Legislatura LIII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19861211 - Número de Diario 42
(L53A2P1oN042F19861211.xml)Núm. Diario:42ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO II México, D. F., jueves 11 de diciembre de 1986 NÚM.. 42
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba.
INVITACIÓN
A la develación del busto de Benjamín Hill con motivo del LXVI aniversario de su fallecimiento, en esta ciudad el 14 del actual. Se designa Comisión.
COMUNICACIONES
De los congresos de Guerrero y Quintana Roo, relativas a sus funciones legislativas. De enterado.
MINUTAS DEL SENADO
LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL
Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley citada. Se turna a Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL 1985
Proyecto de la cuenta de referencia.
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 1985
Proyecto de la cuenta mencionada.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la ley nombrada. A discusión en lo general. Interviene el C Gregorio Macías Rodríguez para razonar el voto del PARM. Sin discusión en lo particular se aprueba. Pasa al Ejecutivo.
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
Proyecto de decreto que reforma y adiciona la ley de referencia. Sin discusión en lo general ni en lo particular se aprueba. Pasa al Ejecutivo.
LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA
Dictamen emitido en relación a la iniciativa del PAN, de reforma al artículo 9 y derogación de los artículos 10 y 11 de la ley citada, que se desechan por improcedentes.
A discusión los puntos de acuerdo. Intervención los CC., en contra
Juan de Dios Castro Lozano; en pro César Augusto Santiago Ramírez; para hechos José Angel Conchello Dávila; nuevamente Castro Lozano; en contra Pablo José Pascual Moncayo y Jesús González Schmal; en pro Blanca Esponda de Torres; para hechos Heberto Castro Martínez.
Para una moción suspensiva Jorge Alcocer Villanueva; en contra de ella Luis Manuel Orcí Gándara; para hechos Pascual Moncayo y Eduardo Valle Espinosa. Se desecha la moción.
Continua el debate. Sigue en contra el C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.
MINUTA DEL SENADO
PROYECTO DE DECLARATORIA
Que reforma los artículos 52, 53, 54, 56, 69, 77 y 18 transitorio de la Constitución Federal. Se turna a Comisión con el ruego de que se dictamine en esta sesión.
Prosigue el debate de la Ley General de Deuda Pública. Hablan para hechos el C. Pablo Alvarez Padilla; para razonar el voto del PPS Héctor Morquecho Rivera; en contra Carlos Barrera Auld. Se aprueban los puntos de acuerdo
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Proyecto de decreto que permite al C. Francisco J. Rojas Irene hacerlo en la embajada de Pakistán en México. Se turna a Comisión. Minuta proyecto de decreto aprobado en esta fecha por la Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al C. Francisco Javier Rojas Irene para prestar servicios como mensajero en la embajada de la República Islámica de Pakistán en esta ciudad.
TRABAJO DE MENORES
El C. Juan Manuel Lucía Escalera reitera la iniciativa del 24 de noviembre anterior, para que se legisle al respecto. Se turnan a comisiones
HOMENAJE A DEMETRIO BOLAÑOS ESPINOSA
Por parte del C. Agustín Leñero Bores, quien fuera cronista parlamentario y diputado federal. Se guarda un minuto de silencio.
Minuta proyecto de decreto, aprobado en esta fecha por la Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al C. Francisco Javier Rojas Irene para prestar servicios como mensajero en la Embajada de la República Islámica de Pakistán en esta ciudad.
HOMENAJE AL INSURGENTE PEDRO MORENO
Por parte del C. Jorge Sanromán Quiñones. Propone se edite una obra que contiene acciones de guerra y datos biográficos del homenajeado. Se turna a Comisión.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
PROYECTO DE DECLARATORIA
Que reforma a los artículos 52, 53, 54, 56, 60, 77 y 18 transitorio de la Constitución. Se dispensan los trámites. Sin discusión se aprueba. Pasa al Ejecutivo.
INVERSIÓN CUANTIOSA EN BAJA CALIFORNIA SUR
El C. Salvador Landa Hernández se refiere a la denuncia que presentó el 16 de octubre último sobre el particular. Solicita se haga excitativa para que se informe al respecto. El C. Romeo Flores Caballero opina e informa sobre el tema. Para hechos hablan los CC. Salvador Landa Moctezuma. No hay lugar a la excitativa.
ELECCIONES RECIENTES DE TAMAULIPAS
La C Josefina Sánchez Ponce se refiere a ellas y considera hubo violaciones e irregularidades en todo el proceso electoral. Solicita sean anuladas.
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. REYES RODOLFO FLORES ZARAGOZA
(Asistencia de 287 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. presidente (a la 11:45 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario:
« Segundo Período Ordinario de Sesiones LIII Legislatura.
Orden del Día
11 de diciembre de 1986.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico en el que se develará el busto del insigne revolucionario, Benjamín Hill, con motivo del 66 aniversario luctuoso, el que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Guerrero y Quintana Roo.
Minutas
Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Francisco Javier Rojas Irene, para prestar servicios como mensajero en la embajada de la República Islámica de Pakistán, en esta ciudad.
Dictámenes de primera lectura.
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1985.
De las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal de 1985.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, relativo a la iniciativa para reformar el artículo 9o, y derogar los artículos 10 y 11, de la Ley General de Deuda Pública.
Dictámenes a discusión.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. secretario:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la LIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día diez de diciembre de mil novecientos ochenta y seis.
Presidencia del C. Reyes Rodolfo Flores Zaragoza
En la ciudad de México, a las once horas y treinta minutos del miércoles diez de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, la Presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de trescientos sesenta y seis ciudadanos diputados.
Lectura del orden del día.
Sin discusión de aprueba el acta de la sesión anterior verificada el día de ayer.
Se da cuenta con los asuntos en cartera:
La presidencia designa las siguientes comisiones para que, en representación de la Cámara de Diputados, asistan a los actos que enseguida se indican: A la sesión solemne que tendrá lugar el día trece de los corrientes, en la que el ciudadano licenciado Tulio Hernández Gómez, gobernador constitucional de Tlaxcala, rendirá el sexto y último informe de su gestión administrativa, a los ciudadanos Samuel Quiroz de la Vega, Eliseo Vázquez Valdez, María Marcela González Salas Petriccioli, Laura Pavón Jaramillo, Regina Reyes Retana Márquez Padilla y Eliseo Rodríguez Ramírez.
Al homenaje póstumo que rendirá el ayuntamiento constitucional de Tuxpan, Veracruz, al licenciado Demetrio Ruiz Malerva, el día 13 del actual, a los ciudadanos Santana Franco Lima, Guadalupe Natalia Solares Bauza y Héctor Aguirre Barragán.
A la sesión solemne que se llevará a efecto el día catorce del mes en curso, en la que el ciudadano licenciado Enrique González Pedrero, gobernador constitucional del estado de Tabasco, dará lectura al cuarto informe de su gobierno, a los ciudadanos Nicolás Reynés Berezaluce, Manuel Urrutia Castro, Homero Pedrero Priego, Eduardo Beltrán Hernández, Oscar Llergo Heredia, Ylce Sarmiento Gómez, Mario Murillo Morales, Gerardo Higinio Fernández Casanova, Graco Ramírez Garrido Abreu y Francisco Hernández Juárez.
A la sesión solemne en la que el ciudadano doctor Emilio Martínez Manatou, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, rendirá el sexto informe de su gestión administrativa el domingo catorce del presente, a los ciudadanos Joaquín Contreras Cantú, Emilio Jorge Cordero García, Jorge Cárdenas González, Diego Navarro Rodríguez, Carlos Enrique Cantú Rosas, Luis Nájera Olvera, Marciano Aguilar Mendoza, Gerardo Tomás Gómez Castillo, Aureliano Caballero González y Reyes Fuentes García.
El ciudadano Héctor Morquecho Rivera presenta y da lectura a una iniciativa de decreto, tendiente a reformar la ley para promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Comisión de Justicia presenta un dictamen con proyecto de decreto, que forma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En atención a que este dictamen ha sido distribuido entre los ciudadanos diputados, la asamblea le dispensa la lectura. Queda de primera lectura. Dictamen con proyecto de decreto emitido por la propia Comisión de Justicia, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Por las mismas razones del caso anterior, la asamblea dispensa la lectura a este documento. Queda de primera lectura.
La Comisión de Comunicaciones y Transportes suscribe un dictamen relativo al proyecto de Ley del Servicio Postal Mexicano.
A este dictamen se le dispensa el trámite de segunda lectura.
A discusión en lo general el proyecto del ley.
Para razonar el voto de abstención del PSUM, del PMT, y del PRT, usa de la palabra el ciudadano Alejandro Encinas Rodríguez.
Suficientemente discutido en lo general, en votación nominal se aprueba con los artículos no reservados para su discusión, por doscientos sesenta y seis votos en pro, cinco en contra y quince abstenciones. A debate los artículos 1o., 14, 31, 36, 44 y 64.
Intervienen, para proponer modificaciones el ciudadano Pablo Alvarez Padilla, para proponer una adición al artículo 14 el ciudadano Héctor Pérez Plazola, por la Comisión el ciudadano Ignacio Ramos Espinoza.
No se admite la adición al artículo 14 propuesta por el ciudadano Héctor Pérez Plazola y por tanto se da por desechada.
Suficientemente discutidos los artículos, se reservan para su votación nominal en conjunto.
A discusión los artículos 15, 16 y 20.
Abordan la tribuna, para proponer modificaciones la ciudadana Consuelo Botello de Flores, para proponer modificaciones a los artículos 15, 59 y 61 el ciudadano José Angel Aguirre Romero, para hechos los ciudadanos Juan de Dios Castro Lozano y Pablo Alvarez Padilla, por la comisión el ciudadano Oscar Aguirre López, para hechos el ciudadano Juan de Dios Castro Lozano y por la comisión el ciudadano Francisco Morales Aceves.
En votaciones económicas sucesivas la asamblea no admite las modificaciones propuestas por la ciudadana Consuelo Botello de Flores y por el ciudadano
José Angel Aguirre Romero, y en consecuencia se dan por desechadas.
Suficientemente discutidos los artículos, se reservan para su votación nominal. A debate los artículos 35 y 41.
Hablan, en contra el ciudadano Héctor Pérez Plazola, por la comisión el ciudadano Arnulfo Javier Villaseñor Saavedra.
Suficientemente discutidos los artículos, se reservan para su votación nominal. A debate el artículo 62.
Usan de la palabra, para proponer una adición el ciudadano Héctor Pérez Plazola, por la Comisión el ciudadano Arnulfo Javier Villaseñor Saavedra. Para retirar su proposición y solicitar sea turnada a la Comisión Dictaminadora para que la haga llegar a quien vaya a establecer la reglamentación, el ciudadano Héctor Pérez Plazola.
La asamblea admite la solicitud. Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes.
Se considera suficientemente discutido el artículo 62.
Se procede a recoger la votación nominal de los artículos 1o., 14, 15, 16, 20, 31, 35, 36, 41, 44, 59, 61, 62 y 64, con el siguiente resultado: El artículo 15 se aprueba por doscientos votos en pro, cuarenta y uno en contra y ocho abstenciones.
Los trece artículos restantes, por doscientos doce votos a favor, treinta y seis en contra y ocho abstenciones.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley del Servicio Postal Mexicano. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Para rendir homenaje al expresidente de la República licenciado Emilio Portes Gil, en ocasión del octavo aniversario de su fallecimiento, usa de la palabra el ciudadano Aureliano Caballero González.
Por su parte el C. Hildebrando Gaytán Márquez propone que la Cámara de diputados se dirija a la Organización de las Naciones Unidas, solicitándole que promueva sus oficios con el objeto de que se suspenda la aplicación de la pena de muerte a los ciudadanos chilenos Jorge Palma, Hugo Marchant y Carlos Araneda.
Se admite la proposición. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores. A su vez el ciudadano Francisco Hernández Juárez, interviene para manifestar la preocupación del PPS sobre el tratado de cooperación entre México y los Estados Unidos de América, sobre asistencia mutua legal en materia penal, mediante el cual los policías federales mexicanos estarían a disposición del Departamento de Justicia del vecino país.
Propone que esta preocupación se turne a la Comisión de Justicia, a fin de que recabe la información necesaria.
Para aclaraciones y en contra de la propuesta, interviene el ciudadano David Jiménez González, para hechos lo hace el ciudadano José Luis Sánchez González.
El ciudadano Francisco Hernández Juárez retira su proposición.
La ciudadana Cecilia Romero Castillo usa de la palabra para hacer una serie de consideraciones en torno a la declaración universal de los derechos humanos, suscrita también por México, que hoy diez de diciembre, cumple treinta y ocho años de haber sido instituida.
Para hechos sobre este tema intervienen los ciudadanos Alfredo Rohana Estrada, Eduardo Turati Alvarez y Javier Paz Zarza.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las quince horas y cincuenta minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana, once de diciembre, a las diez horas.
El C. secretario: - Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
(VOTACIÓN)
Aprobada señor presidente.
INVITACIÓN
El C. presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Bulmaro Pacheco Moreno, Ofelia Casilla Ontiveros y María Emilia Farías Mackey.
El C. secretario:
«México D.F. a 5 de diciembre de 1986.
C. diputado licenciado Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Presidente de la H. Cámara de Diputados. Palacio Legislativo Presente.
El Departamento del Distrito Federal, hace a usted una atenta y cordial invitación a la develación del busto del insigne revolucionario, Benjamín Hill, con motivo del LXVI aniversario luctuoso, ubicado en la avenida que lleva su nombre y Altata, colonia Condesa, para el próximo domingo 14 del actual, a las 11:00 horas.
Al propio tiempo, me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones, con objeto de que una comisión asista al acto de referencia, con la representación de esa H. Cámara de Diputados que usted dignamente preside.
Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velazquez.»
COMUNICACIONES
El mismo C. secretario:
Chilpancingo, Gro. noviembre 26 de 1986.
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados, San Lázaro, México, D. F. Para los efectos legales procedentes, me permito comunicar a usted que previas las formalidades de ley la H. LI Legislatura del Estado, en su sesión ordinaria de esta fecha, tuvo a bien elegir a los ciudadanos diputados Neftali Gracida Guerrero y licenciado Antonio Alcocer Salazar, presidente y vicepresidente, respectivamente, quienes fungirán durante el próximo mes de diciembre.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El coordinador del H. Congreso del Estado, diputado profesor Jesús Romero Guerrero.»
El mismo C. secretario:
«Poder Legislativo del estado libre y soberano de Quintana Roo.
Cd. Chetumal, Quintana Roo, México.
CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Donceles y Allende. Centro Cuauhtémoc. 06019. México, D. F.
La diputación permanente de la IV Legislatura, se permite comunicar que en junta previa celebrada el día 18 de los corrientes, procedió a la elección del Mesa Directiva que fungirá en el primer mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio, del 24 de noviembre al 24 de diciembre del presente año, habiendo quedado de la siguiente forma:
Presidente, diputado profesor Jorge Martín Ángulo.
Vicepresidente, diputado Héctor Vidal Vallejo Zapata.
Secretario suplente, diputado Javier González Espinosa.
Lo que me permito comunicar para los efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No reelección.
Cd. Chetumal, Quintana Roo.
24 de noviembre de 1986.
El secretario de la diputación permanente, diputado Tomás A. Velo Pérez.»
MINUTAS DEL SENADO
LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL
El mismo C. secretario:
«CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados, Presentes.
Para sus efectos correspondientes, tenemos el honor de remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D. F. a 10 de diciembre de 1986.
Senadores: Fernando Mendoza Contreras, secretario; Héctor Vázquez Paredes, secretario.
«MINUTA
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo primero. Se reforman los artículos 2, 16, 28 fracción I; 45 fracción IV; 49; la denominación
del capítulo II del título quinto y el artículo 51; la denominación de la sección primera del propio capítulo que comprende los artículos 52, 53 y 54; los artículos 277; 279; 287; 292 primer párrafo y fracción I; y 293 primer párrafo de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 2o. La facultad a que se refiere el artículo anterior se ejerce: I. Por los jueces de paz.
II. Por los jueces de lo civil;
III. Por los jueces de los familiar;
IV. Por los jueces del arrendamiento inmobiliario;
V. Por los jueces de lo concursal;
VI. Por los árbitros;
VII. Por los jueces penales;
VIII. Por los presidentes de debates;
IX. Por el jurado popular;
X. Por la oficina central de consignaciones;
XI. Por el Tribunal Superior de Justicia; y
XII. Por los demás servidores públicos y auxiliares de la administración de justicia, en los términos que establezca esta ley, los códigos de procedimientos y leyes relativas.
Artículo 16. Los jueces de lo civil, de lo familiar, del arrendamiento inmobiliario, de lo concursal, penales y los de paz del Distrito Federal serán nombrados por el Tribunal Superior de Justicia en acuerdo pleno.
Artículo 28. Son facultades del Tribunal en Pleno:
I. Nombrar a los jueces del Distrito Federal, resolver todas las cuestiones que con dichos nombramientos se relacionen y cambiar a los jueces de una misma categoría a otro juzgado, así como variar la jurisdicción por materia de los juzgados de primera instancia.
En el caso de los de paz podrán ser civil, penales o mixtos y en este caso se podrá autorizar que haya un secretario por ramo;
II. a XXII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 45. Las salas civiles, en los asuntos de los juzgados de su adscripción conocerán:
I. a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. De los casos de responsabilidad civil y de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas por los jueces del arrendamiento inmobiliario y de lo concursal; y
V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 49. Son jueces de primera instancia, para los efectos que prescriben la Constitución y demás leyes secundarias:
I. Los jueces de lo civil;
II. Los jueces de lo familiar;
III. Los jueces del arrendamiento inmobiliario;
IV. Los jueces de los concursal;
V. Los jueces penales; y
VI. Los presidentes de debates.
TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO II
De los juzgados de lo civil, de lo familiar, del arrendamiento inmobiliario y de lo concursal del Distrito Federal
Disposiciones generales
Artículo 51. Los juzgados a que se refiere el presente capítulo tendrán una oficialía de partes común, la cual tendrá las siguientes atribuciones:
I. Turnar el escrito por el cual se inicie un procedimiento, al juzgado que corresponda, para su conocimiento; y
II. Recibir los escritos de término que se presenten después de las horas de labores de los juzgados, pero dentro de horas hábiles, mismos que deberán remitir al juzgado al que se dirija.
La oficialía de partes permanecerá abierta durante las horas hábiles a que se refiere el artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Dicha oficialía de partes recibirá también, escritos que se dirijan a las salas de lo civil y de lo familiar del Tribunal Superior, fuera del horario de labores.
SECCIÓN PRIMERA
De los juzgados de lo civil
Artículo 52. En el Distrito Federal habrá el número de juzgados de lo civil que el Tribunal
Pleno considere necesarios para que la administración de justicia sea expedita y estarán numerados progresivamente.
Artículo 53. Para ser juez de lo civil, se requiere:
a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
b) No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta, el día de la designación; pero si al cumplir el ejercicio sexenal excediere de aquella edad, podrán ser nombrados para el siguiente período hasta alcanzar los setenta años, en que serán sustituidos;
c) Ser abogado con título registrado por la Dirección General de Profesiones;
d) Acreditar, cuando menos, cinco años de práctica profesional, que se contarán desde la fecha de la expedición del título y someterse a examen de oposición formulado por los magistrados de la sala a la que quedaría adscrito. Se preferirá para el examen de oposición a quien hubiere cursado los programas que al efecto desarrolle el Centro de Estudios Judiciales y preste sus servicios en el Tribunal;
e) Gozar de buena reputación; y
f) No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
Artículo 54. Los jueces de lo civil conocerán:
I. De los negocios de jurisdicción voluntaria, cuyo conocimiento no corresponde específicamente a los jueces de los familiar, del arrendamiento inmobiliario y de lo concursal;
II. De los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales sobre inmuebles, siempre que el valor de éstos sea mayor de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo diario general, vigente en el Distrito Federal, excepto si se controvertieren cuestiones relacionadas con el patrimonio de familia, en que la competencia corresponde a los jueces de lo familiar;
III. De los demás negocios de jurisdicción contenciosa, común y concurrente, cuya cuantía exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo diario general, vigente en el Distrito Federal, excepto en los concernientes al derecho familiar, del arrendamiento inmobiliario y de lo concursal;
IV. De los interdictos;
V. De la diligenciación de los exhortos, rogatorias, suplicatorias, requisitoria y despachos; y
VI. De los demás asuntos que les encomienden las leyes.
Se exceptúan de su competencia todos los asuntos o controversias relativos al arrendamiento de inmuebles en que la competencia corresponde a los jueces del arrendamiento inmobiliario.
Artículo 60 - F. Los conciliadores de los juzgados del arrendamiento inmobiliario deberán reunir los mismos requisitos que la ley señala a los secretarios de los juzgados de lo civil y serán nombrados de la misma manera que éstos.
Son atribuciones de los conciliadores:
I. Estar presentes en la audiencia de conciliación, escuchar las pretensiones de las partes y procurar su avenencia;
II. Dar cuenta de inmediato al titular del juzgado de su aprobación, en caso de que proceda, y diariamente informar al juez los resultados logrados en las audiencias de conciliación que se les encomienden;
III. Autorizar las diligencias en que intervengan;
IV. Sustituir al secretario de acuerdos en sus faltas temporales; y
V. Las demás que los jueces y esta ley les encomienden.
Artículo 61. Cada uno de los juzgados de lo civil del Distrito Federal tendrá:
I. Un juez;
II. Un secretario de acuerdos;
III. Un conciliador;
IV. Los servidores públicos de la administración de justicia que autorice el presupuesto; y
V. Los pasantes de derecho, en cumplimiento de su servicio social, que le asigne el Pleno del Tribunal.
Artículo 62. Para ser secretario de acuerdos o conciliador en los juzgados de lo civil se requiere:
a) Ser ciudadano mexicano;
b) Abogado con título registrado en la Dirección General de Profesiones;
c) Tener tres años de práctica profesional, contados desde la fecha de expedición del título; y
d) Tener buenos antecedentes de moralidad, a juicio del juez que lo nombre.
Artículo 63. El secretario de acuerdos será el jefe inmediato de la oficina en el orden administrativo, y dirigirá las labores de ella de acuerdo con las instrucciones y determinaciones del juez.
Artículo 64. Son atribuciones de los secretarios de acuerdos:
I. Realizaren casos urgentes las notificaciones personales cuando lo ordene el juez;
II a IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X. Proporcionar a los interesados los expedientes en los que fueren parte y que soliciten para informarse del estado de los mismos, para tomar apuntes o para cualquier otro efecto legal, siempre que sea en su presencia y sin extraer las actuaciones de la oficina;
XI a XV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 65. El secretario de acuerdos, además de las atribuciones que determina el artículo anterior, tendrá las siguientes:
I. Substituir al juez en sus faltas temporales, en los términos del artículo 136 de esta ley;
II. Tener a su cargo, bajo su responsabilidad, los libros pertenecientes a la oficina, designando de entre los empleados subalternos de la misma, al que deba llevarlos;
III. Conservar en su poder el sello del juzgado;
IV. Cuidar y vigilar que el archivo se arregle por orden alfabético de apellidos del actor o del promovente en asuntos de jurisdicción voluntaria;
V. Ejercer, bajo su responsabilidad por sí mismo o por conducto de los servidores públicos de la administración de justicia subalternos, la vigilancia que sea necesaria en la oficina, par evitar la pérdida de expedientes, debiendo exigir la identificación y recibo correspondientes para su consulta; y
VI. Las demás que les confieran las leyes y los reglamentos.
Artículo 66. Los conciliadores de los juzgados de lo civil tendrán las atribuciones que señala el artículo 60 - F de esta ley.
Artículo 67. Los notificadores y ejecutores tendrán las obligaciones siguientes:
I. Concurrir diariamente a la oficina central;
II. Recibir las actuaciones que les sean turnadas, y practicar las notificaciones y diligencias ordenadas por los jueces a que se refiere este capítulo; y
III. Devolver las actuaciones, previas las anotaciones correspondientes.
Artículo 68. Los notificadores y ejecutores deberán llevar un libro en el que asienten diariamente las diligencias y notificaciones que lleven a cabo, con expresión:
I. a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 69. Los jueces y magistrados visitadores de los juzgados tendrán obligación, bajo su responsabilidad, de inspeccionar personalmente el libro a que se refiere el artículo anterior y dictar las determinaciones de su competencia, a efecto de remediar las deficiencias que notaren.
Artículo 69 bis. El pleno del Tribunal Superior de Justicia determinará los requisitos que deban satisfacer los notificadores y los pasantes de derecho, y podrá facultar a éstos últimos para practicar notificaciones personales, con excepción de emplazamientos a juicio.
Los ejecutores deberán satisfacer los mismos requisitos a que se refiere el artículo 62 de la presente ley.
Artículo 72. La planta de cada juzgado penal será de:
I. Un juez;
II. Un secretario de acuerdos;
III. Los servidores públicos de la administración de justicia que determine el presupuesto de egresos.
Artículo 79. El secretario del juzgado tendrá el carácter de jefe inmediato administrativo del mismo; dirigirá las labores interiores de la oficina, de acuerdo con las instrucciones del juez, al cual dará cuenta de los asuntos que se presenten y faltas que se cometan, para que obre de acuerdo con sus facultades, y además tendrá las obligaciones
siguientes sin perjuicio de las señaladas en el artículo 80:
I. Atender en la forma que el juez lo determine, las consignaciones que se hagan al juzgado;
II. Llevar los libros del juzgado por sí mismo, auxiliado por los empleados de la oficina; y
III. Las demás que le impongan las leyes.
Artículo 80. Los secretarios adscritos a los juzgados penales tienen las obligaciones y atribuciones que establece el artículo 64 en sus fracciones I a X, XIII y XV y 65 en lo conducente respecto a los secretarios de acuerdos de los juzgados de lo civil, y además deberán:
I. Hacer notificaciones, practicar aseguramientos o cualquiera otra diligencia que deba llevarse a cabo con arreglo a la ley o determinación judicial; y
II. Las demás que la ley o los jueces les encomienden, relativas a asuntos de la oficina.
Artículo 136. Los jueces serán suplidos automáticamente en sus faltas que no excedan de tres meses, por el secretario de acuerdos. Las faltas de los jueces, por más de tres meses, serán cubiertas mediante nombramiento que deberá hacer el Tribunal Superior de Justicia, conforme a las disposiciones anteriores de esta ley.
Los secretarios, a su vez, serán suplidos por los conciliadores o por testigos de asistencia; el juez deberá solicitar de inmediato al Tribunal Superior de Justicia nombre a un secretario de acuerdos que lo sustituya.
CAPÍTULO IV
De la Oficina Central de Consignaciones
Artículo 216. La Oficina Central de Consignaciones tendrá competencia para conocer de las diligencias preliminares de consignación, cuando el valor de la cosa o la cantidad que se ofrezca exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo diario general, vigente en el Distrito Federal, debiéndose estar a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 157 del Código de Procedimientos Civiles, en los casos de prestaciones periódicas. Esta oficina estará a cargo de un director, quien deberá satisfacer los requisitos que se señalan en el artículo 53 de esta ley.
Artículo 217. La consignación de dinero debe hacerse exhibiendo el certificado de depósito expedido por la institución autorizada por la ley para el efecto, ante la Oficina Central de Consignaciones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Dicha oficina hará del conocimiento del consignatario la existencia del certificado de depósito a su favor para que dentro del término de 15 días hábiles acuda ante la misma, la que previa identificación y recibo hará la entrega correspondiente.
En caso de oposición o de no presentarse el consignatario, a petición del interesado se expedirá la constancia resultante.
Artículo 218. La consignación y el depósito de que hablan los artículos anteriores, puede hacerse también por conducto de Notario Público.
Artículo 277. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los jueces del Orden Común del Distrito Federal y todos los servidores del mismo, son responsables de las faltas que cometan en el ejercicio de sus cargos y quedan por ello sujetos a las sanciones que determinen la presente ley, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás leyes aplicables.
Los órganos encargados de imponer las sanciones por faltas de los servidores públicos de la administración de justicia del fuero común en el Distrito Federal, son el Pleno del Tribunal Superior, el presidente del mismo, los magistrados y los jueces, en los términos que prevee esta ley.
Artículo 279. Las denuncias que se presenten por las faltas en que incurran los magistrados, jueces, secretarios, ejecutores y notificadores, se harán constar por escrito, para su debida tramitación. las cuales en todo caso deberán estar autorizadas con la firma del denunciante con expresión de su domicilio.
Artículo 287. La declaración de responsabilidad por faltas producirá el efecto del inhibir al servidor público de que se trate en el conocimiento del negocio en el que se hubieren cometido.
Artículo 292. Son faltas de los secretarios de acuerdos del ramo civil, familiar, de arrendamiento, inmobiliario y de lo concursal, las fijadas en el artículo anterior, y además, las siguientes:
I. No remitir a la Oficina Central de notificadores y ejecutores las actuaciones que requieran notificación personal o la práctica de alguna diligencia;
II. a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 293. Son faltas de los notificadores y ejecutores:
I. a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo segundo. Se adicionan los artículos 51 bis y la sección tercera - bis del capítulo II del título quinto que comprende los artículos 60 - G, 60 - H, 60 - I, 60 - J y 60 - K; un párrafo final al artículo 288, y un párrafo segundo al artículo 297 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 51 bis. Los juzgados previstos en el presente capítulo contarán con una oficina central de notificadores y ejecutores, la cual tendrá las siguientes atribuciones:
I. Recibir diariamente las actuaciones que remitan los juzgados, para la práctica de las notificaciones y diligencias respectivas.
II. Registrar y distribuir entre el personal de notificadores y ejecutores, las actuaciones a que se refiere la fracción anterior, en los términos que establezca el reglamento interior.
SECCIÓN TERCERA - BIS
De los juzgadores de lo concursal
Artículo 60 - G. En el Distrito Federal habrá el número de juzgados de lo concursal que el Tribunal Pleno considere necesarios para que la administración de justicia sea expedita.
Artículo 60 - H. Los jueces de lo concursal contarán con el personal a que se refiere el artículo 61 de la presente ley, excepto el conciliador. Artículo 60 - I. - Para ser juez de lo concursal se exigen los mismos requisitos que el artículo 53 requiere para los jueces de lo civil.
Artículo 60 - J. Los jueces de lo concursal conocerán de los asuntos judiciales de jurisdicción común y concurrente, relativos a concursos, suspensiones de pago y quiebras, cualquiera que sea su monto.
Artículo 60 - K. Los secretarios de acuerdo de los juzgados de lo concursal deberán reunir los mismos requisitos que la presente ley señala a los secretarios de los juzgados de lo civil, serán nombrados de la misma manera y tendrán, en lo conducente, iguales atribuciones que éstos.
Artículo 288. Son faltas de los jueces:
I. a XVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En el caso de las fracciones IV, V, VI, VIII, IX y XIII será requisito de procedibilidad que la resolución de que se trate, haya sido revocada.
Artículo 297. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando desempeñen la función de notificadores, quedarán sujetos a las mismas responsabilidades que éstos.
Artículo tercero. Se derogan el párrafo final del artículo 64, y los artículos 73, 219, 220, 221, y el párrafo tercero del artículo 299, de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Una vez que los juzgados de lo concursal estén en funciones, los juzgados civiles remitirán a aquellos los expedientes correspondientes a los juicios que versen sobre los asuntos que sean de la competencia de los jueces de lo concursal, quienes continuarán los procedimientos respectivos.
Tercero. Las diligencias preliminares de consignación promovidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán su trámite en los juzgados en que hubiesen sido promovidas, pero las citadas diligencias que se promuevan posteriormente, deberán hacerse ante la Oficina Central de Consignaciones.
Cuarto. Los actuarios adscritos a los juzgados pasarán a formar parte del cuerpo de notificadores y ejecutores de la oficina central y conservarán todos sus derechos.
Quinto. El pleno del Tribunal Superior de Justicia deberá tomar los acuerdos necesarios para que se ejecuten las formas contenidas en el presente decreto.
Sexto. Cualquier referencia que las leyes hagan a los secretarios actuarios, debe entenderse hecha a los notificadores y ejecutores, cuando se trate de juzgados.
Séptimo. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a las reformas contenidas en el presente decreto.
Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.
México, D.F., a 10 de diciembre de 1986.
Senadores Gonzalo Martínez Corbalá, presidente; Fernando Mendoza Contreras, secretario; Héctor Vázquez Paredes, secretario.
Se remite a la H. Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.
México, D.F., a 10 de diciembre de 1986.
El oficial mayor, licenciado Miguel Montes García.
El C. presidente: - Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL 1985
El mismo C. secretario:
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Presupuestal de 1985.
Honorable asamblea: En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 74 fracción IV, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo presentó, en tiempo y forma a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Presupuestal de 1985, incluyendo los resultados de la gestión financiera, programática, económica y presupuestal de las entidades de la administración pública centralizada y paraestatal comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación de ese ejercicio, y en un capítulo especial la explicación sobre el origen y aplicación de los recursos del Fondo Nacional de Reconstrucción con cifras al 31 de diciembre de 1985; información relacionada, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación nacional al tenor de lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Planeación.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuanta Pública por acuerdo de esta honorable Asamblea y en atención a lo previsto en los numerales 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y enviada para su revisión a la Contaduría Mayor de Hacienda de la honorable Cámara de Diputados, por conducto de su Comisión de Vigilancia, de conformidad con lo ordenado en los artículos 1o., 3o., 10 fracción II y 15 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Con fundamento en lo establecido en el inciso a) fracción II del artículo 3o. de la ley orgánica, el órgano técnico procedió a integrar el informe previo con los comentarios generales a que alude ese precepto, para rendirlo oportunamente, a través de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, a la Comisión Dictaminadora dentro del plazo indicado en la fracción IV del artículo 10 de la invocada ley orgánica.
Con la documentación recibida la suscrita comisión procedió a la integración del dictamen correspondiente contando además, para este propósito, con la información resultante de las doce reuniones de trabajo verificadas, como en años anteriores, con la intervención de los servidores públicos de las dependencias y entidades convocadas para tales efectos y con la participación de los diputados integrantes de los diversos grupos parlamentarios acreditados en las diversas comisiones que a ellas concurrieron, en el marco de colaboración entre poderes que permitió el intercambio de opiniones y el esclarecimiento de las dudas planteadas relacionadas con la gestión financiera, el ajuste a los criterios presupuestales y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los principales programas.
Adicionalmente la Comisión Dictaminadora tomó en consideración la información contenida en el tercer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Planeación, en el que están contempladas las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante 1985 en el proceso de ejecución de los lineamientos contenidos en dicho plan y en los programas y políticas que lo integran; así como la relativa al gradual ejercicio del gasto público contenida en los informes sobre la situación económica y las finanzas públicas enviados, oportunamente a esta representación popular, por el Ejecutivo Federal en los términos del artículo 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1985, a través de los cuales pudo apreciarse la evolución de la situación económica nacional y de las finanzas públicas, y el grado de avance experimentado a lo
largo del ejercicio presupuestal en el cumplimiento de los programas y metas mas importantes. En ambas fuentes adicionales pudo también encontrarse la información especial relativa al impacto de los sismos en el ámbito de la vida nacional y a las acciones llevadas a cabo para contrarrestar sus múltiples efectos.
Cabe destacar que el análisis de la información mencionada fue posible en virtud del fiel cumplimiento de las obligaciones del Ejecutivo Federal que en esta materia le imponen los diversos ordenamientos aplicables.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio presupuestal de 1985, en el contexto de una gestión pública que refleja los esfuerzos realizados en las líneas fundamentales de acción de reordenación económica y cambio estructural, muestra algunas modificaciones en su estructura básica realizadas para enriquecerla y adecuarla a las transformaciones observadas en el comportamiento de las finanzas públicas, aunque conserva sustancialmente una presentación integrada por un tomo de resultados generales, diecinueve tomos sectoriales y dos anexos, el de agregados económicos y el de información del sector paraestatal de control indirecto, a los que incorpora uno nuevo para hacer un total de tres, destinado a los dictámenes de organismos y empresas dispersos, en la estructura de las cuentas públicas de ejercicios presupuestales anteriores, en los distintos tomos sectoriales.
El tomo de resultados generales registra un apartado para analizar la evolución de las finanzas públicas en el período 1983 - 1985 y no sólo en el ejercicio presupuestal objeto de esta revisión; y por primera vez, dentro de las estrategias específicas de gasto, los resultados del Programa de Adquisiciones del Sector Presupuestario.
Es pertinente señalar que la Cuenta Pública de referencia contiene información obtenida del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental (SICG) vigente a partir de 1985, con el cual se han posibilitado notables mejoras en la materia que se han complementado con la emisión de la normatividad correspondiente a la reexpresión de estados financieros, a través de la nota sobre información financiera "NIF - 03", tendiente a evitar distorsiones de la información contable de los organismos y empresas del sector público provocadas por los efectos del proceso inflacionario.
La Cuenta Pública registra en la información programática, en atención a una recomendación de esta soberanía, los avances físicos y financieros de las dependencias y entidades, identificando a las unidades responsables del cumplimiento de los programas y desagregando, en los casos mas importantes, la información a nivel de proyectos.
En materia de recomendaciones debe agregarse además, que por tercera ocasión, en el tomo de resultados generales, está incluido el apartado encauzado a reseñar las acciones emprendidas para dar cumplimiento a las elaboradas por esta honorable Cámara de Diputados y a las surgidas de la Contaduría Mayor de Hacienda, en el que se han venido detallando las respuestas del Ejecutivo para subsanar la problemática planteada en las cuentas públicas relativas a los ejercicios presupuestales de 1979 a 1984 y en los informes previos correspondientes a esos años. La información revela la atención de un total de 61 recomendaciones formuladas por la Cámara de Diputados, de las cuales una terminaría de solventarse durante 1986; y de 228 emanadas de la Contaduría Mayor de Hacienda tomadas en consideración por las dependencias o entidades competentes, de acuerdo a la naturaleza de cada planteamiento.
Por último debe señalarse que la Cuenta Pública precisa, por primera vez, la información relativa al ramo XXIX erogaciones para el saneamiento financiero y a la entidad Azúcar, S. A. de C. V., integrada al control presupuestal directo por efecto de su incorporación en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1985, cuya producción alcanzada en ese año hizo posible satisfacer la demanda interna y efectuar exportaciones. Del mismo modo y por disposición del titular del Ejecutivo Federal, la Cuenta Pública consigna un apartado especialmente dedicado al Fondo Nacional de Reconstrucción, dada su importancia para la Nación, para dar a conocer el seguimiento realizado al proceso de recepción y aplicación de donativos recibidos procedentes de los diversos sectores de la sociedad mexicana y del extranjero, abarcando el análisis financiero de los recursos de ese fondo, el estado de origen y aplicación de recursos, el estado de posición financiera y los informes sobre las obras ejecutadas y por ejecutar al 31 de diciembre de 1985; información que no corresponde al ejercicio del gasto público en revisión y por tanto deberá considerarse en forma independiente a la expresada en la propia cuenta pública.
Las modificaciones e innovaciones en la conformación de la cuenta pública son testimonio de los esfuerzos realizados para la permanente mejora en su presentación. Esta práctica reiterada del Ejecutivo Federal paulatinamente ha facilitado el análisis y estudio de la información presupuestal, enriquecida con documentos adicionales tomados también en consideración porque se han convertido en sustancial apoyo de los trabajos
legislativos. Es por tanto necesario continuar en este proceso de superación a efecto de que la revisión constitucional, a cargo de esta honorable Cámara de Diputados, acceda a los niveles requeridos por la complejidad de la gestión pública y demandados por la responsabilidad política que esta representación popular tiene con la Nación mexicana.
En atención a las consideraciones anteriores y como resultado del análisis de la información recibida y de la adicionalmente obtenida durante el ejercicio presupuestal y con posterioridad a la presentación de la cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1985, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
DICTAMEN
I. Cumplimiento de los Preceptos Legales en el Ejercicio Presupuestal
La Cámara de Diputados dentro del proceso de fiscalización de la gestión financiera realizada, tanto por mandato constitucional, como por lo previsto en la legislación secundaria, una serie de actos para verificar si las operaciones se realizaron en lo particular y en lo general con apego a los criterios señalados en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación; y para constatar si las dependencias y entidades cumplieron con las disposiciones de las leyes y ordenamientos aplicables en la materia.
El marco jurídico regulador de ese proceso otorga facultades y obligaciones a la representación popular, que ejerce y cumple en diversos momentos a través de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, del Pleno de la propia Cámara y de la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano encargado de efectuar la revisión técnica de la Cuenta Pública.
Bajo estas consideraciones la Comisión Dictaminadora procedió a evaluar selectivamente la observancia de algunos preceptos de los ordenamientos relativos, contemplando el examen preliminar efectuado por la Contaduría Mayor de Hacienda, descrito en el informe previo, que está basado en la información captada mediante cuestionarios aplicados a determinadas dependencias y entidades, en algunas verificaciones de campo y en la experiencia adquirida de revisiones anteriores.
Para efecto de la evaluación fueron tomados en consideración, en lo conducente, lo siguientes ordenamientos: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento; Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1985; Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Presupuestal de 1985; Ley General de Deuda Pública; Ley de Obras Públicas y su Reglamento; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles; y la Ley de Planeación.
En cuanto a las disposiciones constitucionales el Ejecutivo Federal, con la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, dio cumplimiento a lo preceptuado en la fracción IV del artículo 74 constitucional, toda vez que los Secretarios del ramo comparecieron para dar cuenta de esos documentos.
La Contaduría Mayor de Hacienda a su vez, de acuerdo a la Ley Orgánica que la rige, procedió a iniciar la revisión de la Cuenta Pública en los términos de los numerales 1o., 3o., y 20, en ejercicio de las atribuciones de que está dotada para ese propósito. De este modo elaboró y rindió a la Comisión Dictaminadora, por conducto de la Comisión de Vigilancia y de acuerdo a lo estipulado en el inciso a), fracción II del artículo 3o., el informe previo en el que ofrece los primeros datos de análisis del gasto público de 1985, en una presentación enriquecida por la vasta información proporcionada por las dependencias y entidades, y por la obtenida en las visitas, inspecciones y auditorías practicadas, cumpliendo de este modo, con lo ordenado en los artículos mencionados y en los numerales 16, 19 y 24 de su referida ley orgánica.
En relación al cumplimiento de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Programación y Presupuesto mantuvo el registro global por claves de las modificaciones presupuestales, efectuó el seguimiento del ejercicio del gasto público federal por sectores definidos, requirió la información a las dependencias y entidades para el cumplimiento de sus funciones, y realizó visitas, inspecciones y reuniones de trabajo con las entidades que ejercen gasto público federal; entre otras actividades emprendidas para hacer efectivas las atribuciones consignadas en las fracciones III, V, VI, VIII, XII y XVI del artículo 32. Por su parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo las acciones pertinentes para el ejercicio de las atribuciones a que aluden las fracciones I, II, IV, VI,
IX, X y XV del artículo 31; y la Secretaría de la Contraloría General de la Federación atendió las obligaciones de control, evaluación gubernamental e inspección del gasto público federal, a su cargo, estipuladas en las fracciones I, III, IV, V, VII, VIII y XIII del artículo 32 bis.
Estas dependencias globalizadoras concentran las funciones mas importantes relacionadas con la programación, presupuestación, seguimiento, control y evaluación del gasto público federal y con los ingresos y egresos de la Federación, que en términos generales pueden considerarse cumplidas, así como las de coordinación de los sectores y las de conducción de la programación y evaluación de las entidades paraestatales que son de la responsabilidad de esas y de las demás dependencias globalizadoras.
La revisión del apego a las disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, versó principalmente en torno a los aspectos de programación - presupuestación y de contabilidad gubernamental regulados por los artículos 13, 15, 16, 25, 29, 38, 39, 40, 42 y 43. Así, pudo advertirse que a partir de la programación fueron observadas las directrices señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo y la presupuestación del gasto público federal se formuló con base en los programas aprobados, dotados de objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución.
Por otra parte, para la ejecución del gasto público federal las entidades se constriñeron a las previsiones de la ley que se comenta, de acuerdo a lo previsto en el artículo 38 y en particular a lo ordenado en los numerales 39, 40, 42, y 43 del capítulo destinado a regular la contabilidad, reforzada en 1985 con la entrada en vigor del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental y con la expedición de la normatividad correspondiente a la reexpresión de estados financieros.
La observancia de los artículos 15 y 25 pudo desprenderse del análisis sobre la información preliminar aportada, la cual refleja, a juicio de la Contaduría Mayor de Hacienda, algunas inconsistencias. Las contingencias económicas y naturales acaecidas en el transcurso del año tuvieron una inevitable influencia en la conformación de ciertas variaciones, a pesar de las cuales es posible apreciar el decidido propósito del sector público de ajustar su comportamiento a esos numerales, razonablemente acreditado en el accionar cotidiano de las entidades y dependencias, que estuvo también supeditado a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, posibilitando así avances significativos en el proceso de reestructuración del gasto, mediante la simplificación de los procedimientos y normas que rigen su asignación y ejercicio, plasmada en los Manuales de Normas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario incorporados en ese año a la normatividad, para agilizar las instancias administrativas y jurídicas de decisión prescindiendo de aquellas que resultaban innecesarias. Bajo estas perspectivas debe precisarse que los recursos adicionales obtenidos se asignaron en los términos del artículo 25. Por lo que toca al Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, las dependencias y entidades en general dieron cumplimiento a sus obligaciones de orientar y coordinar las acciones relacionadas con la sujeción y aplicación de las políticas y lineamientos en materia presupuestaria, de contabilidad y de gasto público; de establecer procedimientos técnico - administrativos acordes con las necesidades de cada sector y con las disposiciones sobre gasto público expedidas por la Secretaría de Programación y Presupuesto; de acatar los lineamientos emitidos por esa Secretaría para la elaboración de los programas respectivos; y de proporcionar la información contable, financiera, presupuestal, programática y económica a las entidades globalizadoras para efectos de consolidación sectorial y de formulación de Cuenta Pública; obligaciones enunciadas en los artículos 4o., 5o., 118, 125 y 126.
La verificación legal sobre la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1985, comprendió el cumplimiento de varias obligaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mérito de las cuales instrumentó diferentes medidas con el fin de contribuir al saneamiento de las finanzas públicas primordialmente por la vía del fortalecimiento a la recaudación fiscal, fincado, en principio, en el combate a la evasión y elusión fiscales y en la orientación adecuada de los estímulos y subsidios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 12 y de conformidad con las acciones concertadas y con los decretos y acuerdos emitidos por esa Secretaría, para coadyuvar integralmente en el abatimiento del déficit financiero del sector público. A partir de estas apreciaciones los montos de endeudamiento para el financiamiento del presupuesto de ese ejercicio permanecieron circunscritos a las estipulaciones del artículo 2o., en el cual se marca la pauta para su contratación, ejercicio y autorizaciones.
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 9o. las oficinas integradas al Catálogo de Cuentadantes de la Federación concentraron oportunamente las cantidades recaudadas. A este respecto la entidad globalizadora giró instrucciones a las dependencias de la Administración Pública Federal, para
que los ingresos obtenidos por cualquier concepto por sus órganos desconcentrados, sean concentrados invariablemente en la Tesorería de la Federación.
La comprobación jurídica también comprendió distintos aspectos regulados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1985, como los concernientes a las erogaciones adicionales asignadas con cargo a los ingresos excedentes determinados en el artículo 14, autorizadas, tanto al gobierno federal como a organismos y empresas, para aplicarlas a programas prioritarios y estratégicos en los términos de ese artículo, con cargo a ingresos ordinarios adicionales a los programados por su naturaleza no incrementaron el déficit público al financiarse con recursos propios.
Entre otros puntos de importancia para la revisión están los contenidos en el capítulo de disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, en especial los referidos a las erogaciones que las dependencias y entidades ejercieron por concepto de servicios personales, mismos que se sujetaron a lo preceptuado en el artículo 22, pues se ajustaron a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y otras asignaciones, y a las determinaciones señaladas en el Catálogo General de Puestos de Gobierno Federal.
Igualmente y por cuanto hace a los egresos que no podían efectuarse en el ejercicio presupuestal de 1985 para adquisiciones o nuevos arrendamientos de inmuebles, mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos; la actividad de la administración pública demostró el cumplimiento, casi en todas las dependencias y entidades, de estas obligaciones de no ser consignadas en el artículo 24. Los gastos por los conceptos definidos en el numeral 25, según la información inicial analizada, se aplicaron siguiendo las estipulaciones de ese mandamiento legal con algunas variaciones.
El otorgamiento sobre el mínimo indispensable de subsidios y aportaciones con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, se limitó a los criterios indicados en el artículo 28. Los recursos asignados por subsidios estuvieron canalizados a cubrir gastos e inversiones prioritarias bajo esquemas de racionalidad y transparencias, sin afectar el avance en el saneamiento de las finanzas públicas.
Las normas sobre contratación de obras públicas asentadas en los artículos 41 y 42 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1985, para efectos del numeral 57 de la Ley de Obras Públicas y del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, tuvieron una observancia generalizada en el ámbito competencial de cada dependencia y entidad, atemperada por la urgencia de la realización de determinadas obras y el crecimiento de los costos de construcción. En el ámbito de la Ley General de Deuda Pública a través del reconocimiento legal, pudo constatarse el desempeño de las obligaciones señaladas en los artículos 4o., 8o., 24, 26, 27 y 29, concluyendo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con los deberes que se desprenden de esos numerales, como el de autorizar a las entidades para gestionar y contratar financiamientos, fijando los requisitos que debieron observarse en cada caso. Para estos efectos esta dependencia hizo valer la programación aprobada en los presupuestos de las entidades, en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación vigentes en 1985, requiriendo de las mismas la presentación de sus presupuestos calendarizados y verificando los flujos de efectivo, la composición de saldos de deuda y la previsión del pago de intereses.
Por tanto los créditos contratados durante 1985 fueron autorizados por la secretaría globalizadora responsable en la forma prevista y estuvieron comprendidos en los programas financieros y general de deuda, como lo dispone el artículo 8o.. Asimismo, la mencionada dependencia y las coordinadoras sectoriales llevaron a cabo las tareas de vigilancia que les imponen los artículos 24 y 26 en la contratación de financiamiento y la utilización de los recursos provenientes de los mismos. La observancia a lo dispuesto en el artículo 27, permitió mantener actualizado el registro de obligaciones financieras constitutivas de deuda pública, sujetando la modificación de las operaciones de crédito autorizadas, así como su registro, a los mismos requisitos y formalidades relativas a su aprobación. Fueron objeto de examen, en relación a la Ley de Obras Públicas, las disposiciones contempladas en sus artículos 14, 30, 35 y 41, entre otros y 2o., 10, 11, 26 y 54 del respectivo Reglamento, relativos a los elementos que deben considerarse para la elaboración de los programas de obra pública y sus respectivos presupuestos; la adjudicación de contratos de obras públicas o de servicios relacionados con ellos; y a las garantías otorgadas para realizar obras. Según el Órgano Técnico de la honorable Cámara de Diputados las obligaciones derivadas de esos numerales han sido cumplidas en términos generales, aunque algunas dependencias y entidades no han podido ajustarse a todos los procedimientos instaurados en la ley, de acuerdo con la información obtenida en
primera instancia que no aportó suficientes elementos de juicio para sustentar una opinión mas cercana a la realidad debido a las circunstancias especiales imperantes en ese año.
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, es un ordenamiento que establece en 67 numerales, múltiples facultades y obligaciones para las entidades, de entre las cuales fueron seleccionadas para comprobación las enumeradas en los artículos 6o., 12, 26, 37, 42 y 48. El primero de estos numerales preceptúa en cinco fracciones orientadas hacia la simplificación administrativa, los criterios a seguir por los titulares de las dependencias y entidades en la adopción e instrumentación de los sistemas y procedimientos requeridos para la realización de las acciones, actos y contratos. El análisis de la información consultada reveló a un año de vigencia de este dispositivo jurídico, que aún existen trámites complicados en la obtención de autorizaciones que dificultan la buena marcha de la gestión pública y el flujo oportuno de información entre las entidades paraestatales, las de dependencias coordinadoras de sector y las globalizadoras.
A consecuencia de los sismos ocurridos ciertos desfasamientos en la ejecución de distintos programas causados, principalmente, por los arrendamientos y adquisiciones urgentes, concertados para brindar soluciones inmediatas a problemas inaplazables. No obstante, la mayoría de las dependencias y entidades atendieron lo señalado en los numerales 12, 26 y 37, por lo que hace al cumplimiento de las previsiones señaladas en sus programas anuales elaborados en esta materia para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales; a la adjudicación de contratos por medio de licitaciones públicas; y al fincamiento de pedidos o celebración de contratos sin licitación, respectivamente.
Sobre el impedimento dispuesto en el artículo 42 y de la rescisión de los contratos y cancelación de los pedidos aludidos en el numeral 48, la Contaduría Mayor de Hacienda expresa la conformidad de las acciones de las entidades y dependencias con esos mandamientos legales, pues éstas llevan los sistemas de control para garantizar la legalidad de las adquisiciones, arrendamientos o contrataciones de servicios y en el caso de incumplimiento de los proveedores proceden a la cancelación de los pedidos a la rescisión de los contratos, haciendo efectivas las garantías otorgadas de conformidad con la fracción III del artículo 32.
Finalmente la revisión abarcó lo ordenado en los artículos 6o. a 9o., 16 fracción IV, 17 fracción V y 22 a 26 de la Ley de Planeación, ordenamiento de probada positividad en la esfera de competencia de cada dependencia y entidad y en el conjunto de la Administración Pública Federal, que ha permitido un eficaz desempeño de la responsabilidad estatal sobre el desarrollo nacional, habida cuenta de la rectoría económica atribuida al Estado en los términos del artículo 25 constitucional, para garantizar que éste sea integral y a la vez fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático.
Del análisis de la Cuenta Pública se desprende que el quehacer gubernamental a la luz de la planeación está orientando hacia el logro de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos, contenidos en nuestra Carta Magna. Tal consideración puede percibirse con claridad en el contenido de la propia Cuenta Pública, en el del Plan Nacional de Desarrollo y en el de los demás documentos enunciados en los artículos 6o., 7o. y 8o., elaborados y presentados de conformidad y para dar cumplimiento a lo dispuesto en esos mismos numerales.
La congruencia resulta ser un elemento de obligada observancia para la integración y aplicación de todos los instrumentos de planeación, que además debe prevalecer entre éstos y la propia Cuenta Pública para hacer factible su análisis en el marco y prioridades de la planeación nacional del desarrollo. Este precedente obtuvo plena vigencia en tanto las entidades y dependencias aseguraron la congruencia de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales entre si y con el Plan Nacional de Desarrollo, ajustando su proceder a lo previsto en los artículos 16 fracción IV, 17 fracción V y 22 a 26, respectivamente, con pequeñas divergencias en su instrumentación referidas por la Contaduría Mayor de Hacienda, surgidas a causa de la situación particular de ciertas entidades.
Cabe señalar que con propósito de mantener un marco jurídico acorde con los requerimientos que demanda el fiel desempeño de la responsabilidad del Estado en beneficio de la Nación, fue modificada la Ley de Obras Públicas reglamentaria del artículo 134 constitucional en esa materia y promulgada una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles, que han sido materia del análisis jurídico efectuado en esta ocasión. Los alcances derivados de las reformas a la Ley de Obras Públicas y de la entrada en vigor del nuevo ordenamiento que sienta las bases para descentralizar, en las propias dependencias y entidades, la toma de decisiones relacionadas con las adquisiciones,
deben considerarse como factor de importancia que ha coadyuvado en la promoción del ahorro y en la generación de divisas, pues con su contenido normativo se propendió a evitar la atomización de la inversión y a la vez avanzar en los propósitos de descentralización administrativa.
El apego de la actuación pública al régimen jurídico que la regula es signo inequívoco del estado de derecho bajo el símbolo de la unidad nacional; y en el ejercicio presupuestal de 1985, a pesar de las condiciones adversas, pudo percibirse la orientación hacia la observancia de tan importante premisa.
II. Panorama económico y resultado de las Finanzas Públicas.
Panorama Económico
Durante 1985 la conducción de la política económica se sustentó en los lineamientos de la estrategia económica y social definida en el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988 y se orientó de acuerdo a los criterios generales presentados a esta honorable representación a finales de 1984 por el Ejecutivo Federal.
Los esfuerzos realizados en materia económica se dirigieron a seguir revirtiendo las preocupantes tendencias que se registraban en la economía nacional a finales de 1982 y principios de 1983, al tiempo que se inducían cambios de carácter estructural. Sin embargo, a pesar de los importantes logros obtenidos en el período 1983 - 1985, en este último año no fue posible avanzar en el proceso de reordenación económica, aunque debe destacarse que se evitó que los logros alcanzados se diluyeran.
En 1985, en un contexto de nula disponibilidad de recursos externos y una creciente demanda de crédito interno, el crecimiento económico se concentró en el primer semestre del año presionando al alza las tasas de interés internas y el crecimiento de los precios. Así, fue hasta mediados del año que las desfavorables tendencias se habían logrado revertir, especialmente las de la inflación y el déficit público, al manifestarse las consecuencias de un excesivo fortalecimiento de la demanda interna, en el contexto descrito anteriormente.
A su vez, en el ámbito externo prevaleció la inestabilidad en el mercado petrolero internacional que condujo su precio a la baja y afectó la plataforma de exportación de petróleo mexicano, agravando el severo deterioro en los términos de intercambio con el exterior que se ha venido registrando durante los últimos años. Asimismo, los países industrializados agudizaron sus prácticas comerciales proteccionistas afectando negativamente el volumen y valor de nuestras exportaciones, y aunque se registraron reducciones en las tasas de interés externas, estas se mantuvieron a niveles muy elevados y los flujos financieros netos del exterior fueron negativos.
Finalmente, los sismos del mes de septiembre se agregaron a la difícil situación económica, ya que además de traer consigo la dolorosa pérdida de vidas humanas, se requirió de erogaciones adicionales para atender las necesidades mas urgentes presionando al alza el gasto público, la demanda de crédito y las importaciones.
Así, no obstante las difíciles condiciones que se enfrentaron durante 1985, la economía nacional creció por segundo año consecutivo a tasas superiores al crecimiento de la población; se logró incrementar el nivel de empleo al igual que en 1984; y se avanzó significativamente en el proceso de cambio estructural.
Contexto Internacional
Durante 1985 la evolución de la economía mundial registró marcados signos de deterioro, especialmente en detrimento de las economías en vías de desarrollo: los precios de las principales materias primas se redujeron; el mercado petrolero internacional continuó debilitándose; se mantuvieron elevadas las tasas reales de interés externas; se intensificaron las medidas proteccionistas de los países industrializados, y en su mayor parte las economías latinoamericanas fueron exportadoras netas de capital.
El crecimiento de las economías industrializadas se desaceleró considerablemente al crecer en 2.8%, después de haber registrado un incremento de 5% en 1984. Particularmente, la economía estadounidense creció en 2.3%, tasa que contrasta con el 6.8% logrado en 1984.
Por su parte, el crecimiento de las economías de América Latina, que en 1984 fue de 3.2%, en 1985 fue de 2.8%. Sin embargo, si se excluye el PIB de Brasil, el crecimiento económico global del resto de los países fue solo de 0.8%.
No obstante la significativa desaceleración de la actividad económica en América Latina, las tasas de inflación tuvieron un repunte sustancial. La tasa promedio de los precios al consumidor se incrementó de 164.0% en 1984 a 610.0% en 1985. Cabe destacar que en ello influyó de manera importante el comportamiento de los precios
en Bolivia ya que la inflación que en 1984 fue de 2200%, en 1985 resultó superior al 11 000%.
Contexto Nacional
Producción e Inversión
Durante 1985 el producto interno bruto registró un crecimiento de 2.7%, tasa inferior a la observada en 1984 en un punto porcentual. Por el lado de la demanda, la inversión privada tuvo un importante impulso al situarse a un nivel 13.1% superior en términos reales al del año anterior, en tanto que la inversión pública registró un decremento de 3.1%. Por su parte, el consumo privado y público crecieron en 2.1 y 1.3% respectivamente, en términos reales.
PRODUCTO INTERNO BRUTO 1982 - 1985 (VARIACIÓN ANUAL)
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La producción agrícola continuó evolucionando favorablemente por tercer año consecutivo al lograrse un crecimiento de 2.7%. En el sector industrial, la producción creció 4.9% con respecto al nivel de 1984, destacando el crecimiento de las manufacturas, las que incrementaron su producción en 5.8%. El renglón menos dinámico fue el sector servicios ya que solo creció en 1.5% durante el año. En general, se observó un mismo comportamiento en todos los sectores productivos, de auge en el primer semestre y contracción en el segundo.
PRODUCCIÓN DE GRANOS
(Millones de toneladas)
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En cuanto a la formación bruta de capital, en 1985 ésta tuvo un crecimiento de 6.7% en términos reales, situación que se explica por el incremento de la inversión privada. Las principales causas que propiciaron su aumento fueron los incentivos fiscales; disponibilidad de crédito durante el primer semestre, y dinamismo en la industria manufacturera.
Empleo y salarios
En 1985, de acuerdo con la encuesta nacional de empleo urbano del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la tasa de desempleo abierto en las áreas urbanas fue de 3.7%, tasa inferior en 1.5 puntos porcentuales a la registrada al iniciar el año.
Así, el desempleo abierto en las principales ciudades pasó de 6.2, 5.7 y 6.2% a finales de 1984 en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, respectivamente, a 4.1, 2.4 y 4.2%, en el mismo orden, en diciembre de 1985. Estas cifras son consistentes en el incremento observado en el empleo en la industria manufacturera que, de acuerdo a la encuesta industrial mensual, aumentó en 2.3% durante 1985.
Igualmente, de acuerdo al índice de asegurados permanentes al IMSS, durante 1985 el número de servicios públicos; las fuertes erogaciones derivadas de los sismos de septiembre y concentradas en la parte final del año, así como factores estructurales, tales como la insuficiente apertura económica hacia el exterior, propiciaron desviaciones en la evolución de los precios con relación a las metas programadas.
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR BASE 1978 = 100 (VARIACIÓN PORCENTUAL DICIEMBRE - DICIEMBRE)
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ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR)
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Durante 1983 y 1984 las tasas de interés internas se habían venido reduciendo, sin embargo, en 1985 éstas registraron incrementos de entre 20 y 27 puntos porcentuales. Esto fue así principalmente por la necesidad de restituir un rendimiento real atractivo al ahorrador en un contexto de elevada inflación, tasas de interés externas altas, y una fuerte demanda de crédito frente a esa captación real insuficiente.
La generación de ahorro financiero durante 1985, ascendió a 4 247 MMP de los cuales 3 417 (80.5%) correspondieron a captación bancaria, 413 (9.7%) a CETES y petrobonos y los restantes 417 (9.8%) a aceptaciones y papel comercial. Por su parte la captación bancaria se redujo 12.4% en términos reales en tanto que la no bancaria creció considerablemente.
En el mercado cambiario, casi el 80% de las transacciones comerciales de la balanza de pagos se realizaron conforme al tipo de cambio controlado. Al finalizar 1985, el tipo de cambio controlado a la venta fue de 372.2 pesos por dólar mientras que el libre cerró a 450 pesos. Así durante 1985, el tipo de cambio controlado experimentó una depreciación de 92% como resultado de una política cambiaria orientada a proteger las reservas monetarias del país y a alentar las exportaciones.
Sector Externo
En 1985 el superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos ascendió a 541 millones de dólares (MDD), saldo significativamente inferior al registrado en 1984 de 4 238 MDD. Esta variación se explica principalmente por la disminución observada en el superávit de la balanza comercial que pasó de 12 942 MDD en 1984 a 8 406 MDD en 1985.
La caída del superávit de la balanza comercial de 35.0% fue resultado tanto de una reducción de las exportaciones de 9.5%, como de un incremento de las importaciones de 19.6%.
En 1985 las exportaciones ascendieron a 21 866.5 MDD y tanto las petroleras como las no petroleras registraron reducciones importantes. En el caso de las primeras se observó una caída del orden del 11.1% respecto a las del año anterior, y las no petroleras registraron una caída anual del 6.5%, siendo las más afectadas las agropecuarias ( - 9.5%) y las extracticas ( - 5.3%).
Por su parte, las importaciones ascendieron a 13 460.3 MDD. Las que realizó el sector privado aumentaron 40.9%, en tanto que las del sector público disminuyeron 9.1%.
Debe señalarse que durante el último trimestre del año, se observó una recuperación de las exportaciones no petroleras, además de una marcada desaceleración de las importaciones.
El turismo y los servicios de transformación arrojaron un saldo por 445.3 MDD, aún cuando los ingresos del primero se redujeron en 19.0 respecto al nivel de 1984. Por su parte, las transacciones fronterizas registraron un déficit de 413.8 MDD y la industria maquiladora obtuvo ingresos por 1 282.0 MDD.
A su vez, la balanza de servicios factoriales registró un déficit de 8 761.0 millones de dólares, lo cual se explica principalmente por el pago de intereses de la deuda externa que en ese año ascendió a 9 917 millones de dólares.
Finalmente, durante 1985 se aceleró el proceso de revisión de la protección orientado a promover la competitividad de la planta industrial. De esta forma, se inició el proceso formal de adhesión al Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio, se puso en vigor el Programa de Fomento Integral a las exportaciones y se sustituyó el régimen administrativo de permisos previos de importación por un sistema arancelario.
Resultado de las Finanzas Públicas
El saneamiento de las finanzas públicas ha constituido uno de los principales objetivos de la política económica de acuerdo con la estrategia de reordenación económica y cambio estructural contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988.
Los esfuerzos realizados en la materia permitieron reducir el déficit financiero del Sector Público como proporción del producto interno bruto de 17.4% en 1982 a 9.4% en 1985, y el déficit presupuestal, que incluye al gobierno central y a los organismos y empresas controladas en presupuesto, se logró reducir en el mismo período de 15.0% a 6.9%
Este importante esfuerzo se puede apreciar mejor si se elimina el pago de intereses en las cuentas de gasto, obteniendo un superávit como proporción del producto de 5.8%, fenómeno que se viene observando desde 1983 y que no tiene precedente en el desarrollo moderno de las finanzas públicas de México.
Sin embargo, es preciso aclarar que a pesar de los importantes logros alcanzados en el período, en 1985 no fue posible avanzar en el proceso de saneamiento de las finanzas públicas debido a un déficit entorno económico, tanto interno como externo.
DÉFICIT/SUPERÁVIT DEL SECTOR PUBLICO ANTES Y DESPUÉS DE INTERESES RESPECTO AL PIB
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El resultado de las finanzas públicas en 1985 fue determinado en gran medida por los siguientes factores: tasas de interés internas mayores a las previstas y elevadas tasas de interés externas; descenso en los precios y volumen de nuestras exportaciones petroleras; una inflación superior a la esperada que erosionó la base gravable y neutralizó la política de precios y tarifas del sector público; y por las erogaciones adicionales derivadas de los efectos de los sismos del mes de septiembre.
De esta forma las dificultades para continuar reduciendo el déficit público durante 1985 se explican principalmente por la caída de los ingresos petroleros y el aumento en los gastos financieros, es decir, a factores que estén fuera del control directo de la Administración Pública. En relación a los primeros cabe destacar que los ingresos brutos de Pemex como proporción del producto interno bruto pasaron de 15.7% en 1984 a 12% en 1985 y en cuanto a los intereses, estos se incrementaron del 11.6% a 12.4%.
Por otro lado, las cifras de gasto programable, que es el rubro sobre el cual existe un manejo y control directo por parte de la administración Pública, registraron una reducción en términos reales de 6.1% en relación a 1984 y en particular, las que se refieren al Gobierno Federal, indican que el gasto programable ejercido resultó 1.8% menor al originalmente presupuestado y éste a precios corrientes. No obstante lo anterior, el ahorro público, que fue triplicado en los dos primeros años de la presente administración, se redujo como proporción del producto de 4.3% en 1984 a 1.6% en 1985, con lo que el proceso de saneamiento de las finanzas públicas se vio limitado.
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AHORRO CORRIENTE DEL SECTOR PUBLICO ANTES Y DESPUÉS DE INTERESES COMO PROPORCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
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En 1985 el déficit del Sector Público presupuestario ascendió a 3 134.6 MMP, cifra superior en 101.7% a la registrada en 1984 y mayor en 82.2% a la estimación original. Este comportamiento se debió fundamentalmente al pago de intereses que excedió el presupuesto inicial en 1 537.8 MMP, y se significa más del 100% de la desviación de la meta de déficit presupuestario para 1985 que fue de 1 414.0 MMP.
Por su parte el déficit del Gobierno Federal ascendió a 3 380.9 MMP, cifra superior a la presupuestada en 70.4%. Esta desviación se explica en su totalidad por un pago de intereses mayor al previsto en 1 516.0 MMP.
Cabe destacar que si a las cuentas de gasto del Gobierno Federal se excluye el pago de intereses, el déficit de 7.4% como proporción del producto se convierte en un superávit del orden de 2.4%, superior al 1.8% registrado en 1984.
Finalmente, el Sector Paraestatal en presupuesto registró un superávit después de transferencias de 245.5 MMP, que aunque fue inferior al programado en 6.8% permitió financiar el déficit de capital del sector. Entre las entidades públicas que lograron mayores superávit destacan Pemex, Conasupo y el IMSS, y las entidades más deficitarias fueron CFE, AHMSA, Sicartsa, DINA y Fertimex.
RESULTADO DE FINANZAS PUBLICAS 1985 MILES DE MILLONES DE PESOS )
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EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS 1981 - 1985 (EN PORCENTAJE DEL PIB)
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III POLÍTICA DE INGRESOS
Durante 1985, la Política de Ingresos se propuso:
- Contribuir al senamiento de las finanzas públicas;
- Alentar el ahorro público; y
- Distribuir equitativamente el costo del programa de ajuste.
Para esto, se proyectó el fortalecimiento de la recaudación del Gobierno Federal y de la situación financiera del Sector Paraestatal, particularmente a través del combate a la evasión y elusión fiscales; adecuaciones a las cargas tributarias; incrementos en los ingresos provenientes de derechos, y mediante la eliminación de los rezagos en los precios y tarifas de los bienes y servicios que produce el sector público.
Así, en 1985 los ingresos del sector público presupuestario ascendieron a 14 499.8 MMP, correspondiendo al Gobierno Federal el 56.7% y a organismos y empresas el 43.3%. Estos ingresos superaron en 7.3% la meta establecida en la Ley de Ingresos (anexo cuadro No. 1); sin embargo, su participación en el producto interno bruto se redujo de 33.0% en 1984 a 31.8% en 1985, debido principalmente al efecto neutralizador que la inflación tuvo sobre los aumentos de precios y tarifas, así como a la caída de los precios y el volumen de las exportaciones petroleras.
Ingresos del Sector Público Presupuestario (Participación porcentual respecto al PIB) 1984 - 1985
INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO (PARTICIPACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL PIB) 1984 - 1985
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Gobierno Federal
Los ingresos del Gobierno Federal en 1985 ascendieron a 8 218.3 MMP, cantidad superior en 61.5% a la obtenida en 1984 y 7.0% por arriba de la meta programada (anexo cuadro No. 2), aumentando su participación en el PIB en 0.3 puntos porcentuales respecto a la del año anterior.
Las fuentes tributarias aportaron en conjunto 4 585.6 MMP (anexo cuadro No. 3), representando así más del 55% de los ingresos totales del Gobierno Federal: el impuesto sobre la renta ascendió a 1.9 billones de pesos, contribuyendo con el 23.1% del total recaudado; el impuesto al valor agregado con el 16.6%, y el impuesto especial a la producción y servicios en una proporción de 12.1%. Estos impuestos, que por su aportación a los ingresos del Gobierno Federal son los más importantes, mantuvieron relativamente estable su participación respecto al producto interno bruto.
No obstante que los ingresos tributarios como proporción del producto interno bruto (carga fiscal) aumentaron de 16.1% en 1984 a 16.3 en 1985, en este último año la carga fiscal no pudo recuperar el nivel de 17.2% que alcanzó durante 1983. Cabe señalar que en una comparación internacional, la carga fiscal de México resulta inferior a la de otros países con un grado de desarrollo económico similar al nuestro, y obviamente mucho menor a la que existe en la mayoría de las naciones mas desarrolladas. Mas aún, si se excluye la participación de Pemex en los recursos tributarios, dicha carga fiscal se reduce sustancialmente ya que en 1985 esta alcanzó el 10.1%, nivel equivalente al de 1982, después de haber caído a 9.4% en 1983 y a 8.1% durante 1984.
Específicamente, el impuesto sobre la renta como proporción del PIB pasó de 4.09% en 1984 a 4.17% en 1985: los pagos de las sociedades mercantiles se redujeron de 1.64% a 1.60%, y los pagos de las personas físicas pasaron del 1.89% a 1.98%.
Las razones del comportamiento anterior son las siguientes:
- La disminución del pago de sociedades mercantiles se debió básicamente a tres causas: la deducción del 75% por las inversiones afectadas en 1984, que se hizo efectiva en 1985; la inflación que deterioró la base gravable y erosionó el valor real de los pagos por el rezago entre el momento de causación y el de cobro, y finalmente a los sismos de septiembre que propiciaron un diferimiento importante del pago de impuestos de algunas empresas instaladas en las zonas afectadas.
- Por otra parte, a pesar de que la política de desgravación a los asalariados en 1985 representó un sacrificio para el fisco de casi 80 mil millones de pesos - alrededor de 0.2% del PIB - la contribución de estos causantes registró una tasa de crecimiento real al 13%, la mas alta desde 1982, debido a que el salario real se mantuvo relativamente estable y a la disminución del desempleo. Los sueldos y salarios medios reales crecieron aproximadamente 3% y el desempleo abierto en las principales áreas urbanas se redujo.
En relación al régimen del impuesto al valor agregado, cabe señalar que las modificaciones que se realizaron durante 1983 han permitido mantener alrededor del 94% de los bienes que integran el paquete básico de consumo popular, gravados con tasa cero.
Por su parte, los recursos fiscales provenientes de Pemex aumentaron 66.8% en relación a los de 1984 y superaron en 7.7% lo previsto originalmente. Esta evolución se explica en buena medida por el establecimiento de un derecho adicional extraordinario del 6% por la extracción de petróleo crudo y gas natural en 1985. Sin embargo, la participación de los ingresos petroleros del Gobierno Federal en el PIB, disminuyó en 0.6 puntos porcentuales respecto a 1983.
Los ingresos no tributarios excluyendo Pemex, durante 1985 se caracterizaron por un gran dinamismo, logrando superar en más de 105% la meta establecida como consecuencia del considerable aumento que observaron los ingresos por concepto de productos.
Combate a la Evasión y Elusión Fiscales
El combate a la Evasión y Elusión Fiscales permite imprimir mas equidad al sistema impositivo, por ello, resulta alentador que gracias a esta tarea aumentaran las diferencias de impuestos cobrados por cada peso gastado en fiscalización, de 5.8 pesos en 1983 a 16.5 a 1985. El monto de recursos detectado como diferencias de impuestos a favor del fisco ascendió a 47.0 miles de millones de pesos, cifra superior en 154.5% a la de 1984 y 6.5 veces mayor a la de 1983.
Coordinación Fiscal
En materia de coordinación fiscal, a través de los diferentes fondos como son: El Fondo General de Participaciones, Financiero Complementario y de Fomento Municipal, se canalizaron más de 1 300
MMP, cantidad que permitió que las participaciones incrementaran su significación relativa en el PIB de 2.4% en 1983, a 2.9% en 1985.
Esta política permitió apoyar la descentralización de la vida nacional en un marco mayor de equidad para las diferentes regiones del país.
ORIGEN DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL (MILES DE MILLONES DE PESOS Y ESTRUCTURA PORCENTUAL) 1984 - 1985
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Específicamente a través del Fondo General de Participaciones se canalizaron 1 106.4 MMP, cifra superior en 47.3% a la de 1984. Estos recursos representaron en 82.8% del total de participaciones a estados y municipios y se destinaron para apoyar obras y programas que realizan los gobiernos locales. El Fondo Complementario canalizó más de 109 MMP, 52.9% más que en 1984. La deducción del 3.0% del fondo general transferido a este renglón se destinó a las entidades menos favorecidas en la distribución del fondo general dado su menor desarrollo económico, tales como Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
Por su parte, el fondo municipal distribuyó en 1985 42.8 MMP, 40.4% más que el año anterior, mientras que las participaciones derivadas del derecho adicional sobre hidrocarburos y las correspondientes a impuestos adicionales al comercio exterior tan sólo tuvieron un incremento del 11.3% con respecto a 1984, por lo que en términos reales mostraron una significativa caída, traduciéndose en un impacto negativo para aquellos municipios con aduanas marítimas y terrestres.
Estímulos Fiscales
La política de Estímulos Fiscales se orientó a incentivar la producción y el abasto de satisfactores básicos desarrollando programas específicos, particularmente en la franja fronteriza del norte y zonas libres. Asimismo, se otorgó un estímulo de carácter temporal para la construcción de vivienda, que permite deducir hasta el 75% del valor total de la construcción durante el primer ejercicio fiscal en que se hiciera la deducción, así como estímulos selectivos a la inversión, al fomento del desarrollo regional, al fortalecimiento del sector externo, y a la conservación y generación de empleos productivos.
En lo correspondiente al régimen de certificados de promoción fiscal, con el objeto de promover la inversión y el empleo, se expidieron Ceprofis por un valor de 27.1 MMP generando una inversión productiva de 145 MMP. Asimismo, se promovieron ventas en la industria nacional de bienes de capital del orden de 49 MMP mediante 4.1 MMP otorgados como estímulos, lo que destaca el apoyo que con este instrumento fiscal se dio a las actividades prioritarias, contribuyendo a su vez a reducir las importaciones.
Ahorro Corriente del Gobierno Federal
En cuanto al propósito de alentar el ahorro público, en 1985 el Gobierno Federal logró aumentar el ahorro corriente antes del pago de intereses en 72% respecto al obtenido en 1984. El pago de intereses fue superior en más de 50% al presupuestado originalmente; los egresos corrientes del Gobierno Federal sólo lo hicieron en 0.1%.
AHORRO PÚBLICO 1984 - 1985 (Miles de Millones de Pesos)
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Sector Paraestatal
Promover el desarrollo de los sectores estratégicos y prioritarios bajo lineamientos de eficiencia y equidad, constituye el reto fundamental de la empresa pública. Por ello, la política de ingresos del Sector Paraestatal se propuso rehabilitar el ahorro para que sus actividades productivas se desarrollaran en condiciones de un financiamiento sano, que además de corregir las distorsiones en los precios relativos para aumentar la eficiencia económica y social, permitiera reducir los subsidios implícitos y la racionalización de los explícitos, para lograr de esta forma, la disminución de las presiones sobre el déficit del sector público.
En 1985 los ingresos propios del Sector Paraestatal, que representaron el 70.7% de su ingresos totales, ascendieron a 6 281.5 MMP, superando en 7.7% la meta original (anexo cuadro No. 4). Sin embargo, su crecimiento respecto al año anterior sólo fue de 33.2%, reduciendo así su participación en el PIB de 16.4% en 1984 a 13.8% en 1985.
Lo anterior obedeció en gran medida al menor dinamismo de los ingresos de Pemex, que sólo tuvieron un incremento de 16.9% respecto a los del año anterior, así como a la neutralización de los incrementos a los precios y tarifas públicas provocada por la inflación.
La contribución mas importante a los ingresos propios del sector correspondió a Pemex (41.4%), siguiéndole en orden de importancia el IMSS, 12%; CFE, 6.4%; Conasupo, 6.2%; Azúcar, S. A., 4.8% e ISSSTE, 4.3%, que en conjunto aportaron el 75.1% del total.
INGRESOS PROPIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS (PARTICIPACIÓN PORCENTUAL) 1985
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Política de precios y tarifas
Los criterios aplicados a la política de ajustes en los precios y tarifas del sector público, fueron el de protección al salario en productos básicos tales como leche en polvo, trigo y aceite comestible; la vinculación con precios internacionales para los productos susceptibles de ser comercializados con el exterior, y la consideración de costos unitarios en los precios de los productos no incluidos en los criterios anteriores.
Así los aumentos a los combustibles se dieron en enero y diciembre, destacando por su magnitud los incrementos hechos en diciembre, ya que en ese mes los aumentos en gasolina nova y extra, en el diesel, gas natural y gas L.P. superaron todos el 50%. Con ello se logró que la gasolina nova alcanzara el 78% del precio internacional de referencia y el combustóleo el 29%, cumpliendo casi con su totalidad la meta original de 80% y 30%, respectivamente.
En Conasupo, los aumentos de precios que resultaron superiores a la inflación fueron el del frijol, semilla de algodón y arroz. Sin embargo, se cuidó no trasladar totalmente dichos aumentos a los consumidores a través de subsidios directos y selectivos. Por su parte, el trigo, pasta de soya y la leche en polvo tuvieron incrementos muy inferiores al crecimiento del índice de precios.
Los productos petroquímicos alcanzaron la meta del 80% del precio de referencia y los fertilizantes potésicos tuvieron un precio interno equivalente al precio internacional.
En relación al sector eléctrico, con el incremento anual autorizado de 54.8%, se logró un nivel en la proporción precio - costo de 0.65. En el transporte ferroviario, no obstante los incrementos en las tarifas (67.7% para carga y 35.5% para pasaje), los mayores costos impidieron avanzar en la mejoría de la relación precio - costo. Para el transporte aéreo nacional la relación precio - costo fue de 1.02.
Así, en 1985 los ingresos adicionales por la política de precios y tarifas ascendieron a 939.6 MMP, cumpliéndose en un 94.6% la meta original. Únicamente Fovigro, Concarril y el Sistema Ferroviario superaron la previsión inicial. Las desviaciones mas importante se dieron en A.S.A., - 74.4%; Sidermex, - 44.4%; PIPSA, - 32.1% e Inmecafé, - 22.3%.
Ahorro corriente
En 1985 el ahorro corriente de los organismos y empresas públicas dentro del presupuesto ascendió a 1 137.4 MMP, que aunque se mantuvo relativamente al nivel observado en 1984, fue inferior en 12.4% a la meta original.
El resultado anterior obedeció funcionalmente a que los egresos corrientes excedieron en 14.6% el presupuesto original, representando una erogación adicional de 606.1 MMP; mientras que los ingresos sólo fueron superiores en 7.3% respecto a la meta propuesta (427.3 MMP) y las transferencias del Gobierno Federal solo superaron en 4.2% la previsión inicial (39.1 MMP).
Sin embargo, cabe señalar que el ahorro corriente del sector Paraestatal Presupuestario, antes de considerar el pago de intereses y comisiones, cumplió en 94.6% la meta original.
Cuadro No 1
INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO (Miles de Millones de Pesos)
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Cuadro No 2 - 45 -
INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL (Miles de Millones de Pesos)
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Cuadro No 3 - 46 -
INGRESOS TRIBUTARIOS (Miles de Millones de Pesos)
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Cuadro No 4 - 47 -
INGRESOS PROPIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS (Miles de millones de Pesos)
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IV POLÍTICA DE GASTO
En materia de gasto público el programa de reordenación económica se propuso la moderación en el ritmo de su crecimiento; la reorientación en los criterios de asignación; la contención del gasto corriente para aumentar el ahorro; la revisión del esquema normativo para asegurar disciplina, eficiencia y honradez en su ejecución; así como la adecuación de las prioridades sectoriales y regionales de mediano plazo, y el cambio gradual e integral en la estructura de las transferencias.
De esta forma, en 1985 los egresos totales de la Federación ascendieron a 20 124.0 MMP, cifra que representó un crecimiento anual del 50.8% y fue superior en 9.5% al presupuesto autorizado, correspondiendo el 52.5% al gasto programable y el 47.5% al gasto no programable.
El gasto programable ejercido durante el año fue de 10 572.6 MMP, 3.3% superior a lo originalmente previsto y 48.0% mayor al de 1984. Por su parte, el consolidado de erogaciones no programables ascendió a 9 551.400 MMP, superando en 53.9% al de 1984 y en 17.2% el presupuesto original (anexo cuadro número uno).
La desviación registrada en el gasto no programable (1 405 2 MMP) obedeció fundamentalmente a que el pago de intereses resultó superior a la previsión original lo que aunado a la desviación de 334.3 MMP que se dio en el gasto programable provocó que el gasto total del sector público presupuestario rebasara el monto autorizado en 1 739.5 MMP.
El mayor pago de intereses se debió en gran medida al aumento que registraron las tasas de interés internas como consecuencia de presiones inflacionarias superiores a las estimadas originalmente. Sin embargo, a pesar de lo anterior y de las erogaciones adicionales realizadas a raíz de los sismos de septiembre, se prosiguió con los avances que se han venido concretando a partir de 1983. En cuanto a la racionalización del gasto público, este se logró reducir como proporción del producto interno bruto de 52.1% en 1982 a 44.2% en 1985, constituyendo el gasto programable el elemento mas importante del ajuste. En 1985 este rubro de gasto representó el 23.2% del PIB, después de haber sido de 28.2% en 1982.
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES Participación porcentual respecto del PIB
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Igualmente, en 1985 la desviación entre el gasto ejercido y presupuestado, que fue de 9.5%, contrasta significativamente con la registrada en 1982 de más de 50%.
En relación a la generación de ahorro público, se logró pasar de una participación negativa de 3.2% del PIB en 1982, a una positiva de 4.3% en 1984, aunque para 1985 ésta descendió a 1.6%. En 1985 se obtuvo un ahorro corriente del sector público presupuesto de 748.8 MMP, cifra menor a la originalmente prevista en 62.2%; sin embargo, si se excluye el pago de intereses, dicho ahorro hubiera sido de 6 527.9 MMP, equivalente al 14.3% del PIB.
En cuanto a la mejor asignación de los recursos, dentro del gasto sectorizable se ha incrementado la participación relativa dentro del presupuesto de aquellas áreas consideradas como prioritarias y estratégicas por su impacto en el ámbito social y económico. En 1985 los sectores Educación, Salud, Comunicaciones y Transportes, y Desarrollo Regional y Ecología, aumentaron su participación conjunta en el gasto sectorial de 44.4% en 1984 a 48.0% en 1985.
Por su parte, dentro del ramo XXIII "Erogaciones no Sectorizables" los recursos asignados al programa de protección al empleo ascendieron a 1.0 MMP, los cuales fueron canalizados a promover proyectos productivos, así como a la creación de infraestructura básica y de desarrollo social, tales como obras de vialidad urbana; agua potable y alcantarillado; vivienda; construcción y equipamiento de centros de salud; fraccionamientos populares, e infraestructura física de enseñanza básica.
Asimismo, dentro del ramo XXIII se apoyó con importantes recursos el servicio social de estudiantes y se otorgaron becas para la capacitación laboral. La reserva para el paquete salarial del Gobierno Federal aplicó la totalidad de los 341.4 MMP que le fueron asignados en el presupuesto para cubrir los aumentos en el capítulo de servicios personales del Gobierno Federal; el ejercicio de ésta reserva rebasó únicamente en 1.4% su asignación original.
Adicionalmente, se continuó avanzando en el proceso de reestructuración del gasto, mediante la simplificación en los procedimientos y normas que rigen su asignación y ejercicio a través de la cancelación de las actividades no prioritarias, así como con redimensionamiento del Sector Público. Particularmente, en el Sector Paraestatal se profundizó en el propósito de adecuar su dimensión y la amplitud de su cobertura, condicionando además el otorgamiento de transferencias y la asunción de pasivos, en su caso, a la adopción de programas integrales de saneamiento con metas explícitas de productividad, disciplina presupuestal, mejoramiento de los procesos productivos y en general, de modernización.
En el ámbito normativo, se introdujeron los manuales de normas y procedimientos para el ejercicio presupuestario y se eliminaron instancias administrativas y jurídicas de decisión que resultaban innecesarias. En este sentido, se autorizó el pago de compromisos del Gobierno Federal a través de la red bancaria nacional.
Ajuste presupuestal
Durante 1985 la política de gasto enfrentó serias dificultades originadas, principalmente, por la caída de los ingresos petroleros y por el aumento de las presiones inflacionarias con sus consecuentes efectos sobre las tasas de interés internas y sobre los costos de los bienes y servicios demandados por el sector público.
Para hacer frente a esta problemática fue necesario realizar un esfuerzo adicional en la contención de gasto, especialmente en el programable. Por ello, en tres ocasiones se llevaron a cabo acciones dirigidas a reducir el gasto de la Administración Pública.
En febrero se acordó un ajuste de 160.0 MMP; entre mayo y junio otro por 259.7 MMP, y finalmente, uno mas que significó reducir el gasto en 242.5 MMP, afectándose así la estructura administrativa del sector público. Igualmente, se lograron ahorros por 116.9 MMP como resultado de las economías registradas en las dependencias, derivadas de la política de racionalización del gasto.
En el Gobierno Federal se suprimieron 146 áreas administrativas y se cancelaron 20 550 plazas. En el Sector Paraestatal 1 985 unidades administrativas fueron suprimidas y se cancelaron 9 476 plazas de confianza. De la misma forma, se redujeron los puestos de asesoría y el rubro de honorarios, se congelaron sueldos y prestaciones de funcionarios superiores y se contrajeron drásticamente los gastos de viaje, representación y publicidad.
Así, de los 850 MMP que se habían estimado al anunciarse los recortes presupuestales, se efectuaron 821.5 MMP (96.6%), una vez que se incluyen los 42.4 MMP de la reducción aplicada por las entidades fuera de presupuesto.
Del ajuste presupuestal realizado, el 48.3% correspondió al rubro de gasto y transferencias
corrientes; al 38.8% a gasto de capital, y el resto a participaciones a estados y municipios.
Gobierno Federal
En 1985 el Gobierno Federal ejerció un gasto de 13 020.5 MMP (64.7% del total). De estos recursos, 5 862.2 MMP correspondieron a gasto programable (45.0%) y 7 158.3 a erogaciones no programables (55.0%).
El gasto programable del Gobierno Federal fue superior en 55.1% al registrado en 1984, e inferior en 1.8% al presupuestado originalmente (anexo cuadro número dos) por lo que su participación en el PIB se redujo de 13.1% en 1984 a 12.9% en 1985. Esta disminución provino en su totalidad del gasto corriente, ya que el gasto de capital mantuvo su participación de 4.1% en el producto.
El gasto directo de administración (gasto corriente) ascendió a 1 860.0 MMP representando así el 31.7% del gasto programable del Gobierno Federal y resultando 3.8% inferior a la previsión original. Dentro de este rubro los servicios personales contribuyeron con el 84.8% del total y no registraron prácticamente ninguna variación con el presupuesto original. Su participación respecto al gasto programable se redujo de 28.1% en 1982 a 26.9% en 1985. Por su parte, el gasto en materiales y suministros, a pesar de las pérdidas que se tuvieron por los sismos del mes de septiembre y de las reposiciones necesarias a fin de normalizar las actividades a la brevedad posible, no se incrementó en términos reales, ya que su variación nominal anual fue de 52.0% (anexo cuadro número dos).
La inversión por su parte, fue de 894.6 MMP. Así la inversión pública del Gobierno Federal alcanzó un 15.3% como proporción del gasto programable. El gasto de capital resultó superior a lo programado en 5.7%.
En lo que corresponde a transferencias, durante 1985 se canalizaron 1 562.7 MMP a entidades controladas presupuestalmente, monto equivalente al 26.7% del total programable, mientras que los recursos transferidos a organismos y empresas fuera de presupuesto ascendieron a 1 545.0 MMP. representando así un 26.3% del gasto programable del Gobierno Federal. En 1985, al igual que en 1984, se observó una reducción en la participación relativa de las transferencias dentro del gasto programable del Gobierno Federal.
Las erogaciones no programables del Gobierno Federal ascendieron a 7158.3 MMP, monto superior al presupuesto original en 21.4%. Esto se explica en buena medida por el elevado pago de intereses y gastos de la deuda pública, que fue superior al de 1984 en 90.8% y por arriba del presupuesto original en 51.6%.
Del gasto no programable del Gobierno Federal el pago de intereses representó el 62.2%; las participaciones a estados y municipios 19.1%; las amortizaciones de la deuda pública el 13.8%, y los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas), el resto.
Organismos y empresas
En 1985 el Sector Paraestatal en presupuesto ejerció un gasto de 7 103.5 MMP sin considerar 1 562.7 MMP correspondientes a transferencias otorgadas por el Gobierno Federal.
Una vez incluidas las transferencias, el gasto programable del Sector Paraestatal ascendió a 6 273.1 MMP, 72.4% del total ejercido, mientras que el gasto no programable representó el 27.6% al ascender a 2 393.1 MMP (Anexo cuadro número uno).
Los gastos de operación ascendieron a 4 647.3 MMP, por lo que su variación con respecto a 1984 fue de 44.4%, y 12.8% menor con relación al presupuesto original. Estos gastos representaron el 74% del gasto programable del sector.
En cuanto a la participación del gasto de capital dentro del gasto programable, ésta pasó de 26.9% en 1984 a 22.3% en 1985. La inversión física registró un crecimiento anual de 41.9%, resultando así inferior en 10.8% a lo proyectado originalmente.
A nivel sectorial, las entidades con mayor participación en el gasto programable fueron las agrupadas en bienes y servicios estratégicos y regulación comercial y abasto; las primeras erogaron 3 157.3 MMP, cifra que representó el 50.3% del total, con una desviación respecto de la asignación original de 7.1%. Por entidad, Pemex, el IMSS y el sector eléctrico siguieron siendo las que mayor peso tuvieron en el ejercicio del gasto.
En 1985 el gasto no programable de organismos y empresas, representó el 25% del total del gasto comprometido del Sector Público, seis puntos porcentuales menos que en 1984.
No obstante lo anterior, el gasto no programable del Sector Paraestatal excedió en 6.3% la
meta presupuestal debido fundamentalmente al mayor pago de amortizaciones, las cuales crecieron en 119.1% con relación a 1984 y superaron en 12.5% el presupuesto original al ascender a 1 068.4 MMP, cifra equivalente a 44.6% del gasto no programable de organismos y empresas.
GASTO PROGRAMABLE DE ORGANISMOS Y EMPRESAS (PARTICIPACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL TOTAL)
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Los intereses y gastos pagados por el Sector Paraestatal ascendieron a 1 324.7 MMP, representando así el 55.3% del gasto no programable. Estos tuvieron un crecimiento nominal de 21.8% respecto al monto pagado un año antes y excedieron en 1.7% la previsión inicial.
Transferencias
La política de gasto en lo que corresponde a transferencias, se propuso moderar el ritmo de su crecimiento con el objeto de que estas no constituyeran una limitación en el avance del saneamiento de las finanzas públicas.
Los criterios que determinaron la asignación de subsidios y transferencias durante 1985 fueron: apoyar el consumo de bienes básicos; mantener y ampliar la cobertura de servicios de educación, salud y otros de carácter comunitario; subsidiar programas que incrementen la producción y la productividad agropecuaria y de productos básicos, y propiciar el saneamiento financiero de las entidades paraestatales bajo esquemas de racionalidad y transparencia.
Así, el monto de las transferencias otorgadas ascendió a 3 107.7 MMP , superior en 49.5% a las registradas en 1984 e inferiores en 2.5% respecto a la estimación inicial, reduciendo su participación en el producto interno de 8.6 y 7.2% en 1983 y 1984, respectivamente, a 6.8% en 6.8% en 1985. (Anexo cuadro número tres). De estos subsidios y aportaciones, el 50.3% (1 562.7 MMP) se destinó a las empresas y organismos incluidos en presupuesto, el resto a las entidades no controladas presupuestalmente (1 545.0 MMP.)
De las aportaciones otorgadas a las entidades en presupuesto, correspondió a transferencias estatuarias (IMSS) el 7.2%; a gasto corriente, 20.9%; a gasto de capital, 14.1%, y a pago de pasivos e intereses el 57.9%, este último con un crecimiento anual de 144.0% y 24.2% por arriba del presupuesto original. Las transferencias corrientes y de capital estuvieron por abajo de la previsión inicial en 7.7% y 8.7%, respectivamente.
De las transferencias asignadas al sector presupuestario, la CFE, Conasupo, Fertimex,
Azúcar, S.A., el subsector ferroviario y el IMSS absorbieron el 92.3%
Por otra parte, de los apoyos otorgados a las entidades no controladas presupuestalmente, el 73.6% fue destinado a gasto corriente y el 26.4% a gasto de capital, registrando el incremento anual mas importante las transferencias destinadas a la inversión física (84.1%).
Las entidades fuera de presupuesto que mayores aportaciones recibieron fueron Banrural, las instituciones de educación media superior, la UNAM y el CAPFCE.
En cuanto a la asignación sectorial de las transferencia, los sectores que mayores apoyos recibieron fueron: Desarrollo Social, 21.4%; Sector Energético, 18.0%; Sector Abasto, 15.9%; Sector Desarrollo Rural, 13.5%, y Sector Desarrollo Regional y Ecología 8.8%, que en conjunto absorbieron el 77.6% del total. La estructura de asignación de las transferencias registró variaciones respecto a la del año anterior a favor de los sectores Desarrollo Regional y Ecología, Desarrollo Social e Industrial y Energético (anexo cuadro número tres).
Inversión Pública
En 1985 la inversión pública ascendió a 2 381.8 MMP. El Gobierno Federal ejerció el 42.6% de estos recursos, con un crecimiento anual de 47.4%; y el Sector Paraestatal incluido en presupuesto el 57.4%, con un monto superior en 41.9% al registrado en 1984.
Ante las dificultades económicas que se presentaron durante 1985, fue necesario racionalizar la asignación de las inversiones de manera, que sin dejar de atender los proyectos prioritarios fuera posible reducir dicho gasto. Así el presupuesto ejercido resultó inferior en 13.5% a lo programado originalmente y su participación dentro del producto interno bruto pasó de 5.7% en 1984 a 5.2% en 1985.
Los criterios para la asignación de los recursos de inversión fueron: la atención de proyectos con un mayor avance relativo; mantenimiento de las obras que permitieran un alto nivel de integración del aparato productivo nacional; el impulso a aquellos proyectos que tuvieran mayores efectos de corto plazo en la generación de empleos permanentes y en la disminución del contenido importado del gasto; procuración de la mejor utilización de la capacidad instalada, y que aprovecharán en mayor medida los recursos locales de cada región.
Durante 1985 se registraron significativos logros en cuanto a la mejor programación de compras del Sector Público a través del programa de adquisiciones, que permitió a los diferentes sectores productivos conocer el tipo y cantidad de artículos demandados generándose así significativos ahorros.
Asimismo, fue reformada la Ley de Obras Públicas y Bienes Nacionales y se promulgó una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con Bienes Muebles, lo que contribuyó a generar mayores rendimientos, evitar dispendio de recursos y atomización de la inversión y simplificar trámites en todas las fases de la obra pública con la consecuente reducción de tiempo en los concursos y en la construcción de dichas obras .
En la distribución sectorial de la inversión se favorecieron las actividades de carácter social y prioritario, tales como el desarrollo social, desarrollo regional y ecología, desarrollo rural, comunicaciones y transportes, energéticos y abasto, dedicándose a estos sectores el 89.0% del total de la inversión pública presupuestaria. Es importante señalar que en todos ellos, excepto en desarrollo social, el ejercicio del gasto de inversión resultó inferior a lo programado.
En el Sector Desarrollo Social el gasto de inversión fue de 212.5 MMP, 45.8% mayor que el año anterior y 0.7% superior al presupuesto original. Estos recursos se canalizaron a la generación y prestación de servicios comunitarios básicos; así, cabe destacar que el CAPFCE construyó y equipó 38 957 espacios educativos en todos los niveles. El subsector salud continuó con la ampliación de hospital de especialidades en Guadalajara, con lo que se beneficiaron 400 mil habitantes, y con la construcción de los hospitales generales de Chihuahua y Sinaloa, que contarán con 239 y 107 camas, respectivamente.
Por su parte, el ISSSTE continuó la construcción de clínicas de especialidades en Orizaba, Iguala, Huejutla, Apatzingán y Cuautla; y clínicas hospitales en la delegación Alvaro Obregón, los Mochis y Villahermosa, con lo que se mejorarán los servicios médicos alcanzando una cobertura de 445.7 miles de derechohabiente. También se importaron equipos médicos, y se iniciaron las obras de reconstrucción de las instalaciones afectadas por los sismos. El IMSS apoyó la construcción de 14 unidades de medicina familiar, destacando una en Saltillo, otra en Acapulco, y una más en Culiacán, así como la ampliación y construcción de hospitales de zona.
En el Sector Desarrollo Regional y Ecología se invirtieron 202.6 MMP, monto inferior en 28.9% al previsto originalmente y superior en 23.6% al de 1984; estos recursos se orientaron a la realización de diversas obras, las cuales se llevaron a cabo en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas
El ejercicio del presupuesto del Sector de Desarrollo Rural experimentó un crecimiento anual de 34.3%. El destino de estos recursos fue principalmente para continuar con la ejecución de los proyectos del programa de irrigación en los estados de Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa y San Luis Potosí; para los proyectos de obras superficiales, donde se incluye la construcción de obras mínimas de riego como presas, canales, bordos, abrevaderos y caminos, y para la ampliación de la capacidad de suministro de agua en cuatro metros cúbicos por segundo del Sistema Cutzamala.
En el sector Comunicaciones y Transportes el gasto de inversión ascendió a 351.1 MMP, por lo que representó un crecimiento de 59.8% con respecto al año anterior. Las erogaciones realizadas se destinaron principalmente al apoyo de la construcción de carreteras troncales entre las que destacan la fronteriza del Sur, la Chihuahua - Hermosillo y la Chihuahua - Culiacán, a la adquisición de equipo de telecomunicaciones, mobiliario, maquinaria y equipo de construcción.
Para el cumplimiento de sus acciones, el Sector Energético realizo inversiones por 1013.3 MMP. La orientación de la inversión fue canalizada a la perforación de pozos petroleros; a estudios explorativos; a la adquisición de muebles e inmuebles, y a la conservación y mantenimiento. Asimismo, se continuó, entre otras, con la construcción de plantas hidroeléctricas, destacando la Aguamilpa, Nayarit, la del Caracol, la de Huitiupan y Ostucán en Chiapas y se avanzo significativamente en las plantas de combustóleo y gas.
El Sector Abasto realizó inversiones por 23.6 MMP, monto que resulto superior en 713.8% al del año precedente, este importante incremento anual, fue reflejo del apoyo que las filiales de Conasupo dieron a los proyectos de inversión entre los que sobresalen la planta rehidratadora de Liconsa; la linea de secado de Aguascalientes; las plantas productoras de harina de maíz de Atlacomulco y Huamantla, la fábrica de galletas populares, y a los proyectos de construcción de bodegas y silos en varios estados de la República.
V. POLÍTICA DE DEUDA
Durante 1985 la política de deuda estuvo determinada en gran medida por las difíciles condiciones que prevalecieron en los mercados financieros internacionales para la obtención de recursos externos, lo que obligó a recurrir en mayor proporción al crédito interno.
Como resultado de esta situación, el endeudamiento neto externo sólo fue de 333.4 millones de dólares, equivalente a una tercera parte de lo autorizado originalmente. Este resultado fue producto de la obtención de financiamientos adicionales por 762.9 millones de dólares y de pagos de capital por 429.5 millones de dólares.
Por otra parte, en 1985 se suscribieron convenios con los acreedores internacionales para reestructurar 48.7 miles de millones de dólares de la deuda pública externa. Las características más importantes de la renegociación fueron la extensión del plazo de amortización a 14 años, así como el ahorro en el pago de intereses por 5 mil millones de dólares por efecto de la obtención de tasas menores y la disminución de diferenciales y comisiones.
La reestructuración de la deuda constituyó en su momento una medida importante para reducir el monto anual de los pagos de capital en los años más inmediatos proporcionando de esa manera una mayor flexibilidad a la instrumentación presupuestal y financiera de los programas del Sector Público
En lo que corresponde a las deudas de las entidades públicas, debe señalarse como una medida importante y, un gran avance a la estrategia de rehabilitación financiera, la acción del Gobierno Federal para asumir pasivos de la Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales de México y Central de Abastos, así como el inicio de los convenios para reestructurar y sanear financieramente a la Industria Azucarera y a Productos Pesqueros Mexicanos.
Saldo de la Deuda
Al 31 de diciembre de 1985, el saldo de la deuda del Sector Público presupuestario ascendió a 35 314.1 MMP, lo que significa un incremento de 89.8% respecto al registrado en el ejercicio anterior. Este aumento se explica en un 66.2%, por revaluación y en un 23.6% por endeudamiento.
Respecto al saldo de la deuda del Gobierno Federal, que ascendió a 21 216.4 MMP (60.1% del total), rebaso en 97.6% al del año anterior; de
CUADRO No. 1
EGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO (MILES DE MILLONES DE PESOS)
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CUADRO No. 2
GASTO PROGRAMABLE DEL GOBIERNO FEDERAL -63- (MILES DE MILLONES DE PESOS)
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CUADRO No. 3
SECTORIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS TRANSFERENCIAS - 64 - (Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO No. 4
SECTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA PRESUPUESTARIA - 65 - (MILES DE MILLONES DE PESOS)
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este subtotal, correspondió al 53.9% a la deuda externa y el 46.1% a la interna El marcado crecimiento en la primera se debió principalmente a la variación del tipo de cambio (104.8%) y sólo el 7.0% al nivel de endeudamiento.
El saldo de la deuda del Sector Paraestatal ascendió a 14 097.7 MMP (39.0% del total) con una variación anual de 79.2%, la participación de la deuda del sector fue de 30.5% para la deuda interna, con un crecimiento respecto a 1984 de 63.5%, y de 69.5% para la externa, que represento un saldo superior en 87.0% en relación al ejercicio anterior.
Es importante destacar que el incremento en el saldo total del sector paraestatal fue resultado, casi en su totalidad, de la revaluación de la moneda extranjera (79.0%), ya que el aumento por endeudamiento neto fue sólo el 0.2%
El saldo de la deuda, por origen e instituciones intermediarias, estuvo contratada, en su mayor parte por las instituciones públicas de crédito, (51.2% del saldo total) de los cuales el 32.11 los proporciono el Sistema Nacional de Crédito y el 19.1%, la Banca Pública Internacional. Por su parte, La Banca Privada Internacional aporto el 38.0% del total.
Perfil de la Deuda
El objetivo principal de la estrategia frente al problema de la deuda fue de modificar la estructura de pagos de la deuda externa del país en relación a las posibilidades reales que se tienen para cubrir el pago de capital e intereses, al mismo tiempo que se satisfagan las necesidades de divisas para crecer y desarrollar la planta productiva y el abasto de bienes básicos.
En consecuencia para disminuir las restricciones a la política de gasto y minimizar el requerimiento de divisas para amortización de la deuda externa, se reestructuró y modificó el perfil de sus pagos. Así, se logró redistribuir vencimientos de deuda que estaban concentrados (aproximadamente el 50.0%) entre 1982 y 1985 y se logró hacer más ligera su carga al extender sus vencimientos hasta 1999. De esta manera, del total de la deuda, solo el 22.3% quedó con vencimiento para los siguientes tres años a partir de 1985.
Endeudamiento Neto
En 1985 el endeudamiento neto del sector público Presupuestario fue de 3 519.3 MMP superior en 86.0% respecto a la previsión original y en 124.4% respecto al año anterior.
Como resultado de los financiamientos por 4 886.7 MMP y una amortización que ascendió al 1 336.4, el Gobierno Federal tuvo un endeudamiento neto de 3 550.3 MMP, superior en 117.3% al de 1984 y 78.9% a la meta original. Esto se debió a la necesidad de recurrir a un mayor endeudamiento: la inflación fue superior a la esperada hubo un mayor deslizamiento del peso frente al dólar, y se registraron elevadas tasas de interés tanto externas como internas. Es importante subrayar que dicho endeudamiento estuvo integrado por 89.3% de la deuda interna y en solo 10.7% por la externa.
Por su parte el sector paraestatal se desendeudó en 31.0 MMP, debido principalmente a que el pago de amortización fue mayor al esperado y el anticipo en los pagos por parte de algunas empresas públicas y liquidación de créditos contratados al final de 1984, no contemplados en el PEF 1985.
Términos de Contratación
Durante 1985, el Gobierno Federal recurrió en mayor medida al crédito interno para financiar su déficit y apoyar los programas de inversión vinculados con los sectores prioritarios y estratégicos y sólo utilizo los créditos externos en forma complementaria.
Así de un total de 5 376.7 MMP contratados, 4 846.6 provinieron de fuentes internas y 530.1 MMP del exterior, esto es 90.1 y 9.9%, respectivamente estos porcentajes fueron diferentes de los observados al año anterior (76.2% y 23.8%)
Gobierno Federal
Los financiamientos internos del Gobierno Federal ascendieron a 4 846.6 MMP, el mayor monto de estos créditos se otorgo a través de los rendimientos fijos, que representaron el 98.3% del total. La mayor parte de este financiamiento (50.1%) se obtuvo a tasas de interés que fluctuaron entre 45% y 60%, con un vencimiento promedio de un año seis meses, y el período de gracia fue de un año dos meses; el 45.2% se contrato a tasas de interés mayores al 60% y su vencimiento promedio fue de tres meses sin período de gracia. Los recursos de los primeros provinieron de los apoyos de Nafinsa, Banco de México y la Banca Comercial y el origen de los
segundos de la emisión de Cetes. La proporción de los recursos externos en el total de financiamientos obtenidos por el Gobierno Federal, paso del 23.8% en 1984 a 9.9% en 1985.
Estos créditos fueron negociados en un 51.7% a tasa variable, tomando como base la preferencial de Estados Unidos (31.3% del total) y la interbancaria de Londres (20.4% del total).
Los créditos contratados a tasa fija (48.3% del total) se consiguieron a tasas que oscilaron entre 0.01% y 12.0% concentrándose la mayoría entre 9% y 12%. El vencimiento promedio de estos créditos fue de 10 años cuatro meses y el período de gracia de un año nueve meses. Si se separan los créditos a tasa fija de aquellos de tasa variable, se observa que los primeros se contrataron a términos substancialmente más favorables que los segundos; los obtenidos a tasa fija tienen un plazo promedio de vencimiento de trece años cuatro meses, muy superiora los siete años seis meses de los contratados a tasa variable; los periodos de gracia son seis meses y tres años dos meses respectivamente.
El destino de los recursos contratados, básicamente con el BID, BIRF y City Bank se destinaron en mayor proporción a las actividades agropecuarias, avícolas y agroindustriales, así como los servicios de apoyo que incluyen capacitación, supervisión y asistencia técnica.
Organismos y empresas
Por su parte, los organismos y empresas controlados presupuestalmente recurrieron a la colocación de créditos por un monto de 1498.0 MMP; ello se tradujo en un crecimiento anual del 71.1% y una estructura de colocación igual al 60.4% de financiamiento interno y 39.6% de crédito externo.
Los recursos negociados internamente ascendieron a 905.0 MMP, cifra superior en 64.9% a la registrada en 1984, con vencimiento promedio de dos años un mes, y un período de gracia de un año siete meses.
Las principales entidades que concertaron financiamientos con la Banca Nacional son CFE, AMHSA, Inmecafé y DINA, absorbiendo el 80.0% del total negociado, destacando la primera, que contrató 501.0 MMP con una tasa de interés variable que fluctuó entre el 6% y 9% sobre el costo porcentual promedio (ccp) con un vencimiento promedio de tres años cuatro meses y con tres años un mes de período de gracia siendo sus principales acreedores Banco de México y Nafinsa, y canalizo sus recursos para mantener en operación las plantas generadoras y para la adquisición de diversos materiales.
El Inmecafé obtuvo 74.9 MMP, 8.3% del total con un vencimiento de seis meses sin período de gracia, siendo su principal fuente el Banco Nacional de Comercio Exterior, y lo destino a compra de cosecha de café.
Los créditos externos pactados por el Sector Paraestatal ascendieron a 593.0 MMP, cifra superior en 81.5% a la registrada en 1984, con un vencimiento promedio de tres años ocho meses, y un período de gracia de cinco meses. De los créditos otorgados, el 54.3% correspondió a los negociados a tasa fija y el 45.7% a los créditos contables a tasa variable. Estos últimos estipularon un vencimiento promedio de tres años siete meses, con seis meses de período de gracia.
Las entidades con mayores montos de contratación de créditos fueron Propemex con 168 MMP, con vencimiento de un año sin período de gracia; Pemex negoció 101.8 MMP con un plazo de vencimiento de dos años ocho meses, y seis meses de período de gracia; Sicartsa concertó créditos por 87.4 MMP, y un vencimiento promedio de ocho años cinco meses, con un año tres meses de período de gracia Las principales fuentes de financiamiento fueron el Bank of América, Industrial Bank of Japan, Societé Generale, Overseas Economic Coop Fund y el Fuji Bank, los recursos otorgados por estas instituciones se canalizaron a la compra de materia prima, a la compra de refacciones, maquinaría y equipo petrolero y a la adquisición de hornos eléctricos y laminadores de planchas.
Servicio de la deuda
En 1985, el servicio de la deuda fue el concepto que presentó mayor desviación respecto al presupuesto original. Se presupuestaron 6856.2 MMP, y se ejercieron 8183.9, es decir, 1327.7 MMP, más que lo aprobado, lo que significa una desviación de 19.4%. Del ejercicio, el 67.9 correspondió a pagos internos y el 32.1% fueron para cubrir pagos al exterior.
El pago de intereses por 5660.7 MMP, superó la previsión original en 1480.0 MMP. Su incremento se explica principalmente por mayor endeudamiento interno adquirido durante el año respecto de lo programado, así como por un
aumento en las tasas internas de interés las cuales en el mercado bancario registraron un aumento entre 20 y 27 puntos porcentuales. La tasa de interés promedio ponderada llegó a un 65.6% lo que significo un crecimiento de 18 puntos porcentuales en relación a 1984.
Por su parte, las amortizaciones ascendieron a 2060.1 MMP, con un crecimiento anual de 22.7% y una disminución de 0.5% respecto a lo originalmente previsto
. El servicio de la deuda interna fue de 5558.6 MMP, que rebaso en 33.8% el monto presupuestado originalmente y en 59.3% al del año precedente; variaciones que obedecen principalmente al comportamiento de las tasas de interés internas, Respecto al servicio de la deuda externa, ésta registró erogaciones por 2625.3 MMP, cifra menor en 2.8% al presupuesto aprobado y 46.2% mayor al de 1984 la reducción se debió esencialmente a la disminución de 3 puntos porcentuales que registro la tasa Interbancaria de Londres y 2.5 puntos la preferencial de Estados Unidos durante 1985 y a la reestructuración de la deuda externa que permitió obtener ventajas en el costo al disminuir el diferencial pagado sobre las tasas de referencia de 2.13 de puntos sobre la prime y 2.25 sobre la libor, a 1.16 y 1.5 puntos respectivamente.
Gobierno Federal
El Gobierno Federal pagó por servicio de la deuda 5790.7 MMP, cifra mayor en 72.2% a lo erogado en 1984 y 25.8% superior al presupuesto original Correspondieron 4 363.0 MMP al pago de intereses, monto que representó un incremento del 50.7% en relación al presupuesto original y de 93.1% al de 1984; las amortizaciones fueron de 991.7 MMP, cantidad que supero en 15.0% a la del año anterior e inferior en 11.6% a la prevista originalmente.
La desviación observada en el pago de intereses fue resultado de que el componente interno se incrementara en 78.4% respecto al presupuestado. Asimismo, la disminución en las amortizaciones se debió a que no se cubrió la amortización esperada en Cetes; a los favorables efectos de la reestructuración de la deuda externa y a que de los 1200 millones de dólares a cubrir en 1985 por concepto de amortización de deuda externa, sólo se pagaron 250 millones en razón del diferimiento realizado en septiembre de ese año.
Organismos y empresas
El servicio de la deuda de organismos y empresas ascendió a 2395 MMP, superior en 6.3% al presupuesto original y 24.5% al de 1984. De este total se destinaron 1297.7 MMP para el pago de intereses, que superaron a los de 1984 en 19.5% y a los presupuestados en 1.0; las amortizaciones ascendieron a 1068.4 MMP, con un crecimiento anual de 30.8% y superiores en 12.5% a las previstas en el presupuesto de 1985; el pago por concepto de comisiones y gastos ascendió a 27.1 MMP, monto superior en 42.6% al de 1984 y 54.9% al presupuestado originalmente.
La variación en el pago de intereses del sector obedeció a que una parte de los créditos autorizados no fueron contratados; a una reducción promedio de 2.5 puntos porcentuales en las tasas de interés externas acompañada de menores sobretasas negociadas; así como el aumento registrado por las tasas de interés internas, las cuales rebasaron el nivel previsto originalmente
El comportamiento de las amortizaciones radica en el mayor pago en pesos del capital de la deuda externa y la más alta contratación de crédito con vencimientos en el mismo año, en virtud de las limitaciones externas para contratar financiamientos.
- 76 - DEUDA TOTAL DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO POR SU ORIGEN
(MILES DE MILLONES DE PESOS)
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DEUDA TOTAL DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO - 77 - POR SU ORIGEN E INSTITUCIÓN INTERMEDIARIA
(Miles de Millones de Pesos)
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ENDEUDAMIENTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
( MILES DE MILLONES DE PESOS ) - 78 -
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SERVICIO DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
( Miles de Millones de Pesos ) - 79 -
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VI. ORIENTACIÓN SECTORIAL DEL GASTO
VI. 1 Desarrollo Rural.
VI. 2 Desarrollo Regional y Ecología.
VI. 3 Pesca.
VI. 4 Desarrollo Social.
VI. 5 Comunicaciones y Transportes.
VI. 6 Abasto.
VI. 7 Turismo.
VI. 8 Industrial y Energético
Durante 1985 la política de gasto sectorial se orientó a la ejecución de los programas de mediano plazo, programas especiales y regionales, así como a poner en marcha los programas de desarrollo rural integral y el de procuración de justicia, derivados todos estos del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988.
En consecuencia, el gasto sectorial se asignó de acuerdo a las prioridades señaladas en los programas respectivos, avanzando en la racionalización y el mejor aprovechamiento de los recursos públicos, y otorgando mayor importancia a los proyectos de alto contenido social, de desarrollo rural y de infraestructura básica, los cuales tienen un gran impacto en la generación de empleos, en el proceso de descentralización e integración regional y en la recuperación del aparato productivo nacional.
Debe destacarse que la estructura final de gasto sectorial se vio influida tanto por el ajuste presupuestal realizado en 1985, como por las necesidades adicionales de gasto derivadas de los daños ocasionados por los sismos del mes de septiembre.
Así, el gasto sectorial en 1985 ascendió a 10 572.6 MMP, cantidad superior en 3.3 y 48.0% respecto al presupuesto aprobado y al ejercicio en 1984, respectivamente. Las participaciones más importantes correspondieron a los Sectores Desarrollo Social, 25.3%; Energético, 23.9%; Industrial, 12.6%; Comunicaciones y Transportes, 8.7% y Desarrollo Rural, 8.1%; que en conjunto erogaron el 78.6% del presupuesto total; el resto fue ejercido por los Sectores Administración 7.2%; Abasto, 6.7%; Desarrollo Regional y Ecología, 5.8%; Pesca, 1.5%, y Turismo, 0.2%.
El Sector Desarrollo Social, ejerció un gasto de 2 676.7 MMP, que representa un crecimiento del 61.1% en relación al del año anterior y 16.1% mayor a la previsión original; el 51.1% fue ejercido por el subsector educación y el 48.9% se destinó a Salud y Seguridad Social. Con estos recursos se amplió la cobertura de los servicios del sector y se utilizó con mayor eficiencia la capacidad instalada.
El Sector Energético tuvo erogaciones que ascendieron a 2 522.5 MMP, cifra superior en 43.6% a la de 1984 y mayor en 7.8% al presupuesto original. Con estos recursos se incorporó a núcleos dispersos de la población a los beneficios de la energía eléctrica, se continúo reafirmando la autodeterminación tecnológica de la industria y se atendió totalmente la demanda de energéticos de la planta productiva nacional.
El gasto del Sector Industrial ascendió a 1 328.0 MMP, monto superior en 41.1% y 2.8% al de 1984 y al presupuesto original, respectivamente. El gasto se canalizó a las prioridades en materia de alimentación, empleo, fortalecimiento de la capacidad productiva y fomento a las exportaciones no petroleras.
El Sector Comunicaciones y Transportes erogó 923.6 MMP, lo que representa un crecimiento anual de 56.3% y un monto superior en 3.7% al presupuesto aprobado. Los recursos se destinaron a conservar, mejorar y ampliar la infraestructura de transportes y de comunicaciones, así como a la construcción y reconstrucción de aeropuertos y al desarrollo tecnológico.
El Sector Desarrollo Rural ejerció un gasto de 856.8 MMP, 41.7% superior al del año precedente e inferior en 4.8% al presupuesto original. Este presupuesto se destinó a obras de infraestructura productiva dando preferencia a las áreas de temporal con potencial productivo de granos básicos, a través de la construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras de pequeña irrigación y la perforación de pozos.
El Sector Abasto registró un gasto que ascendió a 709.7 MMP, cifra que rebasó en 6.6% a la de 1984 y en 10.2% a la presupuestada originalmente. Con los recursos ejercidos se logró fomentar la producción y distribución de bienes básicos de consumo popular y a mejorar la distribución comercial y el abasto regional, actividades en las que el sistema Conasupo desarrolló un papel estratégicos.
El Sector Desarrollo Regional y Ecología ejerció un presupuesto de 613.8 MMP, cantidad que representa un incremento del 96.0% en relación a
1984 y 30.5% mayor a la asignación original. En este sector se obtuvieron logros importantes en la coordinación de acciones con dependencias del Ejecutivo Federal, con los gobiernos estatales y municipales y con las comunidades directamente beneficiadas.
El Sector Pesca registró un gasto de 155.3 MMP, cantidad que representa un incremento de 36.5% respecto al año anterior y un subejercicio de 27.0% respecto al presupuesto original. Estos recursos se orientaron a incrementar la oferta de alimentos e insumos para la industria pesquera, a mantener la capacidad instalada y a consolidar la infraestructura mediante la participación de los sectores Público, Social y Privado.
Finalmente, el Sector Turismo ejerció un presupuesto que ascendió a 21.7 MMP, superior en 28.4% en relación al del año anterior e inferior en 1.8% a la asignación original. Los recursos ejercidos por este sector se orientaron a ampliar, diversificar y consolidar la demanda externa; a fomentar la afluencia de turismo nacional, a proteger y desarrollar la planta productiva, y a contribuir al desarrollo regional.
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL GASTO
( PARTICIPACIÓN PORCENTUAL )
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GASTO SECTORIAL
( Miles de Millones de Pesos ) - 85 -
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VI. 1 DESARROLLO RURAL
I. Balance General
Durante 1985 las acciones llevadas a cabo por este sector, se orientaron fundamentalmente a mejorar los niveles de bienestar de la población del campo e incrementar la producción, las fuentes de ocupación y los ingresos de los campesinos, con la participación de los productores y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y financieros.
El Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral, establece como prioridades alcanzar la soberanía alimentaria en productos básicos y mejorar la distribución del ingreso de la población rural. Para lograr estos objetivos se concertaron acciones con los gobiernos estatales y con los Sectores Social y Privado.
Así, durante 1985 se lograron sembrar 15.4 millones de hectáreas de los principales cultivos (algodón, ajonjolí, arroz, cártamo, cebada, frijol, maíz, sorgo, soya y trigo). Frente a los resultados obtenidos en 1984, la superficie sembrada representó un crecimiento del 5.0%, en tanto que la cosechada lo hizo en un 10.0%, indicando una reducción en el índice de la siniestridad.
La producción agrícola ascendió a 29.2 millones de toneladas, volumen superior en 13.0% al del año precedente. Como resultado de lo anterior, la relación producción - superficie cosechada se incrementó en 5.0% respecto a la productividad promedio de 1984. La producción de los cuatro granos básicos (maíz, frijol, trigo y arroz) ascendió a 20.7 millones de toneladas, superior en 10% a la obtenida en 1984.
Por su parte, la producción pecuaria ascendió a 2 millones 920 mil toneladas de carne, volumen inferior en 2.5% al de 1984. No obstante que la producción de carne de bovino registró un incremento de 1.7%; la de carne de porcino presentó una disminución de 11.1%, en virtud del aumento en el precio de los insumos alimenticios; esta especie representa cerca del 50% del volumen total de la producción pecuaria, por lo que la disminución experimentada contrastó con los incrementos logrados en la producción de otras especies, presionando a la baja el volumen total obtenido, en relación al de 1984.
En cuanto a la explotación de recursos forestales, la producción total maderable ascendió a 9 millones 946 mil m3 rollo, cantidad superior en 5.3% a la de 1984. Dentro de este renglón, destacan los incrementos registrados en la producción de durmientes (9.4%) y de madera para escuadría (7.9%). Sin embargo, se continúa dependiendo de la importación de productos celulósicos.
Por otra parte, se logró dar servicio con asistencia técnica a una superficie total de 17.8 millones de hectáreas; se dio apoyo a las comunidades rurales mediante la dotación de obras de infraestructura, agua potable y servicios médicos; se avanzó en el reparto de la tierra al dotar 855 mil 267 hectáreas que benefició a 29 mil 903 familias campesinas; la CORETT promovió la expropiación de 3 mil 070 hectáreas en beneficio de 79 mil 820 familias para solucionar problemas de asentamientos humanos, y los recursos de empleo rural se canalizaron hacia proyectos productivos en áreas marginadas.
Para ampliar la superficie de riego, se continuó con los proyectos de irrigación, destacando: San Lorenzo, Culiacán, segunda etapa con 7 mil 142 hectáreas; Río Sinaloa, segunda etapa con 3 mil 889 hectáreas; Ocoroni, Sin. con 1 mil 586 hectáreas; entre otros, beneficiando a 7 mil 820 familias.
Entre los trabajos realizados en los proyectos de temporal destacan San Fernando, Tamaulipas con 98 mil hectáreas; Ometepec, Guerrero con 4 mil 209 hectáreas.
Alcanzar estos logros implicó la terminación de seis presas de almacenamiento, ingeniero Guillermo Blake Aguilar (El Sabinal), en Sinaloa, Cajón de Onapa, Bacanora y Jicorincon, en el estado de Sonora; en Zacatecas se terminó la presa las Amarillas y en Durango los Naranjos, sobre el arroyo
Santa Clara.
Se construyeron 510 Km de canales revestidos; 208 Km de canales en tierra, 480 kilómetros de drenes y desagües agrícolas; 1 mil 334 kilómetros de caminos de operación y enlace revestidos y 4 mil 788 estructuras de canales, drenes y caminos.
En 1985 el crédito canalizado a la actividad agrícola (179.0 MMP) habilitó 7.2 millones de hectáreas superficie mayor en 24% a la del año anterior. Proporcionando así los recursos crediticios que permitieron sufragar los gastos durante el proceso productivo.
En materia de crédito a la actividad pecuaria, el monto otorgado ascendió a 300 MMP, de los cuales casi dos terceras partes correspondieron a créditos de avío y el resto a créditos refaccionarios. Adicionalmente, se canalizaron apoyos crediticios para la producción de 5 mil 032 cabezas de ganado bovino de doble propósito.
En relación al crédito canalizado el subsector forestal, se otorgó un monto de 764.4 millones de pesos a 85 núcleos ejidales y comunales. Dichos recursos se destinaron a la adquisición de aserraderos y a la fabricación de cajas, así como a la producción de equipos de caminos, de extracción y de transporte. Para el crédito de avío se aplicaron 451.7 millones de pesos.
La contribución de los precios de garantía como instrumento de estímulo a la producción de granos básicos fue relevante, ya que se registró un incremento anual superior al 60% para todos los productos sujetos a este régimen. Así, se observó una ligera mejoría en los términos de intercambio entre sector agropecuario y otros sectores, debido a que el crecimiento en el índice del primero se situó por arriba del correspondiente a los Sectores Industrial y de Servicios.
Cabe mencionar que las acciones realizadas y los resultados obtenidos en 1985, contribuyeron a fortalecer la producción agropecuaria; avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria en granos básicos, y reducir las importaciones de bienes alimenticios.
Para alcanzar estos logros se ejerció un gasto sectorial de 856.8 MMP, 41.7% más que en 1984 e inferior en 4.8% al presupuestado. Del total el 38.8% (322.6 MMP) fue ejercido por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Esta Secretaría tuvo un gasto superior en 42.9% al del año anterior y 12.2% por abajo del aprobado. Por su parte, la Secretaría de la Reforma Agraria ejerció 34.7 MMP, gasto superior en 19.2% respecto al presupuesto original y 35.5% más que en 1984.
Entre los organismos que forman parte del sector, destacan por su presupuesto Banrural (181.2 MMP). Inmecafé (73.7 MMP) y Anagsa (51.8 MMP).
II. Evaluación Programática y Presupuestal
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
Para el cumplimiento de los programas asignados a esta secretaría, le fue asignado un presupuesto programático de 541.8 MMP, ejerciendo un gasto inferior en 8.3%. Esta disminución se debió principalmente a las medidas de racionalidad instrumentadas; a una reorientación del gasto para atender lo estrictamente prioritario del sector; a una disminución en el pago de indemnización por concepto de expropiaciones, y a un menor ritmo de ejecución de obras.
Cabe destacar que los recursos ejercidos, 332.6 MMP se canalizaron al gasto directo (que no incluye trasferencias) y 164.4 MMP a transferencias; de éstas el 36.0% se destinó al gasto corriente y 64.0% al gasto de capital.
Es importante señalar que del total ejercido por esta entidad, el grueso de los recursos se concentraron en los programas desarrollo de áreas de riego (30.0%); captación y conducción de agua para usos múltiples (9.5%); desarrollo de áreas de temporal (7.8%) y fomento a la producción y productividad (6.1%), que en conjunto erogaron 266.9 MMP, cantidad que representa el 53.7% del monto total ejercido.
Al término del ejercicio fiscal estos programas registraron algunas desviaciones por razones de diferente naturaleza, entre ellas destacan el impacto de las medidas de ajuste y racionalidad del gasto; fenómenos naturales y climatológicos adversos: sobreestimación de metas durante la conformación del programa - presupuesto, e incrementos no previstos en los costos.
Finalmente, durante 1985 se atendieron las medidas de ajuste y austeridad para racionalizar el gasto sectorial, las que implicaron una reducción presupuestal superior a los 56.0 MMP que impactaron principalmente los capítulos de gastos relativos a servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles e inmuebles.
Entidades coordinadas por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
Forestal Vicente Guerrero (Fovigro)
La empresa ejerció 2.4 MMP, gasto inferior en 22.0% al presupuesto original. Esta disminución se debe principalmente a que la entidad redujo sustancialmente sus metas en el programa de producción y transformación. Del total ejercido, el 78.7% fueron recursos propios y el resto (21.3%) recursos fiscales.
Los recursos ejercidos por Fovigro se destinaron a siete programas, siendo el más importante el de producción y transformación agroindustrial y paraestatal (2.0 MMP, 84.0% del total). Este programa contempla 11 metas, de las que tres cumplieron o rebasaron con lo establecido originalmente. El resto de las metas no alcanzaron los avances previstos debido primordialmente a las fuertes lluvias que se presentaron en las áreas boscosas; al deterioro y obsolencia de la maquinaria y equipo, que provocaron frecuentes paros por mantenimiento adoptado por el Gobierno Federal.
Instituto Mexicano del Café (Inmecafé)
El gasto ejercido por este instituto (78.3 MMP), superior en 12.1% al presupuestado originalmente, se destinó a cuatro programas, siendo el más importante el de Comercialización y Distribución de Productos Agropecuarios y Forestales, que ejerció un gasto de 70.6 MMP, 90.2% del presupuesto total. Es importante destacar que este programa es financiado con recursos crediticios que son amortizados con los ingresos originados por la venta de café. Los ingresos propios de la empresa cubren el 80.4% del gasto total y el 10.6% los apoyos fiscales.
El programa Comercialización y Distribución de Productos Agropecuarios y Forestales contempla dos acciones de las cuales una cumplió casi en su totalidad sus metas; la otra logró un avance del 91%: la variación del 9% se debió a que los particulares ofrecieron un precio mínimo de compra en el momento de la cosecha, en tanto que el Inmecafe se guía por anticipos y liquidaciones al término del ciclo.
Productos Forestales Mexicanos (Proformex)
El presupuesto ejercido por este organismo ascendió a 5.8 MMP, monto superior en 19.8% al asignado originalmente. Este incremento obedeció a aumentos en los renglones de servicios personales y servicios generales; adquisición de maquinaria y equipo, y ajustes por cambios en la paridad cambiaría, entre otros.
El gasto ejercido por Proformex se asignó a siete programas, siendo el más sobresaliente: el de Producción y Transformación Agroindustrial y Paraestatal que absorbió el 79.5% del gasto total. De las 13 metas fijadas en este programa sólo se cumplieron tres, el resto de los avances no alcanzó las metas originales, debido principalmente a la dificultad para la adquisición de refacciones que escasean o no existen en el mercado nacional; a que se sobrestimó la capacidad de producción de los aserraderos, y a la cancelación de procesos productivos, por la existencia de un mercado definido por precios bajos y demanda contraida.
Secretaría de la Reforma Agraria
Esta secretaría ejerció 41.8 MMP, cifra que superó en 28.2% al presupuesto original. Este incremento se debió principalmente a que se originaron recursos por 7.1 MMP al programa de Empleo Rural que no estaban asignados para esta entidad en el presupuesto original y que fueron adicionados posteriormente por transferencias del ramo XXVI.
Entre otras causas que motivaron la variación presupuestal, se puede mencionar los incrementos salariales ordenados por el Ejecutivo Federal y las asignaciones de recursos para cubrir gastos del programa "Plan Chiapas", y el de Catastro Rural y Regularización de la Tenencia de la Tierra.
Del presupuesto ejercido por esta secretaría correspondieron 34.7 MMP a gasto directo, (que no incluye trasferencias), el resto (7.1 MMP) fueron trasferencias canalizadas a las entidades paraestatales asignando poco más del 39% a gasto corriente y cerca del 61% a gasto de capital.
Por otra parte, la secretaría disminuyó sus unidades administrativas en un 25%. Igualmente se vio afectado el gasto de inversión, lo que repercutió en los resultados obtenidos principalmente en las entidades dedicadas al desarrollo de obras de infraestructura con fines turísticos. Bahía de Banderas tuvo un incumplimiento del 100% en la construcción de 15 viviendas; "Nuevo Vallarta" presentó una variación negativa del 27% en relación a sus metas originales.
La Secretaría de la Reforma Agraria distribuyó su presupuesto entre ocho programas siendo los más importantes: Reparto y Regularización de la Tenencia de la Tierra (11.6 MMP; 27.7% del total), Administración Agraria (8.8 MMP; 21.1%), y Empleo Rural (7.1 MMP, 16.9%). Estos tres programas absorbieron el 65.7% del gasto total de la entidad.
Respecto a las metas programadas, en cuanto el Reparto y Regularización de la Tenencia de la Tierra se cumplieron o rebasaron 11 de las 15 metas previstas, el resto no alcanzó el avance programado por la improcedencia de las solicitudes para poseer terrenos nacionales.
En el programa de Administración Agraria se rebasó una de las cuatro metas establecidas, el resto no alcanzó lo originalmente previsto debido a que a la fecha en que se realizó la programación de las depuraciones censales e investigaciones generales de usufructo parcelario, no se conocían los avances que se obtendrían en 1984, por tal razón los trabajos realizados en el segundo semestre de 1984 se consideraron carga de trabajo para 1985.
Finalmente, respecto a las metas del programa Empleo Rural se lograron generar 2 mil 554 jornales, 27.3% por abajo de lo programado, debido al inicio extemporáneo del proceso de programación - presupuestación; y a la cancelación en comités de planeación de desarrollo estatal de proyectos autorizados, entre otros.
SECTOR DESARROLLO RURAL - 95 -
MILES DE MILLONES DE PESOS.)
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VI. 2 DESARROLLO REGIONAL Y ECOLOGÍA
I. Balance General
Entre los objetivos del gasto sectorial, destaca para 1985, el orientar los recursos a aquellas áreas que apoyen al proceso de descentralización y regionalización más equilibrada de la economía. Por ello, el Sector Desarrollo Regional y Ecología fue definido como prioritario y a pesar de las medidas de ajuste provocadas por las restricciones financieras, incrementó significativamente su participación en el total del gasto programable al pasar de 4.4% en 1984, a 5.8% para 1985.
El Sector Desarrollo Regional y Ecología está integrado por el ramo XXVI (Desarrollo Regional), y por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Ramo XX), así como por entidades y organismos subsidiados que no se incluyen en el presupuesto, pero que realizan acciones en materia de desarrollo regional y desarrollo urbano vivienda y ecología, como el Departamento del Distrito Federal, Fonhapo, Banobras, Fovi y Fifapa, entre otros.
La política de Desarrollo Regional y Urbano es un instrumento eficaz para corregir los principales desequilibrios de la estructura territorial de nuestra economía e impulsar la modernización de las estructuras productivas de los estados, a través de la coordinación de acciones del Ejecutivo Federal, con los gobiernos estatales y municipales, y con las comunidades directamente beneficiadas.
El subsector Desarrollo Regional procuró ejecutar sus acciones acorde con los programas de Desarrollo Regional y los planes estatales; mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la defensa del empleo; contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas de abasto, salud, educación y vivienda, y dar una mayor cobertura a los servicios municipales; para lo cual se impulsó la desconcentración del gasto, y una mejor coordinación sectorial - regional en el seno de los comités de Planeación para el Desarrollo
Estatal (Coplade) y en los comités municipales a fin de consolidar los sistemas estatales de planeación democrática.
En materia de Desarrollo Urbano y ecología, se buscó impulsar el ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos a través de la dotación de suelo, infraestructura y equipamiento. Asimismo, se prosiguió con el objetivo de controlar la contaminación ambiental mediante normas de ordenamiento ecológico en el territorio nacional, por lo que se invirtió en obras y proyectos de infraestructura, equipamiento y reservas territoriales en proceso; se promovió la vivienda progresiva y en arrendamiento; y se atendió a zonas críticamente contaminadas en agua, aire y suelo.
Subsector Desarrollo Regional
Para cumplir con los objetivos de la política regional durante 1985, se consolidó el Convenio Único de Desarrollo (CUD), como instrumento jurídico, programático y financiero, que permitió impulsar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y canalizar el gasto regional por medio de los programas de Desarrollo Regional (PDR), los programas regionales de Empleo (PRE) y los programas de Coordinación Especial (PCE).
Los programas de Desarrollo Regional se orientaron a impulsar actividades productivas, obras de infraestructura básica y obras de desarrollo social, todo ello acorde con la estrategia de descentralización en el marco de los siete programas regionales estratégicos y los 10 planes estatales.
Dentro de los programas regionales estratégicos, destacan:
El programa de Desarrollo de la Región Mar de Cortés, que incluye a cinco estados, permitió vincular su estrategia con las acciones sectoriales de la Federación. Así, con infraestructura agropecuaria se atendió a 44 mil 924 cabezas de ganado mayor, 162 mil aves y a 1 mil colmenas de la región; en abasto se recapitalizaron 135 tiendas rurales, se reconstruyeron y rehabilitaron 32 bodegas y almacenes con capacidad de 1 mil 500 toneladas. En la red de carreteras estatales, se conservaron y reconstruyeron 10 mil 790 Km beneficiando a 8.5 millones de habitantes; y en materia de caminos rurales se logró la construcción de 887 Km.
Mediante el programa de Desarrollo de las Zonas Áridas, que involucra a siete estados (Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas) se incorporó al riego a 11 mil 300 hectáreas y se tendieron 85 Km de línea para la electrificación de 814 pozos en beneficio de 4 mil 501 productores de la región; igualmente se rehabilitaron 41 mil 462 hectáreas de frutales a través de la asistencia técnica a 39 mil 404 productores, y se realizaron obras de infraestructura pecuaria en 69 unidades bovinas, 2 unidades ovinas, 113 unidades caprinas, 5 porcinas y la construcción de 29 silos.
Para avanzar en el programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la ciudad de México y
Región Centro, incluye a 6 estados colindantes con el Distrito Federal, en el estado de Hidalgo se construyeron 450 viviendas, se ampliaron 29 sistemas de agua potable y 4 de alcantarillado; se construyeron 245 anexos, 208 aulas 7 laboratorios y 41 talleres; se asignaron 60 becas mediante Cossies, se incorporaron 1 mil 500 hectáreas al riego y reforestaron 1 mil 975 hectáreas, se electrificaron 11 comunidades y se realizaron obras de 6.5 kilómetros de carreteras alimentadoras y 9.5 kilómetros de carreteras urbanas; se dio mantenimiento a 1 mil 342 kilómetros de la red y se construyeron 125.8 kilómetros de caminos rurales, así como mediante el programa de distribución del paquete básico de consumo popular se benefició a 1 millón 71 mil 714 personas, y se construyeron 10 bodegas para el comercio.
En el estado de México, se construyeron 1 mil 997 viviendas, 87 sistemas de agua potable, 36 de alcantarillado, 367 aulas, 69 anexos, 17 laboratorios y 31 talleres; se otorgaron 4 mil 862 becas, se incorporaron al riego 479 hectáreas se reforestaron 7 mil 777 hectáreas; se electrificaron 156 comunidades, se construyeron 138 kilómetros de carreteras urbanas y 77 kilómetros de caminos rurales y se dio mantenimiento a 5 mil 665 kilómetros de la red, y se benefició a 300 mil 609 personas mediante la distribución del paquete básico de consumo popular.
Para el estado de Querétaro, se construyeron 274 viviendas, 11 sistemas de agua potable, 158 aulas, 24 anexos y se otorgaron 647 becas; se incorporaron al riego a 1 mil 559 hectáreas y se reforestaron 1 mil 006 hectáreas. Asimismo, se logró la industrialización de 733 toneladas de productos agropecuarios, se electrificaron cuatro comunidades, se construyeron 31 kilómetros de caminos rurales y se dio mantenimiento a 717 kilómetros de la red.
Por su parte, en el estado de Morelos, se construyeron 151 viviendas, 52 sistemas de agua potable y 25 de alcantarillado, 67 aulas, 39 anexos; y se otorgaron 643 becas. Igualmente, se incorporaron al riego 1 mil 669 hectáreas, se electrificaron 54 comunidades, se construyeron 18 Km de caminos rurales y se dio mantenimiento a 74 kilómetros de la red, y se benefició a 356 mil 740 habitantes gracias a los paquetes básicos de consumo popular distribuidos.
Finalmente, en el estado de Tlaxcala, se construyeron 11 sistemas de agua potable, 32 de alcantarillado, 140 aulas, 48 anexos, un laboratorio y tres talleres, y se otorgaron 1 mil 091 becas. Asimismo, se incorporaron 88 hectáreas al riego, se reforestaron 775 hectáreas; se construyeron 42.5 kilómetros de caminos rurales, se dio mantenimiento a 453 kilómetros de la red, mediante la distribución del paquete básico de consumo de benefició a 20 mil habitantes, y se construyeron cuatro bodegas para el comercio.
Por lo que se refiere al programa de la Frontera Sur, en Campeche se construyeron unidades bovinas para atender 4 mil 770 cabezas de ganado beneficiando a 277 productores; se construyeron 5 kilómetros de caminos rurales, 150 m de puente el municipio del Carmen para beneficiar a 1 mil 500 habitantes, se electrificaron 26 comunidades rurales para atender la demanda de 17 mil 055 personas; también se construyeron: una bodega de 4 mil toneladas para beneficio de 27 mil 787 productores, 19 aljibes de agua potable para beneficio de 3 mil 120 habitantes y cuatro laboratorios en proceso fueron concluidos.
En Chiapas se construyeron 33.5 kilómetros de carreteras para beneficio de 10 mil habitantes y se rehabilitó el Hospital General de Pichucalco para beneficio de 80 mil personas. Finalmente, en Tabasco se construyeron 28 Km de caminos rurales que dan servicio a 5 mil 590 habitantes y se impartieron campañas de nutrición en 22 comunidades.
A través del programa de Desarrollo de la Frontera Norte, se logró la construcción de 58 Km de carreteras en los municipios fronterizos, se modernizó el aeropuerto internacional de Piedras Negras, Coahuila se construyeron 510 bodegas rurales, se fortaleció a la infraestructura y el equipamiento urbano mediante la construcción de 228 sistemas de agua potable y alcantarillado, y la reconstrucción 2 mil 992 viviendas; se incorporaron al riego 45 mil 552 hectáreas mediante obras de pequeña irrigación, se fomentaron unidades caprinas, bovinas y avícolas para beneficio de 26 mil 737 productores; y por último, se dio un impulso significativo a la educación debido a la construcción de 156 escuelas y 1 mil 566 aulas para 200 mil 139 alumnos.
Al programa de Desarrollo de la Región Sureste, a través del CUD, se dedicaron recursos para construir y conservar 231 mil metros cuadrados de calles y avenidas, se señalizaron y semaforizaron 200 unidades y se apoyó en dotación de vivienda a 3 mil 561 familias. Asimismo, se rehabilitaron 237 sistemas de agua potable y alcantarillado, y 212 obras de electrificación rural para beneficio de 176 mil 672 habitantes. El desarrollo económico fue promovido a través de la conservación de huertos frutícolas y cafetícolas en 109 mil 020 hectáreas con una producción de 10 millones de plantas. Se desmontaron 29 mil 612 hectáreas de temporal y 42 mil 697 hectáreas
de riego, y se protegieron 2 mil 722 hectáreas; asimismo, se establecieron unidades avícolas para 458 mil 561 aves, unidades caprinas, bovinas y porcinas para 38 mil 317 cabezas y apiarios para 9 mil 085 colmenas. En infraestructura carretera, se construyeron 55.7 Km de alimentadoras, 1 mil 493.6 Km de caminos rurales y se conservaron 7 mil 691.4 Km de carreteras estatales. Finalmente, para apoyar el desarrollo cultural de la región se construyeron 4 mil 322 aulas, 1 mil 106 anexos, 57 laboratorios, 61 talleres y 200 bibliotecas con lo que se benefició a 253 mil 273 alumnos.
El programa de reordenación Henequenera y Desarrollo Integral de Yucatán, ha permitido dar un nuevo impulso económico a la entidad, mediante el desarrollo de 19 mil 537 hectáreas de áreas de temporal y riego, rehabilitación de huertos frutícolas y cafetícolas en 9 mil 323 hectáreas y reforestación de 4 mil 930 hectáreas en infraestructura pecuaria, se fomentó la construcción de unidades caprinas y bovinas para 3 mil 175 cabezas, apícolas para 5 mil 190 colmenas y avícolas para 1 mil 998 aves, con lo que se benefició a 26 mil 737 productores.
Por otra parte, para alcanzar las 600 toneladas de captura pesquera, se dotó de 35 embarcaciones y dos fileteadores para beneficio de 339 habitantes; igualmente se destinaron recursos para establecer un trapiche de azúcar en Peto, se generó 3 mil 600 toneladas de piloncillo y una empacadora de hortalizas de exportación. Para impulsar la actividad turística se efectuaron 22 eventos promocionales y se terminó el Centro de Servicios Culturales y Turísticos en Mérida.
Se construyeron 1 mil 648 Km de la red carretera para beneficio de 202 mil 462 habitantes; se electrificaron 23 comunidades rurales; se rehabilitaron y construyeron 17 sistemas de agua potable, y se construyó un pozo profundo. Igualmente el desarrollo cultural fue promovido gracias a la construcción de 144 aulas, 11 anexos, cuatro laboratorios y cuatro talleres para 6 mil 364 alumnos.
En lo que respecta a los planes de los estados de Baja California Sur, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Puebla Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas, cabe señalar que a través de éstos fue posible precisar la inversión pública en los tres órdenes de gobierno, destacando las siguientes acciones:
Continuación de la carretera la Paz - Pichilingue; la carretera Guadalajara - Colima - Manzanillo; obras de irrigación en 400 hectáreas en la región Soconusco - Costa; electrificación de 25 poblaciones en Durango; construcción de 25 aulas en Guerrero; siete sistemas de agua potable en Ameca y Guadalajara; el parque recreativo en la ciudad de Puebla y 20 sistemas de agua potable en el estado; los hospitales generales de Matamoros y Tampico; electrificación de 320 pozos en San Luis Potosí, y la incorporación al riego de 6 mil 869 hectáreas en Zacatecas.
A través de los programas regionales de empleo, se generaron 140 mil 682 puestos de ocupación y se promovieron proyectos productivos, de infraestructura básica y de desarrollo social, con el 9%, 19% y el 72% respectivamente de los recursos asignados. Mediante Cossies, se apoyó económicamente a 52 mil 325 pasantes y con las becas "Ignacio Ramírez", se benefició a 90 mil 737 hijos de obreros y campesinos, e igualmente se asignaron 24 mil 154 becas de capacitación a trabajadores.
Los programas de Coordinación Especial orientaron sus recursos a programas prioritarios de educación, salud, trabajo y desarrollo urbano y ecología; así, mediante el Convenio de Coordinación Especial se promovió el apoyo al gasto estatal del programa "Primaria para todos los Niños", el programa de Descentralización de Servicios de Salud, el programa Nacional de Empleo y Organización Social para el Trabajo, y programas de construcción, conservación y rehabilitación de sistemas de agua potable y alcantarillado en todo el país.
Subsector Desarrollo Urbano y Ecología
Para alcanzar el doble objetivo del desarrollo urbano, de avanzar en la consolidación del Sistema Urbano Nacional, (conformando por 168 centros de población: con tres zonas metropolitanas, 59 ciudades medias y 106 centros de apoyo) y ordenar y regular internamente dichos centros; durante 1985, y debido al carácter eminente normativo de la entidad, se formularon 83 programas trianuales para igual número de centros, y proyectos para otras 13 localidades para lo cual se constituyeron en 1985 reservas territoriales por 2 mil 275 hectáreas, (se encuentran en proceso de adquisición 9 mil 411 hectáreas) y se realizaron gestiones para expropiar 8 mil 834 hectáreas ante la Secretaría de la Reforma Agraria.
Igualmente, las acciones del sector permitieron mantener la cobertura del 70% de la demanda en agua potable y 49% en alcantarillado, continuándose el proceso de descentralización de buena parte de los servicios a los organismos operadores locales. Para reforzar estas acciones se elaboró el
Programa Nacional de Ahorradores de Agua; se terminó el proyecto de la planta potabilizadora de los Mochis, y se inició la construcción de la planta de tratamientos de aguas residuales de Tijuana.
Mediante la ejecución del programa Nacional para el Desarrollo de la Vivienda (Pronadevi), en 1985 se llevaron a cabo 365 mil acciones de vivienda que representan más del 55% del total realizado en el período 1977-1982, lo que significó un incremento de 30% en relación a 1984, y 155% superior a 1983. La vivienda popular recibió un fuerte impulso a través de Fonhapo que financió la terminación de 14 mil 579 pies de casa y el inició de 18 mil 766; Banobras apoyó la creación de la infraestructura necesaria para estas acciones y por su parte, el fomento a la autoconstrucción se dio gracias al apoyo y creación de 258 cooperativas, 118% más que en el período 1983-1984, lo que permitió realizar 5 mil 684 acciones de vivienda.
En torno a las actividades de planeación y programación, estas fueron canalizadas a los institutos estatales de vivienda, a fin de fortalecer los mecanismos de coordinación intergubernamental, y de concertación con los sectores social y privado, para lo que fue creada la Comisión Mixta de Seguimiento de los Programas de Vivienda, y se consolidaron los Comités Estatales de Normas y Promoción de Vivienda; asimismo se brindó asesoría técnica a los autoconstructores mediante el diseño de ocho cartillas, y se emitieron 55 dictámenes de aptitud habitacional para el desarrollo de 39 mil 577 viviendas en beneficio de 217 mil 662 habitantes.
Finalmente, a raíz de los sismos, se instauró el programa Emergente de Vivienda, presidido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Departamento del Distrito Federal, con el fin de que a través de los organismos de vivienda se dotara de ellas o de crédito a los damnificados, y se estableció el programa de Renovación Habitacional Popular, como parte nuclear de la estrategia para lo cual fueron expropiados 7 mil inmuebles y predios en el Distrito Federal.
Para impulsar la política ecológica, durante 1985 se desarrollaron 730 mil acciones de protección ecológica, mediante la constitución de 238 unidades de protección y restauración ecológica en los 31 estados de la República, y se apoyó la reincorporación a la producción nacional de 1 mil 700 hectáreas que se encontraban en estado crítico de deterioro. Respecto a la prevención y control de la contaminación, se avanzó en la instalación de redes de monitores de la calidad de aire en los principales centros urbanos; se ejecutaron 556 acciones integrales que permitieron disminuir las descargas nocivas en las principales cuencas hidrológicas, y se establecieron rellenos sanitarios en los centros que lo requirieron, con lo que se abatió significativamente el impacto ambiental negativo a 76 centros de población prioritarios del Sistema Urbano Nacional.
Presupuesto Sectorial
Para llevar a cabo todas estas acciones, el sector Desarrollo Regional y Ecología dispuso originalmente de 470.4 MMP, mismos que recibieron una ampliación a 650.1 MMP, de los que ejercieron 613.8 MMP, rebasado en 96.0% a lo gastado en 1984, y 30.5% mayor al original.
De los recursos ejercidos, 143.1 MMP (23.3%) correspondieron al ramo XXVI (Desarrollo Regional), 52.6 MMP (8.6%) fueron ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y los restantes 418.1 MMP (78.1%) correspondieron a los organismos, empresas, fondos y fideicomisos subsidiados. De entre estas entidades, destacan por el monto de recursos ejercidos en relación al total del sector: el Departamento del Distrito Federal (29.6%), subsidios a estados y municipios (11.9%), Autotransporte Colectivo Metro (4.0%) IMSS - Coplamar (3.7%), y el Fideicomiso del Fondo de las Habitaciones Populares (Fonhapo 2.4%).
Por lo que respecta a las disposiciones dictadas por el Ejecutivo Federal en julio de 1985, el recorte presupuestal dio lugar a la racionalización del gasto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, mediante la desaparición de ocho de las 26 direcciones generales y la extinción de las delegaciones de zona federal en los 17 estados costeros, así como la reducción del 20% de la plantilla del personal de las entidades del sector, sin que esto significara que el cumplimiento de sus funciones no se alcanzara en forma eficiente.
II. EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL
Subsector Desarrollo Regional (Ramo XXVI)
El subsector tuvo una erogación de 366.8 MMP, 7.6% menor al aprobado originalmente de 396.9 MMP, dicha variación se debió fundamentalmente a: deficiencias en la integración de expedientes técnicos con lo que se difirió la aprobación de los proyectos, la modificación de las metas provocadas por los ajustes durante la ejecución de los proyectos, o por causas técnicas como pozos fallidos, estudios geológicos,
geohidrológicos y agrológicos adversos, y en algunos casos por causas de cambio en las administraciones estatales.
El gasto regional se asignó a programas de Desarrollo Regional, programas Regionales de Empleo y programas de Coordinación Especial. Dentro de los primeros destaca el de Obra Pública (40.2%) y el subsidio corriente, pero especialmente el apoyo financiero al Departamento del Distrito Federal (37.3%), los que en conjunto se llevan el 77.5% del total ejercido en 1985.
Los programas de Coordinación Especial, se componen por 24 programas y 31 subprogramas, de los cuales destaca el de integración de la educación básica que absorbió 61% del presupuesto ejercido, seguido por el de salud, que consumió el 13% del total ejercido, conformando ambos el 74% del gasto de los programas de coordinación especial.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
La Secretaría tuvo una erogación del 77.7 MMP, (5.0% menor al aprobado originalmente de 81.8 MMP). Esta variación fue resultado de haber optimizado la asignación presupuestal autorizada como proyecto de una mejor coordinación con los tres órdenes de gobierno, y de una mayor concertación con los sectores social y privado. Igualmente, las cancelaciones de importaciones debido a la adaptación de tecnología nacional a los requerimientos del sector, y una estricta racionalización y control del gasto, contribuyeron a hacer mas eficiente su uso. Por otro lado, y no obstante lo anterior, se efectuaron ajustes al presupuesto aprobado, en razón de las demandas en zonas críticas del país particularmente, debido a la atención de las contingencias sectoriales que se derivaron de los sucesos de septiembre de 1985.
El gasto de la Secretaría se asignó a 36 programas, de los cuales sobresalieron el de Vivienda Progresiva (27.5%); Administración General (22.9%), y el de Administración General de Desarrollo Urbano (14.2%). Estos programas absorbieron el 64.6% del total ejercido por la entidad. Del total de 139 acciones incluidas en 75 subprogramas, 25 (18%) rebasaron la meta prevista 75 (54%) alcanzaron la meta original y 39 (28%) no alcanzaron a cubrir sus objetivos entre otras razones por: transferir recursos al Fonhapo; reprogramación orientada hacia una adecuada gestión presupuestal; a no autorizar importaciones de equipo y refacciones; cancelación de obras, a que los contratistas no cumplieron con los requisitos de la Secretaría, y al replantamiento en materia de descentralización del ejercicio.
SECTOR DESARROLLO REGIONAL Y ECOLOGÍA - 108 -
(MILES DE MILLONES DE PESOS)
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(MILES DE MILLONES DE PESOS)
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FUENTE: SPP, CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL 1985, TOMO DE RESULTADOS GENERALES pp. 118 Y 119.
SUBSECTOR DESARROLLO REGIONAL (RAMO XXVI) (MILES DE MILLONES DE PESOS)
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VI. 3 PESCA
I. Balance General
Las acciones del sector atendieron prioritariamente los proyectos de infraestructura portuaria y de comunidades pesqueras; de acuacultura, organización y capacitación; de investigación y tecnología pesquera en apoyo de la operación de la flota, la pesca ribereña y la acuacultura; y los relacionados con el mejoramiento del nivel técnico de los pescadores y la incorporación de los avances tecnológicos al proceso productivo.
Mediante el manejo del gasto público del sector pudieron concretarse las políticas, estrategias y líneas de acción que en los procesos de programación presupuestaria se había definido, posibilitando avances de importancia para la actividad pesquera.
Bajo estas perspectivas el volumen total de la producción pesquera nacional ascendió a 1 mil 255 toneladas, cantidad superior en 11% a la obtenida en 1984. De la producción lograda corresponde a la captura el 89% estimado en 1 mil 117 toneladas y a la acuacultura el 11% restante equivalente a 137 mil 709 toneladas, observándose incrementos principalmente en las especies de consumo popular que forman parte de la canasta básica como son: la sardina, que aumentó en 33.5% (93 mil 890 toneladas) y el atún, en 12.7% (11 mil 081 toneladas) en relación a 1984. La participación en el total de la producción pesquera del Sector Público fue del 5%, el Sector Social aportó el 28.1% y el privado contribuyó con el 65.9%, ampliándose en cada sector los niveles de producción obtenidos en 1984.
De la producción pesquera se destinaron al consumo humano directo 812 mil 130 toneladas, a la producción de harina de pescado y al consumo humano indirecto 403 mil toneladas 40 mil para uso farmacéutico, elevándose el rendimiento real obtenido en 1984 en 3%, 25% y 24% respectivamente. Al proceso de industrialización en las 479 plantas distribuidos en el territorio nacional se destinaron 696 mil 565 toneladas (peso comercializado) de materia prima, con las que pudo lograrse el 84.2% de la meta establecida en la estrategia programática sectorial y quedó superado en 15.2% el volumen alcanzado en 1984, llegando a una producción total de 260 mil 532 toneladas (peso neto) de producto terminado, lo que implicó un crecimiento del 18.3% con respecto a 1984. La comercialización de productos pesqueros en 1985 ascendió a 715 mil toneladas, cantidad 2.0% superior a la comercializada en 1984, que se integró por 420 mil toneladas de producto fresco, 113 mil toneladas de congelado, 76 mil de enlatado, 76 mil de harinas y 30 mil de otros.
Al mercado externo la actividad pesquera exportó cerca de 98 mil 576 toneladas con un valor de 393 MDD; las especies mas importantes para el comercio exterior fueron el camarón, las algas los sargazos y el atún. Las importaciones comprendieron 7 mil 763 toneladas con un valor de 10 MMD, descendiendo en un 95.0% con respecto al ejercicio anterior, dando como resultado un saldo positivo en la balanza comercial de productores pesqueros estimado en 383 MDD, cifra menor en 61 MDD a la obtenida en 1984.
En materia de flota la estrategia seguida por los sectores Social, Público y Privados en la actividad pesquera estuvo orientada fundamentalmente a incrementar la eficiencia y productividad de las embarcaciones y a propiciar un desarrollo regional mas equilibrado, tomando como base la reubicación de la flota en función de la disponibilidad y costo de explotación de los recursos pesqueros.
Así, la captura lograda fue posible con la operación de 51 mil 903 embarcaciones, 7.2% más que las unidades de 1984, de las cuales 3 mil 472 fueron embarcaciones mayores y las restantes 48 mil 431 embarcaciones menores. De la flota mayor operó el 84% ya que las condiciones económicas y coyuntura del país afectan de manera significativa los programas de crédito, mantenimiento, reparación y construcción de la flota.
Con el propósito de mejorar la eficiencia y nivel de productividad de la flota existente, se llevó a cabo la reordenación de la flota con la constitución de las siguientes nuevas empresas filiales de Propemex: Sardineros Mexicanos, Atuneros Mexicanos, Palangreros Mexicanos, Escameros del Pacífico y Escameros del Golfo.
Por cuanto a la generación de empleos se estima que la población ocupada al cierre de 1985 fue de 250 mil personas, ubicadas especialmente en zonas y grupos rezagados, para superar en un 17% la cantidad estimada al inicio de la presente administración.
La organización de los pescadores para fortalecer su participación en el proceso productivo, permitió la incorporación durante 1985 al Sector Social Pesquero de 77 sociedades cooperativas dedicadas básicamente a la captura de escama, cazón y tiburón, en beneficio de 3 mil 907 socios.
En materia de capacitación, con el apoyo de los Centros de Capacitación Pesquera, (Cecapes) de
los barcos - escuelas (Unicaps) y en coordinación con otras dependencias federales, buscando mejorar la administración de los recursos con que cuentas los diversos sectores sociales pesqueros, se instruyó técnicamente a 15 mil 978 pescadores; en aspectos administrativos a 256 personas; y en otro tipo de capacitación a 4 mil 720, que en total representa el 48% más de lo realizado en este renglón en el año inmediato anterior.
Con el fin de que la investigación científica y tecnológica continuara proporcionando el conocimiento necesario para la mejor operación de la actividad pesquera, continuaron los trabajos de prospección y evaluación de la zona económica exclusiva y del mar territorial sobre las pesquerías de sardinas, atún, anchoveta, camarón, abulón, fauna de acompañamiento, especies en peligro de extinción y picudos, y en acuacultura la del caracol rosado del Caribe y la del cultivo del camarón.
Las investigaciones posibilitaron diagnosticar el potencial de captura de algunas especies como el abulón, para racionalizar su explotación; los recursos de sardina en el Golfo de California; establecer las épocas de veda del camarón, en aguas protegidas y en alta mar; promover la conservación de la tortuga y recomendar las cuotas de franquicia y de captura de este recurso.
De las investigaciones realizadas 74 estuvieron relacionadas con los programas nacionales de prospección en el Mar de Cortés y en el sureste; siete con la producción industrial y siete en acuacultura con el caracol rosado del Caribe y el cultivo del camarón. La investigación y desarrollo de nuevos productos abarcó recursos como las algas, sargazos, atún, tiburón, especies de escama y la obtención de los parámetros tecnológicos para el manejo, conservación y procesamiento de almeja catarina. En apoyo a las investigaciones ictioplanctónicas en el Golfo de México se realizaron seis cruceros, en los que además se llevó a cabo el levantamiento de fondos pesqueros para le elaboración de las cartas pesqueras del noroeste de la Península de Yucatán y de las costas de Veracruz.
Durante 1985 se llevó a cabo un esfuerzo de reestructuración financiera y administrativa por parte de Propemex, en busca de mejores niveles de producción y productividad a través del óptimo aprovechamiento de la capacidad instalada y del uso racional de los recursos disponibles, así como de la descentralización de funciones sustantivas y la modernización y simplificación administrativa. Bajo estas circunstancias en captura de la flota y por compras a terceros, la paraestatal alcanzó 220 mil 298 toneladas, superando en 42% lo alcanzado en el año inmediato anterior.
La captura ascendió a 152 mil 198 toneladas rebasando en 78% el volumen logrado el 1984. Por la vía de compras a terceros se adquirieron 68 mil 100 toneladas, 1.7% por debajo del nivel de 1984.
Por lo que hace a industrialización, el total llegó a las 128 mil 038 toneladas superándose la meta alcanzada en 1984 en un 35%. Las ventas totales en los mercados internos y externos ascendieron a 142 mil 062 toneladas, con las que se excede en un 21% el volumen alcanzado en 1984.
Para llegar a estos resultados el Sector Pesca realizó un gasto sectorial de 155.3 MMP, 36.5% más que en 1984 e inferior en 27.0% al presupuesto previsto originalmente. De ese monto total el 11.3% (17.7 MMP) fue ejercido por la Secretaría de Pesca, para un incremento en su gasto de 63.9% en respecto al año inmediato anterior y una diferencia de 0.6% por abajo del inicialmente aprobado.
A Productos Pesqueros Mexicanos correspondió el 82.2% (127.4 MMS) del ejercicio presupuestal, gasto superior en 35.4% al efectuado por la paraestatal en 1984 e inferior en 29.7% al aprobado para 1985. Los demás organismos, empresas, fondos y fideicomisos ejercieron el 6.5% (10.2 MMP), destacando por su presupuesto el Banco Pesquero y Portuario con 9.8 MMP.
Los sismos de septiembre impidieron al sector la realización total del algunos subprogramas debido a los daños que sufrieron el edificio central y el equipo de cómputo, ya que de éstos se derivaron diversos contratiempos y una gran dispersión del personal para su ubicación provisional en instalaciones destinadas a otros servicios que por ello también se vieron afectados.
II. EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL
Secretaria de Pesca
El presupuesto programático asignado a esta Secretaría para el cumplimiento de sus programas ascendió a 43.5 MMP, monto al que ajustó su ejercicio estimado en 43.4 MMP.
De los recursos ejercidos 17.7 MMP fueron destinados al gasto directo (sin incluir transferencias) de la coordinación de sector y 25.7 MMP a transferencias, de las que el 91% se distribuyeron para gasto corriente y el 9% para gastos de capital. La cantidad mas importante de gasto de la Secretaría fue canalizada a los programas Administración (44.7%); Captura (17.1%); Industrialización de Productos Pesqueros (12.1%); Acuacultura (7.0%; y Comercialización y Transporte de Productos Pesqueros (6.0%); que en conjunto representan el 87% del gasto total ejercido con un monto de 37.8 MMP.
Los anteriores programas tuvieron algunos desviaciones a causa de diversos factores que se presentaron en el transcurso del ejercicio, entre los que destacan los incrementos de gasto corriente, principalmente en servicios personales; la redistribución de los recursos por readecuaciones al programa de inversiones; el impacto de los ajustes del gasto sectorial; la cancelación de algunos proyectos y los retrasos en la ejecución de las obras por problemas de contratación, económicos o físicos.
Las medidas de ajuste y autoridad para racionalizar el gasto sectorial afectaron la mayoría de los programas de la entidad. Las reducciones presupuestales comprendieron fundamentalmente las partidas de sueldos, sobresueldos y erogaciones complementarias, la asignación de recursos a inversiones por la readecuación del programa respectivo; y la cancelación o disminución en la magnitud de algunos proyectos.
Entidades coordinadas por la Sepesca
Productos Pesqueros Mexicanos
(Propemex)
El gasto ejercido por esta entidad ascendió a 155.1 MMP cantidad 15.6% menor a la previsión presupuestal original. La variación negativa se debió principalmente a la reprogramación de las metas operativas; a que algunas plantas no proceso de construcción e implementación no entraron en operación en la fecha prevista; y al ajuste de la estructura administrativa de la entidad. Del monto total de gasto de la paraestatal el 79.0% correspondió a recursos propios, el 13.4% a recursos fiscales y el 7.6% restante a recursos derivados de financiamiento.
Propemex destinó los recursos ejercidos a la realización de seis programas, entre los que destacan el de comercialización y transporte de productos pesqueros, que absorvió el 69.5% (197.8 MMP) del gasto total; y el de industrialización de productos pesqueros, en el que fue aplicado el 22.0% (34.1 MMP) del monto registrado.
Los programas señalados observaron desviaciones por factores diversos como la transferencia de varias plantas congeladoras al sector social y la reestructuración, mantenimiento o suspensión de las operaciones de otras; la falta de instalación de los túneles de secado; la carencia de materia prima; la sobreestimación o cancelación de algunas metas; la readecuación al programa de inversiones y el impacto de las medidas de recorte presupuestal, entre otros.
SECTOR PESCA - 119 -
(Miles de Millones de Pesos)
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VI. 4 DESARROLLO SOCIAL
I. Balance General
Durante 1985, las acciones en materia de educación se orientaron a ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales y recreativas; descentralizar y desconcentrar la educación, la investigación y la cultura, atender las necesidades de las diferentes regiones y grupos étnicos; y a mejorar la calidad de los servicios que se presta en todas las áreas.
En materia de salud, se buscó extender la cobertura de los servicios; homogeneizar la calidad de la atención básica; disminuir la dependencia tecnológica del exterior, e incrementar la investigación en salud, asistencia y seguridad social, dando en estas tareas especial énfasis al proceso de descentralización de los servicios a la población.
En el aspecto laboral, los esfuerzos se orientaron a elevar la productividad; defender el poder adquisitivo de los salarios; disminuir el desempleo y el subempleo, e impartir la justicia laboral sin afectar las actividades productivas.
Durante 1985 las líneas de acción del Sector Educación, Salud Seguridad Social y Laboral, se orientaron a la consecución de los propósitos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de sus programas sustantivos, logrando con esto importantes avances, dentro de los que destacan:
Educación
En educación básica se continuó apoyando la política de ampliación de la cobertura en los tres niveles que la conforman; en educación preescolar se logró atender a 1 millón 652 mil niños de cuatro y cinco años; en primaria se mantuvo al 100% la oferta para niños en edad escolar (seis a 14 años), atendiéndose en primaria formal a 10 millones 843 mil niños. En cuanto a libros de texto gratuito , se cubrió la demanda con una producción y distribución de 71 millones 750 mil libros. En educación secundaria general para trabajadores y secundaria técnica, se alcanzó un 94.0 y 88.0% de las metas programadas respectivamente, y en telesecundaria se rebasó la meta en 9.0% respecto a lo programado originalmente. En cuanto a educación rural e indígena, en preescolar indígena y primaria bilingüe y bicultural se alcanzó el 98.0% de lo programado.
Asimismo, se atendieron a más de un millón de alumnos en educación media superior, rebasando la meta original en 7%; en educación superior universitaria, se atendió a 909 mil estudiantes, 8% superior a la meta prevista; se dio atención a 32 mil 943 alumnos en estudio de posgrado, 9% más de lo alcanzado en 1984, y se abrieron 395 nuevas bibliotecas, con lo que se amplió la red nacional de bibliotecas a 911.
El Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA) benefició a 2.8 millones de jóvenes mediante diversos eventos recreativos y culturales (36% más de lo previsto), así como a 474.5 millones de personas en ayuda vocacional y laboral (58% arriba de lo programado).
En cuanto a la construcción y equipamiento de espacios educativos, las metas se rebasaron significativamente: preescolar en 17%; en el nivel secundaria técnica 6%; en educación media superior técnica y superior 27% y 30%, respectivamente.
Asimismo se continuó con el proceso de descentralización educativa, de acuerdo con las líneas de la estrategia que señala el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con la cooperación y corresponsabilidad de los gobiernos estatales y municipales, habiéndose firmado acuerdos de descentralización educativa con 15 de los 31 gobiernos estatales.
Salud y Seguridad Social
En 1985 la Secretaría de Salud aplicó 17.7 millones de vacunas, principalmente a la población infantil menor de 5 años; en control de enfermedades transmisibles, se superó en 20.3% las metas programadas, con lo que el total de consultas ascendió a 4.0 millones; se logro dar 1.5 millones de consultas de planificación familiar voluntaria y el control de 866 mil de usuarios activas, en el primer caso se superó en 1.6% la meta programada y en el segundo se alcanzó el 97.7%, y en atención curativa se dieron 11.2 millones de consultas externas generales y 3.5 millones de externas especializadas.
La Secretaría continuó con la ampliación del hospital de especialidades en Guadalajara, que proporcionará atención médica a 400 mil habitantes; la construcción del hospital general de Chihuahua y la construcción del hospital general de Sinaloa.
Asimismo, el IMSS aplicó 35.2 millones de vacunas; se atendieron a 17.0 millones de personas; con padecimientos crónicos - degenerativos, además de controlar 1.6 millones de pacientes con enfermedades transmisibles y atender 2.4 millones de consultas de planificación familiar.
El Instituto, con el propósito de ampliar su cobertura, constituyó 14 unidades de medicina familiar y ocho hospitales generales de zona. Además, se concluyeron los trabajos en nueve hospitales rurales; y se inició en los dos últimos meses de 1985 la tarea de reconstrucción de los centros hospitalarios dañados por los sismos.
Por su parte, el ISSSTE amplió en 1985 1.9 millones de vacunas y atendió 15 millones de consultas y 80 mil 300 partos.
El Instituto constituyó clínicas de especialidades en Orizaba, Iguala, Huejutla, Apatzingán y Cuautla, y clínicas hospitales en la Delegación Alvaro Obregón, los Mochis y Villahermosa. Asimismo, se importó equipo médico necesario para la prestación del servicio, y a consecuencia de los sismos se iniciaron obras de reconstrucción de diferentes hospitales.
Laboral
En materia de justicia laboral, ésta se impartió cumpliendo con los términos legales y fundando en todos los casos los acuerdos, resoluciones y laudos dictados, atendiéndose el 100% de las demandas presentadas.
La reorganización de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje fue relevante, debido a que modificó la jurisdicción de las juntas especiales foráneas buscando maximizar los recursos humanos y materiales.
En conflictos obrero - patronales se lograron conciliar 1 mil 814 asuntos, de los cuales 822 se resolvieron por convenio conciliatorio beneficiando a 1 millón 800 mil trabajadores. En contracción de ley se celebraron 26 convenios de contrato colectivo de carácter singular y 1 mil 113 entre empresas y sindicatos.
El Servicio Nacional de Empleo, orientó sus esfuerzos a seleccionar y colocar a personas en demanda de empleo, el cual se extendió a todas las entidades federativas, atendiéndose 150 mil 351 solicitudes de empleo y 86 mil 257 trabajadores para cubrir vacantes.
El Programa de Becas de Capacitación para trabajadores otorgó 31 mil 690 becas, de las cuales 3 mil 161 se concedieron a personas damnificadas. Adicionalmente, se impartieron cerca de 1 mil 100 cursos a becarios.
En cuanto al Programa Nacional de Capacitación y Productividad, se proporcionaron 241 consultas y 146 cursos relacionados con la organización y operación de pequeñas y medianas industrias, beneficiando a 1 mil 650 empresas.
Respecto a la protección del salario, en materia de participación de utilidades se ofrecieron 1 mil 371 asesorías, las que contribuyeron en la recuperación de alrededor de 80 millones de pesos a favor de los trabajadores.
Asimismo se autorizaron 225 mil 416 créditos diversos por un monto de 23 mil 228.1 millones de pesos, en beneficio de los trabajadores y sus familias.
Presupuesto Sectorial
Para cumplir con sus objetivos, el Sector Desarrollo Social ejerció 2 mil 676.7 MMP, con un incremento del 16.1% respecto al original y de 61.1% al de 1984. De dicho monto, 8465 MMP (31.6%) fueron ejercidos por la Secretaría de Educación Pública; 143.3 MMP (5.4%) por la Secretaría de Salud; 15.0 MMP (0.5%) por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; por organismos dentro del presupuesto (ISSSTE e IMSS) 1 mil 088.6 MMP (40.7%), y por organismos, empresas, fondos y fideicomisos subsidiados 583.3 MMP (21.8%).
Efecto de los sismos en el Sector Desarrollo Social
Por otra parte, el Sector Desarrollo Social fue uno de los mas afectados por los sismos de septiembre de 1985, debido a las invaluables pérdidas humanas y a las enormes pérdidas materiales. De esta forma se integraron acciones solidarias en auxilio de las víctimas y damnificados del desastre. Por lo anterior, el sector reporta lo siguiente:
Subsector Educación
Los sismos de septiembre ocasionaron grandes daños materiales y trastornos al sector educativo obligando a interrumpir temporalmente sus actividades en algunas zonas. En el Distrito Federal se reportaron daños o destruidos 1 mil 420 edificios escolares y 329 en siete entidades federativas. Así, para dar solución a esta problemática y continuar con el servicio educativo, se improvisaron 2 mil 614 aulas y se contó con el apoyo de la televisión, mediante el programa "Primaria por Televisión".
Subsector Salud y Seguridad Social
Los daños ocasionados en el subsector por los sismos de septiembre, tuvieron una repercusión muy importante en la infraestructura hospitalaria y de laboratorios de productos biológicos y se afectaron severamente los hospitales Juárez y General, que proporcionan servicios a una gran
parte de la población de escasos recursos en el Distrito Federal.
La Secretaría de Salud disponía de 4 mil 795 camas en el Distrito Federal, perdió en forma definitiva 858, de las cuales correspondían 531 al hospital Juárez y 327 al General. La pérdida representó un 17% de la capacidad operativa.
Se afectaron, además 27 unidades médicas, sociales y administrativas del IMSS; 93 inmuebles del DIF; 27 clínicas de adscripción de la SSA, y siete clínicas - hospitales del ISSSTE.
Subsector Laboral
Los sismos afectaron las actividades administrativas debido a que fueron destruidas varias de sus instalaciones. La Secretaría del Trabajo se vio en la necesidad de reubicar al personal, provocando un retraso en las acciones programadas.
II. EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL
Secretaría de Educación Pública
El presupuesto ejercido por esta Secretaría fue de 1 332.0 MMP, que representa un incremento de 17.2% respecto al autorizado. La variación presupuestal se destinó a dar cumplimiento a las instrucciones giradas por el Ejecutivo Federal respecto a los beneficios salariales, siendo básicamente aumentos al salario mínimo, revisión del contrato colectivo de trabajo y creación de plazas para cubrir servicios educativos del sector.
Del gasto total ejercido por la Secretaría corresponden a gasto directo (no incluye transferencias) 846.5 MMP, y 485.5 MMP transferencias, de las cuales el 80.0% correspondió a gasto corriente y el 20.0% al de capital.
El presupuesto ejercido por la dependencia se destinó a 18 programas, siendo los más importantes el de integración de la educación básica (39.5%); reorientación del sistema de educación universitaria (14.3%), y el de impulso el sistema de educación tecnológica (11.8%). Estos tres programas absorbieron 65.6% del total erogado, los cuales constan de 13 subprogramas y 50 acciones.
El programa de Integración de la Educación Básica, está compuesta por 19 acciones de las cuales 10 alcanzaron las metas programadas. En las restantes no se logró lo previsto como consecuencia de los sismos de septiembre, que dieron lugar al traslado de alumnos del Distrito Federal, al interior de la República; por los daños provocados en las instalaciones de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, y a la deserción escolar originada por la necesidad de incorporarse al trabajo productivo.
Por lo que respecta al Programa de Reorientación del Sistema de Educación Universitaria, en general se cumplió con las metas programadas, las desviaciones en algunas acciones se debieron principalmente a las reducciones presupuestales que tuvo el sector en 1985.
De las metas previstas en el Programa de impulso al Sistema de Educación Tecnológica, 14 de 17 acciones no alcanzaron el avance previsto debido básicamente a la deserción escolar, a la insuficiencia de recursos financieros y al retraso que se tuvo en la construcción de los planteles en el área metropolitana.
Secretaría de Salud
Esta dependencia registró una erogación de 169.5 MMP, mayor a lo presupuestado originalmente en 4.0%. Del gasto total ejercido por la Secretaría, 143.3 MMP correspondieron a gasto directo (no incluye transferencias) y 26.2 MMP a transferencias, destinándose el 87.8% a gasto corriente y el 12.2% al de capital.
La Secretaría distribuyó sus recursos en 14 programas, concentrándose el 78.5% del total ejercido en tres de ellos: atención curativa (38.8%); administración de la salud (25.0%), y atención preventiva (14.7%), los cuales contemplan 23 subprogramas, con 64 acciones.
El Programa de Atención Curativa consta de 31 acciones de las cuales 16 cumplieron o rebasaron con lo previsto. El resto no logró el avance programado originalmente, debido esencialmente a los daños en la infraestructura hospitalaria, a la reestructuración de los servicios de salud y a la descentralización de los servicios médicos.
De las 19 acciones fijadas para el Programa de Atención Preventiva, 13 rebasaron lo programado y tres alcanzaron satisfactoriamente sus metas; el resto no logró el avance previsto como consecuencia principalmente de que algunos padecimientos con pocas alteraciones son atendidos en consulta general y no por los servicios de salud menta, así como por cambios realizados con la Secretaría en su estructura administrativa.
Finalmente, atendiendo a la resolución del Ejecutivo Federal en cuanto a disminuir el gasto corriente, la Secretaría de salud, realizó algunos cambios administrativos, reduciéndose la Secretaria a tres subsecretaría, una Oficialía mayor, una Contraloría Interna y 18 direcciones generales, tres órganos administrativos por función y
dos órganos administrativos descentralizados por territorio.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Esta Secretaría registró un gasto programático de 18 MMP, inferior en 10.0% al autorizado originalmente. Esto obedeció principalmente al ajuste presupuestal dictado por el Ejecutivo Federal.
Del total ejercido por la Secretaría correspondieron a gasto directo (no incluye transferencias) 15.0 MMP y 3.0 MMP a transferencias, de las cuales el 43.3% se destinó a corriente y el 56.7% al de capital.
Los recursos ejercidos por esta Secretaría se concentraron principalmente en tres programas: Administración y Apoyo Técnico (36.7%); Impartición de Justicia y Vigilancia de la Legislación Laboral (22.8%) y el de Bienestar de los Trabajadores y sus Familias (10.0%), que en conjunto absorbieron el 69.5% del presupuesto total.
De las 111 metas contempladas en el Programa de Administración y Apoyo Técnico, 87 alcanzaron o superaron el avance programado. El resto registró desviaciones debido fundamentalmente a la pérdida de material a consecuencia de los sismos de septiembre de 1985 y a la desaparición de una unidad administrativa en julio del mismo año.
En cuanto a las metas programadas en Impartición de Justicia y Vigilancia de la Legislatura Laboral, se rebasaron o se cumplieron 17 de las 24 metas programadas. El resto no logró lo establecido originalmente por los acontecimientos de septiembre del año pasado y por el recorte de personal contratado por honorarios.
Las metas del Programa Bienestar de los Trabajadores y sus Familias no se cumplieron debido a que la Dirección General de Cultura y Recreación, que lo tenía a su cargo, desapareció; incorporándose las funciones de dicho programa a partir de enero de 1986 a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo.
Finalmente, en cumplimiento de las medidas de racionalización del gasto público, la Secretaría se ajustó a este requerimiento mediante la política de optimización de los recursos asignados y del congelamiento de plazas de nueva creación.
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
El presupuesto ejercido por este organismo ascendió a 866.0 MMP, de los cuales 735.9 MMP, son de recursos propios, 124.1 MMP, de recursos fiscales y 6.0 MMP financiamientos. Superior en 13.0% al autorizado. La variación en el gasto se debió principalmente al otorgamiento de beneficios salariales superiores a los programados; al aumento en precios de medicamentos y materiales de curación, y al alto costo de los insumos y mano de obra en las aciones constructivas.
Los recursos se distribuyeron en 19 programas, destacando el de Atención Curativa (47.0%); Prestaciones Económicas (26.0%) y el de Administración Central (15.2%). Estos tres programas absorbieron el 88.2% del gasto del organismo.
De las 35 acciones contempladas en el Programa de Atención Curativa, 29 cumplieron o rebasaron las metas programadas. El resto no tuvo el avance previsto debido a que un mayor número de casos fueron resueltos con el primer nivel de atención; a que no se pudo tomar en cuenta debidamente el efecto del programa de cirugía a pacientes ambulatorios, y a problemas suscitados con el cambio de unidades de medida para el registro de tratamientos que recibe un paciente.
El total de las metas del Programa de Prestaciones Económicas, fueron cumplidas satisfactoriamente en relación a lo programado. En cuanto a las acciones establecidas en el Programa de Administración Central, se cubrió el 100% de lo previsto originalmente.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores el Estado (ISSSTE).
El ISSSTE registró una erogación programática de 246.4 MMP, superior en 20.0% al autorizado originalmente. Esta variación se debió básicamente, entre otras causas, al aumento salarial; a la regularización de plazas con los tabuladores autorizados por la SPP; al incremento en los precios principalmente en productos farmacéuticos y de laboratorio, y a la integración de guarderías y comercios de otras entidades.
El Instituto distribuyó su presupuesto en 16 programas, destacando por su importancia el de Atención Curativa (38.4%); Prestaciones Económicas (20.6%) y Administración Central (14.4%). Estos programas concentraron el 73.4% de la erogación total.
De las ocho metas contempladas en el Programa de Atención Curativa, tres cumplieron la previsión original. El resto no registró el avance
programado debido principalmente a la pérdida de capacidad física de operación, originada por los sismos de septiembre del año pasado, y al desarrollo de técnicas que permiten dar de alta a los pacientes el mismos día de su intervención quirúrgica.
En el Programa de Prestaciones Económicas, se cumplieron o rebasaron dos de las cuatro metas programadas originalmente; el resto no alcanzó el avance previsto debido fundamentalmente a problemas en la programación de las actividades y a que las solicitudes de indemnización varían considerablemente de un año a otro.
Del Programa Administrativo Central, las acciones programadas no alcanzaron lo originalmente establecido por el retraso en el proceso para la adquisición de equipos de importación dando lugar a que el programa de adquisiciones no se llevara a cabo en su totalidad.
Finalmente, de acuerdo a la racionalización del presupuesto público, dictado por el Ejecutivo Federal, el Instituto modificó su estructura orgánica consistiendo en la reducción del 31% de las unidades administrativas de primer nivel en comparación a las existentes en 1982; 67% menos de segundo nivel y 28% menos del tercer nivel.
SECTOR DESARROLLO SOCIAL -133-
(MILES DE MILLONES DE PESOS)
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VI. 5 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
I. Balance General
La orientación sectorial del gasto para 1985, acorde con el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, y las prioridades de los programas nacionales derivados de él, procuró entre otros objetivos, otorgar un mayor peso relativo a los proyectos de infraestructura básica, así como preservar el gasto de sectores como el de comunicaciones y transportes. Por ello, su participación en el total del gasto sectorial no solo se mantuvo, sino inclusive se incrementó ligeramente al pasar del 8.3% en 1984, a 8.7% en 1985.
El Sector Comunicaciones y Transporte está encabezado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que coordina siete entidades dentro del presupuesto y a otras 16 fuera del presupuesto, que se encargan de atender a cinco subsectores: carretero, ferroviario, marítimo, aeroportuario y comunicaciones.
En general, la política de este sector se orientó a continuar la modernización de los servicios que presta; expander la infraestructura a través de la terminación de obras en proceso y las identificadas como estratégicas por su efecto multiplicador regional y nacional, así como a mantener la capacidad instalada mediante un aprovechamiento mas eficiente de los recursos dedicados a la conservación de la infraestructura del transporte y las comunicaciones; acciones todas ellas que permitieron avanzar en la integración del Sistema Nacional de Transporte y del Sistema Nacional de Comunicaciones.
Subsector Carretero
En el Subsector Carretero se efectuaron trabajos de modernización y ampliación en 765 Km, 103 Km más que en 1984, habiéndose puesto en operación 377 Km de carreteras entre las que destacan: Guadalajara - Colima- Manzanillo, Coatzacoalcos - Villahermosa, Culiacán - Guasave, Irapuato - León, México - Toluca y México - Pachuca, a cual puso en servicio cuatro carriles de circulación. La reconstrucción en carreteras troncales alcanzó la meta de 230 Km, (100% de lo programado).
En infraestructura carretera, la expansión de la red troncal concentró esfuerzos en la continuación de 23 enlaces que forman parte de ejes transversales, logrando un avance de 262 Km, destacando la fronteriza del Sur, Chihuahua - Hermosillo, Chihuahua - Culiacán, Teotitlán - Tuxtepec y Maravatío - Contepec - Atlacomulco. Asimismo, se avanzó en 390 m la construcción de puentes, sobresaliendo el de Tampico por su magnitud de obra, con un avance del 80%, y la terminación del internacional de Ojinaga.
Por lo que respecta a la conservación de la red carretera, y a pesar de las restricciones presupuestales, se trabajó en el mantenimiento de 42 mil 423 Km de la red federal, 17 369 Km de carreteras alimentadoras y 46 mil Km de caminos rurales, cifras ligeramente superiores a las de 1984.
Acorde con el Programa de Desarrollo del Autotransporte Federal 1984-1988, se movieron 2934 millones de toneladas de carga y se transportó a 1 537.0 millones de pasajeros, cifras por arriba de las de 1984, y se promovió la acción conjunta de autotransportistas para iniciar la construcción de cinco terminales de pasajeros y adquirir 110 unidades fabricadas por Diesel Nacional.
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, atendió a través de las carreteras y puentes de cuota, a 92 millones de vehículos en carreteras y a 57 millones de vehículos y 12 millones de peatones en puentes durante 1985, superando en 3%, 18% y 17% respectivamente, la meta original. Para ello, se efectuaron obras de modernización y ampliación a cuatro carriles de las carreteras Puebla - Orizaba y Querétaro - Irapuato; se rehabilitaron 239 Km (44% de lo programado) de autopistas y cambios de cuota, y se dio mantenimiento a 1021 Km de la red y a 33 puentes a su cargo, gracias a la liberación de recursos producto de la reestructuración de la deuda del organismo, y a la educación de sus ingresos. Igualmente, se conservó la maquinaría y equipo bajo su control que consta de 850 vehículos y 360 equipos electrónicos para control de tránsito.
Subsector Ferroviario
El Subsector Ferroviario a través de sus cuatro empresas movilizó en conjunto para 1985, 73.1 millones de toneladas de carga, y 23.3 millones de pasajeros, cifras semejantes a las del año anterior. Para atender esta demanda se avanzó en el Programa de Modernización del Sistema Ferroviario Nacional que incluyó su rehabilitación financiera, mediante un programa de asunción de pasivos con el Gobierno Federal, lo que permitió incrementar su coeficiente de disponibilidad general por arriba del 70%, mediante el mantenimiento de la flota de carga y carros de pasajeros, así como la adquisición de 20 juegos de ensamble para el armado de locomotoras de 3 mil caballos de fuerza, y la reparación mayor de 16 motores en igual número de locomotoras, la
adquisición de 600 coches de carga nacionales, y la reconstrucción de 30 coches dormitorio.
Dentro de la modernización en la infraestructura ferroviaria, destaca la construcción de la vía doble México - Querétaro, la doble vía Querétaro - Irapuato, la vía corta Guadalajara - Monterrey y la vía doble México -Veracruz, que en conjunto muestran un avance del 55%, así como la rehabilitación de 304 Km de vía de Ferronales, 58 Km por Ferrocarriles del Pacífico, y la adquisición de 8 mil 500 toneladas de riel por parte del ferrocarril Sonora - Baja California, y 3 mil toneladas del Chihuahua - Pacífico. Sin embargo, los resultados por lo que a rehabilitación toca, son singularmente inferiores a lo programado debido a las irregularidades del abasto del riel y los durmientes.
En lo referente a la reconstrucción de vías, en el tramo Sayula - Ciudad Guzmán se tuvo un avance de 23 Km en el armado de vías; en la línea Tierra Blanca - Medidas Aguas se tienen avances superiores al 80% en los tramos Jimba - Tigres y Angostura - Juanita. En la línea Coatzacoalcos - Salina Cruz, se avanzó en terracerías y obras de drenaje del tramo Texistepes - Almagres y fueron terminados tres pasos a desnivel y dos puentes.
Por otro lado, se impulsó significativamente la integración de sistemas adecuados de comunicaciones, señales y electricidad en el sistema ferroviario, lo que permitió elevar la productividad y la seguridad en el tránsito.
Subsector Marítimo - Portuario
El Subsector Marítimo - Portuario, dedicó sus recursos a la expresión de la marina mercante y al desarrollo de los puertos industriales, comerciales, turísticos y pesqueros. Dentro de los puertos industriales destacan las obras portuarias de protección, dragado y urbanización para uso industrial en los puertos de Lázaro Cárdenas, Ostión, Salina Cruz y los Parques Industriales de Guaymas, Mazatlán, El Sauzal y Pichilingue; destacando el puerto Altamira que enteró en operación en su primera etapa y para lo que fue creado el organismo descentralizado Sistema Portuario Tampico - Altamira.
Se realizaron obras de ampliación en los puertos comerciales, particularmente en Guaymas, Manzanillo y Cozumel, conforme a lo programado, y se efectuaron obras de protección en puertos turísticos y pesqueros como Ensenada, Mazatlán, La Pesca y Tampico.
Igualmente, se inició la terminal portuaria en Progreso y se dragaron 8 mil 475 metros cúbicos (78.4% de lo programado) en los puertos Altamira, Tampico, Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos; entre otros.
Asimismo, se realizaron trabajos de conservación en los 19 puertos más importantes del país y se revisaron sistemas y equipos de operación en los puertos de Veracruz y Tampico, principalmente.
En lo concerniente al impulso a la marina mercante, se transportaron 155 millones de toneladas de carga y 4.1 millones de pasajeros, gracias al programa de modernización del transporte marítimo y apoyo a las navieras mercantiles. El servicio de trasbordadores transportó 4 millones de pasajeros y un millón de vehículos, para lo que fue necesario ampliar nueve terminales de pasajeros, se realizó la conservación de 19 y se atendió al mantenimiento de 35 embarcaciones conforme a lo programado.
Subsector Aéreo
El Subsector Aéreo durante 1985 atendió a 21 millones de pasajeros, correspondiendo 14.5 millones a las dos líneas aéreas nacionales y registró un millón de aterrizajes y despegues, por lo que se ampliaron y modernizaron las pistas de los aeropuertos de Puerto Vallarta y Durango, se incrementó la seguridad de la aeronavegación en el espacio aéreo nacional mediante la instalación de cuatro radiofaros omnidimensionales de muy alta frecuencia, 12 medidores de distancia y dos sistemas de aterrizaje por instrumentos; se renovaron los centros de control de tránsito aéreo en México, Mazatlán y Monterrey, así como los radares secundarios de ruta en Cerro Las Rusias, Los Mochis, Hermosillo y Veracruz. Paralelamente se controló y reguló la operación de 33 líneas extranjeras, dos líneas troncales nacionales y nueve líneas regionales; y se amplió la cobertura de los servicios nacionales e internacionales, al incorporar a sus rutas ciudades como: Aguascalientes, Toluca, Ciudad Victoria, Monclova, Saltillo, San Luis Potosí, Puebla y Puerto Escondido.
Por lo que toca a la infraestructura aeroportuaria, entraron en etapa operativa los nuevos aeropuertos de Puebla y Puerto Escondido, se terminaron los de Aguascalientes, Morelia, Campeche, Querétaro, Tlaxcala y San Luis Potosí, entraron en servicio nuevas etapas de los edificios terminales de Cancún, Culiacán y Ciudad Victoria y se continuó la construcción del de Durango, Colima, Ixtepec y Huatulco.
El mantenimiento del Sistema Aeroportuario que fue aplicado a las principales aeropistas y al equipo, incluyó la reparación de 31 turbinas a
cargo de la empresa de participación estatal mayoritaria Turboreactores, S. A. de C. V., meta inferior a la programada en razón al elevado costo en divisas de sus insumos. El organismo Aeropuertos y Servicios Auxiliares, también rehabilitó pavimentos y obras complementarias en siete aeropuertos y la remodelación de edificios terminales, como el mantenimiento en áreas de operación en 52 aeropuertos.
Subsector Comunicaciones
Finalmente, en el Subsector Comunicaciones, que comprende al servicio postal, telegráfico, telefónico y de telecomunicaciones, se enfatizó durante 1985 la necesidad de aumentar la eficiencia en la capacidad instalada debido a su costosa y compleja operación.
Para modernizar el servicio postal y hacer llegar el servicio al 78% de la población, se logró la instalación de un centro experimental de clasificación automática, y equipo de cuatro centros de correspondencia y en 56 puntos de clasificación; se redujo el tiempo de recolección y reparto de piezas mediante la adaptación de ocho locales, el establecimiento de 50 administraciones y 110 agencias, así como la adquisición de vehículos mayores y menores, y la contratación de 600 carteros más. El mantenimiento y la conservación del servicio postal incluyó a 1 mil 688 oficinas distribuidas en todo el territorio.
En el servicio telegráfico se remodelaron 93 administraciones telegráficas y ocho unidades administrativas; se amplió la red de líneas foráneas en 140 Km para enlazar unidades de nueva creación; se adecuaron 4 mil 232 Km de líneas de longitud simple, y se adquirieron 600 terminales de teleimpresión, lo que permitió incorporar a Guadalajara, Hermosillo y Monterrey a los sistemas de fonotelegrafía y autotelegrafía; asimismo se dio mantenimiento a 15 mil 932 Km de líneas físicas, ocho centrales automáticas y 2 mil 297 oficinas telegráficas (95% de total).
Para impulsar la consolidación del sistema integral de comunicaciones, durante 1985 se efectuaron reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión, y se publicó el reglamento que norma el uso de las comunicaciones espaciales, a fin de regular el servicio de los satélites del Sistema Morelos puestos en órbita en junio y noviembre, mismos que requirieron la creación del centro de control "Walter C. Buchanan" para telemetría, monitoreo y comando, así como los sistemas de seguimiento en cuatro de las estaciones terrenas en servicio. Por otro lado, se creó el organismo desconcentrado: Servicios de Telereservaciones (Sertel); se modernizó y rehabilitó la red federal de microondas y se adquirieron 14 equipos múltiplex para telefonía, 11 enlaces fijos de microondas y 12 sistemas múltiplex para cuatro enlaces, esto último para apoyar la transmisión del campeonato mundial de futbol.
La red de corrientes portadoras creció en 16 canales, el servicio de telereservaciones se incrementó en 40 terminales conectadas y 35 para Infonet, se adquirieron dos sistemas fijos de radiogoniometría y dos sistemas de medición de frecuencias para control y vigilancia de las telecomunicaciones.
En 1985, como producto de los sismos de septiembre, la telefonía nacional sufrió la peor catástrofe de su historia; sin embargo, su recuperación ha sido un éxito. Telmex por su parte, instaló en 1985, 515.6 mil aparatos telefónicos con lo que rebasó a los 7 millones de teléfonos en servicio, se construyeron 6 millones de Km de circuito y 226.8 mil líneas nuevas; así, la densidad telefónica pasó de 10 aparatos por cada 100 habitantes en 1984, a 11 para fines de 1985, y la productividad creció moderadamente respecto al año anterior al pasar de 10.5 a 10.3 empleados por cada mil líneas.
Presupuesto Sectorial
Para lograr estos avances, el Sector Comunicaciones y Transportes contó originalmente con un gasto programático de 891.0 MMP, mismos que fueron ampliados a 953.0 MMP, de los que se ejercieron 923.6 MMP, cifra superior en 56.3% respecto a lo ejercido en 1984 y 3.7% mayor a la original.
De los recursos ejercidos, 363.2 MMP (39.3%) correspondieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a los organismos y empresas dentro del presupuesto: las cuatro empresas ferroviarias, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, ASA y Aeroméxico, correspondieron 479.2 MMP (51.9%), y a los subsidiados los restantes 81.2 MMP (8.8%). Dicha estructura en relación a 1984 cambió en lo que respecta a los organismos subsidiados, puesto que redujeron su participación en cinco puntos porcentuales, que fueron compensados con aumentos del 3% y 2% en los organismos dentro del presupuesto y la SCT respectivamente.
Por otro lado, en cumplimiento a las disposiciones dictadas por el Ejecutivo Federal en julio de 1985, el recorte presupuestal generó la desaparición de 10 unidades administrativas dentro de la SCT, 21.3% de total, y la reasignación de
funciones y en algunos casos recursos a otras unidades existentes, lo que significó en términos generales, una reducción del 1.4% del gasto directo de la dependencia.
II. EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Esta dependencia ejerció un gasto de 646.7 MMP, monto superior en 14.1% a la cifra original. La variación fue causada tanto por los beneficios salariales autorizados por el Ejecutivo Federal, como por el ejercicio de recursos provenientes de los ramos XXIII y XXVI.
Cabe mencionar que del presupuesto ejercido por la Secretaría, se destinaron 363.2 MMP a gasto directo (que no incluye transferencias canalizadas a las entidades paraestatales) asignando el 37.6% para gasto corriente y 62.4% al gasto de capital. Asimismo se destinaron 27.0 MMP a inversiones financieras.
Los recursos ejercidos por esta entidad fueron orientados a ejecutar 61 programas, de los cuales el de administración del transporte ferroviario, representó el 23.5% del total, siguiéndole en importancia el de conservación de la infraestructura carretera (8.8%); el de carreteras troncales (8.0%); red férrea (6.9%); el servicio postal (6.2%) y el de regulación y organización del transporte aéreo (3.6%), que en conjunto representaron el 57.0% del gasto total.
Estos programas completan 115 metas, de las cuales se alcanzaron 39 y se rebasaron 23; el resto a pesar de tener avances importantes, no alcanzó la programación original debido principalmente a la reducción de recursos asignados; a la orientación de recursos a obras prioritarias del sector; al incumplimiento de contratos por parte de compañías constructoras, y al índice inflacionario, que fue mayor al esperado.
A raíz de los sismos de septiembre, el sector vio obstaculizando su desempeño, ya que la operación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Teléfonos de México, se vio seriamente afectada por el colapso de gran parte del Centro SCOP y de dos de los edificios que albergan las centrales telefónicas de comunicaciones internacional y nacional. Por ello, hubo que proceder con la mayor rapidez a la recuperación no solo de la infraestructura, sino del mobiliario y equipo y toda la documentación necesaria para su funcionamiento, e instalar provisionalmente las oficinas de la STC, y en el caso de Telmex, adquirir un nuevo equipo telefónico, pues el anterior prácticamente se destruyó.
Empresas Coordinadas por la SCT
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe)
Esta entidad tuvo un ejercicio presupuestal de 22.5 MMP, monto superior en 4.6% a la asignación original. Este aumento se debió a los incrementos salariales; a los gastos causados por la desconcentración, y al incremento de precios en materiales y mano de obra.
De los recursos ejercidos, el 86.9% se destinó al Programa de Carreteras Troncales. De las nueve acciones de este programa, tres cumplieron en un 100% y cuatro rebasaron lo establecido, las dos restantes no lograron sus objetivos debido a la elevación de costos y a que se pospuso la construcción de tres nuevas plantas industriales productoras de emulsiones y pinturas.
Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales)
En mayo de 1985, se llevó a cabo el convenio de modernización y saneamiento financiero de Ferronales con el Gobierno Federal, a fin de rehabilitar financiamientos a la empresa mediante la asunción de al rededor de 47.% sus pasivos, con el compromiso de aumentar los recursos de la empresa, hacer más eficiente su administración e incrementar su productividad.
Esta empresa ejerció un presupuesto de 229.6 MMP, superior en 8.9% al estimado originalmente. Esta desviación se debió al incremento en sueldos y salarios y a los aumentos en los precios de combustible y lubricantes. Además, se cubrieron adeudos a Pemex que no estaban previstos.
Estos recursos fueron destinados a la ejecución de siete programas, de los que se destacan el de Fuerza Tractiva y Equipo de Arrastre (34.5% del total) y el Servicio de Transporte Ferroviario (30.6%), que juntos representaron el 65.1% del gasto total de la entidad. Con estos recursos se pretendió el logro de 24 metas, de las cuales se rebasaron 10, el resto de las desviaciones registradas se vieron influenciadas por la disminución en la demanda real del servicio; por la falta de suministro de los componentes que fábrica también Concarril; por la pérdida cambiaria, y las reducciones presupuestales, entre otras.
Ferrocarril del Pacífico, S. A. de C. V.
Este organismo ejerció un presupuesto de 31.1 MMP, cifra inferior en 25.1% al presupuesto original. Esta variación fue originada por las restricciones en el gasto y a la cancelación de obras no prioritarias, a la falta de adquisición de maquinaria y materia de importación.
Sin embargo, lo ejercido se procuró ser orientado a lo estrictamente prioritario. Los resultados fueron la ejecución de ocho programas, sobresaliendo el de Servicio de Transporte Ferroviario (34.6% del total); la Fuerza Tractiva y Equipo de Arrastre (26.0%) y la Red Férrea (22.7%). Estos programas contemplaron 46 metas originales, de las cuales se cumplieron o rebasaron 21. La variación a la baja de las restantes se debió a la falta de liquidez, resultado de no recibir en forma oportuna los ingresos devengados en el año, del sistema de compensación de adeudos, lo que incrementó los costos de adquisición o bien estas se transfirieron para 1986; al incumplimiento de la meta de tonelaje a ser transportado para Conasupo, así como al incumplimiento de los proveedores.
Ferrocarriles Chihuahua al Pacífico, S. A. de C. V.
El presupuesto erogado por este organismo fue de 120.0 MMP,, cifra que representó un sobregiro de 1.9 MMP. Este incremento se debe fundamentalmente a los aumentos salariales de enero y junio; a la reexpresión de costos del material, y al incremento en el precio del combustible y lubricantes en el derecho de importaciones.
Estas erogaciones se destinaron a siete programas, sobresaliendo el de Servicio de Transporte Ferroviario y el de Fuerza Tractiva y Equipo de Arrastre, que representaron el 41.1 y 21% respectivamente, del total. Estos recursos fueron canalizados a la realización de 16 metas de los cuales nueve cumplieron o rebasaron lo previsto, el resto no alcanzó las metas originales por las siguientes razones: disminución en la demanda de fuentes de productos minerales no se alcanzaron a concretar los créditos externos, y a una aguda carencia de refacciones en el mercado nacional.
Ferrocarril Sonora - Baja California, S.A. de C. V.
En esta empresa se programaron erogaciones por 8.3 MMP, observándose un ejercicio de 7.0 MMP, 15.7% menor en relación al original. Esta variación obedeció a que no se adquirieron los materiales por ejemplo el balasto, los durmientes y el riel en su totalidad, por variaciones en los precios; a que se ha venido usando material adquirido en años anteriores, además de que se había venido realizando la adquisición de maquinaria y herramienta con anterioridad por haberse alargado los periodos de entrega.
En cuanto a sus programas, los más importantes son el de Administración de Transporte Ferroviario (34.5% del total); el de Servicio de Transporte Ferroviario (21.9%) y el de Red Férrea (17.2%); que estimaron la consecución de 22 metas, habiéndose alcanzado tres y rebasado nueve. El resto no alcanzó la programación original por las variaciones en los precios, incumplimiento de los contratistas, además de las razones arriba señaladas.
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)
El gasto de 24.3 MMP de esta entidad rebasó en 13.7% el monto presupuestado originalmente. Esta diferencia, obedeció principalmente a los aumentos decretados a los salarios mínimos; al incremento en los precios de los insumos de importación adquiridos y al equipamiento de nuevos aeropuertos.
Los recursos ejercidos se destinaron a cuatro programas, de los cuales el de Operación Aeroportuaria y el de Administración del Transporte Aéreo absorbieron en conjunto 62.2% del gasto total. Estos programas superaron una meta y no se alcanzó lo previsto en las tres restantes, debido a que el número de operaciones (terminal, maniobra y combustible) fue inferior a lo estimado.
Aeronaves de México (Aeroméxico)
esta entidad ejerció un presupuesto de 213.7 MMP, superior en 72.2% al monto original, debido principalmente al aumento en los costos de combustibles; deslizamiento del peso frente al dólar y a los aumentos salariales de emergencia. Estos recursos fueron distribuidos en cuatro programas, de los cuales el de Servicios de Transporte Aéreo representó el 47.6% del total y el de Equipo de Vuelo absorbió el 38.90%.
Los programas mencionados contemplan nueve acciones, de las cuales cinco cumplieron o rebasaron lo previsto originalmente. El resto no alcanzó los avances previstos debido principalmente al mayor costo que significó el mantenimiento del equipo de vuelo, producto de la permanencia en tierra de un mayor número de aviones; a la reducción en las horas de vuelo, y a la caída del tráfico internacional ocasionada por la información distorsionada de los efectos de los sismos.
SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - 148 -
(MILES DE MILLONES DE PESOS)
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MILES DE MILLONES DE PESOS) - 149 -
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VI. 6 ABASTO
I. Balance General
Las acciones de este sector se orientaron a participar en el abasto de bienes de consumo básico a precios accesibles a la población con el propósito de proteger el ingreso real de las clases de menores ingresos; a reducir los márgenes de comercialización y mejorar sus mecanismos; a regular los precios, principalmente de los productos básicos, a fomentar las exportaciones no petroleras, y a la industrialización de productos básicos de consumo popular.
Durante el ejercicio presupuestal de 1985, Conasupo realizó compras nacionales de productos básicos por 6.4 millones de toneladas, lo que significó un crecimiento de 27.3% con respecto a las del año anterior; se adquirieron 4.4 millones de toneladas en el mercado internacional, volumen inferior en 49.5% al de 1984, y logró ventas por 11.6 millones de toneladas.
El sistema Diconsa comercializó 298.2 MMP de productos básicos, lo que superó en 113.2 MMP a lo registrado en 1984 beneficiando a una población de 53.4 millones de habitantes, cobertura que significó un crecimiento anual de 142.7% a través de 15 mil tiendas ubicadas en todo el país, un mil tiendas más que en 1984. Los resultados obtenidos se debieron al importante papel que la entidad desempeñó en la aplicación de la estrategia nacional de abasto popular, a través del apoyo al suministro de los productos básicos a precios accesibles.
Miconsa, como entidad de apoyo al Programa de Maíz -Tortilla, produjo 558.7 millones de toneladas de harina de maíz, lo que representó un incremento del 40.0% con respecto al año anterior, beneficiando a más de 12 millones de habitantes con el abasto de masa y tortilla.
Liconsa produjo y comercializó 1.3 millones de litros de leche en diversas presentaciones, 4.6% más que en 1984, destacando por su impacto social la producción y distribución de leche reconstituida, que contribuyó con poco más del 50.0 % del total. El precio de este producto representó la cuarta parte del vigente en el mercado, con lo que benefició a un millón de familias, principalmente a niños menores de 12 años, generándoles un ahorro de aproximadamente 200 millones de pesos diarios dado el diferencial de precios.
Triconsa contribuyó al abasto de pan popular en beneficio de zonas marginadas del área metropolitana de la ciudad de México, así como a la población infantil atendida por el DIF y otros organismos del sector social. Para ello produjo y distribuyó 232 millones de piezas de pan, beneficiando a 317 mil familias.
Impecsa, con el objeto de mejorar las condiciones de participación de los consumidores en la estructura comercial, estableció convenios con el Congreso del Trabajo y el gabinete económico, para abastecer a 600 sindicatos que participan en el programa de autogestión, lo que representó más de 122 mil clientes. Destacaron los siguientes productos: aceites comestibles, leche en polvo y arroz.
En el ámbito de comercio exterior el sector mantuvo la prioridad de reducir el monto de las importaciones y favorecer las exportaciones a efecto de contribuir al mejoramiento de la balanza comercial, así como la realización de acciones conducentes a proteger la industria nacional procurando la conformación de una planta productiva eficiente que funcione de acuerdo a las normas internacionales de calidad y precio, generadora de empleos permanentes y de divisas.
Así, una de las negociaciones más importantes llevadas a cabo durante 1985 fue la solicitud de adhesión del país al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), con lo cual se busca imprimir mayor dinamismo a la actividad comercial del país en los mercados internacionales.
Continuando con la política de racionalización de la producción se aplicaron medidas de sustitución del permiso previo por el arancel, a fin de evitar distorsiones en el aparato productivo. En este sentido, la sustitución alcanzó en 1985, 7 mil 159 fracciones, que representan el 60.1% del valor importado en 1984, quedando todavía sujetos al requisito de permiso previo 909 fracciones arancelarias.
En las franjas fronterizas y zonas libres se dio una gran importancia al abasto adecuado y oportuno de productos de origen nacional y al fomento de las mismas zonas exportadoras. En apoyo al fortalecimiento de las exportaciones en esas zonas y dentro del marco de la nueva política de protección a la industria, se disminuyó en 446 las fracciones que requieren de permiso de importación, comprendiendo estas: prendas de vestir, bienes suntuarios y productos que tienen un canal único de comercialización, como café, cacao y petróleo.
Para alcanzar estos logros, inicialmente se autorizaron al sector abasto recursos por 644.3 MMP y dada la alta prioridad de éste se ampliaron
a 726.7 MMP, ejerciendo un presupuesto de 709.7 MMP, superior en más del 10% al presupuesto asignado originalmente. Cabe señalar que del presupuesto ejercido por este sector, poco más del 90%, correspondió a la empresa Conasupo.
Por otra parte, los sismos de septiembre afectaron el edificio ocupado por la Secofi que no sólo causó daños en la infraestructura misma, sino también al mobiliario y equipo instalado en el edificio y archivos y bancos de datos que en ellos se encontraban. Estos daños afectaron el desarrollo normal de las actividades de la Secretaría, lo que se contrarrestó mediante la instalación provisional de módulos de atención al público y oficinas para el desempeño de las labores del personal, garantizando la continuidad en la ejecución de sus funciones prioritarias.
II. EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Esta dependencia ejerció un presupuesto de 533.6 MMP, monto superior en 14.1% a la previsión original. Esta variación obedeció a aumentos superiores en los precios de garantía; a mayores compras de trigo, sorgo y otros productos; al mayor deslizamiento del peso frente al dólar; al incremento en los gastos de adquisición impactados por un efecto inflacionario superior al previsto, y al aumento de los sueldos del personal.
Del presupuesto ejercido por esta Secretaría, correspondieron 23.3 MMP a gasto directo (que no incluye transferencias), siendo el 90% para el Sector Abasto y el 10% para el Sector Industrial. El resto, 510.4 MMP fueron transferencias canalizadas a las entidades paraestatales que integran el Sector Abasto, asignado poco más del 60% a gasto corriente y cerca del 40% a gasto de capital. Del total de las transferencias casi el 90% fue asignado al programa Abasto, Regulación y Comercialización de Productos Básicos operado por Conasupo.
En lo que respecta al impacto de recorte presupuestal en el sector, la Secofi simplificó su estructura orgánica, de tal forma que no afectara programas prioritarios o funciones estratégicas y se buscó el mejor aprovechamiento de sus recursos logrando con ello una reducción del 21.6% de sus unidades administrativas, significando un ahorro presupuestal de 1 316.5 millones de pesos. Asimismo enfatizó las directrices para la aplicación de 16 092 millones de pesos correspondientes a materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles.
Entidades Coordinadas por Secofi
Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo)
Esta entidad ejerció un presupuesto de 634.4 MMP monto superior en 22.6% al asignado originalmente, destinándolo íntegramente al programa Abasto, Regulación y Comercialización de Productos Básicos. El incremento en el gasto ejercido obedeció principalmente al aumento en compras nacionales de trigo y sorgo; a la necesidad de importar maíz, cebada, frijol y cebo para satisfacer la demanda interna; al mayor deslizamiento de la paridad cambiaría, y al impacto en los costos por un mayor ritmo de crecimiento de la inflación.
Se puede afirmar que en términos generales, Conasupo cumplió con las metas establecidas originalmente. Durante 1985, la entidad realizó compras nacionales de productos básicos por 6.4 millones de toneladas, cantidad que supera a la prevista originalmente en un 33.4% debido principalmente a la excelente producción de trigo y arroz pulido, así como a una modesta efectividad de los Comités Participativos de Compras, excepto en el caso de oleaginosas.
El aumento en las importaciones, 5.0% más de lo previsto, obedece básicamente a que en algunos productos, las cosechas fueron menores a las esperadas, lo que implicó adquirir estos productos en los mercados externos ante la poca capacidad de los productores privados para efectuarlas en la magnitud a que se habían comprometido, y a que no se pudieron cancelar pedidos contratados anteriormente de Australia (trigo) y de Argentina (sorgo). En consecuencia, la entidad realizó ventas por 11.6 millones de toneladas, volumen superior en 29.3% a lo programado originalmente, con el fin de satisfacer el abasto requerido.
La regulación y comercialización de productos básicos concertada con el sector privado, conllevó la operación de diversos Comités Participativos de Comercialización de productos como maíz, trigo, sorgo y oleaginosas, delimitado ordenadamente y con claridad las participaciones respectivas en el mercado nacional y de importación para evitar fluctuaciones en los volúmenes de compras y en los precios.
Finalmente, se estimuló la producción de básicos mediante la adecuación de precios de garantía, la
SECTOR ABASTO
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disponibilidad suficiente y oportuna tanto para la industrialización como para el consumo final; y la regulación de los mercados, con el esfuerzo participativo y una mejor coordinación de acciones entre los sectores social, privado y público.
Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE)
El presupuesto ejercido por el IMCE ascendió a 6.1 MMP, cantidad inferior en 22.9% respecto a la previsión original, destinándolo íntegramente al programa Fomento al Comercio Exterior. Esta disminución obedeció principalmente a que se redujeron las contrataciones de personal, así como las compras de materiales y suministros.
El programa Fomento al Comercio Exterior contempla 16 metas, de las cuales ocho cumplieron o superaron lo programado originalmente; el resto no alcanzó los avances previstos, debido principalmente, a la política implementada por la Secofi en cuanto a la liberación de barras arancelarias y la cancelación de algunos eventos nacionales e internacionales por no considerarse prioritarios.
VI. 7 TURISMO
I. Balance General
Las acciones del Sector Turismo en 1985 estuvieron orientadas básicamente a la protección y desarrollo de la planta productiva; a la generación de empleos y captación de divisas; a fortalecer la oferta turística e incrementar la demanda de nacionales y extranjeros, y a reorientar y modernizar el aparato productivo.
Como resultado de las acciones emprendidas, el sector avanzó en la promoción de los mercados generadores de corrientes turísticas para atraer la demanda hacia nuestro país e incrementar la captación de divisas, mediante la ejecución de campañas de promoción y fomento en los mercados americanos, europeos y asiáticos. La promoción comprendió la realización de campañas de publicidad en Norteamérica, Europa, América Latina y Asia, y la participación en las principales ferias y exposiciones turísticas a nivel internacional: seis en Estados Unidos, siete en Europa, una en Japón, una en Sudamérica y cinco en México.
En la distribución del turismo receptivo aumentó la participación del turismo canadiense y el proveniente de América Latina, que se incrementó en 3.2% y 4.2%, respectivamente, en relación con 1984.
El turismo de los nacionales en el plano interno ascendió a 21 millones de personas, superior en 4% con relación a 1984. Los centro tradicionales de playas como son Acapulco, Cozumel, La Paz, Mazatlán, Manzanillo, Puerto Vallarta y Veracruz, recibieron en conjunto 4.4 millones de turistas, cifra superior en 6.3% a la registrada en el año anterior. En los puntos turísticos de las demás entidades federativas, la oferta hotelera sufrió poco cambio y el número de visitantes aumentó sensiblemente.
La actividad turística generó ingresos brutos de divisas por 1 720 MDD, provenientes de la captación de 4.2 millones de turistas procedentes del extranjero. Cabe señalar que no obstante estos resultados, hubo una disminución de 9.6% en la afluencia de turistas y de 11.9% en el rubro de gastos realizados por éstos con respecto al año anterior.
A pesar de las variables de afluencia y gastos turísticos, la balanza turística señaló un saldo neto superavitario de 1 052 MDD. El saldo resulta positivo, pero puede advertirse que es inferior en 19.4% al obtenido en 1984. Estos se derivó de una disminución de 11.9% en los ingresos y de un ligero incremento (3.0%) en el gasto de los turistas nacionales en el extranjero.
El resultado obtenido en la generación de empleos vía financiamiento otorgado por el Fonatur a la planta turística fue el de 19 mil 502 nuevas plazas laborales (5 mil 572 directas y 13 mil 930 indirectas), lo que representa un crecimiento de 12.4% en relación a 1984, de tal manera que el nivel de empleo en la actividad ascendió a 1.8 millones de personas, significando aproximadamente el 9% de la población económicamente activa del país.
Con el objeto de proporcionar mejores servicios de protección, orientación y auxilio turístico a los visitantes que se desplazan por el territorio nacional y en apoyo al programa de Descentralización y Desconcentración Administrativa, se establecieron seis coordinaciones regionales y se instalaron delegaciones de turismo en las ciudades de Cuernavaca, Pachuca, Puebla, Tlaxcala, Toluca, y Veracruz , para un total de 33 delegaciones federales. También se diseño un programa especial para ubicar en todo el país a más de 80% del personal de la Secretaría y de Fonatur especialmente en Puebla y Morelia; se proporcionó información y orientación a 72 mil 957 turistas con el auxilio de 19 guías - manuales elaboradas para ese propósito. Las 264 radiopatrullas "angeles verdes", patrullaron 22 millones de kilómetros dando atención a 139 mil vehículos y 140 caravanas, con un promedio de 44 unidades cada una.
Particular atención recibió el turismo interno y especialmente el de carácter social para el que fueron diseñados y actualizados un total de 145 paquetes turísticos para playas y para los demás lugares turísticos del país, así como excursiones y campamentos con diferentes destinos ; firmadas 133 cartas - convenios con los prestadores de servicios, obteniendo descuentos hasta del 40% y la movilización de 23 mil 549 turistas/noche hacia los lugares de interés turístico, fomentando con todo esto el desarrollo del turismo social y la ampliación de la infraestructura turística mediante la intervención de los sectores Públicos, Social y Privado.
Por otra parte, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo regional equilibrado y a la expansión de la planta productiva, el Fonatur apoyó, a nivel regional y nacional, la construcción y remodelación de instalaciones de alojamiento y de otros servicios conexos al turismo, autorizando 156 operaciones de crédito en 27 entidades federativas por un monto de 43.1 MMP, suscribió convenios de coinversión con diversos grupos nacionales y extranjeros entre los que destacan el condominio Faldas de la Alcazaba en San José del Cabo, dos hoteles y un condohotel en Loreto, un Club Mediterrané y dos hoteles en Huatulco, así como un hotel en Manzanillo. Con estás medidas de crecimiento y competitividad, la oferta de hospedaje del país recibió impulso incorporando 5 mil 002 cuartos nuevos y 4 mil 688 remodelados.
En el desarrollo turístico de Bahías de Huatulco, de reciente inicio, las lineas de acción prioritarias comprendieron obras de desarrollo urbano y vivienda, concluyendo con la construcción de caminos de acceso e infraestructura para la dotación de agua potable para el desarrollo turístico y de los poblados de apoyo; construcción del edificio para la Secretaría de Marina, la remodelación de la plaza de Santa María y la edificación de casas de interés social, así mismo hubo avances en las obras de urbanización básica en Santa Cruz, Chahué y Tangolunda, La práctica de estas acciones propiciaron la generación de empleos para la población que ha emigrado a esta zona de desarrollo en busca de trabajo.
Para obtener los resultados anteriores el Sector Turismo efectuó un gasto sectorial de 21.7 MMP, superior en 28.4% al realizado en 1984 e inferior en 1.8 al presupuesto determinado originalmente. Del monto total el 69.1% (15.0 MMP) fue ejercido por la Secretaría de Turismo.
Los organismos, empresas, fondos y fideicomisos coordinados ejercieron el 30.9% (6.7 MMP) del gasto sectorial, monto inferior en 45.5% al registrado durante 1984 y en 38.5% al autorizado para 1985. Destaca por su presupuesto el Fondo Nacional de Fomento al Turismo con 4.7 MMP.
Los sismos de septiembre afectaron en forma negativa los resultados del sector, pues se redujo en una parte considerable la afluencia de visitantes tanto nacionales como extranjeros y se registraron daños a la infraestructura hotelera propiciando el incumplimiento de varias metas y fundamentalmente la disminución en la captación de divisas. Para contrarrestar estos efectos el sector implementó un programa especial de apoyo financiero a cargo de Fonatur, con el propósito de proporcionar recursos para la reconstrucción de las instalaciones dañadas, autorizando 27 créditos, de los 14 operaron para capital de trabajo por un monto de 1.2 MMP, permitiendo conservar el empleo de 3 mil jefes de familia. Los 13 créditos restantes por un monto de 1.7 MMP fueron destinados a la rehabilitación de 2 mil 866 habitantes. El 53% del monto aprobado fue para el Distrito Federal, el 42% para el estado de Guerrero y el 5% para Michoacán.
II. EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL
Secretaría de Turismo
El gasto programático de esta Secretaría ascendió a 21.7 MMP, monto 1.8% menor al estimado originalmente en 22.1 MMP. Esta variación se debió a las adecuaciones presupuestales llevadas a cabo a fin de coadyuvar a los esfuerzos de recuperación económica y a las reducciones y ajustes, sin embargo no alteraron las prioridades de gasto establecidas en el Presupuesto de Egresos de 1985.
El gasto directo de la entidad (sin incluir transferencias) comprendió la cantidad de 15.0 MMP y 6.7 MMP se destinaron a transferencias, de las que el 11.8% fueron canalizadas a gasto corriente y el 88.2% a gasto de capital.
En total por esta Secretaría se asignó a once programas, de los cuales, tres absorbieron el 79.3% del gasto, equivalente a 17 mil 200 millones de pesos distribuidos como sigue: promoción y fomento a la demanda y a las inversiones, 8.6 MMP (39.9%); desarrollo y fomento de la oferta, 6.1 MMP (28.5%); y apoyo técnico y administrativo, 2.3 MMP (10.9%).
Estos programas presentaron nueve metas de las cuales cuatro cumplieron en 100%, una rebasó lo programado en 178.8% y las cuatro restantes
SECTOR TURISMO
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lograron avances significativos, sin alcanzar lo previsto como consecuencia de un ligero margen de sobrevaluación del peso frente al dólar; la difusión en el exterior de aspectos negativos sobre incidentes aislados en algunas carreteras y ciudades del país; la operación intercepción en la frontera norte del país; la guerra tarifaría de las líneas aéreas norteamericanas, así como la imprecisa información sobre los daños causados por los sismos de septiembre.
Es importante señalar que el programa Desarrollo y Fomento no registró metas, ya que sus recursos se canalizaron a reforzar el de "Financiamiento de la Oferta Turística".
VI. 8 INDUSTRIAL Y ENERGÉTICO
I. Balance General
La participación del Sector Público en el aparato productivo nacional, se propone reforzar la rectoría del Estado en la economía respondiendo al mandato constitucional de intervenir en los sectores estratégicos y de participar en actividades que complementen o impulsen el desarrollo económico de nuestro país.
En el ejercicio presupuestal de 1985, se cumplió en lo sustancial con la estrategia de mantener y mejorar cuantitativa y cualitativamente las aportaciones del Sector Industrial y Energético a la economía nacional. En un contexto de restricciones externas y de persistencia de problemas internos, el sector mantuvo niveles de producción ajustados a la demanda y posibilidades de la economía.
Durante los primeros meses del año la tendencia dominante en la industria paraestatal fue de recuperación con mayor aprovechamiento de la capacidad instalada. El dinamismo se mantuvo hasta el tercer trimestre y empezó a perder impulso en los últimos meses. Durante 1985 se registró un aumento de 2.9% en el volumen de la producción del sector, ligeramente por arriba del crecimiento del PIB nacional.
Los factores que desaceleraron la actividad industrial se encuentran tanto por el lado de la demanda como de la oferta. Entre los primeros están la caída de las exportaciones, los menores niveles de inversión pública en términos reales y la reducción en los volúmenes de ventas que generan un aumento no deseado de inventarios. Por el lado de la oferta impactaron el aumento en el costo real del financiamiento, las menores disponibilidades de crédito y el mayor ritmo de deslizamiento del peso.
En algunos casos el recrudecimiento de estos factores obligó al Sector Industrial Paraestatal a revisar a la baja las previsiones de crecimiento, moderando ritmos, ajustando estrategias e introduciendo, en algunas empresas, cambios de fondo en su funcionamiento.
Bajo estas circunstancias, la actualización de las entidades requirió mayores esfuerzos, a fin de adaptarse a las condiciones prevalecientes y atender sus objetivos prioritarios.
Sector Industrial
El Sector Industrial del sector Público se integra por las secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y Comercio y Fomento Industrial; por nueve organismos y empresas sujetas a control presupuestal: Fertilizantes Mexicanos; Diesel Nacional, S.A.; Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril; Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, S. A.; Siderúrgica Nacional; Productora e Importadora de Papel, S. A.; Altos Hornos de México; Fundidora Monterrey, S. A. y Azúcar. S. A. de C. V. y por 12 organismos y empresas, fondos y fideicomisos fuera de presupuesto.
Los principales objetivos del Sector Industrial durante 1985 fueron impulsar la recuperación de la industria, principalmente la pequeña y la mediana, a fin de generar empleos y captar divisas; apoyar la descentralización territorial de la actividad industrial; contribuir a la creación de una base tecnológica propia consolidando un empresario nacional orientado a la exportación. Asimismo, la industria paraestatal se propuso apoyar el proceso de reordenación económica, contribuyendo a la defensa de la planta productiva y el empleo, al mejoramiento de las finanzas públicas, al equilibrio de la balanza de pagos y a la satisfacción de la demanda de bienes y servicios.
La industria minera paraestatal contribuyó con dos terceras partes en la producción minera total del país. Se cumplió el requerimiento de asegurar el abastecimiento de insumos básicos en el mercado mediante la obtención de volúmenes de producción superiores a los de 1984, entre los cuales destacan la plata 3.0%, azufre 3.8%, carbón nocoquizable 24.1%, roca fosfórica 45.2% y barita 13.4%, entre otros. No obstante, hubo disminución en la demanda de varios insumos de la industria, que se reflejó en decrementos en la producción de cadmio, caolín, dolomita y cal hidratada, principalmente.
En la industria siderúrgica, después de haber crecido la fabricación de acero en 10.8% durante
1984, en 1985 se registró una producción de 4 166.0 miles de toneladas, la cual, aunque tuvo un descenso de 3.4% respecto al año anterior, fue superior en 2.0% a la producción programada de 4 065.0 miles de toneladas para 1985. En el renglón de productos terminados se obtuvo un volumen de producción de 3 156.0 miles de toneladas, lo que representó 3.2% más que el año anterior.
La industria de equipo de transporte continuó contribuyendo al abastecimiento del mercado nacional, a la sustitución de importaciones, al mantenimiento de los niveles de exportación y a la integración de la rama con el resto del aparato productivo. En este contexto, Diesel Nacional superó las metas previstas de producción de autobuses integrales, camiones medianos y tractocamiones, alcanzando un total de 8 mil 929 vehículos, superior en 70.0% a la producción obtenida en 1984.
En materia de bienes de capital, la industria paraestatal continuó apoyando la sustitución de importaciones mediante la utilización de la capacidad instalada de algunas plantas y el incremento en otras. Destacan en este sentido, el inicio de operaciones del grupo industrial NKS que produjo en los últimos cuatro meses de 1985, 1 mil 680 toneladas de fundición y 1 mil 973 toneladas de forja, en tanto que en otras empresas se produjeron 10 mil 558 tractores agrícolas abasteciendo con ello el 100% de la demanda nacional de unidades de potencia media y baja y el 80% del mercado total del país.
En lo que se refiere a la producción de fertilizantes, Fertimex logró atender en forma creciente la demanda de nutrientes de la agricultura nacional. Durante el ejercicio produjo 4 022.3 miles de toneladas. Estos resultados fueron inferiores en 3.0% a las metas originales, pero 15.4% superiores a los de 1984
. En la industria azucarera paraestatal, el esfuerzo productivo arrojó resultados positivos que se vieron reflejados en incrementos del rendimiento en campo y en fábricas; lo que se tradujo en un crecimiento del 5.0% en la producción de azúcar de los 52 ingenios públicos, la cual alcanzó un volumen de 2 448.5 miles de toneladas.
Presupuesto del Sector Industrial
En el cumplimiento de sus propósitos, el Sector Industrial ejerció un gasto de 1 328.0 MMP, lo que representó incrementos respecto al gasto ejercido en el año anterior y al presupuesto original de 41.1% y 2.8%, respectivamente.
Del total ejercido, a las entidades del Gobierno Federal (Semip y Secofi) les correspondieron 18.6 MMP, mientras que los organismos y empresas incluidos en el presupuesto tuvieron erogaciones por 1 203.5 MMP, destacando por su monto Azúcar, S.A. con 361.8 MMP, Fertimex, con 219.9 MMP, Altos Hornos de México, S.A. con 192.8 MMP y Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, S.A. con 156.7 MMP. Por otro lado las entidades coordinadas por este sector pero no incluidas en el presupuesto, ejercieron un gasto de 105.9 MMP dentro de las cuales están Mexicana de Autobuses, S. A., con un gasto ejercido de 12.1 MMP y Roca Fosfórica Mexicana, S.A. de C.V., con 10.5 MMP.
En el sector Industrial también debe mencionarse el impacto que tuvieron los sismos de septiembre. Estos afectaron a la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas en donde lo daños impidieron el funcionamiento de un alto horno. Asimismo, Fertilizantes Mexicanos no logró el avance previsto en el complejo localizado también en Lázaro Cárdenas, Michoacán, debido a los daños ocasionados por los sismos.
Sector Energético
El Sector Energético, por su parte, se integra por Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y por dos organismos fuera de presupuesto: El Instituto de Investigaciones Eléctricas y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Los principales objetivos de este sector fueron la autosuficiencia energética; el ahorro y el uso eficiente de la energía; la diversificación energética; el impulso a la investigación y al desarrollo tecnológico; la reestructuración financiera; el fortalecimiento de sus vínculos con el exterior; el regional; la protección del medio ambiente, y el abasto energético en el medio rural.
No obstante que se han logrado avances importantes en los últimos años, el sector ha tenido que superar serias dificultades derivadas tanto de factores estructurales internos como externos. Particularmente, se registró un creciente deterioro del mercado petrolero, el cual en 1985 adquirió dimensiones especiales significativas debido a una sustancial sobreoferta de crudo y a un crecimiento moderado de la demanda.
Subsector Petrolero
A pesar de las circunstancias adversas, los resultados obtenidos por el Subsector Petrolero son significativos. Sus operaciones se cubrieron en una alta proporción con recursos propios, se
mantuvo una conveniente estructura financiera y se mejoraron sensiblemente sus indicadores de liquidez. Asimismo, proporcionó una contribución decisiva a las finanzas públicas, incrementó su reserva patrimonial en forma importante y disminuyó sensiblemente su deuda externa.
El programa de perforación de pozos logró rebasar en 10.6% la meta propuesta. Las labores exploratorias de Pemex permitieron confirmar que las reservas se mantienen en una magnitud de 71 mil millones de barriles, a pesar de la continua extracción de hidrocarburos.
Se logró una producción promedio diaria de crudo de 2 630 miles de barriles y 3 mil 604 millones de pies cúbicos diarios de gas, cumpliendo casi en su totalidad las metas programadas.
En el área de refinación se procesaron 1 210 miles de barriles diarios. El haber cumplido satisfactoriamente con el programa de producción, 4.0% superior a la meta original, permitió disponer de excedentes para exportación de 135 mil barriles diarios de petrolíferos.
En lo que se refiere a la petroquímica, la producción anual fue de 12 mil 402 miles de toneladas, 10.5% superior a la obtenida en 1984, destinándose a la exportación 339 mil 526 toneladas. La capacidad instalada de petroquímicos también se incrementó, debido principalmente a la terminación de las últimas nueve plantas del complejo de la cangrejera, la entrada en servicio del complejo Nuevo Pemex y la ampliación del complejo Independencia.
Durante el año, ingresaron por concepto de exportaciones de petróleo crudo, productos refinados y petroquímicos básicos 14 mil 606 millones de dólares con participaciones de 13 mil 291, 1 mil 227 y 88 millones de dólares, respectivamente. Los egresos correspondientes a las importaciones de petrolíferos y por concepto de gas natural y petroquímicos fueron 1 mil 059 millones de dólares correspondiendo 484 a los primeros y 575 a los segundos. En consecuencia, la balanza registró un saldo favorable de 13 mil 547 millones de dólares.
Las ventas totales de Pemex ascendieron en el año a 5 billones 297 mil millones de pesos, superiores en 45.0% a los de 1984. Del total, el 27% provino de ventas internas y 73.0% de ventas de exportación.
El programa de inversión ejerció 616 MMP, correspondiendo 205 MMP a obras, 230 MMP a perforaciones de pozos y estudios exploratorios, 83 MMP a adquisiciones de bienes inmuebles, 46 MMP a conservación y mantenimiento y los restantes 52 MMP a otros conceptos de inversión. Cabe agregar que la inversión mas el gasto de operación en mantenimiento alcanzó un nivel que se sitúa por arriba de los indicadores internacionales.
Los pagos efectuados por Pemex a la Tesorería de la Federación lo sitúan como el contribuyente mas importante del fisco; se pagaron 3.7 billones de pesos, incluyendo el IVA retenido y el impuesto a la gasolina, que representa el 55.0% de los ingresos tributarios totales, aproximadamente.
En desarrollo tecnológico y servicios técnicos, el Instituto Mexicano del Petróleo ha obtenido logros muy concretos, como son el desarrollo de catalizadores, la tecnología de alquibenceno lineal que es base de los detergentes biodegradables, la hidrodesparafinación de lubricantes y el proceso Impex para el aprovechamiento de residuos del crudo, así como en aditivo para gasolina.
Subsector Eléctrico
El Subsector Eléctrico continuó elevando su capacidad instalada y la generación de energía; siguió avanzando en la diversificación, investigación y desarrollo de fuentes convencionales y no convencionales de energía. En materia financiera se puso en marcha un programa integral de rehabilitación y continuó con los programas de inversión y de incremento a las tarifas de la energía eléctrica, así como con los programas de electrificación, comercialización y eficiencia en la disponibilidad y uso de la energía.
En lo que se refiere a la capacidad instalada de la rama eléctrica, ésta se incrementó a 20 mil 812 megawatts, cifra superior en 5.0% a la registrada en 1984. Respecto al programa de inversiones se consideró inicialmente la construcción de plantas con una capacidad conjunta de 1 mil 507 megawatts, lográndose un avance de 1 mil 377 megawatts.
En la generación de energía eléctrica se logró una producción de 85 mil 353 gwh, superior en 7.4% a lo programado; del total generado, la Comisión Federal de Electricidad produjo 83 mil 251 gw/h y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro el resto, logrando atender a 12.8 millones de usuarios; 532 mil más que en 1984.
En cuanto a diversificación energética se incrementó la capacidad de fuentes alternas en 410 megawatts, para llegar a 7 mil 477, que representan el 35.9% del total instalado. En
electrificación rural del número de poblados electrificados ascendió a 2 mil 558, lo que significó un incremento de 332.0% respecto a lo programado. Asimismo, se benefició a un total de 448 colonias populares, cubriéndose así las necesidades energéticas de más de 650 mil habitantes.
En materia financiera el Gobierno Federal absorbió pasivos de la Comisión Federal de Electricidad por un monto cercano a los 180.0 MMP, acción que se contempló dentro del programa de rehabilitación financiera del subsector eléctrico que cubre un período de tres años y cuyo propósito es alcanzar en 1988 el equilibrio de sus finanzas, a cambio de que la empresa incremente la productividad e instrumente un sistema de tarifas que le permita cubrir sus costos y financiar una proporción de sus inversiones.
Presupuesto del Sector Energético
Para cumplir con los objetivos señalados para 1985, el Sector Energético ejerció un presupuesto de 2 522.5 MMP, superior en 43.6% al ejercicio en el año anterior y mayor en 7.8% al presupuesto original.
El gasto del sector se distribuyó de la siguiente manera: Petróleos Mexicanos, 1 686.8 MMP; Comisión Federal de Electricidad, 711.8 MMP; y Compañía de Luz y Fuerza del Centro, 115.5 MMP. Por su parte, el gasto ejercido de los organismos no controlados ascendió a 8.4 MMP.
En lo que concierne al Sector Energético, los sismos de septiembre afectaron a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, particularmente en el programa de transmisión de energía eléctrica al desviarse la utilización de equipos de movimiento de tierra, y en el subprograma de electrificación urbana debido a que el equipo y los recursos asignados fueron canalizados hacia la reparación los daños causados por el fenómeno telúrico en distintas colonias de la ciudad de México.
Reestructuración del sector paraestatal
En lo que se refiere a la reestructuración y reorganización del Sector Paraestatal, desde el inicio de la actual administración se aplicó una política que busca, por una parte, concentrar esfuerzos y recursos en lo estratégico y en lo prioritario, para impulsar el cambio estructural, y por otra parte, desincorporar entidades que no son necesarias en el cumplimiento de los objetivos sectoriales, sin que esto signifique en ningún caso, abandono de las responsabilidades de gobierno, sino romper inercias injustificadas y reconocer las inconveniencias de la participación estatal en proyectos y empresas ubicadas en actividades no prioritarias o sin viabilidad económica o social.
En el transcurso de 1983 y 1984 se desincorporaron del Sector Industrial Paraestatal 31 entidades. En 1985 continuó esa tendencia decidiendo el retiro de la participación del Estado de 83 empresas del sector, de las cuales 44 se pusieron en venta a los sectores Social y Privado, 32 en liquidación y siete en proceso de transferencia a gobiernos de los estados. Las operaciones de venta se conducen a través de instituciones financieras y se refieren a empresas que se ubican en las siguientes actividades: fabricación de electrodomésticos, loza, textiles, refrescos, autopartes y algunas líneas de petroquímica secundaria y de metalmecánica. Se incluyen además, empresas de servicios, inmobiliarias y de comercialización y transporte, que son complementarias de algunas de las anteriores.
Finalmente, un aspecto de atención especial en el Sector Energético e Industrial ha sido el aumento de la productividad. Se ha promovido y apoyado el establecimiento de programas permanentes de mejoramiento de la productividad a partir del mayor aprovechamiento de la capacidad instalada y los recursos humanos, la disminución de los inventarios de materias primas y productos terminados, así como por la reducción de gastos administrativos.
De esta manera, en la rama de hidrocarburos, la utilización de la capacidad de refinación se incrementó de 82% a 85% entre 1984 y 1985 y se redujo en un 10% el autoconsumo de hidrocarburos en los procesos de transformación industrial. En la rama eléctrica la eficiencia térmica creció de 30.7% a 31.8% entre 1982 y 1985; el tiempo de interrupción por usuarios disminuyó de 1 mil 317 a solo 790 minutos, y la generación y venta de energía por trabajador se incrementó a una tasa media de 8% y casi 4%.
En petroquímica el aprovechamiento de la capacidad instalada pasó de 69.8% en 1982 a 77.3% en 1985; en Fertimex se incrementó la producción en 22% por hombre ocupado y en azúcar se incrementó el porcentaje del contenido de sacarosa en la caña de 11.5% a 12.0%
No obstante los progresos registrados en materia de productividad, cabe señalar que subsiste un bajo aprovechamiento de la capacidad instalada en las ramas de bienes de capital, astilleros, parte de la siderúrgica y algunas explotaciones mineras, debido a factores tales como baja demanda, tecnológicos y de organización del trabajo. Al respecto se han iniciado programas tendientes a adecuar los tamaños de planta manteniendo su
flexibilidad, introducir tecnologías mas avanzadas y eficientar los sistemas de administración.
Las acciones realizadas en esta materia requieren perseverancia en su población. Los avances logrados no reflejan aún el esfuerzo realizado en virtud de que son cambios de carácter estructural que requieren tiempo para madurar.
II. EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal
El gasto programático de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal fue de 1 130.6 MMP, cifra que superó en 26.0% el presupuesto original. Esta variación se debió al apoyo que se dio a las necesidades prioritarias de la industria eléctrica, fertilizantes, azucarera y siderúrgica, así como al aumento en el tabulador de los servidores públicos; al alza de precios de materiales y suministros, y a la necesidad de cubrir el diferencial de costos en la realización de proyectos tendientes a dotar de energía a las zonas rurales.
El gasto de Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal se dividió en 16.3 MMP para gasto directo, 1 105.3 MMP para transferencias y 9.0 MMP en inversiones financieras.
Se continuó con el proceso de racionalizar la asignación de transferencias las cuales fueron canalizadas en un 60.5% para gasto corriente de las entidades paraestatales y en un 39.5% se aplicaron en gasto de capital. Estas transferencias fueron utilizadas para apoyar necesidades prioritarias de la industria eléctrica, de fertilizantes, azucarera y siderúrgica, y fueron canalizadas a través de los subprogramas de coordinación de la operación de los subsectores energético, minero - metalúrgico y paraestatal, respectivamente destacándose los montos transferidos a Comisión Federal de Electricidad, Sicartsa y Azúcar, S.A. de C.V.
Los recursos ejercidos por esta Secretaría se distribuyeron en 10 programas, destacando el de Planeación del Subsector Energético (65.7% del total) y el de Planeación del Subsector Minero Metalúrgico (20.4%). Estos programas contemplan 59 acciones, de las cuales 39 cumplieron con las metas previstas. El avance de las restantes fue insuficiente debido a la falta de recursos humanos y financieros; información extemporánea; atraso en el trabajo por los sismos de septiembre; reprogramación de metas, y la cancelación posterior de las mismas, así como la reestructuración administrativa de la Dirección General de Fertilizantes, al fusionarse con la Industria Paraestatal, Química y Petroquímica Secundaria.
El ajuste presupuestal del Gobierno Federal, se tradujo en Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal en una economía de 180 MP con su gasto directo. Este ahorro de recursos se obtuvo principalmente del ajuste al mínimo posible de los requerimientos de operación.
Entidades Coordinadoras del Sector Industrial y Energético
Siderúrgia Lázaro Cárdenas Las Truchas, S.A.
Esta entidad registró un gasto de 138.2 MMP, 8.6% superior al presupuestado originalmente debido principalmente a que el impacto de la inflación en los costos fue mayor al previsto para 1985. El presupuesto se distribuyó en dos programas que incluyen 13 metas, de las cuales 10 no se alcanzaron completamente, debido principalmente a que por la huelga y los sismos del mes de septiembre se perdieron 50 días, a que se prolongó el plazo de revestimiento del alto horno y a la caída de la producción.
La siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, S.A. estableció metas de beneficio de mineral de hierro de 2 400.0 miles de toneladas, la cual cumplió en un 86.4%. Asimismo las metas de producción de peletes y de coque metalúrgico registraron una desviación a la baja de 38.7% y 11.0%, respectivamente.
De la misma forma, la producción de arrabio, acero y palanquillas se vió afectada negativamente respecto a sus metas originales, registrando un avance inferior al previsto de 23.6%, 28.3% y 33.0% respectivamente. No obstante, la producción de productos terminados (18.6% menor a la programada), se afectó en menor medida que las anteriores en virtud del aprovechamiento de palanquillas de inventarios.
La comercialización se cumplió en 88% de la meta proyectada para productos de acero. La desviación del 12% se explica por la caída en la producción, y por el significativo abatimiento de los inventarios.
Finalmente, el ajuste presupuestal se reflejó en el programa de inversiones de la empresa. Sicartsa contemplaba la continuación de su segunda etapa, la cual fue suspendida a mediados de año en su parte nacional, por lo que solo se destinaron recursos al pago de maquinaria y equipo de importación que ya estaba comprometido.
Altos Hornos de México, S.A.
Esta empresa ejerció 170.8 MMP, cifra inferior en 8.9% al presupuesto original debido básicamente al ajuste decretado por el Ejecutivo Federal, principalmente en los proyectos de inversión. El presupuesto se destinó a tres programas que incluyen 32 acciones, de las cuales 12 fueron cumplidas y rebasadas ampliamente. El insuficiente avance de las restantes se debió a falta de disponibilidad de maquinarias y equipo; a problemas causados por fallas geológicas en Monclova, y a fallas mecánicas en las plantas.
Respecto a la meta de extraer 4.037 millones de toneladas de mineral de hierro a cielo abierto, solo se alcanzaron 3.281 millones de toneladas, 19% menos que lo programado. Por otra parte, en la extracción subterránea del mismo mineral, se lograron 4.397 millones de toneladas, 13% inferior a lo programado. En lo que se refiere a mineral concentrado, se produjeron 1.628 millones de toneladas, 28% por abajo de la previsto originalmente.
En siderúrgica y productos metálicos, la producción de arrabio, acero y productos terminados fue superior en 13%, 8% y 13% a lo programado, respectivamente.
La comercialización de productos de acero superó en 7% la meta prevista al colocarse 1.911 millones de toneladas. Es importante mencionar que no obstante las desfavorables condiciones del mercado que imperaron en 1985, la empresa logró rebasar la meta establecida en el programa original, principalmente por haber mejorado sustancialmente la calidad de los productos de acero, hecho que queda de manifiesto en el éxito de los programas de Acero para Plataformas Marinas y de Acero para la Fabricación de Tuberías para Conducción de Gas Amargo, ambos programas realizados bajo estrictas normas de calidad.
Finalmente, debido al reajuste presupuestal se afectaron principalmente los programas de inversión, ejerciéndose un gasto de capital menor en 14.8 MMP al originalmente programado.
Fundidora Monterrey, S.A.
El presupuesto ejercido por esta entidad fue de 71.2 MMP, 11% por arriba del originalmente programado. Este incremento se debió fundamentalmente al ajuste en los salarios y a una tasa inflacionaria mayor a la esperada. Estos recursos fueron aplicados a tres programas distribuidos en 10 metas, de las cuales se cumplieron cinco. El incumplimiento de las restantes se debió principalmente a problemas con la operación de los equipos y a las serias limitaciones para exportar.
La situación financiera de Fumosa se caracterizó por un resultado neto de operaciones que fue negativo en un monto de 56.9 MMP, por haber recibido 16.9 MMP, de transferencias y haber obtenido financiamientos por 19.8 MMP, las cuales juntas representaron el 36.1% de los ingresos totales de la empresa y el 57.2% de los recursos propios. Por otra parte su deuda pública externa de corto y largo plazo llegó a 55.8 MMP. Asimismo el servicio de la deuda interna fue de 9.6 MMP y el de la deuda externa ascendió a 15.5 MMP.
La extracción del mineral de hierro fue de 1.099 millones de toneladas, 40% inferior a la meta programada. La producción de mineral concentrado fue de 713 mil toneladas, 29% menos de lo previsto mientras que la meta de producir 830 mil toneladas de acero líquido fue sensiblemente superada, pues se produjeron 950 mil toneladas, 14% más de lo proyectado. En lo que respecta a productos terminados se alcanzan 621 mil toneladas, 7% por arriba de lo programado.
En comercialización se observó el efecto de la contracción del mercado, principalmente por las limitaciones para exportar. No obstante la meta de 631 mil toneladas a comercializar se cumplió en un 96%, vendiéndose 607 mil toneladas.
Finalmente, el ajuste presupuestal afectó sensiblemente los programas de inversión, registrándose un gasto de capital menor en 1.8 MMP al originalmente presupuestado. No obstante, la inversión en siderúrgia y productos metálicos resultó beneficiada con las disminuciones en extracción y beneficio de minerales.
Diesel Nacional, S.A.
Este organismo ejerció un gasto de 149.2 MMP, cifra que rebasó en 16.9% al presupuesto autorizado. Este aumento se debió al incremento en el volumen de unidades producidas y a que se calculó el presupuesto con una base inflacionaria menor a la observada.
Dina distribuyó su presupuesto en tres programas con seis metas, de las cuales se cumplieron dos. El insuficiente avance de las acciones restantes se debió al ajuste de los inventarios de los principales clientes que cancelaron sus pedidos y por falta de fluidez en el suministro de materiales.
En automotriz terminal, la producción fue de 8 mil 142 camiones y 787 autobuses integrales, y su comercialización de 7 mil 644 y 788, respectivamente.
En la producción de camiones se sobrepasaron las metas originales en 11.5% en tanto que para autobuses integrales la producción resultó 32% inferior a lo programado. En comercialización, las metas de camiones alcanzaron un 4.7% más de lo programado y en autobuses fue menor en 32%.
La producción de camiones ligeros y medianos fue menor a la programada en 828 y 125 unidades respectivamente. En cambio hubo un incremento de la producción en los semipesados y tractocamiones por 465 y 1 mil 330 unidades. En autobuses la producción fue inferior en 371 unidades respecto a la programada.
Respecto a la comercialización, la de camiones ligeros y medianos fue menor en 959 y 450 unidades a la programada; respectivamente, y la de semipesados y tractocamiones fue mayor a la programada en 428 y 1 mil 325. En autobuses la disminución fue de 370 unidades.
Respecto del año anterior, la producción se mejoró en 66% en camiones, al pasar de 4 mil 899 a 8 mil 142 unidades, y en autobuses en 125%, al aumentar de 350 unidades en 1984 a 787 en 1985. En comercialización el resultado también es satisfactorio en ambos renglones, obteniéndose un incremento de 40% en camiones y un 62% autobuses integrales.
En lo que se refiere al programa de Automotriz Auxiliar, se obtuvo una producción de 5 mil 419 motores, superando en seis unidades la meta programada. En comercialización se vendieron 4 mil 806 unidades de 5 mil 413 programadas, con un cumplimiento de 89%.
La producción de 1984 fue de 1 mil 465 motores, incrementándose en 269% para 1985. La comercialización se incrementó en un 22% con respecto a los 3 mil 941 motores comercializados en 1984.
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S.A.
Esta empresa ejerció un gasto de 31.0 MMP (38.2% menor a lo presupuestado). Esta disminución se debe a que las metas de producción alcanzadas fueron menores a las originalmente programadas, situación que afectó directamente el gasto corriente.
El presupuesto de Concarril, se destinó a dos programas con 21 metas, de las que solamente se lograron ocho; el resto no se alcanzaron totalmente por el atraso en la recepción de un anticipo por parte Pemex; por los ajustes al presupuesto; por dificultades financieras de los clientes, e incumplimiento de proveedores nacionales en la entrega de materiales.
La producción programa de 1 mil 530 carros de ferrocarril sólo alcanzó 814 unidades de arrastre ferroviario; la variación de 716 carros representó una reducción de 47% y obedeció a las reprogramaciones de Ferrocarriles Nacionales de México, así como a las irregularidades en los abastecimientos de insumos por parte de los proveedores.
En lo que concierne a coches, se había programado la producción de 216 carros y la meta alcanzada fue de 131; la variación de 85 carros representó el 39%. Cabe aclarar que la meta original fue reducida a 131 carros a solicitud del cliente principal: Sistema de Transporte Colectivo, para hacer congruente el volumen de carros con el avance de las obras civiles.
La meta original de producir 6 mil 721 juegos de parte automotrices para Sidena y Dina fue alcanzada en un 97%. Las variaciones que se representan, se derivan de la reprogramación de las metas, ocasionadas por modificaciones a las necesidades originales de los clientes.
Finalmente, siguiendo los lineamientos de racionalización del gasto, se lograron economías principalmente en los capítulos de materiales y suministros, servicios generales y gasto de capital en un monto de 17.8 MMP y 0.8 MMP, respectivamente.
Siderúrgica Nacional, S.A.
El presupuesto ejercido por esta empresa ascendió a 18.2 MMP, 29.2% superior a la cifra autorizada originalmente. Esto se debió básicamente a los mayores gastos incurridos que derivaron del incremento en la producción de fundición, aceros especiales y tractores Sidena - Deere.
El presupuesto ejercido por esta entidad se aplicó a dos programas que incluyeron 20 metas, de las cuales se cumplieron 11. El insuficiente avance de las restantes se debió principalmente a la cancelación de pedidos, a la baja demanda y a que algunos clientes difirieron sus pedidos para 1986.
La producción fundición y aceros especiales fue de 18 mil 540 toneladas, 135% superior a la originalmente programada, y a la de tractores fue de 3 mil 788 unidades, 14% por arriba de lo previsto originalmente. En esta última hubo una producción mayor de tractores Sidena - Deere y menor de tractores Ford 6 mil 600 y Sidena 310-M.
En lo que corresponde a juegos de partes y componentes para el tractor Ford, se programaron 4 mil 500 unidades. Cada juego ésta constituido principalmente de ensamble de motor, eje trasero y caja central. En función de los requerimientos por parte de los compradores, las metas de producción alcanzadas fueron de 5 mil 235 motores ensamblados, 3 mil 309 ejes traseros y 256 cajas centrales.
Fertilizantes Mexicanos, S.A.
Esta empresa ejerció 229.7 MMP, lo que representa un subejercicio respecto a la asignación original de 8.9%. Este presupuesto se destinó a un solo programa: fertilizantes e insecticidas que contiene 16 metas, de las cuales se alcanzaron dos. Por lo que respecta a las restantes, la entidad reportó que aunque tuvieron un avance considerable no fue posible su consecución debido entre otras causas, a los problemas de abastecimiento de amoniaco por parte de Pemex; a que no entró en operación la unidad Lázaro Cárdenas a causa de los sismos de septiembre; al incumplimiento de algunos contratistas, y a dificultades mecánicas en las plantas.
La rama de fertilizantes continuó cumpliendo su objetivo fundamental de apoyar el desarrollo del sector agropecuario mediante el abastecimiento oportuno y adecuado de los fertilizantes que demanda. En este contexto, Fertimex orientó su desarrollo a eliminar la dependencia del exterior de fertilizantes nitrogenados y fosforados, así como al inducir el consumo de productos con mayor contenido nutriente. Por otra parte, se redujeron los subsidios a los productos importados al trasladar a los usuarios finales la responsabilidad de la adquisición directa de los fertilizantes potásicos. Asimismo, el complejo industrial de Lázaro Cárdenas alcanzó un avance significativo en su construcción, lo que permitirá lograr a corto plazo la autosuficiencia nacional de fertilizantes fosforados.
Fertimex produjo durante el ejercicio 4 022.3 miles de toneladas de fertilizantes, de las cuales 3 091.8 miles fueron nitrogenados; 658.1 miles fosforados y 272.4 miles de mezclas. La producción total fue inferior en 3.0% a lo programado originalmente, pero 15.4% superior a la de 1984. La producción de insecticidas fue de 302.6 miles de toneladas, 43% menos a la programada La comercialización de fertilizantes fue 4 700.4 miles de toneladas, 11% menor a lo programado; y la de insecticidas y productos químicos fue de 393.5 miles de toneladas, 13% inferior a la meta original.
Debido a las restricciones presupuestales de 1985, esta empresa tuvo que afrontar sus requerimientos a través de una estrategia diferente a la prevista en el presupuesto de 1985, tratando de cumplir con sus compromisos ante los proveedores, contratistas y prestadores de servicios, conviniendo en ocasiones plazos mayores en el pago y suspendiendo proyectos no prioritarios sin afectar la atención en la demanda de los fertilizantes. Lo anterior impacto principalmente el gasto corriente, el cual se redujo en 26.3 MMP respecto al originalmente presupuestado.
En lo que se refiere a productividad de la empresa, la producción por hombre ocupado se incrementó en 22% entre 1982 y 1985.
Azúcar, S.A.
El presupuesto ejercido por este organismo fue de 247.6 MMP, 23.3% inferior al programado originalmente. Esta variación obedeció principalmente a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, y a que solo se canalizaron recursos hacia proyectos prioritarios de la industria.
El 99.6% del ejercicio de la entidad se concentró en los programas de Producción y Transformación Industrial (43.2%) y Alimentos (56.4%). De las 30 metas establecidas para estos programas se cumplieron 14, el insuficiente avance de las restantes se debió principalmente a la obtención de menores índices a lo esperado en lo concerniente a la molienda; al reajuste hecho al personal técnico y a la redefinición de prioridades, que influyó en la cancelación de algunas metas.
La cosecha de cañas de azúcar fue de 27.43 millones de toneladas, 7% por arriba de lo programado. La producción de azúcar fue inferior en 8% a la prevista, alcanzando los 2.449 millones de toneladas, y las de mieles incristalizables y alcohol superaron en 18% y 2% a las programadas, respectivamente.
En lo que se refiere a comercialización, las ventas internas de azúcar fueron de 3.207 millones de toneladas y las exportaciones alcanzaron 105 mil 450 toneladas, superando en 5% y 603% respectivamente las metas previstas.
Petróleos Mexicanos.
El gasto ejercido por esta empresa, fue de 1 669.1 MMP, superior en 4% al presupuesto original en lo cual tuvo impacto considerable el deslizamiento de la paridad cambiaría sobre los precios de materiales y refacciones de importación. El gasto fue aplicado a ocho programas con 16 metas, de las cuales se cumplieron ocho debido principalmente a las condiciones de
inestabilidad que prevalecieron en el mercado petrolero internacional, afectando los niveles de producción de crudo; y a la menor relación gas/aceite que se encontró en los yacimientos explotados, lo que obligó a una producción mayor de combustóleo para compensar la disminución de la producción de gas natural.
Las exportaciones de crudo, no obstante la fuerte competencia que prevalecía en el mercado, solo se redujeron en 5.7% en relación a 1984.
Durante 1985 se logró una producción promedio diaria de 2.630 millones de barriles de crudo y 3 mil 604 millones de pies cúbicos de gas, cumpliendo en 99% y 93% respectivamente con las metas originales. Se exportaron 1 mil 438 millones de barriles diarios de crudo y 134.7 miles de barriles diarios de productos petrolíferos; 4% por abajo de su meta original el primero y 47% por arriba del segundo. Por otra parte, las ventas internas de productos petrolíferos fueron superiores en 2% a las originalmente programadas.
La producción de petroquímica básica fue de 12 402 miles de toneladas; 8% inferior a la meta prevista, pero 10.5% superior a la obtenida en 1984, destinándose a la exportación 339 mil 526 toneladas.
Los avances en productividad se destacaron principalmente por un incremento en la utilización de la capacidad instalada de refinación que pasó del 82% al 85% entre 1984 y 1985 y por una reducción de 10% en el autoconsumo de hidrocarburos en los procesos de transformación industrial.
Finalmente respecto al ajuste del presupuesto en 1985, la reducción de 73 mil 820 millones de pesos en el gasto de capital, mediante la cual se difirieron o cancelaron algunas obras no prioritarias, no lesionó los planes operativos de la industria ni la utilización de materiales de construcción recuperados de algunos proyectos terminados.
Comisión Federal de Electricidad
El gasto total ejercido por esta empresa fue de 1 217.7 MMP, superando en sólo 0.9% la asignación original. Este presupuesto se destinó a nueve programas que incluyeron 35 acciones, de las cuales 17 alcanzaron la meta programada. El resto de las acciones no tuvo el avance previsto debido principalmente a los menores avances en transmisión, transformación y comercialización interna y externa de energía eléctrica. En cambio, las metas de generación de electricidad fueron prácticamente cumplidas. Para las metas no alcanzadas, las causas principales fueron problemas en el suministro de equipos y materiales y reducciones presupuestales.
Para 1985 se programó una generación de 83 mil 471 gwh, habiéndose alcanzado 83 mil 251 gwhm, cumpliendo en un 99.7% la meta original. Por otra parte, en lo que se refiere a construcción de plantas, originalmente se programaron 1 mil 507 mw de incremento en la capacidad instalada. En este renglón se obtuvo un avance de 91.4% respecto a la materia prevista.
En cuanto a diversificación energética, se registraron logros significativos. En geotermoelectricidad se terminaron dos unidades en Cerro Prieto; en carboelectricidad se concluyó la tercera unidad de Río Escondido; en hidroelectricidad se trabajó en la construcción de cuatro proyectos y se difirieron otros cuatro; en lo que respecta a la construcción de la nucleoeléctrica de Laguna Verde, se tiene previsto para dentro de un año la terminación de la primera unidad.
Con base en los resultados anteriores, el incremento en la capacidad de fuentes alternas de energía fue de 410 mw, para llegar 7 mil 477, es decir, el 35.9% del total instalado en el país.
En el programa de Electrificación Rural, originalmente se programó electrificar 367 colonias suburbanas y beneficiar a 256 mil 678 habitantes, lográndose un avance de 383 colonias y 650 mil 001 habitantes, lo cual representa un 4% y 153% más de lo previsto en la meta original. en cuanto a poblados para beneficiar a 110 mil 005 habitantes, el avance real fue de 2 mil 529 poblados y 822 mil 502 habitantes, que representa el 245% y 648% más de lo previsto.
En lo que se refiere a comercialización interna, se programaron ventas al público por 53 mil 919 gwh, habiéndose logrado un avance real de 52 mil 597 gwk, equivalente en un 97.5% de la meta original. La desviación de 2.5% se presentó básicamente en la tarifa 12 "general para cinco mil kw o más" debido a que las condiciones económicas que se presentaron durante 1985 para este tipo de usuarios (industria pesada) no fueron favorables.
Se programó vender 17 mil 528 gwh la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y se entregaron realmente 19 mil 447 gwh. El incremento observado se debe a que el mercado de esta energía es el área metropolitana (Distrito Federal y zonas conurbanas) que sigue teniendo un fuerte crecimiento demográfico que ocasiona este tipo de impactos.
Respecto a la atención a consumidores se programó originalmente atender a 9 millones 649 mil usuarios, lográndose atender a casi el 100% de los usuarios previstos en la meta original.
En cuanto a productividad se registraron avances en la eficiencia térmica, la cual creció de 30.7% a 31.8% entre 1982 y 1985; el tiempo de interrupción por usuario disminuyó de 1 317 a solo 790 minutos, y la generación y venta de energía eléctrica por trabajador se incrementó en un 8% y 4% respectivamente.
El ajuste presupuestal se reflejó principalmente en una reducción de 45 mil 678 millones de pesos en el gasto corriente ejercido, respecto al aprobado originalmente.
Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A.
El presupuesto ejercido por esta empresa fue de 230.8 MMP, el cual fue 50% superior a la asignación original y se explica principalmente por un aumento en el precio y volumen de la energía eléctrica comprada en bloque a la Comisión Federal de Electricidad.
El gasto fue aplicado a ocho programas distribuidos en 16 metas, de las cuales se alcanzaron cuatro. El insuficiente avance en el resto de las acciones se debió a que se recibieron menores aportaciones pluviales a las esperadas en las presas, a problemas de mantenimiento prolongado y de suministro de equipos y materiales, así como a retrasos en autorizaciones y convenios con delegaciones y municipios.
Para 1985 se programó originalmente generar 2 mil 903 gwh de energía eléctrica y sólo fue posible alcanzar 2 102 gwh, es decir, 27.6% abajo de lo previsto. En cuanto a comercialización interna, la meta de comercializar 18 mil 217 gwh se vio superada en un 3%, ya que se vendieron 18 mil 798 gwh. Por lo que respecta a los consumidores atendidos, la meta de atender a 3.36 millones de consumidores fue cumplida en un 96%.
En el programa de Electrificación Rural, originalmente se programó electrificar 129 colonias suburbanas. lográndose un avance de 65.50% menos de lo previsto, debido a que los trabajadores del programa original no se llevaron a cabo íntegramente a causa de que las autorizaciones correspondientes por parte de las delegaciones y municipios fueron entregadas a esta Compañía en forma irregular. Aunado a esto y debido a los sucesos del 19 de septiembre, fue necesario dedicar esfuerzos y recursos para la reparación de los daños causados por los sismos. En cuanto a poblados rurales, la meta original fue de electrificar 37 poblados, electrificándose únicamente 29 poblados, 22% menos de lo programado.
Los avances en productividad son los mismos que se señalaron para la Comisión Federal de Electricidad, los cuales corresponden al subsector eléctrico en su conjunto. Por otra parte, el ajuste presupuestal se canalizó hacia una disminución en el gasto de capital de 5.4 MMP, respecto al original.
SECTOR INDUSTRIAL
(Miles de Millones de Pesos) -192-
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SECTOR ENERGÉTICO (Miles de Millones de Pesos) - 194 -
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VII. FONDO DE RECONSTRUCCIÓN
Considerando la importancia que tiene el Fondo Nacional de Reconstrucción, y con la intención de mantener informada a la opinión pública, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1985, aunque no contempla recursos fiscales, presenta un aparato especial que incluye el análisis financiero de los recursos del fondo, de su origen y su aplicación; el estado de posición financiera, así como los informes de avances de las obras al 31 de diciembre de 1985.
Como respuesta solidaria a las apremiantes necesidades provocadas por los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, la sociedad mexicana e internacional, aportó donativos en efectivo y en especie, por lo que el Ejecutivo Federal a través de Nacional Financiera constituyó el fideicomiso Fondo Nacional de Reconstrucción, a fin de concentrar dichos recursos para realizar las tareas de reconstrucción y suministrar a la Tesorería de la Federación, por instrucciones del Comité Técnico Mixto, los recursos a ser entregados a las entidades correspondientes.
El Comité Técnico Mixto se integró por representantes distinguidos de los sectores Social, Privado y Público con el objeto de canalizar los recursos y establecer la política financiera del fondo.
De septiembre a diciembre de 1985, se recibieron donativos por la cantidad de 33 mil 403 millones de pesos, de los cuales el 80.0% fue para fines generales, el 6.3% se donó para fines específicos, el 13.6% fueron aportaciones en moneda extranjera y el resto fueron donativos en especie. Estos recursos a su vez generaron intereses en el período mencionado por 2 137 MP; de los que 2 088 MP correspondieron a moneda nacional y 49 MP a moneda extranjera, y se obtuvieron además 79 MP de rendimientos por manejo de cuenta en la Tesorería de la Federación.
Ante la urgencia de iniciar las obras de reconstrucción, se otorgaron a las entidades ejecutoras 10563 MP (31.6% del total); de los cuales 55.4% se asignaron al Departamento del Distrito Federal, 31.8% al Sector Salud y 12.8% al Sector Educación.
Sin embargo, para iniciar las acciones y en razón de que el proceso de autorización de recursos fue complejo, las entidades ejecutoras se vieron en la necesidad de financiar con 1 195 MP de recursos propios la reconstrucción.
Por otro lado, el 31 de diciembre de 1985, las entidades ejecutoras reportaron recursos utilizados por 5 540.6 MP y recursos disponibles por 31 766 MP, de los que 24 934 MP (78.5%) se encontraban en inversiones de Nacional Financiera; 116 MP (0.3%) en la cuenta que maneja la Tesorería de la Federación, y 6 716 MP (21.2%) en cuenta de cheques de las entidades ejecutoras.
Por lo que respecta al avance físico de las obras al 31 de diciembre de 1985, el Sector Salud a través de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, reportó un total de 103 obras, constituidas por la construcción de 11 hospitales y tres clínicas, y la rehabilitación de 50 hospitales, 34 clínicas, nueve institutos y tres obras diversas; de estas obras, el 61% se encontraban en proceso, el 24% estaban terminadas y el restante 15% no inició sus trabajos.
El Sector Educación, con la participación del CAPFCE y del Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (POIIPN), ejecutó 341 obras de rehabilitación; 217 en edificios de enseñanza básica, 57 de educación media, 33 de enseñanza media superior, 20 en edificios de educación superior, y 14 obras diversas. Del total de obras, el 95% se reportan en proceso, el 3.5% están terminadas y solamente el 1.5% no se inició.
Finalmente, el Departamento del Distrito Federal llevó a cabo la rehabilitación de seis hospitales, 155 jardines de niños, 344 escuelas primarias y 100 secundarias, de las que 44% se encuentran en proceso, 38% no se iniciaron y 28% se han concluido.
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las facultades de fiscalización y control exclusivas de la Cámara de Diputados consignadas en la fracción IV del artículo 74 constitucional, son el origen y punto de partida para llevar a cabo el proceso de revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en el contexto del pluralismo político - social característico de la vida democrática del país.
De aquí que la evaluación de los resultados de la gestión gubernamental que esa revisión implica, requiere de una auténtica interpretación política, razonada y equilibrada para percibir objetivamente lo realizado sin magnificar o empequeñecer los logros, y destacar con mayor acierto lo que aun falta por hacer o corregir ante el supremo interés de la Nación.
Con este punto de referencia se puede precisar que en el aspecto económico los esfuerzos realizados se dirigieron a avanzar en el proceso de reordenación económica para continuar revirtiendo las
desfavorables tendencias que se registraban a finales de 1982 y principios de 1983, al tiempo que se inducían cambios de carácter estructural. Sin embargo, problemas tanto internos como externos dificultaron el cumplimiento de las metas inicialmente propuestas.
A la difícil situación económica se agregaron los efectos resultantes de los fenómenos telúricos de septiembre, que además de traer consigo la pérdida de vidas humanas implicaron gastos adicionales para resolver los problemas de inaplazable atención; presionando a la alza la demanda de crédito, las importaciones y el déficit público.
No obstante lo anterior, la producción nacional creció por segundo año consecutivo, se incrementaron los niveles de empleo y hubo avances en el proceso de cambio estructural.
Asimismo, durante 1985 el resultado de las finanzas públicas se vio afectado por tasas de interés internas mayores a las previstas y elevadas tasas de interés externas; descenso en los precios y volumen de las exportaciones petroleras; una inflación que erosionó la base gravable y neutralizó la política de precios y tarifas del Sector Público, y por las erogaciones adicionales derivadas de los efectos de los mismos.
De esta forma, el déficit financiero del Sector Público como proporción del producto interno bruto fue de 9.4%, cifra superior a la meta prevista. Sin embargo si se elimina el pago de intereses de las cuentas de gasto, se obtiene un superávit presupuestal de 5.8% como proporción del PIB, fenómeno que se ha venido observando desde 1983.
Por otra parte, aun cuando los ingresos del Sector Público Presupuestario superaron en 7.3% la meta establecida en la Ley de Ingresos, estos redujeron su participación en el producto interno bruto de 33.0% en 1984 a 31.8% en 1985, aunque cabe destacar que las fuentes tributarias mas importantes mantuvieron relativamente estable su participación respecto al PIB.
Durante 1985 la política de gasto enfrentó serias dificultades como resultado de las presiones inflacionarias y sus consecuentes efectos sobre las tasas de interés internas y sobre los costos de los bienes y servicios demandados por el Sector Público. Así, el gasto del Sector Público presupuestario resultó superior en 9.5% respecto al presupuesto original debido fundamentalmente a un mayor pago de intereses, ya que el gasto programable solo tuvo una desviación de 3.3% y disminuyó en términos reales.
Ante las difíciles condiciones del mercado financiero internacional, durante 1985 se recurrió en mayor proporción al crédito interno. De esta forma, el endeudamiento neto externo sólo fue una tercera parte de lo autorizado originalmente.
Por su parte, el gasto sectorial se orientó a la ejecución de los programas de mediano plazo, programas especiales y programas regionales y se asignó de acuerdo a las prioridades en ellos señaladas siguiendo los criterios de racionalización y mejor aprovechamiento de los recursos públicos dada la necesidad de ajustar los niveles de gastos a la evolución de los ingresos públicos y a las contingencias económicas y naturales presentadas durante el ejercicio presupuestal.
Los proyectos mas favorecidos fueron los de alto contenido social, de desarrollo rural y de infraestructura básica, por el impacto que tienen en la generación de empleos, en la descentralización de las actividades productivas y en la recuperación de la planta productiva nacional.
En el Sector Desarrollo Rural los recursos ejercidos dieron impulso a las obras de infraestructura productiva, dando preferencia a las áreas de temporal con potencial para la producción de granos básicos, a través de la construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras de pequeña irrigación, así como de perforación de pozos.
El impulso a las actividades agrícolas permitió incrementar la producción de granos básicos en un 10.0%, avanzando en la autosuficiencia alimentaria de dichos granos y logrando reducir sus importaciones, excepto en el caso del frijol.
Asimismo, se otorgó apoyo a las comunidades rurales con servicios de bienestar social a través de las entidades paraestatales, al incrementar el suministro de agua potable en 6% y al instalar 345 unidades cunículas adicionales, entre otras obras de infraestructura social.
El Sector Desarrollo Regional y Ecología, por su parte, apoyó de manera decidida el proceso de descentralización y regionalización mas equilibrada de nuestra economía, en tanto que fueron asignados mayores recursos en forma desconcentrada para el logro de sus metas, en el marco de los programas regionales estratégicos, los planes estatales, los programas de desarrollo regional, los programas regionales de empleo, los de coordinación especial, y los programas operativos anuales de desarrollo urbano, vivienda y ecología, derivados del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Igualmente, mediante las acciones del sector, fue posible impulsar la modernización de las estructuras productivas de
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FONDO NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN RECURSOS UTILIZADOS POR LAS ENTIDADES EJECUTORAS
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FONDO NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS - 200 -
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- 201 - FONDO NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN INTEGRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS EN LAS ENTIDADES EJECUTORAS
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FONDO NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA - 202 -
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los estados, conforme a una mejor coordinación de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y a través de una mas amplia concertación con los sectores Social y Privado.
En el Sector Pesca, los esfuerzos realizados permitieron incrementar lo oferta de alimentos e insumos para la industria, ya que la producción creció en 11.0% con relación al volumen de 1984. Asimismo, se mantuvo la capacidad instalada y se consolidó la infraestructura pesquera mediante la participación de los sectores Públicos, Social y Privado.
Con los recursos asignados al Sector Desarrollo Social se amplió la cobertura de los servicios del sector; se utilizó con mayor eficiencia la capacidad instalada y se avanzó en el proceso de descentralización. En materia de educación el CAPFCE construyó 38 mil 957 espacios educativos, se continuó atendiendo al 100% la demanda de primaria, fueron distribuidos más de 70 millones de libros de texto gratuito, se apoyaron los programas de educación media y superior y hubo avances por encima de lo previsto en los programas dependientes del CREA. En cuanto a los servicios de salud, durante 1985 se avanzó en la ampliación de la infraestructura hospitalaria, se redujo la tasa de mortalidad y se aumentó la esperanza de vida de los mexicanos.
La política del sector Comunicaciones y Transportes se orientó a continuar su modernización, al mejoramiento de los servicios que presta, y a la expansión y mantenimiento de su infraestructura.
Los subsectores Carretero, Ferroviario, Marítimo Portuario, Aeropuertario y de Comunicaciones, registraron avances de manera tal, que al tiempo que se mantuvo el nivel de servicios, se logró su expansión con la puesta en marcha del Sistema Satélites Morelos y a través de la terminación de seis aeropuertos y de la primera etapa del puerto industrial de Altamira, la continuación de la doble vía férrea México - Querétaro, la carretera troncal fronteriza del sur, y el puente internacional de Ojinaga, entre otras.
Con los recursos asignados al Sector Abasto, se logró proteger y estimular la producción y distribución de básicos procurando aminorar el impacto de la crisis en los grupos de menores ingresos mediante el control de precios sobre los bienes que conforman la canasta básica de consumo popular; la distribución de despensas; el funcionamiento de tiendas sindicales; subsidios al consumo y a la producción, y transferencias a las empresas públicas productoras de insumos para el campo o de bienes básicos.
En el Sector Turismo, los recursos se canalizaron a la ampliación, diversificación y consolidación de la demanda externa; a fomentar la afluencia de turismo nacional; a proteger y desarrollar la planta productiva, y a contribuir al fortalecimiento del desarrollo regional.
En cuanto al Sector Industrial y Energético, se cumplió en lo sustancial con la estrategia de mantener y mejorar cuantitativa y cualitativamente las aportaciones del sector a la economía nacional.
En un contexto de restricciones externas y de persistencia de problemas internos, dicho sector mantuvo niveles de producción ajustados a la demanda y posibilidades de la economía.
La desaceleración de la actividad económica en el último trimestre de 1985 obligó al Sector Industrial y Energético a revisar a la baja las previsiones de crecimiento ajustando estrategias e introduciendo, en algunas empresas, cambios de fondo en su funcionamiento. Bajo estas circunstancias, la actuación de las entidades requirió mayores esfuerzos, a fin de adaptarse a las condiciones prevalecientes y atender sus objetivos prioritarios. Sin embargo, algunas empresas no pudieron obtener resultados satisfactorios debido a la persistencia de antiguos problemas estructurales de tipo tecnológico y financiero.
Las consideraciones anteriores reconocen los esfuerzos realizados en todos los sectores y entidades que contribuyen al cumplimiento de las responsabilidades del Estado. No obstante la Comisión Dictaminadora considera que el avance en algunas áreas pudo haber sido superior al registrado. El desarrollo del proceso constitucional de revisión de la cuenta pública ha hecho posible aquilatar objetivamente lo realizado y a la vez, aportar recomendaciones, que se derivan de la experiencia fiscalizadora de esta representación popular para efectuar en el futuro un análisis que en lo cualitativo permita contar con mayores y mejores elementos de juicio para evaluar la contribución al desarrollo integral de la economía y la sociedad conforme al proyecto de nación que la Constitución señala. Las recomendaciones a su vez, están motivadas por el interés de esta soberanía por superar los logros alcanzados en el ejercicio presupuestal que se dictamina.
Por lo anterior la Comisión Dictaminadora hace las siguientes recomendaciones relacionadas tanto con la integración de la cuenta pública, como de carácter general y particular a nivel sectorial, en las que se han tomado en cuenta diversos puntos de vista de los diputados de todas las fracciones parlamentarias que participaron en las diferentes
reuniones de análisis y discusión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1985. Recomendaciones Generales.
En cuanto a la integración y edición de la cuenta pública, se recomienda evitar las discrepancias presentadas en algunos casos, en la información contenida en el Tomo de Resultados Generales y en los volúmenes sectoriales correspondientes, así como la de éstos entre si. Asimismo a fin de enriquecer el contenido de la cuenta pública y en consecuencia su análisis, se recomienda.
Solicitar a las entidades una explicación más amplia y clara sobre las variaciones en las metas de los diferentes programas, ponderando su impacto en dichas desviaciones.
Ampliar la información sobre las repercusiones e implicaciones que tiene el incumplimiento de metas en otros sectores y proyectos correspondientes. Incluir en la cuenta pública indicadores que permitan a esta Cámara de Diputados un análisis más profundo del desempeño del Sector Paraestatal, para evaluar la evolución de la productividad y eficiencia de las entidades que lo conformen, así como en lo que se refiere al proceso de reconversión industrial, destacando sus avances tecnológicos, productivos y administrativos.
Integrar los reportes sectoriales con mas elementos que permitan comparar el análisis del ejercicio que se revisa con el de los años anteriores.
Mantener el apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, como norma para buscar el control estricto del gasto público sin menoscabo de la eficiencia y eficacia en su aplicación. Asimismo, con el objeto de fortalecer la inversión pública se propone continuar con los esfuerzos de contención y racionalización del gasto corriente en áreas no prioritarias.
Enriquecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo una mejor coordinación entre los sectores, con el propósito de que las deficiencias en este sentido no se traduzca en el incumplimiento de algunos programas.
Realizar una evaluación mas detallada de los proyectos de los sectores en los que existen dificultades en el cumplimiento de sus metas por inconsistencias en el proceso de programación sectorial, a fin de que éstas sean superadas y puedan evitarse en los posible incrementos en los costos de mantenimiento y almacenaje de materiales y equipos, así como la obsolescencia del mismo.
Continuar con los esfuerzos para combatir la evasión y elusión fiscales con el propósito de incrementar la recaudación tributaria. Asimismo, a fin de evaluar la efectividad de tales esfuerzos, se recomienda que en la cuenta pública se reporten detalladamente los avances y los costos que representan dichas acciones de fiscalización.
Ampliar la información sobre las participaciones a estados y municipios, especificando la distribución de los distintos fondos que integran el total de recursos canalizados.
Incluir mayor información en materia de estímulos fiscales, para conocer el impacto de dichos estímulos sobre el empleo y la producción en las diferentes regiones del país.
Avanzar en el esfuerzo de racionalización de transferencias y dar mayor información para evaluar de manera mas apropiada el impacto de éstas en el empleo, la captación de divisas, la descentralización y el abasto de productos básicos.
Enfatizar las medidas destinadas a la reducción de costos y elevación de la productividad en las empresas y organismos del Sector Paraestatal, con el objeto de mejorar su situación financiera y elevar la calidad de los bienes y servicios que éste ofrece.
Incluir información que permita conocer la asignación regional de los recursos destinados a la protección del empleo consignados en el ramo XXIII. Recomendaciones Sectoriales.
Dar mayor impulso a los programas que contribuyen a fortalecer la soberanía alimentaria del país, a reducir importaciones y mejorar los niveles de vida en las zonas rurales.
Fomentar la reactivación en las actividades forestales a fin de reducir gradualmente las importaciones, principalmente en productos celulósicos. Impulsar los programas de investigación agropecuaria que redunden en una mayor productividad del Sector Desarrollo Rural.
Presentar mas detalladamente los resultados del programa de Empleo Rural, en particular en lo que se refiere al impacto que éste tiene en las actividades agropecuarias.
Instrumentar las acciones necesarias a efecto de que Inmecafé corrija las irregularidades detectadas por los auditores externos, con el objeto de que se ajuste a la normatividad que rige el desempeño contable de las entidades paraestatales y poder conocer con precisión el manejo de los recursos que dicha entidad ejerce.
Profundizar en el estudio y aplicación de las medidas orientadas a la prevención y control de la contaminación ambiental y de protección de las reservas ecológicas.
Continuar impulsando el desarrollo de los programas regionales orientados a resolver problemas estructurales de las distintas zonas del país, conforme al diagnóstico y líneas de acción definidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Dar mayor atención y vigilancia al cumplimiento de las metas de todos los programas del Sector Pesca, en especial a los que se destaquen por la generación de empleos productivos y de divisas.
Elevar la productividad en el desempeño de las actividades del Sector Pesca con el objeto de participar competitivamente en el mercado internacional de productos del mar, e impulsar los programas que contribuyan a mejorar la alimentación de la población en apoyo a la economía familiar de las clases populares.
Ampliar la información sobre la operación mantenimiento, eficiencia y programa de descentralización de la flota pesquera, así como de su contribución al cumplimiento de los objetivos y metas del sector. Continuar y profundizar con el proceso de reestructuración administrativa en el Sector Desarrollo Social, a fin de propiciar una mejor asignación y distribución de los bienes y recursos del sector en el ámbito nacional. Para tales efectos es necesario proseguir con la descentralización de los servicios que el sector proporciona a la población.
Incorporar y precisar en la cuenta pública indicadores que permitan evaluar la evolución de la calidad de la educación en todos los niveles.
Impulsar y apoyar los programas de investigación científica y tecnológica, tanto del Sector Público, como de las instituciones de enseñanza superior, aplicando las prioridades que correspondan en cada área, para evitar que se interrumpan investigaciones en proceso, que son importantes y estratégicas para el país.
Acelerar el proceso de vinculación entre los organismos que realizan la investigación y la industria nacional a efecto de promover los procesos de reconversión industrial.
Coordinar acciones en el marco de los convenios únicos de desarrollo para la realización de programas que fomenten la investigación científica y tecnológica en los estados y municipios.
Incorporar y precisar en la cuenta pública los indicadores que se utilizan para evaluar la calidad de los servicios médicos que presta el Sector Salud. Brindar mayor apoyo a las acciones encaminadas a la prevención y tratamiento oportuno de las enfermedades ocasionadas por la farmacodependencia y el alcoholismo.
Profundizar y enfatizar en las acciones encaminadas a prevenir los accidentes en los centro de trabajo.
Continuar y fortalecer las acciones que contribuyan a la modernización y ampliación de la infraestructura en el Sector Comunicaciones y Transportes. Ampliar la información acerca de los mecanismos instrumentados para la adquisición de equipo y materiales en el caso del Subsector Ferroviario. Continuar con el impulso a los programas de comercialización y abasto de productos básicos en apoyo de la alimentación de la población y de la economía familiar.
Incrementar y fortalecer las acciones tendientes a eliminar el excesivo intermediarismo y la especulación con el objeto de proteger la economía familiar, y mejorar los términos de intercambio entre el campo y la ciudad. Realizar mayores esfuerzos en los mercados generadores de corrientes turísticas, que permitan al país incrementar la captación de divisas y generar empleos permanentes.
Enfatizar los esfuerzos de ampliación, diversificación y elevación de la calidad de la oferta turística nacional.
Brindar especial atención a los programas de Mantenimiento y Conservación de la Capacidad Instalada del Sector Paraestatal, con el propósito de mantener en condiciones óptimas de operación su planta industrial. Incrementar el aprovechamiento de la capacidad instalada en las ramas de bienes de capital, astilleros, siderurgia, institutos de investigación del sector Energético y algunas explotaciones
mineras. En particular, en la siderurgia, se recomienda promover el mejoramiento de las condiciones para exportar lo programado.
Continuar en Altos Hornos de México la fabricación de productos selectivos bajo normas estrictas de calidad, a fin de consolidar su competitividad en el mercado interno e incrementar su participación en el mercado de exportación.
Procurar una mayor coordinación entre Fertimex y Pemex para que los abastecimientos de amoniaco sean regulares y sin interrupciones; y continuar disminuyendo las importaciones de fertilizantes nitrogenados y fosforados, así como programar adecuadamente el nivel de inventarios.
Continuar con la diversificación energéticas, particularmente en cuanto a la hidroelectricidad, geotermia y carboelectricidad.
Dar mayor apoyo a los programas de Electrificación Rural y Suburbana.
Continuar realizando esfuerzos e inversiones para lograr mayores avances en el ahorro y uso eficiente de energía. Asimismo, mantener la política de concertación con los principales productores y consumidores de crudo en el mercado internacional, con el objeto de defender e incrementar el valor real de esa materia prima estratégica de exportación, anteponiendo siempre los intereses de la nación.
Seguir modernizando, en azúcar, S.A., los ingenios azucareros, así como la promoción de una mayor exportación de sus productos.
Por lo anteriormente expuesto en virtud del análisis realizado para el que se consideró la información y comentarios generales contenidos en el informe previo presentado por la Contaduría Mayor de Hacienda, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en los artículos 70 y 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 11, 13 y 30 a 33 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; 1o., 2o., 15, 16, 25 y 45 a 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 2o. y 11 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1984; 9o., 11, 13, 14, 28 y 43 a 46 del Decreto de Presupuesto de Egreso de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1985; 6o., 8o., y 42 de la Ley de Planeación; y demás dispositivos relativos de éstos y de los ordenamientos que resulten aplicables, somete a la alta consideración de esta soberanía el siguiente
PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1985
Artículo 1o. En cumplimiento a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Ejecutivo Federal presentó en tiempo y forma, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1985.
Artículo 2o. La Cámara de Diputados recibió para su revisión la cuenta pública, en los términos que establecen los ordenamientos aplicables, con la información programática, económica, presupuestal y financiera sobre los resultados de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal incorporadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para ese año.
Artículo 3o. Con fundamento en las atribuciones constitucionales de control de la gestión financiera del Gobierno Federal, la documentación recibida fue revisada complementando en análisis efectuado con la información adicional y la rendida por la Contaduría Mayor de Hacienda, de conformidad con las facultades y obligaciones que determina su ley orgánica.
Artículo 4o. Se hizo la verificación de que las dependencias y entidades de control presupuestal directo se apegaran, en el ejercicio de su presupuesto, a los criterios establecidos en las disposiciones legales vigentes.
Artículo 5o. Se analizó la evolución de la economía nacional en relación con la gestión pública determinándose los resultados obtenidos en materia de saneamiento de las finanzas públicas; reestructuración del gasto público y disciplina en su ejecución, control de la inflación, protección y estímulo a la actividad productiva, generación de empleos, inversión pública y privada, precios y tarifas de los bienes y servicios que ofrece el Sector Público así como en lo concerniente a las relaciones económicas de México con el exterior.
Artículo 6o. Se examinaron los resultados de la gestión financiera de las dependencias y entidades analizando los ingresos, los egresos y el déficit del Sector Público Presupuestario.
Artículo 7o. De conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley de
Planeación fueron evaluados, en relación con la gestión pública, las acciones realizadas y los resultados alcanzados en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas Sectoriales, Regionales, Institucionales y Especiales.
Artículo 8o. La evaluación en el Sector Desarrollo Rural comprendió la revisión del ejercicio del gasto y el cumplimiento de los programas sectoriales, orientados a la conservación y aprovechamiento de los recursos del campo, actividades productivas del sector, generación de empleo rural, regularización de los derechos agrarios, servicios asistenciales, así como al mantenimiento y aplicación de la infraestructura rural.
Artículo 9o. En el Sector Desarrollo Regional y Ecología, fue analizada la orientación que se dio al presupuesto asignado para preservar y aprovechar los recursos naturales, apoyar actividades productivas para generar empleos, fomentar la construcción de vivienda y obras de desarrollo social, controlar la contaminación ambiental, promover la restauración ecológica e impulsar el ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos, acordes con la estrategia de descentralización de la vida nacional.
Artículo 10. El análisis realizado sobre las actividades del Sector Pesca permitió verificar el ejercicio del gasto y los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas de sus principales programas relativos a la producción y consumo de los productos del mar; a la conservación y generación de empleos; a la contribución del sector al mejoramiento de los niveles nutricionales de la población, al bienestar de los trabajadores pesqueros y a la captación de divisas.
Artículo 11. La evaluación del ejercicio presupuestal en materia de educación comprendió el análisis de lo realizado en la ampliación de la cobertura y en el mejoramiento de la calidad de los servicios educativos, culturales y creativos; en la descentralización desconcentración de la educación, la investigación y la cultura; y en la atención a las diferentes regiones y grupos étnicos.
Artículo 12. El gasto ejercido en los programas relacionados con la salud, se revisó atendiendo los principales avances en la cobertura de los servicios, la homogeneización de la calidad de la atención básica, la disminución de la dependencia tecnológica del exterior y el incremento en la investigación relacionada con la salud, asistencia y seguridad social.
Artículo 13. Conforme a los resultados presupuestales y programáticos obtenidos en el Sector Comunicaciones y Transportes, se evaluaron los avances alcanzados en cuanto al mantenimiento, ampliación y modernización de la infraestructura carretera, ferroviaria, marítimo - portuaria, aeroportuaria y de comunicaciones; así como el desempeño financiero y productivo de las entidades comprendidas dentro del sector, en el marco de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Transporte y del Sistema Nacional de Comunicaciones.
Artículo 14. El análisis del Sector Abasto incluyó la revisión del ejercicio presupuestal y del cumplimiento de los objetivos y metas programáticas relacionadas con la producción de básicos y la administración de sus importaciones, la ampliación y mantenimiento de la infraestructura para el acopio, el fomento de las exportaciones no petroleras y la comercialización, industrialización, distribución y consumo de alimentos.
Artículo 15. Se efectuó el análisis de las actividades que el Sector Turismo realizó en el ejercicio del gasto público y de los resultados que obtuvo en los propósitos de generar corrientes turísticas hacia nuestro país para incrementar la captación de divisas, crear empleos, reorientar y modernizar el aparato productivo y de coadyuvar a los esfuerzos de un desarrollo regional más equilibrado.
Artículo 16. Con relación al Sector Industrial el análisis efectuado permitió conocer los resultados del ejercicio presupuestal y del desarrollo de los programas en materia de recuperación económica de la industria; fortalecimiento de las áreas estratégicas y prioritarias reservadas al estado; mantenimiento, ampliación y modernización de la planta industrial; desarrollo del sector exportador; de una base tecnológica propia; descentralización territorial de la actividad industrial; saneamiento financiero del Sector Paraestatal.
Artículo 17. Se evaluaron las acciones llevadas a cabo por el Sector Energético con respecto autosuficiencia y diversificación energética; ahorro y uso eficiente de energía; impulso a la investigación y al desarrollo tecnológico; protección del medio ambiente; desarrollo regional; electrificación rural; y saneamiento financiero de las entidades del sector.
Artículo 18. Instrúyase a la Contaduría Mayor de Hacienda para que en los términos de los artículos 11 y 13 de su ley orgánica, haga las recomendaciones con respeto a las normas, procedimientos,
métodos y sistemas que con su implantación permitan mejorar el análisis programático, financiero y de metas, para lo cual se recomienda:
Evitar las discrepancias presentadas en algunos casos, en la información contenida en el Tomo de Resultados Generales y en los volúmenes sectoriales correspondientes, así como la de éstos entre sí.
Solicitar a las entidades una explicación mas amplia y clara sobre las variaciones en las metas de los diferentes programas, ponderando su impacto en dichas desviaciones.
Incluir en la cuenta pública indicadores que permitan a esta Cámara de Diputados una análisis más profundo del desempeño del Sector Paraestatal, para evaluar la evolución de la productividad y eficiencia de las entidades que los conforma, así como en lo que se refiere al proceso reconversión industrial, destacando sus avances tecnológicos, productivos y administrativos.
Integrar los reportes sectoriales con mas elementos que permitan comprar el análisis del ejercicio que se revisa con el de los años anteriores.
Mantener el apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, como norma para buscar el control estricto del gasto público sin menoscabo de la eficiencia y eficacia en su aplicación. Asimismo, con el objeto de fortalecer la inversión pública se propone continuar con los esfuerzos de contención y racionalización del gasto corriente en áreas no prioritarias.
Enriquecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo una mejor coordinación entre los sectores, con el propósito de que las deficiencias en este sentido no se traduzcan en el incumplimiento de algunos programas.
Continuar con los esfuerzos para combatir la evasión y elusión fiscales con el propósito de incrementar la recaudación tributaria. Asimismo, a fin de evaluar la efectividad de tales esfuerzos, se recomienda que en la cuenta pública se reporten detalladamente los avances y los costos que representan dichas acciones de fiscalización.
Ampliar la información sobre las participaciones a estados y municipios, especificando la distribución de los distintos fondos que integran el total de recursos canalizados.
Incluir mayor información en materia de estímulos fiscales, para conocer el impacto de los mismos sobre el empleo y la producción en las diferentes regiones del país.
Avanzar en el esfuerzo de racionalización de transferencias y dar mayor información para evaluar de manera mas apropiada el impacto de éstas en el empleo, la captación de divisas, la descentralización y el abasto de productos básicos.
Enfatizar las medidas destinadas a la reducción de costos y elevación de la productividad en las empresas y organismos del Sector Paraestatal, con el objeto de mejorar su situación financiera y elevar la calidad de los bienes y servicios que éste ofrece.
Incluir información que permita conocer la asignación regional de los recursos destinados a la protección del empleo consignados en el ramo XXIII.
Dar mayor impulso a los programas que contribuyen a fortalecer la soberanía alimentaria del país, a reducir importaciones y mejorar los niveles de vida en las zonas rurales.
Fomentar la reactivación en las actividades forestales a fin de reducir gradualmente las importaciones, principalmente en productos celulósicos. Impulsar los programas de investigación agropecuaria que redunden en una mayor productividad del Sector Desarrollo Rural.
Instrumentar las acciones necesarias a efecto de que Inmecafé corrija las irregularidades detectadas por los auditores externos, con el objeto de que se ajuste a la normatividad que rige el desempeño contable de las entidades paraestatales y poder conocer con precisión el manejo de los recursos que dicha entidad ejerce.
Profundizar en el estudio y aplicación de las medidas orientadas a la prevención y control de la contaminación ambiental y de protección de las reservas ecológicas.
Dar mayor atención y vigilancia al cumplimiento de las metas de todos los programas del Sector Pesca, en especial a los que se destaquen por la generación de empleos productivos y de divisas.
Ampliar la información sobre la operación, mantenimiento, eficiencia y programa de Descentralización de la Flota Pesquera, así como de su contribución al cumplimiento de los objetivos y metas del sector.
Continuar y profundizar con el proceso de reestructuración administrativa en el Sector Desarrollo Social, a fin de propiciar una mejor asignación y distribución de los bienes y recursos del sector en el ámbito nacional. Para tales efectos es necesario proseguir con la descentralización de los servicios que el sector proporciona a la población.
Incorporar y precisar en la cuenta pública, indicadores que permitan evaluar la evolución de la calidad de la educación en todos los niveles.
Impulsar y apoyar los programas de Investigación Científica y Tecnológica, tanto del Sector Público, como de las instituciones de enseñanza superior, aplicando las prioridades que correspondan en cada área, para evitar que se interrumpan investigaciones en proceso, que son importantes y estratégicas para el país.
Acelerar el proceso de vinculación entre los organismos que realizan la investigación y la industria nacional a efecto de promover los procesos de reconversión industrial.
Coordinar acciones en el marco de los convenios únicos de desarrollo para la realización de programas que fomenten la investigación científica y tecnológica en los estados y municipios.
Incorporar y precisar en la cuenta pública los indicadores que se utilizan para evaluar la calidad de los servicios médicos que presta el Sector Salud. Brindar mayor apoyo a las acciones encaminadas a la prevención y tratamiento oportuno de las enfermedades ocasionadas por la farmacodependencia y el alcoholismo.
Profundizar y enfatizar en las acciones encaminadas a prevenir los accidentes en los centros de trabajo.
Continuar y fortalecer las acciones que contribuyan a la modernización y ampliación de la infraestructura en el Sector Comunicaciones y Transportes. Ampliar la información acerca de los mecanismos instrumentados para la adquisición de equipos y materiales en el caso del Subsector Ferroviario.
Continuar con el impulso a los programas de Comercialización y Abasto de Productos Básicos en apoyo de la alimentación de la población y de la economía familiar.
Incrementar y fortalecer las acciones tendientes a eliminar el excesivo intermediarismo y la especulación con el objeto de proteger la economía familiar, y mejorar los términos de intercambio entre el campo y la ciudad.
Realizar mayores esfuerzos en los mercados generadores de corriente turística, que permitan al país incrementar la captación de divisas y generar empleos permanentes.
Enfatizar los esfuerzos de ampliación, diversificación y elevación de la calidad de la oferta turística nacional.
Brindar especial atención a los programas de Mantenimiento y Conservación de la capacidad instalada del Sector Paraestatal, con el propósito de mantener en condiciones óptimas de operación su plan industrial.
Continuar en Altos Hornos de México, la fabricación de productos selectivos bajo normas estrictas de calidad, a fin de consolidar su competitividad en el mercado interno e incrementar su participación en el mercado de exportación.
Procurar una mayor coordinación entre Fertimex y Pemex para que los abastecimientos de amoniaco sean regulares y sin interrupciones; y continuar disminuyendo las importaciones de fertilizantes nitrogenados y fosforados, así como programar adecuadamente el nivel de inventarios.
Continuar con la diversificación energética, particularmente en cuanto a la hidroelectricidad, geotermia y carboelectricidad.
Dar mayor apoyo a los programas de Electrificación Rural y Suburbana.
Continuar realizando esfuerzos e inversiones para lograr mayores avances en el ahorro y uso eficiente de energía. Asimismo, mantener la política de concertación con los principales productores y consumidores de crudo en el mercado internacional, con el objeto de defender e incrementar el valor real de esa materia prima estratégica de exportación, anteponiendo siempre los intereses de la nación.
Seguir modernizando, en Azúcar, S.A., los ingenios azucareros, así como la promoción de una mayor exportación de sus productos.
Artículo 19. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda por conducto de la Comisión de Vigilancia que practique las auditorías y realice las acciones legales que permitan esclarecer las posibles irregularidades habidas en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos para el período fiscal de 1985 y,
en su caso, finque las responsabilidades correspondientes en los términos de la legislación aplicable y proceda a solicitar la imposición de las sanciones administrativas, civiles o penales conforme a derecho, indicándole que informe de sus acciones a la propia Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados
. Artículo 20. Remítase el presente Decreto a la Contaduría mayor de Hacienda para todos los efectos legales a que hubiere lugar, instruyéndola para que dentro del término de ley rinda el informe de resultados correspondientes.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D.F., a 11 de diciembre de 1986.
Los diputados miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública: Luis Donaldo Colosio Murrieta, presidente; Jesús Murillo Káram, secretario; César Augusto Santiago Ramírez; María Marcela González Salas Petricioli; Píndaro Urióstegui Miranda; Luis Manuel Orcí Gándara; Sócrates Rizzo García; Blas Chumacero Sánchez; Jorge Flores Solano; Gerardo Higinio Fernández Casanova; Homero Díaz Córdoba; Gilberto Nieves Jenkin; Alejandro Ontiveros Gómez; Francisco Contreras Contreras; Pedro Goytia Robles; Alfonso Reyes Medrano; María Esther Scherman Leaño; Juan Manuel Pablito Tovar Estrada; Héctor Ximénez González; Antonio Brambila Meda; Blanca Esponda de Torres; Manuel Jiménez Guzmán; Oswaldo García Criollo; Elba Esther Gordillo Morales; Antonio Melgar Aranda; Javier Garduño Pérez; J Eduardo Beltrán Hernández; Ma Emilia Farías Mackey; Regina Reyes Retana Márquez Padilla; Rodolfo Antonio Menéndez Menéndez; Bulmaro Andrés Pacheco Moreno; María Aurora Munguía Archundia; Enrique Pelayo Torres; Humberto Salgado Gómez; Romero R. Flores Caballero; Arnulfo Javier Villaseñor Saavedra; Jorge Doroteo Zapata García; Jorge Alcocer Villanueva; Alejandro Encinas Rodríguez; Héctor Morquecho Rivera; Miguel Eduardo Valle Espinosa; José Angel Conchello Dávila; Jorge Eugenio Ortiz Gallegos; Jesús Galván Muñoz; Ricardo Andrés Pascoe Pierce; Jorge Amador Amador; en contra Máximo de León Garza; Roberto Calderón Tinoco; en contra Juan de Dios Colli Mass; Reyes Fuentes García; Enrique Bermúdez Olvera; Joel Ramírez Díaz; Dionisio Moreno Cortéz; Josefina Sánchez Ponce y Rubén Aguilar Jiménez.
CONTENIDO
I. Cumplimiento de los preceptos legales en el ejercicio presupuestal
II. Panorama económico y resultado de las finanzas públicas.
III. Política de Ingresos
IV. Política de gasto
V. Política de deuda
VI. Orientación sectorial del gasto
VI. 1 Desarrollo rural
VI. 2 Desarrollo regional y ecología
VI. 3 Pesca
VI. 4 Desarrollo social
VI. 5 Comunicaciones y transportes
VI. 6 Abasto
VI. 7 Turismo
VI. 8 Industrial y energético
VII. Fondo nacional de reconstrucción
VIII. Conclusiones y recomendaciones.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados. Ruego a la secretaría consulte a la asamblea, si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. Secretario Antonio Melgar Aranda: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Se dispensa la lectura al dictamen, señor presidente.
Es de primera lectura.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 1985.
Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal
Honorable asamblea: El Ejecutivo Federal en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo establecido en el artículo 43 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, presentó en tiempo y forma a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1985.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, turnó en su oportunidad el citado documento a esta honorable Cámara de Diputados por conducto de su Oficialía Mayor, quien en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, lo remitió a la Comisión de Vigilancia, para que esta a su vez turnara la cuenta pública a la Contaduría Mayor de Hacienda y a las comisiones unidas que suscriben para proceder a su análisis en los términos de la Ley Orgánica del citado órgano técnico de esta representación popular.
La Contaduría Mayor de Hacienda, procedió a elaborar y rendir el informe previo en los términos del artículo 3o. de su ley orgánica, mismo que envió en su oportunidad y dentro del plazo legal a la Comisión de Vigilancia quien lo remitió a estas comisiones dictaminadoras.
Como resultado en los trabajos realizados por estas comisiones en el análisis profundo de la cuenta pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1985, se somete a la alta consideración de este pleno el siguiente:
DICTAMEN
Las Comisiones Unidas en la elaboración del presente, lo han dividido para su mayor comprensión en los apartados que conforman su estructura lógica y que son los siguientes:
I. Marco jurídico;
II. Perfil socioeconómico;
III. Resultados financieros;
IV. Objetivos y metas de los principales programas;
V. Conclusiones.
Constituyendo capítulo especial de singular relevancia el análisis del cumplimiento por parte del Departamento del Distrito Federal de las disposiciones legales que rigen tanto su actividad dentro de los ámbitos competenciales que la delimitan, como particularmente la observancia de los ordenamientos financieros que esta representación aprobó para el ejercicio fiscal de 1985, es de elemental lógica iniciar este dictamen con la referencia al marco jurídico que integrado por múltiples ordenamientos aplicables en la materia presupuestaria hace posible encuadrar las responsabilidades constitucionales que a ésta soberanía impone el artículo 74, fracción IV de nuestra Carta Magna.
I. Marco Jurídico
Acto legislativo de gran trascendencia constituye la revisión que de la cuenta pública del Departamento del Distrito Federal realiza la honorable Cámara de Diputados en uso de atribuciones exclusivas y que consiste en el examen financiero de un ejercicio fiscal contemplado como un acto no sólo de contenido técnico, sino particularmente de carácter político.
La reforma constitucional al artículo 74, confirió una amplitud a la atribución de ésta soberanía en cuanto a la revisión de la cuenta pública para que dicha función lejos de concretarse a un mero ejercicio contable de gasto y partidas, permita la formulación de juicios sobre el logro de objetivos programados.
Sobre el supuesto anterior, las comisiones dictaminadoras, para evaluar la cuenta pública del Departamento del Distrito Federal de 1985, han tomado en consideración como elemento sustancial en su estudio, el informe previo que la Contaduría Mayor de Hacienda, Órgano Técnico de la honorable Cámara de Diputados formuló en cumplimiento a la obligación que le impone la fracción II inciso a) del artículo tercero de su Ley Orgánica.
Dentro de este contexto cabe señalar que los ordenamientos objeto de evaluación en su cumplimiento, pueden dividirse en dos grandes rubros, a saber: ordenamientos sustantivos que enmarcan las actividades del Departamento del Distrito Federal como entidad de la Administración Pública, parte del Poder Ejecutivo Federal, como entidad coordinadora de sector y ordenamientos adjetivos
que básicamente regulan aspectos financieros relacionados con los ingresos y su captación y los egresos y su ejercicio.
De acuerdo con esta división material, en el primer rubro ubicamos a la Ley de Planeación, la Ley de la Deuda Pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal; y en el otro apartado haremos el análisis de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1985, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1985; la Ley de Obras Públicas y su Reglamento, y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles.
Ley de Planeación
Ordenamiento de importancia singular como sustento de todo un sistema de planeación nacional, con apoyo específico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su aplicación fue objeto de análisis sobre dos aspectos de las actividades del Departamento del Distrito Federal; el primero está relacionado con la coordinación entre dicha entidad, sus unidades administrativas y sus unidades coordinadas, observándose el cumplimiento en materia de planeación y programación sectorial derivada del establecimiento de procedimientos adecuados para verificar la relación que deben guardar los programas y presupuestos de cada unidad sectorizada, así como la implantación de un sistema de evaluación que hizo posible adoptar medidas tendientes a corregir con la debida oportunidad las disposiciones dictadas en el seguimiento de los programas, realizando la corrección mediante el ejercicio de reprogramación de actividades que permita alcanzar los objetivos y las metas propuestas.
En cuanto a la planeación, el Departamento del Distrito Federal, estableció un sistema interno que propició los mecanismos de autoevaluación y valoración que operan en las unidades sectorizadas contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones a su cargo en materia de planeación, elemento estructural dentro de su sistema de planeación, constituyó el programa de acción elaborado por el Departamento como entidad cabeza de sector con fundamento en el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988, así como el Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la ciudad de México y de la Región Centro. Resultado de los foros de consulta popular organizados por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Distrito Federal.
Cabe manifestar que en la observancia del ordenamiento objeto del presente apartado, y con apoyo en el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, fue posible establecer una falla de comunicación entre las unidades coordinadas y el Departamento del Distrito Federal, referida a la validación de los programas mencionados, susceptibles de corregirse mediante la atención oportuna y permanente a las entidades.
Ley de la Deuda Pública
En cuanto a la observancia de este documento, la revisión se concentró en verificar el cumplimiento de los requisitos para la autorización de financiamiento, así como el de los compromisos derivados de su contratación, y por otra parte, la obligación de informar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto, sobre los movimientos relacionados con la deuda pública y el pasivo circulante. Cabe apreciar que en términos generales el Departamento del Distrito Federal cumplió cabalmente con las obligaciones antes señaladas, afirmación que encontró su apoyo en informes proporcionados por las dependencias globalizadoras a que se ha hecho mención.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Constituyó objeto de examen el grado de cumplimiento de las obligaciones que como dependencia y como coordinador sectorial tiene a su cargo el Departamento del Distrito Federal.
Al respecto se estableció que el Departamento del Distrito Federal expidió y viene aplicando los manuales de organización institucionales específicos que han sido validados y se mantienen actualizados y acordes con su estructura, esta obra culminó con la elaboración y publicación del Manual General de Organización del Departamento del Distrito Federal en el Diario Oficial del 26 de marzo de 1986. Parte trascendente resulta el registro y trámite del ejercicio del gasto público en el cual el Departamento del Distrito Federal observó los lineamientos establecidos por la Secretaría de Programación y Presupuesto. Finalmente, para elaborar y conducir la programación, coordinación y evaluación de las operaciones de sus entidades, el Departamento creó un sistema interno de planeación que permite evaluar con la debida oportunidad las operaciones de sus entidades coordinadas y que se retroalimente con la información que éstas le envían.
Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal
Fue objeto de examen entre otros aspectos, como parte sustancial de la función fiscalizadora, el control y registro de la constitución de las garantías que aseguren el exacto cumplimiento de los contratos y convenios que celebra el Departamento del Distrito Federal: las erogaciones por servicios y las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles y, lo referente a las concesiones de servicio público.
Del análisis de estos aspectos, se aprecia que los contratos y convenios celebrados por el Departamento del Distrito Federal, fueron elaborados en los formatos tipos sujetándose a la normatividad aplicable en la materia; en lo tocante a las erogaciones por servicios y adquisiciones de bienes mueble e inmuebles, fueron debidamente controlados y vigilados mediante el sistema de ejercicio presupuestal implantado por el Departamento y el Comité de Compras que funciona en la propia entidad; en lo referente a las obligaciones en materia de concesiones de servicio público, cabe expresar que la información proporcionada no es suficientemente amplia, siendo preciso que el órgano fiscalizador de esta Cámara profundice sobre este aspecto, con la debida oportunidad durante las acciones tendientes a la elaboración del informe de resultados.
Ordenamientos de carácter financiero y normativo de los ingresos y egresos del Departamento del Distrito Federal para 1985.
Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1985.
Se concentró el análisis en la observancia de este ordenamiento, en la materia relacionada con la captación de recursos por concepto de financiamiento, estudiándose el endeudamiento neto, así como los ingresos obtenidos como resultado del aumento en la productividad o por la modificación de precios y tarifas. Respecto al endeudamiento neto del Departamento del Distrito Federal para 1985, cabe concluir que los recursos obtenidos por este medio se aplicaron a cubrir el programa de inversión autorizado oportunamente por la Secretaría de Programación y Presupuesto; respecto a los ingresos obtenidos como resultado del aumento en la productividad o por la modificación de precios y tarifas de bienes y servicios del Departamento del Distrito Federal, no fue posible dadas las fechas de modificación de los precios y tarifas contar con suficiente información que permita apreciar los alcances de estos ingresos, siendo comprensible esta situación por las contingencias derivadas de los sismos de septiembre de 1985, por lo cual será el informe de resultados quien permita determinar los alcances de estas acciones en materia de ingresos promovidos por el Departamento del Distrito Federal y tendientes a lograr el saneamiento de sus finanzas.
Presupuesto de Egresos el Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1985.
En lo referente a la ejecución del presupuesto, se analizó lo relativo a la prohibición de afectar recursos públicos para fines específicos, las erogaciones por concepto de servicios personales, la prohibición de contratar nuevos arrendamientos, los gastos de adquisición de bienes, las normas del programa de austeridad en gastos que deben reducirse al mínimo indispensable, los gastos por concepto de ayuda o subsidios y lo relativo a la adjudicación de contratos de obra pública.
Sobre cada una de las obras objeto de análisis, cabe resaltar, el Departamento del Distrito Federal cumplió con la normatividad derivada del decreto aprobatorio de su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 1985, contando con la vigilancia permanente de su contraloría general interna y ajustándose a los lineamientos dictados por la Secretaría de Programación y Presupuesto, mismos que son dados a conocer a sus unidades coordinadas mediante circulares, políticas y tabuladores; las normas de austeridad fueron aplicadas en la celebración de contratos de arrendamiento, de adquisición de muebles e inmuebles así como los gastos que debieron reducirse al mínimo indispensable, solicitándose en éstos últimos casos, autorización al titular de la dependencia: en relación con las obras adjudicadas en forma directa o por convocatoria simplificada, el Departamento del Distrito Federal no siempre pudo ajustarse a los montos máximos establecidos al tener serias dificultades para conseguir contratistas con la capacidad técnica suficiente para encargarse de obras de gran magnitud como son las del sistema de transporte colectivo y el sistema hidráulico; en materia de adquisiciones, el Departamento del Distrito Federal cuenta con un Comité Central de Compras que participa y vigila el cumplimiento de la normatividad en la materia proporcionando servicio al propio departamento y a las entidades del sector.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento Particular atención revistió la observancia del cumplimiento de la obligación que tiene a su
cargo el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas de informar con la debida oportunidad el monto y característica de su deuda pública flotante, así como la obligación de obtener autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto para la celebración de contratos de obra pública, de adquisiciones y de suministros que rebasen las asignaciones presupuestales aprobadas para el ejercicio fiscal de 1985 y que afectan presupuestos de años subsiguientes. Por lo que respecta al ordenamiento reglamentario de la ley de la materia, fueron objeto de análisis las obligaciones que el Departamento del Distrito Federal en su carácter de coordinador para orientar a sus entidades coordinadas en el cumplimiento de las acciones relativas a políticas y lineamientos en materia presupuestaria, de contabilidad y de gasto público federal, así como el establecimiento de procedimientos acordes con las necesidades del sector y que permiten la congruencia con la normatividad que en materia de gasto público haya emitido la Secretaría de Programación y Presupuesto, asimismo se revisaron la aplicación de normas y lineamientos que en la elaboración de los programas de entidades y dependencias emite cada año la Secretaría de Programación y Presupuesto para el cumplimiento de los lineamientos que se deben observar al contraer compromisos.
Sobre este aparato, cabe indicar que en lo tocante a la Ley del Departamento del Distrito Federal, manifestó la imposibilidad de dar cumplimiento al informe sobre su deuda pública, pasivo flotante en los plazos legales, debido a que su presupuesto de egresos se ejerce a través de recursos propios, de financiamiento y de estímulos fiscales que son proporcionados para que físicamente cubra su gasto, no siendo consecuencia posible el reporte de pasivos circulantes, concretándose a definirlo para que sea reportado al Gobierno Federal mediante la presentación de la cuenta pública. Se estima que independientemente de la justificación dada por el Departamento del Distrito Federal, tiene la obligación de ajustarse a la normatividad aplicable en la materia por lo que deberá realizar un esfuerzo en dicho sentido.
En relación con las obras, adquisición y suministro que rebasan en su contratación un ejercicio fiscal, el Departamento manifiesta que se trata de proyectos de gran magnitud como son las obras de transporte colectivo y sistema hidráulico en cuya realización se canalizan recursos durante 3 o 4 años, sin embargo todas las obras han sido autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto y el Departamento del Distrito Federal únicamente compromete cada año los recursos presupuestales autorizados en el presupuesto correspondiente.
Respecto al cumplimiento por parte de las entidades coordinadas del Departamento del Distrito Federal en cuanto al registro contable de sus operaciones, puede apreciarse que en lo general fue satisfactorio, sin embargo existen algunas discrepancias entre las entidades y su coordinador sectorial destacando entre ellas la falta de un proceso sistemático de programación. Respecto al cumplimiento del reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en términos generales cabe apreciar que el Departamento del Distrito Federal, y las entidades por él coordinadas se ajustaron a este ordenamiento, siendo únicamente de destacar; la falta de oportunidad en la comunicación a las entidades del sector de las políticas relativas al estricto cumplimiento del citado ordenamiento, asimismo de la información captada, cabe concluir que aun no se ha establecido un mecanismo para vigilar que los recursos por concepto de transferencias que no hubiesen sido devengadas se reintegren a la Tesorería de la Federación por parte de las entidades coordinadas, manifestando el Departamento del Distrito Federal que las entidades cumplieron con dicho reintegro toda vez que no reportan excedente alguno, cabe expresar que será la Contaduría Mayor de Hacienda quien profundice sobre este particular en las actividades que realiza tendientes a la elaboración del informe de resultados.
Respecto a la cuenta detallada de la aplicación de fondos y aportaciones otorgadas con cargo al presupuesto de Egresos de la Federación, el Departamento del Distrito no ha considerado necesario establecer mecanismos adicionales sobre este particular dado que el otorgamiento de subsidios se realiza en forma centralizada y de acuerdo a los lineamientos que sobre el particular emite la Secretaría de Programación y Presupuesto. Ley de Obras Públicas y su Reglamento
Respecto a las obligaciones en esta materia, se revisó fundamentalmente los aspectos relativos a la programación de obras en general, la adjudicación de contratos de obra mediante licitaciones públicas, el otorgamiento de garantías por los contratistas, los avisos de iniciación y terminación de las obras, así como el envío de información a las secretarías de Programación y Presupuesto y Contraloría General de la Federación.
En forma sustancial cabe manifestar que en el cumplimiento de estos ordenamientos el Departamento del Distrito Federal no se apegó estrictamente a lo dispuesto en los mismos, justificando dicha conducta en las características de emergencia que se presentaron durante el ejercicio fiscal de 1985, así como en la necesidad de contar con empresas contratistas idóneas para realizar obras de la magnitud del metro y del sistema de drenaje profundo, sobre este particular será la Contaduría Mayor de Hacienda la que determine en uso de sus atribuciones si es valida la justificación dada por la entidad, teniendo en consideración los criterios de eficiencia y oportunidad que deben satisfacer en el caso de obras públicas, relativas a servicios de primera necesidad que demanda la población capitalina como son el transporte, abastecimiento de agua y drenaje.
Ley de Adquisiciones y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles.
En esta materia fue objeto especial de revisión el control, guarda y almacenamiento de bienes muebles por parte del Departamento del Distrito Federal, así como sus entidades coordinadas; los mecanismos relativos a la simplificación administrativa, descentralización y delegación de funciones y ajuste de los objetivos y políticas para adquisiciones y arrendamientos, conforme a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo e implantación de medidas para la conservación y operación de los bienes adquiridos.
Cabe apreciar que tanto el Departamento del Distrito Federal como sus entidades coordinadas, dieron cabal cumplimiento a lo dispuesto en la ley de la materia siendo de resaltar las siguientes observaciones, objeto de la función fiscalizadora:
Las entidades coordinadas respecto a la obligación de realizar las adquisiciones con proveedores registrados en el padrón respectivo de la Administración Pública Federal, el Departamento informa que no obstante haber dado cumplimiento en lo general a lo dispuesto en el artículo 26 de la ley de la materia, existieron situaciones urgentes en las cuales fue preciso llevar a cabo pedidos y contratos con la aprobación del Comité Central de la Dependencia, en circunstancias excepcionales lo cual será examinado a detalle por la Contaduría Mayor de Hacienda.
Consideración general sobre este apartado.
Del análisis de los ordenamientos que rigen el ejercicio de las atribuciones del Departamento del Distrito Federal, en su doble carácter de entidad del Ejecutivo Federal y coordinador de sector, así como de los ordenamientos de vigilancia anual de carácter financiero como son la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para 1986 y su presupuesto de egresos para el propio ejercicio fiscal, y demás ordenamientos aplicables en la materia, es posible apreciar que el Departamento del Distrito Federal de cumplimiento en lo general a las disposiciones contenidas en el marco jurídico que regula su actuación, siendo de estimar que la inobservancia de algunas disposiciones, particularmente aquellas relativas a las obras públicas, derivan de la naturaleza de la entidad que realiza como objetivo primordial acciones de gobierno de la ciudad capital, lo cual le imponen a su actuación un matiz singular que permite apreciar criterios de valorización excepcionales, en cuanto al cumplimiento de disposiciones que en circunstancias ordinarias debe ser escrito, para que en casos de emergencia y ante necesidades imperiosas de cobertura continua de servicios públicos indispensables para la comunidad hace posible un margen de flexibilidad, es decir ante la disyuntiva de dejar de realizar obras de emergencia por el necesario cumplimiento de disposiciones legales, traduciéndose esto en perjuicios irreparables para la comunidad, la acción del gobierno capitalino debe ser vista con apego a criterios de oportunidad y eficiencia, independientemente de que se comprueben a posterior por el órgano fiscalizador de esta representación nacional, la situación de emergencia que hace necesaria la contratación de obras en condiciones excepcionales, que de ninguna manera colocan a la dependencia en un marco de ilegalidad o arbitrariedad.
II. Perfil Socioeconómico
Durante el período comprendido entre 1983 y 1985, el país ha avanzado en la dirección correcta pero ante la presencia de obstáculos imprevistos, no fueron logradas la totalidad de las metas.
Para lograr una evaluación objetiva del acontecer económico debemos considerar los retos que enfrentaba el país a fines de 1982, cuando la tendencia de la crisis apuntaba a una hiperinflación y quiebra masiva de empresas; además debemos tomar en cuenta las dificultades que surgieron tales como el deterioro continuo de los
precios internacionales del petróleo y la persistencia de altas tasas de interés externas.
Con esta perspectiva en mente cobran sentido los avances logrados en controlar la inflación y la planta productiva y en la ciudad capital, el incremento de los servicios públicos de transporte, abasto, agua potable, drenaje y demás servicios de gran impacto social.
En la balanza comercial y en cuenta corriente se lograron resultados positivos pero desde mediados de 1984 se empieza a observar una desaceleración de las exportaciones, situación que se agudiza en 1985 por la reducción del precio internacional del petróleo.
La producción industrial se recuperó desde mediados de 1983 y para el primer semestre de 1985 presenta un comportamiento muy dinámico que aunque significa por un lado mas empleo por el otro aceleró las importaciones deteriorando la balanza de pagos.
Durante el segundo semestre de 1985, se detiene el crecimiento económico ante el surgimiento de escasez de divisas y de recursos financieros externos.
En 1985 en materia de producción se logró una tasa de crecimiento de 2.7% similar a la prevista (3%) pero menor en 1% a la observada un año antes de 3.7%. La mayoría de los sectores económicos mostraron a lo largo del año un comportamiento dual ya que el primer semestre fue de auge y el segundo de contracción.
Entre las dificultades u obstáculos que afectaron negativamente la producción y la balanza de pagos deben destacarse las de origen externo. En este sentido podemos mencionar la disminución del precio del petróleo de exportación tanto en febrero como mayormente en junio, la restricción crediticia en los mercados financieros internacionales(prácticamente inaccesible durante todo el año de 1985),la permanencia de las tasas de interés internacionales en niveles elevados, la desaceleración de la economía y el comercio mundial, y la agudización de las barreras proteccionistas de los países desarrollados a nuestras exportaciones.
En el ámbito interno se evidenciaron desviaciones y presiones importantes: aceleración del proceso inflacionario, elevación de las tasas de interés, aceleración del proceso de deslizamiento del peso respecto al dólar.
Los obstáculos internos y externos obligaron a un nuevo esfuerzo de austeridad presupuestal que implico una reducción de 850 mil millones de pesos en el gasto público, es decir condiciones de austeridad mas severas que las que se habían previsto originalmente. El resultado de esto fue que se tuvieron que posponer o reducir el ritmo de realización de programas, obras y proyectos.
Las desviaciones respecto a las previsiones originales de inflación, tipo de cambio y tasas de interés impactarán hacia arriba al gasto no programable (fundamentalmente el pago de intereses) y por ende reducción en el gasto de obras públicas y en otros rubros de gasto en bienes y servicios, con el fin de evitar un disparo en el déficit público que hubiera acelerado la inflación y los problemas de balanza de pagos.
Dado que en el Distrito Federal se concentra una proporción importante de la actividad productiva, se afectaron sus condiciones económicas.
La tasa de desocupación abierta en el Distrito Federal registró cifras trimestrales de 5.7,4.3,5.2 y 4.4 en 1985 que son mayores que las cifras respectivas a nivel nacional (5.2,3.9,4.6 y 3.7, respectivamente).
El índice de precios al consumidor registró un incremento entre diciembre de 1984 y diciembre de 1985 de 63.8% en el Distrito Federal prácticamente igual a la variación registrada a nivel nacional, pero que altera la tendencia de otros años en que la variación era menor en el Distrito Federal, que a nivel nacional.
A la reducción de la capacidad presupuestal para atender las demandas de la sociedad se agregó un reto adicional derivado de enfrentar problemas ocasionados por los sismos registrados en el mes de septiembre de 1985.
No obstante estas dificultades, en la cuenta pública de 1985, se observa que el Gobierno de la ciudad de México realizó enormes esfuerzos de coordinación, oportunidad en la acción, canalización selectiva de recursos humanos y materiales, mejorías en la organización y simplificación administrativa, que permitieron ejercer control de la situación socioeconómica apoyando prioritariamente las actividades de alto contenido social, de mayor beneficio a los grupos populares.
Para analizar el esfuerzo, avance y dificultades en el manejo presupuestal del Departamento del Distrito Federal, además de las condiciones económicas del país, debemos tomar en cuenta la magnitud de los problemas de la ciudad de México y en particular las presiones demográficas a que está sujeta.
Sabemos bien que nuestro país por sus características de desarrollo, tiene una distribución demográfica inadecuada, originando áreas subpobladas y otras con altas densidades poblacionales, donde se dan grandes concentraciones industriales, comerciales y de servicios. La ciudad de México presenta esta situación en su máxima expresión, donde se asienta una población de 10.5 millones de habitantes, que representan el 12% del total del país, concentrada en menos de la milésima parte del territorio nacional, por lo que se considera como una de las ciudades mas pobladas del mundo; ya que la densidad poblacional en el área urbana del Distrito Federal fue de 17 543 habitantes por kilómetro cuadrado.
Situación que se ve agravada por los casi 7 mil millones de personas que viven en las áreas conurbanas, y que de una u otra forma utilizan la infraestructura de servicios existentes en la ciudad capital. Igualmente es conveniente resaltar que aproximadamente el 37% del producto interno bruto nacional no agrícola, se produce aquí, el 50% de la producción industrial que emplea el 45% de la mano de obra utilizada en este sector.
El crecimiento urbano originado por la población y la intensa migración de los últimos lustros, se ha dado en forma desordenada provocando que el suelo sea utilizado en forma irracional, ocupando áreas destinadas a las actividades agropecuarias y ocasionando además problemas de irregularidad en la tenencia de la tierra y costos crecientes en la introducción de todo tipo de servicios.
Este gran crecimiento, ha originado que la demanda de servicios públicos se haya incrementado en forma extraordinaria, requiriendo erogaciones que rebasan la disponibilidad de recursos financieros con que cuenta la ciudad.
Para ilustrar los avances, complejidad y los altos costos que representa proporcionar los servicios básicos urbanos, se mencionan los siguientes datos, referentes a 1985; el servicio de agua potable se otorga al 100% de la población; el 97.0% a través de la red de distribución domiciliaria y el 3.0% restante mediante carros tanque. Este líquido se trae desde considerables distancias, como son las cuencas de los ríos Lerma y Cutzamala, así como de 784 pozos ubicados en el Valle de México. Para su conducción y distribución se cuenta con 555 kilómetros de red primaria, 12 mil kilómetros de red secundaria, 443 kilómetros de acueductos, que surten a 200 tanques de almacenamiento y se cuenta con 102 plantas de bombeo, ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, infraestructura que requiere de un mantenimiento permanente. Se estima que durante 1985, el Distrito Federal recibió un caudal promedio de agua potable de 33.9 metros cúbicos/segundo. Además, se cuenta con 1.5 metros cúbicos por segundo de agua tratada, para uso de las áreas verdes.
En la Cuenta Pública de 1985 se informa que en materia de drenaje y tratamiento de aguas negras, se dio servicio al 74% de la población. El 26% que carece de él, está ubicado en la periferia de la ciudad y en asentamientos irregulares. Se cuenta con una infraestructura de 1 mil 208 km de red primaria, 12 mil 184 km de red secundaria, 52 plantas de bombeo y 400 km de drenes principales para la conducción de aguas residuales; tres ríos entubados y 90 km de drenaje profundo. Toda esta infraestructura requiere de trabajos continuos y costosos para su conservación y ampliación, tratando de mejorar la cobertura del servicio y hacerlo mas eficiente, así como reducir los riesgos de inundación por lluvias torrenciales.
En una ciudad como el Distrito Federal, considerada como una de las mas pobladas del mundo, la recolección de basura alcanza cifras impresionantes; para 1985 se recolectaron un promedio de 12 mil 877 toneladas diarias, utilizando para ello una gran infraestructura para su traslado y disposición final; de éstas se dio tratamiento a 565 mil 423 toneladas en el año, así como la construcción y operación de rellenos sanitarios y plantas de incineración, como las de San Juan de Aragón y Tlalpan que están en proceso. Asimismo, se eliminaron 2 mil 950 tiraderos clandestinos de basura y clausuraron cuatro más a cielo abierto, con el propósito entre otros, de erradicar la fauna nociva que se genera.
De los grandes problemas que nos aquejan y que tienen diversas repercusiones, es el del transporte público, servicio que tiene un carácter estratégico ya que coadyuva al desarrollo socio - económico de la ciudad.
En los diversos foros de consulta entre autoridades y ciudadanos se ha planteado insistentemente la máxima prioridad a la solución del problema del transporte. En respuesta a dicho planteamiento comunitario el Gobierno de la ciudad ejerció en servicio de transporte más de un tercio del gasto programable total en 1985.
Tomando en cuenta la gran extensión urbana del Distrito Federal, así como la zona conurbana, en donde se realizan poco más de 33 millones de viajes - persona - día, durante 1985 ha sido necesaria una concertación de acciones entre las autoridades del estado de México y del Departamento del Distrito Federal; con la finalidad de mejorar la prestación de este servicio. En 1985 la demanda de 22.8 millones de viajes - persona - día, fue
atendida por el Departamento del Distrito Federal a través de sus diferentes modos de transporte, en aproximadamente el 55%. Contando para ello con 112.5 km en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y un parque vehícular de 2 mil 080 carros, con lo cual se logró la transportación de 1 324.4 millones de personas anuales con un promedio de 4.1 millones de pasajeros en día laborable. El Servicio de Transportes Eléctricos cuenta con un parque vehícular de 853 trolebuses, equipo con el cual movilizó a un total de 187 millones de pasajeros en el año. Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta - 100, transportó 1 970.6 millones de pasajeros en sus diferentes rutas, con un parque vehícular de 6 mil 631 unidades.
Una de las consecuencias mas graves para la salud de todos los que habitamos esta región, debido principalmente a esta gran concentración urbana industrial, es la contaminación ambiental que sufrimos, ya que se producen seis mil toneladas diarias de contaminantes que provienen en un 85% de gases emitidos por vehículos de combustión interna, y el 15% restante de instalaciones fabriles y otros agentes contaminantes.
La explosión demográfica, el hacinamiento, las dificultades para obtener un empleo estable y bien remunerado han motivado que se registre una elevación en la frecuencia e intensidad de conductas antisociales que se reflejan en un crecimiento de los índices de alcoholismo, drogadicción y vandalismo. Es por ello que para brindar una mayor seguridad de incrementó el número de policías en servicio activo con 1 mil 533 nuevos elementos, se amplió el equipo por lo que se contó con 2 mil 507 patrullas, 11 helicópteros, 4 mil 304 vehículos diversos y se construyeron 86 módulos de seguridad en las diferentes delegaciones.
Además, debe destacarse lo que informa la cuenta pública de 1985 en cuanto al especial cuidado que se puso en la profesionalización de los miembros del cuerpo de seguridad de la ciudad mediante el aumento del número de elementos que han cursado los programas básicos así como de los que han tomado cursos de especialización y/o actualización policial.
A las dificultades financieras vinieron a sumarse los efectos derivados de los sismos que se registraron en esta ciudad en el mes de septiembre de 1985; segando la vida de cientos de capitalinos; la infraestructura existente registró graves deterioros, sobre todo en materia educativa, donde 1 mil 658 escuelas sufrieron daños, hospitales, mercados públicos, comunicaciones; redes de agua potable donde se originaron 5 mil 285 fugas; drenaje y oficinas públicas, así como gran cantidad de construcciones particulares y viviendas populares que se vieron afectadas.
En cuanto a los servicios educativos, conviene señalar que al Gobierno de la ciudad le corresponde otorgar el servicio de mantenimiento a las instalaciones de los diversos niveles educativos y se coordina con las áreas responsables a nivel del Gobierno Federal para determinar donde localizar los nuevos centros educativos. Cabe destacar que se logró dar mantenimiento a la totalidad de los edificios escolares en los diversos niveles. Además, se ejecutaron acciones de emergencia para rehabilitar en breve tiempo los planteles escolares que sufrieron daños por los sismos ocurridos en el mes de septiembre.
Respecto a vivienda las facultades del Departamento del Distrito Federal en la atención de la demanda es mínima ya que los organismos federales como el Infonavit y Fovi, entre otros, son las instituciones responsables de apoyar la construcción de vivienda; sin embargo, el Departamento del Distrito Federal realizó en 1985,1 mil 338 acciones conformadas por 754 operaciones de autoconstrucción, 34 de mejoramiento de vivienda y 550 viviendas terminadas.
Además, a través de las cajas de previsión de la policía y para los trabajadores a lista de raya, se construyeron 310 viviendas.
Entendemos que los servicios de salud que presta el Departamento del Distrito Federal, se orientan a cubrir los requerimientos de la población no atendida por las instituciones de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE, es decir población no asalariada y de bajos niveles de ingreso. Al respecto, la cuenta pública informa que en la ciudad de México se cuenta con la siguiente infraestructura: cuatro hospitales generales con 774 camas; 13 hospitales pediátricos con 892 camas y ocho unidades médico - quirúrgicos con 185 camas.
Además, se tienen cinco unidades médicas en los Centros de Readaptación Social.
Para compensar la aceleración de las presiones inflacionarias ocurridas en 1985, se justifica el reforzamiento de los programas y acciones orientadas a reducir o atenuar sus efectos en la capacidad de compra de los grupos de menor ingreso.
Al respecto, en la cuenta pública de 1985 se informa que en materia de abasto y comercialización, el Gobierno capitalino realizó un enorme esfuerzo de concentración, coordinación y organización para apoyar la modernización del Sector Comercio, en especial el que se relaciona con bienes básicos.
Entre las acciones realizadas destaca la reubicación de 15 mercados sobre ruedas y la modernización de 158 mercados públicos. También debe destacarse que con el inicio de operaciones de 11 almacenes más se llegó a un total de 76 Almacenes para los Trabajadores del Departamento del Distrito Federal, que dan servicio a la población en general en forma oportuna y suficiente de precios accesibles.
Para mejorar la ministración de justicia se promovió la revisión del régimen jurídico que incluyó adecuaciones a los siguientes ordenamientos: Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, Código Penal, Código de Comercio y la Ley Orgánica de Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal. Asimismo, se modernizaron y simplificaron los procedimientos judiciales y se capacitó al personal además de aumentar sus emolumentos.
De esta manera se han descrito los avances logrados para mejorar la calidad de la vida en el Distrito Federal, así como las deficiencias que aun persisten y los problemas u obstáculos que han surgido para ampliar la cobertura de los servicios públicos.
Es evidente que aunque se han intensificado acciones emprendidas para desconcertar la actividad económica, urbana y poblacional, éstas han sido rebasadas por la emigración de los habitantes que ha traído como consecuencia que la demanda de servicios se vea incrementada cada año, en mayor medida que los recursos financieros asignados.
Sin embargo, a pesar de la austeridad presupuestal y de los desastres naturales, fue posible incrementar la cobertura de los servicios de transporte, agua, vigilancia, abasto, entre otros. El haberse logrado todo esto con recursos presupuestales limitados y otras dificultades refleja el esfuerzo de coordinación, productividad y eficiencia realizada por la Administración del Gobierno del Distrito Federal durante 1985.
III. Resultados Financieros
La finalidad de este apartado es analizar de manera conjunta la gestión financiera realizada por el Sector Central y los organismos y empresas del Departamento del Distrito Federal, en materia de ingresos, egresos, deuda y déficit.
Este análisis tiene como propósito conocer el grado en que se ajusto el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos en su ejercicio, así como los factores que influyeron en las variaciones más importantes.
Consolidado de Ingresos
La política tributaria del Departamento del Distrito Federal, se enfocó principalmente al fortalecimiento de la capacidad financiera y de gestión administrativa del Departamento del Distrito Federal. Como respuesta se llevaron a cabo acciones encaminadas a la actualización de los sistemas y mecanismos de recaudación y fiscalización, así como la desconcentración de áreas administrativas y recaudadoras para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, asegurando así los recursos económicos para que el gobierno capitalino pueda satisfacer las necesidades de servicios públicos que demandan los habitantes de la ciudad de México.
Los ingresos recaudados por el Departamento del Distrito Federal, durante el Ejercicio Fiscal de 1985, fueron 787 527 millones de pesos, cifra superior al original programado en 17%. Esta capacitación represento un crecimiento respecto a 1984 de 58% en términos nominales y un decrecimiento de 6% en términos reales. El incremento a lo previsto fue por una mayor obtención de recursos del Sector Paraestatal, provenientes de subsidios y aportaciones, y de las participaciones en impuestos federales, así como por los financiamientos al Sector Central.
La recaudación por ingresos ordinarios del Sector Central fue de 353 445 millones de pesos, ello significó un incremento de 38% en relación al año anterior.
Los ingresos ordinarios que mayor dinamismo mostraron a lo largo de año, tienen la siguiente estructura: los ingresos obtenidos en las fracciones de predial y adquisición de inmuebles, alcanzaron montos de 22 148 y 12 449 millones de pesos respectivamente, registrando crecimiento de 56% y 74% en relación a los ingresos obtenidos en 1984. Incrementos que se explican por la normalización de los cobros en predial en bienes revaluados y a la aplicación de impuestos sobre adquisición de inmuebles con valores actualizados. Cabe señalar que los propietarios de predios afectados por los sismos ocurridos, fueron eximidos del pago del impuesto predial a partir de septiembre de 1985, así también de aquellos inmuebles que fueron expropiados.
Para el logro de la recaudación del período analizado, se hizo necesario modificar la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, mediante la derogación y reformas de diversos preceptos, manteniendo vigentes las disposiciones que establecen desgravaciones en impuestos predial y de adquisición de inmuebles,
contribuciones de mejoras y derechos por servicio de agua, protegiendo así a los sectores de la población de menores económicos.
Por lo que respecta a los ingresos no tributarios (derechos, productos y aprovechamiento),durante 1985 alcanzaron la cantidad de 36930 millones que representan un crecimiento nominal de 4% respecto al año anterior.
La captación por concepto de derechos fue del orden de 24 585 millones de pesos, 26% más de lo recaudado en el año precedente, con una disminución del 9% a lo estimado para el ejercicio. Esta caída se originó por la suspensión del cobro de la cuota por servicio de agua potable en las zonas afectadas de la ciudad.
Los ingresos en la fracción de productos, ascendieron a 10 574 millones de pesos, cifra superior en 4 419 millones, 72% más ante su presupuesto de 6 155 millones, provenientes de los intereses generados por las inversiones en valores, originado por el establecimiento y operación de un nuevo sistema que permite la recepción en firme por parte de la Institución Bancaria de la recaudación diaria.
Se registró un importe de 1 771 millones de pesos en aprovechamientos, lo que significa un 26% menos en relación a lo estimado, esto como consecuencia de haber pasado renglones importantes de su recaudación a otros capítulos como es el caso de las multas fiscales que se reclasificaron contablemente en los conceptos de accesorios de las contribuciones.
Las participaciones en impuestos federales, fueron del orden de 277 793 millones de pesos, cantidad superior, en 12 984 millones, 5% más ante su estimación y en comparación al año pasado, registro un crecimiento del 43%. Consecuencia de que los impuestos (IVA e ISR principalmente)son proporciones con el incremento al índice de precios.
En apoyos fiscales ingresaron 53 817 millones, 46 por ciento mayor al registrado en 1984, distribuyéndose estos principalmente en el Programa Regional de Empleo, Programa de la Carne, adquisición de vehículos y equipo de seguridad, becas y apoyos a delegaciones, aplicados en acciones de recolección y tratamiento de basura, mejoramiento urbano, agua potable, escuelas y drenaje, así como el pago de Adefas.
Por lo que respecta al financiamiento documentado obtenido durante 1985, fue del orden de 155 815 millones de pesos, este permaneció inalterable respecto al nivel que se aprobó en el presupuesto autorizado. Las Adefas de ingresos se situaron en 83 875 millones de pesos, el crecimiento que se presenta con respecto al original de 53 875 millones de pesos, obedece a que se recurrió al financiamiento no documentado con acreedores y contratistas, con la finalidad de realizar acciones prioritarias, orientadas a ampliar y mejorar las obras y servicios básicos que demanda la ciudadanía. Dicho financiamiento celebrado en diciembre de 1985, será cubierto a corto plazo con recursos presupuestales de 1986.
Se recaudaron ingresos reales de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritario del Departamento del Distrito Federal, por 140 575 millones de pesos, significando un aumento de 21% a la cantidad prevista originalmente y 71% respecto al año anterior. Esta variación presupuestal se expresa por el aumento considerable de los apoyos fiscales en el transporte urbano; siendo todavía uno de los grandes problemas que se ha planteado en la ciudad de México desde años y por ende es preocupación de las autoridades el dotar de recursos necesarios a estos organismos para ofrecer los medios de movilización adecuados a su población, señalando que las tarifas a la fecha, aun no se habían incrementado.
Los ingresos obtenidos en el período correspondieron, 72% del total a los subsidios del Gobierno Federal, 13% a la venta de bienes y servicios y 15% a ingresos diversos.
Autotransportes Urbanos de Pasajeros R - 100
Este organismo público, presta servicios aproximadamente a seis millones de pasajeros/día, integrado por un parque vehícular de 6 mil 631 unidades, brindando transportación no tan solo a los habitantes de las 16 delegaciones políticas de la capital, sino también a los de la zona metropolitana. Para el ejercicio de 1985, ingresaron 79 630 millones de pesos, 17% mayor al autorizado y 39% mayor a 1984. La captación de dichos ingresos se integran por la venta de servicios 5 924 millones de pesos, ingresos diversos 1 876, aportaciones del Departamento del Distrito Federal, 1 744 y 70 086 de transferencias del Gobierno Federal.
Sistema de Transporte Colectivo
El Metro transportó en 1985, a 83 millones de personas más que en 1984, reflejo de las ampliaciones que entraron en operación el mismo año, para alcanzar 112.5 km. de vías dobles, 105 estaciones y 20 correspondencias entre sus 7 líneas.
Los ingresos obtenidos ascendieron a 43 963 millones de pesos, 9% menor a la asignación autorizada y 16 por ciento mayor a 1984. Se recaudaron por ingresos propios 3 455 millones y en transferencias y aportaciones 40 508 millones de pesos.
Servicios de Transportes Eléctricos
Este medio de transporte no contaminante destinó gran parte de recursos a la adquisición de trolebuses, así como a su restauración, conservación y construcción de nuevas líneas, financiando tales erogaciones con 800 millones de recursos propios, 7 230 millones de transferencias del Gobierno Federal y 9 362 millones en aportaciones del Departamento del Departamento del Distrito Federal. Siendo el total recaudado de 17 392 millones, que comparado con 1984 se incrementó en 31%.
Industrial de Abastos
Ante la situación que prevalece es nuestra economía se ha visto afectado el poder adquisitivo de los ingresos familiares en los últimos años, los ingresos de los trabajadores se han reducido como resultado de la inflación que afecta en forma directa a los principales renglones del consumo. La entidad recaudó un total de ingresos en 1985 de 11 560 millones de pesos 242% superior a 1984 y similar a la estimación original. Sus ingresos propios se situaron en 9 860 millones de pesos y 1 mil 700 de aportaciones. Dicho organismo presenta un superávit favorable para este ejercicio.
Caja de Previsión de la Policía del Distrito Federal
Este organismo se constituyó para brindar beneficios económicos y sociales a los miembros de la policía preventiva, siendo en total la recaudación de 4 895 millones de pesos, correspondientes a ingresos propios, 81% de incremento en relación a la estimación original de 2 700 millones y 36% mayor a 1984. Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya
La recaudación de ingresos totales ascendió a 7 751 millones de pesos, a través de recursos propios, cifra superior en 76% a 1984 y 210% en relación a la estimación original. La captación de estos recursos fueron principalmente por concepto de recuperación de préstamos a corto plazo e hipotecarios. Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (Fividesu)
Los ingresos de esta entidad se situaron en 9 495 millones de pesos, 2 769 millones de recursos propios y 6 726 de aportaciones del Departamento del Distrito Federal, en relación al autorizado representó un incremento del 50%. Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.(Servimet)
Esta empresa registró ingresos totales por 1 759 millones de pesos, provenientes de recursos propios. Respecto a la estimación original, presentó una disminución de 62% y en relación del año pasado tuvo un incremento de 27%.
Consolidado de Egresos
Se continuaron observando las políticas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, como directrices para llevar a cabo, el ejercicio y evolución del gasto dentro del marco de honestidad y eficiencia, reflejo de la voluntad de la gestión pública del Departamento del Distrito Federal.
Los resultados del gasto reflejados en la cuenta pública de 1985 se presentan como sigue:
El presupuesto original autorizado ascendió a 672 038 millones de pesos, modificándose por ampliaciones y reducciones en 117 474 millones lo que determinó un presupuesto modificado autorizado de 789 512 millones.
El ejercicio real fue de 787 527 millones de pesos, reflejando un cumplimiento de aproximadamente 100% respecto al presupuesto modificado, 17% mayor al presupuesto original y 58% mayor en términos nominales al del año pasado, observándose una reducción del 6% en términos reales.
Los recursos de las ampliaciones se destinaron principalmente a incrementar obras del transporte colectivo en la línea nueve, así como en la construcción y mantenimiento del drenaje semiprofundo, apoyo a los programas de seguridad, regional de empleo e incrementos salariales decretados por el Ejecutivo Federal.
En cuanto al gasto programable consolidado es decir, aquel que excluye el pago de deuda y aportaciones a los organismos, se destinaron 541 037 millones de pesos, de los cuales correspondieron 390 772 millones al Sector Central y 150 265 a organismos, modificándose a
629 227 millones, incremento que se distribuyó básicamente a cubrir incrementos salariales, adeudos de la Central de Abastos, apoyos al programa de becas y obras de vivienda, obras del colector semiprofundo de Iztapalapa y desazolve de la red de drenaje, así como apoyo al Programa Regional de Empleo y a la adquisición de 806 autobuses nuevos de Ruta - 100.
El gasto programable ejercido fue del orden de 627 642 millones de pesos, correspondiendo al Sector Central 452 306 millones y 175 336 a organismos y empresas, que comparado al presupuesto modificado resultó una economía presupuestaria de 1 585 millones, producto de un desfasamiento en la construcción de escuelas en la que no se contó con los terrenos oportunamente, así como obras de mejoramiento urbano y del sistema de agua y drenaje.
Los gastos directos administración, fueron 268 453 millones de pesos, representando el 34% respecto al gasto total; uno de los capítulos que reflejaron mayores erogaciones, fue el de servicios personales, debido a los incrementos de carácter general decretados durante el año. En lo referente al gasto de inversión su evolución fue favorable, asignándose recursos a la terminación de obras en proceso, iniciación de nuevas, de conservación y mantenimiento y de adquisiciones de equipo, que por su magnitud requieren continuidad en el proceso de programación - presupuestación. Sin embargo, cabe resaltar que para este período de estudio se canalizó para este concepto el 44% respecto al gasto total, resultado de las necesidades básicas de la población. En relación anterior, el gasto de inversión disminuyó 8%, esta situación se debió fundamentalmente al incremento en los conceptos de pago de deuda.
La gestión pública del Departamento del Distrito Federal, orientó sus acciones para proporcionar condiciones dignas de vida y opciones viables de superación a la ciudadanía a pesar de la difícil situación económica que enfrentaba el país, a esta se agregaron los problemas provocados por los movimientos telúricos, exigiendo erogaciones impostergables y necesarias para atender las situaciones de emergencia y restauración de los servicios fundamentales de la ciudad de México. Bajo este contexto los organismos y empresas presentaron las siguientes erogaciones presupuestales en 1985. Sistema de Transporte Colectivo
Este organismo fue apoyado para su operación, con un presupuesto original de 48 350 millones de pesos, modificándose a 44 429 millones, estas reducciones se presentaron al posponerse la instalación de bandas transportadoras de usuarios en las estaciones de La Raza y Consulado, el programa de adquisiciones de trenes, así como las retenciones del 20% que afectaron las ministraciones de subsidios programados de agosto a diciembre, para materiales, suministros y servicios generales. Lo expuesto refleja como resultado que la asignación ejercida del Metro fuera de 42 963 millones, dejándose de ejercer 1 466 millones.
Autotransportes de Pasajeros Ruta - 100
Sus acciones prioritarias se encaminaron a disminuir la contaminación, el mejoramiento de las instalaciones modulares, la adquisición de mayor número de unidades y a la capacitación y adiestramiento del personal para elevar su nivel de productividad y eficiencia.
En lo concerniente al presupuesto autorizado, se le asignaron 68 002 millones de pesos, que durante el transcurso del ejercicio se modificó a 80 327 millones, esta ampliación se debió a la adquisición de nuevas unidades de transporte, ejerciendo al final, la suma de 79 630 millones, mismos que fueron destinados en un 74% a gasto corriente y 26% a inversión física, sin presentar amortización de la deuda y una diferencia de gasto por ejercer de 697 millones.
Servicio de Transportes Eléctricos
El presupuesto original correspondiente a este organismo ascendió a la cantidad de 19 150 millones de pesos, modificándose a 17 512 millones, esta reducción de recursos, obedeció principalmente a no haber adquirido en forma total los trolebuses programados. En tanto el ejercicio real fue de 16 457 millones, canalizándose 46% a los capítulos de servicios personales, materiales y suministros y 54% a gastos de inversión.
Industrial de Abastos
I.D.A. concluyó su ejercicio con el cumplimiento de garantizar en épocas de escasez el abasto de la carne y reacondicionar sus instalaciones para la producción y venta de productos cárnicos e industrializados, incluyendo nuevos productos con un alto nivel nutricional. Realizando erogaciones por 11 098 millones de pesos, cifra similar a la asignación modificada y mayor en 234 por ciento con respecto al original, esta variación se dio para regular el precio de la carne y de esta forma permitir la estabilización del mercado.
INGRESOS CONSOLIDADOS DEL D. D. F. POR TIPO DE INGRESOS
(Millones de Pesos)
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Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (Fividesu)
La asignación autorizada para este organismo en materia de vivienda alcanzó un total de 6 335 millones de pesos, cuyo destino fue a la inversión, cifra que se modificó por una ampliación presupuestal de 3 160 millones, ejerciendo 7 638 millones, 20% superior al original y menor en la misma proporción al modificado, dejándose de ejercer 1 857 millones, correspondientes a obras en proceso terminadas en 1986.
Servicios Metropolitanos S.A. de C. V.(Servimet)
El presupuesto original autorizado a Servimet fue por la cantidad de 4 603 millones de pesos. Durante el ejercicio se registraron reducciones por un importe de 3 474 millones de pesos y ampliaciones por la cantidad de 630 millones de pesos con lo cual se llegó a un presupuesto modificado de 1 759 millones de pesos.
Las reducciones que se efectuaron al presupuesto de la empresa, fueron consecuencia de que en 1984 se anunció la posible liquidación de Servimet, por lo cual se trajeron las acciones inmobiliarias en gran parte de 1985, que se ubican en el Programa 2D Planeación de los Asentamientos Humanos.
Por lo que respecta a las acciones del Programa 2L Mejoramiento Urbano, casi en su totalidad se llevaron a cabo, salvo la construcción de cajones de estacionamientos, que no se efectuaron debido a la indefinición de la continuidad de las operaciones de la entidad y en parte a los efectos de los mismos de septiembre.Por las causas comentadas anteriormente, el ejercicio presupuestal de Servimet alcanzó un 38% con relación al presupuesto original y un 100% con respecto al presupuesto modificado.
Caja de Previsión de la Policía
El estado general de egresos presupuestales que presenta esta entidad fue la siguiente: su gasto real ejercicio ascendió a 4 895 millones de pesos, correspondiendo el 58% a gasto de operación, 10% a inversión física y 32% a inversiones financieras. Con respecto a 1984 su crecimiento fue de 36%, arrojando saldos positivos para este ejercicio.
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya
Los gastos efectuados alcanzaron la cifra de 7 751 millones de pesos, correspondiendo 67% a inversiones financieras, 30% a gasto de operación y 3% a inversión física. Las ampliaciones presupuestales otorgadas se canalizaron básicamente a cubrir préstamos a corto plazo e hipotecarios para el beneficio directo de sus afiliados.
Deuda Pública
El Departamento del Distrito Federal ha recurrido al financiamiento en forma selectiva, canalizándolo en su mayor proporción al gasto de inversión, con la finalidad de fortalecer los programas de obras y servicios urbanos básicos que demanda la ciudadanía.
Para 1985 se programó originalmente un pago por concepto de deuda pública por 131 001 millones de pesos, meta que fue modificada a 164 298 millones, ejerciéndose 159 885 millones 22% mayor a lo autorizado, cuyo incremento se ubicó en la deuda no titulada (Adefas) como resultado de la insuficiencia de los ingresos propios y del financiamiento no recibido en 1984.
De total del pago de la deuda, correspondió 158 776 millones al Sector Central y 1 109 al Sector Organismos y Empresas.
El incremento en el pago de la deuda de 1985 respecto a 1984 fue de 158%, consecuencia de los créditos contratados con Banobras incluyendo las pérdidas cambiarias ante los tipos de cambio de diciembre de 1984 a diciembre de 1985.
El saldo de la deuda total al 31 de diciembre de 1985, ascendió a 443 060 millones de pesos, 436 855 millones al Sector Central y 6 205 millones a Organismos y Empresas. Esta situación llevó a las autoridades a estudiar posibles alternativas de reestructuración para que el Gobierno Federal asumiera la deuda del Departamento del Distrito Federal, cuyos resultados serán reflejados en el siguiente ejercicio presupuestal.
Déficit
Los ingresos que se presentaron para 1985 descendieron, en tanto el gasto no lo hizo en la proporción necesaria para compensar la insuficiencia de los ingresos propios, situación que se manifiesta por la difícil situación económica. Estos indicadores reflejaron un déficit financiero de 216 179 millones de pesos que representaron un 33% mayor comparado con el presupuesto original y 80% superior al año anterior. Este aumento se debe a que se autorizó un mayor gasto de inversión, obteniendo un ahorro corriente descendente al que originalmente se había previsto. Esta reducción de ahorro fue
Cuadro No. 2 - 45 -
GASTO TOTAL CONSOLIDADO DEL D. D. F. (MILLONES DE PESOS)
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GASTO TOTAL DEL SECTOR PARAESTATAL
(MILLONES DE PESOS)
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resultado de las inversiones realizadas en los servicios básicos que demanda esta concentración urbana y que no son recuperables por la vía de precios y tarifas, por lo cual fue necesario obtener fuentes de financiamiento para cubrir dicho déficit, este fue apoyado por un endeudamiento neto titulado 125 965 millones, resultado de las colocaciones por 156 514 millones y un pago de amortizaciones por 30 549 millones, recibiendo transferencias por parte del Gobierno Federal por 47 478 millones, generándose una deuda no titulada por 36 397 millones como consecuencia de un gasto pendiente de pago para 1986 de 83875 millones y un pago de adeudos de 1984 por 46 478 millones
DÉFICIT FINANCIERO CONSOLIDADO DEL D. D. F.
(Millones de Pesos)
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IV. Objetivos y Metas de los Principales Programas
En este apartado y para dar cumplimiento a los preceptos legales de la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio de 1985, se analizan los objetivos y metas contenidos en los programas que sustentan la acción de Gobierno en el Distrito Federal.
En este período destacan los esfuerzos que mejoraron la programación presupuestaria, ya que la estructura programática utilizada en 1984 quedó establecida en 37 programas; para 1985 se presenta una nueva estructura programática que abarca un total de 22 programas, que agrupan en forma ordenada las acciones que anteriormente se encontraban dispersas, permitiendo agilizar el ejercicio de gastos públicos, como así también la simplificación en los trámites administrativos, obteniéndose un mejor control y seguimiento del uso y destino de los fondos públicos.
Para este año se establecieron como programas prioritarios, los siguientes: Transporte Urbano, Seguridad Pública, Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras, Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física Educativa, Vivienda, Regularización de la Tenencia de la Tierra, Salud, Recolección y Tratamiento de Basura y Deuda Pública del Departamento del Distrito Federal. Estos programas, en relación al
SECTOR DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL GASTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS 1985
- Millones de Pesos -
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monto total del presupuesto original representaron el 68%, sin embargo o a través del total de programas, se atendió la cobertura de los servicios que presta el Departamento del Distrito Federal, aprovechando su capacidad instalada, a pesar de los daños presentados por los sismos de septiembre del año pasado, donde se respondió a las demandas mas urgentes de los capitalinos, así como a las acciones señaladas en el programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la ciudad de México y de la región centro. El presupuesto asignado al Sector Departamento del Distrito Federal, permitió una distribución de recursos acorde a las necesidades, bajo los lineamientos enmarcados dentro de la estrategia de reordenación económica, donde se establecieron como objetivos prioritarios; mantener e incrementar en lo posible la prestación de los servicios públicos básicos, continuar con el estricto control del crecimiento urbano, impedir el establecimiento de industrias contaminantes y desalentar la concentración de la población en el Distrito Federal.
Los objetivos y metas alcanzados por el Departamento del Distrito Federal durante 1985, muestran avances significativos a pesar del crecimiento demográfico y de los efectos causados por los sismos que ocasionaron graves daños a la infraestructura de servicios, a la planta física educativa y a la vivienda.
Las variaciones observadas en el ejercicio del gasto son producto del retraso de las entregas de insumo para el transporte colectivo en sus diferentes modalidades, a proyectos de construcción que estuvieron sujetos a cambios y programaciones, por el alza de los materiales de la construcción; y a la atención de programas prioritarios afectados por los sismos, que obligaron a reforzarlos, para la reanudación de los servicios que presta el Departamento del Distrito Federal.
Transporte Urbano
El transporte público en el Distrito Federal coadyuva al desarrollo socioeconómico, ya que participa en la reorganización territorial de las actividades económicas y de los asentamientos humanos, permitiendo que este se preste a la ciudadanía en forma eficiente y económica. Bajo este contexto y ante el acelerado crecimiento poblacional de la ciudad de México durante los últimos años, motiva que sean impulsados los
esfuerzos para mejorar el transporte masivo en sus diversas modalidades. Para ello los recursos asignados a este programa representan un porcentaje de participación dentro del presupuesto ejercido en 1985 del orden del 29.6%, siendo este programa uno de los de mayor importancia del propio Departamento del Distrito Federal.
En 1985 fueron transportados 3 482.0 millones de personas de los 4 218.3 millones programados originalmente, con lo cual se cumple la meta en un 83%.
La variación que se presentó se debió fundamentalmente a la suspensión en el mes de marzo del servicio de tranvías por inicio de las obras del tren ligero ya que Ruta - 100 no contó oportunamente por parte del proveedor del parque vehícular programado, como así también el Sistema de Transportes Eléctricos en la entrega de trolebuses.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro, proporcionó el servicio a 1 324.4 millones de personas, cifra mayor en 14.1 millones a la de 1 310.1 millones de usuarios programada originalmente. El sistema de red alcanzó 112.5 km, con un total de 2080 carros en operación y 105 estaciones. La longitud construida de red fue de 9.38 km, con lo que se superó la meta programada en un 15% y entraron en operación 7.74 km al inaugurar de la línea 7 los tramos Auditorio - Tacubaya, con 2.74 km y Tacubaya - Barranca del Muerto con 5.00 km.
Por otra parte se continuó con los proyectos de las líneas 7 Norte y 8, los cuales se avanzaron según programa; adicionalmente se construyeron 9.80 km de vialidad coincidente, correspondiente a la 4a. etapa, meta que se cumplió al 100%. En la adquisición de trenes de una meta modificada de 17, se logró la adquisición de 14 trenes, debido a que la compañía constructora de carros de ferrocarril, no cumplió con las entregas en los tiempos establecidos, por tal motivo el pedido de los trenes restantes fue diferido para el ejercicio de 1986.
Con respecto a las acciones de mantenimiento menor de los 2 080 carro, se alcanzó un cumplimiento de 3. 017 acciones que representan el 93% de la cifra programada. Además se les proporcionaron 34 992 acciones de mantenimiento cíclico correspondiendo; 24 097 a mantenimiento menor y 10 895 al mayor; siendo esta última cifra inferior a la programada de 17 291 acciones.
Entre los factores que impidieron la consecución de esta meta se encuentran, la falta de disponibilidad oportuna de refacciones y equipo de importación. Sin embargo, lo anterior no fue obstáculo para con el personal y material disponible, se realizaran los mantenimientos requeridos para tener en óptimas condiciones el equipo rodante.
El Servicio de Transportes Eléctricos transportó a 187. 0 millones de usuarios de los 365.0 millones programados originalmente. Por medio de trolebuses y tranvías, la variación de la meta alcanzada obedeció a que la empresa Mexicana de Autobuses, S. A retrasó la entrega de unidades ya que de los 160 trolebuses programados sólo entregó 92, sin embargo, la necesidad de contar con un número mayor de vehículos anticontaminantes, obligó a reprogramar su adquisición.
En la meta prevista de la construcción de 114.5 km de nuevas líneas de trolebuses, a diciembre sólo se tenía un avance de 23 km, lo que significó el 20% respecto a la meta original. Cabe mencionar que actualmente los restantes 91.5 km mostraron un avance de obra de un 85%, lo que permitió que a julio del presente año se igualara la diferencia y se inauguraran seis nuevas rutas con lo que quedó concluida esta acción, elevándose significativamente el número de personas transportadas por este medio no contaminante.
Con el fin de mejorar la operación del servicio se restauraron 100 trolebuses y se proporcionaron 3 576 acciones de mantenimiento y se dio conservación a 555.2 km de líneas elevadas y a 50 subestaciones.
Con referencia a los tranvías se les proporcionó mantenimiento a los 40 en operación; este servicio fue suspendido, para iniciar la construcción del tren ligero, programándose 18 km para 1985 en vía doble, construyéndose sólo la primera etapa que comprende el tramo de la estación Tasqueña del metro a Huipulco con 11.4 km y la segunda etapa, que correrá de Huipulco a Xochimilco con una longitud de 6.6 km en vía doble; la cual fue diferida para 1986 debido a que se consideró prioritaria la terminación del primer tramo.
Es conveniente aclarar que por una imprecisión en el proceso de programación - presupuestación, se consideró que la construcción y rehabilitación de vías destinadas al tren ligero tendría un total de 18 km, siendo que la cifra correcta es de 26.0 km, en doble circulación en dos etapas, la primera que comprende 11.4 km de Tasqueña a Huipulco y la segunda de 14.2 km de Huipulco a Xochimilco; a diciembre de 1985 se cumplió con la primera etapa y la segunda actualmente cuenta con un avance del 15% en obra física.
A través de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta - 100 se transportó a 1 970.6 millones de
usuarios, 5% menor a la cifra modificada de 2 075.7 millones, las acciones desarrolladas permitieron reconstruir 175 autobuses de los 300 programados, los recursos de la diferencia de las 125 unidades restantes, se transfirieron para llevar a cabo la reconstrucción de motores, así como entre otros trabajos la reparación de transmisiones, bombas de inyección, chasises, inyectores, etc., el desfasamiento en el programa de reconstrucción se debió a que el retraso de 1984 repercutió en 1985, motivado por el incumplimiento de las compañías constructoras, sin embargo para mejorar este servicio se adquirieron 806 nuevas unidades a fin de eficientar la red de operación se construyó un módulo prototipo y un taller tipo.
Cabe resaltar que debido a los sismos registrados en septiembre se otorgó servicio gratuito del 21 al 26 del mismo mes, lo que también contribuyó a que no se alcanzara la meta programada. Como metas complementarias y con el propósito de planear el crecimiento de la infraestructura del transporte masivo, tanto subterráneo, como el de superficie, se elaboraron 34 estudios, 27 referentes a la vialidad e infraestructura, seis sobre revisión de precios unitarios y uno de evaluación de proyectos; con lo que se cumplió el 100% de la meta modificada.
Es conveniente destacar que el programa de transporte se ha llevado mayores inversiones en los últimos años.
Hoy en día existe una demanda de 22.8 millones de viajes - persona - día en la ciudad de México, de los cuales el 55% es atendido por el Departamento del Distrito Federal. En este mismo año las tarifas existentes no permitían la recuperación de sus costos de operación y de inversión.
A este programa le fueron asignados originalmente 210 528 millones de pesos, 93 720 millones para gasto de operación y 116 803 para inversión física, cifra que fue modificada a 233 176 millones, 11% más de la cifra original que correspondió casi en su totalidad a gasto de capital, y cuyo destino fue la adquisición de autobuses de Ruta - 100, obras de ampliación del metro, y a diversas acciones de mantenimiento mayor de instalaciones de este último. El presupuesto ejercido ascendió a 233 172 millones de pesos, casi el 100% del total modificado.
Ante el crecimiento demográfico de la ciudad de México, es necesario tomar acciones que desalienten el uso de vehículos particulares, una de ellas sería aumentar la prestación del servicio de transporte colectivo en el número y capacidad suficiente para la demanda que se presente, por ello se hace necesario recalcar la importancia del programa en cuanto a la asignación de recursos, los cuales de acuerdo a la posibilidad del Departamento del Distrito Federal, no deben ser restrictivos y deberán ser aplicados, mediante las normas establecida para tal fin.
Además deberá considerarse conveniente el incremento paulatino a las tarifas como el aplicado en este año, con lo cual se logrará el equilibrio deseado; mismo que permitirá el saneamiento de la finanzas del Departamento del Distrito Federal.
Seguridad Pública.
El contenido de este programa tiene como propósito fundamental brindar seguridad a los habitantes de esta ciudad, mantener el orden público, proteger la integridad física y moral de las personas en sus bienes y posesiones y dar la fluidez vehícular en el tránsito capitalino.
Bajo este premisa las acciones desarrolladas se enfocaron disminuir los índices de delincuencia, accidentes y siniestros, por medio de los 27 mil elementos con que cuenta el Departamento del Distrito Federal, habiéndose patrullado una área de 1 251 Km², meta superior en 9.0% a la programada de 1 145 Km², la variación se fundamenta por la aleatoriedad de la demanda por partes de los ciudadanos capitalinos.
En acciones ligadas a las operaciones de rescate se otorgaron 17 251 servicios, metas 15% mayor a la modificada, con lo que se evito en la medida de lo posible la ocurrencia de siniestros y la perdida de vidas humanas.
En acciones de rescate, otorgados 18 mil servicios médicos de urgencias, 10% menor a la meta modificada en virtud de que este servicio depende de la demanda ciudadana.
En la expedición y control de documentos se superó la meta programada en un 12%, lo cual se explica por la demanda de la población, que hizo uso del servicio otorgándose 562 mil documentos.
Con el propósito de mejorar los servicios que otorga el cuerpo de policía y tratando de profesionalizar a estos, se impartieron 49 cursos de especialización y formación policial básica, cantidad 96% mayor a la meta programada y 43% menor a la modificada, la variación en esta última se debió a que se suspendieron las actividades a consecuencia de los sismos ocurridos durante 1985.
Para este mismo año, la inscripción registrada fue de 3 271 personas, habiendo egresado 1 533 elementos, esta meta tuvo un cumplimiento menor a lo previsto, debido a que las generaciones 16, 17, 18 y 19 terminaron sus cursos durante los primeros meses de 1986, siendo incorporada la mayoría de los elementos al cuerpo de policía preventiva.
En 1985 se programó la compra de un terreno a efecto de construir las nuevas oficinas de la Secretaría de Protección y Vialidad, sin embargo, dicha acción no fue posible llevarla a cabo debido a que las opciones de compra de terreno no cumplieron con los requerimientos de operación y ubicación.
Como parte de la modernización de los sistemas de información y comunicación se incorporó nuevo material, destacando la adquisición de 500 patrullas, y equipo diverso como jeeps, grúas, panels, combis, pick - ups, motocicletas, equipos de radio móvil, transmisores - receptores, torres de intercomunicación y un conmutador.
Adicionalmente por medio de las delegaciones, se construyeron 86 módulos de protección e información, a través de los cuales se presta el servicio en forma mas oportuna.
Las prestaciones del personal tuvieron mejoras sustanciales como son el otorgamiento de casa - habitación, créditos, despensas e incrementos en primas e indemnización y jubilación, también destaca la coordinación de los programas de capacitación profesional del cuerpo de policía, con la participación de la U.N.A.M. y de la U.A.M.
Es necesario resaltar que dentro de las acciones de seguridad, se llevaron a cabo las tareas de vigilancia rutinaria o de patrullaje a pie en base a rondas en las colonias populares; las operaciones de protección habitacional, a las instituciones crediticias y de pago, receptorías de rentas, de protección obrera los días de raya; operaciones contra secuestros de autobuses; de vigilancia en parques y jardines; operaciones de vigilancia en eventos deportivos y especiales; de dispersión de pandilleros; de protección a escolares; de control de tránsito en manifestaciones; de rescate aéreo de emergencia y de protección a turistas, entre otras.
Los recursos asignados originalmente fueron 23 144 millones de pesos, cifra que se incrementó en un 50% arrojando un presupuesto modificado y ejercido de 34 798 millones de pesos.
El incremento presentado se debe a los aumentos de las remuneraciones del cuerpo de policía, de policías en activo, así como del vestuario, alimentación, prestaciones sociales, vehículos, armamento y equipo de comunicaciones adquirido para un mejor desempeño de sus funciones.
El comportamiento de las metas alcanzadas puede considerarse como aceptable, sin embargo para detener el alto índice delictivo es necesario continuar tecnificando las acciones de seguridad, ampliando el ingreso de nuevos elementos, y reducir la vigilancia de las instituciones bancarias para poder contar con mas elementos en activo. Por otro lado la Secretaría de Protección y Vialidad, deberá instrumentar acciones tendientes a la utilización de sistemas de operación ágiles que prevengan los actos delictivos en la ciudad de México.
Agua Potable
En este concepto, las acciones se orientaron a mantener el nivel de abastecimiento del vital líquido en calidad y cantidad suficiente para cubrir las necesidades de los 10.5 millones de habitantes del Distrito Federal, mediante al aplicación de la infraestructura correspondiente y el mantenimiento del sistema de distribución.
Mediante la infraestructura existente se surte el agua potable al 97% de la población a través de la red de distribución domiciliaria y el 3.0% restante mediante carros tanque, además de contar con agua tratada para uso en las áreas verdes.
Dentro de las acciones desarrolladas destacan la construcción de 8.19 km del Acueducto Periférico Ramal Sur, meta que se alcanzó al 96% respecto a la meta modificada; a pesar de las modificaciones de obra por el tipo de terreno que dificultaron la aplicación de las técnicas de trabajo.
En la ampliación de la red primaria Río Magdalena Cerro del Agua, la meta fue alcanzada en 75 metros de los 1 mil 560 metros programados originalmente. Esta meta quedó modificada con una longitud de 100 metros, debido a que los vecinos del lugar se opusieron a su realización, ya que en su trazo se consideraba la afectación a la vialidad de la zona. Los recursos sobrantes se canalizaron a obras de sustitución de pozos en los Valles de México y Lerma.
A fin d incrementar la capacidad de almacenamiento de agua potable, se construyeron los tanques "La Era y Santa Ursula Xitla" con capacidad global de 3 mil metros cúbicos, además se realizó la primera etapa de construcción de los tanques "Cerro de la Estrella y Villa Verdum", que tendrán una capacidad total de 100 500 metros
cúbicos, la meta alcanzada fue del orden del 58%, con respecto a la modificada; en la perforación de pozos, la meta fue rebasada en un 7% con respecto a la original y modificada perforándose 32 pozos, en Lerma y Valle de México; en la ampliación de las líneas de conducción, se alcanzó un avance del 53% o sea 19.0 km de los 35 programados como modificados, la variación fue motivada por retrasos en la contratación de la obra, no obstante los 17 km restantes se encuentran en proceso de construcción.
En la distribución gratuita de agua potable en carros - tanques, se tuvo una meta modificada de 73 millones 645 mil 200 litros, y se alcanzó 1 mil 266 millones 969 mil 100 litros. La fuerte variación en esta meta se debió, a que por los sismos se vio afectado el sistema de abasto normal y se tuvo que intensificar el reparto de agua por medio de pipas. En la instalación de bolsas ahorradoras de agua fueron colocadas 478 mil 083 bolsas, cumpliéndose la meta establecida y se instalaron también 1 mil 543 paquetes sanitarios de bajo consumo en la Delegación Benito Juárez, meta realizada en un 31%; el incumplimiento fue debido a que los accesorios son de importación, por lo que se ha promovido ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la producción nacional.
Por otro lado se instalaron 48 mil 600 medidores de agua, 62% más a la meta programada; en materia de conservación y mantenimiento de vehículos se otorgaron 5 mil 695 acciones, 48% más a la meta original también se atendieron 417 unidades de equipo diverso y 312 unidades de plantas de bombeo, cantidades menores a las previstas, por dar prioridad a otras acciones derivadas de los sismos.
El mantenimiento correctivo al equipo, se cumplió al proporcionarlo a 417 equipos programados en la meta modificada, el mantenimiento preventivo a plantas de bombeo y equipo diverso no se cumplió en su totalidad, debido a que se mantuvieron en operación permanente los equipos electromecánicos, y las bombas de las plantas durante la temporada de precipitación pluvial, los recursos no ejercidos se utilizaron en apoyar las obras de construcción y revestimiento de sifones, así como en la sustitución de pozos.
En la rehabilitación de 80 pozos, sólo se alcanzaron 55, debido a la distracción de los recursos humanos y materiales para apoyar el programa de emergencia originado por los sismos, no obstante la diferencia de 25 se encuentran en proceso de rehabilitación.
En la impermeabilización de tanques, mantenimiento eléctrico a plantas potabilizadoras, ampliar la red secundaria, conservación y mantenimiento de la misma red, inspección de pozos particulares, operación de tanques y plantas de bombeo, operación de la red primaria, instalación del control automático de pozos, conexión de tomas domiciliarias y adquisición de insumos, las metas establecidas para cada uno de estos conceptos se cumplieron en su totalidad y en algunos casos se superaron.
Adicionalmente se repararon 108 mil 423 fugas de agua y fueron censadas 500 mil tomas domiciliarias.
Con lo que respecta al servicio de agua potable afectado por los sismos disminuyó el caudal en 7.6 metros cúbicos por segundo, como consecuencia de 16 fracturas en los acueductos del sur y 5 mil 285 desperfectos en las redes primarias y secundarias, lo que motivó al Departamento del Distrito Federal a la realización de acciones correctivas, que reinstalarán el servicio a la población.
La asignación original de recursos a este programa fue de 29 646 millones de pesos, la cantidad modificada de 29 247 millones y la ejercida de 29 236 millones, siendo su distribución del 90% a inversión y 10% a corriente.
En términos generales se observó que el cumplimiento de objetivos y metas previstas fue satisfactorio a pesar de las circunstancias enunciadas en párrafos anteriores.
Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras
En este servicio las acciones se orientaron en mantener la cobertura y mejorar la eficiencia, en la descarga, recolección, desalojo y tratamiento de aguas negras y pluviales, así como a reducir los riesgos de inundación provocados por las lluvias torrenciales y hundimientos, dando especial atención al 26.0% de la población que carece de él, y que se encuentra ubicada en la periferia de la ciudad y/o en asentamientos humanos irregulares.
Para mantener esta cobertura, se excavaron 200 metros de túnel del interceptor central de drenaje profundo, el cual ya cuenta con 90 km, obra que se cumplió satisfactoriamente conforme a la meta modificada, también se construyeron 8.9 km de líneas de conducción de agua tratada de los 12. 4 km establecidos como meta modificada, la reducción se debió a la necesidad de disponer recursos, para continuar la construcción de las lumbreras 3 y 4 del colector semiprofundo de Iztapalapa.
Las obras de regularización de Ciénega Grande y de rectificación del cause del río San Buenaventura
fueron suspendidas, para dar atención a acciones prioritarias de las obras, colector de alivio Refinería Trujillo; rectificación y entubamiento de 5.5 km, sobre el Canal Nacional y de Chalco, Barranca de Memetla y parte de los Ríos Tacubaya y Becerra. En cuanto a la construcción del contenedor del colector semiprofundo de Iztapalapa, se alcanzó la construcción de 4.367 metros, superando la meta original y modificada. Además se inició la construcción de la primera etapa de las plantas de bombeo, Central de Abasto II y Miramontes; con el fin de aplicar la captación de descargas domiciliarias, fueron construidos 64.5 km de redes secundarias, 0.4 km, de redes primarias y 0.4 km de colectores de alivio; en la zona de los Pedregales Coyoacán, se construyó la primera etapa del sistema de drenaje con 9 km de colectores, 15.1 km de atarjeas, 2.6 km de colectores auxiliares y 1 mil 509 descargas domiciliarias, obras que beneficiaron a 217 mil habitantes de la zona. Las delegaciones ampliaron la red secundaria del sistema de alcantarillado en 102 km, y otorgaron mantenimiento preventivo a 3.768.1 de la propia red.
Por otra parte, se efectuó la limpieza y desazolve en presas, ríos, canales, cárcamos y barrancas en 303 mil 002 metros cúbicos, se dio manteniendo preventivo y correctivo a 203 unidades de maquinaria y equipo; la primera alcanzó un 90% y la segunda tuvo un avance menor, por la transferencia de recursos para apoyar acciones de reconstrucción.
Dentro del mantenimiento al parque vehícular, se efectuaron 5 mil 624 acciones, 84% más a la cifra programada originalmente, esto de debió a que muchas unidades por su edad funcional requirieron la permanencia de este.
Asimismo, se llevó a cabo el desazolve y limpieza de 1 millón 237 mil 166 piezas integradas por colectores, atarjeas, pozos de visita y coladera, meta que casi se duplicó conforme a la establecida, debido a las necesidades de mantenimiento que se requieren en época de lluvia; también se efectuó el mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo electromecánico y de radio a 1 mil 463 unidades, 17% mayor a la meta programada; en forma permanente y sistemática fueron operadas las nueve plantas de tratamiento de aguas negras y de manera adicional, se construyeron 1 mil 347 metros de atarjeas y albañales.
Por lo que se refiere a los daños sufridos en el sistema de drenaje por los sismos de 1985, hubo necesidad de revisar su estructura, detectándose daños considerables en el Río de la Piedad a lo largo de 6 mil 500 metros, lo que ameritó su reparación inmediata y en el cause del Río Churubusco, con el cruce con la avenida Pantitlán, se apreció una fractura en los cajones del río, la cual fue reparada con la prontitud debida; otros daños se presentaron en la laguna de aireación de San Luis Tlaxialtemalco, en el colector "Los Pueblos del Sur" y varios colectores de descarga al gran canal de desagüe, los cuales también fueron atendidos.
Los recursos asignados a este programa originalmente ascendieron a 19 602 millones de pesos, mismos que se incrementaron a 26 806 millones de presupuesto modificado y se ejercieron 26 731 millones; la distribución de éste fue 98% para inversión y el 2% restante a gasto corriente. Dentro de este programa se observó un cumplimiento razonable de los objetivos y metas; sin embargo debe seguir considerándose como prioritario, ya que obras de la magnitud como es el drenaje profundo, permitirán a esta ciudad de México bajo su crecimiento natural, satisfacer la demanda de este servicio a futuro.
Educación.
Las acciones de este programa, se orientaron a atender la demanda de la población escolar capitalina, a través de la construcción y mantenimiento de las instalaciones educativas, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.
En educación preescolar, se construyeron 23 planteles 56% de la meta modificada, lo que permitió beneficiar a una población infantil de 9 mil 200 niños; los 18 planteles restantes quedaron en proceso de construcción, que a la fecha registran un 80% de avance promedio en obra física. Esto se debió a las dificultades para la localización de predios con características adecuadas; en este mismo concepto se les dio mantenimiento a 807 edificios, 6% más de la meta modificada.
En educación primaria se programó originalmente la construcción de 26 escuelas, misma que se modificó a 38, alcanzándose 32, con 480 aulas, quedando las seis restantes en proceso de construcción que a la fecha registran un avance del 90%; la diferencia fue por dificultades en la adquisición de predio, la construcción de estos planteles permitió beneficiar a 48 mil alumnos en dos turnos; en el mantenimiento de escuelas se rebasó la meta modificada de 1 mil 125, alcanzándose 1 mil 190 un 6% más, todo ello derivado por los sismos.
En relación a las escuelas secundarias generales se programó una meta de construir 21 planteles, cifra que se modificó a 48 y se alcanzó la construcción de 39 escuelas con 585 aulas,
beneficiando a 58 mil 500 alumnos en los turnos, matutino y vespertino, las nueve restantes presentan un avance de obra física del 99%; en el mantenimiento de escuelas de las 400 establecidas como modificadas se alcanzaron 466,14% más.
En cuanto a la construcción de escuelas secundarias técnicas, fueron terminadas 57 con 636 aulas, beneficiando a 63 mil 600 alumnos, de las 78 programadas como modificadas. Las causas por las que no se cumplieron las metas obedecieron a la escasez de predios para su construcción; así como la reorientación de recursos para apoyar las obras de emergencia, las 21 escuelas restantes se encuentran en proceso de construcción con un avance promedio del 85% en obra física; en el mantenimiento de escuelas se dio conservación a 60 edificios 13% menor a la establecida como meta modificada, la variación se debió a que sólo se otorgó a las escuelas que así lo requirieron.
Los trabajos que se demandaron con motivos de los sismos determinaron que la Secretaría de Educación Pública y el Departamento del Distrito Federal, se abocaron a verificar y realizar las reparaciones necesarias, a los planteles dañados, de los cuales 421 sufrieron daños mayores, 1 mil 237 con cuarteadas que no afectaron su estructura, habiéndose reparado a la fecha y puesto en operación un total de 1 mil 310 escuelas.
A este programa se le otorgó un presupuesto original de 11 495 millones de pesos, mismo que se modificó a 12 825 millones y se ejercieron 12 779; 11% más al presupuesto original, la variación obedece a las reparaciones hechas a raíz de los sismos.
Es recomendable para evitar el desfasamiento de metas, que exista una mayor coordinación entre la Secretaría de Educación Pública y el Departamento del Distrito Federal, para la ubicación de los planteles escolares. Salud
En este concepto el Departamento del Distrito Federal proporcionó asistencia médica a la población abierta buscando consolidar la atención oportuna, en especial a las clases económicamente mas desprotegidas, incrementar los niveles mínimos de salud e higiene y contribuir a la erradicación de las enfermedades transmisibles.
Con la infraestructura básica se otorgaron servicios hospitalarios, médicos generales e infantiles a 2.1 millones de personas, cifra superior en un 18% a la meta modificada, crecimiento motivado por la atención de personas afectadas por los sismos; también se aplicaron 47 mil 131 dosis de vacunas para evitar brotes de epidemias, proporcionándose adicionalmente 554 mil medicamentos, 11% mayor a la meta original y 516% más que en 1984, en apoyo a familiar de ingresos menores.
Con el fin de capacitar al personal médico se impartieron 331 cursos, 14% más a la meta modificada; con la participación ciudadana, se realizaron 120 campañas de educación y orientación para la salud y fueron atendidas 22 mil 910 mujeres en edad fértil, sobre planificación familiar.
En la construcción del nuevo Hospital Central de Urgencias "Rubén Leñero" se avanzó en un 30% según programa de obra, para este año se tiene como propósito el incrementar la cobertura de los servicios proporcionados por los hospitales de Traumatología. Se iniciaron los trabajos para la transformación de dos hospitales infantiles a generales, el de Xochimilco y el de Iztapalapa; los sismos de septiembre, obligaron a dar prioridad a otras acciones de urgencias.
En el mantenimiento de unidades y hospitales, se programaron 99 instalaciones y se otorgó la conservación a 73, encontrándose una variación del 26%, esta meta no se alcanzó en virtud de que en el último trimestre del año, se tuvieron que distraer recursos humanos, financieros y materiales, para la atención de la etapa de emergencia provocada por los sismos; adicionalmente en apoyo a la rehabilitación de pacientes, se llevó a cabo el trasplante de 121 córneas, beneficiando a igual número de personas, reintegrándose a su vida normal.
Este programa tuvo una asignación original de 12 418 millones de pesos, cifra que se modificó a 16 306 millones, ejerciéndose 16 303 millones, cifra que mostró una variación de 31% más comparada con la original; del presupuesto ejercido fue el 64% para gasto corriente y el 36% a inversión.
En general se observó un cumplimiento aceptable en los objetivos y metas planteados.
Vivienda
En problema de vivienda en el Distrito Federal es difícil de resolver, por el mismo crecimiento demográfico; aunado a ello se acrecentó mas debido a los daños causados por los sismos de septiembre de 1985, sin embargo considerando que existen entidades encargadas para tal fin, el Departamento del Distrito Federal, contribuye en forma marginal en el desarrollo habitacional a través de la construcción de vivienda a costos razonables, beneficiando así a las clases sociales mas desprotegidas.
Las metas alcanzadas a través de las cajas de previsión para los trabajadores a lista de raya y de la policía del Distrito Federal, ascendieron a 310 casas de interés social construidas.
Originalmente se programaron 460, meta que se modificó a 790 debido a que la Dirección General de Regularización Territorial asignó 15 predios. El desfasamiento de 480 viviendas que se presenta a diciembre de 1985, se debió por un lado a que 210 viviendas aun se encuentra en proceso de construcción por la disposición tardía de los predios, de las restantes 270, sólo se construirán 220, en virtud de cambios en el destino de la reserva territorial
. En cuanto al mantenimiento de viviendas este se proporcionó a 2 mil 840, cumpliéndose la meta establecida.
El Departamento del Distrito Federal edificó 550 viviendas mediante el sistema de autoconstrucción, de las 760 programadas modificadas, la diferencia de 210 quedaron inconclusas, debido a que los predios requeridos para los diferentes frentes de construcción fueron entregados en forma extemporánea, y porque las obras y proyectos tuvieron que ser revisados con motivo de los sismos ocurridos en el mes de septiembre de 1985.
Mediante el Fividesu se llevó a cabo la edificación de 754 viviendas, mediante el otorgamiento gratuito de asesoría y supervisión técnica beneficiando a 3 mil 770 pobladores de las diversas delegaciones. La meta original de 2 mil 464 viviendas se redujo, debido a que fueron suspendidos temporalmente los trabajos en el frente denominado "Minas de Cristo", ya que los autoconstructores no lograron conjuntar la fuerza de trabajo requerida para la ejecución de esta obra.
En mantenimiento de viviendas de la meta modificada de 72 viviendas, sólo se alcanzaron 34; esta meta fue reducida en virtud de que 38 solicitantes de crédito para el mantenimiento de su vivienda, no eran sus legítimos propietarios, requisito básico para otorgar este beneficio, quedando en estudio igual número de nuevas solicitudes.
Dentro del mejoramiento de viviendas se lograron atender a 248 cifra superior en un 20% a la modificada; por su parte las delegaciones dieron conservación y mantenimiento a 25 ciudades habitacionales; seis en la delegación Iztapalapa y 19 en la Miguel Hidalgo.
El presupuesto asignado originalmente fue de 7 461 millones de pesos, el modificado y ejercido fue de 10 776 millones de pesos, el incremento con respecto al original fue de 44%.
El cumplimiento observado en las metas, alcanza aproximadamente el 60%, esto se debió fundamentalmente a la redefinición de la reserva territorial, por ello es conveniente considerar para los años subsecuentes, programar en base a una disponibilidad de terrenos, con características afines al tipo de construcción.
Tenencia de la Tierra
Entre los factores que afectan mayormente a los sectores más desprotegidos de la sociedad, es la irregularidad en la tenencia de la tierra, que a su vez se traduce en un crecimiento desordenado de la urbe, por ello resulta una tarea prioritaria, establecer una política que se base fundamentalmente a favorecer su situación y a orientar un desarrollo gradual del crecimiento de esta ciudad de México.
Bajo este contexto se expidieron 40 mil escrituras, siendo 22 mil de propiedad particular y 18 mil de propiedad del Departamento del Distrito Federal, con lo que la meta se cumplió al 80%; la variación del 20% se debió a que la Dirección General de Regularización Territorial, tuvo que suspender sus labores cerca de mes y medio, en virtud de que sus instalaciones fueron afectadas por los sismos de septiembre, además del cierre temporal de los juzgados por el mismo motivo, que dificultó la agilización de trámites relacionados con el proceso legal de la escrituración de predios.
En coordinación con la Secretaría de la Reforma Agraria se realizaron las siguientes acciones: se estableció un inventario por delegación de los principales problemas, estableciéndose como prioridad atender las delegaciones de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Tlalpan, por representar todas estas más 80% del programa de regularización; asimismo, a través de la Delegación Agraria del Distrito Federal, se avanzó en la integración del Catastro Rural, en la cual permitirá la identificación de la propiedad rústica, verificación de linderos, delimitación de asentamientos humanos irregulares y la regularización de predios.
Por conducto de las delegaciones, se proporcionaron 4 mil 193 asesorías jurídicas en materia de regularización territorial, 15% más a la meta modificada de 3 mil 646 asesorías.
El presupuesto original asignado a este programa fue de 1 857 millones de pesos, asignación que fue modificada a 1 390 millones, al reducirse el gasto corriente de acuerdo a la política de austeridad, ejerciéndose 1 254 millones, 96% a gasto corriente y 4% a inversión.
El cumplimiento de las metas es aceptable, ya que por los imponderables enunciados, y a la reducción del gasto fue posible su atención de acuerdo a su capacidad.
Recolección y Tratamiento de Basura
A cargo del Gobierno del Distrito Federal, se encuentra la operación del sistema integral de Recolección de Desechos Sólidos, a efecto de procurar la limpieza e imagen de la ciudad.
Por ello fueron recolectados 4.7 millones de toneladas, 16% más de la meta modificada, de las cuales se les dio tratamiento a 565 mil 423 toneladas: las 16 delegaciones contrataron el arrendamiento de 15 mil 190 vehículos, meta superior en un 93% a la modificada, para poder atender el sistema de recolección. En el mantenimiento del equipo de limpia se cumplió la meta al atender a 1 mil 159 unidades de las delegaciones de Iztacalco y Cuauhtémoc.
En la construcción de estaciones de transferencia se terminaron la de Xochimilco e Iztapalapa, no así la de Gustavo A. Madero, la cual fue suspendida, debido a que los habitantes del lugar se opusieron, por quedar ésta dentro del perímetro de una clínica médica; en la terminación de la construcción de la estación de transbordo en Coyoacán, no se reportó avance físico, en virtud de que se programó exclusivamente, el finiquito de la obra la cual fue concluida y entregada en el ejercicio de 1984.
Por otra parte, se avanzó en un 90% la terminación y montaje de las 2 líneas de incineración de las plantas de San Juan Aragón y Tlalpan. Así también fue puesto en marcha el programa de 123 contenedores de recolección nocturna, el cual permitió la recolección de 30 mil toneladas en 27 kilómetros de las principales vías vehículares.
Con la participación ciudadana se difundieron 7 campañas de prevención y control de la contaminación y fue concluida la elaboración del programa maestro de desechos sólidos, que organiza las acciones de todas las áreas involucradas en el manejo de basura.
Con el objeto de mejorar las técnicas y procedimientos en la disposición final de los desechos sólidos, se inició la operación del relleno sanitario, ubicado en el ex lago de Texcoco, con una capacidad operativa de 3 mil 500 toneladas diarias de basura provenientes de seis delegaciones. Así también, con el propósito de erradicar la fauna nociva, se eliminaron 2 mil 950 tiraderos clandestinos de basura y se clausuraron cuatro más a cielo abierto.
La asignación presupuestal original a este programa fue de 13 148 millones de pesos, cantidad que se incrementó en un 25% llegando a un presupuesto modificado de 16 373 millones y ejercido de 16 371 millones, todo ello destinado a inversión.
El comportamiento de las metas se avaluó como aceptable, si consideramos la cantidad de desechos sólidos producidos por una ciudad de más de 10 millones de habitantes, este programa debe seguir siendo incluido como prioritario y los recursos asignados deberán canalizarse a la construcción de plantas de tratamiento de desechos sólidos a fin de erradicar los tiraderos a cielo abierto y así proporcionar un servicio adecuado en esta ciudad de México.
V. Conclusiones
Al revisar la cuenta pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1985, las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, se abocarán a examinar su situación jurídica, económica y social bajo las cuales se ejerció el presupuesto aprobado por esta honorable Cámara.
Bajo este contexto se observó el comportamiento de los ingresos, gastos y financiamientos de los sectores, Central Paraestatal, se evaluaron las acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos y metas, y sobre este último concepto se revisaron los programas señalando los avances de logrados, así como la justificación a las variaciones de las mismas.
La observancia de los preceptos legales del sector Departamento del Distrito Federal fue adecuada, tomando en cuenta que durante este año se presentaron circunstancias especiales, como los sismos y el comportamiento desfavorable de la economía nacional, que provocaron el desfasamiento de los programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por consiguiente se considera que las omisiones observadas no representan una falta grave de cumplimiento.
En relación al aspecto financiero, el Departamento del Distrito Federal a nivel consolidado, incrementó su captación de ingresos comparados al año anterior, sin embargo los ingresos propios no fueron suficientes para financiar los gastos, esto se debió a que los sismos ocurridos en el mes de septiembre obligaron a reducir su captación, ya que los inmuebles dañados quedaron exentos a partir del último cuatrimestre del pago del impuesto predial y derechos por consumo de agua, además de los predios expropiados por el mismo motivo.
En el apartado de gasto, este fue superior al presupuesto original, debido a que los niveles de
inflación rebasaron las estimaciones previstas provocando ampliaciones que estuvieron debidamente autorizadas, sin embargo la política de gastos se apegó a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, esto dio como respuesta contener el crecimiento del gasto corriente y aumentar la participación de la inversión, todo ello con el fin de incrementar la infraestructura de los servicios públicos.
El concepto de deuda fue mayor al registrado en el año anterior, esto se debió a que el costo de los programas fue mayor, lo que obligó a acudir al financiamiento para obtener los recursos necesarios en apego a las políticas establecidas en materia de deuda.
Se analizaron los 22 programas establecidos en la apertura programática del Departamento del Distrito Federal, observándose que en términos generales y de acuerdo a la problemática presentada cumplieron en su mayoría con las metas previstas para este año.
Con referencia a la eficiencia lograda, las acciones desarrolladas se ubicaron dentro de los lineamientos establecidos en las políticas de gastos, ya que administrativamente se suprimieron áreas y se dio apoyo a aquellas que se consideraron como prioritarias; esto se reflejó en los beneficios directos otorgados a la población capitalina.
Actualmente la población exige una mayor atención en los conceptos de seguridad pública, transporte, abasto y distribución de bienes de consumo y de diversos servicios considerados como primordiales. Para poder encontrar la congruencia entre la oferta de servicios y la demanda de los mismos es necesario vincular la capacidad operativa con la financiera.
La estrategia de desarrollo en esta ciudad capital debe de quedar condicionada al reordenamiento de la zona metropolitana, a la desconcentración, descentralización y a reducir los índices de inmigración provocados por el alto desempleo que se presenta en el interior del país.
La solución de estas medidas representan un alto costo y tienden a llevarse a cabo a un mediano o largo plazo, sin embargo es necesario considerar las acciones para lograr tal fin y no dejar que los problemas crezcan de manera que hagan imposible la vivencia en esta ciudad de México.
Por lo anteriormente descrito y con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 70 y 74 fracción IV, Ley Orgánica del Congreso General de los Unidos Mexicanos artículo 56 y 57, Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda artículo 11 y 13 y demás relativos, las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1985
Artículo 1o. El Ejecutivo Federal en cumplimiento constitucional, presentó a satisfacción en cuanto a tiempo y forma requeridos, a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda del Departamento del Distrito Federal del Ejercicio Presupuestal de 1985.
Artículo 2o. Esta representación nacional revisó la observancia de los criterios legales presupuestales, por parte del Departamento del Distrito Federal, así como de los órganos desconcentrados, organismos descentralizados y empresas de participación estatal bajo su control; en los términos de la parte I del cuerpo del dictamen.
Artículo 3o. Se analizaron y evaluaron los resultados financieros; en los términos de la parte III.
Artículo 4o. Todos los programas fueron revisados, particularmente los prioritarios, en cuanto al grado de cumplimiento de sus objetivos y metas. En los términos de la parte IV del dictamen.
Artículo 5o. Para mejorar su ejercicio presupuestal el Departamento del Distrito Federal, deberá:
A) Vigorizar los ingresos propios a efecto de disminuir la dependencia de las transferencias y financiamientos, en lo referente a los servicios que proporciona mediante una política de precios y tarifas realistas y considerando su impacto en la población de menores recursos.
B) Para un mejor análisis de los objetivos y metas de los programas, deberá explicarse con mas amplitud las causas que motivaron sus variaciones particularmente en aquellos relacionados con la prestación de servicios públicos.
C) Redoblar esfuerzos a fin de que en todas las unidades administrativas se aplique rigurosamente
la normatividad a la contratación y ejecución de obras públicas y a las adquisiciones, para consolidar los avances logrados en este aspecto.
D) Llevar un control y seguimiento del financiamiento no titulado, el cual ha tenido incrementos sustanciales en los últimos ejercicios y por estar contratado a corto plazo compromete parte del ejercicio siguiente.
E) Anexar en la cuenta pública un apartado correspondiente al análisis de los principales conceptos en las clasificaciones, económica y por objeto del gasto.
F) Incrementar la cobertura del servicio de transporte colectivo a través de la ampliación de su infraestructura.
G) De acuerdo y con el apoyo del Gobierno Federal, acelerar las acciones relativas a la desconcentración económica del área metropolitana, dentro de un marco de desarrollo interregional como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo.
Artículo 6o. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de Vigilancia, que practique las auditorías y realice las acciones legales que permitan esclarecer cualquier posible irregularidad en el ejercicio del presupuesto del Departamento del Distrito Federal durante 1985, en los términos de ley.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
México, D. F., a 10 de diciembre de 1986.
Comisión del Distrito Federal: diputados Gilberto Nieves Jenkin, presidente; Manuel Gurría Ordóñez, secretario; Jaime Aguilar Alvarez, Federico Granja Ricalde, Luis Manuel Altamirano Cuadros, José Herrera Arango, Gonzalo Altamirano Dimas, Manuel Jiménez Guzmán, Francisco Berlín Valenzuela, Armando Lazcano Montoya, Agustín Bernal Villanueva, Héctor Ling Altamirano, Juan Moisés Calleja García, Joaquín López Martínez, Efraín Jesús Calvo Zarco, Raquel López Zepeda, Rodolfo Mario Campos Bravo, Rafael Lozano Contreras, Carlos Enrique Cantú Rosas, Manuel Monarrez Valenzuela, Ofelia Casillas Ontiveros, Adrián Mora Aguilar, González Castellot Madrazo, Jarmila Olmedo de Garcilita, Juan José Castillo Mota, Santiago Oñate Laborde, Juan José Castro Justo, Manuel Germán Parra Padro, José Trinidad Cervantes Aguirre, Javier Pineda Serino, Homero Díaz Córdova, Antonio Punzo Gaona, Federico Dúran y Liñán, Alfonso Reyes Medrano, Manuel Fernández Flores, Sócrates Rizzo García, Guillermo Fonseca Alvarez, Lorenzo Silva Ruiz, Beatriz Gallardo Macías Manuel Terrazas Guerrero, Jesús Galván Muñoz, Fernando Ulibarri Pérez, Javier Garduño Pérez, Lulio Valenzuela Herrera, Alfonso Godínez López, Leopoldo Whaley Martínez.
Los diputados miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública: Luis Donaldo Colosio Murrieta, presidente; Jesús Murillo Karam, secretario; César Augusto Santiago Ramírez, Marcela González Salas, Pindaro Urióstegui Miranda, Luis Orcí Gándara, Socrates Rizzo García, Blas Chumacero Sánchez, Jorge Flores Solano, Gerardo Fernández Casanova, Homero Díaz Córdova, Gilberto Nieves Jenkin, Alejandro Ontiveros Gómez, Francisco Contreras Contreras, Pedro Goytia Robles, Alfonso Reyes Medrano, María Esther Scherman Leaño, Juan Manuel Pablito Tovar Estrada, Héctor Ximenéz González, Antonio Brambila Meda, Blanca Esponda de Torres, Manuel Jiménez Guzmán, Oswaldo García Criollo, Elba Esther Gordillo Morales, Antonio Melgar Aranda, Javier Garduño Pérez, Eduardo Beltrán Hernández, María Emilia Farías Mackey, Regina Reyes Retana, Rodolfo Menendez Menendez, Bulmaro Pacheco Moreno María Aurora Munguía Archundia, Enrique Pelayo Torres, Dionisio Moreno Cortéz, Humberto Salgado Gómez, Romeo Flores Caballero, Jorge Doroteo Zapata García, Joel Ramírez Díaz, Jorge Alcocer Villanueva, Alejandro Encinas Rodríguez, Josefina Sánchez Ponce, Héctor Morquecho Rivera, Miguel Eduardo Valle Espinosa, José Angel Conchello Dávila, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Jesús Galván Muñoz, Ricardo Pascoe Pierce, Jorge Amador Amador, Máximo de León Garza, Roberto Calderón Tinoco, Juan de Dios Colli Mass, Reyes Fuentes García, Enrique Bermúdez Olvera, Rubén Aguilar Jiménez.»
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. Secretario Antonio Melgar Arana: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de primera lectura.
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La misma C. Secretaria:
«Honorable asamblea: A esta comisión de Justicia fue turnada, para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto Reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que fue remitida a esta Cámara de Diputados por la Cámara de Senadores.
La Justicia es uno de los principios de mayor importancia en la vida de los pueblos.
Donde existe Justicia, el pueblo responde con toda su vitalidad para hacer que la Patria sea respetada por propios y extraños.
La Justicia es eficaz cuando se administra de acuerdo con los preceptos vigentes, con toda honestidad y en forma expedita, y gratuita. Para ello es necesario, la existencia de Tribunales , en número necesario ubicados en los lugares donde la demanda de sus servicios sea mayor y especialmente, en aquellas localidades donde se encuentren los Poderes del Estado.
La existencia de estos tribunales está prevista en leyes y reglamentos, procurando señalar en forma clara la competencia y jurisdicción territorial, de cada uno de ello. De ahí se desprende la importancia de la tarea permanente de su revisión, así como la atención de los requerimientos de una mejor administración de Justicia.
Las innovaciones y modificaciones que propone el Ejecutivo Federal a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, responden a necesidades que ha creado la dinámica del desarrollo del país; el fácil acceso a la Administración de la Justicia Federal por parte de la población es uno de los objetivos que se proponen.
La presente iniciativa adecúa los servicios que deben prestar los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito en toda la República, motivo por el cual esta Comisión considera procedente su aprobación y, por tanto, somete a la consideración de este H. Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
Artículo único. Se reforman los artículos 8o. Bis, 40, 71, 72 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la federación, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 8o. Bis. Los Tribunales colegiados especializados conocerán de las materias propias de su especialización, con excepción del Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que conocerá también de la materia laboral.
Los Tribunales Colegiados de Circuito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refiere el artículo. La competencia por razón de materia, de los Tribunales Colegiados de Circuito de jurisdicción especial, se regirá en lo que sea aplicable, por los dispuesto en los artículos del 24 al 27 de esta ley.
Cuando se establezcan en un circuito en materia de amparo varios Tribunales Colegiados con residencia en un mismo lugar, que no tengan jurisdicción especial, o que deban conocer de una misma materia, tendrán una oficina de correspondencia común, que recibirá las promociones, las registrará por orden numérico riguroso y las turnará inmediatamente al tribunal que corresponda de conformidad con las disposiciones que dicte el pleno de la Suprema Corte.
Artículo 40. En el Distrito Federal habrá treinta Juzgados de Distrito, diez en materia penal, diez en materia administrativa, tres en materia de trabajo, seis en materia civil y uno en materia agraria y en el estado de Jalisco once juzgados de distrito, seis en materia penal, dos en materia administrativa, dos en materia civil y uno en materia agraria.
En los estado, así como en los distrito judiciales que señala esta ley, habrá por lo menos un juzgado de distrito en los términos que establece el Capítulo VII de la misma.
Artículo 71. Para los efectos de esta ley el Territorio de la República queda dividido en diecinueve circuitos.
Artículo 72. Cada uno de los circuitos a que se refiere el artículo anterior comprenderá los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y los juzgados de Distrito, que a continuación se expresan:
I. PRIMERO CIRCUITO
1o. Dos tribunales colegiados en Materia Penal, cuatro tribunales colegiados en materia administrativa, cinco tribunales colegiados en materia de civil, cuatro tribunales colegiados en materia de trabajo y dos tribunales unitarios;
2o. Treinta juzgados de distrito en el Distrito Federal, con residencia en la ciudad de México.
II. SEGUNDO CIRCUITO
1o. Dos tribunales colegiados y un tribunal unitario, que residirá en la ciudad de Toluca;
2o. Juzgados primero y segundo de Distrito en el estado de México; con residencia en la ciudad Toluca;
3o. Juzgados tercero y cuarto de distrito en el estado de México, con residencia en el municipio de Naucalpan de Juárez;
4o. Juzgado quinto de distrito en el estado de México, con residencia en el municipio de Netzahualcóyotl;
5o. Juzgado de distrito en el estado de Hidalgo con residencia en Pachuca.
III. TERCER CIRCUITO
1o. Un tribunal colegiado en materia penal, un tribunal colegiado en materia administrativa, dos tribunales colegiado en materia civil y dos tribunales unitarios, que residirán en la ciudad de Guadalajara;
2o. Once juzgados de distrito en el estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara.
3o. Juzgado de Distrito en el estado de Colima, con residencia en la ciudad de Colima.
IV. CUARTO CIRCUITO
1o. Dos tribunales colegiados y un tribunal unitario, que residirán en la ciudad de Monterrey;
2o. Cinco juzgados de distrito en el estado de Nuevo León, con residencia en la ciudad de Monterrey.
V. QUINTO CIRCUITO
1o. Un tribunal colegiado y un tribunal unitario. con residencia en la ciudad de Hermosillo;
2o. Juzgados primero y segundo de distrito en el estado de Sonora con residencia en Hermosillo;
3o. Juzgado tercero de distrito en el estado de Sonora con residencia en Nogales;
4o. Juzgado cuarto de distrito en el mismo estado, con residencia en la ciudad Obregón;
5o. Juzgado de distrito en materia agraria, con residencia en Hermosillo.
VI. SEXTO CIRCUITO
1o. Dos tribunales colegiados y un tribunal unitario, que residirán en la ciudad de Puebla;
2o. Cuatro Juzgados de Distrito en el estado de Puebla, con residencia en la ciudad de Puebla.
3o. Juzgado de distrito en el estado de Tlaxcala, con residencia en la ciudad de Tlaxcala.
VII. SÉPTIMO CIRCUITO
1o. Dos Tribunales colegiados y un Tribunal Unitario, que residirán en la ciudad de Veracruz;
2o. Juzgado Primero de Distrito en el estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Jalapa;
3o. Juzgado Segundo y Tercero de Distrito en dicho estado, con residencia en la ciudad de Veracruz;
4o. Juzgado Cuarto de Distrito en el mismo estado, con residencia en Coatzacoalcos; y
5o. Juzgado Quinto de Distrito en el propio estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan;
VIII. OCTAVO CIRCUITO
1o. Un Tribunal Colegiado Y un Tribunal Unitario, que residirán en la ciudad de Torreón;
2o. Juzgado Primero y Segundo de Distrito en la Laguna con residencia en Torreón;
3o. Juzgado Primero y Segundo de Distrito en el estado de Coahuila, con residencia en Saltillo;
4o. Juzgado Tercero de Distrito en el mismo estado con residencia en Piedras Negras; y
5o. Juzgados Primero y Segundo de Distrito en el estado de Durango, con residencia en la ciudad de Durango;
IX. NOVENO CIRCUITO
1o. Un Tribunal Colegiado y un Tribunal Unitario, que residirán en la ciudad de San Luis Potosí;
2o. Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito en el estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí; y
3o. Juzgado de Distrito en el estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad de Zacatecas;
X. DÉCIMO CIRCUITO
1o. Un tribunal Colegiado y un Tribunal Unitario que residirán en la ciudad de Villahermosa;
2o. Juzgado Primero y Segundo de Distrito en el estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa; y
3o. Juzgados Primero y Segundo de Distrito en el estado de Campeche con residencia en la ciudad de Campeche;
XI. DÉCIMO PRIMERO CIRCUITO
1o. Un Tribunal Colegiado y un Tribunal Unitario, que residirán en la ciudad de Morelia;
2o. Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia; y
3o. Juzgados Primero y Segundo de Distrito en el estado de Querétaro, con residencia en la ciudad de Querétaro;
XII. DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO
1o. Un Tribunal Colegiado y un Tribunal Unitario, que residirán en la ciudad de Mazatlán;
2o. Juzgado Primero de Distrito en el estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán;
3o. Juzgado Segundo de Distrito en el mismo estado con residencia en la ciudad de Mazatlán;
4o. Juzgado Tercero de Distrito en el propio estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis;
5o. Juzgado de Distrito en el estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz; y
6o. Juzgados de Distrito en el estado de Nayarit con residencia en la ciudad de Tepic;
XIII. DÉCIMO TERCER CIRCUITO
1o. Un Tribunal Colegiado y un Tribunal Unitario, que residirán en la ciudad de Oaxaca;
2o. Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca;
3o. Juzgado Cuarto de Distrito en el mismo estado, con residencia en Salina Cruz;
4o. Juzgado Primero de Distrito En el estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez; y
5o. Juzgado Segundo de Distrito en el mismo estado, con residencia en Tapachula;
XIV. DÉCIMO CUARTO CIRCUITO
1o. Un Tribunal Colegiado y un Tribunal Unitario, que residirán en la ciudad de Mérida, Yucatán;
2o. Juzgados Primero y Segundo de Distrito en el estado de Yucatán, con residencia en Mérida; y
3o. Juzgado de Distrito en el estado de Quinta Roo, con residencia en Chetumal.
XV. DÉCIMO QUINTO CIRCUITO
1o. Un tribunal Colegiado y un Tribunal Unitario que residirán en la ciudad de Mexicali, Baja California;
2o. Juzgado Primero de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali;
3o. Juzgados Segundo, Tercero y Cuarto de Distrito en el mismo estado, con residencia en Tijuana.
XVI. DÉCIMO SEXTO CIRCUITO
1o. Un Tribunal y un Tribunal Unitario que residan en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato;
2o. Juzgados Primero y Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Guanajuato;
3o. Juzgado Tercero de Distrito en el mismo Estado, con residencia en León, Guanajuato;
4o. Juzgado de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad de Aguascalientes.
XVII. DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO
1o. Un Tribunal Colegiado y un Tribunal Unitario, que residirán en la ciudad de Chihuahua;
2o. Juzgado Primero de Distrito en el estado de Chihuahua, con residencia en la Ciudad de Chihuahua;
3o. Juzgados Segundo y Tercero de Distrito en el mismo estado, con residencia en ciudad Juárez.
XVIII. DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO
1o. Un Tribunal Colegiado y un Tribunal Unitario que residirán en la ciudad de Cuernavaca, Morelos;
2o. Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito en el estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca;
3o. Juzgado Primero de Distrito en el estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo;
4o. Juzgados Segundo y Tercero de Distrito en el mismo estado, con residencia en Acapulco.
XIX. DÉCIMO NOVENO CIRCUITO
1o. Un Tribunal Colegiado y un Tribunal Unitario, que residirán en ciudad Victoria;
2o. Juzgado Primero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en ciudad Victoria;
3o. Juzgados Segundo de Distrito en el mismo estado, con residencia en Nuevo Laredo;
4o. Juzgado Tercero de Distrito en dicho estado, con residencia en Reynosa;
5o. Juzgados Cuarto de Distrito en el propio estado de Tamaulipas, con residencia en la ciudad de Matamoros; y
6o. Juzgado Quinto de Distrito en el mismo estado, con residencia en Tampico."
"Artículo 73. La jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito es la siguiente:
I. Los Juzgados de Distrito residentes en la capital de la República ejercerán jurisdicción en el Distrito Federal;
II. Los Juzgados de Distrito en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas ejercerán jurisdicción, respectivamente, en el territorio de cada uno de los mismos estados:
III. El Juzgado de Distrito en el estado de Nayarit, además de ejercer jurisdicción en el territorio del mismo, la ejercerá en las Islas Marías;
IV. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en el estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, ejercerán jurisdicción en los Municipios de Saltillo Ramos Arizpe, General Cepeda, Arteaga, Parras, Monclova, Frontera, San Buenaventura, Nadadores, Cuatro Ciénegas, Ocampo, Escobedo, Abasolo, Sierra Mojada, Lamadrid, Sacramento, Candela y Castaños;
V. El Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Coahuila, con residencia en Piedras Negras, ejercerá jurisdicción en los municipios de Sabinas, Múzquiz, San Juan de Sabinas, Juárez, progreso, Piedras Negras, Acuña, Zaragoza, Allende, Morelos, Jiménez, Guerrero, Villaunión, Hidalgo y Nava, del propio Estado;
VI. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en La Laguna ejercerán jurisdicción en los Municipios de Torreón, Matamoros, Viesca, San Pedro y Francisco I. Madero, del estado de Coahuila; y en los de Mapimí, Tlahualilo, Gómez Palacio, Lerdo, Nazas, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, San Juan de Guadalupe y San Bartolo, del Estado de Durango.
VII. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en el Estado de Durango ejercerán jurisdicción en el territorio del mismo estado, con excepción de los Municipios de Mapimí, Tlahualilo, Gómez Palacio, Lerdo, Nazas, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, San Juan de Guadalupe y San Bartolo del propio Estado;
VIII. El Juzgado Primero de Distrito en el estado de Chihuahua ejercerá jurisdicción en los Municipios de Chihuahua, Aldama, Carretas, Coyamé, Ojinaga, San Andrés, San Lorenzo, Santa Eulalia, Santa Isabel Satevó, Bapopilas, Urique, Morelos, Cusihuiriáchic, San Francisco de Borja, Carichic, Boloyna, Nonoava, Cerro Prieto, Cuauhtémoc, Camargo, La Cruz, Guadalupe, Julimes, Meoqui, Rosales Saucillo, San Francisco de Conchos, Parral, Balleza, Huejotitlán, Escobedo, Olivos, San Antonio del Tule, Matamoros, Santa Bárbara, Rosario, Zaragoza, San Francisco del Oro, Jiménez, Allende, Coronado, Villa López Arteaga y Guadalupe y Calvo, del mismo estado;
IX. Los Juzgados Segundo y Tercero de Distrito en el mismo estado de Chihuahua ejercerán jurisdicción en los Municipios de Chinipas, Guazapares, Juárez, Ahumada, Carrizal, Guadalupe, San Ignacio, Félix U. "Gómez, Casas Grandes, Ascensión, Galeana, Janos, San Buenaventura, Nuevo Casas Grandes, Guerrero, Santo Tomás, Bachinive, Matachic, Namiquipa, Temosachic, Madera, Dolores, Ocampo, Uruáchic y Moris, del propio Estado;
X. El juzgado Primero del Distrito en Tamaulipas ejercerá jurisdicción en los Municipios de Victoria, Güemes, Padilla, Villagrán, Casas, Hidalgo, Llera, Jiménez, Mainero, El Mante, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Xicoténcatl, Gómez Farías, Ocampo, Tula, Palmillas, Bustamante, Miquihuana, Jaumave, San Carlos, San Nicolás, Soto La Marina y Abasolo:
XI. El juzgado Segundo de distrito en Tamaulipas ejercerá jurisdicción en el Municipio de Nuevo Laredo;
XII. El juzgado Tercero de Distrito en Tamaulipas ejercerá jurisdicción en los Municipios de Reynosa, Río Bravo, Gustavo Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Guerrero;
XIII. El Juzgado Cuarto de Distrito en Tamaulipas ejercerá jurisdicción en los Municipios de Matamoros, Valle Hermoso, San Fernando, Méndez, Burgos y Cruillas;
XIV. El Juzgado Quinto de Distrito en Tamaulipas ejercerá jurisdicción en los Municipios de Tapico, ciudad Madero, Altamira, González y Aldama;
XV. El Juzgado Primero de Distrito en el estado de Veracruz, ejercerá jurisdicción en los Distrito Judiciales Locales de Jalapa, Coatepec, Misantla, Xalacingo y Huatusco;
XVI. Los Juzgados Segundo y Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, ejercerán jurisdicción en todo el territorio del mismo estado, con excepción de los Distritos Judiciales Locales a que se refiere la fracción anterior y los Municipios de Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Chinameca, Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Moloacán, Oteapan, Pajapan, Santa Lucrecia, Zaragoza, Mecayapan, Oluta, San Juan Evangelista, Sayula, Sconusco, Soteapan, Texistepec, Citlaltépetl, Pánuco, Villa Cuauhtémoc, Tamalín, Tampico Alto, Tantima, Chiconamel, Contla, Ixcatepec, Platón Sánchez, Tempoal, Huayacocotla, Tlamatln, Ixhuatlán de Madero, Santa Cruz de Juárez, Tlachichilco, Zacualpan, Zontecomatlán, Texcatepec, Amatlán, Castillo de Teayo, Chinanpa, Tamiahua, Tancoco, Temapache, Tepetzintla, Tihuatlán, Coahuitlán, Coatzintla Conyutla, Coxquihuí, El espinal, Gutiérrez Zamora, Mecatlán, Santo Domingo, Tecolutla, Zozocolco, Ozuluama, Tantoyuca, Chicontepec, Tuxpan, Papantla, Acayucan y Minatitlán, del mismo estado;
XVII. EL Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Veracruz, ejercerá jurisdicción en los Municipios de Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Chinameca, Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Moloacán, Oteapan, Pajapan, Santa Lucrecia, Zaragoza, Mecayapan, Olutla, San Juan Evangelista, Sayula, Soconusco, Soteapan, Acayucan, Minatitlán y Texistepec;
XVIII. Juzgado Quinto de Distrito de Veracruz, ejercerá jurisdicción en los Municipios de Amatlán, Castillo de Teayo, Chinanpa, Tamiahua, Tancoco, Temapache, Tepetzintla, Tihuatlán, Citlaltepetl, Pánuco, Villa Cuauhtémoc, Tamalín, Tampico Alto, Tantima, Choconamel, Contla, Ixhuatlán de Madero, Santa Cruz de Juárez, Tlachichilco, Zacualpan, Zontecomatlán, Texcatepec, Coahuitlán, Coatzintla, Cayutla, Coxquihuí. El Espinal, Gutiérrez Zamora, Mecatlán, Santo Domingo, Ozuluama, Tecolutla, Zococolco, Tantoyuca, Chicontepec, Tuzpan y Papantla, del Estado de Veracruz;
XIX¿ La Jurisdicción de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito en Oaxaca comprenderá todo el territorio del estado, con excepción de los Municipios de El Barrio, San Miguel Chimalapa, Santa María Chimalapa, El Espinal, San Juan Guichicovi, San Francisco Ixhuatán, Asunción, Ixtaltepec, San Jerónimo Ixtepec, Juchitlán de Zaragoza, San Dionisio del Mar, Reforma, Matías Romero, Miltepec, Santa María Petapa Santo Domingo Petapa, San Pedro Tapanatepec, Unión Hidalgo, Santa María Xanadi Santo Domingo Zanacatepec, Santiago Astata, San Blas Atempa, San Pedro Comitancillo, Santo Domingo Chihuatlán, Santiago Guevea, Santa María Cientaui, San Pedro Huamela, San Pedro Huilotepec, Santa María del Mar, Japala del Marqués, Santiago Lachiguri, Santiago Loayaga, San Mateo del Mar, San Juan Mazatlán, Santa María Mixtequilla, Salina Cruz, Santo Domingo, Tehuantepec, San Miguel Tenango, Magdalena Tequistlán, Magdalena Tlacotepec, Santa María Totolapilla, Acatlán de Pérez Figueroa, San José Chiltepec, San José Independencia, San Pedro Ixcatlán, Santa María Jacatepec, San Felipe, Jalapa de Díaz, San Lucas Ojitlán, San Pedro Uzumacín, San Miguel Soyaltepec, Tuxtepec, Usila, San Felipe y San Juan Bautista (Valle Nacional), del propio estado;
XX. La Jurisdicción del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Oaxaca comprenderá los Municipios exceptuados de la jurisdicción de los Juzgados Primero, Segundo, y Tercero de igual categoría en el propio estado de Oaxaca, conforme a la fracción XIX de este artículo;
XXI. El Juzgado Primero de Distrito en el estado de Chiapas, con residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ejercerá jurisdicción en los Distrito Judiciales Locales de Cintalapa, Tuxtla, Chiapas,
Las Casas, La Libertad, Villaflores, Comitán, Mexcalapa, Pichucalco, Simojobel, Alvaro Obregón, Yajalón, Palenque y Catazajá, del Estado de Chiapas;
XXII. El Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Chiapas, con residencia en la ciudad de Tapachula, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprenden los Distritos Judiciales Locales de Soconusco, Mariscal, Huixtla, Mapastepec y Tonalá, del estado de Chiapas;
XXIII. Los juzgados Primero y Segundo de Distrito en el estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, ejercerán jurisdicción en el territorio que sigue:
1o. Distrito de Hermosillo, que comprende las siguientes Municipalidades: Hermosillo, con la Comisaría de San José de Gracias; La Colorada, con las Comisarías de San José de Pimas, Moradillas, Tecoripa y Estación Serdán; San Javier; Suaqui Grande; Mazatlán; Cargó; San Miguel de Horcasitas, con las Comisarías de los Ángeles y Pesqueira y Soyopa, con las Comisarías de Tónichi, San Antonio de la Huerta, Llano Colorado y Rebeico.
2o. Distrito de Moctezuma, que comprende las siguientes municipalidades: Moctezuma, con la Comisaría de Terapa; Nacozari de García, con las Comisarías de Jécori, Teonadepa, Ojo de Agua, Los Hoyos y Colonia Alvaro Obregón; Divisaderos; Granados; Huasabas; Nácori Chico; Villa Hidalgo y Tepache.
3o. Distrito de Sahuaripa, que comprende las siguientes municipalidades; Sahuaripa, con las Comisarías de Guasamopa, La Mesita del Guajari, Santo Tomás, Sahuadéhuachi, Valle de Tecupeto, Mulatos, El Trigo de Gorodepe y la Iglesia; Arivechi con las Comisarías de Bamori y Tarachi; Bacanora, con las Comisarías de Mina México, Santa Teresa, Milpillas y Encinal; y Yecora, con las Comisarías de Guadalupe, Santa Ana, Santa Rosa, Tepoca, La Trinidad y Natciba,
4o. Distrito de Ures, que comprende las siguientes municipalidades: Ures, con las Comisarías de Guadalupe, La Palma, Pueblo de Álamos, Santa Rosalía y Rancho de San Pedro; Aconchi, con la Comisaría de la Estancia; Banámichi; Baviácora, con las Comisarías de Suaqui, La Capilla y San José de Baviácora; Huépac, con la Comisaría de Querobabi, Meresichi y Tuape; Villa Pesqueira, con la Comisaría de Nácori Grande; Rayón; San Felipe; y San Pedro de la Cueva.
5o. Distrito de Guaymas, que comprende las siguientes municipalidades: Guaymas, con las Comisarías de la Misa, Ortiz, Pótan, Vicam, Torian y San Ignacio Río Muerto; y Empalme.
XXIV. El Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Sonora, con residencia en Nogales, ejercerá jurisdicción en territorio que sigue:
1o. Distrito de Agua Prieta, que comprende las siguientes municipalidades; Agua Prieta, con las Comisarías de Colonia Morelos y El Pozo Morelos; Fronteras, con las Comisarías de Cuquiárachi y Esquela; El Tigre y Casa de Teras, pertenecientes a la municipalidad de Nacozari de García; Bavispe, con la Comisaría de San Miguel de Bavispe; Bacerrao y Huachinera.
2o. Distrito de Altar, que comprende las siguientes municipalidades: Altar, con la Comisaría de El Plomo; Puerto Peñasco, con la Comisaría de Sonoita; Caborca; Atil; Oquitoa; Pitiquito, con las Comisarías de la Ciénega y Félix Gómez; Sáric, con la Comisaría de Sásabe; Trincheras, con la Comisaría de Puerto de Camou; Tubutana, con las Comisarías de la Reforma y la Sangre.
3o. Distrito de Cananea, que comprende las siguientes municipalidades: Cananea, Arizpe, con las Comisarías de Chinapa, Bacanuchi, Las Chispas y Sinoquipe; Bacoachi y Naco.
4o. Distrito de Magdalena, que comprende las municipalidades de Magdalena, con las Comisarías de San Ignacio y San Lorenzo; Cucurpe; Imuris, con las Comisarías de Terrenate; Benjamín Hill, Santa Ana, con las Comisarías de Estación Llano, Coyotillo y Santa Martha.
5o. Distrito de Nogales, que comprende las siguientes municipalidades: Nogales y Santa Cruz.
6o. Distrito de San Luis Río Colorado, que comprende de la municipalidad de San Luis Río Colorado, con las Comisaría de Luis B. Sánchez.
XXV. El Juzgado Cuarto de Distrito, con residencia en Ciudad Obregón, ejercerá jurisdicción en territorio que sigue:
1o. Distrito de Cajeme, que comprende las siguientes municipalidades: Cajeme, con las Comisarías de Cócorit, Esperanza, Providencia, Pueblo Yaqui y Comuripa; Bácum y Rosario, con las Comisarías de Cedros, Nurí, La Dura y Movas.
2o. Distrito de Álamos, que comprende las siguientes municipalidades: Álamos, con las Comisarías de Tapizuelas, Basiroa, Gerocoa, Minas
Nuevas, Los Tanques, Macoyahui, San Bernardo, los Camotes, Maquipo, Potrero de Reuter, Potrero de Alcántar, El Limón, El Cupis, La Laborcita, Conicárit, Los Muertos, Cochibampo, El Chinal, Palos Chinos, Guirocoba y El Tábelo.
3o. Distrito de Huatabampo, que comprende las municipalidades: Etchojoa, con las Comisarías de la Villa, Basconcobe, Bacobampo, Chucarit, San Pedro y Villa Juárez; y Huatabampo, con las Comisarías de Citabaro, La Galera, Júpare, Yavaros, Moroncarit y Agiabampo.
4o. Distrito de Navojoa, que comprende las siguientes municipalidades: Navojoa, con las Comisarías de Pueblo Viejo, Tesia, Camoa, San Ignacio, Bacabachi, Fundición, Rosales y Mesiaca; y Quiriego, con la Comisaría de Batacosa.
XXVI. El Juzgado de Distrito en Materia Agraria, con residencia en Hermosillo, ejercerá jurisdicción en los Distritos que se señalan en las fracciones XXIII y XXV; con sus respectivas municipalidades y comisarías;
XXVII. El Juzgado Primero de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ejercerá jurisdicción en el Municipio del mismo nombre de este estado;
XIX. El Juzgado Primero de Distrito en el estado de Sinaloa, con residencia en la ciudad de Culiacán, ejercerá jurisdicción en el Municipio del mismo nombre, y en el de Navolato;
XXX. El Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Sinaloa, con residencia en el Puerto de Mazatlán, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprende los Municipios de Mazatlán, Cosalá, Elota, San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa;
XXXI. El Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Sinaloa, con residencia en la ciudad de Los Mochis, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprende los Municipios de Ahome, El fuerte, Choix, Sinaloa, Guasave, Angostura, Salvador Alvaro, Mocorito y Badiraguato;
XXXII. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ejercerá jurisdicción en todo el territorio del mismo, con excepción de los Municipios de Acapulco de Juárez, Atoyac de Alvarez, Ayutla de los Libres, Azoyí, Benito Juárez, Coahuayutla de Guerrero, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajimicuilapa, Cuauhtepec, Florencio Villareal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, La Unión y Xochistlahuaca;
XXXIII. Los Juzgados Segundo y Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, ejercerán jurisdicción en los Municipios de Acapulco de Juárez, Atoyac de Alvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Benito Juárez, Coahuayutla de Guerrero, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajimicuilapa, Cuauhtepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Tlacoahistlahuaca, La Unión y Xochistlahuaca;
XXXIV. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Guanajuato, ejercerán jurisdicción en todo el territorio del mismo, con excepción de los Municipios de León, Manuel Doblado, San Francisco del Rincón, Purísima de bustos, San Felipe y Ocampo;
XXXV. El Juzgado Tercero de Distrito con residencia en León, Guanajuato, ejercerá jurisdicción en los Municipios de León, Manuel Doblado, San Francisco del Rincón, Purísima de Bustos, San Felipe y Ocampo."
TRANSITORIOS
Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijará la fecha de instalación de los tribunales y juzgados de nueva creación, así como la fecha del cambio de residencia del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas y dictará las bases que deberán observarse para la distribución y remisión de los asuntos que deba hacerse entre los tribunales federales.
Tercero. En tanto no empiecen a funcionar los tribunales y juzgados de nueva creación y no se acuerde la fecha del cambio de residencia del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, el conocimiento de los asuntos que habrá de corresponderles continuará por los tribunales que actualmente se encuentren.
Cuarto. En el ámbito de sus atribuciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictará las medidas necesarias para la efectividad y cumplimiento de las presentes reformas.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 9 de diciembre de 1986.
Diputados: presidente, David Jiménez González; secretario, Elíseo Rangel Gaspar, Juan Antonio
Araujo Urcelay, Oscar Aguirre López, Santiago Camarena Flores, Rolando Gamboa Castillo, Juan de Dios Castro Lozano, Juan José Castillo Mota, Germán Corona del Rosal, Joaquín Contreras Cantú, Juan Manuel Cruz Acevedo, Federico Fernández Fariña, Ricardo Francisco García Cervantes, Francisco Hernández Juárez, Miguel A. Herrerías Alvarado, Gabriel Jiménez Remus, Rosario Ibarra de Piedra, Alfonso Lastras Ramírez, Elvia Lugo de Vera, Nestor Luna Hernández, Gregorio Macías Rodríguez, Gloria Mendiola Ochoa, Antonio Monsiváis Ramírez, Melquiades Morales Flores, Aurora Munguía Archundia, Santiago Oñate Laborde, Laura Pavón Jaramillo, Genaro José Peñeiro López, Samuel Quiroz de la Vega, Yrene Ramos Dávila, Ricardo Regalado Hernández, Cirilo Rincón Aguilar, José Rubén Robles Catalán, Gustavo Robles González, José Salinas Navarro, Luis Sánchez González, Renán Solis Avilés, Teófilo Torres Corzo, Roberto Valdespino Castillo, Juan Carlos Velasco Pérez Héctor Yunes Land., Humberto Andrés Zavala Peña, Josefina Sánchez Ponce, Francisco Hernández Juárez, Rúbricas.»
El C. presidente: -En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura del dictamen.
La C. secretaria María Guadalupe Ponce Torres: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Se dispensa la lectura al dictamen, señor presidente.
Es de segunda lectura.
El C. presidente: - En consecuencia, esta a discusión el dictamen en lo general. Se abre el registro de oradores.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Gregorio Macías Rodríguez.
El C. diputado Gregorio Macías Rodríguez: -Señor presidente; compañeras y compañeros diputados; Hago uso de la tribuna únicamente para razonar el voto del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que en este caso reconocemos las ventajas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; yo soy parte integrante de la Comisión de Justicia, y con orgullo quiero manifestar a todos ustedes, que en la Comisión de Justicia es una quizá de las pocas, donde se trabaja, se estudia, con todo cuidado, con detenimiento, palabra por palabra, las normas que forman cada una de las purificaciones que se nos presentan.
Reconozco, porque es de justicia reconocer, la buena dirección del señor diputado Jiménez, que sin cortapisas, con la amabilidad debida, sabe guiar estos trabajos.
Desde luego, que este proyecto tiene las ventajas máximas que a la fecha pueden darse, y por tanto, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se enorgullece de reconocer los avances de esta codificación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: -Consulte la secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo particular.
La C. secretaria: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se han reservado artículos para su discusión en lo particular, proceda la secretaría a tomar votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La C. secretaria: - Se va a proceder a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor, haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Falta algún ciudadano diputado de votar? Se va a proceder a tomar la votación de la mesa.
Se emitieron doscientos ochenta y dos votos en pro y tres abstenciones.
El C. presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular, por doscientos ochenta y dos votos. El de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. (Aplausos.)
La C. secretaria: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
El C. presidente: -El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Departamento del Distrito Federal.
«Honorable asamblea: A la Comisión de Justicia fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal misma que fue remitida a esta Cámara de Diputados por la honorable colegisladora.
La minuta que nos ocupa recoge el espíritu de la iniciativa del ejecutivo federal, consistente en establecer una serie de dispositivos donde el ministerio público, la policía judicial y los servicios periciales encuentran su estructura basada en ordenamientos de carácter orgánico que regulan su función.
Si la impartición de justicia es una de las altas funciones que el estado realiza, la procuración sin duda también es tarea delicada e importantísima del estado.
La realidad en la que actualmente se desenvuelve la sociedad en el Distrito Federal, hace indispensable que la institución del ministerio público dentro de su competencia, se desempeño de una manera eficaz en su actuación con ordenamientos útiles, claros, modernos y de fácil interpretación y aplicación.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con estas reformas, tiende a una actuación que le permita cumplir con su alta responsabilidad de procurar justicia, ya no solamente con dispositivos legales, sino contar con recursos humanos que reúnan los requisitos que la propia Ley Orgánica establece y pueda garantizar a la sociedad que sus servidores públicos reúnen requisitos de honestidad, competencia, responsabilidad y eficiencia.
La minuta recoge de la iniciativa, aquellos casos en los cuales el ministerio público no debe de ejercitar la acción penal, estableciendo una serie de hipótesis que de manera clara se establece. Evitando de esta manera que se puedan cometer atropellos o injusticias en contra de las personas. Por otra parte la iniciativa hace referencia a los requisitos para ser titular de esta institución, ministerio público y servidor público de la Procuraduría, con el propósito de garantizar a la ciudadanía, un mínimo de preparación, con los que tienen cotidianamente que tratar. Asimismo, se establecen sanciones administrativas, correcciones disciplinarias para aquellos elementos de la policía judicial que faltando al cumplimiento de su deber o desobedeciendo órdenes de sus superiores debidamente fundadas comentan faltas y conductos que afecten y perjudiquen la buena marcha, funcionamiento y reputación de la propia institución.
Por lo anteriormente expuesto esta comisión de justicia somete a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
Artículo primero. Se reforman los artículos 3, 4 ó 12 ó 14 ó 15 ó 22 y 28 para quedar como sigue:
Artículo 3o. En la persecución de los delitos del orden común, al ministerio público le corresponde:
A.
I. Recibir denuncias, acusaciones o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito;
II. Investigar los delitos del orden común con el auxilio de la policía judicial, de los servicios periciales y de la policía preventiva.
III. Practicar las diligencias necesarias, para la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes en ellos hubieren intervenido para fundamentar, en su caso, el ejercicio de la acción penal;
IV. Restituir al ofendido en el goce de sus derechos, provisional e inmediatamente, de oficio o a petición del interesado, cuando esté comprobado el cuerpo del delito de que se trate en la averiguación previa, ordenando que el bien se mantenga a disposición del ministerio público, si se estimare necesario; y en su caso, exigiendo se otorgue garantía, la que se pondrá a disposición del órgano jurisdiccional, si se ejercita acción penal;
V. Solicitar la aplicación de la medida precautoria de arraigo y las órdenes de cateo, en los términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. Solicitar la aplicación de la medida precautoria de arraigo y las órdenes de cateo, en los términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VI. No ejercitar la acción penal;
a) Cuando los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito, conforme a la descripción típica contenida en la Ley Penal;
b) Cuando se acredite plenamente que el inculpado no tuvo intervención en los hechos punibles y sólo por lo que respecta a él;
c) Cuando la responsabilidad penal se hubiere extinguido legalmente, en los términos del Código Penal;
d) Cuando de las diligencias practicadas se desprendan plenamente que el inculpado actuó en circunstancia que excluyen la responsabilidad penal;
e) Cuando, aún pudiendo ser delictivos los hechos de que se trate, resulte imposible la prueba de su existencia por obstáculos material insuperable;
Cuando por cualquier motivo el ministerio público consigne a la autoridad judicial un asunto a los que se refiere esta fracción el juez del conocimiento, de oficio, dictará el sobreseimiento respectivo.
B. En el ejercicio de la acción penal y durante el.
II. Ejercitar la acción penal ante los juzgados competentes por los delitos del orden común, cuando exista denuncia, o querella, esté comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes hubieren intervenido, solicitando las correspondientes órdenes de aprehensión o de comparecencia;
III. Solicitar, en los términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, las órdenes de cateo que sean necesarias;
IV. Poner a disposición de la autoridad judicial sin demora, a las personas detenidas, en los términos de las disposiciones constitucionales y legales ordinarias;
V. Remitir al órgano jurisdiccional que lo haya solicitado, a las personas aprehendidas en cumplimiento de una orden dictada por este, en los términos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VI. Ejercitar la acción penal ante el juez de la ciudad de México, en los casos de detenidos por delitos del orden común fuera del Distrito Federal, pidiéndole que resuelva en los términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de que determine lo relativo a su competencia;
VII. Pedir el embargo precautorio de bienes, para los efectos de la reparación del daño en todos los casos, salvo que ésta se garantice satisfactoriamente
VIII. Aportar las pruebas pertinentes y promover en el debido esclarecimiento de los hechos, a la comprobación del delito, de la responsabilidad de quienes hayan intervenido, de la existencia del daño y ala fijación del monto de su reparación;
IX. Formular conclusiones en los términos señalados por la ley, solicitando la imposición de las penas y medidas que correspondan y el pago de la reparación del daño; o en su caso, planteando las circunstancias excluyentes de responsabilidad o las causas que extinguen la acción penal;
X. Interponer los recursos que la ley concede, expresar agravios; y XI. En general, hacer todas las promociones que sean conducentes a la tramitación regular de los procesos y realizar las demás atribuciones que le señalen las leyes.
C.
I a IV.
ARTICULO 4. La vigilancia de la legalidad y de la pronta, expedida y recta procuración y administración de justicia comprende:
I. La propuesta al Presidente de la República de reformas legislativas en el ámbito de su competencia, necesarias para la exacta observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. La propuesta ante el Presidente de la República de las medidas que convengan para el mejoramiento de la procuraduría y de la administración de justicia;
III. Poner en conocimiento del presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los abusos e irregularidades que se advierten en los juzgados y tribunales que afecten la pronta,
expedita y recta administración de justicia;
IV. Auxiliar al Ministerio Público Federal y de los Estados de la Federación; y,
V. Poner en conocimiento de la autoridad a que corresponda resolver, las quejas que por irregularidades o hechos de autoridades que no constituyen delitos, formulen los particulares, orientándoles sobre la atención que legalmente corresponda al asunto de que se trate.
Artículo 12.......................
Para ser procurador General de Justicia se necesita:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
II. No tener más de setenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, el día de su designación.
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de abogado, expedido por la autoridad o corporación legalmente facultada para ello;
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y
V. Haber residido en el país durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses.
Artículo 14. En la designación del personal del Ministerio Público, de la Policía Judicial y de los servicios periciales de la Procuraduría, se atenderá a las siguientes disposiciones, sin perjuicio de las normas completamente contenidas en el reglamento de esta ley y en los acuerdos que expida el Procurador.
Para ser agente del Ministerio Público se requiere:
I. Ser ciudadano, en pleno ejercicio de sus derechos.
II. Acreditar que se ha observado buena conducta y no haber sido sentenciado ejecutoriamente como responsable de delitos intencionales o preintencionales;
III. Ser licenciado en derecho con autorización para el ejercicio de su profesión.
Además de los requisitos anteriores, los agentes del Ministerio Público auxiliares y supervisores, deberán tener cuando menos tres años en ejercicio profesional.
Además de los requisitos anteriores, los agentes del Ministerio Público auxiliares y supervisores, deberán tener cuando menos tres años en ejercicio profesional.
Para ser agente de la policía judicial, se deben reunir los requisitos previstos en las fracciones I y II y haber concluido cuando menos la enseñanza preparatoria o grado equivalente.
Para ser perito oficial de la Procuraduría es preciso estar en pleno ejercicio de sus derechos, satisfacer el requisito de la fracción II y tener título legalmente expedido y registrado por la autoridad competente o, acreditar plenamente ante la Comisión que designe el Procurador, los conocimientos técnicos, científicos o artísticos correspondientes a la disciplina sobre la que debe dictaminar, cuando de acuerdo con la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativa al ejercicio de la profesiones en el Distrito Federal, no necesite título para su ejercicio.
Artículo 15. Para ingresar o permanecer al servicio de la Procuraduría como agente del Ministerio Público, de la Policía Judicial o miembro de los servicios periciales, los interesados deberán presentar y aprobar los exámenes de ingreso y acreditar los cursos que imparta la institución y a juicio del Procurador, participar en los concursos de oposición o de méritos a que se convoque.
Todos los servidores de la institución están obligados a seguir los cursos que se establezcan para su mejoramiento profesional.
Tratándose de personas con amplia experiencia profesional, el Procurador podrá no exigir los requisitos anteriores.
Artículo 22. Los servicios periciales actuarán bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público, sin perjuicio de la autonomía técnica e independencia de juicio que les corresponde en el estudio de los asuntos que se sometan a su dictamen.
Artículo 28. El Ministerio Público y la Policía Judicial sólo podrán expedir constancias o registros que obren en su poder, cuando exista mandamiento de autoridad competente que funde y
motive su requerimiento; o cuando lo soliciten el denunciante o querellante, el inculpado o su defensor y quién tenga interés legítimo.
Artículo segundo. Se adicionan los artículos 29 ó 30 y 31, en los siguientes términos.
Artículo 29. La desobediencia o resistencia a las órdenes legalmente fundadas del Ministerio Público o de la Policía Judicial, dará lugar al empleo de medidas de apremio, o la imposición de correcciones disciplinarias, según el caso, en los términos que previene el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Cuando la desobediencia o resistencia constituya delito, se iniciará la averiguación previa, conforme al derecho.
Artículo 30. Se podrá imponer al personal de la Procuraduría, por faltas en que incurran en el servicio las sanciones administrativas previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mediante el procedimiento que dicha Ley previene.
En el caso de la Policía Judicial, se aplicarán las mismas sanciones administrativas. El director general de la corporación o el servidor público a cargo del mando de dicha policía, podrá imponer las sanciones administrativas de arresto hasta por treinta y seis horas, retención en el servicio o privación de permisos de salida hasta por 15 días, de acuerdo con la gravedad de la falta.
Artículo 31. Cuando se impute la Comisión de un delito a un agente del Ministerio Público, el Juez que conozca del asunto pedirá al Procurador que lo ponga a su disposición, sin perjuicio de que se adopten las medidas cautelares que correspondan para evitar que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. El Procurador se atendrá a los dispuesto por el órgano jurisdiccional.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 10 de diciembre de 1986.
Presidente; diputado David Jiménez González, secretario; diputado Elíseo Rangel Gaspar, diputados: Juan Antonio Araujo Urcelay, Oscar Aguirre López, diputado Santiago Camarena Flores, Rolando Gamboa Castillo, diputado Juan de Dios Castro Lozano, Juan José Castillo Mota, Germán Corona del Rosal, Joaquín Contreras Cantú, Juan Manuel Cruz Acevedo, Federico Fernández Fariña, Miguel A. Herrera Alvarado, Rosario Ibarra de Piedra, Gabriel Jiménez Remus, Alfonso Lastras Ramírez, Elvia Lugo de Vera, Néstor Luna Hernández, Gregorio Macías Rodríguez, Gloria Mendiola Ochoa, Antonio Monsiváis Ramírez, Melquiades Morales Flores, Aurora Munguía Archundia, diputado Santiago Oñate Laborde, Laura Pavón Jaramillo, Genaro José Piñeiro López, diputado Samuel Quiroz de la Vega, Yrene Ramos Dávila, Ricardo Regalado Hernández, Cirilo Rincón Aguilar, José Rubén Flores Catalán, Gustavo Robles González, José Salinas Navarro, Luis Sánchez González, Renán Solís Avilés, Teófilo Torres Corzo, Roberto Valdespino Castillo, Juan Carlos Velasco Pérez, Héctor Yunes Landa, Humberto Andrés Závala Peña, Ricardo Francisco García Cervantes, Josefina Sánchez Ponce, Francisco Hernández Juárez.»
El C. presidente: -En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría, consulte a la asamblea, si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Se dispensa la lectura al dictamen. Es de segunda lectura, señor presidente.
El C. presidente: - En consecuencia, esta a discusión en lo general. Se abre el registro de oradores. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la secretaría a la asamblea si considera suficientemente discutido el dictamen en lo general. El C. secretario: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
El C. presidente: -En virtud de que no se han reservado artículos para su discusión en lo particular, proceda la secretaría a tomar la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El C. secretario: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Falta algún ciudadano diputado de emitir su voto? Se va a proceder a recoger la votación de la mesa directiva.
Señor presidente, el resultado de la votación fue en lo general y en lo particular doscientos ochenta y cinco votos en pro, cuatro abstenciones. (Aplausos.)
El C. presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular por doscientos ochenta y cinco votos el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Departamento del Distrito Federal.
El C. secretario: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La C. Secretaria:
LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA
«Honorable asamblea: A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, consistente en la reforma del artículo 9 y derogación de los artículos 10 y 11 de la Ley General de Deuda Pública, de fecha 17 de octubre del año en curso.
La iniciativa de referencia establece, como premisa fundamental la anticonstitucionalidad de los artículos 9 y 10 de la ley citada, ya que en el primero, según la iniciativa no se aprecia, es decir no reproduce las limitaciones a que hace referencia la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución y el otro, el 10, rebasa el ámbito constitucional al autorizar montos adicionales de financiamiento cuando a juicio del Ejecutivo se presentan circunstancias económicas extraordinarias que así lo exijan, esta circunstancia, según la iniciativa, no es otra cosa que una delegación de facultades violatorias a la Constitución.
La comisión, previo estudio, análisis y discusión del documento a que se hace referencia, somete a su consideración el siguiente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero. Que el Congreso de la Unión tiene facultades de acuerdo con el artículo 73, fracción VIII, para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la Deuda Nacional; ningún empréstito podrá celebrarse, sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento de los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República, en los términos del artículo 29 Constitucional.
Segundo. Que en nuestra Carta Magna se establece con absoluta claridad en su artículo 70, que toda resolución del Congreso tendrá carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto)".
Tercero. En los términos de los artículos 39, 40 ó 41 y 49 de la Constitución Federal, el Estado mexicano se ha constituido como una República Federal, representativa y democrática, con un gobierno basado en el principio de la división de poderes.
Conforme al régimen de división de poderes que rigen dentro del Estado mexicano, a cada uno de ellos se les ha otorgado, esencialmente una función correspondiéndole al Poder Legislativo la expedición de las leyes, es decir, la creación de normas o reglas de conducta, de observancia obligatoria para sus destinatarios, que pueden ser autoridades o particulares; al Poder Ejecutivo se le ha encomendado la administración pública mediante el cumplimiento o ejecución de las leyes; y al Poder Judicial se le ha encomendado la impartición de justicia a través de la solución de los conflictos que se presenten por la interpretación o aplicación de las leyes.
Cuarto. Con base en estas ideas que se han expuesto, el Congreso de la Unión, en pleno uso y ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 73 fracción VIII de la Constitución, ha expedido la Ley General de Deuda Pública, en donde se reglamenta dicha atribución constitucional.
Entre el artículo 73 fracción VIII de la Constitución y los artículos 9 ó 10 y 11 de la Ley General de Deuda Pública existe actualmente una
plena concordancia y cumplimiento de los postulados constitucionales, ya que el precepto aludido de nuestra Ley Fundamental, le otorga al Congreso de la Unión, las facultades "para dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para dar reconocer y mandar pagar la deuda nacional".
El cumplimiento de este postulado debe llevarse a cabo por el Congreso de la Unión, no a través de casos o resoluciones concretas, es decir, no debe el Congreso de la Unión intervenir en la autorización de cada operación de crédito que contrate el Gobierno tal como se pretende en la iniciativa de reformas a la ley, ya que de aceptarse esta propuesta, equivaldría a confundir e interferir en las funciones que le corresponden recíprocamente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo.
Quinto. En efecto, como se ha afirmado con anterioridad, el Congreso de la Unión debe cumplir con su atribución constitucional expidiendo la Ley conforme a la cual el Ejecutivo debe cumplir con sus atribuciones en materia de administración pública. En el caso concreto, tratándose de un empréstito al gobierno, al Congreso de la Unión le compete expedir la ley conforme a la cual se le atribuye al Ejecutivo para que éste, en caso concreto, cumpla con los lineamientos y requisitos que le marca la ley.
Sexto. Conforme este binomio constitucional, debe gobernarse dentro del Estado mexicano, razón por la cual el Congreso de la Unión expidió la Ley General de le Deuda Pública y en este ordenamiento, precisamente en sus artículos 9, 10 y 11, entre otros, se crean las normas que debe acatar el Ejecutivo Federal por si a través de sus dependencias, al contratar un crédito que tienda a constituir una deuda pública.
Séptimo. En los artículos 9, 10 y 11 de la Ley general de la Deuda Pública en vigor, el Congreso de la Unión, en forma clara y precisa, señala el camino, los requisitos, las condiciones, las obligaciones y las limitantes del Ejecutivo Federal, en materia de Deuda Pública, por lo que, de aceptarse la propuesta de modificaciones al artículo 9o. y derogación de los artículos 10 y 11 de la Ley en cita, éste equivaldría a que el Congreso de la Unión deje de cumplir con su función y atribución constitucional en materia de Deuda Pública, contenida en la fracción VIII del artículo 73 constitucional; además de que se pretende que el Congreso de la Unión invada atribuciones que no le corresponden, ya que conforme a la técnica constitucional, el Congreso de la Unión debe expedir la norma para que el Ejecutivo la cumpla, pero nunca intervenir directamente en la concertación y en su caso aprobación del empréstito correspondiente, ya que en ésta última hipótesis, el Congreso estaría realizando la doble función de normar y de aplicar, contraviniendo el texto expreso del artículo 49 de la Constitución General de la República.
Por las consideraciones antes expuestas, ésta Comisión somete a la consideración de esta soberanía los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. "Se desecha por improcedente la iniciativa de reforma al artículo 9o. y derogación de los artículos 10 y 11 de la Ley General de Deuda Pública."
Segundo. "Archívese el expediente."
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 18 de diciembre de 1985.
Diputados: Luis Orcí Gándara, presidente; David Jiménez González, secretario; Hesiquio Aguilar de la Parra, Amilcar Aguilar Mendoza, Oscar Aguirre López, Abelardo Alanis González, Jorge Alcocer Villanueva, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Rebeca Arenas Martínez, Carlos Barrera Auld, José Eduardo Beltrán Hernández, Roberto Calderón Tinoco, Porfirio Camarena Castro, Carlos Cantú Rosas, Gonzalo Castellot Madrazo, Heberto Castillo Martínez, José Ángel Conchello Dávila, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Francisco Contreras Contreras, Máximo de León Garza Dante Alfonso Delgado Rannauro, Blanca Esponda de Torres; Félix Flores Gómez; Jorge Flores Solano, Oswaldo García Criollo, José Ramón García Soto, Javier Garduño Pérez, Alejandro Gascón Mercado; Enrique González Isunza, Marcela González Salas, Ángel Sergio Guerrero Mier, Agustín Leñero Bores, Rafael López Zepeda, Amado Llaguno Mayaudón, Alberto Mercado Araiza, Adrián Mora Aguilar, Alejandro Ontiveros Gómez, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, José Ángel Pescador Osuna, Graco Ramírez Garrido Abreu, Alfonso Reyes Medrano, Eduardo Robledo Rincón, Rubén Rubiano Reyna, Humberto Salgado Gómez, César Augusto Santiago Ramírez, Héctor Terán Terán, Fernando Ulibarri Pérez, Roberto Valdespino Castillo.»
El C. secretario: -Está a discusión se abre el registro de oradores para la discusión del punto de acuerdo.
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan de Dios Castro.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente; señoras y señores diputados:
Esta iniciativa que mi partido ha presentado, toca un tema capital para la economía y para el futuro del país. Esta iniciativa se refiere a establecer el cumplimiento de lo que dispone la fracción VIII del artículo 73 constitucional.
Es el último debate del día. Y quizá los señores diputados estén deseosos de que esto termine con rapidez. Ya estamos acostumbrados a que se considere la labor del diputado como la mera asistencia pasiva y tranquila a la sesión. El deseo de que la nación soporte la carga que implica el Poder Legislativo, sin que se estudien a fondo y con profundidad las iniciativas que presentan los diputados o el Poder Ejecutivo.
Prueba de ello son, las minutas enviadas por el Senado, que se aprueban sin cambiarle una sola coma; prueba de ello es, unas reformas constitucionales que llevan a la Cámara 20 horas de debate, y que después de 20 horas de debate en una de las más largas y agobiantes sesiones de esta Cámara, se aprueban, sin que cambien una sola coma de la iniciativa enviada por el Ejecutivo.
Y la Colegisladora, que es el Senado, el senado sigue siendo como decía Vallarta en el siglo pasado, el cuartel de invierno de las nulidades políticas; no por la falta de capacidad, que la hay en muchos de sus integrantes, sino por la incapacidad para poder debatir una iniciativa enviada por el Ejecutivo, con amplitud de criterio, con razonamientos y una iniciativa que lleva a la Cámara 20 horas debatirla sin cambiar una coma, llega al senado, y en dos sesiones, una matutina de media hora y una vespertina de veinte minutos, queda aprobada sin objeciones, por el senado de la República.
No es extraño pues, que si eso pasa con las iniciativas enviadas por el Presidente de la República, que las iniciativas que envían los diputados de la oposición, tengan dos destinos, o pasar a la congeladora, o bien, las pocas que alcanzan a dictaminarse, se dictaminan como dice el dictamen de la comisión: "se desecha por improcedente la iniciativa de reforma al artículo 9o. y derogación de los artículos 10 y 11 de la Ley General de Deuda Pública."
Y yo me pregunto, de verdad la iniciativa, señores de la comisión, era improcedente?, porque si era improcedente, como dice un señor diputado, totalmente, la comisión y el presidente de la Cámara, no debería ni siquiera haberse dado el trámite reglamentario, porque una cosa es la improcedencia, y otra cosa es la falta de fundamentación de la iniciativa planteada.
Y aquí el dictamen, de haber sido congruente, no debía haber dicho: "se desecha por improcedente la iniciativa presentada por el grupo parlamentario por el diputado X de Acción Nacional", de haber sido congruente, de acuerdo con sus argumentos, debía haber dicho: "se desecha por infundada la iniciativa", porque la iniciativa es procedente, desde el momento en que conforme al 71, los diputados y senadores de la República, tenemos el derecho de iniciar leyes en la Cámara de origen. Esta sería la primera falla del punto resolutivo del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda.
No es pues, repito, improcedente; de ser congruentes, debían haber dicho infundada. Pero voy a sostener en este debate, que la iniciativa no es infundada; la fracción VIII del artículo 73 de la constitución, que establece las facultades del congreso, nos dice lo siguiente: artículo 73, fracción VIII, el congreso tiene facultad, para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la Deuda Pública Nacional."
Y hay un agregado, señoras y señores diputados, que no venía en la redacción original de la fracción VIII del artículo 73; ningún empréstito podrá celebrarse, sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29 constitucional.
Tenemos como parte del congreso, la facultad expresa de aprobar los empréstitos. En una comparecencia que se llevó a cabo hace unas semanas, el señor Secretario de Hacienda, Gustavo Petriccioli, no contestó a tres preguntas elementales, sobre este tema del endeudamiento de la nación.
Y yo quiero señalarles a los señores del Partido Revolucionario Institucional, que en cada legislatura los señores diputados de Acción Nacional y de algunos partidos de oposición, se han opuesto al endeudamiento cada vez más creciente del país realizado por el Ejecutivo Federal, pero que pese sobre la responsabilidad del congreso.
Alguien decía que en régimen de López Portillo, se había tenido mucho cuidado, en el
a que pertenecía, y pertenece supongo, José López Portillo, a la selección de los candidatos a diputados federales de Partido Revolucionario Institucional.
Porque el ejecutivo ha endeudado al país lo ha endeudado como nunca en la historia de México contemporánea; de 3 mil millones de dólares que debíamos en 1970, nos acercamos a 100 mil millones de dólares de endeudamiento externo, sin contar los billones de pesos de endeudamiento interno, vía encaje legal y vía financiamiento bancario; y eso señores, ha originado una profunda inflación en el país, y eso señores, la inflación, significa el robo del ahorro del pueblo mexicano; la baja del poder adquisitivo de nuestra moneda; una de las crisis más graves y más agotadoras que ha sufrido nuestro país en las últimas décadas, ¿De quien ha sido la culpa? aquí nos dice que es el congreso, el que da bases al Ejecutivo para poder celebrar empréstitos, pero no solamente le da bases, también le aprueba los empréstitos;
Y dice el dictamen, que entretanto la iniciativa presentado de reformas el artículo 10o. con la Constitución y la Ley de la Deuda Pública que se pretende reformar, no existe absolutamente ninguna incongruencia. Que hay congruencia entre la Ley de Deuda Pública y la fracción VIII del artículo 73 constitucional.
Vamos a ver que dice, señores diputados, la Ley de Deuda Pública en el artículo 10 dice, primero el noveno:
Artículo 9o. El Congreso de la Unión autorizará los motos de endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y las entidades del sector público federal.
Y el artículo 10 dice:
Artículo 10. El Ejecutivo Federal al someter al Congreso de la Unión, las iniciativas correspondientes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá proponer los montos de endeudamiento neto necesario, tanto interno como externo, para el financiamiento del presupuesto federal del ejercicio fiscal correspondiente, proporcionando los elementos de juicio suficientes, para fundamentar su propuesta; y más todavía, el Congreso de la Unión, al aprobar la Ley de Ingresos, podrá autorizar al Ejecutivo Federal ejercer o autorizar montos adicionales de financiamiento, cuando al juicio del propio Ejecutivo, se presenten circunstancias económicas extraordinarias que así lo exijan.
Este artículo es la base de la incitativa; en la iniciativa que presentamos ante esta Cámara, nosotros establecimos una forma muy breve para cumplir con la fracción VIII del 73; en el artículo 9o. dijimos: "al Congreso de la Unión corresponde autorizar los montos de endeudamiento directo neto interno y externo que sean necesarios para el financiamiento del Gobierno Federal del Departamento del Distrito Federal, con las limitaciones que establece la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución General de la República.
Esa era la iniciativa. Queremos que se autorice al Ejecutivo Federal, el congreso, para endeudarse en lo externo y en lo interno, pero que ese endeudamiento quede sujeto, quede subordinado, quede vinculado a las limitaciones que establece la fracción VIII del artículo 73.
Pero qué nos dice la Comisión de Hacienda; nos dice, que no procede la reforma, que el Ejecutivo Federal no se sujete a las limitaciones que establece la fracción VIII del artículo 73 constitucional, y las limitaciones son: "que todo empréstito se destine a obras que produzcan un incremento directo en los ingresos", claro que se dice que el congreso no va a estar aprobando todos y cada uno de los préstamos, individualmente considerados. Si leemos la fracción VIII dice: que le vamos a dar bases al Ejecutivo, y las bases están contenidas en la Ley de Deuda Pública, pero eso no quita, que tengamos que autorizarle al Ejecutivo en cada ocasión, las cuantías de dinero que el Ejecutivo pretende que se le preste por parte del extranjero o por parte de la nación, en tratándose de endeudamiento interno.
Pero el artículo 10 de la Ley de Deuda Pública, aprobada por un Congreso de la Unión, subordinado sumisamente al Ejecutivo Federal, hizo algo que desde el punto de vista constitucional, no es posible que un congreso realice. Que abdique de la facultad de aprobar, que renuncie a la facultad de aprobar los montos de endeudamiento. Porque cuando el artículo 10 que se transcribe en la Ley de Ingresos dice: "que el congreso podrá autorizar al Ejecutivo, a contratar montos adicionales de endeudamiento, señores diputados, estamos abdicando, y para eso no tenemos facultades, de una facultad que tiene el congreso de aprobar los empréstitos. Yo no digo que no podamos aprobarle al Ejecutivo montos adicionales, cuando se nos precisa su cuantía; y viene aquí el Secretario de Hacienda a decirnos: "el Ejecutivo no ha pedido un dólar más de lo que esta soberanía le ha aprobado". Pues esta soberanía le ha aprobado una cantidad infinita, no limitada de préstamos; un endeudamiento ilimitado, un endeudamiento sin tope, sin límite, sin cortapisas.
¿Porqué este le ha autorizado eso?, porque así lo dice la Ley de Deuda Pública, por si esto fuera
poco, así lo dice la Ley de Ingresos que en unos días va a aprobar la mayoría, violando la fracción VIII del 73. ¿Porque quién va a decidir la cuantía? El Ejecutivo ¿Y quien va a decidir las circunstancias en que harán necesario pedir los préstamos? El Ejecutivo. ¿Quien va a resolver los plazos y las condiciones? El Ejecutivo. Y algo que no se contiene en la Ley, quién va a resolver el destino de los préstamos? El Ejecutivo. Porque, como le decíamos al Secretario de Hacienda, señor Secretario díganos. ¿dónde están las obras a que se destinaron 100 mil millones de dólares? ¿dónde están las obras?, y yo quisiera que los señores de la comisión que vengan a contestar, nos digan eso, cuáles son las obras; y si contestan como el señor Secretario de la Comisión Federal de Electricidad, le probamos al señor Secretario, que no ha producido ingresos directos, que ha producido pérdidas y si nos dicen como el señor Secretario de Ferrocarriles. le probamos que han producido pérdidas; pero concediéndoles que hay obras a las que se hayan destinado los 100 mil millones de dólares con los que México está endeudado, les preguntamos ¿dónde están los ingresos que produjeron esos 100 mil millones de dólares?, y si nos dicen que ya produjeron ingresos, les preguntamos ¿porqué no se pagó la deuda pública nacional? Por la fracción VIII, si leemos la exposición de motivos cuando fue aprobada en 1946, veremos que el Ejecutivo de entonces, decía que se autorizará al Ejecutivo realizar empréstitos para obras que produjeran ingresos para no hipotecar a las generaciones futuras del país; para que no se cayera en el vicio de destinar préstamos a presupuesto, a satisfacer presupuesto.
Pero yo creo, y yo creo que algunos en su fuero interno saben, que puede haber obras, obras que no producen ingresos, obras de relumbrón que se hicieron en esta quincena trágica, obras que mantienen al país postrado en el endeudamiento; pero gran parte de los empréstitos se destinaron a otro tipo de obras; a las obras materiales muy particulares de los políticos del sexenio; a crear las fortunas de muchos que tienen sus cuentas de dólares en el extranjero, y que deben cuentas a la nación; y que deben cuentas al país y no pueden, la mayoría de esta Cámara decir, nosotros no estábamos cuando se aprobaron los empréstitos de 60 mil millones de dólares de José López Portillo, era una legislatura distinta; somos inocentes, si pero la mayoría que dominaba en esas legislaturas de José López Portillo, eran miembros del Partido Revolucionario Institucional, y sobre ustedes, sobre su partido señores diputados recae la carga y la responsabilidad de la enorme deuda que pesa sobre el país.
Propongo la derogación de 10o. para que el congreso no delegue al Ejecutivo su facultad de aprobar la reforma del 9o. para que el congreso al autorizar, autorice con las militaciones que establece la fracción VIII, que cuando le digamos al Presidente autorizamos tantos millones de dólares de empréstitos, le digamos sí, puedes contratarlos pero los vas a contratar y a disponer de ellos, con base en las limitaciones que la propia Constitución te impone.
¿Y quiénes son los responsables? Yo diría que el responsable, uno de los responsables, es Miguel de la Madrid, Miguel de la Madrid no puede escapar, y estoy hablando del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, haciéndole un cargo; fue Secretario de Programación y Presupuesto, y el artículo 7o. de la Ley de Deuda Pública dice que el manejo que hagan las entidades de recursos provenientes de financiamiento contratados, será supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el artículo 11 dice que para determinar las necesidades financieras los proyectos y programas, serán debidamente probados por la Secretaría de Programación y Presupuesto que requieran de financiamiento para su realización.
Miguel de la Madrid, era en el período de José López Portillo el Secretario de Programación y Presupuesto. Miguel de la Madrid era, técnicamente, la responsabilidad técnica del Secretario de Estado, el responsable de aprobar en los términos del artículo 11 los proyectos y programas de financiamiento. Si esos proyectos y programas de financiamiento no se destinaron a obras que produjeron directamente incremento en los ingresos, responsable fue, quien fue Secretario de Programación y Presupuesto en el período de José López Portillo. Y responsable fue, Jesús Silva Herzog, Secretario de Hacienda, que tenía la facultad de supervisar todo el endeudamiento; y responsable fue, el Ejecutivo Federal, José López Portillo y Luis Echeverría en los dos sexenios anteriores, como responsable es ahora Miguel de la Madrid, Ejecutivo Federal, si los empréstitos que se están contratando no se están destinando a obras que produzcan un incremento directo en los ingresos. Si parte de esos empréstitos se están destinando a pagar intereses, se esta violando la fracción VIII del artículo 73 y el Presidente de la República juró y protestó leal y patrióticamente cumplir con lo establecido por la Constitución General de la República.
Y ustedes señores diputado, protestaron cumplir leal y patrióticamente con lo establecido en la Constitución General de la República. Y esta iniciativa, lo único que tiene es un agregado al artículo 9o. que se autoricen los empréstitos, pero con la limitación que establece la fracción VIII del artículo 73, para que queden claras las
bases que el congreso le dé al Ejecutivo, para celebrar los empréstitos, que contiene la derogación del 10o., para que siga siendo el congreso en cada caso, general con cantidad líquida, que el decida si se debe o no se debe aprobar el empréstito, y no como dice la ley que se autorice al Ejecutivo a contratar montos adicionales de endeudamiento sin decir cuanto, cuando las circunstancias económicas del país, a juicio del Ejecutivo, no a juicio del Congreso, así lo determinen. Es todo señores diputados, gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: -Tienen la palabra el ciudadano diputado César Augusto Santiago Ramírez, en pro.
El C. César Augusto Ramírez: -Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Tiene razón el diputado Juan de Dios Castro, cuando dice al inicio de su intervención que este es un tema de gran importancia. Tan es así, que hace un año en fechas más o menos próximas a ésta, el propio diputado Juan de Dios Castro, dio un debate en esta tribuna con el mismo tema; éste pues, es el segundo capítulo del mismo debate, por el mismo diputado, que fue vencido ya en el año pasado y que seguramente va a serlo hoy también.
La primera situación referida en esta tribuna que conviene precisar muy bien, es lo señalado por el señor diputado de Acción Nacional, para establecer el hecho de que estemos debatiendo hoy este dictamen de la Comisión de Hacienda en contra, que se formula en contra de una iniciativa de Acción Nacional, quiere señalar que ha habido un lapso muy largo, en el que parece ser según el, no se ha atendido esta iniciativa con el cuidado y el rigor que debiera ser hecho.
Yo quiero decir primero, y esto es bien importante dejarlo asentado al inicio de la intervención, que el dictamen que hoy está siendo motivo de nuestra atención, fue discutido y aprobado desde el año pasado, que fue ampliamente comentado por los miembros de la comisión y que en varias reuniones se discutieron todos los términos de la misma iniciativa, que finalmente concluyó con el dictamen que hoy hemos escuchado.
Es natural, que si al aprobar el año pasado, el artículo 3o. de la Ley de Ingresos y haberse dado ya este debate en aquella ocasión, era materialmente irrelevante, volver a dar el debate por un dictamen que repetía los argumentos que otra vez hemos escuchado esta mañana, por diputado Juan de Dios Castro. Yo creo que como pocas veces se registran en la historia parlamentaria de esta Cámara, este período ha sido de un gran trabajo legislativo, en el que varias comisiones ocasionan permanentemente para atender las graves responsabilidades que nos competen y en el que estamos todos empeñados en hacer un trabajo legislativo productivo y respetable.
Yo quiero dejar asentado esto en el inicio, porque con este argumento, se inició la intervención del diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Después dijo el diputado Castro, que le parecía totalmente, desafortunado el termino improcedente, que contiene el dictamen de referencia; él dijo, que si la iniciativa era improcedente, el presidente de la Cámara hubiese optado por desecharla de plano, si tal eran los errores de la Iniciativa que la hacían improcedente.
Yo quiero decirle al señor diputado al inicio de esta discusión, que uno de los problemas mayores al analizar cualquier tema de carácter jurídico, es que con el afán de encontrar argumentaciones que robustezcan un punto de vista endeble, frecuentemente recurrimos a aspectos secundarios que no tienen relación directa con el tema que vamos a discutir. Si es o no improcedente, se resuelve muy claramente; pero el hecho de que de entrada se diga, que ni siquiera se fue afortunado en el término que se usó para desechar la iniciativa, sólo contiene la intención velada de evidenciar que la iniciativa no fue puntualmente discutida.
El señor diputado, seguramente sabe muy bien que el Presidente de acuerdo con la disposición del artículo 56 del Reglamento, tiene la obligación de dar entrada a cualquier iniciativa que se presente en la Cámara y darle el turno correspondiente; si el dictamen usa el término "improcedente", yo pienso que es una forma de cortesía parlamentaria, señor diputado, para no decir que su iniciativa es infundada, que es repetitiva, que no tiene sentido, que lo que prevé esa iniciativa ya está previsto en otras leyes. Yo pienso que por el hecho de que la comisión tuvo el cuidado de ser respetuosa con esta iniciativa y usar el término improcedente, como mera cortesía, no esto implique el que se venga ahora a decir, que es una utilización inadecuada del término.
Pero vamos a ver la iniciativa motivo de esta polémica. El artículo básico de la iniciativa en cuestión, es el artículo 9o. de la Ley de Deuda Pública, y aquí regreso a mi sugerencia inicial; si queremos ver el artículo 9o. de manera aislada, por un lado, si queremos ver el artículo 9o. en la parte correspondiente, que es motivo esencial de la disputa, que es en su vinculación con la fracción VIII del artículo 73, en cuanto se refiere a que los empréstitos deben producir ingresos, y queremos estudiar el término "ingreso" con mentalidad de contador público, que exclusivamente exige que los ingresos estén registrados en la partida
de ingresos. Si queremos ver el artículo 9o. en un aislamiento tal, que no permita vincularlo con el contexto de la ley, y es más, con otras disposiciones de la misma ley, seguramente que vamos a llegar a conclusiones equivocadas.
Yo creo que es muy interesante el tema, sin duda porque se trata de analizar una facultad que tiene el congreso, que la hemos ejercido bien, y que el Ejecutivo Federal como nunca, ha tratado de respetar esa facultad; por eso es importante el tema. La forma en que la iniciativa fue planteada, toma a mi juicio, como pretexto el tema, para proponer situaciones, que de hecho ya están previstas en la ley; y esto es bien importante destacarlo, porque ahí radica la esencia de esta discusión. Si como consecuencia del debate, queremos traer a colación temas que también son importantes, que se vinculan con el tema, pero que no forman parte de la esencia de la propuesta, seguramente vamos a seguir en este procedimiento, de que cada vez que tenemos un argumento endeble, tendemos una cortina de humo con temas secundarios, que divierten la atención hacía esos temas y no permiten centrar la atención en lo que nos interesa.
Yo creo que es muy acertado el dictamen; porque si bien es cierto, el Artículo 9o. en cuestión, parece ser que no se refiriera a las otras categorías que señala la fracción VIII del artículo 73, basta leer el Artículo 4o. de la propia Ley de Deuda Pública; es decir, si leemos el Artículo 9, de manera aislada, no podemos entender que forma parte de un sistema jurídico, que se desarrolla en el curso de la ley.
La ley de Deuda Pública, contiene un sistema jurídico, pero hay que verlo en su integridad, hay que analizarlo de manera conjunta, constatar lo que dice el 9o. con el 4o. fracción I para encontrar, que esta exigencia jurídica que se esta pidiendo en la iniciativa de Acción Nacional, ya está resuelta con la fracción I del artículo 4o. de la propia ley, en donde se establece que los empréstitos, que en cualquier circunstancia se realicen, deberán ajustarse a los términos de la fracción VIII del artículo 73 constitucional.
Creo que este elemento es muy importante dejarlo asentar; pero hay algo que me parece fundamental destacar aquí, y que me llama la atención mucho el hecho de que no haya sido comentado por el diputado Castro, a pesar de que hizo una crítica detenida del dictamen. Y es el hecho de que en la parte conducente del dictamen, se señala algo que también, a mi juicio, es definitivo en esta materia, el Congreso tiene la facultad para dar bases, esta es la facultad que se otorga al Poder Legislativo, dar las bases, sobre las cuales se realizará el proceso de endeudamiento; y esto es bien importante destacarlo, porque entraña el hecho de que se confiera al Poder Legislativo una facultad estrictamente legislativa, que no debe confundirse con aquellas vinculadas de naturaleza administrativa, que por razón obvia corresponden al Ejecutivo.
En el proceso del endeudamiento, conviene bien distinguir los dos momentos, dar las bases y ejercer el encargo; son dos momentos diferentes, y cuando el congreso tiene la facultad de dar las bases, el congreso las ejerce a través de un acto de estricta esencia legislativa, como es el texto de la Ley General de Deuda Pública. En este texto, se señalan los pormenores de cómo debe realizarse el endeudamiento y cómo debe ser después evaluado; y esto es bien importante como segundo argumento, de tenerlo en mente, el hecho de dar las bases, entraña un acto legislativo, de estricta naturaleza legislativa, que fue debidamente ejercido por el congreso al discutir y aprobar la Ley General de Deuda Pública; si en esta ley se contuvieran elementos que contrariaran el principio constitucional, entonces sí podríamos pensar, en que la facultad que le corresponde al Congreso no fue debidamente a gesto. Pero el único argumento que he escuchado en esta discusión, es el que se refiere a que la Ley de Deuda Pública no se cumple puntualmente con las bases establecidas en la fracción VIII del 73, que repito, están debidamente expresadas en el artículo 4o., fracción I.
Por otro lado, cuando este asunto fue discutido hace un año, hizo de la tribuna, del Partido Acción Nacional, el señor diputado Alvarez Padilla; y en el momento de llegar a este tema dar las bases, él dijo que el hecho de dar las bases, no había sido realizado de manera correcta, y en ese momento citó a un autor de derecho constitucional, con el que yo no comparto muchas tesis, pero que de todas maneras lo cito, al jurista Ignacio Burgoa, en un libro que señaló aquí, de la editorial Porrúa, etcétera. Lo usó como parte central de su argumentación; leyó el texto completo de lo que el maestro Burgoa dice en esta materia; yo solamente quiero referirme a ese mismo texto, usado por el diputado Alvarez Padilla en esta tribuna en dos de sus aspectos, al Congreso de la Unión, principalmente, más no exclusivamente a través de su artículo 73 a cuyas disposiciones nos referimos a continuación:
Primero. Conforme a la fracción VIII de este precepto, la facultad respectiva estriba en dar bases sobre las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstito sobre el crédito de la nación en aprobar esos mismos empréstitos, en reconocer y mandar pagar la deuda nacional; sólo esta facultad
- dice el maestro Burgoa - es legislativa, en lo que concierne al establecimiento de las citadas bases, toda vez que estas deben ser generales y abstractas, sin contraerse a un empréstito determinado, en cuyo caso, si sería facultad de índole administrativa.
Esto es que dice el maestro Burgoa, en una cita que no traje yo a esta tribuna; es claro entonces, que la iniciativa de acción nacional, repetía una exigencia jurídica, que ya está debidamente precisada en la Ley de Deuda Pública, si analizamos como he dicho, el artículo IV en los términos del conferimiento al poder legislativo de esta facultad de estricta naturaleza legislativa.
Quiero finalmente, referirme el argumento que es bien importante, quitarle los elementos que no sean de estricta naturaleza jurídica, se ha dicho, aquí que el artículo 9o. debiera ser reformado, derogados el 10 y el 11; porque una vez que el congreso ha dado las bases del endeudamiento, el Ejecutivo realiza esta facultad, pudiéramos llamar con carácter discrecional y que después, el Poder Legislativo no tiene ya la oportunidad ni la posibilidad de saber qué se hizo con aquella autorización que inicialmente dio la Cámara, al aprobar la Ley de Ingresos.
Y esto también implica, insistir en la misma línea de debate de este tipo de iniciativa, ver un aspecto de manera aislada y en torno de él, precisar una serie de juicios que poca relación tienen con el tema central de ese apartado. No hay que olvidarse, que el propio artículo 9o. que se pretende reformar, es exclusivamente el mismo artículo, el que prevé la obligación de rendir informes trimestrales en relación con los empréstitos contratados. Y no hay que olvidar también, que hay todo un procedimiento constitucional para discutir, analizar y aprobar finalmente la cuenta de la Hacienda Pública Federal, en donde por disposición expresa legal, hay la obligación de hacer un apartado especial en el que de manera detallada se precise el nivel de endeudamiento y los objetivos y fines para los cuales fueron utilizados los montos, previamente autorizados de endeudamiento.
Quiere esto decir que, por disposición legal, la propia organización jurídica está previendo los momentos en los cuales, el Congreso otra vez, tiene la posibilidad jurídica de entrar al análisis, a la discusión y finalmente a la aprobación de aquella autorización inicialmente realizada por él.
Yo creo, que en este tema debe hacerse un esfuerzo para precisar la materia motivo del debate; primero, determinar que la iniciativa es ociosa, porque lo que señala ésta debidamente previsto en el cuerpo de la Ley General de Deuda Pública.
Segundo Establecer que habiendo plena concordancia, entre la Ley General de Deuda Pública y el contenido de la fracción VIII del artículo 73 constitucional, no hay ningún problema de constitucionalidad en el sistema que estamos comentando.
Tercero. Que para poder encontrar cómo el Congreso ejerce esta facultad bien, hay que analizar el contexto y el sistema jurídico que esta previsto en la Ley General de Deuda Pública, en su integridad y en relación con el artículo constitucional respectivo.
Yo quiero finalmente y ahora que he dado mi punto de vista, en relación con este asunto, precisar, que no creo que sea justo, que en un tema que realmente tiene la importancia que tiene el que estamos discutiendo, que yo espero motivará a reflexiones serias, porque es un tema interesante, que tiene perfiles jurídicos claramente definidos. Tratemos con el ánimo, de ganar el debate, incluir observaciones que también tienen respuesta. En el sentido de inculpar a quienes han tenido la responsabilidad de tomar estas decisiones y ponerlos en el banquillo de los acusados, so pretexto de una iniciativa que se refiere a otros temas.
Yo estoy cierto que estos cuestionamientos también tiene respuesta y debiera motivar una respuesta enérgica; espero que en este debate no caigamos en el error de dar esas respuestas e insistir en este tema, que no permitiría analizar detenidamente este asunto. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra para hechos, el ciudadano diputado Ángel Conchello Dávila.
El C. Ángel Conchello Dávila: - Señores diputados: para no enredar el debate y ateniéndonos a la recomendación del diputado que me precedió, voy a referirme a los argumentos en los cuales funda el rechazo a la iniciativa, que por razones que no entiendo, por una cortesía mal entendida, corrompo los términos jurídicos y le llama improcedente a lo que no era.
Dijo el señor diputado, que los propósitos de la iniciativa tienen que verse en el contexto general de la Ley de la Deuda Pública y yo agregaría, y también en el contexto general de la Constitución misma, que es la que queremos que se respete. Dijo que en el artículo 4o. de la Ley de la Deuda Pública, están ya previstos las reformas que ha
pedido, a través del diputado Castro, la fracción parlamentaria de Acción Nacional, pero no es así.
La fracción IV de la ley, se refiere a las facultades del Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda y la primera es, emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión pública productiva, para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal o con propósitos de regulación monetaria.
En esta primera autorización o facultad que se le concede al Ejecutivo, se están repitiendo las limitaciones constitucionales, por lo siguiente: habla de emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión pública productiva, que es exactamente lo que pide la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución, cuando habla de que el congreso tiene facultad para dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos, etcétera y añade, ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, o sea, está hablando de inversiones públicas productivas y las otras dos facultades, la de reconversión y lo de regulación monetaria, también están fijos en la Constitución.
Cuando el diputado Castro, y a través de él, la fracción parlamentaria de Acción Nacional, quiere que se haga reiterativo y exigible que el Presidente, cuando haga empréstitos, se apegue al texto de la Constitución, es porque, desgraciadamente, no se ha llevado a cabo esta limitación; tan es así, que estamos pagando con impuestos la deuda pública interna y externa, lo cual a contrario censo, significa, que si los empréstitos hubieran sido para inversiones productivas, no tuviéramos que pagarlos con impuestos.
Dijo el diputado, que era solamente una facultad legislativa y no una facultad administrativa; que debíamos de fijar las bases y no meternos en el acto administrativo de fijar la cuantía; creo que al diputado se le olvidó que la fracción IV del artículo 74 de la Constitución, no sólo nos da una facultad legislativa de fijar las bases, sino también de fijar la cuantía, puesto que faculta a ésta Cámara de Diputados, no al Congreso de la Unión, sino como facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deban decretarse para cubrirlos, así como revisar la cuenta pública del año anterior.
Al hablar de contribuciones estamos hablando de ingresos y de egresos, y si entre los ingresos del Gobierno Federal están los empréstitos, no sólo fijamos las bases, también fijamos la cuantía, y no sólo a posteriori recibiendo los informes que se nos mandan, sino también de antemano, fijándole al Ejecutivo los límites; cuando, tomándonos atribuciones que la Constitución no nos conceda, alguna legislatura anterior le dio al Ejecutivo la facultad limitada de endeudarse, le dio también la facultad limitada de elevar impuestos a donde quiera, y esto, es renunciar a las facultades a las que estamos obligados según la Constitución.
Y esto, señores, no sólo es un tema jurídico, es también un deplorable momento político económico; tan no se ha cumplido esto, que miren ustedes, ateniéndose únicamente a los presupuestos de ingresos y gastos del Gobierno Federal directamente, para el año de 1983, el 15% de todos los egresos del Gobierno Federal eran de endeudamiento neto; para el año de 84 el 23% de todo el gasto, era de endeudamiento neto adicional y para 85 lleva el 16% y para no hacerlo largo, para el año entrante el 33% de todos los gastos e ingresos del Gobierno Federal son de endeudamiento neto, y si lo estamos pagando con impuestos, señores, es que no se ha respetado, ni el espíritu, ni la letra de la Constitución.
Esto es grave, por que en otros países, ya se han hecho reformas constitucionales, para prohibir los endeudamientos más allá de los que pueden pagarse el siguiente año, como ocurre en México con las ADEFAS, con los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores; por que viendo la trayectoria del presupuesto, la inflación no amaina, sino sube, los precios no desacelera, se aceleran, el poder de compra se pierde más rápidamente y en el fondo de todos esos problemas provocados por una moneda inestable, está - pienso yo - que el congreso ha renunciado a una de sus más faltas facultades, la de fijar los límites del endeudamiento interno y externo, para con ello tener una moneda sana.
Ciertamente hay mucho qué hacer para resolver la crisis económica; pero no será renunciando a las facultades que nos concede la Constitución como vamos a lograrlo. Ciertamente esta Cámara, si renuncio a sus facultades, está traicionando al pueblo de México, al que juró servir, por ello, señores, pensando en que la abunda no daña, vamos a exigir que el Ejecutivo respete la Constitución en su texto y en su espíritu; las consecuencias serán muchas, pero yo les digo a todos lo que sean del sector obrero, que cuando el obrero vea que su salario ya no se desmenuza, que los precios no siguen subiendo, gracias a que hay control en la deuda interna y externa. Señores con esta simple iniciativa, con esta iniciativa tan
sencilla habremos puesto las bases para una reforma a fondo. No renunciemos a esa posibilidad, no digamos no a una grave responsabilidad constitucional. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Juan de Dios Castro, como autor de la proposición en discusión.
El C. Juan de Dios Castro: - Cuando inicié mi discurro, en mi intervención anterior, yo no señalé que fuera un debate nuevo, señalé que, en todas las legislaturas, mi partido ha estado oponiéndose a la Ley de Ingresos, donde se conceden facultades ilimitadas al Ejecutivo donde el congreso abdica de su obligación de aprobar los empréstitos. Entonces no es nuevo el debate y nosotros no hemos manifestado que se toque por primera vez.
Yo todavía recuerdo en la LI Legislatura, cuando en 1980, nos oponíamos a la Ley de Ingresos que reproducía exactamente el artículo 11 y 10 de la Ley de Deuda Pública. El señor diputado del Partido Revolucionario Institucional que era diputado entonces, Cuauhtémoc de Anda, nos decía es bueno, es entonces de la magnifica situación económica del país, nos decía es síntoma de que el país goza de un excelente crédito en el extranjero, para poder solicitar la cantidades que en el presupuesto en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo está pidiendo al Congreso.
No es nuevo esta Ley de Deuda Pública es desde 1976, y desde 1976 indebidamente en el artículo 10, estableció la abdicación del congreso.
Pero vamos a referirnos a algunas cuestiones que planteó el señor César Augusto de Santiago, ya el diputado Conchello trató la excelente cortesía que la comisión tiene para con el autor de la iniciativa, para no decir que es infundada, decir que es improcedente. Lo hizo pues, ya sabemos, según el señor diputado, por razones de atención y de cortesía personal con el autor de la iniciativa; cuando jurídicamente, cuando el lenguaje jurídico, sobre todo cuando se habla del ejercicio de la acción, se distingue perfectamente la acción improcedente de la acción infundada. Y aquí no se trata de utilizar lenguaje de cortesía, se trata de utilizar el lenguaje preciso y jurídico; la iniciativa era procedente porque la presentaba un diputado de la Nación y fue procedente porque el presidente de esta Cámara le dio el trámite que el reglamento establece. Por lo tanto no es improcedente la iniciativa.
Segundo. Yo le dije a la comisión, dije no doy respuesta a otros planteamientos que no tienen relación con la iniciativa, y no se trata de sentar al banquillo de los acusados a personas que han intervenidos en el gravísimo endeudamiento de la nación, yo lo entiendo, ¿a quién vamos a sentar en el banquillo de los acusados?, ¿a Miguel de la Madrid?, ¿señoras y señores?, él fue el Secretario de Programación y Presupuesto, es congruente el señor diputado César Augusto de Santiago en no querer que se siente a Miguel de la Madrid en el banquillo de los acusados.
Conforme al artículo 11, él como Secretario de Programación y Presupuesto, debía haber cumplido con la obligación que él mismo señalo, corresponde al Ejecutivo destinar los empréstitos a inversiones productivas, como lo señala la fracción I del artículo 4o. de la Ley de Deuda Pública; y si esto es así, señoras y señores diputados, ¿porque el país debe 100 mil millones de dólares?, eso no nos lo contestó; le pregunté ¿donde están las obras? no advertí en su argumentación las obras que produjeron incremento directo en los ingresos; le pregunté ¿donde están los ingresos?, no nos contestó; le dije no está permitido pedir dinero prestado para pagar intereses, no nos contestó; pero la clave es la derogación del artículo 10o. dice: el Congreso de la Unión, al aprobar la Ley de Ingresos podrá autorizar al Ejecutivo Federal a ejercer o autorizar montos adicionales de financiamiento, cuando a juicio del propio Ejecutivo se presenten circunstancias económicas que así lo exijan.
¿Y que nos contestó César Augusto de Santiago?, no hizo la cita de la cita que hizo Alvarez Padilla de Ignacio Burgoa Orihuela con el que él no está de acuerdo, según afirmó, en muchos aspectos, bueno y quien niega la afirmación de Burgoa, ¿porqué la cita? yo no negué que haya dos fases y dos etapas; eso lo dice Burgoa muy claramente yo lo sé y usted lo sabe señor diputado, en el empréstito interviene el acto legislativo de dar las bases y las bases las da en la Ley de Deuda Pública dar las bases que ya están en la Ley de Deuda Pública, viene un acto administrativo y ¿cual es el acto administrativo?, el acto administrativo es, que el Ejecutivo contrate por sí o a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eso es nada más lo que dice Burgoa a propósito de la fracción octava del 73, como cualquiera puede examinarlo.
¡Ah! pero se le olvidó que el acto legislativo primero, no solamente abarca a dar las bases. La fracción VIII dice: es obligación del congreso dar las bases al Ejecutivo y no dice ahí se agota, ¡no!, agrega algo más señoras y señores diputados, dice: aprobar esos mismos empréstitos.
No basta porque, si bastara con darle las bases, damos la Ley de Deuda Pública y que el Ejecutivo contrate empréstitos, los utilice como quiera, nos informe cuando quiera, nos mande los informes trimestrales y queden reducidos al archivo de la Cámara, no, la fracción octava dice: es obligación del Congreso dar las bases y aprobar esos mismos empréstitos; y que significa aprobar, significa que el Ejecutivo me diga, nos diga al Congreso, cuánto es lo que quiere que le autoricemos y con base en cifra que el Ejecutivo no dé, nosotros otorguemos o neguemos la autorización, habiéndole dicho previamente en las bases en la Ley de Deuda Pública, que debe ajustarse a las limitaciones de la fracción VIII del artículo 73 constitucional.
Pero la Ley de Deuda Pública no dice eso, la Ley de Deuda dice, que cuando nos mande la Ley de Ingresos, nos puede no señalar ninguna cifra, nos puede pedir que le autoricemos 10 mil millones de dólares, ahí nos da una cifra liquida, pero el otro párrafo que es el que queremos en este artículo que quede derogado, estamos delegando al Ejecutivo nuestra facultad, y a eso no se ha referido el señor diputado de la comisión; dice que en la Ley de Ingresos, podemos, Congreso, autorizar montos adicionales de endeudamiento, cuando las circunstancias económicas del país a juicio del Ejecutivo, así lo determinen; es un cheque en blanco, yo Ejecutivo te pido a ti Congreso, que me autorices a pedir dinero prestado, sin límite; yo puedo pedir, yo Ejecutivo la cantidad que quiera, y voy a resolver cuando la voy a pedir, cuando haya circunstancias económicas del país que así lo exijan y yo Ejecutivo soy el que voy a decidir, cuando esas circunstancias así lo determinan o así lo exigen; eso señoras y señores diputados, es delegar al Ejecutivo la facultad que le da el congreso.
Y cuando el Secretario de Hacienda viene aquí, y nos dice, el Ejecutivo no se ha excedido en un solo dólar, si le autorizamos 10 mil millones, y además le dijimos quedas autorizado Ejecutivo, para pedir prestado lo que quieras, cuando tu lo determines y cuando a tu juicio las circunstancias del país así lo determinen, entonces el Ejecutivo jamás excederá un sólo dólar en la autorización conferida por el Congreso de la Unión. Y voy más allá.
El hecho de que el Ejecutivo Federal actual, al que no quieren que sentemos en el banquillo de los acusados, a pesar de que en el artículo 11 de la propia Ley, no cumplió con el artículo 11 que le imponía la ley cuando era Secretario de Programación y Presupuesto, porque de haberlo cumplido, el régimen de López Portillo no se habría endeudado con 60 mil millones de dólares, en sólo 6 años, eso aparte del endeudamiento interno, ya no sólo el externo a parte del endeudamiento interno; porque si el Secretario de Programación hubiera cumplido con lo que le señala el artículo 11, entonces los proyectos de inversión y de financiamiento, debieran estar sujetos a las limitaciones de la fracción VIII del 73.
Don Miguel de la Madrid, Secretario de Programación y Presupuesto de López Portillo, quebrantó el artículo 11 de la Ley de Deuda Pública que son las bases que le dio el congreso para normar y para regular su conducta; y yo nada más quisiera -si vuelve a subir, la postura del pro que lo va a hacer -, que me diga, otro Presidente de la República sentado en el banquillo de los acusados el actual, ya no como secretario de Programación y Presupuesto, como Presidente de la República, señoras y señores diputados.
Pedimos o no pedimos dinero prestado al extranjero para pagar intereses, ¿si o no?, si pedimos dinero para pagar intereses, díganme si el pago de intereses en una inversión productiva, díganme si es una obra que procede un incremento directo en los ingresos públicos, díganme si el Presidente está acatando o no las disposiciones contenidas en la Ley de Deuda Pública, que son las bases que dio el congreso y si está cumpliendo con la fracción VII del artículo 73 constitucional.
La realidad es que están entrampados, señoras y señores diputados de la mayoría. Están entrampados por una razón, porque si el país no pide dinero prestado al exterior, el país no puede sobrevivir en la crisis que actualmente confronta y el dinero que se pide al exterior, no me digan, por favor que en el 100% es para obras que producen un incremento directo en los ingresos públicos, como lo señala la fracción VIII. Parte de ese dinero, se va para pagar intereses vencidos y parte de ese dinero, está destinado a financiar presupuesto y los dos destinos son violados de la fracción VIII del 73. Por eso el artículo 10o. debe ser derogado.
No podemos autorizar al Ejecutivo un cheque en blanco; no podemos decirle, te autoricemos a que pidan lo que quieran, no es cierto como dice César Augusto de Santiago, que la actividad legislativa se agota en dar las bases al emitir la Ley de Deuda Pública, no¡, es dar las bases en la Ley de Deuda Pública y además aprobar los empréstitos que nos pide el Ejecutivo que aprobemos; si no fuera así y su argumento fuera válido, entonces, no nos mandarían en la Ley de Ingresos, como vino el Secretario de Hacienda, ese artículo tercero, se autoriza al Ejecutivo a pedir tantos miles de millones de dólares y se autoriza a contratar montos adicionales de endeudamiento.
¿Por qué no incluyen la fracción III? Porque el congreso, en el artículo tercero de la ley, el congreso tiene facultad y obligación y la obligación es indeclinable, nosotros no podemos delegarle nuestra facultad de autorizar al Ejecutivo, por eso este artículo 10o. viola el artículo 73 de la Constitución, fracción VIII, porque el congreso le esta delegando y cita Burgoa. Claro pero no cita a Tena Ramírez.
Tena trata este tema y categóricamente al hablar de los empréstitos, Tena Ramírez dice: que esta costumbre que se ha venido siguiendo año con año en el Congreso de la Unión, de extender un cheque en blanco al Ejecutivo, constituye un otorgamiento de facultades extraordinarias indebidas, que solamente pueden ser conferidas en los casos de emergencia establecidos en el artículo 9 constitucional o con propósitos de regulación monetaria, para poder proteger el poder adquisitivo de nuestro peso.
¿Y en serio señoras y señores, creen que los empréstitos han servido para proteger el poder adquisitivo de nuestro peso?, creen que se han utilizado para obras que producen un incremento directo en los ingresos público, díganme las obras, díganme los ingresos ¿dondé están ?, ¿por qué debemos los 100 mil millones de dólares, si ha habido ingreso?. ese es el tema central del debate, eso es lo que deben contestar, señores de, la mayoría, gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Pablo Pascual Moncayo, del Partido Socialista Unificado de México, en contra.
El C. Pablo Pascual Moncayo: - Señor Presidente compañeros diputados: en respuesta al compañero que vino a hacer el apoyo al dictamen de la comisión, creo que primero habría que decir, que el tema que estamos tratando, lo vamos a discutir ahora y lo vamos a seguir discutiendo; y lo vamos a seguir discutiendo en la medida que, buena parte de los legisladores, de la mayoría, no solamente no tengan ojos de abogados, o de contadores o de economistas, sino que no tengan ojos de legisladores, y que sean simple y llanamente correo de transmisión de las decisiones del Ejecutivo o simplemente justificadores de dichas acciones. Y el tema que nos trata compañeros, el tema que estamos discutiendo es eso; no es estrictamente y puntualmente, no deja de serlo, solamente un problema de si es anticonstitucional o no este ejercicio y esta discrecionalidad, que da el artículo 10o. de la Ley de Deuda Pública al Ejecutivo, sobre la capacidad del monto de endeudamiento por encima de lo que apruebe el congreso.
Esta es una parte importante de la discusión, la otra parte importante de la discusión es un problema de la relación entre los poderes, es un problema de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, Y nosotros nos encontramos, cuando discutimos esto, que a diferencia de los compañeros que me antecedieron en la palabra, el problema no es que el país se endeude, el país se puede endeudar si crece, si crece económicamente y si satisface las necesidades del grueso de la población. El problema es cómo se endeuda y para qué se endeuda, y ahí es la discricionalidad del Ejecutivo, en el monto del endeudamiento y el destino de esa deuda. Ese es el problema, nosotros discutimos aquí efectivamente, Ley de Ingreso y Ley de Egresos. Lo discutimos unos cuantos días y estamos desciendo compañeros, sobre el rumbo que marca la captación de los ingresos y en qué se va a gastar, es decir la orientación de la economía, Y aquí es donde encontramos un ejercicio antidemocrático de parte del Ejecutivo, cuando se establece la salvedad, esta salvedad que le permite al Ejecutivo endeudarse por encima, estamos nosotros aprobando, sin saber cuál es el destino de este ingreso extra, de este ahorro externo que va a captar el Ejecutivo, a través del endeudamiento por cuestiones económicas extraordinarias.
Nosotros conocemos, sabemos compañeros, que hay una situación de sofisticación y dificultad en el mundo financiero internacional, que es muy difícil prever a un año, diferentes condiciones, en un mundo tan complejo como en el que nos movemos; pero eso no tiene que dar como resultado, el que este congreso decline de sus facultades, evite sus derechos y sus obligaciones y deje todo al Ejecutivo con una facultad extraordinaria, con una discrecionalidad absoluta, sobre el manejo del enduudamiento y sobre el destino de estos ingresos. Ese es el problema central compañeros.
Nosotros por cierto, hicimos una iniciativa, - me gustaría hacer otra aclaración -, que el dictamen que se nos presenta, se discutió efectivamente hace un año, y me parece muy bien, lo que haya discutido los compañeros que lo firmaron; pero si ustedes revisan el dictamen, hay muy pocas firmas; y me parece que un año, como algún diputado puede decir, nos podría señalar que faltamos a nuestras tareas, yo creo que reunieron. Y hay que revisar las firmas, son francamente pocas inclusive para la mayoría priístas.
Entonces compañeros, hay una propuesta que nosotros hicimos el años pasado: presentamos una iniciativa en la cuál tratábamos de poner límites a esta discrecionalidad del Ejecutivo sobre los
montos extraordinarios de endeudamiento y pensamos que, bueno si no hay una reforma a la Constitución y se sigue manteniendo esta legislación anticonstitucional que se expresa en la Ley de Deuda en el artículo 10. Cuando menos hay que buscar formas, sino quieren llegar hasta allá que limiten esta capacidad extraordinaria del Ejecutivo y que, sobre todo mantenga la vinculación del Ejecutivo con el Legislativo, para que no pase por encima de esta Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión, las decisiones que lleva a cabo el Ejecutivo sobre los problemas de endeudamiento externo.
Nosotros hicimos un planeamiento, en el cual en el artículo 10 de la Ley de Deuda, planteamos que en caso de mantener esa fórmula de las condiciones extraordinarias, económicas extraordinarias, se le ponga un límite, un tope a la capacidad que tenga el Ejecutivo de presentarse esas condiciones económicas extraordinarias para endeudarse. Porque lo que si no puede quedarse, compañeros, es como decía el compañero Juan de Dios Castro, un cheque en blanco que simplemente lo que expresa, es por una parte subordinación y por otra parte una renuncia a un ejercicio democrático como representantes de la Nación. Muchas gracias compañeros. (Aplausos.)
El C. presidente: -Tiene la palabra la comisión, en pro.
El turno al ciudadano licenciado diputado Jesús González Schamal, por el Partido Acción Nacional.
El C. diputado Jesús González Schamal: - Señor presidente; ciudadanos diputados: es muy significativo, tiene un resultado una expresión parlamentaria clarísima, el que la comisión haya eludido o declinado su turno en este importante debate sobre la deuda pública nacional.
Es significativo, porque sí, considero, que los argumentos contenidos en el dictamen que rechaza la iniciativa de reformas a la Ley de Deuda Pública, son indefinibles son argumentos que tratan, como decíamos hace unos días en una práctica, una práctica de deuda pública mexicana y que está calando , y que está afectando seria y trascendentalmente la vida entera de la nación, de nuestro pasado reciente, de nuestro presente y de nuestro futuro.
El rechazo de esta iniciativa entraña compañeros diputados, consecuencias definitivas para el futuro de la nación. Este rechazo, no es sólo un trámite más de reflejo condicionado de la mayoría oficial, que tratándose de las iniciativas de la oposición procede el desecho automático. No este rechazo además significa, que esta Cámara, su mayoría oficial, todos y cada uno de los diputados de carne y hueso que integran esta mayoría oficial, esta confirmando, avalando, respaldando una política de deuda pública o más bien, la falta de una política de deuda pública que en rigor, es sólo una práctica sobre la materia que inauguró Luis Echeverría y que hasta nuestros días se mantiene como práctica aceptada y reiterada del Gobierno del Presidente de De la Madrid.
¿Que aspecto más importante y crucial hay en nuestra vida económica, que el terrible endeudamiento que padece la nación? ¿Qué aspecto más influyente en el deterioro de la capacidad adquisitiva del pueblo de México tiene más incidencia que la deuda pública?. Muchos la hacen equivaler al nivel de corrupción también, como elemento dañino y transgresor del orden y a su vez despojador de los recursos más elementales del pueblo; pero este finalmente, tiene su arreglo y puede resolverse en función de los cambios de las reformas y de la integración democrática del poder público que llevemos a cabo, pero la deuda pública existe ahí en función del desarrollo de la nación y en función de todos los mexicanos; y si alguna vez nos hemos cuestionado, cuál es el papel de la oposición en esta Cámara y en cualquier órgano legislativo de cualquier país del mundo y nos respondemos que es el de participar en la labor parlamentaria en el trabajo legislativo, con sentido de responsabilidad para prever precisamente irregularidades deficiencias, inequidades, injusticias en el futuro es precisamente el papel que hoy asume la oposición al presentare una alternativa, una reforma legislativa que sin duda obedece a un principio y una necesidad insoslayable en el ejercicio de la política económica de este gobierno es, decir ceñir la deuda pública a los términos constitucionales, visionariamente, consagrados en la Constitución desde 1917.
Y podríamos decir también que la oposición cuando asume esta responsabilidad y presenta estas iniciativas, lejos de ser considerada en su papel y en su influencia positiva en la vida política nacional, es por el contrario en este caso, rechazada sin argumentos y sin sentido de responsabilidad, ni siquiera del mínimo sentido de protección para los valores más importantes de nuestra vida nacional.
En la LI Legislatura, oíamos aquí en esta tribuna a don Antonio Carrillo Flores, señalando para respaldar el entonces torpe, como acumulado endeudamiento voraz al que llevaba a la nación
él diría aquí que ese endeudamiento y que esa voracidad tenían un significado revolucionario, que gracias al acrecentamiento de la deuda pública, que gracias al crédito de México, nuestro país estaba desarrollándose y estaba arribando a mejores niveles de vida y competencia en lo internacional.
Pero que pronto la realidad desdijo estas palabras de Carrillo Flores; qué pronto esa embriaguez de algún petrolero, esa obsesión por endeudar y por hipotecar a la patria con la garantía del petróleo del subsuelo de México, está dando precisamente los resultados que la oposición desde aquel entonces preveía y desde aquel entonces, precisamente, fue la razón por la que se opuso al crecimiento del endeudamiento; que pronto se supo por la realidad lamentable y trágica de nuestro México de estos días, el que el petróleo y que el endeudamiento iba a ser precisamente la carga insoportable que está hoy conculcando derechos humanos fundamentales y sobre todo, mutilando la esperanza y el futuro de tantos mexicanos que día a día como juventud llegan al mercado de trabajo y que encuentran las puertas cerradas porque México tiene que pagar el servicio de la deuda que contrajo y la cual no produjo ningún beneficio, ninguna rentabilidad para la nación.
Los hechos pues, consignan y constatan esta historia verdadera de nuestro México, del México de nuestro días; pero también es importante señalar aquí algunas de las razones por las que ustedes tal vez no quieran aprobar esta deuda, razones por las cuales ustedes están dispuestos, incluso, a aceptar la carga de negarse a una reforma tan razonable a pesar de que ustedes mismos en conciencia, saben que están negando la posibilidad de que México se corrija, enderece, obre con rectitud en su gobierno respecto a la deuda pública; y las razones se dieron a conocer desde hace muchos años ya también. Gran parte de la deuda pública concertada por el gobierno, tiene, adolece del vicio de nulidad.
Y si algunas veces aducimos que la alternativa es la moratoria, otras que la alternativa es la negativa del pago, podríamos con base justamente en un análisis constitucional y en un respaldo legal riguroso, señalar, que gran parte de la deuda externa como lo señaló en su oportunidad el maestro Burgoa, adolece del vicio de nulidad absoluta, porque fue concertada y fue suscrita a espaldas de los principios de derecho, que, tanto la Constitución como la propia Ley de Deuda Pública señalan, para darle validez a estos actos. Y no argumentemos que fue hecho de buena fe cuando bien sabíamos que los bancos internacionales que le prestaron al país, tienen abogados competentes que sabían, que cuando un funcionario, un secretario de Estado, un director de un estatal estaba concertando deuda pública, y ésta no se ceñía a los principios constitucionales, estaban incurriendo en un acto que podía ser impugnado, un acto que no tenía validez plena, porque no se ceñía a los principios constitucionales.
De tal manera, que como aquella vez también, se proponía, debe hacerse un análisis, una revisión seria de la deuda pública que está concertada al margen de la Constitución, para en su caso, negociarla a partir de los vicios de la que adolece y por otra la deuda auténtica, que sí puede suscribir y respaldar la nación mexicana en el porcentaje en que esta se haya ya realmente realizado con apego a la Constitución y a sus prescripciones en la ley secundaria.
Pero para el futuro, para el día de hoy, para los mexicanos del mañana, el ceñir, el hacer concordar los términos constitucionales con la Ley de Deuda Pública, es una demanda que nos está haciendo el pueblo, es una demanda que nos están señalando los tiempos. No podemos eludirla, sin asumir una grave responsabilidad frente al futuro de la patria, no podemos dejar que la práctica viciosa de concertar deuda pública al arbitrio del Ejecutivo, para objetivos y finalidades distintas a las que prescribe y determina la Constitución, para en muchos casos, alentar la posibilidad de corrupción, de salida de capitales, de fortunas mal habidas, acogidas al resguardo de algún país que se las allega para su propio beneficio, no podemos permitir como mexicanos, que esta práctica deleznable, que esta práctica antipatriota siga siendo el sistema, siga siendo la norma en la práctica de gobierno del Presidente De la Madrid.
Necesitamos, sí, compañeros, y a todos me dirijo, de todas las fracciones y los Grupos Parlamentarios, necesitamos asumir nuestra responsabilidad; en un momento visualizar lo que puede seguir pasando en México, si otra vez respaldamos al Presidente de la República en esta práctica ominosa de estar hipotecando al país, a espaldas de los mexicanos, de estar comprometiendo el futuro de la nación, de estar haciendo que cada día, que cada instante la desesperanza, la desesperación del pueblo esté a su vez haciendo que corran por la mente y por la memoria y por las opciones, algunas respuestas de violencia; necesitamos que México entero, que la Nación se dé cuenta, que su Cámara de representantes, que sus diputados pueden en un momento dado, limitar al Poder Ejecutivo, pueden en un momento dado enderezar una práctica viciosa y para el pasado, también pueden influir políticamente
para la revisión rigurosa de la deuda externa, para saber cual de ellas es válida, para impugnar la que adolece de nulidad y para entonces sí, reconducir al país sobre una política de deuda pública determinada, validada por nuestra Constitución, por la Ley de Deuda Pública y sobre todo, por el sentido de responsabilidad de todos y cada uno de los diputados que integramos esta Cámara. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: -Tiene la palabra la ciudadana diputada Blanca Esponda de Torres, en pro.
La C. Blanca Esponda de Torres: -Con su permiso, señor presidente, honorable asamblea: Me permití solicitar el uso de la palabra, por que considero que es importante venir a apoyar el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Consideramos que, si bien es cierto que la iniciativa, como todas las iniciativas que son presentadas a esta honorable asamblea, fue turnada a comisiones, porque no existe ningún criterio ni juicio previo que impida que estas iniciativas sean turnadas a comisiones, sino que por el contrario, apegándonos estrictamente a lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso y al propio Reglamento, esta iniciativa fue turnada como todas las demás, a la comisión respectiva, por la presidencia.
Sin embargo, tal como aquí lo han reconocido los honorables diputados de la fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, este es un debate que se está repitiendo; se esta repitiendo en sus términos, se está repitiendo en sus conceptos, y si bien es cierto, que como afirma algún diputado de esta fracción, lo que abunda no daña, por eso también nosotros, como fracción parlamentaria mayoritaria, hemos venido aquí a abundar en aras de un mejor y mayor esclarecimiento del tema que nos está ocupando.
Si consideramos que lo que es improcedente de pleno derecho es, justamente el contenido de la iniciativa; el contenido de las proposiciones formuladas por el Partido Acción Nacional, desde el punto de vista jurídico, toda vez que lo que estén solicitando que se reforme está contenido, en disposiciones actuales existentes. Y a eso me quiero referir, quiero atraer la atención de esta honorable asamblea, a la fracción VIII del artículo 73 constitucional, que al iniciar su redacción señala que el Congreso de la Unión tiene facultad para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional.
Es decir, que el congreso tiene las bases, tiene la facultad para otorgar esas bases para que estos empréstitos puedan celebrarse, va a dar los lineamientos, va a dar los criterios, pero también para aprobar esos empréstitos, no para aprobar las negociaciones, no para discutir si es o no factible una negociación, sino para aprobar el empréstito, y ¿Qué es el empréstito?, sino el otorgamiento del crédito; para reconocer cuando estos empréstitos han sido otorgados y para mandar pagar cuando una vez que la nación ha contraído una obligación, por conducto del estado y el estado por conducto del gobierno, el ejercicio del pleno poder que le otorga la propia Constitución, entonces la nación se responsabiliza de ese compromiso y manda pagar la deuda y en función de eso se establecen todos los calendarios de pagos de crédito que nosotros conocemos.
Y digo que esta iniciativa, es improcedente, porque, como queda establecido en el artículo 4o. de la Ley de Deuda Pública, Ley General de Deuda Pública, en la Fracción I, que es plenamente coincidente con la segunda parte de la Fracción VIII del artículo 73 constitucional, dice la fracción I, que corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público, emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión pública productiva, para canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal o con propósitos de regulación monetaria; y después estamos correlacionando esa disposición expresa, que su mandato que esta establecido en la Ley de Deuda Pública, con la disposición expresa contenida en la segunda parte de la fracción VIII del artículo 73, que dice lo siguiente: ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos al igual que lo establece el artículo cuarto, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, al igual que está establecido por la fracción I del artículo 4o. y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29 y las operaciones de conversión en los términos también establecidos por el artículo 4o. y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 20.
Aquí es donde también se ha centrado la litis, porque de alguna forma nos han insistido, en que no se ha dado el supuesto que establece esta última disposición del artículo 29 constitucional. Nosotros queremos argumentar, que la Ley de Deuda Pública, se apega al estricto criterio de la Constitución del artículo 73 en su fracción VIII; la Ley de Deuda Pública no es una ley reglamentaria del artículo 73 fracción VIII, si así lo fuera la propia ley lo establecería, pero la ley no lo establece, por lo tanto, tampoco estamos en
presencia de una ley reglamentaria o de una ley secundaria como se establece en la iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del PAN; no, estamos en presencia de una ley ordinaria, de una Ley cuyo propósito es establecer una mayor amplitud de las bases conforme a las cuales el Ejecutivo pude hacer uso de la facultad, que tiene de contraer esos empréstitos con el exterior, por que tampoco esta ley está reglamentando ni está regulando las facultades del congreso.
Las facultades del congreso, son nuestra competencia, no estamos abdicando a ellas, y en ningún momento la ley pretende que haya una superposición de facultades y mucho menos una contraposición de facultades; simplemente la ley, lo que está estableciendo, es la manera como, el Ejecutivo, puede mejor cumplir con esa facultad que la Constitución le otorga al congreso para que pueda satisfacer en tiempo y forma, los compromisos que permitan al Congreso de la Unión autorizar en su oportunidad, aprobar esos empréstitos, reconocerlos y mandar pagar la deuda; es decir se trata de una ley que va a fijar con toda precisión hasta donde puede el Ejecutivo, la autoridad, y como todos sabemos la autoridad no está obligada a informar, salvo aquello para lo cual esté expresamente explícitado en la ley y precisamente por eso la existencia de esta Ley de Deuda Pública.
Porque la de Ley de Deuda Pública va a establecer con todo rigor, rigor Jurídico, rigor técnico, rigor político, las disposiciones generales para las obligaciones que el Ejecutivo contrae, derivadas de financiamientos, tanto a cargo del propio Ejecutivo y sus dependencias como del Departamento del Distrito Federal y de los organismos descentralizados, de las empresas de participación estatal mayoritaria, de las instituciones y organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las nacionales de seguros y las finanzas y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o alguna de las entidades mencionadas en la fracción II a la IV del propio artículo 1o. de la Ley General de Deuda Pública.
Posteriormente la propia ley, precisamente en ese artículo 4o., después de estipular con toda claridad que corresponde a la Secretaría de Hacienda emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión pública productiva para canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal o con propósitos de regulación financiera, también se establecen otra series de obligaciones como son las relativas al programa, al calendario, a la capacidad para ejercer esos empréstitos y también se fija con toda claridad, en el artículo 9o. la programación de la deuda, como es que el congreso autorizará los montos del endeudamiento directo interno y externo para el financiamiento del Gobierno Federal.
Luego el artículo 10o. establece que el Ejecutivo Federal, al someter al Congreso de la Unión las iniciativas correspondientes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá proponer los montos de endeudamiento neto necesario.
En esto tiene razón, los diputados de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, cuando han subrayado que en efecto, como congreso, estamos facultados para aprobar el empréstito en los términos y montos que se establezcan en el propio presupuesto y de ahí es que nosotros, hemos autorizado sistemáticamente cada año, el monto hasta el cual consideramos que es pertinente que el Ejecutivo pueda adquirir un compromiso de un empréstito.
Pero si bien es cierto, que estas facultades son explícitas, están claras en la ley, también otros ordenamientos conminan al Ejecutivo a cumplir con ese compromiso, como es la Ley de Ingresos; no es solamente en función de la disposición constitucional, sino también de una serie de instrumentos jurídicos que se le da al Ejecutivo la obligación de acercarse al congreso y de presentar el compromiso de endeudamiento que se propone.
Decimos que no procede la iniciativa presentada en los términos formulados por el propio dictamen, en virtud de que lo que ahí se propone, ya está contenido en las disposiciones existentes; quizá no está contenido en la forma y modo en el Partido Acción Nacional deseara, pero, la disposición expresa de vigilar la forma y modo en que el Ejecutivo deba utilizar esos empréstitos, están contenido en la propia Constitución en la Ley General de Deuda Pública y en la Ley Federal de Ingresos.
Consideramos, que tampoco tiene ningún fundamento la argumentación que contiene esa iniciativa cuando señala que es mal intencionada y que se pretende involucrar al congreso en la violación que el Ejecutivo pretende hacer al artículo 73, fracción VIII.
No es mal intencionada, ni se pretende involucrar al congreso, el congreso está en pleno uso de sus facultades y el congreso puede determinar lo que quiera hacer.
He mostrado, he evidenciado a ustedes que existe una correlación expresa, explícita, amplia, contundente, entre el contenido constitucional, entre el mandato constitucional y la ley ordinaria que lo
regula, por lo tanto, no hay razón por la cual nosotros, como Congreso de la Unión, podamos dejar de ejercer la facultad constitucional que se nos es otorgada, o que nos hemos otorgado nosotros cómo congreso.
Es necesario resaltar, que como objetivo primordial de la Ley General de Deuda Pública, debe considerarse que es el de regular y controlar el crédito del sector público federal, de tal forma, que no rebase el presupuesto autorizado por el honorable Congreso de la Unión. Precisamente tiene el carácter contrario al cual se le está adjudicando en este momento, es el carácter de regular, de supervisar y de indicar la manera de que se lleve a cabo el presupuesto, porque se establecen los montos máximos de endeudamiento neto, cuando al juicio del Ejecutivo sea necesario.
Pero estos montos máximos que se llegarán a autorizar, serían aprobados por el congreso, al cual como lo establece el artículo 9o. de la Ley de Deuda Pública, se deberá informar del estado de la deuda a través de la Cuenta Pública anual y en forma trimestral, como históricamente se ha venido haciendo desde la promulgación de esta ley.
Los montos adicionales, que según el artículo 10o. de la Ley General de Deuda Pública, el congreso puede autorizar, aprobar la Ley de Ingreso, cuando a juicio del Ejecutivo se presenten circunstancias extraordinarias que así lo exijan, son precisamente los casos de emergencia económica, que aquí también el compañero del Partido Socialista Unificado de los Trabajadores, ha afirmado que han existido, es decir ninguno de nosotros como miembros de este congreso, miembros activos por lo demás, porque queremos insistir que no somos miembros pasivos, que en todos momento hemos estado pendientes del debate, que no solamente eso, sino que hemos contribuido a que este debate vaya aportando mayores elementos para el esclarecimiento de la verdad ante la opinión pública; para que la opinión pública tenga elementos de juicio lo suficientemente razonados que le permitan formarse una opinión, un criterio, acerca de la forma como el Gobierno de la República ejerce el presupuesto y las razones por las cuales llega a compromisos de endeudamiento, que favorecen el desarrollo nacional.
Y ese sentido, el congreso, con plena facultad constitucional puede determinar hasta donde puede hacer llegar el monto de la autorización adicional y cuando ésta no proceda, por supuesto no la autorizará; pero en todos los casos en que ha sido presentada al Congreso de la Unión hasta ahora, ha sido evidente, que estas aportaciones adicionales han sido instrumentos complementarios del desarrollo nacional, complementarios de los ingresos internos que han permitido dinamizar el desarrollo, no es fortuito que en tres décadas México haya podido duplicar sistemáticamente su producto interno, eso no es producto de la casualidad, es producto de un esfuerzo sistemático de trabajo entre los mexicanos, que estamos convencidos de que no es suficiente el nivel de desarrollo que tenemos, todos estamos convencidos de eso, de que queremos que el desarrollo sea más equitativo, que ese desarrollo logre abatir los regazos sociales acumulados a lo largo de varias décadas, también estamos de acuerdo en eso, pero nunca, nunca podremos convenir con la oposición de que se haga mal uso de los recursos procedentes del exterior, sino por el contrario, gracias a que esos recursos han estado oportunamente complementando el esfuerzo interno, la nación ha sabido salir adelante, la nación ha seguido enfrentando las dificultades propias de todo proceso de desarrollo, con dirección firme, con propósitos claros y por eso no podemos nosotros, conociendo la eficacia con que ha operado la Ley de Deuda Pública ahora, proponer modificaciones que alteren el ritmo, que alteren la manera como el Ejecutivo viene a presentar a este honorable Congreso de la Unión, sus presupuestos de egreso y sus compromisos de empréstitos.
Por tal motivo, con un criterio lógico, con un criterio jurídico, el espíritu de la Ley General de Deuda Pública, veremos con claridad que esta se apoya estrictamente al espíritu constitucional.
El C. Presidente: -Ciudadana diputada Blanca Esponda, preguntan que si admite usted una interpelación? La C. Blanca Esponda de Torres: -Yo quisiera que me permitieran terminar con mi argumentación, por favor, muchas gracias.
Se apega estrictamente a lo dispuesto por el artículo 73, fracción VIII y lo señalado y lo prescrito por la propia Ley General de Deuda Pública.
Por otro lado, la iniciativa que nos propone el Partido de Acción Nacional, nos dice que necesario derogar los artículo 10 y 11 de la Ley General de Deuda Pública; estos artículos, son justamente aquellas disposiciones que a nosotros como legisladores nos permiten intervenir de manera más activa, más directa, como vigilantes mas acuciosos en el proceso de programación de presupuestación y compromisos de deuda con el exterior.
No podríamos nosotros como Congreso de la Unión, abdicar a ese compromiso que tenemos, porque la soberanía nacional está depositada en este congreso de vigilar lo que el Gobierno, lo que el Ejecutivo Federal realice con los compromisos contraídos con el exterior; de ninguna forma podríamos nosotros, en este momento, permitir que el Ejecutivo pudiera hacer un uso indiscriminado del derecho que le asiste de contraer compromisos, no, nosotros como Congreso de la Unión, estamos comprometidos a velar por el buen uso y destino y propósito de esos recursos, precisamente por una serie de razones que aquí han sido señaladas por distintas fracciones parlamentarias, nosotros estamos convencidos de que en la medida en que el Congreso de la Unión ejerza de una manera mas razonada, mas profunda y mas eficaz su capacidad para discernir entre los aprobado y lo autorizado, para discernir entre lo aprobado y el uso y destino final de los recursos, en esa medida también, seremos un contrapeso, que en los términos que el propio constituyente pensó que deberíamos ser como poder independiente y autónomo que somos.
Decía un compañero de la oposición, bueno, ¿cuál es el papel que nos toca entonces a la oposición? Compañeros, el papel de la oposición, lo debe decidir la oposición. Nosotros tenemos que definir el papel de la mayoría. Nosotros tenemos que definir la función que compete a este congreso, en tanto su acción mayoritaria; pero la oposición debe buscar sus causes de negociación, debe buscar la forma de lograr que sus planteamientos cuando sean razonables, puedan permear en el ánimo de la mayoría, pero no es imponiendo a ultranzas o buscando imponer a ultranza una posición, como seguramente avanzará el proceso democrático.
Yo en otra oportunidad subrayé, que lo que necesitamos es dialogar más, acercarnos más, es participar más, participar en comisiones y participar en pequeños grupos, dialogar permanentemente, no mantenernos en posiciones aisladas, no fragmentarnos, somos un congreso, somos la Soberanía Nacional, eso está depositado en nosotros, nuestro compromiso es grave ante la nación.
Y luego algún un compañero diputado, también señaló algo que me preocupó, dice, decía el compañero González Schmal, la comisión eludió, declinó su turno, no, en primer término intervino el compañero César Augusto Santiago, precisamente para defender el dictamen de la comisión. Nosotros no eludimos, mucho menos podríamos declinar nuestra responsabilidad, si hemos emitido un dictamen, que sabemos ajustado a derecho, sabemos ajustado a la práctica constitucional, a la práctica congrecional, sabemos ajustado a nuestras normas, tanto las políticas, las no escritas, como a nuestras normas jurídicas y a nuestras normas morales, que rigen la conducta política de los diputados.
No, nosotros no declinamos, menos en el caso de una iniciativa de esta envergadura, de esta naturaleza, tal la comisión consideró que era importante traerla al Pleno, que ha dictaminado sobre ella, aún cuando considere que es improcedente la propuesta de reforma que se está proponiendo; es por eso, que, sí me sentí obligada a intervenir en este debate, para subrayar que nuestra posición ha sido abierta, ha sido de análisis profundo detallado del contenido de la iniciativa; porque somos respetuosos de todas las propuestas que formule la oposición, no importa el signo ideológico que ella tenga, a nosotros lo que nos interesa, es legislar en favor de la soberanía nacional, nos interesa que el pueblo se entere, que el pueblo cobre confianza en sus instituciones y en una de sus instituciones fundamentales que es el congreso, nos interesa que el pueblo entienda la importancia que tiene este fuero político, este fuero de debate nacional.
Aquí estamos representados todas las corrientes políticas, todas las posiciones ideológicas, somos un foro auténticamente plural. Y yo creo que eso nadie lo puede rebatir acá, entonces ¿qué es lo que nos interesa?, que las iniciativas, den efecto, contribuyan a perfeccionar los instrumentos de que dispone este honorable congreso, para vigilar el ejercicio del Poder Ejecutivo, el ejercicio a sus facultades, pero queremos hacerlo en función de facultades expresas y cuando una ley, como en este caso, la Ley de Deuda Pública ordinaria, no secundaria, no reglamentaria, una ley ordinaria que también conforme a las bases constitucionales forma parte del cuerpo legal, del cuerpo jurídico que norma la conducta de nuestra sociedad, se incorpora a lo dispuesto, prescribe en los términos de la propia disposición constitucional, entonces consideramos que no procede, no procede de pleno derecho ninguna reforma que modifique esa disposición, que modifique esa correlación entre dos cuerpos jurídicos, que son importantes y que están debidamente articulados.
Por eso señores diputados, yo me pronuncio en favor del dictamen; nuestra comisión consideró que este dictamen se ajustó a derecho, defendemos la constitucionalidad del mismo y defendemos con vigor, el carácter político que tiene, porque éste no es un foro político donde vamos a venir a enjuiciar a gobernantes que nos han dado el país moderno, el país con libertades, el país democrático en el cuál estamos viviendo y
ejerciendo nuestros derechos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Heberto Castillo, para hechos, en los términos del artículo 102 del Reglamento.
El C. Heberto Castillo: -Señor presidente y compatriotas: desde el partido Mexicano de los Trabajadores, queremos intervenir para hechos, porque se han manejado aquí muchas ideas, pero creo que hace falta - como dice por ahí algún texto muy ingenioso - hace falta documentar su optimismo; hay algunos números que me gustaría recordar, sobre todo porque la compañera Blanca que me siguió la broma de que sólo podía pegar con la derecha a un planteamiento de un partido que se dice de derecha, pero que a veces y me da mucho gusto reconocerlo, entienden que la defensa de los intereses del país, exige ponerse de lado de estas minorías marginadas que nada tienen que ver en esta deuda, que nada tienen que ver con esos gobernantes y como ya decía aquí la compañera Blanca, nos dieron este país moderno que tenemos. ¡Ay Dios!
En tres décadas se dice, se pudo duplicar el PIB, es cierto nada más que en estos añitos, así chiquitos, la Banca Internacional se lleva por comisiones, por concepto de la deuda, el 7.5% anual del producto interno bruto, así que si en tres décadas con estos gobiernos modernos, revolucionarios, se pudo lograr duplicar el PIB, esta Banca Internacional en 10 años, se va a llevar como utilidades netas, un PIB, también en 10 años.
Sólo quisiera recordar que el congreso, en su caso la Cámara de Diputados, es corresponsable de esta enorme deuda que, en verdad a nosotros nos preocupa, que haya tan poco análisis, a veces, de parte de los economistas, sobre una cuestión que está a la vista de quien quiera verla.
México parece en un símil - pues muy elemental - un hombre tirado en la calle desangrándose, perdiendo sangre todos los días, pero no nos damos cuenta de ello, por ejemplo, en las últimas semanas el deslizamiento del peso ha tenido un ritmo terrible, quizás las últimas dos, de tres pesos diarios, que significan 300 mil millones de pesos diarios, y ¿por qué? porque tenemos una deuda externa de 100 millones de dólares, y que esa deuda externa nos obliga cada vez que se desliza el peso a que el compromiso de pago es pesos pues sea, ahora, tres, por ejemplo si es de tres pesos diarios, 300 mil millones de pesos más caro. ¿Que significa esto? bueno para que se entienda, en una semana en 7 días son 2.1 billones de pesos los que nosotros tenemos que pagar de más, más que el presupuesto del Distrito Federal. Esto es, en una semana se pierde el presupuesto del Distrito Federal, por el compromiso este que nos echaron encima estos gobernantes modernos del plan comercial, todo se puede con el poder de su firma, seguramente le dijeron al señor Echeverría y al señor López Portillo.
Pero, también para que se vea lo grave de la situación, todos los días entregamos 1 millón y medio de barriles diarios, todos los días 1 millón y medio de barriles, para pagar los intereses de la deuda y no alcanza, pero esos barriles valen ahora 18 mil 500 millones de pesos nada más, o sea que por el deslizamiento del peso, perdemos mucho más, casi quince veces más, que por la venta, esta, forzada del petróleo nuestro.
De tal suerte que nosotros sí pensamos, que entregar así una carta blanca, un cheque en blanco, para que el Gobierno de México, para que el Ejecutivo pueda contratar la deuda, es una responsabilidad que tenemos todos y que no podemos olvidar los hechos, los discursos pueden quedar aquí, se pueden decir muchos, se puede hablar muchas horas, se nos puede hacer caso, se puede no hacer caso, pero la verdad, es que todos los días, como un taxímetro fatal, México está perdiendo 300 mil millones de pesos diarios, esta es la labor de los gobiernos con ideas modernas. Gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Jorge Alcocer Villanueva, del Partido Socialista Unificado de México.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señor presidente, señores diputados: nosotros quisiéramos reiterar para ubicar los términos del debate, ¿cuál es el fondo del asunto que nos ocupa? ¿y cuál y entonces en dónde radica la improcedencia de este dictamen que hace un año, elaboró una parte la Comisión de Hacienda y Crédito Público? no estamos debatiendo aquí en este momento, montos de endeudamiento, no estamos debatiendo en el fondo, el problema de la deuda como problema económico, aquí ya mi compañero Pablo Pascual, ha expresado cual es nuestra posición al respecto.
Nosotros no somos enemigos de la deuda externa, porque creamos que esta es en sí misma y por el sólo hecho de existir, un elemento negativo o perverso para nuestra económica mundial demuestra, que todos los países del mundo han recurrido en diversas etapas de su desarrollo al endeudamiento externo como una forma de complementar sus ingresos internos; el problema como ya se decía no está ahí, el
problema está en el uso de esos recursos, en el destino que se les da y en la forma como se les controla para evitar que el endeudamiento externo se convierta en una amenaza para la soberanía nacional, en un freno al crecimiento económico y en una carga para nuestro pueblo, ese es el problema. Y el problema que discutimos aquí tiene que ver justo con esto último, porque lo que discutimos es la forma en como se aprueban los empréstitos internos y externos y aquí la fracción parlamentaria mayoritaria a través de sus distintos representantes que han hecho uso de la palabra, ha insistido en que el artículo 10o. de la Ley de Deuda Pública es perfectamente congruente con la fracción VIII del 73 constitucional.
Señores, eso no se sostiene de ninguna manera, si se revisa lo que dice la fracción VIII del 73 y para esto hay que recordar, para demostrar que no se sostiene, hay que recordar la historia de esta fracción. El Congreso Constituyente de Querétaro, cuando discutió la fracción VIII del artículo 73, la dejó prácticamente en los mismo términos que venía de la Constitución de 1957 y el texto original de la fracción VIII decía exclusivamente: "Que el Congreso de la Unión tiene facultades para dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para probar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional", hasta ahí llegaba el texto original de la fracción VIII.
En 1946, para ser exacto el 30 de diciembre de 1946, se publica en el Diario Oficial una reforma a esa fracción, por lo cual se le agregó a la fracción VIII de 1973, el siguiente párrafo que sigue vigente que es el que dice: "ningún empréstito podrá celebrarse, sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento de los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante algún emergencia declarada por el Presidente de la República, en los términos del artículo 29".
Y si ustedes revisaran la exposición de motivos con la que el Presidente Ruiz Cortines, fundamentó esta propuesta de reforma constitucional, encontrarían que una de las razones principales, después de la borrachera alemanista de endeudamiento interno y externo, tenía que ver con algo que decía el Ejecutivo de aquel entonces, que era sólo obligando a que los empréstitos que se celebren contra el crédito de la nación, se destinen a obras que produzcan ingresos públicos, se evitará poner en riesgo la soberanía nacional, porque si esto no se pone así entonces esos empréstitos podrán ser destinados a fines distintos, que a la larga comprometan la capacidad de pago del país y pongan en riesgo la soberanía; pero a los señores del PRI eso se les olvida, porque como trabajan sexenalmente, no importa lo que dijo el otro; pero no hay que olvidar por qué se introdujo esta modificación; y esto no es perfectamente congruente con lo que está en el artículo 10, al contrario, lo que está en el artículo 10 de la Ley de Deuda Pública es perfectamente incongruente y violatorio de la disposición constitucional; por la disposición constitucional prevé casos de emergencia, que son los que dispone el artículo 29, o sea aquéllos casos en que se suspenden las garantías constitucionales, hay grave alteración del orden público o hay, de hecho, una circunstancia de guerra. Esas son las circunstancias que preveé el 29; mientras que el 10 hace referencia circunstancias extraordinarias que se presenten a juicio del Ejecutivo, y no hace para nada referencia al 29 constitucional. ¿Dónde entonces, señores, está la congruencia? Aquí lo que hay es una absoluta incongruencia, y se podrá decir que esta no es la ley reglamentaria, yo, es la primera vez que escucho este argumento, que esta no es la ley reglamentaria de la fracción VIII del 73, pues entonces tendrían que explicar por qué la ley repite prácticamente la fracción VIII, porque la repite y luego le cambia; y la anticonstitucionalidad del artículo 10, señores, no sólo la sostenemos nosotros u otros partidos; yo les voy a leer a ustedes lo que dice el doctor Jorge Carpizo, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas y actual Rector de nuestra máxima casa de estudios, sobre esta disposición, porque esta disposición del artículo 10, es la que permite introducir en la Ley de Ingresos, la misma disposición transcrita de que se autoriza al Ejecutivo a ejercer montos adicionales de financiamiento, cuando a su criterio se presenten circunstancias extraordinarias; ese es el cheque en blanco que el Congreso de la Unión le da cada año al Presidente de la República, y ¿qué dice el doctor Carpizo de esto?, para aquellos que piensan que esto es trivial, o que la comisión como han dicho aquí algunos, analizó muy a fondo, pues hubieran leído lo que dicen algunos juristas de este asunto, dice el rector Carpizo en su libro "El presidencialismo mexicano" dice, ¿qué importancia tiene la Ley de Ingresos en manos del Ejecutivo? ¿Que le entrega a la política fiscal de la federación y del Distrito Federal, y la determinación de cuanto se va a gastar? ¿en qué se va a gastar y cómo se va a gastar?.
Para poder solventar dichos gastos, el Ejecutivo hace un cálculo aproximado de los ingresos que necesita, los que en su mayoría provendrán de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, y este cálculo lo plasmará en la Ley de Ingresos; pero también en la propia ley, se hace
el cálculo de los recurso que se necesitarán para cubrir el presupuesto y que no provendrán de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Así dice el Rector Carpizo, el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1978, acotó párrafo que como ustedes verán está en la actual propuesta y en la anterior y en todas las que se han sucedido desde entonces.
Señala, la Ley de Ingresos de la Federación se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y crédito Público, para contratar, ejercer y autorizar créditos, empréstitos u otras formas del ejercicio del crédito público, que rebasen los montos netos de 50 mil millones de pesos por endeudamiento interno y de 44 mil 547 millones de pesos por endeudamiento externo, en los términos de la Ley General de Deuda Pública para el financiamiento de presupuestos de egresos de la Federación para 1978. Cámbienle los años, cámbienle los montos y esos dice, actualmente, la ley también.
Y el siguiente párrafo establece, dice el rector Carpizo, que "asimismo, se faculta al Ejecutivo Federal, a ejercer o autorizar montos adicionales de financiamiento, cuando a juicio del propio Ejecutivo se presenten circunstancias económicas extraordinarias que así lo exijan, que es lo que dice el texto del artículo 10 de la ley y se transcribe en Ley de Ingresos.
Bien, ¿Cuál es la opinión del rector?. Este último párrafo es anticonstitucional, porque expresamente viola el mencionado artículo 73, fracción VIII, pero además, queda claro que el congreso claudica de su poder de bolsa, que entrega la política fiscal de empréstitos, de deuda pública y de gasto en manos del Presidente de la República y que de antemano, declara que no va a ejercer las funciones de control, que en tales aspectos le atribuye la Constitución, este es uno de los síntomas más graves y alarmantes, de la subordinación de nuestro poder legislativo, al Ejecutivo; eso es lo que opina uno de los juristas prestigiados de este país, señores.
Y aquí, la mayoría viene y dice, que ha analizado con profundidad y que no encuentra incongruencia, pues al menos acepten que hay juristas, como Jorge Carpizo o como otra vez lo recordó aquí un miembro del Partido Revolucionario Institucional, en ese entonces diputado, el licenciado Rocha Cordero, que decía, esa disposición no es ilegal, pero si ustedes dicen que es anticonstitucional yo lo suscribo. Porque es anticonstitucional y entonces es que debería hacerse es derogar el artículo 10 de la Ley de Deuda Pública, por ser absolutamente contradictorio y violatorio del artículo 73 constitucional, fracción VIII, ese es el fondo del asunto señores.
Ahora bien, para terminar mi intervención; puede haber circunstancias extraordinarias que requieran que el Presidente de la República, en periodos en que no está reunido el congreso, deba celebrar empréstitos mas allá de las circunstancias extraordinarias a qué hace referencia el artículo 29, aquí ya lo ha dicho el compañero Pascual, sí, si las puede haber, el mundo económico es cambiante y pueden presentarse esas circunstancias, pero con dos condiciones para que el Ejecutivo lo pudiera hacer. Una, que si está reunido el congreso, de inmediato se le consultará se le solicitará la autorización, y si no lo está, entonces señores, si ustedes quieren que el Presidente de la República tenga esa facultad, pónganla en la Constitución, pónganla en la Constitución, pongan ahí que el Presidente de la República puede celebrar empréstitos sin pasar por el congreso y no nos vengan con argumentos absolutamente falaces, de que ya están dadas las bases en la Ley de Deuda Pública y lo demás que dice el VIII del 73, cuando dice que los empréstitos deber ser aprobados por el congreso, pues entonces sí hay necesidad de que el presidente tenga esta facultad, póngase en la Constitución esa facultad y lo discutiremos.
Por eso nosotros presentamos una iniciativa, que no fue dictaminada por la Comisión, pese a que tenía como materia la misma ley. Un año después, se presenta a discusión el dictamen; en un año la comisión no tuvo tiempo de revisar la nuestra, que también se refiere a la Ley de Deuda Pública, que también se refiere el artículo 10o. y se refiere a otros artículos, ¿por qué no se dictaminó la nuestra? preguntamos.
Y nosotros, entonces queremos hacer una propuesta de Punto de Acuerdo; nos parece que si el congreso es serio, que si está Cámara de Diputados toma con seriedad su papel, como aquí lo han dicho e incluso gentes de la mayoría, debe aceptar que hay razones fundadas para cuando menos suponer que la anticonstitucionalidad del artículo 10o. es probable, que hay juristas que lo sostienen y que entonces el análisis que se hizo, no fue todo lo profundo que se pretende.
Entonces, regrésese a comisiones ese dictamen, regrésese a comisiones para que ahí confrontemos puntos de vista, confrontemos opiniones jurídicas, económicas y políticas y veamos si es anticonstitucional o no el artículo 10o., entonces habrá un ejercicio serio de dictamen y legislación; pero venir aquí con dictámenes plagados de falacia, plagados de cosas incongruentes como las
que tiene este dictamen, decir barbaridades como que hay - ¿cuales?, pregunta el diputado César Augusto -, le voy a leer una, la página dos, el considerando tercero, "conforme al régimen de división de poderes que rige dentro del Estado mexicano, a cada uno de ellos se les ha otorgado esencialmente una función, correspondiéndole al Poder Legislativo la expedición de las leyes, es decir, la creación de reformas de conducta, de observancia obligatoria, etcétera; al Poder Ejecutivo se le ha encomendado la Administración Pública y al Poder Judicial se le ha encomendado la impartición de justicia; esta parece la división de poderes perfecta, pues esta es una visión muy chata de lo que es la división de poderes en México, porque yo puedo decir, sin ser abogado, que el Congreso de la Unión por ejemplo, tiene facultades jurisdiccionales, cuando entra a juicio político, por ejemplo; que el Poder Ejecutivo Legisla de hecho cuando emite decretos, cuando emite reglamentos, por ejemplo; la división de poderes no es perfecta ni aquí, ni en ningún país; tiene que ver con necesidades políticas y con estructuras jurídicas, pero sustentar en esto el dictamen, o decir una y otra vez, que el texto de la fracción VIII del 73 es perfectamente congruente con la Ley de Deuda Pública en su artículo 10; señores, eso no se los cree nadie, y yo sólo les di un caso de un jurista que tampoco se los cree, dejo entonces una propuesta por escrito, que dice así
PUNTO DE ACUERDO
«Único. Regresar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el dictamen sobre la iniciativa de reformas a la Ley de Deuda Pública presentada por la diputación del Partido Acción Nacional, a fin de que se profundice en su estudio y se proceda a dictaminar, considerando también, la iniciativa de reformas que a la Ley de Deuda Pública presentó en 1985 el grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México.»
Dejo la propuesta por escrito señores, esperamos oír argumentos en contra de lo que aquí hemos expuesto. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Esta presidencia dará trámite a la moción suspensiva presentada por el Ciudadano diputado Jorge Alcocer.
¿Alguno de los ciudadanos diputados quiere hacer uso de la palabra en contra de la proposición?
Tiene la palabra el diputado Luis Manuel Orcí Gándara.
El C. Luis Manuel Orcí Gándara: - Con su permiso señor presidente; compañeros diputados: He pedido el uso de la palabra, para hablar en contra del planteamiento de la proposición hecha por el diputado Jorge Alcocer, en base a diferentes consideraciones; la primera es, que el año pasado aproximadamente en estas fechas, cuando analizábamos a fondo todas las consideraciones relacionadas con la Ley de Ingresos, la problemática misma de la deuda pública, analizamos también en la Comisión de Hacienda con detalle y a fondo esta proposición, esta iniciativa del Partido Acción Nacional.
En esa ocasión, en ese análisis, hicimos un estudio cuidadoso de los 32 artículos que constituyen la Ley General de Deuda Pública y que establece claramente las bases, los aspectos fundamentales a los que se hace referencia el artículo 73 fracción VIII de nuestra Constitución y que en base a esos 32 artículos, incluyendo el 9o. que se proponía reformar el 10o. y el 11o. que se proponía derogar, así como, en base al hecho de que en la Ley de Ingresos anualmente el Congreso de la Unión le establece límites al Ejecutivo a fin de que pueda contratar deuda y comprometer el nombre de la nación en ese sentido y de pagar y mandar pagar a través de la Ley de Egresos en su capítulo 25 de Deuda Pública, que en todos estos hay una capacidad explícita y clara, una función muy cara de parte del legislativo de hacer seguimiento, de controlar, de dar bases, establecer montos y dar seguimiento muy claro a todo lo relacionado con la deuda pública. En este dictamen, surgió un análisis que fue mas allá del análisis mismo relacionado con el aspecto constitucional el aspecto legal se trataba con los planteamientos y opiniones en cuanto al tema tan amplio que es el de la deuda pública.
Nosotros el día de hoy hemos insistido mucho en analizar de fondo y contestar todo lo relacionado con los aspectos jurídicos legales de los planteamientos que nos hacen, en esta proposición de Acción Nacional; y sentimos de que, la mayoría de la comisión que votó, las firmas que están presentes y nada, no se limita solamente al partido de las mayorías, sino otros partidos que estuvieron presentes en los procesos de análisis y el debate, que tuvieron todos la oportunidad, tuvimos todos la oportunidad de analizar, cuestionar y ver todos estos aspectos relacionados con el planteamiento de Acción Nacional, el estudio fue serio, fue profundo, inclusive se debatió en forma activa los temas el día 22, cuando aquí, en torno al artículo 3o. de la Ley de Ingresos se presentó.
Por lo tanto, compañeros diputados, subo en contra de la proposición del diputado Alcocer del PSUM, quien ha propuesto que haya una
suspensión y que se retome a comisiones; este análisis lo hemos hecho a fondo, este análisis está a consideración y este análisis ha sido causa de un debate y un análisis el día de hoy. Muchas gracias.
El C. presidente: - Sírvase la secretaría para normar el criterio de las intervenciones de dar lectura al artículo 110 del reglamento.
La C. secretaria Alma Guadalupe Salas Montiel: - En el caso de moción suspensiva, se leerá la proposición y sin otro requisito que oír a su autor, si la quiere fundar y algún impugnador si lo hubiere, se preguntará a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente, en caso afirmativo, se discutirá y votará en el acto pudiendo hablar, al efecto, tres individuos en pro y tres en contra, pero si la resolución de la Cámara fuese negativa, la proposición se tendrá por desechada.
El C. presidente: - Suspensivo señor diputado, no se puede interpretar de otra manera.
Tiene la palabra para hechos, el ciudadano diputado Pablo José Pascual Moncayo.
El C. Pablo José Pascual Moncayo: - Señor presidente, compañeros diputados: Podemos aceptar, sin conceder, lo que señalaba el compañero Luis Orcí, de que se hizo un estudio cuidadoso, un análisis profundo, se debatió profusamente en la comisión la propuesta hecha por Acción Nacional. Pero podríamos aceptar también, tratando de convencer a la mayoría, a la compañera Esponda que un miembro de la mayoría, de que este es un elemento de debate, de permanente debate y que vale la pena, no del ejercicio de la oratoria compañeros, sino del ejercicio de la razón y en el bien del país, que sacáramos conclusiones que fueran más allá de un mero trámite de la presentación de un dictamen al cual los compañeros del PRI, muchos de ellos ya se ausentaron, deberían darle un poco más de importancia, dado que efectivamente estaremos de acuerdo que es un problema fundamental, que es un problema central; por cierto, aprovechando el lapsus, que no creo que sea lapsus, del compañero Orcí, con toda la intención diciendo de la propuesta de Alcocer, el compañero de Acción y luego dijo, perdón del PSUM, yo le quiero decir a los compañeros, aprovechando el viaje, de que una forma francamente pedestre de acabar con argumentaciones es tratar de establecer una unidad entre el Partido Acción Nacional, el PSUM o cualquier otra organización de izquierda y descalificarlo, cuando lo que se está discutiendo compañeros, no es de donde proviene la propuesta, sino si tiene sentido o no la propuesta para el país, si tiene sentido o no la iniciativa que se presenta; compañeros de la misma manera, yo francamente a muchos compañeros del PRI cuando pasan no les creo absolutamente nada, pero si es una propuesta, puedo aceptar si efectivamente la propuesta es buena, puedo coincidir con ellos; me parece, bueno simplemente es pedestre, el tratar de hechar para atrás una argumentación estableciendo esta situación de unidad y satanizando una propuesta.
Creo compañeros, que si estamos de acuerdo, no en términos de mayoría o minoría, sí podemos estar de acuerdo en términos de legisladores, que este es un problema fundamental, que no está absolutamente claro, que hay márgenes en los cuales se puede avanzar legislando, ¿por qué no regresar a la comisión y volverla a analizar, por qué no hacer una revisión conjunta de la propuesta presentada por la fracción del PSUM, que hay en contra de esto? compañeros, simplemente lo que me parece que hay en contra, es que, ni se estudió, ni se tienen ganas de estudiar y simplemente se le pretende dar trámite a cuestiones tan importantes y fundamentales como esta; por eso compañeros, creo que en bien de esta Cámara, de esta legislatura, debería a regresarse a comisiones, estudiarla en conjunto, y tuviéramos otra vez un debate como quieran compañeros, mayorías o minorías o legisladores que tenemos diferentes puntos de vista y que unos queremos jugar bien nuestro papel y otros creo que juegan francamente mal. Gracias compañeros. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el ciudadano diputado Miguel Eduardo Valle Espinosa, del Partido Mexicano de los Trabajadores.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Con su autorización, señor presidente: A: mi me parece que la intervención del diputado Orcí aclara las cosas, porque hoy se rechaza una propuesta de reforma, porque el año pasado se rechazó, tan sencillo como eso, no hay absolutamente ninguna otra posibilidad. Se rechaza hoy porque ya se rechazó antes, ¿y por qué se rechazó antes y por qué se rechazó hoy? porque uno de los aspectos medulares de la propuesta reforma que se hace, es no dar el cheque en blanco al Ejecutivo, es tan sencillo como eso, este Poder Legislativo, esta parte del Congreso de la Unión no quiere otra cosa más que darle un cheque en blanco al poder Ejecutivo Federal para endeudamiento en el exterior, eso es todo.
Cualquier cosa que se considere fuera de ello, es atentar contra la capacidad de acción política y económica del Ejecutivo, y la mayoría priísta
aquí, no lo va hacer y no lo va hacer por una elemental congruencia y lógica política, para ellos, para la mayoría priísta en esta Quincuagésima Tercera Legislatura, es fundamental, conveniente, prudente y hasta necesario que el Presidente tenga un cheque en blanco con respecto a la hacienda de nuestro país, tanto en lo exterior, comprendiendo nuestro buen nombre, como en el interior, desarrollando una política de deuda interna, como al Presidente le guste.
Es que a algunos compañeros se nos olvida algunas veces, se nos olvida el carácter de la mayoría legislativa en esta Quincuagésima Tercera Legislatura en la Cámara de Diputados, aquí no están para ponerle límites al Presidente, aquí están para que el Presidente no tenga límites, y de esta parte lógica de su lógica interna, como sistema y como conducta política hay que partir. Entonces, a mi me da mucho gusto, que queda perfectamente claro en la intervención del diputado Orcí, como están las cosas; se rechaza hoy porque ya se rechazó y se rechazó, porque actuar en cualquier otro sentido, sería ponerle límites a la acción presidencial y eso no se puede en México y mucho menos, en términos de la Constitución de el poder, en esta Quincuagésima Tercera Legislatura.
Pero yo quiero decir finalmente una cosa, con respecto a los lapsus del diputado Orcí, yo estoy totalmente de acuerdo con el PAN en ponerle límites a la capacidad de endeudamiento de la nación, en función de la determinación presidencial, digo para terminar pronto. Y si quiere confundir al decir, el diputado Valle del PDM, lo pueden hacer, siempre y cuando el PDM esté precisamente de acuerdo con nosotros en ponerle un límite a la capacidad de endeudamiento del país, de acuerdo al gusto del Presidente; y si quieren decir, el diputado Valle del sinarquísmo más ultrareaccionario, díganlo, porque aquí lo que importa, es que estamos señalando el proceso fundamental del carácter legislativo, y el proceso fundamental de carácter legislativo es que mientras ustedes, la mayoría priísta, apoye el cheque en blanco, nosotros estamos en contra del cheque en blanco, porque hemos visto como lastima, profunda y gravemente la estructura productiva y el desarrollo nacional, nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: -Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite o se desecha la moción presentada por el ciudadano diputado Jorge Alcocer.
La C. secretaria Alma Guadalupe Salas Montiel: - En votación económica se pregunta si se acepta o se desecha la moción suspensiva presentada por el diputado Jorge Alcocer. Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo., Desechada, señor presidente.
El C. presidente: - En virtud de que declinó su turno el ciudadano diputado Ricardo García Cervantes, tiene uso de la palabra por la comisión, el ciudadano diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: -Muchas gracias señor presidente ¿Qué se hizo el Rey Don Juan? los infantes de Aragón, que se quisieron, decía en su maravilloso poema, evocando a su padre Jorge Manríquez; viene a mi memoria, está evocación de aquellos que desfilaban por la historia del mundo, porque a lo largo de este debate, hay una evocación de sombras y de fantasmas, que sin embargo vuelven a renacer para hacernos sentir, la urgencia de que este debate, sea un debate de la inteligencia y no un debate del poder.
Fueron aquellos de la decena trágica, quienes desfilaron omnipotentes con los dineros en las alforjas cargadas de dólares traídos del extranjero, los que no están presentes. No están todavía en el mismo desfile contemporáneo los 300 que se marcharon al oriente para gastar a razón de 10 mil dólares por cabeza, un mundo de 3 mil millones de pesos en sólo un viaje al extranjero; alguien decía aquí, cheque en blanco, cheque que está sangrando, sobre los lomos, sobre los hombros de nuestros pueblos miserables en este país y que venimos a dirimir el problema de si es justo para el pueblo que subsista una ley que hace atroz la carga sobre el pueblo, para dejar en manos de un Ejecutivo con sus fantasmas que se van y regresan, la expoliación de los haberes, el crecimiento de la miseria, de la ignorancia y de la inseguridad de un pueblo que está muriendo de angustia.
Alguien dijo que eran a las minorías desgarradas y olvidadas las que venía a defender, no ven ustedes que son las mayorías las que están clamando por la justicia constitucional, las que están presentes también como fantasmas en esta tarde desolada, cuando también se han ido como fantasmas a comer o a platicar la mayoría de los diputados del partido oficial; cuantas veces les hemos escuchado, señores del partido oficial, la Constitución que consagra nuestra devoción inalterable y permanente, donde quedó la Constitución? Hemos venido a reclamar que se reintegre no sólo el texto, sino el sentido profundo de la Constitución, cuando demanda que todos los empréstitos sean aprobados en su contenido y siempre cuando
signifique que van a contener resultados con los cuales se pague la deuda. Eso señala la Constitución y contra eso están los artículos, que aquí ha venido a pedir que se deroguen, nuestro compañero de Acción Nacional, Juan de Dios Castro Lozano, y al que han apoyado los partidos de la oposición conocida como la izquierda.
¿Es este un debate de inteligencia, o es un debate de poder?, yo recuerdo aquella expresión del pueblo, que dice: así seguirán las cosas hasta que San Juan baje el dedo; en 1979, evocaba aquí, alguno de nuestros compañeros diputados del debate, cuando Juan de Dios Castro propuso estos mismos problemas de devolver la constitucionalidad a las leyes secundarias u ordinarias, como dijo alguna diputado del partido oficial, Juan de Dios tuvo el debate en 1979 contra el que guanajuatense, que después fue, señor de premios, en los torneos de oratoria, se llamaba o se llama, Rafael Corrales Ayala; y ese mismo parlamento y ese mismo debate se repitió en el año de 1980, con Antonio Carrillo Flores y todavía en 1981, volvió a establecerse el debate con el señor Rocha Cordero, que entonces tuvo la audacia de decir, recuérdenlo señores, y estoy evocando un fantasma del pasado que tenía siquiera un poco de alta posición intelectual y no simplemente la fórmula rastrera para negarse a escuchar las palabras y las razones, dijo entonces que aceptaba que los términos de sostener esa ley significaba que no eran ilegales pero que si le pedían que firmase, declararía que eran anticonstitucionales; y desde entonces, señores, sigue el mismo concepto de la arbitrariedad impuesta a esta Cámara contra la minoría.
Alguien ha dicho que se necesita que nosotros entendamos que esta proposición de Juan de Dios Castro, no es razonable, no es razonable señores, las cosas pueden ser razonables desde el punto de vista de uno y del contrario, lo que resulta no razonable es que se le rechace sin una discusión de fondo, porque entonces se convierte en una posición irracional, que es la que ustedes están sosteniendo, irracionalmente están negando el camino a este debate y a una conciliación para ver por donde está, efectivamente, la restauración de la Constitución, como la han demandado ustedes toda la vida.
Hemos demandado que este asunto nos hace presentes a los fantasmas del pasado, y aquí lo digo y lo confesó, nada menos que Gustavo Petriccioli, cuando se le preguntó, ¿a dónde se fueron los 70 mil millones de dólares que debe el país?, y el enumeró; el 20 % se dedicó a petróleos, el resto y empezó a numerar, en ninguno del resto se contiene que los ingresos provocados por esa inversión, hayan permitido que de ahí se saquen los fondos para pagar la deuda. Por eso la deuda ha ido creciendo, el 20 % aplicado a Petróleos Mexicanos, que supuestamente podría estar pagando las deudas del petróleo, resulta que no las paga porque también las están negociando para que se posdaten, para que se hagan más delanteras y ¿que está sucediendo con los dólares que se están contratando?, que los dólares se están aplicando al pago de los intereses, no es cierto que se está cumpliendo con el ordenamiento constitucional; cheque en blanco, no solamente, cheque que va a pesar por años por docenas de años, sobre las espaldas del pueblo mexicano que es el que paga los impuestos y es el que sigue pagando los viajes al oriente y todos los excesos de este régimen.
Algunos de los diputados del partido oficial, vino a insistirle a Juan de Dios, ya fue vencido, y esta tarde, volverá a ser vencido; como no evocar aquella hermosa anécdota o aquella terrible anécdota, cuando un representante de Franco fue a invadir la Universidad y Miguel de Unamuno le dijo; no has vencido, tus armas nunca triunfarán sobre mi espíritu, esa es la misma condición, cuando se impone la irracionalidad de la mayoría y no el análisis razonable de los textos, se está imponiendo por la fuerza un dictamen que es contra la Constitución, y que ustedes están defendiendo, cuando se dicen los que sostienen y respaldan la Constitución.
Y curiosamente, por algún lapsus lingüis tal vez, el diputado Santiago insistió en llamarle, ley de duda pública; yo no sé si es esto un problema de expresión lingüística, algún problema filológico, pero esta ley de duda pública, claro que no es duda pública, es conciencia nacional que la deuda, no es una deuda que deba ser puesta en duda, porque está pesando sobre todo México, y seguirá pesando, no hay duda ya señores, las deudas contraídas están acabando con la sangre del pueblo de México.
Y alguien dijo, defendiendo que se mantenga la Ley de Deuda Pública en las circunstancias en que está contenida y en la forma en que está redactada, que no se trataba de una ley reglamentaria, ni de una ley secundaria, sino de una ley ordinaria; desde cuando, otra vez, volvamos a meter la razón en estos conceptos, ¿una ley ordinaria puede ser una ley contra la Constitución? claramente señala la Constitución cuál es el texto, sobre el cual debe basarse el sistema de empréstitos que se concede al Gobierno Federal, y porque una ley ordinaria va contra ese texto constitucional; ¿valen las leyes ordinarias al margen de la Constitución? ¿en dónde está la razón política, que ustedes vienen a invocar? lo dijo aquella tarde Rocha Cordero, la razón, es razón de Estado, ahí
está la razón de que ustedes, desde sus curules, levanten el dedo para que este proyecto nuestro, sea censurado y rechazado. Hay una razón de Estado, ninguno de los que se han imprecado aquí para que vengan a contender y explicar las razones de que esas deudas viejas no estén en la Constitución, ha venido a demostrar que se han pagado los empréstitos anteriores, con los frutos de los empréstitos. ¿porqué razón?, porque hay una razón de Estado, que es lo que están ustedes sosteniendo, involucrándose en el gran barco de la revolución que ustedes dicen pilotear; esa razón de Estado, es sostenerse en el poder, a pesar de la Constitución y contra la Constitución.
La servidumbre señores, sigue pesando sobre la historia de México; evocar a los fantasmas de la que fue decena trágica y ahora llega ya a su año número 16, es recordar esta herencia maldita que estamos heredando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos; no es mal uso de recursos, afirmó uno de los diputados del partido oficial, ¿es buen uso de los recursos, estar pagando intereses, intereses sobre intereses y saber que nunca se van a pagar mas que intereses? ¿no es una herencia maldita, la que se está dejando a los futuros mexicanos? y contra todo este hecho fundamental ustedes levantan la bandera de una ley que ya está establecida, cuando bebían entender que esa ley no tiene sentido, ni para el pueblo, ni siquiera para la Constitución que ustedes defienden.
En nombre del pueblo de México, las razones de Estado que ustedes invocan, son los dos años que le faltan al inculpado aquí en esta tribuna por Juan de Dios Castro, a Miguel De la Madrid, que finalmente declara; "después de mí, el diluvio", y el pasará a ser una sombra más en el horizonte viejo del país, como lo son Echeverría y López Portillo, causantes de la miseria de este pueblo. (Aplausos.)
El C. presidente: -Por la comisión, tiene la palabra el ciudadano diputado Luis Orcí Gándara.
El C. diputado Luis Orcí Gándara: - Con su permiso, señor presidente "el amor y la tos no se pueden ocultar", me hace pensar esa frasesita, los planteamientos que acabamos de escuchar, un compromiso tan extraordinario ideológico que hace tan difícil analizar y pensar, viene acá a defender a como de lugar, un planteamiento que en otros, otras intervenciones de sus propios diputados, han aceptado que era y que es, reiterativo. Este planteamiento, de que de alguna forma sostienen, de que si no se hace esa reforma del 9o. artículo de la Ley General de Deuda Pública y los artículos 10 y 11 no se derogan, de alguna forma u otra, no hay por parte del Congreso de la Unión, por parte del Legislativo, control, efectivo para cumplir las indicaciones claras del artículo 73, fracción VIII de la Constitución Mexicana.
Que falso es, e inclusive más de la mitad de los argumentos que han venido a esgrimir acá el día de hoy, se muestra la carencia de argumentos jurídicos efectivos, porque se van por todo lo lateral, argumentos laterales relacionados con la deuda, importantes sí, pero no son el tema de lo que estamos hablando hoy, y serán temas que debemos debatir, que hemos viniendo debatiendo en todos estos días y semanas y meses y estamos seguros continuarán.
La Ley General de Deuda Pública, en sus 32 artículos, vuelvo a insistir, establece claros límites y claras bases al uso de los recursos de la deuda pública, sea ella interna o externa; si leen con cuidado sus 32 artículos y los transitorios, verán que en el artículo 4o. en sus incisos primero y cuarto, para apuntar solamente dos de ellos, hay una referencia clarísima al tipo de uso que cada uno de estos recursos deben utilizarse y deben tener. Que fácil es venir a atacar y decir" es que se pagan intereses con estos recursos", falso, absolutamente falso, tienen fin específico y concreto cada una de estas cosas y su mecanismo claro se ve en la Ley General de Deuda Pública en las bases que establece, en la Ley de Ingresos, en donde se autorizan montos específicos a ser contratados y en la Ley de Presupuesto de Egresos que muestra el uso de cada una de estas cosas en los procesos que se deben hacer. Pero más aún, establece clara obligación de parte del Ejecutivo de informar al Congreso de la Unión, en forma regular y continua, el uso de estos fondos, de estas facultades de contratar deuda interna y externa, que continuamente recibimos aquí en la Cámara y analizamos y son inclusive causas y razones de debate interno que tenemos.
También específica la obligación del Ejecutivo de tener que hacer recursos o utilizar las indicaciones o lineamientos de la Constitución, de uso, regulación monetaria o de algún tipo de emergencia que tenga que especificar porqué se hizo, o especificar porqué se utilizó.
Lo importante aquí, compañeros diputados, es de que es falso, totalmente falso y equivocado el planteamiento de que de alguna forma esta sugerencia de Acción Nacional, esta iniciativa que fue presentada y fue analizada, de alguna forma u otra, es la diferencia entre que haya efectivo control
de parte del Legislativo sobre el ejercicio de la deuda pública mexicana y de que no lo haya; es falso, porque existe una ley general de Deuda Pública y que es una obligación nuestra, como Cámara de Diputados y como congreso, vigilar su cumplimiento cercana y cuidadosamente; vigilar porque los fondos de la nación sean utilizados en esos términos, y esto es precisamente, el análisis y el debate que continuamente tenemos. El problema es, que con demasiada frecuencia, se esconden y entran consideraciones laterales, consideraciones políticas y consideraciones de tos, que hacen que se confundan los análisis y vengan hacerse aquí planteamientos que no tienen nada que ver con la argumentación.
Por ello es, que en esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, cuando se analizó esto y se dictaminó así, se dictaminó porque reconocía claramente de que el Legislativo tiene la facultad clara de ejercer el control sobre la deuda pública mexicana a través de las bases que ha establecido y establece y a través del mecanismo de control de autorización que da en Ley de Ingresos y Ley de Egresos. Muchas gracias.
MINUTA DEL SENADO
PROYECTO DE DECLARATORIA
El C. presidente: -Debo informar a la honorable asamblea que en el transcurso de la sesión se recibió una documentación de la honorable Cámara de Senadores, que ruego a la secretaría de cuenta con la misma.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda:
- Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos del artículo 135 de nuestra Carta Magna, tenemos el honor de remitir a ustedes, copia del expediente seguido en las honorables Cámaras del Congreso de la Unión, relativo a la minuta proyecto de declaratoria que reforma los artículos 52,53 segundo párrafo; 54, primer párrafo y fracciones II, III y IV; 56; 60; 77, fracción IV y décimo octavo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., 10 de diciembre de 1986.
Senadores: Héctor Vázquez Paredes, secretario; Fernando Mendoza Contreras, secretario».
El mismo C. secretario:
«Ciudadanos Secretarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes, el expediente que contiene minuta proyecto de declaratoria que reforma los artículos 52; 53, segundo párrafo, 54, primer párrafo y fracciones II, III y IV; 56; 60; 77, fracción IV y décimo octavo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como oficios de aprobación de las siguientes legislaturas de los estados ; Chihuahua, Quintana Roo, Yucatán y Nayarit, que llegaron cuando ya se había aprobado dicha minuta proyecto de declaratoria.
Reitero a usted las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
México, D. F., 11 de diciembre de 1986.
El Oficial Mayor, licenciado Miguel Montes García.»
«MINUTA
PROYECTO DE DECLARATORIA
El Honorable Congreso de la Unión en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa la aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformados los artículo 52; 53, segundo párrafo; 54, primer párrafo y fracciones II, III y IV; 56; 60; 77, fracción IV y décimo octavo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo primero. Se reforman los artículos 52; 53, segundo párrafo; 54, primer párrafo y fracciones II, III y IV; 56; 60 y 77, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripcionales plurinominales.
Artículo 53. .................................................................
Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.
Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se sujetará a las bases generales siguientes y a lo que en lo particular disponga la ley;
I ............................................................................
II. Tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados electos según el principio de representación proporcional, todo aquel partido político nacional que alcance por lo menos el 1.5% del total de la votación emitida para las listas regionales de las cinco circunscripciones y no se encuentre comprendido en los siguientes supuestos;
A) Haber obtenido el 51% o más de la votación nacional efectiva, y que su número de constancias de mayoría relativa represente un porcentaje del total de la Cámara, superior o igual a su porcentaje de votos, o
B) Haber obtenido menos del 51% de la votación nacional efectiva, y que su número de constancias de mayoría relativa sea igual o mayor a la mitad más uno de los miembros de la Cámara.
III. Al partido que cumpla con lo dispuesto por las fracciones I y II de este artículo, le serán asignados por el principio de representación proporcional el número de diputados de su lista regional que corresponda al porcentaje de votos obtenidos en cada circunscripción plurinominal. La Ley determinará las normas para la aplicación de la fórmula que se observará en la asignación; en todo caso, en la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.
IV. En los términos de la fracción anterior las normas para la asignación de curules, son las siguientes:
A) Si algún partido obtiene el 51% o más de la votación nacional efectiva y el número de constancias de mayoría relativa representan un porcentaje del total de la Cámara, inferior a su referido porcentaje de votos, tendrá derecho a participar en la distribución de diputados electos según el principio de representación proporcional, hasta que la suma de diputados obtenidos por ambos principios represente el mismo porcentaje de votos.
B) Ningún partido tendrá derecho a que le sean reconocidos más de 350 diputados, que representan el 70% de la integración total de la Cámara, aún cuando hubiere obtenido un porcentaje de votos superior.
C) Si ningún partido obtiene el 51% de la votación nacional efectiva y ninguno alcanza, con sus constancias de mayoría relativa, la mitad más uno de los miembros de la Cámara, al partido con más constancias de mayoría le serán asignados diputados de representación proporcional, hasta alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara, y
D) En el supuesto anterior, y en caso de empate en el número de constancias, la mayoría absoluta de la Cámara será decidida en favor de aquel de los partidos empatados, que haya alcanzado la mayor votación a nivel nacional, en la elección de diputados por mayoría relativa.
Artículo 56. La Cámara de Senadores se compondrá de dos miembros por cada estado y dos por el Distrito Federal, nombrados en elección directa, La Cámara se renovará por mitad cada tres años.
La Legislatura de cada Estado y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el caso del Distrito Federal, declararán electo al que hubiese obtenido la mayoría de los votos emitidos.
Artículo 60. Cada Cámara calificará las elecciones de sus miembros y resolverá las dudas que hubiese sobre ellas.
El Colegio Electoral de la Cámara de Diputados se integrará con todos los presuntos diputados que hubieren obtenido constancia expedida por la Comisión Federal Electoral, tanto con los electos por el principio de votación mayoritaria relativa como con los electos por el principio de representación proporcional.
El Colegio Electoral de la Cámara de Senadores se integrará, tanto con los presuntos senadores que hubieren obtenido la declaración de la Legislatura de cada Estado y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el caso del Distrito Federal, como con los senadores de la anterior Legislatura que continuarán en el ejercicio de su encargo.
Corresponde al Gobierno Federal la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. La ley determinará los organismos que tendrán a su cargo esta función y la debida corresponsabilidad de los partidos políticos y de los ciudadanos; además establecerá los medios de impugnación para garantizar que los actos de los
organismos electorales se ajusten a los dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella emanen e instituirá un tribunal que tendrá la competencia que determine la ley; las resoluciones del tribunal serán obligatorias y sólo podrán ser modificadas por los Colegios Electorales de cada Cámara, que serán la última instancia en la calificación de las elecciones; todas estas resoluciones tendrán el carácter de definitivas e inatacables.
Artículo 77. .................................................................
I. ............................................................................
II. ...........................................................................
III. ..........................................................................
IV. Expedir convocatoria para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de sus respectivos miembros. En el caso de la Cámara de Diputados, las vacantes de sus miembros electos por el principio de representación proporcional, deberán ser cubiertas por aquellos candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.
Artículo segundo. Se reforma el artículo décimo octavo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto por el que se reforman los artículo 65,66 y 69 de la propia Constitución, de 20 de marzo de 1986, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 7 de abril del mismo año, para quedar como sigue:
Artículo décimo octavo. Los senadores que se elijan a las LIV y LV Legislaturas del Congreso de la Unión durarán en función del 1o. de septiembre de 1988 al 31 de octubre de 1991, y los que se elijan para la LIV Legislatura, que son los nombrados en segundo lugar, durarán en función del 1o. de septiembre de 1988 al 31 de octubre de 1991.
TRANSITORIOS
Artículo Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, México, D.F., 10 de diciembre de 1986.
Senadores: Gonzalo Martínez Corbalá, presidente; Héctor Vázquez Paredes, secretario Fernando Mendoza Contreras, secretario. Se remite a la honorable Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.
México, D. F., 10 de diciembre de 1986.
El Oficial Mayor, licenciado Miguel Aceves García.»
El C. presidente: -Se ruega a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que en el transcurso de esta sesión entreguen el dictamen correspondiente a esta presidencia.
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El C. presidente: -Tiene la palabra para hechos el ciudadano diputado Pablo Alvarez Padilla, en los términos del artículo 102 del Reglamento.
El C. Pablo Alvarez Padilla: - Señor presidente, compañeros diputados: el diputado Orcí desde esta tribuna ha citado una frase latina diciendo que a ........................, o sea que el amor y la tos no se esconden, y tal vez en los mismos términos y en el mismo idioma se le pudiera contestar..................lo cual equivale a decir, que el lobo puede cambiar de piel pero no cambia de costumbres. Yo quisiera decirles el por qué de esta comparación entre dos frases latinas, que revelan bastante de este debate, porqué somos reiterativos en los puntos que establecemos para defender la posición de la iniciativa que presentó nuestro compañero Juan de Dios Castro, porqué la situación lejos de aminorar cada día va agravándose, porque la situación cada día va siendo mas peligrosamente, que ataca más peligrosamente al pueblo de México, porqué en qué sentido, yo creo que todos estamos de acuerdo en una cosa, por lo menos en eso estaremos de acuerdo, que la deuda pública, tanto la interna como la externa es impagable, si se hubieran tomado las bases como dice la Constitución, si se hubiera pedido el acuerdo de la Cámara para pagar la deuda y reconocerla, si se hubieran hecho las cosas como se debe, nos hubiéramos endeudado en los montos razonablemente autorizados, no hubiera ocurrido lo que esta ocurriendo que tenemos al país o tienen el país endeudado por más de 100 mil millones de dólares.
Como ven, los argumentos se repiten y también las excusas se repiten, desde esta tribuna el Secretario de Hacienda y el de Programación y Presupuesto, a pregunta expresa formulada en ese sentido, contestaban que en energéticos, ¿cuáles energéticos en Pemex?, una deuda pública tan enorme como la que tiene actualmente Pemex, y que además dicho por sus mismos trabajadores sindicalizados carece desde hace muchos años de mantenimiento y según denunciaba nuestro compañero Juan Alcocer hace unos días, esta situación esta llevando a que Pemex esté elaborando y exija la labor de los trabajadores en condiciones de alta peligrosidad y de riesgo.
trabajadores sindicalizados carece desde hace muchos años de mantenimiento y según denunciaba nuestro compañero Juan Alcocer hace unos días, esta situación esta llevando a que Pemex esté elaborando y exija la labor de los trabajadores en condiciones de alta peligrosidad y de riesgo.
Pemex debe muchísimo dinero, dicen que se invirtió ahí, no se sabe en que monto, no se sabe, ¿entonces por qué no está saneada la economía de Pemex, qué se invirtió en Comisión Federal de Electricidad? igual el Gobierno Federal acaba de condonarle no sé cuantos miles de millones de pesos que la Comisión debía por lo mismo, deficiencia en sus finanzas de manera que pasó aquí aquello del mago ¿verdad? nadie supo, nadie sabe y nadie sabrá seguramente, yo creo que si no fuera trágica esta situación, quizás pudiera calificarse de cómica, por qué, porque aquí se dice una cosa y se contesta otra, efectivamente como lo hemos afirmado muchas veces, ya va siendo tiempo compañeros diputados en donde digamos exactamente las palabras que pensamos y las palabras que pensemos, las pensemos en base en una realidad y en base a hechos reales, fidedignos y con suficiente base, yo les pediría entonces que rectificaran la conducta en lo que se refiere precisamente a esta aseveración de que andamos muy bien, de que todo lo que han hecho es bueno; no, no es bueno, estamos endeudados sobremanera, imposible pagar la deuda, ¿cómo podemos evitar correr el riesgo de un endeudamiento mayor? siguiéndonos a lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 73 constitucional, no hay otra manera, o respetamos lo dispuesto en la Constitución o lo transgredimos y en el pecado vamos a pagar la penitencia. Muchas gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista, para razonar su voto.
El C. Héctor Morquecho Rivera: -Señor presidente, con su permiso, compañeras y compañeros diputados: bueno, el razonamiento que queremos hacer es para fundamentar nuestro voto o bien, explicar por qué nos vamos a abstener de votar en este dictamen.
La cuestión que nosotros vemos y por la cuál nos abstenemos, pues es que realmente, es muy compleja la situación muy compleja, delicada, grave, es un gran problema de nuestro país, sobre la deuda externa.
Creo que mi partido lo ha explicado muchas veces en esta tribuna, hemos expresado nuestro punto de vista sobre lo que significa el gran monto de esta deuda externa y también la deuda interno ¿verdad?, hemos expresado también nuestra opinión, pero nosotros estamos partiendo de una cuestión también ¿verdad?, de un punto de vista de clase social, porque pues algo que rige la conducta de los partidos políticos, la conducta se rige por la clase social a la que se pertenece y en este caso viene de un partido empresarial, un partido de derecha que es muy definido en sus planteamientos, ha sido categórico en sus afirmaciones, sus tesis dentro de su declaración de principios de los que yo conozco son muy claros, ellos son enemigos de la intervención del estado de la economía, en fin, es una postura empresarial, es una postura ideológica que coincide completamente con los empresarios que son precisamente los que se han enriquecido con el crecimiento de esa deuda externa, por eso puede diferenciarse las apreciaciones, los enfoques de cada partido político y en este caso, pues es una iniciativa de la derecha.
Se parte también en esta iniciativa de enfoques, pues que son contrarios precisamente a la tesis de la Revolución Mexicana, es decir a los planteamientos de las fuerzas democráticas, de las fuerzas progresistas porque los partidarios del Partido Acción Nacional han afirmado que es un problema vital, importante, lo que toca este tema que se está discutiendo, han hablado de los grandes montos de la deuda, han hablado. de hechos negativos que han ocurrido y estamos completamente de acuerdo en que así ha sucedido son completamente realidades que no podemos esconder la cuestión es que en opinión de mi Partido creo que se trata nada más, más que nada por parte del Partido Acción Nacional, pues una actitud un tanto demagógica, fríamente calculada, para hacer aparentar como defensores de la Nación, como defensores este pueblo oprimido, por esa grave y pesada carga neocolonial, que es la deuda externa, pero yo nunca he escuchado que la derecha haya planteado una reforma que escala fondo, que permita llegar recursos para que el país no se siga endeudando.
Yo nunca he escuchado que la derecha, plantee reformas profundas en la estructura económica para distribuir mejor la riqueza, para mejorar el mercado interno, y para distribuir precisamente el producto interno bruto de una manera más equitativa, respecto de lo que hoy tenemos, que es tremendamente injusta la distribución de la riqueza, que detecta el 1% de la población en nuestro país.
No vemos pues que haya un interés realmente democrático, un interés profundamente nacionalista, para poder exigir que el país no se siga endeudando, porque no se plantean los aspectos fundamentales que a juicio nuestro, en este caso en mi partido ha reiterado muchas veces en esa
tribuna de lo que debe ser la modificación, la reorientación, la reestructuración de la política negativa desde el punto de vista económico que ha seguido el Gobierno fundamentalmente, en los últimos cuatro años.
Ahora nosotros consideramos que, mas que nada, es un problema de correlación de fuerzas porque, el artículo 73 de su fracción VIII, sí establece aspectos importantes, de los que el Congreso puede intervenir en base a la reglamentación de los artículos 9, 10 y 11, que ya se han mencionado miles de veces en esa tribuna.
Es decir, yo creó que si se da marcha atrás en esos articulados, se deja un criterio, se sienta un precedente que pude repercutir negativamente en otros aspectos, es decir, en otras leyes, en otras reglamentaciones.
¿Por qué?, me parece que en período extraordinario de sesiones, el diputado del Partido Acción Nacional, Remus, tuvo una intervención muy importante, sobre la ley de la Tortura, sobre esa ley, él planteó muchas cosas de hecho hay que recordar que fue un debate serio y Acción Nacional por conducto del diputado Remus, planteó cuestiones de hecho, planteó aspectos que daban impresión de qué es lo que debería hacerse, decía el diputado Remus, qué es lo que hay que hacer, cuando se hace el procedimiento para la declaración de un inculpado, para si fue por motivo de tortura la declaración, es decir, planteó cuestiones de hecho.
Pero eso no quiere decir que la ley como está el Código Penal, como está el procedimiento penal, no es que esté mal, lo que está mal, es precisamente, que no se cumple con esos articulados, con esos preceptos constitucionales y dan impresión de que habría que abandonar o modificar dichos preceptos.
Yo pienso, haciendo la reflexión comparativa, que sucede una cosa parecida en este momento.
Existe, estos artículos de esta Ley Reglamentaria, del que no están en contradicción con el artículo 73, pero que existe de hecho una actitud negativa, el manejo de una política de endeudamiento totalmente contraria a los principios de la Revolución Mexicana ¿por qué? porque en el seno del gabinete económico, está prevaleciendo la correlación de fuerzas en favor de los sectores mas retardatarios, los sectores mas negativos, que se han entregado al imperialismo norteamericano y que no han cumplido con su papel, desde el punto de vista de los objetivos de la Revolución Mexicana de defender nuestra soberanía nacional.
Ese es nuestro punto de vista, nosotros lo que hemos planteado es que la deuda externa debe ser cancelada, es un punto de vista político, es cierto, es un punto de vista que nosotros manejamos, declaramos, establecemos, porque los estudios que se han hecho, por personalidades, por instituciones dentro y fuera de México, han demostrado que la deuda externa es impagable.
Es decir, lo que debe nuestro país no se va a pagar es imposible que se pague.
Ahora en cuanto a la deuda interna, ahí también hay un doble filo y hay un enfoque, que creo que la derecha está manejando, también de manera demográfica ¿por qué?, por que la deuda interna, por una cuestión de que está ubicada en nuestro país con las variables que se pueden manejar internamente, es diferente, cualitativamente, muy diferente a la deuda externa, lo que se alude o se hace alusión es de que el Gobierno, para completar su gasto ha captado totalmente los recursos de la banca, ha incurrido en un gran endeudamiento y en efecto, nosotros pensamos que esta mal que el Estado se endeude, que el Gobierno no lleve una política sana de su financiamiento, es decir, porque no es sano captar los recursos de los ahorradores de la banca y elevar las tasas de interés de tal suerte que la promoción a la industria el crédito industrial no se lleva a la práctica, pero eso se debe no a las facultades del Gobierno, ni a las facultades del Estado, sino se debe a la política negativa económica que nos tiene entrampados a todas las fuerzas progresistas y a los factores productivos que pueden impulsar el desarrollo de nuestro país.
Esa es otra cuestión, es decir, hay que saber precisar que es lo que debe hacerse y que es lo que esta establecido constitucionalmente para que se exija exactamente lo que debe proceder, y nosotros en ese sentido de la deuda pública interna, nos hemos manifestado también de que se den las correcciones, para que los recursos del gasto público provengan de fuentes sanas, para que se graven las grandes utilidades de los exportadores de las empresas monopólicas privadas de la industria, del comercio, es decir que se tenga un cambio sustantivo completamente en la política de ingresos, y de esa suerte poder tener recursos sanos, y no recurrir ni al exterior ni a copar, meter en cuello de botella a la política crediticia de nuestro país.
Esas son muchas consideraciones que queremos hacer, por eso no, no estamos de acuerdo con que lo que se ha expresado, de que se quieren modificar cuestiones en las que el Congreso tiene un papel importante y que en todo caso, lo que hay que hacer es el esfuerzo por luchar, por modificar esta política económica negativa, y claro como lo dijimos en una ocasión, lo volvemos a plantear en este momento, es el tiempo que el
Ejecutivo no incurra en pedir mas prestado recursos al exterior, ya lo plateamos en dos ocasiones, en el primer período, en este segundo período legislativo en que el Ejecutivo, de ninguna manera debe pedir dinero prestado al exterior, porque es de todos conocidos que la deuda externa seguirá pesando sobre la espalda de nuestro pueblo, y no de las clases empresariales ni de la burguesía reaccionaria.
El C. presidente: -Consulte la secretaría a la asamblea, si se considera suficientemente discutido.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Carlos Barrera Auld, del Partido Demócrata Mexicano, para dar su voto.
El C. Carlos Barrera Auld: - El compañero que me antecedió, decía, hacía mención de estos momentos son de gravedad, absurdo, si así fuera tendríamos ahorita, en este momento, definidos totalmente el grupo que compone esta LIII Legislatura.
Hay un principio escolar que reza, ante los hechos, no hay argumentos y qué desgracia señores, en donde estamos, en donde volteemos esto es exactamente, nosotros en la fracción demócrata, no tenemos los suficientes conocimientos jurídicos, pero afortunadamente tenemos sentido común, de tal forma que nos opondremos a este dictamen. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: -Consulte la secretaría a la asamblea, si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La C. secretaria Alma Salas Montiel: - En votación económica se pregunta a la asamblea, si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El C. presidente: -Un momento señorita secretaria, honorable asamblea, un grupo de más de cinco diputados ha presentando a esta presidencia, de que este asunto, la petición de que se vote nominalmente, estando cumpliendo por escrito y firmado por más de cinco miembros, estando cumplidos los requisitos del artículo 148 del reglamento.
Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en este asunto. La C. secretaria Alma Salas Montiel: - Se va a proceder a recoger la votación nominal, en sus términos se ruega a la oficialía mayor, haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 212 votos en pro, 55 en contra y 7 abstenciones.
El C. presidente: -Aprobado el punto de acuerdo por 212 votos, prosiga la secretaría.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La misma C. secretaria: -Se va a proceder a dar lectura, a un oficio, en el que se remite minuta proyecto de decreto en los siguientes términos.
«Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes expediente con minuta proyecto de decreto, aprobado en esta fecha por la Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al ciudadano Francisco Javier Rojas Irene, para prestar servicios como Mensajero en la embajada de la República Islámica de Pakistán, en esta ciudad.
Reiteramos a ustedes, la seguridad de nuestra consideración, atenta y distinguida.
México, D. F., 10 de diciembre de 1986.
Senadores Fernando Mendoza Contreras, secretario; Héctor Vázquez Paredes, secretario.
«MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Francisco Javier Rojas Irene para prestar servicios como mensajero en la embajada de la República Islámica de Pakistán en esta ciudad.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, D. F., 10 de diciembre de 1986.
Senadores; Gonzalo Martínez Corbalá, presidente; Fernando Mendoza Contreras, secretario; Héctor Vázquez Paredes, secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.
México, D.F., 10 de diciembre de 1986.
El Oficial Mayor, licenciado Miguel Montes García.
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El C. presidente: - Ciudadanos diputados, se han inscrito para hacer uso de la palabra los siguientes ciudadanos diputados: Juan Manuel Lucia Escalera del PARM, para presentar una iniciativa, Agustín Leñero Bores, Jorge Sanromán Quiñones, Manuel Monarres Valenzuela, Salvador Landa Hernández y Josefina Sánchez.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Manuel Lucia Escalera del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El C. Juan Manuel Lucía Escalera: - Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: hoy vengo a esta tribuna para presentar una iniciativa, en favor de la juventud que anda totalmente por caminos indebidos y es menester por todo sentido que la pongamos por el camino derecho.
En la LI Legislatura, la presente, esta iniciativa quedó en las comisiones, hoy vengo de nuevo a insistir en favor de ella.
Se refiere exclusivamente a todos los jóvenes que en lugar de estudiar o aprender un oficio, andan en la calle buscando el sustento indebidamente para su familia, ustedes deben de darse cuenta que en la actualidad no existen aprendices en ningún taller, por qué motivos, por los motivos que el Seguro Social de acuerdo con el artículo 5o. bis, prohiben a los menores de edad trabajar.
Los talleres, como he estado recorriéndolos, argumentan que cómo van ellos admitir a un aprendiz, que va a echar a perder materiales y solamente le va a costar al patrón.
Yo vengo a proponer aquí a ustedes, que esta iniciativa que traigo del artículo 5o. bis; que se deje a los jóvenes trabajar, sin que el Seguro Social y el Infonavit moleste a los patrones; el motivo que el taller sea registrado en la Secretaría de Educación y del Trabajo, para que al final del aprendizaje se le extienda un diploma o un certificado de haber podido aprender un oficio en favor de nuestra patria.
Señor presidente, deseo que esta iniciativa pase a las comisiones de Trabajo y Educación Pública, para esto quiero hacer mención, aquí entre nosotros, tenemos a un líder obrero que lo ha hecho en su medio, en el estado de Puebla; ha ayudado en sus posibilidades a estas criaturas y los ha interesado. Ese compañero es el diputado Blas Chumacero. (Aplausos.)
Señor presidente, le suplico atentamente le dé instrucciones a su secretaria para que dé lectura a mi proposición.
El C. presidente: - Sírvase la Secretaría dar lectura a la incitativa del ciudadano diputado.
La C. secretaria Alma Salas Montiel:
«México, D. F., a 24 de Noviembre de 1986.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión. Presente.
Ante la LI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de la que formé parte como integrante de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, presenté una proposición en el sentido de que se legislara respecto al trabajo de los menores de edad, comprendidos dentro de la adolescencia, proposición que a la fecha no ha sido atendida por la Secretaría o Comisión correspondiente de esta honorable Cámara.
La inquietud que tengo respecto a este problema, me ha empujado para hacer estudios socioeconómicos, en donde están involucrados estos menores.
Es muy complejo el tratar de resolver y llegar a conclusiones justas, lógicas y humanas, para regular el trabajo de esos niños adolescentes.
Históricamente y como costumbre en todos los países del mundo, a los menores necesitados o inclinados a un oficio manual, o artesano se le llamó aprendices, que bajo la dirección de un maestro o especialista, a los pocos años eran consumados maestro prácticos.
En este siglo, en nuestro país los pequeños y medianos y grandes talleres han sido semilleros de obreros y mano de obra especializada, dando cabidad a los menores de edad en su adolescencia; un ejemplo muy claro es el famoso "colilla" de ferrocarrileros, el ayudante a media cuchara del maestro albañil; el lava fierros del mecánico, etcétera.
En tiempos recientes de esta época moderna, se legisló sobre el aprendizaje de en varios países, incluyendo
México. Actualmente encontramos en la legislación laboral.
La Ley Federal del Trabajo en su título 5o. bis, reglamentó el trabajo de los menores de 14 años y menores de 18, estableciendo en las correspondientes normas las prohibiciones y condiciones de trabajo para los menores de 16 años y menores y mayores de 14, así como los menores de 17 y 18 años no cumplidos, lo que se trata es de modificar este artículo para que los menores de edad adolescente puedan trabajar como estudiantes aprendices de diferentes oficios, sólo con un pago de índole de gratificación mensual y que al terminar su práctica, ésos estudiantes aprendices sean reconocidas esas prácticas por la Secretaría de Educación Pública y se le otorgue un diploma; además que las empresas que otorguen esos beneficios a los estudiantes no sean afectados con los pagos de Infonavit, IMSS y algunos otros.
De esta manera el adolescente podrá dar ayuda económica en su hogar.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Agustín Leñero Bores.
El C. Agustín Leñero Bores: - Como ven compañeros diputados, estoy viendo la manera de acuerdo con mi capacidad , no soy abogado aunque en esta iniciativa me ayudó mi compañero Macías diputado también y es licenciado, pero se necesita un estudio mas a fondo y creo que la Comisión de Trabajo que preside el compañero Blas Chumacero, con su capacidad en la parte del trabajo y la Comisión de Educación podrán hacer una labor en favor de nuestros muchachos que en lugar de que anden robando y anden buscando problemas a nuestra Patria sea un beneficio para nuestro país, para que ellos, en el futuro sean personas honestas y honorables para su hogar. Compañeros diputados, gracias por haberme escuchado. (Aplausos).
El C. presidente: - Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Educación Pública
HOMENAJE A DEMETRIO BOLAÑOS ESPINOSA
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Agustín Leñero Bores.
El C. Agustín Leñero Bores: - Compañeros diputados y diputadas; compañeros y amigos de los medios de comunicación del país: he solicitado el uso de esta tribuna para hacer un breve reconocimiento de un hombre que dedicó su larga vida a entregarse a decir la verdad con sobriedad y con consistencia.
Demetrio Bolaños Espinoza, representa el hombre digno y todo que a lo largo de su vida fortaleció ese gran valuarte de este país que es la prensa escrita; Demetrio Bolaños, platicábamos con él en la vieja redacción del diario en que prestó sus servicios durante muchos años y escuchábamos de él los comentarios, las anécdotas y su innegable experiencia en el diario y cotidiano esfuerzo y trabajo de decir la verdad, anteponiendo esta a los intereses que muchos mueren en algunas ocasiones.
Demetrio Bolaños, fue reportero de una época que ha ido muriendo con el tiempo poco a poco y lentamente, no fue reportero de la grabadora moderna, no fue el reportero de los grandes medios de difusión. Fue el reportero que libreta en mano a lomo de caballo, por calles intransitables, bajo la lluvia y en condiciones de inquietud política y de graves asechanzas para la Patria, cumplió fácil, hábilmente, cabalmente con su taller, con su tarea y con su obligación.
Rechazaba él que se le llamara periodista, insistía en que él era reportero, porque toda su vida, su labor y su tarea, fue la de decir la verdad hasta convertirla en un valuarte inexpugnable para quienes a través de la pluma, através de su escribir diario de su cotidiana tarea han realizado la incontrastable, inconmensurable labor de que aquí en este país exista expresión a las ideas, a las ideas que forman convicciones, a las ideas que mueven a las multitudes, a las ideas que forman opinión pública.
Demetrio, fue un talachero, como décimo nosotros, fue un hábil trabajador, fue un hombre que comprendió su tiempo y su época, un hombre que se resistió a dejar el oficio en el que había nacido y en el que agredía desgraciadamente de morir, pero de morir por el orgullo o de la satisfacción innegable, de haber siempre sido relator de los hechos y no comentarista y argumentador de los mismos, esa es la imagen de Demetrio.
Platicábamos después en el club, primera plana, con los viejos jefes de información y redacción de los periódicos hoy desaparecidos algunos y otros en forma muy digna, siguen permaneciendo en este país, como demostración de que aquí se puede hacer, todo lo que se puede y se debe para engrandecer al país.
Demetrio comentaba sus arduas tareas en seguir la noticia, en informar oportuna y verazmente a su gente y Demetrio decía a quienes escuchaban
con una pipa, porque le habían prohibido ya fumar su viejo y añejo puro, en su pipa que él veía en las volutas de hubo, la imagen de un México que se iba perdiendo.
Su columna en la que resaltaba sobre todos los hechos de gran importancia para este país, México insólito le puso, como insólita era su dedicación, su tarea y su esfuerzo para engrandecer la labor que le habían encomendado, cumplido fielmente, cumplido cabalmente como un hombre de letras, como hombre egresado de la mas modesta fila del periodismo nacional, hoy aquí en está asamblea, en esta asamblea pluripartidista, en donde las ideas circulan con la libertad que Demetrio siempre relató como cronista parlamentario, y en las dos ocasiones en las que la vivió personalmente como miembro de dos legislaturas, como diputado federal queremos reconocer en él la integridad del hombre dedicado a su esfuerzo y a su trabajo.
Yo quisiera, amigos todos, a todos ustedes señores diputados que aquí han tenido oportunidad de decir su verdad, de expresar sus convicciones, de decir su sentimiento, de decir sus ideas con valor, con libertad y con integridad, en homenaje a un hombre que transitó por la vida, con la frente alta y la conciencia limpia, le rindamos el tributo de un minuto de silencio, que en él digamos todo lo que hemos dejado nosotros y no hemos podido expresar por falta de capacidad para hacerlo.
El C. presidente: - Nos ponemos de pie, para hacer el minuto de silencio, que nos pide el ciudadano diputado.
El C. Agustín Leñero Bores: - Callada llegará mas lejos que mis propias palabras. Muchas gracias. (Aplausos).
HOMENAJE AL INSURGENTE PEDRO MORENO
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Jorge Sanromán Quiñones; para una proposición
El C. Jorge Sanromán Quiñones: - Con su venia, señor presidente; honorable asamblea: Pedro Moreno, héroe epónimo de la insurgencia nacional fue junto con Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón impulsor y sostenedor del movimiento de independencia que configuró esta amada Patria mexicana.
Su nombre es símbolo de lealtad a las causas mas nobles del pueblo mexicano y su vocación por la libertad lo llevó a entregar su vida misma por lograr la libertad política, de la entonces llamada Nueva España.
Dada la indiscutible importancia de su participación en el movimiento libertario, su nombre ha sido inscrito en letras de oro en esta honorable Cámara, en la columna de la independencia se registró igualmente su paso por la historia nacional al lado de los grandes hombres que nos otorgaron el derecho de ser libres.
La vida de este gran mexicano ha sido sintetizada en su magistral trabajo de investigación realizado por el historiador doctor Agustín Rivera, quien fue miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, del Liceo Hidalgo y de la Sociedad Médica de Guadalajara publicado bajo el título "Viaje a las Ruinas del Fuerte del Sombrero" en mayo de 1875 en San Juan de los Lagos en la tipografía de José Martín. El doctor Rivera también fue fundador de la junta patriótica Pedro Moreno, la cual continúa actuando.
Gracias a esta importante obra investigadora, sabemos a ciencia cierta, que Pedro Moreno nació en la hacienda de la Daga, de la Antigua Santa María de los Lagos, el día 18 de enero de 1775, fue hijo de ricos hacendados, lo que le permitió una niñez, adolescencia y juventud ajena de necesidades económicas, era integrante de lo que suele llamarse "Familia acomodada", posición que abandonó para luchar por lo que su recta conciencia le dictaba, por la libertad; estudió en el Seminario de Guadalajara en donde alcanzó por su inteligencia, honores académicos relevantes.
Pedro Moreno forjó con su recia responsabilidad y preclaro ejemplo personal, una familia de héroes, casado con una extraordinaria mexicana doña Rita Pérez, procreó varios hijos que fueron a engrosar las filas del ejército insurgente, regando con su sangre las tierras labrantías, que ahora cultivan otros mexicanos en libertad,, paz y progreso.
La historia consigna que siendo ideológicamente compatibles Pedro Moreno y Miguel Hidalgo, coincidieron antes del grito de Dolores en Lagos, en una de las varias visitas que Hidalgo realizó a esta población; posteriormente ya iniciada la lucha armada, Pedro Moreno integró con muchos laguenses, la guerrilla insurgente apoyada por los indios de Moya y Buena Vista.
En una jornada épica, que duró más de tres años, Pedro Moreno encabezó entre otras acciones de guerra, batallas importantísimas para la causa independizante: La Mesa de los Caballos, San Juan de los Llanos, Fuerte del Sombrero.
Su actividad guerrera permitió mantener viva la llama de la insurgencia nacional, cuando a la muerte de Hidalgo y Morelos parecía morir.
Pedro Moreno murió a la vida terrena, pero nació a la inmortalidad un 27 de octubre de 1817, al caer cercenado por las balas realistas, que así creían destruir la férrea voluntad de México por alcanzar la libertad.
Decapitado, su cabeza fue exhibida en Lagos, hoy de Moreno, para según las autoridades virreynales, escarmiento de sus coterráneos, actitud que motivó una reacción en contrario, porque su muerte fue abono para fertilizar las ansias libertarias de aquel pueblo, que como ahora defiende como ayer, su derecho a ser plenamente dueño único de su destino histórico.
Pedro Moreno, revolucionario mexicano que abandonó la comodidad que da una situación económica desahogada, por cumplir con su ideal, es junto con su familia un ejemplo que debemos dar a conocer a estas generaciones de mexicanos, para recalcar que por encima de los intereses personales y de grupo, están los mas caros intereses de México. Pedro Moreno, un paradigma para todos los mexicanos, revolucionario limpio, se entregó por el porvenir de México, apasionadamente, sin importarle sacrificios y peligros para él y su familia.
Su proyección histórica es a mi juicio muy importante, tanto como la de muchos de nuestros antepasados que entregaron sus mejores esfuerzos en la independencia, reforma y revolución, por hacer un modelo de país, donde todos sus habitantes alcancen plenamente su felicidad en la libertad y la independencia soberana, necesitamos difundirla ampliamente porque esta vida, como la de otros próceres, es lección permanente que nunca debemos permitir que se olvide y que la juventud debe aprender, cincelándola en su corazón y conciencia.
Por todo lo anterior, vengo a proponer ante esta honorable soberanía, que en homenaje y recuerdo a don Pedro Moreno, héroe de la independencia nacional, la LIII Legislatura realice la reproducción facsimilar de la obra "Viaje a las Ruinas del Fuerte del Sombrero", del historiador doctor Agustín Rivera, que como antes lo he dicho, contiene un relato fidedigno y completo de las acciones de guerra y datos biográficos de don Pedro Moreno.
Por la aprobación que merezca el punto de acuerdo a mi respetuosa proposición, de antemano les expreso mi reconocimiento fraternal. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: - ¿Alguien de los ciudadanos desea el uso de la palabra?
Consulte la secretaría si se admite o no a discusión la proposición del ciudadano diputado.
La C. secretaria Alma Salas Montiel: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición del diputado Jorge Sanromán Quiñones.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aceptada señor presidente.
El C. presidente: - Túrnese al Comité de Asuntos Editoriales.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
PROYECTO DE DECLARATORIA
El C. presidente: - Ciudadanos diputados: (Aplausos.) Esta presidencia informa, que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, entregó el dictamen relativo al proyecto de declaratoria que reforma los artículos 52;53, segundo párrafo; 54, primer párrafo y fracciones II, III y IV; 56; 77, fracción IV; décimo octavo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El C. secretario dará lectura al dictamen.
La C. secretaria Alma Salas Montiel:
"Honorable asamblea: En sesión celebrada por la Cámara de Diputados, fue turnada a la Comisión que suscribe para su estudio y dictamen, la minuta proyecto de declaratoria que remite la Cámara de Senadores, por la que se reforman los artículos 52; 53, segundo párrafo; 54, primer párrafo, fracciones II, III y IV; 56; 60 y 77, fracción IV y décimo octavo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las reformas a los artículos mencionados, materia de este expediente, y a fue estudiada y aprobada por el Congreso de la Unión. La Cámara de Senadores oportunamente turnó a las legislaturas de los estados el expediente en cuestión; en consecuencia la Cámara de Senadores remite a ésta de Diputados, el expediente original, después de haber recibido las aprobaciones de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
Posteriormente remitieron los de Chihuahua, Quintana Roo, Yucatán y Nayarit.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 133 de la Constitución Federal, que previene que la propia Constitución puede ser adicionada o reformada siempre que el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados lo aprueben, la Comisión que suscribe estima que han quedado debidamente cumplidos los requisitos que marca dicho precepto, ya que las reformas a que se refiere este dictamen, han sido aprobadas, en tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta honorables asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECLARATORIA
El honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa la aprobación de la mayoría, de las honorables Legislaturas de los Estados, declara reformados los artículos 52; 53, segundo párrafo; 54, primer párrafo y fracciones II, III y IV; 56; 60; 77, fracción IV y décimo octavo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo primero. Se reforman los artículos 52; 53, segundo párrafo, 54 primer párrafo y fracciones II, III y IV; 56; 60; 77;, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados selectos, según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 diputados que serán electos, según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales."
"Artículo 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para la elección de los 200 diputados, según el principio de la representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley establecerá la forma de demarcación territorial de estas circunscripciones."
"Artículo 54. La elección de los 200 diputados, según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se sujetará a las bases generales siguientes y a los que en particular, disponga la ley.
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados selectos según el principio de representación proporcional, todo aquel partido político nacional, que alcance por lo menos el 1.5% del total de la votación emitida, para las listas regionales de las cinco circunscripciones, y no se encuentre comprendido en los siguientes supuestos:
a) Haber obtenido el 51% o más de la votación nacional efectiva y que su número de constancias de mayorías relativas, represente un porcentaje del total de la Cámara, superior o igual a su porcentaje de votos.
b) Haber obtenido menos del 51% de la votación nacional efectivo, y que su número de constancias de mayoría relativa, sea igual o mayor de la mitad, más uno de los miembros de la Cámara.
III. Al partido que cumpla con lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo, le serán asignados por el principio de representación proporcional, el número de diputados de su lista regional que corresponda al porcentaje de votos obtenidos en cada circunscripción plurinominal. La ley determinará las normas para la aplicación de la fórmula que se observará en la asignación. En todo caso en la asignación se seguirá, el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.
IV. En los términos de la fracción anterior, las normas para la asignación de curules, son las siguientes.
a) Si algún partido tiene el 51% o más de la votación nacional efectiva y el número de constancias de mayoría relativa, representan un porcentaje del total de la Cámara, inferior a su referido porcentaje de votos, tendrá derecho a participar en la distribución de diputados electos, según el principio de representación proporcional, hasta que la suma de diputados obtenidos por ambos principios represente el mismo porcentaje de votos
b) Ningún partido tendrá derecho a que le sean reconocidos más de 350' diputados, que representan el 70% de la integración total de la Cámara, aun cuando hubieren obtenido un porcentaje de votos superior.
c) Si ningún partido obtiene el 51% de la votación nacional efectiva y ninguno alcanza con
sus constancias de mayoría relativa, la mitad más uno de los miembros de la Cámara, al partido con más constancias de mayoría le serán asignados diputados de representación proporcional, hasta alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara.
d) En el supuesto anterior y en el caso de empate en el número de constancias, la mayoría absoluta de la Cámara, será decidida en favor de aquel de los partidos empatados que haya alcanzado la mayor votación a nivel nacional, en la elección de diputados por mayoría relativa."
"Artículo 56. La Cámara de senadores se compondrá de dos miembros por cada estado y dos por el Distrito Federal, nombrados en la elección directa. La Cámara se renovará por mitad, cada tres, años, la Legislatura y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el caso del Distrito Federal, declararán electo al que hubiese obtenido la mayoría de los votos emitidos."
Artículo 60. Cada Cámara calificará las elecciones de sus miembros y resolverá las dudas que hubiere sobre ellas. El Colegio Electoral de la Cámara de Diputados se integrará con todos los presuntos diputados, que hubieren obtenido constancia expedida por la Comisión Federal Electoral, tanto en los electos por principio de votación mayoritaria relativa, como en los electos en el principio de representación proporcional, El Colegio Electoral de la Cámara de Senadores ...
El C. presidente: - En virtud de que la declaratoria que nos ocupa contiene el decreto que ya fue discutido y votado por ambas Cámaras del Congreso. Le ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
La C. secretaría María Guadalupe Ponce Torres: - Por instrucciones de la presidencia, con fundamento en el artículo 59 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura señor presidente.
El C. presidente. - En consecuencia, está a discusión el proyecto de declaratoria.
No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la secretaría a recoger la votación nominal.
La C. secretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Se va proceder a recoger la votación nominal.
Se ruega a la oficialía mayor, haga los anuncios a que se refiere el artículo 164.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 212 votos en pro, 46 en contra y 1 abstención.
El C. presidente: - Aprobada la declaratoria por 212 votos.
Se declaran reformados los artículos 52; 53, segundo párrafo, 54, primer párrafo y fracciones II, III y IV; 56; 60; 77, fracción IV y décimo octavo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La C. secretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)
INVERSIÓN CUANTIOSA EN BAJA CALIFORNIA SUR
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Manuel Monarres Valenzuela. No se encuentra.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Salvador Landa Hernández, del Partido Acción Nacional.
El C. Salvador Landa Hernández: - Señor presidente, para una proposición compañeros diputados: el 16 de octubre pasado desde esta misma tribuna, hice una denuncia sobre una supuesta y cuantiosísima inversión que los medios de difusión han dado en llamar el nuevo Hong Kong.
En esa ocasión también presenté una proposición para que la comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, se avocara a recabar la información suficiente acerca de las características de este proyecto. De existir y de no existir también, se informará al pleno de esta Cámara, para acabar de una vez por todas con los supuestos rumores y las especulaciones perjudiciales que se han desatado y que han ocasionado mucho daño en mi Estado.
En esa ocasión a pesar de la abundante argumentación en datos que aporte, mi proposición
fue desechada con el argumento baladíe hecho por la diputada Margarita Ortega, de que no se debe hacer caso en informaciones fantasiosas que oficialmente no hay nada al respecto.
Quiero reiterar que precisamente derivado de la falta de información oficial era precisamente mi petición y la propuesta era encaminada a que la Comisión involucrada, recabara información oficial sobre este delicado y espinoso asunto. también argumentó contradictoriamente la mayoría relativa en la persona de la diputada Ortega, que la Comisión de Asuntos Fronterizos de reciente creación, tenía en cartera con información inicial importante y que esa misma Comisión informaría al pleno posteriormente.
Amigos diputados han pasado ya dos meses y la Comisión de Asuntos Fronterizos no ha informado, no sé si porque no hay nada que informar o hay tan abundante y detallada información que no encuentran la manera de presentarla a la Cámara. Durante esos dos meses los rumores no han amainado y mucho menos los perjuicios ocasionado en mi Estado y muy al contrario, recientemente han arreciado sobre todo después de la denuncia que el senador Armando Trasviña Taylor, de Baja California Sur y presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Senado hizo ante altas autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Las declaraciones de altos, medianos y pequeños funcionarios van y vienen, pero la declaracionitis aguda que se ha desatado sobre este asunto no resuelve nada, muy al contrario y el pueblo y sus representantes siguen en ayunas de información oficial sobre este asunto.
Compañeros diputados, señores de la comisión de Asuntos Fronterizos, ¿que es lo que está pasando? ¡qué no merece el pueblo de México y sus representantes una aclaración al respecto? ¿por qué se adjudica de nuestra alta responsabilidad constitucional? ¿porqué se ha permitido que un rumor tan dañino siga como una bola de nieve y no se pare?, recabando la información oficial requerida y darla a conocer, el respecto no es de quién lo da, sino de quién lo merece y tiene derecho a ello, y en este caso, el respeto a que pueda estar bien informado, bien que lo merece y tiene derecho el pueblo de Sur California y el pueblo de todo México.
Quiero aclarar y dejar sentado firmemente nuestra posición sobre este espinoso asunto, no cuestionamos lo beneficioso o no de las inversiones extranjeras ni las bondades o no de este gran proyecto en inversiones cuestionamos eso sí, clara, dura y rotundamente el posible grave riesgo en el que se pondría a la Soberanía Nacional de existir tal proyecto y de no respetarse la Constitución en lo concerniente.
También cuestionamos duramente que este Congreso abdique de su alta responsabilidad constitucional y soslaye perezosamente este asunto.
También cuestionado que el Ejecutivo Federal de existir tal proyecto, - insisto - se siga imponiendo o saltando como es su costumbre a esta soberanía, a no informar debidamente.
Consecuentemente, con lo que he expresado y con base en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento Interior del Congreso, pido que esta presidencia haga una excitativa a la Comisión de Asuntos Fronterizos de esta Cámara, para que informe al pleno, como lo prometió en octubre pasado sobre los resultados del nuevo Hong Kong que tiene en cartera. Dejo por escrito a la secretaría la proposición con la firma del diputado Salvador Landa, y 28 firmas más.
El C. presidente: - Tiene la palabra, el ciudadano diputado Romeo Flores Caballero.
El C. Romeo Flores Caballero: - Señor presidente, compañeros diputados: la historia registra en relación con la Península de Baja California, innumerables hechos objeto de análisis y de preocupación para México. La península ha sido objeto de ambiciones expansionistas, hay quien ha pensado, que se podía vender o comprar para aliviar parte de nuestros problemas económicos, hay otros que sueñan con Baja California en la crisis para lograr o confundir mas situaciones que por otra parte, no deben ser objeto, ni siquiera de duda.
Recientemente, estoy hablando a partir de 1980 aproximadamente 10 artículos han sido publicados en torno a la posibilidad de que en Baja California Sur y Norte y en ocasiones en Sonora, se establezca un territorio reservado para hacer una especie de Hong Kong, la divulgación en los momentos en que nuestro país es objeto de críticas por parte de nuestros vecinos del norte, parecía tener algún viso de veracidad.
Los artículos que han sido publicados, señalan entre otras cosas que el Gobierno Federal otorgaría a una empresa de Hong Kong, la concesión de una porción del territorio nacional alrededor de Guerrero Negro, hasta que en ella residieran sopesar entonces los habitantes de la colonia Británica, el Gobernador de Baja California en 1982, expuso a funcionarios dice el artículo de Estados Unidos, un plan para establecer una zona para albergar cualquier tipo de maquiladora,
noticia que se registro aquí en México, y la que tuvo gran difusión.
Una revista inclusive, hizo una encuesta que concluyó dos años después en Mexicali, un senador norteamericano sugirió también por esas fechas que se realizarán reuniones con el fin e analizar la factibilidad del proyecto, los mismos artículos señalan un plan que incluye la revisión por parte de Secofi, de las restricciones de capital extranjero en la petroquímica auto partes, minería, pesca y aeronáutica.
También se dice que desde hace tres años, en Baja California se sostienen regularmente conversaciones con empresarios de Hong Kong o con sus representantes, con el fin de convencerlos de que se establezcan en México; inclusive se dice que se ha llegado al extremo de una compañía constructora de Japón, está interesada en tratar el asunto de Baja California Sur, otros dicen que la instalación de maquiladores Baja California Norte, iría para beneficiar no solamente la región de Tijuana y Mexicali, sino que un centro financiero internacional estaba intentando extenderla a este territorio, y ahora es objeto de cuestión.
Otros mas piensan que existe un plan para arrendar, esa es la palabra que se usa, alguna empresa de Hong Kong, varios cientos de kilómetros cuadrados en el puerto de Guerrero Negro la renta se asegura, sería por 99 años con puertos de altura, centro manufacturero e inversión oriental en infraestructura, e inclusive se llega a precisar la posibilidad de que exista una tarifa fiscal superior al 15% sobre las ganancias resultantes del proyecto.
Los arrendatarios aseguran, los articulistas se comprometerían a otorgar al Gobierno Federal, una cantidad de divisas que no ha sido cuantificada, pero que se estima, será muy cuantiosa.
Los eventuales residentes de esta zona, serían emigrantes de la Isla de Hong Kong y la empresa arrendataria ha dicho que los solicitantes para venir a México, podrían llegar al millón y que su Gobierno podría estar - cito textualmente - conformado por un representante del Gobierno mexicano que sería la máxima autoridad y que gobernaría junto con un consejo formado por miembros de las empresas instaladas, respetando un estatuto local que garantizaría la libre circulación comercial e industrial. Mas recientemente, en 1985 y 1986 se propuso por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un sistema de radiofonía vía satélite que comunica a Bahía de Tortugas, muy cerca de Guerrero Negro, con el resto del país.
Sólo en abril pasado, el Gobierno de Baja California Sur y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos iniciaron el servicio de agua potable para poblaciones adyacentes a Guerrero Negro y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, destacó personal capacitado en la Isla de Cedros para instalar una planta desaladora de agua. Asimismo, se han realizado ampliaciones - dice el artículo - en el aeropuerto de Santa Rosalía para que sean capaz de recibir aviones DC9.
Los líderes de los emigrantes, dicen los articulistas, habrían considerado establecerse antes en Costa Rica y Paraguay, antes que venir a México y antes de ir a Baja California. Sin embargo, ante el ofrecimiento mexicano - asegura - todo parecería indicar que ya se han decidido por nuestro país.
Según la revista Punto, fue el Presidente Miguel de la Madrid, el primero que pensó en trasladar Hong Kong a México e instaló un organismo similar al que opera en la isla china, este que sería objeto para el desarrollo de Baja California y por supuesto para la mala fortuna política del gobernador. Se sabe que un enviado del Gobierno Federal, dice el periodista, visitó a Londres a principios del 83 para entrevistarse con estos banqueros de Hong Kong y ofrecerles un refugio en México, se sabe, dice que al menos tres miembros del gabinete apoyaron la idea de convertir a Baja California en una plataforma exportadora, animados por la instalación de un centro financiero internacional, se trata de los funcionarios Petriccioli, Phillips Olmedo y Héctor Hernández, así como el Gobernador de Baja California Norte.
Las gestiones del Gobierno mexicano ante empresarios de Hong Kong, empezaría a dar resultados en 1985 cuando una misión de banqueros e industriales ingles es visitaran México representando, por supuesto, a sus clientes chinos. Una de estas misiones, se dice, fue encabezada por el presidente de la Junta Británica de Comercio Exterior, quien se entrevistó con los titulares de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Por otra parte, aseguran que trascendió que las solicitudes para registrar en Tijuana nuevas sociedades anónimas, han llegado a un número sin precedentes, en tanto que la zona de Tijuana, San Diego ha comenzado a operar en últimas fechas con cerca de 150 despachos de consultoría económica y financiera altamente especializado. Se requiere en realidad, de una extraordinaria imaginación para desarrollar las tesis sostenidas
por estos articulistas, nosotros hicimos en el trabajo de la Comisión, la investigación sobre el asunto, consultamos tanto a la Secretaría de Comercio, como a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como a la Nacional Financiera, como al Gobierno de Estados Unidos, como a la embajada Americana, a la embajada Inglesa, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y los diferentes organismos que existen en Baja California Norte y Sur con el fin de dar respuesta a una inquietud presentada en la Cámara.
De las conversaciones obtenidas con estos funcionarios de estas dependencias que acabo de señalar, se nos informa que se desconoce totalmente un plan en este sentido que haga de la zona frente a la Isla de Cedros, una especie de zona libre tipo Hong Kong., de la investigación que se ordenó por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que aquí se mencionó, porque ayer fue objeto de una conversación en el Senado. Así como en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, se deduce que la instalación del sistema Vía Satélite y el servicio de agua potable, así como la instalación de una planta desaladora de agua y la ampliación del aeropuerto de Santa Rosalía, obedece a peticiones específicas o del Gobierno del Estado de Baja California a dichas dependencias en el marco del plan estatal de desarrollo y atendiendo al proyecto específico de crear una zona libre o de maquiladoras en el área de Guerrero Negro.
No Existe información en la Secretaría de Relaciones Exteriores que indique algún interés por invertir de parte de empresarios de Hong Kong en esta zona, sí en cambio ha habido conversaciones con empresarios de aquella isla por parte del Gobierno de Baja California, a fin de instalar plantas maquiladoras en Tijuana, Tecate y Ensenada, pero hasta la fecha no se han concretado, salvo algunos proyectos.
En el Banco Nacional de Comercio Exterior, tampoco se ha identificado ningún proyecto específico de promoción para la inversión procedente de Hong Kong. En la Secretaría de Fomento del propio estado de Baja California, no existen antecedentes del proyecto de referencia, en cambio, se han establecido contactos con este instituto de Consultoría Japonesa, a fin de fomentar el establecimiento de plantas maquiladoras en el Estado, esto como parte del programa de desarrollo industrial del mismo Estado.
Durante este año la delegación de Comercio, que también consultamos en Tijuana, no informó que se ha aprobado la instalación de 60 nuevos programas de maquilas que corresponden a igual número de plantas. Lo que revela en este sentido el dinamismo que este sector tiene en esa parte de México, ya para 1985 y principios de 1986 se habían aprobado más de 50 proyectos. Ninguno de estos artículos a los que hago mención, cita para la información que ofrece una sola fuente directa, hace siempre mención de informantes anónimos e inclusive imagina diálogos con funcionarios que no identificamos en ninguna parte de la Administración Pública de México, de manera que la información no solamente no es confiable, no es seria, es como decía la compañera en aquella ocasión, es fantasiosa, pareciera un cuento de ciencia ficción.
Ninguna parte de la península ha estado, está ó estará en venta, ni cabe en mexicanos bien nacidos considerar que pueda ser objeto de negociación alguna. México seguirá siendo independiente y ejercerá la soberanía sobre todos los recursos del país, consciente que en Baja California hay mexicanos, hay patriotas dispuestos a defender la soberanía y la integridad en México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente. - Quería preguntar al diputado Salvador Landa Hernández, si se encuentra satisfecho con la información que cederá.
Para hechos tiene la palabra el diputado Salvador Landa Hernández.
El C. Salvador Landa Hernández: - Compañeros diputados: aparte de la brevísima reseña histórica sobre la codiciada Baja California Sur o sobre la península, el diputado Romeo Flores Caballero no aportó gran cosa. Los datos que aquí menciona, yo ya los había aportado en octubre, me daba la impresión de que estaba leyendo la copia de la intervención de octubre pasado.
Efectivamente, en Baja California Sur existe - Como lo he afirmado en otras ocasiones - una serie de rumores que han perjudicado mas que beneficiado, que han desatado la especulación ante la falta de información oficial; hasta ahorita las declaraciones que han hecho los altos funcionarios del Gobierno Federal, en el aspecto ejecutivo y las mismas informaciones que nos da el diputado Flores Caballero, no son contundentes en el sentido de que si existe o no existe; a lo mas que han llegado en sus argumentos es que no existe actualmente en Baja California Sur la infraestructura suficiente para que se pueda dar un proyecto de tal naturaleza, abriendo la posibilidad que en un momento dado se podría dar, habiendo capital suficiente, la infraestructura necesaria.
Yo quisiera que la Comisión de Asuntos Fronterizos - compañero Romeo Flores Caballero -
se avocara personalmente a la zona del pacífico norte concretamente en Punta Eugenia y en Bahía Tortugas, y a que se percatara de que existe iniciación de trabajos desde hace dos semanas, con motoconformadoras, allanando grandes extensiones de terreno para que se investigara cual es el destino que se le va a dar a esos terrenos por un lado; por otro, lado que también se cerciorara la comisión informar al pleno de algunas obras de infraestructura que podrían ser indicio suficiente para creer que algo se está haciendo al respecto.
Reitero lo que en octubre pasado dije acerca de una central telefónica que está por inaugurase con capacidad de 10 mil números en una población de escasos 15 mil habitantes; la ampliación del aeropuerto para que bajen aviones DC9, tanto en Santa Rosalía, población pequeña, como en el mismo Guerrero Negro.
Afirma el diputado Flores Caballero que han sostenido conversaciones con algunas autoridades, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Comunicaciones y con otras dependencias del Poder Ejecutivo.
Pediría yo a la comisión, que aportara documentación que nos interesa a mi partido y a mí en lo personal, sobre esas investigaciones que hasta ahorita se han realizado. Muchas gracias.
El C. presidente. - Tiene la palabra para hechos, el ciudadano diputado Ignacio López Moctezuma.
El C. Ignacio López Moctezuma: - Señor presidente, señores diputados: yo comparto con el diputado Landa su inquietud porque no fuera a ser lesionado el territorio nacional, con una invasión que parece ser que es la que el tiene temor.
Yo creo, al oír y al leer los comentarios periodísticos, oí que se va a hacer un Hong Kong en Baja California, eso es lo que nos preocupa. Creo que esto si, tenemos que quitar esa impresión. Al hacer un Hong Kong, quizás es porque algunos industriales maquiladores de esa zona se quieran poner en alguna parte del territorio; pero eso, lo que debemos de cuidar nosotros como mexicanos es que no vaya a haber el ceder el territorio nacional, creo que en eso todos estamos conscientes de que no lo permitiremos. Yo creo que no es por ahí la situación.
De que en la zona Guerrero Negro que colinda con el estado de Baja California, el mal llamado estado de Baja California Norte, en donde se hacen obras para poder subsistir, en Isla Cedros, mencionaba mi compañero de que hay una planta desaladora que nos ha dado mucho trabajo echarla a andar, en que hay ya un desarrollo fuerte, tanto en las salinas, como en la industria pesquera.
En lo particular, un servidor ha pedido información a EST, sobre esa gran cantidad de números telefónicos que mencionó el compañero Landa en su anterior información. La contestación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, verbal es, no se tiene pensado nada de eso. Sin embargo, yo creo que si es conveniente y nosotros Baja Californianos vamos a averiguarlo, vamos a estar en el lugar, vamos a cerciorarnos, porque si debemos defender que no exista, ni la mas leve duda de que en Baja California hay intereses en que esta se pudiera convertir o darla en patrimonio en un año o 100 años; esto es lo que tenemos que cuidar y creo que todos seremos muy celosos.
Comparto y termino con esto con el diputado Landa, su inquietud, muy loable su inquietud; pero no nos llevemos también por muchos datos de periódico y sobre todo, tomados de periódicos americanos que muchas veces no llevan la razón por beneficiar a México, vamos haciendo caso omiso a la prensa Americana y vamos a investigar por nuestros propios medios. Muchas gracias.
El C. presidente: - Ciudadano diputado Landa, ciudadanos miembros de esta asamblea, esta presidencia con todo respeto considera que no ha lugar a excitar a la Comisión de Estudios Fronterizos, porque la fracción XVI del artículo 21 se refiere a proyectos de dictamen y el diputado Landa había pedido y pide información.
Considera la presidencia que el ciudadano diputado Romeo Flores Caballero ha informado, según su investigación leal y entender; sí se pide la presidencia con todo comedimiento hace una petición, que un asunto de interés general que la comisión siga al pendiente de estas informaciones y que en todo lo que se tenga como conocimiento nuevo, se ponga a disposición del señor diputado Landa.
ELECCIONES RECIENTES EN TAMAULIPAS
El C. presidente: - Tiene la palabra la ciudadana diputada Josefina Sánchez Ponce, del Partido Socialista Unificado de México.
La C. Josefina Sánchez Ponce: - compañeras y compañeros diputados: retomando la palabra que había declinado el martes, voy a
hablar sobre las elecciones en el estado de Tamaulipas, esto es una denuncia, yo le voy a pedir que la Cámara intervenga.
El domingo, el lunes, el martes en la prensa nacional y del estado de Tamaulipas, se ha manifestado que las elecciones transcurrieron de una manera tranquila, que el electorado se volcó a las casillas a depositar su voto. Sin embargo, tristemente, esto es falso totalmente; para hechos había pedido la palabra el martes y continúo hoy; el martes se habló de los casos de la frontera, pero falta el resto del Estado, de ese rico Estado del cual ahora se encuentran adueñados cuatro caciques.
En el municipio de Antiguo Morelos, no se representaron a los representantes de la coalición del PMT, el PSUM, y el PRT; ni los representantes de los candidatos independientes, se estuvo gestionando, se peleó ante el Comité Electoral Municipal y ante el Comité Estatal, para que estos representantes fueran reconocidos. Sin embargo, esto no fue así, después de mucho diálogo se pudo colocar a dos representantes de casilla, tampoco se nos entregaron actas de escrutinio, solamente a esos dos representantes.
Por si fuera poco, el domingo 7 de diciembre al terminar las elecciones en cada casilla y en el Comité Electoral Municipal de Antiguo Morelos, Tamaulipas; se rompieron los votos recibidos para los candidatos que se presentaron en forma independiente, además se anularon 183 votos con los cuales se consolidaba el triunfo de los candidatos que de esa forma se presentaron, encabezados por la señora Justina Infante. Tampoco se aceptó el nombramiento del comisionado de la coalición, ante el comité electoral, ni se aceptaron de ninguna forma a los representantes, perdón, ninguna de las actas de protesta que se presentaron ante este Comité.
El lunes la Ley Electoral marca que tenemos 72 horas para presentar los recursos de protesta, el lunes, el martes y el miércoles las oficinas del Comité Electoral en Antiguo Morelos se encontraron cerradas. Ante esto los representantes de la coalición y de las planillas independientes, se presentaron con un juez para que certificara que se encontró cerrada su oficina, que no tuvo ningún funcionario disponible para recibir los recursos de protesta.
En el municipio de Llera, el pueblo cerró la carretera nacional para exigir se respete el triunfo de los candidatos independientes. En Ocampo también en el centro del estado de Tamaulipas, se ha amenazado de que se van a bloquear las carreteras nacionales que comunican a ese municipio, con el resto del Estado si no se reconocen sus votos.
Ciudadanos diputados, es bastante triste que se haya cerrado tanto ese deseo de diálogo que se ha manejado desde aquí de la Cámara de Diputados durante la campaña electoral, recientemente terminada en mi estado de Tamaulipas, es triste que ese diálogo se haya terminado, pero la ventaja para nosotros, la venta para el pueblo, es que ha decidido salir en ese riquísimo estado de Tamaulipas a exigir que se respeten sus votos, no estamos pidiendo nada mas el respeto al voto de la coalición, de los candidatos de la coalición, sino también a los que se presentaron en una forma independiente que cada voto de cada ciudadano tamaulipeco como de cada ciudadano mexicano sea respetado.
En el municipio de Tula, en el municipio ,en todos los municipios del centro del Estado, ese caso es bastante parecido, el mas grave para nosotros, los mas graves para nosotros son en particular dos o tres, mejor dicho. Aquí tenemos actas que se presentaron el municipio de González, en los cuales no se respetaron tampoco a los representantes de casillas y está el acta presentada por la coalición ante el Comité Electoral Estatal, recibido también para dar fe de esos hechos.
En el municipio de Hidalgo, donde los candidatos de la coalición tenían una absoluta mayoría del electorado, antes del día 7 de diciembre - cosa rara - el 7 de diciembre, no aparecen votos de la coalición, en ese municipio, a todos, todos, todos los representantes de la coalición se les rechazó a las 8:00 A. M., nombramientos presentados tres semanas antes para evitar que les encontraran cualquier pretexto y que conste que también, en la ley local, se menciona que cada representante de casilla, tiene que ser del Distrito.
Tenemos aquí los recursos de protesta de todas las casillas, de las que se nos echaron a los representantes. Entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m., de ese mismo día, nuestro representante, tanto el Comité Electoral Estatal y Municipal, exigieron que se hiciera, que se respetaran sus nombramientos.
Tenemos aquí una prueba también, en el cual la presidenta señora Idalia Leal, ordena que se reciban a los representantes de casillas; sin embargo hasta las 14:00 horas, empezaron a aceptarse algunos.
Es un municipio agrícola, bastante, bastante extenso, imposible de hacerlos llegar y aunque así hubiese sido, entre las 8:00 a. m. y las 14:00
p.m., el relleno de ánforas ya era un hecho. Hay una cosa también muy importante y es bastante lamentable, que el candidato a presidente de ese municipio de Hidalgo, tenga un proceso penal, perdón, esta sentenciado, ni siquiera cumplió su sentencia. Hay aquí una alternativa de que pagará una fianza, no la pagó, tenemos aquí una copia fiel de ese proceso que se siguió, obtenida ante el primer distrito en Tampico, ese señor no tiene ni siquiera derecho, no tuvo ni siquiera derechos a ver sido registrado como candidato a presidente municipal, en ese municipio de Hidalgo.
Sin embargo se portan bastante benéficos con nosotros en el Comité Electoral Municipal de Hidalgo y ante el Comité Estatal también; dicen que tenemos 300 votos en ese municipio, o sea que alcanzamos el 10% para tener un regidor y podamos quedarnos callados, al fin y al cabo nuestra participación electorera eso es lo único que queremos, tener un regidor sin que realmente represente lo que quiere el pueblo, un cambio total para el Estado de Tamaulipas.
Lo mas grave, en el primer puerto de la República Mexicana, primer puerto de altura, el lugar que está concentrando el poder económico y político no reconocido en el estado de Tamaulipas, en Tampico hay 191 casillas electorales en las cuales la coalición hoy no se presentaron candidatos independientes, la coalición registró en la 191 casillas representantes tres semanas antes al igual que todo el estado, representaron los nombramientos, sin embargo hasta el viernes y el sábado se nos entregaron esos nombramientos sellados de recibido.
A 80 representantes de casilla nos los echaron con lujo de violencia, entre las 12:00 p.m. y 16:00 p.m. intentaron reinstalarse a las 16:00 p.m. en el Comité Municipal Electoral, está donde regresó la mayoría de esos 80.
Ante esto nuestros candidatos y yo personalmente, exigimos que el Comité Municipal Electoral, miembros de ese comité, personalmente nos acompañaran a reinstalar a esos representantes. Sin embargo, en una de las casillas que se encuentra cerca de la calle de alameda en el puerto de Tampico, cerca de las oficinas o recinto del Sindicato de Albañiles de la sección número cuatro números de la Confederación de Trabajadores de México, del cual es candidato al primer distrito el señor Raúl Mandujano, que fue a donde nos echaran la mayoría, este señor Raúl Mandujano amenazó al licenciado del Ángel, secretario del Comité Municipal que se retirará porque lo iban a golpear, que él no se hacía cargó ni responsable de lo que le pudiera pasar a cualquiera de los representantes de la coalición, representantes o miembros o ----- entre las casillas, grupos de albañiles se dedicaron a amenazar a la gente por la coalición, a dos compañeras las sacaron con uso de fuerza de sus casillas a empujones y a una de ellas a golpes, eso pasó en Tampico.
En la frontera norte por encimita, mencioné ya había hablado de ello, en Matamoros está exigiendo la gente que respete el voto la mayoría, me decidí no votar por el PRI, ya se menciona y eso es verdad en Matamoros, en la frontera hay oposición en el PRI, igual como están surgiendo en el turno del estado, algo más ------------- yo como manejarlo, por cierto, el día de hoy se inició el recuento de votos en el estado de Tamaulipas; el domingo es el último de nuestro gobernador. Emilio Martínez algo más gracioso o mas grave, no sabría como manejarlo, en el estado de Tamaulipas, el domingo es el último informe de nuestro flamante gobernador Emilio Martínez Manatou, y este mismo domingo en la tarde se instala el Gobierno al revés, pero bueno, el presidente de la Comisión Electoral, se declaró hoy a las 10:00 a.m. incompetente para continuar con el recuento de votos, esto nos diría que va perdiendo el PRI, a las 10:00 a.m. se comunicó al Comité Estatal que por favor fuera reemplazado, que él no podía continuar con esto.
Esperemos que a esta hora, casi 18:00 p.m. ya haya habido tiempo suficiente para que se trasladara alguien a ciudad Victoria, Reynosa, para continuar este recuento, el representante del PRI, ante este Comité municipal Electoral, pues viendo que no podía hacerse nada, trató de sacar a todos los representantes de los demás partidos y que quedaran nada mas los funcionarios, por supuesto todos ellos son del PRI.
Compañeros diputados, estas denuncias, de lo que ha pasado en este estado de Tamaulipas, ahora lo presenta la oposición de izquierda, quizás hubiese sido mas fácil, tratan de atacar si algún diputado de acción nacional lo hubiese presentado por fortuna de nosotros del estado y por fortuna del país, la verdadera oposición la estamos haciendo nosotros, con un planteamiento totalmente diferente, con programas de gobierno que son alternativos al desarrollo de un estado tan rico como es el de Tamaulipas.
En Tamaulipas, optimistamente solamente votó el 20% del electorado. Esas son las grandes masas que acudieron el domingo 7 de diciembre a depositar su voto a favor de cualquier partido. Esta es la credibilidad realmente que el pueblo de Tamaulipas siente de sus candidatos y de que se va a respetar su voto.
Por lo que aquí estoy exponiendo, denuncio que ante todos los Comités Municipales del estado de Tamaulipas y ante el Comité Estatal, desde el lunes e incluso el mismo domingo, se instalaron plantones, se han hecho manifestaciones para exigir el respeto al voto ciudadano. El día de hoy, desde las 8:00 a.m., está la gente apostada frente a los locales de los Comités, para que se fije, que cualquier alteración; que este fraude va ser totalmente rechazado por la mayoría del electorado tamaulipeco. De todos los puntos de los municipios, a partir de hoy mismo, están organizándose brigadas de personas que van a plantarse el domingo ante el recinto oficial donde Martínez Manatou dará su último informe, para que ese mismo domingo en la tarde se instale esta gente frente al Colegio Electoral para exigir que se respete su voluntad.
Compañeras y compañeros diputados: por esto que hemos expuesto, por estas pequeñas anomalías que quizás vayan a opinar que son, en el municipio de Hidalgo, exigimos que se anulen las elecciones y que se nombre un Consejo Municipal y que se marque una fecha lo más precisamente posible, que no exceda 30 días, para que se vuelvan a convocar a elecciones municipales, para presidente, ayuntamiento y diputados. El día de hoy a las 9:00 a.m., con las pruebas tan solo de las 80 personas que fueron rechazadas de las casillas y más anomalías de la ley también. En Tampico se ha pedido, la anulación de las votaciones, compañeros, pruebas quizás escritas también y se puedan alterar, pero un montaje de fotografía sería bastante difícil.
El respeto al voto con grupos de gente que quería convencer a los que no querían votar por el PRI, fijándose cómo se hacia. Otra fotografía del mismo tipo, el respeto también a la Ley Electoral de que no hubiera propaganda en las casillas. Aquí está para quien lo dude -señala- propaganda del PRI; pero también, si alguien se le olvidaba por quién votar, al lado de las boletas electorales, en la mesa de votación están colocadas cartulinas con el emblema del PRI - no sea que alguien se olvide como es -, así se respetó la Ley Electoral del estado de Tamaulipas, así es como realmente fue ese clima de tranquilidad en las votaciones el 7 de diciembre. Y también con el 20% del electorado, fue como Tamaulipas se volcó a refrendar el triunfo para el pobre ingeniero Américo Villareal, que se presenta ante un estado lleno de conflictos; con cuatro caciques, - que por fortuna yo voy a ser la gobernadora -. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Prosiga la secretaría con los asuntos en cartera.
La C. secretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Señor presidente: se han agotado los asuntos en cartera, se va a dar lectura al Orden del Día 15 de diciembre de 1986.
ORDEN DEL DÍA
"Segundo período ordinario de sesiones LIII Legislatura
Orden del día
15 de diciembre de 1986.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1985.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta".
El C. presidente: - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo lunes 15 de diciembre a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES