Legislatura LIII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19871209 - Número de Diario 37
(L53A3P1oN037F19871209.xml)Núm. Diario:37ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO III México, D.F., miércoles 9 de diciembre de 1987 NÚM.. 37
SUMARIO
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Con modificaciones, se aprueba.
INVITACIÓN
El Departamento del Distrito Federal, al IX aniversario luctuoso del ex presidente de la República, Licenciado Emilio Portes Gil, el 19 de diciembre. Se designa comisión.
COMUNICACIÓN
EL Congreso del Estado de Guerrero, notificando la designación de su mesa directiva para el mes de diciembre. De enterado.
MINUTAS DEL SENADO LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN
Proyecto de ley que reforma los artículos 11, 127, 128 y 398. Se recibe. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Proyecto de decreto que concede permiso al C. Jesús Montemayor Peña, para que preste sus servicios en la Embajada Islámica de Irán en México. Se recibe. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES
La presidencia la notifica a la asamblea.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
LAGO DE CHAPALA
El diputado Jesús González Cortázar propone iniciativa que preserve el lago. Se turna a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
CÓDIGO FEDERAL ELECTORAL
El diputado Jorge Cárdenas González propone modificar el artículo 248. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REGLAMENTO DEL CONGRESO
El diputado Nabor Camacho Nava propone modificar el artículo 101. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL
El diputado Manuel Urrutia Castro propone adición a la fracción XX. Se turna a comisiones.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY GENERAL DE SALUD
Dictamen de proyecto de ley de la Comisión de Salubridad y Asistencia. A discusión en lo general.
El diputado Carlos Barrera Auld, en pro. En lo particular se aprueban los artículos no impugnados.
El diputado Juan de Dios Colli Mas propone cambios a los artículos 244 y 246. Intervienen los diputados José Berber Sánchez, Roberto Calderón Tinoco y Darío Maldonado Casiano. Aprobado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
NO RECESO
La asamblea acepta continuar hasta agotar los asuntos en cartera.
LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Dictamen de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Para fundamentar su voto, los diputados Guadalupe Ponce Torres, Gabriela Guerrero Oliveros, José Luis Díaz Moll y Beatriz Gallardo Macías.
Continúan los diputados Esparza Morelos Borja, Antonio Monsiváis Ramírez y Leopoldo Arturo Whaley Martínez. Aprobada. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 1986
Dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en el que concede permiso a la C. Silvia González Socorro para que preste sus servicios en la Embajada Islámica de Irán en México. Aprobado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES
La presidencia informa a la asamblea.
PROPOSICIONES DE DIPUTADOS
POLÍTICA ECONÓMICA
El diputado Héctor Morquecho Rivera propone punto de acuerdo por el cual la Cámara se pronuncia a favor de un cambio radical en materia económica. Apoya la propuesta el diputado Martín Tavira Urióstegui. Se desecha.
DESARME Y PAZ MUNDIAL
La diputada Gabriela Guerrero Oliveros propone que la Comisión de Relaciones Exteriores haga un reconocimiento a los gobiernos de Estados Unidos de América y al de la URSS, por su esfuerzo en busca de la paz mundial.
DEMANDA SALARIAL
El diputado Pedro José Peñaloza propone que la Cámara de Diputados manifieste su solidaridad en favor de las demandas que las organizaciones sindicales presentan en la mesa de concertación sindical. Debaten los diputados José Camilo Valenzuela, Roberto Calderón Tinoco, José Luis Sánchez González, Juan Carlos Velasco Pérez, Efraín Calvo Zarco y Magdaleno Yáñez Hernández.
Continúan el debate los diputados Miguel Alonso Raya, José Luis Díaz Moll, Pedro José Peñaloza, Juan Moisés Calleja García, quien propone punto de acuerdo. Se
acepta. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
MANIFESTACIÓN DE TRABAJADORES
El diputado Pedro José Peñaloza propone que una comisión pluripartidista reciba a los trabajadores que llegaron al pórtico de la Cámara.
Debaten los diputados Juan Maldonado Pereda y Pedro José Peñaloza. Se acepta que sea la Comisión de Información, Gestoría y Quejas. Se designa.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. DAVID JIMÉNEZ GONZÁLEZ
(Asistencia de 262 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. Presidente (a las 13.30 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila:
«Cámara de Diputados.- Tercer Período Ordinario de Sesiones.- LIII Legislatura
. Orden del día
9 de diciembre de 1987.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del IX aniversario luctuoso del ex presidente de la República, licenciado Emilio Portes Gil, tendrá lugar el 10 de diciembre.
Comunicación del Congreso del Estado de Guerrero.
Minutas
Con proyecto de decreto de reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Jesús Montemayor Peña, para prestar servicios en la Embajada de la República Islámica de Irán en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Salubridad y Asistencia, con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud.
De la Comisión del Ecología, con proyecto de Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la C. Silvia González Socorro, para prestar servicios en la Embajada de la República Islámica de Irán, en México.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La misma C. Secretaria:
«Acta de la sección de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso de la Unión, efectuada el día ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y siete.
Presidencia del C. David Jiménez González
En la ciudad de México, a las once horas y cuarenta y cinco minutos del día ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, la presidencia declara abierta la sesión, una vez que la secretaría manifiesta una asistencia de doscientos setenta diputados.
Lectura del orden del día.
Sin discusión se aprueba el acta de la sesión celebrada el día siete del mes en curso.
El diputado Enrique Bermúdez Olvera, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, presenta una iniciativa para la creación del Instituto Nacional de Defensa del Enfermo Mental y del Inválido. Se turna a la Comisión de Salubridad y Asistencia.
El diputado Alfonso Santos Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, da lectura a una iniciativa
que formulan los diputados de la Confederación de Trabajadores de México para reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El diputado Nabor Camacho Nava, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, propone reformas al artículo 72, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se turna a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
El diputado Juan Alcocer Bernal, del Partido Acción Nacional, a nombre de su partido, da lectura a una iniciativa para reformar y adicionar los artículos 56, 57, 60 y 70, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El diputado Federico Durán y Liñán, del Partido Revolucionario Institucional, presenta, a nombre de los diputados de la Confederación de Trabajadores de México, una iniciativa de reformas al artículo 254 del Código Penal. Se turna a la Comisión de Justicia.
El diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, del Partido Mexicano Socialista, solicita se exhorte a la Comisión de Reglamento, Régimen y Prácticas Parlamentarias para que discuta y dictamine a la brevedad posible la iniciativa de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Partido Mexicano Socialista. La presidencia procede formular dicha exhortación.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La presidencia informa que el mismo aún no se termina de imprimir por lo que una vez terminada su impresión, será distribuido entre los diputados.
La secretaría informa que el siguiente punto es la primera lectura del dictamen que presenta la Comisión de Salubridad y Asistencia, con proyecto de decreto que reforma la ley general de salud. Se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Monarres Valenzuela, del Partido Revolucionario Institucional, para fundamentar y explicar el dictamen. A petición de los diputados Jaime Aguilar Alvarez, del Partido Revolucionario Institucional y Manuel Terrazas Guerrero, del Partido Mexicano Socialista, se da lectura únicamente al dictamen de la comisión. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se concede permiso a Silvia González Socorro, para prestar servicios en la Embajada de la República Islámica de Irán en México. Primera lectura. La presidencia manifiesta que el siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto para adicionar al Código Federal Electoral un libro noveno. La asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión en lo general. Se inscriben en contra los diputados Gonzalo Altamirano Dimas, del Partido Acción Nacional; Manuel Terrazas Guerrero, del Partido Mexicano Socialista; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Beatriz Gallardo Macías, del Partido Socialista de los Trabajadores; Pedro Peñaloza, del Partido Revolucionario de los Trabajadores; Pablo Pascual Moncayo, del Partido Mexicano Socialista; Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional, Jorge Alcocer Villanueva, del Partido Mexicano Socialista; Gerardo Unzueta Lorenzana, del Partido Mexicano Socialista; Antonio Monsiváis Ramírez, del Partido Demócrata Mexicano; Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional; José Luis Díaz Moll, del Partido Mexicano Socialista; Pablo Alvarez Padilla, del Partido Acción Nacional, y José Ángel Conchello, del Partido Acción Nacional. En pro los diputados Samuel Quiroz de la Vega, Lulio Valenzuela, Santiago Oñate, Fernando Ortiz Arana, Jesús Murillo Karam, Miguel Osorio Marbán, César Augusto Santiago, Santiago Camarena, María Emilia Farías, Eliseo RÁngel Gaspar, Francisco Berlín Valenzuela y Jaime Aguilar Alvarez, todos del Partido Revolucionario Institucional.
Hace uso de la palabra la diputada Beatriz Gallardo Macías, del Partido Socialista de los Trabajadores, y da su voto particular en relación al dictamen sobre la adición del libro noveno al Código Federal Electoral, señalando que a su juicio esta adición es anticonstitucional porque lesiona el artículo 39 de la Constitución General de la República; indica que los diputados del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional están a favor de la constitución de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, pero están en contra del dictamen a discusión. El diputado Gonzalo Altamirano Dimas, del Partido Acción Nacional, habla en contra y manifiesta que su partido rechaza el dictamen porque supuestamente conculca los derechos de los habitantes del Distrito Federal.
El diputado Samuel Quiroz de la Vega, del Partido Revolucionario Institucional, da respuesta al diputado Altamirano Dimas y señala que no existieron
vicios en la técnica legislativa que encuadra la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo Federal y el correspondiente dictamen, el cual responde ampliamente a las aspiraciones democráticas del pueblo de la capital de la República.
El diputado Gonzalo Altamirano Dimas, indica que a su juicio los argumentos del diputado Quiroz de la Vega, implican reconocer que toda la legislación dirigida a los habitantes del Distrito Federal tendrían que ser de naturaleza federal. El diputado Samuel Quiroz de la Vega, señala que la legislación electoral que se discute sí es de carácter federal. El diputado Pablo Alvarez Padilla, del Partido Acción Nacional, insiste en que el dictamen adolece de técnica legislativa. El diputado Santiago Oñate, del Partido Revolucionario Institucional, afirma que mediante esta iniciativa se trata de reglamentar los derechos políticos de los habitantes del Distrito Federal.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido Mexicano Socialista, habla en contra y dice que el dictamen únicamente repite los pocos argumentos del Ejecutivo para remitir la elección de miembros de la asamblea al Código Federal Electoral. Señala que dentro del marco jurídico vigente es posible una ley electoral propia para el Distrito Federal, como lo ha planteado con anterioridad su partido. El diputado Lulio Valenzuela, del Partido Revolucionario Institucional, da respuesta a los argumentos del diputado Terrazas Guerrero y manifiesta que el título noveno a debate, viene a facilitar la operación de la integración de la Asamblea de Representantes en el Distrito Federal.
Para alusiones personales hace uso de la palabra nuevamente el diputado Manuel Terrazas Guerrero. El diputado Francisco Berlín Valenzuela, del Partido Revolucionario Institucional, afirma que la asamblea es un órgano del pueblo y que precisamente el pueblo como uno de los elementos fundamentales del Estado, es el que va a dar la orientación que deba tener. Da respuesta a una interpelación que le formula el diputado Gonzalo Altamirano Dimas, para señalar que la Asamblea de Representantes pertenecerá por su naturaleza jurídica al Poder Federal. En igual forma responde a otra interpelación del diputado Juan de Dios Castro Lozano.
En el uso de la palabra el diputado Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano, manifiesta que en el transcurso del debate se va fijando la voluntad del gobierno de no darle especificidad a los ciudadanos del Distrito Federal.
De conformidad con el acuerdo previo de práctica parlamentaria, la presidencia solicita se consulte a la asamblea si se autoriza continuar el debate sin receso, lo cual, puesto a votación, es aprobado.
En el uso de la palabra el diputado Manuel Terrazas Guerrero, hace algunas aclaraciones al diputado Berlín Valenzuela y vuelve a preguntar a cuál de los tres poderes pertenece la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. El diputado Juan de Dios Castro Lozano, responde también al diputado Berlín Valenzuela y afirma que en el dictamen se torció la técnica legislativa y se equiparó a una ley federal como es el Código Federal Electoral. El diputado Santiago Camarena, del Partido Revolucionario Institucional, afirma que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal es un órgano sui generis, lo cual no constituye ninguna novedad.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero, nuevamente hace uso de la palabra para hechos. El diputado Pablo Alvarez Padilla, del Partido Acción Nacional, afirma que se ha suscitado la duda de si el Distrito Federal tiene o no personalidad jurídica y cita un texto del jurista Miguel Acosta Romero. El diputado Ricardo García Cervantes, da respuesta al diputado Santiago Camarena. El diputado César Augusto Santiago, por su parte, afirma que lo señalado por el diputado Camarena es de la mayor sensatez y refiriéndose a lo manifestado por el diputado Terrazas, presunta en que ámbito material ubica su proyecto de ley, en el federal o en el local.
El diputado Pablo Alvarez Padilla, del Partido Acción Nacional, dice que se está proponiendo una adición de un libro noveno a la Ley Federal Electoral y su partido está de acuerdo en que la ley electoral que regula la Asamblea del Distrito Federal sea en un apartado distinto. Nuevamente hace uso de la palabra el diputado Manuel Terrazas Guerrero, da respuesta al diputado César Augusto Santiago y afirma que su partido ubica la elección de representantes de la asamblea del Distrito Federal en el ámbito local.
El diputado Juan de Dios Castro se refiere también a la pregunta del diputado César Augusto Santiago e insiste en que la elección de representantes de la Asamblea del Distrito Federal debe ser de carácter local y no federal como lo sostiene la comisión. El diputado César Augusto Santiago, señala que el tema central es esclarecer si el dictamen que justifica una iniciativa del Ejecutivo, legitima el que la elección de representantes sea de carácter federal y por lo mismo sujeto a las disposiciones de un ordenamiento federal. El diputado Juan de Dios Castro Lozano
niega el argumento del diputado Augusto Santiago. El diputado Jesús Murillo Karam, del Partido Revolucionario Institucional, interpela al diputado Juan de Dios Castro y le pregunta quién legisló lo relativo al Código Penal del Distrito Federal, a lo cual el diputado de Acción Nacional respondió que fue el Congreso de la Unión, porque es una legislación local.
El diputado Alejandro Gascón Mercado, considera que la Asamblea de Representantes debe pertenecer al Poder de la Federación, particularmente al Poder Ejecutivo y de manera directa al Departamento del Distrito Federal, porque no es una asamblea legislativa. El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, señala que son muy limitadas las facultades que la reforma constitucional le otorga a la Asamblea de Representantes, pero que ésta será el foro de discusiones más importantes del país después de esta Cámara de Diputados. El diputado Santiago Oñate Laborde, del Partido Revolucionario Institucional, coincide con lo afirmado por el diputado Amezcua Dromundo. El diputado Pedro Peñaloza, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, manifiesta que a su juicio el dictamen no es más que la ratificación de una concepción política antidemocrática y reaccionaria.
El diputado Fernando Ortiz Aranda, del Partido Revolucionario Institucional, da respuesta a los planteamientos del diputado Pedro Peñaloza y rechaza la concepción que éste tiene de la democracia, manifiesta que la asamblea como órgano de gobierno, significa la posibilidad para los habitantes del Distrito Federal, de llevar a cabo diferentes tareas frente a la autoridad administrativa. Nuevamente hace uso de la palabra para alusiones personales el diputado Pedro Peñaloza.
El diputado Jorge Alcocer Villanueva, del Partido Mexicano Socialista, responde al diputado Ortiz Arana y afirma que por lo que hace a las prerrogativas, es un derecho que la Constitución y la ley establecen para los partido políticos nacionales. El diputado José Luis Díaz Moll, del Partido Mexicano Socialista, señala que si realmente se quiere ser democrático, tienen que darse todos los poderes y todos los derechos a los habitantes del Distrito Federal en la Asamblea de Representantes.
El diputado Jaime Aguilar Alvarez, del Partido Revolucionario Institucional, dice que el financiamiento a que se refirió el diputado Alcocer es un derecho de los partidos, pero no para las campañas de los diputados, sino para las actividades permanentes de dichos partidos. Para alusiones personales, hace uso de la palabra nuevamente el diputado Jorge Alcocer. El diputado Pablo Pascual Moncayo, se pregunta si efectivamente esta forma de elección de la Asamblea de Representantes es algo que atiende y responde a las necesidades de los ciudadanos del Distrito Federal.
El diputado Miguel Osorio Marbán, del Partido Revolucionario Institucional, señala que la Asamblea de Representantes es un acto de responsabilidad ciudadana al servicio de los hombres y de las mujeres del Distrito Federal para que cumplan su obligaciones constitucionales. El diputado José Ángel Conchello Dávila, del Partido Acción Nacional, hace uso de la palabra para fundamentar su voto en contra del dictamen. El diputado Jesús Murillo Karam, señala que el Distrito Federal es un ámbito de competencia en el que inciden todos los estados del país y en donde se ventilan problemas de toda la nación. Para hechos nuevamente hace uso de la palabra el diputado José Ángel Conchello.
El diputado Santiago Oñate afirma que hay un cambio significativo entre los derechos con los que ahora cuenta la ciudadanía del Distrito Federal, comparados con los que tenía antes de estas reformas al Código Federal Electoral. Para hechos, una vez más habla el diputado José Ángel Conchello. El diputado Jesús Murillo Karam, dice que aquí no tiene lugar el viejo principio político de que no puede haber tribulación sin representación. El diputado Jorge Alcocer Villanueva, del Partido Mexicano Socialista, indica que el debate central tiene que ver con la manera en cómo se va a elegir la asamblea de representantes y en por qué fue desechada la iniciativa de su partido sobre una ley electoral para el Distrito Federal, sin que exista razón alguna para ello. En uso de la palabra la diputada María Emilia Farías Mackey, del Partido Revolucionario Institucional, da respuesta al diputado Alcocer Villanueva y afirma que la asamblea es un órgano de gobierno del Distrito Federal y no un poder como se ha venido señalando. Nuevamente para hechos hace uso de la palabra el diputado Jorge Alcocer Villanueva.
El diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, del Partido Mexicano Socialista, afirmó que la elección de representantes ameritaba una ley electoral y no un añadido al Código Federal Electoral como el que ahora se discute. El diputado Santiago Camarena, invita a la asamblea a reconocer la bondad política y jurídica de la iniciativa a debate y da contestación a una interpelación que le formula el diputado Jorge Alcocer. El diputado
Antonio Monsiváis, del Partido Demócrata Mexicano, manifiesta que los ciudadanos del Distrito Federal deben elegir a su gobernador y a su Congreso local, pero que en la iniciativa se les niega este derecho.
Los diputados Gabriel Jiménez Remus, de Acción Nacional; José Díaz Moll, del Partido Mexicano Socialista; Pablo Alvarez Padilla, de Acción Nacional, y Ricardo García Cervantes, también de Acción Nacional, declinan el uso de la palabra. A solicitud de la presidencia, la secretaría consulta a la asamblea si el dictamen se considera suficientemente discutido en lo general y considerándolo así, se procede a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados en un solo acto, emitiéndose 219 votos en pro y 44 votos en contra.
La presidencia informa que fueron reservados para su discusión los artículos 368, 369, 370, 371, 372, capítulo sexto, 393, 397, capítulo séptimo, artículo 400, fracciones IV y V, 403, 404, 405 y 406. El artículo primero del decreto y el capítulo cuarto.
En el uso de la palabra, el diputado Manuel Terrazas Guerrero, solicita que se modifique el artículo primero del dictamen, rechazándose la iniciativa de adición al libro noveno del Código Federal Electoral. El diputado Santiago Oñate, usa la tribuna para hablar en favor de que se sostenga el artículo primero del dictamen con su redacción. El diputado Manuel Terrazas, hace uso de la palabra para alusiones personales. El diputado Francisco Berlín Valenzuela, afirma que para el Partido Revolucionario Institucional, no existe la menor duda de que la Asamblea del Distrito Federal tiene precisamente el carácter de federal porque así lo ha querido el Constituyente Permanente. Por instrucciones de la presidencia la secretaría pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Manuel Terrazas. Es desechada por mayoría de votos. Suficientemente discutido este artículo se reserva para su votación nominal en conjunto.
El diputado Ricardo Reglado Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, pide la palabra para proponer modificaciones a los artículos 364, 368, 390, 395 y 397. Aclarándose que son cuatro propuestas, la asamblea manifiesta su conformidad para que sean discutidas una por una, y el diputado Regalado Hernández, procede a dar lectura a las modificaciones. Suficientemente discutidos los artículos señalados, con excepción del 368, se reservan para su votación nominal en conjunto.
El diputado Adner Pérez de la Cruz, del Partido Popular Socialista, propone un modificación al artículo 638, solicita se suprima el artículo 369 y se modifiquen los artículos 371 y 372 en su texto. El diputado Francisco Berlín Valenzuela, se opone a la modificación de dichos artículos, ya que los mismos recogen únicamente el mandato constitucional. Puestas a consideración las modificaciones propuestas por el diputado Pérez de la Cruz, con excepción del artículo 369, son desechadas por la asamblea.
El diputado Jorge Alcocer, del Partido Mexicano Socialista, solicita que se modifique el artículo 369. El diputado Francisco Berlín Valenzuela, por la comisión, pide que se suprima el tercer párrafo del artículo 369. El diputado Jorge Alcocer, insiste en la modificación que propone y a solicitud del diputado Fernando Ortiz Arana, se reserva este artículo para posterior discusión.
La diputada Cecilia Romero, del Partido Acción Nacional, propone que la fracción III, del artículo 370 sea modificada. El diputado Fernando Ortiz Arana, señala que este artículo está sujeto a una disposición constitucional, por lo cual no es posible su modificación. La asamblea en votación económica desecha la propuesta de Acción Nacional y considera suficientemente discutidos los artículos 368, 370, 371 y 372 reservándose para su votación nominal en conjunto.
Se pone a discusión si se acepta o no la modificación propuesta por el diputado Ricardo Regalado, al artículo 390, a la cual se le da lectura a petición del diputado Fernando Ortiz Arana. EL diputado Martín Tavira, señala que es una cuestión de estilo y el presidente le aclara que no deja de ser una proposición que debe ser sometida a consideración de la asamblea, la cual en votación económica admite dicha modificación, reservándose este artículo para su votación nominal en conjunto.
El diputado Pablo Pascual Moncayo, el Partido Mexicano Socialista, propone una modificación a los artículos 376, 377 y 379, reservándose el artículo 380. El diputado Arnulfo Villaseñor hace uso de la palabra señalando que debe permanecer la redacción como se encuentra establecida, para mayor claridad del votante y de los organismos electorales. El diputado Pablo Pascual Moncayo, insiste en su propuesta de modificación. El diputado Francisco Berlín Valenzuela, propone que el artículo 377 quede como está, ya que tiende a fomentar el interés de la ciudadanía y una mayor participación política. El diputado Pablo Pascual Moncayo, hace uso de la palabra en torno a lo señalado por el diputado Francisco Berlín Valenzuela.
El diputado José Luis Díaz Moll, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, hace uso de la palabra para hechos en torno a este asunto y puesta a discusión de la asamblea la proposición del diputado Pablo Pascual Moncayo, en relación con los artículos 376 y 377 son desechadas. Suficientemente discutiendo el capítulo IV, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El diputado Vicente Calvo Vázquez, del Partido Popular Socialista, propone una adición al artículo 393 del libro noveno. El diputado Santiago Oñate Laborde, estima que dicha propuesta no ha lugar a admitirse ya que el artículo 363, del mismo libro expresa que para los actos de preparación, desarrollo y vigilancia del proceso de elección de los miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se regirán por las disposiciones aplicables en los libros anteriores del Código Federal Electoral. Puesta a consideración de la asamblea dicha propuesta es desechada reservándose al artículo 393 para su votación nominal en conjunto.
A solicitud de la presidencia, la secretaría en votación económica consulta a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Ricardo Regalado, al artículo 395. Se acepta y se reserva este artículo para su votación nominal en conjunto.
El diputado Jorge Alcocer, del Partido Mexicano Socialista, solicita a la asamblea y ésta lo concede tratar en un solo acto los artículos 397 y 400. Propone una adición del artículo 397 y la derogación de las fracciones cuarta y quinta del artículo 400. El diputado Jaime Aguilar Alvarez, a nombre de la comisión, admite la propuesta de modificación al artículo 397 y da sus argumentos para no aceptar la derogación de las fracciones cuarta y quinta del artículo 400.
El diputado Ricardo García Cervantes, tiene el uso de la palabra para hechos. El diputado Genaro José Piñeiro, del Partido Socialista de los Trabajadores, pide tratar el artículo 400 en sus fracciones IV y V y el 403, lo cual es aceptado por la asamblea. Solicita que se suprima la fracción V así como el texto del artículo 403. En apoyo de esta propuesta hacen uso de la palabra el diputado Víctor Jiménez Osuna, del Partido Popular Socialista, y el diputado Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional.
A solicitud del diputado Jaime Aguilar Alvarez, la presidencia acuerda que se dé lectura a las propuestas de los diputados Ricardo Regalado y Jorge Alcocer, en relación al artículo 397, las cuales son aceptadas, y considerándose suficientemente discutido este artículo, se reserva para su votación nominal en conjunto. Puestas a votación si se admiten o no las propuestas de los diputados Jorge Alcocer y Genaro José Piñeiro López, en relación al artículo 400 fracciones IV y V, son desechadas por la asamblea. Considerándose suficientemente discutido el artículo 400, se reserva para su votación nominal. Igualmente la asamblea desecha la propuesta de modificación al artículo 403 presentada por el diputado Genaro José Piñeiro, reservándose para su votación nominal.
El diputado Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional, rechaza el sistema contencioso que se propone para la elección de los representantes de la asamblea y el diputado César Augusto Santiago Ramírez, señala que las situaciones están bien previstas en el capítulo de lo contencioso electoral de la ley. Para hechos hace uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano. El diputado Santiago Oñate, insiste en lo manifestado por el diputado César Augusto Santiago. Para hechos en torno al tema hacen uso de la palabra los diputados Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional; César Augusto Santiago, del Partido Revolucionario Institucional; Juan de Dios Castro Lozano, de Acción Nacional; Jesús Murillo Karam, nuevamente Juan de Dios Castro Lozano y otra vez Jesús Murillo Karam. A solicitud de la presidencia la asamblea considera suficientemente discutidos los artículos 404, 405 y 406, reservándose para su votación nominal en conjunto.
La misma presidencia informa que los artículos reservados se tienen registrados con tres proposiciones, el 369 y con una proposición el 379 y el 380. EL diputado Jorge Alcocer hace uso de la propuesta conjunta con la mayoría de la comisión para que en el artículo 369 queden igual el primero y el segundo párrafo y el tercero con una nueva redacción. Respecto de las propuestas de adición a los artículos 379 y 380 que son nuevos artículos, se correría el numeral, sin que hayan sido aceptados por la comisión. La presidencia consulta a la asamblea si se acepta la proposición, del Partido Popular Socialista, respecto al artículo 369, la cual es desechada en votación económica. Puesta a consideración de la asamblea la propuesta del diputado Jorge Alcocer y aceptada por la comisión, es aceptada reservándose este artículo para votación nominal en conjunto.
Respecto al artículo 379, la asamblea desecha la proposición del diputado Pablo Pascual Moncayo
y aprueba que se reserve este artículo para su votación nominal en conjunto.
Con relación al artículo 380 se desecha por la asamblea la proposición del diputado Pablo Pascual Moncayo.
La secretaría procede a recoger la votación nominal del artículo primero del proyecto de decreto y del artículo segundo del mismo, con los siguientes artículos: del 364 con la modificación aceptada por la asamblea; el 368 en sus términos, el 369 con la modificación aceptada por la asamblea, el 370 en sus términos, 371, 372, 376, 377, 378 y 380 en sus términos, el 390 con la modificación aceptada por la asamblea, el 393 en sus términos, 395 con la modificación aceptada por la comisión, 397 con las modificaciones aceptadas por la asamblea, 400 en sus términos, 403, 404 y 405 en sus términos. La asamblea aprueba dichos artículos por 213 votos en pro y 43 votos en contra y la presidencia hace la siguiente declaratoria: aprobado en lo particular y en lo general el proyecto de decreto que adiciona el Código Federal Electoral un libro noveno. Pasa al senado para sus efectos constitucionales.
A solicitud de la presidencia, la asamblea dispensa la lectura al dictamen sobre Ley General de Equilibrio Ecológico de la Protección al Ambiente, quedando de primera lectura.
El diputado Ramón Danzós Palomino, hace una denuncia sobre hechos delictuosos ocurridos en el estado de Chiapas y pide que se turne a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de derechos humanos de esta Cámara. Hacen uso de la palabra para apoyar esta denuncia los diputados Consuelo Botello, Homero Díaz Córdova, José Luis Díaz Moll, Adner Pérez de la Cruz, Genaro José Piñeiro y Juan de Dios Colli Mas. Puesta a votación se admite a discusión. El diputado Homero Díaz Córdova, pide a la presidencia que se acepte que esta denuncia vaya a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y a la de Derechos Humanos. Aceptada por la asamblea, se turna a las dos comisiones de referencia.
El siguiente punto del orden del día es el dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Federal Electoral. A solicitud de la presidencia, la asamblea le dispensa la segunda lectura. No habiendo quien haga uso de la palabra en lo general, se pone a votación nominal tanto en lo general como por lo que toca a los artículos no impugnados, en un solo acto, aprobándolo la asamblea por 203 votos en pro y 37 en contra.
Se abre la discusión en lo particular, para hablar en contra del punto resolutivo número dos del proyecto; hace uso de la palabra diputado Juan de Dios Castro Lozano, para manifestar que la iniciativa rechazada por el dictamen, considera que corresponde a la Comisión Federal Electoral, en los términos del artículo 23 del Código Federal Electoral, ampliar los plazos fijados en el propio ordenamiento legal y no a la Secretaría de Gobernación. El diputado Jaime Aguilar Alvarez, refuta los argumentos del diputado Castro Lozano y manifiesta que efectivamente la ampliación del plazo de referencia debe ser en cumplimiento del precepto legal a que se refiere el dictamen, el cual faculta para tal efecto a la Comisión Federal Electoral. Vuelve a hacer uso de la tribuna el diputado Juan de Dios Castro para ampliar sus puntos de vista.
El diputado Jorge Alcocer hace uso de la palabra en contra del dictamen. El diputado Fernando Ortiz Arana, dice que hasta la fecha no se ha dado una sesión en la Comisión Federal Electoral en la que se analice si este organismo tiene o no la facultad que le confiere el artículo 23 del Código Federal Electoral. Da respuesta a una interpelación del diputado Castro Lozano y manifiesta que el dictamen de la comisión es adecuado, porque responde al derecho que tiene todos los partidos políticos. Para alusiones personales hace uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro, quien da respuesta a una interpelación del diputado Jaime Aguilar Alvarez. Para hechos habla el diputado Fernando Ortiz Arana y nuevamente el diputado Castro Lozano, después de que el turno le fue cedido por el diputado Pedro Peñaloza, para reiterar su posición contraria al dictamen.
El diputado Jaime Aguilar Alvarez y el diputado Castro Lozano discuten en torno a los plazos a que se refiere el mencionado artículo 23 del Código Federal Electoral. El diputado Aguilar Alvarez responde a una interpelación de la diputada María del Carmen Jiménez de Ávila e igualmente de respuesta a una pregunta del diputado Sergio Teodoro Meza. El diputado Pedro Peñaloza pide que se discuta la propuesta del diputado Juan de Dios Castro sin ningún remendismo. El diputado Ortiz Arana pide la palabra para contestar alusiones personales y responde una interpelación del diputado Pedro Peñaloza. Vuelven a hacer uso de la palabra en torno a este tema los diputados Pedro Peñaloza, Jorge Alcocer y Jesús Murillo Karam. Suficientemente discutido el punto resolutivo segundo del proyecto del dictamen por acuerdo de la asamblea, se reserva para su votación en conjunto.
Se entra a la discusión del punto tercero de los resolutivos del dictamen Hace uso de la palabra el diputado Ricardo García Cervantes, quien Habla
en contra del dictamen que rechaza en el punto a discusión una iniciativa presentada por el Partido de Acción Nacional, para que se materialice el derecho de partidos políticos a tener acceso a los medios de comunicación social. La diputada María Luisa Mendoza, rechaza los argumentos del diputado Ricardo García Cervantes y manifiesta que los partidos políticos están en libertad de contratar toda clase de bienes y servicios.
Da contestación a una pregunta del diputado Juan de Dios Castro y a una interpelación del mismo. En torno a este tema hace uso de la palabra los diputados José Luis Moll , en contra del dictamen Roberto Calderón Tinoco, quien solicita que la discusión de este dictamen se posponga. Pablo Alvarez Padilla, Jorge Alcocer, Héctor Morquecho Rivera, María de la Luz Gama Santillán y Manuel Terrazas Guerrero, quien solicita hacer una propuesta sobre el mismo tema a lo cual la presidencia le señala que se les dará el uso de la palabra cuando terminen los oradores inscritos.
Continúa el diputado Alejandro Cañedo Benítez en apoyo a la iniciativa del diputado García Cervantes; el diputado Manuel Terrazas Guerrero dice que el dictamen esta mal fundado y propone que se regrese a comisiones para revisar las bases en que se apoya, lo cual puesto a votación, es desechado por la asamblea. El diputado Ricardo García Cervantes habla nuevamente a favor de su iniciativa y el diputado Edmundo González Llaca le señala que los medios de comunicación tienen una función social, hace uso de la palabra los diputados Genaro José Piñeiro, Pedro Peñaloza, Martín Tavira Urióstegui, Roberto Calderón Tinoco, Pablo Pascual Moncayo, José Luis Díaz Moll, y María Luisa Mendoza, para fijar su posición en torno al dictamen a discusión. La diputada Consuelo Botello propone a la asamblea que el dictamen sea devuelto a la comisión para que en vista de todos los argumentos presentados se estudie de nuevo por lo que hace al punto resolutivo tercero, aprobándose una moción suspensiva del debate. En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta o se desecha la moción suspensiva o a que se refiere la diputada Botello, lo cual es desechada.
El Diputado Gonzalo Altamirano Dimas hace uso de la palabra para manifestar que la diputación del Partido Acción Nacional, se retira de este debate, ante la cerrazón de la mayoría representada en esta Cámara. El diputado Santiago Oñate Laborde afirma que el debate es precisamente para encontrar si hay o no oportunidad de aprobar no sólo la iniciativa del diputado García Cervantes, sino las once de que da cuenta el proyecto de dictamen. El diputado Jorge Alcocer señala que su partido, el Mexicano Socialista también se retira del debate porque los argumentos que se esgriman no valen para la mayoría. El diputado Santiago Oñate, contesta al diputado Jorge Alcocer, y la señala que a lo largo por más de doce horas se han debatido las iniciativas. La asamblea considera suficientemente discutido el punto resolutivo número tres y se reserva para su votación nominal en conjunto.
Sin que motive debate, se pone a consideración de la asamblea el punto cuarto del punto resolutivo el cual se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto.
El diputado Vicente Calvo Vázquez habla en contra del punto resolutivo quinto del dictamen y la diputada María Emilia Farías Mackey, a nombre de la comisión desecha la propuesta que presenta el diputado Calvo. La asamblea considera suficientemente discutido el punto quinto y lo reserva para su votación nominal en conjunto.
El diputado Jaime Haro hace uso de la palabra para impugnar el octavo de los puntos resolutivo porque las reformas al artículo 343 del Código Federal Electoral, propuestas por la comisión dejan insatisfechas a todas las partes. Para hablar también en contra hace uso de la palabra el diputado Martín Tavira Urióstegui para hechos el diputado Calderón Tinoco y el diputado Genaro José Piñeiro también habla en contra del dictamen.
El diputado Santiago Oñate Laborde fija la posición de la comisión en este punto y contesta una interpelación del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. También hace uso de la palabra en contra del diputado Ángel Aguirre Romero . El diputado Genaro José Piñeiro López., hace una pregunta al diputado Santiago Oñate y enseguida hace uso de la palabra el diputado Martín Tavira Urióstegui, el cual pide que se sostenga la actual redacción del artículo 343 del Código Federal Electoral. Para hechos solicita el uso de la palabra y se le concede al diputado Jaime Haro.
La secretaría consulta a la asamblea si el artículo 343 se considera suficientemente discutido y siendo así ordena que se proceda a recoger la votación nominal de los puntos resolutivos segundo en sus términos tercero en sus términos, cuarto, quinto y octavo en sus términos y del resolutivo noveno del artículo 343 del Código Federal Electoral, del artículo 1 del proyecto de decreto.
La asamblea aprueba dichos puntos por 210 votos en pro y 12 en contra por lo que hace al segundo
tercero, cuarto, quinto y octavo. Y por lo que toca al artículo 343 del Código Federal Electoral, artículo primero del proyecto de decreto, 203 votos en pro y 19 en contra.
se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Federal Electoral. Pasa al senado para sus efectos constitucionales.
Los diputados Genaro José Piñeiro, Héctor Morquecho y Cuauhtémoc Amezcua, declinan el uso de la palabra en vista de lo avanzado de la hora.
A las cuatro horas cuarenta y cinco minutos del día ocho de diciembre y agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de hoy, ocho de los corrientes, a las once treinta horas
. Está a discusión el acta...
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Pido la palabra señor presidente: Considero necesario hacer dos posiciones precisiones. La primera, con relación al artículo primero del dictamen que se asiente el sentido de nuestra proposición, porque se dice simplemente que se modifique el artículo primero. Se modifica en el sentido de proponer la aprobación del proyecto de la ley electoral propuesto por el Partido Mexicano Socialista.
La segunda precisión, acerca de la moción suspensiva no solamente porque estaba mal fundada, sino porque esa fundamentación era de carácter contrario a la Constitución.
El C. Presidente: - Con mucho gusto, señor diputado. Tome nota la secretaría y que se inserte en el acta.
El C. José Luis Díaz Moll: Una aclaración solamente. Cambié dos veces de partido en el transcurso del acta. Soy miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Pido que sea corregido.
El C. Presidente: Seguramente por lo alto avanzado de la hora, los compañeros taquimecanógrafos se equivocaron en las siglas de su partido.
La C. secretaría Yrene Ramos Dávila: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acta... Aprobada señor presidente.
INVITACIÓN
El C. secretario Antonio Sandoval González;
«Escudo.- Jefe del Departamento del Distrito Federal.- México, Distrito Federal, a 1o. de diciembre de 1987
C. diputado licenciado David Jiménez González, presidente de la honorable Cámara de diputados.- Palacio Legislativo.- Presente.
El Departamento del distrito Federal hace a usted una atenta y cordial invitación a la ceremonia "cívica conmemorativa del IX aniversario luctuoso del ex presidente de la República, Licenciado Emilio Portes Gil, ante la tumba que guarda sus restos en el panteón francés de La Piedad, ubicado en avenida Cuauhtémoc No. 408, el próximo jueves 10 de actual a las 11:00 horas.
Al propio tiempo, me permito solicitar tenga a bien dictar sus respetables indicaciones, con objeto de que una comisión asista al acto de referencia, con la presentación de esa honorable Cámara de Diputados, que usted dignamente preside.
Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo No Reelección.
El jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez.» Trámite: - De enterado
El C. Presidente:- Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara, se designan a los siguientes ciudadanos diputados: Joaquín Contreras Cantú, Ma. Luisa Mendoza, José Herrera Arango Teófilo Torres Corzo y Jorge Cárdenas González.
COMUNICACIÓN
El C. secretario Antonio Sandoval González:
«Escudo.- H. Congreso del Estado de Guerrero.- LII Legislatura .- Guerrero Chilpancingo Guerrero; 25 de noviembre de 1987.
C. Presidente de la honorable Cámara de Diputados .-San Lázaro, México Distrito Federal C. P. 06019.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 23 de la ley Orgánica del Poder Legislativo, me
permito comunicar a usted que previas las formalidades de la ley, la Quincuagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del estado, en su sesión ordinaria de esa fecha, tuvo a bien elegir a los CC. Diputados: Profesor Manuel García Cabañas y Juventino Cota Montaño, presidente y vicepresidente, respectivamente, quienes fungirán durante el primer mes de diciembre.
Aprovecho la oportunidad para reiterarles las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo No Reelección.
El Oficial Mayor del honorable Congreso del Estado. licenciado Emilio I. Ortiz Uribe.»
Trámite: - De enterado
MINUTAS DEL SENADO
Ley de Vías Generales de Comunicación
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México Distrito Federal.
CC. Secretarios de la honorable Cámara de diputados del Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales nos permitimos remitir a ustedes expediente con minuta proyecto de decreto de reformas a la ley de vías generales de comunicación.
Reiteramos a ustedes la seguridad de nuestra consideración atenta y distinguida
México, Distrito Federal, a 8 de Diciembre de 1987.- Senador Luis José Dorantes Segovia, Secretario; Senador Andrés Valdivia Aguilera, Secretario.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN
Artículo único. Se reforman los artículos 11 párrafos y tercero, 127 párrafo quinto y 128 y se adiciona un párrafo al 398, para quedar como sigue:
Artículo II..................................................................
También quedan reservados en forma exclusiva al gobierno federal, el establecimiento de los sistemas de satélites, su operación y control, la prestación del servicio público de conducción de señales por satélites así como las estaciones terrenas con enlaces internacionales para comunicación vía satélite.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes establecerá, de acuerdo a esta ley y sus reglamentos, las bases conforme a las cuales se llevará a cabo la instalación, operación y control de estaciones terrenas.
Artículo 127.................................................................
La indemnización de la perdida de la vida del pasajero será por una cantidad equivalente a setecientas treinta veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en la fecha en que se cubra la misma. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante acuerdo de su titular que se publique en el Diario Oficial de la Federación, y en atención a las condiciones de la economía nacional, podrá establecer nuevos límites de indemnización.
Tiene derecho al pago de indemnización en caso de muerte del pasajero, las personas que señala en su orden, el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. Para el pago de dichas indemnizaciones en cada caso, así como para fijar el monto de las que deban percibirse de acuerdo a las incapacidades y lesiones que se causaren y de los daños a las pertenencias, la Secretaría resolverá lo conducente de acuerdo a las disposiciones que al efecto señale el reglamento respectivo.
Artículo 128. los prestadores de servicios en vías generales de comunicación están obligados a presentar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para su perforación o resello, los documentos que expidan a los usuarios tales como: carta de porte, conocimiento de embarque, boleto factura o documento similar, sin cuyo requisito no tendrán validez.
Artículo 398.................................................................
Se equiparan a los bienes del dominio público de la Federación de los bienes inmuebles que tengas instalaciones destinadas de manera directa a la operación del servicio público telefónico, propiedad de entidades paraestatales de la administración pública federal.
TRANSITORIO
Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, 8 de diciembre de 1987. - Armando Trasviña Taylor, presidente; Luis José Dorantes Segovia, secretario; Andrés Valdivia Aguilera, secretario»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La misma C. Secretaria:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores México, Distrito Federal.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales, nos permitimos remitir a ustedes expedientes con minuta proyecto de decreto, aprobado en esta fecha por la Cámara de Senadores, por el que concede permiso al ciudadano Jesús Montemayor Peña, para que pueda prestar sus servicios como chofer en la embajada de la República Islámica de Irán en esta ciudad.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México Distrito Federal, 8 de diciembre de 1987. - Luis José Dorantes Segovia, secretario; Andrés Valdivia Aguilera, secretario.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. se concede permiso al ciudadano Jesús Montemayor Peña, para que pueda prestar sus servicios como chofer en la embajada de la República Islámica de Irán en esta ciudad.
Salón de sesiones de la honorable cámara de senadores. - México, Distrito Federal, 8 de diciembre de 1987. - Armando Trasviña Taylor, presidente; Luis José Dorantes Segovia, secretario; Andrés Valdivia Aguilera, secretario.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la comisión de gobernación y puntos constitucionales.
INSCRIPCIONES
PARA INTERVENCIONES
El C. Presidente: - Compañeras y compañeros diputados: Han solicitado hacer uso de la palabra varios compañeros nuestros para presentar unas iniciativas.
Esta presidencia va a dar lectura a los diputados inscritos para ello: Jesús González Gortázar, del PRI; Jorge Cárdenas González, del PARM; Nabor Camacho Nava, del PARM y Manuel Urrutia Castro del PRI.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
LAGO DE CHAPALA
El C. Presidente: - Por consiguiente, tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Jesús González Gortázar.
El C. Jesús González Gortázar: - Señor diputado presidente; compañeros diputados: En uso de las facultades consagradas en la Constitución General de la República y en la Ley Orgánica del Congreso General, vengo a presentar la siguiente iniciativa que declara de interés público la conservación y mejoramiento del Lago de Chapala.
Desde el nacimiento de nuestro México bajo el régimen federal, se ha considerado que corrientes y embalses de agua que atraviesan dos o más entidades caen bajo jurisdicción del gobierno de la República.
Esto, con el fin de equilibrar y tutelar los derechos de los estados ribereños a fin de que cada cual disfrute los volúmenes de agua que le correspondan y no haya apropiación indebida por parte de los ribereños superiores.
El líquido debe tener calidad aceptable para el uso a que se destine. En nuestro derecho positivo el ejemplo más claro al respecto, es el tratado de aguas del Río Colorado, que al ser ratificado por el Senado se convirtió en ley constitucional. En él logramos prevaleciera nuestro derecho a recibir aguas de dicho río internacional, que no fuesen salinas y sí aptas para la agricultura del Valle de Mexicali.
Lo anterior debe aplicarse por analogía en tratándose de ríos y lagos interiores. Dar los volúmenes a que una entidad tiene derecho totalmente contaminados, sería ir contra la justicia, el federalismo
y el espíritu de las leyes que rigen esta materia fundamental.
Lamentablemente los principios y normas jurídicos antes citados están ajenos en lo referente al Lago de Chapala. Sus niveles pasan por la etapa más baja si exceptuamos los años de la década de los cincuenta y la degradación del líquido por una creciente contaminación orgánica e industrial, amenazan los recursos más importantes que se deben aprovechar en ese don de la naturaleza.
Al Lago de Chapala se deben, entre otros beneficios, los siguientes: la generación de energía hidroeléctrica en la Barranca del Río Santiago, en sus plantas de El Salto, Puente Grande, Antonio Rojas, Colimilla y Santa Rosa, que permitieron desarrollar en Jalisco a la tercera región industrial en importancia de nuestra patria.
Aunque la interconexión de sistemas resuelve temporalmente cualquier posibilidad de crisis eléctrica por falta de agua en el lago, es obvio que en un país como el nuestro, con crecientes demandas de energía, la operación del sistema Chapala - Santiago, cobra importancia de primer orden para el occidente del país.
El 80% del agua que consume la segunda ciudad del país, Guadalajara y su área metropolitana, proviene del lago. La baja calidad de sus aguas por contaminación y azolves dificulta su potabilización, lo que constituye un peligro serio para la salud de cuatro millones de mexicanos.
El Lago de Chapala propicia un clima óptimo en importante zona de centro - occidente del país. Gracias a la evaporación de sus aguas se genera una zona de eficiencia termopluviométrica que es la primera productora de maíz y segunda de caña de azúcar y sorgo en la República. Una de cada cinco tortillas que se consumen como alimento básico por nuestro pueblo, es hecha con el maíz cosechado en la región a que nos estamos refiriendo.
La abundancia de esquilmos agrícolas que lo anterior permite, los pastos naturales que brotan en las tierras que el lago descubre en sus cíclicos periodos de bajo nivel en el estiaje y el lirio que en su contorno se deposita, fortalecen una ganadería de primera calidad, particularmente lechera, que genera empleos y riqueza.
El gran número de especies acuáticas, autóctonas e introducidas, al correr del tiempo han generado importante actividad pesquera. Pese a la situación actual, todavía siete mil familias viven de la pesca y su comercialización. La grave contaminación actual está extinguiendo varias especies y reduciendo el número de otras, que como el pescado blanco y el bagre tienen primer sitio en la gastronomía regional. La producción pesquera por hectárea es bajísima por la contaminación e insalubridad de las aguas, así como por su poca oxigenación debida a materias orgánicas e inorgánicas en suspensión que no permiten el paso de los rayos solares.
Chapala, hace posible el derecho a la recreación de decenas de miles de compatriotas. Es importante destino del turismo social, tanto nacional como regional. Su potencialidad es increíble y la presente circunstancia desalienta el flujo de visitantes y hacen inoperantes las obras de infraestructura turística construidas principalmente por el gobierno de Jalisco y los empresarios del estado.
La benignidad del clima y la fácil irrigación por bombeo del lago, permitirían establecer una zona en sus riberas destinadas a la fruti, horti y floricultura. No sólo satisfacería las necesidades de abasto de Jalisco y Michoacán, sino que sería renglón de exportación importante aprovechando el mercado estadounidense.
La belleza del lago y sus alrededores es un valor estético que debemos proteger, así como su ecosistema que cuenta con gran riqueza en fauna y flora; sin olvidar su arqueología y sitios de interés turístico - históricos de los pueblos cocas tecuejes cascantes y tarascos; sus monumentos coloniales y los que nos recuerdan a la gesta de nuestra independencia, particularmente en la epopeya de la defensa durante cinco años por parte de los insurgentes, de la isla de Mezcala o de el Presidio.
La existencia del lago ha propiciado 37 asentamientos humanos en sus riberas, desde ciudades medias a caserís de reducida importancia. En ellos florece rica cultura popular de esa fracción del pueblo mexicano. La desaparición del lago sería un golpe irreparable para más de medio millón de ribereños.
Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, las riberas chapálicas han atraído visitantes extranjeros que erogan fuertes cantidades de divisas, sirviendo de apoyo a pequeñas empresas turísticas y artesanales que generan empleo. Mercé a esto no hay trabajadores desocupados en la región y el nivel de vida de sus pobladores es satisfactorio. Ajijic ha ganado un sitio destacado en la geografía turística mundial.
Muchos de los visitantes atraídos por la bondad del clima y de su gente, así como por la belleza del entorno, han decidió radicarse en el litoral que va de San Nicolás de Ibarra a Jocotepec, amparados.
en diversas calidades migratorias que nuestra ley señala. Hoy día superan las 10 mil almas, que con su gasto diario apoyan la economía regional y permiten captar importantes volúmenes de dólares estadounidenses y de Canadá. Todo terminaría al secarse o degradarse aún más, el Lago de Chapala.
En época pretérita la navegación lacustre fue de tal importancia que Ocotlán llegó a ocupar el segundo lugar entre los puertos de la República por el volumen de mercancías que era objeto de comercio nacional y que allí arribaban. Cientos de familias encontraban en la navegación su fuente de subsistencia y toda una cultura se desarrolló en torno a las grandes canoas o lanchones que movilizaban productos agropecuarios, forestales y artesanales entre las poblaciones ubicadas en los doscientos kilómetros del litoral chápalico. Aunque muy reducida, la navegación mantiene su importancia en la actividad regional, especialmente hoy día, en servicios turísticos.
La belleza y extensión del lago, así como la regularidad de sus vientos, lo hacen ideal para la práctica de deportes acuáticos de toda índole. Esto lo convierte en destino de infinidad de conciudadanos que disfrutan de sus aguas; además hay eventos deportivos nacionales e internacionales que atraen gran número de espectadores con el consiguiente beneficio para los lugareños. Son varios los clubes náuticos y las asociaciones deportivas que han hecho cuantiosas inversiones para la práctica de distintos deportes acuáticos.
La doctrina federal que en la presente administración del presidente Miguel de la Madrid, ha alcanzado singular vigor, exige cumplir con sus principios y por ello Jalisco tiene derecho a recibir en el Lago de Chapala, los volúmenes necesarios para mantenerlo en sus niveles normales y con calidad de agua aceptable.
Hoy día son desviadas cuantiosas cantidades del vital líquido a entidades ajenas a la cuenca hidrológica del sistema Lerma - Chapala - Santiago y los ribereños superiores prácticamente aprovechan la totalidad del agua disponible, convirtiendo al río Lerma en un arroyo de aguas pestilentes que van a desembocar al llamado "Mar Chapálico". Esto genera una situación de tremenda injusticia, contrario al pacto federal, que urge evitar por medio de la presente iniciativa.
Hago notar a los señores legisladores, que por los medios de comunicación social se convocó a la ciudadanía a aportar sus ideas para esta iniciativa habiendo respondido ampliamente. Agrupaciones ecologistas como la Sociedad Pro Defensa del Lago de Chapala, A.C. y Prohábitat, la Unión de Biólogos de Guadalajara CNOP, uniones de pescadores y destacados ciudadanos manifestaron sus inquietudes y aportaron ideas al autor de esta iniciativa, lo que constituye caso único en nuestros anales y un plausible ejercicio democrático
. No sólo se busca la declaración de interés público para conservar y mejorar el Lago de Chapala, sino la creación de un organismo que vigile tal propósito En su composición se incluye representantes de los gobiernos federal, estatales y municipales, como de organismos privados de prestigio que tienen entre sus objetivos la defensa del Lago de Chapala.
En esta época de urgente simplificación administrativa, no se busca convertir a la comisión propuesta en una entidad burocrática más, simplemente será órgano coordinador y sobre todo, vigilante del cumplimiento del Pacto Federal en lo que respecta al mayor lago natural de la República.
La ejecución de sus decisiones y el seguimiento de las propuestas hechas a distintas dependencias federales quedarán bajo la responsabilidad de su secretario ejecutivo, que con un reducido equipo de colaboradores tendría que velar por el cumplimiento de los fines de este decreto.
Siendo de jurisdicción federal al agua de los ríos Lerma y Santiago, así como del Lago de Chapala, estaría a cargo del presupuesto federal el sostenimiento de dicha comisión y de sus organismos que se creasen. En el presupuesto anual de egresos tendrían que incluirse las partidas necesarias para tal fin y para el mejoramiento del medio ambiente en la región chapálica.
Con los fundamentos jurídico expresados y en atención a las consideraciones anteriores, propongo la siguiente.
«INICIATIVA DE DECRETO
Artículo 1o. Se declara de interés público la conservación y mejoramiento del Lago de Chapala, en sus niveles normales y con calidad de agua aceptable, así como su rescate ecológico.
Artículo 2o. El rescate, conservación y mejoramiento del Lago de Chapala incluirán su cuenca directa, mediante programas y procedimientos que sean formulados, aprobados y aplicados según lo dispuesto en este decreto.
Artículo 3o. Para los fines anteriores, las atribuciones que en dicha materia tienen la federación,
los estados y municipios serán ejercidas de manera concurrente y coordinada.
Artículo 4o. Las asociaciones cívicas y culturales, así como las personas físicas de seriedad o competencia reconocidas, que se hayan destacado por su interés en la problemática y conservación del Lago de Chapala, podrán coadyuvar a lograr los propósitos de este decreto.
Artículo 5o. Para cumplimiento de los fines anteriores se crea la Comisión Lago de Chapala, que se integrará en la siguiente forma:
a) El Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, quien la presidirá.
b) El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
c) El gobernador del estado de Jalisco.
ch) El gobernador del estado de Michoacán. ç
d) Un representante de los municipios ribereños que será electo democráticamente por éstos.
e) El coordinador general de la Sociedad Prodefensa del Lago de Chapala, A.C.
f) El presidente de la Sociedad Jalisience de Geografía y Estadística.
g) Un representante de las organizaciones de prestadores de servicios turísticos ribereños.
h) Un representante de las uniones de pescadores.
i) Un representante de las organizaciones de productores agropecuarios con domicilio social en los municipios ribereños.
j) Un representante de los pobladores urbanos que será electo por las asociaciones de colonos con domicilio en dichos municipios.
Cada representante tendrá su respectivo suplente.
Artículo 6o. El pleno de la comisión designará por mayoría de votos un secretario ejecutivo, quien tendrá las facultades que le asigne el reglamento.
Sus oficinas estarán en la villa de Chapala, Jalisco.
Artículo 7o. Serán atribuciones de la Comisión Lago de Chapala las siguientes:
a) Vigilar que reciba el embalse lacustre los volúmenes de agua a que tienen derecho los estados de Jalisco y Michoacán, para que sus niveles se mantengan dentro de las cotas normales.
b)Tomar las medidas de emergencia necesarias cuando dichos niveles se encuentren por abajo de la cota 95.
c)Combatir por todos los medios la contaminación de las aguas del Lago de Chapala.
ch) Proponer ante las autoridades correspondientes las acciones pertinentes para revaluar los recursos del lago, como pesca, irrigación ribereña, turismo social, etcétera.
d) Definir las estrategias para el rescate ecológico, conservación y mejor aprovechamiento del Lago de Chapala.
e) Coordinar planes, programas y proyectos de corto y mediano plazos, así como específicos, que tiendan a los fines de este decreto y que hayan sido elaborados por las diferentes dependencias de los gobiernos federal, estatales y municipales, como por organismos sociales y privados.
f)Gestionar y observar que las dependencias de los gobiernos mencionados, cumplan en el ámbito de su jurisdicción y competencia, las disposiciones que haya tomado la comisión.
g) fomentar la participación popular de los habitantes de la cuenca directa, en las actividades de la comisión.
h) Y en general, desarrollar los trabajos que tiendan a los fines de este decreto y los que precisen las disposiciones jurídicas sobre la materia.
Artículo 9o. La comisión sesionará trimestralmente.
Artículo 10. La comisión podrá crear las subcomisiones y grupos de trabajo que estime necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
Serán presididos por la persona designada en el pleno de la comisión.
Artículo 11. La comisión tendrá un carácter técnico - social, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Artículo 12. El presupuesto federal de egresos fijará los recursos suficientes para el cumplimiento de sus funciones y su patrimonio podrá enriquecerse con aportaciones de los gobiernos de los estados y municipales, de los sectores social y privado; y por los bienes y derechos que obtenga por cualquier otro título legal.
TRANSITORIOS
Artículo 1o. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 2o. A partir de esa fecha tendrá 30 días la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para convocar a las entidades señaladas
en el artículo 4o., para integrar la Comisión Lago de Chapala.
Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto.
México, Distrito Federal, diciembre 8 de 1987. - Rúbrica.»
Compañeros diputados: esta iniciativa, con un gran sentido social, ecologista y federalista, se pone a la consideración de ustedes para, en su momento, discutirla y ojalá aprobarla.
- El Lago de Chapala, el don más grande que la naturaleza le dio a Jalisco, se ha convertido en una fosa séptica, en una cloaca que está arruinando el medio ambiente, y perjudicando en una forma severa a la segunda área metropolitana del país.
O nos abocamos ahora o va a ser ya muy tarde, puesto que la degradación avanza sin detenerse. Hay medio millón de jaliscienses que viven directamente en las riberas del lago y un número entre 60 a 70 mil michoacanos.
Es menester que estos mexicanos sientan el apoyo y la atención del Congreso Federal. Nosotros, somos la autoridad competente para legislar en la materia; no pongamos el oído sordo a todos aquellos que se acercaron a éste, su amigo, llevando ideas, aportaciones, inquietudes y angustias, para que ya se resuelva de una vez y para siempre este problema cíclico que ocasiona la baja en el nivel del Lago de Chapala.
Sus aguas contaminadas, la merma de sus recursos, todo ello, el día de mañana podría ser objeto de que nos lo reprocharan las nuevas generaciones.
Seamos, pues, señores diputados, dignos de la responsabilidad de que estamos investidos y hagamos un esfuerzo por salvar a ese don que la naturaleza dio a los pueblos de Jalisco y Michoacán y que ellos aportaron con generosidad, con patriotismo a todo el Pacto Federal. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Con fundamento en el artículo 56, del Reglamento Interior del Congreso, túrnese a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
CÓDIGO FEDERAL ELECTORAL
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Cárdenas González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El C. Jorge Cárdenas González: - Con su venia, señor presidente; estimados señores diputados: Antes de exponer mi iniciativa, quiero felicitar al diputado Jesús González Gortázar, por esa preocupación que siente por su tierra, su patria chica; muchas felicidades.
«Con sumo interés leí en la prensa nacional el día de ayer las declaraciones que hiciera el candidato del partido mayoritario a la Presidencia de la República, al pronosticar en Zacatecas que para los próximos comicios electorales "El abstencionismo será uno de los grandes problemas a vencer, y por igual afectará al PRI como a todo el resto de los partidos políticos."
Por ello y considerando que realmente el abstencionismo es el mayor obstáculo a vencer, me permito a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Autentico de la Revolución Mexicana lo siguiente:
Con fundamento en el derecho que me otorga el artículo 71 constitucional, en su fracción II y el artículo 55, fracción II, del reglamento interior del Congreso de la Unión, vengo ante esta soberanía para proponer una iniciativa de ley, que considero abatirá en su mayor parte el abstencionismo, enemigo común de todos los partidos políticos, y consecuentemente de la democracia en forma sustancial.
Muchas de las irregularidades que se dan el día de la votación, se derivan de la configuración de las urnas para captar las boletas electorales, que en mucho desmerecen las buenas intenciones de unas limpias y claras elecciones.
Aunque el artículo 248, del capítulo segundo del Código Federal Electoral, que trata del material electoral, enuncia que "Para garantizar el secreto del voto, las urnas deben ser de un material que impida la visibilidad de las boletas". Exactamente en sentido contrario es la intención de esta iniciativa que propone la modificación del mencionado artículo 248, que a nuestro juicio deberá quedar como sigue:
"Artículo 248. Para garantizar la limpieza del proceso electoral, las urnas para la captación de los votos deberá ser obligatorio el uso de material totalmente transparente, sean éstas plegables, armables o de una pieza."
Estoy seguro que también el partido mayoritario apoyará esta iniciativa, pues de esta manera puede definitivamente comprobar que lo es con este tipo de urnas pues será mayor la confianza al sufragio y lógicamente la concurrencia de votantes será más. Muchas gracias.
Diciembre 9 de 1987. - Rúbricas.»
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REGLAMENTO DEL CONGRESO
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Nabor Camacho Nava, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El C. Nabor Camacho Nava: - «ciudadano diputado presidente; compañeras y compañeros diputados: La iniciativa de ley, que el día de hoy ponemos a la amable consideración de ustedes, de aprobarse, eliminará parte del texto del artículo 101, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por su obsolescencia, pues, al igual que el artículo 72 del reglamento citado, cuya reforma y adición se propuso el día de ayer, mediante la iniciativa de ley correspondiente, debe actualizarse, toda vez que en la República Mexicana sólo existen entidades federativas formales y el Distrito Federal. Veamos el contenido actual del artículo 101, de nuestro reglamento normativo, en el capítulo de las discusiones.
"Artículo 101. La misma facultad que los individuos de las comisiones y autores de proposiciones, tendrán los diputados que sean únicos por su territorio, en los asuntos en que éstos estén especialmente interesados.
Consideramos conveniente eliminar parte del texto, lo relacionado con los diputados que antaño fueron únicos por su territorio, pero además adicionar de forma tal que se extienda la facultad de intervenir en las discusiones a todos los diputados, no importando que pertenezcan o no a la comisión correspondiente. De no hacerlo así, limitaríamos a quienes por no ser peritos en la materia y no pertenecer a la comisión, quisieran intervenir. A este respecto, podemos asegurar que, con alguna frecuencia, diputados ajenos totalmente a la cosa jurídica proponen soluciones en casos difíciles, guiándose solamente por la lógica más elemental.
"En uso de la facultad que me confiere la fracción II, del artículo 71, de la Constitución General de la República y la fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, contando además con el consenso del resto de los integrantes de la fracción parlamentaria de mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, proponemos a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de ley que elimina parte del texto del artículo 101 de nuestro documento normativo, por obsoleto, adicionando además dicho artículo para hacer legalmente valederos los derechos de todos los ciudadanos diputados, en asuntos de su especial interés, quedando como sigue:
De las discusiones
Artículo 101. La misma facultad que los individuos de comisiones y autores de proposiciones, tendrá el resto de los diputados al momento de debatirse un dictamen, específicamente en asuntos que interesen por su singularidad.
Sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 9 de diciembre de 1987 - . Nabor Camacho Nava, Carlos E. Cantú Rosas, Reyes Fuentes García, Héctor M. Calderón Hermosa, Juan Manuel Lucia Escalera, Gregorio Macías Rodríguez, Jaime Castellanos Franco, Enrique Bermúdez Olvera, Jorge Cárdenas González y María de la Luz Gama Santillán.
El C. Presidente: - Con fundamento en el artículo 56, del Reglamento Interior del Congreso, túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Urrutia Castro del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Manuel Urrutia Castro: - Con su venia, señor presidente; señores diputados: Haré un pequeño preámbulo antes de entrar en materia. Un novelista inglés muy famoso, dijo que el hombre es un cómico arrogante y bravucón que recita un momento su papel en la comedia y luego se marcha y nadie lo vuelve a escuchar. Desde luego yo no estoy de acuerdo con esta apreciación de este famoso novelista, porque pienso que el hombre es el creador de la cultura, de la civilización que observamos en los cinco continentes de nuestro convulso planeta.
Creo que esta cultura y esta civilización a que me refiero no será capaz el hombre, en algún momento de suma irracionalidad, de destruirla. Creo yo que la prudencia, que la razón siempre se antepondrá a la esquizofrenia e inspirado en estas motivaciones y en las experiencias que yo tuviera en mi recorrido por la región de los ríos, en mi campaña política, que afortunadamente me tocó hacer en el 50% del territorio tabasqueño, en los municipios de Emiliano Zapata, de Tenosique, Balancán, joluta, frontera y lo que se llama la Chontal Pachita, Xalpa de Méndez y Nacajuca, repito, por esa experiencia que tuve al entrar en contacto con la masa campesina de aquellas regiones y ponerme en contacto con sus problemas, al mirar aquellas feroces tierras aptas para la agricultura y para la ganadería, es que me he atrevido a solicitar autorización para venir a esta elevada tribuna, la más elevada del país, para
someter a la consideración de esta soberanía, una iniciativa de ley, que juzgo será de gran interés para el porvenir de las generaciones futuras. Dicho lo anterior, procederé a darle lectura a eta iniciativa.
En ejercicio de la facultad constitucional que me otorga la fracción II, del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea, el proyecto de iniciativa de ley para adicionar un segundo párrafo a la fracción XX, del artículo 27, con base en los hechos y argumentos que a continuación expongo.
La conservación del medio ambiente constituye una primordial obligación que debe estar a cargo tanto de las autoridades como de los particulares, así como la conservación y planeada explotación de los recursos no renovables, a la fecha existentes en todo el territorio de la República Mexicana, también debe ser motivo de una adecuada legislación que proteja, no únicamente el recurso no renovable, sino también el equilibrio ecológico para el efecto de que no se causen daños a la fauna, flora, tierras productoras de alimentos, aguas y en general a nuestro acervo selvático.
En muchos estados de la República, existen vastas extensiones de terrenos que se destinan a la agricultura y a la ganadería. y de cuya explotación nos estamos abasteciendo para la alimentación de nuestro pueblo, por lo que procurar su preservación para los fines señalados, es una prioridad fundamental insoslayable.
Sabido es que Petróleos Mexicanos es, sin duda alguna, la principal paraestatal de nuestro país, pues gran parte de los fondos que recauda nuestro Estado para su sostenimiento, provienen de la explotación de los hidrocarburos que generosamente almacena nuestro subsuelo, y que se convierten en productos diversos de usos múltiples para el hombre.
La empresa de referencia, cumpliendo la alta misión para la que fue creada, continúa sus exploraciones, marchando hacia zonas que son aptas para la explotación agrícola y ganadera.
Ahora bien, si es cierto que el petróleo constituye una primerísima fuente de ingresos de divisas, también lo es que la producción de alimentos resulta imprescindible para la subsistencia de nuestro pueblo. Sería quizá paradójico que mediante un incremento de la producción petrolera se obtuviera un ingreso mayor de divisas y que éstas, tal vez en mayor cuantía, emplearan en la importación de alimentos que pudieron ser cosechados en las fértiles tierras de nuestra República y en concreto, en las privilegiadas del sureste. Don Jesús Reyes Heroles, lo enfatizó así: "Sembremos mejor los recursos del petróleo o los destinados a éste, en el campo y en la acuacultura."
En apoyo a la anterior tesis, vemos que en nuestra República existen zonas privilegiadas, con excepcionales recursos materiales, tanto en el suelo como en el subsuelo, que nos obligan a una racional explotación para mantener el equilibrio ecológico, por lo que es necesaria la reforma que proponemos para impedir la afectación de tierras que sean aptas para la agricultura y ganadería, y se protejan los ríos, lagunas y mantos acuíferos que constituyen el hábitat del riquísimas y variadas especies.
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente
«PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA
AL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
Y ADICIONA UN PÁRRAFO
A LA FRACCIÓN XX
El Estado determinará los casos de interés prioritario respecto a la explotación del suelo en la producción alimentaria o del subsuelo, como corresponda, cuidándose siempre que se empleen los sistemas que, propuestos por la autoridad competente, conlleven a la preservación del ambiente y cuando corresponda a la reducción o supresión de su contaminación y a la preservación de los recursos naturales no renovables.
Rúbrica.»
El C. Presidente: - Con fundamento en el artículo 56, del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso, túrnese a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTAMINES A DISCUSIÓN
LEY GENERAL DE SALUD
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Por instrucciones de la presidencia, en
votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Salubridad y Asistencia.
Honorable asamblea: A la Comisión de Salubridad y Asistencia le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa del decreto de reformas a la Ley General de Salud, enviada por el Ejecutivo Federal, la cual fue analizada, dictaminada y aprobada con modificaciones por la colegisladora, quien la remite a esta representación para su estudio, dictamen y aprobación, en su caso.
Dicha iniciativa fue debidamente distribuida entre los diputados integrantes de esta comisión, para que en las sesiones de trabajo emitieran las observaciones que estimaran procedentes, resultando las siguientes consideraciones que a continuación se someten al criterio de esta honorable asamblea.
El proyecto de decreto referido, tiene como propósito complementar y precisar los artículos 234, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252 y 255 de la Ley General de Salud, todos ellos relativos al control sanitario de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
La iniciativa, entre otras precisiones, va encaminada a complementar la lista de estupefacientes contenidos en el artículo 234 del instrumento aludido, puesto que existen otros compuestos que han sido considerados como estupefacientes por disposiciones jurídicas de carácter internacional, como son el alfentanil, la diampromida y la noximorfina, que fueron incorporadas a la lista de estupefacientes por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en el marco de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961.
En el mismo sentido, el artículo 245, incorpora al texto de Ley General de Salud la lista de sustancias psicotrópicas que no estaba incluida, sustituyendo la definición genérica que de estas sustancias aporta el artículo 244, que presenta la posibilidad de que algunas sustancias no se consideren como estupefacientes al no reunir los elementos de tal definición, aun cuando en el concierto científico internacional sí lo sean.
Las modificaciones al artículo 246, obedecen a la inclusión en el artículo precedente de las sustancias psicotrópicas, según el grupo a que corresponden por lo que este precepto busca establecer la facultad de la Secretaría de Salud para determinar cualquier otra sustancia no incluida en el propio artículo 245 y que deben ser consideradas como psicotrópicas debiéndose publicar las listas correspondientes en el Diario Oficial de la Federación.
En el artículo 248, se ajusta su redacción para hacerla coherente con el artículo 245, que se reforma, omitiendo la lista de las sustancias psicotrópicas que ahí se especifican.
En el mismo sentido, el artículo 249, modifica el reenvío que hace al artículo anterior, para referirlo al 245, fracción I.
Los artículos 250, 251, 252 y 255, sufren modificaciones que son necesarias para una mayor comprensión del texto mismo, y para ser acordes con las reformas que han sido expuestas anteriormente.
La modificación efectuada al artículo 234, del proyecto por la colegisladora es adecuada, puesto que la obligación de publicar las listas debe incorporarse en el caso de los estupefacientes.
Esta comisión aceptó la recomendación en el sentido que en casos sucesivos respecto a similares iniciativas, se incluya mayor información sobre las implicaciones médicas del uso del las sustancias bajo control legal.
En virtud de lo anterior y teniendo en consideración el dictamen rendido por las comisiones unidas de Salubridad General, y primera sección de Estudios Legislativos de la honorable Cámara de Senadores, la Comisión de Salubridad de esta Cámara de Diputados, propone a la honorable asamblea la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA
LA LEY GENERAL DE SALUD
Artículo único. Se reforman los artículos 234, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252 y 255 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 234. Para los efectos de esta ley, se consideran estupefacientes:
Acetildihidrocodeína.
Acetilmetadol 6 - (3 - acetoxi - 6 dimetilamino - 4, 4 - difenilheptano.)
Acetorfina (3 - 0 - acetiletetrahidro - 7 & 1 - hidroxi - 1 - etilbutil) - 6, 14 - endoeteno- oripavina) y, 5 acetoxil - 1, 2, 3, 3 & 8 9 hexahidro - 2 & (1 - (R) hidroxi - 1 metilbutil) 3 - metoxi - 12 - metil - 3; 9 &
eteno - 9, 9 - B - iminoetanofenantreno (4&, 5 bed) furano.
Alfacetilmetadol (alfa - 3 - acetoxi - 6 dimetilamino 4,4- dimenilheptamo
Alfameprodina (alfa - 6 - dimetilamino - 4, 4 difenil - 3 - heptanol)
Alfaprodina (alfa - 1, 3 - dimrtil - 4 - fenil - 4 - propionixipiperidina)
Alfetanil (monoclorohidrato de N - [1 - [2 - (4 - etil - 4, 5- dihidro - 5 - oxo - lH- tetrazol - l - i) etil] - 4 - (metoximetil) - 4 - piperidini] - N fenilpropanamida) Alilprodina (3 - alil - l - metil - 4 - fenil - 4 - propionoxipiperidina)
Anileridina (éster etílico del ácido l - para - ami - nofenetil - 4 - fenilpiperidín - 4 - carboxílico)
Becitramida (l - (3 - ciano - 3, 3 - difenilpropil - 4 - (2 oxo - 3 - propionil - 1- bencimidazolinil) - piperidina)
Benciotidina (ester etílico del ácido 1 - (2 benciloxietil) - 4 - tenilpepiriu - 4 - carboxílico)
Bencilmorfina (3 - bencilmorfina)
Batecetilmetadol (beta - 3 - acetoxi - 6 - demetilamino 4,4 - defenilheptano)
Betameprodina (beta - 3 - etil - metil - 4 - propionoxipiperidina)
Betametadol (beta - 6 - dimetilamino - 4, 4 - difenil - 3 - heptanol)
Betaprodina (beta - l), 3, dimetil - 4 - fenil - 4 - propionoxipiperidina)
Buprenorfina
Buitrato de Dioxafetilo (etil 4 - morfolín - 2, 2 - difenilbutirato)
Cannabis sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas.
Cetobemidona (4 - meta - hidroxifenil - 1 - metil - 4 - propionilpiperidina) ó 1 - metil - 4 - metahidroxifenil - 4 - propionilpiperidina)
Clonitaceno (2 - para - clorobencil - 1 - dietilaminoetil - 5 - nitrobencimidazol)
Coca (hojas de). (erythroxilon novogratense)
Cocaína (éster metálico de benzoilecgonina)
Codeína (3 - metilmorfina) y sus sales
Codoxima (dihidrocodeinona - 6 - carboximetiloxima)
Concentrado de Paja de Adormidera (el material que se obtiene cuando la paja de Adormidera ha entrado en un proceso para concentración de sus alcaloides, en el momento en que pasa al comercio)
Desomorfína (dihidrodeoximorfina)
Dextromoramida ( (+) - 4 - [2 - metil - 4 - oxo - 3, 3 - difenil - 4 - (1 - pirroldinil) - butil] - morfolina) ó [+] - 3 - metil - 2,2 - difenil - 4 - morfolinobutirilpirrolidina)
Dextropopoxifeno & - (+) - 4 dimectilaminos - 1, - 2 - difenil - 3 - metil - 2 butanol propionato) y sus sales.
Diampromida (n - [2 - (metilfenetilamino) - propil] - propionanilida)
Dietiltiambuteno (3 - dietilamino - 1,1 - di - (2 - tienil) - 1 - buteno)
Diefenoxilato (éster etílico del ácido 1 - (3 - ciano - 3, 3 - difenilpropil) - 4 - fenilpiperidín - 4 - carboxílico), ó 2, 2 - difenil - 4 - carbetoxi - 4 - fenil) piperidin) butironitril)
Difenoxina (ácido 1-(3 - ciano - 3, 3 - difenilpropil)-4 - fenilisonipecótico)
Dihidrocodeína
Dihidromorfina
Dimefeptanol (6 - dimetilamino - 4, 4 - difenil - 3 - heptanol)
Dimenoxadol (2 - dimetilaminoetil - 1 - etoxi - 1, 1 - difenilacetato), ó 1 - etoxi - 1- difenilacetato de dimetilaminoetilo ó dimetilaminoetil difenil - alfaetoxiacetato
Dimetiltianbuteno (3 - dimetilamino - 1, di-(2 - tienil)-1 - buteno)
Dipipanona (4, 4 - difenil - 6 - piperidin-3 - heptanona)
Drotebanol (3, 4 - dimetoxi - 17 - metilmorfinán - 6B, 14 - diol)
Ecgonina sus ésteres y derivados que sean convertibles en ecgonina y cocaína.
Etilmetiltiambuteno (3 - etilmetilamino - 1, 1 - di-(2. tienil)-1 - buteno)
Etilmorfina (3 - etilmorfina) o dionina.
Etonitaceno (1 - dietilaminoetil - 2 - para - etoxibencil - 5 - nitrobencimidazol)
Etorfina (7,8 - dihidro - 7&1 (R) - hidroxi - 1 - metil - butil 06 - metil - 6 - 14 - hendoetenomorfina, denominada también (tetrahidro - 7& - (1 - hidroxi -1 - metil- butil) - 6,14 endoeteno - oripavina)
Etoxeridina (éster etílico del ácido 1 - [2 - (2 - hidroxietoxi)etil] - 4 - fenilpiperidín - 4 - carboxílico)
Fenadoxona (6 - morfolín - 4, 4 - difenil - 3 - heptanona)
Fenampromida (n - (1 - metil - 2 - piperidinoetil) - propionanilida) o n - [1 - metil - 2 - (1- piperidinil) - e til] - n - fenilpropanamida
Fenazocina (2 - .hidroxi - 5,9 - dimetil - 2 - fenetil - 6,7 - benzomorfán)
Fenmetrazina (3 - metil - 2 - fenilmorfolina 7 - benzomorfán ó 1,2,3,4,5,6 hexahidro - 8 hidroxi 6 - 11 - dimetil - 3 - fenetil - 2, 6 - metano - 3 - benzazocina)
Fenomorfan (3 - hidroxi - n - fenetilmorfinán)
Fenoperidina (éster etílico del ácido 1 - (3 - hidroxi - 3 - fenilpropil) 4 - fenilpiperidín - 4 - carboxílico, ó 1 fenil - 3 (4 - carbetoxi - 4 - fenil - piperidín) - propanol)
Fentanil (1 - fenetil - 4 - n - propionilanilinopiperidina)
Folcodina (morfoliniletilmorfina o beta - 4 - morfoliniletilmorfina)
Furetidina (éster etílico del ácido 1 - (2 - tetrahidrofurfuriloxietil) - 4 - fenilpiperidín - 4 - carboxílico)
Heroína (diacetilmorfina)
Hidrocodona (dihidrocodeinona)
Hidromorfinol (14 - hidroxidihidromorfina)
Hidromorfona (dihidromorfinona)
Hidroxipetidina (éster etílico del ácido 4 - meta - hidroxifenil - 1 metil piperidín - 4 - carboxílico) o éster etílico del ácido 1 - metil - 4 - (3 - hidroxifenil) - piperidín - 4 - carboxílico
Isometadona (6 - dimetilamino - 5 - metil - 4,4 - difenil 3 - hexanona)
Levofenacilmorfan ((-) - 3 - hidroxin - fenacilmorfinán)
Levometorfan ((-) - 3 - metoxi - n - metilmorfinán)
Levomoramida ((-) - 4 - [2 - metil - 4 - oxo - 3,3 - difenil 4 - (1 pirroldinil) - butil] - morfolina), ó (-) - 3~metil - 2, 2 difenil - 4 - morfolinobutirilpirrolidina)
Levarfanol ((-) - 3 - hidroxi - n - metilmorfinán)
Metadona (6 - dimetilamino - 4,4 - difenil) - 3 - heptamona)
Metadona, intermediario de la (4 - ciano - 2 - dimetilamino - 4,4 - defenilbutano) ó 2 - dimetilamino - 4-4 - difenil - 4 - cianobutano)
Metazocina (2 - hidroxi - 2,5,9 - trimetil - 6,7 - benzomorfán ó 1,2,3,4,5,6, hexahidro - 8 - hidroxi - 3,6,11, trimetil - 2,6 - metano - 3 - benzazocina)
Metildihidromorfina (6 - metil - delta - 6 - deoximorfina)
Metilhidromorfina (6 - metildihidromorfina)
Metilfenidato (éster metílico del ácido alfafenil - 2 - piperidín acético)
Metopon (5 - metildihidromorfinona)
Mirofina (miristilbencilmorfina)
Moramida, intermediario del (ácido 2 - metil - 3 - morfolin - 1,1 - difenilpropano carboxílico) o (ácido 1 - difenil - 2 - metil - 3 - morfolín propano carboxílico) Morferidina (éster etílico del ácido 1 - (2 - morfolinoetil) - 4 - fenilpiperidín- 4 carboxílico)
Morfina
Morfina Bromometilato y otros derivados de la morfina con nitrógeno pentavalente, incluyendo en particular los derivados de n - oximorfina, uno de los cuales es la n - oxicodeína.
Nicocodina (6 - nicotinilcodeína o éster 6 - codeínico del ácido - piridín - 3 - carboxílico)
Nicodicodina (6 - nicotinildihidrocodeína o éster nicotínico de dihidrocodeina Nicomorfina (3,6 - dinicotinilmorfina) o di - éster - nicotínico de morfina)
Noracimetadol ((±) - alfa - 3 - acetoxi - 6 - metilamino - 4,4 - difenilheptano)
Norcodeína (n - demetilcodeína)
Norlevorfanol ((-) - 3 - hidroximorfinan)
Normetadona (6 - dimetilamino - 4,4 - difenil - 3 - hexanona) o1,1 difenil - 1 - dimetilaminoetil - butanona - 2 ó 1 - dimetilamino 3, 3 - difenil - hexanona - 4)
Normofina (demetilmorfina o morfina - n demetilada)
Norpipanona (4,4 - dífenil - 6 - piperidín - 3 hexanona)
N - oximorfina
Opio
Oxicodona (14 - hidroxidihidrocodeinona o dihidrohidorxicodeinona)
Oximorfona (14 hidroxidihidromorfinona) o dihidroxidroximorfinona
Paja de Adormidera (papaver sonmíferum, papaver bracteatum, sus pajas y sus semillas)
Petanzocina y sus sales
Petidina (éster etílico del ácido 1 - metil - 4 - fenil - piperidin - 4 carboxílico), o meperidina
Petidina, intermediario A de la (4 - ciano - 1 metil - 4 - fenilpiperidina ó 1 - metil - 4 fenil - 4 - cianopiperidina)
Petidina, intermediario B de la (éster etílico del ácido - 4 fenilpiperidín - 4 - carboxílico o etil 4 - fenil - 4 - piperidín - carboxílico)
Petidina, intermediario C de la (ácido 1 - metil - 4 - fenilpiperidín - 4 - carboxílico)
Piminodina (éster etílico del ácido 4 - fenil - 1 - (3 - fenilaminopropil) - piperidín - 4 - carboxílico
Piritramida (amida de ácido,- (3 - ciano 3,3 - difenilpropil) - 4 - (1 - piperidín) - piperidín - 4 - carboxílico) ó 2,2 - difenil - 4,1 (carbamoil - 4 - piperidín) butironitrilo)
Proheptacina(1,3 - dimetil - 4 - fenil - 4 - propionoxiazacicloheptano o 1,3 - dimefil - 4 - fenil - 4 - propionoxihexametileminina)
Properidina (éster isopropílico del ácido 1 - metil - 4 - fenilpiperidín - 4 - carboxílico)
Propiramo (1 - metil - 2 - piperidino - etil - n - 2 - piridil - propionamida)
Racemetorfan ((+) - 3 - metoxi - N - metilforfinán
Racemoramida ((±) - 4(2 - metil - 4 - oxo - 3,3 - difenil - 4 - (1 - pirrodinidil) - butil) - morfolina) o ( (+) - 3 - metil - 2,2 - difenil - 4 morfolinobutirilpirrolidina)
Racemorfan ( (±) - 3 - hidroxi - n - metilmorfinán)
Sufentanil (n - (4 - (metoximetil) - 1 - (2 - ( 2 - tienil) - etil) - 1 - 4 - piperidil) propiananilida)
Tebacón (acetildihidrocodeinona o acetildemetilodihidrotebaína)
Tebaína
Tilidina ( (±) - etil - trans - 2 - (dimetilamino) - 1 - fenil - 3 - ciclohexenol - carboxilato).
Trimeperidina ( 1, 2, 5 - trimetil - 4 - fenil 4 - propionoxipiperidina), y
Los isómeros de los estupefacientes de la lista anterior, a menos que estén expresamente exceptuados.
Cualquier otro producto derivado o preparado que contenga sustancias señaladas en la lista anterior, sus precursores químicos y, en general, los de naturaleza análoga y cualquier otra sustancia que determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General. Las listas correspondientes se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 244. Para los efectos de esta ley, se consideran sustancias psicotrópicas las señaladas en el artículo 245, de este ordenamiento y aquellas que determine específicamente el Consejo de Salubridad General o la Secretaría de Salud.
Artículo 245. En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las sustancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos.
I. Las que tiene valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga.
II. Las que tiene algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud pública, y que son: Amobarbital, Anfetamina, Ciclobarbital, Dextroanfetamina (dexanfetamina), Fenetilina, Fenciclidina, Heptabarbital, Meclocualona, Metacualona, Metanfetamina, Nalbufina, Pentobarbital, Secobarbital.
III. Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son: benzodiazepinas: Alprazolam, Bromazepam, Brotizolam, Camazepam, Clobazam, Clonazepam, Cloracepato Dipotásico, Cloradiazepóxido, Clotiazepam, Cloxazolam, Delorazepam, Diazepam, Estazolam, Fludiazepam, Flunitrazepam, Flurazepam, Halazepam Haloxazolam, Ketazolam, Loflacepato de Etilo, Loprazolam, Lorazepam, Lormetazepam, Medazepam, Nimetazepam, Nitrazepam, Nordazepam, Oxazepam, Oxazolam, Pinazepam, Prazepam, Quazepam, Temazepam, Tetrazepam, Triazolam.
Otros: Anfepramona (dietilpropion), Carisoprodol, Clobenzorex (clorofemtermina) Etclorvinol, Fendimetrazina, Fenproporex, Fentermina, Glutetimida, Hidrato de Cloral, Ketamina, Mefenorex, Meprobamato, Trihexifenidilo.
IV. Las que tiene amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública, y son:
Gabob (ácido gamma amino beta hidroxibutírico). Alobarbital, Amitriptilina, Aprobarbital, Barbital, Benzofetamina, Benzoquinamina, Buspirona, Butabarbital, Butalbital, Butaperazina, Butetal, Butriptilina, Cafeína, Carbamazepina, Carbidopa, Carbromal, Clorimipramina Clorhidrato, Cloromezanona, Cloropromazina, Clorprotixeno, Deano, Desipramina, Ectilurea, Etinamato, Fenelcina, Fenfluramina, Fenobarbital, Flufenazina, Haloperidol, Hexobarbital, Hidroxicina, Imipramina, Isocarboxazida, Lefetamina, Levodopa, Litio - carbonato, Maprotilina, Mazindol, Mepazina, Metilfenobarbital, Metilparafinol, Metiprilona, Naloxona, Nor - pseudoefedrina (+) Catina, Nortriptilina, Paraldehído, Penfluridol Pentotal sódico, Perfenazina, Pipradrol, Promazina, Propilhexedrina, Sulpiride, Tetrabenazina, Tialbarbital, Tioproperazina, Tioridazina, Tramadol, Trazodone, Trifluoperazina, Valproico (ácido), Vinilbital.
V. Las que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, mismas que se determinarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes.
Artículo 246. La Secretaría de Salud determinará cualquier otra sustancia no incluida en el artículo anterior y que deba ser considerada como psicotrópica para los efectos de esta ley, así como los productos, derivados o preparados que la contengan. Las listas correspondientes se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, precisando el grupo a que corresponde cada una de las sustancias.
Artículo 248. Queda prohibido todo acto de los mencionados en el artículo 247 de esta ley, con relación a las sustancias incluidas en la fracción I del artículo 245.
Artículo 249. Solamente para fines de investigación científica, la Secretaría de Salud podrá autorizar la adquisición de las sustancias psicotrópicas a que se refiere la fracción I, del artículo 245 de esta ley, para ser entregadas bajo control a organismos o instituciones que hayan presentado protocolo de investigación autorizado por aquella dependencia, lo que a su vez comunicarán a la citada secretaría el resultado de las investigaciones efectuadas y cómo se utilizaron.
Artículo 250. Las sustancias psicotrópicas incluidas en la fracción II del artículo 245 de esta ley, así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en las listas que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, quedarán sujetas en lo conducente, a las disposiciones del capítulo V de este título.
Artículo 251. Las sustancias psicotrópicas incluidas en la fracción III, del artículo 245 de esta ley, así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, requerirán para su venta o suministro al público, receta médica que contenga el número de la cédula profesional del médico que la expida, la que deberá surtirse por una sola vez y retenerse en la farmacia que la surta, de acuerdo a las disposiciones de la Secretaría de Salud.
Artículo 252. Las sustancias psicotrópicas incluidas en la fracción IV del artículo 245 de esta ley, así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, requerirán, para su venta o suministro al público, receta médica que contenga el número de la cédula profesional del médico que la expida, la que podrá surtirse hasta por tres veces, con una vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha de su expedición y no requerirá ser retenida en la farmacia que la surta.
Artículo 255. Los medicamentos que tengan incorporadas sustancias psicotrópicas que puedan causar dependencia y que no se encuentren comprendidas en el artículo 245 de esta ley, en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, serán considerados como tales y por lo tanto quedarán igualmente sujetos a lo dispuesto en los artículos 251 y 252, según lo determine la propia secretaría.
TRANSITORIOS
Primero. Las reformas a que se refiere este decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, D.F., a 7 de diciembre de 1987.- Comisión de Salud: Héctor Aguirre Barragán, Juan Alcocer Bernal, Guillermo Altamirano Conde, Carlos Barrera
Auld, José Berber Sánchez, Rosalba Buenrostro López, Mario Bustillo Villalobos, José Ascención Bustos Velasco, Irene Caballero González, Efraín de Jesús Calvo Zarco, Nabor Camacho Nava, Mario Rodolfo Campos Bravo, Daniel Castaño de la Fuente, José Ángel Conchello Dávila, Máximo de León Garza, María de la Luz Gama Santillán, Hildebrando Gaytán Márquez, Federico Granja Ricalde, José Herrera Arango, Armando Lazcano Montoya, Rafael de Jesús Lozano Contreras, Darío Maldonado Casiano, Jaime Martínez Jasso, Gloria Mendiola Ochoa, Manuel Monarres Valenzuela, Samuel Orozco González, Manuel Germán Parra Prado, Adrián Evodio Prado Gómez, Antonio Punzo Gaona, Sergio Roa Fernández, Pedro Sánchez Arrieta, María Esther de Jesús Sherman Leaño, María Luisa Solís Payán, José Ramón García Soto, Cecilia Romero Castillo, José Camilo Valenzuela y Humberto Cervantes Vega.»
Trámite:- Segunda lectura.
El C. Presidente:- En consecuencia, está a discusión en lo general.
Se han acercado a esta presidencia tres compañeros diputados para fundamentar su voto en pro de este dictamen: el diputado Carlos Barrera Auld, del Partido Demócrata Mexicano el diputado José Ángel Aguirre Romero, del Partido Popular Socialista, y el diputado Efraín Calvo Zarco, del partido Revolucionario de los Trabajadores.
Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Barrera Auld.
El C. Carlos Barrera Auld:- Con su permiso, señor presidente; honorable asamblea: Me permito hacer unos comentarios con el dictamen, en el articulado de la Ley General de Salud. En efecto, y tal como lo establece el dictamen, es útil y conveniente para la sociedad, que la ley se actualice; con los cambios sufridos en la técnica y en la sociedad y que en nuestra legislación se reflejen los tratados internacionales con los cuales nos comprometimos tal como lo dispone el artículo 133 constitucional.
Igualmente consideramos un acierto que se enlisten en los artículo 234 y 245 las sustancias que se consideran como estupefacientes y psicotrópicos en lugar de la definición genérica que se encuentra en el artículo 244 vigente.
En la fabricación, comercialización y uso de esas sustancias se restringe la libertad individual de una manera justificada, por los efectos que el uso de esas sustancias acarrean a la salud individual, a la salud colectiva, con influencias negativas en otros campos del bien común.
Las limitaciones a la libertad, al tenor de lo expresado por los artículos 14 y 16 constitucionales, sólo pueden prevenir éstas expresamente establecidas en una ley, no en una resolución administrativa por sublime que sea. En ese sentido, los artículos 244 y 246 del proyecto de decreto están en contra de esos preceptos constitucionales y del espíritu positivo de las reformas, al incluir expresamente el enlistado de tales medicamentos y sustancias.
Lo expresado anteriormente son las consideraciones jurídicas por las cuales daremos nuestro voto en pro; sin embargo, alrededor de este tema, no podemos dejar de hacer las siguientes consideraciones: está muy bien que se enlisten antiguas y nuevas sustancias que constituyen estupefacientes dañinos para la salud. En el enlistado encontramos las ya famosa mariguana, cocaína, morfina y heroína, que a pesar de estar prohibidas desde hace mucho tiempo, son objeto de un comercio masivo e intensivo, que lo conocemos con el nombre de narcotráfico, que en algunas ciudades como Culiacán, Sinaloa, ha trastornado la vida urbana normal y llenado de pánico a la mayoría de los habitantes ajenos a dicho tráfico.
Insistimos en el Partido Demócrata Mexicano, que este tráfico debe combatirse con mayor encono y desearíamos en la mayor medida posible, que se extinga.
Es importante que observemos que la drogadicción ha aumentado en forma alarmante en nuestra juventud, con ritmos parecidos al aumento de las tasas inflacionarias.
Por todas estas apreciaciones, nuestro voto afirmativo para este dictamen, va junto con la exigencia a las autoridades federales, y en un tanto a las locales y municipales, para que combatan con efectividad y acierto esta plaga que carcome a nuestro pueblo y pone en peligro nuestro futuro.
En cuanto a los psicotrópicos, ellos también son y deben ser parte de un comentario social y político. De alguna manera su descubrimiento e invención es una de las maravillas tecnológicas de nuestro siglo, y esto por los graves daños y padecimientos siquiátricos y neurológicos que han logrado curar. Junto a este acto positivo se encuentra en contraparte lo negativo de su abuso y de la automeditación; ello constituye un fenómeno social que no podemos dejar desapercibido en que la angustia y la depresión han hecho presas amplias capas de nuestra población que buscan una solución en esas drogas maravillosas, que con el descontrol se vuelven asesinas.
Fuera de las causas benéficas y fisiológicas, se pueden encontrar las causas meramente sicológicas producidas por un ambiente hostil y por una sociedad desorganizada, desequilibrada e injusta. Esa sociedad se ha forjado en las instituciones vigentes y en los hombres que las manejan y que los integrantes del Partido Demócrata Mexicano tratamos de cambiar de acuerdo con la racionalidad y la justicia para el desarrollo económico, social y educativo.
Junto a estas consideraciones y con ellas va nuestro voto aprobatorio para el presente dictamen. Por su atención, gracias.
El C. Presidente:- Muchas gracias. En virtud de que los compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores y del Partido Revolucionario de los Trabajadores, han declinado hacer uso de la palabra, consulte la secretaría, para los efectos del artículo 134, si se va a reservar por algún diputado algún artículo del dictamen para discutirlo en lo particular.
El C. secretario Antonio Sandoval González:- Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para ser discutido en lo particular.
El C. Presidente:- 244 y 246, en contra. En pro, la comisión. Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
El C. secretario Antonio Sandoval González:- Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor, haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento interior.
(Votación.)
Señor presidente, se emitieron 287 votos en pro.
El C. Presidente:- Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 287 votos.
Esta presidencia informa que han sido reservados para su discusión los artículos 244 y 246 y también nos permitimos informar que se han registrado para hablar en contra de los artículos 244 y 246 el diputado Juan de Dios Colli Mas, del Partido Demócrata Mexicano; y para hablar en pro de los mismos artículos, los diputados Darío Maldonado Casiano y José Berber Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.
Yo quisiera desde luego someter a consideración del compañero diputado Juan de Dios Colli Mas y después de la asamblea, si en un solo acto pudiera tratar los dos artículos, el 244 y el 246, para agilizar el debate. ¿Lo acepta?
El C. diputado Juan de Dios Colli Mas:- Sí, señor.
El C. Presidente:- Correcto. Aceptado. Entonces, consulte la secretaría si nos autoriza a que el diputado Colli Mas, trate en una sola vez los artículos 244 y 246.
El C. secretario Antonio Sandoval González:- Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si se permite que se traten en un solo acto los dos artículos impugnados, el 244 y 246. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptado, señor presidente.
El C. Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Juan de Dios Colli Mas, del Partido Demócrata Mexicano.
El C. Juan de Dios Colli Mas:- Con su permiso, señor presidente; honorable asamblea: La solicitud que venimos a hacer es muy sencilla; venimos a solicitar con respecto al artículo 244 del decreto que quede como sigue:
"Artículo 244. Para los efectos de esta ley, se consideran sustancias psicotrópicas las señaladas en el artículo 245 de este ordenamiento". Por lo tanto, se solicita en este numeral se suprima la redacción que dice: "Y aquellas que determine específicamente el consejo de salubridad general o la Secretaría de Salud".
Igualmente se propone que se supriman en su totalidad el artículo 246 del proyecto de decreto y se corra la respectiva numeración.
Baso esta postura en las siguientes consideraciones: el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, establece que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Asimismo, en el artículo 16 de nuestra Constitución, en su primera oración, se establece que nadie podrá ser molestado en su persona, su familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Estos dos preceptos deben ser ampliamente conocidos por ustedes, pues aun cuando no sean abogados, se dan a conocer en los cursos de civismo de la primaria y de la secundaria.
En general, nuestra Constitución establece un sistema de libertades, limitados tan sólo por sus propios defectos o por las leyes que de ella deriven.
El 14 y 16 constitucionales, confirman de manera expresa ese principio, el prohibir o regular la producción, la venta o la compra y el uso de los estupefacientes y de los psicotrópicos, implica que se limite la libertad de las personas; eso no se puede discutir, es notorio.
Está bien que se regule y se limite el uso de esas sustancias, estamos totalmente de acuerdo, y así lo manifestó mi compañero el diputado Barrera Auld, al razonar su voto aprobatorio en lo general.
Pero esas limitaciones deben estar establecida en la ley, y únicamente en la ley. Cuando en el artículo 244 en la redacción que solicitamos que se elimine y que dice, que además de la sustancias señaladas en el artículo 245, serán aquellas que determine el consejo nacional del salubridad y la Secretaría de Salud y cuando en el artículo 246 se faculta a la Secretaría de Salud para determinar otras sustancias, no incluidas en el artículo 245 para considerarla como psicotrópicas, no será la ley que limite la libertad de los gobernadores sino una disposición administrativa por acertada que sea y por útil que sea.
No hay ninguna razón para establecer esta discrecionalidad anticonstitucional. Es verdad que se pueden descubrir o elaborar nuevos estupefacientes o nuevos psicotrópicos, y que de los ya existentes hayan quedado algunos desapercibidos.
El camino es que se promueva la correspondiente reforma legislativa, que si es razonable, será aceptada por el Congreso de la Unión. Ello se hace más evidente si se considera que la próxima legislatura, según las reformas constitucionales que aprobamos, se reunirá en forma ordinaria en dos periodos durante el año.
El lapso de descubrimiento de elaboración y puesta al mercado de un nuevo estupefaciente o psicotrópico, es mucho mayor que la vacante legislativa que existirá.
Si ustedes aprueban esta modificación, será señal de que tienen respeto por la Constitución y confían en las leyes y no sólo en el Ejecutivo. Espero que así sea. Muchas gracias.
El C. Presidente:- Tiene el uso de la palabra, en pro, el ciudadano diputado José Berber Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. José Berber Sánchez:- Señor presidente; señoras y señores diputados: Los señores diputados del Partido Demócrata Mexicano que me han antecedido en el uso de la palabra, han hecho algunas precisiones, con las que la fracción parlamentaria de mi partido y el resto de las fracciones parlamentarias aquí presentes, mereciera su voto anticipado, favorable, no estimamos conveniente.
El artículo 244, en forma muy sencillamente expuesta, suprime solamente una definición genérica de psicotrópicos, porque en la definición anterior estaban incluidos, englobados, otros medicamentos que se apartan totalmente de la naturaleza ortodoxa, clásica, de los psicotrópicos. Estaban incluidos ahí, inclusive, analgésicos y otros medicamentos que no tienen las consecuencias ni médicas, ni sociales de los psicotrópicos.
Por eso es que se ha suprimido esa definición y en vez de ella se señalan cinco grupos perfectamente definidos para que el médico pueda perfectamente saber qué es lo que prescribe, en qué situación y en qué cantidad.
El 246, donde se subraya la facultad de la Secretaría de Salubridad y asistencia, de incluir otra sustancia y esto es mucho muy importante y tiene una finalidad práctica, merced a que están apareciendo continuamente nuevas substancias que pueden tener estos efectos nocivos.
A título exclusivamente de recordatorio puedo decirles que la farmacodependencia se sitúa exactamente en el mismo contexto de la teoría general de la enfermedad, hay un agente casual, hay un huésped y hay un medio, en el caso de la lucha contra la farmacodependencia, en este caso especial se están situando los elementos en función del primer eslabón, que es el agente, que es la disponibilidad de sustancias con efectos psicotrópicos y también estupefacientes.
Cabe decir que aquí que todos los estupefacientes son psicotrópicos, pero no todos los psicotrópicos son estupefacientes. En función de esto y dada la gran trascendencia que tiene también como un padecimiento que se ajusta a la teoría general de la enfermedad, puesto que la farmacodependencia es
una enfermedad, vista desde el punto de vista epidemiológico y el farmacodependiente es un enfermo, tenemos nosotros que prever una serie de circunstancias que están justamente aquí atendidas en el artículo de esta iniciativa de ley.
No podemos esperar a que se presenten problemas de brote epidémico, porque se da esto también en forma epidémica, se comportan también en forma epidémica las farmacodependencias, no hay lugar, no hay tiempo para poder hacer una nueva promoción, incluir mediante una sesión como éstas, tres o cuatro sustancias que por otra parte han sido publicadas merced a un convenio con la Organización Mundial de la Salud, para que sean inmediatamente boletinadas e incluidas como estupefacientes o como psicotrópicos.
Esa es la finalidad, queremos nosotros, es altamente noble, de poder limitar el daño en caso de que sean prescritas algunas de estas sustancias que tengan efectos psicotrópicos o que tengan otra naturaleza de efectos; concretamente de un estupefaciente.
Creo que la pequeña diferencia que tenemos con el Partido Demócrata Mexicano, espero yo, queda totalmente de alguna manera explicada, por lo que he dicho.
Sería para la lucha contra la farmacodependencia en México, un obstáculo el tener que ajustarnos a un trámite legal, a una promoción en forma para incluir tres o cuatro medicamentos que van de alguna manera a exponer a la población susceptible. Muchas gracias.
El C. Presidente:- Tiene la palabra el diputado Calderón Tinoco.
El C. Roberto Calderón Tinoco:- Con su permiso, señor presidente: Sobre la propuesta que hizo mi compañero el diputado Juan de Dios Colli, y la respuesta que a su vez da el diputado doctor Berber Sánchez, nos da la impresión de que no se entendió la cuestión como la planteamos.
Nosotros insistimos en que la lista de estupefacientes y psicotrópicos estén, es lo que objetamos, estén en una lista de la ley y por disposición administrativa. Si hay epidemias, que es a lo que nos estamos nosotros refiriendo ahí, es en el sentido de que los nuevos estupefacientes y los psicotrópicos, es el problema de la excesiva discrecionalidad del Ejecutivo lo que se cuestionó en este sentido.
La legalidad, consideramos nosotros, nunca es aquí, en este sentido, el aspecto que se esté cuestionando por parte de nosotros.
A mí me gustaría, compañeros diputados, que se autorizara a la presidencia y lo pido al ciudadano presidente, se autorizara a la secretaría para que se lea concretamente la propuesta que estamos haciendo por parte de la fracción del Partido Demócrata Mexicano respecto a esos dos artículos que separamos, y que se clarifique esta cuestión por si hay alguna argumentación valedera, pues nosotros también tomarla en cuenta, en tanto sostenemos el contenido de nuestra protesta. Muchas gracias.
El C. Presidente:- Proceda la secretaría a obsequiar el pedimento del diputado Calderón Tinoco, para que se lean las dos proposiciones hechas por el diputado Colli Mas, consistentes en las modificaciones al 244 y la supresión del 246, que no fue aceptada por la comisión. De esta manera podrá orientarse la asamblea y votar en consecuencia.
El C. secretario Antonio Sandoval González:
"Artículo 244. Para los efectos de esta ley, se considera sustancias psicotrópicas las señaladas en el artículo 245 de este ordenamiento, por lo que se solicita que en este numeral se suprima la redacción que dice: Y aquellas que se determine específicamente en el consejo de salubridad general o la Secretaría de Salud".
El C. Presidente:- Es el 244. Haga la siguiente proposición relacionada con el 246.
El C. secretario Antonio Sandoval González:- "Cuando en el artículo 244, en la redacción que solicitamos que se elimine y que dice que: además de las sustancias señaladas en el artículo 245, sean aquellas que determinen el consejo nacional de salubridad de la Secretaría de Salud, y cuando en el artículo 246 se faculta a la Secretaría de Salud para determinar otras sustancias no incluidas en el artículo 245, para considerarlas como psicotrópicas. No será la ley la que limite la libertad de los gobernados".
El C. Presidente:- Correcto, se pregunta a la comisión... ¿Insiste en su postura? Diputado Darío Maldonado Casiano, tenga la bondad de pasar a la tribuna por parte de la comisión.
El C. Darío Maldonado Casiano:- Con su permiso, señor presidente; señoras y señores diputados: Legislar es la facultad máxima a que puede aspirar un servidor público, pero legislar en el área de la salud sobre la que nadie puede dañar, hace que esta legislatura a través de la Comisión de Salud, haya conocido, analizado, estudiado, que la iniciativa que en comisión fue aprobada por
todos y cada uno de los que integramos a esta comisión y que estaban desde luego todas las fracciones parlamentarias.
Por ello, las modificaciones que se hicieron, son para mejorar la ley y poner los cinco grupos, pero tomando en cuenta que es la Secretaría de Salud y el consejo general de salubridad quien tiene la facultad y prolongar la vida pero siempre aspirando a que sea en las mejores condiciones.
Por ello, yo pido a los señores legisladores, que cuando lleguemos al momento culminante de esta discusión, votemos aprobando, como ya ha aprobado con anterioridad la Comisión de Salud, aprobó y firmó razonadamente, es la voluntad de ustedes quien decidirá si se aprueba esta iniciativa que modifica a la ley para el bien de la salud de México, en base a los acuerdos que nuestro país ha tenido con la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias.
El C. Presidente:- Proceda la secretaría a consultar a la asamblea si acepta la primera proposición del compañero Juan de Dios Colli Mas, respecto al artículo 244.
El C. secretario Antonio Sandoval González:- Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta al artículo 244 y no aprobada por la comisión.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Negada, señor presidente.
El C. Presidente:- Consulte a la asamblea si el artículo 244 se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Antonio Sandoval González:- En votación económica, se pregunta si está suficientemente discutido el artículo 244.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El C. Presidente:- Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Consulte la secretaría a la asamblea si acepta la proposición presentada por el compañero Juan de Dios Colli Mas, del Partido Demócrata Mexicano, respecto al artículo 246 y no aceptada por la comisión.
El C. secretario Antonio Sandoval González:- En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 246, presentada por el Partido Demócrata Mexicano.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor presidente.
El C. Presidente:- Consulte la secretaría si el artículo 246 se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Antonio Sandoval González:- En votación económica, se pregunta si está suficientemente discutido el artículo 246.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El C. Presidente:- Por consiguiente, proceda la secretaría a recoger la votación nominal de estos artículos.
El C. secretario Antonio Sandoval González:- Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículo 244 y 246 en un solo acto en sus términos. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor presidente, se emitieron por los artículos 244 y 246 en sus términos, 225 votos en pro, 10 votos en contra y una abstención.
El C. Presidente:- Aprobados los artículos 244 y 246 en sus términos, por 225 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma la Ley General de Salud.
El C. secretario Antonio Sandoval González:- Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
NO RECESO
El C. Presidente:- Compañeras y compañeros diputados: no he querido interrumpir este debate hasta que no llegásemos a finalizarlo, habiéndonos
extralimitado en 35 minutos del acuerdo parlamentario. Como hemos visto que evitando este receso, aceleramos y agilizamos nuestro trabajo y nos concentramos más en el debate, quiero que la secretaría consulte si nos autoriza a seguir con los asuntos en cartera hasta que éstos estén totalmente terminados.
Consulte la secretaría.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si autoriza continuar la sesión hasta agotar los asuntos en cartera.
Los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.
(Votación.)
Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo... Autorizado, señor presidente.
LEY GENERAL DE EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN
AL AMBIENTE.
El C. Presidente: Por consiguiente el siguiente punto de orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de ley general de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Como este dictamen ya ha sido impreso y distribuido entre nuestros compañeros diputados, consulte la secretaría a la asamblea, si se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor presidente, y es de segunda lectura.
"Honorable Asamblea: A la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la LIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, fue turnada para su análisis y dictamen la iniciativa de Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que el Ejecutivo Federal, en uso de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentara a esta representación nacional el pasado 4 de noviembre del año en curso.
El presente dictamen toma en consideración que la iniciativa que nos ocupa es reglamentaria de las disposiciones constitucionales que se refieren al equilibrio ecológico y la protección al ambiente, por lo que adicionalmente se ha prestado la atención debida a la exposición de motivos que fundamentó la iniciativa de reforma a los artículos 27 y 73, fracción XXIX - G de la Constitución General de la República. Asimismo, se analizó lo expuesto por el Secretario del Ramo ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, durante su comparecencia para explicar los alcances y contenidos de la iniciativa de Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La comisión consideró igualmente las opiniones y propuestas de todas las fracciones parlamentarias que integran esta representación nacional, y después de discutir sus contenidos a satisfacción de sus integrantes, formuló el presente dictamen, conforme a las siguientes:
CONSIDERACIONES
1. Existe un amplio consenso social sobre la necesidad de un nuevo marco jurídico en la materia ambiental que atienda las causas de los desequilibrios ecológicos y no sólo sus efectos, que permita la intervención de los tres niveles de gobierno en la creación y ejecución de la política ecológica, que corresponsabilice la sociedad dándole más activa participación y que contribuya a la formación de un mexicano más consciente de su deber de aprovechar racionalmente los recursos, preservar el equilibrio ecológico y mejorar el medio ambiente.
A juicio de los integrantes de la comisión, la reforma profunda del marco jurídico vigente en la materia no sólo resultaba indispensable, sino urgente, en virtud de las dimensiones que ha alcanzado el problema ecológico en el país y los requerimientos de nuevas fórmulas jurídicas que permitan institucionalizar la acción ecológica permanente del Estado y la sociedad.
Las recientes reformas a los artículos 27 y 73 constitucionales, sentaron las bases para formular un ordenamiento moderno que, a partir de un esquema de coordinación entre todas las dependencias y entidades de la administración pública federal y la concurrencia entre Federación, estados y municipios, permita hacer frente en forma integral y con la más amplia participación de la sociedad a los profundos desequilibrios ecológicos del país.
2. La concepción del nuevo ordenamiento se fundamenta en el reconocimiento de que la protección ecológica sólo puede ser eficaz si parte de la relación entre ecología y desarrollo. Desde el punto de vista de los integrantes de la comisión, la limitación más profunda de la actual Ley Federal de Protección al Ambiente radica en que está destinada esencialmente a combatir los efectos de la contaminación, suponiendo que dichos fenómenos se deriven exclusivamente de actos individuales y no de la orientación del desarrollo nacional.
3. En diversas ocasiones, los que suscriben y los partidos políticos en que limitan, han postulado que la gestión ecológica debe ser democrática y concurrente, reconociendo los espacios que corresponden a una sociedad cada vez más organizada y participativa, y en particular, de los grupos sociales mayoritarios del país, que son quienes más sufren el impacto de los problemas ambientales.
Nos parece acertada la insistencia de la iniciativa en esta premisa política y consideramos que, con las modificaciones que se proponen, se profundizará el sentido participativo que la caracteriza.
De amplia trascendencia son también las disposiciones que se refieren a la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la materia; este propósito descentralizador es positivo y se constituye en uno de los elementos esenciales por el que pensamos que la aprobación de la iniciativa podría traer consigo un incremento importante de las acciones ecológicas en toda la República. Por encima de diferencias específicas, la comisión ha querido hacer énfasis en este contenido descentralizador de la iniciativa, que pone fin a la creciente concentración de facultades en dependencias de la administración pública federal, quizá útil durante la primera etapa, pero que hoy en día limita las acciones de otros niveles de gobierno, vinculados en forma directa y cotidiana con los problemas ecológicos que se generan en sus respectivas circunscripciones territoriales, y por ello, en condiciones de hacerles frente en forma rápida y eficaz, respondiendo así a las legítimas demandas de las comunidades y grupos sociales locales.
La descentralización de la vida nacional y el fortalecimiento del federalismo, han sido exigencia de la sociedad y objetivo fundamental de la estrategia política seguida por el gobierno del presidente De la Madrid; a ello se debe el marcado acento de la iniciativa que se dictamina, en revertir la concentración de facultades y hacer concurrir a estados y municipios en su ejercicio.
La descentralización implica un propósito y anhelo democratizador del poder y la riqueza; procura el desenvolvimiento creativo, autónomo y equitativo de todas las regiones del país; convoca a la participación individual y colectiva; y exige una coordinación respetuosa de la iniciativa de los estados y de su capacidad de acción, reconociendo que la cercanía hace que muchas tareas las puedan realizar mejor los municipios y los estados que la Federación.
La comisión considera que para lograr una descentralización profunda e irreversible en esta materia, sobre todo en un estado de derecho como el nuestro, debe establecerse en la ley.
por tal motivo, se juzga positiva la concurrencia de los tres niveles de gobierno. Se considera que la aprobación de esta iniciativa promovería una descentralización cuidadosa, ordenada y sostenida, como fórmula para difundir la economía, la política, la vida social, el conocimiento científico y técnico, y para vigorizar el federalismo, previniendo que este fortalecimiento de los estados no sea en detrimento de los municipios, sino que la nación en su conjunto colabore en la obtención de cambios cuantitativos y cualitativos que beneficien a la sociedad entera.
A juicio de la comisión, el establecimiento de facultades reservadas a estados y municipios no agota el propósito descentralizador. Estas facultades implican todo un proceso que debe proveer la obtención de recursos humanos, financieros y técnicos para los estados y municipios, de suerte que se promueva el desarrollo de la investigación científica y tecnológica local y la creación de cuadros técnicos especializados en los problemas de la región, se concierten acciones que articulen la inversión de recursos aportados por los particulares, y participen los criterios estatales y municipales en la elaboración y ejecución de los planes y programas regionales de la política ecológica y el desarrollo económico e industrial.
Resulta incuestionable, como se establece en la exposición de motivos, que en las últimas décadas, para responder a las nuevas necesidades sociales y al crecimiento poblacional, se hizo énfasis en la diversificación de la economía, pero no se atendió, en forma suficiente, la conservación de los recursos naturales y la protección al ambiente.
En la actualidad no debemos descuidar las relaciones existentes entre equilibrio ecológico, ambiente y desarrollo; para ello requerimos de actuar en forma simultánea y paralela en tres direcciones; mirando al pasado, a efecto de recuperar y restablecer las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales; en el presente, mediante la utilización de los elementos
naturales en forma que resulte eficiente, socialmente útil y procure su preservación y la del ambiente; y mirando al futuro, con medidas de prevención y protección, que al asumirlas hoy, aseguren para las generaciones venideras, el mantenimiento e incremento de nuestros recursos y el mejoramiento ambiental.
4. La iniciativa puede ser un paso de la mayor importancia para profundizar lo que Estado y sociedad han logrado hacer en los últimos años en la materia. La obligatoriedad de sus disposiciones para todas las dependencias públicas fortalecerá una acción coherente del gobierno; la concertación de acciones y recursos y la sujeción de autorizaciones, permisos e incluso financiamientos del gobierno federal a las disposiciones de protección ecológica, la corresponsabilidad efectiva de la sociedad.
En las acciones que se han comprendido para revertir desequilibrios y atemperar sus efectos, ha quedado claro que ésta es la vía que permitirá tener éxito en esta tarea nacional. Hemos llegado a una situación, como lo señala la exposición de motivos en la que con frecuencia la mejor solución ecológica es también la mejor solución económica; es decir, que resulta más conveniente intercambiar y tratar aguas residuales, que continuar transportando agua de una cuenca a otra.
Es el parecer de la comisión, que ha llegado el momento de incorporar lo que en la práctica va dando resultado, para generalizarlo, aclarar los compromisos y obligaciones permanentes del Estado y marcar los límites ecológicos de las actividades de los particulares.
5. La conciencia ecológica de todos los mexicanos, constituye para esta comisión una de las prioridades centrales de una política ecológica preocupada por el ahora pero comprendida con el futuro. Una política permanente y efectiva no puede tener lugar sin conciencia del problema y del qué hacer para prevenirlo y controlarlo.
El cambio en nuestro modelo de consumo y derroche de recursos depende de la vinculación entre ecología y desarrollo pero requiere de una nueva conciencia social que movilice para evitar, proponer, hacer y exigir lo necesario para cuidar de nuestro ambiente, y en consecuencia, de la calidad de la vida de los mexicanos; por ello, se han profundizado los contenidos educativos y de comunicación de la iniciativa y se ha considerado conveniente hacerlos permanentes en sus disposiciones.
6. Por último, en virtud de que existen numerosas disposiciones que habrán de ser sujetas a reglamentación, se considera que la aplicación de las disposiciones de la iniciativa depende de la rápida formulación de dichos ordenamientos y de la participación de los diversos grupos, sectores y corrientes de opinión en su elaboración.
Con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente
DICTAMEN
I. Fundamentación constitucional
El pasado mes de abril, se sometió a la consideración del Constituyente Permanente la iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar el tercer párrafo del artículo 27 y adicionar una fracción XXIX - G al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichas reformas han sido aprobadas por el Constituyente Permanente y fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987.
Estas reformas constitucionales establecen lo siguiente:
En el párrafo tercero del artículo 27:
Artículo 27..................................................................
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de la vida de la población rural y urbana.
En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamiento humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer en los términos de la ley reglamentaria la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola en explotación; para la creación de nuevos centros de población agrícola con tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la
propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los núcleos de población que carezcan de tierras y de aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación.
Y en el artículo 73, fracción XXIX - G:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I. a XXIX - F...................................................................
XXIX - G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Anteriormente, en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983 apareció la reforma al artículo 115 constitucional, en cuya fracción V, quedó establecido que los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para formular y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo; otorgar licencias para construcciones y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, para lo cual y de conformidad con el párrafo tercero del artículo 27 constitucional, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas correspondientes.
Con estos antecedentes y fundamentos, la comisión considera que la iniciativa que nos ocupa reglamenta correctamente los preceptos constitucionales referidos a los asuntos ecológicos y del medio ambiente.
II. De la denominación de la iniciativa
La iniciativa para los efectos de señalar su ámbito espacial de vigencia, se ha denominado ley general, es decir, aplicable no sólo en el ámbito federal sino en los ámbitos estatal y municipal. Establece en consecuencia, las esferas de competencia de la Federación y aquéllas que corresponden a estados y municipios; por ello, se considera acertado que de conformidad con lo establecido en la fracción XXIX - G del artículo 73 constitucional, la iniciativa tenga la naturaleza de ley general, y no de ley federal ordinaria.
Por lo que refiere a la denominación de "equilibrio ecológico y protección al ambiente", se considera que es correcta por cuanto permite incorporar en este cuerpo legal disposiciones acerca de la preservación y restauración de los elementos naturales, así como la prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo, regulando así fenómenos que constituyen en su conjunto el punto central de la problemática ecológica, por lo que a juicio de esta comisión se da lugar, de esta manera, a un nuevo sistema jurídico de protección ecológica que supera las limitaciones que presenta el marco jurídico vigente en la materia.
III. Del Título Primero
Este título se integra por cinco capítulos. El primero, destinado a las normas preliminares, en las que se definen el objeto del ordenamiento y los conceptos fundamentales que en él se utilizan; el segundo, establece el sistema de concurrencia entre los tres niveles de gobierno para alcanzar los fines propuestos en la iniciativa; el tercero, precisa las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y las bases para la coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de la administración pública federal en la materia ; el cuarto, señala los principios de política ecológica; y el quinto los necesarios instrumentos para su cabal ejecución.
El artículo 1o., establece el carácter reglamentario de la iniciativa respecto a las disposiciones constitucionales en la materia, especialmente de las enmarcadas en la reciente reforma de los artículos 27 y 73 de la Carta Magna.
Cabe señalar que en este artículo, se establece la naturaleza jurídica de la iniciativa, es decir, la de una ley marco. Es el parecer de esta comisión, que el último párrafo del artículo 1o., asegura un sistema jurídico de protección ecológica de carácter integral, en el que las disposiciones de la iniciativa ocupan el espacio central.
Aquellas disposiciones especiales relacionadas con la materia contenidas en otras leyes coexisten y se complementan con aquéllas establecidas en el proyecto, en virtud de que se propone la abrogación de la Ley Federal de Protección al Ambiente, que se refiere a los fenómenos derivados de la contaminación; de que se regulan numerosas materias no consideradas en otras leyes, como sería el caso del capítulo de las áreas naturales protegidas, o del respectivo de materias y residuos peligrosos; y de que se desarrollan para efectos ecológicos, varias disposiciones que están contenidas en otras leyes que regulan objetos diversos, aunque relacionadas al de la iniciativa que nos ocupa.
El artículo 2o., establece las causas de utilidad pública, que son fundamentales para el cumplimiento
de los fines de interés general que motivan a la iniciativa.
En el artículo 3o., se definen un conjunto de términos, muchos de ellos de origen científico, que es indispensable precisar para efectos de aplicación de la iniciativa. En tanto que dichos términos no tienen un carácter unívoco, o bien, tienen una acepción única pero con diversas interpretaciones, resulta conveniente que se definan en el cuerpo mismo de la iniciativa.
De conformidad con este criterio, la comisión ha estimado procedente la propuesta del Partido Mexicano Socialista, para incorporar al artículo 3o., dos conceptos relevantes que mencionados en la iniciativa, requieren de expresa definición; el primero de ellos, región ecológica, para quedar como fracción XXV, debiendo recorrerse la numeración de las actuales fracciones XXV a XXVIII que pasarán a ser fracciones XXVI a XXIX, y la segunda de las definiciones, vocación natural, se incorpora como fracción XXX, para quedar como sigue:
Artículo 3o..................................................................
I a XXIV......................................................................
XXV. Región ecológica. La unidad del territorio nacional que comparte características ecológicas comunes.
XXVI a XXIX...................................................................
XXX. Vocación natural. Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o varias actividades, sin que se produzcan desequilibrios ecológicos.
El Capítulo II, de este artículo, de la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios establece, con fundamento en la fracción XXIX - G del artículo 73 constitucional, los ámbitos de competencia federal, estatal y municipal en la materia, desarrollando las atribuciones de las autoridades federales.
A juicio de esta comisión, resulta adecuado que el articulado de este capítulo establezca que serán las legislaturas de los estados las que, con arreglo a las respectivas constitucionales estatales, desarrollarán las materias que corresponden a la esfera estatal y municipal de acuerdo a los ámbitos competenciales que considera el proyecto. Los ejecutivos estatales, en consecuencia, proveerán en la esfera administrativa a la exacta observancia de las disposiciones en la materia, de conformidad con lo establecido en la legislación local.
Por lo que refiere a los municipios, los ayuntamientos dictarán los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno en los asuntos de su competencia, en consonancia con las disposiciones que establezcan las legislaturas estatales en la materia.
Cabría agregar que del análisis efectuado por esta comisión de los artículos 4o., 5o. y 6o., de la iniciativa, se deriva que el criterio para distinguir los ámbitos de competencia federal y local, fue tanto de orden material, o sea, atendiendo al contenido de la función como de orden formal, o sea, en vista el régimen federal a que están sujetos ciertos bienes y personas.
Como principio general, queda enunciado que los asuntos de competencia federal serían los de alcance general en la nación o los de interés de la Federación. Se estima que dentro de esos conceptos, caben las distintas hipótesis que fundamentan la intervención de la Federación en los órdenes material y formal a que se alude al principio.
Así, en los casos en que por su extensión en el espacio geográfico, los fenómenos de alteración del equilibrio ecológico o del ambiente, excedan los límites jurisdiccionales de una entidad federativa, se convierten en competencia federal.
Aquellos asuntos cuya complejidad o repercusión puedan encontrar atención sólo con los medios disponibles por la Federación, se atribuyeron a ésta. En los casos de zonas de jurisdicción de la Federación, como es el caso de las zonas marinas del territorio o aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, quedaron bajo el régimen federal; y así en los demás casos.
Por otra parte, de manera correlativa, el ámbito de competencia de estados y municipios estuvo inspirado en la iniciativa por la razón de orden material, consistente en que se trate de fenómenos que por su alcance no trasciendan el espacio o el interés locales respectivos.
Asimismo, se consideró la razón formal consistente en el respeto a las materias de competencia estatal y municipal previstas en la Constitución General, como es el caso de las fracciones III y V, y del artículo 115 constitucional, en que se otorgan facultades a los municipios para el manejo de servicios como los de agua potable, drenaje y alcantarillado en poblaciones, o la participación en la creación y administración de reservas ecológicas.
Por estas razones, la comisión considera que el modelo de concurrencia que propone el proyecto, responde a las motivaciones y fundamentos de la
reforma al del artículo 73, en su fracción XXIX - G y que presenta claridad suficiente para evitar la confusión de competencias que limitará severamente la aplicación de esta iniciativa y por ende, dificultaría la protección efectiva del valor jurídico tutelado.
Asimismo, esta comisión ha considerado procedentes las propuestas de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para modificar las fracciones X, del artículo 5o. y IV de artículo 6o.
Al respecto, se consideró que reservar la regulación de todas las actividades que pueden ser riesgosas, a la esfera de competencia de la Federación es innecesario, y en tanto que se trata de un conjunto muy amplio de actividades de pequeña, mediana y gran escala, podría significar serias limitaciones de aplicación.
Asimismo, se estima que en las actividades que no son de alto riesgo, por la magnitud o gravedad de los daños que pueden generar al equilibrio ecológico o al ambiente y por el volumen de los recursos humanos y materiales que requiere su control, los estados y municipios tienen una mayor y más directa capacidad para regular dichas actividades; por ello, en atención al criterio material al que se hizo alusión en los párrafos precedentes sobre la concurrencia en la materia, se incorporó una modificación a la fracción X, del artículo 5o., para quedar como sigue:
Artículo 5o..................................................................
I a IX........................................................................
X. La regulación de las actividades que deban considerarse altamente riesgosas, según ésta y otras leyes y sus disposiciones reglamentarias, por la magnitud o gravedad de los efectos que puedan generar en el equilibrio ecológico o el ambiente.
Asimismo, se modificó la fracción IV, del artículo 6o., en los siguientes términos:
Artículo 6o..................................................................
I a III.......................................................................
IV. La regulación de las actividades que no sean consideradas altamente riesgosas, cuando por los efectos que pueden generar, se afecten ecosistemas o el ambiente de una entidad federativa o del municipio correspondiente.
Finalmente, la fracción parlamentaria del Partido Mexicano Socialista, a fin de asegurar el apoyo técnico necesario a estados y municipios que requiere el proceso de descentralización planteado por la iniciativa, presentó una propuesta de adición al artículo 7o., la que ha sido considerada como procedente por la comisión; en consecuencia, dicho artículo quedaría como sigue:
Artículo 7o.................................................................. .
Cuando así lo soliciten los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, la Secretaría les prestará la asistencia técnica necesaria.
El Capítulo III, establece las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, para la aplicación de la ley y las bases para la coordinación de acciones entre estas Secretaría y las demás dependencias y entidades de la administración pública federal de la materia. Cabe señalar, que se precisan diversas atribuciones que son indispensables para la cabal aplicación del proyecto.
Para fortalecer dichas atribuciones, la comisión estima procedente la propuesta de adición a las fracciones V y VII y de incorporación de una fracción XIX al artículo 8o., presentada por la fracción parlamentaria del Partido Mexicano Socialista, por lo que el artículo 8o., quedaría como sigue:
Artículo 8o..................................................................
. I a IV........................................................................
. V. Formular y desarrollar programas para presentar programas para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y propiciar el manejo integral de los recursos naturales;
VI............................................................................
VII. Expedir las normas técnicas ecológicas que serán observadas en todo el territorio nacional;
VIII a XVIII..................................................................
. XIX. Formular y desarrollar programas para remover el uso de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento de los recursos naturales, considerando las distintas regiones ecológicas del país;
XX. Las demás que conforme a ésta u otras leyes o disposiciones reglamentarias le correspondan.
Asimismo, se delimitan atribuciones entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el
Departamento del Distrito Federal, lo que permitirá que el Departamento del Distrito Federal pueda, en el ejercicio de sus facultades, aplicar medidas de prevención y control de contaminación, así como otras relacionadas con el manejo de los recursos naturales.
La fracción parlamentaria del Partido Mexicano Socialista, hizo llegar a esta comisión la sugerencia de suprimir en el artículo 9o., apartado B), fracción VII, relativo a las facultades conferidas al Departamento del Distrito Federal en materia de prevención y control de la contaminación del agua, la palabra residuales. En virtud, de que la supresión mencionada aclara y amplía el sentido de la fracción referida, se ha considerado procedente; de esta forma, el artículo 9o., estaría integrado como sigue:
Artículo 9o. ................................................................
. I a VI. ......................................................................
. VII. Establecer y desarrollar la política de reúso de aguas en el Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos;
VIII a XIX ...................................................................
. El artículo 12 del capítulo referido, establece la Comisión Nacional de Ecología como un mecanismo permanente de gestión de la política ecológica, integrada por las dependencias del Ejecutivo Federal relacionadas con las medidas mas relevantes de protección ecológica, de tal manera que se asegure una coordinación ágil y eficaz, y en la que participarán diversas organizaciones y grupos sociales, así como otras representaciones sociales, con lo que se propicia no sólo la consulta sino la capacidad de incidir, por parte de la sociedad, en la toma de decisiones ecológicas; así como los representantes de gobiernos estatales y municipales, cuando se trate de asuntos de impacto considerable en su circunscripción territorial.
Con el propósito de hacer explícita en este artículo, la participación de las organizaciones de productores en la gestión de la política ecológica, la fracción parlamentaria del Partido Mexicano Socialista, promovió la mención de dichas organizaciones en el tercer párrafo del artículo referido, sugerencia que la comisión ha considerado pertinente, por lo que se adiciona dicho párrafo en los siguientes términos:
Artículo 12 .................................................................
. La comisión analizará problemas y propondrá prioridades, programas y acciones ecológicas. Para el eficaz desempeño de sus trabajos, podrán participar en la comisión las dependencias y entidades de la administración pública federal, cuyas atribuciones tengan relación con el objeto propio de la comisión.
Los representantes de los gobiernos de los estados y municipios, serán invitados a participar cuando se trate de fenómenos de impacto ambiental considerable en la entidad o municipio correspondiente, y por acuerdo de la comisión también lo serán miembros de los sectores social y privado, organizaciones de productores, organizaciones civiles e instituciones educativas, así como otros representantes de la sociedad.
............................................................................... ..............................................................................
. En relación con el artículo 15 de la iniciativa, esta comisión estima adecuada la propuesta de la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, para que su actual fracción IX pase a formar parte del artículo 21, de manera que no haya lugar a duda respecto a la obligatoriedad de los criterios ecológicos contenidos en la iniciativa; por esta razón, el artículo 21 de la iniciativa quedaría redactado para quedar como sigue:
Artículo 21. En la planeación y realización de las acciones a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal, conforme a sus respectivas esferas de competencia, que se relacionen con las materias objeto de este ordenamiento, así como en el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al gobierno federal para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, se observarán los criterios ecológicos generales que establezcan esta ley y demás disposiciones que de ella emanen.
La comisión considera igualmente procedentes las propuestas de dicho partido, para adicionar al artículo 15 una fracción que precise los alcances y propósitos de la concertación social en la materia, y de la diputación del Partido Mexicano Socialista para modificar la fracción VI del mismo artículo, con el propósito de enfatizar la prioridad ecológica en el aprovechamiento de los recursos renovables; por ello, se propone a esta asamblea el siguiente texto:
Artículo 15. ................................................................. ..............................................................................
. I a V ......................................................................... ..............................................................................
.
VI. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables, debe realizarse de manera que se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad;
VII a VIII .................................................................... ..............................................................................
. IX. El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los individuos, sino también los grupos y organizaciones sociales. El propósito de acciones ecológicas, es reorientar la relación entre la sociedad y la naturaleza;
X a XIV ....................................................................... ..............................................................................
. El Capítulo IV, define los principios que serán observados por el Ejecutivo Federal en la formulación y conducción de la política ecológica y en la aplicación de sus instrumentos. Se considera conveniente la incorporación de dichos principios al cuerpo de la iniciativa, por cuanto que hacen explícitos los fines de la política ecológica y le confieren una clara dirección a las acciones del Estado en la materia.
La definición en el Capítulo V, del Título Primero de los instrumentos con que cuenta el Estado para la aplicación de la política ecológica, permite precisar, en opinión de esta comisión, cuáles serán los medios que utilizará el Estado para el ejercicio de sus diversas atribuciones en la materia, considerando tanto los instrumentos propiamente ecológicos como aquéllos de que dispone para la promoción del desarrollo.
El Partido Mexicano Socialista, propuso una adición con objeto de asegurar que los estudios de impacto ambiental realizados por los particulares sean integrales; esta comisión la consideró procedente, en esa virtud, se propone añadir un párrafo segundo en los siguientes términos:
Artículo 28 .................................................................. ..............................................................................
. Cuando se trate de la evaluación del impacto ambiental por la realización de obras o actividades que tengan por objeto el aprovechamiento de recursos naturales, la Secretaría requerirá a los interesados que en la manifestación de impacto ambiental correspondiente, se incluya la descripción de los posibles efectos de dichas obras o actividades en el ecosistema de que se trate, considerando el conjunto de elementos que lo conforman y no únicamente los recursos que serían sujetos de aprovechamiento.
Se propone corregir, además, un error en el renglón sexto del primer párrafo del artículo 28, cambiando el uso del plural por el singular que se considera correcto.
A fin de darle mayor claridad al artículo 29, por cuanto a la dependencia responsable del gobierno federal que evaluará el impacto ambiental, la diputación del Partido Acción Nacional, promovió una adición que se ha estimado procedente por esta comisión.
Asimismo, se estima pertinente la propuesta del Partido Mexicano Socialista, en el sentido de incluir a los residuos radioactivos en la fracción VI, con objeto de hacer más explícita la participación de la Secretaría en la evaluación del impacto ambiental correspondiente; por ello, se propone a la asamblea la aprobación del siguiente texto para el artículo referido:
Artículo 29. Corresponderá al gobierno federal, por conducto de la Secretaría, evaluar el impacto ambiental a que se refiere el artículo 28 de esta ley, particularmente tratándose de las siguientes materias:
I a V ......................................................................... ..............................................................................
. VI. Instalaciones de tratamiento confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radioactivos y
VII ........................................................................... ..............................................................................
. En relación a dichos instrumentos, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista sugirió una adición al artículo 32, con el propósito de establecer la facultad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para integrar el registro de prestadores de servicios que realicen estudios de impacto ambiental, en los términos previstos en los artículos 28 y 29 de la propia iniciativa. La comisión consideró pertinente la adición, por lo que el artículo respectivo se adiciona con un segundo párrafo, en los términos siguientes:
Artículo 32 .................................................................
. La Secretaría establecerá el registro al que se inscribirán los prestadores de servicios que realicen estudios de impacto ambiental y determinará los requisitos y procedimientos de carácter técnico que dichos prestadores de servicios deberán satisfacer para su inscripción.
Asimismo, esta comisión estima necesario corregir un error mecanográfico en la palabra manifestación, que aparece en el renglón quinto del artículo 32 de la iniciativa.
Cabe señalar que la Sección VIII, del capítulo que nos ocupa, relativo a la investigación y educación ecológicas, suscitó el mayor interés de los integrantes de la comisión, generándose diversas propuestas por parte de las diputaciones del Partido Popular Socialista, del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, las correspondientes a este último fundadas en la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Conservación del Suelo y Agua, presentada por el diputado Miguel Osorio Marbán, con fecha 24 de septiembre de 1985. Habiéndose estudiado y discutido las distintas propuestas, fueron integradas en un solo texto, que a juicio de la comisión, es conveniente adicionar como tercer párrafo al artículo 39, en los siguientes términos:
Artículo 39..................................................................
. La Secretaría, con la participación de la Secretaría de Educación Pública, promoverá que las instituciones de educación superior y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, desarrollen planes y programas para la formación de especialistas en la materia en todo el territorio nacional y para la investigación de las causas y efectos de los fenómenos ambientales.
La diputación del Partido Acción Nacional ha presentado una propuesta de adición al artículo 42, en la Sección IX, del mismo capítulo, para señalar en forma complementaria a lo que se dispone en ese artículo, que la Secretaría habrá de establecer sistemas de evaluación de las acciones que emprenda, a fin de integrar la información así obtenida al sistema permanente de información y vigilancia en la materia.
Esta comisión considera que es procedente la adición mencionada, por lo que se propone a esta asamblea el siguiente texto:
Artículo 42. La Secretaría mantendrá un sistema permanente de información y vigilancia sobre los ecosistemas y su equilibrio en el territorio nacional, para lo cual podrá coordinar sus acciones con las entidades federativas y los municipios; asimismo, establecerá sistemas de evacuación de las acciones que emprenda.
Aparece en la iniciativa un nuevo sistema de información legislativa, la gaceta oficial de la materia, que será un instrumento valioso de consulta para la aplicación de la ley, pues en ella se publicarán las normas técnicas ecológicas que se expidan y cualquier información de interés.
En ese sentido, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, ha hecho llegar a esta comisión una propuesta para modificar la última parte del artículo 43 de la iniciativa, eliminando la facultad discrecional para ordenar la publicación de las normas técnicas ecológicas en el Diario Oficial, así como adicionándola para otro tipo de actos y resoluciones puedan publicarse en ella, de manera que sea acorde a los dispuesto por la fracción III, del artículo 3o., de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de diciembre de 1986, que dispone que "serán materia de publicación en el Diario Oficial de la Federación: ...III. Los acuerdos, circulares y órdenes de las dependencias del Ejecutivo Federal que sean de interés general", así como a lo establecido por el artículo 13 de la propia ley.
Esta comisión considera procedente tal propuesta de modificación al artículo 43 de la iniciativa, para quedar como sigue:
Artículo 43. La Secretaría editará una gaceta en la que se publicarán las normas técnicas ecológicas que expida en los términos de esta ley, así como los acuerdos, órdenes, resoluciones, circulares, notificaciones, avisos y en general todos aquellos comunicados emitidos por la Secretaría y cualquier otra información que determine la propia dependencia, independientemente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
IV. Del Título Segundo
La iniciativa destina las disposiciones de su Título Segundo para regular las áreas naturales protegidas; se integran los ordenamientos que regulan la creación de este tipo de áreas, señalando las categorías de manejo existentes, regulando los instrumentos necesarios para que puedan ser constituidas, y dando carácter permanente al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Se destina también un capítulo de este mismo título, a diversas regulaciones sobre la flora y la fauna silvestres y acuáticas.
El Capítulo I, de las categorías, declaratorias y ordenamiento de áreas naturales protegidas, se encuentra dividido en dos secciones. En la sección primera se señalan los propósitos de estas áreas, se precisa que su establecimiento es de interés público y se describen los tipos y caracteres de las áreas protegidas, retomando para ello la experiencia nacional e internacional.
En relación a los propósitos que fundamentan la determinación de áreas naturales protegidas y, en consonancia con la adición del concepto de regiones ecológicas en las definiciones contenidas en el artículo 3o., de la iniciativa, la fracción
h parlamentaria del Partido Mexicano Socialista, ha propuesto que se incorpore este concepto a la fracción I, del artículo 45, propuesta que se ha considerado como procedente por la comisión; en consecuencia, el artículo correspondiente queda como sigue:
Artículo 45 .................................................................. ..............................................................................
. I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;
II a VII ...................................................................... ..............................................................................
. Las reservas de la biosfera, categoría que se incluye en esta sección, han demostrado ser la forma más moderna y eficaz para la protección de las áreas de interés no sólo nacional sino a nivel mundial.
Asimismo, se establecen las categorías de parques urbanos y zonas sujetas a conservación ecológica como áreas de jurisdicción local, cuya regulación quedará a cargo de las entidades federativas y los municipios. En relación con esto último, y tomando en consideración la propuesta de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de reformar el último párrafo del artículo 46, de la iniciativa, para establecer que tendrán el carácter de áreas naturales protegidas de jurisdicción local adicionalmente a las comprendidas en las fracciones VII y IX, del propio artículo 46, las que tengan ese carácter conforme a las disposiciones estatales o municipales correspondientes, esta comisión estima procedente la propuesta para modificar el último párrafo del artículo 46, en los términos siguientes:
Artículo 46 .................................................................. ...............................................................................
I a IX ........................................................................ ..............................................................................
. Para efectos de lo establecido en el presente título, son de interés de la Federación las áreas naturales comprendidas en las fracciones I a VII anteriores, y de jurisdicción local las comprendidas en las fracciones VIII y IX de este artículo, así como las que tengan ese carácter conforme a las disposiciones estatales o municipales correspondientes.
Mención especial merece a juicio de esta comisión, la inclusión del artículo 47 de la iniciativa, puesto que se prevé la participación social en el establecimiento, administración y desarrollo de las áreas naturales protegidas, asegurando de esta forma que las comunidades ahí establecidas sean consultadas y participen en las decisiones, con objeto de lograr su desarrollo integral.
A juicio de esta comisión, éste es un enfoque que viene a superar las serias limitaciones de la concepción del aislamiento total, como única forma efectiva para lograr la protección ecológica, limitaciones entre las que destaca la relativa al justo desarrollo de las comunidades rurales en consonancia con su medio.
Respecto al artículo 49 de la iniciativa, la comisión considera oportuno se corrija un error mecanográfico en la octava palabra del segundo renglón de tal disposición, de manera que quede redactado como a continuación se indica: "constituirán del mismo modo que las de la biosfera, en..."
El artículo 50 define los parques nacionales y establece los usos a que podrán ser destinados. Al respecto, la diputación del Partido Acción Nacional, ha propuesto una adición al segundo párrafo para incorporar al turismo, en consonancia con lo establecido por el párrafo precedente en cuanto a la aptitud de dichas áreas naturales para las actividades turísticas y de recreación, y ha solicitado la modificación del tercer párrafo para regular los aprovechamientos forestales en los parques naturales en favor de las comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva.
Sobre este particular, la comisión ha estimado que la modificación propuesta es acertada, por cuanto que reservar la realización de dichos aprovechamientos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología significaría que esta dependencia sustituiría al productor, especialmente a las comunidades campesinas; por esta razón, se propone a la asamblea la aprobación del siguiente texto para los párrafos segundo y tercero de este artículo:
Artículo 50 .................................................................. ...............................................................................
Dichas áreas serán para uso público y en ellas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna, y en general,
con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicas.
En estas áreas, sólo podrán otorgarse autorizaciones para realizar aprovechamientos forestales cuando exista dictamen técnico de la Secretaría, que establezca la convivencia ecológica del aprovechamiento de que se trate. En el otorgamiento de dichas autorizaciones, se dará preferencia a quienes ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva.
............................................................................... ..............................................................................
. Con el mismo espíritu de equidad, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, ha propuesto una adición al tercer párrafo del artículo 52, en el sentido de explicar que las autorizaciones para aprovechamiento de recursos naturales en los parques marinos, se podrán otorgar a las comunidades que habiten en los litorales respectivos en el momento de la declaratoria.
La comisión ha ponderado esta propuesta y es de la opinión de que ésta coincide con el espíritu y las disposiciones de la iniciativa, que establecen una concepción más integral y dinámica de la protección de las áreas naturales, como sería el caso de las reservas de la biosfera, para superar las limitaciones que representa considerar que tales áreas sólo pueden ser protegidas si se aíslan totalmente de cualquier actividad humana.
Por ello, se propone a la asamblea la aprobación de la adición al párrafo tercero mencionado, en los siguientes términos:
Artículo 52 .................................................................. ..............................................................................
. Las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales en estas áreas, quedarán sujetas a lo que dispongan las declaratorias de creación correspondientes. Dichas autorizaciones podrán otorgarse a las comunidades asentadas en sus litorales.
Asimismo, la comisión estima que las disposiciones referidas a los parques nacionales, monumentos naturales y parques marinos nacionales, vienen a un vacío jurídico que dificultaba la efectiva protección de ecosistemas fundamentales para el país, puesto que se trata de categorías de áreas naturales importantes que no estaban reguladas suficientemente en ningún otro ordenamiento.
La Sección Segunda del capítulo, se destina a las declaratorias para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de áreas naturales protegidas; con el mismo criterio de integralidad que inspira al presente título, se crean los instrumentos para el establecimiento de este tipo de áreas.
De acuerdo con el artículo 115, fracción V, de la Constitución General de la República, se prevé la participación de los gobiernos de los estados y de los municipios en la creación de estas áreas, incluso en la realización de los estudios previos que den base a la expedición de las declaratorias de creación correspondientes.
La comisión estima procedente la corrección a la última parte de la fracción IV, del artículo 60, para mencionar correctamente el nombre de la Ley Federal de Reforma Agraria, por lo que de aprobarse el presente dictamen, el último renglón de la fracción IV, del artículo 60, quedaría redactado como sigue: "de Reforma Agraria, y".
de conformidad con los principios de la legislatura agraria, parece adecuado a esta comisión que el artículo 64, establezca la obligación de las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Reforma Agraria, para prestar la asesoría técnica necesaria a ejidatarios y comuneros a efecto de que puedan llevar a cabo la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos naturales y se proteja el equilibrio ecológico de los ecosistemas respectivos.
Asimismo, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, ha propuesto la adición al tercer párrafo del artículo 64, para facultar a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Reforma Agraria a prestar asesoría técnica a pequeños propietarios.
La Comisión, después de analizar y discutir la propuesta, ha estimado que dicha disposición sólo sería aplicable a los pequeños propietarios que carezcan de los recursos económicos suficientes para allegarse de asesoría técnica por sus propios medios, de ahí que se considere pertinente incorporar esta adición facultativa, circunscribiéndola al caso descrito. El párrafo tercero quedaría en consecuencia, como sigue:
Artículo 64 .................................................................
. Las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Reforma Agraria, prestarán a ejidatarios y comuneros la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo
anterior, y podrán prestar asesoría técnica a pequeños propietarios cuando éstos no cuenten con suficientes recursos económicos para procurársela.
En materia de administración de áreas naturales, la iniciativa contiene elementos que propiciarán su mejor desarrollo, tal es el caso de la obligatoriedad para la formulación de programas de manejo de áreas protegidas, así como de las disposiciones de su artículo 68, sobre los contenidos mínimos de dichos programas, lo que asegura la acción coherente y coordinada de las diversas dependencias.
El Capítulo II, de este título, integra las áreas protegidas de interés de la Federación, al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y establece las bases para que en las reglas de manejo de aquellas áreas cuya administración no corresponda a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, se incorporen aquellas que formule esta dependencia para la debida protección de los ecosistemas.
Se prevé también en este aspecto la participación de la sociedad, mediante la celebración de acuerdos de concertación para el logro de los fines que hayan dado lugar al establecimiento de dichas áreas.
La flora y la fauna silvestres y acuáticas, son también objeto de protección de la iniciativa, en el Capítulo III, de su Título Segundo.
A juicio de esta comisión, adecuadamente se precisan seis criterios generales ecológicos que deberán ser observados por las dependencias de la administración pública federal en el ejercicio de sus atribuciones, especialmente en el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para el aprovechamiento de la flora y la fauna silvestres, así como en todos aquellos otros actos previstos en el artículo 80.
El artículo 81, es conforme con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y autoriza el establecimiento de vedas de la flora y fauna silvestres y acuáticas, para los fines previstos en el proyecto.
Se establece que deberán sujetarse a las normas técnicas ecológicas, quienes lleven a cabo actividades relacionadas con la posesión, administración, conservación, repoblación, propagación y desarrollo de la flora y la fauna silvestres; se prevén regulaciones para el aprovechamiento de recursos naturales en áreas que sean el hábitat de especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, considerando la relevancia de su preservación.
Es importante destacar la disposición del artículo 85 de la iniciativa, que responde a la necesidad de combatir más eficazmente el comercio ilegal de flora y fauna silvestres, que es un problema internacional; para ello, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología podrá imponer las restricciones necesarias para la circulación o tránsito por el territorio nacional, de ejemplares de flora y fauna silvestres procedentes del y destinadas al extranjero, en los términos de la Ley Reglamentaria del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Comercio Exterior.
También se contiene en este capítulo otras disposiciones que vienen a fortalecer el marco jurídico vigente en la materia; así por ejemplo, se ordena que el aprovechamiento de especies de la fauna silvestre en actividades económicas, sólo podrá autorizarse si se garantiza debidamente su reproducción controlada y desarrollo en cautiverio, y siempre que se proporcione un número de ejemplares suficiente para el repoblamiento de la especie.
En relación con lo anterior, esta comisión considera adecuada la propuesta de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para suprimir la mención animales terrestres contenida en dicha disposición, toda vez que el concepto ya se haya incluido el de fauna silvestre, cuya definición aparece en el artículo 3o., de la iniciativa, por lo que se modifica el texto de primer párrafo del artículo 87, para quedar como sigue:
Artículo 87. El aprovechamiento de especies de la fauna silvestre en actividades económicas, podrá utilizarse cuando los particulares garanticen su reproducción controlada y desarrollo en cautiverio, y proporcionen un número suficiente para el repoblamiento de la especie.
V. Del Título Tercero
El Título Tercero de la iniciativa contiene las disposiciones relativas al aprovechamiento racional de los elementos naturales que se define en la fracción III, del artículo 3o., de propio proyecto, como "La utilización de los elementos naturales, en forma que resulte eficiente, socialmente útil y procure su preservación y la del ambiente".
Este título comprende tres capítulos, el primero de ellos referido al aprovechamiento racional del agua y de los ecosistemas acuáticos, para lo que en su artículo 88, precisa tres criterios ecológicos relevantes, que vienen a complementar el marco jurídico vigente en la materia, fundamentalmente contenido en la Ley Federal de Aguas vigente.
La comisión estima procedente la disposición del artículo 89 de la iniciativa, que precisa aquellas actividades a cargo de las dependencias de la administración pública federal, que inciden de manera importante en el aprovechamiento del agua y de los ecosistemas acuáticos, y en las cuales deberán considerarse en forma obligatoria los criterios ecológicos antes referidos.
Tal es el caso de la formulación e integración del Programa Nacional Hidráulico; el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para el aprovechamiento de recursos naturales o la realización de actividades que afecten el ciclo hidrológico; la operación y administración de los sistemas de agua potable en centros de población; el establecimiento de distritos de acuacultura; y la creación y administración de reservas y zonas de protección pesquera.
La comisión ha considerado conveniente incorporar una adición al artículo 90, presentada por la diputación del Partido Acción Nacional, para que las dependencias en él mencionadas puedan establecer reservas de agua para consumo humano, complementado así la disposición que nos ocupa y que tiene como propósito, precisamente, la protección de zonas de las que depende ese recurso vital; en consecuencia, se adiciona el artículo referido en los siguientes términos:
Artículo 90. La Secretaría, en coordinación con las de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Salud, expedirá las normas técnicas ecológicas para el establecimiento y manejo de zonas de protección de ríos, manantiales, depósitos y en general, fuentes de abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones e industrias, y promoverá el establecimiento de reservas de agua para consumo humano.
Para fortalecer la disposición del artículo 92 de la iniciativa, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, ha propuesto modificar su redacción actual, de manera que se señalen como criterios para el uso del agua, atendiendo a sus características, el tratamiento de las aguas y el abatimiento de los índices de desperdicio, proponiéndose además eliminar su parte final por considerarla ya incluida en la propuesta de adición al artículo 119, inciso G.
La comisión considera procedente dicha propuesta para que se reforme el artículo 92, para quedar como sigue:
Artículo 92. Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de desperdicio, las autoridades competentes promoverán el tratamiento de aguas residuales y su reúso.
En relación con la Ley Federal de Pesca, se completan algunos de sus ordenamientos, para lo cual se contienen este capítulo disposiciones que autorizan a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para solicitar la realización de estudios de impacto ambiental, en forma previa al otorgamiento de autorizaciones para la realización de actividades pesqueras, cuando se ponga en peligro la preservación de las especies o pueda causarse desequilibrio ecológico.
Para promover un racional aprovechamiento de los ecosistemas acuáticos, se prevé que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología celebre convenios de concertación con los sectores productivos y las comunidades.
El Capítulo II, del Título Tercero se refiere al aprovechamiento racional del suelo y sus recursos, y establece que el uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas. Se recoge así en la legislación un principio central para lograr el aprovechamiento racional de este recurso natural, otorgándosele carácter de permanencia y obligatoriedad para las dependencias y entidades de la administración pública federal.
En concordancia con los capítulos que integran este título, se precisan en el artículo 99, las principales actividades del gobierno federal, en las que será obligatorio considerar los criterios ecológicos para la protección y aprovechamiento del suelo, entre las que son de mencionarse la determinación o modificación de los límites establecidos en los coeficientes de agostadero, de conformidad con la legislación de la materia.
Los apoyos que se otorguen a las actividades agrícolas de naturaleza crediticia, técnica o de inversión, para que se promueva la progresiva incorporación de cultivos compatibles con la preservación del equilibrio ecológico y la restauración de los ecosistemas; la fundación de centros de población; las actividades de extracción de materias del subsuelo, la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de sustancias minerales, las excavaciones y todas aquellas acciones que alteren la cubierta y suelos forestales; así como al encomendarse la explotación de tierras que hayan sido declaradas ociosas, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley de la materia.
Para dar claridad al contenido del artículo 100 de la iniciativa, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, ha hecho llegar a esta comisión una propuesta de modificación, señalando que son los permisos de aprovechamiento forestal, a los que se refiere la citada disposición.
Esta comisión considera procedente tal modificación, por lo que de aprobarse el presente dictamen, el artículo 100 de la iniciativa quedaría redactado como a continuación se indica:
Artículo 100. Los permisos y en general las autorizaciones de aprovechamiento forestal, implican la obligación de hacer un uso racional de ese recurso. Cuando las actividades forestales deterioren gravemente el equilibrio ecológico, la Secretaría promoverá ante la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos la renovación, modificación o suspensión del permiso o autorización respectivo, en los casos previstos por el artículo 56 de la Ley Forestal.
El artículo 101, de la iniciativa responde a la exigencia de dar atención prioritaria a las zonas selváticas, ecosistemas vitales para el equilibrio ecológico del país.
Se establecen en el artículo los rubros que el gobierno federal deberá atender en forma prioritaria, para asegurar el aprovechamiento racional de los ecosistemas selváticos con especial cuidado en los apoyos para la realización de actividades agropecuarias; las acciones para promover al cambio progresivo de prácticas agrícolas incompatibles con la preservación de tales ecosistemas, es el caso de las prácticas de roza, tumba y quema; la consideración de los criterios ecológicos en las actividades de extracción de recursos no renovables, como en el caso del petróleo; la introducción de cultivos ecológicos en las actividades compatibles con los ecosistemas y que favorezcan su restauración; así como la regulación ecológica de los asentamientos humanos, evitando su dispersión y favoreciendo mejores condiciones de vida para las comunidades ahí asentadas.
También relacionada con los ecosistemas selváticos, en la disposición del artículo 102, de la iniciativa se sujetan a los criterios y demás ordenamientos de esta ley, todas aquellas autorizaciones que afecten el uso del suelo en tales áreas o el equilibrio ecológico de sus ecosistemas.
En cuanto a la regulación de actividades agrícolas y pecuarias, se establece que quienes las realicen, deberán llevar a cabo la prácticas de protección y recuperación necesarias para evitar el deterioro de los suelos y del equilibrio ecológico.
Asimismo, se promoverá la introducción y generalización de prácticas de protección y recuperación de los suelos y la realización de estudios de impacto ambiental , previos al otorgamiento de autorizaciones para efectuar cambios del uso del suelo, cuando pueda causarse grave deterioro de los suelos o del equilibrio ecológico, en la zona de que se trate.
Diversas zonas del país presentan graves desequilibrios ecológicos, sea por procesos de erosión provocados por actividades humanas o fenómenos naturales o bien por otros procesos que ponen en peligro recursos naturales y el equilibrio de los ecosistemas, cuya atención adecuada se dificulta por la inexistencia de un instrumento especialmente diseñado para tales fines.
Por ello, la iniciativa prevé en su artículo 105, la formulación de programas especiales para la restauración del equilibrio ecológico, que serán sometidos a la aprobación del Ejecutivo Federal por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, con la participación que corresponde a la Secretaria de Programación y Presupuesto.
Dichos programas tendrán como objetivo la orientación de las actividades de las dependencias y entidades de la administración pública federal, que lleven a cabo en zonas específicas del territorio nacional, para la atención de los graves desequilibrios ecológicos quien dichas zonas se presenten.
Cuando dichas actividades no fueren suficientes para la cabal solución de los problemas ecológicos que ahí se presenten, y los fenómenos de desequilibrio ecológico en tales zonas lo requieran en forma inminente por estarse presentando procesos de desertificación o pérdidas de recursos, irreversibles o de muy difícil reparación, la iniciativa prevé que mediante declaratorias que expida el Ejecutivo Federal por causa de interés público se establezcan regulaciones a los usos del suelo, al aprovechamiento de los recursos y la realización de actividades.
A proposición del Partido Acción Nacional y con objeto de hacer más explícita la garantía de audiencia contenida en el segundo párrafo del artículo 105 de la iniciativa, se propone a la asamblea la siguiente redacción aprobada por esta comisión:
Artículo 105 ................................................................. ..............................................................................
. Cuando los fenómenos de desequilibrio ecológico en tales zonas lo requieran en forma inminente, por estarse produciendo procesos de desertificación o pérdidas de recursos de muy difícil reparación o aun irreversibles, el Ejecutivo Federal, por causa de interés público, a propuesta que la Secretaría formule en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y otras dependencias competentes, podrá expedir declaratorias para regular los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos y la realización de actividades.
Las declaratorias se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, y se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad correspondiente. Las declaratorias que se expidan surtirán efecto previa audiencia a los interesados, quienes deberán ofrecer y aportar las pruebas necesarias para justificar las cuestiones que planteen, en un plazo que no excederá de veinte días a partir de la notificación correspondiente.
..............................................................................
. En el mismo artículo se prevén los contenidos mínimos de las declaratorias de referencia. La comisión, a propuesta del Partido Revolucionario Institucional, considera pertinente modificar el orden a que se señalan los elementos para la delimitación de la zona, a efecto de precisar la superficie una vez indicada su ubicación y deslinde.
Finalmente, el Capítulo III, del Título Segundo destina sus disposiciones a la regulación de los efectos de la exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico; para tal efecto, se establece que corresponderá a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología expedir las normas técnicas ecológicas correspondientes, señalándose que serán propósitos específicos los de la protección de las aguas que se utilicen en tales actividades; la protección de los suelos y de la flora y la fauna silvestres y la adecuada ubicación y formas de los depósitos de desmontes, relaves y escorias de las minas y establecimientos de beneficios de los minerales, en los términos de la legislación minera.
Por virtud del ordenamiento contenido en el artículo 109 de la iniciativa, se obliga a los titulares de concesiones, autorizaciones y permisos para el uso, aprovechamiento, exploración y explotación de los recursos naturales no renovables, a observar las normas técnicas ecológicas referidas en el artículo 108 del proyecto.
VI. Del Título Cuarto
El Título Cuarto del proyecto destina sus disposiciones a la protección del ambiente; en esta materia, el contenido descentralizador de la iniciativa aparece con toda claridad.
La experiencia ha demostrado que son los estados y municipios quienes conocen con mayor detalle los problemas de contaminación que se presentan dentro de sus áreas de jurisdicción, y son los propios estados y municipios quienes deben contar con las atribuciones necesarias para hacer frente a dichos problemas; por ello, en el Capítulo I, prevención y control de la contaminación de la atmósfera, se precisan las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y se señalan aquellas facultades que en la materia se reservan a los estados y municipios.
En varias ocasiones, las diversas fracciones parlamentarias manifestamos nuestra convicción en el sentido de que sólo con la participación creciente de estados y municipios, será posible revertir los desequilibrios ecológicos que se presentan en el país.
A juicio de esta comisión, la descentralización en materia de contaminación representa un paso significativo en esta dirección, lo que redundará en beneficio de las comunidades locales y del ambiente en la escala regional.
Para ser eficaz, el proceso de descentralización habrá de proveer el apoyo técnico necesario considerando que estados y municipios no han desarrollado todavía la capacidad técnica correspondiente, en virtud de que precisamente carecían casi por completo de facultades en la materia.
Asimismo, esta comisión es de la opinión de que la aplicación de la ley, deberá ir acompañada de un rápido fortalecimiento de los acuerdos de coordinación entre Federación, entidades federativas y municipios, con el propósito de preparar nuevos avances en la misma dirección.
El artículo 110, establece los criterios para la protección a la atmósfera, entre los que destacan el señalamiento de que la calidad del aire debe ser satisfactoria en todo el país, criterio que está claramente referido al principio contenido en la fracción X, del artículo 15, de la iniciativa, según el cual toda persona tiene derecho a un ambiente sano. Este principio determina la necesidad de contar, en igual forma, con normas técnicas ecológicas de aplicación general, ya que de otra manera se introduciría un criterio de diferenciación contrario al principio señalado.
El artículo 111, por su parte, establece que la Secretaría expedirá las normas técnicas en la materia, y por lo que hace a su intervención operativa, ésta se limita a los casos de zonas conurbadas entre dos o más entidades y cuando se trate de bienes o zonas de jurisdicción federal, observando las disposiciones del artículo 5o., de la iniciativa.
El artículo 112, en concordancia con lo anterior, reserva a estados y municipios la prevención y control de la contaminación del aire originada por fuentes fijas y móviles, excepción hecha de los casos mencionados en el artículo precedente.
Esta distribución de competencias, derivada de las razones que motivaron la reforma del artículo 73, constitucional con la fracción XXIX - G, significa que de aprobarse la iniciativa, la mayor parte de esta tarea fundamental para el bienestar de la población, quedará a cargo de estados y municipios.
A efecto de aclarar lo dispuesto por la fracción X de ese artículo, las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, presentaron diversas propuestas de modificación, las que después de haber sido analizadas y discutidas por esta comisión, se integraron de la siguiente forma:
Artículo 112.................................................................
. I al IX.......................................................................
. X. Impondrán sanciones y medidas por infracciones a las leyes que al efecto expidan las legislaturas locales, o a los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno que expidan los ayuntamientos, de acuerdo con esta ley, y
Esta comisión considera procedente, de igual forma, la propuesta de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que el artículo 113, de la iniciativa contenga una obligación más clara de no emitir contaminantes a la atmósfera que causen desequilibrio ecológico. Por lo anterior, se modifica el artículo 113 de la iniciativa, para quedar como sigue:
Artículo 113. No podrán emitirse contaminantes a la atmósfera, que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas las emisiones a la atmósfera, deberán ser observadas las previsiones de esta ley y de las disposiciones reglamentarias que de ella emanen, así como las normas técnicas ecológicas expedidas por la Secretaría. Cuando dichas emisiones contengan materiales o residuos peligrosos, se requerirá para su emisión la previa autorización de la Secretaría.
Los artículos 114 y 115, introducen un nuevo elemento a la legislación ambiental, se trata de la vinculación entre usos del suelo y condiciones topográficas, climatológicas y meteorológicas para asegurar la adecuada dispersión de contaminantes.
El Capítulo II, está destinado a la prevención y control de la contaminación del agua y de los ecosistemas acuáticos. Este capítulo debe considerarse en conjunto con el Capítulo I, del Título Tercero, en el que establecen las disposiciones para lograr un aprovechamiento racional del agua y los ecosistemas acuáticos.
En los primeros artículos, el 117 y 118, se definen los criterios para la prevención y control de la contaminación del agua, y se sujetan a ellos los instrumentos de que dispone el Estado en la materia.
El artículo 119, precisa las competencias de las diversas dependencias que concurren en las acciones al respecto, las que existían en forma dispersa en varias disposiciones legales o reglamentarias o no estaban reguladas en otros cuerpos legales.
Destacan las disposiciones referidas a la vinculación entre el abastecimiento de agua potable y la determinación simultánea de sistemas y proceso de tratamiento de aguas residuales, conceptos que se venían desarrollando, hasta ahora por separado.
En relación a este artículo, la diputación del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, solicitó a la comisión que lo establecido en el inciso G), de la fracción I, por cuanto al reúso de aguas residuales tratadas en actividades industriales, fuese extendido a las agrícolas en los mismos términos por cuanto a que en las zonas rurales se presentan ya, de igual modo que en las urbanas, limitadas disponibilidades del recurso, y en consecuencia, existe también una competencia importante entre el uso para consumo de la población y el de actividades productivas. Por esta razón, la comisión ha estimado procedente esta adición, y propone a la asamblea la siguiente redacción:
Artículo 119.................................................................. I.............................................................................
. a) y f).......................................................................
. g)Promover el reuso de aguas residuales tratadas en actividades agrícolas e industriales;
h) a i).......................................................................
. Asimismo, la diputación del Partido Mexicano Socialista, ha hecho llegar a la comisión, una propuesta de adición para que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología emprenda una política permanente de separación de las aguas residuales de origen doméstico de las de origen industrial, ya que actualmente su mezcla incontrolada en los sistemas de drenaje y alcantarillado eleva sustancialmente el costo de su tratamiento, y a la vez dificulta la aplicación de una política progresiva por cuanto al pago de dicho costo por parte de los diferentes grupos sociales.
Por estas razones, la propuesta es procedente a juicio de la comisión, por lo que se propone a la asamblea la aprobación de esta adición en los términos solicitados por dicha diputación;
Artículo 119.................................................................
. I.............................................................................
. a) a i).......................................................................
. j) Promover la incorporación de sistemas de separación de las aguas residuales de origen doméstico de aquellas de origen industrial en los drenajes de los centros de población, así como la instalación de plantas de tratamiento para evitar la contaminación de aguas.
Asimismo, en su fracción V el artículo establece con claridad las facultades de estados y municipios en la materia, superando así un vacío jurídico que dificultaba las acciones de los gobiernos respectivos en detrimento del control de la contaminación de las aguas a nivel local.
Cabe señalar que en el artículo 123, se establece la obligación de que todas las descargas deberán satisfacer las normas técnicas ecológicas aplicables, y en consonancia con el principio de equidad, que será a cargo de quien genere las descargas, realizar el tratamiento requerido.
Con objeto de dar mayor claridad a la finalidad que persigue el artículo 124 de la iniciativa, el Partido Revolucionario Institucional, propuso la supresión de la palabra "potable".
La Comisión considera acertada la proposición, quedando el referido artículo en los términos siguientes:
Artículo 125. Cuando las aguas residuales afecten o puedan afectar fuentes de abastecimiento de agua, la Secretaría lo comunicará a la Secretaría de Salud y promoverá ante la autoridad competente la negativa del permiso o autorización correspondiente, o su inmediata revocación, y en su caso la suspensión del suministro.
Los artículos 130 y 132, se refieren a la protección del medio marino, incorporando nuevas disposiciones sobre la explotación, protección y administración de los recursos marinos, incluyendo el lecho y subsuelo del mar y aguas suprayacentes.
Resulta también relevante que se regule en la iniciativa, la determinación de condiciones particulares de descarga en las que en forma específica, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología o las autoridades estatales y municipales, cuando se trate de los casos previstos en el artículo 6o., fracciones II y IX de la iniciativa, podrán fijar requerimientos y parámetros que deberán observar quienes generen descargas, para evitar o controlar la contaminación de las aguas.
Por otra parte, vale la pena mencionar que a juicio de esta comisión resulta conveniente el énfasis que confiere la iniciativa al reúso de las aguas mediante tratamiento, dando prioridad a la protección de las disponibilidades de agua potable a fin de destinarlas a consumo humano.
Para quienes suscriben, esta política debe traducirse en medidas generalizadas que reduzcan las limitaciones que se dejan ya sentir por lo que se refiere a este recurso vital, en varias regiones del país; en este sentido, destaca el artículo 129.
Por último, la comisión ha considerado como indispensable lo dispuesto por el artículo 133, en el sentido de implementar un sistema de monitoreo permanente de la calidad de las aguas, que resulta de urgente aplicación para que la sociedad esté debidamente informada, y se puedan tomar las decisiones a tiempo y con base en un diagnóstico profundo y actualizado.
El capítulo III se refiere a la prevención y el control de la contaminación del suelo, para lo cual en su artículo 134 define cuatro criterios ecológicos generales; entre éstos destaca el relativo a la utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, que establece que dicha utilización debe ser compatible con el equilibrio de los ecosistemas.
Congruente con la estructura de la ley, el artículo 135 señala aquellas actividades en las que deberán ser especialmente considerados los criterios ecológicos mencionados, como es el caso de la ordenación y regulación del desarrollo urbano y el otorgamiento de autorizaciones para la realización de actividades relacionadas con plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.
El artículo 136 establece las condiciones que deberán reunir los residuos para su depósito o infiltración en los suelos, de manera que se prevenga o evite su contaminación.
Se establecen también regulaciones para los residuos de lenta degradación y para la fabricación de empaques y envases, de tal manera que se reduzca la generación de residuos sólidos.
El artículo 141 establece que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, promoverá que
en la fabricación de empaques y envases se incorporen materiales que permitan reducir la generación de residuos sólidos.
La diputación del Partido Popular Socialista, hizo llegar a esta comisión una propuesta para suprimir la mención a estímulos fiscales en este artículo, ya que limitan a esta vía únicamente la actividad de promoción correspondiente.
A juicio de la comisión, la supresión mencionada amplía las posibilidades de acción de dicha dependencia, por lo que se sugiere la siguiente redacción:
Artículo 141. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, promoverá la fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de productos, cuyos materiales permitan reducir la generación de residuos sólidos.
El artículo 142 recoge un propósito político fundamental, al establecer disposiciones que impidan que nuestro país sea utilizado como depósito de residuos originados en otras naciones. Para ello, se dispone que en ningún caso se autorizará la importación de residuos para su destrucción o disposición final en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; asimismo, únicamente se autorizará el tránsito por territorio nacional de residuos no peligrosos, cuando exista previo consentimiento del país receptor.
Respecto a los plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, se prevé la expedición de normas técnicas a las que quedarán sujetos, de manera que se evite causar desequilibrios ecológicos.
Se indica también, que el reglamento de la ley establecerá la regulación para la disposición final de residuos, empaques y envases vacíos y en general, toda clase de actividades relacionadas con dichos productos.
En relación al artículo 144 de la iniciativa, diputados miembros del Partido Acción Nacional, presentaron a esta comisión una propuesta para adicionar el primer párrafo de la citada disposición, de manera que no pueda autorizarse la importación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, cuando su uso no esté permitido en el país del que provengan.
No obstante que a juicio de esta comisión la iniciativa ya prevé un ordenamiento de la naturaleza del propuesto en el capítulo destinado a la regulación de los materiales y residuos peligrosos, es el parecer de la comisión que suscribe, que especialmente se establezca tal prohibición cuando se trate de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.
Por esta razón, se propone a la asamblea la modificación del primer párrafo del artículo 144 de la iniciativa, para quedar como sigue:
Artículo 144. Atendiendo a lo dispuesto por la presente ley, la de Sanidad Fitopecuaria de Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, la Secretaría coordinadamente con las secretarías de Salud, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Comercio y Fomento Industrial, participará en el examen de las tarifas arancelarias relativas a importación o exportación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. No podrán otorgarse autorizaciones para la importación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, cuando su uso no esté permitido en el país en el que se hayan elaborado o fabricado.
...............................................................................................................................
De conformidad con la propuesta de reformas de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional a las fracciones X del artículo 5o., la IV del artículo 6o., de la iniciativa, esta comisión considera necesario modificar los artículos 146, 147, 148 y 149, para que la mención que en dichas disposiciones se haga de actividades consideradas como riesgosas, se modifique agregándosele el calificativo "altamente", de manera que queden referidas como actividades consideradas altamente riesgosas.
Al respecto, la propia diputación del Partido Revolucionario Institucional, ha hecho llegar a esta comisión una propuesta para modificar los artículos 146 y
En relación con el primero de dichos artículos, para incluir en el listado de dependencias responsables de determinar las actividades que deban considerarse altamente riesgosas, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En relación con el artículo 147, se propone que conforme a los programas de simplificación administrativa, solamente exista una clase de normas técnicas de seguridad y operación que expidan las dependencias técnicas señaladas en el propio artículo 146.
El segundo párrafo del artículo 147, debe aclararse para precisar, de acuerdo a las definiciones del artículo 3o. de la iniciativa, que los programas a que se hace referencia son aquellos destinados a la prevención de accidentes que puedan causar graves desequilibrios ecológicos. Adicionalmente, la actual redacción referida a programas de contingencia parecería incluir el concepto de emergencias
ecológicas, cuya regulación es materia de los artículos 13 y 14 de la iniciativa.
Igualmente, se propone aclarar la redacción del artículo 149 de la propia iniciativa, para precisar que los residuos a que se refiere, están relacionadas con las actividades reguladas en el artículo 148.
Por lo anterior, se propone reformar los artículos 146, 147, 148 y 149, para quedar como sigue:
Artículo 146. La Secretaría de Gobernación y la Secretaría, previa la opinión de las secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y del Trabajo y Previsión Social, determinarán y publicarán en el Diario Oficial de la Federación, los listados de las actividades que deban considerarse altamente riesgosas, para efecto de lo establecido en la presente ley.
Artículo 147. La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosas, se llevará a cabo en apego a lo dispuesto por esta ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las normas técnicas de seguridad y operación que expidan, en forma coordinada la Secretaría y las secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud y del Trabajo y Previsión Social; para tal fin, en aquellos establecimientos en los que se realicen actividades consideradas altamente riesgosas, deberán incorporarse los equipos e instalaciones que correspondan, con arreglo a las normas técnicas que se expidan.
Quienes realicen actividades altamente riesgosas, elaborarán, actualizarán y en los términos del reglamento correspondiente, someterán a la aprobación de la Secretaría y de las secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud y del Trabajo y Previsión Social, los programas para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades, que puedan causar graves desequilibrios ecológicos.
Cuando las actividades consideradas altamente riesgosas se realicen o vayan a realizarse en el Distrito Federal, el departamento del Distrito Federal participará en el análisis, y en su caso, aprobación de los programas de prevención correspondientes.
Artículo 148. Las entidades federativas y los municipios regularán la realización de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas, cuando éstas afecten al equilibrio de los ecosistemas o al ambiente de la entidad federativa en general, o del municipio correspondiente.
Artículo 149. La regulación a que se refiere el artículo anterior, corresponderá a los municipios, cuando en la realización de las actividades no consideradas altamente riesgosas, se generen residuos que sean vertidos a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población o integrados a la basura, así como cuando se trate de actividades relacionadas con residuos no peligrosos generados en servicios públicos, cuya regulación o manejo correspondan a los propios municipios o se relacionen con dichos servicios.
El capítulo V, Materiales y Residuos Peligrosos, incluye disposiciones especialmente relevantes para la adecuada protección del bien jurídico tutelado por la iniciativa.
Se establece la obligatoriedad de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de los listados que señalen los materiales y residuos que deban considerarse peligrosos para efecto de lo establecido en la iniciativa; asimismo, se ordena que se requerirá la autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para instalar y operar sistemas para la recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reúso, tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final de residuos peligrosos, con lo que se supera el vacío legal existente en esta materia.
Se establece también que tales materiales y residuos deberán ser manejados con arreglo a normas técnicas ecológicas, y de acuerdo a los procedimientos que establezca la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
En el artículo 153 de la iniciativa, se da carácter de permanencia legal a diversas disposiciones contenidas en el decreto del Ejecutivo Federal, para regular la importación y exportación de materiales y residuos peligrosos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de enero de 1987, y se recogen disposiciones del anexo III al convenio suscrito con Estados Unidos de América; para la prevención y el control de la contaminación fronteriza.
Para ello, se prevé que el Ejecutivo Federal, imponga las restricciones necesarias a la importación o exportación de materiales o residuos peligrosos, para lo cual se observarán las disposiciones del artículo 153 de la iniciativa.
Al respecto, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, ha hecho llegar a esta comisión una propuesta para reformar la
fracción IV del artículo 153, aclarar que no podrá autorizarse el tránsito por territorio nacional de materiales peligrosos cuando éstos no satisfagan las especificaciones de uso o consumo conforme a las que fueron elaborados, o cuya elaboración o uso se encuentren prohibidos o restringidos en su país de origen o en el país al que estuvieren destinados.
De otra manera, varias naciones podrían prohibir el tránsito de productos mexicanos que contengan materiales considerados, ahora o en el futuro como peligrosos en sus disposiciones respectivas, lo cual podría constituirse en un arma en contra de las exportaciones mexicanas.
Esta comisión considera procedente esta propuesta para reformar la fracción IV del artículo 153 de la iniciativa, que quedaría como sigue:
Artículo 153.................................................................
. I a III.......................................................................
. IV. No podrá autorizarse el tránsito por territorio nacional, de materiales peligrosos que no satisfagan las especificaciones de uso o consumo conforme a las que fueron elaborados, o cuya elaboración, uso o consumo se encuentren prohibidos o restringidos en el país al que estuvieren destinados, ni podrá autorizarse dicho tránsito de residuos peligrosos, cuando tales materiales y residuos provengan del extranjero para ser destinados a un tercer país.
En el artículo 154, de la iniciativa se ordena que la exploración, explotación y beneficio de minerales radiactivos, el aprovechamiento de los combustibles nucleares, los usos de la energía nuclear, en la industria nuclear y en general las actividades relacionadas con la misma, se lleven a cabo en apego a normas de seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares o radiactivas, de manera que se eviten riesgos a la salud humana y se asegure la preservación del equilibrio ecológico.
Asimismo, se dispone que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, realizará la evaluación del impacto ambiental de dichas actividades.
El capítulo VII se refiere a la protección del ambiente respecto de las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica y olores, mismas que quedan prohibidas en cuanto rebasen los límites contenidos en las normas técnicas ecológicas que expida la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Al respecto, la diputación del Partido Acción Nacional, presentó a esta comisión una propuesta para incorporar en el título del capítulo y en el artículo 155 la contaminación visual; en tanto dicho género de contaminación ha adquirido una relevancia creciente, y es necesario sentar las bases jurídicas para hacerle frente con eficacia, se considera procedente la adición en los siguientes términos:
CAPÍTULO VII
Ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, olores y contaminación visual.
Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos contenidos en las normas técnicas ecológicas que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine la Secretaría de Salud.
Las autoridades federales o locales, según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.
..............................................................................
. VII. Del título quinto.
La participación social constituye, a juicio de esta comisión, una condición indispensable para que la acción ecológica tenga éxito; de ahí que el título V haya suscitado el mayor interés de las diversas fracciones parlamentarias en las discusiones que tuvieron lugar en el seno de la comisión.
Son dos los elementos más destacados de este título. Por una parte, establece un sistema completo de participación social que incluye la consulta, prevista en otros ordenamientos para los procesos de planeación; considera la incorporación de diversas representaciones sociales en el órgano principal de coordinación de las decisiones del gobierno federal en la materia, la Comisión Nacional de Ecología, y también prevé la concertación de acciones y recursos con los principales grupos y organizaciones sociales, así como instituciones y particulares, para el logro de propósitos específicos relacionados con el objeto de la iniciativa.
Por la otra, permite integrar el conjunto de disposiciones que la iniciativa incluye para asegurar niveles crecientes de participación social, y que estos encuentren conductos y formas establecidas para traducirse en decisiones y en acciones de gobierno y sociedad.
Cabe señalar en este sentido, a manera de ejemplo, lo dispuesto en el artículo 47 por cuanto a que las comunidades rurales participarán en el establecimiento, administración y desarrollo de las áreas naturales protegidas, en el artículo 40 en relación a las comisiones mixtas de seguridad e higiene, o en los artículos que perfeccionan el mecanismo de la denuncia popular.
De esta forma, lo establecido en el artículo 1o., fracción VIII, por cuanto a la participación corresponsable de la sociedad en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, se traduce en disposiciones que establecen un sistema integral de participación social, considerando la consulta, pero también la concertación de acciones y la incorporación de representaciones sociales en la toma de decisiones ecológicas.
La comisión estima por estas razones, que lo dispuesto en este título para propiciar, encauzar y profundizar la participación de la sociedad, representa uno de los avances más significativos de la iniciativa en la relación a la legislación ambiental vigente, y significa también el establecimiento de la base jurídica para la gestión democrática de la política ecológica nacional.
Con el ánimo de complementar lo dispuesto en el artículo 158, la diputación del Partido Socialista de los Trabajadores, propuso la adición de una fracción V, dicha adición fue considerada como procedente por la comisión que suscribe, en virtud de que si bien es cierto que en el artículo 39 de la iniciativa se prevé la incorporación de contenidos ecológicos en los cursos que se imparten en los diversos ciclos educativos, se requiere fortalecer la conciencia ecológica en el corto plazo y a través de acciones que involucren a la comunidad, en el campo y en las ciudades.
Por ello, se propone a la asamblea la aprobación de la fracción referida, en los siguientes términos:
Artículo 158.................................................................
. I a IV........................................................................
. V. Impulsará el fortalecimiento de la conciencia ecológica, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la preservación y mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el correcto manejo de desechos.
Para ello, la Secretaría podrá, en forma coordinada con los estados y municipios correspondientes, celebrar convenios de concertación de comunidades urbanas y rurales, así como diversas organizaciones sociales.
VII. Del título sexto.
Las disposiciones contenidas en el título sexto de la iniciativa, establecen los instrumentos legales necesarios para la vigilancia y el efectivo cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley.
El título se integra por siete capítulos; el primero contiene una disposición, el artículo 160, que en forma congruente con el postulado contenido en el último párrafo de la propia iniciativa previene que lo ordenado en este capítulo se aplicará en la realización de los actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas y de comisión de delitos y sanciones, y en los procedimientos y recursos administrativos.
El ordenamiento será aplicable cuando se trate de asuntos de competencia federal regulados por esta ley, salvo cuando otras leyes regulen en forma específica tales cuestiones de inspección, vigilancia, medidas de seguridad, sanciones, y procedimientos y recursos administrativos.
El capítulo II, Inspección y Vigilancia, regula en forma precisa las vistas de inspección necesarias para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la iniciativa.
De acuerdo con lo prescrito por el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que para la realización de tales actos de inspección, deberá contarse con mandamiento escrito de autoridad competente, debidamente fundado y motivado, en el que se precise el lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y alcance de ésta.
El personal que lleve a cabo la visita deberá identificarse plenamente, levantará acta administrativa ante los testigos designados en el acto y hará constar en forma circunstanciada los hechos y omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia; concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia, para manifestar lo que a su derecho convenga.
En relación a lo anteriormente expuesto, la diputación del Partido Acción Nacional, ha hecho llegar a la comisión una propuesta para la modificación del artículo 165 de la iniciativa, para que el acceso del personal autorizado al lugar o lugares sujetos a inspección sea en los términos de la orden escrita mencionada en el artículo 162.
Toda vez que la modificación explícita la sujeción del acto de inspección a la orden escrita de
autoridad competente, y que ello es plenamente coincidente con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, esta comisión ha estimado que es procedente; por esta razón, se propone su aprobación como sigue:
Artículo 165. La persona con quien se entienda la diligencia, estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección, en los términos previstos en la orden escrita a que se hace referencia en el artículo 162 de esta ley, así como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables, con excepción de lo relativo a derechos de propiedad industrial que sean confidenciales conforme a la ley. La información deberá mantenerse por la autoridad en absoluta reserva, si así lo solicita el interesado, salvo en caso de requerimiento judicial.
El artículo 167, establece un recurso de inconformidad que podrá hacerse valer en contra de las actas de inspección, y cuyo objeto es permitir que la propia autoridad ordenadora de la visita, cuente con elementos adecuados para la apreciación de los hechos asentados en las actas, pues se permite que en relación con estos últimos, los interesados presenten las pruebas que estimen procedentes.
Una vez oído al presunto infractor y desahogadas sus pruebas, o transcurrido el plazo para la presentación del recurso, se procederá a dictar la resolución administrativa correspondiente; para ello, la iniciativa establece un plazo máximo de 30 días hábiles, con lo que se pretende dar agilidad a los procedimientos administrativos.
A propuesta de la diputación del Partido Revolucionario Institucional, esta comisión considera necesario adicionar el artículo 170 de la iniciativa, que se contiene en el capítulo III, del presente título, estableciendo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología podrá ordenar el decomiso de materiales o sustancias contaminantes y la clausura de las fuentes contaminantes como medida de seguridad y en forma previa a la imposición de las sanciones administrativas que correspondan, por infracciones a esta ley.
Se considera que en tanto existan casos de urgente e inmediata atención en los que es necesario que la dependencia citada actúe de inmediato para proteger el interés general, independientemente de que posteriormente se impongan las sanciones a que haya lugar en esta propuesta; en consecuencia, de aprobarse el presente dictamen, el artículo 170, de la iniciativa quedaría redactado de la siguiente forma:
Artículo 170. Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico o casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o la salud pública, la Secretaría como medida de seguridad, podrá ordenar el decomiso de materiales o sustancias contaminantes, la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes correspondientes, y promover la ejecución ante la autoridad competente, en los términos de las leyes relativas, de alguna o algunas de las medidas de seguridad que en dichos ordenamientos se establecen.
En el capítulo IV, se establecen las sanciones administrativas cuya imposición procederá por violaciones a los preceptos de la ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, consistentes en multa por el equivalente de 20 a 20 mil días de salario mínimo general, clausura temporal o definitiva, y arresto administrativo hasta por 36 horas.
Esta comisión considera necesario corregir la referencia que en el antepenúltimo párrafo del artículo 171, se hace a la fracción II, de ese mismo artículo, toda vez que debe entenderse hecha a la fracción I, del propio ordenamiento, que es el que se refiere al monto permitido de las multas.
El capítulo V, destina sus disposiciones a la regulación del recurso de inconformidad que podrá interponerse ante el titular de la unidad administrativa que hubiese dictado la resolución recurrida, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo; esto último para facilitar el acceso de los particulares a este medio de defensa, evitándose en ciertos casos costosos e innecesarios traslados, hasta la sede del titular de la unidad administrativa correspondiente.
Respecto al artículo 176, de la iniciativa, esta comisión ha recibido una propuesta del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que el objeto del recurso de inconformidad sean toda clase de resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de la ley y sus disposiciones reglamentarias, y que deben excluirse los actos que se lleven a cabo en cumplimiento de dicha ley, pues entre ellos quedarían incluidas todas las actividades del sector público que deben realizarse para satisfacer lo ordenado por el proyecto.
En tal virtud, esta comisión somete a la consideración de la asamblea el siguiente texto para el artículo 176 de la iniciativa.
Artículo 176. Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de esta ley, sus reglamentos
y disposiciones que de ella emanen, podrán ser recurridas por los interesados en el término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
En la página 90 de la iniciativa que nos ocupa, aparece el capítulo relativo a los delitos del orden federal, al que debiera corresponder el numeral VI y no V como en la citada página aparece, por lo que la comisión que suscribe propone la corrección relativa.
Por otro lado, el capítulo que se comenta mejora sustancialmente la descripción de las conductas acreedoras de pena. y respecto de la vigente Ley Federal de Protección al Ambiente, y establece una más adecuada graduación de las penas, respecto de los diversos bienes jurídicos tutelados.
En forma novedosa, se establece como delito la realización de actividades riesgosas en contravención a las normas de seguridad aplicables, que ocasionen graves daños a la salud pública, la flora o la fauna o los ecosistemas, y se señala que la pena correspondiente se podrá elevar hasta tres años más del límite máximo permitido, cuando dichas actividades se lleven a cabo en un centro de población.
Igual mención cabe hacer respecto de las actividades relacionadas con materiales y residuos peligrosos, cuya ejecución sin autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología constituye delito federal de acuerdo con el artículo 184, cuando se ocasionen o puedan ocasionar graves daños a la salud pública, a los ecosistemas o sus elementos.
Cuando las actividades relacionadas con estos materiales se refieren a su importación o exportación, constituirán delito si no se realizaran conforme a la autorización de aquella dependencia, la que deberá referirse a las condiciones de seguridad en que deban llevarse a cabo tales operaciones de importación o exportación.
Respecto del artículo 186, se ha recibido en esta comisión una propuesta de la diputación del Partido Mexicano Socialista, para que el artículo 186 sea consistente con los demás artículos de este capítulo de la iniciativa, incluyéndose en la descripción de las consecuencias de las conductas descritas, los efectos que puedan ocasionarse en la salud pública, la flora o la fauna o los ecosistemas.
La comisión que suscribe ha considerado procedente dicha propuesta, por lo que somete a la consideración de esta asamblea la siguiente redacción para el artículo 186 de la iniciativa:
Artículo 186. Se impondrá pena de tres meses a cinco años de prisión, y multa por el equivalente de 100 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que sin autorización de la autoridad competente y en contravención a las disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas aplicables, descargue, deposite o infiltre o lo autorice u ordene, aguas residuales, desechos o contaminantes en los suelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de jurisdicción Federal que ocasionen o puedan ocasionar graves daños a la salud pública, la flora o la fauna o los ecosistemas.
Cuando se trate de aguas para ser entregadas en bloque a centros de población, la pena se podrá elevar hasta tres años más.
El capítulo VII, de la Denuncia Popular, incorpora las disposiciones de la legislación vigente en la materia, introduciendo dos innovaciones, que a juicio de esta comisión, son de la mayor importancia.
La primera de ellas, se refiere a lo dispuesto en el artículo 193 de la iniciativa, que fija un plazo de 15 días hábiles para que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología comunique al denunciante el trámite que se haya dado a la denuncia correspondiente; con ello se supera la indefinición que al respecto existe y que deja a discreción de la autoridad administrativa los plazos para resolver las denuncias.
La segunda innovación es la del artículo 194, relativa a la participación de dicha Secretaría en favor de quienes, habiendo sufrido daños o perjuicios por infracciones a las disposiciones de la iniciativa, emprendan acción ante la autoridad judicial para obtener la reparación correspondiente.
En este sentido, el artículo establece que esa dependencia formulará un dictamen técnico para ser utilizado en juicio; esta disposición facilita la resolución de las reclamaciones en favor de los afectados, en consonancia con los propósitos que motivan la iniciativa.
En relación a esto último, la diputación del Partido Acción Nacional, ha propuesto a la comisión que se modifique el artículo 194, en virtud de que conferirle al dictamen técnico referido valor de prueba pericial, podría limitar el efecto de dicho documento en detrimento de quien hubiese promovido el procedimiento judicial correspondiente.
Por esta razón, la comisión ha estimado procedente la propuesta en los términos siguientes:
Artículo 194. Cuando por infracción a las disposiciones de esta ley se hubieren ocasionado daños o perjuicios, él o los interesados podrán solicitar a la Secretaría, la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá el valor de prueba, en caso de ser presentado en juicio.
IX. De las disposiciones transitorias.
En cuatro artículos transitorios se establecen diversas disposiciones, que darán lugar a una correcta aplicación de la iniciativa. Respecto a la vacatio legis, de aprobarse el proyecto en los términos constitucionales y previa su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la ley entrará en vigor el día 1o. de marzo de 1988.
Esto obedece a una razón expresada por el titular del Ejecutivo Federal en la exposición de motivos de la iniciativa que se analiza, que es la de contar con un plazo lo suficientemente amplio para que la ley pueda darse a conocer en forma amplia, y se esté en posibilidad de cumplir el compromiso que esté en posibilidad de cumplir el compromiso que implica el proyecto de preparación de las disposiciones reglamentarias y normas técnicas necesarias.
Se establece asimismo en el primer párrafo del artículo segundo transitorio, la abrogación de la Ley Federal de Protección al Ambiente. La diputación del Partido Mexicano Socialista, ha propuesto, en relación a ese mismo párrafo, que se haga explícito el principio de derogación de las disposiciones que contravengan lo dispuesto en la iniciativa.
La comisión ha considerado conveniente la propuesta, por lo que la somete a la aprobación de la asamblea, conforme a la siguiente redacción:
Artículo segundo. Se abroga la Ley Federal de Protección al Ambiente, de 30 de diciembre de 1981, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1982, y se derogan las demás disposiciones legales en lo que se opongan a las de la presente ley.
..............................................................................
. Por lo que se refiere al segundo párrafo del artículo que se comenta, a juicio de esta comisión, presenta una solución adecuada al problema que se representaría, de no preverse el vacío legal que podría generarse entre el momento del inicio de la vigencia de la nueva ley, y el momento en el que los estados y municipios regulen las materias que les corresponden de conformidad con las disposiciones de la iniciativa; dicho vacío iría en detrimento de una eficaz protección ecológica, y en consecuencia limitaría la protección del valor jurídico tutelado por el proyecto.
Los integrantes de esta comisión consideramos finalmente, que la única manera en que podemos triunfar en contra del desmoronamiento ambiental, será racionalizar más y mejor todo lo que hacemos como individuos, como familias, como grupos, como sociedad, como gobierno y como país; si existen leyes para regular las relaciones del hombre con el hombre, es ya indispensable una legislación que reoriente las relaciones del hombre con el ambiente, sólo así sobreviviremos.
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución General de la República, 56, de la Ley Orgánica del Congreso General y 55 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión que suscribe somete a la consideración de esta asamblea el siguiente
PROYECTO DE LEY GENERAL
DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Normas preliminares
Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden e interés social, y tienen por objeto establecer las bases para:
I. Definir los principios de la política ecológica general, y regular los instrumentos para su aplicación;
II. El ordenamiento ecológico;
III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;
IV. La protección de las áreas naturales y la flora y fauna silvestres y acuáticas;
V. El aprovechamiento racional de los elementos naturales, de manera que sea compatible la obtención
de beneficios económicos con el equilibrio de los ecosistemas;
VI. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;
VII. La concurrencia del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios, en la materia, y
VIII. La coordinación entre las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como la participación corresponsable de la sociedad, en las materias de este ordenamiento.
Las disposiciones de esta ley, se aplicarán sin perjuicio de las contenidas en otras leyes sobre cuestiones específicas que se relacionan con las materias que regula este propio ordenamiento.
Artículo 2o. Se consideran de utilidad pública:
I. El ordenamiento ecológico del territorio nacional, en los casos previstos por ésta y las demás leyes aplicables;
II. El establecimiento de zonas prioritarias de preservación y restauración del equilibrio ecológico;
III. El cuidado de los sitios necesarios para asegurar el mantenimiento e incremento de los recursos genéticos de la flora y fauna silvestres y acuáticas, frente al peligro de deterioro grave o extinción, y
IV. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas.
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entiende por:
I. Ambiente: El conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre, que interactúan en un espacio y tiempo determinado;
II. Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del hombre, y que han quedado sujetas al régimen de protección;
III. Aprovechamiento racional: La utilización de los elementos naturales, en forma que resulte eficiente, socialmente útil y procure su preservación y la del ambiente;
IV. Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes, o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico;
V. Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural;
VI. Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas;
VII. Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento;
VIII. Criterios ecológicos: Los lineamientos destinados a preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente;
IX. Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos;
X. Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados;
XI. Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos;
XII. Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y espacio determinados, sin la inducción del hombre;
XIII. Emergencia ecológica: Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que al afectar severamente a sus elementos, pone en peligro a uno o varios ecosistemas;
XIV. Fauna silvestre: Las especies animales terrestres, que subsisten sujetas a los procesos de selección natural, cuyas poblaciones habitan temporal o permanentemente en el territorio nacional y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos
que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación;
XV. Flora silvestre: Las especies vegetales terrestres así como hongos, que subsisten sujetos a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente en el territorio nacional, incluyendo las poblaciones o especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre;
XVI. Flora y fauna acuáticas: Las especies biológicas y elementos biogénicos que tienen como medio de vida temporal, parcial o permanente las aguas, en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce derechos de soberanía y jurisdicción;
XVII. Impacto ambiental: Modificación del ambiente, ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza;
XVIII. Manifestación del impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo.
XIX. Mejoramiento: El incremento de la calidad del ambiente;
XX. Ordenamiento ecológico: El proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio nacional, y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente;
XXI. Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales;
XXII. Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas, para evitar el deterioro del ambiente;
XXIII. Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente, y prevenir y controlar su deterioro;
XXIV. Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre;
XXV. Región ecológica: La unidad del territorio nacional, que comparte características ecológicas comunes;
XXVI. Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento, cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó;
XXVII. Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, representan un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente;
XXVIII. Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales;
XXIX. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y
XXX. Vocación natural: Condiciones que presenta un ecosistema, para sostener una o varias actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos.
CAPÍTULO II
Concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios
Artículo 4o. Las atribuciones que en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente tiene el Estado y que son objeto de esta ley, serán ejercidas de manera concurrente por la Federación las entidades federativas y los municipios, con sujeción a las siguientes bases:
I. Son asuntos de competencia federal, los de alcance general en la nación o de interés de la Federación, y
II. Competen a los estados y municipios, los asuntos no comprendidos en la fracción anterior, conforme a las facultades que ésta y otras leyes les otorgan, para ejercerlas en forma exclusiva o participar en su ejercicio con la Federación, en sus respectivas circunscripciones.
Artículo 5o. Son asuntos de alcance general en la nación, o de interés de la Federación:
I. La formulación y conducción de la política general de ecología;
II. La formulación de los criterios ecológicos generales que deberán observarse en la aplicación de los instrumentos de la política ecológica, para la protección de las áreas naturales y de la flora y
fauna silvestres y acuáticas, para el aprovechamiento de los recursos naturales, para el ordenamiento ecológico del territorio y para la prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo;
III. Los que por su naturaleza y complejidad requieran de la participación de la Federación;
IV. Las acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal;
V. Los originados en otros países, que afectan al equilibrio ecológico dentro del territorio nacional o las zonas sobre las que la nación ejerce derechos de soberanía y jurisdicción;
VI. Los originados del territorio nacional o las zonas sobre las que la nación ejerce derechos de soberanía y jurisdicción, que afecten al equilibrio ecológico de otros países;
VII. Los que afecten al equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas;
VIII. La expedición de las normas técnicas en las materias objeto de esta ley;
IX. La prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios a los ecosistemas o de los daños reales o potenciales a la población o al ambiente lo hagan necesario;
X. La regulación de las actividades que deban considerarse altamente riesgosas, según ésta y otras leyes y sus disposiciones reglamentarias, por la magnitud o gravedad de los efectos que puedan generar en el equilibrio ecológico o el ambiente;
XI. La creación y administración de las áreas naturales protegidas de interés de la Federación, con la participación de las autoridades locales, en los casos que ésta y otras leyes lo prevean;
XII. La protección de la flora y fauna silvestres, para conservarlas y desarrollarlas, en los términos de esta ley y de la Ley Federal de Caza;
XIII. La protección de la flora y fauna acuáticas, en aguas de propiedad nacional o sobre las que la nación ejerce derechos de soberanía y jurisdicción;
XIV. La protección de la atmósfera en zonas o en casos de fuentes emisoras de jurisdicción federal;
XV. El aprovechamiento racional y la prevención y el control de la contaminación de aguas de jurisdicción federal, conforme a esta ley, la Ley Federal de Aguas, las disposiciones vigentes del derecho internacional y las normas que de dichas disposiciones se deriven;
XVI. El ordenamiento ecológico general del territorio del país;
XVII. El aprovechamiento racional de los recursos forestales, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Forestal, así como el aprovechamiento racional del suelo en actividades productivas, de acuerdo con su vocación, y la prevención y control de la contaminación y degradación de los suelos;
XVIII. La regulación de las actividades relacionadas con la exploración y explotación de los recursos del subsuelo, que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reserva a la nación, en cuanto puedan originar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente;
XIX. La regulación de las actividades relacionadas con materiales y residuos peligrosos;
XX. La prevención y el control de la emisión de contaminantes, en zonas o en casos de fuentes emisoras de jurisdicción federal, que rebasen los niveles máximos permisibles por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, y
XXI. Los demás que está y otras leyes reserven a la Federación.
Artículo 6o. Compete a las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus circunscripciones territoriales y conforme a la distribución de atribuciones que se establezca en las leyes locales:
I. La formulación de la política y de los criterios ecológicos particulares en cada entidad federativa, que guarden congruencia con los que en su caso hubiere formulado la Federación, en la materia a que se refiere el presente artículo;
II. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción de las entidades federativas y de los municipios, salvo cuando se refieran a asuntos reservados a la Federación por ésta u otras leyes;
III. La prevención y el control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales, en forma aislada o participativa con la Federación, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daños al ambiente no rebasen el territorio de la entidad federativa o del municipio, o no hagan necesaria la acción exclusiva de la Federación;
IV. La regulación de las actividades que no sean consideradas altamente riesgosas, cuando por los efectos que puedan generar, se afecten ecosistemas o el ambiente de una entidad federativa o del municipio correspondiente;
V. La regulación, creación y administración de los parques urbanos y zonas sujetas a conservación ecológica, que esta ley prevé;
VI. La prevención y el control de la contaminación de la atmósfera, generada en zonas o por fuentes emisoras de jurisdicción estatal o municipal;
VII. El establecimiento de las medidas para hacer efectiva la prohibición de emisiones contaminantes que rebasen los niveles máximos permisibles por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, salvo en las zonas o en los casos de fuentes emisoras de jurisdicción Federal;
VIII. La regulación del aprovechamiento racional, y la prevención y el control de la contaminación de las aguas de jurisdicción de los estados;
IX. La prevención y control de la contaminación de aguas federales, que tengan asignadas o concesionadas para la prestación de servicios públicos y de las que se descarguen en las redes de alcantarillado de los centros de población, sin perjuicio de las facultades de la Federación, en materia de tratamiento, descarga, infiltración y reuso de aguas residuales, conforme a esta ley y las demás aplicables;
X. El ordenamiento ecológico local, particularmente en los asentamientos humanos, a través de los programas de desarrollo urbano y demás instrumentos regulados en esta ley, en la Ley General de Asentamientos Humanos y en las disposiciones locales;
XI. La regulación con fines ecológicos, del aprovechamiento de los minerales o sustancias no reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición, que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento;
XII. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transportes locales;
XIII. La regulación del manejo y disposición final de los residuos sólidos que no sean peligrosos, conforme a esta ley y sus disposiciones reglamentarias, y
XIV. Los demás asuntos que se prevén en esta ley.
Con base en las disposiciones que para la distribución de competencias en las materias que regula esta ley, expidan los congresos locales con arreglo a sus respectivas constituciones, los ayuntamientos dictarán los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno, a efecto de que en sus respectivas circunscripciones, se cumplan las disposiciones del presente ordenamiento.
En el ejercicio de sus atribuciones, las entidades federativas y en su caso, los municipios, observarán las disposiciones de esta ley y los demás ordenamientos que de ella se deriven, y aplicarán las normas técnicas ecológicas que expida la Secretaría.
Artículo 7o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, y en su caso con la intervención de otras dependencias, podrá celebrar acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, y con su participación, con los municipios, satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso procedan, para la realización de acciones en las materias objeto de esta ley.
Cuando así lo soliciten los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, la Secretaría les prestará la asistencia técnica necesaria.
CAPÍTULO III
Atribuciones de la secretaría y coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública federal
Artículo 8o. Corresponde a la Secretaría:
I. Formular y conducir la política general de ecología;
II. Aplicar en la esfera de su competencia esta ley, sus reglamentos y las normas técnicas ecológicas que expida, y vigilar su observancia;
III. Realizar las distintas acciones que le competen, a fin de preservar, proteger y restaurar el equilibrio ecológico y el ambiente, coordinándose en su caso con las demás dependencias de la administración pública federal, según sus respectivas esferas de competencia;
IV. Coordinar estudios y acciones para proponer al Ejecutivo Federal la creación de áreas naturales protegidas, de acuerdo a lo dispuesto en el título segundo de esta ley, con la intervención que corresponda a otras dependencias de la administración pública federal y a las autoridades locales, y participar en las acciones que deban realizarse conforme a las resoluciones del propio Ejecutivo;
V. Formular y desarrollar programas para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, y propiciar el manejo integral de los recursos naturales;
VI. Programar el ordenamiento ecológico general del territorio del país, en coordinación con las demás dependencias del Ejecutivo Federal y autoridades locales, según sus respectivas esferas de competencia;
VII. Expedir las normas técnicas ecológicas, que serán observadas en todo el territorio nacional;
VIII. Formular los criterios ecológicos que deberán observarse en la aplicación de la política general de ecología; la protección de la flora y fauna silvestres y acuáticas; el aprovechamiento de los recursos naturales; el ordenamiento ecológico general del territorio; y la prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo, con la participación que en su caso corresponda a otras dependencias;
IX. Evaluar el impacto ambiental en las actividades a que se refieren los artículos 28 y 29 de esta ley;
X. Formular y conducir la política de saneamiento ambiental, en coordinación con la Secretaría de Salud, en lo referente a la salud humana;
XI. Proponer al Ejecutivo Federal las disposiciones que regulen las actividades relacionadas con materiales o residuos peligrosos, en coordinación con la Secretaría de Salud;
XII. Determinar la aplicación de tecnologías que reduzcan las emisiones contaminantes de vehículos automotores, en coordinación con las secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de Energía, Minas e Industria Paraestatal;
XIII. Expedir las normas técnicas ecológicas que deberán incorporarse a las normas oficiales mexicanas, que se establezcan para productos utilizados como combustibles o energéticos;
XIV. Proponer al Ejecutivo Federal las disposiciones que regulen los efectos ecológicos de los plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas en coordinación con las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Salud, y de Comercio y Fomento Industrial;
XV. Proponer al Ejecutivo Federal, la expedición de disposiciones conducentes para preservar y restaurar el equilibrio ecológico;
XVI. Proponer al Ejecutivo Federal, la adopción de las medidas necesarias para la prevención y control de contingencias ambientales, y aplicarlas en el ámbito de su competencia;
XVII. Coordinar la aplicación por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las medidas que determine el Ejecutivo Federal para la prevención y el control de contingencias ambientales;
XVIII. Concertar acciones con los sectores social y privado;
XIX. Formular y desarrollar programas para promover el uso de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento de los recursos naturales, considerando las distintas regiones ecológicas del país, y
XX. Las demás que conforme a ésta u otras leyes o disposiciones reglaméntales le correspondan.
Artículo 9o. En el Distrito Federal, la Secretaría ejercerá las atribuciones a que se refiere el artículo anterior, y el Departamento del Distrito Federal ejercerá las que se prevén para las autoridades locales, sin perjuicio de las que competan a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, ajustándose a las siguientes disposiciones especiales:
a) Corresponde a la Secretaría:
I. Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera generada en el Distrito Federal, por fuentes fijas que no funcionen como establecimientos mercantiles y espectáculos públicos, y participar, de conformidad con el acuerdo de coordinación que al efecto celebre con el Departamento del Distrito Federal, en la prevención y control de la generada por fuentes móviles que circulen en el propio terreno del Distrito Federal;
II. Expedir las normas técnicas de emisión máxima permisible de contaminantes de la atmósfera de fuentes móviles;
III. Determinar la aplicación de tecnologías que reduzcan las emisiones contaminantes de los vehículos automotores, en coordinación con las secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de Energía, Minas e Industria Paraestatal;
IV. Expedir las normas técnicas ecológicas que deberán incorporarse a las normas oficiales mexicanas, que en su caso se establezcan para productos utilizados como combustibles o energéticos en el Distrito Federal;
V. Establecer y operar los sistemas de monitoreo de la contaminación atmosférica en el Distrito Federal;
VI. Establecer las condiciones de descarga de las aguas residuales de los sistemas de drenaje del Distrito Federal, a los cuerpos receptores;
VII. Expedir coordinadamente con las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Salud, las normas técnicas para regular el alejamiento, explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales;
VIII. Expedir las normas técnicas para la recolección, tratamiento y disposición de toda clase de residuos, en coordinación con la Secretaría de Salud;
IX. Proponer al Ejecutivo Federal las disposiciones que regulen las actividades relacionadas con materiales o residuos peligrosos, en coordinación con la Secretaría de Salud;
X. Proponer al Ejecutivo Federal las disposiciones que regulen los efectos ecológicos de los plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas en coordinación con las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y de Salud, y de Comercio y Fomento Industrial;
XI. Prevenir y controlar la contaminación originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores en los casos de fuentes emisoras de jurisdicción federal;
XII. Evaluar el impacto ambiental en la realización de obras o actividades públicas o privadas a que se refieren los artículos 28 y 29 de esta ley, que puedan afectar o deteriorar significativamente el equilibrio ecológico, de conformidad con las disposiciones de esta ley, y vigilar su observancia;
XIII. Proponer al Ejecutivo Federal, la adopción de las medidas necesarias para la prevención y el control de contingencias ambientales, y aplicarlas en el ámbito de su competencia;
XIV. Coordinar la aplicación por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las medidas que determine el Ejecutivo Federal, para la prevención y el control de contingencias ambientales;
XV. Determinar las bases para la organización y administración de los parques nacionales, y en coordinación con las dependencias competentes, de las demás reservas ecológicas en el Distrito Federal, y
XVI. Inspeccionar, vigilar e imponer sanciones en los asuntos de su competencia.
b) Corresponde al Departamento del Distrito Federal:
I. Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera generada en el Distrito Federal por fuentes fijas, que funcionen como establecimientos mercantiles y espectáculos públicos, y por toda clase de fuentes móviles que circulen en su territorio;
II. Establecer y operar sistemas de verificación del parque vehicular en circulación en el Distrito Federal, en relación con la contaminación de la atmósfera, y en su caso, limitar la circulación de los vehículos cuyos niveles de emisión de contaminantes rebasen los límites máximos permisibles que determine la Secretaría;
III. Aplicar las medidas de tránsito y vialidad necesarias, para reducir los niveles de emisión en los automotores;
IV. Verificar el cumplimiento de las normas de emisión máxima permisible del transporte público;
V. Operar la red regional de laboratorios de análisis de la contaminación atmosférica;
VI. Aplicar las normas técnicas que expidan la Secretaría de Salud, para regular las descargas de aguas al sistema de drenaje y alcantarillado del Distrito Federal;
VII. Establecer y desarrollar la política de reúso de aguas en el Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos;
VIII. Implantar y operar sistemas de tratamiento de aguas residuales, de conformidad con las normas técnicas ecológicas aplicables;
IX. Proponer al Ejecutivo Federal la expedición de las disposiciones que regulen las actividades de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos no peligrosos, observando las normas técnicas ecológicas aplicables;
X. Establecer los sitios destinados a la disposición final de los residuos sólidos, a que hace referencia la fracción anterior;
XI. Determinar los criterios ecológicos que serán incorporados en los programas de desarrollo urbano, y demás instrumentos aplicables en esta materia;
XII. Participar en el ámbito de su competencia, en la formulación y ejecución de los programas especiales que establezca la Federación, para la restauración del equilibrio ecológico, en aquellas zonas y áreas del Distrito Federal que presenten graves desequilibrios;
XIII. Vigilar la observancia de las declaratorias que expida el Ejecutivo Federal para regular los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos y la realización de actividades que generen contaminación, en las zonas y áreas del Distrito Federal que presenten graves desequilibrios ecológicos;
XIV. Prevenir y controlar la contaminación originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores en el territorio del Distrito Federal, salvo en los casos de fuentes emisoras de jurisdicción federal;
XV. Evaluar el impacto ambiental en la realización de obras o actividades públicas o privadas, que puedan afectar o deteriorar significativamente el equilibrio ecológico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 de esta ley, en las materias no comprendidas en el artículo 29 del presente ordenamiento y vigilar su observancia;
XVI. Aplicar en el ámbito de su competencia, las medidas que determine el Ejecutivo Federal, para la prevención y el control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales;
XVII. Participar en los términos que convenga con la Secretaría, en la organización y administración de los parques nacionales, y según lo acuerde con la propia Secretaría y las demás dependencias competentes, en la organización y administración de las restantes reservas ecológicas ubicadas en el Distrito Federal;
XVIII. Observar las normas técnicas ecológicas en la prestación de los servicios públicos de alcantarillado, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transportes locales, y
XIX. Inspeccionar, vigilar e imponer sanciones en los asuntos de su competencia.
c) La Secretaría y el Departamento del Distrito Federal, se coordinarán particularmente cuando se trate de las siguientes materias:
I. Desarrollar programas de capacitación, para prevenir y controlar la contaminación atmosférica;
II. Aplicar en las obras e instalaciones destinadas al tratamiento de aguas residuales que se construyan en el Distrito Federal, los criterios que emitan las autoridades federales, a efecto de que las descargas en cuerpos y corrientes de agua que pasen al territorio de otra u otras entidades federativas, satisfagan las normas técnicas ecológicas aplicables;
III. Promover ante el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la realización, en el marco de la Ley de Planeación, de programas especiales para la restauración del equilibrio ecológico de aquellas zonas y áreas del Distrito Federal que presenten graves desequilibrios;
IV. Proponer al Ejecutivo Federal, la creación de áreas naturales protegidas en el Distrito Federal, y
V. Promover y fomentar la participación ciudadana en las distintas acciones y programas, para preservar y restaurar los ecosistemas y para proteger el ambiente.
Artículo 10. Corresponde a la Secretaría llevar a cabo las acciones para la prevención y el control de la contaminación atmosférica generada en actividades industriales, en los municipios de la zona conurbada al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII, del artículo 5o., de esta ley, con la participación de las entidades federativas, y en su caso, de los municipios que correspondan.
Artículo 11. Las diversas dependencias del Ejecutivo Federal, ejercerán las atribuciones que les otorgan otras leyes en materias relacionadas con el objeto de este ordenamiento, observando lo dispuesto en las fracciones III y IV, del artículo 8o., de esta ley.
Artículo 12. La Comisión Nacional de Ecología, es un órgano permanente de coordinación intersecretarial, que fungirá además como instancia para promover la concertación entre la sociedad y el Estado en la materia.
Dicho órgano tendrá la naturaleza de la Comisión Intersecretarial, y se integrará y funcionará de acuerdo con lo que disponga el Ejecutivo Federal.
La Comisión analizará problemas y propondrá prioridades, programas y acciones ecológicas. Para el eficaz desempeño de sus trabajos, podrán participar en la Comisión las dependencias y entidades de la administración pública federal, cuyas
atribuciones tengan relación con el objeto propio de la Comisión.
Los representantes de los gobiernos de los estados y municipios, serán invitados a participar cuando se trate de fenómenos de impacto ambiental considerable en la entidad o municipio correspondiente, y por acuerdo de la Comisión también lo serán miembros de los sectores social y privado, organizaciones de productores, organizaciones civiles e instituciones educativas, así como otros representantes de la sociedad.
La Comisión presentará bianualmente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, un informe detallado de la situación general en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente en el país.
Artículo 13. En caso de emergencias ecológicas, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría y las demás autoridades competentes, propondrán en forma coordinada al Ejecutivo Federal las medidas necesarias.
Artículo 14. Las dependencias y entidades de la administración pública, se coordinarán con la Secretaría en los casos de ejecución de las obras públicas a que se refiere el artículo 56, fracción II, de la Ley de Obras Públicas, cuando exista peligro para el equilibrio ecológico de alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, o por caso fortuito o de fuerza mayor.
CAPÍTULO IV
Política ecológica
Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ecológica, y la expedición de normas técnicas y demás instrumentos previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:
I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad, y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del país;
II. Los ecosistemas y sus elementos, deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad;
III. Las autoridades y los particulares, deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico;
IV. La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones;
V. La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos;
VI. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables, debe realizarse de manera que se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad;
VII. Los recursos naturales no renovables, deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos;
VIII. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la concertación de la sociedad, son indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas;
IX. El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los individuos, sino también los grupos y organizaciones sociales; el propósito de la concertación de acciones ecológicas, es reorientar la relación entre la sociedad y la naturaleza;
X. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado para regular, promover, restringir, prohibir, orientar, y en general inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, se considerarán los criterios de preservación y restauración del equilibrio ecológico;
XI. toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano. Las autoridades, en los términos de ésta y otras leyes, tomarán las medidas para preservar ese derecho;
XII. El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad de la vida de la población;
XIII. Es interés de la nación, que las actividades que se lleven a cabo dentro del territorio nacional y en aquellas zonas donde ejerce su soberanía y jurisdicción, no afecten el equilibrio ecológico de otros países o de zonas de jurisdicción internacional, y
XIV. Las autoridades competentes, en igualdad de circunstancias ante las demás naciones, promoverán
la preservación y restauración del equilibrio de los ecosistemas regionales y globales.
Artículo 16. Las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus competencias, observarán y aplicarán los principios a que se refieren las fracciones I al XI, del artículo anterior.
CAPÍTULO V
Instrumentos de la política ecológica
SECCIÓN I
Planeación ecológica
Artículo 17. En la planeación nacional del desarrollo, será considerada la política ecológica general y el ordenamiento ecológico, que se establezcan de conformidad con esta ley y las demás disposiciones en la materia.
Artículo 18. El gobierno federal promoverá la participación de los distintos grupos sociales, en la elaboración de los programas que tengan por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, según lo establecido en esta ley y las demás aplicables.
SECCIÓN II
Ordenamiento Ecológico
Artículo 19. Para el ordenamiento ecológico, se considerarán los siguientes criterios:
I. La naturaleza y características de cada ecosistema, dentro de la regionalización ecológica del país;
II. La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la distribución de la población y las actividades económicas predominantes;
III. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales;
IV. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales, y
V. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras o actividades.
Artículo 20. El ordenamiento ecológico será considerado en la regulación del aprovechamiento de los recursos naturales, de la localización de la actividad productiva secundaria y de los asentamientos humanos, conforme a las siguientes bases:
I. En cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales, el ordenamiento ecológico será considerado en:
a) La realización de obras públicas, que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales;
b) Las autorizaciones relativas al uso del suelo en el ámbito regional para actividades agropecuarias, forestales y primarias en general, que puedan causar desequilibrios ecológicos;
c) El otorgamiento de asignaciones, concesiones, autorizaciones o permisos para el uso, explotación y aprovechamiento de aguas de propiedad nacional;
d) El otorgamiento de permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal;
e) El otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para el aprovechamiento de las especies de flora y fauna silvestres y acuáticas, y
f) El financiamiento a las actividades agropecuarias, forestales y primarias en general, para inducir su adecuada localización.
II. En cuanto a la localización de la actividad productiva secundaria y de los servicios, el ordenamiento ecológico será considerado en:
a) La realización de obras públicas, susceptibles de influir en la localización de las actividades productivas;
b) El financiamiento a las actividades económicas para inducir su adecuada localización, y en su caso, su reubicación;
c) El otorgamiento de estímulos fiscales, orientados a promover la adecuada localización, y en su caso, su reubicación;
d) Las autorizaciones para la construcción y operación de plantas o establecimientos industriales, comerciales o de servicios.
III. En lo que se refiere a los asentamientos humanos, el ordenamiento ecológico será considerado en:
a) La fundación de nuevos centros de población;
b) La creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, provisiones y destinos del suelo urbano;
c) La ordenación urbana del territorio, y los programas del gobierno federal para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda, y
d) Los financiamientos para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda, otorgados por las sociedades nacionales de crédito y otras entidades paraestatales.
SECCIÓN III
Criterios ecológicos en la promoción del desarrollo
Artículo 21. En la planeación y realización de las acciones a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal, conforme a sus respectivas esferas de competencia, que se relacionen con las materias objeto de este ordenamiento, así como en el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al gobierno federal para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, se observarán los criterios ecológicos generales que establezcan esta ley y demás disposiciones que de ella emanen.
Artículo 22. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.
SECCIÓN IV
Regulación ecológica de los asentamientos humanos
Artículo 23. La regulación ecológica de los asentamientos humanos consiste en el conjunto de normas, disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda para mantener, mejorar o restaurar el equilibrio de los asentamientos humanos con los elementos naturales, y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población, que lleven a cabo el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios.
Artículo 24. Para la regulación ecológica de los asentamientos humanos, las dependencias y entidades de la administración pública federal, considerarán los siguientes criterios generales:
I. La política ecológica en los asentamientos humanos requiere, para ser eficaz, de una estrecha vinculación con la planeación urbana y su aplicación;
II. La política ecológica, debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de la vida de la población, y a la vez, prever las tendencias de crecimientos del asentamiento humano, para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de la vida, y
III. En el proceso de creación, modificación y mejoramiento del ambiente construido por el hombre, es indispensable fortalecer las previsiones de carácter ecológico y ambiental para proteger y mejorar la calidad de vida.
Artículo 25. Los criterios generales de regulación ecológica de los asentamientos humanos, serán considerados en:
I. La formulación y aplicación de las políticas generales de desarrollo urbano y vivienda;
II. Los programas sectoriales de desarrollo urbano y vivienda, que realice el gobierno federal, y
III. Las normas de diseño, tecnología de construcción, uso y aprovechamiento de vivienda y en las de desarrollo urbano que expida la Secretaría.
Artículo 26. En el programa sectorial de desarrollo urbano, se incorporarán los siguientes elementos ecológicos y ambientales:
I. Las disposiciones que establece la presente ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente;
II. La observancia del ordenamiento ecológico del territorio;
III. El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones destinadas a la habitación, los servicios y en general otras actividades, y
IV. La integración de inmuebles de alto valor histórico y cultural, con áreas verdes y zonas de convivencia social.
Artículo 27. El programa sectorial de vivienda y las acciones de vivienda que ejecute o financie el gobierno federal, promoverán:
I. Que la vivienda que se construya en las zonas de expansión de los asentamientos humanos, guarde una relación adecuada con los elementos naturales de dichas zonas, y que considere áreas verdes suficientes para la convivencia social, y
II. Que la vivienda que se construya en los asentamientos humanos, incorpore criterios ecológicos
y de protección al ambiente, tanto en su diseño como en las tecnologías aplicadas, para mejorar la calidad de la vida.
SECCIÓN V
Evaluación del impacto ambiental
Artículo 28. La realización de obras o actividades públicas o privadas, que puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones señalados en los reglamentos y las normas técnicas ecológicas emitidas por la Federación para proteger al ambiente, deberán sujetarse a la autorización previa del gobierno federal, por conducto de la Secretaría o de las entidades federativas o municipios, conforme a las competencias que señala esta ley, así como el cumplimiento de los requisitos que se les impongan una vez evaluado el impacto ambiental que pudieren originar, sin perjuicio de otras autorizaciones que corresponda otorgar a las autoridades competentes.
Cuando se trate de la evaluación del impacto ambiental, por la realización de obras o actividades que tengan por objeto el aprovechamiento de recursos naturales, la Secretaría requerirá a los interesados que en la manifestación de impacto ambiental correspondiente, se incluya la descripción de los posibles efectos de dichas obras o actividades en el ecosistema de que se trate, considerando el conjunto de elementos que lo conforman y no únicamente los recursos que serían sujetos de aprovechamiento.
Artículo 29. Corresponderá al gobierno federal, por conducto de la Secretaría, evaluar el impacto ambiental a que se refiere el artículo 28 de esta ley, particularmente tratándose de las siguientes materias:
I. Obra pública federal;
II. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos y carboductos;
III. Industria química, petroquímica, siderúrgica, papelera, azucarera, de bebidas, del cemento, automotriz y de generación y transmisión de electricidad;
IV. Exploración, extracción, tratamiento y refinación de sustancias minerales y no minerales, reservadas a la Federación;
V. Desarrollos turísticos federales;
VI. Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radiactivos, y
VII. Aprovechamientos forestales de bosques y selvas tropicales y de especies de difícil regeneración, en los casos previstos en el segundo párrafo del artículo 56 de la Ley Forestal.
Artículo 30. En la realización de estudios y en el otorgamiento de permisos y autorizaciones para los aprovechamientos forestales, cambio de uso de terrenos forestales y extracción de materiales de dichos terrenos, deberán considerarse los dictámenes generales de impacto ambiental por regiones, ecosistemas territoriales definidos o para especies vegetales, que emita la Secretaría en los términos previstos por el artículo 23 de la Ley Forestal.
Artículo 31. Corresponde a las entidades federativas y a los municipios, evaluar el impacto ambiental en materias no comprendidas en el artículo 29 de este ordenamiento, ni reservadas a la Federación en ésta u otras leyes.
Artículo 32. Para la obtención de la autorización a que se refiere el artículo 28 del presente ordenamiento, los interesados deberán presentar ante la autoridad correspondiente, una manifestación de impacto ambiental; en su caso, dicha manifestación deberá ir acompañada de un estudio de riesgo de la obra, de sus modificaciones o de las actividades previstas, consistente en las medidas técnicas preventivas y correctivas para mitigar los efectos adversos al equilibrio ecológico durante su ejecución, operación normal y en caso de accidente.
La Secretaría establecerá el registro al que se inscribirán los prestadores de servicios que realicen estudios de impacto ambiental, y determinará los requisitos y procedimientos de carácter técnico, que dichos prestadores de servicios deberán satisfacer para su inscripción.
Artículo 33. Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, y satisfechos los requerimientos formulados por la autoridad competente, cualquier persona podrá consultar el expediente correspondiente.
Los interesados podrán solicitar que se mantenga en reserva la información que haya sido integrada al expediente, y que de hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, o intereses lícitos de naturaleza mercantil.
Artículo 34. Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría, en los casos previstos en el artículo 29 de esta ley, o en su caso el Departamento del Distrito Federal, dictará la resolución correspondiente.
En dicha resolución podrá otorgarse la autorización para la ejecución de la obra o la realización
de la actividad de que se trate, en los términos solicitados; negarse dicha autorización, u otorgarse de manera condicionada a la modificación del proyecto de obra o actividad, a fin de que se eviten o atenúen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la operación normal y aun en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la Secretaría o en su caso el Departamento del Distrito Federal, señalará los requerimientos que deban observarse para la ejecución de la obra o la realización de la actividad prevista.
Artículo 35. El gobierno federal, por conducto de la Secretaría, prestará asistencia técnica a los gobiernos estatales y municipales que así lo soliciten, para la evaluación de la manifestación de impacto ambiental o del estudio de riesgo, en su caso.
SECCIÓN VI
Normas técnicas ecológicas
Artículo 36. Para los efectos de esta ley, se entiende por norma técnica ecológica, el conjunto de reglas científicas o tecnológicas emitidas por la Secretaría, que establezcan los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el desarrollo de actividades o uso y destino de bienes, que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o daño al ambiente, y además, que uniformen principios, criterios, políticas y estrategias en la materia.
Las normas técnicas ecológicas, determinarán los parámetros dentro de los cuales se garanticen las condiciones necesarias para el bienestar de la población, y para asegurar la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
Artículo 37. Las actividades y servicios que originen emanaciones, emisiones, descargas o depósitos, que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o producir daño al ambiente o afectar los recursos naturales, la salud, el bienestar de la población, o los bienes propiedad del Estado o de los particulares, deberán observar los límites y procedimientos que se fijen en las normas técnicas ecológicas aplicables.
SECCIÓN VII
Medidas de protección de áreas naturales
Artículo 38. La Federación, las entidades federativas y los municipios, establecerán medidas de protección de las áreas naturales, de manera que se asegure la preservación y restauración de los ecosistemas, especialmente los más representativos y aquellos que se encuentren sujetos a procesos de deterioro o degradación.
SECCIÓN VIII
Investigación y educación ecológicas
Artículo 39. Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud; asimismo, propiciarán el fortalecimiento de la conciencia ecológica, a través de los medios de comunicación masiva.
La Secretaría, con la participación de la Secretaría de Educación Pública, promoverá que las instituciones de educación superior y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, desarrollen planes y programas para la formación de especialistas en la materia en todo el territorio nacional, y para la investigación de las causas y efectos de los fenómenos ambientales.
Artículo 40. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, promoverá el desarrollo de la capacitación y adiestramiento en y para el trabajo en materia de protección al ambiente, y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, con arreglo a lo que establece esta ley y de conformidad con los sistemas, métodos y procedimientos que prevenga la legislación especial, asimismo, proporcionará la incorporación de contenidos ecológicos en los programas de las comisiones mixtas de seguridad e higiene.
Artículo 41. El gobierno federal, las entidades federativas y los municipios con arreglo a lo que dispongan las legislaturas locales, fomentarán investigaciones científicas y promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento racional de los recursos y proteger los ecosistemas; para ello, se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones de sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia.
SECCIÓN IX
Información y vigilancia
Artículo 42. La Secretaría mantendrá un sistema permanente de información y vigilancia sobre los ecosistemas y su equilibrio en el territorio
nacional, para lo cual podrá coordinar sus acciones con las entidades federativas y los municipios; asimismo, establecerá sistemas de evaluación de las acciones que emprenda.
Artículo 43. La Secretaría editará una gaceta en la que se publicarán las normas técnicas ecológicas que expida en los términos de esta ley, así como los acuerdos, órdenes, resoluciones, circulares, notificaciones, avisos y en general todos aquellos comunicados emitidos por la Secretaría y cualquier otra información que determine la propia dependencia, independientemente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
TÍTULO SEGUNDO
Áreas naturales protegidas
CAPÍTULO I
Categorías, declaratorias y ordenamientos de áreas naturales protegidas
SECCIÓN I
Tipos y caracteres de las áreas naturales protegidas
Artículo 44. En los términos de ésta y de las demás leyes aplicables, las áreas naturales del territorio nacional a que se refiere el presente capítulo, podrán ser materia de protección, como reservas ecológicas, para los propósitos y con los efectos y modalidades que en tales ordenamientos se precisan, mediante la imposición de las limitaciones que determinen las autoridades competentes para realizar en ellas sólo los usos y aprovechamientos social y nacionalmente necesarios; las mismas son consideradas en la presente ley como áreas naturales protegidas, y su establecimiento es de interés público.
Artículo 45. La determinación de áreas naturales protegidas, tiene como propósito:
I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;
II. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción;
III. Asegurar el aprovechamiento racional de los ecosistemas y sus elementos;
IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica, y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio;
V. Generar conocimiento y tecnologías que permitan el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales del país, así como su preservación;
VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas. así como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el área, y
VII. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, de importancia para la cultura e identidad nacionales.
Artículo 46. Se consideran áreas naturales protegidas:
I. Reservas de la biosfera;
II. Reservas especiales de la biosfera;
III. Parques nacionales;
IV. Monumentos naturales;
V. Parques marinos nacionales;
VI. Áreas de protección de recursos naturales;
VII. Áreas de protección de flora y fauna;
VIII. Parques urbanos, y
IX. Zonas sujetas a conservación ecológica.
Para efectos de lo establecido en el presente título, son de interés de la Federación las áreas naturales comprendidas en las fracciones I a VII anteriores, y de jurisdicción local las comprendidas en las fracciones VIII y
IX de este artículo, así como las que tengan ese carácter conforme a las disposiciones estatales o municipales correspondientes.
Artículo 47. En el establecimiento, administración y desarrollo de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, participarán sus habitantes de conformidad con los acuerdos de concertación que al efecto se celebren, con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección de los ecosistemas.
Artículo 48. Las reservas de la biosfera se constituirán en áreas representativas biogeográficas relevantes, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del hombre, y al menos, una zona no alterada en que habiten especies consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, y cuya superficie sea mayor a 10 mil hectáreas.
En tales reservas podrá determinarse la existencia de la superficie o superficies mejor conservadas, o no alteradas, que alojen ecosistemas o fenómenos naturales de especial importancia, o especies de flora y fauna que requieran protección especial, y que serán conceptuadas como zona o zonas núcleo. En ellas podrá autorizarse la realización de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación científica y educación ecológica, y limitarse o prohibirse aprovechamientos que alteren los ecosistemas.
En las propias reservas podrán determinarse la superficie o superficies que protejan a la zona núcleo del impacto exterior, que serán conceptuadas como zonas de amortiguamiento, en que podrán realizarse actividades productivas de las comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva, así como actividades educativas, recreativas, de investigación aplicada y de capacitación; tales actividades deberán sujetarse a las normas técnicas ecológicas y a los usos del suelo que establezcan las declaratorias que constituyan las reservas. En las reservas de la biosfera, no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población.
Artículo 49. Las reservas especiales de la biosfera, se constituirán del mismo modo que las de la biosfera, en áreas representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del hombre, en que habiten especies que se consideren endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, pero que por su dimensión menos en relación con dichas reservas de la biosfera, sea en superficie o en diversidad de especies, no corresponda conceptuarlas dentro de este tipo.
Artículo 50. Los parques nacionales se constituirán conforme a esta ley a la Ley Forestal, en terrenos forestales, tratándose de representaciones biogeográficas a nivel nacional, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo o de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna de importancia nacional, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones de interés general análogas.
Dichas áreas serán para uso público y en ellas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna, y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicas.
En estas áreas, sólo podrán otorgarse autorizaciones para realizar aprovechamientos forestales, cuando exista dictamen técnico de la Secretaría que establezca la conveniencia ecológica del aprovechamiento de que se trate.
En el otorgamiento de dichas autorizaciones, se dará preferencia a quienes ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva.
Corresponde a la propia Secretaría la organización, administración, conservación, acondicionamiento y vigilancia de los parques nacionales, la que podrá coordinarse con las demás dependencias de la administración pública federal y con los gobiernos locales e instituciones públicas y privadas no lucrativas, para la conservación, fomento y debido aprovechamiento de los mencionados parques.
Artículo 51. Los monumentos naturales se establecerán conforme a esta ley y a la Ley Forestal en áreas que contengan uno o varios elementos naturales de importancia nacional, consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o excepcional, interés estético, valor histórico o científico, se resuelva incorporar a un régimen de protección absoluta. Tales monumentos no tienen la variedad de ecosistema, ni la superficie necesaria para ser incluidos en otras categorías de manejo.
En los monumentos naturales, únicamente podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con su preservación, investigación científica, recreación y educación.
Artículo 52. Los parques marinos nacionales, se establecerán en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional, y podrán comprender las playas y la zona federal marítimo terrestre contigua.
En estas áreas, sólo se permitirán actividades relacionadas con la preservación de los ecosistemas acuáticos y sus elementos, las de investigación, recreación y educación ecológicas, así como los aprovechamientos de recursos naturales que hayan sido autorizados, de conformidad con lo que disponen esta ley, la Ley Federal de Pesca, la Ley Federal del Mar, las demás leyes aplicables y sus reglamentos, así como las normas vigentes del derecho internacional.
Las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales en estas áreas, quedarán sujetas
a lo que dispongan las declaratorias de creación correspondientes; dichas autorizaciones podrán otorgarse a las comunidades asentadas en sus litorales.
Artículo 53. Las áreas de protección de recursos naturales, son aquellas destinadas a la preservación y restauración de zonas forestales y a la conservación de suelos y aguas; se consideran dentro de esta categoría de manejo, las siguientes áreas:
I. Reservas forestales;
II. Reservas forestales nacionales;
III. Zonas protectoras forestales;
IV. Zonas de restauración y propagación forestal, y
V. Zonas de protección de ríos, manantiales, depósitos y en general, fuentes de abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones.
El establecimiento, administración y organización de las áreas de protección de recursos se llevará a cabo conforme a lo dispuesto por esta ley, la Ley Forestal, la Ley Federal de Aguas y los demás ordenamientos aplicables.
Artículo 54. Las áreas de protección de la flora y la fauna silvestres y acuáticas, se constituirán de conformidad con las disposiciones de esta ley, de las leyes Federal de Caza y Federal de Pesca y de las demás aplicables, en los lugares que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres y acuáticas.
En dichas áreas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación, repoblación, propagación, aclimatación, refugio e investigación de las especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia.
Asimismo, podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva, o que resulten posibles según los estudios que se realicen, el que deberá sujetarse a las normas técnicas ecológicas y usos del suelo que al efecto se establezcan en la propia declaratoria o en las resoluciones que la modificaren.
Artículo 55. Los parques urbanos son aquellas áreas de uso público, constituidas por las entidades federativas y los municipios en los centros de población para obtener y preservar el equilibrio en los ecosistemas urbanos industriales, entre las construcciones, equipamientos e instalaciones respectivos y los elementos de la naturaleza, de manera que se proteja un ambiente sano, el esparcimiento de la población y valores artísticos, históricos y de belleza natural que se signifiquen en la localidad.
Artículo 56. Las zonas sujetas a conservación ecológica, son aquellas constituidas por las entidades federativas y los municipios en zonas circunvecinas a los asentamientos humanos, en las que existan uno o más ecosistemas en buen estado de conservación, destinadas a preservar los elementos naturales indispensables al equilibrio ecológico y al bienestar general.
SECCIÓN II
Declaratorias para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de áreas naturales protegidas
Artículo 57. Las áreas naturales protegidas, se establecerán mediante declaratoria que expida el Ejecutivo Federal conforme a ésta y a las demás leyes aplicables, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios respectivos, según proceda, cuando se trate de áreas naturales protegidas de interés de la Federación, y por las entidades federativas y los municipios conforme a esta ley y las leyes locales, en los casos de áreas naturales protegidas de jurisdicción local.
Artículo 58. En la realización de los estudios previos, que den base a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de áreas naturales protegidas de interés de la Federación, podrán participar las entidades federativas y los municipios cuyas circunscripciones territoriales se localice el área natural de que se trate.
Artículo 59. La Secretaría propondrá al Ejecutivo Federal, la expedición de declaratorias para el establecimiento de áreas naturales protegidas de interés de la Federación, en los casos en que otras leyes no lo atribuyan a dependencias diversas, y promoverá ante las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Pesca y las demás según su competencia, lo propongan al propio Ejecutivo Federal; asimismo, podrá proponer a los gobiernos de los estados y municipios, según sea el caso, el establecimiento de áreas naturales protegidas de jurisdicción local.
Artículo 60. Las declaraciones para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo
y vigilancia de las áreas naturales protegidas de interés de la Federación contendrán, sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes, los siguientes elementos:
I. La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación, deslinde y en su caso, la zonificación correspondiente;
II. Las modalidades a que se sujetará dentro del área, el uso o aprovechamiento de los recursos naturales en general, o específicamente de aquéllos sujetos a protección;
III. La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente, y las modalidades y limitaciones a que se sujetarán;
IV. La causa de utilidad pública que en su caso fundamente la expropiación de terrenos, para que la nación adquiera su dominio, cuando al establecerse un área natural protegida se requiera dicha resolución; en estos casos, deberán observarse las prevenciones de las leyes de Expropiación y Federal de Reforma Agraria, y
V. Los lineamientos para la elaboración del programa de manejo del área.
Artículo 61. Las declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y se notificarán previamente a los propietarios o poseedores de los predios afectados, en forma personal cuando se conocieren sus domicilios; en caso contrario, se hará una segunda publicación, la que surtirá efectos de notificación. Las declaratorias se inscribirán en el o los registros públicos de la propiedad que correspondan.
Artículo 62. Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada su extensión, y en su caso, los usos del suelo permitidos por la autoridad que la haya establecido, de conformidad con los estudios que al efecto se realicen.
Artículo 63. Las áreas naturales protegidas establecidas por el Ejecutivo Federal, podrán comprender de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de propiedad y quedarán sujetas a la condición de inafectables, a que se refiere el artículo 249 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en los casos que ahí se prevén.
Artículo 64. En el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones, o en general de autorizaciones a que se sujetaren la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en áreas naturales protegidas, se observarán las disposiciones de la presente ley, de las leyes en que se fundamenten las declaratorias de creación correspondiente, así como las prevenciones de las propias declaratorias.
El solicitante deberá en tales casos, demostrar ante la autoridad competente su capacidad técnica y económica para llevar a cabo la exploración, explotación o aprovechamiento de que se trate, sin causar deterioro al equilibrio ecológico.
Las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Reforma Agraria, prestarán a ejidatarios y comuneros la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, y podrán prestar asesoría técnica a pequeños propietarios cuando éstos no cuenten con suficientes recursos económicos para procurársela.
La Secretaría, tomando como base los estudios técnicos y socioeconómicos practicados, podrá solicitar a la autoridad competente la cancelación o renovación del permiso, licencia, concesión o autorización correspondiente, cuando la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos ocasione o pueda ocasionar deterioro al equilibrio ecológico.
Artículo 65. La dependencia o dependencias del Ejecutivo Federal que hubieren propuesto el establecimiento de un área natural protegida de interés de la Federación, elaborarán el programa de manejo del área de que se trate, con la participación de las demás dependencias competentes y las autoridades locales, en el plazo que señale la declaratoria correspondiente. En los casos de las áreas naturales protegidas de jurisdicción local, se estará a lo que dispongan las normas estatales y municipales.
Artículo 66. Las declaratorias para el establecimiento de reservas de la biosfera y de reservas especiales de la biosfera, se expedirán por el Ejecutivo Federal, conforme a lo que disponen esta ley, la Ley Forestal y las demás aplicables; en estos casos, la Secretaría promoverá ante las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Pesca, y de las demás que tuvieren atribuciones relacionadas con las materias de protección, a establecer la elaboración de los estudios previos que se requieran, y tendrá a su cargo la coordinación de los mismos.
En las declaratorias se determinará la forma como deben realizarse las actividades y medidas de conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las reservas de la biosfera, conforme a lo dispuesto en ésta y otras leyes, las que serán coordinadas por la Secretaría. La propia Secretaría , con la participación de las demás dependencias
competentes, de la Comisión Nacional de Ecología, y en su caso de la Comisión Nacional Forestal, propondrá la celebración de acuerdos de coordinación con los gobiernos estatales y municipales y convenios de concertación con los sectores social y privado, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática.
Artículo 67. Los acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo anterior, regularán las materias que se estimen necesarias, entre otras:
I. La forma en que los gobiernos de los estados y de los municipios, participarán en la administración de la reserva;
II. La coordinación de las políticas federales con las de los estados y municipios, y la elaboración del programa de manejo de la reserva, con la formulación de compromisos para su ejecución;
III. El origen y destino de los recursos financieros para la administración de la reserva;
IV. Los tipos y forma como se han de llevar a cabo la investigación y la experimentación en la reserva, y
V. Las formas y esquemas de concertación con la comunidad, los grupos sociales y los grupos científicos y académicos.
Artículo 68. El programa de manejo de la reserva, deberá contener por lo menos lo siguiente:
I. La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales de la reserva, en el contexto nacional, regional y local;
II. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazos, estableciendo su vinculación con el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Dichas acciones comprenderán la investigación, uso de recursos, extensión, difusión, operación, coordinación, seguimiento y control;
III. Los objetivos específicos de la reserva, y
IV. Las normas técnicas aplicables, cuando corresponda, para el aprovechamiento de la flora y de la fauna, las cortas sanitarias, de cultivo y domésticas, así como aquellas destinadas a evitar la contaminación del suelo y de las aguas.
Artículo 69. Las medidas que el Ejecutivo Federal podrá imponer para la protección de las áreas de reservas de la biosfera, o reservas especiales de la biosfera, serán las que establecen, según las materias respectivas, la presente ley, las leyes Forestal, Federal de Aguas, Federal de Pesca, Federal de Caza, Orgánica de la Administración Pública Federal, y las demás que resulten aplicables, las cuales podrán consistir en restringir o prohibir actividades que puedan alterar los ecosistemas, imponer modalidades a la propiedad privada y regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Quedan comprendidas en dichas medidas, las vedas temporales o indefinidas, totales o parciales.
De conformidad con el artículo 61 de esta ley, las declaratorias contendrán los motivos y fundamentos de las medidas que se impongan, y citación a los interesados a fin de que la Secretaría reciba las manifestaciones que éstos le formulen por escrito dentro del término que se establezca en las mismas declaratorias, y resuelva y fundamente dentro de los 30 días siguientes.
Para este efecto, cada una de las dependencias que hubieren intervenido en los estudios previos y propuestas de declaratoria, desahogará por conducto de la Secretaría, la parte de las peticiones que corresponda a sus atribuciones.
Artículo 70. Cuando se determinen zonas núcleo en las reservas de la biosfera, o en las reservas especiales de la biosfera, quedará expresamente prohibido:
I. Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo o cualquier clase de corriente o depósitos de agua, así como desarrollar cualquier actividad contaminante;
II. Interrumpir o desviar los flujos hidráulicos;
III. Realizar actividades cinegéticas o de explotación, y aprovechamiento de especies de la flora silvestre, y
IV. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por la declaratoria.
Artículo 71. Los parques marinos nacionales, se establecerán mediante declaratoria del Ejecutivo Federal, a propuesta, en forma coordinada, de la Secretaría y de las secretarías de Pesca y de Marina.
Previo al establecimiento de un parque marino nacional, las citadas dependencias llevarán a cabo los estudios y las investigaciones que den base a la expedición de la declaratoria correspondiente.
Las declaratorias por las que se establezcan parques marinos nacionales, deberán contener:
I. La delimitación precisa del área sujeta a protección, señalando en su caso la zonificación correspondiente;
II. La descripción de las actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente. Previo dictamen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, podrá regularse el tránsito de embarcaciones por la zona, el establecimiento o utilización de instalaciones artificiales y plataformas y estructuras con fines pesqueros; podrá regularse asimismo, la exploración o explotación de los recursos naturales de los fondos marinos y su subsuelo;
III. Las modalidades y limitaciones a que se sujetará dentro del área el uso o aprovechamiento de los recursos naturales; la declaratoria podrá establecer el requisito de autorización previa de la pesca con fines de consumo doméstico, de fomento y deportivo recreativa, conforme a la ley de la materia, y
IV. Los lineamientos para la elaboración del programa de manejo del área. Una vez establecidos la administración, organización y manejo de los parques marinos nacionales, corresponderá a las secretarías de Pesca y de Marina con la participación de la Secretaría, y se hará con arreglo a lo que disponen esta ley, la Ley Federal del Mar, la Ley Federal de Pesca y las demás leyes aplicables, la declaratoria correspondiente y el programa de manejo que las propias dependencias formulen.
Artículo 72. Las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas de interés de la Federación, previstas en las fracciones III, IV, VI y VII, del artículo 46 de esta ley, se expedirán por el Ejecutivo Federal, conforme a lo que disponen la Ley Forestal, la Ley Federal de Pesca, la Ley Federal de Caza y las demás leyes relativas, a propuesta de las dependencias en ellas señaladas, aplicándose en lo no previsto en tales ordenamientos, las disposiciones de la presente ley.
Artículo 73. La Secretaría promoverá y coordinará la realización de los estudios previos y la propuesta al Ejecutivo Federal de tales áreas, particularmente cuando concurran en ellas materias de la competencia de varias dependencias.
Artículo 74. Para el establecimiento de las áreas de protección de flora y fauna silvestres, la Secretaría realizará los estudios previos necesarios y propondrá al Ejecutivo Federal la expedición de las declaratorias correspondientes. La conservación, administración, desarrollo y vigilancia de dichas áreas, corresponderá a la Secretaría.
Artículo 75. Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, posesión o cualquier derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en áreas naturales protegidas, deberán contener referencia a la declaratoria correspondiente, y de sus datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos, sólo podrán autorizar las escrituras públicas, actos, convenios y contratos en los que intervengan, cuando se cumpla con lo dispuesto en el presente artículo.
CAPÍTULO II
Sistema nacional de áreas naturales protegidas
Artículo 76. Las áreas naturales protegidas que sean consideradas como de interés de la Federación, constituyen en su conjunto el sistema nacional de áreas naturales protegidas.
Artículo 77. La Secretaría llevará el registro de las áreas integrantes del sistema nacional de áreas naturales protegidas, en el que se consignen los datos de su inscripción en los registros públicos de la propiedad correspondientes.
Artículo 78. Con el propósito de preservar el patrimonio natural de la nación, y con arreglo a las bases de coordinación que al efecto se celebren en los términos del artículo 25, de la Ley Orgánica de la administración pública federal, las dependencias competentes de la administración pública federal incorporarán en las reglas de manejo de las áreas naturales protegidas, cuya administración les competa, aquéllas que determine la Secretaría para proveer eficazmente la protección de los ecosistemas y sus elementos.
La propia Secretaría promoverá ante las autoridades locales, la adopción por parte de estas de las bases de manejo que regulan la conservación, administración, desarrollo y vigilancia de áreas naturales en el sistema nacional.
Podrá celebrar asimismo, convenios de concertación con grupos sociales y particulares interesados, para facilitar el logro de los fines para los que se hubieren establecido las áreas naturales del Sistema Nacional.
CAPÍTULO III
Flora y fauna silvestres y acuáticas
Artículo 79. Para la protección y aprovechamiento de la flora y fauna silvestres y acuáticas, se considerarán los siguientes criterios:
I. La preservación del hábitat natural de las especies de flora y fauna del territorio nacional, así como la vigilancia de sus zonas de reproducción;
II. La protección de los procesos evolutivos de las especies y sus recursos genéticos, destinando áreas representativas de los sistemas ecológicos del país a la protección e investigación;
III. La protección y desarrollo de las especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, a fin de recuperar su estabilidad poblacional;
IV. El combate del tráfico ilegal de especies;
V. El fortalecimiento de las estaciones biológicas de rehabilitación y repoblamiento de especies de fauna silvestre, y
VI. La concentración con la comunidad, para propiciar su participación en la conservación de especies.
Artículo 80. Los criterios para la protección y aprovechamiento de la flora y fauna silvestres y acuáticas, serán considerados, entre otros, en los siguientes casos:
I. El otorgamiento de concesiones, permisos, y en general, de toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento, posesión, administración, conservación, repoblación, propagación y desarrollo de la flora y fauna silvestres y acuáticas;
II .El establecimiento o modificación de vedas, de la flora y fauna silvestres y acuáticas;
III. Las acciones de sanidad fitopecuaria;
IV. La protección y conservación de la flora y fauna del territorio nacional, contra la acción perjudicial de plagas y enfermedades, o la contaminación que pueda derivarse de actividades fitopecuarias;
V. El establecimiento del régimen técnico de conservación de la flora y fauna acuáticas;
VI. La formulación del programa anual de producción, repoblación, cultivo, siembra y diseminación de especies de la flora y fauna acuáticas;
VII. La creación de áreas de refugio, para proteger las especies acuáticas que así lo requieran, y
VIII. La determinación de los métodos y medidas aplicables o indispensables para la conservación, cultivo y repoblación de los recursos pesqueros.
Artículo 81. La Secretaría establecerá, o en su caso, promoverá ante las autoridades competentes, el establecimiento de vedas de la flora y fauna silvestres y acuáticas, la modificación o levantamiento de las mismas.
Las vedas que se decreten, tendrán como finalidad la conservación, repoblación, propagación, distribución, aclimatación o refugio de los especímenes, principalmente de aquellas especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
Los decretos de veda deberán precisar su naturaleza y temporalidad, los límites de las áreas o zonas vedadas y las especies de la flora o la fauna comprendidas en ellas.
Dichos decretos deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y en el de la entidad o entidades federativas donde se ubique el área vedada.
Artículo 82. Las disposiciones de esta ley son aplicables a la posesión, administración, conservación, repoblación, propagación y desarrollo de la flora y fauna silvestres; las personas físicas o morales que se dediquen a las expresadas actividades, deberán sujetarse a las normas técnicas ecológicas que expida la Secretaría.
Artículo 83. El aprovechamiento de los recursos naturales en áreas que sean el habitat de especies de flora o fauna silvestres, especialmente de las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, deberá hacerse de manera que no se alteren las condiciones necesarias para la subsistencia, desarrollo y evolución de dichas especies.
Artículo 84. La Secretaría, en coordinación con las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Pesca, expedirá las normas técnicas ecológicas de conservación y aprovechamiento del habitat de la flora y fauna silvestres y acuáticas.
Artículo 85. Cuando así se requiera para la protección de especies, la Secretaría promoverá ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el establecimiento de medidas de regulación o restricción, en forma total o parcial, a la exportación o importación de especímenes de la flora y fauna silvestres, e impondrá las restricciones necesarias para la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres, procedentes del y destinadas al extranjero.
Artículo 86. A la Secretaría le corresponde aplicar las disposiciones que sobre aprovechamiento y conservación de especies de la fauna silvestre establezcan ésta y otras leyes, y autorizar su aprovechamiento en actividades económicas, sin perjuicio de las facultades que correspondan a otras dependencias, conforme a otras leyes.
Artículo 87. El aprovechamiento de especies de la fauna silvestre en actividades económicas,
podrá autorizarse cuando los particulares garanticen su reproducción controlada y desarrollo en cautiverio, y proporcionen un número suficiente para el repoblamiento de la especie.
No podrá autorizarse el aprovechamiento sobre poblaciones naturales de especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, excepto en los casos de investigación científica.
TITULO TERCERO
Aprovechamiento racional de los elementos naturales
CAPITULO I
Aprovechamiento racional del agua y los ecosistemas acuáticos Artículo 88. Para el aprovechamiento racional del agua y los ecosistemas acuáticos, se considerarán los siguientes criterios:
I. Corresponde al Estado y a la sociedad, la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico;
II. El aprovechamiento de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas acuáticos, debe realizarse de manera que no se afecte su equilibrio ecológico, y
III. Para el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas y selváticas, y el mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua, y la capacidad de recarga de los acuíferos.
Artículo 89. Los criterios para el aprovechamiento racional del agua y de los ecosistemas acuáticos, serán considerados en:
I. La formulación e integración del Programa Nacional Hidráulico;
II. El otorgamiento de concesiones, permisos, y en general, toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento de recursos naturales o la realización de actividades que afecten o puedan afectar el ciclo hidrológico;
III. El otorgamiento de autorizaciones para la desviación, extracción o derivación de aguas de propiedad nacional;
IV. El establecimiento de vedas de aguas del subsuelo;
V. Las suspensiones que decrete el Ejecutivo Federal, en los términos de la Ley Federal de Aguas, de todos aquellos aprovechamientos, obras y actividades que dañen los recursos hidráulicos nacionales, o afecten el equilibrio ecológico de una región;
VI. La suspensión que ordene la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de todas aquellas obras que dañen los recursos hidráulicos nacionales;
VII. La suspensión que ordene la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en coordinación con la Secretaría, de las obras que causen desequilibrio ecológico en una región, o afecten o puedan afectar los elementos de los ecosistemas;
VIII. La operación y administración de los sistemas de agua potable y alcantarillado, que sirven a los centros de población e industrias;
IX. Las previsiones contenidas en el programa director para el desarrollo urbano del Distrito Federal, respecto de la política de rehuso de aguas;
X. Las políticas y programas para la protección de especies acuáticas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción;
XI. El establecimiento de distritos de acuacultura, y
XII. La creación y administración de reservas y zonas de protección pesquera.
Artículo 90. La Secretaría, en coordinación con las de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Salud, expedirá las normas técnicas ecológicas para el establecimiento y manejo de zonas de protección de ríos, manantiales, depósitos y en general, fuentes de abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones e industrias, y promoverá el establecimiento de reservas de agua para consumo humano.
Artículo 91. El otorgamiento de las autorizaciones para afectar el curso o cauce de las corrientes de agua, se sujetará a los criterios ecológicos contenidos en la presente ley.
Artículo 92. Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de desperdicio, las autoridades competentes promoverán el tratamiento de aguas residuales y su reúso.
Artículo 93. La Secretaría y la de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en sus respectivas esferas de competencia, realizarán las acciones necesarias para evitar, y en su caso controlar procesos de
eutroficación, salinización y cualquier otro proceso de contaminación en las corrientes y cuerpos de aguas de propiedad de la nación.
Artículo 94. La exploración, explotación y administración de los recursos acuáticos vivos y no vivos, se sujetará a lo que establecen las leyes de la materia, y a los criterios y demás disposiciones que establece esta ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Artículo 95. La Secretaría podrá solicitar a la Secretaría de Pesca, la realización de estudios de impacto ambiental previos al otorgamiento de concesiones, permisos y en general, autorizaciones para la realización de actividades pesqueras, cuando el aprovechamiento de las especies ponga en peligro su preservación o pueda causar desequilibrio ecológico.
Artículo 96. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Pesca, y en su caso, con la de Agricultura y Recursos Hidráulicos, expedirá las normas técnicas para la protección de los ecosistemas acuáticos, y promoverá la concertación de acciones de protección y restauración de los ecosistemas acuáticos con los sectores productivos y las comunidades.
Artículo 97. La Secretaría establecerá viveros, criaderos y reservas de especies de la flora y fauna acuáticas, en su caso con la participación de la Secretaría de Pesca.
CAPITULO II
Aprovechamiento racional del suelo y sus recursos
Artículo 98. Para la protección y aprovechamiento del suelo, se considerarán los siguientes criterios:
I. El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural, y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas;
II. El uso de los suelos, debe hacerse de manera que éstos mantengan su integridad física y su capacidad productiva;
III. Los usos productivos del suelo, deben evitar prácticas que favorezcan la erosión, degradación o modificación de las características topográficas, con efectos ecológicos adversos;
IV. En las zonas de pendientes pronunciadas en las que se presenten fenómenos de erosión o de degradación del suelo, se deben introducir cultivos y tecnologías que permitan revertir el fenómeno, y
V. La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar deterioro severo de los suelos, deben incluir acciones equivalentes de regeneración.
Artículo 99. Los criterios ecológicos para la protección y aprovechamiento del suelo, se considerarán en:
I. Los apoyos a las actividades agrícolas que otorgue el gobierno federal, de manera directa o indirecta, sean de naturaleza crediticia, técnica o de inversión, para que promuevan la progresiva incorporación de cultivos compatibles con la preservación del equilibrio ecológico y la restauración de los ecosistemas;
II. La fundación de centros de población y la radicación de asentamientos humanos;
III. La operación y administración del sistema nacional de suelo y de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda;
IV. La determinación de usos, reservas y destinos en predios forestales;
V. El establecimiento de zonas protectoras forestales;
VI. La determinación o modificación de los límites establecidos en los coeficientes de agostadero;
VII. Las disposiciones, programas y lineamientos técnicos para la conservación de suelos;
VIII. El establecimiento de distritos de conservación del suelo;
IX. La ordenación forestal de las cuencas hidrográficas del territorio nacional;
X. El otorgamiento y la modificación, suspensión o revocación de permisos de aprovechamiento forestal;
XI. Las actividades de extracción de materias del subsuelo; la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de sustancias minerales; las excavaciones y todas aquellas acciones que alteren la cubierta y suelos forestales, y
XII. Cuando así proceda, de conformidad con la ley de la materia, al encomendarse la explotación de tierras que hayan sido declaradas ociosas; en estos casos, se promoverá su utilización de acuerdo con las aptitudes naturales del terreno y el adecuado equilibrio de los ecosistemas.
Artículo 100. Los permisos y en general las autorizaciones de aprovechamiento forestal, implican
la obligación de hacer un uso racional de ese recurso. Cuando las actividades forestales deterioren gravemente el equilibrio ecológico, la Secretaría promoverá ante la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos la revocación, modificación o suspensión del permiso o autorización respectivo, en los casos previstos por el artículo 56, de la Ley Forestal.
Artículo 101. En las zonas selváticas, el gobierno federal atenderá en forma prioritaria, de conformidad con las disposiciones aplicables:
I. El aprovechamiento racional de los ecosistemas selváticos, donde existan actividades agropecuarias establecidas;
II. El cambio progresivo de la práctica de roza, tumba y quema a otras que no impliquen deterioro de los ecosistemas;
III. La consideración de los criterio ecológicos en las actividades de extracción de recursos no renovables;
IV. La introducción de cultivos compatibles con los ecosistemas, y que favorezcan su restauración cuando hayan sufrido deterioro, y
V. La regulación ecológica de los asentamientos humanos.
Artículo 102. Todas las autorizaciones que afecten el uso del suelo en las zonas selváticas el equilibrio ecológico de sus ecosistemas, quedan sujetas a los criterios y disposiciones que establecen esta ley y demás aplicables.
Artículo 103. Quienes realicen actividades agrícolas y pecuarias, deberán llevar a cabo las prácticas de conservación y recuperación necesarias para evitar el deterioro de los suelos y del equilibrio ecológico, en los términos de lo dispuesto por ésta y las demás leyes aplicables.
Artículo 104. La Secretaría promoverá ante la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y las demás dependencias competentes, la introducción y generalización de prácticas de protección y recuperación de los suelos en las actividades agropecuarias, así como la realización de estudios de impacto ambiental previos al otorgamiento de autorizaciones para efectuar cambios del uso del suelo, cuando existan elementos que permitan prever grave deterioro de los suelos afectados y del equilibrio ecológico en la zona.
Artículo 105. en aquellas zonas que presenten graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría con la participación de las demás competentes, formulará los proyectos de programas especiales, para la restauración del equilibrio ecológico que resulten convenientes, y promoverá su aprobación por el Ejecutivo Federal, con la intervención de la Secretaría de Programación y Presupuesto, conforme a los dispuesto por la Ley de Planeación.
Cuando los fenómenos de desequilibrio ecológico en tales zonas lo requieran en forma inminente, por estarse produciendo procesos de desertificación o pérdidas de recursos de muy difícil reparación o aun irreversibles, el Ejecutivo Federal, por causa de interés público, a propuesta que la Secretaría formule en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y otras dependencias competentes, podrá expedir declaratorias para regular los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos y la realización de actividades.
Las declaratorias se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, y se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad, correspondiente; las declaratorias que se expidan surtirán efecto previa audiencia a los interesados, quienes deberán ofrecer y aportar las pruebas necesarias para justificar las cuestiones que planteen en un plazo que no excederá de 20 días, a partir de la notificación correspondiente.
Las declaratorias podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de propiedad, y expresarán:
I. La delimitación de la zona, precisando superficie, ubicación y deslinde;
II. Las condiciones a que se sujetarán dentro de la zona los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales y la realización de actividades contaminantes;
II. Los programas de recuperación que determine el Ejecutivo Federal en la zona, los que podrán ser materia de acuerdos de coordinación con los gobiernos de los estados y municipios y de concertación con los sectores social y privado, y
IV. La determinación de su vigencia.
Artículo 106. Todos los actos y convenios relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en las zonas que fueren materia de las declaratorias a que se refiere el artículo 105, quedarán sujetos a la aplicación de las modalidades sobre el uso o aprovechamiento de los mismos, previstas en la declaratoria correspondiente.
Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos, harán constar tal circunstancia al autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan.
Será nulo todo acto, convenio o contrato que contravenga lo que en la mencionada declaratoria se establezca.
Artículo 107. En los estímulos fiscales que se otorguen a las actividades forestales, deberán considerarse criterios ecológicos de manera que se promuevan el desarrollo y fomento integral de la actividad forestal, el establecimientos y ampliación de plantaciones forestales y las obras para la protección de suelos forestales, en los términos de esta ley y de la Ley Forestal.
CAPITULO III
Efectos de la exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico
Artículo 108. Para prevenir y controlar los efectos nocivos de la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables en el equilibrio e integridad de los ecosistemas, la Secretaría expedirá las normas técnicas ecológicas que permitan:
I. La protección de las aguas que sean utilizadas o sean el resultado de esas actividades, de modo que puedan ser objeto de otros usos;
II. La protección de los suelos y de la flora y fauna silvestres, de manera que las alteraciones topográficas que generen esas actividades sean oportuna y debidamente tratadas, y
III. La adecuada ubicación y formas de los depósitos de desmontes, relaves y escorias de las minas y establecimientos de beneficios de los minerales.
Artículo 109. Las normas técnicas ecológicas a que se refiere el artículo anterior, serán observadas por los titulares de concesiones, autorizaciones y permisos para el uso, aprovechamiento, exploración y explotación de los recursos naturales no renovables.
TITULO CUARTO
Protección al ambiente
CAPITULO I
Prevención y control de la contaminación de la atmósfera
Artículo 110. Para la protección a la atmósfera, se considerarán los siguientes criterios:
I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y la regiones del país; y
II. Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas, para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.
Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la Secretaría:
I. Expedirá, en coordinación con la Secretaría de Salud en lo referente a la salud humana, las normas técnicas ecológicas correspondientes, especificando los niveles permisibles de emisión e inmisión por contaminante y por fuente de contaminación, de acuerdo con el reglamento respectivo;
II. Convendrá, y en su caso, podrá requerir la instalación de equipos de control de emisiones con quienes realicen actividades contaminantes en zonas conurbadas ubicadas en dos o más entidades federativas, y cuando se tate de bienes o zonas de jurisdicción federal;
III. Expedirá las normas técnicas ecológicas para el establecimiento y operación de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire;
IV. Expedirá las normas técnicas ecológicas para la certificación por la autoridad competente, de los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera, provenientes de fuentes determinadas;
V. Expedirá en coordinación con el sector energético y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, las normas técnicas ecológicas que deberán ser observadas por la industria automotriz para reducir las emisiones de origen vehicular, considerando los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente, determinados por la Secretaría de Salud;
VI. Promoverá, en coordinación con las autoridades correspondientes, el establecimiento de sistemas de verificación del parque vehicular, y
VII. Ejercerá las demás facultades que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Artículo 112. En materia de contaminación atmosférica, los gobiernos de los estados y de los municipios en los ámbitos de sus respectivas jurisdicciones:
I. Llevarán a cabo las acciones de prevención y el control de la contaminación del aire en bienes y zonas de jurisdicción estatal;
II. Aplicarán los criterios generales para la protección a la atmósfera en las declaratorias de usos, destinos, reservas y provisiones, definiendo las zonas en que sea permitida la instalación de industrias contaminantes;
III. Convendrán con quienes realicen actividades contaminantes, y en su caso les requerirán la instalación de equipos de control de emisiones cuando se trate de actividades de jurisdicción local, y promoverán ante la Secretaría dicha instalación, en los casos de jurisdicción federal;
IV. Integrarán y mantendrán actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminación, y evaluarán el impacto ambiental en los casos de jurisdicción local previstos en el artículo 31 de esta ley;
V. Establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de automotores en circulación;
VI. Establecerán y operarán con el apoyo técnico, en su caso, de la Secretaría, sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Dichos sistemas deberán contar con dictamen técnico previo de la Secretaría. Esta promoverá, mediante acuerdos de coordinación, la incorporación de los reportes locales de monitoreo a la información nacional, cuya integración estará a cargo de la propia Secretaría;
VII. Establecerán requisitos y procedimientos para regular las emisiones del transporte público, excepto el federal, y las medidas de tránsito, y en su caso, la suspensión de circulación en casos graves de contaminación;
VIII. Tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales por contaminación atmosférica;
IX. Elaborarán los informes sobre el estado del medio ambiente de la entidad o municipio correspondiente, que convengan con la Secretaría a través de los acuerdos de coordinación que se celebren;
X. Impondrán sanciones y medidas por infracciones a las leyes que al efecto expidan las legislaturas locales, o a los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno que expidan los ayuntamientos, de acuerdo con esta ley, y
XI. Ejercerán las demás facultades que les confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Artículo 113. No podrán emitirse contaminantes a la atmósfera, que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas las emisiones a la atmósfera, deberán ser observadas las previsiones de esta ley y de las disposiciones reglamentarais que de ella emanen, así como las normas técnicas ecológicas expedidas por la Secretaría; cuando dichas emisiones contengan materiales o residuos peligrosos, se requerirá para su emisión la previa autorización de la Secretaría.
Artículo 114. Las autoridades competentes promoverán, en las zonas que se hubieren determinado como aptas para uso industrial, próximas a áreas habitacionales, la instalación de industrias que utilicen tecnologías y combustibles que generen menor contaminación.
Artículo 115. La Secretaría promoverá que en la determinación de usos del suelo que definan los programas de desarrollo urbano respectivos, se consideren las condiciones topográficas, climatológicas y meteorológicas, para asegurar la adecuada dispersión de contaminantes.
Artículo 116. Para el otorgamiento de estímulos fiscales, las autoridades competentes considerarán a quienes:
I. Adquieran, instalen u operen equipo para el control de emisiones contaminantes a la atmósfera;
II. Fabriquen, instalen o proporcionen mantenimiento a equipo de filtrado, combustión, control, y en general, de tratamiento de emisiones que contaminen la atmósfera;
III. Realicen investigaciones de tecnología cuya aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes, y
IV. Ubiquen y relocalicen sus instalaciones, para evitar emisiones contaminantes en zonas urbanas.
CAPITULO II
Prevención y control de la contaminación del agua y de los ecosistemas acuáticos
Artículo 117. Para la prevención y control de la contaminación del agua, se considerarán los siguientes criterios:
I. La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país;
II. Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo;
III. El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir su contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y para mantener el equilibrio de los ecosistemas;
IV. Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo, y
V. La participación y corresponsabilidad de la sociedad es condición indispensable para evitar la contaminación del agua.
Artículo 118. Los criterios para la prevención y control de la contaminación del agua serán considerados en:
I. El establecimiento de criterios sanitarios para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales, para evitar riesgos y daños a la salud pública;
II. La formulación de las normas técnicas que deberá satisfacer el tratamiento del agua para el uso y consumo humano;
III. Los convenios que celebre el Ejecutivo Federal para entrega de agua en bloque a los sistemas usuarios o a usuarios, especialmente en lo que se refiere a la determinación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales que deban instalarse;
IV. La restricción o suspensión de explotaciones y aprovechamiento que ordene la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en los casos de disminución, escasez o contaminación de las fuentes de abastecimiento, o para proteger los servicios de agua potable;
V. Las concesiones, asignaciones, permisos y en general autorizaciones que deban obtener los concesionarios, asignatarios o permisionarios, y en general, los usuarios de la aguas propiedad de la nación, para infiltrar aguas residuales en los terrenos, o para descargarlas en otros cuerpos receptores distintos de los alcantarillados de las poblaciones, y
VI. La organización, dirección y reglamentación de los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales, superficiales y subterráneos.
Artículo 119. Para la prevención y control de la contaminación del agua corresponderá:
I. A la Secretaría:
a) Expedir, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y las demás autoridades competentes, las normas técnicas para el vertimiento de aguas residuales en redes colectoras, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, así como para infiltrarlas en terrenos;
b) Emitir los criterios, lineamientos, requisitos y demás condiciones que deban satisfacerse para regular el alejamiento, la explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales, a fin de evitar contaminación que afecte el equilibrio de los ecosistemas o a sus componentes, y en sus caso, en coordinación con la Secretaría de Salud, cuando se ponga en peligro la salud pública;
c) Expedir las normas técnicas ecológicas a las que se sujetará el almacenamiento de aguas residuales, con la intervención que en su caso competa a otras dependencias;
d) Dictaminar las solicitudes de permisos para infiltrar o descargar aguas residuales en terrenos o cuerpos distintos de los alcantarillados;
e) Fijar condiciones particulares de descarga, cuando se trate de aguas residuales generadas en bienes y zonas de jurisdicción federal y de aquellas vertidas directamente en aguas de propiedad nacional;
f) Fijar condiciones particulares de descarga a quienes generen aguas residuales captadas por sistemas de alcantarillado, cuando dichos sistemas viertan sus aguas en cuencas, ríos, cauces, vasos y demás depósitos o corrientes de aguas de propiedad nacional, sin observar las normas técnicas ecológicas o, en su caso, las condiciones particulares de descarga que hubiese fijado la Secretaría;
g) Promover el rehuso de aguas residuales tratadas en actividades agrícolas e industriales;
h) Determinar los procesos de tratamiento de las aguas residuales, considerando los criterios sanitarios que en materia de salud pública emita la Secretaría de salud, en función del destino de esas aguas y las condiciones del cuerpo receptor, que serán incorporados en los convenios que celebre el Ejecutivo Federal, para la entrega de agua en
bloque a sistemas usuarios o a usuarios, conforme a la Ley Federal de Aguas;
i) Resolver sobre las solicitudes de autorización para el establecimiento de plantas de tratamiento y sus descargas conjuntas, cuando dichas descargas contaminantes provengan de dos o más obras, instalaciones o industrias de jurisdicción federal, tomando en consideración los criterios sanitarios establecidos por la Secretaría de Salud; esta autorización únicamente podrá otorgarse cuando los efectos en las cuencas de aguas nacionales lo permitan, conforme a los usos determinados por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y
j) Promover la incorporación de sistemas de separación de las aguas residuales de origen doméstico de aquellas de origen industrial en los drenajes de los centros de población, así como la instalación de plantas de tratamiento para evitar la contaminación de aguas.
II. A la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y la de Salud:
a) Expedir las normas técnicas ecológicas para el uso o aprovechamiento de aguas residuales;
b) Emitir opinión a la que deberá sujetarse la programación y construcción de nuevas industrias que puedan producir descargas contaminantes de aguas residuales, así como de las obras e instalaciones conducentes a purificar las aguas residuales de procedencia industrial, en los casos de jurisdicción federal, y
c) Expedir las normas técnicas ecológicas que deberán observarse para el tratamiento de aguas residuales de origen urbano que se destinen a la industria y a la agricultura. Para el ejercicio de esta atribución, dichas dependencias tomarán como base los estudios de la cuenca y sistemas correspondientes.
III. A la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, resolver sobre las solicitudes de concesión, permiso o autorización que se formulen para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales, considerando los criterios y lineamientos, para la preservación del equilibrio ecológico;
IV. A la Secretaría expedir normas técnicas sobre la ejecución de obras relacionadas con el alejamiento, tratamiento y destino de las aguas residuales conducidas o no, por sistemas de alcantarillado, considerando los criterios sanitarios establecidos por la Secretaría de Salud, y
V. A los estados y municipios:
a) El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado;
b) Requerir a quienes generen descargas a dichos sistemas y no satisfagan las normas técnicas ecológicas que se expidan, la instalación de sistemas de tratamiento;
c) Determinar el monto de los derechos correspondientes, para que el municipio o autoridad estatal respectiva pueda llevar a cabo el tratamiento necesario, y en su caso, proceder a la disposición de las sanciones a que haya lugar, y
d) Llevar y actualizar el registro de las descargas a las redes de drenaje y alcantarillado que administren, el que será integrado al Registro Nacional de Descargas, a cargo de la Secretaría.
Artículo 120. Para evitar la contaminación del agua, quedan sujetos a regulación federal o local:
I. Las descargas de origen industrial;
II. Las descargas de origen municipal y su mezcla incontrolada con otras descargas;
III. Las descargas derivadas de actividades agropecuarias;
IV. Las descargas de desechos, sustancias o residuos generados en las actividades de extracción de recursos no renovables;
V. La aplicación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas;
VI. Las infiltraciones que afecten los mantos acuíferos, y
VII. El vertimiento de residuos sólidos en cuerpos y corrientes de agua.
Artículo 121. No podrán descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de agua o en el suelo o subsuelo, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y el permiso o autorización federal, o de la autoridad local en los casos de descargas de aguas de jurisdicción local o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población.
Artículo 122. Las aguas residuales provenientes de usos municipales, públicos o domésticos y las de usos industriales o agropecuarios que se descarguen en los sistemas de alcantarillado de las poblaciones o en las cuencas, ríos, cauces, vasos
y demás depósitos o corrientes de agua, así como las que por cualquier medio se infiltren en el subsuelo, y en lo general, las que se derramen en los suelos, deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir:
I. Contaminación de los cuerpos receptores;
II. Interferencias en los procesos de depuración de las aguas, y
III. Trastornos, impedimentos o alteraciones en los correctos aprovechamientos, o en el funcionamiento adecuado de los sistemas, y en la capacidad hidráulica en la cuencas, cauces, vasos, mantos acuíferos y demás depósitos de propiedad nacional, así como de los sistemas de alcantarillado.
Artículo 123. Todas las descargas en las redes colectoras, ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua y los derrames de aguas residuales en los suelos o su infiltración en terrenos, deberán satisfacer las normas técnicas ecológicas que para tal efecto se expidan, y en su caso, las condiciones particulares de descarga que determine la Secretaria o las autoridades locales. Corresponderá a quien genere dichas descargas, realizar el tratamiento previo requerido.
Cuando dichas descargas, derrames o infiltraciones contengan materiales o residuos peligrosos, deberán contar con la autorización previa de la Secretaría.
Artículo 124. Cuando las aguas residuales afecten o puedan afectar fuentes de abastecimiento de agua, la Secretaría lo comunicará a la Secretaría de Salud, y promoverá ante la autoridad competente la negativa del permiso o autorización correspondiente, o su inmediata revocación, y en su caso, la suspensión del suministro.
Artículo 125. La Secretaría, considerando los criterios sanitarios que en materia de salubridad general establezca la Secretaría de Salud, así como los usos de la cuencas de aguas nacionales determinados por la Secretaría de Agricultura y Recurso Hidráulicos, determinará las condiciones particulares de descarga y los sistemas de tratamiento que deberán instalar las dependencias y entidades de la administración pública federal, para descargar aguas residuales.
Artículo 126. Los equipos de tratamiento de las aguas residuales de origen urbano que diseñen, operen o administren los municipios, las autoridades estatales o el Departamento del Distrito Federal, deberán cumplir con las normas técnicas ecológicas que al efecto se expidan.
Artículo 127. La Secretaría y las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Salud, emitirán opinión, con base en los estudios de la cuenca y sistemas correspondientes, para la programación y construcción de obras e instalaciones de purificación de aguas residuales de procedencia industrial.
Artículo 128. Las aguas residuales provenientes del alcantarillado urbano, podrán utilizarse en la industria y en la agricultura, si se someten en los casos que se requiera al tratamiento que cumpla con las normas técnicas emitidas por la Secretaría, en coordinación con las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Salud.
En los aprovechamientos existentes de aguas residuales en la agricultura, se promoverán acciones para mejorar la calidad del recurso, la reglamentación de los cultivos y las prácticas de riego.
Artículo 129. El otorgamiento de asignaciones, autorizaciones, concesiones o permisos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas en actividades económicas susceptibles de contaminar dicho recurso, estará condicionado al tratamiento previo necesario de las aguas residuales que se produzcan.
Artículo 130. La Secretaría resolverá sobre las solicitudes de autorización para descargar aguas residuales, sustancias o cualquier otro tipo de residuos en aguas marinas, fijando en cada caso las normas técnicas ecológicas, condiciones y tratamiento de las aguas y residuos, de acuerdo al reglamento correspondiente. Cuando el origen de las descargas provenga de fuentes móviles o de plataformas fijas en el mar territorial y la zona económica exclusiva, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Marina, para la expedición de las autorizaciones correspondientes.
Artículo 131. Para la protección del medio marino, el Ejecutivo Federal emitirá los criterios para la explotación, conservación y administración de los recursos naturales, vivos y abióticos, del lecho y el subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes, así como los que deberán observarse para la realización de actividades de exploración y explotación en la zona económica exclusiva.
Artículo 132. La Secretaría se coordinará con las secretarías de Marina, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Salud, de Comunicaciones y Transportes y de Pesca, a efecto de que dentro de sus respectivas atribuciones y competencias, intervengan para prevenir, controlar, vigilar y abatir la contaminación del medio marino, y preservar y restaurar el equilibrio de sus ecosistemas, con
arreglo a lo que se establece en la presente ley, la Ley Federal del Mar, los demás ordenamientos aplicables y las normas vigentes del derecho internacional.
Artículo 133. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con la participación que en su caso corresponda a la Secretaría de Salud, conforme a otros ordenamientos legales, realizarán un sistemático y permanente monitoreo de la calidad de las aguas, para detectar la presencia de contaminantes o exceso de desechos orgánicos y aplicar las medidas que procedan, o en su caso, promover su ejecución; en los casos de aguas de jurisdicción local, se coordinarán con las autoridades de los estados y municipios.
CAPITULO III
Prevención y control de la contaminación del suelo
Artículo 134. Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán los siguientes criterios:
I. Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo;
II. Deben ser controlados los residuos, en tanto que constituyen la principal fuente de contaminación de los suelos;
III. Es necesario racionalizar la generación de residuos sólidos, municipales e industriales, e incorporar técnicas y procedimientos para su rehuso y reciclaje, y
IV. La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, debe ser compatible con el equilibrio de los ecosistemas.
Artículo 135. Los criterios para prevenir y controlar la contaminación del suelo, se considerarán en los siguientes casos:
I. La ordenación y regulación del desarrollo urbano;
II. La operación de los sistemas de limpia y de disposición final de residuos municipales en rellenos sanitarios;
III. Las autorizaciones para la instalación y operación de confinamientos o depósitos de residuos, y
IV. El otorgamiento de todo tipo de autorizaciones para la fabricación, importación, utilización y en general la realización de actividades relacionadas con plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.
Artículo 136. Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se depositen o infiltren en los suelos, deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir o evitar:
I. La contaminación del suelo;
II. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos;
III. Las alteraciones en el suelo que alteren su aprovechamiento, uso o explotación, y
IV. Riesgos y problemas de salud.
Artículo 137. Queda sujeto a la autorización de los gobiernos de los estados, o en su caso de los municipios, con arreglo a las normas técnicas ecológicas que para tal efecto expida la Secretaría, el funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, rehuso, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales. Los materiales y residuos peligrosos, se sujetarán a los dispuesto en el Capítulo V de este mismo título.
Artículo 138. La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos de coordinación y asesoría, con los gobiernos estatales y municipales para:
I. La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales, y
II. La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos sólidos municipales, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus fuentes generadoras.
Artículo 139. Toda descarga, depósito o infiltración de sustancias o materiales contaminantes en los suelos, se sujetará a los que dispongan esta ley, sus disposiciones reglamentarais y las normas técnicas ecológicas que para tal efecto se expidan.
Artículo 140. Los procesos industriales que generen residuos de lenta degradación, se llevarán a cabo con arreglo a lo que disponga el reglamento correspondiente.
Artículo 141. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, promoverá la fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de productos, cuyos materiales permitan reducir la generación de residuos sólidos.
Artículo 142. En ningún caso podrá autorizarse la importación de residuos para su derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración o cualquier tratamiento para su destrucción o disposición final, en el territorio nacional o en las zonas en las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Las autorizaciones para el tránsito por el territorio nacional de residuos no peligrosos con destino a otra nación, sólo podrán otorgarse cuando exista previo consentimiento de ésta.
Artículo 143. Los plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, quedarán sujetos a las normas oficiales mexicanas y a las normas técnicas que expidan en forma coordinada la Secretaría y las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Salud y de Comercio y Fomento Industrial, para evitar que se causen desequilibrios ecológicos. El reglamento de esta ley establecerá la regulación, que dentro del mismo marco de coordinación deba observarse en actividades relacionadas con dichas sustancias o productos, incluyendo la disposición final de sus residuos, empaques y envases vacíos, medidas para evitar efectos adversos en los ecosistemas y los procedimientos para el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes.
Artículo 144. Atendiendo a los dispuesto por la presente ley, la de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos, y las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, la Secretaría coordinadamente con las secretarías de Salud, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Comercio y Fomento Industrial, participará en el examen de las tarifas arancelarias relativas a importación o exportación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. No podrán otorgarse autorizaciones para la importación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, cuando su uso no esté permitido en el país en el que se hayan elaborado o fabricado.
La Secretaría promoverá ante las autoridades competentes, el establecimiento de requisitos especiales para la fabricación en el país de dichas sustancias y productos, cuando su uso pueda causar desequilibrios ecológicos.
CAPITULO IV
Actividades consideradas como riesgosas
Artículo 145. La Secretaría promoverá que en la determinación de los usos del suelo, se especifiquen las zonas en las que se permita el establecimiento de industrias, comercios o servicios considerados riesgosos, por la gravedad de los efectos que puedan generar en los ecosistemas o en el ambiente, tomándose en consideración:
I. Las condiciones topográficas, meteorológicas y climatológicas de las zonas;
II. Su proximidad a centros de población, previendo las tendencias de expansión del respectivo asentamiento y la creación de nuevos asentamientos;
III. Los impactos que tendría un posible evento extraordinario de la industria, comercio o servicio de que se trate, sobre los centros de población y sobre los recursos naturales;
IV. La compatibilidad con otras actividades de las zonas;
V. La infraestructura existente y necesaria, para la atención de emergencias ecológicas, y
VI. La infraestructura para la dotación de servicios básicos.
Artículo 146. La Secretaría de Gobernación y la Secretaría, previa la opinión de las secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y del Trabajo y Previsión Social, determinarán y publicarán en el Diario Oficial de la Federación los listados de las actividades que deban considerarse altamente riesgosas, para efecto de lo establecido en la presente ley.
Artículo 147. La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosas, se llevará a cabo en apego a lo dispuesto por esta ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las normas técnicas de seguridad y operación que expidan, en forma coordinada la Secretaría y las secretarías de Energía, Minas e Industria, Paraestatal, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud y del Trabajo y Previsión Social.
Para tal fin, en aquellos establecimientos en los que se realicen actividades consideradas altamente riesgosas, deberán incorporarse los equipos e instalaciones que correspondan con arreglo a las normas técnicas que se expidan.
Quienes realicen actividades altamente riesgosas, elaborarán, actualizarán, y en los términos del reglamento correspondiente, someterán a la aprobación de la Secretaría y de las secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud y del Trabajo y Previsión Social, los programas para la
prevención de accidentes en la realización de tales actividades, que puedan causar graves desequilibrios ecológicos.
Cuando las actividades consideradas altamente riesgosas se realicen o vayan a realizarse en el Distrito Federal, el Departamento del Distrito Federal participará en el análisis, y en su caso, aprobación de los programas de prevención correspondientes.
Artículo 148. Las entidades federativas y los municipios, regularán la realización de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas, cuando éstas afecten al equilibrio de los ecosistemas o al ambiente de la entidad federativa en general, o del municipio correspondiente.
Artículo 149. La regulación a que se refiere el artículo anterior corresponderá a los municipios, cuando en la realización de las actividades no consideradas altamente riesgosas, se generen residuos que sean vertidos a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población o integrados a la basura, así como cuando se trate de actividades relacionadas con residuos no peligrosos generados en servicios públicos, cuya regulación o manejo correspondan a los propios municipios o se relacionen con dichos servicios.
CAPITULO V
Materiales y residuos peligrosos
Artículo 150. La Secretaría, previa la opinión de las secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la Secretaría de Gobernación, determinará y publicará en el Diario Oficial de la Federación los listados de materiales y residuos peligrosos para efecto de lo establecido en la presente ley.
Artículo 151. La instalación y operación de sistemas para la recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, rehuso, tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final de residuos peligrosos, requerirá de la autorización previa de la Secretaría.
Artículo 152. Los materiales y residuos que se definan como peligrosos para el equilibrio ecológico, deberán ser manejados con arreglo a las normas técnicas ecológicas y procedimientos que establezca la Secretaría, con la participación de las secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Artículo 153. la importación o exportación de materiales o residuos peligrosos, se sujetará a las restricciones que establezca el Ejecutivo Federal; en todo caso, deberán observarse las siguientes disposiciones:
I. Corresponderá a la Secretaría, el control y la vigilancia ecológica de los materiales o residuos peligrosos importados o a exportarse, aplicando las medidas de seguridad que correspondan, sin perjuicio de lo que sobre este particular prevé la Ley Aduanera;
II. Únicamente podrá autorizarse la importación de materiales o residuos peligrosos para su tratamiento, reciclaje o rehuso, cuando su utilización sea conforme a las leyes, reglamentos y disposiciones vigentes;
III. No podrá autorizarse la importación de materiales o residuos peligrosos, cuyo único objeto sea su disposición final o simple depósito, almacenamiento o confinamiento en el territorio nacional o en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción;
IV. No podrá autorizarse el tránsito por territorio nacional, de materiales peligrosos que no satisfagan las especificaciones de uso o consumo conforme a las que fueron elaborados o cuya elaboración, uso o consumo se encuentren prohibidos o restringidos en el país al que estuvieran destinados, ni podrá autorizarse dicho tránsito de residuos peligrosos, cuando tales materiales y residuos provengan del extranjero para ser destinados a un tercer país;
V. El otorgamiento de autorizaciones para la exportación de materiales o residuos peligrosos, cuyo único objeto sea su disposición final en el extranjero, quedará sujeto a que exista consentimiento expreso del país receptor;
VI. Los materiales y residuos peligrosos generados en los procesos de producción, transformación, elaboración o reparación en los que se haya utilizado materia prima introducida al país bajo el régimen de importación temporal, inclusive los regulados en el artículo 85 de la Ley Aduanera, deberán ser retornados al país de procedencia dentro del plazo que para tal efecto determine la Secretaría;
VII. El otorgamiento de autorizaciones por parte de la Secretaría para la importación o exportación de materiales o residuos peligrosos, quedará sujeto a que se garantice debidamente el cumplimiento de lo que establezca la presente ley y las demás disposiciones aplicables, así como la reparación de los daños y perjuicios que pudieran causarse tanto en el territorio nacional como en el extranjero, y
VIII. En adición a lo que establezcan otras disposiciones aplicables, podrán revocarse las autorizaciones que se hubieren otorgado para la importación o exportación de materiales y residuos peligrosos, sin perjuicio de la imposición de la sanción o sanciones que corresponda, en los siguientes casos:
a) Cuando por causas supervenientes, se compruebe que los materiales o residuos peligrosos autorizados constituyen mayor riesgo para el equilibrio ecológico, que el que se tuvo en cuenta para el otorgamiento de la autorización correspondiente;
b) Cuando la operación de importación o exportación no cumpla los requisitos fijados en la guía ecológica que expida la Secretaría;
c) Cuando los materiales o residuos peligrosos, ya no posean los atributos o características conforme a los cuales fueron autorizados, y
d) Cuando se determine que la solicitud correspondiente contenga datos falsos, o presentados de manera que se oculte información necesaria para la correcta apreciación de la solicitud.
CAPITULO VI
Energía nuclear
Artículo 154. La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, con la participación que en su caso corresponda a la Secretaría de Salud, cuidarán que la exploración, explotación y beneficio de minerales radiactivos, el aprovechamiento de los combustibles nucleares, los usos de la energía nuclear, la industria nuclear y en general, las actividades relacionadas con la misma, se lleven a cabo en apego a normas de seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares radiactivas, de manera que se eviten riesgos a la salud humana y se asegure la preservación del equilibrio ecológico, correspondiendo a la Secretaría realizar la evaluación de impacto ambiental.
CAPITULO VII
Ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, olores y contaminación visual
Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos contenidos en las normas técnicas ecológicas que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.
En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, ruido y vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las existencias, deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes.
Artículo 156. Las normas técnicas ecológicas en materias objeto del presente capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores y fijarán los límites de emisión.
La Secretaría de Salud realizará los análisis, estudios, investigaciones y vigilancia necesarias para el objeto de localizar el origen o procedencia, naturaleza, grado, magnitud y frecuencia de las emisiones para determinar cuando se producen daños a la salud.
La Secretaría, en coordinación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, integrará la información relacionada con este tipo de contaminación, así como de métodos y tecnología de control y tratamiento de la misma.
TITULO QUINTO
Participación Social
CAPITULO ÚNICO
Artículo 157. El gobierno federal promoverá la participación y responsabilidad de la sociedad en la formulación de la política ecológica y aplicación de sus instrumentos, en acciones de información y vigilancia, y en general, en las acciones ecológicas que emprenda.
Artículo 158. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría:
I. Convocará, en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática, a representantes de las organizaciones obreras, empresariales, de campesinos y productores agropecuarios, de las comunidades, de instituciones educativas, de instituciones privadas no lucrativas y de otros representantes de la sociedad, para que manifiesten su opinión y propuestas;
II. Celebrará convenios de concertación con organizaciones obreras, para la protección del ambiente en los lugares de trabajo y unidades habitacionales; con organizaciones campesinas y comunidades rurales para el establecimiento, administración y manejo de áreas naturales protegidas, y para brindarles asesoría ecológica en las actividades relacionadas con el aprovechamiento racional de los recursos naturales; con organizaciones empresariales, en los casos previstos en esta ley para la protección del ambiente; con instituciones educativas y académicas, para la realización de estudios e investigaciones en la materia; con organizaciones civiles e instituciones privadas no lucrativas, para emprender acciones ecológicas conjuntas; así como representaciones sociales y con particulares interesados en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
III. Promoverá la celebración de convenios con los diversos medios de comunicación masiva para la difusión, información y promoción de acciones ecológicas. Para estos efectos, se buscará la participación de artistas, intelectuales, científicos y en general de personalidades cuyos conocimientos y ejemplo contribuyan a formar y orientar a la opinión pública;
IV. Promoverá el establecimiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente; y
V. Impulsará el fortalecimiento de la conciencia ecológica, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la preservación y mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el correcto manejo de desechos. Para ello, la Secretaría podrá, en forma coordinada con los estados y municipios correspondientes, celebrar convenios de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones sociales.
Artículo 159. La Secretaría propondrá a la Comisión Nacional de Ecología, la participación de representantes de los principales sectores de la sociedad, así como de organizaciones, instituciones y particulares con quienes hubiere celebrado convenios de concertación, en los términos de esta ley.
TITULO SEXTO
Medidas de control y de seguridad y sanciones
CAPITULO I
Observancia de la ley
Artículo 160. Las disposiciones de este título, se aplicarán en la realización de actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas y de comisión de delitos y sus sanciones, y procedimientos y recursos administrativos, cuando se trate de asuntos de competencia federal regulados por esta ley, salvo que otras leyes regulen en forma específica dichas cuestiones, en relación con las materias de que trata este propio ordenamiento.
Cuando se trate de asuntos de competencia local, los gobiernos de los estados o los ayuntamientos, aplicarán lo dispuesto en el presente título, en las leyes que expidan las legislaturas locales, o en su caso, en los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno que expidan los ayuntamientos.
CAPITULO II
Inspección y vigilancia
Artículo 161. Las entidades federativas y los municipios, podrán realizar actos de inspección y vigilancia, para la verificación del cumplimiento de esta ley en asuntos del orden federal; para tal fin, la federación y las entidades federativas, y con la intervención de éstas, los municipios, celebrarán los acuerdos de coordinación pertinentes.
Artículo 162. Las autoridades competentes podrán realizar, por conducto de personal debidamente autorizado, visitas de inspección, sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes que puedan llevar a cabo para verificar el cumplimiento de este ordenamiento.
Dicho personal, al realizar las visitas de inspección, deberá estar provisto del documento oficial que lo acredite como tal, así como de la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente, en la que se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta.
Artículo 163. El personal autorizado, al iniciar la inspección se identificará debidamente con la persona a quien se entienda la diligencia, exhibirá la orden respectiva y le entregará copia de la misma, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos.
En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el personal autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos de la inspección.
Artículo 164. En toda visita de inspección, se levantará acta en la que se harán constar en forma
circunstanciada, los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia.
Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para manifestar lo que a su derecho convenga, en relación con los hechos asentados en el acta.
A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al interesado.
Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio.
Artículo 165. La persona con quien se entienda la diligencia, estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección, en los términos previstos en la orden escrita a que se hace referencia en el artículo 162 de esta ley, así como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables, con excepción de lo relativo a derechos de propiedad industrial que sean confidenciales conforme a la ley; la información deberá mantenerse por la autoridad en absoluta reserva, si así lo solicita el interesado, salvo en caso de requerimiento judicial.
Artículo 166. La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar.
Artículo 167. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas de urgente aplicación, fundando y motivando el requerimiento y para que, dentro del término de diez días hábiles a partir de que surta efectos dicha notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con el acta de inspección y ofrezca pruebas en relación con los hechos u omisiones que en la misma se asienten.
Artículo 168. Una vez oído al presunto infractor, recibidas y desahogadas las pruebas que ofreciere, o en caso de que el interesado no haya hecho uso del derecho que le concede el artículo anterior dentro del plazo mencionado, se procederá a dictar la resolución administrativa que corresponda, dentro de los treinta días hábiles siguientes, mismas que se notificará al interesado personalmente o por correo certificado.
Artículo 169. En la resolución administrativa correspondiente, se señalarán o en su caso adicionarán, las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor, conforme a las disposiciones aplicables.
Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al infractor para subsanar las deficiencias o irregularidades observadas, éste deberá comunicar por escrito y en forma detallada a la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas en los términos del requerimiento respectivo.
Cuando se trate de segunda o posterior inspección para verificar el cumplimiento de un requerimiento o requerimientos anteriores, y del acta correspondiente se desprenda que no se ha dado cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la autoridad competente podrá imponer la sanción o sanciones que procedan conforme al artículo 171 de esta ley.
En los casos en que proceda, la autoridad federal hará del conocimiento del Ministerio Público, la realización de actos u omisiones constatados que pudiera configurar uno o más delitos.
CAPÍTULO III
Medidas de seguridad
artículo 170. Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o casos de contaminación con repercusiones peligrosas para LOS ecosistemas, sus componentes o la salud pública, la Secretaría como medida de seguridad, podrá ordenar el decomiso de materiales o sustancias contaminantes, la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes correspondientes, y promover la ejecución ante la autoridad competente, en los términos de las leyes relativas, de alguna o algunas de las medidas de seguridad que en dichos ordenamientos se establecen.
CAPÍTULO IV
Sanciones administrativas
Artículo 171. Las violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, constituyen infracción y serán
sancionadas administrativamente por la Secretaría, en asuntos de competencia de la Federación, no reservados expresamente a otra dependencia, y en los demás casos por las autoridades de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus competencias, y conforme a las disposiciones locales que se expidan, con una o más de las siguientes sanciones:
I. Multa por el equivalente de veinte a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en el momento de imponer la sanción;
II. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, y
III. Arresto administrativo hasta por 36 horas.
Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo permitido, conforme a la fracción I de este artículo.
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto originalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo permitido, así como la clausura definitiva.
Artículo 172. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad solicitará a quien los hubiere otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de toda autorización otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar a la infracción.
Artículo 173. Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta ley, se tomará en cuenta:
I. La gravedad de la infracción, considerando principalmente el criterio de impacto en la salud pública y la generación de desequilibrios ecológicos;
II. Las condiciones económicas del infractor; y
III. La reincidencia, si la hubiere.
Artículo 174. Cuando proceda como sanción la clausura temporal o definitiva, total o parcial, el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la diligencia, siguiendo para ello los lineamientos generales establecidos para las inspecciones.
Artículo 175. La Secretaría podrá promover ante las autoridades federales o locales competentes, con base en los estudios que haga para ese efecto, la limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollo urbanos o cualquier actividad que afecte o pueda afectar el ambiente o causar desequilibrio ecológico.
CAPITULO V
Recurso de inconformidad
Artículo 176. Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de esta ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, podrán ser recurridas por los interesados en el término de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
Artículo 177. El recurso de inconformidad se interpondrá por escrito ante el titular de la unidad administrativa que hubiere dictado la resolución recurrida, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, en cuyo caso se tendrá como fecha de presentación la del día en que el escrito correspondiente se haya depositado en el Servicio Postal Mexicano.
Artículo 178. En el escrito en el que se interponga el recurso, se señalará:
I. El nombre y domicilio del recurrente, y en su caso, el de la persona que promueva en su nombre y representación, acreditando debidamente la personalidad con que comparece, si ésta no se tenía justificada ante la autoridad que conozca del asunto;
II. La fecha en que, bajo protesta de decir verdad, manifieste el recurrente que tuvo conocimiento de la resolución recurrida;
III. El acto o resolución que se impugna;
IV. Los agravios que a juicio del recurrente, le cause la resolución o el acto impugnado;
V. La mención de la autoridad que haya dictado la resolución, u ordenado o ejecutado el acto;
VI. Los documentos que el recurrente ofrezca como prueba, que tengan relación inmediata o directa con la resolución o acto impugnado, y que por causas supervenientes o no hubiere estado en posibilidad de ofrecer al oponer sus defensas en el
escrito a que se refiere el artículo 164, de esta ley; dichos documentos deberán acompañarse al escrito a que se refiere el presente artículo;
VII. Las pruebas que el recurrente ofrezca en relación con el acto o la resolución impugnado, acompañando los documentos que se relacionen con éste; no podrá ofrecerse como prueba, la confesión de la autoridad, y
VIII. La solicitud de suspensión del acto o resolución impugnado, previa la comprobación de haber garantizado, en su caso, debidamente el interés fiscal.
Artículo 179. Al recibir el recurso, la autoridad del conocimiento verificará si éste fue interpuesto en tiempo, admitiéndolo a trámite o rechazándolo.
Para el caso de que lo admita, decretará la suspensión si fuese procedente, y desahogará las pruebas que procedan en un plazo que no exceda de quince días hábiles contados a partir de la notificación del proveído de admisión.
Artículo 180. La ejecución de la resolución impugnada, se podrá suspender cuando se cumplan los siguientes requisitos:
I. Lo solicite así el interesado;
II. No se pueda seguir perjuicio al interés general;
III. No se trate de infracciones reincidentes;
IV. Que de ejecutarse la resolución, pueda causar daños de difícil reparación para el recurrente, y
V. Se garantice el interés fiscal.
Artículo 181. Transcurrido el término para el desahogo de las pruebas, si las hubiere, se dictará resolución recurrida o el acto combatido; dicha resolución se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado.
CAPITULO VI
De los delitos del orden federal
Artículo 182. Para proceder penalmente por los delitos previstos en este capítulo, será necesario que previamente la Secretaría formule la denuncia correspondiente, salvo que se trate de casos de flagrante delito.
Artículo 183. Se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión, y multa por el equivalente de 100 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que sin contar con las autorizaciones respectivas o violando las normas de seguridad y operación aplicables a que se refiere el artículo 147, de esta ley, realice, autorice u ordene la realización de actividades que conforme a este mismo ordenamiento se consideren como riesgosas, que ocasionen graves daños a la salud pública, la flora o la fauna o los ecosistemas.
Cuando las actividades consideradas como riesgosas, a que se refiere el párrafo anterior, se lleven a cabo en un centro de población, se podrá elevar la pena hasta tres años más de prisión y la multa hasta 20 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Artículo 184. Se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión, y multa por el equivalente de 1 mil a 20 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que sin autorización de la Secretaría o contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, fabrique, elabore, transporte, distribuya, comercie, almacene, posea, use, rehuse, recicle, recolecte, trate, deseche, descargue, disponga o en general realice actos con materiales o residuos peligrosos que ocasionen o puedan ocasionar graves daños a la salud pública, a los ecosistemas o sus elementos.
Igual pena se impondrá a quien contraviniendo los términos de la autorización que para el efecto hubiere otorgado la Secretaría, importe o exporte materiales o residuos peligrosos.
En los casos en que las conductas ilícitas a que se refiere el presente artículo, se relacionen con las sustancias tóxicas o peligrosas a que alude el artículo 456 de la Ley General de Salud, con inminente riesgo a la salud de las personas, se estará a lo dispuesto en dicha ley.
Artículo 185. Se impondrá pena de un mes a cinco años de prisión, y multa por el equivalente de 100 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que con violación a lo establecido en las disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas aplicables, despida, descargue en la atmósfera, o lo autorice o lo ordene, gases, humos y polvos que ocasionen o puedan ocasionar daños graves a la salud pública, la flora o la fauna o los ecosistemas.
Artículo 186. Se impondrá pena de tres meses a cinco años de prisión, y multa por el equivalente de 10 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que sin
autorización de la autoridad competente y en contravención a las disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas aplicables, descargue, deposite o infiltre o lo autorice u ordene, aguas residuales, desechos o contaminantes en los suelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de jurisdicción federal, que ocasionen o puedan ocasionar graves daños a la salud pública, la flora o la fauna, o los ecosistemas.
Cuando se trate de aguas para ser entregadas en bloque a centros de población, la pena se podrá elevar hasta tres años más.
Artículo 187. Se impondrá pena de un mes a cinco años de prisión, y multa por el equivalente de 100 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien en contravención a las disposiciones legales aplicables, y rebasando los límites fijados en las normas técnicas, genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, en zonas de jurisdicción federal, que ocasionen graves daños a la salud pública, la flora o la fauna o los ecosistemas.
Artículo 188. El Congreso de la Unión, en tratándose del Distrito Federal, y las legislaturas de los estados en lo relativo a su jurisdicción, expedirán las leyes que establezcan las sanciones penales y administrativas por violaciones a esta ley, en las materias del orden local que regula. Las disposiciones locales que se expidan de acuerdo con la distribución de competencias previstas en este mismo ordenamiento, señalarán las sanciones por violaciones a las mismas; los ayuntamientos regularán las sanciones administrativas por violaciones los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno, que a su vez expidan en la esfera de su respectiva competencia.
CAPITULO VII
Denuncia popular
Artículo 189. Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría, o ante otras autoridades federales o locales según su competencia, todo hecho, acto u omisión de competencia de la Federación, que produzca desequilibrio ecológico o daños al ambiente, contraviniendo las disposiciones de la presente ley y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Si en la localidad no existiere representación de la Secretaría, la denuncia se podrá formular ante la autoridad municipal o a elección del denunciante, ante las oficinas más próximas de dicha representación.
Si la denuncia fuera presentada ante la autoridad municipal y resulta del orden federal, deberá ser remitida para su atención y trámite a la Secretaría.
Artículo 190. La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando para darle curso, el señalamiento de los datos necesarios que permitan localizar la fuente, así como el nombre y domicilio del denunciante.
Artículo 191. La Secretaría, una vez recibida la denuncia, procederá por los medios que resulten conducentes, a identificar al denunciante, y en su caso, hará saber la denuncia a la persona o personas a quienes se imputen los hechos denunciados, o a quienes pueda afectar el resultado de la acción emprendida.
Artículo 192. La Secretaría efectuará las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos denunciados, así como para la evaluación correspondiente.
Si los hechos fueren de competencia local, hará llegar la denuncia ante la autoridad competente, y promoverá ante la misma la ejecución de las medidas que resulten procedentes.
Artículo 193. La Secretaría, a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación de una denuncia, hará del conocimiento del denunciante el trámite que se haya dado a aquélla, y dentro de los treinta días hábiles siguientes, el resultado de la verificación de los hechos y medidas impuestas.
Artículo 194. Cuando por infracción a las disposiciones de esta ley se hubieren ocasionado daños o perjuicios, él o los interesados podrán solicitar a la Secretaría, la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá el valor de prueba, en caso de ser presentado en juicio.
TRANSITORIOS
Primero. Esta ley entrará en vigor el día 1o. de marzo de 1988.
Segundo. Se abroga la Ley Federal de Protección al Ambiente de 30 de diciembre de 1981, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1982, y se derogan las demás disposiciones legales en lo que se opongan a las de la presente ley.
Hasta en tanto las legislaturas locales dicten las leyes, y los ayuntamientos las ordenanzas, reglamentos y bandos de policía y buen gobierno, para regular las materias que, según las disposiciones de este ordenamiento , son de competencia de estados y municipios, corresponderá a la Federación aplicar esta ley en el ámbito local, coordinándose para ello con las autoridades estatales y, con su participación, con los municipios que corresponda, según el caso.
Tercero. Mientras se expiden las disposiciones reglamentarias de esta ley, seguirán en vigor las que han regido hasta ahora, en lo que no la contravengan. Las referencias legales o reglamentarias a la Ley Federal de Protección al Ambiente, se entienden hechas en lo aplicable, a la presente ley.
Cuarto. Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias de esta ley, que se hubieren iniciado bajo la vigencia de la Ley Federal de Protección al Ambiente, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones de dicha ley que se abroga.
Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, a 7 de diciembre de 1987.- Por la Comisión de Ecología y Medio Ambiente: Antonio Brambila Meda, presidente; Guadalupe Ponce Torres, secretaria; Héctor Aguirre Barragán, Maclovio Bedoya Rico, Aureliano Caballero González, Nabor Camacho Nava, Daniel Castaño de la Fuente, Francisco Contreras Contreras, Jorge Díaz de León Valdivia, Franz Ignacio Espejel Muñoz, Beatriz Gallardo Macías, María de la Luz Gama Santillán, Rafael García Anaya, Adrián González García, Gabriela Guerrero Oliveros, Sebastián Guzmán Cabrera, Constancio Hernández Allende, Víctor Hugo Islas Hernández, Eduardo Lecanda Lujambio, Oscar Llergo Heredia, Darío Maldonado Casiano, Alberto Mercado Araiza, Javier Michel Díaz, Francisco Morales Aceves, Esperanza Morelos Borja, Luis Nájera Olvera, Agustín Nieto Suárez, Gilberto Nieves Jenkin, Homero Pedrero Priego, Alberto Rábago Camacho, Mauro Rodríguez Cruz, Emérico Rodríguez García, Leonel Rojas Medina, Joel Rosas Torres, Alma Salas Montiel, Jorge Salceda Vargas, Manuel Terrazas Guerrero, Fernando Ulibarri Pérez, Javier Vega Camargo, Leonel Villalobos Chávez, Héctor Yunes Landa, Eraclio Zepeda Ramos.
Por las Fracciones Parlamentarias: Partido Revolucionario Institucional, Antonio Brambila Meda; Partido Acción Nacional, Esperanza Morelos Borja; Partido Mexicano Socialista, Leopoldo Arturo Whaley Martínez; Partido Popular Socialista, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.»
Trámite: -Segunda Lectura.
El C. Presidente: - A esta presidencia se han acercado varios compañeros Diputados para hacer uso de la palabra y fundamentar su voto en razón de este dictamen, y se han inscrito los siguientes: Guadalupe Ponce Torres, del Partido Revolucionario Institucional; Gabriela Guerrero Oliveros, del Partido Popular Socialista; José Luis Díaz Moll, Del Partido Revolucionario de los Trabajadores; Beatriz Gallardo Macías, del Partido Socialista de los Trabajadores; Esperanza Morelos Borja, del Partido Acción Nacional; Antonio Monsiváis Ramírez, del Partido Demócrata Mexicano y Leopoldo Arturo Whaley Martínez, del Partido Mexicano Socialista.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Ponce Torres.
La C. Guadalupe Ponce Torres:- Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Se presenta a consideración de la asamblea el dictamen que elaboró la Comisión de Ecología sobre la iniciativa de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, remitida a la representación nacional por el Ejecutivo Federal el pasado 4 de noviembre.
El dictamen que nos ocupa es el resultado de un riguroso análisis y fructíferas discusiones en el seno de la comisión en los que han participado las fracciones parlamentarias de todos los partidos representados en esta Cámara. De dicho análisis se desprende el consenso que existe entre las diversas corrientes políticas de que es impostergable legislar en la materia para superar los límites del actual marco jurídico de protección ecológica, y que es necesario que los contenidos principales de dicha legislación respondan fielmente a la preocupación de la sociedad mexicana de nuestro tiempo. De ahí que hayamos acordado proponer a esta asamblea la aprobación de la iniciativa, que a juicio de la comisión representa un avance considerable no sólo en lo relativo a la legislación vigente, sino incluso en términos de derecho comparado.
Esta propuesta se deriva de siete puntos generales de acuerdo provenientes de las fracciones parlamentarias de todos los partidos que han participado en la discusión del dictamen, siete acuerdos de fondo en torno al sentido, estructura y contenido de la iniciativa.
Primero, la iniciativa responde a un amplio consenso social sobre la necesidad de un nuevo marco jurídico en materia ambiental que atienda las causas de los desequilibrios ecológicos y no sólo sus efectos que permita la intervención de los tres niveles de gobierno en la creación y ejecución de la política ecológica que corresponsabilice
a la sociedad asegurando su más activa participación y que contribuya a la formación de un mexicano más consciente del adecuado aprovechamiento de recursos, la preservación y restauración ecológica y el mejoramiento del ambiente.
Segundo. La concepción del nuevo ordenamiento se fundamentó en el reconocimiento de que la protección ecológica sólo puede ser eficaz si parte de su relación con el desarrollo. Coincidíamos en señalar que la superación de los desequilibrios ecológicos debe ser prioritaria en las decisiones del desarrollo.
Mejorar la calidad del ambiente de los mexicanos, es mejorar su calidad de vida; preservar los recursos naturales del país, es preservar la base material del desarrollo nacional.
Tercero. La participación social es la premisa política en la que debe fundamentarse la política ecológica nacional. En diversas ocasiones los que suscriben y los partidos políticos en que militan, han postulado que la gestión ecológica debe ser democrática y concurrente, reconociendo los espacios que corresponden a una sociedad cada vez más organizada y participativa, y en particular a los grupos sociales mayoritarios del país, quienes son los que más sufren el impacto de los problemas ambientales.
Por ello nos parece acertada la insistencia de la iniciativa en esta premisa política, si consideramos que el sentido participativo que la caracteriza debe dar lugar a una movilización en nuestra sociedad en todo el país, en la que las diversas corrientes políticas habrán de jugar un papel de la mayor relevancia.
Cuarto. La concurrencia de los tres niveles de gobierno en la materia que plantea la iniciativa, es un propósito político de la mayor trascendencia, ya que permitirá a corto plazo revertir la centralización de facultades en dependencias federales y hará posible que los estados y municipios, vinculados en forma directa y cotidiana con los problemas ecológicos que se generan en sus respectivas circunscripciones territoriales, actúen para hacer frente a los problemas ecológicos respondiendo así a las legítimas demandas de las comunidades y de los grupos sociales locales.
Quinto. La aprobación de la iniciativa es un paso importante para profundizar lo que Estado y sociedad han logrado hacer en los últimos años en la materia. La obligatoriedad de sus disposiciones para todas las dependencias públicas, fortalecerá una acción coherente del gobierno; la concertación de acciones y recursos y la sujeción de autorizaciones, permisos e incluso financiamiento del Gobierno Federal, a las disposiciones de protección ecológica sientan las bases para la corresponsabilidad efectiva de la sociedad.
Es el parecer de la comisión que como lo propone la iniciativa, ha llegado el momento de incorporar a la legislación lo que en la práctica va dando resultados positivos, para generalizarlo, aclarar los compromisos y obligaciones permanentes del Estado y marcar los límites de las actividades de los particulares cuando éstas se relacionen con la ecología.
Sexto. Estimular y acrecentar la conciencia ecológica del pueblo, constituye meta prioritaria de esta comisión, pues en ella se establecen bases ideales para articular una política ecológica funcional para el presente y para el futuro.
Una política permanente y efectiva, no puede tener lugar sin conciencia del problema y de qué hacer para prevenirlo y controlarlo. El cambio en nuestros modelos de consumo y derroche de recursos, depende de la vinculación entre ecología y desarrollo, pero requiere de una nueva conciencia social que movilice para evitar proponer hacer y exigir lo necesario para cuidar de nuestro ambiente, y en consecuencia, de la calidad de vida de los mexicanos; por ello, se han profundizado los contenidos educativos y de comunicación de la iniciativa y se ha considerado conveniente hacerlos permanentes en sus disposiciones.
Por último, en virtud de que existen numerosos asuntos que habrán de ser sujetos a reglamentación, se considera que la aplicación de las disposiciones de la iniciativa, en caso de ser aprobada, dependerá de la rápida formulación de dichos ordenamientos y de que incorpore, como lo hace esta iniciativa, la participación de los diversos grupos, sectores y corrientes de opinión en su elaboración.
Estos siete puntos de acuerdo general, muestran la voluntad de todos los partidos políticos representados en esta Cámara, de conformar y fortalecer un compromiso nacional que permita revertir los grandes problemas ecológicos del país y asegurar la protección del patrimonio natural de las próximas generaciones.
De esta voluntad política, de estos acuerdos generales, se derivaron propuestas de modificaciones y adiciones por parte del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Mexicano Socialista, del Partido Acción Nacional, del Partido Popular Socialista, del Partido Socialista de los
Trabajadores, del Partido Demócrata Mexicano y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, las que fueron analizadas en un ámbito de diálogo y respeto mutuo, integrándose en un dictamen plural que mejora, modifica y complementa lo previsto en varia disposiciones de la iniciativa.
Cabe señalar, en este sentido, que las proposiciones que se hicieron e incorporaron al dictamen, responden el genuino propósito de promover las aspiraciones de la sociedad mexicana por preservar el equilibrio ecológico y mejorar el ambiente.
Tal es el caso entre otras, de las aportaciones para ampliar la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la materia, y para fortalecer la obligatoriedad de las normas ecológicas que hiciera el Partido Revolucionario Institucional, las que para complementar la evaluación de impacto ambiental hiciera el Partido Mexicano Socialista; la incorporación de la contaminación visual a la iniciativa y las disposiciones para apoyar a quienes habitan en parques nacionales, que se deben a sugerencias del Partido Acción Nacional.
Las previsiones sobre educación ecológica nacional, que el Partido Popular Socialista promovió, la promoción de la conciencia ecológica en las comunidades urbanas y rurales que a instancias del Partido Socialista de los Trabajadores se incorporó.
Las consideraciones del Partido Demócrata Mexicano, en cuanto al sentido más profundo de la iniciativa, que es el de asegurar nuestra sobrevivencia y las previsiones en torno al rehuso de aguas tratadas en la agricultura mismo que promovió el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; en todo ello se ha mantenido la decisión de avanzar en los acuerdos y respetar las diferencias a partir de la convicción de que si bien el marco jurídico no va a resolver los problemas por sí solo, tampoco sería razonable esperar que se pueda reorientar la relación del hombre con la naturaleza sin bases jurídicas sólidas, que permitan pasar a una nueva etapa en la protección ecológica del país.
Precisamente porque existen graves problemas ecológicos, nos interesa que exista una legislación como la que se somete a la consideración de la asamblea, una legislación que recoja consensos, fortalezca los instrumentos para la acción, abra nuevos cauces de participación efectiva de la sociedad y dé lugar a una nueva relación del desarrollo del país con la ecología de la sociedad con su habitat.
De la legislación, desde luego, no podemos esperar más de lo que estemos dispuestos a hacer como nación. La comisión ha considerado necesario hacer énfasis en que de aprobarse el dictamen, será el principio de un proceso en el que la voluntad política que anima a la iniciativa y la decisión que caracteriza a la sociedad mexicana, son los elementos fundamentales para lograr nuevos avances, una mayor participación social y aprovechar la oportunidad que significa para nosotros y las generaciones venideras, la aplicación efectiva de este novedoso sistema jurídico de protección ecológica.
Son éstas, honorable asamblea, las razones en las que se funda el dictamen que ahora se somete a su consideración y constituyen también la motivación de quienes lo suscribimos para proponer su aprobación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra, para razonar el voto de su partido, la diputada Gabriela Guerrero Oliveros.
La C. Gabriela Guerrero Oliveros: - Señor presidente; señoras y señores diputados: Conociendo que en rigor el origen del deterioro ecológico es paradógicamente el progreso técnico y científico alcanzado por los seres humanos en los diferentes ámbitos de su actividad económica, con el objetivo de obtener mayor y mejor producción de la tierra, de combatir las plagas y enfermedades diversas que afectan a animales y vegetales que la humanidad necesita para satisfacer sus necesidades elementales; de obtener o generar la energía que requiere para la industria o el transporte, tanto de productos como del propio hombre o para la extracción o transformación de los recursos naturales, conociendo asimismo que el uso militar e industrial de la energía nuclear, la extracción de hidrocarburos, el empleo de carbón como combustible, el desarrollo de la industria química, el uso de pesticidas y herbicidas, la aplicación de la ingeniería genética para producir nuevas especies de microorganismos, etcétera, han alterado y siguen alterando de manera que en muchos casos se puede considerar ya irreversible el medio ambiente integrado por la tierra, el agua y el aire, necesarios para la conservación de la vida en todas sus múltiples formas y manifestaciones, cuya expresión más acabada es el hombre mismo, está hoy cargado de sustancias tóxicas que alcanzan ya niveles alarmantes y, finalmente, conociendo que el fenómeno de la contaminación del medio ambiente es global es su esencia y de ninguna manera local; es decir, que no respeta frontera alguna.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista valoró altamente la iniciativa de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que vino a llenar el espacio vital
que significa la lucha por conservar el entorno ecológico y convertir en medida prioritaria, su protección y restauración, en beneficio de todo tipo de seres vivientes.
Justamente consideramos que esta ley era ya impostergable y su inexistencia constituía una profunda preocupación para el Partido Popular Socialista, por lo cual formaba parte de sus puntos programáticos.
Nuestras inquietudes en materia ecológica han sido presentadas en diversos foros y están orientadas a detener el deterioro ecológico y a combatir las causas que lo provocan. Partiendo de la cuestión fundamental de que bajo ningún concepto, intereses particulares o de grupo, por poderosos que sean, deben prevalecer sobre el interés superior de proteger el entorno ecológico, que constituye la base fundamental de la vida y conscientes del grave problema de ruptura del equilibrio ecobiológico que padecemos ya en grado alarmante, los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, consideramos que la colaboración ciudadana se debe propiciar, pero no puede sustituir nunca la labor planificada y programada del Estado.
Pues sabemos bien y es por ello que no sobreestimamos esta colaboración que se dará hasta el nivel que comience a afectar intereses individuales, amén de que hay muchas cosas que los particulares no pueden realizar.
Un industrial sin conciencia, por ejemplo, cuya divisa sea la máxima ganancia con la mínima inversión, no instalará voluntariamente equipo anticontaminante del alto costo si no es obligado a ello por la ley.
El Partido Popular Socialista siempre ha considerado que es prioritario desarrollar y fortalecer en todos los mexicanos, desde sus primeros años, una sólida conciencia respecto al profundo significado de la preservación del medio ambiente, para elevar la calidad de vida, toda vez que los sistemas ecológicos y los recursos naturales son patrimonio común de nuestra sociedad nacional, porque de ellos dependen nuestras posibilidades productivas y de desarrollo.
Ha considerado que se deben proteger los mantos acuíferos, preservar los bosques, conservar el suelo, evitar la contaminación del aire, ordenar los asentamientos humanos, los establecimientos industriales, regulando sus descargas, establecer recargas acuíferas e incorporar sistemas de tratamiento y reutilización del agua, así como intensificar el cuidado de los bosques y selvas tropicales; ha considerado que en la conservación del patrimonio genético de nuestro país, es una demanda que por su significación debe ser contemplada en su verdadera dimensión, con objeto de preservarlo y desarrollarlo; que es urgente tomar medidas enérgicas para evitar la tala y explotación irracional, quema y destrucción de bosques y selvas tropicales, evitando la insensata depredación de vegetales y animales en toda su rica variedad y diversidad de especies y que es necesario impulsar, ampliar y fortalecer la participación de México en todos los foros internacionales, para que al amparo de los principios de cooperación y colaboración internacionales, se consoliden convenios bilaterales o regionales sobre los múltiples problemas de los cuerpos de agua de mar y de los grandes pulmones del mundo, como es el caso del Golfo de México y el Mato Grosso, para que sean preservados y evitar su depredación en perjuicio de la humanidad en su conjunto, y con satisfacción, señoras y señores diputados, el Partido Popular Socialista advierte que el dictamen que está a discusión recoge la mayor parte de estas preocupaciones.
El dictamen sobre la iniciativa de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es, a juicio de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, armónico; pues sin caer en catastrofismos que por ignorancia o mala fe utilizan algunos sectores, recoge en lo general las preocupaciones presentadas a la comisión de manera oportuna, por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.
La preocupación del PPS por conservar el patrimonio genético del país, comenzando por establecer bancos de semillas y de códigos genéticos de las múltiples y diversas especies de animales y vegetales que existen en nuestro territorio, es recogida en su esencia en el artículo 2o., fracción III del dictamen.
Nuestra propuesta para que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología hiciera las promociones necesarias ante la Secretaría de Educación Pública, la Asociación de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y otros organismos educativos y de investigación, a fin de incluir en sus planes y programas la formación de cuadros especializados en problemas ecológicos, así como tareas en la investigación científica, encaminados a prevenirlos y resolverlos, se contempla en la fracción XIX del artículo 8o. de la iniciativa de ley.
La sugerencia en el sentido de gestionar mediante convenios con diversos países y organismos internacionales la transferencia de tecnología más adecuada que le permita a México incorporar las
modalidades más económicas y avanzadas que se propone y recomiendan para la preservación del medio ambiente, para impedir que México en su proceso llamado de reconversión o modernización industrial, se convierta en receptor de tecnologías obsoletas ya desechadas por el mundo desarrollado por razones de sus efectos negativos en el medio ambiente, es decir, por ser altamente contaminantes, se incluye en el artículo 39 del dictamen que discutimos.
El planteamiento para modificar el artículo 131, que se tomó de manera íntegra y otras más. La concurrencia de los tres niveles de gobierno en materia ecológica con respecto a sus competencias, constituye una decisión de gran importancia, ya que como hemos dicho, la contaminación del entorno ecológico, no respeta frontera alguna y mucho menos en los límites menores que arbitrariamente separan con divisiones municipales o estatales, a verdaderas regiones geoeconómicas que para motivos de esta ley constituyen verdaderas unidades ecológicas que deben tratarse como tales con la participación de cuantos resulten afectados por su alteración como sistema, al mismo tiempo que resultaría absurda la intervención federal para abordar un problema de relativo desequilibrio ecológico, por un basurero a cielo, abierto o cualquier otro contaminante de carácter limitado que pueda resolver con sobra de posibilidades, un municipio.
Señoras y señores diputados: En virtud de que tanto en la comparecencia que ante esta soberanía tuviera el licenciado Manuel Camacho Solís, Secretario del ramo, para ilustrar a esta Cámara respecto al contenido de ley, como en los trabajos de comisiones, fueron tomados en cuenta en lo general los planteamientos hechos por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, y considerando que esta valiosa iniciativa de ley será una de las más activas que requerirá sin duda de prontas, expeditas modificaciones, de acuerdo con los radicales y enérgicos cambios científicos - técnicos que ocurren en la actualidad, tendientes a resolver favorablemente los trastornos ecológicos generados por diferentes fuentes y de que por lo tanto será altamente dinámica aún cuando siempre en el marco del más absoluto respeto a la esencia del artículo 27 constitucional, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista votará en pro del dictamen emitido por la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para razonar su voto, el diputado José Luis Díaz Moll, del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
El C. José Luis Díaz Moll: - Con permiso de la presidencia: Parece ser que el objetivo de esta ronda de intervenciones se ha transformado, y asumiendo la realidad nos dispondremos a dejar constancia en el Diario de los Debates de nuestra posición con respecto a una iniciativa tan importante como lo es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.
Está claro que partimos todas las fracciones parlamentarias de un mismo principio: la necesidad de mantener el equilibrio ecológico y proteger al ambiente; esto es, procurar una protección que a futuro redunde en beneficio de las generaciones venideras del ecosistema. Quizás el problema a resolver sea el cómo vamos a proteger el ecosistema.
La razón por la cual nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa es fundamentalmente en hecho de que se está dando, bien o mal, un primer paso encaminado a meter en el terreno de la discusión la forma, la manera que nosotros vamos a utilizar, los mexicanos, para proteger nuestro ecosistema; sin embargo, creemos y mantenemos nuestra posición crítica frente a lo que es esta iniciativa. Creemos que es ambigua en algunos aspectos, creemos que es muy tibia en una serie de consideraciones, que no aborda de raíz lo que sería las soluciones a problemas que no se pueden postergar en lo que se refiere a la protección del ambiente.
Voy a dar a conocer cuáles son, desde nuestro punto de vista, los aspectos nodales en torno a los cuales tendremos que discutir a partir de hoy, tanto las fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara como todas aquellas organizaciones sociales interesadas en este tema.
Una primera razón o una primera fundamentación de esta postura crítica por parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores, nos la da el hecho de que, desde nuestro punto de vista, no se va al fondo del problema, en lo que se refiere a la incidencia que tiene sobre la ecología, la actividad económica desarrollada por el hombre.
Esto es algo que desde el día de la comparecencia del Secretario Camacho Solís, nosotros dejamos bien claro, bien sentado. Si no hay voluntad política de ir al fondo del asunto, si no se crean los instrumentos normativos y reglamentarios que realmente afecten esos intereses que se esconden detrás del deterioro ecológico de esta ley, será letra muerta. ¿Por qué? Porque leyes hay muchas, pero desgraciadamente hay muy buenas leyes en nuestro país que en los hechos realmente no se aplican y al no aplicarse no solucionan los problemas de fondo.
En este sentido, creemos que no basta un marco de normatividad administrativa, si no creamos un marco de relaciones sociales, políticas y económicas que nos permitan avanzar en términos de los objetivos planteados.
Mantenemos también nuestro cuestionamiento a la forma en que fue presentada esta ley. Nosotros sostenemos que esto se hizo de manera unilateral, no se respetó aquello que planteó el Secretario Camacho Solís, en el sentido de que iba a realizar una consulta lo más amplia posible que permitiera presentar esta iniciativa como resultado del consenso del mayor número de organizaciones, sean éstas de carácter social o de carácter político.
Sostenemos esta crítica, creemos que ahí se falló. No se cumplió con un acuerdo, inclusive, de venir previamente a discutir con las diferentes fracciones parlamentarias a esta Cámara de Diputados; por lo tanto, en su presentación puede considerarse que esta ley tiene un matiz de antidemocracia marcado por los hechos que acabo de mencionar.
También creemos, y en esto creo que todos vamos a coincidir, que de nada va a servir a los gobiernos de los estados y municipios esta ley, si no los dotamos de los medios intelectuales, técnicos y materiales que les permitan implementar la ahora iniciativa de ley, ¿por qué?, porque si muchas veces los ayuntamientos apenas tienen recursos para sostener la nómina de empleados del mismo, pues difícilmente vamos a pensar que van a tener la posibilidad de implementar una ley que requiere de bases intelectuales y técnicas, que cuestan dinero. Hay que darles recursos, hay que darles medios técnicos intelectuales, si no de nada va a servir; de nada va a servir que los gobiernos de los estados y los ayuntamientos tengan atribuciones si no las van a poder implementar. Va a haber muchas trabas a esto, además de lo económico y lo político; va a haber trabas en términos de cacicazgos regionales.
¿Qué va a pasar en un municipio?, pongamos un ejemplo. Michoacán y Durango donde se explotan irracionalmente los bosques, el ayuntamiento va a tener atribuciones para frenar el deterioro ecológico en términos de desforestación; pero también va a tener caciques que lo van a presionar, y va a tener "cañonazos" de dinero que, en un momento dado, van a desviar la atención del presidente municipal; no digamos que lo van a hacer, pero el peligro de la corrupción ahí está.
Entonces cuando se discuta, desgraciadamente esto es una atribución de la Secretaría, lo referente a los reglamentos y a la aplicación, en lo cual sí tenemos la responsabilidad de vigilar. Tenemos que ver de qué manera vamos a procurar que los ayuntamientos tengan la posibilidad de salir adelante en esto, si no, esto tampoco va a servir y se va a quedar en una buena intención.
Laguna Verde. Algunos diarios nacionales, quizá interesada o desinteresadamente, han dejado correr la versión de que a corto plazo se va a cargar la planta nuclear de Laguna Verde.
No emitimos un juicio, puede ser cierto, puede no ser cierto; al final, los hechos son los que nos van a rectificar estas versiones. Si esto se hace de manera unilateral, de entrada esta ley la van a estar enterrando los mismos responsables de vigilar su cumplimiento.
Laguna Verde ha sido tema de discusión desde hace algunos meses en nuestro país, y hay muchas lagunas en torno a este problema de Laguna Verde, yo preguntaría, no voy a repetir nuestros argumentos de la comparecencia, creo que fuimos muy claros, pero voy a repetir algunos puntos nodales de los cuales no se ha aclarado desde el día de la comparecencia y que es lo que nos hace pensar que tenemos mucho que discutir, ¿Qué pasó con el plan de emergencia de Laguna Verde?, el Secretario dijo que ya existe, se va a dar a conocer, creo que en la comisión tendremos que discutir de qué manera vamos nosotros a plantear una excitativa a la Secretaría de Desarrollo Urbano o a la comisión, para que nos dé a conocer este plan de emergencia, no es posible mantener como un punto obscuro algo que es de transcendental importancia para todo el pueblo de México y fundamentalmente para los habitantes del norte de Veracruz. Nada se ha dicho del plan de emergencia, la promesa de que se iba a dar a conocer este plan de emergencia ahí está, pero no se ha concretado en los hechos.
El Secretario hizo una propuesta que en principio todos aceptamos, que fue la de organizar una comisión pluripartidista, apoyada por una comisión de científicos que visitáramos Laguna Verde, de tal manera que pudiéramos revisar todos los aspectos de seguridad que ésta implica, esto tampoco lo hemos hecho, nosotros tenemos una propuesta muy concreta que vamos hacer llegar a la comisión, no es materia de este razonamiento del voto en cual proponemos inclusive una plantilla de científicos que puedan acompañar a la comisión pluripartidista, fundamentalmente de ecología, a fin de que concretemos todo esto que se dijo aquí y que se lo dejamos pasar pues van a ser palabras que se va a llevar el viento.
Nosotros mantenemos nuestra propuesta de que tiene que incluirse la figura del referendum, en lo
que se refiere a la participación social, en los asuntos de ecología que así lo requiera. No es posible, por ejemplo, en el caso de Laguna Verde, echar a andar la planta nuclear sin realizar un referendum en el cual los habitantes de la zona den a conocer cuál es su opinión con respecto a la planta nuclear. Eso sería burlar la posibilidad de opinar y burlar el derecho que tienen a opinar sobre su entorno ecológico, de los habitantes del norte de Veracruz.
El referendum, en lo que se refiere a Laguna Verde, se tiene que organizar, Laguna Verde, no se puede echar a andar como ya empiezan a correr versiones periodísticas, sin tomar en cuenta la opinión de los habitantes de la zona.
Hay otra serie de problemas que también queremos plantear y que creemos que son puntos a discutir de aquí en adelante por parte de todos los interesados en el tema. Son los problemas administrativos que esta ley implica para la Sedue. Esto va a tener cambios; si están implicadas 14 dependencias del gobierno federal, no podemos pensar que la ley se aprueba y nada más. Esto va a requerir de labores de concertación política y administrativa muy importantes.
Nosotros hemos estado consultando a los trabajadores de la Sedue, para que nos den a conocer su opinión. Por lo pronto, nos han planteado que es necesario dar un foro a los trabajadores en relación a su materia de trabajo. La iniciativa de la ley desprecia de manera contundente, la posibilidad de que los trabajadores den su opinión con respecto a esta ley.
Por ejemplo, nos han informado que se están elaborando al vapor los reglamentos para varias de las dependencias de la Secretaría. Parece ser que tienen apuración por sacar al vapor los reglamentos y las normas que permitan la aplicación de la Ley Ecología. Esto no se vale, porque por un lado nos plantean la buena intención de una ley que tienda a conservar el equilibrio del ecosistema y por otro, se están elaborando, quizá una de las partes fundamentales que es la aplicabilidad de la ley, al vapor. Esto ameritó, inclusive, ya la renuncia de un director de la Secretaría de Desarrollo Urbano al no estar de acuerdo que le dieran un plazo de 15 días para tener listo el reglamento de aplicación de uno de los apartados de la ley. Esto no se vale y es algo que nosotros como diputados tenemos la responsabilidad de vigilar.
En el artículo 18 también, por ejemplo, se cierra la posibilidad de la participación de los trabajadores en la elaboración de los programas; esto es absurdo, dado que se deja de lado la posibilidad de participación de mano de obra calificada en la elaboración de los programas.
Nosotros vamos a proponer que en este artículo 18 se incluyan los trabajadores, como una de las partes fundamentales en la elaboración de los programas de aplicación de esta ley. Si no tienen posibilidad de participar en la elaboración de los programas quienes los van a llevar a cabo, pues yo no sé quién tiene posibilidad de participar.
También nos plantearon el problema de los recursos. ¿De dónde se va a sacar recursos para aplicar esta ley? Se ha insinuado que vía impuestos, ¿Impuestos a quién?, ¿nuevamente a los trabajadores?, ¿a los campesinos?, ¿a los empleados? Nosotros creemos que no debe ser así. Se debe gravar a las industrias contaminantes que son fundamentalmente industrias contaminantes de gran monta, como son las transnacionales y algunas del Estado también, como Pemex, que es uno de los principales contaminantes de nuestro país.
Otro peligro de esta ley es el hecho de que bajo la lógica de que es necesario adelgazar el Estado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a través de esta ley y de una serie de ordenamientos administrativos, ha venido desplazando hacia la iniciativa privada, una serie de obligación vía contratismo.
Ahora la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología ya no realiza una serie de actividades, ahora subcontrata a empresas del sector privado para que éstas las realicen. Hay un ejemplo muy concreto, es el de los rellenos sanitarios en las principales ciudades de nuestro país, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología tiene la capacidad técnica y material de implementar los rellenos sanitarios; sin embargo, bajo la lógica de que es necesario adelgazar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología se está subcontratando a empresas de carácter privado, no obstante que ella tiene los medios de realizar este tipo de asesoría y de implementación.
Esto yo sé que es todo un programa de carácter federal, de reducir a lo mejor personal, pero esto para los trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología implica un peligro.
Basta mencionar que en 1983 había 24 mil trabajadores en la Sedue; en estos momentos la nómina de la Sedue incluye únicamente 20 mil trabajadores. ¿Cuántos más piensan recortar con esta ley? Se van a fusionar algunas direcciones; ¿eso implica lo mejor para ustedes o bueno para la secretaría? La necesidad de recortar personal, ese es el peligro real que están viendo los trabajadores y que nosotros como miembros de esta Cámara no podemos deslindar, no obstante que podemos estar de acuerdo en el espíritu original de la ley.
Hay una serie de información que se maneja casi de manera confidencial en la Secretaría, por ejemplo no se da información a los técnicos sobre el manejo de recursos, los cuales se manejan de manera política, inclusive hay un pleito en las delegaciones y en los gobiernos de los estados, tremendos, en lo que se refiere a los presupuestos que canaliza la Secretaría hacia los diferentes estados, hacia las diferentes entidades federativas. Esta información no se da y en el presupuesto, en el programa de egresos tampoco se consigna, si ustedes lo revisan.
Tampoco hay un inventario terminado de empresas contaminantes; esto no existe, aunque aquí lo haya venido a decir el Secretario, lo dijo pero no lo mostró; eso tiene que ser dado a conocer.
Nosotros demandamos y proponemos que esta Cámara a través de su comisión, solicite a la Secretaría el inventario de empresas contaminantes. ¿Por qué?, porque eso se guarda como un gran secreto. Sabemos que hay algunas paraestatales. Pemex, Fertimex, etcétera, pero por ejemplo desde hace un año, la Sedue tiene emplazadas a 27 industrias para clausurar, si no corrigen una serie de errores o una serie de defectos en la emisión de contaminantes; pues no obstante que tienen un año de emplazadas, hasta ahora no ha sucedido nada. Ahí está el emplazamiento de un año atrás, guardado en el último cajón seguramente, de alguna oficina de la Secretaría. Esos son hechos. ¿La ley?, sí, qué bueno, pero lo otro también es importante y es lo fundamental.
Hay algo que queremos comentar especialmente. En el Artículo 32 se otorga a los interesados, así lo dice, la posibilidad de realizar ellos mismos el estudio de impacto ambiental. Esto es absurdo para nosotros, que la empresa contaminante pueda determinar cuál es el grado de contaminación ambiental que ella provoca; hombre, se da la posibilidad a una empresa de ser juez y parte. Creemos que esto debe ser eliminado; es la secretaría la que debe realizar estos estudios de impacto ambiental y es la que debe determinar en última instancia, cuál es el camino y cuál es la decisión que se va a tomar en este sentido.
Por último, nosotros ratificamos las conclusiones que hicimos en la comparecencia; nosotros planteamos las siguientes conclusiones independientemente de las propuestas que yo he planteado anteriormente; nosotros creemos que las siguientes consideraciones son básicas:
Primera, no es posible emitir esta ley sin la participación, claro, y cuidar su aplicación sin la participación de las organizaciones sociales interesadas en esto.
Segundo, no deben limitarse las funciones de la Secretaría, pues ésta debe ser un organismo con todas las atribuciones en la defensa del ecosistema. La Sedue debe cuidar lo referente a la emisión de materiales radioactivos; nosotros vamos a luchar porque esto se haga.
Tercero, debe existir un equilibrio entre los programas de desarrollo económico y la regulación del ambiente.
Cuarto, se debe dotar a los gobiernos estatales y municipales, de los elementos intelectuales, técnicos y materiales, su intervención en la materia.
Quinto, el gobierno debe detener la puesta en marcha de Laguna Verde, inclusive el "Excélsior" dice que el Sábado ya la van a cargar, a lo mejor esto no es cierto, pero en fin, ya nos lo aclarará quien esté mejor informado, hasta en tanto no se realice un referendum, para que la población afectada decida el futuro de Laguna Verde, previa información de las opciones y alternativas en debate.
Aquí está nuestro planteamiento. La discusión apenas se inicia y creemos que con responsabilidad los diputados debemos asumir quizá lo que es la parte fundamental de ahora en adelante, cuidar que la aplicación y esto es a través de la creación de instrumentos y normas que permitan que la ley salga adelante; de otra manera, señores diputados, otra buena ley emitida por este Congreso. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para razonar su voto, la compañera diputada Beatriz Gallardo Macías, del Partido Socialista de los Trabajadores.
La C. Beatriz Gallardo Macías: - "Con su permiso, compañero presidente; compañeras y compañeros diputados: Para el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el tema que abordamos el día de hoy, tiene una singular importancia al discutir la ley reglamentaria a las disposiciones constitucionales sobre la preservación del medio ambiente y que están estrechamente vinculadas a la lucha que realiza nuestro pueblo por alcanzar niveles de bienestar social cada vez mayores, frente a circunstancias adversas de tipo económico.
Una causa del desequilibrio ecológico es el desarrollo irracional que ha roto las proporciones adecuadas de explotación de los recursos naturales y sociales, la industria cada vez concentrada por monopolios nacionales y transnacionales a las cuales no se les restringe ni se les exige responsabilidad o eliminación de los residuos contaminantes,
pero aun con el moderno redespliegue industrial, estos monopolios transnacionales han trasladado al país las plantas más contaminantes y obsoletas sin encontrar resistencias en el marco jurídico actual de nuestro país, ni freno en la conciencia pública, sobre la gravedad de este problema ni una fuerte lucha política de las fuerzas más interesadas en combatir en sus raíces la contaminación ambiental e impulsar una cultura antidepredadora. La magnitud de los daños es incomparablemente superior cuando la realizan los detentadores de la gran propiedad privada y es el pueblo trabajador el que es más severamente afectado por ella.
En nuestro país, los riesgos de la contaminación ambiental y el desequilibrio ecológico fueron detectados desde fines de los años cincuentas y no obstante a partir de esos años los problemas han aumentado paulatinamente. Un ejemplo obvio es la ciudad de México, el cambio de uso del suelo para dar prioridad a la industria, a las obras viales, y el comercio; la deforestación por motivos de ganancias y de poca vigilancia a los recursos naturales, la contaminación de las aguas residuales, el agotamiento de mantos acuíferos y la insuficiencia de servicios como el drenaje, el transporte público, la deficiente recolección de basura y su mal procesamiento, son, entre otros, factores que contaminan el ambiente y lo siguen deteriorando gradualmente pese a la actitud hasta demagógica de algunos funcionarios públicos y políticos del sistema frente a hechos que exigen medidas directas y de fondo.
Para avanzar en la solución del problema, nos parece positiva la concurrencia de autoridades de los diferentes niveles de gobierno y como se establece en la iniciativa, para enfrentar el problema, nos parece positiva la concepción de que el problema del equilibrio ecológico y la protección al ambiente es responsabilidad del Estado y la sociedad; nos parece positivo que se establezcan casos concretos en los que el Estado pueda regular los usos del suelo por causa de utilidad pública.
Nos parece también positivo que se prevea la concertación y la participación de la sociedad en los distintos aspectos de la labor, de la protección y la restauración ecológica; nos parece desde luego importante obligar al sector público y particularmente a las dependencias antigentes a tomar en cuenta principios y criterios ecológicos a la hora de programar sus tareas e implementarlas; nos parece desde luego importante, aunque todavía no esté plenamente desarrollado pero sí concebido, el propósito de establecer una Comisión Nacional de Ecología en la que participen autoridades y representantes de la sociedad y sobre todo que se establezca la denuncia popular como figura institucional que le da a cada ciudadano la posibilidad de poner en conocimiento a las autoridades y de exigir a éstas el cumplimiento de la ley cuando se realicen actos contrarios al ambiente y al equilibrio ecológico.
No todo lo establecido en la ley, sin embargo, es perfecto, un esquema simple que agrupe obligaciones y facultades por una parte para las autoridades y por la otra para los ciudadanos y las organizaciones sociales, nos permite apreciar los desequilibrios jurídicos contenidos en la iniciativa que discutimos. En primer lugar, la iniciativa dota de muchas facultades a las autoridades, pero no las obliga suficientemente por lo menos en dos aspectos; las medidas de protección ambiental y ecológica no imponen a las autoridades un plan general de reconstrucción o desarrollo ecológico, dejando por lo tanto un amplio margen para acciones dispersas y de carácter defensivo y tampoco prevén sanciones ejemplares a las autoridades omisas o infractoras frente a la legalidad ecológica.
La ley debiera imponer no sólo a la Sedue, sino al conjunto de las dependencias del gobierno en sus distintos niveles, un plan general de reconstrucción ecológica o de reordenamiento ecológico, que determinará dónde instalar industrias, pero no como posibilidad o como facultad, sino como imperativo, como obligación; es decir, la ley por encima de las propias autoridades de ecología y del resto de autoridades.
En el caso de las autoridades infractoras, se podría decir que hay una ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, para sancionar infracciones graves de los funcionarios públicos, pero no basta, no es un problema de tecnisismo legal, las infracciones ecológicas son específicas; lo importante no es castigar, sino preventivamente inhibir comportamientos irresponsables de las autoridades. La diferencia entre dejar este vacío o llenarlo implica, como consecuencia, que la vigencia de las normas ecológicas queden como opciones condicionadas al juicio de las autoridades, o bien como imperativos categóricos por encima de las circunstancias y la voluntad variable de los titulares de las dependencias gubernamentales; que sea imperativo categórico es lo correcto, no cabe duda.
Otro polo descuidado por la iniciativa es el que pudiéramos nosotros denominar la parte de la sociedad directamente interesada en la reconstrucción ecológica; no sólo los ciudadanos, no sólo los pobladores, sino el pueblo trabajador organizado, organizado en las formas históricamente acreditadas en nuestro país, como son los ejidos, las cooperativas, las comisiones obreras de vigilancia, higiene y seguridad en los centros de trabajo, etcétera.
Pensamos que es muy importante señalar la ausencia de garantías y las facultades y procedimientos
adecuados a través de los cuales se hagan efectivas las mismas para que las propias organizaciones sociales funjan como vigilantes y garantes del comportamiento congruente de las mismas autoridades en la aplicación de esta importantísima ley.
El Partido del Frente Cardenista, considera que el problema de la preservación de nuestro medio ambiente, es un problema que no puede resolver el actual gobierno solo; nosotros estamos convencidos que problemas como éste, se irán resolviendo mediante una concertación con mayúsculas, muy superior a las que están previstas en el articulado de la iniciativa de ley que hoy discutimos; sólo el pueblo de México estrechamente aliado con el gobierno constitucional, ambos armados con la legalidad, podrá realizar la tarea gigante de la reconstrucción de la vida económica, política, social, cultural y ecológica de nuestra patria; pero consideramos que esta ley es un esfuerzo muy importante para avanzar en este terreno; por eso, nuestra fracción parlamentaria votará a favor del dictamen.
Por la fracción del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, diputada Beatriz Gallardo Macías.»
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para razona su voto, por el Partido Acción Nacional, la compañera diputada Esperanza Morelos Borja.
La C. Esperanza Morelos Borja: - Señor presidente; compañeros diputados: Realmente esta intervención no es para razonar el voto, sino es una intervención a favor de la ley porque nosotros consideramos que suficientemente importante, tuvo suficiente discusión y es amplia para iniciar la solución de los problemas ambientales en México que, repito, no es un razonamiento de voto, sino una posición a favor que tiene Acción Nacional con respecto a esta ley en lo general.
La presentación a la consideración de esta soberanía del proyecto de Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, por el grave deterioro ambiental que sufre nuestro territorio nacional; por las deficiencias de la legislación vigente; por haberse privilegiado el desarrollo industrial y económico, sin contemplar su costo ecológico; por la inconciencia del impacto que tienen ciertas costumbres del pueblo, en la calidad de la vida, era una exigencia insoslayable y fundamento necesario para el inicio consistente de la solución de los graves problemas ambientales que padecemos.
Acción Nacional reconoce que la aprobación de este proyecto de ley, independientemente de posiciones políticas, es un deber de todos nosotros, pues la preservación del medio ambiente básico en la vida y desarrollo del país así nos lo demanda.
Este proyecto de ley contempla en forma importante los siguientes aspectos, la educación e investigación ecológicas, por la cual se va a promover la capacitación de técnicos que puedan apoyar la aplicación de la ley, una educación general que lleve a la toma de conciencia, de la importancia de la corresponsabilidad y la participación de la sociedad en los problemas ecológicos de México.
Aquí tenemos que aceptar que no era suficiente la denuncia popular, sino que era necesario que la denuncia tuviera la categoría de obligar a la autoridad a responder a la denuncia y a tomar decisiones concretas, y eso ya se prevé en la ley.
También contempla la descentralización de actividades para lograr la concurrencia de los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, definiendo facultades, responsabilidades y participación en el ámbito de sus competencias, así también coordina las acciones de las entidades del gobierno federal.
También contempla la solución integral de la problemática ecológica, estableciendo principios, criterios y bases para lograr el desarrollo económico con la preservación del medio ambiente.
También contempla la obligación de realizar estudios de impacto ambiental para todas las obras que se emprendan y que afecten al medio ambiente y equilibrio ecológico.
Asimismo, contempla la regulación en el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones de aprovechamiento de todos los recursos naturales y crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y de Reservas de Nuestros Recursos.
También crea mecanismos necesarios para hacer que se respete la vocación del suelo, el uso del mismo y su rehabilitación. Aquí nos parece importante hacer comentarios del instrumento que en casos extremos de erosión o de deterioro que puede hacer el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría, de las declaratorias del uso del suelo, nosotros pensamos que es muy importante que aquellos lugares en que el deterioro es a tal grado, se puedan tomar medidas inmediatas, resoluciones de rehabilitación, tomando en cuenta a los propietarios y tomando en cuenta la posibilidad que tengan en apoyar y de rehabilitar los suelos.
En forma importante también establece medidas preventivas para evitar la contaminación del agua,
aire y suelo y la disposición de residuos tóxicos. También tiene un control estricto de la producción, importación y uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.
Queremos reconocer la apertura dada en la comisión, que propició la discusión y aceptó proposiciones de todos los partidos representados en ella; se logró así, un proyecto de ley enriquecido con las aportaciones de todos y que sentimos que es nuestro.
Creemos, en Acción Nacional, que este proyecto puede y debe ser el instrumento idóneo para el logro del noble propósito de mejorar y preservar la calidad de vida de todos los mexicanos.
Sabemos que se hará necesario reglamentarla a la brevedad posible y dotar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, de un presupuesto suficiente para que pueda implementar todas las acciones previstas en ella y que en un futuro próximo, pueda controlar todas las actividades que afectan al medio ambiente.
Este comentario lo hacemos porque dado el poco presupuesto que tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, no tiene la capacidad ni técnica ni administrativa para controlar todas las actividades económicas que afectan al medio ambiente. Una de ellas son las actividades de la energía nuclear; ésta, no queda comprendida directamente bajo la vigilancia de Sedue, porque Sedue no tiene esa capacidad y nosotros esperamos que en un futuro, sea posible que la Secretaría de Desarrollo Urbano pueda controlar y vigilar todas las actividades que se desarrollan de México con respecto al medio ambiente.
Nosotros creemos que sólo así no será un catálogo de buenas intenciones y no se convertirá en una ley inoperante, como tantas otras.
Acción Nacional piensa que no hay mejor exponente de lo que constituye el bien común de un pueblo, que un medio ambiente sano. Creemos que el mejor legado que podemos dejar a las futuras generaciones es el ejemplo de una preocupación responsable por la preservación y mejoramiento de la calidad de vida. Y esta ley es una oportunidad para que todos participemos en este empeño.
Participar, normalmente se entiende como la posibilidad de obtener alguna ventaja o beneficio. Para Acción Nacional, participar solidariamente es aportar y contribuir a la solución de los problemas; por eso, participemos en la solución de todos los problemas de México en forma responsable y por ello, Acción Nacional va a votar en lo general, en esta ley, a favor. Muchas gracias (Aplausos.)
El C. Ricardo Francisco García Cervantes (desde su curul): - Señor presidente, ¿puede informarnos, por favor, la lista de oradores?
El C. Presidente: - En lo general, están anotados el diputado Antonio Monsiváis y el diputado Arturo Whaley Martínez, pendiente.
En uso de la palabra se le concede al diputado Antonio Monsiváis Ramírez, del Partido Demócrata Mexicano.
El C. Antonio Monsiváis Ramírez: - Señor presidente, con su autorización; compañeras y compañeros diputados: Vengo en nombre de la fracción parlamentaria de mi partido, el Demócrata Mexicano, a exponer la tesis que sustenta mi partido respecto a esta ley que está en discusión.
Los integrantes de la fracción parlamentaria demócrata, votaremos a favor del dictamen que establece el proyecto de decreto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Lo hacemos, porque consideramos que una ley de este tipo hace falta en nuestra legislación y llena un vacío respecto a la regulación del equilibrio ecológico y de la protección del ambiente.
En pocos lustros la contaminación y el desequilibrio ecológico que producen se ha convertido en problemas nacionales que a todos nos afectan, que todos vivimos y todos comentamos, Era pues necesaria una nueva ley, pues las existentes no han cumplido con su cometido.
Estamos conscientes que este proyecto de ley cuenta con muchos defectos jurídicos, tales como la confusión de jurisdicciones y facultades entre las distintas secretarías de Estado del Ejecutivo Federal, así como notables imprecisiones en cuanto a los ámbitos federal, local y municipal. Así lo hicimos saber en el interrogatorio que se formuló al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y que a nuestro juicio no contestó en forma cabal y satisfactoria, de acuerdo con las cuestiones formuladas.
Técnicamente lo conducente hubiera sido promover un voto negativo para que el dictamen regresara a comisiones y se elaborara un proyecto de ley con mejor técnica jurídica; sin embargo, el problema de la contaminación es algo que no espera, que se debe resolver de inmediato, no hay dilaciones que valgan cuando se trata de respirar un aire limpio, de utilizar aguas no contaminadas, de no perder el oído por la contaminación o ruido, que se conserve el equilibrio ecológico de manera
irremediable en amplias zonas de nuestro país. Consideramos que con vistas al interés público es mejor que entre en vigor este proyecto de ley, aun con sus defectos, a que se dilate por más tiempo.
Por otra parte, entre los méritos de la iniciativa está el de abarcar una amplia serie de materias en relación al equilibrio ecológico y a la protección del ambiente; las virtudes de la misma compensa sus defectos y por eso votaremos en pro.
Con ello, no dejamos de tener responsabilidad frente a sus fallas y de acuerdo con la facultad de iniciativa que nos concede la Constitución, promoveremos las correspondientes reformas legislativas, tomando no sólo en cuenta lo formal, lo técnico- jurídico, sino la experiencia que durante su vigencia se recabe.
No dejaremos de insistir que uno de los principales causantes de la contaminación, son las empresas del sector público. Señalamos que se lleva el campeonato Petróleos Mexicanos, tanto por su pasado como por su presente; Pemex sigue contaminando, sigue alterando el equilibrio ecológico y sigue destrozando el ambiente, sin que haya modificado sustancialmente sus políticas y sin que compense, en justicia a los afectados. De ello pueden ser testigos los pescadores, los agricultores y los ganaderos de Tabasco, Campeche y Chiapas.
Además de los delitos antiecológicos que se prevén en este decreto de ley, será necesario establecer en la ley respectiva, como delitos oficiales, las conductas de los funcionarios que en el ejercicio de su cargo produzcan consecuencias desfavorables para el ambiente.
En nuestro territorio, hay varios parques nacionales establecidos desde hace años, sin embargo se les ha abandonado. Se les ha dejado, no se les ha prestado apoyo y ello ha producido su deterioro y su peligro de extinción. Podemos citar como ejemplo el Desierto de los Leones, bien herido por las carreteras y más dañado aún, por el abandono y por la proliferación de plagas no combatidas en sus árboles.
Otro ejemplo notorio es el Parque Nacional de Uruapan, Michoacán, llamado por los michoacanos, justamente el paraíso de Michoacán, cuyas corrientes de agua han perdido caudal y sus mantos se están agotando. Junto con eso, ha perdido belleza y atractivo y la fauna y la flora se han deteriorado en forma tan significativa, sin que se haya tratado de hacer hasta este momento, algo efectivo para que ese paraíso de Michoacán perdure en su belleza natural.
En fin, presentar las fallas ecológicas por la inercia y la desorganización de las autoridades, ocuparía todo el tiempo de esta sesión. Lo señalamos porque junto con la aprobación de la ley, exigimos, reclamamos acciones administrativas eficaces y sensatas, de las cuales esta Cámara de Diputados debe ser su vigilante y contralora.
Por último, debemos recalcar que el problema ecológico sólo se resolverá con la participación de toda la sociedad, tanto de gobernantes como de gobernados y desde el Partido Demócrata Mexicano, apoyaremos esta gesta colectiva, para que el territorio mexicano y su ambiente, sea el entorno amable y no el enemigo, no el verdugo de sus habitantes.
En consecuencia, la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano votará a favor de este decreto de ley. Por el honor de su atención, muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Leopoldo Arturo Whaley Martínez, del Partido Mexicano Socialista.
El C. Leopoldo Arturo Whaley Martínez: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: El grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista, votará afirmativamente por este dictamen; en primer lugar, por las consideraciones que ya hizo la compañera Guadalupe Torres Ponce, al fundamentar el dictamen, fundamentación que suscribimos, pero también porque en la visión de este dictamen se rebasa con mucha la visión limitante que ponía el énfasis en la contaminación y que estaba contenida en la ley de protección del ambiente que esta ley abroga. También porque hay un avance en la descentralización y la posibilidad de participación popular, creemos que tanto el título de áreas protegidas como la introducción del concepto de la evaluación del impacto ambiental en la construcción de obras y en el aprovechamiento de recursos, recogen lo más positivo de la experiencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en los últimos cinco años.
Finalmente, consideramos que los criterios de ordenamiento ecológico representan también un avance en cuanto a esta visión, pero también creemos que este dictamen adolece de una gran debilidad; lejos de considerar en una visión global del desarrollo nacional, cuáles son los problemas que han venido afectado nuestros recursos renovables y no renovables. Esta ley se enmarca solamente en ver los efectos nocivos que el aprovechamiento de los recursos ha traído secularmente.
Es importante señalar que nuestra visión de la relación de la sociedad con la naturaleza parte de
una consideración fundamental, el hombre ha logrado su libertad sólo en la medida en que ha logrado transformar a la naturaleza en su provecho, de apropiarse de la naturaleza.
Decía Hegel en alguno de sus escritos "que la astucia de la razón del hombre es oponer la naturaleza a la naturaleza", que consiste precisamente en que la exterioridad grosera no arrolla al hombre. Esta astucia de la razón de la que hablaba Hegel, no se pudo desarrollar plenamente en la relación de nuestras comunidades prehispánicas tuvieron con su medio natural; por el contrario, a partir de la conquista y sobre todo de los tres siglos de colonia, la sinrazón de la fuerza y la lógica de la extracción de los recursos de nuestra patria fueron aprovechados para trasladar la riqueza de Mesoamérica y de toda Latinoamérica para la Europa que iniciaba su gran desarrollo.
Con formas más sutiles la explotación irracional se ha venido desarrollando la explotación de nuestros recursos, principalmente enmarcados por una lógica que llamaremos de sobre - explotación y desperdicios; sobre - explotación y para beneficiar con nuestra riqueza a otros países y a otros pueblos, y desperdicios de nuestros recursos sin considerar el grave daño que les hemos hecho.
En este sentido, nuestra discusión va precisamente en ver que ha sido la falta de un proyecto nacional integrado el que ha llevado al deterioro enorme de nuestros recursos naturales e incluso de los habitantes de nuestra patria, y quisiéramos ejemplificar lo que ha ocurrido, no ahora, no en los últimos diez años, sino a lo largo de nuestra historia con dos ejemplos, el del uso del suelo y el de la pesca.
En nuestro país se calcula que hay 200 millones de hectáreas aprovechables, de las cuales 120 millones de hectáreas, según datos oficiales, se usan para la ganadería; sólo 40 millones son forestales, y sólo 20 millones de hectáreas se usan para la agricultura. De estos 20 millones de hectáreas que se usan para la agricultura, el 25% es decir cinco, son zonas de riego que producen principalmente para la exportación y en general principalmente para la exportación y en general para productos de alto valor, tal vez con la única excepción del trigo.
Los alimentos básicos se producen en zonas temporaleras que son las que menos apoyo han tenido. En realidad ha habido un subsidio de las zonas de temporal hacia las zonas de riego.
Uno de los problemas que más han afectado a los ecosistemas de nuestra patria ha sido lo restringido de la producción agrícola. Básicamente se siembran cuatro cultivos: maíz, frijol, sorgo y trigo. La producción de estos cuatro vegetales, de estos cuatro productos, representan el 85% de la producción temporalera.
Los estudios de botánica que se han realizado en nuestro país, nos demuestran que hay más de 25 mil especies de plantas, de las cuales se conoce la utilidad de mil de estas especies.
La no diversificación, la homogeneidad en la siembra, ha llevado a homogeneizar las formas de explotar la tierra, no respetando la diversidad de de los ecosistemas. Y aquí se ha generado un círculo vicioso que lleva a erosionar y a desertificar nuestras tierras. Por una parte, el monocultivo requiere de fertilizantes al agotarse los nutrientes naturales de la tierra. El uso de fertilizantes lleva a su vez a usar plaguicidas que son altamente contaminantes y aceleran el agotamiento del suelo.
Esto lleva, necesariamente, a ampliar la frontera agrícola, a quitar zonas forestales para avanzar en la agricultura por el agotamiento propio de las tierras y a su vez al usarse para monocultivo, lleva un mayor deterioro.
En ese sentido, no se escapan tampoco las zonas de riego. La agricultura comercial, vinculada a las zonas de riego, lleva un alto consumo de insumos que contaminan, se sobre - explotan los mantos acuíferos, el ejemplo reciente de la región lagunera de contaminación por arsénico de las aguas del subsuelo, se debe fundamentalmente a que se ha usado para el cultivo de un solo producto que ha llevado no sólo producto para consumo humano, sino fundamentalmente para forraje.
También el cultivo en las zonas de riego, lleva una dependencia nacional porque se tienen que usar semillas mejoradas y maquinaria altamente tecnificada.
Esa sería una parte importante de las causas del deterioro, pero hay otra que los es más, que ha sido el uso del suelo para ganadería extensiva. La ganadería extensiva se ha promovido fundamentalmente por el argumento, que a nuestro juicio es falso, de la necesidad de proteína animal para el consumo humano el gran problema de la dieta nacional es un problema de deficiencia calorífico proteínico; pero éste tiene que ir vinculado. Cuando en la dieta de los mexicanos sólo se consume proteína, la proteína se descompone en el cuerpo humano en forma de caloría y no se aprovechan efectivamente las ventajas que da la proteína para el consumo. Pero también es falso, porque las proteínas pueden obtenerse de otro tipo de alimentos; de otro tipo de carnes, de pescado o de ave y no necesariamente de ganado vacuno.
La proteína de ganado vacuno es la más cara en todos los sentidos: económica, social y ecológicamente. Se le han dado muchas ventajas, porque la ganadería es una forma fácil de obtener ingresos, es una forma fácil de aumentar la riqueza de unos cuantos.
De hecho, la ganadería en el país se ha extendido en dos zonas principalmente: en zonas áridas, donde se han construido los mayores latifundios ganaderos, y ha tenido como repercusión la subutilización de especies vegetales en esa zona, que pueden usarse como recursos forestales; y la otra gran zona, en la que se ha extendido la ganadería, es la del trópico húmedo, con toda la secuela de deterioro de nuestras zonas selváticas, de las cuales, según los diferentes autores, solamente nos quedan el 10 o el 5% de lo que originalmente tenía nuestro territorio.
Pero más allá de esto, más allá del deterioro directo que ha ocasionado la ganadería extensiva en nuestro país, hay otro problema. Prácticamente el 25% de la producción agrícola nacional se va a la producción de forrajes; casi toda la producción de sorgo, de cebada y de avena y una parte importante de la producción de maíz se usa para alimento para el ganado vacuno.
El 40% de la producción pesquera nacional, también se usa para producir alimento balanceado. La sardina se usa en un 85% para producir harina, y la anchoveta, toda la producción nacional se va a la producción de harina para alimentos balanceados.
Resumiendo. Además de la gravedad de la afectación por el uso del suelo, la ganadería requiere del 25% de la producción agrícola, del 40% de la producción pesquera, usa el 60% del territorio nacional, y se lleva la mayor parte de los recursos destinados al medio rural.
Es también la carne el alimento más caro que no es de consumo popular, que provoca los mayores impactos ambientales y que reproduce con mayor intensidad la desigualdad en el medio rural. Entremos sobre esta base a ver los efectos que tiene la ganadería y la agricultura en el potencial forestal.
Según datos presentados por el Presidente de la República al principio de su administración, se perdían alrededor de 400 mil hectáreas anuales por este concepto de recursos forestales. Según cálculos más recientes, la pérdida anual de zonas forestales asciende a 1 millón de hectáreas.
Por otro lado, en este mismo sentido, tenemos la explotación irracional de los recursos forestales; los recursos forestales están normalmente asociados a las comunidades y ejidos, no han sido explotados por ellas ni han sido éstas las más beneficiadas de su desarrollo.
México tiene, decía yo, 25 mil especies vegetales, de éstas, 5 mil tiene usos diversos en aplicaciones medicinales en forrajes, energéticos, ornatos y solamente en México se explotan las especies de pinos para madera y recinas en un 80%.
La explotación forestal se da principalmente en bosques templados y se han subutilizado los recursos de las selvas tropicales, cuya vocación natural es eminentemente forestal.
Contrastando con esto, podemos afirmar que desde hace mucho perdimos la autosuficiencia en madera, se necesita pensar en una industria maderera esencialmente diferente, que haga que las comunidades recobren la posibilidad de aprovechar sus recursos de muchas maneras y que sean los auténticos beneficiarios de la explotación forestal.
Una cuestión que puede ejemplificar muy claramente esto de la sobre - explotación por un lado y el desperdicio por otro, es el fracaso del famoso Plan Uxpanapa, ahí se dotaron a los chinantecos de 80 mil hectáreas de zonas selváticas y en lugar de entregárselas tal cual, se concesionó a empresas particulares, extranjeras y mexicanas para que hicieran el desmonte; esto significó una gran pérdida de recursos para la comunidad y significó también una gran pérdida para nuestro país, ya que simultáneamente a la elaboración del plan y a la puesta en marcha del Plan Uxpanapa, se importó madera africana para la construcción del Metro, que se vendió en paquete por los franceses a México, cuando la madera con la que se desmontó la zona de Expanapa, tenía todas las la características para poder ser aprovechadas para la construcción del Metro de la ciudad de México.
Esta situación, que insisto, no parte de ahora, sino que es la historia de cómo hemos deteriorado y seguimos deteriorando nuestros recursos.
También se puede aplicar y se puede ver muy claramente en la pesca; México tiene mucha área de litorales, tiene una gran diversidad de especies que pueden ser explotadas, tiene prácticamente todos los climas, aguas frías, aguas cálidas, tiene todo tipo de recursos para la explotación de muy diversas especies; sin embargo, la pesca, la explotación de los recursos del mar, se ha centrado en unas cuantas especies: atún, sardina, anchoveta, camarón y en mucho menor medida, la escama.
Otra vez se repite este problema, ese gran problema nacional, que es por un lado la sobre - explotación y por otro lado, el desperdicio.
En la pesca, el camarón, se tiene el caso de que por cada tonelada que se extrae de camarón, se sacan ocho toneladas de lo que se denomina eufemísticamente, la fauna acompañante, que se desperdicia totalmente.
Gran parte de la producción camaronera va a dar al mercado exterior, se usa para exportación.
Por otro lado, en la anchoveta, el 100%, decíamos, de la producción nacional, se usa para alimento balanceado.
Nosotros tenemos que de los tres, de la producción de atún, sardina y anchoveta, sólo va al consumo humano directo, el 25% de la producción nacional y el 75% de la producción de estas tres especies, va para la producción de harina, que se usa, fundamentalmente, en alimento balanceado.
Pero de lo que se usa para el consumo humano directo, se exporta el 13% y únicamente queda para consumo nacional de estas tres especies que puedan ser consideradas como alimento popular, el 12% de la producción nacional. Esto nos muestra de qué manera la lógica de explotación de nuestros recursos no está vista en términos de resolver los problemas de la mayoría de los mexicanos.
Y así podíamos seguir señalando muchos de los casos en términos de números que nos muestran con alarma cómo hemos venido deteriorando nuestros recursos, no en función de abastecer las necesidades populares y de un desarrollo nacional plenamente independiente, sino en función de una lógica que se nos ha venido imponiendo por diferentes medios.
El principal, a nuestro modo de ver, a partir de que carecemos de un proyecto nacional que articule nuestro desarrollo con las necesidades nacionales y con las necesidades de la mayoría de los mexicanos. Lo mismo podríamos señalar con muchos ejemplos de nuestro proceso de industrialización y de la forma en que se explotan recursos naturales no renovables, como el petróleo y los minerales.
Por eso pensamos que la gran debilidad de esta iniciativa y del dictamen, es que se limita a regular los efectos nocivos del aprovechamiento de los recursos naturales. Nosotros pensamos que es necesaria una ley integral de aprovechamiento de los recursos naturales, donde quede claro el principio constitucional del sometimiento del interés privado a las necesidades del interés público y que quede plenamente garantizada la propiedad originaria de la nación sobre sus recursos.
Pensamos entonces que en este marco, en el marco en que está hecha la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, es un marco reducido, pero reconocemos, como lo señalaba al principio de nuestra intervención, que en este marco de ley presenta una serie de avances que no se pueden soslayar.
Las debilidades, reiteramos, es que no se plantea una relación clara, resultado de una visión global entre la sociedad y la naturaleza. La falta de previsión para aportar recursos económicos a los estados y municipios para cumplir eficazmente con las atribuciones que les otorga la ley, que no establece mecanismos para recuperar los recursos y su aprovechamiento adecuado.
Esta ley simplemente señala tomar las cosas como han quedado, y nosotros creemos, estamos convencidos, que era necesario que esta ley contemplara también políticas, normas, para ir recuperando todo lo que hemos perdido en los siglos pasados, pero particularmente en las últimas décadas.
En este sentido, creemos que aquí en el desarrollo de nuestro país, en nuestra relación con la naturaleza, no se ha cumplido esta sentencia de Hegel, de que la astucia de la razón hace avanzar al hombre en relación a la naturaleza de una manera sana. Creo que aquí en México la astucia de la sinrazón de los intereses privados y extranjeros ha dominado a nuestra sociedad y ha deteriorado la naturaleza. Muchas gracias.
El C. Presidente: - De conformidad al artículo 116 del Reglamento Interior para el Congreso, han hecho uso de la palabra los diputados Guadalupe Ponce Torres, del Partido Revolucionario Institucional; Gabriela Guerrero Oliveros, del Partido Popular Socialista; José Luis Días Moll, del Partido Revolucionario de los Trabajadores; Beatriz Gallardo Macías, del Partido Socialista de los Trabajadores; Esperanza Morelos Borja, del Partido Acción Nacional: Antonio Monsiváis Ramírez, del Partido Demócrata Mexicano y Leopoldo Arturo Whaley Martínez, del Partido Mexicano Socialista.
Para los efectos del artículo 134 del mismo ordenamiento, pregunte a la asamblea, por conducto de la secretaría, si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
El C. Presidente: - Por consiguiente, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en
lo general y en lo particular del dictamen que nos ocupa, en un solo acto.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del dictamen en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación)
Señor presidente, se emitieron 280 votos en pro.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular con la unanimidad de aquí de los diputados presentes, del Proyecto de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 1986
El C. Presidente: - Quiero informar a la asamblea que en el transcurso de esta sesión la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, entregó a esta presidencia un dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1986.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
"Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Presupuestal de 1986.
Honorable asamblea: En la forma y términos que previenen los artículos 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo Federal presentó a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Presupuestal de 1986 que comprende, entre otros aspectos, los resultados de la gestión financiera, programática, económica y presupuestal de las dependencias de la administración pública central y de las entidades paraestatales incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por esta H. Cámara de Diputados para ese ejercicio, información que se relaciona con los objetivos y prioridades de la planeación nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Planeación.
La documentación respectiva fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de acuerdo con lo establecido en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al órgano técnico de esta H. representación popular por conducto de la Comisión de Vigilancia, para la revisión preceptuada en los artículos 1o., 3o, 10, fracción II y 15 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Con la documentación que le fue turnada, el órgano técnico de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de sus funciones, procedió a integrar el informe previo en el que formula los comentarios generales a que se refiere el inciso a) de la fracción II, del artículo 3o., de la ley orgánica que lo rige, para presentarlo a la comisión dictaminadora por conducto de la Comisión de Vigilancia de la propia Contaduría Mayor de Hacienda, dentro del plazo establecido en la fracción IV del artículo 10 de ese mismo ordenamiento.
Por su parte, la comisión dictaminadora procedió a efectuar el análisis de la documentación recibida, de la información que se solicitó a las dependencia y entidades de control presupuestal directo y de la que obtuvo a lo largo de 12 reuniones de trabajo celebradas con la intervención de servidores públicos de esas dependencias y entidades, y de los legisladores miembros de los diversos grupos parlamentarios y comisiones de esta Cámara de Diputados que en ellas participaron, reuniones en las que fueron examinados los principales resultados de la gestión financiera, así como el avance logrado en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas sectoriales comprendidos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1986.
Además, como en años anteriores, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública tomó en consideración al elaborar el dictamen, la información adicional presentada en los informes
trimestrales sobre la situación económica y las finanzas públicas que envió el Ejecutivo Federal a esta Cámara de Diputados en sujeción a lo establecido en el artículo 49 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1986, en los que se da cuenta de la ejecución del gasto durante el ejercicio presupuestal que se analiza, así como la contenida en el cuarto informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1983- 1988, documento que también envió el Ejecutivo Federal en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Planeación, y que sintetiza las acciones realizadas durante 1986 para la instrumentación del plan y los logros alcanzados en la materia en el transcurso de ese año.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Presupuestal de 1986 fue elaborada con base en el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental vigente a partir de 1985, con cuya operación, en el período que se informa, se facilitó la consolidación de los cuatro subsistemas que lo conforman. En particular, la información contable del sector paraestatal, acorde con las características de la empresa pública, considera los efectos del proceso inflacionario con objeto de evitar las distorsiones que de éste pudieran derivarse, gracias a los alcances de la normatividad contenida en la Nota sobre Información Financiera "NIF - 03", que también se vio enriquecida.
La información que la Cuenta Pública de 1986 compendia, está integrada en un tomo de resultados generales, 19 tomos sectoriales, y cinco anexos; uno de agregados económicos, dos de información del sector paraestatal de control indirecto, uno de dictámenes de auditoría externa practicada a diversas entidades paraestatales, y uno de estados analíticos de egresos. Adicionalmente, se presenta por separado en un anexo más, la información relativa al seguimiento y evaluación del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Cámara de Diputados y por la Contaduría Mayor de Hacienda, como resultado del proceso de revisión constitucional de la gestión pública. En el cuerpo de este anexo se enumeran las acciones emprendidas por el Ejecutivo Federal en respuesta a dichas recomendaciones, para mejorar la eficiencia del sector público en su conjunto y para facilitar en mayor medida el proceso legislativo de revisión y evaluación de la Cuenta Pública. A la fecha se ha dado atención a 112 recomendaciones de las emitidas por la Cámara de Diputados, y a 321 de las formuladas por su órgano técnico, en el marco de estricto respeto y colaboración que prevalece entre ambos poderes de la Unión.
La Cuenta Pública que se dictamina, muestra algunas mofidicaciones por lo que hace a su estructura, pero también en cuanto a su composición temática, siguiendo con el reiterado propósito del Ejecutivo de mejorar permanentemente su presentación, sobre todo en esta ocasión, en materia de simplificación informativa y concentración de temas afines, sin menoscabo u omisión de información cuantitativa o cualitativa importante.
Conforme a los criterios anteriores, cada tomo presenta el conjunto de la información relevante. La información financiera del sector paraestatal, así como las observaciones a ésta incluidas en los estados correspondientes, aparece en el tomo de resultados generales a nivel consolidado, y en los restantes a nivel sectorial e individual. Además, el tomo sectorial correspondiente a Programación y Presupuesto, en atención a la necesidad de perfeccionar los mecanismos de programación, seguimiento y evaluación que plantea el rubro Desarrollo Tecnológico y Científico, incluye un informe especial del ejercicio físico y financiero de las actividades científicas y tecnológicas que realiza la administración pública federal.
Conviene destacar que, con la finalidad de guardar la congruencia analítica y de información que debe prevalecer entre el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública, se incorpora a esta última un capítulo denominado "Reconstrucción" para dar cumplimiento al artículo 8o. del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1986, que contiene información financiera y presupuestaria del Ramo XXXI y de los recursos de Fondo Nacional de Reconstrucción ejercidos por dependencias y entidades del sector público. El nuevo capítulo también menciona las acciones y logros alcanzados en el transcurso del ejercicio presupuestal en materia de reconstrucción, rehabilitación y descentralización de los servicios urbanos, de salud, educación y vivienda, entre otros aspectos.
Los avances que se advierten en la conformación de la Cuenta Pública que se dictamina deben continuar para su permanente mejoramiento. Acciones como las que hasta ahora ha realizado en este sentido la administración pública deberán multiplicarse, porque con ellas la integración y contenido de la Cuenta Pública permitirá a esta Cámara de Diputados una evaluación más eficaz de la gestión pública a cargo del Ejecutivo.
Por lo expuesto con anterioridad y como resultado del análisis de la información recibida dentro del proceso de revisión constitucional, así como de la obtenida adicionalmente en el transcurso del ejercicio presupuestal y con posterioridad a la presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1986, la comisión dictaminadora pone a consideración de esta H. asamblea el siguiente:
DICTAMEN
I. Observancia de los preceptos legales y de los principios de contabilidad
En el proceso de revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la Cámara de Diputados ejerce diversas atribuciones, pues a ella está encomendada, por mandato constitucional, la importante función de conocer los resultados de la gestión financiera, así como comprobar su apego a los criterios señalados en el presupuesto, y el cumplimiento de los objetivos establecidos en los diferentes programas, en correlación con las facultades que también le han sido asignadas en la Carta Magna, de examinar, discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En esta perspectiva, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de evaluar el cumplimiento y el ejercicio de las obligaciones y atribuciones del Ejecutivo Federal en la ejecución del gasto público aprobado para 1986, estimó conveniente elegir algunos preceptos de los diversos ordenamientos jurídicos aplicables en la materia, vigentes en ese año, para lo cual consideró además los resultados de la verificación preliminar de la observancia de los preceptos legales que llevó a cabo la Contaduría Mayor de Hacienda con base en el análisis de la información obtenida mediante los cuestionarios que turnó a dependencias y entidades, algunas pruebas selectivas que practicó respecto de puntos específicos, y el examen de situaciones detectadas en la revisión preliminar de la Cuenta Pública, así como en otras fuentes que le permitieron realizar en forma idónea la evaluación inicial selectiva del cumplimiento de determinados preceptos legales que menciona en el informe previo.
La evaluación así realizada por la comisión que suscribe, comprendió algunos aspectos relativos a los ingresos y al gasto público regulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en lo pertinente, en los siguientes ordenamientos: Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1986; decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1986; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento; Ley General de Deuda Pública; Ley de Obras Públicas y su reglamento; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles; Ley de Planeación; Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación; ordenamientos que en conjunto constituyen el marco jurídico básico que señala los principales criterios de observancia obligatoria para todas las entidades y dependencias que ejercen gasto público.
Con el envío al Congreso de la Unión de la documentación que señala la normatividad aplicable en materia presupuestal y con las comparecencias de los secretarios de cada ramo para dar cuenta de la iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ante el pleno de esta Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal acreditó el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el segundo y sexto párrafos de la fracción IV del artículo 74 constitucional.
Sobre la base de algunas disposiciones de cumplimiento obligatorio para la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, la comisión dictaminadora evaluó las acciones propias de la competencia de este órgano técnico, el cual, ejerciendo funciones de contraloría, ha venido atendiendo satisfactoriamente la revisión que prevén los artículos 1o. y 2o., de su ley orgánica y presentando los informes a que se refieren las fracciones II y III del artículo 3o. de ese mismo ordenamiento, en una labor que abarca no sólo la conformidad de las partidas de ingresos y egresos, sino también los aspectos legales, económicos y contables de la gestión financiera, en los términos que señala la fracción I, del mismo numeral 3o., de la citada ley.
El examen del informe previo permitió a la comisión dictaminadora conocer los resultados de la revisión preliminar efectuada en función de la información que las dependencias y entidades pusieron a disposición de la Contaduría Mayor de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16 y 24 de su Ley Orgánica, numerales que establecen la obligación que tienen las primeras de proporcionar a la segunda los datos, libros y documentos que les solicite. De igual modo, mediante el informe previo se conocieron los resultados iniciales de la práctica de visitas, inspecciones y auditorías que el órgano técnico realizó selectivamente, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 3o., y de conformidad con los artículos 19 y 21 de la ley orgánica que lo rige.
En cuanto a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la comisión dictaminadora advirtió que, en términos generales, las dependencias y entidades públicas sujetas a ese ordenamiento cumplieron con las obligaciones a su cargo derivadas de la normatividad aplicable en materia de delegación de facultades a que alude el artículo 16 con respecto a los servidores públicos mencionados en el artículo 14; de celebración de
convenios de coordinación de acciones con los gobiernos estatales para favorecer el desarrollo integral de las distintas entidades federativas a que se refiere el artículo 22; y de rendición de informes sobre el estado que guarda cada ramo y las entidades paraestatales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.
En particular, la Secretaría de Programación y Presupuesto cumplió los deberes señalados en las fracciones VI, VII y XIII del artículo 32 de ese ordenamiento legal, de formular el programa de gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de consolidar la información contable para integrar la Cuenta Pública y de llevar a cabo las tramitaciones y registros necesarios para la vigilancia y evaluación del ejercicio del gasto público federal y del presupuesto de Egresos, entre otros.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a su vez, llevó a cabo las acciones conducentes al cumplimiento de las obligaciones en materia de recaudación de impuestos, precios y tarifas, estímulos fiscales y formulación del proyecto de Ley de Ingresos dispuestas en las fracciones I, II, IV, y XV del artículo
La Secretaría de la Contraloría General de la Federación por su parte, siguió atendiendo las obligaciones de vigilancia, control y evaluación que le son propias y que están consignadas especialmente en las fracciones I, II y V del artículo 32 - bis.
Considerando a las dependencias como coordinadoras de sector, la Contaduría Mayor de Hacienda manifestó en su informe previo que, en términos generales cumplieron las obligaciones de regular y evaluar las actividades de sus entidades coordinadas, si bien señaló que se observaron algunos retrasos en la emisión y directrices y en el envío de la normatividad originados por diversas causas, cuya justificación se examinará con posterioridad.
En lo correspondiente a la observancia de las previsiones establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1986, la Contaduría Mayor de Hacienda comentó que, en general, las dependencias y entidades acataron adecuadamente las disposiciones de esa ley, conclusión preliminar que será objeto de verificación posterior por los medios que determina la Ley Orgánica de la Contaduría. En ese contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público percibió los ingresos provenientes de los conceptos enumerados en el artículo 1o., aunque en algunos rubros como el de derechos, se registraron variaciones que se explican por la caída de los precios de exportación del petróleo; y mantuvo el sistema de estímulos y subsidios fiscales vigente desde 1985, con las modificaciones necesarias que permitieron en 1986 su adecuada orientación, de acuerdo con lo que señala el artículo 13.
En lo que respecta al cumplimiento de lo ordenado en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Presupuestal de 1986, el análisis comprendió lo dispuesto en los preceptos que regulan las erogaciones adicionales con cargo a excedentes; los ajustes y reducciones presupuestales; la ejecución de las acciones previstas en los programas a cargo de la administración pública federal y el cumplimiento de metas; y algunos aspectos relacionados con la racionalidad, austeridad y disciplina del ejercicio presupuestal de ese año. De acuerdo con el artículo 14 del decreto en cuestión, fueron autorizadas erogaciones adicionales con cargo a excedentes generados en 1986 únicamente a algunas entidades del sector paraestatal, erogaciones de las que el Ejecutivo Federal informa a la Cámara de Diputados en la Cuenta Pública como lo preceptúa el propio numeral. De ese modo y en virtud de los ajustes tácticos a la política económica llevados a cabo para enfrentar las contingencias económicas que repercutieron en la baja de los ingresos presupuestales, con base en el artículo 15 del decreto se efectuaron reducciones en el gasto programable, de las cuales se dio cuenta a esta soberanía en cumplimiento de lo previsto en ese mismo artículo.
En cuanto al cumplimiento de metas, en los tomos sectoriales correspondientes de la Cuenta Pública se indican las que fueron cumplidas, las que se rebasaron, y las que no se alcanzaron; en el caso de estas últimas, se explican las causas de las variaciones, que son las que se señalan en los diversos apartados sectoriales del presente dictamen. Al respecto, se observa que, en general, ante la escasez de recursos presupuestales, en algunos sectores fue necesario adecuar las metas físicas de acuerdo con las prioridades nacionales y sectoriales. Dichas variaciones serán objeto de verificación ulterior por la Contaduría Mayor de Hacienda.
Por lo que hace a la creación de nuevas plazas y su autorización por parte de la Secretaría de Programación y Presupuesto, se aplicó invariablemente la normatividad que señala el artículo 23, así como aquella aplicable a las adquisiciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, con excepción de algunos casos. Las operaciones correspondientes serán revisadas posteriormente por la Contaduría Mayor de Hacienda.
Respecto a la ejecución de los programas y al ejercicio de los presupuestos, la Contaduría Mayor de Hacienda, con apoyo en la información turnada por la Secretaría de Programación y Presupuesto, y por las dependencias y entidades, reporta resultados positivos, con ciertas excepciones que serán objeto de revisión posterior. La información cotejada también reflejó que las dependencias y entidades sujetaron las ampliaciones presupuestales a las previsiones del decreto de Presupuesto de Egresos para 1986 y contaron con las autorizaciones para modificar su estructura orgánica básica.
La normatividad aplicable en materia de remuneraciones adicionales por jornadas y horas de trabajo extraordinarias, estímulos por eficiencia en la actuación y otras prestaciones, fue emitida y recibida oportunamente para su observancia; y en cuanto a las erogaciones señaladas en al artículo 27 del propio decreto, se redujeron el mínimo indispensable que la Secretaría de Programación y Presupuesto autorizó, hecho que la Contaduría Mayor de Hacienda comprobará posteriormente.
Con los informes sobre la situación económica y las finanzas públicas que durante el ejercicio presupuestal de 1986 envió trimestralmente a esta Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal cumplió con lo ordenado en el artículo 30 del ordenamiento legal de referencia. Cabe destacar que la información enviada por ese poder supera los requerimientos que establece la legislación en la materia, ya que la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha visto fortalecida permanentemente, y se ha dado no sólo a través de documentos sino también mediante numerosas comparecencias personales de los titulares de las dependencias y entidades, y demás servidores públicos que han acudido en apoyo de las funciones de la H. Cámara de Diputados en materia presupuestal.
El análisis jurídico de la observancia de la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público Federal, permitió conocer que la Secretaría de Programación y Presupuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 25, asignó los recursos del sector paraestatal obtenidos en exceso de los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El cumplimiento de las obligaciones a cargo de las entidades, consignadas en los artículos 28 y 41 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, de informar a la Secretaría de Programación y Presupuesto, en su carácter de dependencia globalizadora, sobre el monto y características de su deuda pública flotante o pasivo circulante, y de proporcionarle la información presupuestal, contable y financiera con la periodicidad que requiera, fue objeto de verificación por parte del órgano técnico de la Cámara de Diputados, el cual concluyó preliminarmente que la mayoría de las entidades actuaron con arreglo a lo ordenado en esos numerales, con excepción de algunas entidades del sector Educación Pública, que no suministraron a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información señalada en el artículo 41, o que lo hicieron con retraso. Las autorizaciones a las dependencias y entidades para celebrar contratos u operaciones que rebasaran las asignaciones presupuestales aprobadas, fueron otorgadas como lo dispone el artículo 30 aplicable para casos excepcionales y debidamente justificados.
La revisión de la observancia de las normas que regulan la actividad presupuestal, también consideró algunas previsiones legales establecidas en el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, conforme a las cuales las coordinadoras de sector fijaron las políticas y lineamientos mencionados en el artículo 5o., para orientar y coordinar las acciones en materia de gasto público; la Secretaría de Programación y Presupuesto expidió puntualmente las normas y lineamientos que prevé el artículo 18 para la elaboración de los programas de las entidades, las cuales los recibieron en general oportunamente; las dependencias coordinadoras fijaron las políticas para la elaboración de los programas sectoriales mencionados en el numeral 19 y, a su debido tiempo las dieron a conocer a los sectores.
En lo que atañe a las normas reglamentarias relativas a los lineamientos y a las políticas a que deben ajustarse las entidades en la formulación de sus anteproyectos de presupuestos, sólo en el sector Educación Pública y en la Secretaría de Relaciones Exteriores se observaron ciertos problemas de difusión y recepción de los lineamientos respectivos. Por otra parte, y de acuerdo con los artículos 29 y 37, las entidades coordinadas enviaron sus anteproyectos de presupuesto ajustado, y recibieron las normas y lineamientos que deben seguir en el ejercicio de sus presupuestos.
En términos generales, la información financiera contable, presupuestal, programática y económica que menciona el capítulo tercero del título cuarto del reglamento, fue proporcionado en la forma y con la periodicidad que establece el propio ordenamiento, salvo en los casos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que rebasó los plazos establecidos para proporcionar la información contable a la Secretaría de Programación y Presupuesto, y de
la coordinadora del sector Educación Pública, que no giró oportunamente las instrucciones correspondientes a sus entidades coordinadas.
La Secretaría de Programación y Presupuesto en particular, emitió los lineamientos en materia de gasto público; las normas y lineamientos para la elaboración de los programas y para la integración y el ejercicio del presupuesto; y, en relación con la aplicación de los subsidios y aportaciones con cargo al presupuesto, dictó las normas sobre la forma y el plazo para la rendición de cuentas, que en general fueron cumplidas por las dependencias y entidades.
La revisión legal de lo ordenado en la Ley General de Deuda Pública incluyó la normatividad relativa al monto de las partidas destinadas anualmente para atender compromisos derivados de financiamientos y a la obligación de los titulares de las dependencias y entidades de registrar y comunicar dichos financiamientos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia globalizadora. Como resultado de la verificación preliminar practicada, se determinó que las dependencias y entidades seleccionadas acatarán dicha normatividad comprendida en los artículos 16, 27, 28 y 29 del ordenamiento citado.
En relación con el ejercicio de las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de no autorizar los financiamientos a favor de entidades cuando sus programas de actividades no estén comprendidos en los planes y presupuestos aprobados, y de expedir las normas para el registro de los financiamientos de las dependencias y entidades, la Contaduría Mayor de Hacienda indica en su informe previo que esa dependencia informó que no expidió ninguna autorización para financiamientos en las condiciones apuntadas, y que emitió las normas de registro para los financiamientos, afirmaciones que serán constatadas con posterioridad.
En lo concerniente a la Ley de Obras Públicas, se observó que en la elaboración de los programas y presupuestos de obras públicas fueron observadas las previsiones del artículo 14, salvo en el caso del ISSSTE, entidad que no contaba con los mecanismos para verificar la relación que guardan los programas con las políticas, prioridades y estimaciones de recursos de la planeación nacional del desarrollo, ni con los procedimientos para realizar la verificación previa a la contratación de servicios relacionados con las obras públicas a que se refiere el artículo 26.
En los términos del informe previo, las licitaciones públicas tuvieron lugar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30, si bien se defectaron algunos casos de adjudicación directa que se revisarán en detalle para determinar si estuvieron comprendidos en las excepciones previstas en el numeral 33.
Respecto al otorgamiento de garantías que prescribe el artículo 35, algunas entidades coordinadas de los sectores Agricultura y Recursos Hidráulicos, Turismo, y Comunicaciones y Transportes no las exigieron a los contratistas; en otros casos, las obras contratadas se iniciaron fuera de la fecha concertada. En lo que corresponde a la obligación de enviar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología copias de las escrituras públicas y los datos sobre la localización de las obras públicas consignada en el artículo 52, las dependencias y entidades cumplieron en términos generales con ambos requisitos.
Por otra parte, debe señalarse que los montos de las obras se ajustaron a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con el artículo 57, con excepción de algunas entidades, y que la información relacionada con las obras contratadas no fue remitida por ciertas entidades coordinadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la forma que dicta el artículo 59. Del análisis efectuado por la Contaduría Mayor de Hacienda se desprende que, en términos generales, las dependencias y entidades cumplieron el requisito establecido en el artículo 61, de implantar el procedimiento para controlar la ejecución de las obras públicas.
La Secretaría de Programación y Presupuestos por su parte, para cumplir las funciones que le corresponden como globalizadora al tenor de lo dispuesto en el artículo 63, estableció un sistema de control para los contratos de obra pública denominado Informes de Ejercicio de Control de Obras y Servicios (IECOS), a fin de recabar de manera oportuna la información de todas las operaciones relacionadas con las obras públicas. La Contaduría Mayor de Hacienda realizará un examen a fondo para verificar la información obtenida en forma preliminar.
La revisión abarcó lo preceptuado por los artículos 18, 38, 49 y 56 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, que regulan los avisos de inscripción, suspensión y cancelación del registro en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas; el otorgamiento de anticipos; la firma de los contratos; el levantamiento de las actas de entrega - recepción de las obras; la verificación de costos, y la elaboración de dictámenes en el caso de las obras no sujetas a licitación. Se determinó que dichas disposiciones legales fueran acatadas razonablemente por las dependencias y entidades, si bien este hecho será objeto de verificación ulterior para especificar con mayores elementos de juicio el grado de cumplimiento efectivo.
La revisión legal de la Cuenta Pública incluyó además, la observancia de los preceptos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, entre otros, los aplicables al envío oportuno de la información que las entidades coordinadas deben remitir a las coordinadoras sectoriales sobre sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamiento y servicios; a las medidas para asegurar o conservar los bienes adquiridos o arrendados; a la expedición de los criterios necesarios para orientar a las dependencias y entidades respecto a los precios y tarifas de los bienes y servicios a que se refiere la ley; a la adjudicación de pedidos y contratos sin licitación pública; y a la presentación de propuestas y celebración de pedidos y contratos con personas físicas y morales no autorizadas, aspectos previstos en los artículos 14, 18, 26, 30 y 42 de la mencionada ley.
Sobre el particular, se observó que las entidades cumplieron en general la normatividad comprendida en los numerales enunciados, además de lo preceptuado sobre racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales en otros ordenamientos y, específicamente en el numeral 26 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1986. En estas condiciones, las entidades programaron sus adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios; realizaron las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles; y contrataron los servicios considerados en la ley. La Contaduría Mayor de Hacienda, en los comentarios generales que expone en el informe previo, considera que se cumplieron en forma razonable las disposiciones antes señaladas, con algunas deficiencias de poca trascendencia que examinará para dar cuenta de ellas a esta Cámara de Diputados en el informe de resultados correspondiente.
En lo que se refiere a la observancia de las disposiciones de la ley de Planeación, con la información que el Ejecutivo de la Unión rindió al Legislativo en el transcurso de 1986 dio cabal cumplimiento a su artículo 6o., posibilitando el análisis de la gestión financiera en relación con los objetivos y prioridades de la planeación nacional. Como en ejercicios anteriores, la coordinación de las entidades paraestatales se acreditó con la participación de las dependencias de la administración pública federal, en los términos que dispone la fracción II del artículo 16; y la congruencia que debe privar entre el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, institucionales, regionales, y especiales, se logró razonablemente mediante el cumplimiento de lo ordenado en ese sentido en los artículos 16 fracción IV, y 22 a 26.
Al respecto, en el informe previo se señala que, en términos generales, los sectores llevaron a cabo la planeación y conducción de sus actividades de acuerdo con los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo y de los programas sectoriales correspondientes, aunque se observaron algunas variaciones en el cumplimiento de los objetivos y de la metas establecidos, cuyas causas se explican en la Cuenta Pública conforme a lo dispuesto en el artículo 8o. Asimismo, se indica que las dependencias coordinadoras comunicaron a sus entidades coordinadas, las directrices que habrían de seguir para la correcta elaboración de sus programas anuales, y que la Secretaría de Programación y Presupuesto sujetó sus acciones al Plan Nacional de Desarrollo y emitió los lineamientos necesarios en materia de planeación.
La comisión dictaminadora consideró conveniente incorporar al análisis de la observancia del marco jurídico aplicable en materia presupuestal, como lo hizo la propia Contaduría Mayor de Hacienda, comentarios generales acerca del grado en que se cumplieron diversos artículos de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación y de la Ley Federal de la Entidades Paraestatales, instrumentos jurídicos que entraron en vigor a partir del 1o. de enero de 1986 y del 15 de mayo de ese mismo año, respectivamente.
En el primer año de vigencia de la ley que regula los servicios de tesorería de la Federación, conforme a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, los sectores, en opinión de la Contaduría Mayor de Hacienda cumplieron razonablemente con lo preceptuado en ese ordenamiento, particularmente por lo que hace a la operatividad del sistema de compensación para extinguir todos los créditos y adeudos recíprocos y correlacionados, líquidos y exigibles, que funcionó por conducto de la Tesorería de acuerdo con lo que dispone el título quinto de la mencionada ley, así como al cumplimiento del término establecido en su artículo 78 para que las entidades en las que el gobierno federal tenga inversiones financieras, paguen a la Tesorería de la Federación los dividendos, utilidades o remanentes correspondientes.
Asimismo, en el informe previo se indica que la concentración de fondos recaudados por los auxiliares de la Tesorería de la Federación se llevó a cabo con arreglo a los artículos 30 a 35 de la ley de referencia y que, en términos generales, la Dirección General de Recaudación contabilizó, expidió y amortizó adecuadamente las compensaciones de la participaciones de los gobiernos de los estados. Lo anterior será verificado posteriormente y en forma detallada por la Contaduría Mayor de Hacienda.
En Relación con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se revisó el cumplimiento de algunas responsabilidades de las coordinadoras sectoriales vinculadas a la eficacia de las políticas de desarrollo, a los mecanismos y medidas que hubiesen implantado para conocer la operación y evaluar los resultados de la gestión de sus entidades coordinadas y a la racionalización de los flujos de información, responsabilidades señaladas en los artículos 8o., 10 y 11.
En lo que concierne a las entidades paraestatales, se verificó si, conforme a los artículos 46, 47 y 48 de la ley de referencia, sus objetivos se apegaron a los programas sectoriales formulados por sus coordinadoras; si sus actuaciones se sujetaron a la Ley de Planeación, al Plan Nacional de Desarrollo, a los programas sectoriales y a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas, y si consideraron las directrices establecidas en ellos para formular sus programas institucionales de acuerdo con las normas que rigen la planeación nacional del desarrollo.
Con respecto a las medidas para racionalizar los flujos de información que debieron tomar las coordinadoras de sector conjuntamente con las secretarías de Programación y Presupuesto, da Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación, la Contaduría Mayor de Hacienda observó que, en general, las dependencias coordinadoras cumplieron con lo establecido por el ordenamiento de referencia, pues sólo la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tuvo dificultades para compatibilizar los requerimientos de información sobre el ejercicio del presupuesto de sus entidades coordinadas.
Por su parte, las entidades coordinadas informaron al órgano técnico que, en general, ajustaron sus objetivos a los programas sectoriales formulados por sus respectivas coordinadoras de sector, como lo ordena la ley, y que sujetaron sus acciones a la Ley de Planeación, al Plan Nacional de Desarrollo y a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas
Finalmente, la Secretaría de Programación y Presupuesto, en su carácter de dependencia globalizadora, emitió la normatividad relacionada con la formulación de los presupuestos de las entidades paraestatales.
II. Revisión de los resultados de la gestión financiera y del cumplimiento de los objetivos a nivel global.
II. A. Panorama económico y social.
II. B. Resultados de las finanzas públicas.
II. C. Política de ingresos
II. D. Política de gasto
II. E. Política de deuda
II. A. Panorama económico y social
El análisis del alcance de los panoramas económicos y sociales que puso en marcha el gobierno federal para enfrentar la crisis y transformar la economía, tuvo gran importancia para los trabajos de revisión de la Cuenta Pública Federal de 1986 que realizó esta comisión.
En esta capítulo se pretende hacer un balance objetivo de la situación económica y social que prevaleció durante 1986, del impacto de la crisis petrolera sobre la economía y de la forma en que se reaccionó ante ella, dando especial atención a los ajustes de la política y a las acciones realizadas para proteger el bienestar económico y social de los sectores populares y, al mismo tiempo, avanzar en la solución permanente de los problemas.
Después de las caídas que sufrió la producción nacional en 1982 y 1983, en 1984 y 1985 se observó una recuperación, particularmente en el lapso comprendido entre junio de 1984 y junio de 1985, cuando la producción industrial creció alrededor de 7%.
Desde mediados de 1985 se comenzó a revertir la tendencia decreciente que había seguido la inflación desde mayo de 1983. Además, se redujo el dinamismo de las exportaciones y el mercado petrolero mostraba signos de inestabilidad, con una tendencia a la baja.
Por otro lado, el comportamiento de la inversión privada fue notable durante 1985, ya que creció 13.4%, mientras que la inversión pública registró una caída de 4.4%. De 1984 a 1985, el déficit financiero del sector público se incrementó de 8.7% a 10% como proporción del PIB y el gasto programable se redujo en términos reales.
Propósitos y metas de la política económica de 1986
Para mantener el control sobre la inflación y hacer frente a la incertidumbre e inestabilidad que se preveían en el mercado petrolero internacional, el programa económico se orientó a reducir el déficit financiero a 4.9% con relación al PIB, para lo cual sería necesario aumentar los ingresos presupuestales en 1.5% como proporción del PIB, y disminuir el gasto programable en 2.4% del
PIB. Además de continuar con la racionalización de la protección comercial, se aplicará una política cambiaria flexible y realista, y se recurriría a un endeudamiento externo neto de hasta 4 mil millones de dólares.
No obstante, si bien se supuso desde un principio que la economía habría de desenvolverse en 1986 en circunstancias desfavorables, especialmente en el aspecto de la inflación, la realidad resultó mucho más dramática que las previsiones.
En la iniciativa de Ley de Ingresos y en el proyecto de Presupuesto de Egresos, se estimaba que el precio de exportación del petróleo descendería en 1986 en alrededor de tres dólares por barril, conforme a los pronósticos de la mayor parte de los organismos y agencias internacionales especializadas.
La posibilidad de contratar hasta 4 mil millones de dólares de crédito externo fue otro de los supuestos sobre los cuales se elaboró el programa económico. Las condiciones en este aspecto fueron más restrictivas que lo previsto, pues sólo fue posible captar 1 mil 047 millones de dólares del exterior. De hecho, durante 21 meses, de enero de 1985 a septiembre de 1986, la economía prácticamente no recibió crédito externo neto.
Los gastos financieros se presupuestaron para 1986 con base en tasas de interés internas de 61%, calculadas conforme al Costo Porcentual Promedio (CPP); esta estimación era congruente con las expectativas de inflación interna, de deslizamiento cambiario y de disponibilidad de recursos externos.
De acuerdo con estos supuestos y con el paquete de medidas adicionales de reordenación y de cambio estructural, el programa económico de 1986 perseguía revertir la tendencia inflacionaria y proteger la planta productiva. De esta manera, se buscaba que la inflación se situara entre 40% y 50% y evitar que la producción nacional descendiera en más de 1%; el crecimiento del PIB se previó en un rango de menos 1% a más 1%.
En cuanto a las relaciones comerciales con el exterior, en los "Criterios Generales de Política Económica" se estimó un superávit en la cuenta corriente de la balanza da pagos de hasta 500 millones de dólares, que resultaba factible en función de las previsiones relativas al precio de exportación del petróleo y al crecimiento del PIB. Se esperaba que las exportaciones no petroleras fueran de alrededor de 7 mil 300 millones de dólares y que las importaciones de mercancías fluctuaran entre 13 mil y 14 mil millones de dólares.
Por otro lado, se esperaba que el saldo real del financiamiento al sector privado social creciera en 14%, y que el medio circulante decreciera a 7.5% en términos reales.
Para el año se había previsto un volumen de exportación de 1.5 millones de barriles de petróleo que, a un precio promedio de 22.50 dólares por barril, producirían ingresos por 12 mil 319 millones de dólares. Sin embargo, la caída del precio del petróleo superó con mucho las expectativas tanto del gobierno de México como de todos los analistas internacionales.
Impacto del derrumbe del mercado petrolero y ajuste de la política económica
Las metas para 1986 resultaban viables a la luz de las previsiones y supuestos sobre la situación económica internacional; sin embargo, el desplome de los precios de exportación del petróleo y las restricciones financieras del exterior cambiaron sustancialmente las perspectivas y las posibilidades de reducir la inflación en la proporción prevista, de evitar la caída de la producción y de lograr un superávit en la cuenta corriente.
En efecto, durante 1986, el precio de la mezcla del petróleo exportado llegó a 11.8 dólares por barril en promedio, pero en julio se realizaron embarques a menos de nueve dólares por barril. Esto contrasta con el precio de 25.4 dólares por barril de 1985 y, por supuesto, con los 33.2 dólares de 1981, año en que el petróleo registró su máximo precio.
El derrumbe de las ventas petroleras significó una pérdida de ingreso de 8 mil 500 millones de dólares, equivalente a 5 billones 125 mil millones de millones de pesos; este monto representó el 6.7% del PBI y el 25% de los ingresos públicos estimados. En otros términos, era equivalente al valor anual de toda la cosecha agrícola o a la nómina que se paga a maestros, médicos y demás empleados de la administración pública federal.
La disminución de los precios de venta del petróleo representó un deterioro de los términos de intercambio del país respecto al extranjero; es decir, habría sido necesario realizar un mayor volumen de exportaciones para importar la misma cantidad de bienes. En otras palabras, se redujo el poder de compra del ingreso nacional.
El choque petrolero tuvo un impacto sobre la balanza de pagos y los ingresos públicos, así como una serie de efectos indirectos en las tasas de interés, en la paridad cambiaria y, por lo tanto en la inflación, la disponibilidad de créditos y la producción.
El primer efecto negativo que fue necesario enfrentar, consistió en la incertidumbre cambiaria y, por consiguiente, en el riesgo de perder reservas. Era preciso generar divisas para importar los bienes básicos necesarios para el consumo y para mantener la producción y el empleo.
El segundo efecto del choque petrolero fue la pérdida de ingresos públicos, que afectó la capacidad para mantener los servicios sociales y otros gastos e inversiones estratégicas.
Para hacer frente a estos nuevos y graves problemas, el Ejecutivo Federal planteó a finales de febrero la necesidad de realizar ajustes a la política económica de acuerdo con el principio de la corresponsabilidad que debían asumir los países acreedores para solucionar el problema de la deuda externa. Se iniciaron ajustes selectivos al gasto público por 500 miles de millones de pesos y se revisaron las disposiciones fiscales para incrementar los pagos provisionales de impuesto.
Para proteger las reservas internacionales, promover las exportaciones no petroleras e impulsar la sustitución de importaciones, la paridad cambiaria controlada tuvo un deslizamiento de 150% durante 1986.
Al incrementar la paridad cambiaria en un porcentaje mayor que la inflación, se dio un gran estímulo a la exportación de bienes no petroleros. Así en 1986 las exportaciones no petroleras aumentaron 41% para ascender a 9 mil 723 millones de dólares, monto superior al previsto originalmente. La proporción de la producción manufacturera de exportación se incrementó de 7.3% en 1985, a 12.8% en 1986. Se amplió la capacidad para exportar y no sólo se vendieron los excedentes, como se refleja en los créditos solicitados para estos fines.
Durante 1986, las exportaciones no petroleras registraron un crecimiento mayor en 33% que el previsto originalmente, el cual compensó en parte la caída de los ingresos petroleros y, además, apoyó la protección de la planta productiva, al amortiguar la caída de la demanda interna.
Las importaciones de mercancías se redujeron de 13 mil 212 millones de dólares en 1985, a 11 mil 432 millones de dólares en 1986, cifra 15.3% menor que la meta original. En consecuencia, se estimuló la producción interna de bienes sustituidos de las importaciones.
A causa de la caída de las exportaciones petroleras, no se logró la meta superavitaria de la cuenta corriente de la balanza de pagos; sin embargo, a pesar de ello y de la escasa disponibilidad de crédito externo, se incrementaron las reservas internacionales, que después de una caída de 2 mil 328.4 millones de dólares en 1985; aumentaron 985 millones de dólares en 1986 .Asimismo, la cuenta de capital tuvo un saldo positivo de 2 mil 270.5 millones de dólares, en contraste con la salida neta de 1 mil 526.7 millones de dólares registrada el año anterior.
La caída de divisas petroleras, equivale a una cuarta parte de los ingresos públicos, afectó directamente la capacidad para financiar el gasto público.
En estas circunstancias, se hicieron ajustes adicionales al gasto público, se avanzó en la desincorporación de entidades públicas y se intensificaron los esfuerzos de recaudación fiscal.
En cuanto al gasto público, el programable se redujo en 500 miles de millones de pesos, proceso que se llevó a cabo conforme a estrictos criterios de selectividad. En el sector industrial y energético, disminuyó en 390.3 miles de millones de pesos; en el sector social y en infraestructura básica, la reducción fue de sólo 14.8 miles de millones de pesos, sin que los recursos presupuestales de los subsectores educativo y de salud sufrieran algún ajuste. Por otra parte, en el sector comunicaciones y transportes, el gasto se ajustó en 16.6 miles de millones de pesos; en el sector desarrollo regional, en 26.0 miles de millones de pesos; y en los sectores abasto y pesca, en 24.9 miles de millones de pesos. El resto de la reducción correspondió al sector administración.
El gasto programable se recalendarizó, se reforzaron las normas de orden y disciplina en el ejercicio del gasto en general y, en particular, se estableció un control más estricto sobre la nómina federal.
En cuanto al ingreso, los pagos provisionales del impuesto sobre la renta aumentaron 12.2% en términos reales, en parte como consecuencia de las reformas efectuadas para acortar los plazos de pago que fueron aprobados en el período extraordinario de sesiones del Congreso.
Fue de tal magnitud el impacto del choque petrolero en las finanzas públicas, que no pudo compensarse únicamente con ajustes en el gasto y en los ingresos; de no haberse adoptado otras medidas, los costos sociales del desempleo y de la inflación habrían sido enormes. Por tanto, fue necesario incurrir en un mayor déficit financiero, que ascendió a 11.6 billones de pesos y representó el 14.9% del PIB, proporción que había sido de 10.%. En 1985 y de 17.6% en 1982
Para reducir el efecto inflacionario de un mayor deslizamiento cambiario y de las tasas de interés,
el déficit se financió principalmente mediante ahorro y recursos financieros no monetarios.
En consecuencia, el aumento de la deuda interna neta del gobierno federal (de 7 mil 856.9 miles de millones de pesos) se originó principalmente en la venta de valores gubernamentales (de Cetes entre otros), en el financiamiento del sistema bancario y, en menor medida, en el financiamiento del Banco de México por la vía del crédito primario. Por tanto, la participación de la deuda interna a favor del Banco de México en el total se redujo de 60.7% en 1985 a 39.3% en 1986, y la correspondiente a venta de valores y al sistema bancario aumento de 39.3% a 60.7% en el mismo lapso. Esto se logró mediante, encaje bancario marginal de 100% y una emisión adicional de Cetes de 4 mil 558 miles de millones de pesos.
Durante el año, el medio circulante creció 50.5% en promedio, aunque en términos reales (deflactado conforme ala crecimiento anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que fue de 105.7%), decreció 19.2%; el crédito de la banca comercial a particulares descendió 9.3% en términos reales.
Como resultado de la previsión de una mayor necesidad de crédito proveniente del ahorro y no del circulante, así como de un mayor deslizamiento cambiario, las tasas de interés internas se elevaron en promedio de 70.2% en el primer trimestre de 1986 a 75.2% en el segundo, a 84.5% en el tercero, y a 93.7% en el cuarto (medidas según del costo Porcentual Promedio).
Fue posible amortiguar el efecto depresivo del choque petrolero mediante el aumento de las exportaciones no petroleras, una mayor protección comercial por la vía de la subvaluación cambiaria y el ajuste a la composición del gasto en favor de las compras nacionales. Así, el PIB descendió 3.8%, aunque la caída en la venta de exportaciones petroleras fue de 6.7% como proporción del PIB, y a ella se sumó el efecto de las mayores tasas de interés y la reducción del gasto programable.
Si bien las acciones realizadas para proteger las reservas, generar divisas no petroleras y reducir el uso de circulante para cubrir el déficit tuvieron resultados positivos, ejercieron también efectos colaterales desfavorables sobre las tasas de inflación, en la medida en que incrementaron los costos de importación y financieros. Esta inflación de costos dio un nuevo impulso al crecimiento de los precios y generó una inercia que aún persiste en 1987.
Los ajustes a la política económica y el énfasis en el principio de corresponsabilidad internacional, así como el reconocimiento de que es necesario crecer y estructurar la economía para hacer frente a los compromisos de pago, cobraron expresión en el Programa de Aliento y Crecimiento. En este documento, apoyan en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, se sentaron las bases y los criterios para negociar la reestructuración de la deuda externa.
A diferencia de lo ocurrido en negociaciones anteriores, en 1986 se estableció en primer lugar la meta de crecimiento y, una vez calculados los márgenes adicionales de ajustes internos, se determinaron las necesidades de financiamiento externo.
En la renegociación de la deuda, prevaleció también el criterio de conseguir términos que redujeran la vulnerabilidad de la economía frente a fluctuaciones imprevistas en el precio del petróleo y retrasos en la recuperación. De ahí que se solicitaron créditos especiales de contingencia.
En suma, se establecieron líneas de crédito por 12 mil millones de dólares, se reestructuró la deuda anterior con plazos de amortización de 20 años y siete de gracia, y disminuyó el costo al sustituir la tasa Prime por la Libor y al reducir la sobretasa de 1.50 a 0.81 puntos porcentuales, lo cual representó un ahorro de 300 millones de dólares anuales.
Medidas para proteger a los grupos populares contra la crisis
Para aminorar el peso de la crisis económica de 1986 sobre los grupos sociales de bajos ingresos, se instrumentaron medidas de gasto, abasto popular y vivienda, entre otras.
En relación con el gasto, se aplicó un criterio de selectividad en los recortes presupuestales y, aunque el gasto global se redujo, se ampliaron los servicios, sobre todo los de salud y de educación.
En este contexto, en 1986 se siguió atendiendo el 100% de la demanda efectiva de inscripción en la educación primaria y la matrícula de educación preescolar se incrementó en 1 millón 664 niños, y la de secundaria en 3 millones 046 mil alumnos. En materia de salud, se aplicaron 27 millones 621 mil dosis de vacunas, principalmente a la población infantil, para superar en 40% la meta programada; mediante el programa de atención preventiva, se proporción 3 millones 986 consultas para controlar enfermedades transmisibles; en el programa de atención curativa, se otorgaron 12 millones 840 mil consultas externas y 3 millones 55 mil consultas especializadas, y la Secretaría de Salud capacitó a 56 mil personas.
La mayor cobertura de estos servicios se refleja en las estadísticas de las cuentas nacionales, conforme a las cuales el rubro de "consumo público" registró incrementos de 4.3% en servicios de educación y de 3.3% en servicios médicos, ambos en términos reales; ello contrasta con una caída de 1% en administración pública y defensa. Estas cifras ilustran las variaciones en términos reales o de índices de cantidades y no meramente el gasto nominal deflactado.
En abasto popular, destacan las siguientes acciones: durante 1986 se reubicaron las tiendas Conasupo para que operaran en las zonas más deprimidas y marginales; las industrias Conasupo, S.A. (Liconsa), beneficiaron a 22 millones de personas mediante la producción y comercialización de aceites y mantecas; Leche Industrializada Conasupo, S.A.(Iconsa), produjo y comercializó 1 mil 348 millones de litros de lácteos en distintas presentaciones, en beneficio de más de 1 millón 167 mil familias, y distribuyó leche en polvo y concentrada para beneficiar a más de 3 millones 600 mil personas; y Maíz Industrializado Conasupo (Miconsa), produjo y comercializó 437.6 miles de toneladas de harina de maíz y 793 toneladas de tortilla, con la cual favoreció a más de 12 millones de personas.
En materia de vivienda, se avanzó en la urbanización para uso habitacional; destacan al respecto las acciones emprendidas por Fonhapo para financiar la construcción de 18 mil 994 lotes con servicios a nivel nacional, cifra que representó el 98% de la meta programada; en cuanto a vivienda progresiva, se terminaron 31 mil 871 pies de casa, el 77% de lo previsto, y se iniciaron 26 mil 394 para superar la meta en 65%; y en lo que corresponde a vivienda terminada, Fonapo construyó 480 unidades, y las entidades federativas 713.
Cambios estructurales
Durante 1986 se consideró prioritario avanzar tanto en los cambios estructurales necesarios para modernizar el sector público y la actividad productiva de los particulares, como en la descentralización de la vida nacional.
Con los cambios estructurales se persiguió aumentar la capacidad de la economía para propiciar su recuperación estable y hacerla menos vulnerable frente al exterior, orientándola hacia la generación de empleos y procurando que la distribución geográfica de las actividades productivas fuese más equitativa.
Con ese propósito se intentó incrementar la generación de ahorro interno y divisas, para que la recuperación de la inversión y la producción no presionara el financiamiento inflacionario o se limitara por la falta de recursos externos. Se buscó también que la recuperación económica, aunque moderada, se basara relativamente más en el uso de mano de obra local.
Para lograr lo anterior, se hicieron ajustes a las políticas de gasto, de precios y tarifas, y de paridad cambiaria; se realizaron acciones encaminadas a la racionalización del comercio exterior, a la reconversión industrial y al ahorro de energía; y se continuaron las medidas tendientes a la reestructuración y simplificación de la administración pública.
Aunque desde 1983 se venía aplicando la estrategia de cambio estructural, la crisis de 1986 puso de manifiesto la necesidad de intensificarla.
En 1986 se avanzó en la racionalización de las políticas de exportación y de protección a la producción de bienes sustitutos de importaciones. Para ello, se eliminaron los permisos previos de importación para 316 fracciones arancelarias, con lo cual quedaron exentas 7 mil 568 fracciones, que representan el 61% del valor de las importaciones. En agosto de 1986 se formalizó el ingreso de México al Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y se aprobó la Ley Antidumping de Comercio Exterior contra prácticas desleales de comercio internacional. El mantenimiento de una política cambiaria realista siguió apoyando la racionalización de la protección comercial.
Si bien los resultados de las medidas adoptadas para mejorar la estructura productiva y el comercio exterior no dará plenos resultados sino en el mediano plazo, en 1986 se observó un elevado dinamismo de las exportaciones no petroleras, como se ha señalado en este capítulo.
La reestructuración de las entidades paraestatales continuó durante 1986. En este sentido, se avanzó en la modernización de la Comisión Federal de Electricidad, de las entidades del subsector ferrocarrilero y de las industrias azucarera y de fertilizantes, entre otras. En la mayor parte de los casos, estas acciones se acompañan de convenios de asunción de pasivos, los cuales están sujetos a compromisos específicos de las empresas de aumentar su productividad.
En Azúcar, S. A., se reestructuraron los ingenios económicamente variable y se cerraron los que ya eran obsoletos. En 1986 se produjeron 3 mil 187.3 miles de toneladas de azúcar, el rendimiento promedio de caña por hectárea fue de 73.0 toneladas y superó en 68.8 toneladas al obtenido
en el ciclo anterior; la productividad por hombre aumentó de 49.7 toneladas en 1983, a 65.3 toneladas en 1986, y la utilización de la capacidad instalada se incrementó de 58.8% a 65.5% en el mismo lapso.
En la industria siderúrgica se reanudó el proyecto Sicartsa II, se reestructuró la organización de Sidermex y se cancelaron las operaciones de Fundidora Monterrey, S.A.
La industria de fertilizantes se reorganizó con objeto de impulsar la elaboración de nutrientes, para lo cual se concluyeron dos complejos industriales y se cerraron dos plantas, como se explica más adelante.
En el caso de Conasupo. se reorientaron sus acciones para fortalecer su función reguladora respecto de su papel de abastecedora; sus actividades se concentraron en los productos básicos como maíz y trigo, y se retiró de la comercialización de otros productos como cebada, canela y cebo; además, se racionalizaron los subsidios a la leche, a la tortilla y al pan blanco, con el fin de hacerlos más directos y transparentes. Todo esto ha permitido que desde 1985 a 1986, las transferencias a esa entidad hayan disminuido 39% en términos reales.
En el subsector ferrocarrilero se avanzó en la modernización de la red y, mediante convenios de asunción de pasivos, se establecieron compromisos concretos de productividad.
En la modernización del sector público, juega un papel fundamental la desincorporación de entidades que no son estratégicas ni prioritarias. Durante la actual gestión gubernamental se han desincorporado 702 entidades: 148 por venta, 47 por transferencia, 218 por liquidación, 115 por extinción, 110 por fusión y 64 por desincorporación con base en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; de esta manera, en 1986 quedaban 453 entidades públicas de las 1 mil 155 que existían en 1982.
El programa de descentralización de la administración pública federal comprende tres tipos de acciones; la desconcentración de facultades y decisiones a los representantes federales, la transferencia de facultades y decisiones a los gobiernos estatales, y la reubicación de personal y oficinas en diferentes estados de la República.
En relación con la desconcentración de facultades y decisiones, destaca la creación de dos centros regionales de decisión en los estados de Jalisco y Nuevo León, a los cuales fueron delegadas 426 funciones correspondientes a 12 dependencias del Poder Ejecutivo, a la Procuraduría General de la República y a dos empresas del sector paraestatal.
En cuanto al proceso de transferencia de facultades y decisiones a los gobiernos estatales, la Secretaría de Educación Pública transfirió servicios de educación básica y normal a 18 entidades federativas; la Secretaría de Salud consolidó los acuerdos celebrados con 12 estados para la integración orgánica y la descentralización operativa de los servicios de salud, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes transfirió la administración de varios programas a 12 entidades.
Respecto a la reubicación de personal y oficinas fuera de la ciudad de México, durante 1986 fueron transferidos 32 mil servidores públicos, lo que representó un avance de 45% en relación con la meta establecida para el período 1986-1988. Asimismo, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos inició el proceso de descentralización de siete organismos y empresas de su sector, y la reubicación de 11 mil 762 de sus servidores públicos.
Por otra parte, se avanzó en la reestructuración del aparato productivo de la administración pública, del comercio exterior y del sistema financiero. Cabe aclarar que, aunque estas acciones no rinden todos sus resultados en el corto plazo, sientan bases más sanas para el futuro.
Comportamiento de los principales indicadores económicos en 1986
De acuerdo con la información del Sistema de Cuentas Nacionales, el Producto Interno Bruto registró un decremento de 3.8% menor que la pérdida de ingresos derivada del impacto petrolero, que fue de 6.7% con relación al PIB.
A nivel sectorial, el descenso fue relativamente mayor en el sector industrial (5.5%) y en el sector agropecuario (2.1%).
En cuanto a la tasa de desocupación abierta, aumentó de 3.7% en el último trimestre de 1985, a 4.3% en el mismo período de 1986. Esta variación se explica por un mayor desempleo en las áreas metropolitanas de las ciudades de México y Monterrey.
Diversos indicadores revelan que el empleo informal ha crecido, lo que ha amortiguado el incremento de los índices de desempleo total, aunque los niveles de ingresos en ese mercado son variables e inciertos.
En la industria manufacturera, el promedio de personal ocupado se redujo a 6.7% respecto al año anterior,
de manera que el empleo en el sector industrial en su conjunto registró una caída de 0.3%.
El salario mínimo se incrementó tres veces en el año, lo que se tradujo en un aumento acumulado de 102.5% que fue insuficiente para compensar el efecto de la inflación (de 105.7%, medida de diciembre a diciembre). por lo cual los salarios reales se deterioraron en 7.9%.
En este aspecto, debe considerarse que se llevaron a cabo programas tendientes a compensar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, mediante los cuales aumentaron las operaciones y el monto por beneficiario de los créditos otorgados por el Fondo y Garantía para el Consumo de los Trabajadores; se abasteció de productos básicos a precios inferiores a los del comercio en general por conducto de tiendas de consumo popular, se racionalizaron los subsidios en beneficio de la población de menores ingresos, y se amplió la cobertura de los servicios educativos y de salud pública.
En el sector financiero, el repunte de los precios y las medidas adoptadas en materia cambiaria y para financiar el déficit del sector público, propiciaron el aumento de las tasas de interés, de manera que el costo porcentual promedio (CPP) de la captación llegó a 80.9%, es decir, 24.8 puntos porcentuales más que en 1985.
No obstante, las mayores tasas de interés permitieron que el ahorro financiero registrara sólo una pequeña baja en términos reales (1.9%). El financiamiento al sector público fue mayor que el estimado originalmente, por las razones ya mencionadas en párrafos anteriores, y el saldo del financiamiento bancario al sector privado fue 9.3% menor en términos reales que el de un año antes.
La desaceleración de la actividad económica en general y la elevación de las tasas de interés provocaron una disminución real de la demanda de crédito.
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II .B. Resultados de las finanzas públicas
En la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación se propuso realizar durante 1986 un esfuerzo adicional de reordenación para contener las presiones inflacionarias, proteger el empleo y avanzar en el saneamiento estructural de las finanzas públicas. En cuanto a los ingresos presupuestales, las previsiones originales eran de un incremento de 1.5 puntos porcentuales respecto al PIB y una reducción de 2.6 puntos porcentuales del PIB en el gasto neto presupuestal; de esta forma se pretendía reducir el déficit presupuestal del sector público federal den 4.1%. Al considerar el déficit de los sectores de control indirecto que no están incluidos en el presupuesto, así como el correspondiente a intermediación financiera, se obtenía una reducción en el déficit financiero del sector público de 4.7 puntos porcentuales del PIB. En cifras absolutas, las metas propuestas eran: 26 mil 387.4 miles de
millones de pesos de gasto presupuestal, 23 mil 807.1 miles de millones de pesos de ingresos presupuestales, y 2 mil 580.3 miles de millones de pesos de déficit presupuestal.
El panorama de las finanzas públicas cambió de manera importante porque los precios del petróleo cayeron en un monto mucho mayor que el previsto originalmente, como ya se ha explicado en el capítulo "El panorama económico y social" del presente dictamen. El desplome de los ingresos petroleros significó una pérdida de 8 mil 500 millones de dólares respecto a 1985, equivalente al 25% de los ingresos públicos presupuestados y al 6.7% del Producto Interno Bruto.
La Cuenta Pública reporta para 1986 un déficit presupuestal de 9 mil 499 miles de millones de pesos, al cual se suma el déficit por intermediación financiera (880.8 miles de millones de pesos) y el de los organismos y empresas no controlados (1 mil 212.2 miles de millones de pesos), por lo que resulta un déficit financiero o "uso total de recursos financieros del sector público de caja" de 11 mil 592 miles de millones de pesos, equivalente a 14.9% del PIB.
Los ingresos ordinarios del sector público presupuestario fueron 1.5% menores que la estimación original, lo cual se explica por la caída de los ingresos del gobierno federal proveniente del sector petrolero, los cuales fueron inferiores en el 18% a la previsión original.
Por otra parte, los ingresos propios de organismos y empresas, aunque fueron superiores en 5.1% a los previstos originalmente, se redujeron en términos reales respecto al año anterior, lo cual se explica principalmente por la disminución que registraron las ventas en 1986, como resultado de la contracción de la actividad económica.
El Ejecutivo Federal tuvo que realizar ajustes internos para contener los efectos negativos del choque petrolero sobre las finanzas públicas; se promovieron reformas tributarias, como la modificación del calendario de pagos provisionales del Impuesto sobre la Renta de las empresas, y del Impuesto al Valor Agregado, entre otras. En materia de precios y tarifas, se mantuvo una política de ajustes periódicos con el fin de evitar rezagos respecto a la inflación. Los aumentos en los precios de los bienes y servicios públicos se condicionaron a compromisos de productividad, racionalización del gasto y reducción de transferencias, procurando evitar el traslado de ineficiencias al consumidor por la vía de mayores costos.
De esta manera, los organismos y empresas obtuvieron 498.1 miles de millones de pesos adicionales respecto a lo presupuestado originalmente en el rubro de ingresos propios, con lo cual la participación de estos últimos en el PIB decayó respecto al año pasado en sólo 0.6 puntos porcentuales. En particular, los ingresos propios de las entidades paraestatales, excluyendo Pemex, aumentaron como proporción del PIB en 0.4 puntos porcentuales, en tanto que los ingresos internos de Pemex decrecieron respecto al PIB en 0.9 puntos porcentuales. En el capítulo "Política de ingresos" del presente dictamen, se presentan los resultados de una revisión más detallada de los ingresos públicos.
Por lo que a gasto se refiere, desde la formulación del presupuesto se propuso reforzar las medidas de austeridad y, ante el cambio de circunstancias, como se informa en la Cuenta Pública, se llevaron a cabo una seria de medidas adicionales de ajuste para enfrentar el choque externo. Así se revisaron los presupuestos de todas las dependencias y entidades, y se redujeron en 500 miles de millones de pesos las erogaciones del gasto programable en aquellos programas y proyectos de menor prioridad relativa, como se explica en el capítulo "Política de gasto" de este dictamen.
Por otra parte, se observa que se reforzó el control en el crecimiento de las plantillas de personal burocrático, cubriendo las nuevas necesidades de plazas de otros sectores. Un esfuerzo similar se observó en materia de transferencias; se intensificó el procesos de reconversión industrial en áreas estratégicas y prioritarias, al igual que las acciones de desincorporación en áreas que tienen ese carácter, como se explica más adelante.
En virtud de esta serie de modificaciones, el gasto neto del sector público ascendió a 32 mil 930.6 miles de millones de pesos y representó el 42.3% del PIB. Ello implicó una desviación de 6 mil 543 miles de millones de pesos respecto a lo presupuestado, diferencia que obedeció al mayor pago de intereses, los cuales rebasaron la previsión original en 4 mil 358.1 miles de pesos; es decir, dos terceras partes de la desviación total se explican por el mayor pago de intereses.
El gasto programable total disminuyó con relación al PIB en 0.7 puntos respecto al año anterior y en términos reales reflejó una caída de 7.3%.
El gasto programable de los organismos y empresas registró una desviación del 15.6% respecto a la previsión original. Los conceptos de gasto en que se originó fundamentalmente la variación del ejercicio respecto del presupuesto fueron: servicios personales, materiales y suministros, así
como servicios generales. Esta situación se debió principalmente al impacto que tuvieron en las entidades un tipo de cambio mayor, las erogaciones adicionales realizadas por concepto de incrementos en sueldos y salarios, y el efecto de la inflación en general.
En el gobierno federal, el gasto ejercido rebasó al programado en únicamente 8.6% para registrar una disminución anual de 13.5% en términos reales.
Los datos anteriores dan cuenta del control y de la disciplina presupuestal que se aplicaron a lo largo del año, avalados por diferentes acciones instrumentadas en materia de modificaciones reglamentarias, elaboración de convenios de saneamiento financiero con las distintas entidades, y control y seguimiento del gasto.
El déficit financiero presupuestario ascendió a 9 mil 499 miles de millones de pesos, superior en 8.8 puntos porcentuales del PIB al presupuestado, y en 4.7 puntos al registrado en 1985; el incremento se debió principalmente al impacto inicial del choque petrolero y a los efectos posteriores del mayor deslizamiento del tipo de cambio y de la elevación de las tasas de interés.
El déficit del gobierno federal se situó en 9 mil 376.9 miles de millones de pesos, para superar en 177.4% al de 1985, y en 211.9% al previsto inicialmente; esta variación obedeció fundamentalmente a un mayor pago de intereses y a la disminución de los ingresos federales provenientes del sector petrolero.
Por su parte, los organismos y empresas presentaron un déficit financiero de 122.1 miles de millones de pesos, que contrasta con el superávit de 245.5 miles de millones de pesos obtenidos en 1985 y que reflejó la drástica reducción que mostró el superávit de Pemex, como resultado de los menores ingresos provenientes de la exportación de crudo.
Con el fin de analizar el esfuerzo presupuestal y su impacto sobre la demanda agregada, en la Cuenta Pública se informa de los resultados presupuestales aislando el efecto del pago de intereses. De esta forma, al descontar estas erogaciones, que en 1980 ascendieron a 13 mil 738.4 miles de millones de pesos, resulta un "superávit primario" de 4 mil 239.4 miles de millones de pesos, que es equivalente al 5.4% del PIB, y menor en 3.7 puntos porcentuales que el presupuesto originalmente, pero que dada la enorme pérdida de ingresos petroleros en dólares (6.7% del PIB), pone de manifiesto el esfuerzo de disciplina presupuestal realizado durante el ejercicio. Igualmente, si se calcula el déficit financiero conforme a los supuestos originales de ingresos de Pemex (10 mil 803 miles de millones de pesos) y gasto financiero (9 mil 380.3 millones de pesos), resulta un déficit de 2 mil 949.5 miles de millones de pesos, que representa 3.7 puntos del PIB y es cercano a la meta programada: 3.4% del PIB (2 mil 580 miles de millones de pesos).
Así, las dificultades que causaron las pérdidas petroleras, las distorsiones inflacionarias y el impacto de las alzas de las tasas de interés sobre los ingresos públicos permiten ponderar los esfuerzos de disciplina en el gasto y de saneamiento de las finanzas públicas.
II. C. Política de ingresos
Durante 1986, el Ejecutivo Federal se propuso incrementar los ingresos públicos presupuestales en 1.5% del PIB. En la Ley de Ingresos se estimó una recaudación de 23 mil 807.1 miles de millones de pesos, de los cuales 14 mil 093.9 miles de millones de pesos corresponderían a ingresos fiscales y 9 mil 713.2 miles de millones de pesos provendrían de los organismos y empresas.
En la Ley de Ingresos de 1986 se planteó como objetivos lograr una recaudación adecuada para un financiamiento sano del gasto público; propiciar, en el ámbito de su acción, el cambio estructural de la economía; simplificar y ajustar las disposiciones tributarias para hacer más efectiva la lucha contra la evasión y elusión fiscales; allegarle al erario recursos adicionales para los trabajos de la reconstrucción; y seguir con las adecuaciones a los precios y tarifas, a fin de consolidar los avances de los tres últimos años, continuar con la rehabilitación financiera de las empresas públicas y proseguir con la reducción y racionalización de los subsidios.
Cuando sobrevino el choque petrolero justo al inicio del año, el impacto de la caída de la principal fuente de ingresos del sector público fue determinante para modificar las expectativas del comportamiento de los ingresos públicos, razón por la cual la estrategia original hubo de sufrir ajustes que se dieron a conocer en el mensaje presidencial del 21 de febrero. En materia de ingresos, se plantearon los cambios necesarios a la estructura tributaria para que se adaptara mejor a la realidad económica; de esta manera, con objeto de aminorar la merma provocada por la inflación, esta Cámara aprobó en su período extraordinario de sesiones la modificación a las disposiciones fiscales, a fin de que a partir de junio se acortara el plazo para el pago de los
impuestos sobre la Renta, al Valor Agregado y el Especial sobre Producción y Servicios.
En el balance de los resultados de la política de ingreso debe tomarse en cuenta que el derrumbe de los precios del petróleo de exportación significó una pérdida de 8 mil 500 millones de dólares respecto a 1985, lo que significó en promedio una reducción de 5 mil 125 miles de millones de pesos (25%) respecto de los ingresos públicos presupuestados, equivalente al 6.7% del Producto Interno Bruto.
En materia de precios y tarifas, las adecuaciones más importantes se efectuaron durante el primer cuatrimestre. El índice de precios y tarifas del sector público se incrementó 104.2% durante 1986; en particular el subíndice correspondiente a bienes básicos aumentó 80.3%, el correspondiente a petroleros 99.3%, y el del sector eléctrico 125.7%.
Como resultado del conjunto de acciones, fue posible atenuar el efecto negativo de la caída de los ingresos petroleros, lo cual permitió que los recursos del sector público presupuestario alcanzarán en 1986 un monto de 23 mil 446.1 miles de millones de pesos, superior en 61.7% al del año anterior, y menor en 2.0% que la previsión original. Los ingresos no petroleros ascendieron a 8 mil 230 miles de millones de pesos, superiores en 19.7% a la estimación original. En esta forma, la participación de los ingresos totales en el PIB disminuyó únicamente en 1.7 puntos, al descender de 31.8% en 1985, a 30.1% en 1986. Los mayores rezagos se presentaron en los ingresos provenientes del sector petrolero, que perdieron 3.3 puntos con relación al PIB. En virtud de esta situación, la participación de los ingresos provenientes de este sector en el total de ingresos presupuestales se redujo de 43.3% en 1985, a 36.8% en 1986.
De los ingresos totales del Sector Público Presupuestal, los correspondientes al Gobierno Federal representaron el 55.9% y los aportados por los organismos y empresas el porcentaje restante.
Gobierno Federal
Según la Cuenta Pública, durante 1986 los ingresos totales del Gobierno Federal fueron de 13.1 billones de pesos.
Si se eliminan los efectos de la inflación, la recaudación total registró un descenso de 10.0%. Los factores que más contribuyeron a estos resultados en materia de ingresos públicos fueron, por un lado, la caída de los precios del petróleo y, por el otro, la reducción de la base gravable a causa de la contracción económica.
En consecuencia, los ingresos nominales del gobierno fueron 7.0% menores que los previstos en la Ley de Ingresos del Gobierno Federal para 1986; la diferencia se originó en el renglón de ingresos petroleros (menos 32.4%), ya que los no petroleros superaron la estimación en 19.7%.
Ingresos petroleros
Los ingresos por 4.9 billones de pesos obtenidos en este renglón significan un incremento nominal de 32.4% respecto a 1985 y una disminución de 25.3% en términos reales. Destacan los obtenidos por el derecho a la extracción de hidrocarburos, que en términos reales sufrieron una drástica caída de 41.6%.
Esta caída se explica por el abrupto descenso que experimentó el precio del petróleo, que llegó a los 8.6 dólares por barril y, medido en dólares, en promedio se redujo 53.4% con relación a 1985; además, el desorden en el mercado internacional del petróleo propició que el volumen de ventas petroleras mexicanas al exterior se redujera en 10.0%.
Por otro lado, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado cubierto por Pemex, así como la del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable a la gasolina y el diesel, presentaron en 1986 tasas reales positivas de crecimiento de 35.2% y 29.7%, respectivamente. Esto se explica por los tres aumentos al precio de la gasolina que se sucedieron durante el año y por los incrementos mensuales aplicados al precio del diesel, que incrementaron el valor nominal de la facturación de Pemex.
Ingresos no petroleros
La recaudación por este concepto fue de 8 mil 230.0 miles de millones de pesos (62.8% del total), cantidad superior en 81.5% a la captada en 1985 y en 19.7% a la meta original; eliminando los efectos de la inflación, la tasa de crecimiento fue de 2.4%. Como proporción del PIB, los ingresos no petroleros del Gobierno Federal fueron de 0.7%, mayores que en 1985.
Las fuentes tributarias aportaron en conjunto 6 mil 722.6 miles de millones de pesos, que representaron más del 51.0% de los ingresos totales del Gobierno Federal; el Impuesto sobre la Renta participó con el 25.5% del total recaudado (3 mil 344.0 miles de millones de pesos), el Impuesto al Valor Agregado con el 14.3% y el Impuesto Especial a la Producción y Servicios con el 5.3%. Las participaciones de estos impuestos, que por su aportación a los ingresos del Gobierno Federal son los más importantes, se incrementaron ligeramente en relación con 1985.
Los ingresos provenientes del Impuesto sobre la Renta tuvieron un crecimiento anual de 76.1% y superaron en 17.3% a lo estimado, pero sufrieron un decrecimiento real de 0.7%. La inflación tuvo un efecto negativo en la base gravable de las empresas que perjudicó la recaudación de los pagos definitivos, a pesar de los esfuerzos por acelerar la recepción de pagos
Sin embargo, en relación con el PIB, la carga fiscal del Impuesto sobre la Renta aumentó de 4.23% en 1985, a 4.33% en 1986, y los pagos provisionales de este impuesto se incrementaron de 1.27% a 1.43% en el mismo período. Esto último trajo aparejado además un beneficio financiero al Gobierno Federal, que captó más pronto dichos pagos.
En cuanto a la distribución factorial del Impuesto sobre la Renta, según información proporcionada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la reunión de la comisión, los pagos de este impuesto por concepto de intereses, dividendos y sociedades mercantiles, los cuales se pueden atribuir al factor capital, incrementaron su participación en el total del Impuesto sobre la Renta de 50.5% en 1985, a 52.3% en 1986; en cambio, los pagos del factor trabajo se redujeron de 33.1% a 32.5% en el mismo lapso.
Por Impuesto al Valor Agregado se recaudaron 1 mil 869.8 miles millones de pesos, cifra que significó un crecimiento anual de 57.2% y una disminución de 1.5% respecto a la meta original, por lo que la tasa real de crecimiento fue negativa en 11.3%. Este hecho se explica fundamentalmente porque las ventas registraron una reducción de 9.7% a lo largo de 1986, y porque los consumidores se inclinaron por los bienes básicos a los que se aplica una tasa cero o están exentos; se explica también por retrasos en la entrega de información relativa al Impuesto al Valor Agregado recaudado en las aduanas.
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ascendió a 689.4 miles de millones de pesos, monto superior en 101.0% al obtenido en 1985, y en 7.1% a la estimación original; eliminados los efectos de la inflación, la recaudación de este impuesto de 13.4% en relación con el año anterior. Este crecimiento obedeció a que, a partir de enero de 1986, las tasa impositivas se elevaron de 139.3%, a 180.0% en los cigarros; de 49.1% a 60.0% en el servicio telefónico doméstico; de 15.0%, a 21.5% en la cerveza; y de 40.0%, a 50.0% en las bebidas alcohólicas. Los aumentos fueron aprobados como medida de apoyo al programa de reconstrucción.
Destaca el aumento registrado en el Impuesto a la Importación, que en términos reales fue de 39.3%. A dicho incremento contribuyó principalmente la sustitución de permisos previos por aranceles, por la cual el arancel promedio ponderado aumentó de 8.6% en diciembre de 1985, a 12.4% en diciembre de 1986.
El mayor crecimiento en términos reales se registró en el Impuesto a las Exportaciones (119.1%), debido al repunte de las exportaciones agropecuarias y manufactureras.
Por último, los ingresos no tributarios ascendieron a 1 mil 507.4 miles de millones de pesos (el 11.5% del total), cifra que implicó un crecimiento de 98.7% y de 127.5% en relación con la captada en 1985 y con la prevista para el ejercicio, respectivamente.
El rubro de aprovechamientos tuvo un crecimiento mucho mayor que el estimado originalmente por la inclusión de las recuperaciones derivadas del mayor esfuerzo de fiscalización.
Estímulos fiscales
La política de estímulos fiscales aprobada por el Congreso de la Unión tendía a fomentar actividades estratégicas y prioritarias, y a coadyuvar en la promoción del cambio estructural mediante el apoyo a la modernización del aparato productivo. Con ello se buscaba seguir favoreciendo la promoción selectiva de la inversión y la generación de empleos; el fomento al desarrollo regional, principalmente en la frontera norte y en la zona libre del territorio nacional; la atención a los mínimos de bienestar, y el fortalecimiento del sector externo.
Se observó que en este se dio especial atención a los apoyos fiscales para fomentar la construcción de la vivienda de interés social destinada al arrendamiento, así como a la inversión en las actividades minera, turística y naval, dado el importante impacto que tiene sobre la descentralización de la actividad económica y la generación de empleos.
Organismos y empresas
En 1986, los organismos y empresas controlados presupuestalmente obtuvieron ingresos propios por 10 mil 334.8 miles de millones de pesos, superiores en 5.1% a los estimados originalmente, y en 64.5% a los captados en 1985.
Los ingresos propios de Pemex ascendieron a 3 mil 758 miles de millones de pesos. En cuanto al resto de los organismos y empresas, sus ingresos
propios sumaron 6 mil 576 miles de millones de pesos; fueron mayores en 5.2% que la previsión original, y registraron un crecimiento en términos reales de 0.7% con respecto a 1985.
Por lo que respecta a los ingresos adicionales generados por la política de precios y tarifas, ascendieron a 3 mil 512.2 miles de millones de pesos y superaron en 19.8% a la meta original; en relación con el PIB, crecieron de 2.1% en 1985, a 4.5% en 1986. Pemex, el sector eléctrico, Azúcar, S.A. de C. V., y el sistema ferroviario, fueron las entidades que más contribuyeron a la generación de estos ingresos, ya que en conjunto aportaron el 79.1% de la recaudación total.
Los aumentos a los precios de los combustibles que se efectuaron durante el año, permitieron incrementar los ingresos y avanzar en el ahorro de energéticos. La gasolina "Nova" alcanzó el 81.0% del precio internacional de referencia, el diesel el 76.0%, y el combustóleo el 56.0%.
En materia de bienes sujetos a control, la modificación más importante se dio en el maíz de nixtamal, ya que su precio por kilogramo se incrementó en 71.4 pesos durante el año, mientras que el precio de la tortilla se mantuvo mediante el sistema de tortibonos en 32 pesos por kilo, 75.4% menos que el precio del mercado. El frijol en cambio, dada su enorme participación en la dieta de la población más necesitada, solamente registró un incremento de 18.1% en el transcurso del año.
Por lo que respecta a los fertilizantes, la meta original de igualar los precios internos a los internacionales sólo se cumplió en 71.0%, y en 65.0% en el caso de la urea y del superfosfato, respectivamente; esta situación obedeció al mayor deslizamiento del peso frente al dólar.
Finalmente, el sector eléctrico se logró una proporción precio - costo de 1.20 en las tarifas de energía para uso industrial, y en las dos tarifas de uso doméstico se alcanzaron niveles de 48.0% y 50.0%. En el transporte ferroviario se registró una relación precio - costo de 0.94, y en la tarifa de bombeo para usos agrícolas, el subsidio se incrementó de 55.0% en 1985, a 81.0% en 1986.
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II. D Política de gasto
Propósitos y metas de la política de gasto
De acuerdo con los "Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente a 1986" y con el "decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1986", la política de gasto público tenía como propósito inducir un comportamiento adecuado de la demanda interna, apoyando las acciones orientadas al saneamiento de las fianzas públicas y al abatimiento de la inflación; promover el empleo y el desarrollo social, protegiendo el gasto en bienestar social; fortalecer la capacidad del aparato productivo y distributivo en áreas estratégicas y prioritarias, avanzando en el cambio estructural del sector paraestatal y revisando el tamaño del sector público; y atender las necesidades asociadas al esfuerzo de reconstrucción. Además, se reforzarían las medidas de disciplina y orden en el ejercicio del gasto público.
En el presupuesto de Egresos de la Federación se previó ejercer un gasto bruto total de 32 mil 207.9 miles de millones de pesos, un gasto programable devengado de 15 mil 391.0 miles de millones de pesos y 9 mil 380.3 miles de millones de pesos, por concepto de intereses y gastos de la deuda.
El Ejecutivo Federal se fijó como meta reducir el gasto programable pagado en 2.4% como proporción del PIB y, dentro de este gasto, reducir el corriente y de operación en 0.8% del PIB y de inversión en 1.6%.
Las prioridades del gasto público, como se reflejaron en su distribución sectorial, se muestra en el siguiente cuadro.
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Resultados generales
En el balance general de los resultados de la política de gasto se deben destacar los cambios drásticos que sufrieron los supuestos y proyecciones sobre los que se elaboró el presupuesto, principalmente los correspondientes a los precios de exportación del petróleo y a las tasas de interés internas, como se explica en el apartado "Resultados de la gestión financiera" de este dictamen.
En este contexto, en la Cuenta Pública se informa que el gasto programable pagado del sector público federal ascendió a 16 mil 645.9 miles de millones de pesos, superior en 16.5% al presupuestado originalmente, pero inferior en 7% en términos reales al de 1985; como proporción del PIB se redujo en 0.7%.
El gasto corriente y de operación ascendió a 11 mil 754.3 miles de millones de pesos, con incrementos de 23.1% respecto a la previsión original, y de 69.7% en relación con el año anterior; no obstante, en términos reales registró una disminución de 4.3%.
El gasto de inversión fue de 3 mil 632.7 miles de millones de pesos, superior en 1.0% al presupuesto original; en comparación con el ejercicio de 1985, creció 52.5% en términos nominales, pero decreció 14% en términos reales.
El gasto no programable neto (que incluye intereses, participaciones y estímulos fiscales) ascendió a 15 mil 818.2 miles de millones de pesos, para superar en 38.6% al presupuesto original, y en 121.3% al ejercido el año anterior. Este es el único rubro de gasto que registró un crecimiento en términos reales, que fue de 24.8%.
La desviación más importante se dio en los intereses y gastos de la deuda, renglón en el cual el gasto se incrementó en 46.5%, al elevarse de una asignación original de 9 mil 380.3 miles de millones de pesos, a un ejercicio de 13 mil 738.4 miles de millones de pesos. Esta desviación obedeció a que las tasas de interés y el nivel de endeudamiento superaron a lo previsto. En el caso de las primeras, debe subrayarse que el Costo Porcentual Promedio (CPP) fue de 80.9%, considerablemente mayor que la estimación de 61.0% que se consideró en el proyecto de presupuesto; la diferencia se explica porque la inflación (105.7%) fue superior a los pronósticos iniciales (entre 45% y 50%). Por lo que respecta al endeudamiento neto presupuestal, su nivel se incrementó en 6 mil 920 miles de millones de pesos ante la necesidad de compensar la pérdida de ingresos petroleros y el aumento de los costos de operación provocado por la inflación.
Para hacer frente a la caída de los ingresos petroleros y el aumento de los gastos financieros, el Ejecutivo Federal planteó a principios de 1986 ajustes internos adicionales y propuso que los acreedores externos asumieran su corresponsabilidad en el pago de la deuda. En cuanto a los ajustes internos, se revisaron los presupuestos de todas las dependencias y entidades en rubros no estratégicos ni prioritarios y se reforzaron las normas disciplinarias, de tal suerte que se obtuvo una reducción de alrededor de 500 miles de millones de pesos en el gasto programable.
No obstante, el proceso de reducción del gasto se llevó a cabo conforme a criterios de selectividad. Mientras que en el sector industrial y energético disminuyó en 390.3 miles de millones de pesos, en el sector social y en infraestructura básica la reducción fue de sólo 14.8 miles de millones de pesos, sin que los presupuestos de los subsectores educativo y de salud sufrieran algún ajuste. Por otra parte, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en sus entidades coordinadas, el gasto se ajustó en 16.6 miles de millones de pesos; en el sector desarrollo regional en 26.0 miles de millones de pesos, y en los sectores abasto y pesca en 24.9 miles de millones de pesos. El resto de la reducción correspondió al sector administración.
En la Cuenta Pública se informa de la disciplina con que se ejerció el gasto corriente y de las medidas adoptadas al respecto. Se siguieron controlando las plantillas del personal burocrático; se mantuvieron las restricciones al gasto en impresiones, publicaciones y convenciones; se depuró el personal administrativo y de confianza, y se limitaron los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles.
A pesar de la menor disponibilidad de recursos reales, la administración del gasto permitió ampliar la cobertura de los servicios sociales, fomentar la creación de empleos y reducir el gasto programable en términos reales (7.3%). Asimismo, se procuró asignar selectivamente las transferencias, que se canalizaron a sectores estratégicos y se eliminaron en aquellos que no tienen este carácter.
A pesar de que el gasto programable como porcentaje del PIB fue superior en 1.7 puntos porcentuales al presupuestado, se redujo 1% respecto al ejercido en 1985, para equivaler al 22.3% del producto. Ello significa que en cinco años este tipo de gasto se ha reducido en 8.4 puntos porcentuales como proporción del PIB, y en alrededor de 40% en términos reales.
En materia de reconversión de la planta productiva, en Altos Hornos de México se repusieron
equipo e instalaciones obsoletas; en la industria azucarera, se concentraron esfuerzos para realizar mayores inversiones, dada la dinámica de la tecnología utilizada; en la de fertilizantes, se suprimieron operaciones en instalaciones cuya productividad no era satisfactoria, mientras que la puesta en operación de plantas de urea contribuyó a elevar la producción de fertilizantes de alta concentración; y en la petroquímica, se aceleraron las inversiones en los complejos petroquímicos "Morelos" con el fin de impulsar y fortalecer el aparato productivo.
Conasupo por su parte, en su papel regulador del abasto, participó selectivamente en la producción y comercialización de básicos, haciendo más transparente la asignación de subsidios al consumo de alimentos.
El saneamiento de las empresas públicas se fortaleció por una política de precios y tarifas realista, por la racionalización del gasto corriente, y por medidas encaminadas a reducir su dependencia tanto de las transferencias y subsidios federales, como del endeudamiento externo.
Para apoyar dicho saneamiento de manera efectiva, el gobierno federal asumió pasivos por 7.7 billones de pesos del sector paraestatal, controlado mediante convenios de cambio estructural, reordenamiento integral y rehabilitación financiera. Los avances en el cumplimiento de los convenios han sido controlados trimestralmente por la Comisión Intersecretarial de Gasto - Financiamiento.
Con la finalidad de apoyar las tareas de reconstrucción, en el Presupuesto de Egresos se incluyó un nuevo ramo (XXXI), por medio del cual se canalizaron inicialmente recursos del orden de los 259.0 miles de millones de pesos, que se incrementaron a 308.7 miles de millones de pesos durante el año, como resultado de las ampliaciones autorizadas. Estos recursos se destinaron a la construcción y apoyo de la vivienda; a la limpieza y reconstrucción de la ciudad de México; a programas de empleo; a la descentralización de la administración pública; a la captación y conducción de aguas para usos múltiples y servicios urbanos; a la construcción y rehabilitación de hospitales, clínicas y escuelas; y a proyectos para damnificados en los estados. Más adelante, en otro apartado de este dictamen, se analiza con detalle la forma en que fueron obtenidos y aplicados los recursos del ramo de reconstrucción.
Gobierno Federal
El gasto programable del gobierno federal ascendió a 8 mil 868.7 miles de millones de pesos, monto que rebasó en sólo 7.1% al presupuestado originalmente, pese a que la inflación y el tipo de cambio superaron lo previsto. Respecto a 1985, el incremento nominal fue de 51.3%, que en términos reales significa una disminución de 14.7%, por lo cual dicho gasto se redujo como proporción del PIB de 12.9% en 1985, a 11.4% en 1986. Ello demuestra el orden y disciplina con que se ejercieron los recursos presupuestales durante el año.
El gasto de administración se sitúa en 2 mil 971.7 miles de millones de pesos, monto que representó el 33.5% del gasto programable, y resultó superior en 4.5% al presupuesto original. Dentro de este rubro, el capítulo de "Servicios personales" registró un gasto que rebasó en 3.8% a la previsión original y con relación al PIB se redujo de 3.5% en 1985, a 3.1% en 1986. El renglón de materiales y suministros, en cambio, a pesar de la inflación y el tipo de cambio fueron mayores que lo esperado, disminuyó 1.3% respecto a la asignación aprobada originalmente.
El gasto en servicios generales ascendió a 371.9 miles de millones de pesos, cifra que representa un crecimiento anual de 143.2% y superó en 60.0% al presupuesto original. Este aumento se explica por el pago de diferencias cambiarias relativas a las cartas de créditos comerciales concertadas para importar diferentes tipos de bienes, por el arrendamiento de inmuebles para sustituir los destruidos por los sismos, y por un nivel de inflación y un tipo de cambio mayores que los previstos que incrementan el costo de los servicios básicos.
Por otra parte, el gasto de capital alcanzó un monto de 1 mil 159.3 miles de millones de pesos, que significó un crecimiento anual de 29.6% y un subejercicio de 5.4% respecto a la asignación original. Estos recursos se canalizaron básicamente a las dependencias vinculadas con las estrategias de reconstrucción y descentralización, con el mantenimiento y conservación de empleo productivo, con la ampliación de la oferta de bienes básicos, y con la prestación de servicios sociales.
De las transferencias otorgadas durante 1986, 2 mil 260.0 miles de millones pesos se canalizaron a entidades controladas presupuestalmente (monto superior en 44.6% al ejercicio en 1985, y en 8.2% al presupuestado originalmente) y 2 mil 477 miles de millones de pesos a organismos y empresas fuera de presupuesto (cantidad mayor en 60.4% con relación a 1985, y en 16.7% respecto a la aprobada por el Congreso de la Unión).
Es importante señalar que, con relación al PIB, las transferencias a entidades dentro de presupuesto se redujeron de 3.4% en 1982, a 2.9% en 1986, mientras que las otorgadas a entidades no controladas presupuestalmente disminuyeron de 4.9% a 3.2% en el mismo lapso.
Organismo y empresas
Durante 1986, el gasto programable del sector paraestatal ascendió a 10 mil 776.8 miles de millones de pesos, superior en 15.6% al autorizado, y en 71.8% al ejercido en 1985, aunque en términos reales se redujo en 3.1%; como proporción del PIB se mantuvo al mismo nivel que el año anterior (13.9%).
En el capítulo "Servicios personales" se ejerció un gasto de 2 mil 235.3 miles de millones de pesos, que significó un crecimiento anual de 68.1%. En relación con lo presupuestado aumentó 13.7%, lo cual se explica por los aumentos salariales otorgados a causa de la mayor inflación observada durante el año, y por las homologaciones del personal médico, paramédico y administrativo del IMSS y del ISSSTE.
El gasto ejercido en el rubro "Servicios generales" y "Materiales y suministros" ascendió a 5 mil 731.7 miles de millones de pesos, mayor en 79.5% y 16.2% respecto al de 1985 y al aprobado originalmente, en ese orden. Estas discrepancias se derivaron de una inflación y un tipo de cambio superiores a los previstos que encarecieron los servicios, así como la adquisición y transportación de materias primas, insumos, equipo y refacciones necesarios para cumplir con los compromisos establecidos.
El gasto de capital fue de 2 mil 585.7 miles de millones de pesos, cantidad superior en 70.0% a la erogada en 1985, y en 19.8% a la previsión original. La inversión física registró un crecimiento anual de 53.7% y superó en 5.5% a la presupuestada originalmente.
En clasificación administrativa, las entidades con mayor participación en el gasto programable fueron las agrupadas en los sectores bienes y servicios estratégicos y asistencia y seguridad social. Las primeras ejercieron 5 mil 341.7 miles de millones de pesos, cifra que representó el 49.6% del total, con un aumento de 12.6% respecto a la asignación original; las mayores erogaciones correspondieron a Pemex y al subsector eléctrico. Por su parte, las del sector asistencia y seguridad social registraron un gasto de 2 mil 243.8 miles de millones de pesos, que significó el 20.8% del total y fue superior en 81.5% y 28.6% al de 1985 y a la asignación original, respectivamente; el IMSS fue la entidad que ejerció el mayor gasto. En conjunto, estos sectores erogaron el 70.4% del total.
Orientación sectorial del gasto
El gasto sectorial ejercido ascendió a 17 mil 367.5 miles de millones de pesos, superior en 64.3% al de 1985 y 12.8% al presupuestado originalmente. Los sectores más beneficiados en la distribución del gasto fueron: desarrollo social, que incluye los subsectores educación y salud (26.4%); energético (25.0%); industrial (12.1%); comunicaciones y transportes (8.5%), y desarrollo rural 8.2%, que en conjunto erogaron el 80.2% del gasto sectorial total. El gasto restante fue ejercido por los sectores administración (7.1%), comercio y abasto (6.1%), desarrollo regional y ecología (4.6%), pesca (1.8%) y turismo (0.2%).
El sector desarrollo social ejerció un gasto de 4 mil 579.1 miles de millones de pesos, cifra que superó en 71.1% a la erogada el año anterior, y en 31.5% al presupuesto original; el 47.4% fue ejercido por el subsector educación, y el 52.6% por el subsector de salud y seguridad social. El primero orientó sus recursos a mejorar la calidad de la educación y a ampliar la cobertura de los servicios; el subsector salud y seguridad social, a restituir la infraestructura hospitalaria y restablecer la atención médica; y el subsector laboral a garantizar la impartición y procuración de justicia, a vigilar el cumplimiento de la legislación laboral, a defender el empleo, a mejorar la productividad, y a capacitar y adiestrar a los trabajadores.
En el sector energético se erogó un gasto de 4 mil 349.3 miles de millones de pesos, mayor en 72.4% que el de 1985, y en 13.8% que la previsión original. Con estos recursos se avanzó en la generación de energía eléctrica, en la producción de petroquímica, en el saneamiento financiero de las entidades del sector, en la electrificación de poblados, y en la protección del medio ambiente.
El gasto del sector industrial alcanzó un monto de 2 mil 105.4 miles de millones de pesos, superior en 58.5% y 11.7% al ejercido en 1985 y al presupuesto original, respectivamente. Estos recursos se orientaron a crear condiciones favorables para modernizar el aparato productivo, a defender el empleo, a fortalecer la capacidad exportadora y a sustituir importaciones.
El sector comunicaciones y transportes erogó 1 mil 479.0 miles de millones de pesos, cifra que representó un crecimiento anual de 60.1% y superó en 14.3% a la autorizada, lo cual permitió
al sector ejercer un efecto positivo en la generación de empleo. Los recurso erogados se orientaron a conservar, mantener, ampliar y modernizar la infraestructura sectorial.
En el sector desarrollo rural se ejerció un gasto de 1 mil 429.7 miles de millones de pesos, superior en 66.9% al del año precedente, y en 20.4% al aprobado por la H. Cámara de Diputados. El presupuesto ejercido se destinó a mejorar el bienestar de la población rural, a proteger e incrementar la generación de empleo, a fortalecer el proceso de integración del sector con industria y el comercio; a construir infraestructura, a incorporar nuevas áreas a la producción, y a proporcionar asistencia técnica.
El gasto del sector abasto ascendió a 1 mil 062.3 miles de millones de pesos, mayor en 49.7% que el de 1985, y en 6.8% que el presupuestado originalmente. Con los recursos ejercidos se desarrolló y modernizó la infraestructura comercial por medio del Sistema Nacional para el Abasto, instrumento que permitió apoyar la proyección y construcción de la red de centros de acopio, centrales y módulos de abasto. Conasupo destinó su presupuesto a regular el comercio, a garantizar el abasto de alimentos básicos, y a actualizar los precios de garantía y de comercialización de productos agropecuarios, con objeto de cumplir su papel social tanto de regulador como de abastecedor del mercado.
En el sector desarrollo regional y ecología se ejerció un presupuesto de 801.8 miles de millones de pesos, que representó un incremento de 30.8% en relación con 1985, y de 47.4% con respecto a la asignación original. Con estos recursos se realizaron obras y proyectos orientados a impulsar las labores de descentralización de la vida nacional, así como diversas acciones que permitieron dar el apoyo normativo necesario a los planes rectores de urbanización y ordenamiento territorial de los centros de población.
El sector pesca erogó un gasto de 304.5 miles de millones de pesos, que representó un incremento de 96.1% respecto al año anterior, y un sobreejercicio de 13.1% en relación con el presupuesto original. Estos recursos se orientaron a apoyar el cambio estructural y la modernización industrial; a mantener el crecimiento sostenido de la actividad pesquera en las actividades de explotación, transformación, comercialización y abasto; y a procurar que los grupos mayoritarios de la población tuvieran acceso al consumo de productos pesqueros.
Por último, el sector turismo ejerció un presupuesto de 28.2 miles de millones de pesos, superior en 30.0% al del año anterior, y en 3.3% a la asignación original. Los recursos ejercidos por este sector se orientaron a fomentar la transportación aérea, marítima y terrestre; a estimular la inversión; a apoyar la promoción, publicidad y comercialización de la oferta turística; y a concientizar tanto a los prestadores de servicios como a la población en general para promover un uso más racional del patrimonio y de la estructura turística nacionales.
En conclusión, los objetivos programados se cumplieron en términos generales, aunque en algunos casos no se lograron en su totalidad los resultados esperados. Por lo que se refiere a los programas de contenido social, conviene señalar que se procuró que los objetivos de mayor prioridad fueran alcanzados plenamente.
Inversión pública
En la cuenta pública se destaca que, ante las dificultades económicas se presentaron durante 1986, fue necesario racionalizar el gasto de inversión a fin de reducirlo sin dejar por ello de atender los proyectos prioritarios. Así, la inversión pública ascendió a un monto de 3 mil 632.7 miles de millones de pesos, por lo que resulto inferior en 1.0% a la presupuestada originalmente y, como proporción del PIB, disminuyó de 5.2% en 1985, a 4.7% en 1986. De esa cantidad, el gobierno federal erogó el 42.2% con un monto que significó un crecimiento anual de 50.9% y el sector paraestatal incluido en el presupuesto el 57.8%, con un ejercicio superior en 53.7% al registrado en 1985.
En la asignación de los recursos de inversión se buscó atender los proyectos con un mayor avance relativo, mantener o ampliar la capacidad instalada en infraestructura y oferta de insumos básicos, impulsar aquellos proyectos que en el corto plazo tuvieran mayores efectos en la generación de empleos permanentes, y en la sustitución de importaciones, mejorar la utilización de la capacidad instalada, y aprovechar en mayor medida los recursos de cada renglón.
En la distribución sectorial de la inversión, se favorecieron las actividades de carácter social y prioritario como las de los sectores desarrollo social, desarrollo regional, y ecología, desarrollo rural, comunicaciones y transportes, energéticos, y abasto, a los cuales se destino el 91.4% del total de la inversión pública presupuestaria.
El gasto de inversión del sector desarrollo social fue de 400.3 miles de millones de pesos, superior en 88.4% al del año anterior, y en 24.4% al presupuesto original. Estos recursos se emplearon
para restablecer la infraestructura básica de educación y salud destruida por los sismos ocurridos en 1985.
Así, el Capfce construyó y equipó 25 mil 950 espacios educativos en todos los niveles, mientras que la Secretaría de Salud realizó obras destinadas a habilitar y rehabilitar unidades médicas, entre las cuales sobresalen las efectuadas en cuatro clínicas, que compensaron el 50.0% de la capacidad instalada que se perdió con la destrucción de Hospital Juárez; la rehabilitación de 25 centros de salud urbanos y clínicas de salud; la creación de siete unidades hospitalarias de segundo nivel, y la construcción del nuevo Hospital General de México. Asimismo, se inició la construcción de seis hospitales generales de 144 camas, con lo cual se incrementará significativamente (203.6%) el número de camas censables en la zona conurbada de la ciudad de México.
EL ISSSTE utilizó sus recursos para construir 67 nuevas unidades médicas, 117 consultorios, nueve salas de cirugía y un hospital en Iguala, Guerrero; para rehabilitar las clínicas: Guerrero, San Antonio Abad, Uruapan, Chilpancingo y Colima; y para edificar 5 mil 648 viviendas.
Los recursos asignados al IMSS se destinaron a incrementar su capacidad en 918 consultorios y 5 mil 030 camas; a adaptar 22 almacenes y 24 guarderías; a conservar 5 mil 385 unidades médicas; administrativas y deportivas; y a iniciar la construcción del hospital Centro Médico Siglo XXI.
En el sector desarrollo regional, urbano, y ecología, se invirtieron 412.7 miles de millones de pesos, monto superior en 44.7% al previsto originalmente, y en 103.7% al de 1985. Estos recursos se emplearon para realizar acciones de reconstrucción en la ciudad de México y en otras localidades del interior de la República que resultaron afectadas por los sismos de septiembre de 1985, para continuar con el mejoramiento ecológico en las distintas regiones del país, y para avanzar en el proceso de descentralización de la administración pública federal.
El gasto de inversión del sector de desarrollo rural experimento una reducción del 12.5% con respecto al presupuesto original, aunque supero en 37.7% al erogado el año anterior. Los recursos ejercidos se orientaron principalmente a impulsar las actividades y procesos agrícolas, pecuarios, y forestales; a fortalecer la participación de los productores campesinos; a continuar con la ejecución de los proyectos del programa de irrigación; a construir infraestructura en áreas de temporal; a ejecutar los proyectos de obras superficiales que comprenden obras mínimas de riego, como presas, canales, bordos, abrevaderos y caminos; a realizar obras de infraestructura hidráulica en el Sistema Cutzamala, que incluirán una planta potabilizadora con capacidad de 24 metros cúbicos por segundo.
Cabe señalar que las actividades de fomento en las cuales se destinan recursos para asistencia técnica a productores, organización y capacitación, etcétera, se consideran tradicionalmente en el rubro de gastos corrientes, a pesar de que tienen un impacto directo en la producción y la productividad del sector primario. En este renglón se ejercieron recursos superiores en 28.7% a los presupuestados originalmente.
En el sector comunicaciones y transportes el gasto de inversión ascendió a 480.1 miles de millones de pesos, lo que represento incrementos de 36.7% con respecto al año anterior, y de 1.8% con relación al presupuesto original. Con los recursos ejercidos se construyeron carreteras alimentadoras y troncales; se avanzo en la construcción de enlaces en el transporte ferroviario, entre los que destacan la vía rápida México - Querétaro y la vía doble México - Veracruz; se adquirieron y conservaron maquinaria de vía, locomotoras y equipo de vuelo; se continuaron obras de remodelación y ampliación en los aeropuertos de Tijuana, Cancún y León; y se iniciaron 12 nuevos aeropuertos, de los que destacan los de Puebla, Colima y Morelia.
En el caso del sector energético, se realizaron inversiones por 1 mil 561.9 miles de millones de pesos, cifra superior en 54.1% a la de 1985, y en 1.3% a la asignada originalmente. La inversión se canalizó a la terminación de cinco gasoductos de 27 kilómetros, y de una endulzadora de gas amargo con capacidad de 400 metros cúbicos en Nuevo Pemex, así como a la construcción de 444.3 kilómetros de líneas de transmisión de 400 Kv; de 1 mil 271 kilómetros de líneas de transmisión de 230 kv; de 1 mil 200 subestaciones de 400 kv y de 607 subestaciones de 230 kv, entre otras obras.
El sector abasto fue fortalecido en 1986 mediante la celebración del "Convenio de Cambio Estructural, el Reordenamiento Integral y la Rehabilitación Financiera de Conasupo", por el cual esta entidad se comprometió a elevar su eficiencia y productividad, así como a comercializar sólo los volúmenes necesarios para cumplir su función reguladora, sin que ello implique desabasto ni abandono del campo. De esta manera, Conasupo ha disminuido el número de productos que comercializa de 23 en 1983, a 14 en 1986, pero ha mantenido su participación como entidad reguladora
de productos básicos como maíz, trigo, sorgo, frijol, oleaginosas y leche en polvo, que son los de mayor consumo popular.
En el cumplimiento del convenio de cambio estructural, el sector abasto realizó inversiones por 26.2 miles de millones de pesos, monto inferior en 16.8% al previsto originalmente, y superior en 2.6% al del año precedente. Con estos recursos se apoyó la creación de infraestructura para aumentar la producción nacional de artículos básicos, como las líneas de secado de leche de Aguascalientes y Tolostotitlán; las plantas productoras de maíz de Atlacomulco, México, y Huamantla, Tlaxcala; y las bodegas y silos construidos en varios estados de la República. Asimismo, se construyeron 33 centrales y módulos de abasto, ocho centros comerciales y seis mercados de venta de diferentes regiones del país.
En conclusión, es importante reconocer que se realizaron esfuerzos con oportunidad y sentido social para absorber los efectos de la caída de los ingresos petroleros, puesto que los ajustes en el gasto afectaron a aquellos programas con menor prioridad relativa.
Transferencias
La política de gasto en materia de transferencia se propuso profundizar en la revisión del sistema de asignación, con objeto de conciliar la necesidad de sanear las finanzas públicas con las necesidades inherentes al cambio estructural y a las tareas de reconstrucción nacional.
La asignación de subsidios y transferencias se orientó a apoyar el consumo de bienes básicos; a mejorar la cobertura de los servicios educación, salud y otros de carácter comunitario; a incrementar a producción y la productividad agropecuaria y de productos básicos en general; y a propiciar el saneamiento financiero de las entidades paraestatales, conforme a esquemas de racionalidad y transparencia.
El monto de las transferencias otorgadas ascendió a 4 mil 737.7 miles de millones de pesos, superior en 52.5% al erogado en 1985, y en 12% a la previsión inicial; no obstante, con relación al PIB las transferencias decrecieron de 8.5% en 1982, a 6.1% en 1986. Esta disminución constituye una importante contribución al saneamiento de las finanzas públicas; sin embargo, no significa que se haya desprotegido a los sectores económicos estratégicos y prioritarios ni a los grupos de población de bajos ingresos que requieren del apoyo gubernamental.
De las aportaciones otorgadas a las entidades en presupuesto, el 8.3% correspondió a transferencias estatutarias (IMSS), el 18.7% a gasto corriente, el 10.9% a gasto de capital,y el 62.1% a pago de pasivos e intereses. Las transferencias de capital fueron inferiores en 23.3% a la previsión inicial, mientras que las destinadas al pago de pasivos e intereses se incrementaron en 55.2% con respecto a 1985, y en 19.4% con relación a lo previsto originalmente.
La CFE, Conasupo, Fertimex, Azúcar, S.A., el subsector ferroviario y el IMSS absorbieron el 88.2% del total asignado. La mayor parte de estos recursos se canalizaron al pago de intereses y amortizaciones, así como a subsidiar los precios de bienes de consumo mayoritario; ello significa que se orientaron preferentemente a apoyar el saneamiento financiero de las entidades estratégicas y prioritarias, y a subsidiar el consumo de los grupos sociales de bajos recursos por medio del mantenimiento de precios accesibles.
Por otra parte, de los apoyos otorgados a las entidades no controladas presupuestalmente, el 71.8% se canalizó a gasto corriente, y el 28.2% a gasto de capital; el incremento anual más importante correspondió a las transferencias destinadas a la inversión financiera (132.0%).
Las entidades fuera de presupuesto que mayores aportaciones recibieron fueron Banrural, las instituciones de educación media superior, la UNAM, el Capfce y Anagsa. Gran parte de estos recursos se destinaron a apoyar los servicios comunitarios y los de educación superior, ya que se utilizaron para apoyar la reconstrucción de hospitales y escuelas, así como las actividades vinculadas a la educación, la salud y la agricultura.
En cuanto a la asignación sectorial de las transferencias, los sectores que mayores apoyos recibieron fueron: desarrollo social (22.6%) industrial (14.5%), abasto (14.8%), desarrollo rural (14.3%), y energéticos (14.4%); en conjunto, estos sectores absorbieron el 81.0% del total.
La distribución de las transferencias se modificó con respecto al año anterior, en favor de los sectores desarrollo rural, desarrollo social e industrial. Las transferencias otorgadas a estos sectores contribuyeron a consolidar las acciones llevadas a cabo en sus respectivos programas prioritaros y estratégicos y, en especial, a incrementar los apoyos concedidas a los programas de contenido social y de impulso al cambio estructural.
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II. E. Política de deuda
0 En la Ley de Ingresos de 1986 se estableció que la política de deuda pública perseguiría como objetivo complementar el financiamiento público y reducir paulatinamente el peso de la deuda en la economía, en la inversión pública y en la balanza de pagos.
En congruencia con lo anterior, el Ejecutivo Federal se propuso para el año una meta de endeudamiento externo de 1 mil 720 miles de millones de pesos, o su equivalente de 4 mil millones de dólares, y 3 mil 693 miles de millones de pesos de endeudamiento neto total, para financiar un déficit presupuestal de 2 mil 568 miles de millones de pesos, una intermediación financiera de 710 miles de millones de pesos, y un déficit del sector no controlado presupuestalmente de 415 miles de millones de pesos.
En la Cuenta Pública de 1986 se reporta un endeudamiento neto del sector público presupuestario de 8 mil 929.1 miles de millones de pesos, que representa un incremento de 153.7% en comparación del 1985, y de 247.7% respecto a lo presupuestado.
Ante la caída de los ingresos petroleros (equivalente al 6.7% del PIB o al 25% de los ingresos públicos), y dada la imposibilidad de compensar este derrumbe mediante recortes al gasto e incrementos en los ingresos internos, fue necesario incurrir en un endeudamiento público muy superior a la estimación original. Para satisfacer los mayores requerimientos de crédito se recurrió al mercado interno, pues las fuentes externas de financiamiento fueron muy escasas.
En cuanto al endeudamiento externo neto, cabe destacar que fue muy inferior al monto aprobado por el Congreso para ese año, ya que sólo ascendió a 1 mil 047 millones de dólares, el 25% del monto máximo autorizado.
En cuanto al endeudamiento interno, éste se originó en su mayor parte en el financiamiento del sistema bancario, en la emisión de valores gubernamentales y, en menor proporción, en créditos del Banco Central, con el fin de reducir el impacto sobre la creación de medio circulante. Así, observamos que la participación de la deuda interna del Gobierno Federal a favor del Banco de México en el total se redujo de 60.7% en 1985, a 39.3% en 1986, y que la correspondiente a valores y al sistema bancario aumentó de 39.3% a 60.7% en el mismo período.
En conclusión, el mayor crédito interno no provino del financiamiento del Banco Central mediante la emisión de circulante, sino de la colocación de valores gubernamentales. Esto ayudó a controlar el circulante monetario y a evitar que el proceso inflacionario derivado de los ajustes cambiarios tuviera un efecto multiplicador. Sin embargo el hecho de que se haya recurrido al endeudamiento interno sano, provocó un incremento en el monto de intereses internos que forman parte del gasto financiero (no programable).
En cuanto a la política de deuda externa, en 1986 se iniciaron las negociaciones con el fin de ajustar el servicio de la deuda a las condiciones económicas imperantes, y de contratar recursos necesarios para alcanzar un crecimiento económico de entre tres y cuatro puntos porcentuales.
Según se informa en la Cuenta Pública, mediante la estrategia adoptada para la reestructuración de la deuda externa que se desarrolló en tres etapas, se logró:
- Que los organismos multilaterales y la banca privada internacional aceptaran el criterio de que primero se debería asegurar el crecimiento de la economía mexicana, así como la vigencia del principio de corresponsabilidad.
- Un mayor crecimiento que permitirá al país cubrir el servicio de la deuda.
- Disponer de 13 mil 700 millones de dólares de recursos frescos entre 1986 y 1987.
- Aumentar el plazo de amortización de la deuda contratada hasta de 1983 (43 mil 700 millones dólares) a 20 años, con siete de gracia.
Saldo de la deuda
El saldo total de la deuda del sector público presupuestario al 31 de diciembre de 1986, fue de 83.9 billones de pesos, lo que significó un crecimiento de 48.6 billones de pesos respecto al registrado en el ejercicio anterior. Este aumento correspondió en un 78.4% a revaluación, y en 21.3% a endeudamiento efectivo.
La deuda externa representó el 67.6% del saldo total, con un crecimiento anual de 167% que se explica en su totalidad por los ajustes por revaluación, puesto que el sector presupuestal registró un desendeudamiento neto de 357.7 miles de millones de pesos. Se subraya que, por cuarto año consecutivo, no se logró cubrir el monto autorizado por el Congreso en materia de colocación de deuda externa.
El saldo de la deuda interna representó el 32.4% del saldo total y tuvo un crecimiento anual de
93.2%; como ya se dijo, dicha variación obedeció a la necesidad del Gobierno Federal de hacer frente a la caída de los ingresos petroleros y a la casi nula disponibilidad de crédito externo.
Perfil de la deuda Mediante la reestructuración del perfil de la deuda y las negociaciones que el Ejecutivo ha venido haciendo en materia de deuda externa, el sector público ha aligerado la carga financiera que representan los pagos de amortización. Como se ha dicho, en 1986 se llevó a cabo una nueva reestructuración de la deuda pública externa, por la cual se logró modificar sustancialmente el calendario de amortizaciones con la banca comercial acreedora y disminuir los intereses tanto de la deuda existente como de los nuevos créditos.
Así, el perfil de pagos mejoró de manera significativa, ya que en 1987 y 1988 sólo se pagará el 12.8% del saldo externo total, proporción notablemente inferior a la que hasta 1985 debió pagarse en esos mismos años (18.0%).
Endeudamiento neto
En 1986, el endeudamiento neto del sector público presupuestario fue de 8 mil 929.1 miles de millones de pesos, monto que representó un incremento de 153.7% en relación con 1985, y 247.7% respecto a lo propuestado. Esta situación fue resultado de un financiamiento bruto de 16 mil 746.8 miles de millones de pesos, y de una amortización de 7 mil 817.7 miles de millones de pesos.
El endeudamiento neto del Gobierno Federal ascendió a 9 mil 136.0 miles de millones de pesos; por las fuentes de financiamiento, dicho endeudamiento correspondió en 49.9% a Cetes, en 36.1% a apoyos del Banco de México, y el 14% restante a la banca comercial y a los organismos multilaterales de crédito.
Por su parte, el sector paraestatal registró un desendeudamiento neto de 207 miles de millones de pesos como resultado de un financiamiento bruto de 1 mil 762.8 miles de millones pesos provenientes de fuentes nacionales y externas, y de una amortización igual a 1 mil 969.7 miles de millones de pesos, de la cual el 94% consistió en pago de deuda externa. El dinámico crecimiento de las amortizaciones externas del sector (superior en 180.7% respecto a 1985) se explica principalmente por la variación real del tipo de cambio, y por las amortizaciones anticipadas de deuda que hizo Pemex a sus acreedores internacionales.
Servicio de la deuda
En 1986, el servicio de la deuda fue el concepto que presentó mayor desviación respecto al presupuesto original. Se presupuestaron 14 mil 784.9 miles de millones de pesos y se ejercieron 21 mil 556.1 miles de millones de pesos, es decir, 6 mil 771.2 miles de millones de pesos más de lo autorizado, lo que significa una desviación de 45.8%. Del monto ejercido, el 68.9% correspondió a pagos internos, y el 31.1% a pagos externos. Respecto al PIB, estas erogaciones representaron el 27.7%.
El servicio de la deuda interna ascendió a 14 mil 841.6 miles de millones de pesos, para rebasar en 39.8 el monto presupuestado originalmente, y en 167.0% el del año procedente; estas variaciones obedecen principalmente a la elevación de las tasas de interés internas.
Por lo que corresponde al servicio de la deuda externa, se erogaron por este concepto 6 mil 714.5 miles de millones de pesos, cifra superior en 61.1% a la aprobada, y en 155.8% a la ejercida en 1985. El crecimiento se debió esencialmente al efecto que tuvo el incremento del tipo de cambio real sobre el valor en pesos del pago externo de intereses, no obstante que durante 1986 disminuyó 1.8 puntos porcentuales la tasa interbancaria de Londres y 2.0 puntos la preferencial de Estados Unidos.
Dentro del servicio de la deuda, el pago de intereses fue de 13 mil 527.5 miles millones de pesos, que superaron la previsión original en 4 mil 312 miles de millones de pesos. El incremento se explica principalmente por el mayor endeudamiento interno y por el aumento de las tasas de interés internas que en el mercado bancario registraron un aumento de entre 20 y 30 puntos porcentuales como resultado de la mayor inflación. En lo externo, la variación obedeció al efecto del incremento del tipo de cambio real sobre el valor en pesos del pago de intereses en moneda extranjera.
El pago de intereses correspondió en su mayor parte a la deuda interna, concepto por el cual se erogaron 10 mil 297.7 miles de millones de pesos, monto superior en 57.3% al presupuestado. El incremento obedeció a la mayor absorción del ahorro interno por parte del sector público y al aumento de las tasas de interés, que en promedio dio rendimientos reales de 9.5% a los ahorradores.
Cabe recordar que los intereses de la deuda interna en moneda nacional tienen dos componentes: los intereses en términos reales y la amortización
inflacionaria del principal. Por tanto, si descontamos la amortización inflacionaria de los intereses internos, obtenemos un pago de intereses reales igual a 1 mil 496.3 miles de millones de pesos, equivalente al 3.4% del PIB de 1986 a precios de 1985, es decir, inferior en casi 10 puntos porcentuales al que resulta de la relación nominal con el PIB.
El pago de intereses externos, a su vez, fue de 3 mil 440.7 miles de millones de pesos, mayor en 21.5% que la meta original. No obstante, si se considera el efecto de la variación del tipo de cambio real sobre este monto, el pago de intereses de la deuda externa resulta inferior en casi mil millones de dólares al del año anterior.
Por lo que corresponde a las amortizaciones, ascendieron a 7 mil 351.3 miles de millones de pesos, con un crecimiento de 256.8% en relación con 1985, y de 55.9% respecto a la previsión original. Esta situación, como ya se dijo, se debió principalmente al deslizamiento del peso frente al dólar y a los pagos anticipados que efectuó Pemex con el propósito de cumplir los compromisos derivados de la reestructuración de su deuda externa.
La amortización interna ascendió a 4 mil 545.9 miles de millones de pesos, superior en 186.0% a la registrada un año antes, y en 11.7% a la presupuestada originalmente. Este importante incremento es resultado del crecimiento nominal que registro el endeudamiento interno.
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III. Revisión de los resultados de la gestión financiera y del cumplimiento de los objetivos a nivel sectorial
III.A. Desarrollo rural
III.B. Desarrollo regional y ecología
III.C. Pesca
III.D. Desarrollo social
III.E. Comunicaciones y transportes
III.F. Comercio y abasto
III.G. Turismo
III.H. Energético- Industrial
III.A. Desarrollo rural
I. Resultados generales
El sector desarrollo rural está integrado por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos; por empresas filiales de ésta como Forestal Vicente Guerrero (Fovigro), el Instituto Mexicano del Café (Inmecafe), Productos Forestales Mexicanos (Proformex), y por la Secretaría de la Reforma Agraria.
En el tomo sectorial de la Cuenta Pública de 1986 se informa que el sector desarrollo rural orientó sus acciones principales a ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios de asistencia técnica, a continuar obras de infraestructura hidráulica, a fortalecer la capacitación y participación organizada de los productores, a mejorar los niveles de empleo y bienestar social de la población rural, a garantizar la tenencia de la tierra, y a concluir el reparto de las superficies legalmente afectables.
Durante 1986, este sector ejerció un gasto de mil 1,429.7 miles de millones de pesos, superior en 20.4% al presupuesto original, y en 66.9% al ejercido en 1985. Dicha cifra representó el 8.2% del gasto programable del sector público y, con relación al PIB, significó el 1.8%.
Entre los programas del sector destacan "Fomento a la Producción y Productividad Agrícola", "Fomento a la Producción y Productividad Forestal", "Desarrollo de Áreas de Riego", "Reparto y Regularización de la Tenencia de la tierra" y "Administración Agraria".
De acuerdo con la cuenta pública, durante 1986 en subsector agropecuario y forestal se sembraron 15.1 millones de hectáreas, principalmente de productos básicos, superficie que representó el 98% de lo programado; como resultado, se obtuvo una producción de 25.5 millones de toneladas, menor que la de 1985. Esta disminución obedeció a las condiciones climatológicas adversas que se presentaron durante el año y a rezagos en los ajustes de los precios de garantía. A diferencia de los tres años anteriores, cuando el PIB agropecuario creció a un promedio anual de 3.1% en 1986, su índice de crecimiento se redujo 2.1%, aunque la participación de la producción agropecuaria en el PIB se incrementó debido a que este último disminuyó en mayor proporción (3.8%).
La producción de granos básicos (maíz, frijol, arroz y trigo) disminuyó de 20.9 millones de toneladas en 1985, a 18.6 millones de toneladas en 1986; esta reducción (de 11.0%) fue consecuencia de condiciones climáticas desfavorables, que propiciaron siniestros por sequías, lluvias y heladas. Por otra parte, la producción pecuaria tuvo un crecimiento anual de 2.9%; en este sentido, sobresalió la carne de bovino que registró un incremento de 27%. La producción de carne de porcino presentó una disminución del 26% derivada del incremento en los costos de producción, y la de carne de caprino se incrementó en 9%.
En el caso de la rama forestal, se alcanzó una producción de 8 millones 957 mil metros cúbicos de madera, inferior en 10% a la obtenida en 1985, como consecuencia de una disminución en la demanda de las industrias de construcción y de muebles de madera. En la producción total destacó la madera para escuadría, que representó el 61%.
Para compensar el deterioro forestal, se produjeron 6.7 millones de árboles en viveros; se reforestaron 652 mil hectáreas; y se dio conservación a 341 unidades forestales. Asimismo, se realizaron acciones de vigilancia en más de 25 millones de hectáreas, en beneficio de 519 mil productores; en este sentido, destaca la atención a 5 mil hectáreas de riego y 500 de temporal que correspondían al Planat.
Por lo que respecta al programa Desarrollo de Áreas de Temporal, por medio de la construcción de infraestructura se siguió incorporando nuevas áreas a la producción. Los principales resultados en este rubro correspondieron a los proyectos "Pujal- Coy" con 2 mil 300 hectáreas incorporadas al cultivo de temporal, y 1 mil 204 hectáreas al de riego "San Fernando" con 27 mil 500 hectáreas; y "Ometepec" con 3 mil 350 hectáreas para el cultivo de temporal tecnificado, así como el proderith, con la incorporación de 5 mil 413 hectáreas al cultivo de temporal y con la construcción de nueve camiones, rurales, y el plan Chiapas, mediante el cual se construyeron arenes y camiones y se realizaron acciones complementarias para atender 13 mil 730 hectáreas de temporal.
Con relación al programa Desarrollo de Áreas de Riego en el tomo sectorial de la cuenta pública se informa que mediante obras de gran irrigación se incorporaron 27 mil hectáreas y se mejoraron 2 mil 900 más en beneficio de 3 mil 962 productores. En este renglón, los principales trabajos se realizaron en los proyectos "Ocoroni", "Elota- Piaxtla" "Río Sinaloa" y "Río San Lorenzo" en Sinaloa; "Nexpa", "Vicente Guerrero", "Hermenegildo Galeana" y A. Figueroa", en Guerrero; "Coahuayana" en Colima; y Alfajayucan" y "Río Verde" en Oaxaca.
Asimismo, en pequeña irrigación se ejecutaron 784 obras, entre las que destacan la construcción de canales, caminos de acceso, plantas de bombeo y redes de distribución; la perforación y aforo de pozos, y los desmontes.
Mediante estos trabajos se incorporaron al riego 12 mil 245 hectáreas y se mejoraron más de 1 mil 400 hectáreas, lo que benefició a 1 mil 800 productores. Además, se rehabilitaron 29 mil hectáreas correspondientes a 5 mil productores, y se realizaron obras de conservación y mantenimiento de distritos y unidades de riego en 46 mil kilómetros de caminos, canales y bordos para beneficiar 1.2 millones de hectáreas.
Por otro lado, como parte de la estrategia de reordenación económica y en apoyo del programa de protección al empleo, con la ejecución de obras de infraestructura se generaron 2.3 millones de jornales, que se tradujeron en 9 mil 700 empleos; además, con el apoyo de la agroindustria del sector social se consolidaron 6 mil 200 empleos.
En el tomo de la cuenta pública correspondiente al sector reforma agraria, se reporta que en 1986, mediante la ejecución de 397 resoluciones presidenciales, se dotó de 1 millón 190 mil hectáreas a 40 mil 928 familias campesinas, y con la ejecución de otras 350 resoluciones, que amparan una superficie de 1 millón 600 mil hectáreas, se benefició a 34 mil 543 jefes de familias campesinas. Por su parte, la Corett solucionó problemas de asentamientos irregulares en terrenos ejidales con una extensión de 3 mil 450 hectáreas, en favor de 86 mil 250 familias.
Asimismo, el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal promovió y analizó proyectos productivos, y autorizó 3 mil 144 solicitudes de inversión de los fondos comunes de los ejidos y comunidades, que representaron un monto de 6 mil 813.5 millones de pesos.
II. Análisis programático y presupuestal
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
El presupuesto programático ejercido por esta secretaría en 1986 ascendió a 717.1 miles de millones de pesos, mayor en 22.2% respecto al autorizado. Esta variación se debió principalmente a los aumentos salariales otorgados durante el año, así como al incremento en los costos de los materiales y servicios generales necesarios para la ejecución de los programas y acciones de la dependencia.
Del gasto total ejercido por la secretaría, correspondieron a gasto directo 504.4 mil millones de pesos, y 212.7 miles de millones de pesos a transferencias, de las cuales se destinó el 39.3% al gasto corriente, y el 60.7% al de capital.
En la cuenta pública de 1986 se reporta que el gasto ejercido por la SARH se orientó a la ejecución de 36 programas, entre los cuales destacan, por el monto de los recursos ejercidos: Desarrollo de Áreas de Riego (30.3%); Administración (16.0%); Captación y Conducción de Agua para Usos Múltiples (8.4%); y Desarrollo de Áreas de Temporal (6.9%). Estos cuatro programas absorbieron en conjunto el 61.6% del gasto de la dependencia.
En el programa Desarrollo de Áreas de Riego, se rebasaron algunas metas como son las de ampliar y rehabilitar superficies de riego y la de rehabilitar y mejorar la infraestructura hidráulica.
En el caso del programa Fomento de la Producción y Productividad Pecuaria y Avícola, fueron superadas las metas de asistencia técnica consistentes en proporcionar apoyo a productos pecuarios para la producción de ganado, apoyar la producción de pastizales y aplicar dosis.
Por lo que respecta al programa Apoyo Sectorial a Comunidades Rurales, la meta de realizar acciones para beneficiar a comunidades rurales se rebasó en 540%, y la de proporcionar servicios de bienestar social a familias fue superada ligeramente.
En algunos programas se registraron desviaciones por diversas razones, entre las que destacan la reasignación de recursos para apoyar obras emergentes, la sobreestimación de metas durante la elaboración del programa- presupuesto, el incremento de los costos, y las condiciones climatológicas adversas que se presentaron durante el año.
Organismos coordinados por la SARH
Forestal Vicente Guerrero (Forvigro)
Esta empresa ejerció un gasto de 3.8 miles de millones de pesos, inferior en 5.0% al presupuesto original. Según la cuenta pública de 1986, esta disminución se debió principalmente a los graves problemas que se presentaron en la economía nacional en su conjunto, los cuales provocaron el estancamiento de los precios de los productos terminados y una importante reducción en las metas del programa "Producción y Transformación Agroindustrial y Paraestatal", que es el más importante de la entidad.
Del total erogado, el 84.2% correspondió a recursos propios y el 15.8% a recursos fiscales, Forvigro destinó su presupuesto a la ejecución de siete programas; de ellos sobresalió "Producción y Transformación Agroindustrial y Paraestatal", al cual destinó el 80.5% de su presupuesto ejercido. Este programa compendió ocho metas, de las cuales se rebasó en 35% la de conservar caminos de penetración y acceso para la extracción de materia prima; se cumplió en 100% la de construir este tipo de caminos; y no se alcanzaron las relacionadas con la obtención de madera aserrada y tablero aglomerado, entre otras, debido a que el precio de venta de estos productos fue inferior a su costo de producción.
Instituto Mexicano del Café (Inmecafé)
El presupuesto ejercido por el instituto fue de 153.6 miles de millones de pesos, 39.0% mayor que el autorizado originalmente; el 90.0% de ese monto correspondió a recursos propios y el 10.0% a recursos fiscales. La diferencia entre el presupuesto ejercido y al autorizado se debió a que el monto correspondió a recursos propios y el 10.0% a recursos fiscales. La diferencia entre el presupuesto ejercido y el autorizado se debió a que el aumento de los precios externos del café afecto el gasto de la entidad, al incrementar sus pagos a los productores nacionales, por lo cual no se reflejó en el déficit del organismo. Cabe señalar que en 1986 el Inmecafé obtuvo utilidades y efectuó pagos de impuestos.
Los recursos ejercidos por la entidad se destinaron a la ejecución de cuatro programas, de los que destaca "Comercialización y Distribución de Productos Agropecuarios y Forestales", que absorbió el 93.8% del total. Este programa es financiado con recursos provenientes de las ventas de café.
En el programa de comercialización de la entidad no se alcanzó la meta programada de compras de café, debido en gran parte al incremento de las operaciones de la iniciativa privada, que al principio del año pagó a los productores precios superiores a los del Inmecafé, aunque a finales de 1986 los precios del instituto rebasaron a los ofrecidos en promedio por los compradores privados.
Productos Forestales Mexicanos (Proformex)
El gasto ejercido por este organismo fue de 9.9 miles de millones de pesos, superior en 135.7% al presupuesto original. Este incremento obedeció básicamente a la adquisición de equipo de oficina, a la reposición de equipo de cómputo, a los incrementos salariales autorizados en el año y al aumento en las tarifas de los servicios que requirió la empresa.
Proformex distribuyó su presupuesto entre siete programas, de los cuales el más importante fue "Producción y Transformación Agroindustrial y Paraestatal", en el cual se ejerció un gasto de 8.2 miles de millones de pesos (el 82.6% del gasto total).
Por lo que respecta a las metas del programa de referencia, la de extracción de madera en rollo se rebasó en 486%, la producción de madera aserrada en 9% y la de producción de empaques agrícolas en 71%. Las metas relativas a la producción de triplay y de empaques industriales no se alcanzaron , debido a la explosión de una caldera de la fábrica de triplay y a la baja demanda de empaques, respectivamente.
Secretaría de la Reforma Agraria
De acuerdo con la información que se presenta en el tomo correspondiente de la cuenta pública, en 1986, esta Secretaría ejerció un gasto programático de 54.6 miles de millones de pesos, mayor que el presupuesto originalmente en 39.3%. Esta variación se debió principalmente a los incrementos salariales decretados por el Ejecutivo Federal; a las acciones de desconcentración, que propiciaron el traslado de trabajadores a distintas entidades federativas; a la compra de equipo para la instalación de una red de teleproceso en cada delegación agraria, y al apoyo otorgado a los programas especiales a cargo de la dependencia.
Del gasto ejercido por la SRA, 51.1 miles de millones de pesos correspondieron a gasto directo y 3.5 miles de millones de pesos a transferencias, de las cuales se canalizó el 88.6% a gasto corriente y el 11.4% a gasto de capital.
Los recursos de la Secretaría se destinaron a la ejecución de ocho programas, de los cuales sobresalen por su ejercicio "Reparto y Regularización de la Tenencia de la Tierra" (31.3%), "Administración Agraria" (24.4%) y "Administración" (23.3%); en conjunto, estos programas absorbieron el 78.8% del total ejercido por la dependencia.
En el programa "Reparto y Regularización de la Tenencia de la Tierra", la meta relativa a la ejecución de resoluciones presidenciales fue superada en 191%, mediante la ejecución de 350 resoluciones presidenciales en beneficio de 34 mil 543 jefes de familia, y la meta de otorgamiento de documentos de reconocimiento a ejidatarios se rebasó en 182% únicamente se observaron dos inclumplimientos los cuales obedecieron a que algunos expedientes no se ajustaron a los requisitos legales y a que se presentaron problemas climatológicos en algunas entidades de la República que impidieron cumplir la meta de fotoidentificación de predios, correspondiente al subprograma "Catastro de la Propiedad Rústica".
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III.B Desarrollo Regional y Ecología
1. Resultados generales
El sector Desarrollo Regional y Ecología está integrado por el subsector Desarrollo Regional, (ramo XXVI), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (ramo XX) y las entidades, organismos, fondos, fideicomisos y empresas subsidiadas que ejecutan acciones en materia de desarrollo regional, desarrollo urbano, vivienda y ecología.
Para la ejecución de las acciones del sector Desarrollo Regional y Ecología, se le asignó originalmente un presupuesto de 543.8 miles de millones de pesos, que fue ampliado a 801.8 miles de millones de pesos, para rebasar en 30.8% a lo gastado en 1985 y en 47.4% a la asignación original, lo cual se explica porque el sector recibió transferencias del ramo XXXI, que se refiere a diversas acciones de reconstrucción. Cabe destacar que prácticamente todas las dependencias del sector público y los gobiernos estatales participan en el ejercicio de recursos asignados a este sector. El gasto del sector representó el 4.7% del gasto programable total del sector público.
De los recursos ejercidos, 273.1 miles de millones de pesos (34.0%) correspondieron al ramo XXVI "Desarrollo Regional"; 96.3 miles de millones de pesos (12.0%) a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (sin considerar el gasto de sus organismos sectorizados y la reconstrucción de vivienda financiada a través de Fonhapo y 432.4 miles de millones de pesos (54.0%) a las empresas, organismos, fondos y fideicomisos subsidiados; de éstos, destacan los subsidios otorgados a estados y municipios (21.2% del gasto total del sector), a Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 (10%), al Fonhapo (6.6%) y al Sistema de Transporte Colectivo "Metro" (5.0%).
Al revisar la cuenta pública sectorial, pudimos conocer que durante 1986 los recursos del sector Desarrollo Regional y Ecología se destinaron a promover el proceso de descentralización de las actividades económicas y de la Administración Pública Federal, mediante el impulso a las economías estatales, el fortalecimiento de las bases de la vida municipal y el mejoramiento de la relación que guardan el gasto regional y el sectorial. Para ello, se apoyó en forma especial el desarrollo de aquellas zonas que por sus recursos y ubicación son estratégicos para el país, con base en la coordinación de acciones entre los tres niveles de gobierno y en la consolidación de los sistemas estatales de planeación. Lo anterior permitió crear condiciones para fortalecer los equilibrios sociales y mejorar el nivel de vida de la población.
Por lo que respecta al desarrollo urbano, la vivienda y la ecología, en 1986 se mantuvieron los
propósitos de apoyar e impulsar el ordenamiento y la regulación de los asentamientos humanos mediante la dotación del suelo, infraestructura y equipamiento urbano; propiciar la construcción de viviendas populares; y controlar y disminuir la contaminación en el territorio nacional, especialmente en zonas críticas como las ciudades y las cuencas hidrológicas.
Particular relevancia tuvieron los esfuerzos realizados para solucionar los problemas de urbanización y vivienda, que se agudizaron a partir de los sismos de 1985; las acciones en este sentido beneficiaron a los sectores de bajos ingresos.
Subsector desarrollo regional
Con el propósito de avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la política regional, en 1986 se realizaron acciones por medio de programas productivos, de infraestructura básica, de apoyo y desarrollo social, conforme a las modalidades programáticas comprendidas en los programas de Desarrollo Regional; (PDE), Regionales de Empleo (PRE) y de Coordinación Especial (PCE), acordes con la estrategia de descentralización, y en el marco de los siete programas regionales estratégicos y de los 10 planes estatales vigentes.
Los recursos destinados a los programas de Desarrollo Regional (PDR) se orientaron a aumentar los servicios en ciudades medias y a crear condiciones que contribuyeran a elevar el nivel de vida de la población. De las acciones realizadas en estos programas, destacan las siguientes: en lo referente al desarrollo de áreas de riego, se beneficiaron 48 mil 108 ha y 56 mil 586 productores; en la construcción de carreteras estatales, se construyeron 628 kilómetros; por lo que respecta a la ampliación y mejoramiento de la planta física educativa, se construyeron 7 mil 690 aulas, seis bibliotecas, 13 centros educativos, ocho escuelas, 140 laboratorios y 301 talleres, en beneficio de 583 mil 386 alumnos; y en electrificación rural se llevaron a cabo 639 obras y se electrificaron a 553 comunidades, en beneficio de 778 mil 897 personas.
Por lo que respecta a los programas Regionales de Empleo (PRE), durante el ejercicio fiscal de 1986 se continuaron las acciones para proteger el nivel de empleo mediante la incorporación de trabajadores a las actividades productivas; para ello se ejecutaron obras de beneficio social, como son las de mejoramiento de servicios públicos urbanos y vivienda, de infraestructura ganadera, de caminos rurales y de rehabilitación de escuelas. Dichos programas también se orientaron a promover la capacitación de los trabajadores; a otorgar becas a hijos de campesinos, obreros y miembros de las clases medias populares, y a atender necesidades de los pasantes que prestan su servicio social obligatorio. Dentro de los PRE se apoyó económicamente con 39 mil 981 becas a pasantes de educación superior, por conducto de la Comisión Coordinadora del Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior, se otorgaron 111 mil 011 becas a hijos de trabajadores en el programa de becas "Ignacio Ramírez", y se concedieron 14 mil 583 becas de capacitación a trabajadores.
Los programas de Coordinación Especial (PCE) se establecieron como un instrumento para la descentralización de funciones y recursos a los estados, así como para optimizar la asignación del gasto, tanto de los sectores de la administración pública federal como de los gobiernos estatales.
Estos programas, que son adicionales a la propuesta anual de inversión, se ejecutan conjuntamente con las 31 entidades federativas, mediante acuerdos de coordinación (CUD), y su operación se realiza con recursos transferidos por diversos sectores de la administración pública.
Los recursos de estos programas se destinaron a la operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en varios estados de la República; a la construcción de las presas de almacenamiento "Malpaso" y la "Villita" en Zacatecas, del Canal de Ajacuba en Hidalgo, de libramientos de Sinaloa y de la carretera Empalme- Hermosillo- Nogales en el estado de Sonora; a diversos proyectos de acuacultura; y a programas como el de apoyo al gasto estatal del programa "primaria para todos los niños" y el de servicios de salud pública, entre otros.
Subsector desarrollo urbano y ecología
Los principales propósitos de este subsector para 1986 fueron; ordenar y regular los asentamientos humanos, construir vivienda popular, reconstruir vivienda dañada por los sismos, disminuir la contaminación y procurar el equilibrio ecológico y la protección del ambiente.
Con objeto de seguir consolidando el Sistema Urbano Nacional y de ordenar y regular internamente los principales centros urbanos del país, se avanzó en la urbanización para uso habitacional. En este rubro destacaron las acciones emprendidas por el Fonhapo en materia de financiamiento para la construcción de lotes con servicios a nivel nacional: se terminaron 18 mil 994 lotes (el 98.0% de la meta programada), se iniciaron los trabajos
en 22 mil 394 (2.2% más de lo previsto) y quedaron en proceso 19 mil 187, que fueron terminados en 1987.
Las entidades sectorizadas urbanizaron integralmente 119 ha. Los esfuerzos se concentraron en la urbanización de algunas ciudades de mayor prioridad, entre las que destacan las de Altamira, Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Acapulco, Guerrero; y Puerto Vallarta, Jalisco.
En materia de vivienda progresiva, se iniciaron acciones para beneficiar a 26 mil 394 familias, cifra superior en 65% a la previsión original. Además, se terminaron 31 mil 875 acciones que beneficiaron a igual número de familias.
En cuanto al mejoramiento de vivienda, se inició la rehabilitación de 7 mil 696 unidades cifra mayor en 250% que la meta original.
En este mismo programa se terminaron de rehabilitar 7 mil 549 viviendas; la meta no se cumplió en su totalidad porque se presentaron retrasos en la organización de la comunidad para acceder a los créditos, en la integración de proyectos de construcción por parte de los solicitantes.
En materia de vivienda terminada, el Fonhapo concluyó 480 viviendas que habían quedado pendientes de otros ejercicios. Actualmente, Fonhapo ya no destina recursos a vivienda terminada, sino a otras acciones de menor costo (lotes con servicios, viviendas progresiva y mejoramiento de vivienda), con objeto de ampliar su cobertura social. Por otra parte, las demás entidades sectorizadas concluyeron 713 viviendas.
En materia de reconstrucción, se iniciaron 41 mil 416 viviendas, con recursos del Programa de Renovación habitacional Popular; de ellas, 21 mil 188 se terminaron durante el ejercicio y 20 mil 228 en el primer semestre de 1987. Asimismo, se puso en marcha el Programa de zona sur de Jalisco, con la construcción de 642 viviendas y la rehabilitación de otras 538; dicho programa se concluyó en junio de 1987.
En el Programa de Reconstrucción de Nonoalco- Tlaltelolco, se repararon y realizaron acabados en 4 mil 142 viviendas y se inicio la reparación estructural de otras 4 mil 488. En las actividades de reparación estructural, que representan el mayor volumen de obra, se alcanzó el 100% de la meta programada, lo que significó un avance de 24% respecto del programa global tribunal [1986-1988]. Además, se benefició a 4 mil 130 familias con vivienda provisional y ayudas de renta, y se inicio la rehabilitación de edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tlatelolco.
Por otra parte, en la cuenta pública se informa que en materia de urbanización se amplió la reserva territorial, lo que constituye un elemento clave para reordenar la expansión urbana.
Para contribuir a la ampliación de la infraestructura y al equipamiento de ciudades medias y localidades menores de 150 mil habitantes, Banobras, con el apoyo técnico de la Sedue, atendió las necesidades de financiamiento para mejorar los servicios urbanos indispensables, como los de agua potable, alcantarillado, electrificación, vialidad, pavimentación, transporte, mercados y rastros, entre otros. Además, se otorgó créditos para la adquisición de vivienda, la regulación de servicios territoriales y la consolidación del sistema de transporte.
En materia de prevención y control de la contaminación del suelo, la Sedue realizó 17 rellenos sanitarios, entre los que destacan los de Aguascalientes Manzanillo y Colima.
En cuanto a las acciones encaminadas a reducir la contaminación atmosférica, resalta el cumplimiento de las metas establecidas para 1986 en relación con las 21 medidas decretadas en ese sentido por la zona metropolitana del valle de México.
A fin de revertir el proceso de contaminación del agua, se registraron para su control 254 descargas de agua residuales y se fijaron las condiciones de descarga a que deberán sujetarse 210 empresas; se realizaron 126 visitas de inspección y 101 notificaciones de infracción; y se continuó con el equipamiento de laboratorios de cobertura regional para el análisis de la calidad del agua, entre los que sobresalen los de Tabasco y Puebla. Además, se llevaron a cabo 10 estudios sobre el desarrollo y aprovechamiento de áreas naturales, y se realizaron 21 obras de infraestructura en áreas naturales protegidas y en parques nacionales.
Finalmente, para preservar el patrimonio histórico- cultural, se efectuaron 96 restauraciones en sitios históricos y monumentos, que comprenden 46 templos y exconventos, así como 36 museos y casas de cultura.
2. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL
Subsector desarrollo regional
(ramo XXVI)
La información disponible nos permitió conocer que el gasto programático total del subsector fue
de 647.6 miles de millones de pesos; esta cifra representa un incremento de 78.2% respecto al presupuesto original y de 77.4% con relación al año anterior. Es necesario recordar que la mayoría de las entidades gubernamentales (principalmente la Secretaría de Salud y Educación Pública, así como el Departamento del Distrito Federal) y muchos de los gobiernos estatales ejercen el presupuesto asignado a este ramo. Es decir, estas variaciones se explican por la prioridad que se concedió a los programas regionales de empleo y de coordinación especial, así como la infraestructura para la educación, la salud y otros servicios sociales que fueron afectados por los sismos de 1985.
El gasto ejercido del subsector se distribuyó de la siguiente manera: el 22% correspondió a los programas de Desarrollo Regional, el 7.7% a apoyos financieros a estados y municipios, el 60.6% al Departamento del Distrito Federal, el 4.3% a los programas Regionales de Empleo y el 5.3% a los programas de Coordinación Especial.
Los programas regionales y de empleo destinaron el 90% de sus recursos a promover proyectos productivos y a crear infraestructura básica y de desarrollo social. Los programas de coordinación especial comprenden 30 programas y 37 subprogramas, entre los destaca el de integración de la educación básica, al que se canalizó el 64.5% del gasto ejercido, seguido por el de construcción y conservación de edificios para la salud (8.4%) y el de agua potable (5.8%); estos tres programas en conjunto recibieron el 78.7% de los recursos totales erogados en los PCE.
Por último, cabe señalar que en la cuenta pública se registra en este ramo la asunción de pasivos del Departamento del Distrito Federal, que fue de 447.4 miles de millones de pesos. Esta información se analizará con más detalle al revisar la Cuenta Pública del Distrito Federal.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. La Sedue ejerció un gasto de 154.2 miles de millones de pesos, superior en 67.4% al presupuesto originalmente. Esta variación se explica porque se transfirieron a esta dependencia 63.4 miles de millones de pesos presupuestados en otros ramos.
De dicho monto, 52.9 miles de millones de pesos provinieron de ramo XXXI, reconstrucción por daños sísmicos, y se destinaron a la reconstrucción de vivienda; de éstos, 20.1 miles de millones de pesos se canalizaron a Nonoalco- Tlaltelolco; 29.6 miles de millones de pesos a renovación habitacional popular; y 3.3 miles de millones de pesos a sitios históricos y a los edificios de las juntas federal y local de conciliación y arbitraje.
Asimismo, se transfirieron 3.4 miles de millones de pesos del ramo XXVI, desarrollo regional, principalmente para la planta de tratamiento de aguas residuales de ciudad de Tijuana.
Finalmente, se efectuaron ampliaciones presupuestales por 6.9 miles de millones de pesos, que se asignaron al pago de los incrementos salariales autorizados en el año y a otro rubros de gasto corriente.
Los recursos ejercidos por la dependencia se destinaron a la ejecución de 32 programas, entre los que destacaron por su gasto "reconstrucción por daños sísmicos", con el 34.4% del total, y "vivienda progresiva", con el 15.3%.
Respecto a los programas de administración, éstos fueron importantes en la medida en que permitieron el cumplimiento de las acciones normativas y de supervisión que desarrolla la secretaría, pero fundamentalmente porque a a través de ellos se ejercieron los recursos crediticios para la reconstrucción de viviendas en el Distrito Federal y en la zona sur de Jalisco. Además mediante estos programas se concertaron créditos significativos con instituciones financieras, otras dependencias, estados y municipios, las como con los sectores social y privado, por los cuales se captaron los recursos necesarios para financiar obras prioritarias de agua potable y alcantarillado,
plantas de tratamiento de aguas residuales, equipamiento urbano e instalación de equipo anticontaminante en las industrias.
Los 32 programas a cargo de esta Secretaría comprendían 111 metas, de las cuales 72 se superaron y ocho cumplieron en 100%. Entre las metas rebasadas se encuentran las del programa "vivienda progresiva" que consistía en financiar el inicio y la terminación de lotes con servicios, la construcción de pies de casa y mejoramiento de viviendas.
En otros programas no se alcanzó el total de las metas programadas, como en el relacionado con la instalación de nuevos laboratorios, debido fundamentalmente a que los costos de mano de obra y materiales fueron mayores que los previstos.
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II. C. PESCA
I. Resultados generales
De acuerdo con el tomo correspondiente de la cuenta pública, las acciones del sector estuvieron encaminadas a incrementar la producción de alimentos, a generar empleos, a captar divisas, a contribuir al desarrollo regional y a
mejorar los niveles de vida de los trabajadores dedicados a la pesca. Durante 1986 la producción pesquera continuó en ascenso, ya que alcanzó un volumen de 1 millón 354 mil toneladas, superior en 7.8% el obtenido en 1985.
De ese total, correspondió a la captura el 90.0% (1 millón 218 mil toneladas) y a la acuacultura el 10.0% restante (136 mil 333 toneladas). Con lo cual se cumplieron los objetivos y estrategias establecidos para el programa de captura en el ejercicio presupuestal que se analiza.
El volumen de captura estuvo integrado fundamentalmente por especies de consumo popular, como sardina, atún, tiburón y cazón. En este renglón destacó la producción atunera, que ascendió a 101 mil 745 toneladas para registrar un incremento del 290.0% con respecto a 1982.
El sector público participó en la captura en 89 mil 364 toneladas (6.6%), el sector social con 364 mil 226 toneladas (26.9%) y el sector privado con 900 mil 410 toneladas (66.5%), con lo cual superaron los niveles obtenidos el año anterior en 42.4%, 3.2% y 8.8%, respectivamente.
De la producción pesquera total, se canalizaron al consumo humano directo 823 mil toneladas (61.0%) en sus presentaciones de fresco, congelado y enlatado, al consumo humano indirecto 479 mil toneladas (35.2%), las 52 mil toneladas restantes (3.8%) se destinaron a uso industrial.
La participación de la producción destinada al consumo humano directo disminuyó 1.6% con relación a 1985, debido al incremento del costo de adquisición de la hojalata para empaque de sardina y a la insuficiencia de capital de trabajo en las plantas enlatadoras.
En la industrialización de pesqueros participaron la Secretaría de Pesca, Propemex, Fondepesca y Pescado de Chiapas. Las empresas pesqueras procesaron 722 mil 988 toneladas de materia prima (superiores en 2.8% con relación al año anterior], que les permitieron obtener una producción de 243 mil 205 toneladas de productos terminados, de las cuales
correspondió a congelados el 39.0%, a enlatados el 21.0%, a harina de pescado el 39.0% y el resto a otros procesos. El volumen de productos terminados fue inferior en 4.0% al obtenido en 1985, debido a que la industria enlatadora enfrentó problemas de liquidez para adquirir insumos, por lo cual destinó una mayor proporción de sardina el consumo humano indirecto (harina).
En el mercado nacional se comercializaron 593 mil 229 toneladas de productos pesqueros, distribuidas de la siguiente manera: 382 mil 522 toneladas (63.5%) de producto fresco, 55 mil 678 toneladas (9.4%) de congelado, 50 mil 497 toneladas (8.5%) de enlatado, 101 mil 269 toneladas (17.0%) de harina de pescado y 3 mil 263 toneladas (0.6%) de otras presentaciones. Dicho volumen fue menor en 4.1% con respecto al de 1985 debido a los problemas que se presentaron en la fase de industrialización, los cuales impidieron procesar un mayor volumen de sardina; sin embargo, el consumo per capita se mantuvo en 13.0 kilogramos, en virtud de que se fortaleció el sistema nacional para el abasto y de que se redujo la interminación en la fase de comercialización.
En cuanto al mercado externo, se exportaron 150 mil 560 toneladas de productos pesqueros, con un valor de 469.8 millones de dólares; los principales productos exportados fueron el camarón y el atún congelado, que representaron el 65.0% del volumen total y el 86.3% de valor. A su vez, el volumen de las importaciones fue de 7 mil 427 toneladas, con un valor de 6.2 millones de dólares.
Como resultado, se obtuvo un saldo favorable en la balanza comercial de productos pesqueros de 463.6 millones de dólares, mayor en 22.5% que el alcanzado el año anterior.
Por otra parte, la actividad de la flota pesquera se reorientó a la explotación de especies de escama, para lo cual se continuó con la consolidación y ampliación de las instalaciones portuarias y de comunidades pesqueras. En la captura intervinieron 3 mil 317 embarcaciones mayores y 54 mil 931 embarcaciones menores, lo que da un total de 58 mil 248 unidades, superior en 12.2% al de 1985. Cabe señalar que la situación económica del país afectó los programas de crédito, mantenimiento, reparación, reposición y construcción, por lo cual la flota mayor operó únicamente al 85.0% de su capacidad.
A fin de coadyuvar al óptimo aprovechamiento de los recursos pesqueros, se realizaron estudios de flota, se efectuaron acciones de coordinación de programas para la conservación y mantenimiento de 21 embarcaciones (Unicap), se construyeron 24 embarcaciones camaroneras y de pesca múltiple, se rehabilitaron 12 embarcaciones y se produjeron 378 toneladas de redes y artes de pesca.
En apoyo de las actividades del sector se llevaron a cabo diversas acciones encaminadas a consolidar y a ampliar las instalaciones portuarias pesqueras, entre las que destacan las siguientes: se construyeron atracaderos, muelles y escolleras; se terminaron fábricas de hielo, neveras modulares, centros de recepción y talleres de reparación de embarcaciones menores; y se realizaron obras de pavimentación y dragado.
En el tomo del sectorial de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se indica que en el sector se generaron empleos tanto permanentes como eventuales, con lo cual se alcanzó una tasa anual de crecimiento de 4.6%. El número de personas ocupados en la actividad pesquera durante 1986 ascendió a 270 mil 069.
En cuanto a la organización de los pescadores, se integraron 102 sociedades cooperativas con 4 mil 951 socios. Asimismo, mediante el programa de apoyo a las actividades de organización en aspecto jurídicos para trámites administrativos, en el cual participaron 1 mil 112 profesionales, se proporciono asesoría a 111 sociedades cooperativas, en beneficio de 9 mil 301 pescadores y se regularizaron 82 sociedades de ese tipo, principalmente camaroneras, que en conjunto agrupan a 6 mil 901 pescadores. Las acciones realizadas permitieron a las sociedades cooperativas tener acceso al crédito oficial.
En materia de capacitación, se adiestró a 2 mil 706 pescadores en los centros de capacitación y barcos escuelas de la Secretaría de Pesca, con lo cual se actualizaron los conocimientos y habilidades de los pescadores en aspectos de captura, tranformación y comercialización de los productos, y se incrementó la eficiencia de las unidades de producción.
Con el propósito de mejorar el aprovechamiento de los recursos pesqueros, se realizaron investigaciones científicas y tecnológicas de prospección y evaluación de los recursos, entre las que destacan 16 estudios sobre las principales pesquerías nacionales. Asimismo, se construyó un centro regional de actividad pesquera en Manzanillo, Colima; se dio y conservación y mantenimiento a 10 centros regionales, y se equiparon 13 centros regionales de investigación pesquera distribuidos en todo el país.
Las investigaciones realizadas sirvieron de base para la toma de decisiones sobre el uso administración de los recursos y productos pesqueros, ya que aportaron elementos para determinar los potenciales de pesca, las cuotas y franquicias, la apertura de nuevas pesquerías, las tallas de captura y las épocas de veda y pesca.
En materia de investigación y tecnología para acuacultura, se llevaron a cabo siete investigaciones relativas al caracol rosado del Caribe, a los moluscos, bivalvos, a la jaiba mudada, al callo de hacha y al cultivo de camarón. Al respecto, en el centro de alvarado se realizó una investigación sobre los procesos de muda de caparazón de la jaiba y, por lo que corresponde al callo de hacha, en el centro regional de Yucalpetén se efectuó un investigación orientada a describir el desarrollo larvario de la atrina rígida.
Por otra parte, en la Cuenta de la Hacienda Publica Federal se informa que Productos Pesqueros Mexicanos, S.A. de C.V. (Propemex), continuó cumpliendo con los objetivos de operación de sus programas relativos al reordenamiento de activos y desinversión corporativa, racionalización de personal y cierre de sucursales, a fin de seguir mejorando su aparato productivo y distributivo.
Uno de los objetivos primordiales de esta paraestatal fue incrementar, intensificar y diversificar la captura de especies marinas y lacustres, con la finalidad de aumentar su producción. Así, en 1986 logró una captura de 162 mil 337 toneladas, superior en 59.1% a la meta original; de ese total, 12 mil 051 toneladas fueron capturadas con flota de la empresa operada por ella misma y 150 mil 286 toneladas con flota de la entidad operada por terceros.
Asimismo, Propemex adquirió de terceros
50 mil 158 toneladas de productos pesqueros, volumen inferior en 26.4% al año anterior. Como resultado, la entidad alcanzó un total de 212 mil 495 toneladas.
En materia de industrialización, las empresas del consorcio Propemex procesaron 113 mil 176 toneladas, de las cuales obtuvieron 53 mil 281 toneladas de producto terminado, que representaron el 21.9% de la producción nacional, estimada en 243 mil 205 toneladas. En este rubro destaca la producción de enlatados, que ascendió a 35 mil 968 toneladas, principalmente de atún y sardina, equivalentes al 71.0% de total obtenido a nivel nacional (50 mil 670 toneladas).
Productos Pesqueros Mexicanos, en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Diconsa e Impecsa, promovió convenios de comercialización, mediante los cuales se canalizaron al mercado interno 67 mil 255 toneladas de productos pesqueros: 10 mil 758 toneladas de fresco, 40 mil 623 toneladas de enlatados, 10 mil 233 toneladas harina de pescado, 3 mil 468 toneladas de congelados y 2 mil 123 toneladas en otras presentaciones. Además, exportó 25 mil 006 toneladas, lo cual significa que en conjunto comercializó 92 mil 261 tonelas, cantidad inferior en 31.0% a la meta establecida.
Según la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, para alcanzar los resultados señalados el sector pesca ejerció un gasto de 304.5 miles de millones de pesos, superior en 96.1% al de 1985 y en 13.1% al presupuesto original.
De ese monto, 24.7 miles de millones de pesos (8.1%) fueron ejercidos por la Secretaría de Pesca, lo que significó un incremento de 39.5% con respecto a 1985 y de 13.8% en relación con lo autorizado inicialmente; Productos Pesqueros Mexicanos erogó 268.5 miles de millones de pesos (88.2%), cantidad superior en 110.7% a la ejercida en 1985 y en 13.8% a la presupuestada; los 11.3 miles de millones de pesos restantes (3.7%) fueron ejercidos por lo demás organismos, empresas, fondos y fideicomisos del sector, entre los que destacó por su gasto el Banco Nacional Pesquero y Portuario, con 10.1 miles de millones de pesos.
II. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
Secretaría de Pesca
En la revisión de Cuenta de la Hacienda Pública Federal, se observó que el presupuesto programático ejercido por esta Secretará ascendió a 78.6 miles de millones de pesos, cifra superior en 35.2% al presupuesto original.
Esta variación se explica básicamente por la asunción de pasivos de sus entidades coordinadas, que asedió a 22.0 miles de millones de pesos, ya que, si se excluyen estos recursos, el gasto programable de la entidad resulta inferior en 2.6% al autorizado inicialmente.
Cabe mencionar que, de los recursos ejercidos por la dependencia, se canalizaron 24.7 miles de millones de pesos a gasto directo y 53.9 miles de millones de pesos a gasto directo y 53.9 miles de millones de pesos a transferencias, de las cuales correspondió el 52.7% al gasto corriente y el 47.3% al gasto de capital.
El presupuesto ejercido por la Secretaría se destinó a la ejecución de 11 programas, entre los que destacan por el monto de los recursos ejercidos "administración" (62.7%), "captura" (10.0%) e "industrialización de producto pesqueros" (7.7%), en los que en conjunto de erogó el 80.4% del gasto total de la dependencia.
Los programas mencionados comprendieron 64 metas, de las cuales se alcanzaron o se rebasaron 40; el resto no se cumplieron debido básicamente a la reasignación de recursos a obras prioritarias, a factores climatológicos adversos, a la antigüedad y subutilización de las embarcaciones, a la insuficiente capacidad instalada para descarga de productos, a los aumentos en los costos de operaciones y la escasez de financiamiento para la adecuada operación de la flota.
Entidades coordinadas por Sepesca.
Productos Pesqueros Mexicanos, S.A. de C.V. (Propemex)
De acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, el gasto programático ejercido por esta entidad ascendió a 248.0 miles de millones de pesos, cantidad que superó en 6.3% el presupuesto original, debido principalmente a los incrementos salariales autorizados durante el año, a los aumentos en los precios de los insumos y, en el caso de las importaciones, al deslizamiento del tipo de cambio.
La entidad destinó dichos recursos a la ejecución de seis programas, entre los que destacan "comercialización y transporte de productos pesqueros" e "industrialización de productos pesqueros", que absorbieron el 76.8% y el 15.4% del gasto total, respectivamente.
Estos programas incluyeron 56 metas, de las cuales 14 se cumplieron o- se rebasaron; el resto no se alcanzó, a pesar de que se lograron avances
importante, debido a que se retrasó la puesta en operación de algunas de sus filiales y el pago de las ventas que efectuó la entidad a otros organismos del sector público, a la insuficiencia de créditos, al encarecimiento de la materia prima, a dificultades que se presentaron para adecuar su relación costo- precio y a los problemas económicos que enfrentó el país durante 1986
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III. D. desarrollo social resultados generales.
1. Resultados Generales.
El sector social está integrado por los subsectores salud, educación laboral, y representa la prioridad fundamental en materia de gasto para el gobierno federal. En 1986 este sector ejerció un gasto de 4,579.1 miles de millones de pesos, cuya participación en el gasto programable fue de 26.4% mayor que la de 1985 (25.3%).
Los propósitos centrales del sector fueron ampliar la cobertura y calidad de los servicios de salud y de educación, avanzar en la descentralización de dichos servicios, apoyar la capacitación, elevar la productividad y proveer a la impartición de la justicia laboral.
Educación
Los esfuerzos en materia de educación se orientaron a regionalizar y a descentralizar la educación básica, normal y superior, así como la investigación y la cultura; a garantizar a todos los mexicanos el acceso a los servicios educativos, mediante la ampliación de su cobertura y el mejoramiento de su calidad; y a extender los servicios en las áreas de educación física, deporte y recreación.
Los tres resultados principales del subsector educación en 1986 fueron: en educación primaria, se satisfizo el 100% de la demanda real efectiva; es decir, se atendió a toda la población que lo solicitó; se aumentó de manera significativa la atención a niveles preescolar y se redujo el analfabetismo. En efecto, en el año se dio educación preescolar a 1 millón 664 mil niños. 1.0% más que en 1985; en primaria se registraron 10 millones 241 mil alumnos, el índice de analfabetismo se redujo de 8% en 1985 a 6% en 1986.
Otros logros alcanzados en las acciones orientadas a elevar los niveles y calidad de la educación fueron los siguientes: se construyeron 448 bibliotecas, 53 más que el año anterior y 72 más que las programadas, con lo cual ascendió a 1 mil 359 el número de bibliotecas y a más de mil el de los municipios que cuentan con este servicio; se capacitó a 258 mil 932 maestros en educación básica, que representan aproximadamente un tercio de la planta de profesores; se elevó la eficiencia terminal, ya que la proporción de alumnos que concluyeron su primaria en seis años aumentó de 52.1% en 1985 a 53.8% en 1986; y disminuyó el porcentaje de reprobados de los primeros años, debido en parte a los programas de lector escritura.
En el ámbito rural, se completaron 1 mil 810 escuelas que no impartían los esos grados de primaria y se convirtieron 2 mil 012 escuelas unitarias en bidocentes y tridocentes; además, en apoyo de la educación indígena, se atendió en educación preescolar a 186.2 miles de alumnos y en primaria bilingüe y bicultural a 505.5 miles de alumnos, que representaron incrementos de 2.5% y 2.2% con relación al año anterior, respectivamente.
Para apoyar el desarrollo de la educación, se produjeron 80,353 miles de libros para alumnos y maestros. Asimismo, con el fin de mejorar la asimilación y el manejo de las operaciones fundamentales, se distribuyeron paquetes didácticos a nivel primaria y, en materia de educación indígena, se produjeron libros de texto para preescolar y para primer grado de primaria bilingüe en 35 lenguas y 72 variantes dialécticas.
En educación secundaria, se atendió en sus diferentes modalidades a 3 millones 46 mil alumnos, cifras cercana a la propaganda; se continuó con la fase piloto de la educación secundaria para comunidades indígenas; se elaboraron 24 libros de texto para alumnos; se prepararon guías para los maestros de 11 dialectos distintos, y se imprimieron más de 120 ejemplares de gramática náhuatl.
En educación para adultos, se reforzaron las acciones tendientes a llevar el alfabeto a las zonas más desfavorecidas y de difícil acceso; paralelamente, se buscó prolongar la permanencia de los educandos en el sistema de educación nacional, a fin de combatir el analfabetismo funcional. En ese sentido, cabe destacar que se alfabetizó a 1 millón 3 mil personas, lo que representa una variación positiva de 34.5% respecto a la meta
original. Con ello el índice nacional de analfabetismo diminuyó a 6% en 1986.
En educación media superior y superior, tanto universitaria como tecnológica, se mantuvo la cobertura y en algunos casos se incrementó; sobresale el aumento significativo registrado en la matrícula de profesional técnico de nivel medio superior, donde se forman los recursos humanos que requiere la planta productiva.
Asimismo, en educación normal se avanzó en el objetivo de equilibrar la oferta y la demanda de maestros en los diferentes niveles de educación básica, y se espera que para el ciclo 1988-1989 se habrá logrado plenamente este propósito.
Puede decirse que, en general, se amplió el acceso de la población a los servicios educativos, ya que la matrícula de este subsector se incrementó de 25.3 millones de alumnos en el ciclo escolar 1985-1986 a 25.956 millones de estudiantes en el ciclo 1986-1987, de los cuales la Federación atiende el 67%, los gobiernos de los estados el 24% y los particulares el 9% restante.
En cuanto a la infraestructura física para los diversos niveles educativos, se construyeron 27 mil 445 espacios educativos (aulas, talleres y laboratorios), con lo cual se superó la meta original de 25 mil.
En la reunión de análisis de la cuenta pública de 1986, los funcionarios del sector educacional informaron, en respuesta a preguntas explícitas de los diputados, que en educación básica normal se realizó la descentralización administrativa y la incorporación de contenidos regionales en la educación, que en 30 estados funcionaron los comités sectoriales de educación pública, cultural, recreación y deporte (Cosecred), y que en 16 entidades federativas funcionaron 975 comités municipales de educación.
Salud y seguridad social
Los propósitos principales de este subsector para 1986 fueron: mejorar la calidad y cobertura de los servicios básicos de salud, con énfasis en las acciones preventivas y en el primer nivel de atención, así como fortalecer las acciones de asistencia social y reducir las enfermedades transmisibles. Las acciones de salud y seguridad social están organizadas en 11 programas, entre los que destacan "atención preventiva", "atención curativa", "formación" "atención y capacitación" de recursos humanos" y "asistencia social".
En este contexto, y de acuerdo con la información contenida en la cuenta pública de 1986, la Secretaría de Salud aplicó durante el mismo período 27 millones 621 mil dosis de vacunas, principalmente a la población infantil; dicha cantidad superó en 40% a la meta programada.
La producción de biológicos y reactivos fue una de las acciones más relevantes que llevó a cabo el subsector para apoyar los "días nacionales de vacunación", y tiene particular importancia para orientar la medicina hacia la atención preventiva y para reducir la dependencia de insumos extranjeros. La meta programada no se alcanzó debido a que las instalaciones afectadas por los sismos de 1985 se terminaron de reparar en agosto de 1986 y a que su operación no se normalizó sino hasta y el último trimestre de este año.
Dentro del programa "atención preventiva" y con objeto de controlar las enfermedades transmisibles, se proporcionaron 3 millones 986 mil consultas, cifra ligeramente superior a la meta programada.
Por lo que corresponde al programa "atención curativa", se otorgaron 12 millones 840 mil consultas externas generales y 3 millones 55 mil consultas especializadas, que fueron superiores a las programadas; también se atendieron 353 mil casos de hospitalización general y se realizaron 135 mil acciones de hospitalización especializada.
Para mejorar la calidad de los servicios a cargo de la S.S., se capacitaron 56 mil personas, entre profesionales, técnicos y personal administrativo, mediante la impartición de 2 mil 613 cursos, con lo cual se rebasaron las metas previstas.
Mediante el programa de reconstrucción y reordenamiento de los servicios de salud, que se estableció en 1986 para reparar los daños ocasionados a los hospitales y unidades médicas por los sismos de 1985, se concluyó la rehabilitación de 25 centros y clínicas de salud urbanos, siete unidades hospitalarias de segundo nivel y el Hospital General de México, en donde se habilitaron 1 mil 300 camas. Además, se inició la recuperación de las 2 mil 700 camas del Centro Médico Nacional que se perdieron mediante la descentralización de los servicios a través de cinco centros médicos regionales.
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social aplicó 25 millones 323 mil dosis de vacunas, atendió a 16 millones 218 mil personas con padecimientos infecciosos y crónicos- degenerativos, y otorgó 3.8 millones de consultas de odontología preventiva.
En atención curativa se proporcionaron 52.9 millones de consultas familiares, 9.4 millones de consultas especializadas, 3.3 millones de consultas de rehabilitación y 9.5 millones de servicios de urgencias. Además, se practicaron 935 mil intervenciones quirúrgicas y se atendieron 630 partos.
En materia de infraestructura, se rehabilitaron 27 unidades médicas de primer nivel en el Valle de México, 23 hospitales generales de zona y 12 hospitales de especialidades; se efectuaron ampliaciones en dos centros médicos regionales y adaptaciones en tres hospitales de Centro Médico Nacional, y se concluyeron y pusieron en operación hospitales rurales en tres estados para atender a 100 mil solidariohabientes.
Durante 1986, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aplicó 3.8 millones de vacunas, proporcionó 3.8 millones de consultas en atención preventiva y 18.0 millones en atención curativa, y distribuyó 2.8 millones de raciones alimenticias.
A fin de recuperar la capacidad física perdida por los sismos de 1985, el instituto logró la rehabilitación de las clínicas Guerrero y San Antonio Abad, en el Distrito Federal, y las clínicas hospitales de Uruapan, Michoacán; Chilpancingo e Iguala, Guerrero, y Colima, Colima. Asimismo, la cobertura de atención médica se amplió con la incorporación de 67 nuevas, unidades médicas, 117 consultorios, nueve salas de cirugía, cuatro de expulsión, dos gabinetes radiológicos y 10 peines de laboratorio.
Laboral
Los objetivos que se propuso alcanzar este subsector durante 1986 fueron: impartir justicia en materia laboral, promover el empleo, la capacitación y la seguridad e higiene en los centros laborales, así como proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
En el tomo sectorial de la cuenta pública se informa que los resultados obtenidos en el programa "impartición de justicia y vigilancia de la legislación laboral" fueron satisfactorios, pues, de los 29 mil 182 expedientes en trámite registrados al inicio de esta administración, sólo quedaron pendientes 11 mil 505.
Dentro del mismo programa, la labor conciliatoria permitió que, de 11 mil 522 emplazamientos a huelga recibidos, sólo se registraran 312 estallamientos. En los asuntos de demandas de conflictos individuales, se conciliaron 22 mil 468 juicios, de los cuales se concluyeron 19 mil 636. En materia de conciliación de conflictos obrero-patronales se atendieron 2 mil 696 casos, de los cuales se resolvieron por convenio conciliatorio 1 mil 128, en beneficio de más de un millón de trabajadores: de estos casos estallaron 125 huelgas.
En el programa "empleo y organización social para el trabajo", durante 1986 se atendieron 176 mil 044 solicitudes de empleo, se captaron 157 mil 276 vacantes y se canalizaron 119 mil 600 personas a puestos de trabajo; además, el servicio nacional de empleo extendió su cobertura en la República con la incorporación de 14 nuevas oficinas.
En lo que respecta a becas de capacitación para trabajadores desempleados, en el tomo correspondiente de la Cuenta Pública Federal se informa que se benefició a 19 mil 384 personas mediante la impartición de 750 cursos, que abarcaron desde la educación primaria hasta la capacitación técnica especializada, así como otras materias que facilitan el autoempleo. En el Programa Nacional de Capacitación y Productividad, se integraron 13 mil comisiones mixtas de capacitación, se registraron 16 mil 332 planes de programas, que incluyen cursos para un millón 177 mil trabajadores, y se otorgaron 140 mil 728 constancias de habilidad laboral.
Dentro de las acciones orientadas a la protección del salario, se efectuaron 226 estudios de cooperación técnica sindical, se elaboraron 50 documentos socieconómicos del sector social, se prestaron 1 mil 320 asesorías en materia de participación de utilidades y 4 mil 089 en atención de diversos problemas de trabajadores, se concluyeron 3 mil 950 proyectos de construcción de casas para habitación obrera y se realizaron 56 acciones para fomentar las sociedades cooperativas en el ámbito sindical.
Además, se autorizaron 239 mil 450 créditos diversos, tanto en el Distrito Federal, como en el interior de la República, por un monto de 27 mil 539 millones de pesos.
2. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
Secretaría de Educación Públicas
Esta dependencia ejerció un gasto programático de 2 mil 112.7 miles de millones de pesos, que representó un incremento de 36.2% respecto al autorizado originalmente. Esta discrepancia obedeció
principalmente a los incrementos salariales autorizados durante el año, a una inflación mayor que la esperada y a la creación de plazas para atender servicios educativos.
Es importante señalar que, del gasto total de la Secretaría, 1,367.9 miles de millones de pesos correspondieron a gasto directo y 744.8 miles de millones de pesos a transferencias, de las cuales el 84.3% se destinó a gastos corriente y 15.7% a erogaciones de capital.
El presupuesto ejercido por la dependencia se destinó a 18 programas, de los cuales destacaron por su participación en el gasto los siguientes:
"Integración de la educación básica" (39.5%), "reorientación del sistema de educación universitaria" (16.0%) e "impulso al sistema de educación tecnológica" (16.0%). Estos tres programas absorbieron el 71.5% del total erogado.
El programa "integración de la educación básica" está compuesto de 19 acciones, en 15 de las cuales se alcanzaron las metas programadas. En las cuatro restantes no se lograron las metas debido en gran parte el incremento que registraron los costos de operación y a la deserción en el medio rural.
Esto último se explica principalmente por la migración de la población entre localidades rurales y ya hacia las ciudades.
Por lo que respecta al programa "reorientación del sistema de educación universitaria", se alcanzaron o rebasaron siete de las metas programadas, entre ellas las relacionadas con la inscripción en la UNAM y en las preparatorias federales por cooperación, y no se alcanzaron totalmente las correspondientes a atención de alumnos de educación media superior y superior en el colegio de bachilleres y en la SEP.
La insuficiencia en el cumplimiento de las metas se debió al incremento de la deserción escolar, que se atribuye a factores socioeconómicos de los alumnos.
De la nueve metas previstas en el programa "impulso al sistema educación tecnológica", no se alcanzaron tres. El incumplimiento de las metas se explica principalmente por el incremento de la deserción escolar, por la deficiente orientación vocacional y por la falta de terrenos en el Distrito Federal para la construcción de espacios educativos.
Secretaría de Salud
Esta dependencia ejerció un gasto de 308.8 miles de millones de pesos, superior en 32.8% al autorizado originalmente y en 82.2% al ejercido en 1985. Esta variación obedeció principalmente a los incrementos salariales y a que los gastos por adquisición y arrendamientos de vehículos y equipo de transporte terrestre fueron mayores que los presupuestados. Del monto total ejercido por la Secretaría, 247.0 miles de millones de pesos correspondieron a gasto directo y 61.8 miles de millones de pesos a transferencias, de las cuales el 94.3% se destinó a gasto corriente y el 5.7% a gasto de capital. La Secretaría asignó sus recursos a 11 programas, de los cuales sobresalieron los siguientes: "atención curativa" (39.6%); "administración de la salud" (28.6%) y "atención preventiva" (14.3%). Estos tres programas concentraron el 82.5% del gasto total ejercido.
De las metas que comprendía el programa "atención curativa", 21 se cumplieron o se rebasaron; las restantes no se alcanzaron debido principalmente a que la capacidad perdida por los sismos de 1985 no se recuperó totalmente durante 1986.
El programa "atención preventiva" consta de 11 acciones, en ocho de las cuales se rebasaron las metas programadas; destacan en este aspecto las acciones relativas a vacunación de humanos y otorgamiento de consultas de prevención y de control.
En cuanto a las tres acciones restantes (consultas de detección, mensajes de orientación y análisis y raciones alimenticias), las metas no se cumplieron porque se terminó el convenio con el programa mundial de alimentación y por la rotación y reubicación de personal.
La Secretaría de Salud, para mejorar los servicios de salud, incrementó en 3 mil 020 las plazas del primer y segundo niveles de atención, autorizó el cambio de adscripción a 1 mil 555 trabajadores, e incrementó el personal de mandos de 190 a 441 puestos.
Además, se descentralizaron los servicios de salud en dos estados, más, con lo cual sumaron 12 las entidades federativas en las cuales se habían llevado a cabo este proceso hasta 1986.
Por último, se publico la Ley de Asistencia Social, en la que se otorgaron al DIF facultades para coordinar el subsector Asistencia Social. En 1986, el DIF ejerció recursos por 47 miles de millones de pesos, mayores en 30.0% que los presupuestados originalmente.
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Este organismo registró un gasto de 1 mil 557.2 miles de millones de pesos, cantidad superior en 19.3% a la presupuestada originalmente. El incremento se debió principalmente a los aumentos salariales que se otorgaron en 1986, a los efectos de la inflación y a aumentos superiores a los previstos en los servicios de comunicaciones, energía eléctrica, gastos de traslado y estancia de empleados y derechohabientes.
Los recursos ejercidos por el IMSS se concentraron principalmente en los programas "Atención Curativa" (47.7%) y "Prestaciones Económicas (28.2%), que absorbieron el 75.9% del gasto total.
El programa "Atención Curativa" comprendía 27 acciones, en 24 de las cuales se cumplieron o rebasaron las metas programadas; en el resto de las acciones el cumplimiento fue insuficiente, debido fundamentalmente a que han disminuido los padecimientos que requieren de consulta, como resultado de los programas de medicina preventiva y de la aplicación del programa de Cirugía Ambulatoria y Puerperio de Bajo Riesgo, que tiende a reducir la hospitalización.
En cuanto el programa "Prestaciones Económicas", se cumplieron las metas programadas originalmente.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
El ISSSTE ejerció un gasto de 410.1 miles de millones de pesos, monto superior en 28.0% al presupuesto original. Esta variación se debió, entre otros factores, a los incrementos salariales de emergencia, a la contratación de personal para apoyar la desconcentración de las áreas de servicios y para atender a la población derechohabiente en su lugar de residencia, a la homologación de sueldos del personal médico y paramédico, al aumento en los precios de los medicamentos y a una inflación superior a la esperada.
Los recursos del instituto se distribuyeron en 16 programas, de los cuales destacaron por su gasto los programas "Atención Curativa" (38.7%), "Prestaciones Económicas" (27.8%), y "Financiamiento de Módulos Sociales" (10.1%), a los que se canalizó el 76.6% de la erogación total.
El Programa "Atención Curativa" consta de seis acciones, en dos de las cuales se alcanzaron o superaron las metas programadas. En el resto no se alcanzaron las metas por la pérdida de capacidad física instalada provocada por los sismos de 1985 y por haber disminuido las necesidades de hospitalización, como resultado de las acciones de cirugía externa ambulatoria y puerperio de corta estancia.
De las cuatro acciones que comprende el programa "Prestaciones Económicas", en tres se rebasaron las metas; el incumplimiento en la restante se debió a que fue insuficiente la infraestructura de la unidad responsable.
Secretaría del Trabajo y Prevención Social
El presupuesto programático ejercido por esta Secretaría fue de 27.9 miles de millones de pesos, superior en 18.7% a la asignación original. La variación se debió básicamente a los aumentos salariales otorgados durante el año, ya que los recursos correspondientes no estaban previstos en el ramo de erogaciones no sectoriales.
Del gasto total ejercido por la Secretaría, 23.0 miles de millones de pesos correspondieron a gastos directo y 4.9 miles de millones de pesos a transferencias de las cuales el 55.1% se destinó a gastos corrientes y el 44.9% a gasto de capital.
El presupuesto ejercido por la dependencia se distribuyó en nueve programas, de los cuales destacaron "Administración y Apoyo Técnico" (35.5%), "Impartición de Justicia y Vigilancia de la Legislación Laboral" (21.9%) y "Bienestar de los Trabajadores y sus Familias" (11.8%). Estos tres programas absorbieron el 69.2% del gasto total.
En el programa "Administración y Apoyo técnico" se cumplieron o rebasaron 26 de las 30 metas programadas originalmente; las cuatro restantes no se cumplieron en su totalidad debido a las medidas de austeridad y racionalidad adoptadas en el ejercicio del gasto, el incremento de los costos de producción y problemas laborales.
De las 14 metas programadas originalmente en el programa "Impartición de Justicia y Vigilancia de la Legislación Laboral", 11 se cumplieron o se superaron. En el resto se registraron desviaciones como consecuencia de que algunas metas están sujetas a la demanda externa y a la asignación de personal a otras áreas.
En cuanto al programa "Bienestar de los Trabajadores y sus Familias", todas sus metas originales se cumplieron satisfactoriamente.
SECTOR DESARROLLO SOCIAL
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GASTOS PROGRAMÁTICOS DEL SECTOR DESARROLLO SOCIAL
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III. E. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
I. Resultados generales
El sector comunicaciones y transportes está integrado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por siete entidades sujetas a control presupuestal (Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; Ferrocarriles Nacionales de México; Aeropuertos y Servicios Auxiliares; Aeronaves de México, S.A.; Ferrocarril del Pacífico, S.A. de C. V.; Ferrocarril de Chihuahua al Pacífico, S.A. de C.V., y Ferrocarril Sonora- Baja California, S.A. de C.V.) y por diversas entidades que no se incluyen en el presupuesto, entre las que sobresalen Teléfonos de México, S.A. de C.V., y Servicio de Transbordadores.
El gasto programable ejercido por el sector comunicaciones y transportes en 1986 ascendió 1 mil 479.0 miles de millones de pesos, cifra que representa el 8.5% de gasto programable del sector público y que es superior en 60.1% a la ejercida en 1985.
Según consta en el tomo correspondiente de la cuenta pública, durante 1986 el Sector Comunicaciones y Transportes se propuso promover la reordenación territorial de la actividad económica, facilitar el comercio con el exterior, apoyar las actividades turísticas y ampliar la cobertura de las comunicaciones para avanzar en el proceso de integración nacional.
Los principales programas del sector para 1986 fueron: "Administración de Transporte Ferroviario", "Conservación y Reconstrucción de Carreteras", "Servicio Postal" e "Infraestructura Telefónica".
Subsector carretero
En cuanto a la construcción de carreteras troncales, los esfuerzos se concentraron en los proyectos que tuvieran mayor grado de avance y que formaran parte de ejes transversales estratégicos. En este sentido, se continuó la construcción de 37 enlaces carreteros, en los que se obtuvo un avance total de 303 kilómetros, cifra superior en 38.0% a la programada originalmente; entre las obras realizadas sobresalen las de las carreteras: Fronteriza del Sur, Chihuahua- Culiacán y Teotitlán- Tuxtepec, así como el puente "La Misión", en Baja California, que entró en servicio en 1986. Para concluir las obras de modernización y ampliación en proceso y poner en operación tramos pequeños que rindieran beneficios de inmediato, se ejecutaron trabajos en 556 kilómetros, cifra superior en 63.0% a la prevista originalmente; dentro de las obras ejecutadas destacan los tramos de las carreteras troncales de Guadalajara- Colima- Manzanillo, Coatzacoalcos- Villahermosa, Empalme- Hermosillo- Nogales, Acapulco- Iguala, Querétaro- San Luis Potosí, Matamoros- Reynosa y Monterrey- Nuevo Laredo, entre otras.
Respecto a la construcción y reconstrucción de caminos rurales, se efectuaron trabajos en 7 mil 780 kilómetros, comprendidos en 336 obras. De esta manera, se siguieron apoyando los programas regionales de empleo e impulsando el desarrollo económico y social del medio rural.
En la red troncal federal se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento en 39 mil 250 kilómetros, con lo cual se cumplió plenamente la meta programada. En las carreteras alimentadoras se ejecutó este tipo de trabajos en 8 mil 313 kilómetros que representan el 17.2% de la meta original; no obstante, en la cuenta pública se informa que dicha meta se modificó de 45 mil 350 kilómetros a 8 mil 595 kilómetros.
Al respecto, en la reunión de análisis del sector que realizó esta Comisión, los servidores públicos de la SCT explicaron que dicha modificación obedeció a que las acciones del sector se complementarían con las que realizaran las entidades federativas, así como a la necesidad de dar prioridad a los tramos en donde el desgaste y las corrientes de tránsito fueran mayores y tuvieran más importancia económica y social. En suma, se buscó optimizar el uso de los recursos disponibles.
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos proporcionó servicio a 91.6 millones de vehículos en carreteras, superiores en 6.5% a la meta original y a 55.7 millones de vehículos y 121 millones de peatones en puentes, cifras que significaron el 97.7% y el 110.0% de lo programado, respectivamente.
Asimismo, efectuó obras para modernizar y ampliar a cuatro carriles las carreteras Querétaro- Irapuato y Puebla- Esperanza; continuó la construcción del puente "Tampico" y de los accesos del "Puente Internacional de Reynosa"; dio mantenimiento a 1 mil 440 kilómetros de carreteras de cuota, incluyendo 34 puentes a su cargo; e inició la construcción de la barrera central de concreto en la autopista México- Cuernavaca.
Es importante destacar que en el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda se señala que en el mejoramiento de carreteras alimentadoras se alcanzó una eficiencia de 100.6% en el ejercicio de los recursos y una eficacia de 96.7% en el
cumplimiento de las metas, mientras que en la conservación y mantenimiento de caminos rurales se logró una eficiencia de 101.6% y una eficacia de 100.0%.
Subsector ferroviario
Los principales programas del Subsector Ferroviario en 1986 fueron los siguientes:
"Construcción y modernización de la red férrea"
"Conservación y rehabilitación de la infraestructura ferroviaria"
"Fuerza tractiva y equipo de arrastre"
"Servicio de transporte ferroviario"
Las principales obras de infraestructura de las empresas ferrocarrileras fueron las siguientes: se realizaron obras de drenaje, puentes y pasos a desnivel, viaducto y tendido de vía en la ruta México- Veracruz; se construyeron 14 kilómetros de vía doble en el tramo Los Reyes- Paso del Macho; en el tramo Guadalajara- Encarnación se construyeron 30 kilómetros de terracería, un puente y un viaducto; en la ruta México- Querétaro se construyeron 40 kilómetros de vía doble, para alcanzar 230 kilómetros totalmente terminados y 14 kilómetros de terracería, con lo cual se cumplió en 100.0% la meta original.
Mediante la ejecución del programa "tráfico" el subsector transportó 66.5 millones de toneladas de carga, equivalentes al 83.9% de la meta original, y 23.6 millones de pasajeros, inferiores en 1.0% a lo programado originalmente.
El incumplimiento de la primera meta se explica principalmente por la reducción de la demanda de los servicios de transporte ferrocarrilero, ocasionada por la contracción de la actividad económica en 1986, sobre todo en lo que se refiere a la producción industrial.
En cuanto a los trabajos de mantenimiento del equipo de arrastre, se ensamblaron 19 de las 20 locomotoras adquiridas en 1985, y se efectuaron 445 reparaciones generales, 1 mil 331 medianas y 18 mil 008 ligeras, lo que significó el 78.6%, el 63.0% y el 105.6% de lo programado, respectivamente.
En lo que concierne al equipo de carga, se realizaron 657 reparaciones generales (el 50.0% de lo programado), 3 mil 441 medianas (el 81.0% de lo previsto), 93,516 ligeras (36.0% más que lo previsto) y 96 pesadas (60.0% más que la meta original).
Con relación al equipo de pasajeros, se efectuaron 233 reparaciones generales, 574 medianas y 37 mil 500 ligeras, cifras que, comparadas con las metas originales, representan el 98.0%, el 65.0% y el 159.0%, respectivamente.
Por otra parte, se logró un avance importante en la integración de las empresas del subsector con la promulgación del decreto del 7 de noviembre de 1986, mediante el cual se busca mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos y en la prestación del servicio. Además, se inició el programa de saneamiento financiero del sector, con la asunción del 40% de los pasivos de las empresas que estuvo sujeta a compromisos concretos de productividad por parte de éstas.
En su informe previo, la Contaduría Mayor de Hacienda señala que en términos generales, en el subprograma de vías se cumplieron las metas previstas en el PEF.
Subsector marítimo- portuario
En lo que se refiere a puertos industriales, el subsector realizó obras de construcción, entre las cuales sobresalieron las siguientes: en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se tendió el drenaje industrial; en el Parque Industrial de Altamira, Tamaulipas, se complementaron los trabajos de urbanización y se realizaron obras de electrificación; en el Parque de Guaymas, Sonora, se terminó la línea de conducción de agua potable y se instaló la de energía eléctrica y en Mazatlán, Sinaloa, se construyeron 200 metros de alcantarillado industrial y se completó la segunda etapa de la red de distribución de energía eléctrica. En todos estos casos se alcanzaron las metas programadas.
Mediante la ejecución del programa "puertos comerciales", se construyeron 180 metros del muelle de carga general en Manzanillo, Colima, cifra superior a la meta original en 28.6%; en Ensenada, Baja California, se construyeron 56 metros de rompeolas, con lo cual se cumplió la meta programada; en Puerto Morelos se reconstruyeron 1 mil 482 metros cuadrados del muelle de transbordadores; y en los patios de Guaymas se renivelaron 100 mil metros cuadrados de base y sub- base de acuerdo con lo programado.
Por otra parte, se realizaron obras de ampliación en nueve terminales del servicio de transbordadores y se dragaron 8.3 millones de metros cúbicos (el 75.0% de lo programado), actividad en la cual sobresalieron los trabajos realizados en Tampico, Tamaulipas.
Subsector aéreo
Los propósitos primordiales para 1986 consistieron en avanzar en las acciones encaminadas a
completar la red aeroportuaria y a eliminar los cuellos de botella, a fin de mejorar el servicio.
Los principales programas del subsector aéreo en ese año fueron los siguientes:
"Servicio del transporte aéreo"
"Equipo de vuelo"
"Operación aeroportuaria"
"Conservación de la infraestructura aeroportuaria"
En materia de infraestructura, se continuaron las obras de remodelación y ampliación de edificios terminales en los aeropuertos de Cancún, Durango y Ciudad Victoria; se terminaron las obras correspondientes a la primera etapa de los aeropuertos de Aguascalientes, Morelia y San Luis Potosí; y se alcanzaron avances importantes en las de los aeropuertos de Puebla, Colima y Huatulco; se terminó de construir y entró en operación el de Puerto Escondido; se reconstruyeron y modernizaron las pistas y plataformas de Piedras Negras, Coahuila; y se continuaron las obras en los aeropuertos de Ixtepec, Santa Rosalía y Tepic.
En la transportación de pasajeros, las líneas aéreas nacionales trasladaron a 13.9 millones de personas (el 83.2% de la meta original), de las cuales 10.4 millones fueron nacionales y 3.5 millones extranjeros; la variación de 16.8% se explica por la reducción de la demanda, derivada de la contracción de la actividad económica.
Por su parte, Aeropuertos y Servicios Auxiliares atendió 990 mil operaciones aeronáuticas y proporcionó servicio a 34.6 millones de pasajeros, cifras que representan el 99.6% y el 91.8% de lo programado respectivamente. Cabe destacar que en 1986 la red aeroportuaria administrada por dicho organismo, se extendió a los aeropuertos de Isla Mujeres, Querétaro y Tlaxcala.
Subsector comunicaciones
En telecomunicaciones se avanzó en materia de infraestructura, con la construcción de las obras necesarias para instalar la estación terrena Hermosillo I, en el estado de Sonora, y con la instalación de una estación de servicio internacional en Ixtapalapa - Contel.
Por otra parte, se dio mantenimiento y atención a 345 estaciones de microondas, a 132 centrales de corrientes portadoras y a 201 estaciones terrenas; y se proporcionó conservación y mantenimiento a 16 estaciones radiomarítimas, a 22 mil líneas en 59 centrales de telex y a 986 puertos en 22 centrales de la red de transmisión de datos.
En el servicio telegráfico, por cuya modernización se creó el organismo descentralizado Telégrafos Nacionales, se construyeron 3 mil 200 metros cuadrados de los 4 mil 500 programados (70.0%) del edificio técnico operativo, así como 20 de los 70 locales para albergar oficinas telegráficas; se remodelaron 331 administraciones y 14 de las 34 unidades administrativas programadas; se adquirieron tres centrales automáticas para conmutación de telegramas; 11 equipos telefónicos multilineales y 69 equipos monocanales; y se dio mantenimiento a 22 mil 347 kilómetros de líneas físicas y a 828 oficinas telegráficas.
Por otro lado, se creó el organismo descentralizado Servicio Postal Mexicano, que cuenta con una estructura más moderna y eficiente para la operación de dicho servicio. Asimismo, se amplió su cobertura y se apoyó la desconcentración administrativa, mediante la creación de 31 gerencias estatales; se realizaron cuatro proyectos relativos a la modernización y mejoramiento de la infraestructura postal; se operó en 1 mil 402 administraciones, 265 sucursales y 4 mil 456 agencias; se adquirieron 10 vehículos mayores y 141 menores; se instalaron 31 administraciones y 60 agencias postales; y se inició la construcción de dos centros postales de clasificación automática.
En cuanto al servicio telefónico, se continuaron los trabajos de reparación de las redes dañadas por los sismos de septiembre de 1985; se amplió el sistema en 410 mil aparatos, para que el número de teléfonos aumentara a 7.7. millones; se construyeron 2.2 millones de kilómetros de circuito de larga distancia de la red de microondas, con lo cual quedó integrada por 31.5 millones de kilómetros; se construyeron 334 mil 726 líneas en centrales de conmutación; y se instalaron 38 mil 682 entradas en centrales de larga distancia.
En materia de telefonía rural, se incorporó al servicio a 214 poblaciones, por lo que al final del año sumaban 5 mil 690 las integradas al sistema telefónico.
2. Análisis presupuestal y programático
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
En 1986, la SCT ejerció un presupuesto programático de 605.2 miles de millones de pesos, superior en 16.1% al previsto originalmente.
Esta variación se explica principalmente por los aumentos en los costos de operación de los programas de mantenimiento, modernización y ampliación de la infraestructura, que superaron a los previstos, así como por los incrementos salariales autorizados durante el año.
Empresa coordinadas por la SCT
Aeronaves de México, S.A. (Aeroméxico)
Esta entidad ejerció un gasto de 293.9 miles de millones de pesos, superior en 24.1% al presupuesto autorizado. Esta desviación se explica principalmente por los aumentos salariales de emergencia otorgados en los meses de junio y octubre, por el incremento en el costo del combustible, por el deslizamiento del peso frente al dólar y por el aumento en el costo de arrendamiento del equipo de vuelo. Los recursos ejercidos se destinaron a la ejecución de cuatro programas, entre los que destacan "servicio de transporte aéreo", con el 67.6% del gasto total, y "equipo de vuelo", con el 15.7%.
Los programas ejecutados por la entidad comprendieron nueve metas, de las cuales cuatro se cumplieron o se rebasaron, mientras que el resto fueron modificadas, debido a la necesidad de conservar los aviones en tierra por un tiempo mayor que el previsto inicialmente para darles mantenimiento y de ajustar las metas a la disminución de la demanda ocasionada por la contracción de la economía.
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)
Esta entidad ejerció un gasto de 44.5 miles de millones de pesos, superior en 35.7% a la previsión original; esta variación se explica principalmente por el incremento en los precios de las obras contratadas, por los aumentos salariales autorizados en el año, por las mejoras a las prestaciones contractuales del personal y por las alzas que registraron los materiales de consumo.
Los recursos ejercidos se destinaron a la ejecución de cuatro programas, entre los que destacan "operación aeroportuaria", con el 32.7% del gasto total, y "conservación de infraestructura aeroportuaria", con el 26.5%. Estos dos programas absorbieron en conjunto el 59.2% del gasto de la entidad.
Empresas ferroviarias
El subsector ferroviario comprende tres entidades (además de Ferronales, que se analiza más adelante), las cuales ejercieron en conjunto un presupuesto de 94.5 miles de millones de pesos, inferior en 9.1% al autorizado originalmente.
Esta desviación obedeció principalmente a que gran parte de los materiales y refacciones de importación no fue recibida, al menor consumo de diesel, a la cancelación de nuevos proyectos de inversión y a la disminución en la demanda de los servicios provocada por la contracción de la actividad económica.
Los recursos ejercidos por las empresas ferrocarrileras se destinaron a la ejecución de los programas "servicios de transporte ferroviario" (27.9%), "fuerza tractiva y equipo de arrastre" (25.8%) y "conservación y rehabilitación de la infraestructura ferroviaria" (25.1%), en los cuales se ejerció en conjunto el 78.8% del presupuesto total.
El programa "servicios de transporte ferroviario" incluyó 10 metas, de las cuales dos se cumplieron totalmente y en el resto se obtuvieron avances del 74.0% al 97.0%. Los incumplimientos observados se debieron a la considerable contracción que registró la demanda de transportación de gas licuado de importación y de productos forestales, en este último caso por la regulación de la explotación de los bosques en el estado de Chihuahua. A ello contribuyó también el incremento global de 125.0% aplicado a las tarifas, que propició que los clientes más importantes redujeran sus programas de movilización, en virtud de que, al acortarse el diferencial en relación con las tarifas del autotransporte, el servicio perdió competitividad.
En el programa "fuerza tractiva y equipo de arrastre", la meta de adquisición de locomotoras nuevas fue superada en 33.0% pero la de conservación de locomotoras no se cumplió en 3.0% en virtud de que las unidades consideradas no estaban internadas en el taller para reparaciones mayores; la meta que consistía en proporcionar mantenimiento a 173 coches de pasajeros, se logró en 90.0% (156 unidades), debido a que se dio de baja equipo obsoleto y en muy malas condiciones; y a la de adquisición de maquinaria y herramienta se alcanzó en 88.0% a causa de que se retrasó la entrega de máquinas por parte de los proveedores.
Por último, en el programa "conservación y rehabilitación de la infraestructura ferroviaria", sólo se cumplió el 42.6% de las metas establecidas, debido a que los costos superaron a las asignaciones presupuestales, a una inflación mayor que la esperada, al deslizamiento del peso frente al dólar y al retraso en la entrega de insumos por parte de los proveedores.
Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales)
Conforme al convenio de modernización y saneamiento financiero firmado en 1986 por la empresa con el gobierno federal, en este año se inició el cambio estructural del Sistema Ferroviario Nacional mediante el mejoramiento sustancial de la infraestructura, la modernización administrativa y operativa de las empresas del subsector, el avance en su autosuficiencia financiera y la capacitación del personal.
En 1986, el organismo ejerció un gasto de 392.8 miles de millones de pesos, superior a la asignación original en 10.0% debido básicamente a que en el presupuesto original no se consideró el pago de pensiones a jubilados, a los incrementos salariales otorgados durante el año y a los aumentos en los precios de combustibles y lubricantes.
Estos recursos se ejercieron en ocho programas, entre los que destacan por su participación "fuerza tractiva y equipo de arrastre (33.6% del total), "servicios de transporte ferroviario" (30.5%) y "conservación y rehabilitación de la infraestructura ferroviaria" (18.3%), que en conjunto absorbieron 82.4% del gasto ejercido. Del total erogado en estos programas, el 58.2% (es decir, el 48.0% del gasto total ejercido por la entidad) se destinó a los subprogramas "conservación y adquisición de locomotoras", "operación de servicio de carga" y "conservación y rehabilitación de vías".
En los subprogramas de referencia, las metas se alcanzaron en una proporción aceptable: la que consistía en elevar el coeficiente de disponibilidad de equipo tractivo se logró en 93.0%, las de armado y reparación de locomotoras en 95.0% y 98.0%, respectivamente; la de colocación de juegos de madera para cambio de 92.0%; la de rehabilitación de vías con riel nuevo y durmientes de concreto en 92.0%; y la de movilización de carga en 87.0%.
Cabe destacar, por un lado, que en algunos casos se rebasaron las metas programadas originalmente, como las relativas al cambio de durmientes de madera y a la aplicación de balastro, que fueron superadas en 10.0% y 51.0%, respectivamente; y por el otro, que se realizaron acciones que no estaban previstas en el presupuesto original.
Por otra parte, se observaron algunas desviaciones importantes en relación con las metas programadas, debido a la disminución de la demanda, originada por la contracción de la actividad económica; a los incrementos en las tarifas y en los costos de materiales y suministros, como el diesel; a una paridad cambiaria mayor que la esperada y a los problemas de Concarril para adquirir bienes de procedencia extranjera.
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CPFISC) Esta entidad erogó un gasto de 48.0 miles de millones de pesos, superior a la asignación original en 17.0%. Esta desviación se explica por el incremento en los costos de servicios personales, materiales y suministros, así como por los incrementos salariales otorgados durante el año.
Los recursos ejercidos se destinaron a la ejecución de los programas "carreteras troncales" (87.1%) y conservación y reconstrucción de carreteras" (12.9%).
Dichos programas incluyeron 15 metas, de las cuales 13 se cumplieron o se rebasaron. Las metas de producción de pinturas y emulsiones no se alcanzaron debido a la contracción de la demanda de dichos productos, lo cual ocasionó que se cancelara la construcción de la nueva planta industrial en Tlaxcala y que no se realizaran las compras de materias primas programadas.
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I. Resultados generales
El sector comercio está compuesto por la Secofi, Conasupo y las filiales de esta última, entre las cuales destacan: leche industrializada Conasupo, S.A. (Liconsa), distribuidora Conasupo, S.A. (Diconsa) industrias (Iconsa), y maíz industrializado Conasupo, S.A. (Miconsa).
En 1986, el sector comercio ejerció un gasto total de 1,062.3 miles de millones de pesos, superior en 49.7% al correspondiente a 1985. Del total, la Secofi ejerció 32.7 miles de millones de pesos y Conasupo 963.8 miles de millones de pesos.
Aunque el gasto ejercido se redujo en términos reales, el sector aseguró el abasto nacional de granos básicos y sólo recurrió en forma complementaria a las importaciones. Además, se siguió promoviendo la participación de los sectores social y privado en la comercialización de productos básicos.
De los programas a cargo del sector destacan: "fomento al comercio exterior", "racionalización de los mecanismos de protección" "regulación de la inversión extranjera directa" y "promoción a la industria".
En relación con las actividades de Conasupo, debe destacarse que esta empresa orientó sus acciones a fortalecer su función reguladora respecto de su papel de abastecedora de productos básicos.
En 1986, a raíz de la firma del convenio de asunción de pasivos se iniciaron cambios estructurales en la empresa, entre los que destacan: concentrarse en las compras de granos básicos, racionalizar los subsidios a la leche, a la tortilla y al pan blanco, y disminuir los gastos de operación.
Las funciones de regulación se realizan mediante la venta de productos, la concertación con los particulares y la constitución de la reserva estratégica.
Conasupo se retira de la comercialización de productos como cebada, canela, y cebo para concentrarse en otros, como maíz, trigo, arroz y sorgo.
Durante 1986 se reubicaron las tiendas Conasupo para dar servicio a las zonas más deprimidas y marginales.
Las compras de productos básicos realizadas por Conasupo ascendieron a un total de 7.8 millones de toneladas, de las cuales 5.5. millones de toneladas correspondieron a productos nacionales (70.5%) y 2.3. a importaciones (29.5%); destaca en este último aspecto la disminución de 47.7% respecto a 1985. El volumen de las ventas totales del organismo en el año fue superior a 7.4 millones de toneladas.
Por otro lado, industrias Conasupo, S.A. (Iconsa), benefició a 22 millones de personas con la producción y comercialización de aceites y mantecas, a 6.1 millones con las de pastas para sopa y a 3.5 millones de personas con la de galletas de consumo popular. Además, produjo 468 toneladas de alimentos balanceados en apoyo de la producción pecuaria.
Para abastecerse de las materias primas agrícolas necesarias para su producción industrial, Iconsa realizó el 80% de sus compras en el mercado nacional (el 57.0% en forma directa y el 23.0% por conducto de Conasupo); el 20.0% restante consistió en importaciones.
Distribuidora Conasupo, S.A. (Diconsa), realizó ventas por un monto de 456.3 miles de millones de pesos, de los cuales el 72.0% correspondió a zonas urbanas y el resto al sector rural, su participación en el mercado nacional de alimentos básicos se estimó superior al 17.0%. Por su parte, Impulsora del Pequeño Comercio S.A. (Impecsa), atendió a 123.4 miles de clientes. Con estas acciones, la población beneficiada obtuvo un ahorro en sus compras de aproximadamente 95 mil millones de pesos. Asimismo, en el tomo correspondiente de la cuenta pública se informa que se atendió la regulación del mercado de productos básicos, de preferencia en zonas urbanas marginadas y en áreas rurales que son insuficientemente atendidas por el comercio privado.
Leche Industrializada Conasupo S.A. (Liconsa), produjo y comercializó 1,384 millones de litros de lácteos en distintas presentaciones, en beneficio de más de 1 millón 167 mil familias, y distribuyó leche en polvo y concentrada para beneficiar a más de 3 millones 600 mil personas. Adicionalmente, a través de sus lecherías distribuyó productos básicos a precios inferiores a los del mercado, por un monto del orden de 14 mil millones de pesos. Destaca también la compra de leche bronca a pequeños y medianos productores que representó una derrama económica de aproximadamente 30 mil millones de pesos.
Maíz Industrializado Conasupo, S.A. (Miconsa), logró la producción y la comercialización de 437.6 mil toneladas de harina de maíz y de 793 toneladas de tortilla, favoreciendo a más de 12 millones de personas. La producción de harina obtenida en 1986 permitió que el sector participara en el mercado con el 36.0%.
Por lo que respecta al programa "fomento del comercio exterior", en el tomo sectorial de la cuenta pública se reporta que una de las acciones más relevantes en el ejercicio de 1986 fue la firma de la adhesión de México al Acuerdo General de
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que se protocolizó el 17 de julio de 1986.
Ante el deterioro del mercado mundial, cobró relevancia la instrumentación de la política de fomento a las exportaciones no petroleras, que generaron divisas por 9 mil 500 millones de dólares, cifra superior en 34.0% a la del año anterior.
Con el propósito de mantener la política de racionalización de la protección a la industria nacional, a fin de defender la planta productiva, y del empleo, fomentar la sustitución de importaciones e impulsar las exportaciones, se aplicaron medidas de desgravación arancelaria graduales. Como resultado, para diciembre de 1986 se había liberado del permiso previo de importación a 7 mil 568 fracciones que representan el 92.2% de la tarifa y cubren el 72.0% del valor total de las importaciones.
Otra acción significativa en materia de aranceles se refiere al régimen de permiso previo de importación, que sólo se mantuvo para 638 fracciones de la TIGI, que fueron la vía por la cual se canalizó el 40.0% del valor de las importaciones.
En las franjas fronterizas y zonas libres se apoyó la operación y modernización de centros comerciales para facilitar la comercialización de productos nacionales, lo que ha permitido sustituir importaciones; a la fecha existen más de 50 grandes centros que generan aproximadamente 10 mil empleos. Asimismo, con la finalidad de garantizar el abasto de productos semibásicos, se incrementaron las cuotas globales de importación y, en el caso de productos de consumo básico, se autorizó una cuota abierta conforme a las necesidades de cada localidad.
II. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
El gasto programático ejercido por esta Secretaría fue del 146.1 miles de millones de pesos, cantidad superior en 68.7% a la asignación original.
Dicho incremento se debió fundamentalmente a los aumentos salariales otorgados durante el ejercicio, a las obligaciones adquiridas en el protocolo de adhesión de México al GATT, a la obtención de recursos adicionales por la incorporación al presupuesto de la Secretaría del correspondiente al desaparecido IMCE, a la creación de plazas para los servicios de fomento al comercio exterior, y a la reparación y adaptación de los inmuebles del sector que resultaron dañados por los sismos de 1985.
Del gasto total ejercido por la dependencia, 32.7 miles de millones de pesos correspondieron a gasto directo y 113.4 miles de millones de pesos a transferencias, de las cuales el 21.8% fue canalizado a gasto corriente y el 78.2% a gasto de capital.
Por lo que respecta al "programa regulación de la inversión extranjera directa", se autorizaron inversiones que contribuyeron a apoyar a la pequeña y mediana industrias, a la generación de divisas, a la incorporación de nuevas tecnologías, a la sustitución de importaciones y a la generación de empleos.
Esta estrategia permitió captar una inversión foránea de 2 mil 300 millones de dólares.
Entidades coordinadas por la Secofi
Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo)
Conasupo basó sus actividades programáticas en un programa que tuvo una erogación de 693.4 miles de millones de pesos, monto inferior en 7.9% al presupuesto original. Esta variación obedeció, entre otras causas, a la racionalización de las erogaciones operativas y administrativas, así como a la disminución del subsidio directo tanto en la industria harinera de trigo como en la de maíz.
El programa "abasto, regulación y comercialización de productos básicos y hortofrutícolas", influyó 22 metas. En general, Conasupo cumplió plenamente las metas establecidas, e incluso rebasó las de compras nacionales de granos básicos; además, no ejerció totalmente sus posibilidades de compra de bienes importados.
Se rebasaron las metas en las compras nacionales de maíz y trigo en las ventas de gramíneas y de oleaginosas, y en las importaciones de leche en polvo. Por otro lado, no se alcanzaron las metas relativas a las compras de importación de maíz, gramíneas y frijol. La meta de compras nacionales de este último producto se cumplió sólo en 81.0% debido a que hubo una mayor presencia de los industriales privados en el campo.
El papel de Conasupo en la regulación del mercado de básicos, asociado a un esfuerzo conjunto y coordinado de los sectores público, social y privado en apoyo del acopio, almacenamiento, transporte, industrialización y distribución de básicos, permitió mejorar la situación operativa del organismo; por otra parte, la asunción de pasivos que
llevó a cabo el gobierno federal, mejoró su situación financiera.
A preguntas explícitas de los diputados en la reunión de análisis de la cuenta pública de 1986, servidores públicos del sector manifestaron que Conasupo, continuando con los programas de racionalización de subsidios, eliminó gradualmente el apoyo de venta de maíz subsidiado a molineros y nixtamaleros, pero a la vez puso en marcha un sistema de distribución de tortilla a precio subsidiado, destinado a la población de escasos recursos económicos, con lo cual el subsidio se trasladó al consumidor final. Por último, también se racionalizaron las industrias harineras de maíz y trigo, la primera en forma gradual, y la segunda mediante una suspensión de subsidios que se inició en mayo de 1986.
Finalmente, consideramos conveniente mencionar que Conasupo recibió transferencias por 1,286.3 miles de millones de pesos, de los cuales 187.8 miles de millones se destinaron a operación, 33.5 miles de millones de pesos a pagos de intereses, 2.6 miles de millones de pesos a inversión física, 1.9 miles de millones a inversión financiera y 1,060.5 miles de millones de pesos a amortización de deuda.
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III. G. TURISMO
I. Resultados generales
En 1986, las acciones del sector turismo estuvieron orientadas fundamentalmente a promover la oferta y la demanda de los servicios turísticos, así como a la coordinación y racionalización del propio sector, con el fin de contribuir a la captación de divisas, a la generación de empleos y al desarrollo regional.
El sector ejerció un presupuesto de 28.2 miles de millones de pesos, mayor en 30% que el de 1985 y superior en sólo 3.3% al autorizado originalmente. Del monto total, la Secretaría de Turismo erogó 23.3% miles de millones de pesos (82.6%) y los organismos, empresas y fideicomisos 4.9 miles de millones de pesos (17.4%), gran parte de los cuales fueron ejercidos por el fondo nacional de fomento al turismo (3.3 miles de millones de pesos).
Los principales programas ejecutados en 1986 fueron: "promoción y fomento a la demanda y a las inversiones", "desarrollo y fomento de la oferta", "servicios de apoyo al usuario" y "conducción de la política turística".
Mediante el programa "promoción y fomento a las demanda y a las inversiones "se contribuyó a intensificar el flujo del turismo interno, que alcanzó un volumen de 21.6 millones de turistas, mayor en 3.0% que el registrado en 1985.
La afluencia del turismo receptivo se incremento en 10.0%, al aumentar de 4.2 millones de personas en 1985 a 4.6 millones en 1986, con lo cual se logró un repunte en el saldo de la balanza turística, que ascendió a 1,172 millones de dólares y registró una variación positiva de 11.4% respecto al año anterior.
Con objeto de dar a conocer los atractivos de nuestro país y consolidar las relaciones con la industria turística, el sector participó en 35 eventos en las principales ciudades del mundo, que representaron un incremento de 40.0% respecto a la meta original; coadyuvó en la preparación de 200 cápsulas turísticas que se difundieron en las transmisiones televisivas y radiofónicas del campeonato mundial de fútbol "México 1986", que obtuvo el mayor auditorio que se ha alcanzado en este tipo de eventos; y se organizaron 43 viajes de familiarización para 1 mil 805 personas, entre agentes de viajes y periodistas especializados del extranjero.
Mediante el "programa de desarrollo y fomento de la oferta", se otorgaron créditos por conducto del Fonatur, para construir 5 mil 118 cuartos y para remodelar 3 mil 969 habitaciones; se financiaron 427 espacios para campamentos de casas rodantes y la construcción y remodelación de balnearios orientados principalmente al turismo social; y en apoyo del nuevo centro turístico de Huatulco.
Fonatur construyó un hotel de 75 cuartos, que empezó a operar en diciembre de 1986, e inició la construcción de los hoteles Tangolunda, Veramar y Club Meditarraneé. Estas acciones generaron 19 mil 250 nuevos puestos de trabajo; 5 mil 500 empleos directos en la planta hotelera y 13 mil 750 empleos indirectos. Con la participación del fideicomiso para el turismo obrero (Fideto), y en coordinación con los principales organismos promotores del turismo social (como Turissste, Crea, IMSS y operadoras
de diversas entidades federativas), se integraron paquetes turísticos supereconómicos, que abarcan 350 opciones y 950 salidas grupales, con una cobertura geográfica de 532 destinos en 29 entidades federativas.
En el programa "servicios de apoyo al usuario", cuyo propósito principal es proporcionar servicios de protección, orientación y auxilio turístico, las radio- patrullas de auxilio "Ángeles Verdes" patrullaron 20.1 millones de kilómetros, prestaron 253 mil servicios y atendieron a 389 mil turistas; además, en las oficinas y módulos fijos se dio información y orientación a 78 mil turistas, con lo cual se superaron las previsiones.
Asimismo, por conducto de las delegaciones de turismo en los estados se otorgaron 5 mil 641 autorizaciones de tarifas, que representaron un incremento de 182.0% respecto a la estimación original, y se efectuaron 7 mil inspecciones a nivel estatal para verificar la correcta operación y clasificación de los prestadores de servicios.
A fin de contribuir al crecimiento y al fortalecimiento de la oferta turística, se llevaron a cabo diversas obras, entre las que destacan las siguientes. En Cancún se urbanizaron las 30 hectáreas que comprenden las supermanzanas 11, 15 y 15-A, se construyeron 9.85 kilómetros de canalización telefónica y de electrificación en Cancún II, y se terminó la planta de tratamiento de aguas negras Pok Ta Pok; en Ixtapa se remodelaron 1.61 hectáreas para transformar la casa promocional de Fonatur y el edificio de oficinas en centro comercial; el Fideicomiso Loreto, Baja California Sur, remodeló 0.8 hectáreas del centro del poblado y construyó 2 mil 500 metros cuadrados en el parador carretero; y el Fideicomiso san José del Cabo, Baja California Sur, construyó los 2 kilómetros que faltaron para terminar el bulevar urbano de cuatro carriles que cruza el poblado.
En el proyecto Loreto, Baja California Sur, se construyeron en Puerto Escondido los muelles de honor y de servicios, así como 2 mil 700 metros de muros perimetrales; además, dragaron los canales se conformaron playas y se prolongó el canal de desvió de aguas pluviales en otros 100 metros.
En Bahías de Huatulco se terminaron caminos de acceso con una longitud de 15 kilómetros, el colector pluvial subterraneo, la infraestructura del sistema de comunicación y la urbanización de 52 hectáreas de la zona turística y urbana de Santa Cruz y Chuhué.
Por último, en Zihuatanejo, Guerrero, se urbanizaron nueve hectáreas en la zona hotelera "La Madera" y en las colonias Darío Galeana y José María Morelos.
Dentro del programa "educación turística" se impartieron 230 cursos en 88 localidades, con la participación de 7 mil 600 empleados de hoteles y restaurantes, y se habilitó a más de 700 capacitadores en los estados, por lo que en lo futuro habrán de multiplicarse los efectos del programa.
Se suscribieron acuerdos de coordinación especial en materia turística con seis gobiernos estatales, con lo cual sumaron 23 los acuerdos de esta naturaleza y el sector fortaleció su participación en los Coplades.
Para una adecuada conducción de la política turística, se realizaron 10 informes de evaluación de la actividad sectorial y paraestatal, así como 12 informes estadísticos de la actividad turística que contenían indicadores de ocupación, número de visitantes extranjeros, movimiento de turistas nacionales, turistas- noche y estadías, entre otros aspectos.
Con la finalidad de promover un flujo mayor y constante de turistas nacionales y extranjeros, se realizan 12 estudios de mercado que permitieron una adecuada toma de decisiones en la programación sectorial.
En materia de regulación de los servicios turísticos, se otorgaron 3 mil 531 permisos para iniciar operaciones a prestadores de servicios de hospedaje, alimentos y bebidas, a agencias de viajes y a guías de turistas; y se autorizaron 3 mil 518 tarifas y se practicaron 3 mil 564 visitas de verificación para corroborar que la prestación de los servicios se realizara de acuerdo con la Ley Federativa de Turismo. En este aspecto se rebasó en 78.0% la meta original.
2. Análisis programativo y presupuestal.
El gasto programático del sector turismo fue de 28.2 miles de millones de pesos, superior en 3.3% al presupuesto original. Los recursos ejercidos se destinaron a la ejecución de 10 programas y 25 subprogramas, de los cuales destacaron por su importancia los siguientes programas: "promoción y fomento a la demanda y a las inversiones", en el cual se erogó el 46.3% del gasto total de la Secretaría y se cumplieron satisfactoriamente las metas originales; "desarrollo y fomento de la oferta", con una participación en el gasto de 14.7%; "apoyo técnico y administrativo" (14.3%), que contribuyó a una mayor eficiencia y racionalización del sector; y "servicios de apoyo al usuario" (14.0%), en el cual se rebasaron las
metas. En conjunto, estos programas representaron el 89.3% del gasto total. Las metas programadas se cumplieron o rebasaron en 19 subprogramas. La insuficiencia en el cumplimiento de las otras tres se explica porque se dio mayor prioridad a la promoción del turismo extranjero, por lo cual se reprogramaron los estudios regionales y de educación turística.
Las ampliaciones presupuestales autorizadas al programa "apoyo técnico administrativo" se originaron principalmente en los aumentos salariales otorgados durante el ejercicio y en el alza de los costos de arrendamiento de edificios y locales, así como de los servicios básicos, de mantenimiento y de seguros de vehículos.
Por lo que respecta a la variación presupuestal del programa "servicios de apoyo al usuario", ésta obedeció a la importancia de su cometido al superar ampliamente las metas originalmente establecidas, así como al incremento en los costos de adquisición de los combustibles y lubricantes necesarios para operar las unidades de radio- patrulla "Ángeles Verdes".
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III. H. Energético- Industrial.
1. Resultados Generales.
Sector industrial.
El sector industrial comprende los subsectores siderúrgica, fertilizantes, azúcar y equipo de transporte, entre los más importantes. El ejercicio presupuestal está organizado en 25 programas, como "equipo de transporte", "automotriz terminal", "siderurgia y productos metálicos", "fertilizantes e insecticidas" y "alimentos" (azúcar.)
Los objetivos de la política del sector industrial para 1986 fueron, entre otros, los siguientes: apoyar el proceso de reordenación económica y contribuir a la defensa de la planta productiva y del empleo; acelerar la modernización y reconversión de las ramas económicas en que participa el Estado, fortaleciendo las áreas estratégicas y prioritarias; avanzar en la desincorporación de aquellas entidades cuya permanencia en el sector no se justifica; impulsar las exportaciones no petroleras; y elevar la productividad y eficiencia de las entidades.
El gasto programable ejercido por el sector industrial en 1986 ascendió a 2,105.4 miles de millones de pesos, superior en 11.7% al presupuesto original y en 58.5% al ejercido en 1985, lo que significa que fue menor en términos reales.
La contradicción de la economía y la escasez de divisas y de crédito externo que prevalecieron en 1986 afectaron al sector industrial, ya que impusieron restricciones a la importación de insumos y equipo, y ocasionaron la contracción del mercado interno, aunque en algunos casos, como en las ramas del acero y del azúcar, las exportaciones compensaron parcialmente las menores ventas domésticas.
En la cuenta pública se informa que durante 1986 se iniciaron programas de modernización y saneamiento financiero de las principales empresas paraestatales del sector industrial.
Las acciones en materia de productividad y eficiencia se orientaron a mejorar el aprovechamiento de la capacidad instalada, a disminuir los inventarios de materias primas y productos terminados, a reducir el gasto de operación, y a aumentar la productividad mediante la capacitación de directivos y obreros y, sólo cuando fue estrictamente necesario, por medio de la reducción de las plantillas de personal.
En el rubro de empleo, se dio ocupación a 740 mil trabajadores; de ellos, 496 mil laboraron en empleos directos y 244 mil en empleos indirectos, con lo cual se mantuvo un nivel similar al de 1985, puesto que la pérdida de empleos directos se compensó con la creación de indirectos.
En materia de rehabilitación financiera, se implantó el programa de asunción de pasivos, con el
propósito de contribuir al saneamiento financiero de las empresas y de establecer compromisos específicos para aumentar la productividad, sobre todo en los casos de las industrias eléctrica y siderúrgica.
En su informe previó, la Contaduría Mayor de Hacienda señala que en todas las ramas industriales los niveles de producción disminuyeron 5.5% en promedio, excepto en las ramas de electricidad y petroquímica básica, que tuvieron incrementos de 4.7% y 18.0%, respectivamente; la rama manufacturera registró la mayor contracción (6.2%). Además, indica que el sector industrial paraestatal mantuvo su contribución en el PIB aproximadamente en 15%.
En 1986 Fertimex produjo 3,428 miles de toneladas de fertilizantes (de las cuales correspondieron 2,873 miles de toneladas a fertilizantes nitrogenados y 555 miles de toneladas de fosforados), 218 miles de toneladas de complejos de fertilizantes y 91 miles de toneladas de insecticidas y productos petroquímicos.
En relación con los subprogramas de producción y comercialización de fertilizantes e insecticidas, cabe destacar de Fertimex ha orientado sus acciones a la producción de fertilizantes ricos en nutrientes. Para apoyar este propósito, en 1986 se concluyeron dos importantes complejos industriales de fertilizantes, uno en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y otro en Pajaritos, Veracruz.
Por otro lado, se cerraron dos plantas (una en San Luis Potosí y otra en el bajío), por considerar que eran ya obsoletas.
Es importante señalar que en 1986 dicha entidad utilizó el 84.0% de su capacidad instalada, proporción muy superior al promedio de la industria nacional, lo cual le permitió lograr un nuevo incremento en la producción de fertilizantes de alta concentración de nutrientes, que representaron el 53.0% de su producción total (en 1982 significaron el 31.0%). En cuanto a la productividad laboral, se produjeron 31 toneladas por empleado, nivel superior en 18.0% al alcanzado en 1982.
Por su parte, la industria siderúrgica continuó enfrentando una caída importante en su demanda interna (en el período 1981-1986 se redujo de 12.5 a 6.8 millones de toneladas), la cual se compensó parcialmente con exportaciones, que representaron el 25% de sus ventas totales. Gracias a las exportaciones, durante 1986 el subsector siderúrgico disminuyó su déficit externo en 65%. Cabe destacar que la industria siderúrgica paraestatal atendió el 60% de la demanda nacional de acero.
La producción de acero líquido de este subsector fue de 4,318 miles de toneladas, inferior en 12.6% a la programada originalmente y superior en 3.0% a la alcanzada en 1985. En productos terminados, se obtuvo un volumen de 3,199 miles de toneladas, cifra similar a la de 1985.
Durante el último trimestre de 1986, se reanudó la construcción del proyecto Sicartsa II y se realizaron cambios en materia de organización, al descentralizar el corporativo de Sidermex las actividades de comercialización, crédito y cobranza, para dar mayor autonomía a sus diversas plantas.
Además, se cancelaron las operaciones de la empresa fundidora Monterrey, S.A., y se desincorporaron 52 empresas de diferentes giros, con lo cual el grupo siderúrgico paraestatal quedó integrado por Ahmsa, Sicartsa y 35 empresas asociadas al corporativo Sidermex.
En la industria azucarera, la producción nacional de azúcar en la zafra 1985-1986 llegó a 3,187.8 miles de toneladas, de las cuales 2,794 miles de toneladas fueron producidas por los ingenios del sector público y el resto por el sector privado.
Los ingenios del sector público procesaron 31,075 miles de toneladas de caña de azúcar, cifra superior en 9.0% a la programada originalmente. Este incremento obedeció a que se obtuvieron volúmenes de caña mayores que los previstos, ya que el rendimiento promedio de caña por hectárea fue superior al de la zafra 1984-1985, al aumentar de 68.8 toneladas a 73.0 toneladas. En cuanto a la productividad laboral, se produjeron 65.3. toneladas de azúcar por obrero, cifra superior a la alcanzada en 1983, que fue de 49.7 toneladas; también se incrementó la utilización de la capacidad instalada de 58.8% en 1983 a 65.5% en 1986.
Finalmente, se avanzó en la modernización del subsector azucarero, se cerraron dos ingenios y se reforzaron los programas de productividad.
Por lo que se refiere a la industria de equipo y transporte, en 1986 enfrentó una severa contracción de la demanda, lo cual ocasionó el deterioro de las condiciones financieras de las entidades que la componen. Ello obligó a las empresas a reducir significativamente sus metas y producción y, por tanto, la utilización de su capacidad instalada.
No obstante, esta rama atendió su función estratégica de abastecer el mercado nacional de equipos de transporte de carga y de pasajeros. De esta manera, atendió el 100% de la demanda de autobuses
y equipo ferroviario, así como el 73% y el 87% de la de camiones y tractocamiones, respectivamente.
Sector Energético.
El Sector Energético se compone de tres entidades sujetas a control presupuestal (Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A.) y de varias entidades que no se incluyen en el presupuesto, entre las que sobresalen el Instituto de Investigaciones Eléctricas y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Según se indica en el tomo sectorial de la Cuenta Pública, y de acuerdo con lo que establece el programa nacional de energía, los principales objetivos de este sector fueron la autosuficiencia energética, el ahorro y uso eficiente de la energía, la diversificación de fuentes energéticas, el impulso a la investigación y al desarrollo tecnológico, la reestructuración financiera, la orientación relativa al desarrollo regional, la protección del medio ambiente y la energetización rural.
Para la consecución de estos objetivos, en 1986 el sector ejerció un presupuesto programable de 4,349.3 miles de millones de pesos (el 25.0% del gasto total del sector público presupuestal), superior en 72.4% al del año anterior y en 13.8% al presupuesto original. Del monto total, Pemex ejerció 2,922.1 miles de millones de pesos (67.2%), la CFE 1,220.4 miles de millones de pesos (28.0%) y la CLFC 194.9 miles de millones de pesos restantes (0.3%) fueron ejercidos por los organismos no controlados.
En el transcurso del año, el sector realizó esfuerzos para proteger la planta productiva y el empleo nacionales, contribuir al equilibrio de la balanza de pagos y a la satisfacción de la demanda interna de productos básicos, y fortalecer el proceso de saneamiento de las finanzas públicas.
Adicionalmente, se continuó impulsando el programa de ahorro y uso eficiente de energía, mediante esfuerzos de productividad en las entidades y acciones de apoyo técnico, de difusión y de concientización. En este sentido, se realizó una amplia difusión pública a través de tres reuniones nacionales organizadas por la Comisión de Energéticos de la LIII Legislatura del Congreso de la Unión, se avanzó en la formulación de un esquema de estímulos fiscales a las actividades de inversión industrial relacionadas con el programa, y se comenzó a dar apoyo técnico a empresas de los sectores social y privado de las principales ramas consumidoras de energía, como son las del cemento y del aluminio.
Subsector petrolero.
Los resultados obtenidos por el subsector en 1986 muestran que logró cumplir cabalmente con su función fundamental de abastecer de energía el aparato productivo; aunque la vinculación con el exterior se vio afectada, siguió siendo el principal contribuyente de los ingresos públicos.
Esta comisión pudo constar que, a pesar de las circunstancias adversas, los resultados obtenidos por el subsector petrolero son significativos:
Se logró una producción promedio de 2,428 miles de barriles diarios de crudo y de 3 mil 431 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, 7.7% y 4.8% menos que en 1985, respectivamente. En el primer caso la variación se debió a que se presentaron situaciones adversas en el mercado petrolero internacional, y en el segundo a que la riqueza de gas de la región de Huimanguillo ha disminuido progresivamente.
Respecto a las reservas de hidrocarburos, al 31 de diciembre de 1986 se estimaron en 70 mil millones de barriles, 1.2% menores que las de 1985; no obstante, está garantizado el futuro energético de la nación, por varias décadas, considerando los actuales niveles de extracción.
En el renglón de refinación, se procesaron 1 mil 160 miles de barriles diarios de crudo. Durante el mes de marzo se alcanzó el mayor promedio en la historia de la entidad, con 1 mil 266 miles de barriles por día; sin embargo, esta cifra fue ligeramente menor que la meta original.
En petroquímica básica, se obtuvo una producción anual de 13 mil 679 miles de toneladas, 11.0% superior a la de 1985. Asimismo, en febrero de 1986 se puso en operación una planta de azufre en el Complejo Nuevo Pemex, en agosto comenzó a funcionar la planta de tetrámero del complejo independencia y en noviembre una de azufre en la refinería de Minatitlán.
Por otra parte, la balanza comercial de Pemex registró un saldo favorable de 5 mil 541.6 millones de dólares, inferior en 59.8% al obtenido en 1985; el valor exportado fue de 6 mil 133.3 millones de dólares y el importado de 681.7 millones de dólares. El petróleo crudo representó el 90.8% de las exportaciones y se vendió a 23 países, entre los que destacan Estados Unidos (50.6%), España (15.2%) y Japón (6.3%). El precio
anual promedio del barril de crudo de exportación fue de 13.48 dólares para el tipo "Istmo" y de 10.52 para el tipo "Maya".
Las ventas totales de Pemex ascendieron a 6,750 miles de millones de pesos, de los cuales correspondieron 3,017 miles de millones de pesos a ventas internas y 3,733 miles de millones de pesos a exportaciones. Pemex pagó poco más de 4.9 billones de pesos por concepto de impuestos; si bien esta cifra es inferior en términos reales a la de 1985, su participación en los ingresos totales del gobierno federal se mantuvo en aproximadamente 40.0%
En materia de inversión, se concluyeron 89 obras, con una erogación de 374.6 miles de millones de pesos.
Por otra parte, pese a la limitación de recursos, el sector petrolero concentró sus esfuerzos en obras y programas prioritarios, lo cual le ha permitido financiar gran parte de sus operaciones con recursos propios, elevar su reserva patrimonial, mantener una estructura financiera adecuada y disminuir su deuda externa en más de 4 mil millones de dólares.
Subsector eléctrico
El subsector eléctrico se propuso como objetivos: incrementar la generación de energía, elevar su capacidad instalada, avanzar en la diversificación de fuentes energéticas, proteger el medio ambiente y electrificar nuevos poblados, así como corregir los desequilibríos financieros de la rama eléctrica, mediante la realización de acciones de productividad, la asunción de pasivos y la reducción de rezagos acumulados entre las tarifas del servicio y los costos de generación de energía.
Es importante señalar que en 1986 se suscribió el convenio de rehabilitación financiera de la CFE, por el cual, el gobierno federal asumió parte de sus pasivos, de conformidad con lo establecido en el decreto aprobatorio del presupuesto para 1986; con ello se dio un paso importante en el saneamiento financiero de la entidad, que a su vez se comprometió a elevar su productividad.
En la revisión de este sector, se observó que en la generación de energía eléctrica alcanzó una producción de 89 mil 386 gwh; el volumen de su ventas fue de 74 mil 822 gwh, 5.0% más que en 1985 (si se consideran las exportaciones, dicho volumen asciende a 76 mil 283 gwh).
En la Cuenta Pública se informa que la capacidad instalada de la rama eléctrica se elevó a 22 mil 080 mw, 6.1% superior a la del año anterior; este incremento fue resultado de la entrada en operación de las plantas de San Luis Potosí, Cerro Prieto, en Baja California; Tula, en Hidalgo, el Caracol, en Guerrero; Río Escondido, en Coahuila y Peñitas, en Chiapas, Al mismo tiempo, se logró un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada y se incrementó la productividad de la mano de obra, al aumentar el ahorro y el uso eficiente de energía mediante acciones de promoción y fomento en los sectores social y privado.
En electrificación rural, se dotó de servicios a 1 mil 853 poblados rurales y a 376 colonias populares, con lo cual se benefició a cerca del 1 millón de habitantes.
En materia de inversión, se continuó con la ejecución de proyectos de alta prioridad y de aquellas obras que en el corto plazo garantizaran el suministro del fluido eléctrico, y se avanzó en la diversificación de las fuentes alternas de energía.
2. Análisis Presupuestal y Programático
Secretaría de Energía, MInas e Industria Paraestatal
El gasto programático de la Semip fue de 236.7 miles de millones de pesos, superior en 149.7% al presupuesto original, y en 112.7% al ejercido en 1985.
Esta desviación se debió principalmente a los aumentos salariales registrados durante el año; al incremento de los costos de arrendamiento, mantenimiento y servicios básicos, así como al mayor costo de las obligaciones con proveedores y contratistas.
Entidades Coordinadas del Sector Industrial y Energía
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S.A. (Concarril) En la revisión de la cuenta pública, esta comisión dictaminadora observó que Concarril ejerció 27.6 miles de millones de pesos, monto inferior en 44.9% al presupuestado; dichos recursos se destinaron a la ejecución de dos programas, que incluyeron 37 metas.
El cumplimiento de las metas de producción y comercialización de esta empresa resultó afectado por la drástica contracción en la demanda tanto de vagones de ferrocarril y del metro como de carros tanque para Pemex; ello obligó a la empresa a ajustar sus metas en aproximadamente 50.0%; además se llevó a cabo una reestructuración de la producción.
Diesel Nacional, S.A. (Dina)
En la cuenta pública se informa que Dina ejerció un presupuesto programático de 92.2 miles de millones de pesos, cifra inferior en 42.8% al presupuesto original. Los recursos ejercidos por la empresa se destinaron a la ejecución de tres programas con seis metas, las cuales no se alcanzaron debido a la reducción de la demanda de autobuses, camiones y motores a diesel, originada por la contracción de la economía.
Fertilizantes Mexicanos, S.A. (Fertimex)
Esta empresa ejerció un gasto programable de 414.1 miles de millones de pesos, superior en 1.6% respecto al original. Dichos recursos se destinaron a la consecución de 13 metas, de las cuales se cumplió en 100% la relativa a la producción de fertilizantes nitrogenados, que es el producto más importante en volumen. Por otro lado, no se alcanzaron totalmente las metas de producción de fertilizantes fosforados, complejos de fertilizantes e insecticidas y productos químicos.
Los incumplimientos se explican por la insuficiencia en el abasto de sulfato de amonio, roca fosfórica y bióxido de carbono; por problemas de escasez de divisas; porque no entraron en operación algunas plantas del complejo Lázaro Cárdenas; y por fallas electromecánicas en las plantas industriales de Minatitlán y Pajaritos Nitrogenados en Veracruz.
En 1986 hubo algunos problemas de mantenimiento, debido a que la variabilidad en la calidad de la roca fosfórica afecta al proceso de producción y las necesidades de mantenimiento, según informaron funcionarios que asistieron a las reuniones de análisis de la cuenta pública realizadas por esta comisión Asimismo, manifestaron que, aunque persisten problemas de mantenimiento y disponibilidad de equipo, se ha estado trabajando desde el año pasado con respecto a la regulación de la calidad de las materias primas, con el propósito de ajustar los procesos al tipo de materia prima que se utilice. Siderúrgica Lázaro Cárdenas las Truchas , S.A. (Sicartsa)
Esta empresa ejerció un gasto de 233.3 miles de millones de pesos, 53.4% superior al presupuesto autorizado; este incremento obedeció principalmente a que el volumen producido rebasó el programado y a una inflación mayor que la esperada. De acuerdo con la cuenta pública, este presupuesto se distribuyó en dos programas que incluyen 12 metas, de las cuales ocho se alcanzaron o se rebasaron, mientras que las cuatro restantes no se cumplieron totalmente debido a la utilización de inventarios, a la mayor calidad del mineral empleado y a la contracción del mercado interno.
Siderúrgica Nacional,. S.A. (Sidena)
El presupuesto ejercido por esta empresa ascendió a 23.9 miles de millones de pesos, 29.9% inferior al autorizado originalmente.
Dichos recursos se destinaron a la ejecución de dos programas que incluyeron 22 metas, de las cuales se cumplieron cuatro. Las variaciones registradas en las metas restantes obedecieron principalmente a la disminución en las adquisiciones de Concarril y Dina, a la escasa actividad productiva en las industrias metalúrgicas y de bienes de capital, así como a los problemas de liquidez de los distribuidores y los consumidores, que implicaron una disminución en la demanda.
Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA)
Esta empresa ejerció 336.7 miles de millones de pesos, cifra superior en 20.0% al presupuesto original, debido básicamente a una inflación mayor que la esperada, a las ampliaciones presupuestales autorizadas durante el año y al deslizamiento cambiario, que elevó el precio de la materia prima de importación.
El presupuesto se destinó a tres programas que incluyen 40 acciones, en la mayor parte de las cuales se obtuvieron cumplimientos superiores al 90.0%, con excepción de la relativa a la "extracción de mineral de hierro todo en uno", debido a que se redujo la utilización de la capacidad de bombeo del ferroducto, cuyo personal aún se hallaba en su período de aprendizaje durante ese año.
Azúcar, S.A.
El presupuesto ejercido por este organismo fue de 574.9 miles de millones de pesos, 19.7% superior al original; esta desviación se debió a las presiones inflacionarias y a que la producción de azúcar superó a la programada.
El 99.7% de los recursos ejercidos por el organismo se destinó a los programas "producción y transformación agroindustrial y paraestatal" (37.0%) y "alimentos" (62.7%).
Los programas del subsector incluyeron 31 metas, de las cuales se rebasaron en 8.0% y 9.0% las de producción de azúcar y molienda de caña, respectivamente.
El incumplimiento de las metas relativas a la producción, comercialización y transporte de alcohol se explica por la reducción de la demanda, ocasionada tanto por los mayores precios del producto como por la contracción de la actividad económica.
Petróleos Mexicanos (Pemex)
En la Cuenta Pública se informa que el gasto ejercido por esta empresa fue de 2 mil 906.4 miles de millones de pesos, superior en 23.5% al presupuesto original. El incremento obedeció fundamentalmente al deslizamiento de la paridad cambiaria, que tuvo un fuerte impacto en el costo de los materiales y refacciones de importación. Los recursos ejercidos se destinaron al cumplimiento de ocho programas, siendo los más importantes "producción primaria" (42.1% del total), "transformación industrial" (21.3%) y "comercialización" (20.8%), que en conjunto absorbieron el 84.2% del gasto de la empresa.
Los programas de Pemex comprendieron 15 acciones, de las cuales se cumplieron satisfactoriamente las relativas al abasto interno de gasolina, diesel, gas y petroquímicos. No se alcanzaron cabalmente las metas en exportaciones, a causa del desplome del mercado petrolero mundial.
Por otro lado, tampoco se cumplieron totalmente las metas de perforación de pozos, debido a la austeridad presupuestal; sin embargo, debe destacarse que se dio prioridad a la perforación de pozos de desarrollo respecto a los exploratorios, para proteger las metas de producción y abasto interno.
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Esta entidad registró un gasto de 2 mil 911.4 miles de millones de pesos, mayor que la asignación en 11.2%. Este presupuesto de destinó a nueve programas, de los cuales sobresalieron por el monto de los recursos ejercidos los siguientes: "generación de energía eléctrica de origen secundario" (52.0%), "generación de energía eléctrica de origen primario" (13.0%) y "distribución de energía eléctrica" (10.8%), que en conjunto absorbieron el 75.8% del gasto.
Los programas antes mencionados incluyen 15 acciones, de las cuales se cumplieron satisfactoriamente las relativas a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las de exportación. En el resto de las acciones no se alcanzaron las metas debido principalmente al atraso que sufrió el desarrollo de la ingeniería en el área mecánica de materiales de importación, ya que la escasez de divisas y la falta de disponibilidad presupuestal impuso restricciones a la importación de equipo, como ocurrió en el caso de la conducción de líneas de subtransmisión y transformadores de distribución.
Compañía de Luz y Fuerza del Centro. S.A.
Durante la revisión de la cuenta pública, se comprobó que el presupuesto ejercido por esta empresa fue de 382.2 miles de millones de pesos, inferior en sólo 0.2% a la asignación original. Estos recursos se destinaron a ocho programas, principalmente a "distribución de energía eléctrica" y "comercialización interna", en los cuales se erogó el 14.1% y el 51.8% del gasto total, respectivamente.
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IV. Revisión preliminar de programas especiales
IV.A. Reconstrucción
IV.B. Descentralización administrativa
IV.C. Reestructuración de la administración pública federal
IV.D. Servicio civil
IV.A. Reconstrucción
Con el fin de atender las necesidades provocadas por los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, y para administrar las aportaciones que solidariamente hiciera la comunidad internacional y nacional, fue creado el Fideicomiso Fondo Nacional de Reconstrucción, cuyo estado de origen y aplicación de recursos fue presentado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1985.
Asimismo, y dada la magnitud de las tareas de reconstrucción, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1986 se creó el Ramo XXXI "Reconstrucción", por lo que ambos rubros se reportan en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
En esta forma, las acciones realizadas en esta materia durante 1986 se apoyaron tanto en los recursos recaudados mediante el Fondo Nacional de Reconstrucción (recursos no fiscales) como en los asignados al Ramo XXXI; cabe señalar al respecto que, no obstante las severas restricciones económicas por las que el país ha atravesado, el gobierno federal se ha esforzado por destinar los recursos suficientes para hacer frente a las acciones de reconstrucción.
En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1986 se informa que el saldo de donativos y rendimientos captados por el Fondo Nacional de Reconstrucción hasta diciembre de 1986 ascendió a 68.6 miles de millones de pesos, y que el total de recursos asignados por el gobierno federal al ramo XXXI fue de 308.4 miles de millones de pesos.
Así, del total de recursos aplicados en 1986 (349.2 miles de millones de pesos), 308.4 miles de millones de pesos correspondieron al ramo XXXI, 40.5 miles de millones de pesos al Fondo Nacional de Reconstrucción y 0.3 miles de millones de pesos fueron obtenidos por las entidades usuarias de los recursos para la reconstrucción, tanto por rendimientos como por productos de recursos propios.
Los recursos recibidos en calidad de donativos en el Fondo Nacional de Reconstrucción de septiembre de 1985 a diciembre de 1986, alcanzaron los 46.9 miles de millones de pesos, de los cuales sólo 7 millones fueron en especies, 39.9 miles de millones en moneda nacional, y 7.7 millones en dólares, equivalentes a 7.0 miles de millones de pesos. Los rendimientos generados ascendieron a 21.7 miles del millones de pesos, con lo cual los recursos totales del fondo ascendieron a 68.6 miles de millones de pesos.
Del total de recursos recibidos por el Fondo Nacional de Reconstrucción, las entidades ejecutoras reportan que aplicaron 40.8 miles de millones de pesos en el período comprendido entre septiembre de 1985 y diciembre de 1986, de los cuales el 67.0% correspondió al sector salud, el 18.0% al sector educación, y el 15.0% al Departamento del Distrito Federal.
Por lo que respecta al ramo XXXI, en apoyo del Programa de Vivienda se aplicaron 122.8 miles de millones de pesos (39.8% del total de dicho ramo) en la construcción y rehabilitación de 40 mil 806 viviendas, con lo cual se benefició al mismo número de familias; mediante los programas de otorgamiento provisional de vivienda y ayudas para mudanzas y renta, se benefició a 37 mil 973 familias, y el Fovissste realizó acciones encaminadas a la compra y construcción de viviendas para los damnificados, tanto en el Distrito Federal, como en los estados.
Por otra parte, en el Programa de Empleo Rural, que se financia con recursos transferidos del Ramo XXXI, se ejercieron recursos fiscales por 50.0 miles de millones de pesos (el 16.3% del total).
En lo referente a la limpieza y reconstrucción de la ciudad de México, se ejercieron 45.7 miles de millones de pesos (el 14.8% del total) en demoliciones, tareas de limpieza y reposición de edificios públicos, así como en la rehabilitación de monumentos y sitios históricos.
Para la captación y conducción de aguas para usos múltiples y servicios urbanos, se realizaron obras por un monto de 39.0 miles de millones de pesos (el 12.6% del total), entre las que destacan la construcción de módulos de potabilización de agua, el tanque de almacenamiento "Pericos", el túnel Analco- San José y la reparación de las redes de agua potable.
En materia de descentralización de la administración pública federal, se ejercieron 21.4 miles de millones de pesos (el 7.0% del total); las acciones llevadas a cabo incluyeron obras de urbanización en los centros receptores, construcción
de instalaciones, compra de equipo y traslado e instalación de personal, así como la descentralización de entidades paraestatales.
En las acciones de construcción y rehabilitación de hospitales, se erogaron 18.0 miles de millones de pesos del ramo XXXI (el 5.8% del total). Con estos recursos, junto con 29.0 miles de millones de pesos del Fondo Nacional de Reconstrucción (el 71.7% del total), 165 millones de pesos de rendimientos en inversiones y una aportación del IMSS, se construyeron y rehabilitaron 69 hospitales, un albergue, 72 clínicas, nueve institutos, dos centros y 25 unidades de primer nivel, obras a las que se sumó la adquisición de aparatos de salud.
En lo que respecta a la construcción y rehabilitación de escuelas, se ejerció un monto de 20.3 miles de millones de pesos, integrado por 8.7 miles de millones de pesos del ramo XXXI (el 2.8% del total) y 11.6 miles de millones de pesos el Fondo Nacional de Reconstrucción; los fondos se aplicaron en obras de apoyo a todos los niveles educativos, incluyendo el de educación especial.
Finalmente, mediante el programa damnificados de los estados, las entidades federativas que resultaron afectadas por los sismos recibieron 2.8 miles de millones de pesos (el 0.9% del total del ramo XXXI), recursos que se destinaron a la población afectada.
IV.B. Descentralización administrativa
A raíz de los sucesos ocurridos en septiembre de 1985, se hizo más evidente aún la necesidad de dar un mayor impulso al programa de descentralización de la administración pública federal. Para las acciones realizadas al respecto en el transcurso de 1986 se consideraron las funciones administrativas que por su propio carácter eran susceptibles de descentralizarse, así como el efecto que tendría el proceso de descentralización, particularmente en las zonas o ciudades de reubicación. Este esfuerzo requirió de la concertación de voluntades y acciones entre el Ejecutivo Federal y sus dependencias y los representantes de los poderes estatales y municipales.
El programa de descentralización de la administración pública federal prevé tres acciones fundamentales: la desconcentración de facultades y decisiones a las representaciones federales, la transferencia de facultades y decisiones a los gobiernos de los estados, y la reubicación de personal y oficinas en entidades del interior de la República.
En relación con la primera de esas acciones, se otorgaron mayores responsabilidades y se delegó una mayor capacidad de decisión a los representantes del Poder Federal en las distintas entidades del país. Destaca al respecto la creación de dos centros regionales de decisión en los estados de Jalisco y Nuevo León, a los cuales se delegaron 426 funciones correspondientes a 12 secretarías del Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República y dos empresas del sector paraestatal.
El proceso de transferencia de facultades y decisiones a los gobiernos estatales tuvo por objeto ampliar su participación en la elaboración e instrumentación de los diferentes programas de desarrollo social y económico
. En este sentido, cabe destacar que la Secretaría de Educación Pública transfirió a 18 entidades federativas, servicios de educación básica y normal, la Secretaría de Salud consolidó los acuerdos de coordinación suscritos con 12 estados para la integración orgánica y la descentralización operativa de los servicios; y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes transfirió a 12 entidades la administración de varios programas.
En lo que respecta a la reubicación de personal y oficinas fuera de la ciudad de México, con las acciones efectuadas en 1986 se logró un avance significativo. En efecto, durante el año fueron reubicados 32 mil servidores públicos, lo que representó un avance de 45% respecto de la meta prevista para el trienio 1986-1988. Además, se iniciaron las acciones para el traslado de 22 organismos y unidades administrativas del sector paraestatal.
En este aspecto, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos inició durante 1986 el proceso de descentralización de siete organismos y empresas del sector que coordina y la reubicación de 11 mil 762 de sus servidores públicos. Asimismo, es conveniente destacar las acciones de las secretarías de Pesca, de Marina, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, así como del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, cuyas medidas de desconcentración se tradujeron en la reubicación de un importante número de servidores públicos.
IV.C. Reestructuración de la administración pública federal De conformidad con los lineamientos y objetivos establecidos en el Programa Nacional de Desarrollo, durante 1986 se siguió avanzando firmemente en la reestructuración de la administración pública federal. Las acciones realizadas a nivel global, sectorial e institucional permitieron avanzar en el proceso de reestructuración administrativa mediante la racionalización y simplificación operativa de las entidades y el redimensionamiento del sector público.
Con el propósito de mejorar el servicio que ofrecen las entidades públicas y la eficiencia de su personal, en 1986 se continuaron las tareas de modernización y simplificación de los sistemas de administración e información; ello ha permitido prestar a los usuarios un servicio mejor y más transparente y, al mismo tiempo, ha redundado en una mayor racionalidad de las estructuras administrativas. En cuanto a la necesidad de reducir la carga financiera sobre el erario de estructuras operativas no prioritarias, se siguió avanzando en la compactación de los niveles administrativos; como resultado, se logró una reducción de 23% en las unidades administrativas básicas, que comprenden entre el nivel de director general y el de Secretario de Estado; de 16% en las estructuras no básicas, que comprenden los niveles entre jefe de departamento y director de área; y de 14% en las estructuras orgánicas del sector paraestatal.
Por otra parte, las acciones de redimensionamiento del sector público se encaminaron a desincorporar organismos y empresas paraestatales cuyos propósitos no forman parte del mandato constitucional. La desincorporación se realizó atendiendo criterios de prioridad social y económica y, de manera secundaria, criterios de rentabilidad. Al respecto, cabe señalar que se llevaron a cabo diversas acciones de liquidación, extinción, fusión, transferencia y enajenación de empresas públicas que no cumplían funciones estratégicas. Estas acciones se tradujeron en la desincorporación de 702 entidades, 148 de ellas por venta, 218 por liquidación, 110 por fusión, 47 por transferencia, 115 por extinción, y 64 por desincorporación con base en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Entre las empresas que durante 1986 fueron objeto de liquidación o extinción, por así convenir al interés público, se encuentran la Compañía Industrial Ayotla Textil. Por lo que corresponde a la fusión de organismos públicos con el fin de optimizar recursos y hacer más eficiente la gestión administrativa, cabe señalar la fusión de Proveedora Conafrut y Frutícola Mercantil, organismos que tenían objetivos similares.
En 1986 se continuaron las acciones de transferencia de organismos y empresas públicas a los estados y municipios del país, con el propósito de fortalecer el federalismo y descentralizar la vida nacional. En este aspecto, se realizaron diversos convenios de transferencia, entre los que destacan el que celebró Cordemex con el gobierno del estado de Yucatán.
Para la enajenación de entidades paraestatales se consideró su situación financiera y el atractivo que pudieran tener para los sectores social y privado. Conforme a este criterio, durante 1986 se enajenaron Acros, S.A., embotelladora GarciCrespo, S.A., y Nueva San Isidro, entre otras.
IV.D. Servicio civil
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de planteó la necesidad de continuar con la estrategia de servicio civil. Con el propósito de aumentar la eficiencia y el bienestar socioeconómico de los servidores públicos, durante 1986 se instrumentaron numerosos programas de capacitación técnica y administrativa, y se mejoraron las percepciones y prestaciones económicas. Mediante el Programa Nacional de Capacitación y Productividad, se capacitó al 17% del personal del sector público. La capacitación se orientó en 42% a áreas administrativas, en 26% a aspectos técnicos, y en el 32% restante a cursos de enseñanza abierta y de posgrado.
En 1986, el salario mínimo de los servidores públicos registró cuatro incrementos, lo que permitió que los ingresos de menor cuantía aumentaran 41 mil 373 pesos en todas las zonas económicas del país. En materia de prestaciones, se incrementaron los seguros de vida y de retiro, así como la prima quinquenal y la despensa familiar.
En sectores e instituciones específicas, se avanzó durante el año pasado en la homologación y retabulación de los niveles y percepciones de los servidores públicos. Destacan al respecto las acciones realizadas en el ámbito del sector salud, del sector educación, y del servicio exterior mexicano.
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APLICACIÓN DE LOS RECURSOS RECONSTRUCCIÓN
(MILLONES DE PESOS) 1986
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V. Conclusiones y recomendaciones
La Cámara de Diputados recibió para su revisión, en los términos que establecen los ordenamientos aplicables, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1986, con la información económica, programática, presupuestal y financiera, sobre los resultados de la gestión de las dependencias y entidades de la administración centralizada y paraestatal, incorporada en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para ese año.
En ejercicio de las atribuciones de control de la gestión del gobierno federal, la documentación recibida fue analizada dentro del proceso de revisión constitucional, para evaluar el contenido de la cuenta pública en relación con las acciones realizadas y los resultados alcanzados por la administración pública en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales.
En el proceso de revisión de la cuenta pública, esta comisión realizó 12 reuniones de trabajo en conjunto con otras comisiones legislativas y con la asistencia y participación de funcionarios de las diversas dependencias del Ejecutivo Federal.
Al evaluar la observación de los preceptos legales y los principios de contabilidad se encontró un cumplimiento satisfactorio con las excepciones que se mencionan en el capítulo correspondiente, las cuales serán objeto de revisión posterior por la Contaduría Mayor de Hacienda.
En cada capítulo sectorial se analizó el grado de cumplimiento de los programas, encontrándose que en muchos casos no alcanzaron sus metas debido a la menor actividad económica y a los ajustes presupuestales ocasionados por el desplome de los precios petroleros.
El análisis del comportamiento de las metas de producción nacional, inflación, balanza de pagos, se hizo con especial atención al contexto nacional que prevaleció en 1986.
Las metas contenidas en los programas económicos para 1986 resultaban viables a la luz de las previsiones y supuestos sobre el entorno internacional; sin embargo, el desplome de los precios de exportación del petróleo y las restricciones financieras del exterior, cambiaron sustancialmente las metas, perspectivas y posibilidades para reducir la inflación a la meta prevista, evitar una caída en la producción y lograr un superávit en cuenta corriente
. La caída en los precios petroleros que fue imprevisible en cuanto a su magnitud, aunque no en su dirección, requirió de ajustes adicionales en la política económica y presupuestal.
La instrumentación de las políticas cambiaria, monetaria y financiera para hacer frente a este choque externo, contribuyeron a defender las reservas internacionales, generar divisas no petroleras y limitar la presión para usar el medio circulante como fuente de financiamiento público; sin embargo, tuvieron como efecto colateral desfavorable el recrudecimiento de las presiones inflacionarias, cuya tendencia decreciente se había revertido desde mediados de 1985.
Aunque el impacto del choque petrolero equivalía a 6.7% del PIB y las mayores tasas de interés y
restricción del gasto y crédito imponían presiones depresivas adicionales, el PIB cayó en sólo 3.8% durante 1986.
La ampliación de la cobertura de los servicios de salud, educación y vivienda, y las acciones en materia de abasto popular, amortiguaron en parte el peso de la crisis sobre los grupos de bajos ingresos.
Del análisis del panorama económico se concluye que en forma conjunta a las medidas que se tomaron para enfrentar el choque petrolero, se continuaron aplicando política de cambio estructural, tales como la reestructuración de la administración pública, la modernización y reconversión de las empresas paraestatales, la reestructuración del comercio exterior mediante una racionalización de los mecanismos de protección, la descentralización de la administración pública, y el fomento a las exportaciones no petroleras. En el contexto del derrumbe de ingresos petroleros y escasa disponibilidad de crédito externo se analizó el resultado de las finanzas públicas. El déficit presupuestal fue de 9 mil 499 miles de millones de pesos, lo que significó 8.8 puntos porcentuales del PIB por arriba de lo programado, y 4.7 puntos mayor al obtenido un año antes. Si se descuentan los pagos de intereses resulta un "superávit primario" de 5.4% del PIB, menor en 3.7 puntos porcentuales a lo programado originalmente, pero manifiesta el esfuerzo de disciplina presupuestal que realizó el sector público si se considera que la pérdida de divisas petroleras fue de 6.7% del PIB.
Los ingresos presupuestales ascendieron a 23 mil 446.1 miles de millones de pesos, monto superior en 61.7% al de un año antes, y menor en 2% a la previsión original. Merced a las modificaciones fiscales que permitieron reducir el plazo para efectuar los pagos provisionales de los impuestos Sobre la Renta, al Valor Agregado y el Especial sobre Producción y Servicios, así como a los ajustes en precios y tarifas, fue posible atenuar el impacto de la caída de los ingresos petroleros.
Las mayores tasas de interés, el aceleramiento del deslizamiento del tipo de cambio controlado y el consiguiente impacto de los mismos, tanto en el gasto financiero como en el gasto programable, determinó que el gasto neto presupuestal pagado ascendiera a 32 mil 930.6 miles de millones de pesos, superior en 24.8% respecto al original.
El gasto programable pagado del sector público presupuestal ascendió a 16 mil 645.9 miles de millones de pesos, superior en 16.5% al presupuestado originalmente pero inferior en 7% en términos reales al de 1985 y 0.7% menor como proporción del PIB.
El gasto no programable neto, que comprende intereses, participaciones y estímulos fiscales, ascendió a 15 mil 818.2 miles de millones de pesos, con un crecimiento de 38.6% respecto al original, y 121% superior al del año anterior en términos nominales. La variación más importante se dio en los intereses cuyo ejercicio fue de 13 mil 738.4 miles de millones de pesos, significando una variación de 4 mil 358.1 miles de millones de pesos respecto a lo presupuestado; es decir, 46.5% superior al original. El mayor pago de intereses explica más de dos terceras partes del incremente en el gasto neto pagado.
El endeudamiento neto del sector público presupuestal ascendió a 8 mil 929.1 miles de millones de pesos, lo que representa un incremente de 153% respecto al de 1985, y fue superior en un 247.7% a lo presupuestado. Estos niveles de endeudamiento compensan parcialmente la caída de ingresos petroleros. En la estructura del financiamiento se dio un mayor peso a los recursos provenientes del sistema bancario y de la colocación de valores gubernamentales, con lo que se redujo la presión sobre el medio circulante, aunque ocasionó mayores tasas de interés.
Se analizaron los resultados generales de cada sector de la cuenta pública y se hizo una evaluación de los programas y sus metas.
En el análisis del sector desarrollo rural se analizó el comportamiento de la producción agropecuaria, cuyo producto registró una caída de 2.1%, la cual fue menor a la reducción del PIB del país (menos 3.8%). La producción de granos básicos (maíz, frijol, arroz y trigo) disminuyó, mientras que la producción ganadera tuvo un incremento de 2.9%.
Las acciones del sector estuvieron orientadas al ampliar la cobertura de los servicios de asistencia técnicas, a continuar obras de infraestructura hidráulica, a fortalecer la capacitación y participación organizada de los productores y a la regularización de tenencia de la tierra.
Los recursos y acciones del sector desarrollo regional y ecología se canalizaron al desarrollo de zonas estratégicas y apoyar las economías estatales y municipales, al ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos mediante la dotación de suelo, infraestructura y equipamiento urbano y a controlar la contaminación ambiental. Se realizaron esfuerzos importantes para subsanar los problemas de urbanización y vivienda que se agudizaron a partir de los sismos de 1985.
Las acciones del sector pesca estuvieron encaminadas a incrementar la captura, a generar empleos y a captar divisas, la producción pesquera alcanzó un volumen de 1 millón 354 mil toneladas, superior en 7.8% a la obtenida en 1985.
Dicho volumen estuvo integrado fundamentalmente por especies de consumo popular, como sardina, atún, tiburón y cazón. Se analizaron con gran interés los programas de mantenimiento tanto de la flota pesquera como de las instalaciones industriales en relación a lograr un aprovechamiento más racional.
Los esfuerzos en materia de educación se orientaron a proporcionar a todos los mexicanos el acceso al servicio de la educación primaria; a descentralizar la educación básica, normal y superior, así como a la investigación y la cultura; y a extender los servicios en las áreas de educación física, deporte y recreación.
Durante 1986 se dio educación preescolar a 1 millón 664 mil niños, 10.6% más que en 1985; en primaria se atendió al 100% de los niños que lo demandaron; y se redujo el índice de analfabetismo de 8% en 1985, a 6% en 1986. Se analizaron con gran atención los índices de deserción y eficiencia terminal en los diversos niveles educativos, con el interés de evaluar la calidad de los servicios educativos.
Los principales propósitos del subsector salud y seguridad social en 1986 fueron: mejorar la calidad y cobertura de los servicios básicos de salud, fortalecer las acciones de asistencia social y reducir las enfermedades transmitibles. En 1986 aumentó la cobertura a 88% de la población nacional; se rehabilitaron 27 unidades médicas de primer nivel en el valle de México, 23 hospitales generales, y 12 hospitales de especialidades. Particular atención en los trabajos de revisión recibieron los gastos y programas relacionados con la atención preventiva y control de las enfermedades transmisibles, los cuales se consideran insuficientes.
El sector comunicaciones y transportes se propuso en 1986 promover la reordenación territorial de la actividad económica, facilitar el comercio exterior, apoyar las actividades turísticas y ampliar la cobertura de las telecomunicaciones, para avanzar en el proceso de integración nacional.
En 1986 se realizaron los trabajos de conservación y mantenimiento en 39 mil 250 kilómetros de la red troncal, la modernización de redes ferroviarias en las rutas México- Veracruz, Guadalajara- Encarnación, y México- Querétaro; las obras de los aeropuertos de Aguascalientes, Morelos y San Luis Potosí, entre otros.
En el análisis de este sector se puso gran atención a los gastos de mantenimiento en la infraestructura de comunicaciones y transportes.
Entre los programas del sector comercio y abasto tienen relevancia los de: regulación del abasto, fomento al comercio externo, racionalización de la protección comercial, la regulación de la inversión extranjera y la promoción industrial. Durante 1986 se fortaleció la función reguladora de Conasupo y promovió una mayor participación de los sectores privado y social en el acopio, almacenamiento, transportación y distribución de los productos agropecuarios e industrializados básicos. Se analizó el grado de aprovechamiento de las unidades de comercialización de Conasupo y sus filiales.
El análisis efectuado al sector turismo, permitió conocer que los recursos se canalizaron a la ampliación, diversificación y consolidación de la demanda externa, a fomentar la afluencia de turismo nacional y a contribuir al fortalecimiento del desarrollo regional. Se alcanzó un total de 21.6 millones de turistas, mayor en 3% que el registrado en 1985 y la balanza turística ascendió a 1 mil 172 millones de dólares, y significó una variación positiva de 11.4% respecto al año anterior.
Por otra parte, se considera conveniente dar una mayor promoción a los servicios de apoyo al usuario y a los servicios especiales de seguridad para los turistas.
El análisis del sector energético industrial permitió conocer el proceso de reconversión y modernización de las empresas coordinadas, la desincorporación de entidades no estratégicas ni prioritarias, el impulso a las exportaciones no petroleras, abastecimiento de la demanda interna de energéticos así como la rehabilitación financiera de las empresas a base de compromisos concretos de productividad.
Se consideró conveniente que se proporcione información más precisa y detallada respecto a la evaluación de los convenios de rehabilitación financiera (asunción de pasivos).
Además, se puso especial atención a los gastos de mantenimiento de la planta industrial, los cuales se consideran insuficientes.
El desarrollo del proceso constitucional de revisión de la cuenta pública ha hecho posible conocer lo realizado y lo que faltó de hacerse. En esta última situación, se prestó atención especial a las explicaciones de las variaciones las cuales serán objeto de mayor estudio por parte de la Contaduría
Mayor de Hacienda. Para ello se especificarán una serie de recomendaciones al órgano técnico de la honorable Cámara de Diputados.
Para la formulación de estas recomendaciones se consideraron las propuestas de los diputados de todas las fracciones parlamentarias que participaron en las diferentes reuniones de análisis y discusión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio presupuestal de 1986. En este sentido, la comisión dictaminadora propone las siguientes recomendaciones.
Agrupar de mejor manera la información programática en lo concerniente a los proyectos prioritarios, para identificarlos en un solo bloque en cada sector, con el fin de facilitar el análisis de su instrumentación y el seguimiento de los resultados físicos y financieros.
Reforzar el análisis presupuestal y programático a precios constantes, a fin de permitir una mejor evaluación respecto de años anteriores.
Incorporar indicadores de productividad y eficiencia de las principales entidades paraestatales, grado de cobertura, suficiencia, oportunidad y calidad de la producción y distribución de los bienes y servicios generados por ellas.
Incluir información que permita evaluar el impacto de los estímulos fiscales en la generación de empleo, divisas y producción; en la descentralización y en la conformación de una estructura productiva más integrada.
Informar de los avances en el cumplimiento de los compromisos de productividad contraídos en los convenios de asunción de pasivos.
Incluir información que permita analizar de manera integral la incidencia en áreas rurales, del gasto ejercido por las dependencias y entidades del sector público.
Incorporar información adicional a la proporcionada en el sector desarrollo regional, que permita analizar de manera integral la incidencia que en las entidades federativas tiene el ejercicio del gasto de la administración pública federal.
Fortalecer los mecanismos de comunicación entre sectores y al interior de los mismos para difundir con oportunidad la normatividad aplicable en materia presupuestal, con el propósito de facilitar su observancia y la supervisión de su cumplimiento.
Solicitar a las entidades una explicación más amplia sobre las variaciones en las metas de los subprogramas, evaluando su impacto en el grado de cumplimiento de los objetivos del sector correspondiente.
Consolidar los programas de reconversión, rehabilitación y saneamiento financiero de las empresas del sector paraestatal, energético e industrial, y mejorar los mecanismos de coordinación de los planes de expansión y operación ente las empresas del sector.
Incrementar la atención al mantenimiento tanto de la infraestructura de comunicaciones y transportes como de la planta industrial y de la flota pesquera.
Impulsar los proyectos de inversión pública con mayor grado de avance. Integrar un grupo de trabajo con miembros de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, con servidores públicos de la Secretaría de Programación y Presupuesto de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que se estudie el contenido, estructura y metodología de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y, en su caso, proponga las modificaciones que estimen pertinentes y estudie las implicaciones que tendría en el marco legal aplicable.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de conformidad con lo expuesto en el cuerpo del presente dictamen, en el que fueron tomados en consideración los comentarios generales contenidos en el informe previo rendido por la Contaduría Mayor de Hacienda, y con fundamento en los artículos 70 y 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 11, 13 y 30 a 33 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; 2o, 15, 16, 25 y 45 a 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 1o., 3o y 12 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1986; 9o., 11, 13, 14, 15, 28, 29 y 43 a 46 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1986; 6o., 8o., y 42 de la Ley de Planeación; y demás disposiciones relativas de éstos y de los ordenamientos que resulten aplicables, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO RELATIVO
A LA REVISIÓN DE LA CUENTA
DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL
CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1986
Artículo 1o. La Cámara de Diputados recibió para su revisión, en los términos que establecen
los ordenamientos aplicables, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1986, con la información económica, programática, presupuestal y financiera, sobre los resultados de la gestión de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal, incorporadas en el Presupuestos de Egresos de la Federación para ese año.
Artículo 2o. En ejercicio de las atribuciones de control de la gestión del gobierno federal, la documentación recibida fue analizada dentro del proceso del revisión constitucional, para evaluar el contenido de la Cuenta Pública en relación con las acciones realizadas y los resultados alcanzados por la administración pública en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales.
Artículo 3o. Se revisó que las dependencias y entidades de control presupuestal directo se apegaran, en el ejercicio de su presupuesto, a los criterios establecidos en las disposiciones legales vigentes.
Artículo 4o. Se analizó la evolución de la economía nacional en el contexto internacional y en relación con la gestión pública, conociéndose los resultados obtenidos en materia de reordenación económica y cambio estructural; ingresos petroleros, política cambiaria. inflación, balanza de pagos, producción, empleo, ahorro financiero y tasas de interés.
Artículo 5o. Se analizaron los ingresos y gastos públicos así como los resultados presupuestales y la magnitud y estructura del financiamiento del déficit.
Artículo 6o. La evaluación del ejercicio presupuestal en el sector desarrollo rural comprendió lo realizado en materia de producción y productividad del sector; construcción y mantenimiento de la infraestructura; autosuficiencia alimentaria; generación de empleo; asistencia técnica; y tenencia de la tierra y reparto agrario.
Artículo 7o. El análisis efectuado sobre las acciones del sector desarrollo regional y ecología, permitió conocer el ejercicio del gasto y el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de sus principales programas relacionados con el proceso de descentralización; el ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos; los servicios en ciudades medias; la infraestructura básica de apoyo y de servicios sociales para la zonas urbanas y rurales; y el control y disminución de la contaminación ambiental.
Artículo 8o. La evaluación en el sector pesca comprendió la revisión del ejercicio del gasto asignado y el grado de cumplimiento de los programas sectoriales orientados a la producción y la oferta de alimentos e insumos para la industria; modernización de la infraestructura pesquera y consolidación de la generación de empleos productivos; captación de divisas; promoción del desarrollo regional; y al mejoramiento de los niveles de vida de los trabajadores dedicados a la pesca.
Artículo 9o. En materia de educación fue analizada la orientación que se dio a los recursos presupuestales asignados para ampliar los servicios educativos y mejorar su calidad, para apoyar la investigación y la cultura y para continuar en los esfuerzos de descentralización.
Artículo 10. El análisis del ejercicio presupuestal en materia de salud, seguridad social y laboral, incluyó el conocimiento de lo realizado en la atención preventiva y curativa y de la población; la rehabilitación de la infraestructura hospitalaria; la cobertura de los servicios de salud y seguridad social; la desconcentración, descentralización, coordinación intersectorial y modernización de los servicios de salud; capacitación, impartición de justicia laboral, seguridad e higiene en los centros de trabajo y promoción de empleo.
Artículo 11. El gasto ejercido en los programas del sector comunicaciones y transportes se analizó atendiendo los resultados obtenidos en la conservación y ampliación de la infraestructura a cargo del sector, en la descentralización de la actividad económica, el apoyo al comercio y a las actividades turísticas; en la ampliación de la cobertura de las comunicaciones y transportes; y en la consolidación e integración del territorio nacional.
Artículo 12. El gasto público ejercido por el sector abasto fue analizado en relación con el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstos para el desarrollo y la modernización de la infraestructura comercial; la regulación del mercado; la garantía del abasto de alimentos básicos; el fomento a las exportaciones no petroleras; y la participación de los sectores privado y social en el proceso de comercialización de básicos.
Artículo 13. De acuerdo a los resultados programático- presupuestales logrados por el sector turismo se evaluó lo realizado en la planeación, promoción, fomento y regularización de los servicios turísticos; en la protección y desarrollo de la planta productiva, en el turismo social, en el saldo de la balanza turística y en la contribución al fortalecimiento del desarrollo regional.
Artículo 14. En el sector industrial fue analizada la orientación que se dio a las previsiones presupuestales que le fueron asignadas para proteger la planta productiva y el empleo; la generación de divisas; impulsar la modernización y reconversión de la planta industrial; y para la rehabilitación financiera de las empresas en base a compromisos concretos de productividad.
Artículo 15. El análisis del sector energético abarcó la revisión del ejercicio presupuestal y del grado de cumplimiento de los objetivos y metas programáticas relacionadas con la autosuficiencia energética; las exportaciones; el ahorro, uso eficiente y diversificación de la energía; impulso a la investigación y desarrollo tecnológico; reestructuración financiera de las entidades del sector; orientación relativa al desarrollo regional y protección del medio ambiente; y energetización rural.
Artículo 16. Se analizaron las acciones realizadas en materia de reconstrucción en relación con los recursos asignados a través del ramo presupuestal XXXI, ejercido por las distintas entidades ejecutoras del gasto.
Artículo 17. Instrúyase a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de Vigilancia, para que en los términos de los artículos 11 y 13 de su Ley Orgánica, haga las recomendaciones con respecto a las normas, procedimientos, métodos y sistemas que con su implantación permitan mejorar el análisis programático, financiero y de metas, así como para que se dicten las medidas correctivas procedentes para lo cual se deberá:
Agrupar de mejor manera la información programática en lo concerniente a los proyectos prioritarios, para identificarlos en un solo bloque en cada sector con el fin de facilitar el análisis de su instrumentación y el seguimiento de los resultados físicos y financieros.
Reforzar el análisis presupuestal y programático a precios constantes, a fin de permitir una mejor evaluación respecto de años anteriores.
Incorporar indicadores de productividad y eficiencia de las principales entidades paraestatales, grado de cobertura, suficiencia, oportunidad y calidad de la producción y distribución de los bienes y servicios generados por ellas.
Incluir información que permita evaluar el impacto de los estímulos fiscales en la generación de empleo, divisas y producción; en la descentralización y en la conformación de una estructura productiva más integrada.
Informar de los avances en el cumplimiento de los compromisos de productividad contraídos en los convenios de asunción de pasivos.
Incluir información que permita analizar de manera integral la incidencia, en áreas rurales, del gasto ejercido por las dependencias y entidades del sector público.
Incorporar información, adicional a la proporcionada en el sector desarrollo regional, que ayude a analizar de manera integral la incidencia que en las entidades federativas tiene el ejercicio del gasto de la administración pública federal.
Ampliar la información sobre participaciones a estados y municipios, especificando los criterios y métodos para el cálculo y distribución de los fondos general, financiero, complementario y de fomento municipal.
Ampliar la información sectorial y programática cuando el Ejecutivo Federal, haciendo uso de la atribución contemplada en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación, efectúe reducciones a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades, con el fin de evaluar el impacto sobre los objetivos, las metas y el ejercicio presupuestal de las disminuciones en el gasto público en cada ejercicio fiscal.
Ampliar la información de Productos Pesqueros Mexicanos sobre la operación, mantenimiento, eficiencia y programa de operación de la flota pesquera así como de su contribución al cumplimiento de las metas del sector.
Fortalecer los mecanismos de comunicación entre sectores y al interior de los mismos para difundir con oportunidad la normatividad aplicable en materia presupuestal, con el propósito de facilitar su observancia y la supervisión de su cumplimiento.
Solicitar a las entidades una explicación más amplia sobre las variaciones en las metas de los subprogramas, evaluando su impacto en el grado de cumplimiento de los objetivos del sector correspondiente.
Ampliar la explicación de la metodología utilizada para el cálculo de los indicadores de eficiencia terminal en los diferentes niveles educativos.
Continuar con los esfuerzos de disminución y racionalización de las transferencias otorgadas, tanto a los organismos y empresas controladas, presupuestalmente, como a las de control indirecto, conforme a los objetivos y criterios de selectividad, transparencia y temporalidad.
Reforzar y ampliar la reforma fiscal a fin de adecuarla a las nueva condiciones económicas, buscando aumentar el universo de causantes, simplificar los trámites y combatir la evasión y la elusión fiscales.
Consolidar los programas de reconversión, rehabilitación y saneamiento financiero de las empresas del sector paraestatal, energético e industrial y mejorar los mecanismos de coordinación de los planes de expansión y operación entre las empresas del sector.
Prestar especial atención a los comentarios, recomendaciones y salvedades hechos por los auditores externos a las entidades del sector paraestatal sujeto a control presupuestal.
Promover un aprovechamiento más eficiente de los productos del mar, en especial de aquellos que como en el caso de la sardina, tiene gran incidencia en el consumo popular.
Mejorar la calidad de los servicios educativos, llevando a cabo todas las acciones necesarias para elevar la eficiencia terminal del sistema educativo y continuar la capacitación de los recursos humanos del sector.
Fortalecer los mecanismos de coordinación entre los centros de investigación científica y tecnológica del sector público, privado y social, con el propósito de vincular los resultados de sus esfuerzos a la actividad productiva del país.
Continuar ampliando la cobertura de los servicios de salud, fortalecer los programas de capacitación y descentralización de los empleados del sector salud y consolidar los procesos de descentralización.
Fortalecer los mecanismos de coordinación entre el sector público y los sectores privado y social, para consolidar la función reguladora del sector comercio y abasto, e incorporar información que permita una evaluación más clara de la canalización de subsidios al consumo de básicos.
Fortalecer los programas de promoción y fomento a la demanda y la oferta turística, los servicios de apoyo al usuario e impulsar el turismo social.
Incrementar la atención al mantenimiento tanto de la infraestructura de comunicaciones y transportes como de la planta industrial y de la flota pesquera.
Impulsar los proyectos de inversión pública con mayor grado de avance. Integrar un grupo de trabajo con miembros de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, con servidores Públicos de la Secretaría de Programación y Presupuesto y de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que se estudie el contenido, estructura y metodología de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y, en su caso, proponga las modificaciones que se estimen pertinentes y estudie las implicaciones que tendría en el marco legal aplicable.
Artículo 18. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de Vigilancia, que practique las auditorías y realice las acciones legales que permitan esclarecer las posibles irregularidades habidas en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos para el período fiscal de 1986 y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes en los términos de la legislación aplicable y promueva la imposición de las sanciones administrativas, civiles o penales conforme a derechos, indicándole que informe de sus acciones a la propia Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Artículo 19. Remítase el presente decreto a la Contaduría Mayor de Hacienda para todos los efectos legales a que hubiera lugar, instruyéndola para que dentro del término de ley rinda el informe de resultados correspondiente.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 9 de diciembre de 1987.- Los diputados miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública: Sócrates Rizzo García, presidente; Jesús Murillo Karam, secretario; Arturo Alvarez Márquez Antonio Brambila Meda, Blas Chumacero Sánchez, Blanca Esponda de Torres, Gerardo Fernández Casanova, Oswaldo García Criollo, Elba Esther Gordillo Morales, Manuel Jiménez Guzmán, Rodolfo Menéndez Menéndez, José Eduardo Beltrán Hernández, Francisco Contreras Contreras, Homero Díaz Córdova, María Emilio Farías Mackey, Jorge Flores Solano, Javier Garduño Pérez, Pedro Goytia Robles, Antonio Melgar Aranda, María Aurora Munguía Archundia, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Alejandro Ontiveros Gómez, Enrique Pelayo Torres, Alfonso Reyes Medrano, María Esther Scherman Leaño, Píndaro Urióstegui Miranda, Jorge Doroteo Zapata García, Alejandro Encinas Rodríguez, Héctor Morquecho Rivera, Gilberto Nieves Jenkin, Luis Orcí Gándara, Joel Ramírez Díaz, César Augusto Santiago Ramírez, Juan Manuel Pablito Tovar Estrada, Arnulfo Villaseñor Saavedra, Jorge Alcocer Villanueva, Gerardo Unzueta Lorenzana, Eduardo Valle Espinoza, José Ángel Conchello
Dávila Jesús Galván Muñoz, Jorge Amador Amador, Juan de Dios Colli Mas, Enrique Bermúdez Olvera, Roberto Calderón Tinoco, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Ricardo Pascoe Pierce, Máximo de León Garza, Reyes Fuentes García, Rubén Aguilar Jiménez y Jesús Siller Rojas.»
Trámite: -Primera Lectura.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. Presidente: -Continúe con los asuntos en cartera.
La. C. secretaria Yrene Ramos Dávila:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 4 de Diciembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Silvia González Socorro, para prestar servicios como secretaria ejecutiva bilingüe en la Embajada de la República Islámica de Irán en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 7 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de la República Islámica de Irán en México, serán como secretaria ejecutiva bilingüe, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Silvia González Socorro, para que pueda prestar sus servicios como secretaria ejecutiva bilingüe en la Embajada de la República Islámica de Irán en esta ciudad.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 8 de diciembre de 1987.-
Nicolás Reynés Berezaluce, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortíz, Antonio Brambila Meda, Carlos Enrique Cantú Rosas, Juan José Castillo Mota, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Germán Corona del Rosal, Oswaldo García Criollo, Miguel Herrerías Alvarado, Gabriel Jiménez Remus, Arnoldo Martínez Verdugo, Antonio Monsiváis Ramírez, Melquiades Morales Flores, Francisco Berlín Valenzuela, Juan Moisés Calleja García, Heberto Castillo Martínez, Juan de Dios Castro Lozano, José Luis Díaz Moll, Guillermo Fonseca Alvarez, Jesús González Schmal, David Jiménez González, Juan Maldonado Pereda, Jorge Masso Masso, Jorge Montúfar Araujo, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí Gándara, Pablo José Pascual Moncayo, Guadalupe Ponce Torres, Ignacio Ramos Espinoza, Píndaro Urióstegui Miranda, Fernando Ortiz Arana, Pedro José Peñaloza, Graco Ramírez Garrido Abreu, Humberto Salgado Gómez, Sergio Valls Hernández.»
Trámite: Segunda lectura
Está a discusión el proyecto de decreto...No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal... Señor presidente, se emitieron 280 votos en pro.
El C. Presidente: -Aprobado el proyecto de decreto, también por unanimidad de votos de todos los diputados aquí presentes.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: -Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES
El C. Presidente: -Quiero informar a esta asamblea, que se han inscrito para hacer proposiciones los siguientes diputados: Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista; Genaro Piñeiro López, del Partido Socialista de los Trabajadores; Gabriela Guerrero Oliveros, del Partido Popular Socialista; Pedro Peñaloza, del Partido Revolucionario de los Trabajadores; y Eduardo Acosta Villeda, del Partido Mexicano Socialista.
PROPOSICIONES DE DIPUTADOS
POLÍTICA ECONÓMICA
El C. Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Morquecho Rivera.
El C. Héctor Morquecho Rivera: -Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: La fracción parlamentaria de mi partido, el Popular Socialista, quiere hacer una proposición en torno a un asunto de bastante interés. Como todos sabemos, han habido dos noticias fundamentales importantes con relación a la política económica de nuestro país.
Por un lado, el presidente Miguel de la Madrid, se ha pronunciado por la revisión permanente de la política económica actual; y, por otro lado, el movimiento obrero, Congreso del Trabajo, ha opinado que son importantes esas reformas, que habría que estar atento a ellas y que es muy halagador que se anuncie por parte del Ejecutivo, revisar la política económica, que además ha sido una petición dicha revisión desde el año de 1982, en virtud de que no se han dado resultados adecuados para nuestro pueblo y se han ocasionado más problemas sociales.
En esta virtud, consideramos estos antecedentes para la proposición, el presidente Miguel de la Madrid, ha declarado recientemente que la política económica del gobierno está en permanente revisión para efectos de detener el crecimiento inflacionario y para evitar los riesgos de caer en la hiperinflación. También de manera muy valiosa y positiva, el Presidente de la República ha manifestado que la constante revisión de la política económica actual constituye el esfuerzo del gobierno para proteger los salarios y los niveles de vida de las mayorías.
El PPS considera justa la necesidad de revisar dicha política económica; lo consideramos así pues en los últimos cinco años la situación económica de nuestro pueblo se ha agravado y se ha hecho más difícil: ha crecido el desempleo, se han desplomado la producción agrícola y la producción industrial; los salarios han perdido drásticamente su poder adquisitivo, en los últimos cinco años ha crecido la deuda externa, la inflación sigue sin control, y la política de precios favorece a la burguesía oligárquica comercial e industrial; la actual política económica, como sabemos, es catastrófica y ha causado daños brutales al pueblo y a nuestra nación; la política cambiaria so pretexto de una paridad "realista" ha devaluado al peso frente al dólar como nunca en la historia de nuestro país, y ha continuado además con el saqueo de nuestras divisas.
Ante esta situación y otros aspectos negativos que ya conocemos todos, el Partido Popular Socialista se ha pronunciado porque se revierta el proceso de la política económica para detener el empobrecimiento de la mayorías.
Hemos planteado que se reconstruya la economía regresando a la política de nacionalizaciones, a la política de la Revolución Mexicana, que se establezca una reforma fiscal a fondo para gravar las grandes utilidades de la burguesía monopólica privada nacional y transnacional. Que se nacionalice totalmente el mercado de valores, ha sido otra petición de las fuerzas democráticas de nuestro partido que se establezca la escala móvil salarial, que se detenga el proceso de desmantelamiento de las empresas del Estado, y se dé impulso a las nacionalizaciones; que se ejercite un control generalizado de cambios para evitar el saqueo de las divisas; que se incremente la política de inversiones productivas y a la vez de amplíen los subsidios para las clases populares, para las mayorías.
En suma, que de la política económica se elimine el interés de fortalecer y ampliar las ganancias de los especuladores, de los inversionistas extranjeros, de los comerciantes acaparadores y que se encaucen los instrumentos financieros y monetarios hacia la creación de empleos en favor de los que hoy demandan con toda justeza mejores condiciones de vida.
Por las consideraciones anteriores, compañeras y compañeros diputados, presentamos a esta soberanía la proposición del Partido Popular Socialista, que dice:
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que esta Cámara, con relación a la política económica actual, se pronuncie por un cambio radical de la misma en todos los aspectos para volver a la política económica surgida de la Revolución Mexicana, la cual ha sido lamentablemente abandonada en los últimos cinco años.
Atentamente, Palacio Legislativo a 9 de diciembre de 1987.- Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Héctor Morquecho.» Dejo aquí a la secretaría la propuesta.
El C. Presidente: -De conformidad al artículo 58, esta presidencia pregunta a la asamblea si hay orador en pro y hay orador en contra.
Tiene la palabra el diputado Martín Tavira, del Partido Popular Socialista.
El C. Martín Tavira Urióstegui: -Señor presidente; señoras y señores diputados: Deseo ponderar, en nombre de los diputados del Partido Popular Socialista, el frente que se ha formado de diferentes fuerzas, dentro y fuera de la Cámara, en torno a la política económica.
En los últimos días, ha habido pronunciamientos muy fuertes de parte de las organizaciones sociales y de los partidos progresistas, a efecto de que se revise a fondo la política económica del gobierno.
Desde el documento de la Confederación de Trabajadores de México, que hemos conocido, hasta las últimas declaraciones y emplazamientos de huelga del Congreso del Trabajo, nos demuestran que las fuerzas progresistas revolucionarias están seriamente preocupadas por lo que está ocurriendo en nuestro país.
Todas estas coincidencias han hecho que finalmente el Ejecutivo de la Unión diga: vamos a revisar a fondo la política económica. Seguramente el Presidente de la República se ha dado cuenta que la práctica ha demostrado que la política seguida en los últimos cinco años no ha dado resultado.
Pero este cambio, este viraje lo ha dado este frente; es decir, compañeros, esto demuestra, pues, que cuando diversas corrientes, partidos, organizaciones sociales coinciden en objetivos para elevar las condiciones de vida del pueblo trabajador, y reforzar la independencia económica de la nación, es posible lograr objetivos concretos.
Nosotros estamos convencidos de que por este camino de coincidencias, alianzas de nuestras fuerzas revolucionarias, podremos lograr cambios positivos para la nación y para el pueblo.
Repito, ponderamos los pronunciamientos de las organizaciones obreras, ponderamos los pronunciamientos de los partidos progresistas, y todo ello ha llevado a que finalmente el gobierno diga: vamos a revisar algo que hasta la fecha no ha funcionado.
Por eso hemos venido a hacer esta proposición, y estamos seguros que todos ustedes, viendo las cosas con objetividad, van a pronunciarse en favor de ella. Muchas gracias.
El C. Presidente: -En cumplimiento a la fracción III, del artículo 58, del Reglamento Interior, consulte la secretaría a la asamblea, si se admite o no a discusión la proposición.
El C. secretario Antonio Sandoval González: -En votación económica, se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, ponerse de pie...Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: -Ha pedido el uso de la palabra el diputado Genaro Piñeiro López.
El C. Genaro José Piñeiro López: -Señor presidente: En objeto a los trabajos de esta Cámara, declino mi intervención.
DESARME Y PAZ MUNDIAL
El C. Presidente: Le toca su turno a la diputada Gabriela Guerrero Oliveros, del Partido Popular Socialista.
La C. Gabriela Guerrero Oliveros: -Señor presidente, gracias; señoras y señores diputados: Ayer, 8 de diciembre, con la firma del acuerdo Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas- Estados Unidos de América, acerca de la destrucción de 2 mil 803 cohetes de alcance medio y táctico- operacionales, se escribió una de las páginas más importantes de la historia de la humanidad; este acuerdo significa un trascendente cambio cualitativo en la noble lucha por un mundo sin armas nucleares y consecuentemente por la supervivencia de la humanidad. Cambio de calidad, porque se acuerda eliminar los cohetes de alcance medio y táctico- operacionales, así como verificar in situ por ambas partes, su destrucción y no únicamente como había ocurrido hasta hoy, que en los acuerdos se limitaba a un número determinado, la construcción de algún tipo de armamento nuclear.
Es un acto de justicia, considerar la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, reconocer la dinámica tenaz e infatigable lucha de Mijael Gorbachov, Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética, que dio nuevos aspectos y diferentes proyecciones al problema de la guerra y la paz, mismos que se han traducido en definiciones claras y elocuentes, en pasos concretos y audaces, en proposiciones precisas y en fechas concretas, con vistas al objetivo explícito y reiterado de liberar al mundo de las armas nucleares.
Los diputados mexicanos hemos respondido siempre a las hondas raíces históricas pacifistas de nuestro pueblo, así como a la tradicionalmente positiva política exterior del gobierno nacional de lucha tenaz y consecuente contra la guerra nuclear, traducidas en la integración del Grupo de Nueva Delhi, del Grupo Contadora y de su Grupo de Apoyo, ambos de enorme prestigio en la comunidad internacional, o en la ya histórica reunión de los ocho presidentes que se realizó recientemente.
en México, con éxito notable por sus planteamientos y peso específico, y que coadyuvaron, estas tres trascendentes instancias, de manera indudable y sumamente importante, a la realización de la reunión cumbre Reagan- Gorbachov.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, por lo tanto, estima que ambos jefes de Estado pasan a la historia con la suscripción de este trascendental acuerdo.
Señoras y señores diputados: La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, traía ante esta honorable asamblea, una proposición, pero dada la trascendencia de este acuerdo, y en busca de la mayor concertación entre las diferentes fracciones parlamentarias, se ha dejado en manos de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara, elaborar un texto que con toda seguridad, a la altura de las circunstancias, pondrá en su momento a la consideración de este plenario. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Muchas gracias, diputada Gabriela Guerrero Oliveros.
DEMANDA SALARIAL
El C. Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Peñaloza, del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
El C. Pedro José Peñaloza: -Señor presidente; señoras y señores diputados:
En los últimos días hemos presenciado las diversas opiniones y debates que han dado a conocer a la opinión pública diversos sectores de la sociedad en torno a un punto que nos parece de primera importancia, me refiero al problema del salario.
Me refiero a este problema que ha provocado que el propio gobierno eche a andar un conjunto de medidas, que en primera instancia pretenden defender el poder adquisitivo de las mayorías y que busca tratar de ubicar el problema de la inflación en la vía de los salarios.
Hemos observado, hemos escuchado, cómo el movimiento obrero organizado en el Congreso del Trabajo, ha planteado un conjunto de demandas cuya reivindicación central y más importante ha sido la de exigir el 46% de aumento salarial para los trabajadores o estallar en una huelga en torno a esta demanda de carácter extraordinario.
Por su parte, los empresarios, por boca de los principales jerarcas de la burguesía nacional, han sostenido que un incremento en los salarios implicaría echar a andar de manera mucho más acelerada la inflación.
Obviamente parten ellos del análisis que han hecho los políticos burgueses, los economistas burgueses de que el resorte de la inflación no son las ganancias sino el salario.
Bajo esa óptica, los empresarios han sostenido y han regateado el aumento salarial que exige el Congreso del Trabajo con argumentos bastante discutibles y nos parecen ya analizados, discutidos y derrotados por la historia en el campo de las ciencias económicas y fundamentalmente en el campo de la economía marxista que ha demostrado que no es la inflación generada por los salarios, sino básicamente por esta sed insaciable de ganancias que connaturalmente sostiene y reivindica la burguesía, una clase parasitaria como todos sabemos.
El gobierno, por su parte, ha sostenido una posición ambigua, el procurador del trabajo ha dicho correctamente. Arsenio Farell ha sostenido que los trabajadores deben de guardar calma, que los trabajadores deber permanecer en calma en torno a las instituciones. Ha dicho Arsenio Farell, mejor conocido como el enemigo de los trabajadores, que el gobierno no puede aceptar de ninguna manera que se otorge aumento salarial si las partes no están conformes, al inaceptarlos. Incluso, el propio Presidente de la República, en días recientes, mencionó que sólo el gobierno intervendrá en caso de que, como él llama, los factores de la producción no se pongan de acuerdo, solamente en esa ocasión y en estas circunstancias el gobierno podrá intervenir para mediar o tratar de encontrar una solución conciliatoria.
Bueno, es obvio que la dinámica de la política económica que ha sostenido el gobierno mexicano; las condiciones que ha impuesto e impreso a la política económica, han tenido un denominador común, el denominador común ha sido que han mantenido una absoluta contemporización con los empresarios, les entregaron las casas de bolsa, porque no les podían entregar la banca, les hicieron un conjunto de concesiones que obviamente eran concesiones políticas para evitar que este sector tradicionalmente reaccionario y retrógrado que es la burguesía mexicana, una burguesía que está acostumbrada permanentemente a ganar pero no a arriesgarse con la nación; una burguesía ratonera generalmente oportunista, que ha crecido al amparo de los privilegios que el gobierno le ha otorgado; una burguesía que se pone histérica cuando nacionalizan la banca, pero obviamente también se histeriza cuando los trabajadores exigen aumento salarial; es decir, una burguesía timorata, generalmente reaccionaria, con una cuna bastante reaccionaria.
El gobierno no ha dado color en torno a qué medidas se podrán tomar sobre ello. La única carta que ha lanzado el gobierno son las medidas que dio a conocer el Secretario de Comercio, Héctor Hernández, que ya tuvimos oportunidad de comentar en esta tribuna.
Nosotros, pensamos que es necesario, imprescindible, que la Cámara de Diputados esté atenta a este debate nacional, que según la dirigencia del Congreso del Trabajo, habrá de resolverse en uno u otro sentido, en las próximas horas. Parece ser que la consigna sigue siendo en las filas del Congreso del Trabajo y el movimiento obrero oficial, sigue siendo o 46% o huelga. Hasta la fecha Fidel Velázquez no se ha retractado de ello, cabeza visible del Congreso del Trabajo y principal dirigente ideólogo de los obreros organizados en el Congreso del Trabajo y actual presidente del Congreso del Trabajo, ha sostenido la tesis de que van a estallar en huelga, que hay un número importante de emplazamientos y que todo indica que está sobre ruedas la eventual huelga en caso de que los empresarios no cedan.
Creo que eso es importante, es un acontecimiento nacional, no podemos desdeñarlo, no podemos minusvalorar este hecho, me parece que es de primera importancia que la Cámara, una Cámara como ésta, donde confluyen corrientes claves, grupos, subgrupos y demás, esté atenta a esta discusión.
En una sesión de esta Cámara, hicimos una propuesta que en buena hora, diría yo, fue aceptada por la mayoría. Y en buena hora porque la Cámara de Diputados no podía abstraerse del apoyo a favor de esta demanda del Congreso del Trabajo. En aquella ocasión se actuó con inteligencia y prudencia; se actuó políticamente; se vio que no era posible que la Cámara de Diputados, donde están un número importante de representantes obreros del Congreso del Trabajo, especialmente de la CTM y de algunas otras centrales, no apoyara esta demanda del Congreso del Trabajo. Eso nos pareció en esa ocasión, imprescindible.
Hoy venimos a esta tribuna a propósito de una manifestación que ha salido del Monumento a la Revolución y que va a concluir aquí afuera de este Palacio Legislativo con un mitin; en esta manifestación que arribará en unos cuantos minutos afuera de este Palacio Legislativo, está conformado por diversas organizaciones y sectores del movimiento obrero y popular, en donde destacan los sindicatos universitarios, que han participado activamente en lo que se ha denominado la mesa de concertación sindical, una organización de claro corte popular y obrero en donde se han organizado los sindicatos que sin estar necesariamente vinculados al Congreso del Trabajo están, de una u otra forma, vinculados al Presupuestos de la Federación.
Por eso nosotros, reivindicando aquella moción, que reitero en buena hora, tuvieron los diputados de la mayoría votar a favor, pensamos nosotros que en consecuencia con esa votación que espero no haya sido únicamente una votación de temporal, pues hoy traemos un punto de acuerdo que si se actúa con racionalidad, con secuencia lógica, inteligencia y elemental congruencia, tendremos que aprobar. Voy a dar lectura a ella, dice:
«Los diputados que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a consideración de esta Cámara, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Esta Cámara manifiesta su solidaridad con la demanda de aumento salarial que , en convergencia con el Congreso del Trabajo, han formulado las organizaciones agrupadas en la mesa de concertación sindical.
Firman esta propuesta, por el grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista, el diputado José Camilo Valenzuela; por el Partido Demócrata Mexicano, el compañero diputado Roberto Calderón Tinoco; y por el grupo parlamentario de mi partido, el Revolucionario de los Trabajadores, su servidor»
Quiero hacer una acotación para ilustrar a la asamblea en el sentido de que estas organizaciones que hoy transitan por la Ciudad de México y que vendrán a estas puertas del Palacio Legislativo, vienen a demandar de esta Cámara de Diputados varias cosas; destaca en ellas algunas que tienen que ver con el Presupuesto de la Federación que habremos de discutir en próximos días, pero también vienen a expresar su punto de vista a propósito del aumento salarial que hoy se discute en el plano nacional.
Yo creo, estoy convencido, seguramente muchos diputados también pensarán igual, espero que lo hagan así en esta ocasión, que los compañeros hombres y mujeres que se aproximarán en pocos minutos a este Palacio Legislativo en demanda de congruencia, en demanda de solidaridad, en demanda de ser escuchados, en demanda de observar que la Cámara de Diputados puede actuar más allá del aspecto formal de legislar sino de hacer política, y entender que el país es más grande que los que algunos creen, pienso que esta propuesta debe aceptarse.
Las compañeras y compañeros que vienen a esta marcha estarán atentos, la opinión pública estará atenta de cómo se vota en este asunto. Muchas gracias.
El C. Presidente: - En cumplimiento a la fracción segunda del artículo 58 del reglamento, se abre el registro de oradores, uno en pro y otro en contra.
Tiene la palabra en pro el diputado Camilo Valenzuela, del Partido Mexicano Socialista.
El C. José Camilo Valenzuela: - Señor presidente; compañeros diputados: Nuestro país ha vivido en los últimos tiempos acontecimientos que han agravado la situación que padecemos los mexicanos, que padecemos los trabajadores.
El atraco contra los pequeños y medianos ahorradores, realizado en la Bolsa de Valores, la especulación con los dólares y la devaluación del peso, el alza intensa que han sufrido los precios de los artículos de consumo popular a consecuencia de esta devaluación; todo esto ha conformado una situación de verdadera emergencia nacional, y ante ello los trabajadores, especialmente los representados en el movimiento obrero oficial, se han visto obligados a deponer la actitud de sacrificio, de esperanza en que de parte del gobierno pudiera venir un cambio en el sacrificio que se les había venido imponiendo. Y se han planteado la necesidad de poner un hasta aquí a la cascada de agresiones, que contra sus condiciones de vida y de trabajo se ha venido desarrollando en los últimos años.
El reclamo de un aumento extraordinario del 46%, bajo la amenaza de hacer uso de una huelga de carácter general, es justa, es indispensable y era, desde hace tiempo, muy necesaria para defender los intereses de los trabajadores y para tratar de empezar a detener un rumbo que está llevando a nuestro pueblo a situaciones de desesperación y está llevando a nuestro país a una crisis cada vez más brutal y cada vez más difícil de remontar.
Esta Cámara reconoció la justeza y lo necesario de este planteamiento del movimiento obrero oficial. Y como la respuesta a ese planteamiento se ha prolongado, tanto por los regateos de los empresarios que siguen considerando que los trabajadores se deben de seguir sacrificando para que ellos sigan amasando grandes fortunas, ante la prolongación de la respuesta también por las vacilaciones de un gobierno que pretende seguir beneficiando al gran capital con el sacrificio de los trabajadores, se han empezado a desarrollar iniciativas que respaldan el reclamo del movimiento obrero oficial.
La acción que hoy está llevando a cabo la mesa de concertación sindical en la cual forman algunos sindicatos importantes del Congreso del Trabajo, como lo es el Sindicato Mexicano de Electricistas, va orientada a presionar, a poner nuevas fuerzas en la balanza para reclamar que se atienda la petición del Congreso del Trabajo de un aumento extraordinario del 46%.
Esta acción que se está realizando, busca contribuir a detener la sordera y la altanería con que los grandes capitalistas están respondiendo a los reclamos del movimiento obrero oficial. Esta acción que se realiza busca también enfrentar la actitud del gobierno de pretender poner oídos sordos a los reclamos del movimiento obrero, al reclamo de los trabajadores y de pretender seguir dejando las manos sueltas al gran capital.
Por esto, compañeros, esta Cámara de Diputados no puede hacer otra cosa en congruencia con lo ya resuelto, que manifestar su apoyo, de nueva cuenta, al reclamo de un aumento extraordinario del 46% y concretamente saludar la marcha que hoy están realizando sindicatos de trabajadores que se agrupan en la mesa de concertación sindical, tanto de aquellos que no están en el Congreso del Trabajo como de aquellos que estando en el Congreso del Trabajo consideran necesario desplegar la unida acción con otros sindicatos democráticos e independientes.
Esta Cámara no puede escamotear este apoyo porque sería caer en una absurda incongruencia con declaraciones y pronunciamientos que ya hemos hecho. Y sería, sobre todo, al escamotear este apoyo, hacer el juego a los grandes capitales que pretenden justificar la negativa a atender los reclamos que hoy están realizando los trabajadores, para tratar de detener una ofensiva, un recrudecimiento de la ofensiva contra sus condiciones de vida y de trabajo.
La situación de emergencia nacional que vive México y que viven los trabajadores, nos reclaman acciones más decididas. Y esta Cámara está ante la disyuntiva de ser congruente con lo que resolvió de continuar haciéndose eco de esta situación de emergencia nacional. Y por ello queremos insistir en que esta Cámara debe apoyar el punto de acuerdo por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario de los Trabajadores, del Partido Demócrata Mexicano y del Partido Mexicano Socialista.
Compañeros diputados: Los trabajadores, la inmensa mayoría del pueblo mexicano está en una situación extremadamente desesperada, y ante ello esta Cámara tiene que ratificar, debe ratificar su apoyo al reclamo de un aumento extraordinario
del 46% que pretende ser regateado, que pretende ser retardado y que pretende tratar de escamotear a los trabajadores. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Roberto Calderón Tinoco.
El C. Roberto Calderón Tinoco: - Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados: A nombre de la fracción del Partido Demócrata Mexicano, suscribimos el punto de acuerdo, porque en el fondo tiene el sentido implícito, con la intención de urgir la concertación que debe darse entre los integrantes o entre los involucrados en el Congreso del Trabajo, para que se resarza la pérdida del valor adquisitivo por la inflación.
Nosotros consideramos que independientemente de la óptica o de los matices con que se argumente en torno a este problema, por parte de los que suscribimos o de los que demandamos la atención y el que se agilicen la concertación entre el Congreso del Trabajo y los que están participando en la marcha a que se ha hecho mención, nosotros creemos que prevalece la exigencia, porque el próximo salario mínimo cierre en principio la brecha inflacionaria, producida por la inflación, sobre todo en el último trimestre y prevé además algunos puntos arriba para empezar a recuperar el valor adquisitivo de los trabajadores de todo el país.
Por otra parte, consideramos que debe ser ampliamente valorada la situación que se vive dentro de la fuerza laboral y de los que contratan precisamente o mantienen la planta de empleo, para que se tenga cuidado que en esta concertación, los acuerdos favorezcan, desde luego, a los trabajadores que son los que más han sufrido un deterioro en los salarios que se vienen percibiendo, pero que se cuide el que se mantenga la planta de empleo, la planta productiva; esto requerirá pues de una acción racional, encaminada, eso sí, a resarcir el poder adquisitivo de los salarios, pero también a cuidar que no se vaya a producir o a desencadenar un despido desmesurado e inconsiderado de los que viven de su trabajo, ya que ante estas situaciones, como se ha venido mencionando, se opta por el camino fácil del despido para rehuir la atención a los compromisos con los trabajadores y en este aspecto consideramos que como son ellos los que más han sido afectados, debe ser atendida la demanda que se consigna dentro del punto de acuerdo que nosotros suscribimos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Sánchez González, del Partido Mexicano Socialista, por cinco minutos, de acuerdo con el 102.
El C. José Luis Sánchez González: - Con su permiso, señor presidente: A los trabajadores mexicanos, sistemáticamente se les pide calma, paciencia, sacrificio y solidaridad; lo que ha significado para ellos hambre, pobreza y miseria. En tanto, que a los grandes empresarios e industriales del país, que constantemente chantajean y presionan, se les siguen otorgando sin cesar, estímulos fiscales, facilidades para la inversión, apoyos económicos e infraestructura, y sobre todo, puertas abiertas y libertad plena para la explotación y el saqueo.
Esta minoría opulenta ante la cual hay, sin duda, muchos que no tienen Dios ni patria, más que el becerro de oro; cuando hay abundancia y prosperidad, gana; cuando hay crisis, vuelve a ganar y en ocasiones gana más en pesos y en dólares; los únicos que no ganan nunca y pagan siempre los platos rotos de un banquete al que no fueron invitados, son los trabajadores.
El movimiento obrero organizado, a través de la C T M o del Congreso del Trabajo, fiel aliado del gobierno, a pesar de su contribución al mantenimiento del sistema político dominante es, no sólo ignorado sino golpeado sistemáticamente por el propio Estado. Planes, proyectos y programas, para reorientar el rumbo de la nación, no han faltado, pero todos sin excepción han caído en saco roto, la política económica no ha cambiado ni un ápice, por el contrario, ésta se ha recrudecido, con lo que se confirma el carácter reaccionario y derechista del actual gobierno.
"Ya nos saquearon", nos volvieron a saquear y nos están saqueando ahora, a pesar de lo dicho por López Portillo. Saquearon las arcas nacionales, saquearon los bolsillos de los trabajadores, a pesar de esto, los empresarios dicen que no están de acuerdo con el aumento salarial que se pretende, porque eso significa acelerar la espiral inflacionaria.
Se asustan de la inflación que ellos provocaron en gran medida con la especulación criminal que han realizado por su voracidad, pero se van a asustar más, no sólo la clase empresarial sino también el propio gobierno, cuando vean a los obreros como ahora de pie y con la decisión de echar abajo no sólo la política económica que está sembrando tristeza, desesperanza, luto y dolor, en millones de hogares mexicanos sino al gobierno mismo.
Yo vengo a esta tribuna a pronunciarme también a favor del punto de acuerdo que se ha planteado a esta soberanía. A mi juicio, el aumento salarial
que se pretende, es un aumento racional, es un aumento justo, es un aumento necesario y urgente, más aún en este mes, en el de diciembre, en el que seguramente a las puertas de los hijos de millones de trabajadores no llegará "Santa Claus".
Muchos niños, pertenecientes a familias obreras, a familias proletarias, despertarán y no encontrarán nada en su almohada, a pesar de las cartitas que seguramente habrán hecho ya o las harán en los próximos días.
Esto en contraste con la situación que vivirán, con la alegría que experimentarán algunos hijos de empresarios y de industriales que seguramente estrenarán coches nuevos, mientras que los hijos de los trabajadores ni siquiera carros, coches de mentiras, de a polvis comerciales tendrán.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Velasco Pérez, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Juan Carlos Velasco Pérez: - Con su permiso, señor presidente: Vengo a esta tribuna por considerar que es innecesario un nuevo acuerdo en los términos propuestos por el diputado Peñaloza, pues esta Cámara ya fijó su postura en el sentido de solidarizarse con el movimiento obrero, por solidarizarse con el movimiento en sus luchas, en nuestras justas luchas y al solidarizarse no está haciendo distingos de grupos u organizaciones. El punto de acuerdo es para todos los trabajadores, para todo el movimiento obrero en general y otro acuerdo, haciendo distingos, conduce a sustentar divisiones en estos momentos de lucha contra la burguesía.
Por lo anterior, compañeros diputados, creo que es inadmisible y en consecuencia debe ser rechazada la propuesta referida. Para los trabajadores que vienen o para cualquier otro trabajador que llegue a esta Cámara de Diputados, creo que está presente nuestra solidaridad ya manifestada hace unos días en un punto de acuerdo. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, por cinco minutos para hechos, el compañero Efraín Calvo.
El C. Efraín Calvo Zarco: - Gracias, señor presidente: Yo no sé qué está pasando en esta Cámara de Diputados, francamente. Está fallando la lógica más elemental, por una simple y sencilla razón: porque ahora se dice que si un grupo de trabajadores viene a esta Cámara de Diputados a solicitar un apoyo y entonces se plantea que se refrende el acuerdo que se hizo en esta Cámara de Diputados, se dice que eso es dividir a la clase trabajadora.
Nosotros pensamos que la clase trabajadora y la dirección de la clase trabajadora no la tiene nadie en exclusiva, y que un punto que puede apoyar las demandas de un grupo de trabajadores, ése tan importante como cualquier otro punto que apoye a otro grupo de trabajadores. Y que si refrendamos en ambos casos el apoyo de los trabajadores que vienen con la misma demanda, muchos de los cuales son representantes aquí en la Cámara de Diputados, pues eso suma voluntades, esfuerzos, y entonces eso fortalece a la clase trabajadora, no la divide.
Yo creo que los compañeros o el compañero que subió a hablar aquí, no sabe mucho de siquiera aritmética, porque esto, insistimos, es incongruente, es ilógico. Y es incongruente y es ilógico, porque yo me acuerdo que cuando el compañero Peñaloza vino a proponer aquí el punto de acuerdo la ocasión pasada, fueron compañeros de la C T M, quienes dijeron: si se trata de apoyar, aceptamos cualquier apoyo, pero cuando se trata de que se les pide apoyo, entonces es división de la clase obrera, porque, señoras y señores diputados, no se vale entonces que alguien venga a tratar de abrogarse la representación de absolutamente toda la clase trabajadora.
Nosotros los queremos volver a llamar a la cohesión, a la consistencia de las posiciones y estamos convencidos de que el deterioro del salario del trabajador mexicano afecta a todos los mexicanos y a sus familias, que es enorme, que es el clamor más popular que hay en estos momentos, que después de la devaluación de nuestra moneda, donde la inflación que provocó se volvió terrible para el pueblo mexicano, fue un golpe seco contra la economía popular, se vio a las claras que la demanda de aumento salarial es una demanda de todo el pueblo trabajador. Y de todo el pueblo trabajador, quiere decir, compañeros, dentro del Congreso del Trabajo, fuera del Congreso del Trabajo o sectores populares que tienen ingresos no precisamente del trabajo asalariado; por eso nosotros pensamos que si viene aquí a estas puertas del Palacio Legislativo un grupo numeroso de compañeras y compañeros que vienen en marcha hacia la Cámara de Diputados y les digamos que ya no es conveniente refrendar el punto de apoyo, porque entonces estamos dividiendo a la clase obrera, los estamos calificando a esos compañeras y compañeros de divisionistas de la clase trabajadora y francamente eso es inaceptable; es inaceptable y además lamentable, es incongruente, es increíble. Para decirlo en pocas palabras , nos mostramos pasmados y los llamamos a que lo vuelvan a reflexionar, que lo vuelvan a pensar, porque pensamos que en nada afecta, ni a la Cámara de Diputados ni a nadie que podamos volver a refrendar este punto de acuerdo.
(Para hechos, solicitan varios diputados la palabra)
El C. Presidente: - Permítanme tantito, compañeros. Ha presentado la proposición el compañero Peñaloza.
Consulte la secretaría, de acuerdo con la fracción III, del 58, si se admite o no a discusión la proposición hecha por el compañero Pedro Peñaloza.
(Siguen solicitando varios diputados la palabra, para hechos)
El C. Presidente: - Inmediatamente después de que termine la votación, se le concederá la palabra para hechos.
Proceda la secretaría. Nosotros registramos a los oradores para hechos.
La C. secretaria Ofelia Casillas Ontiveros: - Por instrucciones de la presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión el punto de acuerdo presentado.
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo...
(Votación.)
Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo... Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, Roberto Calderón Tinoco. ¿Se la deja a Magdaleno? Correcto.
El C. Magdaleno Yáñez Hernández: - Señor presidente: Pues quiero protestar en primer lugar por no habérseme otorgado la palabra cuando la pedí, si ya la tengo, y yo creo que en gran parte me hace dudar si ustedes no tienen la palabra. Hace unos días, en la cual el movimiento obrero o los obreros que ustedes representan apoyaron un punto de acuerdo para apoyar que se otorgara el 46% de aumento a los trabajadores, y hoy nos encontramos con una actitud media rara, el hecho de que no se quiera apoyar un punto para apoyar a una parte también de los trabajadores de México.
Yo mencionaba en mi intervención anterior que independientemente de la ideología, independientemente de grupo o partido, están por encima los intereses de todos los mexicanos, porque si bien es cierto que son unos cuantos millones de mexicanos, de obreros que representan algunos sindicatos, hay una gran cantidad de trabajadores que no los representa nadie, y en ese sentido creo que es conveniente que se venga a hacer aquí una intercesión por aquellos que no tienen quien hable por ellos.
En esta época en que se dice que se va a realizar huelga o no , y como que se juega al gato y al ratón, y todavía nos preguntamos si en México recordarán algunos cómo se hacen las huelgas generales; quizá han pasado ya al olvido aunque después en cierta manera pudiéramos decir que no es lo más indicado, que debe haber una concertación entre los trabajadores y los patrones para que haya un acuerdo, y las empresas sigan con una producción que vaya a beneficiar a las dos partes.
Pero ayer, cuando acudimos a Los Pinos con los industriales de la industria hotelera, mencionaba algún empresario ahí que estaba en contra de los aumentos salariales que pedían algunos líderes voraces, y yo pensé en ese momento que quiénes eran voraces, si los líderes a lo mejor algunos sí, pero yo creo que no todos, a los patrones que tienen unas ganancias exorbitantes mientras la mayoría de los trabajadores, por no decir que casi todos, no tienen lo necesario para vivir.
En este sentido, creemos que es importante que se apoye a los trabajadores de México sin importar las siglas, y más aquellos que no tienen ninguna representación en ninguna parte, y que están a merced del más fuerte, porque el poder económico en muchas ocasiones se apoya en el poder político. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Camilo Valenzuela, del Partido Mexicano Socialista.
El C. José Camilo Valenzuela: - Señor presidente; compañeros diputados: Es preocupante la posición que vino a expresarse aquí por un compañero diputado del llamado sector obrero. Es preocupante porque la lucha que el propio Congreso del Trabajo está dando por tratar de lograr un aumento extraordinario, aún está en veremos.
Y de acuerdo a los pronunciamientos y actitudes que se vienen perfilando, pareciera indicar que incluso está en peligro de no alcanzarse no con mucho. La actitud cerrada del sector empresarial, de los grandes empresarios que controlan las cámaras representativas del sector empresarial, se mantienen sin modificación, y la actitud del gobierno de tratar constantemente de subordinar las reivindicaciones de los trabajadores a eso reclamos e intereses de los grandes empresarios, vuelve
a manifestarse tratando de ganar tiempo, tratando de hacer concesiones accesorias para lograr que los trabajadores depongan las reivindicaciones que pretenden defender un poco los ingresos salariales tan devaluados que reciben.
Por eso, me resulta realmente incomprensible que estando en juego las fuerzas contrarias a los intereses de los trabajadores, venga aquí un compañero , diputado obrero, a pronunciarse porque esta Cámara no ratifique su apoyo al mismo reclamo de aumento extraordinario de 46% que intentan, que están levantando otro sector de trabajadores, incluidos algunos del propio Congreso del Trabajo.
Yo creo, compañeros, que empieza a volverse cada día más imposible de conciliar la representación de los intereses de los trabajadores con la subordinación a los mandatos del sector hegemónico al seno de un gobierno que está sacrificando a nuestro pueblo y que está sacrificando a la nación y que pretende seguir subordinando las demandas de los trabajadores.
Yo creo que lo que esta participación tan abismalmente incongruente refleja, es precisamente eso, no se puede seguir pretendiendo representar los intereses de los trabajadores y subordinándose a los dictados de los personeros de un gobierno que está sacrificando al pueblo y que está sacrificando a la nación.
Esta es la verdadera situación, la verdadera paradoja a la que nos estamos enfrentando. Y la Cámara de Diputados empieza a mostrarse incongruente con sus propias resoluciones, en la medida en que las presiones del sector empresarial, en la medida en que la actitud de quienes hegemonizan el gobierno, tratan de hacerse sentir aquí, de hacer sentir aquí sus directrices y de amainar el espacio para la lucha que están dando los trabajadores por ese aumento extraordinario.
Creo, compañeros, que es hora de insistir, el movimiento obrero oficial tiene que definirse, y tiene que plantearse: o va a defender los intereses de los trabajadores y concretamente luchar por las reivindicaciones que ha levantado o va a seguir cediendo terreno y dejando que crezca la bola de nieve que está aplastando a los trabajadores y que también está aplastando a la nación; porque con un movimiento obrero aplastado no pueden defenderse los intereses de nuestra nación.
Esto es lo grave de la actitud que el compañero diputado vino a manifestar aquí y queremos insistir, esta Cámara está en la obligación de hacerse eco de una situación nacional de emergencia, cuyas consecuencias pueden ser impredecibles, y especialmente los diputados que nos reclamamos representantes de los intereses de los trabajadores.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Miguel Alonso Raya, del Partido Mexicano Socialista.
El C. Miguel Alonso Raya: - Compañeros, es lamentable que antes de terminar este debate se haya sometido a votación el punto de acuerdo y sin la suficiente argumentación se haya votado, y se haya votado en contra del punto de acuerdo que sería propuesto por parte de varias fracciones.
Es lamentable además porque, compañeros, creo que si algo se requiere el día de hoy o en estos momentos, para poder dar respuesta satisfactoria a las demandas levantadas, las demandas justas que ha enarbolado y que ha levantado el Congreso del Trabajo, es de una unidad lo más amplia posible.
Las visiones y las actitudes sectarias no caben hoy, hoy se requiere profesar la más amplia unidad del movimiento obrero y popular para poder reorientar efectivamente la política económica que ha venido aplicando el gobierno; hoy se requiere del más amplio apoyo a la iniciativa desplegada por el movimiento obrero y a los planteamientos hechos, para lograr frenar las ambiciones y las presiones que están haciendo los grandes empresarios, son muchas y muy fuertes.
Nadie puede negar tampoco aquí la actitud titubeante, la actitud timorata, la actitud a veces hasta conservadora de parte del gobierno para enfrentar de manera justa, de manera correcta los reclamos de las grandes masas trabajadoras. En ese sentido, compañeros, el hecho de que se propusiera un punto de acuerdo para respaldar la acción y la demanda en solidaridad con lo propuesto por el Congreso del Trabajo, por parte de la mesa de concertación sindical, no tiene en absoluto nada que tienda a dividir al movimiento obrero, por el contrario, se están sentando las bases para profesar la más amplia unidad, por el contrario yo creo que se sientan las bases para que se puedan generar las condiciones para realizar la segunda asamblea nacional del proletario que ha sido demanda y exigencia de algunos sindicatos, entre otros, de la propia C T M.
Hoy como dijera en alguna ocasión aquí el diputado Blas Chumacero, si hubiera central única de trabajadores, otra cosa estaría sucediendo, y cuando, compañeros, cuando se empieza a desarrollar esto, y cuando se empiezan a caer y a derrotar actitudes sectarias, visiones estrechas y cuando se empieza a desarrollar una acción concertada y solidaria de amplia unidad, en derredor de demandas
justas y de planteamientos justos, de reivindicaciones que recogen los principales anhelos y exigencias hoy de los trabajadores, creo que es totalmente incorrecto que se rechace un punto de acuerdo como el que se propuso aquí, con el argumento de que eso divide, porque eso es falso; al contrario, la acción de la mesa de concertación sindical, el día de hoy, fortalece la demanda del Congreso del Trabajo, fortalece las exigencias que han venido planteando el Congreso del Trabajo y ayuda y contribuye a frenar, al final de cuentas, compañeros, la presión que están ejerciendo los empresarios para evitar que se llegue a un acuerdo favorable a los trabajadores.
Y ayuda y contribuye también a sacudir y a hacer mayor conciencia en el gobierno, de la actitud que debe asumir frente a las demandas justas de los trabajadores. Esa amplia unidad que se está procesando en la acción, esa actitud despojada de visiones sectarias, es lo que permite hoy o lo que puede permitir hoy que el movimiento obrero salga exitoso en la lucha que está planteado y, compañeros, esta actitud y esta posición que se vino a asumir aquí por parte del compañero diputado Velasco, no contribuye, no ayuda a desarrollar ni a ampliar la solidaridad y a fortalecer la unidad para que los trabajadores tengan mejores condiciones para arrancar soluciones favorables a lo que han venido planteando.
Por ello nos preocupa y por eso es importante, compañeros, también que reflexionemos en el tipo de métodos que utilizamos aquí en la Cámara para debatir. Yo creo que debemos convencernos de las cosas y no de facto, tratar de imponer y sacar las cosas adelante, imponiendo simplemente una mayoría mecánica.
Compañeros, yo los invito a que reflexionemos seriamente con esto y a que modifiquemos nuestro comportamiento y nuestra actitud frente a lo que son acciones de una mesa de concertación sindical que , insisto, cada día evoluciona más y al final de cuentas, tarde que temprano, tendrá que incidir y tendrá que incursionar junto con el conjunto de organizaciones en el Congreso del Trabajo para fortalecer la unidad del movimiento obrero y para sentar las bases de la segunda asamblea nacional del proletariado y de la propia central única de trabajadores. Reflexionemos sobre ello, compañeros. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Díaz Moll.
El C. José Luis Díaz Moll: - Con permiso de la presidencia: Antes de refutar la lógica con la cual el compañero diputado del sector obrero de esta Cámara refutó la propuesta hecha por nuestra fracción, nuestro partido sí quiere hacer una formal protesta, por una actitud que consideramos con el debido respeto, señor presidente, prepotente.
Usted dio la palabra para hechos a una serie de oradores, nos anotamos algunos otros oradores con la idea y con el derecho de hablar antes de que se votara, puesto que todos tenemos el derecho de tratar de convencer antes de una votación. La idea era tratar a los compañeros del sector obrero de esta Cámara, para que reconsideraran su posición...
(Voces desde las curules.)
Es tema, señores diputados. Entonces, que conste esta propuesta que nosotros hacemos de manera formal, porque consideramos que se violó el reglamento.
Este asunto hasta donde se ha hablado en esta discusión todos hemos coincidido que hay un enemigo común; este enemigo común es, primero, una burguesía voraz, una burguesía que se ha burlado sistemáticamente con una actitud antisolidaria de la buena fe de los trabajadores de México; una actitud a todas luces antinacionalista y, en segunda instancia, una política económica tendiente a favorecer a esa burguesía voraz, a esa burguesía que no se detiene ante principios de ninguna especie.
El acuerdo de la semana pasada fue a favor de apoyar la demanda del 46% del Congreso del Trabajo, ése fue el acuerdo que tomamos en esta Cámara. El diputado que se subió aquí en contra de la propuesta, vino a plantear que era para dividir, nosotros estamos viendo todo lo contrario, estamos viendo que esta propuesta tiene el sentido de sumar en política, en todo movimiento, la clave para que éstos triunfen, es la capacidad que éstos tengan de sumar no de restar, señores diputados.
¿Y qué es lo que se está sumando aquí?, otra instancia organizativa de trabajadores, como es la mesa de concertación sindical. Se propone y tiene la iniciativa de venir a plantear su disposición a luchar conjuntamente con el Congreso del Trabajo, a fin de que juntos, dado que la carestía, los bajos salarios también les afecta, vienen a proponerse, sumarse a las demandas que ustedes están planteando, también luchando ellos por el 46% que ustedes han venido defendiendo. Y que se dice, que no, que eso divide.
Creo que es una forma muy especial de ver las matemáticas y las matemáticas en política también valen. Yo recordaba el artículo de hoy de
Miguel Angel Granados Chapa, en "La Jornada", por ejemplo. El planteaba esto, cómo ha venido habiendo un desfase en el cual los trabajadores toman conciencia de su situación y se meten en un movimiento ascendente con la idea de sumar fuerzas para sacar en adelante sus reivindicaciones. Y que se dice aquí, que eso no se vale, porque eso es dividir, a menos que se diga que el SUNTM no existe, no lo podemos negar, el SUNTM no existe, o son los trabajadores de sección, o los del SME que son del Congreso del Trabajo y de la mesa de concertación. Yo creo que sí vale la pena reflexionar sobre esto, porque es una incongruencia lo que están haciendo.
Yo entiendo y nosotros entendemos, lo que significó el acuerdo de la semana pasada en términos de su relación con el Estado. Seguramente quien en el gabinete económico se molestó con el acuerdo que tomamos en la Cámara de Diputados, bueno pues llevémoslo esto hasta adelante, hasta sus últimas consecuencias.
Farell se molestó, Farell ha demostrado que es un enemigo de los trabajadores, a menos que se haya molestado alguien a quien no se pueda molestar. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Peñaloza, hasta por cinco minutos de acuerdo con el 102.
El C. Pedro José Peñaloza: - Señoras y señores diputados: Yo creo que hay varias formas y varias ópticas de tomar lectura de la intervención que vino a hacer aquí el diputado Velasco.
La primera, la negativa, la interpretación negativa, sería que hay detrás de su intervención una concepción sectaria sobre el movimiento obrero; que hay detrás de su visión una concepción reducida de la lucha sindical; que hay detrás de su visión, una concepción cupular de la lucha sindical; que hay una visión totalmente retrógrada de cómo sumar fuerzas para obtener las conquistas sindicales. En suma, en esta visión negativa, estaríamos hablando de que se vuelve a los tiempos negros del sindicalismo de que el que no está conmigo está contra mí y se practicaba dentro y fuera del movimiento obrero, el gangsterismo sindical. Ahora parece ser que estamos en presencia de esta interpretación, del gangsterismo verbal que vino a expresar aquí el diputado Velasco. Pero seamos optimistas, veamos, seamos eventualmente optimistas y veamos otra hipótesis, otra interpretación. La voy a hacer.
Posiblemente el diputado Velasco nos vino a querer decir aquí, a tratar de decir, que en realidad el Congreso del Trabajo se solidariza con las demandas que plantea la mesa de concertación sindical, En realidad que el acuerdo del 2 de diciembre, sea extensivo a la mesa de concertación sindical; que el Congreso del Trabajo y en especial la C T M, hacen suya la lucha congruente y que hoy están dando los agrupamientos que están en torno a la mesa de concertación sindical. Quizá el diputado Velasco quiso decirnos que ellos estarían de acuerdo y que están de acuerdo en que el punto de acuerdo del 2 de diciembre se hace extensivo a la mesa de concertación sindical. Eso no está en la interpretación. Sí es así, traigo un punto de acuerdo que dice lo siguiente:
La Cámara de Diputados, hace extensivo el punto de acuerdo del pasado 2 de diciembre, acerca del apoyo a la demanda del aumento salarial del 46%, exigida por el Congreso del Trabajo, hacia la mesa de concertación sindical.
Esa es la propuesta, si ésa es la interpretación, si ustedes me afirman con sus movimientos de cabeza de que ésta es la interpretación, yo espero ilusamente, congruencia. Creo que ésa es la lógica, si el diputado Velasco dijo que se hace extensivo el punto de acuerdo de la semana pasada, pues lo más fácil, lo más lógico, lo más inteligente, es votar a favor de este punto de acuerdo. Lo dejo para la secretaría, vamos a ver hasta dónde llegan en esta ocasión.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Acosta Villeda, del Partido Mexicano Socialista.
El C. Eduardo Acosta Villeda: - Señor presidente, es sobre otro asunto.
El C. Presidente: - Compañero, esta presidencia registró las proposiciones y está registrando la del compañero Pedro Peñaloza y como la proposición del compañero Pedro Peñaloza, la nueva, es posterior a las que ustedes ya pidieron la palabra, por turno le corresponde desahogar a esta presidencia, la de usted y la del compañero Jesús Heriberto Noriega Cantú.
El C. Eduardo Acosta Villeda: - Señor presidente, entonces declino el uso de la palabra para anotarme en otro asunto después.
El C. Presidente: - Correcto, declina usted.
Tiene la palabra el diputado Jesús Heriberto Noriega Cantú, del Partido Mexicano Socialista.
El C. Jesús Heriberto Noriega: - Señor presidente, para un asunto diferente al que se está discutiendo en este momento, voy a dar procedimiento
a lo planeado por el compañero Peñaloza, después haré uso de la palabra.
El C. Presidente: - Correcto, declina usted también en su proposición como estaba usted inscrito. Por consiguiente, queda como única proposición en estos momentos la que ha hecho hace un rato el diputado Pedro Peñaloza.
Se abre el registro de oradores de acuerdo con el artículo 58, fracción II.
Diputado José Luis Sánchez, del Partido Mexicano Socialista, tiene usted la palabra.
El C. José Luis Sánchez González: - Hay algunas actitudes y acciones de la diputación de la C T M, que revelan inconsecuencia y contradicción.
Precisamente esta inconsecuencia y esta contradicción es la que genera incertidumbre, confusión y desconfianza en cuanto a la seriedad, a la firmeza y a la autenticidad de las posiciones que manifiestan algo que debiera ser motivo de alegría, algo que debiera ser motivo de orgullo para todos es el hecho de que haya una coincidencia entre lo que se denomina movimiento obrero organizado y movimiento independiente, y una muestra, a mi juicio, de madurez y de responsabilidad política que pone de relieve el espíritu unitario que anima a las organizaciones que participan en la mesa de concertación, es el hecho mismo de haberse adherido a la demanda salarial que el Congreso del Trabajo planteó.
No se buscó que hubiera desavenencias en ese sentido; se trató a toda costa de sumar fuerzas y esfuerzos para lograr un objetivo económico que en este momento es a todas luces justificado y justificable; sin embargo, ahora que se viene a plantear la demanda de que se refrende ese pronunciamiento, y que se reitere el apoyo a esa demanda salarial, un diputado del sector obrero hace uso de la palabra para expresar que eso implicaría o llevaría a la división del movimiento obrero.
Yo creo que esta expresión, yo considero que esta declaración desafortunada de un representante del sector obrero es insostenible, porque nosotros no estamos planteando aquí de ninguna manera que alguna de las organizaciones del Congreso de Trabajo se separen, o que ese organismo se desmembre; nosotros no estamos proponiendo aquí tampoco nada en contra de la voluntad soberana de estos organismos sindicales, por el contrario, nos estamos solidarizando incondicional e irrestrictamente con este planteamiento, y por ello resulta absurdo el hecho de que ahora que se tiene la oportunidad para refrendar un pronunciamiento, para reiterar que esta Cámara está con los ojos abiertos y lista para manifestarse solidariamente en apoyo de la demanda de los trabajadores, se trate de anularla con una posición como la que se ha venido a plantear aquí hace unos momentos.
Para todos es claro que el salario que hoy perciben los trabajadores ni es mínimo ni es constitucional; 170 mil pesos mensuales que hoy ganan millones de trabajadores no alcanzan muchas veces ni para pagar siquiera la renta de la casa que habitan, mucho menos para otras cosas más elementales.
Entonces, lo que aquí se plantea, lo que aquí se busca, es darle solidaridad a los obreros, es un acto de justicia social. Yo pienso que el Estado, del que han sido aliados los trabajadores del movimiento obrero organizado, no puede asumir aquí el papel de árbitro, no puede declararse imparcial. El estado tiene una deuda, tiene un compromiso, tiene una obligación con los trabajadores y el Estado, en consecuencia, debe hacer suya también esta demanda que es de la gran mayoría de nuestro pueblo.
Yo vengo, pues, a reiterar la necesidad de que aquí y ahora, ante la presencia de otro contingente, de otra expresión de trabajadores, se reitere el respeto, el reconocimiento, el apoyo y la solidaridad de esta Cámara a sus demandas.
El C. Presidente: - Para presentar una proposición, tiene la palabra el diputado Juan Moisés Calleja.
El C. Juan Moisés Calleja García: - Señor presidente; diputadas y diputados: En verdad lo que se ha expresado en esta tribuna, significa una preocupación general de los que formamos parte del movimiento obrero o que estamos identificados con el mismo para tratar de robustecer la lucha de la clase trabajadora .
En consecuencia, dentro de esta preocupación existe la fundamental, en el sentido de que por ningún motivo podemos dar la impresión de que pudiera haber una fisura o pudiera haber un principio de división que solamente beneficia a la clase burguesa, a la minoría privilegiada, que es la que ocasiona todos los trastornos que afligen a la clase trabajadora. De tal manera, que dentro de la preocupación general, me permito hacer una proposición, a ver si concilia las preocupaciones expresadas, en el sentido que el acuerdo del 2 de diciembre respalda a todo el movimiento obrero. Esa es la proposición que dejo a la secretaría, y que ojalá todo mundo la considere viable.
El C. Pedro José Peñaloza: - Señor presidente: reitero mi propuesta y me sumo a la propuesta del compañero diputado Calleja.
El C. Presidente: - Estábamos en el mismo punto y eso era lo que iba a hacer la presidencia.
Por consiguiente, consulte la secretaría a la asamblea, si se admite o no a discusión la proposición hecha por el ciudadano diputado Juan Moisés Calleja, del Partido Revolucionario Institucional.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la proposición presentada por el diputado Juan Moisés Calleja.
Los que están por la afirmativa, favor de manifestarlo.
(Votación.)
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
MANIFESTACIÓN DE TRABAJADORES
El C. Pedro José Peñaloza: - Pido la palabra, para hechos, señor presidente.
El C. Presidente: - Para hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Pedro Peñaloza.
El C. Pedro Peñaloza: - Por supuesto que la propuesta que hizo el diputado Calleja la hemos hecho nuestra, pero yo quisiera únicamente hacer una convocatoria, una propuesta a esta asamblea tomando en cuenta un procedimiento elemental de práctica política que debemos tener.
Está a punto de llegar esta manifestación que viene a las puertas del Palacio Legislativo a demandar y a plantear sus puntos de vista, que están en su derecho por supuesto, como organizaciones sindicales y populares; de tal suerte, que como una elemental muestra de una actitud política receptiva a las demandas de los ciudadanos que vienen a estas puertas, propongo formalmente que una comisión pluripartidista reciba, a esta manifestación como un acto que nos merecen todos los ciudadanos, que vienen a las puertas del Palacio Legislativo. Gracias.
El C. Presidente: - Vamos a someter a consideración de la asamblea si acepta la proposición del compañero Pedro Peñaloza. Consulte usted a la asamblea si acepta la proposición de formar una comisión que reciba a las personas que vienen hacia este recinto.
Un momento, compañera secretaria, ha pedido la palabra el diputado Juan Maldonado Pereda.
El C. Juan Maldonado Pereda: - Solamente para dejar constancia de que no ha sido dejada por escrito, pero prevalece la buena fe y la intención y la aceptamos.
El C. Presidente: - Correcto, consulte la secretaría a la asamblea
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si se admite la proposición hecha por el diputado Pedro Peñaloza.
El C. Pedro Peñaloza: - Señor presidente, propongo que cada fracción parlamentaria ponga algún compañero para que esté a las puertas de Palacio.
El C. Juan Maldonado Pereda: - En obvio de tiempo, el trámite democrático, el hecho de que si ya tenemos la Comisión de Gestoría y Quejas, sea la Comisión de Gestoría la que se encargue de designar a los compañeros y si a esa comisión se le quiere agregar más diputados, pues que se le agreguen.
El C. Presidente: - Yo creo que ésta queda a la responsabilidad de la Comisión de Gestoría y Quejas
Siguiendo el orden del día, pidió para hacer una denuncia el diputado José Luis Sánchez González, del Partido Mexicano Socialista.
El C. José Luis Sánchez González:- Señor presidente, declino el uso de la palabra.
ORDEN DEL DÍA
El C. Presidente:- Proceda la secretaría con los asuntos en cartera.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila:- Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
« Tercer Período Ordinario de Sesiones.- LIII Legislatura
Orden del día
10 de diciembre de 1987.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictámenes de primera lectura.
De las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal de 1986.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles.
De la Comisión de Justicia, con proyectos de decreto que reforma y adiciona el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Jesús Montemayor Peña para prestar servicios en la Embajada de la República Islámica de Irán en México.
Dictamen a discusión.
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1986.
Efemérides
Intervención del C. diputado Emilio Jorge Cordero García."
El C. Presidente (a las 19.20 horas):- Se levanta la sesión y se cita para mañana a las 10.00 de la mañana.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES