Legislatura LIII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19871112 - Número de Diario 25
(L53A3P1oN025F19871112.xml)Núm. Diario:25ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO III México, D.F., jueves 12 de noviembre de 1987 NÚM. 25
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
SUMARIO
APERTURA
DENUNCIA DE HECHOS
La diputada Consuelo Botello de flores, en términos del artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, hace uso de la palabra; el diputado Juan de Dios Castro Lozano, solicita se informe respecto al pedimento de la diputada Botello de Flores.
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba
ACUERDO DE PRACTICA PARLAMENTARIA
Los coordinadores de la fracciones parlamentarias establecen los procedimientos para las comparecencias.
SE DESIGNA COMISIÓN
Para acompañar al Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología a su llegada al recinto parlamentario, y para cuando desee retirarse.
INICIATIVA DEL EJECUTIVO FEDERAL
De Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que el Secretario, licenciado Manuel Camacho Solís, presenta en su comparecencia.
REGISTRO PARA INTERVENCIONES
Notifica la presidencia la inscripción que las fracciones parlamentarias registraron.
Por el PRT, pregunta el diputado José Luis Díaz Moll.
Respuesta del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
Por el PARM, pregunta el diputado Nabor Camacho Nava.
Respuesta del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
Por el PPS, pregunta la diputada Gabriela Guerrero Oliveros.
Respuesta del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
Por el PDM, pregunta el diputado Antonio Monsiváis Ramírez.
Respuesta del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
Por el PST, pregunta el diputado Jorge Amador Amador.
Respuesta del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
Por el PMS, pregunta el diputado Alejandro Encinas Rodríguez.
Respuesta del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
Por el PAN, pregunta la diputada María Esperanza Morelos Borja.
Respuesta del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
RATIFICACIÓN
Al acuerdo de práctica parlamentaria; intervienen en aclaraciones, los diputados Juan de Dios Castro, Jorge Montúfar Araujo y Gonzalo Altamirano Dimas.
Por el PRI, pregunta el diputado Antonio Brambila Meda
Respuesta del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
RECESO
La presidencia declara a las 16:30 horas y se reanuda a las 18:00 horas.
REGISTRO PARA INTERVENCIONES
Notifica la presidencia la inscripción que las fracciones parlamentarias registraron.
Por el PRI, pregunta el diputado Miguel Osorio Marbán.
Respuesta del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
Por el PAN, pregunta la diputada María del Carmen Jiménez de Avila.
Respuesta del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
Por el PMS, pregunta el diputado Graco Ramírez Garrido Abreu.
Respuesta del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
Por el PDM, pregunta el diputado Jaime Haro Rodríguez.
Respuesta del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
Por el PARM, pregunta el diputado Héctor Calderón Hermosa.
Respuesta del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
Por el PRI, pregunta el diputado Juan Moisés Calleja García.
Respuesta del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
Por el PAN, pregunta el diputado Franz Ignacio Espejel Muñoz.
Respuesta del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
Por el PRT, pregunta el diputado José Luis Díaz Moll.
Respuesta del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
Por el PST, pregunta la diputada Beatriz Gallardo Macías.
Respuesta del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
Por el PPS, pregunta el diputado Martín Tavira Urióstegui.
Respuesta del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
Por el PMT, pregunta el diputado Alejandro Gascón Mercado.
Respuesta del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
Por el PRI, pregunta la diputada Blanca Esponda de Torres.
Respuesta del Secretario de Desarrollo urbano y Ecología.
COMENTARIOS Y AGRADECIMIENTO
La presidencia comenta y agradece la comparecencia del licenciado Manuel Camacho Solís y pide a la comisión designada, lo acompañe.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES
La Secretaría de Gobernación envía iniciativa de Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Se turna a comisión.
DESARROLLO RURAL
La Secretaría de Gobernación envía iniciativa de Ley de Distritos de Desarrollo Rural. Se turna a comisiones.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión, Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ
(Asistencia de 298 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. Presidente (A las 11:10 horas): - Se abre la sesión.
DENUNCIA DE HECHOS
La C. Consuelo Botello de Flores: - Señor presidente, pido la palabra.
El C, Presidente: - ¿Con qué objeto, señora diputada?
La C. Consuelo Botello de flores: - en los términos del artículo 102.
El C. Presidente: - le ruego compañera diputada
La C. Consuelo Botello de Flores: - En los términos del artículo 102 del reglamento, no me puede evitar el uso de la palabra.
El C. Presidente: - No he mencionado que voy a quitarle el uso de la palabra, simplemente quiero recordarle a usted que la sesión pasada, al concluirla, dijimos que la convocatoria para la sesión del día de hoy era con el exclusivo propósito de desahogar el acuerdo que esta propia Asamblea había tomado con fecha anterior, para invitar al licenciado Manuel Camacho Solís a comparecer al pleno de la Cámara. Este es el exclusivo de esta sesión.
La C. Consuelo Botello de Flores: - Señor presidente, de acuerdo con el 102, no me pueden quitar la palabra para hechos.
El C. Presidente: - Compañera diputada, el artículo 102 alude a rectificaciones para hechos o para alusiones personales. En el evento no ha ocurrido ninguna situación que motive rectificación de hechos o alusiones personales.
La C. Consuelo Botello de Flores: - Eso es señor, que fui aludida y quiero aclarar el caso. Le ruego darme el uso de la palabra.
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra en los términos del 102, a la señora diputada de Acción Nacional. (Aplausos.)
La C. Consuelo Botello de Flores: - Señor presidente; ciudadanos diputados: Precisamente esto que acaba de suceder, es un motivo ya de denuncia, pero no es éste el problema.
El día 1o. de septiembre, antes de iniciarse la comparecencia presidencial, algunos de nuestros compañeros de todos los partidos de oposición objetaron aquí y denunciaron que esta Cámara de Diputados estaba tomada por el Estado Mayor Presidencial, y los diputados, muchos de ellos, como se mencionaron casos concretos, fueron vejados por las personas que tomaron este palacio. Pues hoy, señores, se da un caso semejante.
Yo no sé si será el Estado Mayor Presidencial, o el estado mayor de la SEDUE, pero se nos han impedido movimiento en este palacio. A mí me quería ser impedido el uso del elevador a las nueve de la mañana, que yo tenía que subir a una comisión al segundo piso del "H", no podía usar el elevador por que ya estaba tomado para otros menesteres, y muchos de nuestros compañeros diputados, porque no traen su escudo, lo cual no es una obligación, han tenido que explicar quiénes son y a que vienen.
Yo considero, señores, que la comparecencia de un Secretario no debe ameritar esta toma de palacio o estos recursos que realmente no tienen razón de ser. Esta es nuestra Cámara de Diputados, y ese señor comparece ante una petición de la Cámara, y entonces no tenemos por qué dar satisfacciones.
En esa puerta, por donde es el acceso de nosotros los diputados de Acción Nacional a esta tribuna, hay cinco personas que están checando persona por persona que pasa. Yo hago la propuesta, ante esta presidencia, de que todas esas personas que están en la puerta vigilando la entrada de los diputados, sean retirados, porque no es digno de esta honorable asamblea tener esa situación. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría.
El C. Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Solicito al señor presidente, nos informe que va a hacer en relación con el pedimento de la diputada.
El C. Presidente: - Pido al señor diputado su comprensión. Ya hemos escuchado las palabras de la compañera de Acción Nacional. En mérito a que la misma expresión no se fundamenta en ninguna disposición del reglamento ni formula propuesta en los términos del artículo 58, pensamos que debe la secretaría continuar con el desahogo del orden del día.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Solicito que se le dé trámite de acuerdo con lo establecido por el artículo 19 del reglamento.
El C. Presidente: - Para satisfacer los términos de la propuesta de la compañera diputada, esta presidencia ordena a todo personal que sea ajeno a la Cámara, se sirva retirarse de inmediato. Continúe la secretaría con la lectura del día de esta sesión.
El C. Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Para complementar su acuerdo, pido se den las órdenes correspondientes al cuerpo de seguridad de la Cámara.
El C. Presidente: - Proceda a cumplimentarse la disposición anteriormente señalada por la presidencia.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Marco Antonio Espinosa Pablos:
«Cámara de Diputados. - Tercer Período Ordinario de Sesiones. - LIII Legislatura
. Orden del día
12 de noviembre de 1987.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comparecencia del C. licenciado Manuel Camacho Solís, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
Iniciativas del Ejecutivo
De Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
De Ley de Distritos de Desarrollo Rural.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Secretario:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y siete.
Presidencia del C. César Augusto Santiago Ramírez
En la ciudad de México, a las once horas y treinta y cinco minutos del lunes nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, con asistencia de doscientos sesenta y dos ciudadanos diputados, la presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día.
La secretaría procede a dar lectura al acta de la sesión iniciada el día tres de los corrientes, que quedó pendiente de lectura, misma que sin objeción se aprueba.
Lectura del acta de la sesión anterior, llevada acabo el día cuatro del presente; misma que sin discusión se aprueba.
La presidencia informa de ciudadanos diputados inscritos para presentar iniciativas y proposiciones.
Se da cuenta con los asuntos en cartera:
La propia presidencia, en virtud de que las siguientes tres iniciativas del Ejecutivo Federal han sido impresas y se están distribuyendo entre los ciudadanos diputados, les da el turno correspondiente. A saber:
De decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 4o. de la Ley que aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución. Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley que establece bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento. Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal. Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia.
A continuación, hacen uso de la palabra para fundamentar y presentar iniciativas, los ciudadanos diputados que se mencionan:
El C. Humberto Andrés Zavala Peña, a nombre de los diputados de la CTM que forman parte de la fracción parlamentaria del sector obrero, presenta proyecto para una adición a la fracción I del artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
La presidencia informa a la Asamblea que se encuentran presentes en este recinto, los integrantes de la Delegación Canadiense a la VII Reunión
Interparlamentaria México - Canadá. Agrega: esta Cámara de Diputados saluda a la delegación con fraternal afecto.
Siguen para presentar iniciativas:
El C. Nabor Camacho Nava, a nombre de la fracción parlamentaria del PARM, presenta proyecto para adicionar un párrafo al artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El C. Carlos Arturo Acosta González presenta proyecto para adicionar con una fracción IV el artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Oficios de la Secretaría de Gobernación:
Uno con el que se remite la iniciativa del Congreso del Estado de Campeche, para que sea inscrito en los muros interiores del Salón de Sesiones de este recinto parlamentario, el nombre del prócer campechano Pedro Sáinz de Baranda. Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Uno más con el que se remite el informe del Procurador General de Justicia del Estado de Morelos, sobre las averiguaciones que se han llevado a cabo en el homicidio del juez federal, licenciado Pedro Villafuerte Gallegos. De enterado.
Minutas del H. Senado de la República.
Oficio sobre el particular, al que se anexa el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o., 4o., 8., 9., 12 y 16 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia.
Uno más al que se acompaña la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los CC. Ramón Chávez Beltrán, Luis Manuel Flores Fuentes, Arturo Antolín Hernández Meraz, Vicente González Becerril, Gabriel Vicente Lara Hernández, Adrián López Aguirre y Rigoberto López Ibarra, para que puedan prestar sus servicios como bodegueros, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México. Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dictamen de primera lectura:
Emitido por las comisiones de Comercio y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, la Asamblea le dispensa la lectura. Queda de primera lectura.
Proposiciones que fundamentan y presentan los siguientes ciudadanos diputados:
El C. Alejandro Cañedo Benítez, después de aclaraciones a la propuesta que presenta, hace la siguiente proposición concreta:
"Que la Comisión de Gobernación haga las gestiones ante la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, dependencia de la Secretaría de Gobernación, para que del tiempo de radio y televisión que por ley le corresponde al Estado, se participe al Poder Legislativo, para la formulación de programas que difundan las labores de esta Cámara, y le pido al presidente que lo considere de obvia y urgente resolución, en virtud que queda un mes y medio solamente de trabajo legislativo en este Tercer Período de Sesiones". Se admite. No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En los términos del artículo 21 del reglamento, fracción XVI, la presidencia excita a las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Educación y de Turismo, para que en un plazo perentorio presenten el dictamen correspondiente.
Después de aclaraciones del diputado Cañedo Benítez y la presidencia, ésta concede el uso de la palabra al C. Pablo José Pascual Moncayo, quien presenta la siguiente proposición que presentan los grupos parlamentarios PMS y PRT:
"Unico. Instrúyase a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, para que revisen los criterios generales de política económica que dieron sustento a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación de 1987; los confronten con los resultados obtenidos hasta ahora y formulen las recomendaciones necesarias para reformar la legislación y permitir una mayor injerencia del Congreso en la evaluación y control de los programas gubernamentales". Se admite. Túrnese a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público.
El C. Alejandro Encinas Rodríguez denuncia irregularidades en el proceso electoral en el Estado de México, que culminó el domingo 8 del actual, para renovar ayuntamientos y elegir diputados locales.
En torno al tema, intervienen para hechos los CC. Roberto Calderón Tinoco y Jorge Alcocer Villanueva.
Por su parte, el C. Javier Paz Zarza comenta acontecimientos del municipio de Chemax, Yucatán, en 1984 y 1985 que según él revisten actualidad, relativos a detenciones y procesos judiciales a panistas. Por lo expuesto, a nombre del grupo parlamentario del PAN, solicita se turne el caso a la comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, a efecto de que conozca el asunto y proceda en consecuencia. Se admite. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
A su vez, el C. Martín Tavira Urióstegui aborda la tribuna para hacer comentarios generales acerca de los grandes hombres y de sus obras, destacando la figura del diputado constituyente don Jesús Romero Flores.
La presidencia informa que en el transcurso de esta sesión, se recibió la siguiente proposición de la Gran Comisión:
"LIII Legislatura, Cámara de Diputados, México, Distrito Federal, 9 de noviembre de 1987.
Diputado César Augusto Santiago Ramírez, presidente de la honorable Cámara de Diputados. Presente.
En virtud de la renuncia del licenciado Jesús García López al cargo de tesorero de esta Cámara de Diputados, puesto que venía desempeñando desde septiembre de 1985, la Gran Comisión acordó, con fundamento en los dispuesto por el artículo 47, fracción III de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propusiera a la honorable Asamblea de la misma que lo sustituya en dicho cargo el C. ingeniero Rodolfo González de la Garza, quien reúne todos los requisitos legales y morales para su desempeño.
En esta virtud, por su conducto agradeceremos someter lo anterior al acuerdo del pleno y, en su caso, se le tome la protesta de ley.
Atentamente, diputado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Gran Comisión; diputado Juan Maldonado Pereda, secretario; diputado Jorge Montúfar Araujo, secretario." En votación económica se aprueba.
Encontrándose a las puertas de este recinto el C. ingeniero Rodolfo González de la Garza, la presidencia designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a los CC. Juan Moisés Calleja García, Salvador Robles Quintero y Margarita Ortega Villa.
Puestos todos los presentes de pie, el C. ingeniero Rodolfo González de la Garza rinde la protesta de ley correspondiente.
Se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las trece horas y cuarenta minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar próximo jueves doce de noviembre, a las diez horas, en la que comparecerá el C. licenciado Manuel Camacho Solís, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba...
(Votación.)
Aprobada, señor presidente.
ACUERDO DE PRACTICA PARLAMENTARIA
El C. Presidente: - Se ruega a la secretaría dar lectura al acuerdo de práctica parlamentaria que establece el procedimiento para el desahogo de las comparecencias constitucionales y del punto de acuerdo que lo amplía, presentado en la sesión ordinaria del 4 de noviembre de este año.
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos: - Por instrucciones de la presidencia, se va a leer el punto de acuerdo:
«Comparecencias constitucionales de los CC. secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto.
Acuerdo de los grupos parlamentarios que establece el procedimiento para el desahogo de la comparecencia constitucional y del punto de acuerdo que lo amplía.
En los términos del artículo 70 de la Constitución General de la República; 38, 39 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 30 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete al pleno, el acuerdo de práctica parlamentaria que celebran las diferentes fracciones de la Cámara de Diputados de la LIII Legislatura del Congreso de la Unión, mismo que establece procedimientos para el desahogo de las comparecencias constitucionales de los CC. Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto.
I. El Secretario del Despacho después de haber sido introducido al salón de sesiones, será invitado por el presidente de la Cámara para que aborde la tribuna y haga la exposición que motiva su comparecencia.
II. Se abre un primer período de la comparecencia, bajo las siguientes reglas:
a) Desde la tribuna participará un diputado por cada una de las fracciones parlamentarias, quien expondrá la tesis de su partido y concluirá con la formulación de preguntas. El partido puede substituir la formulación de tesis por las preguntas que considere oportunas.
b) El presidente de la Cámara dará oportunidad al Secretario del Despacho para que al final de cada intervención del diputado del que se trate, si así lo desea, pueda hacer comentarios o responder al cuestionamiento que se hubiere formulado.
c) Durante este período, cada diputado respetará un tiempo máximo de quince minutos por intervención. el presidente de la Gran Comisión hará, por los conductos legales establecidos, la sugerencia de manera que la respuesta del Secretario del Despacho tenga una duración equivalente a la de la formulación de la pregunta.
d) El secretario del Despacho dispondrá, en obvio de tiempo y por razones prácticas, de un asiento ubicado en el área de tribuna de la Cámara.
e) El orden de estas intervenciones será:
Tesis PRT. Respuesta Secretario del Despacho.
Tesis PARM. Respuesta Secretario del Despacho.
Tesis PPS. Respuesta Secretario del Despacho.
Tesis PDM. Respuesta Secretario del Despacho.
Tesis PST. Respuesta Secretario del Despacho.
Tesis PMS. Respuesta Secretario del Despacho.
Tesis PAN. Respuesta Secretario del Despacho.
Tesis PRI. Respuesta Secretario del Despacho.
III. Al término de este período, se abrirá un receso de una hora.
IV. Se inicia la sesión de preguntas y respuestas.
En este período cada una de las fracciones formulará las preguntas a que tenga derecho, de acuerdo con el siguiente orden:
Por escrito dos cuartillas como máximo y en forma verbal cinco minutos de tiempo. Las preguntas serán planteadas por los diputados desde su curul. El primer diputado en preguntar podrá replicar al Secretario, respecto de su respuesta a la intervención del diputado de su partido que participó en la primera ronda. No procede replicar posteriormente. Tampoco se consideran convenientes las interpelaciones.
Orden de intervenciones:
PRI, PAN, PMS, PDM, PARM, PRI, PAN, PRT, PRI, PST, PPS, PRI.
V. Desahogados los puntos de este acuerdo, procederá la presidencia a levantar la sesión.
México, Distrito Federal, a 21 de noviembre de 1985. - Coordinadores de las fracciones parlamentarias; diputados: Eliseo Mendoza Berrueto, PRI; Jesús González Schmal, PAN; Graco Ramírez Garrido Abreu, PST; Arnoldo Martínez Verdugo, PSUM; Antonio Monsiváis Ramírez, PDM; Indalecio Sayago Herrera, PPS; Carlos Enrique Cantú Rosas, PARM; Heberto Castillo Martínez, PMT; Pedro José Peñaloza, PRT.»
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se amplía el acuerdo de práctica parlamentaria aprobado en sesión ordinaria el 22 de noviembre de 1985, para que el procedimiento en el establecido sea aplicado a todos los casos de comparecencias que establece el segundo párrafo del artículo 93 constitucional.
El orden de intervenciones de los grupos parlamentarios actuales que integran la LIII Legislatura es: PRI, PAN, PMS, PDM, PARM, PRI, PAN, PRT, PST, PPS, PRI.
México, Distrito Federal, a 4 de noviembre de 1987. Coordinadores de las fracciones parlamentarias: PRI, Nicolás Reynés Berezaluce; PDM, Antonio Monsiváis Ramírez; PST, Jorge Amador Amador; PRT, Pedro José Peñaloza; PPS, Indalecio Sayago Herrera; PMS, Arnoldo Martínez Verdugo; PAN, Jesús González Schmal; PARM, Carlos Enrique Cantú Rosas.»
SE DESIGNA COMISIÓN
El C. Presidente: - Encontrándose en el salón de esta Cámara de Diputados el C. licenciado Manuel Camacho Solís, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, se designa en comisión para que lo introduzcan a este recinto y lo acompañen, cuando desee retirarse, a los siguientes
ciudadanos diputados: Sergio Valls Hernández, Hesiquio Aguilar de la Parra, Pastor Munguía González, Federico Durán y Liñán, Hilda Aurelia Lozano López y Patricia Villanueva Abrajam.
Se ruega a la comisión, cumpla con su cometido.
(La comisión cumple con su cometido)
INICIATIVA DEL EJECUTIVO FEDERAL
El C. Presidente: - De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparece el C. licenciado Manuel Camacho Solís, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, quien informará a esta soberanía sobre la iniciativa de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de conformidad con la proposición aprobada por el pleno de esta honorable Cámara en sesión del día 4 de noviembre.
Señor Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, fue usted informado oportunamente del acuerdo de práctica parlamentaria, que fija el procedimiento de su comparecencia. El documento relativo constituye la norma conforme a la cual habremos de desahogar los trabajos de esta sesión.
El C. licenciado Manuel Camacho Solís, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, ha solicitado hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el C. licenciado Manuel Camacho Solís, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, a quien se le ruega pase a la tribuna.
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: - Señores diputados: He escuchado el señalamiento de la diputada Consuelo Botello del Partido Acción Nacional y quiero aclarar aquí que, en efecto, habían cinco servidores públicos que por cuidar los lugares de sus jefes, entorpecieron, en algún momento, el tráfico y el movimiento en este poder.
Eso es totalmente contrario a la disposición de total respeto hacia ustedes y hacia este recinto. Pido una disculpa.
Señor presidente de la honorable Cámara de Diputados; ciudadanos diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura; señoras y señores: De conformidad con el párrafo segundo, del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he sido citado para comparecer, ante el pleno de esta Asamblea, a efecto de explicar el contenido y alcance de la iniciativa de Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El Presidente de la República me ha autorizado para acudir a este recinto.
La iniciativa del ejecutivo Federal, de Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, representa un avance significativo para modernizar el marco normativo de la política ecológica, incluyendo en él, al aprovechamiento racional de los recursos naturales y el ordenamiento del territorio. Es una ley innovadora, por los complejos problemas de coordinación sectorial que resuelve, la forma como establece la concurrencia de los tres niveles de gobierno y cómo vincula el lenguaje jurídico con los conceptos científicos que explican el comportamiento de la realidad ecológica.
Esta ley es reglamentaria de las disposiciones constitucionales que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, tanto de las reformas recientes a los artículos 27 y 73, que fueron aprobadas en lo general por todos los partidos políticos aquí representados, como de otros artículos constitucionales que hacen referencia expresa a su objeto.
Tratándose de un tema decisivo para la calidad de la vida y para las posibilidades de desarrollo económico de la nación, interesa precisar, no sólo si era necesaria una nueva iniciativa de ley, y si ésta resuelve, en forma adecuada, sus propósitos, sino también en aclarar, si la ley ha sido pensada y formulada para asegurar su aplicación.
A partir de las reformas a los artículos 27 y 73 constitucionales, fue necesario reformular nuestra legislación ambiental para establecer las bases de la concurrencia de la Federación, estados y municipios y para abordar, de manera integral, el tratamiento de los problemas ecológicos. La Ley Federal de Protección al Ambiente, actualmente en vigor, regula casi exclusivamente los problemas derivados de la contaminación. La iniciativa presentada a esta H. Cámara, se ocupa de la contaminación, pero como parte de una política ecológica general que incluye al aprovechamiento racional de los recursos naturales. Es decir, en vez de regular sólo los efectos, aborda la problemática a partir de una concepción integral que atiende a sus causas.
Desde un punto de vista conceptual, se trata de una ley general que establece la concurrencia, que coordina la acción de la Administración Pública Federal y corresponsabiliza a la sociedad, define lineamientos técnicos y crea los instrumentos indispensables para su cumplimiento.
Al establecer la concurrencia se descentraliza, a estados y municipios, una amplia gama de facultades en un campo en el que prácticamente carecían de ellas. De esa manera, se da cumplimiento estricto a la fracción XXIX - G del artículo 73 constitucional, dejando que las competencias que la ley otorga, a estados y municipios, sean desarrolladas y precisadas por las legislaturas locales y los ayuntamientos. La ley representa, por ello, un avance decisivo en la descentralización.
En virtud de que la política ecológica establece puntos de contacto, con prácticamente todas las áreas de la administración, requiere conjugar esfuerzos , hacer coincidir instrumentos y definir, con claridad, su relación con otras leyes. Se necesita una ley integral que se apoye en, y a la vez fortalezca, las disposiciones contenidas en otras leyes.
De ahí que la iniciativa regule materias no comprendidas en otros ordenamientos, como sería el caso de la mayoría de las disposiciones sobre aprovechamiento racional de los recursos naturales y áreas naturales protegidas; complemente normas ya existentes en otras leyes, que regulan efectos ecológicos, pero que tienen por objeto otras materias, y proponga la abrogación de la Ley Federal de Protección al Ambiente. Esta integración jurídica y los principios y criterios generales que se establecen en la iniciativa, constituyen el eje de un nuevo sistema jurídico de protección ecológica.
Así, por ejemplo, en materia de agua, se acatan las disposiciones contenidas en la ley federal correspondiente, y se desarrollan los aspectos antes no regulados y que resultan centrales para lograr una política integral de agua, definiendo nuevas atribuciones en áreas como el control, intercambio y tratamiento de aguas residuales.
No se trata de una ley sectorial destinada a fortalecer las facultades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, sino a orientar en una dirección la acción pública en su conjunto. Proponer la coordinación y precisar los puntos de contacto de las diferentes competencias, en vez de ser un problema es condición de efectividad para políticas de carácter intersectorial.
En lo que toca al Distrito Federal, se amplían significativamente las facultades del Departamento del Distrito Federal, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan, a la asamblea de representantes.
Prácticamente en todos los capítulos de la ley, el Estado deberá conjugar sus acciones con las de la sociedad. Para enfatizar esta voluntad de concertación, la iniciativa contiene un título especial sobre participación social, tanto a través de los mecanismos que establece el sistema nacional de planeación, como de una concertación en detalle , para llevar a cabo acciones específicas con los principales sectores de la sociedad. Se busca promover la participación directa de la comunidad, en tareas de vigilancia e información, y que se vayan configurando representaciones permanentes de la sociedad civil para que, en el ámbito de la Comisión Nacional de Ecología, se garantice la permanencia, en el largo plazo, de la orientación y corresponsabilidad social que se requieren para que la política ecológica dé los resultados deseados. Como parte de la política ecológica, y para orientar la expedición de las normas técnicas, quedan definidos, con claridad, los principios ecológicos, que se desarrollan y adquieren carácter imperativo en el articulado de la iniciativa.
Por los principios que la orientan, la política ecológica de convierte en un asunto de claro interés general, pues entre sus orientaciones están:
- El considerar a los ecosistemas como patrimonio común de la sociedad.
- Hacer compatible el aprovechamiento sostenido de los recursos con su conservación.
- Corresponsabilizar al Estado y a los particulares de la acción ecológica.
- Prever el bienestar de las futuras generaciones.
- Enfatizar los aspectos preventivos más que los correctivos.
- Coordinar estrechamente la acción pública.
- Estimular la concertación con la sociedad.
- Hacer obligatorias las previsiones de impacto ambiental en los asentamientos humanos.
- Incorporar criterios de preservación y restauración del equilibrio ecológico, en los principales instrumentos con los que el Estado promueve o regula el desarrollo de las actividades de los particulares en los campos económico y social.
- Auspiciar la cooperación internacional en apoyo a las estrategias globales que buscan hacer frente a los problemas mundiales del ambiente.
La relación que se establece entre la población y los recursos naturales es un asunto decisivo para la nación, de esa relación depende el desarrollo económico en el largo plazo. Esa relación ha sido esencial, para la existencia del estado nacional y
en ella se han fundado las posibilidades de mejorar el bienestar de la sociedad.
Esa relación nunca es simple: más recursos y menor población, no aseguran desarrollo. No, el equilibrio de esa relación no implica únicamente que el territorio sea rico, y se reduzca el ritmo de crecimiento demográfico. Depende, también, de que sus recursos hayan sido reivindicados y su aprovechamiento se realice con las tecnologías más adecuadas y para garantizar los intereses de largo plazo de la nación. Es decir, que lo que es propiedad originaria de la nación, sea adecuadamente aprovechado, en beneficio de toda la sociedad y de las siguientes generaciones.
Es con esta visión amplia como, con toda su fuerza, esta ley se funda en la orientación doctrinaria del artículo 27 de la Constitución. El Constituyente de 1917 previó que en la reivindicación del dominio y en la propiedad originaria de la tierra, aguas y recursos, radicaban la fortaleza de la nación y sus posibilidades de desarrollo.
Hoy, tomando en cuenta las transformaciones demográfica, urbana, industrial y tecnológica que han tenido lugar y las que ya podemos anticipar, es que el Ejecutivo promovió la reforma constitucional a los artículos 27 y 73, y ha formulado la iniciativa de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los propósitos del Ejecutivo son, como en 1917, fortalecer a la nación y ampliar el sustento material de nuestro desarrollo.
Ciudadanos diputados: Esta iniciativa del Ejecutivo Federal viene a fortalecer, en forma definitiva, la política ecológica. Ha sido el Presidente de la República, el licenciado Miguel de la Madrid, quien a través de su iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; quien promovió, como parte del Sistema Nacional de Planeación, la elaboración del Programa Sectorial de Ecología; quien decretó los veintiún puntos de protección ambiental para la zona metropolitana de la ciudad de México y coordinó la iniciativa de cien acciones ecológicas necesarias. Ahora, el Presidente de la República, ha enviado a esta H. Cámara, una de las iniciativas más avanzadas en materia de política ecológica, en materia de sus instrumentos, en materia de gestión ambiental, en materia de participación social en la gestión ambiental y en materia de regulación integral de los asuntos ecológicos.
La ley no es la primera acción que realiza el gobierno en ecología, sino la acción que viene a fortalecer e institucionalizar una política ecológica como la que necesita México: que se fija en la calidad de la vida; que considera a los recursos no como objeto en sí, sino como base para la mejoría económica de las comunidades y de los distintos sectores de la sociedad; que, a través de su aprovechamiento racional, garantice que las futuras generaciones contarán con agua, con bosques; con un aire sujeto a normas de calidad, equivalentes a las internacionales; que tenga control de sus deshechos, sobre todo, de los deshechos peligrosos; que prevenga los riesgos que se puedan derivar de ciertas actividades económicas y servicios.
En México, el sector público debe ser cada vez más responsable de los efectos ambientales de sus acciones; pero también es indispensable que la sociedad logre traducir sus preocupaciones en una auténtica disciplina social, consensual, que es expresión de madurez y responsabilidad democrática.
Mucho se ha hecho en los últimos años, para proteger la ecología. En algunos contaminantes, la ciudad de México ya está dentro de las normas internacionales, la mayor parte de los sectores industriales están realizando cuantiosas inversiones para disminuir la contaminación y proteger al ambiente, se ha iniciado la recuperación de las primeras cuencas de ríos y el saneamiento de bahías. Se ha avanzado en el conocimiento y en la investigación de problemas tan complejos. Mucho también se ha hecho en la formación de cuadros técnicos que, en el futuro, seguirán garantizando honestidad y profesionalismo en la aplicación de las decisiones que tendrán en sus manos.
Después de varias décadas, en las que concentramos toda la energía en el desarrollo de la industria, los servicios, las comunicaciones y las ciudades, sin prever ni atender, con suficiencia, los impactos de ese crecimiento sobre el ambiente y el deterioro de los recursos, es imposible pensar que, en un breve lapso se puedan revertir los efectos de procesos tan vastos de destrucción; problema que, por cierto, no es exclusivo en México, sino que está teniendo lugar, incluso con impactos más devastadores, en numerosos países del orbe.
A pesar de las dificultades acumuladas, se ha visto que se pueden hacer cosas, y se ha visto que cuando hay voluntad política, incluso restricciones tan severas como las derivadas de las limitaciones económicas, pueden ser parcialmente superadas. Tan es así, que apenas en 1986, México invertía 7 mil 500 millones de pesos para proteger su equilibrio ecológico; en 1987, la
masa de inversión para proyectos de mejoramiento ambiental, se ha elevado a 809 mil millones de pesos, ya concertados, de los cuales se ejercerán 400 mil millones en 1987. Este resultado se ha logrado sin presionar adicionalmente a las finanzas públicas. Cada peso de inversión fiscal de 1987 se ha multiplicado cincuenta veces, a través de la concertación, fundamentalmente promoviendo y movilizando las acciones del sector privado y de la comunidad. En el sector privado están ya en ejecución las acciones de ciento dos convenios por ramas e industrias, que representan inversiones por 338 mil millones de pesos.
En vez del catastrofismo que paraliza la acción pública y social, hemos optado por una acción política que se apoya en la confianza, en la sociedad y en el potencial de las regiones. Para no quedarnos en los propósitos, en las intenciones, se han combinado las opciones tecnológicas apropiadas, con la identificación de las fuentes no fiscales de recursos y el establecimiento de esquemas de recuperación que permitan cubrir el costo de las inversiones. Porque esto ha sido posible, en tiempos como éstos, es que confiamos plenamente en la concepción y aplicabilidad de la ley.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no es panacea; pero apoyada en las reformas constitucionales a los artículos 27 y 73, es el instrumento indispensable para sostener, en esa materia, una política integral y mejorar significativamente la capacidad de acción del Estado y la sociedad. No ha pretendido, el Ejecutivo, empezar a partir de hoy, sino, aprovechando la experiencia de los últimos años, institucionalizar lo que se ha probado que funciona, y fortalecer las áreas donde es indispensable contar con instrumentos más efectivos.
El Ejecutivo considera que, tratándose de propósitos tan nobles y del más claro interés general, es posible hacer converger, a todas las fuerzas de la sociedad, a los medios de comunicación y a la representación política nacional, hacia un compromiso nacional para hacer frente a los retos de la ecología y de la defensa de nuestros recursos naturales.
Señores diputados: Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración.
El C. Presidente: - Se ruega al señor secretario Manuel Camacho Solís, pase a ocupar el asiento que le ha sido asignado.
REGISTRO PARA INTERVENCIONES
El C. Presidente: - Se va a desahogar el primer punto del acuerdo de práctica parlamentaria, para el desarrollo de esta comparecencia. Para tal efecto, han solicitado el uso de la palabra, los siguientes ciudadanos diputados:
Del Partido Revolucionario de los Trabajadores: José Luis Díaz Moll.
Del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana: Nabor Camacho Nava.
Del Partido Popular Socialista: Gabriela Guerrero Oliveros.
Del Partido Demócrata Mexicano: Antonio Monsiváis Ramírez.
Del Partido Socialista de los Trabajadores: Jorge Amador Amador.
Del Partido Mexicano Socialista: Alejandro Encinas Rodríguez.
Del Partido Acción Nacional: María Esperanza Morelos Borja.
Del Partido Revolucionario Institucional: Antonio Brambila Meda.
Tiene el uso de la palabra el C. diputado José Díaz Moll, del Partido Revolucionario de los trabajadores.
El C. José Luis Díaz Moll: - Señor presidente de la H. Cámara de Diputados; señor Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología; señoras y señores diputados: Sin lugar a dudas, mantener el equilibrio ecológico y proteger el ambiente, son prioridades fundamentales de nuestro tiempo. Al crecimiento demográfico y a las muchas veces irracional industrialización, se suma intereses y ambiciones insaciables que no tienen el menor prejuicio en saquear y destruir nuestros recursos naturales, sin importarles la sobrevivencia de las futuras generaciones.
Correctamente señalaban ayer en un desplegado, los grupos integrantes del pacto de grupos ecologistas, que México se asienta sobre uno de los territorios de mayor diversidad y riqueza biótica del planeta. En él, a través del tiempo se ha construido una cultura igualmente vasta y plural; sin embargo, profundas contradicciones sociales, económicas y políticas, se han gestado durante siglos y hoy, finalmente, se manifiestan en la sobre - explotación de los recursos naturales, en la desforestación masiva, en la erosión y desertificación de los suelos, en la contaminación, en el deterioro de la calidad de vida, en la desigualdad social y en la dependencia tecnológica indiferencia hacia alternativas de aprovechamiento sustentable de nuestro ecosistema.
No hace falta ser un profundo conocedor para darse cuenta de la gravedad del deterioro ecológico de nuestro país: Bosques arrasados, ríos, lagos y mares contaminados; basureros a cielo abierto en cualquier lugar; inversión térmica en las ciudades. Todas en su conjunto, son la ilógica normalidad de nuestra vida cotidiana.
Nuestros invaluables recursos naturales, son explotados irracionalmente en aras de un postulado básico del sistema: La acumulación de capital.
Por eso, si bien es cierto afirmar que la mayoría de las sociedades humanas han deteriorado el ambiente, habría que señalar que el incremento del flujo de energía, está en relación directa con el proceso de acumulación capitalista mundial.
Nunca antes en la historia, este tipo de sociedades han determinado como hoy, el cuantioso consumo de energía. Esto, ha implicado el agotamiento de recursos no renovables; artificializado los ecosistemas, devastado de bosques y contaminado el ambiente con las fábricas levantadas en las macrocefálicas urbes. Por ello no es casual la relación directa existente entre los poderosos económicamente hablando y la degradación ambiental.
En el Partido Revolucionario de los Trabajadores, estamos convencidos de la necesidad de frenar drásticamente la contaminación ambiental. Sin duda, también, partimos del convencimiento de la necesidad de legislar a favor del equilibrio ecológico y de la protección del ambiente. Pero también es cierto que esto no basta si no existe la voluntad política de ir al fondo en la aplicación de la misma sin importar los intereses económicos y políticos que se afecten.
De muy poco sirve contar con un mecanismo legal si éste no se aplica en la realidad concreta. Nos ha llamado la atención la formula unilateral en que ha sido presentada la iniciativa de Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, cuando reiteradamente se planteó que ésta se elaboraría con la participación democrática de las organizaciones sociales más diversas.
Entendemos que por la naturaleza de la misma haya sido necesario concertar los puntos de vista de diversas dependencias del gobierno federal. Pero a nuestro juicio no se justifica el desconocimiento de la importancia de la participación popular en la elaboración de una iniciativa que, por su propia naturaleza, implica la participación más amplia de la sociedad mexicana.
Por eso no es nada desdeñable la afirmación de nuestra fracción parlamentaria en el sentido de que frente a la sociedad, el Estado mexicano aparece como un ente omnipotente, incapaz de permitir que los organismos de los que la sociedad se dota, se hagan presentes en el momento de presentar una iniciativa de ley.
No se trata únicamente de realizar consultas populares, que en los hechos no obligan a nada al gobierno. Se trata de un problema más amplio, aquel que hace referencia a las relaciones entre la sociedad y el Estado.
Continuando en el análisis de la iniciativa de ley, señor Secretario, pensamos que si bien es importante crear las bases legales que permitan normar y coordinar las relaciones entre las diferentes esferas del gobierno en lo que a protección del ambiente se refiere, esto no basta si no se crean los instrumentos que permitan la aplicación de medidas concretas que mantengan el equilibrio ecológico.
No es sólo un marco de normatividad administrativa que podremos proteger al ambiente y restaurar el deterioro ecológico. Es necesario sobre todo un marco de relaciones sociales, económicas y políticas, que nos permitan la utilización y disfrute racional de nuestros recursos naturales y del ambiente.
De nada servirá a los gobiernos de los estados y municipios esta ley si no se les dota de los elementos intelectuales, técnicos y materiales, que les permitan cumplir con las atribuciones que les establece la ahora iniciativa de ley.
Seguramente serán muchos los obstáculos a los que se enfrentarán esta nueva ley para su aplicación nacional y regional. Poderosos intereses económicos y políticos, cacicazgos, transnacionales, voraces, corrupción, etcétera. Únicamente los hechos mostrarán hasta dónde se quiere llegar en la solución de raíz, de lo que podemos calificar en alguna de las zonas del país como emergencia ecológica.
Por otra parte, creemos que la iniciativa es un retroceso en cuanto a la limitación de funciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, sobre todo en lo que se refiere a las posibilidades de intervención en empresas contaminantes y en aquellos lugares en los que se maneja material radioactivo.
Nos parece incompatible esa disminución de funciones con los objetivos planteados en la iniciativa, en tanto que es ilógico reducir a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en un órgano con funciones meramente normativas, administrativas y académicas, sin posibilidades de
intervenir en los espacios neurálgicos de la contaminación ambiental
Tema importante es aquel que nos lleva a cuestionarnos sobre la compatibilidad entre la economía y la preservación y restauración del ambiente.
No es posible pensar en el equilibrio ecológico sin tomar en cuenta la forma en que incide en él la actividad económica desarrollada por la sociedad, no es casual por eso la pregunta que nos hacemos, ¿hasta dónde condicionarán los programas de desarrollo económico e industrial, la aplicación de la ley? la respuesta está en el aire.
La reconversión industrial es modernización del aparato productivo, pero también significa deterioro del equilibrio ecológico, seguramente para las transnacionales y sus gobiernos, es más conveniente destruir los recursos naturales de países como México que los suyos propios. Desde nuestra respectiva, si no se replantea el desarrollo económico, es muy difícil en los hechos hablar de defensa del ecosistema.
Generalmente hablamos de la contaminación del aire y del agua, pero olvidamos otras tan graves como la contaminación alimenticia, que tiene como origen la producción de alimentos "chatarra", producidos generalmente por las transnacionales, o la contaminación que sufren grandes sectores de la población, a quienes se les suministran medicinas ya prohibidas en otros países, o también la contaminación en el campo mexicano, donde se utilizan pesticidas dañinos para la salud, con la complicidad muchas veces de sectores oficiales.
Todo ello, sin olvidar la grave contaminación producida por el ruido. Estos son hechos, materia de nuestra vida cotidiana, como también lo son, los que a continuación quiero comentar y son: el problema de Laguna Verde, y el de la contaminación del Distrito Federal.
Laguna Verde ha estado presente en la opinión pública en los últimos años, la disputa en torno a su posible puesta en marcha se ha convertido en un verdadero debate nacional. Para comprobar este hecho basta analizar la millonaria campaña de terrorismo informativo, realizada por la Comisión Federal de Electricidad.
Para nadie es un secreto que la mayoría de la población veracruzana no tiene confianza ni en su diseño, ni en su construcción, ni en las hipotéticas bondades del proyecto. Por ejemplo, ni siquiera ha sido dado a conocer un plan de emergencia en caso de desastre.
La responsabilidad del gobierno en ello, en caso de que ocurra un accidente, es muy grave; los fantasmas de Chernobyl y Goyás están presentes y no se puede responder minimizando las consecuencias y publicitando exclusivamente la opinión del gobierno.
El proyecto de Laguna Verde, que se inicio hace dos décadas, cuando la borrachera en torno a las supuestas virtudes de la energía nuclear estaban en su apogeo, los mexicanos hemos tenido tiempo de reflexionar sobre la utilización de la energía nuclear. Por eso no puede considerarse sino como banal, la campaña publicitaria de la Comisión Federal de Electricidad, en el sentido de que quienes nos oponemos a la puesta en marcha de Laguna Verde, tenemos un complejo de inferioridad respecto a las técnicas de otros países. Es decir, padecemos una especie de chauvinismo tecnológico.
En realidad, con esta campaña el gobierno trata de difundir la creencia en la neutralidad social y ambiental de la técnica, así como su omnipotencia frente a cualquier problema, lo que ha conducido frecuentemente a adoptar procedimientos foráneos sin reflexionar siquiera en las secuelas humanas y ambientales, las que muy a menudo se revelan contraproducentes a largo plazo, cuando el daño ya está hecho, a veces de manera irreversible. pero además, nosotros afirmamos que los peores y trágicos accidentes nucleares y radioactivos han ocurrido precisamente en aquellos países en donde existe una tecnología avanzada y en los que las posibilidades de error se estimaban en prácticamente cero. Nos referimos a los Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña.
Existe otro elemento importante cuando se analiza el problema de Laguna Verde. La tecnología proveniente de estos países es inesperadamente falible debido a su alta complejidad. Todo esto es así, justamente porque la complejidad existente en una planta nuclear y en los procesos en que ellas se llevan a cabo, son tan grandes que resulta virtualmente imposible controlar al mismo tiempo todas las variables y posibilidades de error, sea durante su construcción o su operación.
Habría que agregar, señor Secretario, otro elemento: La energía nuclear y en particular los reactores que requieren de uranio enriquecido, plantean un problema de dependencia hacia gobiernos extranjeros. En primer lugar, debido a que la tecnología nuclear tiene necesariamente que ser comprada en el extranjero. En segundo lugar, en la medida en que dichas compras deben pagarse en dólares, esto es, dependerá de la existencia de divisas extranjeras en el Banco de México, el que
esta planta funcione. Una crisis de divisas afectará directamente el funcionamiento de una fuente de energía tan importante como la que se plantea en Laguna Verde, pero ahora, imaginamos un accidente tipo Chernobyl en Laguna Verde. La nube radiactiva viajaría por diversos rumbos, dejando su carga de material nuclear en las selvas, palmares y campos de cultivo veracruzanos, tabasqueños, poblanos, etcétera.
La radioactividad permanecería ahí, afectándola durante largo tiempo. La agricultura, la silvicultura y la pesca, serían irremediablemente afectadas. Si en Laguna Verde se produjera un accidente, sus efectos se prolongarían afectando durante generaciones y generaciones, la vida y salud de quienes tuvieran la desdicha de vivir por esos rumbos.
Lo menos irracional que podría decirse es que si una generación de individuos decide correr el riesgo de impulsar una tecnología de alta peligrosidad, a cambio de ciertos supuestos beneficios, ése es su problema. Pero a lo que no hay ningún derecho, es a heredar a personas que aún no han nacido, todos los daños que ese tipo de proyectos llevan implícitos. Y en el caso de Laguna Verde, los únicos que han estado tomando las decisiones, son un selecto grupo de gobernantes, para quienes no existen la necesidad de consultar a la opinión pública sobre si quiere ser o no, cómplice de un riesgo de tal naturaleza.
Decíamos que la población afectada ha mostrado a través de múltiples formas su oposición a la puesta en operaciones de Laguna Verde. Tal vez el gobierno piense lo contrario, la forma de dirimir esta cuestión es instrumentando desde nuestro punto de vista un referendum en el cual la población afectada decida por medio del voto directo secreto y universal, si está dispuesta a admitir que esta planta nuclear sea puesta en funcionamiento, previo proceso de información exhaustivo por todos los medios incluyendo la radio y la televisión y donde se den a conocer las ventajas y desventajas del proyecto. Debe haber un acceso inmediato a las organizaciones que lo han venido impugnando en igual de condiciones que la Comisión Federal de Electricidad y los sectores de gobierno responsables del proyecto.
No menos grave que el problema de Laguna Verde, resulta la contaminación de las grandes ciudades de nuestro país, especialmente la contaminación en el Distrito Federal, por más que en un intento de minimizar el hecho se afirme que los niveles de contaminación no alcanzan la proporción de otras ciudades, eso desde nuestro punto de vista no es consuelo.
La tendencia a la urbanización constituye el síntoma más representativo del desarrollo arbitrario de la estructura territorial. Un número reducido de ciudades superpobladas absorbe a los habitantes que podrían radicarse en las ciudades medias cuya distribución regional permitiría la vinculación entre ciudad y campo, entre población agrícola e industrial, entre cultura urbana y rural.
El desajuste físico territorial y ecológico corresponde al desequilibrio económico producido por la relación de dependencia que impone la falta de integración regional a nivel nacional.
En el Distrito Federal y en la zona metropolitana presenciamos hechos contundentes como éstos, la visibilidad del Valle de México se ha reducido de doce a tres kilómetros, soporta casi 2 mil toneladas diarias de monóxido de carbono, se producen millones de toneladas diarias de desechos sólidos, se producen ruidos de más de 120 decibeles por arriba de los 85 permitidos, se han erosionado los bosques y las áreas verdes, se han incrementado las enfermedades de las vías respiratorias y en los ojos; la zona metropolitana de la ciudad de México se ha convertido en el ejemplo de la ausencia de una planificación urbana adecuada, lo que ha provocado que en esta zona se experimente uno de los procesos más voraces de destrucción ambiental de que se tenga noticia, convirtiéndose en una de las aglomeraciones urbanas más degradadas. Se caracteriza ésta por la destrucción casi total de los ecosistemas vitales, etcétera.
Si a estos dos casos ya mencionados agregáramos otros, nos atreveríamos a concluir que en más de un caso estamos en una situación de emergencia ecológica.
Lo que está pasando en las cuencas hidrológicas del país es lamentable; para mencionar sólo algunos casos, basta mencionar lo que eran y lo que son las cuencas de los ríos Lerma y Coatzacoalcos, las consecuencias de la disminución del caudal de agua del Lerma ya se perciben, el lago de Chapala está casi irremediablemente condenado a la extinción, pues año con año pierde una parte considerable de su volumen.
Atención especial merecerá muy pronto el ecocidio y el etnocidio que han significado para Oaxaca y los chinantecos la construcción de la presa Cerro de Oro que puede convertirse en uno de los más grandes fraudes de la historia para una entidad de una comunidad indígena, si no se cumplen las promesas de reacomodo, la construcción de obras de infraestructura, caminos, escuelas, hospitales, etcétera.
Son millones, pasando a otro tema, de hectáreas de bosques y selva virgen las que se deforestan año con año, a pesar de que casi siempre hablamos, justificadamente, de lo que al respecto pasa en el sur del país. Con frecuencia nos olvidamos de otras entidades donde la deforestación no es menos grave, por ejemplo en Michoacán, donde el gobernador Martínez Villicaña propone explotar bosques al estilo brasileño, esto es arrasándolos, con el pretexto de abrir tierras al cultivo, tierras que por su condición biológica tendrán una vida productiva muy corta, o el Estado de México donde la deforestación es institucional y se realiza a través de la Compañía Paraestatal Protectora e Industrializadora de Bosques, Protimbo.
Un ejemplo más de cómo el gobierno, enfrentando a la contradicción entre desarrollo industrial contra regulación del ambiente, opta por la primera, fue la forma en que se construyó la nueva autopista México - Toluca. Miles de hectáreas de bosques perdidas irremediablemente, fauna en peligro de extinción ve reducido su hábitat, manantiales cegados o desviados en perjuicio de los habitantes de la zona.
En nuestros mares la situación no es diferente. El caso más patético es el del Golfo de México. La explotación del petróleo ha traído consigo el desajuste del equilibrio ecológico de la zona, afectando las actividades pesqueras, reduciendo su productividad y cerrando así posibilidades de solución a otro problema urgente de nuestra patria: la autosuficiencia alimentaria.
A lo anterior tenemos que añadir que periódicamente se descontrolan pozos situados en plataformas marítimas. El más reciente es del Yum II, situado a 25 kilómetros de Frontera, Tabasco. Justamente el día de ayer se informó que los derrames provenientes de este pozo afectarán algunas decenas de kilómetros de playa en el estado de Tabasco, y amenaza con extenderse a otras entidades como Veracruz y Campeche.
La degradación ecológica del Golfo de México es paulatina y constante, y quizá se piense atacar el problema cuando las consecuencias sean irreversibles.
Señor Secretario: A continuación presentamos algunas conclusiones sobre el debate que sin ninguna duda presenciaremos en esta Cámara de Diputados.
1. No es posible, desde nuestra perspectiva, emitir una Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, sin la participación de las organizaciones sociales en su elaboración.
2. No deben limitarse las funciones de la Secretaría a su cargo, pues éste debe ser un organismo con todas las atribuciones en la defensa del ecosistema.
3. Debe existir un equilibrio entre los programas de desarrollo económico y la regulación del ambiente.
4. Se debe dotar a los gobiernos estatales y municipales de los elementos intelectuales, técnicos y materiales de intervención en la materia.
5. El gobierno debe de detener la puesta en marcha de Laguna Verde hasta en tanto no se realice un referendum para que la población afectada decida el futuro de Laguna Verde, previa información de las opciones y alternativas en debate.
Fundamentalmente para las tareas del mantenimiento del equilibrio ecológico lo constituye la participación de la población mexicana. También y sobre todo de quien tiene en sus manos la instrumentación de estas medias que lleguen a lograr el objetivo, el gobierno.
Reiteramos, sin embargo, que estamos absolutamente en contra de que el gobierno decida unilateralmente aquello que afecta a un país que no es propiedad exclusiva del gobierno.
Eso sería lo referente a las tesis de nuestro partido en lo que respecta a la Ley del Equilibrio Ecológico.
Sin embargo, haciéndonos eco de la solicitud de algunas organizaciones sociales y dado que son asunto de su competencia, me voy a permitir leer un escrito de la coordinadora de residentes de Tlatelolco perteneciente a la CUD y de la coordinadora de los cuartos de Tlatelolco, A.C. Dice así:
«Señor Secretario: Como consecuencia de la complejidad de nuestro conjunto urbano y sobre todo de la falta de atención oportuna de nuestros problemas, por parte de las autoridades respectivas, los tlatelolcas enfrentamos desde hace tiempo diversos problemas, que a raíz de los trágicos sismos de septiembre de 1985, se recrudecieron en algunos aspectos y al mismo tiempo provocaron nuevos.
Somos una comunidad orgullosa de su historia, muchas veces dolorosa, que sabe que es en la lucha organizada como habrá de obtener las respuestas necesarias, así hemos dado una lucha incesante por la reconstrucción de Tlatelolco, lucha que logró el respeto de nuestros derechos y
el programa de reconstrucción de la misma. Ha sido preocupación central de nuestra parte, el seguimiento y supervisión de la reconstrucción, tanto en su programa de reparaciones mayores como de reparaciones menores.
Hemos corregido muchos errores y omisiones en ambos programas, y vemos con suma preocupación el retraso cada vez más evidente de los tiempos señalados, para el cumplimiento del programa de reconstrucción de Tlatelolco. Retraso que hace temer que en muchos casos la reconstrucción se prolongue más allá de la presente administración, con los consecuentes riesgos para su culminación así como los problemas inherentes para los habitantes de dichos edificios.
Fundamentalmente los edificios de tipo C. Asimismo, la falta de supervisión por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, ha ocasionado un retraso muy importante de casi un año en el programa de reparaciones menores, con el encarecimiento de la obra y las molestias a los vecinos.
Reiteradamente hemos demandado de Sedue la corrección de estas anomalías, de modo que en el primer caso la reconstrucción ya no tenga más retrasos, que los presupuestos fluyan oportunamente y que haya una real coordinación entre Sedue y las compañías constructoras, respetando además los convenios de construcción signados por la Sedue con esta coordinadora y las mesas directivas de dichos edificios.
En el segundo caso, hemos solicitado reiteradamente la autorización de cuatro supervisores de obras para nuestra organización, los cuales brindarían sus servicios a la comunidad entera para garantizar realmente que se corrijan las obras defectuosas y que se reciban los edificios en buenas condiciones.
Su aprobación de los supervisores evitará muchos problemas a futuro. Sin embargo, en ningún caso hemos obtenido respuesta. Como consecuencia de las campañas de terrorismo sicológico que contra Tlatelolco emprendieron algunas autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología después del sismo, muchos residentes renunciaron a sus derechos a cambio de míseras indemnizaciones. Esto permitió que Sedue adquiera una bolsa alrededor de 3 mil departamentos, que son de su propiedad.
Hemos venido insistiendo desde hace muchos meses para que se cree un programa social de vivienda que permita que los inquilinos de siempre, los desdoblados, endosados y arrimados de Tlatelolco, tengan acceso a una vivienda digna aquí en su lugar de arraigo y lucha.
No solicitamos regalos, sino créditos que permitan la adquisición de departamentos con prioridad y dentro de un esquema social, no comercial o de lucro. Esto significaría destinar el 15% aproximadamente de esa bolsa de departamentos a este programa social, quedando Sedue en libertad de actuar con el 85% restante.
Hemos señalado que los créditos se obtendrían previo acuerdo de coordinación, vía Fovissste - Infonavit - Fonapo, sin violentar el régimen legal de dichas instituciones y dentro de una política de desarrollo social, la que el Estado no fomente artificialmente el enfrentamiento de los sectores que demandan vivienda, sino que por el contrario, al ampliarse los programas, todo, se brinden más y verdaderas oportunidades de adquisición de vivienda digna a cada vez más mexicanos.
Pese a lo razonable de nuestras demandas, no han encontrado una respuesta apropiada por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Esto no son todos nuestros problemas, aunque sí los más importantes.
Por último, la coordinadora de los cuartos de Tlatelolco, plantea: Por este conducto nos dirigimos a ustedes en estos momentos de la comparecencia ante esta Cámara de Diputados del señor Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, licenciado Manuel Camacho Solís, para que en esta tribuna se exponga lo siguiente: Las necesidades que aún tenemos los damnificados de los cuartos de azotea de Tlatelolco.
Hechos:
1. A raíz de los sismos de 1985 quedamos setecientas familias sin vivienda, de las cuales aún tenemos sin resolver trescientas veinticinco familias damnificadas.
2. En diversas reuniones que hemos sostenido con el licenciado Manuel Lozano, responsable de Sedue en atendernos por instrucciones del C. Secretario, le hemos planteado la atención del predio de Fresno 337 por parte de Fase II, el cual resolvería en gran parte nuestras necesidades de vivienda.
3. Recientemente se nos informó que quienes habitaban dicho campamento de damnificados, tienen una demanda de despojo debido a que los propietarios interpusieron una revocación de este predio y fue otorgada. Ante esto, tres solicitudes muy concretas:
1. El apoyo irrestricto de parte de ustedes, en este caso de la Cámara y del señor Secretario Camacho Solís para obtener dicho predio.
2. La inclusión de los damnificados de la coordinadora de cuartos de azotea de Tlatelolco, que quedaron fuera del Programa de Renovación Habitacional Popular al programa Fase II.
3. Reubicación de la fábrica contaminante "Indumex".
Seguros de contar con su valiosa intervención y apoyo, de la H. Cámara de Diputados y del señor Secretario, licenciado Manuel Camacho Solís, damos las gracias a la coordinadora de cuartos de Tlatelolco y a la coordinadora de residentes de Tlatelolco, miembros de la coordinadora única de damnificados.»
El C. Presidente: - Señor Secretario, ¿desea hacer usted uso de la palabra?
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: - Sí.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor licenciado Manuel Camacho Solís, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
El C. Secretario de desarrollo Urbano y Ecología: - Hemos escuchado con atención la posición del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Son tres los temas principales que han sido tratados: En primer lugar, lo relacionado con el problema ecológico y la ley que nos ocupa; en segundo lugar, el problema de Tlatelolco; y, en tercer lugar, el asunto de Laguna Verde.
Por lo que corresponde a sus comentarios, respecto a la ley y la política ecológica, yo encuentro que existe una posición ambigua en tanto que, por una parte, se cuestiona la fuerza de la ley, pero al mismo tiempo, se anticipan conflictos con los más diversos grupos de interés.
No es posible que una ley sea fuerte, que una ley deje de ser fuerte y que provoque todas estas resistencias. Pienso que, en efecto, se ha reconocido que estamos ante una iniciativa que representa un ordenamiento serio, que permite adoptar las decisiones necesarias, las más importantes, y que es por ello que se anticipan algunas resistencias de grupos de presión o de grupos de interés.
Hay algunas aseveraciones que me parece que debiéramos aclarar, no es éste el momento de entrar en una discusión ideológica para comparar los regímenes de economía planificada con los de economía mixta o los sistemas capitalistas; pero sí quisiera hacer una observación que es necesaria tomar en cuenta.
Generalmente se considera que son los países en vías de desarrollo quienes mayor contaminación provocan en el mundo. La realidad es que son las economías más desarrolladas las que más contaminan el ambiente mundial.
Tan sólo en lo que corresponde al uso de combustibles que son quemados, que es una de las principales fuentes o la principal de contaminación del aire y de contaminación de la atmósfera, el 50% de la contaminación mundial es generada por los Estados Unidos y la Unión Soviética en porcentajes prácticamente equivalentes.
De ahí que nos parece que aparte de las predilecciones que nosotros tengamos sobre los modelos de economía y vida política en el mundo, es necesario que reconozcamos que los problemas de la contaminación no sólo obedecen a la organización de las sociedades, sino que con mucha frecuencia tienen orígenes técnicos y, a veces, cuenta más el que exista una ciudad o una industria a cuál sea la forma de organización y el régimen de propiedad que prevalezca en esa sociedad.
Por otra parte, se duda de la voluntad política para llevar acciones ecológicas. A mí me parece que los datos que antes mencionaba, son muy ilustrativos, pasar de una inversión de 7 mil millones a 400 mil millones de un año a otro y lograr que la inmensa mayoría provengan de fuentes privadas, es una muestra de decisión política, pero desde luego también de eficacia en la concertación y de responsabilidad en la respuesta de los sectores que están cumpliendo con los compromisos que han adoptado para proteger el ambiente.
Se duda sobre la participación de la sociedad, tanto en la elaboración como en la aplicación de la ley. No creo que esta ley hubiera sido ya una iniciativa en este momento, si no hubiera sido porque se conjugaron tanto la conciencia y la participación de la sociedad, como la voluntad política del gobierno de la República. Si no hubiera esta conciencia, sería inimaginable que México tuviera en este momento la iniciativa de ley más avanzada en términos de derecho comparativo.
La sociedad ha participado de las más diversas maneras, han participado los medios de comunicación, han participado los miembros destacados de la comunidad científica, porque la ley se ha hecho apoyada en todos estos conocimientos y preocupaciones, pero aparte de ello, en el texto de la ley se da una gran importancia a la participación de la sociedad; existe un título especial en donde no sólo se recogen los mecanismos ya existentes dentro del Sistema Nacional de Planeación,
sino que se establece como forma obligatoria en muchos de los casos la concertación en detalle, no la concertación de intenciones. Se da gran importancia y se promueve a partir de la ley la participación de la comunidad en procesos de vigilancia e información y se establecen distintas instancias de consulta y de concertación para la mayor parte de las acciones que funda el nuevo cuerpo jurídico. Pero yo les haría una pregunta, señores diputados del Partido Revolucionario de los trabajadores: ¿No será suficiente, en términos de participación, con que sea esta representación política nacional la que discuta, analice y modifique en su caso la iniciativa?, ¿no es ésa la participación que corresponde a esta Cámara, la mejor manera y el mejor procedimiento de representar la voluntad de la sociedad?
Finalmente, en lo que corresponde a la ley, se plantea y se cuestiona la capacidad instrumental de la misma; si algo tiene esta iniciativa de ley general, es que prevé los obstáculos de la acción, y es que incluye la acción de los principales instrumentos, tanto de la política ecológica como de la política de desarrollo. Yo me preguntaría: ¿qué otros instrumentos ecológicos hay más importantes que los que recoge la ley, el ordenamiento del territorio, la evaluación del impacto ambiental, las normas técnicas? ¿Qué otros instrumentos más eficaces tienen el Estado y la sociedad mexicana en términos de instrumentos generales, que los que pasan a ser parte del cuerpo de la ley? Es decir, a política fiscal, el manejo del crédito, manejo de los permisos, las concesiones y las autorizaciones.
No sólo estamos ante una ley que fortalece instrumentos, sino que estamos ante una ley que recoge los instrumentos fundamentales del Estado mexicano para conducir el desarrollo, los hace suyos y de esta manera, lo que era una política lateral marginal, pasa a formar parte de la estrategia general de desarrollo.
Los instrumentos de la ley están en el centro de los instrumentos del Estado, y están en el centro de los instrumentos que tiene la sociedad para promover estas acciones tan decisivas.
Quisiera también hacer un comentario sobre Tlatelolco. Todos los que estamos aquí presentes, hemos sido testigos de cómo se hizo la reconstrucción de la vivienda en la ciudad de México. Los tlatelolcas lo saben, que si algo ha habido, es diálogo y concertación con todas las corrientes políticas, incluso las claramente minoritarias.
No hubiera sido posible - y ustedes lo saben - que las familias abandonaran sus departamentos sin una absoluta aceptación de las decisiones que emprendería el gobierno.
El gobierno ha respetado los derechos de los tlatelolcas, ha procurado responder con la mayor efectividad y ha hecho un gran esfuerzo para destinar los recursos necesarios que le permitan cumplir con sus metas. Si algo ha habido en Tlatelolco, es actitud democrática y diálogo, y no hay nadie que pueda decir lo contrario. (Aplausos.) (Voces en galerías.)
El C. Presidente: - Comunico a las galerías que en términos reglamentarios, para poder permanecer en ellas, deben de guardar silencio y compostura. Prosiga, señor Secretario.
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología - Diálogo y concertación ha habido en Tlatelolco y todo el mundo lo sabe. Vayamos al problema de la eficiencia en la reconstrucción de Tlatelolco.
En lo que toca a la reconstrucción, también todos sabemos que se trata de obras muy difíciles; estamos hablando de uno de los suelos menos convenientes de todo el Valle de México; estamos hablando de edificios que se construyeron ya hace mucho tiempo, con la visión que existía en ese momento en todos los países del mundo, de hacer grandes conjuntos centralizados: son las mismas redes de electricidad, los mismos drenajes los que convergen y se unifican en sistemas centralizados.
Operar en suelos así, con estructuras de esta naturaleza, es muy complicado, pero además de ello, se trata de edificios generalmente altos que requieren de un gran conocimiento técnico, las decisiones que lleven a garantizar la seguridad de los mismos, y el criterio que ha regido y regirá las decisiones del gobierno en Tlatelolco, será, antes que cualquier otra cosa, garantizar los más altos niveles de seguridad; no vamos a sacrificarlos ni por presiones ni por planteamientos críticos, ni por ningún otro motivo; la responsabilidad de todos es garantizar en la medida de lo que es humanamente posible la seguridad de sus edificios.
Pero además de ello, el gobierno, hace menos de dos meses, dio cuenta de las metas y los tiempos de la reconstrucción de Tlatelolco, y esas metas y esos tiempos van a cumplirse al pie de la letra; es decir, que esta administración terminará con todas las obras de reconstrucción mayor de Tlatelolco.
Este, señores, no es un esfuerzo fácil. Las inversiones que está absorbiendo la reconstrucción de Tlatelolco van a representar más de 200 mil millones de pesos. Si tuviéramos que volver a
comenzar desde el punto de vista económico, la solución más conveniente habría sido reconstruir en otra parte, pero el gobierno ha sido respetuoso del arraigo de la población de Tlatelolco y ha cumplido fielmente sus compromisos legales, ha cumplido fielmente con cada uno de los convenios que ha signado.
Con los recursos de Tlatelolco, que fundamentalmente están dedicados para reestructurar las viviendas de 5 mil familias, podríamos llevar a cabo otro programa del tamaño del Programa de Renovación Habitacional Popular, de tal manera que en una situación donde la población de Tlatelolco ni siquiera pagó la parte correspondiente de los descuentos de los seguros que son parte de cualquier operación comercial, sino que las obras se hacen con un 100% de recursos fiscales, me parece que lo único que no es legítimo decir, es que frente a Tlatelolco hay injusticias. El gobierno cumplirá con todos sus compromisos, terminaremos a tiempo; es decir, dentro de los tiempos de esta administración, haremos el trabajo con el apoyo de los mejores técnicos que tiene el país y mantendremos el diálogo, mantendremos la concertación como guía fundamental de las acciones públicas.
Hay preocupación sobre los ritmos de algunos edificios, puede haber algunos retrasos respecto de algunas metas, pero el compromiso firme es terminar en los tiempos de esta administración y todos ustedes y nosotros estaremos pendientes de que así sea.
Junto a los problemas de la reconstrucción de Tlatelolco hay un asunto adicional, el problema de la bolsa de vivienda. Existen un número de departamentos no ocupados en Tlatelolco, ése es el único punto o el punto fundamental que motiva el texto que fue leído ante esta representación, y frente a ello yo quisiera aclarar que esos departamentos los necesitamos para cubrir parte del financiamiento que se requiere para terminar las obras de reconstrucción.
Si el gobierno estuviera en posibilidad de subsidiar los créditos, lo haríamos, pero nuestro primer compromiso es cumplir con nuestras obligaciones legales y cumplir con el programa de reconstrucción de Tlatelolco; de tal manera que no es posible que familias que no resultaron damnificadas, reciban en este momento este beneficio, porque ello impediría cumplir con las metas de la reconstrucción.
Por otra parte, me parece que desde el punto de vista social, todos los aquí presentes estaríamos de acuerdo en que antes de pensar en que una familia que ya tiene un departamento, pueda acceder a uno de mayor dimensión. Es preferible que resolvamos en forma definitiva el problema de las últimas familias que todavía no tienen resuelto su problema de vivienda y que resultaron afectadas por los terremotos de 1985. De tal manera que frente a este problema, nosotros seguiremos insistiendo en que antes de beneficiar a otros sectores y antes de ir en contra de los principios y los ordenamientos institucionales de cada uno de los organismos de vivienda, nuestra responsabilidad es cumplir con los damnificados y respetar las vías que ha establecido la ley para la promoción de la vivienda.
En Tlatelolco hemos cumplido, hemos cumplido con seriedad y estoy seguro que con la participación de los tlatelolcas, como ha ocurrido, cumpliremos a tiempo y cumpliremos con cada uno de los compromisos que hemos establecido conjuntamente...
(Interrupción en las galerías.)
El C. Presidente: - Señores de las galerías, esta presidencia insiste que los participantes de las galerías no tienen posibilidad alguna de participar en el debate. Prosiga, señor Secretario.
(Interrupción en galerías.)
El C. Presidente: - Se apercibe para desalojar a quien interrumpa una vez más el desarrollo de esta sesión. Prosiga, señor Secretario. (Aplausos.)
El C. Secretario de Desarrollo urbano y Ecología: - Bueno, creo que sería muy conveniente que una comisión pluripartidista pudiera, la próxima semana, conocer en detalle los avances del programa de reconstrucción de Tlatelolco y visitar las obras, para dar cuenta de cuáles son los avances y para que, si así lo desea, esté pendiente mes a mes de cumplir con lo que a ellos les toca, para que nosotros también podamos cumplir con lo que a nosotros nos corresponde. Estamos en la mejor disposición. (Aplausos.)
El asunto de Laguna Verde fue exhaustivamente tratado durante la comparecencia del señor director de la Comisión Federal de Electricidad, ingeniero Fernando Hiriart.
De acuerdo con la ley, con la Ley Reglamentaria en la materia, del artículo 27 constitucional, las decisiones fundamentales corresponden a la Semip y a la Comisión Nacional de seguridad Nuclear y sus Salvaguardas.
En la iniciativa de ley que ha sido enviada por el Ejecutivo, y que es el tema fundamental de esta comparecencia, se establece que la Semip y la Concenusa, cuidarán que las actividades relacionadas con la industria nuclear se lleven a cabo en apego a normas de seguridad nuclear radiológica y física de las instalaciones nucleares o radiactivas, de manera que se eviten riesgos y se asegure la preservación del equilibrio ecológico correspondiendo a la Sedue, realizar la evaluación del impacto ambiental. Es decir, que en lo que toca a la evaluación del impacto ambiental y que también es un aspecto fundamental del proyecto de Laguna Verde, quisiéramos proponer que en vez de entrar en una discusión amplia, en una discusión repetitiva sobre los aspectos energéticos, sobre los aspectos de seguridad y sobre un conjunto de asuntos que fueron expuestos exhaustivamente por el señor director de la Comisión Federal de Electricidad, les diéramos cuenta a ustedes, de cuál es la situación del estudio de impacto ambiental.
La evaluación de impacto ambiental de Laguna Verde, es uno de los trabajos más serios que se han hecho en el país. Pero nos parece que sería muy conveniente que la sociedad conociera, en detalle, esta evaluación, de tal manera que estamos proponiendo a ustedes que en fecha próxima podamos presentar con todo detalle, las conclusiones del estudio de impacto ambiental y para ello solicitaríamos la participación de cinco investigadores de amplio reconocimiento por la comunidad científica, para que ellos pudieran con todo detalle, revisar el expediente de impacto ambiental y en contacto directo con las fuerzas políticas aquí representadas, contribuir a la difusión y a informar en forma seria y responsable a la sociedad, de cuáles son los resultados, cuáles son las conclusiones y cuáles son los análisis que están contenidos en los diversos volúmenes de la evaluación de impacto ambiental de Laguna Verde.
Estamos en la mejor disposición de que estos investigadores hagan su trabajo sin ninguna predilección, respecto a sus posiciones políticas, con pleno respeto a cualquiera que fueran éstas, de tal manera que lo que establezcamos sea un diálogo serio, responsable, y que este diálogo sea un elemento adicional de información a la comunidad.
No ha habido en ningún momento, deseo de ocultar información respecto a Laguna Verde. Se ha procurado informar a la sociedad. Estamos conscientes de que es un tema difícil, es un tema complejo. Pero la decisión del gobierno en éste, como en todos los campos, será seguir manteniendo el diálogo e informar de la mejor manera posible, a la comunidad.
Señores diputados, señor diputado José Luis Díaz Moll, coincido con el diagnóstico que hace usted sobre algunos de los problemas ecológicos del país. Sobre los problemas. Pero no he encontrado en la intervención que usted hizo, ninguna contribución al perfeccionamiento de la iniciativa de ley, ni ninguna sugerencia sobre cómo pudieran enfrentarse de manera más eficaz, los problemas que usted menciona. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Nabor Camacho Nava, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El C. Nabor Camacho Nava: - Ciudadano diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados; señor licenciado Manuel Camacho Solís, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: La preocupación fundamental de nuestro partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, en su nueva era de lucha cívica e insurgente, radica específicamente en la destrucción de nuestro hábitat.
Vemos en la nueva ley que habremos de debatir, a la que seguramente habremos de adicionar en algunas partes, que en nuestra iniciativa presentada ante esta soberanía en los primeros días de octubre, va incluida nuestra preocupación en la nueva ley. Esto no quiere decir que el Ejecutivo de la nación nos la copió, no, no es así, creo que existía ya la preocupación sobre el mismo tenor, el hecho es que va incluida y ello, desde luego, nos satisface.
Observamos que la nueva ley tiende a ser más preventiva que represiva; esto, como en el ejercicio de la medicina, señor licenciado, la medicina del futuro será preventiva. Esto es una nueva tónica que obtendrá sin duda excelentes resultados si se aplica convenientemente.
Hemos recorrido la República mexicana y nuestro partido está de acuerdo, en relación con los bosques maderables, en que se lleve a efecto una explotación racional; hemos visitado viveros, algunos quizá usted no los conozca, porque no es de su competencia, como el vivero forestal la selva de Huayacocotla, Veracruz, a donde se está efectuando, en efecto, una explotación racional, pero se está repoblando acuciosamente la superficie aprovechable; sin embargo, sugerimos como una aportación a la nueva ley, una perfecta supervisión y extrema vigilancia que incluya como integrantes del grupo de vigilancia a los dueños de los bosques, ejidatarios y comuneros, que no queden fuera de esta área de influencia.
Convendría también que se aumentaran viveros a nivel nacional, con asesoramiento técnico adecuado y este asesoramiento debe ir dirigido, señor Secretario, a escolares y campesinos para repoblar las superficies devastadas.
¿A cargo de quién deberá ser este asesoramiento? A cargo de ingenieros agrónomos que en este momento solamente están tranquilamente sentados en los escritorios de la SARH. Saquémoslos a que produzcan algo en beneficio de la nación.
Si pedimos anticipadamente, medidas drásticas en contra de contaminadores, trátese de Petróleos Mexicanos, Fertimex, ingenios, fábricas, jugueras u hoteles que derivan sus aguas negras directamente al mar o a los ríos, no debemos olvidar que es más importante la salud de los mexicanos, señor Secretario, que lo jugoso de las multas que ustedes pudieran cobrar.
En este momento, en nuestra visita por la República, pudimos comprobar a través de ella, que existe una grave contaminación en las ciudades, en los ríos, algunos ríos, inclusive declarados ecológicamente muertos por ustedes mismos, como el río Cazones, a donde hace muy pocos años se podían pescar sábalos extraordinariamente grandes, y a donde en este momento no hay fauna ya en el río Cazones, que pasa a un costado de la ciudad de Poza Rica.
No quiero ahondar porque no es la oportunidad ni el momento, en los derrames de hidrocarburos a causa de la imprevisión, a causa de imponderables, o como probable sabotaje que la Procuraduría General de la República, en un momento y ante el responsable directo. Sí, en cambio, quiero hacer conocer a usted y a esta honorable soberanía, que nuestro modesto equipo de asesores y colaboradores cambiaron impresiones ya con perforadores, con integrantes de las tripulaciones del último pozo descontrolado, el Yum II, y que sabemos ahora exactamente cuáles fueron las causas de ese descontrol. Cabría, pues, sólo mencionarlo; lo ahondaré, repito, ante el responsable directo, pero además con una condición que en su momento esta soberanía tendrá que enterarse.
Señor Secretario, hemos cambiado impresiones con algunos funcionarios de la Sedue en algunos estados de la República, y nos han informado que si no existe mayor y mejor vigilancia y supervisión, ello se debe a que no hay presupuesto suficiente. Veracruz, por ejemplo, tiene un delegado de la Sedue y tres inspectores para norte, centro y sur. Esto, señor, es completamente insuficiente, completamente insuficiente porque son 700 kilómetros de playas, de costa, que requieren de mayor vigilancia.
Podría abundar en que las playas se encuentran con una gran cantidad de grumos de chapo endurecido, cuyas muestras traje hace algunos días a esta tribuna; era chapo real de la playa, con fragmentos de concha y arena, no fue fragmentos de chapo que yo hubiera levantado aquí en la calle, para demostrar que existe una muy grave contaminación.
Nuestra preocupación radica entonces, y no queremos estar en el lugar de usted, en que si habrá o no presupuesto para ampliar esta supervisión y esta vigilancia, y si no hay presupuesto, señor Secretario, ¿qué va a hacer usted?
Por otra parte, en el supuesto de que usted no sea ratificado en el próximo sexenio en el lugar que en este momento ocupa, pregunto, la persona que lo releve en tan importante lugar, ¿continuará con las acciones defensivas de la ecología, o retrocederemos a prácticas viciadas?
En cuanto a la figura de denuncia popular a que invita la nueva ley me pregunto: ¿No habrá represalia contra quien haga una denuncia? Lo comento porque conozco muy bien a un diputado que aquí hizo una denuncia por devastación de bosques, con permisos oficiales de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con permisos recientes y quiero que sepa usted, como mera anécdota, que hasta la curul de ese diputado un alto funcionario de esa Secretaría se llegó para amenazar furibundamente al representante popular, y si no pasó un desastre que a punto estuvo, porque el diputado no es ningún dejado, fue porque los compañeros detuvieron al diputado, pero le hubiese sacudido el ánimo al funcionario prepotente que por aquí estuvo.
Esa es mi preocupación. ¿No habrá represalias contra quien haga una denuncia?
Y luego, pues si esto acontece con un representante popular, que ostenta fuero, ¿qué no pasará a un campesino que se atreva a hacer una denuncia o a un obrero? Ojalá que la nueva ley finalmente, no sea letra muerta, que no lo sea porque la ley vigente en este momento, a mi juicio, es buena, podría perfeccionarse, seguramente que la vamos a perfeccionar todos los integrantes de esta Legislatura, no se aplicó en su totalidad. Urge, compañeros diputados, la recuperación de nuestro hábitat, urge porque la preservación de la salud del pueblo de México es prioritaria.
México, nosotros los mexicanos, somos un pueblo adulto que merece respeto, los representantes populares aquí presentes estamos precisamente para defender los derechos del pueblo de México, y ahora una sugerencia, yo no soy quien va a ordenar lo que en la Secretaría a su cargo se debe hacer, pero sí me voy a atrever a sugerir, haciendo recordatorios que en el año de 1982, nuestro actual Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, ordenó la transferencia de 1 mil 500 guardabosques hacia la Sedue. Estuvimos en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y nos dijeron que no podían absorberlos, porque ustedes no tenían capacidad. A mí me extraño esta respuesta de estas gentes, preferimos dejar por la paz el problema, ya que no avanzaba hacia ninguna solución.
Yo siento muy difícil, cómo es que no puedan caber en la misma casa, porque precisamente es la misma casa, y las funciones de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos tienen que conjugarse con las funciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. El hecho es que hasta donde yo sé, los 1 mil 500 guardabosques permanecen tranquilamente sentados en los escritorios de la SARH, sin rendir frutos positivos a la nación. Esto yo se lo sugiero, usted sabrá si acepta la modesta sugerencia.
Y no me extiendo más, soy breve para que usted tenga la oportunidad de aclararnos muchas cosas que desconocemos y que nos diga cómo y en qué forma se va a actuar en los interrogantes que aquí he puesto ante esta soberanía.
Por la bondad de su atención a la honorable soberanía, a usted señor Secretario, muchas gracias.
El C. Presidente: - ¿Desea usted, señor Secretario, hacer uso de la palabra?
Tiene la palabra el señor Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: - Son tres los temas fundamentales que usted trató, señor diputado Nabor Camacho Nava.
El problema de la participación de la comunidad en las zonas forestales, en las selvas y en las reservas naturales, el de la aplicación de la ley y el de la institucionalización de la política ecológica.
En lo que toca a la participación de la comunidad, la iniciativa de ley contiene un enfoque que es diferente al de las leyes correspondientes que existen en los países desarrollados y en un buen número de países en vías de desarrollo.
Para nosotros, las áreas naturales no pueden ser exclusivamente áreas protegidas para defender los ecosistemas, y para defender el patrimonio genético de la nación.
Para nosotros, los recursos naturales y las áreas protegidas, como establece la ley, tienen que contemplar siempre el problema social. Y eso implica que es indispensable, como se establece, que participe la comunidad en cada una de las fases de establecimiento, de reservas o de ordenamiento de zonas forestales o selváticas. Esta es una innovación en términos de derecho comparado, que responde plenamente a lo que se requiere llevar a cabo en esta realidad.
No sería posible defender esos recursos naturales sin una participación y vigilancia de la comunidad. ¿Cómo podríamos pedirle a los campesinos de las regiones selváticas, que modificaran sus prácticas de rosa, tumba y quema, si no somos capaces entre todos de generar nuevos proyectos de agricultura tropical?
Esos son los problemas de fondo en la protección de los recursos y, por lo que aquí se apreció, hay una plena coincidencia respecto al papel que juega la participación de la comunidad como condición indispensable de protección y a la vez de desarrollo.
En lo que corresponde a la aplicación de la ley, hace usted referencia a los problemas que ha tenido para su aplicación la ley vigente. Y tiene usted razón. Era muy difícil cumplir la ley y cuando los artículos de la misma establecían prohibiciones absolutas sin establecer los cómos, ni crear los instrumentos de la solución. Y es que, en efecto, la salud es más importante que las multas. Y, en efecto, no se pueden reordenar las actividades que generan la contaminación sólo con clausuras o con multas.
Es por ello, que en el cuerpo de la ley cobra una importancia decisiva el establecimiento de los instrumentos que permitan llevar a cabo las acciones y la concertación con la propia sociedad. Esa es la práctica que se ha llevado a cabo y ésa es la práctica que han dado los resultados de los cuales hemos dado cuenta. Y esto está íntimamente ligado con el problema del presupuesto.
El enfoque también había sido inapropiado. No se pueden resolver los problemas de contaminación del país con recursos fiscales. Estos, siempre serán insuficientes. De ahí que se ha replanteado que el gobierno de la República ha hecho un replanteamiento fundamental de la estrategia de financiamiento de las acciones de protección ecológica.
Si nos hubiéramos limitado a utilizar recursos fiscales, en efecto, tendríamos severas restricciones. Pero en la medida en que se pudieron identificar nuevas fuentes de financiamiento, sobre todo, a través del aprovechamiento del crédito, en esa medida se han podido ampliar significativamente las acciones de protección ecológica.
Insisto, que en cada uno de los campos de protección ecológica es notable el crecimiento de las inversiones que se han realizado de 1986 a 1987.
No sólo creo que sea importante, sino que me atrevería a decir que no existe otro país que en un plazo tan corto haya podido incrementar sus inversiones de protección ecológica, como lo ha hecho México en el plazo correspondiente.
Y esto, sobre todo, tomando en cuenta la situación económica general, es decir, que si lo que quisiéramos fuera únicamente fincar nuestras acciones en el gasto público, estaríamos permanentemente limitados y la acción sería completamente marginal; pero, concentrando recursos, poniendo en movimiento la capacidad que tiene el sector privado de ahorro, poniendo en movimiento la iniciativa y la capacidad de los gobiernos estatales y municipales, se han podido multiplicar en forma muy significativa las inversiones de protección de la ecología.
Pasar de los 7 mil millones a los 400 mil y tener ya convenidos casi otros 400 mil millones en el término de 1986 - 1987, representa la prueba más completa de que el camino para resolver los problemas es precisamente conjugando nuevos enfoques financieros que permitan hacer frente a las nuevas condiciones; pero al mismo tiempo, resolver los problemas que nos proponemos.
Su preocupación sobre la institucionalización de la política ecológica y de la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología es una preocupación que, desde luego, compartimos.
En la medida en que contemos precisamente con esta Ley de Equilibrio y la Protección al Ambiente, con los reglamentos que de ella se derivan y que pensamos dejar listos en plazos muy cortos; en la medida en que tenemos resueltos los problemas de financiamiento de mediano plazo de las principales acciones ecológicas; en la medida en que sean formados y se seguirán formando cuadros calificados para hacer frente a estas necesidades, y en la medida en que la participación de la sociedad, sabemos, será vigilante y exigente, estamos totalmente seguros de que la decisión política del Presidente de la República, de dar cuerpo, de dar fuerza a una política de protección de recursos naturales y de defensa de la ecología, será una de las principales herencias de esta administración al futuro del país. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la diputada Gabriela Guerrero Oliveros.
La C. Gabriela Guerrero Oliveros: - Señor presidente; licenciado Manuel Camacho Solís, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología; señoras y señores diputados: Aun cuando este debate se inicie con más de diez años de retraso, el hecho de que el Ejecutivo de la Unión haya enviado a esta Cámara, para su estudio y dictamen, una iniciativa reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, constituye un hecho de trascendencia tal, que de no haberse presentado ahora, los daños que en muchos, los ámbitos del entorno ecológico indispensable para la vida humana, animal y vegetal, constituido por el suelo, los cuerpos de agua y el aire, habrían llegado a ser irreversibles, convirtiendo en páramo regiones enteras del país que ahora todavía presentan posibilidades de fecundar, cobijar y preservar la vida en sus múltiples y diversas formas.
En contraposición a cuantos pretenden hacer creer que el problema de la degradación del medio ambiente natural que padecemos, ya en grado alarmante, constituye un fenómeno inherente al desarrollo industrial al que México se ha incorporado y que por otra parte es responsabilidad de todos, el haber arribado a esos límites de evolución ambiental, el Partido Popular Socialista ha considerado siempre que este grave problema es producto de la voracidad sin límite de quienes han explotado para su beneficio todos nuestros recursos naturales y de la irrefrenable ambición de riqueza de los empresarios que, al desarrollar sus plantas industriales, nunca se detuvieron a pensar en los daños que causaban, y menos aún en impedirlos con inversiones que pudieran mermar sus utilidades.
Los daños causados al entorno ecológico - natural en nuestro territorio y en toda América Latina, empezaron a producirse de manera intensa, aun cuando todavía no alarmante, en el primer tercio de este nuestro siglo, durante el período de desbocada invasión masiva del capital extranjero, a través de monopolios, "trusts" y consorcios
internacionales que ilimitadamente, sin control técnico alguno, saquearon nuestro suelo, nuestro subsuelo, talaron nuestros bosques y destruyeron nuestras selvas tropicales al amparo de leoninas concesiones que no les ponían obstáculo alguno para alcanzar su objetivo.
Después, concluida la II Guerra Mundial, sin leyes que pudieran impedirlo y contando con la complicidad de empresarios mexicanos, que no supieron serlo y que prestaron sus nombres, para que los monopolios extranjeros lograran su devastadora meta, éstos cubrieron nuestro territorio de factorías, particularmente en las grandes capitales y en los puertos de nuestro país, los mercados naturales de consumo, iniciándose la etapa de la matrocefalia desmedida y el irrefrenable éxodo de los trabajadores del campo hacia las grandes ciudades, impulsando desmesuradamente una explosiva utilización de vehículos automotores que contaminaron la atmósfera de las grandes ciudades hasta hacerla prácticamente irrespirable; pero eso sí, produciendo enormes utilidades a los monopolios que los fabricaban, mismos que nunca se preocuparon ni se han preocupado lo bastante como para disminuir esos riesgos y originando, además, los terribles cinturones de miseria que tardaremos mucho tiempo en liquidar.
Finalmente, y sin que se pusiera reparo en el enorme daño que se estaba causando al delicado equilibrio de los ríos, de las lagunas, de los mares, del suelo y de los bosques y de todas las especies de seres vivos que en ellos se desarrollan, así como las riquezas arquitectónicas de todas nuestras ciudades, a partir de los años setentas, se entró al período mundial y México lo hizo al mismo tiempo que los demás países, aun cuando con todas las enormes desventajas de una economía dependiente, del brusco incremento del usufructo intensivo y extensivo del potencial de sus recursos naturales, bajo la influencia de la revolución científico - técnica y los avances sustanciales de la economía mundial.
Debe saludarse entonces, la preocupación aun cuando relativamente tardía, del Ejecutivo y de todas las fuerzas del país, por legislar en esta materia, para tratar de detener ese proceso destructivo que de nuestras fundamentales riquezas hace el profundo daño ecológico, originado por quienes anteponiendo sus intereses económicos a los de la colectividad, nada previeron y por quienes todavía se resisten a repararlo. Así lo considera el Partido Popular Socialista, toda vez que si en el pasado las alteraciones del equilibrio ecológico tenían carácter local, en la actualidad han cobrado dimensión de crisis regionales y globales.
Es por ello que es necesario que el pueblo de México advierta con claridad, que en la solución de estos problemas, como en todos los otros de tipo social, el mayor obstáculo lo presentan los grupos económicamente fuertes que se resisten a aceptar que se aplique cualquier medida que pueda disminuir, aunque sea en parte, las enormes utilidades que obtienen en sus negocios de carácter privado, aun cuando vaya en ello la salud y el bienestar de las grandes mayorías desprotegidas.
Ahora mismo, cuando los habitantes de la capital de la República nos vemos obligados a padecer las consecuencias de la ya muy conocida inversión térmica, que se produce de manera creciente en los últimos días de cada año y cuando se ha planteado la necesidad de que para disminuirla se cierre al tránsito vehicular el primer cuadro de la ciudad, y se retiren de la circulación una vez a la semana la quinta parte de los tres millones de vehículos que circulan en ella, con los consecuentes alivios en cuanto a contaminación y tránsito que estas medidas traerían consigo para todos los habitantes de la ciudad, éstas, no se pueden aplicar porque pesó más la protesta de los comerciantes y de los propietarios de automóviles, que no están dispuestos a prescindir de ellos, ni siquiera por una vez a la semana, es más, los periódicos de hoy por la mañana, publican en grandes desplegados las exigencias de los empresarios del sector privado, demandando se les entreguen todas las empresas estatales para reprivatizar la economía, cuando son ellos los que durante decenios fueron los únicos que explotaron nuestros recursos y manejaron todos los negocios, acumulando inmensas fortunas, sin importarles el daño que hacían a nuestros campos, a nuestras ciudades, a nuestros ríos, a nuestros lagos, a nuestros bosques, a nuestros mares, particularmente, después de los años cincuentas, en la etapa de Miguel Alemán, cuando inician con su irrefrenable voracidad y torpe imprevisión, la agudización de los problemas ecológicos provocados por la generación de la industrialización y la expansión del capital monopolista internacional, el que nunca ha mostrado interés por utilizar eficaz y racionalmente el potencial de recursos de la naturaleza, ni valorar la creciente significación ecológica de todos los componentes del medio natural.
Por el contrario, sólo les ha preocupado dilapidar y explotar rapazmente al país y todavía con esta amarga experiencia, este sector se atreve a demandar que se le dejen manos libres para explotar todas las empresas nacionales.
Para su defensa, estos empresarios de la cúpula podrían alegar que las empresas estatales como Petróleos Mexicanos, también tienen seria
responsabilidad en la contaminación del ambiente, y en verdad la tienen. Pero vale la pena pensar en la enorme resistencia que presentarían estos empresarios privados, por ejemplo, si Petróleos Mexicanos estuviera en sus manos y se les obligara a hacer los gastos que Pemex para reducir en todo lo posible su impacto ecológico.
Como lo han hecho toda la vida y como lo hacen ahora con sus empresas privadas, derramarían enormes sumas de dinero para corromper a los funcionarios, en lugar de adoptar medida alguna para resolver adecuadamente el problema, sin importantes que con ello se dañaran la comunidad humana y a la naturaleza.
Sin embargo, no sólo de este sector es la responsabilidad, también lo es de muchas de las autoridades que no lograron reparar en que el salto industrial de los años setentas, del que sólo advertían su constante crecimiento, fue acompañado del sucesivo aumento de la influencia negativa de la producción sobre el entorno ecológico, de tal manera, que la polución industrial de la atmósfera, la hidrósfera y el suelo, se intensificó considerablemente.
Las deficiencias de ubicación, la concentración de la producción en las grandes ciudades, el extraordinario aumento de su número y la lejanía entre las empresas y sus bases de materias primas, crearon nuevos problemas y agudizaron los ya existentes, relacionados con la degradación del medio ambiente en amplias regiones de nuestro país. En este aspecto, el Estado tiene una seria responsabilidad por su retraso en el empleo de la planeación en el desarrollo nacional.
Y es necesario decirlo así, señor Secretario, ahora que México está por decidir el rumbo que debe tomar para los próximos años, que no se puede caer en la trampa de que para nuestro desarrollo económico es altamente prioritaria la participación del capital y los grandes monopolios extranjeros, porque sólo en lo que se refiere al problema que nos ocupa, se puede advertir con toda claridad, que en todo este proceso de deterioro ecológico, han jugado y juegan un papel decisivo, las grandes empresas filiales, de las grandes corporaciones transnacionales, cuya presencia ha impedido el surgimiento planificado de una verdadera industria nacional y su actividad está orientada a intensificar la explotación de los ecosistemas de las diferentes regiones del país, haciendo que aumenten las desproporciones territoriales y estructurales de la economía.
A pesar de todo, con esta valiosa iniciativa de ley, que en pocos días empezaremos a discutir, se prueba que el gobierno de México, conscientemente pasó de preocuparse primero y constatar después la gravedad del problema ecológico a las medidas prácticas, reconociendo toda la seriedad de la crisis ecológica y la necesidad de tenerla en cuenta para la estrategia del desarrollo socioeconómico y la elaboración de un tipo nuevo de usufructo de la naturaleza. En ello radica, a juicio del Partido Popular Socialista, la trascendencia de la iniciativa de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que se ha puesto a la consideración de esta soberanía.
Con esta iniciativa de ley que fija en seis títulos la decisión de hacer de la protección del equilibrio ecológico y el ambiente, principio y norma esencial de una amplia política de desarrollo, que garantice una vida fecunda para ésta y las nuevas generaciones de mexicanos, el Partido Popular Socialista que oportunamente propuso en diferentes foros, se elevara a rango constitucional el derecho del pueblo mexicano, a la conservación de su entorno ecológico, no sólo considera que viene a cumplirse con esta aspiración, sino que ve en ella el reconocimiento de la obligación del Estado, de llevar a cabo las acciones necesarias para proteger y aun acrecentar nuestros recursos naturales que pertenecen originariamente a la nación.
Esta valiosa iniciativa de ley, piensa el Partido Popular Socialista, puede constituir una base jurídica más, para regular la utilización racional de las riquezas naturales, reducir las consecuencias negativas del progreso científico técnico en la producción industrial y agropecuaria, iniciar el proceso de potenciamiento de nuevas tierras, y también reorientar la industrialización y la urbanización hipertrofiadas.
Así, de ahora en adelante, las medidas derivadas o propiciadas por esta iniciativa de ley o por otras leyes, para explotar, proteger y utilizar racionalmente los recursos naturales, renovables y no renovables, así como el patrimonio genético de nuestro país, no pueden ya dejar de incluirse en los planes regionales y nacionales del desarrollo socioeconómico del país, como una de las orientaciones obligadas de la política estatal.
Con ello, el gobierno de México debe abandonar ya y de manera definitiva, las tesis teóricas y los planteamientos prácticos, en los que se ignoraban por completo la necesidad de proteger el medio ambiente y la naturaleza como elementos de producción, o bien no se tenía en cuenta en absoluto o se le consideraba como objeto de trabajo gratuito que se autorreproduce.
Semejante planteamiento era propalado interesadamente por los teóricos de los monopolios y empresas trasnacionales, que procuraban extraer al menor costo y con la menor responsabilidad, la mayor cantidad posible de las riquezas naturales del país.
El Partido Popular Socialista desea advertir con satisfacción, que esta iniciativa de ley propuesta por el Ejecutivo, elaborada en base a una sólida estructura científica propia, debe, sin embargo, pasar por encima de la resistencia de fuerzas interesadas, particularmente del sector privado y propiciar con los mejores técnicos y científicos mexicanos, la elaboración de toda una teoría y una metodología ecológica propia, alejándose de la influencia de los estereotipos elaborados en los países industrializados, que son producto de experiencias diferentes. Asimismo, debe abrir los caminos para superar los defectos y descuidos que se han producido al poner los intereses particulares por encima de los colectivos, en cuando se trata de la determinación de los métodos y la aplicación de las más necesarias medidas para llevar adelante la política de protección de la naturaleza y en cuanto se refiere a la recolección y procesamiento de la información estadística y la realización de estudios ecológicos.
Sin embargo, señor Secretario, el Partido Popular Socialista considera que esta iniciativa de ley que ahora se pone a la consideración de esta Asamblea, habrá de ser seguramente, una de las más activas y por lo tanto, se debe prever desde ahora, que será una de las que requieran más pronta y expeditas modificaciones, ya que la aprobará esta Cámara en el mismo momento en que la humanidad se ubique en el umbral de los más radicales y enérgicos cambios científico - técnicos, que empleados por los países capitalistas industrializados y por aquellos que como México dependen de manera determinante económica y tecnológicamente, de ello, constituirán fuente permanente de trastornos ecológicos, mismos que podrán ser rápidamente previstos y controlados, no sólo por la propia dialéctica de la vida que puede eliminarlos mediante los logros mismos de la ciencia y la técnica, sino en función de los intereses del pueblo y de la nación, y con una legislación altamente dinámica sobre la base de un artículo 27 constitucional y de una ley como la que ahora nos ocupa, que permite evitar su obsolescencia en breve plazo y ponerla al orden del día de los cambios científicos, en el momento mismo que el desarrollo sano de México así lo requiera.
En cuanto al último párrafo de mi intervención, ¿no lo considera usted también así, señor Secretario? Muchas gracias.
El C. Presidente: - Señor Secretario, ¿desea usted hacer uso de la palabra? Tiene usted el uso de la palabra.
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: - Sí, lo considero así, diputada Gabriela Guerrero.
Hay una exposición, una reflexión general sobre el proceso de desarrollo del país en las últimas décadas y sobre cómo este desarrollo ha incidido desfavorablemente tanto en la calidad del ambiente como en los recursos naturales.
Son tres los elementos fundamentales que han sido mencionados: por una parte, el desarrollo industrial; por otra parte, la urbanización y concentración y por otra, también, es importante reconocer al crecimiento de la población. Es decir, que prácticamente en cuatro o cinco décadas, hemos tenido en el país el equivalente a tres o cuatro revoluciones, porque los impactos que ha tenido el desarrollo industrial sobre los recursos, sobre la sociedad, sobre la organización del país; el impacto que ha tenido la velocidad del crecimiento de las ciudades y la concentración de la población; el impacto del crecimiento de la población y el impacto de la aplicación de nuevas tecnologías, han venido a transformar radicalmente muchas de las condiciones del potencial y de las posibilidades de desarrollo del país.
Lo que podríamos hacer, es pensar que la solución a este problema habría estado o estuviera en revertir estos procesos que en buena medida explican el crecimiento de la economía, el crecimiento en la satisfacción de numerosas necesidades. Pero no podemos dejar de reconocer que la manera como lo hicimos ha tenido un costo adicional en términos de contaminación, y un costo adicional en términos de deterioro de los recursos; simplemente no había suficiente conciencia, y sobre todo, creo que lo más importante es que había un consenso general en toda la nación, como ocurría en prácticamente todos los países del mundo, que antes era más importante preocuparse por la producción, por el empleo y por la satisfacción de los servicios en las grandes urbes, que tener que pagar un costo que de todas maneras hubiera reducido la capacidad y el ritmo de crecimiento en las condiciones en que tuvieron lugar estos procesos.
Por eso, es de la mayor importancia, no sólo plantearnos quiénes son los responsables, creo que habemos muchos responsables, sino sobre todo, plantearnos cómo vamos a hacerle para resolver estos problemas, reordenar las tendencias, revertir los impactos más adversos y, sobre todo, tomar las decisiones preventivas que
nos permitan combinar de la mejor manera posible la protección de los recursos, su aprovechamiento racional con las necesidades de crecimiento de la economía y de bienestar social.
En esta pregunta, en esta preocupación, está el fondo que ha dado lugar a la iniciativa que envía el Ejecutivo a este Congreso. Se considera que la responsabilidad tiene que ser de toda la sociedad; la responsabilidad de la industria pública y privada es muy importante, pero como usted mismo lo decía, también es fundamental la responsabilidad de los ciudadanos, porque en el problema de la contaminación de la ciudad de México, en el problema de la contaminación del aire, el 25% de la contaminación lo produce la industria pública y privada, pero el 75% del problema está originado en puentes móviles, es decir, en el transporte y en los automóviles y si no vemos el problema en sus verdaderos orígenes, difícilmente podremos desencadenar un proceso donde unifiquemos las decisiones básicas que nos permitan ir corrigiendo los problemas más graves, de tal manera que son los problemas de la ecología ya no sólo responsabilidad de uno u otro sector, sino definitivamente tienen que ser responsabilidad de toda la sociedad, pero no una responsabilidad dispersa, no una responsabilidad tan solo de conciencia; no una responsabilidad de meras intenciones, sino una responsabilidad que se traduzca en hechos cotidianos y en prácticas consecuentes. Esa responsabilidad es la que busca conducir y ordenar la iniciativa del Presidente De la Madrid.
Usted menciona un aspecto que es verdaderamente importante al hablar de estos temas, es el papel de la ciencia y la tecnología; si no contamos con la investigación y el conocimiento de estos problemas, estaríamos condenados a cometer graves errores, porque estaríamos tomando las decisiones inadecuadas o estaríamos pagando costos excesivos, pero para poder hacer ambas cosas, necesitamos, como usted bien lo dice, de un número abundante de técnicos y de científicos mexicanos que contribuyan a fortalecer la reglamentación de esta ley, que desarrollen las decisivas normas técnicas que esta ley contiene, y cuyo trabajo tenga presencia en todas las actividades reales de la economía y la sociedad, sin la participación de la comunidad científica, sin diagnósticos claros, el costo que tendríamos para revertir los problemas sería mucho mayor, por eso es que le concedemos tanta importancia a la participación de este sector de la sociedad.
Finalmente, tiene usted toda la razón, no estamos ante una ley que sólo busca corregir los problemas de la contaminación ambiental; estamos ante una ley que está en el centro de la filosofía de la Constitución de 1917, que está en el corazón de la intención del artículo 27, pero que también contempla esas tres o cuatro revoluciones que han ocurrido en nuestro país y que al darles cauce, al integrarlas en una política general, y al darles sustento a esta política general en un ordenamiento como el que ha sido enviado a esta soberanía, nos permitirá adecuar los principios a las nuevas realidades y colocar el interés general por encima de cualquier interés particular. En este caso, como en todas las decisiones públicas, ésa es la decisión política fundamental, eso es lo que hay que escoger siempre, y eso es lo que determina si existe voluntad y si existe orientación democrática. Muchas gradas. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Antonio Monsiváis Ramírez, del Partido Demócrata Mexicano.
El C. Antonio Monsiváis Ramírez: - Señor presidente, con su autorización; señor licenciado Manuel Camacho Solís, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología; compañeras y compañeros diputados: La fracción parlamentaria de mi partido, el Demócrata Mexicano, por mi conducto le reitera la bienvenida a este Palacio Legislativo, señor Secretario, y además lo felicita porque en esta ocasión usted no ha llenado las galerías de este recinto parlamentario, porque creemos que su política es de trabajo, y seguramente los empleados de Sedue, se han quedado laborando en las calles de Constituyentes. (Aplausos.)
En la plataforma política del Partido Demócrata Mexicano, se le da espacio y preocupación al problema ecológico. Se reconoce como uno de los derechos del hombre es que en su paso terráqueo goce de un ambiente sano y adecuado para su desenvolvimiento. Asimismo, se une al interés de la sociedad para conservar el equilibrio ecológico como marco de su desarrollo económico, social y cultural.
Afortunadamente, este tema es de interés común para todas las formaciones partidarias. Obviamente, no se ha llegado a un consenso sobre el cómo político para proteger al ambiente y lograr el equilibrio. Eso en parte es explicable porque al contrario de otros problemas sociales, tales como la distribución de la riqueza, el régimen de propiedad adecuado, las formas de gobierno, etcétera, han sido objeto de especulación por los pensadores y de prueba y ensayo por los gobiernos. El problema ecológico en su intensidad y en la magnitud que hoy nos ocupa, cuando mucho se ha planteado con treinta o cuarenta años de anterioridad.
Debemos aclarar que los siguientes planteamientos no son para polemizar con usted, por lo menos en este foro. Ya discutiremos, si fuera necesario, con los diputados de su partido, al debatir la iniciativa del Ejecutivo, sobre la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Que en mi intervención se presenten enfoques críticos, es para suscitar su amplio comentario, que ilustre a los señores diputados de todas las corrientes políticas.
Para los diputados del Partido Demócrata Mexicano, la solución del problema ecológico, debe ser una gesta, no sólo del gobierno sino de toda la sociedad en su conjunto, al lado de sus autoridades.
Por ello, consideramos que la contaminación y otros desequilibrios ecológicos, no se solucionarán con mandatos autocráticos ni con disposiciones draconianas; asimismo, sostenemos que por grave que sea el problema, no debe servir de pretexto para establecer una dictadura ecológica o fortalecer las prácticas autocráticas, que, por desgracia, se presentan en nuestra realidad social, para violar las garantías individuales, sino que debe ser acorde con nuestras instituciones republicanas y el ataque al problema ecológico debe ser una lucha democrático lo más ampliamente posible.
En la iniciativa y, sobre todo, en la exposición de motivos, se expresan ideas paralelas a las aquí expuestas por nosotros. Sin embargo, al llegar al articulado específico de la iniciativa, concretamente en el artículo 158 se prevé una forma muy limitada y poco efectiva, de la participación de la sociedad civil.
Como usted sabe, se promete realizar al efecto consultas populares, pero de ninguna manera se establece la obligatoriedad previa de las mismas y menos su poder vinculatorio para las distintas actividades ecológicas posteriores.
Por otra parte, estas consultas populares, por la práctica que se ha realizado de éstas, no se relacionan en el pensamiento de lo que pudiera ser una democracia participativa. Las que precedieron a la aprobación del Código Federal Electoral y de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, son una muestra de ello.
También en las fracciones II y III del mismo numeral, se prometen convenios y en la IV el otorgamiento de créditos y distinciones. Y eso es todo, ahí termina la participación social de esta tarea.
Para nosotros, en la ley deben establecerse comisiones mixtas integradas por representantes del gobierno y por representantes de la sociedad civil que formulen los planes ecológicos para cada materia y para cada región o territorio, cuyas conclusiones sean el prerequisito indispensable para las decisiones que tomen y oficialicen las autoridades competentes.
Un esbozo de las mismas, aunque incompleto, se introduce en la iniciativa de Metrología y Control y Calidad que nos envió el Ejecutivo y que representan un principio de participación social efectiva.
En el campo de la ecología, el Ejecutivo debió mostrarse más prodigo y menos avaro, en relación con esta participación social. Asimismo, pensamos que en esta ley debe introducirse el principio de referendum para tomar las decisiones ecológicas en los casos más álgidos y más controvertidos. Por ejemplo, ya sea dentro del margen de la legislación actual o dentro del marco de la legislación futura ya inminente. Las autoridades deben sujetar el asunto de la apertura de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, a un referendum entre los veracruzanos y de ser posible con todos los mexicanos para decidir si esa planta se abre o no.
Pasando a otro punto, en la iniciativa encontramos la sana intención de que en la solución de este problema exista la participación, no sólo de las autoridades federales, sino también de las locales y de las municipales. Por desgracia, consideramos que en el articulado de la ley no se precisan con seguridad jurídica para los gobernadores las competencias. No se establece la supletoriedad y la delimitación de que concurran unas u otras, según su ámbito constitucional de competencia, sino que existe la posibilidad de que todas ellas, a la manera de los grupos en las pandillas ataquen o dañen a los ciudadanos con motivos ecológicos.
Nos imaginamos al delegado federal, al gobernador Absalón Castellanos y a varios caciques chiapanecos que explotan a los indígenas y los despojan de tierras, erigidos en expertos y benefactores ecológicos.
Esa situación se vuelve más grave y más confusa en el artículo sexto del proyecto, en que se enlistan las facultades de las entidades federativas y de los municipios y se llega a la gravedad en el penúltimo párrafo de dicho numeral al privar a los ayuntamientos de su facultad ya tradicional consagrada en el artículo 115 constitucional, de dictar soberanamente sus bandos de política y buen gobierno, pues en el futuro lo deberán hacer
de acuerdo con lo que dispongan las legislaturas locales.
Esa tarea de clarificación, nos corresponderá como legisladores, pero le pedimos sus comentarios para ampliar nuestras informaciones, señor Secretario.
Nos preocupa, asimismo, la acumulación acrítica de reglamentaciones de tipo administrativo, y de alguna manera hay disposiciones de tipo ecológico, aunque no consiste, digamos preecológico, en la Ley de Pesca para preservar las especies acuáticas. En la Ley Forestal para conservar los bosques, en la Ley de la Salud para cuidar el ambiente y en la Ley General de Asentamientos Humanos, para regular el debido establecimiento de las poblaciones.
Cuando se envía una nueva ley, es el momento de evitar las redundancias y, sobre todo, las contradicciones abrogando las disposiciones de las leyes antiguas que así lo ameritan.
En la iniciativa que nos ocupa, no sucede esto, sino que vemos complicadas las cosas porque varias autoridades administrativas coincidirán en la misma materia, por lo menos quince secretarías o dependencias del Ejecutivo coincidirán sobre el mismo asunto, con la consecuente burocratización y complicación administrativa.
Por otra parte, en la iniciativa no se establecen con claridad las atribuciones de la Sedue, respecto de las acciones de las otras dependencias del Ejecutivo que pueden incidir sobre el ambiente y dañarlo.
Tan sólo se nos promete en el artículo 12 del proyecto una Comisión Nacional de Ecología, como órgano permanente de coordinación intersecretarial, pero sus funciones de autoridad se quedan en un aire más que metafísico al proponer el párrafo segundo de dicho numeral, que esa comisión se integrará Y funcionará de acuerdo con lo que disponga el Ejecutivo Federal; o sea, que todo se remite a las neuronas o comportamiento improbable del que sea Presidente de la República.
Por la amplitud de la materia ecológica, no pretendemos que la Sedue se constituya como una supersecretaría, pero sí que se precisen sus atribuciones, que deje de ser, como lo diseña con vaguedad la iniciativa, en momentos una guía moral de las otras dependencias; y en otros momentos, una secretaría sandwich entre la confusión orgánica.
Por lo demás, quiero manifestarle que en el análisis de la iniciativa, encontramos que los temas ecológicos tratados son muy vastos y completos. En cuanto los problemas que hay que abordar y atacar, a ratos tan extensos que impiden que se manifieste la normatividad, o sea, el establecimiento de derechos y obligaciones, que es el objeto último de toda ley, la cual no debe ser refugio de una enumeración de propósitos, aunque sean excelsos, ni de discursos ecológicos, aunque éstos sean muy motivadores.
Pero nuestra preocupación es por el modo legal, dentro de nuestro régimen de derecho, de operar esos propósitos, y de ahí que le formulemos algunas de nuestras preocupaciones.
No está a discusión que se proteja al ambiente y se promueva el equilibrio ecológico; lo que debemos de ver es si su marco legal es adecuado o no para ello, y esto último es lo que nos anima para tomar nuestra posición a quienes integramos la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano.
Por tal motivo, a nombre de mis compañeros demócratas, señor Secretario, le anticipo mi agradecimiento por sus comentarios y contestaciones, y a todos ustedes, compañeros diputados, por el honor de su atención. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Señor Secretario, ¿desea usted hacer uso de la palabra?
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: - Con su permiso, señor presidente: Me alegra mucho que el diputado Monsiváis y el Partido Demócrata Mexicano, coincidan en la necesidad de establecer un marco jurídico que garantice para los efectos de protección del ambiente y la ecología, el predominio de los intereses generales. Me alegra mucho, que por encima de cualquier interés particular, coincidamos en la necesidad de tomar las decisiones necesarias para proteger el interés general.
En las observaciones de carácter jurídico a las que han hecho referencia el diputado Monsiváis, aparecen algunos comentarios en donde pienso que no se ha comprendido con toda cabalidad, los cambios que introduce esta iniciativa de ley. Las dudas están en torno a su carácter de ley general, en torno a la coordinación que establece y en torno a la seguridad jurídica que de ella se deriva, están también relacionadas con posibles problemas de burocratismo y exceso de reglamentación.
Nos parece que el diputado Monsiváis no estará en contra de que tengamos una ley general, si no
la tuviéramos así, sería difícil hacer la descentralización con las características que se necesitan; necesitamos por la materia, objeto de esta ley, sumar y coordinar, hacer concurrir los esfuerzos de los tres niveles de gobierno en una misma dirección; y la ley establece y desarrolla con toda claridad, las facultades que corresponden a la Federación y también las bases para que los propios congresos locales legislen dentro de los términos que establece la fracción XXIX - G del 73, sobre las materias que la misma fracción establece; corresponden a los estados y los municipios, de tal manera que en ningún momento hay falta de claridad que pudiera derivar en una falta de seguridad para los particulares.
En el artículo 2o. de la ley, se establece con toda claridad, cuáles son las causas de utilidad pública que incorpora esta ley, pero dentro del espíritu y la concepción de toda esta ley, se adicionan las cuatro que se consideran indispensables para el cumplimiento de los propósitos y de los principios que la misma establece y que son los indispensables para hacer frente a los grandes problemas ecológicos que tiene el país; de tal manera que establecidas con claridad las causas de utilidad pública, establecidas con claridad las facultades de la Federación y la base constitucional de la ley, no aceptamos, de ninguna manera, que puede esta ley dar lugar o establecer en cualquiera de sus partes, elementos de falta de seguridad; por el contrario, la ley es muy clara en la protección que establece en las normas que fija, en los procedimientos que ella misma contiene y si algo tiene esta ley, es que contribuye a dar claridad a una materia que desde luego reconocemos que es muy compleja. Esto, está íntimamente relacionado con el problema de la coordinación.
Aquí, yo encuentro en los comentarios de la fracción del Partido Demócrata Mexicano, una especie de añoranza en torno a la búsqueda de un código único, el haber considerado que quizá ésta hubiera sido la oportunidad para que ya que se establecía un nuevo ordenamiento integral de la materia, hacer concurrir en el mismo, todos los diversos elementos ya contenidos en otras leyes federales y en otras materias con las que se tiene contacto.
Me parece que ésa sería una aspiración ideal, si tuviéramos que tratar otra materia, si estuviéramos en otros tiempos y en otras realidades.
Desde un punto de vista conceptual, parecería ideal que en un solo ordenamiento claro, sencillo, hubiéramos recogido lo que establecen todas las demás leyes que son numerosas, relacionadas con el objeto de esta ley, y que este código hubiera llevado a abolir o a derogar las partes correspondientes para establecer un nuevo cuerpo legislativo único en la materia.
Sin embargo, hay algunos problemas de la realidad del problema que tenemos que resolver y de las condiciones administrativas y sociales que hubieran hecho totalmente inaplicable el prototipo ideal de un código único.
Desde el punto de vista del tema que tratamos, sería muy difícil pretender supeditar al conjunto de las actividades económicas del país, a los principios y a la política ecológica.
La política ecológica, la iniciativa que busca es darle sustento y que ustedes analizan y discuten, lo que viene a ser es establecer los puentes con otros campos de la actividad económica, porque las leyes sectoriales que en la materia existen, por ejemplo en lo que toca al agua, responde no sólo al propósito de proteger el ambiente, sino que tienen una serie de principios y objetivos que obedecen a otra serie de consideraciones que también son importantes y resultan fundamentales para el país. Este mismo ejemplo lo podríamos hacer extensivo, a cada una de las distintas actividades.
Por otra parte, si hubiéramos subsumido en un solo cuerpo de ley, en un solo código, todas las materias derogando las otras, habríamos creado una centralización absolutamente ineficaz; habríamos creado, de hecho, una subsecretaría en contra de las disposiciones que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública y entonces sí, señor diputado, habríamos creado una burocracia torpe, difícil de moverse y con capacidad para establecer un conjunto de reglamentos y disposiciones que limitaran más allá de lo necesario y conveniente el conjunto de actividades económicas del país.
De tal manera, que frente a la complejidad de un problema que no se comporta de acuerdo con un análisis sectorial, que no responde a una división administrativa, sino que tiene un carácter claramente intersectorial y que responde a un comportamiento que se deriva de una explicación de relaciones, de conceptos físicos, territoriales, finalmente científicos, es decir de una relación que cruza a la administración pública, nos parece que el modelo de coordinación que se ha establecido, es precisamente aquel que garantiza que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología tenga todas las facultades necesarias para tomar las decisiones que son indispensables para la defensa de la ecología y la protección del ambiente.
Sería totalmente inconveniente, que por defender la ecología nos hubiéramos olvidado del resto de
las actividades productivas y sería absolutamente ineficaz haber pretendido centralizar en una secretaría, el conjunto de la actividad económica y social del país, porque, en efecto, esta ley toca prácticamente todas las demás actividades.
Pero la ley no deja a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, ni al Estado en una situación como usted dice de sandwich, porque lo que hace la ley es derogar, abrogar la materia específica previa de contaminación ambiental, pero incorpora en su texto un conjunto de facultades que no están comprendidas en ninguna otra, las leyes federales correspondientes y que tienen su propio origen constitucional que tenemos que respetar, situación que hubiera vuelto adicionalmente compleja la solución del código que usted plantea, porque hubiera implicado una reforma de fondo, por lo menos del artículo 27 constitucional que es el que da sustento a un buen número de las leyes reglamentarias, con las que se vincula tan estrechamente esta iniciativa.
De tal manera que lo que estamos haciendo es frente a una realidad como la que tenemos, donde resulta tan difícil la coordinación, buscar los mecanismos para que esto ocurra, y para ello tenemos que precisar cómo están contenidos en la ley los límites de la responsabilidad de cada una de las secretarías y dependencias del sector público federal. Y tenemos que precisar para garantizar la seguridad jurídica, las facultades que corresponden y desarrolladas en toda su extensión a la Federación.
La solución a la que hemos llegado, nos parece que es una que permite conciliar el conjunto de la legislación existente con las nuevas necesidades, reconociendo el carácter del objeto que tenemos que regular y reconociendo que ninguna acción eficaz es posible en una administración moderna, sin que exista una adecuada coordinación.
Hace unos días, alguien nos preguntaba que por qué no habíamos buscado todavía más facultades para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y yo les contestaba que un Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología que no tuviera plena conciencia de que una de sus principales tareas, era coordinarse con los demás, era un Secretario que aun contando con todas las facultades, difícilmente tendría eficacia en su actividad, y de eso estoy absolutamente convencido.
Por otra parte, respecto a su preocupación de burocratismo y reglamentación, el espíritu de la ley, sus contenidos, su articulado, tienen un carácter creo yo, totalmente contrario a esa realidad y a ese propósito como estamos pensando en una burocratización o centralización; cuando, precisamente, estamos ante un cuerpo de ley tan claramente descentralizador, cuando estamos ante una nueva iniciativa que descentraliza estados y municipios, la mayor parte de las facultades que en este momento tenía la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Cuando tenemos modalidades de participación y concertación, no intencional, sino obligada en un buen número de los artículos contenidos en la misma iniciativa, nos parece que si algo tiene esta ley es un carácter antiburocrático, es una ley descentralizadora y de la sociedad.
Su preocupación sobre el exceso de reglamentación pudiera tener alguna base, por eso es que nos ha parecido muy importante que se establezca un plazo para la entrada en vigor del nuevo ordenamiento y ello con el propósito de terminar antes de que entre en vigor la ley, los principales reglamentos que de ella se derivan. Queremos que en el momento en que tengamos en vigor la nueva Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, también la sociedad cuente con los principales reglamentos de agua, de suelo; el reglamento paralelo de la Ley Forestal y las principales normas técnicas que contribuirán a aclarar procedimientos y que también serán un elemento de seguridad para toda la sociedad.
Repito, diputados, que estamos muy contentos de saber que su partido coincide plenamente en los propósitos de esta iniciativa y creo que la solución jurídica y que la solución técnica que se ha encontrado para resolver un problema tan complejo, es la más adecuada; pero ustedes tendrán oportunidad de hacer las observaciones y las correcciones que ustedes determinen. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Jorge Amador Amador, del Partido Socialista de los Trabajadores.
El C. Jorge Amador Amador: - Ciudadano Secretario; compañeras y compañeros diputados: Para el Partido Socialista de los Trabajadores el tema que abordamos el día de hoy, no es ajeno a la lucha principal que realiza nuestro pueblo en este tiempo, nosotros pensamos que el equilibrio ecológico y la protección del ambiente, es un problema que atañe a la nación mexicana como realidad actual y como proyecto en desarrollo.
Los datos que la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología nos ha proporcionado, nos convencen de que en materia de medio ambiente y en materia de equilibrio ecológico, realmente vivimos una situación de destrucción inmensa de
recursos y de potencialidades para el futuro desarrollo económico y social de la nación.
Unos cuantos datos ilustran esta realidad. Se dice fácil, pero qué grave es reconocer que el 95% de nuestras selvas tropicales, fueron destruidas en menos de un siglo; en pleno siglo XX, en el siglo de la modernización industrial de nuestra sociedad. Se dice fácil, pero qué difícil es reconocer que para 1986, el 19% de nuestro territorio estaba en franco proceso de desertificación y que el 85% de nuestro territorio presenta cierto grado de erosión, y que la erosión avanza a una velocidad de 225 mil hectáreas por año. Eso solamente puede ser calificado como destrucción, devastación. Y desde el punto de vista de nosotros, respecto de quienes son los autores de esta destrucción, el calificativo más adecuado debiera ser: depredación.
¿Quiénes son los depredadores? Creo yo que no es difícil convencernos de que independientemente de que en alguna medida cada mexicano o cada ciudadano contribuye a propiciar esta situación por la falta de cultura ecológica, la magnitud del daño es incomparablemente superior cuando la realizan los detentadores de la gran propiedad privada en México y las empresas transnacionales que, entre comillas, invierten en México. Creo que se puede probar la tesis de que han sido los privilegios de la gran propiedad privada, los que han determinado esta destrucción principal de recursos, y creo que también se puede establecer con certidumbre, que solamente parando a estos privilegios, solamente afectando a los intereses de la gran propiedad privada, estaremos en condiciones reales de emprender una profunda reconstrucción ecológica de nuestra patria.
Los campesinos saben cuáles son las empresas que vienen a México a sembrar melón; que consiguen autorizaciones para perforar pozos y que agotan los mantos acuíferos, y que provocan toda la cauda de consecuencias, de deterioro que ya conocemos y que van errantes de valle en valle y la ilusión de progreso queda solamente en pura ilusión.
Por eso, nosotros que sí tenemos la libertad de usar un lenguaje no neutro, que sí tenemos la responsabilidad y la obligación de localizar con precisión a los protagonistas sociales del problema, decimos, categóricamente, bienvenida una Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente en la medida en que esta ley es consecuente con el principio constitucional, de modificar los privilegios de la propiedad privada por causa de utilidad pública. Bienvenida esta ley y por eso no tenemos ninguna inhibición al reconocer un conjunto de aciertos, que desde nuestro punto de vista empujan hacia esa dirección y en su oportunidad también, a manera de cuestionamiento, plantearemos lo que consideramos, son limitaciones de la iniciativa.
Nos parece positiva la concurrencia de los distintos niveles de gobierno para enfrentar el problema; nos parece positiva la concepción de que el problema es responsabilidad del Estado y la sociedad; nos parece positivo establecer casos concretos en los que el Estado puede regular los usos del suelo por causa de utilidad pública; nos parece también positivo que se prevea la concertación y la participación de la sociedad en los distintos aspectos de la labor de protección y la restauración ecológica; nos parece, desde luego, importante obligar al sector público y particularmente a las dependencias atingentes, a tomar en cuenta principios y criterios ecológicos a la hora de programar sus tareas y de implementarlas; nos parece, desde luego, importante todavía, no plenamente desarrollado, pero sí concebido, el propósito de establecer una Comisión Nacional de Ecología en la que participen autoridades y representantes de la sociedad y, sobre todo, nos parece muy importantes que se establezca la denuncia popular como figura institucional que le da a cada ciudadano la posibilidad de poner en conocimiento a las autoridades y de exigir a las autoridades el cumplimiento de la ley, cuando se realicen actos contrarios al ambiente y al equilibrio ecológico, eso es lo positivo; sin embargo, observamos algo que pudiera ser un defecto y pensamos que si este defecto se debe solamente a falta de concepción, a falta de reflexiones, entonces los debates de la Cámara servirán para resolver el defecto; pero si se deben a problemas, a inhibiciones para afectar a fondo los intereses que causan estas consecuencias desastrosas para la vida nacional, entonces quisiéramos nosotros que aquí mismo se reconociera este hecho.
Se habla en la iniciativa de la responsabilidad común del Estado y la sociedad, de alguna manera se está modernizando el lenguaje político y ahora también en los textos legales de nuestro país, todos sabemos cuáles son los orígenes de esta frase o de esta denominación Estado y sociedad; sociedad política o sociedad civil.
Sin embargo, señor Secretario; compañeras y compañeros diputados: aquí hay una ambigüedad, porque en la lucha política que se realiza en México se usa de manera muy intencionada el binomio Estado y sociedad. Para quienes son presa del burocratismo, la media naranja que es el Estado, tiene derecho a todas la facultades y la sociedad, son los infractores. Creo que quienes ven este esquema estarían más o menos en la
tónica de la crítica del PDM y para otros, entre el Estado y la sociedad, lo importante es la sociedad; el Estado es el polo que hay que limitar, que hay que reducir, el polo que afecta intereses individuales.
Y esta forma de concebir las cosas, luego trae, como consecuencia, posiciones ideológicas que no contribuyen a esclarecer el problema y menos aún a tomar posiciones correctas frente al mismo. De aquí surgen luego las teorías antigobiernistas como la que imputó al Estado toda la responsabilidad de la crisis económica y por cierto pudiera ahora imputar toda la responsabilidad de la crisis ecológica que vivimos.
Nosotros pensamos que un análisis de esta iniciativa, debiera romper con esta limitación ideológica. El problema no es que por un lado esté el Estado y por el otro lado esté la sociedad; el problema es que en la sociedad hay fuerzas contradictorias; en la sociedad hay minorías detentadoras de privilegios, incluso privilegios legales que abusan del derecho y de la libertad, que depredan, que acumulan y saquean y, desde luego, en la sociedad hay mayorías, sobre todo de trabajadores, la mayoría del pueblo que no tiene privilegios y que no está en condiciones de depredar a ese grado, y menos aún de acumular, y menos aun de saquear al país; por eso pienso yo, que al examinar la iniciativa y al reflexionar sobre sus alcances y sus limitaciones, habría que hablar no de dos polos, sino de cuatro polos: el polo de la sociedad que se constituye como depredador ecológico; el polo de la sociedad, la gran mayoría que padece las consecuencias de esta depredación y que tiene un interés intenso en que nuestra patria sea una patria ordenada ecológicamente, porque significa futuro, y por el lado del Estado igualmente; no solamente el Estado en general, sino el Estado como equilibrio jurídico y político de fuerzas que garantizan de alguna manera el interés general, pero también las autoridades que constituyen parte del Estado que son infractoras de la propia legalidad, particularmente en este caso, en materia de medio ambiente y de ecología.
No podemos hablar homogéneamente del Estado. En el Estado debería haber responsabilidad general, pero en una iniciativa de ley deberíamos prever las conductas infractoras a la propia legalidad por parte de las autoridades obligadas a vigilar y a implementar su cumplimiento.
Por lo tanto, un análisis somero de acuerdo con esta concepción que a nuestro juicio es defendible, independientemente de las posiciones ideológicas, nos permite observar que la iniciativa dota de muchas facultades a las autoridades, pero la iniciativa no obliga suficientemente a las autoridades, por lo menos no las obliga suficientemente en dos aspectos que son cruciales. La situación de destrucción ecológica que tenemos, admite solamente una posición defensiva para enfrentar los problemas, allí donde van resultando, reproduciendo en una rotación interminable, el problema y el esfuerzo de la autoridad por solucionarlo o la ley debiera imponer no sólo la Sedue, sino el conjunto de las dependencias del gobierno a los distintos niveles, un plan general de reconstrucción ecológica o de reordenamiento ecológico, que determinara dónde poblar, dónde instalar industrias; pero no como posibilidad o como facultad, sino como imperativo, como obligación; es decir, la ley por encima de las propias autoridades de ecología y del resto de autoridades.
Y el otro vacío en este cuarterón, sería, ¿qué pasa con las autoridades infractoras? Se me podrá decir, es que hay una Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos. Ciertamente, pero no basta, no basta, no es un problema de tecnicismo legal.
Una iniciativa como la que se presenta aquí, constituye de hecho un arsenal para que la sociedad, para que el pueblo se arme con él y combata, y el pueblo necesita ser armado contra las autoridades inconsciente o conscientemente infractoras de los principios de la ley.
Desde todos los puntos de vista, estos aspectos debieran estar contenidos en la iniciativa, desde luego, esta proposición es absolutamente congruente con los objetivos ya definidos de la propia iniciativa y también absolutamente útil y necesaria.
Y el otro polo descuidado por la iniciativa es el que pudiéramos denominar nosotros, la parte de la sociedad directamente interesada en la reconstrucción ecológica. Nos sólo los ciudadanos, no sólo los pobladores, sino el pueblo trabajador organizado, organizado en forma históricamente acreditada de nuestro país, como los ejidos, como las cooperativas, como las comisiones obreras de vigilancia y seguridad.
La pregunta sería, en este caso, por ejemplo, ¿por qué el sistema permanente de información y vigilancia en materia ecológica está constituido fundamentalmente por funcionarios? Y la iniciativa plantea reglamentar con mucha precisión cómo ejercer la labor de vigilancia, suponemos nosotros, para no violar ninguna garantía, desde luego individual, de los acusados o de los infractores, y no extiende esta facultad, esta categoría de autoridad a los ejidos, a las cooperativas, a las uniones de vecinos, en fin, a estas formas
organizadas del pueblo, que de manera natural están más interesadas en que la ley se cumpla, porque padecen las consecuencias de la falta de cultura ecológica.
Ciertamente se concede el derecho de denuncia pública; ciertamente se habla de concertación entre autoridad y vecinos, autoridad y comunidades, pero nosotros pensamos que no basta la concertación, que es buena; que no basta la posibilidad de la denuncia pública, que es buena; que es necesario instituir un conjunto de garantías y de procedimientos a través de los cuales se hagan efectivas esas garantías, repetimos, para que las propias organizaciones sociales sean vigilantes y garantes del comportamiento congruente de las mismas autoridades en la aplicación de esta importantísima ley.
Señor Secretario; compañeras y compañeros diputados: sabemos que a la hora de discutir la iniciativa, habrá tiempo suficiente para entrar en detalles, pero queremos dejar sentada aquí nuestra opinión favorable a la iniciativa y nuestra decisión de pelear porque se profundice.
La sociedad mexicana reclama, desde hace muchos años, una reconstrucción de la vida nacional. En 1982, hace cinco años, aquí en esta misma tribuna, algo se rompió. El titular del Ejecutivo denunció al pueblo de México, que la gran propiedad financiera había saqueado al país, había dado al traste con un proyecto de modernización y de industrialización que nos convertiría en potencia media. En esa ocasión, el titular del Ejecutivo dejó, de hecho, una convocatoria en el aire que todavía no ha sido acatada, porque el que fue llamado en aquella ocasión es, ni más ni menos, el pueblo de México.
El Ejecutivo entonces, demostró que en unos cuantos meses se había saqueado al país más riqueza de la que se llevaron los españoles en 300 años de vida colonial, de hecho, pintó la situación de destrucción y de desastre económico a la que estaba siendo condenado nuestro pueblo.
Yo sé que ese problema que padecemos millones de mexicanos no lo puede resolver el actual gobierno. Nosotros estamos convencidos de que es la hora del pueblo y de la reconstrucción nacional. Nosotros pensamos que solamente una concertación con mayúsculas, muy superior a las que están señaladas en el articulado de la iniciativa de ley que hoy comentamos entre el Estado constitucional y el pueblo de México, podrá lograr la realización de la tarea de la reconstrucción nacional.
Ya vivimos un período de reconstrucción profunda en la época de Lázaro Cárdenas, estamos seguros que hoy la situación reclama una respuesta semejante. Afortunadamente, la iniciativa de hoy apunta hacia allá, si bien no de manera definitiva. Muchas gracias.
El C. Presidente: - ¿Desea usted, señor Secretario, hacer uso de la palabra?.
Tiene la palabra el señor Secretario de Ecología, Manuel Camacho Solís.
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: - Quizá valdría la pena simplemente reiterar que las disposiciones que la iniciativa de ley establece, son obligatorias desde luego para el Estado, para la administración pública y que en esa medida introducen un elemento trascendente para la conducción de la política de desarrollo en general.
La coincidencia que usted plantea, diputado Jorge Amador, con la orientación fundamental de la ley, se refleja prácticamente en cada uno de sus capítulos. Sin embargo, quisiera yo simplemente reiterar que se trata de establecer, no tanto un instrumento coercitivo en contra de la sociedad, sino, en efecto, un instrumento del Estado y la sociedad, para resolver el tipo de problemas concretos que tiene el país en este momento.
La concurrencia que establece la ley, en ningún momento es contradictoria con las disposiciones del artículo 115, como hace un momento se decía, ya que el artículo 115 establece con claridad que los municipios participan en los términos de las leyes federales y estatales sin perjuicio de su facultad constitucional de dictar bandos y reglamentos. Y la ley lo que hace es desarrollar las atribuciones federales, pero a la vez, dejar que las atribuciones locales sean desarrolladas por los congresos locales. Sólo establece el ámbito de las competencias.
Pero en las inquietudes que plantea el diputado Jorge Amador está, como él lo dice, una reflexión sobre el tipo de relación que se establece entre el Estado y la sociedad. ¿Cuál es este tipo de relación? Y sobre todo, yo me preguntaría si el tipo de relación que por él ha sido planteado, necesariamente es el que tiene capacidad para hacer frente a los problemas concretos de la ecología. Y para ello, me voy a referir a dos ejemplos concretos que son de interés de todo el país.
Me preguntaría si podemos resolver el problema de la contaminación del aire en la ciudad de México, que significa reducirlo a sus límites normales, es decir, mantener los distintos contaminantes dentro de normas que están diseñadas de acuerdo con los criterios de la salud, si
partiéramos de un enfoque donde lo único que quisiéramos fuera identificar a los culpables.
La contaminación de la ciudad de México tiene orígenes precisos y lo que encontramos es que son numerosas las fuerzas y los sectores que contribuyen a explicar el fenómeno.
Se decía hace un momento que se tienen, por una parte, las fuentes fijas y por otra, las fuentes móviles; pero en las fuentes fijas tenemos a industrias particulares, pero también tenemos a las industrias públicas. Y en las fuentes móviles tenemos algunas actividades de transporte público, pero fundamentalmente tenemos actividades ya no tanto de uno de los sectores de la economía mixta, sino actividades de los particulares en general.
Si nosotros quisiéramos abordar el problema de la contaminación del Valle de México en términos de culpabilidades, en términos de una visión que lo que hace es destacar los conflictos, que desde luego existen en la sociedad, lo que estaríamos logrando es evitar e impedir la solución de los problemas de contaminación.
Porque para resolver los problemas de contaminación, lo que se tiene que hacer y lo que se ha empezado a hacer con gran claridad y firmeza, es reducir la contaminación que generan las fuentes fijas, es decir, reducir la contaminación que generen por una parte las termoeléctricas, pero al mismo tiempo reducir las descargas y emisiones de la industria privada. Y en esta dirección se ha caminado con gran rapidez, y los resultados son perfectamente medibles.
Por otra parte, es necesario al mismo tiempo, hacer frente a los problemas de las fuentes móviles, y ahí nos enfrentamos ante una situación en la que contaminan prácticamente todos los sectores de la sociedad, en la que todos contaminamos y que si no partimos de ese reconocimiento, no tendremos capacidad de actuar con eficacia.
De tal manera, que el problema de contaminación de la ciudad de México, más que obedecer a una visión de conflicto social, obedece a una explicación compleja, y la solución ciertamente está en la conciliación de los intereses, para poder tomar las decisiones que garanticen la efectividad de las medidas.
Pondré otro ejemplo, que también fue previamente mencionado en esta reunión, en esta comparecencia: El problema de la contaminación de la Cuenca del Lerma - Santiago - Chapala.
Ustedes saben que la contaminación, que el problema ecológico de la Cuenca tiene dos orígenes. Por una parte, la reducción de la cantidad de agua en relación a la población, porque es ahí donde se concentran más de 16 millones de habitantes y por otra parte, las descargas que se arrojan a la Cuenca, que son de dos orígenes: uno industrial y otro de aguas negras de las ciudades.
De tal manera que la solución del problema de la Cuenca del Lerma - Santiago - Chapala, que es el problema que se quiere atender y que es la acción que tiene que ser emprendida, en base a las disposiciones y a los instrumentos que crea esta iniciativa de ley, sólo puede ser enfrentado en la medida en que detectemos con claridad las fuentes del problema y en la medida en que actuemos con eficacia frente a ellos; es decir, que de nada nos serviría con pensar que el problema es de conflicto social, cuando por una parte tenemos que instalar los equipos necesarios para que las empresas no arrojen los contaminantes a los ríos, pero que tenemos que hacerlo también protegiendo la producción y los empleos, y que tenemos para ello, que establecer un programa que sea efectivo en tiempos, en apoyos y en posibilidades de seguimientos y evaluación.
Pero al mismo tiempo que hacemos frente a este problema de descargas, necesitamos hacer frente a los problemas de la porcicultura de los tres estados de la zona que colindan con La Piedad, de Michoacán, de Jalisco y de Guanajuato, y tenemos que hacer frente a los problemas de las descargas de aguas residuales de todas las poblaciones que arrojan, sin ningún control, las aguas negras al río y que todos generamos en usos domésticos y de toda naturaleza, de tal manera, que es mediante el reconocimiento de los problemas reales, de las fuentes, como podremos ordenar y disminuir la contaminación, en este caso de la cuenca del río Lerma - Santiago - Chapala y para lograrlo, también tenemos que tener estrategia y por ello es que necesitamos usar los recursos ahí donde van a ser más efectivos, como se está haciendo; para ello se están instalando las plantas de tratamiento de las aguas residuales en toda la cuenca del Santiago; para ello se están controlando las descargas de todas las industrias que previamente descargaban al Santiago; para ello se están introduciendo nuevas tecnologías que no arrojan desechos al río en la actividad porcícola, y tomando estas medidas, con este enfoque, es que verdaderamente podremos resolver uno de los problemas de la cuenca en buena medida, que es el de reducir la contaminación del agua.
El otro, el problema de la relación de agua - población, implica y lo sabemos, decisiones todavía
más difíciles; pero es en base a las disposiciones que establece esta ley, con los instrumentos de gran efectividad que crea, que podremos también para el caso de la cuenca del Río Lerma - Santiago - Chapala, adoptar las decisiones de ordenamiento territorial, indispensables para mantener un equilibrio fundamental en toda esa región.
Esto quiere decir, señor diputado Amador, que quizá más que tener un plan general de reconstrucción ecológica, que suena muy bien, pero sería totalmente impráctico, no sólo aplicar sino, incluso, diseñar con suficiente efectividad instrumental; lo que necesitamos es detectar los problemas más urgentes y contar con los instrumentos y la gestión financiera y la concertación social necesaria para tomar las decisiones que resuelvan verdaderamente los problemas.
Pero no voy a dejar de contestar a su preocupación sobre la concepción política, porque, desde luego, aparte del análisis instrumental, sí existe una concepción política en esta ley, en donde creo que lo que se establece no es esa vieja disputa entre el Estado y la sociedad. Ese pleito del siglo XIX, en donde todo lo que era bueno para el Estado era malo para la sociedad, o donde todo aquello que favorecía a sectores distintos del Estado, era visto como una afrenta para el Estado.
La naturaleza, los problemas que enfrenta el país, la voluntad de la sociedad, lo que la gente quiere, es que se cambie ese tipo de relación, que la relación sea más clara; que por una parte exista un Estado más eficaz al que obliguen las disposiciones, de la misma manera que obligan a los particulares y por otra parte, exista una sociedad participativa que tenga la posibilidad de incidir en las decisiones básicas de gobierno, que tenga la capacidad de contribuir a la acción conjunta para hacer frente a los grandes problemas de la sociedad.
De tal manera, que nos parece que esa visión, esa concepción política sí ha sido traducida al cuerpo de la ley y por eso es que en vez de la centralización, proponemos la descentralización por razones de eficacia instrumental, pero, desde luego, también por razones que buscan fortalecer a la sociedad y que buscan fortalecer la participación democrática en nuestro país; que en vez de la centralización administrativa en una sola área, estamos apoyando la coordinación de la acción pública en su conjunto; que en vez de tener un Estado que es capaz de todo, pero que no logra adoptar las decisiones por carecer de los instrumentos, estamos dotándolo de los instrumentos que realmente se necesitan; que en vez de abordar los problemas en forma completa, queriendo resolver todo a la vez, estamos creando los instrumentos para atender los problemas más importantes con la efectividad necesaria.
Creo que en el fondo no existen diferencias fundamentales, porque yo coincido con usted. Esta ley parte del espíritu del artículo 27 constitucional, y siendo este artículo 27 constitucional esencial a nuestro proyecto político, junto con otras de las bases normativas, de los principios normativos de la Constitución que también garantizan la democracia, que también garantizar la justicia social, en esa medida creo que estamos en un mismo orden de principios doctrinarios, pero creo también, con una concepción distinta sobre cómo fortalecer la acción pública y, sobre todo, sobre cómo democratizar a la sociedad mexicana. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido Mexicano Socialista.
El C. Alejandro Encinas Rodríguez: - Con su permiso, señor presidente; señor Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: Su presencia en esta Cámara, nos da la oportunidad para que por primera vez abordemos en forma seria el debate respecto a la ecología y la problemática del medio ambiente, sobre que, a lo largo de muchos años, distintos sectores de la sociedad y los partidos políticos, hemos llamado la atención como uno de los grandes problemas nacionales.
Más que un acto ritual, la discusión de una iniciativa como la que hoy nos ocupa, debe avanzar hacia analizar los problemas de fondo y encontrar solución a las grandes interrogantes en torno a la naturaleza y la forma en que el hombre se relaciona y se apropia de ésta, prevalecen en el país.
La toma de conciencia ecológica que nuestra sociedad reclama, debe considerar como parte sustancial de un nuevo proyecto de nación, que conciba la defensa y el rescate de la naturaleza como elemento imprescindible del proceso de trabajo, como propiedad originaria de la nación y como reserva primordial para construir un futuro justo y democrático.
México es un país que con sus propias condiciones, no puede darse el lujo de conservar y no crecer y aprovechar racionalmente la riqueza natural que en él existe, y que por la forma en que se impuso su desarrollo ha alimentado un proceso de depredación de la naturaleza, que
paradójicamente ha implicado a la vez dejar sin explotar vastas regiones y recursos naturales, a partir de los cuales podrá organizarse un nuevo tipo de desarrollo.
Toda sociedad se desarrolla a partir de su interacción con la naturaleza, los recursos naturales constituyen la base a partir de la cual toda la acción produce y reproduce sus condiciones materiales, por lo que la adecuada integración de los recursos a los procesos de producción, es un requisito indispensable para el desarrollo equilibrado del país.
Durante décadas fue una idea generalizada, el que la naturaleza era una fuente ilimitada de recursos, su carácter de renovable se equiparó a inagotable e imperecedero bajo cualquier circunstancia. Los mexicanos entonces nos creímos aquella famosa frase de que el país era el cuerno de la abundancia. Las críticas y debates se centraron en el problema de la administración, la distribución y la forma de obtener esa riqueza; lamentablemente el tiempo vino a demostrar lo erróneo de esta tesis, y de golpe hubo un despertar en amplias capas de la población que apuntaron los equívocos irreversibles y daños causados por muchas de las prácticas de uso de la naturaleza.
El proceso de desarrollo que ha seguido el país, particularmente de los años cuarentas a la fecha, la preocupación por el medio ambiente ha estado ausente en la forma de explotación de los recursos; se ha incorporado a la naturaleza sólo en la medida que ésta aporta materias primas para la reproducción de capital. Este desarrollo se ha hecho a partir de la explotación de las dos fuerzas motrices esenciales: el trabajo del hombre y los recursos naturales, lo que se ha fincado sobre la racionalidad que engendra el mismo capital para el cual ya no es el hombre el objetivo de la producción, sino la producción el objetivo del hombre y la ganancia el objeto de la producción. La naturaleza como los trabajadores quedan sujetos así a una constante explotación y a la irracionalidad ecológica.
Al no considerar el futuro ni el bienestar de la sociedad, el saldo de este modelo de desarrollo ha sido, por un lado, una sociedad de profundas desigualdades y, por otro, una naturaleza desgastada, donde se han destruido especies y ecosistemas enteros y otros recursos como el suelo y los ciclos del agua.
A juicio de nuestro partido, el Mexicano Socialista, el aprovechamiento de la naturaleza debe partir de una nueva lógica de beneficio social. El potencial de desarrollo que ésta brinda y el uso racional y sostenido de los recursos, deben orientarse principalmente a la atención de los que hoy no son sus beneficiarios, es decir, a la inmensa mayoría de la población.
El estado actual del medio ambiente nos obliga a una profunda reflexión de sus orígenes y a la toma de decisiones y acciones inmediatas para detener y revertir este acelerado proceso de deterioro. El abuso y despilfarro simultáneo de recursos naturales ha ocasionado un severo daño ambiental, lo que implica una merma en la base material de la base del país. Por ello, su destrucción, además de tener importantes consecuencias biológicas, implica un deterioro de la calidad de vida de los mexicanos.
Por otro lado, los procesos económicos que se establecen a partir de la naturaleza, han estado separados de los procesos ecológicos. Las actividades de la producción primaria que se basa en la extracción de recursos del ambiente, se encuentran también desintegradas; la agricultura, a partir de la revolución verde, ha desarrollado un paquete tecnológico que se aplica indiscriminadamente, sin considerar las peculiaridades de las distintas regiones del país, lo que permitió en un inicio elevar la producción, pero que con el tiempo provocó consecuencias negativas como la salinización y la contaminación química del suelo y del agua, la intoxicación de animales y hombres, erosión, agotamiento de aguas subterráneas y la eliminación de las tradiciones populares de cultivo de las culturas indígenas y campesinas.
La ganadería de pastoreo se ha establecido en tierras de vocación agrícola o forestal, su explotación extensiva abarca más de la mitad del territorio laborable, dañando severamente a las selvas tropicales y los matorrales del norte árido y semiárido. La explotación forestal se ha fundado en la tala inmoderada de bosques y en la adopción de tecnologías bajo los modelos de países templados, basándose en la explotación del pino, por lo que se desperdician otras especies y se deterioran las áreas templadas del país.
La pesca se reduce a las especies más rentables que tiene establecido un mercado nacional e internacional, se desperdician cientos de especies y se afectan sus poblaciones por las tecnologías de extracción de los productos más comercializables.
La actividad petrolera ha contaminado la atmósfera, el suelo, el agua y extensas áreas; la perforación de pozos, la extracción de petróleo y su transformación en petroquímicas y refinerías se ha hecho sin las precauciones necesarias para evitar destruir los recursos que la rodean.
Como resultado de privilegiar la industrialización sobre la producción rural, se han conformado enormes asentamientos humanos como las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla; en éstas, el transporte y la industria se han desarrollado al margen de las necesidades de preservación del medio ambiente, de modo que esto impide una vida física y mentalmente sana.
Los niveles de contaminación del aire, del ruido, de las corrientes de aguas subsistentes, de áreas importantes como son la basura y otros desechos, son cada vez más altos.
Los efectos de todas estas actividades se manifiestan ya en la erosión de más del 60% del país, del cual casi el 30% es irreversible. La contaminación de las 11 cuencas más importantes del país y por efecto del petróleo, la contaminación de los cuatro ríos de mayor caudal.
Actualmente se pierden entre 400 y 800 mil hectáreas anuales de bosques y selvas, el 90% de las selvas tropicales ha desaparecido y se han convertido en pastizales, el 15% de la flora mexicana está amenazada de extinción.
En este contexto, la iniciativa que ahora discutimos si bien significa un avance frente a la legislación vigente, contiene algunos elementos que nos hacen dudar de su efectividad. En primer lugar y como elemento más importante, es el del alcance real y la obligatoriedad de esta ley.
A lo largo del texto de la iniciativa y en varios de sus artículos, se señala que su aplicación se hará - cito aquí el último párrafo del primer artículo - sin perjuicio de las contenidas en otras leyes sobre cuestiones específicas que se relacionan con las materias que regula este propio ordenamiento.
Nosotros entendemos que se trata de crear ordenamientos para no contravenirlo, digo, en un marco jurídico general, al que deberán adaptarse otros para no contravenirlo. Pero en la iniciativa las cosas se plantean al revés, ya que se autolimita su aplicación frente a otras leyes, como puede ser la Forestal, la de Pesca o la de Agua; que tiene disposiciones que la harían inoperante a esta iniciativa; como muestra por ejemplo: el artículo 160 de la iniciativa que hoy discutimos, en donde la inspección, la vigilancia y ejecución de medidas de seguridad, delitos y sanciones no se podrán llevar a cabo si es que otras leyes regulan en forma específica dichas cuestiones.
Desde nuestro punto de vista, en materia ecológica, el ordenamiento principal debe ser el que ahora discutimos y las leyes más específicas deben ajustarse al mismo; de no ser así, caemos en el riesgo de aprobar una ley muy amplia en su temática pero limitada en su aplicación, lo que nos llevaría a la disyuntiva de "publíquese pero no se cumpla", lo que invalida los aspectos positivos que ella contiene.
Por otro lado, desde que sus disposiciones son de orden público e interés social, no cuenta con los elementos suficientes para garantizar que el sector privado y los grupos económicos más poderosos acaten sus propuestas más importantes; todo esto se combina con otro elemento, que a nuestro juicio, debilita las posibilidades de incidencia de la ley, como es la excesiva discrecionalidad que se otorga al Ejecutivo en aspectos de relevancia tal, como la determinación de la integración y funcionamiento de la Comisión Nacional de Ecología o en la definición de cuáles son las actividades que causan desequilibrios ecológicos.
Por otra parte, creemos que aún no está resuelto en la iniciativa al aspecto institucional, la problemática ecológica no puede ser materia exclusiva de una sola Secretaría, sino que tienen que abordarse por el conjunto de las instituciones del país; sin embargo, en la ley esto está expresado en forma muy vaga; ya que aun cuando se menciona varias veces la coordinación interinstitucional, no se proponen formas específicas para llevarlo a cabo, ni mecanismos para su funcionamiento.
Para estar en condiciones de enfrentar una gama muy amplia de problemas, creemos que se necesita una ley que organice y coordine horizontalmente al conjunto del sector público, pero que también permita la más amplia intervención no sólo institucional, sino principalmente de la sociedad civil. Se trata pues, de buscar un nuevo esquema de coordinación de la administración pública, donde la coordinación horizontal rompa con esta práctica vertical que parte del Ejecutivo a la sociedad, eliminando la intervención de la sociedad hacia el Ejecutivo.
En la exposición de motivos de esta instancia, de esa iniciativa, se habla de involucrar profundamente a la sociedad. Reiteradamente hemos sostenido que la participación social permanente y sistemática en todos los niveles, es una condición indispensable para abordar cualquier problema fundamental y que sólo con la intervención de los directamente involucrados, la sociedad podrá tomar en sus manos la protección y preservación del medio ambiente. No obstante este pronunciamiento inicial, con el que estamos de acuerdo, esta intención no tiene una traducción suficiente en el texto de la propia ley. La participación social que se propone es aún limitada, por lo que a nuestro juicio es necesario
crear mecanismos de participación ciudadana a partir de las organizaciones sociales que permitan que la población no solamente denuncie, opine o proponga, sino que tenga una intervención efectiva en la formulación, evaluación y vigilancia de la política ecológica y participe no sólo en las áreas protegidas, sino en los procesos de producción, lo que no está contemplado en la iniciativa. En ese sentido, creemos que en esta Cámara no basta que analicemos, reflexionemos o reformemos sobre esta iniciativa, sino que es preciso convocar a la sociedad para que intervenga en su discusión, conocimiento y reforma.
Tomando en cuenta lo anterior, consideramos que toda legislación en materia ambiental y de recursos naturales, no sólo debe ocuparse de preservar el medio, sino regular el aprovechamiento racional de los recursos para reducir al mínimo el daño al medio ambiente y evitar que unas actividades se desarrollen en detrimento de otras. Esto implica una visión cabalmente integral del problema, que se ocupe del correcto aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo.
Por tanto, una legislación de este tipo, debería contener un capítulo con los lineamientos centrales que hagan posible un aprovechamiento racional. Ello implica, necesariamente, una nueva reforma al artículo 27 constitucional, para que la pequeña propiedad ganadera no se defina en términos del número de cabezas de ganado que en ella se pueden mantener y explotar, lo que estimula la ganadería extensiva y con ello la reconcentración de la tierra, la existencia de latifundios y el deterioro de los recursos, sino más bien debe definirse en términos del tamaño de superficie y las condiciones ambientales.
Finalmente, consideramos de gran importancia la participación municipal, que ya se consideró en la iniciativa, la cual, efectivamente, debe estimularse. Pero se necesita al mismo tiempo hacerla posible a través de la dotación de recursos técnicos y económicos, especialmente en la gran mayoría de los municipios, quienes no cuentan con la capacidad económica para implementar las atribuciones que le confiere la iniciativa.
Señor Secretario, éstos son algunos de los planteamientos que el grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista formula sobre esta iniciativa.
Al mismo tiempo, consideramos de gran importancia, dada la trascendencia del tema y de la legislación sobre el mismo, que existe una actitud abierta que permita arribar a una ley, a la altura de los problemas y de la demanda de soluciones. Se requiere de una política ecológica que permita a la nación recuperar sus recursos naturales, hasta ahora usufructuados y destruidos por una minoría; se demanda de una política que ponga en el centro la protección y defensa de la naturaleza de la que formamos parte más de 80 millones de habitantes, a quienes no puede seguirse restringiendo del acceso a los recursos naturales ni a los recursos de sus bolsillos. Por su atención, muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - ¿Desea usted, señor Secretario, hacer uso de la palabra? Tiene usted el uso de la palabra.
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: - Con su permiso, señor presidente: Hay un aspecto que quizá requiera algún comentario adicional respecto a la relación de los recursos naturales y el desarrollo y, sobre todo, a los culpables de la destrucción de los recursos y de la contaminación.
Creo que todos estamos de acuerdo en que una iniciativa de ley, que lo único que persiguiera fuera proteger los recursos, sea tomar en cuenta al hombre, sería una iniciativa quizá propia de países que han resuelto todos sus problemas, pero absolutamente incompatible con la necesidades básicas del pueblo de México: de empleo, de alimentación, de vivienda y de salud.
Es por ello que quizá el balance está, no sólo en llegar a un término medio, porque éste no existe entre desarrollo y protección, sino, sobre todo, en orientar el desarrollo para prevenir daños mayores y para que en los casos en que esto es posible, encontremos las actividades económicas que sean compatibles con el aprovechamiento racional de los recursos naturales.
México nunca fue el cuerno de la abundancia, hoy estamos conscientes que no sólo tenemos limitaciones de algunos recursos, como puede ser el agua, sino que lo que todos aprendimos en nuestros cursos de geografía a denominar como recursos renovables, en realidad también están referidos a una acepción y a una concepción más amplia que nos ha llevado a comprobar, que si no los cuidamos, también dejan de ser renovables; de tal manera que ante una situación de esa naturaleza, sólo un principio que haga compatible el desarrollo con la protección de los recursos, es el que puede darnos una salida a las grandes necesidades que tiene y a los grandes problemas que tiene nuestro país.
Esto es lo que la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, resuelve desde el punto de vista normativo. Lo que creo que no se entiende
en los comentarios que hacía el diputado Encinas, es que quizá con un criterio conservador, que esta iniciativa se propone la creación de un nuevo sistema jurídico de protección ambiental, más del 80% de las disposiciones en materia no regulada, en materias no reguladas están contenidas en la ley.
¿Cuáles son éstas? Las que desde el punto de vista ecológico no estaban incluidas en las otras leyes federales, de tal manera que podemos decir que el 20% restante nos parece que no funcionaría como hace un momento comentábamos, el criterio de derogar aquellas disposiciones de otras leyes que se refieren a cuestiones ecológicas, puesto que el objeto de las otras leyes es la separación, no es el objeto ecológico en sí, sino son otros los propósitos y los objetos que ellas contienen, y separar lo ecológico de las mismas; lo único que haría es complicar su aplicación, burocratizar las decisiones y crear un ambiente de inseguridad para un número muy amplio de actividades que vienen operando de acuerdo con otros propósitos.
Es por ello que la ley busca resolver el difícil equilibrio ente el fomento económico y la protección del ambiente, entre el desarrollo y el equilibrio ecológico, y esto también se tiene que reflejar en la técnica jurídica para instaurar un nuevo sistema jurídico de protección ecológica, que es lo que se logra con la iniciativa del Ejecutivo.
Hay aquí una duda permanente sobre la efectividad de los instrumentos, desde una de las corrientes políticas o desde varios de los partidos políticos; preocupación que es exactamente contraria en otro de los campos donde se teme que la ley pueda establecer facultades que disminuyan la seguridad de la sociedad.
Lo que hemos buscado es, desde luego, un instrumento que dé plenas garantías jurídicas a la sociedad, pero que establezca al mismo tiempo los instrumentos eficaces para hacer frente a los problemas tan complejos que busca esta ley normar. Y es por ello que se han creado instrumentos que no existen en este momento.
Yo me preguntaría, señor diputado Encinas, si a usted no le parece suficientemente fuerte el instrumento del ordenamiento del territorio, por ejemplo: ante el problema que a usted tanto le preocupa, que es el de la ganadería extensiva, no veo que exista limitación alguna en la ley para imponer a esta actividad, en zonas afectadas por severos desequilibrios ecológicos, limitaciones precisas, y es que también es justo reconocer, si bien el conjunto de los problemas tienen diversos orígenes, es cierto, como decía el diputado Amador y como usted también refiere desde otra perspectiva, que algunas actividades económicas están en contradicción directa con los intereses generales del desarrollo del país, y el caso de la ganadería extensiva en la selvas es un buen ejemplo. No pueden protegerse las selvas si no se limita la actividad de la ganadería extensiva, que es la punta de lanza de otras actividades que están poniendo en riesgo uno de los mayores patrimonios naturales del país, que están poniendo en riesgo la fuente de los depósitos de agua del sistema hidroeléctrico del país, y que están poniendo en riesgo uno de los mayores bancos genéticos con los que cuenta la nación, de tal manera que, en efecto, la ley establece un conjunto de instrumentos para, en casos graves, poder ordenar la actividad de los particulares, y eso nos parece que tiene toda la fuerza necesaria para resolver el problema, pero también para garantizar que no se vaya a usar esta ley para propósitos distintos a los que serían el resolver un problema extremo de deterioro o de desequilibrio ecológico.
En cuanto a la participación de la sociedad, siempre tenemos la tendencia de considerar que todo lo que sea más participación, es conveniente introducirlo en los textos jurídicos. Yo me preguntaría, si no estamos replanteando en lo fundamental los contenidos del sistema que tenemos para protección ecológica y que uno de los contenidos esenciales de este replanteamiento es, precisamente, el introducir la participación social como uno de los elementos esenciales que permea el cuerpo del articulado y no sólo un título de la misma ley.
No existe en estos momentos ninguna otra ley, que en materia de participación social sea más avanzada que la iniciativa que ha enviado a este Congreso, a esta Cámara de Diputado, el Ejecutivo Federal.
Si las modalidades que aquí han sido mencionadas como novedosas, como útiles para ser introducidas en el cuerpo de la ley, están todas ellas contenidas dentro del articulado. Quizá pudiera perfeccionarse el capítulo correspondiente al Título Sexto, pero lo que es muy claro es que se abren posibilidades de participación que no existían y que éstas son muy amplias y son quizá las más efectivas para traducir esta participación en resultados concretos y en una conciencia permanente que pueda tener eficacia instrumental.
Se ha planteado aquí la idea de las comisiones mixtas que pudieran operar también en el campo de la ecología, como lo hacen las comisiones mixtas de Seguridad e Higiene. Esta posibilidad
está contemplada en la ley, en el capítulo correspondiente, en el Título Sexto, en el artículo correspondiente, donde interesa promover la participación de la comunidad en tareas de vigilancia, en tareas de información y en el artículo que establece con toda claridad para este caso, la posibilidad de concertar acuerdos entre el Estado o el Gobierno Federal y las organizaciones de trabajadores, precisamente para abrir paso a este tipo de modalidades de participación, que por otra parte, no sólo están planteadas como propósito, sino que ya están operado en la realidad, ya que existe un acuerdo de concertación con el Congreso del Trabajo, donde en todas las comisiones mixtas de Seguridad e Higiene que existen en el Valle de México, ya participa un ingeniero en asuntos ambientales, que está contribuyendo no sólo a reconocer los problemas que se derivan dentro de la propia fábrica, sino a determinar las fuentes de contaminación de éstas, a establecer criterios para mejorar los procesos de combustión y a allegarse información que puede ser de utilidad para el problema, no sólo de lo que ocurre dentro de la fábrica, sino de la relación de la fábrica con su entorno.
Estas modalidades de participación están incluidas en la ley y con la ley estamos dando un vuelco completamente diferente a las formas como venían operando las instituciones.
Actualmente las atribuciones que en la materia tienen estados y municipios, son prácticamente inexistente. Y con esta ley, la mayor parte de las atribuciones federales que tenía la Sedue, pasan ya a ser responsabilidad de estados y municipios. Estamos empezando por la propia Secretaría, porque desde ahí empieza la actitud y la conducta democrática. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Señor diputado, perdón. Señor diputado, con toda atención, informo a usted que esta comparecencia está sujeta a un acuerdo de práctica parlamentaria. En la segunda ronda de esta propia comparecencia, podrá su compañero diputado formular los comentarios que estime convenientes.
El C. Alejandro Encinas Rodríguez (desde su curul): - Señor presidente, ningún reglamento estipula que las fracciones parlamentarias no puedan hacer uso de a palabra.
El C. Presidente: - Señor diputado, insisto una vez más, en que esta comparecencia está sujeta a un acuerdo de práctica parlamentaria, mismo que fue aceptado en su oportunidad y comentado al inicio de esta sesión. Yo le ruego a usted, señor diputado, permita que continúe el curso de esta comparecencia, en los términos del acuerdo aceptado por su fracción parlamentaria.
Esta presidencia, una vez más, apela a su comprensión señor diputado, en mérito a que ha sido normado el curso total de la comparecencia por un acuerdo de práctica parlamentaria que oportunamente fue leído para el conocimiento de todos los señores diputados.
El C. Jorge Alcocer Villanueva (desde su curul): - Señor presidente, una pregunta: ¿el acuerdo de práctica parlamentaria, suspende por hoy la vigencia del Reglamento de la Cámara?
El C. Presidente: - Señor diputado, esta presidencia informa a usted lo siguiente: estamos en el desahogo de un punto del orden del día, que se refiere exclusivamente a la comparecencia del señor Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Para efectos de este único punto del orden del día, se ha suscrito por todas las fracciones parlamentarias, un acuerdo que norma el procedimiento exclusivamente para este punto del orden del día. Una vez desahogado el mismo, podrá usted hacer uso de la palabra cuando continúen los demás asuntos en cartera.
Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Esperanza Morelos Borja, del Partido Acción Nacional.
La C. María Esperanza Morelos Borja: - Señor presidente; señor Secretario; compañeros diputados: Conflictiva, llena de deseo, control y dominio la evolución del hombre como ser social, en su afanosa búsqueda de realización integral y aseguramiento de su subsistencia, se ha caracterizado por un progresivo abuso de su medio ambiente y una inconsciente explotación de la naturaleza, que necesariamente ha tenido que ser regulado por la política.
Para Acción Nacional, la política es la creación y administración de un orden que jerarquice las diversas funciones y los distintos intereses que existen dentro de la vida social. Dotado por naturaleza de una eminente dignidad de atributos como la inteligencia, la voluntad, el ejercicio responsable de ellos, el hombre debe contribuir a establecer este orden.
Esa eminente dignidad hace a todos los hombres iguales en esencia, y acreedores al reconocimiento de derechos universales e inviolables, así como al de obligaciones inherentes a su naturaleza individual y social. Cumplir con esas obligaciones es necesidad imperiosa y urgente, su omisión acarrea un necesario envilecimiento de la vida social que atenta contra el bien común y la solidaridad.
Factores fundamentales para un sano desarrollo de la comunidad nacional, para mantener y promover
el orden, la justicia, el progreso y la cultura, el hombre debe participar solidaria y responsablemente en la sociedad y ésta proteger y promover los valores auténticos de la persona.
Actividades como la agricultura, la pesca, la minería, la industria, tendientes todas a la satisfacción de necesidades vitales, han tenido efectos de degradación del medio ambiente.
Al fertilizar suelos, al explorar y beneficiar minas, al explotar la riqueza forestal y los energéticos, al convertir ríos y mares en basureros, el hombre está provocando daños irreversibles en los ecosistemas de nuestro planeta, llevando a este ecosistema total, a un desequilibrio en extremo peligroso. Por ello, los problemas ecológicos son un tema de actualidad vigente, que han despertado creciente preocupación en muchos mexicanos responsables.
Desgraciadamente, el conocimiento que tenemos de la problemática ecológica no va de acuerdo con la conciencia de los grandes problemas que implica, ni con la reacción moral y ética que debería suscitar en las autoridades.
México se enfrenta a una preocupante degradación y destrucción de su medio ambiente; el problema es complejo, ya que nuestra historia, geografía, distribución de población, idiosincrasia y modelo de desarrollo adoptados, han tenido influencia definitiva.
La desigualdad en el desarrollo del país, las grandes concentraciones urbanas, la cotidiana e incontenible migración del campo a la ciudad y el desequilibrio económico, social y cultural existente entre la población, la explotación irracional de todos nuestro recursos naturales, las presiones constantes a las que se ha sometido a la flora y a la fauna de nuestro país, que las amenazan y hace que disminuya su diversidad; la contaminación del agua, del aire y del suelo, el rendimiento económico inmediato, los índices de desarrollo económico que no toman en cuenta el costo social y ambiental de la producción y por lo tanto, hacen que el valor ficticio de ingreso per capita sea el único indicador del progreso y vida del mexicano; la permanente expansión industrial, la deforestación y el cambio de uso del suelo, la monoproducción en la agricultura, en los energéticos y en la pesca, que llevan a la erosión de los suelos, al agotamiento de los recursos y al desaprovechamiento de potencialidades, son signos más que suficientes del resquebrajamiento de la sociedad mexicana y, por ende, son demostración del agotamiento y falta de imaginación del sistema político mexicano.
Para Acción Nacional, el sistema político de México ha perdido el control y dominio sobre la naturaleza, pues no ha sabido convivir con ella ni ha aprendido a preservarla; al contrario, la ha desnaturalizado y ha desnaturalizado al mexicano al darle una educación individualista y falta de valores. Al no entender el significado del dominio del hombre sobre la naturaleza, no ha llevado a cabo una política ambiental que integre todos los problemas ecológicos y les da un trato global.
Usted sabe, señor Secretario, que las empresas paraestatales son las principales contaminantes del país. Acción Nacional postula que México necesita un nuevo concepto de desarrollo, en el que reencontremos los valores de nuestra cultura, donde los principales satisfactores del hombre sean fundamentalmente la belleza, la verdad y el bien, entendiendo este último como solidaridad, justicia y libertad, y darle al desarrollo económico la categoría de bien instrumental que debe tener para garantizar a cada mexicano y a todos los mexicanos la alimentación suficiente, el vestido decoroso, la casa digna, la educación auténtica, la salud y esparcimiento acordes a su dignidad, no como dádiva graciosa del Estado, sino como logro merecido al esfuerzo responsable en un trabajo, y entonces no será la economía el más importante índice de desarrollo, y no se considerará el deterioro y destrucción del medio ambiente, como un costo aceptable del crecimiento del país.
Entonces, el respeto a la dignidad y a los derechos de cada uno de los mexicanos serán valores fundamentales, y la toma de conciencia de la riqueza de nuestro territorio y de la necesidad de la participación de cada uno en la preservación y regeneración de nuestro recursos naturales, serán base del bien común de la patria.
Señor Secretario, así piensa Acción Nacional, y el motivo que nos tiene aquí presentes y el motivo de su comparecencia ante esta soberanía, es el hecho de que el Ejecutivo Federal ha enviado para su discusión un proyecto de Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente. Como diputados, es nuestra responsabilidad y en su oportunidad nos avocaremos a ello; pero sí le quiero comentar que, aparte de iniciativas, en este recinto recibimos y discutimos también denuncias. Estos muros son mudos testigos que desde esta tribuna se denuncian violaciones a derechos humanos, fraudes electorales, aumentos a los productos básicos y últimamente se han presentado varias denuncias relacionadas con aspectos ecológicos.
Es de llamar la atención, el que fuera de este recinto, los medios de comunicación con frecuencia
también se ocupan del tema y como cosa por demás significativa, es que el pueblo se haya decidido a externar su preocupación en manifestaciones públicas, evidenciando con ello que son reclamo y exigencia la atención a su preocupación por el deterioro de la calidad de vida, y contrasta con este interés de los diferentes grupos mexicanos, la nula o prácticamente nula atención prestada en los informes presidenciales al problema ecológico de nuestra patria.
En los últimos informes no hemos tenido datos claros sobre la situación que guarda la situación ecológica del país. Explicable es, señor Secretario, la preocupación del pueblo mexicano por el deterioro al medio ambiente, ya que del informe sobre el estado del medio ambiente en México en el mes de marzo de 1986, que publicó la Secretaría que usted preside, se ha enterado al pueblo, aquí ya se ha dicho en varias ocasiones, que el 85% de la superficie del territorio nacional tiene diversos grados de erosión y que destaca la erosión acelerada en un 31% y la erosión total en un 16% de la superficie del país y, además el Plan Global de Desarrollo informa que anualmente perdemos 2 mil 250 kilómetros cuadrados de superficie agrícola. Cómo no va a preocupar al pueblo el que se haya reducido sensiblemente la disponibilidad de agua de buena calidad, con el consecuente incremento en los costos de su ministro y el déficit constante en la dotación a los sectores más pobres de la población.
Preocupa al pueblo que el deterioro de la calidad del aire sea significativo en zonas de alta densidad demográfica e industrial, sobre todo en la ciudad de México.
En su reporte nos dice que las emisiones anuales de contaminantes a la atmósfera son superiores a los 16 millones de toneladas y que de ésta, el 23.6% las genera la ciudad de México.
El reporte estima que en la actualidad se generan alrededor de 200 mil toneladas de residuos industriales en nuestro México; 50 mil toneladas de ellas provienen de los procesos de transformación, que según índices internacionales, entre un 10 y 15% son de naturaleza peligrosa, por lo que México puede esperar una generación de 5 mil a 7 mil toneladas diarias de residuos peligrosos y sólo tiene instalaciones para disposición final de residuos industriales y peligrosos, con capacidad para manejar menos del 1% del total generado.
Nos informan que hay 25 ciudades prioritarias con problemas de contaminación de ruido; reportan que del 100% del consumo nacional de energéticos, el 29.5% se desaprovecha por pérdidas diversas; que la flora y fauna silvestres están sujetas a múltiples presiones, ocasionando que su abundancia y diversidad disminuya en México. Los ejemplos aquí ya se han informado, sólo quiero reafirmar que respecto ala fauna, hay 56 especies que están amenazadas y en peligro de extinción, que solamente se encuentran en México, por lo que se está comprometiendo su permanencia en el planeta.
Y así, podríamos continuar hablando de problemas de áreas protegidas, de áreas naturales, prioritarias, etcétera, pero ante todo esto y además, queremos comentar que entendemos el reto que significa enfrentar a estos problemas y que somos conscientes de que el presupuesto de la Secretaría que usted preside, desgraciadamente es insuficiente, y ante este panorama, aún es tiempo, al presentar esta iniciativa el Ejecutivo reconoce que preservar el ambiente y respetar el equilibrio ecológico de la naturaleza, son acciones que necesariamente deben llevarse a cabo para tratar de asegurar una vida digna a los mexicanos.
Su implementación pues, se vuelve una exigencia insoslayable, cuando se tiene la convicción de que su falta de atención no sólo compromete la calidad de vida de las actuales generaciones, sino que pone en peligro la vida misma de las generaciones futuras.
Nunca como hoy, México se ha enfrentado a una crisis más peligrosa y más esencial. En esta época preñada de riesgos, debemos unirnos en un gran esfuerzo de consolidación de fuerzas todos los mexicanos de buena voluntad, para salvar lo que todavía puede y debe salvarse de nuestro patrimonio ecológico.
Nuestra patria no puede ni debe mantenerse al margen de la lucha por la preservación y restauración del medio ambiente. No debería haber argumento sólido alguno que se oponga a la intención del Ejecutivo; nadie puede poner en duda que el propósito que lo anima, pertenece a esa categoría de actos humanos que necesariamente deben catalogarse como buenos y son buenos y, en este caso, porque van dirigidos fundamentalmente a preservar la calidad de la vida humana y a crear las condiciones que hagan posible que ésta sea digna. Por ello, repito, estamos de acuerdo con la intención; no obstante, quiero hacer algunas reflexiones:
Antecedente inmediato de esta ley, son las modificaciones a los artículos 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas modificaciones hechas en el período extraordinario de abril del presente año, se adicionó a la fracción del artículo 73, una fracción
XXIX - G. Entonces, Acción Nacional dijo que con el texto propuesto para la adición al 73, texto aprobado por la mayoría oficial y rechazado por nosotros, se privaba a los estados de la facultad de legislar en materia ecológica. Nuestra postura entonces, señor Secretario, se fundó en el afán de fortalecer el federalismo. Seguimos insistiendo en ella.
Aún cuando en la práctica sigue siendo una ficción, el sistema federal debe llegar a se algo más que una formalidad, y debe funcionar en plenitud en la realidad política de México.
Los estados son soberanos y sobre sus intereses locales y regionales, sólo debe prevalecer el bien común nacional, en la forma y términos que se establecen en la Carta Magna. Todo abuso del poder central sobre los poderes estatales y sobre las libertades de sus ciudadanos, constituye una perversión política y jurídica y crea una falsa apariencia de unidad, pero en el fondo, produce resentimientos localistas en contra del Gobierno Federal y en contra del centro, que debilitan los lazos de unidad nacional y nos acercan a riesgos y peligros de dispersión que no pueden ser aceptados.
Es indispensable restituir a los estados la plenitud de su soberanía y volver a una práctica real del federalismo que resulte el camino adecuado para encauzar y distribuir en todo el territorio nacional, los esfuerzos de todos, para lograr un desarrollo intensivo y a la vez armónico del país.
Tal como entonces lo dijimos, esta ley secundaria que hoy comentamos, pretende rectificar, facultando a los congresos locales en forma anticonstitucional para legislar en materia de ecología.
Ecología, etimológicamente, es la ciencia de la casa que la vincula con otra ciencia: la economía, que determina las normas de la casa. Es curioso observar que estas dos hermanas en la palabra parecen no llevarse hoy en día bien, pues las razones económicas muchas veces chocan con los requerimientos ecológicos. En tanto la primera estudia la relación de los seres vivos entre ellos mismos y su entorno físico natural, la segunda se avoca al estudio de la mejor explotación y aprovechamiento de los recursos naturales para beneficio de la especie humana.
En propósitos, es la contradicción permanente y se acentúa. La ecología se propone mantener o conservar el estado natural, en tanto la economía se propone romper este equilibrio como medio para lograr sus objetivos, el progreso y el bienestar social; fatalmente al llegar a extremos límite, cualquiera de los dos propósitos provocan daños a la sociedad.
Nos preocupa en gran manera, señor Secretario, en que en los antecedentes de la ley se considere que el aprovechamiento racional y la protección del ambiente se haga sin interrumpir en forma excesiva los procesos productivos. Nosotros, en Acción Nacional, pensamos que debería decirse que la producción se realice sin interrumpir en forma excesiva el equilibrio ecológico, es decir, a la inversa.
Por otro lado, desconfiamos mucho de la intención descentralizadora de esta ley, no creemos que este sistema que padecemos esté dispuesto a la reducción del poder central, todo menos en el poder; el afán descentralizador hará de esta ley otro instrumento de control.
Dada la miseria de la mayoría de nuestro municipios, ¿cuándo estarán en capacidad de emitir las ordenanzas, reglamentos y bandos de policía y buen gobierno, para regularse en esta materia? Muy, muy difícilmente se logrará.
Entre otras fallas que queremos comentar, es el que esta ley no está al día. En otros países, por ejemplo, se toma en cuenta la posibilidad de limitar la contaminación al nivel de la capacidad de regeneración natural y vender a las empresas derechos de contaminación. En esta ley, en vez de esto, se reglamenta el agotamiento y otros temas implican la necesidad muy abundante de reglamentación, que propiciará una burocratización de procedimientos y, por ende, un aumento de burócratas con toda su secuela de males. Si la ley no fuera tan general, estaríamos en posibilidad de un juicio más objetivo, pero tendremos que esperar los reglamentos.
Se omite también la creación de asociaciones o patronatos de destinos independientes, que tengan como objetivo conservar y promover el medio ambiente de los lugares de su vecindad o comarcas cercanas. Esto en muchos países europeos se llama apadrinar un río, un bosque y ha tenido mucho éxito, y creemos que puede y debe funcionar en México, también no regula ni jerarquiza el aprovechamiento de los recursos no renovables.
Y otra gran ausente en esta ley, es la contaminación visual, para Acción Nacional, la belleza de la naturaleza como la del medio ambiente cultural creado por los humanos, son evidentemente necesarias para mantener la salud moral y espiritual de los hombres. Los sentimientos estéticos y éticos están muy vinculados entre sí, y los hombres que deben vivir en condiciones que no propicien su afirmación, sufren una atrofia de ambos, grave falla.
Señor Secretario, leyes recientemente aprobadas han enfrentado dificultades en su aplicación y han quedado casi como letra muerta, creemos que junto con la promulgación de leyes hace falta el concurso de la voluntad política para atender con seriedad los problemas y las materias que tratan de resolver, y el respecto a un pueblo con deseos de participación en todos los ámbitos de la vida nacional.
En el campo de la ecología, lo que no se atienda hoy, mañana tendrá menos posibilidades de corrección. Esperamos que tal voluntad esté presente en su discusión y que en ella prive la toma de conciencia de la gravedad de los males que aquejan al país y de la responsabilidad que en su origen y corrección oportuna tenemos todos. Hacemos votos para que en la discusión haya textura y diálogo constructivo, y de una situación crítica como en la que nos encontramos, pasemos a un mejoramiento de nuestra calidad de vida y poder así construir el medio ambiente que anhelamos. Por su atención, muchas gracias.
El C. Presidente: - ¿Desea usted, señor Secretario, hacer uso de la palabra?
Tiene usted el uso de la palabra.
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: - En la intervención de la diputada del Partido Acción Nacional, Esperanza Morelos, se introduce un nuevo elemento en la discusión que se celebra en este recinto, es la referencia a los problemas de contaminación mundial. Como ella bien lo establece, no se trata de problemas que estén circunscritos a las fronteras nacionales, sino que en la mayor parte de las cuestiones de fondo, se trata de problemas que abarcan a todos los países y no sólo en sus territorios, sino en lo que sería el universo que los rodea. De tal manera que estamos ante una situación que si por una parte, diputada Morelos, usted reconoce que la contaminación tiene un carácter mundial, nos llama mucho la atención que de inmediato usted atribuya los problemas de contaminación al sistema político mexicano.
Creo que sería difícil establecer esa causalidad, pero más allá de ello, yo sí quisiera que hiciéramos un pequeño recuento. Fue el sistema político mexicano quien llevó la discusión de los problemas ecológicos a la agenda política del país; fue el Presidente de la República quien promovió con gran decisión, reformas que han permitido fortalecer la conciencia de la sociedad en esta materia, crear nuevas instituciones para atenderlo; fue el Presidente de la República quien decretó las 21 acciones necesarias, que fue la primera medida realmente general y de fondo que se adoptó, para hacer frente a los problemas de la contaminación del aire en el Valle de México.
Fue el Presidente de la República quien coordinó los trabajos para formular el programa de las 100 acciones necesarias; fue el Ejecutivo Federal quien envió la iniciativa de reformas constitucionales al 27 y 73, y ha sido el Presidente de la República quien ha enviado a esta soberanía la iniciativa de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Con ello no queremos decir que el Estado o el Ejecutivo Federal, sean quienes estén necesariamente encabezando esta conciencia y esas decisiones, pero tampoco podríamos aceptar, como ustedes lo mencionan, que el sistema político es el responsable cuando, en todo caso, estamos ante todas estas acciones y ante iniciativas tan claras y tan positivas en la materia.
Haciendo a un lado esta consideración partidista que ustedes plantean, creo que debemos de reconocer con toda precisión, que ante los que estamos son, como ustedes también lo establecen, ante problemas bastante complejos que para solucionarlos es indispensable sumar fuerzas, conjugar consensos, estructurarlos y sobre todo, llevarlos al terreno de la acción concreta. De tal manera que como aquí se mencionaba, y como me parece que ha quedado establecido en prácticamente todas las intervenciones de los partidos de oposición, existe un acuerdo en lo general, sobre la necesidad de contar con una nuevo sistema jurídico que permita enfrentar los problemas del medio ambiente y la ecología. Quizá estoy adoptando una posición que no ha sido plenamente planteada por ustedes, pero yo no he encontrado que haya de parte de ninguno de los partidos poli - nacionales, una oposición a los propósitos de la iniciativa del Presidente De la Madrid, en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente. Eso es un gran paso.
Hay una consideración técnica - jurídica, que nos parece conveniente contestar con toda precisión: es nuevamente el asunto que ya fue planteado, pero con otro enfoque, por el Partido Demócrata Mexicano y me refiero a la forma como se resuelve el problema de la concurrencia en esta ley.
El artículo 124 de la Constitución dispone que las facultades no concedidas expresamente por la propia Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados. Esta disposición consagra el principio de que las autoridades federales sólo pueden actuar en lo que expresamente les está atribuido por la Constitución General y que el campo restante de la función pública queda reservado a los estados y se
regulará por las constituciones, leyes y reglamentos locales, los que pueden prever atribuciones para los propios estados y los municipio en cuanto a su régimen interno.
El artículo 133 señala en la propia Constitución que las leyes del Congreso de la Unión, emanen de ellas, y los tratados internacionales son la Ley Suprema de la Unión; y que los jueces de cada estado, se arreglarán a ella a pesar de lo que en contrario puedan disponer las constituciones o leyes locales. De este precepto se desprende el principio de respeto por las normas locales, a la Constitución General y a las leyes que de ella emanen. De manera armónica con estos preceptos, armónicos, es decir, sin que exista la contradicción con sus principios, el Congreso de la Unión se encuentra constitucionalmente facultado en diversas materias para dictar las bases en las que concurran los gobiernos federal, estatales y municipales y en sus respectivos ámbitos competenciales; tal es el caso de la función pública de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico y este modelo de concurrencia no es nuevo, fue establecido desde 1917 cuando el artículo 73 se refería al ámbito de la educación pública, es decir, la autoridad legislativa federal, de acuerdo con el primero de los principios señalados, el que se deriva del 124, ha quedado expresamente facultada, es decir, la autoridad legislativa federal ha quedado expresamente facultada de acuerdo con el 73, para determinar los ámbitos competenciales de la Federación, los estados y los municipios en la materia ecológica y de protección al ambiente.
La ley expedida en ejercicio de esa facultad; será de acuerdo con el segundo de los principio de observancia obligatoria para los estados y municipios, o sea que la competencia de éstos debe enmarcarse dentro de los ámbitos que señale la ley general expedida por el Congreso de la Unión. Ahora bien, el método de la iniciativa de Ley sobre Protección al Ambiente y Preservación del Equilibrio Ecológico, inspirado en el principio de necesidad de atribuciones expresas para la Federación que permitan a ésta actuar administrativamente, desarrolla con amplitud las facultades federales y establece sólo los marcos competenciales de las autoridades locales, mismos que deberán desarrollar las legislaturas de los estados y los ayuntamientos, sin transgredir el marco que señala la norma federal emanada de la Constitución General.
Para nosotros, no existía contradicción entre el 124 y las reformas al 73; para nosotros, no existe contradicción entre el 73 y la iniciativa de Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; pero más allá de la técnica jurídica, que creo que está plenamente sustentada, yo me preguntaría ¿por qué el Partido de Acción Nacional, cuando se promovió la reforma constitucional, se inclinaba por hacer prevalecer una posición diferente a la que ahora defiende? Creo que si la posición es verdaderamente federalista, habrá de reconocerse que salvado el problema de técnica jurídica, lo que importa es fortalecer efectivamente a estados y municipios en una tarea que, de no desarrollarse con esta concepción, estaríamos ante grandes incapacidades para la actuación pública y también ante graves obstáculos, porque los problemas de la ecología, una buena parte de ellos, tienen que resolverse en contacto directo con la realidad.
Creo que habiendo un mismo propósito, habiendo sustancia y compatibilidad en lo que se ha establecido, se ha logrado una solución que responde plenamente a lo que establece la fracción XXIX del artículo 73, tal cual fue reformado por el Constituyente Permanente durante este mismo año de 1987.
Hay, en los comentarios que hace la diputada Esperanza Morelos, otros asuntos que merecen un comentario y precisiones y trataré de, en una forma muy rápida, diputada Morelos, mencionar algunos de los resultados que se han obtenido frente a aquél que todos sabemos es el problema más complejo, quizá no el más grave, pero sí el más complejo al que se enfrenta el país, me estoy refiriendo a los problemas de contaminación de la ciudad de México, es decir, que en términos de lo que sería la reducción de las emisiones, se han logrado distintos resultados.
Tenemos hoy en la ciudad de México, seis toneladas al día menos de plomo; tenemos cuatro toneladas al día menos de bióxido de azufre; tenemos siete toneladas al día menos de partículas y 200 toneladas al día menos de bióxido de azufre, esto por las decisiones de cambio de combustible que se adoptaron como resultado del decreto de los 21 puntos.
En lo que toca a partículas, algunas decisiones como el cierre de la planta Tolteca, representan seis toneladas menos al día de partículas. En la ciudad de México tenemos hoy 48% menos de bióxido de azufre del que teníamos hace dos años.
El cambio de las gasolinas, permitió reducir los niveles de plomo en la ciudad de México a los límites que establecen las normas internacionales que son coincidentes con las normas nacionales.
Tenemos un conjunto de medidas proyectadas y en proceso que nos permitirán nuevas metas y nuevos resultados en materia de control de la
contaminación del aire. Con la incorporación de equipo de control en la refinería 18 de marzo, tendremos 17 mil toneladas menos al año; con la reducción del uso de compuestos orgánicos que utiliza la industria, por ejemplo de la pintura, tendremos 20 mil toneladas menos al año; con la optimización de procesos de combustión, 35 mil toneladas menos al año; con el mejoramiento de proceso de combustión a escala industrial, 20 mil toneladas, y con acciones de inspección y mantenimiento podríamos lograr todavía grandes resultados, es decir, que ha sido el gobierno de la República quien ha promovido un conjunto de iniciativa, en conjunto con la sociedad, tomando en cuenta las preocupaciones y la necesidades que ha planteado la sociedad a través de múltiples representaciones, con una participación activa de numerosos grupos sociales y de los propios medios de comunicación, pero han sido esas acciones las que por lo pronto nos han permitido evitar que se agrave en forma significativa la situación de contaminación de la ciudad de México, y que en cuatro de los cinco contaminantes estemos en una situación menos adversa de la que nos encontrábamos hace dos años.
Nos queda, como aquí se ha dicho con toda claridad, por resolver el problema de la contaminación por ozono, que ustedes saben es producida tanto por los hidrocarburos directos que son emitidos al aire, como por los oxidantes de nitrógeno, y la solución de ese problema se resuelve fundamentalmente en los automóviles y en el mejoramiento de los procesos de combustión en determinadas industrias. Tenemos por tanto, una gran tarea que realizar, pero esa tarea sin duda se podrá llevar adelante con mucho mayor efectividad y lo hacemos a través de las facultades que da la Ley de Equilibrio Ecológico al Estado en este caso y en general a las autoridades estatales y locales, para mejorar la acciones de protección del aire, no sólo en la ciudad de México, sino en toda la República.
Yo quisiera más que ahondar un problema de técnica jurídica, pensáramos en que existe una coincidencia en los propósitos, si existe una coincidencia en el tipo de instrumentos que tienen que ser utilizados, si existe un consenso general respecto a que la solución de los problemas ecológicos debe ir acompañada de la solución de los problemas económicos, dejemos que sea el propio debate legislativo el que defina de las razones y haga los planteamientos de técnica legislativa que nos permitan a todos contar con el mejor ordenamiento posible.
Estamos pues, señores, en una situación donde como ha sido planteado con claridad por la diputada Morelos, son grandes las responsabilidades que tenemos por delante. Son grandes los problemas que buscamos resolver y atemperar a partir de esta ley.
Estoy seguro de que si se establecen, como se ve que se están estableciendo, consensos sobre acuerdos generales, ello será una base de fortaleza de la nueva ley y la ley será una base de fortaleza de la sociedad y del Estado, para hacer frente a estas necesidades. Muchas gracias.
RATIFICACIÓN
El C. Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Aunque la decisión tomada por la presidencia en sentido de que el acuerdo parlamentario suspende la vigencia del Reglamento, yo creo que el acuerdo parlamentario sí permite una intervención después de la del señor Secretario. Yo quisiera que se ordenara a la secretaría se leyera la parte conducente del acuerdo parlamentario donde a su juicio están prohibidas estas intervenciones.
El C. Presidente: - Con todo gusto, señor diputado.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Me refiero a las interpelaciones al señor Secretario.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura al segundo párrafo del punto cuarto, perdón, último párrafo del punto cuarto del acuerdo de referencia.
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos: - "Cada una de las fracciones formulará las preguntas a que tenga derecho, de acuerdo con el siguiente orden: por escrito dos cuartillas como máximo y en forma verbal cinco minutos de tiempo. Las preguntas serán planteadas por los diputados desde su curul. El primer diputado en preguntar podrá replicar al Secretario respecto a su respuesta, la intervención del diputado de su partido que participó en la primera ronda. No procede replicar posteriormente, tampoco se consideran convenientes las interpelaciones".
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Con base en el último párrafo que acaba de leer el señor secretario, dice que no se consideran convenientes, no dice que estén prohibidas. Entonces, con base en ello, le pido me permita hacer una interpelación al señor Secretario.
El C. Presidente: - Con toda atención ciudadano diputado, me permito suplicarle leer completo
el párrafo de referencia. Creo que es muy útil para evitar la reiteración en el mismo asunto.
No procede replicar posteriormente. Tampoco... Ciudadano diputado, yo a usted le escuché con toda atención, le ruego que permita que concluya la presidencia.
No procede replicar posteriormente. Tampoco se consideran convenientes las interpelaciones.
En estas condiciones, esta presidencia estima que la utilización adecuada del término, tampoco liga la primera frase con la segunda, y en esta virtud, no se consideran convenientes las interpelaciones.
Señor diputado Montúfar, le ruego hacer uso de la palabra desde su curul.
El C. Jorge Montúfar Araujo (desde su curul): - Señor presidente: para todo estos tipos de actos, las comparecencias, siempre ha habido una previa reunión de los coordinadores de todos los bloques parlamentarios. El acuerdo parlamentario con el que se ha trabajado nunca ha sido impuesto por la presidencia o sorpresivo.
Por esta razón, propongo a la presidencia que consulte a la Asamblea si hemos de sostener, como fue aprobado aquí, los términos de este acuerdo, sin cerrar la puerta o a que haya un cambio, que en otro momento se haga como consecuencia de la mención de los coordinadores de los bloques parlamentarios, de lo contrario, el trabajo de la Cámara lo dejamos a expensas de la inquietud o de la sinrazón.
El C. Gonzalo Altamirano Dimas (desde su curul): - Señor presidente, moción. No se está pidiendo ningún cambio a este acuerdo. Este acuerdo está vigente, por lo tanto nos atenemos a que fue una recomendación lo de las interpelaciones. Aclaro además, que el señor diputado David Jiménez, cuando trajo el acuerdo para la misma, advirtió a la diputación de Acción Nacional que lo aceptábamos como una recomendación, pero que de ninguna manera aceptábamos una taxativa para poder hacer alguna interpelación de acuerdo con el mismo Reglamento.
El C. Presidente: - Esta presidencia ha escuchado con toda atención a quienes se han servido formular comentarios en relación con este asunto. Pero también estima la presidencia, que es prudente aceptar que el acuerdo de práctica parlamentaria fue turnado a la presidencia para su lectura y para atenerse a la letra del propio documento. Y en esa virtud, se solicita consulte la secretaría a la Asamblea si es de aceptarse el acuerdo en sus términos, no permitiéndose las interpelaciones en esta primera ronda de intervenciones.
El C. Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Señor presidente, aunque el Reglamento y el acuerdo parlamentario, por el aspecto que usted acaba de decir, dada su insistencia en violarlo, solamente hago una recomendación final: en esta primera ronda, el señor Secretario no haga preguntas a las fracciones, porque estamos atados por su disposición para contestarle.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a consultar a la Asamblea, en votación económica, si se acepta el acuerdo de referencia.
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablo: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta en sus términos, el acuerdo, sin permitir las interpelaciones.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
(Votación.)
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptado, señor presidente.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Antonio Brambila Meda, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Antonio Brambila Meda: - Con su permiso, señor presidente; señor Secretario de Estado, Manuel Camacho Solís; compañeras y compañeros diputados: Acudo a esta tribuna para exponer las tesis que sustenta el Partido Revolucionario Institucional, sobre el equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
La ecología, como pocos temas hoy en día, demanda conjunción de esfuerzos, apertura en el análisis, pero también firmeza en las acciones.
La iniciativa que hoy nos reúne, es una muestra de un nuevo estilo de conciliación nacional propuesto y llevado adelante por el Presidente Miguel de la Madrid, desde el inicio de su gobierno.
Se analiza problemas, se recaban opiniones, se concilian intereses y se propone una norma que compromete a proseguir el rumbo que la sociedad desea.
Durante el mes de agosto de 1987, la XII asamblea nacional de mi partido, aprobó e incorporó a nuestro programa de acción los siguientes postulados y propósitos:
- La preservación del equilibrio ecológico, para mejorar la calidad de vida de la comunidad nacional, proponiendo que se elevara a rango constitucional el derecho social de los mexicanos al medio ambiente sano, en el cual se sustente una política integral en esta materia, que a corto plazo pugne porque las empresas públicas y privadas cumplan cabalmente la legislación que incide en este campo; cuide los ecosistemas con tecnologías apropiadas a las condiciones de cada región.
- Emprenda acciones de saneamiento en contra de la contaminación industrial, e impulse una educación orientada hacia la formación de una conciencia de responsabilidad colectiva, ante la conservación del patrimonio que es base material del desarrollo de México y, que a largo plazo, racionalice el estilo de desarrollo imperante en el país, y armonice las necesidades de crecimiento económico con el manejo prudente de los recursos naturales.
Asimismo, postula el PRI la descentralización de las actividades productivas en el marco de una concepción de desarrollo regional equilibrado que se sustente en el fortalecimiento del federalismo, con una participación de estados y municipios en la planeación y en la ejecución de acciones orientadas a asegurar un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles en cada entidad federativa y en cada localidad.
Por otra parte, el Constituyente Permanente, a iniciativa del Presidente De la Madrid, plasmó en los artículos 27 y 73 de nuestra Ley de Leyes, la protección ambiental y de los ecosistemas. A la luz de esos ordenamientos y de nuestros postulados básicos en la materia, consideramos que la iniciativa de Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, propuesta por el ciudadano Presidente de la República, ataca correctamente y de manera integral el problema al identificar en primer término, las causas económico - sociales que están en la base de la situación ecológica actual; al reconocer las limitaciones del marco jurídico en vigor, orientado esencialmente a corregir los efectos de la contaminación urbana en la salud del ser humano, al invocar la necesidad de una coordinación institucional más amplia y segura que permita al gobierno y a la sociedad, con estricto apego al espíritu del artículo 27 constitucional, conservar, restaurar o acrecentar nuestro patrimonio natural que es la fuente del progreso nacional.
La responsabilidad es compartida, los logros también lo serán .
Esta iniciativa, sin duda una de las más avanzadas en la materia, es fruto de un proceso democrático en los medios y democratizador en los fines que persigue, por ello estimamos que al aprobarse tendrá garantizada su plena eficacia. Afirmamos que es democrática en los medios porque incorpora a las demandas, propuestas y aspiraciones de los grupos y sectores de la sociedad más representativos y es democratizadora en los fines por su incuestionable propósito descentralizador, toda vez que mediante un novedoso sistema de concurrencia en este campo transfiere un cúmulo de facultades a los estados y a los municipios, hasta ahora radicados en la Federación y crea las condiciones para fortalecer e incrementar dicha transferencia.
Esta iniciativa tiene muchos padres, deberán tener también muchos defensores. Es democrática además, porque convoca a una amplia participación social, bajo el criterio correcto de que sólo la acción concertada y perseverante de Estado y sociedad puede combatir eficazmente causas y efectos depredadores, para encauzar nuestro desarrollo económico que hasta la fecha no se ha sustentado en un equilibrio ecológico y en la protección al ambiente.
Para profundizar en una acción educativa, formadora de una mayor conciencia de responsabilidad colectiva y para que la sociedad más informada, vigilante y actuante imprima un mayor impulso al mejoramiento ecológico ambiental.
Estamos convencidos de que el primer reto de la democracia es la participación, que el ciudadano tenga derecho a influir en las decisiones y que pueda hacer uso de ese derecho con eficacia; es decir, no basta con pronunciarse en favor de la participación, es necesario procurar los medios que la hagan posible.
La ecología en México se politiza, no es materia exclusiva de los estudiosos, de los grupos específicamente interesados o de los políticos profesionales; toda la sociedad está involucrada, y en consecuencia debe recibir un tratamiento global por parte de la sociedad.
El éxito de la participación ciudadana, depende de una información objetiva y oportuna, de la identificación de un propósito o demanda común, y del tamaño de la comunidad o de la dimensión, digamos, de la unidad de participación.
Por estas razones, pensamos que la clave de la participación es una descentralización implacable, a ello propende esta iniciativa como parte de la estrategia política por excelencia en que está empeñado el Presidente De la Madrid: avanzar en la descentralización de la vida nacional.
La descentralización implica un propósito y anhelo democratizador del poder y la riqueza que busca el desenvolvimiento creativo, autónomo y equitativo e incluso de las regiones más apartadas; convoca a la aportación individual y colectiva, exige una coordinación respetuosa de la iniciativa de los estados y de su capacidad de acción y se funda precisamente en ello, reconociendo que la cercanía hace que muchas tareas las puedan realizar mejor los municipios y los estados que la Federación.
Consideramos que todo esfuerzo por lograr una participación social más articulada y vigorosa, debe empezar en la descentralización y a su vez la descentralización, si se procura profunda e irreversible, debe empezar, sobre todo en un estado de derecho como el nuestro, por establecerse en la ley.
Hemos llegado a un punto en que la concentración de facultades genera burocratismo, voluntarismo, corrupción; obstaculiza el entendimiento entre las partes y se opone incluso a la concertación de voluntades.
Una descentralización cuidadosa, ordenada, sostenida, es el mejor camino para difundir la economía, la política, la vida social, el conocimiento científico y técnico, en síntesis, para lograr un federalismo más vigoroso. Una descentralización bien llevada, como se procura en la iniciativa de ley y lo desea el pueblo de México, previene que el fortalecimiento de los estados, no sea en detrimento de los municipios sino que la nación en su conjunto se vigorice, pues sólo de esta manera, lograremos cambios cuantitativos y cualitativos en beneficio de la sociedad. La ecología obliga a un nuevo tipo de política y la iniciativa de Miguel de la Madrid responde a ella.
Señor Secretario Camacho Solís, su comparecencia el día de hoy, es de la representación popular. Estamos persuadidos de que la materia de esta iniciativa constituye una prioridad nacional de la más alta jerarquía. Por ello los diferentes sectores de la comunidad nacional, están demandando de la acción legislativa un producto útil, un instrumento jurídico eficaz y moderno que soporte la acción del Estado y de la sociedad en la lucha por mejorar nuestro hábitat.
Reconocemos que los esfuerzos del actual gobierno de la República, por atacar este problema, no tienen precedentes y sin embargo es mayor el camino que aún queda por recorrer.
Usted ha señalado que esta iniciativa de ley, inspirada en el espíritu del artículo 27 constitucional. lo actualiza, lo moderniza. Quisiéramos, señor Secretario, comentarios más amplios de su parte sobre estas consideraciones. Muchas gracias, a nombre de mi partido.
El C. Presidente: - ¿Desea usted, señor Secretario, hacer uso de la palabra?
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: - Quisiera únicamente, señor diputado Brambila, hacer una referencia general a alguno de los asuntos que aquí han sido ya tratados. Desde el punto de vista doctrinario, en efecto, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, tiene su sustento básico en el artículo 27 constitucional. Es decir, que dentro de la propia reforma del 27 y en el espíritu general que esté contiene, encontramos el antecedente que da justificación y actualidad a la orientación que tiene esta ley general; es decir, que estamos ante una ley en donde se establece con toda claridad la necesidad de que la nación recupere plenamente la soberanía sobre sus recursos y que éstos sean aprovechados con un espíritu de conservación y con propósitos de beneficio colectivo. Son los recursos de México para beneficio de todos los mexicanos y hemos aprendido que esto para lograrlo obliga e implica que sean considerados los aspectos de su protección y de su defensa en el conjunto de las actividades económicas que realiza la sociedad.
Pero dentro del mismo espíritu de la Constitución estamos obligados a ser plenamente respetuosos de todos los derechos y garantías, estamos obligados a ser plenamente respetuosos de la seguridad jurídica de la sociedad. Y por eso es que la Ley de Protección Ecológica, que la Ley del Equilibrio Ecológico, no es una ley estatista, es una ley que busca aumentar la eficacia del Estado a través de la coordinación de nuevos instrumentos, pero que sobre todo busca enriquecerse con la participación de estados y municipios y también con la participación amplia, mediante distintos caminos y modalidades de la sociedad. O sea, que desde el punto de vista doctrinario, nos parece que la iniciativa del Presidente De la Madrid viene a actualizar la orientación del artículo 27.
Desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista técnica jurídica, estamos ante un ordenamiento complejo. Es un ordenamiento que tiene que coordinar pero que a la vez no puede convertirse en un impedimento para el conjunto de las actividades económicas.
Es un ordenamiento que tiene que crear nuevos instrumentos porque la naturaleza de los problemas ecológicos así lo exige, pero que a la vez debe respetar plenamente las garantías y la seguridad
de la sociedad. Y es un ordenamiento cuyo fundamento constitucional queda claramente establecido en el artículo 73 en la fracción XXIX - G y donde para encontrar una solución técnica hemos precisado, el Ejecutivo ha desarrollado con todo detalle las facultades que corresponden al gobierno federal y los marcos en los que habrá de establecerse la precisión de las atribuciones de los estados y los municipios.
Como toda discusión jurídica puede haber distintos enfoques, pero creo que esta soberanía la que tiene los elementos necesarios para evaluar no sólo los propósitos doctrinarios, sino la adecuación de la técnica jurídica que desde nuestro punto de vista está resuelta.
Por otra parte, creo que no cabe ninguna duda de que esta iniciativa responde a una de las necesidades fundamentales que tiene México en la actualidad; sus principios coinciden plenamente con lo que la sociedad requiere, con lo que la sociedad ha planteado y con lo que la sociedad, estamos seguros, sabrá, defender, es decir, que estamos ante una iniciativa que persigue proteger no sólo los recursos hoy, sino los recursos de las próximas generaciones, ante una iniciativa que da un vuelco a la política ecológica, para que estados y municipios hagan mucho más, es decir, que es una iniciativa que confía en la descentralización, confía en la sociedad y confía en la democracia. Si en eso estamos todos de acuerdo, y hablo así porque creo en el debate y creo en el diálogo, es ello motivo suficiente para que nos parezca que podamos conjuntamente llegar a aclarar los puntos que todavía quedarán pendientes, pero con la seguridad de que hemos encontrado la mejor solución a la fórmulas de coordenación, de concurrencia y con ello a la solución tan compleja que plantea un tema de esta naturaleza.
Nos parece que la Ley del Equilibrio Ecológico, logra los equilibrios administrativos y los equilibrios jurídicos apropiados. Muchas gracias. (Aplausos.)
RECESO
El C. Presidente (a las 16:30 horas): - Se declara un receso de 60 minutos.
(Receso.)
El C. Presidente (a las 18:00): - Se reanuda la sesión.
REGISTRO PARA INTERVENCIONES
El C. presidente: - En los términos del acuerdo de práctica parlamentaria que norma esta reunión, se va a proceder a desahogar el segundo punto.
Señor licenciado Manuel Camacho Solís, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, varios ciudadanos diputados han manifestado su deseo de hacer a usted algunas preguntas en relación a la iniciativa de Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Han sido inscritos para tal efecto, los siguientes ciudadanos diputados:
Por el partido revolucionario Institucional, Miguel Osorio Marbán; por el Partido Acción Nacional, María del Carmen Jiménez de Avila; por el Partido Mexicano Socialista, Graco Ramírez Garrido Abreu; por el Partido Demócrata Mexicano, Jaime Haro; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Héctor Calderón Hermosa; por el partido revolucionario Institucional, Juan Moisés Calleja García; por el Partido Acción Nacional, Franz Ignacio Espejel Muñoz; por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, José Luis Díaz Moll; por el Partido Socialista de los trabajadores, Beatriz Gallardo Macías; por el Partido Popular Socialista, Martín Tavira Urióstegui y Alejandro Gascón Mercado y, por el Partido Revolucionario Institucional, Blanca Esponda de Torres.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Miguel Osorio Marbán.
El C. Miguel Osorio Marbán: - Señor presidente; Señor Secretario don Manuel Camacho Solís: para los campesinos de México, la tarea de defensa de la ecología y medio ambiente representa en nuestros días, el derecho a la vida de las actuales y futuras generaciones.
El desarrollo de nuestras comunidades y el bienestar de nuestros compañeros sobre la base de explotar racionalmente los recursos de que somos poseedores, se constituye en un objetivo permanente sobre todo ahora que trabajamos con pasión por lograr la soberanía alimentaria, en gran medida sustento de la independencia nacional.
El proyecto de Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, contiene las demandas legítimas de todos los mexicanos en torno a este trascendental problema. De una actividad de estudiosos del mismo, se ha convertido en una demanda social y política, debe involucrar en consecuencia a todos los sectores de la sociedad, para que la contaminación, el deterioro ambiental, la degradación del hábitat, sean frenados mediante una vigorosa acción de la ciudadanía y el Estado mexicano. En este sentido, el 2 de septiembre de 1985, siguiendo las orientaciones de mi partido,
de la Confederación Nacional Campesina y los reclamos de mis electores, presenté distintas iniciativas con exigencia final de una nueva ley que por su contenido, tuviera aplicabilidad y cubriera los reclamos y exigencias de la nación mexicana.
La mayoría de nuestras aspiraciones, las contiene el proyecto. De algunas otras, daremos cuenta en comisiones.
Los esfuerzos que se han hecho en los últimos años por lo mejor y más calificado de la humanidad, han creado un conjunto de conocimientos que nos muestran que el medio ambiente del planeta, hace interdependientes a todas las naciones y a todos los pueblos y que lo que perjudica a uno, grava en torno de todos. El deterioro de los mares por pruebas atómicas, constituye un claro ejemplo. Se ha emprendido la carrera entre las fuerzas emisoras de contaminantes, que se desarrollan aceleradamente y que constituyen una preocupación mundial y el esfuerzo del hombre para crear mecanismos, proponer legislaciones y ejecutar acciones que eviten la contaminación.
En una carta dirigida a 500 niños ecologistas, el Presidente De la Madrid les decía: "Tenemos que actuar en la ciudad, pero en toda la República; en sus ríos, en sus lagos, en sus bosques, en sus suelos, en el cuidado de sus plantas y de los animales". la decisión política como se observa, fue tomada deliberadamente, la voluntad política la expresa el contenido de la iniciativa. Quizá lo más importante en lo que toca al mundo y a nuestro país, es la creación de una conciencia ecológica, clara y decidida a participar e impedir que siga aumentando la incertidumbre por la vida del hombre y de la naturaleza.
Desde otro punto de vista, señor Secretario, es fundamental la educación en torno a este problema, a partir de la niñez, trabajar porque a todos los niveles y planes de enseñanza, así como en los libros de texto, instrumental natural de la educación popular o en los medios masivos de comunicación, se impartan conocimientos sobre este tema sustantivo de nuestra existencia.
La clase campesina, porque sabe que de ahí depende su propia vida, cuida con esmero los recursos naturales que maneja para mantener el equilibrio de los distintos ecosistemas de los que forma parte.
Este proyecto de ley lo saludamos como un gran triunfo de nuestro pueblo y nos compromete desde ahora a promover la responsabilidad de todos los mexicanos y en primer término de nuestros compañeros, lo mismo en el hogar, en la escuela, en el ejido o en la comunidad. Quienes le conocemos, ciudadano Secretario, sabemos que es usted funcionario firme y decidido, obligado a cumplir con los grandes objetivos que su partido y la Revolución le señalan, entre otros, el que ahora concentra la atención de los legisladores, para que en un ambiente propicio y bajo un equilibrio ecológico permanente, podamos todos desarrollar nuestras capacidades y disfrutar de los bienes que hemos creado en el curso de nuestra historia.
Deseamos, señor Secretario, que en esta comparecencia nos ilustre acerca de:
1o. Si la aplicación de la ley va a afectar en forma restrictiva o negativa el aprovechamiento de los recursos naturales.
2o. ¿Cómo se ha imaginado que se puedan mejorar las condiciones de vida en el campo impulsando el desarrollo de nuestras comunidades, ya que la ley vigente es prioritariamente urbana?
3o. ¿Qué nos garantiza que la ley se va a recorrer, juntar aplicar en el campo, donde aún existen tantos rezagos e intereses, que juntos tenemos que combatir y vencer?
Por su respuesta, ciudadano Secretario, nuestro reconocimiento.
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: - En efecto, diputado Osorio Marbán, la ley recogió su esfuerzo y su interés por este tema, usted ha sido un pionero y esto es algo que debemos reconocérselo.
Quizá una de las más importantes innovaciones de la ley es precisamente que deja de ser una ley estrictamente urbana, es una ley que incluye claramente el problema de los elementos naturales, de los recursos naturales, de las áreas protegidas, es decir, es un problema que aborda los asuntos de vivencia, de relación directa del campesino con la naturaleza, y de relación directa de los hombres y mujeres del campo con los elementos naturales que les permiten producir y vivir. Por esa razón es que lo que se quiere es precisamente encontrar las formas en las que los recursos naturales puedan ser racionalmente aprovechados.
Para algunos casos la ley sí establece restricciones, por ejemplo a través de declaratorias que pudieran limitar ciertas actividades económicas, pero la condición de expedición de las declaratorias, es precisamente cuando se expone en forma extrema el equilibrio de los ecosistemas, y esto es fundamental, porque de otra manera la propia
sociedad campesina estaría arriesgando la posibilidad de sostener su producción y su organización en el mediano y largo plazos. Lo que se busca con la ley es precisamente hacer compatible la producción con la explotación racional de los recursos, y establecer un régimen de reservas para las áreas naturales, en donde participen activamente las organizaciones de los campesinos.
Por tal motivo, nos parece que la ley prevé la participación campesina en la promoción, definición, organización de áreas naturales, y la ley prevé también la participación de las organizaciones campesinas en el manejo racional de los recursos naturales.
Lo que sí debe limitar la ley, impedirlo, es actividades económicas que no beneficien al campo sino que precisamente beneficien a intereses, no diría yo particulares, sino a intereses cuya actividad deteriora severamente las posibilidades y las condiciones de vida de los campesinos, y en general de todo el país. Esas son las actividades que debemos limitar en base a la ley, porque así se establece, y en base a la necesidad de proteger los propios recursos de las comunidades campesinas.
El problema de la contaminación de los desequilibrios ecológicos, como usted bien lo ha dicho, no nada más es un problema de las ciudades, y de esto existe plena conciencia en el campo de tal manera que también los problemas de contaminación urbana se relacionan con el campo, porque cuando se contamina un río ése es el río que llega a las zonas agrícolas, de tal manera que es indispensable no sólo proteger los recursos y las áreas naturales, sino a la vez establecer mecanismos que protejan las condiciones y calidad de vida del campo a través del control de los problemas de contaminación de las ciudades.
Estamos pues ante un enfoque integral, que toma sobre todo en cuenta al hombre, al campesino, y que estoy convencido de que en su aplicación, los campesinos mexicanos habrán de encontrar nuevas posibilidades de defensa de sus recursos, de defensa de su futuro y de defensa de sus condiciones básicas de mejoría social. Muchas gracias.(Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra la ciudadana diputada María del Carmen Jiménez de Avila, del Partido Acción Nacional.
La C. María del Carmen Jiménez de Avila: - Señor Secretario: Antes de formularme mis planteamientos, quiero rectificar su afirmación en el sentido de que Acción Nacional, sustenta posturas contradictorias en relación con un mismo tema.
Con las reformas constitucionales en materia de ecología y con relación a la presente iniciativa de ley, quiero manifestarle que en ambos casos sustentamos el criterio de que nunca puede, la ley federal ordinaria, conferir a los congresos locales facultades para legislar. Que esto es competencia de las constituciones locales. Que sólo la Constitución podría, fijando facultades concurrentes a la Federación y a los estados, conferir a los poderes legislativos de éstos, la facultad para legislar en materia tan importante.
Este fue nuestro criterio entonces y éste es nuestro criterio ahora.
Ahora, señor Secretario, me referiré a las industrias energéticas de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, en cuanto al deterioro ambiental que estas industrias producen, reconociendo de antemano que son industrias importantísimas para el desarrollo y el progreso del país.
Un problema muy importante que tenemos en México, es el del alto consumo de energéticos, que en el período de 1970 a 1982, se incrementó en un 9% anualmente, no sólo como consecuencia de los niveles de crecimiento del período, sino también debido a una tendencia hacia el derroche energético, que contrasta con lo que se observa en el mismo período, en los países industrializados. Este derroche se observa, principalmente, en las industrias paraestatales y en las oficinas burocráticas gubernamentales.
Tal consumo excesivo de energéticos no ha sido controlado por el Programa de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía, el cual en cambio, puso de manifiesto que en las industrias paraestatales, el alto consumo de energía se debe en gran parte a las deficientes condiciones de operación de los equipos y a la falta de mantenimiento de los mismos.
Tomando en cuenta, que toda generación ortodoxa de energía produce un deterioro ambiental y que hasta el 25% del requerimiento energético podría obtenerse vía ahorro y uso eficiente de la energía ¿no cree usted, que existe un vacío al respecto en la ley que estamos comentando?
Por otro lado, en el Plan Nacional de Energéticos 1984 - 1988, se reconoce que aún cuando se han hecho importantes esfuerzos para prevenir y controlar las consecuencias ambientales de las industrias del sector energético, persiste el deterioro ecológico por la emisión de gases, polvos, humos y desechos sólidos y líquidos altamente contaminantes.
Los efectos ambientales generados por las industrias energéticas, son particularmente graves en el
caso de la industria petrolera. Los impactos ambientales de esta industria, se dan desde el momento en que localizado un pozo, se inician los trabajos de construcción que implican una profunda modificación topográfica, con las consecuencias que todos ya conocemos.
La perforación del pozo por su parte, genera humos, polvos, ruidos, y una gran cantidad de desechos sólidos y líquidos contaminantes.
Luego la separación del aceite, el gas y las aguas congénitas, de los yacimientos, dan lugar a los procesos de contaminación atmosférica que provoca la quema del gas natural y la contaminación de los suelos y aguas por la descarga de las aguas asociadas por un alto contenido de sales. Lo anterior ha provocado que en las zonas petroleras como la de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, se hayan destruido los ecosistemas y que en lugares que antes eran casi un paraíso se haya prácticamente acabado con la fauna, con la flora.
A todo esto, hay que agregar la grave contaminación que se produce por los derrames de hidrocarburos y las explosiones de gas. Por ejemplo, el derrame espectacular del pozo Ixtoc I, en la sonda de Campeche en 1979, afectó profundamente el respectivo ecosistema y recientemente se ha registrado el derrame de pozo Yum II, también con graves consecuencias ambientales.
Lo anterior, hace necesario que se lleve a la práctica una política de manejos de los recursos energéticos que apunte al ahorro en el consumo de los energéticos, y desde luego, no por vía alza de precios. Y a la prospección de la naturaleza.
Para ello es importante contar con una legislación adecuada, ya que actualmente, la legislación tutela la protección de los recursos petroleros, pero no la protección del ambiente. Y establece una prioridad a favor de la industria petrolera sobre cualquier otro uso posible de los suelos y limita las obligaciones de Petróleos Mexicanos a indemnizar a los afectados por los daños y perjuicios que pudieran causarse por los trabajos petroleros.
En cuanto a la industria petroquímica, en el reglamento que la rige, no están incluidas disposiciones ambientales, no obstante el carácter altamente contaminante de esta industria.
En cuanto a la industria eléctrica, ésta también produce una gran contaminación que se expresa fundamentalmente en las modificaciones nocivas que las estaciones hidroeléctricas pueden generar en el ciclo hidrológico y en la contaminación atmosférica que producen las estaciones termoeléctricas.
Sin embargo, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica carece prácticamente de consideraciones ambientales. Tenemos casos dramáticos como el de la geotérmica de Los Azufres en Michoacán, en donde el antiguo y bellísimo paisaje se ha deteriorado gravemente, debido a que la energía geotérmica, aunque en principio es amable, debe cuidarse su explotación concreta cosa que en este lugar no se ha hecho, permitiendo la deposición de sales en los bosques aledaños.
En cuanto a las actividades relacionadas con los minerales radioactivos, éstos generan efectos que de no instrumentarse las medidas de seguridad apropiadas, representan un alto riesgo para la vida en general.
Aunque el conjunto de disposiciones legales establecen las bases para que opere un sistema de tratamiento apropiado respecto a los residuos radioactivos de las nucleoeléctricas, la verdad es que aquellas habrán de ser complementadas por disposiciones reglamentarias que las hagan aplicables, y por otras medidas tales como la construcción de confinamientos apropiados.
En cuanto a Laguna Verde, consideramos imposible el problema del impacto ecológico, del problema del control de las emisiones radioactivas, del control de los subproductos y en general de las medidas de seguridad implementadas en Laguna Verde.
Ello, no porque se ponga en duda la capacidad de los técnicos mexicanos, sino porque el problema de la seguridad nuclear rebasa fronteras como lo demuestran los accidentes de la isla Tres millas y el de Chernobyl.
El problema tampoco está exclusivamente en el uso de tecnología americana, rusa o francesa. El problema radica en la capacidad tecnológica mundial para hacer frente a los siguientes problemas:
Control de emisiones radioactivas; sistemas de seguridad y control en las plantas nucleares; control de los desechos radioactivos, y aunque parezca increíble, reconocimiento de que como humanos podemos fallar y que no hay sistema de seguridad que garantice el 100% de efectividad.
Con estos razonamientos, pregunto a usted, señor Secretario:
¿Qué hará la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para fomentar el uso eficiente de los energéticos y, sobre todo su ahorro, está íntimamente relacionado lo uno con lo otro? ¿Qué
medidas concretas se aplicarán para que Pemex y CFE eviten la contaminación ambiental que la naturaleza de las mismas industrias implica?
¿Qué se hará para que se restablezca el equilibrio ecológico en las zonas petroleras?
¿Cómo se aplicará la fracción V del artículo 98 de la ley, que dice: "La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas pueden provocar deterioro severo de los suelos, deben incluir acciones equivalentes de regeneración?
¿Se aplicarán las sanciones establecidas en la ley, motivo de su comparecencia, a Pemex y CFE?
Considerando que la temperatura en las aguas costeras inmediatas a Laguna Verde se elevará, por lo menos durante 25 años, la ley que usted viene a explicar ¿podrá el deterioro de la flora y la fauna marina?
Sabemos que toda obra humana, incluyendo las plantas nucleoeléctricas, tienen intrínsecamente la posibilidad de fallar. ¿Usted acepta la responsabilidad personal de que la ley que hoy nos presenta, protegerá adecuadamente a una importante parte de la población mexicana?
Por otro lado y también como un derivado de la política de las industrias energéticas, quisiera hacer una breve referencia a la contaminación tan grande que se produce por los vehículos automotores, principalmente en la Ciudad de México y en otras ciudades grandes del país.
Considero, desde luego, que ha sido un avance el que ahora la gasolina nova tenga solamente un 80% del plomo tetraetilo que antes contenía, y debido a la combustión incompleta de los energéticos en los vehículos se producen, como usted ya lo dijo antes, gases nitrosos que absorben oxígeno y lo transforman en ozono; pensamos entonces que una parcial solución a este problema, sería el diseño real de motores para la altura de la ciudad de México, que es de 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar.
En estas condiciones, estos motores realmente tendrían una mejor combustión debido al oxígeno ambiental , y en las ciudades más bajas o ciudades que estén sobre el nivel del mar, esta combustión pues sería aún mejor. Sabemos que hay pláticas ya entre petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del petróleo y la Asociación Automotriz Mexicana; ojalá que muy pronto estas pláticas lleguen a un acuerdo determinado y que estos motores realmente se diseñen, porque como antes dije, consideramos que esto sería una solución aunque parcial a este problema de la contaminación urbana.
Gracias, señor Secretario, espero su respuesta.
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y ecología: - Muchas gracias. Hay diversas preguntas y no va a ser fácil contestar a todas ellas, pero mi intención es ser lo más completo y preciso que sea posible.
Por una parte, está todo lo que usted refiere a los problemas de impacto ambiental de las inversiones que realizan Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, y también hace usted mención a la industria petroquímica como un caso especial.
Existen dos formas en que la ley regula estas actividades. Por una parte, regula la explotación de los recursos no renovables y sus impactos ecológicos y por otra parte, regula a las actividades secundarias, industriales y terciarias de servicios en general, a la ciudad económica en general, también a las actividades agropecuarias; de tal manera que la clasificación que se establece no es por ramas de producción, sino por tipo de contaminación y esto resulta más apropiado desde el punto de vista de control del fenómeno de la contaminación, es decir, lo que interesa es controlar la contaminación del agua, del suelo o del aire, como usted también lo menciona en su intervención.
En ese sentido, hay previsiones ,muy bien elaboradas para que en los nuevos proyectos, por ejemplo de un pozo petrolero, se tomen las providencias de tratamiento del agua, se tomen las providencias para evitar los desechos sin control y se tomen providencias de control de la contaminación del aire, pero no sólo eso, sino para que se prevea la forma en que se asentarán los contingentes o los grupos de trabajadores que tienen que desempeñar esas tareas, porque ocurre con frecuencia que junto con la presencia de los trabajadores, entren otros intereses que depredan el ambiente, depredan la ecología y que no necesariamente tienen que ver con la actividad petrolera, esto está muy bien previsto en la ley, y tiene usted razón, es algo que se tiene que cuidar al extremo.
Lo que no podemos hacer, es pensar que una actividad de la naturaleza que es la obtención de hidrocarburos o la generación de energía puedan estar totalmente libres de contaminación; la naturaleza misma de la actividad provoca contaminación, lo importante es que se prevea que no se provoque más allá de la contaminación que es imposible reducir desde el punto de vista de los conocimientos técnicos y científicos que tenemos en este momento. Esta contaminación se produce en todos los países del mundo donde existen estas actividades.
Por eso es que el otro criterio de la ley, es establecer normas técnicas para que todo el mundo sepa con precisión cuáles son los límites, hasta dónde se puede impactar al ambiente y éstos están calculados generalmente en términos de criterios de salud o en términos del equilibrio de los ecosistemas.
Por otra parte, hay una preocupación general sobre el ahorro de los energéticos que, desde luego, coincide plenamente con el enfoque de la política de energéticos, de la política de energéticos del gobierno de la República y que no ha quedado incluida en la ley, porque está contenida en otros ordenamientos y en el programa sectorial correspondiente, dentro del Sistema Nacional de Planeación. No puede la ley de Ecología normar todo, lo que estamos tratando de hacer es enfrentar los problemas sustantivos.
Por otra parte, usted hace una referencia a problemas de contaminación de la ciudad de México, y también a problemas de responsabilidad de industrias públicas y de responsabilidad de particulares.
En lo que toca a la ciudad de México, en efecto, la introducción de las gasolinas ha reducido los niveles de plomo, pero no a un 80%, los ha reducido a una sexta parte de lo que tuvieron, es decir, a un 16% o algo más que el 20%; entonces, se trata de una reducción radical frente a los contenidos que tenían las gasolinas de tetraetilo de plomo hace algunos años. Esto no quiere decir que ya la gasolina de la ciudad de México deje de tener plomo, pero tiene muchísimo menos de lo que tenía y esto ha permitido que no obstante que se ha incrementado el número de vehículos, el número de gente que habita en el valle de México y que se transportan, los niveles de plomo en el valle de México hayan estado ya en los últimos dos años dentro de límites normales.
La otra solución que usted esboza de las tecnologías de los automóviles, es la que se ha convenido ya en efecto con la Asociación Nacional de la Industria Automotriz; pero aquí hay un elemento que es el decisivo. Hay tecnologías que están desarrolladas y otras que se podrían desarrollar, pero que en ninguna parte del mundo están suficientemente probadas, tal es el caso de el control de las emisiones de los automóviles.
La tecnología que ha dado mejores resultados, que están comprobados en una forma fehaciente, es la tecnología de los convertidores catalíticos. Para que los convertidores catalíticos puedan funcionar, se requiere de contar con gasolina sin plomo, y en nuestro país tenemos sólo pequeñas disponibilidades de gasolinas sin plomo; es por ello que ya en las últimas semanas se arrancaron las inversiones para producir en escala masiva en México gasolina sin plomo, y también para producir en escala masiva diesel, con contenidos mínimos de azufre; el diesel también ya está mejorado, pero la meta es reducir esa parte de contaminación del combustible a su mínima expresión.
Con esta gasolina que estará disponible en un plazo de dos años y medio, y que se ha hecho en base a un proyecto de duplicación para reducir los tiempos de ejecución, se podrán introducir en México los convertidores catalíticos y eso podrá reducir la contaminación a niveles otra vez mucho muy inferiores, que pueden llegar otra vez a una sexta parte de lo que puede presentar la contaminación si no se cuenta con esta tecnología.
Pero esto, que es una solución de gran significado, que irá asentándose, que irá creciendo conforme se vaya sustituyendo la planta automotriz, no es suficiente para resolver el problema de contaminación extrema que tenemos de los automóviles, por las causas que usted menciona. Por eso, la otra medida fundamental es la verificación de las condiciones de los motores, que estén bien afinados y bien ajustados; si no están bien afinados no queman bien; si no están bien ajustados pasan aceite y esto llega a contaminar 20 ó 30 veces más que lo que contamina un automóvil normal.
El problema de la verificación obligatoria, está prevista en la ley y será responsabilidad de los estados y municipios, según se establezca y en la ciudad de México será responsabilidad del Departamento del Distrito Federal, de acuerdo con la iniciativa que ustedes analizan.
Estamos perfectamente conscientes que medidas de esta naturaleza son complejas en su aplicación, no la aplicaremos sin tomar en cuenta al conjunto de la sociedad, sin prever los impactos económicos, sin organizar adecuadamente los sistemas de verificación, sin introducir nuevas modalidades donde la sociedad participe y sea parte de este proceso y de este esfuerzo, y desde luego lo haremos con un gran cuidado, oportunidad y previa concientización de la sociedad.
Pero de lo que debemos de estar conscientes quienes habitamos en esta ciudad y en otras grandes ciudades, es que si no controlamos estos procesos, difícilmente podemos aspirar a reducir los niveles de contaminación de ozono. como aquí ya se ha dicho, la contaminación en el valle de México es menor en cuatro de los cinco principales contaminantes pero en ozono no hemos tenido resultados, y para tener los resultados necesarios, además de las acciones que ya se están tomando por la industria, la decisión fundamental
es ordenar las fuentes móviles y la más difícil de todas es la de la verificación, porque es de preverse que tardarán entre 15, 20 o quizá hasta 25 años en restablecerse la planta automotriz del Valle de México.
Como usted también dice, diputada, la combustión en la ciudad de México es más difícil y por eso es que también cuesta más trabajo resolver los problemas. Pero también tenemos otras ventajas que no tienen otras ciudades y que ayudan a resolver, de acuerdo con las condiciones atmosféricas, con mayor facilidad los problemas, y una de las grandes ventajas que tiene esta ciudad que no tenían Londres o Tokio, es que aquí prácticamente todos los días del año sale el sol y eso ayuda mucho a la dispersión del ozono.
El sol, al entrar en contacto con los oxidantes de nitrógeno y al entrar en contacto con los hidrocarburos, hace que se desencadene una reacción química que produce ozono, pero el hecho de que el sol aparezca facilita la dispersión de las masas que impiden la libre circulación del aire. Entonces, en parte el sol, provoca la generación de ozono pero el sol también ayuda a que la dispersión se dé con mayor facilidad.
En lo que toca a Pemex y Comisión Federal de Electricidad, usted me pregunta que qué haremos para evitar la contaminación ambiental. Yo ya le daba un ejemplo refiriéndome a la ley en torno a la condición de los polos y ya, por ejemplo, en la selva lacandona, cualquier exploración de Petróleos Mexicanos está condicionada a una normatividad de este tipo muy estricta. Si entrando en vigor la ley se viola por parte del sector público, esto implica responsabilidades muy claras, porque desde luego que la ley será obligatoria para el sector público. Y será obligatoria también para el sector privado. Y es ahí donde a partir de una norma tenemos que encontrar los procedimientos para resolver los problemas, porque si el día de hoy quisiéramos sancionar a toda la sociedad porque está generando contaminación, nos enfrentaríamos a problemas inmanejables. Lo que necesitamos hacer es, a partir de una norma, generar las condiciones de solución de los problemas, y creo que en esa dirección es en la que estamos caminando y con bastante eficacia.
Por lo que toca a Comisión Federal de Electricidad, CFE ha dicho su parte. Es muy claro el ejemplo de lo que se ha logrado en las termoeléctricas del Valle de México y la reducción de contaminación realmente es muy significativa, por eso ya no tenemos un problema de bióxido de azufre severo en la ciudad. Y en las nuevas inversiones de la Comisión Federal de Electricidad, ya estamos imponiendo nuevas restricciones para que se prevean los fenómenos con oportunidad, tal es el caso de la termoeléctrica que se construye en la Laguna, donde por razones ecológicas se ha cambiado la tecnología representando esto muchos miles de millones adicionales de inversión, pero en vez de que sea un enfriamiento por agua, se está haciendo un enfriamiento por aire, y esto tiene un gran significado para una región que tiene tantas carencias de agua.
El hecho de que tengamos la norma y el hecho de que vayamos preparando cada vez con mayor velocidad, en todos los niveles de gobierno, los cuadros que sepan hacer estos trabajos, desde luego que va a seguir acelerando las posibilidades que tengamos de evaluar antes y de prevenir los problemas que se han presentado.
Usted hace mención a problemas como las explosiones de los pozos, en particular, hubo una referencia al pozo el "Yun II", y yo quiero darle nada más unos datos que creo que pueden servir para poner en su contexto adecuado este tipo de situaciones. Por fortuna, estos accidentes no representaron pérdidas de vidas. Pero en términos de su impacto y de su frecuencia, la estadística mundial es la siguiente:
Accidentes en instalaciones petroleras 39% ocurren en Estados Unidos, 22% en el Mar del Norte, en el resto del mundo 36% y en México 2.7, es decir, que si una correlaciona los montos de inversión, al número de pozos, contra lo que ocurre en otras partes del mundo, lo que encontramos es que en todos los países ocurren accidentes y lo que ya está teniendo lugar en México, es que la capacidad de control de estos fenómenos ha mejorado notablemente, no sólo por la prevención que se ha tomado, el mantenimiento y la coordinación con las autoridades de la Secretaría de marina, sino porque existen nuevas formas de controlar estos problemas tan severos.
El control del pozo Ixtoc, llevo 281 días, el último pozo que es el quinto en un período bastante largo de tiempo, llevó del 6 de octubre al 6 de noviembre. Y esto nos lleva directamente al problema de los impuestos en la ecología y en el bienestar de las comunidades en las regiones petroleras.
Estamos ante problemas muy complejos, que bien dice usted, no sólo se deben resolver por la vía de las indemnizaciones, que en ocasiones es el único método que se tiene, mejor que no tenerlo, sino, sobre todo, mediante tareas de prevención que reduzcan los efectos adversos como yo hacía ya hace un momento referencia.
Tiene usted toda la razón, no se vale que el Secretario de Sedue se quiera deslindar de un problema
que es parte de una estrategia general, siendo él un miembro de una administración.
Si yo quise ser más preciso en el punto de la evaluación del impacto ambiental, no es porque quiera dejar de asumir las responsabilidades que tengo, no sólo como funcionario, sino como miembro de una administración, pero sí me parece que en el análisis del problema de Laguna Verde, tenemos que ser muy precisos y yo creo que usted estaba clasificando adecuadamente el problema, pero yo sí me permitiría hacer algunas adiciones a su clasificación.
Una cosa es el impacto ecológico, que se refiere a las condiciones normales de operación de la planta, así se entiende en todo el mundo, donde el impacto ecológico adverso de una planta nuclear y en particular de ésta, es mucho menor que el que se tiene, desde luego, con otras fuentes de generación de energía eléctrica, y otra cosa muy distinta es el problema del diseño de la construcción y de la operación de una planta nuclear. Desde luego que en un momento dado pueden tener contacto; pero la lógica de ambos desenlaces obedece a razones completamente diferentes. Una planta nuclear en condiciones normales, tiene un impacto ecológico muy reducido; una planta en condiciones de accidente, puede llegar a tener impactos ecológicos terriblemente adversos, de ahí que en lo que toca a la seguridad, existan dos vertientes que son las fundamentales. Esa es la opinión de los especialistas mundiales y creo que es un asunto que está estudiando a fondo.
El problema de la seguridad está determinado por tres componentes: en parte está en el diseño, en la tecnología; está en la forma como se construyó y en parte está en la operación. Si las dos primeras están mal hechas, desde luego que los riesgos aumentan. Pero hay un acuerdo general en todo el mundo, que lo más importante en la mayor parte de los casos, es la operación de las plantas. Donde ha habido accidentes ha sido generalmente por problemas de operación. En el caso de Laguna Verde, la opinión de los especialistas nacionales e internacionales, es que no existen problemas fundamentales de diseño. En esto hay toda una discusión; hay gente que opina que sí los hay; gente que opina que no los hay. Quienes vinieron a hacer el estudio correspondiente nos han informado que en lo que toca a diseño, es la misma tecnología que está en aplicación en otros países del mundo y precisamente en esta tecnología, no han ocurrido, por fortuna hasta el momento, accidentes significativos. Pero esto es una discusión abierta. Además es un tema que apasiona y no sólo apasiona a la señora que en Veracruz está preocupada, apasiona a científicos, a técnicos a toda la población, de eso estamos perfectamente conscientes y eso ocurre en México y en todo el mundo.
La otra parte del problema es la construcción. Generalmente se ha dicho, se afirma, así lo dicen los grupos antinucleares, que hubo problemas en la construcción y que por tal motivo la planta es insegura; que aunque la tecnología fuera buena, de todas maneras no se construyó adecuadamente.
Quienes no participamos en el proceso; quienes no tenemos los conocimientos especializados, tenemos siempre que preguntar y tenemos que preguntarle a gente a la que le tengamos confianza a la que consideramos que tiene capacidad profesional.
La opinión de las gentes que han estado pendientes de este asunto, es que sí ha habido problemas. Pero estos problemas no se han reflejado en la Construcción, por una razón: porque existía un programa de normas de calidad. Pudieron llegar a ocurrir fenómenos, incluso de corrupción, cosas que yo no tengo elementos para afirmar o negar, pero la opinión de los que han analizado este asunto con detalle, es que a virtud de que existían normas de calidad, finalmente los problemas que se presentaron, fueron resueltos porque si no se llenaba la norma. no se aceptaba el avance de la construcción.
La opinión nuevamente de las gentes que vinieron a analizar este problema, es que no existe ningún problema significativo en la construcción. Y todo mundo está de acuerdo que estando en lo fundamental bien el diseño y la construcción, el asunto de fondo, el problema decisivo es la operación, y ahí esto depende de muchas cosas, depende de la capacitación de los recursos humanos; depende de los errores humanos que usted mencionaba; depende del marco institucional dentro del cual opere en particular una planta o un sistema más amplio; depende de un conjunto de circunstancias institucionales, económicas y de capacitación que son las que explican, en un momento dado, cuáles son los márgenes y los rangos de seguridad que se tienen.
Yo estaría totalmente de acuerdo con usted, en que todo lo que se pudiera hacer en materia de operación sería lo más importante a lograr y no sólo en operación, sino en previsión de cuestiones que pudieran presentar; de ahí que también conviene pensar si México tiene o no tiene los cuadros técnicos calificados para este tipo de proyectos. El consenso que hay es que el país tiene un número incluso superior de técnicos y de científicos en la materia del que tienen la enorme mayoría de los países en vías de desarrollo que han tenido alguna participación en esta materia. Quizá la única
excepción clara pudiera ser un país como la india, algo quizá Argentina, pero en comparación con el resto de los países y con un número importante de países en desarrollo, México pudo formar en las últimas décadas un núcleo bastante fuerte y calificado de especialistas en energía y en distintas especialidades relacionadas.
Quisiera finalmente, en relación con este tema, decirle que una cosa pueden ser y por eso es que éste es un tema de discusión política, el análisis técnico de un proyecto y otra cosa también igualmente importante, es la comunicación que se haga del mismo y la aceptación que exista por parte de la sociedad.
En más de una, dos o tres ocasiones, su servidor ha tenido contacto y comunicación con los grupos más radicales que se oponen al proyecto. No hemos eludido el diálogo y hemos aceptado jornadas largas, difíciles, porque siempre hemos estado convencidos de que lo más importante en el caso de Laguna Verde era establecer la comunicación, era evitar precipitaciones y era tomar todas las providencias que sean posibles para reducir cualquier riesgo adverso.
Seguirá siendo el tema de Laguna Verde un tema debatido, un tema difícil, pero la línea, la orientación del gobierno de la República, como ha quedado perfectamente establecido, es la mayor seguridad y mantener, ampliar por todas las vías, la posibilidad de analizar el problema, determinar sus distintas características y componentes y en función de todos estos elementos tomar las decisiones que procedan. Es por ello que yo me permití y ahora lo hago formalmente solicitándoselo al señor Presidente del Congreso y para que él lo haga también extensivo a esta Asamblea, si así lo determina, de acuerdo con sus propios procedimientos, me he permitido hacer una propuesta que me parece que pudiera contribuir a lo que el Presidente de la República ha querido siempre en relación a este asunto, a que haya la mejor, la mayor y la más abierta información para que la sociedad pueda evaluar con seriedad el problema, y por eso es que si así lo establecen ustedes, estamos en la mejor disposición de que en la parte de evaluación del impacto ambiental, que es una parte importante, pueda nombrarse a cinco científicos de la más reconocida capacidad, especialidad en los temas correspondientes, para que ellos puedan informar a su vez a los partidos políticos y a la opinión pública de lo que contiene la documentación amplia del impacto ambiental. Es una forma de contribuir a conocer el problema, a verlo en detalle y también para que la sociedad vea, ella misma a través de quienes conocen temas tan complejos para que le tengan la más absoluta confianza, que en relación a estos aspectos los trabajos se han hecho con el mejor deseo, el mejor espíritu y sobre todo con el más alto profesionalismo.
Finalmente diputada, usted me dice que si yo estoy dispuesto a asumir la responsabilidad personal en el sentido de que la ley protegerá a la población mexicana. Yo estoy dispuesto a asumir la responsabilidad personal de todas las acciones que se han tomado en materia de ecología en cada una de las actividades en las que hemos participado, pero en términos de la ley estoy absolutamente convencido de que sería difícil haber llegado a una integración tan acertada de un problema tan complejo, que incluso ha suscitado una discusión jurídica que yo espero sea resuelta por ustedes, por los diputados, en comisiones y en el pleno, por la naturaleza misma del tema y su complejidad, y haber llegado a un punto en el que prácticamente todo el sector público llegó a aceptar la iniciativa, en el que hay un consenso en la administración, eso facilitará que en el momento de su ejecución, de su obligatoriedad, sea aplicable en lo que compete a la propia administración.
El haber podido establecer instrumentos tan fuertes como los que están en está iniciativa, pero también las precauciones para evitar el abuso en la aplicación de los mismos, será un motivo de tranquilidad para la sociedad, pero también será el instrumento para lograr dos cosas:
1. Convencer, inducir y confiar en la sociedad.
2. Para que aquellos que no estén en disposición de cumplir con la ley puedan ser sancionados, o se cuente con instrumentos eficaces para obligarlos a cumplir.
De tal manera que no sólo asumo la responsabilidad personal con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, del Presidente de la República, del licenciado Miguel de la Madrid, sino que la asumo con gran confianza y con la seguridad de que la oportunidad con la que ésta entra, será de gran trascendencia no sólo para reducir los problemas de contaminación en esta ciudad, sino sobre todo para ordenar muchos procesos que han sido motivo de desorden y de destrucción y que si no logramos su adecuada conducción, el país y la sociedad tendrían que pagar un costo muy caro. Estoy convencido de la iniciativa y se que será en beneficio del pueblo de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Graco Ramírez Garrido Abreu, del Partido Mexicano Socialista.
El C. Graco Ramírez Garrido Abreu: - Compañero presidente; señor Secretario Manuel Camacho: Lo he estado observando en esta comparecencia y creo que podemos estar de acuerdo en que usted es un joven político moderno.
El diputado Alejandro Encinas del Partido Mexicano Socialista ha denunciado en su intervención, lo que ha ocurrido en nuestro país en nombre de la modernidad; modernidad que se planteó por aquel a la Presidencia de la República y después Presidente de la República, que fue bautizado como el joven cachorro de la Revolución Mexicana.
A partir de los cuarenta, se invitó a este país al desarrollo industrial y a ese modelo de desarrollo industrial se permitió la instalación de empresas extranjeras, algunas prohibidas en sus países de origen, por su alto grado de riesgo y contaminación.
Se instalaron empresas estatales que fomentaron el desarrollo de la gran propiedad industrial, se fueron estableciendo asentamientos humanos irregulares en las ciudades con la descapitalización del campo mexicano, bajo la ilusión de que millones de mexicanos encontrarían trabajo y mejores condiciones de vida en las ciudades.
Se planteó una deforestación indiscriminada, se planteó una ganadería extensiva, se propició el latifundio privado. Se contaminaron ríos, lagunas y costas.
Cuarenta años después, señor Secretario, tenemos un país en donde la depredación de nuestros recursos naturales, nos plantea un medio ambiente como el que hoy todos compartimos, que no es el que queremos. Ello nos exige una posición radical. Aquel joven cachorro de la Revolución que invitó a la modernidad, nos hablaba de acumular riqueza para después distribuirla.
Hoy podemos concluir que estas ilusiones de la modernidad nos tienen ante una crisis económica que es crisis para la mayoría de los mexicanos.
Como dijera mi compañero el diputado Eraclio Zepeda, a la abundancia se la llevó el cuerno. Hoy se puede decir que México es el cuerno de la escasez. Falta vivienda, salarios que no alcanzan, transportes malos en las principales ciudades, con excepción del Distrito Federal, porque ésta es la urbe subsidiada, sacrificando los recursos para el resto del país. menos comida para la mayoría de los mexicanos, menos presupuesto gubernamental para impulsar el desarrollo.
Tengo la impresión, señor Secretario y quizá también podamos estar de acuerdo usted y yo, en que la inversión más democrática en México, porque afecta a todos sin distingos de clase, es la inversión térmica, aunque aquí salga el sol, creo que la única inversión que prospera en este país es la térmica, en esta ciudad sobre todo.
Ya vimos que las modernas casas de bolsa no son buenas para las inversiones. ¿En qué podemos concluir, señor Secretario?: esto es un problema político, esto tiene que ver con el modelo de desarrollo al que se aspira en este país. Nosotros consideramos, como fue señalado por el diputado Encinas, que el aprovechamiento por la naturaleza ve partir de una nueva lógica del beneficio social.
La iniciativa que aquí se presenta y que usted está comentando, señala la corresponsabilidad de la sociedad, pero nosotros consideramos que ésta es limitada, y que no va a entender solamente como la asesoría ecológica, sino hay que dar paso a la iniciativa social, los problemas del medio ambiente son esencialmente problemas de carácter político.
Debo decirle que sí reconocemos los esfuerzos hechos por la Sedue, pero esta iniciativa de ley, y pensamos que es limitada, nos sigue planteando que van a existir en nuestro país industrias contaminantes; que van a existir concesiones forestales a los grandes acaparadores de esas concesiones, grandes capitales se han hecho forestando los bosques de México y seguirá habiendo ganadería extensiva, porque en este país, así se informa cada primero de septiembre, se entregan cientos y miles de certificados de inafectabilidad agrícola ganadera.
Estamos hablando nosotros de qué nación queremos, un país donde exista otra calidad de la vida. Nosotros consideramos, los miembros del Partido Mexicano Socialista, que el capitalismo y sus nefastas consecuencias, son ya cuestiones viejas y conocidas.
Por eso nosotros, señor Secretario, pensamos que el concepto de modernidad debe plantearse a partir de ¿qué nación queremos?, ¿de qué tipo de país queremos? Usted plantea que la iniciativa es suficiente para reordenar las actividades primarias sin que se provoque deterioro al ambiente; nos preocupa que esto no sea posible porque entraría en contradicción con leyes vigentes que hoy permiten el saqueo de recursos, las cuales no son derogadas por esta ley, así lo ha establecido y así fue señalado por el diputado Encinas.
Por ejemplo, se dice que si se aplica esta nueva ley, se puede evitar que la ganadería extensiva
destruya los ecosistemas tropicales o las zonas templadas forestales o continúen los desmontes. Pero nosotros queremos que nos responda muy concretamente, señor Secretario. ¿Que disposición se va a aplicar para estos casos, la Ley de Fomento Agropecuario, la Ley de Reforma Agraria con certificados de inafectabilidad ganadera, o las concesiones de desmonte, o esta nueva ley que usted propone?
Los problemas derivados de la ganadería, extensiva por cierto, se apoyan, entre otras cosas, en la definición de pequeña propiedad ganadera en términos de la superficie necesaria para explotar un cierto número de cabezas de ganado, lo cual premia con más superficie a quien practique la ganadería extensiva.
Nuestro partido propone una reforma constitucional para acabar con esta situación.
Qué opina usted, licenciado Camacho Solís, de una posible reforma al artículo 27 de la Constitución que defina la pequeña propiedad ganadera sólo en términos del régimen pluvial y la calidad del suelo, en tierras de temporal. Y con un número fijo de hectáreas en tierras de riego o humedad natural.
Esto contribuiría realmente - esta reforma a la Constitución -, contribuiría a las intenciones que plantea la iniciativa que se ha presentado aquí.
Insistimos también en esto que ya fue señalado, en que la coordinación que se propone a nivel institucional es demasiado vaga, por eso pensamos que debe definirse mejor, no para burocratizar, sino para garantizar el cumplimiento de la ley por el conjunto de las instituciones del sector público; pero además de ello, no se garantiza la intervención social en los distintos niveles de decisión.
Esto es, no la corresponsabilidad solamente, sino la iniciativa social en este problema tan grave que es el problema ecológico.
La pregunta es, señor Secretario: En la coordinación que se contempla ¿dónde está la participación social? ¿Cuáles serían los mecanismos concretos que la asegurarán?
Y en el tipo de instituciones que ustedes proponen en esa iniciativa, debo decirles que es importante considerar a los partidos políticos.
Somos entidades de interés público. Representamos a parte de la ciudadanía. Y aquí no se considera la expresión de los instrumentos de los ciudadanos que son por excelencia los partidos políticos.
Nosotros esperamos de la mayoría de los diputados, que integran la mayoría en esta Cámara, voluntad política para mejorar substancialmente esta iniciativa. Muchas gracias, señor Secretario.
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: - Hace usted referencia, diputado Graco Ramírez, a algunos de los planteamientos generales que había previamente hecho su partido.
En particular, hay uno nuevo que se agrega o se precisa, que es el de las tecnologías que tienen impactos ecológicos más adversos que otras tecnologías que ya existen para este tipo de actividad económica o el problema que puedan representar las empresas de capital extranjero o multinacional.
Quisiera aquí, nada más dar un ejemplo de cómo se puede avanzar en el control, en beneficio de la nación, de estos asuntos y hacerlo con criterios que, a la vez contribuyan a los objetivos generales de modernización.
Uno de los problemas importantes que teníamos en nuestra frontera, era el de que ingresaban desechos peligrosos y potencialmente peligrosos, o de que empresas instaladas en la faja fronteriza utilizaban tecnologías que pudieran generar desechos peligrosos; y cuando hablo de este tipo de desechos, no estoy hablando de una cuestión marginal, sino que estoy hablando de uno de los dos o tres principales problemas a los que se enfrentan este momento las sociedades industrializadas.
Con claridad sobre el origen del problema. el gobierno mexicano negoció un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que establece la plena protección de nuestro país para ambos problemas, esto lo intentó Canadá durante seis años sin lograrlo y fue tan apropiado, tan benéfico para los intereses mexicanos, que es ahora uno de los puntos centrales de conflicto en las relaciones bilaterales de Canadá y los Estados Unidos; pero no sólo eso, sino que la fórmula que pudimos encontrar para proteger a nuestro país, de las dos cosas, es ahora a partir de la última convención de Budapest, el modelo que van a desarrollar los países socialistas en sus intercambios y también los países europeos de economía de mercado. De tal manera que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer con una idea muy clara, pero también moderna de los intereses nacionales, porque de los que se trata es de hacer compatibles diversos propósitos.
Sigue preocupando mucho el problema de la participación, y le comentaría, que desde mi punto de vista no se puede hablar nada más de
iniciativa social; iniciativa social ¿por qué conductos?, ¿para qué?, ¿cómo?; iniciativa social para preocuparse o para dar a conocer algunas propuesta o participación en acciones que realmente lleven a cuestiones concretas, por eso no creo que el procedimiento de la concertación excluya el que se den iniciativas sociales, es más no creo que pueda haber concertación si no hay una gran iniciativa y participación de la sociedad, y esto está en el corazón de esta ley; porque estos asuntos se manejaban de otra manera, y lo que la ley prevé es que se introduzcan diversos mecanismos de la participación y los mecanismos de participación, una vez establecidos los espacios, lo importante es que se aproveche, y ésa es la responsabilidad de la sociedad y también de los partidos políticos, si ésa es su preocupación; ahí están los espacios para la participación, muy amplios, más amplios para cualquier otra ley ecológica en el mundo y lo que necesitamos es configurar las modalidades que permitan que esto se vaya ampliando y llevando a cuestiones concretas.
Hay también una preocupación que se repite sobre la coordinación que es demasiado vaga; a mí me llama mucho la atención que su partido todavía no haya descubierto en la ley los instrumentos que ésta contiene, tan es así, que la referencia al problema de la ganadería extensiva no se alcanza a precisar y no creo que se haya visto con todo cuidado que la ley establece instrumentos muy amplios, es decir, todos los instrumentos del Estado están vinculados con la propia ley, las concesiones, las autorizaciones, el manejo del crédito y decisiones tan trascendentes como el ordenamiento del territorio las normas técnicas que tiene una gran trascendencia social y en la economía, la evaluación de impacto ambiental previa. Estas son las verdaderas decisiones estos son los instrumentos reales que necesita el país, porque yo comentaría a su pregunta relacionada con la reforma que usted comenta al artículo 27, ¿qué es más efectivo, modificar un régimen de tenencia o simplemente controlar el destino del crédito¿, ¡qué es más efectivo, modificar un sistema de tenencia o utilizar convergentemente todos los instrumentos de fomento y control y regulación del Estado¿ Creo que en eso consiste parte de la política moderna, en saber usar las cosas que ya tenemos, con un claro sentido social, con un claro sentido de interés general, en el que desde luego coincidimos; si no hay ese interés general, si no hay esa visión nacionalista si no hay esa orientación democrática no puede haber modernidad.
Esto me lleva a su último comentario, la modernidad y todas esas cosas de los políticos que a todos nosotros tanto nos interesan y que creo que es algo también que interesan y que creo que es algo también que interesa a la sociedad.
En términos de la modernidad, las ideas están claras en la ley, y están claras porque lo único que hacen es reflejar una concepción más amplia, cuál es la modernidad, la modernidad de la economía, si no tenemos una economía que sea más productiva, si no tenemos una economía que amplíe el mercado interno y que compita, si no tenemos una economía que establezca una relación más racional con los recursos naturales será imposible aumentar los niveles de bienestar, generar el empleo necesario y controlar las principales condiciones adversas de la situación que, por cierto, no es exclusiva de México.
Modernidad en la política, la verdadera modernidad política no es otra cosa que profundizar los procedimientos democráticos y no creo que en eso no habría gran discusión si vemos éstos, tanto en su componente estrictamente electoral, como en su componente social, es decir, que la modernidad implica también un cambio en la relación entre el Estado por sí mismo no es capaz de tomar las relaciones Estado y sociedad está en el corazón de la ley, es una ley que descentraliza, es una ley que coordina, es una ley que crea instrumentos. Si nosotros quisiéramos manejar las cosas como antes, poco haríamos, necesitamos coordinar el esfuerzo, sumar los instrumentos y eso sí, tiene usted razón, tener una gran claridad sobre la dirección y la más firme decisión para aplicarla. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Jaime Haro Rodríguez, del Partido Demócrata Mexicano.
El C. Jaime Haro Rodríguez: - Señor Secretario de Estado: No es una vieja nostalgia el pensar en una legislación administrativa unitaria. Todo el derecho así se forma.
De ello no se desprende que existe una sola Secretaría, según nuestro propósito, sino que de la misma se podrían derivar las competencias de las distintas dependencias del Ejecutivo, según la materia a ejecutar. Porque está en la conciencia nacional, que en la actualidad la mayor contaminación en el ámbito, corre a cargo de las empresas del sector público, llevándose el triste campeonato, Petróleos Mexicanos.
Ante esa infición, los ciudadanos se encuentran desprotegidos e inermes como les pasó a los originarios de Tabasco y de Campeche los cuales debieron cambiar sus actividades agrícolas, ganaderas y piscícolas, ante el impacto ambiental de las perforaciones tanto en tierra como en mar.
Ante este hecho, señor Secretario, opinamos que la iniciativa de ley carece de medidas suficientes para regular y contener dicha contaminación. Por ejemplo, no hay quien detenga a Petróleos Mexicanos si sus actividades están autorizadas por la Secretaría de Energía Minas e Industria Paraestatal.
En el texto del proyecto, no se establece en forma clara y explícita, la obligatoriedad del ordenamiento ecológico para las dependencias del Ejecutivo Paraestatal.
Es verdad que se establece la denuncia popular en los artículos del 189 al 194 de la iniciativa que nos ocupa, pero la misma, apenas va un poco más allá del derecho de petición genérico establecido en el artículo 8o. de nuestra Constitución. Si bien los daños y perjuicios que están establecidos en los distintos códigos civiles, no cree usted, señor Secretario, que sería útil para la justicia que en la futura ley se estableciera la obligación patrimonial de resarcir los daños y los perjuicios cuando se afecte el ambiente y se dañe a los particulares o a los municipios tanto en su salud, en su actividad o en sus bienes; que se estableciera en esta legislación la obligación de las dependencias del Ejecutivo de destinar parte de su presupuesto a reparar estos daños cuando éstos ocurran y asimismo observamos que se establecen sanciones de tipo penal para los particulares que violan el ordenamiento ecológico y si bien estos delitos genéricos podrían ser imputables a las autoridades que violen la ley, le preguntamos si en su criterio conviene introducir es esta legislación la tipificación de los correspondientes delitos oficiales.
Asimismo le preguntamos ¿cuál sería la diferencia de acciones de la Sedue frente al desastre del pozo "Yum II" en el marco de la legislación actual? ¿y cuáles serían las posibilidades en el marco de la legislación que el Ejecutivo nos propone?
Y, por otra parte, señor Secretario, nos faltó su comentario sobre la exigua participación social en la que insistimos, que prevé la iniciativa en los problemas ecológicos.
La Academia Mexicana de Derecho Ecológico ha dicho que toda contaminación es libertinaje, que es agobiadora injusticia y estulticia rampante. La contaminación es el negocio sucio de la modernidad, prueba fehaciente de la ineptitud social, es hierro y lesión.
La solución radica en cambiar de rumbo y de estilo de conducta y objetivo porque no queremos más riqueza y menos pobreza, menos injusticia, no más justicia genérica sino más legislación específica acatada. Pareciera que el nuevo lema del consumismo injusto fuera que nadie tiene derecho a los estricto mientras alguien carezca de lo superfluo. Y la única manera en que podemos triunfar contra el desmoronamiento ambiental, será racionalizar más y mejor todo lo que hacemos, tanto como individuos, como familias, como grupos, como sociedad. como gobierno, como país.
No más bolsas de polietileno; no más envases no retornables; no más anuncios gigantescos en muros y azoteas; no más coches y camiones contaminantes; no más proceso industrial irreversible; no más desechos a los ríos y a los mares; no más humos y polvos deletéreos en el aire; no más programas obsoletos; no más lujos insolentes de modas dispendiosas y extranjerizantes y no más palacetes urbanos frente a la depauperización habitacional, ni más pavimentos esterilizantes sin jardines; no más ruidos de ensordecedores decibeles; no más basura como testimonio antihigiénico y antiestético; no más crueldad sádica para los animales; no más tala irresponsable de árboles; no más erosión despiadada de las tierras.
Señor secretario de Estado, en todo esto usted y yo estamos de acuerdo. En Esto existe un consenso también de la opinión de la ciudadanía, todos estamos de acuerdo en la necesidad de tener una legislación que prometa la conservación de las condiciones humanas del ambiente.
Nuestros buenos deseos se tiene que transformar en acciones. Y si existen leyes para regular las relaciones del hombre con el hombre, es ya indispensable una legislación que regule las relaciones del hombre con su medio ambiente, sólo así podremos sobrevivir. ¡Bienvenida, pues, la ley!
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: - Bienvenida la ley y bienvenido su comentario diputado. Hay nuevamente la preocupación sobre cómo se da la coordinación, es un asunto que es verdaderamente complejo, hay un modelo de perfección que podría ser el código, pero yo insistiría que en la medida que están perfectamente establecidas las facultades, llenados los vacíos jurídicos de lo que antes teníamos, derogada aquella parte de la legislación que es sustituida y adecuadamente integrada las facultades, logramos el propósito sin crear un desorden tremendo en la administración y en el conjunto de las actividades económicas del país. Lo que estamos haciendo no es creando un nuevo orden jurídico sino transformando el que ya tenemos para resolver los problemas que estamos enfrentando.
De la misma manera como yo no estaba de acuerdo en que los problemas de al ecología, dependieran de los modos de producción exclusivamente, también le diría a usted que no estoy de acuerdo en que sea el sector público el único o el principal generador de contaminación. Y le voy a poner el ejemplo del caso que todos mencionamos, que a todos nos molesta pero que es un buen ejemplo del caso que todos mencionamos, que a todos nos molesta pero que es un buen ejemplo para aclarar mi punto de vista.
Este es el caso de los camiones Ruta 100. Siempre que se quiere hacer algo sale a la luz el problema de los camiones Ruta 100, como éstos contaminan, entonces yo no estoy obligado, como industrial, a hacer nada o como particular a controlar las emisiones de mi automóvil o cualquier ciudadano a cuidar el agua a ahorrar energía o a controlar la generación de desechos y de basura.
Y si bien es cierto, es obvio que los camiones de Ruta 100 generan contaminación, yo le quiero dar un dato: los camiones de Ruta 100 de esta ciudad generan 3% de la contaminación global del aire, frente a más del 70% que generan los automóviles. Esto no es pretexto para no hacer nada con los camiones de Ruta 100, pero sí es un punto necesario para evaluar como vamos a aprovechar los recursos escasos que tenemos para lograr nuestros propósitos.
El gobierno ya ha hecho algo en relación a los camiones Ruta 100 no contaminantes, pero simplemente cambiar los motores de los camiones Ruta 100 cuesta 75 millones de pesos por unidad, 125 cambiar todo el camión; de tal manera que cambiar las unidades de Ruta 100 nos costaría medio billón de pesos, es decir más de lo que el Departamento del Distrito Federal gasta en agua, en drenaje, en seguridad y en todo su programa social.
Es por ello que necesitamos y es importante, determinar con precisión los orígenes de la contaminación, porque de otra manera al politizarlos, lo único que hacemos es disminuir la cohesión social para enfrentar los problemas y yo no creo que ése sea el propósito de ninguno de nosotros, es decir, que si bien hay que reconocer que las empresas públicas y diversas actividades gubernamentales han generado contaminación y en algunos lados mucha contaminación, creo que también es necesario reconocer que los particulares han generado graves deterioros, graves destrucciones, y que la solución no es echarnos unos a otros la culpa, sino asumir cada uno su responsabilidad y en función de los recursos que tiene el país, porque finalmente son los recursos de la nación con los que vamos a resolver los problemas, hacer las cosas que mejores resultados nos den.
Esa es la estrategia más aconsejable y creo yo que es la única que nos pueda generar una verdadera convergencia de voluntades, indispensable para llevar a buen éxito la empresa de la protección de la ecología.
Dice usted que la ley, al hablar de la denuncia popular apenas extiende un poco el derecho de petición, yo me voy a permitir leer el artículo 194, porque esto tiene estricta relación con el comentario anterior y con su pregunta señor diputado.
Artículo 194. Cuando por infracción a las disposiciones de esta ley, se hubieren ocasionado daños o perjuicios, él o los interesados podrán solicitar a la Secretaría la formulación de un dictamen técnico al respeto, el cual tendrá el valor de prueba pericial en caso de ser presentado en juicio Creo que eso responde plenamente a su preocupación.
Por lo que toca al asunto del "Yum II" ya hice algún comentario, creo que no tendría más que decir en este momento. Respecto a la cita que usted explícitamente leyó, de la Academia Mexicana de Derecho Ecológico, yo le quiero decir que yo también quisiera y creo que todos quisiéramos poder decir no más, pero lo importante creo en este momento, es precisar cómo lo vamos a hacer y éste es el propósito de esta legislación a la que por cierto contribuyó en forma muy significativa la Academia Mexicana de Derecho Ecológico. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Héctor Calderón Hermosa, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El C. Héctor Calderón Hermosa: - Ciudadano Secretario licenciado Manuel Camacho Solís: Tengo la desgracia de vivir en la zona más contaminada de la ciudad de México: el suroeste del Distrito Federal y específicamente en San Pedro de los Pinos. Puedo decir a usted, señor Secretario, que a pesar de las medidas que ha empezado a tomar la Sedue, a pesar del cierre de la Tolteca, y contrariando el optimismo de la posible reducción de los diversos índices, el aire que respiramos quienes ahí vivimos, no muestra evidencias claras de estar mejorando. Se detectan cada mes con mayor frecuencia los síntomas iniciales de saturnismo o sea el envenenamiento por el plomo, que no se elimina del cuerpo, sino se acumula. Sobre todo entre quienes permanecen en esa zona todo el día y entre los niños. Dolor persistente de cabeza; náusea. hemorragias nasales, manchas en la piel, hipertensión, problemas hepáticos, anemia, etcétera.
Otras metrópolis del mundo han tenido este mismo problema. Pero con menor intensidad, ya han sido mencionadas aquí: Tokio, Londres, Los Angeles, han logrado avances significativos. Tokio, en particular, limpió su ambiente en menos de unos tres años, cambiando a gas los camiones de carga, autobuses y hasta los taxis. Y poniendo filtros en los automóviles y en las fábricas.
La tecnología existe y no tenemos que inventarla. Aquí, señor, hace dos o tres años, varias particulares, de "motu propio", hicieron las adaptaciones a sus vehículos principalmente combis y pickups, para usar gas en lugar de gasolina, en lugar de propiciar e impulsar esta tendencia, Pemex la prohibió terminantemente aduciendo que pierde dinero por el subsidio que otorga al gas doméstico, sin considerar que precisamente ese cambio a un combustible de bajo poder contaminante, se debe incentivar con ventajas en el costo.
Señor Secretario, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se pregunta: ¿cuántas leyes más se tendrán que aprobar en esta Cámara, para que se tomen decisiones ejecutivas, prácticas e inmediatas para acabar con la contaminación atmosférica del distrito Federal? ¿Será preciso acaso que mueran varios miles de niños o que los hospitales se atiborren con víctimas de los gases tóxicos, para que se tomen las medidas drásticas e inmediatas que exige la situación?, ¿qué se espera, señor Secretario?
Por su atención, le expreso nuestro agradecimiento.
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: - Yo le agradezco a usted diputado sus comentarios y quisiera precisar en qué estoy de acuerdo y en qué estoy en franco desacuerdo con usted.
Es cierto que el suroeste del Valle de México es la zona más contaminada por ozono; es cierto que no hemos logrado disminuir el problema del ozono; no es cierto que el problema del ozono sea todo el día; el problema del ozono se presenta sobre todo en el suroeste de las dos a las cuatro de la tarde y pasando las cuatro o cinco de acaba porque se dispersa casi completamente el ozono día con día. Hay otros contaminantes que permanecen acumulados en la atmósfera, pero el ozono, al dejar de estar en contacto con la luz solar, deja de producirse y se dispersa.
Respecto a sus afirmaciones epidemiológicas, yo creo que más que entrar en una discusión, yo lo único que tengo son el punto de vista de quienes han hecho estas investigaciones; lo importante es reconocer que todo lo que hagamos para reducir este problema será benéfico para la salud, yo lo pondría en positivo para no entrar en una discusión que, además, obviamente no es mi especialidad.
Entonces, estando de acuerdo en la necesidad de tomar esas decisiones firmes, prácticas, es por ello que hemos tomado esas decisiones firmes, prácticas y quiero decirle por qué no hemos tomado las otras que nos faltan. Y aquí la comparación internacional me parece que es muy útil. En efecto, hay otras ciudades que han logrado resultados muy favorables en plazos relativamente cortos, no tres años pero sí entre cinco y 10 años y quiero también decirle que el problema del ozono, hablando de los casos que usted mencionaba, no es un problema exclusivo de la ciudad de México, es un problema que se presenta en muchas otras ciudades. Aquí tenemos ese, en otras ciudades europeas tiene problemas más severos de bióxido de azufre o tiene más problemas severos de monóxido de carbono; lo que aquí tenemos es un problema que en este momento es muy similar a los niveles de contaminación de ozono que se tiene en la ciudad de Los Angeles.
Con nuestro Imeca, con nuestro índice que tenemos en la ciudad de México, para darle una idea, los problemas más graves que hemos tenido han estado abajo de los 300 puntos. En los Angeles, con nuestro mismo índice han llegado a estar arriba de los 500 puntos. Esto no quiere decir, insisto, que tengamos resuelta la solución, porque lo primero que hice es reconocer que frente a este problema no hemos tenido resultados.
Ahora, ¿qué es lo que se tiene qué hacer y de ello qué estamos haciendo y qué nos falta? Yo le he comentado las medidas que hemos tomando para resolver los problemas de combustión; una parte del contaminante que al ponerse en contacto con la luz solar genera el ozono, son los oxidantes de nitrógeno y todo proceso de combustión genera esta sustancia; los quemadores de la cocinas generan oxidantes de nitrógeno; las calderas de las fábricas y, sobre todo, cierto tipo de actividades industriales como por ejemplo pueden ser cierto tipo de pinturas, es por ello que lo que estamos haciendo en este momento es controlando las principales fuentes de generación de oxidantes de nitrógeno. Ya Petróleos Mexicanos está instalando y a punto de concluir, el sistema de membranas que evitarán la volatilidad, en este caso de hidrocarburos que también es el otro elemento decisivo, ya estamos trabajando con prácticamente todas las ramas industriales para controlar los problemas severos de generación de
oxidantes de nitrógeno y las acciones que estamos tomando nos van a permitir tener resultados muy claros y benéficos en esta dirección, pero yo regresaría al problema que usted menciona que es el problema principal que explica la situación del suroeste aparte de las condiciones especiales climatológicas y de la altura y de la característica de valle que tiene esta gran ciudad.
Y éste es el problema de los automóviles. Usted menciona dos cosas que se han hecho en otras ciudades; una, introducir gas en algunos servicios públicos, taxis como en Madrid, como en Tokio, y otras el introducir nuevas tecnologías. Aquí es muy importante que veamos con toda objetividad la situación.
En efecto, combinaciones de gas reducen la contaminación. El problema que tenemos es que desafortunadamente no tiene México suficiente gas siquiera para abastecer sus consumos actuales. Mientras la demanda de gas crece aproximadamente 5 ó 6% al año. el 2%. Tenemos una situación de déficit creciente que nos obliga a más alta productividad, y el gas lo tenemos que usar en acciones prioritarias.
En este momento, conseguir el gas que se requeriría necesitaría de dos cosas, una, como usted bien lo dijo, un subsidio porque el precio del mismo, para ser asequible tendría que ser subsidiado, y otra importar el combustible; es justamente una de esas decisiones que merecen una evaluación para establecer qué ventajas se obtienen y cuál es el costo de esa decisiones, que no es desde luego una decisión fácil de tomar.
Por ello estamos caminando en una dirección selectiva de solución del problema. Si nosotros le quisiéramos meter gas a los 2 millones, 300 mil vehículos que existe en el país, entonces lo que tenemos que hacer es determinar dónde se está generando el problema de los automóviles, y aquí a lo que llegamos es a establecer cuáles son los vehículos tenemos 100 mil taxis, pero estos 100 mil taxis circulan ocho o diez veces más de lo que circulan los automóviles particulares, sí logramos resolver en una manera importante el problema del transporte público de taxis y esto puede contribuir en forma muy importante a reducir la contaminación porque el porcentaje que contribuye puede ser 20, 25 ó hasta 30%. Estas son las decisiones que estamos evaluando y que tenga usted la seguridad de que si las condiciones son apropiada, algunas de ellas las estaremos tomando.
Pero la otra decisión está íntimamente relacionada con la situación económica del país, y México hay que decirlo con toda claridad, no puede hacer lo que hizo Tokio, ni lo que hizo California, porque ahí se cambian los carros cada cinco años, y nosotros no tenemos la posibilidad económica de hacerlo, simplemente somos un país que no tiene esa riqueza, y si no lo hacemos así, no podemos introducir con la velocidad que ellos hicieron, los cambios en la tecnología, fundamentalmente, como aquí dije en la introducción de los convertidores catalíticos.
Las otras tecnologías, se lo digo muy respetuosamente, en su mayoría han probado ser ineficaces, y más que nada son negocios de gente que quiere vender cosas, pero que se ha probado que no tienen la efectividad, de tal manera que la tecnología probada representa un problema serio porque sólo puede ser introducido en automóviles nuevos por las formas de soldadura que se requieren, y el tipo de la misma, y en esa medida la posibilidad de reponer la planta automotriz del país no podrá ser tan rápida como lo fue en esas ciudades.
Tenemos en contra nuestra otros elementos como las condiciones climatológicas y la altura, no la parte del sol , pero sí la parte de fríos a ciertas horas del día, y sobre todo, la falta de vientos en varias estaciones y épocas del año.
Entonces son el conjunto de estos elementos climatológicos, atmosféricos, de análisis de la sociedad, de la economía, lo que nos ha llevado a ir tomando las decisiones más eficaces y los que determinarán las medidas que estaremos aplicando en el corto plazo, adicionales, y la estrategia de largo plazo.
Eso es lo que hemos querido reflejar en la ley, para que tengamos una ley práctica, no una ley que proponga cosas que no va a ser posible realizar, es decir, yo creo que las decisiones que se han tomado son decisiones prácticas, son decisiones a fondo, serias, y que si no hubieran sido por estas decisiones que tomamos, la situación desafortunadamente sería más adversa.
Seguiremos caminando con firme voluntad en la vía de la solución de los problemas.
Pero hay otro asunto que usted menciona, que merece una explicación muy cuidadosa. Es el problema de los riesgos por contaminación del aire.
Aquí lo importante no es que yo le diga que en los Angeles tuvieron 500 y aquí no pasamos de
300, sino que el informe sobre lo que tenemos previsto para situaciones difíciles, y por eso es que por primera vez el año pasado entró en operación en programa de contingencias ambientales. Tenemos la fortuna ya en México, de tener un sistema de información que no sólo nos dice qué tan grave es la contaminación, la que usted lee, que se presenta en el suroeste, sino cuál es el origen de la misma y sobre todo ya este año, tenemos los modelos de predicción que hemos probado, que tienen una alta probabilidad de predicción, que nos permiten anticipar los fenómenos atmosféricos y el impacto que esto tendrá en los niveles de contaminación.
Es decir, que con este instrumento, que prácticamente no tiene ninguna otra ciudad de un país en vías de desarrollo, quizá la única que lo tenga tan efectivo sea Sao Paulo, podremos anticipar los niveles y poner en operación un programa que, en lo que consiste, es en tomar en oportunidad las decisiones necesarias de reducción de actividad económica, o sea de actividad en general, lo que nos garanticen que ya no seguirá subiendo en forma drástica la contaminación .
Un instrumento de esta naturaleza no lo podemos quemar, no lo podemos estar usando todo el tiempo porque pararíamos a la ciudad, pero tenemos listo y ya en plena operación el año pasado, con buenos resultados, y esto nos ha permitido tener un mayor margen de seguridad, para que no llegáramos a encontrarnos como las que tuvieron ciudades con mucho mayores niveles de contaminación de lo que tenemos en este momento en México.
Pero, además, lo que yo le mencionaba del sol, es algo que es muy importante. Sería muy difícil que en la ciudad de México se llegaran a presentar situaciones de esa naturaleza, porque aquí se presenta prácticamente todos los días a ciertas horas, dispersión de contaminantes. En ese sentido las condiciones atmosféricas, insisto, juegan a nuestro favor, de todas maneras, ahí está el programa de contingencias en todos sus dispositivos, y tenga usted la seguridad de que si este invierno es necesario, lo aplicaremos en el nivel que sea necesario.
Lo más importante en estos problemas de contaminación es la salud humana y frente a ello, cualquier decisión se justifica, queremos fundarla en la ley y por eso es que en la iniciativa están contempladas estas posibilidades que son una protección para la sociedad. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Moisés Calleja García del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Juan Moisés Calleja García: - Ciudadano licenciado Manuel Camacho Solís Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: Con la autorización de mi sector el obrero, que pertenece al Partido Revolucionario Institucional, que tiene representación a través de los diputados Federales a la LIII Legislatura del Congreso de la Unión, aprovecho su comparecencia para expresarle nuestra satisfacción en nombre del ciudadano Presidente de la República en las horas difíciles para esta ciudad capital. Cuando un número importante de sus habitantes de condición humilde había perdido familiares y hogares a consecuencia de los sismos en el mes de septiembre de 1985. Todos enterraron a sus deudos y muchos enfrentaron la realidad que les vedaba un lugar donde refugiarse, pues la destrucción de sus hogares había sido definitiva.
El gobierno de la República de inmediato procedió a condicionar albergues y a construir habitaciones provisionales, aunque la aspiración inicial de los afectados era volver a sus vecindades.
El propio gobierno le encomendó a usted la construcción de nuevas casas, pero inspiradas en el propósito de sentido digno y humano. Fue casi su primer tarea como titular de la Secretaría que sigue a su cargo, pues reciente era su nombramiento y ya muchas críticas se habían desatado por la tardanza, se agitaba a los damnificados, haciendo irreflexión y pretexto; también que nuestra juventud era anuncio de inexperiencia.
Con serenidad empezó la tarea, el encargo y hoy a no mucho tiempo de distancia en las barriadas, en los conglomerados proletarios, en nuestros distritos populares, observamos y conocemos las nuevas edificaciones: casa habitación no soñadas por muchos, con varias recámaras, estancia, cocina y baño. Cesó con ellas el amontonamiento humano, desapareció el servicio sanitario común en el centro de un angosto patio, lleno de inmundicias y de total desaseo, cambió la fisonomía de las vetustas vecindades y hoy los afectados de limitados recursos, antes sin horizonte, para la regeneración habitacional están satisfechos, porque se ha cumplido el compromiso adquirido por el Presidente Miguel de la Madrid , y porque de su juventud plena de capacidad y entusiasmo, se encontró su voluntad plasmada en edificios. La aspiración expresada se ha venido cumpliendo.
La época en que vivimos nos enseña que el ser humano, en su afán de obtener mayores comunidades, ha desatendido el ambiente en que se encuentra,
ha contribuido a desquiciar lo que ha adquirido y se encuentra sujeto a angustia y consecuencias perjudiciales.
Hoy, el gobierno de la nación, no sólo es promotor y realiza hogares cómodos e higiénicos como los define la Constitución Federal, para los trabajadores, sino también para la protección del equilibrio ecológico y el ambiente, respecto del cual especialmente los trabajadores, están preocupados porque nadie de posibilidades para el desplazamiento en busca de lugares no contaminados, su permanencia es invariable en donde habitan. En ellos, confrontan el aumento de las enfermedades bronquiales, de los pulmones, de la garganta y de los ojos. Azorados todos los días escudriñan la atmósfera para constatar si el manto contaminante está más denso.
Influenciados por las noticias, resignadamente esperan cualquier mal acontecimiento. Se percatan que los transportes, tan necesarios para todos, públicos y privados, son en parte, causantes del deterioro ambiental. Sin embargo, los necesitan para sus largos traslados.
Advierten que la mancha urbana no se detiene derribando árboles y acabando con zonas verdes, particularmente cuando se construyen suntuosas zonas residenciales. La zona del Ajusco, al parecer se extingue.
Antes de formularle mis preguntas, señor secretario, me ha comunicado mi sector que exprese a usted nuestra satisfacción por lo atinado de todas sus contestaciones.
Particularmente cuando se ha referido a las industrias petroleras y eléctricas Porque tratándose de esta última, yo tengo muchos años de convivir en razón de mi contacto con la organización sindical que se relaciona con la Comisión Federal de Electricidad, y he constatado lo que usted ha dicho esta tarde, los esfuerzos, las precauciones de estas instituciones para la seguridad y para mejorar el ambiente.
En ella, en la Comisión Federal de Electricidad se encuentra técnicos y trabajadores mexicanos, siempre pendientes en la superación; pero además de esto, tiene algo fundamental que lo orientan en sus actividades y trabajo; todos ellos piensan por México y en bien de México. De tal manera que si encontraran en sus tareas o en su trabajo algo que pudiera perjudicar al ambiente, a la seguridad, pensando en México, serán los primeros en buscar soluciones. Pero, si a pesar de todo, existiera alguna falla, usted también en esta tarde, lo ha dicho con mucha claridad, esta iniciativa de ley que vamos a discutir y en la cual estamos obligados a poner todos nuestros sentidos, será la indicada para corregir lo que nos falta.
Con base en lo anterior, a nombre de nuestras grandes preocupaciones, permítame, señor Secretario. formularle unas cuantas preguntas:
¿En caso de que se llegara a los niveles de contaminación que se consideren altamente peligrosos para el ser humano, existe un plan de emergencia en el cual se detendrá el funcionamiento de las industrias? ¿Cómo se determinará cuáles industrias serán las que tuvieran que dejar de funcionar?
¿Qué efectos tendrá para los trabajadores de las mismas?
¿Qué medidas se piensan tomar para no tener que llegar a aplicar el plan de emergencia? ¿Y de qué manera serían implementado?
Además, si el cierre de alguna o algunas industrias significa desempleo o reacomodo obligatorio.
Finalmente, señor Secretario: ¿De qué manera se piensa implementar el programa de capacitación a la población en general la preservación ecológica?
Muchas gracias por su contestación, en forma anticipada.
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: - Gracias por su tan generoso comentario, diputado Calleja, como un comentario del sector obrero de mi partido que siento es muy, muy honroso.
En torno a la reflexión que usted hace, antes de contestar sus preguntas quisiera hacer un comentario.
Cuando en esta ciudad todos nos enfrentamos al problema social que representaba la destrucción de las viviendas de 500 mil habitantes, había dos formas de enfrentar el problema: una, excluyendo; otra, sumando esfuerzos. Todos sumaron sus esfuerzos y se pudo llevar a feliz éxito la reconstrucción de las viviendas y esto ha sido reconocido ampliamente por la sociedad internacionalmente, y lo más importante, ha permitido que, como usted lo afirmaba, cientos de miles de mexicanos no sólo tengan la casa que tenían antes, sino que hayan mejorado notablemente sus condiciones de vida.
Este trabajo se pudo hacer por la más clara dirección política del Presidente de la República y porque hubo concertación de todos los sectores.
Yo creo que ahora enfrentamos a una tarea también muy grande, no quisiera llamarla la reconstrucción ecológica, pero si el ordenamiento de las acciones de Estado y sociedad para mejorar la ecología.
Estoy convencido, como aquí lo expresé, de que una tarea de esa magnitud sólo se puede llevar a cabo sumando los esfuerzos de toda la sociedad, sin exclusiones, pero también tenemos que decirlo con toda claridad, esta tarea es aún más difícil, porque es una tarea que afecta casi todas las actividades - y otra cosa importantísima -, es una tarea mucho más larga, pero con el mismo método se pueden lograr importantes resultados.
Si el que haya concertación no implica que no haya conducción; el que haya respeto a la pluralidad no implica que haya una firme posición política como la que tiene el sector obrero de mi partido y es en ese respeto a las posiciones y en esa fuerza, donde podemos sumar verdaderamente las energías y el potencial para hacer frente a problemas tan complejos. Pero una tarea así, implica necesariamente una gran disciplina social; para que ésta funcione, tiene que ser claramente democrática.
En lo que toca a su pregunta, diputado Calleja, me permito comentarle que sí tenemos ya configurado el programa de emergencia, es el Programa de Contingencias, que el año pasado incluía a 271 industrias, las más altamente contaminantes del valle de México y que para este invierno incluye ya a 500 empresas. Con el control de estas 500 empresas, estamos teniendo influencia en la mayor parte de la contribución de la industria a la contaminación; el programa incluye otras decisiones, pero en lo que toca a las industrias; lo hemos hecho precisamente con la participación de los propios sectores productivos para que, dependiendo de los niveles de contaminación, se dé la reducción de la actividad económica.
Quiero informar aquí, que el día que se aplicó este programa el año pasado, fue respetado por todas las industrias, de tal manera que estamos seguros de que estamos seguros de que si lo llegamos a aplicar en este invierno, será, nuevamente respetado y cumplido en detalle. De todas maneras, tenemos programas operativos para saber qué es lo que se tiene qué parar y la capacidad para hacer las inspecciones que fuera necesario para garantizar el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de los acuerdos a los que hemos llegado.
No pensamos que estas decisiones deban ser permanentes, ¡por qué¿ Porque precisamente está de por medio la actividad económica y el empleo, sino que se necesitan dos tipos de protecciones: las protecciones permanentes y las protecciones para eventualidades como las que usted refiere.
En lo que toca a las protecciones permanentes, yo quisiera comentar con mayor soltura ante ustedes, de manera más directa, lo que yo dije al inicio de mi inversión; que significa que en un país como México, con la situación económica que tenemos, hayamos pasado de una inversión de 7 millones a una inversión de 400 mil millones, sino que tengamos ya los programas de inversión para una cantidad del doble, cerca de 800 mil; que significa que de 7 mil millones que era para todo, hayamos pasado a inversiones en las industrias para los equipos anticontaminantes precisamente que ya se están aplicando, que equivalen a una inversión de 350 mil millones. Eso representa dos cosas: una, que hay decisión política para que se hagan las cosas y que se hagan bien y la otra que ha habido una gran respuesta social y quiero decirlo con toda claridad, hemos tenido una respuesta muy seria del sector industrial y desde luego, del movimiento obrero para poder adoptar estas decisiones que generalmente implican reducciones de utilidades o costos adicionales para las empresas.
Sin embargo, no hay otra manera de hacerlo, si queremos ordenar lo que toca a la parte del aire, de las emisiones y lo que toca a las descargas. También aquí se ha mencionado un problema adicional que es necesario prever, es el problema de los desechos peligrosos y el problema de los riesgos industriales, estos temas no los conocíamos en México, son muy nuevos en casi todos los países, todo este campo está ya incluido, está previsto, en la iniciativa de Ley General del Equilibrio Ecológico, es uno de los campos nuevos.
Y por lo que toca a las medidas no permanentes, a las medidas de contingencia, por su propia condición, sólo podemos aplicarlas en los momentos en que sea realmente urgente, de otra manera afectaríamos la producción económica y los empleos. Y no estamos dispuestos a cerrar ninguna empresa, salvo que hubiera una violación completa de la ley. En el último año se han cerrado dos fábricas que no estuvieron dispuestas a cumplir con sus obligaciones legales. Se han descentralizado de la ciudad de México diez empresas importantes y la mayor parte de las otras han respondido con inversiones una vez que supieron que no había otra posibilidad más que cumplir, pero que a la vez contaron con la posibilidad práctica de ir resolviendo el problema en forma seria.
Con estas estrategias, con estos enfoques permanentes y de contingencia, yo puedo informar a usted
que en lo que toca a la contaminación industrial, para 1988 estarán fundamentalmente ordenadas la mayor parte de las ramas industriales. Quedarán muchos otros problemas, pero las industrias cementeras estarán dentro de las normas
La industria química, 80% de ella, habrá resuelto sus principales problemas; habremos avanzado en lo que toca a la industria azucarera; en lo que toca a la industria automotriz está produciendo ya con las tecnologías que ahorita podemos utilizar; y esta situación es extensiva a las principales ramas de producción públicas y privadas.
Este esfuerzo, este resultado que se ha apoyado en un peso por cada cincuenta de inversión, da muestra de la decisión política del gobierno de la República, de la respuesta de los sectores productivos y de la manera como se están encontrando soluciones con nuevos instrumentos que son lo que precisamente están incorporados en la ley. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Franz Ignacio Espejel Muñoz del Partido Acción Nacional.
El C. Franz Ignacio Espejel Muñoz: - Señor Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, licenciado Manuel Camacho Solís, buenas noches. Antes de entrar en materia, quisiera me permitiera hacerle un comentario y una petición. El pasado 20 de octubre del año en curso presentamos ante el pleno de esa Cámara una proposición para que la Secretaría a su cargo nos enviara un informe acerca de las actividades que se han llevado a cabo tendientes a evitar la contaminación en el valle de México, y cuáles han sido concretamente los resultados de dichas medidas, especialmente para evitar las situaciones críticas, de alta contaminación con inversiones térmicas, que por las bajas temperaturas se presentan y que causan graves efectos en la salud de los capitalinos y en zonas conurbadas.
Extrañamente, la mayoría oficial rechazó nuestra proposición, negándonos el derecho de estar informados ante dichas acciones, porque no creemos que usted, señor Secretario, tenga algún inconveniente en negarnos estos valiosos datos sobre estas actividades y sus resultados. Por lo que aprovecho en hacerle patente esta solicitud y poder así informar al pueblo, a grupos ecologistas y muy especialmente a los habitantes del Distrito Federal, que son los más afectados. Le agradecería muchísimo esta atención.
Señor Secretario, México, nuestro país presenta un crecimiento demográfico acelerado que, aunado a su desarrollo industrial, está afectando de manera importante su medio ambiente. Una de las esperanzas de obtener un importante desarrollo socioeconómico sustentable a largo plazo, es indudablemente el campo y sin embargo nuestros recursos naturales se encuentran con graves problemas de erosión, tala inmoderada de los bosques, contaminación de suelos aguas, etcétera.
Es un hecho irrefutable que en las principales ciudades de nuestro país, los efectos contaminantes se encuentran actualmente en niveles que afectan la salud del hombre y su entorno. Por si fuera poco, estos efectos contaminantes se extienden sobre otros ecosistemas dañando grandes áreas y perjudicando a otras poblaciones aún alejadas de los centros contaminantes.
Mucho se ha dicho, señor Secretario, acerca del problema de la contaminación, declaraciones, estudios científicos, técnicos y sociales en cuanto a su impacto. Incluso aquí en este recinto, sede de la representación popular, se ha insistido constantemente en darle especial atención a los problemas ambientales.
Necesitamos pues, mecanismos serios, eficientes, responsables, pero sobre todo de un fuerte compromiso con la ciudadanía de llevarlos a la acción, a la práctica, queremos realidades, actos concretos y específicos en beneficio de todos.
En la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se dice que el país enfrenta el reto de proseguir su modernización y que también se prevén los impactos que tendrá ese crecimiento sobre los recursos naturales y el ambiente.
Señor Secretario, honestamente y a pesar de esta iniciativa, no encontramos el justo medio que logre el equilibrio armónico entre el sector productivo y el bienestar social, que garantice una mejor calidad de vida.
En el Distrito Federal, en donde más estragos ha hecho la contaminación, existen muchas industrias que significan fuente de trabajo para miles de trabajadores, y sin bien la ecología se hace en función del hombre para que viva mejor, también cuántos mexicanos quedarían sin trabajo, si tuvieran que cerrarse fábricas contaminantes que en su mayoría carecen de medidas anticontaminantes.
La ley corre el peligro de ser arrojada en el cesto de las buenas intenciones, porque la realidad que enfrenta es sumamente diferente. Los mexicanos, señor Secretario, queremos soluciones realistas,
no queremos o no quisiéramos que se nos sigan dando soluciones sensacionalistas verbales o impresas, requerimos de una auténtica voluntad política con acciones eficientes, responsables, que reditúen verdaderamente beneficios a la comunidad.
Tiene usted mucha razón señor Secretario, al afirmar que esta iniciativa no es la panacea o piedra angular que solucione la problemática ecológica por su simple aceptación y promulgación, aceptarlo aquí o creerlo así, constituiría un fraude político a la nación, que puede hacer perder entre sus moradores o entre la ciudadanía, su confianza en las instituciones que moralmente deberían cumplir en proporcionarnos los medios necesarios para lograr nuestra realización como personas, en un ambiente sano, de dignidad y de respeto.
Como casi siempre sucede, las personas de escasos recursos que se alojan en su mayoría en las zonas circunvecinas del Distrito Federal y cercanas también a las zonas industriales, son las que más padecen las consecuencias de la injusticia social y del medio en que se desarrollan; sin embargo, en el capítulo VII de la iniciativa que trata de la denuncia popular, garantiza según esto, que toda persona podrá denunciar ante la Secretaría o ante otras autoridades federales o locales, según su competencia, todo hecho, acto u omisión de competencia de la Federación, que produzca desequilibrio ecológico o daños al ambiente.
Ojalá, señor secretario que en este tema no sea engañoso este artículo, sabiendo que el Valle de México se encuentra altamente contaminado por empresas especialmente de procesamiento químico y metalmecánico. ¿Qué van a hacer, señor secretario, concretamente las autoridades, ante las denuncias que en clamor popular han solicitado atención urgente a este problema?, ¿Va a dársele cauce a dichas demandas en un término no mayor de 30 días¿, ¿Y comunicarle a los denunciantes que se han atendido sus inquietudes, pero que en el fondo no puede hacerse mucho para no frenar la producción y garantizar la fuente de trabajo o bien se podría acudir al engaño de que se han tomado ya las medidas pertinentes para que tales o cuales empresas no sigan afectando con sus emanaciones peligrosas a la salud de sus moradores y del medio ambiente? ¿Cree usted que el deterioro de los ecosistemas en México no es tan grave que los daños sean irreversibles?
Afirma usted, señor Secretario, que la Secretaría a su cargo tendrá la suficiente autoridad para controlar a las empresas, especialmente las petroquímicas y las del Estado, cuyo efecto en el deterioro ambiental y efectos contra la salud, es especialmente alto, que se tenga igualmente la capacidad de enfrentar los gastos costosísimos para restituir los daños ocasionados en caso de accidente. ¡Por qué en la ley no se contempla la creación de equipos especializados con personal capacitado, qué intervenga en empresas contaminantes en caso de accidente y que pueda controlar la emanación de sustancias tóxicas o peligrosas y que eviten dañar la salud de los habitantes¿
Señor Secretario: las grandes empresas contaminantes del país, son las empresas del Estado como Pemex, Fertimex, Comisión Federal de Electricidad, Azúcar, S. A. y otros. Y si bien las sanciones las podrán aplicar desde pequeños ayuntamientos, los gobiernos de los estados o Sedue a estas empresas, que incluyen multas hasta 20 mil días de salario mínimo vigente del Distrito Federal, en la práctica, se observa que dichas empresas podrán pagar estas cantidades, lo que significa cubrir la sanción y pasarla de una bolsa a otra, dentro del mismo Gobierno.
Nuestra pregunta se concreta en lo siguiente: ¿Por qué no se incluyó en el proyecto la destitución del o de los funcionarios contaminadores y que de acuerdo a la gravedad del efecto contaminantes que por negligencia o irresponsabilidad se puede aplicar incluso acción penal contra dichos funcionarios?
Curiosamente, Fertimex dice tener el orgullo de ser el primer productor de DDT y que produce 500 mil toneladas de productos clorados que se consumen dentro y se envían fuera del país. Los pesticidas, órganos clorados son productos no biodegradables que están estrictamente prohibidos en otros países con eficiente legislación ambiental, ya que estos productos forman una cadena biótica que afecta a los humanos y a muchas otras especies animales.
¿Cree usted, señor Secretario, que esta ley será por fin el vehículo ideal para prohibir la producción y uso de estos productos tóxicos en México?
Señor Secretario, muchas gracias por su atención y esperamos su respuesta.
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: - La Secretaría ha enviado al Congreso el informe anual de sus actividades y ahí hemos dado cuenta de las acciones que se han llevado a cabo en materia de contaminación del ambiente en la ciudad de México. Yo no creo que lo que usted llama la mayoría oficial que en términos prácticos es la mayoría en un sistema democrático se oponga a las decisiones que lleven.
a informar a la comunidad y que lleven a tomar las decisiones pertinentes; tan no se opone que el Gobierno que proviene de esa mayoría, del Partido Revolucionario Institucional, es el que ha elaborado la más completa de las iniciativas de equilibrio ecológico y protección al ambiente. Mis compañeros de partido son ecologistas serios. (Aplausos.)
Por otra parte, si algo se ha querido lograr con la iniciativa es encontrar ese equilibrio, desgraciadamente no es el justo medio porque no es un problema de filosofía sino es un problema de comportamiento de la economía de la sociedad y el equilibrio no se puede dar más que en función de las actividades y las situaciones concretas, la ley tiene que ser general, pero siempre tendremos el problema y la responsabilidad de sus aplicación. Eso no nos lo vamos a quitar ni queremos quitárnoslo. La solución de la industria, me llamaba la atención que usted fuera tan insistentemente crítico de la misma pero después encontré el final del argumento, las empresas públicas son las principales contaminadoras, esto no es un problema ideológico, es un problema que se puede medir y creo que de la misma manera que hay algunas empresas públicas altamente contaminantes, hay otras que tienen adecuadas prevenciones, adecuadas equipos para proteger el impacto ambiental, pero la inmensa mayoría de las empresas privadas, hasta antes de entrar en esta fórmulas de concentración, no habían hecho nada era la excepción, es decir, que creo que si algo debe ya de abandonar la discusión y la agenda de las acciones en esta materia, es echarnos la culpa unos a otros porque todos tenemos culpas y por eso estamos obligados a actuar con seriedad y con responsabilidad; tan responsables son las empresas públicas como las empresa privadas y si sumamos los esfuerzos, vamos a lograr los impactos que la sociedad requiere.
Hay una discusión que a veces me parece que es un tanto insubstancial, la de definir qué tan grave son los problemas. No es un problema de palabras, es un problema que tiene que ver y que tiene que relacionarse con algún tipo de norma; las mejores que hemos encontrado son las que se derivan de la salud y las que se derivan de los equilibrios de los ecosistemas, y es en función de esas normas que yo estoy convencido que un número importantísimo de problemas de la ecología y del medio ambiente tiene solución. Hay otros que no la tiene, pero los que son más importantes para la sociedad mexicana pueden mejorarse las condiciones y, sobre todo, que es el énfasis de la ley, prevenir daños adicionales.
Respecto al problema de tecnología y de algunos productos, la ley sí completa con toda precisión. el campo de los insecticidas, pesticidas y de todas estas substancias, y la decisión de la política ecológica y del gobierno de la República que es evitar precisamente que vuelva a haber inversiones en este país que traigan tecnologías que han sido rechazadas ya en otra sociedades. Eso ya lo estamos haciendo; con la ley lo haremos con más fuerza.
Por otra parte, está todo el conjunto de preocupaciones sobre los daños, y aquí hay que destacar, como afirmaba hace un momento, que la legislación ha incluido ya todo este campo que no estaba legislado en nuestro país y que lo más importante son la separación clara de las decisiones de previsión y de las decisiones de contingencia.
¿Por qué es importante prever? Porque es mucho más fácil evitar que se hagan las cosas a tratar de corregirlas después; es mucho más fácil evitar que se instale una tecnología de una materia prima que se sabe ya que es contaminantes, a tener que corregir después el problema de esa planta. El problema de esa tecnología y de toda la industria que se ha generado en torno a ella, por eso es que estamos insistiendo en los aspectos preventivos, en la previsión más que en la corrección.
Pero creo que en el fondo de toda su preocupación está la de si tenemos o no soluciones realistas. Las soluciones realistas se han empezado a practicar, y si algo ha querido prever la ley, son soluciones realistas que permitan que la Administración Pública funcione, que permitan darle salida a los problemas, porque no basta decir que algo se prohibe para que esto ocurra, que permitan darle la vuelta a las graves limitaciones que tenemos, y todo ello, estoy de acuerdo, lleva a replantear muchas cosas; creo que la principal es llegar a la conclusión de que para resolver estos problemas, tenemos todos que asumir nuestra responsabilidad. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado José Luis Díaz Moll, del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
El C. José Luis Díaz Moll: - Señor Secretario: En su respuesta a mi intervención de esta mañana, usted concluyó afirmando que no veía propuesta concretas en lo que se refería a la ley.
En obsequio a ese comentario, solicito a la presidencia se sirva instruir a la secretaría para que entregue una copia de mi intervención de hoy en la mañana, a fin de que posteriormente la pueda leer con atención el señor Secretario, y en la cual incluimos algunas propuestas.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría.
El C. José Luis Díaz Moll: - Gracias, señor presidente: Sin lugar a dudas, la calificación de la Cámara y su intervención en lo que respecta a esta iniciativa de ley es importante, señor Secretario, pero estamos convencidos de que no somos únicos mexicanos que tenemos algo que decir en lo que respecta a esta iniciativa.
Existen múltiples organizaciones sociales y políticas, que seguramente tendrán algo que decir en lo que se refiere a la elaboración - que quede claro - de esta iniciativa de ley.
Quizá haya conceptos diferentes en lo que se refiere a lo que entendemos por democracia usted y nosotros.
Desde nuestra perspectiva en esta ocasión, estamos analizando en sus líneas más generales, dado que el contexto y el tiempo no nos permiten ir más a los aspectos particulares de esta ley, pero en fin, le recordaré una propuesta concreta que yo hice en mi intervención de hoy en la mañana.
Nosotros proponemos la realización de un referendum previo a la puesta en marcha de Laguna Verde. En la comisión respectiva, nosotros propondremos que sea incluida la figura del referendum en el capítulo V sobre participación social de esta ley.
Quizá no sea posible, en este momento, ponernos a debatir en detalle esta propuesta, pero a mí sí me gustaría saber cuál es su punto de vista en lo que respecta a esta propuesta sobre un referendum previo a la puesta en marcha de Laguna Verde. Eso sí estamos en condiciones de discutirlo ahora.
Nosotros creemos que la comparecencia del responsable de la Comisión Federal de Electricidad en ningún momento, al igual que el foro sobre Laguna Verde, han sido exhaustivas y suficientes, tal y como lo planteó usted textualmente.
Creemos que éste es un debate abierto, un debate que tiene que continuar, en lo cuál quizá usted esté de acuerdo. Creemos que no es correcto que por ley, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, no se puede encargar en lo nuclear más que lo que respecta al impacto ambiental. Esto sería limitar de manera significativa las funciones de su Secretaría.
Tampoco es correcto, desde nuestra perspectiva, que la Secretaría de Energía, minas e Industria Paraestatal y su dependencia, seguridad y salvaguarda, sea la que evalúe a otra dependencia de la misma Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, como en la Comisión Federal de Electricidad. Esto implica, en términos objetivos, que se es juez y se es parte al mismo tiempo.
Señor Secretario desde nuestro punto de vista, creemos que la propuesta de una comisión pluripartidista, en lo que se refiere a Tlatelolco, es válida. Sin embargo, creemos que esta propuesta se debe extender en los que se refiere a Laguna Verde, inclusive con este agregado que usted hace en lo que se refiere a la participación de cinco científicos calificados, lo cual nos parece una propuesta correcta, dado que implica conocer a fondo lo que implica un proyecto como éste.
Sin embargo, hay otra situación que nos inquieta, y a lo cual usted no respondió hoy en la mañana, y el plan de emergencia, señor Secretario. ¿Qué nos puede decir sobre el Plan de Emergencia?
Todo mundo nos hemos enterado de que existe un plan de emergencia, inclusive en algunas reuniones con grupos ecologistas, usted lo mostró, dijo aquí esta el plan de emergencia. ¿Qué tiene que decirnos del plan de emergencia, señor Secretario?
Eso es, en gran parte, lo que está atrás de la desconfianza de grandes sectores de la población, sobre todo de Veracruz.
¿Por qué no se puede hablar de él sin decir qué contiene, cuáles son las medidas que se plantean en caso de un accidente? Es ahí donde seguramente usted y el Gobierno Federal tienen que contestar.
Pasando a otro tema. Parece ser, en respuesta a su contestación de hoy en la mañana en lo que se refiere a Tlatelolco, que no todos los damnificados piensan como usted. Hay otra organización, la Unión Popular Nueva Tenochtitlán, ellos nos pasaron dos problemas muy concretos que ejemplifican cómo no corresponde a la realidad exactamente lo que usted planteó en la mañana. Dice así: "En Bolivia 75, es un predio expropiado que no entró al programa de Renovación Habitacional Popular por error del programa. Ahora no entra a Fase II porque es propiedad del Departamento del Distrito Federal y éste no lo ha desincorporado; se encuentra habitado y en ruinas".
Un segundo ejemplo: San Jerónimo 62, es predio propiedad de Sedue, cuya reparación ha sido calculada a bajo costo. Sin embargo, la Sedue no ha permitido que este tipo de predio se incorpore
al programa Fase II. La solución de estos casos, propiedades del gobierno, resolvería el problema de vivienda de 100 familias damnificadas, reconocidas como tales por Fase II. Estos son hechos, señor Secretario.
Por último, antes de que conteste a nuestros planteamientos. Usted ha hablado dos veces, ha respondido a cuestionamientos de compañeros diputados de otros partidos sobre el problema que implica la ganadería intensiva.
Yo le quiero informar, sólo para ilustrar su respuesta, que basado en la ley existe imposibilidad para ordenar la actividad de los particulares en lo que se refiere a ganadería extensiva, porque ellos, los grandes ganaderos, se cubren en los incoherentes coeficientes de agostadero que establece la SARH o la SAR, en los estados y que contravienen además del interés social algo que sí es de su competencia: que es la conservación del equilibrio ecológico.
Esos son nuestros planteamientos muy concretos, y dentro de este marco de debate político es que esperamos respuesta a los mismos. Es todo, gracias.
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: - Voy a leer con mucha atención su exposición y más que reiterarle si hay o no propuestas, simplemente le agradezco la actitud, y desde luego, que las sugerencias que allí se establezcan serán de utilidad, no tanto para el Ejecutivo que ya envió su iniciativa, pero sí para las acciones que haya que adoptar.
Tiene usted razón. No sólo los partidos tienen algo que decir, sin embargo el Congreso es quien va a decidir. Pero en sus propios términos, usted mencionaba esta mañana, diputado José Luis Díaz Moll, al pacto de ecologistas que es uno de los grupos, diríamos más avanzados o más radicales - para usar otro término - en la materia. Y yo le diría que en el texto que ellos publicaron el día de ayer, si uno observa alguna cosa, es un gran respaldo a esta iniciativa. Y creo que lo hacen porque han reconocido que en ella se establecen avances muy importantes. Como buenos ecologistas quieren más, pero aceptan que la ley es muy avanzada.
Pero esto no se limita a la participación de ecologistas o como mencionaba hace un momento, de academias de derecho, sino que hay un sector de la sociedad cuya participación ha sido decisiva en la concepción que vincula la ciencia con el derecho. Los conceptos científicos con los términos jurídicos, punto central a resolver por una iniciativa de esta naturaleza.
Pero la participación de los científicos no para en las propuestas, investigaciones y estudios que llevaron a configurar este cuerpo legal. Este cuerpo, que es el corazón de un nuevo sistema jurídico para regular la materia ambiental, sino que la participación de la comunidad científica y de los técnicos será decisiva en la tarea reglamentaria y en la tarea de definir las normas técnicas, y con ellos, con sus asociaciones, con las universidades, con los institutos de investigación estamos llegando a acuerdos para poder concentrar a la mejor gente que hay en el país en las tareas que tenemos por delante.
Y además, en la que su papel será decisivo. Por una parte, la elaboración de los reglamentos y la elaboración de las normas técnicas.
Por otra parte, la capacitación de cuadros. Estoy seguro de que en plazos muy breves habremos logrado grandes resultados que no podríamos jamás lograr sin la participación de la comunidad científica.
Y esto redundará en algo que quede: quedarán nuevas normas y quedarán también nuevos cuadros.
El esfuerzo se hará con todo lo que tenemos. Estamos pensando en diversas modalidades que ya hemos convenido en principio con ellos, desde una que es el registro de asociaciones, institutos para garantizar la calidad de los estudios que se realizan; hasta otra que se ha encontrado la posibilidad de establecer modalidades que permitan a los hombres que están en las universidades y en los institutos de investigación a hacer aplicación práctica de sus conocimientos en actividades, dentro del gobierno o dentro de actividades que son esenciales para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
Estamos pensando, y ya lo hemos empezado, a crear un programa masivo de capacitación de gentes en el extranjero y en México, todo lo estamos haciendo con recursos que estamos nuevamente juntando, porque de otra manera sería imposible intentarlo. Tan sólo, internamente ya tenemos listo un programa para que dentro de dos semanas, cinco o seis técnicos capacitados que ya están en la operación de los sistemas de agua o en distintas actividades que regula la ley, puedan concentrarse en distintas regiones para intercambiar experiencias y capacitarse en cursos rápidos con los mejores cuadros que tiene el gobierno y que tiene la sociedad.
Estamos totalmente convencidos de que sin la participación de la sociedad en éstas y otras modalidades, no sólo no sería aplicable la ley,
sino ni siquiera hubiera sido posible hacerla y ni siquiera sería posible hacer la tarea normativa pendiente y reglamentaria.
Hay nuevamente preocupación sobre el debate de Laguna Verde, si usted dice que el debate va a continuar, estamos decididos en lo que a nosotros corresponde, en el área de nuestra competencia a hacer todo lo posible porque este debate se finque en los elementos más serios de discusión, y yo estoy seguro que esa posición, es la posición general del gobierno de la República, como ha sido manifestada con toda claridad por el Presidente De la Madrid en diversas ocasiones y como puede leerse con cuidado en el V Informe de gobierno en donde él fue muy claro respecto a este planteamiento político, relacionado con la discusión y la información y las decisiones de Laguna Verde.
La Consenusa, es un organismo de coordinación, que tiene facultades, tiene instrumentos, tiene gente, si la Sedue quisiera cumplir esas funciones, tendría que haber un cambio radical en la Administración Pública, porque nosotros no nos atreveríamos a dar opiniones sin tener la base de información, conocimientos y experiencia que ha sido concentrada en esa comisión que, por otra parte, tiene ante todo, un carácter regulatorio. Una cosa es la Comisión Federal de Electricidad y otra cosa es la autoridad regulatoria y ésta actúa dentro de reglas y ámbitos institucionales diferentes.
El Plan de Emergencias existe y tiene usted razón, deben ser de conocimiento público. Yo espero que esto pueda presentarse en su momento, con toda claridad como parte de esta estrategia que a todos nos interesa y nos conviene de conocer cada uno de los aspectos del proyecto de Laguna Verde.
Usted sabe que dentro del Sistema Nacional de Seguridad Civil, toca y corresponde a la Secretaría de Gobernación coordinar los esfuerzos y ha sido la Secretaría de Gobernación quien ha hecho un espléndido trabajo de coordinación institucional que ya contiene no sólo orientaciones y sugerencias, sino instrumentos, equipo, personal para poder hacer frente a ese tipo de problemas. Pero como parte de la línea política general del gobierno, en su momento, estoy seguro, que se dará a conocer con todo detalle el Plan de Contingencias Ambientales.
En lo que se refiere a los temas de los damnificados, yo dije aquí en la mañana y lo repito, que ninguna de las personas que estaban aquí presentes eran ya damnificados de Tlatelolco. ¿Por qué? Porque todos los damnificados de Tlatelolco saben que tienen una solución y puede ser que se trate de familias que no tenían los derechos que les corresponden en Tlatelolco y que hayan vivido en departamentos, o de familias que quisieran acceder a las ventajas de la reconstrucción pero no son ya los problemas que nos planteó esta mañana la CUD, problemas que tengan que ver con los damnificados de Tlatelolco y yo creo que por razones de honestidad política, es necesario saber distinguir qué es una cosa y qué es otra. A nadie le conviene y nadie tiene derecho a seguir especulando políticamente con los damnificados. (Aplausos.)
Respecto al asunto que también nos trata, que fue presentado a ustedes por la Unión Popular Nueva Tenochtitlán, no tengo en este momento la información de detalle, pero con todo gusto se las proporcionaré. Pero de todas maneras, la propia naturaleza de la presentación y de la demanda, es muy ilustrativa. Hablábamos hace un momento de que había en la ciudad de México 500 mil damnificados y usted nos dice que hay un problema de cien familias damnificadas. Creo, por la información que tengo, que no se trata ya de familias damnificadas porque todos los casos fueron negociados con cada una de las organizaciones, incluyendo a la Unión Popular Nueva Tenochtitlán, pero si llegara a ser el caso, tengan la seguridad que serán atendidos porque esa ha sido la disposición y no vamos a dejar de cumplir con cien familias, con las cuales en todo caso estaríamos apenados por no haber reconocido sus organizaciones y nosotros, el caso todavía. (Aplausos.)
Si bien creo que es importante que reconozcamos estas cosas, también yo pienso que un estudio más a fondo de la ley demostrará que para ese caso de la ganadería extensiva, la ley contiene instrumentos muy eficaces. No instrumentos que sean innecesarios, porque si queremos ser más democráticos también tenemos que saber restringir al poder público.
Y entre los instrumentos que contiene están las declaratorias, están las disposiciones de ordenamiento ecológico, está la planeación ecológica y está el manejo de todos los instrumentos que tiene el Estado. No se trata de sacrificar a la ganadería mexicana que es una actividad legítima, de lo que se trata es que en aquella zonas donde esta actividad genera graves daños al interés social y pocos beneficios en términos económicos y sociales y de empleo, tengamos manera de regular la actividad. Y la regulación puede llegar hasta el punto de simplemente de impedir la actividad en base a la multiplicidad de instrumentos con que contamos.
Yo mencionaba uno sólo de ellos, simplemente suprimiendo el crédito a la ganadería extensiva en las zonas tropicales, estamos limitando casi completamente la capacidad de movimiento que ha tenido la ganadería extensiva y ése es el más suave de los instrumentos que contiene la ley para hacer frente a ese problema.
Finalmente, sí, señor diputado Díaz Moll, tenemos conceptos diferentes de lo que entendemos por democracia, y parte de nuestras diferencias pudieran relacionarse con una discusión sería sobre el problema de referendum, pero quizá en donde entraríamos en grandes diferencias es en la idea que tenemos de la representación política.
Nosotros confiamos más en las instituciones que usted, nosotros confiamos más en los mecanismos de representación que se establecen a partir de la Constitución en formas inmediatas de expresión de poder. Nosotros confiamos en el conjunto de mecanismos que ha establecido nuestra Constitución para la participación, para estructurar el gobierno y para limitar cualquier posibilidad de injerencia y de limitación a las garantías individuales a los derechos económicos como lo establece nuestra Constitución. Y si nosotros tenemos por paradigma político precisamente estos principios básicos de nuestro proyecto nacional, es decir, el principio de la soberanía de la nación sobre todo lo demás, empezando por recursos; el principio democrático en los términos que establece el artículo 3o.; el principio de la justicia social, pero como fue concebido en 1917 y propuesto en la Constitución e incluido en ésta. Es decir, tenemos una visión de la democracia donde existen orientaciones muy claras de democracia política, de representación política y orientaciones muy claras de representación social en la acción, en la decisión y en la conducción de la nación. Donde existe una economía que estamos convencidos de que debe de ser mixta y donde debe haber un régimen político crecientemente plural y ahí, habría puntos de contacto, pero anticipo que habría diferencias y qué bueno que éstas existen, porque eso es parte de lo que yo creo. Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Gallardo Macías del Partido Socialista de los Trabajadores.
La C. Beatriz Gallardo Macías: - Señor Secretario: Los científicos conocedores de la materia, intelectuales comprometidos con el desarrollo del país y las soluciones, de manera acertada han calificado que la actual iniciativa pone coto al capitalismo depredador, que ésta es una iniciativa que tiene una serie de medidas lógicas y necesarias para preservar el medio ambiente y al mismo tiempo que establece un amplio margen de acción.
Sabemos que los contaminantes del medio ambiente son resultados de operaciones industriales, de la producción de electricidad, del uso industrial del agua, entre otros, y que el cambio radical en la naturaleza y su ruptura con el medio ambiente, se ha explicado por varios enfoques: por el rápido crecimiento de la población, la urbanización, la sociedad de "abundancia" o el desarrollo tecnológico.
Lo real es el desarrollo irracional que explota los recursos naturales y sociales sin ninguna planificación adecuada, propia del capitalismo, sobre todo el monopolista, es el que emite gran cantidad de desechos y substancias tóxicas. Prueba de ello es que en el Distrito Federal, están establecidas como un cinturón, alrededor de esta gran metrópoli, cerca de ocho mil industrias, de las cuales aproximadamente 250 son de origen monopólico y transnacional. No se les restringe, ni tan siquiera se les exige responsabilidad, respecto al procesamiento, planeación, manipulación o eliminación de residuos contaminantes.
La apertura a grandes empresas transnacionales ha provocado con la modernización de la planta industrial, en que los monopolios transnacionales trasladen a naciones como la nuestra alguna de sus plantas más contaminantes. Aun cuando se repite con insistencia que sólo el 30% de la contaminación proviene de la industria y el 70% restante proviene de los vehículos, esta opinión deja del lado que la contaminación generada por las industrias es 70% más nociva que la producida por las unidades móviles. Un remedio aplicable para reducir la contaminación en el Distrito Federal, es que estas empresas salgan; se iniciaron ya hace algún tiempo algunas medidas al respecto, ¿qué hay, señor Secretario, en el particular?
Hacia el sur de la ciudad de México, está consumándose un atentado mayúsculo contra la ciudad de México y el país, miles de hectáreas, antes pobladas de bosque, en el Ajusco, en el Ocotal por decir algo, día a día se están convirtiendo en muéganos, valga la expresión, de casas y no es solamente que cientos de familias pobres, empujadas por la pobreza ocupen terrenos y sueñen con la vivienda digna que la Constitución les otorga. Lo más significativo es el negocio de fraccionadora, líderes vende - lotes y funcionarios delegacionales entrega - lotes, que es frenético y apreciable a simple vista.
Pregunto: ¿A quién acudo?, ¿con qué procedimiento?, ¿con qué garantías?, ¿con qué base legal, para denunciar estos hechos? y ¿a quién voy a denunciar? ¿Hay respuestas en la iniciativa sobre este problema o más bien vacíos?
Pensamos que existe un hueco en la ley al no contemplar un programa o plan general de poblamiento, que adelantándose a los hechos, hubiera gobernado las demandas y conducido la energía social liberada, sin duda con mayores posibilidades y por lo tanto, con resultados mejores, para construir unidades habitacionales dignas, con la participación de los necesitados sin tan alto costo para el pueblo capitalino. Es decir, no hay un plan de ofensiva y que las políticas defensivas de ninguna manera son preventivas. Luego, urge un plan de poblamiento que obligue a las autoridades y a los ciudadanos.
Dicho esto, vuelvo a preguntar: Según las normas de la iniciativa de Ley Federal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ¿a qué autoridad se le puede exigir cuentas por medio Ajusco y tres cuartos del Ocotal, subastados?, ¿Cuáles son los procedimientos para exigir el castigo?, no a los vendelotes, sino a la autoridad más alta, que se comportó omisa, es decir, irresponsable, ante un atraco público y continuamente realizado. No es afán de buscar y ejecutar culpables, es simple y sencillamente el cumplimiento de nuestro deber de señalar dos notorios huecos de la iniciativa:
Primero, esta carga de facultades a las autoridades, lo que no es malo, pero no precisa las obligaciones, ni las sanciones para las autoridades desobligadas.
Segundo, la iniciativa no dota de suficientes facultades ni garantías a los ciudadanos ni a las organizaciones sociales, para que defendiendo el interés general, no sólo denuncien, sino también vigilen y exijan responsabilidades y reparaciones a las autoridades omisas o cómplices de intereses creados. Intereses que por la reproducción de su capital, están dispuestos a depredar todo.
Señor Secretario, es por lo menos una opinión muy particular, y la comparto con mi partido, que hemos llegado en estos momentos, en lo que respecta al deterioro del medio ambiente en el Distrito Federal, a situaciones bastante difíciles que ponen en peligro el desarrollo de nuestros recursos naturales, de nuestros recursos humanos.
Nosotros pensamos que en estos momentos la defensa del medio ambiente debe ser considerado como un problema de seguridad, como un problema de soberanía popular; como un problema a donde el pueblo mexicano tiene la necesidad de gobernar su medio ambiente y de preservar para las futuras generaciones la vida humana.
Consideramos, señor Secretario, que de manera consecuente, es lógico y necesario se tenga una concertación popular al respecto. Debe ser una concertación nacionalista, una concertación nacional y en defensa de la soberanía del pueblo, para preservar el medio ambiente. Por sus comentarios, muchísimas gracias.
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: - Muchas gracias a usted, diputada Beatriz Gallardo.
De nuevo sale a relucir el tema de la industria y yo quiero que pensemos en conjunto qué implicaría sacar a las 8 mil o 25 mil, según las clasifiquemos, industrias del Valle de México, o a las mil. Sacar una industria representa cancelar una fuente de producción y cancelar una fuente de empleo y en las condiciones económicas de México o de cualquier país, implica también realizar una inversión mucho mayor que la que ya existe para poder reproducir la misma producción y el mismo empleo que ya existían previamente, de tal manera que sacar las industrias de la zona metropolitana del Valle de México nos llevaría al menos un tiempo equivalente al que nos llevó a instalarlas y estamos hablando de 40 o 50 años.
Otra cosa, es imposible de realizar simplemente por limitaciones económicas; es decir, tendríamos que concentrar todos los recursos del país en las próximas décadas para volver a reproducir la misma base de producción y la misma base de empleo que ya tenemos, en este momento, ésa no puede ser la solución, no lo ha sido en ningún país del mundo. En cambio lo que tenemos que hacer es ir a las fuentes de la contaminación; si hay industrias que no tienen remedio, ésas son las que deben salir, pero fuera de esas que por fortuna son excepcionales, la enorme mayoría de las industrias pueden reducir radicalmente su contaminación si tienen los equipos de filtrado, los equipos de control adecuados y si tan sólo mejoran la calidad de su combustión, es decir, si adoptan medidas que en muchos casos también las benefician y que representan incrementos de productividad, eso es mucho más conveniente.
Cuando se trata de industrias que presentan problemas muy graves, la decisión ha sido nuestra, incluso a un alto costo y un ejemplo muy claro es el de la industria Simex que ha sido motivo de un gran debate, de grandes inconformidades y de gran confusión durante mucho tiempo. Por fortuna, se pudo llegar a una solución
que permitió conservar el empleo y realizar nuevamente la inversión, y aquí valía la pena, porque está de por medio la seguridad del entorno urbano, pero incluso para informar esto, la única manera en que lo logramos fue precisamente los mecanismos que usted sugiere; es decir, establecer un comité de vigilancia ciudadana al que le informamos mes con mes de los avances, la empresa y cada uno de los responsables de sacar esta industria importante en la zona de Naucalpan.
Y esto, tiene usted toda la razón, ha dado magníficos resultados porque existe presión social permanente para cumplir, pero para que la presión social funcione, tiene que darse de acuerdo a un programa, porque de otra manera, no hay modo de evaluar si está habiendo o no está habiendo resultados, y si la presión social se dirige a propósitos que no van a llevar a decisiones, se corre el grave riesgo no sólo de no resolver los problemas sino de frustrar a la sociedad que al final de cuentas ve que su esfuerzo no tiene resultados.
En lo que toca a su observación de cómo contaminan carros e industrias, yo quiero decirle que esto no depende de interpretaciones subjetivas; estamos hablando de los mismos contaminantes, y lo mismo cuentan mil partículas en este caso cualquiera de los contaminantes si se producen en la industria, que si se producen en los vehículos, es decir, que tenemos una misma unidad de medida, porque lo que estamos midiendo son efectos contaminantes de materias que puedan ser perfectamente analizadas y que tienen una medición, que tienen parámetros y que también responden a una lógica de química, en este caso atmosférica, que no tiene nada que ver, que no le importa de dónde viene sino cuál es su cantidad y cómo se dan los procesos de combinación de este conjunto de componentes y de interacción de estos componentes con las condiciones naturales, es decir, que cuando hablamos de 70 ó 75% de contaminación generada por los automóviles, estamos hablando de que ésa es la contribución.
En lo que usted podría tener razón, y la tiene, es en que puede haber algunos contaminantes que no estamos evaluando periódicamente y que también pueden ser perjudiciales y hay algunos casos donde esto puede llegar a ocurrir, y eso, en ese sentido tiene usted toda la razón, ahí sí, más que en ningún otro caso se justifica la acción severa y selectiva. Esa es la línea en la que estamos también actuando.
Me pregunta usted a quién acude en relación al problema que menciona en el Valle de México, en el Ajusco. En primer lugar, estoy para servirle, pero creo que el hecho de que usted me lo planteé a mí, demuestra por qué debemos replantear la política ecológica como lo establece la ley que hoy discutimos, porque si cada uno de esos problemas los va a tener que escuchar y resolver la autoridad federal, es imposible que puedan ordenarse las cosas con la velocidad que se requiere, en cambio, en el momento en que, como lo establece la ley, el responsable de esos problemas es la autoridad local, en ese momento la presión social que usted contempla puede tener mayor eficacia, y la urgencia de solución por parte de la autoridad es mayor, porque la presión tiene identificación de todos: tiempos, gente, demandas, y todo esto finalmente también se traduce al sistema político, se traduce a la competencia electoral, y por esta vía estamos introduciendo no sólo una mayor capacidad de respuesta por parte de las instituciones en este caso por parte de los tres niveles de gobierno, sino que estamos introduciendo una dinámica donde la sociedad puede canalizar más apropiadamente sus demandas, y puede también, si así lo desea en algún momento dado, cobrar el costo político de la falta de solución. Eso es un avance democrático que la ley contempla y que la ley busca.
Hay una reflexión que ya se hacía hace un momento sobre la existencia o no de un Plan General de Ordenamiento. La ley contempla la posibilidad de que exista un programa de ordenamiento ecológico general. La ley también, en lo que toca al Sistema de Planeación esta vez, en las distintas modalidades para que puedan tener lugar programas especiales o el propio Programa Sectorial que corresponde a la ecología.
Lo, que yo decía en la mañana, y estoy totalmente convencido de ello, es que es imposible hacer un plan de ordenamiento, de esa naturaleza, en detalle; lo que se pueden tener son criterios que pueden desde luego ayudar mucho y ésos son los criterios que requieren ser aplicados, y ésos son los criterios que contiene la ley y que en el momento que ustedes la aprueben tendrán carácter obligatorio para el Poder Ejecutivo.
Eso es lo que queremos. Pero un plan de ordenamiento en detalle, requiere un análisis muy cuidadoso de numerosos componentes porque de otra manera no tiene capacidad de funcionar.
Volviendo al ejemplo que yo mencionaba de la cuenca de Lerma Santiago - Chapala, un programa de ordenamiento tiene que ver cuál es la situación de los recursos naturales en este momento, del agua, del suelo, de los bosques, pero no en términos generales, sino localizado en el mapa,
tiene que ver cuál es la situación de los asentamientos humanos, de la población, cómo varían éstos, dónde están las ciudades, dónde está la actividad económica, y luego que se tiene el panorama completo, qué es lo que se puede hacer para reordenarlo, lo cual implica contemplar en toda su extensión, la evaluación financiera, de proyectos ejecutivos, de tecnologías, porque de otra manera las decisiones son inaplicables.
Entonces, estamos de acuerdo en que existan criterios generales de ordenamiento ecológico, para que no se haga en los desiertos lo que se tiene que hacer en las selvas, o no se convierta en desiertos a la selva. Eso tiene todo el sentido, pero llevarlo a la práctica implica un gran trabajo de detalle y sólo a partir del trabajo de detalle es que se pueden tomar finalmente las decisiones.
Finalmente, hay una referencia al problema de los asentamientos humanos y en general de los fraccionadores. Tiene usted toda la razón que uno de los usos y de las conductas más irracionales desde el punto de vista general, es el papel que han desempeñado los fraccionadores clandestinos en contra del pueblo y en contra de la sociedad en general.
La ley prevé sanciones. La ley prevé instrumentos y sobre todo, la capacidad de seguir previniendo estos fenómenos, con toda la fuerza que sea necesaria, pero siempre dentro de la ley y creo que este contenido, esta inclusión del componente territorial de las ciudades, es un elemento decisivo para el éxito de una política de equilibrio ecológico y protección ambiental.
En este campo como en otros, el gobierno del Presidente De la Madrid ha tomado decisiones y seguirá tomando decisiones muy firmes que se seguirán viendo, y ustedes seguirán reconociendo porque son decisiones que seguirán respondiendo a los nuevos problemas y al interés general. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Ciudadano Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: Ha sido un avance el que la preservación y la restauración del equilibrio ecológico se haya elevado a rango constitucional, justamente una adición al artículo 27, que tiene una teoría específica sobre la propiedad como derecho originario de la nación.
La iniciativa de ley que hoy comentamos es equilibrada, sin los catastrofismos en que suelen caer algunos grupos. La iniciativa recoge en general las preocupaciones manifestadas por diversos sectores sociales. Sin embargo, tenemos algunos cuestionamientos que hacer y son los que precisamente yo expresaré a usted.
Queremos comentar el artículo 39 de la iniciativa. Esta disposición debería ser más explícita a nuestro parecer. Si bien es cierto que es necesario impulsar una conciencia y una cultura ecológica en todo el pueblo, también es verdad que debe impulsarse la formación de cuadros técnicos y científicos sobre una serie de disciplinas conexas, para que México tenga sus profesionales en área de tanta relevancia.
Es por ello que este artículo debería referirse a la promoción que debería hacer la Sedue ante la Secretaría de Educación Pública, la asociación de universidades e institutos de enseñanza superior, el Conacyt y otros organismos, a fin de incluir en los planes y programas la formación de cuadros especializados en problemas ecológicos, así como tareas en la investigación científica encaminadas a prevenirlos y resolverlos.
Pero la educación ecológica también implica la práctica. Por ejemplo, la reforestación del país debería ser el resultado de una cruzada nacional, especialmente con la energía y el entusiasmo de la juventud.
El artículo 39 debería hablar del impulso a la iniciativa de los jóvenes para la preservación de los ecosistemas. La Sedue debería concertar acuerdos con la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de que el servicio militar pudiera cumplirse en tareas tan nobles, como son las de conservar el equilibrio ecológico, fundamentalmente en tareas de reforestación, como ya lo ha venido haciendo con mucho éxito el Ejército Mexicano.
Usted ha dicho, señor Secretario, a un diputado que intervino en séptimo lugar, de cuyo nombre no pudo acordarme, que los problemas ecológicos son ajenos a la ideología.
Nosotros no compartimos esa manera de pensar. Hasta las ciencias exactas están llenas de ideologías, si no Galileo no hubiera sido encarcelado y obligado a abjurar de sus tesis astronómicas.
También los problemas ecológicos implican cuestiones ideológicas. No se pueden desideologizar problemas que tienen que ver con el desarrollo económico, con el desarrollo industrial. Todo ello tiene que ver, en gran medida, con el sistema económico. Nosotros consideramos que
hay muchos problemas ecológicos que están cargados de ideología. Nuestros cuestionamientos están impregnados, pues, de ideología.
Quisiera comentar los artículos 52 y 64 de la iniciativa. El Estado es el primer responsable en el cuidado y mantenimiento de las áreas naturales protegidas. Estas áreas constituyen, patrimonio invaluable de la nación, es decir, de todo el pueblo mexicano. En consecuencia, su aprovechamiento no debe corresponder a los particulares. Por tanto, sólo el Estado, como instrumento y representante de la nación, debe ser quien esté autorizado en forma exclusiva para aprovechar esos recursos del país. La experiencia demuestra que los negociantes particulares, en el transcurso de muchos años se han dedicado a la depredación de cuantiosos recursos y a sembrar el desequilibrio ecológico.
En los artículos respectivos debía desaparecer la facultad del Estado para otorgar concesiones a los particulares, para que pueda explotar las áreas naturales protegidas. Se me podrá contestar que México tiene una economía mixta; pero el hecho de que el Estado se haga cargo de la explotación de esos recursos no implica destruir de tajo la llamada economía mixta.
Ahora nos referiremos a los artículos 22, 116 y 141. Estos dispositivos hablan de estímulos fiscales para quienes colaboren al mantenimiento del equilibrio ecológico. En realidad, quienes pueden romper ese equilibrio tienen una responsabilidad objetiva por el solo hecho de tener una negociación, una empresa, una instalación, una serie de instalaciones.
Sabido es que como el mayor porcentaje de la renta nacional se lo lleva un puñado de familias económicamente poderosas, nacionales y extranjeras, no es posible que se pueda conceder un privilegio más a los magnates de la economía; no es posible tolerar que una minoría privilegiada dañe la vida de los mexicanos y la ponga en graves peligros.
La ley simplemente debe de establecer las coerciones necesarias para que cumplan sus disposiciones.
A nuestro juicio, no deben establecerse nuevos privilegios. Esos artículos deberían desaparecer de la ley.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista apoya esta iniciativa en lo general, por las razones que ya expuso la diputada Gabriela Guerrero, en la mañana, y también por las afirmaciones que hice al principio de esta intervención; sin embargo, el Partido Popular Socialista demandará en las comisiones y en el pleno de la Cámara algunos cambios en lo particular, tal como lo hemos apuntado el día de hoy.
Agradecería sus comentarios y respuestas a los cuestionamientos implícitos en esta intervención, señor Secretario. Muchas gracias.
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: - Muchas gracias por sus comentarios y preguntas, diputado Martín Tavira.
La reflexión que usted hace en torno al artículo 39 muestra con toda claridad la preocupación que tienen ustedes por enfatizar la parte educativa y el desarrollo de la investigación en los artículos y en el artículo de esta ley.
En ello tenemos una coincidencia completa y hace un momento yo hacía un comentario específicamente sobre la parte de los investigadores que me hacen ver que hay una coincidencia completa en cuanto a la sustancia. En cuanto al contenido del artículo, nosotros pensamos que en lo fundamental está contenida esta preocupación y fundada la acción necesaria para atenderla; pero a ustedes corresponderá, en todo caso, sugerir los cambios, introducir nuevos elementos y aprobar una ley que en lo fundamental y en sus contenidos básicos es aceptada, como aquí ha sido reconocida, por todos los partidos políticos, como muestra de madurez de conciencia y de responsabilidad de cada uno de nosotros para con el país.
La reforestación, en efecto, requiere de otros enfoques, la participación del Ejército Mexicano es ya muy importante en las tareas de reforestación, pero también la participación de las autoridades locales y de todo tipo de organizaciones y asociaciones, sin duda podría crear nuevas posibilidades que sumando las partes configuraran una verdadera cruzada nacional necesaria.
Su comentario sobre el aprovechamiento de las áreas naturales, implica en parte, creo yo, que debería verse con cuidado cuál es el contenido y las definiciones de estas áreas.
En las áreas núcleo de las áreas naturales, está prohibida en lo general todo tipo de actividad que pueda deteriorar el medio ambiente y en las áreas de protección se hacen limitaciones, precisamente al régimen de propiedad y lo que se establece son modalidades que están pensadas más que para desarrollar actividades productivas para el sector privado, como fórmulas de concertación con el
sector social que permitan hacer compatibles la protección de la reserva con la defensa del recurso; ésa es la modalidad que introduce la ley y creo yo que es la modalidad práctica y justa.
Pero también no debiera excluirse, porque ha sido útil y porque estoy seguro que lo es, la participación de asociaciones privadas no lucrativas, porque hay muchas fuerzas, sectores y personalidades que están interesadas en la defensa y protección de los recursos naturales, de las reservas, de la flora y de la fauna y que si sumamos su fuerza, su prestigio, su capacidad organizativa podremos tener todavía mayores resultados.
Yo quiero aquí recordar que cuando hablamos de áreas naturales, no estamos hablando de pequeños parques, estamos hablando del equivalente a la cantidad de tierra que en este momento es explotada para propósitos agropecuarios, fundamentalmente de producción agrícola, es decir, estamos hablando de 18 millones de hectáreas que la administración del Presidente De la Madrid incrementará como meta a estas 18 en un 45% respecto a lo que se tenía hace dos o tres años; esto va a ser muy importante para el país, porque hay zonas de reservas como Manantlán o como Xin Yan Kan que con las decisiones adoptadas y el apoyo que brinda esta ley, podrán defenderse como los últimos reductos importantes que tiene la nación y que requiere conservar a toda costa, pero también encontrando el equilibrio con sus pobladores; porque los pobladores pueden vivir mejor cuidando la reserva que en las condiciones de explotación y de insuficiencia de ahorro y de inversión en que muchas veces han desempeñado sus actividades económicas.
Yo difiero de usted en cuanto a la supresión de los estímulos fiscales para estas actividades, porque si existen estímulos fiscales para otras actividades de promoción económica y social, esta tiene una jerarquía igual, equivalente o incluso superior a muchas de estas y además es un instrumento que hace aplicable la ley, es uno de tantos, pero si no tenemos instrumentos económicos, la posibilidad de aplicación de las decisiones es menor. De tal manera que no le diré que vayamos a la discusión de la economía mixta, sino vayamos a una práctica que nos permita resolver los problemas y la única manera de resolverlos es encontrando soluciones económicas en muchas de estas decisiones.
Finalmente, un comentario en relación a su punto de vista sobre la relación entre ecología e ideología. Yo no quisiera, por ningún motivo, separar ambos conceptos, pero sí creo que la verdadera ideología tiene que fundarse en un análisis científico de las causas y de la base material del desarrollo económico y social y eso implica también un análisis del comportamiento físico de los elementos que desde luego interactúa con las relaciones sociales, con el régimen económico y también incluso, con las normas políticas que cada sociedad se ha dado. No puede establecerse una división entre ideología y base material, entre ideología y ecología y recursos naturales, pero si creo yo que hay muchos problemas que ya están dados, que si los queremos resolver con ideología no los vamos a resolver. Necesitamos instrumentos prácticos y lo que la sociedad nos está reclamando, es que tengamos efectividad en la solución de los problemas que todos sabemos que existen y que tenemos que corregir. De ahí que yo no vea incompatible el tener una posición política e ideológica muy clara y al mismo tiempo tener el sentido práctico necesario para hacer avanzar las cosas. Muchas gracias, señor diputado. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Gascón Mercado, del Partido Mexicano de los Trabajadores.
El C. Alejandro Gascón Mercado: - Cuando un cambio de impresiones se prolonga, empiezan a introducirse deformaciones en algunas expresiones y creo que habrá que evitarlo hasta donde se pueda, en esta conversación.
En algunas respuestas del Secretario, da la impresión de que lo estamos acusando como que él es responsable de la contaminación de este país. El es un hombre joven, tiene 40 años, por lo tanto no es responsable de la contaminación en México.
Yo creo que los españoles fueron los primeros contaminadores importantes que hubo en el territorio nacional. Ellos trajeron las enfermedades y todo lo que es conocido por nosotros.
Pero también hubo contaminación en la Guerra de Independencia, en la Guerra de Reforma y en la Revolución de 1910. Hay que tener cuidado con este tipo de contaminación y esto se da cuando un pueblo ya no encuentra camino para su desarrollo natural.
Desde 1917, teníamos la posibilidad legal, como lo hemos afirmado en anteriores ocasiones, para intervenir a fin de defender a la naturaleza de México. Hay facultades precisas porque es la nación la que tiene el dominio sobre las aguas, sobre el suelo, sobre el subsuelo, sobre la naturaleza de México, en lo general. Y también la nación puede darle a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.
Tuvimos legislación para haber defendido el medio ambiente en el territorio de México. Hace unos meses se hicieron reformas a la Constitución para precisar esta legislación y hoy hay un proyecto más integrado a fin de defender el medio ecológico de nuestro país y la contaminación del ambiente.
Hay una contaminación mundial que nosotros no podemos resolver, pero si participar en contra de ella. Hay una contaminación nacional que nos corresponde resolver a todos nosotros.
¿Y quién es el responsable de esta política? Cuando uno escucha argumentos parece que nadie, yo digo que el sistema político de éste ha facilitado la destrucción de la naturaleza en México, y cuando hablo del sistema político de este país, me refiero fundamentalmente a los últimos cincuenta años, porque no se puede establecer un desarrollo económico o no se debe establecer un desarrollo económico que atente contra la supervivencia humana. Y mucho de eso ha habido en nuestro país, y el Estado lo ha permitido porque era en última instancia el que podía evitarlo.
¿Quiénes han contaminado más al ambiente en México? Los grandes monopolios norteamericanos, como lo han contaminado en el Brasil, en Argentina, en Colombia; como lo han contaminado en Asia, en África; como lo han contaminado en los países dependientes. Insecticidas, fertilizantes, detergentes, éstos son los contaminantes menores, pero si nos da una idea clara de cómo han influido y determinado en la vida nacional en interés de los grandes monopolios y no en interés del desarrollo independiente de nuestro país.
Por eso cuando se llama a la conciliación, a que hagamos un borrón y cuenta nueva, me parece que eso no es objetivo. Hay que localizar a los principales responsables para poder cerrarles el paso, cambiar nuestra política, porque fueron ellos los que nos trajeron tecnologías anticuadas que habían descartado en sus propios países y que han hecho un daño muy grande a nuestro país.
Cuando se afirma que la contaminación es por igual en el capitalismo y en el socialismo, yo me imagino que se refieren a los experimentos nucleares y creo que en éstos sí podríamos darles una responsabilidad semejante. Sin embargo, hay esfuerzos y políticas distintas, hay suspensión de las pruebas nucleares, naturalmente por parte de la Unión Soviética. Y ésta es una contaminación en la que tenemos que intervenir todos los terrícolas porque está de por medio nuestra vida.
Pero decir, que se manejan las mismas formas en el socialismo para defender a la naturaleza al igual que en el capitalismo, esto no corresponde a la verdad. Por simple lógica, donde los intereses particulares, y así sucede en el capitalismo, están por encima de los intereses generales de la sociedad, ahí se encuentran los obstáculos principales para poder hacer un plan de defensa del medio ecológico y la contaminación del ambiente.
Hay una gran preocupación por el uso de la energía nuclear en nuestro país, yo por ejemplo soy partidario, como lo he dicho, del uso pacífico de la energía nuclear, y entiendo que muchos de los debates que se han dado alrededor de Laguna Verde corresponden a un problema de carácter ideológico, político y de la defensa de intereses particulares, pero la mayoría de los mexicanos tenemos derecho a la desconfianza, en el caso de Laguna Verde, por la experiencia práctica de muchas de las obras del Estado.
Porque ha habido corrupción indudable y en este proyecto, casi podíamos asegurar que la ha habido, y claro tenemos desconfianzas, dudas y quisiéramos la intervención de hombres calificados de cualquier parte del mundo, para dejar clara las posibilidades de que el uso de la energía nuclear en nuestro país, fuera realmente un signo positivo en nuestro tiempo y no también otra forma de dependencia para el extranjero, particularmente para el imperialismo norteamericano.
Es cierto que resolver el problema de la contaminación es responsabilidad de toda la sociedad, pero sí debe quedar claro que no todos somos responsables de la contaminación; hay algunos que son fundamentalmente responsables y es necesaria una ley, no sólo para que llame al razonamiento y al sentido común de quienes habitamos en este país, sino que unilateralmente sujete a quienes hacen daño en función de sus intereses particulares, hay que hacer concertación de libertades, eso está bien, creo que se podría lograr algo, pero hay algunos que no van a responder a esta actitud del poder público y sería deseable que un estado popular pudiera someterlos.
¡Que hay que proteger la producción y los empleos!, un verdadero desarrollo económico de México, sano, respetaría el uso de los recursos naturales de que disponemos, y eso está en primer lugar, y esto debe ser lo fundamental, porque un desarrollo económico que lleve a la destrucción de los recursos de nuestro país, eso no es desarrollo económico, eso es el desastre.
¡Qué no importa quienes sean los responsables!, que todos vamos a reconstruir el ambiente, y ya reconstruido probablemente otros se encargarán de volverlo a destruir. ¡Que ahora los recursos provienen de la iniciativa privada para reconstruir el ambiente!, pues debiéramos cobrarles mucho porque son ellos fundamentalmente los que han destruido. Tenemos limitaciones de recursos, nos dicen; de agua. Yo creo que tenemos mucha agua que se va al mar sin usarla. Con pasear el Usumacinta por todo el territorio nacional, podríamos recuperar los desiertos y otras zonas.
Una ley en favor de la ecología no debe paralizar la producción. Yo creo que lo que está paralizando el desarrollo y la producción, son todos los atentados que se han hecho hacia los recursos naturales de nuestro país. Durante muchos años, y vayamos a cosas de carácter práctico, deforestaron a México ¿quienes?, el pueblo en su conjunto, en cada región del país pueden localizar a cinco personas que son los talamontes responsables de la desaparición de las maderas finas que ni siquiera fueron utilizadas racionalmente. No son más.
¿Cuál es mi experiencia como funcionario en el municipio de Tepic? Nosotros en Tepic tenemos un río, el río Mololoa que cruza gran parte del Valle de Matatipac, que forma parte de las leyendas de nuestro pueblo junto con el cerro de San Juan y el Sanganguey, y ¿en qué lo han convertido?, en un drenaje de la ciudad. Hasta ahí llegan las aguas negras. Donde el río nace, cuando las lluvias son abundantes, los peces se salen del cauce del río y cuando esto pasa, los campesinos en chiquihuites, en costales, juntan miles de peces saltando en la tierra. Cuando atraviesa la ciudad de Tepic, empieza a perderse la vida y ya a la mitad de esta ciudad ya no salen ni ajolotes. Ahí descargan los desechos del rastro, de los hospitales, de "La Moderna" compañía tabaquera extranjera, del molino de Menchaca, del molino de Puga, de las pocas industrias. Y el Mololoa se ha transformado en un pantano lleno de moscos que afectan a la población. El pueblo le cambió de nombre, ahora no es Mololoa, es el Nilo. Ni lo huelas, dice la gente. A esto hemos llegado.
Ya vimos en el cerro de San Juan durante diez años, que un amigo de los funcionarios públicos acababa con el cerro, sacando materiales de construcción. El "Día del Árbol", miles de tepicenses subían simbólicamente al cerro para su defensa. Nadie les hacía caso, veíamos nosotros con las Secretarías de Estado, con la Comisión Federal de Electricidad, su prepotencia para pasar los cables entre árboles centenarios, tumbaban la mitad de los árboles en contra de la opinión de las autoridades municipales.
Para mi gusto ¿qué debería contener esta ley?, pues facultades muy grandes a los municipios. Yo prefiero al peor presidente municipal, que al mejor funcionario federal defendiendo el medio ecológico. Porque el funcionario federal cuando llegue al lugar de la destrucción han pasado años y el presidente municipal por más bruto y mal intencionado que sea, tendrá la opinión del pueblo encima defendiendo los recursos naturales.
Darles mayores facultades pero al mismo tiempo hay que darles recursos naturalmente, hay que ayudar desde el punto de vista técnico; todavía esta ley, a pesar de sus expresiones, es una ley que tiende a darle a la Federación un poder casi divino.
La intención de que la nación recupere plenamente la soberanía de sus recursos me parece justa, pero hay que ofrecer soluciones a la altura de los problemas que tenemos. En varias ocasiones yo he propuesto, desde la tribuna de la Cámara, que cambiemos los Poderes de la Federación al desierto de San Luis Potosí, es muy difícil cambiar las industrias, pero se dice que ellas contaminan al Distrito Federal en un 25%, que el otro es problema del transporte fundamentalmente, yo estoy seguro que si cambiamos al Presidente de la República, lo seguirán cuatro millones que viven alrededor del Presidente de la República, secretarios de estado, diputados y senadores para recibir la consigna rápida, todos los que prestan servicios irán fuera de aquí, tenemos que pensar en eso, estamos amontonados, tenemos muchos problemas. Pero no se habla de eso, se habla de cosas de carácter técnico y esto no es un problema técnico, es un problema político, hay que organizar sobre otras bases a la sociedad mexicana.
Yo entiendo que efectivamente tenemos que hacer un programa general para la defensa de la naturaleza en México, con planes concretos para su realización y necesitamos formar toda una educación para defender nuestros recursos naturales, utilizar la radio, la televisión, las escuelas, los sindicatos, los ejidos, los partidos, toda la forma de organización para establecer una alta conciencia alrededor de esto.
Yo tengo muy poco qué preguntarle al señor Secretario, una cosa concreta me gustaría preguntarle: señor Secretario ¿con esta ley, es posible que los tepicenses y sus visitantes, vuelvan a pescar y a bañarse en el río Mololoa? Esa es mi pregunta concreta, porque a mí me preocupa una cosa, no la contaminación del ambiente, este país se está contaminando políticamente y cuando un país se contamina políticamente, bueno pues el pueblo siempre
sabe qué hacer; independientemente de las frases optimistas, en la Guerra de Independencia se encontró la salida que necesitábamos los mexicanos de su tiempo; en la Guerra de Reforma también; en la Guerra de 1910 igual; no contaminemos más el ambiente político de este país.
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: - Señor diputado Gazcón Mercado: Yo también pienso que, por ejemplo, los talamontes han respondido a lógicas que van claramente en contra del interés general. Esas son las actividades que debemos de normar y que debemos de evitar, pero creo que el argumento no es necesariamente extensivo a la comparación que usted hace entre modos de producción capitalistas y socialistas.
Yo mencionaba hace un momento el problema de la contaminación mundial, y tan contamina la Unión Soviética, como los Estados Unidos, y esto es algo que se puede medir y que creo que todos reconocen; y contaminan más que los que contaminamos todos los países en vías de desarrollo, y eso hay que también decirlo con toda claridad, en algunos contaminantes ellos contribuyen con 50%, en otros con 80%.
Por otra parte, creo que los intereses particulares también, de la misma manera que llegan a predominar como con las prácticas depredadoras a las que usted hace mención, también existen intereses en los países socialistas que difieren del interés general, y yo creo que eso se está reconociendo plenamente en las sociedades socialistas, y los intereses particulares de las sociedades socialistas son muchas veces los intereses de las burocracias, que no necesariamente son los intereses de la nación. Esto es algo que es parte de lo que todos estamos reconociendo, y por ellos es que sí hay algunas características generales en las necesidades de modernización de numerosas sociedades que a veces cruzan las formas de propiedad en los regímenes de producción.
Pero hay una segunda observación que usted hace y con la que francamente no estoy de acuerdo. Usted dice que hay mucha agua en el país; yo estoy convencido de que desafortunadamente el agua que tenemos es muy escasa, que la tenemos que cuidar muchísimo y que cada vez es desafortunadamente también más cara.
Yo entiendo su propósito y su emoción cuando usted dice que hay que pasear el Usumacinta por el territorio; eso es cuando a emoción, en cuanto a propósito, lo comparto; hay que hacer todo lo que sea necesario para sacar adelante al país. Si ése es el significado, estoy de acuerdo con usted, pero en términos del problema del agua ya no digamos el Usumacinta, sino simplemente los acueductos que hemos estado construyendo son demasiado caros para el país.
Traer el agua a la ciudad de México, llevarla a Monterrey, llevarla a Tijuana, representa inversiones que ya no podemos pagar en este momento y costos de operación que son cada vez más caros, incluso quitándole la inflación, de tal manera que, lo digo con toda claridad, si el país no replantea su política de agua, estaremos en problemas muy graves en muy pocos años, y por ello es que hemos previsto en esta ley, y el Ejecutivo Federal tomará muy próximamente decisiones adicionales, para enfrentar con toda profundidad el problema del agua, porque ya no podemos llevar el agua de un lugar a otro a costos crecientes, porque los costos los paga finalmente la sociedad, y porque no tenemos recursos.
Tenemos que cambiar la política, tenemos que tratar las aguas para que las use la industria y no use aguas limpias, tenemos que intercambiar aguas con el campo y tenemos que prohibir, como lo prevé la ley, el establecimiento de empresas que utilizan mucha agua en determinadas ciudades del país, como pudiera ser La Laguna, y si no tomamos esas decisiones, que precisamente podrán tomarse con toda la fuerza a partir de la ley, estaremos condenados al país a problemas muy graves de agua.
Entonces, creo que hay cosas que debemos de reconocer y que hubiera el régimen social que hubiera en nuestro país, de todas maneras serían problemas que la sociedad mexicana tendría que enfrentar.
Creo que hay toda una cadena de reflexiones políticas en su comentario respecto a los culpables y cómo enfrentarlos, donde tenemos también enfoques diferentes.
Nosotros confiamos más en la sociedad y creemos que debe ser sancionado el particular que viole la ley y para eso tenemos ley y queremos que haya esta ley, pero que no debe ser la sanción el mecanismo que permita mover a la sociedad. Las decisiones por decreto no funcionan, tiene que confiarse en la sociedad, prepararse la solución de las cosas, crearse los instrumentos y aplicar las decisiones de autoridad, sólo en los casos de clara violación de la ley.
Finalmente, hay un punto que me acerca mucho a usted, yo creo que si esta ley hubiera estado vigente cuando usted fue presidente municipal de Tepic, el río Mololoa no estaría tan contaminado como está hoy. Muchas Gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Blanca Esponda de Torres, del partido Revolucionario Institucional.
La C. Blanca Esponda de Torres: - Muchas gracias, señor presidente; honorable asamblea; ciudadano Secretario: Los mexicanos tenemos confianza en nuestra capacidad para resolver los problemas del país, por difíciles que sean. Por eso valoramos la trascendencia de este instrumento jurídico que modificará políticas gubernamentales y convocará más activamente a la sociedad.
Coincidimos con usted en que no se requiere referendum en el caso de Laguna Verde, toda vez que conforme a la Constitución y a las leyes vigentes, nosotros somos los diputados somos los legítimos representantes populares electos por voto directo.
En esta comparecencia hemos testimoniado un auténtico ejercicio democrático. Nos hemos escuchado respetuosamente ambos poderes. Y han aflorado discrepancias y coincidencias. Ciertamente, las opiniones de las diferentes corrientes que han planteado tesis ideológicas, rebasaron la materia de su competencia, pero sin duda este diálogo contribuirá a enriquecer el proyecto nacional. Ha habido en esta sesión, permeabilidad de las ideas, y en el trabajo de la comisión respectiva, seguramente las mejores aportaciones que formulen los ciudadanos diputados, serán incorporadas al proyecto. Ello podrá enriquecer la iniciativa enviada por el Ejecutivo, porque como mexicanos que somos todos los diputados, aspiramos legítimamente a enaltecer el debate nacional con un trabajo legislativo serio, profundo, que ensanche la confianza de los ciudadanos en sus instituciones presentes y que amplía el horizonte y las expectativas de la sociedad acerca de su futuro.
Como todos sabemos, y la exposición de motivos de la iniciativa así lo expresa el país enfrenta el reto de proseguir su modernización adoptando cambios estructurales que garanticen a corto y largo plazo el desarrollo armonioso de una economía realista con orientación social.
En este sentido, hemos apreciado el esfuerzo institucional que ha convocado a la ciudadanía para abatir los graves problemas de contaminación en el Valle de México. Observamos que tanto en las ciudades como en el campo se ha empezado a cobrar conciencia de la importancia de los problemas ecológicos, que rompen el equilibrio de las cadenas vitales y cuya solución, desde luego, no está en la cancelación del desarrollo y sí en cambio en su adecuada orientación y conducción.
En las últimas décadas, proliferaron los proyectos industriales que desatendieron la protección y el cuidado del ambiente. La población creció y se dispersó en todo el país, en detrimento de la conservación de los recursos naturales. Coincidimos con lo aquí planteado por varios compañeros diputados, en el sentido de que los intereses económicos del campo erosionaron las tierras, depredaron los bosques, contaminaron las aguas, afectando seria e irreversiblemente los recursos naturales del país que son patrimonio de la nación.
Por ello, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de la que me honro en formar parte, aplaude que el Ejecutivo Federal haya enviado esta iniciativa de Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente a esta honorable Cámara.
Ciudadano Secretario, del análisis de la iniciativa y para abundar en el estudio de ella en la comisión respectiva, permítame usted plantearle algunas interrogantes:
¿Qué prioridades de atención ha fijado el presente régimen para el rescate y conservación, aprovechamiento racional y desarrollo de las áreas naturales protegidas?
Interesa sobre todo conocer la atención que se le ha dado al trópico único y a la selva lacandona. ¿Cómo se asegura, en esta iniciativa, la participación de las comunidades rurales en este esfuerzo? También nos interesa saber, ¿qué papel jugarán los medios de comunicación en esta nueva política ecológica que propone el gobierno del Presidente De la Madrid?
Y finalmente, sin que la ley sea una panacea, como usted lo ha anunciado, ¿cuáles serían los efectos inmediatos de esta iniciativa en el caso de ser aprobada por esta soberanía?
Le anticipo a usted mi aprecio por sus comentarios y aprovecho para felicitarlo por esta participación, que ya lleva cerca de 10 horas y que se ha caracterizado por la emoción social y el gran sentido de racionalidad en todas sus respuestas. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Señor diputado, ha concluido su turno de intervención en esta segunda ronda. Prosiga usted, señor Secretario.
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: - Me siento muy satisfecho de que
la diputada Blanca Esponda haya planteado las últimas preguntas, tratándose de una mujer, de una priísta tan destacada que está pendiente de los problemas de su estado, por las preguntas que hace; pero también con gran claridad sobre los problemas nacionales.
Esos son los cuadros que fortalecen a nuestro partido y que vigorizan el prestigio de las instituciones.
Quisiera comentar, dar respuesta a las preguntas que usted me hace, diputada Esponda.
En lo que toca a la manera cómo se está enfrentando la destrucción de selvas tropicales y en forma muy particular de la selva lacandona y el trópico húmedo, quisiera yo reconocer ante ustedes que éste es uno de los problemas más complejos. Porque las distintas soluciones que se han intentado no siempre han dado los resultados esperados.
Pero en este momento, hay algunas cosas que se han logrado, otras que faltan; pero, desde luego, hay una gran claridad ya sobre cuál es la concepción y la estrategia más eficaz para hacer frente a este problema.
En este momento se ha logrado evitar la destrucción de la reserva de Montes Azules que había venido caminando a un ritmo vertiginoso. Se ha logrado iniciar, en forma muy eficaz, la solución de diversos conflictos agrarios que parecía no tener solución. Se ha logrado frenar algunas actividades, como la ganadería extensiva en la selva; pero no hemos tenido los resultados propuestos en materia forestal, ni hemos tenido todavía los resultados que hubiéramos querido en el desarrollo de proyectos productivos de agricultura tropical.
Esta es una situación difícil. Hay problemas de conocimiento técnico, hay problemas de desarrollo de proyectos y hay problemas de gestión, porque la gestión tiene que hacerse allá abajo con las comunidades.
Y por ello es que a lo que hemos llegado, por lo que sí hemos logrado y por lo que también no hemos logrado - y reconocemos - a la conclusión muy clara de que no se puede defender la selva lacandona sin una clara participación de las comunidades en los distintos órdenes que determinan su relación con los recursos naturales. Si queremos parar la roza - tumba y quema tenemos que desarrollar los proyectos productivos; si queremos que haya interés por proteger el bosque, tenemos que regularizar la situación agraria. Y ésas son las decisiones que estamos empujando, que queremos seguir empujando y que han quedado plasmadas en la ley general que aquí se discute con el mayor vigor, porque para casos como esos, sí necesitamos instrumentos, como lo que establece la ley, como el del ordenamiento ecológico que nos permitirá actuar, también frente a actividades como la depredación forestal.
Y por eso es que se ha enriquecido esta iniciativa con una experiencia social y con una experiencia pública que creo que es la mejor base para confiar en su futura aplicación.
Hay una segunda preocupación o pregunta sobre cuál es el papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan en esta materia como es casi todas en nuestra sociedad, un papel decisorio, un papel de gran importancia, porque son el contacto entre gobierno, sociedad, porque son los que pueden formar opinión pública, porque si ellos destacan los problemas reales pueden ayudar a combatirlos. Por todas estas razones, es que se contempla en la iniciativa expresamente, la posibilidad de buscar concertación con los medios porque creo que dentro del más pleno respeto a la libertad de prensa podemos llegar a acuerdos en donde los medios contribuyan, como ya lo vienen haciendo en muchos casos junto con los intelectuales, junto con los artistas en una tarea de concientización y en una tarea de la orientación de la opinión pública y también por qué no, es una tarea pedagógica, profunda como la que requerimos para cambiar algunas de las actitudes que detienen el esfuerzo que necesitamos seguir haciendo.
El papel de los medios, diputada Esponda, es decisivo y yo tengo plena confianza en que contaremos y seguiremos contando con la participación de estos órganos de la opinión pública nacional.
Usted dice que la ley como yo comentaba no es una panacea, pero me pregunta ¿qué efectos inmediatos tendría la iniciativa de ser aprobada?, pues tendría muchos efectos, el primero multiplicar las acciones; esto sobre todo por la descentralización. En el momento en que los gobiernos locales, en el momento en que los presidentes municipales puedan actuar, muchos estarán incentivados y obligados a actuar y muchos otros estarán presionados para que actúen.
La ley institucionalista, una política ecológica que en muchos de sus campos me parece que ha resultado muy eficaz, en la concertación, en la suma de esfuerzos, en la ampliación de la capacidad
de respuesta financiera, la política en marcha es una política de coordinación de nuevo diseño de instrumentos financieros que deben quedar perfectamente institucionalizados porque de otra manera no podríamos obtener en el largo plazo acciones concretas.
La ley establecerá derechos y responsabilidades precisas para los que estamos adentro, para el gobierno y también para la sociedad; y esa seguridad jurídica y esas facultades y esas obligaciones son la manera como estaremos estableciendo un nuevo sistema jurídico, un nuevo sistema jurídico de política ambiental que gira en torno a la ley, pero que se vincula en forma eficaz con el conjunto de los ordenamientos que rigen la actividad económica, que la ley creará espacios de participación que tocará a toda la sociedad aprovechar; podrán ser tan grandes y tan eficaces como estamos todos dispuestos, lo podremos también seguir ampliando.
Finalmente, diputada Esponda, yo quisiera simplemente manifestarle nuestra satisfacción de saber que hay un amplio reconocimiento a la iniciativa del presidente De la Madrid, que hay un consenso básico de todos los partidos políticos respecto a la necesidad de esta ley que coincidimos en los propósitos fundamentales y que mi partido asume la posición que usted manifiesta de hacer un gran trabajo de comisiones para en su caso, si es posible, perfeccionar el articulado para darle más fuerza y más consenso aún a esa ley, eso, no va en detrimento al Poder Ejecutivo, la ley es un proyecto espléndido, pero eso va en beneficio de la división de poderes y en beneficio de la democracia.
Yo agradezco la manera como han sido aquí presentadas las inquietudes, presentadas las preguntas, y les manifiesto que para mí éste ha sido mi mayor honor político, venir aquí a defender esta ley y ver aquí palpable, decidida, la respuesta de la democracia mexicana. Muchas gracias. (Aplausos.)
COMENTARIOS Y AGRADECIMIENTO
El C. Presidente: - Señoras y señores diputados; señor licenciado Manuel Camacho Solís, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología: El pueblo de México mantiene renovada su voluntad por seguir desarrollándose dentro de un sistema de derecho que además de armonizar la convivencia y procurar por la justicia, garantice la dignidad de la persona, sus libertades y su potencialidad creadora.
Es de la mayor trascendencia para la vida política, jurídica de la República, la revisión, estudio, discusión y en su caso aprobación de leyes. Esta Cámara, en su ámbito de competencia, se empeña en cumplir con fidelidad sus atribuciones sin otro propósito que modificar y aprobar leyes que enriquezcan el derecho positivo mexicano y se traduzcan en beneficio de los superiores intereses de México.
Las intervenciones de los señores diputados, de los ocho partidos políticos nacionales, han dejado constancia del manifiesto interés y preocupación por preservar los recursos naturales que son patrimonio colectivo y por preservar el medio ambiente en el que todos vivimos y por impulsar demandas sociales. La iniciativa de Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, importa e importa mucho a esta representación nacional del pueblo de México; será sin duda motivo de profundas reflexiones, de amplios debates y de coincidencia en la búsqueda de normas que garanticen para esta y las próximas generaciones, un medio ambiente sano y la seguridad de la utilización racional y siempre en beneficio general de los recursos naturales de la nación.
Su comparecencia se da en el ejercicio de la facultad constitucional que corresponde a esta Cámara, dentro de un régimen de separación y colaboración de poderes. La presentación y la explicación de la iniciativa presidencial, permitirá, sin duda, un análisis de la misma con mayor conocimiento de los propósitos que la animan y de los objetivos que se persiguen. Por ello, la mesa directiva, por conducto de esta presidencia, le expresa, señor Secretario, su reconocimiento por su comparecencia, presentación y explicación de la iniciativa de Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Muchas gracias.
Se ruega a la comisión designada, acompañar al señor Secretario Manuel Camacho Solís, cuando desee retirarse de este recinto.
A los ciudadanos diputados se les ruega permanecer en el recinto a fin de continuar y agotar los asuntos en cartera.
(La comisión cumple su cometido.)
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES
El C. Presidente: - El siguiente punto de orden del día es el turno a comisión de la iniciativa de Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
En virtud de que este documento ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, se va a proceder el trámite correspondiente.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión - Presente.
Por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el presente envío a ustedes iniciativa de Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, documento que el propio Primer Magistrado de la Nación propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 9 de noviembre de 1987. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la República.
CC. secretario de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Presente.
Al tomar posesión de la Presidencia de la República, adquirí el compromiso ante el pueblo de México, de convocar "a un debate público para analizar el estado que guarda el proceso de la reforma política, la función e integración del Senado de la República, la participación ciudadana en el gobierno del Distrito Federal y la reforma judicial". Estas eran las principales acciones, a través de las cuales cumpliría el propósito de mantener "viva y dinámica la democracia en México."
En cumplimiento de este propósito sometí a la consideración del Poder Revisor de la Constitución, sendas iniciativas de reformas, que al ser aprobadas y publicadas, se han incorporado al funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas del estado de derecho que nos rige, que nos da viabilidad como nación libre, soberana e independiente y que nos permite aspirar a un mejor México, que será el más valioso patrimonio que podamos legar a las futuras generaciones.
En todos estos casos, la elaboración de las iniciativas de reforma a la Constitución, han estado precedidas y fundamentadas en las opiniones que de manera libre y plural han expresado los distintos grupos y sectores de la ciudadanía nacional, en el seno de los foros de consulta popular que para tales efectos he convocado.
Particular importancia ha merecido el tratamiento jurídico del Distrito Federal, institución fundamental de nuestra organización federativa.
El Distrito Federal mexicano ha ido adquiriendo matices, dimensiones y expresiones específicas que lo han distinguido de instituciones similares imprimiéndole un sello característico, propio y exclusivo, de la forma de organización democrática, plural y respetuosa, de los mexicanos.
El federalismo mexicano no puede prescindir de la institución del Distrito Federal, ni de los principios fundamentales que caracterizan su forma de gobierno. Así lo ha ratificado el Constituyente Permanente de nuestro país. El Distrito Federal, en México, tiene la fuerza y el vigor de una decisión política fundamental, consagrada por nuestro Texto Supremo.
Sin embargo, ello no constituye ningún impedimento para ampliar la esfera jurídica de la participación ciudadana, en el gobierno del Distrito Federal. Este fue el propósito fundamental que persiguió la reforma a la fracción VI del artículo 73 constitucional.
Así lo expresé en la exposición de motivos correspondientes: "la participación ciudadana en el gobierno del Distrito Federal, tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, en lo político, lo económico, lo social y lo cultural, para que contribuya a convertirse en plena realidad social nuestra concepción de la democracia.
Para ello deben tomarse decisiones y establecer medios para mejorar la representatividad de la sociedad, para descentralizar y desconcentrar las funciones ejecutivas y administrativas, y fortalecer las instituciones de carácter participativo para los ciudadanos".
La necesidad de contar con un órgano de representación política de los ciudadanos en el Distrito Federal, con importantes funciones normativas, de supervisión de la actividad de la Administración Pública local; fue una demanda reiterada que legítimamente expresaron los ciudadanos, las agrupaciones y las instituciones que participaron en las audiencias del Foro de Consulta Popular a que convoqué el 17 de junio de 1986.
A estas importantes atribuciones de dicho órgano de representación ciudadana, la Constitución adicionó las importantes y novedosas funciones de promoción y gestoría de los derechos de los habitantes del Distrito Federal, con el propósito de que dicha función contribuya a satisfacer los derechos e intereses legítimos de sus habitantes, así como a mejorar la utilización y aplicación de los recursos disponibles.
Con la aprobación del Poder Revisor de la Constitución, se reformó la fracción VI del artículo 73, sentando nuevas bases para la participación ciudadana en el gobierno del Distrito Federal. La nueva base 3a. de dicho precepto constitucional dispone la creación de una asamblea integrada por 40 representantes electos según el principio de votación mayoritaria relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y por 26 representantes electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal.
La creación de este nuevo órgano de representación ciudadana hace necesario que se expida su correspondiente ley orgánica, con el propósito de permitir el eficaz desarrollo de sus atribuciones constitucionales.
El proyecto de Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal que someto a esta representación nacional está estructurada en seis capítulos.
En el primero de ellos, dedicado a las disposiciones generales, se contienen los preceptos que definen el objeto de la ley.
En el segundo capítulo están las disposiciones relativas a la naturaleza y atribuciones de la asamblea. En este capítulo se destaca el carácter de órgano de representación política de los ciudadanos del Distrito Federal. Este cuerpo representativo tiene importantes facultades normativas en las materias que afectan de manera más directa a los habitantes del Distrito Federal. Las disposiciones que emita dicha asamblea tendrán el carácter de bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno.
Además de las funciones de carácter normativo, la asamblea está dotada de importantes atribuciones en materia de supervisión de la acción administrativa de las autoridades del Distrito Federal. De igual manera, la Constitución confiere la facultad de promoción y gestoría de los derechos e intereses legítimos de los habitantes del Distrito Federal, así como de importantes atribuciones en materia de participación ciudadana. El presente proyecto de ley sistematiza y define, de manera clara y precisa, las anteriores facultades.
Cabe destacar, por su importancia, las facultades de la asamblea para orientar a los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal, acerca del régimen jurídico del uso y destino del suelo en la entidad, así como acerca de los medios jurídicos y administrativos de que pueden disponer para hacer valer sus derechos ante las autoridades correspondientes.
La consulta popular y la iniciativa popular, consagradas en la Constitución, han sido estructuradas con el propósito de que puedan ser efectivas así como para que contribuyan a hacer viable y efectiva la participación ciudadana en el gobierno de su entidad.
Ampliar los vínculos entre los representantes y los representados es una de las preocupaciones fundamentales de esta iniciativa. En este sentido, se establece como obligación de los miembros de la asamblea el representar los intereses de los ciudadanos, cumplir con eficiencia y eficacia sus funciones; realizar audiencias en su distrito o circunscripción cuando menos una vez al mes, y la de ser gestor y promotor de los intereses de sus electores.
Las anteriores medidas contribuirán a acercar más este nuevo órgano de representación ciudadana a sus electores y estrechar más los lazos de legitimidad con el electorado, acentuado la legitimidad de sus actividades.
El Capítulo III se refiere a la elaboración de bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno. En él se precisa a quienes compete el derecho de iniciar tales instrumentos normativos. Se regulan igualmente, los aspectos relativos a la iniciativa popular, definiendo los requisitos generales para ejercer este derecho, dejando al Reglamento para el Gobierno Interior de la asamblea, la regulación de los aspectos particulares.
El Capítulo IV recoge los principios generales para la elección e instalación de la asamblea, remitiendo a la Ley Electoral y al Reglamento para el Gobierno Interior, la precisión de los mismos. En este capítulo se establecen las disposiciones generales para el funcionamiento del Colegio Electoral, así como las normas básicas para la organización interior de la asamblea, de sus órganos de gobierno, y su funcionamiento interno.
Los aspectos fundamentales de la función de gestoría ciudadana que competen a la asamblea se
establecen en el Capítulo V, en el cual se hace énfasis del significado de esta nueva atribución, que es complementaria de la representación política y que, en su conjunto, hará viable nuevas formas de democracia participativa en el Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto me permito someter a la consideración de ese H. Congreso de la Unión, la siguiente
INICIATIVA DE LEY ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto reglamentar la base 3a. de la fracción VI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2o. La organización y funcionamiento de la asamblea se regirán por la Constitución General y por las disposiciones de esta ley, así como por el reglamento para su gobierno interior, que la propia asamblea expedirá sin intervención de ningún otro órgano. Dicho reglamento entrará en vigor, a partir de su aprobación por la asamblea, la que lo deberá remitir a las autoridades competentes para su publicación en el Diario Oficial de la federación y en la gaceta oficial del Distrito Federal.
CAPITULO II
De la naturaleza y atribuciones de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal
Artículo 3o. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal es un órgano de representación ciudadana que se integrará por 66 miembros electores en votación directa y secreta de los ciudadanos del Distrito Federal, varones y mujeres, en los términos de la ley respectiva.
Artículo 4o. La asamblea está facultada para expedir normas de observancia general y obligatoria en el Distrito Federal, con el carácter de bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno, en las materias expresamente determinadas por la Constitución General y el artículo 7o. de esta ley, así como para realizar funciones de consulta, promoción, gestoría, evaluación y supervisión de las acciones administrativas y de gobierno encaminadas a satisfacer las necesidades sociales de la población de la entidad, así como respecto de la aplicación de los recursos presupuestales disponibles.
Artículo 5o. La Asamblea del Distrito Federal celebrará dos periodos ordinarios de sesiones. El primero se iniciará el 15 de noviembre y podrá prolongarse hasta el 15 de enero del año siguiente. El segundo período dará principio el 16 de abril y concluirá a más tardar el 15 de julio del mismo año. Durante los recesos, la asamblea estará representada por su comisión de gobierno, la cual podrá convocar a sesiones extraordinarias, a petición del Presidente de la República o por excitativa de la mayoría de los representantes. En ambos casos deberá precisarse por escrito, el asunto o asuntos que deba resolver el pleno de la asamblea y las razones que justifiquen la convocatoria.
Artículo 6o. A la apertura del segundo período ordinario de sesiones concurrirá el servidor público que el Presidente de la República designe, para dar lectura a un informe escrito en el que conste el estado que guarde la Administración Pública del Distrito Federal.
El reglamento para el gobierno interior de la asamblea determinará el trámite que deberá seguir el informe a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 7o. La asamblea tiene facultades para dictar los bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno, para el Distrito Federal, en las siguientes materias:
I. Educación;
II. Salud y asistencia social;
III. Abasto y distribución de alimentos, mercados y rastros;
IV. Establecimientos mercantiles;
V. Comercio en la vía pública;
VI. Recreación, espectáculos públicos y deporte;
VII. Seguridad pública;
VIII. Protección civil;
IX. Servicios auxiliares a la administración de justicia;
X. Prevención y readaptación social;
XI. Uso del suelo;
XII. Regularización de la tenencia de la tierra, establecimiento de reservas territoriales y viviendas;
XIII. Preservación del medio ambiente y protección ecológica;
XIV. Explotación de minas de arena y materiales pétreos;
XV. Construcciones y edificaciones;
XVI. Agua y drenaje;
XVII. Recolección, disposición y tratamiento de basura;
XVIII. Tratamiento de aguas;
XIX. Racionalización y seguridad en el uso de energéticos;
XX. Vialidad y tránsito;
XXI. Transporte urbano y estacionamientos;
XXII. Alumbrado público;
XXIII. Parque y jardines;
XXIV. Agencias funerarias, cementerios y servicios conexos;
XXV. Fomento económico y protección al empleo;
XXVI. Desarrollo agropecuario;
XXVII. Turismo y servicios de alojamiento;
XXVIII. Trabajo no asalariado y previsión social, y;
XXIX. Acción cultural.
Artículo 8o. Son facultades de la asamblea en materia de supervisión de la administración pública del Distrito Federal, atender las peticiones y denuncias que formulen los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal, respecto del cumplimiento, por las unidades centrales, los órganos desconcentrados y las entidades paraestatales del Distrito Federal, de las obligaciones que les señalan las disposiciones jurídicas en materia administrativa, de obras y servicios.
Por acuerdo de la asamblea, se podrán dirigir peticiones y recomendaciones a las autoridades competentes, tendientes a satisfacer los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal y a mejorar la utilización y aplicación de los recursos disponibles.
Las asamblea está facultada para participar, en los términos previstos por el artículo 73, fracción VI, base 3a., de la Constitución, en la vigilancia de la administración presupuestal y contable del Distrito Federal.
Una vez discutida la Cuenta Pública del Distrito federal, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, comunicará a la Asamblea, las consecuencias que derivaron de sus observaciones.
La asamblea podrá citar a los servidores públicos de la administración pública del Distrito Federal, a que se refiere el artículo 11 de esta ley, para que informen sobre el desarrollo de los servicios y la ejecución de las obras encomendadas a la administración pública del Distrito Federal.
Artículo 9o. Son facultades de la asamblea en materia de promoción y gestoría:
I. Proponer al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del titular del órgano de gobierno, la atención de problemas prioritarios, a efecto de que, tomando en cuenta la previsión de ingresos y el gasto público, los considere en el proyecto de presupuesto de egresos del Distrito Federal.
II. Formular al titular del órgano de gobierno del Distrito Federal, las peticiones que acuerde el pleno de la asamblea, para la solución de los problemas que planteen sus miembros, como resultado de su acción de gestoría ciudadana;
III. Analizar los informes semestrales que deberán presentar sus miembros, para que el pleno tome las medidas que correspondan dentro del ámbito de sus facultades de consulta, promoción, gestoría y supervisión, y
IV. Los demás que le otorgue la presente ley.
El Reglamento para el Gobierno Interior de la asamblea preverá los órganos y mecanismos necesarios para garantizar que las funciones de promoción y gestoría puedan ser cumplidas con la mayor eficacia, tanto durante los periodos de sesiones como en los recesos.
Artículo 10. Son facultades de la asamblea en materia de participación ciudadana:
I. Convocar a consulta pública sobre las materias de su competencia y determinar las bases a las que estará sujeta la consulta en la convocatoria respectiva;
II. Publicar los resultados de la consulta y dar a conocer las acciones que, con esa base, llevará a cabo la asamblea.
III. Establecer los medios y mecanismos necesarios para mantener una constante comunicación con sus representados;
IV. Orientar a los habitantes del Distrito Federal acerca de los medios jurídicos y administrativos
de que pueden disponer para hacer valer sus derechos ante las autoridades de la entidad, así como respecto de los requisitos y procedimientos para que ejerzan ante la asamblea el derecho de iniciativa popular.
V. Orientar a los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal acerca del régimen jurídico del uso y destino del suelo dentro del mismo.
Artículo 11. La asamblea podrá citar a los titulares de las unidades centralizadas, órganos desconcentrados y entidades paraestatales, del Distrito Federal en los casos siguientes:
I. Cuando se encuentre en estudio una iniciativa para la expedición o reforma de un ordenamiento relacionado con la competencia específica del servidor público que deba comparecer, y
II. Cuando exista la necesidad de conocer información sobre el desarrollo de los servicios públicos o la ejecución de obras correspondientes al ámbito de competencia del servidor público que deba ser citado.
Artículo 12. Toda propuesta para citar a cualquiera de los servidores públicos mencionados por el artículo anterior, deberá ser aprobada por la asamblea. El conducto para solicitar la comparecencia será, en todos los casos, el titular del órgano de gobierno del Distrito Federal.
Artículo 13. La asamblea podrá convocar a consulta pública sobre cualesquiera de las materias de su competencia. Asimismo, determinará el contenido de la convocatoria respectiva, indicando la materia o materias objeto de consulta, los ciudadanos y organizaciones convocados, las fechas y lugares en que hayan de celebrarse las audiencias de la consulta pública, así como las normas conforme a las que se habrán de conducir.
Una vez concluida la consulta, se hará una evaluación de sus resultados en comisiones, la que se someterá a la consideración del pleno de la Asamblea, a fin de que se tomen los acuerdos que procedan.
Artículo 14. Tanto las peticiones que formule la Asamblea a las autoridades administrativas, para la solución de problemas sociales y urbanos que correspondan a su esfera de competencia, como otras medidas encaminadas a hacer efectivas sus facultades de consulta, promoción, gestoría, y supervisión, deberán ser objeto, en todos los casos, de un acuerdo de la propia asamblea.
Artículo 15. Los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia que haga el Presidente de la República, en los términos del artículo 73 constitucional, deben ser sometidos a la aprobación de la asamblea.
El mismo procedimiento se observará para los nombramientos de los magistrados del Tribunal de los Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
Artículo 16. La asamblea podrá iniciar, por acuerdo del pleno, ante el Congreso de la Unión, las leyes o decretos en materia del Distrito Federal.
Artículo 17. La asamblea elaborará su propio proyecto de presupuesto anual de gastos y lo remitirá al Ejecutivo Federal, por conducto del titular del órgano de gobierno, para que, atendiendo a las previsiones de ingresos, lo incorpore al proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que debe enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
La asamblea administrará de manera autónoma y responsable su presupuesto de gastos.
Artículo 18. Las propuestas a que se refiere la fracción I del artículo 9o. deberán acompañarse de la información que las fundamente y que hubiere sido obtenida por la asamblea en su carácter de cuerpo colegiado o por los representantes miembros de la misma, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales.
Artículo 19. Son obligaciones de los miembros de la asamblea:
I. Representar los intereses de los ciudadanos;
II. Cumplir con eficiencia y eficacia sus funciones;
III. Ser gestor y promotor de los intereses de sus electores;
IV. Realizar audiencias en su distrito o circunscripción cuando menos una vez al mes;
V. Cumplir las disposiciones y acuerdos de la Asamblea.
Artículo 20. Los representantes ante la asamblea son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas. El presidente de la asamblea estará investido de la autoridad necesaria para velar por el respeto al fuero constitucional de sus miembros.
Artículo 21. El recinto en que sesione la asamblea de Representantes será inviolable.
Ninguna fuerza pública podrá tener acceso a él, salvo con la autorización del presidente. En este caso, la fuerza pública quedará bajo el mando y autoridad de éste, quien será responsable ante la propia asamblea por el uso que hubiera hecho de estas facultades.
Ninguna autoridad podrá ejecutar mandamientos judiciales o administrativos sobre los bienes de la asamblea de Representantes, ni sobre las personas o bienes de sus miembros en el interior del recinto.
Artículo 22. Los miembros de la asamblea son responsables, en los términos del título cuarto de la Constitución Política y de su ley reglamentaria, por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo y por las faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo.
CAPITULO III
De la elección e instalación de la asamblea.
Artículo 23. La asamblea estará integrada por 40 miembros electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos uninominales y por 26 electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de una lista votada en una única circunscripción plurinominal. La demarcación de los distritos se establecerá como lo determine la ley correspondiente.
Artículo 24. Los representantes de la asamblea del Distrito Federal se elegirán cada tres años y por cada propietario se elegirá un suplente. La asignación de los representantes electos según el principio de representación proporcional, se sujetará a las normas que la Constitución y la ley correspondiente dispongan.
Artículo 25. La asamblea expedirá la convocatoria para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros electos por el principio de mayoría relativa.
Las vacantes de representantes electos según el principio de representación proporcional serán cubiertas por aquellos candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la lista plurinominal, después de habérsele asignado los representantes que le hubieren correspondido.
Artículo 26. Las normas sobre elegibilidad para ser miembro de la asamblea, las relativas al ejercicio del sufragio, a los partidos políticos con derecho a participar en las elecciones respectivas, así como las demás disposiciones de naturaleza electoral, serán las contenidas en la legislación expedida al efecto por el Congreso de la Unión.
Artículo 27. La Comisión instaladora de la asamblea tendrá a su cargo las funciones previas que conducen a la constitución del Colegio Electoral y a la elección de su mesa directiva. El Reglamento para el Gobierno Interior de la asamblea regulará su integración y atribuciones.
Artículo 28. Las sesiones del Colegio Electoral se iniciarán quince días antes de la instalación de la asamblea. Las constancias que no fueren calificadas en este período lo serán una vez instalada la asamblea.
Artículo 29. El Colegio Electoral de la asamblea será competente para calificar la elección de sus miembros y se integrará por el total de los presuntos representantes que hubieran obtenido su constancia de mayoría o de asignación proporcional de la Comisión Local Electoral. La decisión del Colegio Electoral calificando la elección de los diputados será definitiva y en su contra no procederá recurso alguno.
Artículo 30. El Colegio Electoral no podrá abrir sus sesiones ni ejercer sus funciones sin la concurrencia de más de la mitad del número de sus miembros. El reglamento para el Gobierno Interior de la asamblea regulará el procedimiento a seguir para que el Colegio Electoral cumpla con sus funciones.
Artículo 31. Los trabajos del Colegio Electoral serán conducidos por una mesa directiva integrada por cinco miembros, electores por el propio Colegio, por mayoría de votos.
El Reglamento para el Gobierno Interior determinará el número e integración de las comisiones dictaminadoras, que a propuesta de la mesa directiva, deberán integrarse.
Artículo 32. Cada asamblea, antes de clausurar el último período de sesiones de su ejercicio trianual, nombrará de entre sus miembros una comisión encargada de instalar el Colegio Electoral de la siguiente.
Artículo 33. La instalación de la asamblea se verificará el día 14 de noviembre y será presidida por la mesa directiva del Colegio Electoral. Durante el acto se hará la lista de los representantes electos y el presidente del Colegio Electoral tomará la protesta de ley a los representantes presentes. Acto seguido se elegirá a la mesa directiva de la asamblea, en escrutinio secreto y por mayoría de votos. La mesa directiva
pasará a presidir la sesión y el presidente de la asamblea la declarará legalmente constituida.
Artículo 34. La asamblea no podrá abrir sus sesiones ni ejercer sus facultades sin la concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros.
Los representantes deberán reunirse el día señalado para la iniciación del primer período ordinario de sesiones de cada asamblea y, en caso de que haya ausentes, los presentes deberán compelerlos a que concurran dentro de los diez días siguientes, apercibiéndolos que de no hacerlo se entenderá que no aceptan el cargo, procediéndose a llamar a los suplentes para que se presenten en un plazo igual y, si éstos tampoco lo hicieren, se declarará vacante el puesto y se procederá a cubrirla en los términos de ley.
Si no hubiese quórum para instalar la asamblea o para ejercer sus facultades una vez instalada, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor brevedad a desempeñar su cargo, entre tanto transcurren los diez días mencionados.
Artículo 35. Se entiende también que los miembros que falten a cinco sesiones consecutivas, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de la asamblea con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, procediéndose a llamar a los suplentes.
Artículo 36. Será aplicable el régimen de responsabilidades, en los términos previstos por el Código Federal Electoral para diputados, senadores y partidos políticos, a los representantes de la asamblea y a los partidos que los postulen.
Artículo 37. La asamblea residirá en el Distrito Federal, sesionará en un mismo recinto y no podrá trasladarse a otro sin acuerdo previo de la mayoría de sus miembros, señalados el tiempo y modo de verificarlo. La asamblea no podrá suspender sus sesiones por más de tres días hábiles salvo por caso fortuito o fuerza mayor y siempre que así lo acuerde la mayoría de sus integrantes.
CAPITULO IV
De la organización de la asamblea
Artículo 38. La asamblea contará con una mesa directiva a la que corresponderá el manejo de la agenda y la conducción del debate. Asimismo, bajo la autoridad de su presidente le competerá la preservación de la libertad y el orden de las deliberaciones, cuidar de la efectividad de los trabajos y aplicar con imparcialidad las disposiciones de esta ley, el Reglamento para el Gobierno Interior de la asamblea, así como los acuerdos que emanen del pleno de la propia asamblea.
Artículo 39. La asamblea elegirá de entre sus miembros un presidente y un secretario de la mesa directiva y el número de vicepresidentes y prosecretarios que el Reglamento para su Gobierno Interior determine, todos con sus respectivos suplentes, quienes durarán un mes, en su encargo.
El Reglamento para le Gobierno Interior establecerá los procedimientos a seguir para comunicar los nombramientos a que se refiere el párrafo anterior, a las autoridades y organizaciones ciudadanas y vecinales con las que la asamblea deba mantener relaciones, con motivo del ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 40. Los integrantes de la mesa directiva sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas y con los requisitos y formalidades que estén previstos en el Reglamento para el Gobierno Interior de la asamblea, que determinará los casos en que sea indispensable nombrar el o los sustitutos que correspondan y la forma de su designación.
Artículo 41. El presidente de la asamblea tendrá entre otras funciones la de representar a ésta ante toda clase de autoridades civiles y militares, así como coordinar las relaciones de la asamblea con el titular del órgano de gobierno y con las organizaciones vecinales del Distrito Federal.
Artículo 42. La asamblea contará con un Oficial Mayor y un Tesorero, nombrado por el pleno, a propuesta de la Comisión de Gobierno, además de los funcionarios que disponga su reglamento y los empleados que permita su presupuesto.
Los trabajadores y empleados al servicio de la asamblea de representantes, regirán sus relaciones laborales con ésta, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 123, apartado B, de la Constitución y de su ley reglamentaria.
Artículo 43. La asamblea contará con las comisiones que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus atribuciones. El Reglamento para el Gobierno Interior de la asamblea regulará la organización y funcionamiento de las mismas.
Artículo 44. Las comisiones se integrarán de forma que reflejen, con la mayor aproximación posible, la integración plural de la asamblea y permitan la participación de los partidos minoritarios en el estudio y resolución de las iniciativas y asuntos que se remitan a las mismas.
Artículo 45. La comisión de Gobierno estará integrada por siete representantes, electos por el voto mayoritario del pleno de la asamblea y será presidida por quien designen sus miembros.
Artículo 46. La Comisión de Gobierno de la Asamblea tendrá como función proponer el nombramiento de los servidores públicos de la Asamblea y de los integrantes de las comisiones. Asimismo, le corresponderá coadyuvar con la mesa directiva en las actividades que sean de su competencia y apoyar el trabajo de las comisiones.
Artículo 47. Los grupos de representantes serán las formas de organización que podrán adoptar, en los términos que establezca el Reglamento para el Gobierno Interior, los miembros de la Asamblea con igual filiación de partido para realizar tareas específicas en este órgano representativo.
Artículo 48. Los miembros de la Asamblea, durante el período de su cargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación, de los estados o del Distrito Federal por los cuales se disfrute sueldo.
La misma regla se observará con respecto de los representantes suplentes, cuando estuvieran en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de representante.
Artículo 49. El Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, regulará su estructura, funcionamiento interno, debates, sesiones, votaciones y demás trámites del proceso de emisión de bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno.
CAPITULO V
De la elaboración de bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno.
Artículo 50. El derecho de iniciar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno compete:
I. A los miembros de la Asamblea.
II. A los representantes de los vecinos organizados en los términos establecidos por la ley correspondiente, y
III. A los ciudadanos que presenten por escrito una iniciativa acompañada de la firma de diez mil ciudadanos, en los términos del artículo 52.
Artículo 51. Toda iniciativa pasará a la comisión respectiva para que se dictamine. El modo, forma y término para las discusiones y votaciones se establecerá en el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.
Artículo 52. Los ciudadanos del Distrito Federal tienen el derecho de iniciativa popular respecto de las materias que son competencia de la Asamblea.
La iniciativa popular es un procedimiento de participación de los ciudadanos del Distrito Federal, para proponer la creación, reforma, derogación o abrogación de bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno, relativos al propio Distrito Federal.
Este derecho sólo podrá ser ejercido conjuntamente por un mínimo de diez mil ciudadanos que, a la fecha de la iniciativa, sean residentes del Distrito Federal.
Una vez verificados el número y la identidad de los ciudadanos que suscriban una iniciativa, por los medios y procedimientos previstos en le Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, aquélla será turnada a la comisión que corresponda, la cual tendrá la obligación de presentar su dictamen a la consideración del pleno en el mismo período ordinario de sesiones, salvo que la presentación se hubiere hecho en los últimos quince días hábiles de dicho período en cuyo caso el dictamen podrá ser presentado en el período inmediato siguiente.
Artículo 53. Aprobado un proyecto por la Asamblea, se remitirá debidamente firmado para su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Artículo 54. Las iniciativas desechadas por la Asamblea, no podrán volver a discutirse, sino hasta el siguiente período ordinario de sesiones.
Artículo 55. En la reforma, derogación o abrogación de los bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno se observarán los mismos trámites que para su formación.
CAPITULO VI
De las funciones de gestoría ciudadana
Artículo 56. Cada representante será gestor y promotor de los derechos sociales y frente a la
administración, de sus electores con quienes procurará guardar una comunicación permanente. Las demandas que éstos les sometan serán llevadas ante el pleno de la asamblea cuando afecten el interés general.
Artículo 57. Los representantes someterán a la consideración del pleno de la asamblea la solución de carácter general que propongan al caso planteado para los efectos de las fracciones II y III del artículo 9 de esta ley. Las autoridades competentes considerarán las peticiones o recomendaciones que formule el pleno de la asamblea.
Artículo 58. Los representantes deberán presentar individualmente un informe semestral por escrito, al pleno de la Asamblea, en el que asienten los resultados de su acción, en materia de consulta, promoción, gestoría y supervisión que hayan desarrollado, en favor de sus electores.
En dicho informe se podrán incluir recomendaciones de carácter general con el propósito de mejorar o ampliar los servicios, así como para fortalecer la participación ciudadana y comunitaria.
Artículo 59. La asamblea formulará un informe anual de la labor de gestoría y promoción ciudadana prestada por sus integrantes, en el que se incluirán las propuestas de solución y la respuesta de las autoridades involucradas. Dicho informe será de carácter general y se hará circular ampliamente en el Distrito Federal.
Artículo 60. La asamblea podrá en todo momento y considerando los informes a que se refiere el artículo 58 de este ordenamiento, formular a las autoridades administrativas las peticiones que acuerde el pleno para la solución de los problemas que conozcan sus miembros.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En tanto se expidan las normas que regulen la organización interna y el funcionamiento de la asamblea, se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones que contienen la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General.
Tercero. Por única vez, para la constitución de la primera asamblea, la mesa directiva de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fungirá como Comisión Instaladora. Una vez que sea elegida la mesa directiva del Colegio Electoral de la asamblea cesará en sus funciones.
Cuarto. Las primeras elecciones para integrar la asamblea de representantes del Distrito Federal se verificarán el primer miércoles del mes de julio de 1988 y se calificarán durante la primera quincena del mes de octubre del mismo año, para iniciar sus sesiones en la fecha prevista en el artículo 5o. de esta ley.
Quinto. La asamblea podrá dictar los acuerdos necesarios a fin de resolver las cuestiones que no estén previstas por ésta y las demás leyes aplicables o por el Reglamento para su Gobierno Interior, siempre y cuando no desborde sus atribuciones constitucionales y legales.
Sexto. En la instalación de la primera asamblea de Representantes, la mesa directiva del Colegio Electoral nombrará no menos de tres comisiones dictaminadoras, integradas cada una de ellas con un mínimo de cinco representantes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 9 de noviembre de 1987.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado.»
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
DESARROLLO RURAL
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día es el turno a comisiones de la iniciativa de Ley de Distritos de Desarrollo Rural.
En virtud de que este documento ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, se va a proceder a darle el trámite correspondiente.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
Con el presente envío a ustedes, por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, iniciativa de Ley de Distritos de Desarrollo Rural, documento que le propio Primer Mandatario somete a la consideración del H. Congreso de la Unión por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 11 de noviembre de 1987.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la República.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Presente.
Los principios del proyecto nacional que contiene la Constitución de 1917, son síntesis de las aspiraciones que el pueblo ha planteado y desarrollado en su trayectoria hacia la integración de su nacionalidad, organización política y afirmación soberana.
A partir de este orden normativo, México ha podido construir sus instituciones de fomento del desarrollo económico, las instituciones políticas que le darían viabilidad al proyecto nacional y crear los instrumentos de intervención del Estado en la economía para promover un desarrollo más acelerado y equilibrado de las fuerzas productivas.
En congruencia con los anteriores conceptos fue reformado el artículo 27 constitucional adicionándole dos fracciones la XIX y XX que introducen en nuestra doctrina constitucional el concepto de desarrollo rural integral y las condiciones para hacer expedita la justicia y fortalecer la seguridad jurídica en el campo.
El concepto de desarrollo rural integral responde a la demanda de estímulo y de una eficaz acción de fomento a las actividades de la población campesina, planteamiento que el texto del artículo 27 constitucional recoge en toda su complejidad, estableciendo la obligación del Gobierno Federal de apoyar las obras de infraestructura, otorgar los insumos y prestar los servicios de crédito, capacitación y extensionismo con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional; asimismo, el estado fomentará la actividad agropecuaria, forestal. agroindustrial y acuícola para el óptimo uso de la tierra y el agua.
Asimismo, el artículo 27 constitucional establece que el Estado expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria y forestal, su industrialización y comercialización considerándolas de interés público.
Este principio constitucional señala la estrategia para que los esfuerzos sociales y los programas del Estado que se lleven a cabo en el ámbito rural rindan frutos permanentes; por lo que es indispensable, por una parte, otorgar atención prioritaria a las necesidades básicas de la población rural y considerar su participación plena, como esencia misma del desarrollo social se pretende alcanzar, y por otra, reorientar la estructura productiva de modo que se pueda establecer la base económica que se requiere para ser posible el desarrollo social permanente en el campo.
De conformidad con la Ley de Planeación, el Ejecutivo a mi cargo, expidió el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988, el cual contiene los objetivos nacionales, los principios políticos fundamentales del proyecto nacional, hasta la estrategia del desarrollo económico y social con sus dos líneas básicas de acción, la reordenación económica y el cambio estructural.
El citado plan señala como objetivo fundamental de la estrategia para el desarrollo rural integral, mejoramiento de los niveles de bienestar de la población rural, con base en su participación organizada y la plena utilización de los recursos naturales y financieros con criterios sociales de eficiencia productiva, permanencia y equidad, fortaleciendo su integración con el resto de la nación, por lo que la organización territorial en distritos de desarrollo rural se presenta como uno de los instrumentos que faciliten esa participación organizada.
El plan señala como uno de los lineamientos estratégicos de la Reforma Agraria integral, el reparto y la regularización de la tierra y la incorporación de los campesinos al proceso de desarrollo general del país, a través de su organización participativa, concepto que recoge la iniciativa en el texto que se presenta.
El Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral, señala la necesidad de constituir los distritos de Desarrollo Rural como uno de los principales instrumentos para atender la problemática regional en la materia, otorgando autonomía en las decisiones a las instancias locales para apoyar una mayor eficiencia administrativa y la integración de los procesos productivos en beneficio social.
Uno de los objetivos fundamentales del citado programa es el mejoramiento del bienestar de la población rural, el incremento de los niveles de producción, empleo e ingreso, con base en una mayor participación de las comunidades rurales. Asimismo, señala como uno de los objetivos para la modernización del sector agricultura, configurar la organización administrativa con una visión que permita articular las actividades agrícolas, pecuarias y forestales entre sí y a éstas con las actividades agroindustriales, comerciales y de servicios.
La ley Orgánica para la Administración Pública Federal señala a la Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos, así como a las secretarías de la Reforma Agraria y a la de Pesca como elementos ordenadores de los objetivos, estrategias, metas y acciones para promover el Desarrollo Rural Integral, cada una de estas dependencias en su ámbito correspondiente de competencia y en forma coordinada.
En apego a las disposiciones de la Ley Federal de Aguas; la Ley de Fomento Agropecuario y la Ley de Pesca se han establecido un número amplio de distritos y unidades de riego, distritos de drenaje, distritos de temporal y de acuacultura, con la finalidad de fomentar y elevar la producción agropecuaria, forestal y acuícola; lo que en su momento fue una respuesta administrativa adecuada a las características de los problemas y necesidades que el desarrollo del campo planteó.
Sin embargo, este elevado número y multiplicidad de tipos de distritos y unidades que se han mencionado no satisfacen un manejo ordenado para el desarrollo rural integral que dispone el texto constitucional; además de que es imperativo asistir a dichas instancias administrativas con procedimientos generales para constituir las unidades técnicas administrativas, para lograr una coordinación y congruencia sectorial para establecer y operar los distritos de desarrollo rural que señala el programa sectorial correspondiente.
Lo anterior significa que en razón de nuevos planteamientos de organización territorial que respondan a criterios socio - económicos y ecológicos homogéneos, los distritos y unidades existentes, se integren a estos nuevos distritos de desarrollo rural con el fin de imprimir unidad en la organización y administración para el desarrollo del campo.
Así, los distritos y unidades existentes, seguirán vigentes pero sus estructuras directivas se reordenarán y serán ahora administrados por el Comité Directivo de los Distritos de Desarrollo Rural.
Es evidente que en el territorio nacional existen grandes extensiones donde se realizan o pueden realizarse actividades agropecuarias, forestales, agroindustriales y de acuacultura que requieren del apoyo adecuado por parte de las instituciones del sector público, expresado en obras de infraestructura básica y servicios tales como la investigación, la asistencia técnica y la capacitación, la organización y el crédito.
Es indudable que en el medio rural se realizan diversas actividades cuya empresa y complementos varían según las regiones, por lo que es necesario conjuntarlas bajo un marco jurídico donde incidan las mismas, mediante planteamientos operativos.
Resulta necesaria una programación y realización de acciones concretas y ordenadas en las zonas de riego, drenaje, temporal y de acuacultura, para incrementar los factores que determinan la producción y productividad, además de un estado general de bienestar económico y social de las personas que se dedican a estas actividades.
Asimismo, para realizar la asistencia que requiere el desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y agroindustrial la iniciativa plantea crear unidades técnico - administrativas que permitan bases de entendimiento y acciones concertadas y directas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con el sector rural para aquellas áreas que integrarán los distritos de Desarrollo Rural que se proponen en esta iniciativa, a fin de orientar de manera sostenida y armónica al sector, y en especial, a la producción de básicos para propiciar el incremento de la productividad, impulsando el cambio tecnológico.
En atención a lo anterior y en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Federal le confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de esta H. Cámara me permito someter a la consideración del H. Congreso de la Unión la
INICIATIVA DE LEY DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL
CAPITULO I
Del objeto y disposiciones generales
Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 constitucional en lo relativo a la organización y fomento de las actividades agropecuarias, forestales y de acuacultura, así como su industrialización y comercialización.
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto, ordenar y regular el establecimiento, la administración y el funcionamiento de los Distritos de Desarrollo Rural, de conformidad con los lineamientos de política nacional que las leyes establezcan.
La ordenación y regulación de los Distritos de Desarrollo Rural comprenderá:
I. La formulación, instrumentación, control y evaluación de los programas para los Distritos de Desarrollo Rural;
II. La administración de los recursos destinados para ese propósito;
III. El fomento de la organización y participación del sector rural para el funcionamiento y desenvolvimiento de los distritos, y
IV. El fomento de las actividades agropecuarias, forestales, agroindustriales de acuacultura, así como su industrialización y comercialización y el óptimo uso de los recursos naturales y de los apoyos a la producción rural.
Artículo 2o. En este ordenamiento la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos será designada como la "Secretaría".
Artículo 3o. Los lineamientos de política nacional para el establecimiento, administración y funcionamiento de los Distritos de Desarrollo Rural, se someterán a los siguientes postulados:
I. Mejorar los niveles de vida de la población rural, procurándoles mínimos de bienestar en materia de alimentación, vivienda, salud y educación;
II. Fortalecer las organizaciones sociales como punto de partida para su desarrollo;
III. Procurar que se desconcentren, descentralicen y transfieran, según el caso, hacia órganos regionales, funciones, personal y recursos oficiales de conformidad con las leyes vigentes, para:
a) Atender con mayor eficiencia y eficacia las demandas de los productos y comunidades;
b) apoyarlos para mejorar su capacidad negociadora en el mercado de bienes, insumos, capitales, servicios y trabajo, de acuerdo con las características regionales, sociales y productivas, y
c) Garantizarles en calidad y oportunidad los apoyos institucionales;
IV. Promover la participación activa y conjunta de los agentes económicos y sociales involucrados en el desarrollo rural para atender íntegramente las áreas agrícolas, pecuarias, forestales y de acuacultura;
V. Coordinar las acciones que requiera el Desarrollo Rural Integral con las de los sectores industrial, comercial y de servicios para fortalecer los procesos productivos y de comercialización, que propicien un crecimiento sostenido diversificado gradualmente las actividades del medio rural, y
VI. Programar las acciones institucionales y sectoriales indentificando para ello, las necesidades del medio rural y los proyectos productivos y sociales, con la participación de los productores y la población rural.
Artículo 4o. Atendiendo al objeto de esta ley, se declara de interés público:
I. La organización de los Distritos de Desarrollo Rural y la Programación de los recursos para promover y orientar el desarrollo del campo;
II. La preservación de los recursos naturales y la conservación de la planta productiva de los Distritos de Desarrollo Rural;
III. La ampliación y diversificación de los servicios básicos que el Gobierno Federal proporciona para el Desarrollo Rural Integral, y
IV. La integración de los productores de los distritos a la industrialización y comercialización de sus productos.
CAPITULO II
Del establecimiento de los distritos
Artículo 5o. Corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría, establecer los Distritos de Desarrollo Rural, su administración y regulación.
Artículo 6o. Los Distritos de Desarrollo Rural son las unidades de desarrollo económico y social circunscritas a un espacio territorial determinado para:
I. Articular y dar coherencia regional a las políticas de desarrollo rural;
II. La realización de los programas operativos de la secretaría y la coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública; Federal que participan en el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral, así como con los gobiernos estatales y municipales y para la concertación con los sectores social y privado, y
III. Hacer converger las acciones, servicios y recursos destinados a fomentar la producción agropecuaria, forestal, agroindustrial, la acuacultura y en general el desarrollo integral de los habitantes del campo .
Artículo 7o. Los Distritos de Desarrollo Rural, comprenderán zonas con características ecológicas y socio - económicas homogéneas para la
actividad agropecuaria, forestal, agroindustrial y de acuacultura bajo condiciones de riego, de drenaje y de temporal con objeto de planear, fomentar y promover el Desarrollo Rural Integral.
La Secretaría determinará los Distritos de Desarrollo Rural, así como los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural con que contará cada distrito.
Artículo 8o. La secretaría delimitará el ámbito geográfico de los Distritos de Desarrollo Rural y la ubicación de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural con que contará cada Distrito, considerando los siguientes elementos:
I. La división política de los estados y municipios;
II. La subregionalización estatal establecida por los comités estatales para la Planeación del desarrollo;
III. Las condiciones agrocoecológicas y agroeconómicas de los estados y municipios;
IV. El uso del suelo;
V. La infraestructura de irrigación y drenaje;
VI. Las vías de comunicación y demás infraestructuras de apoyo, y
VII. La existencia de organizaciones de productores cuyo ámbito de acción abarque dos o más municipios o entidades federativas.
El establecimiento de los distritos y su circunscripción territorial, así como la ubicación de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural, se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos oficiales de los estados correspondientes.
Artículo 9o. La Secretaría formulará las políticas, objetivos, metas y lineamientos estratégicos para los Distritos de Desarrollo Rural considerando la necesaria coordinación con aquella dependencia y entidades de la Administración Pública Federal, cuya actividad sea primordial en la producción agropecuaria, forestal, agroindustrial o de acuacultura.
La Secretaría promoverá que las dependencias coordinadoras del sector a que pertenezcan las entidades a que se refiere este artículo, ajusten en lo conducente los programas institucionales de las mismas con la política, objetivos, metas y lineamientos estratégicos que se establezcan en el programa sectorial para el Desarrollo Rural e Integral y en los correspondientes programas distritales.
Artículo 10. La secretaría en los términos que establece la Ley de Planeación, aprobará los programas que presente cada Distrito de Desarrollo Rural los cuales deberán integrarse conforme a lo que se señale en el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral.
Artículo 11. La Secretaría promoverá que la regionalización distrital sea adoptada para la operación de los programas productivos o de desarrollo social y económico que realicen las dependencias y entidades federales, estatales y municipales y los sectores social y privado, para lo cual, suscribirá los acuerdos y convenios de coordinación y concertación correspondientes.
Artículo 12. La Secretaría promoverá las medidas necesarias a fin de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que tenga injerencia en el desarrollo rural, ubique en la sede de los distritos sus respectivos representantes.
Asimismo, celebrará con los gobiernos de los estados convenios para los mismos fines.
CAPITULO III
De la organización de los distritos
Artículo 13. Los Distritos de Desarrollo Rural, contarán con los siguientes órganos:
I. Un comité directivo;
II. Un comité técnico;
III. Subcomités por especialidad, y
IV. Centros de Apoyo al Desarrollo Rural.
Artículo 14. Corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría, organizar el funcionamiento de los comités directivos, para la administración y regulación de los Distritos de Desarrollo Rural.
Artículo 15. Los Distritos de Desarrollo Rural que se establezcan, asumirán las atribuciones y funciones de los distritos y unidades de riego, de los distritos de drenaje y de temporal y de los distritos de acuacultura, con apego a las normas que en forma específica para cada uno de éstos, señalan los ordenamientos legales.
Artículo 16. Los comités directivos de cada Distrito de Desarrollo Rural, elaborarán su respectivo reglamento interior.
Dicho reglamento deberá ser autorizado por la Secretaría considerando los aspectos de desconcentración , uso y aprovechamiento de los recursos naturales y las condiciones socio - económicas y culturales de los productores, y será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico oficial de la entidad federativa correspondiente.
Artículo 17. Los comités directivos de los Distritos de Desarrollo Rural, tendrán las facultades siguientes:
I. Promover, fomentar, coordinar y evaluar los programas agropecuarios, forestales, de acuacultura, agroindustriales y de comercialización del distrito;
II. Promover y fomentar los trabajos de investigación, validación, experimentación y transferencia de tecnología agropecuaria, forestal, agroindustrial, de comercialización y de acuacultura;
III. Promover y fomentar la comercialización de los productos agropecuarios, forestales agroindustriales y de acuacultura, tomando en cuenta las políticas de importación y exportación del Gobierno Federal;
IV. Promover y fomentar el desarrollo de las industrias rurales, en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;
V. Analizar y coordinar con la intervención que corresponda a las dependencias competentes, los proyectos de obra de infraestructura y de comercialización agropecuaria, forestal, agroindustrial y de acuacultura, teniendo en cuenta la repercusión económica y social de los mismos;
VI. Fomentar la organización de los productores del Distrito de Desarrollo rural, para facilitarles su acceso al crédito, así como la prestación de los servicios de asistencia técnica y comercialización de insumos y productos;
VII. Proponer a la secretaría el reglamento de operación del distrito de desarrollo rural, y promover la integración de los usuarios de obras de irrigación y drenaje, de infraestructura rural y de obras, trabajos y prácticas de conservación del suelo del agua para que las operen, conserven, mejoren y administren en su caso, todo ello bajo la supervisión de la Secretaría;
VIII. Promover programas de abastecimiento de insumos agropecuarios, forestales, agroindustriales y de acuacultura;
IX. Conocer y evaluar los resultados de los programas, formulando las recomendaciones que deban observarse para la elaboración de los programas futuros;
X. Promover los programas de asistencia técnica y extensión agropecuaria, forestal, de acuacultura y agroindustrial correlativos, de acuerdo con las disponibilidades de personal, financiamiento y equipo del distrito;
XI. Promover la congruencia en los programas de crédito de avío y refaccionario, destinados a la producción de los distritos y el aseguramiento de cultivos y ganado, con base en las asambleas de balance y programación, y de acuerdo con las normas y disponibilidades de las instituciones del ramo, y
XII. Promover la compatibilización de los programas de los Distritos de Desarrollo Rural, con los acuerdos de los subcomités de las áreas de temporal, de riego, de drenaje y de acuacultura para el desarrollo rural, en los términos que se señalen en el reglamento de operación del distrito correspondiente.
Artículo 18. El Comité Directivo de los Distritos de Desarrollo Rural, estará compuesto por:
I. Un representante del gobierno del estado, que fungirá como presidente del comité a invitación que le haga la Secretaría;
II. Un representante de la Secretaría, que fungirá como vocal ejecutivo;
III. Un representante en su caso, de cada una de las secretarías de Comercio y fomento Industrial, Reforma Agraria y de Pesca, quienes fungirán como vocales secretarios, y
IV. Como vocales, sendos representantes de gobiernos municipales, Fertilizantes Mexicanos. S.A., Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Sistema Banrural, Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A., Comisión Nacional de Alimentación, fideicomisos instituidos en relación a la agricultura, organizaciones de productores y usuarios, domiciliadas dentro de la circunscripción del Distrito de Desarrollo Rural; las demás instituciones u organismos del gobierno del Estado o de los particulares, que por su actividad tengan ingerencia en el Desarrollo Rural Integral, y que a juicio del Presidente del comité proceda su participación.
Artículo 19. Los miembros integrantes del comité directivo de los Distritos, acreditarán ante el mismo a un representante suplente.
Los representantes de las organizaciones de productores y usuarios, serán designados para un
periodo máximo de tres años y no podrán ser reelectos.
Artículo 20. Los comités directivos de los Distritos de Desarrollo Rural, contarán con un Comité Técnico de Distrito, como apoyo para el ejercicio de sus facultades.
Artículo 21. Los comités técnicos de los Distritos de Desarrollo Rural, estarán integrados por:
I. Un jefe de distrito de Desarrollo Rural nombrado por la Secretaría, quien lo presidirá;
II. Senados representantes de:
a) Secretaría de la Reforma Agraria, quien fungirá como secretario.
b)Secretaría de Pesca, en su caso.
c) Sistema Banrural.
d) Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A.
e) Fertilizantes Mexicanos, S.A.
f) Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
g) Fideicomisos instituidos en relación a la agricultura;
III. Representantes de las entidades paraestatales coordinadas por la Secretaría, que conforme a las actividades del Distrito considere pertinente el Comité Técnico, y
IV. Un representante o personal técnico del o los municipios.
Artículo 22. El comité, técnico por ser un órgano de apoyo al comité directivo, será el responsable de las siguientes funciones:
I. Estudiar y proponer programas de producción y comercialización agropecuaria, forestal, de acuacultura y agroindustrial, así como los programas operativos de apoyo y presentarlos al comité directivo;
II. Estudiar los programas de requerimiento de asistencia técnica y extensión agropecuaria, forestal, de comercialización acuacultura y agroindustrial, promoviendo su implantación;
III. Proponer a las autoridades correspondientes al inicio de cada año agrícola, las cuotas por servicio de riego, así como los presupuestos para su operación, conservación y mantenimiento de las obras;
IV, Servir de órgano de consulta y asesoramiento, en todo lo relacionado con el desarrollo del Distrito;
V. Asesorar técnicamente al comité directivo de los Distritos de Desarrollo Rural, en los asuntos de su competencia planteados en el seno del mismo;
VI. Promover la congruencia en los planes de crédito y seguro agropecuario, forestal, de acuacultura, agroindustrial y de comercialización;
VII. Revisar los planes de riego, así como los programas de cultivo en las áreas de temporal, en los distritos de acuacultura;
VIII. Estudiar e integrar los costos de producción y comercialización de los cultivos y explotaciones pecuarias, forestales, de acuacultura y agroindustriales que operen en el Distrito, participando en la fijación o adecuación de precios de los insumos y servicio que demanden los programas de producción respectivos;
IX. Formular y proponer los reglamentos de operación de los Distritos de Desarrollo Rural correspondientes a la operación, conservación y administración, en su caso, de las obras de infraestructura rural y de las obras, trabajos y practicas de conservación del suelo y agua;
X. Promover la construcción y operación de silos, almacenes y bodegas, o cualquier otro sistema de preservación y manejo de los productos agropecuarios, forestales, agroindustriales y de acuacultura;
XI. Promover la creación de centros regionales de capacitación agropecuaria, forestal, de acuacultura, agroindustrial y de comercialización, y
XII. Apoyar la organización de ejidos, comunidades y formas asociativas.
CAPÍTULO IV
De la Coordinación y Concertación
Artículo 23. La secretaría, en los términos de la Ley de Planeación, celebrará con los gobiernos de los estados y municipios, así como con los sectores social y privado, los convenios de coordinación y concertación que tengan por objeto apoyar el Desarrollo Rural Integral en los distritos correspondientes, de conformidad con los programas que para el efecto se autoricen.
Artículo 24. La Secretaría propondrá la suscripción de acuerdos y convenios de coordinación, necesarios para promover que las dependencias y entidades de la administración Pública Federal, los gobiernos de los estados y de los municipios y las instituciones involucradas en el Desarrollo Rural adopten la regionalización de los Distritos de Desarrollo rural, contemplando en sus programas - presupuesto anuales, los recursos necesarios para la ejecución de los programas operativos en los distritos.
Artículo 25. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, promoverá que el sistema Banrural y las demás instituciones que integran el servicio público de banca y crédito, formulen programas coordinados con los programas de los Distritos de Desarrollo Rural.
Artículo 26. Los acuerdos de coordinación suscritos por la Secretaría con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán referirse principalmente a:
I. La programación integral y participativa, con articulación de políticas conforme a las necesidades de las comunidades;
II. La concurrencia de las dependencias y entidades para suministrar en forma integrada, suficiente y oportuna, los apoyos, bienes y servicios necesarios para que las comunidades rurales eleven sus niveles actuales de producción, productividad y bienestar social;
III. Los esquemas de regionalización y delegación de facultades y atribuciones que permitan una mejor operación agropecuaria, forestal, agroindustrial y de acuacultura, y
IV. La simplificación de los tramites administrativos que realicen productores y usuarios, y la elaboración de documentos únicos que hagan efectiva dicha simplificación.
Artículo 27. La Secretaría y la Secretaría de Pesca, desarrollarán coordinadamente:
I. Programas para los distritos de acuacultura, para el fomento, la organización de productores, el crédito, la capacitación, la investigación y los canales adecuados de comercialización, que permitan preservar y aprovechar racionalmente el recurso;
II. Los apoyos que deban otorgarse a los distritos de acuacultura para el desarrollo de sus actividades, perfectamente mediante obras de infraestructura, que permitan generar un mayor número de empleos en el medio rural;
III. El establecimiento en los distritos de acuacultura, de la difusión y explotación de las especies propias de esa actividad, con la participación de los sectores social y privado, y
IV. La promoción en los distritos de acuacultura para el establecimiento de agroindustrias, a través de las cuales se incremente y diversifique el procedimiento y conservación de los productos, fomentando la diversificación de especies procesadas.
Artículo 28. Los acuerdos de coordinación que suscriba la Secretaría en su caso, con la intervención de otras dependencias de la Administración Pública Federal, con los Gobiernos de los estados se referirán entre otros, a los siguientes aspectos a ejecutarse en los distritos de Desarrollo Rural:
I. La articulación y congruencia de las políticas y los programas federales en los distritos, con los de los estados y municipios;
II. El fomento a la información, educación, capacitación, investigación y cultura de los distintos aspectos que integran el Desarrollo Rural Integral;
III. La aplicación o transferencia de recursos e insumos, para la ejecución de las acciones previstas en los programas y en las formas que se determinen;
IV. La organización y promoción de la producción agropecuaria, forestal, agroindustrial, de acuacultura y la distribución de productos y subproductos en los distritos;
V. El otorgamiento de apoyos y estímulos diversos a los de naturaleza fiscal, para el aprovechamiento integral de los recursos agropecuarios, forestales, agroindustriales y de acuacultura en los distritos;
VI. El apoyo a las organizaciones sociales y otras formas de esfuerzo solidario, para el Desarrollo Rural Integral;
VII. El apoyo y asistencia a los organismos locales encargados de normar y operar los programas de Desarrollo Rural Integral, y aquellas medidas que fortalezcan la gestión de los estados y municipios en la actividad del Desarrollo Rural Integral, y
VIII. Los criterios para la elaboración conjunta de los convenios de concertación, con los organismos sociales y privados.
El gobierno Federal colaborará con los gobiernos de las entidades federativas, en la formación de los recursos humanos que requieran y establecerá el sistema que le permita dar seguimiento y evaluar los resultados que se obtengan por la ejecución de las operaciones y trabajos, a que se refiere este artículo.
Artículo 29. Los convenios de concertación suscritos por la Secretaría con el sector social y privado, deberán orientarse principalmente a realizar acciones para lograr:
I. El mejoramiento en el manejo y uso del agua;
II. La conservación y mejoramiento de las obras de infraestructura hidráulica y rural;
III. El aprovechamiento y conservación integral de los recursos agropecuarios, forestales, agroindustriales y de acuacultura en los distritos;
IV. El desarrollo social de las comunidades rurales mediante la prestación de servicios técnicos, capacitación, asistencia técnica y organización en unidades económicas. y
V. La participación campesina en los procesos de programación, operación y evaluación de las acciones.
Artículo 30. Las dependencias y entidades de la Administración Pública federal que inciden en el medio rural, deberán coordinarse en el seno de los comités Estatales de Planeación para el Desarrollo, para que en los Distritos de Desarrollo Rural sus acciones se orienten a:
I. Mejorar los niveles de alimentación, vivienda, salud, educación y en general el de vida de la población rural;
II. Propiciar el establecimiento de términos de intercambio más, entre el sector agropecuario y los demás sectores;
III. Aumentar la generación de empleos permanentes, y mejorar la distribución de ingresos;
IV. Ampliar y fortalecer la producción de alimentos básicos;
V. Articular las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y de acuacultura entre sí y con los sectores industrial, comercial y de servicios;
IV. Aprovechar el potencial de desarrollo del medio rural conservando sus recursos naturales especialmente la tierra y el agua, y
VII. Mejorar la balanza comercial, sustituyendo importaciones y promoviendo la exportación de productos agropecuarios, forestales, de acuacultura, agroindustrial y artesanales.
Artículo 31. La Secretaría queda facultada para interpretar las disposiciones de esta ley, para efectos administrativos.
El Ejecutivo Federal dictará las medidas necesarias para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal actúen en forma coordinada con la Secretaría, para el cumplimiento de esta ley.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan los artículos 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley de Fomento Agropecuario, 67, 68, 75, 76, 98 y 99 de la Ley Federal de Aguas, así como las disposiciones legales reglamentarias y administrativas que se opongan a lo establecido en la presente Ley.
Tercero. Se establece el término de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, para que la Secretaría apruebe y expida los reglamentos de los Comités Directivos de los Distritos de Desarrollo Rural.
En tanto no se expidan los reglamentos a que se refiere este artículo, la Secretaría observará el cumplimiento de las atribuciones otorgadas a los Comités Directivos y Comités Técnicos de los Distritos y unidades de riego, de temporal, de drenaje y de acuacultura.
Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No reelección.
Palacio Nacional, a 11 de noviembre de 1987.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado."»
Trámite: Recibo y túrnese a las comisiones de Reforma Agraria, de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
« Cámara de Diputados. Tercer Período Ordinario de Sesiones. LIII Legislatura.
Orden del día
13 de noviembre de 1987.
Lectura del acta de sesión anterior.
El Congreso del estado de Sinaloa, invita a la sesión en la que el C. licenciado Francisco
Labastida Ochoa, gobernador constitucional del estado rendirá el primer informe de gobierno, que tendrá lugar el 15 de noviembre.
El Congreso del estado de Coahuila, invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado José de las Fuentes Rodríguez, gobernador constitucional del estado, rendirá el sexto informe de gobierno, que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre.
Invitación del gobierno del estado de Veracruz, a la ceremonia de develación del monumento erigido a la memoria del C. licenciado Rafael Murillo Vidal, exgobernador constitucional del estado, que tendrá lugar el 17 de noviembre.
Iniciativa de CC. diputados del sector obrero.
Para reformar la fracción XIII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Incitativa de CC. diputados
De reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la C. Alicia Philippe Ponce, pueda prestar servicios en la Embajada de la República del Ecuador en México.
Dos por lo que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Guillermina Hernández Montes y Jorge Estrada Ortiz, puedan prestar servicios en la Embajada de la República de Bolivia en México.
Dos por los que se solicite el permiso constitucional necesario para que las CC. Adriana Guadalupe Cárdenas Campos y María Elena Tatay Visairo, pueda prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara Jalisco y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Salubridad y Asistencia, con proyecto de Ley del Instituto nacional de Cardiología "Ignacio Chávez".
De la Comisión de Salubridad y Asistencia, con proyecto de Ley del Instituto Nacional de Cancerología.
De la Comisión de Salubridad y Asistencia, con proyecto de Ley del Hospital Infantil de México "Federico Gómez".
De la Comisión de Salubridad y asistencia, con proyecto de Ley del Instituto Nacional de Nutrición "Salvador Zubirán".
Efemérides
Intervención del C. diputado Renán Solís Avilés.
Y los demás asuntos con los que la secretaría de cuenta.»
El C. Presidente (a las 22:10 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana viernes, 13 de noviembre, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES