Legislatura LIV - Año I - Período Comisión Permanente - Fecha 19890524 - Número de Diario 21
(L54A1PcpN021F19890524.xml)Núm. Diario:21ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Lic. Emilio M. González
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Benjamín Martínez Martínez
Año I México, D. F. miércoles 24de mayo de 1989 No. 21
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría notifica que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
COMUNICACIONES
Del Congreso del Estado de Oaxaca, relativo a la elección de la mesa directiva para el mes de mayo, del período ordinario de la LIII Legislatura. De enterado.
Del Congreso del Estado de Quintana Roo, relativo a la elección de la mesa directiva para el segundo mes del primer período ordinario de sesiones, de la V Legislatura en su tercer año de ejercicio. De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Para que los ciudadanos María del Pilar Maese, María Josefina Domínguez, Dolores Leticia Gómez y Germán Galicia Flores, puedan prestar sus servicios en el consulado de Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se recibe. Se turna a la Primera Comisión.
RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS
Para los ciudadanos Ángel Porfirio Cervantes Pérez, Eulalio Fonseca Orozco, Rafael García Aguilar, José Luis López Ruvalcaba, Alfredo Ochoa Durán, Ausencio Castillo González, Fedor López Pineda y Alberto Espinosa Ramírez, de los que se remiten sus hojas de servicios. Se recibe. Se turna a la tercera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
De la Primera Comisión, para que el ciudadano Eduardo Rihan Azar, pueda aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Finlandia.
De la Primera Comisión, para que el ciudadano José Francisco Gerardo Castillo Zaragoza, pueda aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Brasil.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Primera Comisión, que concede permiso al ciudadano José Luis Silva Díaz, para prestar sus servicios en la embajada de Suiza, en México.
De la Primera Comisión, que concede permiso al ciudadano Carlos Antonio Maza García, para prestar sus servicios en la embajada de Nueva Zelanda, en México.
De la Primera Comisión, que concede permiso a la ciudadana Verónica Amalia Gutiérrez García, para prestar sus servicios en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
De la Primera Comisión, que concede permiso a los ciudadanos María Guadalupe Isabel Castañeda y Vallejo, Juana Vargas Hernández y Claudio Hernández Juárez, para prestar sus servicios en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS
De la Tercera Comisión, para el ciudadano Alejandro Sobarzo Loaiza, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Venezuela.
Se nombra comisión protocolaria. Rinde la protesta de ley.
De la Tercera Comisión para el ciudadano Jorge Isaac Velázquez Fuentes. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Tercera Comisión, para el ciudadano Genaro Sánchez Rodríguez. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Tercera Comisión, para el ciudadano José Luis Ramón Velasco Guillén. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Tercera Comisión, para el ciudadano Fernando Millán Villegas. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Tercera Comisión, para el ciudadano Fernando Civeira Aguilar. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Tercera Comisión, para el ciudadano Carlos Valle Mosqueda. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Tercera Comisión, para el ciudadano José Rolfe Torres Calderón. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Tercera Comisión, para el ciudadano José Mariano Hernández López. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Primera Comisión, que concede permiso al ciudadano Luis Guillermo Rodríguez Rodríguez, para prestar sus servicios en el consulado general de Estados Unidos de América en Puerto Vallarta, Jalisco.
De la Primera Comisión, que concede permiso al ciudadano Lauro Horacio Reyes Hernández, para prestar sus servicios en la embajada de Japón, en México.
De la Primera Comisión, que concede permiso al ciudadano
Fernando Hernández Valencia, para prestar sus servicios en el consulado de Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora.
Aprobados los proyectos de decreto. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA DEL ARTÍCULO 94 CONSTITUCIONAL
El ciudadano diputado Juan Antonio García Villa, presenta iniciativa de ley a nombre del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS
El ciudadano diputado Jesús Ortega Martínez, presenta propuesta para que se intervenga en la solución de las demandas de los trabajadores de la Comisión de Erradicación del Gusano Barrenador y de esta manera el ciudadano Eduardo Albores suspenda su huelga de hambre.
Debaten sobre este asunto los diputados Dionisio Pérez Jácome y Jesús Ortega Martínez.
Interviene la senadora Ifigenia Martínez Hernández, para exponer argumentos en relación a este tema.
Se admite por la asamblea a discusión la propuesta. Se turna a la Primera Comisión de la Comisión permanente.
DE LA VENTA DE LA COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN
Hace uso de la tribuna el diputado Armando Ibarra Garza, para proponer el punto de acuerdo para que no se lleve a cabo la venta de esta compañía, hasta en tanto no se dé cumplimiento a lo establecido en la Ley de Planeación.
Debaten los senadores Jesús Rodríguez y Rodríguez e Ifigenia Martínez Hernández, manifestando sus criterios en relación a la venta de esta compañía.
Continúan con el debate el diputado Armando Ibarra Garza y el senador Jesús Rodríguez y Rodríguez.
Se desecha por la asamblea la propuesta.
DEL CASO DE MANUEL BUENDÍA
El diputado Jesús Ortega Martínez, propone que se integre una comisión conjunta de ambas cámaras, de las comisiones de Justicia, para recabar información del caso Buendía.
Interviene el diputado Gerardo Medina Valdez, para hacer sus comentarios a este caso, solicitando el apoyo a la propuesta.
Se admite por la asamblea a discusión la propuesta. Se turna a las comisiones de Justicia de ambas Cámaras.
DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
El diputado Armando Ibarra Garza, presenta una denuncia contra las autoridades laborales en relación a los casos de compañeros despedidos, de lo que fuera la empresa Aeronaves de México y Altos Hornos de México.
DEL ESTADO DE GUERRERO
El diputado Ignacio Castillo Mena, presenta denuncia contra el gobierno de este estado y su congreso local.
DE LOS TIANGUISTAS DEL DISTRITO FEDERAL
El diputado Jesús Ortega Martínez lee un comunicado del ciudadano José Parcero López, dirigente de la Confederación Nacional de
Organizaciones Populares, dirigido al ciudadano Javier García Paniagua, secretario de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR EMILIO M. GONZÁLEZ
(Asistencias de veintisiete ciudadanos legisladores)
ASISTENCIA
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos: -Señor presidente, hay una asistencia de veintisiete legisladores; hay quórum.
APERTURA
El C. Presidente (a las 11.25 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Alonso Aguirre Ramos: -Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente.- Primer Receso. -
LIV Legislatura.
Orden del día
24 de mayo de 1989.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Oaxaca y Quintana Roo.
Oficios de la Secretaria de Gobernación
Tres, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María del Pilar Maese, María Josefina Domínguez, Dolores Leticia Gómez y Germán Galicia Flores, puedan prestar servicios en el consulado general de Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Ocho, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Ángel Porfirio Cervantes Pérez, Eulalio Fonseca Orozco, Rafael García Aguilar, José Luis López Ruvalcaba, Alfredo Ochoa Durán, Ausencio Castillo González, Fedor López Pineda y Alberto Espinosa Ramírez, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que concede permiso al ciudadano Eduardo Rihan Azar, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Finlandia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Francisco Gerardo Castillo Zaragoza, para aceptar y usar la condecoración Mérito Santos Dumont, que le confiere el gobierno de Brasil.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Luis Silva Díaz, para prestar servicios en la embajada de Suiza, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos Antonio Maza García, para prestar servicios en la embajada de nueva Zelanda, en México.
Dos de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se concede permiso a los ciudadanos Verónica Amalia Gutiérrez García, María Guadalupe Isabel Castañeda y Vallejo, Juana Vargas Hernández y Claudio Hernández Juárez, para prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes a discusión
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano doctor Alejandro Sobarzo Loaiza, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Venezuela.
Ocho de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo con los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Jorge Isaac Velázquez Fuentes, Genaro Sánchez Rodríguez, José Luis Ramón Velasco Guillén, Fernando Millán Villegas, Fernando Civeira Aguilar, Carlos Valle Mosqueda, José Rolfe Torres Calderón y José Mariano Hernández López.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Luis Guillermo Rodríguez Rodríguez, para prestar servicios en el consulado general de Estados Unidos de América, en Puerto Vallarta, Jalisco.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Lauro Horacio Reyes Hernández, para prestar servicios en la embajada de Japón, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Fernando Hernández Valencia, para prestar servicios en el consulado general de Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La C. secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, correspondiente al primer receso de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, celebrada el día diecisiete de mayo de mil novecientos ochenta y nueve.
Presidencia del senador Emilio M. González
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veintidós minutos del día diecisiete de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, con una asistencia de veintiún legisladores, el presidente abre la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, la que sin discusión se aprueba en votación económica.
La secretaría da cuenta con una invitación del Departamento del Distrito Federal, a los actos cívicos que con motivo del nonagésimo cuarto aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río, y del sexagésimo noveno aniversario luctuoso de don Venustiano Carranza, se llevarán a cabo el día veintiuno del actual. El presidente designa a los legisladores Julián Gascón Mercado, Manuel Cavazos Lerma e Ignacio Castillo Mena, para asistir en representación de la Comisión Permanente al aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río, y a los legisladores Julio Patiño Rodríguez, Juan Antonio García Villa y Dionisio Pérez Jácome, para el aniversario luctuoso de don Venustiano Carranza.
Se da lectura a un oficio de los secretarios de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, con el que remiten el informe sobre la situación económica y las finanzas públicas, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y nueve. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y a la de Hacienda de la Cámara de Senadores.
Otro oficio de los mismos secretarios, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo diez de la Ley Orgánica del Banco de México, con el que se remite el informe correspondiente al movimiento diario que durante el primer trimestre de mil novecientos ochenta y nueve, tuvieron el financiamiento interno del Banco de México y la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y a la de Hacienda de la Cámara de Senadores.
Se da cuenta con un oficio del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con el que remite el informe de la deuda pública correspondiente al primer trimestre de mil novecientos ochenta y nueve. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y a la de Hacienda de la Cámara de Senadores.
La secretaría da cuenta con un oficio del Departamento del Distrito Federal, con el que se remite el informe trimestral de avance del programa presupuesto de esa dependencia, al treinta y uno de marzo del año en curso. Se turna a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, y a las de Hacienda y del Distrito Federal de la Cámara de Senadores.
Se da cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos nombró al licenciado Alejandro Sobarzo Loaiza, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Venezuela. Se turna a la Tercera Comisión.
Otro oficio de la misma dependencia, por el que se comunica que los gobiernos de Guatemala y Nicaragua, han depositado sus correspondientes instrumentos de ratificación del Tratado de Institucionalización del Parlamento Latinoamericano, adoptado en Lima, Perú, el dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y siete. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República.
Se da lectura al acuse de recibo de la Secretaría de Gobernación, relativo a la publicación en el
Diario Oficial de la Federación del acuerdo parlamentario sobre la celebración de las sesiones de la Comisión Permanente en la Cámara de Senadores. Se otorgó acuerdo de enterado.
Otro oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Eduardo Rihan Azar, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de ese país. Se turna a la Primera Comisión.
De la misma Secretaría, otro oficio por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Francisco Enrique Castillo Zaragoza, pueda aceptar y usar la condecoración Mérito Santos Dumont, que le confiere el gobierno de Brasil. Se turna a la Primera Comisión.
La secretaría da lectura a otro oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Luis Silva Díaz, pueda prestar sus servicios en la embajada de Suiza, en México. Se turna la Primera Comisión.
Otro oficio de la misma dependencia, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Carlos Maza García, pueda prestar sus servicios en la embajada de Nueva Zelanda, en México. Se turna a la Primera Comisión.
Se da cuenta con dos oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: María Guadalupe Isabel Castañeda y Vallejo, Juana Vargas Hernández, Claudio Hernández Juárez y Verónica Amalia Gutiérrez García, puedan prestar sus servicios en la embajada de Estados Unidos de América, en México. Se turna a la Primera Comisión.
A continuación, la secretaría da lectura a ocho oficios con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos David Rosas Toral, Jesús Vázquez Escamilla, Jesús Ernesto Estrada Bustamante, Eduardo Muñoz Castañeda, José Antonio Madrid Omaña, José Antonio Ramírez Palafox, Gabriel Leonidas Tristán González Gómez y Juan Antonio Magaña López, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve constitucional. Se turna a la Tercera Comisión.
Se da lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso constitucional necesario para que el ciudadano Luis Guillermo Rodríguez, pueda prestar sus servicios en el consulado general de Estados Unidos de América, en Puerto Vallarta, Jalisco. Es de primera lectura.
Otro dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Lauro Horacio Reyes Hernández, pueda prestar sus servicios en la embajada de Japón, en México. Es de primera lectura.
De la misma comisión se da lectura a un dictamen con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Fernando Hernández Valencia, pueda prestar sus servicios en el consulado general de Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora. Es de primera lectura.
Se dio lectura a ocho dictámenes con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Arturo Cardona Pérez, Edmundo Fernando Valle Segura, Odelín Morales Pérez, Eduardo Jasso Téllez, José Antonio Piza López, José Francisco Gallardo Rodríguez, Emilio Solís Pozos e Ignacio Medina Navarro. Se aprueban en sendas votaciones económicas y pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Se da lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Francisco Ruíz Massieu, pueda aceptar y usar la condecoración Duarte- Sánchez y Mella Honor y Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Dominicana. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Otro dictamen de la misma comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jean Mario Jacques y Jurgenson, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de caballero, que le confiere el gobierno de Francia. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
De la Primera Comisión, se da lectura a un dictamen con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Joaquín Talavera Sánchez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Francia. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Se da cuenta con otro dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se
conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Víctor José Ortega Mendoza, Marcelino Herrera Aburto y Fidel Tepatzi Martínez, puedan prestar sus servicios en la embajada de la República Federativa de Brasil, en México. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal en conjunto.
La secretaría da lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Moisés Alonso Barrientos Escárcega, José Manuel Sinforoso García y Demetrio Garmendia Guerrero, puedan prestar sus servicios en la embajada de Estados Unidos de América, en México. No habiendo quien haga uso de la palabra, por instrucciones de la presidencia, la secretaría toma la votación nominal de éste y los anteriormente reservados. El primer proyecto de decreto se aprobó por veinticuatro votos y los demás por veintitrés. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El presidente, a través de la secretaría, solicita y obtiene la anuencia de la asamblea para que, antes de dar lectura a un dictamen de la Tercera Comisión sobre Panamá, la diputada María Elena Chapa Hernández, dé lectura a un texto en homenaje a don Alfonso Reyes, por el primer centenario de su natalicio.
Hace uso de la palabra la diputada María Elena Chapa Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, quien da lectura a una pieza titulada: "Alfonso Reyes Ochoa, regiomontano universal".
La secretaría continúa con el orden del día y da lectura a un dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la proposición que sobre Panamá presentaron los diputados Armando Ibarra Garza, del Partido Popular Socialista; Jesús Ortega Martínez, del Partido Mexicano Socialista e Ignacio Castillo Mena, de la Corriente Democrática. El dictamen concluye con la propuesta de los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Reiteramos la vigencia de los principios de libre determinación de los pueblos y no intervención por ser postulados que garantizan un clima de convivencia armónica entre las naciones.
Segundo. Afirmamos que dentro de la libertad democrática del pueblo panameño, corresponde exclusivamente a éste darse sus instituciones y encargar el ejercicio del poder público a quienes reúnan los requisitos que su propio orden normativo señale. Reiteramos nuestra fraterna solidaridad con el pueblo panameño en la superación de su situación política actual.
Tercero. Condenamos todo intento o amenaza de intervención extranjera en asuntos que atañen únicamente el pueblo panameño.
Cuarto. Sostenemos nuestra convicción en el disfrute efectivo de los derechos humanos que tiene todo el pueblo para hacer posible un clima de convivencia basado en la democracia y el imperio de la ley.
Quinto. Reafirmamos el compromiso de América Latina con la creación de condiciones que le permitan afianzar el proceso de integración en un mundo de creciente interdependencia.
Sexto. Ratificamos que el derecho es la única vía de solución a los conflictos y controversias, tanto entre estados como entre organizaciones políticas e individuos. En él que deben encontrarse soluciones mutuamente aceptables para todas las partes.
Séptimo. Afirmamos la necesidad y trascendencia de que la Organización de Estados Americanos, se ajuste estrictamente a las disposiciones de su Carta Constitutiva, las que no consideran la posibilidad de erigirse como tribunal electoral de última instancia sobre los comicios que se celebren en cualquier país de América Latina.
Octavo. Reiteramos nuestra solidaridad latinoamericana con el pueblo panameño para el cumplimiento, en los términos pactados, de los Tratados del Canal de Panamá de 1977.
Al ponerse a discusión hacen uso de la palabra, en contra, el diputado Ignacio Castillo Mena, de la Corriente Democrática; en pro, el diputado Gonzalo Martínez Corbalá, del Partido Revolucionario Institucional; para contestar alusiones personales, nuevamente el diputado Gonzalo Martínez Corbalá, del Partido Revolucionario Institucional.
Por la comisión dictaminadora, hace uso de la palabra el diputado Dionisio Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional; para contestar alusiones personales, nuevamente el diputado Jesús Ortega Martínez, del Partido Mexicano Socialista, quien a su vez contesta a una interpelación del diputado Dionisio Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional.
Para aclarar hechos, hace uso de la palabra el diputado Ignacio Castillo Mena, de la Corriente Democrática, y desde su curul refiere una moción de orden el diputado Gonzalo Martínez Corbalá, del Partido Revolucionario Institucional. A continuación regresa a la tribuna el diputado Armando Ibarra Garza, del Partido Popular Socialista, quien
propone modificaciones a la parte expositiva del dictamen. En pro del dictamen sube a la tribuna el diputado Gerardo Medina Valdez, del Partido Acción Nacional; en contra lo hace el diputado Pedro René Etienne Llano, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; a nombre de la Tercera Comisión hace uso de la palabra la senadora Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional y, en contra, el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien contesta una interpelación del diputado Gonzalo Martínez Corbalá, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul, el diputado Armando Ibarra Garza, del Partido Popular Socialista, solicita que se ponga en votación las modificaciones que propuso.
Por instrucciones de presidente, la secretaría da lectura al artículo ciento nueve del Reglamento y el diputado Jesús Ortega Martínez, del Partido Mexicano Socialista, desde su curul, insiste en que se trata de modificaciones propuestas a la exposición de motivos del dictamen, refiriendo el presidente que dichas proposiciones no fueron presentadas por escrito. No obstante lo anterior, el presidente pide a la secretaría consulte a la asamblea si deben tomarse en consideración las sugerencias del diputado Armando Ibarra Garza, del Partido Popular Socialista. En votación económica, la asamblea las desechó. En seguida, también en votación económica consideró suficientemente discutido el asunto.
Antes de tomarse la votación relativa a los puntos de acuerdo del dictamen, se concede el uso de la palabra al diputado Armando Ibarra Garza, del Partido Popular Socialista, quien pide se asiente en el Diario de los Debates, que los legisladores representantes de los partidos: Popular Socialista, Mexicano Socialista, Auténtico de la Revolución Mexicana, Corriente Democrática y el diputado Pedro René Etienne Llano, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, están de acuerdo con los puntos resolutivos del dictamen, pero que votarán en contra porque están en desacuerdo con la exposición de motivos del mismo.
Por instrucciones de la presidencia, la secretaría consulta a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el dictamen a discusión, manifestándose ésta afirmativamente. Los textos íntegros de las diversas intervenciones en este debate se incluyen en el Diario de los Debates.
Hace uso de la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para denunciar robo y venta de combustible en forma ilícita en Guaymas, Sonora. El asunto se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Energéticos de la Cámara de Diputados para su discusión, determinación de competencia y elaboración del dictamen procedente.
Se concede el uso de la palabra al diputado Ignacio Castillo Mena, de la Corriente Democrática, para denunciar hechos de violencia en Iguala, Guarrero. Deja en la secretaría una relación de atentados sufridos por el diputado federal Félix Salgado Macedonio y hace responsable al gobernador de Guerrero de cualquier percance que pudiera ocurrirle.
La secretaría da lectura a una comunicación del diputado Lorenzo Ruíz Gómez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en la que asienta que no habiendo sido nominado para ningún cargo de elección popular en el estado de Baja California, se reincorporará al trabajo de comisiones que venía desempeñando en la Cámara de Diputados. Se otorga el trámite de enterado y se turna a la Cámara de Diputados para los efectos legales conducentes.
El presidente concede el uso de la palabra al diputado Armando Ibarra Garza, del Partido Popular Socialista, quien denuncia que el nuevo reglamento para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera abre las puertas al capital extranjero y a las políticas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional.
Para exponer sus opiniones sobre el mismo tema, hacen uso de la palabra los legisladores Jesús Ortega Martínez, del Partido Mexicano Socialista; Julio Patiño Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional, y nuevamente el senador Julio Patiño Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional. Los textos de sus intervenciones, se incluyen íntegros en el Diario de los Debates.
A virtud de una insinuación hecha en tribuna, el presidente aclara que la sesión se ha desarrollado en todo momento con el quórum reglamentario.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión, y el presidente clausura la de la fecha a las diecisiete horas con veinte minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles veinticuatro de mayo a las once horas.»
Está a discusión el acta...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor presidente.
COMUNICACIONES
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Congreso Constitucional del Estado de Oaxaca.- Poder Legislativo.
Ciudadano presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F.
En cumplimiento de preceptos legales, comunicamos a ustedes, que la LIII Legislatura Constitucional del Estado, en sesión ordinaria efectuado hoy, procedió a la elección de presidente y vicepresidente para funcionar en el mes de mayo próximo, habiendo resultado electos por mayoría de votos los ciudadanos diputados:
Mario Luis Guzmán Rodríguez, presidente, y Eloy Tito Hernández Santiago, vicepresidente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz". - Oaxaca de Juárez, a 28 de abril de 1989. - Diputados secretarios: Jorge Silva López y Salvador Terán González.»
Trámite: -De enterado.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.- Ciudad Chetumal, Quintana Roo, México.
Ciudadano presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F.
La V Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se permite comunicar que el día 25 de abril del presente año, en sesión ordinaria procedió a la elección de la mesa directiva que fungirá durante el segundo mes del primer período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, habiendo quedado de la siguiente manera:
Diputados: Presidente, Emilio Oxte Tah; vicepresidente, Enrique Zurita Priego; secretario, Pablo Esparza Filigrana; secretario suplente. Armando Góngora Campos.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chetumal, Quintana Roo, a 26 de abril de 1989.- El diputado secretario Pablo Esparza Filigrana.»
Trámite: -De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, sin fecha, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas cuya lista se proporciona a continuación, puedan prestar sus servicios en la embajada de Estados Unidos de América. La nacionalidad mexicanas de dichas personas, se ve acreditada por las fotocopias de sus respectivas actas de nacimiento, que se remiten anexas al presente oficio.
Nombre, puesto y lugar de trabajo: María del Pilar Maese, empleada consular, consulado, Ciudad Juárez, Chihuahua; María Josefina Domínguez, empleada consular, consulado, Ciudad Juárez, Chihuahua.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de mayo de 1989. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 10 del actual, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita:
"Mucho agradeceré a ustedes tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona cuyo nombre se proporciona a continuación, pueda prestar sus servicios en la embajada de Estados Unidos de América. La nacionalidad mexicana de dicha persona, se ve acreditada por la fotocopia de su respectiva acta de nacimiento, que se remite anexa al presente oficio.
Nombre, puesto y lugar de trabajo: Dolores Leticia Gómez, empleada consular, consulado, Ciudad Juárez, Chihuahua."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de mayo de 1989. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
La secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación con fecha 3 del actual, manifestando lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted tenga bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Germán Galicia Flores, pueda prestar sus servicios como empleado consular en el consulado general de Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua. El interesado ha presentado copia del acta de nacimiento que comprueba su nacionalidad mexicana, misma que remito anexa para los efectos pertinentes."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 15 de mayo de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación con fecha 18 del actual, manifestando lo siguiente:
Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier médico cirujano, Ángel Porfirio Cervantes Pérez. (473697), que en diecisiete fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 27 de marzo de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo y túrnese a la Tercera Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación con fecha 11 del actual:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada diplomado de estado mayor, Eulalio Fonseca Orozco (450369), que en veintitrés fojas útiles se adjuntan con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de marzo de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo túrnese a la Tercera Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estado Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Con fecha 9 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de infantería diplomado de estado mayor Rafael, García Aguilar (103929), que en diecinueve fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 16 de marzo de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo y túrnese a la Tercera Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a esta dependencia del Ejecutivo con fecha 11 del actual:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien
disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de infantería diplomado de estado mayor, José Luis López Ruvalcaba (6772665), que en veinte fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicar a ustedes lo anterior, se acompaña con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración atenta.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 15 de marzo de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo y Túrnese a la Tercera Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a esta dependencia del Ejecutivo con fecha 9 del actual:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de infantería, Alfredo Ochoa Durán (3467493), que en veinte fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicar a ustedes lo anterior, se acompaña con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración atenta.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 16 de marzo de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo y túrnese a la Tercera Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación con fecha 11 del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de infantería, Ausencio Castillo González (5629639), que en dieciocho fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles con el presente el anexo que en mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 15 de marzo de 1989.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo y túrnese a la Tercera Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Con fecha 13 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano
Coronel de infantería, Fedor López Pineda (495411), que en dieciocho fojas se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No reelección.
México, Distrito Federal a 16 de marzo de 1989. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo y Túrnese a la Tercera Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 18 del presente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de caballería diplomado de estado mayor, Alberto Espinoza Ramírez (5528118), que en veintidós fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 27 de marzo de 1989. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo y Túrnese a la Tercera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA CONDECORACIONES
La C. secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano Eduardo Rihan Azar, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia en grado de Comendador, que les confiere el gobierno de ese país.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, de la artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Eduardo Rihan Azar, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de ese país.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 19 de mayo de 1989. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Armando Ibarra Garza, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
Trámite: - Primera lectura.
La misma C. Secretaria:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La primera comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano teniente coronel de infantería diplomado de estado mayor, José Francisco Gerardo Castillo Zaragoza, para que pueda aceptar y usar la condecoración Mérito Santos Dumont, que le confiere el gobierno de Brasil.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso
solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano teniente coronel de infantería diplomado de estado mayor, José Francisco Gerardo Castillo Zaragoza, para aceptar y usar la condecoración Mérito Santos Dumont, que le confiere el gobierno de Brasil. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 18 de mayo de 1989. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Armando Ibarra Garza, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
Trámite: - Primera Lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La misma C. Secretaría:
«Primera Comisión:
Honorable asamblea: En oficio fechado el 21 de abril del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Luis Silva Díaz, pueda prestar servicios como mensajero en la embajada de Suiza en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la embajada de Suiza, en México, serán como mensajero, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso el ciudadano José Luis Silva Díaz, para prestar servicios como mensajero en la embajada de Suiza, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 22 de mayo de 1989. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Armando Ibarra Garza, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
Trámite: - Primera lectura.
La misma C. Secretaria
«Primera Comisión:
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 20 de abril del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano ingeniero Carlos Antonio Maza García, pueda prestar servicios como asesor comercial en la embajada de Nueva Zelanda, en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 17 de mayo se turnó a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad con el certificado de nacionalidad mexicana número 1122, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores;
b) Que los servicios que el interesado prestará en la embajada de Nueva Zelanda, en México, serán como asesor comercial; y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano ingeniero Carlos Antonio Maza García, para prestar servicios como asesor comercial en la embajada de Nueva Zelanda, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 19 de mayo de 1989. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Armando Ibarra Garza, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Alberto Salazar Muciño.»
Trámite: - Primera Lectura.
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos:
«Primera Comisión:
Honorable asamblea: En oficio fechado el 19 de abril del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Verónica Amalia Gutiérrez García, pueda prestar servicios de carácter administrativo en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 17 de mayo se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia fotostática de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la interesada prestará en la embajada de Estados Unidos de América, en México, serán como empleada del departamento de comercio, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Verónica Amalia Gutiérrez García, para prestar servicios como empleada del departamento de comercio, en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 19 de mayo de 1989. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Armando Ibarra Garza, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
Trámite: Primera Lectura
El mismo C. Secretario:
«Primera Comisión:
Honorable Asamblea: En oficio fechado el día 26 de abril del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Guadalupe Isabel Castañeda y Vallejo, Juana Hernández y Claudio Hernández Juárez, puedan prestar servicios como taquimecanógrafa, empleada de intendencia y empleado de mantenimiento, respectivamente, en la embajada de Estados Unidos de América en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 17 de mayo se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia de las actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la embajada de Estados Unidos de América, en México serán como taquimecanógrafa, empleada de intendencia y empleado de mantenimiento, respectivamente, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana María Guadalupe Isabel Castañeda y Vallejo, para prestar servicios como taquimecanógrafa, en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Juana Vargas Hernández, para prestar servicios como empleada de intendencia, en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Claudio Hernández Juárez, para prestar servicios como empleado de mantenimiento, en la embajada de Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 19 de mayo de 1989. - senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Armando Ibarra Garza, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
Trámite: - Primera lectura
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS
La C. secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: En cumplimiento de la fracción XVI del artículo 89, en relación con la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo de la Unión hizo llegar a esta honorable Comisión Permanente, mediante oficio fechado el día 15 de los corrientes, suscrito por el Secretario de Gobernación, el expediente integrado con el nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del ciudadano doctor Alejandro Sobarzo Loaiza, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Venezuela. Dicho documento fue turnado a la Comisión que suscribe con fecha 17 de los corrientes.
Del estudio del expediente de referencia, la comisión que dictamen deduce que el doctor Alejandro Sobarzo Loaiza, es originario de Hermosillo, Sonora y obtuvo el grado de licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de México y doctorado por la Universidad Central de Madrid, Reino de España.
La comisión que suscribe desea destacar que el señor doctor Sobarzo Loaiza, ha recorrido una diversa experiencia profesional que lo vincula tanto a las ramas propias del derecho, como a las de la administración pública y la política. En ese sentido, cabe señalar que se ha desempeñado como notario público en su natal Hermosillo; secretario de estudio y cuenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia; diputado federal por el II distrito del estado del que es originario, a las XLIX y LI legislaturas; director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación y senador de la República a las LII y LIII legislaturas. Asimismo, es de mencionar que dentro del Partido Revolucionario Institucional, en el que milita, ha sido presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales y secretario de asuntos internacionales de su Comité Ejecutivo Nacional.
Como se desprende de lo anteriormente referido, es notable el ejercicio profesional que ha realizado el doctor Sobarzo Loaiza, pues ha actuado en diversas funciones dentro de los tres poderes de la Unión siendo también de relevancia el hecho de que en la actualidad es profesor titular de derecho internacional público en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que ha publicado diversos ensayos especializados en la materia multiestatal.
En seguimiento del acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y que ha sido práctica adoptada por esta honorable Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a la ratificación de nombramientos diplomáticos, la comisión suscribiente citó al señor doctor Alejandro Sobarzo Loiza, a una reunión en donde se conversó sobre política exterior de nuestro país, el contexto internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, el estado que en la actualidad guarda la relación de México con la República de Venezuela. El encuentro de referencia tuvo verificativo el pasado día 8 de los corrientes y en el mismo los legisladores que integramos la comisión que dictamina tuvimos la oportunidad de dialogar, en forma muy extensa, sobre los citados temas con el doctor Sobarzo Loaiza. En la mencionada entrevista pudimos comprobar el alto grado de preparación y experiencia del doctor Alejandro Sobarzo Loiza, así como su probada aptitud y voluntad de servicio a la República.
De la misma manera, el señor embajador designado demostró un particular conocimiento
sobre la historia y la realidad política y social de la República de Venezuela, así como de los diversos matices de su relación con nuestro país dentro de la circunstancia latinoamericana, exponiendo con solvencia puntos de vista y opiniones que reflejan no tan sólo su notable información, sino también un indudable convencimiento en los principios que rigen la política exterior de nuestra patria.
Con base en el análisis del expediente mencionado y de la entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión que suscribe hemos podido corroborar que el señor doctor Alejandro Sobarzo Loaiza posee, a cabalidad, los requisitos ordenados por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado embajador.
Por lo expuesto, los suscritos consideramos que el doctor Alejandro Sobarzo Loaiza reúne las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de nuestro país ante el gobierno de la República de Venezuela, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. En ejercicio de la facultad que le otorga la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera en favor del ciudadano doctor Alejandro Sobarzo Loaiza, como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante el gobierno de Venezuela.
Sala de audiencias "Presidente Sebastián Lerdo de Tejada" de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 19 de mayo de 1989. - Tercera Comisión: Senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado Ignacio Castillo, Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega García y diputada María Elena Chapa Hernández."
Está a discusión el punto de acuerdo...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El C. Presidente: - Se encuentra en este recinto el ciudadano doctor Alejandro Sobarzo Loaiza, cuyo nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de Venezuela acaba de ser aprobado por esta Comisión Permanente. En esta virtud, para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de rigor, se designa a los siguientes legisladores: diputado Gonzalo Martínez Corbalá, senadora Laura Alicia Garza Galindo y diputado Gerardo Medina; le rogamos a la comisión cumplir con su cometido.
(La comisión cumple su cometido.)
La C. secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: - Sírvanse ponerse de pie.
El C. Presidente: - Ciudadano doctor Alejandro Sobarzo Loaiza: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Venezuela que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El C. doctor Alejandro Sobarzo Loaiza: - ¡Sí, protesto!
El C. Presidente: - Si no lo hiciereis así, que la nación os lo demande. (Aplausos.)
Se ruega a la comisión designada, acompañar al señor embajador cuando desee retirarse.
Prosiga la secretaría.
La C. secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Jorge Isaac Velázquez Fuentes, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado, en su caso, el grado de general de brigada diplomado de estado mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y uno, ascendiendo a subteniente de caballería al término satisfactorio de sus estudios reglamentarios en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro;
b) A los siguientes grados ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de teniente coronel de caballería, adquirió el carácter de diplomado de estado mayor, el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y dos;
c)Ascendió a los demás grados de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
d)Ha prestado servicios al ejército durante treinta y ocho años, un mes y trece días, y
e) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera y Especial, por haber cumplido el tiempo de servicios para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Jorge Isaac Velázquez Fuentes, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada diplomado de estado mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Jorge Isaac Velázquez Fuentes.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 27 de abril de 1989. - La comisión: Senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega y diputada María Elena Chapa Hernández.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. Secretaria:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Genaro Sánchez Rodríguez, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado, en su caso, el grado de coronel de infantería diplomado de estado mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a)Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar, el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y cuatro ascendiendo a subteniente de infantería al término satisfactorio de sus estudios reglamentarios en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos sesenta y siete;
b) A los siguientes grados ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, adquirió el carácter de diplomado de estado mayor, el treinta de agosto de mil novecientos setenta y cinco;
c)Ascendió a los demás grados de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
d)Ha prestado servicios al ejército durante veinticinco años y diecinueve días, y
e) Le han sido conferidas las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta y Tercera Clases, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Genaro Sánchez Rodríguez, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de coronel de infantería diplomado de estado mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Genaro Sánchez Rodríguez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 27 de abril de 1989. - La comisión: Senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega y diputada María Elena Chapa Hernández.»
Está a discusión el punto de acuerdo...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El C. secretario senador Alonso Aguirre Ramos:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano José Luis Ramón Velasco Guillen, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado, en su caso, el grado de coronel de infantería diplomado de estado Mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a)Que ingresó como cadete numerario en el heroico Colegio Militar, el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y cinco, ascendiendo a subteniente de infantería al término satisfactorio de sus estudios reglamentarios en el plantel citado, el primero de noviembre de mil novecientos sesenta y siete;
b) A los siguientes grados ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo, adquirió el carácter de diplomado de estado Mayor, el quince de agosto de mil novecientos setenta y seis;
c)Ascendió a los demás grados de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Ha prestado servicios al ejército durante veinticuatro años y veinticuatro días, y
e) Le han sido conferidas las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta y Tercera Clases, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano José Luis Ramón Velasco Guillen, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de coronel de infantería diplomado de estado mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José Luis Ramón Velasco Guillen.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 27 de abril de 1989. - La comisión: Senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, Diputado Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega y diputada María Elena Chapa Hernández.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo C. Secretario:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el
expediente con hoja de servicios del ciudadano Fernando Millán Villegas, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que, en su caso, sea ratificado el grado de coronel de infantería diplomado de estado mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar, el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y cuatro ascendiendo a subteniente de infantería al término satisfactorio de sus estudios en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos sesenta y siete;
b) A los demás grados ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, adquirió el carácter de diplomado de estado mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Ha prestado servicios al ejército durante veinticinco años y veinticuatro días, y
e) Le fueron conferidas las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta y Tercera clases, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto; igualmente se le otorgó la del "Mérito Facultativo".
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Fernando Millán Villegas, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de coronel de infantería diplomado de estado mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Fernando Millán Villegas.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 27 de abril de 1989. - La comisión Senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega y diputada María Elena Chapa Hernández.»
Está a discusión el punto de acuerdo...Por no haber quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo C. Secretario:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Fernando Civeira Aguilar, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado, en su caso, el grado de coronel de infantería diplomado de estado mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar, el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y cinco, ascendiendo a subteniente de infantería al término satisfactorio de sus estudios reglamentarios en el plantel citado, el primero de noviembre de mil novecientos sesenta y siete;
b) A los siguientes grados ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán primero de infantería, adquirió el carácter de diplomado de estado mayor, el quince de agosto de mil novecientos setenta y nueve;
c) Ascendió a los demás grados de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Ha prestado servicios al ejército durante veinticuatro años y veintitrés días, y
e) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta y Tercera clases, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Fernando Civeira Aguilar, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente.
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de coronel de infantería diplomado de estado mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Fernando Civeira Aguilar.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, 27 de abril de 1989. - La comisión: Senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega García y diputada María Elena Chapa Hernández.»
Está a discusión el punto de acuerdo...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo C. Secretario:
«Tercera Comisión.
Honorable Asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Carlos Valle Mosqueda, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que, en su caso sea ratificado el grado de coronel de infantería diplomado de estado mayor que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar, el veinte de enero de mil novecientos sesenta y uno, ascendiendo a subteniente de infantería al término satisfactorio de sus estudios en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos sesenta y cuatro;
b) A los demás grados ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, adquirió el carácter de diplomado de estado mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Ha prestado servicios al ejército durante veintiocho años, un mes y tres días, y
e) Le fueron conferidas las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda clases, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Carlos Valle Mosqueda, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de coronel de infantería diplomado de estado mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Carlos Valle Mosqueda.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 2 de mayo de 1989. - La comisión: Senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega García y diputada María Elena Chapa Hernández.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo C. Secretario:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano José Rolfe Torres Calderón, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado, en su caso, el grado de coronel de infantería, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a)Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y ocho, ascendiendo a subteniente de infantería al término satisfactorio de sus estudios reglamentarios en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos sesenta y uno;
b) A los siguientes grados ascendió por escalafón de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Ha prestado servicios al ejército durante treinta y un años, un mes y diecisiete días, y
d) Le han sido conferidas las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda clases, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano José Rolfe Torres Calderón, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de coronel de infantería, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José Rolfe Torres Calderón.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 27 de abril de 1989. - La comisión: Senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega García y diputada María Elena Chapa Hernández.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo C. Secretario:
"«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano médico cirujano José Mariano Hernández López, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado, en su caso, el grado de coronel de sanidad, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a)Que ingresó al ejército como cadete, el dieciséis de enero de mil novecientos sesenta y dos en la Escuela Militar, ascendiendo a capitán primero pasante de medicina y a mayor médico cirujano, al término satisfactorio de sus estudios reglamentarios el primero de noviembre de mil novecientos sesenta y siete;
b)A los siguientes grados ascendió por escalafón de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes;
c)Ha prestado servicios al ejército durante veintisiete años, y veintiocho días, y
d)Le han sido conferidas las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta y Tercera clases, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe de ser ratificada, porque el ciudadano médico cirujano José Mariano Hernández López, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de coronel de sanidad que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano médico cirujano José Mariano Hernández López.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 27 de abril de 1989. - La comisión: Senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, diputado Manuel Cavazos Lerma, diputado Gerardo Medina Valdez, senadora Dulce María Sauri Riancho, diputado Pedro René Etienne Llano, diputado Dionisio E. Pérez Jácome, diputado Ignacio Castillo Mena, senadora Laura Alicia Garza Galindo, senador Mario Alfonso Niebla Alvarez, senador Netzahualcóyotl de la Vega García y diputada María Elena Chapa Hernández.»
Está a discusión el punto de acuerdo...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobado. Comuníquese
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La C. secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
« Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 13 de abril del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Luis Guillermo Rodríguez Rodríguez, pueda prestar servicios como asistente de agencia consular, en el consulado general de Estados Unidos de América, en Puerto Vallarta, Jalisco.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día 3 de mayo, se turnó a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a)Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia del acta de nacimiento;
b)Que los servicios que el interesado prestará en el consulado general de Estados Unidos de América, en Puerto Vallarta, Jalisco, serán como asistente de agencia consular, y
c)Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Luis Guillermo Rodríguez Rodríguez, para prestar servicios como asistente de agencia consular, en el consulado general de Estado Unidos de América, en Puerto Vallarta, Jalisco.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, 4 de mayo de 1989. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Armando Ibarra Garza, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
Está a discusión el proyecto de decreto...No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La misma C. Secretaria:
« Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 14 de abril del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado Lauro Horacio Reyes Hernández, pueda prestar servicios como asesor del departamento económico y social, en la embajada de Japón, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 3 de mayo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a)Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b)Que los servicios que el interesado prestará en la embajada de Japón en México, serán como asesor del departamento económico y social, y
c)Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Lauro Horacio Reyes Hernández, para prestar servicios como asesor del departamento económico y social, en la embajada de Japón en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 4 de mayo de 1989. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, diputado Blas Chumacero Sánchez, diputado Armando Ibarra Garza, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
Está a discusión el proyecto de decreto...No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La misma C. Secretaria:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado 5 de abril del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Fernando Hernández Valencia, pueda prestar servicios de carácter administrativo, en el consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el 3 de mayo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a)Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia fotostática de su acta de nacimiento;
b)Que los servicios que el interesado prestará en el consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora, serán como jardinero.
c)Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Fernando Fernández Valencia, para prestar servicios como, jardinero en el consulado de Estado Unidos de América en Hermosillo, Sonora.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 4 de mayo de 1989. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, diputado Blas Chumacero Sánchez, diputado Armando Ibarra Garza, senador Ernesto de Jesús Luque Feregrino, diputado Artemio Iglesias Miramontes, diputado Eleazar Ruíz Cerda, senador Enrique Burgos García y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
Está a discusión el proyecto de decreto...No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y de los anteriormente reservados.
(Votación.)
Se emitieron 29 votos en pro, y un voto en contra.
El C. Presidente: - Aprobados los proyectos de decreto por 29 votos. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA EL ARTÍCULO 94 CONSTITUCIONAL
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado de Acción Nacional, Juan Antonio García Villa.
El C. diputado Juan Antonio García Villa: - Señor presidente, señoras y señores legisladores: A partir de esa vieja demanda del pueblo de México, que lo llevó incluso a realizar una revolución, demanda que consiste en darse, en
participar y ser protagonista de elecciones limpias y libres, cuyos resultados sean objetivamente respetados, la actual diputación federal del Partido Acción Nacional propuso a la Cámara de Diputados, durante el mes de diciembre del año pasado, un paquete de 11 reformas y adiciones a la Constitución General de la República, para encaminar al país hacia su verdadera democratización.
Junto con estas reformas que proponemos de carácter constitucional, el día 3 del presente mes, dimos a conocer a la opinión pública y presentamos a esta Comisión Permanente, un proyecto completo de nuevo ordenamiento en materia electoral.
Por la importancia de este tema y por el compromiso que tenemos con nuestros electores y con el pueblo de México en general, hemos aportado nuestro punto de vista y señalamos desde antes, que lo que proponemos en esas iniciativas persigue el triple propósito que tiene claramente identificado el pueblo de México: primero, darnos elecciones limpias y transparentes; segundo, darle objetividad al proceso electoral y, tercero, darle autenticidad a la representación política que surge de los procesos electorales.
Para completar nuestras propuestas surgidas con motivo de la elaboración de nuestra iniciativa del nuevo Código en Material Electoral, vamos a presentar una iniciativa de adición y reforma al artículo 94 de la Constitución, cuya exposición de motivos me voy a permitir leer.
«Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Los que suscriben, diputados a la LIV Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido por los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno del Congreso General, ponemos a consideración del Constituyente Permanente, por conducto de esta Honorable Comisión Permanente del Congreso General, la presente iniciativa que reforma el primer párrafo y agrega un décimo párrafo al artículo 94 de la Constitución General de la República.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución General de la República, reconoce que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo; que es voluntad del pueblo constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, y que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión.
El artículo 49 de nuestro Cuerpo Normativo Fundamental, expresa que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Al decir lo anterior, se refiere a que divide en tres las funciones inherentes a este supremo poder: expedir leyes, administrar e impartir justicia. Estas ramas denominadas Poderes de la Unión, contienen en sí la función encargada a cada una de ellas, es decir, su actividad, que queda claramente diferenciada de los órganos que la realizan.
La función del Poder Judicial es la jurisdiccional, que consiste en la declaratoria del derecho y la aplicación de la ley en caso de controversia o conflicto, individualizando la norma.
El artículo 94 constitucional, establece: "Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgado de distrito", remitiéndose en dicho precepto a la ley reglamentaria, para fijar su competencia y especialidad por materia.
En diversa propuesta de reforma constitucional presentada por integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se propone la creación de un Tribunal Federal de Elecciones, cuyas características serán las de autonomía, de legalidad y plena jurisdicción, lo que constituye un reclamo inaplazable para lograr que el proceso electoral se apegue a derecho y con ello el respeto de la voluntad popular.
Equivocadamente, el actual Tribunal de lo Contencioso Electoral fue fundamentado como un tribunal administrativo, aplicando para ello la fracción XXIX letra "H" del artículo 73 constitucional, de lo cual se deriva que su función sería estrictamente la de dirimir las controversias que se suscitaran entre la administración pública federal o el Distrito Federal y los particulares, es decir, se creó un tribunal dependiente del Poder Ejecutivo, sin tomar en cuenta que la función que debe realizar el citado tribunal es jurisdiccional, por lo que de ninguna manera puede apoyarse su creación y concepción en el precepto citado.
Si el Tribunal Federal de Elecciones se concibe como un tribunal jurisdiccional, su ubicación en el marco jurídico constitucional corresponde a la del Poder Judicial y su competencia por territorio y funcionamiento será determinada por la ley.
Por lo anterior, por conducto de esta honorable Comisión Permanente del Congreso General, se
somete a consideración del Constituyente Permanente, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Único. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un décimo párrafo al artículo 94 constitucional, para quedar como sigue:
Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito, así como en un Tribunal Federal de Elecciones.
............................................
La ley determinará la competencia y funcionamiento del Tribunal Federal de Elecciones.
TRANSITORIOS
Único. Una vez que el Constituyente Permanente apruebe este decreto, entrará en vigor treinta días después de su publicación.
Salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 24 días del mes de mayo de 1989.- Diputados: Juan Miguel Alcántara Soria, Donaciano Ambrosio Velasco, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Hiram Escudero Alvarez, Juan Antonio García Villa, Gildardo Gómez Verónica, Fernando Antonio Lozano Gracia, Juan José Medrano Castillo, Eugenio Ortíz Walls, María del Carmen Segura Rangel y Gaudencio Vera Vera.»
El C. Presidente: -Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el proyecto que acaba de presentar el Partido Acción Nacional de esta iniciativa de reformas constitucionales.
DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICAS
El C. Presidente: -Se concede la palabra al diputado Jesús Ortega, del Partido Mexicano Socialista.
El C. diputado Jesús Ortega Martínez: -Gracias, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: Este es un asunto, el que voy a tratar, que pienso no es de poca importancia; al contrario, nuestra condición de mexicanos y hasta nuestra condición de humanos nos debería de llevar a ponerle la atención necesaria, todos ustedes saben que desde el día 10 de abril de este año, un grupo de mexicanos, trabajadores al servicio del gobierno federal, en un área y en una dependencia específica, decidieron luchar por la solución de problemas y por la satisfacción de demandas que los afectan a ellos mismos y que afectan a compañeros de trabajo.
Cinco compañeros se pusieron en huelga de hambre, insisto, desde el día 10 de abril, demandando la satisfacción de sus demandas y la aplicación de la ley para el respeto a sus derechos laborales.
Tienen, hasta esta fecha, 43 días en huelga de hambre, uno de ellos, porque el resto, cuatro, fueron, por estricta prescripción médica, retirados de la propia huelga.
El motivo principal de la huelga de los compañeros, es el despido injustificado de 99 trabajadores de una planta ubicada en Chiapa de Corzo, en el estado de Chiapas, que produce moscas esterilizadas para el combate del gusano barrenador.
Se trata de una planta administrada por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en la cual laboran 1 mil 200 trabajadores que pertenecen al sindicato de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Esta planta cuenta con el patrocinio de la Comisión Mexicano-Estadounidense para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, con apoyo financiero de Estados Unidos; pero, y esto es clave para entender la solución del problema, pero administrada esta planta por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
A la demanda de los compañeros por la reinstalación de los 99 trabajadores, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos negó su competencia en el asunto, argumentando que esta planta no depende de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; el sindicato negó su competencia en la solución del problema, argumentando que si la planta no depende de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, los trabajadores no son miembros del sindicato de la misma.
Y ante esta argumentación que demuestra, cuando menos una gran insensibilidad de las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de los dirigentes del sindicato, pues el resultado es que un trabajador, un mexicano está a punto de morir y ya con efectos irremediables.
Lo que piden los trabajadores es su reinstalación y el reconocimiento a sus derechos laborales, ya que muchos de ellos tienen hasta cinco años
laborando continuamente sin que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos les reconozca ningún derecho. Estos trabajadores laboran con contratos de 24 horas.
El licenciado De la Vega Domínguez, Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, después de 30 días de que los compañeros estaban en huelga de hambre, a pregunta expresa de un periodista de que, qué pasaba con ese asunto, con ese problema, el licenciado De la Vega Domínguez simplemente contestó que no conocía el problema.
Los dirigentes del sindicato, con respuestas parecidas en contenido, aunque en forma diferente, dieron exactamente la misma respuesta. Insisto, el argumento de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y el argumento de los dirigentes del sindicato para no intervenir y prácticamente dejar que el compañero muera, es de que esta comisión no depende de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de que los trabajadores no son miembros del sindicato.
Pero resulta, y este sólo documento sería suficiente para echar abajo esos superficiales argumentos de las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, resulta que tengo en mis manos un recibo de pago de los compañeros trabajadores, éstos que fueron despedidos y por los cuales se está planteando su reinstalación y por los cuales está la huelga de hambre; este recibo de pago tiene el sello de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, depende está comisión de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, pero además, el colmo, los dirigentes del sindicato alegan que no son miembros del mismo y sin embargo reciben cuotas sindicales, a los compañeros se les descuenta de su pago cuotas sindicales, aquí está la prueba contundente de este hecho.
¿Qué va a pasar con el compañero Eduardo Albores?, ¿se va, en el extremo de su disposición, a fallecer?, ¿las autoridades van a permitir, en tal extremo de insensibilidad y de irresponsabilidad, que el compañero Albores fallezca tras 43 días en huelga de hambre?
De tal manera que por ello decía que se requerirían pocos argumentos, una intervención breve, para que entendiéramos los compañeros miembros de la Comisión Permanente la importancia del asunto.
Simplemente lo que planteo es que aprobemos la siguiente propuesta que quiero poner a su consideración, la propuesta diría así:
"La Comisión Permanente del Congreso de la Unión considera que sería de gravedad el que un conflicto de carácter laboral derivara en hechos verdaderamente lamentables, como sería la muerte de un ciudadano mexicano. Es por ello, que, sin pretender invadir facultades y responsabilidades de otro poder, pero motivada la Comisión Permanente por impulsos estrictamente humanitarios respetuosamente llama a las autoridades correspondientes, particularmente a las de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a que intervengan en la pronta solución de las demandas de los trabajadores de la Comisión para la Erradicación del Gusano Barrenador, y de esta manera el ciudadano Eduardo Albores suspenda su huelga de hambre y preserve su vida.
Atentamente.
Diputado Jesús Ortega Martínez.»
El C. Presidente: -Para hablar sobre este asunto, tiene la palabra el diputado Dionisio Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Con la venia del señor presidente señoras y señores senadores y diputados miembros de esta Comisión: Creo que en el caso que se ha planteado por el señor diputado Ortega, vale la pena hacer una consideración previa y distinguir dos cuestiones involucradas en el tema mismo, pero que tienen naturaleza, características y vías de conocimiento y resolución distintas. Una, es un problema de tipo laboral, independientemente de la justicia, de la legalidad, del interés que pueda asistir a las partes demandantes; es una materia que debe ser considerada y resulta con base en las normas vigentes en nuestro estado de derecho.
El segundo tema es una estrategia de presión que ha venido en los últimos años actualizándose, a la que se ha venido recurriendo no sólo en México, en muchos otros países del mundo exponiendo la vida de un ser humano, o de varios seres humanos, a través de un prolongado período en el que el sujeto o los sujetos manifiestan su libre voluntad de abstenerse de tomar alimentos, lo que se llama huelga de hambre, con el objeto de presionar, de obtener, primero, una mayor atención al tema mismo y posteriormente de utilizar este argumento, el respeto, la preocupación de todo ser humano por la vida de un semejante, como un elemento más de convencimiento a la pretensión justa o injusta que se pretenda argüir.
Sobre este segundo caso, creo que la postura del Estado mexicano es de absoluto respeto a la vida humana, inclusive, y esto es lo más interesante.
del caso, una preocupación que lleva inclusive a la pretensión jurídica del Estado mexicano de proteger la vida humana aun en contra de la voluntad real o presunta de un sujeto que pretenda privarse de la misma.
Creo que es de explorado derecho y del conocimiento de todos ustedes, las medidas y las acciones legales y administrativas que el Estado mexicano, como la mayor parte de los estados civilizados del mundo, ponen práctica cuando un sujeto pretende atentar contra su vida. El suicida, el que intentó serlo y fracasó en su propósito, es cuando menos, y siempre ocurre así en los días sucesivos a su intento, objeto de una protección especial, de una prevención para inducirlo, para evitar a que procure, a que intente, a que logre realizar en definitiva su propósito.
En nuestro marco jurídico también, extendido ya no al sujeto mismo si no a los demás ciudadanos, a los demás miembros de la comunidad, esa preocupación del Estado por la vida humana se expresa, y algunos inclusive supuestamente avanzados observadores del derecho de otras latitudes nos critican, se expresa en la prevención, en la prohibición de la eutanasia por aparente justificación que la misma pudiera tener en niveles de otra magnitud, en el orden moral, por así decirlo, de nuestra sociedad.
Y más aún se expresa nuestra preocupación por la vida humana a través de la creación en todas las legislaciones penales de los estados y del Distrito Federal, en el ámbito federal de una figura delictiva que se le llama precisamente auxilio o inducción al suicidio. Quien ayuda o quien induce a un ser humano para intentar en contra de su propia vida es sujeto a un proceso penal. Actualizar una hipótesis delictiva; ha actualizado un supuesto por el cual el Estado establece una sanción y con toda energía la aplica en el momento en que alguien se advierte resulta culpable de esa actitud.
Yo creo que pocos marcos jurídicos conservan con tanta pureza y razón esa prevención de la conducta ajena cuando afecta a un sujeto, independientemente de que en apariencia coincida la voluntad del ajeno con la del propio. En otras palabras, la vida humana está mucho más allá de una preocupación inicial por salir de este mundo, por privarse de las calamidades, de las preocupaciones, del dolor, de la tristeza, de lo que pueda a un ser afectarle y llevarle a tomar esa decisión, pero, sobre todo, está mucho más allá de aquilatar, de darle valor a la opinión ajena sobre la vida de un ser humano.
De ahí que en principio, pues, exista una condena en nuestro régimen de derecho para todo aquél que induce o apoya a un ser humano a privarse de su vida.
Pero la huelga de hambre definitivamente tiene en esta perspectiva histórica una apariencia o un propósito, muchas veces actualizado, mucho más generoso. Se manifiesta como un elemento de resistencia civil, como un elemento de pasividad ante lo que se considera una vía cerrada, una negativa injustificada, o inclusive un marco jurídico injusto que oprime y obliga a presionar a través de lo más sacrificable que pueda haber en este caso, que es a través de la privación por uno mismo, de su propia vida.
Como tal hemos vivido esta estrategia en Irlanda, por desgracia para la humanidad muchos se inmolaron en esa expectativa de tener un mejor o mayor atención de sus preocupaciones por parte del gobierno británico; la hemos conocido, presenciado en países de Asia, de América Latina, muy recientemente, hace unos días, escuchamos que algunos estudiantes en la Plaza de Beijing intentaba también ese elemento de presión contra su sistema o su gobierno, y lo conocemos recientemente y en este caso que el señor diputado Ortega ha planteado, como un instrumento de lucha político-social manejada en nuestro país.
Ante ello quiero reiterar la postura, la única postura legal y justificable a mis ojos del Estado mexicano, que no es otra que una actitud válida de preocupación ante la amenaza a la vida humana de un hombre, de una persona, de un ciudadano o inclusive de un extranjero. Ha habido ya en algunas de nuestras prisiones, en alguno de nuestro reclusorios, la tentativa, afortunadamente no consumada, de algún recluso por mantenerse en huelga de hambre hasta lograr lo qué el juzgaba era legítimo y la autoridad sostenía que no tenía derecho a pedirlo dentro del proceso penal en el que estaba inmerso.
Esa actitud válida, ese reconocimiento de que el ser humano, y en México el ciudadano ha recurrido a ese procedimiento, a ese medio de presión para lograr una mayor atención a sus derechos, es evidentemente una actitud también del Estado mexicano. Nos preocupa la vida, intentamos tutelarla, intentamos protegerla, pero definitivamente nos preocupa también las causas, los motivos que hayan originado a un ser humano a tomar esa decisión "heroica", muchas veces el suicidio, el escape, no merece precisamente ese calificativo, pero en fin, la decisión de privarse de algo tan preciado como es la existencia misma.
Pero de ahí que veamos con simpatía a que compartamos, a que podamos sentir agrado o conformidad ante la actitud condenable de quienes.
alienten o pretendan valerse de esas acciones o de esas tentativas para extraer, para llevar a su molino beneficios políticos, sociales, etcétera, hay un abismo. Respetamos la vida humana, sostenemos que el ser humano tiene el derecho de hacer definitivamente, con todo lo que pudiera ser condenable en el ámbito moral, lo que quiera con su vida; pero no sólo criticamos, si no creo que debemos prevenir y sancionar aquellas conductas externas que alienten, que impulsen, que apoyen y, definitivamente, que propicien una situación tan lamentable dentro de nuestro marco social. Creo que en este caso estamos precisamente ante una hipótesis, ante un supuesto de esta naturaleza.
No como recuerdo de otros, o como imagen recibida de los muy respetable miembros de este cuerpo, o en su caso, de los medios de comunicación social, sino como experiencia que me tocó vivir directamente hace unos días, quiero relatarles lo siguiente:
Llegaba a una reunión de trabajo en la que me habían invitado a estar presente en Conasupo, Conasupo, tiene sus oficinas frente a la Secretaría de Agricultura, cuando observé, precisamente el espectáculo de algunos curiosos y de algunos compañeros de la fuente; entrevistando a los compañeros, a los trabajadores, que se encontraban en esa tentativa de huelga de hambre frente a las puertas de la Secretaría de Agricultura. ¡Y la presencié! me acerque con ánimo curioso en principio; claro después con la preocupación natural de un representante por percatarse de la gravedad o seriedad de un planteamiento de esta naturaleza. Y ante mis ojos una señorita de escasos 18 años, probablemente sin derecho ciudadano todavía, no sólo dirigiéndose a mí a quien me identificó como representante popular del partido oficial, sino dirigiéndose a otros compañeros observadores y reporteros, expresó: "¡Miren, aquí están estos pobres padeciendo, sin que les hagan caso! pero van a ver, van a ver, ojalá se muera uno de éstos, para que entonces, no sólo el Secretario o las secretarías se estremezcan, sino para que el gobierno sienta lo que vale la presión del pueblo".
Sinceramente y sin ser dramático, ni yo rasgarme mis propias vestiduras ante ustedes, me dio una profunda tristeza. Porque aquí había no sólo una muestra de madurez, sino una víctima más de una corriente, de una estrategia, de una acción política lamentable, que ojalá que en un momento dado reflexione en voz y en pensamiento de sus autores y nos lleve a darle mucho más valor a la vida humana y nuestra sociedad, que lo que puedan ser las acciones y las estrategias simplemente políticas.
Creo que la única actitud, que la autoridad puede tener, es considerar que, si como arma de presión la huelga no es en principio legítima o válida, sino debe llevar a estudiar, a considerar, a examinar con toda urgencia que el caso amerita, el problema que a través de ella se plantea para poder concurrir a su solución. Y el caso específico que en este momento, que hace unos momentos nos planteó el señor diputado Ortega, es un caso realmente sencillo, con todo el dramatismo o con todo el tinte que pueda adquirir por esta estrategia política puesta en práctica.
No se trata, querido compañero Ortega, de la reinstalación de 99 trabajadores; se trata de la reclamación de bases, de plantas, en esa comisión de 99 o más, cuando menos 99 expuestos así a través de sus voceros oficiales u oficiosos, de 99 postureros que en la práctica de la Comisión Mexicano- Estadounidense para la Erradicación del Gusano Barrenador, se explica en los siguientes términos:
La comisión fue creada hace algunos años, con presupuestos, sí, básicamente del gobierno de Estados Unidos de América, no preocupado precisamente por una acción generosa de protección de la sanidad de nuestra ganadería, sino interesado en prevenir que el gusano barrenador pudiera de nuestro territorio extenderse más tarde a sus fronteras; pero haya sido valida o no esa actitud, se tradujo en la aportación de un importante patrimonio y en la asignación de un presupuesto para esta comisión que no es Secretaría de Agricultura; es incluso una comisión de una naturaleza singular, no es un organismo desconcentrado, no es en puridad de un organismo descentralizado, es una comisión mixta en la que participa y también me permito, con todo respeto diputado, rectificarle, en el que participa la administración, el gobierno de Estados Unidos de América, si bien, no en la administración de la planta en sí, sería una invasión de soberanía injustificable, sí en los procesos técnicos, en el personal capacitado, en los procedimientos, en la tecnología, en todo lo que implica su aportación para la producción de moscas estériles y a la larga son las que van a terminar con el gusano barrenador.
Por otro lado, la reclamación de bases de estos postureros obedece a lo siguiente: En la planta, los 1 mil 500 empleados y trabajadores se requieren todos los días; los procesos son continuos, y si alguno falta a su labor podría uno de los mecanismos de la alta tecnología, ciertamente, aunque las tareas administrativas que se desarrollen sean sencillas, podría interrumpirse. De ahí qué, y dada la costumbre de los muchos grupos de trabajadores mexicanos o extranjeros, de no asistir con toda puntualidad a sus labores, cuando alguno de ellos
falta es necesario substituirlo. Dentro de lo que son los promedios habituales de falta, sobre todo es curioso, también san lunes, curiosos los incisos de semana laboral; se estableció la necesidad de un personal eventual que estuviera disponible a las puertas de la planta, costeado su transporte por la propia Comisión Mexicano-Estadounidense, para suplir a aquellos trabajadores que en ese día no se hubieran presentado, a su labor, fueran 14, 24, 50, en fin; hasta el máximo que no se ha dado todavía de los 99 o 100. A estos trabajadores eventuales se les aplicó el nombre de postureros y como tal se les invitó a participar en las condiciones justas o no, pero válidas, pero legítimas de nuestra legislación laboral, en una relación contractual, eventual con esa planta, en la que pudieran suplir ausencias temporales y en un momento dado, lo que es justo, evidentemente de su preocupación, suplir aquéllas ausencias que se volviesen definitivas.
Pensar en incorporar como trabajadores de planta a los 99 sería crear un ejército de reservas innecesario; la planta no tiene un trabajo que hacer para esos trabajadores si asistieron los de planta; no los puede poner a barrer la planta misma, tendría inútilmente a esos trabajadores durante esos días y habría caído en el error que muchas veces en el sector privado y en el sector público de nuestro país incidimos de tener burocracia innecesaria, si la planta sólo necesita, por decirles números gruesos, 1 mil 500 los postureros suplen a aquéllos que faltan todos los días.
Cuando se planteó, y ni siquiera a nivel todavía de amenaza o de estrategia de huelga de hambre, el tema, la respuesta de la Secretaría de Agricultura, como parte, como 20% y como copartícipe en la administración de esa entidad fue: "te ofrezco que conforme vaya habiendo plazas te concederé el derecho preferente, evidentemente y además lógico y natural, porque tú ya sabes lo que se hace en la planta, ya estás calificado, capacitado para ir aspirando y obteniendo esas bases dentro de la comisión misma".
La otra petición desde el principio se advirtió que era imposible atenderla en los términos planteados, se había dicho: Quiero 99 plazas, más que de instalación y en segundo lugar quiero un 100% de aumento en los salarios.
Es cierto, por una parte, que el presupuesto no es flexible, que el presupuesto de esa entidad es aprobado desde el inicio del año, comprometido así en un 80% por el gobierno americano, pero aun en el caso de que la Secretaría de Agricultura hubiera dispuesto que de su 20% podría haber un incremento sustancial para poder cumplir con esa aspiración, le pregunto a usted, y me pregunto o nos preguntamos todos, si sería justo que se concediera un aumento por conveniente, por adecuado, por justo, en otro orden de ideas, que pudiera ser para los trabajadores mexicanos tener mayores recursos para una subsistencia crítica, en esta época crítica, que solamente beneficiara el aumento a los 99 o a los 1 mil 500 o inclusive llegado más allá a todos los trabajadores de esa sección de la Secretaría de Agricultura, o de toda la Secretaría de Agricultura, si sabemos que usted y yo, que dadas las condiciones económicas de nuestro país, los problemas económicos que enfrentamos aunque quisiera el gobierno de la República no podría atender una tan generosa preocupación por ascender, por elevar el nivel de vida de la burocracia, de sus trabajadores.
Ante ese hecho se inició un diálogo, y aquí también me permito rectificar con todo respeto, señor diputado, lo que usted afirmaba. El señor licenciado De la Vega nunca expresó que hasta ese momento conocía el problema.
El licenciado De la Vega utilizó inicialmente como contacto, como ocurre en cualquier entidad o dependencia de gobierno, a las autoridades o a los niveles intermedios que tienen la función de conocer y resolver los temas; no es el señor Presidente de la República ni el Secretario de Estado de cualquier dependencia el que deba, en principio y para ya, resolver un problema de esta característica o de esta naturaleza.
El director de asuntos de trabajo, el director de administración, posteriormente el Oficial Mayor, tuvieron contacto con la materia y el licenciado De la Vega, se entrevistó, no una, diputado, muchas ocasiones con ellos, y hace algunas semanas, y aquí aludo el testimonio siempre válido de los compañeros de la fuente, de los compañeros que acompañaron, que estuvieron con el licenciado De la Vega en un desayuno en el que se explicó lo que sería el programa agropecuario para 1988-1989, y que a nivel de preguntas bordearon sobre este tema, el licenciado De la Vega expresó su profunda preocupación, su disposición de diálogo; expresó también la razón que concedía en principio a toda solicitud, a toda aspiración de tener mejores condiciones de trabajo y de sueldo y expresó, finalmente, su disposición de gestionar en lo que fuera factible la mejoría, el mejoramiento, la elevación de la condición de estos trabajadores.
En ese diálogo que sí ha existido, que el día de ayer simplemente se expresó a través de reuniones de varias horas, en dos de ellas estuvo presente el propio Secretario de Agricultura, pese a las múltiples responsabilidades que tiene en ese campo, se llegó a un término, podríamos decir, si no de conciliación, de comprensión de ambas partes.
Lo que inicialmente la Secretaría ofrecía, que era lo que tenía, 14 bases disponibles de las que habían ido ya liberándose de esa planta, son ya por el momento 20, podrán ser para el mes de julio en función de algunas reubicaciones de personal, en función de alguna ampliación de turno o de condiciones, 30 plazas más, y además, ofreció y atendió algunos temas que fueron surgiendo a nivel de la discusión con los representantes de los trabajadores de condiciones mejores de sanidad, de promoción deportiva, de higiene en la planta, la reinstalación de algún trabajador que lo planteó así, aparentemente o supuestamente despedido injustamente hace algunos años en fin se retomó el tema, se manejó, se discutió y se llegó a establecer un principio de acuerdo, que el día de hoy probablemente desemboque o concluya en la firma de algún documento que corresponda al espíritu de ambas partes.
Lo que el licenciado De la Vega no pudo prometer, definitivamente el aumento de salarios, serían otras las condiciones del país y otras las autoridades que en su momento pudieran atender esa petición, que repito, en el marco ideal puede estar revestido de toda la justicia del mundo.
En lo que respecta a otro comentario de usted, de que se trataba de algún recibo, probado así, de trabajadores de la Secretaría de Agricultura, debo decirle que independientemente de que la práctica en algunos sindicatos sea descontar cuota, no sólo a su trabajador de planta, sino a su trabajador eventual, en algunos casos, cuando menos, cuando tiene esa condición y la actualiza, está participando también de la responsabilidad de todos los trabajadores, puede haber ocurrido que por un error administrativo, que un trabajador que no tuviera la planta, mereciera esa consideración. Creo que hay algo en este sentido mucho más firme y demostrativo de que no lo son, que es la condición misma de trabajadores eventuales, de postureros en esa comisión; a alguno de los trabajadores el licenciado De la Vega, inclusive, le propuso y aceptó su traslado, su incorporación a otra área de la Secretaría de Agricultura, en otra parte de la República, en donde existe, con todas las limitaciones también de personal y de presupuesto de la Secretaría, posibilidad de aceptarlo.
Pero extender un beneficio, extender una condición de trabajador de planta a todos ellos, ni sería legal, ni sería factible; definitivamente, se trata de trabajadores que están bajo ese proceso, incorporándose paulatinamente en una base limitada, limitada por las condiciones de la empresa misma, seguramente la voluntad del Secretario de Agricultura sería poder aceptar a todos en la primera disposición que tienen de trabajar, dentro de su planta de trabajadores.
El C. diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul):-¿Me permite una interpelación?
El C. diputado Dionisio E. Pérez Jácome: -Con mucho gusto, si me lo permite el señor presidente.
El C. diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul):-Una pregunta. ¿Los trabajadores, eventuales, independientemente de las oficinas que trabajen o la dependencia en que trabajen, tienen derechos para ser trabajadores de planta, sí o no?
El C. diputado Dionisio E. Pérez Jácome: -Cuando las plantas van existiendo, sí, señor diputado.
El C. diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul):-¿En este caso, los trabajadores mexicanos que trabajan en esta comisión eventual, tienen derechos protegidos por la Ley Federal del Trabajo, a ser trabajadores de planta, sí o no?
El C. diputado Dionisio E. Pérez Jácome:- Por supuesto, diputado, en el momento en que las plantas se van dando, se van abriendo, la eventualidad precisamente tiene ese sentido, usted es trabajador eventual porque sólo lo es en una eventualidad que exista la oportunidad que usted trabaje. En el momento en que esa eventualidad se da, no asistió el trabajador de planta, usted ocupa y desempeña el puesto. En el momento que el trabajador de planta se retira, pide una licencia definitiva, etcétera, accede a esa posición; lo contrario sería suponer, y me voy al marco general de nuestro sistema de relaciones obrero-patronales, que todo trabajador por el hecho de ser eventual, pudiera tener derecho a disfrutar de una planta permanente.
No es esa la condición de nuestro marco, no es esa la posibilidad en que el Estado mexicano se encuentra; pero lo más importante, señor diputado, y en este caso aludo a su verticalidad, a la honestidad que siempre he sabido reconocer en usted, aludo a su reconocimiento de que una es la situación laboral, uno es el problema, y otro es la estrategia política puesta en práctica, que parece, y en boca de algún vocero seguramente oficioso, no oficial, de quienes han iniciado o propugnado este movimiento, parece sancionar o querer sancionar, no al Secretario de Agricultura por no tener plazas o por no ser dueño de la comisión, sino por haber sido el anterior presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional.
Y eso, señores, es un tinte de orgullo para el licenciado De la Vega, para quienes hemos tenido
la oportunidad de colaborar en ese organismo de nuestro partido, y de ninguna manera es ni un blasón, ni un motivo de crítica, ni un motivo que pueda justificar un ataque en el que peligre algo tan valioso como es la vida de un ser humano. Muchas gracias.
El C. diputado Jesús Ortega Martínez:- Pido la palabra, señor presidente, para alusiones personales.
El C. Presidente:- Tiene la palabra el diputado Ortega Martínez, para alusiones personales.
El C. diputado Jesús Ortega Martínez:- Por eso insistía yo, compañeras y compañeros, que no se requería un gran debate ni una discusión profunda sobre este asunto, y precisamente lo que yo trataba de evitar lo introduce el diputado Pérez Jácome, y nos viene a dar aquí una lección jurídica sobre los problemas de la eutanasia y sobre la inducción al suicidio, y que los que inducen al suicidio son sujetos a castigos, etcétera, no se trata de eso señor diputado Pérez Jácome, por eso mi propuesta lo llama a usted y al resto de los compañeros legisladores, a que con un sentido estrictamente humanitario interviniéramos para la solución del problema, y menos, diputado Pérez Jácome, se trata, como se desprende de su intervención, de una estrategia política maliciosa para atacar al ex presidente del Partido Revolucionario Institucional. Eso, diputado Pérez Jácome, es francamente elucubrar cosas que de ninguna manera están puestas en el tema de esta discusión.
Es simplemente un trabajador que utiliza la huelga de hambre como último recurso para la solución de sus problemas, ante la intransigencia y la insensibilidad de las autoridades. No es estrategia política, no es maniobra de carácter político; es una actitud honesta, soberana del propio compañero o de los propios huelguistas de hambre ante, insisto, la intransigencia de las autoridades para la solución del problema.
Y por eso es que yo llamé a esta Comisión Permanente a que fuéramos sensibles para contribuir, aunque fuera en la medida de nuestras posibilidades, en la solución de este problema.
No aliento, no alenté, ni creo que exista alguien responsable y maduro políticamente entre los compañeros que militan en partidos, que aliente la huelga de hambre como recurso para obtener ventajas de carácter político. Niego rotundamente eso, y en ese sentido no acepto esa implicación que usted pretende hacer en su intervención.
A lo que llamo es a que mostremos solidaridad ante el compañero, usted lo revierte y prácticamente está planteando aquí que recurramos a cuestiones de tipo legal, para que procedamos contra aquéllos que supuestamente inducen al compañero a la huelga de hambre. Por favor, eso, diputado Pérez Jácome, con todo respeto, es francamente demostrar una insensibilidad absurda y total frente a la lucha de los compañeros; frente a la disposición de la propia vida de los compañeros, en solidaridad con sus propios compañeros de trabajo.
Entonces, compañero, no le dé vueltas al asunto ni lo complique con ese tipo de recursos. Es un problema muy sencillo: Mostrar solidaridad, nosotros, los compañeros legisladores que somos representantes del pueblo, para que se solucione un problema y se evite la pérdida de una vida. Es simplemente eso, compañero Pérez Jácome.
El C. diputado Dionisio E. Pérez Jácome:- Pido el uso de la palabra, para alusiones personales, señor presidente.
El C. Presidente:- Se concede el uso de la palabra al diputado Pérez Jácome.
El C. diputado Dionisio E. Pérez Jácome:- Con su venia, señor presidente: Aunque creí que estaba atento a mis palabras, señor diputado, parece que no fue así. Claramente expresé mi preocupación, mi simpatía, no sólo por este señor trabajador, sino por todos los trabajadores que se encuentran en este caso apremiados y afectados por una situación económica desfavorable.
Expresé también lo que constituía, a mi juicio, un elemento válido de estrategia política de un ser humano para reclamar atención a sus derechos, e intenté mostrarle, diputado quizá no fui suficientemente enfático, mi apreciación de que la autoridad ha aceptado esa atención, ha aceptado y sostenido el diálogo, ha concedido lo que puede conceder y está en vías de llegar al acuerdo más positivo y favorable, con él y con los que como él se encuentran afectados por el problema. Eso no es sensibilidad de ninguna especie.
En lo que sí me escuchó, y lo que creo innecesario inclusive por ellos ratificar mi opinión y mi posición es que hay que distinguir muy claramente: ésa es una vida humana, ése es un derecho de un trabajador o de un grupo de trabajadores muy respetables, y otro, lo que sí, señor diputado considero ilegítimo, es pretender, a través de una acción individual, en la que un hombre está dispuesto a sacrificar su vida, sacar u obtener un provecho político.
Yo creo que si bien, con todo lo condenable que pudiera ser, en un momento dado que un ser
humano atenta contra su vida, después de todo él sólo es responsable ante él mismo y ante quien exista más allá, la responsabilidad de todo el que induzca, de todo lo que apoye, de todo lo que aliente estas acciones, tiene que ser una responsabilidad que trascienda de su aparente preocupación por sus derechos.
Vale la pena enfatizarlo así: El respeto a la vida humana está mucho más allá de las preocupaciones políticas de usted y mías; comparto ese respeto, lo que no comparto es la simpatía por acciones en las que pueda ponerse en peligro, en las que amenace la integridad de una persona o de varias, que son parte tan importante y tan querida de nuestra sociedad.
Ese fue mi propósito, y si no lo precise así, lo hago ahora, señor diputado, para evitar cualquier malentendido.
La C. senadora Ifigenia Martínez Hernández:- Pido la palabra, señor presidente.
El C. Presidente:- Se le concede el uso de la palabra a la senadora Ifigenia Martínez Hernández.
La C. senadora Ifigenia Martínez Hernández:- Con su venia, señor presidente: No puedo menos que tercear en este debate ante la tremenda injusticia que presenciamos los mexicanos, una de cuyas muestras, simplemente una, es la penosa situación de quienes recurren a la huelga de hambre como una manera de hacer notar su queja, puesto que si no fuera por eso no estaríamos tratando este asunto aquí.
Yo quiero referirme a que durante muchos años economistas decíamos que el derecho al trabajo no existía en nuestro país; existía, sí, el artículo 123, que reglamentaba los derechos de aquéllos que tenía trabajo; existía el artículo ahora 5o., que da la libertad de dedicarse a la profesión que uno quiera, como garantía individual.
Pero una garantía social que diera la oportunidad a todo mexicano en edad de trabajar y con necesidad de hacerlo, no existía. Sin embargo, la Constitución fue modificada y fue elevada al rango de derecho social y derecho constitucional el derecho al trabajo; se modifica al artículo 123, se modificó y dice así: "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá, ¿quienes?, supongo que el Estado ¿no?, la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley".
Pues bien, el gobierno de la Revolución Mexicana, el gobierno pasado y éste, ¿qué es lo que han hecho para dar cumplimiento a este postulado social? Han hecho exactamente lo contrario; han estado deprimiendo la economía, y aquí lo digo con todo conocimiento técnico: La política económica adoptada ha sido adrede de depresión de la demanda interna, para poder tener el excedente económico para pagar los intereses de los acreedores extranjeros.
Mil millones de dólares mensuales se pagan a los acreedores extranjeros; mientras que, en cambio, las políticas económicas, concretamente por lo que toca al Estado y a la contracción del gasto público, son contraccionistas y recesivas, no importa que para eso tengan que despedirse empleados.
Y aquí también me refiero, ¿si hay necesidad de trabajadores eventuales para que suplan el trabajo de los ordinarios, qué esos eventuales no tienen derecho?., ¿por qué si el Secretario de Agricultura, a quien.. y lo acabamos.. El anterior Secretario de Agricultura, las conmocionantes declaraciones que hizo en una revista y que todo el mundo leyó y publicó y comentó en los distintos lugares, donde se lava las manos, como Poncio Pilatos, y dice que él no es culpable de que se haya desplomado la inversión en la agricultura, que el problema de los alimentos es peor, le parece a él, que el de la deuda externa.
Todos estos señores que tienen que estar firmando los presupuestos, ¿por qué no tienen el valor necesario para exigirle al Secretario de Hacienda que cambie las prioridades, y por qué cosa aceptan que se atropellen derechos de trabajadores individuales, al quitarles sus fuentes de trabajo?
Que se acabe ya ese lloriqueo que hemos escuchado aquí con el último orador, de que no hay recursos. Sí hay recursos, señor diputado, sí los hay, y los hay suficientes; tan los hay, que muchas secretarías de Estado, como veremos en la Cuenta Pública, gastaron menos de lo que les autorizaron para quedar bien con el Secretario de Hacienda y viera que habían reducido su gasto.
Sí hay recursos, puesto que tenemos un Presupuestos de Egresos totalmente deformado, cuando el 60% del mismo se dedica al pago de la deuda externa e interna. Sí existen recursos cuando hay un superávit operativo que debería de ser una vergüenza para todos nosotros como legisladores y como mexicanos; cómo es posible que ante tanta necesidad insatisfecha en el campo de la alimentación, de la tecnología, de la investigación científica, de la educación, de la salud, tengamos un presupuesto, un superávit del 8% y 9% del producto interno bruto, a nivel operativo que es el que importa, porque es el que hace que el Estado
desempeñe las funciones que por ley tiene encomendadas desempeñar y que no las desempeña, porque todos lo secretarios se lavan las manos, los operativos, diciendo que como Hacienda no les da recursos. Por qué entonces no renuncian si no pueden con el paquete. Muchas gracias, señor presidente.
El C. Presidente:- Habiéndose cumplido lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento, proceda la secretaría y consulte a la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta presentada por el diputado Jesús Ortega.
La C. secretaria senadora Idolina Miguel Contreras:- Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta del diputado Ortega Martínez.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se admite a discusión, señor presidente.
El C. Presidente:- Se turna a la Primera Comisión de la Comisión Permanente para que emita el dictamen procedente.
DE LA VENTA DE LA COMPAÑÍA
MEXICANA DE AVIACIÓN
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Armando Ibarra Garza, del Partido Popular Socialista.
El C. diputado Armando Ibarra Garza:- Muchas gracias, señor presidente; señoras y señores legisladores: En forma de desplegado de varios periódicos diarios de la capital de la República, apareció el día de ayer, martes 23 de este mes, el anuncio de la subasta de la Compañía Mexicana de Aviación, la única empresa de la rama de los servicios de aeronaves que aún queda en manos del Estado. El día de hoy, miércoles, aparecen algunos medios de información, declaraciones del Secretario de Comunicaciones y Transportes, en las que con argumentos falsos pretende justificar y explicar ante el pueblo de México, esta medida que las fuerzas, las fuerzas democráticas progresistas, hemos combatido con toda energía desde que se expresó en los años pasados, el año pasado, de vender la Compañía Mexicana de Aviación.
Estas declaraciones que inútilmente pretende o tratan de hacer aparecer como una medida que beneficia a la nación, ilustran la equivocada política del grupo contrarrevolucionario que de hoy detenta el poder, expresando en los cambios constantes de sus conceptos, respecto de las empresas del Estado, con el propósito de avanzar en cada etapa en la desintegración del sector estatal en la economía, dando cumplimiento con los compromisos con el fondo Monetario Internacional y con las fuerzas oligárquicas y de derecha de centro del país
. En los primero años del régimen de Miguel de la Madrid, cuando se inicio el ataque feroz a las instituciones revolucionarias, se habló de que no se vendería ninguna empresa del Estado, ya sea prioritaria o estratégica, dándole a estos conceptos un contenido económico y social, tal como se entendió en todos los años de ascenso del proceso revolucionario.
Posteriormente, cuando esta aceptación le resultó ya un estorbo a esa política desnacionalizadora, simplemente la cambiaron para darle un sentido jurídico, argumentando tesis falsas como la tesis del Estado obeso, estableciendo que las empresas estratégicas o prioritarias son aquéllas que constitucionalmente se otorgan al Estado como actividades exclusivas.
En efecto, las empresas estatales que tienen sustento constitucional son estratégicas, pero no todas las empresas estratégicas están protegidas por la Constitución, pues se les brinda a este grupo de tecnócratas desnacionalizadores, que la inclusión en la Constitución de actividades reservadas en exclusiva para el Estado, fueron resultado no de criterios económicos solamente, sino fundamentalmente de las luchas políticas de las fuerzas agrupadas en la gran corriente revolucionaria del país, para desarrollar las fuerzas productivas con la independencia del extranjero.
En cada rama de actividad económica o de los servicios que incluía en la Constitución, era producto de la correlación de fuerzas, y queremos hacer notar que la correlación de fuerzas había prevalecido al sector revolucionario hasta antes del gobierno de Miguel de la Madrid, por eso ahí el gran impulso a las empresas del Estado, y ahí la explicación de la conducta en contra del sector estatal de la economía por parte del régimen anterior.
Esto explica el hecho de que muchas empresas o varias estratégicas, en las que el Estado iba interviniendo, no están contempladas en la Constitución. Las exigencias del proceso revolucionario adelantaron los cambios jurídicos necesarios para proteger las conquistas alcanzadas, además que, desde el punto de vista económico y debido al desarrollo científico y técnico, van surgiendo nuevas actividades que desempeña el Estado como motor de desarrollo industrial.
Por está razón resulta totalmente antieconómicos y contrarrevolucionarios los conceptos de estos grupos en el poder que pretenden justificar la entrega de las empresas, patrimonio de la nación, al capital privado o extranjero.
Este es el caso del Secretario de Comunicaciones y Transportes, que ha declarado que el gobierno puso en venta la Compañía Mexicana de Aviación, porque no es empresa prioritaria ni estratégica. Otro concepto que abonó este grupo en el poder, es el de las empresas improductivas, tal como el mismo Caso Lombardo lo expresa cuando declara que la Compañía Mexicana de Aviación no se vende porque sea improductiva, dando al mismo tiempo la información que hasta abril del presente año, la empresa obtuvo utilidades netas por más de 307 mil millones de pesos.
Definitivamente no hay congruencia entre la política económica del grupo tecnócrata gubernamental, pues precisamente cuando el Estado requiere de fuentes, de recursos económicos para cumplir con tareas mínimas para cumplir con las demandas de los trabajadores a su servicio, como el caso que aquí se acaba de denunciar, entonces se deshace de empresas que producen alta tasa de utilidad, con el argumento de que el producto de la venta se orientará a satisfacer urgentes necesidades sociales. Es fácil observar la falaz y demagógica argumentación de estos pronunciamientos cuando se pone de relieve que el monto total por concepto de venta de la empresa estatal o empresas estatales, no ha servido para resolver ningún problema de carácter económico.
Quienes desde el poder han planteado que el producto de la venta de empresas del Estado servirá para poder impulsar otras áreas de la economía, han resultado falsas, dado que el monto de las empresas, la venta de las empresas del Estado ni siquiera ha podido equiparse al costo, al verdadero costo que tienen dichas empresas. Pero la soberbia y la prepotencia se ha apoderado de los funcionarios públicos, de tal manera que se olvidan no solamente de los aspectos económicos, de los problemas que abordan, sino incluso de las leyes del país a las que están obligados a subordinar sus actos de gobierno. Esto explica el hecho de que el señor Caso Lombardo, al anunciar la subasta de la Compañía Mexicana de Aviación, afirmó llanamente que por si fuera absolutamente indispensable sí aceptaría la presencia de capital extranjero. Es decir, no importa que la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Extranjera, en su artículo 5o., reserva al capital mexicano la aviación comercial, cuestión que se refiere en el reglamento que la misma ley recién expedida por el Ejecutivo con todas las fallas que hemos denunciado en esta tribuna.
Esta forma ligera y demagógica con que se actúa contra el patrimonio de la nación debe ser retenida por las fuerzas democráticas y progresistas del país y de esta Comisión Permanente.
Por está razón consideramos que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debe vigilar que se cumplan con lo establecido en las leyes nacionales relativas a la acción del Poder Ejecutivo. Este ordenamiento se refleja con la Ley de Planeación, que en su artículo 5o., ordena que el Presidente de la República remita al Congreso de la Unión antes de su publicación, el Plan Nacional de Desarrollo para su examen y opinión, teniendo como plazo máximo para dar cumplimiento a este ordenamiento seis meses a partir de la fecha de toma de posesión, tal como lo especifica el artículo 21 de la misma Ley de Planeación.
Sobre la base de esta Ley, el Partido Popular Socialista considera que ninguna medida económica que afecte el desarrollo independiente de nuestra nación, puede afectarse por el actual gobierno mientras no se dé cumplimiento a lo que se ordena la Ley de Planeación. La venta de empresas estatales de la importancia de Mexicana de Aviación, se ubica en este marco, señoras y señores legisladores.
Por tales razones y con fundamento en el artículo 58, fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, proponemos a esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Único. Recomendar al Ejecutivo Federal que no se lleve adelante la venta de la Compañía Mexicana de Aviación, Sociedad Anónima de Capital Variable u otra empresa estatal de igual importancia, en tanto no se dé el cumplimiento a lo establecido en la Ley de Planeación, que se refiere al examen y opinión del Congreso de la Unión sobre el Plan Nacional de Desarrollo".
Esta es la propuesta del Partido Popular Socialista. Muchas gracias.
El C. Presidente:- Se concede la palabra al senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. senador Jesús Rodríguez y Rodríguez:- Señor presidente; señoras y señores legisladores: En realidad estamos tratando un asunto que ya durante varias ocasiones nos hemos referido, y es la posible venta de la Compañía Mexicana de Aviación; tema que no aparece por primera vez, sino tema que ya había sido tratado tanto en el senado como en la Permanente y
seguramente en la Cámara de Diputados en su oportunidad.
Se trata de una nueva oferta que hace el Estado mexicano y que lo hace con toda precisión el Secretario de Comunicaciones, hablando de que se venderá a inversionistas mexicanos. Definitivamente no sé la fuente de información del compañero legislador que tomó el uso de la palabra antes que yo, pero al contrario, con gran precisión, dice la declaración que yo conozco de varios periódicos, no tengo otra fuente de información, de que el Secretario de Comunicaciones habló de que en la venta de acciones de la Compañía Mexicana de Aviación no participarán compradores de nacionalidad extranjera. Algunas de las notas de prensa, alguna dice que en caso de que no hubieran esos participantes mexicanos, se estudiaría lo que proceda en su caso. No tomó ningún compromiso de pasarla a inversionistas extranjeros.
Pero en cuanto al fondo que eso es lo importante, esto tiene relación con el fondo pero lo importante es por qué se hace la venta. Desde luego no es una ocurrencia arrepentida del gobierno de la República, es un propósito que ha venido manifestando de desprenderse de muchas, de varias empresas, Mexicana de aviación, debemos recordarla, que en su principio no era una empresa estatal. Mexicana de Aviación, por circunstancias precisamente de dificultades financieras, llegó un momento dado en que el Estado tomó el control de ella.
Pero lo que no se ve con claridad quizá, y por eso se piensa que es una operación en la que está favoreciendo a un grupo todavía no conocido de políticos inversionistas, es que para el Estado significa una sangría constante de recursos empresas de este tipo; empresas en las que no solamente es importante que no se pierda en la operación de ellas, sino lo importante es que el fondo, en la estructura financiera de las mismas haya también una situación favorable.
En este caso, la Compañía de Aviación requiere hoy por hoy una inversión, no podría yo precisar el monto de ella, pero sí a muchos miles de millones de pesos, pero que sobre todo tendrían que disponerse de ellos en divisas para aumentar y modernizar su flota. En este momento, la Compañía Mexicana de Aviación requiere una serie de jets de toda especie que cuestan pues sumas estratosféricas, que sería una gran sangría y un gran problema para el Estado mexicano aportar las divisas necesarias para su compra.
De modo es que Mexicana de Aviación, si viene de una situación de operación buena, una operación favorable, sí requiere de una inversión tal que ojalá, eso sería lo que yo expresaría, encontráramos esos inversionistas mexicanos a través de empresarios pues que quisieran arriesgar sus fortunas, que estuvieran ligados al negocio quizá de turismo, probablemente ya de transportes y comprara esta empresa. No se trata de ninguna operación ruinosa; no se trata de ninguna operación tampoco de pánico del gobierno mexicano, sino de una operación que se ha venido tratando con toda seriedad hace muchos meses, que no hubo las ofertas en su tiempo, ofertas que fueran satisfechas, porque la oferta no es sólo que puedan pagar la compañía el valor de sus activos, sino que se comprometan a una serie de inversiones, quienes aparezcan como demandantes o posibles compradores de la empresa, que se comprometan de una manera fehaciente con el gobierno federal para hacer las cuantiosísimas inversiones que se requieren en divisas.
De modo que independientemente de la falta total de competencia de la Comisión Permanente para intervenir en actos concretos como es éste, sí de fondo yo diría que es una operación que ojalá se haga lo más pronto posible en condiciones ventajosas para el Estado mexicano.
Esto con al finalidad de poder atender a una serie de programas en lo que sí creo que todos estamos interesados, podrá contribuir a tener un mejor ingreso público y, dentro de lo que es muy importante, impedirá o hará posible que el gobierno no se vea en problemas, el Estado mexicano no se vea en problemas de obtener recursos que no tiene para esta inversión tan importante, en la cual no veo por qué se quiera excluir a inversionistas mexicanos. Insisto, el Secretario de Comunicaciones ha hablado sin ninguna prepotencia; al contrario, con toda precisión de que se trata de una operación conveniente financieramente, conveniente para el transporte nacional y muy conveniente para las finanzas nacionales.
La C. senadora Ifigenia Martínez Hernández:- Pido la palabra.
El C. Presidente:- La senadora Ifigenia Martínez, tiene la palabra.
La C. senadora Ifigenia Martínez Hernández:- Con su venia, señor presidente, compañeros legisladores; Tomo en esta ocasión la tribuna para tratar de precisar qué fue lo que normó la conducta del Estado mexicano, del gobierno federal, durante 50 años de su existencia. Porque durante digamos, tomemos de la época, si ustedes quieren, del general Calles para acá, cuando se crearon una serie de instituciones, o del general Lázaro Cárdenas para acá, donde se adopta el primer Plan Sexenal y el gobierno se
compromete y toma la decisión en un acto en donde fuimos pioneros a la vanguardia de un modelo de desarrollo que después fue seguido por todos los países de América Latina y por muchos otros en donde el Estado se toma la atribución de ser promotor del desarrollo, constructor de la infraestructura básica para la industrialización del país; no solo eso, sino también la de financiar estas operaciones que han creado toda una red de instituciones nacionales de crédito especializada para otorgar financiamiento tanto a la gran industria, como a la agricultura; como a obras públicas de infraestructura urbana y muchas otras. Y en este caso, claramente caben también los transportes; no nada más en forma de puertos, no nada más en forma de servicios; como ferrocarriles, sino también en la forma, incluso de fabricación de vehículos y transportes.
Así fue como se crearon toda una serie de empresas, esto se hizo en muchas ocasiones, con la participación de capitales privados, capitales nacionales. Y yo recuerdo con qué orgullo nosotros, cuando teníamos, cuando éramos empleados, comprábamos certificados de participación de Nacional Financiera. Realmente creíamos que estábamos colaborando con nuestros ahorros a crear esta infraestructura básica, tanto directamente productiva, como indirectamente productiva; estábamos convencidos de que esto iba a aumentar la productividad del sistema económico en su conjunto y hacer más fructífero el esfuerzo de los mexicanos.
¿Quién podría dudar que toda esta perspectiva de la empresa pública ha sido abandonada y que ahora estamos en una ola privatizadora, no consensada, sino repudiada por la mayoría de los mexicanos, en donde estamos otra vez recurriendo a la privatización y a la desnacionalización de nuestra planta productiva.
No es que estemos contra la inversión privada, todo lo contrario debemos favorecerla porque hace falta, porque lo que hace falta es elevar la producción de bienes y servicios; lo que hace falta es crear empleos; lo que hace falta es proteger a la inversión privada y a la inversión social: pero no desplazando o sustituyendo a la inversión que ya existe, y en los últimos seis años hemos visto que la inversión extranjera a duplicado su importancia y no necesariamente creando nuevas fuentes de empleo, sino comprando lo que ya existía, con lo cual, dando liquidez a nuestros inversionistas privados, para que nuestros inversionistas privados, aplicando una lógica económica, cómo van a invertir su dinero en un mercado deprimido, en una economía en recesión, cuando tienen la posibilidad de invertirlo en una economía en continua expansión con un crecimiento sostenido, con un desempleo además al más bajo nivel del mundo, como es Estados Unidos; la lógica económica indica que cualquier mexicano prefiere guardar el valor real de su ahorro en la economía del país vecino que en la nuestra. ¿y no es eso lo que estamos provocando con la venta de las paraestatales?, pregúntenle ustedes a cualquier inversionista: ¿Sería capaz de invertir en la Bolsa de Valores, en acciones de Mexicana de Aviación, de Aeroméxico, de Altos Hornos de México, de Fundidora de Hierro y de Acero, de Fertilizantes, de Fabricación de Embarcaciones y todo, si estuvieran garantizadas por el gobierno de México?
A un corrupto, aun con todos los defectos que ha tenido nuestro gobierno y nuestros gobernantes, creemos la mayoría de los mexicanos en nuestro sistema, en nuestro sistema constitucional, en nuestro sistema de economía mixta, pero a ver pregúntele a un mexicano, si le va a conceder su ahorro a los Trouyet, si va a concederle su ahorro a los Legorreta, si va a concederle su ahorro a esos socios e inversionistas privados sin garantía del Estado, a ver quién lo hace; o a ver si al revés, nos siguen avergonzado diciendo como corre el ahorro de los mexicanos, a invertirse en otros lugares con mayor certidumbre y con mayor garantía, ¿y eso es falta de confianza? Eso es tener una imagen totalmente equivocada de lo que es un sistema de economía mixta: en un sistema de economía mixta la economía pública tiene un lugar fundamental para darle solidez a todo el sistema de economía nacional y lo que se está haciendo con la venta de la paraestatal.
¿Por qué se están vendiendo?, realmente porque no es productiva la inversión pública, y ¿por qué no la hacen productiva?, ¿por qué no fomentan un cuerpo de técnicos profesionales mexicanos que pueda con honestidad manejar nuestros recursos? Me rehuso a admitir que no los hay, que entonces el camino más fácil aparentemente, es deshacerse de ellos; estamos matando a la gallina de lo huevos de oro con esta práctica de atacar al Estado mexicano y de desmantelar la economía pública. ¿Y qué hay en el fondo de esto? En el fondo de esto, es un gobierno insolvente, un gobierno en quiebra de los acreedores extranjeros que ha sido incapaz de tener el valor suficiente de decirles a los acreedores extranjeros: Señores, en estos préstamos hubo pérdidas y ustedes tienen que compartirlas, la deuda mexicana no vale 100; la deuda mexicana con el exterior, yo gobierno federal en el ejercicio de mi soberanía digo cuánto cuesta, no vale más de 30, más de 35, más de 25, 40, en fin; tiene todos lo elementos necesarios en sus manos para decir cuánto vale, cuánto es lo que podemos pagar, por qué han estado pagando lo que no podemos; por qué han endeudado al país
más todavía, por qué la transferencia neta de recursos de 66 mil millones de dólares en seis años, cuando que hacían falta aquí para tanta infraestructura que no ha sido creada, porque el gobierno está en bancarrota y porque no ha sido capaz de hacer que los acreedores compartan estas pérdidas.
¿A qué vino Edward Kennedy aquí a México?, ¿a qué vino? Vino precisamente a eso, a decirle al gobierno y a decirnos a nosotros que nos defendamos de los acreedores, que el Partido Demócrata, al cual pertenece, no le va a dar preferencia a los intereses de los banqueros sobre los intereses del gobierno y de la nación mexicana; lean entre líneas y verán que a eso vino.
Y cuando ustedes aceptan eso, ¿por qué cosa se están vendiendo las empresas precipitadamente? Cuando qué orgullo daban a la India y, vean nada más, era India empresa del gobierno; hace 20 años, hace 25 años, la India era un país verdaderamente miserable, ahora es uno de los principales industrializados: Air India y uno tiene confianza en viajar en Air India, Air France; ¿por qué tenemos nosotros que imitar a lo norteamericanos?, ¿por qué tienen a Pan American? también la tienen en quiebra a Pan American y ¿van a vender Pan American, se la van a vender a los japoneses?
Se le dijo a Kennedy cuando dijo Kennedy, nos preguntó a nosotros que si ya estábamos apoyando el reglamento nuevo para que hubiera inversiones extranjeras en todo, hasta en el petróleo, le dijimos no, porque ustedes tampoco estarían de acuerdo en que en Estados Unidos dominara la inversión extranjera.
Aquí se dan cifras falaces y se hace adrede; se dice que la inversión extranjera no presenta más que el 4.5% de la inversión total, ésa es una gran mentira y un uso de las estadísticas totalmente falaz, representan 4.5% del valor de toda la infraestructura nacional, que incluye hasta la valuación de Catedral, de todos lo edificios, quítenle los inmuebles y entonces resulta que la inversión extranjera ya no es del 4%, sino ya es del 10% ó del 15%.
Nada más pongan la inversión productiva y quítenle la pública y nada más dejen la inversión privada productiva nacional, y entonces la inversión extranjera sube al 30%, 35% de la inversión nacional y, háganla por ramas y hay ramas en donde la inversión extranjera, las más dinámicas, las de mayor perspectiva, las que crecen con la población como es la industria alimenticia, donde la inversión extranjera domina 80%, 90% y hasta 100%.
¿A quién están engañando y por qué lo están engañando? Yo subo a la tribuna para pedir que se apruebe el punto de acuerdo propuesto por el diputado Ibarra. Muchas gracias.
El C. Presidente: - El diputado Armando Ibarra Garza, del Partido Popular Socialista, tiene la palabra.
El C. diputado Armando Ibarra Garza: - Muchas gracias, señor presidente: En sí la propuesta nuestra tiene dos contenidos: uno de carácter político y el otro es el del respeto hacia los distintos poderes, el respeto a las leyes.
En lo referente al planteamiento político, nosotros, el Partido Popular Socialista, junto con las fuerzas democráticas, siempre nos hemos pronunciado en favor de las empresas del Estado y lo hemos hecho no por una comodidad política, nosotros estamos convencidos, y consideramos que también las fuerzas democráticas, que esta vía o la vía de la intervención del Estado en la economía en un país como el nuestro, de una economía dependiente de un gran intervencionismo extranjero, únicamente esta vía puede hacer prevalecer un desarrollo independiente que nos pueda hacer menos vulnerables a las presiones del exterior, donde podamos construir exactamente la patria que los mexicanos queremos construir.
Y quienes se han opuesto a estas tesis que han surgido exactamente de la Revolución Mexicana, no surgieron del pensamiento de Lombardo Toledano nada más o del Partido Popular Socialista, fueron producto de la Revolución Mexicana y han combinado ferozmente las fuerzas de la oligarquía, la derecha y el propio imperialismo.
No nos sorprende exactamente la posición del senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, él permanentemente ha estado exactamente en la posición de estar defendiendo, de plantear las mismas tesis de las fuerzas de la derecha en favor de la iniciativa privada, en favor de la inversión extranjera y, claro, con una abierta posición en contra de la intervención del Estado en la economía, pero, pues, son las contradicciones que hay dentro de esta mayoría parlamentaria que tenemos aquí.
El planteamiento de respeto a los poderes, nosotros lo planteamos en base o con fundamento en el artículo 26 de la Constitución, que establece, en su párrafo segundo, señala que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.
El Poder Ejecutivo, el Presidente está obligado a presentar ese plan en un plazo de seis meses, que
va a vencer dentro de una semana prácticamente, ¿cómo es posible que a una semana no hayamos discutido exactamente ese plan que corresponde a nuestro desarrollo de seis años y precisamente cuando no se ha discutido esto?, ¿hacia dónde caminamos?, ¿cuáles son las estrategias que el Ejecutivo está planteando? Con la opinión de la Cámara, el Congreso está adoptando posiciones, decisiones tan graves como el seguir profundizado una política que nos ha hecho más dependientes del exterior, hemos perdido soberanía y hemos puesto en grave riesgo nuestra independencia económica.
Por eso, nosotros insistimos que este hecho no es un hecho común, sino que es un hecho grave en el que definitivamente el Congreso de la Unión debe asumir su papel que le corresponde y demandar el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Planeación por parte del Poder Ejecutivo.
Y en esa misma propuesta nuestra, nosotros planteamos que no debe venderse Mexicana de Aviación, porque no se ha discutido exactamente el plan; si bien es cierto que Mexicana estaba en un proyecto de empresas que se iban a vender, eso solamente llegaba a una cobertura de un sexenio, pero que este sexenio deberá establecer sus propias estrategias y si en ese plan establece la misma política, tendrá que ser discutido exactamente en el seno del Congreso de la Unión.
Por lo tanto, señor presidente, mi propuesta es que se someta a votación, se aplique el 58 y el 59, por la urgencia del caso.
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al senador Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. senador Jesús Rodríguez y Rodríguez: - Señor presidente; señoras y señores legisladores: En primer término, pues contestaré algunos de los comentarios de la doctora Martínez: yo no comí con el señor Kennedy, de modo que no puedo saber mucho de lo que se haya tratado sobre ese asunto, ésa es la verdad.
Pero sí querría yo decirle esto: realmente usó argumentos muy contradictorios, habló de que los inversionistas mexicanos, al desconfiar de su país o de la realidad de su país y de tener una liquidez muy fuerte, eso les permite o hace que lleven sus recursos a otras inversiones, no a las inversiones importantes para México.
Precisamente en este caso se está tratando de que los inversionistas mexicanos usen esa liquidez, que pueden tenerla de cualquier fuente que sea para comprar una empresa que requiere inversiones muy cuantiosas; en eso, insisto, no se trata de empresa, cuando se dice una empresa próspera, pues porque en los números de un balance normal, leído así, no parece que haya alguna pérdida; sin embargo, es una empresa que debe más de 500 o alrededor de 500 millones de dólares, 500 millones de dólares que el gobierno federal tendría que buscar de algún lado para pagarlos, tiene, además de ese pasivo que allí está ya, que pagar o que comprar o arrendar, pero en condiciones financieras muy difíciles, más de 40 aviones.
Entonces, ésta es una situación en la cual, decir que es inconveniente el límite de los inversionistas mexicanos, pues es querer cerrar los ojos a las cosas, allí es donde está un orgullo mal entendido, donde ella habla de su orgullo, de que compraba unos certificados o alguna cosa así, no oí muy bien su expresión, pues realmente no se trata de cosas de orgullo nacional, es muy bonito que se diga "y la India tiene una gran empresa", no es una gran empresa la India está en una situación económica muy difícil, pero no voy hablar de otros países.
Air France es de un país industrializado que tiene muchos recursos, empresas americanas que no son del gobierno están quebrando, bueno, pues ésa es una situación que hay en muchos países, ¿vamos a esperar a que quiebre Mexicana de Aviación o que el gobierno saque recursos que no tiene para que no quiebre? Creo que ésa es una situación injusta socialmente.
De paso y también un poco todavía para referirme a los argumentos de la doctora y quizá en una confusión en sus palabras, o bien como ella dijo, se trata de engañar, ¿a quién se trata de engañar? Ella dijo que la inversión extranjera era el 5% del producto interno bruto, realmente es una equivocación de la doctora, es el 11% de inversión total, tampoco es el 5%, eso es lo de la inversión extranjera.
Bueno, yo doy la cifra de inversión, que es la inversión extranjera, pero la inversión extranjera, que también, no por principio es inconveniente, porque esa también es otra ceguera, o de alguna posición partidista, que no la veo en una persona tan bien preparada como la doctora, insista, no se trata de criterios políticos, se trata de conveniencia nacional y de conveniencia sin perder en lo más mínimo ni la dignidad ni la soberanía nacionales.
En cuanto al otro argumento, que realmente no le contesté al compañero Ibarra, es acerca del Plan Nacional de Desarrollo: efectivamente, no se ha aprobado porque nosotros no aprobamos el Plan
Nacional de Desarrollo, damos nuestros puntos de vista, pero sí creo que indirectamente le contesté, al decir que no se trata de una decisión súbita de este gobierno, se trata de un proceso que viene dándose hace muchos meses y que tenemos que pensar siempre que la vida social, como la vida humana o como la vida biológica, no anda a saltos.
No podemos un día tener una idea y estar en un proceso y de repente suspenderlo o de repente inventar nuevas soluciones, creo que el proceso de venta de la Compañía Mexicana de Aviación, pues no tiene por qué esperar a que haya un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, insisto, plan que además no vamos a poder reprobarlo, vamos a opinar sobre él.
Es muy importante que recordemos siempre lo que dice el artículo 5o., de la Ley de Planeación: "El Presidente remitirá, y está en tiempo de hacerlo todavía, el plan para su examen y opinión, y el Poder Legislativo formulará las observaciones que estime pertinentes".
Pero no vamos a aprobarlo o a desaprobarlo, no cambiemos realmente los términos ni legales, ni la competencia del Congreso y del Ejecutivo, lo importante en este punto es insistir: se trata de una operación: ya en noviembre del año pasado hubo cuatro proposiciones, no fueron suficientes, el gobierno, con todo cuidado noviembre o diciembre con todo cuidado las vio, las examinó y acabó desechándolas, además, las proposiciones, se supone que ustedes recuerdan también y como es el caso hoy, no se trata del 100% de las acciones, el gobierno tiene la mayoría, pero la mayoría que le permite administrarla, pero no pasa probablemente del 48%, quizá llegue a 50% la tenencia adicional en el gobierno federal, con eso administra, pero hay muchos otros accionistas privados ya, y muchos accionistas y ustedes lo ven en la misma composición del consejo de administración.
De modo que lo que se está haciendo es una operación, insisto, muy útil y muy conveniente para el país y, al contrario de lo que la doctora opina, o más bien ella opina que no hay inversionistas mexicanos que le entren a estos asuntos, ojalá le entren y además demostraran con eso que esa liquidez que tienen, pues la usan para acciones o para inversiones útiles en el país.
De modo que yo, señor presidente, para el caso concreto que se plantea aquí, yo diría que además de que no tenemos competencia para este asunto, de tener una decisión administrativa, por ningún motivo, es decir, no hay inconveniente en que se venda Mexicana de Aviación.
La C. senadora Ifigenia Martínez Hernández (desde su curul): - Señor presidente, nada más para una aclaración: Los 500 millones de dólares son 15 días de pago de intereses nada más.
El C. Presidente: - Muy bien, consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición del diputado Armando Ibarra del Partido Popular Socialista.
La C. secretaria senadora Idolina Miguel Contreras: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión o no la propuesta del diputado Armando Ibarra.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.
(Votación.)
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor presidente.
DEL CASO DE MANUEL BUENDÍA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Ortega, del Partido Mexicano Socialista.
El C. diputado Jesús Ortega Martínez: - Gracias, señor presidente: Realmente voy a ser muy breve, porque en este asunto van cinco años que se habla en todos los foros, incluyendo la Comisión Permanente y las dos cámaras cuando están en sesiones; de tal manera que seguramente todos ustedes y parte importante del pueblo de México, conoce a profundidad el asunto del que me permito hablar hoy y simplemente lo hago para hacer una propuesta muy concreta
. El próximo día 30 se van a cumplir cinco años del asesinato de Manuel Buendía. Seguramente que las declaraciones del gobierno sobre su interés en la localización de los culpables sería un expediente tan voluminoso como el que contiene las investigaciones de la Procuraduría; se han hecho tantas declaraciones del gobierno sobre su interés en esclarecer el crimen, que si por declaraciones fuese, ya la opinión pública conociera al culpable.
Sin embargo, a cinco años del asesinato de Buendía, aún las autoridades responsables no han encontrado responsables intelectuales y responsables materiales, cuando menos no los han dado a conocer a la opinión pública.
Hace apenas unos días, por la prensa, tuvimos oportunidad de conocer de las investigaciones del procurador especial para el caso Buendía, retomaron declaraciones del procurador especial prestigiados periodistas acerca del desarrollo y acerca de conclusiones de las investigaciones por el procurador especial, sin embargo, a pesar de que se sabe de que ya hay conclusiones sustentadas, objetivas, la opinión pública no conoce de ellas, y podríamos desprender que no conoce de ellas, porque hay en esto serias implicaciones políticas que involucran a prominentes políticos gubernamentales.
Sé de buena fuente que el procurador especial tiene el mayor interés en dar a conocer a la opinión pública sus investigaciones, pero que hay obstáculos de carácter político que impiden esto; es indispensable que esta investigación se conozca y, por lo tanto por ello insistía que iba a ser breve, simplemente hago la siguiente propuesta sujeta a su consideración.
« PROPUESTA
Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite a las comisiones de Justicia de ambas cámaras, el que integren a su vez una comisión conjunta y expresa, con el propósito de recabar información sobre la investigación del procurador especial y llamar al procurador especial del caso Buendía, respetuosamente, a que dé a conocer a la opinión pública, antes del 30 de mayo de este año, los resultados y conclusiones de su investigación.
Atentamente.
Diputado Jesús Ortega Martínez.»
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gerardo Medina, del Partido Acción Nacional.
El C. diputado Gerardo Medina Valdez: - Ciudadano presidente; señoras y señores legisladores: En el laborioso "despapeleo" de 34 años como periodista en La Nación, órgano periodístico del Partido Acción Nacional, he hallado cosas que conservaré o trataré de conservar lejos del cesto y del olvido.
Entre esas cosas he releído algún reconocimiento que a propósito de un conflicto interno en el Partido Acción Nacional, hizo de mí el columnista Manuel Buendía, pero también se han desempolvado los intercambios, nada amables, hubo hasta una amenaza de muerte que tomé a broma, que en diferentes épocas tuvimos Manuel Buendía y un servidor, por ejemplo, la breve polémica en torno a la matanza del jueves de Corpus en 1971: yo acusando al presidente Echeverría y a Alfonso Martínez Domínguez y él defendiéndolos en su carácter de jefe de prensa del Departamento del Distrito Federal.
Yo tendría razones bien fundadas para cuando menos hecerme a un lado, desentenderme de ese crimen limitándome a reclamar un esclarecimiento, como lo podría hacer cualquier mexicano, sobre todo cuando es para mí, panista que de algún modo ocupó el espacio físico que él había tenido en La Nación; es imposible de olvidar el hecho de que Manuel Buendía Téllez Girón, fue un vigoroso militante del Partido Acción Nacional y cambió luego, cuando comenzó a ser famoso a un antipanismo casi visceral.
Yo podría ser, no hostil, porque con los muertos no se pelea, pero sí tal vez indiferente; y no lo soy ni lo seré, como no lo fui al enterarme de su asesinato, precisamente dos días después de que había recibido la que sería su última amenaza; y no puedo ni quiero ser indiferente a este nuevo aniversario, del crimen, quinto aniversario, por dos razones que para mi son definitivas: la primera, una razón de humanidad; la segunda, una razón de solidaridad profesional.
Razón de humanidad, porque cuando alguien muere y muere violentamente, algo muere en cada uno de nosotros, ésta es la más honda motivación del sufrimiento compartido; razón de solidaridad profesional, porque en este oficio de buscar y transmitir, comentar e interpretar y juzgar información, ninguno de nosotros sabe qué tan próximo le pasó el golpe, qué tan cerca le pasaron los balazos que cortaron el discurso de un colega.
En realidad, y aunque no lo digamos los periodistas expresamente, cada vez que un colega es silenciado, un calofrío, mezcla de indignación y temor, nos recorre a todos los demás el cuerpo; pero sería sólo una forma de egoísmo reducir nuestra solidaridad como periodistas al oscuro miedo agazapado en las preguntas: ¿quién sigue?, ¿seré yo?
No, nuestro hondo sentimiento de solidaridad ante un atropello a nuestros colegas periodistas tiene raíces mucho más profundas y trascendentes, raíces que beben savia en un principio sobre el que no puede haber transacciones: el principio de la libertad de pensamiento y su inseparable secuela; el principio de la libertad de expresión y específicamente la libertad de prensa.
Para nosotros los periodistas, es aquí, en la hondura de los principios, donde se da y justifica la solidaridad gremial de los periodistas; no nos
interesa tanto el criterio o la ideología de cada uno y por tanto sus interpretaciones de los hechos, sino la realidad brutal de que silenciar, callar a un periodista, es cercenar la libertad de pensamiento, es cancelar la libertad de expresión, es agredir la libertad de prensa.
Por eso, y a cinco años de que Manuel Buendía Téllez Girón fue cobardemente asesinado sin que el crimen haya sido aclarado, ni con la oferta de una gratificación o recompensa de 500 millones de pesos, ni con la integración de una fiscalía especial con casi 40 elementos, demandamos como periodistas y como legisladores, se satisfaga la pública exigencia de informar quién y por qué mató al columnista Manuel Buendía y, quién o quiénes y por qué lo mandaron matar.
Fue, como se viene diciendo o repitiendo, porque se dijo desde hace cinco años, fue efectivamente el director entonces de la Dirección Federal de Seguridad, el güero Zorrilla. Quién o quiénes tienen interés en que no se esclarezca el crimen.
Durante todos estos años de turbio silencio se han dado muchas versiones, sin comprobar ninguna, en mi opinión, Manuel Buendía se había convertido en un peligro porque sabía demasiado; el saber es poder, pero también es un peligro y un riesgo.
Demandamos de todos ustedes, miembros de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, apoyar la proposición que ha hecho aquí el compañero diputado Jesús Ortega, no importa lo que cada uno de nosotros piense o haya pensado de Manuel Buendía: pensamos en que cada voz que se aplasta, se aplasta con una idea del derecho de cada uno de nosotros a ejercer el derecho a la libertad de expresión y en cada periodista que espera turno aplasta la libertad de prensa.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta del diputado Jesús Ortega, del Partido Mexicano Socialista.
La C. secretaria senadora Idolina Miguel Contreras: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta del diputado Jesús Ortega Martínez, del Partido Mexicano Socialista.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se admite a discusión, señor presidente.
El C. Presidente: - Se turna a las comisiones de Justicia de ambas cámaras, para que resuelvan lo procedente.
DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL
El C. Presidente: - El diputado Armando Ibarra, del Partido Popular Socialista, tiene la palabra.
El C. diputado Armando Ibarra Garza: - Con el permiso de la presidencia; compañeros legisladores: Hago uso de la palabra nuevamente no con la finalidad de poner a discusión un punto de acuerdo, sino simplemente a presentar una denuncia que inquieta a las fuerzas democráticas, dado a que han sido permanente las acciones de parte de las autoridades laborales de estar violentando el derecho de los trabajadores.
Me voy a referir concretamente a dos casos, a casos de compañeros despedidos de lo que fuera la empresa Aeronaves de México y el actual problema que está en la ciudad de Monclova, respecto a la huelga de los trabajadores mineros en la planta dos de Altos Hornos.
En el caso de los compañeros despedidos de Aeronaves de México, quiero señalar que a más de un año en que se declaró en quiebra la empresa Aeronaves de México, mediante una declaración fraudulenta se continúa sin solución el conflicto obrero-patronal en esa empresa. Los trabajadores de Aeronaves de México hace 400 días se lanzaron en desigual lucha en la defensa de su fuente de trabajo: ellos consideraron posible la victoria, porque les asiste la razón y porque según las autoridades todavía vivimos en un estado de derecho. Sin embargo, quiero señalar que la solución a sus demandas a la fecha no han sido determinadas, a pesar de que el Presidente de la República empeño su palabra de manera pública y posteriormente a través del Secretario del Trabajo y Previsión Social, de que no pasaría por encima de los derechos de los trabajadores. Y hoy después de un poco más de un año de despedidos por la empresa, no han logrado que se les liquide en la forma en que marca el contrato colectivo y lo señala la propia Ley Federal del Trabajo.
Tampoco se les ha respetado su derecho de preferencia para ser contratados por la empresa sustituta; no se ha respetado la autonomía de sus organizaciones sindicales.
En lo que corresponde al Sindicato Nacional de Técnicos y Trabajadores de Aeronaves de México, no se le otorgó la titularidad del contrato colectivo con la nueva empresa, sino que al contrario, se permitió la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de los Servicios de las Líneas Aéreas Similares y Conexos Independencia, quedando demostrada la franca y abierta
intervención de la Secretaría del Trabajo en la vida interna de los trabajadores. Además, no se ha respetado lo establecido en los contratos colectivos y en la ley lo que corresponde a los riesgos profesionales que dejan incapacitados totalmente al trabajador; también se ha hecho caso omiso a los derechos imprescriptibles de los jubilados.
Estas demandas laborales son bloqueadas sistemáticamente por las autoridades de la Secretaría del Trabajo, que se ha distinguido por su franca inclinación patronal. La empresa sustituta Aerovías de México, desatendiendo de su obligación con los originales trabajadores, no le importó el que a la fecha haya aproximadamente 10 mil desempleados por no haberse respetado el derecho de preferencia y además de haberse establecido la discriminación de sexo y de edad, esta actitud arbitraria de Aerovías no sólo es en perjuicio de los interesados y de los derechos de los trabajadores postergados, sino que además puede afectar al público usuario, quien desconoce el riesgo que implica el no tener el necesario personal técnicamente especializado y con suficiente experiencia de la actual empresa de Aerovías.
Por otra parte, los juicios laborales radicados en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no han seguido el curso regular, pues a pesar de la disposición de las autoridades correspondientes, existe el hecho de la violación en el trámite de las demandas, responsabilidad que le corresponde directamente al Secretario del Trabajo y Previsión Social, funcionario público cuya obligación debiera ser la de conciliador y no la de enfrentar a los trabajadores con la empresa, de hecho apoyando a ésta última.
En este tenor, la empresa sustituta, con la venia del licenciado Farell Cubillas, no ha respetado ni las disposiciones de los contratos colectivos, ni la autonomía de los sindicatos. Y tal es el caso de los trabajadores de tierra, a quienes les fabricaron otro sindicato. Además de los contratos colectivos de trabajo registrados que aun no contienen la mínima similitud de los anteriores, tanto en calidad de prestaciones sociales como económicas.
Estas acciones, señores legisladores, no han doblegado el espíritu de lucha de los trabajadores a pesar de la actitud parcial del Secretario del Trabajo; la responsabilidad de solucionar el conflicto entre Aeronaves de México y sus trabajadores es fundamentalmente del gobierno federal en general y, concretamente, del Secretario del Trabajo en lo particular, quien es el funcionario que obstaculiza la solución del conflicto de estos trabajadores y los problemas que se han suscitado de los trabajadores a lo largo de estos pocos meses de gobierno.
Esta actitud irresponsable del Secretario del Trabajo debe ser condenada con toda energía, pues acuerdos como los que se adoptan para paliar las agresiones contra los trabajadores de Aeronaves de México, también se han adoptado en otros conflictos laborales y similares; como tales son los casos de Altos Hornos de México Uno, que concluyó con el despido de más de 4 mil trabajadores, y que hoy, en el caso de Altos Hornos de México, planta dos de Monclova, Coahuila, ante la petición de los trabajadores y la exigencia de ellos mismos de hacer respetar los derechos contenidos en su contrato colectivo; hoy, la empresa y autoridades laborales pretenden mutilar su contrato colectivo y además desechar 15 cláusulas de su contrato, en las que frenan a la empresa para evitar el despido masivo en el que se pretende despedir a un poco más de 700 obreros.
El planteamiento de la empresa de Altos Hornos, es que es necesaria la modernización de la empresa, para lo cual ellos plantean la necesidad de despedir a obreros. Frente a este planteamiento, la respuesta de los obreros ha sido categórica; ha sido en respeto a sus derechos y han hecho uso del derecho que tienen de huelga. Y hoy, los trabajadores mineros de esta empresa se mantienen en esta posición firme pero ante esto, está la amenaza de la empresa de declarar, de pedir la declaración de inexistencia a las autoridades laborales por considerar la falta de argumentos, por considerar que los obreros no cumplieron con las disposiciones que establece la ley; pero en el fondo lo que se pretende hacer es obligar a los trabajadores, obligarlos a que renuncien a defender su contrato colectivo y aceptar, de hecho, el despido de más de 700 trabajadores. Los mismos argumentos que han presentado en esta empresa, como lo fueron también en la empresa de Altos Hornos de México Uno.
Esta actitud, compañeros legisladores, demagógica y antiobrera de las autoridades de la Secretaría del Trabajo, son preocupantes, por un lado, ante la evidente violación a las leyes establecidas; tanto en la Constitución, como en la Ley Federal del Trabajo, esto es sumamente peligroso, porque se está llevando a actitudes de suma peligrosidad o se quiere llevar a actitudes de suma peligrosidad al movimiento obrero; se quieren, ante ese hecho de restringir a sus derechos, de violar la ley, se les quiere llevar a un enfrentamiento abierto y llevarlos exactamente a actitudes desesperantes.
El Partido Popular Socialista condena estas actitudes de las autoridades laborales y demandamos que las fuerzas más avanzadas de esta Comisión
Permanente, debemos de actuar con energía y demandamos también el inmediato cumplimiento de los acuerdos suscritos, en este caso concreto que aquí denuncio con el caso de los trabajadores de Aeronaves de México y en el caso de los trabajadores mineros de Altos Hornos planta dos, demandamos que las autoridades laborales respeten la Ley Federal del Trabajo y que eviten su intención de intervenir favoreciendo a la empresa declarando inexistente la huelga de los trabajadores mineros de Monclova, Coahuila. Muchas gracias.
DEL ESTADO DE GUERRERO
El C. diputado Ignacio Castillo Mena: -Pido la palabra, para otro tema.
El C. Presidente: -Tiene la palabra, para otro tema, el diputado Castillo Mena
. El C. diputado Ignacio Castillo Mena: -Con su venia, señor presidente, señores legisladores: Voy a dar lectura a un documento que me ha sido entregado y que está firmado por varios diputados y por la senadora Ifigenia Martínez.
México, Distrito Federal, a 24 de mayo de 1989.
Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Presente.
Por este conducto, nos permitimos hacer, del conocimiento de ese cuerpo colegiado que este día, frente a esta Cámara, ha tenido lugar un acto de denuncia y de protesta en contra del gobierno del estado de Guerrero y de su Congreso Local que se ha mostrado escueto en la aplicación de una actitud hostil en contra de la ciudadanía que se opone a la política del gobernador José Francisco Ruíz Massieu.
Este acto ha sido continuación de otros realizados en diferentes lugares de Guerrero y particularmente en la ciudad de Iguala en demanda de que el Congreso local resuelva si el actual presidente municipal debe o no continuar en el ejercicio de sus funciones, dado que desde el mes de enero, formal y detalladamente, fue denunciado el mal manejo de los recursos económicos del municipio de Iguala, administración que encabeza Emilio Alonso Avilés.
Ya se ha dicho que tanto el gobernador, así como el diputado local Miguel Bello Pineda, coordinador del Congreso local, han repetido que Alonso Avilés no será removido de su puesto, así se demuestre el mal manejo en el ayuntamiento y el fracaso de su administración, pero a cambio de esto, en un esfuerzo vano por desorganizar al pueblo que demanda justicia, en este caso se han tomado diferentes medidas hostiles, en primer lugar, en contra del diputado federal Félix Salgado Macedonio y en contra de quienes con él integran a nivel municipal y distrital el aparato de dirección del Partido de la Revolución Democrática, es decir, de los cardenistas, que en Guerrero son la mayoría.
No conformes con haber pedido mediante un acuerdo del Congreso local el desafuero del diputado Salgado Macedonio, el sábado 13 de mayo, en un tramo de la carretera entre el paraje de Ranchos Nuevos, y Teloloapan, el vehículo en que viajaba el diputado Salgado Macedonio fue objeto de siete disparos, dos de los cuales hicieron impacto en el vehículo, sin lesionar a nadie de los ocupantes como consta de la fe pública y en el acta respectiva; como si esto fuese poco, el lunes 15 del mes en curso se dio entrada en una agencia del ministerio público a una demanda dizque por daño en propiedad ajena, en la cual se involucra a 11 ciudadanos, todos militantes del Partido Revolucionario Democrático, y entre ellos a los diputados federales Félix Salgado Macedonio y a Miguel Aroche Parra, como una respuesta al hecho de que el domingo inmediato anterior en un acto público en la explanada contigua al palacio municipal de Iguala, la mayoría de estas personas participaron.
Esta Comisión Permanente seguramente está enterada de que en Guerrero no se gobierna, que todo se reduce a gestos y ademanes que quieren ser grandilocuentes de parte del gobernador, y que en la práctica significa la aplicación de una política de mano dura, una política de aplicación de la ley fuga, de fallidos propósitos de combate a la corrupción, de aplicación de una política moderna como puede demostrarse con la ruina mayor de la economía rural, de la economía del sector industrial y aun del sector turístico en alardes exaltados y que tiene como la más alta expresión el fabuloso proyecto de Punta Diamante, proyecto al cual se incorpora una inmensa superficie en torno expropiando y lanzando de modo violento a quienes no aceptan la expropiación en condiciones leoninas y también a quienes como los pobladores del viejo Puerto Marqués que vendrían a significar poco menos que basura en el grandioso proyecto a que nos referimos, exclusivo para los ricos.
Por la atención que la Comisión Permanente dé a esta especie de grito de alerta, nos repetimos como sus atentos servidores.
Diputados: Félix Salgado Macedonio, Miguel Aroche Parra, Enrique Rojas Bernal, Jesús Ortega
Martínez, Ignacio Castillo Mena y senadora Ifigenia Martínez Hernández.»
DE LOS TIANGUISTAS DEL DISTRITO FEDERAL
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Ortega, para otro asunto.
El C. diputado Jesús Ortega Martínez: -Compañeros, perdón, no es que tenga ningún afán protagónico y suba a la tribuna varias veces, pero esto es algo, una perla que es imposible dejar pasar, y cuando menos quiero dárselas a conocer, por eso es que subo a la tribuna por cuarta ocasión hoy.
Es una comunicación que manda el arquitecto José Parcero López a don Javier García Paniagua, Secretario de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal. La comunicación tiene la firma del arquitecto José Parcero López y está hecha en tarjeta con el nombre impreso del arquitecto José Parcero López.
Si no tengo mal entendido, el arquitecto José Parcero López y ustedes me ayudarán a aclarar esto, es dirigente nacional, y creo que local también en el Distrito Federal, de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares
. La cuarta dice:
«Don Javier García Paniagua, Secretario de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal.- Presente.
Respetable don Javier: El portador, Octavio Camela Coyótl, viejo dirigente de tianguistas y distinguido cenopista, gran colaborador de nuestro partido, afronta un grave problema con su hijo Arturo Camela Valdesi, al pretender éste destituir a su padre de la dirigencia de la organización, causando alboroto y agitación en las zonas de trabajo con efectos de desorden, a tal grado que la delegación Cuauhtémoc les ha notificado la suspensión de dos tianguis en Sullivan y en la colonia Roma, en donde el mal hijo hace procelitismo a favor del cardenismo.
En tal virtud, ruego a usted de la manera más atenta e institucional, a fin de evitar la división de las organizaciones del sector popular, se sirva ordenar se llame al desleal hijo, Arturo Camela Valdesi, para que entre al orden constitucional. Aunado a que como delegado de dos zonas de trabajo legalmente, Arturo Camela Valdesi, ha sido destituido sin tener otro cargo o representación en la organización.
Por la atención que se sirva prestar a nuestra solicitud, quedamos de usted anticipadamente muy agradecidos.
Arquitecto José Parcero López y su firma.» Gracias por su atención.
ORDEN DEL DÍA
El C. Presidente: -Continúe la secretaría desahogando el orden del día.
La C. secretaria Idolina Miguel Contreras: - Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día en la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- LIV Legislatura.
Orden del Día.
31 de mayo de 1989.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXXVIII aniversario luctuoso de don Melchor Ocampo, tendrá lugar el próximo 3 de junio.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXI aniversario del natalicio del general de división Francisco Villa, tendrá lugar el 5 de junio.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Morelos y Puebla.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Ocho con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos José Manuel Sánchez Pérez, Julio Hernández Padilla, Alfredo Hermilo Herrera Muñoz, Prócoro Godoy Pereira, José Figueroa Cortés, Pedro Rodolfo Escobar Mota, Pedro Flores Palma y Alfonso Hernández Alderete, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictamen de primera lectura
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de los ciudadanos Germán Galicia Flores, María del Pilar Maese Herrera, María Josefina Domínguez y Dolores Leticia Gómez Ayala, para que puedan prestar servicios en el consulado general de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Dictámenes a discusión
Ocho de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos José Antonio Ruíz Moreno, Quirino Castillo Saucedo, Germán Redondo Azuara, José de Jesús Torres González, Joaquín Taboada Martínez, Domingo Alfonso Mendoza Salas, Ramón Márquez Vázquez y Benjamín Pérez y Ochoa.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Eduardo Rihan Azar, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Finlandia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Francisco Gerardo Castillo Zaragoza, para aceptar y usar la condecoración Mérito Santos Dumont, que le confiere el gobierno de Brasil.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Luis Silva Díaz, para prestar servicios en la embajada de Suiza en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos Antonio Maza García, para prestar servicios en la embajada de Nueva Zelandia en México.
Dos de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se concede permiso a los ciudadanos Verónica Amalia Gutiérrez García, María Guadalupe Isabel Castañeda y Vallejo, Juana Vargas Hernández y Claudio Hernández Juárez, para prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América en México.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El C. Presidente (a las 15.00 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 31 de mayo a las 11.00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES.