Legislatura LIII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19861028 - Número de Diario 21
(L53A2P1oN021F19861028.xml)Núm. Diario:21ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO II. México D.F., martes 28 de octubre de 1986 NÚMERO 21
SUMARIO
SUMARIO
APERTURA.
ORDEN DEL DÍA.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba
INVITACIONES
Al VI Informe de Gobierno del C. Jesús Martínez Alvarez, gobernador de Oaxaca, el 30 del actual. Se designa comisión
Al VI Informe de Gobierno del C. Agustín Acosta Lagunes, gobernador de Veracruz, el 31 del presente. Se designa comisión
COMUNICACIÓN
Del Congreso de Baja California, relativa a sus funciones legislativas. De enterado
INICIATIVA DEL EJECUTIVO.
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Se turna o comisión
OFICIO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.
CONDECORACIÓN
Solicitud de permiso para que el C. Praxedes González Hernández pueda aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de Brasil. Se turna a comisión
MINUTA DEL SENADO.
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
Proyecto de decreto de reformas a dicho código. Se turna a comisión
DICTÁMENES A DISCUSIÓN.
MONEDAS DE 500 PESOS.
Proyecto de decreto que señala las características de las monedas expresadas.
A discusión en lo general. Hablan los CC. en contra Jorge Alcocer Villanueva y José Angel Conchello Dávila, por la comisión Rafael López Zepeda; para hechos Jorge Alcocer Villanueva, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos y Héctor Morquecho Rivera, por la comisión Javier Garduño Pérez; para hechos Jorge Eugenio Ortiz Gallegos. Sin discusión en lo particular se aprueba en ambos sentidos. Pasa el Senado
LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
Proyecto que adiciona el artículo 371 de la ley citada, a iniciativa del Partido Acción Nacional, que se desecha por improcedente
El C. Alfonso Joel Rosas Torres solicita regrese el dictamen a la comisión para nuevo estudio y, sobre esta moción, intervienen los CC. en pro Jorge Alcocer Villanueva y Magdaleno Yañez Hernández; en contra, Angel Sergio Guerrero Mier; para hechos Consuelo Botello de Flores, María del Carmen Jiménez de Avila, Edeberto Galindo Martínez y Juan Manuel Lucia Escalera. Se desecha
A discusión el punto resolutivo del dictamen. Hablan los CC. en contra Eduardo Acosta Villeda, en pro Renán Solís Avilés, en contra Javier Paz Zarza, para hechos Alfonso Santos Ramírez, para fundar el voto del Partido Socialista Unificado de México, Leopoldo Arturo Whaley Martínez, en pro Humberto Andrés Zavala Peña, en contra Juan de Dios Castro Lozano. Se declara un receso. Se reanuda la sesión. Siguen los CC. para una aclaración Arturo Whaley Martínez; por la comisión Samuel Quiroz de la Vega, para hechos Magdaleno Yañez Hernández, en pro Manuel Fernández Flores, para hechos Federico Durán y Liñán y Alejandro Gascón Mercado, en pro Miguel Alonso Raya y Alfonso Godínez López. Se aprueba en sus términos.
"SALÓN VERDE" DE ESTA CÁMARA
Punto de acuerdo que rechaza la propuesta que el C. diputado Jesús González Schmal presentó para que dicho salón verde lleve el nombre de Francisco I. Madero.
A discusión. Hablan los CC., en contra Jesús González Schmal; en pro Santiago Camarena Flores; en contra Alejandro Cañedo Benítez; para hechos Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; en pro Genaro José Piñeiro López; para hechos Juan de Dios Castro Lozano, Santiago Camarena Flores, Jesús Heriberto Noriega Cantú, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Cecilia Romero Castillo, Jorge Alcocer Villanueva, Juan de Dios Castro Lozano que lo interpela el C. diputado Jorge Montúfar Araujo; para hechos María del Carmen Jiménez de Avila y Pedro José Peñaloza. Se aprueba
FUNDACIÓN DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Punto de acuerdo emitido en consecuencia a la propuesta del Partido Popular Socialista, para que se celebre una sesión solemne el día dos de diciembre para conmemorar el I aniversario de su fundación. Sin discusión se aprueba.
TRES SESIONES POR SEMANA EN NOVIEMBRE
Propuesta de la Gran Comisión, para realizar dicho número de sesiones por semana durante el próximo mes. Interviene en contra el C. Ricardo Francisco García Cervantes. Se aprueba la propuesta.
ACCIDENTES EN LA INDUSTRIA PETROLERA
Proposición del C. Graco Ramírez Garrido Abreu en que se solicita se procure conocer la causa de los mismos, así como del mantenimiento de dicha industria y sobre la perforación de yacimientos de hidrocarburo. Se turna a comisión.
SEMANA LABORAL EN LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA NACIONAL
El C. Jorge Acedo Samaniego presenta propuesta para que se implanten 40 horas de trabajo a la semana con pago de 56. Se turna a comisión.
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. JUAN MOISÉS CALLEJA GARCÍA
(Asistencia de 351 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. presidente (a las 11:40 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria Alma Salas Montiel:
«Segundo período ordinario de sesiones LIII Legislatura.
Orden del día
28 de octubre de 1986.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del estado de Oaxaca, invita a la sesión en la que el C. Jesús Martínez Alvarez, gobernador interino constitucional del estado, rendirá el VI Informe de Gobierno, la que tendrá lugar el próximo 30 de octubre.
El Congreso del estado de Veracruz, invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado Agustín Acosta Lagunas, gobernador del estado, rendirá el VI Informe de Gobierno, la que tendrá lugar el próximo 31 de los corrientes.
Comunicación del Congreso del estado de Baja California.
Iniciativa del Ejecutivo
Que reforma y adiciona la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Oficio de la secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesarios para que el C. Praxedes González Hernández, pueda aceptar y usar la condecoración Da Medalha Mérito Tamandaré, que le confiere el Gobierno de la República Federal del Brasil.
Minuta
Con proyecto de decreto de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que señala las características de las monedas de quinientos pesos.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, relativa a la iniciativa que adiciona el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo.
De la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, relativo a la proposición del C. diputado Indalecio Sayago Herrera, para que se lleve a cabo una sesión solemne por el "L" aniversario de la Fundación del Instituto Politécnico Nacional».
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La misma C. secretaria:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso de la Unión, efectuada el día veintitrés de octubre de mil novecientos ochenta y seis.
Presidencia del C. Juan Moisés Calleja García
En la ciudad de México, a las doce horas y treinta minutos del jueves veintitrés de octubre de mil novecientos ochenta y seis, la presidencia declara abierta la sesión una vez que la secretaría manifiesta una asistencia de trescientos diez ciudadanos diputados, misma de la sesión inmediata anterior.
Lectura del orden del día.
Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior verificada el día veintiuno del actual.
El C. Heriberto Ramos Salas, a nombre de las nueve fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara, presenta y da lectura al siguiente punto de acuerdo:
"La LIII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, manifiesta su absoluto desacuerdo con la decisión del Congreso y el Ejecutivo de los Estados Unidos de América, que significa para las exportaciones petroleras mexicanas, un impuesto de 11.7 centavos de dólar por barril, lo que es discriminatorio y atentario de los intereses de México.
Por lo mismo, considera esta Cámara, que la posición asumida y las acciones emprendidas por el Ejecutivo mexicano en los foros bilaterales y multilaterales en relación a este problema, es la de defender prioritariamente, los intereses nacionales".
Solicita se considere este asunto de urgente y obvia resolución.
Hace uso de la palabra, para razonar el voto del Partido Acción Nacional, el C. Héctor Terán Terán; en pro de los CC. Eduardo Valle Espinosa, Jesús Heriberto Noriega Cantú, Francisco Hernández Juárez, Efraín Calvo Zarco, Pablo José Pascual Moncayo y Joaquín Contreras Cantú. Para proponer una moción suspensiva, interviene el C. José Angel Conchello Dávila.
Habla, en contra de la moción suspensiva el C. Jorge Alcocer Villanueva.
La asamblea en votación económica no toma en consideración la moción suspensiva, y en consecuencia se da por desechada.
En votación económica la asamblea admite la proposición de puntos de acuerdo y la considera de urgente resolución. Se aprueba.
Por su parte, el C. Pedro Peñaloza a nombre del Partido Mexicano de los Trabajadores, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Socialista Unificado de México, del Partido Popular Socialista, y del Partido Revolucionario de los Trabajadores, propone lo siguiente:
"La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión lamenta la aprobación, por parte de la Cámara de Representantes del Senado de los Estados Unidos de América, del paquete de ayuda económica y militar a la contrarrevolución nicaragüense.
La Cámara de Diputados manifiesta que no existe ninguna justificación para aprobar apoyos para atacar a un Gobierno legítimamente constituido.
La Cámara de Diputados considera que corresponde únicamente al pueblo de Nicaragua, en uso de sus derechos democráticos de autodeterminación, resolver su destino.
La Cámara de Diputados expresa su apoyo a una solución pacífica y negociada del conflicto centroamericano impulsada por el Grupo Contadora".
Para apoyar la proposición, interviene el C. Manuel Fernández Flores.
La asamblea en votación económica aprueba la proposición.
A su vez el C. Indalecio Sayago Herrera, expresa que hoy veintitrés de octubre, se celebra la importante Jornada Internacional contra la Deuda Externa.
Propone el siguiente punto de acuerdo:
"Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, saluda calurosamente a todos los pueblos hermanos que luchan por superar las actuales relaciones inequitativas de intercambio en el escenario del mundo, una de cuyas expresiones es la enorme e injusta deuda externa que afecta a los países en vías de desarrollo". Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Se da cuenta con los asuntos en cartera:
Los Congresos de los estados de Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Veracruz, comunican actos inherentes a sus funciones legislativas. De enterado.
El C. Procurador General de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, remite el informe pormenorizado acerca de las actividades desarrolladas por la dependencia a su cargo, en la campaña contra el narcotráfico, correspondiente al mes de septiembre. Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia.
La honorable Cámara de Senadores envía minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal. Recibo y a la comisión de Justicia.
La propia honorable Colegisladora remite minuta proyecto de decreto de reformas y adiciones al Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal; al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley de Vías Generales de Comunicación. Recibo y a la Comisión de Justicia.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público emite un dictamen con proyecto de decreto, que señala las características de las monedas de quinientos pesos.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, la asamblea en votación económica le dispensa la lectura. Queda de primera lectura.
Proyecto de decreto suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que concede permiso al C. David Téllez Arredondo, para prestar servicios como chofer en la Embajada de Dinamarca, en México. Es de primera lectura.
La misma Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta un dictamen con proyecto de decreto, que autoriza a los CC. María Beatriz Rodríguez Montes de Oca, Víctor Manuel Estrada Villa, Miguel Angel López Merino, José Antonio Reynoso Alvarado y Sergio Soto Silva, para prestar servicios como empleados en la Embajada de la República de Corea, acreditada en nuestro país. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Seguridad Social con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal.
En atención a que este documento ha sido distribuido entre los ciudadanos diputados, la asamblea le dispensa el trámite de segunda lectura.
La C. Cecilia Romero Castillo aborda la tribuna para presentar una moción suspensiva a la distribución del dictamen en cuestión.
Hablan, en contra de la moción suspensiva el C. Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, para hechos el C. Javier Paz Zarza.
La asamblea no toma en consideración la moción suspensiva y por tanto se da por desechada.
A discusión en lo general el proyecto de decreto.
Para fundamentar el dictamen, interviene el C. Bulmaro Andrés Pacheco Moreno.
A las quince horas la presidencia declara un receso de noventa minutos.
A las dieciséis horas y treinta minutos se reanuda la sesión.
Hacen uso de la palabra, para fundamentar el voto de abstención del Partido Socialista Unificado de México la C. Josefina Sánchez Ponce; en pro el C. Hidebrando Gaytán Márquez, para fundamentar el voto de abstención del Partido Demócrata Mexicano el C. Magdaleno Yañez Hernández; en pro los CC. José Angel Aguirre Romero y José Berber Sánchez.
Suficientemente discutido en lo general, en votación nominal se aprueba en este sentido con los artículos no reservados para su impugnación, por ciento sesenta y dos votos en pro y cuarenta y tres abstenciones.
A discusión en lo particular. A debate el artículo 43.
Intervienen, para proponer una modificación el C. Javier Paz Zarza; en pro el C. José Ramón García Soto; para hechos el C. Sergio Teodoro Meza López; por segunda ocasión el C. José Ramón García Soto.
Se desecha la modificación. Suficientemente discutido el artículo 43, se reserva para su votación nominal en conjunto.
A discusión el artículo 91, fracciones III, VII y XIX.
Hablan, para proponer modificaciones la C. María del Carmen Jiménez de Avila; en pro el C. Macario Rosas Zaragoza.
Se desechan las modificaciones.
Suficientemente discutido el artículo 91, en votación nominal se aprueba este artículo con el artículo 43 anteriormente reservado en sus términos, por ciento setenta y un votos a favor, veintiuno en contra y trece abstenciones.
Aprobado el proyecto de decreto. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, suscriben un dictamen relativo a la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 26 y 4o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer la secretaría de la vivienda, presentada por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.
El dictamen en cuestión concluye con un punto resolutivo que determina, por las consideraciones expuestas en el cuerpo del mismo, que la iniciativa analizada carece de viabilidad, por lo que se considera improcedente.
Se da lectura a un voto particular presentado por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.
A discusión el punto resolutivo.
Previa aclaración del C. Manuel Terrazas Guerrero sobre su firma en el dictamen, hacen uso de la palabra, para fundamentar el dictamen el C. Héctor Ximénez González; en contra el C. Manuel Fernández Flores; en pro el C. Luis Ignacio López Moctezuma y Torres; en contra el C. Jesús Heriberto Noriega Cantú; para hechos el C. Gregorio Macías Rodríguez; en pro el C. Lulio Valenzuela Herrera; en contra el C. Adner Pérez de la Cruz; para fundamentar el voto de abstención del Partido Mexicano de los Trabajadores y del Partido Socialista Unificado de México el C. Manuel Terrazas Guerrero; en pro el C. Javier Michel Díaz; para hechos el C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
Suficientemente discutido el punto resolutivo, en votación económica se aprueba en sus términos por mayoría.
La secretaría, por instrucciones de la presidencia, da lectura a un escrito firmado por el C. Héctor Terán Terán, en el que solicita se recomiende al presidente de la Comisión de Energéticos, pida a la Comisión Federal de Electricidad suspenda el corte de servicio de energía eléctrica a los usuarios del estado de baja California que no han pagado sus adeudos que tienen con esa empresa descentralizada, hasta que la propia Comisión de Energéticos realice la consulta sobre tarifas, el día 31 de los corrientes.
La presidencia expresa que este asunto fue turnado a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas y solicita a dicha comisión acuerde lo más pronto posible lo que se está solicitando.
Enseguida hacen uso de la palabra los siguientes ciudadanos diputados:
El C. Romeo Flores Caballero, para presentar a nombre de las nueve fracciones parlamentarias de esta Cámara, una proposición, en la que la Cámara de Diputados lamenta la decisión de Estados Unidos al aprobar la Ley Simpson - Rodino y expresa su desconcierto porque la ley no corresponde a la equidad en su legislación laboral y se usa de manera coyuntural. Exige respeto a los derechos humanos y a los derechos laborales de los trabajadores mexicanos y demanda ante las
autoridades correspondientes de nuestro país, que se supervise la nacionalidad de quienes pueden ser sujetos a deportación de parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos.
La asamblea aprueba la proposición.
El C. Hidebrando Gaytán Márquez, para solicitar se guarde un minuto de silencio en memoria del libertador, estadista y presidente de la República de Mozambique, Zamora Moisés Machel. Se admite la proposición.
A continuación, puestos todos los presentes de pie, se guarda un minuto de silencio en honor del desaparecido.
El C. Reyes Rodolfo Fuentes García, para rendir homenaje al general Lázaro Cárdenas, en ocasión del XVI aniversario de su fallecimiento.
El C. Oswaldo Harris Muñoz, para señalar que el día de ayer, en la sesión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con la presencia del C. Secretario de Hacienda, se impidió el uso de la palabra al C. diputado Heberto Castillo Martínez.
Solicita al presidente de la Cámara de Diputados, haga formal excitativa al C. presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a efecto de atenerse a los procedimientos y formas establecidos en nuestra legislación.
Firman la solicitud las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional, Partido Socialista Unificado de México, Partido Popular Socialista, Partido Demócrata Mexicano, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido Socialista de los Trabajadores, Partido Revolucionario de los Trabajadores y Partido Mexicano de los Trabajadores.
Para dar sus puntos de vista sobre el particular, interviene el C. Luis Manuel Orcí Gándara, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, quien es interpelado por el C. Eduardo Valle Espinosa.
Para hechos intervienen los CC. Jorge Alcocer Villanueva y Eduardo Valle Espinosa; para aclaraciones lo hace el C. Porfirio Camarena Castro.
La presidencia, respetuosa de la soberanía de la asamblea ruega a la secretaría consulte al pleno si admite o no la excitativa.
Consultada la asamblea al respecto, en votación económica no acepta la excitativa, en tal virtud se da por desechada.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las veinte horas y cuarenta minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes veintiocho de los corrientes, a las diez horas».
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor presidente.
INVITACIONES
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez:
«C. presidente de la H. Cámara de Diputados. Palacio Legislativo, México D. F.
La Quincuagésima Tercera Legislatura del estado de Oaxaca, se complace en invitar a usted a la sesión solemne en la que el C. contador público titulado Jesús Martínez Alvarez, gobernador interino constitucional del estado libre y soberano de Oaxaca, rendirá su VI Informe de Gobierno, el próximo 30 de octubre a las 11:00 horas en el recinto de la Cámara de Diputados.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, octubre de 1986».
El C. presidente: -Para asistir a este acto en representación de esta H. Cámara de Diputados, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Oswaldo García Criollo, Mario Bustillo Villalobos, Mauro Rodríguez Cruz, Juan Manuel Cruz Acevedo, Alberto Juan Pérez Mariscal, Rodolfo Linares González, Oney Cuevas Santiago, Patricia Villanueva Abrajam, Porfirio Leonel Rojas Medina, Alfredo López Ramos, Joaquín Contreras Cantú, Pablo Ventura López, Leopoldo de Gyvez de la Cruz, Francisco Hernández Juárez, Jaime Castellanos Franco y Juan de Dios Colli Mas".
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez:
"C. presidente de la H. Cámara de Diputados. Palacio Legislativo, México D. F.
La H. Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado libre y soberano de Veracruz - Llave, invita a usted a la sesión solemne en la que el C. gobernador constitucional del estado, licenciado Agustín Acosta Lagunes, rendirá su VI Informe de Gobierno el día viernes treinta y uno a las 11:00 horas, en el teatro del estado "Ignacio de la Llave", declarado recinto oficial.
Xalapa Enríquez, Veracruz, octubre de 1986».
El C. presidente: -Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara de Diputados, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Juan Maldonado Pereda, Guilebaldo
Flores del Angel, Santana Franco Lima, Emérico Rodríguez García, Guadalupe Natalia Solares Sauza, Juan Nicolás Calleja Arroyo, Héctor Yunes Landa, Carlos Roberto Smith Veliz, María Aurora Munguía Archundia, Sergio Roa Fernández, Dante Alfonso Delgado Rannauro, Isidro Pulido Reyes, Hesiquio Aguilar de la Parra, Sebastián Guzmán Cabrera, Héctor Sen Flores, Pedro Sánchez Arrieta, Héctor Aguirre Barragán, Elvira Rebeca Arenas Martínez, Cirilo José Rincón Aguilar, Pastor Murguía González, Rafael García Anaya, Federico Hernández Farina, Oscar Aguirre López, Luis Pérez Díaz, Angel Sergio Guerrero Mier, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Humberto Ramírez Rebolledo y Antonio Monsiváis Ramírez.
COMUNICACIÓN
El secretario Eliseo Rodríguez Ramírez:
«C. presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Palacio Legislativo, México D. F.
Nos es satisfactorio comunicar a usted, que la Comisión Permanente de la H. XI Legislatura del estado, clausuró el día 30 de septiembre próximo pasado, el segundo receso correspondiente al tercer año de su ejercicio constitucional; asimismo, que en la citada fecha fue electa la mesa directiva de la H. XII Legislatura constitucional de la entidad, que habrá de fungir durante el primer período ordinario de sesiones, que comprende del 1o. de octubre del presente año, al 31 de enero de 1987, quedando integrada en la forma siguiente:
Diputados: presidente, profesor Antonio Salgado Ruffo; vicepresidente, licenciado Rubén Tovar Carranza; secretario, licenciado Jesús Armando Hernández Montaño; prosecretario, Francisco Sesma Vázquez.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, reiteramos a usted, las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, Baja California, a 2 de octubre de 1986.
Diputados: profesor Antonio Salgado Ruffo, presidente; licenciado Jesús Armando Hernández Montaño, secretario".
Trámite: De enterado.
INICIATIVA DEL EJECUTIVO
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
El mismo C. secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos. Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
Por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el presente envío a ustedes la iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, documento que el propio Primer Magistrado de la Nación propone al H. Congreso de la Unión por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D. F., a 22 de octubre de 1986.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz».
El mismo C. secretario:
«CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
En los tres primeros informes de Gobierno que rendí ante ese honorable Congreso, manifesté que estaba en marcha un profundo programa de reorganización administrativa y financiera en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado que tenía por objeto darle mayor solidez y eficacia operativa en el otorgamiento de sus prestaciones y servicios a los trabajadores del estado. Este programa se encuadró en los grandes objetivos de mi Gobierno señalados en el Plan Nacional de Desarrollo sobre todo en lo tocante a los propósitos de:
a) Conservar y fortalecer las instituciones;
b) Recuperar su capacidad de crecimiento; y
c) Iniciar los cambios cualitativos para adaptarlas a las necesidades del momento.
En lo fundamental, se han conseguido estos propósitos. Por un lado se han fortalecido los instrumentos de control a fin de garantizar transparencia en el manejo de los recursos y ha sido posible aumentar notablemente la cobertura de las
prestaciones y servicios que otorga el instituto; por otra parte, se han realizado cambios fundamentales en la asignación de recursos para dar un mayor peso a aquellas prestaciones y servicios que apoyan más directamente el bienestar de los derechohabientes.
En el IV Informe de Gobierno se daba cuenta de algunos logros concretos alcanzados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. A este respecto, la elevación del monto de la pensión mínima que, desde principios de años, se igualó al salario mínimo vigente; la ampliación de la infraestructura comercial del sistema de tiendas, que hizo posible mejorar el abasto en calidad, cantidad y oportunidad; y la prioridad otorgada a los servicios médicos del instituto que en 1986 tuvo el presupuesto más alto destinado a este concepto desde 1965. Se señalaba también en este informe, a manera de resumen, que "en conjunto, las prestaciones y servicios del instituto representan actualmente una transferencia al salario de los trabajadores del Estado equivalente al 56% del salario mínimo vigente".
Las dificultades económicas por las que atraviesa el país hicieron necesario un cambio profundo en el manejo de la institución a fin de que pudiera seguir operando y atendiendo a una demanda creciente con una dotación de recursos restringida y de que, por otra parte, su funcionamiento se adaptara en forma más adecuada a las nuevas necesidades de los trabajadores asegurados y sus familias. En la consecución de estos cambios ha tenido una importancia fundamental el apoyo del Congreso de la Unión al aprobar, en los tres años anteriores, un conjunto de reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado que, hasta el primer año de mi mandato, había permanecido sin modificaciones importantes desde su promulgación, 24 años atrás.
En el mes de diciembre de 1982, se propusieron reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para adecuar los órganos de Gobierno a las nuevas disposiciones legales referentes a la participación del coordinador del sector salud en la junta directiva del instituto. También durante ese mes se reformó dicha ley para modificar el sistema de devolución de depósitos constituidos a favor de los trabajadores en el Fondo de la Vivienda, a fin de que el asegurado pueda recibir un tanto más de los mismos, así como para eximirlos del pago de impuestos fiscales.
Durante 1983 se realizó una revisión detallada de la ley del instituto y en diciembre de ese año se promulgó una nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante la cual se aumentó de 14 a 20 el número de seguros, prestaciones y servicios que otorga, sin que se hubiera tenido que incrementar el monto de las cuotas y aportaciones; asimismo se estableció la obligación de constituir, invertir y manejar las reservas actuariales y financieras a través de dos regímenes financieros, el de primas escalonadas y el de reparto anual; y se instituyó el régimen voluntario para la continuación en el seguro de enfermedades, maternidad y los servicios de medicina preventiva, así como para la incorporación total o parcial a su régimen de las dependencias, entidades o agrupaciones que por ley, decreto del Ejecutivo Federal o por acuerdo de la junta directiva se incorporen al mismo.
Por último, mediante las reformas de fines de 1984 se simplificaron algunos de los trámites administrativos a pensiones así como los relativos al otorgamiento de créditos, ya que a partir de entonces será una sola fuente a la que concurrirán los derechohabientes y un mismo trámite de realizar; se unificó el sistema para que los créditos hipotecarios del instituto quedaran bajo la administración del Fovissste, a la misma tasa de interés del 4% anual; se estableció la obligación del fondo de constituir a reservas actuariales para el cumplimiento de sus fines; se contempló la constitución del régimen de propiedad en condominio de los conjuntos habitacionales que financié o adquiera el instituto; se determino que la vivienda en renta pudiera ser adquirida en propiedad por sus ocupantes; se otorgaron facultades al instituto para escriturar directamente los títulos de propiedad de las viviendas, los que a partir de entonces tendrán el carácter de escritura pública para todos los efectos legales, y se enfatizó la obligación para la constitución de reservas actuariales y financieras.
Estas sucesivas reformas legales organizaron el funcionamiento del instituto en torno a dos vertientes principales:
a) Las prestaciones económicas, y
b) Las prestaciones en especie.
Las prestaciones económicas agrupan: las pensiones (por jubilación de retiro por edad y tiempo de servicios por invalidez, por causa de muerte y por cesantía de edad avanzada); las indemnizaciones globales, los riesgos del trabajo, los créditos personales y los destinados a la adquisición de vivienda, así como las devoluciones de depósitos del Fondo de la Vivienda.
Las prestaciones en especie comprenden: la protección a la salud, la protección al salario, las diversas prestaciones sociales tales como estancias de bienestar infantil, talleres de jubilados y pensionistas, servicios funerarios, entre otras, así como las culturales, deportivas y recreativas.
Las prestaciones económicas se otorgan por ley exclusivamente a los trabajadores asegurados y a los pensionistas, mientras que las prestaciones en especie benefician tanto al trabajador como a sus familiares derechohabientes. El concepto de solidaridad social que incorpora la nueva ley resulta ampliado ya que, por una parte, las prestaciones en especie se otorgan a todos los derechohabientes por igual, sin distingos de nivel salarial o de antigüedad; y por otra, en el rubro de las prestaciones económicas, que tienen básicamente como referencia el nivel del salario del trabajador, se señalan prioridades para su otorgamiento, se da mayor peso a la antigüedad y se establecen topes y límites orientados a beneficiar a los asegurados de menores ingresos.
Cada vertiente o grupo de prestaciones debe tener un respaldo financiero y un tratamiento contable por separado. Se garantiza así que no existan riesgos en el pago de las pensiones y en la cobertura de los servicios médicos, al impedir que los fondos correspondientes se desvíen para financiar otras prestaciones.
Las prestaciones económicas de otorgamiento diferido, (tales como las pensiones que incluyen la que se otorga por riesgos del trabajo, las indemnizaciones globales, las devoluciones de depósitos y el pago de los seguros del fondo de vivienda) deben contar con reservas actuariales que aseguren la cobertura de las mismas.
El resto de las prestaciones, tanto económicas como en especie (préstamo a corto o mediano plazo, préstamos para vivienda, atención a la salud, protección al salario, estancias de bienestar infantil, servicios turísticos y funerarios, entre otras), se deben cubrir con base en el sistema denominado de reparto anual, es decir, que la cobertura real de estas prestaciones estará sujeta a los recursos presupuestales de cada año, después de garantizar la de las prestaciones diferidas.
Los resultados obtenidos de la aplicación de estas reformas y la experiencia derivada del otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios en el marco de la crisis económica actual, sugieren la necesidad de promover algunas reformas adicionales para perfeccionar el instrumento legal que rige ahora el funcionamiento del instituto.
En lo fundamental, las reformas propuestas profundizan el proceso de reordenamiento administrativo y financiero de la institución, y determinan con mayor precisión la asignación de cuotas y aportaciones del presupuesto autorizado para los seguros, prestaciones y servicios, al tiempo que establecen modalidades en la operación de los mismos, con el fin de beneficiar a un mayor número de derechohabientes y de hacer más equitativo y justo su otorgamiento.
Las reformas propuestas se dividen en dos rubros: las relativas a los instrumentos de regulación y control y las que se refieren al otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios.
Dentro de las que se refieren a los instrumentos de regulación y control se propone una redistribución de las cuotas y aportaciones que recibe el instituto y que equivalen al 25.75% del salario de los trabajadores. Como la ley lo indica, esta base porcentual se integra con las aportaciones a cargo del Estado, correspondientes al 17.75% y el 8% de cuotas de los trabajadores. Actualmente la ley establece que del 25.75%, el 8% se destine a la atención a la salud; el 0.75% a riesgos del trabajo; el 6% al financiamiento de la vivienda y el 11% restante a los demás seguros, prestaciones y servicios. La distribución que se propone consiste en aumentar el porcentaje destinado a la atención a la salud a un 9%, en señalar que el 0.75% destinado a accidentes y enfermedades del trabajo se dividirá en un 0.25% para el pago de las pensiones derivadas de los mismos y un 0.50% para la atención médica respectiva; en precisar que las asignaciones para protección al salario (sistema de tiendas) serán de 1% para esta prestación, y un porcentaje similar para préstamos a corto y mediano plazo; también se señala que para el rubro de pensiones se destinará el porcentaje que determine la junta directiva para cubrir la prima necesaria, de esta suerte, la nueva asignación de la base porcentual del 25.75% sería la siguiente: 9% para atención a la salud; 0.75% para accidentes y enfermedades del trabajo, con las modalidades ya señaladas; 1% para protección al salario (sistema de tiendas); 1% para créditos personales; 6% para financiamiento de vivienda y el 8% restante para los demás seguros, prestaciones y servicios del instituto, incluyendo la cobertura de las reservas actuariales para jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales de acuerdo con el artículo 182 de la ley, cuya constitución debe ser prioritaria de acuerdo con dicho precepto para garantizar las prestaciones diferidas sujetas al régimen financiero de primas escalonadas.
Con esta reforma en la distribución del 25.75% de cuotas y aportaciones se busca clarificar el destino de los recursos autorizados y asegurar que su asignación recaiga en aquellas prestaciones y servicios que inciden en forma más directa en el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores.
En el caso del área de atención a la salud, mediante las reformas propuestas se busca canalizar mayores recursos a fin de superar rezagos cualitativos y mejorar en algunos casos la deficiente localización geográfica de las instalaciones y equipos. Para esto, se propone asignar de la base del 25.75% un 1% adicional que provenga a partes iguales de las cuotas y de las aportaciones,
para elevar el 8% establecido actualmente por la ley hasta un 9%.
En el rubro de protección al salario (sistema de tiendas) que constituye un auténtico complemento salarial del trabajador, y que en el ordenamiento legal vigente no tenía una asignación precisa de recursos, se propone destinarle un 1% proveniente de la referida base de las cuotas y de las aportaciones por igual, para garantizar la expansión del abasto y la infraestructura de este servicio.
En el caso de los préstamos personales, se propone asignar el equivalente al 1% de la base del 25.75% a efecto de garantizar la estabilidad del fondo que se destina a este tipo de créditos, que constituye una prestación altamente demandada por los trabajadores, en virtud de que les permite resolver problemas económicos de naturaleza urgente.
Otro aspecto importante de la regulación y control se refiere a la desconcentración del instituto. Debido a la excesiva centralización de sus funciones en el Distrito Federal, los derechohabientes que radican en las entidades federativas recibían un trato desigual en el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios y con frecuencia se veían obligados a trasladarse a la capital de la República para realizar trámites a los que no se da curso en las delegaciones estatales. Para fortalecer el proceso de desconcentración se elaboró un programa institucional que ha ampliado considerablemente las facultades de dichas delegaciones para modificar su carácter de simples instancias de trámite y convertirlas en verdaderos órganos desconcentrados de ámbito local; este proceso de desconcentración se ha llevado a cabo, inclusive en el Distrito Federal, donde reside la mitad de los derechohabientes del instituto, creándose cuatro delegaciones para el mejor otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios. En las reformas planteadas se eleva a nivel de ley el reconocimiento de las delegaciones como unidades administrativas desconcentradas del instituto.
Dentro del mismo precepto relativo a los órganos desconcentrados del instituto y acorde a la denominación que contempla la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se ratifica al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como un organismo descentralizado y, para evitar confusiones, se precisa que la administración del fondo de la vivienda, en tanto que órgano desconcentrado, estará a cargo de dicho instituto tal como lo determinan las disposiciones constitucionales correspondientes.
Propósito fundamental de la actual administración ha sido lograr el equilibrio financiero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por lo que se ha venido reorientando paulatinamente la operación del mismo y la asignación de recursos presupuestales provenientes de las cuotas y aportaciones; en tal virtud, se recoge en la iniciativa lo ya dispuesto por la Ley de Ingresos de la Federación a partir del presente ejercicio, para que dichos recursos se enteren al instituto sin que deban concentrarse en la Tesorería de la Federación. Dentro de las reformas propuestas, se contemplan también importantes innovaciones al funcionamiento de la junta directiva al establecer un calendario que le permita programas sus actividades en forma más adecuada. De esta manera, se establece que durante el primer bimestre del año se deberá presentar a la consideración de dicho órgano de gobierno el informe del estado que guarde la administración del instituto así como el informe de actividades de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda.
Por lo que respecta a las reformas que se proponen relacionadas con el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios, destacan en primer término las relacionadas con las jubilaciones y pensiones. Hoy en día los servicios a jubilados y pensionistas van más allá del simple otorgamiento de la jubilación o pensión, por lo que se propone definirlos como "servicios integrales de retiro" a trabajadores y pensionistas, ampliando con ello el concepto de retiro por el de un sistema integral, que incluye la realización de acciones que van, desde las de preparación del trabajador próximo a jubilarse, hasta las de apoyo solidario y humanista a quienes ya se han pensionado. De esta forma se pretende dar lugar a un reconocimiento especial de la sociedad a quienes se retiran del servicio público después de toda una vida de dedicación y esfuerzo.
Como un importante avance de justicia en materia de seguridad social, a propuesta de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, se contempla la posibilidad de que las madres trabajadoras puedan aspirar a una pensión por jubilación habiendo cumplido con un mínimo de 28 años de prestación de servicios al Estado e igual tiempo de cotización al instituto, cualquiera que sea su edad, con lo que se da respuesta a las inquietudes de la clase trabajadora por conservar y fortalecer los beneficios que tanto para ellas como para sus familiares derechohabientes derivan de los derechos legítimamente conquistados.
Dentro de este mismo orden de ideas se propone, también a instancias de la propia Federación de Trabajadores, que para calcular el monto de las pensiones se tomen en cuenta el promedio del sueldo básico que el trabajador haya percibido en el último año inmediato anterior a la fecha de su baja o fallecimiento, con lo cual el término de tres años que fija actualmente la ley se ve reducido considerablemente y se amplía en consecuencia el marco de garantías mínimas para que
el pensionista pueda tener una subsistencia digna y decorosa.
En los difíciles momentos por los que atraviesa el país, el instituto se ha convertido en un sólido punto de apoyo para los derechohabientes de más bajos recursos al ampliar la cobertura de sus prestaciones, mejorar la calidad de sus servicios, proteger su capacidad adquisitiva y garantizar, en general, el bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado. Es por ello que dentro de las reformas que se proponen, especial importancia representa para el instituto la salvaguarda de sus reservas actuariales, toda vez que las mismas permiten asegurar el otorgamiento de las pensiones que señala la ley; por ello se prevé que, al reingresar el trabajador al régimen de la misma, reintegre el monto total que percibió por concepto de indemnización global, y cubra, además, el interés que establezca la junta directiva.
Respecto al seguro de accidentes del trabajo, se propone que las dependencias y entidades realicen estudios e investigaciones sobre la materia e integren comisiones mixtas de seguridad e higiene mediante la promoción del instituto, a fin de coadyuvar con éstas en las acciones de prevención de los mismos.
A fin de actualizar el cumplimiento del precepto constitucional relativo a la protección a la salud y respetando el carácter prioritario que el instituto ha dado a la aplicación de la medicina preventiva, se propone la ampliación del Programa de Higiene del Trabajo y Prevención de Riesgos que, de ser aprobadas estas reformas se denominaría higiene para la salud, para que dentro del mismo puedan quedar comprendidos todos aquellos servicios que permitan obtener una efectiva integración familiar y una mayor productividad en el trabajo.
Como parte importante de la reordenación financiera del instituto emprendida bajo la actual administración, se encuentra la agrupación de los diversos tipos de préstamos que otorga la ley a los derechohabientes bajo un "sistema integral de crédito", con sus variantes de préstamos a corto y mediano plazo y para vivienda.
A fin de que al solicitarse dichos préstamos se haya contribuido en mayor medida al fondo correspondiente, por lo que respecta a los dos primeros, como una medida de injusticia y equidad se propone que, para poder acceder a dichas prestaciones, el trabajador asegurado tenga por lo menos un año de antigüedad como cotizante y tratándose de los préstamos para vivienda, un mínimo de 18 meses.
Sobre este particular y con el objeto de evitar una descapitalización del fondo de préstamos personales, atendiendo a las condiciones económicas por las que atraviesa el país, se propone que las tasas de interés sean determinadas por la junta directiva del instituto tomando en consideración los factores económicos y sociales que prevalezcan buscando con ello una flexibilidad que permita beneficiar a un mayor número de trabajadores, principalmente a los de mayor antigüedad, así como lograr que el préstamo se destine a satisfacer necesidades reales y no superfluas con lo cual se da respuesta a la preocupación manifestada por la Comisión de Vigilancia del propio instituto en materia crediticia.
Tomando en consideración que frecuentemente los préstamos para vivienda que se otorgan no alcanzan a cubrir la totalidad del costo del inmueble, se propone eliminar el requisito de que la garantía se constituya en primer lugar a favor del instituto, sin perjuicio de que cuando el crédito que se otorgue no sea complementario, si pueda requerirlo el propio instituto.
Reconociendo la necesidad de concurrencia de créditos que actualmente existe, dados los costos de habitación y persiguiendo siempre el propósito de los trabajadores, se encuentren en posibilidad de contar con una vivienda digna y decorosa mediante crédito barato y suficiente, se prevé el otorgamiento de créditos para cubrir el enganche y los gastos de la escrituración correspondiente, así como el financiamiento de la construcción de conjuntos habitacionales con la participación de entidades públicas y/o privadas. De esta manera el financiamiento del Fondo de la Vivienda podrá complementarse con el de otras instituciones, en interés de los derechohabientes del instituto.
Para ampliar la capacidad de otorgamiento de crédito por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y asegurar la equidad se propone que, cuando los importes de los préstamos excedan del tope máximo del crédito hipotecario, la junta directiva, a propuesta de la Comisión Ejecutiva de dicho fondo, sea la que fije las tasas de interés que deban aplicarse.
Atendiendo a un criterio de solidaridad social, se contempla la posibilidad de que el trabajador, jubilado o pensionista que reciba un crédito para vivienda, designen a sus beneficiarios para que opere el autoseguro que en caso de fallecimiento el fondo adjudique la vivienda a quien se haya expresamente designado. Se propone regular, además, la forma en que operaría el cambio de designación, extendiendo este beneficio a los colaterales hasta el segundo grado designados como beneficiarios, con lo cual se evitaría la incertidumbre y la erogación de gastos legales que de otra manera tendrían que cubrir para el desahogo de procedimiento conforme a la legislación común.
Por razones de equidad, se propone que las dependencia y entidades cubran el 50% del costo de cada niño que se inscriba en las estancias de bienestar infantil del instituto; dicho costo sería determinado anualmente por la junta directiva con base en los cálculos actuariales que la ley prevé.
Conforme a la política establecida para integrar nuevas y mejores prestaciones a su régimen de seguridad social se propone que el instituto administre no sólo los sistemas de tiendas, centros comerciales y estancias de bienestar y desarrollo infantil, sino también los centros deportivos en operación por las diversas dependencias, entidades, organismos e instituciones de la administración pública federal, mediante la transferencia del presupuesto correspondiente, lo que permitirá ofrecer un mejor esquema de servicios que contribuya al apoyo asistencial, a la protección del poder adquisitivo, así como a cuidar y fortalecer la salud mental y la integración familiar y social de los trabajadores jubilados, pensionistas y de sus familiares derechohabientes.
Por lo anterior expuesto y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, me permito presentar a la consideración del honorable Congreso de la Unión. la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Artículo primero. Se reforman los artículos 3o., fracciones XII y XIV; 4o., primer párrafo; 6o., primer párrafo y segundo párrafo de la fracción IV; 14; 16, fracciones I y II, 19, párrafo final; 21, primer párrafo y fracciones I a IV; 22 primer párrafo; 31 fracciones I y X; 35; 45, fracciones I a III; 47; 54; 60, primer párrafo; 64; 87, fracciones I y II; 89, primer párrafo; 91, primer párrafo y fracciones I, II y IV; 99; 100, fracción I; 101, fracciones I y III; 103, fracción I e inciso d) y fracción II; 106, primer párrafo; 108, primer párrafo; 111; 112, fracción I; 117, primer párrafo y 157 fracciones IV y XV, inciso b); se adicionan los artículos 4o., con segundo párrafo; 6o., fracción IV, con dos párrafos; 16, con las fracciones III a V y un párrafo final; 21, con las fracciones V a VII y dos párrafos al final; 22 con un segundo párrafo; 103, fracción I, con un inciso e); 112, con una fracción VII; se modifican las denominaciones del capítulo VI y su sección primera y del capítulo VII del título segundo y se adicionan las secciones tercera y cuarta al capítulo VI del título segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:
Artículo 3o...
I a XI...
XII. Servicios integrales de retiro a jubilados y pensionistas;
XIII...
XVI. Préstamos hipotecarios y financiamiento en general para vivienda, en sus modalidades de adquisición en propiedad de terrenos y/o casas habitación, construcción, reparación, ampliación o mejoras de las mismas; así como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos.
XV a XX...
Artículo 4o. La administración de los seguros, prestaciones y servicios de que trata el artículo anterior, así como la del fondo de vivienda, estarán a cargo del organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la ciudad de México.
Para el cumplimiento de sus fines el instituto contará con delegaciones, las cuales, como unidades desconcentradas, estarán jerárquicamente subordinadas a la administración central y tendrán las facultades específicas para resolver sobre la materia y la competencia territorial que se determine en su caso.
Artículo 6o. Las dependencias y entidades de la administración pública federal a que se refiere esta ley, deberán remitir al instituto en enero de cada año, una relación del personal sujeto al pago de cuotas y descuentos correspondientes, según los artículos 16 y 25 de esta ley, así como efectuar los descuentos que se ordenen con motivo de la aplicación de la misma, debiendo remitir al instituto las nóminas y recibos en que éstos figuren, dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que debieron hacerse. De igual forma pondrán en conocimiento del instituto dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que ocurran:
I a IV...
En todo tiempo, las dependencias y entidades deberán expedir los certificados e informes que les soliciten tanto los interesados como el instituto y proporcionar los expedientes y datos que el propio instituto les requiera de los trabajadores, extrabajadores jubilados y pensionistas así como los informes sobre aportaciones y cuotas, y designarán a quienes se encarguen del cumplimiento de estas obligaciones.
En caso de negativa, demora injustificada o cuando la información se suministre en forma
inexacta o falsa, la autoridad competente fincará la responsabilidad e impondrá las sanciones que correspondan en los términos de esta ley.
Los pagadores y los encargados de cubrir sueldos serán responsables en los términos de esta ley de los actos y omisiones en relación a las retenciones y descuentos que resulten en perjuicio del instituto de los trabajadores, jubilados o pensionistas, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que incurran.
Artículo 14. Los trabajadores del instituto quedan incorporados al régimen de la presente ley. Las relaciones de trabajo entre el propio instituto y su personal, se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional.
Artículo 16...
I. 2.50% para cubrir los seguros, prestaciones y servicios señalados en las fracciones de la I a la III del artículo 3o., de esta ley;
II. 0.50% para cubrir la prestación señalada de la fracción XIV del artículo 3o., de esta ley;
III. 0.50% para cubrir las prestaciones señaladas en las fracciones XV y XVI del artículo 3o., de esta ley;
IV. 0.50% para cubrir los servicios señalados en la fracción XVII del artículo 3o., de esta ley;
V. El porcentaje restante se aplicará para cubrir el 50% de la prima que sobre el sueldo básico se establezca anualmente, conforme a las valuaciones actuariales, para el pago de la jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales, así como para integrar las reservas correspondientes conforme al artículo 182 de esta ley para cubrir los servicios sociales y culturales a que se refieren las fracciones XI a XIII y de la XVIII a la XX del artículo 3o., de esta ley, así como los gastos generales de administración del instituto, exceptuando los correspondientes al Fondo de la Vivienda.
Los porcentajes señalados en las fracciones de la I a la IV incluyen los gastos específicos de administración.
Artículo 19...
I a IV...
En los casos señalados el trabajador deberá pagar la totalidad de las cuotas y aportaciones a que se refieren las fracciones de la II a la V del artículo 16 y de la II a la IV y la VII del artículo 21. Si el trabajador falleciere antes de reanudar sus labores y sus familiares derechohabientes tuvieren derecho a pensión, éstos deberán cubrir el importe de esas cuotas a fin de poder disfrutar de la misma.
Artículo 21. Las dependencias y entidades públicas sujetas al régimen de esta ley, cubrirán al instituto como aportaciones el equivalente al 17.75% del sueldo básico de los trabajadores.
Dicho porcentaje se aplicará en la siguiente forma:
I. 6.50% para cubrir los seguros, prestaciones y servicios señalados en las fracciones de la I a la III del artículo 3o. de esta ley;
II. 0.50% para cubrir la prestación señalada en la fracción XIV del artículo 3o, de esta ley;
III. 0.50% para cubrir las prestaciones señaladas en las fracciones XV y XVI del artículo 3o., de esta ley;
IV. 0.50% para cubrir los servicios señalados en la fracción XVII del artículo 3o., de esta ley;
V. 0.75% para cubrir íntegramente el seguro de accidentes y enfermedades de trabajo y atender los servicios de prevención, de donde se aplicará el 0.25% para el pago de pensiones y el 0.50% para la atención médica;
VI. El 5% para constituir el Fondo de la Vivienda; y
VII. El porcentaje restante se aplicará para cubrir el 50% de la prima que sobre el sueldo básico se establezca anualmente conforme a las evaluaciones actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales, así como para integrar las reservas correspondientes conforme al artículo 182 de esta ley y para cubrir los servicios sociales y culturales a que se refieren las fracciones de la XI a la XIII y de la XVIII a la XX del artículo 3o. de esta ley, así como los gastos generales de administración del instituto, exceptuando los correspondientes al Fondo de la Vivienda.
Los porcentajes señalados en las fracciones de la I a la V, incluyen los gastos específicos de administración.
Además, para los servicios a que se refiere la fracción XI del artículo 3o. de la presente ley, las dependencias y entidades cubrirán el 50% del costo unitario por cada uno de los hijos de sus trabajadores que haga uso del servicio en las estancias y bienestar infantil del instituto. Dicho costo será determinado anualmente por la junta directiva.
Artículo 22. Las dependencias y entidades públicas harán entregas quincenales al instituto, por
conducto de sus respectivas tesorerías o departamentos correspondientes, del monto de las cantidades estimadas por concepto de las cuotas y aportaciones a que se refieren los artículos 16, 21 y 25, fracción II, de esta ley. También entregarán quincenalmente al instituto el importe de los descuentos que el instituto ordene que se haga a los trabajadores por otros adeudos derivados de la aplicación de esta ley.
No se concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes de las aportaciones, las que deberán ser enteradas directamente al instituto.
Para los efectos de este artículo, se realizará un cálculo estimativo del monto de las entregas quincenales, ajustándose las cuentas y haciéndose los pagos insolutos cada mes.
Al tiempo de examinar los proyectos anuales de presupuestos de las dependencias y entidades, la Secretaría de Programación y Presupuesto incluirá en las partidas necesarias el concepto de aportaciones de esta ley, y vigilará su correcto ejercicio en los términos de este artículo.
Artículo 31...
I. El control de enfermedades prevenibles por vacunación;
II a IX...
X. Higiene para la salud; y
XI...
Artículo 35. Las prestaciones que concede este capítulo serán cubiertas íntegramente con la aportación a cargo de las dependencias y entidades que señala la fracción V del artículo 21 de esta ley.
Artículo 45...
I...
II. Proporcionar datos e informes para la elaboración de estadísticas sobre accidentes y enfermedades de trabajo;
III. Difundir e implantar en su ámbito de competencia, las normas preventivas de accidentes y enfermedades de trabajo; y
IV. Integrar las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene.
Artículo 46...
El instituto se coordinará con las dependencias, entidades y organismos e instituciones que considere necesarios para la elaboración de programas y el desarrollo de campañas tendientes a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo.
Artículo 47. Corresponde al instituto promover la integración y funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo de las dependencias y entidades del sector público afiliados al régimen de seguridad social del instituto y, a las propias comisiones mixtas, atender las recomendaciones que el instituto formule en materia de seguridad e higiene.
El instituto deberá asimismo promover la integración y funcionamiento de una Comisión Consultiva Nacional y de Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene del Sector Público Federal.
Artículo 54. Para que un trabajador o sus familiares, en su caso, puedan disfrutar pensión, deberán cubrir previamente al instituto los adeudos existentes con el mismo concepto de las cuotas a que se refiere el artículo 16 fracciones de la II a la V. Al transmitirse una pensión por fallecimiento del trabajador o pensionista, sus familiares tendrán la obligación de cubrir los adeudos por concepto de créditos a corto plazo que se hubieren concedido al mismo.
Artículo 60. Tienen derecho a la pensión por jubilación los trabajadores con 30 años o más de servicios y las trabajadoras con 28 años o más de servicios e igual tiempo de cotización, al instituto, en los términos de esta ley, cualquiera que sea su edad, no siendo aplicables a éstas los dos últimos porcentajes de la tabla del artículo 63.
Artículo 64. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión en los términos de los artículos 60, 63, 67, 76 y demás relativos de esta ley, se tomarán en cuenta el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador o de su fallecimiento.
Artículo 87...
I. El monto total de las cuotas con que hubiese contribuido de acuerdo con las fracciones de la II a la V del artículo 16, si tuviese de uno a cuatro años de servicios;
II. El monto total de las cuotas que hubiese enterado en los términos de las fracciones de la II a la V del artículo 16, más 45 días de su último sueldo básico según lo define el artículo 15, si tuviese de cinco a nueve años de servicios; y
III...
Artículo 89. Si el trabajador separado del servicio
reingresare y quisiere que el tiempo durante el que trabajó con anterioridad se le compute para efectos de esta ley, reintegrará en el plazo prudente que le conceda el instituto la indemnización global que hubiere recibido más los intereses que fije la junta directiva.
Capítulo VI. Del sistema integral de crédito.
Sección primera. Créditos a corto plazo.
Artículo 91. De acuerdo a los recursos aprobados por la junta directiva en el programa de presupuesto anual, los préstamos a corto plazo se otorgarán a los trabajadores de base, conforme a las siguientes reglas:
I. A quienes hayan cubierto al instituto las cuotas y aportaciones por más de un año.
II. Mediante garantía de total de dichas cuotas y aportaciones a que se refieren las fracciones III de los artículos 16 y 21 de esta ley;
III...
IV. El plazo para el pago del préstamo y el interés anual sobre saldos serán los que mediante acuerdos generales fije la junta directiva, en vista de los recursos disponibles y observando el grado de recuperación, la equidad, la importancia de la cobertura y la utilización racional de los recursos a esta prestación.
V a VII...
Artículo 99. Los créditos para la adquisición de los bienes a que se refiere el artículo anterior se otorgarán mediante las garantías que acuerde la junta directiva, pudiendo el derechohabiente hacer sus pagos en forma directa al instituto o mediante los mecanismos que sobre el particular emita la propia junta. No causarán intereses cuando se amortice en un plazo máximo de 90 días.
El plazo mayor que se considerará para estas adquisiciones, será de cinco años, el interés será el que mediante acuerdos generales, fije la junta directiva y la cantidad autorizada será hasta 20 veces el sueldo básico mínimo mensual de los servidores públicos en las mismas condiciones al de los préstamos a corto plazo.
Sección tercera. El crédito para vivienda.
Artículo 100...
I. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria. Estos préstamos se harán por una sola vez;
II y III...
Artículo 101...
I. Con las aportaciones que las dependencias y entidades enteren al instituto por el equivalente a un 5% sobre el sueldo básico de sus trabajadores, previstas en la fracción VI del artículo 21;
II...
III. Con el 0.50% que se deduzca del sueldo básico de los trabajadores que como cuota enteren en los términos del artículo 16, fracción II y el 0.50% que como aportación enteren las dependencias y entidades conforme al artículo 21 fracción II de la presente ley; y
IV...
Artículo 103...
I. Al otorgamiento de créditos a los trabajadores que sean titulares de depósitos constituidos a su favor por más de 18 meses en el instituto. El importe de estos créditos deberá aplicarse a los siguientes fines:
a)Al c)...
d) Al pago de enganche, en el porcentaje que acuerde la junta directiva a propuesta de la Comisión Ejecutiva y de los gastos de escrituración, cuando tenga por objeto la adquisición de viviendas de interés social; y
d) Al pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores;
II. Al financiamiento de la construcción de conjuntos habitacionales para ser adquiridos por los trabajadores, mediante créditos que otorgue el instituto, directamente o con la participación de entidades públicas y/o privadas.
III a VII...
Artículo 106. Las aportaciones al Fondo de la Vivienda previstas en la fracción VI del artículo 21 de esta ley, se aplicarán en su totalidad a constituir en favor de los trabajadores depósitos que no devengarán intereses y que se sujetarán a las bases siguientes:
I a VI...
Artículo 108. Para otorgar y fijar créditos a los trabajadores en cada región o localidad, se tomarán en cuenta el número de miembros de la familia de los trabajadores, la antigüedad, el sueldo o el salario o el ingreso conyugal si hay acuerdo entre los interesados y las características y precios de venta de las habitaciones disponibles,
para tal efecto, se establecerá por el instituto un régimen para relacionar los créditos.
Artículo 111. Los créditos que se otorguen estarán cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad total permanente o de muerte, que libere al trabajador jubilado o pensionista, o a sus respectivos beneficiarios, de las obligaciones derivadas de los mismos, el costo de este seguro quedará a cargo del instituto.
Los trabajadores jubilados o pensionistas podrán manifestar expresamente y por escrito su voluntad ante el instituto a través del Fondo de la Vivienda en el acto del otorgamiento del crédito o posteriormente, para que en caso de muerte, la adjudicación del inmueble se haga a quien hayan designado como beneficiario. Para que proceda el cambio beneficiario, el trabajador, jubilado o pensionista deberá solicitarlo igualmente por escrito acompañado de dos testigos ante el fondo; una vez presentada dicha solicitud, este deberá comunicar al trabajador, jubilado o pensionista su consentimiento y el registro de los nuevos beneficiarios en un plazo no mayor de 45 días calendario. En caso de controversia el instituto procederá exclusivamente a la liberación referida y se abstendrá de adjudicar el inmueble.
A falta de beneficiario designado, la adjudicación del inmueble deberá hacerse conforme al orden de prelación que establece el artículo 112.
El fondo solicitará al Registro Público de la Propiedad correspondiente, efectuar la inscripción de los inmuebles en favor de los beneficiarios, cancelando en consecuencia la que existiere a nombre del trabajador, jubilado o pensionista con gravámenes o limitaciones de dominio que hubieren.
Artículo 112...
I. Los que al efecto el trabajador, jubilado o pensionista haya designado para estos fines ante el instituto;
II a VI...
VII. Los colaterales hasta el segundo grado.
Para garantizar el pago de los depósitos a que este artículo se refiere, el instituto está obligado a constituir una reserva, en los términos señalados por el artículo 182.
Artículo 117. Los créditos a los trabajadores a que se refiere la fracción I del artículo 103, devengarán intereses sobre las siguientes bases:
a) Tratándose de créditos hipotecarios, el interés anual será del 4% sobre saldos insolutos; y
b) En el caso de adjudicación de vivienda, se pagará un interés del 4% anual por la cantidad equivalente al monto máximo aprobado para el crédito hipotecario; por la cantidad que exceda de dicho monto los intereses que deberán pagar los beneficiarios serán fijados por la junta directiva, a propuesta de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda.
Tratándose de créditos para adquisición o construcción de habitaciones, su plazo no será menor de diez años, pudiendo otorgarse un plazo máximo de 20 años. Para los créditos mencionados en la citada fracción I, se podrán fijar plazos menores.
Sección cuarta. Del arrendamiento y venta de vivienda.
Artículo 127...
Capítulo VII. De las prestaciones sociales y culturales.
Sección primera. Prestaciones Sociales.
Artículo 137...
Artículo 157...
I a III.
IV. Conocer y aprobar en su caso, en el primer bimestre del año, el informe pormenorizado del estado que guarde la administración del instituto;
V a XIV...
XV...
a)...
b) Examinar y en su caso aprobar, en el primer bimestre el año, el informe de actividades de la Comisión Ejecutiva del Fondo y, dentro de los cuatro primeros meses del año, los estados financieros que resulten de la operación en el último ejercicio;
c) a g)...
XVI...
Artículo segundo. Se derogan los artículos 13 y 18 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Los juicios en los que el instituto sea parte, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, se seguirán tramitando ante las autoridades que conozcan de los mismos; las controversias judiciales que surjan con posterioridad serán de la competencia de los tribunales federales o del fuero común, según corresponda.
Artículo tercero. Las solicitudes de pensión cuyo otorgamiento se encuentre pendiente al entrar en vigor el presente decreto, se resolverán conforme a las reformas que el mismo establece.
Artículo cuarto. Los intereses a favor del instituto por concepto de reintegro de indemnización global, se causarán a la tasa del 6% anual hasta el 31 de diciembre de 1986 y, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, a las tasas que fije la junta directiva.
Artículo quinto. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conforme a sus políticas de integrar y expander las prestaciones sociales, incorporará y tomará bajo su administración los sistemas de tiendas, centros comerciales, estancias de bienestar infantil y centros deportivos en operación por las diversas dependencias, entidades, organismos e instituciones de la Administración Pública Federal en toda la República que estén incorporadas a la presente ley; dicha incorporación será instrumentada operativamente por el instituto en forma progresiva, según lo permitan las particulares condiciones de cada tienda, centro comercial, estancia de bienestar infantil y centro deportivo y del propio instituto y debiendo efectuarse la transferencia presupuestal del año respectivo al instituto.
Las operaciones que se originen por las transferencias indicadas estarán sujetas a convenios firmados por el instituto y las dependencias, entidades, organismos e instituciones respectivas y sancionados por la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo sexto. Las designaciones de beneficiarios hechas con antelación ante el Fondo de la Vivienda surtirán los efectos consignados en las presentes reformas.
Reitero a ustedes CC. secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio nacional, a 20 de octubre de 1986.
El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado».
El C. presidente: -En virtud de que este documento ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría darle el trámite correspondiente.
La C. secretaria Alma Salas Montiel:
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Salubridad y Asistencia.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIÓN
La misma C. secretaria:
«Escudo Nacional. -Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutvo Federal.- México, D.F.- secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha dirigido a esta Gobernación, con fecha 15 del actual, manifestando lo siguiente:
"Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, del apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el C. capitán de fragata An. Pa. Demn. Praxedes González Hernández, pueda aceptar y usar la condecoración Da Medalha Mérito Tamandaré, que le confiere el Gobierno de la República Federativa de Brasil, por estrechar los lazos de amistad entre la Armada de México y Brasil".
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección
México D.F., a 21 de octubre de 1986.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz».
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
MINUTA DEL SENADO
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez:
«CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presente.
Para sus efectos correspondientes, tenemos el honor de remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta Proyecto de Reformas al Código Federal de Procedimientos Penales.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México D.F., a 24 de octubre de 1986.
Senadores: Ramón Martínez Martín, secretario; María del Carmen Márquez de Romero A., secretaria».
El mismo C. secretario:
MINUTA
PROYECTO DE REFORMAS AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
Artículo primero. Se reforman los artículos 1o., 4o., 5o., 17, 18, 21, 38, 50, 52, 53, 57, 102, 129, 136, 142, 150, 152, 167, 168, 177, 180, 195, 210, 211, 212, 214, 225, 287, 304, 363, 365, 398 bis, 399 y 490 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 1o. ...
I...
II...
III...
IV. El de primera instancia, durante el cual el Ministerio Público precisa su pretensión el procesado su defensa ante el tribunal, y este valora las pruebas y pronuncia sentencia definitiva;
V. El de segunda instancia ante el tribunal de apelación, en que se efectúan las diligencias y actos tendientes a resolver los recursos;
VI. El de ejecución, que comprende desde el momento en que cause ejecutoria la sentencia de los tribunales hasta la extinción de las sanciones aplicadas;
VII. Los relativos a inimputables, a menores y a quienes tienen el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos.
Artículo 4o. Los procedimientos de preinstrucción, instrucción y primera instancia, así como la segunda instancia ante el tribunal de apelación, constituyen el proceso penal federal, dentro del cual corresponde exclusivamente a los tribunales federales resolver si un hecho es o no delito federal, determinar la responsabilidad o irresponsabilidad penal de las personas acusadas ante ellos e imponer las penas y medidas de seguridad que procedan con arreglo a la ley.
Artículo 5o. En el procedimiento de ejecución, el Poder Ejecutivo, por conducto del órgano que la ley determine, ejecutará las penas y medidas de seguridad decretadas en las sentencias de los tribunales hasta su extinción; y el Ministerio Público cuidará de que se cumplan debidamente las sentencias judiciales.
Artículo 17. En las actuaciones y promociones no se emplearán abreviaturas, no se rasparán las palabras equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que permita su lectura, salvándose con toda precisión antes de las firmas, el error cometido. En la misma forma se salvarán las palabras que se hubieren entrerrenglonado.
Las actuaciones del Ministerio Público y de los tribunales deberán levantarse por duplicado, ser autorizadas y conservarse en sus respectivos archivos. En todo caso, los tribunales sacarán y entregarán al Ministerio Público, para conservarse en el archivo mencionado de este, una copia certificada de las siguientes constancias: de los autos de formal prisión, sujeción a proceso o de libertad por falta de elementos para procesar; de los autos que den entrada y resuelvan algún incidente; de las sentencias definitivas, así como de las que dicte el tribunal de apelación resolviendo definitivamente algún recurso.
Excepción hecha de lo dispuesto por el artículo 23 de este código, en ningún caso se autorizará la salida de un expediente del local del tribunal sin que previamente se notifique de ello al Ministerio Público y a quien corresponda, conforme a la ley.
Artículo 18. Inmediatamente después de que se hayan asentado las actuaciones del día o agregado los documentos recibidos, el secretario foliará y rubricará las hojas respectivas y pondrá el sello del tribunal en el fondo del cuaderno, de manera que abrace las dos caras.
El secretario guardará con la seguridad debida, bajo su responsabilidad hasta en tanto dé cuenta al juez, los documentos originales u objetos que se presenten al proceso.
Artículo 21...
A cada promoción recaerá una resolución específica por separado, que el tribunal fundará y motivará en los términos y plazos establecidos por la ley y de no existir términos o plazos dentro de las setenta y dos horas siguientes.
Artículo 38. Cuando en las actuaciones esté comprobado el cuerpo del delito de que se trate, el funcionario que conozca del asunto dictará las providencias necesarias, a solicitud del interesado, para asegurar sus derechos o restituirlos en el goce de éstos, siempre que estén legalmente justificados. Si se tratare de cosas, únicamente podrán retenerse, esté o no comprobado el cuerpo del delito, cuando de quien practique las diligencias, la retención fuera necesaria para la debida integración de la averiguación.
Artículo 50. En casos urgentes, notificado que fuere de ello previamente el Ministerio Público y quien corresponda conforme a la ley, podrá resolverse que se haga uso de la vía telegráfica, expresándose con toda claridad las diligencias que han de practicarse, la parte que las solicitó, el nombre del inculpado, si fuere posible, el delito de que trata y el fundamento de la providencia. Estos exhortos se mandarán mediante oficio al jefe de la oficina telegráfica de la localidad, acompañados de una copia, en la cual el empleado respectivo de dicha oficina extenderá recibo; el oficio será entregado por conducto del secretario o del actuario de tribunal, quienes se identificarán ante el encargo del servicio telegráfico, quien deberá agregar esta circunstancia al texto del telegrama. En la misma fecha en que se entregue el citado oficio a la oficina telegráfica, el tribunal requirente enviará por correo el exhorto o requisitoria en forma.
Artículo 52. En los casos del artículo anterior el tribunal requerido tomará la declaración preparatoria al inculpado, resolverá lo que proceda respecto de la libertad caucional, así como sobre su situación jurídica conforme al artículo 19 constitucional y remitirá al detenido y las actuaciones, en su caso, a quien libró la orden, dentro de las 24 horas siguientes al cumplimiento de las previsiones señaladas en este artículo.
Artículo 53. El tribunal que recibiere un exhorto o requisitoria extendido en debida forma, procederá a cumplimentarlo en un plazo no mayor de cinco días contados a partir de la fecha de su recibo; si por la naturaleza o circunstancia de la diligencia no fuere posible su cumplimentación en el plazo indicado, el tribunal lo resolverá así, determinando y razonando las causas de ello. Si estimare que no ocurren en él todos los requisitos legales, lo devolverá al requeriente, fundado su negativa, dentro del mismo plazo establecido en este artículo.
Artículo 57. La resolución dictada por el tribunal requerido ordenado o negado la práctica de las diligencias que se le hayan encomendado, admite los recursos que este código establece y que se resolverán por el órgano jurisdiccional federal competente en el circuito en que se ubique el citado tribunal requerido.
Artículo 102. Las resoluciones judiciales causan estado cuando notificadas las partes de las mismas, éstas manifiestan expresamente su conformidad, no interpongan los recursos que procedan dentro de los plazos señalados por la ley o, también cuando se resuelvan los recursos planteados contra las mismas.
Ninguna resolución judicial se ejecutará sin que previamente se haya notificado de la misma al Ministerio Público y a quien corresponda, conforme a la ley.
Artículo 129. Cuando se determine la internación de alguna persona a un hospital u otro establecimiento similar, deberá indicarse el carácter con que sea su ingreso, lo que se comunicará a los encargados del establecimiento respectivo, quienes bajo su responsabilidad no autorizará su salida, a menos de recibir notificación escrita en este sentido de parte de la autoridad que hubiese ordenado la internación; si no se hiciere esa indicación, se entenderá que sólo ingresa para su curación.
Artículo 136...
I. Promover la incoación del proceso penal;
II...
III...
IV...
V...
VI...
Artículo 142...
El juez ordenará o negará la aprehensión, reaprehensión o comparecencia solicitada por el Ministerio Público dentro de los 15 días contados a partir del día en que se haya acordado la radicación. Si no resuelve oportunamente sobre este punto, el Ministerio Público procederá en los términos previstos en la parte final del párrafo anterior.
Artículo 150. Transcurridos los plazos que señala el artículo 147 de este código o cuando el tribunal considere agotada la instrucción lo determinará así mediante resolución que se notificará personalmente a las partes, y mandará poner el proceso a la vista de éstas por 10 días comunes, para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes y que puedan practicarse dentro de los 15 días siguientes al en que se notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba. Según las circunstancias que aprecie el juez en la instancia, podrá de oficio ordenar el desahogo de las pruebas que a su juicio considere necesarias para mejor
proveer o bien ampliar el plazo de desahogo de pruebas hasta por 10 días más. Al día siguiente de haber transcurrido los plazos establecidos en este artículo, el tribunal de oficio y previa la certificación que haga el secretario, dictará auto en que se determinen los cómputos de dichos plazos.
Artículo 152. En los casos de delitos cuya pena no exceda de seis meses de prisión o la aplicable no sea privativa de libertad, después de dictado el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, se procurará agotar la instrucción dentro de 15 días. Una vez que el Tribunal la estime agotada, dictará resolución citando a la audiencia a que se refiere el artículo 307 y se estará a lo dispuesto en la fracción I del artículo 367.
I...
II...
III...
Artículo 167. Si dentro del término legal no se reúnen los requisitos necesarios para dictar el auto de formal prisión o el de ejecución a proceso, se dictará auto de libertad por falta de elementos para procesar, o de no sujeción, a proceso, en su caso, sin perjuicio de que por medios de prueba posteriores se proceda nuevamente en contra del inculpado.
Artículo 168. El Ministerio Público, con la intervención legal de sus auxiliares, la policía judicial y el tribunal en su caso, deberán procurar ante todo que se compruebe el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del inculpado como base del ejercicio de la acción penal y del proceso penal federal.
La presunta responsabilidad el inculpado se tendrá por comprobada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en la conducta o hechos constitutivos del delito demostrado.
Artículo 177. El cuerpo de los delitos contra la salud, peculado, abuso de confianza y fraude, si no hubiere sido posible comprobarlo en los términos del artículo 168, podrá tenerse por comprobado en la forma que establece la fracción I del artículo 174, siempre y cuando la confesión del procesado esté adminiculada con elementos que a juicio del tribunal la hagan verosímil, pero para el de peculado es necesario, además que se demuestre, por cualquier otro medio de prueba, los requisitos que acerca del sujeto activo prevenga la ley penal.
Artículo 180. Para la comprobación del cuerpo del delito y de la presunta responsabilidad del inculpado, el Ministerio Público, sus auxiliares, la policía judicial y los tribunales gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de investigación que estimen conductores según su criterio, aunque no sean de los que menciona la ley, siempre que estos medios no sean contrarios a derecho.
Artículo 195. Cuando estén reunidos los requisitos del artículo 16 constitucional, el tribunal librará orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia, según el caso, contra el inculpado, a pedimento del Ministerio Público.
Artículo 210. Al practicarse una inspección, podrá examinarse a las personas presentes, que puedan proporcionar algún dato útil a la averiguación previa o al proceso, según el caso, a cuyo efecto se les podrá prevenir que no abandonen el lugar.
Artículo 211. El Ministerio Público o el juez, según se trate de averiguación o de proceso, al practicar una inspección podrán hacerse acompañar por los peritos que estimen necesarios.
Artículo 212. En caso de lesiones al sanar el lesionado se deberá hacer la inspección y la descripción de las consecuencias apreciables que hubieren dejado.
Artículo 214. La inspección podrá tener el carácter de reconstrucción de hechos y su objeto será apreciar las declaraciones que se hayan rendido y los dictámenes parciales que se hayan formulado. Se podrá llevar a cabo, siempre que la naturaleza del delito y las pruebas rendidas así lo exijan, a juicio del servidor público que conozca del asunto, aun durante la vista del proceso, si el tribunal lo estima necesario, no obstante que se haya practicado con anterioridad.
Artículo 225. La designación de peritos hecha por el tribunal o por el Ministerio Público deberá recaer en las personas que desempeñen ese empleo por nombramiento oficial y a sueldo fijo, o bien en personas que presten sus servicios en dependencias del Gobierno Federal, en universidades del país, o que pertenezcan a asociaciones de profesionistas reconocidas en la República.
Artículo 287...
I...
II...
III...
IV. Que existan datos que, a juicio del tribunal, lo hagan verosímil.
Artículo 304. El auto de sobreseimiento que haya
causado estado, surtirá los efectos de una sentencia absolutoria con valor de cosa juzgada.
Artículo 363. El recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó ésta inexactamente, si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba, si se alteraron los hechos o no se fundó o motivó correctamente.
Artículo 365. Tienen derecho de apelar el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, así como el ofendido o sus legítimos representantes cuando hayan sido reconocidos por el juez de primera instancia, como coadyuvante del Ministerio Público, para efectos de la reparación de daños y perjuicios. En este caso, la apelación se contraerá a lo relativo a la reparación de daños y perjuicios y a las medidas precautorias conducentes a asegurarla.
Artículo 398...
También procede el recurso de queja contra las conductas omitidas de los jueces de distrito que no cumplan dentro de los plazos otorgados en este código, con las obligaciones establecidas en los artículos 53, 147, 150 y
La queja podrá interponerse en cualquier tiempo a partir de que hubieran transcurrido los plazos establecidos en los artículos 53, 142, 147, 150 y 433 y se interpondrá por escrito ante el Tribunal Unitario de Circuito que corresponda.
El Tribunal Unitario de Circuito, en el plazo de 48 horas, le dará entrada al recurso y requerirá al juez de distrito, cuya conducta omisa haya dado lugar al recurso, para que rinda informe dentro del plazo de tres días.
Transcurrido este plazo, con informe o sin él, se dictará la resolución que proceda y si se estima fundado el recurso, el Tribunal Unitario requerirá al juez de distrito, para que cumpla con las obligaciones determinadas en los artículos 53, 142, 147, 150 y 433. La falta del informe a que se refiere el párrafo anterior, establece la presunción de ser cierta la omisión atribuida y hará incurrir al juez en multa de 10 a 100 veces el salario mínimo vigente en el momento y lugar en que hubiere ocurrido la omisión.
Artículo 399...
Fuera de los casos de libertad ordenada por órgano jurisdiccional, o de aquellos a que se refiere el artículo 107 constitucional, en ningún otro se encarcelará al inculpado sin que previamente el encargado del reclusorio lo notifique personalmente al Ministerio Público.
Artículo 490. A la falta de disposición expresa de este código, en la tramitación de los incidentes sobre reparación del daño exigible a persona distinta del inculpado, supletoriamente se aplicará, en lo conducente o en lo que determinara la ley, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Estos incidentes se tramitarán por separado. Las notificaciones se harán en la forma que señala el capítulo XII del título primero de este código.
Artículo segundo. Se reforma la denominación del capítulo I del título quinto, del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Comprobación del cuerpo del delito y de la presunta responsabilidad del inculpado.
TRANSITORIO
Artículo único. Las presentes reformas entrarán en vigor a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.
México D. F., 24 de octubre de 1986.
Senadores: Víctor Manzanilla Schaffer, presidente; Ramón Martínez Martín, secretario; María del Carmen Márquez de Romero, secretaria.
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
MONEDAS DE 500 PESOS
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable asamblea:
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, fue turnada para su estudio y dictamen en los términos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la iniciativa del Presidente de la República que señala las características de las monedas de quinientos pesos.
El Ejecutivo Federal considera que las características señaladas por el Congreso de la Unión para las monedas de quinientos pesos, son muy similares a las de las monedas de cuproníquel conmemorativas del CLXXV aniversario de la iniciación de la Independencia, del LXXV aniversario del comienzo de la Revolución y del XIII campeonato mundial del fútbol que se celebró en nuestro país en este año. Lo anterior, se estima puede originar problemas en cuanto a su adecuada diferenciación, puesto que su circulación puede ser coincidente. Además, se estima que es correcto
que con las nuevas características que propone de la moneda de quinientos pesos, se logrará una adecuada economía en la fabricación de dichas piezas.
La Comisión, una vez estudiada la iniciativa, considera procedente dicha propuesta, aunada además a que, una vez diferenciadas las referidas monedas de quinientos pesos de las de doscientos pesos, las características señaladas por el Congreso para estas últimas, pueden ser utilizadas en lo futuro, para aquellas piezas conmemorativas que se acuerde emitir.
En forma adicional, el proyecto propone reducir un milímetro el diámetro de las piezas de quinientos pesos autorizadas por el Congreso de la Unión, con lo cual se hace más fácil su circulación, pues queda ligeramente mayor a la moneda de cien pesos, de la que además se distingue por su color.
Asimismo, debe señalarse que con las nuevas características de la moneda de quinientos pesos, se mantiene el sistema dimensional de los propios signos cambiarios, establecidos por la legislación actual.
Por los anteriores razonamientos, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera procedente la iniciativa del Ejecutivo de la Unión y propone a esa honorable asamblea la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Que señala las características de las monedas de quinientos pesos.
Artículo primero. Las características de la moneda de quinientos pesos a que se refiere el inciso b), del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, serán las siguientes:
Valor: quinientos pesos
Diámetro: 28.5 mm (veintiocho milímetros cinco décimas)
Composición: Podrá, conforme a lo previsto en el citado artículo 2o., inciso b), ser cualquiera de las siguientes:
a) 0.160 a 0.180 (ciento sesenta a ciento ochenta milésimos) de cromo; 0.0075 (setenta y cinco diezmilésimos) de níquel máximo; 0.0012 (doce diezmilésimos) de carbono máximo; 0.01 (un centésimo) de silicio máximo; 0.01 (un centésimo) de manganeso máximo; 0.0003 (tres diezmilésimos) de azufre máximo; 0.0004 (cuatro diezmilésimos) de fosfato máximo; y lo restante de fierro.
En esta composición, las tolerancias serán las máximas antes indicadas; el peso será 11.1 g (once gramos un décimo) con una tolerancia en peso por unidad de 0.390 g (trescientos noventa miligramos) en más o en menos.
b) 0.0055 (cincuenta y cinco diezmilésimos) de carbono, máximo; 0.009 (nueve milésimos) de manganeso, máximo; 0.0025 (veinticinco diezmilésimos) de silicio, máximo; 0.001 (un milésimo) de fósforo, máximo; 0.0005 (cinco diezmilésimos) de azufre, máximo; 0.06 (seis centésimos) de níquel, máximo, y lo restante de fierro.
En esta composición las tolerancias serán las máximas antes indicadas; el peso será 11.9 g (once gramos nueve décimos) con una tolerancia en peso por unidad de 0.420 g (cuatrocientos veinte miligramos) en más o en menos.
c) 0.750 (setecientos cincuenta milésimos) de cobre y 0.250 (doscientos cincuenta milésimos) de níquel.
En esta composición la tolerancia será 0.015 (quince milésimos) en más o en menos; el peso será 12.7 g (doce gramos siete décimos), con una tolerancia en peso por unidad de 0.440 g (cuatrocientos cuarenta miligramos) en más o en menos.
d) 0.010 (diez milésimos) de níquel, máximo; 0.030 (treinta milésimos) de cobre, máximo y lo restante de zinc.
En esta composición las tolerancias serán las máximas antes indicadas; el peso será 10.2 g (diez gramos dos décimos), con una tolerancia en peso por unidad de 0.360 g (trescientos sesenta miligramos) en más o en menos.
Cuños:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda en el exergo "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: Al centro, mirando hacia la derecha en posición de tres cuartos, la efigie de don Francisco I. Madero; centrados en el campo inferior, en conjunto para leerse en dirección horizontal, el signo de pesos "$" y el número "500"; en la parte inferior izquierda para ser leído en dirección horizontal, iniciando después del marco y terminando arriba del signo de pesos, el apellido de "Madero"; en el campo superior izquierdo, sobre el eje horizontal el año de acuñación; en la parte inferior derecha el símbolo de la Casa de Moneda de México "M", en el marco sesenta y ocho gráfilas escalonadas.
Canto: Será liso para la composición del inciso a) y estriado para las composiciones de los incisos b), c), y d).
Artículo segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta del Banco de México, determinará la composición metálica de la moneda de quinientos pesos a que se refiere el presente decreto, señalando cualquiera de las alternativas previstas en el artículo anterior o sustituyendo la así señalada por otra de ellas, tomando en consideración las condiciones de abastecimiento de los metales respectivos y su costo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará al Congreso de la Unión, en el mes de noviembre de cada año, de las determinaciones que sobre la composición metálica de la moneda de quinientos pesos, hubiere efectuado en los doce meses anteriores, según lo dispuesto en el párrafo anterior de este artículo.
Artículo tercero. A partir de la fecha en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine la composición de la moneda a que se refiere el artículo procedente, la Casa de Moneda de México deberá iniciar los ajustes que requieran sus instalaciones para llevar a cabo la acuñación de dicha moneda.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se deroga el decreto de 18 de diciembre de 1985, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 9 de enero de 1986, en la parte relativa a las características que fijó para la moneda de quinientos pesos.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México D. F., a 22 de diciembre de 1986.
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Presidente, Luis Orcí Gándara; secretario, Porfirio Camarena Castro; Hesiquio Aguilar de la Parra, Amilcar Aguilar Mendoza, Oscar Aguirre López, Abelardo Alanís González, Rebeca Arenas Martínez, José Eduardo Beltrán Hernández, Gonzalo Castellot Madrazo, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Francisco Contreras Contreras, Dante Alfonso Delgado Rannauro, Blanca Esponda de Torres, Romeo Flores Caballero, Félix Flores Gómez, Jorge Flores Solano, Oswaldo García Criollo, José Ramón García Soto, Javier Garduño Pérez, Enrique González Isunza, Marcela González Salas, Angel Sergio Guerrero Mier, David Jiménez González, Agustín Leñero Bores, Rafael López Zepeda, Amado Llaguno Mayaudón, Alberto Mercado Araiza, Adrián Mora Aguilar, Alejandro Ontiveros Gómez, José Angel Pescador Osuna, Alfonso Reyes Medrano, Eduardo Robledo Rincón, Humberto Salgado Gómez, César Augusto Santiago Ramírez, Fernando Ulibarri Pérez, Roberto Valdespino Castillo, Jorge Alcocer Villanueva, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Carlos Barrera Auld, Roberto Calderón Tinoco, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, José Angel Conchello Dávila, Máximo de León Garza, Alejandro Gascón Mercado, Jorge Ortiz Gallegos, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Graco Ramírez Garrido Abreu, Rubén Rubiano Reyna, Héctor Terán Terán.
El C. presidente: -En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada... Se dispensa la lectura al dictamen señor presidente.
Es de segunda lectura.
El C. presidente: - Está a discusión en lo general el dictamen.
Se abre el registro de oradores en lo general. Ya están anotados los ciudadanos diputados en contra.
Tiene la palabra en contra, el diputado Jorge Alcocer Villanueva.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: -Señor presidente; señores diputados: resulta siempre complicado iniciar debates cuando todavía priva en el salón ambiente de jolgorio. Pero vamos a ver si podemos hacer algo.
¿Por qué nos hemos inscrito en contra de una iniciativa que aparentemente no tendría mayor trascendencia ni repercusión? ¿Quién puede objetar que la moneda de quinientos pesos que propone ahora el Presidente emitir, pues tenga un grosor de tales características, tantas grecas o como se les llame, en el canto que diga, que
tenga un escudo nacional? No se trata desde luego de impugnar eso. Queremos más bien llamar su atención sobre tres aspectos: el primero, que sigue siendo quizá lo más absurdo de este tipo de iniciativas, sea que el Congreso de la Unión deba discutir la emisión de las monedas, pero no discuta la emisión de los billetes, porque el Ejecutivo con la complacencia de la mayoría de la Cámara, o sea de la fracción priísta, tiene un sui géneris interpretación del texto constitucional. Como el Constituyente puso ahí que el Congreso de la Unión tiene la facultad de autorizar la emisión de moneda, entonces el Ejecutivo interpretó que los billetes no. Y a lo mejor tiene razón, porque esto demuestra que este Congreso de la Unión, pues es un Congreso morralero; aprueba la morralla pero no aprueba el billete.
Se puede también suponer que esa es la interpretación del Ejecutivo. Nosotros seguimos pensando que es un absurdo jurídico, es un absurdo desde cualquier punto de vista que por aquí tengamos que conocer, discutir y ustedes aprobar, la emisión de la morralla y el billete, ése el Presidente decide de a cuánto, cuántos y cuándo, los imprime, los emite, los lanza a la circulación. Este es un primer absurdo que ahí seguirá mientras persista esta manera de conducirse del Ejecutivo, y mientras persista esta manera de conducirse de la mayoría de la Cámara.
Hay una segunda cuestión que yo llamo la atención, no con otro ánimo sino de que empecemos de una vez a ver los dictámenes, porque luego, como aquí siempre se les dispensa la lectura, la mayoría de los diputados no saben ni lo que están aprobando.
Miren yo no voy a dar lectura aquí, es muy breve, lo podrían aquí hacer ustedes también, pero quien lea este dictamen no sabe de que se trata, esto es una serie de explicaciones que uno dice bueno, quien sabe que están haciendo, se habla de unas monedas de doscientos pesos que se iban a emitir y no emitieron, nunca se dice por qué; ahora se emiten las de quinientos pesos porque hay economía frente a las de doscientos, y otra series de enredos que nadie entiende bien, pero bueno, es pecata minuta.
Pero el asunto principal, sobre el que yo quiero llamar su atención, es sobre lo que representa que ahora se vayan a emitir monedas de quinientos, bueno, hemos venido viviendo durante la última década, quizá un poco más, lo que podríamos llamar el proceso de monedización de los signos de pago en México, que no es más que un reflejo fiel de un proceso mucho más profundo, que es esta continúa escalada de la inflación frente a la cual los signos monetarios van quedando en desuso. ¿Quién se acuerda hoy -pues la mayoría de nosotros lo conocimos-, pero quién se acuerda que una vez hubo en este país monedas de un centavo, de cinco centavos, de 10 centavos hasta de 15 había; que había billetes de veinte pesos, había billetes de cien pesos. Ahora van a desaparecer los de quinientos y dentro de un año vamos a estar aquí votando seguramente la aparición de monedas de mil pesos y por el rumbo que vamos, pues a cinco años plazo habrá monedas de 20 mil pesos para llamar en las casetas telefónicas ¿por qué? Porque lo que está en el fondo, es un proceso incontrolable de inflación que deja en desuso los signos monetarios, y entonces el problema real que deberíamos estar discutiendo, es si en el origen de este fenómeno, el Congreso de la Unión algo puede hacer, o si vamos a seguir siendo espectadores pasivos del deterioro progresivo del poder de compra, del poder adquisitivo de los trabajadores, en general de todos aquellos que viven de un salario, de un ingreso fijo, porque eso es lo que representa este tipo de iniciativa.
Es dejar que la inflación siga golpeando a los trabajadores, es dejar que la inflación siga corroyendo la estructura política del país, mientras el Gobierno lo único que hace es ir adaptando su sistema de pagos, para que pues así no tengamos que traer tantos billetes de quinientos que además, se desgastan muy rápido, y ahora tengamos que cargar monedero los hombres y bolsa grande las mujeres, para poder echar la morralla, porque eso es en lo que han convertido nuestro ingreso. Y el problema real entonces estriba en cuál es la política que el Gobierno Federal aplica frente al origen del problema que es la inflación, y lo que nosotros sostenemos es que no hay una política congruente, no hay una política a fondo de lucha antinflacionaria, sino lo que hay es la política de ir sobrellevando la inflación y de ir permitiendo que por encima del objetivo que debiera ser prioritario, de defender el ingreso y el poder de compra de las más amplias capas de la población, se impongan los criterios fondomonetaristas, se impongan los criterios de los compromisos con el exterior, se impongan los criterios de protección del capital especulativo.
Aquí lo que debiéramos estar discutiendo, es qué puede hacer el Congreso de la Unión, o qué debe exigirle o sugerirle al Ejecutivo de la Unión que haga con esas tasas de interés que el señor Mancera fija cada semana, más altos y más altos, creyendo que con eso va a controlar la inflación, cuando lo único que hace es alimentarla.
¿Quién va a invertir un peso en México en su sano juicio, cuando la banca paga 100% de interés? ¿Qué industria da el 100% en un año, de rendimiento? ¿Cómo puede un país reactivar su economía, cómo puede un país generar un empleo, cuando las tasas de interés están a ese nivel? ¿Cómo puede un país generar empleo o generar ingreso, volver a crecer, cuando el tipo de cambio sigue siendo uno de los elementos de mayor
especulación y de mayor empuje inflacionario? ¿Cómo se puede recuperar el crecimiento, cuando desde el Gobierno se atiza a la inflación aumentando sin recato alguno los bienes y servicios que proporciona el Estado, y cada semana hay nuevos aumentos en la electricidad, en los teléfonos, en la gasolina, en las tarifas de agua, en lo que sea que proporcione el Estado? la política es para arriba. Esa es la economía realista de la que habla el Presidente de la República y su gabinete.
¿Cómo vamos nosotros a poder controlar el fenómeno que está en el fondo de esa iniciativa de ley, cuando el Estado no cuenta con mecanismos que le permitan controlar la estructura de precios del sector privado, cuando la Secretaría de Comercio se ha convertido, para todo fin práctico, en una autorizadora o solapadora de los aumentos de precio?
Eso es lo que tendríamos que discutir en torno a estas iniciativas, porque, repito, si son cuproniquel, que si son de tal tamaño y no de otro, que si se van a confundir con tal moneda o no se van a confundir, ¿a quién le importa eso? Lo que importa es lo que está en el fondo, y eso es lo que este Congreso está dejando de lado, el origen de los problemas y no estas vaciladas. (Aplausos.)
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado José Angel Conchello Dávila.
El C. José Angel Conchello Dávila: -Señor presidente; señores diputados: algunos miembros de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, les invitamos a que mediten en el sentido, vamos a decir, históricamente inconstitucional, que tiene el aprobar esta iniciativa. Nos oponemos, por ser un acto que no tiene ninguna realidad económica, es un engaño constitucional, es una mentira en contra del pueblo de México.
Si bien es cierto que la fracción XVIII del artículo 73, habla de que son facultades, que el Congreso está facultado para establecer Casas de Moneda, fijar las condiciones que éstas deben tener, dictar reglas para fijar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas, esto no tiene ninguna validez en la actualidad, no tiene ninguna dimensión real.
El sentido original de esta facultad que nos concede la Constitución era muy distinto, era parte del sistema de frenos y contrapesos de los poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, o el Estado llano y el monarca en otros tiempos, obedecía a condiciones monetarias totalmente distintas a las actuales, hoy, este párrafo es un fósil legislativo que dadas las condiciones actuales no sirve absolutamente para nada. Es como esa otra facultad que también aparece de que el Congreso está facultado para decidir las buenas y malas presas de guerra, cosa que se dio en tiempos de piratas pero que ya no existe.
Es que la idea de que le Congreso controle las características de la moneda, era la idea de que debía de controlar también el poder adquisitivo real de cada moneda, y es que en otros tiempos la estabilidad del dinero en circulación se conseguía con monedas metálicas que valían según su contenido en oro, en plata, o a veces, en cobre o en cuproniquel, era el valor intrínseco. Y hasta principios de este siglo la estabilidad de la moneda fue un medio de mantener el saneamiento de los precios y de los presupuestos de los gobiernos; vamos, durante la edad media, los monarcas surgidos de dinero solían hacer una operación que se llamaba el recorte, recogían cierto tipo de monedas, doblones de ocho o de a cuarto; las fundían, les agregaban cobre y aumentaban el número de ellas, y entonces el volumen de monedas en circulación era mayor, pero eso hacía elevar los precios.
Cuando esto ocurría, ocurrían dos fenómenos indeseables: cuando los precios se iban para arriba, las monedas valían menos que antes, pero las monedas que seguían circulando con la misma ley antigua, las que aún no estaban refundidas, valían más como metal que como dinero. Y entonces las atesoraban, lo que dio origen a esa ley conocida de sir Thomas Resham, de que la moneda mala expulsa a la buena.
Estos recortes monetarios, fueron sin embargo, un recurso muy socorrido de parte de los monarcas. Cuéntase que Nicolás Oresmes, un economista del siglo XII, hablaba de que los monarcas tenían tres formas de hacerse de dinero: una era elevar los impuestos, otro era fundir sus propias reservas y la tercera era recoger monedas, falsificarlas metiéndoles menos ley y devolverlas al mercado. El decía que la peor de todas era el llamado recorte, o sea, lo que hoy llamaríamos la inflación. Y para protegerse contra ese recorte de los monarcas, había que establecer un sistema seguro, inamovible del contenido de metales preciosos de las monedas. Entre los antiguos judíos su ciclo, su moneda depositada en el templo y conforme a ese contenido deberían hacerse todas las demás monedas; pero cuando viene el Estado llano, exige el pueblo francés que el rey no pueda cambiar las monedas sin consentimiento de la asamblea popular, y desde entonces, cuando avanza la democracia parlamentaria, se deposita en el Congreso la facultad de controlar el contenido de las monedas, porque así se controla el contenido real y su valor adquisitivo.
Desgraciadamente o afortunadamente para otros, cuando vino la moneda de papel cambian las cosas. Pero en este país han de recordar ustedes que en el año de 1925, cuando con la nueva
administración del Banco de México, con la nueva estructura de un Banco Central, en vida entre otros notables pensadores el maestro Gómez Morín; cuando en 1925 se lanzan los billetes de cinco pesos, se invita al público y a la prensa para que vea que en las bóvedas del Banco de México están la plata y el oro que garantizan que esas monedas tienen un valor real. Por eso antiguamente los billetes de cinco pesos decían "El Banco de México pagará al portador cinco pesos", porque el billete era representante de cinco pesos que estaban guardados en las bóvedas del Banco de México.
Pero luego vino el papel moneda, donde no hay respaldo metálico. Se pensó que había que controlar esas emisiones exageradas y se dijo que el Banco de México sólo emitiría billetes como redescuento contra papeles comerciales que le entregaran los bancos privados, y había un control a manera de que la moneda no se desbocara, que respondiera a las necesidades reales del mercado; pero ya en 1931, ante el crecimiento de la deuda, ya cambia la situación y hay un director del Banco de México que inicia el desastre monetario, es el licenciado Eduardo Suárez que acepta las teorías keinesianas y dice en 1934: "la política financiera ha sido determinada por la preocupación primordial de impulsar el desarrollo económico de México, la moneda como actualmente se le concibe, es una creación del Estado o del sistema bancario controlado por el Estado, en uno y en otro caso el Estado está en aptitud de ampliar o restringir a voluntad, la circulación de la moneda con las consecuencias que de ello se derivan: repartición de la riqueza o desempleo y miseria".
A partir de ese momento comienzan las emisiones de billetes de parte del Banco Central, aunque en forma tan comedida, que pudimos gozar durante más de 30 años una estabilidad de precios que no empobreció a nadie. Sin embargo, a partir de 1970, faltos de una verdadera injerencia, de un verdadero control del Congreso para controlar toda la moneda y no solamente las monedas metálicas, comienza la debacle monetaria de México.
De hecho, durante este sexenio los billetes en circulación se han casi cuadruplicado y se han elevado de 503 mil 800 millones de pesos en diciembre de 1982, al billón de pesos en julio de este año, es decir, los billetes en circulación se han multiplicado por cuatro, han aumentado en uno y medio billones de pesos y sobre eso no se le ha preguntado nada al Congreso de la Unión, con ese dinero el Gobierno alimenta el déficit, y cuando no le alcanza, emite certificados de participación o certificados de tesorería que han llegado a un equilibrio catastrófico y si no tenemos facultad real para defender el poder de compra del dinero, si no tenemos injerencia en el valor adquisitivo real del dinero, esto que estamos haciendo, de aprobar las monedas de a 500 pesos, es un ejercicio bajo, es una ilusión constitucional, pues no importa las características que tengan, nosotros no vamos a controlar su verdadero poder de compra.
Sería cosa de pensar qué reglas deben establecerse generales, que la emisión de billetes no empobrezca el dinero del pueblo, porque el peso no pertenece al Gobierno, el peso, el dinero pertenece al pueblo.
Si aprobamos esto así indiscriminadamente, vamos a hacer creer al pueblo que tenemos facultad para detener o para medir el valor adquisitivo del dinero, y para no fingir una facultad que realmente no tenemos, para dejar constancia de que nos oponemos a la forma caótica como se maneja, se erosiona, se disminuye, y casi se convierte en una especie de expansión el peso mexicano, por eso señores les pedimos que votemos en contra de esta iniciativa. Muchas gracias.
El C. presidente: -Por la comisión, tiene la palabra el diputado Rafael López Zepeda.
El C. Rafael López Zepeda: -Señor presidente, compañeras y compañeros diputados: en primer término habría que reconocer la muy gentil reconvención que nos hizo nuestro compañero diputado Alcocer, para el orden en este Congreso. Habría que empezar por eso, compañero diputado.
Y para hablar de orden, también habría que decir que este asunto que estamos debatiendo, hay que circunscribirlo en otros aspectos bien claros y bien diferentes. Uno que es en sí una iniciativa de ley sencilla, una iniciativa de ley muy clara que proponemos exclusivamente modificar las dimensiones de una moneda y aprobada por este Congreso y que pretenda darle dimensionalidad al sistema monetario mexicano, y modificar, eliminar inclusive la posibilidad de la confusión en el manejo de las monedas al tener ésta tamaño diferente, como ya lo dije, de otras ya aprobadas por el Congreso. como bien se puede leer -para quien tenga interés en leerlo-, en la iniciativa de ley y cono se puede tener que leer en la iniciativa de ley y en el propio dictamen.
Yo creo que también habría que, en otro orden de ideas, establecer por otro lado también esta forma de ver las cosas del compañero Alcocer.
El ve detrás de las monedas de 500 pesos, el combate a la inflación, y ve además medidas fondomonetaristas. Creo que además ha de ver también algunos otros fantasmas detrás de estas monedas de 500 pesos. Pero lo que el compañero Alcocer no ve, es la necesidad de respetar este
Congreso, de respetar esta tribuna, de respetar a la audiencia que acude a este Congreso, este Congreso no puede admitir y mi partido no lo admite bajo ningún concepto, el llamarle "Congreso morrallero".
Compañeras y compañeros diputados, hay morralleros perfectamente identificables en este Congreso, que apenas han alcanzado el uno y medio de las votaciones. Esos son morralleros y no los que vienen aquí a insultar al Congreso y a insultarse a sí mismos, como propios diputados federales que dicen ser los señores que usan la tribuna.
Lo que es más, tal parece que también al compañero le causa cierta provocación la moda de las bolsas y de los monederos, porque él quisiera usar, aunque sea un modelo muy grande o muy chico, quizá tenga nostalgia de los centavos, también se ve su preocupación centavera del compañero diputado por recuperar monedas que antes existían y que ya no se usan. La verdad compañeros diputados es que esta es una iniciativa muy clara, muy bien expresada en su iniciativa, en la redacción del propio dictamen que, como ya lo dije antes, quien quiera entender, quien quiera leer con claridad lo que la iniciativa refleja, pues simplemente tiene que tomarla entre sus manos y darle unos minutos de su tiempo para leerla y verdaderamente entenderla.
Creemos compañeros que definitivamente, como por aquí se dijo, la inflación no puede ser detenida ni controlada por decreto. Si algo ha sostenido el Gobierno de la República, si algo ha sostenido mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, es la lucha contra la inflación, es el combate contra la inflación; si algo preocupa a todos los mexicanos es reducir los niveles actuales de inflación, pero todo parece que aquí se quiere llamar la atención del Congreso, para simplemente decir que estas monedas son reflejo de inflación, que estas monedas van a intentar combatir la inflación, cosa más falsa, más burda compañeros, no puede ser posible que la tribuna se use en estos casos para simplemente tratar de llevar agua a sus molinitos; no es posible ver tantos fantasmas detrás de una iniciativa de ley tan simple y tan sencilla. Es por eso que los miembros de mi fracción parlamentaria nos vamos a manifestar absolutamente a favor de su aprobación y es por eso, compañeras y compañeros diputados, que solicitamos de ustedes su apoyo para que en su momento expresen su voto favorable para apoyar esta iniciativa de ley.
Sin embargo, también se dice por otro lado que este Congreso no tiene la facultad del control de la emisión de billetes; creo que habría que recordar también algo muy importante que sucedió en la pasada legislatura.
La pasada legislatura aprobó un reglamento, un ordenamiento jurídico para el Banco de México, que determina muy claramente que la institución deberá enviar al Congreso de la Unión, un informe anual de operaciones en el cual -por cierto vale la pena subrayarlo y destacarlo, vale la pena subrayarlo compañeros-, se incluye un informe de la proyección de la emisión de billetes y se incluye también una proyección de la demanda y de la oferta de billetes y monedas; hay que tener presente esto para poder razonar acerca de la aprobación de esta ley, hay que tener presente todo esto compañeros para no dejarnos llevar por absurdas expresiones, que solamente pretenden atraer la atención de quienes verdaderamente no pueden conocer la realidad nacional. Muchas gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Jorge Alcocer Villanueva.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: -Señor presidente; señores diputados: una desventaja que tienen diputados como el que me antecedió en el uso de la palabra, es que por estar oyendo lo que tienen que venir a decir aquí, no escuchan a los oradores. Entonces lo mejor sería que se preparen antes.
Yo no voy a contestar las vulgaridades que vino aquí a decir López Zepeda, parece que no tiene caso, ya lo conocemos en ese estilo -bueno es su estilo-. Cuando no hay ideas, cuando no hay capacidad de razonar, pues es muy fácil hacer esto, pero sí quisiera que alguien que tuviera un poco más de materia gris en la cabeza me contestara algunas preguntas. ¿Qué quiere decir dar dimensionalidad al sistema monetario? ¿Son los tamaños de las monedas? ¿Eso es lo significativo? ¿Es que la moneda de 100 pesos tenga de diámetro tanto que la de 500 pesos? ¿Eso es lo importante? ¿Eso es materia que el Congreso pueda introducir como elemento central de su discusión? ¿Qué expresa la emisión de monedas de signo monetario cada vez más elevado en términos nominales? Hay que preguntarnos eso, esa es la pregunta exactamente. No es trivial ni secundario que estemos ante un proceso de monedización de los signos de pago de México, y ahora estemos y tengamos que enfrentar la emisión de monedas de 500 pesos. Si, porque antes había moneda de un peso y valía, servía para algo y eso no es trivial, expresa, aunque algunos no lo entiendan así, un proceso grave de deterioro de nuestra economía, un proceso grave de deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores y en general de los signos de pago del país, eso es lo que expresa y eso es lo que está en el fondo de la emisión de signos monetarios, de signos de pago. Pues sí.
Y el otro absurdo efectivamente, que aquí desarrolló el diputado Conchello, aunque yo tenga
profundas discrepancias con toda la argumentación central, pero el absurdo existe, el Congreso puede aprobar monedas, pero no puede aprobar billetes, porque los billetes son papel moneda, según la interpretación que le han dado a esta fracción constitucional y entonces aquí aprobamos la morralla. Pues de qué se espantan ¿no es cierto que aprobamos la morralla? ¿o no es este un término de uso común en nuestros medios? ¿Alguien no sabe de qué se habla, cuando se habla de la morralla? Bueno, en ese sentido yo hice la metáfora, de que este era un Congreso morrallero, pues aprueba la morralla y no discute ni aprueba lo importante. Entonces nosotros no vemos fantasmas, ni creemos que la preocupación central de este Gobierno sea la lucha contra la inflación, pero miren, aun aceptando sin conceder, que esa fuera la preocupación central, hombre pues de menos reconozcan que les ha ido como en feria en esta preocupación central, porque cuando este Gobierno empezó, la inflación era del 100% y este año según las estimaciones del Gobierno, va a ser de 115%, entonces acéptese que las medidas contra la inflación no han operado, no han funcionado y lo que hoy tenemos es, agravado el problema inflacionario y eso se expresa en la necesidad de emitir signos monetarios de valor nominal cada vez mayor, y así como ahora hay monedas de 500 pesos y hay billetes de 20 pesos y pues sí, eso es lo que está en el fondo, para quien lo quiera entender y pueda tener penetrabilidad en su cerebro, como alguna vez reclamamos desde esta tribuna. Esos son nuestros fantasmas.
El C. presidente: - Tiene la palabra para hechos el C. diputado Eugenio Ortiz Gallegos.
El C. Eugenio Ortiz Gallegos: -Compañeras y compañeros diputados: que no es legítimo decir que esta Cámara no puede mediante legislación, mediante decretos, mediante el ejercicio de su Poder legislativo, intervenir para controlar los fenómenos económicos. Aquí se ha dicho por parte de uno de los representantes de la mayoría relativa, que la inflación no se puede controlar por decreto. La inflación se está creando por decreto y por el sistema de leyes; cómo se puede convenir y calcular los caminos para que la inflación se detenga.
Una vez más se está haciendo el juego a la renuncia de la capacidad legislativa que tenemos en este Congreso, la oportunidad de que se hable de este tema a propósito de que se está aprobando una ley de acuñación de moneda, no impide que también se señale que la acuñación de moneda es una facultad obsoleta de la Cámara, cuando se está dejando de ejercer la capacidad para imprimir, la capacidad para legislar la impresión de billetes.
Dos temas paralelos que concurren en la misma esencia de la facultad que tiene esta Cámara, para ser quien cree la estructura jurídica que ha de normar los actos del Ejecutivo, y segundo, que esta Cámara debe tener la capacidad para ejercer esa facultad legislativa.
Que no se convierta este debate en un juego de baladí de palabras y de pequeños insultos, es legítimo a fondo en el problema. El problema de fondo es que le hemos dicho al Ejecutivo en el presupuesto, que su déficit de este año debería ser no mayor de 4.5% del producto interno bruto, y que el régimen ejecutivo estará llegando a cerca del 12%, tres veces más de lo que aquí le aprobamos.
Y lo mismo sucedió en 1985 y en 1984 y en 1983, y como aquí se ha señalado, el régimen anunció que iba a hacer una disminución de la inflación, y en ningún año pudo llegar a las metas que estaba cumpliendo.
Nos toca legislar, y a través de la legislación, los controles para que este Gobierno ejecutivo no siga haciendo errores que están costando la sangre y el hambre del pueblo.
¿Cuáles son esos controles? Una vez más, a propósito de un tema de acuñación de moneda, y no nos hagamos irresponsables de nuestra función, es preciso plantear los temas de fondo. Si no es a través de estos debates como llegamos a las conclusiones concretas y al convencimiento de que debemos cumplir con nuestro deber, no vamos a terminar nunca de controlar la inflación y de hacer que el Gobierno se convierta en eficiente.
Ya sé cuál es la respuesta de quienes están levantando el dedo para venir a esta tribuna; se que lo único que van a decir es que defienden al Ejecutivo en su fracaso económico, porque forman parte del Ejecutivo. (Aplausos.)
El C. presidente: -Tiene la palabra para hechos el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Pasará el compañero Morquecho en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, señor presidente.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Héctor Morquecho Rivera.
El C. Héctor Morquecho Rivera: -Señor presidente con su permiso; compañeras y compañeros diputados: lo que mi partido desea plantear en este asunto de este dictamen, no es propiamente que esté en contra de que las monedas de 500 pesos como tales, deban ser o no elaboradas y aprobadas, lo que toca a aprobadas por la Cámara, y desde luego aprobar su elaboración.
Pensamos que no es exactamente lo que pudiéramos objetar, es decir, nosotros no cuestionamos, digamos, el tamaño, el color, las características, el espesor, el contenido en metal, la mezcla, ni otros aspectos relativos a la fabricación de estas monedas, o si que esta Cámara está facultada para aprobar o no; sino que lo que nosotros estamos objetando y cuestionando, es el origen, la causa, es decir, lo que da origen a que en cada momento y en cada situación nueva, tengamos que estar aprobando moneda tras moneda, en virtud de precisamente la incontrolable inflación, de lo distorsionado de la economía, esa es la cuestión que nosotros estamos objetando y cuestionando.
No es lógico, compañeros diputados, desde todo punto de vista, no es lógico que nosotros queramos atender un problema de elaboración de monedas, de dar facilidades a la circulación, a los requerimientos, cuando no estamos atendiendo de fondo, no estamos tocando la raíz de este problema que es precisamente el problema económico. La rotundamente política económica equivocada del Gobierno.
Una economía distorsionada es lo que tenemos, una devaluación permanente, estancamiento; luego improductividad con especulación; planteamientos nuevos que están surgiendo y que la Secretaría de Hacienda ya ha tomado en sus manos la necesidad de llevar a cabo.
En este folleto que se llama "Documentos", escribe uno que se llama Claudio equis González, un elemento de la burguesía reaccionaria ligada al imperialismo norteamericano, un connotado sacadólares junto con los demás burgueses reaccionarios, está planteado exactamente lo que está planteando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En consecuencia, no es exactamente esa la manera de poder atender a fondo esta cuestión. Están pidiendo ellos que desaparezca el control de cambios, que se liberen todos los precios, que se eliminen los controles de precios -como si realmente hubiera-, que se revisen los aspectos de legislación laboral para efectos de explotar más a la clase trabajadora. Están pidiendo el revisionamiento del sector público, lo mismo que está haciendo la Secretaría de Hacienda.
Y dice en su escrito este señor, dice: "Ahora hemos recibido con gran interés el anuncio hecho por los señores secretarios de Hacienda y Crédito Público y Programación y Presupuesto, en el sentido de que en breves días se presentará una lista de las empresas prioritarias que conservará el sector público, para que el resto sean vendidas. Es decir, que se insiste de una manera terca, inclusive prepotente por el gabinete económico, particularmente por Hacienda, para reiterar esta política profundamente negativa.
Por eso nosotros queremos circunscribirnos, no al hecho, como dije al principio, sobre si las monedas deberían ser de una o de otra calidad o con otras características, sino que lo fundamental compañeros diputados, es en todo caso modificar la política económica, para evitar que estemos a cada momento en su tiempo, renovando las monedas, en virtud de que ese no es el camino para salir adelante de nuestra economía.
El C. presidente: -Por la Comisión, tiene la palabra el diputado Javier Garduño Pérez.
El C. Javier Garduño Pérez: - Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados: yo quisiera llamar su atención para concentrarnos en la iniciativa que la Comisión de Hacienda y Crédito Público está sometiendo a esta honorable asamblea; y lo que está proponiendo es un decreto que señala las características de las monedas de 500 pesos. Yo, con toda sinceridad, quisiera decirles a los compañeros que nos antecedieron en el uso de la palabra, que es ocioso venir a hablar aquí de morralla y cosas de esas, es ocioso venir a hablar aquí que la Cámara de Diputados no tiene facultades para aprobar estas iniciativas de ley, y es falso también e inexacto de que la Cámara de Diputados no controla la emisión de billetes.
Ustedes saben perfectamente bien que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco de México, deberá rendir un informe a esta honorable asamblea sobre el saldo financiero interno, sobre el financiamiento interno adicional y el saldo máximo que podría alcanzar el financiamiento interno. Con estas disposiciones, con estos informes que trimestralmente nos manda el Banco de México, es con lo que se controla precisamente la emisión de billetes, y no solamente la emisión de billetes, sino también el volumen de monedas que se van a producir, esto es compañeras y compañeros diputados, en la aprobación del presupuesto de egresos, en la aprobación de la Ley de Ingresos, estamos dando precisamente con toda exactitud la emisión que debe hacer el Banco de México, la emisión primaria que se llama, y después el Banco de México nos tiene que informar trimestralmente.
Lo que ahorita estamos discutiendo, compañeras y compañeros, son las características de esta moneda, nada más; para qué vamos a sacar otro tipo de cosas. Ahora, ustedes quieren hablar de la emisión de los billetes, pues también la Cámara de Diputados lo autoriza a través del presupuesto de egresos y el presupuesto de ingresos, y de los informes que trimestralmente nos está presentando el Banco de México, y así es como estamos controlando la emisión primaria.
Yo quisiera rogarle a la asamblea y rogarle a esta presidencia, que este asunto, siento que está discutido ampliamente, creo que se han debatido los puntos específicos de esta iniciativa y por lo mismo, señor presidente yo solicito que se someta ya a votación esta iniciativa de ley.
El C. presidente: -Tiene la palabra para hechos el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: -Sería posible confundir esta misma ley de acuñación de moneda, donde física y claramente se señala de qué tamaño van a ser las monedas, cuál su peso y demás, con la otra no existencia de una o de un decreto donde el Congreso, esta Cámara señale cuántos billetes se deben de emitir, de qué características van a ser y hasta qué color van a tener; vamos, resulta infantil saber que no es sino una ley obsoleta y anacrónica la que estamos manejando. No es que nos opongamos a que las monedas cumplan con la facultad y diga cómo van a ser las monedas, pero se está apuntando la deficiencia de la otra facultad que no existe, cuando alguien aquí ha venido a decir que porque le aprobamos al Gobierno un presupuesto, al Ejecutivo un presupuesto y ya se fijó el volumen de billetes, pues está viniendo a decir que no es lo mismo una cosa que otra ¿por qué no es lo mismo? Primero porque una vez más no tenemos el ejercicio para señalarle los billetes que puede imprimir, y el Gobierno está imprimiendo los billetes que le da la gana imprimir.
Segundo, por las que ya señalamos aquí, le damos al Gobierno el lineamiento de un presupuesto y ese presupuesto sale con déficit que no aprobamos. Luego no estamos legislando para que el Gobierno acate nuestra ley, estamos legislando para que el Gobierno siga haciendo lo que le parece oportuno y luego venga con sus compañeros de partido y les diga: "Fíjense que el año pasado me equivoqué y ustedes aprueben la cuenta del año anterior". Eso es lo que está sucediendo.
El C. Javier Garduño Pérez: -¿Me permite una interpelación?
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: -Con mucho gusto.
El C. Javier Garduño Pérez: -¿Ha leído usted los informes trimestrales?
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: -Claro que sí.
El C. Javier Garduño Pérez: -¿Ha hecho usted algún señalamiento o alguna crítica de ese informe?
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: -Claro que lo estoy haciendo y lo estoy haciendo en este instante, no sólo antes, ahora,
El C. Javier Garduño Pérez: -Precisamente por eso, si no estamos de acuerdo con ese informe, en ese momento hay que llamar la atención.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: -Por supuesto que le llamaré la atención cuantas veces sea necesario. Con mucho gusto lo haré.
Déficit monetario y déficit presupuestal, son la misma cosa en este país. Cuando el Gobierno no tiene suficiente dinero y quiere seguirlo gastando, se pone a imprimir billetes y es lo que ya se denunció aquí hace un momento.
Reiteramos nuestras dos observaciones: no está ejerciéndose la facultad de gobernar la economía de este país número uno, y número dos, se están aplaudiendo las malas y equivocadas medidas del Ejecutivo porque la mayoría relativa forma parte de ese grupo del Ejecutivo. Así no podemos sacar al país de la crisis en que estamos colocados; así no se cumple con un pueblo que está cada vez más en la miseria.
Y para terminar, qué bueno que nuestro compañero José Angel Conchello recordaba aquella costumbre de depositar en el templo judío las características de un tipo específico de moneda, para que no se falseasen esas monedas, eso ha sido lo que en la Constitución de 1917 quedó establecido, darle al Congreso el depósito sagrado de la normativa actuación, para que el Ejecutivo se someta al Legislativo. ¿Dónde quedó este Poder legislativo, cuando nadie de los miembros de la mayoría se atreve a señalar estas deficiencias del Poder Ejecutivo y aplaudir indefinida y permanentemente lo que está sucediendo que es la desgracia de este país? El templo sagrado de la Constitución se ha convertido en el templo de aquellos que simplemente mercadean su puesto al servicio del sistema. (Aplausos.)
El C. presidente: -Consulte la secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: -Por instrucciones de la presidencia se pregunta a la asamblea, en votación económica, si considera que está suficientemente discutido en lo general el dictamen.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutido señor presidente.
El C. presidente: -Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a
reservar algún artículo para su discusión en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto, en un solo acto.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: -Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se ruega a la oficialía mayor hacer los avisos a que se refiere el artículo 161 de nuestro Reglamento para el Gobierno Interior.
(Votación.)
El mismo C. secretario: -Señor presidente, la votación es la siguiente: 309 en pro, 39 en contra y tres abstenciones.
El C. presidente: -Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 309 votos, que señala las características de las monedas de quinientos pesos.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: -Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
La C. secretaria Alma Salas Montiel:
«Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Honorable asamblea:
A la Comisión que suscribe fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa para adicionar el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la fracción parlamentaria del partido Acción Nacional, en los siguientes términos:
Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de nuestra Constitución Federal, proponemos el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
A adiciones en su artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos deberán expresar:
VII. Los motivos y procedimientos para expulsar del sindicato a sus miembros y aplicarles sanciones y correcciones disciplinarias.
No podrán los sindicatos imponer, ni a los trabajadores que soliciten afiliarse a los mismos ni a sus miembros, obligaciones que impliquen menoscabo de sus derechos políticos y civiles, tampoco podrán imponerles sanciones sindicales o de trabajo, por razón de profesión ideológica y de afiliación política.
Sin que permita estipulación o pacto en contrario, la asamblea que resuelva sobre la expulsión de un trabajador, deberá celebrarse con las siguientes formalidades:
Primero. Será convocada por escrito cuando menos con 30 días de anticipación, señalándose en el orden del día en forma expresa, el caso que se trate de sancionar.
Segundo. El trabajador expulsado deberá ser citado para que concurra a la misma cuando menos con 30 días de anticipación, mediante escrito en el que se relacionen detalladamente los cargos que en su caso se formulen y las pruebas en que se funde la acusación. En el citatorio se le hará saber expresamente que puede ser oído en defensa de su caso, por sí o por persona de su confianza y se le dará a conocer el procedimiento que a tal respecto se seguirá.
Tercero. Deberá celebrarse en el local en que ordinariamente celebre sus asambleas el sindicato.
Cuarto. Deberán estar presentes cuando menos las dos terceras partes de los miembros del sindicato, sin este quórum no podrá instalarse la asamblea ni serán válidas sus resoluciones.
Quinto. No se admitirá que los trabajadores voten por conducto de representantes, ni que los ausentes emitan su voto por escrito, en todo caso la votación será nominal, pública o secreta, a elección del trabajador enjuiciado.
Sexto. Cuando el sindicato funcione por secciones, el procedimiento de expulsión se tramitará ante la asamblea general, pero el acuerdo que la decrete requiere aprobación previa de las dos terceras partes de los trabajadores de cada sección.
Séptimo. La expulsión del sindicato y la exclusión de trabajo, sólo podrán decretarse por causas graves, expresamente consignadas en los estatutos, debidamente comprobadas y exactamente aplicables al caso.
Octavo. En el acta de la asamblea deberán excluirse:
a) Lista de los miembros del sindicato con expresión de los que asistieron.
b) Constancia de que se permitió al trabajador
afectado, hacer su defensa y de si la hizo por sí o por conducto de persona de su confianza.
c) Constancia respecto de la forma en que se hubiera llevado a cabo la votación, y resultados del escrutinio.
Noveno. Cuando se aplique la cláusula de exclusión, el sindicato deberá expedir dentro de los tres días siguientes el acuerdo, copia certificada por triplicado del acta de la asamblea, incluyendo los datos relativos a los requisitos que esta fracción previene y las demás constancias que señale el trabajador sancionado, el sindicato entregará un tanto al trabajador, el segundo lo enviará a la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda y hará entrega de un tercer tanto al patrón, al notificarle el acuerdo.
No correrá en contra del trabajador el término para reclamar el acuerdo de expulsión ni la separación del trabajo, mientras el sindicato no le entregue la copia de referencia.
Se considerará que el sindicato no puso en conocimiento del trabajador sancionado las pruebas que no se transcriban en las copias certificadas que previenen los párrafos anteriores o, en su caso, que no las tomó en cuenta para dictar la resolución.
Décimo. La celebración de la asamblea, el acuerdo de exclusión y la separación de la misma, podrán ser reclamados por el trabajador afectado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente.
Onceavo. Queda prohibida la aplicación colectiva de sanciones sindicales, en los casos en que a varios trabajadores se les haya enjuiciado por los mismos hechos, se deberán expresar separadamente los cargos que se hagan a cada uno de ellos y la asamblea resolverá por separado cada caso.
Doceavo. En caso de considerarse la cláusula de exclusión procedente, se deberá conceder al afectado un plazo de gracia de seis meses por lo menos, para que pueda surtir efectos la medida dictada.
Los procedimientos a que se refiere esta fracción deberán seguirse en los casos en que un trabajador ya hubiera sido sancionado por el sindicato con suspensión de trabajo por más de 30 días en una o varias resoluciones anteriores.
CONSIDERANDO
Primero. Que el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo señala con toda claridad los requisitos que deben contener los estatutos de los sindicatos.
Segundo. Que conforme a tales normas, los sindicatos se estructuran, funcionan y ejercen su plenitud de derechos consagrados en la legislación de la materia.
Tercero. Que la fracción VII del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, señala que los estatutos de los sindicatos contendrán los motivos y procedimientos de expulsión y las correcciones disciplinarias a los miembros de los sindicatos, con respeto absoluto a la garantía de audiencia del trabajador en su defensa.
Cuarto. Que la misma fracción reconoce la autonomía de la organización sindical para que por conducto de su asamblea aplique sus estatutos que con la norma jurídica del sindicato, como lo establece el artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo.
Quinto. Que el texto y el artículo en cuestión no afecta la garantía consagrada en el artículo 5o. constitucional, ya que no hay pérdida o menoscabo de los derechos políticos y civiles por una decisión soberana de la organización sindical.
Sexto. Que las sanciones a que se refiere la fracción VII, del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo se originan en la falta de cumplimiento de las obligaciones sindicales del trabajador.
Séptimo. Que la aplicación de la cláusula de exclusión no tiene, ni debe tener ningún fondo o razón política, ni mucho menos se relaciona con el derecho del trabajador de afiliarse libremente a un partido político, que es una garantía consagrada por los artículos 9o. y 35 de la Constitución General de la República.
Octavo. Que el derecho de los trabajadores para coaligarse, para organizarse en sindicatos, está preservado con toda claridad por el artículo 123 constitucional, y el propio artículo 371 consagra como exclusiva decisión de la asamblea sindical, la aplicación de sanciones a los integrantes de un sindicato, y en especial en el caso de exclusión, mediante la aprobación de las terceras partes de los miembros del sindicato.
Conforme a las consideraciones anteriores que sólo resumen todas las disposiciones legales aplicables, se propone el siguiente
PUNTO RESOLUTIVO
Único. Se desecha por notoriamente improcedente, la propuesta de adiciones al artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que esta disposición laboral deberá mantener vigente su texto actual.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México D. F., a 6 de agosto de 1986.
Presidente, Blas Chumacero Sánchez; Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; Eduardo Acosta Villeda, Miguel Alonso Raya, Consuelo Botello de Flores, Rosalba Buenrostro López, Juan Moisés Calleja García, Eleazar Camarillo Ochoa, Jaime Castellanos Franco, Humberto Cervantes Vega, Joaquín Contreras Cantú, Emilio Cordero García, Porfirio Cortéz Silva, Eleno de Anda López, Leopoldo de Gyves de la Cruz, Blanca Esponda de Torres, Salvador Esquer Apodaca, Manuel Fernández Flores, Reyes Fuentes García, José Luis Galaviz Cabral, María de la Luz Gama Santillán, Cristóbal García Ramírez, José Ramón García Soto, Gerardo Gómez Castillo, Manuel Gurría Ordóñez, Eduardo Hernández Mier, Eduardo Lecanda Lujambio, Guadalupe López Bretón, Joaquín López Martínez, Rafael López Zepeda, Rafael Lozano Contreras, Gloria Mendiola Ochoa, Manuel Monrreal Zamarripa, Heriberto Morales Arroyo, Santiago Oney Cuevas, Carlos Palafox Vázquez, Ricardo Pascoe Pierce, Javier Paz Zarza, Javier Pineda Cerino, Rogelio Preciado Cisneros, Antonio Punzo Gaona, Samuel Quiroz de la Vega, Alberto Rábago Camacho, Raúl Ramírez Chávez, Salvador Ramos Bustamante, Leobardo Ramos Martínez, Sergio Roa Fernández, Marcelino Rodríguez Silva, Arturo Ruiz Morales, Rafael Sáinz Moreno, Antonio Sandoval González, David Serrano Acosta, Heriberto Serrano Moreno, Renán Solís Avilés, José Nerio Torres Ortiz, Héctor Hugo Varela Flores, Isaías Vázquez Mendoza, Juan Carlos Velasco Pérez, Patricia Villanueva Abrajam, Magdaleno Yáñez Hernández (no está de acuerdo con el dictamen) y Alejandro Encinas Rodríguez».
El C. Alfonso Joel Rosas: -Pido la palabra de acuerdo al artículo 109.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Alfonso Joel Rosas, en los términos del artículo 109.
El C. Alfonso Joel Rosas: -Honorable asamblea: el dictamen señala que el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, deja claros los requisitos que deben de contener los estatutos de los sindicatos.
En el punto número tres del mismo, señala que el caso del artículo en cuestión no afecta la garantía consagrada en el artículo 5o. constitucional, ya que se dice que no hay pérdida o menoscabo de los derechos políticos y civiles, por una decisión soberana de la organización sindical.
Como señalaba, en el punto número tres que contiene los motivos y procedimientos para aplicarles sanciones a los miembros de los sindicatos. Y en el punto número cinco, donde señalaba que no hay pérdida o menoscabo de los derechos políticos y civiles, por una decisión soberana de la organización sindical y que por lo mismo no se afecta al artículo 5o. constitucional, me permito exponer la siguiente conclusión.
Si todo lo anterior fuera cierto ¿por qué entonces al trabajador Martín Solórzano se le aplicó una sanción de tres días de suspensión de sus labores, por el solo hecho de no haber asistido a la recepción que su sindicato le hizo al candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del estado de Durango? ¿Es esa acaso una falta a las que se refiere el punto número seis del dictamen?
El dictamen en cuestión es contrario a la realidad que vivimos, porque sí se aplican sanciones a los trabajadores, exclusivamente por cuestiones políticas, que van desde suspensión temporal al trabajo, a la suspensión definitiva, al aplicárseles la cláusula de exclusión. Y si esto se hace por acuerdo de una asamblea, es todavía más grave, pues ninguna asamblea puede ir en contra de nuestra Constitución, como es el caso concreto de la sanción que se le aplicó a este trabajador, por ser esta contraria al artículo 5o. constitucional, pues la misma sí está lesionando los derechos y las garantías que están consagrados en nuestra máxima ley.
Tengo aquí la copia del oficio que le fue enviado al gerente de la empresa donde trabaja Martín Solórzano, y en donde se le aplicó una sanción por un hecho absolutamente político.
Ruego a la presidencia instruya a la secretaría para que de lectura del mencionado documento.
El C. presidente: -Proceda la secretaría a dar lectura al documento.
La C. secretaria Alma Salas Montiel:
«Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Similares y Conexos de la República Mexicana; Sección Durango; Ejecutivo Seccional.
Contador público Arturo Armas Hidalgo, gerente de la estación XEQ, Presente.
De conformidad con nuestro acuerdo de asamblea, notificamos a usted que se ha impuesto al C. Martín Solórzano, una sanción consistente en suspensión de su trabajo por tres días, correspondiente a los días 24, 25 y 26 del presente, en virtud de que faltó al citatorio que se le hizo para que asistiera a la recepción del licenciado José Ramírez Gamero, el pasado sábado 15 de los corrientes; evento que fue notificado con toda oportunidad, dicha suspensión abarca todas las plazas sindicales que esté desempeñando el mencionado compañero.
Aprovechamos saludarle.
Atentamente
"Por la emancipación de México"
Durango 18 de febrero de 1986.
Por el CES, el secretario general, licenciado Samuel Guillén Reyes; secretario del trabajo, Víctor Manuel Castro».
EL C. Alfonso Joel Rosas:- Señoras y señores legisladores: la realidad es esta, motivo por el cual me permití presentar la anterior iniciativa; en el dictamen en discusión se menciona que dichas adiciones deben desecharse por ser notoriamente improcedentes, yo pienso que son notoriamente procedentes, dado el argumento que estoy presentando ante ustedes y que refleja fielmente la manipulación política a la que se ven sometidos los trabajadores sindicalizados de México.
Por lo cual me permito solicitar a esta honorable asamblea:
"Único. Que el dictamen en discusión, sea regresado a la comisión respectiva".
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional el que habla. Es todo. Muchas gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Jorge Alcocer Villanueva, para hechos.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: -Señor presidente; compañeros diputados: nosotros vamos a presentar también una moción suspensiva. Sin embargo, como no pueden ser presentadas dos sobre el mismo asunto, queremos dar las razones por las que votaremos a favor de la moción suspensiva que ya ha sido presentada, y nos vamos a circunscribir a un asunto de procedimiento.
La iniciativa objeto del dictamen y que iniciaría su discusión ahora, se refiere a una propuesta hecha por el Partido Acción Nacional sobre el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, en concreto sobre el asunto cláusula de exclusión.
El grupo parlamentario comunista, coalición de izquierda, antecedente del grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, presentó el 12 de diciembre de 1980, una iniciativa de ley que tenía como fin derogar la facultad para incluir en los contratos colectivos la cláusula de exclusión, y afectaba entonces los artículos 195 y 413 de la Ley Federal del Trabajo.
Igualmente el grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, ya siendo grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, presentó el 17 de diciembre de 1981, una iniciativa de decreto para modificar el artículo 123 constitucional, en una de cuyas partes se hace referencia específica de la cláusula de exclusión.
Nosotros apoyamos la moción suspensia porque creemos que lo más positivo sería que la Comisión de Trabajo y Previsión Social desahogara en un solo dictamen el conjunto de propuestas que ha recibido y tiene en archivo sobre este problema de la cláusula de exclusión, con lo cual entonces podríamos hacer un debate que yo diría, hasta por economía legislativa, nos permitiera ir desahogando todos estos proyectos que se encuentran archivados, que se encuentran en la congeladora, y nos parece también que si esto fuese así, ello permitiría ampliar el horizonte de discusión y de posibilidades de la propia Comisión dictaminadora.
Nosotros no vemos por qué una Comisión dictaminadora debe circunscribirse a decir si se acepta o no; nosotros creemos que parte de la función legislativa, consiste justo en que quizá teniendo partes positivas una propuesta, o siendo confrontada con otras propuestas, se pueda avanzar en un dictamen no necesariamente en términos polares, si o no se acepta, sino a lo mejor se toma una resolución que avanza en el asunto planteado.
Entonces por esa razón, porque hay dos iniciativas de ley presentadas por el grupo parlamentario nuestro que no han recibido dictamen, que se refieren al mismo problema, que van a entrar a discusión, es que proponemos una moción suspensiva, para que la Comisión de Trabajo y Previsión Social conozca también de estas propuestas, las discuta y las incorpore a su dictamen. Nos parece que sería lo mejor y lo más procedente.
El C. Magdaleno Yáñez Hernández: -Pido la palabra en relación con esta propuesta.
El C. presidente: - Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Magdaleno Yáñez Hernández.
El C. Magdaleno Yáñez Hernández: -Señor presidente; señoras y señores diputados: la fracción parlamentaria del Demócrata Mexicano, apoya la moción suspensiva que ha venido a proponer el ciudadano diputado de Acción Nacional, en virtud de que esta fracción en la LI Legislatura, propuso también una iniciativa el 30 de octubre de 1979 sobre la cláusula de exclusión y hasta la fecha no se ha dictaminado. Creo que esto debe ser más realista y más acorde con la responsabilidad de dictaminar las iniciativas que anteriormente se ha presentado, ya que en sí todas van a parar a la congeladora y esto no está bien.
Por lo tanto, nos sumamos a la moción suspensiva del actual dictamen.
El C. presidente: -Como impugnador a la moción suspensiva tiene la palabra el diputado Sergio Guerrero Mier.
El C. Sergio Guerrero Mier: - Con su venia, señor presidente; señoras y señores diputados: en nombre de la comisión dictaminadora, venimos a impugnar la moción suspensiva que se pretende hacer valer contra el dictamen relativo a la iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional, para adicionar la fracción VII del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo.
La iniciativa contempla algunos aspectos muy interesantes a la luz del derecho social, porque no debemos olvidar que el derecho del trabajo es un derecho social, un derecho colectivo, que se da en materia, sin lugar a dudas, del debate que al rechazarse esta moción suspensiva, seguramente se establecerá con esta fracción parlamentaria.
Apunta el dictamen que desde luego los artículos 15 y 35 de la Constitución General de la República, salvaguardan los derechos políticos y sociales de los ciudadanos, los derechos políticos y civiles para el efecto de que no sufran ningún menoscabo dentro de su ejercicio.
El sindicato es más que nada un ente colectivo, y desde luego en la aplicación de las sanciones sindicales, o inclusive en la aplicación de la propia cláusula de separación, no se incurre en la violación de derechos de carácter individual. Mencionar algún caso particular como se ha hecho en esta tribuna, de ninguna manera quiere decir que se presente en un ámbito generalizado en el marco de las relaciones sindicales. Ciertamente llega a haber en la implementación o en la imposición de una sanción sindical una violación, o un menoscabo a los derechos políticos y civiles de los trabajadores, éstos tienen el derecho de reclamarlo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, e inclusive en el juicio de garantías.
Pero creo que fundamentalmente será materia de un amplio análisis que habremos de hacer en relación a lo que ha venido siendo durante mucho tiempo y reiteradamente, la concepción individualista del derecho del trabajo que se pretende hacer con un concepto anacrónico, superado ya por el derecho laboral contemporáneo que consagra precisamente al carácter colectivo; el "derecho de grupo" lo han llamado algunos tratadistas del sindicato y de la cláusula de exclusión.
Y esto que se pretende hacer o presentar como una justificación de una moción suspensiva, no llena de ninguna manera ni invalida, los argumentos jurídicos que la comisión invoca en el dictamen correspondiente, ni lo es tampoco siquiera la observación que hace el compañero diputado Alcocer, porque para su conocimiento, debemos de decirle que la iniciativa presentada por la fracción parlamentaria de Acción Nacional no se está pronunciando por la supresión de la cláusula de exclusión, sino por una reglamentación de esa cláusula de exclusión, según esto, para que no se aplique por motivos políticos e ideológicos.
Esto es la diferenciación que existe con otras iniciativas, con otras iniciativas que, no a guisa de disculpa, no han sido dictaminadas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por el simple y sencillo hecho de que como consta a los miembros de la comisión, se ha tenido que estar haciendo una intensa tarea de investigación, fundamentalmente en el Diario de los Debates, para el efecto de localizar esas iniciativas que no puedo recuperar -los archivos de la comisión-, a raíz de los sismos del 19 y 20 de septiembre del año pasado.
Y esto que está ya en proceso de integración, es para el efecto precisamente de que la comisión cumpla con dictaminar todas las iniciativas presentadas en periodos legislativos y en legislaturas anteriores.
Entonces, no tenía por qué, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, tener por fuerza que tomar en consideración iniciativas que contemplaban la supresión de la cláusula de exclusión esta iniciativa de Acción Nacional, repito, no la contempla, no se pronuncia por ello, es materia inclusive, abona la propia existencia de la cláusula de exclusión y solamente señala algunas circunstancias relativas a conceptos políticos ideológicos que no se presentan ni deben presentarse en su aplicación y ampliación de algunas reglas procesales que también son muy discutibles y materia desde luego de un análisis a la luz de la autonomía sindical y a la luz del derecho, que tienen los sindicatos de redactar libremente sus estatutos.
Por estas consideraciones, estimamos que ni por un caso singular que pueda prestarse o considerarse como una violación a derechos políticos o civiles, ni tampoco por la invocación de iniciativas pendientes de dictaminar, puede proceder una moción suspensiva como la presentada.
Por lo tanto pedimos a la asamblea que se rechace esta moción suspensiva en sus términos.
El C. presidente: -Tiene la palabra la diputada Consuelo Botello de Flores para hechos.
La C. Consuelo Botello de Flores: -Señor presidente; ciudadanos diputados: en las palabras del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, no encontré realmente argumento sólido que permita decir que nos es válida la petición de
moción suspensiva que está haciendo mi compañero Joel Rosas, porque tanto en el seno de la comisión cuando discutíamos esta iniciativa, como ahora mismo, no se quiere admitir que sí se lesionan y se menoscaban los derechos políticos de los sindicalizados, cuando se aplica la cláusula de exclusión indiscriminadamente, sin tomar en cuenta un procedimiento como el que está sometiendo la iniciativa presentada por el grupo de Acción Nacional.
Nosotros consideramos que lo que presenta nuestro compañero, aunque es en este momento un hecho concreto, un caso concreto en donde se violan los derechos sindicales de un agremiado por motivos políticos, no es ni mucho menos el único y esto ya lo discutíamos en el seno de la comisión. Entonces nosotros consideramos que seríamos un tanto irresponsables si pudiéramos pasar esta iniciativa, sin darnos cuenta de que la realidad manifiesta que viven nuestros sindicalizados, no responde exactamente a los incisos con los que se quiere recusar la iniciativa en este dictamen.
Por eso nosotros consideramos que es suficientemente válido el argumento presentado por nuestro compañero Joel Rosas, de que falta a la comisión allegarse más información sobre múltiples casos semejantes para que realmente nosotros podamos proceder a hace un dictamen que represente los derechos de los sindicalizados.
Consideramos que es válida la petición de moción suspensiva y por ello la presentamos ante esta asamblea, pidiendo el voto para ella.
El C. presidente: -Tiene la palabra la diputada María del Carmen Jiménez de Avila cinco minutos, para hechos.
La C. María del Carmen Jiménez de Avila: -Señores diputados: yo también vengo a reforzar la petición de moción suspensiva.
Se ha dicho aquí que un caso particular no puede generalizarse. Posiblemente la persona que lo dijo, el diputado que lo dijo, no ha estado en las regiones donde hay férreo control de los sindicalizados.
En San Francisco del Oro, Chihuahua, concretamente en Parral, también y en cualquier región minera, puede constarles que a los sindicalizados se les sanciona con cinco años de suspensión de sus derechos sindicales, por el sólo hecho de pararse en un mitin celebrado por Acción Nacional o por cualquier otro partido de oposición.
Se les sanciona también con uno o más días de trabajo, en términos generales, a cualquiera que no se presente a recibir a algún candidato del partido oficial. Se les sanciona con la cláusula de exclusión a cualquier sindicalizado que abiertamente pretenda militar en un partido de oposición o ser representante en una casilla de este partido.
Estos son casos completamente generalizados, no son esporádicos, y ustedes lo saben perfectamente bien, no nos hagamos los ingenuos.
Saben perfectamente bien que una de las bases en las que se sustenta el partido oficial, es precisamente el de tener a los sindicalizados como instrumentos de control político, con esto violando sus derechos individuales y derechos a la libertad de conciencia que no se justifica de ninguna manera, esta violación a la libertad de conciencia, invocando el derecho laboral. Por lo tanto, y además tomando en cuenta que también el Partido Acción Nacional presentó en 1980 una iniciativa de ley de reformas al artículo 5o. constitucional y a la propia Ley Federal del Trabajo, entonces yo también pido que esas iniciativas de ley sean revisadas y que por lo tanto es procedente la moción suspensiva. Muchas gracias.
El C. Edeberto Galindo Martínez: -Pido la palabra para hechos, señor presidente.
(Varios diputados solicitan el uso de la palabra al mismo tiempo.)
El C. presidente: - Un momento por favor, si me permiten señores diputados. Digo, no es nuestro propósito poner ninguna limitación al uso de la palabra, solamente por vía de orientación quiero manifestar que estamos discutiendo en relación con una moción suspensiva, de tal manera que si se rechazara esa moción suspensiva, habrá la oportunidad para todos los ciudadanos diputados, de inscribirse en relación con el debate, teniendo mucha amplitud para hacerlo en los términos del propio reglamento, de tal manera que hacemos esta atenta invitación para los efectos de que procuremos hasta donde sea posible, ahorrar el tiempo en beneficio de una mejor discusión. Muchas gracias.
El C. Edeberto Galindo Martínez: -Para hechos pido la palabra. el C. presidente: -Tiene usted la palabra para hechos.
El C. Edeberto Galindo Martínez: -Señores mapaches, perdón, señores diputados de la mayoría (protestas) perdón, disculpa, disculpa, disculpa, señores diputados de la mayoría...
El C. presidente: -Se suplica al diputado corresponda a la atención que nos merece esta Cámara.
El C. Edeberto Galindo Martínez: -Está a la orden del día las injusticias que ustedes cometen y para conocimiento de ustedes, las injusticias se
ven por todos los rincones de México y lo que he dicho es poco, porque inclusive del Tecnológico de Ciudad Juárez corrieron a un hijo mío de maestro de tiempo completo, por salir nominado a una candidatura, griten todo lo que quieran, llámelos al orden...
(Varios diputados le piden que se disculpe.)
El C. presidente: -Solicitamos de la asamblea orden y a usted respeto para la asamblea.
El C. Edeberto Galindo Martínez: -Ya se la pedí, ya se la pedí, ya se la pedí, ya le dije que me dispensara, que estaba pensando en lo que encontré en Sinaloa, pero aquí les digo que si siguen cometiendo injusticias, ustedes corrieron señores, ustedes corrieron del Teconológico de Ciudad Juárez a un hijo mío que estaba de tiempo completo impartiendo clases. Y es más, a la novia de un hijo mío que trabaja y estudia en la universidad, también la corrieron, reconozcan, reconozcan.
(Gritos.)
Sí, la tuya mapache.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Lucia Escalera.
EL C. Juan Manuel Lucia Escalera: -Compañeras y compañeros diputados: yo les ruego a todos mis compañeros legisladores, que por favor tengamos un poquito de compostura y no nos insultemos unos a otros, pues no es una asamblea de pepenadores ni de otra cosa por el estilo, que ahí hay respeto. Yo les ruego a todos mis compañeros que nos tratemos como gentes civilizadas, como compañeros diputados que somos, en favor de nuestra patria.
Ahora bien compañeros, yo tengo 20 años de pertenecer al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, soy empleado federal, nunca en mi vida he tenido ninguna amonestación y ningún llamado de atención de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, ni de mis jefes, tengo cantidad de amigos que están en las mismas condiciones de varios sindicatos, y jamás se han quejado de alguna presión o algún llamado para no asistir a tal o cual asamblea o ir a tal o cual mitin de su sindicato.
Por tal motivo yo les ruego que antes de atacar, antes de decir cual o tal cosa, hay que cerciorarse perfectamente bien y no venir a atacarnos unos a otros, pues todos somos diputados en favor de nuestra patria. Muchas gracias compañeros.
El C. presidente: -Consulte a secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la mención suspensiva.
La C. secretaria Alma Salas Montiel: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta si se acepta o se desecha la moción suspensiva. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo. Los que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada señor presidente.
El C. presidente: - Se abre el registro de oradores para discusión del punto de acuerdo. Esta presidencia informa a la asamblea que se han inscrito para hablar en contra los siguientes diputados: Eduardo Acosta Villeda, Arturo Whaley Martínez, para fundamentar un voto, Javier Paz Zarza, Juan de Dios Castro Lozano y Magdaleno Yañez Hernández.
Para hablar en pro se han inscrito los siguientes diputados: Renán Solís Avilés, Manuel Fernández Flores, Raúl Ramírez Chávez, Humberto Zavala Peña, Alfonso Godinez López, Samuel Quiroz de la Vega, Sergio Guerrero Mier, Arturo Ruiz Morales, Alonso Raya, Miguel y Juan Carlos Velázquez Pérez.
¿Falta algún ciudadano diputado? Habla el diputado Eduardo Acosta Villeda.
El C. Eduardo Acosta Villeda: -Vengo a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Mexicano de los Trabajadores, a razonar nuestro voto. La cláusula de exclusión tiene que ver con la autonomía y la libertad de los sindicatos. Cuando los sindicatos se constituyen como organismos para el mejoramiento y la defensa de los intereses de los trabajadores como coaliciones permanentes, rebasan la forma de su vida sindical, sus normas que van a regir al interior del sindicato, los derechos y obligaciones que deberán de tener los trabajadores.
Aclaramos, por principio de cuentas, que desde el Partido Mexicano de los Trabajadores somos respetuosos y no estamos en contra, no estamos en contra de autonomía sindical ni de esta libertad sindical, pero toda libertad tiene un límite ¿cuál es precisamente el límite que deben de tener los sindicatos?
De la iniciativa que propusiera el Partido de Acción Nacional, se establecen toda una serie de consideraciones en relación, más que nada para que los trabajadores tengan una mejor defensa cuando se les llegaran a aplicar la cláusula de exclusión, es decir, que se les haga saber con tiempo que pueden disponer de sus medios de defensa para imponer esta cláusula de exclusión.
Pero deslindamos, desde el Partido Mexicano de los Trabajadores, la situación de que los trabajadores no deben de perder por ningún motivo su trabajo.
En el punto séptimo de la iniciativa de referencia que me voy a a permitir leer, dice "...la expulsión del sindicato y la exclusión del trabajo, sólo podrán decretarse por causas graves, expresamente consignadas en los estatutos, debidamente comprobadas y exactamente aplicables al caso", es decir, por un lado permite en las condiciones anteriores de su iniciativa, toda una serie de mecanismos para le defensa, y aquí deja la salida para que los patrones y los sindicatos le apliquen a los trabajadores, por motivos de política o por motivos sindicales, o por cualquier motivo, incluso hasta de carácter personal, el sacar a los trabajadores de su fuente de trabajo.
Nosotros, desde el Partido Mexicano de los Trabajadores estamos en contra precisamente de que los trabajadores pierdan su trabajo, porque la cláusula de exclusión es una sanción que deben de imponer los sindicatos, pero no debe de permitir llegar hasta la pérdida del menoscabo de un derecho, porque así lo establece el artículo 5o. constitucional, y también así lo establece el artículo 123; incluso ya el derecho al trabajo elevado a rango constitucional, por un lado se les da teóricamente este derecho a los trabajadores, y en la práctica, según con la autonomía sindical y con la libertad sindical, se les veta este derecho a los trabajadores.
Esta situación, nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta del Partido de Acción Nacional, en relación a que los trabajadores puedan perder su trabajo, porque ya en la práctica ¿qué sucede? por ahí hablaba un compañero, que se me olvida su nombre, pero decía en términos exactos, que cuando a los trabajadores se le aplique la cláusula de exclusión, para eso están los tribunales y las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Cuánta insensibilidad existe de parte de los diputados que plantean esta situación, porque se ve que no conocen así en concreto, cómo se manejan las Juntas de Conciliación, los patrones y el sindicato en contubernio. ¿Y por qué decimos esto, señor diputado? Lo decimos porque manejamos un ejemplo, cuando a un trabajador de empresa se le aplica la cláusula de exclusión por cualquier motivo, incluso la gran mayoría de cláusulas de exclusión que se aplican en este país, no se aplican en base al artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, no se convoca a la asamblea, no se le dan a conocer al trabajador los casos o los motivos de la expulsión o las sanciones que haya violado o que haya incurrido en la norma estatutaria, se le dejan sin defensa, y todavía se le deja sin trabajo y se le aplica en cierta medida el viejo resabio porfirista que establecía en aquella época: "mátalos y después averiguas", ahora "Córrelos y después investigamos, después vemos si les asiste el derecho o no".
¿Qué sucede en la práctica? Sucede que cuando un sindicato de empresa le aplica la cláusula de exclusión a un trabajador, el trabajador acude ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje a demandarle a la empresa la reinstalación, y al sindicato el pago de los salarios caídos. ¿Y qué sucede? que después de cierto tiempo de lucha del trabajador en ocasiones de años, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje condena a los patrones a la reinstalación y al sindicato al pago de los salarios caídos.
¿Y qué sucede cuando se va a hacer efectiva la condena? Pues sucede que cuando ya va el trabajador, se reinstala, pero curiosamente ha desaparecido el sindicato de empresa y ahora otro sindicato detenta la titularidad del contrato, del pacto colectivo de trabajo. Y así sucesivamente.
Recordamos todavía el caso concreto de los trabajadores de Laminadora Creimermar, que desde 1971 siguen en pie de lucha y hasta esta fecha no ha sido resuelto el problema, porque el Sindicato Mueblero del estado de México, hace poco cuando los trabajadores fuero reinstalados en la Laminadora Creimermar y que detectaba el pacto colectivo, dijo el sindicato: "Te aplico la cláusula de exclusión porque no perteneces a mi sindicato, consiguientemente te vas a una lucha". Y los trabajadores seguramente van a ganar esta situación de su reinstalación y el pago de los salarios caídos. Pero de nueva cuenta, cuando se va a hacer efectiva la condena, de nueva cuenta se implementa la titularidad del contrato colectivo por otro sindicato y es el cuento de nunca acabar, y la cuestión de justicia no se hace en cuestiones que debieran ser de los trabajadores.
Entonces deslindamos nuestra postura como Partido Mexicano de los Trabajadores. Estamos en contra de que los trabajadores pierdan su trabajo, y solamente se les debe de expulsar del sindicato, pero mediante dos causas graves del sindicato, no de la empresa; primera cuando los trabajadores no secunden una huelga y segunda cuando los trabajadores rompan una huelga. Es entonces sí cuando se les debe aplicar la cláusula de exclusión, pero no debe traer como consecuencia la pérdida de trabajo, como en la práctica viene sucediendo y como se viene haciendo.
Entonces nosotros no estamos en contra de la autonomía y de la libertad sindical, somos respetuosos de que los sindicatos no sean dirigidos o administrados, o dirigidos por los partidos políticos. La cuestión de la lucha social y reivindicativa de los trabajadores debe ser una, y la situación de los partidos políticos por la toma del poder debe ser otra.
Por esas consideraciones expuestas nosotros, como vemos que el dictamen, según establece en uno de sus contenidos, en uno de sus puntos resolutivos, que no se atenta contra la libertad de
trabajo en relación al quinto, sí lo acepta y consiguientemente por eso votaremos en contra.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Renán Solís Avilés.
El C. Renán Solís Avilés: -Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: he subido a esta tribuna para apoyar el dictamen emitido por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, respecto a la iniciativa de ley presentada por el Partido de Acción Nacional.
Para ello, deseo antes hacer unas consideraciones.
Ya todos nos hemos enterado de la iniciativa de ley y del dictamen, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, estableció por primera vez en el mundo, la necesidad de contener dentro de ella derechos de carácter social, dando a éstos mayor jerarquía que a los derechos individuales y contemplándolos como garantía social. Producto de larga y difícil lucha fue la inclusión de los derechos sociales entre los preceptos constitucionales, una de las conquistas fundamentales la constituyó la fracción XVI del artículo 123 que dice: "tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho a coaligarse en defensa de sus respectivos intereses formando sindicatos". Por ello afirmamos que el sindicato es una estructura que permite a la clase trabajadora, que en ella se asocien individuos para defender sus intereses y promover mejores condiciones de vida para ellos, para sus familias y para el movimiento obrero general. Por eso también el sindicato propicia, fomenta y es autor de numerosos y profundos cambios en el seno de la sociedad en su emisión de gran importancia, al ser el espacio donde se organiza la lucha por la justicia en el trabajo.
Condición indispensable es que tenga una gran cohesión, que los integrantes se encuentren y se sientan férreamente unidos, condición que sólo se logra cuando los integrantes coinciden ideológicamente, o sea, cuando coinciden en su forma de analizar los problemas y de plantear alternativas, cuando coinciden en sus perspectivas filosóficas sobre la sociedad y las relaciones entre el capital y el trabajo.
Es por ello que los sindicatos participan en política, en la vida política pública del país, y lo hacen buscando acercarse al partido político cuyos principios sean acordes con su pensamiento y al que en su plataforma propugne el avance del movimiento obrero organizado.
En consecuencia, es lógico que al formarse un sindicato, redacte sus estatutos y determine las obligaciones de los trabajadores con el sindicato, así como los derechos de aquéllos ante la agrupación.
La exposición de motivos de la iniciativa, dice que los sindicatos no tienen por qué mantenerse ajenos a las cuestiones políticas, como lo he manifestado antes, el sindicato debe estar presente en la vida política, debe hacerse escuchar.
Su integración y su participación serán los ejes y motores para lograr los cambios estructurales que desarrollen y beneficien a las agrupaciones que integran el movimiento obrero organizado.
Los sindicatos no tienen funciones de partido político, pero indiscutiblemente participan en la política del país, en distintas formas, dejando siempre libertad a los agremiados para ejercitar sus derechos políticos dentro del sindicato, cuando se trate de cuestiones relativas al propio sindicato y fuera de este en lo que corresponda a elecciones de carácter electoral para elegir otro tipo de funcionarios.
Es lógico que los sindicatos redacten sus estatutos, al cual deberán atenerse sus miembros y, muy en especial, los de nuevo ingreso, porque en el caso de estar ingresando a personas que tengan puntos distintos a lo señalado en los estatutos de los sindicatos, inclusive en cuanto a ideología política, daría por resultado que los sindicatos perdieran su fuerza interna y, en consecuencia la externa, llevándolos a su autodestrucción.
Por ello, tienen toda la libertad para expresar y para señalar el camino político que deberá seguirse, lo que hará el sindicato de acuerdo con la mayoría de los agremiados, sin que eso signifique que le quite derechos políticos a los socios que en lo individual piensan en forma distinta, ya que al votar en las elecciones, el voto es secreto y en cualquier momento podrán votar por el partido que ellos deseen.
El texto actual, el vigente en la Ley Federal del Trabajo, no afecta la garantía consagrada en el artículo quinto constitucional, ya que no hay pérdida o menoscabo de los derechos políticos y civiles.
La aplicación de la cláusula de exclusión, no tiene ni debe tener ningún fondo o razón política, ni mucho menos se relaciona con el derecho del trabajador de afiliarse libremente a un partido político que es una garantía consagrada por los artículos nueve y 35 de nuestra Constitución Política.
En la realidad, no se aplica en momento alguno, a los trabajadores, la cláusula de exclusión por pertenecer a otros partidos distintos al cual esté afiliado o esté cerca, el sindicato al que pertenezcan.
El artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, les protege el derecho que tienen de pertenecer a
cualquier partido político. Ahí están relacionados con toda claridad, los motivos por los cuales pueden ser expulsados del sindicato los trabajadores que a él pertenezcan y al ser expulsados pedir su separación del trabajo.
Es por ello en realidad, que la exposición de motivos presentada, es decir, la exposición de motivos de la iniciativa presentada, no está acorde con la realidad, no es cierto que exista violación a derechos civiles o políticos. Cuando se aplica la cláusula de exclusión de acuerdo con lo contenido en los propios estatutos de los sindicatos y con el artículo 371 de la Ley Federal del trabajo. Muchas gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Javier Paz Zarza.
El C. Javier Paz Zarza: -Señor presidente; señoras y señores diputados: la iniciativa que está a discusión pretende en primera instancia llenar una laguna muy importante dentro de la Ley Federal del Trabajo. Como todos sabemos, la Ley Federal del Trabajo hoy día preserva los derechos de estabilidad en el empleo que debe tener el trabajador frente al patrón; lamentablemente no contempla el qué hacer ante actitudes por parte del sindicato que en un momento dado podría prestarse e incluso estar en contra del interés, el objetivo mismo.
Sabemos nosotros que en México se ha empleado a los sindicatos también con objetos distintos a su naturaleza; sabemos también que los sindicatos en ocasiones sirven para mediatizar y controlar a los trabajadores. Por lo tanto debe legislarse en fundación a preservar la naturaleza que tiene el sindicato y sobre todo lograr que la estabilidad que requiere el trabajador para el desarrollo personal y de su familia, no sufra menoscabo por presiones ya sea de carácter por parte del patrón, e incluso también por parte del sindicato.
Por ello es importante que la Ley Federal del Trabajo contemple las características necesarias para que se aplique la cláusula de exclusión ciertamente el trabajador conforme marca la ley, puede acudir ante la Junta de Conciliación e impugnar la exclusión respectiva; pero consideramos nosotros que es una práctica viciada de que sin ser oído el trabajador en el seno del sindicato, se le excluya y lamentablemente en una sesión que una minoría, unos cuantos lo determinan.
El poder público y los diputados en particular, tenemos la obligación de legislar señalando las garantías específicas para que un trabajador sea privado con el medio en que se sustenta él.
No podemos permitir nosotros que los sindicatos, en un momento dado, por motivos políticos reconozcan la validez y la posibilidad del trabajador de disentir de los puntos de vista en un momento dado del líder sindical en turno. No discutimos nosotros la necesidad de que en un momento determinado exista la cláusula de exclusión como carácter de instrumento de defensa del propio sindicato; lo que no podemos tolerar es de que con este pretexto eventualmente una minoría de líderes sindicales se eternizan en los puestos públicos en contra del interés del propio trabajador.
En Acción Nacional pensamos que es necesario eliminar todo tipo de prácticas que limitan la libertad y los derechos humanos. No podemos estar de acuerdo con la cláusula de exclusión en los términos que está establecido, porque hoy la triste realidad es de que es utilizado tanto para lograr votos forzados, como para los acarreos indignantes o para los mítines y vallas que constantemente algunos líderes obligan a los trabajadores.
La cláusula de exclusión por lo tanto, tal como está legislado, es un instrumento favorito de los líderes sindicales, que temen a que el trabajador se organice y haga que cumpla el sindicato sus funciones.
Yo estoy convencido que en México hay líderes, pudiera haber líderes que de verdad han hecho del sindicato un instrumento de lucha, que de verdad han hecho que el sindicato cumpla su objetivo social para el cual fue instituido. Pero también es cierto que muchos líderes han usado el sindicato como medio y como arma de presión política.
Un ejemplo de ello, que está contra la Constitución en su artículo 5o., es los estatutos de la Confederación de Trabajadores de México. Los estatutos de la Confederación de Trabajadores de México como varios compañeros la conocen perfectamente, obligan a los trabajadores a pertenecer a un partido político determinado. Eso es contrario al artículo 5o. constitucional. Y ningún estatuto, reglamento o ley secundaria, puede estar por encima de la Constitución. Cuando han aplicado la cláusula de exclusión tantas veces y ahí están las pruebas que acaba de mencionar el diputado Rosas, es con el argumento de que violen los estatutos de la Confederación de Trabajadores de México, que es un órgano, es una serie de ordenamientos de este organismo, pero que no puedan estar por encima de la propia Constitución.
Por lo tanto, consideramos nosotros que debe de preservarse el derecho de los trabajadores a organizarse, a tener sindicatos auténticos y por tanto que en caso de cláusulas de exclusión, reiteramos que es necesario aprobar la iniciativa que presentó del diputado Rosas. Muchas gracias.
El C. Alfonso Santos Ramírez:- Pido la palabra para hechos.
El C. presidente:- Tiene la palabra el diputado Alfonso Santos Ramírez.
El C. Alonso Santos Ramírez:- Compañeros diputados: en muchas ocasiones, no al calor del debate, sino en forma premeditada se dicen muchas cosas que no quedan en el aire, sino que quedan consignadas en el Diario de los Debates. Así recientemente en una acalorada asamblea un señor diputado nos acusó a los que integramos el partido mayoritario de México de ser montoneros y estar todos en contra de un solo diputado, parece que a la hora de la réplica tácitamente estamos aceptando estos conceptos tan equivocados que están virtiéndose en contra de mi partido y de los compañeros que pertenecemos a él. Y lo es porque nosotros no estamos formando grupos montoneros, los integrantes del Partido Revolucionario Institucional estamos unidos en nuestras propias convicciones, abrazamos a través de nuestros estatutos el contenido de sus principios que son los principios mismos de la Constitución General de la República y también la esencia de la Revolución Mexicana.
Nosotros cuando rebatimos las tesis que la oposición presenta aquí, no lo hacemos en contra de un señor diputado, lo hacemos porque vemos la peligrosidad de estas aparentes iniciativas favorables al movimiento obrero, cúmulo de iniciativas que aparentemente abanderan las causas del movimiento obrero, que parecen benignas para el movimiento obrero, pero en sí, tratan de trastocar la estructura del movimiento obrero y de otras instituciones nacionales. Estas teorías, estas iniciativas y estas tesis ya no dañan al movimiento obrero como nunca lo han engañado en su formación desde hace muchos años. En ocasiones se acusa al pueblo mismo y a los obreros de ser gentes amorfas, de ser débiles mentales que son fácilmente engañados. Créase equivocación.
El movimiento obrero se ha formado a través de lucha constante en todas las trincheras; los que de una u otra manera hemos tenido la oportunidad de estar no en teoría en el movimiento obrero, sino eficazmente, abreviamos en toda su intensidad el significado de estas iniciativas falsas que tratan de engañar el auténtico contenido del movimiento obrero, y sobre todo no hay ninguna autoridad que no seamos los cetemistas que vengan a señalarnos casos que no conocen.
La Confederación de Trabajadores de México no expulsa a sus miembros; la Confederación de Trabajadores de México está integrada por federaciones y por sindicatos; somos los propios sindicatos quienes a través de la voluntad de los trabajadores hacemos nuestros propios estatutos como lo señala la Ley Federal del Trabajo.
Se viene aquí en ocasiones a ejemplificar para generalizar; si en ocasiones los compañeros son sancionados, son única y exclusivamente porque cometen violaciones a los estatutos, que es un derecho que nos da la Ley Federal del Trabajo. Se confunde cuando se sanciona a los compañeros con la expulsión y la exclusión del trabajo, por eso quisimos y lo hago en nombre de la Confederación de Trabajadores de México, rechazar los infundios que en esta tribuna se vienen a decir en contra de la Confederación de Trabajadores de México. Nos ofende, y los trabajadores del país estamos irritados porque en ocasiones se viene a ofender al Presidente de la República, se viene a ofender a las instituciones, y se viene a ofender a don Fidel Velázquez, cuando estas gentes no conocen la estatura de Fidel Velázquez. Por eso cualquier otro cetemista, en cualquier tribuna que estemos, rechazaremos los infundios que pretenden hacer en contra de nosotros.
La Confederación de Trabajadores de México y don Fidel Velázquez tiene una estatura superior a cualquier falsa acusación que se venga a hacer en esta tribuna, la más alta de nuestra nación. Muchas gracias. (Aplausos. )
El C. presidente:- Tiene la palabra el diputado Arturo Whaley Martínez.
El C. Arturo Whaley Martínez:- Compañeros, compañeras: vengo a nombre del Partido Socialista Unificado de México para argumentar nuestro voto de abstención en cuanto al dictamen que hoy se discute. Nosotros partimos de la idea de que efectivamente la cláusula de exclusividad y de exclusión, la cláusula de exclusión en sus dos aspectos, tanto de ingreso como de separación, por separación, fueron en su momento un triunfo importante del movimiento sindical mexicano.
En nuestro país se generó en este siglo, en sus principios, la legislación obrera más importante, más avanzada en el mundo, en 1917. Lo fue por varios sentidos, por un lado todo aspecto de protección a los trabajadores, a la parte débil en esta relación; y por otro lado, por dos grandes cuestiones que es importante destacar en esta discusión.
Una de ellas fue la posibilidad, el derecho de asociarse, el derecho de formar sindicatos; y la otra, tal vez la más avanzada en el mundo en ese momento, fue la concepción colectiva de las relaciones de trabajo.
En el derecho mexicano, la contratación colectiva trascendía, incluso se ponía por encima a favor de la fuerza organizada de los trabajadores sobre los derechos individuales de los mismos. Los trabajadores colectivamente asumían la obligación de cumplir con el trabajo contratado, quedaba en sus facultades el ver el cómo se organizaban, qué trabajadores específicamente deberían de cumplir
tal o cual trabajo y qué trabajadores deberían separarse del propio trabajo.
Esto nos parece fue una de las grandes iniciativas de los constituyentes mexicanos, que como lo dijera uno de ellos, si la Revolución Francesa había sido que establecía los derechos del hombre, la Revolución Mexicana quedaría consagrada como la que establecía los sagrados derechos de los trabajadores. Efectivamente ese fue el sentido con el que se estableció esta relación colectiva por encima jerarquizada de las relaciones individuales, teniendo en cuenta que esto promovería la organización de los trabajadores en todo el país, que es la única posibilidad de adquirir fuerza real frente a la fuerza que por sí mismo tiene el capital.
Quedaba así establecido un principio básico, serían los burgueses, los capitalistas quienes manejarían el capital, pero serían los trabajadores organizados los que manejarían, los que administrarían, los que representarían la fuerza de los trabajadores.
Y yo me preguntaría si no es un arma importante de los trabajadores el hecho de que la cláusula de exclusión por separación pudiera usarse contra quienes medran con las plazas, por ejemplo, en muchos sindicatos que conocemos. Si la cláusula de exclusión no sería un enorme avance o un punto muy importante para el movimiento organizado de los trabajadores, si pudiera utilizarse en contra quienes esquirolean la huelga.
Pero también veamos la realidad, compañeros, ¿para qué se ha usado la cláusula de exclusión en este país? Sobre todo en los últimos 40 años.
La cláusula de exclusión realmente ha sido un instrumento de represión política, de represión que ha significado esencialmente a los patrones, que ha beneficiado, especialmente se ha usado en contra de los luchadores por reivindicar los derechos colectivos e individuales de los trabajadores.
Ejemplos hay muchos, creo que no valdría la pena remitirse a ellos, hay infinidad. Pero lo que sí es importante destacar, compañeras y compañeros, es que al lado y por encima del marco jurídico que debería de regir las relaciones obrero - patronales, se ha establecido un sistema de reglas de juego que establecen un uso sectario de todos los derechos, tanto individuales como colectivos de los trabajadores.
Si bien es cierto que en algunos momentos las autoridades laborales permiten la organización de ciertos núcleos de trabajadores, también lo es el registro, como ya lo veíamos en la discusión pasada, la semana pasada, como el registro de los dirigentes, como el registro mismo de los estatutos; en fin, toda una serie de trámites que deberían ser meramente administrativos se usan para impedir el desarrollo del movimiento sindical, su democratización, su mayor independencia y su mayor autonomía.
Por todas estas razones nosotros consideramos, después en una larga discusión en el seno de nuestro partido, que más que por lo que significó en el pasado la cláusula de exclusión, por la forma en que ha sido utilizada y el fondo con el que ha sido utilizado, el plantear que la única solución es la desaparición total de la cláusula de exclusión, por separación. Es decir, no objetamos el derecho de los sindicatos de expulsar de su seno a quien los trabajadores consideren mayoritariamente no deben pertenecer al sindicato. Pero que esto no implica necesariamente el que el trabajador se quede, que no implique que el trabajador se quede sin el trabajo al que tiene derecho individualmente.
Y también por estas razones no estamos de acuerdo con la iniciativa que presentan nuestros compañeros de Acción Nacional, porque consideramos que el planteamiento hecho por ellos no va al fondo del problema, sino que simplemente establece más requisitos de carácter administrativo que eventualmente puedan servir para algunos abogados, pero que no le sirven al movimiento sindical y al movimiento obrero en su conjunto.
Nosotros pensamos que lejos de atentar contra el derecho a la organización, suprimir este vicio en el que se ha convertido la cláusula de exclusión llevaría un mayor juego democrático en el seno de las organizaciones sindicales en México, porque queremos dejar plenamente sentado que sí estamos por un sindicalismo que tenga opciones políticas, que participe en la vida política del país, que sea capaz de ver a la nación en su conjunto y de proponer alternativas nacionales. Pero no lo concebimos ligado ni a los partidos necesariamente, ni a un partido en especial. En esta tribuna se dijo por algunos compañeros que los partidos de izquierda concebíamos a los sindicatos como un mero instrumento de nuestra acción política; por el contrario, en el Partido Socialista Unificado de México y en muchos partidos de izquierda concebimos al movimiento sindical como un complemento necesario de la acción política de los trabajadores, que tendrán vías de expresión partidaria y vías de expresión sindical extrictamente.
Y en este sentido pensamos, como lo hemos demostrado en los hechos, que el sindicalismo independientemente de la militancia que tengan sus dirigentes o la mayoría de sus miembros debe encontrar cauces porque lo concebimos como la única alternativa para democratizar y para salvaguardar la independencia de nuestro país. Muchas gracias, compañeros.
El C. presidente:- Tiene la palabra el diputado Humberto Andrés Zavala Peña.
El C. Humberto Andrés Zavala Peña:- Con su permiso, señor presidente: el derecho del trabajo mexicano es producto genuino de un movimiento de transformación social que provocó el nacimiento de toda una nueva legislación y de un fenómeno político, económico, social y cultural denominado estado social de derecho, legislación que instituyó que la entidad política máxima ya no sería espectador, sino actor en la dinámica de las fuerzas productivas, que terminó con el dogma del libre juego de estas fuerzas y por ello el derecho mexicano del trabajo nace para tutelar, para proteger a la clase trabajadora; se ubica a la norma en el acontecer colectivo y el Estado mexicano como rector del desarrollo para asegurar una justa distribución del ingreso y la riqueza.
En el marco de esta estructura jurídica, política y social que fue no sólo la derrota del individualismo acentuado, sino también el nacimiento de un hombre más elevado, el hombre social, el hombre solidario de sus semejantes, sería hoy la discusión con las mismas fuerzas que ayer se opusieron a la inclusión de los derechos sociales en el texto constitucional y al fin fuerzas del retroceso argumentan defender la libertad individual, derechos civiles y políticos cuando en verdad lo que pretenden es cumplir con el objetivo que siempre ha tenido la clase explotadora, terminar con el instrumento de lucha de los intereses fundamentales de la clase obrera, el sindicato, este es el verdadero fondo de la iniciativa que hoy presenta el partido del privilegio y la opresión.
Heriberto Jara, ilustre constituyente, lamentó en los debates de Querétaro el menosprecio de los jurisconsultos, los tatadistas, las eminencias en general de la legislación hacia la inclusión de los derechos sociales en el texto constitucional, instó a los congresistas a profundizar en los derechos sociales para que la Comisión no fuera sólo un traje de luces como expresara la pedantería de los científicos.
Hoy son los mismos juriconsultos del ayer a los que se enfrentó Heriberto Jara, los que vienen a esta tribuna, con igual pedantería que los científicos a hablar de libertad, sólo que ellos hablan de libertad para explotar, para vivir del esfuerzo ajeno y nosotros los cetemistas, sindicalistas por origen y por convicción, hablamos de la libertad para el avance revolucionario de la organización sindical y del pueblo trabajador. Los sindicatos son la expresión del derecho social consagrado en la Constitución y la cláusula de exclusión, el instrumento para su defensa orgánica; hasta las sociedades mercantiles, para la ganancia ilícita a la cual son muy dados los hombres del capital e instituyen normas para la disciplina interna de su funcionamiento.
Por esto es que la reacción no argulle en esta iniciativa, inconstitucional, alguna de la cláusula de exclusión, sino que lo que pretenden es eliminarla de tal forma que pierda su eficacia para garantizar que el sindicato sea instrumento de lucha de clase obrera, el instrumento para instaurar la sociedad del trabajo y de los trabajadores y esto es así. Porque en la sociedad del trabajo el hombre no vale por lo que acumule o atesore, sino por la utilidad que preste a sus semejantes. El hombre no vive del esfuerzo ajeno, sino del mérito propio y del esfuerzo colectivo, en ella no hay privilegios odiosos e injusticias irritantes y la idea de solidaridad orienta el concepto de libertad e igualdad.
Por todo esto, aquí está muy claro, por un lado está la sociedad del capital monopólico y explotador, por el otro lado está la sociedad del trabajo fecundo y creador, por un lado las fuerzas democráticas y progresistas, nacionales y revolucionarias agrupadas en el Partido de la Revolución Mexicana, en el Partido de los Trabajadores, en el Partido Revolucionario Institucional, y por el otro, las fuerzas de la explotación del retroceso y de la tradición a México. Las primeras, aprobamos el dictamen de la comisión y rechazamos la iniciativa del Partido Acción Nacional. A las segundas, es nuestra obligación derrotarlas hasta su liquidación total. Entiéndanlo bien, la astucia clerical - entiéndanlo bien - la apariencia revolucionaria, irreflexiva e infantil.
El sindicalismo mexicano, orienta su lucha hacia la emancipación de México y por la plena realización humana del pueblo trabajador porque además de la razón de la historia contamos con una organización profundamente mexicanista y revolucionaria, la Confederación de Trabajadores de México y también contamos con patriotas de la talla de Fidel Velázquez y de Miguel de la Madrid; compañeros diputados, rechacemos la iniciativa del Partido Acción Nacional y aprobemos el dictamen de la Comisión de Trabajo. Salud. (Aplausos. ) El C. presidente:- Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano.
El C. Juan de Dios Castro Lozano:- Las muy emotivas palabras del diputado cetemista que me precedió en el uso de la palabra después de escuchar al señor diputado que a toro pasado contestó los hechos de Alejandro Gazcón Mercado, me pregunto ¿por qué en su argumentación los diputados cetemistas son contradictorios?
El diputado que me precedió en el uso de la palabra citando a Heriberto Hara, decía que no eran los juristas pedantes los que estaban a favor del
movimiento obrero, y en aquel debate sobre el registro de los sindicatos que se llevó a cabo la semana anterior, otro diputado habló de un jurista y no le llamó pedante, le llamó destacado, le llamó decano del derecho laboral en latinoamérica. Debo entender que hay una serie de juristas a los que los señores diputados cetemistas elogian, una serie de juristas a los que los señores diputados cetemistas estiman que están a favor del movimiento obrero y otros juristas que pedantemente están en contra de las conquistas revolucionarias.
Yo quiero suponer que el diputado cetemista que la semana pasada citó al doctor Mario de la Cueva, y los que conozcan a Mario de la Cueva, y los que hayan leído a Mario de la Cueva, al doctor Mario de la Cueva, al maestro en derecho laboral, Mario de la Cueva, estarán acordes con que su línea no va paralela a la de Acción Nacional. Y sin embargo, qué dice este decano de derecho laboral en latinoamérica, a propósito de la cláusula de exclusión, o debiéramos llamarla con mayor precisión, cláusula de consolidación sindical, como algunos tratadistas dicen que es más preciso, porque la cláusula de exclusión fortalece la lucha de los trabajadores, evita la destrucción del sindicato, evita su fragmentación y le da fuerza a la organización sindical en contra de la clase patronal.
Entonces ese decano del derecho laboral en latinoamérica que es Mario de la Cueva, y que un diputado cetemista que me está escuchando en estos momentos muy cerca de don Blas Chumacero, ese héroe suyo, académico y jurista mexicano en derecho laboral, dice lo siguiente en la página 306 de su obra el "Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo" a propósito de la cláusula de exclusión, su decano del derecho laboral en latinoamérica, dice en sus inicios, -cito a Mario de la Cueva-: "la cláusula de exclusión constituye un instrumento valioso en la lucha del trabajo contra el capital", en eso está de acuerdo. Era un elemento de integración y consolidación de la fuerza sindical, y sobre todo, fortalecieron la unión de los trabajadores en el debate sobre las condiciones colectivas de prestación de servicios.
Qué bueno que Mario de la Cueva haya dicho eso, citado por nuestro compañero diputado cetemista. Más tarde, se convirtieron en un elemento de defensa y combate de la sentencia que lograba la mayoría de trabajadores en una empresa o rama de la industria, claro que sí, don Blas, eso decía don Mario de la Cueva, pero fíjese lo que dijo don Mario de la Cueva después; por último recalcó, cita de Mario de la Cueva: "al subordinarse incondicionalmente el movimiento obrero a la política del Partido Revolucionario Institucional que es lo mismo que el sometimiento total del Estado, la cláusula de exclusión se transformaron en la base más firme del totalitarismo estatal".
El decano del derecho laboral en latinoamérica, según la Confederación de Trabajadores de México en su cita del debate anterior en materia laboral, dicen: "la cláusula de exclusión o la cláusula de consolidación sindical, decía Whaley desde 1917, no compañero Whaley, ni siquiera fue del movimiento constitucionalista, la cláusula de exclusión debemos reconocer que fue primero un logro de la Confederación Revolucionaria de Obreros de México, por primera vez antes de la Ley Federal del Trabajo de 1931, en 1925 y 1927 por primera vez la Confederación Revolucionaria de Obreros de México, sobre la industria textil establecieron que solamente pudieran ingresar a las empresas trabajadores sindicalizados; ese fue uno de los primeros antecedentes en el derecho mexicano después de la Revolución Mexicana, en relación con la cláusula de exclusión por ingreso. No toca en este debate tocar la cláusula de exclusión por ingreso, estamos tocando en este debate la cláusula de exclusión por separación del trabajador, ese es el tema de este debate.
Y no son dos las cláusulas de exclusión, hay otra que en nuestro derecho laboral mexicano se conoce como "cláusula ferrocarrilera", y que se recogió en la ley de 1970 que es la actual, en el artículo 251: el derecho del trabajador que ha sido indemnizado por supresión del puesto, cuando ese puesto sea creado de nueva cuenta a ser preferido sobre otro trabajador, siempre y cuando ese trabajador haya estado sindicalizado.
Pero tenemos, señoras y señores, los que se interesen en el derecho laboral, y los señores diputados de la Confederación de Trabajadores de México que son trabajadores muchos de ellos, algunos no tanto; yo veía al compañero Cristóbal García aplaudir y gritar rabiosamente hace unos momentos, cuando uno de nuestros compañeros diputados había externado un calificativo y había dado la dispensa correspondiente, pero afectado severamente en lo más entrañable, cuando miembros de su familia por razones políticas han sido despedidos de su empleo, y han sido despedidos de su trabajo. Y el compañero Cristóbal García, que es de Gómez Palacios, sabe que hay líderes sindicales que son también patrones porque tienen empresas constructoras, y los conoce bien, y sabe que todos los cetemistas son trabajadores, pero admito que hay algunos elementos valiosos en el movimiento obrero mexicano; y necesita la cláusula de exclusión de consolidación sindical plasmarse en los estatutos de los sindicatos.
Y me decía otro diputado, el que subió para hechos, dice: ¿qué no saben los del Partido Acción Nacional que el artículo 371 establece las garantías procesales del trabajador para ser expulsado? Individualmente que cuando se discutió la ley de 1970, habría en la Comisión algún estudioso del derecho penal, algún estudioso que
conocía el principio de "nula penna sine lege "no habrá pena que se pueda aplicar si no está establecida en la ley.
Y si bien es cierto que los sindicatos tienen libertad absoluta para la redacción de sus estatutos que los sindicatos según el 359 tienen, dice - cito la ley-: "los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos".
Este artículo 359 de la ley está acorde con el artículo 3o. del Convenio 87 que celebró México con la Organización Internacional de Trabajadores al que aludíamos en el debate de la semana anterior.
Y parece que hay un conflicto, señoras y señores diputados. Entre el contenido del 359, la libertad y la autonomía de los sindicatos para dictar sus estatutos y la facultad del Estado, a través del Poder Legislativo o del poder constituyente permanente contenido en el 135 de la Constitución, para establecer una pequeña limitación a los sindicatos desde el punto de vista jurídico en materia de cláusula de exclusión por separación.
Yo pensaba que por ahí iba a venir el debate y la refutación de la PPM. Es que si el Congreso, es que si el Estado mexicano, es que si el Congreso de la Unión o el Constituyente permanente establece limitaciones a los sindicatos, se va a estar en contra de artículo 3o. del Convenio 87 de la Organización Internacional de Trabajadores y en contra de la autonomía sindical y en contra de la libertad de los sindicatos para redactar sus estatutos.
Pero, señoras y señores, el 371 que establece las garantías procesales del obrero sindicalizado al cual se le va a aplicar la cláusula de exclusión, no basta, como dice un diputado, que estén los estatutos. Tuvo afortunadamente la Comisión un gran tino para respetar el principio del "nula penna sine lege".
Que no haya pena que no esté contenida en la ley, cuando en el inciso g)de la fracción VII del 371, nuestra ley vigente dice que la expulsión sólo podrá decretarse en los casos expresamente consignados en los estatutos debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso.
El principio de que esté en la ley falta, y en la ley la sanción, y el derecho a la prueba, y la figura de la tipicidad en materia de sanción cuando se trata de aplicar la cláusula de exclusión. Y además la garantía de audiencia para el trabajador que sea oído y que sea juzgado por sus pares, recogiendo el principio del derecho inglés, por sus iguales que son los trabajadores de las asambleas sindicales y que sea una asamblea extraordinaria expresamente convocada para tal efecto. Todo está en el 371, para qué cambiar- dirá la comisión - el 371 si ya están consagradas en el, el tal dispositivo, las principales garantías procesales del trabajador que incurre en falta.
Pero señoras y señores, esto ya es una intromisión del Estado en la autonomía de los sindicatos, ya cuando el legislador elaboró el 371 ya no le daba una libertad limitada al sindicato para redactar estatutos. Pero una intervención motivada por un motivo superior, los derechos y las garantías consagradas en la Constitución, los derechos humanos, los derechos naturales, los derechos que tiene toda persona por el hecho de ser persona, ¿y por qué -digo yo - por qué queremos reformar esta fracción VII del 371? Porque si no tenemos esta otra pequeña intromisión al establecer la limitación en los estatutos para que no se viole el artículo quinto y el artículo 35 de la Constitución, entonces basta - repito - basta ciudadanos diputados con que un sindicato establezca en sus estatutos que será motivo de expulsión el trabajador que no acate la decisión de una asamblea sindical en materia política, por ejemplo, para que el 371 sea nugatorio.
Bien está que la ley le da al trabajador el derecho de ejercitar acciones contra la expulsión, podrá reclamarla ante las juntas de conciliación y arbitraje, ¿pero qué hará la junta? La junta aplicará el 371, fracción VII, inciso g), verá que en el estatuto está el acuerdo de la asamblea sindical y verá que la decisión del sindicato está acorde con su asamblea y con su decisión plenaria, y rechazará la acción del trabajador afectado por razones ideológicas. Y no hay peor dictadura, señoras y señores diputados, que la dictadura por el espíritu, que la dictadura sobre la conciencia, que la dictadura sobre la manera de pensar que la dictadura que hay más valiosa y entrañable en el ser humano que lo hace ser persona con alta dignidad y con derecho a ser respetado por los demás. El derecho que tengo a pensar y a inclinarme por determinada ideología; y no hay peor rechazo del Estado cuando se sanciona a alguien por el derecho de pensar y apoyar.
Dijo un diputado cetemista: "¡ah!, es que el voto es secreto, no se va a sancionar a alguien por votar por un partido contrario, porque el voto es secreto". Qué paupérrima expresión de la ideología, expresa en secreto en el voto electoral; y el externar una doctrina pública por la expresión verbal en las reuniones públicas, por escrito en la prensa, en artículos cuando eso contradice directamente la ideología con la cual está comprometido el sindicato, por eso nosotros decimos que el sindicato no debe ser instrumento del Estado, dijo alguien, es que está cerca del que está en el poder, cerca del que sustenta la ideología acorde con sus fines, no está cerca, está incorporado al poder, ¿qué en Partido Revolucionario Institucional no hay un sector obrero? ¿No forma parte destacada la Confederación de Trabajadores de México de este sector obrero? ¿Se desvía el fin del sindicato?
El sindicato puede adoptar una postura política conforme a sus fines, pero no para servir de instrumento del Estado, porque entonces como dice el decano de derecho laboral, a él se somete y constituye la prueba del mayor totalitarismo tratándose del Estado.
No está por demás decir esto, mi compañero Joel Rosas, citando al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, similares y conexos de la República Mexicana, en el Comité Ejecutivo Sesional de Durango, qué respeto le merece el secretario general, licenciado de la Confederación de Trabajadores de México jurista - yo no sé si pedante como dijo el señor diputado - Samuel C. Guillén Reyes, y el secretario de Trabajo, Víctor Manuel Castro A. por no asistir a un mitin del Partido Revolucionario Institucional, ya no por esquirolaje, ya no por quebrantar una huelga, ya no por estar en contra de los derechos de los trabajadores sin fundamento, qué respeto a la persona humana le merece un secretario general, cuando suspende a un trabajador en su empleo y en su salario por no asistir a una concentración en favor de un candidato oficial, y aquí está la prueba y la leyó y esto no es un hecho aislado, esta es la situación general de todo el país y claro que no les conviene aprobar esto, porque esto es el sostén del sistema, igual que los campesinos, el día que no estén sometidos por la forma muy especial que no es propiedad, una forma de usufructo de la tierra mediante el cacique ejidal.
Cuando no exista la cláusula de exclusión por motivos políticos, entonces los sindicatos en México podrán respirar en nuestra patria una atmósfera más libre, más limpia que será la elevación de su dignidad humana y entonces serán considerados como personas, como ustedes y yo nos consideramos personas humanas con derechos y con dignidad. Es entonces cuando será la liberación, el inicio de la liberación de México para encontrar un ambiente más puro en esta democracia que todos anhelamos. Muchas gracias.
El C. presidente:- Siendo las 15:00 horas se levanta la sesión y se reanudará a las 16:30 horas.
(Receso)
El C. presidente:- Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el diputado Arturo Whaley Martínez, para hechos por cinco minutos. El C. Arturo Whaley Martínez:- Señor presidente; honorables curules: quería hacer la aclaración en mi intervención en el sentido de aclarar lo expresado en mi intervención respecto a mi visión de la Constitución del artículo 123 que resultó de la Constitución de 1917.
Yo señale que ahí quedó integrada una visión que argumentaba muy ampliamente por los constituyentes, respecto a la contratación colectiva. Evidentemente en la cláusula de exclusión es sus dos modalidades establecidas en la ley, ya son resultados, dos -según yo - señores diputados, ya muy posteriormente, aunque hay antecedentes en la legislación de Hidalgo, me parece en 1923 y en 1918 en algunas otras legislaciones. Originalmente el 123 estaba redactado en términos de establecer los principios sobre la base de los cuales los estados legislarían en materia de trabajo.
Bueno, señalando esto, esa aclaración, quisiera pasar a un punto que me parece muy importante la argumentación que ha presentado el diputado Juan de Dios Castro. Efectivamente en la forma actual de la Ley Federal del Trabajo no establece con claridad la forma de audiencia que se le debe de dar al trabajador en caso de que sea sujeto de un proceso interno en el sindicato para aplicársele la exclusión del sindicato que eventualmente puede llevar a la separación del trabajo.
Pero yo creo que hay que ver, es el fondo del problema otra vez en términos del conflicto obrero patronal. Yo preguntaría ¿a quién ha servido más que a nadie la aplicación de la cláusula de exclusión y en general el que no se respeten los derechos individuales y colectivos de los trabajadores? Yo respondo que básicamente ha servido a los patrones, sean estos privados o sean públicos, sean estatales, paraestatales o empresas privadas y que en ese sentido todas estas reformas, todos estos derechos originales de los trabajadores se han violentado a favor de la acumulación privada, a favor de la acumulación capitalista y a favor también del uso sectario, partidista, por parte del Gobierno y de los grupos gobernantes, de los diferentes grupos gobernantes.
Pero en lo que sí creo que es un error grave, es que mientras en términos de la aplicación de la cláusula de exclusión hay un derecho de audiencia limitado, hay otra parte de la relación obrero patronal en donde no hay esta garantía de audiencia y me refiero a una cuestión que ha afectado mucho más profundamente a los trabajadores individual y colectivamente, que la propia cláusula de exclusión, que es el derecho omnipotente de los patrones públicos paraestatales o privados a despedir al trabajador. El trabajador es el del derecho mexicano el único al que no tiene que demostrarle culpabilidad. El patrón unilateralmente lo juzga y lo condena a ser culpable y lo despide sin ningún trámite.
Posteriormente, el trabajador podrá reclamar que se repare el daño, lo cual no fácilmente se logra. Pero no tiene el trabajador frente al patrón, derecho de audiencia, no lo tiene. No tiene el
patrón que comprobar de ninguna manera que se han cometido las faltas ante nadie; simplemente decida despedirlo y lo despide. Esto sí es una falta de garantías para el trabajador y si vemos las estadísticas, han sido pero con mucho, con mucho, mucho mayor el número de despedidos políticos por los patrones, que por la aplicación de la cláusula de exclusión. Muchas gracias.
El C. presidente:- Tiene la palabra el diputado Samuel Quiroz de la Vega.
El C. Samuel Quiroz de la Vega:- Con su venia, señor presidente; honorable asamblea: el uso de la palabra lo he solicitado como miembro de la comisión y creo que vale la pena dado que la iniciativa que motivó el dictamen a discusión, ha causado algunas confusiones que tratemos de establecer algunas coincidencias, algunos puntos en los que no ha llegado a debatirse debido a que son aceptados, creo yo, por la generalidad de quienes han intervenido en este debate, creo que nadie podrá negar que la cláusula de exclusión se encuentra consagrada en nuestra Ley Federal del Trabajo justamente, como una estipulación que potestativamente las partes incluyen o dejan de incluir en el Contrato Colectivo de Trabajo, creo que nadie podrá discutir que en los términos en que está concebida por nuestra ley en su artículo 395, esta cláusula puede aplicarse en los dos sentidos a que aquí ya se han hecho referencia, uno, el conocido como de exclusión o por admisión o por ingreso, el otro por expulsión o por dejar el trabajador de pertenecer por cualquier causa al sindicato titular del Contrato Colectivo de Trabajo o administrador del contrato ley.
De tal suerte que, cuando aquí se ha enfocado el debate manejado reiteradamente el concepto de cláusula de exclusión, me parece que hemos dejado de lado el texto de la iniciativa que motivó el dictamen a debate.
Si como dijo el señor diputado Juan de Dios Castro, el tema central de este debate debiera haber sido la aplicación de la cláusula de exclusión por expulsión del trabajador, del seno del sindicato, seguramente la iniciativa no tendería a la reforma del artículo 371, sino a la del 395, ¿por qué? Porque del texto de su parte considerativa los señores diputados del Partido Acción Nacional reconocen expresamente que según sus principios doctrinarios, ellos no están de acuerdo con la existencia de la cláusula de exclusión, y resulta que en términos de la iniciativa, ellos pretenden que subsista la cláusula de exclusión, pero reglamentada, dicen ellos, como debiera establecerse en el texto de la reforma que proponen.
Pero sucede que en la parte considerativa se habla reiteradamente de la cláusula de exclusión sin que el artículo 371, como todos lo sabemos, haga referencia expresa a dicha cláusula, que como ya dije es o puede ser materia del Contrato Colectivo de Trabajo.
Cuando se nos distribuyeron en el seno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social copias de la iniciativa, a primera vista a mi me pareció que encerraba si no una serie de contradicciones que generaban confusión, sí cuando menos algunas situaciones que parecían paradógicas. Esta paradoja se manifestó justamente esta mañana, porque a mí me resulta paradógico que si los compañeros diputados de Acción Nacional pretenden la reforma del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, según aseveran debido a que la cláusula de exclusión se le está aplicando a los trabajadores de manera injusta y por motivos políticos, dicen ellos, y si también pretenden, con la reforma que proponen poner un remedio a esta situación, ¿cómo es entonces que al inicio de este debate vienen a presentar una moción suspensiva, y sobre todo pretendiendo fundarla en un hecho concreto que señalan ellos como la aplicación abusiva de la cláusula de exclusión?
Yo quisiera colocarme en la hipótesis de que efectivamente se abusa de la aplicación de la cláusula de exclusión, y que efectivamente se aplica por motivos políticos. Bueno, pues si ellos pretenden que el remedio está justamente en entrar a analizar, a debatir y a discutir su iniciativa, ¿cómo es entonces que iniciaron sus intervenciones proponiendo una moción suspensiva?
Pero no queda ahí la situación confusa o contradictoria, al grado de que han arrastrado la atención justamente hacía la cláusula de exclusión, cuando que con su iniciativa al parecer pretenden dos cosas: primero, que no impongan los sindicatos en sus estatutos ni a los trabajadores que pretenden ingresar al seno del sindicato, ni aquellos que ya estándolo puedan resultar expulsados del mismo, obligaciones que vengan en detrimento o deterioro de sus más elementales civiles y políticos; y en segundo lugar, según se desprenderse del texto de su propuesta; en la iniciativa, ellos proponen que se incluyan algunos pasos más en el procedimiento, mediante el cual se aplica a los trabajadores por el propio sindicato cualquiera de las medidas disciplinarias o correcciones o sanciones precisamente consagradas en los estatutos. Parece ser que esas son las dos pretensiones de los señores diputados de Acción Nacional.
Y yo me pregunto, cierto es que si en el contrato colectivo de trabajo las partes aceptaron que se incluyera la cláusula de exclusión, en cualquiera de sus dos sentidos, ¿qué tiene que ver la reforma del artículo 371 sobre todo para aquellos trabajadores que no siendo todavía miembros del sindicato tengan que llegar a decirle al propio sindicato que en ejercicio de su autonomía ya adoptó sus propias formas, ya adoptó sus propios estatutos: sindicato, yo trabajador deseo ingresar
al seno de tu organización pero con las condiciones que yo te quiero imponer, no con las que tú adoptaste como organización autónoma? De ahí que no podemos estar en acuerdo con el señor diputado Castro cuando nos dice que el tema central del debate debiera ser la aplicación de la cláusula de exclusión por expulsión.
Aquí, en la propia iniciativa, ellos están adoptando una posición que indudablemente nos lleva a pensar que quieren proteger a los trabajadores que aún no son miembros del sindicato, que aún esperan ingresar a él. En varias ocasiones -repito - se menciona la cláusula de exclusión, tanto en la parte considerativa como en algunas de las intervenciones de los señores diputados que intervinieron en esta mañana.
Yo creo que independientemente de las razones ya expuestas en el propio dictamen para que no podamos aceptar una iniciativa en los términos en que se propone para adicionar el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, valdría la pena reflexionar en esta serie de consideraciones que yo me he permitido hacer frente a ustedes, porque seríamos incongruentes en nuestra actitud si es que nosotros la aprobáramos o votáramos en contra del dictamen.
Yo exhorto de manera respetuosa a esta asamblea, para que tomando en cuenta tanto el texto del dictamen como el de las consideraciones que aquí me he permitido expresar, votemos en favor del dictamen que se ha sometido a nuestra consideración, desechando la iniciativa de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional pretendiendo adicionar el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias.
El C. presidente:- Tiene la palabra el diputado Magdaleno Yáñez Hernández.
El C. Magdaleno Yáñez Hernández: Señor presidente; señoras y señores diputados: hoy se discute un hecho que constantemente perjudica en algunas situaciones a determinados trabajadores.
Aquí hemos escuchado siempre, pues, alguien que se dice que es el único que tiene la razón, que es el único que tiene la verdad. Y su verdad es infalible. las opiniones de los demás no cuentan, aunque también tenga la razón.
El Partido Demócrata Mexicano dentro de su doctrina, pregona que los obreros, los trabajadores y en sí los sindicatos no deben pertenecer a ningún partido político, porque al pertenecer a él se viola en muchas ocasiones su libertad y la dignidad como persona humana.
Los que han venido a argumentar en esta y en otras muchas ocasiones, pues se dan los calificativos a determinados partidos que son pues en sí empresarios, pero vuelvo a recalcar lo de la vez anterior, que hay un partido, que es el partido oficial el que reúne en su seno a los corderos y a los leones; es el que reúne a los trabajadores y a los empresarios, a esos multimillonarios que en épocas de crisis se hacen cada día más ricos. Y hoy lo vemos a pesar del miserable aumento de salario del 20%, muchos empresarios han subido sus productos el 30 y el 75% y muchos de ellos miembros distinguidos del Partido Revolucionario Institucional.
Y como México es un país de rumores, se ha manejado de que puede suceder lo mismo que en Brasil o en Argentina con el plan cruzado, con el plan austral, el plan azteca. Y en esa situación encontramos que los empresarios mexicanos, revolucionarios por cierto, han aumentado el precio de sus productos en una cantidad que les puede dar una ventaja grande en caso de que se llegara a realizar el "plan azteca"; y esos empresarios pues también están dentro del partido oficial.
En ese sentido, creo que pues es bastante discutible quién o quién no tiene los empresarios dentro de determinado partido. Ya mencionaba hace un momento que el Partido Demócrata Mexicano había propuesto en 1979, el 30 de octubre, una iniciativa donde para reformar la Ley Federal del Trabajo, en especial el artículo 371 y el artículo 395. En esa ocasión el diputado Magaña mencionaba dentro de la reforma, el agregado de un inciso h) que mencionaba lo siguiente, dice: "en ningún caso podrá decretar la expulsión por motivo de carácter político". Y en el 395, se refería, dice: "tanto la cláusula de exclusión de ingreso, como por separación, no podrán aplicarse en situaciones de carácter político". Ya hemos mencionado en otras ocasiones también, que a miembros del Partido Demócrata Mexicano, candidatos, o aun simples simpatizantes, han, se les ha aplicado la cláusula de exclusión, y han tenido que abandonar su trabajo en diferentes lugares, como es Tlaxcala, como es en Michoacán, en Guanajuato, en Baja California y en otros lugares más.
Si bien en un principio la cláusula de exclusión pues era para consolidar la integridad sindical que en un principio era atacada por los patrones, pues creo que en un momento determinado fue precisa pero hoy en varias ocasiones y en circunstancias, cuando no se piensa como los líderes que están dentro del sindicato, pues se aplica la cláusula de exclusión.
Aquí se han mencionado una serie de cosas, pues que son iniciativas para engañar al movimiento obrero y una serie de cosas más. La mera verdad, yo les preguntaría a algunos de los diputados aquí presentes y en el caso cuando se discutió la iniciativa para que la prima de antigüedad se
aumentara a 24 días, uno de los diputados obreros señaló que no se podían dar 24 días al trabajador porque se emborrachaba.
En esa ocasión, yo le mencionaba que había la mentalidad, allá de la época del porfiriato, cuando se pidieron aumentos en Tlaxcala y en Puebla, lo que originó una serie de huelgas y posteriormente los sucesos del Río Blanco.
Desde ese punto de vista, es bastante discutible, de veras, quién de los diputados obreros se interesan por defender los derechos de los trabajadores o quiénes, pues diríamos, era mejor que los dejaran solos porque con ese tipo de ayudas, no les van a beneficiar en nada.
En el artículo 5o. de la Constitución pues está claro y pues sería bastante discutible hasta qué punto la cláusula de exclusión a veces puede considerarse legal o ilegal, aunque haya una autonomía sindical conferida por la Ley Federal del Trabajo y los estatutos sindicales.
En el artículo 5o. señala lo siguiente: "a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de está libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial".
Yo me pregunto ¿a alguien que se le aplica la cláusula de exclusión y en este caso por motivos políticos, hay una sentencia o una determinación judicial para que después de que esta se aplique la cláusula de exclusión o simplemente se está violando un derecho constitucional, se está violando una garantía individual? Y el artículo 5o. , que es bastante claro para proteger los derechos de los trabajadores pues menciona en otros párrafos, "el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso".
Y hasta qué punto un trabajador que en un momento dado se ve amenazada su libertad y que en un momento le pueden quitar el trabajo, él tendrá que actuar en la sombra, porque él no podrá actuar libremente porque siempre pesará una amenaza sobre su cabeza, que pueda ser despedido del trabajo y en esta situación a veces difícil, a veces de miseria y de hambre que sufre nuestro pueblo, muchos trabajadores tendrán que ver limitados sus derechos políticos.
Ahora bien, también el penúltimo párrafo del artículo 5o. se refiere a lo siguiente: "el contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador. Y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles".
Desde el momento en que sobre un trabajador hay una amenaza, él no puede llevar a cabo la práctica de sus derechos políticos. En ese sentido encontramos entonces que esa situación se podría discutir hasta qué punto también va en contra de la Constitución.
Ahora bien, el artículo 35 en su fracción III, señala: "son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos".
Y en la fracción III señala, dice: "asociarse para tratar los asuntos políticos del país".
En este sentido encontramos entonces que se les está impidiendo a un trabajador cuando se ve amenazado, pues de asociarse para tratar los asuntos políticos del país y de esa forma entonces, pues él estará siempre - decíamos -en la oscuridad.
Ahora también tenemos que el artículo 9 señala el derecho de asociarse de los mexicanos, dice: "no se podrá coartar el derecho de asociarse o de reunirse pacíficamente, con cualquier objeto lícito. Pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.
En este sentido, a las personas que han participado en partidos diferentes al partido oficial -decíamos - se les ha despedido de su trabajo, se les ha castigado y en algunas ocasiones algunos comités sindicales les llegan a descontar dos o tres días de salario para la campaña de sus candidatos. Esta situación viola en sí la libertad del trabajador, está violándose el derecho que tiene a su salario por esta situación, nuestro partido preocupado de que en México haya una verdadera democracia política, es necesario que los sindicatos sean libres para que el trabajador individualmente pueda afiliarse al partido que esté de acuerdo con su ideología.
Yo respeto, siempre lo he dicho porque he conocido a personas como líderes sindicales muy honestos, pero también hay otros que pues, en este caso que han venido algunos a quejarse, pero un exgobernador de Querétaro que era líder de una central obrera, casi al fin de su período dijo que iba a dejar de ser líder porque se iba a dedicar a sus negocios particulares, que iba a ser empresario, yo preguntaría: ¿deveras sí, un líder honesto puede crear empresas con el salario que decorosamente se le paga? Surge la duda, deveras ¿de dónde van a surgir líderes empresarios? En ese aspecto yo sí hago el hincapié en que pues los que se han venido aquí a creer dueños del
movimiento obrero, pues que realmente no lo son. Hay más del 50% de los trabajadores mucho más, que no están sindicalizados y que afortunadamente o desafortunadamente, pues no tienen dueño ni tienen ocasión, pudiéramos decir, los que luchan por ellos que bien pero algunos a veces los sojuzgan.
En este aspecto entonces sí es importante que se legisle para que no sea aplicada la cláusula de exclusión por motivos políticos, si ustedes han venido a decir aquí, los del partido oficial, que hay una serie de derechos, que hay un procedimiento, que la ley lo señala, que les cuesta, en qué les perjudica si ustedes deveras llevan las cosas legales, si ustedes deveras defienden a los trabajadores, pero hay una situación actualmente, yo si admiro a algunos de los luchadores allá de la época - ya diríamos - ya postrevolucionaria, cuando deveras las centrales obreras tenían el interés de defender a los trabajadores, cuando deveras aquellos líderes sindicales que sufrieron en carne propia las consecuencias de la explotación, se van a enfrentar a los patrones y al Gobierno para luchar por la clase trabajadora. En esa época si había defensa más clara.
¿Quién no va a recordar, por ejemplo en la época del general Cárdenas, cuando el poder adquisitivo del salario va a ser uno de los más elevados? Yo creo que allá por esas épocas como que sí había más empuje dentro del movimiento obrero, pero como que hoy han perdido en cierta manera sus metas principales para preocuparse por el bienestar social de los trabajadores, y de esta forma varios dirigentes como que le han dado un cariz político al sindicalismo mexicano, y quizás eso es lo que le ha hecho perder fuerza, como que se ha desviado de su objetivo principal, y de esa manera en ocasiones se pone a regatear el alza de los salarios o señalar emplazamientos masivos a huelga, cuando hay en ocasiones elecciones, y creo que así de esa manera es como se ha caracterizado en una gran parte.
En este sentido entonces, el Partido Demócrata Mexicano, preocupado de los trabajadores, no vamos a decir que nosotros venimos, tenemos una parte que es nuestra, que es de nuestra propiedad, sino en general que es importante entonces que se legisle para que se quede inserta en la Ley Federal del Trabajo que por motivos de carácter político no se aplicará la cláusula de exclusión. Estoy de acuerdo en que se aplique allá cuando se traiciona al movimiento obrero, o alguna otra circunstancia de gravedad.
Muchas gracias señor presidente, le agradezco al señor secretario la tarjeta, aunque en ocasiones no es parejo con todos.
El C. presidente:- Tiene la palabra el diputado Manuel Fernández Aguirre.
El C. Manuel Fernández Aguirre:- Con su permiso señor presidente; compañeros diputados: una sociedad como la nuestra dividida en clases sociales tiene sus organismos, sus aparatos, sus formas para defender sus intereses de clase. La clase trabajadora tiene como organismo de defensa a los sindicatos.
La historia nos demuestra como, primero en la ilegalidad, cuando los sindicatos principiaron a formarse, cómo fueron víctimas los trabajadores de persecuciones, cárcel, asesinatos mismos, o bien, en su propio trabajo los empresarios perseguían aquellos que querían organizar a los trabajadores. Más adelante, cuando obtienen legalidad las organizaciones sindicales, que obtienen los sindicatos la legalidad de su existencia, son los patrones los que persiguen a los trabajadores que se incorporan a los sindicatos. Y es así como los sindicatos mismos van adquiriendo derechos, derechos no solamente a través de los contratos colectivos, sino también respeto a sus formas internas de vida y es aquí donde se enmarca la cláusula de expulsión, la cláusula de adición, para tener la facultad el propio sindicato de admitir o desechar aquellos elementos que no eran acordes con los principios de clase que defendían esas organizaciones sindicales.
Y es la cláusula de exclusión, en nuestra opinión, el escudo que defiende los intereses del organismo sindical, es una conquista de los sindicatos desde el punto de vista de clase, porque no quedaba ya al arbitrio del patrón la posibilidad de admitir o excluir a determinados trabajadores, salvo que cayeran en alguna falla, en algún error o en alguna violación a lo pactado o a la propia ley.
Entendiendo a las organizaciones sindicales como la unión de hombres y mujeres que independientemente de su criterio político, de su credo religioso o de su opinión filosófica, se unen para defender sus intereses de clase y elevar el nivel económico, social y cultural de su clase, independientemente del régimen económico, político y social que vivan en la sociedad.
Entendiéndolo así, podemos considerar que es un derecho de los sindicatos aplicar normas de disciplina para sus agremiados, y excluir aquellos que no van acordes con la disciplina interna de la organización sindical, atendiendo siempre a los principios de clase que le dieron origen a las organizaciones sindicales.
En nuestra opinión, la iniciativa a discusión, con el aparente propósito de reglamentar la cláusula de exclusión, en nuestra opinión, lo que trata es de nulificarla, porque el procedimiento que plantea es inaplicable. Dice por ejemplo, en la consideración número cuatro, que deberán estar presentes cuando menos las dos terceras partes de los miembros del sindicato. Sin este quórum no
podrá instalarse la asamblea ni será válida su resolución.
Yo quiero preguntar estimados compañeros diputados, ¿un sindicato como los que existen aquí en México, como algunos que tienen 700 u 800 mil miembros, un sindicato que tenga 100 mil o 200 mil miembros, cuándo va a poder reunir las tres cuartas partes y discutir en serio y a fondo una cláusula de exclusión?
Esto es una falacia en la que con una careta democrática quiere aparecer una condición para que se pueda aplicar la cláusula de exclusión. Y me atrevo a pensar que ni alquilando el estadio de Maracaná en Brasil se podría aplicar la cláusula de exclusión de la República Mexicana.
Más adelante dicen, en la fracción IX, cuando se aplique la cláusula de exclusión, el sindicato deberá expedir dentro de los tres días siguientes al acuerdo copia certificada por triplicado del acta de la asamblea, incluyendo los datos relativos a los requisitos que esta fracción previene y las demás constancia que señale el trabajador sancionado. El sindicato entregará un tanto al trabajador, el segundo lo enviará a la junta de conciliación y arbitraje que corresponda y hará entrega de un tercer tanto al patrón al notificar el acuerdo.
Yo quiero pensar que aquí se establece únicamente la entrega del tercer tanto para conocimiento al patrón y no quiero pensar de ninguna manera que se le den facultades al patrón para que intervenga en los asuntos internos del sindicato; si es una notificación menos mal, pero en la mayor parte de los contratos colectivos está pactado también de que las cláusulas de exclusión que en el ejercicio de su libertad y autonomía el organismo sindical acuerde, el patrón debe acatarla aplicando la exclusión del trabajo aquel trabajador el que se le ha aplicado la cláusula de exclusión, porque sería incongruente que una decisión del sindicato estuviera todavía a juicio del patrón.
Pero en donde veo la mayor contradicción es en la consideración XII, que en considerarse la cláusula de exclusión procedente se deberá conceder al afectado un plazo de gracia de seis meses por lo menos para que pueda surtir efectos la medida dictada; es decir, prácticamente aquí está diciendo que no es aplicable la cláusula de exclusión por las condiciones en que este proyecto de ley está indicando.
Tengo en mis manos los estatutos de un sindicato que tiene una tradición histórica muy importante, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que me permitiré ilustrar mejor mis palabras y a manera de ejemplo quisiera leer algunas cuestiones que me parecen importantes, en donde su artículo 108 dice:
"Motivos de Exclusión; son motivos de expulsión del sindicato los siguiente:
Fracción I. Huelga.
No acatar los acuerdos de asamblea, los dictados por el comité central, subcomités u organismo directivos de emergencia cuando la agrupación se encuentre en pie de huelga sin que sea exculpante la ignorancia, contribuir al rompimiento de una huelga decretada por el sindicato o revelar los acuerdos secretos que este tome durante ella; servir de esquirol en cualquier caso de huelga decretada por los trabajadores de otra agrupación.
Fracción II. Traición y espionaje.
Traicionar a la agrupación entendiéndose que un miembro es culpable de traición cuando viole, en forma que implique perfidia o mala fe, la confianza que en él hubiera depositado el sindicato, ejecutar actos de espionaje con fines contrarios a este, o revelar sus acuerdos anteriores a las personas mencionadas en el artículo primero, aquí se refiere a las empresas o a terceras personas con las que el sindicato tuviere o pudiere tener dificultad.
Fracción III. Labor disolvente.
Hacer labor tendiente a la disolución del sindicato, a su desorganización o a la desobediencia de sus acuerdos importantes o recurrir contra estos, ante las autoridades administrativas o judiciales; conspirar dos o más agremiados resolviendo de concierto, cometer alguna de las faltas que se especifiquen en ésta o en cualquiera de las fracciones anteriores.
Fracción IV. Engaño al sindicato.
Fracción V. Faltas de providad.
Fracción VI. Actos de violencia graves.
Fracción VII. Perjuicios materiales.
Fracción VIII. Afiliación a otras sociedades. Esta la voy a leer porque me parece importante.
Pertenecer o afiliarse a sociedades, dependencias opuestas a las del sindicato y ejecutar actos contrarios a este en cumplimiento de los objetivos de aquellos. Y continúa con delitos, falsificación, la gravedad cuando un miembro es representante, cohecho, malversación, abuso de la representación, etcétera, etcétera". Es decir, de que el sindicato ejerce su derecho de aplicar normas disciplinarias a sus agremiados cuando estos actúan en el sentido contrario de los intereses colectivos que el sindicato representa.
Lo que nos parece a nosotros, estimados
compañeros diputados, es que en ocasiones la cláusula de exclusión no ha sido aplicada adecuadamente. Pero este es un problema que en nuestra opinión es por el funcionamiento antidemocrático que tiene los sindicatos.
Cuando en un sindicato no hay democracia, no solamente este, sino otros errores, se pueden cometer. Se pueden cometer perjudicando a sindicalistas revolucionarios porque es a ellos a los que se les ha aplicado en muchas ocasiones, no solamente la cláusula exclusión, sino algunas otras sanciones. Por eso consideramos nosotros que este problema, se resolverá cuando en los sindicatos funcione adecuadamente la democracia. Pero la democracia no va a venir fuera de los sindicatos, deben ser los propios trabajadores, en el seno interno de las organizaciones sindicales, quienes deben resolver sus conflictos y quienes deben desarrollar la democracia interna y no será desde fuera, desde donde llegue la democracia interna para los sindicatos y menos cuando sea la clase patronal la que proponga la democracia interna de los sindicatos.
Yo creo compañeros, que esta iniciativa se debe desechar no solamente porque no defiende la vida interna de los sindicatos, sino que así como en la pasada iniciativa que se discutió en la semana anterior, lo que trata es de debilitar la fuerza que tenga un sindicato y particularmente en una conquista que ha servido para defender a las propias organizaciones sindicales, como es la cláusula de exclusión cuando ésta se aplica adecuadamente. Por lo tanto nuestro partido votará en contra de esa iniciativa y en favor del dictamen. Muchas gracias.
El C. presidente: -Para hechos tiene la palabra el diputado Federico Durán y Liñán.
El C. Federico Durán y Liñán: -Con el permiso de usted, señor presidente; respetables diputadas y diputados: me llamó la atención haber escuchado la intervención del diputado Castro de Acción Nacional, el que entre tantos conceptos que ha emitido en esta sesión, expresará que los diputado cetemistas somos contradictorios y no es como dice el diputado, porque somos firmes en nuestras convicciones, somos nacionalistas y revolucionarios y no tenemos que ir al exterior para pedir opiniones e ingerencia en nuestro suelo mexicano.
Sin embargo, ellos sí son contradictorios, habló el diputado Castro y exaltó al derecho de ser respetado por los demás que porque todos tenemos ese derecho sin embargo, si recordamos nosotros, precisamente el coordinador de su diputación es el que en esta tribuna vino a ofendernos al llamarnos perros.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: -Señor presidente, le pregunto al orador a ver si permite una pequeñísima interpelación.
El C. presidente: -Si el orador lo permite...
El C. Federico Durán y Liñán: -Si lo permite el señor presidente, le voy a contestar.
Le voy a admitir la interpelación, cuando usted sea nacionalista y revolucionario. Mientras tanto, no se la admito.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: -Entonces el señor me la concede.
El C. Federico Durán Liñán: -No se la concedí, cuando sea nacionalista y revolucionario que yo esté convencido; mientras que usted no me convenza no se la admito.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: -Como no dijo que sí soy nacionalista y revolucionario, señor presidente, ha aceptado la interpelación.
El C. presidente: -Señor diputado, parece que no se la concedió.
El C. Federico Durán y Liñán: -Luego, hoy un diputado también de su fracción, subió y primeramente nos insulta y luego nos pide disculpas. ¿Quiénes son los contradictorios? Los diputados cetemistas o la fracción parlamentaria de ellos?
En su intervención el diputado Castro leyó lo estipulado en la página 306 de la obra de derecho laboral de Mario de la Cueva. Después basó su exposición exactamente en lo redactado en esa obra, en las páginas 308 y 309. Me refiero a la causa ferrocarrilera y a la convención textil de 1927. Pero yo me pregunto respetables señoras y señores diputados, ya que subió él con esta obra, ¿por qué no le dio lectura a lo que expresa también Mario de la Cueva en la página 315 que me voy a permitir dar lectura?
Principios y funcionamiento de la cláusula de separación. Hemos señalado en varias ocasiones, la verdadera finalidad de esta forma segunda de las cláusulas de exclusión, que no es otra que la defensa sindical del sindicato titular del contrato colectivo, contra su desintegración, cuyas causas pueden ser por una parte las manipulaciones de los empresarios para debilitar a los sindicatos y poder entonces controlarlos fácilmente y por otra las tentativas de otros sindicatos para conseguir el cambio de la titularidad del contrato colectivo. Dentro de ese esquema, especialmente en el primero de sus aspectos la cláusula de separación es otra manifestación del derecho del trabajo, como un derecho de la clase trabajadora, el funcionamiento de la cláusula de exclusión depende de la presencia de algunos presupuestos:
A) En primer lugar, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 395 de la ley, la cláusula debe de constar en el contrato colectivo, por lo tanto, debe ser una estipulación expresa y escrita.
B) La aplicación de la cláusula en sus dos aspectos, renuncia y expulsión, está condicionada a la pertenencia del trabajador al sindicato pues no se puede renunciar a lo que se tiene o se es y nadie puede ser expulsado de una comunidad a la que no pertenece.
a) La renuncia es un acto de libertad por el que un trabajador expresa su decisión de separarse del sindicato del que forma parte, presentada la renuncia la aplicación de la cláusula dependerá que se cumplan determinados requisitos.
a) La decisión debe haber sido tomada libremente pues si la renuncia se obtuvo por medio de coacción o violencia será nula, el trabajador podrá reclamar la nulidad de inmediato, cualquier notificado de que se queda separado de su empleo.
b) El órgano competente al sindicato debe aceptar la renuncia.
c) La directiva sindical pondrá el hecho del conocimiento del patrono y le solicitará separe al trabajador de su empleo.
d) Al patrono le es suficiente la solicitud del sindicato en la que se diga que se aceptó la renuncia presentada por el trabajador.
e) El mismo patrono con base en la cláusula de ingreso si el sindicato no mencionó el nombre del sustituto solicitará la designación de la persona para cubrir la vacante.
B) La expulsión en una tarde gris y bajo un cielo oculto por muchos nubarrones emprendió la comisión el estudio de los principios y funcionamientos de la cláusula de separación por expulsión, por razones que ya conocemos no era posible revivir la disputa en torno a su legitimidad, flotaban obstante, en el cuarto de estudio dos graves preocupaciones; por una parte la garantía en favor del trabajador contra cualquier abuso en la aplicación de la cláusula, y por otra, el respeto a la libertad de las asambleas sindicales para que pudieran ejercer el cumplimiento del artículo 359 de la ley, que viene del artículo 3o. del Convenio 89 de la Organización Internacional del Trabajo del año de 1948, el derecho de redactar libremente sus estatutos, disposiciones que además prohiben a la autoridad toda actividad que tienda a limitar ese derecho; el apartado 32 de la exposición de motivos de la ley, con la sobriedad que corresponde a estos documentos expresó magníficamente las preocupaciones de la comisión.
El artículo 371 señala los elementos que deben contener los estatutos de los sindicatos. En la fracción VII se reglamentaron los motivos y procedimientos de exclusión, con el doble propósito de garantizar a los trabajadores contra cualquier abuso que se intentara cometer, pero al mismo tiempo dejando en libertad a la asamblea sindical para que sin intervención de ninguna autoridad decrete la expulsión.
Ahora bien, compañeras y compañeros diputados, ¿por qué se omitió leer esto que también está en la obra de Mario de la Cueva? Y si nosotros observamos detenidamente quiénes son los que representan al capital en esta legislatura, y quiénes son los más interesados en que se desquicie la estructura básica de los sindicatos, y cómo y en qué forma se pretende, cuando estallen las huelgas, con esquiroles desbaratarlas, y cómo quieren acabar con una de las estructuras básicas que apoya a las instituciones del país. Por eso, respetables compañeras y compañeros diputados, nosotros la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, votaremos en contra de esa iniciativa. (Aplausos.)
Considero, respetable señor presidente, que este asunto se encuentra suficientemente discutido, y solicito que se ponga en votación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Alejandro Gascón Mercado.
El C. Alejandro Gascón Mercado: -Señoras y señores diputados. La cláusula séptima del artículo 371 dice:
"Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias, en los casos de expulsión se observarán las normas siguientes:
a) La asamblea de trabajadores se reunirá para el sólo efecto de conocer de la expulsión;
b) Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el procedimiento de expulsión se llevará a cabo ante la asamblea de la sección correspondiente, pero el acuerdo de expulsión deberá someterse a la decisión de los trabajadores de cada una de las secciones que integren el sindicato;
c) El trabajador afectado será oído en defensa, de conformidad con las disposiciones contenidas en los estatutos;
d) La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y las que ofrezca el afectado;
e) Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito;
f) La expulsión deberá ser aprobada por mayoría de las dos terceras partes del total de los miembros del sindicato;
g) La expulsión sólo podrá decretarse por los cauces expresamente consignados en los estatutos debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso".
Yo creo que si se respetaran la cláusula séptima del artículo 371, los trabajadores no tendrían grandes problemas.
El problema es que no se respeta todo esto. El problema está en que muchos de los sindicatos para expulsar un trabajador no hacen asamblea, lo expulsa el comité ejecutivo y a veces el secretario general solamente. El problema está en que no sólo no reúnen las dos terceras partes de los miembros del sindicato sino que en ocasiones recaban firmas para otros fines y con esas los expulsan. El problema está en que hay un grave ambiente antidemocrático en el movimiento sindical del país y esto no se refiere a una central determinada.
Sí, nosotros aquí partimos de la idea de que las discusiones en esta Cámara son para agredir a una central, a un sindicato o al señor Presidente de la República, o a alguno de los dirigentes sindicales; ya perdimos la oportunidad de reflexionar seriamente alrededor de este asunto. Porque realmente, ¿vale la pena hacer de los problemas de México asuntos de carácter personal? No vale la pena; no vale la pena porque nosotros nos vamos de esta Cámara y también el señor Presidente de la República se va dentro de poco tiempo.
¿Tiene sentido entonces, estar defendiendo la personalidad de alguien por encima, como lo comentamos alguna vez, por encima de los intereses de nuestro país o de la patria nuestra?
Hay cuestiones que fueron justas hace 30, 40 años y que ahora son injustas. Hace 30 ó 40 años era indispensable preservar la organización incipiente del movimiento sindical y había que apoyarla, creando la cláusula de exclusión ¿por qué? Porque no cabe duda que el movimiento obrero era muy débil, enemigos muchos y las fuerzas revolucionarias, aun desde el Gobierno, porque entonces había fuerzas revolucionarias, más que ahora, estaban interesadas en fortalecer el movimiento obrero.
Pero hoy hay una experiencia de más de 50 años, ¿y cuáles son los resultados? Los resultados es que en muchos casos los patrones a través de los sindicatos blancos, han practicado la cláusula de exclusión a su servicio, y los líderes corruptos que también los hay aplicado para su beneficio la cláusula de exclusión. Es un hecho que no podemos ignorar. Por eso algunos decimos, ¿se debe aplicar la cláusula de exclusión? Claro que se debe aplicar, solamente en el caso de esquirolaje comprobado y en el caso de que alguien rompa un movimiento de huelga; si eso se deja establecido, sin tanta formalidad y sin tanto requisito, se preserva la unidad de los trabajadores en lucha y al mismo tiempo se evita que líderes corruptos y falaces atenten contra los intereses de los trabajadores.
Ahora, hay algunas otras cuestiones que han sido claras al paso de los años, ¿es cierto que se ha aplicado la cláusula de exclusión por cuestiones de orden político? Bueno, yo creo que todos lo hemos vivido, es cierto. En el año de 1975 en mi estado comprobamos la expulsión de 275 trabajadores por razones de orden político electoral. Y si es necesario yo puedo traer esos documentos que se hicieron públicos oportunamente para que sean conocidos en esta Cámara, quiénes fueron víctimas y los actores principales, pues son hechos, lo hemos vivido, es justo esta política en el año de 1986 en nuestro país. Yo creo que este privitivismo que son parte de la tradición inquisitorial que ha habido en el país debe terminar, indudablemente, ¿por qué? Porque no se puede confundir a un sindicato con un partido político, tiene objetivos totalmente diferentes, un sindicato - como se ha dicho - es una organización que se integra para defender fundamentalmente los intereses económicos y sociales a este sindicato; y a un sindicato puede pertenecer un católico, puede pertenecer un evangélico, puede pertenecer un ateo porque no se han organizado para apreciar una misma concepción del mundo y de la vida, se han organizado para defender intereses concretos, el aumento de salarios, para conseguir prestaciones económicas, prestaciones sociales y también para elevar su vida en lo general. Por eso perseguir a un miembro de un sindicato por católico o por ateo o por evangélico resulta un acto de privitivismo; y lo mismo sucede tratándose de la militancia política, perseguir a un miembro de un sindicato porque pertenezca a determinado partido político es un símbolo de atraso que nosotros los mexicanos estamos obligados a superar, porque no es por la fuerza como se consista en el campo de las ideas, es por el es por el convencimiento de que uno tiene la razón.
Cuando un hombre se organiza en un partido político se organiza en función de la misma concepción de cómo debe organizarse la sociedad, y esto es otra categoría; para defender los intereses concretos de la vida de un hombre no se necesita determinada ideología, se necesita la coincidencia de luchar juntos por ese objetivo porque la comida ni es comunista ni es anticomunista, porque la casa ni es comunista ni es anticomunista, porque el aumento de salarios no
debe anteponer la lucha común de todos aquellos que necesitan luchar por eso.
Por eso yo entiendo que aquí ha habido una gran confusión y si bien es cierto que las fuerzas revolucionarias en un momento dado, ante la incipiente vida de los partidos políticos, tuvieron que hacer de las organizaciones sociales verdaderas agrupaciones donde se plantearan demandas de orden político, también es cierto que han pasado muchos años, se han estructurado los partidos políticos correspondientes y seguir manejando esto, empobrece de verdad la vida de nuestro país. Y eso debe de estar claro, no estamos aquí defendiendo cuestiones de orden menor.
Atacar al señor Presidente, ¿para qué?. No tendría sentido porque si él fuera eterno en este país, bueno pues entonces habría que fijar nuestro tiempo a eso, pero es temporal como cualquiera de nosotros. Lo eterno es el pueblo, lo eterno son los intereses de la clase obrera, los intereses de los trabajadores mexicanos, del campo y de la ciudad; eso es lo permanente en nuestro pueblo.
Por eso tener fetiches nos está estorbando bastante para organizarnos bien. Yo creo compañeros, francamente, que ningún hombre - como yo decía frente al Secretario de Hacienda-, por más importante que sea debe estar encima de la patria nuestra, de los intereses de nuestro país y no estar anteponiendo cuestiones de este carácter a una discusión de fondo. Con estos requisitos no se necesitan ni siquiera los que le agrega el Partido Acción Nacional, con estos requisitos que tiene la Ley Federal del Trabajo, con esos tenemos a condición de que se respetaran y como no estamos en condiciones reales de respetarlos, hay que reducirlos a uno, se permitirá la cláusula de exclusión con el esquirolaje a aquel que saboteó una huelga. Nada más.
Pero que no quede a criterio del dirigente sindical o del comité ejecutivo de un sindicato, por razones subjetivas expulsar a un trabajador, sobre todo en las condiciones de hoy, donde una empresa trabajan 100 y hay 200 en la puerta esperando que corran a uno para meterse ellos.
Ahora sí hay un ambiente para el espirolaje, en serio. ¿por qué? Porque aquí estamos discutiendo la cláusula de exclusión en vez de estar discutiendo la existencia de las fuentes de trabajo, en vez de estar discutiendo la existencia de los sindicatos que están desapareciendo, en vez de estar defendiendo los instrumentos de la clase obrera que están siendo agredidos por la vida económica, social y política de nuestro país, en nuestro tiempo, esa es la verdadera agresión.
Así es que yo no estoy opuesto al movimiento sindical. A mí me interesaría que fuéramos los gobernantes de este país y no los burgueses de este país, naturalmente, pero claro, concibo un movimiento sindical que no sea en función de la fuerza del Estado para proteger a grupos de privilegiados que están a su servicio y que se dicen representar a la clase obrera.
Yo hago un corte parejo, no, no porque deveras es de muy mal gusto a veces el tono y la forma como en esta Cámara se plantean las mismas cosas. Llega una gente aquí y de pronto ofende a todos; no, yo creo que aquí no venimos para ofendernos, venimos a pensar, a entrar en contradicción, sí, según los intereses de clase que cada quien represente sí pero tampoco en función de escaramuzas debemos dejar de entrarle al fondo de las cosas, deveras se ha aplicado correctamente la cláusula de exclusión en nuestro país; deveras ha servido fundamentalmente para preservar la lucha del movimiento obrero de México, deveras, o ha sido una de las causas de violaciones de carácter constitucional y de atentados contra las garantías individuales en México, indudablemente.
Llegó del momento de que la lucha política se dé en términos distintos, no se puede obligar a nadie por la vía del hambre a que piense de determinada forma, no se debe cuando menos, porque pedir un trabajo, entrar a una empresa, darle a eso una aplicación automática, una determinada central y luego ser miembro de esa central hacia un mexicano, automáticamente de un miembro de un partido político, es un atentado a los derechos humanos indudablemente y eso no podemos ignorarlo; que de esa manera nosotros vamos a preservar la revolución y a evitar que entre la reacción, no, por ese camino lo que estamos haciéndole llamamientos muy agradables es al fascismo, al fascismo, todo lo que atente contra la verdadera organización voluntaria de los trabajadores, le hace juego al fascismo, porque a mí la derecha francamente no me preocupa, hace tiempo que fue derrotada por la vida en este país.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Miguel Alonso Raya.
El C. Miguel Alonso Raya: -Con su permiso, señor presidente; compañeros y compañeras: hasta quienes plantean reformas para prácticamente anular la vigencia de la cláusula de exclusión reconocen que esta fue y ha sido una conquista del movimiento obrero, una conquista del movimiento sindical, una conquista de la clase obrera para poder defender sus intereses y a sus organizaciones frente a los patrones.
Y aunque aquí se ha mencionado algunos tratadistas o algunos aspectos de tratadistas que se oponen y la califican de inconstitucional, también hay otro conjunto de tratadistas que fundamentan teóricamente la constitucionalidad y la vigencia real y la necesidad de la existencia de la cláusula de exclusión, porque de ninguna manera
compañeros, puede estar el interés y el derecho individual por encima del derecho colectivo.
Nadie puede individualmente plantearse por sí solo la formación de un sindicato. Tiene que ser una decisión colectiva de los trabajadores, para poder crear esa institución jurídica que le permita enfrentar en mejores condiciones y con mayor éxito a los patrones.
La necesidad de la organización en relación a los trabajadores de su organización, y de la creación de los sindicatos, plantea sobre todo una posibilidad real de la defensa de sus intereses y la unidad de los sindicatos y la lucha por la democracia, es la que garantiza que éstos puedan ser órganos efectivos en la defensa de esos intereses. Por lo tanto, no es casual que desde 1916, no desde 1926, compañero diputado Juan de Dios, desde 1916 en el contrato colectivo de la Compañía de Luz y Fuerza, apareciera por primera vez la cláusula de exclusión, en un contrato que se firmara con la Conferencia Revolucionaria de Obreros y Campesinos.
Y si bien se dice que se ha aplicado mal la cláusula de exclusión y que se ha aplicado a veces para expulsar, para separar obreros, a trabajadores que luchan por la democracia en los sindicatos, eso debemos verlo en el marco de lo que implica reflexionar acerca de una táctica adecuada que nos lleve a sentar bases reales y objetivas para la democratización de los sindicatos, pero de ninguna manera la aplicación errónea, equivocada, arbitraria a veces de la cláusula de exclusión por parte de algunos dirigentes antidemocráticos, incluso el que acepten presidir y proteger a esquiroles en sus filas, implica de alguna manera o invalida la conquista histórica que significa la cláusula de exclusión por parte de los obreros y por parte del movimiento sindical en general.
Que hay que luchar por la democratización de los sindicatos, que hay que luchar por elevar el papel político y social de la clase obrera, que elevar y desarrollar la conciencia de la clase obrera para que tenga una mayor participación y luche de mejor manera por defender los intereses, es cierto y está íntimamente vinculado, estrechamente vinculado a la capacidad de cada partido para poder enraizarse, para poder profundizar con sus vínculos, con el movimiento obrero y popular de masas y eso cada partido tendrá que resolverlo. ¿Cómo hacerle para poder lograr tener éxito en esa línea, en esa dirección y poder hacer que conquistas sindicales, conquistas de clase tan importantes como éstas, se les dé una aplicación correcta y justa y no se aplique efectivamente para protegerse los patrones? porque no es cierto que ahora se ha acabado con el peligro de que los patrones esquirolen, que ahora ya no representa este peligro porque hay un importante desarrollo del movimiento sindical, sí sigue habiendo ese peligro.
Los patrones están sumamente interesados en seguir dividiendo, en seguir interviniendo, en seguir interfiriendo en la vida autónoma de los sindicatos, y los sindicatos claro que con su autonomía, tienen, derecho a decidir a qué partido, a qué organización se afilian mayoritariamente, para poder defender de mejor manera sus intereses, de acuerdo al nivel de desarrollo de su conciencia y de su propia organización. Es un problema, en todo caso nuestro, de los partidos, convencerlos y ganarlos a nuestros principios, cierto, los sindicatos no son y no deben confundirse con el partido político; cierto que al trabajador que pertenece a un sindicato, no puede obligársele a que piense ideológica y políticamente igual como el principal dirigente sindical.
Cierto, pero compañeros, la cláusula de exclusión se refiere fundamentalmente al trabajador, su aplicación se refiere a aquel trabajador que viola, que atenta contra las normas disciplinarias del sindicato, y que no es condición, o no implica su aplicación el sancionar a qué religión pertenece o qué afiliación política tiene; que a veces se aplica en ese sentido compañeros, es un problema que debe remontarse y que debe sobreponerse sobre la base de que participemos activamente y con inteligencia en el seno de los sindicatos para poder democratizarlos y para que se dé una aplicación y un uso correcto a una conquista de clase, de la clase obrera frente a los patrones.
Porque nosotros pensamos, en la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, que más grave aun que la cláusula de exclusión, es la libertad que tienen los patrones - como aquí se señalaba por el diputado Whaley hace rato en su última intervención-, la libertad que tienen los patrones para despedir indiscriminadamente a los trabajadores, y claro, claro que es criminal todavía también aquellos dirigentes o seudolíderes sindicales, que se prestan a proteger a quienes les sirven a la estrategia desmanteladora, a la estrategia esquirolesca que utilizan las empresas para quebrantar la vida de sindicatos democráticos.
Pero todavía, aun más grave que esto compañeros, es un última instancia la cláusula de excomunión; más grave que la cláusula de exclusión, más grave que la separación de compañeros, es la cláusula de excomunión, y esa se da constantemente en los púlpitos y constantemente la recitan y le dan consigna los patrones a los curas, para que apliquen la cláusula de excomunión y espanten a los trabajadores y los intimiden para que sirvan al final de cuentas a los intereses de los patrones. Esa sí es grave, esa sí es delicada, porque esa sí viola las garantías individuales y los derechos colectivos de los trabajadores proteger a sindicatos blancos.
Pero la cláusula de exclusión es una conquista de clases que hay que saber aplicarla, de acuerdo; que hay que defender porque se aplique en el marco de la democracia sindical y de la lucha por la unidad, y de conquistar por parte del movimiento obrero su unidad más amplia en torno a un programa avanzado, para que pueda influir en las mejores decisiones de este país, y hacer realidad la central única de trabajadores, y marchar y sentar las bases para que pueda hacerse realidad también todo el conjunto de pronunciamientos y de planteamientos en materia y económica y política, que deben llevar y que le den salida a la crisis que actualmente tiene nuestro país. Todo eso es cierto, es necesario, pero compañeros, eso es un trabajo y un esfuerzo y una responsabilidad de cada una de las organizaciones. Asumamos el compromiso, pero no nos vayamos tras la finta compañeros, porque esta iniciativa que pretende limitar, prácticamente nulificar la cláusula de exclusión, de por sí ya limitada en cierto modo en su aplicación, por lo que estipula la propia Ley Federal del Trabajo, es a final de cuentas cancelar una auténtica conquista de la clase obrera y del movimiento sindical en nuestro país, y es abrirle y dejarle la puerta abierta a los patrones para que esquirolen, para que dividan, para que se entrometan en los asuntos que competen a la autonomía sindical y al ejercicio de la democracia en el seno de los sindicatos.
Y vuelvo a repetir - por eso digo -, lo más grave aquí, lo más peligroso, compañeros, y cuidémonos de ello, es la cláusula de excomunión y esa la aplican los patrones a través de sus testaferros, los curas.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Alfonso Godinez López.
El C. Alfonso Godinez López: -Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: venimos a esta tribuna - disculpen la voz-, a debatir ideológicamente, congruentes con nuestra manera de pensar, de ser y de actuar. Emergimos de un movimiento obrero que es el único que existe en México y que este ha dado muestras fundamentales de un progreso nacionalista. Quiero señalar para la historia y para los Diarios de los Debates así como para la asamblea, cuál es la posición y la doctrina, nuestra táctica de luchas de la Confederación de Trabajadores de México, que es y ha sido, un frente sindical nacional dentro de la lucha de clases al servicio del proletariado mexicano.
Establecimos como norma suprema de conducta, la lucha contra la estructura semifeudal, contra las fuerzas imperialistas en la economía y en la independencia política de la nación mexicana. Esto es para garantizar el desenvolvimiento histórico de la Revolución, hemos llamado a celebrar pactos políticos con otros sectores y del mismo pueblo, para luchar en conjunto contra la reacción interior y exterior.
Lo que aquí se discute en referencia a la cláusula de exclusión, quiero señalar entre otras cosas, que con ella, aunado al desarrollo del movimiento obrero mexicano, la participación de la Confederación de Trabajadores de México se ha manifestado en la siguiente forma desde su nacimiento: "hemos apoyado y apoyaremos formalmente la educación socialista, hemos apoyado la nacionalización de los ferrocarriles, la promulgación del estatuto jurídico, la nacionalización petrolera, la mexicanización de la industria eléctrica; hemos apoyado en muchas legislaturas anteriores los salarios mínimos, el seguro social, el Infonavit, la participación de utilidades, la igualdad de la mujer respecto al hombre en las elecciones internas, y la nacionalización de la banca.
Pero todo esto, es una lucha de dos fuerzas; las de la derecha y las de un pueblo organizado en sindicatos que buscan una superación y un apoyo a un Gobierno nacionalista. Persiste la lucha porque persisten los partidarios del retroceso, herederos de conservadores y reaccionarios que añoran el derecho de pernada, el diezmo, sus capitales, sus bancos o sus intereses.
Persiste esta lucha porque emanamos de una revolución nacionalista, antiimperialista y antifeudal. Porque va implícito en nuestra forma de pensar, de ser y de actuar, los ideales de una convicción revolucionaria que permite sostener los postulados que diariamente en la vida y en la lucha y en la calle defendemos los trabajadores organizados de este país. Y medimos por resultados la participación del movimiento obrero en México, resaltará sin duda la paz social que gozamos. De eso queríamos hablar, nuestra posición legal y respeto a las leyes mexicanas, desde siempre hemos venido a participar en la Cámara de Diputados para dialogar con altura, para debatir ideológicamente con los partidos, que la Constitución de la República ha permitido que penetren en esta Cámara, y lo ha permitido porque es congruente y somos congruentes con nuestra forma de pensar y de actuar; antes que nada están los ideales emanados de la Revolución Mexicana.
Apoyamos el dictamen de la Comisión porque consideramos que ha sido una larga lucha - históricamente hablando-, donde la Cámara de Diputados ya ha manifestado su apoyo. Dentro de las filas del movimiento obrero venimos a señalar con la frente en alto, que los obreros mexicanos actuamos conforme a derecho, somos respetuosos de las leyes y nos apoyamos en la soberanía máxima, que son las asambleas que dan origen a los acuerdos de los sindicatos
.
Señor presidente, queremos pedir que si se considera suficientemente discutido este tema, pase a votación por favor. Muchas gracias.
El C. presidente: -Consulte la secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La C. secretaria Alma Salas Montiel: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutido.
En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado señor presidente
. El C. Juan de Dios Castro Lozano: -Señor presidente: aparte de que no se preguntó por la negativa, yo quisiera preguntar a usted antes algo ¿Por qué razón no se toma votación nominal, señor presidente, tratándose de un dictamen sobre iniciativa de ley?
El C. presidente: -Porque no fue solicitado a la asamblea, y en el caso se trata de un punto de acuerdo.
Pregunte la secretaría a la asamblea los que estén por la negativa.
La C. secretaria Alma Salas Montiel: -Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Ha sido aprobado señor presidente.
El C. presidente: -Un momento señor secretario.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: -Una pregunta, señor presidente: me puede usted fundar en el reglamento ¿por qué los dictámenes negativos son puntos de acuerdo y no dictámenes sobre iniciativas?.
El C. presidente: -Es decir, en primer lugar, quiero aclararle al señor diputado que de acuerdo con el dictamen que se acaba de aprobar, existe punto de acuerdo en relación con el propio dictamen. Es decir, el dictamen estaba rechazando la iniciativa propuesta por usted, consecuentemente trata ya de un punto de acuerdo.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: -También los dictámenes positivos son punto de acuerdo, señor.
El C. presidente: -Cuando se trata de un dictamen positivo, se entra al fondo a discutir la iniciativa propuesta.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: -Ya se discutió señor, la iniciativa en el fondo. Este debate nos llevó cuatro horas.
El C. presidente: -Si me permite señor diputado, con todo respeto, se ha terminado la discusión en relación con esto y le daré la oportunidad de que en otro caso haga usted los...
El C. Juan de Dios Castro Lozano: -¿No me puede dar pues, el fundamento?.
"SALÓN VERDE" DE ESTA CÁMARA
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez:
«Honorable asamblea:
A la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, fue turnada la proposición presentada por el C. diputado Jesús González Schmall y un grupo de diputados más, en la que plantea se imponga el nombre de don Francisco I. Madero, al llamado "Salón Verde" de esta Cámara.
En atención a lo dispuesto por el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión ha realizado en exhaustivo análisis de la propuesta, así como de la personalidad histórica y política de don Francisco I. Madero y de algunos aspectos de nuestra tradición parlamentaria.
Sin lugar a duda, don Francisco I. Madero ocupa un primerísimo lugar en la lucha social del pueblo mexicano por darse mejores condiciones de vida y por conquistar nuevos y mayores avances dentro de nuestro régimen democrático. En Madero reconocemos al iniciador indiscutible de la Revolución Mexicana; su Plan de San Luis convocó específicamente a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 a partir de las seis de la tarde, en contra de la dictadura oprobiosa del general Porfirio Díaz, previamente había desplazado una intensa actividad política a nivel nacional, que contribuyó significativamente a crear el clima de rebeldia social que hizo posible el arranque de nuestro movimiento revolucionario de 1910. Su libro "La Sucesión Presidencial de 1910", sus dos campañas presidenciales, su original acción armada que culminó con la toma de Ciudad Juárez y la licencia del presidente Díaz, su ejercicio presidencial -el primero surgido de la lucha revolucionaria-, y su martirio a manos de los mercenarios del Pacto de la Embajada de la Ciudadela y en especial del usurpador Victoriano Huerta, dejan la imagen impecable del precursor, del revolucionario, del ideólogo, del político, del
estadista y del apóstol que fue, es y seguirá siendo Francisco I. Madero.
Por estas, entre razones, su nombre figura ya con letras doradas en el frontispicio del salón de sesiones de esta Cámara, por acuerdo expreso de su asamblea, precisamente por reconocimiento y respeto a tan destacado mexicano, su nombre debe quedar con exclusividad en el lugar que ya le ha asignado la soberanía popular y el juicio histórico en este recinto.
Por otro lado, es bien sabido el peso de la tradición parlamentaria en prácticamente todas las asambleas presentativas del mundo. En base a ello, una ancestral tradición ha asignado al salón donde se reúne la Comisión Permanente, la denominación de "Salón Verde" y así se le ha reconocido desde el antiguo recinto de la calle de Donceles, tradición que estimamos debemos igualmente respetar, porque está íntimamente vinculado a la historia parlamentaria y política de nuestro país.
En consecuencia de lo expuesto y con fundamento en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General y 27 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Cámara de Diputados de la LIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, acuerda no aceptar la proposición presentada en el sentido de imponer el nombre de Francisco I. Madero al llamado Salón Verde de esta Cámara, en virtud de que su nombre ya esta inscrito en ella, y recomienda respetar esta denominación que la tradición legislativa le ha asignado.
México D. F., a 22 de octubre de 1986.
Por la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
Diputados: Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; Javier Pineda Serino, secretario; Eduardo Acosta Villeda, Juan Carlos Alba Calderón, Gonzalo Altamirano Dimas, Pablo Alvarez Padilla, José Gonzalo Badillo Ortiz, Juan Moisés Calleja García, Juan de Dios Colli Mass, Santiago Camarena Flores, Eleazar Camarillo Ochoa, Ofelia Casillas Ontiveros, José Trinidad Cervantes Aguirre, Marco Antonio Espinosa Pablos, José Luis Galaviz Cabral, Gregorio Macías Rodríguez, Antonio Melgar Aranda, Santiago Oñate Laborde, Fernando Ortiz Arana, José Pedro Peñaloza, Genaro José Piñeiro López, Ricardo Regalado Hernández, Rubén Robles Catalán, Macario Rosas Zaragoza, Arturo Ruiz Morales, Mario Niebla Alvarez, Martín Tavira Urióstegui, Manuel Terrazas Guerrero, Eduardo Valle Espinosa, Arnulfo Villaseñor Saavedra, Humberto Zavala Peña».
Está a discusión el punto de acuerdo.
El C. presidente: - Se habre el registro de oradores para la discusión del acuerdo.
Esta presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra los ciudadanos diputados: Jesús González Schmal, Juan de Dios Castro Lozano y Alejandro Cañedo Benítez, y en pro los diputados Santiago Camarena Flores y Genaro José Piñeiro López.
En consecuencia tiene la palabra el diputado Jesús González Schmal.
El C. Jesús González Schmal: -Señor presidente; miembros de la asamblea: el rechazo a esta proposición, a esta tan razonable y procedente proposición, no puede deberse simplemente a un mecanismo de rechazo a todo lo que proceda o no proceda, más bien dicho, del Ejecutivo.
No creemos que sólo sea un reflejo condicionado para obstruir las proposiciones de la oposición y no creemos tampoco en una sola manifestación de sectarismo impensado. Existe en este rechazo, un motivo subyacente no declarado y tal vez no tengan ni quienes suscribieron el dictamen, plena conciencia de ello.
Existe, lo creemos de veras, un temor inconfesado al verdadero significado de Francisco I. Madero, a su sentido en la historia nacional, a la escencia y síntesis de su lucha por el Sufragio Efectivo y con ello, naturalmente, una manera de evadir en la actualidad su referencia, la referencia de sus postulados a la dramática realidad de nuestros días. Madero podrá ser colocado como está en letras de oro, pero no puede estar por la actualidad de su demanda, presidiendo el salón de sesiones, ahora Salón Verde, porque su voz, porque sus palabras en la sucesión presidencial, estarían llamando a la conciencia de cada uno de los legisladores que tuvieran que volterar a ver el nombre del salón. Y porque no solamente está el testimonio de Madero como una aspiración inalcanzada, sino porque para nuestra desgracia está también el testimonio de la traición de Huerta, materializada en el asesinato de un hombre, pero también en el idea de la democracia que hoy sigue estando en la causa que explica nuestra crisis nacional.
Acepto que puede haber congruencia en el rechazo para quienes prefieren no rendir homenaje a un hombre cuyo mensaje no creen o están incapacitados para llevar a la práctica, pero creo que para el pueblo, Madero seguirá siendo con su nombre o sin su nombre en nuestro salón de sesiones, el
hombre que creyó -a costa, con el sacrificio de su vida-, en el ideal de la democracia, el hombre que todavía tiene abierta en las entrañas de la Patria, la esperanza de un México superior, de un México para todos y para cada uno de los mexicanos.
Y es hoy propicia esta referencia para situarnos en la historia contemporánea, real y protagonizada por nosotros mismos, por eso, resulta ineludible hoy también, abordar a propósito, a propósito de la reflexión sobre Madero, por sus antecedentes históricos y por sus repercusiones en la vida actual y futura de la Nación, el proceso electoral habido en el estado de Sinaloa apenas hace unas cuantas horas. Es ineludible por su importancia, es ineludible por sus repercusiones en la vida actual y futura del México, es ineludible por nuestro sentido de nuestra conciencia histórica, hablar de este acontecimiento fundamental para la vida de la Nación.
El estado de Sinaloa acosado desde décadas por la imposición de autoridades políticas que han ensangrentado al estado con multitud de crímenes impunes, así como por la degradación moral al convertir a este gran estado; en un centro reconocido mundialmente como productor, abastecedor y consumidor de enervantes; todo ello soportado en el nivel más alto de corrupción política, de imposición política, de desdén y desprecio por la democracia.
Este cuadro deprimente solo tiene un origen, solo tiene una explicación; la ausencia de una vida democrática en su seno, el predominio hegemónico de un grupo apoderado del mando en el estado, que a espaldas del pueblo y con apoyo de gatilleros solete la libertad y condiciona la vida de la entidad a sus designios.
Y precisamente aquí también la explicación de lo que ocurrió en Sinaloa el domingo; el doble proceso, proceso paralelo electoral habido en Sinaloa el pasado fin de semana. Uno, el proceso a la luz del día en las ciudades más importantes del estado, en donde el elector acudió con más o menos libertad y su voto fue tabulado para consignarse en el acto con el resultado electoral; el otro proceso electoral o antielectoral posterior, maquinado en los sótanos de las residencias de los titulares del control político del estado, montó todo un operativo de falsificación de votos que incluyó desde la supresión del padrón a los representantes de casillas del Partido Acción Nacional, para limitar su derecho al ejercicio de la vigilancia, hasta el robo de las urnas cuando los resultados les eran adversos, o en el extremo, la negativa de las copias de las actas de escrutinio a los representantes de la oposición.
El C. José Gonzalo Badillo Ortiz: -Moción de orden, no es el tema, no es cierto.
El C. Jesús González Schmal: -Sí, es verdad que calan estas verdades señor diputado. Estoy en el tema porque estoy hablando de democracia y estoy hablando de Madero, y estoy hablando del fraude electoral en Sinaloa.
Fueron toda esta serie de medidas fraudulentas, hasta el desvío de las urnas en el camino a los comités electorales para trasladarlas a los laboratorios que arreglarían los resultados antes del día del cómputo. Naturalmente el campo operativo de esta acción, como la de todas las acciones delictivas, fue el despoblado, las zonas rurales en donde los caciques amagan a los campesinos, o aprovechando...
El C. Jesús Gonzalo Badillo Ortiz: -Moción de orden. Tema...
El C. Jesús González Schmal: -Usted, señor diputado, usted es experto en imprimir propaganda electoral con cargo a la Cámara, por eso estoy hablando de Madero y por eso estoy hablando de la democracia en nuestra vida futura, y lamento que le moleste.
Y aprovechando la noche en las ciudades, con la protección policiaca, y con el uso incluso de vehículos oficiales de la Secretaría de Agricultura, y de la Secretaría de Comunicaciones, previo el ocultamiento de los sellos que usualmente tienen en las puertas, dos votaciones entonces, una normal abierta, y la otra posterior subterránea, delictuosa, ambas detectadas con claridad y perfectamente localizadas, e incluso en muchos casos documentos con testimonios de vecinos o con grabaciones clarísimas de órdenes que se giraban para llevar a cabo las acciones tendientes a falsificar los resultados electorales.
Hay algunas tan evidentes, como que al reportar al comando del operativo fraudulento del resultado de una casilla rural, el comando le señalaba al auxiliar de la comisión electoral -cargo con que se encubren los delincuentes electorales-, que le agregara uno más a la izquierda al resultado del Partido Revolucionario Institucional, para superar al del Partido Acción Nacional, que se le dé una copia ilegible.
También se escucha cuando se condena a un presidente de casilla a recibir una sanción porque al no acudir a los cursos de capacitación previa que se dieron en el Partido Revolucionario Institucional, no está actuando de conformidad con el operativo delictivo. Así este tipo son las evidencias.
Hay hechos también muy ilustrativos que constan a los ciudadanos de Culiacán, cuando en la casilla 83 llega el candidato oficial, Labastida, y le da un abrazo justamente a un sujeto que dijo ser el dueño de la casa donde estaba la casilla y
que se encontraba permanentemente parado a un metro distancia de donde los vecinos no se encontraban sufragando y que através de sus nietos, memores de edad, se acercaban a los votantes para decirles que el voto debería ser del Partidos Revolucionario Institucional y que estaba siendo perfectamente vigilado.
La prensa local del día de hoy da cuenta de testimonios fotográficos del laboratorio que se encontró en los altos de la oficina de Aeroméxico en los Mochis, ubicada en el callejón de Narciso Mendoza 386 poniente, en donde los propios reporteros fueron amenazados a la manera de la mafia sinaloense de muerte si publicaban lo ocurrido.
En este laboratorio se encontraban urnas y papelería electoral, y su jefe lo es, nada menos, que el oficial mayor de ayuntamiento, Héctor Javier Peinado, y el director de bienes inmuebles del mismo ayuntamiento, Carlos Portillo Couret, junto con el jefe de inspectores, Melchor Echave Flores.
La multitud de las afueras del laboratorio logró capturar a varios malhechores que fueron entregados al ministerio público, conociéndose gran parte de la organización de más de 40 miembros, a través de Noé Domínguez, que primero negó o dijo ser ajeno a los hechos, pero que después mostró incluso, credencial de auxiliar electoral y en las declaraciones envolvió su subordinación al profesor Héctor Javier Peinado.
Son sólo algunos datos elocuentes de lo que hubo en la elección posterior subterránea en manos de la mafia en Sinaloa.
El C. presidente: - Si me permite, señor diputado: sin ánimo de restringirle su derecho a que haga usted uso de la palabra, solamente por vía de orientación recuérdole que el tema es relación con una iniciativa que usted formuló para se le diera el nombre de Francisco I. Madero al Salón Verde de esta Cámara.
El C. Jesús González Schmal: -Voy a concluir sobre eso, señor presidente. En efecto, tiene vinculación directa con este rechazo que ustedes han hecho.
Hubo sin embargo, y hay que decirlo, una importante parte de la elección que fue preservada la intervención del hampa electoral que mostró un acto de espíritu cívico y de responsabilidad. Es probable que en el cálculo de los comandos del fraude, se pensara que en la elección auténtica sólo sería para cubrir las apariencias y que se tuviera previsto que numéricamente se computen los votos falsos que pulverizados en las áreas alejadas se sobrepongan a la suma de los votos verdaderos y válidos.
Sólo que este propósito va a resultar difícil de lograr. Y aquí hago referencia porque justamente en 1904, cuando don Francisco I. Madero contendía para la presidencia municipal de San Pedro de las Colonias, Coahuila, ocurrieron hechos exactamente iguales a los que están y a los que estoy narrando y reseñando en este momento.
Sólo que este propósito les va a resultar difícil, primero porque está detectada todo el cúmulo y los lugares de donde se llevaron a cabo la suplantación de electores. Los electores verdaderos están hoy reclamando, una vez que se han retirado del lugar de los hampones su posición y la razón que los asiste para que sean sólo sus votos legítimos los que tengan validez.
En diversos municipios y sindicatos se está levantando el pueblo en esta demanda que honra al verdadero pueblo sinaloense, y honra a la memoria de Francisco I. Madero que está iluminando las acciones de estos sinaloenses.
No van a valer en Sinaloa, como valieron en aquellos entonces en San Pedro de las Colonias, el despliegue de toda clases de recursos de engaño público para intimidar al pueblo; este pueblo eligió como gobernador a Manuel Clouthier y quiere presidentes municipales y diputados totalmente independientes de las mafias que en lo político y en los negocios ilícitos han manejado al estado.
Hoy Sinaloa, como antes, y seguramente otros más adelante, estados de nuestra República, se levanta con un solo propósito: validar la vía electoral que por más desprestigiada y limitada que esté en manos del Gobierno puede ser rescatada a favor de un pueblo que no sólo se preparó para ejercer su sagrado derecho al voto, sino que se preparó aún soportando la inmensa carga de trabajo y sacrificio que ello implica para detectar y sorprender a los hampones electorales que en la tenebra maquinan y fabrican votos falsos. Los únicos votos reales y válidos son los que emitió el pueblo libre y consciente de su responsabilidad, éstos favorecen al Partido Acción Nacional, y éstos en número y en calidad están confirmando el triunfo total y absoluto del Partido Acción Nacional, aún cuando vuelvan a incurrir en esas prácticas canonjícas para no querer oír la voz de la verdad, la voz de la conciencia, el testimonio de Madero, el ansia libertaria del pueblo a favor del sufragio efectivo. Muchas gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Santiago Camarena Flores.
El C. Santiago Camarena Flores: - Con el permiso del ciudadano presidente, a la atención respetable de las compañeras y compañeros diputados; señores: en este lugar, en este sitio
nosotros, entre otras importantes y trascendentes actividades tenemos la de coadyuvar en la creación de la norma jurídica; soy consciente, orgullosamente consciente de esta importante actividad, de esta importante función, y precisamente por ese orgullo que me invade, por esa consciencia de la juricidad de este sitio, no voy a caer en el juego o en la trampa o en el garlito de venir a hablar de un dictamen y tratar un asunto totalmente diferente.
Mi parlamento, compañeros diputados, versa única y exclusivamente en el dictamen que les pido desde este momento que aprobemos. La figuera de Francisco Indalecio Madero González, no está a discusión, el juicio del pueblo ha causado ejecutoria y por eso en el lugar de honor del pueblo mexicano, en el frontispicio de esta Cámara de Diputados ya figura el nombre de Francisco Indalecio Madero.
Por otra parte, y sin que haya lugar a pulso alguno de comparación, la tradición parlamentaria, la costumbre, los sucesos transmitidos de padres a hijos, de generación de diputados en diputados, no dicen que el Salón Verde no son sólo cuatro hermosas paredes, unas sillas, una mesa y una campanilla. El Salón Verde es y será durante muchos años, el lugar en que quede viva y queda viva la llama de la representación popular en los momentos en que por mandato constitucional, esta magna asamblea entra en receso. Es ahí donde la consciencia popular queda vigilante, actuante, alerta en defensa de los intereses populares. Y a ese sitio, a ese sagrado sitio se le ha llamado por siempre según recuerdo, y desde Donceles, Salón Verde. No hay, no puede haber ninguna razón para que algo que tiene ya sitio en la tradición parlamentaria o congresional mexicana, le cambiemos hoy en virtud de una moción, un nombre que ya tiene sitio en la historia de México.
Por eso nuevamente los invito a que voten en pro del dictamen que yo gustoso firmé. Gracias, Salud, compañeros.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Alejandro Cañedo Benítez.
El C. Alejandro Cañedo Benitez: - Señor presidente; compañeros diputados: se está discutiendo un dictamen y un punto de acuerdo y todo lo que dice el dictamen bien lo pueden utilizar para el sí o para el no. Si uno lo lee, uno dice: van a decir que sí. Y resulta que le dicen que sí y dicen que no. Yo me quisiera hacer algunas preguntas: ¿quién dijo que no?, el presidente de la comisión que sería Píndaro; el Presidente de la República no le gustó porque ahí en Los Pinos hay un Salón Madero y se puede confundir que hay un Salón Madero allá y otra acá; el Secretario de Gobernación porque hay un salón Carranza; el presidente de esta Cámara o el presidente de la Gran Comisión, ¿quién dijo no?, porque si los argumentos es realmente porque hay una tradición que el dictamen no lo dice. El dictamen que es en base a ello una ancestral tradición ¿De dónde viene la tradición?, ¿investigaron?, no, no investigó la comisión. Recibió la orden de una de esas personas y dijeron: no; y lógicamente vino la cadena y todos dijeron que no, y dijeron no, porque Madero a pesar de que es el héroe nacional que está escrito aquí y que está escrito en miles y miles de calles de todos los pueblos de México, en miles de escuelas, en viaductos, en ciudades, en ejes viales y que en un momento dado va a haber hasta estadios de futbol con su nombre.
¿Cuál es el problema?, ¿es que Madero les preocupa a las personas que dijeron que no, porque Madero estaría en contra de los fraudes electorales como el de Sinaloa? Lógicamente les molesta, porque ¿cómo es posible que ocho meses de esta Cámara estén sesionando en el Salón Madero, en vez de en el Salón Verde? ¿Qué significa el Salón Verde?, posiblemente en ese tiempo la alfombra era verde y por eso se llama verde; y si la alfombra hubiera sido roja sería Salón Rojo. Pero les molesta; les molesta Francisco I. Madero, les molesta porque Madero, Francisco I. Madero si viviera y viera todo lo que pasó en Sinaloa y aquí están los periódicos de Sinaloa, no los periódicos del Distrito Federal, aquí dice: "descubren una cueva de mapaches", esto posiblemente lo entiendan los de Sinaloa, pero aquí un periódico del norte, y Madero no le hubiera gustado ver esto: "desvían apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la campaña de Labastida" y esto es lo que realmente les molesta, que Madero no hubiera estado de acuerdo en que esos fraudes electorales, hay que estudiar un poco de historia y lástima que ya el maestro Victoria Tavira no está porque él diría: "no, ese salón no es Madero, sería del gran Morelos", pero Tavira no está aquí, pero Tavira no está aquí pero nos podría decir que Madero inició la Revolución por un fraude electoral y que entonces sería muy importante que el Salón Verde, donde ocho meses de la Comisión Permanente trabajan ahí.
Hay algo que nos une a los mexicanos, son los héroes que iniciaron la Revolución, algo que nos une a todos los mexicanos sin distinción de partidos, el himno nacional, ¿quién dijo no, el Presidente de la República; el presidente de esta Cámara; el Secretario de Gobernación; Píndaro o quién dijo que no? Les molesta Francisco I. Madero, eso es lo que tienen que venir a decir aquí, no que era una tradición, del Salón Verde, no, hay que ver a fondo las cuestiones.
Madero es el héroe de todos los mexicanos y Madero debe de ser la unión de los mexicanos y
de este ideal democrático por el que todos estamos luchando. Entonces es muy fácil decir: "no porque es una tradición"; vamos a la tradición verdadera, nos une Madero a todos. Qué trabajo poner el nombre de Francisco I. Madero a un salón tan importante como es el Salón Verde, llamado verde de esta Cámara de Diputados.
Eso es lo importante, lo de Sinaloa es un hecho, lo vivimos ayer, lo vieron las gentes de Sinaloa y Madero hubiera reprobado totalmente el fraude que se hizo, se orquestó, antes y después, y el día de las elecciones. Muchas gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Pues no está, en efecto, el compañero diputado Martín Tavira, pero aun no estando el compañero, ilustre conocedor de la historia de nuestra patria, no es indispensable su presencia para aclarar alguna cosa que es elemental.
La afirmación de que la Revolución de 1910 se inició por un fraude electoral, no deja de ser en extremo superficial; no se maneja para nada en esa afirmación el problema de fondo, el problema socioeconómico, el problema estructural, el problema de un pueblo empobrecido en grado extremo, el problema de unas inversiones extranjeras que representan las dos terceras partes del total de las inversiones que existían en nuestro país, el problema de la concentración excesiva de la riqueza en pocas manos, el problema del latifundio, el problema de fondo, pues se ignora en una afirmación así, y se queda subplanteado uno de los aspectos que es por cierto un aspecto superficial. Vale la pena aclarar el problema fundamental de una revolución que nunca es un problema de un fraude electoral solamente.
Pero independientemente de esa aclaración habría otras cosas interesantes, ¿por qué no en efecto, salón rojo? Creo que valdría la pena "salón rojo", "salón solferino", quizá fuera mejor cuestión de presentar nuevas iniciativas más bien que venir a dejar volar la imaginación como hacia el colega panista; pero la insistencia de mezclar el debate de una proposición en que se preguntan por qué sí, y podría preguntarse por qué no o viceversa, con el problema electoral de Sinaloa que sería bueno discutir a fondo, el problema de mezclar las dos cosas me hace recordar a un colega diputado también del Partido Acción Nacional, no recuerdo el nombre pero era miembro de la LI Legislatura, era una persona de edad, un viejecito simpático, regiomontano por cierto, que solía hacer buenos planteamientos humorísticos como parte de sus discursos, así era su estilo; no es el mío, no tengo la fortuna de poder manejar las cosas de carácter alegre, ameno con la facilidad que él solía hacerlos, pero recuerdo, sin poder igualarlo en forma ni intentarlo siquiera.
Recuerdo un planteamiento que él dos o tres veces hizo en esta tribuna, el de aquel mal estudiante de zoología, que sólo se había aprendido una ficha para el examen y era la ficha de la serpiente, entonces la primera vez que tuvo que ser convocado a examen lo tocó no la ficha única que él había estudiado sino le tocó la del águila, y entonces: "para ver, joven Cañedo, - perdón, no es con sentido peyorativo de ninguna manera-, ¿cuál es la descripción del águila?; Bueno, pues mire usted, señor profesor, el águila es un animal con garras, con plumas, con dos alas, que vuela, que forma parte del escudo nacional donde por cierto tiene entre las garras una serpiente y por cierto la serpiente...", y empezó a desarrollar su explicación; y la siguiente ocasión que le tocó un examen, pues entonces le tocó la ficha del elefante: "y bueno, mire usted señor profesor, el elefante es un animal muy grande, de piel muy tosca, con cuatro patas, dos orejas enormes y una trompa que se asemeja mucho a la serpiente, y por cierto la serpiente..." Así estamos con lo de Sinaloa, muchas gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Genaro Piñeiro López.
El C. Genaro Piñeiro López: - Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: la semana pasada se reunió nuestra Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias y discutimos precisamente el dictamen que hoy se pone a consideración y por el cual nuestra fracción parlamentaria votará afirmativamente. Dictamen que desecha la iniciativa del diputado Schmal y que curiosamente cuando se dio la discusión en la comisión, el abogado defensor del Partido Acción Nacional, el diputado Altamirano no hizo ninguna de las reflexiones, muchísimo menos, ninguno de los argumentos que hoy se alegan para defender esta iniciativa, vaya, creo que ni la defendió.
Hoy, después de las elecciones de Sinaloa, pues el argumento es este, cómo quisiera pensar en la primera sesión del mes de diciembre, el compañero Cañedo agarrara la discusión de las elecciones de Puebla para defender esta propuesta. Pues vamos a ver en diciembre, ya sabemos qué está haciendo el Partido Acción Nacional en Puebla, ya sabemos que desde ahorita está preparando el esquema y la visión de un fraude por la incapacidad real que tiene para ganarse el voto y para poder conquistar ese voto en Puebla.
Yo pienso que esta proposición que presentada, viene bañada de gran retórica, esconde realmente un capricho más de los muchos caprichos blanquiazules que hemos escuchado aquí. En un
capricho que me hace pensar con seguridad que no quieren traer la presencia de don Francisco I. Madero al Salón Verde, sin la presencia de algún otro Madero que anda por ahí y que alega parentesco con el prohombre de la Revolución Mexicana.
Pero seguro estoy, como decía mi camarada Cañedo, que si viviera don Francisco I. Madero desheredaría a Pablito por andar muy desviado, ya que es raro que quienes usen y aleguen el rescate de nuestro hombres con tanta facilidad en el caso de este héroe, sean los que actúan porque regrese Victoriano Huerta.
Qué gran maniobra esconde el diputado Schmal y los diputados panistas. Con qué ligerza solicitan el cambio de un nombre a un salón cuya tradición ha sido esclarecida en el cuerpo del dictamen, cuando ellos y él precisamente abandonaron la Comisión Permanente en el receso pasado en este mismo salón. Abandonaron y con eso faltaron e hicieron una ofensa a lo que es práctica de nuestra legislatura.
Ahí se esconde la proposición y ahí se esconde la gran diferencia del concepto del Madero, del Madero que están en el frontispicio de esta Cámara y del Madero que han venido usando en su campaña de desprestigio contra el país de desestablilización y en contra de nuestro pueblo.
Yo les digo a todos compañeros, ojo, mucho ojo con estas maniobras. Pregúntele a sus líderes.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señoras y señores diputados: el Poder Ejecutivo depositado en el Presidente de la República, ha establecido de hecho el poder central absoluto, pues a ningún estado permite que nombre a sus gobernadores, ni siquiera a sus presidentes municipales. Según hemos visto, al hablar de los medios de que se ha valido para afianzarse en el poder.
Hay tres o cuatro diputados que gritan "tema", bueno pues estas palabras las pronunció Francisco I. Madero y les escribió en un libro: "La sucesión presidencial". Si les molesta que haya alguna semejanza entre lo que ocurría en la época de Madero y lo que ocurre ahora, no es mera coincidencia, es la decisión del régimen y del sistema de repetir en las mismas fallas del régimen de Porfirio Díaz.
Yo quisiera llamar la atención al señor presidente de esta Cámara, bien es cierto que él tiene el derecho reglamentario de conceder el uso de la palabra, y bien es cierto que el tema a debate es un dictamen sobre sí es o no es conveniente ponerle al Salón Verde el nombre de Francisco I. Madero. Pero en serio, señoras y señores diputados, ustedes quieren que el debate se centre únicamente en la biografía referente a los datos personales de ese gran prócer de la democracia que es Francisco I. Madero.
Ustedes, si se tocara el tema de Cuauhtémoc en la inscripción de su nombre en letras de orden de esta Cámara, se referirían única y exclusivamente a sus datos privados, personales respecto de la familia de Cuauhtémoc o lo vincularían en forma extraordinaria con la extraordinaria defensa que hizo de su pueblo y en relación a un hecho histórico que es la conquista.
Si ustedes hablaran de Flores Magón, su ustedes hablaran de Francisco Villa, yo creo que no se referirían en un debate acerca de inscribir su nombre en letras de oro en esta Cámara, no se referirían a sus datos biográficos personales. El mérito, la razón por la cual se ponga su nombre en esta Cámara en letras de oro, es la vinculación con un hecho extraordinario en la historia de México y con un acontecer y un suceso que ha cambiado la vida y el destino y el futuro de muchas generaciones de mexicanos.
Entonces es ligera la presidencia cuando califica de fuera de tema, cuando se vincula con la democracia al prócer Madero. ¿Por qué ponerle su nombre al Salón Verde?, ¿porque fue un honesto y correcto padre de familia?
El diputado Oñate, en su permanencia de 20 minutos en las filas de un partido cuyas curules están cercanas al nuestro, tuvo mucho éxito y uno de sus enviados -ahora no está Eliseo- habló de Madero, refiriéndose quizás a nuestro jefe nacional. Y el pobrecito Madero, el otro, el pobrecito, el senador Panchito J. Madero, que también es sobrino del prócer de la democracia, ¿por qué no lo mencionó el señor diputado?, ¿porque es del Partido Revolucionario Institucional? Un señor senador que su último acto cumbre como presidente municipal del municipio de Torreón es autorizar 150 centros de vicio, como presidente municipal y miembro del cabildo, y cuando en la LI Legislatura se le recordó este acto suyo como autoridad municipal, dijo: "Sí, si es cierto. Pero no solamente fui yo, fue todo el cabildo integrado por gentes del Partido Revolucionario Institucional".
Y a este pobrecito Madero el compañero Piñeiro no lo mencionó, era lógico, lo mandaban a atacar a otro Madero que por su apellido podía estar, de haberlo querido, disfrutando de las delicias y de las mieles del poder, de otro Madero que de haberlo querido podría haber escalado como escaló este Maderito, las más altas magistraturas y puestos
políticos del país. Pero prefirió otro camino muy distinto, muy duro, muy esforzado, el llamar y mover las almas al pueblo de México para cumplir el deber político, al margen del resultado y al margen de las circunstancias por muy adversas que éstas sean. Y no reunirá quizá -yo no quiero juzgar en ello- los méritos del gran prócer Francisco I. Madero, que entregó su vida por la democracia, pero sí reúne las virtudes ciudadanas más altas y más elevadas, porque quizá algunos nos llamen y le llamen a él, y llamen a muchos fundadores del partido, miembros de la aristocracia. Probablemente sea cierto, pero la única aristocracia que no ofende a los hombres libres y que no ofendería ni siquiera a los miembros de la izquierda. La democracia y la aristocracia del talento y de la virtud.
Y voy al tema, es el mérito de Madero, el mérito de haber luchado contra una dictadura. Decía Heberto Castillo hace unas cuantas sesiones, para conceder en una afirmación que yo había realizado, que no eran a veces los recursos económicos los que podían determinar la filiación política de un militante de un partido, que éstos podían ser muchos o pocos. Y él hablaba de un Madero rico, que había entregado, que se había entregado a la causa noble de la democracia, no estoy de acuerdo con la afirmación hecha de que el fraude electoral fue la causa secundaria, superficial, accidental del movimiento de nuestra Revolución Mexicana, la de 1917.
Acepto las enormes discrepancias económicas que había en la época de la Revolución Mexicana, pero señoras y señores, la formación de las leyes que permitieron los latifundios, la elaboración de las leyes que permitían el empobrecimiento de la mayor parte del país, la aplicación de las leyes y la violación de ellas en materia electoral por parte de una dictadura, todo eso es política y no puede dejar de hacerse política. La política lo compenetra todo, nos afecta a todos, y afectó a Madero y afectó al pueblo y el pueblo lo siguió por una situación política insostenible, y no es solamente en este salón de la Cámara de Diputados donde debe estar el nombre de Madero, en todos los escritos oficiales, en todos los cursos de las dependencias públicas del país está su lema y su bandera incumplida: "Sufragio Efectivo. No Reelección", y tenemos que hablar del sufragio, podríamos hablar de Chihuahua y podríamos hablar del Colegio Electoral al hablar de Madero ¿por qué no?, el mejor homenaje que se le debe rendir a Madero no es la inscripción de su nombre en la Cámara de Diputados, el mejor homenaje que se le puede rendir a Madero es practicar su bandera por las cuales derramaron su sangre un millón de mexicanos y no podemos, al hablar de Madero, dejar de hablar de la incongruencia que existe entre la vida pública del país y lo que Madero propugnó.
La violación flagrante de la ley, la imposición de gobernadores, como él decía, por parte del Ejecutivo, sigue siendo norma en 1986, qué importa que el gobernador Labastida haya ganado o perdido si era el elegible desde antes de la elección ¿Pero qué importa al Gobierno que se viole la constitución de Sinaloa? ¿Qué le importa al Gobierno que se quebrante la Ley Electoral de Sinaloa? ¿Qué le importa al Gobierno que su partido arrase con todos los recursos del Estado en las elecciones de Sinaloa, que se repita lo que Madero decía en la sucesión presidencial si lo que importa es que llegue el favorito, el elegido del Presidente de la República en turno?
Y no es raro, la historia se repite. Hay una pequeña obra "Memorias de Adriano, de Margarite Yourcenar", que fue propuesta para el Premio Nobel de literatura, y la historia se repite señoras y señores. En uno de estos párrafos, cuando se habla no de la República, se habla del imperio, Adriano dice: "...el imperio debe pasar al más digno. Bello es que un hombre que ha probado su competencia en el manejo de los negocios mundiales, elija a su reemplazante, y que una decisión de tan profundas consecuencias sea al mismo tiempo su último privilegio, y su último servicio al Estado, pero tan importante elección se me antojaba más difícil que nunca".
Me parecer recordar lo que dice Adriano en este 1986, cuando la decisión del que tiene en sus manos la sucesión, el fiel de la balanza que decía López Portillo, el presidente que decía Casillas, tiene en sus manos - Según él- el último servicio que puede prestarle al Estado mexicano, y dirá: pero como el Estado tiene provincias, provincias de un imperio que son las entidades federativas, ¿qué importa violar la Constitución de Sinaloa si es el último servicio que podemos prestarles al Estado? Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Santiago Camarena Flores.
El C. Santiago Camarena Flores: - Señor presidente, con su permiso nuevamente: con mi atento respeto a los compañeros diputados, para recordarles especialmente a todos aquellos que somos abogados que en un elemental principio de derecho y sobre todo un elemental principio de lógica dice, que debe de referirse la contestación de una demanda a los hechos y que se tendrá por cierto aquello a lo que no se refiera el que contesta o que lo haga indirectamente.
Yo quiero llamar la atención de esta soberanía en dos puntos; en el primero, de que el señor diputado González Schmal y el senador diputado Castro, no se han referido a los fundamentos del dictamen, no han atacado el dictamen. Y, en segundo lugar, reordenar, regresar, volver al cauce
jurídico de la discusión de un dictamen, en que se puede estar en pro y argumentar en pro o estar en contra y argumentar en contra. Y, por último, en abuso de su confianza, rogarles a ustedes, que voten en pro de este evidente, lógico dictamen. Muchas gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra para hechos el diputado Heriberto Noriega Cantú.
El C. Heriberto Noriega Cantú: - Con su autorización, señor presidente; compañeros diputados: como la habilidad para entremezclar la discusión del presente dictamen con los sucesos electorales ocurridos en Sinaloa, no es exclusividad de los señores diputados del Partido Acción Nacional, me voy a permitir enlazar también brevemente en este dictamen los hechos ocurridos, pero vistos de la otra cara de la moneda.
La fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores por mi conducto, desea presentar su formal protesta ante esta soberanía nacional, por los acontecimientos ocurridos el día 25 de los corrientes en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, durante el transcurso de la jornada electoral para elegir al gobernador, ayuntamientos y diputados.
En las casillas 337 ubicada en la colonia Revolución de esta ciudad, se presentó a las 9:30 horas un incidente con una electora que había recibido en la mesa directiva de la citada casilla cinco boletas electorales para la votación sólo de presidente municipal. Si bien todo elector recibía para sufragar cinco boletas, una parte la elección de Gobierno, otra para municipio, otra para regidores y dos más para diputados uninominal y plurinominales. Estando presente en dicha casillas el compañero Eleazar Barranca Sánchez, candidato a presidente municipal para Culiacán por el Partido Socialista de los Trabajadores, quien reclamó al presidente de la Casilla que se corrigiera el error y la electora devolviera las cuatro boletas que no le correspondían y que por supuesto no podía sufragar. Inmediatamente se presentó al lugar de los hechos el señor Manuel Clouthier, candidato a gobernador de Acción Nacional precedido por 10 vehículos que transportaban periodistas de medios de extranjeros, así como miembros de sus partidos a hablar con nuestro candidato, quien respetuoso del proceso se retiró de la Casilla.
A partir de ese momento, el compañero Eleazar Barranca desapareció y fue detenido ilegalmente por miembros del Partido Acción Nacional en una casa de la colonia Guadalupe de la ciudad de Culiacán, insistiéndole que sería altamente remunerado económicamente si se presentaba junto con el señor Clouthier a denunciar el incidente de dicha casilla ante la prensa nacional y extranjera en la sede de la Comisión Estatal Electoral. El compañero Eleazar Barranca le solicitó reiteradas veces que se le permitiera hablar con el comité estatal del Partido Socialista de los Trabajadores en la entidad, ya que tenía derecho a hacerlo, personalmente el señor Manuel Clouthier y miembros de su partido fueron quienes retuvieron a nuestro compañero y con posterioridad lo llevaron a las inmediaciones de la Comisión Estatal Electoral, aproximadamente a las 13:30 horas, en donde fue rescatado por nuestros compañeros.
El Partido Socialista de los Trabajadores presentará formal denuncia de este grave hecho ante el Ministerio Público de Culiacán, ya que además de atentar contra la libertad personal de nuestro compañero, demuestra los métodos fascistas que utiliza el señor Manuel Clouthier, así como los elementos partidarios de Acción Nacional, en aras de luchas según ellos por la democracia en el país.
Moraleja, compañeros diputados, buscando enlazar también con astucia y habilidad el debate acerca de este dictamen con lo sucedido en Sinaloa, el distintivo histórico de la derecha es la mentira y la violencia; dignos herederos de esta tradición de la derecha en nuestro país son los señores representantes del Partido Acción Nacional. No se puede venir aquí a hablar de democracia y de la necesidad de rendir homenaje permanente a Francisco I. Madero llevando su nombre el salón verde, cuando se atenta contra la democracia, y alguna ocasión nos decía un compañero del Partido Acción Nacional, que les cuestionáramos acerca de lo que hacen, lo que piensan y lo que dicen, hoy es una excelente oportunidad para recordarle al compañero diputado Juan Castro, que en efecto algún Madero abrió cantinas en el estado de Coahuila, pero el otro Madero abre las puestas a la intervención extranjera. En ese sentido tiene razón, los dos Maderos están muy por debajo de lo que hoy pretendemos nosotros honrar con una conducta y práctica política diaria.
Pido escusas a esta soberanía, pero habilidad con habilidad se responde, y con todo respeto quisimos aprovechar para hacer una denuncia que presentara el verdadero rostro de quienes vienen aquí a hablar de democracia, de una práctica democrática, de quienes se sienten víctimas y agredidos en un proceso electoral cuando la verdadera realidad es de que sus lazos han quedado al descubierto, sus lazos con los grupos pronazis, con los racistas, con los anticomunistas, con aquellos que crean escuadrones de muerte en muchas partes del mundo. Muchas gracias por su atención.
El C. presidente: -Tiene la palabra para hechos el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Esté la lógica y el derecho. Y conste que la mención fue de uno de sus diputados que vinieron a la tribuna.
EL habló del derecho y la lógica. Ambos tienen un parentesco estrecho con la condición fundamental del hombre, de su capacidad de pensar, de su capacidad de profundizar en sus problemas en sus enfrentamientos, en sus cuestiones fundamentales y hay una lógica que ciñe y que estrecha los caminos para reducir la extensión del pensamiento a un solo objetivo. La disciplina mental y la obediencia, que es la que hemos venido a confrontar con ustedes en este instante.
Se ha venido a hablar de Madero y de las razones para que se ponga su nombre en este recinto llamado salón verde. Pero es tal la lógica reducida de quienes hicieron el dictamen, que creyeron que este iba a ser un problema de discutir se era verde o rojo el ponerle a este salón un diferente nombre y no el de saber que al establecerse el nombre de Madero, se está abriendo la oportunidad para que la lección de Madero viva y perviva permanentemente a través de los años y de los siglos en este país nuestro.
No es ajeno, y alguien mencionaba aquí a Cuauhtémoc, y decía, es que hablar de Cuauhtémoc va a ser hablar simplemente de sus cosas más elementales personales o para abrir un poco la tranquilidad y la oportunidad de este debate, debemos recordar aquello que decía López Velarde:
Cuauhtémoc, escúchame loarte único héroe a la altura del arte. Todo lo que sufriste la piragua prisionera, el azoro de tus crías, el sollozar de tus mitologías.
Hay en Madero todo ese sufrimiento personal que significó el arriesgar lo suyo y a los suyos, pero también el saber que cuando se le fusilaba en el paredón o fuera del paredón, vulgarmente por la espalda, estaban sollozando sus mitoligías. Y ese es el mismo sentimiento que nos sobrecoge en este instante, cuando en la negación de ustedes para que se ponga el nombre de Madero, se está negando también el camino de la libertad y la oportunidad de que obtenido un triunfo claro y contundente e igual a ustedes impiden que a Madero se le ponga el nombre en un lugar digno, impiden que se hable del triunfo glorioso de un pueblo que ha sabido escoger la libertad en vez de tiranía que significa el camino de la lógica cerrada de ustedes.
Alguien también dijo, y seguramente no es de los que únicamente pueden gritar o silbar. Y vino a decir aquí a su manera, un emparentamiento con los rumbos de lo que se decía a que caíamos siempre en el tema de la serpiente. Y no puede menos de recordar aquello que se le dijo a Martín Luis Guzmán, uno de tantos, aquel personaje que resultó el autor más vendido de la Historia de México por haberse subordinado a la causa de todos ustedes y a quien alguien le contestó: El águila es Vasconcelos y la serpiente eres tú.
El presidente: -Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro, para hechos.
El C. Juan de Dios Castro: Señor presidente, le cedo mi turno a la compañera Celia Romero Castillo.
La C. Celia Romero Castillo: - Con el permiso de la presidencia: aquí estamos hablando de Madero y estamos hablando de democracia. Y al hablar de democracia hablamos de un anhelo del pueblo de México que no se ha podido hacer realidad a pesar de tantos años, de tantas muertes y de tantas luchas.
El pueblo de México ha escogido para gobernarse la democracia. Y la democracia se hace patente y se hace real en cada día y el la elección que se lleva a cabo en cada estado.
La democracia se hace en estos momentos importante de tratar en esta tribuna, en honor a Madero y en honor a todos aquellos que viviendo procesos electorales, sienten que su voz no es todavía escuchada.
El pueblo de México para dar a conocer su voluntad soberana, emite un sufragio. Este sufragio que debe ser como aquel de la revolución y en Sinaloa se habló de sufragio, se hablo de voto, el candidato del partido en el poder después de depositar su voto en los Mochis dijo: "No queremos ningún voto mal habido" y francamente si el candidato lleva a cabo esta frase si se hace realidad que no vaya a aceptar votos mal habidos lo más probable es que ese señor se quede con muy pocos votos y se va a quedar con pocos votos porque en Sinaloa hubo una gran cantidad de votos mal habidos. Algunos botones de muestra como en Concordia, por ejemplo donde los maestros a las órdenes de líderes priístas amenazaron a los representantes del Partido Acción Nacional para que no se presentaran en las casillas, votos mal habidos porque también en esa ciudad las boletas electorales se terminaron mágicamente a medio día, votos mal habidos porque también en Concordia las casillas electorales fueron cerradas antes de las seis de la tarde, porque se ofreció a aquellos que trabajan mejor a favor del Partido Revolucionario Institucional, 15 plazas para maestros en los estados de Sinaloa, votos mal habidos porque en la casilla 37 votaron personas que actualmente residen en los Angeles, California y de eso hay testimonio de parientes y de vecinos, votos mal habidos porque en una gran cantidad de lugares me atrevería a decir que en todos los municipios del estado de Sinaloa hubo depuración del Padrón Electoral del cual fueron sacados los nombres de panistas que iban a ser representantes de casilla y por lo tanto ya no pudieron cumplir con esa obligación que habían aceptado.
Hay muchos votos mal habidos. En Mazatlán, en la colonia Francisco Villa donde se ubican 90 casillas, un sujeto que se presentó como representante general del Partido Revolucionario Institucional, pero que nunca quizo identificarse, pretendía transportar los paquetes electorales en una camioneta sin placas, como muchas que circularon en el estado de Sinaloa ese día y aducía que quería ayudar a los presidentes de casillas a cumplir con su misión, por supuesto que no se permitió que esto sucediera.
El representante general de Partido Revolucionario Institucional acumuló varias irregularidades, ¿por qué esta actitud? ¿Por qué no permitía que se entregaran los paquetes electorales? ¿Por qué en esa colonia en las nueve casillas los candidatos del Partido Acción Nacional habían ganado por amplio margen? Estos son algunos de los botones de muestra de aquellos votos mal habidos que repito, si es congruente el señor Labastida tendrán que ser borrados de las del conteo oficial, pero aparte de esos votos mal habidos en Sinaloa, también es muy importante hablar de los votos no habidos, votos no habidos en áreas rurales donde la gente no se presentó a las casillas porque ya no confía en los procesos electorales, pero donde mágicamente también algunas actas reflejan que votó el 110% del padrón electoral. Todos los inscritos en el padrón más el 10% adicional; los municipios más alejados del estado de Sinaloa, paradógicamente son, según las actas que se han presentado, los municipios con más presencia y con más actividades cívica y política. Esto es absurdo, esto es ilógico, estos votos no habidos también pesan en la conciencia de aquellos que se dicen seguidores de Madero, el prócer de la revolución.
Votos no habidos en Sinaloa porque hubo una cantidad enorme de funcionarios de casillas que no se presentaron a cumplir con su obligación. ¿Por qué no cumplieron? También por lo mismo, porque no creen en estos procesos después de tanto tiempo de vivir la burla a su voluntad.
En muchas casillas las labores empezaron después de las diez de la mañana; muchos votantes abandonaron antes el lugar porque no tenían donde depositar su sufragio. Esos votos no habidos debería preocupar gravemente al sistema si en relación quisiera tener el respaldo popular, pero no parecen preocuparle mucho, porque de ello se valen como una forma más de manipulación y de control para mantenerse en el poder.
Los votos no habidos se deben al clima de violencia provocado por el grave problema del narcotráfico al cual las autoridades no son ciertamente ajenas, por las amenazas veladas o explícitas de dejar sin trabajo a quienes colaboren con el Partido Acción Nacional.
El ya tristemente tradicional método de usar los recursos del erario para financiar las campañas del partido del poder, y sobre todo por la falta de credibilidad en el sistema, estos elementos fueron importantes en la decisión de una parte del pueblo o abstenerse de participar.
Pero también hubo votos bien habidos en Sinaloa, los hubo muchos. De esos votos emitidos por un gran número de Sinaloenses serenos firmes defensores, porque los votos de los mexicanos son expresión de su libre voluntad y merecen nuestro respaldo y nuestro apoyo. De los diez votos bien habidos somos responsables todos; esos votos, emitidos en favor de cualquier partido, merecen el respaldo definitivo de la sociedad y el respeto irrestricto de las autoridades.
Señores, en Sinaloa votaron por el Partido Acción Nacional, obtuvimos un triunfo que desde las casillas empezaron a encerrarse comenzó a ser manipulado. Al detectar la votación mayoritaria por nuestros candidatos, el aparato oficial redobló sus maniobras para ahogar la decisión ciudadana y maquillar el proceso. En el interior de las comisiones electorales se pretende desviar la voluntad popular e imponer la voluntad del dictador.
En la maraña que el sistema organiza para confundir y sacar provecho, resulta difícil y a veces casi imposible distinguir los votos cautivos de los votos libres.
Resulta difícil y aveces casi imposible distinguir los votos cautivos de los votos libres. Las mil y un formas de fraude, burdo o sofisticado que el sistema emplea, impide que se vea claramente el resultado electoral. Lo que sí es evidente que este sistema pierde cada vez mas terreno a los ojos del pueblo y que después de su derrota en Chihuahua, ahora a recurrido a otro tipo de métodos para tratar de conservarse en el poder.
Se ha dado en Sinaloa la versión corregida y aumentada del caso Chihuahua. Mucho se nos ha dicho que después de cada elección hablamos de fraude, seguiremos repitiéndolo, porque en cada elección se realiza este fraude, ahora, lo tratan de consumar en Sinaloa.
Ya veremos como actúa la computadora el próximo domingo. Ya veremos como actúa el Colegio Electoral en Sinaloa. Nuestra decisión sigue siendo una: defender al pueblo, representarlo, hasta lograr que quienes gobiernan sean los que los mexicanos quieran, hasta derrotar definitivamente a los usurpadores. Los valores de nuestra patria deben ser reflejados en la convivencia ordenada de los ciudadanos. La vigencia de la democracia es divisa de nuestra lucha como la fue de Madero.
Defenderemos los triunfos obtenidos por el pueblo por todos los cauces legales, por justicia, por coherencia, estamos con el pueblo cansado y engañado, por principio y por responsabilidad, lucharemos en defensa de sus derechos.
En Sinaloa el sistema mostró nuevamente su rostro, cada vez más repudiado y más aborrecido. En Sinaloa el pueblo despierta a pesar de todo. Defenderemos los votos del pueblo, defenderemos los triunfos de nuestro candidato, estaremos con los sinaloenses que ahora proclaman el triunfo del Partido Acción Nacional, con los sinaloenses subyugados que fueron amenazados y no votaron libremente. Estaremos con todos los sinaloenses que clamane por el cambio.
Todavía tienen ahora ustedes la oportunidad de respetar al pueblo y remediar esta afrenta o seguirán hundiéndose en el clero de la corrupción donde finalmente perecerán.
El pueblo y el Partido Acción Nacional con ellos, llegará a gobernarse a si mismo. Muchas gracias.
El C. presidente: -Para hechos tiene la palabra el diputado Jorge Alcocer Villanueva.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señor presidente, señores diputados: nos parece a nosotros en el grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, que este tipo de debates son muy poco afortunados y no nos conducen prácticamente a ningún lado. Me refiero al debate sobre Sinaloa.
¿Por qué? Porque como está quedando claro que ambas partes es que los datos de las elecciones de Sinaloa aún no están disponibles en su totalidad. Los principales argumentos que pueden esgrimirse sobre Sinaloa, aún no están puestos en el terreno de la contundencia de la prueba. Y entonces tenemos que oír, discúlpenme que lo diga así, argumentos en uno y en otro sentido, ambos en los extremos, pero sin que podamos aún juzgar. Y en lo que se refiere a la izquierda en Sinaloa que participó en un movimiento amplio, unida, pues tenemos mucho que decir, porque en Sinaloa la izquierda es una fuerza actuante, presente en muchos ámbitos de la sociedad sinaloense.
Pero preferimos y seguiremos prefiriendo la seriedad del argumento al apresuramiento del debate. Y en este sentido nosotros no prejuzgamos y no avalamos aquí en uno o en otro sentido. Preferimos esperar, tener de parte de nuestros compañeros y recoger la opinión también en Sinaloa para entonces venir aquí con contundencia, con seriedad a expresar la posición del movimiento democrático electoral de izquierda que participó en Sinaloa en una amplia alianza de los partidos como el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Popular Revolucionario y otras fuerzas.
Pero no parece que este tipo de debates envician francamente la confrontación política. Porque no hay en ello sustento, porque lo que hay es precipitación por ver quien tira el primer golpe y haber quién contesta primero. Hacemos un llamado, si así se puede a la seriedad en el debate y argumentar sobre la base de hechos y cifras, nosotros nos comprometemos a hacerlo en cuanto sintamos que tenemos esas pruebas, esos argumentos y entonces daremos nuestra opinión y nuestro juicio sobre las elecciones en Sinaloa. Muchas gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra para hechos el diputado Juan de Dios Castro.
El C. Jorge Mantúfar Araujo: - Señor diputado Juan de Dios Castro.
El C. Juan de Dios Castro: - Señor diputado Montúfar, a sus órdenes.
El C. Jorge Montúfar Araujo: -¿Me permitiría formularle una muy atenta y respetuosa petición?
De hecho ya estamos sobre en el debate sobre Sinaloa; aunque coincido plenamente con las palabras de mi compañero el diputado Alcocer, aún siendo precipitados, podemos tener este debate si concluimos, señor, con el desahogo del orden del día.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Con todo gusto si no fuera para hechos, porque no estoy inscrito para debate.
EL C. Jorge Montúfar Araujo: -La súplica sería esa señor presidente, que busquemos la oportunidad de concluir con esta situación que no tiene sentido, y en su momento que pasaremos como debe de ser con la seriedad del caso y el mecanismo que establece nuestro reglamento al caso de Sinaloa, aunque fuera anticipadamente.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: -No supe, señor diputado, si la solicitud la hizo finalmente a la presidencia, perdón.
El C. Jorge Montúfar Araujo: -A usted.
EL C. Juan de Dios Castro: -Bueno yo señalé que no estaba en debate, el señor presidente me manifestó su objeción, entonces estoy inscrito para hechos, y voy a ejercitar mi derecho.
El C. Jorge Montúfar Araujo: -La súplica es que entre todos procuraremos respetar el orden del
día y luego seguiremos con los temas que nos interesan a todos.
EL C. Juan de Dios Castro: - Señor presidente; señoras y señores diputados: en mi exposición anterior señale con mucha claridad por que estimo que no está desvinculado el hecho de las elecciones ocurridas en Sinaloa, como en Chihuahua, como en cualquier otro estado, del tema del debate.
Me inscribí para hechos para contestar al compañero Alcocer. Usted dice compañero Alcocer, que estamos en un debate donde no tenemos pruebas, que no tenemos elementos de juicio para poder llegar a conclusiones. Yo hice una alusión muy de pasada a la elección de Sinaloa al señalar que el señor candidato del Partido Revolucionario Institucional no puede legalmente llegar a ser gobernador de la entidad, ¿por qué razón? Porque es inelegible si llega al gobierno de Sinaloa, será por el peso de quien lo designa, el Presidente de la República.
A lo segundo dirán, no hay pruebas. Me remito a las memorias de todos los políticos del partido oficial y a las mismas palabras de López Portillo, y a Carlos Loret de Mola y a Gonzalo N. Santos, a lo segundo. Podría ser discutible y decirme, no son pruebas contundentes, no, pero sí hay pruebas contundentes y refutables.
Documental pública, que tiene valor probatorio pleno. Los autos del expediente 571/86, radicado en el juzgado XVI de lo familiar del Departamento del Distrito Federal, promovente: Labastida Ochoa, candidato al gobierno de Sinaloa. ¿Qué dice Labastida? Dice en el convenio que obra en este expediente, que es documental pública, que el domicilio del divorciante durante el procedimiento, es el departamento, sito en las calles de Saltillo número 28 1302, colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal.
Esto, señor diputado, elimina al señor candidato del Partido Revolucionario Institucional como candidato a gobernador de Sinaloa. Documental pública de un tribunal del Distrito Federal, no objetada de falsa no hay ningún juicio que la invalide y si se respeta la ley y la Constitución, ese señor no podrá llegar a ser gobernador de Sinaloa.
El candidato ganador será de los de oposición, el que haya obtenido mayor número de votos. Muchas gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra la diputada María del Carmen Jiménez de Avila, para hechos, por cinco minutos.
La C. María del Carmen Jiménez de Avila:
- Con su autorización señor presidente; señores diputados: se ha dicho aquí que nos estamos adelantando a los hechos, que aún no hay datos completos. Pero sí hay hechos concretos; hecho concreto es la prueba de que el domicilio del señor Labastida Ochoa, está en México, D.F., según acaba de leerlo el diputado Juan de Dios Castro
. Hechos concretos son los que atestiguamos todos los diputados del Partido Acción Nacional, que estuvimos presentes en el proceso electoral celebrado el domingo. Entre esos hechos, tenemos uno de que es doloroso porque se trata nada más ni nada menos, de que el partido oficial, como ya se le ha hecho costumbre desde hace tiempo, sigue disponiendo de recursos materiales y humanos y de todo tipo, que no les corresponden, para su propaganda partidista. Entre esos recursos de los que ha dispuesto, tenemos los alimentos enviados por la Organización de las Naciones Unidas con destino a los damnificados por las crecientes de los ríos y en general a damnificados de nuestro país, y que el Partido Revolucionario Institucional distribuyó con su logotipo en bolsas de polietileno no precisamente a las familias más necesitadas, sino en los lugares en donde había más probabilidades de triunfo para el Partido Acción Nacional, y ese fue un hecho y lo constatamos. Con esto están manipulando, aprovechándose del hambre del pueblo, están manipulando las conciencias de los ciudadanos. Hecho concreto también, fue el relleno de urnas, principalmente en las regiones rurales; hecho concreto que yo misma pude atestiguar en Rosario, Sinaloa, fue que los propios funcionarios de casilla, en algunas donde no había representantes de Acción Nacional, los propios representantes no de casilla, sino digo los propios funcionarios, perdón, los propios funcionarios de la casilla estuvieron introduciendo las boletas fraudulentas, ¿que cómo nos dimos cuenta?, allá se acostumbra que las mesas se ponen en la calle y cualquier observador puede verlo. Es decir, que el Gobierno y partido necesitan abultar las urnas, aparentar que la votación es copiosa porque así lo requieren en las áreas rurales para poder contrarrestar los votos que no obtienen muchas veces en las ciudades grandes, donde la vigilancia es mayor. Esto señores lo han venido haciendo desde hace mucho y lo siguen haciendo, y estos señores ha provocado el abastecimiento que se practicó en gran parte del estado de Sinaloa y que seguramente al paso que vamos si el Gobierno no recapacita y no enrumba las elecciones a otros caminos democráticos, seguiremos cada vez con un pueblo que tenga más y más desconfianza en las elecciones y que si esto de las elecciones fraudulentas, y esto del sufragio burlado tiene o no tiene relación con Madero, yo creo que el que lo niegue es porque no quiere ver las cosas, Madero y la Revolución Mexicana tuvieron por objeto el sufragio efectivo, la justa distribución
de la riqueza y todos los postulados que todavía son anhelo del pueblo mexicano, mientras no exista el sufragio efectivo, no hay origen verdadero para la democracia, y mientras no haya democracia de nada servirá que se hayan llevado a efecto las guerras sangrientas de 1910 a 1925. Gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra para hechos cinco minutos el diputado Pedro José Peñaloza.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Señor presidente, vamos a hacer una moción de orden. Si vamos a seguir este método entrará un orador nuestro para hechos en otro tema que también tiene que ver con la ley de la justa distribución de la riqueza.
El C. presidente: - Bueno, esta presidencia reconoce y sigue con tranquilidad y calma que efectivamente a través de la solicitud de hechos se ha prolongado de un debate dejando aún sin hablar a quién se anoto desde un principio en lista de tal manera que compartimos la misma inquietud que usted tiene. Sin embargo se ha sentado el principio que por razones de libertad de expresión se sigan repitiendo los hechos, de tal manera que si hay alguna moción en este sentido la pondremos a consideración de la asamblea.
El C. diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -El hecho es que las intervenciones para hechos son sobre un tema que no tiene nada ver con el que está a debate, es el de poner el nombre de Francisco I. Madero al Salón Verde, y que se debería someter a votación, puesto que si ya el tema no se debate y está fuera de la discusión, es porque se considera suficientemente discutido.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Pedro José Peñaloza.
El C. Pedro José Peñaloza: -En efecto, la discusión que en este momento estamos teniendo ya ha tomado un sesgo que yo podría llamar distinto al que estábamos discutiendo. Tiene razón Cuauhtémoc, pero ya estamos discutiendo.
El problema es que ya estamos discutiendo un hecho y ya se han planteado aquí conceptos políticos, y nosotros no podemos dejar de mencionar nuestra discrepancia con lo que aquí se ha dicho.
Yo creo que el caso de Sinaloa no podemos evadirlo si ya se planteó. Yo creo que es un error venir a discutir aquí si equis, ye o zeta candidato es divorciado o no. Esa es una decisión muy moralista, porque si seguimos el curriculum de los candidatos muy pocos podrían ser candidatos de veras, y no necesariamente por divorciados. Entonces yo creo que no hay que entrar a esa discusión porque es una discusión de arenas movedizas, porque resulta ahora que un candidato puede hacer política si es casado por las tres leyes. No, de ninguna manera, aquí puede hacer política quien quiera, y si es divorciado, soltero o viudo, allá él. Nosotros no compartimos esta idea de descalificar a alguien porque sea divorciado o no. Hablemos de política mejor.
En Sinaloa por ejemplo, hubo tres opciones electorales ahí. ¿Por qué no decimos que Clouthier se negó a debatir con la izquierda igual que Labastida Ochoa? Se negaron a debatir, no quisieron debatir con la izquierda que estuvo aglutinada ahí en Sinaloa.
¿Y por qué no decimos también que en la confrontación de la campaña entre la izquierda y los otros dos partidos, el Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, hubo una campaña sistemática de desprestigio a la izquierda? ¿Porqué no decimos eso? Por lo otro es muy endeble, y si ustedes me forzan y me pregunta, ¿pues cuál es la diferencia entre Clouthier y Labastida? ¿Cuál es la diferencia? Pues creo que la única diferencia es que uno va a misa a las ocho y otro a las nueve. No hay ninguna diferencia de fondo, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Hablamos del programa político, pues era la diferencia, y si queremos debatir sobre los programas de cada uno de esos candidatos, discutámoslo. Sobre la cuestión electoral yo creo que es muy difícil discutir, puede haber irregularidades, pero los resultados cuando se van a plantear será en los próximos días.
Entonces yo creo que una vez planteado lo de Sinaloa tiene que quedar claro entre nosotros, que en este caso podemos posponer el debate, si ustedes gustan, pero vamos a esperar los resultados y hagamos una discusión global, porque no se vale que discutamos por tiempos el programa de Sinaloa. Nosotros somos partidarios, al igual que lo planteaba Alcocer, discutamos Sinaloa de manera integral, resultados y política; pero no se vale y que nosotros nos quedemos callados que se venga, se discuta Sinaloa y la izquierda quede marginada de un debate, en donde ya se están planteando visiones o lo que pasó en Sinaloa, porque puede haber muchas irregularidades, muchísimas, pero de nuestra parte sería una irresponsabilidad decir: hubo un fraude en Sinaloa porque en equis número de casillas no se respetó el voto. Yo puedo presumir desde aquí que hubo fraude, pero necesito comprobarlo, aunque hay un dicho por ahí que dice: bueno, los acuso de fraudulentos no de tontos, pero ese no es el punto.
Entonces insisto, nosotros proponemos que si vamos a discutir Sinaloa, lo hagamos. Yo pediría allá, presidencia, que normara el debate, pero si vamos a discutir lo del Salón Verde, sigamos discutiendo lo del Salón Verde. Lo que no se
vale entremezclar discusiones, claro, que cada quien lo puede hacer según su muy particular punto de vista. Pero yo creo que hay que dividir, yo incluso propondría que lo de Sinaloa lo pusiéramos en el orden del día de la próxima sesión, cuando ya tengamos los resultados. No en asuntos generales, no en intervenciones o propuestas en el orden del día y discutamos Sinaloa y confrontemos programa, y veamos cual fue el programa del Partido Revolucionario Institucional, el de la izquierda y el del Partido Acción Nacional, y veamos y allí discutamos política.
Las demás cuestiones de orden moral, a veces la moral cuenta pero en este caso no creo que sea muy importante. Yo creo que no tiene sentido eso.
El C. Juan de Dios Castro: -¿Me permite una interpelación el orador?
El C. presidente: -El orador lo consciente por favor.
El C. Juan de Dios Castro: -Señor diputado, estoy enteramente de acuerdo con usted que tratándose de cuestiones morales son intrascendentes. Mencioné el juicio no por el hecho de tratarse de divorcio sino porque en el expediente el promovente era candidato del Partido Revolucionario Institucional expresó al juzgador que su domicilio estaba en el Distrito Federal y en ese sentido era inelegible no por el hecho de ser divorciado.
El C. Pedro José Peñaloza - Muy bien. Yo nada más le quisiera comentar al diputado Castro, en este caso, bueno, entonces tenemos que acusar a Labastida Ochoa, no de que sea divorciado, sino que además que se divorció, dio mal su dirección. Yo creo que ahí concluyo.
El C. presidente: -Esta presidencia quiere hacer la consideración para los efectos de ver si es posible que demos fin a este debate, que con relativa frecuencia con el nombre de hechos se introduce el debate de una cuestión otros asuntos diversos.
Repito que por un exceso de auténtica democracia esta presidencia, aunque le sea criticable, ha estado permitiendo el uso de la palabra en ese sentido. Sin embargo, desde el punto de vista del artículo 102 del reglamento efectivamente se puede conceder a los individuos, de la Cámara su intervención para pedir la palabra para rectificar hechos, es decir, lo expuesto por un orador rectificar estos hechos.
En esa inteligencia, esta presidencia, con todo respeto, propone a la asamblea si se considera que con relación con otros hechos que han salido en este debate, consideramos que el mismo en este aspecto ha quedado terminado y consecuentemente pediremos a la secretaría que proceda a preguntar si se encuentra suficientemente discutido este dictamen.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez:
-Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, si considera que el punto de acuerdo de ese dictamen está suficientemente discutido.
Los que voten por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se considera suficientemente discutido señor presidente.
Por disposición de la presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobado señor presidente.
FUNDACIÓN DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
La C. secretaria Alma Salas Montiel:
« Honorable asamblea:
A la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, fue turnada la proposición presentada por la C. diputada Gabriela Guerrero y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, en la que plantea la celebración de un sesión solemne para conmemorar el "L" Aniversario de la fundación del Instituto Politécnico Nacional.
En atención a lo dispuesto por el reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta comisión ha realizado un detenido análisis de la propuesta, así como de la trascendencia y aportación de la obra educativa realizada por esta institución en la vida del país.
El Instituto Politécnico Nacional, fue fundado en 1936 por el gobierno del general Lázaro Cárdenas, como una respuesta impostergable a la demanda nacional de crear un centro de enseñanza superior, que al mismo tiempo que contribuyera a democratizar el acceso de estudiantes de escasos recursos económicos a la educación superior, permitiera la formación de profesionales y técnicos de alto nivel en el campo de la ciencia y la tecnología aplicadas, que aportaran sus conocimientos y experiencias a un desarrollo económico y social más justo y que por lo mismo, se sumará a sentar las bases de un país más libre e independiente.
Es justo recordar en relación a este acontecimiento, la vida y la obra del insigne educador
sinaloense, ingeniero Juan de Dios Bátiz, quien desde un principio recibió la instrucción presidencial de responsabilizarse de los trabajos tendientes a la fundación de un organismo educativo que respondiera a los propósitos antes mencionados. Fue así como el ingeniero Juan de Dios Bátiz, congregó a un grupo de distinguidos maestros y técnicos que diseñaron a una institución educativa concebida así desde sus inicios, como el centro rector de la enseñanza técnica del país. Ahí estuvieron destacados mexicanos como Narciso Bassols, Luis Enrique Erro, Wilfrido Massieu y Carlos Vallejo Márquez entre otros.
Desde entonces a la fecha, durante medio siglo de intensa vida académica, el Instituto Politécnico Nacional ha aportado a México, infinidad de generaciones, integradas por jóvenes técnicos venidos de todos los rumbos del país, que con un espíritu revolucionario y patriótico han contribuido a forjar el México de nuestros días. Es difícil encontrar una región del país, en donde no se haya dejado sentir la presencia y la acción de los ideales y propósitos que animaron a la fundación del Instituto Politécnico Nacional. Esto contribuyó a multiplicar, en todo el país, nuevos centros educativos de carácter técnico, aprovechando las experiencias y los profesionistas egresados de esta institución homenajeada.
Su lema "la técnica al servicio de la patria", se ha hecho realidad a base del esfuerzo y empeño de cada uno de sus egresados.
En consecuencia de lo expuesto y con fundamento en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General y 27 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente.
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Cámara de Diputados de la LIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión acuerda la celebración de una sesión solemne el día dos de diciembre para conmemorar dignamente el "L" Aniversario de la fundación del Instituto Politécnico Nacional.
México D.F., a 22 de octubre de 1986.
Por la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
Diputados Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; Javier Pineda Serino, secretario; Eduardo Acosta Villeda, Gonzalo Altamirano Dimas, José Gonzalo Badillo Ortiz, Juan de Dios Colli Mass, Eleazar Camarillo Ochoa, José Trinidad Cervantes Aguirre, José Luis Galaviz Cabral, Antonio Melgar Aranda, Santiago Oñate Laborde, Pedro José Peñaloza, Ricardo Regalado Hernández, Macario Rosas Zaragoza, Martín Tavira Urióstegui, Eduardo Valle Espinosa, Humberto Zavala Peña, Juan Carlos Alba Calderón, Pablo Alvarez Padilla, Juan Moisés Calleja García, Santiago Camarena Flores, Ofelia Casillas Ontiveros, Marco Antonio Espinoza Pablos, Gregorio Macías Rodríguez, Mario Niebla Alvarez, Fernando Ortiz Arana, José Genaro Piñeiro López, Rubén Robles Catalán, Arturo Ruiz Morales, Manuel Terrazas Guerrero y Arnulfo Villaseñor Saavedra. Firman.
Está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. . Aprobado señor presidente".
TRES SESIONES POR SEMANA EN NOVIEMBRE
El C. presidente: -Esta presidencia informa a la asamblea que hay 26 diputados pendientes de hacer uso de la palabra y que muchos la han solicitado desde hace tres sesiones.
En relación, con esto, la presidencia informa que ha recibido una proposición de la Gran Comisión, que solicita a la secretaría le de lectura.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez:
«Honorable asamblea:
En virtud del elevado número de iniciativas propuestas, denuncias y comunicaciones que los diputados federales de las fracciones parlamentarias han venido presentando fuera del orden del día de las sesiones ordinarias y considerando que durante el mes de noviembre la Cámara de Diputados tiene que desahogar tanto las llamadas comparecencias constitucionales como otras que pudieran programarse y de conformidad con lo que establece el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, nos permitimos proponer el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Que durante el mes de noviembre se realicen tres sesiones ordinarias por semana.
Atentamente
México D.F., a 28 de octubre de 1986.
Diputados licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, licenciado Nicolás Reynés Berezaluce, secretario licenciado Jorge Montúfar Araujo, secretario.
Está a discusión el punto de acuerdo.
El C. Ricardo García Cervantes: -En contra.
El C. presidente: -Tiene la palabra, en contra.
El C. Ricardo García Cervantes: -Con autorización de la presidencia; señoras y señores diputados: ciertamente me explico el asombro que algunos de ustedes manifiestan al escuchar que me inscribía en contra del punto de acuerdo que propone el que en el mes de noviembre se sesione tres días a la semana. Pero es importante el señalar que el alcance que se le ha venido dando a una serie de acuerdos tomados ya sea por los coordinadores de los grupos parlamentarios o como este que se propone ahora, posteriormente se sujete a alguna interpretación que desvirtúan el verdadero propósito de los mismos acuerdos.
Es verdad que en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se señala que corresponde a la mesa directiva, bajo la autoridad de su presidente, preservar la libertad de las deliberaciones, cuidar de la efectividad del trabajo legislativo y aplicar con imparcialidad las disposiciones esta ley de reglamentos y los acuerdos que apruebe la Cámara. También es verdad y para no abundar, que dentro de un período ordinario de sesiones, que comprende el día primero de septiembre al 31 de diciembre, todas las sesiones que se celebren son ordinarias y que es facultad y además obligación de la directiva de la Cámara en turno, el auspiciar el trabajo legislativo de esta Cámara con las medidas que juzgue pertinentes conforme al reglamento.
Quiere decir que un acuerdo como el que ahora se propone, limitará a la presidencia de la Cámara durante el mes de noviembre, a solamente solicitar o citar tres veces a la semana.
Se acaba de leer ahora una cantidad de 26 oradores que no han podido hacer uso de la palabra. Probablemente entre ellos hay asuntos de suma importancia para esta soberanía. Hoy, en el seno de una comisión, argumentando un acuerdo de los grupos parlamentarios, se pretendía dar un alcance superior al que puede tener, diciendo que se iba a dictaminar solamente aquellas iniciativas sobre las cuales se hubiera indicado preferencia por parte de la reunión de coordinadores de grupos parlamentarios.
¿A qué vienen estos acuerdos que limitan en el ejercicio de sus responsabilidades a la directiva de la Cámara? Deberá citarse a esta soberanía a todas aquellas sesiones que durante el período ordinario son del mismo carácter ordinario, que se requieren para el desahogo eficiente y responsable de todos los asuntos de esta Cámara y no dar margen con acuerdos a limitaciones y a interpretaciones que a la postre resultan un impedimento para el trabajo eficiente de todos los diputados que formamos esta representación nacional.
Por innecesario, yo solicito que se deje a la responsabilidad y al apego a sus decisiones al reglamento, a la mesa directiva de noviembre y que cite cuantas veces se requiera porque estamos en un período ordinario que comprende del primero de septiembre al 31 de diciembre. Muchas gracias.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: -En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén por la negativa, igualmente sírvanse manifestarlo... Aprobado Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. El C. presidente: -Tenemos para proposiciones y cito desde luego al diputado Graco Ramírez Garrido Abreu, quien tiene la palabra.
Si me permite tantito el diputado para dar lectura a los diputados inscritos: Jorge Cárdenas González, Xavier Abreu Sierra, Carlos Barrera Auld, Pedro José Peñaloza, José González Schmal, Graco Ramírez Garrido Abreu, Rebeca Arenas Martínez, José Sanromán Quiñones, Jorge Acevedo Samaniego, Roberto Calderón Tinoco, Macario Rojo Zaragoza, Gonzalo Altamirano Dimas, Homero Díaz Mota, Miguel Alonso Raya, Jaime Haro Rodríguez, Juan Carlos Velasco Pérez, Oswaldo Harris Muñoz, Víctor Guillermo Alvarez Herrera, Arturo Whaley Martínez, Efraín Jesús Calvo Zarco, Ricardo Andrés Pascoe Pierce, Leonardo Durán Juárez, Lorenzo Serrano Gutiérrez, Yrene Ramos Dávila, Aureliano Caballero González y José Angel Aguirre Romero.
ACCIDENTES EN LA INDUSTRIA PETROLERA
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Graco Ramírez Garrido Abreu.
El C. Graco Ramírez Garrido Abreu:
«C. presidente de la H. Cámara de Diputados. Presente.
-Señor presidente: muy breve compañeros, vamos a leer la propuesta sin mayor preámbulo, para argumentarla y fundamentarla.
Nos hemos enterado que nuevamente se produce otro grave accidente en un pozo petrolero en un
plazo de menos de 15 días en que se controló la Luna 11 en el estado de Tabasco, el jueves 23 de los corrientes se produjo el descontrol del Abkatun 91 ubicado en la llamada Sonda de Campeche en el Golfo de México.
Los trabajadores y técnicos de la Industria Petrolera Nacional y también el propio Sindicato de Trabajadores han hecho público por diversos medios y en reiteradas ocasiones que existen serias irregularidades en el mantenimiento de la planta industrial petroquímica y en las instalaciones de perforación y extracción de hidrocarburos. Esta situación motivó que por instrucciones del Ejecutivo Federal se integrara una comisión mixta constituida por la administración de la empresa y el sindicato de trabajadores con la mediación del Secretario de Trabajo y Previsión Social.
Recientemente algunas personas por conducto de ciertos medios de información pretenden responsabilizar a los trabajadores petroleros de los accidentes ocurridos en dicha empresa paraestatal. Ello además de mostrar una sospechosa parcialidad, es irresponsable ya que desde la expropiación de dicha industria los trabajadores y técnicos han sido el factor principal de su desarrollo.
La empresa paraestatal Petróleos Mexicanos está sujeta a control presupuestal por esta H. Cámara de Diputados y es innegable su papel primordial en la economía nacional.
Por todo lo anterior la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los trabajadores nos permitimos someter a esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Energéticos, integre un grupo de trabajo pluripartidista que se aboque a conocer directamente con la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, su representación laboral el Sindicato de Trabajadores Petroleros y el Instituto Mexicano del Petróleo, las causas de los accidentes que se han presentado en dicha industria, así como las condiciones existentes en el mantenimiento de la planta petrolera y las concesiones a particulares para la perforación de yacimientos de hidrocarburos.
Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 1986.
Atentamente.
"Por un Gobierno de los Trabajadores"
Fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, diputados: Graco Ramírez Garrido, Jesús Heriberto Noriega Cantú, José Angel Aguirre Romero.
El C. presidente: -En los términos de la fracción II del artículo 58, pregunte la secretaría si hay orador en pro o en contra.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: -Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si existe algún diputado que desee hablar en pro o en contra.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se acepta o no a discusión dicha proposición.
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Se recibe a discusión señor presidente.
El C. presidente: -Túrnese a la Comisión de Energéticos.
SEMANA LABORAL EN LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA NACIONAL
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Acedo Samaniego.
El C. Jorge Acedo Samaniego: -Con su permiso señor presidente.
« Ciudadanos secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos los suscritos, miembros de la diputación del sector obrero del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de esta representación popular la siguiente proposición, fundándonos para ello en las consideraciones que a continuación se mencionan:
Ha sido preocupación constante del movimiento obrero organizado del país el lograr las mejores condiciones de vida para los trabajadores mexicanos y sus familias. La meta no ha sido fácil de alcanzar sobre todo en las actuales circunstancias económicas por las que atraviesa el país, afrontadas con acierto por el presente régimen con una serie de medidas que buscan superar la crisis y sus efectos, entre las que destaca la reconversión industrial inmersa en la estrategia de cambio estructural que complementa sus efectos con la de reordenación económica.
Las aciones que la reconversión industrial implican deben considerar la preservación y mejora de los derechos laborales para abarcar no sólo los aspectos de naturaleza económica, sino también los relativos al bienestar de la clase trabajadora, dada la estrecha vinculación que existe entre la
crisis que confronta el país y los problemas estructurales, para que al reorientarse y modernizarse el aparato productivo no se descuide, sin embargo, la protección al empleo y el bienestar de la clase obrera, a modo de recuperar con eficacia las bases para un desarrollo justo y sostenido.
En ese contexto y después de efectuar una visita a Altos Hornos de México, S.A., y de analizar los niveles de operación de Sicartsa, hemos podido constatar que a la fecha se han incrementado la productividad en la actividad siderúrgica del sector paraestatal, de tal suerte que en Altos Hornos de México, S.A., el volumen de producción obtenido en 1985 será superado con el trabajo únicamente de dos de los cinco hornos con que cuenta la planta número uno y Sicartsa aumentará su participación en la producción de acero líquido de 12.9% en 1986 a 28.1% en 1990, con lo que se espera un incremento de 8.55 millones de toneladas en mayo de 1986 después del cierre de Fundidora Monterrey, a 11.05 millones de toneladas una vez terminado el proyecto de Sicartsa II, lo que pone de manifiesto el gran esfuerzo humano para alcanzar esas magnitudes.
En esas circunstancias el incremento en la productividad puede incidir negativamente, por una parte, en el nivel de empleo y por la otra, en la salud de los trabajadores por el esfuerzo adicional realizado, al que hay que agregar las condiciones extremas de riesgo, salubridad e intensidad, propias de la actividad siderúrgica, que pueden revertirse en perjuicio de la propia productividad, pues sin duda afectan el rendimiento de los trabajadores.
Por lo antes expuesto y con el fin de que la reconversión en la industria siderúrgica sea un éxito y la productividad lograda se mantenga en beneficio de nuestro país para que ésta pueda ser competitiva con otras siderúrgicas del mundo del acero, proponemos se implante en la industria siderúrgica nacional la semana laboral de 40 horas con pago de 56, pues sólo con esfuerzos y responsabilidades compartidas podrá mantenerse la productividad alcanzada, pues la intensidad de la actividad laboral de esta industria reclama un mayor tiempo para el descanso de los trabajadores, que con dos días de reposo a la semana, protegen de mejor manera su vida y su salud, pues la experiencia demuestra que con una jornada de trabajo exhaustiva como la actual, se afecta la salud del individuo precipitando su invalidez y aún la muerte.
Con la semana laboral de 40 horas y pago de 56 se puede evitar el despido de los trabajadores y a la vez combatir el desempleo a generarse nuevas oportunidades de trabajo coadyuvando al incremento de la productividad y al mejoramiento de la clase trabajadora. El verdadero progreso de un país consiste en que los resultados de la producción aprovechen a todos y permitan a los hombres mejorar sus niveles de vida.
Consideramos que en el ramo de la industria siderúrgica nacional están dadas las circunstancias y condiciones especiales para la implantación de la semana laboral de 40 horas con pago de 56, por lo que solicitamos se turne la presente propuesta a las Comisiones de Trabajo y Patrimonio y Fomento Industrial, para que efectúen los estudios correspondientes a efecto de determinar las medidas legislativas o de otra índole que resulten necesarias para que en la industria siderúrgica sea implantada a la brevedad posible la ya mencionada semana laboral de 40 horas con pago de 56.
Diputados: Jorge Acevedo Samaniego, Eduardo Hernández Mier, Manuel Monreal Zamarripa, Gonzalo Padilla Fuentes y Marcelino Rodríguez Silva.
México D.F., a 28 de octubre de 1986.
El C. presidente: - Pregunte la secretaría si se admite o no a discusión la proposición.
La C. secretaria Alma Salas Montiel: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta si se admite a discusión, la proposición.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie..... Se admite a discusión.
El C. presidente: -Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: -Se va a dar cuenta la orden del día de la sesión próxima.
ORDEN DEL DÍA
El mismo C. secretario
«Segundo período ordinario de sesiones. LIII Legislatura.
Orden del día
30 de octubre de 1986.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del estado de Guanajuato.
Proposiciones de la Gran Comisión.
Elección de la Mesa Directiva
Dictámenes de primera lectura
De las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto de reformas a la fracción VI del inciso A) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Praxedes González Hernández, para aceptar y usar la condecoración Da Medalha Mérito Tamandaré, que le confiere el Gobierno de la República Federativa de Brasil.
Dictámenes a discusión.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. David Tellez Arredondo, para prestar servicios en la Embajada de Dinamarca, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Beatriz Rodríguez Montes de Oca, Víctor Manuel Estrada Villa, Miguel Angel López Merino, José Antonio Reynoso Alvarado y Sergio Soto Silva, para prestar servicios en la Embajada de la República de Corea, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Ricardo Gutiérrez Portillo, Manuel Alfonso Bañuelos Rosales y Julia Mejía Mendieta, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Luis Carbajal Martínez, María de Lourdes Montaño Espinosa, Claudia Antonia Torres Ortega y María del Pilar Duarte Salazar, para prestar servicios en los consulados generales en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Nuevo Laredo Tamaulipas, y en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.
El C. presidente (a las 20:30 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 30 de octubre a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
DIARIO DE LOS DEBATES