elvia Lugo de Vera:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea:
En oficio fechado el 4 de agosto del año en curso la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Consuelo Franco Cuesta, pueda prestar servicios como secretaria en la Embajada de Venezuela en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el día 4 de septiembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de Venezuela en México, serán como secretaria.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Consuelo Franco Cuesta, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de Venezuela en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México D.F., a 5 de septiembre de 1986.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Carrillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Heriberto Ramos Salas, Nicolás Reynés Berezaluce (*), Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Diego Valadés Ríos y Sergio Valls Hernández.
(*) Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos».
El C. presidente: - Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la secretaria a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los dos proyectos de decreto en un solo acto.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los dos proyectos de decreto en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento interior.
Señor presidente, se emitieron 212 votos en pro.
El C. presidente: - Aprobados en lo general y en lo particular los proyectos de decreto.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda: - Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
CONCEPTOS SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Juan Maldonado Pereda.
El C. Juan Maldonado Pereda: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: me hago cargo, en primer término, de la hora avanzada y pretendo no cansar demasiado la atención de ustedes.
Ha transcurrido el primer mes de trabajo del segundo período ordinario de sesiones de esta Cámara de Diputados. Hasta el día de hoy nuestros compañeros diputados asumieron la muy honrosa función de presidir esta honorable asamblea legislativa, encabezados por nuestro compañero el ciudadano diputado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente del pleno.
Muy poco tiempo parece el lapso transcurrido, no lo es, sin embargo, para la historia del Congreso y en consecuencia para la historia del país; más aún, no será sin duda en la existencia de quien nos hizo depositario como integrantes de la honorable mesa directiva de la confianza derivada de sufragio para conducir finalmente el destino a dar a la institución de la que somos parte, una influencia definitiva para impulsar la resolución de los asuntos planteados y que con profundo respeto a la pluralidad partidista o ideológica que nos conforma, impulse sin embargo la unidad en lo definitivo, el progreso de México para México.
En efecto, tal vez habremos de coincidir en que toda decisión política concentra o resume las actividades concernientes al hombre y derivadas en parte de la naturaleza humana.
Sabemos que la política es también cultura y con ella legamos el actuar y el pensar político. De ahí que nuestra reunión no es para dar consignadas ideológicas, independientemente del respeto y de la convicción de que todos y cada uno de los respetables grupos parlamentarios que la conforman y que no se inspiran en esa conducta, sino básicamente para confrontar puntos de vista, ratificar las ideas centrales que dieron nuestra acción y reexaminar a la luz de estas ideas los problemas fundamentales del país.
Por consiguiente, si bien es perfectamente explicable y justamente legitimado el mandato de las mayorías, no existe ni puede existir rigidez dogmática en la orientación de los debates, sino es que quizá solamente aquella que derive el imperio de la ley y del respeto recíproco, pues por la libre discusión llegamos al enriquecimiento de nuestros controvertidos puntos de vista, lo que finalmente nos aglutina, porque coincidimos en lo principal.
Por eso y sin duda alguna quien tiene el privilegio de velar por el cumplimiento de los preceptos legales que norman sus decisiones y la interpretación jurídica que orienta los debates respetando al mismo tiempo la soberana decisión de la asamblea, estamos ciertos actúa de buena fe siempre y pone en todo momento su ánimo para procurar el acierto deseado, sabiendo que sólo así puede encontrarse la fórmula indispensable de entendimiento para que las decisiones que se tomen sean apoyadas confiadamente en el ánimo plural, colectivo y para que los resultados políticos no sean convencionales, teóricos y fugaces, sino frutos bien maduros de una armonía robustecida por el trabajo y afianzada en la pluralidad y en la realidad.
Me atrevería a pensar que la emoción, y en pocos casos la pasión exaltada a que conlleva la defensa de nuestros muy respetables intereses y a veces controvertidos puntos de vista, en torno a algunos de los asuntos aquí tratados, puedan explicar como humanos que somos aquellas reflexiones de, en el torno de juicios, que de momento al calor de la discusión y al calificar condiciones que se ejercen y la responsabilidad que asumimos, derivadas de esa circunstancia, podrían parecer que adolecieran de equilibrio prudente y que quizás después al confrontar en la historia del debate al analizar el Diario del Debate, en la intimidad de una más sensata reflexión, podríamos determinar con mayor exactitud las razones fundadas de lo que inicialmente pudimos haber creído una deficiencia y porque el desarrollo democrático de nuestro pueblo nos obliga como representantes que somos a impulsar su progreso y a garantizar su evolución, continua vigente para nosotros fortalecer la alternativa de medir nuestra actitud en la confianza cabal y en el respeto que nos merece la dignidad de cada persona, porque todas ellas, sumadas en conjunto, conforman la más alta dignidad del Poder Legislativo representada por su presidente en funciones.
Frente a este nuestro legítimo anhelo, el anhelo de consolidar aún más libre de cualquier sospecha el Poder Legislativo, a la mesa directiva y a su presidente, conviene meditar sobre las circunstancias de hacer adecuar tanto en lo interno, como hacia el exterior opiniones que no eliminen tanto la verdad que se piensa como la que se vive, la del precepto y la del esfuerzo. Diría más, a riesgo de que se me juzgue demasiado idealista, no desechar la voluntad de este idealismo práctico que propongo para superar nuestra imagen, no contrariado sino adecuado y robustecido por el deseo de
trabajar en la realidad, y esa es una obligación que nos corresponde y nos compromete a todos por igual.
Hoy en día necesitamos creer en nuestros ideales, y tanto más, señores diputados, necesitamos creer en ellos, en esos ideales y creer necesariamente en el hombre. Vivimos una época de sanciones y de consecuencias, en uno de esos periodos posiblemente dramáticos en que las palabras encarnan y van a verificarse en los hechos, por eso tienen tanta importancia los hechos interpretativos del manejo del reglamento.
Pero independientemente del purismo jurídico que apliquemos, y sin entrar de lleno a una calificación adjetiva, parece importante también atenerse al espíritu y a la intención de la conducta. Se puede concluir así, como he propuesto con una reflexión serena que las normas que se aplicaron en este período se dieron sin violentar los procedimientos. Toda conciencia honrada podrá admitir multilateralmente que se estuvo, se pretendió estar, se hizo todo lo prudente por ser consecuente con la fidelidad normativa, independientemente de la vehemencia que no debiera interpretarse como enigma de pasiones, como ardimiento de fuerza o falta de elemental sentido de confraternidad.
Pero estamos también en frente de la necesidad de obsequiar junto un mejor instrumento legal para hacer, y que habremos de concluirlo acelerando el procedimiento, la necesidad ciertamente de un mejor reglamento.
Nos corresponde sin duda a la mayoría, y precisamente por serlo, superarnos en todo y tratar de lograrlo. Nuestra conducta, nuestra preparación y nuestro ánimo están abiertos para hacer práctica la búsqueda de lo posible en bien de nuestra patria que es el hogar de todos lo mexicanos.
Como humanos no somos perfectos, tratamos de ser perfectibles y nadie puede serlo del todo, pero integramos una asamblea de hombres inteligentes en conjunto y mexicanos bien nacidos, y estamos muy lejos simplemente por el hecho de ser la mayoría, de imponer decisiones y mucho menos tomar actitudes totalitarias o dictatoriales. Podríamos todos quizá equivocarnos señores diputados, pero partimos del supuesto honrado de que nunca partiremos del dolo o de la mala intención para hacerlo.
Sin embargo, no es sólo responsabilidad de la mayoría mejorar cada vez más nuestro trabajo con interpretaciones precisas al reglamento, con la aplicación de las normas consecuentes y con el manejo de las tesis que a cada quien corresponde defender y trabajar por ellas. No obstante la responsabilidad es conjunta, y el alcanzar etapas de mayor rango intelectual y político, con un certero manejo de los instrumentos jurídicos para una vida parlamentaria cada vez mejor, es algo que a todos por igual debe enorgullecernos, y deben ser bien vistas también las observaciones e interpretaciones que se plantean con sentido constructivo.
Compañeras y compañeros diputados: los autores de la Orestiada, solían decir que disertar, discutir y tolerar constituyen ejercicios de toda alma limpia, tensa, elástica, insobornable; que vivir en consecuencia representa una gimnasia magnífica del espíritu, que deberíamos imitar invariablemente, pues nada oscurece tanto la existencia como enrarecer nosotros mismos el ambiente.
Por lo antes expuesto, en la coincidencia de esas virtudes fundamentales quiero saludar el desempeño de la mesa directiva que hoy termina su función integrada por compañeros diputados de respetables fracciones políticas parlamentarias y de su presidente, nuestro compañero diputado licenciado Nicolás Reynés Berezaluce, quienes han contribuido durante el desempeño de su encargo a honrar los valores que suscitan nuestro respeto: los del espíritu, los que guían al hombre en el esfuerzo que realiza para servir con fervor a la causa de México.
El diputado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la honorable asamblea, ha sido cabeza de proa en la nave que todos tripulamos y por haberlo electo nosotros mismos, merece al igual que todos nuestros compañeros, no sólo el respeto sino también el reconocimiento que puso, al igual que todos los dirigentes de esta honorable mesa directiva sin desdoro alguno, el esfuerzo vital en cumplimiento de sus deberes.
Ciertamente y por eso frente a los altos conceptos de justicia, de honor y de humana fraternidad que invoco, no podemos ni debemos encerrarnos en la frivolidad del egoísmo intelectual, sino, antes bien, obligarnos a actuar con valor, decisión y concordia, como creemos estarlo haciendo con pasión profunda y con amor a México.
Esta actitud espiritual, política, abierta, permitirá comprender los viejos y nuevos significados de los valores en los que creemos y luchar por nuevas estrategias de conjunto, para los efectos de lograr una mejor administración del tiempo legislativo y un más ágil ordenamiento del debate y de la temática.
Creo sinceramente, compañeros diputados, que es con esta actitud vital como podemos contribuir al mejor desempeño de nuestras funciones sin prejuicio alguno, en bien de la Cámara de la que formamos parte y sobre todo y ante todo, en bien del pueblo al que representamos. Muchas gracias.
El C. presidente: - Compañeras y compañeros diputados: agradezco la generosidad de mi compañero
y amigo el señor diputado Maldonado Pereda, a nombre de la mesa directiva que me he honrado en presidir.
Con la presente sesión termina la primera etapa correspondiente a este segundo período ordinario que se inició con el mes que hoy llega a su fin. Ha sido, es para nosotros, una honrosa distinción haber sido electo por esta honorable asamblea, para presidir los trabajos de la misma y hemos aplicado nuestro mejor esfuerzo en el cumplimiento de este encargo de tan alta responsabilidad.
Les encarezco acepten nuestro más cumplido agradecimiento por la amplia comprensión que se ha otorgado a la actuación de esta mesa, durante el desarrollo de los trabajos de la asamblea.
Creo oportuno señalar que independientemente del marco legal en que se encuadran las actividades de la Cámara, ha sido siempre deseable que las opiniones y criterios que se vierten a lo largo de las sesiones se vean pregonadas, no solo de la buena fe que debe siempre cambiar para un debate que conduzca a resultados positivos; sino también de una permanente voluntad en buscar en todo el bien de la ciudadanía a la cual representamos.
Nuestro ejercicio político plural, lleva a los oradores debatientes en ocasiones a desbordar las tácticas acordadas en el seno de cada una de las fracciones parlamentarias, que integran nuestro mosaico representativo y que significan por el respeto al derecho que cada uno tiene a disentir.
Es y será siempre nuestro propósito vigilar que nadie intente coartar el derecho que tienen los representantes populares de expresar sus ideas.
Concomitantemente se infiere un derecho y una obligación de este auditorio a conocerlas para mejor apoyarlas o combatirlas, pero es correlativa también la obligación de los oradores de conducirse con el respeto que se merecen sus compañeros de Cámara.
Esta ha sido la conducta de quienes formamos parte de la directiva durante el mes de septiembre, porque consideramos que es preferible algún exceso en el ejercicio al derecho a la libertad que cualquier restricción por mínima que parezca.
Es posible que alguno de los diferendos sufridos durante nuestra gestión, tengan su origen en los ordenamientos que regulan los trabajos de esta Cámara.
Pero no existe en ellos una total obsolescencia y sabemos que ya del estado de avance en que se encuentra la tarea emprendida para reformarlos.
El ejercicio político en nuestro ámbito implica una actividad asaz dinámica, es un quehacer que en su contaniedad nos obliga a un trabajo dirigido al perfeccionamiento de nuestras instituciones y al mejoramiento de la vida de nuestros ciudadanos.
Este debe ser un objetivo que nunca debemos perder de vista; por ello, resultará siempre un desgaste convertir nuestra tribuna en un campo en que sopretexto de debatir ideas se consulten intereses ajenos a ese objetivo prístina.
Será siempre saludable para el logro de los mejores resultados de nuestra gestión, conocer la más amplia gama de opiniones y pareceres. Pero no siempre de una sesión prolongada y extenuante, se obtienen las mejores decisiones.
Es necesario razonar que ante una convicción ideológica firme, que le da sentido a un voto por lo que se considera viable, no basta uno ni muchos discursos por enjundiosos que sean para cambiar el sentido de tal voto.
Muchas legislaturas nos han precedido en las tareas legislativas, nada de lo que acontece en nuestra asamblea es nuevo, ni nos es ajeno en cuanto a las conductas políticas que se producen en toda proporción guardada.
Pero tenemos necesariamente que abrevar en las copiosas experiencias de quienes nos antecedieron, como lo hacemos con las leyes que sancionaron en su oportunidad para hacer de nuestro trabajo todo lo que signifique avance, como el mejor homenaje a esos antecesores y al pueblo que nos consiguió la representación que hoy ostentamos.
Las reflexiones expuestas me intelen a convocarles para que siempre pongamos nuestro conocimiento, nuestro esfuerzo y nuestra convicción política al servicio exclusivo de México y nuestros compatriotas.
Expresamos nuestro agradecimiento a los compañeros de la mesa directiva, al personal administrativo, que hace posible la buena marcha de las sesiones; nuestro especial reconocimiento a los representantes de los medios de comunicación que con información veraz y oportuna llegan a todo el ámbito nacional para el mejor conocimiento de nuestra actividad. Y nuestros mejores deseos para la nueva mesa directiva electa para el mes de octubre, haciendo votos por una exitosa sesión. Muchas gracias.
Continúe la secretaría, con los asuntos en cartera.
La C. prosecretaria Elvia Lugo de Vera: - Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
La misma C. prosecretaria:
Segundo período ordinario de sesiones LIII Legislatura
Orden del día
2 de octubre de 1986.
Lectura del acta de la sesión anterior.
PROTESTA DE CIUDADANO DIPUTADO
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXXVI aniversario de la Promulgación e Plan de San Luis, tendrá lugar el 5 de Octubre.
De conformidad con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la secretaría presenta el informe que manifiesta el número de expedientes tramitados en el mes de septiembre por las comisiones permanentes y especiales.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Para los efectos del artículo 93 Constitucional, las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de la Contraloría General de la Federación, de Pesca, de la Reforma Agraria y de Trabajo y Previsión Social, remiten los informes de labores correspondientes al período comprendido del primero de septiembre de 1985 al 31 de agosto de 1986.
Por lo que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Gregorio Guerrero Caudillo, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden José María Córdova que, en grado de Gran Oficial, le confiere el Gobierno de Colombia.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Bernardo Obregón Tamariz, para prestar servicios como cónsul honorario de la República de Corea en Guadalajara, Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la C. Alma Yolanda Ibarra de Carreón, para prestar servicios como secretaria administrativa, en la Embajada de la República Socialista Federativa de Yugoslavia en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se prestarán servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. José Gilberto Corona Sánchez, concede permiso a las CC. Sandra Hernández González y María Elena Cepeda González y María Elena Cepeda González, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Sesión secreta.
El C. presidente (a las 24:00 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 2 de octubre, a las diez horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES