Legislatura LIV - Año I - Período Comisión Permanente - Fecha 19890111 - Número de Diario 3
(L54A1PcpN003F19890111.xml)Núm. Diario:3ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Lic. Emilio M. González
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Benjamín Martínez Martínez
Año I México, D.F., miércoles 11 de enero de 1989 No. 3
SUMARIO
ASISTENCIA
Relación de legisladores presentes.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Con aclaraciones, se aprueba.
INVITACIÓN
Del Congreso del Estado de Puebla, al Segundo Informe de Gobierno, el día 15 de enero. Se nombra comisión.
OFICIOS DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIÓN
Solicitud para que el C. Antonio Ortíz Mena pueda aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Perú. Se recibe. Se turna a la Primera Comisión.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Solicitud para que el C. Federico Salinas Fernández pueda prestar sus servicios en la Embajada de Alemania en México. Se recibe. Se turna a la Primera Comisión.
Solicitud para que la C. Lorenza María Gabriela Martha Juliana Duarte Jaramillo pueda prestar sus servicios en el consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California. Se recibe. Se turna a la Primera Comisión.
Solicitud para que la C. Adriana Zaldívar Nava pueda prestar sus servicios en la embajada de Estados Unidos de América en México. Se recibe. Se turna a la Primera Comisión.
Solicitud para que el C. Miguel Ángel García Gutiérrez pueda prestar sus servicios en la embajada de Estados Unidos de América en México. Se recibe. Se turna a la Primera Comisión.
RATIFICACIÓN
DE NOMBRAMIENTOS
Del C. general de brigada diplomado de Estado Mayor, Gustavo León Cortés. Se recibe. Se turna a la Tercera Comisión.
Del C. general de brigada diplomado de Estado Mayor, Gabriel Ortíz Martínez. Se recibe. Se turna a la Tercera Comisión.
Del C. general de brigada diplomado de Estado Mayor, Ricardo Andriano Morales. Se recibe. Se turna a la Tercera Comisión.
Del C. general brigadier Héctor Paulino Vargas López. Se recibe. Se turna a la Tercera Comisión.
Del C. general de brigada diplomado de Estado Mayor, Mario López Gutiérrez. Se recibe. Se turna a la Tercera Comisión.
Del C. general brigadier diplomado de Estado Mayor, Leonel Villalobos Chávez. Se recibe. Se turna a la Tercera Comisión
DICTÁMENES
DE PRIMERA LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Primera Comisión, para que el C. Froylán Parra Rivera preste sus servicios en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
De la Primera Comisión, para que el C. Fernando Félix Muñoz preste sus servicios en el consulado de Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
De la Primera Comisión, para que la C. Eugenia Rosete Solís preste sus servicios en la embajada de Canadá, en México.
De la Primera Comisión, para que la C. María Luisa Cid Gómez preste sus servicios en la embajada de Canadá, en México.
De la Primera Comisión, para que la C. Gloria Presa Ampudia preste sus servicios en la embajada de Canadá, en México.
DEL SINDICATO PETROLERO
El diputado Jesús Ortega Martínez se manifiesta en contra de los hechos de aprehensión de líderes sindicales, a quienes se les imputan violaciones a la ley.
El diputado Ignacio Castillo Mena propone que la Contaduría Mayor de Hacienda informe de cómo se encuentra la administración de Pemex; que se prosiga con la denuncia contra dos funcionarios y que se garanticen los derechos constitucionales de los detenidos.
El diputado Armando Ibarra Garza presenta demanda a nombre de la fracción parlamentaria a que pertenece.
El senador Netzahualcóyotl de la Vega García argumenta en que no se han violado las garantías al movimiento obrero.
El diputado Pedro René Etienne Llano solicita y se da lectura a manifiesto de la Confederación de Trabajadores de México, y expone las convicciones de su partido político.
Los diputados Gerardo Medina Valdez, Ignacio Castillo Mena, Carlos Rubén Calderón Cecilio y Oscar Mauro Ramírez Ayala, debaten el tema
Continúan el debate el diputado Juan Antonio García Villa, el senador Alfonso Martínez Domínguez y el diputado Gerardo Medina Valdez.
Continúan el debate el diputado Artemio Iglesias Miramontes, la senadora Ifigenia Martínez Hernández y el diputado Armando Ibarra Garza.
Continúan los diputados Jesús Ortega Martínez e Ignacio Castillo Mena.
Se da lectura al punto de acuerdo propuesto por el diputado Castillo Mena. Se abre el registro de oradores.
El diputado Dionisio Pérez Jácome, en contra.
La senadora Ifigenia Martínez Hernández, en pro.
Se desecha la proposición.
Se da lectura a la propuesta del diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.
Se da lectura al artículo 58 reglamentario.
Se da lectura a la fracción III del artículo 79 constitucional.
El senador Julio Patiño Rodríguez, en contra.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, en pro.
Se desecha la proposición.
El diputado Jesús Ortega Martínez propone punto de acuerdo en el que la Comisión Permanente rechaza las acciones del 10 de enero en contra de dirigentes del sindicato petrolero.
En senador Enrique Burgos García, en contra.
Se desecha la proposición.
COMUNEROS DE LA LAGUNA
DE ZUMPANGO
El diputado Pedro René Etienne Llano comenta sobre la denuncia, porque se afecta a comuneros de la localidad y propone el trámite a seguir.
El diputado Artemio Iglesias Miramontes debate sobre el trámite a seguir.
Se turna a la Comisión de Agricultura y Comisión de Información, Gestorías y Quejas.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión, se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. SENADOR EMILIO M. GONZÁLEZ
(Asistencia de treinta y un ciudadanos legisladores)
ASISTENCIA
Aguirre Ramos, Alonso; Ahumada Padilla, Alberto; Burgos García, Enrique; Calderón Cecilio, Rubén; Castillo Mena, Ignacio; Cavazos Lerma, Manuel; Chapa Hernández, Ma. Elena; Chumacero Sánchez, Blas; De la Vega García, Netzahualcóyotl; Díaz Aguirre, Juan; Etienne Llano, Pedro René; García Villa, Juan Antonio; Garza Galindo, Laura Alicia; Gascón Mercado, José Julián; González, Emilio M.; Ibarra Garza, Armando; Iglesias Miramontes, Artemio; Jonguitud Barrios, Carlos; Luque Feregrino, Ernesto de Jesús; Martínez Corbalá, Gonzalo; Martínez Domínguez, Alfonso; Martínez Hernández, Ifigenia; Medina Valdez, Gerardo; Moguel Contreras, Idolina; Niebla Alvarez, Mario Alfonso; Ortega Martínez, Jesús; Patiño Rodríguez, Julio; Pérez Jácome, Dionicio; Ramírez Ayala, Oscar Mauro; Reynés Berezaluce, Nicolás; Rodríguez y Rodríguez, Jesús; Ruíz Cerda, Eleazar; Salazar Muciño, Pedro A.; Sauri Riancho, Dulce María; Scherman Leaño, María Esther.
APERTURA
El C. Presidente (a las 11.10 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: Se va a dar lectura al orden del día.
«Cámara de Diputados.- Comisión Permanente. - Primer Receso de la LIV Legislatura.
Orden del día 11 de enero de 1989.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del estado de Puebla, invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado Mariano Piña Olaya, gobernador constitucional del estado, rendirá el Segundo Informe de Gobierno, la que tendrá lugar el 15 de enero.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Antonio Ortíz Mena, pueda aceptar y usar la condecoración de El Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República del Perú.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Federico Salinas Fernández, pueda prestar servicios en la embajada de la República Federal de Alemania, en México.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la C. Lorenza María Gabriela Martha Juliana Duarte Jaramillo, pueda prestar servicios en el consulado de Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.
Dos por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Adriana Zaldívar
Nava y Miguel Ángel García Gutiérrez, puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.
Seis con los que se remiten las hojas de servicios de los CC. Gustavo León Cortés, Gabriel Ortíz Martínez, Ricardo Adriano Morales, Héctor Paulino Vargas López, Mario López Gutiérrez y Leonel Villalobos Chávez, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Froylán Parra Rivera, para prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Fernando Félix Muñoz, para prestar servicios en el consulado general de Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la C. Eugenia Rosete Solís, para prestar servicios en la embajada de Canadá, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la C. María Isabel Cid Gómez, para prestar servicios en la embajada de Canadá, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la C. Gloria Presa Ampudia, para prestar servicios en la embajada de Canadá, en México.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Secretario:
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día cuatro de enero de mil novecientos ochenta y nueve.
Presidencia del C. senador.
Emilio M. González.
En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con diez minutos del día cuatro de enero de mil novecientos ochenta y nueve, con una asistencia de veinticinco legisladores, el presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día.
Sin discusión se aprueba el acta de la sesión de instalación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, correspondiente al receso de su primer año de ejercicio. Por instrucciones de la presidencia la secretaría da lectura a los artículos constitucionales y legales que integran el marco de las facultades de la Comisión Permanente así como de los nombres de los legisladores que integran las comisiones de trabajo.
La secretaría da cuenta con una invitación del Congreso del estado de Yucatán, a la sesión solemne que tendrá lugar el jueves cinco de enero de mil novecientos ochenta y nueve en la que el gobernador constitucional del estado rendirá su Primer Informe de Gobierno.
Para asistir a ese acto la presidencia designa a los legisladores Dulce María Sauri Riancho, Carlos Rubén Calderón Cecilio y Oscar Mauro Ramírez Ayala.
Se da cuenta con una invitación del Departamento del Distrito Federal a la ceremonia cívica conmemorativa del septuagésimo cuarto aniversario de la expedición de la Ley Agraria del seis de enero de mil novecientos quince, por el primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, que se llevará a cabo el seis de enero de mil novecientos ochenta y nueve.
Para asistir a dicho acto la presidencia designa a los legisladores Julián Gascón Mercado, Alberto J. Ahumada Padilla y Juan Antonio García Villa.
La secretaría da cuenta con un oficio de la Comisión Federal Electoral, por el que solicita que se designe a las personas que habrán de ser comisionados, propietario y suplente, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. La mesa directiva propone a los diputados Miguel Montes García, como propietario y Jaime Almazán Delgado, como suplente.
El presidente concede el uso de la palabra al diputado Abel Vicencio Tovar, del Partido Acción Nacional, quien dice que es obvio que por la identificación partidista, las proposiciones de la presidencia corresponden a miembros del Partido Revolucionario Institucional, pero que no es obvio que esos nombramientos representen la pluralidad de la Cámara de Diputados. Que sería conveniente que los miembros de la Comisión Permanente expresen las razones por las que sería más conveniente un nombramiento distinto.
Hace uso de la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien dice que su partido
no puede estar de acuerdo con la propuesta porque no considera el peso político y la representación que tienen los distintos partidos políticos en la Cámara de Diputados.
Sube a la tribuna el diputado Jesús Ortega Martínez, del Partido Mexicano Socialista, quien dice que dentro de la nueva realidad que vive el país, se deben ver dos cuestiones fundamentales: primero, que sea la misma Cámara de Diputados, la que resuelva acerca de quiénes deben ser sus representantes y, segundo, que haya una vigilancia para que ese representante, no de los puntos de vista de su partido ante la Comisión Federal Electoral, sino los de la Cámara misma.
El presidente concede el uso de la palabra al diputado Pedro René Etienne Llano, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional quien dice que las reflexiones de los legisladores que lo antecedieron en el uso de la palabra, tienen una razón política en la que coincide plenamente. Que la designación de comisionado ante el máximo órgano electoral debió discutirse en las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, no solamente por su nueva composición, sino por razones políticas fundamentales. Dice que no es posible dar marcha atrás a los avances que se han logrado y que esta designación debe expresarse con fidelidad la nueva correlación de fuerzas.
Hace uso de la palabra el diputado Gerardo Medina Valdez, del Partido Acción Nacional, quien propone que se retire la proposición relativa a los representantes de la Cámara de Diputados ante la Comisión Federal Electoral, a efecto de que ese asunto sea tratado por los diversos grupos parlamentarios y se presente nuevamente en la próxima sesión, debidamente fundada.
Sube a la tribuna el diputado Dionicio Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional, quien dice que lo planteado por quienes han intervenido en le debate está evidentemente orientado por el interés partidista y pregunta por qué negarle al diputado Miguel Montes García, la capacidad para representar dignamente al a Cámara de Diputados ante la Comisión Federal Electoral; que le parece contradictorio si uno de los principios de la democracia es el que las decisiones que se toman en función de la mayoría, se expresan a través del voto y de la expresión popular. Dice que pedirle a Miguel Montes, que mantenga una atención permanente, que escuche, que dialogue, que pueda trasmitir las impresiones recogidas por la Cámara de Diputados, es lógico y obligada responsabilidad del diputado como representante de la Cámara.
Regresa a la tribuna Gerardo Medina Valdez, quien dice que si una mayoría de diez diputados manda, es cualquier cosa menos una introducción a la modernidad en la política de México; que la mayoría no vale por si misma, sino por la forma en que se alcanza esa mayoría y que la del Partido Revolucionarios Institucional, es discutible y objetable porque todo mundo sabe cómo se hacen los procesos electorales en México.
El presidente ordena la lectura del artículo ciento diez del reglamento e inmediatamente después de que el diputado Gerardo Medina Valdez, depone desde su curul su derecho a fundamentar más su proposición, ésta se desecha en votación económica. En la misma forma se aprueba la proposición de la misma directiva, designándose a los diputados Miguel Montes García y Jaime Almazán Delgado, comisionados de la Cámara de Diputados, propietario y suplente, respectivamente, ante la Comisión Federal Electoral.
Continuado con los asuntos en cartera, la secretaría da cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Froylán Parra Rivera, pueda prestar sus servicios como empleado de intendencia en la embajada de Estados Unidos de América, en México. Recibo y turno a la primera Comisión.
Otro oficio de la misma Secretaria, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Fernando Félix Muñoz, pueda prestar sus servicios como empleado consular en el consulado general de Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Recibo y turno a la Primera Comisión.
Tres solicitudes de particulares por las que las ciudadanas Eugenia Rosete Solís, María Isabel Cid Gómez y Gloria Presa Ampudia, solicitan los permisos constitucionales necesarios para prestar servicios de carácter administrativo en la embajada de Canadá, en México. Recibo y turno a la Primera Comisión.
El presidente concede el uso de la palabra al diputado Ignacio Castillo Mena, de la Corriente Democrática, quien hable sobre la posibilidad de que el gobierno de México declare la moratoria en el pago de la deuda externa. Afirma que no se debe esperar más tiempo, que lo que dijo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas hace dos años, es procedente ahora, porque se ha llegado a una situación precaria y el país no ésta en condiciones de seguir pagando una deuda que contrajo a sabiendas de que era impagable. Propone que la Comisión Permanente se dirija al Ejecutivo para manifestarle su anuencia en la declaratoria de una moratoria.
Hace uso de la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Autentico de la Revolución Mexicana, quien se refiere a diversos hechos acaecidos en el estado de Campeche y que considera violatorio de garantías constitucionales y de hechos humanos. Solicita que su denuncia de hechos sea turnada a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Gobernación y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados.
Sube a la tribuna el diputado Armando Ibarra Garza, del Partido Popular Socialista, quien denuncia conductas de algunos funcionarios federales y estatales, que entiende violatorias del artículo ciento treinta de nuestra Ley Fundamental. Presenta un punto de acuerdo en el que demanda "que la Secretaría de Gobernación, tome las medidas necesarias para que no se siga violando el artículo constitucional ya invocado, en la ceremonia de informe de gobierno o de transmisión de poderes en los estados de la República."
Desde su curul ,el diputado Ignacio Castillo Mena, pide que se ponga a votación su proposición respecto a la memoria de pago de la deuda externa. En votación económica es aceptada a discusión y se turna a la Primera Comisión.
Hace uso de la palabra el diputado Jesús Ortega Martínez, del Partido Mexicano Socialista, quien se refiere a las limitadas facultades que tiene la Comisión Permanente, así como a que el país vive situaciones extraordinarias por lo que el tránsito hacia un régimen más democrático y hacia nuevas formas de convivencia, debe ser un tránsito concertado y pacífico. Hace mención de crímenes cometidos contra miembros de su partido en varios estados del país, dice que los litigios deben resolverse conforme lo establece la ley y no a través del asesinato político. Recuerda el caso del "Cerezo" de Tepic, Nayarit y propone la integración de una comisión pluripartidista que investigue los hechos y rinda un informe a la Comisión Permanente para que ésta cuente con elementos suficientes que le permitan proceder conforme a la ley.
El presidente concede el uso de la palabra al senador José Julián Gascón Mercado, quien hace una relación pormenorizada de los eventos que se sucedieron en la penitenciaria de Tepic y dice que como médico lamenta la muerte violenta de los narcotraficantes, pero que el gobernador del estado actuó conforme a la legislación vigente para salvaguardar el orden público y proteger la vida de los reos de cientos de visitas que ahí se encontraban.
Sube a la tribuna el diputado Gerardo Medina Valdez, del Partido Acción Nacional, quien dice que pareciera que como oposición solo buscan los errores que exhiben al gobierno y se refiere a lo expresado por el senador priísta Gascón Mercado y apunta que no puede ser que todo lo que dice la oposición se considere como mentira, mientras que lo que dice el partido oficial debe ser considerado como verdad.
Para rectificar los hechos sube a la tribuna el diputado Jesús Ortega Martínez, y dice que ante los narcos por las palabras del senador Gascón Mercado, todo se vale, incluso el asesinato y pregunta qué pasa entonces con la ley en la República.
Hace uso de la palabra el senador Nicolás Reynés Berezaluce, del Partido Revolucionario Institucional, que al referirse a la posibilidad de integrar una comisión pluripartidista que investigue los hechos en Nayarit, recuerda a los legisladores que la Comisión Permanente no tiene facultades para llevar a efecto dicha investigación. Pide que se deseche la propuesta y dice que deben ser las autoridades locales las que investiguen e informen a las comisiones de las Cámaras de Senadores y Diputados interesadas en estos asuntos. Acepta la interpelación del diputado Gerardo Medina Valdez. a quien contesta que las Cámaras tienen el derecho de recabar información, pero que no pueden ir más allá de los que la Constitución, las leyes orgánicas y los reglamentos lo permiten. Que le parece que lo primero que tienen que hacer los legisladores es respetar las leyes y que la Comisión Permanente debe cuidar su prestigio y su respetabilidad.
Desde su curul, el diputado Jesús Ortega Martínez, solicita que se modifique su proposición con el fin de que en lugar de investigación diga "recoger la información necesaria sobre los hechos sucedidos".
La secretaría da lectura a la proposición con la corrección propuesta por el diputado Ortega Martínez, y en votación económica la asamblea la desecha.
La presidencia turna el documento presentado por el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El presidente pide a la secretaría que dé lectura a la proposición del diputado Armando Ibarra Garza, en el sentido de que la Secretaría de Gobernación impida que se siga violando el artículo ciento treinta constitucional, y puesto a consideración de la asamblea, en votación económica se desecha.
El presidente concede el uso de la palabra al diputado Juan Antonio García Villa, del Partido
Acción Nacional, quien expone las tesis que diversos jurisconsultos han elaborado respecto a la Comisión Permanente y dice que se debe concluir que este cuerpo que va a funcionar durante diez meses deberá llamarse en el futuro "Comisión Efímera", y que hay que reconocer que soplan vientos de cambios en el país. Se refiere al artículo ochenta y nueve del Reglamento y dice que su partido va a exigir que conforme al artículo setenta y nueve constitucional, las iniciativas de ley que se presenten, se turnen a la Cámara correspondiente con la indicación de que las comisiones las dictaminen en el receso, de manera que el asunto pueda ser despachado de inmediato en el período ordinario de sesiones.
Hace uso de la palabra el senador Julio Patiño Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, quien dice que en ningún precepto se refiere a que la Comisión Permanente tenga autoridad para violar la soberanía de los estados. Afirma que hay diversas tesis, pero que a la que los legisladores deben atenerse es a lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias. Acepta una interpelación del diputado García Villa, a quien contesta que en el caso de Nayarit, el gobernador cumplió con la ley al solicitar apoyo de fuerzas especializadas dada la gravedad del asunto.
Sube a la tribuna para aclarar hechos, el diputado Gerardo Medina Valdez, quien pregunta a título de qué, la Secretaría de Gobernación, puede disponer de la fuerza policiaca de una entidad como el Distrito Federal.
El presidente informa que en virtud de que el tema ya fue desahogado y se tomó la votación correspondiente, se concede el uso de la palabra al diputado Armando Ibarra Garza, del Partido Popular Socialista, quien refiere una agresión a la República Democrática de Libia por fuerzas armadas de Estados Unidos de América. Presenta un punto de acuerdo en el que se expresa la preocupación por esas acciones que ponen en peligro no solamente la paz en Medio Oriente, sino que aumentan las tensiones mundiales arriesgando la paz universal, por lo que se considera necesaria la intervención del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. En votación económica, se admite a trámite la proposición, misma que se turna a la Tercera Comisión para su discusión y análisis.
Hace uso de la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, quien informa que en varios estados del país se ha iniciado una huelga de hambre, de representantes populares del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por razón de la represión política y la violación de las garantías constitucionales en hechos que tuvieron como marco, Unión Juárez, Chiapas y el municipio de Candelaria en Campeche.
Sube a la tribuna el diputado Carlos Rubén Calderón Cecilio, del Partido Revolucionario Institucional, quien dice que es lamentable que compañeros del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se encuentren en huelga de hambre, pero que no pueden aceptar que los gobiernos estatales señalados sean calificados como enemigos de la democracia y de las libertades, hechos que se practican y se viven en México.
Para rectificar hechos hace uso de la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, quien aclara que a sus compañeros de partido se les intenta procesar por delitos que no vienen al caso, como el de abigeato, y que él ignora que ocupar una presidencia municipal implique cometer ese tipo de delito.
Sube a la tribuna el diputado Pedro René Etienne Llano, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien denuncia que a las nueve horas treinta minutos de ayer, fueron violadas las oficinas de su partido en el Distrito Federal, por miembros de la Policía Judicial y un grupo de golpeadores profesionales y que se llevaron, en dos camiones de mudanza, equipo y documentos propiedad de su partido y de varios compañeros diputados.
El presidente informa que anoche estableció comunicación con la Secretaría de Gobernación, para solicitarle que, respetando la división de poderes, interviniera para allegarse toda la información correspondiente a este caso, pues le preocupa todo lo que pueda ocurrir a cualquier partido político en México.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y a las catorce horas con treinta y tres minutos el presidente levanta la de hoy, para pasar a sesión secreta y cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles once de enero de mil novecientos ochenta y nueve a las once horas.»
Está a discusión el acta...
El C. diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul): Señor presidente: Cuando se discutió la designación del representante de la Cámara de Diputados, la tesis fundamental fue en el sentido de que en la Comisión de Gobernación se ha iniciado un proceso legislativo de consulta sobre la reforma electoral y, por lo tanto, el representante de la Cámara debe de considerar este trabajo y expresar con toda lealtad los puntos de consenso de los diferentes grupos parlamentarios que integran la Cámara.
El C. diputado Gerardo Medina Valdez (desde su curul): - Yo plantee el hecho de que hubiera sido la oposición, sino a los medios de difusión, a través de los cuales habíamos sido enterados de cosas totalmente distintas.
El C. Presidente: - Se recogen las aclaraciones y consulte la secretaría a la asamblea si con ellas se aprueba el acta.
La C. secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el acta con las aclaraciones hechas por los señores diputados... Aprobado, señor presidente.
INVITACIÓN
El C. secretario diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala:
«C. presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal.
La Quincuagésima Legislatura del honorable Congreso del estado libre y soberano de Puebla. invita a usted a la sesión solemne en la que el ciudadano Mariano Piña Olaya, gobernador constitucional del estado, dará lectura a su Segundo Informe de Gobierno.
El acto se celebrará el día 15 de los corrientes a las 11.00 horas, en el Auditorio de la Reforma del Centro Cívico 5 de Mayo, declarando recinto oficial.
Puebla, Puebla, enero de 1989.»
El C. Presidente: - Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa a los siguientes ciudadanos legisladores: Senador Blas Chumacero Sánchez, diputada María Elena Chapa Hernández y diputado Jesús Ortega Martínez.
OFICIOS DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIÓN
El C. secretario diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a ésta de Gobernación, con la fecha 19 de diciembre último, enviándoles además con el presente, los anexos que en el mismo se mencionan:
"Ruego a ustedes atentamente tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el ciudadano Antonio Ortíz Mena, pueda aceptar y usar la condecoración de la orden de El Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Perú, para tal efecto anexo al presente, me permito enviarle fotocopia del documento en el que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa, así como su curriculum vitae."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 2 de enero de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La C. secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 13 de diciembre último:
"Por este conducto solicito a ustedes tenga a bien requerir al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37, apartado B, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Federico Salinas Fernández, de nacionalidad mexicana, según lo acredita la copia del acta de nacimiento adjunta al presente, pueda prestar sus servicios como chofer en la embajada de la República Federal de Alemania, en esta ciudad."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente el anexo que en el mismo se
menciona, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 2 de enero de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
La misma C. secretaria:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 14 de diciembre último, la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a ustedes tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la ciudadana Lorenza María Gabriela Martha Juliana Duarte Jaramillo, pueda prestar sus servicios como asistente de visas de inmigración, en el consulado de Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California. La interesada ha presentado copia del acta de nacimiento que comprueba su nacionalidad mexicana, misma que remito anexa para los efectos pertinentes."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México. Distrito Federal, a 2 de enero de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
El C. secretario diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 23 de diciembre de 1988, enviándoles además con el presente el anexo que el mismo se cita:
"Mucho agradeceré a ustedes tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la ciudadana Adriana Zaldívar Nava, pueda prestar sus servicios como operadora de procesadora de palabras en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, La interesada ha presentado copia del acta de nacimiento que comprueba su nacionalidad mexicana, misma que remito anexa para los efectos pertinentes."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 3 de enero de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 20 de diciembre último, enviándoles además con el presente el anexo a que se hace referencia:
"Mucho agradeceré a ustedes tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Miguel Ángel García Gutiérrez, pueda prestar sus servicios como chofer en la embajada de Estados Unidos de América, en México. El interesado ha presentado copia del acta de nacimiento que comprueba su nacionalidad mexicana, misma que remito anexa para los efectos pertinentes."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 2 de enero de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
RATIFICACIÓN
DE NOMBRAMIENTOS
La C. secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación con fecha 16 de diciembre último, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada Diplomado de Estado Mayor, Gustavo León Cortés (434777), que en veinte fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles con el presente el anexo que el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 2 de enero de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese ala Tercera Comisión.
La misma C. Secretaria:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 13 de diciembre último, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada Diplomado de Estado Mayor Gabriel Ortíz Martínez (412145), que en veintidós fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 2 de enero de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Tercera Comisión.
La misma C. Secretaria:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a esta dependencia del Ejecutivo, con fecha 13 de diciembre último:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada Diplomado de Estado Mayor, Ricardo Andriano Morales (481145), que en veinte fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicar a ustedes lo anterior, se acompaña con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración atenta.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 2 de enero de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Tercera Comisión.
La misma C. Secretaria:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el 13 de diciembre último, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier, Héctor Paulino Vargas López (473590), que en veinte fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al transcribir a ustedes lo anterior, les envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona, para los fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 2 de enero de 1989.- El Secretario Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite - Recibo, y túrnese a la Tercera Comisión.
La misma C. Secretaria:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional , se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 13 de diciembre último, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada Diplomado de Estado Mayor, Mario López Gutiérrez (4454475), que en veintiún fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente la hoja de servicios que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 2 de enero de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Tercera Comisión.
La misma C. Secretaria:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 13 de diciembre último, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor, Leonel Villalobos Chávez (473588), que en veintitrés fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Reitero a ustedes esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal , a 2 de enero de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y Túrnese a la Tercera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA
LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 5 de diciembre próximo pasado, la Secretaría de Relaciones, Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Froylán Parra Rivera, pueda prestar servicios como empleado de intendencia en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 4 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia del acta de su nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado presentará en la embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como empleado de intendencia, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Froylán Parra Rivera, para prestar servicios como empleado de intendencia en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, 5 de enero de 1989.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Armando Ibarra Garza, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro A. Salazar Muciño.»
Trámite: - Primera lectura.
La C. secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea. En oficio fechado el 29 de noviembre próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Fernando Félix Muñoz, pueda prestar sus servicios como empleado consular en el Consulado general de Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 4 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en el Consulado general de Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán como empleado, consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Fernando Félix Muñoz, para prestar servicios como empleado consular en el consulado general de Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, 6 de enero de 1989.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Armando Ibarra Garza, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro A. Salazar Muciño.
Trámite: - Primera lectura.
EL C. Secretario diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 17 de noviembre de 1988, la ciudadana Eugenia Rosete Solís, solicita el permiso constitucional necesario para poder prestar servicios como secretaria, en la sección comercial de la embajada de Canadá, en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 4 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia del acta de su nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la sección comercial de la embajada de Canadá, en México, serán como secretaria, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Eugenia Rosete Solís, para prestar servicios como secretaria, en la sección comercial de la embajada de Canadá, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 6 de enero de 1989.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Armando Ibarra Garza, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro A. Salazar Muciño.»
Trámite: - Primera lectura.
La C. secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: en escrito fechado el día 21 de noviembre de 1988, la ciudadana María Isabel Cid Gómez, solicita el permiso constitucional necesario para que pueda prestar servicios como recepcionista trilingüe de la sección de administración, en la embajada de Canadá, en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 4 de enero del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia solicitante prestará en la embajada de Canadá, en México, serán como recepcionista trilingüe, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Isabel Cid Gómez, para prestar servicios como recepcionista trilingüe de la sección de administración, en la embajada de Canadá, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 5 de enero de 1989.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Armando Ibarra Garza, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro A. Salazar Muciño.»
Trámite: - Primera lectura.
El C. secretario diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: en escrito fechado el 15 de noviembre de 1988, la ciudadana Gloria Presa Ampudia, solicita el permiso constitucional necesario para poder prestar servicios como secretaria
trilingüe, en la sección de inmigración de la embajada de Canadá, en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 4 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la sección de inmigración de la embajada de Canadá, en México, serán como secretaria trilingüe, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Gloria Presa Ampudia, para prestar servicios como secretaria trilingüe en la sección de inmigración de la embajada de Canadá, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, 6 de enero de 1989.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Armando Ibarra Garza, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro A. Salazar Muciño.»
Trámite: - Primera lectura.
DEL SINDICATO PETROLERO
El C. Presidente: - Desahogada la orden del día, tiene la palabra el diputado Jesús Ortega Martínez.
El C. diputado Jesús Ortega Martínez: - Gracias, compañero presidente; compañeras y compañeros legisladores: el día de ayer el ejército tomó por asalto la casa de un líder sindical, 500 efectivos cercaron el domicilio y al estallido de una granada los soldados abrieron fuego a discreción.
Quince minutos fueron suficientes para que el sindicalista y otras personas que se encontraban en el interior del domicilio, aparecieran con las manos en alto. En el momento fueron aprehendidos, introducidos a camiones militares y trasladados a la capital del país. El jefe del operativo, un militar, informó que en la casa del líder sindical se encontraron armas de alto poder. En el ataque murió un civil.
Posteriormente, la policía allanó otros domicilios y aprehendió a otros dirigentes sindicales. Al mismo tiempo, en la capital del país, un grupo paramilitar tomó por asalto el domicilio de otro dirigente obrero, sin lograr su detención o muerte, pues había salido minutos antes. Los comandos sólo encontraron, después de un disparo de bazooka que destruyó la puerta, a la angustiada esposa del sindicalista.
En la capital, se logró la aprehensión de otros líderes; horas más tarde las oficinas de la poderosa central sindical fueron cercadas por la policía y los comandos paramilitares, ya que el gobierno fue informado que ahí se encontraban ocultos el secretario general del sindicato y otros funcionarios.
A las dos de la mañana del día de hoy, las oficinas de la central sindical aún se encontraban bajo el sitio de un numeroso contingente de la policía antimotines y otras policías gubernamentales; a esa hora, el Ministro del Trabajo, rodeado de un imponente aparato de seguridad, daba instrucciones para impedir la huida del secretario general del sindicato, el cual finalmente fue trasladado en ambulancia a un hospital, según informó un coronel de la policía.
El gobierno informó que se busca a otros líderes en las provincias, contra los cuales hay orden de aprehensión.
Por otro lado, los dirigentes empresariales felicitan al gobierno y se congratulan porque éste aplique mano dura. Otros personajes, como el presidente del partido oficialista, muestran su satisfacción ante estas firmes acciones del gobierno, que dice mantienen el orden y garantizan la prosperidad de la gente que realmente produce.
El jefe de la policía metropolitana informa que se tienen vigilados los locales sindicales y los centros de trabajo. Hasta estas horas el jefe del gobierno no ha hecho declaraciones.
Hasta aquí el relato de algo que sucedió, no en la guerra sucia de Argentina, no en Chile, bajo la dictadura de Pinochet; tampoco en el Brasil de la dictadura militar; no en Paraguay, del chacal
Stroessner; no sucedió, compañeras y compañeros, en nuestro país, en México, el día de ayer, a unos días de la toma de posesión del nuevo gobernante, a unos días de que el nuevo gobernante se comprometió a respetar la disidencia política y a preservar la Constitución, a unos días de que el nuevo gobernante se comprometió a satisfacer las demandas del movimiento obrero.
Esto, clásico ejemplo de terror estatal, sucedió en México, en nuestro país, a unas horas de que el mismo gobierno inicia un foro por la democracia, ¡qué paradoja!, y llama a los partidos y ciudadanos a actuar bajo la ley.
Después de este acto de terrorismo gubernamental, no hay otra palabra para ubicarlo, que fractura el orden constitucional, yo me pregunto y creo que todos deberíamos de hacer lo mismo, ¿habrá alguien, habrá algún dirigente obrero o un dirigente político, incluyendo a los propios del partido oficial, que espere comportamientos diferentes del actual gobierno? Y yo me contesto: Si los hay, son unos verdaderos ingenuos, o simplemente caen en el más deshonroso de los cinismos; abramos bien los ojos, que se nos enseñe la verdadera faz del gobierno.
Fuera de chistes de mal gusto o de bromas inoportunas, no es posible creer en el cuento del Procurador General de la República sobre las armas que supuestamente encontraron en la casa del dirigente petrolero. Hasta aquí se manifiesta la decadencia, pues pudo encontrarse un pretexto menos pueril, menos infantil.
No nos engañemos, compañeras y compañeros legisladores, la verdadera razón de este golpe de mano, es que el sindicato petrolero mostraba disidencia ante las políticas desnacionalizadoras y favorecedoras a los grandes capitalistas; la verdadera razón es que los líderes del sindicato petrolero manifestaron con claridad, que el actual Presidente no era de sus simpatías y que se oponían a sus tesis económicas de liberalismo trasnochado.
La verdadera razón es que el actual gobierno no quiere obstáculos para su política privatizadora de la propiedad nacional, incluyendo a Pemex, por supuesto.
La verdadera razón es que los dirigentes petroleros mantuvieron su decisión de evidenciar los actos de corrupción de altos funcionarios, entre los cuales sobresale uno que es parte del actual grupo político en el poder, ésta es la verdad, y lo saben todos ustedes, y lo sabe la gran mayoría del pueblo; y, sin embargo, calculó bien el gobierno el golpe, seguramente que tomaron en cuenta todas las aristas del problema, pero lo que no saben, o actúan con cinismo, como parte de una estrategia claramente calculada y definida, es que esta inercia en la que ya se encuentra el gobierno, esta inercia de resolver los problemas políticos o sociales a través de la represión más brutal y de mano dura, violando todo precepto legal, conducirá, y el gobierno asumirá las consecuencias, a la confrontación en lugar de la concertación, y en ese rumbo, al precipicio; al gobierno no le servirán, al tiempo si esto sucede, ni los zorros, ni los Nassar Haro, ni los Acosta Chaparro, ni los profesionales de la represión.
Pisoteando la Constitución y con el garrote en la mano no se mantiene el poder; es al contrario, el camino más recto para perderlo, y si no, que lo digan las dictaduras militares del cono sur.
Así, no faltan los oficiosos de siempre, que ya hablan indiscrecionalmente, de estupor y de sorpresa, y hablan de que a este gobierno no le faltan agallas, que demostró firmeza; que ya lo demostró en Nayarit y que lo refrenda ahora con el asalto y el golpe a los sindicados y particularmente al sindicato petrolero.
Aquí sería importante mencionar un hecho histórico indiscutible; parte fundamental de la estabilidad política en el país y parte toral en la cual el gobierno sostuvo su hegemonía política en México, lo sabemos todos, fue precisamente el movimiento obrero, este movimiento obrero con su naturaleza y sus características muy claras, muy específicas.
El gobierno, el jefe que ahora gobierna, durante sus actos de campaña habló y habló de refrendar lo que llaman la alianza histórica entre el gobierno y el movimiento obrero, de responder a sus demandas, de satisfacer sus inquietudes y resulta, compañeras y compañeros, que este movimiento obrero, no sé si ya no les sirva, o modificó la estrategia para sostenerse en el gobierno, ya no las concesiones de carácter económico y las concesiones de carácter político a este movimiento obrero, sino ahora la mano dura, este movimiento obrero es sujeto de la represión por parte del gobierno.
Agreden al sindicato petrolero, pero es infantil creer que esto no tiene sus consecuencias para todo el sindicalismo nacional, el agrupado en el Congreso del Trabajo, yo diría principalmente el agrupado en el Congreso del Trabajo, aunque a todo el sindicalismo oficial.
Convertir toda disidencia en incidencia, ya lo dijo García Paniagua, el Estado tiene un trato diferente para los disidentes y para los incidentes, el
gran problema es que el gobierno confunde toda disidencia con incidencia; o los represores del gobierno están libres de interpretar toda disidencia como incidencia, y, por lo tanto, merecen un trato determinado del gobierno, el trato de la represión o el trato del asesinato político, y como confunden o están en vías de confundir toda disidencia con incidencia, por lo tanto se pueden justificar todos los medios, está de por medio la seguridad del Estado.
Y ya decíamos, en ocasiones tienen una interpretación muy peculiar de la seguridad del Estado; no es la seguridad de la nación, es la seguridad de un grupo político para seguir manteniéndose en el poder a costa de lo que sea, eso es seguridad del Estado para el actual grupo gobernante; la inercia peligrosa de que el fin justifica todos los medios.
La Constitución, ¿qué es eso?, es sólo un papel estorboso que no sirve para mantenerse en el poder.
Y ¿quién sigue, compañeras y compañeros y particularmente sindicalistas, quién sigue?, yo diría, cualquiera que no sea abyecto, cualquiera que muestre disidencia, que para los represores, repito, es incidencia.
Habrán en el análisis de este caso, argumentos ya vertidos en otro lamentable caso: el de Nayarit. Y se nos acusará de que nos convertimos en defensores de delincuentes, como sucedió en el caso de Nayarit o se nos acusará de inconsecuentes porque antes criticamos a los sujetos que hoy son motivo de la represión del gobierno.
Pero me adelanto a esas críticas y les digo que esas críticas nuestras a los que ahora son sujetos a represión gubernamental, no han desaparecido, pero también digo que ello de ninguna manera nos lleva a justificar y menos a aplaudir tan brutal e ilegal reacción del gobierno.
Tampoco nos llevan a ignorar, no podría ser, la agresión contra el sindicato de Petróleos Mexicanos, contra el sindicalismo en general y menos a justificar la agresión contra la propiedad nacional, porque en lo bajo, en lo profundo de esta agresión, está la necesidad de aplicar una política económica que privatice la propiedad nacional. Una política económica de vender patria a través de vender la propiedad nacional, y tampoco, por supuesto, nos lleva a justificar la violación impune a la ley que hace ahora el gobierno.
Por último, y quiero decir o repetir y creo que lo debemos tener presente todos los que estamos aquí, un pensamiento de un poeta y dramaturgo alemán, que decía: "Vinieron por los comunistas y como yo no era comunista, no hice ni dije nada. Después, vinieron por los socialdemócratas y como yo no era socialdemócrata, tampoco hice ni dije nada. Posteriormente vinieron los judíos y como yo no era judío, no hice ni dije nada; vinieron por los demócratas y tampoco dije nada, porque yo no era demócrata, y por último, vinieron por mí, y ya no hubo alguien que dijera algo. "Gracias por su atención.
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Ignacio Castillo Mena.
El C. diputado Ignacio Castillo Mena: - Señor presidente; compañeros legisladores: El día 9 de enero se integró la Comisión Federal Electoral y en el seno de la misma se manifestó el más amplio propósito para que convergieran todas las corrientes políticas y ahí se debatiera, con libertad y con democracia, acerca de las reformas a la legislación laboral. Se insistió en la libertad y en la democracia que prevalecerían.
Veinticuatro horas después en la forma más violenta, se incurrió en agresiones graves al sindicalismo mexicano. No encontramos nosotros criterios para uniformar estas dos actitudes, pero sí hay resultados: el Partido Popular Socialista, estoy enterado de ello, así me lo ha hecho saber su representante en la Comisión Permanente, ha resuelto retirarse de los foros de consulta que piensa llevar a cabo la Comisión Federal Electoral.
Y es obvio, si el día 9 se habla de democracia y de libertad, y 24 horas después se atropellan las garantías individuales y sociales con todo lujo de violencia, no puede haber congruencia en estas actitudes del gobierno y, por lo mismo, en una forma de protesta, uno de los partidos se retira del foro de consulta de la Comisión Federal Electoral.
Yo quiero dar a conocer a ustedes y al país de lo que tengo conocimiento por boca de un testigo presencial. Un miembro de la Corriente Democrática, el diputado Alfredo Pliego Aldana, el día de ayer, en la puerta de la casa del líder Joaquín Hernández Galicia, fue testigo presencial de cómo se introdujeron las cajas que contenían las armas al domicilio del propio líder. Y unos minutos después, cuando ya se habían concentrado las cajas de armas y de cartuchos, irrumpió el ejército con una granada lanzándola a los muros de la casa del líder.
Fue secuestrado desgraciadamente por miembros del ejército mexicano, que por lealtad tuvieron que atender las órdenes superiores, pero que en el
fondo estoy seguro, los miembros del ejército mexicano repudian esa actitud de las instituciones. Esa actitud de quien les ordenó llevar a cabo una orden que de ninguna manera es concebible en un régimen democrático.
Ya parece que estamos viviendo lo que hace 30 años fue disolución social, hoy se llama acopio de armas. El pretexto es cualquiera para combatir el liderazgo y para satisfacer los grandes intereses de los empresarios nacionales. No es una coincidencia que los empresarios nacionales estén de plácemes el día de hoy, que hayan dicho que por fin se hizo justicia.
Nosotros no consideramos la conducta en lo individual de Hernández Galicia, condenamos el procedimiento que ha seguido el gobierno para atacar el sindicalismo mexicano, y que se sepa claramente y aquí hay representantes de las organizaciones obreras, que este gobierno es enemigo de los trabajadores y protector de la clase empresarial.
Estamos de acuerdo en que haya limpieza dentro de los sindicatos, pero no podemos irrumpir, no puede el gobierno irrumpir dentro de la autonomía de los sindicatos, no puede nadie penetrar si no son los mismos integrantes y hacer que se esclarezcan las cosas.
Estamos de acuerdo en que se ha venido fomentando la represión y la violencia. El día 2 de julio fueron asesinados dos hombres miembros de la Corriente Democrática y todavía no sabemos qué ocurrió, quienes fueron los asesinos de Francisco Xavier Ovando y de Gil Hernández. Después del 6 de julio ha habido más represión y ahora culmina esto con la violencia con que se ha llevado a cabo la aprehensión de los líderes sindicales.
Exigimos al Poder Ejecutivo que haya claridad y limpieza en la investigación, que no se inventen delitos para acabar con la organización de un sindicato; que no se inventen hechos que no existen. Exigimos del Ejecutivo la claridad de la investigación. Y si fuere más tarde del Poder Judicial porque lleve a cabo la consignación el Ministerio Público, exigiremos del Poder Judicial que se actúe con limpieza y no con presiones políticas.
Ya lo hemos dicho aquí y lo repetiremos, que ha llegado el momento de que exista división de poderes en México, y no existe; desgraciadamente la mayoría de los miembros del Poder Legislativo y todo el Poder Judicial están a las órdenes del Poder Ejecutivo. Ya basta de presidencialismo; no estamos de acuerdo en tolerarlo. Y si vamos a ser víctimas del presidencialismo, de una vez lo denunciamos que si algo ocurre a cualquiera de nosotros, el presidencialismo y quien lo encarna será el único responsable de sus actos. Lo denunciamos ante la opinión pública.
Se han violado las garantías individuales y sociales. Y la noche de ayer daba la impresión la ciudad de México, de una ciudad en estado de sitio. Había rondines de soldados y patrullas vigilando los diversos barrios y las colonias de la ciudad de México. La ciudad de México no tiene por qué sufrir esto. Por una arbitraria detención, por una violación a la Constitución, los trabajadores han respondido con paros y eso repercute en contra de todo el pueblo. ¡No estamos de acuerdo en que se sigan esos métodos!
¿Qué no será, cuando los empresarios se sienten tan satisfechos, que piensan que puede reprivatizarse la industria petrolera?
La Corriente Democrática declara en la forma más clara y enérgica que se opondrá en forma terminante y vigorosa a la reprivatización de la industria petrolera, que no la toleraremos por ningún motivo; que no toleraremos por ningún motivo: La industria petrolera es patrimonio de México. Lázaro Cárdenas la rescató en 1938 y no vamos a permitir que nadie la arrebate de manos del pueblo y de la nación a quienes pertenece solamente.
Tengo el encargo de varios de mis compañeros, de las fracciones que integran el Frente Democrático Nacional, de hacer una propuesta a la corriente, perdón, a la Comisión Permanente en relación con los hechos que se han imputado también a los líderes sindicales, con motivo de negocios supuestos en las casas de bolsa, y que me voy a permitir dar lectura para poner a consideración de la Comisión Permanente.
«Propuesta que hacen las diferentes fracciones parlamentarias del Frente Democrático Nacional, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Corriente Democrática, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular socialista, para que la Comisión Permanente adopte la siguiente.
PROPUESTA
Que para satisfacer a la opinión pública de que esta acción del gobierno no es una espectacular "cortina de humo" para ocultar el mal uso del patrimonio nacional que maneja Petróleos Mexicanos y de la corrupción de sus más altas autoridades de la pasada administración en contubernio con las casas de bolsa, se solicite:
Primero. Que la Contaduría Mayor dé un informe detallado sobre la situación financiera de la empresa, el estado de sus instalaciones, la política de exploración e inversiones y la calidad de sus productos.
Segundo. Que el Ministerio Público prosiga con la denuncia de corrupción, en la que habían insistido los diputados petroleros contra el anterior director de Petróleos Mexicanos y el conocido especulador Isidoro Rodríguez.
Tercero. Que exija al Poder Ejecutivo que se garanticen los derechos humanos y plenas garantías constitucionales de los detenidos y, en su oportunidad, si fueran consignados al Poder Judicial.
Firman la senadora Ifigenia Martínez Hernández, diputados: Pedro René Etienne Llano, Armando Ibarra Garza, Oscar Mauro Ramírez Ayala e Ignacio Castillo Mena.»
Queda a la consideración de ustedes, señores, para que no se piense que esta actitud es en defensa del gobernador Beteta. Que se aclaren las cosas, los petroleros lo denunciaron aquí; el día 2 de enero los líderes sindicales estuvieron con las más altas autoridades del país para presentarles su saludo de año nuevo y ocho días más tarde fueron apresados en la forma más violenta. Queda a juicio de la opinión pública la actitud del día 2 de enero y la del 10. Muchas gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Armando Ibarra Garza.
El C. Armando Ibarra Garza: - Muchas gracias, señor presidente; compañeros legisladores: Voy a referirme sobre el mismo tema, que tiene profundamente preocupadas a las fuerzas democráticas de nuestro país.
Compañeros legisladores, el país vive una situación política sumamente difícil, compleja y delicada, que preocupa profundamente a las fuerzas democráticas y revolucionarias, particularmente al Partido Popular Socialista.
A nuestro juicio, lo característico de la misma es que logramos pasar en el lapso de escasos cinco o seis meses de un Estado que amenaza conducirnos a una franca, abierta y dura confrontación de las fuerzas políticas del país, de consecuencias imprevisibles; hemos pasado a tramitar por el camino del diálogo y la concertación, particularmente entre las fuerzas democráticas de dentro del poder público, con las que están fuera de él, que aun con asperezas y franco debate político, está abriendo posibilidades de convivencia democrática y que ha dado frutos, aunque escasos, sí muy valiosos para el pueblo y la nación.
Así es como el Partido Popular Socialista valora el hecho mismo de haberse instalado el Congreso de la Unión, que entre otras importantes cuestiones, ha sido el ámbito principal, hasta ahora, del diálogo y la concertación de las fuerzas políticas nacionales. Instalada la Cámara de Diputados y con avances en sus procedimientos de dirección política, consideramos como dos resultados de gran trascendencia las modificaciones aceptadas por consenso a las leyes de Ingreso y el Presupuesto de Egresos de la Federación, para poner un límite al Ejecutivo en capacidad de endeudamiento externo y de venta de las empresas estatales; acuerdos que han consolidado la soberanía del Poder Legislativo y han aumentado el prestigio de la Cámara de Diputados ante el pueblo de México; pero no solamente en el ámbito del Poder Legislativo se ha dado esta tendencia.
El lunes próximo pasado en el seno de la Comisión Federal Electoral, después de prolongadas discusiones entre los distintos partidos políticos, se logró aprobar por consenso las bases de la convocatoria para los foros de consulta pública, para las reformas a la legislación de materia electoral, en estas condiciones favorables que a nuestro juicio deben ser defendidas por todas las fuerzas democráticas y revolucionarias del país, se produce la grave agresión contra los principales dirigentes de uno de los sindicatos de mayor prestigio e historia en la lucha revolucionaria del país.
El Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, para nadie es un secreto la postura política nacionalista y avanzada que ha asumido el sindicato, particularmente en los últimos años, de condena a la política económica por antipopular y antiobrera, de enérgica defensa de Petróleos Mexicanos, de manera señalada contra la entrega a la iniciativa privada de la petroquímica secundaria por la nacionalización de la flota petrolera al servicio de la empresa, y de combate decidido contra la corrupción que corroe a Petróleos Mexicanos, particularmente el contratismo, que se lleva a cabo con la complicidad de algunos funcionarios de la empresa con grandes tiburones de la iniciativa privada.
Este aspecto, a juicio nuestro, no puede soslayarse si queremos ubicar en su verdadero significado y dimensión, el agresión a sus dirigentes petroleros, lo mismo que tampoco puede soslayarse el hecho que el movimiento obrero en su conjunto constituye, porque constituye parte fundamental de las fuerzas que han asumido una posición de defensa de sus intereses populares y de la independencia económica del país, así como
de que el movimiento sindical en su conjunto ha sido agredido en su derecho de huelga, en sus contratos colectivos de trabajo y en sus conquistas en lo general, en este sentido no podemos dejar de recordar el empleo de la figura de la requisa contra el Sindicato Mexicano de Electricistas o el de la intervención administrativa contra el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.
Dentro de este marco queremos llamar la atención a las fuerzas democráticas representadas en el Poder Legislativo sobre el hecho de la agresión al sindicato de la empresa Aeronaves de México que procedió y fue parte integrante del proceso que concluyó con la entrega de la estratégica empresa a la iniciativa privada.
En estas condiciones para el Partido Popular Socialista resulta extremadamente difícil dejar de considerar las acciones del poder público contra los dirigentes petroleros, como una brutal agresión al Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y como una agresión en su conjunto al movimiento obrero, por lo que expresamos nuestra más enérgica condena a estos hechos que ponen en peligro el proceso político nacional y constituye un peligroso obstáculo a la tendencia al diálogo y la concertación como formas de convivencia política.
A nuestro juicio, esta acción debe ser atribuida a las fuerzas reaccionarias en el seno del poder público, partidarias de la confrontación y del empleo de la fuerza como medio para imponer sus condiciones a la dirección política del país. Visto así, debemos parar en seco esta temeraria tentativa de llevar al país a un régimen de fuerza y de atropello a los derechos constitucionales y democráticos de los mexicanos, camino contrario a los intereses de la nación y del pueblo mexicano.
El Partido Popular Socialista se solidariza a la condena nacional de la clase obrera y concretamente de los trabajadores petroleros por la detención de los dirigentes del sindicato petrolero y demanda la libertad incondicional e inmediata de los detenidos. Esta agresión, como lo hemos señalado, a los dirigentes petroleros, no es casual, hay que recordar lo que en un discurso dijo Salinas de Gortari en el estado de Puebla cuando señaló, "Que se atuvieran aquellas fuerzas que aliadas no estuvieran de acuerdo con la alianza del Estado" y que esto representó una velada amenaza contra el movimiento obrero pero principalmente contra los trabajadores petroleros que habían demandado una posición distinta a la decisión en el seno del partido mayoritario.
Hay que recordar que también la amenaza al sindicato de petróleos fue en base a la decisión en el seno de este sindicato de permitir a sus agremiados de votar libremente el 6 de julio; pero volvemos a reiterar que la agresión del día de ayer representó el cobro de una cuenta no saldada por parte del gobierno, una cuenta por la posición firme, vertical, en el sentido de defender las empresas del estado, de levantar las banderas en contra de la política criminal, en contra de nuestro pueblo, principalmente de los trabajadores.
Por eso estos hechos preocupan profundamente a las fuerzas democráticas y al Partido Popular Socialista. Nosotros hemos señalado que este hecho no es casual ni está aislado de varios hechos de carácter fascistoide que han estado ocurriendo en últimas fechas en nuestro país y que preocupa profundamente a las fuerzas democráticas de dentro y fuera del gobierno ante el evidente deterioro de la vida democrática por parte de las fuerzas oligárquicas que pretenden llevarnos al estado político ominoso del fascismo.
Sabemos que el imperialismo y sus aliados internos que son las fuerzas de la derecha y de la contrarrevolución, están interesados en que la actual crisis económica de México se transforme en una crisis social y política que les permita la instauración de un régimen de facto que apoye en todo su sentido su política neocolonialista, y a este respecto, desgraciadamente han avanzado estas fuerzas del retroceso porque hoy cuentan con aliados desde el gobierno, en puestos políticos de alto nivel que les ha permitido reprivatizar nuestra economía y fortalecer la inversión extranjera deformando nuestro desarrollo económico independiente.
A este respecto, el histórico sindicato petrolero que ha dado grandes batallas por la independencia nacional, desde la Expropiación Petrolera hasta hoy, que ha mantenido una actitud firme de no permitir la reprivatización de Petróleos Mexicanos, y de que se continúe con la política desnacionalizadora por parte del gobierno, sufre hoy una agresión incalificable de las fuerzas retardatarias de dentro del gobierno.
En el fondo se pretende hacer aparecer este problema como un asunto de carácter legal o jurídico. El Partido Popular Socialista señala que éste es un problema político de fuerzas de clases sociales. En el fondo de los argumentos que presentan las autoridades contra los dirigentes petroleros, se esconde toda una escalada de agresiones al movimiento obrero, en este preciso momento en que los trabajadores se movilizan inconformes por los topes salariales y la política
del empobrecimiento aplicada por el gobierno para este año de 1989, y de franco rechazo a la venta de las empresas del Estado a la iniciativa privada nacional, que está preparando una embestida más contra las empresas del Estado.
Se les agrede a los sindicatos, al sindicato petrolero, no por sus fallas o sus desaciertos, sino por su conducta certera de exigir al gobierno un cambio profundo en la política económica para retomar el camino de la Revolución Mexicana.
En el fondo también queremos señalar, se pretende violentar el régimen constitucional por parte del gobierno, porque por un lado se le permite a un extranjero, a Prigioni violar impunemente el artículo 130 constitucional, y por otro se pretende aplicar estrictamente la letra de la ley a los dirigentes sindicales.
Se dice además que la detención de los dirigentes sindicales no significa ninguna agresión al sindicato de petroleros, pero, ¿cómo se puede entender el régimen interno de un sindicato sin sus dirigentes?
Pero además se acusa a los dirigentes petroleros de defraudar al fisco, cuando todos sabemos por voz de los funcionarios de Hacienda y Crédito Público, que el 70% de las empresas se declaran, declaran ceros, evaden al fisco. En cambio ahí no se ha actuado con la energía, con apego a la ley, se ha dejado que impunemente unos cuantos sigan incrementando sus fortunas, concretamente que los empresarios sigan evadiendo al fisco. No se ha aplicado la ley contra los defraudadores de las casas de bolsa que dejaron en la miseria a miles de ahorradores.
Tampoco puedo soslayarse en esa acción del día de ayer, la conducta asumida por el ejército en la detención de los petroleros, que rebasando el mandato constitucional respecto a su misión histórica, cumplió tristemente funciones que le corresponden a la policía judicial.
El Partido Popular Socialista considera que estos momentos son sumamente peligrosos para la vida democrática del país. Consideramos que el gobierno no puede estar llamando en estos momentos a ampliar el régimen de vida democrática a través de reformas a la Ley Electoral, al Código Electoral, mientras que por otro lado se esté actuando con mano dura, con la ley del garrote, contra los movimientos populares, contra los dirigentes obreros que demandan legítimamente el derecho de sus intereses, la defensa de sus intereses por mejores condiciones de vida.
El Partido Popular Socialista ha resuelto no participar en el foro de consulta al Código Federal Electoral, propuesto por la Comisión Federal Electoral.
Hemos resuelto que no se puede seguir participando en este foro donde se pretende ampliar el régimen democrático, pero de otra forma seguir viendo cómo avanza una política de agresión.
Compañeros legisladores, el Partido Popular Socialista considera que no debe ni puede soslayarse el análisis y la condena de las fuerzas democráticas aquí representadas; porque aquí hay dirigentes obreros, dirigentes magisteriales, compañeros que forman parte del Congreso del Trabajo y que deben asumir la responsabilidad histórica en estos momentos difíciles para la vida democrática del país.
No se puede pasar, ser insensibles a los acontecimientos del día de ayer, en donde se agredió al sindicato de petroleros y se violentó peligrosamente el régimen constitucional de nuestro país por parte del poder público.
Este incidente aparentemente legal en sus motivaciones, no sólo afecta a un sindicato, como lo hemos reiterado varias veces, o a unos dirigentes sindicales, sino que representa una verdadera agresión al movimiento obrero que hoy se opone con firmeza a la política desnacionalizadora y antipopular del gobierno. Y lo que es más grave, que atenta contra las garantías individuales consagradas en la Constitución, abriéndose así sutilmente las puertas para la acción de las fuerzas que sueñan con regímenes fascistas en nuestro país; que indiscutiblemente acabaría con todo vestigio de vida democrática en nuestra patria. Por lo cual debemos actuar enérgicamente para cerrar esta posibilidad.
"Por estas consideraciones, compañeros legisladores, el Partido Popular socialista demanda lo siguiente:
Primero. La liberación inmediata de los dirigentes petroleros detenidos.
Segundo. Se retire inmediatamente a los elementos del Ejército Nacional de las instalaciones de Petróleos Mexicanos.
Tercero. El restablecimiento del orden constitucional que ha sido puesto en peligro por los sectores más regresivos de dentro del poder público." Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al senador Netzahualcóyotl de la Vega García.
El C. senador Netzahualcóyotl de la Vega García: - Señor presidente; compañeros integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión: se ha hecho aquí una exposición de lo ocurrido el día de ayer acerca de la detención de los compañeros dirigentes del sindicato petrolero.
En la relación de los artículos que fue entregada a nuestros compañeros legisladores, aparece entre otras informaciones un desplegado que fuera signado por los principales dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México, de ese desplegado que la Confederación de Trabajadores de México ha dado a conocer y que ustedes seguramente tienen a la vista, se desprende desde luego, la condena de los hechos como tales que la propia Confederación hace.
La expresión de solidaridad con el sindicato de trabajadores petroleros, con uno de los sindicatos cetemistas, con los trabajadores petroleros y además la expresión de la propia Confederación de que haremos la defensa la propia Confederación, de nuestros compañeros detenidos, defenderemos fundamentalmente los derechos que puedan tener, pediremos la aclaración definitiva de los hechos y el ejercicio pleno de ellos de su libertad y fundamentalmente defenderemos en todos los foros hasta donde sea posible, con la ley en la mano a los compañeros detenidos.
Sin embargo, yo quiero resaltar una de las fases que el propio comunicado de la Confederación de Trabajadores de México hace. Se habla claramente de que existen los procedimientos legales aplicables e invocamos la suprema necesidad de serenidad y unidad que requerimos los mexicanos hoy como nunca.
En la tribuna, cuando se hace la denuncia de los hechos, nuestros compañeros legisladores lógicamente han tratado o de alguna manera han tratado de involucrar esta situación que la Confederación de Trabajadores de México considera como un asunto fundamentalmente de tipo penal con algunos de los dirigentes del sindicato petrolero, se ha tratado de involucrar como un ataque fundamental a los derechos de los trabajadores y a los derechos del movimiento obrero.
Yo quiero dejar perfectamente sentado que el derecho de contratación colectiva, que el derecho de huelga, que el derecho de asociación que fundan al movimiento obrero mexicano, no consideramos de ninguna manera que hayan sido violados de ninguna manera por estos hechos específicos que estamos comentando esta mañana en la Comisión Permanente.
Los derechos plasmados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nosotros sentimos que no han sido violados por esta situación; es un hecho estrictamente judicial. No se ha violado al movimiento obrero; hay problemas con algunos dirigentes, pero eso de ninguna manera significa violación a las instituciones.
Se habla aquí de topes salariales, el sindicalismo, el sindicalismo de la Confederación de Trabajadores de México, hace unos cuantos días hizo también otra manifestación pública, dentro de las normas, dentro del movimiento obrero laboral, dentro del derecho laboral, el sindicalismo ha seguido trabajando y seguirá trabajando para hacer valer los derechos de los trabajadores, no aceptando topes salariales; ejerciendo oportunamente y estrictamente el derecho de huelga; le ha dado la consigna a todos los sindicatos de la Confederación de Trabajadores de México, y esto ha sido realmente adoptado por el Congreso del Trabajo, que las organizaciones sindicales lucharán en sus contratos colectivos para obtener las mejores condiciones salariales y de prestaciones sociales, con el único límite de la capacidad de sus empresas, la capacidad de sus industrias, límite que se marcarán las propias organizaciones en su lucha sindical y en su lucha utilizando todos los implementos que la propia ley marca, como el derecho de huelga básicamente.
¿Qué se ha violado al movimiento obrero? No lo aceptamos. Que hay algunos compañeros nuestros a quienes se les imputan hechos delictuosos, que tendrá que probar la autoridad, que tendrá que probar por los conductos definitivos, por los conductos judiciales indispensables para poder imputar a alguien este tipo de hechos delictuosos y que serán las propias autoridades las que tengan que juzgar y que el movimiento obrero, especialmente de la Confederación, estará pendiente de defender los derechos de nuestros trabajadores, lo haremos. Pero que eso implique una ruptura, que eso implique de alguna manera ruptura con el gobierno de derecho que existe en México, eso no lo aceptamos.
Creemos que debemos de dejar asentada perfectamente la posición del movimiento obrero; es necesario ante todo, repetimos, en este momento, mantener la serenidad, la unidad, unidad que es necesaria en este instante fundamental de transición, en este instante de renegociación de la deuda, en este instante de transición económica,
en este instante de mayor unidad y solidaridad entre los mexicanos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.
(No se encuentra en la sala.)
Tiene la palabra el diputado Pedro René Etienne Llano.
El C. diputado Pedro René Etienne Llano: - Señor Presidente; compañeros legisladores: Antes de hacer uso de la palabra y en atención a la intervención del senador De la Vega, quisiera pedirle a la presidencia, autorizara a la secretaría a leer exclusivamente los cuatro primeros párrafos del manifiesto de la Confederación de Trabajadores de México, firmado por el C. Fidel Velázquez, los senadores Blas Chumacero Sánchez, Emilio M. González y Alfonso G. Calderón.
El C. Presidente: - Autorizado.
La C. secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: - «En las primeras horas del día de hoy, elementos del ejército allanaron el domicilio y detuvieron arbitrariamente y con lujo de fuerza al compañero Joaquín Hernández Galicia, y de la misma manera violenta secuestraron a los compañeros José Sosa Martínez y J. Concepción Ortega Kuri, todos ellos dirigentes del Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
En el operativo, los mismos elementos del ejército, hicieron numerosos disparos con armas de fuego y detonaron explosivos, simultáneamente acordonaron, dispararon y penetraron en el domicilio del compañero Salvador Barragán Camacho, secretario general del propio sindicato. No hubo de por medio orden de aprehensión de autoridad ni intervención de fuerzas federales competentes.
Se trató de hechos en los cuales se hizo participar a miembros de nuestras gloriosas fuerzas armadas, que siempre han tenido el reconocimiento y la gratitud de los trabajadores mexicanos. La Confederación de Trabajadores de México no puede permanecer indiferente ante situaciones que vulneran gravemente al movimiento obrero y al régimen de derecho en que vivimos los mexicanos y que pueden poner en peligro la paz civil que tanto nos ha significado construir y preservar.»
El C. Presidente: - Continúe el orador.
El C. diputado Pedro René Etienne Llano: - He tomado esta precaución para que después no se nos impute que afirmamos o sostenemos algo en nombre de una organización que nos merece todo el respeto. Pero el problema no se reduce a la libertad de ganar más de pesos o centavos, el problema es precisamente el de la vigencia del estado de derecho y de la legalidad de nuestro país.
A eso se refiere el allanamiento de domicilio, a eso se refiere la intervención de fuerzas no competentes, a eso se refiere la falta de orden de aprehensión de autoridad, a eso se refiere precisamente la valoración de la Confederación de Trabajadores de México de que esta situación vulnera gravemente al movimiento obrero y al régimen de derecho. Y vuelvo a aclarar que estoy citando textualmente.
Por eso los hechos del día de ayer, ni pueden desestimarse ni deben encubrirse en una bola de humo que exponga lo que con toda precisión han señalado compañeros diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.
Ni las fuerzas políticas de este país, y yo diría, ni la opinión pública nacional, pueden quedar satisfechas ante declaraciones tan torpes e ingenuas con las que el Procurador General de la República trató de fundamentar estos hechos el día de ayer.
Nos parece incluso muy grave que en el primer boletín oficial el Procurador de la República utilice el leguaje y las razones esgrimidas por los gobiernos dictatoriales. Porque ése es el fondo, cuando se habla y se razona que la detención fue por un problema de seguridad nacional, y cuando se levanta ese fantasma de la seguridad nacional para atacar o someter a dirigentes o a críticos de las políticas del gobierno, estamos en los linderos de los regímenes dictatoriales que violentan la ley y el orden constitucional, esgrimiendo la seguridad del Estado; esgrimiendo la seguridad nacional.
Porque después de conocer los hechos e incluso, después de leer esta opinión autorizada y pública de la Confederación de Trabajadores de México, no podemos aceptar que se actuó con legalidad y conforme a derecho el día de ayer.
¿Cómo es posible que el Procurador General pretenda engañar a la opinión pública nacional, hablando de orden de presentación o hablando de inspección ocular en el domicilio particular de Joaquín Hernández Galicia, cuando en lugar de presentar una orden se utiliza una bazooka para abrir la puerta del domicilio de Hernández Galicia? ¿Cómo es posible que se hable de una inspección en donde resulta el cuerpo del delito y a la misma
hora se haya desatado una auténtica cacería contra los dirigentes del sindicato petrolero? Porque ha trascendido a la prensa la detención casi simultánea también de José Sosa, presidente del Consejo Nacional de Vigilancia del sindicato referido. Y ha trascendido también a la prensa que a la misma hora se estableció un cerco similar en el domicilio particular del ex senador Salvador Barragán Camacho. Y sabemos que también a la misma hora se realizaba el mismo operativo en otros centros petroleros, en Coatzacoalcos, en Minatitlán, en Villahermosa y, en Reynosa, Tamaulipas.
¿Cómo es posible que se hable de una investigación de rutina, simplemente judicial, cuando a esa hora había una movilización nacional del Ejército Mexicano frente a los domicilios de los dirigentes, frente a las instalaciones de petróleos y frente a las oficinas sindicales? Lo menos que la opinión pública le puede exigir al Procurador General de la República, es mayor consistencia y seriedad, y demandarle que por lo menos tuviera razón y respeto ante el sentido común de los mexicanos.
Pero ¿cómo es posible incluso que alguien acepte el argumento de que este operativo está dirigido sólo a los individuos y tiene exclusivamente un carácter judicial? Bueno, ¿qué se piensa que se puede hacer abstracción de la situación política en la que se dan estos graves hechos?, ¿qué se piensa que las organizaciones políticas y la ciudadanía de este país no tenemos memoria? Porque nadie podrá argumentar que esta acción masiva, generalizada se desata contra una dirección sindical que ha mantenido una crítica y una oposición abierta a la política económica del anterior gobierno y del actual.
Porque tampoco se puede ocultar el hecho de que se desate esta cacería contra una dirección sindical que hace unos cuantos meses, unas cuantas semanas, denunció un hecho escandaloso de corrupción en Petróleos Mexicanos, que señaló la participación directa de Mario Ramón Beteta y que, por lo menos parte de la opinión pública y los diputados miembros de la LIV Legislatura, vimos cómo con una argumentación en círculo vicioso de subordinados del Poder Ejecutivo, se frenó y se paró sin conocer el fondo del asunto la denuncia contra Mario Ramón Beteta.
Porque tampoco se puede esconder el hecho de que esta dirección sindical, que ayer sufrió este golpe directo, ha mantenido en los últimos años también una defensa sobre la participación del Estado en la petroquímica, frente a las decisiones del Poder Ejecutivo para ampliar la intervención privada en este campo.
Y porque, finalmente, tampoco se puede ocultar el hecho de que Joaquín Hernández Galicia y los dirigentes petroleros han trabajado durante muchos años para defender la unidad y, sobre todo, la autonomía de su sindicato, y que el poder político o económico que llegaron a construir, no puede ser enfrentado con la violencia y al margen de las leyes, demostrando una falta absoluta de recursos políticos por parte del gobierno.
Estos son hechos, hechos que han sostenido la dirección del sindicato petrolero, hechos que han sostenido el sindicato como organización y que no pueden ser desestimados tan sólo porque en una declaración de prensa, el procurador afirme que el proceso se dio con legalidad y que sólo tiene como propósito resolver una cuestión judicial; más aún, ni es casual ni es fruto de una investigación de las últimas semanas, como lo refirió el procurador, porque tiene todos los visos de ser un golpe maquinado y pensado con mucho tiempo y al detalle; no es casual, incluso, que ahora se invoque en este supuesto delito cometido por la dirigencia sindical, la reciente reforma a la Ley de Armas y Explosivos.
Que se les pretenda aplicar precisamente el artículo reformado, el 83 y el 83- bis, que aumentó las penas hasta 30 años para quienes fueran acusados de este delito; no es casual tampoco que se haya mantenido una campaña sistemática de desprestigio, para pretender que con ella se justificaran los medios, aun la violación de las normas legales vigentes y tampoco es casual que a unas cuantas horas se pudiera tener la intervención del Ejército en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, y se estén dando pasos y tomando las medidas para que al margen de los trabajadores puedan operar estas instalaciones.
Esto requirió tiempo y todos los que tenemos memoria recordamos que hace algunos años se denunció un plan similar, generado entonces en la Secretaría de Programación y Presupuesto, un plan para la ocupación militar de las instalaciones de Petróleos Mexicanos.
Se trata pues, no de un delito que se haya cometido in fraganti y que por lo tanto, le dé base jurídica a este golpe contra la dirección sindical. Se trata de un plan maquinado, se trata del terrorismo de estado, se trata de una demostración de falta absoluta de recursos políticos para enfrentar, incluso, los problemas o las diferencias que hubiere con el sindicato petrolero. Pero lo más grave, lo más grave es que el 10 de enero se va a inscribir en la historia de nuestro país, como la aparición de una nueva forma del gobierno en la intervención de los sindicatos, porque ahora ya no se trata de que el gobierno, como
lo hizo en el pasado, intervenga desde adentro con los sindicatos; es decir, lo que históricamente se conoce como el "charrazo".
Ahora ni siquiera con la participación interna sino como un golpe desde afuera, se va a abrir una nueva categoría política, el "zorrazo" contra los sindicatos y el "zorrazo", como lo dijo certeramente un diputado, es ahora contra el sindicato petrolero; mañana posiblemente será contra otra organización gremial, pero habrá algunos que no deben de preocuparse de esta eventualidad si su posición política no hace que se llegue a este extremo. Pero hay razón de los partidos para preguntarse: ¿quién sigue después?, ¿habrá zorrazo también contra las organizaciones políticas que sostienen las mismas posiciones de crítica y oposición al actual gobierno?, ¿habrá zorrazos al margen de la ley contra los ciudadanos que sostengan públicamente una oposición y una crítica al actual gobierno? Si ésa fuera la circunstancia, el 10 de enero será un día negro en la historia de nuestro país.
No podemos abstraernos tampoco de cuales son las motivaciones de esta decisión, que para no pecar de ingenuos, hay que decir con toda claridad que salió de Los Pinos; porque sería ingenuo pensar que la decisión la toma el licenciado Alvarez del Castillo como una investigación de rutina, porque el licenciado Alvarez del Castillo tiene facultades frente al Ministerio Público, pero no frente al Ejército Nacional. Esta orden, esta decisión, con todo lo que implica, salió de Los Pinos y es responsabilidad de Carlos Salinas de Gortari.
Por las personas involucradas y por los hechos que no se pueden abstraer, hay quienes hablan de una motivación fundada en la venganza personal y la hipótesis tiene base cuando incluso entre los detenidos se encuentra Gustavo González, quien no es petrolero, quien fue presidente municipal de Tampico y quien siendo presidente municipal del Partido Revolucionario Institucional también se opuso públicamente a la designación de Carlos Salinas de Gortari como candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional.
Pero sinceramente nos parece una motivación muy pequeña pera tan grande despropósito. Podría haber sido una de las motivaciones que concurren en la decisión, pero además de pequeña sería sumamente grave para el país que ésta hubiera sido determinante.
Por el tiempo en que se da, incluso lo menciona el desplegado de la Confederación de Trabajadores de México, el tiempo de negociación de la deuda externa, es válido suponer otra motivación que tampoco dejaría de ser grave: que esta decisión está fundada en quitar obstáculos a los propósitos de fraccionamiento de Petróleos Mexicanos y de una mayor privatización de la petroquímica, y que esta decisión de quitar obstáculos a este proyecto es porque forma parte de la negociación no abierta de renegociación de la deuda. Y la hipótesis debe ser considerada porque efectivamente estamos en pleno proceso de negociación de la deuda, y no se encuentra razón política lógica para esta acción desmedida contra el sindicato petrolero y sus dirigentes.
Si éste fuere el caso, habría que recordar sólo para los efectos del cálculo que tienen que hacer quienes toman estas decisiones, que en este asunto ni estuvieron solos los dirigentes del sindicato petrolero, y aun con el golpe y la detención tampoco estarán solos, no sólo en la defensa de Petróleos Mexicanos, sino precisamente en esa cesión plena de soberanía que sería ampliar la participación privada en la petroquímica, no sólo los partidos de oposición sino también un numeroso grupo de diputados priístas que en los meses recientes han dado una batalla sorda, pero gallarda, para defender el patrimonio que forman las empresas del Estado.
Aparte de estas hipótesis sobre la motivación, y sobre la razón política de esta decisión, lo que es un hecho indudable es que nos encontramos, por una parte, en presencia de un nuevo hecho histórico en la vida del país, el del control completo del aparato del Estado por el grupo financiero, y no por ser zahorino sino por tener tan sólo una lógica política, podemos decir que este grupo financiero, hoy con el poder total del gobierno, necesariamente entrará en contradicción con las organizaciones sindicales y los dirigentes sindicales más firmes y consecuentes, que este grupo financiero entrará también en contradicción franca con las fuerzas políticas democráticas, porque no compartimos su proyecto de nación que están tratando de imponer y porque tampoco compartimos que se pretenda mantener la misma política económica que durante seis años impuso el gobierno de Miguel de la Madrid, añadiéndole ahora, para sostenerla, la represión y la violencia del gobierno.
Más de lo mismo en materia económica y represión política, con un ingrediente peligroso para la paz social, y esto, es un hecho histórico que no sólo determinará las relaciones del movimiento obrero, sino también determinará las relaciones de las fuerzas políticas más consecuentes con el nuevo gobierno de la República, para ser más precisos, con el nuevo titular del Poder Ejecutivo.
Los hechos de ayer son sumamente graves para la vida del país, y desgraciadamente, si los vinculamos con otros hechos del inicio del actual gobierno, presentan un negro panorama para el futuro de la vida democrática de México; esperamos, esperamos que el análisis que nos lleva a esta conclusión, al vincular este hecho que no puede verse aislado, sino que tiene que verse en función de sus implicaciones políticas, que tiene que verse también no sólo en el estilo personal de gobernar, sino fundamentalmente tiene que analizarse en función del proyecto que este grupo financiero presenta para el país, no puede ser solamente condenado en palabra.
Por eso y para concluir, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, tendrá una participación activa y solidaria con los compañeros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, para lograr que este golpe maquinado contra su dirección quede evidenciado como tal, y para exigir la libertad de los dirigentes detenidos.
Tendrá una participación activa y solidaria también en la defensa de la unidad y de la autonomía del sindicato petrolero; tendrá una participación activa en la defensa no sólo de Petróleos Mexicanos sino de la participación estatal, en la petroquímica que es patrimonio nacional, y tendrá también una participación activa en seguirnos oponiendo de manera franca y firme a la actual política económica y a esta sesión de soberanía que está en el trasfondo de la acción dirigida contra los dirigentes petroleros, ésa es la respuesta política que sin lugar a dudas sostendremos con firmeza, con otros destacamentos políticos y con las organizaciones sindicales más consecuentes de nuestro país. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gerardo Medina.
El C. diputado Gerardo Medina Valdez: - Señor Presidente; señoras y señores legisladores; señoras y señores: El día 3 de enero, la televisión, y al siguiente todos los periódicos, difundieron las imágenes sonrientes del encuentro que con motivo del Año Nuevo tuvieron el Presidente de la República y los dirigentes del sindicato petrolero, los dirigentes visibles y el dirigente verdadero.
El Ejecutivo machacó sobre lo que ha venido siendo su preocupación central ahora, hasta ahora, las renegociaciones sobre la deuda, para lo cual insiste en que deben hacerse a un lado, dijo en esa ocasión, intereses particulares que justifiquen división o disputa, con el objeto de que lo que él ha venido llamando, sin explicarlo, la unidad nacional, de una mayor presencia en las renegociaciones ante los acreedores internacionales.
Fue un momento, el del día 3, muy distinto a aquél en días semejantes, en que el representante visible entonces, "La Quina", amenazó al Presidente Miguel de la Madrid, "si se hunde Petróleos Mexicanos", le dijo, "se hunde usted y nos hundimos todos", ahora fue distinto, ahora todo mundo sonreía.
Por su parte Joaquín, "La Quina", Hernández Galicia, con la autosuficiencia típica en él desde que el sindicato petrolero oscila de acuerdo a su voz o sus gestos, dio consejos al Presidente sobre ese asunto en declaraciones de prensa.
En cuanto al petróleo, el Ejecutivo ratificó la intransferible titularidad del Estado mexicano, que ocurrió entre el día 3 y el día de ayer 10, entre el gobierno y el poderoso cacique del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia, cuando el país fue sacudido con la noticia de que uno de los "intocables" de México, "La Quina", había sido tocado con la vara de la ley; nadie, ni el eufemísticamente nominado líder moral del sindicato petrolero, ni mucho menos sus pistoleros, también eufemísticamente llamados ayudantes, ni la corte que día y noche a sus pies se mueve, ni tampoco la población, ni siquiera la informada del país, nadie estaba preparado para la cascada de hechos que ayer comenzaron a despeñarse.
Las reacciones que ayer mismo se iniciaron, tienen esa explicación, nadie estaba mentalmente preparado para conocer y ponderar con serenidad esos acontecimientos; las reacciones ante esos hechos confirman lo anterior.
El propio desplegado de la Confederación de Trabajadores de México, denuncia la violación de derechos humanos en las personas de los detenidos, y detenidos con violencia exagerada; la Confederación de Trabajadores de México, dice que no puede permanecer indiferente ante situaciones que vulneran gravemente al movimiento obrero y al régimen de derecho y que pueden poner en peligro la paz civil, y en consecuencia, la Confederación de Trabajadores de México bajo la firma de sus dirigentes máximos, Fidel Velázquez Sánchez y los secretarios generales sustitutos, senadores Blas Chumacero, Emilio M. González, presidente de esta Comisión Permanente y Alfonso G. Calderón.
Sin embargo, este desplegado de la Confederación de Trabajadores de México, y aquí comparto en punto de vista de Pedro Etienne, incurre en una ingenuidad que echa a perder todo el planteamiento;
estamos ciertos, dice, "de que el ciudadano Presidente de la República reprueba como nosotros estos hechos, y por ello, ante él elevamos nuestra más enérgica protesta y demandamos", etcétera. Increíble ingenuidad, digo, que además es una ofensa a la inteligencia del Presidente de la República, vive tan fuera de la realidad que todavía a esta hora, según esta instancia de la Confederación de Trabajadores de México, todavía no reprueba esos hechos.
Yo creo que si alguna cosa debe distinguir al político, es el realismo, la objetividad, independientemente de si ésta es o no favorable a nosotros; para nosotros, los de Acción Nacional, estos hechos lamentables, no fue tampoco una defensa de Mario Ramón Beteta, no es tan importante este paracaidista gobernador del Estado de México, no paga el tiro, y diría más, no paga los tiros disparados ayer y, menos las granadas de bazooka, Beteta no vale para tanto.
Nosotros podríamos resumir los hechos de ayer, diciendo que el sistema se mordió la cola, como la simbólica serpiente del tiempo continuo, el sistema se mordió la cola, porque "La Quina", el grupo que durante cuarenta años ha dominado el sindicato petrolero en su provecho, ni siquiera podría decir que en beneficio de todos los petroleros, porque todavía hay un ejército de pelones en Petróleos Mexicanos sujetos, por eso son pelones, al suelo pelón y además tienen que estar haciendo talacha en la obra social de "La Quina", lo mismo en San José del Vidrio, aquí en el Estado de México, que en Tamaulipas, en Veracruz o en cualquier parte.
El sistema se mordió la cola y las dolencias se sienten aquí, en esta Comisión Permanente, en algunas intervenciones, porque es "La Quina" parte del sistema, y lo que sucede, señoras y señores, es que "La Quina" dejó de ser útil al sistema, ésa es la realidad, y en función de eso otros guías morales de sindicatos grandes en México deben estar poniendo sus barbas a remojar, porque al contrario de lo que decía don Adolfo López Mateos, que en paz descanse, "los caciques no duran mientras el pueblo los tolera", los caciques duran mientras el sistema los necesita.
Sin pretender de ninguna manera definitividad en nuestras apreciaciones, pues falta muchísima información, falta información por ejemplo en el por qué de la intervención de la tropa, falta información sobre las órdenes de aprehensión en contra de treinta y cuatro personas, falta información del por qué del asalto armado para detener al guía moral del sindicato petrolero, que alguna versión ha presentado en paños menores, falta información sobre porqué Salvador Barragán Camacho, y lejos muy lejos estamos de apoyar a un individuo cuyos antecedentes y prácticas han sido repudiados aun dentro del propio sindicato petrolero; ¿cómo es que Salvador Barragán Camacho también está detenido?, ¿dónde están las órdenes de aprehensión?, ¿o cualquiera puede ordenar la aprehensión de uno y tras de él, aprehender a treinta y cuatro?, ¿por qué se conocen?, ¿por qué son amigos?, ¿por qué tienen alguna relación?, ¿dónde están las órdenes de aprehensión?, y, ¿cuál era el peligro real que representaba "La Quina", para tomar por asalto su domicilio particular?
Lejos estamos también de apoyar, pero ni remotamente, algunos hechos, conductas de "La Quina", ante quien se agachaban autoridades de todo nivel, desde el gobernador de Tamaulipas y no éste, los anteriores, hasta los agentes del Ministerio Público; ¿no recuerdan, no recordamos acaso que "La Quina", envió a sus ayudantes a capturar en un país extranjero a "El Trampas", para ser interrogado "en su domicilio" por el agente del Ministerio Público?, servicio a domicilio porque así lo pedía "La Quina".
Sin pretender, sin pretender, repito, definitividad a nuestras apreciaciones, porque además de faltar información vemos signos de que apenas comienza un proceso de revisión de situaciones que en algunos momentos parecerá el clásico "ajuste de cuentas entre amafiados".
Como miembros panistas de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reprobamos acciones al margen de la ley, reclamamos del gobierno y no del Procurador, sino al más alto nivel, el responsable de esta situación, reclamamos explicaciones convincentes al pueblo de México.
Para nosotros, en primer lugar llama la atención el hecho de que en tanto se mantenían las cordialidades superficiales en las relaciones entre la cúpula mafiosa del sindicato petrolero y el Presidente de la República, se venía realizando sin ruido, sin ostentación, sin escándalo, una investigación que ahora sabemos estaba encaminada sólo exclusivamente a fincar sospechas firmes de responsabilidad en torno a un acopio de armas y también sospechas de que estas armas habían sido introducidas al país ilegalmente, de contrabando; sospechas, digo, porque todo mundo sabe que en cualquier tienda de la esquina, en cualquier miscelánea mexicana se puede conseguir una ametralladora Uzi, de fabricación israelí.
En segundo lugar, inquieta que las armas mismas, hayan estado ya en el domicilio de "La Quina" o hayan sido, lo que considero personalmente muy
difícil, o hayan sido introducidas por los propios elementos del Ejército; diez cajas de ametralladoras no se introducen como a cualquiera de nosotros una bolsa de marihuana en la cajuela para inculparnos de traficantes de drogas.
En casa ya de "La Quina", que por cierto tenía antecedentes de haber contrabandeado utilizando equipos del propio Petróleos Mexicanos, nosotros preguntaríamos en el supuesto de que hayan sido, hayan estado en posesión del líder moral del sindicato petrolero, ¿para qué quiere un sindicato?, ¿en qué y cómo va a usar lotes de metralletas Uzi israelíes?, ¿se venía preparando la diligencia de sindicato para efectivamente hacerlo, como se dice en el membrete de su papelería, hacerse revolucionario?, o dentro de la inercia del poder económico que no se sacia nunca, ¿venía participando en el negocio de tráfico de armas y con quiénes comerciaba?, ¿con las guerrillas de países centro o sudamericanos, o con grupos mexicanos en vías de operar aquí en nuestra tierra como guerrilla, puesto que como dice Fidel Castro: "la prueba suprema de la democracia es armar al pueblo". ¿En vísperas de qué estábamos, que fue necesario tan enorme despliegue de fuerza para capturar a "La Quina"?
Cada una de estas preguntas reclama urgentemente respuestas, no importa cuán terribles y graves resulten; la seguridad nacional y la congruencia en la política exterior, no pueden reducirse a saberes ciertos del gobierno y para consumo del gobierno, y a sospechas, rumores y cabos sueltos entre el resto de los mexicanos.
En tercer lugar, asalta la interrogante: ¿Fue hasta los últimos meses del año pasado y los días que acaban de transcurrir de este año, como dicen los boletines, fue hasta entonces que se dio cuenta el gobierno de que la dirigencia sindical petrolera estaba incurriendo en esos dos solos ilícitos, el contrabando y posesión de armas y la evasión fiscal, a través de un ostentoso prestanombre de "La Quina", Sergio Bolaños?
En cuarto lugar, el tal prestanombre que se dio el lujo de comprar el colegio particular de donde habían expulsado a sus hijos, para que estos hijos de Sergio Bolaños, ¿fueran al mismo tiempo alumnos y dueños?; este individuo ya casi daba por hecho la inminente compra de un importante diario de la ciudad de México, ¿nunca pensaron las autoridades en algo más que evasión fiscal, y eso solamente en los últimos meses de 1988?
Hay muchos trampas en el sindicato petrolero, todos los negocios de los trampas: periódicos, negocios, inmuebles, ranchos, ¿ésos cubren religiosamente sus obligaciones fiscales?
Poco de lo mucho que desde ayer comenzó a ocurrir en las relaciones del gobierno y su partido, con el grupo que hace más de treinta años se apoderó del sindicato petrolero, no se conocían.
En realidad, la mayor parte era comidilla de todos los días en todas partes y en las columnas de los periódicos, entre éstas, desde hace mucho tiempo, cuando al extremo de que hasta la fecha ponen "los revolucionarios del sindicato petrolero", pulso político de Francisco Cárdenas Cruz, todo esto se conocía, solamente el gobierno lo ignoraba.
No es cierto, si queremos no faltar a una elemental inteligencia, debemos de reconocer que sí lo conocía y la cúpula que lo rodeaba todavía era útil al sistema, parecía, decimos que lo ignoraba, cuando en realidad hacía que no veía, solamente porque los servicios que al sistema y al Partido Revolucionario Institucional, venía prestando "La Quina" y sus compadres, eran buenos, eran estupendos servicios, pero llegó un momento en que la ruptura se hizo necesaria.
En esas condiciones, repito, nosotros desearíamos por el bien de la República, que esto no quedara en una simple mordida de cola del propio sistema, nosotros desearíamos que en esta oportunidad el gobierno de la República diera ejemplo de su sometimiento rígido a las leyes, que se supone que deben enmarcar la conducta de todos los mexicanos, gobernantes y gobernados.
Es cierto que el poder de "La Quina", se había convertido en un poder de Estado dentro del Estado, al extremo de enfrentarse al Ejecutivo en lugares públicos; todos podríamos repasar los discursos en Ciudad Madero de "La Quina", para ver el nivel que había alcanzado la soberbia, pero soberbia y todo, todavía era útil al sistema, nosotros preguntamos y reclamamos también ha esto una respuesta clara y honesta, ¿se habría procedido así contra la cúpula del sindicato petrolero, si los resultados electorales del 6 de julio hubiesen sido otros?
Salvador Barragán Camacho, ratificó ayer que esto era una persecución en parte, por el apoyo que el sindicato proporcionó a la izquierda en el pasado proceso electoral federal, ésa fue la causa de la represión, eso fue, el que haya sido financiero, apoyo, respaldo de algunos grupos de izquierda en la pasada campaña federal que hizo estremecer los cimientos del sistema?, ¿es la revancha?, ¿habría sucedido lo mismo si el Partido Revolucionario Institucional ganaba el 90% de las posiciones en todas partes?, ¿no sería una larga sonrisa la que se seguiría extendiendo desde "La Quina" hasta Los Pinos, si los resultados electorales hubieran favorecido
abrumadoramente como se acostumbraba al sistema y al Partido Revolucionario Institucional?
Finalmente, señoras y señores, nosotros, y lo hemos reiterado y defendido en cuanta oportunidad hemos tenido, distinguimos entre el sindicato, respetabilísima institución que debe ser salvaguardada en la medida en que cumple a cabalidad sus objetivos de su propia naturaleza, distinguimos entre el sindicato y la capitalización, el aprovechamiento del sindicato para convertirlo en un instrumento en beneficio de unos cuantos.
Bien, que se respete y se haga respetar la integridad, la libertad y la autonomía de los sindicatos, pero que no se aproveche, y lo denunciaremos siempre, que no se aproveche la autonomía y la libertad de los sindicatos para convertir a éstos en feudos de caciques, en ínsulas de poder que llegan hasta la insolencia y que en un momento dado, cuando se establece el conflicto con sus protectores del sistema al más alto nivel, ponen en riesgo no a un sindicato, no a 220 veinte mil petroleros, ponen en riesgo a toda la República.
En estas condiciones, reiteramos los de Acción Nacional, informe el Presidente de la República con objetividad, amplitud y honestidad los términos y las bases en los cuales apoyó esta decisión de acudir a una violencia desmedida para capturar a los líderes del sindicato petrolero.
La única forma de que pueda comenzar o iniciarse el proceso de confianza en el gobierno, es que el gobierno hable con honestidad, con claridad, sin ocultar datos.
Nosotros, y lo dijimos en el pasado período de sesiones, y creemos que la mayoría de los mexicanos estamos dispuestos a soportar situaciones difíciles, dramáticas, pero lo que no podemos tolerar porque queremos un México nuevo, un país nuevo, es que se nos siga tratando como menores de edad, y se nos digan mentiras a la luz del día por la televisión. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Carlos Calderón Cecilio... Bien, tiene la palabra el diputado Ignacio Castillo Mena.
El C. diputado Ignacio Castillo Mena: - Acaba de afirmar el señor diputado Gerardo Medina, que sabe que Salvador Barragán Camacho, hizo una declaración en el sentido de que la represión que se ejerce contra los dirigentes del sindicato, es porque ellos apoyaron al movimiento de izquierda en las pasadas elecciones.
Yo quiero decir en nombre del Frente Democrático Nacional, que agrupa a cuatro partidos legalmente registrados y a la Corriente Democrática, que no contamos nunca ni con el apoyo moral ni material del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y que tal vez ése fue su error, y la consecuencia la están sufriendo ahora.
El pueblo de México no votó precisamente por quien encabeza el Poder Ejecutivo, y los líderes entonces hicieron gala de que eran partidarios del actual Presidente de la República. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Diputado Calderón Cecilio, tiene la palabra.
El C. diputado Carlos Rubén Calderón Cecilio: - Señor presidente; señores legisladores: El señor diputado Ignacio Castillo acaba nuevamente de hacer uso de la tribuna, para una aclaración con relación aparte de lo aquí expuesto por el diputado Gerardo Medina.
Yo quiero iniciar también con una aclaración con relación a la aseveración hecha por el diputado Castillo hace un momento, que el pueblo de México sí votó por Carlos Salinas de Gortari.
Legisladores de todos los partidos se han expresado con relación a hechos sucedidos el día de ayer; como mi compañero Gerardo Medina señalaba, no dejan de ser en este momento apreciaciones, la realidad es que la información apenas se está generando; considero que lo prudente es guardar cordura ante estos acontecimientos, ante esos sucesos recientes, y esperar que fluya mayor información oficial sobre las investigaciones que las autoridades correspondientes están realizando.
Aquí también, entre las diversas apreciaciones, se ha manifestado que la dirigencia nacional de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, ha festinado estos recientes hechos; esto no es verdad, ni nuestro partido ni la militancia del Partido Revolucionario Institucional, festinan hechos de esta magnitud.
Pero también nuevamente se aprovecha en esta ocasión la tribuna de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para sacar a relucir el caso de la denuncia nuevamente presentada por el período ordinario de esta LIV Legislatura, con relación a una serie de supuestos que le atribuyen al ex director de Petróleos Mexicanos y actual gobernador del estado de México, Mario Ramón Beteta y a otros funcionarios.
En la LIII Legislatura y en este primer período ordinario, se trató nuevamente el caso; por más de mes y medio en la comisión especial, en las comisiones unidas se debatió a profundidad con la expresión de todos los que se manifestaron en su momento; concluye un dictamen de comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales con Justicia, sobre el asunto que no es materia de este día.
No hay divorcio del Estado con la clase trabajadora de México, lo que sí existe y es una realidad, es una verdadera alianza de concertación; lo que sí es una realidad, es el respeto a la autonomía sindical, el respeto al derecho de contratación colectiva, el respeto al derecho de asociación, el respeto al derecho de huelga, como aquí expresó mi amigo el senador De la Vega, lo que sí existe y es una realidad, es el respeto a la vida interna sindical y a todos los derechos consagrados en nuestra Constitución general; no hay tal ruptura del orden constitucional como aquí se ha aseverado, vivimos en un estado de derecho, éste es un problema de tipo judicial, de personas de quienes se presume han cometido algunos ilícitos, de quienes se presume...
El C. diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?
El C. diputado Carlos Rubén Calderón Cecilio: - Con mucho gusto, si lo permite la presidencia.
El C. Presidente: Tiene la palabra, diputado Etienne.
El C. diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul): - Acaba de expresar usted que ha habido respeto a los derechos constitucionales, ¿considera entonces falsas las afirmaciones de la Confederación de Trabajadores de México, en el sentido de que hubo allanamiento de domicilio, no hubo orden de aprehensión e intervinieron fuerzas no competentes?
El C. diputado Carlos Rubén Calderón Cecilio: - Respeto a la organización de la Confederación de Trabajadores de México...
El C. diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul): - Esa no fue la pregunta.
El C. diputado Carlos Rubén Calderón Cecilio: - Afirmé y afirmo que vivimos en un estado de derecho, si se actuó sin orden de aprehensión, como se dan algunas aseveraciones, no es mi competencia aseverarlo, lo que sí asevero, que vivimos en un estado de derecho.
El C. diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul): - Gracias por no contestarme.
El C. diputado Carlos Rubén Calderón Cecilio: - Decía, que en estas aprehensiones se presume de ilícitos cometidos, que en cuyo caso los afectados ejerciendo sus derechos, probarán seguramente su inocencia y la autoridad competente con los elementos y pruebas de que dispone y la averiguación que continúa realizándose, seguramente emitirá, porque es además su obligación y responsabilidad a efecto de orientar a la opinión pública, sus conclusiones al respecto, no es éste un asunto de la competencia en los trabajos de esta Comisión Permanente, pero considero y es mi opinión personal, válido, porque es tema en toda la opinión nacional en que todos los auténticos representantes del pueblo, diputados y senadores, legisladores todos que participamos en esta Comisión Permanente, expongamos como se ha venido dando nuestras ideas, nuestras aseveraciones y la información, primera información que fluye de estos hechos dados el día de ayer.
Yo con respeto sostengo que en estos momentos en que el señor Presidente de la República convoca al pueblo de México a la unidad para avanzar en los propósitos nacionales, que no debemos adelantarnos y esperar la información que seguramente dará en su momento y en su oportunidad al concluir la averiguación la autoridad competente.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.
El C. diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ha sido claro en su posición en defensa de las normas constitucionales, producto del movimiento social de 1910.
Ante esta realidad, nuestro partido ha sido un constante defensor de este marco constitucional, a través del cual se rige y se debe de regir este país; sabemos que a lo largo y a lo ancho del país, diariamente se transgrede ese orden constitucional, porque las autoridades encargadas de la observancia de esta ley se hacen sordas, y en ocasiones se convierten en los principales enemigos del marco constitucional.
Para nadie en este país es extraño cómo la policía judicial o la policía preventiva o alguna otra policía actúan de manera arbitraria, sabemos, quienes en alguna ocasión hemos conocido de los procesos judiciales y de las investigaciones de las
procuradurías, que las acciones en ocasiones no se hacen con estricto apego a lo que manda la ley orgánica de estas instituciones; tal es así el caso de los compañeros que en el movimiento de 1968, fueron consignados por supuestos delitos que no habían cometido, a nadie se le citó a declarar a la Procuraduría, a nadie se le permitió ofrecer pruebas, a nadie se le permitió descargar las acusaciones. Así hemos visto a lo largo y ancho del país, que diariamente la Procuraduría actúa transgrediendo el orden constitucional.
En el caso que nos ocupa, de los dirigentes sindicales de Petróleos Mexicanos, es muy claro que también no se ha observado el marco constitucional.
Hasta el momento de la información que todos los mexicanos tenemos en torno a este problema, no se ha aclarado en qué día se citó a los dirigentes petroleros para declarar si eran o no responsables de algún ilícito, no hubo una citación en torno al problema que nos ocupa, no hubo una comparecencia ante la Procuraduría General de la República, hasta esto, hace constar que no se ha cumplido con el procedimiento que la ley establece.
Por ello, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana exige, demanda de la Procuraduría General de la República, una información clara y precisa de las averiguaciones que se han llevado adelante en torno a este problema en que se ven inmiscuidos varios dirigentes sindicales, porque sabemos que no se ha cumplido la ley, porque sabemos que se está transgrediendo el orden constitucional; exigimos información clara, congruente, real, objetiva, de lo que ha ocurrido en torno a este procedimiento.
Efectivamente, en las acciones que desarrolló la Procuraduría General de la República, lamentablemente un funcionario judicial perdió la vida, esto es lamentable a todos los niveles, creo que un servidor público que tiene familia, no debe bajo ninguna circunstancia, ser sujeto a este riesgo y a este grave peligro.
Las circunstancias que motivaron las acciones del día de ayer son sumamente lamentables para todos los mexicanos, pero más lamentable es que la Procuraduría General de la República no haya actuado dentro del marco constitucional, por ello, exigimos una completa investigación en torno a estos ilícitos que se denuncian, porque el pueblo de México no puede permitir que se siga transgrediendo el orden constitucional, cuando el gobierno de la República se compromete a respetar estos preceptos.
Nosotros, como ya lo aseveraba el compañero Castillo Mena, nunca recibimos el más mínimo apoyo del sindicato de los empleados de Petróleos Mexicanos en nuestras campañas políticas, y ni siquiera se nos prestaron las instalaciones de los sindicatos de Petróleos de ninguna de las secciones; al contrario, recibimos hostigación en algunas entidades del país por parte de los mismos dirigentes y por parte de miembros del sindicato petrolero, en algunos municipios en donde contendimos con candidatos a diputados federales, tuvimos graves problemas con los miembros de este sindicato, por ello no aceptamos, como Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que hayamos tenido en algún momento apoyo o respaldo, ni moral ni económico, ni de ninguna especie, en torno a la contienda electoral del pasado 6 de julio.
Bajo tales circunstancias, sí es conveniente que ante este problema se aclare a la opinión pública si no se trata de una cacería de brujas, si no se trata de ir más allá de la disciplina que los militantes de algún partido o de algunas instituciones deben observar, porque si eso acontece, creemos que en el marco de la consulta a la ciudadanía respecto de lo que debe ser la Ley Electoral para los próximos procesos electorales, quedará evidenciada la actitud del gobierno, quedará evidenciada la actitud de quienes convocan al pueblo a llevar adelante una consulta y una nueva legislación más apegada a lo que el pueblo está reclamando en estos momentos.
Por ello, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana demanda, que si no se cumplieron con las normas constitucionales, que si no se cumplió con el mandato que la ley establece, no debe permanecer en prisión ninguno de los ciudadanos involucrados, no sólo en este delito sino en todos los delitos, porque para que existan órdenes de aprehensión, para que exista la detención de un individuo, debe cumplirse con los requisitos que la ley señala, y si en éste y en muchos casos que acontecen en este país no se ha cumplido con la ley, los ciudadanos no deben estar recluidos ni detenidos en ninguna de las cárceles de este país; por ello, exigimos la libertad de todos aquellos ciudadanos que están detenidos sin previa orden judicial, sin previa orden de aprehensión, que aclare su situación jurídica en torno a los procedimientos.
Queremos que se aclare también a la opinión pública nacional, al pueblo de México, la situación que prevalece en torno a los ilícitos que se imputan a los líderes petroleros.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, también quiere puntualizar que se pronuncia en
contra de cualquier intento de privatización de Petróleos Mexicanos; Petróleos Mexicanos es patrimonio del pueblo de México, es producto del esfuerzo y los ahorros de los mexicanos que en 1938, aportaron para convertirlo en patrimonio de la nación, y no podemos permitir, porque así lo hemos establecido, inclusive al aprobar la Ley de Ingresos y Egresos de la Federación, que las empresas importantes, estratégicas en este país, no deben caer bajo ninguna circunstancia en manos de la iniciativa privada, porque ante todo está el interés de la nación, ante todo está el interés de aquellos ciudadanos a quienes estamos representando aquí como diputados federales, y a quienes los senadores también representan de alguna forma en el Pacto Federal de 1917.
También queremos en esta oportunidad tocar otro problema, que es de importancia no sólo para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sino para la democracia de este país. Como ustedes saben, el país en los próximos meses va a vivir elecciones en catorce estados de la República, la modernización de los procesos electorales se va a ver claramente en estas contiendas electorales, pero la realidad política que se empieza a aclarar en el panorama político, nos indica que algunos gobernadores de los estados, que algunas personas que no han entendido lo que es la democracia, están intentando ya obstaculizar la participación de los partidos políticos.
Tal es el caso del gobierno del estado de Michoacán, quien el pasado día 9 llevó adelante las primeras reuniones de la Comisión Estatal Electoral, en la cual se pretenden vulnerar los derechos constitucionales que a los partidos políticos consagra el Pacto Federal de 1917.
Todos los que participamos en política, sabemos que los partidos políticos son entidades de interés público, y como tales tienen el derecho de que, conforme lo señala el párrafo último del artículo 41, de participar en los procesos electorales estatales y municipales; pero aquí en el estado de Michoacán, el gobernador Genovevo Figueroa Zamudio y su secretario general de gobierno ya ha iniciado una actitud contraria a lo que la ley establece, a lo que la Constitución consagra a los partidos políticos.
Por un lado, el pasado 8 de enero el mismo gobernador del estado señala que "establece con los partidos políticos un pacto de honestidad electoral", en este pacto de honestidad electoral el gobernador del estado de Michoacán, señala que "asume ante la opinión pública y por el conducto de la Prensa y ante toda la nación, el compromiso de organizar elecciones honestas, limpias y transparentes".
También, el mismo gobernador "convoca a todos los partidos políticos a actuar con elevada responsabilidad, a divulgar con amplitud sus plataformas, a hacer de Michoacán un gran foro de diálogo en la contienda electoral"; asimismo, señala el gobernador que "la democracia debe de eliminar la violencia, y por eso convoca a todos los partidos a dejar a un lado las agresiones verbales y físicas en los procesos electorales".
Por último, el gobernador de Michoacán señala que "todos los mexicanos viajen a Michoacán, que lo conozcan y que conozcan sus problemas y sus aportaciones", y aquí están los problemas y las aportaciones del gobierno de Michoacán:
En la primera sesión de la Comisión Estatal Electoral, lo primero que acuerda esa comisión, es socavar el orden constitucional, es no permitirle a los partidos políticos el derecho de voto en la Comisión Estatal Electoral, ahí se está desenmascarando la actitud del gobernador de Michoacán.
En la pasada reunión de la Comisión Estatal Electoral, se notificó a los representantes de los partidos políticos Auténtico de la Revolución Mexicana, Mexicano Socialista, Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Popular Socialista, que no iban a tener derecho de voto ante los organismos electorales del estado de Michoacán, en atención a que, según apreciaciones e interpretaciones amañadas del orden legal en el estado, y concretamente del artículo 62, en relación con el 48 y 49 de las leyes electorales del estado, se pretende manipular la intervención de los partidos políticos ahí en el estado y coartarles el derecho de votar en los órganos electorales, con el argumento de que los partidos políticos no han obtenido el 1.5% en las últimas elecciones en el estado.
Qué falacia ésta de la autoridad electoral de Michoacán, qué mentira, porque todos los mexicanos sabemos que en los pasados procesos electorales del estado de Michoacán, los partidos integrantes del Frente Democrático Nacional, y concretamente el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se convirtió ahí en la primera fuerza política del estado. ¿Cómo puede argumentar el gobierno, cómo puede argumentar la Comisión Electoral que no se da el 1.5% de la votación en el estado?
Ahora bien, algún diputado o senador que quisiera defender al gobierno de Michoacán, podría subir aquí a decir "no, porque se trata de elecciones locales", entonces yo le diría desde estos momentos "si se tratara de elecciones locales, todos los partidos políticos obtuvieron más del
1.5% de la votación estatal, porque todos tienen diputados locales en el estado, todos dieron el requisito de más del 1.5% para contar con representación en el Congreso del Estado, y también en los ayuntamientos del estado de Michoacán los partidos políticos tienen regidores y algunos, como el nuestro, se nos escatimó, se nos defraudó en el municipio de Venustiano Carranza a donde obtuvimos la mayoría, y por manejos de las autoridades electorales no se nos concedió el triunfo mayoritario en aquel municipio; entonces, nuestro partido sí da con creces más del 1.5% que la Ley Electoral del Estado establece para la participación en los órganos electorales de Michoacán".
Si se quiere señalar que la claridad de los conceptos a que se refiere la ley en materia electoral y en materia jurídica, podríamos citar lo que un compañero diputado constitucionalista ha señalado en debates en la Cámara de Diputados, y me refiero concretamente al diputado Martínez Báez, quien en alguna ocasión señaló respecto del problema de la deuda: "si tenemos para pagar la deuda, la pagamos y si no, no la pagamos".
Aquí en este caso, al referirnos a las últimas elecciones que se han dado en el estado de Michoacán, los partidos y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, tienen la votación suficiente para formar parte de los órganos electorales en aquella entidad, tiene la votación suficiente para demostrar que en el próximo proceso electoral será la primera fuerza política en el estado de Michoacán.
¿Pero qué pretende el gobierno?, no darle la seguridad jurídica al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, coartarle la libertad, dejarle sin derecho a voto ante los órganos electorales, ¿para qué?, indudablemente que para manipular las elecciones, por ello, señor presidente de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitamos de usted que ante esta realidad política, nuestra denuncia en torno a la exclusión del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en los procesos electorales del estado de Michoacán, sea turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a fin de que en el ámbito de su competencia vea si se está cumpliendo o no con lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución General de la República, y así se evite que se vulneren los derechos de los partidos políticos, concretamente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a fin de que se le deje en libertad de decidir la forma en que actuará políticamente en el estado de Michoacán, pues de lo contrario se estará transgrediendo el orden constitucional.
Solicito de usted que esta denuncia sea turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a fin de que emita el dictamen y la opinión en torno a esta transgresión del orden constitucional. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Al diputado Juan García Villa, se le concede el uso de la palabra.
El C. diputado Juan Antonio García Villa: - Señor presidente; señores legisladores: La posición del Partido Acción Nacional, en torno a los acontecimientos del día de ayer, creemos que ha quedado precisa y claramente expuesta en esta tribuna por el diputado Gerardo Medina Valdez, sin embargo, dos señores diputados han precisado alguna de las afirmaciones hechas por el diputado Medina; por la seriedad de su intervención, que además es característica en él, queremos hacer una precisión.
No afirmó el diputado Medina que los partidos de izquierda hayan recibido ayuda de los líderes sindicales, lo que el diputado Medina señaló, fue que un diario de esta fecha atribuye a Salvador Barragán Camacho, la declaración en el sentido de que probablemente los acontecimientos son una forma de represalia o de venganza por haber apoyado a los partidos de izquierda, y para que quede claro que no es una afirmación ni del diputado Medina ni del Partido Acción Nacional, me voy a permitir, señores legisladores, leer un párrafo de una nota que se pública el día de hoy en la primera plana del diario El Universal, nota redactada por los reporteros Guillermo Valencia, Patricia Paredes y Norma Alcántara, y dice así:
"Salvador Barragán Camacho, secretario general del sindicato de los petroleros, manifestó que la detención de Joaquín Hernández Galicia, y de otros compañeros, es por venganza de quienes defienden a Beteta y no les gusta que haya un sindicato revolucionario que hable con la verdad, además, que también expuso que estos ataques pueden deberse al apoyo que ellos han dado a los cardenistas."
Queremos también señalar que demandamos, como lo mencionó el diputado Medina, y lo reconoció aquí el señor diputado Cecilio, del Partido Revolucionario Institucional, que hace falta información, dijo el citado diputado que la información apenas se está generando; en ese sentido, el diputado Medina aclaró que nuestros juicios no son definitivos en la medida de que no contamos con elementos suficientes para establecerlos de manera categórica, y simplemente para que el Estado cumpliera con la obligación que tiene y los ciudadanos con el correspondiente
derecho que gozamos, de garantizarnos él, el Estado, en los términos del 6o. constitucional, nuestro derecho a la información, simplemente pediríamos que de inmediato esa información que apenas está fluyendo se acelerara y se nos explicaran cuando menos tres aspectos de todo este grave incidente:
En primer lugar, ¿por qué la intervención del Ejército, y de qué manera compagina esta participación castrense con lo que claramente dispone desde nuestro punto de vista en sentido contrario al artículo 129 de la Constitución General de la República?
¿Dónde están las órdenes de aprehensión, donde están las órdenes de cateo, y en su caso, que se publique el acta circunstanciada que en los términos del artículo 16 constitucional se debió haber levantado con motivo del cateo del domicilio de "La Quina", en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado?
Si esta información fluye, fluye aceleradamente, estaremos no sólo en posición de recibir garantía del ejercicio de nuestro derecho a la información, sino de confirmar algunos otros datos que desde nuestro punto de vista son importantes para una apreciación de conjunto de estos acontecimientos. Gracias.
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al senador Alfonso Martínez Domínguez.
El C. senador Alfonso Martínez Domínguez: - Señor presidente; señores diputados; señores senadores: Por las informaciones que tenemos hasta ahora, obviamente los hechos que aquí tanto se han discutido tratan de una cuestión que no es competencia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a menos que se pretenda, anticipadamente, darle un carácter político al asunto.
Yo quisiera que juntos hiciéramos, con toda serenidad, compartiéramos algunas reflexiones. Es necesario entender que constituimos en el ejercicio de nuestras funciones constitucionales uno de los tres Poderes de la Unión y, por lo tanto, nuestros juicios y proposiciones, nuestros actos y decisiones deben estar inspirados en la más completa seriedad, en la más completa responsabilidad y, sobre todo, en el conocimiento profundo de las cuestiones que abordamos y que reclama, que exige la representación de la República.
La Comisión Permanente no debe ser escenario para que todos los días hagamos escoleta oratoria, a veces y con frecuencia precipitada y superficial, retórica, retórica y más retórica de los asuntos que tanto interesan a los mexicanos. Los mexicanos están cansados de la retórica, de los discursos, y por ello observamos cada vez que hay elecciones, cómo su indiferencia, que se traduce en abstención, colma el resultado de las urnas electorales.
Sólo la serenidad y el análisis a fondo puede darnos a este órgano de la República, la confianza y la respetabilidad de la opinión pública.
La política es sin duda una de las actividades fundamentales y de mayor interés para nuestra población, pero lo son también la lucha contra la pobreza, que es ya extrema en algunos sectores de nuestro pueblo, la atención urgente a problemas sociales de grandes grupos de la comunidad, y la imaginación ágil y dinámica que debemos encontrar todos los días para la multiplicación del empleo que tantos miles de mexicanos requieren, y para fortalecer la armonía de la sociedad, y a esto, sin descuidar la política, debemos todos los partidos y representantes nacionales darle prioridad de prioridades, sino que hasta parezca que algo nos haya impulsado a hacer planteamientos de estas urgentes necesidades de nuestro pueblo.
Me quiero referir a tres hechos planteados en el brevísimo tiempo en que ha trabajado nuestro órgano legislativo.
Primero. En la sesión anterior se propuso que se pida al Presidente de la República decrete la moratoria del pago de la deuda exterior. ¿Y las consecuencias, el embargo de nuestros barcos y de nuestros aviones, el cierre de las fronteras, la situación de México frente a una circunstancia de esta naturaleza se analizó o se planteó? No.
Por otro lado, hay quienes opinan que debemos seguir pagando aunque no podamos o no tengamos con qué seguir pagando, que sigamos sometiendo al pueblo a mayores sacrificios de los que durante los últimos años ha tenido que sufrir como aportación para la esperada recuperación nacional.
Y frente a estas dos posiciones que no se trataron, y por eso hablo de que a veces se plantean las cosas con mucha superficialidad, existe una declaratoria reiterada del gobierno de la República, del Presidente, de que está llevándose a cabo una difícil, necesaria negociación, que permita a México, sin los riesgos de la moratoria y sin la explotación que para nuestro pueblo significaría el seguir pagando la deuda en las condiciones actuales, una salida conveniente para aliviar su pobreza y encontrar caminos para su crecimiento.
La decisión más sensata que nos parece frente a este fenómeno, es la de confiar en el Presidente y darle aliento y apoyo, para que las difíciles negociaciones, seguramente con el país más importante de la Tierra, puedan tener mejores resultados. Creo que esto es un deber de conciencia y un deber político que no puede y no debe soslayarse detrás de proposiciones simplistas, sobre cuestión de tanta magnitud.
Después, se propuso reprobar a Estados Unidos de América por el conflicto con Libia. Yo no vengo a defender a Estados Unidos de América, y mucho menos a atacar a Libia; pero me parece que un acontecimiento lamentable ocurrido a 14 mil kilómetros de distancia de nuestro país, del que nos enteramos por la prensa en la mañana, pueda abordarse tres horas después, con una proposición para establecer una condena a un país, sin tener los conocimientos, la información seria, profunda, real, de lo que ha ocurrido en aquella zona del mundo.
Ahora, parece que se están empeñando algunos de nuestros compañeros en hacer político un asunto muy lamentable, muy lamentable; que tiene todas las características, por la información recibida hasta hoy, de una acción judicial a la que sí, sí debemos estar atentos puesto que es de gran importancia, claro que sí; sin embargo, no es serio ni corresponde a la responsabilidad que tenemos, independientemente del partido al que pertenezcamos, adelantar juicios que por precipitados pueden resultar superficiales y deformar la verdad, y en consecuencia, confundir a importantes sectores de la población.
Finalmente, quiero dejar claro, a nombre de los miembros de la Permanente que integramos el Partido Revolucionario Institucional, como ya lo dijera el senador Nezahualcóyotl de la Vega, que sigue y seguirá vigente la autonomía del movimiento obrero; sus leyes; sus conquistas, sus derechos, sus luchas, y la vinculación del régimen del Presidente Salinas, con la clase obrera mexicana.
La convicción ideológica y los postulados de la revolución garantizan la marcha ascendente de la clase obrera en nuestro país, no sólo es un mandato de la historia, es el pensamiento, la conducta y el compromiso reiterado, contraído por el Presidente Carlos Salinas de Gortari, y que estamos seguros ni alterará ni variará la conducta de su gobierno, estrechamente e indisolublemente vinculado a la clase obrera y al pueblo mayoritario, que repito, es revolucionario, participativo y amante del orden y la ley como eje de la convivencia social más sana y del avance de las clases populares.
Abordemos, señores senadores, sí, todas las cuestiones que consideramos de interés, pero sin juicios precipitados, profundizando en nuestra información y a fondo y con la seriedad que reclama de nosotros la República.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gerardo Medina Valdez.
El C. diputado Gerardo Medina Valdez: - Señor presidente: Se había demorado mucho el senador Alfonso Martínez Domínguez, para venirnos a dar lecciones de retórica y de retórica vacía, porque es la retórica del sistema; habla mucho de resolver los problemas de los pobres, de los hambrientos, de los desnudos, de los descalzos y los problemas siguen igual. Viene a regañarnos aquí, casi a acusarnos de ignorantes, de superficiales, de tontos; él, como es del Partido Revolucionario Institucional, no, pues es lo máximo en todo.
Ya con este discurso de retórica y más retórica oficial, ya los pobres mexicanos resolvieron su problema de hambre y de subdesarrollo, ojalá que lo difundan con la máxima amplitud para que vean los mexicanos cómo el senador Alfonso Martínez Domínguez, descubrió el hilo negro y el agua tibia.
Yo creo, señor senador, no están permitidos los diálogos pero si quiere lo entablamos, que en el asunto de la moratoria hay opiniones en pro y opiniones en contra. Lo que nosotros esperaríamos de su larguísima experiencia política y presupuestal sería una actitud de sentido común, hay pros y contras, ya nos vino a dar usted las razones en contra de la moratoria, pero no considere que quienes han planteado esto son tarados mentales que ignoraban esto, lo que nosotros esperamos es que quien está llevando adelante las renegociaciones, conozca la opinión de un sector del Congreso de la Unión, que sea el que conteste, que no venga a contestar aquí de acomedido el senador Alfonso Martínez Domínguez.
En el asunto de Libia, señor senador, a 14 mil kilómetros de distancia, también hay pros y hay contras, pero si como en el sistema la táctica es agazaparse hasta que el señor dice cuál es la verdad oficial y entonces se mueven, ¿vamos a esperar a que vengan de las partes en conflicto pormenorizados informes de lo que ocurrió, a fin de que podamos ratificar o rectificar nuestras apreciaciones? Bueno, desde esa perspectiva, está usted en lo correcto. ¡Siga esperando!
Respecto al tercer asunto, dice que tratamos de convertir en político un asunto que es judicial. No, señor senador, usted lleva demasiadas horas
de vuelo para ignorar que éste es un asunto eminentemente político. Si se agregan elementos judiciales, usted sabe, ¿se acuerda de la troika, don Alfonso?, ¿se acuerda de Robles Martínez, de Sánchez Mireles, de aquellos que encabezaron la burocracia y el sindicalismo durante muchos años? Para ellos simplemente hubo alternativas del sol, de sombra, de banca y de presupuesto, pero nunca se llegó a eliminar un líder que ya no servía, mediante los procedimientos que se siguieron para eliminar, a partir de ayer, a "La Quina", Hernández Galicia.
Usted, señor senador, es en estas cosas una "chucha cuerera", no le queda ser inocente, usted sabe perfectamente bien cómo se mueve el agua en estas cosas.
Yo podría decirle a usted, creerle a usted muchas cosas, menos que sea un ingenuo en política a la mexicana.
Finalmente dice usted: "Caray, dejémonos de cosas, vamos a resolver los grandes problemas nacionales, vamos a confiar en el Presidente". Bueno, pues que sigan confiando aquellos que después de seis años los encumbran en esta "rueda de la fortuna" que es el sistema político oficial, que unas veces están arriba y otras veces están en el lodo, que sigan esperando, sigan esperando ustedes a ver qué viene, a ver qué cae.
Por esos reiterados llamados a confiar en el Presidente, estamos como estamos, señor senador.
Usted estuvo como estuvo en el sexenio de Echeverría, porque después de la matanza de jueves de Corpus lo mandó a la sombra, pero claro, usted seguía confiando en el señor presidente Echeverría, claro, usted es institucional; ya vendría otro que haría subir la "rueda de la fortuna" para llevarlo hasta el Cerro de la Silla y sentarlo en él. ¡Claro, usted confía en el Presidente de la República!
Nosotros, señor "presidente", señor "presidente", le estoy leyendo casi su futuro, nosotros, señor senador, estamos prestos a confiar, si no confiáramos en que este país puede cambiar, ya nos hubiéramos dedicado a otra cosa o a la mejor estaríamos en el Partido Revolucionario Institucional. Nosotros no podemos confiar si no vemos signos de que vale la pena confiar, y hasta ahora, los signos que vemos, son demasiado débiles como para confiar.
La burra, y aquí no hay ninguna intención despectiva, no era arisca, senador, la hicieron los palos.
Hasta ustedes dentro del Partido Revolucionario Institucional, han resentido de vez en cuando alguna que otra paliza. Mire usted a Chucho Salazar Toledano, lo mandan a sembrar árboles después de haber ganado las calles.
No, señor senador, la confianza, la confianza requiere condiciones, sin las cuales, puede haber adhesión, puede haber respaldo, puede ser lo que usted quiera pero no confianza. Acuérdese de aquella sabiduría antigua, de cuando un rey, no sé si de Egipto o de aquellas culturas antiquísimas, llamó a los sabios de entonces, los ancianos, diríamos los senadores, los Alfonso Martínez Domínguez de entonces, para plantearles su preocupación y decirles: Señores, ilústrenme con su sabiduría sobre cómo podría yo tener a mi pueblo contento.
Después de deliberar, los ancianos de entonces, los ancianos de hoy solamente escuchan y ven para donde va el viento, le dijeron: Mire, lo primero que se necesita es que los graneros estén llenos; un pueblo que come, es un pueblo no levantisco, no crea problemas, llene usted los graneros. Bueno, y si no alcanzo a llenar los graneros, ¿qué? Bueno, entonces un buen ejército, porque con un buen ejército, diríamos los zorros de aquel entonces, si el pueblo se molesta porque no come o porque le aumentan nada más el 8% en sus salarios mínimos y se alebresta. Bueno, ¿entonces? A la represión y a que se sometan. Bueno, y si acaso que llegaran a fallar las tropas, ¿qué? Bueno, en ese caso solamente habría un recurso, la confianza en usted como gobernante, tan importante es la confianza que si ésta falta, señor, no le servirán, ni los graneros llenos, ni el ejército, ni todas la fuerzas de represión, porque sus días estarán contados.
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Artemio Iglesias Miramontes.
El C. diputado Artemio Iglesias Miramontes: - Con su permiso, señor presidente; señores legisladores: Se ha utilizado en todo esto lenguajes un tanto oblicuos, que a veces pretenden no ir al centro de las cosas. Cuando mi compañero de partido. Netzahualcóyotl de la Vega; el senador Alfonso Martínez Domínguez, compañero de partido, manifestaban de entrada que lamentaban estos hechos, es indudable que lamentamos estos hechos, y coincidimos con el señor diputado de la Corriente Democrática que las personas inodadas, presuntos responsables de lo que son acusados, manifestaron durante su vida política, en la forma, no conozco el fondo, no los conozco a ellos, no sé sus prácticas internas en el ámbito sindical, que eran y hasta la fecha son militantes del Partido Revolucionario Institucional.
Esto es lo que nosotros reconocemos y de ninguna manera, de ninguna forma, podemos nosotros decir que esto no es cierto.
Dentro del seno de mi partido, partido que se define como de clases, no de clase, es indudable que dentro del marco de la coincidencia entre un ejecutivo, entre una presidencia de la República, que tiene el mismo origen que todos los diputados y los representantes al Senado de la República, el voto universal, secreto, directo, expresión popular de la democracia, alguien puede ponerle comillas, alguien puede quitárselas, alguien puede tener una visión distinta a como nosotros o como la concibe el pueblo de México; ésta siempre se está haciendo y se está realizando.
Son compañeros nuestros y por eso también dado que vienen a colación aquí expresiones de tipo popular, sabiduría condensada, estoy de acuerdo, refranes que se convierten en evangelios chiquitos, saludamos que la Confederación de Trabajadores Mexicanos de entrada, de entrada, defendiera a cuadros militantes de esa organización, y saludamos dentro del ámbito de mi partido que pongan todo a disposición para quitar y desbrozar todo aquello que no se acerque a la legalidad. ¡Como no hacerlo! El refrán y la conseja popular dicen: "En la cárcel, en la enfermedad y en la conferencia se conoce a los amigos". ¡Qué bueno que sigan siendo sus amigos!
Esto de ninguna manera nos debe ruborizar como militantes de un partido político, porque no somos vergonzantes. Lamentamos profundamente este hecho, como lamentamos a veces cuando en mi partido hay escisiones. Quizá no hemos hecho lo suficiente, quizá no seamos el suficiente atractivo para tales o cuales fuerzas que de él se desmembran, que de él se van. Es tarea y es vocación democrática, es vocación de proselitismo nuestro pretender y aspirar a que esto no acontezca. Todo acto, todo acto que a nosotros nos lacere, por eso es el calificativo de lamentable, sin meternos al fondo de las cosas.
En la medida, compañeros legisladores, que estos asuntos que nos ocupan se están tratando en el ámbito jurisdiccional y de competencia correspondiente, lo creemos así nosotros, del otro lado pueden no creerlo y están en su legítimo derecho de tener fe o no tener fe, de tener fe acompañada en conjunto, que puede ser el sentido literal de confianza que se están dirimiendo en los ámbitos de competencia correspondientes de acuerdo con el orden legal de la República, no tenemos ningún prejuicio. Son esas autoridades, son en esos ámbitos en los que deberá, en su momento y en su tiempo, emitirse un juicio y a ése debemos nosotros atenernos en tiempo, momento y forma.
A veces, es cierto, y quizá caiga en este terreno, la libertad de expresión que tiene una connotación sustantiva e importante dentro de las conquistas políticas de este país, que tampoco son patrimonio de mi partido, esto es de las libertades políticas, se confunde y se le da un contenido que trasciende con mucho sólo a la capacidad mecánica de hablar, y confundimos esta capacidad mecánica con libertad de expresión, y hacemos gala de adjetivos, hacemos gala de sorna, que esto es también legítimo en estos ámbitos, que esto también puede llenar de preciosismo y de florilegios solamente, pero hasta ahí pueden llegar las cosas.
El adjetivo, y siempre lo he repetido con Huidobro, cuando no da vida mata, y contra él no hay argumentos; porque es mi juicio contra el tuyo, es mi punto de vista solamente así a veces en forma tosca el que me permite emitirlo, y puede suceder que no hay nada que me cambie mi punto de vista.
Referidos a una serie de aspectos que aquí se han tratado, respetamos toda decisión y todo punto de vista de los partidos políticos aquí expresados, porque son producto, así como la expresión es una libertad política de la humanidad, la libertad, en este marco y la representación que aquí todos tenemos, es producto de las libertades democráticas que nos hemos dado; y si algún partido se va o vuelve del ámbito que le ha dado el pueblo de México, es parte y razón de su táctica y estrategia, pero no vamos a caer, de ninguna manera, en depreciación ante una fuerza política que se opone o resiste a estar presente o estar ausente, son responsables de su vida interna, y de nuestra parte bienvenidos y bien idos cuando esto acontezca y suceda.
Ha habido algunos conceptos interesantes pero, de algún compañero que me antecedió, siempre las enmarcó, cuidadoso del lenguaje como es, en el marco de "hipótesis" y puras "hipótesis", éstas deberán confirmarlas los hechos. En el caso que nos ocupa, pueden ser planteadas en el marco de los tribunales, para que estas hipótesis se conviertan en teoría, de lo contrario, caeríamos, y esto es lo que debemos evitar, caer en el diletantismo, entre otras cosas se define como demasiada pasión y poca ciencia, y a fe mía, a veces somos extraordinariamente diletantes, demasiada pasión, pero poco científicos en el razonamiento y en los hechos.
Alguien mencionó, de las personas que me antecedieron, la expresión en el pospretérito, la palabra "habría"; si hubiera sucedido o qué habría sucedido si el gane hubiera sido el 90% ó el 70% de parte de mi partido en las elecciones, y ante
ese habría, solamente tengo para mí esta expresión: En política, como en la historia, compañeros legisladores, hablar de lo que hubiera sucedido es tan interesante como inútil hacerlo , lo que es, es, y lo va a ser, será; así, en sentido categórico, la frase es esta última sentencia de un revolucionario griego que después fue el amor de Oriana Falacios: "Lo que es, es, y lo que va a ser será".
A propósito de romanos, a propósito de poetas alemanes, a propósito de esas cosas, pues tuve que acudir desde la Sierra Tarahumara a ver qué traía yo de los griegos y nomás se me ocurrió el último revolucionario que ha habido en Grecia.
De tal suerte, compañeros legisladores, que lamentando estos hechos, que estos miembros de esta organización hayan sido, estén presuntamente inodados, confieso que el lenguaje jurídico no lo conozco, pero se entiende la expresión, pero que con esto de ninguna manera se trate de agarrar lianas con lenguajes oblicuos para involucrarnos y envolvernos de sindicalismo; mi partido y el régimen en que se sustenta no podría ir de ninguna manera, de ninguna forma y a ningún precio, contra la clase obrera, sería su propio kamikaze, sería hacerse el harakiri, sería caer en su incongruencia; los sindicatos mexicanos se formaron al calor y en la pasión de las reivindicaciones para la conquista de sus intereses, se vienen dando desde los batallones rojos, en el movimiento revolucionario, se dan alternativamente con a propia organización campesina para defender la lucha contra el latifundio, se dan para la reivindicación de estos obreros, por eso, compañero Ibarra, si hay manifestaciones, como usted pretende endosarlas a mi partido, por eso las rechazo, fascistoides o de corte fascista, con usted vamos a luchar, mi partido no se define y lo hemos dicho ni antisocialista, ni anticomunista, de ninguna manera, que no hay expresiones en este pueblo, se define pronacionalista, en la coyuntura que estamos y que la vemos difícil para todos los mexicanos y que sobre ésa tenemos que empujar, si usted quiere definirnos en el anti a mi partido, nos puede encontrar antiesclavistas, antiapartheid antifascistas, ahora y siempre y si no lo hacemos nosotros, lo hace un pueblo, porque, ingenuos, sobre todo seríamos que el movimiento social de este país que estuviera sujeto al capricho de un hombre con Neruda le digo, a propósito de poetas: "Estas luchas no las hace un capitán, son muchas batallas; no un hombre, muchos hombres; no una uva, muchas parras; no una gota, muchos ríos". Muchas gracias.(Aplausos.)
El C. Presidente: - A la senadora Ifigenia Martínez Hernández, se le concede la palabra.
El diputado Adolfo Barrientos Parra (desde la galería): Señor presidente, pido la palabra como miembro de la LIV Legislatura.
El C. Presidente: - Compañero, usted no es de la Permanente, discúlpeme pero no puedo darle la palabra, discúlpeme no puede hacer uso de la palabra.
La C. senadora Ifigenia Martínez Hernández:
- Gracias, señor presidente: Simplemente para hacer una precisión a la lamentable, considero yo, intervención al compañero Martínez Domínguez, respecto a que aquí se tratan cuestiones simplistas y se les da un manejo simplista. Yo creo que estamos en una nueva época; comparto la pasión y la clara lógica de quien me ha precedido en la palabra, del compañero Artemio Iglesias, y, por lo tanto, creo que esta nueva época de México, en donde el Poder Legislativo está adquiriendo un papel que es el que demanda ahorita la lucha democrática de México, quisiera precisarle al señor Martínez Domínguez, que la moratoria no daría lugar a una invasión ni a una, tampoco como él dijo, requisa, o cuando menos que se quedaran con nuestros barcos y las propiedades del gobierno de México en el extranjero.
En el extranjero no practican estos procedimientos, son mucho más sutiles. Para poder hacer una intervención de los activos del gobierno de México en el extranjero, se necesitaría una orden judicial y esto requiere la intervención de las autoridades judiciales y es un proceso muy dilatado y muy difícil. Menos todavía que pudiera haber alguna acción jurídicamente válida del gobierno norteamericano por una moratoria, a menos que se tratara ya de un casus belli, o sea de una guerra. La mera verdad es que hemos sostenido que somos un deudor soberano y como deudor soberano que somos es muy poco lo que pudieran hacer las autoridades de otro país en casos normales. Hay incluso ya un dictamen de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América, en donde se le prohibe al gobierno norteamericano hacer intervenciones para defensa de intereses particulares de las compañías norteamericanas. En este caso son los bancos
Quiero también precisar que por lo que es a la oposición oficial de la Corriente Democrática, nosotros no hemos solicitado la moratoria, pero desde luego que estamos muy interesados en que aquí en la Comisión Permanente se haya mandado esto a una comisión y estamos esperando los resultados de la comisión. Nosotros lo que hemos pedido es la suspensión del pago de la deuda, hay una diferencia entre suspensión y moratoria. La suspensión por la forma abusiva como hemos
sido tratados durante seis años, los pagos que México ha hecho por el servicio de la deuda no tienen proporción con el destino de los créditos a los que se dio, porque hay corresponsabilidad entre los acreedores, porque las pérdidas que se han sufrido en este asunto de la deuda externa, hasta ahorita las ha cargado exclusivamente nuestro país, sin que haya ningún sacrificio de parte de los acreedores extranjeros.
Por lo tanto, estamos en todo nuestro derecho de exigir una renegociación equitativa y realista de este problema de la deuda externa. También hemos sido de la opinión de que el valor real de nuestra deuda externa no lo debe fijar nadie más que el gobierno de México, no sólo porque es quien tiene los mejores elementos de juicio para darle un valor real a la deuda, sino porque además es otra vez en ejercicio de su plena soberanía que no la ha utilizado ni la ha hecho, y de ahí nuestro disgusto.
No quisiera yo referirme al asunto que nos ha tratado esta mañana, que es el del temor con el que vemos esta marcha hacia un estado autoritario, después de haber presenciado y haber sufrido seis años de autoritarismo en la política económica, después de haber visto cómo la Confederación de Trabajadores de México y el Congreso del Trabajo denunciaban una y otra vez una política económica que hizo víctimas a los trabajadores y a las clases populares de México, que los ha depauperizado tremendamente, que ha revertido las conquistas que habíamos tenido en materia de política social; ahora este autoritarismo en materia económica, estamos viendo que además se le agrega la mano dura de la represión y el militarismo, esto es lo que nos tiene alarmados.
Y en esto, yo sí quisiera que todos mis compañeros aquí en el Senado, muy especialmente los representantes de los sindicatos y la clase trabajadora, hicieran una seria reflexión sobre este incremento en el autoritarismo, ya no nada más en el ámbito de la política económica, sino también en el ámbito de los procedimientos para llevar a cabo la justicia. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para alusiones personales, el diputado Ibarra. El C. diputado Armando Ibarra Garza:
- Muchas gracias, señor presidente: Voy a ser breve y hago uso de la palabra para alusiones personales, respecto a lo planteado aquí hace unos momentos por el compañero diputado Artemio Iglesias.
El Partido Popular Socialista, siempre ha señalado que el Partido Revolucionario Institucional, no es un partido homogéneo; tiene razón el compañero Iglesias en que es un partido de clases, por eso nosotros hemos insistido en avanzar con las fuerzas democráticas de ese partido, con la clase obrera, con los campesinos, con todas esas fuerzas que quieran impulsar la Revolución Mexicana, que aspiran a una plena independencia del país; nosotros así catalogamos al Partido Revolucionario, hacerlo de otra forma sería ingenuidad.
Nosotros, el Partido Popular Socialista, aceptamos la propuesta del compañero Artemio Iglesias y nos satisface el hecho de que todavía esas fuerzas progresistas están dentro, en el seno de ese partido, y que están dando la pelea contra las fuerzas del retroceso, y que a pesar de lo que han manifestado aquí algunos diputados, un diputado de la Confederación Nacional Campesina, yo creo, compañeros, que no es el sentir de clase de ese compañero, porque históricamente la alianza entre obreros y campesinos está dada, históricamente, y hoy, hoy es un sindicato agredido, pero mañana quién sabe quién va a ser agredido.
Respecto a lo que planteaba aquí el senador Martínez Domínguez, nosotros también lo entendemos y lo enmarcamos exactamente en el cuadro, en la situación de lucha de clases en esta Comisión Permanente y en las diferentes cámaras.
Este no es un organismo de caballeros, es un organismo donde se manifiestan las luchas de clases, y el senador Martínez Domínguez, por lo que ha señalado, por lo que ha dicho aquí, tal parece que es lo que ha estado demandando la derecha, lo que han dicho permanente las cúpulas empresariales, lo que han estado insistiendo las fuerzas de la contrarrevolución, y con esas fuerzas nosotros las combatimos, el Partido Popular Socialista las combate para que sean derrotadas en el seno del gobierno.
Se ha hablado de ligerezas, aquí se ha dicho que hay que profundizar más en los temas; nosotros rechazamos categóricamente lo dicho aquí.
Se habló de la deuda externa y se planteó, por el propio senador, que se había visto con superficialidad, había sido superficial el análisis o el planteamiento, y se aprobó. Bueno, pero fue una propuesta que fue hecha y aprobada por la mayoría de esta Comisión Permanente. Las fuerzas democráticas hemos insistido en que el problema de la deuda es un problema profundamente grave para la vida independiente del país, para el desarrollo de nuestra economía y la elevación del nivel de vida de los mexicanos.
Hemos planteado no hoy, sino con mucho tiempo, desde hace tiempo, qué piensa el Partido Popular Socialista, respecto al manejo de la deuda.
Nosotros hemos planteado la suspensión de la deuda, el pago de la suspensión de la deuda externa. Y creo que hoy no es solamente una demanda del Partido Popular Socialista, sino hoy ha sido un planteamiento general de las fuerzas democráticas del país respecto a que la deuda externa debe suspenderse su pago, es el consenso que ha habido en el seno del pueblo mexicano.
Aquí se viene a ver el reflejo de lo que el pueblo mismo está planteando en estos momentos. Y el problema de la deuda hoy es vista con preocupación por todos los sectores de nuestro pueblo. Y nosotros, el Partido Popular Socialista, somos un vocero que plantea las tesis del pueblo trabajador.
Lo que las cámaras empresariales manejan, se los dejamos a aquellos representantes de la derecha. Se habló del problema entre Estados Unidos de América y Libia. No es necesario ya en estos momentos tener la información con una semana después.
La actitud del imperialismo es muy clara, no son damas de la caridad y Estados Unidos de América, se ha caracterizado a lo largo de su historia, por ser agresores de los pueblos que luchan por su liberación nacional. No andaban de paseo las fuerzas armadas de Estados Unidos de América en el Mediterráneo, ni tampoco fue una advertencia hacia las fuerzas militares de Libia, el ataque que se sufrió, cuando de todos es conocido que éste es el segundo ataque a ese pueblo de Libia, por mantener una posición firme frente al imperialismo norteamericano.
Y quiero concluir, compañeros legisladores, respecto al problema que aquí ha centrado su atención y que no debemos desviarlo, el problema de la agresión al sindicato petrolero; rechazamos categóricamente también que sea un problema de carácter jurídico, esto trasciende esos límites, que se le quiera aparecer así o que quieran pretender así las fuerzas de la derecha de dentro del gobierno y fuera de él, es una cuestión que responde exactamente a los intereses de esas fuerzas, pero la clase obrera, los partidos progresistas y revolucionarios, nosotros planteamos que esto es un problema político de graves consecuencias si en este momento, si en estos momentos las fuerzas más avanzadas del país no frenamos esa avanzada que pretende llevar al país a regímenes de oprobio.
Por lo tanto, el Partido Popular Socialista, acepta la propuesta del compañero Artemio Iglesias, de avanzar las fuerzas democráticas de su partido con las fuerzas del Partido Popular Socialista, para detener la embestida de las fuerzas de la derecha, de la reacción, de dentro del gobierno y de dentro del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Ortega Martínez:
El C. diputado Jesús Ortega Martínez:
- Gracias. Hago nuevamente uso de la palabra muy breve, para puntualizar algunas expresiones vertidas principalmente por el representante del Partido Revolucionario Institucional, y aprovecho para retomar el tema que nos tiene ahora debatiendo, hábilmente desviado por la intervención del senador Martínez Domínguez.
El senador Netzahualcóyotl de la Vega, en su intervención se mueve exactamente en el filo de la navaja, con una verdadera indefinición frente a los acontecimientos que aquí estamos comentando.
En primer lugar dice que a nombre de la Confederación de Trabajadores Mexicanos y de su sindicato, supongo, condenan los hechos sucedidos el día de ayer, se solidarizan con los dirigentes petroleros agredidos, y después de decir esto, plantea que no es un asunto político, que es un asunto estrictamente penal, que no se ha agredido ni al sindicato petrolero ni se ha agredido al movimiento obrero o al movimiento sindical, menciona algo que verdaderamente nadie puede creer, que el Estado ha tenido respeto para la actuación del movimiento obrero, y pone un ejemplo verdaderamente lamentable, me parece, el de las conquistas salariales del movimiento obrero en las negociaciones, frente al Estado. Para echar abajo tal argumentación, simplemente valdría recordar el último aumentó, el del 8%, frente a un deterioro del salario mínimo en el sexenio pasado, de 3 mil y tantos por ciento. ¿Cuál respeto del Estado hacia el movimiento obrero y hacia sus conquistas salariales?
Y siempre es, insisto, lamentable la indefinición, pero en casos como éste, a lo lamentable debemos agregarle lo peligroso y lo peligroso para el movimiento obrero, para el movimiento sindical, por supuesto, también para el país.
El movimiento obrero, senador De la Vega, es aún, a pesar de las circunstancias, una fuerza política respetable, porque a pesar de que mantiene o mantenía una alianza de carácter histórico con el Estado, siempre o en la mayoría de las ocasiones, se mantuvo independencia política frente a éste. No es cierto que las decisiones del movimiento
obrero, incluso del oficial, fueran permanentemente dictadas y asumidas, dictadas por el Estado, por el gobierno y asumidas como orden por el movimiento obrero. Hubo cierta independencia y eso le permitió al movimiento obrero fuerza política.
Y por ello digo que es peligroso el mantener indefinición, porque ahora cuando el Estado pretende sujetar de manera absoluta al movimiento obrero a sus decisiones, sería imperdonable que los dirigentes de este movimiento obrero no opusieran férrea resistencia a esta pretensión del gobierno, desaparecería esa fortaleza del movimiento obrero, oficial, incluso.
Y entonces no se puede venir a la tribuna, por parte de un dirigente obrero, a retóricamente decir que se solidarizan con los dirigentes petroleros, pero manifiestan que el gobierno actuó respetando la Constitución, y la ley en el caso mencionado.
Yo no sé si eso es lavarse las manos frente al Presidente o frente al gobierno, de manera particular, aunque se suscriba de manera genérica un documento esencialmente contradictorio con lo que vino aquí a decir el senador De la Vega.
La alternativa del movimiento obrero, frente a esta circunstancia general del país y en lo particular frente a los hechos del día de ayer, a mi juicio, y no estoy para dar consejos, simplemente para alertar ante una situación, es la de oponerse, insisto, con firmeza frente a este terrorismo de Estado, ahora encauzado frente a un tradicional aliado del mismo: El movimiento sindical.
Si no se oponen, compañeros sindicalistas, particularmente me refiero a ustedes, pongan sus barbas a remojar, todos.
El senador Martínez Domínguez, efectivamente vino a decirnos que la Permanente no debería ser escenario para la retórica, y salvo algún compañero diputado del Partido Revolucionario Institucional, la mayoría han venido ciertamente a hablar retórica.
El diputado Cecilio, por ejemplo, habla de cordura, habla de que se respetan los derechos constitucionales en el país, que vivimos en un estado de derecho, que el Presidente de México convoca a la unidad nacional, que esperemos que las autoridades responsables nos den un juicio definitivo sobre los acontecimientos comentados, y yo digo, ¿eso, qué es? Eso es, simple y llanamente, retórica, parte de un discurso ya gastado, que ya no sirve.
Y lo que plantea el diputado Cecilio, junto con lo que plantea el senador Martínez Domínguez, me hace recordar aquel chiste del niño, por cierto, hablando de los griegos, del niño que se aprendió de memoria la lección de lo fenicios, y cuando la maestra le pregunta un problema de aritmética, el niño contesta con que los fenicios eran buenos navegantes.
Exactamente aquí vinieron a decir el senador Martínez Domínguez, el diputado Cecilio: Hay necesidades urgentes del pueblo, dice el senador Martínez Domínguez, vivienda, salud, trabajo, mejores salarios, que a eso deberíamos dedicarnos, nos llama; pero yo quiero decirle tajantemente, que la necesidad que el pueblo demanda inmediata satisfacción, antes incluso que éstas, es la necesidad del respeto a sus derechos humanos y el respeto a sus derechos constitucionales.
Y cuando el gobierno viola estos derechos, como hoy, necesariamente este foro debe ser instrumento para la denuncia de estos hechos, y eso no es retórica.
Dice el senador Martínez Domínguez, que sigue vigente la autonomía de los sindicatos. Bueno, ¿hay alguien que pueda creer esto, cuando el Estado hace algunas horas asaltó con el ejército los locales sindicales de uno de los sindicatos más importantes del país y apresó a sus dirigentes con pretextos baladíes?, ¿podemos hablar de respeto a la autonomía sindical? Y podría dar muchos ejemplos en la historia de este Estado y de este gobierno, en donde lo menos que ha respetado ha sido la autonomía sindical.
Entonces tiene razón el diputado Artemio Iglesias, cuando dice que se habla porque se tiene capacidad mecánica para hacerlo, y la verdad es que aquí muchos compañeros han hablado por ello, porque se tiene simplemente mecánica.
Entonces, compañeras y compañeros, yo pienso que esto es serio, grave, que no es hecho aislado, que en el sexenio pasado hubo asesinatos políticos, no esclarecidos hasta hoy, de decenas de periodistas, de decenas de dirigentes políticos, que en los inicios del actual régimen se acrecienta esta situación, se asesina impunemente a dirigentes campesinos, se aplica el precepto de "ojo por ojo", como sucedió en Nayarit, violando totalmente la Constitución. Se utiliza el ejército, violando la Constitución, se crean cuerpos paramilitares, absolutamente anticonstitucionales para reprimir movimientos sociales y eso, como decía la senadora Ifigenia Martínez, peligrosamente se puede convertir esto en el inicio de un régimen autoritario, que cancele todas las libertades individuales y las libertades constitucionales.
Y eso no solamente lo padecerá la izquierda o la oposición o los sindicalistas, lo va a padecer todo el pueblo de México, incluyendo a los militantes del partido oficial; hay que oponerse y detener esta peligrosa inercia, so pena de que lo lamentemos y no en mucho tiempo. Gracias.
El C. Presidente: - El diputado Castillo Mena, tiene el uso de la palabra.
El C. diputado Ignacio Castillo Mena:
- Muy brevemente, señor presidente; señores diputados y senadores: Dice el senador Martínez Domínguez que aquí se ha actuado con ligereza. Yo quiero decirle al senador Martínez Domínguez que tengo en mi poder el Diario de los Debates, en el que consta que se aprobó la propuesta. Entonces le endoso el cargo de actuar con ligereza al senador Martínez Domínguez o a toda la Comisión Permanente.
Dice el senador Martínez Domínguez que no se trata de un acto político el de los petroleros, sino de un acto judicial. Yo quiero decirle al senador Martínez Domínguez que un acto judicial es el que está bajo la competencia de un juez y éste no lo está.
Finalmente, le quiero decir al senador Martínez Domínguez, que la Constitución Política no nos prohibe por ningún motivo abocarnos al conocimiento de los asuntos políticos de México. Somos un organismo eminentemente político, integrado por diputados y senadores, y actuamos jurídicamente bajo el principio de que "lo que no está prohibido, está permitido", y bajo el punto de vista político como responsables de todas las tareas políticas de México. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura al punto de acuerdo propuesto por el diputado Castillo Mena.
La C. secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: - Sí, señor presidente.
«Primero. Que la contaduría mayor dé un informe detallado sobre la situación financiera de la empresa, el estado de sus instalaciones, la política de exploración y de inversiones, la calidad de sus productos, etcétera.
Segundo. Que el ministerio público federal prosiga con la denuncia de corrupción en el que habían insistido los diputados petroleros contra el anterior director de Petróleos Mexicanos y el conocido especulador Isidoro Rodríguez.
Tercero. Que se exija al Poder Ejecutivo que se garanticen los derechos humanos y plenas garantías constitucionales de los detenidos y, en su oportunidad, al Poder Judicial".
El C. Presidente: - Se abre el registro de oradores.
Tiene la palabra el diputado Dionisio E. Pérez Jácome, en contra.
El C. diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Señor presidente; compañeras y compañeros de la Comisión Permanente de este honorable Congreso de la Unión: He apuntado mi posición en contra de la propuesta presentada por el muy estimable diputado Castillo Mena, en función de que en los dos iniciales puntos de acuerdo que solicita, sutilmente plantea, no la intervención de órganos del Ejecutivo competentes para investigaciones y para dilucidar, en su caso, la responsabilidad que pueda existir para una real o supuesta conducta delictuosa, sino porque pretende que la Comisión Permanente intervenga y exhorte, en alguna medida, prejuzgue o se atribuya una competencia que no tiene, para un tema que nos tocó conocer, debatir, discutir y resolver exahustivamente en el seno de la Cámara de Diputados.
Voy a hacer a ustedes una historia en lo más breve posible de los hechos que nos tocó vivir y que fundan y sustentan la posición que en este caso he manifestado.
El año pasado, durante el período de sesiones, se presentó por un grupo de compañeros diputados petroleros una denuncia de hechos, que en gran medida lo que en una legislatura anterior había sido planteado por compañeros de un partido de oposición, una denuncia de hechos en contra de funcionarios públicos, servidores públicos, que por tanto planteaba, aunque no se dijera claramente, la posibilidad de iniciar un juicio político en contra de esos servidores públicos, o bien a proceder a lo que en lenguaje constitucional y legal se conoce actualmente como "declaración de procedencia", que no es sino la declaración de desafuero que permite a la autoridad intervenir contra un servidor público, cuando éste es responsable de una conducta delictuosa.
Una vez que la denuncia fue planteada, inclusive en una reunión agitada, que creo que recordamos muchos y que compartimos esas experiencias nada remotas, la Cámara de Diputados se dio a la tarea de acopiar toda la información y documentos de las dependencias competentes en el conocimiento de la materia, inclusive a proposición de los denunciantes, se integró previo al trámite legal de la denuncia, una comisión especial
pluripartidista que se abocó a la recopilación, a la sistematización, diría yo, de todos los informes, peritajes, consideraciones de otras autoridades y de las que ya habían presentado sus informes en la anterior Legislatura, para poder contar con el bagaje de información más amplia que pudiera llevar a las comisiones unidad de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, a la resolución inicial del tema.
El trámite está perfectamente establecido, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos del 108 al 114, como en algunos preceptos específicos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, textualmente en los artículos 12 y 25 fundamentalmente de esa ley.
Como la denuncia no planteaba, lo dije ya con claridad, si lo que se pretendía era iniciar el juicio político o que la Cámara procediese a iniciar el desafuero, la declaración de procedencia del ejercicio de la acción penal contra los funcionarios, se tomó el mejor de los caminos para el buen juicio de la Cámara, y a su vez para la atención de la demanda presentada a través de esa denuncia por los diputados petroleros, se estudiaron ambas posibilidades, ambas hipótesis, en términos de la ley se reconoció que pudiera haber uno u otro o ambos que no son necesariamente opuestos objetivos en la denuncia que se había presentado.
El artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y voy a permitirme leer la parte correspondiente de dicho precepto, menciona que "presentada la denuncia y ratificada se turnará de inmediato con la documentación que la acompañe a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia. para que dictaminen si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas por aquellos preceptos, y si el inculpado está comprendido entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o. de la ley, así como si la denuncia es procedente, y por tanto amerita la adecuación del procedimiento".
Lo mismo en sus términos expresa cuando a ese capítulo remite el artículo 25, que se refiere ya no al juicio político sino a la declaración de procedencia, por ello en función del texto expreso de la ley, fueron las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, las que se abocaron con todos los elementos de información con que se contaba previamente, y la amplia y vasta documentación de que nos proveyó la comisión especial a estudiar y a resolver los puntos en litigio.
Me tocó la oportunidad de ser miembro del grupo de trabajo que elaboró el dictamen de las comisiones y por tanto me siento particularmente en la responsabilidad de transmitir a ustedes, cuál fue el sentido del dictamen, en qué se apoyó y en qué se fundamentó.
En el curso de tres jornadas, dos de ellas muy prolongadas, la última por toda una mañana y por parte de la tarde nos abocamos los diversos compañeros de los partidos de oposición y del Partido Revolucionario Institucional a estudiar toda la documentación proveniente de la Procuraduría General de la República, organismo competente para la persecución de los delitos, de la Secretaría de la Contraloría de la Federación, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Comunicaciones y Transportes, de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados a través de su órgano técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda, de la propia Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial de la anterior legislatura en fin, tuvimos a la vista y consultamos la documentación más vasta que se puede imaginar sobre un tema que singularmente creo que constituye el tema a investigación o a consideración sobre la conducta de un funcionario público, más acuciosamente revisado en la historia moderna de la administración pública del país.
Cuando les digo a ustedes que fueron más de mil fojas de documentos, de peritajes, de dictámenes sobre el tema, el tema que se llamó genéricamente de la mexicanización de la flota petrolera, en realidad hago alusión a los resúmenes de información contenidas en todos esos documentos que a su vez expresaban, reproducían, retrataban, presentaban a nuestra consideración, todo lo que las autoridades encargadas de la persecución de los delitos o de la investigación de las conductas irregulares de los funcionarios, habían en su oportunidad desahogado y lo que siguieron investigando, formando, interpretando, y de lo que nos hicieron saber, con toda la acuciosidad debida, sus propios y particulares puntos de vista.
Con base en toda esa información, elaboramos un proyecto de resolución que el 18 de noviembre curiosamente en este mismo foro, en este mismo salón, se presentó desde las 19.00 ó 20.00 horas hasta las primeras horas de la madrugada a la consideración, discusión, debate y resolución de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Para no alargar más mi intervención, baste con explicar o exponer ante ustedes que en ese dictamen, que finalmente se aprobó en la jornada antes citada, expresamente se mencionan en los tres puntos resolutivos que no ha lugar a iniciar
juicio político en relación con la denuncia turnada, que ha lugar a iniciar procedimiento de desafuero ante juicio, declaración de procedencia o retiro de inmunidad relativa, respecto a los servidores públicos denunciados.
Y en el punto 3o. como conclusión de todo el trabajo de las comisiones que al no proceder el inicio de juicio político y el procedimiento de desafuero contra las personas a que se refieren los puntos 1o. y 2o., debe desecharse como se desecha, el escrito que contiene la denuncia presentada y declararse que los hechos, materia de la denuncia, se apegaron estrictamente a las normas constitucionales y legales aplicables, como ha quedado fehacientemente demostrado.
Y a petición mía, precisamente a petición propia e interpretando el sentido, la preocupación por mejorar los procedimientos de control de la empresa a la que sirven, expresada por los trabajadores del sindicato petrolero, se agregó un último contenido en el que expresamente se dice: "sin perjuicio del derecho de los diputados denunciantes de seguir exponiendo sus puntos de vista sobre el particular".
Y quizá de ahí viene la confusión que en el caso puede motivar el pretender estar contra una disposición expresa de la ley y contra disposiciones expresas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque el derecho constitucional que no sólo como diputados sino como ciudadanos tienen que exponer sus puntos de vista, efectivamente no lo podemos coartar y como tal, a petición de ellos, se contiene, se consagra, se expresa en el último punto resolutivo.
Pero el texto expreso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tanto en el artículo 110, sexto párrafo, cuando habla del juicio político, como en el artículo 111 también sexto párrafo, cuando habla de la declaración de procedencia, dice: "Que las declaraciones y resoluciones de la cámaras de Diputados y Senadores, son inatacables".
Y en términos de la Ley de Servidores Públicos, la Ley de Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, tal es una resolución el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
No tenemos competencia evidentemente como Comisión Permanente, para considerar lo que sólo a la Cámara de Diputados compete en esa primera fase del juicio político y de la declaración de procedencia, como en su oportunidad lo hizo y lo resolvió, como no tenemos tampoco competencia, y no veo definitivamente en qué pudiéramos fundarla, para pretender asumir tareas y responsabilidades del ministerio público federal y de la autoridad judicial en la persecución de los delitos, hechos evidentemente lamentables, hechos para los que tratamos antes que nada, de que exista una transparencia completa para bien de México, para bien de todos, pero hechos que independientemente de la consideración política que hemos escuchado con profundo interés, y en la que también nosotros participamos, son en nuestro régimen constitucional, en la estricta distribución o división de poderes que nuestro texto contiene, responsabilidad en su momento de la autoridad judicial del Poder Judicial de la Federación.
Vivimos en un estado de derecho y no podemos pretender ser nosotros, los representantes del pueblo, los que violentemos ese estado, los que pretendamos asumir funciones que con todo lo importante que pueden ser a nuestros ojos y a los ojos de nuestros representados, no nos corresponden. Tenemos el derecho de pedir información, y como tal la hemos obtenido siempre y la seguiremos solicitando, reclamando y en su caso suscribiendo cualquier petición similar para que se nos dé, pero si tenemos el ejemplo de un Presidente de la República que en vez de proceder como hubiera sido en otro siglo, a vengar afrentas si éstas hubieran existido, o hacer justicia por la mano fuerte del poderoso, ventila a la luz de todos los reflectores, a los ojos de la nación y conforme a los procedimientos legales establecidos, un asunto no contra un sindicato sino en su caso, y si la supuesta responsabilidad se consolida contra personas físicas, no podemos nosotros pretender a su vez, superar, absorber funciones del Ejecutivo o del Poder Judicial, tareas que constitucionalmente no nos corresponden.
Si en 40 días de mandato constitucional del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hemos visto cómo se preocupa por la inseguridad pública, por la deuda, por la reforma electoral, y si vemos ahora que independientemente de consideraciones de política, o de politiquería, procura la ejecución de la ley, enfrentando los riesgos políticos que la misma pueda tener, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, como le pregunto al hombre de la calle, a la mujer, al estudiante, al trabajador del campo y de la ciudad: ¿está o no cumpliendo con sus ofrecimientos, con sus promesas, y sobre todo con su responsabilidad el Presidente?
Si en otros países, como es común en Estados Unidos de América, se hace frecuentemente encuestas, de opinión sobre lo que piensa el
pueblo sobre las acciones de un Presidente, yo les pido a ustedes que platiquen con ellos, con el hombre de la calle, con la mujer, con el trabajador del campo y la ciudad, y pregunten en función de lo que he comentado, y en función de lo de ayer, ¡qué opinan de un Presidente que tiene definitivamente el valor de enfrentar su responsabilidad y de presentar ante la autoridad judicial una conducta que puede ser constitutiva de delitos? Muchas gracias.
El C. Presidente: - En pro, la senadora Ifigenia Martínez Hernández.
La C. senadora Ifigenia Martínez Hernández:
- Señor Presidente; compañeros de esta Comisión Permanente: Realmente no veo a qué venga el discurso en contra, del compañero Dionisio E. Pérez Jácome, porque no habíamos nosotros solicitado, ni hemos solicitado ni un juicio político, ni un referendum para ver si el pueblo de México aprueba o no aprueba esta actitud. Lo que solicitamos y lo que hemos solicitado, precisamente para dar confianza a la opinión pública, precisamente para que este clima de violencia y falta de unidad que se está desarrollando entre los mexicanos, no continúe, lo que hemos pedido es información.
Uno, a la Contaduría Mayor, que seguramente ya la tiene elaborada y que no le va a costar ningún trabajo dárnosla, sobre el informe sexenal de Petróleos Mexicanos, para que sepamos cuál es la verdadera situación financiera de la empresa, respecto también a la mexicanización o a la supuesta, ya no mexicanización sino el supuesto fraccionamiento que se ha hecho de esta industria integrada, al haberle separado la petroquímica secundaria, al haber vendido muchas de las empresas que formaban el complejo de Petróleos Mexicanos, que se nos dé información de todo esto. La Contaduría Mayor la tiene, seguramente la debe tener, tiene 165 economistas a su servicio, tiene todos los recursos necesarios, nosotros tenemos el derecho de pedir informes.
Esa fue la primera parte del punto de acuerdo, que se solicite a la Contaduría Mayor nos dé y nos proporcione una información objetiva, con cifras, sobre cuál es la verdadera situación de Petróleos Mexicanos, porque hay en el ambiente, y en el ambiente no nada más nacional sino internacional, la idea de que este hecho, el actual, es realmente como aquí se ha dicho frecuentemente, quitar obstáculos para seguir una política desnacionalizadora y para ocultar el mal estado en que se tiene a Petróleos Mexicanos, después de seis años de haber seguido una política de desplome de la inversión en Petróleos Mexicanos, y de venta de algunas de las empresas que formaban esta industria integrada. Esa fue la primera.
El segundo es sencillamente no que se abra un juicio político que aquí como dijo muy bien el compañero Dionisio E. Pérez Jácome, ya fue desahogado este asunto. No, sino precisamente pedir al ministerio público, que haga la consignación de los hechos ante un juez competente o ante el juez competente, y que sea él el que decida sobre la culpabilidad que pudiera haber en estos hechos. No ha prescrito la acción penal; sólo ha habido una declaración política mayoritaria en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, que no había lugar a un juicio político; no hemos pedido un juicio político. Ese es el segundo punto. Y precisamente para dejar satisfecha a la opinión pública de que este asunto no se trató debidamente aquí, sino que se trate por la autoridad correspondiente. Es todo.
El tercer punto es un punto muy simple también. Pedirle al Ejecutivo que después de los hechos lamentables que se ha visto que han ocurrido en esta administración, que se garanticen o que se les dé plenas garantías constitucionales y que se protejan los derechos humanos de los 37 detenidos. Eso es todo. Gracias, señor presidente.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite o no a discusión la proposición.
La C. secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.
(Votación.)
Los que estén porque se deseche la proposición, sírvanse ponerse de pie... Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - Ruego a la secretaría dar lectura a los puntos de acuerdo propuestos por el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.
La C. secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: -"Mi partido solicita que esta denuncia se turne a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Solicita respetuosamente que el gobierno del estado de Michoacán intervenga ante la comisión estatal electoral, a fin de que en los términos del artículo 41 de la Constitución general de la República, no se restrinjan ni vulneren los derechos
políticos del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, así como de los otros partidos que en iguales circunstancias se ha vulnerado el ejercicio de sus derechos."
El C. Presiente: - Se abre el registro de oradores... En contra el senador Julio Patiño y en pro el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.
El C. diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul): - Hay una confusión, ¿cómo es posible que se haga la instrucción si se acepta o no en turno la discusión?
El C. vicepresidente Nicolás Reynés Berezaluce: - ¿Me permite usted una explicación, señor diputado? El 58 habla de que lo que no es iniciativa y es proposición debe dársele este trámite, y somos nosotros quienes vamos a decidir si se admite o no a discusión en el seno de esa comisión.
Yo creo que sería conveniente, si el señor presidente me permite, que se lea el artículo 58 del reglamento.
El C. Presidente: - Es el mismo tratamiento en el caso anterior, es una propuesta similar.
La C. secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: -"Artículo 58. Las Proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que la suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer sus fundamentos y razones de su proposición o proyecto.
II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición, y
III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición; en el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda y en el segundo se tendrá por desechada."
El C. diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul): - ¿Podría dar lectura a la propuesta que está haciendo el diputado Oscar Mauro Ramírez?
El C. Presidente: - Sí cómo no, que la secretaría lea los puntos de acuerdo que propone el diputado.
El C. diputado Juan Antonio García Villa (desde su curul): - Señor presidente, ¿podría solicitar que la secretaría leyera la fracción III del artículo 79 de la Constitución?
El C. Presidente: - Con mucho gusto, señor diputado. Proceda la secretaría.
La C. secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: - Fracción III del artículo 79:
"Resolver los asuntos de su competencia, recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a las que vayan dirigidas a fin de que se despachen en el inmediato período de sesiones.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a leer el punto de la propuesta del diputado Oscar Mauro Ramírez.
La C. secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: - «Por lo cual, mi partido solicita que esta denuncia sea turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Solicita respetuosamente que el gobierno del estado de Michoacán intervenga ante la comisión estatal electoral, a fin de que en términos del artículo 41 de la Constitución general de la República, no se restrinjan ni vulneren los derechos políticos del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, así como de los otros partidos que en iguales circunstancias se han vulnerado en el ejercicio de sus derechos.» .
El C. Presidente: - Conforme al 58, tiene la palabra el senador Julio Patiño Rodríguez, en contra
El C. senador Julio Patiño Rodríguez:
- Con el permiso de usted, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: Hago uso de la palabra para mantener un sentido estricto del derecho que nos rige y que estamos obligados a cumplir.
Se ha dicho aquí que todo lo que no está prohibido, está permitido y eso es rigurosamente cierto; sin embargo, este principio rige exclusivamente para los particulares. Nosotros no somos particulares, somos representantes populares, formamos parte de un poder y todas las autoridades están constreñidas exclusivamente a hacer lo que la ley les autoriza y en este caso se está planteando una petición que no está ajustada a derecho en forma evidente, porque el artículo respectivo de la Constitución, establece que lo
que no esté señalado expresamente para el Congreso de la Unión, se entiende reservado a las legislaturas de los estados y como consecuencia, a los estados mismos.
En este caso, el propio artículo 116 establece que esta materia es exclusiva de las entidades federativas. Estamos ante un asunto estrictamente local, por esa razón estoy solicitando que sea desechada esta petición, por no estar ajustada a derecho. Gracias.
El C. Presidente: - En pro, tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.
El C. diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: Es indudable que la proposición que ha formulado el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana por mi conducto, es única y exclusivamente una proposición que se encuadra dentro de los supuestos de la fracción III del artículo 79 constitucional, toda vez que lo que estamos solicitando es que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados intervenga ante el gobierno del estado como parte de la Federación, ante los problemas políticos que están aconteciendo en el estado de Michoacán.
Fundamentalmente porque es esa entidad, se está vulnerando lo dispuesto por el artículo 41 constitucional en su último párrafo, el cual señala claramente que todos los partidos políticos tienen derecho, si tienen registro, a participar en las elecciones estatales y municipales, y las elecciones estatales y municipales contemplan desde la integración de la comisión estatal electoral, hasta las elecciones y la calificación del proceso electoral.
Entonces, si las autoridades electorales del estado de Michoacán van a violar el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nosotros o el Senado de la República, en última instancia, tenemos la obligación de hacer que se respete el Pacto Federal. Esta es una de las funciones del Senado de la República, que se respete el Pacto Federal por parte de todos los estados que forman la Federación.
Bajo tales circunstancias, considero que el argumento que ha señalado el compañero senador, no tiene sentido, no tiene argumento, no tiene sustento por cuanto a que sí está argumentada en estricto derecho la demanda del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en el sentido de que se respete la Constitución, en el sentido de que no se margine a los partidos políticos del derecho de votar y ser votadas las proposiciones de éstos.
El órgano electoral, que si bien es cierto es competencia del gobierno del estado de Michoacán y es para una elección local, también es cierto que sobre éste y sobre todas las instituciones de cualquier índole está la Constitución, y para ello, el Senado de la República tendría que intervenir a fin de evitar que se transgreda el orden constitucional porque ésta es una de sus principales obligaciones. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, se admite o no a discusión la proposición.
La C. secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: - Por instrucciones de la presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.
(Votación.)
Los que estén porque se deseche la proposición, sírvanse ponerse de pie...
Desechada la proposición, señor presidente.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Ortega Martínez.
El C. diputado Jesús Ortega Martínez:
- En mi pasada intervención se me pasó esto. Quiero proponerles un
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente de la LIV Legislatura manifiesta su rechazo por los hechos ocurridos el día 10 de enero en contra de dirigentes del Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, donde no hubo de por medio orden de aprehensión de autoridad ni intervención de fuerzas federales competentes, reprueba lo ocurrido, porque de no corregirse abriría una etapa en la vida del país que el pueblo de México no desea, la etapa del autoritarismo que podría conducir a su vez a la anarquía y a la violencia.
Palacio Legislativo, 11 de enero de 1989. - Firman: diputado Pedro René Etienne Llano, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; diputado Armando Ibarra Garza, del Partido Popular Socialista; la senadora Ifigenia Martínez Hernández, por la Corriente Democrática; el diputado Ignacio Castillo Mena, por la Corriente Democrática;el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala; por el Partido Auténtico de la
Revolución Mexicana; diputado Gerardo Medina Valdez, por el Partido Acción Nacional, y el diputado Jesús Ortega Martínez, por el Partido Mexicano Socialista.»
El C. Presidente: - Para dar el trámite a esta proposición, pido a la secretaría dé lectura al punto de acuerdo.
La C. secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: - «Unico. La Comisión Permanente de la LIV Legislatura manifiesta su rechazo por los hechos ocurridos el día 10 de enero en contra de los dirigentes del Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, donde no hubo de por medio orden de aprehensión de autoridad ni intervención de fuerzas federales competentes, reprueba lo ocurrido, porque de no corregirse abriría una etapa en la vida del país que el pueblo de México no desea, la etapa del autoritarismo que podría conducir a su vez a la anarquía y a la violencia.»
El C. Presidente: - Se abre el registro de oradores.
En contra, tiene la palabra el senador Enrique Burgos García.
El C. senador Enrique Burgos García:
- Con su permiso, señor presidente; compañeros legisladores: Para no ser reiterativos, quisiera en primer término sumarme a las expresiones que había externado oportunamente el señor senador Netzahualcóyotl de la Vega García.
Son indiscutiblemente, los acontecimientos que aquí se han comentado, de gran relevancia y de gran importancia, y seguramente por ello han ocupado tiempo y atención que sin duda merecen.
Es válido, por otro lado, que en un foro plural de esta naturaleza, que en un foro en el que convergen las corrientes del pensamiento, se analice, se profundice y se debata sobre estos aspectos; sin embargo, creo que hay un punto de vista que modestamente me permito enunciar y poner a la consideración de todos ustedes.
Uno de los aspectos más relevantes que advirtió el Constituyente de 1917 fue el destacar nuestro propósito de vivir bajo un sistema presidido por la idea de que el nuestro sería un estado social de derecho en el que habría de destacarse de manera preponderante el principio fundamental de la división de poderes, el equilibrio entre los poderes. La idea de que éstos se desenvuelven en función de competencias, en función de disposiciones constitucionales. Bien se ha dicho que uno de nuestros principios más destacados es el principio de legalidad, aquel que apunta que todo acto del poder público o de los órganos del poder público, debe estar fundado en derecho, en función de atribuciones. Por eso, yo creo que es importante estar pendientes de otra parte importante, de otra parte relevante: la función que constitucionalmente, que jurisdiccionalmente le corresponde al Poder Judicial de la Federación.
Ya lo apuntaba aquí el compañero diputado Dionisio E. Pérez Jácome, es importante que empecemos por nosotros mismos a abonar la fortaleza que queremos, el equilibrio que queremos entre los poderes y a su vez el poder público. Es importante que abonemos la necesidad de que cada uno de los órganos del poder público profundicemos en nuestra responsabilidad constitucional, y es la del poder judicial federal el de aplicar la norma general, abstracta e impersonal al caso concreto.
Esa es la función constitucional que le corresponde, ésa es la tarea ineludible. De ningún modo soslayamos la significación y la importancia de que aquí se debatan y se cuestionen todos los temas, por eso ésta es la tribuna más importante de la nación.
De ninguna manera pasamos por alto la significación de que aquí se hable de todo aquello que se considera relevante, pero es también fundamental el reconocer, el impulsar, el destacar la función constitucional que le corresponde a cada uno de los órganos del poder público.
Habrá que estar pendientes de esta tarea que le va a corresponder al Poder Judicial Federal; es él, este órgano, el contralor de la constitucionalidad, tendrá que ajustarse con puntualidad a aplicar esa idea del derecho.
Por eso yo creo que no debemos adelantar la función que les corresponde a ellos; creo que no podremos, ni debemos de contarnos a nosotros mismos, asumiendo las funciones que a otros corresponden. Es cierto, con actitud crítica, con actitud abierta hay que buscar que las cosas se analicen, pero bajo la premisa de que haya un ajuste a la legalidad, un sometimiento a la constitucionalidad.
Este es el ser y el deber de Estado, ésta es la distancia entre lo que somos y lo que pretendemos ser; lo que somos y cómo queremos ser; lo que somos y en la medida en que queremos cambiarlo, ese ser y deber del Estado y de los órganos del poder público, es lo que nos permitirá efectivamente vincular y mantener ese hilo conductor
que mantiene principios y fines. Que sea nuestra divisa el cumplimiento y el impulso a la vigencia y a la defensa de la Constitución; que sea nuestra divisa fundamental el respeto y la exaltación al estado social de derecho; que sea también un postulado fundamental el justo equilibrio, el impulso, el apuntalamiento al principio de la división de poderes.
El C. Presidente - Pregunte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite o no a discusión la proposición.
La C. secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: - En votación económica, se pregunta a la asamblea se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.
(Votación.)
Los que estén por la negativa, sírvanse ponerse de pie...
Desechada, señor presidente.
COMUNEROS DE LA LAGUNA DE ZUMPANGO
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pedro Etienne.
El C. diputado Pedro René Etienne Llano: - Señor presidente; compañeros legisladores:
Antes de que se sometiera a votación la propuesta del diputado Oscar Mauro Ramírez, había solicitado la palabra para presentar una moción de procedimiento. Desgraciadamente no se me concedió el uso de la palabra y me fue imposible hacerlo en ese punto.
Pero el tema que voy a presentar, se presta nuevamente para exigir de esta Permanente, no sólo el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 79 constitucional en su fracción III, sino también la exigencia de que se cumpla la Ley Orgánica del Congreso y, sobre todo, los artículos en donde se norma el funcionamiento de la Comisión Permanente.
De manera especial, porque se ha presentado un asunto para que sea turnado a comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados y sería absurdo que la Comisión Permanente pudiera desechar proposiciones que se presentan sólo para ser turnadas, porque el conocimiento del asunto concreto corresponde a las comisiones ordinarias el que se solicita su turno.
Realmente sería inconcebible que aceptáramos este criterio, de que las propuestas para ser turnadas fueran sometidas a discusión por la Permanente, ahí sí, extralimitando sus funciones y sus facultades, porque no se presentan para conocimiento de este órgano sino simplemente para ser conducto y ser turnadas a las comisiones ordinarias que están conociendo de estos asuntos.
Por otra parte, nosotros insistimos en que está también aquí a debate cuál es el carácter político de este órgano, estamos en el seno de una institución en donde venimos a hacer análisis y reflexión política, y mal se haría en pedir que no se hiciera política en la Comisión Permanente; entendida ésta en su correcta acepción, estaríamos efectivamente en contra de que se hiciera politiquería, pero para venir a hacer análisis, reflexión, planteamientos políticos, éste es el seno y es una facultad que como miembros de este órgano sabremos ejercer en cada asunto que traigamos a la consideración de ustedes. A la mejor y esto no lo determinamos nosotros, tendremos que seguir ocupándonos de los zorros y a riesgo de que alguien considere que estamos transformando a la Permanente en un zoológico si hay nuevamente acciones que violentan la ley, que violan el orden constitucional, perpetuadas por estos grupos o por otros, ténganlo por seguro que serán traídas al seno de esta Comisión para ser denunciadas, para ser debatidas o incluso para conocer quiénes son los que en última instancia se oponen a esta discusión.
He pedido la palabra para presentar un asunto que afecta a comuneros de la Laguna de Zumpango y eso es también presentar planteamientos políticos, sean de carácter nacional o sean de carácter local, pero que afectan a grupos, a comunidades o a la nación entera.
En el caso de Laguna de Zumpango, incluso, aclaro que este asunto es del conocimiento, por acuerdo de la Cámara de Diputados, de la comisiones unidas de Agricultura y de Información, Gestoría y Quejas, pero que hay hechos realizados en los últimos días en donde se afectan nuevamente los derechos de los comuneros de Anán, de San Juan Teoloyucan, de la comunidad de Santa María Caliacán, de la comunidad de Santa Cruz y de la comunidad Santo Tomás, relacionados con la determinación de Agricultura y Recursos Hidráulicos de volver a inundar nuevamente las tierras de Laguna de Zumpango, afectando las siembras de estas comunidades sin que previamente se haya resuelto, en relación a las tierras que deberán ser entregadas a los comuneros afectados por la inundación de esta laguna.
Por esa razón, esta denuncia y esta proposición para que intervengan las comisiones unidas de la Cámara de Diputados, la entrego al presidente de
la Comisión Permanente, solicitándole el trámite que establece el artículo 79 constitucional en su fracción III y también de manera particular el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso, artículo que establece normas y procedimientos para la Comisión Permanente y que a la letra dice: "Los asuntos cuya resolución corresponda al congreso o a una de las cámaras y que durante el receso se presenten a la Comisión Permanente, se turnarán a las comisiones relativas de la Cámara que corresponda".
Este asunto es conocido por comisiones unidas de Gobernación...
El C. senador Julio Patiño Rodríguez
(desde su curul): - Le pido simplemente que haga énfasis en la primera parte de ese artículo constitucional del reglamento, porque la ley dice: "de su competencia" eso es lo que dice aquí, aquí en el texto, "de su competencia" y si no es de su competencia no puede conocer un asunto paso a paso.
El C. diputado Pedro René Etienne Llano: - Sí, y yo estoy informando que en este asunto es un hecho conocido por acuerdo de la Cámara, de comisiones unidas y por lo tanto es de su competencia.
El C. vicepresidente senador Nicolás Reynés Berezaluce: - Pero aquí existe el antecedente y seguramente debe remitirse a la comisión por antecedentes.
El C. diputado Pedro René Etienne Llano: - Por eso me hubiera gustado que me dieran la palabra cuando quise presentar la moción de procedimiento, porque es absurdo que hasta la simple petición de turno a una comisión ordinaria se venga a someter aquí a votación, cuando que si en última instancia quienes deben juzgar sobre la competencia para conocer el asunto, es precisamente la comisión a la que se solicita el turno. Hubiéramos dejado que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales decidiera si es competente o no para conocer sobre el asunto planteado por el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, como en el caso del planteamiento que estamos haciendo, yo doy los antecedentes para que no haya lugar a dudas y para que no se aplique otro procedimiento distinto al que estoy solicitando. Habrá otros asuntos en los que volveremos a discutir sobre el tema, pero simple y sencillamente me parece absurdo que una petición de trámite se someta a votación para ver si ese turno se acepta o se desecha; es francamente absurdo.
Por último, y para concluir, hago entrega, a través de la secretaría, de esta denuncia y proposición de los comuneros de Zumpango, que he hecho propia en mi calidad de diputado integrante de esta Comisión Permanente, y para solicitar que se le dé trámite en los términos que lo he planteado. Muchas gracias.
El C. Presidente: - El diputado Iglesias tiene la palabra.
El C. diputado Artemio Iglesias Miramontes:
- En mi condición de secretario de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, creo que pudiera ser válido informar que el día de ayer tuvimos una reunión plenaria de toda la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en la cual se determinó por todos los integrantes que una comisión paritaria, estableciera las mecánicas de trabajo para el receso, toda la temática que pudiera ventilarse en el seno de la Comisión para los efectos que resulten de estos esfuerzos y de estos empeños.
En ella están representados miembros del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, ahí concurren, ahí participan. En este caso porque ya existe este precedente, que fue turnado por la cámara al seno de la comisión, en mi carácter de secretario, pudiera yo proponer al Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que a través de su representante que ahí está en la comisión, hiciera llegar esta documentación para enriquecer, para tomar decisiones, pero ahí en el seno de la comisión, pero es cosa muy distinta que para asuntos que no son de competencia de la Comisión Permanente se utilice, sin razón ni motivo alguno, para que se convierta en oficialía de partes; debe serlo solamente para aquello que tiene competencia.
Por esa razón, mi proposición pudiera ser que se envíe a través de sus representantes que aparecen en el seno de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos para este asunto, en comisiones de división del trabajo que aquí hemos establecido, y que vamos a reunirnos la próxima semana, y que se dieron facultades de la plenaria para asuntos de extrema resolución, esta comisión paritaria pueda tomar las decisiones consecuentes.
A lo que sí me opongo es que pudiera utilizarse, y voy a exponer de esta manera la expresión, como garlito Oficialía de Partes de la Comisión Permanente cuando no tenga que ver en estos asuntos.
Recogemos esta expresión si así lo considera, como secretario de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y le daremos el trámite correspondiente, señor presidente.
El C. diputado Pedro René Etienne Llano(desde su curul): - Yo agradezco la sugerencia, pero las decisiones se toman estando presente el Frente Cardenista. Yo hice una
solicitud respetuosa de trámite y quiero que se le dé curso.
El C. Presidente: - Como de esto ya hay antecedentes en la Cámara de Diputados, se turna este documento a las comisiones de Agricultura, Información y Gestoría.
Sería conveniente que dejemos esclarecido de que no todo lo que se presente a la Comisión Permanente, debe de ser turnado, sino es de la competencia del Congreso de la Unión. El Congreso tiene competencia y, por lo tanto, con base en esa competencia debe de turnar sus asuntos conforme lo establece la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso.
Si aquí ha habido no una aplicación rígida del Reglamento del Congreso, ha sido para permitir el exceso de uso de la palabra; no he limitado a ningún legislador los tiempos que marca el reglamento, en ningún caso. Hemos preferido excedernos y disimular la aplicación del reglamento, a evitar que un legislador complete su intervención y sus puntos de vista. Hemos sido, es cierto, en ocasiones no hemos cumplido con el reglamento, pero en favor de una práctica democrática de trabajo de la Comisión Permanente.
ORDEN DEL DÍA
El C. Presidente: - Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
El C. secretario diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Cámara de Diputados. - Comisión Permanente. - Primer Receso. - LIV Legislatura.
Orden del día
18 de enero de 1989.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de México, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Mario Ramón Beteta, gobernador constitucional del estado, rendirá el primer informe de gobierno, la que tendrá lugar el 20 de enero.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Ocho con los que se remiten las hojas de servicio de los ciudadanos Francisco Javier Velarde Quintero, Nicabardo Daniel Velázquez Cardona, Roberto Badillo Martínez, Jaime Quiñones Cruz, Spencer Benjamín Calderón González, Agustín Vallejo Alvarez, Luis Ángel, Francisco Cabeza de Vaca Ávalos y Enrique Pérez Casas, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Antonio Ortíz Mena, para que pueda aceptar y usar la condecoración de El Sol de Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Perú.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Federico Salinas Fernández, para que pueda prestar servicios en la embajada de la República Federal Alemania, en México.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de la ciudadana Lorenza María Gabriela Martha Juliana Duarte de Jaramillo, para que pueda prestar servicios en el consulado de Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.
Dos de la Primera Comisión, relativo a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Adriana Zaldívar Nava y Miguel Ángel García Gutiérrez, para que puedan prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Eugenia Rosete Solís, para prestar servicios en la embajada de Canadá, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María Isabel Cid Gómez, para prestar servicios en la embajada de Canadá, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Gloria Presa Ampudia, para prestar servicios en la embajada de Canadá, en México.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El C. Presidente (a las 16.40 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 18 de enero a las 11.00 horas.
TAQUIGRAFIA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES