Legislatura LIV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19880912 - Número de Diario 11

(L54A1P1oN011F19880912.xml)Núm. Diario:11

ENCABEZADO

LIV LEGISLATURA

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Lic. Miguel Montes García

PALACIO LEGISLATIVO

DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES

Lic. Benjamín Martínez Martínez.

Año I México, D.F, 12,13,14 y 23 de septiembre 1988 No 11

ANÁLISIS AL VI INFORME DE GOBIERNO SESIÓN PERMANENTE

SUMARIO

SUMARIO

ASISTENCIA

La secretaría notifica que hay quórum.

APERTURA

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

Se da lectura.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Con aclaraciones, se aprueba.

OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Solicitud de permiso para que el C. Andrés Romero Ramírez, pueda prestar sus servicios en la embajada de Venezuela. Se recibe Se turna a Comisión.

Solicitud de permisos para que los CC. David Cortés Arellano, Alejandro Tovar Marcos, Juan Mendoza Medrano, Manuel Cortez Santiago, Evangelina Chávez León Lucía Alicia Hernández Lamia, Gilberto Jesús Cuesta Romero, Beatriz Díaz Ceballos Oseguera, Vivian Angélica Barroso Soto y Ezequiel Carlos Montero Acosta, puedan presentar sus servicios en la embajada de los Estados Unidos De América. Se recibe. Se turna a comisión

. Solicitud de permiso para los CC. María Olivia Chan, Patricia Eugenia Valles, Carlos Alberto Rivera y Martha Beatriz Carmona, puedan prestar sus servicios en el consulado de Estados Unidos De América en Ciudad Juárez Chihuahua . Se recibe, se turna a comisión.

ANIVERSARIO DE LA ACTUAL

El C. José Marín Rebollo hace mención a la confederación de Trabajadores de América Latina en sus 50 años de fundada.

DEL ESTADO DE VERACRUZ

La C. Amalia García Medina propone que una comisión investigue hechos delictivos; los CC. Héctor Colio Galindo y Graciela Patricia Gómez Rodríguez apoyan la propuesta. Se turna a Comisión.

GENERAL VICENTE GUERRERO

EL C. Rosalío Wences Reza propone se incluya en los festejos del grito de independencia. Se turna a

la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

DOCUMENTOS ELECTORALES

El C. Leopoldo Homero Salinas Gaytán propone que se envíe al Archivo General de la Nación todo lo relacionado al 5 de julio de 1988. Se Turna a la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales.

PARA HECHOS

El C. Roger Cícero Mac - Kinney, propone que los hechos que denuncian y que sucedieron entre el 9 y 10 de septiembre en sesión de Cámara, sean turnados a comisión. Se turnan a las comisiones.

El C. Herón Maya Anguiano, propone un informe de Oficialía Mayor de si ordenó la revisión de vehículos de los diputados

El C. Luis Jacobo García propone cambios en la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Se da Lectura al artículo 22 reglamentario. Inscripción de intervenciones, Preside el Vicepresidente.

Debaten los CC. Gerardo Ávalos Lemus, José Luis Lamadrid Sauza, interpelan los CC. Juan Guerra Ochoa y Gerardo Ávalos Lemus.

El C. Miguel Montes García pide el Cumplimiento del artículo 22. En apoyo a la propuesta el C. Alfredo Reyes Contreras.

Debaten En contra el C. Javier López Moreno; para los hechos, los CC. María Teresa Ortuño, Dionisio Pérez Jácome; interpela el C. Miguel Agustín Corral.

Para hechos, los CC. Juan Nicasio Guerra Ochoa, Antonio Martínez Báez y Osiris Samuel Cantú Ramírez.

Invención del C. Miguel Montes García. La secretaria da Lectura a documento de dos cuartillas. Interpelan los CC. Francisco Ortíz Mendoza, Leonel Godoy Rangel y María Teresa Ortuño Gurza.

Para hechos, los CC. José Francisco Melo Torres, Pablo Gómez Alvarez y José Luis Alonso Sandoval.

Continúan el debate los CC. Jorge del Rincón Bernal, Miguel Aroche Parra, Mario Rojas Alba y José del Carmen Enríquez Rosado.

Se Considera suficientemente discutido. En votación nominal, se desecha.

ACLARACIÓN

El C. Rodolfo Elizondo Torres, da explicaciones por su asistencia a un acto protocolario.

DEL ESTADO DE MORELOS

LA C. Manuela Sánchez López propone que se haga extensiva la excitativa del respecto a las garantías individuales y que se investigue denuncia de hechos violentos en el estado. Se turna a comisión.

DE LA REPÚBLICA DE CHILE

El C. Ernesto Rivera Herrera remembra el golpe de estado de hace quince años.

ACLARACIÓN

El C. Alberto Anaya Gutiérrez da explicaciones por su asistencia a un acto protocolario.

PROPOSICIÓN DE SESIÓN PERMANENTE

El C. Augusto Gómez Villanueva propone se decrete para el análisis del informe de gobierno. Se acepta. Se declara en sesión permanente.

RECESO

Se decreta receso alas 22.00 horas del día 12.

Se reanuda la sesión a las 11.25 horas del día 13.

POLÍTICA ECONÓMICA

Inscripción para intervenciones.

El C. Juan Antonio García Villa hace consideraciones a la situación y al informe de gobierno.

El C. José Jaime Enríquez Félix expone su análisis a cada capítulo de política económica.

El C. Jesús Antonio Carlos Hernández expone valoraciones y Comparaciones a la política económica.

El C. Alberto Pérez Fontecha hace razonamientos de lo hecho y de lo que está por hacerse.

El C. Jorge Martínez Almaraz analiza la crisis política en materia económica.

El C. Ciro Mayén Mayén hace comparaciones de los años pasados y de la evolución que se ha tenido la política económica.

El C. Manuel Cavazos Lerma, en consideraciones valorativas, expone su análisis a lo realizado.

El C. Pablo Gómez Alvarez interviene para los hechos.

El C. Francisco Ortíz Mendoza para una moción.

El C. Alejandro Díaz Pérez Duarte comenta la situación económica.

El C. Alfredo Pliego Aldama hace consideraciones a la estrategia de productos petroquímicos en materia económica.

El C. Modesto Cárdenas García comenta valores económicos.

El C. Manuel Patricio Estévez analiza los puntos básicos en materia económica.

Los CC. Rosalío Wences Reza y Marcos Carlos Cruz Martínez comentan el sistema económico.

Continúa el C. Rogelio Montemayor Seguy.

POLÍTICA SOCIAL

La presidencia notifica de quienes se han inscrito.

El C. Pedro César Acosta Palomino da sus puntos de vista de política social.

El C. Víctor Manuel Ávalos Limón expone consideraciones al sistema que se ha seguido en el país.

El C. Armando Ibarra Garza externa sus comentarios al informe de gobierno.

El C. Oscar Mauro Ramírez en evaluaciones expone el aumento del costo de la vida.

El C. Humberto Urquiza Marín hace referencia a la cultura y su evolución en el país.

Los CC. José Del Carmen Enríquez Rosado, Humberto Roque Villanueva y Luisa María Calderón exponen reflexiones al informe de gobierno.

El C. Jorge Gómez Villareal da sus puntos de vista.

El C. Luis Jacobo García hace análisis a la contienda electoral.

El C. Hiram Rivera Teja hace consideraciones a la política social.

El C. Miguel Aroche Parra comenta diversos temas de política social.

El C. Margarito Ruíz Hernández expone sus consideraciones.

El C. Emilio Ramírez Guerrero hace síntesis a lo que contiene política social.

RECESO

A las 21.55 horas del 13, de declara receso.

A las 12.15 horas del día 14, se reanuda la sesión.

PARA HECHOS

Los CC. Antonio Pariente Algarín, José Manuel Martínez y Roger Cícero Mac - Kinney, debaten por la hora en que comienza la sesión.

DEL ESTADO DE CHIAPAS

El C. Antonio Pariente Algarín hace remembranza del 164 aniversario del Estado.

DEL ESTADO DE MICHOACÁN

El C. Hiram Rivera Teja narra violaciones en los municipios de Nahusten, Cherán Paracho y Carapan; solicita se integre comisión investigadora. Se turna a la Comisión

de información, Gestoría y Quejas.

PARA HECHOS

El C. Alfonso Garzón Santibáñez expone del sistema agrario mexicano.

Inscripción para intervenciones.

El C. Alfredo Reyes Contreras denuncia represiones del gobierno del estado de México y propone el C. Noé Aguilar Tinajero.

La presidencia notifica de diputados inscritos en el tema.

El C. José Antonio Montes Vargas expone problemas de trabajo de la policía del estado de México.

Los CC. Octavio F. S. Moreno Toscano y Agustín Gasca Pliego, en favor de la propuesta.

El C. Ignacio Castillo Mena para una moción.

La presidencia de Respuesta y notifica los nombres para intervenciones. Se turna a la Comisión De Gobernación y Puntos Constitucionales.

El C. Alberto Bernal González solicita Información de quien designó al orador oficial en la Ceremonia cívica del 13 de Septiembre. La presidencia pide a la secretaria expida las certificaciones.

El C. Jorge del Rincón Bernal expone su tesis el resultado de la exportación de vehículos para el sector Campesino.

El C. Manuel Marcué Partiñas presenta moción por tratar temas que apartan del análisis al informe de gobierno.

El C. Alfredo Monsreal Walkinshaw contestan a comentarios hechos.

COMENTARIOS GENERALES

Los CC. Eugenio Ortíz Walls y Carmen Segura Rangel, a nombre de su partido, dan lectura a comentarios al informe de gobierno.

Comentan los CC. Pedro Manuel Cruz López Díaz, Sergio Quiroz Miranda y Vicente Luis Coca Alvarez.

Comentan los CC. Gregorio Uriás Germán, Gerardo Ávalos Lémus y Augusto Gómez Villanueva.

POLÍTICA EXTERIOR

Se notifica de quienes están inscritos.

Para hechos, la C. Rosalía Ramírez de Ortega.

El C. Alberto Ling Altamirano expone criterios a nombre de su partido.

El C. Gonzalo Martínez Corbalá hace análisis y valoraciones a la política exterior.

El C. Liborio Pérez Elorriaga a nombre de las diputaciones de tres estados, presenta propuesta de apoyo y solicita se ayude a la zona afectada por fenómeno meteorológico.

El C. Isidoro Mendoza de la Cruz interviene en apoyo a la propuesta.

El C. Jorge Galván Moreno hace recuerdos al CXLI aniversario del heroico Colegio Militar.

Se turna a comisión la proposición del diputado Liborio Pérez.

RECESO

Se declara receso a las 17.15 horas del día 14.

Se reanuda la sesión el día 23 de septiembre.

DESIGNACIÓN DE COMISIONES Y COMITÉS

Se da lectura a la propuesta de la Gran Comisión para integrar las comisiones y comités de trabajo de la LIV Legislatura.

La presidencia notifica de quienes se han inscrito para su discusión.

El C. Miguel Hernández Labastida solicita información de nombres que no se incluyeron en varias comisiones.

El C. Pablo Gómez Alvarez en contra de la propuesta.

La Presidencia notifica de quienes están inscritos.

El C. Dionisio Pérez Jácome, en pro.

Se da lectura al artículo 68 reglamentario.

Debaten los CC. Crescencio Morales Orozco, Francisco Melo Torres y Manuel Marcué Pardiñas.

Continúan el debate los CC. Jaime Almazán Delgado, Jorge del Rincón Bernal, Leonel Godoy Rangel y Mario Ruíz de Chávez.

El C. Israel Galán Baños, en Contra; el C. Artemio Iglesias Miramontes, en pro.

El C. Juan Guerra Ochoa, en contra; el C. Napoleón Cantú Cerna, en pro; el C. Pablo Gómez Alvarez para hechos.

El C. Rosalío Wences Reza, en contra; el C. Fernando Córdoba Lobo, en pro. Debaten los CC. Jesús Ortega Martínez, Augusto Ponce Coronado y Leonel Godoy Rangel.

El C. Eugenio Ortíz Walls, para hechos; el C. Augusto Ponce Coronado, para alusiones personales; la C. Martha García Rivas, en pro; y C. Mario Rojas Alba en contra.

Los CC. Jesús Anlen López y Carlos Rubén Calderón, para hechos; la C. María Elena Chapa Hernández, en pro; el C. Carlos Navarrete Ruíz, en Contra.

Los CC. Javier López Moreno, Carlos Enrique Castillo Peraza, Armando Ibarra Garza y Amalia García Medina, para hechos.

Continúan para hechos los CC. Mario Ruíz de Chávez, Mauricio Miguel Ángel Valdez Rodríguez y Ernesto Rivera Herrera.

El C. Ciro Mayén Mayén, en contra; la C. Yolanda García Treviño, en pro; el C. Belisario Aguilar Olvera y Luis Jacobo García, para hechos.

La C. María Teresa Dorantes Jaramillo, Para hechos; el C. Antonio Ríos Rojo, en contra; la C. Guadalupe Gómez Maganda, en pro; y el C. José del Carmen Enríquez Rosado, Para hechos.

Para los Hechos, los CC. Gerardo Ávalos Lemus, Paloma Hernández Oliva y Miguel Aroche Parra; el C. Francisco Galindo Musa, para alusiones personales.

Suficientemente discutido, se aprueba la integración de las comisiones de la LIV Legislatura.

INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES

La presidencia notifica los nombres de los inscritos.

Se aprueba que continúe la sesión.

DEL ESTADO DE MICHOACÁN

EL C. Ernesto Jiménez Mendoza denuncia hechos delictivos en el municipio de Ocampo.

El C. Rodolfo Paniagua Alvarez da lectura a escrito declarativo de hechos.

El C. Hiram Rivera Teja, para hechos, Se turna la denuncia y las versiones estenográficas a la Comisión de información, Gestoría y Quejas.

EL ESTADO DE CHIAPAS

EL C. Luis Alberto Delegado Esteva denuncia actos represivos del gobierno estatal.

El C. Abigaíl Cruz Lázaro propone se cree comisión pluripartidista que investigue e informe sobre el proceso electoral en los ayuntamientos municipales. Se desecha la propuesta.

AYUDA A DAMNIFICADOS DE YUCATÁN

La C. Ana Rosa Payán Cervera narra la ayuda que han recibido, y solicita se forme comisión pluripartidista que investigue y vigile en qué forma se ayuda a la población.

El C. Osiris Samuel Cantú Ramírez propone excitativa a la comisión interpartidaria para que se atienda las zonas afectadas.

Debaten los CC. Noé Peniche Patrón, Francisco melo Torres y Javier Gaeta Vázquez.

El C. Leopoldo Salinas Galván da lectura a documento que solicita aplicación de medidas que ayuden a la recuperación de las zonas afectadas.

El C. Agustín Serna Servín Propone se comunique el apoyo de la legislatura al estado de Nuevo León y que investiguen los datos que ocasionó el huracán.

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

El C. Leopoldo Salinas Gaytán menciona notas periodísticas y critica hechos.

El C. Liborio Pérez Elorriaga hace proposiciones y expone la ayuda que se desarrolla en bien de los damnificados. Se turna a la Comisión especial evaluadora de daños.

DEL PUEBLO DE CHILE

El C. Ernesto Rivera Herrera propone resoluciones para que se condenen acciones en contra de las garantías individuales de las activistas chilenos. Se Admite. Se Turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PARA HECHOS

El C. Federico Ruíz López narra actos que considera lesionan el bienestar social, y solicita se turnen a comisión. Se turna a la comisión de Información, Gestoría y Quejas.

DEL ESTADO DE VERACRUZ

El C. Ricardo Monreal Ávila denuncia hechos en contra de candidatos y solicita que se resuelva petición hecha anteriormente. Se exhorta a comisión pluripartidista que investiga el asesinato de un candidato.

PARA HECHOS

El C. Lorenzo Treviño Santos expone hechos delictivos que han pasado.

PROBLEMA DE CAMPESINOS

EL C. Luis Gambino Heredia Solicita se intervenga en favor de campesinos afectados en el estado de Guanajuato.

Sobre los mismos hechos los CC. Everardo Vargas Zavala, Rafael Núñez Pellegrín, Luis Gambino Heredia, Pedro Rigoberto López Alarid y Eugenio Ortíz Wall. Se turna la solicitud a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.

DEL ESTADO DE GUERRERO

La C. Carmen Mercado Téllez expone denuncia por asesinato y amenazas de autoridades. Se turna a la Comisión, Gestoría y Quejas.

DEL ESTADO DE DURANGO

El C. Margarito Ruíz Hernández propone punto de acuerdo para que se turne a comisiones el conflicto de campesinos del municipio de Xuchil. El C. Artemio Iglesias Miramontes para los hechos. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.

DEL ESTADO DE SINALOA

El C. José Antonio Ríos Rojo, propone se forme comisión que se investigue el problema de latifundio en el estado. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.

ORDEN DEL DÍA

De la próxima sesión. Se levanta la sesión.

DEBATE

PRESIDENCIA DEL C. MIGUEL MONTES GARCÍA

(Asistencia de trescientos ochenta y ocho ciudadanos diputados)

ASISTENCIA

La C. prosecretaria María Claudia Esqueda Llanes: - Hay asistencia de 388 ciudadanos diputados. Hay quórum.

APERTURA

EL C. Presidente (a las 15.45 horas): - Se abre la sesión

ORDEN DEL DÍA

El C. secretario José Antonio Montes Vargas:

«Cámara de Diputados. - Primer Período Ordinario de Sesiones. - LIV Legislatura.

Orden del día

12 de septiembre de 1988

Lectura del acta de la sesión anterior.

Oficios de la Secretaria de Gobernación

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Andrés Romero Ramírez, pueda prestar servicios en la Embajada de la República de Venezuela e México.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos David Cortéz Arellano. Alejandro Tovar Marcos, Juan Mendoza Medrano Manuel Cortéz Santiago, Evangelina Chávez León, Lucía Alicia Hernández Lamia, Gilberto Jesús Cuesta Romero, Beatriz Díaz Ceballos Oseguera, Vivián Angélica Barroso Soto y Ezequiel Carlos Montero Acosta, puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Marcia Oliva Chan, Patricia Eugenia Valles, Carlos Alberto Rivera y Martha Beatriz Carmona, puedan prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Cuidad Juárez, Chihuahua.

Análisis del VI informe presidencial, Política económica.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El mismo C. secretario:

«Acta de la sesión celebrada por la Cámara de Diputados de la Quincuagésima cuarta Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el día ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.

Presidencia del C. Miguel Montes García

En la ciudad de México, a las veinte horas con cincuenta minutos del día ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, la presidencia declara abierta la sesión una vez que la secretaría manifiesta una asistencia de trescientos veintitrés diputados.

El diputado José Antonio Montes Vargas desde su curul, señala que no hay quórum porque se está tomando en cuenta a diputados que no están presentes. La presidencia solicita a la secretaria dar lectura al artículo 45 del Reglamento Interior.

Hace uso de la Palabra el diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, del Partido Acción Nacional, quien manifiesta que en los términos del artículo 106 del Reglamento Interior, al cual la secretaria da lectura, en el recinto no se encuentra presentes la mitad más uno de los diputados que integran esta Legislatura, solicitando que se tome la votación nuevamente para que sea comprobada la misma, y que con una simple declaración de la presidencia, ordene que se levante la sesión.

La presidencia señalada que aun cuando no es notoria la falta de quórum, la secretaría volverá a pasar lista de asistencia para garantizar ante la opinión pública la existencia de quórum ante la importancia de esta sesión

La secretaría vuelve a pasar lista de asistencia, confirmándose que hay doscientos cincuenta y seis ciudadanos diputados en la sesión por lo que se declara que sí hay quórum.

Se da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior, la cual se aprueba en sus términos.

Hace uso de la palabra el diputados Ricardo Monreal Ávila, para proponer que en el curso del análisis y debate sobre la calificación de la elección presidencial, las galerías permanezcan cerradas, ya que durante los trabajos del Colegio Electoral donde se califico la elección de los diputados, fueron constantes las actitudes agresivas irresponsables de quienes ocuparon dichas galerías, señalando que con esta medida se garantizará un marco favorable para la exposición de las ideas de quienes habrán de participar en este asunto trascendente para la nación.

La diputada María Teresa Ortuño Gurza, del Partido Acción Nacional, hace uso de la palabra para oponerse a la proposición del diputado Monreal Ávila y señala que si su partido insiste en que se abran las galerías, es porque sabe que hay mucha gente interesada en este asunto.

En el uso de la Palabra el diputado Alvaro Uribe Salas, del partido Revolucionario Institucional, apoya que en esta caso se trata, dice de una sesión trascendental para la vida política del país, en la que debe inspirar el orden y la armonía y no la injuria y el escándalo. Puesta a votación de la asamblea la proposición de referencia, es aprobada por la mayoría.

Hace uso de la palabra el diputado Bernardo Bátiz Vázquez, del Partido Acción Nacional, quien expresa su más enérgica protesta porque no se le dio la palabra antes de la votación anterior y, después de una serie de interrogantes, manifiesta que su partido insistirá para que como lo establece el Reglamento se cumpla con la regla general y no se aplique la excepción, más que cuando efectivamente el público que esté presente dé lugar a que se aplique la excepción, indicando que la regla es que debe estar presentes los que quieran asistir alas tribunas y la excepción es que se les desaloje si cometen actos indebidos.

Acto continuo la presidencia declara: Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 156 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, la presidencia declara que la Cámara de Diputados se erige en Colegio Electoral para conocer el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales, acerca de las elecciones que para Presidente de la República se celebraron el día seis de julio del presente año.

El diputado Gonzalo Martínez Corbalá, del Partido Revolucionario Institucional propone a la asamblea que se declare en sesión permanente a partir de este momento, con el exclusivo objeto de tratar el asunto relativo a la calificación de la elección presidencial.

Sin que amerite debate, se somete a consideración de la asamblea dicha proposición, la cual es aprobada por la mayoría de votos.

Por lo tanto, esta Cámara de Diputados erigida en Colegio Electoral, se declara en sesión permanente para conocer exclusivamente de asunto relativo a la calificación de las elecciones presidenciales.

Hace uso de la palabra el diputado Norberto Corella Gil Samaniego, del Partido Acción Nacional, para solicitar a la presidencia que con fundamento en el artículo 94 del Reglamento Interior el dictamen de la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales se reparta entre los legisladores.

La presidencia manifiesta que aun cuando es aplicable lo señalado en el artículo 94 invocado, en los términos de la práctica que se viene siguiendo en esta Cámara, se ordena que se reparta el dictamen de referencia entre los señores legisladores, y se entregue en las oficinas de los diversos grupos parlamentarios que integran este cuerpo legislativo.

La secretaría de lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a las elecciones efectuadas el seis de julio próximo pasado, para Presidente de la República.

El diputado Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista, interrumpe la lectura del dictamen y habiéndole concedido el uso de la palabra la presidencia, indica que este dictamen debe ser rechazado porque no fue elaborado en el seno de esta Cámara de Diputados.

La presidencia aclara que al final del dictamen se contienen las firmas de los miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que lo elaboraron, solicita que se continúe la lectura del mismo, y aclara que cualquier uso de la tribuna lo concederá después de que la secretaría termine con dicha lectura.

La secretaría intenta continuar la lectura del dictamen pero se lo impide el desorden que impera en la sala.

Como consecuencia de lo anterior, la presidencia, a las veintiuna horas con cuarenta minutos, declara un receso para que se restablezca el orden en el recinto.

A las cero horas del día nueve de septiembre, se reanuda la sesión. La presidencia solicita a los señores legisladores que guarden orden, con el objeto de que se termine la lectura del dictamen remitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

La secretaría continúa dando lectura al dictamen de referencia y una vez concluida la misma, la presidencia declara: es de primera lectura.

A las dos horas con quince minutos se declara un receso.

Septiembre nueve de mil novecientos ochenta y ocho.

A las catorce horas treinta minutos del día nueve de septiembre, se reanuda la sesión de la Cámara de Diputados erigida en Colegio Electoral.

La presidencia solicita el auxilio de los coordinadores de los grupos parlamentarios para que de manera escrita y para facilitar la inscripción de los oradores, hagan llegar a la misma los nombres de los diputados que deseen hacer uso de la palabra.

El diputado Jesús Luján Gutiérrez, del Partido Popular Socialista, pregunta, ¿qué asunto está a debate?, y la presidencia le indica que algunos diputados pidieron hacer uso de la palabra, suponiendo que es para hechos, ya que hasta el momento no hay ningún asunto a debate.

Para hechos relacionados con la legalidad del proceso electoral que culminó el seis de julio pasado, y la elaboración del dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, hacen uso de la palabra los siguientes legisladores:

Juan José Medrano Castillo, del Partido Acción Nacional; Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido Mexicano Socialista, quien con fundamento en el artículo 108 del Reglamento, solicita que la comisión explique los fundamentos del dictamen y que traiga los expedientes para que demuestre cómo se hizo el cómputo, qué cosas computó, y cuáles no.

La presidencia aclara al orador que aún no está a discusión el dictamen y que el artículo que menciona es aplicable cuando ya esté a debate dicho documento.

También para hechos, hacen uso de la palabra los diputados: Leonel Godoy Rangel, de la Corriente Democrática; Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Dionisio E. Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional, quien responde a interpelaciones que le formula el diputado Leonel Godoy Rangel.

Para alusiones personales, hace uso de la palabra el diputado Alberto Pérez Fontecha, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

Para hechos, hacen uso de la palabra los diputados: Enrique Rojas Bernal, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Gildardo Gómez Verónica, del Partido Acción Nacional; Pablo Gómez Alvarez, del Partido Mexicano Socialista, quien solicita se de lectura a parte de la versión estenográfica de la última sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en torno a este tema: Rafael Melgoza Radillo, de la Corriente Democrática; Hiram Rivera Teja, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Javier López Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, quien responde a interpelaciones de los diputados: Astolfo Vicencio Tovar, Reynaldo Rosas Domínguez y Pablo Gómez Alvarez.

Federico Ruíz López, del Partido Acción Nacional; Reynaldo Rosas Domínguez, del Partido Mexicano Socialista, quien responde a interpelaciones que le formula el diputado Dionisio E. Pérez Jácome; Octavio Ortíz Melgarejo, de la Corriente Democrática; María Teresa Dorantes Jaramillo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Antonio Martínez Báez, del Partido Revolucionario Institucional, quien responde a interpelaciones de los diputados Jesús Ortega Martínez y Eugenio Ortíz Walls.

Para alusiones personales, nuevamente hace uso de la tribuna el diputado Pablo Gómez Alvarez, del Partido Mexicano Socialista.

Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional.

En este momento la presidencia designa las siguientes comisiones: para informarse de la salud del diputado Alejandro Martínez Camberos, los diputados Ramón Choreño Sánchez y Mario Rojas Alba; y también para informarse de la salud del diputado Francisco Navarro Montenegro, los diputados José Guadalupe Vega Macías y Juan Manuel Rodríguez González. A petición del diputado Jesús Luján Gutiérrez, se incluye en la última comisión al diputado Magdaleno Luis Miranda Reséndiz, del Partido Popular Socialista.

Para continuar hablando sobre hechos relacionados con el proceso electoral, hace uso de la palabra el diputado Gerardo Ávalos Lemus, del Partido Mexicano Socialista.

Humberto Urquiza Martín, de la Corriente Democrática.

Leopoldo López Muñoz, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

José Trinidad Lanz Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional.

Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, del Partido Acción Nacional, quien solicita se dé lectura a la versión estenográfica de la sesión efectuada en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales el día de ayer, en lo que corresponde a la intervención del ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá.

Artemio Iglesias Miramontes, del Partido Revolucionario Institucional.

Ismael Yáñez Centeno, de la Corriente Democrática, quien formula la siguiente proposición: En atención al carácter jurídico de tribunal que tiene este Colegio, y por consiguiente a la obligación de ajustar sus actos, procedimientos y resoluciones, a los principios de legalidad consignados en los artículos 14 y 16 constitucionales, con fundamento en el artículo 58, fracción I del Reglamento, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición de punto de acuerdo:

Único. En los casos en que ante este Colegio se presenten hechos avalados con exposiciones y pruebas que no sean objetadas y destruidas jurídicamente por ningún miembro del Colegio, tales hechos serán considerados como ciertos, y fundadas las afirmaciones que de su existencia deriven, a las que se les otorgará el valor legal de presunciones deducidas de hechos comprobados. Por lo tanto, se procederá a devolver a comisiones aquellos dictámenes que no las contemplen o las contradigan, a efecto de que sean debidamente consideradas.

Sin que haya oradores en pro o en contra, la secretaría, por instrucciones de la presidencia, somete a consideración de la asamblea la propuesta anterior, la cual es desechada por mayoría de votos.

También para hechos, hacen uso de la palabra los siguientes legisladores: Vicente Fuentes Díaz, del Partido Revolucionario Institucional; para alusiones personales, el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; para hechos, el diputado Lorenzo Martínez Gómez, de la Corriente Democrática.

Para alusiones personales, hace uso de la palabra el diputado Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional, y también para darle respuesta nuevamente hace uso de la palabra el diputado Vicente Fuentes Díaz.

También para dar respuesta a alusiones personales, hace uso de la palabra el diputado Eugenio Ortíz Walls, del Partido Acción Nacional.

Continuando con los hechos relacionados con este debate, hace uso de la palabra el diputado Mario Ruíz de Chávez y García, del Partido Revolucionario Institucional.

Para alusiones personales, hace uso de la palabra el diputado Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza. También para contestar alusiones personales, utiliza la tribuna el diputado Manuel Marcué Pardiñas, de la Corriente Democrática.

Para hechos, el diputado Rosalío Wences Reza, de la Corriente Democrática, quien inicia la lectura de una proposición y, en virtud de que la misma no es materia del debate, la presidencia le ruega que la presente cuando la sesión permanente de la Cámara de Diputados erigida en Colegio Electoral llegue a su término.

Hace uso de la palabra el diputado Octavio Moreno Toscano, de la Corriente Democrática, para hechos y hace entrega a la presidencia de un paquete de boletas electorales.

La presidencia manifiesta que en virtud de que el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue ampliamente distribuido entre los miembros de la Cámara, se instruye a la secretaría para que consulte a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.

La asamblea en votación económica dispensa la segunda lectura del dictamen y la presidencia lo pone a discusión.

Hace uso de la palabra el diputado Bernardo Bátiz Vázquez, del Partido Acción Nacional, para presentar una moción suspensiva y, fundamentado en las razones que expone, propone el siguiente punto de acuerdo. Único. Que se suspenda la discusión del dictamen a que nos referimos y que el mismo se devuelva a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con objeto de que ésta cumpla plenamente con su función de calificar y computar las elecciones.

Para impugnar dicha proposición hace uso de la palabra el diputado Dionisio E. Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional, quien señala que no es procedente esta moción suspensiva por el hecho mismo de que la comisión cumplió el propósito, el encargo, la función que se le asignó.

Aun cuando está fuera del Reglamento, la presidencia concede el uso de la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez, quien hace alusión a

la intervención del diputado Pérez Jácome, señalando que en este dictamen no tomó parte en su elaboración la comisión y por lo tanto no puede ser considerado como un dictamen de la misma.

La presidencia solicita a la secretaría somete a votación de la asamblea la moción suspensiva presentada por el diputado Bernardo Bátiz Vázquez y apoyada por el diputado Pablo Gómez Alvarez, la cual es desechada por mayoría de votos. La secretaría aclara que no hay duda en la votación, la cual fue avalada por miembros de la secretaría pertenecientes a partidos de la oposición.

Para expresar los votos particulares de sus respectivas fracciones parlamentarias, hacen uso de la palabra los diputados:

Pedro Etienne Llano, del Frente Democrático Nacional que integran miembros de las fracciones parlamentarias del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Partido Popular Socialista, Partido Mexicano Socialista, y Corriente Democrática. Solicita que dicho voto particular se imprima junto con el dictamen sometido a discusión, en los términos del artículo 94 del Reglamento Interior.

La presidencia acuerda que se imprima el voto particular del Frente Democrático Nacional anexo al dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pase al Diario De los Debates y, en caso de impresión del dictamen, como anexo del mismo se imprima también este voto particular.

El diputado Juan Miguel Alcántara Soria da lectura al voto particular de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y la presidencia acuerda que se incorpore al dictamen, se inserte en el Diario de los Debates y se imprima con cualquier adición que del mismo dictamen haga la Cámara de Diputados.

El diputado Manuel Patricio Estévez N., del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, da lectura al voto particular de dicha fracción parlamentaria y la presidencia acuerda que, al igual que los otros votos particulares, se incorpore al dictamen y se inserte en el Diario de los Debates.

Hace uso de la palabra el diputado Juan José Medrano Castillo para solicitar con fundamento en el artículo 108 del Reglamento Interior, que la comisión dictaminadora exponga en la tribuna los fundamentos de su dictamen.

El diputado Ismael Yáñez Centeno, desde su curul, solicita que se tenga a la vista la documentación electoral a la que se ha hecho mención durante el debate previo a la discusión del dictamen.

Se abre el registro de oradores.

Después de fijar algunos lineamientos reglamentarios , la presidencia concede el uso de la palabra, para presentar una proposición, al diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, quien manifiesta que es un hecho público y notorio que en este recinto de la Cámara de Diputados se permite el acceso y la permanencia durante las sesiones de este cuerpo colegiado, a grupos de individuos paramilitares de los denominados popularmente como "porros", que no son legisladores ni personas de los medios de comunicación, ni diligentes edecanes, ni los activos auxiliares de estas últimas, y con fundamento en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso, solicita a la presidencia informe, ¿por qué se permite la entrada y presencia de dichos individuos y qué funciones desempeñan dentro de este salón de sesiones?

La presidencia manifiesta que ignora sien este momento hay miembros en este recinto de alguna fuerza armada y ruega a la Oficialía Mayor que informe de los nombres de quienes pertenezcan al cuerpo de seguridad interno de la Cámara de Diputados, para hacerlo del conocimiento de la asamblea, Señala que como es del conocimiento de todos, existen elementos del Ejército Nacional resguardando los paquetes electorales y continuarán en esa función, pero cualquier otro elemento de alguna fuerza armada, si está presente, deberá abandonar el recinto.

Hace uso de la palabra el diputado Jorge Quiroz Miranda, del Partido Popular Socialista y a nombre de la fracción parlamentaria a la que pertenece, solicita a la presidencia se decrete un receso para continuar mañana con toda calma y serenidad desahogando los asuntos del orden del día. La presidencia le recuerda al legislador que desde ayer se declaró en sesión permanente y deberá concluirse con la discusión.

El diputado Ismael Yáñez Centeno, solicita que además del expediente relativo al dictamen, se contengan las actas circunstanciadas de cómputo distrital.

Para fundamentar el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, hace uso de la palabra el diputado Dionisio E. Pérez Jácome, por la comisión.

Para alusiones personales, hace uso de la palabra el diputado Juan José Medrano Castillo

Hace uso de la palabra Leonel Godoy Rangel y, para dirimir una controversia suscitada en relación al origen del dictamen, solicita que se entreguen a la presidencia las versiones estenográficas de las sesiones de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

La presidencia señala que por lo que hace a la proposición que presenta el diputado Godoy, no es el motivo del debate que la asamblea juzgue si algún diputado o grupo de diputados dice o no la verdad. Lo que está a discusión es el dictamen con el que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ha dado cuenta, por lo que, de acuerdo con el artículo 108 del Reglamento, debe continuar el debate.

Hace uso de la palabra el diputado Reynaldo Rosas Domínguez para apoyar la proposición del diputado Juan José Medrano Castillo, en el sentido de que se lea el acta de cómputo distrital del VI distrito electoral federal de Puebla, con cabecera en Tehuacán.

La presidencia solicita a la asamblea que se inicie el debate y hace uso de la palabra el diputado Jesús Ortega Martínez, del Partido Mexicano Socialista, para señalar que existiendo dudas en el dictamen, es necesario limpiar las elecciones.

La diputada Socorro Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional, hace uso de la palabra en pro del dictamen y señala que la mayoría priísta rechaza tajantemente la imputación de que la calificación electoral sea espuria e ilegal, y afirma que la calificación electoral se da ajustada a derecho y al orden constitucional.

Para hechos, hace uso de la palabra el diputado Manuel de Jesús A. Ponce González, quien señala que se une a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional que ha propuesto la nulidad de la elección presidencial de los comicios efectuados el seis de julio del año en curso.

La presidencia solicita a los legisladores que para hechos, se ciñan a lo establecido en el artículo 102 del Reglamento Interior, que concede cinco minutos a los oradores que deseen hablar para rectificar hechos o contestar alusiones personales.

Hace uso de la palabra el diputado Pedro César Acosta Palomino, para rebatir los señalamientos formulados por la diputada Socorro Díaz Palacios.

Los coordinadores parlamentarios, diputados Abel Carlos Vicencio Tovar y Francisco Ortíz Mendoza, manifiestan su deseo de colaborar con la presidencia en la agilización de la asamblea y a petición del primero, la propia presidencia solicita a los presentes que eviten la interrupción o el hostigamiento de los oradores en turno.

Hace uso de la palabra la diputada María del Carmen Rosalía Ramírez de Ortega, y señala que de los catorce distritos electorales del estado de Puebla, nueve tienen, a su juicio, graves anomalías con base en las cuales podría solicitarse la nulidad de la elección presidencial en dicha entidad federativa.

Hace uso de la palabra la diputada Ruth Olvera Nieto, para señalar las irregularidades que a su juicio se cometieron en el estado de Chihuahua durante los comicios electorales y, refiriéndose al dictamen a debate, señala que la calificación sería legítima si se hubiera elaborado con la participación de todos los miembros de los diferentes grupos parlamentarios y no en forma parcial y unilateral como se ha presentado.

El diputado Norberto Corella Gil Samaniego, del Partido Acción Nacional, manifiesta que en virtud de que hay elementos de sobra para declarar nula la elección, propone que este Colegio decida suspender su función de calificación de la elección presidencial hasta que la Comisión Federal Electoral cumpla con lo establecido en el artículo 70, fracción XXIX del Código Federal Electoral.

Por lo anterior, deberá solicitarse a la Comisión Federal Electoral la entrega de la información correspondiente a la totalidad de las casillas para la elección presidencial. Esta información deberá pedirse en cinta magnética, de acuerdo a las características descritas en el anexo, que es igual a la que la Comisión Federal Electoral entregó con la información de treinta mil casillas; además, deberá darse un tiempo razonable mínimo de setenta y dos horas, con el objeto de que los integrantes de este Colegio analicen la información.

La presidencia aclara que desde el momento en que se hizo el turno de la documentación para calificar la elección presidencial a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, dentro de esa documentación estaba el resultado casilla por casilla, de la elección presidencial y por lo tanto, queda sin materia la proposición del diputado Corella Gil Samaniego.

El diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez desde su curul, reitera que ha solicitado que se traiga a la vista la documentación que se tuvo para elaborar el dictamen a discusión. La presidencia solicita a la secretaría dar lectura al artículo 113 del Reglamento y ponga a la consideración de la asamblea si debe traerse ante ella la documentación que señala el diputado Américo Ramírez Rodríguez.

El diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez hace uso de la palabra para solicitar que la comisión le indique sus fundamentos para señalar en el dictamen, que al término de la jornada electoral los comités distritales recibieron los paquetes electorales, porque uno de dichos paquetes, dice el orador, se perdió en el III distrito de Nuevo León.

La presidencia señala al diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, que la explicación la dio el diputado Dionisio E. Pérez Jácome y solicita a la comisión que, en su momento, insista en los temas que se están debatiendo.

Hace uso de la palabra el diputado Juan Jaime Hernández, y señala que el dictamen es antijurídico puesto que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales no lo elaboró y mucho menos realizó el cómputo de las votaciones de todo el país, y por ello y otros planteamientos que formula, su partido votará en contra.

Hace uso de la palabra en pro del dictamen, el diputado Arturo Armendáriz Delgado, del Partido Revolucionario Institucional, y manifiesta que es falso, como lo afirmó el diputado Juan Jaime Hernández, que los recursos de queja interpuestos ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral hayan sido rechazados por infundados, refiriéndose por otra parte a los votos particulares presentados por las diversas fracciones parlamentarias y a la renuncia de un magistrado del mencionado tribunal.

Para responder alusiones personales, hace uso de la palabra el diputado Juan Jaime Hernández.

Y para hechos relacionados con la intervención del diputado Arturo Armendáriz Delgado, hace uso de la palabra la diputada María Teresa Ortuño Gurza, del Partido Acción Nacional y refuta cifras del dictamen a debate.

Por la comisión, hace uso de la palabra el diputado Rogelio Montemayor Seguy y manifiesta que las cifras que citó la diputada María Teresa Ortuño Gurza no son válidas, ya que se trata aquí de dos elecciones y por lo tanto no puede haber comparaciones.

La diputada María Teresa Ortuño Gurza nuevamente utiliza la tribuna para responder alusiones personales y pregunta cuándo, dónde y en qué momento se anularon los votos que deben ser de las casillas en que se votó por las tres elecciones, solicitando que le responda el diputado Rogelio Montemayor Seguy.

Para hechos, hace uso de la palabra la diputada Ana Rosa Payán Cervera y expresa algunas cifras relacionadas con las elecciones en el estado de Yucatán, las cuales califica de fraudulentas y señala que su partido está en favor de la anulación de las elecciones y la celebración de otras.

Hace uso de la palabra el diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, del Partido Acción Nacional, para rebatir los puntos en que se fundamenta el dictamen a discusión y señalar que obviamente el mismo no fue realizado ni cuidadosa ni minuciosamente y menos aún con apego a la ley, por lo que reitera la petición de su partido de que estas elecciones presidenciales sean declaradas nulas.

Hace uso de la palabra el diputado Jorge del Rincón Bernal para hechos. También para el mismo efecto, hace uso de la palabra el diputado Noé Aguilar Tinajero.

Para hablar en contra del dictamen, hace uso de la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel, de la Corriente Democrática, quien se refiere a las cifras contenidas en el dictamen y hace entrega a la presidencia de una lista de sesenta y dos distritos que solicita sean cotejadas para su cómputo distrital, indicando que si se logra la revisión cuando menos de estos distritos y se ofrecen las cifras reales resultantes, se podrá hablar de limpieza en las elecciones.

Para hablar en pro del dictamen hace uso de la tribuna el diputado Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional y se refiere a los planteamientos del diputado Leonel Godoy Rangel.

Para referirse a los señalamientos del diputado Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, hacen uso de la palabra los diputados Isidro Aguilera Ortíz, Carlos Navarrete Ruíz, María Teresa Cortés Cervantes, Vicente Fox Quezada y José de Jesús Sánchez Ochoa.

Hace uso de la palabra el diputado Roberto Jaramillo Flores, del grupo parlamentario del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien pide a los miembros de dicho grupo que se retiren y no participen más en el debate.

Hace uso de la palabra el diputado Jesús Luján Gutiérrez, para denunciar que el Partido Acción Nacional, valiéndose de prácticas parlamentarias válidas, está desvirtuando el fondo del debate del dictamen a discusión.

Para hablar en pro del dictamen, hace uso de la tribuna el diputado Humberto Roque Villanueva.

Para hechos, hace uso de la palabra el diputado Alberto Pérez Fontecha, del Partido Auténtico de

la Revolución Mexicana, quien afirma que no avalarán un dictamen amañado que sólo fue hecho por miembros del Partido Revolucionario Institucional. Solicita que la secretaría dé lectura a los artículos 109 y 110 de la Constitución Política y declara que su partido se reserva el derechos de presentar la denuncia correspondiente en su oportunidad, afirmando que ante el temerario dictamen a discusión el día de hoy, por vergüenza abandonan la sesión.

Para referirse a la intervención del diputado Humberto Roque Villanueva hace uso de la palabra el diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán.

Hace uso de la palabra el diputado José Luis Luege Tamargo, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen porque, dice, no ha observado los resultados cuestionables en un alto porcentaje de distritos electorales, ni errores e incongruencias en el llenado de actas de elección presidencial, presentando a continuación un análisis de los resultados oficiales hecho por su partido sobre los datos proporcionados por la Comisión Federal Electoral; por lo anterior, considera improcedente el dictamen en cuestión y solicita se devuelva a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para analizar a fondo los aspectos dudosos de la elección.

Para hablar en pro del dictamen, hace uso de la palabra el diputado Romeo Ruíz Armento.

Para alusiones personales, nuevamente hace uso de la palabra el diputado José Luis Luege Tamargo.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza, del Partido Popular Socialista, desde su curul denuncia lo que él llama una maniobra del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, para estorbar la intervención del Popular Socialista.

Hace uso de la palabra el diputado Jesús Armando Hernández Montaño, para denunciar, en primer lugar, que la fuerza pública ha tendido un cordón de seguridad en torno al Palacio Legislativo, revisando portafolios y vehículos de los legisladores y posteriormente se refiere a la intervención de la diputada Socorro Díaz Palacios, haciendo a continuación una exposición en la que rebate el dictamen a discusión.

Para hablar en pro del mencionado dictamen, hace uso de la tribuna el diputado Mauricio Miguel Ángel Valdez Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, solicita una moción de orden para centrar el debate al tema de la elección presidencial.

El diputado Pablo Gómez Alvarez desde su curul, solicita un receso con el propósito de que las deliberaciones se hagan con más seriedad. La presidencia le señala que el debate no se ha iniciado y la asamblea está en sesión permanente para este propósito.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, también desde su curul, señala que la sesión permanente se establece para agotar un punto y no para agotar a los diputados.

La presidencia solicita a la secretaría ponga a votación de la asamblea si se debe decretar un receso o no en los trabajos.

La secretaría pone a consideración de la asamblea si es de decretarse o no un receso, aprobándose por mayoría de votos que continúe la sesión.

Hace uso de la palabra el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, para reiterar la denuncia que hizo contra los elementos de la fuerza pública que rodean el Palacio Legislativo y solicita que la presidencia pida una explicación a la Oficialía Mayor sobre esta grave irregularidad. Por otra parte, se refiere a los señalamientos del diputado Mauricio Miguel Ángel Valdez Rodríguez, haciendo una rectificación de los mismos.

Hace uso de la palabra la diputada Luisa María Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, para fundamentar su solicitud de que el dictamen sea rechazado.

El diputado Manuel Marcué Pardiñas, hace uso de la palabra para solicitar un receso, ya que el cansancio ha relajado las intervenciones de muchos diputados y en el caso se trata de la elección del Jefe del Ejecutivo.

La presidencia solicita a la secretaría dar lectura a la fracción IV del artículo 21 y con fundamento en la misma y en el artículo 34, tomando en consideración que la diputada Luisa María Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional, ha manifestado que están realizando tácticas dilatorias para impedir el curso normal de la sesión, propone a la asamblea que a partir de este momento se dé la palabra exclusivamente a los diputados que estén inscritos en turno para hablar en contra o en pro del dictamen.

El diputado Bernardo Bátiz Vázquez solicita a la presidencia que fundamente en el reglamento su proposición y el presidente le reitera los fundamentos de la misma, a lo que el diputado Bernardo Bátiz Vázquez responde que una expresión política dicha en la tribuna no puede determinar cuál es el sentido de sus intervenciones. La

presidencia subraya que su intención es continuar ordenadamente el debate sobre la calificación del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

En el uso de la tribuna el diputado Bernardo Bátiz Vázquez, manifiesta que la decisión de la presidencia limita el derecho por la expresión de las ideas y solicita que se revoque esta decisión que le parece arbitraria, anticonstitucional, y que limita los derechos de expresión de los señores diputados en forma peligrosa.

El diputado Manuel Marcué Pardiñas, hace uso de la palabra para indicar que varios diputados han solicitado orden y respeto, pero que no se evite el derecho que tienen todos los legisladores a seguir este debate.

La presidencia aclara que no es su intención coartar la libertad de expresión de los ciudadanos diputados, pero tampoco puede permitir tácticas que en el fondo tienen el propósito de evitar la discusión de uno de los asuntos que más interesan a la nación y con el propósito de lograr que la Cámara avance de manera conciliatoria y ordenada en la discusión de sus trabajos, retira su proposición y continuará adelante con el debate de los asuntos.

Hace uso de la palabra en contra del dictamen el diputado Carlos Navarrete Ruíz, del Partido Mexicano Socialista y después de exponer en forma amplia las reflexiones en que basa su posición, señala que su partido trata de encauzar al pueblo que ha votado por su candidato para que consolide lo ganado, para que luche en mejores condiciones, para que estructure su fuerza, para que organice su descontento y mantenga la pelea en niveles dentro de la ley, disputando el poder que le corresponde al pueblo y que es quien debe decidir a quién se lo da, en qué momento se lo da y a quién lleva al gobierno.

En uso de la palabra del diputado Augusto Ponce Coronado, del Partido Revolucionario Institucional, señala que la democracia es una forma de ser, de creer y de vivir, y es por lo que se está peleando electoralmente, es por lo que se está discutiendo con ideas, es por lo que se lucha políticamente; hace un llamado a desechar la violencia, marginar el odio, hacer a un lado todo aquello que divida o que fracture porque, afirma, en las grandes divisiones de nuestro pueblo han entrado otros países para explotarnos, para esclavizarnos, para escarnecernos y para humillarnos.

Para hechos hace uso de la palabra el diputado José González Morfín, del Partido Acción Nacional.

Para señalar los motivos por los que la fracción parlamentaria de la Corriente Democrática votará en contra del dictamen, hace uso de la palabra el diputado Ignacio Castillo Mena, manifestando que no comparte un dictamen que no se originó en la Cámara de Diputados, que no les fue presentado y que no es un proyecto que legitime una decisión.

Debe pensarse en la necesidad, afirma, que el pueblo tenga lo que quiere y lo que el pueblo quiere es, dice el orador, democracia, libertad y justicia, y lo que el proyecto de dictamen ofrece no es ni democracia ni libertad ni justicia.

Por otra parte, pide al presidente de la Cámara que se tomen las medidas necesarias para que se retire la fuerza policiaca que acordona el Palacio Legislativo.

La presidencia declara que en el recinto del Congreso no existe más fuerza pública que la que está salvaguardando los paquetes electorales con autorización, e instruye a la Oficialía Mayor para que los elementos que están bajo su dependencia destinen su trabajo y esfuerzo precisamente a eso, al cuidado de los ciudadanos diputados y de ninguna manera causarles interferencia.

Designa en comisión a los diputados Augusto Gómez Villanueva, Ignacio Castillo Mena y Eugenio Ortíz Walls, para que se trasladen al sótano del recinto e informe si hay más elementos de fuerza pública que los destinados a cuidar los paquetes electorales. A petición del diputado Eugenio Ortíz Walls entrega copia de los elementos que están bajo las órdenes de la Oficialía Mayor.

Hace uso de la palabra el diputado Horacio Labastida Muñoz y hace una exposición de lo que es el Partido Revolucionario Institucional, del movimiento de Independencia y de la praxis política del licenciado Carlos Salinas de Gortari, dando posteriormente respuesta a una interpelación del diputado Carlos Navarrete Ruíz.

La comisión formada por los diputados Augusto Gómez Villanueva, Eugenio Ortíz Walls e Ignacio Castillo Mena regresan al salón y dan un informe del recorrido que efectuaron por las instalaciones de la Cámara.

La presidencia instruye a la Oficialía Mayor para que cualquier elemento que no esté bajo su servicio debidamente identificado, abandone el recinto si es que se encuentra en él, y por lo que hace a los elementos que están en el exterior, no están bajo las órdenes de funcionarios de la Cámara.

El diputado Ignacio Castillo Mena señala que es importante que la presidencia decrete un corto

receso para ver qué es lo que sucede en las cercanías del recinto legislativo, porque la comisión observó a lo lejos personal uniformado, lo cual es confirmado por el diputado Augusto Gómez Villanueva.

Hace uso de la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez, para manifestar que la Cámara de Diputados debe garantizar las condiciones mínimas para su debate y el hecho de que la misma esté en sesión permanente no significa que deba sesionar ininterrumpidamente, por lo cual vuelve a solicitar que se haga una programación del debate para darle curso al mismo hasta que culmine, como se hace en otros parlamentos del mundo.

Hace uso de la palabra el diputado Francisco Ortíz Mendoza para solicitar que la Oficialía Mayor rinda un informe de las medidas que se han adoptado.

Hace uso de la tribuna el diputado José Luis Lamadrid Sauza, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone que la presidencia proceda de inmediato a ordenar que los elementos de seguridad del basamento sean retirados de inmediato y que se dirija también a la autoridad competente solicitándole que las calles alrededor del Palacio Legislativo queden liberadas de fuerza pública.

El diputado Octavio F. S. Moreno Toscano, hace uso de la palabra, para señalar que en virtud de que no es posible seguir trabajando en condiciones de presión, los integrantes de la fracción parlamentaria de la Corriente Democrática se retiran del recinto.

La presidencia reitera sus instrucciones a la Oficialía Mayor y solicita a la secretaría se dirija al Jefe del Departamento del Distrito Federal, pidiéndole que informe las razones por las que las fuerzas a su mando están en las calles que circundan el Palacio Legislativo, solicitándole que se retiren inmediatamente.

Hace uso de la palabra el diputado José Arturo Ocampo Villalobos, del Partido Acción Nacional, quien señala que no se ha permitido el paso a algunos legisladores y pide que se abra un receso hasta que se compruebe el desalojo de las fuerzas armadas.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, también solicita que se declare un receso para aclarar esta situación.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza y el secretario José Murat, informan a la presidencia que se están retirando ya los vehículos de la Secretaría de Protección y Vialidad que se encontraban en los alrededores del recinto y la presidencia solicita a la comisión que se designó anteriormente informe si han desaparecido ya las fuerzas de seguridad y decreta un breve receso.

Después de quince minutos de receso se reanuda la sesión y la comisión informa a la presidencia que ya se encuentra el recinto parlamentario en los términos que marca la ley en su autonomía como Poder Legislativo.

Hace uso de la palabra para hechos, la diputado Amalia Dolores García Medina.

Hace uso de la palabra el diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, del Partido Acción Nacional, para referirse a los planteamientos que formuló el diputado Horacio Labastida Muñoz y señala que, porque el dictamen no es expresión de la voluntad política y electoral, está en contra del mismo, porque el dictamen, afirma, simplemente perpetúa el despojo de que muchos mexicanos ya son víctimas y porque se confunde en el dictamen el voto computado o el voto contado, con el verdadero voto, el existente, el de la expresión de la voluntad del hombre y termina señalando que, si todavía hay congruencia entre la verdad real y la verdad que en un momento dado se convertirá en la verdad legal, no hay elementos para aprobar el dictamen y las elecciones, en bien del pueblo de México deben ser anuladas.

Hace uso de la palabra el diputado Francisco Ortíz Mendoza, del Partido Popular Socialista, para referirse a declaraciones de prensa que se atribuyen al dirigente de la Confederación de Trabajadores de México y para hechos relacionados con el dictamen a discusión.

Hace uso de la palabra el diputado José Luis Lamadrid Sauza, para manifestar que en el curso de las deliberaciones que se han desarrollado durante casi veinte horas, se han puesto de manifiesto las contradicciones que corresponden a una sociedad dividida en clases; se ha puesto de manifiesto el antagonismo de las ideas y de los valores políticos como corresponde a una sociedad pluralista y por ellos solicita que se considere suficientemente discutido el dictamen.

La presidencia solicita a la secretaría consulte a la asamblea si el dictamen ha sido suficientemente discutido. En votación económica se considera suficientemente discutido.

La diputada Gloria Rodríguez Aceves, del Partido Popular Socialista, hace uso de la palabra y señala que por su conducto, su partido deja constancia de lo que ella llama una maniobra que se puede

calificar de conspirativa contra dicho partido, ya que solamente se le concedió el uso de la palabra a un orador de esa organización política y, por otra parte, solicita que quede consignado en el Diario de los Debates, que los integrantes de la fracción parlamentaria a la que pertenece se pronuncian firme y categóricamente en contra del dictamen a discusión y para no convalidar la votación se retiran de la sesión.

Por instrucciones de la presidencia, la secretaría procede a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del dictamen, emitiéndose doscientos sesenta y tres votos en favor del dictamen y ochenta y cinco votos en contra.

La presidencia declara aprobado el dictamen en lo general y en lo particular por doscientos sesenta y tres votos. Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Puestos todos los presentes de pie, también declara: La Cámara de Diputados de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confieren los artículos 74, fracción I de la Constitución General de la República, y 24 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, declara: Es Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para el período que comienza el primero de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho y termina el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, el ciudadano Carlos Salinas de Gortari.

A continuación, la presidencia designa comisiones de cortesía para notificar la aprobación del dictamen y la declaración hecha a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ciudadano Presidente de la República y al Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos.

Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al orden del día de la próxima sesión.

A las diez horas con diez minutos del día diez de septiembre, se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el lunes doce del mes en curso a las doce horas."

Está a discusión el acta...

El C. Alfredo Manuel Arenas Rodríguez (desde su curul): - Una aclaración, señor presidente. En el párrafo que corresponde a la votación, señor presidente, que quede claro que la fracción parlamentaria de Acción Nacional al emitir su voto, abandonó el salón.

El C. Presidente: - Agregue el señor secretario al acta, que a medida que cada diputado miembro del grupo parlamentario de Acción Nacional emitió su voto, fue abandonando el salón.

La C. María Teresa Ortuño Gurza (desde su curul): - Al principio del acta se menciona una intervención mía como María Esther Ortuño, y soy María Teresa.

El C. Presidente: - Tome nota la secretaría, para la aclaración.

El C. Pedro René Etienne Llano (desde su curul): - En relación al voto particular, no se explica que se considera integrado con el dictamen.

El C. Presidente: - Sí se dice textualmente y se ordenó que con cualquier edición se agregase.

EL C. Hiram Escudero Alvarez (desde su curul): - Por ahí una de las hojas, dice que uno de los compañeros diputados de Acción Nacional dijo que era político y notorio que en este recinto había gente armada, debe ser público y notorio

. El C. Presidente: - Tome nota la secretaría para la aclaración, por favor.

El C. Leobardo Gutiérrez (desde su curul): - Respecto a la votación, no coincide con la lista de asistencia inicial de la sesión permanente para el efecto de la sesión. Que se haga la comparación de los asistentes a la lista con el resultado de la votación oficial, que se revise y se asiente; no coincide.

El C. Presidente: - Posiblemente, no tengo el dato, pero que se haga; si no coincide con la lista inicial, debe coincidir con la lista y con los nombres que se dieron en el momento de cada voto.

La lista inicial ni con mucho fue la lista final de esa sesión

El C. Secretario Ismael Orozco Loreto: - En votación económica, después de haber hecho las correcciones que se indicaron por los ciudadanos diputados, se pregunta si se aprueba el acta.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo poniéndose de pie.... Aprobada, señor presidente.

El C. Presidente: - Señores diputados, se va a dar cuenta con tres oficios y turnos, y si ustedes acceden inmediatamente, después les doy el uso de la palabra.

OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El C. secretario Ismael Orozco Loreto:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

Con fecha 16 de los corrientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

"La embajada de la República de Venezuela en México ha comunicado a esta Secretaría su intención de contratar los servicios del señor Andrés Romero Ramírez, de nacionalidad mexicana, para que desempeñe el cargo de chofer de la agregaduría militar, naval y aérea de esta misión diplomática.

En tal virtud, mucho agradeceré a usted, de no existir inconveniente alguno, transmitir al honorable Congreso de la Unión la solicitud de permiso a que se refiere la fracción II del apartado B del artículo 37 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, para que el citado señor Romero pueda prestar sus servicios en esa embajada. A tal efecto, anexo al presente remito a usted la solicitud del trámite de autorización debidamente requisitada, así como el acta de nacimiento del interesado, por medio de la cual certifica su nacionalidad.

Sobre el particular, se agradecería igualmente que una vez que se hayan cumplido los ordenamientos constitucionales respectivos, se ponga a esta Secretaría en aptitud de dar una respuesta adecuada a la solicitud de referencia."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, 23 de junio de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

En oficio fechado el día 26 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

"Mucho agradeceré a usted, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se mencionan a continuación puedan prestar sus servicios en la embajada de Estados Unidos de América:

David Cortés Arellano, auxiliar de contabilidad; Alejandro Tovar Marcos, empleado de mantenimiento; Juan Mendoza Medrano, empleado de mantenimiento; Manuel Cortez Santiago, jardinero; Evangelina Chávez León, operadora de teléfonos; Lucía Alicia Hernández Lamia, empleada consular; Gilberto Jesús Cuesta Romero, guardia de seguridad; Beatriz Díaz Ceballos Oseguera, empleada consular; Vivián Angélica Barroso Soto, empleada consular y Ezequiel Carlos Montero Acosta, empleado consular.

Los interesados han presentado copia de las actas de nacimiento que comprueban su nacionalidad mexicana, misma que remito anexas para los efectos pertinentes

. Al transcribir a ustedes lo anterior, les envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan, para los fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, 29 de julio de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio

que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 26 del actual, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:

"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se mencionan a continuación puedan prestar sus servicios en el consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua:

Marcia Oliva Chan, empleada consular, Patricia Eugenia Valles, empleada consular; Carlos Alberto Rivera, empleado consular y Martha Beatriz Carmona, empleada consular.

Los interesados han presentado copia de las actas de nacimiento que comprueban su nacionalidad mexicana, mismas que remito anexas para los efectos pertinentes.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, 29 de julio de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bertlett Díaz.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

ANIVERSARIO DE LA ACTUAL

El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el ciudadano diputado José Marín Rebollo.

El C. José Marín Rebollo: - Honorable asamblea: El pasado 8 de septiembre se cumplieron 50 años de la fundación de la que hasta ahora ha sido la organización continental más importante de los trabajadores latinoamericanos, la Confederación de Trabajadores de América Latina.

La fundación de la Confederación de Trabajadores de América Latina, debe entenderse como un mérito de la clase obrera mexicana organizada en la entonces combativa y gloriosa Confederación de Trabajadores de México, como fruto de la tendencia unitaria de los trabajadores de América Latina y como resultado de la inquebrantable lucha del maestro Vicente Lombardo Toledano, impulsor y guía indiscutible de la clase obrera latinoamericana. Vicente Lombardo Toledano, desde 1933, al elaborar el programa mínimo de la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos, consideraba la necesidad de convocar a todas las agrupaciones obreras iberoamericanas a realizar un congreso para organizarse y luchar contra el imperialismo norteamericano.

Como consumado dirigente obrero y como extraordinario marxista que fue, concedía a la organización de la clase obrera un papel de primera importancia.

Antes de 1938, existían dos organizaciones de carácter continental; la Confederación Obrera Panamericana, organizada desde 1918 para evitar el desarrollo independiente de los obreros de América Latina y que servía a la política imperialista de Estados Unidos y la Confederación Sindical Latinoamericana que adherida a la Internacional Sindical Roja, realmente era un centro de propaganda de las ideas revolucionarias dentro del movimiento sindical.

Ante la amenaza del fascismo, Lombardo Toledano afirmaba que la Confederación de Trabajadores de América Latina, primero y único intento serio para unir a los trabajadores de América Latina, se fijó dos metas: unificar en el seno de cada país a los trabajadores en una sola central, y crear el Frente Antifascista en cada país y el Frente Continental Antifascista.

En la declaración de principios de la Confederación de Trabajadores de América Latina, se afirma que la central lucharía para sustituir el régimen social que prevalece en la mayor parte de los países de la Tierra, por un régimen de justicia basado en la abolición de la explotación del hombre por el hombre, por la unificación de la clase trabajadora en cada país y por la alianza de los trabajadores en el continente: además, lucharían los trabajadores afiliados a la Confederación de Trabajadores de América Latina, por la plena autonomía económica y política de las naciones latinoamericana y la liquidación de los residuos semifeudales por los derechos sociales de los pueblos latinoamericanos, y sobre todo, de manera clara y precisa, para combatir al fascismo en todas sus formas, por ser éste contrario a los intereses y objetivos del proletariado y por ser enemigo del progreso de los pueblos y del desarrollo de la cultura.

La obra de la Confederación de Trabajadores de América Latina no ha sido estudiada a fondo; entre algunos de sus logros más importantes, debemos mencionar que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial el 3 de septiembre de 1939, la confederación estaba organizada y la figura de su

secretario general, el maestro Vicente Lombardo Toledano, se levantaba junto con las organizaciones obreras nacionales como un poderoso valladar, contra las huestes asesinas del fascismo hitleriano.

Después de que sólo en cuatro países: Argentina, Colombia, Chile y México el proletariado estaba organizado, la Confederación de Trabajadores de América Latina contribuyó de manera determinante a que en las 20 repúblicas de América Latina surgieran las organizaciones obreras, federaciones y confederaciones.

Fue la Confederación de Trabajadores de América Latina, a iniciativa de su secretario general, quien propuso la afiliación de todas las centrales nacionales a la federación sindical internacional, pero por haber estallado la Segunda Guerra Mundial, este objetivo se vio frustrado.

No obstante, en la Conferencia Sindical Mundial realizada en Londres el 6 de febrero de 1945, triunfó la opinión de la Confederación de Trabajadores de América Latina, en el sentido de unificar el movimiento obrero internacional, y así surgió la Federación Sindical Mundial en septiembre - octubre de 1945.

Los programas de desarrollo independiente de los países latinoamericanos, tuvieron su origen en el Segundo Congreso General de la Confederación de Trabajadores de América Latina celebrado en Cali, Colombia.

Quien previó el desarrollo y el curso de la guerra fría, fue la Confederación de Trabajadores de América Latina en el histórico documento llamado "Un Mundo Mejor, Diario de una Organización Obrera Durante la Segunda Guerra Mundial".

El origen del movimiento por la paz, está en el Congreso Internacional contra la Guerra, celebrado en México en 1938.

Las tesis de la autodeterminación y de la coexistencia pacífica, se encuentran en las ideas de la Confederación de Trabajadores de América Latina presentadas en el Primer Congreso Continental Americano por la Paz en 1949.

Sin embargo, lo que el imperialismo más teme, es la acción unida de los pueblos y de los trabajadores del mundo; por ello y ante el vigor, la fuerza y la obra de la Confederación de Trabajadores de América Latina, el imperialismo yanqui empeño todo su esfuerzo en destruirla y no escatimó recursos para lograr su objetivo.

La crisis de la Confederación de Trabajadores de América Latina se debió a la agudización de las tensiones durante el período de la guerra fría, pero es también responsabilidad de la política anticomunista y antiobrera del gobierno de Estados Unidos.

En todos los países del mundo se reflejó esta tendencia, y en México la sufrió el movimiento obrero; de tal manera que después de las divisiones ocurridas en esa época, no ha sido posible reconstruir la unidad de los trabajadores.

Ante los problemas nacionales y continentales y ante la creciente oleada del neofascismo en nuestro continente, que enfrenta la clase obrera y el pueblo, y al rendir un homenaje a la Confederación de Trabajadores de América Latina y a su fundador principal y guía permanente, el maestro Vicente Lombardo Toledano, el Partido Popular Socialista hace un llamado a reconstruir la unidad del movimiento obrero mexicano y latinoamericano, a definir con precisión sus objetivos en la actual etapa de nuestro desarrollo y a luchar por la independencia, la democracia y la unidad del movimiento obrero latinoamericano. Muchas gracias.

DEL ESTADO DE VERACRUZ

El C. Presidente: - Tiene la palabra para hechos, la diputada Amalia García.

La C. Amalia Dolores García Medina: - Compañeras y compañeros diputados: El día sábado, después de esta situación tormentosa en la que hemos estado, a las 8.45 de la noche, los miembros del Partido Mexicano Socialista nos enteramos de que había sido asesinado de cuatro balazos, nuestro compañero Inocencio Romero Juárez., en Veracruz, quien fue candidato a presidente municipal en Tezonapa.

Había recibido el compañero Inocencio Romero varias amenazas de muerte de distintas personas, y estas amenazas fueron públicas y están documentadas. Una de las personas que profirió amenazas de muerte a nuestro compañero, fue la candidata del Partido Revolucionario Institucional a presidente municipal de ese municipio, la señora Gudelia Torres.

La otra persona que había proferido también amenazas de muerte, fue el presidente municipal de Tezonapa, el señor Adán Lozano; y de acuerdo con la denuncia que ha hecho la esposa y el hijo de nuestro compañero, se considera que el actor intelectual de su asesinato ocurrido este sábado que acaba de pasar, a las 8.45 de la noche, fue el alcalde de Motzorongo.

Nosotros no podemos, en la Cámara de Diputados ni en el país, dejar pasar estas cosas solamente como asuntos de la nota roja. El gobernador del estado ha declarado que lamenta estos sucesos, porque se vive en un estado de derecho y de respeto a la pluralidad; sin embargo, nosotros no podemos de ninguna manera, considerar que en el estado de Veracruz y en otros, donde también ha habido asesinatos políticos este año y el año pasado, cuando no solamente se profieren amenazas, sino que además se le insistió al compañero que debía retirar su candidatura y se creó un clima de persecución anticomunista.

De igual manera, nosotros no podemos creer que puedan sentarse bases para una concertación democrática, como lo ha dicho el licenciado Carlos Salinas de Gortari y que haya base para una convivencia civilizada, cuando frente a la diversidad de ideas, frente a puntos de vista distintos y frente a una actividad legal, constitucional, como es la lucha política electoral, se responde con el asesinato.

Nosotros no estaremos dispuestos de ninguna manera a que se implante un clima de terror, no estaremos dispuestos a que nuestra lucha legal, electoral, constitucional sea reprimida con la muerte.

Demandamos, por lo tanto, no solamente que esta Cámara de Diputados haga un extrañamiento frente a este clima generalizado en nuestro país, sino que además solicitamos que se cree una comisión que investigue los hechos. Proponemos que esta comisión esté integrada por un compañero del Partido Mexicano Socialista, por un compañero de la Corriente Democrática, un compañero del Partido Acción Nacional y por dos miembros del Partido Revolucionario Institucional, y que esto además sea considerado como un asunto de urgente y obvia resolución. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Para este mismo hecho, el diputado Héctor Colio.

El C. Héctor Colio Galindo: - Con su permiso, señor presidente; honorable asamblea: A nombre del Partido Popular Socialista, nos sumamos a la denuncia que se ha hecho del asesinato del compañero Inocencio Romero Juárez, quien fuera candidato a la presidencia municipal de Tezonapa, Veracruz, del Frente Democrático Nacional.

En alguna intervención que hiciera el Partido Popular Socialista durante el Colegio Electoral, al hablar de Veracruz denunciábamos el clima de violencia y de intranquilidad que se vivía a raíz de que el cacicazgo en complicidad con la dirección política del estado había desatado una persecución a las fuerzas democráticas, a las fuerzas independientes que luchan por ampliar la vida democrática en esta etapa electoral municipal.

Este crimen que se da en una zona de esencia indígena cerca de la cabecera distrital de Córdoba, no es el primer crimen y no es sólo a un candidato, en este caso del frente democrático nacional, sino que es una actitud de persecución a todos aquí Amatlán, Tezonapa, Zongolica y Omealco.

A juicio del Partido Popular Socialista, compañeras y compañeros diputados, ese hecho no es casual, no es casual en esta etapa política del país, cuando desde la misma dirección del Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional, se habla de que a la oposición hay que combatirla donde esté; desde los dirigentes sindicales hasta los dirigentes de la Central de Campesinos, Nacional Campesina, se ha dado la orden de perseguir a todos aquellos militantes de estas organizaciones que disientan políticamente en contra de las actitudes caciquiles y antidemocráticas.

En el estado de Veracruz, se han violentado estos hechos a raíz de que el mismo gobierno ha propiciado la persecución, el hostigamiento en contra de las fuerzas independientes, de las fuerzas democráticas que luchan como el Partido Popular Socialista por romper este estado de cosas.

Por eso el crimen del compañero Inocencio Romero Juárez debe llamar la atención, de que en el estado de Veracruz el cacicazgo se regocija, se regocija el cacicazgo, pues después de haber cometido un sinnúmero de violaciones electorales y de haber sido complacidas éstas con la aprobación de los casos distritales de muchas de los actuales diputados, estas fuerzas caciquiles se encuentran desatadas en persecución de las fuerzas democráticas.

De aquí, queremos también advertir a esta asamblea y a esta tribuna nacional, que en la zona de Papantla, que ha sido denunciado ya por nuestro partido, en donde ha aparecido la organización fascistoide denominada "Antorcha Campesina", hace unos días acaba de ser liberado el dirigente de esta organización, un cacique muy conocido en la zona de Papantla, particularmente en Filomeno Mata, quien fuera este señor Gonzalo González Martínez el directamente responsable del crimen que se perpetró en contra de un militante del Partido Popular Socialista, que fuera presidente municipal de Filomeno Mata hace apenas año y medio, ha

sido premiado este cacique con la actual candidatura del partido del gobierno a la presidencia municipal.

Por un lado, se deja en libertad a los directamente responsables de los crímenes políticos que se suceden en el estado de Veracruz, y hoy, la dirección política del partido del gobierno, los premia con candidaturas a lo largo y a lo ancho del estado de Veracruz, creando la propia protesta de los militantes priístas que se han sumado a la protesta de las fuerzas democráticas que encabeza el Frente Democrático en contra de esta situación

. El Partido Popular Socialista responsabiliza directamente al actual presidente municipal de Tezonapa, por el crimen que se cometió el pasado sábado, responsabilizando al ciudadano Adán Lozano Meza como directamente responsable del crimen de este candidato del Frente Democrático Nacional.

De igual manera, nos sumamos a la propuesta de que se integre una comisión de diputados de esta honorable legislatura, para que investigue los hechos y se investiguen todas las denuncias que se han vertido actualmente en el estado de Veracruz, en donde con la complacencia del gobierno del estado, el cacicazgo, las fuerzas retardatarias aprovechan este triunfalismo motivo por el fraude electoral, por la imposición, por la usurpación, y que ha desatado que las fuerzas que se habían detenido ante el avance de la lucha democrática, hoy se encuentren dispuestas a continuar esta ola de persecución y de crímenes. Pedimos a la presidencia que a nombre del Partido Popular Socialista, se

incluya a un diputado en la comisión que se propone que investigue el asesinato cometido el pasado sábado en el municipio de Tezonapa, concretamente en la congregación de Motzorongo. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra la diputada Patricia Gómez de Ibarra.

La C. Graciela Patricia Gómez de Ibarra: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Hemos pedido hacer uso de la voz, para adherirnos a la solicitud hecha por la compañera Amalia, del Partido Mexicano Socialista, en relación a la integración de una comisión que investigue los hechos delictivos ocurridos en la comunidad de Motzorongo, perteneciente al municipio de Tezonapa.

Y lo hacemos, porque al igual que su partido en Veracruz, quienes militamos en el Partido Revolucionario Institucional, ha sido preocupación de la presente administración la investigación de los actos delictivos, actos delictivos que al igual que en Veracruz ocurren en nuestro país, y que nosotros estamos preocupados porque se esclarezcan, y lo hacemos con la plena convicción, repito, de la preocupación de la presente administración en Veracruz, específicamente como parte de la Procuraduría General de Justicia en Veracruz, quien nos consta en lo personal, por haber sido parte de esta institución, la preocupación y los apoyos que el gobierno ha dado a esta institución para el esclarecimiento de todos los hechos delictivos, no únicamente en este caso sino en los que se han venido o se venían dando en nuestro estado.

Por eso nos sumamos a la solicitud del Partido Mexicano Socialista, para que en este caso formemos parte también nosotros de esta comisión, porque tenemos interés, como ha sido el interés, repito, de la presente administración, la investigación y esclarecimiento de los hechos delictivos que ocurran, no sólo a los militantes de un partido en especial, sino a los de cualquier ciudadano que viva y desarrolle su actividad en nuestro estado. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Esta presidencia dispone que la versión estenográfica de lo aquí planteado por la diputada Amalia García y apoyado por los diputados Colio y por la diputada Graciela Patricia Gómez de Ibarra, se turne a la Comisión de Gobernación para que en su seno, donde participan los diversos grupos parlamentarios, se determine la modalidad de integración de la comisión investigadora, y a la brevedad del caso informe a esta presidencia.

GENERAL VICENTE GUERRERO

El C. Presidente: - Tiene la palabra para hechos, el diputado Rosalío Wences.

El C. Rosalío Wences Reza: - Señor presidente; señores diputados: Vamos a presentar una iniciativa de diputados guerrerenses de todas las fracciones parlamentarias, que dice así:

"Considerando la importancia del papel que jugó en la consumación de la Independencia de México el general Vicente Guerrero Saldaña, y considerando que su nombre ha sido a veces omitido en algunas ceremonias del Grito de Independencia, se propone el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se solicita atentamente al señor Presidente de la República, no se omita el nombre

del general Vicente Guerrero Saldaña en las ceremonias del Grito de Independencia.

Firman los diputados Félix Salgado Macedonio, de la Corriente Democrática; Ciro Mayén, del partido Mexicano Socialista; Catalino Mendoza Vázquez, Paula Vargas Florencio y José Antonio Montes Vargas, del Partido del Frente Cardenista; María Teresa Cortés Cervantes, del Partido Acción Nacional; Pablo Ávalos Castro, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Rubén Figueroa Alcocer, Jaime Castrejón Díez, Guadalupe Gómez Maganda de Anaya, Valdemar Soto Jaimes, Juan Albarrán Castañeda y Blas Vergara Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional; Miguel Aroche Parra, de la Corriente Democrática y algunos diputados de firman en calidad de solidarios, de otros estados."

El C. Presidente: - Se turna la proposición a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con la súplica de que dadas las fechas que estamos viviendo, a la brevedad posible den su dictamen en relación con la proposición.

DOCUMENTOS ELECTORALES

El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado Leopoldo Salinas

. El C. Leopoldo Homero Salinas Gaytán - Ciudadanos miembros de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: Los suscritos, representantes populares de esta Cámara, pertenecientes a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, exponemos:

Toda vez que ha concluido la calificación de las elecciones federales que nos correspondieron y en relación con toda la documentación existente en poder de esta Cámara, relativa a los eventos electorales, incluyendo los paquetes electorales que están bajo estricta custodia militar, en los términos del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se propone el siguiente

«PUNTO DE ACUERDO

Único. Se remitan al Archivo General de la Nación todos los documentos relativos al proceso electoral federal del pasado 6 de julio de 1988, enviados a este Congreso desde su constitución en Colegio Electoral, incluyendo los paquetes electorales inventariados conforme su recepción por la Oficialía Mayor, publicada en el Diario de los Debates número uno del 15 de agosto de 1988.

Deberá instruirse al responsable de la dependencia del archivo citado, que toda esa documentación puede ser consultada por la ciudadanía en general, autoridades, partidos políticos y organismos interesados, así como imponerse todos de tales documentos y obtener la copias certificadas de constancias, previa solicitud por escrito, teniendo preferencia las que requieran para la formulación de denuncias o querellas, sobre hechos que se presuman delictuosos ante las autoridades competentes, conforme a lo previsto por el artículo 351 y demás relativos del Código Federal Electoral vigente en el país.

México, Distrito Federal, 12 de septiembre de 1988. - Diputados: Manuel de Jesús A. Ponce González, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Eduardo Arias Aparicio y un servidor.»

Quiero aclarar, que la preferencia que se manifiesta en el escrito sobre los que soliciten copias para querellas o denuncias, la preferencia es en el sentido de que comienza a correr el término para los efectos que se presentan en tiempo, de acuerdo con lo que norman los códigos de procedimientos penales

. El C. Presidente: - Esta presidencia solicita al proponente y a los diversos coordinadores de los grupos parlamentarios, por la importancia de la proposición, su aquiescencia para que sea turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a fin de que en su seno se analice y se dictamine.

Los CC. diputados (desde sus curules): - De acuerdo.

El C. Presidente: - Se turna la proposición a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen.

PARA HECHOS

El. C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Roger Cícero Mac - Kinney.

El. C. Roger Cícero Mac - Kinney: - Los pueblos que pierden la memoria no podrán encontrar su futuro, señores presidente y diputados de esta LIV Legislatura del Congreso de la Unión.

Lo sucedido aquí en la sesión que tuvo por objeto calificar la elección de Presidente de la República, desarrollada el pasado 6 de julio, sesión reiniciada a las dos de la tarde del viernes 9 y que terminó hasta las 10.00 de la mañana del sábado 10 de los presentes mes y año, ofendió gravísimamente

nuestra dignidad de seres humanos, trató de desestabilizar nuestro juicio ciudadano, atacó a nuestra calidad de diputados que fielmente representamos a la nación, e infirió improperios y calumnias en contra de mi Partido Acción Nacional.

Por todo ello, venimos a inconformarnos, y porque como panistas, nuestros esfuerzos tiene por objetivos primordiales la convivencia pacífica, el irrestricto respeto a la dignidad del hombre, la preeminencia de los intereses de la nación por sobre cualesquiera otros y el lograr el progreso en libertad dentro del orden democrático que no fue otro que el previsto por los constituyentes de 1917, inspirados en los municipalistas de 1814, en la reforma de 1859, promulgada por el Presidente Juárez y en los emancipadores del mexicano y de México que en 1824, en Chilpancingo hicieron Carta Magna, máxima ley, los ideales de Matamoros y de Mier, de Hidalgo y Morelos de los demás patricios de nuestra Independencia.

De lo que en este Congreso que nos heredaron sucedió en su Cámara de Diputados los días 9 y 10 señalados, tenemos, quienes amamos a México y a quienes nos inspira la sola palabra "Patria", tenemos que hablar más de lo que sucedió aquí para que se escriba y lo sepan mañana cuantos nazcan, por ello hay que decir, y en tono de denuncia:

Primero. Que con anticipación a la sesión referida, este recinto del Poder Legislativo estuvo a merced de pistoleros y golpeadores infiltrados por todos sus espacios, con mal disimulado consentimiento de la presidencia de la Cámara que, obligada al fin por las instancias de los diputados de los grupos parlamentarios del Frente Democrático Nacional y del Partido Acción Nacional, giró las instrucciones necesarias para que desalojaran el recinto los elementos indeseables que vulneraban su seguridad interior, lo que no aconteció sino ya entrado el día 10.

Segundo. Que desde la noche del 9 o la madrugada del 10, la policía capitalina, con activos de su sección antimotines, acordonó el área de las instalaciones de ese Poder Legislativo y atentó contra el fuero constitucional de por lo menos tres diputados panistas, y uno más del Partido Popular Socialista; el cordón no fue suspendido sino hasta que redoblaron sus instancias los panistas y miembros del Frente, con oposición manifiesta desde las curules del Partido Revolucionario Institucional.

Tercero. Que igual oposición priísta impidió la presencia del pueblo en las galerías durante los trabajos del pleno del Colegio Electoral, precisamente para decretar sobre los resultados del voto de ese pueblo que intentó dar a la República un presidente capaz, honrado y legítimo.

Cuarto. Que puesto a disposición el "mamotreto" con pretensiones de dictamen otorgante del triunfo al candidato del gobierno y su apéndice electoral, si bien es cierto que en su contra pudieron hacer uso de la palabra los diputados de Acción Nacional y del Frente Democrático, también lo es que a estos últimos se les negó.

Cuando la presidencia camaral evidenció mayor apremio en sacar adelante la consigna de aprobar, reitérese la expresión, el "mamotreto" con pretensiones de dictamen.

Estoy haciendo una proposición, señores, no es para hechos la palabra que solicité, revisen su reglamento.

Quinto. Que el voto de la fracción monolítica, como aceptó que así lo es uno de los oradores priístas, no pudo tener otra mira que la de mantener en el poder a su partido, como confiesa su ideario o declaración de principios.

Sexto. Que las 20 horas ininterrumpidas que por disposición de la presidencia de la Cámara duró la etapa final del Colegio Electoral, reflejaron los altos grados de insensatez, inhumanidad, perversidad y sumisión a que puede llegar esta presidencia, que denigra por su abyección a la institución legislativa de la federación, desvirtuándola en su soberanía y haciendo escarnio en su esencia republicana, representativa y democrática.

Séptimo. Que con lo expuesto, así haya sido en síntesis, estamos denunciando aquí y ante nuestros únicos mandantes que son los mexicanos conformadores de la nación, que fueron violados por los miembros de la fracción del Partido Revolucionario Institucional durante la sesión a que se ha venido haciendo referencia, los siguientes artículos, entre otros:

a) Del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los marcados con los números 8o., 21, fracciones I, II, V, VIII y XI, 87, 104, 115, 156, 205 y 213.

b) De la Ley Orgánica del Congreso General, los numerales 3o., 12, 13, 25, fracción b), 34, 36, fracción f), 52 y 56.

c) Del Código Federal Electoral, todos los que en la materia se derivan de la Constitución de la República, y

d) De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1o., 6o., 18, 26,

en su último párrafo, 39, 40, 41, 49, 50 y 61, en su párrafo segundo.

Este fue el marco legal, nos preguntaremos, ¿en qué se declaro electo al candidato priísta y por ende del gobierno?

Lo anterior fundamenta nuestra proposición, en el sentido de que se haga un serio extrañamiento a los diputados a que alude el séptimo y ultimo de los puntos enumerados en este memorial.

Pedimos a su vez, que esta proposición sea dispensada del trámite específico que prevé la fracción II del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, para que sin pérdida de tiempo esta proposición pueda pasar al desinterés de la comisión a que afuera destinada, o se deseche con el voto de los legisladores que resultarían afectados, lo que una vez más los exhibirá en su aberración por la justicia, y a nosotros absolverá del cargo que pudiera hacérsenos de irredentos crédulos de la ortodoxia con que la raquítica mayoría de esta asamblea trata los asuntos que se someten a su consideración.

Sala de sesiones de la Cámara de Diputados, a 12 de septiembre de 1988. - Diputados Roger Cícero Mac - Kinney, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Aplausos.)

El C. Presidente: - El ciudadano diputado para ahondar en el asunto, Herón Maya Anguiano.

El C. Herón Maya Anguiano: - Con su permiso, señor presidente; honorable asamblea: Durante los trabajos del Colegio Electoral que calificó la elección presidencial, el sábado en la madrugada, el Partido Popular Socialista presentó en esta tribuna la denuncia relativa a la presidencia de jóvenes policías en el recinto de esta Cámara, cuya presencia fue negada por el ciudadano presidente de esta Cámara de Diputados, pero que se comprobó plenamente.

En esta ocasión, se pidió a la presidencia se exigiera una inmediata explicación a la Oficialía Mayor, para que informara las razones por las cuales ordenó que se abrieran las cajuelas de los vehículos de los diputados y se revisarán, violando el fuero constitucional de los representantes populares y la inviolabilidad del recinto parlamentario.

Como hasta la fecha la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados no ha rendido la información que le exigió la presidencia, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista vuelve a insistir a la presidencia exija que este momento la Oficialía Mayor rinda el informe requerido, y de resultar responsable el Oficial mayor, sea destituido de su cargo.

Honorable asamblea, por las consideraciones expuestas, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, hace la siguiente

«PROPOSICIÓN

Única. Se requiere de la Oficialía Mayor una amplia explicación sobre la presencia de fuerzas paramilitares en el recinto parlamentario, y las instrucciones que la Oficialía Mayor dio para que se revisaran los vehículos de los diputados.

De comprobarse la responsabilidad del Oficial Mayor, acuérdese su destitución.

Sala de sesiones de la Cámara de Diputados, 12 de septiembre de 1988. - Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Herón Maya Anguiano.» Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Esta presidencia ruega a la secretaría dé lectura a la comunicación de esta fecha, que le fue remitida por la Oficialía Mayor de la Cámara.

El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - «Oficio número 26. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 12 de septiembre de 1988. - Ciudadano presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente.

En cumplimiento de sus respetables instrucciones, me permito informar a usted, en relación con la presencia de fuerza pública en el estacionamiento subterráneo de este Palacio Legislativo en la madrugada del día 10 de septiembre, hecho que fuera denunciado por los señores diputados en la sesión permanente del Colegio Electoral.

De acuerdo con los informes proporcionados por el ciudadano capitán Gonzalo Acosta Rojas, director de resguardo de esta Cámara, entre las 0.30 y 1. 30 horas de dicho día, se recibieron tres llamadas telefónicas anónimas, denunciando que en el estacionamiento de este edificio se habían colocado varios artefactos explosivos.

El capitán Acosta Rojas, dada la gravedad de las denuncias y el antecedente de que el día 17 de agosto, minutos antes del inicio de la sesión del Colegio Electoral, se recibió una llamada telefónica similar, gracias al cual se detuvo a una

persona de nombre Florencio Castro, de origen español, naturalizado estadounidense, el cual en un portafolio contenía un artefacto explosivo, mismo que fue desactivado por expertos de Seguridad Nacional, a cuya disposición se puso al mencionado individuo.

Sabedor el capitán Acosta Rojas de que en el exterior del edificio se encontraba un grupo especializado en la desactivación de explosivos, elementos de la Secretaría de Protección y Vialidad solicitó el auxilio urgente de los mismos para localizar los supuestos explosivos, realizándose una exhaustiva búsqueda en los estacionamientos sin encontrarse artefacto alguno.

En cumplimiento de sus instrucciones, se procedió al retiro inmediato de dicho grupo que integraban aproximadamente 30 elementos, y se conminó al capitán Acosta Rojas para que dicha circunstancia no se vuelva a presentar si no es con la autorización expresa del ciudadano presidente de la Cámara, aun tratándose de casos urgentes como el mencionado.

Atentamente. - El ciudadano Oficial Mayor, licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier.»

El C. presidente: - Tiene la palabra, para abundar en este planteamiento, el ciudadano diputado Luis Jacobo García, posteriormente el diputado Juan Guerra

. El C. Luis Jacobo García: - Señor presidente; honorable asamblea: Quienes formamos parte de esta Cámara de Diputados, tenemos el carácter de representantes del pueblo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga protección a nuestra actividad, y establece que los diputados serán inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su encargo, y agrega que jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

Tanto la Ley Orgánica del Reglamento del Congreso General, contienen disposiciones que garantizan la participación de los diputados en las sesiones, y concretamente el reglamento prohibe que se les interrumpa o se reclame el orden sino en los casos que señalan los artículos 104, 105 y 107 del propio reglamento.

La Constitución General de la República garantiza, además del respeto al fuero constitucional de los diputados, la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

El artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso establece textualmente: "Los recintos del Congreso y de sus cámaras son inviolables, toda fuerza pública está impedida de tener acceso a las mismas, salvo con permiso del presidente del Congreso de la Cámara respectiva o de la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este caso."

Agrega, repitiendo lo que la Constitución señala, que el presidente de la Cámara de Diputados tiene la obligación de salvaguardar el fuero constitucional de los diputados, y la inviolabilidad del recinto de la propia Cámara, como se establece claramente en el segundo párrafo del artículo 12 y la primera parte del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General.

El ciudadano diputado Miguel Montes García, presidente de la Cámara de Diputados, ha incurrido durante los trabajos de la Cámara y del Colegio que calificó las elecciones del Presidente de la República, en varias violaciones legales y reglamentarias.

El 1o. de septiembre, en la sesión en que el jefe del Poder Ejecutivo se presentó ante el Congreso de la Unión a rendir informe el presidente de la Cámara de Diputados, indebidamente, estuvo llamando la atención a varios legisladores, que en uso de sus derechos constitucionales como representantes de la nación, interpelaron al titular del Ejecutivo Federal.

La Constitución General de la República, la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, otorgan a los diputados a no ser reconvenidos ni enjuiciados por las opiniones que expresen, y a hacer uso de la palabra para expresar sus opiniones.

Este derecho fue violado por el diputado Miguel Montes García, al impedir que miembros de esta Cámara de Diputados hicieran uso de la palabra para interpelar al ciudadano Presidente de la República. No existe ni en la Ley Orgánica ni en el Reglamento del Congreso, ninguna disposición que prohiba a los diputados formular preguntas al Presidente de la República en el momento que rinde su informe; es más, interrogar al titular del Ejecutivo es un derecho de los diputados, para que aporte la información que requieran los representantes populares.

El diputado Miguel Montes incumplió el mandato que impone la Ley Orgánica del Congreso, al dar respuesta al informe presidencial contestando primero como presidente del Congreso y después como miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Al iniciar la respuesta, textualmente expresó: "Con la representación del Congreso de la Unión, en los

términos de los artículos..."; y en la parte final de su respuesta sostuvo: "Afirmamos que afrontaremos nuestras responsabilidades de mayoría con absoluto apego a la Ley, sin que nos averígüense, por que no hay de qué, ser mayoría"

. Durante los trabajos del Colegio que calificó la elección de Presidente de la República, el diputado Montes García consintió, al margen de la Constitución y la ley, que elementos policiacos estuvieran en el recinto de la Cámara de Diputados y puso en peligro el fuero constitucional de los diputados.

Ante esta situación, y ante la incapacidad del ciudadano presidente de la Cámara de Diputados para cumplir sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, los diputados que suscribimos proponemos:

"Primero Llamar severamente la atención al ciudadano Miguel Montes García, por haber incumplido sus obligaciones como presidente de la Cámara de Diputados.

Segundo. Aplicar el artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Miguel Montes sea reemplazado por el vicepresidente.

Sala de sesiones de la Cámara de Diputado, 12 de septiembre de 1988. - Diputados Luis Jacobo García y Mario Vázquez Martínez.

El C. Presidente: - Esta presidencia observa dos planteamientos diferentes en relación con el asunto de que está tratando; el primero, iniciado por el diputado Cícero y apoyado por el ciudadano diputado Herón Maya Anguiano.

Por lo que hace a estos planteamientos, en virtud de que hubo una solicitud expresa de que se dispensase el trámite del artículo 58 y se turnase a comisión, la presidencia requiere la aquiescencia de los coordinadores de los grupos parlamentarios de la asamblea, para que se turne a las comisiones de Gobernación de inmediato y a la de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para que se presente dictamen sobre el caso en cuanto esta última esté constituida.

Por lo que hace al segundo planteamiento realizado por el ciudadano diputado Luis Jacobo García, y dado que se trata de la remoción de la presidencia, ruego a la secretaría dé lectura al artículo 22 del reglamento.

El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - «Artículo 22. Cuando el presidente no observase las prescripciones de este reglamento, podrá ser reemplazado por el vicepresidente o por el que hiciere sus veces, pero para esto se requiere que algunos miembros de la Cámara presenten moción, que se adhieran a ella por lo menos dos de los miembros presentes y que ésta, después de sometida a discusión en que podrán hacer uso de la palabra hasta dos individuos en pro y dos en contra, sea aprobada en votación nominal».

El C. Presidente: - Dado que se ha presentado la moción en forma escrita, la presidencia, con fundamento en el artículo 22 reglamentario, pregunta qué legisladores se adhieren a ella...

Dado que se cumple el supuesto de que se han adherido dos o más legisladores a la moción, la presidencia la somete a discusión e informa que pueden hacer uso de la palabra dos individuos en pro y dos en contra.

En pro, Gerardo Avalos; en contra, José Luis Lamadrid; en pro, Reyes Contreras; en contra, el licenciado López Moreno.

Esta presidencia informa a la asamblea, que permitirá que este debate sea dirigido con su aquiescencia, por el vicepresidente de la asamblea. (Aplausos.

) PRESIDENCIA DEL C. JUAN JOSÉ OSORIO PALACIOS

El C. Presidente: - En pro de la moción, el diputado Ávalos.

El C. Gerardo Ávalos Lemus: - Señores legisladores; señor presidente: No es el simple objetivo de la destitución del que ha venido fungiendo como presidente lo que nos mueve a defender esta propuesta, sino es la serie de violaciones sistemáticas que se han venido cometiendo a nuestra Constitución, a la Ley Orgánica y al Reglamento Interior para el Gobierno de este cuerpo colegiado, y todo ello ha sido con el consentimiento de su presidencia, puesto que ha sido la presidencia quien ha permitido que esta serie de atropellos a las normas legales se vengan dando.

Yo esperaba hacer mi intervención para tocar este punto en el momento que desahogáramos el aspecto de la política interna, donde una de las cuestiones que sobresalta el informe presidencial, ha

sido el ajuste al marco constitucional y al respeto de la ley; sin embargo, en la versión estenográfica de las tareas del Colegio Electoral y de esta Cámara de Diputados, versan nuestros dichos y las pruebas contundentes de estas violaciones sistemáticas que se han hecho.

Y quería yo hacer mi intervención para desmentir el marco en que se ubica el Ejecutivo de este país, cuando señala que todas las acciones de su gobierno y de su partido se han encuadrado al marco legal.

¿Y por qué nos preocupa?, precisamente porque durante muchos años ha sido la oposición a la que se nos ha acusado de no respetar los marcos legales, pero no podemos quedarnos callados ante una decisión del pueblo mexicano, por una vía pacífica y legal, venir a buscar un cambio social y político, se ha enfrentado a que los derechos más elementales de esta población han sido pisoteados y han sido atropellados.

Voy a dar lectura a la publicación que sale de "La Jornada", de la versión estrictamente tal cual fueron los hechos el día 1o. de septiembre que es el tema, donde el señor presidente del Congreso de la Unión dice, en la parte que el ciudadano Presidente de la República habla del honorable Congreso de la Unión: "Mexicanos, hace casi seis años protesté guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes de la República; ejercer con lealtad y patriotismo el cargo de la presidencia de la República que el pueblo me confiriera en las urnas el primer domingo de julio de 1982; mirando en todo por el bien del país y prosperidad de la nación. Este ha sido y será hasta éste el último minuto de mi mandato, la más elevada declaración del compromiso político, legal, moral e histórico que asumí ante los mexicanos...".

Y justo en este momento, cuando el compañero Porfirio Muñoz Ledo solicita una interpelación como miembro de este cuerpo legislativo del Congreso General, el ciudadano presidente de este Congreso, contesta: "Momento, señor legislador, no hay derecho a interpelación ni a interrumpir al ciudadano Presidente. Ruego continúe adelante con la sesión".

Y efectivamente, tal como fundamenta su postura el compañero que presentó este proyecto de acuerdo, no existe ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica ni en el Reglamento Interno, algo que impida, porque si nosotros, los representantes de la nación estamos ya vetados de la palabra, de la interpelación, quiere decir que de manera automática este gobierno reconoce que no existe el derecho ni la libertad de la expresión, mucho menos otras garantías de libertad que consagra nuestra Constitución y las anula de facto

. Más adelante, en este mismo documento, es claro para toda la opinión nacional, no hubo galerías, hubo sólo personas invitadas del aparato que gira en torno al trabajo del Ejecutivo; estuvieron los cuerpos armados, la Marina de un lado y el Ejército de otro, más aparte ciudadanos miembros de las instituciones o empleados de las instituciones.

Sin embargo, ante la televisión se pretendió hacer que existían galerías, y fue a partir de los problemas aquí abajo que el ciudadano presidente ordena a la secretaría dar lectura a un artículo que en la forma en como se leyó, pretendió y dejó esa imagen ante quien desconoce la Ley Orgánica y el reglamento de este órgano, pensó que ésa era una intimidación o amenaza contra los legisladores y que dice de esta manera: "Ruego a la secretaría dar lectura a los artículos 209 y 210 del reglamento".

El secretario, sin hacer señalamientos del artículo, dice: "los que perturben de cualquier modo el orden, serán despedidos de las galerías en el mismo acto, pero si la falta fuese grave o importante delito, el presidente mandará detener al que cometiere y consignarlo al juez competente. Siempre que los medios indicados no basten para contener el orden en las galerías, el presidente levantará la sesión pública y podrá continuarla en secreto".

Sin embargo, aquí hay dos aspectos que quiero resaltar; el primero, es la lectura dolosa que ante los ojos y oídos de la nación pareciera ser que contra quien iba la amenaza y la posibilidad de ponerlo a disposición de un juez, era contra los legisladores que estaban solicitando una interpelación, y que en última instancia al negar el presidente del Congreso General la palabra a los legisladores y además de la lectura tendenciosa, no cumple con lo establecido en el artículo 210 leído aquí mismo y en presencia de toda la nación, de si en realidad había un desorden que lo ameritará, se trataba de levantar dicha sesión.

Yo les digo, señores legisladores, tenemos que ser más responsables de nuestras funciones aquí, es obvio, es evidente, lo hemos dicho, se ha visto, existe una mayoría, no la discutamos, pero cuiden las formas, respeten la ley, procuren que lo que hagan les salga bien por bien de la nación misma.

Finalmente, quiero señalar mi profunda preocupación porque los acontecimientos del 1o. de septiembre han dado mucho que desear, precisamente por esos acontecimientos y la actuación del ciudadano presidente del Congreso

. Recorriendo recientemente los estados de Michoacán Jalisco y Morelos, con los grupos organizados

con quienes visitamos e intercambiamos comunicación e información de los acontecimientos, efectivamente en la interpelación de lo que destinó el señor presidente de este Congreso ante la gente, todo el mundo creyó que preferimos salirnos antes de que nos sacara la policía o nos pusieran a disposición de un juez.

Y efectivamente podemos tomarlo como lo deseen, nos encontramos en momentos difíciles de nuestra nación, donde las formas cuentan bastante, donde el papel histórico de esta Cámara de Diputados, tanto para nosotros el ajustarnos en tiempo y forma este derecho, lo es nuestra obligación como lo es un reto convencer a la nación de las decisiones que por mayoría aquí se toman.

El C. Presidente: Tiene la palabra el licenciado Lamadrid.

El C. José Luis Lamadrid Sauza: - Ciudadano presidente; honorable Cámara de Diputados: He solicitado el uso de la palabra en contra de las propuestas formuladas por ciudadanos diputados del Partido Popular Socialista, por dos razones; la primera, de tipo procedimental y la segunda, por razón del fondo involucrado en la propuesta.

Si bien distingo entre el aspecto procedimental y el aspecto de fondo, la distinción lógica no significa su vinculación lógica, los distingo para fines de la argumentación.

Proponer la sustitución del presidente de la Cámara, pienso, con toda lealtad a la institución, ala Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, es una cuestión que no puede seguir el trámite, el procedimiento, de proposiciones cuyo alcance y sentido tienen una significación menor que lo que entraña la propuesta.

Nuestra Cámara, por disposición legal y por disposición reglamentaria, dispone cada mes de una mesa de debates, y no se requiere detenerse mucho tiempo para percatarse de que esta disposición legal y reglamentaria no está acorde ni con el número de integrantes de la Cámara ni con las características, desde hace ya mucho tiempo de su composición. hace tiempo que yo me cuento entre los que han pensado que la marcha, el buen funcionamiento, el cumplimiento de sus tareas de la Cámara de Diputados, reclama una mesa de debate, una presidencia de debates de una duración mayor.

Dirigir el debate de una asamblea, como nuestra asamblea, requiere el ejercicio de la facultad de dirigir el debate durante semanas y durante meses. La composición equilibrada de los grupos parlamentarios en esta asamblea, nos hace más imperiosa esta demanda, está en el orden del día, en la revisión de ley y de reglamento dar respuesta a esta necesidad, a la que se involucra el buen funcionamiento de la Cámara.

Este es el punto, por lo que sostengo que si independientemente de la propuesta que examinamos, se me preguntase la necesidad de una mesa de debates que superara la temporalidad de la semana, mi afirmación sería contundente, no hay buen funcionamiento de la Cámara de Diputados si no hay consistencia, duración en la presidencia de debates. Involucrado a esa transitoriedad, podríamos pensar que la cuestión no tenía el significado que yo me esfuerzo en conferir.

No, abocarnos en el trámite simple de una proposición, la cuestión involucrada de sustituir al presidente, me parece que no es acorde con la responsabilidad que tenemos de iniciar desde ahora una renovación, una reconstrucción del hacer cotidiano de la Cámara de Diputados.

Sé que la motivación, las motivaciones que han fundado la propuesta, son materia opinable jurídica y políticamente, son materia en el cual las posiciones partidistas parecieran inclinar la visión estrictamente jurídica y reglamentaria, por cuanto que es una cuestión que amerita que con sobriedad, objetividad, decisión, la examinemos.

Yo invoco el contraargumento procedimental, turnémosla a las comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, examinemos de buena fe y a fondo, veamos en el trabajo de comisión a fondo la cuestión que nos ocupa y cuidemos de no tomar decisiones simples de votación.

Esta es la razón del procedimiento en que, con buena fe, con objetividad y con el ánimo de ir a fondo en materia del papel, su función, atribución que esta Cámara necesita y necesitará de su mesa de debates, es por lo que yo estoy argumentando en el aspecto procedimental y proponiendo que se turne a esa comisión y vayamos a fondo.

Segundo. La razón de fondo, la razón de fondo resulta también materia opinable y resulta ésta una ocasión para plantearnos el desarrollo de lo que a partir de 1977 quedó inscrito en la Constitución como obligación del presidente del Congreso y de la Cámara.

Responsabilidad de proteger el fuero constitucional de los integrantes de la Cámara, obligación de velar por la inviolabilidad del recinto parlamentario, inscrito en la Constitución a partir de 1977, no tiene ni en la Ley Orgánica ni en el

Reglamento el desarrollo de estas normas constitucionales que debería haber tenido.

La cuestión que nos ocupa, nos da ocasión para plantearnos este retraso en la normatividad legal y reglamentaria en relación con la Constitución, nos obliga a poner de frente la distancia entre la norma y la realidad.

¿Cual es el alcance del indiscutible derecho de discutir, de debatir, de deliberar, de proponer?, ¿acaso podemos afirmar que este indiscutible derecho involucrado en nuestra condición de representantes de la nación, de legisladores, de diputados, indiscutible como es, no es una facultad que no pueda ser objeto de regulación jurídica?, me pregunto y mi respuesta es categórica.

Reconocido el derecho indiscutible de participación en todos los órdenes, en el cotidiano hacer de la asamblea, no puede ser un derecho que se ejercite sin orden y concertación; por esto, porque reconozco el derecho y porque veo la exigencia de someterse a norma, a regulación, a ordenación, es por lo que refuerzo mi argumento en el fondo. No puede despacharse, ciudadanos diputados, en el curso precipitado como se discute una moción, una cuestión de tanta significación.

Por las razones que he expuesto, argumento en contra del tratamiento procedimental, argumento en contra respecto al fondo de las materias que están involucradas en la proposición.

Pienso que con sentido de responsabilidad, teniendo en la mira un futuro de desarrollo mejor de la actividad de la Cámara, es por lo que mi conclusión es contraria a la propuesta, y es contraria no para eludir las cuestiones que ahí están involucradas, sino para someterlas al examen, a la deliberación verdaderamente de fondo, por lo cual mi propuesta es su envío a las comisiones de Reglamento y Régimen Parlamentario para que ahonde y defina una solución a esas cuestiones. Es cuanto tenía que decir, señor presidente.

El C. Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?

El C. José Luis Lamadrid Sauza: - Sí, ciudadano diputado.

El C. Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul): - Diputado, además de que escuché con atención su propuesta para que se pueda reglamentar una serie de aspectos de fondo que están involucrados aquí, lo remito yo al artículo 61 constitucional, donde expresamente se establece la inviolabilidad del recinto donde se reúne a sesionar esta Cámara.

El hecho es que hubo una violación a este recinto, ¿cuál es su propuesta ante el hecho concreto de la violación que hubo ya a este recinto parlamentario?

E C. José Luis Lamadrid Sauza: - Mi propuesta es simple y categórica, que el hecho tiene tal significación, que nos obliga ir al fondo de esa supuesta, posible o real violación; que no hagamos en cuestiones de tal trascendencia decisiones sobre banquillo, que no tenemos decisiones de precipitación, y que debemos ir a fondo y encontrar la respuesta, a supuesta a real violación, la que amerite por la importancia y significación que tiene esta violación y esto no podemos ir a fondo de la cuestión si el asunto no pasa con seriedad y responsabilidad a la comisión respectiva que lo agote a fondo, los hechos que generan esta discusión.

Dígame, compañero.

El C. Presidente: - El diputado Gerardo Ávalos quiere hacer una interpelación.

El C. José Luis Lamadrid Sauza: - Sí.

El C. Gerardo Ávalos Lemus (desde su curul): - Señor diputado, yo comparto con usted que hay muchas cosas que debemos adecuar para su funcionamiento mejor, pero en su argumento dijo usted, un apartado de procedimientos, ¿qué vamos a hacer si estamos en un procedimiento que ya es debate y por reglamento, por procedimiento, corresponde la votación.?

Mire usted, por razones obvias y de peso, que no vayamos a la votación para no resolver a la carrera, entonces ¿en qué plano dejamos la parte de su argumento, sobre el procedimiento?

El C. José Luis Lamadrid Sauza: - Sobre el procedimiento, mi propuesta es alternativa a la precipitación. Mi propuesta es que las proposiciones que son el objeto de la discusión, pasen a comisión, y pienso que la comisión adecuada es la de Reglamento y Régimen Parlamentario, y que yendo al fondo en cada uno de los aspectos de la proposición, proponga a esta asamblea las que correspondan a esa investigación de fondo que debe realizar la comisión.

El C. Gerardo Ávalos Lemus (desde su curul): - Señor diputado, quisiera que en lo concreto me respondiera, ¿anulamos el procedimiento que el reglamento no exige, puesto que estamos ya sobre el debate, y por reglamento lo que corresponde en seguida es votar?, ¿lo violamos es esta ley también?

El C. José Luis Lamadrid Sauza: - No es violar, es que la presidencia consulte antes de pasar a votación, si se satisface la propuesta que estamos deliberando, con la propuesta que yo he formulado. Que los asuntos pasen a esa comisión y la comisión abocándose a fondo a cada uno de ellos, presente propuesta a esta asamblea.

El C. Gerardo Ávalos Lemus (desde su curul): - De acuerdo con el artículo 58, debería usted plantearlo por escrito, señor diputado.

El C. José Luis Lamadrid Sauza: - Sí.

El C. Presidente: - Para saber si continuamos con este debate que ya se inició, quisiera preguntar a los autores de la proposición, si renuncian a lo que previene el artículo 22 en ese aspecto y se turna a comisiones.

El C. Miguel Montes García (desde su curul): - Moción de orden.

El C. Presidente: - Diga, diputado Montes.

El C. Miguel Montes García (desde su curul): - No puedo aceptar el sesgo que a la defensa le ha dado mi compañero, pido y exijo que se resuelva en sus términos el artículo 22.

El C. Presidente: - ¿Terminó, diputado Lamadrid?

El C. Octavio F. S. Moreno Toscano (desde su curul): - ¿Cuándo se constituyó la comisión de procedimientos?

El C. José Luis Lamadrid Sauza: - Tiene que constituirse.

El C. Presidente: - ¿Terminó, compañero Lamadrid?

El C. José Luis Lamadrid Sauza: - ¿Ya no hay interpelación?

El C. Presidente: - Ya no hay; seguimos con el debate.

Tiene la palabra el diputado Alfredo Reyes Contreras, en pro. La C. María Teresa Ortuño Gurza (desde su curul): - Pido la palabra, para hechos.

El C. Presidente: - Compañera, si me permite usted, el artículo 22 habla claramente que hablarán dos en pro, dos en contra y se someterá a votación, así lo dice y vamos a cumplirlo para que no nos diga el diputados Ávalos que vamos a violar el reglamento .

La C. María Teresa Ortuño Gurza (desde su curul): - Solicito la palabra, para hechos.

El C Presidente: - Al terminar el turno de oradores, le daré la palabra con todo gusto, nada más terminando el turno de oradores y antes de la votación, le daré la palabra.

El C. Alfredo Reyes Contreras: - Con su venia, señor presidente; honorable asamblea; Vengo a pronunciarme a favor de la proposición que hicieron en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, mis compañeros de fracción.

Me parece que estamos ante un hecho poco común, en donde se pone en tela de juicio la actitud del presidente de la Cámara de Diputados, y es que, señoras y señores, estamos ante nuevos tiempos, y precisamente estas nuevas realidades imponen actitudes distintas, imponen conductas distintas a las del pasado; ésta es una cuestión que la fracción parlamentaría del Partido Revolucionario Institucional debe entender. México es distinto después del 6 de julio, y no pueden seguir actuando como en el pasado.

Me parece también que el diputado Lamadrid eludió el tema y se fue por el lado del procedimiento, pero dejó intocado el planteamiento fundamental que se hace en el cuerpo de la proposición de mis compañeros de fracción parlamentaria.

El diputado Lamadrid dice que el procedimiento que señala actualmente el reglamento no le parece correcto porque ha sido superado, pero el procedimiento está ahí, está precisamente en el reglamento; nos obliga, debemos seguirlo, debemos acatarlo y debemos resolver esta proposición con base en el reglamento.

Dice el diputado Lamadrid que hay retraso en algunas disposiciones. Quiero señalar que la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista comparte este juicio, necesitamos actualizar la Constitución, necesitamos actualizar la Ley Orgánica del Congreso, necesitamos actualizar el Reglamento del Congreso y próximamente el Partido Popular Socialista presentará las iniciativas correspondientes.

Quiero decirle al diputado Lamadrid, que la motivación de nuestra proposición es que precisamente en esta Cámara de Diputados, en esta representación popular haya un absoluto e irrestricto apego a las normas constitucionales, legales, y reglamentarias,

no nos lleva ningún otro afán, sino precisamente el que se respete el orden jurídico, el orden legal en el que vivimos.

Quiero señalar ante esta honorable asamblea también, que nuestra proposición no es en contra de personas; es en contra de procedimientos viciados que se dieron durante mucho tiempo y durante mucho tiempo permanecieron intocados.

Tenemos pues, señoras y señores, que inaugurar una nueva etapa, y quisiera en la, parte final de mi intervención precisar algunas cuestiones en torno a la actitud y a la conducta que la presidencia siguió en los debates desde el 1o. de septiembre; tengo la versión taquigráfica de la respuesta que le dio el diputado Montes como presidente del Congreso al informe del Presidente de la República.

En la primera parte, el diputado Montes dice textualmente, ésta es la versión taquigráfica, se puede verificar, dice lo siguiente: "Con la representación del Congreso de la Unión, en los términos de los artículos 6o. y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento del artículo 8o. del mismo ordenamiento, contesto el informe que usted ha rendido a la nación".

Posteriormente, casi en la parte final de su respuesta, dice: "Esta presidencia agradece la paciencia y la tolerancia republicana que el Presidente de México ha tenido en esta sesión y ante la nación, que la tolerancia de la mayoría de diputados y de senadores es fortaleza democrática y no debilidad. Afirmamos - dice - , afirmamos que afrontaremos nuestras responsabilidades de mayoría, absoluto apego a la ley, sin que nos avergüence, porque no hay de qué, ser mayoría...".

Y posteriormente recalca: "Reciba usted la solidaridad de la mayoría de los legisladores mexicanos representantes...".

Evidentemente, aquí hay una manifiesta violación al artículo 8o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que le obliga a responder en su carácter de presidente del Congreso y no como representante de una de las fracciones parlamentarias que estén en el seno de esta Cámara de Diputados o que estén presentes en este momento en el Congreso.

Se puso de manifiesto aquí el sábado por la madrugada, la actitud de la presidencia de la Cámara de Diputados, en ese momento del Colegio Electoral, que calificaba las elecciones de presidente, en el sentido de que se consintió la violación al fuero de los diputados y que se aceptó la violación también del recinto parlamentario.

Esto, señores, ha propiciado un ambiente que ha enrarecido las relaciones en el seno de la Cámara de Diputados.

Nos parece que la destilación del presidente de la Cámara de Diputados sería una medida benéfica para que estas relaciones fueran menos tensas, fueran más llevadas y de esa manera la Cámara de Diputados pudiera realizar mejor las funciones elevadas que le ha encomendado la nación mexicana. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado López Moreno, en contra.

El C. Javier López Moreno: - Vamos a convivir 38 meses elaborando las leyes del país, en virtud de que se tiene que dar paso a las reformas constitucionales y legales que en lo sucesivo indican obligarán a la presentación del informe presidencial el 1o. de noviembre y la celebración de elecciones federales en el primer miércoles de septiembre.

Yo dudo mucho que este largo período y no obstante el conocimiento que tengo de las virtudes, cualidades y características positivas de mis compañeros de Cámara, que volvamos a tener otro presidente de la Cámara de Diputados con la atingencia, el rigor legal y la disposición ecuánime a la ponderación, a la reflexión y a la conciliación entre todos los miembros de esta Cámara.

Pero no solamente por lo que implica esa biografía personal que asoma en la conducción honorable de la Cámara de Diputados, sino fundamentalmente porque se trata de una demostración de que los partidos políticos aquí representados, tienen a seres humanos que pueden aparecer ante los ojos de muchos, con las cualidades necesarias para ser representantes populares, es que me opongo terminantemente a que proceda una solicitud tan seria como ésta que acabamos de escuchar.

No se trata de un asunto de poca monta, estamos resolviendo de qué manera queremos enrumbar los trabajos de la Cámara de Diputados. Entiendo el enardecimiento, la irritación, la inconformidad que en ocasiones por razones de trámite aquí se suscitan, pero me parece que incluso aunque fueran procedentes, no son razón válida ni menos suficientes para venir a demandar algo tan trascendente como lo que aquí acabamos de escuchar. Solamente me quiero referir a los argumentos a grandes rasgos que aquí se han planteado, para pretender sustentar esta demanda:

Primero. El atropello a las normas legales. Se dice que son de todo rango, de carácter constitucional,

legal, reglamentario, y se alude a la consideración y prescripción constitucional en el sentido de que ningún diputado puede ser reconvenido por sus opiniones.

No hay, ya no digo pruebas sino ni siquiera indicios o asomos preliminares de que el ciudadano presidente de esta Cámara, aquí controvertido, haya reconvenido por su opinión a alguno de los compañeros aquí presentes.

Segundo. Se le atribuye el desalojo infundado de las galerías. No fue una decisión tomada por sí y ante sí, fue tan sólo el cumplimiento de un trámite procedimental, una vez que la mayoría de esta asamblea así lo aprobó.

Tercero. Se dice que hubo aquí violación del fuero de los diputados y de la integridad de nuestro recinto. Ninguna de estas dos cosas están probadas, en todo caso se trataría, porque así lo podría ameritar, del examen a fondo, desapasionado, riguroso, objetivo, de una demanda de tal naturaleza, pero insisto, no está probado que exista este hecho tan grave por sí.

Cuarto. Y por último, se dice también que con motivo del VI informe presidencial, se produjeron aquí incidentes imputables a su responsabilidad, y que en consecuencia, ameritan su destitución; incluso emplear para mí en lo personal este término de destitución me resulta mortificante, porque quiero seguir reconociendo como muchos de aquí, no solamente de Partido Revolucionario Institucional, se reconocen y se reencuentran, insisto, en las cualidades de diputados, de político profesional, de Miguel Montes.

Ahora bien, lo relativo a las fuerzas policiacas y al abuso de recursos parlamentarios. Por último, me permito tan sólo citar dos incidentes que ocurrieron hace apenas unas cuantas horas y que dan testimonio de la calidad moral del presidente de la Cámara de Diputados.

Cuando por una parte advirtió que el Partido Acción Nacional incurría en trámites dilatorios, obstruccionistas, que son válidos ciertamente y que fueron aquí expresamente confesados por una de sus diputadas, y en virtud de la trascendencia y delicadeza del asunto que a todos nos congregaba, solicitó que se permitiera a la asamblea la votación relativa a que solamente por razones de estar en pro o en contra del dictamen se hiciera uso de la palabra, y para el recurso de hechos ya no hubiera más este procedimiento.

Sin embargo, como un compañero de acción Nacional, creo que Bernardo Bátiz y como Manuel Marcué Pardiñas vinieron aquí a alegar en favor de que no hubiera el menor límite, dique o contención a las expresiones de los diputados, él retiró la proposición dando muestras no solamente de buena fe sino de sensatez, y se requiere sensatez en la conducción de esta Cámara para que delibere con toda fluidez y con toda normalidad.

Segundo. También cuando se habló de fuerzas policiacas, sin dilación dio el trámite correspondiente, y una vez que había opiniones dispares de quienes habían asistido allí, determinó que los coordinadores de cada una de las fracciones parlamentarias hiciera la inspección relativa.

Esto indica pues, no solamente el celo en el cumplimiento de las disposiciones que rige el comportamiento de la asamblea, sino también una natural vocación de mi correligionario Miguel Montes, jurista reconocido pero político profesional, a enrumbar los trabajos de nuestra asamblea, insisto, con buena fe, con sensatez.

Por todas estas razones, yo demando a la asamblea que se pronuncie públicamente en un voto de confianza refrendado al compañero Miguel Montes. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos sobre este mismo asunto, la diputada Teresa Ortuño.

La C. María Teresa Ortuño Gurza: - Buenas tardes a todos: En esta sesión, que como todas empezamos muchas horas después de citada, pedí la palabra para hechos, en relación con lo que estuvo aquí señalando el licenciado José Luis Lamadrid; ahora, con las intervenciones posteriores, voy a agregar algunos puntos breves, pero procuraré de cualquier manera no pasarme de los cinco minutos.

En primer lugar, realmente quiero felicitar al licenciado José Luis Lamadrid por la capacidad que tiene de ocupar tanto tiempo la tribuna sin decir nada, por lo menos nada referente al tema, no me refiero a otra cosa y esto quiero precisar, no es una cuestión personal.

Yo admiro a quienes pueden hacer uso de ese lenguaje sin decir nada y sin que los demás entendamos nada; yo puedo ser un poco lenta para captar las cosas, pero no creo que todos los que estuviéramos aquí estamos en el mismo caso.

Creo, licenciado Montes, que merecía usted mejor defensa, no porque no tenga calidad el licenciado Lamadrid para hacerla, creo que le sobra capacidad intelectual, la estoy reconociendo, pero nos hubiera gustado, licenciado Lamadrid, nos dijera aquí por qué estaba equivocada la propuesta de los

compañeros del Frente Democrático, que nos hubiera dicho, ¿por qué no violó el artículo 104 del reglamento?, ¿por qué estuvo apegado a derecho su actuación como presidente del Congreso?, porque quienes venimos aquí sin consigna y escuchamos una propuesta en pro y en contra y nos parece razonable algo, pues, pues podríamos encontrar en el contra otro algo más razonable que nos convenciera de lo contrario, me refiero a los que venimos sin consigna, pero no pudimos encontrar en el argumento del licenciado Lamadrid nada congruente, porque no se refirió a desbaratar las proposiciones de los compañeros del Frente Democrático.

El reglamento, licenciado Lamadrid, no lo hizo la oposición; es más, la oposición, y hablo por el Partido Acción Nacional, supongo que los cardenista o la izquierdo también, hace muchos años que viene pidiendo que se cambie, ustedes son los únicos que no han querido cambiarlo. Si no lo quieren cambiar, aguántense y cúmplanlo, por lo menos eso.

ahora, me llamó la atención también otra frase del licenciado Lamadrid, sin argumentar por qué, al menos en tantas palabras extrañas, no entendimos nunca por qué, lo único que nos quedó claro es que pidió que se pasara a una comisión que no ha sido constituida y que evidentemente será constituida de manera tendenciosa para evitar un dictamen en determinada manera; pero en fin, dijo simplemente que lo que propone en concreto, y eso a contestación de las interpelaciones, porque en el cuerpo de su discurso no lo dijo, al menos no muy claro, que quería que se regresara a comisiones.

Licenciado Lamadrid, yo quisiera sinceramente, en esta honradez intelectual con la que pretendemos debatir y elevar estos debates, que nos diga por qué aquí pide lo que nadie pidió, sólo usted, que se regrese a comisiones y no aceptaban que se regresara a comisiones lo que todos queríamos, el dictamen fraudulento de la elección presidencial. (Aplausos.)

Ahora bien, posteriormente, digo yo que el licenciado Miguel Montes me parece que merecía mejores defensores, debe ser muy difícil conducir estas sesiones y supongo que cualquiera se puede equivocar, es lo malo de estar arriba, ¿pero sabe qué?, no se refirieron a otra cosa que hizo el licenciado Montes, que en nuestro caso merece no una condena pero sí una solicitud de disculpa pública, el licenciado Montes cuando estaba haciendo uso de la palabra, nuestro compañero Leopoldo Salinas y alguien, no recuerdo quién, le solicitó que ya se callara y que hiciera tiempo porque estaba haciendo uso de su derecho para hechos, el licenciado Montes contestó a la asamblea, que no le podía negar el uso de la palabra al licenciado Salinas, pero que solicitaba y se atenía, algo así eran los términos, a la calidad moral de los diputados de Acción Nacional.

Licenciado Montes, me parece, con todo respeto, que eso amerita una disculpa de su parte, usted no puede calificar la calidad moral de quienes hacemos uso de un reglamento, que hemos rechazado pero que existe, y que teníamos derecho a utilizar como consideráramos adecuado para nuestra particular estrategia de defensa del voto popular.

El licenciado Javier López Moreno reconoció aquí que el presidencia Montes solicitó violar el reglamento, reconoció aquí que el licenciado Miguel Montes pidió a la asamblea que nos negara el seguir haciendo uso de la palabra, a pesar de que este reglamento absurdo, que estamos conscientes que debe cambiarse, pero que existe y mientras exista debe cumplirse, pidió el licenciado Montes que se nos negara más el uso de la palabra y ese reconocimientos del licenciado Montes, es una razón más para decir, digo perdón, del diputado Javier López Moreno, repito, creo que el licenciado Montes merecía mejores defensores.

Por último, el oficio que se leyó aquí esta mañana por parte del Oficial Mayor, en el sentido de que autorizó la presencia de por lo menos 30 elementos para que vigilaran el estacionamiento y otras áreas por la amenaza de una bomba o algo así, de aquello no dio cuenta previa al presidente y si no dio cuenta previa al presidente, debe ser destituido el Oficial Mayor, y si dio cuenta previa al presidente, entonces que nos informe el presidente por qué no dio cuenta a la asamblea.

Eso es todo cuanto tenía que decir, muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado Dionisio Pérez Jácome, sobre el mismo asunto.

El C. Dioniso E. Pérez Jácome: - Con la venia del señor presidente; compañeros de esta honorable Cámara de Diputados: Creo incuestionable, y lo planteo como primera premisa de mi intervención, el apego que el señor presidente de esta Cámara ha tenido a la Constitución, a la ley, al reglamento.

El respeto irrestricto que ha manifestado al fuero de nosotros, los señores diputados, y a la inviolabilidad de este recinto; la dignidad con que ha ejercido su función es ejemplar, y el respeto que ha manifestado a la pluralidad de opiniones se ha expresado, inclusive, con la única limitación de

marcamos los tiempos, de señalarnos el agotamiento de los términos a los diputados de su fracción parlamentaria, no a los muy respetables señores diputados de la oposición.

Pero, concretamente, se ha impugnado su actuación en la sesión solemne y formal a la que se refieren los artículos 7o. y 8o. de nuestra Ley Orgánica del Congreso de la Unión, y por ello es menester hacer alusión expresa y textual al sentido y a la letra de esos artículos.

El artículo 7o., literalmente manifiesta que: "El 1o. de septiembre el Congreso se reunirá en sesión conjunta en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados para inaugurar su período de sesiones ordinarias..."; y el artículo 8o. indica que: "El Presidente de la República acudirá a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, y rendirá un informe de conformidad con el artículo 69 de la Constitución".

El presidente del Congreso, en este caso de la Cámara también, contestará el informe en términos concisos y generales y con las formalidades que correspondan al acto, y el informe será analizado las cámaras en sesiones subsecuentes.

Estamos ante un precepto de la ley, de la ley que tiene un rango, y esto es innecesario aclararlo ante nuestros compañeros de legislatura, un rango superior al reglamento, y es un régimen específico para esta reunión solemne y formal, en la que por el texto mismo del precepto no ha lugar a discusiones. La única respuesta que el texto de la ley señala debe hacerse, corresponde precisamente al señor presidente de la cámara, y deja también a través del texto expreso del precepto, los comentarios y en su caso las discusiones a reuniones subsecuentes.

Prender hacer aplicable todo un capítulo del reglamento relativo a discusiones, y particularmente el artículo 104 del reglamento a esta materia, es desconocer el rango y desconocer la aplicación particularmente expresa y restrictiva de la ley a la sesión solemne en que el Congreso de la Unión ha inaugurado sus sesiones.

Si alguna actitud al margen de ella, contraviniendo lo dispuesto en el texto constitucional existió, fue precisamente quienes pretendieron entorpecer el cumplimiento del artículo 69 constitucional, y dificultar para la nación el poder escuchar y atender el informe de su presidente.

(Desde una curul): - ¿En dónde dice eso?

El C. Dionisio E. Pérez Jácome: - En la Constitución, compañero, las opiniones de la prensa y de la televisión, todas muy respetables, son bienvenidas, y como tales deben orientar la opinión pública y la de nosotros mismos, pero sobre todas ellas está la opinión que deriva expresamente de la ley, la única interpretación válida, en términos de un texto preciso, creado específicamente para este caso, que es al que di lectura, el artículo 8o. de la Ley Orgánica del Congreso.

Y lo peor del caso, pretender acusar al señor presidente de la Cámara y en esa sesión del Congreso, de la ausencia voluntaria, del abandono del salón de sesiones por los señores diputados de los muy respetables partidos de la oposición que decidieron en su caso tomar dicha actitud, sería tanto como pretender culparle a él, o a la fracción priísta, o a la totalidad de la Cámara, de los ya abundantes casos en que los señores miembros de la oposición han abandonado sesiones de comisión, sesiones de Cámara o votaciones, a través de actitudes en la que puede corresponder a una estrategia o a una táctica parlamentaria, pero que seguramente no contribuyen a un marco de expresión razonable y plural de la voluntad nacional. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Señor diputado, le preguntan si acepta una interpelación.

El C. Dionisio E. Pérez Jácome: - Con mucho gusto.

El C. Miguel Agustín Corral Olivas (desde su curul): - Señor diputado Pérez Jácome: La mañana de ayer, aquí se formó una comisión pluripartidista formada por los diputados Augusto Gómez Villanueva, Ignacio Castillo Mena, antier, perdón, y el diputado Ortíz Walls, los cuales comprobaron la existencia de personal no autorizado en el recinto, en los sótanos por lo menos y así lo informaron en esta tribuna. En su concepto, ¿quién es responsable por la presencia de ese personal no autorizado?

El C. Dionisio E. Pérez Jácome: - Señor diputado, no me pida mis opiniones personales sobre hechos que no me constan. Voy a decir a usted los que me constan, señor diputado, con todo respeto.

Se integró la comisión, la comisión nos informó no sólo de la presencia factible, posible o presunta de algunas personas ajenas a esta Cámara en el interior del Palacio Legislativo, sino de alguna presencia en calles adyacentes; no fue sólo una comisión, sino todo un grupo numeroso de parlamentarios los que se trasladaron tanto a diversos lugares, a diversas ubicaciones de este Palacio Legislativo como a las calles adyacentes,

y nos manifestaron expresamente, y si usted aún permanecía como supongo en el recinto, igual que yo estuve, recordará que nos comentaron expresamente que se habían retirado esas personas y que inclusive, a gestión expresa del señor presidente de la Cámara, que inclusive propuso y autorizó el receso correspondiente, a las autoridades correspondientes del Departamento del Distrito Federal habían tomado cartas en el asunto para evitar que se entorpeciera, que se vulnerara o que se pusieran en peligro nuestro fuero, la inviolabilidad de este recinto parlamentario.

Eso, señor diputado, es lo que me consta, lo que oficialmente nos consta a todos quienes hemos participado en estas reuniones, y las suposiciones de usted muy respetables, deben configurar su juicio, su opinión y su toma de conciencia personal.

El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado Juan Guerra.

E C. Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Ciudadanos diputados: Creo que al tomar la tribuna vamos a necesitar establecernos nosotros mismos, no es porque nadie lo vaya a hacer, como criterio, más seriedad.

El diputado Pérez Jácome nos cita el artículo 69 de la Constitución, expresamente, diputado, dice esto: "A la apertura de las sesiones ordinarias del primer período del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que aguarda la administración pública del país...", y viene otra cosa.

No hay ni en la ley ni en la Constitución nada que prohiba interpelar al ciudadano Presidente de la República Mexicana, solamente una costumbre muy arcaica, un hábito de subordinación del Legislativo al Ejecutivo, esa fuerza que hay en conciencias quizás "entelarañadas" si se pudieran ver, es lo único que justifica todas esas protestas y esos clamores que hubo porque se interpelaba al Presidente; es más, en el propio texto del artículo 69 está contemplada esa posibilidad, toda vez que el Presidente viene aquí a informar del estado que guardan una serie de asuntos que son competencia del Ejecutivo, y las interpelaciones justamente atendían al propósito de profundizar que se informara de la manera más atinada, toda vez que no satisfacía a un conjunto de diputados de lo que se decía en el informe, y en cualquier diputado que no esté satisfecho en un momento dado, tiene por ese hecho constitucionalmente el derecho a preguntar, a interpelar justamente sobre la materia en que se está tratando.

No hay, lo más que se pudiera decir, es que hay un vacío y alguien, como dicen muchos abogados, no lo quiero generalizar, si no está prohibido debería estar permitido. No hay, diputado Pérez Jácome, más que esos arcaísmos, más que esas conciencias lo que hacen ver como si fuera un sacrilegio, no lo es, menos ahora que nunca, pero hay más sobre los hechos que aquí se han expuesto.

Es cierto, como señalaba el diputado Moreno, que una mayoría avalaba el que se cerraran las galerías, pero la Ley Orgánica no lo permite y la Ley Orgánica no estaba ni puede estar al estado de ánimo de una mayoría, no se puede en el acto legislar, menos bajo esos procedimientos o simplemente pasar por encima del reglamento; dudo que una mayoría aquí estuviera porque permanecieran cerradas las galerías, si en verdad quisiéramos hablar de las violaciones que ha habido a la Ley Orgánica, haríamos una lista larga.

Yo recuerdo solamente algo que ya apunté en esta tribuna, que solamente teníamos a la Ley Orgánica un límite para la calificación de las diputaciones que era el 29 de agosto, y eso a pesar de que nos habían chantajeado, nos habían dicho que la oposición quería ruptura constitucional u orden, la mayoría aquí lo violó, pasó por encima justamente de ese artículo que establecía esa fecha a través de receso. Yo sé que les molestan algunas cosas, pero quieren hablar de elementos de legalidad, quieren hablar de violaciones, entonces hagámoslo y escuchémonos

. El otro asunto que ha motivado este tipo de reflexiones, es un aspecto que tiene que ver expresamente, directamente con el artículo 61 constitucional, y que a la letra dice en su segundo párrafo: "El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma, y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnen a sesionar".

Lo que nos informó la comisión fue una serie de aspectos que escuchamos, después cuando se hizo el receso lo que nos vinieron a decir es que se había procedido ya, es decir que justamente se había desalojado a esas fuerzas ajenas a este recinto, ésta es la información y se puede ver en la versión estenográfica, sino es justamente lo que nos informo la comisión; yo no necesito que Pérez Jácome lo haya escuchado o no, yo remito a la versión estenográfica, justamente de cómo la comisión nos dice que se había procedido de acuerdo a como se había mandado por esta Cámara.

Hay un hecho aquí concreto, que en efecto cabe una de las propuestas que hacía el diputado

Lamadrid, es necesario reglamentar una serie de estos aspectos, hay que remitirlo a la comisión correspondiente, pero hay un hecho concreto, un hecho concreto que no tiene otro nombre más que una violación constitucional, del 61 constitucional y en esto tiene que investigarse a fondo. En realidad, el aspecto menos importante de esto, pero también lo es, es la destitución de la presidencia de esta Cámara, lo más importante nos remite no sólo a eso, sino a una violación constitucional.

Y aquí habría que esclarecer varios hechos, alguien ya los preguntaba y hay que decirlo, compañeros, porque éste no es un problema de la oposición, es un problema de todos nosotros, no fue una violación a la oposición, una violación a la Constitución que lacera los derechos de todos los diputados de esta Cámara; y aquí habría que preguntarnos: ¿Montes estaba enterado de esto, la presencia de fuerzas extrañas, policiales o parapoliciales aquí o no lo estaba?, y si no lo estaba, ¿quién entonces autorizó esa intromisión de fuerzas ajenas?

Yo aquí quiero decir que esto amerita una investigación a fondo y pase lo que pase, caiga quien caiga, debe llegarse a fondo, no por la oposición, diputado Pérez Jácome, no es un problema de cada vez que nos subamos aquí a la tribuna, asumir actitudes facciosas por un problema justamente del respeto que debe tener esta Cámara, del respeto que somos merecedores cada uno de los diputados, y es lo que tenemos que velar en conjunto y éste es un llamado a todos a que hagamos, independientemente a la solución que tomemos respecto al asunto concreto, una investigación a fondo sobre está violación constitucional y procedamos con las medidas que sean necesarias.

Si permitiéramos que se sentara un precedente de esa naturaleza, nosotros mismos estaríamos haciendo polvo nuestros derechos, nosotros mismos ante la ciudadanía, ante el pueblo, nos veríamos disminuidos.

Creo, compañeros, que por salud de la Cámara por salud aquí de todos los grupos parlamentarios, por la vida que debe de abrirse en este país, en esto no debemos detenernos y hay que llegar al fondo de esta investigación y deslindar las responsabilidades y sobre esa base proceder. Gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra del diputado Antonio Martínez Báez.

El C. Antonio Martínez Báez: - Con la venia del señor presidente; señores diputados: Veo que las argumentaciones tan adecuadas, tan elegantes de mis distinguidos compañeros de Lamadrid o Lamadrid y Pérez Jácome, no son suficientes por una resistencia de los partidos de oposición.

Yo traía en las sesiones de ayer y de antier una pequeña biblioteca para considerar algunos de los puntos que se han cuestionado a partir del 1o. de septiembre, pero la biblioteca se quedó en casa y no la traigo; pero yo quisiera expresar, hacer algunas declaraciones que podrían considerarse un tanto cuanto heterodoxas dentro de la línea tradicional de nuestra política de los últimos años.

Primero, acabo de leer un precioso artículo de un ilustre fundador de la República, miembro del Congreso de Anáhuac, de Andrés Quintana Roo, que se intitula "Sobre la necesidad de que existan en México partidos de oposición", y veo que esta necesidad se ha satisfecho con la pluralidad de esta Cámara, ése es el gran paso que se ha dado en las elecciones del 6 de julio, porque es un paso adelante en favor de la democracia, porque la democracia se manifiesta en la pluralidad de los representantes de la nación, tan plural como es plural y varia la composición de la sociedad política.

Qué bueno que hay unos partidos de oposición, esto lo decía hace más de 150 años un ilustre yucateco, Andrés Quintana Roo, es útil la función de los partidos de oposición, como ha sido muy útil la constante oposición que postuló un maestro mío para hacer de México una patria ordenada y generosa, me refiero a Manuel Gómez Morín.

Y yo también tuve la fortuna de tener otro maestro, otro de los siete sabios, Vicente Lombardo Toledano, y si algún maestro influyó en mi pensamiento político, fue un hombre que el otro día evocaba mi amigo Manuel Marcué Pardiñas; yo fui ayudante y auxiliar en muchas tareas jurídicas y políticas de Narciso Bassols, me enorgullezco de que fue mi maestro en derecho público.

Pues bien, recuerdo a ustedes, señores diputados de la oposición, Acción Nacional y el conglomerado de partidos de izquierda, y creo que no se sentirán si los llamo de izquierda, que han hecho un nuevo México, porque ahora la fuerza de la oposición es muy importante y eso beneficiará el sistema político, y eso nos hará mejores a los miembros del Partido Revolucionario Institucional; porque veo por otro lado, que muchos miembros de la fracción de los partidos de izquierda pertenecieron hasta hace muy poco, al Partido Revolucionario Institucional, y creo que han hecho un servicio al salirse del Partido Revolucionario Institucional y constituir una

fuerza equilibradora al Partido de Acción Nacional, al Demócrata, del gallito, y a otros partidos.

Yo en la XLIX Legislatura, si bien mi líder no me permitió por ciertas circunstancias históricas intervenir mucho en la tribuna, sí serví de puente y ésta fue mi labor en la XLIX Legislatura: no recuerdo haber subido a tribuna, salvo un pequeño incidente que tuve con un distinguido miembro de Acción Nacional, el diputado Conchello, pero tuve la oportunidad de abordar la tribuna como ahora estoy haciendo un poco "canto de cisne" en mi ya proyecta juventud.

Pues bien, resulta una cosa muy importante, además decir este artículo que les recomiendo a ustedes en una de las publicaciones de ese conjunto de publicaciones de la actividad política de la prensa, de revistas, aparece mencionado ese artículo que se pública de vuelta, el 119, artículo escrito no ayer sino hace siglo y medio por Andrés Quintana Roo, sobre la utilidad de los partidos de oposición.

Pero ahora yo quisiera invocar a otro eminente jurista, que se ostentaba como uno de los ideólogos de Acción Nacional, y creo que si algún mérito tienen Acción Nacional, es haber luchado desde hace 40 años en favor de la democracia mexicana y ha hecho un servicio positivo Acción Nacional, hay que reconocer. Ha sido un adversario, incluso existen leyes, existen libros y algunos artículos donde se habla de Acción Nacional como de la "leal oposición"

Pues bien, quisiera yo expresar esto, dos puntos: El artículo constitucional que habla del informe presidencial, tiene un antecedente importantísimo, que se ignora o que se olvida, que es lo mismo, es peor ignorar que olvidar. El artículo constitucional que habla de las relaciones del Ejecutivo y el Legislativo se cambió, porque desde la constitución de 1824 y la Constitución de 1857 se establecía que el Presidente de la República asistiría a la inauguración del Poder Legislativo, y haría un discurso que contestaría el presidente del Congreso en términos generales o en términos semejantes.

Pues bien, Don Benito Juárez, el ilustre oaxaqueño, el vencedor del imperio y de la intervención en el año de 1867, propuso para el equilibrio de los Poderes, que el Poder Ejecutivo no se comunicara con el Legislativo en una forma oral, sino que el discurso, discurso retórico, fuera sustituido por comunicación escrita, y lo mismo los informes que dieran los ministros, no fueran propios de un sistema parlamentario, y a Juárez no se le hizo caso.

Y en 1874, lo único que se logró fue transformar el Poder Legislativo de unicameral en bicameral, pero otras propuestas sabias para fortalecer al Ejecutivo que proponía Juárez, no se lograron; pues bien, lo que no se logró en 1867 sí se logró en el año de 1917, y Carranza propuso un texto distinto, ya no se habla en la Constitución en el artículo que se ha leído de un discurso, de una pieza oral, sino que simplemente se entrega en una sesión solemne el informe por escrito, y no se habla de ninguna respuesta.

La respuesta del presidente del Congreso no está restituida el discurso por la Constitución, sino que la inercia de reglamentos antiguos que vienen del año 1824, etcétera, y que sufren una serie de transformaciones y que el Congreso, por circunstancias histórico - políticas, no ha reformado, arrastra el reglamento y luego arrastra la ley, que a mí, como profesor de derecho constitucional, no entiendo qué diferencia hay entre esa Ley Orgánica y el reglamento, suprimiéndose del artículo 73 la fracción relativa a que el Congreso podría expedir su reglamento y se cambió en otro artículo, derogándose la fracción del 73 y otro numeral de la Constitución.

Se habló de esa ley que es reglamento, es un disparate, en mi concepto académico, no lo digo como político sino como viejo profesor, lo que se hizo con la Ley Orgánica.

Pues bien, no hay contestación del presidente ni hay discurso del señor Presidente de la República, sino que es un informe por escrito y esto lo han tratado aquí y he citado aquí al ideólogo de Acción Nacional, el maestro Reyes Lazo, claro, desde un punto de vista podíamos decir solamente técnico, académico, de que en México no existe el sistema parlamentario, y no hay la comunicación y el Congreso no es quien manda al Presidente, sino que son poderes paralelos y no subordinados sino coordinados.

El maestro Reyes Lazo, con su sentido de sabiduría humanista pero como político fundador de Acción Nacional, dice: el discurso del Presidente es como el discurso de la corona y esto ya lo hemos mencionado, y puros elogios al Presidente de la República, pero independientemente de ese capítulo precioso en donde el maestro Reyes Lazo propone varias reformas importantes al reglamento para que se sujete al reglamento y esa mal dicha Ley Orgánica, mal llamada sedicente Ley Orgánica del Congreso, resulta que esta ley todavía sigue hablando de la contestación del presidente.

Y para terminar, porque estoy sujeto a una limitación de tiempo, quiero decir que se ha usado

aquí por dos colegas diputados, este argumento que es pésimo y perdónenme que actúe como abogado, no puedo dejar de ser abogado o como algunos dicen ser jurista.

Se dice, "el diputado tienen derecho a interpelar al Presidente porque no le está prohibido", pésimo argumento jurídico y constitucional, el diputado y el senador, yo no sabía que Porfirio Muñoz Ledo, mi amigo Porfirio Muñoz Ledo, que quiso interrumpir al Presidente era diputado, yo sabía que era senador, pues ni el diputado ni el senador tienen el derecho de interpelar, porque diputados y senadores somos funcionarios y no tenemos libertad, sino los funcionarios tenemos competencia y la competencia siempre es expresa.

¿Donde está el artículo que autorice a los diputados en un sistema republicano, a los senadores en un sistema también republicano, y no parlamentario, a que interrumpan, a que cuestionen?, eso es lo que expresa con gran sabiduría el maestro Reyes Lazo, y ahora invoco a un autor digno de toda estimación, el rector doctor Jorge Carpizo McGregor, establece de una manera clarísima, nítida, lo impropio del discurso presidencial, la inercia del discurso presidencial, y sobre todo, la contestación al presidente.

Y finalmente, yo quisiera elogiar a mi distinguido profesor en el Senado Miguel Montes García, él me enseño muchas cosas en el senado como ilustre parlamentario, y yo quisiera tan solo decir que elogio su inteligencia, porque si invocó los artículos 209 y 210 hay en ello una ligera desviación, porque según el artículo 21 del reglamento, son obligaciones del presidente: " ... cuidar de que así los miembros de la Cámara, suponiendo que es el Congreso también, como los espectadores, guarden orden y silencio", y la fracción VI dice: "dictar todos los trámites que exija el orden en la discusión de los negocios...".

El señor presidente no ejerció unas funciones que a él le competían, sino que invocó con cierta elegancia preceptos relacionados con las galerías, pero los diputados y senadores no forman parte de las galerías; pero el presidente está en la obligación de guardar el orden. Qué bueno que no hizo uso de medios violentos, sino que en una elegancia guanajuatense, que es propia de la gente del Bajío, hizo ese uso, esa amenaza que existe aquí, pero qué bueno que no ejerció. Muchas gracias, señores.

El C. Presidente: - Tienen la palabra, para hechos, el diputado Osiris Cantú.

Esta presidencia, en virtud de haber transcurrido más de cuatro horas desde el inicio de la sesión , y como no se han terminado los asuntos en cartera, determina que continúe hasta finalizar.

El C. Osiris Samuel Cantú Ramírez: - Gracias, señor presidente: Pues parece que si nos ha ocupado aquí algún tiempo la discusión de este tema, es porque sobra razón para ello: el atropello a la soberanía de la Cámara, las violaciones a los derechos de los diputados y la forma en que se ha tratado incluso en la prensa, para crear un ambiente persecutorio a la oposición que el 1o. de septiembre intentó interpelar al Presidente de la República; justifican plenamente que este problema sea discutido aquí, y concretamente que se resuelva en positivo la propuesta presentada por el Partido Popular Socialista para sustituir al presidente del Congreso.

Nos parece a nosotros que la violación a la soberanía del Congreso, la presencia de cuerpos policiacos en él, el trato que recibimos muchos diputados esa fecha, y también en fechas anteriores al informe por parte de la excesiva vigilancia que había al interior de este recinto, no pueden quedar simplemente en una denuncia, no pueden quedar simplemente en la expresión de nuestra propuesta más enérgica, y creemos que va a ser muy grave que por parte del Partido Revolucionario Institucional se soslaye el fondo al que ha intentado hacer referencia aquí el diputado Lamadrid, eludiendo realmente ese fondo.

Creo que tiene absoluta razón el diputado Montes cuando interpelaba al diputado Lamadrid, agradeciéndole el sesgo que le estaba dando a este asunto, pretendiendo que no fuera votado conforme al reglamento una proposición para que el presidente sea sustituido.

Tienen razón en que no puede continuar en la presidencia de este Congreso, sin que sea plenamente esclarecido el papel que jugó el 1o. de septiembre y el papel que jugó hace unos días el presidente de esta Cámara, al permitir la presencia de esos cuerpos policiacos; se negó a decretar, en la primera ocasión que se presentó el problema, un receso para que continuara deliberando la Cámara hasta que estuviera desalojado este recinto de esos elementos y se ha intentado desde aquí proteger también la responsabilidad, ocultar la responsabilidad del Oficial Mayor en esta situación.

Nosotros consideramos que es preciso ir al fondo, sustituir realmente al presidente de esta Cámara para que no se repitan hechos como los que hemos denunciado. No hacerlo así, significará que en cualquier momento se puedan repetir violaciones semejantes; que no será posible contar con garantías elementales por principio, para que los

diputados tengan respetado su fuero y que permanentemente éstos tendrán que estar dando la lucha aquí en este recinto, por evitar que se repitan esas violaciones.

Me parece a mi que solamente con una medida como ésta, estaríamos yendo realmente al fondo; creo que las responsabilidades van más allá del presidente de esta Cámara, pero que nosotros no tenemos por ahora otra solución a este problema concreto.

Creemos que hay detrás de la presencia de los cuerpos policiacos en estas fechas aquí en la cámara, la participación de otros poderes que decidieron esa presencia, frente a los cuales hoy no tenemos otra forma de reaccionar que la denuncia. Por eso apoyo la proposición presentada e invito a que el Partido Revolucionario Institucional considere a fondo al valor positivo que tendrá para esta Cámara, aprobar por unanimidad esa proposición. Gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra, para alusiones, el diputado Miguel Montes.

El C. Miguel Montes García: - Señor presidente, no es para alusiones; tengo siquiera el derecho de audiencia, puesto que soy el juzgado.

Ciudadano vicepresidente: honorable asamblea: Quiero hacer un llamado muy atento porque me voy a ocupar de un tema abstruso. No negaré ningún hecho en que haya incurrido, pero ante mi Cámara tengo la obligación jurídica y moral de explicar cada fundamento de las acciones que aquí se han señalado.

Para mí es un honor comparecer ante esta Cámara, porque es la Cámara de mis padres; es bueno que se pueda establecer este tipo de asuntos en un nuevo Congreso, porque éste es nuevo Congreso.

No me siento denigrado por esta moción, por el contrario, reconozco el pleno derecho de quien la presentó y reconozco también el derecho de quienes la apoyan. He agradecido y agradezco la defensa de mis compañeros, tuve que declinar la caballerosa de José Luis Lamadrid, porque soy el primer interesado en que se vaya al fondo del asunto, no por mi interés personal, porque coincido en que es un interés de la Cámara y del Congreso mexicano.

El debate tendrá que ser necesariamente jurídico; ojalá yo logre quitarle un poco lo árido y hacerlo comprensible para quienes no son juristas, pero acudo desde ahora, con ilusión y con esperanza, al juicio jurídico de los buenos abogados que aquí están independientemente de su militancia partidaria.

Sería desencantador, y nadie está obligado a guardar mis ilusiones, lo reconozco anticipadamente, pero sería desencantador que prevaleciera en este debate, en donde sólo se afecta a mi persona en cuanto a algún daño que prevaleciera en este debate, un juicio partidario antes de un juicio jurídico

. Ojalá que sea el primer debate en donde por todos prevalezca un juicio jurídico y político y no un juicio partidario. El defecto de estos organismos sobre todo por lo que se hace a los procesos de calificación, es que se corre el riesgo y en muchas ocasiones se cae en él, de que los juicios partidarios, las disciplinas partidarias prevalecen a veces, a veces hasta sobre voluntades populares y hasta sobre intereses más altos, ojalá que ahora podamos superar esa limitante de un cuerpo como el nuestro.

Dos cosas fundamentales, se dice que he incurrido y que he violado, vamos al fondo; primero que como presidente del Congreso de la Unión evité indebidamente violando la ley, se dijo aquí, con atropellos a normas legales y mediante violaciones sistemáticas, evité que legisladores mexicanos hicieran uso de su derecho a interpelar al Presidente de la República, veamos si es verdad.

Como abogado, aprendí que ningún artículo de ley alguna debe interpretarse de manera aislada, sino que todos deben ser sistemáticamente interpretados y así aplicados, entonces para poder saber si apliqué correctamente los mandatos constitucionales y los mandatos reglamentarios o dejé de aplicarlos, porque no se trata sólo de los que se aplicaron, sino que se me acusa de que no apliqué algunos otros.

Artículo 104, por ejemplo, veamos cuál es la naturaleza de nuestro sistema político, porque esto es muy importante, de ello deriva la aplicación congruente de nuestras leyes; si no averiguamos la naturaleza jurídica de nuestro sistema, difícilmente podremos aplicar sus normas.

Vivimos en un régimen republicano, una república federal con revisión de poderes, y la división de poderes implica respeto absoluto entre ellos en el fondo y en la forma, porque a veces faltar a ese respeto en la forma, puede implicar gravísima consecuencia de fondo.

Aquí se ha dicho que a veces, que la forma es fondo y a veces no; para mí la forma y el fondo no se identifican pero son importantes ambos, la forma como medio para cuidar el fondo y el fondo

de nuestro sistema republicano es la necesaria división de poderes.

El C. Américo Alejandro Ramírez Rodríguez (desde su curul): - Tiempo

El C. Miguel Montes García: - Perdóneme, compañero, le agradezco su comprensión, qué bueno que no es usted el que está en la tribuna, bastante trabajo me cuesta dominar mis nervios para intentar hacer una defensa racional y no meramente emotiva...

El C. Américo Alejandro Ramírez Rodríguez (desde su curul): - Se lo concedo..

. El C. Miguel Montes García: - No tengo tiempo límite, señor, porque soy acusado y me estoy defendiendo, no pedí la palabra para hechos, la pedí para contestar una acusación. (Aplausos.)

Con toda atención contestaré si es una interpelación, lo que dije en algún otro debate que ya di con ustedes, acepto interpelaciones después de que termine de hacer mi exposición, porque no se me escapa la habilidad a veces de la interpelación simplemente para cortar la hilación en las ideas del que habla. Después de que termine, con gusto aceptaré las interpelaciones que ustedes deseen.

Decía yo, que una de las partes más importantes de nuestro sistema, parte no totalmente lograda pero siempre deseable, y siempre positiva, es conservar esa división de Poderes. En el hecho, como en muchos países, tenemos un poder predominante, a veces necesario, porque esto hace flexibles y dinámicas sus resoluciones y en nuestra historia ha sido vínculo de unión entre los mexicanos.

Pero en el fondo, también esa división de Poderes protege al Legislativo, y el día 1o. de septiembre en la sesión de Congreso, el que quiso ser protegido por mí en mi actuación, no fue el Poder Ejecutivo que no requiere de mi protección, sino el Legislativo y voy a explicar por qué.

En cualquier país donde la interpelación como método de trabajo al jefe de un gabinete, entiéndase por gabinete en este caso Ejecutivo al primer ministro, hay consecuencias posteriores a esa interpelación, una interpelación puede hacer que un primer ministro caiga si no tiene razón en su respuesta, porque cambiará la relación de la mayoría dentro de su cuerpo colegiado.

Pero también puede hacer, también, puede hacer llevar a sus extremos una interpelación, que el primer ministro decrete la desaparición del cuerpo legislativo y convoque a nuevas.

Y en México, para bien o para mal, respeto las opiniones de cada uno de ustedes, para bien o para mal, no vivimos un régimen parlamentario, vivimos un régimen presidencialista, no en sentido peyorativo, sino en el sentido histórico y fáctico en que lo vivimos en México; y en el régimen republicano presidencialista nuestro, no existe la interpelación y menos en Congreso, como medio de dirigirse al jefe, al representante del Poder Ejecutivo.

Tanto es así, que el informe que nos presenta el Jefe del Ejecutivo, se complementa después con base en otro artículo constitucional, con informes por escrito que envían todas y cada una de las distintas secretarías de Estado, y algunos de esos secretarios por mandatos constitucionales más o menos recientes, comparecen y ellos contestan preguntas que les hacen los legisladores. Esa es una parte de mi argumento y de mi fundamento, la naturaleza jurídica del sistema mexicano de gobierno.

Segunda parte. En toda la Constitución, cuando el Congreso de la Unión se reúne en sesión conjunta y sólo lo hace por excepción, no lo hace de manera normal en México, sólo se reúne para dos clases de asuntos: o sesiones solemnes, en donde se ocupa de la solemnidad de la sesión y del objeto de la solemnidad, o por excepción, cuando falta el Poder Ejecutivo; y cuando falta el Poder Ejecutivo, es el único caso en donde el Congreso de la Unión, de manera conjunta delibera y resuelve, y lo que tienen que resolver es la nominación del Ejecutivo faltante, ya sea de manera sustituida o de manera interina, según sea el caso.

En todos los otros casos en donde el congreso de la Unión sesiona conjuntamente, no delibera y no se pronuncia, y veamos por qué. Estos artículos no son absurdos, tienen una razón de ley, alguien de aquí podría decirlo en latín, tienen una razón de ley, hay un valor jurídico tutelado.

¿Cuál es ese valor jurídico tutelado?, cuando un Congreso como el mexicano está constituido bicameralmente, cada una de sus cámaras es revisora de los actos de la otra. Si se reuniera de manera conjunta a deliberar como Congreso y a tomar determinaciones., se evitará que la Cámara que conoce en segundo lugar en tiempo del asunto, fuese revisora de los actos de la primera.

Así, cuando a esta Cámara de Diputados llega una ley aunque aquí se apruebe, el senado conserva su derecho de revisarla y modificarla y a la inversa, si la Cámara de Senadores es de origen, la Cámara de Diputados conserva la facultad revisora, por eso, creo yo, las cámaras cuando se juntan, no deliberan de manera unida, Con esta interpretación

que doy a los textos constitucionales y a la naturaleza de nuestro sistema, coinciden muchos abogados.

El día de hoy, dos de ellos publican algún artículo en los periódicos, no lo tengo a la mano, ojalá lo tuviera para pedirle a la secretaría que le diera lectura, se público incluso en la síntesis que nos dan a nosotros los diputados.

Hay opiniones serias en ese sentido, no invalido que pueda haber opiniones discrepantes, pero además las interpelaciones que se iban a hacer al ciudadano Presidente de la República o que se iban a intentar hacer, no fueron ninguna sorpresa; se anunciaron incluso por la prensa, y desde antes de la fecha del informe, hubo voces de algunos partidos de oposición, el respetable don Heberto Castillo uno de ellos, que señaló: intentaremos interpelar al Presidente de la República, lo interpelaremos; no sólo él empleó una expresión propia del lenguaje político, totalmente válida, "no se nos va ir limpio".

Había sido designado presidente del Congreso un día antes, consulté con un constitucionalista, voy a dar su nombre, don Elizur Arteaga, maestro de derecho constitucional de la Universidad Metropolitana, creo doctor en derecho y escritor en distintos artículos en la prensa sobre el tema, y él me mandó estas dos hojas a las que parcialmente di lectura el día del informe, porque me pareció que era una opinión de interpretación sobre derecho constitucional fundada.

Con la autorización del señor presidente, quisiera que la secretaría diera lectura a estas hojas, que es la consulta que desahogó para mí el maestro constitucionalista ya mencionado.

El Presidente: - Se ruega a la secretaría atienda la petición del señor diputado.

La C. prosecretaria María Claudia Esqueda Llanes: - "De conformidad con los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o. y 5o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior Del Congreso General, cuando el ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se presenta ante este honorable Congreso, actuando sus cámaras en forma conjunta, lo hace en una sesión que se celebra con un solo objeto: escuchar el informe del ciudadano Presidente.

La ley en garantía de la independencia del Poder Legislativo y en respeto del principio de división de Poderes, no permite a esta asamblea que ante el ciudadano presidente se delibere. Una tradición parlamentaria no interrumpida, que es observada en los Estados Unidos Mexicanos y en otros países, dispone que cuando las cámaras que forman el cuerpo legislativo se reúnen en una sola asamblea, sus miembros no deliberan, sólo escuchan.

En este país se puede hacer en los casos previstos por los artículos 84 y 85 de la Constitución, pero en ellos lo hacen por no existir Presidente de la República.

Independientemente de lo anterior, y bien, de conformidad con la Ley, los miembros del Congreso pueden hacer uso de la palabra en las sesiones ordinarias, en casos excepcionales, cuando se trata de una sesión como ésta, el artículo 8o. de la Ley Orgánica tiene la precaución de circunscribir el número de funcionarios que en ella deben intervenir; en esta sesión, la ley sólo da intervención al Presidente de la República y al presidente del Congreso.

La intención del legislador que subyace en el fondo de la norma, es la de impedir que rompa el equilibrio que la Constitución ha establecido entre las dos cámaras que integran este honorable Congreso de la Unión; sólo en forma excepcional la Constitución permite que el voto de los miembros de ambas cámaras sea equivalente.

Por otra parte, el artículo 8o. de la Ley Orgánica de este Congreso, da oportunidad a los legisladores para analizar el informe presidencial en sesiones subsecuentes.

Esta sesión, de conformidad con el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso y artículo 12 del reglamento para el gobierno interior , tienen un solo objeto, la inauguración del primer período de sesiones ordinarias y si bien en otros casos la ley establece el derecho a los miembros de este Congreso a hacer el uso de la palabra, en este caso niega tal posibilidad ya que expresamente dispone que esta sesión tienen un solo objetivo; por lo que una vez que ello ha sido hecho, se ha cumplido con la ley y no nos es dado a riesgo de violarla a hacer actos diversos".

El C. Miguel Montes García: - Esa es parte del fundamento jurídico aceptado por mí, razonado, que fundamenta mi actuación como presidente del Congreso el día 1o. de septiembre, pero hago notar lo siguiente: Tal vez en muchas ocasiones, un presidente del Congreso le haya indicado al titular del Poder Ejecutivo, que le permita un momento y que no responda de manera directa, pero por lo menos reconozca que yo lo hice para mantener el orden de la sesión.

De alguna manera no solo me dirigí a los miembros del Congreso que estaban presentes, sino al Ejecutivo, cuando temí que respondiera algo le dije, un momento. No es una falta de respeto, es una obligación del presidente del Congreso.

Segundo. Y ojalá, me esforcé en el límite de mi capacidad, de que la respuesta que aquí se diera como muchas otras, dignas, dadas con anterioridad y fuera adecuada al momento político que mi nación, mi país están viviendo.

Es verdad, lo reconozco, improvisé un párrafo en donde otorgué el apoyo de la mayoría, y lo hice en esas palabras para limitar y no involucrar con todo respeto a quienes no forman parte de esa mayoría.

Nunca pensé que se interpretara, señalando que por esas circunstancias había faltado yo a mi obligación de presidente, pero aquí señalo, creo que el apoyo de la mayoría aquí representada, y de la mayoría de legisladores del país, es claro, es muy difícil, no lo doy como disculpa, lo digo con humildad.

Aún no encuentro cosas de qué disculparme, si las hubiera me disculparía; luego me referiré a lo que me pida la diputada del Partido Acción Nacional, lo doy como explicación. No es primera vez que en un foro ante el Ejecutivo trato de deslindar hasta donde deben llegar esos apoyos, que a veces se dan de manera total, de manera generalizada, lo limité a los militantes de mi partido y lo limité al pueblo que eligió a esos militantes de mi partido como legisladores.

Segundo punto. ¿De qué se me acusa?, que el día que discutimos el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, permití que hubiera en el recinto fuerzas policiacas, textualmente alguno de los señores oradores, creo que el señor diputado Guerra dijo: ignora el diputado Montes o ignoramos, nosotros no sabemos, dijo, ¿ignora el diputado Montes si ya estaba enterado de la presencia de fuerzas policiacas?, ¿lo sabía o no lo sabía el diputado Montes?

Yo me pregunto con toda atención, con estimación, por la estimación que genéricamente tengo por quienes comparten conmigo el quehacer político y el quehacer parlamentario, ¿si no lo sabe, diputado Guerra, si usted lo ignora, usted confesó que no sabía si yo estaba enterado, entonces su ignorancia de que yo estaba enterado o no, es base para una acusación de este tamaño?, ¿qué los partidos que tan responsablemente están representados en esta Cámara, pueden tener como base para una acusación la ignorancia de un hecho?, ¿no hubiese sido mucho más prudente primero liberarnos de esa ignorancia y después, con base en un hecho conocido plantear una acusación?, ¿ustedes creen que yo me aferro al enorme trabajo que representa conducir las sesiones de una asamblea tan valiente, tan vigorosa en su lucha, por pequeños o grandes detalles, como ésta?

Reconozco que esa sesión, exagerada en su duración en tiempo, nos alteró a todos y tal vez a mí más que a todos; sabíamos aquí y no hay que venir a la tribuna, señores, a demandar inocencia que no tenemos, sabíamos aquí los distintos propósitos y las distintas finalidades políticas, todas válidas de los distintos grupos parlamentarios; sabíamos que algunos considerábamos como una necesidad nacional el que se terminase este proceso de calificación y algunos otros consideraban que era conveniente que se alargara el proceso de calificación; ésos eran los extremos y conversando con algún coordinador de un grupo parlamentario, cuyo nombre no daré por respeto a la discreción y para seguir teniendo sus confianzas, nuestra conversación en síntesis fue la siguiente: "Tu sabes que haremos lo posible porque la calificación termine hoy, respuesta "y nosotros haremos lo posible porque no sea, y si así es, que el Partido Revolucionario Institucional pague el costo más alto por esa calificación".

Las dos posturas, desde mi punto de vista, absolutamente válidas, desde el punto de vista político, ésas era las posturas en que se sintetizaba el Congreso en ese momento.

Ahora, se ha dicho aquí y el maestro Martínez Báez lo resolvió con mucha claridad, que lo que no está prohibido está permitido. Sí, para los particulares; para los particulares es el principio de la legalidad jurídica, pero para los servidores públicos, sobre todo los que son funcionarios con el viejo concepto y nosotros que somos representantes populares, no, señores; sólo podemos hacer aquello para lo que estamos facultados, no podemos ir más allá de lo que la ley nos faculta. Entonces no es aplicable este principio a quienes no somos particulares o no estamos actuando como particulares.

No conocía, lo digo bajo protesta de decir verdad, y conozco las consecuencias jurídicas de esto, no conocía la existencia dentro del recinto parlamentario de fuerzas policiacas, y hasta dónde llega la obligación del congreso y el Presidente de la Cámara, en los términos constitucionales.

¿Qué es inviolabilidad del recinto, y qué es respeto al fuero de los ciudadanos diputados? El fuero como todos sabemos, es un requisito de procedibilidad,

nadie creo que haya sido lesionado en él, ningún diputado puede ser aprehendido si antes no ha sido desaforado, y la inviolabilidad del recinto se da frente a las autoridades, frente a fuerzas públicas, frente a la fuerza pública.

Mantuve en ese momento y lo mantengo ahora, que las fuerzas identificadas con ese carácter de fuerza pública no estuvieron dentro del recinto; no puedo negar, porque aquí se informó oficialmente por una comisión designada, había, se dijo aquí un cordón de las fuerzas de seguridad del Distrito Federal fuera del recinto.

Qué dirían ustedes si alguien tratase de invadir el recinto con fuerzas públicas, ésa es una responsabilidad del presidente, que sin más elementos tendría que hacer cumplir; pero ¿cómo, con qué facultades el presidente puede ir más allá de este recinto?, tampoco sería correcto.

Me interesa, con esto termino, salvo que haya nuevas ampliaciones y acusaciones, me interesa, no por vanidad, no por amor propio, reconozco el derecho que esta asamblea tiene a juzgarme a mí como presidente de la Cámara, o a cualquiera de sus miembros que esté en este caso, pero me interesa ganarme su respeto, ganarme su respeto, repito, no por vanidad ni por amor propio, sino porque siento que en el tiempo que vamos a estar aquí juntos, puedo ser útil para el trabajo eficiente y para el trabajo bueno, que es una palabra que yo no rehuyo, para el trabajo bueno de la Cámara de Diputados.

Sería satisfactorio que yo pudiese continuar desempeñando con mejor voluntad, intentando interpretar mejor y con la asesoría que pedí esa noche, con el auxilio que solicité de los coordinadores de los grupos parlamentarios y que vuelvo a solicitar, y que volveré a solicitar cuando sea necesario, y con el apoyo interpretativo de la Comisión de Normas y Usos Parlamentarios, que tienen la obligación de asesoría en caso de duda de una interpretación, y que al presente no existe; en caso de dudas, que las he tenido y que las volveremos a tener todos, ¡qué bueno sería poder contar de inmediato con la asesoría de un órgano especializado!, el reglamento le da esa tarea a esa comisión todavía inexistente.

Pero qué bueno que a futuro inmediato pudiese crearse lo que en muchos parlamentos existe, que es la secretaría parlamentaria, esa institución de profesionales, sin militancia partidista, que siempre dan la interpretación justa, jurídica, cuando se trata de algún trámite.

A veces somos muy injustos, hemos sido injustos con nuestro amigo Juan José y seguramente lo seremos a futuro. Quien llega a ser presidente de esta Cámara, automáticamente se convierte en el hombre que esta siendo juzgado en cada una de sus palabras por todos y cada uno de los integrantes de la Cámara, y algunos compañeros, reconozcamos que para todo es difícil a veces desprendernos de nuestro carácter de funcionarios o de diputados y separarlo exactamente de nuestra militancia partidista y de nuestro carácter de militantes convencidos de un partido.

Algunos compañeros de complacen en echar, ¿cómo se dice en las escuelas?, en echarle toritos al presidente de la Cámara, para ver cuáles puede resolver y ver cuáles no puede resolver.

No tengo ningún empacho en decir que algunos de ésos, tal vez no los resolví, y que se sentó, sin yo quererlo, pero se sentó por una extensión de la aplicación de un artículo, dos cosas que pocas veces les había pasado seguramente, el que la presidencia declarase que había procedido plenamente una moción de orden planteada por una diputada del Partido Mexicano Socialista, y que la presidencia declarase que era inobjetable, que no se daban las dos terceras partes para declarar un asunto de pronunciamiento rápido, porque así fuese su naturaleza.

Entonces, mi voluntad de legislador, mi intención de abogado ha sido, es y será aplicar correctamente el reglamento. Ojalá que de algo sirva lo tan largamente aquí expuesto. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tienen la palabras, para hechos, el diputado Francisco Melo

. El C. Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Pido la palabra, para una interpelación.

El C. Presidente: - Diputado Montes, ¿acepta usted una interpelación?

El C. Miguel Montes García: - Sí, la acepto.

El C. Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Señor, el Partido Popular Socialista, su fracción parlamentaria, le tienen a usted absoluto respeto, cuando menos por el mismo que nosotros le demandamos como legisladores.

Muy lejos de nosotros está la intención de lesionarlo a usted en lo más mínimo en su personalidad; nos interesa deslindar una cuestión parlamentaria y de la legislatura básicamente. Una pregunta: Usted nos ha dicho que ignoraba la presencia de esas fuerzas, yo soy el que hago el cargo de que el oficial mayor ordenó la presencia de esas fuerzas o de esos individuos en el sótano de este recinto.

La pregunta es la siguiente: ¿usted es el responsable o era en el momento de ser presidente, de la respetabilidad de este recinto, pasó por encima de usted el señor oficial mayor?, y si así fue, exigimos su destitución.

El C. Miguel Montes García: - La respuesta por lo que a mí me hace, reitero, que ignoraba la presencia de cualquier grupo policiaco, y hasta el presente ignoro si los que aquí se señalan pertenecían a alguna organización policiaca en los términos que aquí ,se han señalado.

Segundo. Inmediatamente que se denunció, establecí la orden de que la Oficialía Mayor rindiese informe; desde un día antes, no en ese momento, porque desde un día antes había habido una denuncia y en el momento que inició esa sesión, tenía ya el informe que me había rendido la Oficialía Mayor que me hablaba de elementos de seguridad interna de la Cámara, informe que puse en las manos de la primera comisión designada, que bajo al sótano y que uno de ellos era el señor diputado Castillo Mena. Después, escuché las distintas opiniones respecto al otro incidente en el exterior, y finalmente decreté el receso en los términos que señala el artículo 12 de nuestra ley

El C. Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - ¿Sabía usted entonces el día anterior, que había fuerzas aquí abajo?

El C. Miguel Montes García: - No señor, que había elementos de seguridad interna de la Cámara , no fuerzas policiacas.

Lo que estaban en la lista , cuyos nombres deben obrar todavía en poder de ustedes, porque yo entregué a la Comisión y que exigí se acreditaran como elementos que obedecían a la Oficialía Mayor, esa lista la entregué en propia mano al diputado Castillo Mena.

El C. Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Ninguno de los que yo consulté se identificó, ninguno, y todos ellos dijeron que obedecían órdenes del capitán Acosta por instrucciones del oficial mayor.

El C. Miguel Montes García: - Mi respuesta está dada, señor diputado. Sí señor diputado Godoy.

El C. Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - De acuerdo al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso, se habla en su momento de solicitar el auxilio de la fuerza pública, ¿para usted, fuerza pública señor diputado, significa en este caso que no existía en los términos que usted y yo conocemos de fuerza pública?

El C. Miguel Montes García: - Desde luego, afirmo que en los términos que yo conozco, por lo que es fuerza pública, esto es, una fuerza militar o policiaca, uniformada, que guarda sus tareas en relación con el orden general en una población, no conocía su existencia ni estuvo en el Congreso; yo distingo entre elementos de seguridad interna, como fue un informe que recibí, y elementos de fuerza pública.

El C. Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Entonces, señor diputado y esto ya lo haré extensivo después de la respuesta del señor diputado, señor presidente, se designará una comisión pluripartidista para ver si los elementos que entre el compañero Quiroz y su servidor solicitamos un día antes fueran expulsados para ver, aquí se dijo por usted, que eran miembros, que eran elementos que la Oficialía Mayor había remitido y que le ordenaba que fueran retirados.

Todos lo vimos, es evidente, entre ellos y usted, que eran muchachos jóvenes, de pelo corto al estilo militar y de tenis.

La cuestión es la siguiente: entonces si ellos formaban parte de un grupo de seguridad interna, no tienen por qué formar parte ni ser miembros de ninguna fuerza pública, policiaca, uniformada o, de civil porque recuerde que la judicial es de civil y también es fuerza pública, y obviamente el Ejército que también es uniformado.

Si es así, para nosotros revisar físicamente o ver físicamente a todos los grupos que estuvieran aquí presentes, que hemos visto que son totalmente distintos a los que estuvieron en los primeros días del Colegio Electoral que no traían el pelo corto; eso es precisamente, es ése precisamente el problema central de esta discusión, una fuerza de seguridad interna, o era fuerza pública de origen militar y policiaca.

El C. Miguel Montes García: - Por lo que hace a repetición , no me toca a mí resolver; por lo que hace a sus afirmaciones, es usted el que las sostiene, señor diputado, pero quiero decirle que como abogado y como funcionario, no debo ni puedo partir de supuestos cuya comprobación no me ha sido dada.

La C. María Teresa Ortuño Gurza (desde su curul): - Señor Miguel Montes, usted como presidente de la Cámara, ¿estaría de acuerdo en que para aclarar esto pueda usted dar la orden de que a todos esos elementos de seguridad de la Cámara nos los traigan aquí y nos presenten a cada uno?

El C. Miguel Montes García: - Con gusto le contesto, diputada. En primer lugar, ordené

cuando fungí como presidente, cosa que no estoy haciendo en este momento porque estoy debatiendo, y en los términos reglamentarios debo ser considerado como cualquier otro diputado, ordené que se les identificara debidamente desde el primer momento que se planteó el problema, y quiero agregar algo en relación con su pregunta, diputada.

Estoy tan convencido, actué tan... Qué pena que el debate se de con relación a mi persona, ojalá se tratara de defender a un compañero, actué tan de buena fe, doy todas las explicaciones que la Cámara merece, porque creo en eso y creo que a futuro esto no debe repetirse, pero también que el presidente debe ser asesorado por órganos técnicos, porque no se le puede pedir a alguien que tenga todas las capacidades técnicas para conducir una sesión, y que debe ser esto un organismo estructural, una cosa orgánica de la Cámara.

Tan lo creo, que en un anteproyecto así lo propuse, una secretaría parlamentaria con los elementos que sean necesarios, pero ojalá que mis compañeros, que los dos podamos tener una evolución mental para apoyarnos en este cambio tan rápido que estamos viviendo, y que en lugar de seguir con las inercias de estructura mental, de otro momento del país y de otro momento de la Cámara, podamos cambiar con la rapidez que el momento exige, pero todos.

Esto no es un defecto en donde mi partido sea monopólico; también, yo siempre he creído en la militancia por convicción partidaria y en la acción por convicción y no por conveniencia, y he creído también en la acción por convicción y no por amargura, y ojalá que todos podamos desprendernos de esto

. Yo mismo pude haber cometido errores, pero de ninguna manera he intentado una interpretación torcida ni de la Constitución ni del reglamento. Muchas gracias.

La C. María Teresa Ortuño Gurza (desde su curul): - No contestó mi pregunta, se lo digo por esto, todos nos hemos dado cuenta de que son demasiados los elementos, mucho más de 30 de los que señala el oficial mayor en el oficio.

El C. Miguel Montes García: - Compañera diputada, perdón por la interrupción, yo creo que ésta es un asunto como corresponde a los tiempos modernos de esta legislatura, que más que ser resuelto por la presidencia, debe ser convenido y analizado por los coordinadores de los diversos y grupos parlamentarios, éste y muchos otros. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Francisco Melo, para hechos.

El C. José Francisco Melo Torres: - Señor presidente; honorables compañeros de este órgano legislativo: Ayer, como presunto diputado, decía yo que para mi vida era importante llegar a este órgano donde tendría yo la necesidad, el honor de compartir ideas con muchos prohombres de México cuya cultura, cuya formación era eminentemente reconocida, pero que en muchas ocasiones también, lamentablemente, tendría que reconocer también, lamentablemente, tendría que reconocer que esos servicios de esa capacidad y de esa cultura no eran puestos con plenitud al servicio de México.

Hoy, como diputado, asumo una vez más esta tribuna y me hago responsable de lo que digo y lo sostengo en cada una de mis palabras. Quiero expresar con categoría que las cosas, que los hechos que aquí se han dado, tienen mucho que discutir para sacarlas a la plenitud de la verdad, y quiero ser respetuoso de las grandes personalidades, porque soy respetuoso y me enseñaron a serlo; tengo formación de una vida de México, con amor a mis héroes y a mi patria, porque así me lo enseñaron en los internados de enseñanza primaria, donde pasé mi vida de niño, amando a México, y todavía lo sé amar.

Y respeto a mis mayores, como a usted, maestro Martínez Báez, pero también tengo el derecho a diferir un poco de sus acciones. Aquí se discute la personalidad, no la del compañero Montes ni del profesional abogado Montes, aquí se discute la personalidad, la conducta, la acción, la responsabilidad de un presidente que allá atrás, dirigiendo las acciones del Colegio para calificar la elección de Presidente donde a mi me consta señor presidente Montes, que usted usó de mala fe, usó con engaños esa tribuna, si no dígame, ¿dónde está la dignidad de ese dictamen presidencial?

También les quiero decir a todos ustedes que hoy me abuchean, a todos ustedes, que cuando la ilustre compañera pasaba a hacer una defensa de ese dictamen, en una de las partes en que alguien de aquel extremo quiso interpelarla, con toda dignidad dijo a mi espíritu se alegró, dije, vaya, hasta que vamos a entrar en lo que todo mundo quiere, un debate respetuoso, un debate de altura, aunque tengamos diferencias en la acción y en la palabra.

La compañera dijo con toda habilidad, cuando se trataba de interpelarla, ¿no voy a responder, por que mis compañeros muchas ocasiones se han excedido en caballerosidad, se han excedido en paciencia y yo no voy a responder porque ellos ya lo hicieron!

Pesaban unos momentos y otra digna compañera de esta a la subió a la tribuna, ¿y qué le hacían?, ¿qué le hacían los compañeros de allá atrás escondidos en la oscuridad de la noche, en el anonimato y tal vez bajo las faldas de un valor colectivo? ¡La insultaron, se mofaron de ella!

Y yo me preguntaba, ¿ésa es la altura del debate?, ¿ésa es la dignidad de los caballerosos compañeros de la diputación de las mayorías y el respeto a una dama?, por ello, exijo respeto en esta tribuna, sea quien sea, lo que quiera decirse, lo que se quiera expresar, hay términos adecuados para hacerlo. y a eso los invito, ¡elevemos la mira de este debate!, ¡con decencia, con los mejores vocablos, para que nadie se ofenda!

Compañero Montes, usted dijo con claridad que participaba en la defensa de su caso, pero quería invocar a dos tipos de acciones; uno, a un juicio político, y el otro al jurídico. Respetuosamente le digo, yo no le entro a lo jurídico, escasamente conozco algunas acciones, pero sí en lo político le digo, yo espero, yo lo invito, yo deseo que sus acciones futuras sean pertinentes, que respondan a la claridad de esa elegancia, pero no a la elegancia que se convierte en un lenguaje fácil y florido para caer en la demagogia.

¡No es un debate con un lenguaje preñado de artículos y de sofismas, de los viejos métodos sofismas "donde los molestos son ustedes y los que seguimos molestando somos nosotros"!, ¡de ninguna manera! Esta oposición tiene dignidad!, ¡esta oposición tiene calidad!, ¡esta oposición defenderá su derecho a costa de lo que sea!

Yo soy de los que los elementos parapoliciacos quisieron detenerme, ¡pero les digo claro. francisco Melo si como diputado en esta Cámara no puede defender su honor, como hombre responderé y defenderé mi dignidad, aquí y allá afuera! Muchas gracias.

El C. Presidente: - Quiero informar a la asamblea, que el artículo 22 previene que podrán hablar hasta dos individuos en pro y dos en contra. Ya llevamos 12 compañeros hablando.

Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez.

El C. Pablo Gómez Alvarez: - Ciudadanos diputados: El debate introducido a propósito de la evaluación de la conducta del presidente de la Cámara, ha traído una serie de temas que son de la mayor importancia.

No comparto la idea de que el diputado Montes esté siendo juzgado, no es un juicio éste propiamente, pero en cambio sí estimo que ha habido una serie de hechos en el inicio de esta legislatura que requieren de una reflexión serena, dentro de los cuales está la conducta del presidente de la mesa directiva.

Una de las cuestiones ha sido lo del informe del 1o. de septiembre. En nuestro país, el 1o. de septiembre se ha considerado como día del informe, durante muchos años ha sido, es una especie de día del Presidente, pero el Presidente viene al Congreso a informar, se presenta frente a una soberanía.

De acuerdo con el artículo 69 de la Constitución, el Congreso no se reúne para escuchar al Presidente, sino que el Presidente concurre obligatoriamente a la apertura de sesiones del Congreso, son dos cosas muy distintas.

Dice el artículo 69; "A la apertura de sesiones ordinarias del primer Congreso, del primer período del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará...", etcétera, o sea, se trata de la instalación del Congreso, no del día del informe presidencial.

El Presidente no constituye un órgano con soberanía, el Congreso sí, el Congreso es una asamblea soberana y sus integrantes por lo tanto pueden ejercer en cada uno de sus actos esa soberanía, pero esa soberanía no solamente consiste en que el Congreso ejerza sus funciones, sino que también sus integrantes ejerzan sus funciones individualmente.

Tan es así que los integrantes del Congreso son inviolables por sus opiniones; en tales circunstancias, parece que estamos hablando de dos cosas distintas.

En efecto, el régimen es presidencial en la ley, y presidencialista exageradamente en los hechos; es tan presidencialista, que raya en una estructura de carácter monárquico, para todo. Para que haya democracia en un país, hay que desacreditar al Estado, porque la sacralización del Estado proviene de la monarquía, la República es la desacreditación del Estado, y para conquistar la democracia en México hay que desacreditar al Estado, al actual Estado, especialmente en lo que tiene que ver con el supremo poder.

No es verdad que en México ni en los países republicanos haya una separación de los poderes; el poder del Estado es uno y tiene varias ramas, pero donde está radicada una soberanía es en el Congreso, y no en el Ejecutivo.

Tan es así, que el Congreso es un órgano, es ahí donde se deposita una rama del poder del Estado;

está separado en dos cámaras, pero ¿qué cosa es la Comisión Permanente, por ejemplo?, ¿que el Congreso funcione en asamblea plenaria sólo extraordinariamente?, no extraordinariamente sino en determinados momentos; pero el Congreso funciona a través de su órgano permanente la mayor parte del año, ésa es la Comisión Permanente del Congreso, que no tiene capacidad legislativa, pero tiene otras capacidades.

El Congreso es un solo órgano; cuando está el Congreso reunido es un solo órgano también, es una sola asamblea también; ¿por qué no va a poder deliberar?, no puede aprobar leyes puesto que el procedimiento legislativo establece una diferenciación de cámaras. ¿De dónde se saca la idea de que no puede deliberar?, claro que puede deliberar porque en un órgano soberano, por eso, por eso puede deliberar y mientras no viole la Constitución, mientras no atropelle la ley, puede hacerlo.

Pero hay otras cosas aquí más interesantes, en este país no hay derecho de interpelación, vamos entendiendo; no está aceptado el derecho de interpelación, clara, abiertamente no se ejerce, lo cual no quiere decir que un diputado o senador puede interpelar al gobierno; el problema está en que el gobierno no está en obligación de responderle al diputado o al senador, eso es lo que ocurre.

Pero un diputado o senador puede interpelar al gobierno como sea, directamente o por escrito, y exigirle que responda a su interpelación, claro que el gobierno puede decir que no responde nada, no está obligado.

En estas condiciones, habría que pensar en el establecimiento del derecho de interpelación, directamente o por escrito, en las leyes del país, no para darle al diputado o al senador esa prerrogativa, que la tiene, sino para obligar al gobierno a responder.

Aquí puede venir el Secretario de Hacienda a presentar la Ley de Ingresos, y no responder a las preguntas, no está obligado. La Constitución dice que debe comparecer ante la Cámara, pero no dice que tiene que responder lo que le pregunten.

Esta es la situación que tenemos, pero en cambio el Congreso tiene la facultad para juzgar a los miembros del gobierno, pero no se ha desarrollado esta relación entre el Congreso y el Ejecutivo, porque el Congreso no ha cumplido plenamente con su función, no ha sido independiente, ha sido una expresión de la política del Ejecutivo.

Esto es lo que ha ocurrido durante muchos años, entonces no se ha desarrollado tampoco un derecho parlamentario. El Presidente del Congreso tiene la función, entre otras, de velar por la inviolabilidad del recinto. Cuando sin su conocimiento este recinto es violado, pues está cometiendo una falta por omisión, sí compañero Montes, sí, porque es una obligación.

Cuando alguien no cumple con una obligación, entonces no está realizando un acto, está dejando de realizar un acto, y está por lo tanto cometiendo una falta por omisión. Las faltas por omisión están también, por cierto, en la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos; un funcionario no sólo comete una falta cuando realiza un acto, sino cuando debiendo haber hecho algo no lo hace.

Todos nos dimos cuenta de la presencia de individuos completamente ajenos a esta Cámara, y que estaban ejerciendo supuestamente funciones de vigilancia: si no están bajo el mando del presidente, pues hay una irregularidad ahí, pero el presidente como tiene que velar por la inviolabilidad del recinto, entonces tiene una responsabilidad en esta materia.

No es cuestión de que el presidente no supiera , no. Dice aquí el diputado Montes "yo no sabía", bueno, pues eso también está mal, es una falta no saberlo debiéndolo saber, ¿ por qué?, porque la Constitución y la ley dicen que es el presidente el que tiene que velar por la inviolabilidad del recinto, y si no lo hace está cometiendo una falta.

Entonces está fundado el planteamiento, porque fuimos testigos de estas cuestiones y hoy todavía en este recinto parlamentario, hay individuos que no forman parte del equipo de seguridad de la Cámara que tampoco tienen ni identificación siquiera, y que están presentes en el recinto, y que se presume fundadamente que son parte de grupos policacos o parapoliciacos, no son de ninguna manera grupos de tipo político, sino pertenecen a alguna corporación.

Yo intervine aquí el día de los sucesos que sacaron a un muchacho de los rezagados que iban corriendo para desaparecerse, y lo trajeron aquí, e interviene para que lo sacaran de la sala porque ésta no es una comisaría, y no íbamos aquí a resolver un asunto de comisaría de barandilla de comisaría con la persona de cuerpo presente, y hay que darle respetabilidad no sólo al recinto, a nosotros mismos.

Pero ésa es una cosa, y otra es que no nos hayamos dado cuenta de cómo estuvo el operativo de vigilancia ese día, y también, aunque en menor

medida los días anteriores, se iba aquí a aprobar a toda costa el dictamen de la elección presidencial, y trajeron gente, y bloquearon las calles los granaderos, y estaba el recinto parlamentario rodeado de la policía y estaban estos individuos aquí, naturalmente no uniformados, y ¿qué hizo el presidente?, no sabía el presidente.

No, hay una responsabilidad que es la de saber...

(Voces): - ¡Tiempo!

Sí señor, porque la Constitución lo dice, y así está todo en esta Cámara, nadie sabe nada aparentemente, se toman decisiones de tipo administrativo.

Aquí, el diputado Montes habla de que los señores coordinadores de los grupos parlamentarios deben reunirse para ver qué se les ocurre; los señores coordinadores ni siquiera se han reunido para ver cómo se va a integrar debidamente esta Cámara con las comisiones, hay asuntos que se turnan a comisiones inexistentes esa es la verdad, no está funcionando regularmente, y aprovecho para decir, la integración de las comisiones tiene que ser igualmente plural. Yo quisiera saber la opinión del diputado Montes, cómo está integrada esta Cámara, y presidentes de comisiones deber ser de la oposición...

(Voces.)

¿No que muy modernos?, ¿no son tan modernos, verdad?, son arcaicos. Lo que tenemos aquí es la política arcaica no la política moderna; cambio de estructuras mentales pide el diputado Montes y una asesoría técnica a la presidencia, estoy de acuerdo con eso, pero cuando desde la presidencia se maniobra en el curso del debate, yo se lo dije varias veces al diputado Juan José Osorio, y lo comenté respecto de la actitud también del diputado Montes.

Aquí la maniobra parlamentaria puede venir de abajo; cuantas veces sea necesario siendo lícitas, pero nunca del presidente, nunca de la presidencia y nunca de la secretaría, nunca de la mesa directiva, ese es un verdadero abuso; pero desde la mesa directiva se hace la maniobra parlamentaria, aunque a veces les ha salido mal, como el asunto de obvia resolución para discutir el informe presidencial, eso lo opinó el diputado Montes desde arriba, no lo había pedido el diputado Gómez Villanueva; ¿por qué el presidente se arroga la facultad de asesorar desde arriba al que está haciendo la proposición?, y esto ha sido en muchas ocasiones.

Yo simplemente, con la protesta de absolutamente necesaria e indispensable, que hemos aquí escuchado, estoy diciendo: si se quiere en verdad una Cámara a la altura de nuestro tiempo, muchas son las cosas que tienen que cambiar, pero no puede ser que ahora el diputado Montes, frente a una crítica que se hace, se convierta en una especie de héroe; sí, sólo porque es del Partido Revolucionario Institucional. No es el Presidente de la Cámara, es del Partido Revolucionario Institucional ; esa actitud facciosa que usted lamenta, es de la que se sirve, compañero Montes, de ella se está sirviendo, de esa actitud facciosa de sus compañeros de partido.

Entonces discutamos las cuestiones de fondo, pero no le disminuyamos la soberanía a la asamblea, aunque esté presente el Presidente de la República; el Presidente de la República no representa ningún órgano soberano, éste sí es un órgano soberano y por lo tanto, los que forman parte de esta soberanía, pueden ejercer lo que son sus derechos, lo que son sus facultades, lo que son sus prerrogativas, con absoluta libertad ése es el punto.

Y el presidente de la Cámara, ¿por qué no le preguntó al Presidente de la República si aceptaba las interpelaciones?, si el Presidente hubiera dicho que sí al final de su informe, hubiera demostrado, como dice un periodista, algo que no tenía, lo que necesitaba demostrar, o sea, grandeza. Gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Luis Alonso.

El C. José Luis Alonso Sandoval: - Señor presidente; compañeros de este honorable cuerpo colegiado: Contra la opinión seguramente de algunos compañeros de la fracción de la izquierda, yo quiero opinar lo que rigurosamente pienso en lo personal.

A mí en lo personal, me parece que el desempeño del señor diputado Montes como presidente de esta Cámara ha sido aceptable, ha sido decorosa, ha sido decente, y me parece también que ha elevado la función de la dirección de la Cámara de Diputados.

Yo aplaudiría de manera personal la presencia de Montes en la dirección de la Cámara de Diputados, es mi convicción rigurosamente personal, y quiero recordar algo que creo que debe ser una invitación a mis compañeros de la oposición, para modificar algunas conductas.

Se presentaba a la Cámara de Diputados, no en este recinto, sino entiendo en el salón de legisladores que entiendo pertenece a la Comisión Permanente, se presentaba un, para mí en lo personal, repito, respetabilísimo candidato, ex candidato a la presidencia de la República, el señor Manuel J. Clouthier.

¿Qué he dicho del señor Clouthier?, claro, no opino que es el mejor candidato, o que haya sido el mejor candidato, ni siquiera opino que haya ganado; también no voy a hacer ninguna consideración en torno a su condición económica, pero pues vivimos en un país capitalista, y tenemos que reconocer realidades concretas. A mí me parece respetable, digno de aplauso un hombre que deja las comodidades de su propia vida familiar para pelear y discutir a lo largo del territorio nacional, por la idea que tiene de lo que debe ser esta República.

Cuando él se presentó a este recinto, al salón de legisladores, personalmente, emocionadamente lo aplaudí, porque quisiera que los hombres fuesen respetados por su nivel de conciencia política y por su honestidad política, que no es otra cosa sino la correspondencia entre lo que piensan y entre lo que hacen, entre lo que dicen y entre lo que ejecutan.

Yo creo que el compañero Montes hizo mal hace un momento, que pasó inadvertido para muchos de ustedes, porque por ahí había algún motivo de dispersión de la tensión.

El Señor licenciado José Luis Lamadrid compañero diputado, yo creo que llegó al fondo del asunto y no lo escuchamos, sería positivo altamente poder contar ya en este momento con la versión taquigráfica de lo que dijo el compañero diputado Lamadrid.

Ciertamente, compañeros diputados del Partido Popular Socialista, es grave lo que pasó en la reunión anterior, con la presencia de cuerpos de seguridad o de policía o del Ejército o parapoliciacos o paramilitares, cuya presencia de una manera definitiva es violatoria de este recinto público, donde reside un poder rigurosamente soberano. Y me preocupa aquí definitivamente, una situación en la que como el propio diputado Montes decía, no debe imponerse la pasión partidaria.

Licenciado Montes, acotación aparte, ojalá hubiese querido, no sé a qué fuerzas supraterrestres pudiera yo invocar, con honestidad, porque quisiera creer en ellas, y no he logrado encontrar una instancia superior a la cual hacer referencia en mi vida personal.

Ojalá que usted entendiese que me hubiese dado mucho gusto poder haber reconocido al igual que lo hizo ahora en esta tribuna una defensa de su situación rigurosamente, impecablemente jurídica, me hubiese gustado mucho darle gracias a una instancia superior para reconocer en su actividad como presidente de esta asamblea o simplemente como presunto diputado, todo el desarrollo que desempeñamos en este mismo recinto como miembros del Colegio Electoral y posteriormente, haber sujeto a un debate profundo la conveniencia o no conveniencia, la necesidad o la no necesidad de haber sujeto a un debate excesivamente apresurado, algo que era de una importancia trascendente para toda la nación: la calificación de la elección presidencial.

El mismo día que asistía Clouthier a la Cámara, platiqué con un compañero de Acción Nacional, no recuerdo su nombre, me decía el compañero: la prisa, y es que todos los fenómenos políticos y todas las conductas morales y políticas y toda la parafernalia de lo que estamos viendo en estas discusiones, todos los actos y los hechos que han ocurrido en le país en esta etapa temblorosa de la vida política de México, tienen abajo un sustento, una motivación de carácter económico.

Me decía, con mucha justeza de criterio el compañero de Acción Nacional: les preocupa adelantar la calificación de la elección presidencial, porque el mundo de las finanzas, este mundo que tiene una obediencia rigurosa a sus propias leyes, que no son otras que las de sus propios intereses, ve deteriorado su funcionamiento en la medida en que las instancias políticas no tengan decididas algunas de las cuestiones que aquí ocuparon capítulos fundamentales en las sesiones próximas pasadas.

Se deteriora la bolsa, la bolsa está a la baja y urge que este sector de la economía se normalice, normalizando la condición política de los, yo les llamaría presuntos presidentes de la República, que lo fueron hasta el sábado próximo pasado.

Pero señores, lo que nos está sucediendo, y en lo que quiero incidir a propósito de la intervención del compañero diputado Lamadrid, es que estamos en le fondo de las cosas tratando un asunto que es mucho más grave que la destitución o no de un presidente, por brillante jurista que sea, de la Cámara de Diputados.

En el fondo de las cosas está el derecho, el derecho que no debería ser discutido, el derecho de los parlamentarios a parlar, el derecho de los parlamentarios a hablar, la obligación constitucional y la facultad constitucional que tienen para ejercer un pedazo de soberanía, una parte de la soberanía nacional, el derecho a interpelar al Presidente de la República con un gesto enmarcado en ciertas normas de cortesía, puede estar a discusión la cortesía, lo que no puede estar a discusión es el derecho a hablar, así sea interpelando a uno de los poderes del país, al Poder Ejecutivo presente en esta Cámara de Diputados.

José Luis Lamadrid, el compañero diputado Lamadrid sostenía, es necesario irnos al fondo de las cosas para reglamentar este derecho indiscutible de los diputados a hablar, a interpelar a dialogar, a enjuiciar todo lo que sucede en este recinto, y todo lo que sucede obviamente en el país.

Pero entiéndase bien, ordenar, darle una secuela, darle una secuencia correcta, pero no a limitar; ¿por qué no a limitar compañeros?, porque así hacía otro compañero del Partido Revolucionario Institucional una afirmación, se están comenzando a extrañar, nos estamos comenzando a extrañar todos de ciertas conductas políticas que no se habían presentado antes en el desarrollo de la política en México.

resulta que ahora la oposición interpela al Ejecutivo; resulta que ahora la oposición deja el recinto de la Cámara y abandona las discusiones, y lo hace una y otra vez; resulta que ahora la oposición se sube a esta tribuna a pelear físicamente la posesión de estos micrófonos; resulta que ahora también el Partido Revolucionario Institucional llega a esta tribuna a operar un desalojo como si fuese una fuerza de caballería; resulta que se están presentando situaciones inéditas en la vida parlamentaria del país, como por ejemplo, también resulta que la oposición propone ciertos criterios de discusión para ciertos asuntos que se discutan en comisiones y por mayoría no se aceptan.

Resulta que la oposición pide de alguna manera, en los subterfugios de la discusión camaral, pide que los compañeros ex candidatos a la presidencia de la República, sean invitados al informe y resulta que la mayoría mecánica se opone.

Se pide que se haga una reacción terminante de la presencia de cuerpos policiacos, militares o paramilitares en este recinto, y resulta que la denuncia la hace la oposición.

Tendría que ser también en buena ley, señor diputado Montes, procediendo de buena fe, tendría que ser también ahorita una preocupación de los compañeros de la mayoría priísta. Ellos deberían de haber y ha subido a esta tribuna para venir no a pedir su destitución, tienen que imponer también criterios partidarios, pero sí a mostrar su preocupación por lo que acaba de suceder apenas hace dos días, y que de alguna manera podría haber lesionado la integridad física de todos nosotros.

No vayan, no marchen a contrapelo del desarrollo de la vida; la vida les está imponiendo a ustedes y también a nosotros presencias concomitantes, simultáneas en este recinto, que tenemos que soportar.

Sé perfectamente bien que sería idílico, y ahí hubiesen querido mantenerse los compañeros del Partido Revolucionario Institucional como un partido único, prácticamente monopólico, no recuerdo exactamente las palabras de su candidato triunfante.

Resulta que la vida les está imponiendo también nuestra presencia aquí; es molesto, es irritante no deja trabajar a gusto, no deja tomar libremente decisiones, ¿pero es que la sociedad nacional ha evolucionado!, ¡clases sociales distintas han aparecido en el panorama político de México, con una mayor educación política, con una mayor información, con un mayor acceso a la educación, con una formación más rica en sus criterios y en su formación política!

Esta presencia de nosotros no puede pasar inadvertida; o sujetamos todos los debates, la composición de todas las comisiones, los acuerdos que en ellas se tomen a esta realidad nueva, la irrupción de fuerzas que están surgiendo en la realidad política nacional. o señores, van ustedes a tratar de detener por mayoría el desarrollo de una vida social y política que se presenta en la sociedad nacional, vigorosa, contundente.

Este desarrollo de esta sociedad nacional, está apenas tocando con los nudillos las puertas de la historia que ustedes han formado defectuosamente hasta ahora.

No esperen que este desarrollo social irrumpa en las fuerzas de esta Cámara con otros partidos, que no son precisamente políticos, con otras organizaciones con una enorme disciplina que no son precisamente organizaciones políticas. Antes que las paredes de la historia sean tumbadas a patadas, escuchen que aquí estamos ya tocando la puerta para que ustedes abran las puertas de su conciencia y de su compresión. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge del Rincón.

El C. Jorge del Rincón Bernal: - Señor presidente; compañeros diputados: Yo me pienso subir a la tribuna porque siento que cinco minutos que sean es quitarle el tiempo a demasiada gente, en virtud de que aquí a nadie le importa el tiempo, empezando por la directiva que empieza tres horas después de cuando cita, pues estoy de acuerdo en quitarles cinco minutos de su tiempo.

Aparte que hay que hacer dos aclaraciones: el compañero José Luis Alonso mencionó que hasta ahora, por primera vez, la oposición toma, adopta determinadas actitudes como la que es de interpelar al señor Presidente de la República.

En el V informe de gobierno del licenciado López Portillo, dos compañeros de Acción Nacional, Juan de Dios Castro y Edmundo Gurza lo interpelaron en varias ocasiones, y esto también lo aclaro por lo que dijo el mismo diputado Alonso, que la oposición hasta ahora, el repudio, el rechazo a actitudes prepotentes o ilegítimas, ha abandonado este recinto. Muchas veces Acción Nacional, cuando ha sido necesario lo ha sido necesario, y los ha dejado a otras legislaturas esperándolas.

Quiero también, y esto porque amo a Acción Nacional entrañablemente, hacer una aclaración, porque el compañero Antonio Martínez Báez, mencionó que leía a algún articulista que hablaba de la oposición leal del Partido Acción Nacional. Como este adjetivo también tiene término, tiene acepción peyorativa, ya que hay quien menciona que la lealtad es una cualidad perruna, yo quisiera y como no pude interpelarlo, decir que nosotros en Acción Nacional efectivamente hemos sido leales a nuestro ideario, a nuestra doctrina, a nuestros principios, a nuestras plataformas, a nuestra convicción y leales a México, sobre todo.

Si por lealtad él leía aquel ensayo de "Soledad Loeza", que hablaba que Acción Nacional era la oposición leal, porque había estado siempre dentro de la ley, acepto esta lealtad.

Nuestra actitud ha sido invariablemente desde 1939, hace ya casi medio siglo, y no solamente 40 años, como decía el compañero Martínez Báez, ha sido de vertical y levantada intransigencia; no lealtad al sistema político mexicano, al contrario, lealtad a nuestras convicciones y ya lo hemos demostrado, no nos vayamos atrás a 40 años, aquí en esta legislatura quien ha demostrado lealtad a sus principios ha sido Acción Nacional, porque aquí ha habido ya enroques, enchufes e intercambios de partido, de un partido a otro, como si se tratara de cambiarse unas chanclas o unos zapatos. ¿qué por ahí está la convicción a ese nivel? (Aplausos.)

Coincido plenamente con el maestro Martínez Báez, cuando decía que había leído hace siglo y medio un artículo, un escrito, escrito hace siglo y medio, por el yucateco Quintana Roo, en donde decía que la oposición era absolutamente necesaria en cualquier sistema democrático.,

Eso licenciado Martínez Báez, desde que nació Acción Nacional aquí lo hemos visto, quienes no han visto esta situación son ustedes, si lo hubiesen visto oportunamente hubiesen abierto los espacios necesarios que Acción Nacional les ha arrebatado en buena lid en luchas electorales, y no cerrándose y arrebatando los triunfos...

(Desde una curul: - ¡tema, tema!)

Aquí se tratan todos los temas, compañero, la tribuna es abierta, así es que tengamos respeto a los de Acción Nacional.

El C. Presidente: - Ciudadano diputado, estamos tratando el tema a debate exclusivamente, por favor.

El C. Jorge del Rincón Bernal: - Yo no tengo ningún encono ni odio contra ningún partido, y estoy de acuerdo que todos vengan aquí a hablar, lástima, digo, que hasta ahora se vengan dando cuenta de lo que hace siglo y medio decía el maestro Quintana Roo. Si hubiesen sido leales a México, y hubiesen respetado los espacios que la oposición les ha ganado desde hace mucho tiempo, yo mismo gané una elección en Yucatán para presidente municipal por más de 25 mil votos y me la robaron, este país fuese muy diferente...

(Voces de protesta.)

Este país fuese muy diferente, este país no tuviese un subdesarrollo integral como el que tiene ahorita, este país fuese un país más digno, más justo y más humano.

El C. Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Señor presidente, pido que ya no nos quite tiempo Acción Nacional, sólo cinco minutos.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Miguel Aroche Parra.

El C. Miguel Aroche Parra: - Señor presidente; señores diputados: He querido asumir la tribuna para referirme a unas cuantas cosas, aunque no todas incidan precisamente en el tema; por ejemplo, es importante anotar muy de pasada que al Partido Revolucionario Institucional sí le ha interesado tener enfrente partidos de oposición, pero solamente que no rebasen los límites de una oposición de mentirijillas, una oposición dúctil, una oposición que se deje manejar.

Si tomásemos un poco el hilo de la exposición que hacía hace unos minutos el ciudadano diputado José Luis Alonso, que se refirió a que las puertas de la historia están siendo tocadas y que esperan que la diligencia gubernamental y priísta las abran antes de que el empuje popular las derrumbe.

Habría que decir brevísimamente, que en realidad esa revolución sin armas, producida en el curso de esta campaña electoral, ha dejado de tal manera mal parado al poder constituido y a su partido

político, que difícilmente va a poder regenerarse, va a poder rehacerse. El daño causado por el empuje popular que ganó estas elecciones en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, dejó al Partido Revolucionario Institucional completamente derrengado, pero sin remedio; nos hemos encontrado con que mediante el uso de recursos seudolegales, aquí dado el aldabonazo para declarar presidente electo a Carlos Salinas de Gortari.

Entrando ya en el tema diríamos breavísimamente lo siguiente: ¿Quién o quiénes, preocupados por la seguridad nuestra, han metido aquí elementos de seguridad, elementos de policías diversas o soldados atropellando la soberanía de está Cámara?, ¿cómo es que esos elementos de seguridad vienen en mayor número coincidiendo con el empeño de la mayoría espuria de esta Cámara para aprobar el dictamen también espurio que le da el gane a Carlos Salinas de Gortari?, ¿cómo explicarse que elementos de seguridad cumplieran aquí una función de apoyo, de protección a los diputados de la mayoría, y en especial a la presidencia en contra de la oposición, que ésta ha sido realmente su función?, ¿cómo ocurrió que precisamente cuando aquí se redoblaba la intervención ilegal de elementos policiacos, también se desplegaba este aparato de protección a quiénes, en torno al Palacio Legislativo?

Como ya se ha dicho aquí, la fracción mayoritaria priísta decide todo, empezando por designar a los funcionarios dentro de la Cámara. El cargo más importante es el de Oficial Mayor, y lo ha decidido la mayoría y sus funcionarios en la presidencia, sin consultar y sin resolver las cosas por lo menos de algún modo, pidiendo opiniones de la oposición?

Entremos, como se ha apuntado aquí por algunos oradores, a revisar y modificar el reglamento; afrontemos los problemas de integración de las comisiones, respetando a cada uno de quienes de ellas formemos parte, pero en realidad teniéndolos en cuenta y no atropellando su personalidad, su capacidad, teniéndolos simplemente como números dentro de estas comisiones.

Sólo de esta manera sería posible que la Cámara empezara a marchar encontrando su propio camino, y elevando su capacidad de trabajo y además su dignidad como Cámara, como poder con decisiones propias, sin tener que dar cuenta a nadie ni recibir apoyos tan rechazables, tan condenables como los que se han pretendido dar en los últimos días para asegurar una decisión unilateral y espuria en favor de los intereses del gobierno y del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Mario Rojas Alba.

El C. Mario Rojas Alba: - Buenas noches, compañeros: La cuestión que se toca creo que es de suma importancia, y merece pues gastar un poco de nuestro tiempo, si no cuando menos lo que nos han hecho perder aquí con esas citas y esos inicios retardados, cuando menos lo que razonablemente es necesario.

Yo estaba revisando con cuidado y con mucha atención lo que el compañero Montes argumentaba para defender su caso. Yo quisiera llevarlo un poco, porque me recordó lo que ocurre en algunos hospitales, especialmente en los de terapia intensiva; sucede que con frecuencia en estos lugares, los médicos llegan a revisar el expediente de pacientes que estaban muy graves, se encuentran con que el sodio, el potasio, el cloro que había estado tan alterado algunas horas antes, después del tratamiento, está completamente normal en el paciente respectivo, pero el paciente estaba muerto, es como decimos nosotros en los hospitales, el paciente murió químicamente sano.

Y voy a referirme a la opinión en relación a Montes, que yo quisiera hacerlo con mucho respeto, pero también con bastante franqueza en la imagen que él me da, me parece que es un jurista brillante o tal vez ante mi ignorancia de las leyes, así me parece, pero adolece de un aspecto y es el que voy a tratar. El señor miente, las afirmaciones que él hace ofenden el sentido común, y yo creo que la vida y la realidad son más complejas y a la vez más simples que un discurso brillante.

Por ejemplo, en mi opinión, el compañero Montes sigue siendo un presunto, ya que nos dio una cátedra sobre leyes y derecho parlamentario y sin embargo, aquí estaban las boletas fraudulentas ante nuestros ojos, de su distrito.

Hoy nuevamente nos de una cátedra de jurista, pero no vio las guaruras que le protegían las espaldas en la pasada sesión. Yo me pregunto si hay fuero de primera calidad y de segunda; yo pienso que la gente que le protegía a él, el mismo derecho tendría yo de que se me protegiera.

Yo creo que ninguno de nosotros tenía pensado agredir a nadie de los que estaban allá arriba, y si se hubiera hecho, lo hubiéramos hecho en condiciones de legisladores; ninguno de nosotros iba con esa intención, y tenía esa intención a pesar de que estuviéramos en una discusión acalorada y que los ánimos estuvieran caldeados.

Al mismo tiempo nos habla de muchas cosas de las leyes, pero no se da cuenta que en las cámaras, que en el Diario de los Debates aparecerá la realidad de agentes que estuvieron dentro, de agentes que estuvieron en los pasillos, colmando los pasillos, de las policías que estuvieron en las calles acordonando este recinto.

Y yo quisiera referirme a dos aspectos en relación a la mentira: Hay personas que mienten porque los demás no vieron; yo pienso que es una mentira desechable, repudiable, pero no tan repudiable, como cuando se cae en el cinismo, cuando la gente vemos la policía y los agentes de seguridad y ellos no los ven y mienten delante de nosotros, eso, compañeros, perdonen la expresión, pero el pueblo le llama cinismo.

Es evidente para cualquier persona que tiene dos dedos de frente, que el Poder Ejecutivo estuvo ejerciendo un manejo, un poder sobre el Legislativo, y que desde arriba nos impusieron el tiempo, el orden y todo lo que se tenía que hacer con la calificación de diputados y de Presidente de la República. Esto también es evidente, y si se dice cualquier cosa por 1 mil argumentos que se digan, hay una mentira allí.

Yo pienso compañeros, que un jurista por brillante que sea, si miente es un hombre mutilado, y desde ese punto de vista pienso que sí debemos nosotros de reconsiderar y el compañero Montes no debiera de continuar ocupando el puesto tan importante de presidente de este Congreso. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado José del Carmen Enríquez Rosado.

El C. José del Carmen Enríquez Rosado: - Gracias, señor presidente; compañeros diputados: Es claro que todo este período de funcionamiento del Colegio Electoral estuvo determinado principalmente por la política, por la decisión política y por la decisión política del partido oficial, para sacar adelante su cometido en lo que se refiere al dictamen para las diputaciones uninominales, al dictamen plurinominal y en su centro esencialmente el dictamen para la calificación presidencial, y en todo momento estuvo por encima de cualesquiera otra consideración estuvo por encima del reglamento, de la Ley Orgánica de la Constitución y hubo, es claro, artífices de esta decisión política que se llevó adelante, y algunos de esos artífices de esta decisión política fue en le caso que nos ocupa el presidente de la mesa directiva y que en los últimos días avanzó.

En los casos que aquí se han señalado, en acción de omisión por la violación que hubo al recinto parlamentario, por la forma en que operó la comisión dictaminadora de la calificación presidencial, por la forma en que como se condujo este Colegio Electoral y ese cargo, esa esencia política que tuvo este funcionamiento del Colegio Electoral.

Y ese cargo, y esa esencia política que tuvo este funcionamiento del Colegio Electoral, ahora en esta sesión se nos dice que hay que empezar a trabajar sobre la base de la buena fe; que el problema no es la circunstancia de un presidente de la mesa directiva, sino que en el caso de fondo está el problema de cómo estamos construyendo el funcionamiento de la Cámara de Diputados.

Pero en la política las frases tienen un sentido, ¿qué significa la buena fe, en términos políticos qué significa la buena fe en las relaciones entre una oposición, entre una relación entre el partido oficial?, ¿en qué se va a concretar esto?, tendremos que hacer una valoración esencialmente jurídica como la propone el diputado Montes, tendremos que hacer una valoración esencialmente política de esas nuevas relaciones en las que hay una mayoría que no cuenta ahora con una minoría como pudo contar en le pasado, sino con una oposición que conserva el 48% de la composición de esta Cámara y que no puede pasar desapercibida, que no puede actuar ignorando esta realidad.

¿Habrá acaso que establecer nuevos mecanismos de decisión?, ¿o se establecerán esos mecanismos de decisión como han sido tradicionales?, ¿operará la consulta democrática entre todos los grupos parlamentarios para tomar las decisiones políticas más importantes que atañen al país?

Esa buena fe o ¿por qué no decirlo?, esa manera de construir la voluntad política, las relaciones en esta Cámara tengan que ver o no con la formación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, de la manera en que deben operar las comisiones ordinarias de esta Cámara, ¿cómo va a operar esa buena fe y cuáles son los hechos que deben mostrar esa congruencia entre lo que aquí se dice, entre lo nuevo que hay que construir y los hechos que hay que demostrar para ver que efectivamente aquí se está construyendo algo nuevo?

Y la propuesta que ahora se hace, la propuesta de que haya un renovación ante los hechos que se fueron demostrando en todo el desarrollo de este Colegio Electoral de violaciones a la Ley Orgánica, al reglamento de violaciones a la Constitución.

Cómo va a operar esta nueva situación y estos cambios, si no establecemos en los hechos y la

propuesta de la remoción del presidente de la mesa directiva signifique o no iniciar desde ahora el reconocimiento de que efectivamente atrás de estas decisiones atrabiliarias que hubo en las relaciones en la Cámara, estuvo esencialmente una decisión política, y que reconociéndola entremos a operar nuevamente, empecemos a construir esas nuevas relaciones de las que se hablan.

El C. Presidente: - Pregunte la secretaría a la asamblea, si se encuentra suficientemente discutida la moción.

El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - En votación económica, se pregunta si se encuentra suficientemente discutido el punto a debate...Suficientemente discutido.

El C. Presidente: - De acuerdo con el reglamento, que dice en el artículo 147 que la votación debe ser nominal, lea el artículo 147 el secretario, por favor.

El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - "Artículo 147. La votación nominal se hará del modo siguiente:

I. Cada miembro de la Cámara, comenzando por el lado derecho del presidente, se pondrá en pie y dirá en alta voz su apellido, y también su nombre si fuere necesario para distinguirlo de otro, añadiendo la expresión sí o no;

II. Un secretario apuntará los que aprueben y otro los que reprueben;

III. Concluido este acto, uno de los mismos secretarios preguntará dos veces en alta voz si falta algún miembro de la Cámara por votar; y no faltando ninguno, votarán los secretarios y el presidente, y

IV. Los secretarios o prosecretarios harán en seguida la computación de los votos, y leerán desde las tribunas, los nombres de los que hubiesen aprobado, y otro de los que reprobaren; después dirán el número de cada lista y publicarán la votación."

(Voces): - ¿Qué se va a votar?

El C. Presidente: - Se va a votar la moción que hicieron los compañeros de que se sustituyera al presidente por el vicepresidente, es lo que está a votación.

El C. Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Pero hay una proposición de Lamadrid.

El C. Presidente: - La desecharon ustedes mismos y siguió el debate. Se va a votar y ya estamos en votación.

La otra proposición que presentaron anteriormente los compañeros se fue a comisiones, ésta se pidió se iba a comisiones y dijeron los compañeros que la presentaron que no y el propio compañero Montes pidió y se siguió discutiendo y se ha discutido. Estamos cumpliendo el reglamento y se va a votar.

(Votación.)

El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - ¿Falta algún ciudadano diputado de emitir su voto?

Procederemos a tomar la votación de la mesa.

(Votación.)

Señor presidente, votaron en pro 121 ciudadanos diputados; en contra 243 y se abstuvieron 46. Desechada.

El C. Presidente: - Desechada la moción. Se suplica al diputado Montes pase a tomar su puesto. (Aplausos.)

ACLARACIÓN

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Rodolfo Elizondo Torres.

El C. Rodolfo Elizondo Torres: - Señor presidente; señores diputados: Hoy aproximadamente a la una de la tarde, fuimos notificados a través de nuestro coordinador parlamentario, el licenciado Abel Vicencio Tovar, que a través del presidente de la gran comisión solicitaba a los miembros de esta mesa directiva del Congreso que nos trasladáramos a las oficinas del licenciado Carlos Salinas de Gortari, como comisión de la misma mesa, a un acto protocolario.

Quiere decir, que asistimos un servidor y el diputado Gándara, en sustitución del diputado Rueda, que es secretario de esta misma mesa. Pero con todo respeto quiero dejar muy claro que en ningún momento asistimos como una comisión pluripartidista voluntaria, como aquí se pretendió manejar, así como en ningún momento asistimos a convalidar la elección presidencial, ya que nuestra posición no ha variado en ningún momento.

Por eso queremos dejar en claro que votamos en contra del dictamen y pedimos la nulidad de las elecciones presidenciales. quiero a la vez expresar que estamos de acuerdo en cumplir con nuestras responsabilidades y obligaciones que tenemos como miembros de esta mesa directiva y de esta legislatura, pero estamos en total desacuerdo de

que se nos sorprenda y se nos utilice para el efecto.

Esta es una de las muchas irregularidades que a diario se suscitan en este recinto. Acción nacional estuvo presente exclusivamente en el acto por la razón expuesta y no porque convalide la calificación de la elección presidencial. Muchas gracias.

DEL ESTADO DE MORELOS

El C. Presidente: - Tiene la palabra la diputada Manuela Sánchez.

La C. Manuela Sánchez López: - Con su permiso señor presidente; compañeros diputados: El pueblo de Morelos, haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 35 y 36, capítulo IV, inciso i), fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este 6 de julio mediante el sufragio se declaró cardenista.

Esto trajo como consecuencia que las minorías priístas en le estado de Morelos, resentidas, sobre todo, aquellos presidentes municipales y caciques de pueblos acostumbrados a sus prepotencia y poderío, se enfrentan a un pueblo que tiene como herencia de sus ancestros una insurgencia liberadora, capaz de exigir democracia, respeto, justicia y buen gobierno.

Este triunfo que tuvieron los morelenses, mediante el sufragio, ha empezado a generar violencia en contra de nuestros compañeros cardenistas, con atentados que se han venido suscitando, como el que sufrió el día 8 de septiembre de este año el compañero Plácido Arizmendi López, presidente estatal de nuestro partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en el estado de Morelos, siendo atacado en su propio hogar por el priísta, Pedro Cardoso Benítez, afiliado al mencionado partido con número de credencial 8214008874 - 8, quien lo atacó con arma blanca inflingiéndole ocho puñaladas, mismas que lo tienen en estado de coma en el hospital civil de la ciudad de Cuernavaca.

Hago énfasis en el hecho de que el compañero Plácido Arizmendi López, es líder nato, mucho muy querido y respetado por el pueblo de Morelos, también es respetado, conocido y querido por el pueblo de Guerrero, estado de México, Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, entre otros. Se debe tomar en cuenta que al dejarse sin justicia este hecho, provocará la indignación del pueblo y seguramente más violencia.

Señor presidente de este Congreso, con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer lo siguiente:

«Primero. Que esta Cámara de Diputados, con base en las garantías que nos otorga el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haga posible que se respete la división de poderes y se le solicite al ciudadano Presidente de la República, ordene a los gobernadores de los estados, respeten las garantías individuales que corresponden a cada uno de los dirigentes y militantes cardenistas, a fin de que puedan realizar libremente sus actividades políticas.

Segundo. Que autorice la presidencia de esta honorable Cámara de Diputados una comisión investigadora de estos hechos para que se castigue a los culpables y asegure la paz social en el estado de Morelos.

Fraternalmente, por un gobierno de los trabajadores, y firmamos los diputados que pertenecemos al estado de Morelos; diputados: Manuela Sánchez López, Mariano Leyva Domínguez, Mario Rojas Alba y Carlos Enrique Sánchez.» Muchas gracias.

El C. Presidente: - Compañera diputada: ¿estaría usted de acuerdo en que su proposición se turnase a la misma comisión a que se turnó la denuncia anterior en relación con un asesinato en un municipio del estado de Veracruz?

La C. Manuela Sánchez López: - Sí señor presidente.

El C. Presidente: - Está de acuerdo la compañera. No sé si la asamblea me autorice a turnar esta denuncia a la misma comisión que se turnó el caso relativo a la denuncia del asesinato en un municipio del estado de Veracruz.

(La asamblea lo aprueba.)

Se turna entonces a la comisión mencionada.

DE LA REPÚBLICA DE CHILE

El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el ciudadano diputado Ernesto Rivera Herrera.

El C. Ernesto Rivera Herrera: - Señor presidente; señoras y señores diputados: Hace 15 años, México y el mundo se estremecieron al conocer una noticia lamentable: el golpe de Estado que se dio al Presidente Allende y quien con

su sacrificio vio perdida la vida democrática de su país y que las organizaciones de la unidad popular habían establecido en la hermana y heroica República de Chile.

Fue el 11 de septiembre de 1973 cuando el imperialismo norteamericano culminó sus actividades de espionaje, corrupción, desestabilización económica y política para alterar el orden público, romper las vías constitucionales y capturar el poder que poseía la unidad popular con la práctica y ejecución de medidas que ensangrentaron al pueblo chileno y lo condujeron al más bárbaro y primitivo genocidio que se haya conocido en los últimos 15 años.

El heroico pueblo chileno había estructurado un importante movimiento que se caracterizó por la unidad a las fuerzas democráticas, patrióticas, progresistas, nacionalistas, revolucionarias y antiimperialistas.

Sobre todo, sus partido políticos, sus organizaciones sociales, sus instituciones de educación superior, personalidades del arte, la ciencia y la cultura y, con ello, encontrar los caminos que los llevaran a niveles superiores de la estructura económica, de la organización social y de la vida política.

Sustentó su lucha en el anhelo de defender la independencia y la soberanía nacionales, también contemplaba este combate, la defensa de los principios de la no intervención y la autodeterminación del pueblo chileno.

Sus mejores afanes fueron el rescate de los valores culturales, espirituales y de la dignidad que define la personalidad del pueblo chileno y distingue en su verdadera identidad lo que configura del perfil de esta comunidad sudamericana

. Estas cualidades y su espíritu de nacionalismo impulsaron a la clase obrera, sus sindicatos y su partido, a las masas campesinas y sus organizaciones, a los trabajadores del estado y su aparato social a delinear un programa común, sin olvidar los principios del internacionalismo proletario, para crear un vigoroso instrumento político que por la vía de las nacionalizaciones resistiera la penetración ideológica, cultural, extranjerizante, y fortaleciera la independencia económica y política de la república chilena.

Con este programa y con estas ideas que renovaron las esperanzas de la clase trabajadora y los afanes de superación de la clase media en objetiva y real chilenización de las fuentes básicas para el desarrollo económico nacional independiente, y de un verdadero y acelerado avance de las fuerzas productivas, Salvador Allende aspiró a llegar a la presidencia de la República hasta que la correlación de fuerzas políticas en la unidad popular hicieron posible la victoria, después de cuatro intentos, y así arribar al Palacio de la Moneda, y cumplirle al proletariado sus compromisos de campaña.

De inmediato el gobierno de la unidad popular aplicó su programa, nacionalizó la mina del cobre El Teniente, la más grande y productiva del mundo, mejoró los salarios de la clase trabajadora y las prestaciones sociales, intervino el Estado en diversas empresas básicas y estratégicas para el desarrollo nacional.

Sin romper las relaciones diplomáticas con el gobierno norteamericano, limitó la presencia del imperio yanqui en los asuntos internos y definió con claridad su política exterior; aplicó medidas que de inmediato ampliaron el mercado interno, y ejecutó programas de vivienda, empleo, salud, educación, y en relación a la deuda externa adoptó medidas que no comprometieran los niveles de vida del pueblo ni amenazaran la independencia nacional en aquella nación del sur.

El ascenso del compañero Salvador Allende a la Presidencia de la República, fue con apego a las leyes constitucionales, y por la vía pacífica, pero esta experiencia no agradaba al imperialismo norteamericano ni a sus lacayos las fuerzas reaccionarias domésticas, ya que servían de ejemplo a los pueblos latinoamericanos, y surgió la contrarevolución.

En origen, las empresas transnacionales como la ITT y otras que empezaron a derramar millones de dólares entre el ejército, los marinos y la fuerza aérea. Contrataron mercenarios y se valieron de grupos sociales y económicos de clase media; de la pequeña burguesía, de partidos y objetivos históricos indefinidos y planearon el golpe de Estado para el 11 de septiembre de 1973. Cayó el presidente Allende y se aplastó la democracia; se abatió la voluntad popular y se atropelló la soberanía del pueblo; se implantó la violencia generalizada; se ejecutaron asesinatos masivos; los estadios se convirtieron en campos de concentración; se desnacionalizaron empresas; se violaron los derechos humanos; se persiguió a dirigentes sindicales; se exilió a eminentes artistas, poetas, filósofos y escritores; se negó la existencia de organizaciones sindicales; los valores del pensamiento, del espíritu y la razón, cedieron su lugar a la barbarie, el salvajismo y el genocidio; se impuso la dictadura, la tiranía y la brutalidad; no hay partidos políticos; no se hacen elecciones; se ha hipotecado la nación al imperialismo; se practicó la quema de libros, queriendo destruir las ideas y abolir la creatividad del pueblo.

Hoy, cuando se cumplen 15 años del magnicidio registrado en la persona del inolvidable ciudadano del mundo Salvador Allende y del genocidio realizado con el heroico pueblo chileno, es de alta significación recordar la profunda reflexión que contiene la última frase del mensaje del presidente mártir; "estoy seguro que mi sacrificio no será inútil. Y que más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas en donde podrán transitar los hombres libres".

Finalmente expresamos, el Partido Popular Socialista expresa su solidaridad y pleno apoyo a los patriotas, a los revolucionarios camaradas chilenos, en su denodado esfuerzo por rescatar los derechos democráticos y repatriados ya, construir la nueva patria chilena, como la soñara el camarada Presidente Allende. Y hoy deben saber además de la sólida y firme amistad de los mexicanos con los chilenos. Muchas gracias, camaradas.

ACLARACIÓN

El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el ciudadano diputado Alberto Anaya.

El C. Alberto Anaya Gutiérrez: - Con permiso del señor presidente; compañeros diputados: En relación a los hechos a que se refería el diputado Rodolfo Elizondo, que me antecedió en la palabra, queremos aclarar lo siguiente:

Asistimos como a la una de la tarde también a un acto protocolario nombrado por la presidencia de esta Cámara, no asistimos comisionados por el Partido Mexicano Socialista, sino a cumplir la encomienda que se nos fue asignada.

Nuestra posición en relación al dictamen de la calificación presidencial fue de no convalidarlo, de acuerdo con la fracción parlamentaria del Partido Mexicano Socialista, como quedó asentado claramente en el Diario de los Debates.

Subimos, pues, para hacer esta aclaración porque la consideramos pertinente. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Esta presidencia de manera extraoficial se enteró que los diversos coordinadores de los grupos parlamentarios conversaban...

PROPOSICIÓN DE SESIÓN PERMANENTE

El C. Augusto Gómez Villanueva (desde su curul): - Pido la palabra, señor presidente.

El C. Presidente: - Adelante, señor diputado Gómez Villanueva.

El C. Augusto Gómez Villanueva: - Ciudadano presidente; ciudadanos diputados: Me permito someter a su consideración la siguiente

«PROPOSICIÓN

Con fundamento en los artículos 27 y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se declara en sesión permanente esta honorable asamblea el día de mañana, a partir de las 10.00 horas, con el objeto de desahogar el análisis del VI informe presidencial, así como para la integración de las comisiones ordinarias de esta Cámara.

Respetuosamente: diputados Augusto Gómez Villanueva, Jesús Anlen y Gonzalo Martínez Corbalá.» Gracias.

El C. Presidente: - La presidencia tiene entendido que la proposición expuesta por el ciudadano diputado Augusto Gómez Villanueva, es producto de conversaciones con los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios.

(Consulta a los distintos partido políticos y dan contestación desde sus curules.)

Esta presidencia, por las preguntas que de manera directa le hacen desde diversas curules, aclara con toda atención ante la asamblea que los retrasos a que nos hemos visto sujetos en diversas sesiones no son de ninguna manera responsabilidad de la mesa directiva.

La realidad que estamos viviendo hace que en distintos temas conversen en diferentes momentos los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios, y hay ocasiones como en este momento, que tenemos que esperar el resultado de esas conversaciones para tomar una determinación; en otras ocasiones, un día, faltaban los apoyos administrativos para poder iniciar la sesión.

Quiero además señalar que por lo que hace a la presidencia, estas coordinaciones, estas conversaciones que se realizan entre los diversos grupos parlamentarios, legalmente le obligan, puesto que en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso se establece, cuando se refiere a obligaciones de la presidencia, cumplimentar el orden del día para las sesiones, inciso b) del artículo 34, tomando en consideración las proposiciones de la gran comisión y de los grupos parlamentarios.

En consecuencia, no hay nada indebido en tomar en consideración estas indicaciones, sugerencias de la Gran Comisión y de los grupos parlamentarios.

La presidencia espera la respuesta del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

(El coordinador del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana acepta la proposición.)

Muchas gracias, señor coordinador.

Esta presidencia declara que a partir de este momento, con el acuerdo de los diversos coordinadores de los grupos parlamentarios y a proposición del diputado Augusto Gómez Villanueva, de los ciudadanos diputados firmantes de la proposición: Jesús Anlen y Gonzalo Martínez Corbalá, la Cámara de Diputados se constituye en sesión permanente con objeto de hacer los comentarios al informe sobre el estado que guarda la administración pública que el día primero de septiembre rindió el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ante el Congreso de la Unión.

A partir de este momento y el día de mañana se analizarán los temas relativos al capítulo económico, al capítulo social y en función del tiempo que se lleva este tema, se analizarán después no necesariamente el día de mañana, los relacionados con política interior y política exterior.

RECESO

El C. Presidente (a las 22.00 horas): - Se decreta un receso y se reanudará esta sesión el día de mañana a las 10.00 horas.

El C. Presidente (a las 11.25 horas del día 13): - Se reanuda la sesión.

POLÍTICA ECONÓMICA

El C. Presidente: - De acuerdo con lo que se explicó anoche, la sesión de hoy estará destinada al análisis del sexto informe rendido por el ciudadano licenciado Miguel de la Madrid, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Se han inscrito los siguientes oradores: Partido Acción Nacional: Juan Antonio García Villa; Frente Cardenista: José Jaime Enríquez Félix; Partido Popular Socialista: Jesús Antonio Carlos Hernández; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana: Alberto Pérez Fontecha; Corriente Democrática: Jorge Martínez Almaraz; Partido Mexicano Socialista: Ciro Mayén Mayén; Partido Revolucionario Institucional: Manuel Cavazos Lerma; Partido Acción Nacional: Alejandro Díaz Pérez Duarte; Corriente Democrática: Alfredo Pliego Aldana; Partido Popular Socialista: Modesto Cárdenas García; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana: Manuel Patricio Estévez Nenninger, Corriente Democrática: Rosalío Wences Reza; Partido Mexicano Socialista: Marco Cruz Martínez Carlos; Partido Revolucionario Institucional: Rogelio Montemayor Seguy.

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio García Villa.

El C. Juan Antonio García Villa: - Señor presidente; señoras y señores diputados: El contenido del sexto informe de gobierno rendido por última vez el pasado 1o. de septiembre, permite por lo que corresponde a la política económica hacer un análisis no sólo sobre el último año sino también sobre lo ocurrido durante el sexenio que está por terminar e incluso sobre los aspectos económicos relevantes anteriores a la presente administración, pero que en gran medida fueron causa de la actual problemática que tiene postrado al país y a los mexicanos padeciendo aún los estragos de lo que el Presidente de la República llamó "La crisis económica más grave de nuestra historia reciente", como se ha calificado también en anteriores documentos del gobierno a esta crisis, entre otros, en el Plan Nacional de Desarrollo.

Ahora bien, referir el análisis en esta materia al manejo de la economía anterior a 1982, de ninguna manera es inapropiado, no sólo porque el documento leído por el Presidente da pie para ello, sino porque en realidad se trata de decisiones y medidas de política económica tomadas por gobiernos surgidos del mismo partido, el partido oficial, y en última instancia porque el actual titular del Ejecutivo intervino de manera preponderante y en esa misma medida fue y es responsable de las medidas económicas tomadas durante el sexenio anterior y que finalmente condujeron a la crisis.

Dijo el Presidente en su informe, ahora sujeto a comentario, que la crisis se inició en el año de 1982, al rastrear el Presidente las causas de esta crisis, él mismo señalo que desde principios de la década de los setentas surgieron diversas y serias distorsiones, según las llamó, las que dijo "con el tiempo llegaron a convertirse en profundos desequilibrios estructurales". Estos desajustes - agregó el Presidente - se expresaron con el tiempo en la generación insuficiente del ahorro interno, desarrollo desigual del aparato productivo, incapacidad para enfrentar la competencia externa, disparidades en la productividad, incorporación de tecnologías inadecuadas, déficit crónico de la balanza comercial y en la cuenta corriente de la balanza de pagos, déficits crecientes en las finanzas gubernamentales y tendencias concentradoras en el desarrollo regional".

A continuación el Presidente completó su idea, al señalar que "a principios de la década de los ochentas a los desequilibrios internos se sumaba un desorden económico mundial caracterizado por altas tasas de interés, desplome de los precios de las materias primas, políticas proteccionistas y rigidez de los países industrializados ante la deuda externa".

Completando así el cuadro, consecuencia de todo ello, según el Presidente, sobrevino entonces la crisis.

En el pasado, la versión oficial sobre la crisis atribuyó su origen fundamentalmente a causas externas. Dicho burdamente, como si la crisis "se nos hubiera colado por debajo de las puertas de nuestras fronteras".

Con el cambio de gobierno, la explicación también varió significativamente, al poner el acento en las causas de la crisis en causas de carácter interno.

Ahora, se da un nuevo viraje con esta teoría, que pudiéramos llamar "teoría mixta", en la que aparentemente se atribuye por igual a unas y otras, internas y externas la generación de la crisis.

Por cierto, cada vez que el gobierno aborda este tema, de las causas de la crisis, debería, por honradez, explicar al pueblo con toda claridad por qué razón el país perdió lastimosamente la gran oportunidad histórica que tuvo, según se reconoció en su tiempo de consolidar su desarrollo, cuando se descubrieron y se pusieron en explotación sus enormes yacimientos de hidrocarburos, justo cuando los países industrializados se encontraban sedientos de petróleo y los precios del crudo subían como la espuma.

La ausencia de esta explicación, de una explicación clara, directa, que satisfaga, es una de las grandes deudas históricas de los gobiernos priístas con el pueblo de México, pues no basta a manera de explicación indirecta que el Presidente haya dicho en uno de los pasajes de su último informe, y lo voy a citar textualmente: " ...destruida la ilusión compartida por propios y extraños de que el petróleo sería un recurso suficiente para superar nuestros atrasos, tuvimos que enfrentar y aceptar el hecho de vivir con austeridad acorde con nuestros medios, los que se vieron reducidos por el endeudamiento externo, la baja en los precios del petróleo y los efectos destructivos de la inflación", según dijo el Presidente.

Esto no es suficiente, los mexicanos están a la espera de que algún día se les explique en detalle cuál fue el verdadero destino, aunque se supone, de los recursos captados durante los años de la bonanza petrolera.

La realidad es, señores diputados, que frente a las expectativas, a la ilusión, como dijo el Presidente, que teníamos todos los mexicanos hace ocho o nueve años ahora la inmensa mayoría de nuestros compatriotas sufre desde hace varios años una dramática y persistente caída en su nivel de vida y no se ve, a pesar de sus optimismos y las insinuaciones presidenciales, que las cosas puedan cambiar significativamente a corto plazo.

Se quiera reconocer o no, se trata de una grave responsabilidad histórica a cargo de los gobiernos priístas, pues si el Presidente dijo en su informe que estamos bien dotados de recursos naturales, literalmente dijo, energía suficientemente, abundante patrimonio minero, amplios recursos agropecuarios, forestales y pesqueros, si además dijo también textualmente el Presidente, que nuestra ubicación geográfica es un factor positivo para el desarrollo porque estamos en posición de fácil comunicación con las áreas más industrializadas del mundo, Norteamérica y Europa y si también como afirmó el Presidente, que los enormes litorales mexicanos ofrecen comunicación con el mundo y preciosos atractivos turísticos, si todo esto tenemos, no puede uno menos que preguntarse con asombro:

Entonces, ¿por qué estamos tan mal?, entonces ¿por qué estamos peor que hace ocho o nueve años? Si recursos no han faltado, entonces cabe preguntar: ¿ha faltado entonces pueblo? El propio De la Madrid dijo que no, que pueblo no ha faltado, que nuestro pueblo de artistas y conocedores del mundo mágico, como lo llamó, no ha faltado: tenemos pueblo, pues reconoce que se trata de muy buenos agricultores, mineros, comerciantes y ahora extraordinarios obreros calificados y recursos no han faltado, si pueblo no hay la conclusión lógica es que lo que ha faltado es un buen señor, lo que ha faltado en estos años en México es un buen gobierno. (Aplausos.)

Para el Partido Acción Nacional. la errónea conducción de la política gubernamental en materia económica durante las últimas dos décadas, la torpe aplicación de los recursos públicos y su criminal saqueo, la demagogia y el populismo abierto o camuflado, el acoso permanente a los mexicanos de todas las condiciones que desean trabajar y producir, pero se ven asfixiados por el abuso del reglamentismo estatal y por el feroz y corrupto burocratismo y la falsa teoría oficial de que el crecimiento económico se puede inventar, como si el desarrollo fuera producto de la ficción, han conducido al país a la peor crisis de este siglo, han arrojado al pueblo de México a la miseria y de ello, fundamentalmente, la responsabilidad histórica y política es de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. (Aplausos.)

En uno de los pasajes de su informe, el presidente De la Madrid da, la razón a uno de estos señalamientos al afirmar lo siguiente y lo cito textualmente: dijo el Presidente: "Ya conocemos los perniciosos resultados del crecimiento económico basado en el financiamiento inflacionario, generación de empleo de escasa productividad e ineficacia productiva y comercial". Hasta aquí las palabras del Presidente.

Y decimos nosotros si ya conocemos los resultados perniciosos de estas políticas que fueron seguidas fielmente por los últimos gobiernos, gobiernos que por cierto satanizaron a quienes criticamos en su tiempo estas políticas; sí, ya conocemos sus efectos como los conoce el pueblo de México que ahora sufre sus consecuencias.

En tono de resignación podríamos entonces decir que este conocimiento de los efectos perniciosos de la política económica del gobierno, nos sirvieron, por lo menos para ganar experiencia. No cabe duda, echando a perder se aprende.

En idéntico sentido apunta el Presidente en otra parte de su informe, al reconocer que haber intentado mantener un crecimiento artificialmente sostenido era una responsabilidad que hubiera acarreado peores consecuencias. El costo de haber hecho esto hubiera sido en corto plazo, dijo De la Madrid, una inflación más elevada, problemas de desempleo mayores y costos de financiamiento inmanejables, así como conflictos sociales muy graves.

Lo que no aclara el Presidente es que estas medidas en las que ahora se advierten tan graves consecuencias, fueron políticas fielmente seguidas en el pasado, en las que él personalmente intervino y aplicó sin que entonces le hubiera suscitado a Miguel de la Madrid inquietud alguna, como tampoco les inquietaron a quienes en su tiempo objetaron estas políticas. La consecuencia es ahora la crisis.

Respecto a la deuda externa principalmente la deuda pública, el informe en más de un sentido contiene cifras optimistas. Dice el Presidente que desde diciembre de 1982 al 31 de agosto de 1988, el saldo de la deuda pública externa sólo se incrementó de 9 mil 252 millones de dólares, en tanto que en 1972 y 1982 su aumento fue de 76 mil millones de dólares. Pero además como en lo que va del sexenio, dijo el Presidente, el aumento de las reservas internacionales fue de 10 mil millones de dólares, concluye entonces que durante su gestión la posición deudora neta del país ha disminuido en 971 millones de dólares.

Se trata de un artificioso juego de conceptos manejado por el Presidente para dar a entender de manera sofística que la deuda pública externa ha disminuido, lo que por supuesto no ha ocurrido así, como lo dijo el propio declarante, en estos casos seis años ha aumentado en más de 9 mil millones de dólares.

Sobre este problema crucial de nuestra economía que es la deuda externa tan estrechamente vinculada con la crisis, el Presidente menciono en su informe lo siguiente: "El alto servicio de la deuda externa representa un lastre para el desarrollo económico del país; se contrató en décadas pasadas para financiar la planta productiva y las inversiones necesarias, y acelerar así el crecimiento" Hasta aquí de lo dicho por el Ejecutivo nada tiene de objetable la versión presidencial.

Pero más adelante el propio Presidente agrega: "Sin embargo también se uso la deuda externa para compensar desequilibrios internos y externos originados por problemas económicos estructurales".

Por desgracia, no aclara el Presidente qué significa exactamente compensar desequilibrios internos y externos originados por problemas económicos estructurales, Lo más probable es que se trate de una expresión eufemística para ocultar que se contrataron empréstitos destinados a cubrir el propio servicio de la deuda; es decir se pedía prestado para pagar los intereses o el capital conforme se iba venciendo; o bien, se pedía prestado al exterior para cubrir gasto corriente, y es posible que hasta se haya pedido prestado para financiar el despilfarro faraónico y las locuras del anterior sexenio.

De haber sido así, y no es nada remoto que efectivamente así haya ocurrido, se violó entonces a pesar de que siempre lo negó el gobierno, la disposición expresa de la Constitución contenida en su artículo 73 fracción VIII que establece que ningún empréstito sino por la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos; es decir, para inversión para construcción de infraestructura.

Los excesos en esta materia como en otras, son responsabilidad de la mayoría numérica priísta de anteriores legislaturas federales, porque esta mayoría siempre se negó a estudiar con cuidado, seriedad y responsabilidad estas cuestiones de una mayoría numérica priísta,. que siempre actuó con ligereza tolerancia y complicidad hacia el Ejecutivo, tanto al revisar la cuenta pública anual, como al aprobar por cada ejercicio las leyes de ingresos y el presupuesto de egresos.

Por el sometimiento el Ejecutivo con Perjuicio grave para el país en esta materia y en otras. El Poder Legislativo, del que ahora nosotros formamos

parte, no ha cumplido por desgracia con la función que la Constitución le asigna. Ojalá que esta legislatura asimile de verdad la experiencia y cambie radicalmente su actitud, con lo cual significara al Poder Legislativo, dará cumplimiento a la doctrina de la división de poderes consagrada en la Constitución, pero sobre todo, hará un gran servicio al pueblo de México.

En relación con la deuda externa, el Partido Acción Nacional ha propuesto lo siguiente; Acción Nacional propone revisar cada uno de los acuerdos de la obligaciones contraídas por el gobierno, para dictaminar si los recursos obtenidos fueron aplicados realmente a los propósitos planteados y si se contrajeron por autoridades facultadas por la ley. Esto con objeto de obtener la reintegración de los desvíos y la anulación de créditos irregulares, especialmente en los casos en que se descubra colusión del acreedor.

Igualmente, Acción Nacional ha propuesto que a partir de la primera depuración de los saldos de la deuda y con la autoridad de un verdadero gobierno que aspire a hacerlo, negociar la deuda bajo el principio ético de que no puede pagar con cargo a la miseria del pueblo de México.

Acción Nacional ha propuesto, está incluido en su documento de plataforma política, renegociar los intereses de la deuda, y para ello los acreedores deberán reconocer la responsabilidad que contrajeron también al haber ofrecido y colocado créditos al margen de la exigencia constitucional, que ordena categóricamente que los recursos se empleen en inversiones productivas.

También Acción Nacional ha dicho que dado que la deuda se cotiza a su valor nominal, se deben buscar arreglos para dar preferencia al pago del capital. Igualmente el Partido Acción Nacional ha propuesto estudiar y fijar un porcentaje sobre el total de las exportaciones efectivas para destinarlo al pago al servicio de la deuda.

Señores diputados, por lo que hace al llamado Pacto de Solidaridad Económica, implantado el 15 de diciembre del año pasado, con el propósito de hacer frente al acelerado crecimiento que venía registrando el nivel general de los precios y lograr la estabilización; es decir, para detener la inflación, el pacto incluso fue definido por el Secretario de Hacienda como un plan de desinfección.

En relación con este pacto, decimos lo siguiente: En un principio, en diciembre de 1987, en enero de 1988, el pacto tal como se dio a conocer, contenía una serie de medidas flexibles de carácter gradualista para detener la inflación No era en su origen lo que se conoce como un plan de choque, sin embrago, en el curso de su ejecución fue derivando este pacto hacia medidas rígidas, consistentes en congelar los salarios, congelar el tipo de cambio y congelar los precios de los bienes y servicios que vende el gobierno, precios que por cierto previamente habían sido alineados como se dijo, mediante un tremendo incremento.

Asimismo, en su origen el pacto contemplaba un drástico descanso en las tasas de interés, después devino en esto. Se conformó así lo que alguien llamo plan de choque a la mexicana, sin embargo todo parece indicar que tal conversión de flexible a rígido no fue casual o espontánea, sino perfectamente deliberada, veamos.

Aunque un tanto disfrazado el propósito fue claro, se trataba de hacer sentir a los mexicanos en los meses previos al 6 de julio que la inflación era controlada, se eliminaría así un motivo de irritación, de fuerte irritación entre los ciudadanos que de haber persistido hubiera arrojado resultados aún más catastróficos para el partido oficial y sus candidatos en las elecciones.

A sabiendas pues se tomaron medidas cuyos efectos positivos son meramente transitorios, pero que a la postre resultaran contraproducentes, y esto no lo dice al partido Acción Nacional, sino que lo afirmaron el propio Presidente de la República y su Secretario de Programación y Presupuesto.

En efecto el Dr. Pedro Aspe, desde esta misma tribuna el día 23 de noviembre de 1987, es decir veintidós días antes de anunciarse el pacto, al presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1988, dijo lo siguiente, afirmó Pedro Aspe: "los avances en los cambios estructurales y en la corrección de fondo de los desequilibrios financieros han requerido grandes esfuerzos y son los logros más claros en materia económico global..."; y a continuación añadió: "El arriesgarlos - se refería a los avances - con una sobrevaluación del tipo de cambio o reducciones artificiales de tasas de interés, ha sido desechado por el Presidente De la Madrid".

"Tales medidas - aseguró el Secretario de Programación y lo citó textualmente -, tendrían efectos transitoriamente positivos pero acabarían por agravar precisamente lo que se pretendía resolver..." Hasta aquí las palabras del Dr. Aspe.

Y eso, señores diputados, dicho por boca del Secretario de Programación, no es otra cosa que el pacto tal como después devino, que en lugar de llamarse Pacto de Solidaridad Económica, por la

razón mencionada, debe llamarse y así pasar a la historia como "Plan de Salvamento Electoral".

(Aplausos)

Pero también el Presidente De la Madrid dijo algo que es muy significativo. En su mensaje de año nuevo trasmitido por la televisión el día 8 de enero, en plan coloquial el Presidente De la Madrid dijo lo siguiente: "Algunos preguntaban por qué no se establece de plano un plan de choque, entendido el plan de choque como una congelación absoluta de las principales variables económicas; congelamiento de precios y salarios, de rentas de tipos de cambio, de tasas de interés para tratar entonces de parar en seco la inflación. Sin embargo - dijo el Presidente -, esta opción fue deliberadamente desechada en el diálogo, en el análisis que tuvimos con obreros, campesinos y empresarios, porque hemos visto - dijo De la Madrid - que en otros países no ha funcionado esta técnica A veces - aseguro De la Madrid - se ha logrado parar la inflación algunos meses, pero después se han producido alzas mucho mayores de las que se observaban antes del período de congelación". La cita es textual.

Ahora ya sabemos señores del Partido Revolucionario Institucional, por voz del Presidente de la República, y no porque lo diga Acción Nacional, qué es lo que puede esperar cuando el pacto truene, aunque tal vez poco les ha de inquietar a ustedes, porque lo que más les interesa es salir bien librado de las elecciones. Ahora sabemos cuál es el Partido que antepone sus propios intereses a los intereses de la nación.

Y ahora también cada quien puede formarse un mejor juicio acerca de lo que el Presidente dijo en el informe al referirse al Pacto en estos términos: "No podemos afirmar que el éxito definitivo del pacto haya sido alcanzado" Y uno se pregunta: ¿en qué éxito estaría pensando el Presidente? ¿En el éxito económico en beneficio del país o en el éxito electoral en beneficio de su partido?

Por las limitaciones de tiempo en tribuna, quedan pendientes de comentarios, diversos aspectos de la vida económica del país contenido en el informe presidencial, ya que solo hemos hecho alusión a los aspectos que consideramos más relevantes.

Sin embargo, no podemos dejar pasar por alto, por ser insostenible, la afirmación presidencial en el sentido de que en la actualidad, así lo dijo, las tasas de desempleo son sustancialmente inferiores a las de inicio de la administración. Sencillamente esto no es cierto.

Asimismo merece un comentario el pasaje en el que el Presidente dijo: "La evolución de la producción agrícola permitió en el sexenio la autosuficiencia en trigo, arroz y azúcar, lo anterior se reflejó en la reducción de 73% en las importaciones de alimentos básicos realizada por Conasupo de 1983 a 1988.

Lo que le falto aclarar al Presidente, fue que dicha autosuficiencia se logro más que por la evolución de la producción agrícola por la brutal caída que en los niveles de consumo de alimentos ha sufrido el pueblo de México durante los últimos años.

Nadie puede sinceramente presentar esta realidad dramática y dolorosa del subconsumo como un logro sin decir entonces toda la verdad.

Finalmente debemos decir aquí que para el Partido Acción Nacional, la economía como actividad cultural de sustentación humana, tiene por objeto es cierto, bienes materiales; pero por sobre todas las cosas debe la economía estar sometida a los fines y valores permanentes y superiores de la vida humana.

En esta orden de ideas, al hacer referencia a sus actividades económicas de los mexicanos, a su capacidad y pericia en el trabajo, no se halaga el pueblo llamándole líricamente "pueblo de artistas y de conocedores del mundo mágico" como lo hizo el Presidente, sino que se le honra sencillamente reconociéndole y respetándole su dignidad: dignidad de la que tanto ha hecho gala el pueblo de México en estos años difíciles, en estos momentos durísimos, al llevar su miseria, de la que ustedes señores del Partido Revolucionario Institucional son responsables y son culpables, al llevar su miseria el pueblo de México con una gran dignidad. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Jaime Enríquez.

El C. José Jaime Enríquez Félix: - Señor presidente; Compañeros; Compañeras; diputados todos: A nombre de mi partido, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quiero hacer en lo que respecta el análisis de la parte económica del VI informe de gobierno.

No puedo evitar, en este instante, la emoción manifiesta de que las graderías se hayan abierto. ¿Bienvenidos, compañeros del pueblo de México, a este recinto!

estamos ante un documento que intenta hacer responsable de la inflación, el desempleo, la desconfianza y la pérdida de control de los mercados cambiarios, el gobierno que lo antecedió, apoyarse en la supuesta crisis de la economía

internacional para poder justificar lo que no se hizo.

Fueron por todos conocidas las declaraciones del anterior Presidente de México en el sentido de que el país requería de un perfil financiero para alimentar la a política económica de la nación.

Todos los mexicanos creímos que el experto reacomodaría las cosas; sin embargo, a la distancia de seis años casi totalmente agotados, creemos que el juicio de la historia tendrá que ser severo. Esta ha sido la administración caracterizada por el mayor desorden económico de que los mexicanos tengamos memoria.

Por ello es que el renglón que se refiere a la política económica intenta mostrar la justificación de lo que en este período se dejo de hacer y se pierde en el autoelogio de quien pretende dejar la estafeta al que lo sucederá y que sin duda no será otra cosa sino más de lo mismo. Ello desde luego, si las fuerzas revolucionarias de este país lo permitimos.

El informe señala frases como éstas: "La incertidumbre, el desánimo, la especulación y el miedo nos habían paralizado; en esas circunstancias era imposible avanzar en la superación de los grandes problemas que nos afligían Frases que muestran un contexto ingobernable al que pretendían atacar, pontificando el gran domador económico, formado por las élites harvardianas.

La reordenación económica no llegó y tuvimos que enfrentar el mayor desorden consecuencia de la aplicación de modelos elaborados en el extranjero para satisfacer intereses extranjeras también. Esquemas todos ellos con un sentido antipopular, antinacionalista, que no podrá evitar el juicio duro y frontal de los mexicanos que aman a su patria.

De las estrategias contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, no se cumplió desde luego la de reordenación económica; los mexicanos todos somos testigos de la caótica situación ha que nos ha conducido este gobierno; la segunda la de las grandes vías nacionales, las del cambio estructural, por lo contrario podemos afirmar que fue satisfecha plenamente, si bien se orientó hacia el cumplimiento del pago de la deuda externa, el crecimiento moderado, el adelgazamiento del estado teniendo como consecuencia que el ciudadano común haya tenido que jalar parejo, apretando el cinturón alrededor de su ya avispado cuerpo.

La cifras y conclusiones que el documento arroja, parecen estar hablando de un país que no es el nuestro, por eso es importante que se analice la realidad y no la retórica mostrada tan superficialmente por el informe, tomaremos por ello, los aspectos a que más énfasis se otorga en el documento.

Inflación se manejaron con respecto a este tema, una serie de justificaciones nacionales e internacionales para señalar que la inflación fue generada por problemas ajenas al gobierno y así poder llegar al triunfalismo de la escenografía montada para el proceso electoral, el Pacto de Solidaridad Económica donde pomposamente se manejan cifras del 1.7% de incremento en precios durante el mes de julio. Sin embargo, ha esta cifra habría que contrastar lo que el pueblo mexicano tuvo que vivir, en 1982, el 57.5% de inflación; en 1983, 99.3%; en 1984 63.8%; en 1985, 61.1%; en 1986, 102.3%; en 1987 166.7% y aclaramos que son cifras ya maquilladas por el Banco de México. La inflación que los mexicanos en su conjunto vivieron en este período, fue sin duda mayor a las manejadas oficialmente.

Cabe recordar, que de 1980 a 1987, el índice de precios se ha modificado en 6 mil 683 puntos de los que en buena medida es responsable el actual sexenio. La inflación, el impuesto de los pobres, ha sido un problema vigente en este sexenio, ella es causa, según un líder empresarial, padre de los trescientos y miembro de la comisión del Pacto de Solidaridad Económica, de que el poder adquisitivo del salario actual sea apenas igual al de hace 27 años.

La alta inflación provocó altas tasas de interés convirtiendo el modelo de inversión en rentista buscando el interés bancario con la consecuente contracción de la inversión productiva; es decir, en ese sexenio se optó por negocios de viuda en lugar de los que fomentan la producción.

Empleo: como consecuencia de la política económica que estimuló la especulación financiera, se generaron los grandes refuerzos de la antesala bancaria o de la bolsa de valores y se generó una forzada contratación económica convertida en desempleo poco después.

Según cifras de fuentes formales, entre 1982 y 1987, fueron despedidos aproximadamente 4 millones de trabajadores; por sólo citar un ejemplo, podemos mencionar el caso de la industria de la construcción que en 1982 daba trabajo a 2.5 millones de personas y que según datos de 1988 está empleando únicamente a 755 mil trabajadores.

Un dato revelador es el que indica que 13.5 millones de los 27 que conforman la población económicamente activa ganan menos del salario

mínimo y 8 millones más obtienen tan sólo entre 1 y 2 salarios mínimos. Por eso es que la desafortunada frase del informe presidencial que señala que el desempleo aumentó en 1982 se ha perpetuado a lo largo de todo el sexenio.

Los mexicanos fuimos testigos de las grandes masas de compatriotas desempleados tanto por parte del sector público como de la iniciativa privada.

Mercado cambiario: En el VI informe de gobierno se habla de que al inicio de el gobierno "habíamos perdido el control de los mercados cambiarios". Yo me quiero referir al incuestionable hecho de que en el transcurso del presente gobierno, el peso a depreciado su valor un total de 88 veces en relación a la paridad que guardaba al principio de sexenio.

El incremento de dólar se ha dado de la siguiente manera: de 1982 a 1983, 109% 1983 - 1984, 39.6%, 1984 - 1985, 166.65%; 1985 - 1986, 104.5%; 1986 - 1987, 153.2%, lo que ha provocado la inestabilidad permanente del mercado cambiario y una desconfianza generalizada en esta materia, pues las declaraciones del Secretario de Hacienda respecto de que el dólar no subirá se convierte en alza en pocos días, pues uno de los indicadores más confiables para los sacadólares.

Desnacionalización bancaria: Los mexicanos fuimos testigos durante el actual gobierno el impulso dado a las casas de bolsa que de una u de otra forma han creado una banca paralela a la nacionalizada.

Así entre las declaraciones del Secretario de Hacienda, Petricioli, dando seguridad a los ahorradores para invertir en la bolsa y la del ministro de Hacienda sin cartera, Jacobo Zabludovsky, los inversionistas pequeños y medianos se orientaron hacia este sistema de captación financiera, creando un paralelo más agresivo y con mayores incentivos para el inversionista.

Según el informe, el número de instituciones de crédito se redujo de 60 a 18 y se corrigió su estructura. Todo ello no evito la ilusión generada alrededor de la bolsa de valores que por desgracia no duro mucho. Y desembocó en el famoso crack donde según algunas cifras especulativas la parte oficial mantuvo un ominoso silencio, aval para los bolseadores, el fraude ascendió a no menos de 5 mil millones de dólares.

En el primer trimestre del año, los recursos de las casas de bolsas, fueron de 8 billones 121 mil 577 millones y fueron superiores a los de la totalidad del sistema bancario, de 8 billones 114 mil millones de pesos. De este modo, el avance del sexenio anterior con la nacionalización de la banca, se perdió casi por completo y los mexicanos fuimos testigos de un endoso en blanco en favor del capital financiero privado.

Deuda externa: Es la deuda externa quizá el mayor motivo de preocupación de los mexicanos, porque sabemos que gracias al pago puntual de la misma, los mexicanos hemos dejado de tener escuelas, empleos, carreteras, centros de salud y los demás servicios que por definición debe otorgar el Estado mexicano.

Hoy en día México adeuda el 26% de la deuda total de América Latina y cada mexicano debe al nacer mil ciento treinta dólares al extranjero, por deuda externa. Tan sólo en 1987, México hubiera podido crecer si hubiera tomado la determinación de dejar de pagar los 8 mil 500 millones de dólares que cubrió por su servicio.

Cuando tomó posesión el actual Presidente, se adeudaban al exterior 58 mil millones de dólares. Hoy la deuda es de 100 mil millones de dólares aproximadamente. De los 8 mil 500 millones de dólares pagados en 1987 por concepto de intereses, es grave descubrir que esa cantidad equivale al producto del trabajo de 4 millones de mexicanos del medio rural. Según estimaciones extranjeras, en los últimos cinco años México ha cubierto 48 mil millones de dólares por concepto de deuda, mismos que han salido directamente del sacrificio irracional al que los mexicanos hemos sido sometidos.

Ingreso al GATT: La apertura de México a los mercados internacionales provocó grandes conflictos ya que si bien hubo especulación sobre las posibilidades de este ingreso, los funcionarios mexicanos siempre lo negaron hasta poco antes de hacerse pública la noticia, provocando con ello la sorpresa al empresario mexicano acostumbrado a una legislación proteccionista y a una competitividad que no alcanzaba los estándares extranjeros.

El ingreso al GATT no generó la baja de precios, efecto que era buscado por el gobierno mexicano, sino por el contrario, desplazó artículos nacionales por productos chatarra fabricados en el extranjero. Esto nos convertirá en forma creciente en un país solo consumidor o intermediario en lugar de productor. Si los precios no han bajado, el empleo y la producción si la han hecho.

Así, lo que hubiera sido un reto para los empresarios mexicanos, se han convertido en un fracaso que pone en riesgo la planta productiva del país.

Pacto de Solidaridad Económica: El Pacto de Solidaridad es motivo de presunción y alarde en el informe presidencial.

Para los mexicanos representan el mayor estrangulamiento a la economía del ya vapuleado salario mínimo, mientras que, si los precios de la canasta básica se han conservado constantes, se han liberado prácticamente aquellos que no están incluidos en ella, así el comercial y el empresario se han escudado en la licencia oficial para reetiquetar.

Vivimos hoy en día una de las peores depresiones económicas que recordamos, y si ésta tan cacaraqueada concertación ha funcionado tan maravillosamente, todos nos preguntamos hoy por qué no se concertó en los albores de este sexenio; es que el hecho de ponerla a funcionar al final nos induce a creer que el resto de la política económica manejada durante el sexenio fue un fracaso.

Empresa pública: El informe señala que de las 1 mil 155 entidades del sector público existentes a principios de 1983, se decidió la desincorporación de 765, así en la actualidad contamos con un total de 449 entidades públicas, palabras textuales del informe. Lo que para la nación ha implicado que el ahorro canalizado a la creación de la empresa pública se ha hechado por la borda en tan solo unos años.

Este gobierno prácticamente ha desmantelado la empresa pública, argumentando el adelgazamiento del sector o al tratarse de campos no prioritarios o estratégicos para el desarrollo; así los mexicanos observamos la venta de empresas fundamentales, no al mejor postor sino a los grupos económicos con los que hubo concertación política.

Fuimos también testigos de los procesos realizados en empresas que calculadamente fueron llevadas a la quiebra para después desprenderse de un sindicato combativo o estar en condiciones de hacer una venta favorable al comprador.

En el caso de las paraestatales el papel del gobierno fue triste, el de los mexicanos desolador. Queremos concluir en el sentido de que el pueblo con su sabiduría popular ha tipificado a los gobernantes por lo que a su juicio es la característica más relevante de su gestión.

Así existe el presidente caballero porque quizá no le encontraron otro razgo sobresaliente que adjudicar; el Presidente austero, el agrarista, el paseador, el represor, el administrador de la abundancia; creemos que el veredicto que el pueblo dará a Miguel de la Madrid será el del Presidente de la crueldad económica.

Si bien sabemos que existen grandes defensores de la política que en esta materia aplicó Miguel de la Madrid y que alguno de ellos están no solamente fuera, sino no incluso dentro de este recinto, también sabemos que ellos son también los mexicanos que fueron adiestrados en las universidades norteamericanas con concepciones colonialistas que sólo obedecen al modelo de desarrollo planeado para defender los intereses de nuestros vecinos del norte: hombres educados para ofrecer las estrategias fondistas; algunos de ellos, de buena fe, pero a pesar de su ingenuidad, no los salvará el juicio de México. Porque se gobierna para México o se gobierna contra México.

Estos funcionarios han logrado un empobrecimiento planeado fríamente para el pueblo de México y un enriquecimiento absoluto para los trescientos y algunos más que son ellos mismos y que hoy conforman una oligarquía nacional que el pueblo puede sólo equiparar al gobierno alemanista.

El debilitamiento organizado del Estado Mexicano, en su función rectora de la economía Nacional, convierte al poder público en peón de un poder económico.

Las políticas basadas en la puntualidad del pago de la deuda externa sacrificando la inversión pública y el desarrollo de los programas sociales, nunca será comprensible para los millones de mexicanos desamparados que no pueden esperar más tiempo para satisfacer sus necesidades y menos todo un sexenio.

La política económica de Miguel de la Madrid ha sido antipopular, ha sido antinacional porque no ha beneficiado a la mayoría de los mexicanos ni protege los intereses de la nación.

Sin embargo, hoy, estamos seguros de que el futuro de la patria no esta en riesgo; el pueblo y las fuerzas vivas se manifestaron ese 6 de julio y ellos sabrán defender con la fuerza de la historia, la verdad de la nación teniendo como ejemplo el valor del México nuevo que un día forjaron: Morelos, Hidalgo, Juárez, Cárdenas, para defender la soberanía de la nación.

Hoy somos testigos y protagonistas de este México nuevo, que nace aquí también en esta tribuna, en una mañana como hoy para todos los mexicanos. ¿Viva México!, compañeros.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández.

El C. Jesús Antonio Carlos Hernández: - Señor presidente; honorable asamblea: A juicio

del Partido Popular Socialista, el VI informe de gobierno del Presidente Miguel de la Madrid constituye el balance de seis años de política opuesta a los intereses de la nación y del pueblo y contraria, en esencia, a la vida de desarrollo surgida de la Revolución Mexicana.

El saldo del sexenio es el de pérdida de soberanía para la nación mexicana, paralización en el desarrollo de las fuerzas productivas., debilitamiento del Estado como instrumento impulsor de la soberanía, de la independencia nacional empobrecimiento brutal de las masas populares y creciente subordinación a los centros económicos y políticos del imperialismo.

En consecuencia, al realizar esta glosa y comentario al VI informe presidencial el Partido Popular Socialista considera que es menester e impostergable, retomar el camino del desarrollo con independencia surgido de la Revolución Mexicana, reconstruir todo lo destruido por el actual gobierno y avanzar con renovado ímpetu por la vía del progreso social.

A contrapunto el gobierno trata de justificar su conducta con el argumento de que se propuso la renovación nacional, modernizar la revolución "dado que - dice - ante las nuevas condiciones del mundo ya no proceden acciones como las que comprendieron en el pasado".

Se trata a nuestro juicio, de una argumentación falsa. El viraje fundamental se expresó en el abandono de la vía de las nacionalizaciones, esencial para desarrollar nuestras fuerzas productivas con independencia para sustituirlo con una creciente privatización de la economía. El gobierno no gusta de llamar a este proceso desnacionalizador por su nombre, y ha preferido designarlo como "adelgazamiento" primero, y más tarde como "redimensionamiento del Estado"

El gobierno, para aplicar su conducta privatizadora, hizo suyos los viejos argumentos del imperialismo y la derecha tradicional, en el sentido de que el Estado es un mal administrador, que las empresas en sus manos son generadoras de perdidas permanentes, por lo que lo deseable es dejarlas en manos de los empresarios privados, nacionales y extranjeros.

Semejantes planteamientos nada tienen de modernos; fueron esgrimidos por la derecha y la contrarrevolución desde hace más de 50 años, cuando las fuerzas progresista dieron vida a las primeras grandes nacionalizaciones en el sexenio del general Lázaro Cárdenas.

La lucha en contra del intervencionismo estatal, fue una de las banderas que dieron origen al Partido de Acción Nacional y a la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, y que siempre han enarbolado los gobiernos norteamericanos y sus voceros.

Lo nuevo, es que el actual gobierno, ninguno antes que él, hace suyos estos argumentos en México.

Por otra parte, queremos dejar bien claro que la corrupción es un mal inherente al sistema capitalista; más no podemos ni debemos tolerarla. Es menester erradicarla de fondo, metiendo a la cárcel a los corruptos; incorporando a los trabajadores en el manejo de las empresas y adoptar otras medidas preventivas; más la solución no es liquidar o entregar las empresas estatales al capital privado. La empresa del Estado, es bueno recordarlo, constituye un patrimonio común del pueblo de México

El gobierno es sólo administrador, no propietario. En todo caso, como se reconoce en el VI informe del Presidente Miguel de la Madrid, los actos solitarios de un hombre, el Presidente de la República, no deciden el destino de México.

En consecuencia el patrimonio común de los mexicanos, las empresas del Estado. por lo que hace a su liquidación o venta solo debe decidirlas, en todo caso, el Poder Legislativo como auténtico representante del pueblo.

La apertura tanto a los capitales como a las mercancías extranjeras, así como a la exportación que desde nuestro país pudieran hacer los consorcios transnacionales constituyó otro de los cambios de fondo en la política económica de México, impuesto contra la voluntad popular por el actual gobierno.

Compañeros diputados, esta política contrarrevolucionaria que responde esencialmente a los dictados del Fondo Monetario Internacional y por lo menos es coincidente, no es nueva, sino que tiene ya una larga historia. Hace ya más de veinte años, coincidiendo con las fuerzas democráticas y patrióticas de México y de América Latina, un ilustre sociólogo elaboró un documento que llamo la "Aritmética contrarrevolucionaria".

Y en este documento hace veinte años, se delineaba lo que podría suceder en México, sino reagrupábamos las fuerzas los progresistas, los revolucionarios, los demócratas, los patriotas para detener esta avalancha; esta avalancha que el sociólogo denominó la aritmética contrarrevolucionaria y que hizo consistir esencialmente en el siguiente programa de gobierno, aplicado por el imperialismo norteamericano a los países

de Latinoamérica y dice así: Este proceso, el proceso que incluso puede abrir la puerta para un golpe de Estado; dice, el proceso ocurre dentro de un contexto internacional de crisis, sobre la que una ciencia contrarrevolucionaria también internacional.

En lo económico, la crisis se manifiesta con un desequilibrio acentuado de la balanza de pagos que disminuye el producto monetario nacional y los ingresos del Estado, derivando en un incremento de los préstamos extranjeros, Banco Interamericano de Desarrollo "BID", Fondo Monetario, Exim Bank, etcétera que hace más dependientes de las decisiones de los administradores políticos respecto de la política diseñada por los grandes monopolios y su departamento de Estado y sus técnicos y politólogos lo cual esencialmente supone las siguientes medidas; repito, hace 20 años se dijo esto y se público en México:

Primero: Garantías a las inversiones extranjeras con efectos adversos a plazo medio y largo para la inversión nacional;

Segundo. Disminución de la inversión pública frente a la privada, que en forma creciente es la de los monopolios extranjeros, y

Tercero. Disminución de la inversión pública productiva, frente al gasto público en infraestructura y en obras que constituyen un incentivo y generan una demanda para la inversión privada, sin hacerle competencia; y finalmente exigencia del empleo de la fuerza pública para mantener la estabilidad en el campo, las universidades y las fábricas.

Esta es pues la aritmética contrarrevolucionaria. Por lo demás, en su sexto informe de gobierno, el Presidente De la Madrid expresa su satisfacción, por el hecho de que en seis años de gobierno se haya duplicado el valor de las inversiones extranjeras, el país se haya convertido en paraíso de las maquiladoras y las exportaciones no petroleras, que hacen los monopolios transnacionales, hayan crecido. Así rompió con otra tesis fundamental de la Revolución Mexicana, relativa a la necesidad de fortalecer el desarrollo de nuestras fuerzas productivas con independencia.

Las tesis de la apertura a las inversiones extranjeras, nada tienen tampoco de moderna fue proclamada por don José Ives Limantour y enarbolada por el grupo llamado de los científicos, que rodeó al dictador Porfirio Díaz y desde entonces, ha sido sostenida por todas las fuerzas opuestas a la Revolución de 1910.

Por lo que hace a la apertura comercial, una de sus expresiones culminantes se dio en el Plan Clay Clayton para América Latina, impulsado por el gobierno de Harry S. Truman en 1946 y rechazado aun por el gobierno, nada progresista, patriótico ni revolucionario, de Miguel Alemán Valdés.

El compromiso original del estado mexicano surgido de la Revolución de 1910 con la clase obrera y campesina, de tutelar y defender sus intereses de manera unilateral, fue sustituido en el discurso gubernamental, por la tesis de imparcialidad frente a la lucha de clases, como si el nuestro fuera cualquier país capitalista clásico.

Pero en la práctica, el viraje fue más radical, el gobierno se convirtió en instrumento servil de los intereses del gran capital en contra de las masas populares. Esto ha sido reconocido en reiteradas ocasiones por personas como Legorreta, Abedrop y otros y ha conducido al desplome de los salarios reales, al empobrecimiento brutal de la mayoría de los mexicanos y el enriquecimiento acelerado de un puñado de magnates dedicados a la especulación.

Así, el propio Congreso del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de México incluida, reconoce que en 1976 la parte laboral participaba del 36% del Producto Interno Bruto, la reciente injusticia del reparto de la riqueza ha llevado a que en este sexenio los trabajadores sólo reciban el 20% del Producto Interno Bruto; es decir, el proceso de injusticia continúa avanzando precisamente por la aplicación de esta política económica contrarrevolucionaria.

El derecho de huelga, compañeros diputados, ha sido vulnerado como en ningún otro período gubernamental desde 1910; hecho del cual expresa con satisfacción el presidente en su VI Informe.

Ante esta aberración, el Partido Popular Socialista demanda que figuras como la requisa, la intervención administrativa y la moderna declaración de quiebra, como la aplicada contra Aeroméxico y su sindicato, que constituye verdaderas armas contrarrevolucionarias para golpear, para vulnerar el sagrado derecho de huelga, deben desaparecer de inmediato de la legislación mexicana.

A la obligación adquirida por el Estado del tutelar los intereses de obreros y campesinos, la derecha y la contrarrevolución siempre se opuso diciendo que eso era populismo y paternalismo nocivo, que desalentaba el progreso, tal y como lo dice el actual gobierno. Como se ve en esto no hay nada de moderno, pero si de contrarrevolucionario.

Esa conducta nada tiene que ver con la surgida de la Revolución Mexicana que demanda luchar con

energía en defensa de los intereses nacionales, de nuestra independencia y soberanía.

Al respecto, hace apenas una semanas el Fondo Monetario Internacional, a través de uno de sus voceros más autorizados, dijo que en el universo de América Latina había dos estrellas, dos estrellas que debían de ser el ejemplo de política económica y de atención a su crisis económica interior. Esas dos estrellas, dijo el Fondo Monetario Internacional, son Chile y México al frente de cuyos gobiernos se encuentran por un lado Miguel de la Madrid. ¡Eso es revolución?

Por otro lado y aún en el campo de la política exterior, que ha sido el aspecto que más brillo dado a los gobiernos mexicanos en otros tiempos, el actual aplicó cambios de orientación claramente regresiva. El entusiasta y fraternal apoyo que siempre se ofreció a los pueblos que luchan por su emancipación, se debilitó durante el actual sexenio, perdiendo toda combatividad para no irritar al poderoso vecino imperialista.

Todo esto, el Presidente Miguel de la Madrid reconoce que constituyó un viraje de nuestro camino histórico: sin embargo, de la manera menos coherente lo pretende presentar también como propio de un gobierno emanando de la Revolución Mexicana, si bien empeñado en modernizar. Es evidente que ninguna de las tesis puesta en práctica por el gobierno actual tiene algo de moderno, ni mucho menos de revolucionario; son los que han enarbolado desde siempre la reacción, la única, porque a nuestro juicio no existe la reacción de izquierda y la contrarrevolución.

El gobierno actual culmina su período realizando acciones sin precedentes en materia de alteración del proceso electoral, resultado del empecinamiento del Presidente, por imponer el sucesor comprometido a seguir por el mismo camino.

Compañeros diputados: Mencione hace un momento el examen que se hace de la realidad mexicana y de las políticas aplicadas por el gobierno norteamericano para someter a los pueblos del subcontinente latinoamericano.

Nosotros queremos recordar que frente a las pretensiones de la reacción y de la derecha, de continuar con seis años más de lo mismo; frente a la pretensión de que incluso desaparezcan los partidos políticos; frente a lo que pretende hacer un ensayo general para medir fuerzas, quiero recordarles este juicio: frente al ensayo general para lograr sus propósitos, la derecha encontró otro ensayo general de enérgica respuesta democrática para enfrentar sus designios. Y pueden estar seguros que si va más lejos de su intento, encontrarán respuestas amplificada en decisión y energía por parte de sectores definitivamente mayoritarios del pueblo mexicano.

La lógica golpista es por definición una lógica antihistórica que maneja variables y fuerzas cristalizadas en un momento y que pueden conferirle la ilusión de una superioridad mecánica y cuantitativa, y en un instante del tiempo. En cambio, la lógica de los procesos democráticos y revolucionarios es por esencia, histórica en el doble sentido de que es capaz de movilizar a sectores y clases que parecen marginados, y de dar expresión política a tradiciones adormecidas pero no muertas, ni de modificar por eso mismo la situación en el aspecto cualitativo. para decirlo con una imagen de la vida real de los pueblos, es la superioridad del profesor de historia Wollenhousen sobre las computadoras del pentágono.

Compañeros diputados el Partido Popular Socialista una vez más como lo ha hecho siempre, hace un llamado a todos los patriotas, a todos los demócratas, a todos los progresistas y amantes de su pueblo, donde quieran que estén, para que reflexionen, que no solamente por razones de respeto a los principios esenciales de la democracia, sino también a la vista del profundo daño que causaron al pueblo y a la nación estos seis años de gobierno contrarrevolucionario, resulta claro que ni el pueblo ni la nación resistirían seis años más de lo mismo.

Finalmente, quiero expresar que frente a esta política económica, profundamente equivocada y en sentido opuesto a los principios esenciales de la Revolución Mexicana, lo decisivo en la actualidad es un frente común: mantener una amplia unidad de las fuerzas democráticas; sumar y no dividir.

Quedan abiertos los caminos democráticos de México. Los llamamos a impulsarlos cada vez más.

Hemos hablado de las reservas democráticas del pueblo de México; su organización militante y responsable parece ser hoy más urgente que nunca. De ello dependen en buena medida que la ofensiva contrarrevolucionaria no alcance sus objetivos.

Esta es en la actualidad la tarea de más alta significación en que podemos empeñarnos. Muchos otros motivos de división deberían y deben quedar subordinados a esta necesidad insoslayable de la unidad democrática, revolucionaria y patriótica de muchos millones de mexicanos, para oponerla a los intentos de contrarrevolución que no quiere una parte del poder, sino quiere todo el poder:

seguir explotando a México, seguir disfrutando de una situación que le ha generado las más grandes ganancias que nunca soñó en el pasado, como lo reconoce el señor Legorreta al frente de los trescientos capitostes que se han beneficiado en estos tres años, de una política económica en sentido opuesto de la Revolución Mexicana, que meditemos todos,que reflexionemos todos en la necesidad de que el pueblo de México está demandando y demanda un cambio profundo.

Reorientar esta actual política económica y sustituirla por la que ha surgido del seno de luchas heroicas de nuestro pueblo, que se establece y se precisa en los artículos 3o, 27 y 123 de la Constitución, que siguen demandando que el gobierno se constituya en tutelar de los intereses del pueblo de México, que orientemos esta política económica, expresada y definida en el sexto informe de gobierno, para que México alcance, para que México avance en el camino de lograr su independencia económica, la ampliación de su régimen democrático y la elevación constante del nivel de vida de nuestro pueblo. ¿Viva México!

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alberto Pérez F.

El C. Alberto Pérez Fontecha: Con su permiso señor presidente; compañeros diputados; hace unos días el primero de septiembre, el Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, en su carácter de Presidente Constitucional, en cumplimiento con la Constitución, rindió su sexto informe de gobierno ante este honorable Congreso de la Unión.

Muchos fueron los acontecimientos y mayores los comentarios, pero es importante dejar testimonio y ratificar una vez más que la ideología de mi partido es nacionalista, revolucionaria, democrática y liberal; que somos y seremos decididos partidarios de la paz en las relaciones, tanto hacia el interior como hacia el exterior de nuestra patria y pugnamos porque prevalezca el respeto a la soberanía y el derecho como norma fundamental.

Apoyamos todos los esfuerzos que para ello se hagan y repudiamos toda intervención extranjera en los destinos de cualquier nación por pequeña o modesta que ésta sea.

Sentimos que debemos acudir hoy más que nunca a nuestra experiencia histórica y reencauzar al país por la senda que recorrió Hidalgo, que continuó Morelos que cimentó Juárez y por el camino que abrieron Madero y Carranza: Por la ruta patriótica que trazó Lázaro Cárdenas y que nos hizo recuperar el destino luminoso de la dignidad nacional.

En al nueva era del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, dentro de la política nacional, nuestro instituto se manifiesta contra quienes a todo se oponen por sistema sin ofrecer a cambio un camino definido y practicable; contra los medrosos y pusilánimes que no quieren compartir los riesgos que confrontan la constitución del México en su nueva era; contra los que piensan que la política del país debe servir a inconfiables intereses de cualquiera de las hegemonías que pretenden dividirse al mundo, y contra aquellos que sólo obedecen consignas sin importarles el destino de nuestra patria.

En suma, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, está en contra de quienes dentro y fuera del sistema pretenden desviar el camino de México, del destino que con su esfuerzo y sangre escribieron los héroes de la Revolución Mexicana.

Los parmistas dirigidos por Carlos Enrique Cantú Rosas, rechazamos la violencia como medio para conquistar el poder público y sostenemos que sólo dentro de un sistema de partidos políticos, de un estado de derecho, y de una verdadera democracia, será posible que la ciudadanía exprese su voluntad.

Nuestro partido lucha y luchará por reformas políticas - económicas que fomenten el progreso y el civismo desterrando la indiferencia y la desconfianza y las instituciones y el proceso electoral.

Luchamos porque el estado respete los derechos de los ciudadanos, pues sin este respeto la democracia será desplazada por la tiranía; salvaguardaremos las garantías individuales ya que constituye el principio sobre el cual se estructura un sistema político de derecho.

Los congresos federales y estatales deben asumir su verdadero papel de elaboradores de leyes, debiendo ser centros de representación popular que en asambleas de libre deliberación capten e impulsen la opinión ciudadana.

Debemos luchar tenazmente para lograr la verdadera independencia del Poder Legislativo y del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo. No podemos seguir siendo cortesanas de investigadoras oficiales. Nos debemos a la ciudadanía y no al Ejecutivo.

No podemos olvidar que el equilibrio de los poderes es condición insoslayable del Estado mexicano para salir de la crisis en la que seguimos viviendo. Esto y mucho más son los conceptos ideológicos del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en donde defendemos que los

fundamentos plasmados en nuestra Constitución son vigentes y por eso, en base a ellos y a diferencia de muchos otros países, el Ejecutivo Federal y el de los estados y municipios tiene la obligación de informar anualmente a la ciudadanía sobre el estado que guarda la administración a su cargo.

Voy a comentar el sexto informe de gobierno de Miguel de la Madrid, como lo hicimos en los anteriores, manifestamos como mexicanos que no corresponde a la realidad que estamos viviendo y que resulta criminal tanto usarlo como bandera política, como engañar a un pueblo cansado de imposiciones y de mentiras.

No podemos ocultar que el mensaje presidencial, al no dar cuenta exacta de la situación real que priva en el país, avivó la actitud de muchos de nosotros para cuestionarlos sobre puntos específicos, que requería una contestación a nuestras inquietudes como representantes ciudadanos.

Estamos conscientes que la actitud de cuestionar al Presidente no se daba desde los tiempos de López Portillo, pero tampoco se había dado que en el último informe de un Presidente se ocultaran las cifras, los montos y la situación real en la que nos encontramos, por eso cuestionamos y cuestionaremos, compañeros diputados; vinimos aquí a encontrar soluciones, no a recibir consignas ni hacer cortesanas de investiduras oficiales, muchos desearían la oportunidad que hoy tenemos todos nosotros de representar la voluntad popular.

Ratificamos que el informe careció de datos, porque nunca se mencionó el monto de la deuda externa, se oculto como en pasados informes la cuantía de la deuda interna, el porcentaje de inflación, el pago de los servicios de la deuda, el monto de las exportaciones; el de las importaciones; la inversión fija, la inversión extranjera, la exportaciones petroleras las tasas de crecimiento poblacional; la situación económica de las paraestatales la baja de las reservas internacionales, el destino al ahorro en el pago de intereses sobre la deuda interna, el déficit presupuestal, las perspectivas al futuro y las medidas a tomar.

En fin, no conocimos los mexicanos la situación real que guarda nuestro país y éste por ser el sexto y último informe de la administración de Miguel de la Madrid, resultaba el más importante ante la sucesión presidencial; estoy seguro que algún compañero dirá que repartieron los anexos del informe, efectivamente, pero esos anexos no se reparten a los ciudadanos, por ellos se requería que el Ejecutivo informara.

Para que quede constancia, queremos únicamente comentarles que, según la estadística publicada por el Banco de México, la Secretaría de Programación y Presupuesto y la Secretaría de Hacienda y Crédito público, la inflación en 1982 era del 98.9%, y a finales de 1987 alcanzaba más del 159%: el déficit financiero sobre el promedio interno bruto es superior al 15.8%; la deuda externa en 1982 era de 87 mil millones de dólares; y a la fecha es mayor a 110 mil millones de dólares en 1982 se hizo un pago a la deuda externa de 12 mil millones de dólares En 1983 de 10 mil; en 1984 de 11 mil; en 1985 de 10 mil; en 1986 de 8 mil y en 1987 de 8 mil.

Las exportaciones bajaron de 21 mil millones de dólares en 1982, a 20 mil millones de dólares en 1987; el tipo de cambio peso dólar en 1982 era de 57 pesos por dólar, en 1987 de 1 mil 405 pesos por dólar, y en la actualidad más de 2 mil 300 pesos; las exportaciones petroleras, columna vertebral de nuestro país, en el año de 1982 eran de 16 mil millones de dólares y en 1987 sólo alcanzaron 6 mil millones de dólares.

Por otra parte las finanzas de Petróleos Mexicanos revelan que el cierre del primer semestre de 1988 captó ingresos, al cierre del primer semestre por 17 billones 567 mil 580 millones, y registro egresos por 17 billones 653 mil 667 millones, por lo que registró un déficit de 86 mil 87 millones de pesos; los deudos que las secretarías de Estado, los organismos descentralizados y las empresas de participación mayoritaria y minoritaria tienen con Petróleos Mexicanos, suman billón 540 mil 309 millones de pesos.

Por otra parte el sexto informe que rindiera el Presidente De la Madrid, señalaba que se había reformado el Poder Judicial, pero desgraciadamente a la fecha, no se ha logrado terminar con la brutalidad policiaca de que son objeto diariamente miles de mexicanos, ni que se siga poniendo la justicia en manos del mejor postor.

(Aplausos.)

Se sigue mencionando que no se tenían precedentes en ningún gobierno de los resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico, cuyas operaciones sabemos tienen un costo que rebasa los 200 millones de pesos diariamente, sin embargo, estos esfuerzos, ha declarado Miguel De la Madrid, no se reconocen en el exterior. Quedaría preguntarle a esos países, ¡que hacen ellos y cuánto gastan por evitar que sus ciudadanos consuman las drogas?, y ¿cuánto gastan por evitar que este tráfico se haga en los Estados Unidos?, preguntarnos a nos otros por qué ese dinero que estamos gastando no lo destinamos a la siembra de productos básicos.

¡Qué pasó con la entrada de nuestro país al GATT? ¡Por qué disminuyeron las reservas internacionales del Banco de México en más de 4 mil millones de dólares?, ¡Qué pasó con la explotación de los recursos del mar? Muchas incógnitas han quedado en este sexto informe de gobierno y sus deficiencias se han querido ocultar magnificando la actitud que consideramos fue honesta y patriótica de algunos diputados, pero esos que han criticado esa actitud, ahora deben responder al pueblo por dignidad, lo que nunca se dijo en el informe presidencial. (Aplausos.)

Sin embargo, y ante la gran responsabilidad y compromiso que tenemos ante la ciudadanía, los diputados del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana trataremos, con base a los anexos del sexto informe presidencial, de desglosar los aspectos más importantes de la política económica, social, interna y externa de la gestión de Miguel De la Madrid, manifestando que el único afán de analizar el pasado es con el único objeto de evitar los mismos errores en el futuro.

Para nosotros como para muchos mexicanos ajenos a la consigna, sabemos que nuestro país se encuentra ya no ante una crisis, sino ante un cataclismo económico, cataclismo que debemos los mexicanos superar con trabajo, responsabilidad, productividad, honestidad y ahorro, por ello se deben tomar medidas que permitan la reordenación económica, política y social de nuestro país, entre ellas el fortalecimiento de los poderes; procesos electorales con apego a la ley; elevar el nivel técnico de capacidad de los servidores públicos; controlar el presupuesto; cuidar el gasto público; adecuar el tamaño del sector público; fortalecer las finanzas públicas y el ahorro interno; reestructurar las políticas de subsidio; apresurar la descentralización; lograr mayor productividad; alentar la inversión privada; lograr mayores ingresos a través del turismo y las exportaciones no petroleras no crear nuevas plazas; y fortalecer la prestación de servicios; apoyar al campo con crédito y seguridad, para que el campesino trabaje la tierra.

Negarle hoy a un trabajador, profesionista, técnico o campesino, la oportunidad de trabajo, es socavar la seguridad nacional, no podemos incrementar las diferencias sociales creando ejércitos de miseria con soldados de la desocupación y la incertidumbre, por ello, todos los mexicanos, por distantes que se encuentren o humildes que éstos sean, debemos exigir hoy más que nunca congruencia en los actos de gobierno.

Por todo ello, una vez más, mi Partido el Auténtico de la Revolución Mexicana, los convoca para que todos construyamos en nuestra actividad diaria una trinchera para defender nuestra soberanía, mantener nuestra independencia e identidad nacionalista, y crear la nueva era que todos queremos para México. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Martínez Almaraz.

El C. Jorge Martínez Almaraz: - Señor presidente; compañeras y compañeros: Desde el principio de su administración Miguel De la Madrid y su equipo han tendido a presentar la situación afrentada por su gobierno como tremendamente difícil, sin precedentes, para después ponderar los logros de su política económica pese a lo magro de los resultados o sus resultados francamente negativos para el país.

El sexto informe o es la excepción, el argumento central a lo largo de este informe, es que durante el sexenio se transitó, gracias al mando presidencial de una situación política y económica que ponía en riesgo la viabilidad del país, a otra donde se ha renovado la sociedad en lo político y en lo económico, el país se colige del informe -, se encuentra en el umbral del crecimiento económico acelerado y en armonía social; nada más falso, la crisis económica sigue siendo lacerante para la mayoría de la población, la crisis política propiciada por la crisis económica y política del régimen es inocultable, pese al gobierno y a los técnicos de la televisión pública y privada.

Las ausencias, las verdades a medias y las falacias contenidas en el informe, hacían más pertinentes el respeto al derecho de la interpelación de los miembros del Poder Legislativo, derecho que nos fue negado y en el cual insistiremos.

Efectivamente, son muchos los problemas que la generación actual de mexicanos heredó de un patrón de subdesarrollo creciente que benefició fundamentalmente a un puñado de capitalistas, entre los cuales había funcionarios públicos que operaban en el sector industrial y financiero, hoy, esos mismos y sus descendientes abjuran, de un padrón que ya no les beneficia y piden cambios, cambios que favorezcan a sus ganancias, pero no a la sociedad mexicana.

El nuevo patrón de crecimiento, el llamado modelo secundario exportador que impulsa el gobierno y el gran capital nacional e internacional, es más concentrador del ingreso y más incapaz de satisfacer las necesidades básicas de los mexicanos que el antiguo patrón, el de la sustitución de importaciones

Los seis años del régimen de De la Madrid son una prueba fehaciente de ello, la crisis económica no es privativa de México, afecta a todo el mundo capitalista, pero es una singularidad de México el carácter crítico, sumiso de la política económica nacional ante los cambios operados por la crisis en la economía mundial, unirse a nuevas corrientes comerciales, dice el argumento oficial, esta unión es una unión bajo el domino transnacional y del gran capital monopólico mexicano, es una unión que profundiza la dependencia externa, que desarticula más el ya desarticulado aparato productivo, que desvaloriza el trabajo de los mexicanos que, a pesar de que en la retórica oficial se incluya como buen propósito, considera un lastre de desarrollo pleno de los mexicanos.

La renovación de Miguel De la Madrid ha tenido como guía la razón, pero la razón, de los poderosos del extranjero y del interior, razón históricamente contraria a la mayoría de la sociedad mexicana, la razón del régimen, teoriza incluso la inexistencia de vías alternativas.

Bajo, Miguel de la Madrid, ¿hemos iniciado una nueva etapa de nuestra historia?, ¿se ha sentado las bases para un crecimiento firme, duradero y justo? Para la primera pregunta, la respuesta es afirmativa, Miguel De la Madrid tuvo el privilegio de ahondar el sentimiento generalizado de repudio al gobierno y a su partido, la rebeldía popular que se manifestó a partir de la jornada electoral pasada así lo denota, hay un nuevo derrotero histórico; pero mal puede afirmarse que México está en camino del crecimiento firme y justo.

El estado actual de la economía mexicana es desastroso, la producción tiene seis años estancada, la inversión productiva tanto pública como privada, ha tenido un retroceso sin precedentes, lo que implica que no solo no se ha aumentado la capacidad de producción, sino que se ha puesto en peligro la existente; por añadidura, las pocas nuevas inversiones en el sector exportador y en el de turismo, tienen baja capacidad dinamizadora y su carácter social es altamente discutible; la inversión privada representa una mayor proporción que la inversión total, pero no porque haya crecido, ya que las cifras muestran una caída a valores constante del 19%, sino porque la inversión pública se ha desplomado a más del 50%.

Las condiciones de vida en México, por donde quiera que se le vea, sea el salario real, la participación de los asalariados en el Producto Interno Bruto, o el consumo de básicos, disminuyeron verticalmente durante el actual régimen, aun el último logro del régimen: la contención de la inflación durante seis meses, hoy en día está prendido con alfileres y sólo descansa en una tregua concertada en las alturas, que intenta en vano coadyuvar a la superación de la crisis económica.

La especulación financiera, monetaria y comercial, sólo está agazapada, no muerta; la devastación económica y social es hoy tan profunda, que aun un régimen democrático y popular como el que demanda el pueblo mexicano requeriría de varios años para recuperar lo perdido en seis años.

Para la mayoría de la población, la única sacrificada, el sacrificio de estos años sí ha sido en balde y no como se afirma en el informe; las instituciones políticas están en bancarrota; las tendencias del deterioro económico y social persisten y no hay bases para iniciar el crecimiento de la economía; qué sobrevive de las siete tesis políticas de la administración?, muy poco, el régimen una y otra vez negó el nacionalismo revolucionario, pues favoreció la entrega de la economía a transnacionales, negó la democratización integral, documentando ampliamente los procesos electorales, pero no solo ahí negó la sociedad igualitaria al prohijar la concentración de la riqueza y el deterioro de las condiciones de la vida de la mayoría de la población, hizo una caricatura de la renovación moral reducida al juicio de unos cuantos funcionarios del régimen anterior, mientras la inmoralidad permaneció enraizada en la cabeza y en las acciones de la cúpula del aparato estatal.

La descentralización, difícil sin la inyección adecuada de recursos, se ha producido en un marco autoritario en lo que hace el traslado de servidores públicos; no hay desarrollo en México, el desempleo es enorme y el régimen al terminar, sea o no exitoso el actual freno de la inflación, cargará con el honor de haber producido el mayor aumento de precios durante cualquier sexenio.

La planeación democrática, incluidas las consultas populares, han sido sólo un mecanismo con pretensiones legitimadoras de la actuación estatal que arrojó una serie de planes que no fueron evaluados en el informe. No debe olvidarse que el régimen comenzó su período con un gran despliegue de iniciativas que legalizaran sus acciones, en su oportunidad, la oposición denunció la aprobación de leyes y la modificación de otras al vapor por parte del Poder Legislativo, bajo clara sumisión al Poder Ejecutivo.

Hoy se dice que todas las acciones son mandato constitucional y popular, mandato constitucional de una Constitución reformada por el propio régimen, mandato de una consulta popular organizada e interpretada por el propio régimen, ése es el carácter de la renovación y no sustentado democráticamente ni por el diálogo ni el consenso ni la concertación de la que habla el Presidente.

En economía, el ofrecimiento gubernamental fue sanear la estructura para lograr el crecimiento sostenido y el progreso social; el sacrificio de 1982 1988 sería el aumento del bienestar de mañana, se dijo, los costos sociales, de continuar la situación artificial, serían más altos que los costos sociales de la estrategia gubernamental, estos últimos por lo tanto justificaban.

La economía ha sufrido cambios estructurales innegables, cambios desfavorables a la población y que además no la sitúan en la senda del crecimiento sostenido; la reordenación económica de la cual hizo un balance objetivo no se llevó a cabo; la recurrencia y profundidad de las recesiones productivas, demuestran que no hay las condiciones mínimas necesarias para la operación del aparato productivo; la economía no está hoy preparada para el despegue, está exhausta, depredada en su capacidad productiva, más dependiente de exterior y más desarticulada que antes.

El patrón de crecimiento deseado por el gobierno, teórica y prácticamente es contraria a los intereses populares, una gran experiencia en otros países y en seis años de aplicación en México así lo demuestran; dos ejes fundamentales han movido la política financiera del gobierno actual; el primero, aumentar los ingresos y reducir los gastos; el segundo, los compromisos derivados de la deuda pública que deben de pagarse prioritariamente.

Bajo estos ejes fue impuesta la austeridad al pueblo mexicano, la austeridad que éste nunca ha aceptado, los ingresos públicos se han elevado pero no en términos reales, en contra de la mayoría de la población; fueron eliminados subsidios pero sólo para los sectores más oprimidos; se han incrementado los precios y tarifas de bienes públicos, no hay adecuación de las finanzas públicas a las necesidades del desarrollo, la adecuación es a favor del capital financiero nacional y extranjero.

De los propósitos invariables, del instrumento fundamental de la estrategia del plan, del gasto público que se cumplió hoy, hay regresión social, no hay desarrollo; el gobierno debe responder la inducción de un comportamiento adecuado a la demanda interna, esto significa reducirla a su más mínima expresión y ante el recorte del gasto programable, corriente y de inversión.

Con el gasto público se ha fortalecido el aparato productivo y distributivo, ni con él ni con otro mecanismo la economía mexicana está hoy en una situación productiva más delicada que la que hace seis años; es muy discutible también el uso eficiente, honrado, controlado y disciplinado del gasto y del patrimonio del Estado, para muestra: el uso ilimitado de recursos públicos, humanos y materiales en apoyo de los candidatos del partido oficial en la pasada campaña electoral.

A lo largo del informe, la administración se vanagloria del superávit histórico "sin precedente" en las finanzas públicas; los ingresos superan a los egresos, siempre y cuando no se considere el pago de los intereses de la deuda; el sacrificio de la sociedad mexicana ha ido a parar a los bolsillos del capital financiero nacional y extranjero; la verdadera camisa de fuerza del gasto público ha sido el cumplimiento a toda costa de los compromisos de la deuda externa.

El Presidente pondera la estrategia de un gobierno respecto a la deuda externa dice que obtuvimos más negociando firme y enérgicamente; tal vez, pero eso se debe probar y lo debe probar el régimen, las cadenas se distendieron, pero siguen siendo cadenas.

Enumera el Presidente los cuatro problemas que se derivan de la confrontación: el cierre de exportaciones, la disminución del turismo extranjero, ¿a quién afectará esto?, por cierto a la mayoría del país, que sólo participa marginalmente de estos éxitos del régimen.

No se necesitó declarar la confrontación para que los mercados financieros internacionales se cerraran para México, la restricción crediticia fue decidida unilateralmente en el exterior, por cierto que aquí debería recordarse las tremendas dificultades que representó para las autoridades hacendarias la negociación de crédito entre julio de 1986 y abril de 1987, negociación en la que se fincó el crecimiento económico fallido de 1987; el corte de la importaciones en una economía de pendiente como la mexicana, efectivamente representa un grave problema, el gobierno ha ahondado esta situación.

México, se dice en el informe, ha obtenido mucho en las renegociaciones de la deuda, ¿cuál es el alcance de este mucho? Se dice que el país disminuyó su amortización de la deuda de 1982 a 1988, de 49 mil millones de dólares, a 27 mil, pero lo que resta no fue condonado, fue transferido para pagarse después, parte de la deuda actual la estará pagando México en sus términos actuales, todavía en el segundo lustro del siglo XXI, y deuda no pagada causa intereses, pagados puntualmente por el gobierno por supuesto, pero ello, la disminución de la sobretasa de interés que representa un pequeño ahorro anual, que era más que compensada con el aumento de años de pago y con la comisión que no cobran los bancos por acceder a la redocumentación de la deuda.

De la disposición negociadora de la banca habla la tan publicitada como la desinflada expectativa del cambio de bonos por deuda; los bancos concedieron un descuento menor del mercado secundario, el monto de la deuda de las ofertas de los bancos fue muy bajo, y por añadidura hubo de respaldar la operación el gobierno norteamericano, para garantizar dentro de 20 años la amortización. Los bonos de la deuda por supuesto siguen devengando intereses para sus poseedores.

Finalmente, respecto al manejo de la deuda, el informe nada dice sobre el canje de deuda pública por inversión, los SWAP, mecanismo que ha sido utilizado por varias empresas transnacionales y aun por grupos monopólicos nacionales, mención especial merece la peculiar manera que el gobierno transformó el aumento neto de deuda durante su administración lo poco que prestaron los bancos transnacionales en desendeudamiento, recurriendo a la resta de las reservas del Banco de México, que no son para pagar la deuda, sino reservas para contingencias y revaluando el monto de la deuda externa.

Poco se dice en el informe respecto a la deuda interna, la que ha significado también una fuerte sangría en las finanzas públicas, por los elevados intereses pagados a ella; la competitividad en el mercado internacional ha sido la divisa para el aparato productivo por parte de la administración.

A través de una profunda modificación de los ordenamientos en materia de comercio exterior, se busca eficiencia y competitividad. Ahora desde esta perspectiva, ya no importa la articulación del aparato productivo incluso, la poca que había se está perdiendo, sino que importa la especialización en productos exportables.

El Presidente dice que la inducción de la competitividad de la industria mexicana, se reforzó con medidas financiera, alto crecimiento de los créditos exportadores, como se consigna en otro lugar en el informe.

Fiscales. Manejo de impuestos favorables a la exportación y cambiaría en una alta subvaluación del peso que en los hechos significa la transferencia, el regalo de una parte del esfuerzo de los mexicanos al exterior. Todo se volcó a la exportación incluso un elemento no señalado por el Presidente, el deterioro sin precedente de los salarios reales; una de las razones fundamentales del éxito exportador y de la industria maquiladora, es la de los bajos salarios reales pagados en México en relación a los niveles internacionales.

Del lado de las importaciones, el informe constata la desaparición del permiso de importación y la drástica baja del arancel, todo en beneficio, se dice, del consumidor. No hay aquí ninguna reflexión sobre los efectos de la apertura sobre los vastos sectores de la economía mexicana, en lo fundamental, pequeñas y medianas empresas, ni sobre la dudosa calidad de los productos importados de las empresas que los producen y su efecto real sobre los precios internos.

Ahora en lugar de depender de los oligopolios que operaban en el mercado interno, dependemos de los oligopolios a nivel mundial.

El desarrollo social ha sido apenas pilar del discurso gubernamental para justificar su política económica antipopular, no un pilar de la estrategia general de renovación; la suya es una renovación que intenta fundamentalmente reconstruir los mecanismos de la ganancia, de acuerdo a la nueva tendencia mundial impuesta por el gran capital.

Sobre la base de la exportación de la manufactura, por más que tengan rango constitucional, hoy es una falacia decir que existe en México el derecho a la salud, la educación, la ecología y la protección al salario.

El régimen tiene que probar la multiplicación milagrosa de la atención de la población bajo su divisa de hacer más con menos, habida cuenta de que la drástica caída de los gastos corrientes y de capital, incluso en su campaña televisiva, hubo de emplear comparaciones de 1910 - 1988, para mostrar los avances de la atención a la población.

En lo que respecta a servicios, éstos son hoy menores y de menor calidad. Un capítulo aparte debe de dejarse, no aparece en la informe a la devastación de las condiciones de vida de los trabajadores al servicio del Estado, beneficiarios de la ágil administración de sueldos y prestaciones del régimen. En mucho los cortes presupuestales del gobierno se hicieron con cargo a la partida salarial.

Una de las muestras del carácter crítico del informe presidencial es la reseña que se hace del comportamiento de la economía durante su gestión. Las cosas iban bien, se dice, pero por alguna razón se descompusieron.

La economía tuvo fuertes retrocesos en 1982 - 1983, y apenas una leve recuperación productiva en 1984, que finalizó a mediados de 1985 junto con una inflación que si bien disminuyó está lejos de ser suprimida.

La causa de la nueva recesión que se recrudeció en 1986 no puede imputarse a los sismos que

ocurrieron en septiembre cuando ya el régimen había redoblado la austeridad, incluso recortando trabajadores, ni primariamente a la caída de los precios del petróleo, pues ello ocurrió hasta finales de año. La recesión se debió en lo fundamental a que entonces como ahora las causas estructurales de la crisis continuaban persistiendo.

El análisis del nuevo repunte de 1987 pasa por alto el convenio firmado con el Fondo Monetario Internacional en julio de 1986, que aceleró la entrega del país al capital transnacional y a la estrategia antipopular, a la apertura comercial, a la venta de paraestatales, al recorte del gasto público, pruebas piloto fracasadas de la estrategia Backer de inducir el crecimiento de los países deudores para pagar su deuda.

Tampoco menciona la expresión la expresión nacional del convenio, del llamado Programa de Aliento y Crecimiento.

No hay una caracterización del tipo de repunte de la economía de 1987, ése fue sesgado hacia las ramas exportadoras y para muchas ramas ni siquiera se alcanzaron los niveles de producción de 1985, pues el mercado interno continuaba severamente reprimido.

Se acompaño, además, un acelerado proceso de especulación financiera, sólo ésta falta de caracterización presente en el optimismo del VI informe permite decir que la economía parecía haber superado lo más grave de la crisis o que las perspectivas eran halagüeñas y reducir los programas objetivos estructurales de la economía a un simple cambio de expectativas, generadas por un repunte de la inflación.

La inflación fue alimentada por la especulación financiera pese a la política antiinflacionaria practicada por el régimen a lo largo del año y en la especulación financiera en el derrumbe de la Bolsa de Valores de México, que por cierto precedió al derrumbe de las bolsas a nivel mundial, el gobierno jugó un papel importante al apuntalar al boom bursátil de palabra y de hecho.

Para concluir esta parte del desempeño económico, el informe sobre la situación del empleo en el país, es muy raquítico y confuso.

La creación de un millón de empleos, pero sólo temporales, entre 1983 y 1987 es a toda luces insuficiente respecto a las necesidades de nuevos empleos en México. Es poco creíble, y las estadísticas que usa el Presidente son muy cuestionables.

Que el desempleo en México, donde el producto está estancado y la población crece a una tasa del 2% anual, haya disminuido. Lo mismo es cierto respecto al dato, que no especifica período de crecimiento de un 20% del empleo manufacturero.

Falta análisis cuando se afirma que "una vez eliminadas las causas de la inflación sustentadas por el gobierno, el exceso de demanda causado por el déficit público y los salarios, ésta se debe a un problema de expectativa". Se habla entonces de la concertación para abatir la inflación entre empresarios, líderes obreros y gobierno.

La economía ha entrado irremisiblemente en una nueva etapa recesiva, en donde la producción y el empleo está disminuyendo, por más que queden algunos signos positivos de crecimiento.

Ejemplo de planeación democrática, según el informe, ya el presidente del Consejo Coordinador Empresarial se encargó de aclararnos que "300 grandes empresarios pactaron con el gobierno y las dirigencias sindicales oficialistas, un acuerdo lesivo a los intereses de los trabajadores del campo y de la ciudad, bajo el Pacto Solidaridad Económica".

Los niveles de vida de la población han seguido disminuyendo. Se olvida también el carácter político del pacto que hasta hoy prevalece, de coadyuvar al manejo sin mayores problemas del proceso electoral, para que el partido oficial.... La inflación bajo este pacto ha sido reprimida, mas no suprimida; como lo comprueba la última concertación, donde el régimen se ha visto obligado a ofrecer subsidios y a sacrificar ingresos fiscales para sostener el pacto, en un gran esfuerzo por mantener alguna estabilidad económica dentro de una grave desestabilización política.

Sobre la reconversión industrial, realmente no hay una verdadera evaluación de la misma Prácticamente sólo hay una explicación de los objetivos, en particular en el caso de las paraestatales, dada la austeridad impuesta por el gobierno, cabría preguntarse si en un contexto de reducción de los gastos corrientes y de capital, lo que implica incluso afectar el mantenimiento del equipo existente, puede hablarse de una verdadera reconversión.

La empresa pública no se ha consolidado, sino que ha perdido terreno. Primero, por la llamada desincorporación de empresas, y segundo, por la baja de los presupuestos de las que continúan siendo estatales.

La reconversión en la parte privada comenzó en algunas ramas, como en la automotriz, principal rama beneficiaria de la política exportadora, como se reconoce en el informe.

Mucho antes de que el gobierno hubiera diseñado esta estrategia, en realidad, como en otros muchos terrenos en lo que concierne a la conversión, el gobierno mexicano va retrasado y siguiendo las rutas de los grupos transnacionales.

El tratamiento que se hace en el informe de los problemas financieros es insuficiente, ¿realmente puede afirmarse que la capacidad de ahorro de la sociedad mexicana se ha elevado? Ciertamente el gobierno ha elevado sus ingresos, pero el desempeño del captación bancaria, pese a que el gobierno ha mantenido una estrategia, sobre todo en los últimos meses de tasas altas de intereses reales, deja mucho qué desear.

Frente a los escandalosos fenómenos de la especulación bursátil y la actuación de las casas de bolsa privada, como banca paralela, lo que con figura importantes cambios en el sector financiero mexicano, el informe sólo acierta a decir que los intermediarios financieros no bancarios han tenido un desarrollo sin precedente, por lo demás no se ve cómo ha inducido el gobierno el ahorro del llamado sector social, a no ser a través de los negocios de los líderes sindicales.

Y tratándose del ahorro externo, en especial de la inversión extranjera, a lo que se le reconoce que representa el 9% de la inversión total, el informe le dedica tan sólo un párrafo donde se nos dice:"...se ha promovido activa y selectivamente en las áreas prioritarias, donde se requiere su participación".

El Congreso y el pueblo de México tienen derecho a conocer cuáles son esas áreas, cuál es el costo en divisas de la inversión extranjera, cuáles son los mecanismos de promoción de la inversión extranjera, qué evaluación se hace de su contribución a resolver los problemas de México; y otras dudas más que nos surgen de este informe al contrastarlo con la realidad.

La Corriente Democrática considera que el aspecto económico del último informe presentado por el jefe del Ejecutivo, está plagada de inexactitud, verdades a medias y omisiones de aspectos significativos.

Consideramos, por tanto, que un verdadero diagnóstico objetivo de la política económica y sus consecuencias no ha sido claramente expuesto en el informe del licenciado Miguel De la Madrid, Gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ciro Mayén.

El C. Ciro Mayén Mayén: - Gracias, señor presidente; compañeros diputados:

A poco menos de 90 días para que concluyan las funciones de la actual administración, es oportuno realizar una evaluación de los logros y los fracasos de la política económica seguida por este régimen.

El objetivo de esta evaluación, es exponer nuestra principales observaciones y conclusiones sobre el ejercicio público, para contribuir a la discusión en torno a este tema que se desarrolla en la Cámara; el debate tendrá, por lo tanto, el fin de confrontar distintas concepciones sobre la política económica, su carecer y resultados, de forma tal que se forme una evaluación realista y honesta que contribuya al fortalecimiento de la democracia en nuestro país.

A pesar de que este debate es necesario, el primero de septiembre oímos una vez más la actitud crítica y el discurso triunfalista que ha caracterizado a este régimen. Tales actitudes en momentos decisivos para el desarrollo económico y político del país, hacen más difíciles alcanzar las metas de justicia social y económicas demandadas por los mexicanos.

En este momento podemos preguntarnos si es posible hablar del logro tan ansiado de cambio estructural, si efectivamente nuestra economía se funda en bases más firmes y sólidas, qué tan verídica en la afirmación de que se ha saneado la actividad estatal y para de esta forma fortalecer la soberanía económica del país y, finalmente, cuál ha sido el costo social de las medidas adoptadas.

Según el discurso oficial, todo esto se ha logrado con un elevado pero necesario costo social; sin embargo, las cifras proporcionadas por el mismo gobierno, nos hacen dudar de la validez de tales afirmaciones, ya que mientras se registra un costo social abrumador, no se puede hablar de un fortalecimiento económico que permita crecer a corto o mediano plazo con mejores resultados para la población mexicana.

Es innegable que esta administración accedió al poder en medio de una grave situación económica nacional e internacional; es cierto también que era y es necesario poner en marcha un verdadero cambio estructural, pero distinto al planteado por esta administración, ya que éste no atiende ni supera los desequilibrios fundamentales de la economía y, por el contrario, hace aún más difícil la superación de tales distorsiones.

En materia de reordenación estructural, lo dicho en esta tribuna hace apenas doce días, es resultado por la realidad y los hechos cotidianos, ya que nuestra producción no se ha incrementado y por el contrario, a lo largo del sexenio, la actividad productiva

ha disminuido en por lo menos 0.8%, situación sin precedente en los últimos 50 años.

En el mismo aspecto, los recursos destinados a la inversión disminuyeron sorprendentemente, representando ahora el 16% del producto interno bruto, mientras que hace seis años significaba poco más del 20% del total. Tales reducciones se reflejan en los bajos niveles de producción y, en consecuencia, en la insatisfacción de las necesidades internas.

En términos generales, podemos decir que el proceso de modernización y reordenación puesto en marcha en este sexenio, no respondió realmente a un proyecto nacional basado en soportes democráticos que definieran de manera clara cómo lograr la integración de la economía y cómo buscar un nuevo papel en la división internacional del trabajo.

Es así como en este sexenio el saldo en lo productivo y en lo social es rotundamente negativo, no creó una estructura más moderna y articulada y, por lo tanto, más competitiva en el exterior, no se mantuvo la planta productiva ni se evitó el desempleo, de este modo, nuestra sociedad se ha empobrecido aún más haciéndose más desigual.

Además, la situación financiera gubernamental es todavía muy débil siendo más vulnerable a los vaivenes del exterior. La recesión ha sido el signo que caracterizó al sexenio; los niveles de producción ahora inferiores a los de principios de la década.

En el campo se destina en 1988 apenas un poco más de la tercera parte del gasto público de 1982. Así, el retiro de la inversión pública en la agricultura ha generado una menor capacidad para responder a la demanda futura de alimentos, poniendo en grave riesgo la soberanía alimentaria del país.

En el renglón industrial, los recursos destinados se han visto seriamente castigados enfrentándose una caída en la producción y por lo tanto en el empleo. En este mismo sector, la política impulsada no ha generado una mayor articulación productiva, si observamos el comportamiento de las importaciones, se hace evidente que en cuanto la economía crece, éstas se disparan, apareciendo nuevamente el llamado "estrangulamiento externo". Por eso, en estos años la reducción de las importaciones se ha dado únicamente por la vía de restringir la actividad económica.

Otro de los elementos polémicos en este sexenio, por sus implicaciones para la soberanía nacional, ha sido el llamado "proceso de desincorporación", entre comillas, de las empresas públicas, en el cual ha quedado exclusivamente a discreción del Presidente la definición de cuándo algunas de éstas dejan de ser estratégicas o prioritarias, sin mediar discusión alguna, ya no sólo en el Poder Legislativo sino con todos los sectores afectados.

La discusión sobre la venta de empresas, no puede reducirse al número de éstas, como vino presentado en el informe, sino que debe contemplar una evaluación de los alcances de esta medida en el empleo, en la producción de cada sector y, sobre todo, en la mayor dependencia que se puede generar al tener que importar o esperar a que el sector privado produzca lo que antes venía produciendo el Estado.

De esta forma, la producción de la industria nacional ha disminuido inevitablemente, ya que no existe un programa amplio y bien articulado que busque no sólo la superación de desequilibrios financieros sino una modernización con un marcado carácter social.

En cuanto al proceso de fomento a las exportaciones y la búsqueda de una mayor competitividad, no existió una política precisa que apoyara este tipo de actividad, por el contrario, las exportaciones y el ingreso de divisas por este factor, se incrementaron en los periodos en los que el mercado interno se encontraba deprimido; es decir, buena parte de los productos que deberían ser consumidos en el mercado nacional con la recesión, fueron enviados al exterior, apoyando su competitividad en bajos salarios y una subvaluación de nuestra monda. Por ella, la estructura de las exportaciones no se ha modificado, las ventas petroleras siguen jugando un papel fundamental como fuente de ingresos.

A pesar del estímulo a las exportaciones no petroleras, éstas no son producto de un proceso más integrado, por el contrario, se deben únicamente al fomento a la industria maquiladora y a la de autopartes, como resultado de una política de abaratamiento de los costos producidos y de estímulo a la inversión foránea.

en suma, la política seguida por la administración que está concluyendo, ha provocado fuertes retrocesos en la estructura productiva del país. La política económica que buscaba a toda costa el logro de equilibrios financieros para así eliminar el fenómeno inflacionario, ha llevado a una recesión con saldos negativos que harán aún más difícil crecer a nuestra economía.

Esta "reestructuración", entre comillas, ¿qué efectos ha tenido en el terreno social? Indudablemente el costo es sumamente alto. Como ya hemos

señalado, el ritmo de producción disminuyó afectando en consecuencia los niveles de vida de la población, la cual dispone hoy de un producto por habitante menor en 14% al de hace seis años, llegando incluso a alcanzar apenas el nivel que se tenía hace diez años en 1978.

El nivel de consumo se ha deteriorado, e incluso los nutrientes básicos se han reducido, por ejemplo: de maíz se consumen ahora 45 kilogramos menos por persona que hace diez años; de carne de res se consumen tres kilos menos por persona que al inicio del sexenio, y de leche apenas se consume lo mismo que en 1982.

Hablando también de la satisfacción de las necesidades básicas en materia de salud, el gasto por habitante en el último año de la administración presenta apenas la mitas del de 1982, repercutiendo en una deficiente atención y prevención de enfermedades, por lo que el problema de la salud pública sigue quedando sin solución, incluso enfermedades relacionadas con la deficiente alimentación se han hecho notar como una de las principales causas de mortalidad infantil. La tasa infantil de mortalidad por avitaminosis y otras enfermedades nutricionales, se han elevado en 36% durante el sexenio.

En educación, para 1988 apenas si se destinó el 3.5% del PIB, monto inferior al de principios del sexenio, lo cual ha desembocado en una mayor incapacidad de satisfacer la demanda educativa y en una menor calidad de los servicios.

En el caso concreto de la educación primaria mientras que a principios del sexenio se atendía 86 de cada 100 niños, para 1988 apenas si se alcanza a cubrir a 78 de cada 100.

Esta política no sólo se ha reflejado en los bajos niveles de atención pública, sino también ha golpeado el poder de compra de los trabajadores, a grado tal que en el presente año, cada peso de ingreso representa apenas 54 centavos de 1982; es decir, los salarios se han reducido a la mitad en términos reales, en especial, en el último año la caída ha sido del 12.35%.

La política económica del sexenio implicó una verdadera distorsión de los objetivos del crecimiento, limitando los recursos en afán de hacer desaparecer las presiones inflacionarias y propiciando la distorsión del gasto, dejando de atender al renglón productivo en opción al servicio de la deuda.

Al comparar el monto de recursos destinados al servicio del débito y los orientados a gasto productivo, se distingue claramente que el gobierno mantuvo la actitud de satisfacer las demandas de los acreedores internos y externos, dejando de atender las necesidades básicas.

La composición del servicio de la deuda también se modificó, hace seis años la deuda interna era una parte poco importante dentro del servicio total y hoy supera el 70% del mismo, incluso para 1988, representa un monto igual al destinado por el sector público para gasto de inversión y consumo.

Por lo tanto, no es válido afirmar, como se dice en el informe complementario, que el manejo de la política de deuda haya servido para centrar el interés gubernamental en atender proyectos de alta prioridad social puesto que los recursos obtenidos han sido fundamentalmente para financiar su propio servicio y fomentar las prácticas especulativas que el gobierno ha sido incapaz de controlar.

En este marco, el servicio de la deuda externa representa un lastre para el país, ya que significa más de la mitad de las divisas por exportaciones; este tipo de distorsiones no las ha corregido la política económica actual, por el contrario, se ha deteriorado la capacidad negociadora de México en el ámbito internacional para lograr una verdadera cooperación en la solución de este problema.

Menciona parte de la inflación, tema importante que requiere de nuestra atención, ya que ha sido a fin de cuentas el objetivo por el cual se ha sacrificado el crecimiento y el desarrollo de la nación.

En la búsqueda de eliminar las supuestas causas de la inflación, el gobierno, año con año, aplicó medidas de corte recesivo. Los resultados de esta política, que han sido detallados, indican que mucho se perdió en eras de disminuir un fenómeno que a pesar de todo no pudo ser controlado cabalmente.

Siempre la inflación superó la expectativas gubernamentales. No es sino hasta el último año de este sexenio que se logra de manera relativamente superficial disminuir el crecimiento de los precios.

Es precisamente en diciembre de 1987 cuando se echa a andar un proyecto antiinflacionario que recogía una serie de medidas poco ortodoxas que en años anteriores habían sido rechazadas por la propia administración: el famoso Pacto de Solidaridad Económica.

Es precisamente con la aplicación de ciertos controles de precios, de la contención salarial y de la estabilidad del tipo de cambio, como la economía logró que los precios crecieran a un ritmo

menor, aunque el principal costo ha corrido a cargo del ingreso de los trabajadores.

Como programa coyuntural y de corto plazo, el pacto en sus cuatro fases no ha logrado acabar con las raíces estructurales de la inflación, de ahí que hasta el momento no se presenten propuestas diferentes para continuar con el abatimiento inflacionario, El pacto parece entonces como un acuerdo de contención, abriéndose la posibilidad de que al eliminar las medidas adoptadas, la inflación repunte. Ese pacto es uno más de los ensayos coyunturales de los muchos que se hicieron en este gobierno.

Paradójicamente al sexenio de la "planeación", a principios de esta administración se habló del PIRE (Programa Inmediato de Reordenación Económica). A mediados de la misma se nos anunció el Programa de Aliento y Crecimiento, y finalmente este Pacto de Solidaridad Económica. Al mismo tiempo se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo y un conjunto de programas especiales y sectoriales, cuyos alcances en la mayor parte de los casos no pasaron del papel.

Frente a esta política económica, nuestro partido, así como sindicatos y otras organizaciones civiles y políticas, reiteradamente hemos planteado la necesidad de llevar a cabo una política económica radicalmente distinta, tanto en sus objetivos como en sus instrumentos.

No sólo hemos hecho uso de la crítica, sino que frente a cada problema hemos planteado alternativas concretas, En esta tribuna y en los más diversos foros insistimos en la necesidad de dar un tratamiento diferente a la deuda externa, porque consideramos que es una de las principales fuentes distorsionadoras de nuestra economía. Planteamos con responsabilidad la necesidad de que nuestro país recurriera a otro tipo de medidas como la suspensión temporal de pagos para llegar a una negociación más favorable con los acreedores y los organismos financieros internacionales.

En los renglones productivos y sociales, insistimos en que la prioridad debía ser la orientación hacia el mercado interno en las acciones que permitieran la atención a la población más desprotegida y un programa para revertir o atenuar los efectos de la crisis.

Lo mismo planteamos en inflación, sistema financiero, finanzas públicas y otros aspectos; sin embargo, nunca fueron atendidas todas estas propuestas que con el curso del tiempo llegaron a convertirse en un reclamo social generalizado, el cual finalmente se expresó en las pasadas elecciones, en las que la ciudadanía ratificó su rechazo a esta política gubernamental, antinacional y antipopular.

El partido oficial aquí en esta tribuna, muchas veces ha llamado a la concertación social, pero nosotros creemos que la concertación tiene que ir más allá de las palabras, a los hechos.

Para nuestro partido, concertación significa compromisos, compromisos de todos, y de cara a la nación, pero especialmente de los más poderosos y de aquellos que tienen más recursos, son ellos quienes deben dar el primer paso, aquellos que resuelven la orientación de la política económica son quienes están comprometidos a impulsar eso, los compromisos necesarios deben atender, según nuestro juicio, la defensa de la soberanía nacional, la equidad en el reparto del ingreso nacional entre otros aspectos.

Estos son precisamente los compromisos que ha aludido el gobierno, los empresarios y el partido oficial aquí en esta tribuna; compromisos con la nación serían la atención prioritaria de los derechos humanos elementales, que son la comida, la ropa, la salud y la casa, el compromiso a dejar de ser un país deudor. Gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Manuel Cavazos Lerma.

El C. Manuel Cavazos Lerma: - Con su venia, señor presidente; honorable asamblea: El análisis objetivo y justo del sexto informe de gobierno, que no pretendió nunca ser exhaustivo, exige no perder la perspectiva histórica, ni confundir el corto con el mediano y largo plazos, ni la coyuntura con la estructura, ni lo rígido con lo flexible, ni lo estático con lo dinámico, ni lo principal con lo accesorio, ni los deseos con los hechos, ni la elección entre un bien y un mal con la elección de un mal menor, ni la comparación de situaciones reales con la comparación de lo real contra lo ideal.

Exige también, no olvidarse del contexto internacional ni de los vasos comunicantes entre lo socioeconómico y lo político. Tener esto en mente evita interpretaciones erróneas. (Aplausos.)

Un argumento utilizado recurrentemente en esta sesión, es el que atribuye a la política económica del gobierno la crisis, la inflación, la reducción en el salario real y en las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos; típico argumento partidista que suele atribuir todos los males al gobierno y que se esgrime para tratar de descalificar al adversario así como para encubrir o exculpar a sus aliados que suelen tener participación en el fenómeno que se examina.

Pero es un argumento falso, es un sofisma que convierte un deseo en premisa para partir de ahí y obtener conclusiones. Por ejemplo: la economía mexicana es centralmente planificada, por lo tanto, todas las decisiones económicas nacen del gobierno; por lo tanto, todos los males económicos se deben al gobierno o bien, a veces suponen que México es una isla, un país desvinculado del exterior y entonces fácilmente concluyen que todas las causas son internas, pero no es éste el caso de México, por lo tanto, tal argumento podría ser cierto para otro país o para otros tiempos.

La crisis originó la políticas y no las políticas a la crisis; la caída de salario y del nivel de vida de los mexicanos durante el presente sexenio, se debe a la crisis nacida en julio de 1982, como resultado de factores externos, disminución del precio del petróleo, elevación de las tasas de interés, reducción de los precios de materias primas, entre otros.

Lo que la política de Miguel De la Madrid hizo, fue amortiguar los impactos indeseables de esta crisis, que tiene causas fundamentalmente externas, y cuando se estaban diluyendo estos afectos, la situación se agravó con los terremotos de 1985, y la dramática caída de los precios del petróleo a principios de 1986, que trajeron consigo consecuencias indeseables en el nivel de vida de los mexicanos.

Y cuando esta situación se estaba...

(Gritos.)

El C. Presidente: - Silencio en las galerías, por favor.

El C. Manuel Cavazos Lerma: - Y cuando esta situación se estaba superando, el desplome mundial de los mercados de valores aceleró en México la especulación y las fugas de capitales que hicieron necesario el Pacto de Solidaridad Económica a finales de 1987, con su secuela de efectos transitorios y deseados en el bienestar de los mexicanos.

Por lo tanto, decir que la política económica de Miguel De la Madrid, provocó la caída en el nivel de vida de los mexicanos, equivale a atribuirle la capacidad de generar terremotos, desplomes mundiales de bolsas de valores y caídas espectaculares en el precio mundial del petróleo y en otras materias primas, lo cual es sencillamente absurdo.

Para profundizar en esto, veamos lo que no prometió Miguel De la Madrid, lo que sí prometió, y cuáles fueron sus resultados.

¡Miguel De la Madrid nunca ofreció el paraíso a la vuelta de la esquina!, ¡Miguel De la Madrid nunca ofreció un programa de soluciones instantáneas o súbitas, ni convocó tampoco al asalto del cielo por decreto!; lo que ofreció fue un programa realista de renovación nacional hecho por mexicanos y para mexicanos que partió de los valores políticos que configuran nuestro proyecto nacional, de una consulta popular y de un diagnóstico de la situación interna e internacional; de ahí nació su estrategia de reordenación económica y cambio estructural para atender los problemas urgentes sin olvidar los importes, para resolver los de corto plazo sin descuidar los de mediano y largo plazos, para ocuparse de su superficie sin olvidarse del fondo para atacar sus causas y también sus consecuencias.

No fue un programa para buscar resultados espectaculares o aplausos fáciles, ni tampoco un programa de aventuras irresponsables, no fue un programa para la estridencia ni para el endulzamiento de oídos, fue un programa serio, responsable, visionario, que fundó su éxito en el trabajo perseverante y entusiasta de los mexicanos, en la fortaleza de nuestras instituciones y en la inspiración nacida de nuestra historia y de nuestras tradiciones; fue un programa para evitar que la patria se nos deshiciera entre las manos.

Los resultados del análisis que presenta Miguel De la Madrid en su VI informe, son el requiem, para una profecía desairada. El Programa de Renovación Nacional se orientó desde el principio a combatir la inflación, sanear las finanzas públicas y proteger el empleo, el abasto y la planta productiva y recuperar las bases para un desarrollo eficiente, justo sostenido.

El énfasis en el combate a la inflación tiene un claro sentido político; se combate a la inflación porque es una causa de injusticia social, porque afecta más a quienes menos tienen, porque debilita la planta productiva, el empleo y la capacidad para proporcionar bienestar social y porque perturba el orden socio - político.

Por lo tanto, el combate a la inflación en sí mismo, sino un medio para avanzar en la cristalización de valores políticos que definen el proyecto nacional, por eso el combate a la inflación es una política popular en contra del empobrecimiento de la mayorías y los resultados de este programa de renovación deben analizarse no en conjunto sino en tres periodos:

Uno. Del 1o. de diciembre de 1982 a los sismos de septiembre de 1985 y la dramática caída de los precios del petróleo a principios de 1986.

Dos. De esta fecha hasta fines de 1897, y

Tres. Del 15 de diciembre de ese año hasta nuestros días.

En diciembre de 1982, cuando la economía estaba a punto de desintegrarse y la incertidumbre, el encono y la especulación resultaban paralizantes, se propuso la nueva estrategia para restablecer el rumbo y la certidumbre en la viabilidad económica de nuestro país.

Los resultados de 1983 - 1984 y el primer semestre de 1985, indican que el rumbo había sido el correcto; sin embargo, los efectos de los sismos de septiembre de 1985, la caída de los precios de petróleo en 1986 trajeron consigo una nueva crisis, cuando aún no terminábamos de salir de la anterior; se requirieron entonces nuevos ajuste en las fianzas públicas en el tipo de cambio y en la política crediticia para tratar de subsanar las pérdidas cuantiosísimas de los eventos citados.

Estos impactos hicieron inevitable la devaluación del peso y el resurgimiento de la inflación, que después de haber disminuido del 117% en abril de 1983, a menos de la mitad en junio de 1985, se elevó al 105% en 1986; también fue inevitable la disminución de la producción en 4% que ya se había recuperado en 1984, y en 1985, cuando creció 3.5% y 2.5%, respectivamente, después de haber sido el menos de 4.3% en 1983.

Los impactos de la brutal e inédita sangría de recursos que significaron los sismos y la brusca caída del petróleo, parecía haberse superado a mediados de 1987, como lo probaban el crecimiento moderado de la producción, el desarrollo de las exportaciones no petroleras y la acumulación de casi 7 mil millones de reservas internacionales en ese solo año. Además habían mejorado las finanzas públicas y privadas; sin embargo, nuevos factores exógenos; el derrumbe de los mercados bursátiles del mundo, el desenvolvimiento insatisfactorio de la inflación, propiciaron las especulación y la fuga de capitales, a pesar de la fortaleza de la balanza de pagos y de las reservas internacionales.

Esta situación aceleró aún más las presiones inflacionarias y se insinuó el rostro amenazante de la hiperinflación, la situación exigía medidas nuevas para nuevas situaciones y se concertó el Pacto de Solidaridad Económica que se firmó el 15 de diciembre de 1987 y se ratificó en febrero, marzo y agosto; sus efectos están a la vista, la inflación que en enero llegó a ser de 15.5% se redujo significativamente al 1.7% en el mes de julio.

Esto se logró sin afectar significativamente a la actividad económica y el empleo, como en los programas ortodoxos; no es, por tanto, como aquí se ha dicho, un programa ortodoxo, y se logró a pesar de las situaciones adversas en el exterior y en el interior, como la sequía que se registró en el primer semestre de este año y que encareció los alimentos, como la baja de los precios de exportación del petróleo, los aumentos en las tasas de interés externas y el aumento de los precios de los alimentos importados.

No fue un plan de choque, como aquí muchos afirmaron, un plan de choque afecta básicamente a la superficie pero no al fondo de la inflación y precisamente por eso sus afectos no van a ser transitorios, sus afectos van a ser permanentes, y no fue, y eso tenemos que subrayarlo, un plan electorero, no fue un plan de salvamento electoral, como aquí falazmente se argumentó. (Aplausos.)

Si hubiera sido un plan electorero, se hubieran aumentado los salarios, se hubieran aumentado los precios, se hubieran aumentado los intereses, se hubieran aumentado los precios de garantía y se hubiera devaluado el tipo de cambio para satisfacer a trabajadores, consumidores, ahorradores, para favorecer a exportadores, y para favorecer campesinos, pero aquí se antepuso el interés nacional al interés de grupo o partidos. (Aplausos.)

Los resultados del pacto tampoco son argumento para el triunfalismo ni para la autocomplacencia, aún quedan muchas tareas pendientes, pero sí conviene subrayar que fue la estrategia requerida por las circunstancias, a pesar del escepticismo de algunos y la demanda de decisiones espectaculares de otros.

Todas estas crisis pusieron de manifiesto que a pesar del elevado crecimiento económico registrado en las últimas décadas, había debilidades estructurales que debían superarse para sentar las bases de un crecimiento eficiente, justo y sostenido y conviene decir que este cambio estructural tiene rostro y perfil, no es un cambio en abstracto ni un cambio para ajustarlo a la medida de nuestros deseos, ese cambio cubre cinco áreas básicas, no más: el saneamiento de las finanzas públicas; la reorganización del sector público; la reconversión industrial; la racionalización de la protección nacional, y la descentralización de la vida nacional.

En el saneamiento de las finanzas públicas juega un papel fundamental la deuda externa, y sobre este tema ampliamente tratado en el informe, aquí se nos ha venido a decir que se hacen cálculos de artificio, todo porque se nos dice que la deuda pública aumentó 9 mil 252 millones de dólares, pero que aumentaron más las reservas brutas. No son diferentes, una es un pasivo, una deuda que tenemos con el exterior y la otra es una deuda que

tienen los del exterior con nosotros; las reservas internacionales están en bonos de gobiernos del exterior.

El compañero del Partido Acción Nacional tiene razón en un sentido, yo estoy hablando de la deuda pública externa total, es cierto, si el argumento lo hago solamente para deuda del gobierno, el argumento se refuerza, la disminución del endeudamiento neto es aún mayor, porque aquí estoy considerando en estos 100 mil millones de dólares, 10 mil millones de dólares de deuda privada.

De manera que al argumento que usted hizo, señor diputado, agréguele 10 mil millones de dólares más y el argumento se refuerza, pero hay un punto más importante, Estas cifras de artificio, más bien nacen de la ignorancia. La deuda pública está en dólares, es la unidad de medida, pero no toda la deuda está contratada en dólares, hay deudas en marcos, hay deudas en yens, hay deudas en francos, y si tomamos en cuenta la revaluación que han sufrido estas monedas con respecto al dólar, vemos que ha aumentado la deuda externa, medida en dólares, sin haber recibido un solo peso de deuda externa por el simple movimiento de los tipos de cambio.

Por eso, acertadamente en el informe de gobierno se dice que el desendeudamiento real ha sido de 7 mil millones de dólares, 7 mil 113 para ser exactos; a eso, compañero, súmele los 10 mil millones de dólares que hay de deuda privada y si quiere ver la deuda en su conjunto tome en cuenta que el desendeudamiento en el sector privado ha sido de 13 mil 907 millones de dólares para que se refuerce el argumento.

Y los compañeros del Partido Nacional también piden que se haga una explicación para deslindar los terrenos en esa responsabilidad histórica, de qué se hizo con los ingresos del petróleo en aquellos tiempos en que se hablaba de administrar la abundancia; se hablaba de administrar la abundancia en aquellos tiempos en que usted dijo producíamos más cuando más elevados estaban los precios, suponiendo que esos precios iban a permanecer constantes, suponiendo que los ingresos petroleros iban a ser del orden de 16 mil a 20 mil millones de dólares anuales, pero ese supuesto no se mantuvo, los precios del petróleo se redujeron tan drásticamente, que de la expectativa de 20 mil millones de dólares pasamos a un ingreso real anual de exportaciones de petróleo de 6 mil millones de dólares; esos 14 mil millones de dólares no se los atribuya a la responsabilidad histórica de nadie más que al mercado en el que tanto creen.

Por otro lado, se pregunta: ¿y qué pasó con los recursos del petróleo?, ¿y qué pasó con los recursos de la deuda externa? Me da la impresión de que no se revisan las cuentas públicas y ni por asomo se ven los presupuestos de egresos, ahí está listado, sector por sector, ahí están los activos en los que se gastó la deuda externa.

(Voces.)

El C. Presidente: - Quiero rogar a los señores diputados, en primer lugar, que no haya diálogos, y en segundo lugar, que escuchen a todos los oradores como se han venido escuchando, por favor.

El C. Bel Vicencio Tovar (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?

El C. Presidente: - ¿Acepta la interpelación, señor diputado Cavazos?

El C. Manuel Cavazos Lerma: - Sí.

El C. Presidente: - Adelante, diputado Vicencio Tovar.

El C. Abel Vicencio Tovar (desde su curul): - Cuando el Presidente López Portillo anunció jubiloso que los mexicanos debían prepararse para administrar la abundancia, fue claro, por las cifras de la inversión pública, que hubo una sobreinversión, que esa sobreinversión se proyectó financiarla con el precio del petróleo; que el precio internacional del petróleo bajó y que la sobreinversión se completó con deuda externa. ¿sí o no ?

El C. Manuel Cavazos Lerma: - En alguna medida, Había en aquel entonces, la economía no es tan simple como el sí y el no, de ahí que vayamos a hacer específica la respuesta.

Esos planes de inversión que existían se financiaron, efectivamente, en parte con deuda externa y ahí están los resultados, por ejemplo, la industria petrolera y petroquímica creció cuatro veces en esos seis años hasta convertirse en la cuarta en el mundo; se concluyó la "Cangrejera", que es el complejo petroquímico más grande del mundo; se instalaron 58 plataformas de extracción en la llamada "Sonda de Campeche"; se concluyó la red de oleoductos submarinos, con una longitud de 673 kilómetros y también las refinerías de Cadereyta, Salina Cruz, junto con las de Puerto Dos Bocas, Cayo de Arcas, Salina Cruz, Lázaro Cárdenas y las Truchas.

Ahí hay buena parte de la inversión ésa de que usted hablaba, financiada en parte con recursos del

petróleo y en parte con deuda externa, también están en las ramas eléctrica, donde se inició un atrevido programa de diversificación; se concluyeron las plantas de construcción, las plantes termoeléctricas e hidroeléctricas y además de invirtió en 42 nuevos proyectos de bienes de capital; también se invirtió en transporte colectivo, en turismo, en los desarrollos de Cancún e Ixtapa Zihuatanejo y Loreto, en Baja California; eso es apenas parte del destino de los recursos del petróleo y de la deuda externa.

Así también, en el Partido Acción Nacional se hacía la pregunta: ¿qué quieren decir con eso de financiamiento de los desequilibrios externos? No, no es ningún eufemismo, es el nombre que en economía se le da a las diferencias entre importaciones y exportaciones de mercancías o de mercancías y servicios, ahí están y para eso bastaba con ver cuáles han sido los déficits en la balanza comercial y cuáles han sido lo déficits en la cuenta corriente, no hay eufemismos ni hay tampoco manejo artificioso.

Pasando a otro tema, el de la deuda interna, que se decía que no había información suficiente y se comparaba con las cifras de sexenios anteriores, el informe dice de manera clara que se disminuyó en 25% en términos reales la deuda pública interna y esto es importante para todos aquellos que andan haciendo de la deuda pública interna un argumento para una posible bomba de tiempo en la economía nacional, no hay tal.

Otro tema tocado en esta sesión de examen del sexto informe de gobierno, es el de la empresa pública, y como se ha dicho, ésta se ha modernizado, se ha racionalizado su estructura administrativa y se han desincorporado entidades paraestatales que no corresponden a los criterios de prioridad ni sentido estratégico que definen la Constitución y las leyes que de ella emanan.

La empresa pública debe estar al servicio de los grandes objetivos nacionales y, por lo tanto no puede ni debe ser ineficiente, ni debe distraer recursos que representan una pesada carga para el erario en detrimento de otros objetivos; éste ha sido el criterio y no el que se le atribuyó aquí, de si es bueno o mal administrador el gobierno de la República.

Pero además, este proceso de racionalización no incluye solamente venta de empresas, como aquí se ha dicho, es un proceso de liquidación, fusión, transferencia y venta de empresas públicas para mejorar su eficiencia política y para retirarlas de aquellas actividades en que su presencia no es ni estratégica ni prioritaria, y esto se hace precisamente para fortalecer a las que sí lo son.

En estos tiempos requerimos más calidad que cantidad, por lo tanto, la aportación de la empresa pública al desarrollo nacional no debe medirse por el número de empresas, sino por la auténtica contribución al bienestar nacional.

Es cierto que se pasó de 1 mil 155 entidades a 449, pero esto no quiere decir que se vendió la diferencia, algunas se liquidaron, muchas de ellas se fusionaron para hacerlas más eficientes, otras existen y están ahí ahora en las manos de los gobiernos de los estados o en manos de los gobiernos municipales, pero ni han desaparecido, ni se han transferido a la propiedad privada nacional o extranjera.

Se habla también de que algunas empresa fueron llevadas a la quiebra porque existía un sindicato combativo, esa empresa que tiene el nombre en labios de todos ustedes, estaba imponiendo un pesado gravamen financiero al gobierno federal; habían disminuido drásticamente el número de pasajeros de 6.6 millones a 5.7 millones, las operaciones habían disminuido; el personal ocupado había crecido de 11 mil 548 a 14 mil 52; el gasto en servicios personales había aumentado de 34 mil millones de pesos, a 170 mil millones de pesos; y el déficit de operación había pasado de 15 mil millones de pesos, a 133 mil 50 millones de pesos.

El déficit financiero había aumentado 10 veces, más de 10 veces al pasar de 6 mil 233 a 69 mil 603 millones de pesos; las transferencias del gobierno a esta empresa habían pasado de 16 mil 400 millones de pesos en 1985, a 97 mil 601 millones de pesos en apenas dos años; es decir, en 1987 ésa fue la principal razón, pero eso no quiere decir que se desatienda este servicio público fundamental, porque como ya se indicó, se va a sustituir Aeroméxico, se va a integrar a una nueva empresa que deberá operar sobre bases rentables y eficientes, con lo que se libera al gobierno de la República de una cuantiosa transferencia, de un injustificable subsidio.

Podemos decir que ahora la empresa pública está en mejores condiciones para satisfacer las crecientes demandas de la sociedad y para apoyar la rectoría económica del Estado. Esto es, gobernar para México y para los mexicanos.

Se habló también del problema del GATT, se dice que se desplazaron artículos nacionales por chatarra, que esto tendrá efectos perniciosos en la industria y, sobre todo en la pequeña y en la mediana, pero hablar de la entrada del GATT, es hablar de un programa integral que incluye la sustitución gradual del permiso previo por el arancel y, sobre todo, terminar con esa amplísima

dispersión de aranceles y centrarse en un rango de que va de 0% a 20%, esto, para cualquiera que sabe economía, sabe que significa mayor eficiencia y sabe también que eso representa mayor equidad, mayor equidad, mayor justicia, y esto es también tomar medidas en beneficio de México y para los mexicanos.

La apertura no es indiscriminada, la negociación con el GATT no abarcó a todos los sectores, hay sectores estratégicos que se reservan y no incluye, desde luego, a los servicios ni tampoco hay una afluencia indiscriminada de capitales.

La inversión extranjera está debidamente reglamentada y sólo se permite aquella que beneficia al empleo, beneficia a la exportación, capacita mano de obra nacional, capacita cuadros gerenciales y, sobre todo, aporta tecnología nueva para estar a la altura de los retos internacionales de la hora.

En lo social, cabe subrayar que los ajustes en todas estas variables económicas se hicieron sin desatender las necesidades básicas de la población, así lo atestiguan las cifras.

Se redujo el analfabetismo de 14.3% en 1982, a poco más del 5% en 1988; se imprimieron 500 millones de ejemplares del libro de texto gratuito, la matrícula escolar aumentó en 2 millones de alumnos; se construyeron 28 mil planteles escolares nuevos; aumento el número de maestros en 200 mil; creció la matrícula escolar al 9.2% anual, muy superior a la tasa de crecimiento de la población; el 94% de la población tiene ahora acceso a servicios permanentes de salud y el número de mexicanos sin acceso de salud se redujo de 14 a 5.1 millones de mexicanos, a pesar de que la población aumentó en 9 millones en el sexenio.

También disminuyó el índice de mortalidad y aumentó la esperanza de vida; la cobertura de servicios de agua potable y drenaje en ciudades medias creció del 66% al 83%, y del 43% a 67%, respectivamente; se construyó un millón y medio de viviendas, 30% más de lo que se ha hecho con financiamiento público desde 1925 a la fecha y se triplicaron a las áreas naturales protegidas.

Por otro lado, los resultados de la política económica y social jamás han generado conformismo, como aquí se insinuó. Nosotros reconocemos que estamos insatisfechos con la situación presente, reconocemos que muchos de los problemas que nos agobian son preocupantes, graves, e incluso lacerantes; por eso, precisamente por eso, nuestro instituto político ha propuesto una serie de programas para enfrentar los grandes desafíos del momento.

Nos preocupan los problemas de la inflación, el desempleo, la caída de los salarios reales, la sangría de la deuda externa, la deficiencia del ahorro interno, la infraestructura insuficiente y la obsolescencia en algunas ramas productivas. Por eso nuestro partido ha propuesto un programa para enfrentar el reto económico.

Reconocemos...

(Desde una curul): - Lea por favor el discurso de Monterrey.

El C. Presidente: - Se prohiben los diálogos, por favor, señor diputado.

El C. Manuel Cavazos Lerma: - No me vaya a decir que se pronunció en San Pedro Garza García, se conoce como...

El C. Presidente: - Señor diputado, se prohiben los diálogos.

El C. Manuel Cavazos Lerma: - Muchas gracias, señor presidente. Reconocemos que las condiciones de vida de la mayoría, ciertamente se han demeritado como resultado de la crisis y estamos inconformes con los niveles de pobreza, la desnutrición y la insalubridad, ignorancia, desesperanza y marginación, porque hieren y lastiman los sentimientos de la nación.

Por eso, precisamente por eso, nuestro partido ha convocado a los mexicanos a enfrentar el reto de la justicia, motor histórico de la movilización popular y finalidad irrenunciable de nuestra organización política: leer el discurso de Chalco.

Reconocemos que necesitamos fortalecer nuestra unidad nacional mediante un nacionalismo democrático y transformador para asegurar de forma efectiva y permanente la existencia política del Estado nacional frente a la competencia de los demás estados; por eso, precisamente por eso hemos convocado a enfrentar el reto de la soberanía

Reconocemos la necesidad de profundizar la democracia mediante la renovación institucional de nuestra vida política, la impartición de justicia y la seguridad ciudadana; el fortalecimiento de los mecanismos de participación y organización social y el ensanchamiento del campo de la información y de la cultura; por eso, nuestro partido se ha propuesto enfrentar el reto de la democracia.

Finalmente, para concluir, conviene subrayar que ha habido buen gobierno, gobierno revolucionario, y que Miguel de la Madrid, a pesar de las penurias y dificultades, ha gobernado con apego a los principios históricos de México, sin ceder a las tentaciones totalitarias o populistas.

Todos sus mensajes han sido una permanente convocatoria a la unidad, la solidaridad, la conciliación, el diálogo y el trabajo entusiasta y perseverante por el bien de México, porque concibe a la presidencia como espacio de articulación de las fuerzas sociales y como punto de unión de todos los mexicanos ¡ahí radica su grandeza! Muchas gracias.

El C. Presidente: - Esta presidencia, con toda atención quiere dar a conocer a la asamblea y si está equivocada, ruega que se lo manifiesten, el que tenemos entendido que por acuerdo de todas las coordinaciones de los diferentes partidos representados en esta Cámara se hizo una lista de 14 oradores para este tema, con el compromiso de que no serían interrumpidos los oradores con hechos, pero sin embargo, nosotros no tenemos, la presidencia no tiene ninguna intención de limitar el uso de la palabra a nadie absolutamente; solamente le ruega a los compañeros oradores que si piden la palabra para hechos, sea sobre el tema, porque esta sesión está dedicada exclusivamente al tema, y que hagan el esfuerzo porque sean cinco minutos.

Le ruego a los secretarios anoten los nombre de los compañeros que quieren tomar la palabra para hechos, por favor.

Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez.

El C. Pablo Gómez Alvarez: - Es natural que se haga una pobre defensa de este informe presidencial y de la política económica de Miguel de la Madrid y de Salinas de Gortari, porque así, ésa es la naturaleza de la política económica que han aplicado.

Dice el diputado Cavazos que la crisis originó la política económica, y no, fue al revés; en efecto, la crisis es una crisis de la económica, pero también existe una crisis de la política económica del gobierno, son dos crisis.

Dice el diputado Cavazos que la crisis se profundizó por dos causas: los sismos y la caída del petróleo; esta versión de la economía nacional y de la política que el gobierno aplicó, pues es de lo más pobre que puede haber, porque atribuirle a los sismos la profundización de la crisis económica, habla justamente de la otra crisis, de la crisis de la política económica.

Quienes quisieron convertir a México en un país dependiente del precio internacional del petróleo y lo lograron en buena medida, fue el partido del señor Cavazos, justamente ese partido, el partido oficial, petrolizó la economía, la hizo más dependiente del mercado petrolero internacional; disminuyó simultáneamente el peso relativo de las otras actividades productivas de nuestro país y ésa es una gran responsabilidad.

La política de Miguel de la Madrid y de Salinas sí provocaron caída en los salarios, no fueron los terremotos ni tampoco la baja del precio internacional del crudo, y lo provocaron porque se trata no sólo de una política económica cualquiera, sino de un intento de llevar a cabo un cambio estructural en la economía que tiene que hacer una redistribución del ingreso pero esa redistribución del ingreso no se compadece con la consigna de De la Madrid durante su campaña electoral, de lograr una sociedad más justa, en nada.

La redistribución del ingreso que nosotros hemos conducido en estos años, es una redistribución regresiva, ha disminuido la parte del ingreso que le corresponde no sólo a los asalariados, sino también a aquellos sectores de la sociedad que viven de su propio trabajo; productores pequeños o medianos, comerciantes, etcétera.

Ha habido sí una redistribución del ingreso, pero en ese sentido, o sea que se llevó a cabo por parte de este señor De la Madrid y de Salinas justamente lo contrario de lo que decían cuando el primero era candidato y el segundo su asesor económico.

Dice el diputado Cavazos, porque aquí hay unas perlas increíbles, dice que De la Madrid llevó a cabo un programa para evitar que la patria se nos deshiciera en las manos, ¿de las manos de quién?; ¿así piensan, que la patria está en sus manos? Pero no, diputado Cavazos, por fortuna no está en las manos del oficialismo, este país es más fuerte, ha demostrado tal fortaleza, que a pesar del partido que lo gobierna existe y seguirá existiendo, porque por fortuna, no depende del oficialismo, aún con esta crisis económica, con esta terrible crisis social de disminución de la riqueza efectiva, de la riqueza total y de regresión en la distribución del ingreso, el país responde y tan responde que les fue como nunca; muy mal en las elecciones y tuvieron que hacer el fraude para poder reponerse de la pérdida terrible del apoyo popular. (Aplausos.)

Dice el diputado Cavazos que la política del gobierno tenía como objetivo recuperar la planta productiva, protegerla y proteger el salario, y quiero que me explique este diputado o cualquier otro diputado oficialista, ¿cómo es posible que estos dos objetivos que se confiesan los principales de la política económica del gobierno, fueron las dos cosas más importantes que no ocurrieron durante este sexenio, sino lo contrario?, o sea,

disminuyó la producción en términos absolutos, en su masa física.

Quiere decir que la planta productiva no fue protegida, disminuyó el salario real, quiere decir que no se cumplió con la protección del salario; aumentó el desempleo, quiere decir que no se protegió el empleo, y la cuenta que nos vienen aquí a dar, son justamente las cuentas contrarias a lo que dijeron que querían y que iban a hacer, el saldo es totalmente negativo, esto es lo concreto.

Dice entonces el diputado Cavazos, que como todo esto tuvo muchos problemas porque hubo un temblor terrible que afectó y nos afectó a muchos, entonces De la Madrid se fue hacia el combate a la inflación; hay muchas maneras de combatir la inflación.

¿Cómo están combatiendo la inflación De la Madrid y el señor Salinas? Bajando, bajando el poder adquisitivo del salario, aumentando el desempleo, llevando la economía a una situación de postración, eso es lo que están haciendo sencillamente.

Puede bajar la inflación, sí, pero ¿cuál es el beneficio de la baja, del ritmo de aumento de los precios, para ser más propio?, ¿cuál es en estos momentos? Sencillamente la disminución de la capacidad adquisitiva del salarios y el rezago de la producción material, ése es el costo, el costo es el costo recesivo, el costo es la recesión económica; entonces, resulta peor el remedio que la enfermedad, no puede luchar contra la inflación más que a través de una política recesiva...

¿Me está pidiendo una interpelación, o está pidiendo la palabra?

El C. Manuel Cavazos Lerma (desde su curul): - ¿Cómo resolvería la inflación entonces?

El C. Pablo Gómez Alvarez: - Ahorita voy para allá exactamente.

El C. Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Señor presidente, para una moción.

El C. Presidente: - ¿En qué consiste, señor diputado?

El C. Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Esto va a ser caótico. Teníamos una lista de oradores.

El C. Presidente: - La tenemos, señor diputado.

El C. Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Esto es caótico, proponemos que no siga la discusión para hechos.

Para eso se hicieron dos turnos, para que los partidos podamos refutar al anterior...

(Desorden.)

El C. Presidente: - Silencio, silencio, por favor.

El C. Pablo Gómez Alvarez: - Hay una situación, muy breve, voy a terminar así Parece que el diputado Cavazos...

EL C. Presidente: - Silencio en las galerías por favor.

El C. Pablo Gómez Alvarez: - Yo creía que el diputado Cavazos era un mal alumno de la escuela de Chicago, pero ya estoy dudándolo, yo creo que a lo mejor no es tan malo. Resulta que no concibe la reducción del ritmo de incremento de los precios más que mediante una política recesiva; esto es lo que nos han vendido durante muchos años, lo que se puso en práctica en Sudamérica durante 15 ó 20 años, y lo que fracasó rotundamente.

Resulta que México, ahora, está haciendo lo que hicieron los sudamericanos bajo el consejo de los "Chicago boys", pero lo está haciendo 15 años más tarde, después de que ya fracasó allá, no, este país no se puede dar el lujo de la recesión, porque es un país demasiado grande y demasiado importante, ese lujo es el único que no se puede dar.

Nosotros, en este momento, al contrario de lo que dice el diputado Cavazos tenemos un rezago, una desinversión en la industria eléctrica, por ejemplo, y éste es uno de los grandes tapones del posible crecimiento de la economía si no se desarrolla la industria eléctrica, cuyas inversiones son de largo plazo, de maduración lenta. Entonces, lo que va a ocurrir es que este país no se va a recuperar económicamente porque va ha a tener un cuello de botella insuperable y esto es lo que está pasando, porque en este momento está creciendo muy levemente la demanda del fluido eléctrico, pero si creciera a ritmos históricos, la industria eléctrica no podría ofrecer la cantidad de energía eléctrica que se requiere.

Entonces, ustedes están llevando al país no solamente a una recesión estructural y eso es lo peor de todo; nosotros decimos simplemente, sobre la base de una conducción económica que lleva a México en aras del combate a la inflación, se dice: a una recesión económica, una disminución de los ingresos reales de la mayoría de la sociedad, a una baja del volumen total de la producción, y por lo tanto en lugar de progresar, a retroceder.

¿Cómo se puede decir que el gobierno de los señores De la Madrid y Salinas haya sido un buen gobierno y menos un gobierno revolucionario? Un gobierno revolucionario revoluciona, encabeza cambios, encabeza a la sociedad, al país, al pueblo, para llevar a cabo las transformaciones; este gobierno no encabezó al país ni al pueblo ni a la sociedad, utilizó el aparato del gobierno para llevar al país a la mayor postración de la historia económica contemporánea.

Estas cifras de la regresión no se registran en México, en la historia económica contemporánea desde la crisis de los veintes, y yo digo que esta crisis es más profunda y más seria que la de los veintes, mucho más, está lesionando mucho más la economía y la sociedad que lo fue de aquélla, pero también de aquéllas salimos con un programa de grandes transformaciones sociales, con el apoyo y el concurso del pueblo para ir a rescatar recursos en manos de una pequeña oligarquía adinerada que le permite todo tipo de especulaciones que la han amamantado durante años y que son los poseedores de una inmensa riqueza líquida, gran parte de la cual se la han llevado a Estados Unidos y allá sigue, en los Estados Unidos, y en los últimos meses se han llevado otros 3 mil millones por cuenta de la reserva y esto va a continuar, y si no se detiene, la regresión va a ser mucho mayor y la política de los señores De la Madrid y Salinas no es de ninguna manera la política de un buen gobierno y menos revolucionario, es de un gobierno entreguista, de un gobierno impopular, por esto, ahí está la respuesta del pueblo mexicano. (Aplausos.)

El C. Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Señor presidente, pido la palabra para una moción.

El C. Presidente: - Para una moción, tiene la palabra el diputado Francisco Ortíz Mendoza.

El C. Francisco Ortíz Mendoza: - Señor presidente; honorable asamblea; estimados compañeros de las diferentes fracciones: Nadie va a pensar que nosotros vamos a salir en defensa ni de Salinas de Gortari ni de De la Madrid, lo que queremos nada más, es determinar las cosas: o queremos que esto sea caótico, o queremos que sea ordenado; estamos dispuestos nosotros a ganar la batalla de las ideas, pero en el terreno de las ideas, ya fuimos víctimas dos ocasiones de esta maniobra, de que tomamos un acuerdo, fijamos quiénes van a hablar y después viene una retahíla de para hechos y hacen a un lado todo el acuerdo; si queremos que sea caótico, correcto, que se borren los oradores que están inscritos y vámonos, 70 oradores a hablar, pero así no se debaten las ideas.

Si los compañeros de los demás partidos desean refutar al anterior, para eso sí se hizo la segunda lista de oradores; si se quiere seguir tercera, cuarta, quinta lista de oradores, pero no los primeros que levanten la mano, 10 12 para hechos, como tiene maniobra Acción Nacional permanente y esto no se acaba nunca.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alejandro Díaz Pérez Duarte.

El C. Alejandro Díaz Pérez Duarte: - Señor presidente; señores diputados: Por primer punto, quisiera indicarle al ingeniero Ortíz Mendoza que yo soy del Partido Acción Nacional, a mí me tocaba en el segundo turno de oradores y que él, para decir hechos, me interrumpió, lo que él estaba protestando.

Pero pasando al tema, yo quisiera preguntar al licenciado Cavazos Lerma, ¿de qué informe estábamos hablando aquí?, ¿del que se leyó aquí el día 1o., o de los discursos de Chalco y Monterrey que dijo otra persona muy distinta? También dijo que las empresas públicas habían disminuido por liquidación, que algunas habían sido vendidas, otras transferidas a organismos municipales y estatales; lo que nunca dijo, es que algunas no existieron, que nunca hubo algunas más que en el papel, pero que sí gastaron dinero.

También mencionaba de la Cangrejera. La Cangrejera es un conglomerado industrial muy grande que produce muy poco, y eso no lo dijo; parece que los sofismas no solamente los dicen los partidos de oposición, como él supone, sino también los del Partido Revolucionario Institucional, y además con errores.

Habló de la crisis del petróleo de julio de 1982. Ni fue en 1982, ni fue en julio; fue en agosto de 1981, cuando al ingeniero Díaz Serrano se le corrió de Petróleos Mexicanos por no haber seguido una política comercial lógica, pero que iba en contra de los designios del Presidente, como lo veremos más adelante; el problema fue que el gobierno mexicano, y léase aquí el anterior Presidente, López Portillo, le apostó al petróleo mexicano y perdió su apuesta, desgraciadamente la perdió para nosotros, porque el pueblo mexicano es el que la está sufriendo.

El apartado económico del último informe presentado por el Presidente de la República, parece que fuera el único informe de un régimen originado por un partido político totalmente distinto del que le antecediera; sin embargo, no podemos olvidar que el actual Presidente fue Secretario de Programación y Presupuesto de López Portillo, no fue un gobierno distinto, como lo será el de

Salinas si llega y si puede mantenerse gobernando; no es un gobierno distinto al actual.

Según el punto de vista de De la Madrid, recibió una nación endeudada, en quiebra económica, desacreditada ante las naciones acreedoras, con crisis de confianza por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros; y con la mayoría de la población del país sumida en la desorientación, cuando no en el desánimo, y que en su concepto no tenía una ética y una visión del trabajo adecuada; calificó la estructura económica del país como anticuada, por no decir obsoleta, aislada de los efectos benéficos de la competencia exterior que se había hecho ineficiente, anticuada, no competitiva y productora de artículos caros, de mala calidad y no competitivos en el precio.

Del espíritu y de la letra de su informe de desprende que en su administración administración, el Presidente ha dado grandes pasos en la resolución de los problemas que el país padecía al inicio de su mandato. México, bajo su óptica, ha dado grandes pasos hacia la transformación radical de sus estructuras, sobre todo de la económica; para conseguirlo, sobre todo de la económica; para conseguirlo, la administración llevó al país al seno del GATT como un paso necesario que le abriera la oportunidad de comerciar con la mayoría de los países de la Tierra, en especial sobre todo los más desarrollados, así tendría acceso a los mercados del exterior y al bajar nuestras barreras arancelarias y suprimir permisos de exportaciones en forma gradual y paulatina, expondría moderna y progresivamente a la industria nacional a la competencia exterior.

Los competidores mexicanos tendrían por su parte acceso a productos extranjeros de buena calidad y baratos, y la esperanza de que los productos mexicanos sujetos a la competencia mejoraran de calidad y precio a pesar de la hábil presentación de cifras, que comparaba las más convenientes para el régimen y elude las menos favorables, tales como el desempleo oculto o el crecimiento de las importaciones o no reconocer la existencia de una economía subterránea.

El gran defecto del informe es que no es el del primer año de gobierno, es el del último; en el informe no se encuentran mentiras pero sí muchas verdades a medias, la más grave de ellas se refiere al empleo. En el informe se dice que el personal ocupado en la industria tuvo un aumento del .9% en la primera parte de 1988, comparándola con el mismo período de 1987, y que el desempleo abierto no rebasó en 1982 los niveles de 1983; sin embargo, la realidad es que la población ocupada disminuyó de 19 millones 900 mil personas, a 19 millones 500 mil de 1982 a 1988, y eso, a pesar de que la población de México aumento casi 10 millones de personas.

Otro de los aspectos más graves de la política económica del actual sexenio, es el sacrificio que ese impuso a la clase obrera, pues además del desempleo se llegó a la caída, la contracción, el derrumbe del poder adquisitivo del salario; en efecto, cuando se ve la relación entre salarios y precios durante el actual sexenio, se comprueba que entre el año de 1982 y la actualidad, el poder de compra del salario se ha reducido en un 40%, lamentablemente los repetidos aumentos nominales de salarios fueron erosionados por aumentos mayores de precios y este empobrecimiento se ha traducido para algunos miembros de la clase obrera en privarse hasta de lo más indispensable.

Un índice de esta situación es que, según estadísticas de los organismos comerciales, las ventas han caído en 40%, lo cual quiere decir que a pesar del crecimiento de la población, el consumo de bienes no sólo se ha estancado, sino que se ha reducido en forma dramática, porque hablar de ventas es hablar de lo satisfactores para una vida digna y decorosa; estamos hablando de alimentos, medicamentos, vestuario, artículos para el hogar, de todo aquello que todos necesitamos, pero principalmente los obreros y empleados de recursos limitados. Esta pérdida del poder de compra se ha visto agravado por la irreflexiva apertura de fronteras a pretexto de bajar la inflación.

En esta misma tribuna, cuando se habló de la entrada de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), se señaló que estábamos en el peor momento para una medida de esa naturaleza y que debió aplicarse el mismo sistema que se pretendió utilizar en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que consistía en bajar un 20% anual los aranceles, para que en el curso de cinco años se alcanzara un nivel deseado, sin desamparar a las industrias de una rápida competencia externa; sin embargo, el gobierno decidió aplicar las reglas para ingresar al GATT en forma casi fulminante y como las industrias pequeñas y medianas no tuvieron ni tienen capacidad económica para una rápida reconversión, el resultado ha sido el cierre de muchas pequeñas y medianas industrias.

Con el ingreso al GATT, con la avalancha de importaciones, la situación se ha hecho dramática: se habla de que el 40% de los talleres donde se hacen máquinas, herramientas, o las fábricas textiles, han cerrado; se sabe que cientos, miles de talleres artesanales están en dura situación económica ante la avalancha y que si no se les ayuda a una rápida reconversión, aumentará el número de quiebras.

Y ésta es una de las causas de que el desempleo abierto, aquel que se manifiesta en quienes

reconocen que no tienen empleo, y que era aproximadamente de un 46% de la fuerza de trabajo de la población económicamente activa, en 1982 haya subido a 56%, lo cual quiere decir que más de la mitad de los mexicanos en posibilidad de trabajar no tiene dónde hacerlo y se dedica a la mendicidad, a la vagancia, o se fuga a los Estados Unidos, o peor aún, caen en la criminalidad.

Con estas manifestaciones del descenso del poder de compra y del nivel de empleo, uno tiene que preguntarse si el país le queda grande al gobierno, o si el gobierno le queda chico al pueblo. (Aplausos.)

El comercio exterior del sexenio se ha basado principalmente en una política de tipo de cambio subvaluado, y éste cada vez en menor medida. Esto se refleja en un aumento constante de las importaciones a partir de 1983 que fue el año con menores importaciones y que deberán llegar este año a casi el doble de las de 1982, son las mayores del sexenio.

Por otro lado, las exportaciones no petroleras tuvieron un incremento constante a partir de 1982; suben de 4 mil 753 millones de dólares, 4 mil 753 millones de dólares, para que en 1988 sean 12 mil 807 millones de dólares que compensan en buena parte las exportaciones petroleras que cayeron de 16 mil millones de dólares a un estimado para esta año de 5 mil 592.

Esta baja causada por la caída de los precios del petróleo, realmente la perdió el gobierno anterior, porque es el que había apostado y perdió la prosperidad del pueblo mexicano.

Las exportaciones de cualquier país, y México no es la excepción, deben tener bases más sólidas en las cuales basarse que solamente el tipo de cambio, deben buscar su promoción a largo plazo que permita al pueblo mexicano mejores niveles de vida basado en atributos sólidos, como la calidad de la capacidad y la productividad y las importaciones sólo deben hacerse en aquellos campos en que seamos menos hábiles o no hayamos desarrollado los atributos anteriores.

Pero no debemos llegar nunca al absurdo de importar cereales transformados como "Corn Flakes" o juguetes, sólo para alimentar precios al consumidor.

En cuanto a los planes económicos del sexenio éstos no fueron consistentes y en algunos puntos fueron hasta contradictorios y así no demostraron todas sus posibilidades, ni el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), ni el PIRE ampliado, ni el Plan Nacional de Desarrollo, ni el Programa de Aliento y Crecimiento lograron sus objetivos, sino hasta ahora con el Pacto de Solidaridad Económica, parece que se llega finalmente a los objetivos anunciados de baja de inflación, tasa de cambio estable y una moderada recesión.

Allí cabe preguntar: ¿por qué si el gobierno sabía la receta no la empleó desde un principio? También: ¿podrá mantener el gobierno el pacto o se animará a romperlo devaluando la moneda o subiendo las tarifas de los servicios que proporciona o mediante un incremento de impuestos?

Realmente no importa la retórica de la respuesta, la verdadera respuesta la dará el tiempo, y como Gandhi afirmó: "No dejemos que las palabras hablen por nosotros, es mejor que lo digan nuestros actos."

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Alfredo Pliego Aldana.

El C. Alfredo Pliego Aldana: - Señor presidente; señores diputados: El licenciado Cavazos Lerma habla del programa ortodoxo, habla de argumentos falsos, típicos, y menciona la crisis, la inflación, el salario y la comida, lo que le falta al licenciado Cavazos Lerma es ir allá afuera a ver que la gente esta muerta de hambre.

Y además, en toda su explicación usa, como siempre y como pretexto, el sismo, el precio del petróleo y los intereses de la deuda, ¡hasta cuándo va a tener pretextos para seguir engañando al pueblo!

Si de alguna manera la economía de México la han hecho dependiente del extranjero, ellos son precisamente los culpables de la política que se ha internacionalizado y que dependemos del comercio exterior; ellos son los culpables precisamente de la política que estamos viviendo desde hace 12 años; ellos son los únicos responsables de que la política económica en México no dependa internamente de los mexicanos, la han puesto en manos extranjeras.

Asimismo, nos habla de soberanía. En el aspecto de soberanía, les podemos decir que nunca como ahora la soberanía ha sido, se ha cedido sobre la soberanía nacional en todos y cada uno de lo renglones de la política, de los hechos en México; lo que al licenciado Miguel de la Madrid le faltó explicar aquí, en esta tribuna, fue precisamente la pérdida de soberanía que estamos teniendo.

En el ramo de la petroquímica, el señor Presidente declaró cuentas alegres y habló de la petroquímica y dijo: "Para consolidar la autonomía y

dinamismo de esta estratégica industria, mi gobierno concluyó la construcción de la primera etapa del complejo petroquímico Morelos, e inició la segunda etapa", lo que no dijo el señor Presidente, es que durante su gobierno se cedió la soberanía en la petroquímica, pasando de la petroquímica básica a la secundaria.

De acuerdo con el artículo 27 constitucional, se dice en el aspecto petrolero que: "En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable, imprescindible; y la explotación, el uso y aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares y por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrán realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes; las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo IV, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, e independientemente de la fecha del otorgamiento de las concesiones.

Precisamente en las concesiones, en el año de 1986, este gobierno entreguista, este gobierno antirrevolucionario decretó, por medio de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, que 36 productos de la petroquímica básica pasaran a petroquímica secundaria.

Simplemente, de acuerdo con el artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria, que establece la creación de una comisión petroquímica mexicana que tiene la libertad de determinar qué productos son básicos y qué productos son secundarios, el 13 de octubre de 1986, mediante una resolución que es totalmente en contra de los intereses nacionales, de los intereses que algún día expropiara el general Lázaro Cárdenas, que no tuvo que ir a ninguna universidad extranjera para hacer la expropiación petrolera, él no tuvo que ir a estudiar a ningún lado y simplemente llevó adelante la Revolución Mexicana; la resolución dice:

«Al margen un sello y el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Minas e Industria Paraestatal, Comisión Petroquímica Mexicana. Resolución: Se clasifican los productos petroleros químicos que se indican, dentro de la petroquímica básica o secundaria.

La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, en ejercicio de las funciones conferidas por la comisión petroquímica mexicana y con fundamento en los artículos 2o. y 3o. de la Ley Reglamentaria del 27 constitucional en el ramo del petróleo; 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., y 7o., del reglamento de la citada ley en materia del petroquímica, y 41 en el reglamentario, considerando.

Que corresponde a la nación, por conducto de Petróleos Mexicanos, la elaboración de los productos petroquímicos básicos susceptibles de servir como materias primas e industriales; que es necesario promover el máximo aprovechamiento de los recursos naturales con los que cuenta la nación; que el desarrollo industrial alcanzado por nuestro país demanda revisar las clasificaciones de los productos petroquímicos atendiendo a su importancia estratégica en la operación de industrias en general; que es conveniente incorporar el avance tecnológico observado a nivel mundial a fin de incrementar la competitividad de la cadena productiva de esta rama, propiciando así el proceso de reconversión industrial; que es prioritario para la economía del país incrementar las inversiones productivas de esta rama industrial para aumentar la producción de petroquímicos básicos y secundarios que requiere la industria nacional y satisfacer la demanda interna, promover la integración de cadenas productivas e impulsar las importaciones no petroleras de productos de alto valor agregado, por lo que se expide la siguiente resolución:

Primero. En virtud de la importancia estratégica que tienen para el desarrollo industrial del país los productos petroquímicos que a continuación se enumeran, continuarán manteniéndose en su carácter de básico, por lo que sólo podrán ser elaborados por la nación por conducto de Petróleos Mexicanos y de organismos y empresas subsidiadas de dicha institución o asociadas a la misma creadas por el Estado, en lo que no podrán tener participación de ninguna especie los particulares.

1. Acetaldehído;

2. Acrilonitrilo;

3. Amoniaco;

4. Bencenos;

7. Butadieno;

8. Ciclohexano;

9. Cloruro de vinilo;

10. Cumeno;

11. Dicloroetano;

12. Dodecilbenceno;

14. Etano;

15. Éter metilterbutílico;

16. Etilbenceno;

17. Etileno;

18. Octano;

19. Hexano;

20. Isopropanol;

21. Materia prima para el negro de humo;

22. Metanol;

23. Parafinas;

24. Oleínas internas;

25. Ortoxileno;

26. Oxido de etileno;

27. Paraxileno;

28. Pentanos;

29. Polietileno

30. Polietileno de baja densidad y de alta;

31. Propileno;

32. Tetrámero de propileno;

33. Tolueno, y

34. Xilenos.

Segundo. De acuerdo con lo establecido en los considerandos de la presente resolución, los productos que a continuación se relacionan deberán ser considerados como petroquímicos secundarios, y la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, previa opinión de la comisión petroquímica mexicana, podrá otorgar los permisos correspondientes para su elaboración.»

Aquí está la cesión de soberanía: Primero, que pasa de la petroquímica primaria a la secundaria, por el simple capricho y deseo de entregar la economía de México al extranjero y a la iniciativa privada:

1. Acetato de vinilo;

2. Acetileno;

3. Ácido acético;

4. Ácido acricílico;

5. Ácido cianhídrico;

6. Acroleína;

7. Alicos cinco, seis, nueve y ocho;

8. Alcohol alílico;

9. Alcohol laurílico;

10. Alcoholes oxo;

11. Anhídrido acético;

12. Aromina;

13. N - Butanol;

14. Butiraldehído;

15. Cloroformo;

16. Cloropreno;

17. Cloruro de atilo;

18. Cloruro de etilo;

19. Cloruro de metileno;

20. Cloruro de metilo;

21. Dibromuro de etileno;

22. Dicloruro de propileno;

23. Etilenclorhidrina;

24. Etilhexanol;

25. Isopreno;

26. Naftaleno;

27. Noneno;

28. Oxido de propileno;

29. Polibutenos;

30. Polipropileno;

31. Propilen clorhidrina;

32. Tetracloroetano;

33. Tetracloruro de carbono;

34. Tricloroetileno;

35. Tricloroetano, y

36. Vinil tolueno.

El caso de los siguientes productos deberán pasar de inmediato a formar parte de la petroquímica secundaria.

TRANSITORIO

Único. La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. - México, D. F., octubre 8 de 1986. - Por la Comisión Petroquímica Mexicana, firma el Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Alfredo del Mazo; por el Secretario de Industria y Comercio, Héctor Cervantes; por el director de Petróleos Mexicanos, Mario Ramón Beteta.»

Esto es una traición a la política económica de México, especialmente de 66 productos, hay siete que deben regresar de inmediato a la petroquímica básica por las siguientes razones: aquí tenemos las memorias de Petróleos Mexicanos de los años 1981, 1985 y 1987 que están a disposición de cualquier persona en la industria petrolera y que están a disposición de ustedes; en el caso del ácido acrílico, debe permanecer en el sector básico porque existe un proyecto de ingeniería y construcción al 31 de diciembre de 1985. de 30 mil toneladas al año en el complejo petroquímico Morelos que el señor Presidente fue a inaugurar, una planta que quiere pasar ahora a la iniciativa privada.

Y en el caso del ácido cianhídrico, que debe pasar al sector básico: están en construcción en Morelos y en San Martín Texmelucan dos plantas para producir 15 mil toneladas al año, y las quieren pasar a la iniciativa privada y posteriormente a las compañías transnacionales; esto es ceder la soberanía.

En todas las memorias tenemos comprobaciones. Desde 1981, por ejemplo, en la página 95 de la memoria de ese año, tenemos la producción de 1980 de 8 mil 514 toneladas al año de ácido cianhídrico; en 1981, 1 mil 806 toneladas al año, un aumento de 101% y así sucesivamente.

En el caso de la acroleína, este producto debe permanecer en el sector básico porque la comisión petroquímica argumenta la necesidad de integrar las materias primas a los productos finales; en el caso de ácido acrílico, ácido cianhídrico y acroleína, se recomienda integrarlos a la producción de acrilatos, cianuros y alimentos balanceados, por seguridad y protección del ambiente. De tal manera que la acroleína debe regresar de inmediato al sector básico de la industria de Petróleos Mexicanos.

El otro caso es el de álicos cinco, ocho y nueve; este producto debe permanecer en el sector básico, no debe considerarse como petroquímico porque es petrolífero.

En el sector de la aromina 150, igualmente debe permanecer en el sector básico en los antecedentes de las memorias de 1981, 1983 y 1987, tenemos casos en donde, por ejemplo, en el caso de la aromina 150 a cargo de la gerencia de petroquímicos de Petróleos Mexicanos; en Minatitlán, Veracruz, la aromina 100, tenemos una planta en operación que produce 7 mil 400 toneladas al año desde 1964, y esto, señores entreguistas, lo quieren pasar a la petroquímica secundaria.

En el caso de la Cangrejera que tanto mencionan y que tanto dicen, en el caso de la aromina 100, tenemos una planta en operación que produce 90 mil toneladas al año desde 1982, y bonitamente en 1986 querían pasarla y quieren pasarla, de acuerdo con esta resolución, a la petroquímica secundaria; eso se llama traición a la patria.

En el caso de aromina 150 y 100, en las páginas 95, 115 y 116 de la memorias aparecen plantas, aparece producción, aparecen proyectos y aparecen determinados índices que demuestran que México, a través de Petróleos Mexicanos, tiene interés en producir esos productos.

El caso más grave es el caso del polipropileno; el polipropileno, este producto debe permanecer en el sector básico porque tiene mayor y mejor utilidad y puede servir para utensilios, muebles y para hacer viviendas; tiene una función social, de tal manera que no encontramos ninguna razón para que pase al sector secundario.

Tenemos en Morelos, Veracruz, en el complejo petroquímico de Morelos, una planta de 100 mil toneladas al año en construcción, que fue a inaugurar el señor Presidente y que aquí lo declaró, y la quieren pasar a la petroquímica secundaria; eso es ceder la soberanía de México al extranjero.

En el caso del polipropileno también, tenemos inclusive recomendaciones que por un lado hizo el mismo director de Petróleos Mexicanos, el flamante gobernador del estado de México, en el que por un lado afirma la resolución para que pasen los productos a la petroquímica secundaria, a la iniciativa privada y a las transnacionales, y por otro lado recomienda que queden dentro de la petroquímica básica en la Comisión Petroquímica Mexicana que formaba en esa época Francisco Labastida Ochoa, Héctor Hernández Cervantes, Mario Ramón Beteta, ellos formaban la Comisión Petroquímica Mexicana y recomendaban, en el caso del polipropileno, que es un producto de

demanda, que es un producto de servicio social, que es un producto inclusive mejor que el polietileno de baja y alta densidad, de tal manera que ellos firman y aquí aseguran que este producto, la mayor parte de los países industrializados tienen una relación de intercambio superlativa, y que en 1983 sus exportaciones representaban el 77.2%; una serie de recomendaciones a favor del polipropileno, el polipropileno y asimismo el óxido de polipropileno.

Nosotros creemos y hablamos con hechos y consideramos que el informe del señor Presidente fue una cosa y otra totalmente lo que pasa en México, definitivamente no corresponde, no hay claridad, no corresponde, no son congruentes y le falta hablar con la verdad al pueblo de México.

Yo quiero, y el Frente Democrático Nacional, dejar claramente establecido que pedimos que a esa resolución se le dé marcha atrás y que el primer trabajo de la Comisión de Energéticos de esta Cámara tome en sus manos la resolución para que regresen los productos que están actualmente en el área secundaria, a la petroquímica básica, porque eso es traición a la patria, señores Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Modesto Cárdenas García.

El C. Modesto Cárdenas García: - Ciudadano presidente; honorable asamblea: Para el Partido Popular Socialista, la medida del progreso de una país lo constituyen el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción; es decir, la forma en que se distribuye la riqueza socialmente producida.

Desde este punto de vista, podemos afirmar que el régimen del Presidente De la Madrid ha significado una grave retroceso para México, porque hoy la riqueza se ha concentrado en menos manos que hace seis años, en tanto que la mayoría de los 80 millones de mexicanos padecen más hambre y miseria que hace seis años, porque hoy, México depende tecnológicamente en un grado más elevado que hace seis años y porque ahora el país dispone de instituciones y de instrumentos para la defensa de esta economía y su soberanía menos poderosas que hace seis años.

Para lograr este retroceso, el régimen que está por concluir su mandato ha destruido o debilitado algunos de los aspectos de la obra más avanzada de la Revolución Mexicana, y para llevar adelante este proceso, pretendió debilitar la conciencia popular haciendo evitar toda oposición a su labor contrarrevolucionaria empleando el adjetivo, por ejemplo, de populismo, a las acciones y obras positivas de los gobiernos hasta el año de 1982, sabiendo bien que el populismo es la ideología de la burguesía reaccionaria en una etapa determinada del desarrollo histórico.

También en este intento se ha pretendido inútilmente levantar la falsa contradicción entre la modernización y las estrategias y obras más importantes de la Revolución Mexicana en el pasado, calificando de nostálgicos a quienes consideran que nuestro país no puede incorporarse con éxito a los procesos de cambios actuales sin apoyarse en el experiencia e instituciones que hicieron posible el México de nuestros días.

¿Cuál es el pretexto para descalificar las estrategias fundamentales de la Revolución Mexicana tal como la de las nacionalizaciones, y de su producto más valioso, el sector estatal de la economía? Este pretexto es la llamada modernización.

Veamos en qué consiste la llamada modernización: el informe presidencial afirma que para enfrentar la crisis económica iniciada en 1982, la más grave de las últimas décadas, el régimen se propuso erradicar las causas internas que la originaron mediante lo que denomina una auténtica renovación nacional, a fin de sentar las bases, se dice de un crecimiento firme, duradero y más justo; orientado por siete tesis, que no es el momento de discutir, se formuló el Plan Nacional de Desarrollo, donde se define como estrategias fundamentales la reordenación económica y el cambio estructural, para alcanzar el objetivo señalado de renovación nacional y modernización.

Se trazan estos lineamientos estratégicos porque, se afirma, la situación en 1982 no ofrecía alternativas, la valoración que se hace de aquella situación es la siguiente: no existían los márgenes de maniobra necesaria para continuar con una política de intervencionismo creciente e indiscriminado que buscaba resolver por la vía del gasto público o de la reglamentación excesiva, todos los problemas; no había fondos para financiarla, no era aconsejable seguir complicando la actividad de los particulares.

Esta valoración de la situación que se expresa en el informe presidencial para el año de 1982, encierra un conjunto de afirmaciones y tesis que, a nuestro juicio, ubican de un modo claro el carácter contrarrevolucionario del actual régimen

Resulta que precisamente en el momento de crisis económica más agudo y grave, el instrumento mejor de la Revolución Mexicana para hacer avanzar al país con independencia, que es la intervención estatal en la economía, resultó

impracticable en los inicios del actual régimen, según se afirma en el informe presidencial.

Simplemente, a los tecnócratas incrustados en el poder público se les olvidó que lo que ha salvado al país de convertirse en una colonia de los monopolios norteamericanos, es la intervención del Estado en la economía, no sólo para guiar y coordinar el proceso de la economía, sino su participación directa en el desarrollo como productor, como factor que consolida y multiplica las fuerzas productivas y como poder que ha creado en multitud de instituciones en los diversos campos de la producción, en los transportes, en las comunicaciones, en los servicios sociales y en el crédito, que en conjunto le han dado la fuerza que hoy México tiene todavía; es decir, su móvil no ha sido un afán intervencionista como se afirma, sino la lucha contra la poderosa fuerza del imperialismo y por el desarrollo independiente del país.

Cuando se afirma que no había fondos para financiar al sector estatal de la economía, se omite decir que sí los había, pero para cubrir los intereses de una impagable e inmoral deuda externa; con la afirmación de que no era aconsejable seguir congestionando el aparato estatal, se justificó la tesis del Estado obeso, tesis que abrió el camino al desmantelamiento de las empresas públicas.

Por otra parte, la afirmación de que la intervención del Estado complica la actividad de los particulares, simplemente soslaya el hecho histórico de que la intervención del Estado en la economía crece y lucha contra los particulares extranjeros que se habían apoderado de sectores estratégicos de nuestra economía, supliendo la falta de actividad de particulares nacionales en campos necesarios para el desarrollo nacional, o salvando empresas en manos de particulares nacionales que habían fracasado en la conducción exitosa de las mismas.

Si las empresas estatales han sido un estorbo para algún sector, éste ha sido el de las transnacionales y el de los oligopolios nacionales ligados a los mismos, esto es lo que pretende ocultar la falaz tesis del estorbo a las actividades de los particulares.

Ahora veamos lo que ha significado para el país la estrategia del cambio estructural. Esta estrategia, según el informe, se concentró en cinco áreas: saneamiento de las finanzas públicas, reorganización del sector público, reconversión industrial, racionalización de la protección comercial y descentralización de la vida nacional.

Consecuente con las tesis contrarrevolucionarias del gabinete económico, el llamado saneamiento y las finanzas públicas no significó otra cosa sino la reducción del gasto público, particularmente la destinada a la inversión que hasta entonces había sido determinante para el fomento de la economía nacional.

En cuanto a la reorganización del sector público, el mismo informe presidencial afirma que el resultado más importante ha sido el desmantelamiento del mismo, habiéndose desincorporado el 68% de las empresas que en 1983 sumaban un total de 1 mil 155, ello sin considerar las 339 empresas en las que participaban las instituciones de crédito nacionalizadas, las cuales fueron puestas en venta a precios de subasta, para lo cual no hubo consideración alguna acerca de si eran estratégicas o prioritarias; en este caso, el único criterio aplicado fue en el sentido de que eran innecesarias para el manejo de la banca nacionalizada.

Durante el proceso de desmantelamiento del sector estatal, el gabinete económico del régimen delamadrista, no obstante un enorme esfuerzo en contrario, caía una y otra vez en contradicciones entre sus palabras y sus hechos, pasando desde el criterio de empresas con números rojos, hasta el de no estratégicas o prioritarias, cuando en la realidad, la mayoría de las empresas desincorporadas no caían en uno u otro caso.

Por lo que respecta al llamado proceso de reconversión industrial, los autores del mismo han sido los que lo impulsaron mediante cuatro tipos de acciones: Primera. Modernización productiva de las ramas tradicionales; segunda. integración de los grupos industriales y entidades controladoras; tercera. Fomento de ramas modernas; cuarta. Creación de industrias de alta tecnología.

Estas acciones se complementaron con acciones en el sentido externo según. se afirma, para impulsar las exportaciones no petroleras e incorporar a nuestro país al GATT; a nuestro juicio, una observación general nos indica que esta estrategia adolece de varias fallas y errores de concepción, si es que en verdad se tenía la intención de impulsar revolucionariamente las fuerzas productivas del país.

En primer lugar, resulta evidente la observación de que la reconversión industrial planteó y se llevó a cabo fundamentalmente a través de la compra de equipo y maquinaria de alta tecnología, así como la adquisición de tecnología de procesos y medios de dirección de la producción, a pesar del hecho ampliamente reconocido, de que la técnica y la tecnología son elementos muy dinámicos de vida limitada, más ahora que vivimos una realidad económica internacional en la que se reconoce que está en marcha una revolución en la industria, así como la tecnología.

En segundo lugar, no se considera como parte integrante del llamado cambio estructural, una política de fomento a la ciencia y a la técnica que se haya formulado en función de la reconversión industrial para servir de sustento sólido a esta última y abrirle perspectivas de desarrollo futuro sobre bases y recursos propios.

Ejemplo de esta actitud inconsecuente con la historia y con la experiencia de los países avanzados, ya sean socialistas o capitalistas, y con la de un afán verdaderamente nacionalista para industrializar al país, es que hasta la fecha, a varios años de la puesta en marcha de acciones relativas a la llamada reconversión industrial, no se han dado pasos serios para integrar el sistema metrológico nacional, así como el sistema de normalización que constituye la infraestructura técnica de una industria que pretende producir con eficiencia y calidad universal.

No obstante que el partido Popular Socialista propuso en 1986 una iniciativa de reformas a la Ley de Pesas y Medidas para estructurar tales sistemas, iniciativa que propició la Ley Federal de Metrología y Normalización aprobada en 1987 y a iniciativa del Ejecutivo Federal.

En tercer lugar, al parecer esta omisión resulta no sólo de la falta de comprensión de que el desarrollo de la ciencia y la tecnología obedecen a factores inherentes a la naturaleza y características propias de las misma y a la forma en como se vinculan a la proyección económica, sino que se observa la convicción en los autores y promotores del llamado cambio estructural, de que es factible acceder a lo que ellos denominan "la revolución tecnológica", por la vía de la inversión extranjera, a través de las transnacionales que se instalen en el territorio nacional.

En cuarto lugar, esta estrategia y toda la política, científica y tecnológica aplicada hasta ahora, soslaya uno de los procesos más trascendentales de la etapa contemporánea, proceso que se le designa ya en forma casi generalizada, como la revolución científico - técnica, fenómeno que debe ser estudiado profundamente, a fin de que nuestro país formule una política válida acorde con las tendencias de la época actual, a fin de que no nos ocurra lo que en el pasado respecto a las revoluciones que se dieron tanto en la ciencia como en la técnica, a las cuales llegamos demasiado tarde.

Esta revolución científico - técnica es un fenómeno global propio de nuestra época que acelera vertiginosamente el desarrollo social, aunque sus manifestaciones, orientación y consecuencia difieren de país a país, dependiendo del nivel de desarrollo en que se encuentra éste y del sistema social que prevalece.

Algunas de las manifestaciones más importantes de esta revolución son: el descubrimiento y utilización de nuevos tipos de energía; la creación y empleo de materiales sintéticos con propiedades prefijadas y de gran ventaja sobre los naturales; la automatización integral de la producción con las computadoras y la informática; el empleo de la robótica para suplir el trabajo directo del hombre, con enormes ventajas de resistencia y calidad; la modificación y creación de nuevos organismos vivos, con la biotecnología para múltiples propósitos de salud o económicos; el empleo del espacio cósmico para la comunicación, y el estudio de las riquezas naturales de la Tierra y las condiciones climáticas globales.

Dentro del conjunto de notables cambios logrados, allí lo que debe ser señalado de manera particular, es el hecho de que se han transformado en forma radical las fueras productivas; es decir, por un lado los objetos de trabajo y los medios de trabajo, y por otro el trabajador mismo, la principal fuerza productiva, todo esto básicamente por la revolución operada en los materiales, con las nuevas tecnologías, y por el espacio, transfiriendo cada vez más al sistema de máquinas las operaciones físicas y muchas funciones lógicas y de control antes propias del trabajador, elevándose así el nivel exigencia en cuanto a la preparación profesional de este último.

Al analizar los rasgos y manifestaciones principales de la revolución científico - técnica, se puede afirmar que desde el punto de vista técnico, su esencia consiste en que con ella se inicia la era de la producción automatizada que, desde el punto de vista de la función de la ciencia, el aspecto esencial es la transformación acelerada de ésta en parte integrante de las fuerzas productivas y la más dinámica de ellas, papel antes desempeñado por la técnica y que finalmente, desde el punto de vista de los nexos entre ciencia, técnica y producción, aquéllos han llegado a tal nivel, que los cambios cualitativos en cada una de estas áreas de la actividad humana se condicionan mutuamente, lo cual se manifiesta en el hecho de que el tiempo entre descubrimiento de un conocimiento y su aplicación en la producción se ha reducido drásticamente.

El primer aspecto nos indica la perspectiva futura de la producción industrial; el segundo, pone de relieve la norma de trascendencia económica social y aun cultural de este fenómeno, independientemente del sistema social de un país determinado; y en tercero, pone en un primer plano de importancia el análisis de las relaciones necesarias que se deben implementar en un sistema social determinado, a fin de hacer posible que en él

y se desarrollen los rasgos característicos de la revolución científico - técnica.

Precisamente debido a esta revolución científico - técnica, señoras y señores, resulta lógico el proceso de reestructuración de los procesos productivos en marcha en la mayoría de los país desarrollados del mundo, capitalistas o socialistas, la estructuración que supera básicamente en cuatro direcciones principales; Primero. La transformación de los materiales originales con la sustitución creciente de la materia prima natural por la sintética; segundo. La disminución del uso de materia prima y energía, mediante procesos tecnológicos más eficientes; tercero. La renovación radical de los métodos de transformación de la materia prima y productos intermedios con la implantación de tecnologías desconocidas en el pasado, y cuarto. El reemplazo amplio del trabajo vivo del hombre con las máquinas automáticas, las computadoras y los robots industriales.

La reestructuración persigue por supuesto los objetivos finales de mayor calidad, más eficiencia y una producción elevada, lo cual a su vez estimula la profundización de la revolución científico - técnica. En el caso de los países capitalistas desarrollados; es decir, los países imperialistas, donde el motor de los avances científicos y técnicos lo constituyen las grandes transnacionales, el objetivo último es el dominio y control de los mercados mundiales, para lo cual emplean no sólo su indudable capacidad tecnológica, sino todos los instrumentos de que disponen, sean éstos económicos o aun políticos.

Las consecuencias de esta reestructuración y de estas acciones de intercambio de los países capitalistas desarrollados con aquéllos en vías de desarrollo, son casi por todos conocidos: creciente proteccionismo; colapso de la demanda de las materias primas tradicionales tales como el cobre, con el consecuente decrecimiento constante del precio de las mismas; incapacidad de las industrias locales para competir en calidad y costos con las transnacionales, y una dependencia tecnológica que amenaza hacerse abismal en forma acelerada.

Frente a este marco, ¿cuáles son los resultados de los cinco puntos formulados para la reconversión industrial? La llamada modernización productiva no significó más que mayor dependencia tecnológica para el país; la integración de los grupos industriales no significó más que desintegración, como un ejemplo, el compañero que me antecedió en el uso de la palabra con la industria petrolera; el fomento y las ramas modernas no significó sino el abandono en las ramas como: la automotriz, la electrónica, la química - farmacéutica y otras.

La creación de industrias de alta tecnología en este punto no se dio en ningún paso, aunque se afirma que se crearon 59 empresas, éstas eran de servicio y no industriales.

De tal manera que, a juicio del Partido Popular Socialista, la llamada modernización frente a estos últimos seis años no significó sino una modernización colonial, por eso el pueblo mexicano lo condenó el pasado 6 de julio.

El Partido Popular Socialista, en los finales de los años cuarenta, propuso como objetivo fundamental de la Revolución Mexicana para esos años, la industrialización del país; en ese camino se ha ido avanzando en forma importante durante las últimas décadas, durante los últimos cuatro o cinco años, el Partido Popular Socialista ha afirmado que el objetivo más importante para la Revolución Mexicana en nuestros años, es el impulso decidido en la revolución de la ciencia y de la tecnología para hacer que nuestro país se incorpore al torrente de la revolución científico - técnica en marcha en todos los países avanzados del mundo.

En ese sentido, el Partido Popular Socialista ha convocado a las fuerzas democráticas, fundamentalmente ahora en el Frente Democrático Nacional, pero también fuera de ella, a que se analicen las experiencias de los países avanzados para hacer que nuestro país adopte las medidas necesarias a fin de que nos incorporemos en el menor tiempo posible a la revolución científico - técnica, de que comprendamos que la ciencia tiene sus propias características que son distintas de la tecnología que hay que tomarlas en cuenta para impulsarlas verdaderamente; de que hay que considerar que la ciencia es fundamentalmente conocimiento de las leyes de la naturaleza; de que tecnología es fundamentalmente conocimiento de cómo hacer las cosas que la sociedad humana necesita para su supervivencia, y de que la tecnología es un aspecto relacionado fundamentalmente con la industria, por la cual es necesario analizar cómo se puede desarrollar esto, y la experiencia de los países avanzados indica que no se puede desarrollar tecnología sin la creación de laboratorios industriales, de que es necesario crear estos laboratorios industriales que el Partido Popular Socialista, en esta misma Cámara, ha propuesto en múltiples ocasiones, aspectos concretos de cómo llevarlos a cabo y laboratorios de carácter específico; de que es necesario integrar la cadena de ciencia, técnica y de producción, la única forma válida y sólida de hacer que nuestro país entre de verdad a la etapa moderna de la vida social y se incorpore con probabilidades de éxito a la revolución científico - técnica.

Este es el camino que el Partido Popular Socialista ha propuesto a las fuerzas democráticas del país para hacer que el país se incorpore, no que se inserte en el mundo del imperialismo, sino que se incorpore a los países avanzados del siglo XXI en pie de igualdad, para abrir amplias perspectivas de desarrollo con plena independencia para el país, con una soberanía plenamente consolidada y con progreso efectivo para el pueblo. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Manuel Patricio Estévez Nenninger.

El C. Manuel Patricio Estévez: - Para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el tema central del sexto informe de gobierno fue, sin lugar a dudas, la situación económica que dentro de esta profunda crisis vive nuestro país.

El Presidente trató en su informe de manera superficial, de manera evasiva y reiterando autoelogios, el análisis de la situación.

Las principales consideraciones del Presidente, al inicio de su informe, plantean textualmente lo siguiente: "al inicio de mi administración - dijo - las condiciones económicas imperantes eran particularmente desfavorables; la economía estaba al borde del colapso, había desconfianza generalizada en el sistema financiero del país, habíamos perdido el control de los mercados cambiarios, el Programa Inmediato de Reordenación Económica o PIRE hizo posible - dijo el Presidente - restablecer las condiciones mínimas necesarias para la operación del aparato productivo".

Consideramos que no existen dichas condiciones mínimas para hacer posible una auténtica recuperación económica basada en el desarrollo interno de nuestras capacidades productivas y basada en el incremento del nivel de consumo y productividad de los trabajadores mexicanos.

Consideramos que las condiciones que se han sentado en el llamado cambio estructural, en realidad están pavimentando el camino para que en el próximo sexenio el gobierno y el partido del gobierno intenten llevar a cabo una economía orientada hacia la exportación básicamente, causando una mayor anemia interna en la producción, en el consumo y el nivel general de vida de los mexicanos.

Continuó el señor Presidente diciendo; "Mediante la definición de pautas claras y realistas en el manejo de la política económica - dijo - se estableció la certidumbre en la viabilidad económica del país. La inflación empezó a repuntar - continuó - a mediados de 1985, recrudeciéndose después como consecuencia de los efectos de los sismos en septiembre de ese año y, sobre todo, a partir del derrumbe de los precios de la exportación del petróleo.

El choque externo en 1986 fue de magnitud considerable, mediante una política económica adecuada que incluyó ajustes fiscales adicionales - es decir, sin precedentes, altas tasas de impuestos -, mediante el manejo realista del tipo de cambio - es decir, 3 mil 500% de devaluación, más de 3 mil 500% de devaluación de nuestra moneda -, y una política monetaria y crediticia restrictiva".

Todo mundo sabe como se restringió el crédito en los órdenes, como una supuesta medida antiinflacionaria que como ya se ha dicho aquí, no es otra sino la garantía de una recesión sin precedentes que se haya instaurado nuestra economía.

Dijo el Presidente: "Pudimos hacer frente con eficacia el rudo golpe económico procedente del exterior.

"Hacia mediados de 1987 - señaló - la economía nacional parecía haber superado lo más grave de la crisis de 1986; se había recuperado un crecimiento moderado de la actividad económica y habíamos efectuado otra renegociación de la deuda externa, obteniendo un importante financiamiento adicional para la recuperación y el crecimiento".

Y aquí conviene decir que se planteó aquel modelo de los bonos de nuestra deuda, vendidos a la mitad de su precio al exterior que no fue un éxito, como el mismo gobierno lo esperaba, es una cantidad mínima, que cuando mucho supera los mil millones de dólares que se han venido contratando en estas condiciones, y todo mundo sabe que este esquema de subastar nuestra deuda a mitad de su costo no ha sido el éxito que el gobierno esperaba.

Este crecimiento, reconoció el Presidente, hacia finales de año se revirtió. El problema surgió por que la inflación no había sido lo suficientemente controlada; el acontecimiento que desencadenó el deterioro de las condiciones prevalecientes en la última parte de 1987, fue el derrumbe de las cotizaciones en los mercados bursátiles del mundo. Estas dos condiciones especulativas, continúa el Presidente, contagiaron rápidamente el resto de la economía, propiciando una aceleración de la inflación que amenazaba con volver una hiperinflación controlada.

Entonces, anunció el Pacto de Solidaridad Económica que se firmó el 15 de diciembre de 1987. Afirmamos que el Pacto de Solidaridad Económica

no ha sido la solución que el país reclama; fue un pacto de carácter transitorio, efímero y definitivamente orientado por las presiones de carácter electoral.

El informe continúa reconociendo ciertos efectos y repercusiones que vive México en la actual coyuntura. Las consecuencias de sus impactos, sin embargo, no las maneja el titular del Ejecutivo dentro del ámbito de la economía real. El titular del Ejecutivo maneja cifras dominado cada vez más, a lo largo de sus seis años, por la economía monetarista, basada en estadísticas frías; por eso, el informe evade hablar de los efectos causados, reales, en la población trabajadora y en la población consumidora por el llamado Plan Inmediato de Reorganización Económica o Reordenación Económica, y desde luego que evade las consecuencias nefastas del Pacto de Solidaridad Económica que han afectado predominantemente a la población más desprotegida. Han afectado al trabajador asalariado, al subempleado y al sector productivo de bienes necesarios en nuestra economía.

Y por otro lado, como él mismo lo reconoció en el párrafo anterior, se ha creado en México un aliento y un crecimiento hacia el sector especulativo, hacia el sector que depositó en la bolsa recursos de la nación, o en muchas otras actividades intermedias de especulación comercial, o de bienes raíces que hoy por hoy constituyen una de las pocas posibilidades de cierta ganancia para muchos empresarios, premiando entonces a la usura, a la especulación y castigando el trabajo y al productor auténtico.

El Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Inmediato de Reordenación Económica, causaron en realidad, y esto es lo que no dijo el informe, el desplome de la inversión en estos seis años, en un 16% de lo que va de 1982 a 1988; limitaron a la economía nacional para que solamente en este momento, la planta productiva pueda absorber solamente el 43% de la población económicamente activa.

Y se incrementó la llamada "economía informal", hasta en un 30%, incluso el señor Agustín Legorreta, al comentar el informe presidencial, comentó con todo cinismo, que esta parte de la economía informal o economía subterránea del empleo no remunerado bajo el salario ni bajo las condiciones constitucionales del trabajo, es y fue la causa que evitó el estallido social al dar un paliativo a las necesidades de empleo de la población mexicana.

Textualmente dijo que era la causa fundamental que evitó el estallido social durante el sexenio, el señor Legorreta. Durante estos años, se empobreció en realidad a la clase media y se condujo a la miseria a las clases populares. Se convirtió en este sexenio el artículo 3o. constitucional, en una pieza de museo, porque el sistema general de vida de los mexicanos, no ha estado basado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, sino por el contrario, en el constante deterioro y profundo y acelerado empobrecimiento de su historia.

Tampoco dijo a los mexicanos el Presidente, por qué en este sexenio, la inversión pública sufrió recortes de gran magnitud en importantes sectores respecto a la inversión pública efectuada en los dos sexenios anteriores.

El de la voz habría anotado algunas preguntas si se hubiese dado la posibilidad que se coartó el día primero, el día del informe, de dialogar con el Presidente de la República.

Las preguntas siguen formuladas y son las siguientes: ¿Por qué la inversión del gobierno en el sector de energía, sufrió un recorte de 37.55% en estos años?, ¿por qué se redujo en 55.3% la inversión en el campo?, ¿por qué se redujo en 67.9% la inversión en pesca?, ¿cómo se justifica la reducción del 22.3% en el sector salud?, ¿por qué se eliminaron los precios de garantía para muchos cultivos, mientras se incrementaron los pagos al exterior por concepto de importaciones de alimentos?

¿Por qué se pretende introducir un sistema de bolsa agropecuaria sujeta a las fuerzas de libre mercado especulativo en torno a muchos de los productos básicos del campo, en una pretendida sustitución de un sistema de justos y retributivos precios de garantía?, ¿por qué se han venido posponiendo más de 4 mil 500 obras de pequeña irrigación?, ¿por qué se han dejado de rehabilitar los principales sistemas de presas y canales de riego en todos los distritos del país?, ¿por qué se detuvo la construcción de la presa de Huites en el Alto Río Fuerte dentro del ya muchas veces anunciado y pospuesto plan hidráulico del noroeste por los presidentes que han arribado al poder del Partido Revolucionario Institucional?, ¿cómo se justifica que la producción nacional de leche haya, a nivel nacional, caído de 12.5 millones de litros diarios en 1985 hasta 7.4 millones de litros en 1987?, ¿cómo esperar el futuro de nuestra República si más del 80% de los niños de México sufren ya distintos grados de desnutrición, y muchos miles de trabajadores en las fábricas se encuentran sumamente mal alimentados?, ¿por qué a partir de 1982 se incrementó en México la producción de estupefacientes tanto de mariguana como de heroína, alcanzando valores

por venta de drogas superiores al 300% que no tenían en los últimos seis años? Todas estas preguntas continúan en el ámbito nacional sin respuesta.

En cuanto al empleo y al salario, De la Madrid afirmó: "En mi administración se han realizado diversas acciones directas en apoyo del empleo; los programas regionales permitieron la creación de cerca de 1 millón de empleos entre 1983 y 1987. Cabe hacer notar que el ritmo alcanzado por nuestra economía en los últimos dos sexenios creó la necesidad de crear 1 millón de empleos al año". El señor Presidente reconoce haber creado 1 millón de empleos en cuatro años, de ahí la gran cantidad de masas de desempleados, de subempleados y del llamado empleo marginal y sobre todo de la delincuencia que ha aumentado brutalmente en nuestra República.

Continúa diciendo el Presidente: "Que a pesar de la crisis el desempleo abierto no rebasó durante 1986, año que él llama de desajuste petrolero, los niveles de 1983."

En la actualidad las tasas de desempleo, dice: "son sustancialmente inferiores a las del inicio de esta administración"; creo que el señor Legorreta le ha dado la respuesta; sin embargo, no mencionó para nada las supuestas acciones de protección al salario.

El Presidente reconoció que el costo del cambio lo hemos reconocido, ha sido muy alto para la mayoría de la población.

En muchas ocasiones el pueblo mexicano con entendible desesperación ha demandado alivio inmediato a su situación, para luego reconocer con frialdad cínica que sin embargo ha comprendido con madurez que para alcanzar un bienestar duradero era necesario el saneamiento real del país. Esto es lo que se propuso, dijo, con la llamada renovación nacional.

Consideramos nosotros que estas acciones que los voceros oficialistas continúan diciendo, de que se avizora la recuperación económica productiva, será continuada por el señor Salinas o al menos lo intentará. Sabemos que la mayoría de la nación no está de acuerdo aún, que no llegue a comprender la perversidad de estos programas monetaristas, no está de acuerdo con justa razón en dichas expectativas propagandísticas del próximo sexenio.

Los salarios, tanto en su nivel mínimo como para el nivel promedio, han experimentado una contracción muy aguada en términos reales, veamos.

El salario mínimo promedio anual para 1986 resultó inferior en un 37% al de 1982 y resultó inferior en 42.5% respecto al de 1977, lo cual representa un retroceso de la cantidad real que tenía dicho salario hace 25 años.

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana declara que este sexenio también ha convertido al llamado salario remunerador constitucional en otra pieza más de museo, ya que en los últimos seis años el poder adquisitivo real ha descendido en más del 50% y el ingreso per capita se ha reducido en más del 15% en el mismo período.

Para nuestro instituto político el aceptar algo que también señala el Presidente de que la parte más dura del Pacto de Solidaridad Económica la ha soportado la clase trabajadora, significa que la destrucción de los niveles de vida y el deterioro salarial continúan y continuarán; continúan durante los primeros siete meses del año en curso, período en el cual en este año el deterioro ha sido del 15.7%, lo cual si lo sumamos a la reducción del 49.6% del poder adquisitivo durante el período 1982 - 1987 nos da una perspectiva verdaderamente aterradora.

Coincidiendo nuestro instituto con muchos otros sectores progresistas de la clase trabajadora y campesina de la nación, afirmamos que los salarios de México son los más bajos del mundo, ya que en los años setenta el ingreso promedio del trabajador era de 1.70 centavos de dólar la hora; llegando en 1982 a 1.90 centavos de dólar la hora. Década la de los setenta en la que se tuvo el salario más alto de Latinoamérica, pero sucede que a partir de 1985, llegó a un promedio de 70 centavos de dólar la hora y en la actualidad apenas alcanza los 40 centavos de dólar.

Afirmamos además que la llamada política de protección al empleo y al salario que ha impuesto este gobierno, entre otras cosas ha servido para desaparecer muchos contratos colectivos de trabajo, para destruir organizaciones sindicales y favorecer fundamentalmente y hegemónicamente a los intereses del capital financiero nacional e internacional; aplicándose leyes contrarias a los obreros y a los sindicatos, al grado que las declaraciones de inexistencia de huelgas, rebasó la cantidad de los últimos tres sexenios que antecedieron al del señor De la Madrid.

Consideramos que estas concesiones a las clases más reaccionarias ha ocasionado el más profundo descontento popular que ha vivido nuestro país desde las épocas en la que se gestó nuestro movimiento revolucionario de 1910 y 1917 y éste fue el programa en contra del cual votó la mayoría de los mexicanos el 6 de julio.

Queremos advertir en este punto que no aceptamos, por otra parte, que las cúpulas empresariales dirigidas por el señor Legorreta, pretendan llevar a la nación a la creencia de que el salario mínimo en sus incrementos justos, produce inflación, así como también sus afirmaciones de que el aumento del gasto público destinado a infraestructura y a obras de beneficio público, producen inflación.

En realidad en la usura, la especulación bursátil, la especulación monetaria con nuestras divisas, la fuga de capitales y las demás formas de saqueo a la economía, las que estos señores han implementado y que han disparado el encarecimiento de la vida en este sexenio que los ha favorecido.

En cuanto a la deuda externa, contrariamente a lo informado por el Presidente, el cual se atrevió a decir que México ocupa un lugar de vanguardia en el ámbito de las renegociaciones de la deuda externa. La transferencia de recursos al exterior por el concepto de servicios de la deuda entre 1983 y 1988, ha sido de casi 80 mil millones de dólares, cifra que equivale al 77% de la deuda total actual.

De dicha cantidad casi 50 mil millones de dólares corresponden solamente al pago de intereses, sin que ello haya producido alguna reducción en el principal.

Ante esta grave condición de falta de recursos para la reactivación económica de la nación, nuestro partido reitera aquí lo que durante la LIII Legislatura propuso insistentemente nuestro máximo dirigente nacional, licenciado Carlos Enrique Cantú Rosas, en el sentido de que es necesario y urgente renegociar las condiciones del pago de la deuda externa bajo nuevas condiciones más justas que eviten seguir sacrificando el bienestar del país, el bienestar de los campesinos y el bienestar de las mayorías trabajadoras, en favor del capital financiero nacional e internacional.

Advertimos que el próximo gobierno que ha sido impuesto a los mexicanos en contra de la voluntad mayoritaria de la población, no deberá ni podrá seguir prolongando este sacrificio de los llamados planes de ajuste o también llamado reestructuración estructural o modernización económica, en función de seguir un modelo que busca seguir canalizando recursos hacia el exterior por concepto al servicio de la deuda.

Un modelo que busca una mayor contracción al crecimiento interno que ocasionaría un proceso de acelerada regresión de los logros desiguales, pero que al fin y al cabo se han alcanzado a lo largo de todas las décadas que llevamos del desarrollo posterior a la Revolución Mexicana.

De continuar con estas tendencias en los próximos años, será mayor el número de niños que no tendrán derecho a los servicios públicos elementales como salud, educación primaria, y mucho menos accederán a la educación media superior.

El retroceso en el ingreso de los estratos más bajos ha llegado a tal grado en el que aun si se destinase el 100% del salario exclusivamente para el consumo de alimentos, esto no sería suficiente para cubrir la llamada canasta que consumía la familia de un trabajador hace 12 años.

La mortalidad infantil que durante los últimos 40 años había venido mostrando un lento pero ininterrumpido proceso de abatimiento, en estos seis años ya ha retrocedido.

Para evitar que el proceso regenerativo acumulado en el distorsionado desarrollo económico del país continúe y amenace con destruir los logros, que a pesar de las desigualdades hemos conquistado los mexicanos durante estas últimas generaciones, declaramos que esta legislatura está obligada históricamente a las siguientes acciones:

Es necesario reconstruir un tipo de presupuesto de egresos para que no se destine el mismo porcentaje que en este último se ha dedicado al pago del servicio de la deuda externa.

Es imperativo evitar que continúe la amenaza de las devaluaciones constantes de nuestra moneda, que ya se ha devaluado en más de 3 mil 500% nuestro peso en este sexenio, para que dentro de una nueva política de tendencia de fortalecimiento de nuestra moneda evite el sacrificio de nuestras reservas, de nuestro presupuesto, de nuestro ingreso nacional y del ahorro de los mexicanos, mediante formas inteligentes de un estricto control de cambios.

Esta Cámara de Diputados es la única que puede dar fiel cumplimiento a lo que se plantea en el artículo 8o., en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que el Ejecutivo celebre la contratación de empréstitos, solamente si éstos están orientados hacia el incremento de la riqueza pública, de la producción nacional, que genere lo que el artículo 3o. plantea: el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, así como el examen de las condiciones lesivas, bajo las cuales la nación se ha venido endeudando en estos años, para que el Congreso, vía Cámara de Diputados, analice qué porciones de la deuda externa deberán ser desconocidas por haberse contratado en condiciones ignominiosas para nuestro desarrollo nacional.

Hacemos un llamado a la participación real de esta legislatura en estos asuntos, para que unificados hagamos uso de esa autonomía que tenemos como Poder Legislativo, para impedir que el Presidente de la República continúe ésta que es la peor catástrofe económica que conocemos en la historia. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rosalío Wences.

El C. Rosalío Wences Reza: - Señor presidente; señores diputados: Efectivamente, es fundamental que en este debate en torno al sexto informe de gobierno, podamos precisar lo que es y lo que no es responsabilidad del gobierno de la República.

No puede ser responsabilidad, se dice, lo que sucedió antes del inicio del gobierno; no puede ser responsabilidad del gobierno de la República, por ejemplo, la reducción del precio de los productos que exportamos, porque ésa es una decisión que se toma fuera de nuestras fronteras; no puede ser responsabilidad del gobierno de la República el incremento de los intereses de la deuda externa, porque ésta es también una decisión que se toma fuera de nuestras fronteras.

Y nos decía el diputado Cavazos Lerma: No puede ser responsabilidad del gobierno de la República el derrumbe de los mercados bursátiles internacionales.

Efectivamente, en toda esta argumentación hay verdad; sin embargo, como dijera un poeta guerrerense, Rubén Mora: "pero nunca falta un pero que haga un cuatro tan cuatrero de una cosa tan sencilla".

El actual gobierno de la República también es responsable de cosas que sucedieron antes de que se iniciara, como ya señalaba un compañero diputado del Partido Acción Nacional, porque es un gobierno del mismo partido y porque comenzando con el Presidente de la República y siguiendo con otros funcionarios del actual gobierno, ya eran funcionarios del gobierno del Presidente López Portillo.

Efectivamente, el gobierno nuestro no puede ser responsable de los aumentos o de las reducciones de los precios de los productos que exportamos; no puede responsabilizársele de que haya disminuido el precio del petróleo, pero sí se le puede exigir cuentas de que no tomó la medidas pertinentes para enfrentar esas disminuciones del precio del petróleo, pero sí podemos preguntarnos ¿por qué México no forma parte de la OPEP?, por ejemplo; pero sí también podemos preguntarnos ¿por qué cuando la OPEP intentaba reducir la producción, México la incrementaba? Y ésa sí es responsabilidad del gobierno de la República.

No puede ser responsable evidentemente el gobierno de la República, del incremento de los intereses de la deuda externa, pero sí podemos preguntarle ¿por qué no se ha insistido con mayor efectividad para enfrentar de manera conjunta, cuando menos con otros gobiernos latinoamericanos ese problema de la deuda externa?

Evidentemente, tampoco es responsable el gobierno de la República del derrumbe de los mercados bursátiles internacionales, pero sí podemos preguntarle al gobierno de la República, ¿por qué no tomó cartas en el asunto acerca del funcionamiento del mercado bursátil nacional, antes de que se viniera el derrumbe internacional, porque ya el mercado nacional funcionara, funcionara de manera, para no decirlo con adjetivos exagerados, anómala? Ya se veían venir en México las consecuencias de ese derrumbe en nuestro país.

Yo quisiera a continuación abordar, enmarcándonos dentro de los lineamientos del informe y ciñendonos a los datos que se presentan tanto en el informe como en los anexos, algunas cuestiones.

Nos hablaba el señor Presidente de los costos o diríamos consecuencia de lo que ha venido dándose por la crisis y por la política económica.

Efectivamente, ya se ha señalado aquí por algunos compañeros diputados, la disminución del salario real de los trabajadores; en los anexos estadísticos se habla que el salario de los trabajadores sindicalizados en la manufactura en 1987 apenas es el 64% en términos reales de lo que era en 1982, de que el salario real de los trabajadores del gobierno federal en 1987 apenas es el 77% de lo que era en 1982. Y esto se refiere a trabajadores sindicalizados; no hay datos acerca de los trabajadores no sindicalizados, no hay datos acerca de los campesinos.

Dicho de otra manera, mientras que en 1982 el rubro de salarios según los datos del informe absorbía el 35% del Producto Interno Bruto, para 1986 sólo absorbía el 28%, repito, según cifras oficiales del mismo informe.

Otro de los costos ha sido la disminución de la inversión social real. Para desarrollo social nos dice el informe, refiriéndose a la educación y a la salud, en 1987 sólo se destinaba el 72% de lo que se destinaba en 1981; para el desarrollo rural solamente el 40% de lo que se destinaba en 1981; para el desarrollo energético el 61% y para el

desarrollo turístico, que es fundamental para mi estado, solamente el 35% de lo que se destinaba en 1981.

Solamente para el desarrollo industrial, porque hay que señalar todos los datos que hay, se mantiene y llega en 1987 a una inversión del 112% de lo que fue en términos reales la inversión en 1981.

Pero ¿qué ha pasado mientras que hay esta disminución para la inversión social, rural, energética y turística?, ¿qué ha pasado con la inversión que el gobierno de la República ha destinado para el servicio de la deuda? En 1987 se dedicó el 285% de lo que se destinaba en 1981 en términos reales para el servicio de la deuda.

Otro de los elementos que juegan un papel importante en este informe es lo que tiene que ver con la empresa pública y que algunos compañeros diputados ya han abordado. La política de desincorporación de las paraestatales es alentada por un nuevo modelo económico basado en la privatización y desnacionalización.

Se trata de una política que ha respondido a las presiones de la iniciativa privada del Fondo Monetario Internacional. Desde el inicio del sexenio se hace sentir la ola privatizadora con la venta del 34% de las acciones de la banca a la iniciativa privada.

Además de anunciarse el inicio de la desincorporación de las paraestatales con el objeto de sanear las finanzas públicas, sin embargo, es dudoso el resultado económico de esta política, pues para sanear verdaderamente las finanzas públicas, habría que tocar el renglón de servicio de la deuda.

Es importante hacer notar que el proceso de desincorporación ha sido contradictorio y sin criterios claros de lo que es estratégico y prioritario, además de que en la recta final del sexenio ha sido guiado por la premura con tal de cumplir con las metas de cantidad, no de calidad.

Por otro lado, se plantea que con el redimensionamiento del sector paraestatal se fortalecerán las áreas prioritarias, pero hay hechos que contradicen palmariamente esta afirmación.

Existen 55 entidades del sector público inscritas en el mecanismo de cambio de deuda por inversión, mecanismo susceptible de ser usado por el capital extranjero, 16 de estas entidades pertenecen a ramas que se suponen están reservadas para el Estado.

Estas empresas en las que el Estado acepta el cambio de deuda por inversión pertenecen a ramas que el gobierno incluye en el proyecto modernizador y para el cual ha destinado recursos; es decir, el Estado deja en manos del capital privado la reestructuración de dichas ramas.

En la rama petroquímica, como ya lo señaló aquí otro compañero diputado, antes considerados básicos, ahora se les considera secundarios y de este modo se posibilita la privatización de su producción y comercialización.

En el informe del señor Presidente, se nos dice que la empresa pública es una pieza fundamental de la estrategia de desarrollo y por lo mismo debe contribuir al bienestar social.

Pero veamos algunos datos de los organismos y empresas controladas presupuestalmente.

Primero. La producción de bienes y servicios cayó 24 puntos porcentuales entre 1982 y 1987.

Segundo. Los salarios pagados a los trabajadores de estas empresas, eran en promedio 33% más bajos en 1987 en comparación con 1982.

En el informe se hace una afirmación adicional: "Con las políticas adoptadas, las empresas públicas están en mejores condiciones para hacer frente a los requerimientos crecientes de la sociedad". Sin embargo, nosotros observamos que no parece ser usual que una empresa que no invierte, esté en mejores condiciones para realizar dicha función.

La inversión física de las empresas controladas en el período 1982 - 1987 cayó fuertemente en este último año, sólo se invirtieron dos terceras partes de lo invertido en 1982.

En segundo lugar, en términos reales de 1982 a 1987 se pagaron 842 mil 627 millones de pesos por concepto de intereses. La cifra es superior a la inversión física realizada por las mismas empresas en los últimos cinco años.

Como se puede observar, estas empresas se han descapitalizado porque tienen que pagar sus deudas, han reducido el poder de compra de sus trabajadores; han reducido sus aportaciones a la sociedad de bienes y servicios, en términos reales; han reducido los servicios que prestan, pero han aumentado los precios de sus productos y sus recursos se utilizan primordialmente para pagar su deuda.

El sector paraestatal, en síntesis, no es más fuerte hoy que hace seis años, como se afirma en el informe por parte del señor Presidente, y el ajuste presupuestal que ha sufrido no ha traído como consecuencia su saneamiento.

La empresa pública, decimos nosotros, antes que ser privatizada o desnacionalizada debe ser manejada con honradez y eficiencia. La tesis de la renovación moral señalaba el camino, pero no se decidió transitar por ese camino.

Se nos dice en el informe por parte del señor Presidente, que entre 1982 y 1987, la deuda interna disminuyó más del 15% en términos reales. Nosotros acudimos a los anexos, al anexo estadístico, cuadro 23, página 115 y descubrimos que la situación era totalmente diferente. En 1981, en precios corrientes, la deuda interna era de 1 billón 41 mil 333 millones, y para 1987, era de 61 billones 555 mil 504 millones.

Como están esos datos en precios corrientes, nosotros los tradujimos a precios constantes y en precios constantes en 1981, tomando 1980 como el 100%, en 1981 era de 826 mil 288 millones y para 1987, en términos constantes era de 1 billón 508 mil 229 millones, lo cual, haciendo un pequeño cálculo nos indica que el incremento en términos reales de la deuda interna fue de 82.5% entre 1981 y 1987.

Nosotros estamos conscientes de que una crisis de la magnitud de la actual, solo va a poder resolverse con ajustes y sacrificio; es indispensable que los haya. Pero en lo que no estamos de acuerdo es en que el apretón del cinturón no sea parejo, y el apretón del cinturón este sexenio no ha sido parejo; en eso no estamos de acuerdo.

La política económica se diseño tomando como ejemplo lo que hacían en Londres y Washington Margaret Tatcher y Ronald Reagan, respectivamente. Ni siquiera se juzgó conveniente averiguar lo que se hacía y se decía por ejemplo en Japón, en Alemania Federal, en Francia, por señalar sólo algunos países capitalistas avanzados, y no sacar a colación ningún país socialista.

Se esgrimió pues el ejemplo de algunos, no de todos, algunos gobiernos conservadores empeñados en hacer regresar las manecillas del reloj de la historia a una supuesta edad de oro, caracterizada por bajísimos salarios, nula organización efectiva de los trabajadores, raquíticos servicios de salud y de educación, predominio del sector privado sobre el sector público en la economía, etcétera.

Y lo que es peor desde nuestro punto de vista, al elaborar y aplicar el Pacto de Solidaridad Económica, el gobierno de la República no ha tomado en cuenta las similares graves y lamentables experiencias de los países hermanos de Latinoamérica como Argentina, Brasil y Perú entre otros. En estos países los pactos funcionaron, entre comillas, "funcionaron", por breves lapsos, hasta que estalló la situación haciendo añicos vanas esperanza. Se podrá decir que eso es Sudamérica y que como México no hay dos.

Señores diputados, es menester que con seriedad y profundidad analicemos la situación económica del país; no imitemos al avestruz ni sigamos prisioneros de esa tesis que acabamos de mencionar de que como México no hay dos.

La crisis nos ha hermanado cuando menos con los demás países latinoamericanos; no soslayemos sus experiencias, el pueblo de México tiene grandes esperanzas de este nuevo Congreso de la Unión; no lo defraudemos, contribuyamos a la discusión, análisis y puesta en práctica de una nueva política económica que logre enfrentar, ahora sí con efectividad, la crisis que ya se ha prolongado demasiado tiempo, crisis que está a punto de agravarse sino cambiamos el rumbo. Gracias señor presidente.

El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Marcos Cruz.

El C. Marcos Carlos Cruz Martínez: - Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados: Me voy a permitir hacer algunos comentarios como parte de la fracción parlamentaria del Partido Mexicano Socialista.

México vive actualmente no sólo la crisis económica más grave de nuestra historia, sino también uno de los momentos más graves de su vida política; política de economía se contienen hoy en la compleja situación nacional, gracias al autoritarismo, a la ineptitud y a la cerrazón del grupo en el poder.

En el sexto informe del gobierno, es una muestra de la lógica que predomina en los hombres del poder, ante la magnitud de la catástrofe económica, que el pueblo ha sufrido durante seis años.

El Presidente sostuvo que el camino ha sido el correcto, pero todavía más grave, se sostiene también que debe persistirse en él.

Pobre México si después de seis años de tragar medicinas tan amargas que tan sólo han empeorado la enfermedad, se siguen todavía otros seis más de lo mismo.

El sexto informe transluce en la política económica ejercida otro problema igualmente grave: el gobierno ha impuesto como interlocutores de la sociedad a los grupos minoritarios enemigos de la democracia, no sólo económica, sino de todo tipo de democracia.

Amparado en que la concertación ha sido sectorial, se ha gobernado para los 300 capitalistas encabezados por Agustín Legorreta, en complicidad con añejas burocracias que no representan ya sino su propia obsesión por no ser desplazados del poder que el mismo gobierno les ha conferido.

En el informe se partió de una apreciación en el sentido de que en 1982 había resentimiento y desconfianza. ¿Se estaba pensando en el pueblo cuando se pronunció esta frase? No, se estaba pensando en los 300 capitalistas. Para ellos se gobernó durante esos seis años; a ellos, sólo a ellos se ha complacido.

El cambio estructural es la fórmula técnica que se ha encontrado para convertir nuestra economía en un jugoso negocio reservado para esos 300.

¿Se ha borrado hoy al fin del sexenio ese resentimiento y esa desconfianza? Al contrario, se ha acrecentado. El pueblo hoy no sólo ya no confía en las medidas económicas del gobierno, tampoco cree ya en la legalidad de las elecciones y el sistema político. El resentimiento, la desconfianza, la falta de credibilidad en esta administración se ha extendido de la economía a todo el campo de la política.

La renovación nacional de la que se habló el pasado 1o. de septiembre y que fue promesa de gobierno desde 1982, ha quedado para el pueblo en un engaño. En lugar de democracia integral, la misma vieja antidemocracia del partido gobernante; en lugar de sanear la administración pública, la corrupción, misma que ha continuado, como todo México fue testigo al subsidiar una campaña electoral multimillonaria con fondos públicos.

En lugar de equilibrio en las finanzas públicas, un déficit tan alto como en sexenios pasados, que se han mantenido por la obsesión de pagar la deuda, pero además la rectoría del Estado ha encontrado en la famosa renovación, declaraciones de quiebra totalmente ilegales que afectaron a los trabajadores que laboraban en ellas, como en el caso de Aeroméxico y Fundidora Monterrey, o en componendas oscuras y lesivas para el país como el caso del escándalo de Cananea que se trató de vender una empresa estatal a un grupo privado que carecía de solvencia, hasta ese grado hemos llegado.

La justicia social y la procuración de justicia tampoco mejoraron; hoy, y esto es una verdad innegable, que ni un solo dato puede rebatir. Vivimos en una sociedad mucho más injusta y desigual que hace seis años; la renovación nacional encuentra aquí, en la política social, su más grande contradicción, sólo se ha renovado y profundizado la pobreza, la insalubridad, el empeoramiento del nivel de vida de la inmensa mayoría de los mexicanos.

La reordenación económica y el cambio estructural fueron dirigidos según el sexto informe, a combatir un modelo de desarrollo equivocado que había generado inflación, empleos de escasa productividad e ineficiencia productiva y comercial, pero para ello se recortó el salario, se dejó de generar cualquier tipo de empleo; la ineficiencia de la empresa pública y privada ha sido pagada por los trabajadores y por el pueblo, no por los grandes capitalistas y la burocracia política, ésta ha sido la lógica y el espíritu de esta administración, que los errores, el despilfarro, la ineficiencia la paga el pueblo y no los responsables de esta situación; es decir, aquellos que concentran el poder del dinero y del Estado.

La deuda, ese gran problema que ha castigado a la nación se ve en el informe como un lastre de crecimiento, cómo no reconocerlo si se han pagado más de 24 mil millones de dólares en amortizaciones y más de 43 mil millones de dólares sólo en intereses, óigase bien, cerca de 68 mil millones de dólares han salido del país con concepto de pago de deuda externa.

Estas cifras, nunca dichas en el informe, son, sin embargo, reales, si el gobierno no ha pagado esta enorme cantidad de recursos, se debe a una concepción interesada y equivocada de su responsabilidad, interesada porque el gobierno ha apostado siempre a que el cambio estructural y la renovación necesitan de manera imprescindible de los bancos extranjeros y equivocada, porque ninguna modernización será democrática sin la participación de los trabajadores mexicanos, en el reparto del ingreso, en las decisiones fundamentales y en el progreso tecnológico.

En el caso de la política comercial, se ha aplicado también un criterio interesado y equivocado. La precipitada y violenta apertura de las fronteras tomó desprevenidos hasta a los industriales medianos y pequeños. Las quejas de algunas asociaciones empresariales frente al atropello del gobierno, han sido públicas.

A los trabajadores, esta situación ha resultado perjudicial en materia de empleo, pues de la perspectiva, en muchas pequeñas y medianas industrias en ramas como la textil o la alimentaria, son muy pobres.

Al final de cuentas, la apertura comercial no se ha traducido en mejores bienes de consumo para el pueblo; el proyecto de gobierno consiste en abrir las fronteras para hacer más competitiva nuestra

planta industrial. El resultado, sin embargo, ha sido que las exportaciones manufactureras crecen como resultado más bien de la baja del salario y la devaluación de la moneda, que de una mejor tecnología y una mayor inversión productiva.

En realidad, las exportaciones industriales han sido subsidiadas por toda la población, como dijo el compañero Pablo Gómez, a través del salario, la desocupación y las beneficiadas han sido unas cuantas empresas monopólicas.

El atropellamiento de algunas medidas como la apertura comercial, tratan de justificarse por el señalamiento de que se desconocía al principio la profundidad y el enraizamiento de la crisis.

Será por eso que el país ha conocido frecuentes cambios de planes y programas; medidas sorpresivas y muchas disculpas para justificar el deterioro permanente de la economía.

El gobierno desconoce y aún seguirá desconociendo la profundidad de la crisis, mientras tome decisiones antidemocráticas; mientras concierte con las burocracias aniquilosadas y los 300 tiburones capitalistas de este país.

En síntesis, mientras siga gobernando para los intereses extranjeros y las minorías nacionales, en efecto, el capítulo de política económica del sexto informe, es muy a su pesar una historia llena de derrotas. Según el documento lo ganado en 1983 y en 1984 se perdió en 1985 y 1986 por el choque externo, "sufrido por la caída de los precios del petróleo y la inflación local".

Después se volvió a perder en 1987 por el derrumbe de los mercados bursátiles del mundo; en fin, que la economía sigue siendo tan vulnerable a los factores externos como antes, pero el informe no aclara el porqué de esa vulnerabilidad.

Y la respuesta es que si la inflación ha hecho tanto daño, es porque la planta industrial sufre un agudo proceso de monopolización y la caída de las bolsas de valores repercutió en México por la aguda concentración del ingreso y la existencia de un mercado de capitales altamente especulativo, y porque el gobierno se ha encargado de financiar y alentar a esos monopolios privados y a esa especulación.

¿O ya no se acuerda el orgullo con el que se hablaba antes del crac de la bolsa de nuestro mercado accionario?, ¿dónde está en el sexto informe una explicación mínima a la que tenemos derecho los mexicanos acerca del porqué y cómo se colapsó la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Quiénes fueron los beneficiados y los principales responsables?, ¿por qué tantas acusaciones de malos manejos?, ¿por qué el gobierno no pudo controlar esta situación y por el contrario nos condujo a una nueva devaluación y a un nuevo sacrificio popular?

El sexto informe no dice nada sobre esto, es una pena y una falta de respeto a los mexicanos, porque además el informe dice que los intermediarios financieros no bancarios, léase las casas de bolsa, léase los especuladores, han tenido un desarrollo sin precedentes y son un complemento valioso del sistema bancario.

El Pacto de Solidaridad Económica se presenta ahora como la fórmula que al fin ha hecho bajar la inflación, pero no se dice que este pacto ha llevado una vez más a los trabajadores a una fuerte caída del salario real, tan fuerte que los dirigentes del Congreso del Trabajo han tenido que denunciar ya una nueva recesión económica, esta recesión que permite pensar que en 1988 el Producto Interno Bruto tendrá un crecimiento negativo de alrededor del 1%. Es una nueva factura que se quiere pasar al pueblo en aras de la renovación económica.

En los seis años de esta administración, el crecimiento económico ha sido nulo. El Pacto de Solidaridad no ha cambiado esta situación; por el contrario, ha acentuado y hecho más grave el estancamiento económico.

Además, el pacto es la mejor prueba de la grave contradicción del sistema: se proclama una política de renovación, pero se acude a los sectores; es decir, a las estructuras más anquilosadas del sistema y a los 300 capitalistas de Legorreta, para imponer las decisiones gubernamentales.

Se quiere renovar, conservando las viejas estructuras de poder y los enormes privilegios de unos cuantos. Ese es el verdadero significado del pacto y de los afanes de renovación a que se aludió el 1o. de septiembre.

La política económica del gobierno ha sido, pues, lesiva para la nación. No sólo es un fracaso reiterado, es también una agresión a la democracia, a los anhelos de vida digna de los mexicanos.

Lo que requerimos y lo que proponemos es una reconstrucción del país, con democracia económica, social y política. Para ello se requiere no sólo dejar de pagar la deuda externa, detener la caída salarial y de los ingresos campesinos; no sólo atender las necesidades de la población en materia de vivienda, de salud y educación. Se requiere un cambio de gobierno, un gobierno que tenga la confianza popular y la autoridad política

para conducir los cambios que se requieren dentro de una modernización que promueva desde abajo, y no desde los 300 de Agustín Legorreta; que atienda al pequeño agricultor y no a los latifundistas y especuladores que impulse la administración obrera, las cooperativas y la microindustria; que aliente la producción y la productividad, no la especulación financiera; que promueva el ahorro interno y lo conserve, en lugar de permitir la fuga de capitales que tan sólo es este sexenio anda ya por los 25 mil millones de dólares; que confíe y se respalde en los mexicanos, y no en los bancos y en las empresas extranjeras.

Para terminar, yo pensaría que muy bien Miguel de la Madrid podría decirle a las empresas extranjeras y a las minorías nacionales que todo ha salvado, menos el honor. Gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rogelio Montemayor.

El C. Rogelio Montemayor Seguy: - Ciudadano presidente; honorable asamblea: Al cumplir hoy con la obligación que le marca a esta Cámara el artículo VIII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de analizar el sexto informe de gobierno del titular del Ejecutivo Federal y considerando que se trata del último informe rendido ante esta representación por el ciudadano Presidente Miguel de la Madrid, procede a ubicar nuestras deliberaciones en un contexto amplio, que nos permita analizar la política económica en el ámbito de los retos que ha enfrentado, los factores y restricciones internas y externas que han incidido en su desarrollo y los resultados mediatos e inmediatos que se han alcanzado.

El tema que nos ocupa constituye sin duda uno de los aspectos que mayor interés, interrogantes, cuestionamientos y críticas han generado no sólo en esta sesión, sino en la sociedad misma; la razón de ellos es clara.

En los pasados seis años hemos enfrentado los mayores retos de nuestra historia contemporánea, retos que, como ha señalado el propio Presidente de la República y que todos de alguna u otra forma hemos vivido, han sembrado los cimientos en nuestra estructura social.

Por ello, considero que nuestro análisis debe consistir en una reflexión equilibrada y serena, de fondo, que ubique por encima de todo el interés nacional y nos permita, como resultado de estas deliberaciones y de otras que habremos de realizar en el futuro, aportar elementos para la solución de los problemas que como nación tenemos aún por delante.

Se han hecho aquí por diversos diputados de la oposición una serie de cuestionamientos de crítica que, a mi juicio, siendo respetables por la respetabilidad de quienes las emiten no reflejan cabalmente la realidad que hemos vivido en los pasados años.

Los argumentos y críticas aquí expresados en contra de la política económica, se pueden agrupar en dos rubros. Por una parte, los referidos a los aspectos conceptuales y estratégicos; y por la otra, los correspondientes a los resultados que se reflejan en diversos indicadores. Las primeras, las críticas hechas a la concepción y estrategia de política económica, señalan en la acusación infundada de que se trata de una política económica subordinada al interés extranjero, que comprometió, incluso vendió, se ha dicho, la soberanía nacional y no respondió al interés de nuestra sociedad.

El segundo grupo de críticas, se sintetiza en la observación de que la política económica ha empobrecido a la gran mayoría de los mexicanos, esta crítica señala un hecho incontrovertible el deterioro de los niveles de bienestar de las mayorías de México, pero considera que dicho deterioro ha sido buscado o al menos tolerado, por la estrategia económica asumida por el gobierno de la República.

Para quienes sostienen esta posición no hubo crisis económica alguna o si la hubo ésta fue consecuencia exclusiva de la conducción económica del Estado, que deliberadamente la ha traducido en deterioro de los niveles de vida de la población.

Para analizar la política económica en su concepción y estrategia, así como en sus resultados, se requiere ubicar correctamente la situación en que se encontraba la economía nacional a principio de esta administración, considerando no sólo las manifestaciones evidentes de los problemas, sino los factores internos y externos que se conjugaban en sus raíces y que configuraban el ambiente de crisis económica en que se inició la presente administración.

Asimismo, para el análisis de la política económica en cuanto a sus resultados, es necesario responder al cuestionamiento de si el esfuerzo nacional realizado, el costo social que se ha tenido que pagar ha tenido sentido y, de ser así, en qué consiste este sentido.

Las manifestaciones de la crisis, a fines de 1982, son de todos conocidas: inflación descontrolada, una deuda asfixiante y carencia de recursos para hacerle frente, desequilibrio sin precedente en las

finanzas públicas, severos desajustes en nuestro comercio externo, inestabilidad cambiaria y, sobre todo, desconfianza y temor entre los sectores productivos.

Más allá de la gravedad de estos síntomas, dada su magnitud sin precedente y su recurrencia cada vez con mayor amplitud y severidad, era evidente que la crisis no era producto de factores transitorios o aislados, sino que reflejaba profundos desajustes de la economía nacional, mismos que se magnificaron con la concurrencia de un proceso profundo de cambio en el mundo.

Esta conjunción de factores, internos y externos plantearon la impostergable necesidad de dar solución a los ajustes internos, entender cabalmente las tendencias de cambio en el ámbito internacional y en este contexto, fortalecer nuestra posición y capacidad de participar en una forma más equitativa en la división internacional del trabajo y en la generación de la riqueza internacional, apoyándonos siempre en lo mucho que como nación habíamos alcanzado.

Era claro que la crisis de inicios de la presente década no era exclusiva de nuestro país, la economía internacional empezaba entonces a mostrar las consecuencias de un profundo reacomodo de fuerzas y se presentaban nuevas tendencias en los órdenes político, financiero y tecnológico, tendencias que estaban configurando un mínimo económico radicalmente diferente al de décadas anteriores.

La manifestación más conspicua de este cambio era el aumento sustancial de las transacciones internacionales propiciada fundamentalmente por el achicamiento del mundo, con la ventaja que nos otorga el análisis retrospectivo, podemos observar que existen patrones y tendencias con suficiente definición que permiten explicar la razón y el porvenir de las estructuras económicas. Así, un patrón firme y constante ha sido el aumento persistentemente creciente de la interconexión no sólo entre individuos y naciones sino entre grupos, instituciones y empresas.

Una tendencia directamente relacionada con el patrón anterior, es la multiplicidad de los asuntos que subyacen en las relaciones individuales e institucionales. El mundo exterior nos enseña este análisis; no puede ser enfrentado como un ente monolítico; para empezar, la enorme interconexión determina gran parte de nuestro devenir económico.

Los países que han intentado sustraerse del medio ambiente externo en forma total, han sucumbido ante la inercia del cambio en las relaciones económicas internacionales.

En consecuencia, la defensa de la soberanía, ante estas nuevas condiciones que se dan en el mundo, requería de algo más que la sola voluntad. El voluntarismo que pretende llevarle la contraria a las condiciones objetivas a fuerzas poderosas, ajenas a nuestro ámbito de decisión, termina por ser derrotado por ellas.

Había que tener voluntad política, pero había que entender dichas fuerzas, comprender los fenómenos de alcance mundial que se vivían, a fin de aprovechar las nuevas condiciones y las nuevas oportunidades, y, para lograrlo, era imprescindible tener también una idea clara de nuestras fortalezas y debilidades y, sobre todo, reordenar la marcha interna de la economía del país porque sólo así sería posible retomar el desarrollo y aprovechar las oportunidades que el cambio ofrece a nuestro país.

En este contexto, la política económica adoptada por el gobierno de Miguel de la Madrid, se inspiró en los propósitos de salvaguardar la soberanía y la independencia de la nación y conservar el régimen de libertades y derechos de que disfrutamos; pero buscando, desde el inició, encarar los problemas y adoptar las medidas que requiere su solución de fondo sin evadirlas o pretender diferirlas.

La estrategia que se adopta es integral y se anuncia desde los primeros meses del gobierno. Dentro de esta estrategia, se configuran medidas en dos frentes: reordenar la economía para atender las manifestaciones e iniciar cambios de fondo para evitar la recurrencia de la crisis.

De esta política, dos son los aspectos que han merecido mayor crítica. El primero, es el manejo que se dio a la deuda externa y el segundo, las líneas de acción adoptadas en materia de finanzas públicas, en particular, las relativas al manejo de la empresa pública.

En las condiciones en que se vivía en 1982, era de especial importancia la estrategia en materia de deuda. La estrategia que se adoptó evitó la confrontación; las consecuencias desfavorables de avanzar hacia la moratoria unilateral hubiesen sido especialmente graves para un país con una economía profundamente debilitada. La decisión fue de negociar, pero hacerlo con responsabilidad para con el país, hacerlo con dignidad y con firmeza.

La política se orientó a reducir el peso de la deuda, que como siempre se ha reconocido constituye un freno para el desarrollo, negociando con firmeza y enfrentando a la vez las causas internas que le dieron origen.

Seis años después podemos apreciar la sensatez de esta decisión: la negociación ha permitido proceder a una transformación de la estructura de nuestra economía y contar con bases cada vez más sólidas en la búsqueda del saneamiento económico realizado por todos los sectores.

Se han creado ya las condiciones materiales y de legitimidad para que el próximo gobierno pueda plantear nuevas soluciones a este problema, que a la vez que signifiquen reducciones sustantivas de esta carga, no conlleven una confrontación estéril que sólo dañaría los intereses de la nación.

El pronunciamiento que el presidente electo de México, licenciado Carlos Salinas de Gortari, ha hecho al respecto, en el sentido de que si no crecemos por causa del peso de la deuda no pagamos, es totalmente claro y constituirá seguramente, es totalmente claro y constituirá seguramente uno de los compromisos centrales de su programa de gobierno.

Pero seamos justos, podemos plantear esta solución con responsabilidad, sin que esto signifique lanzar al país a una aventura sin salida, es factible ahora gracias a la actitud firme, decidida y responsable con que el presidente Miguel de la Madrid abordó este problema, y gracias al gran esfuerzo de renovación económica que durante su gestión y guía ha realizado el pueblo de México. (Aplausos.)

El otro aspecto que resulta polémico es el relativo a las finanzas públicas, el saneamiento de las finanzas públicas y en particular la empresa pública. Se dice que la política adoptada para el redimensionamiento de la empresa pública ha sido contraria a los principios revolucionarios y a los intereses de la mayoría de la población; se ha llegado a señalar incluso que se trata de una política impuesta desde el exterior.

A ello hay que responder que la fortaleza del Estado mexicano y su capacidad para compromisos que constituyen el problema de la Revolución, no dependen de la amplitud del aparato y del número de entidades que lo integran, depende de la capacidad rectora que el Estado tenga sobre el conjunto de la economía y de las posibilidades reales de concentrar los recursos disponibles en toda la sociedad, sobre lo que es realmente prioritario.

Haberse empecinado en mantener el conjunto total de las empresas y entidades del sector público, hubiera conducido paradójicamente a desatender a todas por igual, desmantelando entonces sí, una de las bases materiales en que descansa la capacidad de rectoría económica y demeritando el nivel y calidad con que satisfacen las demandas sociales básicas de la gran mayoría de la población.

No enfrentar la problemática de la empresa pública, equivale a confundir los instrumentos con los fines. El sentido de la empresa pública se encuentra originalmente en las responsabilidades sociales y el papel que el constituyente asigna al Estado revolucionario, para poder cumplir los fines del proyecto nacional que surge del movimiento de 1910. En este contexto, debemos tener claro aquellas responsabilidades o ámbitos de acción que el constituyente declara que deban ser manejados exclusivamente por el Estado como garante de los intereses de la nación, y aquellos donde su participación es necesaria para subsanar deficiencias de la participación de otros sectores o fallas de la economía.

En el primer caso, la política seguida se ha orientado a sanear estas empresas para que cumplan con eficiencia su responsabilidad constitucional, ello obedece a un elemental principio de justicia. Ninguna actividad del Estado debe usar más recursos de la sociedad, que el valor social del producto que esas actividades proporcionan a la propia sociedad.

En el segundo caso, la política se ha orientado a revisar la participación del Estado para evitar dispersión, retirar la presencia pública de áreas que a la luz de la necesidades y prioridades actuales del desarrollo, no se justifican y poder así impulsar su presencia bajo las modalidades de participación que consagra la propia Constitución en las actividades que ahora son prioritarias.

En el fondo, lo que se reconoce es que en el proceso de desarrollo, las prioridades se modifican conforme se transforma la realidad social. En este mismo campo ha sido muy cuestionada la austeridad que la crisis ha impuesto en el manejo de las finanzas públicas.

Al respecto, debe señalarse que la menor disponibilidad de recursos reales, así como la necesidad impostergable de sanear las finanzas públicas, cuyo objetivo final es recuperar la capacidad de inversión pública, se ha enfrentado actuando tanto en el lado de los ingresos como en el del gasto, y en ambos casos con sentido social.

Como habremos de tener oportunidad de analizar cuando se discutan los aspectos de política social, mucho se ha logrado en estas áreas de responsabilidad del Estado. Con menos se ha logrado hacer más.

Paso ahora a examinar las cuestiones asociadas a los resultados de la estrategia y en particular a los señalamientos del alto costo social que se ha impuesto.

En efecto, el costo social ha sido alto y ha afectado a la mayoría de los mexicanos; ello nunca se ha negado ni se pretende soslayar, pero considero erróneo juzgar una política por un costo que no es producto deliberado de sus acciones, sino que está asociado a la necesidad de readecuar nuestras estructuras económicas, nuestro sistema económico, para que éste esté en posibilidades de brindar crecimiento económico sostenido con estabilidad de precios, de generar empleos con la calidad y en los números requeridos, de distribuir con justicia los frutos de desarrollo; de auspiciar el uso equilibrado del territorio nacional, y todo esto en un contexto internacional, de mayor interrelación, competitividad e inestabilidad.

A mi juicio, considero entonces que el debate en este punto debe darse en torno a la pregunta de si el costo social pudo haberse evitado y sobre todo si éste ha tenido sentido.

Me parece que afirmar que este costo pudo haberse evitado, que carece de sentido y que todo ha sido producto de un afán inconfesable de pagar la deuda a cualquier precio, revela más un afán electoral que una voluntad de contribuir a la solución de nuestros problemas.

El costo social era inevitable. Es obvio, y aquí ya se señaló por quien me antecedió en el uso de la palabra, que cualquier ajuste económico en un mundo de necesidades ilimitadas y recursos escasos siempre tiene un costo.

Es innegable que dado los desequilibrios que existían, dadas las tendencias de cambio presentes en la economía internacional, no es posible afirmar, con responsabilidad, que no era necesario plantearnos cambios de fondo, que podíamos postergar la adecuación de nuestro sistema económico a las nuevas condiciones. Tomemos por ejemplo el caso de la deuda ya aludido.

Plantear como solución sólo dejar de pagarla me parece irresponsable y sólo refleja la falta de comprensión de nuestra situación interna y de lo que pasa en el mundo. Tal curso de acción no hubiera resuelto el problema ya que la deuda además de ser carga excesiva que frena el desarrollo, es también producto de desajustes internos que tenían que ser corregidos.

Entonces, plantear que se ha sido entreguista, que se ha comprometido la soberanía o que se ha empobrecido al pueblo de México, sólo puede entenderse esto como táctica política, pero no como análisis serio, se requería no sólo buscar la forma de disminuir la carga de la deuda, sino de atender los desajustes que le dieron origen, y eso ha sido lo que la política económica se ha empeñado en hacer.

El sacrificio social que hemos padecido ha tenido un profundo sentido y ha sido siempre en aras de cuidar el interés supremo de la nación y no se ha escatimado esfuerzo por atenuar este costo social inevitable; como lo muestra el compromiso y acciones del gobierno de la República por proteger y conservar la planta productiva y el empleo, por proteger los abastos populares, los salarios y el poder adquisitivo, vía los instrumentos e instituciones con que cuenta el gobierno, como Conasupo, las de seguridad social Fonacot, las instituciones educativas públicas, entre las más destacadas.

Afirmaciones superficiales son aquellas que pretenden hacer creer al pueblo de México, que el sacrificio de nada ha servido y que pudo haberse evitado. La estrategia y el costo que los mexicanos hemos pagado en estos años de crisis tiene por el contrario un sentido claro, se ha fortalecido la independencia y la soberanía de la nación, enfrentando precisamente los problemas que la vulneran; se ha buscado otorgar a México viabilidad económica para enfrentar un nuevo contexto internacional, lo cual supone establecer las condiciones para un crecimiento económico sostenido, perdurable y más justo.

La viabilidad implica asegurar para el país fortaleza en lo interno y en lo externo, en lo interno, combatiendo sin tregua a la inflación donde las últimas cifras nos muestran que estamos cerca de lograr dicho propósito, asegurando la capacidad suficiente de ahorro, saneando las finanzas y asegurando la rehabilitación y complementación de la inversión pública y privada. En lo externo, mejorando la competitividad del aparato productivo y esto es precisamente el sentido del esfuerzo nacional.

El sacrificio de la mayoría nacional no ha sido en balde, hoy tenemos una perspectiva distinta con bases mas sólidas par enfrentar el reto económico actual, volver a crecer y sobre todo a avanzar en la solución del serio problema de la desigualdad.

Tenemos empresas públicas, privadas y sociales más sanas: empresarios, obreros y campesinos con mentalidad de cambio y más capaces de producir y enfrentar la competencia; finanzas públicas y privadas sustancialmente saneadas; una mejor posición externa para enfrentar el reto de la deuda, reitero, por todo esto, y otras más razones; el esfuerzo no ha sido en vano.

El líder y el guía en esta batalla por la nación, batalla que no ha ofrecido tregua ni victoria fácil,

donde el avance no ha sido lineal; pero no ha permitido obtener resultados espectaculares en el corto plazo, ha sido el Presidente de México, Miguel de la Madrid. A su fortaleza y entrega sin límites, a su tenacidad, a la seriedad de su compromiso, y a su profundo amor por México, debemos en gran medida lo que se ha logrado avanzar.

Hoy estamos en mejores posibilidades de salir adelante, gracias al esfuerzo que todos hemos realizado bajo la conducción del Presidente de la República. Muchas gracias. (Aplausos.)

POLÍTICA SOCIAL

El C. Presidente: - Se han inscrito para el tema: política social, los siguientes señores diputados;

Por Acción Nacional, Pedro César Acosta: por el Frente Cardenista, Víctor Avalos; por el Partido Popular Socialista, Armando Ibarra; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Oscar Mauro Ramírez: por la Corriente Democrática, Humberto Urquiza: por el Partido Mexicano Socialista, Carmelo Enríquez; por el Partido Revolucionario Institucional, Roque Villanueva: por Acción Nacional, Luis María Calderón; por el Frente, Jorge Gómez Villarreal; por el Partido Popular Socialista, Luis Jacobo García; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Hiram Rivera; por la Corriente Democrática, Miguel Aroche Parra; Por el Partido Mexicano Socialista, Ciro Mayén; por el Partido Revolucionario Institucional, Emilio Ramírez Guerrero.

Tiene la palabra el diputado Pedro César Acosta.

El C. Pedro César Acosta Palomino: - Señor presidente; honorable Cámara: Este ha sido el sexenio de la crisis en sus diversas manifestaciones: económica; social y política; crisis también de confianza porque la comunidad ya no puede ser engañada, sabe sufrir los efectos de la crisis, dónde están sus causas, dónde sus efectos y dónde el camino para salir de ella.

Así lo demostró durante las elecciones pasadas, cuando a despecho del fraude optó por el cambio, al verificar cómo el gobierno forma parte del problema y no de la solución.

Protección al empleo y al salario; Las medidas tomadas para mitigar la crisis económica que flagela al país, atiende tan sólo a sus efectos no a sus causas.

El Pacto de Solidaridad Económica, instrumentado con mentalidad de emergencia y prendido con alfileres, es en rigor un plan de choques disfrazado, una bomba de tiempo o una burbuja, como indistintamente se le ha calificado, Bomba o burbuja, ambas, por su finalidad, están destinadas a estallar, y triste consuelo viene a ser que el esfuerzo oficial se encauce no a evitar el estallido sino tan sólo a postergarlo.

La escueta realidad nos demuestra que estamos en recesión con desabasto y sin créditos para el desarrollo; el poder adquisitivo del salario se ha reducido durante el sexenio casi al 50%, no obstante sus nominales incrementos, dígalo si no la reconocida insuficiencia de la canasta básica.

En cuanto al desempleo que ya afecta al 30% de la población económicamente activa, resulta irónico que el informe se ufane de la creación de un millón de empleos, cifra inequívocamente baja que debe ser motivo de alarma y no celebración.

Los insuficientes subsidios alimentarios a la población de bajos ingresos, han sido instrumentados no para aliviar cargas sino para traficar con la miseria y la pobreza, capitalizándolas políticamente en favor del partido oficial.

Desarrollo Urbano: El informe no hace sino confirmar, en este rubro, cómo los mejores planes fracasan por falta de voluntad política para aplicarlos. Así en la anarquía del crecimiento desarticulado de las ciudades, los planos reguladores son tan sólo referencias demagógica y el caos se revierte en detrimento de importantes obras de desarrollo agropecuario.

Vivienda: Cada vez que el gobierno quiere disimular un fracaso, inventa una ley; como si los problemas se resolvieran por decreto. La Ley Federal de Vivienda pretende ahora reducir los efectos, no las causas, de la indexación de pagos y la falta de incentivo en orden a una inversión que a largo plazo absorba el rezago y haga factible la posibilidad de vivienda digna para todos los mexicanos.

Comunicaciones y Transportes: Resulta significativo en este aspecto comprobar que la repetición de expresiones cargadas de tecnicismos pretende ocultar la gravedad de los problemas.

Decir, por ejemplo, que se propició el uso y aprovechamiento más racional de la capacidad instalada de alguna obra o que en relación con otra se atendieron tramos con problemas críticos de saturación, nada informa sobre la profundidad y el alcance de tales obras, como lo demuestra la verificación de lo extremadamente pobre que son las cifras de construcción.

Por otra parte, es evidente que en lo relativo a telefonía, el retiro de apoyo para mantenimiento y ampliación de centrales hace previsible una crisis grave. Es también evidente que en una proporción del 40% no funcionan adecuadamente los servicios telefónicos comercial y doméstico, y que en lo que toca a las casetas públicas si acaso funcionan el 20% de ellas.

En cuanto a líneas aéreas nacionales, sobra cualquier comentario, después de la escandalosa quiebra de Aeroméxico, para no abundar en las pésimas condiciones de organización y servicio en que operan otras líneas.

Educación: Base de la cultura, del progreso, de la democracia y de la libertad; la educación debe dar al ser humano posibilidades reales de desarrollo en sus dos vertientes: individual y social.

La sola instrucción escolar, desligada de los demás aspectos culturales y éticos de la vida nacional, cercana en el educando sus posibilidades de realización integral. De ahí la necesidad de una pluralidad de textos gratuitos, que permitan el adecuado estímulo a la educación como tal y el aprovechamiento integral de los educandos.

Por lo demás, el contenido del informe sirve par ratificar que se mantiene un índice de deserción del 40% a nivel nacional en la instrucción primaria, pero hay estados en donde el porcentaje es mayor: Chiapas, 72%; Guerrero 60%; Oaxaca 60%; Yucatán 60%; etcétera. Y en el nivel de secundaria, la satisfacción de la demanda bajó en el sexenio de 86.2% a 83%. En el bachillerato la reducción fue de 66% en 1982 a 59.3% en el período 1987 - 1988.

En educación media superior, quedó manifiesta la incapacidad del sistema educativo para absorber la demanda. Al inicio del sexenio el porcentaje era de 19.8%, al final 18.2%. ¿Qué planes hay de realización en el mundo del trabajo, de opciones laterales de capacitación e incluso de prevención de delincuencia para el 81.8% restantes de jóvenes que no tienen acceso a oportunidades de superación personal?

En el mismo sentido, dentro del renglón de educación especial, alrededor de 30% de los escolares presenta algún problema que merece atención y que sólo se ha brindado al 14% de la demanda; 216 mil 600 niños en todo el país. De los centros de integración social, cabe señalar que de 31 que había en 1982, se aumentó a 32 en 1987.

En cuanto a alfabetización la población analfabeta de 15 años o más llegó a 3 millones 53 mil 799 personas, sin incluir el analfabetismo funcional.

Durante el sexenio, la descentralización del sistema educativo fue limitado sólo a una fase operativa; lo demás calendarios, horarios, programas, orientación, etcétera, sigue obedeciendo a un sistema centralista.

A nivel de licenciatura en la escuela normal, persiste la contradicción; se pretende que los maestros eduquen para la libertad y la democracia, pero se les somete a un manipulador sindicalismo político que los degrada unciéndolos individual y colectivamente al partido oficial.

Con los propios datos del informe, se demuestra que la educación en México dista mucho de lograr el objetivo de solidaridad y elevación humana que una sociedad democrática debe exigir.

Desarrollo rural integral: No se han cambiado las bases ni hay indicio alguno de que se haya pensado cambiar las estructuras materiales propias de cada forma de tenencia de la tierra. Existe un acentuado y creciente minifundismo tan nocivo como el latifundismo, porque propicia en la mayor parte de los casos la degeneración del recurso, impide la explotación racional del mismo, sustrae grandes extensiones a la explotación económicamente costeable, a más de que no proporciona ingresos suficientes a los titulares de la parcela o del predio particular.

No existe una reclasificación de la tierra que permita su explotación, de acuerdo con su naturaleza y capacidad productiva, a pesar del esfuerzo realizado para levantar el catastro rural.

No se han modificado sustancialmente las estructuras sociales y económicas, como consecuencia del continuismo estructural, para pensar en un desarrollo rural integral.

El crecimiento del sector agrícola, a razón del 1.5% durante esta administración, fue menor al crecimiento de la población; hecho que acusa un rezago en el cumplimiento de las metas de autosuficiencia alimentaria.

No parece que sean ampliadas durante el sexenio las fronteras de la superficie cultivada, la cual ha sido en las últimas décadas de alrededor de 16 millones de hectáreas. Es encomiable que sea aumentada la asistencia técnica y la oferta de crédito al sector rural, empero han de señalar las limitaciones cualitativas y cuantitativas, respecto a la asistencia técnica y cuantitativas; respecto a la asistencia técnica y las cuantitativas en relación al crédito.

Ha de señalarse asimismo, que tales incrementos se refieren exclusivamente a la asistencia técnica y oferta de crédito gubernamentales, sin que se

haya desarrollado en forma similar la capacidad del sector rural, par atender por sí mismo los requerimientos de asistencia técnica y de crédito.

También es encomiable la evolución de la balanza comercial agropecuaria y forestal, si el superávit no se debe en rigor a la promoción de exportaciones que haya podido causar un desabasto y encarecimiento de productos de esa naturaleza en el mercado interno o a la baja de éste por un acentuado subconsumo.

A propósito de la política de irrigación, debe señalarse como positivo cualquier esfuerzo por aumentar la superficie de tierra bajo riego; la mejoría de tierras de cultivo o pastoreo y la reforestación.

Sin embargo hemos de señalar como en el caso de la asistencia técnica y el crédito para el campo, la estatización de las acciones encaminadas a mejorar la calidad de las tierras, la falta de participación de los particulares, ejidos y comunidades en estas obras y la continuidad de los programas de fomento a las obras de pequeña y mediana irrigación, cuyas posibilidades reales se multiplicarían simplemente si hubiera seguridad jurídica y se contara con la cooperación de todos los sectores interesados.

En este caso como otros capítulos importantes de la vida nacional, el gobierno ha asumido el papel de actor principal en la realización de las obras, en lugar de ser promotor y guía de las acciones particulares y obras, como agente multiplicador de los recursos presupuestales, no como director del capitalismo de Estado, que por más recursos económicos que acumule, siempre serán insuficientes par satisfacer las necesidades de inversión del país.

No se ha cumplido con el objetivo fundamental de la Reforma Agraria de hacer justicia a los hombres del campo, pequeños propietarios, ejidatarios, colonos y comuneros, en primer término, porque no se ha acatado el mandato constitucional de fomentar la avicultura con base en la pequeña propiedad inafectable, sino que se ha seguido una política hostil a ésta y los últimos repartos de tierra, incluso el de los 5 millones de hectáreas correspondientes a este sexenio, se han hecho generalmente a costa de pequeñas propiedades inafectables sujetas a procedimientos amañados para poder ser afectadas.

En segundo término porque sólo un 20% aproximadamente de los campesinos que han recibido tierras recibe ingresos suficientes provenientes del cultivo de sus parcelas y el 80% restante, forma parte de los estratos de infrasubsistencia y su familia que recibe ingresos muy inferiores a los indispensables para mantener una familia.

Y en tercer lugar, porque la Reforma Agraria se tardó tanto en repartir la tierra afectable, y la que no era, que al final hay más de tres millones de campesinos que no han participado en el reparto agrario ni podrán participar porque ya no hay tierras que repartir, mismos que se ganan la vida, por decirlo de algún modo, como jornaleros que reciben salarios de hambre, emigran a las ciudades en busca de trabajo o tratan de trabajar en el extranjero. Esta no es justicia social ni nada que se le parezca para los hombres del campo.

Acción Nacional ha propuesto y ahora reitera la necesidad de realizar un estudio, a fondo, de todos y cada uno de los ejidos y las comunidades para conocer su verdadera situación actual, sus necesidades y sus posibilidades de elevación humana y desarrollo económico.

La reestructuración de esos ejidos y comunidades comprende obviamente, la determinación del número de personas o familias que pueden vivir con suficiencia de la explotación racional de sus recursos, las formas de realizar esa explotación, la reclasificación de sus tierras y las actividades económicas distintas a las agropecuarias o forestales que se pueden desarrollar.

La erradicación del latifundismo y minifundismo, el respeto a la auténtica pequeña propiedad, la restauración de los recursos naturales sustraídos a su explotación económica, por su degradación o por el costo de su explotación En fin, la reestructuración, a fondo del agro mexicano.

Salud, Asistencia y Seguridad social: Se habla de la consolidación del sistema nacional de salud, pero la dispersión de recursos en el área de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, Desarrollo Integral de la Familia y numerosos institutos multiplican funciones y gastos, generan dificultades para la homologación salarial y se traduce en muchos servicios con bajo grado de eficiencia.

El aumento de derechohabientes en el Instituto del Seguro Social e Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado no es sustancialmente por creación de fuentes de empleo, sino por su extensión a estudiantes de educación media y superior.

El informe reconoce que siete de cada cien mexicanos no tienen acceso a ningún tipo de servicio de salud: cifra que puede ser superior al 15% si tomamos en cuenta las comunidades indígenas marginadas y los cinturones de miseria de los grandes centros urbanos.

Más del 40% tienen servicios deficientes, especialmente en comunidades rurales aisladas, sin excluir a los grandes centros hospitalarios, como el del Hospital General de la Secretaría de Salubridad y Asistencia o el hospital 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado en el Distrito Federal, donde las fachadas se renuevan con frecuencia, al mismo tiempo que el equipo médico y científico se deteriora inexorablemente por el nulo o deficiente mantenimiento y los bajísimos salarios del personal especializado.

El sistema no ha podido hacer efectiva la justicia social y la sustituye con anticoncepción generalizada bajo la tesis oculta, pero innegable, de que al no poder dar servicio y atención a los mexicanos, la solución del problema es que haya menos mexicanos.

El incremento de la esperanza de vida es atribuible a los nuevos descubrimientos científicos en el campo de la prevención y curación de padecimientos, antes mortales, y no a las condiciones de vida de hoy que son de deterioro salarial que imposibilita una buena nutrición en la mayoría de los mexicanos.

La contaminación y el deterioro ecológico hacen lo suyo; pero no menos grave es la contaminación moral y la pérdida de valores que lleva al mexicano al alcoholismo, la drogadicción, el pandillerismo y la violencia social que enferma a nuestra sociedad.

EL SIDA, mal de nuestro siglo, afecta ya a miles de compatriotas y amenaza extenderse si las campañas de propaganda no atienden a las causas y sólo se ocupan de los efectos inmediatos.

Finalmente, cabe mencionar la conveniencia de simplificar la regularización sanitaria al pequeño y mediano comercio y a la industria, especialmente si no hay contaminación o deterioro ecológico de por medio.

Ecología: La ecología es tema de gran importancia y de grave y capital responsabilidad para las naciones del mundo y de México en particular.

Nuestros actos en contra del equilibrio ecológico trascienden barreras y fronteras de las naciones, México se enfrenta a un gran reto de corregir la preocupante degradación y destrucción de su medio ambiente.

Estamos de acuerdo en que el problema no es de fácil solución por lo complejo de nuestra geografía, asentamientos humanos, idiosincrasia, modelos de desarrollo y principalmente el grado de educación de nuestro pueblo.

La Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, así como las cien acciones identificadas como prioritarias, son en sí un gran paso para corregir nuestro cauce ecológico nacional, pero es de vital importancia aplicar de inmediato los instrumentos de obligatoriedad a la acción del gobierno y la sociedad.

Las áreas naturales como la de Shiankan en Quintana Roo, tiene que incrementarse sin desatender a su cuidado y conservación Incrementar el patrimonio ecológico es asegurar el bienestar de generaciones futuras.

El paso dado para el saneamiento del Río Nuevo de Mexicali, considerado como el más contaminado del mundo, es un paso que sólo resuelve parcialmente el problema de contaminación, pero deja a un lado la posibilidad de rehusar de sus aguas. Hoy en día este río que fluye de sur a norte y que descarga su corriente en el Lago Saltón del Valle Imperial del estado de California en Estados Unidos, y cuyas aguas son utilizadas para la escasa pesca deportiva y turística, debe ser útil también para la nación a través de programas a corto y mediano plazo en la Laguna Salada del Valle de Mexicali.

El Presidente De la Madrid omitió en el capítulo sobre ecología el proyecto Laguna Verde en Veracruz, proyecto nuclear eléctrico que tiene ya un peligro atraso tecnológico de casi 20 años, pues los reactores económicos que se instalaron ya son obsoletos y fuera de uso en otros países. Cualquier error de instalación será fatal para todo la zona del Golfo de México y las naciones vecinas; nada de Laguna Verde se dijo en el informe.

En México estamos a punto de perder el control sobre nuestra naturaleza, por lo que urge, como tarea prioritaria de todos, a prender a relacionarnos adecuadamente con ella y preservarla.

La crisis social en que México se debate exige de todos pero en especial del gobierno, un real y comprobado esfuerzo de solidaridad. De otra manera, el caos y la anarquía podrían constituir una indeseable posibilidad que todos estamos obligados a evitar. En esta coyuntura dramática, a la inversa del gobierno, Acción Nacional quiere y busca ser parte de la solución, no del problema.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Víctor Ávalos.

El C. Víctor Manuel Ávalos Limón: - Con su permiso, señor presidente; señores diputados: Cuánto lamento no coincidir con la utópica descripción de país que se ha hecho en la mayoría de los apartados del informe presidencial.

Pareciera que el señor Presidente no se refería a este país, sino a un país en el cual ya no existieran los grande problemas de salud, desempleo, educación, nutrición, y de salarios de hambre que han hundido en la desesperación a las mayorías de este país.

Todos sabemos en nuestras conciencias el estado que guarda este país, las penurias que está pasando la gente que se ha venido movilizando en estos últimos meses y que en este 6 de julio expresó de manera pacífica con sus votos destinados a la urgencia de un cambio, de un cambio al orden de cosas imperantes ocasionados por un verdadero fracaso de un sistema político - social supeditado a los designios de los usureros internacionales cuya expoliación que hacen de nosotros, no sólo no nos ha permitido crecer, sino ni tan siquiera detener el deterioro de las condiciones de vida de la gran mayoría de nuestro pueblo.

O alguien aquí diga que las condiciones impuestas al gobierno priísta por el Fondo Monetario Internacional, no ha hecho que los gastos en el sector social se hayan disminuido criminalmente, sabiendo que esto quiere decir deterioro de los niveles de salud, educación, trabajo, vivienda y demás prestaciones.

No, compañeros, este deterioro progresivo de los niveles de vida de nuestro pueblo, es lo que nos tiene en pie de lucha, lo ha despertado, lo ha despertado políticamente porque ha visto cómo este sistema ha continuado privilegiando la concentración de la riqueza de esas 300 familias a que el señor Legorreta ha hecho mención.

Este pueblo ha visto que las medidas del gobierno no resuelven en favor de los necesitados, sino al contrario, se lleva a la miseria a los mexicanos que con su trabajo producen la riqueza. Y si esto pasa con los que trabajan, ¿qué estará pasando con esos millones de mexicanos subempleados y desempleados?

El hablar de esto es estar hablando de mujeres y niños que sienten dolor, frustración y tristeza, igual que lo pueden sentir las esposas y los hijos de todos los diputados que están aquí presentes.

Por ello, señores, por ello es necesario afrontar las cosas con la verdad y sin ocultamiento. No acrecienten, señores del gobierno, su responsabilidad histórica, porque recuerden que los pueblos y la historia no perdonan.

Podemos hablar de la política social. El propio informe presidencial confiesa que la política económica de Miguel de la Madrid ha buscado mitigar los efectos de la crisis, y en realidad veamos lo que ha pasado con el empleo y los salarios.

De todos es sabido que durante este gobierno no creció la producción nacional bruta; cayó el ingreso per capita y 400 mil trabajadores perdieron sus plazas, aparte de que no pudieron ingresar al empleo formal millones de personas. El personal ocupado bajó de 19 millones a principios de este sexenio.

Con la educación, al pueblo no se le debe ocultar cómo ha venido creciendo e imponiéndonos el desarrollo de la educación superior privada. En 1980 la matrícula fue de 80 mil 109 y en 1986 lo fue ya de 154 mil 866. Esto nos habla de las oportunidades decrecientes que tiene el pueblo al acceso a la educación superior.

¿Qué es lo que está pasando con la educación de este pueblo? Según el propio informe aún en el analfabetismo es de 6.1% y ¿alguien aquí puede pasar la vergüenza que después de 70 años de Revolución, el promedio de educación de nuestro pueblo es de cuarto año de primaria?; pero lo importante que se observa es que a medida que la iniciativa privada crece en poder, crecen las universidades privadas, mientras vemos enflaquecer a la pública y esto quiere decir, atención señores de Partido Revolucionario Institucional, atención señores gobierno, a medida que esto venga creciendo, la iniciativa privada controlará ideológicamente la formación de élites dirigentes no sólo económicas sino políticas, que reemplazarán a las de las universidades públicas y esto, señores, es una auténtica traición al pueblo de México, es una auténtica traición a la Revolución Mexicana en alimentación y en nutrición.

Señores diputados, ninguno de nosotros ni aun los diputados de la fracción priísta debamos inmoralmente quedarnos ciegos, sordos y mudos ante lo que está pasando en este rubro; es fácil pensar qué comen nuestras familias mexicanas que tienen el salario de 10 mil pesos al día, ¿qué alimentación ha estado sosteniendo en pie a las mayorías de nuestro pueblo?; señores, desde hace años la mayoría de este país ha dejado de ingerir proteínas de la carne, de la leche y del huevo, tan necesarias para el desarrollo y funcionamiento normal del organismo, y esto ha generado, está generando seres humanos imposibilitados por este hecho a llevar una vida normal.

Estamos hablando, señores, de niños que están formando verdaderas generaciones de mexicanos, limitados en sus funciones intelectuales, espirituales y de rendimiento físico, y esto, esto, señores, también es criminal, esto no lo podemos seguir permitiendo; de nada sirven los tortibonos y los lechibonos, es necesario el cambio de estructura y reparto equitativo de la riqueza.

¿Y qué pasa en la salud y en la seguridad social señores diputados, qué pasa en el sector salud? Llana y sencillamente que no se ha cumplido con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dicta el derecho de la protección a la salud para todos los mexicanos.

El gobierno continúa imitando el modelo médico irracional, imitado tercermundistamente al de los países imperialistas sobre todo de Estados Unidos. Y digo que es irracional porque nuestras necesidades de salud y nuestra situación económica, no permite el funcionamiento adecuado de tal modelo de atención.

Se continúa privilegiando la atención curativa de grandes hospitales tecnológicamente sofisticados que absorben el 80% del presupuesto de la salud y esto tiene en grave crisis a los hospitales y clínicas de segundo y tercer nivel.

Ojalá y quede aquí una comisión pluripartidista; se formara para que se comprobaran las graves carencias con que se trabaja en los centros médicos de alta especialidad para que así nos condoliéramos un poco de las fallas inhumanas que repercuten en la vida de nuestros enfermos.

Desde que yo me formaba como médico, supe que la mejor atención médica era evitar las enfermedades y vean ustedes la incongruencia: a la medicina preventiva se le ha destinado o se le destina, alrededor del 3% de los recursos en salud, en comparación con el 80% a los métodos curativos.

No se ha querido entender que el problema de la salud no es algo individual, sino que principalmente es un problema social y secundariamente biológico. No se ha querido entender que la salud está directamente ligada a la estructura económica y a problemas concretos como el pago de la deuda que hace, ustedes lo saben, disminuir criminalmente los presupuestos al sector social, entre ellos el de la salud.

Se continúa otorgando en nuestro modelo médico, atención diferencial en el aspecto cualitativo; atención de menor calidad a las grandes mayorías y marginados que difícilmente tienen atención al segundo y al tercer nivel.

El aumento en la cobertura de servicios de que tanto se alardea, sin ser del tamaño a que se ha referido el informe, se está sustentando en la explotación progresiva de los trabajadores de la salud, lo cual aunado a la carencia de recursos ha hecho disminuir gravemente la calidad de la atención misma.

Los programas de atención primaria y de fomento a la salud, implementados por el gobierno, en realidad hacen que los marginados y explotados paguen el costo de su atención a través del autocuidado y la participación limitada y manipulada.

Esas cifras del informe de que el Desarrollo Integral de la Familia atiende a 26 millones de mexicanos es un engaño monumental, en las zonas rurales no existe ninguna infraestructura que garantice la atención a que se refieren. Se dan casos en que los directores del organismos del Desarrollo Integral de la Familia son las señoras esposas de los presidentes municipales, y ellas afilian por su cuenta pero en las cifras a todos, a todos los habitantes de esos municipios. Por eso vemos infladas las cifras de cobertura del Desarrollo Integral de la Familia. Ojalá y el señor Presidente pudiera comprobar esto.

Señor Presidente, señores del Partido Revolucionario Institucional, la cobertura real que les han dado son falsas, esto no llega a los 60 millones de mexicanos y estamos incluyendo aquí la atención privada. Se debería de haber dicho como la Organización Mundial de la Salud recomienda para el Tercer Mundo una cama por cada 1 mil 250 habitantes y nosotros tenemos una cama por cada 3 mil habitantes y por debajo estamos aún de Costa Rica y Honduras.

Y vean qué incongruencia tan grave, tenemos más de 60 mil médicos desempleados y en pocos días 50 mil jóvenes médicos estarán compitiendo por sólo 3 mil plazas para una carrera hospitalaria.

Es desorientador decir que la esperanza de vida de los mexicanos ya se ha elevado a 69 años, se debe decir, ¿cuál clase social alcanza esa edad? Esa edad no la alcanzan nuestras clases sociales empobrecidas y marginadas, y ellas son la mayoría de nuestro país. Así podría ir cuestionando todo y cada uno de lo que se ha dicho en el informe presidencial.

Sólo resta decir que si de veras se quiere cumplir con el artículo 4o. de la Constitución mexicana, primero debemos de tener en cuenta, como premisa fundamental, que dar salud no depende de curar, sino depende del reparto de la riqueza y del modo de producción a que se somete el pueblo. Y es ahí, en la estructura económica, social, en donde se tiene que buscar el modelo de atención, más adecuado a nuestras necesidades y teniendo esto como base debemos exigir, señoras diputadas, y señores diputados, porque en el transcurso de estos tres años, si es que alcanzamos a durar, no dejaremos de insistir en ello:

1o. Recurso suficiente al sector salud, como lo demanda la Organización Mundial de la Salud a donde pertenecemos. Ella señala que se deben dar recursos del 4.5% del Producto Interno Bruto y nosotros estamos destinando a este rubro 1.7%.

2o. Apertura universal. Cobertura total e igualitaria a todos los mexicanos, para que todos tengan acceso al primero, segundo y tercer nivel. No es posible que solamente los ricos de este país o que los diputados o que los gobernadores tengamos acceso inmediato a los hospitales, cuando millones de gente por la falta de una operación sencilla mueren en el abandono en las comunidades rurales.

3o. Que la atención primaria y el fomento a la salud de que tanto se vanagloria el gobierno, no se reduzca a acciones con personal poco calificado y de autocuidado familiar, sino que se acompañe de medidas para mejorar la calidad de vida, alimentación, educación, defensa del medio ambiente.

Señores diputados: Una vez más, compañeros del Partido Revolucionario Institucional, no acrecienten la responsabilidad histórica; porque la historia y el pueblo mexicano no perdonan. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Armando Ibarra Garza.

El C. Armando Ibarra Garza: - Señor presidente; honorable asamblea: Hace varios años el pueblo de México, su clase trabajadora, tanto del campo como de la ciudad, cargan con el enorme peso de la crisis económica bastante prolongada, cada vez más aguda y sin perspectiva a corto plazo para salir de ella.

La causa principal de la crisis económica, se localiza en la peligrosa dependencia que tenemos respecto de la economía norteamericana; dependencia que en el sexenio de 1982 - 1988, se ha profundizado por las graves desviaciones cometidas por el gobierno durante ese período, poniendo en serio peligro la independencia nacional y el bienestar de los mexicanos.

Además, las medidas económicas puestas en práctica por el gobierno para superar la crisis, han perjudicado mucho a los trabajadores mexicanos, y en cambio han beneficiado a un número muy reducido de negociantes extranjeros y nacionales que han obtenido fabulosas ganancias, manteniendo el proceso de descapitalización de la economía mexicana.

En el informe rendido por el Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid, el primero de septiembre, señala lo siguiente en el aspecto de política interior, dice:

"El propósito fundamental del actual régimen ha sido que la población participe en los beneficios del desarrollo económico y social", aquí concluye.

¿Pero cuál es la realidad? Millones de mexicanos no tienen ni encuentran trabajo, varios millones de ellos están subempleados y quienes tienen empleo muchas veces no ganan ni el salario mínimo; que, por otra parte, no alcanza para atender las necesidades fundamentales de los trabajadores y de sus familias.

El desempleo, la inflación, la carestía de la vida, la falta de vivienda, el alimento insuficiente y, por lo tanto, la desnutrición, son lacras que golpean rudamente a nuestro pueblo. Por lo tanto, salta a la vista que en este sexenio que está por concluir, no se puede calificar de otra forma, sino como el sexenio de la miseria.

Pero además, en el mismo informe se señala que los resultados son alentadores, aquí cabría preguntarle al ciudadano Presidente de la República, si se dirigió a los empresarios o a los trabajadores, lo cierto es que lejos de avanzar hacia una sociedad igualitaria, como se señaló y fue la promesa durante el sexenio.

Lo real es que se ha acelerado el proceso de concentración de la riqueza en unas pocas manos, la de la gran burguesía especuladora y parasitaria, a costa de llevar a las masas populares a niveles de miseria, verdaderamente indignante; es decir, ahora los ricos son más ricos y los pobres son más pobres; está demostrado, por lo tanto, que el gobierno de Miguel de la Madrid no escogió el camino de la Revolución Mexicana para preservar nuestra independencia y para lograr las condiciones; elevar las condiciones de vida de nuestro pueblo junto con las fuerzas progresistas revolucionarias y antiimperialistas, han demandado la formulación de un plan de desarrollo de nuestra economía con independencia, para impulsar la política nacionalista y antiimperialista surgida de la Revolución Mexicana, para que el Estado intervenga de manera más decidida y completa, como responsable del desarrollo de las fuerzas productivas, asumiendo las funciones de planificación, distribución, control y producción.

Se dice en el informe que la estrategia antiinflacionaria surgida del Pacto de Solidaridad Económica, ha disminuido los costos sociales en costos y en términos de actividades económicas y empleos.

¿A quién se pretende engañar o convencer cuando los resultados están a la vista?; porque lo real, lo

cierto es que la inflación que no tiene precedente en nuestra historia no se ha combatido con energía, de manera oportuna y con métodos de carácter progresista y popular; por el contrario, el peso de la crisis ha descargado todo su peso sobre las espaldas de los trabajadores principalmente.

El índice de ingreso de la clase trabajadora, ha ido descendiendo vertiginosamente durante los últimos seis años; el poder adquisitivo del salario se ha desplomado drásticamente; de 1983 a la fecha; el salario real disminuyó en casi un 60%; la clase obrera vive en condiciones más difíciles que hace seis años por los efectos que ha tenido la crisis y las medidas que el gobierno sigue aplicando dizque para combatirla; se ha reducido en forma alarmante el nivel de vida de los trabajadores, reflejándose esto en menos vivienda, menos alimentos, menos vestido, menos educación y con la reducción drástica también en el mercado interno, esta política económica se ha traducido en menos empleos; pero además, frente a las legítimas demandas de la clase obrera, ha sido común bajo este gobierno, la flagrante violación al derecho de huelga, derecho sagrado de la clase obrera, cuyo respeto y vigencia no está a discusión y, por lo tanto, debe respetarse sin restricción alguna.

Se ha vuelto común también, bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, la aplicación indiscriminada de dos figuras anticonstitucionales, como son, la requisa y la intervención administrativa aplicada al Sindicato Mexicano de Electricistas y al Sindicato de Teléfonos de México. Estas figuras socavan la vigencia del orden constitucional y afectan directamente la lucha de la clase obrera mexicana.

Ningún gobierno que se precie de revolucionario, como se dice el actual, puede cometer dicho atentado contra la clase social que hace posible la vida material y espiritual de nuestra nación, que es la clase obrera.

Frente a esta política antiobrera del actual régimen, el Partido Popular Socialista demanda que se debe aplicar una política precisa para proteger y ampliar los derechos de la clase obrera, tomando medidas que tiendan a elevar constantemente el nivel de vida de los obreros, aplicando urgentemente las siguientes medidas: reformar la Ley Federal de Vías de Comunicación y otras, a efecto de que las figuras, como la requisa y la intervención administrativa, no sean aplicables en caso de huelga, derecho fundamental de la clase obrera y que ninguna ley secundaria puede negarla; implantar la escala móvil de salarios, con el fin de que ésta se ajuste o adecúe automáticamente a los aumentos de los precios, evitando el deterioro del poder de compra.

Reformar la Ley Federal del Trabajo para que se establezca la semana laboral de 40 horas con pago de 56, a efecto de retribuir más justamente a los obreros, permitir que tenga más tiempo libre para mejorar su preparación cultural, escolar y deportiva, y para que las industrias puedan trabajar a toda su capacidad instalada y abatir el desempleo.

En este mismo informe, se habla de la autosuficiencia alimenticia en trigo, en arroz, en azúcar, en huevo y en carne de ave, pero lo que realmente tenemos es insuficiencia alimentaria, provocando un alto índice de desnutrición y mortalidad infantil de nuestro país. Veamos algunos datos.

Mientras que de 1975 a 1982 la mortalidad infantil fue de 60 niños de mil, en 1988 según informes de la UNICEF que es un organismo de la Organización de Naciones Unidas, mueren 73 niños de cada mil, menores de cinco años. En opinión del mismo organismo, en México hay entre 3 y 7 millones de niños menores de cinco años desnutridos, pues se dedica el 54% del gasto público al pago del servicio de la deuda externa, y se continúa con la política de subsidios y transferencias a los grupos oligárquicos nacionales y extranjeros que negocian y lucran con el hambre de nuestro pueblo.

México cuenta con aproximadamente once millones de niños y jóvenes entre 12 y 18 años, que de ellos no menos de un 40 ó 50% viven en condiciones de extrema pobreza, que no consumen las cantidades mínimas necesarias de calorías, de proteínas, de grasas, de carbohidratos, llevando necesariamente a una cadena interminable de desnutrición, de generación en generación. Esto demuestra que en México no hay autosuficiencia alimentaria, tal como lo demuestran las cifras siguientes:

De 1983 a 1988, se han importado cerca de 40 millones de toneladas de granos básicos. Este drama no puede continuar; opulencia por un lado y pobreza por otro; es necesario adoptar medidas de carácter nacional y revolucionario, por eso es de elemental justicia social la nacionalización de la industria alimentaria, y la elaboración de un Plan Nacional de Abasto, Distribución y Comercialización, con base en los organismos estatales y los organismos sociales dedicados a este campo, vinculado directamente los centros de producción con los de consumo, evitando la intermediación que encarece los productos que el pueblo necesita.

El balance de estos seis años de gobierno de Miguel de la Madrid es negativo, pues la política económica y social del actual régimen es profundamente reaccionaria y entreguista en su esencia

se guía por las tesis neoliberales y monetaristas que enarbolan los integrantes del pequeño grupo antinacional que se ha encaramado en el gobierno.

Lo anterior lo podemos constatar en la política económica y social que se caracteriza por antinacional y antipopular. Hay que recalcar una y otra vez, que en este sexenio se han cedido enormes espacios de soberanía nacional al imperialismo norteamericano y a la iniciativa privada. Se ha agredido despiadadamente a nuestro pueblo y a su clase obrera, llegando al colmo de la intolerancia al declarar en quiebra la empresa de Aeroméxico, como una respuesta grosera y de fuerza a la justa demanda de salarios de los trabajadores de dicha empresa, escondiendo detrás de esa medida el propósito de entregar nuestro espacio aéreo al capital extranjero. El Partido Popular Socialista condena este artero golpe a la clase trabajadora y a nuestra independencia nacional.

En el mismo informe, se dice que es necesario la incorporación, innovación y adaptación de nuevas tecnologías. Al respecto, el Partido Popular Socialista señala que la reconversión industrial implica obligatoriamente un cambio en las relaciones laborales obrero - patronales.

Muchos sacrificios ha costado tener algunas prestaciones y otras conquistas plasmadas en la Ley Federal del Trabajo y en los contratos colectivos, por lo que la reconversión industrial no debe ser pretexto para nulificar esas conquistas o para crear mayor desempleo. Por eso es necesario que el movimiento obrero organizado debe participar en este proyecto de reconversión para garantizar que no se perjudiquen sus intereses de clase.

En esta reconversión industrial no solamente debe afianzarse sino fortalecerse la rectoría del Estado e impedir que la iniciativa privada ocupe espacios que no le corresponden.

Compañeros diputados, el informe del Presidente de la República no sólo significa cifras y objetivos alcanzados o no. Refleja todo un programa de gobierno que ha abandonado el camino de la Revolución Mexicana, y que nuestro pueblo hoy reclama se rectifique.

Corresponde a las fuerzas democráticas, progresistas y antiimperialistas de dentro y fuera del gobierno empujar a la Revolución Mexicana hasta sus últimas consecuencias para lograr nuestra plena independencia.

Al respecto, quiero mencionar una parte de la intervención del maestro Vicente Lombardo Toledano. En una de sus intervenciones él señala cómo ofreció el gobierno de Miguel Alemán el porvenir económico de México a los Estados Unidos, dice lo siguiente: "para México como para todos los países semicoloniales de nuestra época, no hay sino dos caminos: o el desarrollo de su economía nacional y de su vida política interior y exterior con autonomía, sin la intervención del extranjero; o el progreso del país para beneficio exclusivo de la burguesía nacional proimperialista y para sus amos del exterior, que aumentará la miseria de las masas populares; producirá la quiebra de las industrias mexicanas, por colapso o por absorción, por el capital extranjero, y conducirá inevitablemente a la dictadura de la burguesía al servicio del imperialismo. No hay manera de escapar a este dilema de la historia. No hay términos medios", Mucha gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez.

El C. Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Al comparecer el señor Presidente de la República, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 69 constitucional, para rendir el informe por escrito a esta soberanía nacional, en relación con el estado que guarda la administración pública social existe una discrepancia real en los objetivos, respecto a los resultados que se señalan con base en el Pacto de Solidaridad Económica.

En materia de vivienda y arrendamiento, los efectos del pacto sólo han servido para desencadenar una especulación incontrolable por parte de los latifundistas urbanos y los casatenientes, quienes están explotando a más del 40% de la población nacional.

En cuanto a los materiales de construcción de vivienda, los efectos del Pacto de Solidaridad han sido negativos, ya que la varilla, el cemento, la calidra y en general todos los materiales que se utilizan para la construcción de vivienda, han quedado fuera de control y sus precios mensual o semestralmente se están incrementando en perjuicio de quienes aspiran a construir una vivienda propia.

Mientras los incrementos al salario han llegado a un 200% en los últimos dos años, los materiales de construcción se han incrementado en más de un 1 mil por ciento.

Por lo que respecta a los aumentos de rentas, la voracidad de los casatenientes ha llegado a tasar los alquileres de viviendas en los últimos cinco años, los departamentos o viviendas que rentaban

3 mil pesos, actualmente se están rentando en 6 mil pesos.

Asimismo, los departamentos de 6 mil pesos, se han incrementado a 60 mil pesos, las rentas de vivienda para las familias que tenían en las zonas de clase media se cotizaban hace 5 años en 25 mil pesos y en la actualidad sus precios fluctúan entre 150 y 200 mil pesos.

Y las casas unifamiliares que hace cinco años se rentaban en un promedio de 50 mil pesos, actualmente los incrementos llegan de 500 mil a 1 millón de pesos anuales. Esto no es justicia social, esto es atracar, explotar al pueblo de México.

En cuanto a los programas de desarrollo urbano, hemos constatado a lo largo y a lo ancho del país, que la Ley de Asentamientos Humanos que promulgara el Presidente Luis Echeverría, es letra muerta en la actualidad, ya que el crecimiento urbano de las poblaciones medianas y grandes, ha sido incontrolada y en ocasiones, las mismas autoridades locales y en el caso del Departamento del Distrito Federal, los empleados delegacionales, en contubernio con líderes, se han abocado a la invasión de predios provocando la anarquía en esta materia, en lugar de participar coordinadamente con el Estado, en la construcción de vivienda y el desarrollo urbano.

Hemos visto cómo las invasiones de predios tanto en las áreas urbanas como suburbanas, son constantes y diarias; pues basta recordar como en los municipios de Monterrey, Nuevo León; Torreón, Coahuila; Reynosa, Tamaulipas; Chihuahua, Chihuahua; Gómez Palacio, Durango; Lerdo y Durango, Durango; Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco; Ixtapaluca, Chalco; Ecatepec, Tlalnepantla, Coacalco, Naucalpan y otras áreas del país, las superficies ejidales se han convertido actualmente en áreas urbanas carentes de todos los servicios públicos como lo podemos constatar aquí a unos kilómetros en Ayotla en donde la gente vive en una absoluta promiscuidad, en donde se carece de todos los servicios urbanos, a donde las gentes por necesidad van a vivir en razón de que constantemente son amenazadas de la desocupación de las viviendas que actualmente se encuentran alquilando.

Si bien es cierto, el gobierno federal creó una institución denominada Corett, al pueblo de México le consta que esta comisión para la regulación de la tenencia de la tierra, es sólo un instrumento a través del cual se pretendía la titulación de los predios ejidales, pero el crecimiento urbano ha sido más alarmante, ha llegado al extremo de crear nuevas ciudades en los predios ejidales.

Por ello, el Corett se ha convertido en un órgano de especulación y en una fuente absoluta de corrupción, ya que para regularizar un predio ejidal a través de este organismo, los funcionarios de Corett están al servicio de quienes lo gratifican mejor y dejan a un lado a quien realmente pretende su vivienda, propiciando también con esto una inmoderada especulación de los terrenos ejidales y pagando ridículas indemnizaciones a los campesinos, para después dedicar los predios ejidales a la comercialización.

El problema de los asentamientos humanos que no se tocó de manera profunda en el informe presidencial, más que ser un conflicto político es un problema social, ya que la gente de escasos recursos económicos viven angustiadas diariamente en esta metrópoli ante la amenaza del lanzamiento o la desocupación de su vivienda.

Quiero señalar que muchos ciudadanos se han beneficiado efectivamente con la regularización de la tenencia de la tierra, pero la mayoría de ellos solamente han sido sujetos de crédito para que el Departamento del Distrito Federal, a través de la Tesorería, capte mayores recursos en beneficio del gobierno federal y no así en servicio para la comunidad.

Ahora bien, desde esta tribuna queremos manifestar nuestra inconformidad con el informe presidencial, ya que en él no se menciona la expedición de una sola escritura de propiedad para los ejidatarios, respecto a los solares urbanos ejidales que éstos detentan.

Simplemente para analizar esta realidad podemos ver que a lo largo y a lo ancho del país, los predios solares urbanos ejidales han quedado fuera de toda reglamentación, exclusivamente se manejan como posesiones de terreno, pero sus propietarios o sus poseedores nunca logran obtener un título de propiedad en torno a estos bienes.

Actualmente, si bien es cierto, los derechos los van cediendo a la familia, también es cierto que cuando hay conflictos, la Comisión Agraria Mixta en cada entidad prefiere darle preferencia a quien mejor compra la ley, en perjuicio de a quien le asiste el derecho.

A lo largo y a lo ancho del país, también hemos constatado que el informe no se ha referido a los servicios urbanos en las zonas rurales, ya que los sistemas de agua y alcantarillado no los vemos en ninguno de los ejidos de este país, a excepción de aquellos que ya han sido devorados por el crecimiento urbano. En ellos única y exclusivamente vemos que los campesinos resuelven sus problemas de salud y sus problemas primarios de

vivienda, utilizando fosas sépticas, las cuales propician un grave problema de salud al crear la emigración y la proliferación de bacterias, originando graves problemas gastrointestinales para las poblaciones ejidales y suburbanas que hay en el país.

Estamos ciertos que la regularización de la tenencia de la tierra es una demanda de justicia, pero ésta no llegará a las clases populares porque ellas no pueden pagar por servicio.

Al analizar el sector del Departamento del Distrito Federal, se nos menciona en el renglón de administración de justicia y seguridad pública una serie de datos y cifras que no son los que diariamente vemos los ciudadanos del Distrito Federal.

Es esta capital del país, el problema número uno que confrontan todos los ciudadanos es la falta de protección a la comunidad; porque la población vive en una incertidumbre diaria, no obstante que en el informe se nos señala que en la academia de policía se han formado más de 20 mil elementos. Pero no se hace evaluación en ella de las bajas de estos elementos, ni mucho menos se menciona cuántos de ellos han sido consignados por corrupción o por abuso de autoridad en contra del pueblo desprotegido y en contra de las clases humildes del Distrito Federal.

Es honesto reconocer, que dentro de lo negativo de los cuerpos policiacos del Distrito Federal; también hay mucho positivo. Encontramos que entre sus elementos hay hombres que sí, con conciencia de servicio a la comunidad, han participado en beneficio de ésta. También hemos constatado a través de la información de la prensa cómo muchos elementos de la policía han puesto en peligro y han perdido inclusive su vida en protección a los intereses de la comunidad.

Reconocemos, en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, este esfuerzo y este sacrificio de estos servidores públicos; pero también sabemos que en él hay una crisis. Hay una crisis que nunca se ha aclarado, porque en lo que va del actual sexenio en la Dirección de Protección y Vialidad, hasta la fecha se han cambiado tres de sus titulares sin informar las razones por las cuáles se han llevado adelante estos cambios.

Nosotros suponemos que este hecho se debe fundamentalmente a quienes se les han designado como directores de protección y vialidad. Más que ser policías de profesión, han sido gente que han ido a cumplir con determinados intereses; porque si en la policía se hubiese designado un titular, a un policía que realmente conozca los problemas que afronta la comunidad, lógicamente ellos como policías de profesión hubiesen sabido cómo combatirlo.

En la actualidad la policía ni siquiera sabe cómo manejar sus elementos ni a dónde actúan sus elementos, ya que desde esta tribuna denunciamos en alguna ocasión cómo el grupo de "zorros" y otros elementos especializados de la policía, en lugar de cumplir con su función se dedicaban a asaltar instituciones del gobierno, legalmente y constitucionalmente constituidas, para sacar de ellas a algunos delincuentes que habían atracado al pueblo.

Esto no se ha informado; esto no se debe de permitir en esta ciudad, que es una de las más grandes y más importantes del mundo.

En el área de servicios públicos, en el informe presidencial, nunca se ha mencionado a un grupo de servidores públicos abnegado y siempre al servicio de la comunidad, me refiero a aquellos hombres que arriesgando su vida han protegido y han ayudado al pueblo del Distrito Federal, como es el heroico Cuerpo de Bomberos, que nunca se le han reconocido ni se le ha mencionado en un informe presidencial; por ello el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, reconoce el servicio de estos honestos trabajadores del Estado.

En el área de vivienda del Distrito Federal, se menciona al fideicomiso, pero en ninguno de sus párrafos, se rinde un informe detallado de las funciones que desempeño el Programa de Renovación Habitacional ni mucho menos se indica en él, el número de damnificados que continúan viviendo en predios baldíos, en parques y en algunas zonas de la ciudad.

Hubiésemos deseado que el Ejecutivo Federal informara a esta soberanía nacional las razones que han existido para no terminar con la regeneración urbana del Distrito Federal, en los inmuebles dañados por el sismo de 1985 y también qué es lo que ha sufrido y qué es lo que ha acontecido con la regeneración de los departamentos de la unidad habitacional de Tlatelolco, ya que los edificios dañados hay muchos de ellos, o cuando menos algunos que ni siquiera hasta la fecha de 1988, se les ha puesto una mano o un albañil a reparar los daños de ese entonces.

En el tema de seguridad social, el Ejecutivo Federal nos señala que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, cuentan con una población de 1 millón 089 mil 124 personas como jubilados y pensionados, pero ambas instituciones nos, dicen, han otorgado incrementos a las pensiones en los montos que maneja el Seguro Social, que van hasta el 171%.

En los casos del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, se afirma que las pensiones mínimas son de 189 mil pesos, esto es el 12% superior al salario mínimo promedio.

Esta afirmación del informe presidencial es totalmente infundada, ya que los responsables de esta área no han comunicado al señor Presidente de la República que en la actualidad se siguen pagando pensiones de hambre a los trabajadores de México que van de 18 mil a 50 mil pesos mensuales; en realidad este grupo social no se entiende cómo vive, ya que los pensionados y jubilados siguen siendo jefes de familia, siguen teniendo que afrontar necesidades no sólo de sus hijos, sino en muchos casos hasta de sus nietos. Además, la mayoría de ellos tienen que pagar inclusive hasta el alquiler de su vivienda, la cual en estos momentos se hace inalcanzable.

Cabe mencionar que alrededor de más de 500 mil personas están recibiendo en estos momentos, por concepto de pensión t jubilación, la mísera cantidad de 49 mil 200 mensuales, lo que resulta injusto y criminal para este trato que se da a hombres y mujeres que durante toda su vida trabajaron en beneficio de la comunidad y del Estado.

El incumplimiento en los programas de vivienda no sólo afecta a la comunidad en general, también a los empleados de esta Cámara de Diputados, el Fovissste los ha dejado en el aire; aquí a los empleados de la Cámara de Diputados, hace aproximadamente 12 ó 13 años, se les elaboró un programa de vivienda para satisfacer sus necesidades; pero han transcurrido varias legislaturas, han transcurrido varias gestiones sindicales para los empleados de esta Cámara de Diputados y hasta la fecha, no más de 50 ó 60 personas han recibido el beneficio de una vivienda o de un crédito, porque quiero hacer saber a ustedes compañeros diputados, que a los empleados de esta Cámara de Diputados se les otorgan mensualmente dos o tres créditos para satisfacer las necesidades de estos compañeros de la Cámara.

Y esto significa que si ellos son 3 mil trabajadores, para que todos ellos detenten, ya sea un crédito o una vivienda, tendrán que pasar más de 100 años y tendrán que esperar varias generaciones, ¿hasta cuándo, compañeros diputados, vamos a permitir que siga imperando la injusticia y el manipuleo por parte de algunos líderes sindicales de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado?

A mayor abundamiento, queremos también señalar que en el informe presidencial se nos señalaba de beneficios y créditos para los trabajadores; pero aquí, platicando también con los empleados de la Cámara de Diputados, nos enteramos que hay muchos de ellos que durante 25 años han prestado sus servicios en este recinto y, después de esos 25 años han solicitado préstamos y el único préstamo que se les ha autorizado ha sido por la cantidad de 750 mil pesos, los cuales al ser intentado cobrar, en la pagaduría del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, les señalan que solamente alcanzan 300 mil pesos como préstamo. Esto es, que ni siquiera estos compañeros, estos ciudadanos reciben el beneficio de su propia cotización por parte del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado.

Lo que no sabemos qué hace el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado con esas cuotas que diariamente percibe, que diariamente otorgan los trabajadores al servicio del Estado, porque la realidad es que esta institución está en bancarrota, la realidad es que se ha denunciado en todos los medios de información cómo su actual titular tiene malos manejos y de esto ni la Procuraduría General de Justicia ha tomado conocimiento.

Asimismo, en el informe presidencial tampoco se consignó que en materia de justicia, existe una injusticia aquí en esta capital del país y en toda la República.

Hay, por lo que hace en materia de vivienda, actualmente amenazados de lanzamiento más de 56 mil familias, las cuales por sus escasos recursos económicos no han podido satisfacer los incrementos de renta, pero en el informe presidencial sí se nos señala que 8 mil familias de inquilinos han logrado resolver su problema de vivienda al adquirir en propiedad las que estaban alquilando.

Lo que no se dice en ese informe, ni tampoco se señala claramente, es que las viviendas que se venden a los inquilinos son viviendas con un deterioro de más de 30 años de existencia, y que los casatenientes actualmente las venden a precios comerciales y como si fueran recientemente construidas, y esto lo hacen con el contubernio de los funcionarios de las delegaciones políticas, porque son ellos quienes tienen que ver que estos inmuebles cumplan con todos los requisitos que inclusive señala la Ley de Condominios, pero esto no se cumple y no se cumple por la gran corrupción que impera en las delegaciones políticas.

Hay un problema que no podemos soslayar, que es la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor en beneficio, según ellos, de la comunidad, del consumidor, la realidad es que cuando los consumidores acuden a la Procuraduría

Federal, éstos nunca reciben una respuesta favorable, basta señalar que en materia de arrendamiento, un solo caso no ha sido resuelto en favor de los inquilinos, pero sí ahí se han firmado contratos leoninos para lanzar inquilinos y para perjudicar a los consumidores.

¿En dónde está la justicia social?, ¿en dónde está la democracia?, ¿en dónde está la igualdad? En ninguno de los párrafos del informe presidencial la vemos, ya que éstos ignoran la realidad que vive el pueblo de México.

Asimismo, queremos señalar que en la Procuraduría Federal del Consumidor, los trámites en favor del consumidor siempre han quedado archivados, y nunca han sido resueltos en favor de los consumidores; existe un Instituto Nacional del Consumidor que informa de los precios, pero también existe un pueblo que va y adquiere esos precios a precios muy distintos de los oficialmente señalados y publicados, por ello el pueblo del Distrito Federal y el pueblo de México está totalmente escéptico; por ello el pueblo de México no cree en el gobierno, no cree lo que se le pública, no cree lo que se le señala, porque en la realidad se viven cosas distintas, en la realidad se viven hechos muy diferentes a los que el Estado señala.

Por ello, la fracción parlamentaria de mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, desea señalar ante las injusticias que sufren los pensionados y jubilados, que se dictamine ya de inmediato la iniciativa de reforma y adiciones a la Constitución que promovió nuestro compañero y líder Carlos Enrique Cantú Rosas, el pasado 1o. de octubre de 1987, mediante la cual se pretende que a los pensionados y jubilados y a los ciudadanos que estén en la tercera edad se les garantice el bienestar social, y también a los pensionados y jubilados se les garantice cuando menos una pensión similar al salario mínimo, ya que no pueden subsistir ellos con las míseras pensiones que está otorgando el Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado; exigimos de esta Cámara de Diputados, que de inmediato se proceda a dictaminar esta iniciativa de ley que desde el año pasado se ha quedado archivada en esta Cámara de Diputados.

Las promesas quedan en el aire, eso a que se refiere el compañero es el tema de este informe presidencial sobre política social. ¡En dónde está la política social, compañero del Partido Revolucionario Institucional?, ¿en su distrito?, ¿a usted le consta?, ¿usted ha visto a sus conciudadanos?, ¿ha visto cómo se debaten ahí en su distrito? La verdad es que nadie, nadie está consciente de esta realidad cuando se vive fuera de ella.

Afortunadamente ustedes han contado en esta ocasión con el respaldo de su partido, han traído a sus compañeros aquí, pero engañados de la realidad, porque ellos cuando salgan de aquí de este recinto, también van a ser atracados por la policía, también van a ser lanzados, también van a ser atropellados y mas sin embargo, aquí vienen a apoyarlos a ustedes; ojalá cuando sus familias y su padres y amigos estén en una delegación, ustedes se presenten a responderle a ese silbido y a ese apoyo que vienen aquí a refrendarles.

Compañeras y compañeros diputados: glosar todos los temas del informe presidencial en lo que toca al renglón de policía social, es señalar que hay mucha confusión, que existen números y palabras que no coinciden con la realidad, es preguntar a los secretarios de Estado y al jefe del Departamento del Distrito Federal, ¿hasta cuándo serán honestos con el Ejecutivo Federal?, ¿hasta cuándo le informarán con veracidad lo que han hecho y lo que no han hecho? ¿hasta cuándo se determinará que el gobierno asuma su responsabilidad?, ¿hasta cuándo el gobierno federal y el partido en el poder atenderá a su principio de democracia y justicia social? Esta democracia y justicia social?, ¿saben cuándo se va a hacer realidad, ciudadanos que apoyan al Partido Revolucionario Institucional?, ¿saben cuándo se va hacer realidad, compañeros diputados, con este gobierno y con esta administración? Nunca.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Humberto Urquiza Marín.

El C. Humberto Urquiza Marín: - Señor presidente; compañeros diputados: Una sociedad desinformada e inculta, es una sociedad ajena al desarrollo; la historia y la cultura son ingredientes esenciales del que hacer político, como lo son también de las diversas normas en que el hombre se manifiesta en su vida social.

Si bien en la primera parte del informe que se glosa, en el apartado correspondiente a la cultura, se afirma que ésta, la cultura, es parte fundamental del proyecto de desarrollo nacional, nada hay en la práctica que lo confirme, menos aún si con ello se pretende, como también se dice en el documento, robustecer nuestra identidad nacional, enriquecer y preservar nuestro mosaico cultural y proteger nuestro vasto patrimonio histórico y artístico.

Entienda como un bien necesario e indispensable en la vida del hombre en la sociedad, variable en las condiciones concretas de su carácter y desenvolvimiento, la cultura en nuestro país ha venido menguando en cuanto a la riqueza de su significación y en sus variadas formas de manifestación

como forma superestructural de la sociedad, las concepciones e instituciones culturales son reflejo de la estructura económica del régimen y adquieren por ello su expresión y manifestación concreta en cada una de las etapas del desarrollo histórico de la sociedad.

La suerte de la cultura y de sus expresiones corre al parejo de la organización económica del régimen; a la crisis nacional de la economía corresponde una crisis de la cultura nacional y su divulgación manifestada esa crisis en la inoperancia de los organismos encargados de esa tarea y en el trabajo que realizan los creadores directos de los bienes culturales.

Los mexicanos día a día perdemos algo de nuestra propia identidad, de nuestras raíces ajenas, ya vastos sectores de la sociedad que ven cómo penetran en nuestra actividad cotidiana elementos extraños a la idiosincrasia que caracteriza lo nacional; nuestra identidad se resquebraja principalmente en aquellas zonas alejadas del centro del país y de la capital de la República donde se concentran de hechos los beneficios de la cultura, debido a una inadecuada planeación de sus servicios y ante la carencia de programas y acciones concretas reales que descentralicen la vida nacional en ese sentido.

La penetración cultural en las fronteras y de hecho en toda la extensión territorial de México hace que todos los grupos sociales se vean sujetos, tanto el hombre del campo, como el hombre de la ciudad, a modos de influencia provenientes de otros países, fundamentalmente de Estados Unidos y del extranjero en general.

La desatención que se ha tenido al rescate, preservación, valoración y difusión de los valores culturales, regionales y locales, son razones que inciden en la debilidad de nuestra identidad nacional y en su pérdida paulatina; las expresiones culturales existentes en las diversas zonas de la República, al verse descuidadas van desapareciendo poco a poco, al punto de que sus conservadores y autores directos se olvidan de ellas a veces como si fuera un lastre pesado que cargar, para asumir conductas contrarias a ésa su forma de ser original.

Proyectos y programas aparecen en la obra gubernamental acaso ociosas unas, no prioritarias otras, que absorben la totalidad del presupuesto asignado al gasto público; hay omisión en esos programas al que hacer cultural, sobre todo en lo esencial que es confundido o reducido a una mera actividad recreativa o a un evento cívico a nivel escolar.

Al llegar a su fin la administración federal actual, esa carencia de proyectos definidos en el área de la cultura y su difusión, son mayormente advertidas quizá por la falta de voluntad política que en ese sentido se ha manifestado de compromiso con una política cultural que sea coherente y articule la esencia misma de lo mexicano.

La cultura nacional ha quedado en el olvido, los presupuestos asignados en su apoyo son insuficientes siempre, no hay una política cultural definida, clara y precisa que permita su estructuración orgánica como aspecto esencial de todas las formas de la vida nacional, ignorando de esta manera la administración federal, el carácter y la función social que tiene la cultura para entonces sí ser considerada como la parte fundamental del desarrollo nacional a que alude el titular del Poder Ejecutivo en el informe al que me refiero, y esto es marcadamente advertible en estas épocas de crisis económicas, donde la cultura debía de adquirir el rango prioritario porque es una de las formas que permitirán a la sociedad su desarrollo.

México es rico en expresiones culturales en el marco de las naciones, que influye y es influida por las manifestaciones internacionales; surgen tiempos pasados, se fortalece en lo interno y crece para definir lo nacional, nutriéndose de lo mejor de cada zona, de cada región y de cada hombre que es portador del que hacer cultural.

La descentralización cultural en la vida nacional la entiendo como la capacidad de instrumentar proyectos y acciones propias por los organismos estatales y regionales encargados del que hacer cultural, y no como una mera declaración en informes de gobierno o como un dato que se inscribe para informar del estado de la nación.

En la práctica, la descentralización cultural en México no se corresponde a una realidad, ya que la dependencia de las instituciones y de los institutos culturales, estatales o regionales es siempre a las disposiciones de los organismos nacionales que regulan la conducta y su difusión.

Cabe aquí mencionar los principales organismos culturales nacionales como la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado y otras dependencias varias.

La cultura popular es marginal y despreciada, los grupos étnicos son agredidos en sus tradiciones y sujetos a tácticas culturales no propias a su forma de ser, con problemas serios en su situación económica, educativa, de tenencia de la tierra, alcoholismo, drogadicción y enfrentando el riesgo de

la pérdida de su lenguaje; a estas alturas de la administración federal, no hay nada ya que pueda cambiar esta realidad, incluso de ninguna manera para el bien del desarrollo cultural del país.

Cabe señalar algunos de los aspectos que en el informe que se comenta, se omiten o se mencionan equivocadamente, en cuando al apartado de la cultura se refiere, ya que no hay en él programas concretos y eficaces para que el público compre más libros y para que el público lea más.

No hay programas y acciones que hagan que la gente visite suficientemente los museos, ni que se incorporen los ciudadanos a los grupos culturales constituidos o incluso que formen nuevos grupos culturales; se adolece de considerar la incorporación de la población, sobre todo juvenil y universitaria, a programas de museos, bibliotecas, estaciones de radio y televisión que tienen programas educativos y culturales; los institutos culturales y academias de historia, que no son vistos como organismos de educación paralela a la educación oficial, que resulta ésta ya insuficiente y en muchos casos insustancial.

Con estas omisiones y estas imprecisiones en el informe que se advierten, es poco halagador el futuro de México en el campo de la cultura, si no surgen acciones concretas en el próximo futuro que las corrijan. La cultura, sin embargo, por ser algo esencial e inherente al hombre, morirá sólo cuando el hombre muera y no cuando las autoridades lo decidan. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado José del Carmen Enríquez Rosado.

El C. José del Carmen Enríquez Rosado: - Gracias, señor presidente: Para este año se acentuó la distorsión presupuestal, el gasto destinado a pago de salarios, compra de bienes, inversión productiva, mantenimiento y ampliación de la estructura y prestación de servicios, sólo representaría el 39.3%, del presupuesto de egresos, lo que contrastó con 1981 que fue el 69.8%, y con 1982 que representó el 55.3% del total.

A pesar de que en su momento, nuestro grupo planteó que el ajuste del gasto se llevara a cabo en el servicio de la deuda pública, esta propuesta fue rechazada; a pesar de que ya se ha señalado a lo largo de esta discusión, que el problema de la deuda requiere de una evaluación en particular, nos seguimos enfrentando a la cerrazón de no reconocer de manera explícita que la actual política no ha ayudado a resolver este problema; una política que se ha agudizado con nuestra dependencia del exterior, se ha señalado que no somos un país con una mayor capacidad exportadora y que es necesario hacer notar que no hemos asumido durante estos seis años, una actitud distinta con los acreedores, seguimos en la vía de sacrificar la soberanía, a supeditar nuestro proyecto de desarrollo a las demandas externas.

Y en el último informe se pasa por alto esta pérdida de soberanía, resultado de la política impulsada y llegando incluso a afirmar que la política seguida en materia de deuda ha sido la más adecuada; sin embargo, se observa que al final de este sexenio se destinan mayores recursos al servicio de la deuda y que en oposición, los recursos para fortalecer la planta productiva son cada vez menores.

Se ha señalado también que los recursos provenientes de financiamiento externo se han destinado a actividades fundamentales para el desarrollo del país tal afirmación es rotundamente falsa, que sus recursos no se han destinado a mayor inversión y consumo, se han destinado al servicio de la deuda.

Se mantiene también que el menor ritmo de crecimiento al endeudamiento es el resultado de un manejo acertado de la política, el menor endeudamiento es, en todo caso se debe en parte a las menores posibilidades de acceder a los mercados internacionales de capital.

Ya hemos dicho que la política económica seguida no ha fortalecido la soberanía económica y en el aspecto de deuda se hace aún más evidente, puesto que seis años después de la crisis de 1982 el gobierno no ha tomado medidas concretas para enfrentarlo, por el contrario, ha minado la capacidad negociadora del país en el ámbito internacional, no ha logrado llevar a cabo un proceso de concertación con el resto de los países deudores para enfrentar las demandas de los prestamistas.

El conflicto se agudiza como resultado del deterioro de los precios de nuestras exportaciones, resultado de un orden económico internacional injusto que favorece los intereses de los países altamente desarrollados; la situación es hoy más crítica que en 1982, no es posible seguir manteniendo una política de este corte, que no sólo merma nuestra capacidad de negociación hacia el exterior, sino que daña los niveles de vida de aproximadamente 80 millones de mexicanos.

En el informe gubernamental se considera como un lastre a la deuda, la que tendrá efectos negativos para las futuras generaciones; sin embargo, no sólo es esto, no sólo para el futuro es un lastre, es hoy más que nunca una carga que nos limita nuestra capacidad de crecimiento.

En este marco, es una demanda generalizada de los mexicanos, es una política que busque la real concertación y la corresponsabilidad con los acreedores, no basta con medidas pusilánimes que han demostrado su incapacidad para resolver el problema, se requiere de inicio un compromiso real de parte del gobierno con la población y éste es un elemento esencial.

Las consecuencias del pago de los intereses de la deuda han ido acompañadas de medidas inaceptables y que en particular se refiere a la recepción del gasto social, so puede haber nuevos mensajes para la población, no se puede llamar a hacer nuevos sacrificios, no se puede hacer nuevas promesas, cuando las condiciones de vida son cada vez peores; el desarrollo, el crecimiento no pueden medirse sólo en términos de ingreso percápita, se ve, se observa ahí donde la población vive, ahí donde trabaja, ahí donde se educa; y esta realidad puede verse, puede observarse en todo el país.

Y así, las consecuencias de esta política económica se encuentran en el crecimiento de la marginación en México, cualquier ciudadano puede observar cómo efectivamente México se ha ido convirtiendo en un país urbano por la emigración de importantes sectores, asientos urbanos se instalan en busca de mejores condiciones de vida, con la ausencia de las más elementales condiciones de higiene, de servicios de salud, de agua, de vivienda, de educación.

¿Puede decirse que ésa es expresión de éxito de una política social?, ¿puede decirse que esto puede concebirse como el triunfo de una política económica? El desempleo y el subempleo abarca ahora a capas más amplias de la población, y puede decirse que la marginación se convierte en una característica de la sociedad mexicana.

Durante el sexenio, los precios han subido más rápido que los salarios, de modo que éstos se han reducido drásticamente en términos de poder de compra; durante el último año, la forma como se ha conducido el llamado Pacto de Solidaridad ha hecho que, pese a la inflación, pese a que decrece la inflación debido a medidas que el propio gobierno antes se negaba a tomar, pese a ello, la caída de los salarios es más rápida que en años anteriores.

Así, al empezar el sexenio, el salario mínimo general promedio era de 318.28 pesos, y al terminar será de 7 mil 251.91 pesos, pues hay la decisión anunciada de no aumentarlos en lo que resta del sexenio, esto representa un aumento de 22.78 veces, pero el índice nacional de precios al consumidor que proporciona el Banco de México, era al iniciarse el sexenio de 400 puntos, como en 1978, igual a 100, y al terminar será, y esto considerando que la tasa de aumento de precios baje significativamente en los meses que restan, de 15 mil 900 puntos; el aumento es aquí de 42.25 veces, casi el doble de lo que subieron los salarios mínimos.

Otros salarios, como los de los trabajadores del sector público, subieron menos incluso que los mínimos, en términos de poder de compra por cada peso de salario mínimo que se ganaba al empezar el sexenio, al terminar se ganarán sólo 54 centavos, es decir, casi la mitad.

En general y en promedio, podemos decir que los salarios se han reducido a la mitad en términos reales, pese a que un puñado de especuladores se han enriquecido; la caída, como dijimos, se ha acentuado en el último año del sexenio, en que con los mismos supuestos hay una baja del 1o. de diciembre de 1987, al mismo día de 1988 del 12.35%.

Podemos comparar históricamente el salario para tener idea de que hasta qué punto ha retrocedido, ahora que está de moda en los medios oficiales atacar al cardenismo y lanzar acusaciones infundadas de querer volver a ese pasado, diremos que quienes hacen que la gente pueda desear eso son los gobernantes con su política económica.

En efecto, en 1936 el salario mínimo del distrito Federal fue de dos pesos diarios; pues bien, en términos de poder de compra y concediendo nuevamente que la inflación baje de modo importante en lo que resta del año, el salario mínimo del Distrito Federal, a precios de 1936, será este año de 95 centavos diarios, menos de la mitad que entonces.

En términos de salud, se presenta una saturación de los servicios como resultado de que crecieron más los derechohabientes y sus necesidades, que los recursos físicos y humanos de que se dispone para atenderlos, en 1982, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social cada médico atendía un promedio de 807 pacientes, ahora en 1988, cada médico atiende a 997 pacientes; en el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, hace seis años había un médico para 589 pacientes; en 1988, esta cifra subió a 660; en 1982, en el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado había 998 pacientes por cama, ahora hay 1 mil 228 pacientes por cama.

En los últimos cinco años no se han dado cambios fundamentales en cuanto al destino y orientación del gasto en salud en las tres instituciones

más importantes, no se han modificado las pautas tradicionales bajo las cuales se han desarrollado la política de salud en nuestro país, la atención curativa mantiene una proposición muy importante de los recursos, en tanto que las acciones preceptivas continúan representando una parte mínima del gasto, tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social como en el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado.

Entre 1983 y 1988, los programas de atención preventiva en las tres instituciones no llegaron a rebasar, en conjunto el 3% del gasto total en salud y seguridad social; en términos de abasto, uno de los efectos más negativos d de la política económica en materia de bienestar social se refleja en el cada vez más bajo nivel de consumo de la población.

Ya se señaló en el análisis del aspecto económico del informe, que los niveles de consumo por habitante de productos básicos ha disminuido alarmantemente, a manera de ejemplo podemos señalar que en consumo de maíz se ha disminuido en 20% de 1961 a 1988, y de carne de res en 20%; estas caídas son resultado de la política del gobierno, en la medida que ha reiterado gasto público del renglón de abasto, mientras que hace seis años de destinaba 7% del gasto programable, ahora se destina aproximadamente el 5%.

Esta situación se hace aún más evidente en el caso de las empresas estatales que comercializan productos básicos, el ejemplo claro es Conasupo, la cual en estos últimos seis años ha disminuido su gasto en más del 65%, lo cual ha repercutido en menores niveles de comercialización. Para 1988 sólo se comercializará la mitad de lo que se realizaba en 1982; la comercialización de maíz ha caído en 25%, mientras que la de oleaginosas lo ha hecho en cerca del 90%, lo cual repercute en el incremento de precios de estos productos.

Es así como se hace evidente que el sector público no ha atendido el aspecto social durante este sexenio, dejando de ofrecer servicios de asistencia a la población; como puede hacerse constar en los datos sobre salud y educación. Durante el sexenio del Presidente Miguel de la Madrid la población en edad de trabajar creció en 5 millones 400 mil personas, el gobierno ha generado cerca de un millón de empleos durante el sexenio a través de los programas regionales de empleo; la industria maquiladora generó cerca de 275 mil empleos en el sexenio; en el sector privado hubo un recambio entre empresas que cerraron y empresas que abrieron o ampliaron sus actividades, especialmente las ligadas al sector exportador, sin embargo, es posible que ha predominado el cierre de fuentes de trabajo sobre la generación de nuevas plazas.

Al finalizar el sexenio de José López Portillo, existía en el país un poco más de un millón de desempleados abiertos, el resultado global de este conjunto de cifras, es el de una multiplicación del desempleo abierto en el país que organismos como el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México estiman asciende a más de 4 millones y medio de personas en la actualidad; estamos hablando de que el desempleo abierto se cuadruplicó durante el sexenio, al pasar de un millón, a más de 4 millones.

El subempleo y la migración a los Estados Unidos aumentaron también en forma dramática, el impacto global de esta situación consiste en que arriesga la actual generación de jóvenes mexicanos a ser sacrificada en la tierra del desempleo. Por este hecho, este costo social pudo haberse evitado si hubiese una actitud más firme ante la deuda externa, si la inversión productiva se hubiese destinado al mantenimiento de la planta productiva, si hubiese por lo tanto aumentado el nivel de empleos conforme al crecimiento de la población y el fortalecimiento del mercado interno, para entonces sí revertir este proceso de ubicación de México a los intereses del gran capital internacional, y así el gobierno del Presidente Miguel de la Madrid tiene que asumir su responsabilidad y el próximo gobierno corregir las deformaciones de la economía para abatir la desigualdad económica y social.

Se requiere un acuerdo global entre acreedores y deudores para solucionar el problema de la deuda, se requiere una política global también para establecer nuevas relaciones económicas entre los países industrializados y los países del tercer mundo; se requiere una política económica que atienda en primer lugar las necesidades populares, que atienda el desarrollo de la planta productiva.

Si se reconoce que la política económica y social ha sido un fracaso, ¿no debería ser entonces el propósito esencial responder a las necesidades básicas de la población? Si se requiere un acuerdo nacional, tendrá que ponerse por delante la soberanía nacional y la atención de los intereses populares.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Humberto Roque Villanueva.

El C. Humberto Roque Villanueva: - Señor presidente; honorable y seguramente cansada asamblea: Hemos encontrado a lo largo de este análisis muchos puntos temáticos de similitud, a pesar de las obvias diferencias en los enfoques de esos temas.

Yo creo que analizar el informe presidencial, no forzosamente constituye un ejercicio como cuando

se pone a debate una ley a efecto de inscribirse en pro o en contra.

Evidentemente, ningún partido político sacrificará el énfasis que supone necesario en su intervención para finalmente caer en esa clasificación, pero creo que el análisis del informe presidencial no solamente es el informe, no es solamente el análisis de un informe de gobierno, sino de alguna manera nos conduce a reflexiones sobre el estado general del país y de ahí que las coincidencias y la riqueza temática nos permitan abordar con un poquito más de libertad, el juicio, la evaluación y el análisis que nos merece el informe de gobierno.

Creo que ni en el informe ni en la vida misma todo es negro o es blanco, que a veces por pasión partidista descuidamos los claroscuros que son los que dan a la vida el matiz que nos permite vivir en libertad y siempre tener presente la esperanza; considero que la política social representa la gran estrategia de redistribución del ingreso en una sociedad cuyo reparto primario por la vía de la remuneración del trabajo no alcanza a satisfacer las expectativas y necesidades de todos los grupos sociales.

Por su parte, la política económica no se justifica en sí misma y su razón de ser está en abrir paso al desarrollo social, porque tasas de interés, deuda pública, medio circulante, déficit fiscal, son variables económicas que deben tener su correlato en el área social; conscientes, y aquí se ha abundado en el tema, de que la crisis económica impone limitantes muy claras y muy concretas al desarrollo social, deseo enfocar esta intervención precisamente a la luz de esas limitaciones que hemos tenido, producto de la crisis y de la política económica.

Señalo, en primer término, la cuestión del empleo: dice el informe presidencial que a pesar de la crisis el desempleo abierto no rebasó durante 1986, año del desajuste petrolero, sus niveles de 1983. El empleo es, propiamente dicho, el primero y principal factor de la distribución primaria del ingreso; habida cuenta y reconociendo que el poder adquisitivo se ha reducido, debemos acudir al expediente de verdaderamente estar ciertos hasta qué punto el fenómeno del desempleo nos está perjudicando en la política social.

Acudo a las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, para señalar que a mayo de este año el número de asegurados permanentes ascendió a 7 millones 451 mil personas, lo que representa un aumento anual de 6.5%.

Evidentemente, en esta tan delicada trinchera del reparto primario del ingreso, si no hemos podido obtener resultados más positivos en el factor de tensión del poder adquisitivo, sí lo hemos logrado en no incrementar el fenómeno del desempleo, añadiendo que estas cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social conllevan otro factor redistributivo, no solamente nos señalan el incremento que ha habido en el aseguramiento, sino la población económicamente activa que está en posibilidades de tener las prestaciones sociales que arman precisamente el esquema que complementa la distribución del ingreso primario.

Señala también el informe lamentablemente y, lo reconozco, se refiere casi nada más a 1988, el proyecto de capacitación de mano de obra que se ejecutará con financiamiento parcial del Banco Mundial y permitirá el otorgamiento de 160 mil becas adicionales a desempleados y la capacitación de 75 mil trabajadores de empresas medianas y pequeñas.

Considero, a reserva de que posteriormente quien siga abordando esta tribuna pueda señalar con mayor propiedad por pertenecer al sector obrero, en qué consiste este programa, dejo señalada una inquietud de que muy probablemente en este tipo de programas encontremos una solución a factores estructurales de desempleo, porque muchas veces el desempleo no solamente se origina por problemas de oferta y demanda en cuanto a fuentes de trabajo, sino por la falta de adecuación entre nuestra estructura de producción y nuestra estructura de capacitación para el trabajo.

Señala el informe presidencial, por otro lado, un elemento que, a mi juicio, tiene mucho que ver con la distribución del ingreso y evidentemente con el tema social, señala: estimular la creciente participación del sector social en el desarrollo nacional ha sido objeto de mi administración, dice el Presidente; se impulsó su desarrollo a través del financiamiento y apoyo técnico, a la producción de las sociedades cooperativas agrícolas, pesqueras y de transformación, uniones de ejidos, asociaciones rurales de interés colectivo y empresas sindicales, se puso especial empeño en la organización de las unidades agroindustriales para integrar a la mujer al desarrollo.

Independientemente de cuál sea finalmente nuestro credo político y filosófico respecto al modelo de economía que merece este país, yo creo que lo menos que podemos aceptar es que hay que buscar un factor de equilibrio entre los dos clásicos sectores: el público y el privado.

No se me escapa que probablemente para un análisis ideológico, la creación o el impulso del sector social pudiese significar un receso en lo que algunos postulan como la lucha de clases como

motor de la historia; sin embargo, sin meterme ahorita en este momento a esa discusión de evidente hondura filosófica, sí creo que a este país mucho le beneficiaría el que tenemos un mayor y mejor equilibrio entre los sectores de la producción, no veo el por qué quienes están organizados sindicalmente para la defensa de sus intereses, particularmente como consumidores, no sean capaces también de estar en la esfera de la producción y con ello garantizar un mejor nivel de vida; no veo por qué quienes desde el sector primario tienen a su cargo la producción más importante y estratégica del país, como es la alimentaria, no deban trascender su condición de productores primarios para acceder a los niveles de la comercialización directa y de la agroindustrialización, y en estos grandes temas, me parece que lo más indicado es impulsar al sector social.

Refiere el informe el tema educacional. A nadie puede escapar la importancia de este tema que aquí en esta tribuna ya ha sido debidamente reiterado, hay quien considera a la educación como el principal sector de capilaridad en una sociedad, hay quien lo considera como un elemento más valioso que el propio capital físico y se piensa que capacitar, educar al capital humano, representará a la larga un mayor estímulo al bienestar social y, desde luego, hay quien, con legítima razón, supone que la educación y la cultura, independientemente de la utilidad práctica que pudiera tener, son factores y precondiciones para una sociedad más libre y más justa.

Yo considero que el tema educativo, el informe, y me refiero al aspecto del claroscuro, se señala que el rezago histórico en la alfabetización se redujo drásticamente, el índice del analfabetismo pasó de 14.3% en 1982 al 6.1% en 1987.

Evidentemente, para quienes ya hemos tenido el privilegio de las letras no nos resulta tal vez conmovedor el esfuerzo que se hace en materia de alfabetización, pero yo creo que en estricta justicia, si se nos preguntara ante la terrible disyuntiva de tener una carrera profesional o impulsar que mayor número de mexicanos tuviera acceso a las letras, tendríamos, en estricto rigor de conciencia, que escoger por más mexicanos para que fueran ilustrados por el alfabeto; no obstante, la pirámide educativa creo que no nos plantea esa disyuntiva y el informa es muy claro en señalar los logros alcanzados en la materia de la educación primaria y de la educación secundaria.

Destaco aquí un elemento a veces no reconocido: hasta hace pocos años era verdaderamente difícil, y así hay que reconocerlo, la inscripción, a veces en el sistema de educación primaria. La pirámide de edades junto con la pirámide ocupacional han ido variando en México, si bien ahora nos apremia más el problema de la ocupación porque son las generaciones que están a punto de acceder a la edad de tener que trabajar las que nos ocupan, ciertamente la educación primaria ya no se encuentra en la situación cuantitativamente tan crítica de hace algunos años, el problema se va trasladando hacia el resto del sistema, es la educación secundaria y el resto de los pasos educativos que siguen en el sistema los que tendrán que ir sucesivamente afrontando esta presión.

Sin embargo, nos parece de la mayor relevancia el que en el informe se señala que precisamente habiendo llegado prácticamente al fin de la expansión cuantitativa de este servicio, el esfuerzo se ha concentrado en elevar su calidad y mejorar modalidades como la primaria para indígenas y para adultos, y se señala que la cobertura de primaria se amplió a 527 mil niños indígenas.

Decíamos hace un momento, y sin querer establecer comparaciones históricas que ni vienen al caso, pero que sí ilustrarían el sentido promotor de la cultura, destacan en el informe los logros de una política en donde se ha logrado una amplia red de bibliotecas públicas: en 1982 existían 351 y hoy son más de 2 mil 500.

Refiriéndome a esa comparación histórica, creo que hubo un momento en la historia educativa de México, cuando fue Secretario de Educación Pública José Vasconcelos, en el que se le dio una importancia extraordinaria a la difusión de los libros clásicos y en general de la literatura que pudiese elevar el nivel y la condición educativa y cultural de las masas, yo creo, repito, sin establecer parangones históricos, que el logro de las bibliotecas constituye un elemento de acierto en este claroscuro en que a veces se convierte el análisis y la evaluación de una obra de gobierno.

Se ha señalado aquí y es innegable que han existido efectivamente deterioros en el nivel alimentario de la población, no se nos puede escapar a la más elemental sensibilidad, de que muchas veces las cifras reales de consumo alimentario vienen siendo inferiores a las que teníamos antes de la crisis, pero en ese contexto, destaca una afirmación que pudiera ser polémica para algún sector de esta Cámara, pero creo que es de indiscutible valor, para asegurar la oferta suficiente de alimentos procesados, la industria paraestatal aumentó la producción de leche, aceites y grasas vegetales, harinas de maíz, de trigo y azúcar, mediante la reestructuración de las empresas, la racionalización y la eliminación de subsidios y la ampliación de la capacidad productiva.

El informe no lo señala, pero es del conocimiento público: muchos de los artículos que produce

actualmente el sistema paraestatal asociado con Conasupo, tiene niveles de calidad y normas oficiales que constituyen definitivamente no solamente una garantía de su calidad, sino definitivamente la mejor demostración de que la materia alimentaria, como esperamos en muchas otras, lo que se produce de parte del sector paraestatal está dentro de las mejores calidades internacionales.

Respecto a la salud, yo recojo alguna afirmación que hiciera algún diputado de oposición sobre la relación que tiene la estructura económica con la estructura de la salud, y la importancia que debiera tener el factor preventivo por encima del factor meramente curativo. Destaco que aquí en materia precisamente del elemento preventivo, se nos informa que con el Programa Nacional de Vacunación Contra la Poliomielitis, se alcanzó una cobertura del 90% de la población susceptible, siendo posible su erradicación para 1990.

Aquí, al igual que cuando hablamos de analfabetismo, tal vez, repito, a quienes tenemos la fortuna de gozar de salud y de las letras del alfabeto no "nos pegue" con igual dramatismo esta cifra, pero yo recuerdo que pocas veces se ha intentado una movilización de la sociedad civil tan importante, tan trascendente y tan solidaria, como precisamente la campaña en contra de la poliomielitis.

Destaco también precisamente el tema de la proscripción de la comercialización de la sangre; si no me he referido a los aspectos cuantitativos sobre la cobertura de la salud, además de estar suficientemente tratados, es porque creo que en conciencia debemos destacar también aquellos aspectos aparentemente pequeños, modestos o menores en el informe, que ameriten más tarde o más temprano algún análisis que tendrá que desembocar legislativamente en esta Cámara, ése es el caso precisamente de la antigua y afortunada erradicación de la comercialización de la sangre.

Señala también el informe, que se han incorporado nuevos grupos, refiriéndose a la seguridad social, a su protección, entre los que destacan los estudiantes de educación media superior y superior.

He dejado para el final el tema de la vivienda, consciente que en esta Cámara existe un importante número de diputados que pertenecen al sector agrario del Partido Revolucionario Institucional y que por mucho tiempo contemplábamos con auténtica envidia, que tanto el sector de los trabajadores al servicio del Estado, gracias a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado precisamente se había alcanzado ya en un buen nivel de consecución el derecho a la vivienda y también simultáneamente lo había logrado aquel sector obrero cuyo origen tiene que ver con la relación contractual, ya sea con el sector paraestatal como patrón o con el sector privado.

Creo que en justicia deberíamos hacer un reconocimiento a que ahora se hable por primera vez, cuando menos en forma orgánica e institucional, sobre la necesidad de disponer de un instrumento financiero precisamente para la vivienda rural, haciendo una aclaración muy importante: tal vez el retraso con el que llega este inicio de lo que puede ser un gran programa de vivienda rural tenga una ventaja, estamos viviendo, a nadie se le oculta, transformaciones políticas y sociales que esperamos aún más profundas. Entre ellas destaca el que involucremos cada vez más a los sectores interesados en la solución de sus propios problemas y que no solamente nos concretemos a buscar prestaciones de carácter estrictamente paternalista, considero que en el caso de la vivienda rural, por razones mismas del trabajo de los campesinos, habrá que hacer uso de las medidas más imaginativas para combatir los recursos del Estado, los recursos de aquellas figuras asociativas de productores que mayor madurez han alcanzado, para compartir el costo de la construcción de las viviendas.

Considero que a ello habrá también que hacer en justicia un elemental esquema de subsidio y no creo que debamos tenerle miedo a la palabra subsidio, para hacer justicia a quienes por tantos años han merecido esta prestación y no la han podido conseguir, de tal suerte que, considero en general que los temas que aborda la política social, independientemente de que podamos estar de acuerdo o no con ellos, van a ser probablemente de la parte más positiva de esta Cámara, cuando una vez puestos en la tesitura de analizar leyes y proyectos, podamos rescatar muchas de las ideas aquí vertidas, particularmente en este tema social: la salud, la vivienda, la educación, la seguridad social, con los distintos enfoques partidistas, pero que finalmente nos conducen a lo único que en las políticas, sean interiores, exteriores, económicas o de otro tipo, tiene que desembocar en la política social, porque de nada sirve el equilibrio presupuestal, de nada nos sirve el mayor espíritu democrático, de nada nos sirve el mayor respeto de los países de la Tierra, si no somos capaces de establecer en la nuestra y con nuestros propios medios, un esquema mínimo de seguridad social y de justicia. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra la diputada Luisa María Calderón Hinojosa.

La C. Luisa María Calderón Hinojosa: - Gracias, señor presidente: Para empezar, un

comentario al margen, una noticia de última hora, claro que el Pacto de Solidaridad no era de ninguna manera una táctica electoral; pero a tres días de la imposición de su candidato subió el pan 100%, ¡felicidades!, y continuamos con la glosa del informe que el Presidente rindió a un selecto grupo de mexicanos, y que se transmitió también de manera selecta por los medios de comunicación social.

En el capítulo de política social, se menciona y se ha hecho énfasis en que hubo reducción drástica en el analfabetismo; en ese informe encontramos sin embargo, contradicciones respecto de otras fuentes de información oficial: por un lado, en el informe se nos dice que bajó del 14.3% a 6.1% el analfabetismo en ciudadanos o en personas mayores de quince años, sin embargo, los datos proporcionados por el Registro Nacional de Electores en este proceso electoral, nos reporta que en los distritos suburbanos y rurales, los ciudadanos empadronados con cero años de educación escolar rebasa el 70%.

El Instituto Nacional de Educación para Adultos, que es el organismo oficial federal que tiene por tarea reducir el analfabetismo en los adultos, ni siquiera registra en los dos últimos años el número de solicitudes de ingreso de analfabetas y el número de exámenes solicitados por ellos, y solamente entrega cuarenta mil certificados de alfabetismo.

Dice en el informe, que se aumentó la planta de maestros en un número de doscientos mil, pero en los estados más pobres, que entre paréntesis son los estados que se volcaron a votar por la Revolución, seguramente en agradecimiento por el bienestar, los índices de deserción escolar llegan hasta el 70%, y las escuelas primarias unitarias, esto es que solamente tienen un maestro para toda la primaria, llegan a ser del 30% de las escuelas; hay datos que aquí no se informan por supuesto, en las estadísticas oficiales no suelen reportarse ausencias, permisos, juntas sindicales por las que se suspenden las clases, comisiones para ir a trabajar en campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional, como las campañas de promotores del voto, en las que a cambio de un día de visitas domiciliarias los maestros obtenían un día de asueto y de salario complementario, recuerden que se enseña más con el ejemplo que con las palabras.

Tampoco se mencionan en el informe el costo al que se venden las plazas de maestros que son transferidos a zonas urbanas cerca de casa, aunque claro dejan una plaza vacía en el campo, pero en descargo aumenta la asistencia de los maestros de escuela.

Y en educación especial, también se nos dan muy bonitas cifras, pero unas cuantas operaciones aritméticas nos descubren que lejos de ser suficiente, nos parece que debemos demandar mejoría en los servicios; resulta que en promedio cada centro de educación especial, llámese grupos integrados o CAPEF se atienden ciento cuarenta y seis niños al año en cada uno de estos centros, cuando alrededor del 30% de los niños de preescolar y primaria presentan algún problema de aprendizaje que requiere de atención especial como aquí ya se mencionó.

En cuanto a la educación indígena, sólo voy a mencionar algunos detalles que nos podrán demostrar el gran interés de nuestros gobernantes en el aspecto educativo: Al renovarse el Poder Ejecutivo en el estado de Michoacán, en donde hay un grupo importante de ciudadanos purépechas y donde están las instalaciones del CREFAL, el hasta entonces director de esta institución hizo un viaje expreso a nuestro país, a nuestro Estado, a nuestra ciudad, para informarle al nuevo "virrey", el señor Luis Martínez Villicaña, del trabajo realizado en combinación con otras instituciones como el Instituto Indigenista y el Instituto Nacional de Educación para Adultos, pero resulta que el "virrey", nunca llegó, estaba celebrando con los morelianos el triunfo de nuestro equipo de futbol por supuesto.

Hemos apuntado aquí que según el informe, a pesar del impulso que se ha dicho que se ha dado a la educación en México, permanece un índice de deserción de 40% y tal vez la deserción no sea por falta de libros de texto o por mal ejemplo de los maestros faltistas, a quienes no se da el trato digno que merecen, y probablemente se deba al clima extremoso en algunas partes del país, habría que preguntar si los padres de esos niños tienen empleo bien remunerado, si en el campo no se necesita que toda la familia trabaje, por lo primitivo de las técnicas empleadas, a sobra de extensionistas aviadores; habría que preguntarse si es suficiente entregar desayunos a algunos escolares, no para elevar su nivel nutricional, sino para atenuar de alguna manera el sentimiento de culpa que el Ejecutivo y su administración alcancen a percibir.

Dentro del sistema educativo permanentemente se hacen modificaciones al sistema, al número de años, a los programas de educación, pero hay que recordar que en educación, una de las constantes que necesitan estar presentes es precisamente la constancia, no se ha acoplado el grupo de maestros y el de educando a un sistema de educación, cuando tienen que empezar y recomenzar a aprender el nuevo modelo; en educación, señores, no se vale hacer modificaciones por viajes o por políticas de moda.

En relación con las modificaciones educacionales está la investigación que un poco más adelante tocaremos, pero como un ejemplo de modificaciones frecuentes y sin sentido, está la educación de los institutos tecnológicos regionales, que en su nivel técnico terminal estaban ofreciendo una alternativa de trabajo para los estudiantes, sin embargo y especialmente en este año, se siguen cerrando los centros de este tipo de educación, se dice que porque ahora los van a apoyar los colegios de bachilleres, pero a los colegios de bachilleres también se les acaba de informar que se les corta el subsidio.

En la investigación; es importante señalar que la mayoría de la comunidad de investigadores en nuestro país se sienten desligados de nuestra comunidad, a los investigadores los vemos muchas veces como personas diferentes que se les olvida comer, que están encerrados en sus laboratorios revisando sus registros y como que se les olvida que pertenecen a esta comunidad, pero desgraciadamente el sistema político mexicano, el que vivimos, también los olvida, porque a pesar de que la investigación en México arroja resultados favorables y propone alternativas de solución a los diferentes problemas de nuestra nación, no se les toma en cuenta.

Un ejemplo es una investigación que sobre pertenencia e identidad nacional hizo la Universidad Nacional Autónoma de México, esta investigación arrojaba los siguientes resultados: los mexicanos no sentimos que pertenecemos a nuestro país, porque no se nos informa la relación que hay entre los servicios públicos, entre los procesos electorales, y entre nuestros gobernantes y la tarea de los mexicanos.

Sin embargo, y sin hacer caso al resultado de esta investigación, se siguen haciendo campañas de mal información, los candidatos a diputados del partido oficial siguen ofreciendo drenajes, calles y todos los servicios que no les toca hacer; el Sistema Nacional de Investigadores, que fue una nueva institución en el presente sexenio, ofrece becas a los investigadores, sin embargo, como estas becas son mínimas y no alcanza para que los investigadores vivan de una manera decorosa, se ofrecen otras alternativas que instituciones particulares o de otra índole apoyan económicamente al Instituto Nacional de Investigadores, pero esto tiene un punto en contra: a partir del apoyo, y por ahí dice un dicho "que el que paga manda", los criterios de investigación no se siguen por necesidades nacionales o por criterios de investigación, sino por criterios políticos.

En el estado de Michoacán, un político que siempre ha sido político con muchos cargos y jefe del Partido Revolucionario Institucional, etcétera, fue designado director del Instituto de Investigaciones del estado de Michoacán, y el día que celebraba su designación en una comida llamó a su secretaria y le dijo: "señorita, por favor, voy a tener una entrevista de prensa, investígueme qué es ciencia, qué es investigación y qué es tecnología, porque no se qué responder", así son los criterios que se siguen en la investigación...

(Voces.)

El C. Presidente: - Silencio en las galerías, por favor.

La C. Luisa María Calderón Hinojosa: - El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es una institución que debería apoyar también la investigación, gasta más en administración que en investigación, y con la reducción de presupuesto deberían buscarse alternativas, al tener la imposibilidad nuestro país de enviar mexicanos con ganas de trabajar para su país en la investigación, en lugar de enviarlos, podría buscarse la alternativa de traer investigadores extranjeros para que apoyaran el desarrollo...

(Voces.)

El C. Presidente: - Silencio por favor en las galerías.

La C. Luisa María Calderón Hinojosa: - Y sí se hizo ese programa alternativo, pero se gastó la magnífica cantidad de veinticinco millones en este proyecto.

Volvemos a la demanda de un informe claro y verídico, no al relato de buenos propósitos que nos vino a hacer el Presidente de la República, y a la contabilidad alegre que nos hizo; nuestros representados no pueden aceptar que se les diga oficialmente que los transportes son eficientes y que el sistema marítimo portuario se haya ampliado, porque hay hedores irrespirables en las estaciones de autobuses y continuas alteraciones en los itinerarios de éstos, porque se viaja en unidades de segunda y se pagan tarifas de primera, y porque se llega al colmo de informar que se ha incorporado a la transportación del país el nuevo puerto de altura de Progreso, en el estado de Yucatán, cuando apenas rebasa éste la mitad de la obra básica de su terminal o atracadero y de su viaducto, que habría de alcanzar una longitud de cuatro kilómetros mar adentro, a partir de los dos del muelle original que data de la década de los cuarentas.

Estas contradicciones las encontramos en los anexos del informe, en éstos ya no se informa de

la incorporación de este puerto al sistema, solamente se habla de avances, nada más que los anexos no se le leyeron al pueblo de México ni se ha procurado la instrucción suficiente como para que los entiendan.

En la cultura se trabajó sólo en diecisiete unidades regionales de cultura popular, ¡ah! pero sí se gastan cuatro mil trescientos millones de pesos en dulces que se venden a los consumidores en salas de cine comercial, y aquí hay un detalle:

Bajo el control de la Secretaría de Gobernación, no sé por qué esta Secretaría que impidió, censuró y limitó los programas de difusión de los partidos políticos, sí gasta y controla el Instituto Mexicano de Cinematografía, que gasta un mil seiscientos treinta y cinco millones y que sólo realiza dos producciones y cuatro coproducciones en todo el año.

En películas mexicanas gasta un mil cuatrocientos ochenta y siete millones; la Operadora de Teatros, ésa que distribuye películas como Rambo, Rocky, Dos Machos que Ladran no Muerden, etcétera, que seguramente la Secretaría de Gobernación estará de acuerdo en que se cumple con el objetivo del artículo 3o. constitucional, de fomentar el respeto a la dignidad humana, de fomentar la convivencia, la solidaridad internacional, etcétera; gasta setenta y nueve mil novecientos diecinueve millones de pesos, claro, no puede por lo reducido del gasto, ampliar programas culturales, pero sí logra distribuir sesenta y seis mil seiscientas once películas de consumo común y comercial de las que ya he mencionado.

No alcanza más que para seis eventos culturales por municipio; hace doce festivales en todo el país de cultura popular, y capacita a seiscientos sesenta y ocho artesanos; se aumento eso sí en seiscientos sesenta el número de bibliotecas, pero se subsidian las palomitas y las películas en el cine; no se vale la motivación incompatible.

Si hablamos un poco de salud, es vergonzoso que en México todavía haya epidemias de paludismo, de tuberculosis, de dengue, y como ya se mencionó, es imposible que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, puedan proporcionar mejor atención cuando sí aumenta el número de derechohabientes, pero si aumenta el número de trabajadores que pudieran mejorar estos servicios, no se puede garantizar la salud por decreto, cuando las obras de infraestructura que se necesitan para el saneamiento y prevención de enfermedades, están sujetas al condicionamiento de un voto.

Y se habla de promoción, al desarrollo urbano, pero se dejan abandonados todos los proyectos de desarrollo y vigorización de la vida en el campo, ¿cómo van a querer los campesinos vivir en el abandono?, no se vale tampoco la discriminación, en el desarrollo, si se quiere la democracia hay que ser parejos en la atención de la población rural; hay que aumentar el número de kilómetros de carreteras en las zonas rurales, para que los campesinos tengan ganas de producir, para que sepan que su trabajo vale, si no, las paraestatales de monopolio como Conasupo y anexas que aquí ya mencionó un diputado del Partido Revolucionario Institucional, son las únicas que pueden transportar y comercializar, y el campesino sigue siendo sólo un número para efectos electorales, y los beneficiarios los hermanos del elegido de los dioses.

El Presidente de la República se ufanó en decir que en las relaciones internacionales tenemos intercambio de recursos humanos, por supuesto; los campesinos que son abandonados por el gobierno mexicano tienen que ir y exportarse como recursos humanos para poder sobrevivir, y no se vale hacer miserable al pueblo para después concederle el beneficio de la leche y de los tortibonos; pero la crítica en la que quisiera hacer énfasis es la mentira y la contradicción en los mismos datos que se asientan en los diferentes anexos del informe.

Si el titular del Poder Ejecutivo se atrevió a ofrecer su ejemplo como vía de la administración, que por lo menos no nos diga verdades a medias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el compañero diputado Jorge Gómez Villarreal.

El C. Jorge Gómez Villarreal: - Señor presidente; honorable asamblea: En el marco del sexto informe de gobierno que el Ejecutivo Federal sometió a la consideración del Congreso nacional, y en particular en lo referente al sector de comunicaciones, presento ante ustedes algunos comentarios que estimo necesarios, a fin de precisar que algunas de las acciones emprendidas en este ramo no han tenido ni la orientación ni el efecto deseable a nuestra sociedad, en un factor de trascendente importancia para su desarrollo.

Es un hecho innegable que las inversiones han venido disminuyendo en proporción y en términos reales, ocasionando a su vez disminución en el crecimiento de la infraestructura del sector, por lo cual en términos generales se observa una declinación en el desarrollo de algunos de los servicios, en particular quiero referirme al caso de Telégrafos, el cual debido al cambio e innovación tecnológica al que se ha visto sujeto, presenta

características muy peculiares; por ejemplo, el caso de Telégrafos ha presentado en los últimos años una declinación en su servicio que va aproximadamente al 50% en los últimos cinco años, es decir que un 50% de mensajes o de giros telegráficos han dejado de ser enviados respecto al período del quinquenio anterior, y sin embargo casi se ha duplicado el personal que en él labora; esta condición, aunada a la decisión del Ejecutivo Federal de desconcentrar el servicio telegráfico, ha propiciado una condición de crisis interna dentro de este sector.

Se señala también una falta de planeación global e integral en el sector de comunicaciones, en el cual, existiendo únicamente planes parciales de cada uno de los elementos integrantes de dicho sector, se ven profundamente aparejados en su interrelación por la ausencia de un plan global de comunicaciones en el país; tal vez en el papel haya existido en la realidad. Cada una de las dependencias funciona conforme mejor le parece y en los tiempos que mejor les parece.

El sistema de satélites "Morelos" presenta una ocupación muy baja en lo particular, este servicio en el informe del Ejecutivo marca un 75%, tenemos serias dudas de estas cifras, algunas de las personas especializadas que se encuentran en este sistema creen que anda alrededor del 50% y del cual a su vez el gobierno federal únicamente ocupa un 20% o un 25%, el resto lo ocupa la iniciativa privada.

Debe resaltarse el hecho de que este sistema tiene un costo del orden de los cincuenta mil millones de pesos por satélite, por año, y que se use o no se use deben ser canalizados a la organización internacional que los opera; por esta razón, parece que las condiciones de programación y comercialización para la utilización de la capacidad de los satélites no corresponden a las potencialidades que brinda este tipo de comunicación. Hacemos notar que el satélite "Morelos II", se encuentra en un desuso total.

Los servicios rurales a los cuales se refiere el informe están realmente poco atendidos, los planes integrales existentes para ese medio no se han actualizado, y parece que así va a continuar; para ilustrar lo siguiente, menciono que en el 1% del territorio opera el 37% de los teléfonos, en el medio urbano se concentra el 97% del servicio telefónico, existen doce mil poblaciones mayores de quinientos habitantes que carecen del sistema telefónico; en las ciudades principales operan de cinco a siete canales de televisión, y sin embargo más de siete millones de mexicanos carecen de ella; de las veinte mil poblaciones con más de quinientos habitantes, el correo cubre únicamente seis mil de ellas, y el telégrafo tan sólo dos mil quinientas; el informe no hace alusión a estas cifras, es decir, que de estas veinte mil poblaciones con más de quinientos habitantes, tenemos únicamente cubiertos por el servicio postal un 30%, y por el servicio telegráfico, aproximadamente un 12%, es decir, que los mexicanos estamos profundamente comunicados.

Infortunadamente el servicio telegráfico sigue desarrollándose con tecnologías anacrónicas que son más costosas en su implantación y en su operación, y con una eficiencia muy baja.

Existen en la actualidad en una gran cantidad de países, tecnologías menos costosas, más eficientes y que podrían enlazarse a canales rurales y de uso múltiple, pero por razones desconocidas, en México no se hace.

La separación de Telégrafos Nacionales y Correos de la Secretaría como empresas descentralizadas, perdón, desconcentradas, harán más difícil resolver en forma integral la prestación de servicios al medio rural; en este aspecto, Correos y Telégrafos podrían trabajar dentro de una sola administración no sólo en el medio rural, sino también en el medio urbano.

En la mayoría de los países, existe una unificación en estos servicios, no entendemos por qué en el caso nuestro no puede ser así.

La demanda para los servicios telefónicos y de transmisión de datos sigue creciendo a un ritmo mayor que la oferta, pese a las condiciones económicas más difíciles para el usuario y, en muchos de los casos, a la ineficiencia con que se presta los servicios; creo que todos sabemos cómo funciona el sistema telefónico nacional.

A este respecto, las decisiones que se adopten en torno a la prestación de los servicios de comunicación, deben mantener sobre todo los intereses de la nación y una operación eficiente. Tenemos lo necesario para hacerlo, no entendemos porqué no se puede lograr, hay un apartado especial, el artículo 28 de la Constitución necesita urgentes modificaciones, en especial en lo referente a los servicios de conducción de señales vía satélite y al empleo de nuevas tecnologías de transmisión de datos de informática, a fin de evitar las operaciones erráticas e incongruentes que hoy presenciamos, éstas son muchas, es una urgencia que debió haber sido subsanada desde años anteriores; tampoco sabemos porqué razón no ha ocurrido.

De la misma manera, la Ley de Vías Generales de Comunicación requiere una adaptación a las condiciones actuales del desenvolvimiento de los

servicios de computación y teleinformática, esto ha sido y es profundamente urgente; debe definirse la operación futura de los servicios que tiendan a la desaparición por la aparición de nuevas tecnologías, esto es parte de la necesidad de un plan global de comunicaciones que hasta el momento no existe; las tarifas deben modificarse a fin de permitir el crecimiento de los servicios.

Por otra parte, debe buscarse una estructura para que todos los servicios públicos que se ofrecen en el país en este ramo y en estos renglones, puedan tener un mejor equilibrio entre las fuentes de ingreso por modalidad de servicios; actualmente las tarifas a que se ven sujetas los diferentes servicios presentan un espectro desordenado de manera total, la estructura de ingresos de la telefonía debe buscar un equilibrio entre los servicios local, y larga distancia local con los servicios de larga distancia nacional e internacional, actualmente se sigue subsidiando una parte del servicio telefónico nacional e internacional, es necesario establecer un equilibrio en los factores que finalmente redundan en el consumidor y en el usuario.

Igualmente, debe buscarse la forma en que el crecimiento de la infraestructura no aplique una salida de divisas importantes, esto mediante la concertación con los fabricantes de exportación de partes, componentes o equipos, el gobierno es un comprador importante y debe condicionar situaciones al adquirir los que le son necesarios, este punto es de particular importancia: el fabricante nacional normalmente se encuentra en desventaja profunda respecto al fabricante internacional, ya que el fabricante nacional, para que pueda obtener realmente, para que pueda cobrar aquello con lo que pacta con la Secretaría para poder entregar sus equipos, tiene que esperar a la entrega en almacenes, a diferencia del fabricante internacional, el cual únicamente embarca si se le presenta una carta de crédito irrevocable.

Esta diferencia establece una condición difícil para toda la industria nacional, deben modificarse, deben buscarse mecanismos alternos para propiciar efectivamente el desarrollo de esta industria nacional en un sector tan importante como es el de comunicaciones.

En el desarrollo tecnológico, sería conveniente el impulso a empresas fabricantes nacionales preferentemente, o extranjeras para su implantación en el país bajo ciertas condiciones, a fin de poder cumplir con compromisos contractuales y objetivos definidos que puedan dejar no únicamente los equipos, sino que puedan dejar aquí toda una serie de formación para nuestros técnicos, para poder establecer con ello una tradición en una serie de fabricaciones y tecnologías en la cual no la tenemos.

Es necesario coordinar esfuerzos que el gobierno haga en materia de comunicaciones, buscar la mejor utilización de la infraestructura que el país ha construido y lograr la complementación en vez de la duplicidad, para esto, por razones desconocidas también, se ha estimulado el desarrollo de redes paralelas que bien pudieran manejarse en una sola red que diera servicio en las diferentes alternativas que los usuarios demandan, tampoco conocemos las razones técnicas por las cuales esto no ha ocurrido.

Honorable asamblea: la oferta, la demanda, los servicios, la infraestructura, tarifas, costos, financiamiento, industrialización, tecnología, educación, organización, administración, legislación y reglamentación en este ramo, debe ser considerado como un todo, un todo coherente que pueda vertebrarse en un plan global que dinamice al sector; no ha ocurrido de esta manera, no está planteado en el informe de esta manera, y buscando desde luego un equilibrio entre lo que es el beneficio social y el de las empresas que con participación mayoritaria - minoritaria estén involucradas en el sector, no puede continuarse con una operación basada en políticas fragmentarias o subsectoriales de origen, o bien con aquéllas que tienden a una liberalización de los servicios o en su caso, a una competencia desleal con servicios del exterior.

A este respecto, quiero mencionar que existe una tendencia por ahí para que dentro del propio GATT, México se maneje también con los servicios, sería una competencia desleal, profundamente desleal para la industria nacional. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Luis Jacobo García.

El C. Luis Jacobo García: - Con su permiso, señor presidente; ciudadanas y ciudadanos diputados de la LIV Legislatura del Congreso de la Unión: En lo relativo a política interior, el sexto informe del Presidente de la República, hace especial referencia a las elecciones federales para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como de la elección de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal...

El C. Alejandro Díaz Pérez Duarte (desde su curul): - Moción de orden; es política interior.

El C. Presidente: - Señor diputado Jacobo García, es política social.

El C. Luis Jacobo García: - Pero forma parte de la política interior, señor presidente.

El C. Presidente: - Continúe.

El C. Luis Jacobo García: - Se expresa en el informe que las elecciones de julio pasado se dieron dentro del marco de la Constitución y del Código Federal Electoral, que fue un proceso de importancia histórica, que fue ordenado, pacífico y ampliamente vigilado; que las campañas electorales resultaron competitivas y polémicas, que con ellas se enriqueció en la práctica el pluralismo político y se produjo una recomposición de las fuerzas y de los partidos que lo representan, que esta importante renovación electoral marca el inicio de una nueva y mejor etapa de nuestro desarrollo político, que a la crisis se ha respondido con más libertad y más democracia, que los resultados logrados son mérito y responsabilidad de todos los mexicanos y de los partidos políticos y que el pueblo fue el autor y el mejor testigo de los comicios.

Cotejemos tales afirmaciones con los hechos, hagamos pues un rápido examen de lo que realmente aconteció en las distintas etapas del proceso electoral y de cuáles fueron sus resultados:

En la etapa de la preparación de las elecciones, si bien se hizo una campaña publicitaria mediante la prensa, la radio y la televisión en favor del empadronamiento de los ciudadanos y de la correspondiente entrega de las credenciales de elector, en la práctica se obstaculizó la expedición de las credenciales de elector, particularmente en los lugares donde se tenía la certeza de que los ciudadanos sufragaran en favor de los candidatos oficiales.

Además, cabe destacar que se omitió el empadronamiento de millones de jóvenes, por considerarlos posibles adversos a los candidatos del partido del gobierno, en muchos casos se retuvieron o se recogieron las credenciales de elector a trabajadores al servicio del poder público, a grupos de obreros, de ejidatarios y comuneros; en lo relativo a la integración y funcionamiento de los órganos electorales, particularmente en lo que toca a las comisiones locales electorales, a los comités distritales electorales y a las mesas directivas de casillas, se dieron innumerables irregularidades, puede afirmarse sin exageración, que gran número de comités distritales nunca funcionaron de manera normal, además sus acciones fueron arbitrarias, es decir, en abierta violación a las disposiciones del Código Federal Electoral.

Por lo que se refiere a la ubicación de las casillas, cabe señalar que un importante número de las mismas no se ubicaron en lugares adecuados, para facilitar la concurrencia de los electores, sino más bien, deliberadamente se instalaron en lugares inapropiados con el propósito de entorpecer la fluidez de la participación de los sufragantes.

Durante la jornada electoral, se puso de manifiesto todo un operativo montado por las autoridades electorales, tendientes a evitar que los electores tuvieran el camino expedito para sufragar en un ambiente de tranquilidad, de legalidad y de plenas garantías constitucionales; el día de las elecciones se vieron toda clase de irregularidades: apertura tardía de casillas, cambio intempestivo de la ubicación de casillas, frustración de electores de los padrones electorales de sección, intervención de brigadas de votantes, robo de ánforas o relleno de las mismas, no instalación de casillas... (Aplausos.)

En lugares considerados como peligrosos para los intereses de los candidatos oficiales, rechazo o expulsión por la fuerza, de representantes de los partidos del Frente Democrático Nacional ante las casillas electorales, cierre de casillas antes de tiempo, dejando sin sufragar a gran número de ciudadanos, permitir que votaran personas sin figurar en los padrones electorales de sección en una proporción mucho mayor al 10%; levantamiento de casillas sin permitir el escrutinio y cómputo, así como la firma en blanco de las actas correspondientes, etcétera.

(Voces.)

Después de la jornada electoral, cuando el gobierno se dio cuenta que los sufragios no favorecían a los candidatos oficiales, y que particularmente era adverso al candidato oficial a la Presidencia de la República, dio la orden a las autoridades electorales para que de inmediato se procediera a la alteración de los resultados electorales en los laboratorios especiales de fraude, dejando la consigna que a como diera lugar los resultados electorales favorecieran a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, tanto a diputados, senadores y, sobre todo, a Presidente de la República.

Como resultado de las mencionadas alteraciones a las cifras electorales, la computación que hicieron los comités distritales electorales elevaron la votación de los candidatos oficiales y se quitaron gran cantidad de votos reales a los candidatos del Frente Democrático Nacional; si somos realistas, las verdaderas cifras electorales colocan al Frente Democrático Nacional como la primera fuerza electoral del país. (Aplausos.)

La Comisión Federal Electoral, al dar a conocer parcialmente las cifras preliminares del resultado de las elecciones, faltó a la verdad, independientemente de que ha ocultado las cifras reales de

cerca de 25 mil casillas, para la gran mayoría del pueblo mexicano las cifras oficiales del resultado de las elecciones no tienen ninguna credibilidad, porque el pueblo sabe cómo se realizaron las elecciones y de cuál fue el comportamiento de las autoridades electorales, de los presidentes municipales, de los gobernadores de los estados, y del Secretario de Gobernación.

En la conciencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos mexicanos existe la firme convicción que en las pasadas elecciones federales obtuvieron la victoria electoral los candidatos del Frente Democrático Nacional, pero especialmente el candidato a la Presidencia de la República, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Por eso, el Presidente de México, por voluntad de la gran mayoría del pueblo mexicano, es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano no solamente obtuvo el triunfo en las urnas electorales, sino que previamente ya había sido proclamado como Presidente de México en las plazas públicas del país, así como en las reuniones realizadas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional y, después del 6 de julio, el candidato presidencial del Frente Democrático Nacional ha recibido, puedo señalar que este caluroso y entusiasta apoyo que recibió y ha recibido el ingeniero Cárdenas en toda la geografía de la República Mexicana, es el resultado de que en la conciencia del pueblo mexicano está vivo el espíritu democrático.

El Partido Popular Socialista, ha denunciado de manera enérgica ante todos los organismos electorales, el monstruoso fraude electoral propiciado por el gobierno que preside el ciudadano Miguel de la Madrid, en agravio de la soberanía popular, y ahora al comentar el Sexto informe del Presidente de la República, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, por mi conducto, eleva su voz en esta tribuna nacional para manifestar que el Presidente de la República falta a la verdad cuando en el informe que se comenta afirma que las elecciones de julio pasado se dieron dentro del marco de la Constitución y del Código Federal Electoral, y de que la crisis se ha respondido con más libertad y más democracia.

Respecto al marco jurídico en que se desenvolvió el proceso electoral de referencia, cabe señalar que las disposiciones que configuran ese marco resultan inoperantes, y resultaron inoperantes en lo fundamental porque en la práctica se dio que no fue operativo ese sistema jurídico, por eso es urgente una reforma a fondo tanto de la Constitución como del Código Federal Electoral que permita un verdadero desarrollo democrático en materia electoral. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Hiram Rivera Teja.

(Ruidos.)

Silencio, por favor.

El C. Hiram Rivera Teja: - Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: A raíz del informe presidencial rendido ante esta soberanía nacional, el día 1o. de septiembre pasado y que hoy precisamente estamos en este capítulo de glosa, nos preocupan algunas informaciones, algunas actitudes que juzgamos que no concuerdan con la realidad que vivimos

Los que venimos de la provincia, los que traemos la inquietud de ese pueblo que nos eligió, encontramos que la información adolece de serios y graves defectos. Oímos que el señor Presidente de la República dijo que este informe se refiere al estado que guarda la nación, y en este capítulo nos hace una serie de informaciones que no concuerdan con nuestra provincia. Y de esto queremos hablar.

Hemos subido con, precisamente, la glosa de la política social, para hablar de ésta y no se nos vaya a decir que al tema. En lo que se refiere a política social, en el capítulo de sector trabajo y previsión social, al empezar a leer esto dice: "De acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y en el marco de los desequilibrios económicos durante 1987, el sector trabajo y previsión social continuó orientando sus acciones a fomentar la armonía entre los factores de la producción, buscando la equidad en las relaciones laborales, bajo la premisa de preservar la planta productiva y el empleo.

De igual forma se continuó la ejecución del Programa Nacional de Capacitación y Productividad". Y aquí viene lo interesante que yo quisiera comentar en este capítulo: "Se intensificaron las medidas de inspección a fin de elevar los índices de seguridad e higiene; se otorgó mayor apoyo a las medidas de protección al salario y al consumo de los trabajadores, y se dedicó especial atención a la preservación y aumento de los niveles de empleo, junto con los programas de capacitación para desempleados, a fin de proporcionar a éstos mayores opciones de trabajo.

Es muy posible que la información que el señor Presidente de la República haya tenido en este capítulo provenga de algunos sindicatos perfectamente organizados, con una representación de abogados, que les permita hacer esta manifestación; pero resulta que en la provincia de donde

nosotros venimos éste no es el caso, éste no se da. Hace tiempo hemos venido siendo manejados por una serie de frases que determinan la política de los gobiernos, cuando menos de los últimos tres sexenios, y éstos por ejemplo, decía don Luis Echeverría, Presidente de México: "Arriba y adelante". Cuando esto se daba en la campaña política y cuando se manejó incluso durante los seis años de su gobierno, el pueblo, la provincia, el pueblo trabajador se preguntó más de una vez realmente qué quería decir arriba y adelante, y resulta que al final de ese período, el pueblo entendió de qué se trataba: arriba los precios y adelante la corrupción.

Vino el señor Presidente José López Portillo y manejó una frase, la frase del señor López Portillo era: "La solución somos todos". Aquí se me hace que le faltó sólo una frase: "La solución somos todos; ustedes", porque así se resolvieron muchos problemas como el negro Durazo.

Y en este período que nos acaban de informar, la parte tal vez sobresaliente de la política del señor presidente Miguel de la Madrid Hurtado es: "La renovación moral de la sociedad".

Y esto viene a colación y lo estoy diciendo porque en el párrafo que leí dice: "Se intensificaron las medidas de inspección". Y esto yo podría decir que sí es cierto. Se inspeccionó aquellos centros de trabajo, pero no se inspeccionaron los centros de trabajo con el objeto de hacer que se impusieran los preceptos legales que benefician a la clase trabajadora, sino que aquí se crearon puestos para resolver el desempleo dándoselo a inspectores, compadres y amigos que de esta manera los que no tenían chamba encontraron una chamba y ¿qué sucedió con la actividad de los señores inspectores del trabajo allá en el estado de Michoacán donde se me eligió para diputado?, que los inspectores en contubernio con la clase patronal se volvieron contra la clase trabajadora; entonces no encontramos congruente que nos digan que se hicieron una serie de actos y maniobras para proteger a la clase trabajadora, porque desde aquí declaro que a la clase trabajadora no se le protegió, la clase trabajadora no sólo fue víctima de las maniobras de los patrones, siempre tratando de explotar al trabajador, sino ahora también de los inspectores; porque aquellos y aquí es donde no funciona la renovación moral de la sociedad de la, por que aquellos inspectores recibían su tajada, recibían la parte que les daba la parte patronal, el patrón, y los trabajadores no recibieron ningún beneficio de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo.

Siguieron en las mismas condiciones, con falta de seguridad, con falta de higiene y yo incluso en este momento que pronuncio esto, tengo en la mente nombres de compañeros que en el trabajo por ejemplo, por falta de seguridad perdieron dos dedos, cuando menos uno, y la indemnización que recibió ese trabajador, Pedro es su nombre, fueron cinco mil pesos, en contubernio con las autoridades del trabajo y los inspectores.

De manera que esto es incongruente con la verdad que nosotros conocemos y vivimos, y cuando se dice que es el estado general que guarda la nación; pensamos, sentimos y sabemos que también nuestra provincia, nuestro pueblo es parte de la nación y aquí no se da el caso que se nos informa y este informe presidencial también llegó a nuestra provincia y ahí en nuestro pueblo, ese pueblo trabajador espera que nosotros digamos en esta tribuna, como lo estamos haciendo, que muchas de las cosas que se están diciendo aquí, que dijo el señor Presidente no concuerdan con la realidad que se vive allá donde los trabajadores, muchos de ellos no tienen la protección de los sindicatos, donde no ha llegado Fidel Velázquez todavía.

En otro capítulo dice, cuando habla de justicia laboral; el actual gobierno le otorga especial importancia al cumplimiento estricto de las normas protectoras del trabajo, con el fin de que las relaciones de trabajo entre los factores de la producción se den en condiciones de justicia social, justicia social, es un lema llevado, traído, usado, manejado, desgastado. Y la justicia social es cuando la clase trabajadora que sostiene a fin de cuentas la economía de este país, recibe la protección de la ley, que es la parte débil de nuestro país y no se da la justicia social. No se trata con justicia, es decir, con equidad al trabajador.

Entonces encontramos otra vez incongruente este capítulo en que se nos dice que se dio la justicia social y lo rechazamos de inmediato al oírlo, porque resulta que dentro de nosotros se vuelve un conflicto oír que el señor Presidente de nuestra patria dice que hay justicia social, cuando somos testigos de la injusticia que se da allá en donde los trabajadores de la provincia luchan por ganarse el sustento para su familia.

Dice en otro capítulo: "...En 1987, este tribunal", se refiere seguramente al Tribunal de lo Laboral, "recibió 16 mil 141 emplazamientos a huelga, 39% más que los emplazamientos recibidos un año antes, a pesar de este incremento, el número de huelgas estalladas, fue sólo de 174 comparado con 312 de 1986". Claro, huelgas estalladas porque estas huelgas fueron manejadas para intereses de la clase patronal con la participación del

gobierno, por eso es que solamente estallaron 174. Y si no, de no ser así, ¿qué sucedió?, ya se mencionó en esta tribuna, con la requisa que se hizo de la Comisión Federal Electoral cuando en reclamo justo de sus derechos, planteó la huelga; no hubo huelga, hubo requisa.

¿Qué sucedió con Aeroméxico cuando se hizo un planteamiento justo? ¿Y qué se hizo, cuál fue el camino, con la participación del gobierno? La quiebra, ¿Se hizo justicia social?

De manera que este capítulo nos vuelve a decir que el informe adolece de desinformación, más que de información y que no estamos de acuerdo con eso.

En otro capítulo, nos habla, en una relación grande que no voy a repetir, nos habla de las prestaciones del 30% de incremento al salario y el pago de 21 días por concepto de aguinaldo de diferentes empresas, transformación de hule y productos, industrial textil, el del ramo del género de punto, del ramo de listones, de elásticos, de encajes, de cintas y etiquetas, de tejidos en telares de tabla, de jaquard o agujas, que abarca 27 empresas, pero sigue mencionando otras.

Y yo pregunto: Y dónde dejó el señor Presidente en este informe donde me pone 30 ó 32 empresas a los trabajadores de fábricas de tacones que están allá en mi provincia, la fábrica de palillos, de paletas, la fábrica de cajas para envasar frutas, la fábrica de muebles de esos muebles sencillos que hacen nuestros trabajadores, de los que trabajan en sillas, de los que hacen artefactos de mimbre que se usan para adornos, ¿a dónde los dejó?, ¿o ésos no son parte de la nación?, ¿o este informe es parcial o tiene mentiras? Porque nosotros no estamos de acuerdo en que se nos diga que los listones y el jaquard y otras cosas tienen maravillosos alcances en cuanto a su lucha porque se respete la ley en beneficio de la clase trabajadora. Porque aquellos trabajadores que suman millones no han recibido estos beneficios de la ley, dice claro, que tienen por concepto de aguinaldo.

Los de provincia, compañeros diputados, no saben ni siquiera de salarios suficientes para una alimentación que incluya cuando menos una vez a la semana, carne o leche, cuando menos una vez a la semana, menos saben de aguinaldos, compañeros, allá está la clase trabajadora también y ellos no saben de aguinaldos.

Encontramos incongruente este informe con esa clase trabajadora que, repito, también es parte de la nación.

En otro capítulo, nos dice: "La calidad de la capacitación se ha ido perfeccionando de manera concertadora entre obreros y empresarios, mediante el establecimiento de sistemas generales por rama de actividad económica y formación de personal especializado para aplicación durante el ejercicio anual, y se dio prioridad al trámite y registro de temas generales de capacitación". De algunas industrias: la petroquímica, la secundaria de radio y televisión, la farmacéutica, la azucarera, de la construcción, la litográfica, la restaurantera, distribución de automóviles, maquiladoras, estableció el servicio de gasolinerías. Y otra vez nos preguntamos: ¿Y dónde dejó a esa clase trabajadora que forma parte también de México?, ¿dónde la dejó?

Quisiéramos preguntarle: ¿Este informe es del estado que guarda la nación o del estado que guarda la Confederación de Trabajadores de México?

(Gritos.)

Señor presidente, ¡Qué bueno que se abrieron las galerías! ¡Le da sabor a esto, señor presidente, y también a ellos les informa!

En otro capítulo, dice: "En el programa de becas de capacitación para trabajadores se impartieron 552 cursos de capacitación y 15 mil 629 becarios en especialidades como carpintería, soldadura, pailería, operación de máquinas y herramientas, mecánica automotriz", y de acuerdo al memorándum, de entendimiento suscrito por el gobierno mexicano y el de Canadá, se participó en la colocación de 1 mil 555 trabajadores nacionales en Canadá.

Uno de los pleitos de este país, es porque la mano de obra no se vaya a países extranjeros. ¡Tenemos conciencia de que somos un gran país! ¡Los Estados Unidos llaman a los braceros mexicanos por su manera de realizar las actividades, en donde las van a hacer allá! ¡Hay carpinteros, hay trabajadores del campo! ¡El gobierno está propiciando que este país pierda su gran potencial!

Es cierto que a la tierra, es cierto que a la fábrica, es cierto que el taller son importantes. ¡Pero nada es más importante que la mano de obra !

Se ha dicho muchas veces, y algunos historiadores lo manejan, que la gran riqueza de los países que alcanzan niveles superiores en la economía, son aquellos que saben aprovechar los brazos del pueblo. ¡Pues aquí resulta que se capacita a nuestros mexicanos, se capacita a nuestro México para mandarlos a producir al Canadá!

¿Será ésta la justicia social? ¿Podremos admitir los que queremos un México firme, con raíces

económicas que permitan una mejor manera de vivir a este pueblo cuando se les prepare y se les manda al Canadá? ¿O a cualquier otra parte pudieron haberlos mandado?

¡No estamos de acuerdo, como mexicanos, con este tipo de actividades que merma la capacidad de este país, para su engrandecimiento al que tiene derecho!

Hay algunos trabajadores en este capítulo de trabajos, que no están mencionados aquí; hay trabajadores que son auténticas víctimas de la injusticia social, trabajan sin siquiera poner precio a su trabajo, y me refiero a ese sector fundamental de este país: al campesino, y quiero mencionarlo por una situación muy particular.

El hombre del campo, el campesino, el que produce el maíz que comemos, el que produce el trigo, el frijol, etcétera, ese señor, por ejemplo, en el maíz trabaja ocho meses para cultivar su maíz, ese maíz que nació en México, ese maíz que es símbolo de México, como el arroz es símbolo de China, ¿saben cuánto cuesta al campesino producir un kilo de maíz?

Yo he tomado el trabajo de hacer cuentas con los campesinos para saber qué cuesta el kilo de maíz que produce durante ocho meses. El kilo de maíz, señores, le cuesta al campesino, con todo el trabajo que realiza, desde el surco, el arrastre y todo lo que ellos hacen, le cuesta 870 pesos cada kilo. ¿Y saben cuánto les paga Conasupo?, ¿saben cuánto les paga la Conasupo, allá donde lo saben? Pues les paga 340 pesos.

Sería extraño que en este momento se hubieran abierto las puertas de nuestro país a la importación de maíz que traemos de países más pobres que nosotros, de Sudamérica, pero desde África se abrieron las puertas, y eso lo sabemos todos: que venga el maíz producido en otros países, porque el campesino ya no produce maíz.

Mi distrito electoral tiene parte del bajío, y en el bajío hoy, señores, se están cultivando algunas plantas que antes no veíamos: el cempasúchil. Van a ir por los campos y probablemente el diputado Montes, que también es de esa región, siembran cempasúchil, van a ver todos los campos amarillos, ya no se siembra maíz por incosteable. Y ¿por qué siembran cempasúchil?

(Gritos.)

El C. Presidente: - Silencio en las galerías.

El C. Hiram Rivera Teja: - Es simple, siembran cempasúchil porque el cempasúchil solamente sirve para dar de comer a las gallinas y se pintan esos huevos de yema colorada, que después nosotros pensamos que son mejores, que tienen mayor poder alimenticio. Yo creo que si alguien no lo sabe, valdría la pena, sólo tienen otro color dado por el cempasúchil que produce para los campesinos mejores dividendos que el maíz. ¿Cómo podríamos en este país pensar en una economía firme, en una economía que sostenga el progreso que soñamos?, cuando los campesinos no siembran lo elemental para la subsistencia de éste porque no es costeable, es trabajo ése, no se habla del trabajo y yo ignoro si eso se sabe y aquí solamente haría una reflexión, porque quiero hablar de otra cosa.

Aquí se habla mucho y nosotros hablamos del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, está interesado, interesado en la Revolución Mexicana, pero señores, la Revolución Mexicana como lo usó tantas veces el señor presidente Miguel de la Madrid, dueño de la Revolución Mexicana, también el señor Salinas habla de la Revolución Mexicana, la Revolución Mexicana es el camino por el que queremos transitar los mexicanos y yo puedo decir que mi abuelo fue revolucionario (gritos), que en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana estamos muchos nietos de revolucionarios.

La Revolución Mexicana la hicieron esos hombres de los que estoy hablando y ustedes siembran cempasúchil, eso, lo hicieron los campesinos de este país y en parte los obreros. ¿Cuándo llegará la justicia social a esos que hicieron la Revolución Mexicana para no ser víctimas de la injusticia y de la miseria que viven hoy?, ¿cuando?, porque la Revolución Mexicana, aquí voy a parodiar una frase de un distinguido orador en esta tribuna, "La Revolución Mexicana no tiene dueño, señores, la Revolución Mexicana no podríamos ir a decir ante notario público que nos corresponde, como tampoco a ustedes". La Revolución Mexicana, proceso maravilloso de este país, se hizo para que los campesinos, con los pronunciamientos que hicieron sus líderes y héroes en su tiempo, alcanzaran la justicia social. ¿Será justicia lo que estoy diciendo?

(Gritos y aplausos.)

No se habla del campesino, el campesino señoras, compañeros diputados, vale la pena que los consideremos cuando hablamos de trabajo, vale la pena que pensemos en ellos.

Yo no sé, y aquí permítanme decir algo, yo no sé si el señor Miguel de la Madrid, también puede decir como yo, que su abuelo fue revolucionario, porque según entiendo, el abuelo de Miguel de la Madrid vino de España, si es que eso es cierto, y

no es cierto; y el señor Salinas de Gortari ¿también podrá decir que su abuelo fue revolucionario?, ¿podrá? Yo no lo sé y no estoy afirmando y negando, pero yo sí lo puedo decir.

Permítanme hablar de otro capítulo dentro de la política social, permítanme hablar de la educación.

El C. Presidente: - Señor secretario, lea por favor los artículos 207 y 209 del reglamento.

La C. prosecretaria María Claudia Esqueda Llanes: - «Artículo 207. Los concurrentes a las galerías, se presentarán sin armas, guardarán respeto, silencio y compostura y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostraciones».

«Artículo 209. Los que perturben de cualquier modo el orden, serán despedidos de las galerías en el mismo acto, pero si la falta fuese grave o importante delito, el presidente mandará detener al que la cometiere y consignarlo al juez competente».

El C. Hiram Rivera Teja: - Muchas gracias, señor presidente. En el capítulo de Educación, encontramos algunas incongruencias que queremos señalar.

El C. Presidente: - Quiero avisarle al orador que lleva media hora hablando.

El C. Hiram Rivera Teja: - Del capítulo de Educación dice: "La evaluación de las acciones y resultados permite observar cómo se avanza en la consecución de objetivos estratégicos del Sistema Educativo Nacional que son: elevar la calidad de la educación en todos los niveles, a partir de la formación integral de los docentes..."

Ahí en la provincia también tenemos secundarias y preparatorias, elevar, dice, la educación a los niveles a partir de la formación integral. ¿Saben cuál es uno de los problemas que tienen las provincias cuando vienen los estudiantes a esta capital, a Toluca o a otras?, que no los reciben porque no están bien preparados. ¿Cómo es posible entonces que se haya elevado el nivel de la docencia?

Dice en otro capítulo: "Mejorar y ampliar los servicios en las áreas de educación física, deporte y recreación".

¿Saben que la Secretaría de Educación Pública y la Dirección de Educación en los estados casi entrega a los directores de las escuelas, como si fueran dueños de éstas, y luego las cierran para que los jóvenes no puedan practicar el deporte? Dueños de la educación y una educación deficiente que no concuerda con lo que se plantea aquí.

La educación del pueblo de México es deficiente y si nosotros sometiéramos a un examen con todo el respeto a los maestros, aquí tengo, compañeros maestros, en un alto porcentaje veríamos que los maestros tienen un bajo coeficiente intelectual, una mala preparación, y la preparación ha sido del gobierno, y hay profesores, compañeros diputados, profesores que ni siquiera pueden usar debidamente el lenguaje.

Y aquí recuerdo a un estimadísimo y querido maestro respetado, Mauricio Magdaleno, dijo alguna vez: el grado de cultura puede medirse por la forma en que un hombre usa su lenguaje; no puede haber un hombre culto que no sepa manejar su propia lengua, porque el hombre que no sabe hablar no puede pasar como hombre culto.

Y tenemos muchos profesores educados en nuestras escuelas superiores que ni siquiera han aprendido a usar debidamente el lenguaje, ¿cómo podemos pedirles que se eleve la educación en este país, cuando no hemos sido suficientemente cautos, suficientemente inteligentes para hacer de los maestros, los que llevan la educación a nuestros hijos, seres debidamente preparados y con un alto índice de cultura?

Esto nos dice que lo que dijo el señor Presidente adolece de serias y graves discrepancias con la realidad.

Quisiéramos y queremos, y ésa es nuestra lucha, un México superior; el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana que pretende con su líder, Carlos Enrique Cantú Rosas, un México mejor, pugnará porque estas situaciones y condiciones del país se eleven en beneficio de una patria que tiene derecho a mejor destino, según lo programaron los héroes que nos dieron patria y libertad. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Miguel Aroche Parra.

El C. Miguel Aroche Parra: - Ciudadano presidente; ciudadanos diputados: Espero no contribuir a que se duerman. Vengo a esta tribuna, que debería ser la más alta tribuna de la nación, confiando en contribuir a su dignificación e intentando contribuir también a que esta Cámara cumpla con su deber democrático, antiimperialista y popular.

Hay que decir aquí que la política social de este gobierno es de tal manera ajena a toda solidaridad

humana que durante las inundaciones por ejemplo de agosto y septiembre habidas en el país, habiendo dejado cientos de miles de damnificados, ningún funcionario, menos de los altos funcionarios del gobierno federal y del gobierno de los estados ha tenido tiempo de presentarse en las zonas de desastre. Todo el tiempo y los recursos disponibles se los ha absorbido el empeño de apuntalar la victoria ilegítima de Carlos Salinas de Gortari.

Los grandes ríos desbordados como el Papaloapan, el Pánuco, el Tuxpan y otros, que se han salido de madre, lo han hecho sólo en razón de una circunstancia: hace mucho tiempo que no se gasta un centavo para poder mantener las obras dentro de las posibilidades de contención y regulación de sus caudales.

En el Distrito Federal se ha remodelado el Paseo de la Reforma, pero poco o nada se ha hecho para mejorar la seguridad de la vida de esta población. Ya se ha hablado aquí en sesiones anteriores de qué grave situación vivimos los que habitamos en el Distrito Federal.

La salud, la vivienda popular, no obstante que se construyeron casas y se reconstruyeron otras destruidas por los terremotos, a cambio de esto sí, ha habido recursos para dotar a los cuerpos policiacos, listos ya siempre, mejor dicho, como instrumentos de represión popular, con macanas, escudos, chacos, armas sofisticadas, carros de ataque, gases, patrullas y hasta perros dóberman.

Parte importantísima de la política social es la de la salud del que forma parte la alimentación, capítulos éstos a los que ya se ha hecho referencia, han hecho referencia varios oradores que antes que yo asumieron la tribuna.

Yo quiero leer para ustedes una parte de las declaraciones hechas ayer por la ex senadora Guadalupe Rivera Marín, hija del gran pintor Diego Rivera, al ratificar su abandono del Partido Revolucionario Institucional, para incorporarse con las mujeres en la lucha por sus derechos fundamentales de la gran masa de mujeres no integradas a los partidos que en México están necesitando y están librando esfuerzos y luchas muy importantes por sus derechos.

Ha dicho que las mujeres han sido hechas a un lado o ninguncadas las verdaderas militantes del Partido Revolucionario Institucional. Han visto durante años cómo intereses mezquinos prevalecen siempre. Yo, sigue diciendo, he visto a antiguas luchadoras frustradas y amargadas sin verdaderas oportunidades. Lo peor es que esta actitud frente a las mujeres concretas, es la que se aplica para el resto de la población femenina del país.

Hace 18 años que está detenido cualquier proyecto en su favor, cualquier proyecto que de alguna manera intente mejorar las condiciones de vida de las mujeres, las condiciones de vida y de trabajo.

Guadalupe Rivera Marín, por supuesto como es natural, no se ha referido a hechos tan graves, tan lamentables como el de que en las zonas marginadas del país, particularmente aquellas mal comunicadas, pobres, en las que vive una gran población campesina indígena, se aplican por encargo diríamos de primer orden, a través de los centros de salud de las instancias de la Secretaría de Salud, de los puestos de atención médica del Seguro Social o del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, se aplica de modo forzoso con frecuencia sin tener la anuencia de las personas afectadas, mujeres que llegan ahí para atenderse de parto, se les aplica la ligazón de las trompas para dejarlas estériles, en contra de su voluntad, a veces sin consultar siquiera para nada ni darles información a sus maridos, a sus familiares y sin asegurarles ninguna atención médica posterior. Y esto se está extendiendo también a base de la vasectomía para esterilizar a los hombres, y éste es un crimen que hay que denunciar. Ni la Secretaría de Salud ni nadie protesta por estos hechos.

Somos a manera de conejillos de indias al servicio de Estados Unidos; somos a manera de conejillos de indias para poder reducir la población a fortiori; porque ellos creen que el mundo no produce lo necesario para poder vivir bien y humanamente. Pero es mentira, ellos se han apropiado el producto, lo han concentrado y para mantener sus ganancias máximas lo que hacen es tratar de castigar a la población e impedir que haya nuevos hijos.

Y yo diría desde aquí: Que las mujeres nuestras tengan todos los hijos posibles, que los que sobreviven al hambre nos liberarán del dominio norteamericano.

Se trata de aplicarnos el neomaltusianismo, repito, a la manera de cartucheras al cañón, quepan o no quepan.

Se ha dicho en un acto realizado inmediatamente después del informe presidencial, ante los integrantes del gabinete presidencial y en presencia de los gobernadores de los estados de la Unión, lo dijo el Presidente de la República como parte de una conmovedora exaltación a la cordura, la paciencia y la tolerancia, anunciada como virtudes que debieran ejercitar quienes cuentan con el

apoyo mayoritario, se entiende que el apoyo mayoritario del pueblo, cuando todo mundo en México sabe que ellos son la minoría.

Les dijo el Presidente; no dejarse alterar por grupos minoritarios que, óiganlo bien, en la corrupción que da la falta de poder no entienden los principios básicos de la democracia, formidable definición de la corrupción nos ha dado el Presidente, debería elevarse a la categoría de rango universal esta definición; afirmación que se antoja falsa en su enunciado central, y deleznable como mampara con la que se busca ocultar un profundo desprecio hacia el pueblo y respecto de sus exigencias de democracia real, ahora y hasta una cierta amenaza condescendiente, paternalista y falsa, como falsa es la premisa de la que parte al atribuirse el apoyo de la mayoría.

Bien podría contestarse a esta peregrina tesis con el dicho popular que afirma que el león cree que todos son de su condición, o aquel otro adagio popular que afirma: si no puedes no repartas, porque la corrupción que De la Madrid trató de abatir nunca tuvo tal auge y si no, bastaría con tomar algunos ejemplos entre los prohombres de la iniciativa privada y del gobierno.

Agustín Legorreta exhibe su cinismo sin límite, pese a la grave responsabilidad que le resulta, del escándalo sin solución ni ajuste de cuentas, como resultado de la estafa a través de las casas de bolsa, estafa estimada en 40 millones de millones de pesos, con cuyo motivo la Secretaría de Hacienda, vigilante enérgica le ha impuesto una multa de 1 mil 200 millones de pesos, cuando que sin ensuciarse las manos, como luego se dice, por el manejo de unos 80 billones de pesos obtuvo una ganancia de 7 billones. De este modo, Gustavo Petricioli demostró su actitud anticorruptora y todos contentos.

Pero en otro escándalo en torno a la central de abastos, resultan involucrados nada menos que, fíjense ustedes, nada menos que: Carlos Hank González, Tulio Hernández, ex gobernador de Tlaxcala; José Parcero López, Jorge de la Vega Domínguez, Alfonso Martínez Domínguez, ex gobernador de Nuevo León; Rodolfo Landeros Gallegos, Héctor Hugo Olivares Ventura, hacedor de milagros para los campesinos, y el mismo Eduardo Pesqueira Olea, Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

Se trata, según la información, de un negocito que diariamente les asegura una ganancia a estos "pobretones", racimo de priístas destacados, unos 100 millones de pesos diarios, mediante la sencilla maniobra de remover a más de mil vendedores de la zona de subasta, para que no les hagan competencia.

Queda esto ahí para su esclarecimiento debido y dejemos también de lado el absurdo que significa atribuir a los grupos minoritarios, opositores por supuesto, no a los acuaches del Presidente, como son los Abedrop Dávila, los Philip Olmedo, o Mancera Aguayo, Alemán, Azcárraga Milmo, Espinosa Iglesias y tantos más de los pocos a quienes este gobierno ha hecho inmensamente ricos. Pero eso sí, sin corrupción.

Que los que nos hemos corrompido somos nosotros, por la falta del poder; cuando está probado que el poder es el que corrompe en mayor medida cuanto mayor es la distancia en que se sitúan quienes lo ejercitan, quienes ejercitan este poder respecto del pueblo; cuanto mayor es su compromiso en el caso de México concretamente, con el centro rector imperial con Estados Unidos de donde resulta que en este sexenio la política aplicada en el caso de la deuda y a partir de este compromiso con el Fondo Monetario Internacional, todos los sacrificios del pueblo, todo el despojo a la nación, fue debidamente estimado y calculado por adelantado, dándolo como bueno, como pago, para que los acreedores nos prestaran; es decir, les prestaran a ellos, porque al pueblo nunca le llegó el dinero de los préstamos, nunca les llegó el bilimbique verde, contagioso de SIDA y que nos contagia y nos enferma a la economía mexicana.

No se trata de errores, lo que tenemos a la vista como lo ratifica el texto del informe, es el resultado de una política para asegurar el pago de la deuda, sin pagarla ni reducirla, no obstante que en estos seis años México pagó puntualmente y sin importar que esto llevara a la quiebra sustancial de la economía, se han pagado más de 65 mil millones de dólares, y de allí para el real, todo ha sido desastre para los trabajadores y el pueblo, cuya relación de la apropiación del producto interno bruto entre el trabajo y el capital pasó de 38% en 1981 al 26% en 1988, lo que explica que el salario real haya perdido más del 60% en estos seis años.

Pérdida que no alcanza a ocultar ninguna de las medidas vergonzantemente populistas, como son las tiendas sindicales agregadas a las tiendas Conasupo, la banca obrera, los tortibonos, la leche de Liconsa y el tan publicitado Pacto de Solidaridad Económica que según el pueblo sería mejor titular Pacto de la Ignominia contra los Trabajadores, contra México, tal es el beneficio que de él obtienen los 300 saqueadores legorretistas, los del grupo Monterrey, entre otros.

De esta política de pago de la deuda impagable en el centro de la atención gubernamental, resulta la resistencia a toda concertación de los deudores

para resistir a los agiotistas internacionales y la preferencia a nuevos, equivalente a implorar, a pedir de rodillas antes que enfrentar la política insaciable de los acreedores.

¡De este compromiso de pago adelantado en las Cartas de Intención entregadas al Fondo Monetario Internacional, ha resultado obligado recortar el gasto gubernamental! ¡Desmantelar la planta productiva paraestatal, incluidas empresas estratégicas como las de la petroquímica básica, las empresas de aviación, Cananea, que se ha estado tratando de vender a todo precio! ¡Porque el director de Nafinsa, Marcos Giacoman, metido en el juego de la bolsa, invirtió unos 200 mil milloncejos de pesos, producto de la venta de un lote de empresas paraestatales entre las que destacaba la de Tetraetileno de Plomo, empresa básica en la integración de Pemex y varias de fertilizantes mexicanos! ¡Vendidas al grupo de Salim Nasta y cuya producción se vende precisamente a Fertilizantes Mexicanos, como nuestra de cómo opera el gobierno en eso de integrar la planta productiva, de la que nos han hablado algunos de los que ponderan aquí la obra benefactora del gobierno de México!

Perdimos esos 200 mil millones de pesos, cuando el crac de la bolsa, por eso el director de Nafinsa está urgido de vender Cananea, para "reponer la pérdida", ¡cómo calificar tal conducta de un alto funcionario gubernamental, ciudadanos diputados! ¡En dónde queda el criterio de eficacia, de rentabilidad, de importancia para el país! ¡En dónde queda si estas empresas que están operando con números negros, están en manos de jugadores de la bolsa, irresponsables y criminales!

De todo eso ha resultado el castigo a los precios de los productos básicos. Y la importación obligada como ha resultado también la entrega del petróleo a Estados Unidos, al precio que les viene en gana pagar; como para no cubrir con ellos siquiera los intereses de la deuda, convirtiéndonos en cómplices de la política agresiva yanqui, provocadora y criminal en todas partes del mundo.

Del compromiso de pago de la deuda resultó obligado permitir y casi implorar la inversión extranjera directa, en donde los inversionistas lo prefieran, así como abrir la puerta a la conversión de México en el más productivo campo de las maquiladoras, no sólo por la pésima pago a los trabajadores, también porque éstos reciben asistencia espiritual, imaginemos lo generosos, lo caritativos que son estos señores, asistencia espiritual para salvarles de las tentaciones demoniacas, comunistas mediante el adoctrinamiento en el protestantismo que ya alcanza proporciones de infección grave en México.

En fin, que si cuanto ha dicho el Presidente Miguel de la Madrid fuese cierto, no tendríamos menos que agradecerle este terco empeño por hacer mucho más ricos a los ricos, por haber facilitado que a los círculos del poder corrompidos hasta la náusea se hayan incorporado muchos individuos y familias que en uno u otro momento formaron parte de este gobierno "austero e incorruptible", lástima grande que entre el pueblo nadie le cree ya una palabra a Miguel de la Madrid, convertido en propagandista y defensor de su candidato a la Presidencia de la República, hoy por hoy comprometido con los círculos financieros internacionales, con el gobierno norteamericano también en el combate al narcotráfico, con cuyo pretexto aparte de gastarse más de 200 millones de pesos diarios, se ha sometido a nuestro aparato de seguridad, policías y al mismo ejército al mando del pentágono, lo cual es verdaderamente inconcebible e intolerable.

Tanto es así que de otra manera no se explicaría tantas presiones sobre ustedes desde antes de ser diputados, tantas maniobras para que se apropiaran una representación que no les dio el voto de la ciudadanía ya que ni siquiera explicaría este empeño defraudador, cualquier compromiso con la oligarquía mexicana que en última instancia no pasa de ser un grupo de prestanombres lacayuno, que en última instancia también no son sino peones de brega del imperialismo, que es y va a seguir siendo el principal enemigo de México.

Estos hechos son los que hacen imposible ningún compromiso con este gobierno antinacional, con quienes incondicionalmente sirven los planes de imposición de Carlos Salinas de Gortari y los han cumplido aquí, declarándole triunfante en estas elecciones.

Comprometido a seguir aportando, apretando las tuercas a los trabajadores y al pueblo para cumplir el compromiso esencial de los muchachos de Chicago, tecnócratas, por cuyo futuro se angustia, se angustian personajes como Henri Kissinger, quien demanda al gobierno de Washington que les apoye para que no triunfe el cardenismo, al que bien podemos considerar como una revolución sin armas, avanzando hacia sus metas de democracia de bienestar popular, independencia y soberanía nacionales.

Diremos que ustedes, la mayoría ilegal en esta Cámara, ya han pronunciado su fallo en el caso de la elección presidencial, obedeciendo a quienes les mandan con lo cual en vez de que septiembre sea el mes de la patria, lo han convertido en el mes del albazo, de la consumación del fraude electoral y han dejado de lado la posible y obligada discusión en torno a la Cuenta Pública de 1987, como

lo ha propuesto el Frente Democrático Nacional, cuenta última que en su condición de Secretariado de Programación y Presupuesto, elaboró Carlos Salinas de Gortari. Concluyo diciendo que mucha finta y espacios periodísticos se han cubierto y gastado afirmando que hay que defender la pluralidad, no importa que la pluralidad no implique co - gobierno ni gabinete de coalición, según declaró Carlos Salinas de Gortari. Lo curioso en el trato de estos temas está en el hecho de que nadie en el campo de la oposición, nadie ha propuesto que se integre un gobierno, un co - gobierno o que se integre un gabinete de coalición, pero Salinas de Gortari levanta el tema, lo debeta, logra triunfar en el debate éste y se sigue adelante haciendo como el boxeador que hace sombra, peleando sólo por que nadie le propuso semejantes disparates políticos, nadie le pidió ni le propuso negociar sobre un co - gobierno o sobre un gabinete de coalición. Y sólo como una recordación les diremos lo siguiente: señores que se ufanan de su triunfo, por que se han apropiado de la Presidencia de la República, según ustedes, según ustedes de modo legal; la lucha electoral que culminó el 6 de julio, hizo posible la derrota de todos los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. Aunque estén aquí por las maniobras de que ustedes ya saben, ya lo saben, perdieron todos los candidatos del Partido Revolucionario Institucional en el país, incluido el Presidente de la República; la lucha heroica contra todas las amenazas y las corruptelas de este pueblo que al fin se puso de pie, quebró el abstencionismo, así lo nieguen los sumadores y los manejadores de las cifras oficiales. La lucha voctoriosa del 6 de julio derrotó pero ya jamás habrá en México una concepción igual del presidencialismo porque recibió un golpe fundamental para reducirlo a su condición verdaderamente funcional en esta integración de los tres poderes; ya no habrá más presidencialismo ante el cual ustedes han estado de rodillas. El pueblo de México que está atento de cuantas cosas ocurren aquí, está de pie, no va a retroceder ni se va a desmovilizar. Con él estaremos hasta el fin de la victoria de la democracia, de la independencia y de la soberanía de México. El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Margarito Ruíz. El C Margarito Ruíz Hernández: -Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: De acuerdo como se escucha aquí, las dos diferentes intervenciones y concepciones, es lógico que hay dos ideas y dos pensamientos: uno, donde tenemos que presentar la verdad, donde tenemos que expresar aquí la situación actual del país, otro, los que tratan de apoyar el informe, que es un informe que quién sabe dónde fue hecho, quien sube y dónde encontraron esos números, esos porcentajes sobre ellos dicen el desarrollo del país, porque la verdad es otra, la verdad en el país, el pueblo manifiesta y el pueblo dice que ese informe no está de acuerdo a lo que existe en el campo. Cuando se habla de servicios, de comunicación, de educación, construcción de escuelas, casas de salud etcétera, en el campo, no existe tal señores; los que creemos la verdad somos los que conocemos allá, en la vida real de los pueblos del campo de México, somos los que conocemos la realidad allá en las montañas, en la sierra donde están los pueblos marginados, los pueblos indios, que somos los primeros mexicanos de este país. (Aplausos.) Cuando se habla de crédito se habla de comercialización, se habla de asistencia técnica, y nosotros decimos de acuerdo con en porcentaje que maneja informe, es al revés. Podríamos enumerar documentos y más documentos, investigaciones e investigaciones por parte de instituciones oficiales y por parte de instrucciones independientes o universidades; no puede cotejarse, compañeros. Demuestra la diferencia total con los números elaborados desde quién sabe dónde, tratando de demostrar que el país, que el desarrollo en el campo, que el apoyo hacia las zonas marginadas y las zonas rurales es positivo y va en avance. Nosotros decimos y demostramos que no es así. Como producto de las falsedades y de los compromisos, el pueblo, los campesinos, los indígenas se han levantado, nos hemos levantado más bien, porque somos humanos, somos además ciudadanos mexicanos de este país. Si es así, tenemos el derecho de levantarnos y protestar y decir la verdad. Cuando los presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional, cuando los estados elaboran su programa y publican un presupuesto equis, para el camino equis, para la escuela de la comunidad equis; la verdad llega en su informe anual y en este caso el sexto informe y último, la gran mayoría de ellas son obras inconclusas; son son obras que apenas se iniciaron. Y esto lo podemos ver en cualquier parte del país, en tantas obras que se mencionan en el informe, podemos oírlo allá en el lugar de los hechos.

También hace presupuesto para mejorar una ciudad equis. Agua potable, drenaje, pavimentación, etcétera, cuando lo único que hacen es un presidente municipal, construye y destruye un parque, y edificio, el palacio municipal podemos hablar, y a los tres a|yos, el otro presidente municipal no le gustó esa obra lo vuelve a destruir y lo vuelve a construir. Estos son los servicios, esto el lo que se le ha llevado al pueblo, cuando al rededor de este palacio municipal, a cien metros, se encuentran las calles sin pavimentación y se encuentran las casas sin alumbrado, se encuentran las casas sin agua entubada, ni siquiera agua potable. Y esto cuando hablan de salubridad, cuántas casas de salud no se han construido a medias, y esas casas de salud construidas a medias en las zonas rurales, en las zonas marginadas ¿cuántos médicos se encuentran, señores? El 25% está ocupado, y ese 25% funciona el 15%. La gran mayoría son nidos de ratas, bodegas que han utilizado otro tipo de gente y no hay tal casa de salud funcionando. Y en el informe habla de porcentaje, más casas de salud, cientos de médicos y muchos millones de pesos que han gastado para eso. Y esto ¿qué significa?, ¿que significa, señores diputados?. ¿alguien podría contestar? Todos los priístas que han pasado aquí a tratar de explicar el informe que todo está completo, y que está a pegado a la realidad? O todos son cómplices de la gran corrupción que existe. Cuando el 100% del presupuesto de una obra solamente el 25 del 20% llega allá y el reto ¿dónde está? Y esto lo saben perfectamente ustedes los que de alguna manera han estado sirviéndole al gobierno corrupto del que forman parte. Lo saben perfectamente en qué porcentaje les toca, porque esto no lo invento en la práctica se ve y no solamente en la práctica, muchos de los medios honestos lo platican, lo dicen. ¿Y qué es lo que dicen? Pues es una sociedad, vivimos en una sociedad donde sino aprovecho eso ahorita no lo voy a aprovechar después. Eso es la sociedad y eso es la democracia de la que tanto hablan ustedes. Y si existe todo esto, el campo mexicano es levantado y empieza a defenderse, a buscar su propio camino; un camino que va a conducir lógicamente hacia un triunfo, hacia el cambio de gobierno, hacia la toma de poder. La toma del poder es cuando nosotros decimos que le pueblo tiene que tomar el pueblo. Y ahora sí el pueblo va a administrar los recursos de este país, y no un pequeño grupo que se ha enraizado y se ha acostumbrado a saquear todas las riquezas de nuestro país. Y esto, todo esto tiene un fin, señores; no puede quedarse para siempre, la humanidad es la humanidad, que piensa, reflexiona y tiene que fijarse quiénes están administrando su riqueza, que es patrimonio de todo el pueblo, de todos los mexicanos. Por eso la reflexión del 6 de julio no es gratis, no es un invento; nadie llegó allá a platicarlo, a inventarlo, simplemente a echarle un rollo demagógico al pueblo; el pueblo ya se cansó, el pueblo decidió y el pueblo va a decidir. Por eso ustedes están desesperados; el mismo Salinas está desesperado. Esto lo digo porque hay contactos, hay pláticas en amigos cercanos, donde los cosas se ven muy claro. ¿Por qué están desesperados? Tienen mucho miedo, mucho miedo de que la corrupción tendrya un fin finalmente, la corrupción y el fraude tendrán un fin y finalmente, esto, los hijos de ustedes tendrán una educación y una disciplina diferente a la corrupción, diferente al robo, diferente al fraude. Los hijos de ustedes se sentirán ahora sí mexicanos, mexicanos y humanos; humanos dispuestos a apoyar algo por la humanidad en este país y en este mundo. La respuestas de los pueblos con toda esta práctica de destrucción y de saqueo, ha sido de organizarse, elaborar su propio proyecto, pero le ha costado mucho, sangre, despojo, desprecio, marginación y asesinato; sin embargo, las movilizaciones democráticas se han topado con el autoritarismo gubernamental y con la violencia de los grupos de poder del campo mexicano. Cuando hablo del grupo de poder del campo mexicano, son los caciques, terratenientes, llamados pequeños propietarios, pequeños grupos políticos los que han mantenido en la cabecera municipal, pequeños grupos de empresarios los que han dedicado a saquear los recursos naturales, los bosques y otros en el campo. Más allá de los graves problemas económicos que agobian la actividad agropecuaria del país, la sociedad rural se encuentra inmersa en una situación donde la violencia política, el caciquismo y el abuso de autoridad prevalecen por encima de las normas más elementales del derecho y de las garantías individuales y sociales. Con la tolerancia gubernamental, esto no solamente es la tolerancia gubernamental, tambieñ la participación gubernamental para reprimir al pueblo, el caciquismo se mantiene en vastas regiones.

el país como la expresión más autoritaria de las formas de gobierno, haciendo del asesinato la persecución política, del despojo de tiernas y recursos naturales, de las detenciones ilegales e incluso de la destrucción de poblaciones enteras, elementos de la vida cotidiana de las zonas rurales. De acuerdo a una investigación que se ha hecho, se registraron un total de 760 asesinatos políticos en el campo mexicano, esto estoy hablando de este sexenio, mas sin embargo en los últimos meses llega a completar los 814 asesinatos políticos, dirigentes, campesinos e indígenas en el campo mexicano. En este rubro, cabe destacar las acciones de grupos paramilitares disfrazados de organizaciones agrarias como Antorcha Campesina; todos lo saben, en Puebla donde está la matriz de una llamada Organización Independiente, tienen financiemiento del estado y el estado represivo, desde luego. Este es a grandes rasgos un panorama general de la mala ventura del campo mexicano en los últimos años, que como puede observarse, no ha sido nada alentador pese a los esfuerzos que vastoscontingentes de la sociedad rural han realizado para hacer del agro nacional un espacio habitable y digno. La sociedad mexicana, en particular, sus sectores democráticos tiene ante sí una enorme responsabilidad y compromiso con los hombres y mujeres del campo. Más allá del discurso oficial de campaña, prevalecen nubarrones que perfilan un futuro incierto; los hechos aquí expuestos, hablan por sí solos. Cuando alguien habla, el mismo Salinas de Gortari; López Portillo me tocó a mí de presentar un proyecto de los indígenas de Chiapas en palenque cuando era su campaña, el Palenque, Chiapas, donde le dije muy claro, que nosotros los jóvenes mayas, tocolavales, peltale, tztotziles, tzoques de Chiapas y otros, si no llegan a cumplir mínimamente los compromisos demagógicos, los pueblos se levantarían. Cuando se habla de servicios en las zonas indígenas, lo único que han llevado, es el despojo, porque desde la invasión española, algunos dicen, desde la conquista, para nosotros no nos han conquistado; la lucha, la batalla sigue, van a ser 500 años en el 92 de tratar de desaparecerlos. Peo no fueron los españoles los que siguen, que siguen tratando de desaparecerlos en todos los sentidos. Son los seguidores de ellos ¿y quienes son los seguidores de ellos? Todos ustedes lo saben. Han tratado de desaparecerlos en todos los sentidos. Podrán decir aqui: bueno, le hemos dado, se ha avanzado bastante, tiene ya escuelas, hay maestros bilingües bicultural. ¿Pero qué tipo de educación se está llevando a las zonas indígenas? Educación nuestra como indígenas o es una educación impuesta, impuesta que no funciona lógicamente en los pueblos indígenas. No funciona porque nosotros tenemos nuestro propio principio, nuestra propia ley, nuestra propia filosofía y lógicamente nuestra propia educación. Esto no significa que los separemos del país en su conjunto, significa que haya un respeto mínimo, lo que es nuestro, para que ustedes y la otra sociedad merezca respeto. Si no hay respeto para nosotros, no habrá respeto para los otros, porque creemos que nosotros somos humanos, además los antropólogos y otros que han tratado de sacar tesis para resolver los problemas indígenas, hay que integrarlos al país. Y nosotros nos preguntamos: ¿cómo integramos al país si somos los primeros mexicanos?, ¿a dónde nos van a integrar? Decir, hoy no hablo el tocolaval, para que mi pueblo ya no esté en la miseria, ¿dejar de pensar como nosotros creemos en nuestra religión, el padre sol, la madre tierra y la madre naturaleza en sí, dejar de pensar eso? ¿Creer lo que ustedes creen? ¿Es dejar ya de ser miserable? ¿Dejar de estar en la zona marginada? ¿O sigo igual de jodido, de explotado? ¿O sigo igual de jodido, de marginado, de reprimido? Sufrí encarcelamiento cuando reclamé mi derecho, esto lo decimos, no se trata de integrarnos al país, a México, estamos integrados, somos los primeros mexicanos, se trata de que ahora sí los servicios lleguen a las zonas marginadas y a los pueblos. Pero no sólo, se trata de que nosotros nos levantemos y elaboremos nuestro propio proyecto de desarrollo autogestionario, se trata de que nos respeten, se trata de que nosotros tengamos la comunidad, la libertad de llegar a una universidad, para no decir lo que algunos opinan: es que ustedes quieren ser siempre así: marginados, es que ustedes no quieren aceptar la realidad, la ciencia y la técnica moderna. Entonces no se trata de eso, nosotros queremos conocer, pero no queremos que nos sigan imponiendo, no queremos que cuando lleguen los técnicos de las instituciones, entre ellas el Instituto Nacional Indigenista, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el Banco Rural, ANACSA, que nos vaya a decir que lo que nosotros decimos

no sirve y solamente sirve lo que ellos hacen o lo que ellos piensan. Queremos tener oportunidad nosotros, de llegar a las universidades para conocer lo de ustedes, que es de todos los mexicanos, pero también elaborar, avanzar, actualizar lo que es nuestro, en un conjunto, nosotros podemos desarrollar en el campo. Y de hecho hemos avanzado en muchos niveles por nuestra propia cuenta. Hemos elaborado proyectos para mejorar nuestras comunidades en cuanto a salud, en cuanto a caminos, en cuanto a vivienda, en cuanto a resolver problemas sociales y políticos internos. Pero nos hemos topado con el gran apartado que es el Estado mexcano que se cree ser dueño de todo lo que existe en el país. Pero como yo decía, nosotros, los mexicanos en el campo; los indígenas en el campo, tenemos ya maduración, ya no es posible seguir aguantando esta imposición, esta invasión, esta imposición, de una cultura española, ya no sólo hoy los gringos, que ustedes les han dado permiso, los gringos están en todas partes de los pueblos indios. ¿Qué es lo que hacen? Dicen que hay libertad aquí sobre la religión y quién sabe qué otras cosas; nosotros tenemos nuestra propia religión. Lógico esto cada pueblo lo decidirá. Pero no es lo que hacen los gringos, señores, los gringos llegan a tratar de destruir. Como no han podido ustedes, casi 400 años, casi 500 años, no han podido, han buscado en otras partes, en este caso directamente a los yaquis a tratar de desaparecernos y destruirnos. Alguien decía al compañero Aroche, y que han tratado de impedir a que haya más niños, a que nazcan más niños. Esto es en todas partes, en la ciudad, también; pero en el campo es más feroz, es más directo, pero no se han atrevido ni siquiera los médicos, enfermeras o el gobierno mexicano. Son los gringos los que han implementado 20 mil formas de cómo tratar de destruirnos. No nos quieren ver ya como indígenas, nos quieren desaparecer. Pero no es gratis que nos quieran desaparecer, quieren nuestros recursos; quieren nuestro patrimonio que de hecho casi lo están terminando de destruir, pero hoy habrá un levantamiento, que ya lo está, que ya se está viendo, para proteger todos nuestros recursos y no permitir más empresarios y al gobierno priísta que sigan saqueando nuestros recursos naturales. El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Emilio Ramírez Guerrero. El C. José Manuel Martínez Aguirre (desde su curul): -Oiga señor, ¿no le parece ya injusto que todos los días estemos 12 horas? ¿No podemos hacer un receso? ¡Usted cree que a estas horas estamos atendiendo a todo lo que están diciendo aquí? ¿Cuál es la prisa de todo esto? El C. Presidente: -Me permito decirle que los compañeros coordinadores de todos, aprobaron esta lista de oradores para hoy. El C. Emilio Ramírez Guerrero: -Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: Asistimos hoy con el análisis del sexto y último informe de gobierno, a un ejercicio más que enriquece la vida plural y ldemocrática de la sociedad mexicana. Una vez conocido el texto de este informe de gobierno, podemos informar con más y mejores elementos las acciones del gobierno de la República para hacer frente a las demandas del pueblo de México. Estas acciones que pudiéramos calificar de históricas se realizaron en un estado de incertidumbre, debido a las complejas tendencias económicas y la redefinición de las relaciones internacionales, a las cuales no escapa nuestro país. Podemos hoy decir que los instrumentos que crearon en coordinación los principales protagonistas del quehacer público nacional, permitieron hacer frente a la inflación que tantos desvelos y sinsabores ocasionaron, dejando una vez más establecido que nuestro sistema político persiste con estabilidad, porque sabe adecuarse a la realidad. La importante responsabilidad histórica de conducir al país en tiempos de gran complejidad, fue asumida con seriedad, firmeza y madurez por nuestro Presidente, el licenciado Miguel dela Madrid Hurtado. Para alcanzar mejores condiciones de vida, se tuvo que recurrir a la instrumentación de acciones claras y concretas, como fue el Pacto de Solidaridad Económica, que en su momento puede llegar a ser crítico por las restricciones que su aplicación exige, pero que asegura la comunidad de la política que en materia social ha impulsado el actual jefe de la nación. El Pacto de Solidaridad Económica, es un acto de concretación social entre los sectores productivos y sociales para frenar y neutralizar la inflación y no una respuesta conyuntural a la problemática en tiempos electorales: menos recursos, más necesidades y reclamos no desalentaron a nuestro gobierno.

Por el contrario, significó en reto, que se cristalizó en el avance, con lentitud, pero con solidez en áreas significativas para la sociedad, como son: protección del empleo, educación, cultura, recreación y deporte, alimentación y nutrición, salud yseguridad social, desarrollo urbano, vivienda, ecología y programas de reconstrucción. En su informe anual de gobierno al pueblo de México, el Presidente Miguel de la Madrid, señaló que la acciones de política social instrumentadas en este último año de su mandato constitucional, buscaron mitigar los costos sociale que impone la crisis. Es así que materia de empleo cabe mencionar que a finales del año pasado se presentaron las mejores tasas de desocupación abservadas en los últimos cinco años, haciendo frente con margen favorable a la tendencia inicial de un creciente desempleo que se vería agudizado por la incorporación de las nuevas generaciones del mercado de trabajo. Para hacer frente a la crisis en esta rama, no sólo se observa la evolución de los indicadores de empleo, sino que a través del servicio nacional del empleo, se busca organizar los mercados de trabajo, se publican catálogos de análisis de ocupación que permitan disponer de un perfil para puestos de trabajo en áreas estratégicas de la economía nacional y se fortalece el programa de becas para trabajadores desempleados creando el proyecto de capacitación de mano de obra. A los campesinos y a los obreros se les apoyó en sus intentos para incursionar en sector social de la economía, lograron resultados positivos, ya que les fueron autorizados el registro de 500 sociedades cooperativas, 274 de producción y 227 de consumo. En este estratégico sector de la economía nacional, la mujer del campo también participa y con ello demuestra su responsabilidad como mexicana, de contribuir al progreso de México. En este período se organizaron 261 unidades agroindustriales para la mujer campesina, en los estados de Guerrero y Querétaro se apoyaron la creación de institutos para el desarrollo del sector social de la economía y el fondo del financiamiento y garantía para el desarrollo de la micro y pequeña industria de las empresas del sector social, así como también para el desarrollo gerencial, el gobierno de la República colabora con la asociación nacional de empresas de interés social de los trabajadores, en la identificación, elaboración y evaluación de pryectos estratégicos de inversión, el gobierno federal conscistente de la importancia que tiene para el progreso del país, al contar con un pueblo educado y culto, se preocupó por mejorar la calidad de los servicios educativos que presta a través de la formación de docentes con un nivel cualitativo más elevado. En junio de este año, egresó la primera generación de alumnos de las licenciaturas de pre-escolar, primaria y especialización, en las cuales fueron ya incorporadas al ciclo escolar que inició a principios de este mes. Especial atención se prestó através del Sistema Nacional de Orientación Educativa para canalizar la vocación de los estudiantes, buscando disminuir los riesgos del fracaso escolar y propiciar una más racional distribución en los estudios de nivel medio y superior, que permitan la información de educandos que atiendan las prioridades del país. Para facilitar al acceso a la enseñanza se instalaron al sistema educativo nacional de secundarias y educación media más de 5 mil micro computadoras, se distribuyeron casi 8 millones de libros de texto y 9.6 millones de ejemplares de documentos de apoyo didáctico. La infraestructura que en materia educativa tiene el gobierno federal para atender la necesidad de instrucción nacional. En el último año el 83% de la demanda nacional. En el último año se crearon 684 bibliotecas conlo cual se logra el objetivo de que cada capital del estado y municipio donde haya una escuela secundaria, se cuente como una biblioteca. En lo que se refiere a la alimentación y nutrición el gobierno del Presidente De la Madrid, impulsó programas encaminados a elevar la producción de alimentos básicos que hagan posible atender las necesidades internas y alcanzar la soberanía alimentaria. Se fomentó la modernización del campo, la asistencia técnica, se incorporaron más tierras de cultivo a los sistemas de riesgo, lo que se reflejó en mayores niveles de producción de granos básicos. El Banco Nacional de Crédito Rural y el Fideicomiso instituido en relación a la agricultura, proporcionaron los apoyos económicos, mientras que la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y sus filiales, apoyaron el mejoramiento de las condiciones nutricionales a través de la venta de productos más baratos. El sector salud, su cobertura alcanzó ya el 93.9% de la población, la tasa de mortalidad general se redujo de 5.7 a 4.5 defunciones para mil habitantes, y la esperanza de vida aumentó a 69 años. Se desplegó también en el último año una intensa campaña para la prevención y detención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

A través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se dio atención a cerca de 26 millones de personas de escasos recursos; se distribuyeron 996 millones de raciones alimenticias y se impulsó también la investigación básica, clínica y sociomédica. En cuanto al desarrollo urbano, se logró que todas las ciudades medias y los 540 centros de población más importantes, cuenten con planes y programas que regulen su crecimiento y dispongan de la infraestructura necesaria para equilibrar el crecimiento económico y social del país. En el presente año, se construyeron casi 300 mil unidades de vivienda, se benefició a varios miles de familias, a través del Programa Casa Propia; se creó el Fondo Nacional para la Vivienda Rural. Mientras que el Infonavit, una vez que regularizó su estado financiero sigue siendo una institución de la Revolución para beneficio de los trabajadores. Se ha preocupado también la administración del Presidente De la Madrid por mejorar el medio ambiente, aplicando una serie de normas que abarcan el compromiso de la industria automotriz y de Petróleos Mexicanos, a adoptar tegnologías que permitan frenar el agravamiento de las condiciones ecológicas. Se inició en este período el sancionamiento de las principales cuencas, ríos. puertos y bahías; se ampliaron los sistemas de alcantarillado y los desalojos residuales en varias ciudades. Se duplicaron las áreas naturales protegidas y se crearon rellenos sanitarios para los desechos industrales. El programa de Reconstrucción del Distrito Federal después del terremoto de septiembre de 1985, confirmó la capacidad que tienen la sociedad y el gobierno para superar las adversidades. A la fecha se han reparado los daños que se ocasionaron; la magnitud del problema obligó a reordenar las prioridades gubernamentales, ya que se tuvieron serios daños en la infraestructura médica, en los planteles educativos y en el sector de comunicaciones y transportes. Este ha sido un breve análisis del capítulo que sobre política nacional trató el sexto informe de gobierno del licenciado Miguel de la Madrid. Los avances no son quizá lo que individualmente se desea, pero una cosa es bien cierta: que de la compleja crisis de dimensiones históricas y de cobertura universal con la que le Presidente le tocó gobernar, supo obtener progreso y bienestar para el pueblo. El patriotismo de Miguel de la Madrid para hacer frente a los complejos tiempos que ha vivido el país, nos permite continuar disfrutando de la libertad, el progreso y la paz que han caracterizado a México en los últimos decenios. México y los mexicanos continuarán abriendo paso el progreso dentro de un ambiente de adversidad social para conservar los valores fundamentales de nuestro pueblo, la libertad, la democracia y la soberanía. Muchas gracias (Aplausos.) RECESO El C. Presidente: -se declara un receso y se cita para mañana, a las 10.00 horas. El C. Presidente (a las 12.15 horas del día 14): -Se reanuda la sesión, para continuar con los comentarios al informe rendido por el ciudadano Presidente de la República. PARA HECHOS El C. Antonio Pariente Algarín (desde su curul): -Pido la palabra para hechos. El. C. Presidente: -El ciudadano diputado Antonio Pariente Algarín, tiene la palabra para hechos. El C. José Manuel Martínez Aguirre (desde su curul): -¿Usted cree que no es falta de respeto empezar con dos hoars de retraso esta sesión? El C. Presidente: -Con gusto contesto su pregunta: la presidencia estuvo aquí, como les consta a los pocos compañeros asistentes, exactamente a las 10.00 de la mañana y no había quórum, compañero. El C. Roger Cécero Mac-Kinney (desde su curul): -Señor, para una moción: Permítame usted, pero es falso, yo estaba a esa hora y no había nadie arriba, eso es totalmente falso. El C. secretario Ismael Orozco Loreto: -Yo estuve también. E. C. Roger Cécero Mac-Kinney (desde su curul): -Entonces estoy ciego. El C. secretario Ismael Orozco Loreto: -Yo creo que sí, perdón.

DEL ESTADO DE CHIAPAS El C. Antonio Pariente Algarín: -Ciudadano presidente; ciudadanos diputados de la LIV Legislatura: Les ruego un momento de atención por favor. Los chiapanecos celebramos hoy un hecho histórico, trascedente para todos los mexicanos sin distinción de credo político o religioso; cada año le recordamos el jubiloso ejercito democrártico: la celebración de la federación de Chiapas a México. Hoy, 14 de septiembre, se cumplen 164 años desde que el pueblo chiapaneco decidió libremente, por medio del sufragio, votar por su integración al pacto federal de los Estados Unidos Mexicanos; al reafirmar nuestra mexicanidad, unimos para siempre nuestro destino por voluntad propia, al destino superior de la nación. Un ex presidente de México expresó que Chiapas en tres veces mexicanos, por la sangre y por la tierra, todos los estados de la República somos México, pero en nuestra historia sólo un estado, Chiapas, ha tenido el privilegio de declararse mexicano por su propia, libre y soberana voluntad. Profundas raíces de razas y de historia explican esta decisión del pueblo chiapaneco, sus 74 mil 415 kilómetros cuadrados que aportan como ofrenda a la robusta geografía nacional, encierran corrientes migratorias que procedían del norte y poco a poco se fundieron troquelados por el crisol de la raza los primeros chiapanecos con los toltecas, los olmecas y los aztecas, por ello las luminosas culturas prehispánicas del altiplano del sureste tropical tienen una excepcional semejanza. Así surgen grandes templos de Tenichitlán y también los de Palenque, las admirables esculturas de Mitla y Uxmal, junto a los murales de Bonampak o los singulares monumentos de Toninha, Cincultic y Yazilán; históricamente estamos ligados desde el Imperio Azteca, ya que Chiapas le guardaba adhesión y le debía alianza, y a la caída de Tenochtitlán, a pesar de la resistencia heroica de los indios, Chiapas también cae ante el empuje de los conquistadores Luis Marín y Diego de Mazariegos, así perdimos la libertad y autonomía y, se manejó desde la lejana metrópoli bajo el virreinato de la Nueva España, en virtud de esa distancia y de esa incomunicación, el imperio español dispuso que pasáramos a depender, para fines y efectos estrictamente administrativos, de la capitanía general de Guatemala. El 21 de agosto de 1821, los chiapanecos proclaman su independencia, se sacuden para siempre la tutela política de la Nueva España y se liberan administrativamente de la capitanía general de Guatemala; el 16 de enero de 1822, Fray Matías de Córdoba proclama en Comitán la independencia soberana de Chiapas y México reconoció que éramos una provincia unida a la gran nación mexicana. Caído el imperio de Iturbide, el Congreso Nacional Mexicano, en decreto del 12 de junio de 1823 declaró a Chiapas libre de todo compromiso político con México y en pleno derecho de elegir por sí misma su destino nacional. Estos hechos fundamentales en la difícil construcción orgánica de Chiapas se consuman de junio de 1823 al 14 de septiembre de 1824, es decir, en el lapso de más de un año en que Chiapas vive prácticamente en calidad de estado libre, independiente. Al convocarse a un plebiscito el 14 de septiembre de 1824, los chiapanecos acuden a las urnas para definir de una buena vez por todas y para siempre su destino definitivo; mediante una impecable elección de maduro civismo democrático, conforman, con la libre emisión de su voto, su inquebrantable decisión de unir su vida, su sangre, su voluntad y su tierra a la gran patria mexicana y su tierra a la gran patria mexicana de la que nos sentimos altamente orgullosos Entedendemos nuestra mexicanidad como un profundo respeto a nuestros principios y valores, a la Carta Magna, a los gobiernos legalmente constituidos y a nuestras convicciones revolucionarias y democráticas, somos solidarios con todas las entidades federativas, de la estabilidad política y social de México y tenemos la obligación y convicción de alentar su progreso equilibrado, para ello, Chiapas ha aportado la sangre generosa de sus hijos en épocas difíciles para la nación mexicana, también ha dado mujeres y hombres que enorgullecen a todos en el campo de la ciencia, las letras y las artes, la política y la economía. Chiapas ha enriquecido a México con su superficie embalsada, con el volumen de sus aguas; aporta, a través del sistema hidroeléctrico del Grijalva, con sus presas "Doctor Belisario Domínguez", en la Angostura; "Ingeniero Manuel Moreno Torres", en Chicoasén; Nezahualcóyotl, Mal Paso y Pañitas, más de un 40% de la energía eléctrica que consume el país; también ha otorgado sus bosques y su subsuelo con su generosa aportación de petróleo y de gas. Compañeros diputados: Vivimos tiempos difíciles, pero no estamos en un callejón sin salida, tenemos libertad, democracia y un proyecto nacional vigente en la vida histórica del país, tenemos la obligación, como lo han hecho muchas generaciones de mexicanos, de entregar

todo nuestro talento y nuestro esfuerzo para que México siga siendo una nación libre y soberana. Hemos superado muchas etapas abandonando fórmulas y prácticas políticas que los tiempos dejan atrás, rechazando el inmovilismo político y social; los gobiernos de la Revolución han sido invariablemente los principales agentes del cambio y de la transformación, exigidos por el hecho y las circunstancias, por ello, la diputación chiapaneca de mi partido apoya las palabras de la compañera diputada Socorro Díaz Palacios, quien el 9 de septiembre dijo que en México la lucha política debe seguirse dando bajo la consideración de las condiciones históricas y geográficas de la nación, estas condiciones son irrenunciables, ninguna confrontación política puede abstraerse de nuestras experiencias colectivas, de nuestros derramamientos, de nuestras pérdidas; urge desarrollar la forma de convivencia que nos permita tener ámbito para la lucha entre adversarios y no entre enemigos y que impida que nuestras diferencias brinden oportunidad a nuestros verdaderos enemigos para quitarnos todo, incluso la arena política misma. Ante nuestros ojos han estado los sacrificios populares y los esfuerzos del estado y de la nación para superar la crisis, tenemos recursos y destino, reciendumbre y fe, por eso, más allá del significado de esta hora difícil, tenemos la voluntad gigante para vencerla, los chiapanecos en esta hora del relevo democrático del poder político en el país y en la entidad, nos disponemos seguir avanzando con recia unidad. Compañeros diputados: Los convoco a que al margen de las ideologias de pluralidad política de esta Cámara, unamos inteligencia y esfuerzo para lograr la meta que estoy seguro todos nos hemos trazado: el engrandecimiento de México. Muchas gracias. DEL ESTADO DE MICHOACÁN El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Hiram Rivera Teja, para una proposición. El C. Hiram Rivera Teja: - Con la venia del señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Solicité la palabra para denunciar ante esta soberanía nacional las siguientes violaciones a nuestro derecho constitucional. En los municipios de Nahuastsen, Cherán, Paracho, Carapan, correspondientes al III y VII distritos de la zona denominada Meseta Purépecha, el gobernador del estado de Michoacán, Luis Martínez Villicaña, en una actitud violatoria a todo derecho constitucional y humano ha iniciado una sistemática represión en contra de la ciudadanía por no haber apoyado a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. En el municipio de Nahuastsen, el presidente municipal, con apoyo de las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, está violando, en perjuicio de la ciudadanía, lo dispuesto por el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de, sin mediar mandamiento judicial alguno, ha clausurado los talleres de fabricación de muebles coloniales, dejando a cientos de familias sin empleo, argumentando que los citados talleres no están debidamente registrados, además de que los talleres de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en cumplimiento con el gobierno del estado, se niega a marcar la madera y a instalar el patio en donde se concentrará a la madera y hasta la fecha no cumplen con su compromiso, además de que esta institución pública federal está imponiendo multas de tres a 5 millones a camionetas que transportan la madera. Esta represión del gobierno federal no puede continuar, porque se está originando que el pueblo se haga justicia por su propia mano; los presidentes municipales antes referidos están constituyendo agrupaciones ejidales, no obstante que no existen ejidos en la zona, lo único que se pretende es integrar grupos de choque en perjuicio de nuestras familias. El pueblo señala que si desea transgredir el orden constitucional por parte del gobierno estatal y de las autoridades federales y municipales, desde ahora denunciamos que estas instituciones públicas serán las responsables de la violencia, porque el pueblo no está dispuesto a permanecer de rodillas antes esas agresiones y arbitrariedades. En consecuencia: "Solicitamos de esta Cámara de Diputados se integre una comisión investigadora por parte de los integrantes de las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, de Derechos Humanos y de la de Agricultura y Recursos Hidráulicos, e informen a esta soberanía nacional respecto a las violaciones que denunciamos, a fin de proceder en su oportunidad en contra de quienes resulten responsables. La presente proposición se hace con fundamento en el artículo 95 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso. Justicia para gobernar y honradez para administrar.- Fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.- Firman

los diputados: Oscar Mauro Ramírez Ayala. Hiram Rivera Teja y Vicente Luis Coca Alvarez." El C. Presidente: - Se turna la proposición hecha, a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, que debe constituirse; se ruega a la secretaría la reserve hasta el momento de su constitución. PARA HECHOS El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado Alfonso Garzón Santibáñez. El C. Alfonso Garzón Santibáñez: -Con su permiso, señor presidente; honorable asamblea; Durante el día de ayer que se hizo el análisis del sexto informe del señor Presidente, tuvimos la oportunidad de escuchar la intervención de muchos compañeros diputados; hoy, queremos usar esta tribuna para reflexionar y analizar el problema agropecuario con quien tenemos realización permanentemente. Yo quiero destacar en esta intervención lo dicho por el señor Presidente en esta tribuna en relación al reparto agrario que efectuó durante su sexenio: Durante los seis años de gobierno del señor Presidente Miguel de la Madrid, entregó a los campesinos de México más de 8 millones de hectáreas, que beneficiaron a 233 mil 261 campesinos; se entregaron durante ese mismo lapso, 358 mil certificados de derechos agrarios a los campesinos, y se entregaron también 290 mil 77 certificados de inafectabilidad a la pequeña propiedad. En estos casos 8 millones de hectáreas se consideran muchas de las superficies que tenían amparos y que no podían haberse ejecutado hasta dentro del período que estamos señalando; también queremos destacar los trabajos efectuados por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, al entregar a los campesinos de México más de 80 presas de pequeña irrigación, destacándose en las de mayor volumen las que se encuentran en el estado de Colima, San Luis Potosí y Oaxaca; de la misma manera, queremos agregar la participación de crédito que los campesinos de México recibieron durante este sexenio. Queremos mencionar que solamente en 1987, el Banco de Crédito Rural, FIRA y la banca nacionalizada, entregaron a los campesinos más de 3 billones de pesos en créditos, que hizo aumentar de 9 millones de hectáreas en 1983, a 11.1 millones de hectáreas en 1987. También queremos agregar que otro de los beneficios recibidos por los campesinos de México fue el impulso que se dio a la pesca a través de las cooperativas de ejidatarios y de comuneros, esto hizo multiplicar que muchos de los ejidos cercanos al mar, a las presas, a las lagunas, pudieran tener el registro de más de 150 cooperativas de pesca; en la misma forma destaca el informe, que la Secretaría de Educación Pública estableció en ejidos y en comunidades indígenas más de 1 mil 570 escuelas primarias, 70 escuelas secundarias, 35 escuelas telesecundarias, que se aprovecharon para dar educación principalmente a los hijos de los campesinos y de los comuneros. Queremos mencionar con interés también, la intervención que el gobierno del Presidente tuvo en la organización de la vivienda en el campo más de 700 ejidos recibieron el servicio de mejoramiento y construcción de viviendas; el establecimiento de lotes urbanos, y también los servicios de agua potable en esos ejidos. Queremos agregar también los servicios de comunicaciones que fueron entregados a los campesinos en México por el gobierno del Presidente Miguel de la Madrid; se construyeron 312 caminos rurales; se benefició a 605 ejidos; se establecieron oficinas de telégrafos, y 19 ejidos recibieron los servicios de teléfonos en sus propios lugares. A esto queremos agregar también los servicios de Aseguradora Agrícola y Ganadera para el pago de siniestros, de sequía y heladas en 22 mil 676 millones de pesos... El C. Presidente: -Señor diputado, un momento por favor. El señor diputado le pregunta si admite usted una interpelación. El C. Alfonso Garzón Santibáñez: -Yo le ruego que nos deje terminar, no aceptamos ahorita la interpelación, si quiere usted hablar, yo le ruego que venga aquí y yo lo contesto todo lo que que quiera. El C. Presidente: -Señor diputado: el diputado no admite la interpelación. El C. alfonso Garzón Santibáñez: - Queremos rescatar las leyes aprobadas durante el sexenio que benefician a los campesinos: la Ley Forestal y su reglamento, la Ley de Pesca y su reglamento, la Ley de Fomento Agropecuario y su reglamento... El C. Presidente: - Un momento, señor diputado. Dígame, señor diputado Luján.

El C. Jesús Luján Gutiérrez (desde su curul): -Señor presidente: Quiero saber si está analizando el informe, o si hizo uso de la palabra para hechos. El C. Presidente: -El señor diputado pidió la palabra para hechos y la secretaría le pasó ya la tarjeta de que su tiempo está ya agotado. El C. Alfonso Garzón Santibáñez: -...Pero no siendo suficiente esto, yo quiero destacar también el apoyo que el gobierno dio a la producción, al bajar las tasas de interés a los créditos de avío y de refacción, a no permitir el aumento de los precios del combustible, en el diesel, la gasolina y los lubricantes; en no aumentar los precios de las semillas de siembra, de los fertilizantes sólidos y líquidos; en no aumentar el precio de los insecticidas... El C. Presidente: -Señor diputado: Esta presidencia le hace notar que se le ha agotado el tiempo para su intervención para hechos. El C. Alfonso Garzón Santibáñez: -...Sobre todo al maíz y al frijol; el dar facilidades para importar maquinaria usada, tractores, rastras y camiones; en permitir regularizar los vehículos usados traídos por campesinos que fueron a Estados Unidos, para circular con placas en nuestro país. Consideramos que éstos y otros servicios que ya se mencionaron, fueron mencionados por el señor Presidente en esta tribuna; necesitamos avanzar para resolver los problemas, pero necesitamos hacerlo con unidad, con más trabajo, con más esfuerzo. Diputados de la LIV Legislatura: Contamos todavía con muchos recursos, hay más de 11 millones de hectáreas de tierras ociosas en ejidos y en la pequeña propiedad, y más de 2 millones de hectáreas afectables en latifundios, en tierras nacionales... El C. Presidente: -Un momento, señor diputado. Dígame, señor diputado. (El orador siguió hablando.) Señor diputado, le ruego atienda la indicación de la presidencia. Un momento. Dígame, señor diputado. El C. Ignacio Castillo Mena (desde su curul): -Señor presidente: Estamos en sesión permanente para análisis del informe presidencial, y el señor diputado está rompiendo el orden del día; yo le ruego que se continué con el orden del día. El C. Presidente: -Tiene usted razón, señor diputado. Esta presidencia informa que ha solicitado la palabra para hechos, el señor diputado Reyes Contreras y que hay inscritos para el análisis del informe presidencial, en lo relativo al tema general de política interior, los siguientes ciudadanos diputados: Ortíz Walls, por el Partido de Acción Nacional; Pedro López Díaz, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Armando Ibarra, por el Partido Popular Socialista; Vicente Luis Coca, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Gregorio Urías, por el grupo parlamentario de la Corriente Democrática; Gerardo Ávalos, por el grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista, y Augusto Gómez Villanueva, por le grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra, para hechos, el ciudadano diputado Alfredo Reyes Contreras, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista. El C. Alfredo Reyes Contreras: -Gracias, señor presidente: honorable asamblea: La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista hace ante esta soberanía, la siguiente denuncia que involucra y responsabiliza al gobierno del estado de México, particularmente al gobernador Mario Ramón Beteta, al secretario de gobierno, Emilio Chuayfet Chemor, al secretario B de gobierno, Luis Rivera Montes de Oca, y al director general se Seguridad Pública y Tránsito del gobernador del estado de México, Héctor Hernández Tello. A través de la denuncia que hacemos, acusamos al gobierno del estado de México de mantener una conducta represiva permanentemente, con lo que viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del estado, y crea un clima de incertidumbre para los más de 12 millones de habitantes de esa entidad. La relación de los hechos que muestran la conducta represiva del gobierno de Mario Ramón Beteta es la siguiente: en noviembre de 1987, dos meses después de haber tomado posesión el actual gobernador, ordenó la represión de ciudadanos inconformes de Chalco en las puertas del palacio de gobierno de la ciudad de Toluca, ante los miembros de la comisión electoral de la entidad; en el mes de enero de este año, el gobierno del estado ordenó el desalojo brutal de los moradores del Campamento PMS-I en Ecatepec, se llegó a la violecia y se recurrió al uso de trascabos para destruir las viviendas de los moradores de ese campamento.

El 10 de agosto de 1988, ordenó la represión brutal y despiadada de comerciantes locatarios de los mercados de Toluca, de estibadores, niños y transeúntes frente al palacio municipal, usando chorros de agua con los carros bomba del cuerpo de bomberos, se usaron gases lacrimógenos. De este hecho resultaron lesionadas varias personas, la represión se originó porque los comerciantes demandaban que el ayuntamiento no se inmiscuyera en la elección de la directiva de los comerciantes. Durante la última semana de agosto se desalojó también con brutalidad a los comerciantes ambulantes de Atlacomulco, por exigir el respeto a sus derechos; dos semanas antes de las elecciones, se secuestró, amenazó y golpeó al compañero Juan Vázquez Matus, miembro del Partido Popular Socialista; el secretario del gobierno del Estado, por conducto de agentes de Gobernación, presionó y trató de chantajear para que se negara a aceptar una renuncia como candidato que ya había hecho ante la Comisión Federal Electoral. Ha sido constante la persecución a periodistas democráticos, como ejemplo más reciente, al periodista Edmundo Cancino, le cancelaron su programa en la emisora estatal, por haber entrevistado el 22 de enero al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a través de Radio Mexiquense. El gobernador y el secretario de gobierno han amenazado con impedir las manifestaciones y marchas en el centro de la ciudad de Toluca, en contra de lo que establece la Constitución General de la República en su artículo 9o.; el día de ayer, 13 de septiembre, un grupo aproximado de 150 agentes de tránsito se manifestó frente al palacio de gobierno, pidiendo aumento salarial, mejores prestaciones y condiciones de trabajo, y denunciando la corrupción que impera en la policía del estado de México, la respuesta fue una terrible golpiza contra los manifestantes; esa acción represiva la ejecutaron 300 integrantes del grupo "Gas", que es heredero del "Barapem", grupo de alta seguridad, se denomina, especializado en reprimir manifestaciones; hay heridos graves tanto transcúntes como integrantes de la manifestación. Es clara la responsabilidad de los funcionarios que señalamos, en virtud de que el artículo 115 constitucional en su fracción VII señala que el manejo de la policía en las capitales de los estados, que es el lugar normal de residencia de los poderes estatales, está al mando del gobernador de cada entidad; en el artículo 88, fracción X y XI de la Constitución del estado de México, se reafirma también lo que contiene el artículo 115 de la Constitución de la República. Por lo expuesto, expresamos nuestra más enérgica condena por la conducta represiva del gobierno por la conducta represiva del gobierno del estado y hacemos la siguiente PROPOSICIÓN "Primero. Se integre una comisión de la Cámara de Diputados, en la que participen miembros de los partidos aquí representados, que investigue las denuncias que hacemos en el cuerpo de este documento, e informe a la mayor brevedad a esta soberanía. Segundo. Que esta Cámara de representantes populares exprese su más enérgica protesta por los hechos fuera de la ley en que ha incurrido el gobierno del estado. Sala de sesiones de la Cámara de Diputados, a 14 de septiembre de 1988.- Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Alfredo Reyes Contreras." Muchas gracias. El C. Presidente: -El diputado Noé Aguilar Tinajero, para referirse a los mismos hechos. El C. Noé Aguilar Tinajero: -Gracias, señor presidente: Para aunarnos a la propuesta que hace el señor licenciado Contreras, en el sentido de que en la ciudad de Toluca están sucediendo desde hace más o menos mes y medio, hechos graves que tenemos la obligación de denunciar en ésta en todas las tribunas que sea posible. La señora Laura Pavón Jaramillo, hace cosa de mes y medio, también mandó reprimir a un grupo de comerciantes cuyo pecado era manifestarse en la plaza pública, y para esto, pues utilizó a granaderos, utilizó a los bomberos y a chorros de agua desalojaron a la gente de esta plaza pública, y ayer a las 12:30, también en la plaza pública, un grupo de manifestantes desarmados, no estaban armados, se postraron enfrente del palacio de gobierno, precisamente para protestar por una serie de corruptelas que ha habido en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del gobierno del estado de México, cuyo director, el señor Héctor Hernández Tello, ha precisamente encabezado esta corrupción. La propuesta que hace el Partido Popular Socialista en boca del licenciado Reyes Contreras, es en el sentido de pedir que se esclarezcan estos hechos, que se esclarezcan estos hechos, que se aclare perfectamente quiénes o quién es el responsable, no solamente material, sino intelectual de estos hechos. El licenciado Emilio Chaufet Chemor, manifiesta que esta agrupación no tiene ningún derecho a

manifestarse en la vía pública. ¿Qué no son mexicanos también los policías de este país? Concretamente el licenciado Mario Ramón Beteta, gobernador del estado de México, el licenciado Emilio Chaufet Chemor, el señor Héctor Hernández Tello, y el licenciado Mario Alberto Navarro, director de Comunicación Social del gobierno del estado, yo creo que habría que investigar perfectamente a esta gente y que aclararan lo de este tipo de policías ilegales como son el grupo "Gas" y el grupo "Ecos", el grupo "Escorpios", "Osos y Cobras", porque oficialmente el gobierno del estado manifiesta que no hubo detenciones, oficialmente dice que no hubo detenciones, oficialmente dice que no hubo lesionados, y cuando en la prensa, tanto en "El Universal" de hoy, ustedes pueden ver la represión de que fueron objetos los policías. Y también en la prensa local de la ciudad de Toluca, por lo menos en cuatro periódicos se está haciendo mención de este hecho lamentable de veras para la ciudad de Toluca. Muchas gracias. El C. José Antonio Montes Vargas (desde su curul): -Señor presidente, sobre el mismo tema. El C. Presidente: -Un momento, señor diputado: La presidencia informa que están inscritos, para hechos, los siguientes ciudadanos diputados: Del Rincón, del grupo parlamentario de Acción Nacional; Méndez, del mismo grupo parlamentario; Alberto Bernal González, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y Monreal, del mismo partido. ¿Cuál es su nombre, diputado? El C. José Antonio Montes Vargas (desde su curul): -José Antonio Montes Vargas. El C. Presidente: -Tiene la palabra, diputado José Antonio Montes Vargas. El C. José Antonio Montes Vargas: -Efectivamente, el día de ayer se registró un enfrentamiento, más bien en una manifestación en donde la Asociación de Policías y Agentes de Tránsito del Estado de México, después de haber tenido por lo menos en dos ocasiones entrevistas con el ejecutivo del estado para plantear una serie de demandas laborales, demandas en donde se requiere que se respeten sus derechos; después de estas dos entrevistas y de varias gestiones realizadas a nivel del secretario del gobierno y del propio director de Policía y Tránsito, al no ejecutarse los acuerdos a que se llegaban, esa asociación que se constituyó con ese fin para hacer respetar sus derechos y que agrupa a la policía uniformada del estado de México, en una marcha pacífica y muy enérgica para hecerse escuchar y que se hiciera respetar las demandas ya planteadas, esta manifestación pacífica fue reprimida por elementos de grupos antimotines del propio gobierno del estado de México. La asociación no contestó la agresión y se manifestó, insisto, de manera pacífica, aun cuando estaban en posibilidades y condiciones de hacerlo, porque los métodos que se utilizaron son perfectamente conocidos para ellos, sin embargo, dieron una muestra de la actitud pacífica de buena fe en que se insistía para que se respetaran sus derechos, ya que según ellos se les hace trabajar hasta 36 horas corridas, se les cambia de adscripción constantemente y no reciben sueldos justos, además de que hay una política constante de despedir a elementos sin que hayan razones suficientes. Las demandas de la policía del estado de México las han hecho legales y constitucionales, y son principalmente, entre otras: la reinstalación de elementos que son despedidos injustificadamente, hay un número de 325 elementos; de que se constituya una mesa mixta de honor y justicia para tratar los casos en donde haya que castigar a elementos por faltas cometidas; respecto a la jornada mixta de trabajo, en los términos que está establecido por el propio reglamento, que son 24 horas por 24, de 24 horas por 48 y, desde luego, como servidores públicos, la policía del estado de México también demanda trato justo y digno por parte de los jefes superiores de esa corporación. También dentro de sus demandas está el que se les pueda asignar un salario justo, y una serie de anomalías que se dan, una serie de arbitrariedades que se dan, que se obligó a la Policía del Estado de México a constituirse en una asociación civil para que através de ésa pudiera canalizar sus demandas justas ante el ejecutivo del estado. La respuesta a esas gestiones quietas, pacíficas y que desde luego sabedores de lo que ellos son, de lo que representan y de lo que tienen que hacer para poder llevar a cabo sus demandas, la repuestas ha sido efectivamente una violenta dispersión de esta manifestación, el saldo, el saldo, efectivamente, hay varios heridos de bala; hay varios heridos, entre policías y, efectivamente, algunos ciudadanos que en ese momento desgraciadamente se atravesaron por ahí y les tocó también parte de esa represión, que nosotros consideramos que es muy grave. El día de ayer se consiguió, se mandó a la procuraduría, al presidente de la asociación y a dos elementos más sin embargo, el procurador no quiso consignarlos y pidió que se le diera otro trato, porque a todas luces era ya un

problema de carácter político y que habría que resolverse y resolverse bien, es decir, en los términos de la demanda de la Política del Estado de México, frente al gobierno de esa propia entidad.

Por lo tanto, también nos solidarizamos con la propuesta que hace el compañero Reyes Contreras, en el sentido de que se nombre una comisión de esta soberanía para que investiguen los hechos y para que las demandas justas puedan ser atendidas en los términos establecidos por la ley. Muchas gracias.

El C. Presidente:- Tiene la palabra, para los mismos hechos, el ciudadano diputado Octavio Moreno Toscano.

El C. Octavio F. S. Moreno Toscano:- Con la venia del señor presidente: Además de los hechos que aquí se han denunciado y que sucedieron en Toluca la tarde de ayer, hace dos días hubo una represión contra una manifestación que venía del pueblo de Los Reyes hacia la estación de televisión del consorcio Televisa; venían en apoyo a un líder local y fueron reprimidos por la misma policía del estado, aparentemente, pero dentro del territorio del Distrito Federal.

Hace aproximadamente un mes, los locatarios del mercado Benito Juárez, de Toluca, fueron reprimidos en forma semejante en el zócalo de Toluca; lo que quiere decir que la represión en el estado de México se ha convertido en una tónica de gobierno y no es nada más un incidente aislado; en el caso de ayer, hay algo que es digno de reflexión: los policías denuncian que están siendo privados de vales de gasolina, que se les obliga a comprar su propio combustible, sus propios uniformes, a reparar las patrullas y a pagar cuotas a los superiores, lo cual sólo pueden obtener extorsionando al público.

Yo creo que el gobierno del estado no debe llevar el autofinanciamiento tan lejos, yo creo que esos recortes presupuestarios de que hacen gala no deben llegar a afectar de esta manera a quienes sirven a la sociedad; por otra parte, es evidente que los policías que se manifestaban, son en general gente que pertenece al mismo pueblo del estado de México y que se han visto enfrentados con sus comunidades, con sus familias y se han visto enfrentados a la conciencia de que son represores y explotadores de sus propios hermanos y que están generando una conciencia entre ellos mismos de una mejor conducta de servicio público.

Pretende de alguna manera moralizar a la policía y pretende también eliminar grupos represivos secretos e ilegales y todo esto es premiado por los grandes administradores públicos con golpizas, con balazos, con gas; me uno, en mi carácter de representante del III distrito del estado de México, a la propuesta de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, agregando además, que debe hacerse un extrañamiento al gobierno del estado de México para evitar que estos hechos continúen, o de otra manera, el propio gobierno del estado estará desatando una violencia que quizá más adelante sea muy lamentable y muy difícil de controlar. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra, para los mismos hechos, el diputado Agustín Gasca Pliego.

El C. Agustín Gasca Pliego: - Señor presidente; compañero de asamblea: Seré breve; he querido hacer uso de esta tribuna no para profundizar en la polémica, pero sí, para reiterar, desde la más alta tribuna del país, que en el estado de México se vive un régimen de derecho y que se acepta la posibilidad de que haya manifestaciones y que cada quien diga su verdad en la plaza pública de Toluca.

Sin embargo, hemos ya platicado con las diversas fracciones parlamentarias del Partido Popular Socialista, del Frente Cardenista, y estamos de acuerdo en que a este asunto se le de el trámite correspondiente, señor presidente; pero sí decir claramente que existe plena libertad para expresar la verdad de cada uno en la plaza de Toluca y que si bien es cierto que el día de ayer hubo actos que todos lamentamos, también es cierto decir que los compañeros policías que estuvieron allá no se comportaron de acuerdo a lo que marca nuestra Constitución. Estamos de acuerdo, señor presidente, en que se le dé el trámite adecuado a este asunto. Gracias.

El C. Ignacio Castillo Mena (desde su curul): - Pido la palabra, para hacer una moción.

El C. Presidente: - Para una moción, tiene la palabra el ciudadano diputado Ignacio Castillo Mena.

El C. Ignacio Castillo Mena: - Señor presidente; honorable asamblea: He pedido la palabra para hacer una moción: el día de hoy se anunció la reanudación de la sesión permanente a las 10 de la mañana; son más de las 13.00 horas y la sesión no comienza.

Se están empleando nuevamente tácticas dilatorias que quién sabe que fin persigan, pero de acuerdo con la ley, antes del día 15 de septiembre se deben designar la comisiones de la Cámara, a sabiendas de que los cardenistas tenemos que retirarnos para

acompañar a nuestro líder hoy a las 16.00 horas, se están empleando las tácticas dilatorias para que no conozcamos de la designación de comisiones oportunamente.

Yo pido al presidente de la Cámara que reanude la sesión permanente y que no se sigan empleando tácticas dilatorias. Gracias.

El C. Presidente: - Esta presidencia aclara que la sesión permanente se declaró reanudada, pero que no puede negar la palabra a quienes la solicitan para hechos, y vuelve a informar de que están inscritos para diversos hechos, los siguientes diputados: del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Alberto Bernal González; del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Jorge del Rincón Bernal y Alfonso Méndez Ramírez; y del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Alfredo Monsreal.

Se pregunta a los ciudadanos diputados citados, si desean después de la moción presentada, hacer uso de la palabra para hechos. ¿El señor diputado Alberto Bernal González?

La presidencia da el siguiente trámite al asunto planteado: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que en uso pleno de su competencia, determine la creación de la comisión investigadora, en los términos solicitados por el representante del Partido Popular Socialista.

PARA HECHOS

El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el ciudadano diputado Alberto Bernal González.

El C. Alberto Bernal González: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: El artículo 34, inciso k), señala las atribuciones del Presidente , por lo que, con fundamento en el artículo 36, inciso Ñ), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a solicitar que, previa autorización de la presidencia, la secretaría certifique que en las comisiones que ha conferido esta Cámara de Diputados se investigue quién autorizó al diputado Víctor Hugo Celaya Celaya, para que en representación de esta Cámara de Diputados hablara a nombre de los poderes de la Unión en la ceremonia del CXLI aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes que se celebró en el altar de la patria el pasado 13 de septiembre.

Demandamos de la presidencia y secretaría se nos informe en última instancia, quién fue el que comisionó al diputado Celaya, o bien si éste por iniciativa propia se presentó a la ceremonia de referencia. Muchas gracias.

El C. Presidente: - La presidencia ruega a la secretaría expida al solicitante las certificaciones a que se refirió.

Tiene la palabra, para hechos, el ciudadano diputado Jorge del Rincón Bernal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El C. Jorge del Rincón Bernal: - Señor presidente; compañeros diputados: El día de ayer decliné una participación de cinco minutos para hechos en obsequio al diputado Ortíz Mendoza que había descubierto una siniestra conspiración de Acción Nacional para desestabilizar y volver caótico este Congreso, pero hoy quiero sí hacer uso de estos cinco minutos, en virtud de que el diputado Garzón Santibáñez hace una mención relativa a la importación de vehículos que dizque se ha beneficiado al sector campesino.

No dudo que ésta haya sido la intención. Pero hay suficientes datos, hay una colusión entre líderes y agentes aduanales, para que libremente se importen vehículos y que no lleguen a su destino.

La Asociación de Distribuidores presentó este escrito a la Presidencia de la República:

"Por todos es conocido que el sector automotor es uno de los más sensibles en los círculos económicos, por lo que actualmente nuestras ventas son equivalentes a las de hace 15 años, no obstante, la red distributiva automotriz, mantiene una fuente de trabajo de 41 mil jefes de familia con una derrama salarial en 1987, de 264 mil 103 millones de pesos corrientes. Asimismo durante ese año el ramo distributivo automotor enteró al Fisco, 258 mil 233 millones de pesos por concepto de impuestos al valor agregado e impuestos sobre automóviles nuevos.

La importancia socioeconómica de nuestro sector se ve seriamente afectada cada vez que se desvirtúan sus acuerdos, señor presidente, sus acuerdos para regularizar periódicamente vehículos importados ilegalmente al país, destinados a beneficiar las actividades agropecuarias y forestales, por la escasa y casi nula vigilancia que propicia el beneficio de terceros en contra del sector al cual usted pretende beneficiar.

Solicitamos, señor presidente, todo su apoyo para que las autoridades vigilen y hagan cumplir estrictamente lo ordenado en sus acuerdos de regularización de vehículos.

En el decreto que usted autorizó en 1983 para la racionalización de la industria automotriz, precisó que se hace necesario evitar la importación ilegal de vehículos y de componentes, prohibir las importaciones de vehículos nuevos y racionalizar la de vehículos usados en la franja fronteriza y zonas libres del norte del país, sustituyéndolas por bienes fabricados nacionalmente.

Acorde a este espíritu deseamos manifestarle los graves prejuicios que causan a nuestro país de continuarse las actuales distorsiones del proceso de regularización de vehículos ilegales.

Primero. Fomentar la economía subterránea en detrimento de la actividad automotriz.

Segundo. Afectan gravemente el empleo, dado que se estima se perderán 43 mil empleos que intervienen directamente en la producción y comercialización únicamente de los vehículos objeto de los acuerdos.

Tercero. El erario público perdería ingresos estimados en 65 mil 700 millones de pesos de 1988, por año únicamente en impuestos por enajenación de vehículos a los que hay que añadir los impuestos a la venta, productos del trabajo, Seguro Social, Infonavit y otros, resultados directos de la afectación a la actividad económica nacional.

Cuarto. La sangría de divisas al país sería cuantiosa tomando en cuenta si además del costo inicial de los vehículos debemos añadir la mayor dependencia de la importación de refacciones necesarias para el mantenimiento del equipo.

Quinto. Se mermaría la competitividad internacional de la industria por abrupta disminución de la escala de operación.

Sexto. Se cancelarían importantes proyectos de inversión que se tiene para la expansión de esta actividad productiva".

Preocupa gravemente a este importante sector que el pasado 27 de marzo del presente año en el punto séptimo del tercer párrafo del acuerdo de concertación para abril y mayo de 1988 del Pacto de Solidaridad se dice: "De la misma manera en cumplimiento al compromiso inicial, el gobierno federal fomentará la capitalización del campo mediante el otorgamiento de la libre importación de maquinaria, implementos agrícolas y equipo de transporte usado, así como otras medidas que serán anunciadas oportunamente.

De nuevo el gobierno de la República trata de fomentar la capitalización del campo, la cual apoyamos en forma definitiva. Pero es la de vital importancia que no se distorsionen los objetivos principales de esta medida, como se ha observado en la regularización periódica de vehículos ilegales.

Reiteremos, señor presidente, nuestro apoyo irrestricto al Pacto y solicitamos respetuosamente se conceda una audiencia. Solicitan una audiencia en virtud de que ya había la friolera de 350 mil vehículos importados, y de eso yo les aseguro que ni un 20% iban a pasar a manos de campesinos.

Por lo cual yo siento que lo que aquí ha dicho el compañero Garzón Santibáñez pues tiene toda la mejor intención. Pero hasta ahorita se ha prestado a un coyotaje entre gentes aduanales y personas que nada tienen que ver con los campesinos. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Para una moción, tiene la palabra el diputado Marcué.

El C. Manuel Parcué Pardiñas: - Señores de esta asamblea: En todos los problemas de la vida hay una jerarquía. Estoy observando que muchos compañeros diputados, tanto de Acción Nacional, como del Frente y los del Partido Revolucionario Institucional, están tratando cosas que tienen menor jerarquía que el examen del informe del señor Presidente Miguel de la Madrid, eso no puede ser, señores. (Aplausos.)

Yo pediría a todos esos compañeros que han pedido la palabra para alusiones, que declinen intervenir por ahora y que sigamos investigando la cosa principal. Se trata del informe del jefe del Estado.

Si los señores del Partido Revolucionario Institucional están obrando, no tengo por qué dudarlo en esta ocasión, con respeto a esta asamblea, todos los aquí presentes, debemos iniciar el examen respetuoso del informe presidencial y no ocuparnos de cosas menores. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Esta presidencia, en atención a la moción presentada, pregunta al ciudadano diputado Méndez, del Partido de Acción Nacional, si declina el uso de la palabra o desea hacer uso de ella.

El C. Alfonso Méndez Ramírez (desde su curul): - Señor presidente: En obsequio a la solicitud hecha por el compañero Pardiñas, declino.

El C. Presidente: - El ciudadano diputado Méndez, declina el uso de la palabra.

La misma pregunta hace la presidencia al diputado Monsreal , del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

El C. J. Alfredo Monsreal Walkinshaw (desde su curul): - Deseo ejercer mi derecho, señor presidente.

El C. Presidente: - El ciudadano diputado desea ejercer su derecho. Tiene la palabra, para hechos.

El C. J. Alfredo Monsreal Walkinshaw: - Señor presidente compañeras y compañeros de este congreso legislativo: De antemano, al compañero Marcué Pardiñas y a los que le antecedieron con la misma petición, mis respetos. Algo importante para mí ha sucedido al conocer hechos que aquí quien dice ser representante de un organismo campesino denominado "Independiente", yo me pregunto; ¿independiente a qué o de qué? Por que quien milita bajo esas siglas y adheridos a un partido oficial, no puede ser independiente, por ello me ha causado sorpresa, por no decir indignación, al conocer que todavía después de los hechos consumados con el último aumento en los combustibles, precisamente de los que llevan el beneficio al campo, como es el diesel, este señor argumenta que por la intervención de su partido en el examen del informe presidencial no se llevó a cabo este aumento como una dádiva al pueblo de México.

Yo quiero decirle al señor diputado Garzón Santibáñez que quisiera que se diera una vuelta por el campo mexicano de nuestra entidad veracruzana y se daría cuenta de cómo el campo está muriendo. Está muriendo, porque día con día, les están elevando los energéticos.

Debe saber el compañero Santibáñez que cuando se hace un aumento vgr., ayer los periódicos dijeron que el pan, me refiero al alimento, había elevado en un 100% su valor. ¿Cómo es posible que se diga que los básicos no sufrirán ninguna alteración y además, todo lo contrario, bajarían? Es una política incongruente que el sistema está llevando.

Volviendo al campo, decía usted, siendo México un productor de energéticos, v.gr. daré dos ejemplos comparativos: la nación más poderosa del mundo conocida así, precisamente por el poderío que encarna, sus combustibles son más baratos que en este nuestro México que se le "escrituró", desde 1938 como propiedad del pueblo.

El diesel escasamente tiene un valor de 300 pesos convertidos en moneda nacional, la gasolina a 400 pesos en Estados Unidos de América; en el país y su capital, Columbia, el valor de la gasolina es de 230 pesos mexicanos. ¿Cómo es posible que todavía aquí en esta tribuna se diga que los energéticos en México son aún económicos?

Yo quiero decirle al compañero Garzón Santibáñez, que en Veracruz en materia de producción, por todos los esfuerzos que hacen los hombres del campo, los ejidatarios y los pequeños propietarios en cuanto a la materia económica, que él relaciona que se han dado 3 billones y fracción de pesos, los campesinos para disfrutar de la producción de los alimentos, pocos tienen oportunidad de cristalizarlos porque existe la corrupción oficial; porque en el Banco de Crédito Ejidal tienen que pasar primero por los inspectores de campo, posteriormente por los analistas de crédito y últimamente por el gerente de la sucursal correspondiente.

Yo en lo personal, como productor de alimentos, alrededor de 10 años jamás he podido obtener un crédito. Porque se tiene que pasar "este filtro de la corrupción", amén de que para el pequeño propietario no existe más que en la política económica oficial el 10% del presupuesto que se destina al campo. De ese 10% todavía hay que considerar este lastre que estamos viviendo.

Yo le ruego al señor, compañero, Garzón Santibáñez, que no es posible que él diga y represente a un organismo independiente. "O se es o no se es", y para eso nosotros como integrantes del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, le invitamos a que se defina, y no una postura demagógica y totalmente reptil, como podríamos decir que él lleva dentro de ese organismo. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hacer comentarios al informe rendido ante el Congreso de la Unión por el ciudadano Presidente de la República, el ciudadano diputado Eugenio Ortíz Walls, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.

El C. Eugenio Ortíz Walls: - Ciudadano presidente; ciudadanas diputadas; ciudadanos diputados: Congruentes con sus principios y programas, el Partido Acción Nacional cumple con su posición democrática al exponer, por conducto de sus diputados, puntos de vista y juicios críticos acerca de diverso aspectos que sobre política interior contiene el sexto y último informe que por mandato constitucional rindió el presidente De la Madrid ante el Congreso de la Unión.

Meses después de entrar en funciones, la actual administración diagnosticó que en 1982, por primera vez en la historia moderna del país, se redujo el producto nacional y simultáneamente se observó una tasa de inflación del 100%, se duplicó la tasa de desempleo, la reserva internacional estaba agotada y el país estaba en virtual suspensión de pagos; la presidencia de desigualdades sociales y desequilibrios económicos, la falta de integración de los procesos productivos, la insuficiencia de recurso para financiar el crecimiento entre otros, eran factores internos que en gran parte explicaban la difícil situación que agobiaba al país.

Aunque incompleto, por no profundizar en las causas ni señalar a los principales responsables de tantos males, el diagnóstico no reflejaba en cierta medida la situación prevaleciente, sino que parecía ser un requiem por la anterior administración prometedora de abundancia.

El 30 de mayo de 1983, el Ejecutivo Federal se comprometió a alcanzar, dentro del término de su responsabilidad constitucional los siguientes objetivos: Conservar y fortalecer las instituciones democráticas, vencer la crisis, recuperar la capacidad de crecimiento, e iniciar los cambios cualitativos que requería el país en sus estructuras económicas, políticas y sociales.

Con este fin, el aparto gubernamental recurrió a lo que llegado a ser una constante en los tres últimos sexenios. La presentación de un plan, surgido de supuestas consultas populares, al que denominó Plan Nacional de Desarrollo, sustentado en siete tesis, que a juicio de la administración, enfrentarían con firmeza y responsabilidad la crisis interna sin posponer soluciones, ni evadir problemas.

En este contexto, ya reserva de ahondar en el tema, debe subrayarse la mención expresa que hizo el Presidente de la República en el promedio de su sexto y último informe de las siete tesis que a su juicio, conformaron la acción y el pensamiento de su administración.

Cabe preguntarse, por ejemplo, hasta qué punto el nacionalismo revolucionario logró superar la dicotomía entre justicia y libertad para plasmarse en un estado de derecho que construyera sobre bases de certidumbre, una sociedad más justa e independiente, así como preguntarse, ¿si la democratización integral hizo evidente los supuestos de protección de los derechos del ciudadano frente al poder, su igualdad ante la ley, la sujeción de todo acto de autoridad al régimen de derecho y la participación del pueblo mexicano en todos los ámbitos de la vida política y social?, y también si la igualdad de oportunidades y una más equitativa y justa distribución de los beneficios y de las cargas constituyeron las condiciones para configurar la sociedad igualitaria en que se dice se conjugan los derechos sociales con los individuales y se armoniza la convivencia.

Hay que preguntarse si la renovación moral se manifestó en la subordinación de los intereses individuales o de grupo al superior interés nacional reduciendo a su mínima expresión la corrupción, la prepotencia y la impunidad. Y así sucesivamente cabría preguntarse: ¿en qué medida y en qué grado se consolidó la descentralización de la vida nacional, se impulsó el desarrollo, se generó empleo y se combatió la inflación a partir de una planeación democrática que el práctica se impone arbitrariamente desde la cúpula del poder a espaldas de la sociedad civil?

Los resultados están a la vista, a la vista del pueblo y esta última instancia es quien identifica y coteja la realidad sexenal, hoy la crisis y el pueblo que la sufre han desnudado la antidemocrática del sistema político imperante.

Este no ha sido un régimen de la renovación, sino un exponente más del sistema que se desploma por desgaste. El presidencialismo absoluto de signo sexenal ha sido en este período, al igual que en los anteriores, impedimentos para que haya una verdadera división en los Poderes de la Unión, para que realmente existan estados libres y soberanos en su régimen interior y para que efectivamente funcione el municipio libre como base de la organización política de la República.

La afirmación de que sea renovada la administración de justicia y de que sea creado un derecho moderno no coincide con la realidad. Hay una convicción generalizada de que se requiere una reforma sustancial de la legislación correspondiente.

Respecto al Ministerio Público Federal, sigue no sujeto al constitucional y no cumple como institución de buena fe que cancele sistemas inquisitoriales. En la realidad, el Ministro Público no desempeña funciones de orientación legal y menos aún atiende quejas y sugerencias de la comunidad.

La reforma sin el Código de Procedimientos Penales no cumplen con la finalidad que se propusieron no protegen a las personas más indefensas de la sociedad.

Los esfuerzos que se dicen fueron realizados para salvaguardar la seguridad de los capitalinos han sido ineficaces. El índice de criminalidad se ha

elevado en los últimos años, los ataques a la integridad de las personas llegan a niveles alarmantes sin que los cuerpos de seguridad pública sean capaces de evitar la comisión de delitos.

La falta de una política de prevención del crimen y la ausencia de técnicas policiacas idóneas, agravan el problema de delincuencia en la capital que se incrementa por la impunidad delictiva debido a la deficiencia en la investigación de los delitos y a las fallas de identificación que impiden la aprehensión de los autores.

El Programa Nacional de Seguridad ha constituido un evidente fracaso de este régimen. Ni siquiera se formaron los ficheros que registraran a todos y cada uno de los integrantes de los cuerpos de seguridad.

La falta de garantías para los policías los hace víctimas de un sistema corrupto que en sus nóminas inscribe un alto porcentaje de aviadores y de ayudantes de políticos connotados, pero es la corrupción política la causa de la corrupción policiaca. Y en un promedio altísimo son antiguos miembros de cuerpos de seguridad quienes resultan autores de escandalosos y redituables delitos.

En síntesis, se requiere un cuerpo de leyes coherente y adecuado a las exigencias de nuestra realidad.

La reforma al 115 constitucional, tendiente a lograr un respiro para el municipio, fue en su momento, un deseo bien intencionado de cambio republicano; por desgracia, la casi totalidad de municipios siguientes ahogados en la mugre, el caciquismo y la miseria.

La jurisdicción del Ejecutivo en materia fiscal impide que los ayuntamientos ejerzan de inmediato sus recursos, los que en alto porcentaje les llegan de participaciones federales. Y es en los propios municipios en donde la Federación recauda lo que reintegra, en parte, a través de las tesorerías de los estados.

Son los habitantes de los municipios quienes sufren en carne propia el deterioro de su medio ambiente, las bandas de narcotraficantes, los caciques, los pesticidas, en agricultura, la contaminación de sus aguas, la desforestación de sus montes; pero todo esto que conforma su atmósfera vital, se determina por dependencias del Poder Ejecutivo Federal en cuya jurisdicción exclusiva no interviene el poder municipal de los ayuntamientos sujetos a una especie de capitales diminutivo y al poder estatal que se ejerce como virreynato.

Para Acción Nacional, las fuerzas armadas deben ser factor de unidad y de fortaleza institucional en la vida de México. El derecho que tiene la autoridad civil a ser obedecida, no se fundamenta en la fuerza física; la fuerza física sólo tiene sentido cuando está sujeta a la razón y a la ley.

El informe es omiso para ilustrar sobre los recursos exactos destinados a la salvaguardar y a la defensa de la nación, sólo indica la cobertura por la Armada en un 72% de la áreas de su competencia, y nos descubre que esto implica un incremento del 41% respecto a lo hecho en el sexenio precedente.

Cobra dimensiones dramáticas el supuesto implícito de que bajo el sexenio anterior hubiese más del 69% de nuestro mar territorial desprovisto de atención.

Negamos que sea lícito ni prudente distraer al ejército y a la armada en funciones de policía a propósito del narcotráfico. Debe insistirse en la necesaria adecuación de la tecnología moderna para las fuerzas armadas.

Llamamos la atención sobre la urgencia de que los recursos del ejército y de la Armada, efectivamente estén sujetos a control para garantizar que la corrupción que ha hecho tantos estragos en la vida pública, no contamine a las fuerzas armadas. Acción Nacional hace votos porque el ejército, la marina y la aviación militar se mantenga siempre leales a las instituciones democráticas establecidas en la Constitución, por voluntad del pueblo mexicano. (Aplausos.)

Pido la autorización del señor presidente de esta Cámara, para que continúe la lectura de este documento la diputada Carmen Segura.

El C. Presidente: - La presidencia no encuentra ningún inconveniente en que continúe la lectura del documento la diputada Carmen Segura, pero pregunta a los coordinadores de los grupos parlamentarios si están de acuerdo, ya que por razones personalísimas el ciudadano diputado Ortíz Walls solicita esa autorización... Adelante, diputada.

La C. María del Carmen Segura Rangel: - La Asamblea de Representantes del Distrito Federal, no respondió a la expectativa del pueblo de la capital.

El 19 de junio de 1986 se convocó a una consulta popular para encontrar formas de democratizar al Distrito Federal.

El Presidente ofreció que la solución tendiente a lograrlo emanaría de las proposiciones planteadas en dicha consulta. Las organizaciones que

participaron, distintas en ideología, coincidieron en proponer la creación cuando menos de un congreso local propio para el Distrito Federal.

El titular del Ejecutivo no cumplió su ofrecimiento y haciendo caso omiso de esas proposiciones, presentó una propia, que dio lugar a una asamblea de representantes con facultades mínimas y que no resuelve los problemas de fondo. El Presidente presentó sólo un paliativo de solución para acallar inquietudes del pueblo capitalino que ya no quiere seguir con sus derechos menguados. Así, los ciudadanos del Distrito Federal seguirán siendo ciudadanos de segunda al no poder elegir su propio Congreso ni gobernador y ayuntamiento.

Acción Nacional seguirá insistiendo en que el Distrito Federal se erija en el trigésimo segundo estado de la República.

De lo que ocurrió en las elecciones tanto locales como federales, de lo que constituyó una serie interminable de ataques a la soberanía y a la dignidad del pueblo mexicano y de los golpes a nuestra incipiente democracia, no hace ninguna referencia en su informe el Presidente De la Madrid. No es posible a estas alturas tapar el sol con un dedo. La verdad ha salido a relucir en cada ocasión a pesar del silencio y la prepotencia de quienes están incondicionalmente al servicio del gobierno y no del pueblo mexicano.

Se sabe en el ámbito nacional y en el mundo entero, que en esta patria nuestra desde hace casi seis décadas, impera un gobierno que es la identificación de la antidemocrática, con toda su cauda de simulación, despotismo y represión.

El informe no es objetivo al señalar que el Código Federal Electoral regula y norma ordenada y claramente, todas las fases del proceso, y que establece un sistema de garantías y procedimientos para que las elecciones se desarrollen de manera confiable y abierta.

Por el contrario, el código adolece de lagunas e imprecisiones que imponen las necesidades de cambiarlo por una ley que garantice los derechos de los ciudadanos y la actividad de los partidos políticos en las contiendas electorales. Hay que decir que el código mencionado no resistió la prueba de su primera aplicación.

El código no cumple, por ejemplo, con la garantía de audiencia y legalidad consagrada en el artículo 14 de la Constitución General de la República. Al establecer en su artículo 315, fracción II, que sólo se admiten pruebas documentales públicas, pasando por alto las formalidades esenciales del procedimiento al limitar las pruebas, hace nugatorio el derecho de defensa y mutila un aspecto fundamental de la garantía de audiencia consagrada en el citado dispositivo constitucional.

La calificación electoral que establece el artículo 60 constitucional y que estatuye el código, mantiene el vicio de que las partes sean jueces de su propia causa. Absurdo jurídico que anula la posibilidad de que las resoluciones sean imparciales y justas.

En el informe sólo dos renglones se dedican al Tribunal de lo Contencioso Electoral, nos e comenta sobre la actuación de este organismo; de hacerlo, habría que reconocer el rotundo fracaso de su actuación, pues la vulnerabilidad de facultades concebidas por el código al Tribunal y debido también a que la mayoría priísta en los colegios electorales, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, hizo prácticamente nugatorias las resoluciones del tribunal, el cual esperaba de los colegios electorales el cumplimiento estricto de su deber.

El Código Electoral se convirtió en una trampa para quienes acudieron al tribunal en recurso de queja y ofrecieron como prueba los paquetes electorales

. Este organismo declaró infundado el recurso por no tener acceso a dicha prueba, dejando a salvo los derechos del recurrente para hacerlos valer en el Colegio Electoral. Y en el Colegio, órgano calificador, se negó la posibilidad de abrir los paquetes; hecho que demuestra que con toda premeditación el gobierno y su partido elaboraron el Código Electoral cuidando de no correr riesgos para que ante una elección con tantas irregularidades y situaciones dudosas no hubiera manera de esclarecer hechos que los dejaran en evidencia al comprobar y discrepancia entre las cifras que se manejaron y las que resultarían de los paquetes electorales. En ellos está expuesto el gran fraude infringido por el régimen al pueblo de México en las elecciones de julio.

Aun en el supuesto muy discutible de que el candidato oficial seguiría ganando, a pesar de la revisión de paquetes de increíbles unanimidades masivas a su favor, una razón para negarse mecánicamente a hacerlo jamás, es que la mayoría monolítica, como aquí se autocalifico y su candidato, nunca habrían accedido al pretendido y mágico porcentaje de más del 50%. Y esto, desde luego, presentaba graves consecuencias para el régimen; inaceptables para un sistema político autoritario que querría ilusamente seguirlo siendo.

Como señalo el representante común del Partido Acción Nacional, en la última sesión de la Comisión Federal Electoral, con el acuerdo explícito de la oposición toda, un efecto de estas elecciones, es que le han dado la despedida al Código Federal Electoral y al Tribunal de lo Contencioso Electoral.

No se podrá continuar funcionando con base en ellos y no lo haremos, menos aún recordando palabras del magistrado Krieger, para dar barnices de legalidad a los procesos antidemocráticos del autoritarismo.

Como es de suponerse, ello contrasta tajantemente con la afirmación presidencial de que el proceso electoral se dio conforme a las leyes, como si se tratara de dos procesos y de dos México distintos. Por ello, tampoco extraña el más reciente juicio del Ejecutivo con respecto al dictamen sobre la elección presidencial al cual tuvo a bien calificar como un ejemplar documento parlamentario.

Las oposiciones y buena parte de la opinión pública, lo hemos en cambio señalado como deleznable intento de legitimación impuesto de manera antijurídica y ayuno precisamente de sentido y participación parlamentaria auténticos. El problema señoras y señores, es que millones de mexicanos no creen en tal proceso de decisión.

No son sólo, por supuesto, representantes de la oposición quienes disienten fundamentalmente esos juicios y del México político que con optimismo el informe se esfuerza por perfilar.

De ninguna manera es únicamente la oposición quien señala la urgencia impostergable de cambios creíbles y comprobables en las leyes electorales y en el esfuerzo conjunto de construcción de la democracia para servicio de México y de las demandas de los ciudadanos.

El hecho es que por el bien y la auténtica soberanía de México, por el legítimo interés de todos y más allá de banderías partidistas, no podemos permitir que en nuestro país vuelva a haber otras elecciones como las que comentamos, y de las cuales el informe no informa.

A un número muy considerable de mexicanos de las más diversas tendencias y convicciones, parece claro que por desgracia los objetivos de gobierno comprometidos a su principio no han podido llevarse a cabo, y dentro de ellos las metas específicas presentan disparidades inaceptables.

La conservación y fortalecimiento de las instituciones democráticas, el vencimiento de la crisis, la recuperación de la capacidad de crecimiento, el cambio cualitativo de estructuras, siguen siendo finalidades alejadas de la experiencia dolorosa de la mayoría de los mexicanos y del estado actual de la nación, a que el informe rendido al Congreso por el Ejecutivo, debe referirse, y respecto del cual hemos de emitir nuestro juicio responsable.

Evidentemente, los juicios obligatoriamente críticos parten de supuestos diversos, que son precisamente base de debate político constructivo y digno de tal nombre; de la búsqueda conjunta de alternativas viables para el país; del esfuerzo común por imaginar y por construir el futuro por el que valga la pena vivir y luchar en el presente.

Afirmar, como lo hace el Presidente, que el camino a la democracia es proceso permanente e inacabado, no induce a aceptar sin más, que el camino se está recorriendo con clara decisión política y que supuestos democráticos, aun mínimos e indispensables, estén ya dados de hechos y que sean aceptados en actitudes y conductas concretas en un ambiente y sistema de tradición autoritaria.

Si algo ha demostrado el México de 1988, es que en muchos más aspectos de los que desearíamos, las estructuras políticas se encuentran en un estadio predemocrático. La afirmación moralizadora de valores democráticos no los convierte en realización tangible en la vida de los mexicanos, ni en relaciones estructurales de justicia y de democracia económica y social en nuestra sociedad.

Como hemos señalado en áreas muy diversas, y como tantos otros informes presidenciales anteriores, el que hoy nos ocupa adolece de que no informa cabalmente a este Congreso, de que no cumple a satisfacción la obligación constitucional; sea por la utilización de datos sin conexos o sin significado real, descoyuntados de un marco de necesidades y posibilidades; sea por la afirmación crítica del supuesto inexistente, parciales o cuestionables de los que en veces surge un país irreconocible para quienes lo habitan y lo viven.

Con franqueza, esto es quizá uno de los aspectos más preocupantes, una suerte de divorcio entre hechos y percepción, una desconexión entre perfil descrito de país y la viva realidad de la nación.

¿Cómo es posible, por ejemplo, utilizar frases, contenidos, estructura y aun externalidades anacrónicas, ante un Congreso y un país radicalmente distintos y cambiados? ¿Se percibe plenamente esa nueva realidad? ¿Hay serena voluntad de aceptar sus esperanzadoras consecuencias?

Para muchos mexicanos responsables, parece igualmente claro que el problema nacional de

fondo rebasa con mucho el de una falta conyuntural de credibilidad. Nos enfrentamos, todos, y de nuevo más allá de opciones partidistas, a un muy serio problema de legitimidad política sistemática. Nos enfrentamos a dilemas fundamentales del futuro, entre autoritarismo y democracia.

Quienes pudieran creer que con la terminación formal de los procesos de calificación electoral, problemas y dilemas están fructífera y definitivamente resueltos, en nuestra opinión cometerían una equivocación de proporciones históricas.

Bien puede ser, señores diputados, y permítasenos manifestar la certidumbre de la esperanza de que así ha de ser, que la dura pero magnífica experiencia del pueblo mexicano en estos meses ha de desembocar con la decisión y el esfuerzo conjunto de todos en un grande y nuevo compromiso democrático nacional como único camino que nos queda para el encuentro decidido de soluciones urgentes y para la construcción de una sociedad más a la altura de las esencias de la patria, más acorde con las posibilidades y exigencias del pueblo de México.

Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Pedro López Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

El C. Pedro Manuel Cruz López Díaz: - Señor presidente; miembro de esta Cámara de Diputados: Hemos empezado a vivir a partir de la pesada coyuntura electoral un lento proceso de transición política que tiene como signo un cambio en la correlación de fuerzas sociales y políticas, que no logran expresarse aún a plenitud en el campo de la formalidad jurídica que norma la constitución de los poderes públicos de la nación.

El ritual y muchos otros de la así denominada glosa de informe presidencial, en torno a una gestión sexenal del Poder Ejecutivo, lo realizamos en un contexto en donde la tradición se ha vuelto inoperante.

Opinar sobre la gestión pública a partir de una lectura apresurada de cifras, datos y contexto, sin el tiempo necesario para hacerlo a conciencia, constituye, por decir lo menos, un acto de simulación en un escenario donde el Poder legislativo sanciona, convalida, pero sin ninguna capacidad, para que a través de la interpelación pueda corregir el rumbo de la gestión pública. Hemos llegado al absurdo de la interpretación, más política que jurídica, de que en uno de los escasos momentos de la vida institucional, cuando se reúne el Congreso de la Unión, éste se encuentre castrado de la palabra y del derecho a la interpelación pública, frente a la presencia del Ejecutivo, esta vergonzante complacencia constituye una de las muchas aberraciones que deben terminar en la relación de dos poderes constituidos con plena juridicidad constitucional de relativa autonomía.

El informe del Ejecutivo reviste muchas lecturas como discurso del poder, el contexto en que se da, nos señala que el ejercicio omnímodo de la Presidencia de la República no corresponde más a una sociedad civil que madurado con extrema celeridad y reclama para sí, el ejercicio u constitución de sus múltiples autonomías. Se encuentra en bancarrota el ejercicio meta constitucional de la Presidencia de la República, quienes así no lo entiendan, encontrarán mayores dificultades para entender los cambios a profundidad que la nación reclama y exige.

¿Cómo negar a estas alturas el desarrollo social?, ¿que la Presidencia de la República se convirtió en un ejercicio patrimonialista del Poder Ejecutivo a cargo de una reducida casta tecnoburocrática cada vez más alejada de los impulsos vitales de la sociedad civil? Sólo aquí podrá explicarse racionalmente la divisa de no hay política más que la nuestra.

El ejercicio de la imaginación encaminado a encontrar y diseñar otras propuestas para la gestión pública, quedó reducido en el sexenio pasado a una marginación total, donde una supuesta mayoría impuso a la nación la extenuante carga de una de las crisis económicas más profundas por la que ha atravesado el México de la posrevolución.

Estamos frente a un informe presidencial que revela un abierto fracaso de quien prometió al inicio de su gestión, la continuidad y el nacionalismo revolucionario pero sin esencia popular.

De quien nos aseguró el advenimiento de una democratización integral pero poniendo a salvaguarda la estructura corporativa que norma la relación entre el Estado y la sociedad, que nos engaño con la ilusión de pugnar por una sociedad más igualitaria frente a un lacerante saldo de polarización del ingreso nacional que sin lugar a dudas arrojar como resultado el fortalecimiento descarado de las grandes fortunas de los 300.

¿O acaso es una realidad el comportamiento cotidiano del poder a partir de una estricta renovación moral que sirvió simplemente como parapeto de "vendettas" políticas más que como ejercicio republicano del poder? ¿Acaso es promesa

cumplida el resguardo de la soberanía nacional cuando tercamente se nos ha mantenido en una política de puntual cumplimiento de la deuda pública externa, a costa de una sangría exorbitante del excedente económico?

Esta es una deuda con la nación que jamas cubrirá con solvencia el actual grupo gobernante, es una deuda moral, es una deuda política frente a varias generaciones de mexicanos que vieron y verán reducir sus ingresos a costa de una política inconsulta de endeudamiento público y que se amparó en el engordamiento de los bolsillos públicos y privados.

Las trampas y encrucijadas que el poder presidencial le ha impuesto a la nación son innumerables, por no decir inauditas. Mediante habilidosos cambios en la Ley Electoral, dejó en manos del gobierno y el partido oficial el control de los procesos electorales, con capacidad de administrar con escrupulosidad la práctica del fraude.

Convirtió a la banca nacionalizada en un sistema de caja con el escaso margen en el manejo del excedente y abrió las puertas de una desenfrenada danza de la especulación financiera, persiguiendo con ello, un supuesto mercado abierto de capitales.

Apostó a un escalonamiento del pago de la deuda pública externa, saldando la coyuntura, pero pasando la carga a las generaciones por venir.

Se fraguó en los gabinetes financieros una ilusa reforma fiscal que dejó incólume las grandes fortunas en el supuesto afán de incentivar la inversión productiva en un contexto de evasión descarada de capitales hacia el exterior.

Para sus personeros, el silencio cómplice o el regaño simulado y las puertas abiertas del sistema de cambio, fue la repuesta presidencial.

Allí están los resultados del sexenio: las tasas de crecimiento anual del PIB por habitante - 2.3% del empleo industrial - 3.2%, del salario mínimo real, con una pérdida acumulada, de 43.3%. Digno ejemplo de una economía en trance de postración y como pírrica demostración de que la nación se nos ha deshecho en las manos.

Los saldos aún son inconclusos y la deuda demasiado grande como para no obligarnos a pensar que la nación necesita transitar necesariamente en otra dirección.

El consenso en el ejercicio del poder es inconcebible sin la existencia del descenso. El consenso se crea con la credibilidad popular, y en este rubro la declaratoria de un presidente electo a marchas forzadas y con la promesa incumplida de limpiar las elecciones, se transita al límite de la ilegitimidad y se aborda la frontera de la usurpación revestida de legitimidad constitucional.

Este es un hecho político y un legítimo cuestionamiento de la oposición. Nos encontramos, pues, ante una delicada y encrucijada histórica en que el poder establecido tiene una responsabilidad mayor, sus propuestas de diálogo se dan en el contexto de una dureza del discurso, que no responde a propuesta públicas y explícitas de la oposición. Se niega lo que no se pide, ni se exige; cogobierno y corresponsabilidad pública del ejercicio del Ejecutivo, nada más absurdo.

Las pretensiones de la oposición de izquierda son de mayor trascendencia y responsabilidad; el cambio que el pueblo exige es la concertación de las bases políticas de una nueva República, la concertación de un nuevo pacto social que le dé cabida a la alternancia de las fuerzas políticas en el poder.

Sí, queremos una presidencia democrática que no tiene nada que ver con la fuerza sino con el consenso y con la legitimidad, que son los factores más cuestionados por los resultados aún fraudulentos de las pasadas elecciones, frente al uso patrimonialista y faccioso de la Presidencia de la República.

No exigimos más, pero tampoco lucharemos por menos. Estamos y estaremos en la vorágine civilizada y constitucional de una real disputa no sólo del poder, sino de un nuevo rumbo democrático para la nación. Tarde o temprano gobernaremos este país, y en su momento podremos demostrar que seremos respetuosos de la pluralidad política y que no nos inmutará el ejercicio de una presidencia democrática en el contexto de una real división de los poderes públicos de la nación. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Sergio Quiroz Miranda, para hacer comentarios a nombre del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.

El C. Sergio Quiroz Miranda: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: En el informe que rindiera el Presidente de la República se expresan algunos juicios inexactos que el Partido Popular Socialista califica de falsos.

En primer lugar, respecto a la política interior, se dice que el sistema político mexicano cuenta con un nuevo Código Federal Electoral que regula, dice el informe, y norma y ordena claramente.

todas las fases del proceso; este código, continúa, establece un sistema de garantías y procedimientos para que las elecciones se desarrollen de manera confiable y abierta y más adelante menciona la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral como el órgano autónomo encargado de resolver las controversias que es designado por la Cámara de Diputados.

A juicio nuestro, hay que hacer dos consideraciones, porque, en primer lugar, ni el Código Federal Electoral regula ordenada y claramente todas las fases del proceso electoral, ni las elecciones, como lo consigna el informe, se desarrollaron de manera confiable y abierta sino todo lo contrario, lo cual ya fue motivo de examen acucioso y de demostraciones por parte de los diputados del Frente Democrático Nacional, quienes demostramos en nuestras intervenciones en el Colegio Electoral desde el 15 de agosto, todas las violaciones que se cometieron para permitir la usurpación del poder por parte de quien ha sido designado electo Presidente de la República y para arrebatarle el triunfo legítimo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Por otra parte, compañeros, como eso ya fue motivo de análisis del Colegio Electoral, queremos referirnos a uno de los renglones más sentidos por el pueblo mexicano, que también están consignados en el informe: junto al renglón de la alimentación del pueblo, de la salud del pueblo mexicano, se encuentra como uno de los más sentidos por nuestro pueblo, por las grandes masas de la población, el problema de la impartición de la justicia: todos los que estamos aquí presentes, creo que no existe una sola persona de las presentes, tanto de los diputados como de los compañeros que están en las galerías, que no hayan sufrido por lo menos ellos, sus familias o sus amigos más cercanos, las agresiones, las injusticias de los órganos encargados de impartirlas, sea ésta la policía preventiva, sea ésta la policía de tránsito, sea ésta la policía judicial, es decir, todos hemos sido afectados por lo menos en alguna ocasión por las injusticias que cometen los organismos encargados de impartir precisamente la justicia.

En este régimen en el que se jactó de la reordenación moral de la sociedad, nosotros pensamos que es el régimen en el que ha privado la mayor de las corrupciones de los regímenes que han gobernado este país, y sobre todo en el renglón de la impartición de la justicia; los ministerios públicos son centros del ejemplo más grande de la corrupción en ese terreno, en esos lugares se lucra con el dolor ajeno, muchas veces los ciudadanos que son víctimas de un delito por parte de otros preferirían la no intervención de los organismos de la justicia, porque ahí de nueva cuenta son agredidos, son despojados de sus bienes y de onerosas cantidades, por una justicia que constitucionalmente debería ser gratuita.

En esas condiciones, el Partido Popular Socialista insiste en que se cumpla con los principios de la Constitución, de que la administración de la justicia sea pronta, expedita y gratuita; que se erradique la corrupción existente en todos los niveles de la impartición de la justicia, la corrupción existe en todos los medios de los organismos encargados de impartirla.

Relativo a la política exterior, el Partido Popular Socialista expresa los siguientes juicios: Los principios esenciales en los que tradicionalmente se ha fundamentado la política exterior de nuestro país, se derivan en lo esencial de las extraordinarias y heroicas luchas del pueblo mexicano por su libertad y por consolidar su independencia frente al extranjero; esto significa, compañeros diputados, que no es una actitud sexenal, no es derivado de las concepciones personales de quien está en el poder, la aplicación o la existencia de estos principios de la política exterior o internacional de nuestro país.

La no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la lucha por la paz y la solidaridad internacional, fueron elevados, efectivamente en este sexenio, a rango constitucional mediante la reforma a la fracción X del artículo 89 de la Constitución, como lo señala certeramente el informe, sin embargo, no siempre estos principios se han cumplido cabalmente en las relaciones de México con otros países, aun en el caso, precisamente, más aún en el caso de las relaciones con Estados Unidos, su incumplimiento de este país en los asuntos internos y exclusivos de los mexicanos.

Para facilitar el examen de esta afirmación, es conveniente formularnos una serie de preguntas cuyas respuestas permitirán tener claridad sobre el carácter positivo o negativo de la política exterior del Estado mexicano: ¿hemos aplicado una política exterior orientada a consolidar la independencia nacional?, ¿hemos acaso cedido a las múltiples presiones del imperialismo norteamericano, o las hemos resistido patrióticamente?

En cuanto a las relaciones de México con Estados Unidos, la derecha en nuestro país, lo mismo aquella que actúa abiertamente en su partido, el Partido de Acción Nacional, que aquella que ha penetrado paulatina pero eficazmente en el seno mismo del poder público, hasta obtener el control político, como ha ocurrido por la usurpación,

precisamente en estos días, sostiene esta derecha tradicionalmente una tesis respecto a nuestras relaciones con Estados Unidos, esta tesis es conocida como aquella tesis del fatalismo geográfico e histórico, y consiste en afirmar que debido a la cercanía geográfica con Estados Unidos, debido al poderío económico y político de ese país, México debe someterse a sus dictados, porque sería algo así como una locura pretender lo contrario, es decir, gobernar este país con plena independencia política y económica.

La historia de las gloriosas batallas del pueblo mexicano ha liquidado y enviado al cesto de la basura esta tesis; el pueblo mexicano ha demostrado que cuando sus fuerzas democráticas y antiimperialistas se han unido, no ha existido fuerza capaz, por grande que ésta sea, de impedir o frustrar las medidas patrióticas que nos conduzcan a lograr una mayor independencia económica.

Tal es caso de la expropiación petrolera realizada por el gobierno revolucionario del general Lázaro Cárdenas; impulsado también por la clase obrera dirigida por Vicente Lombardo Toledano; de la nacionalización de la industria eléctrica realizada por el presidente López Mateos; de la nacionalización bancaria por el gobierno de López Portillo, y otras medidas que han demostrado la falsedad del fatalismo geográfico e histórico y comprobado, por otra parte que la única vía para enfrentar con éxito al imperialismo es la unidad de las fuerzas democráticas, patrióticas y antiimperialistas.

Hoy, después de seis años de un gobierno que apoyó sus relaciones con Estados Unidos precisamente en esta tesis, podemos preguntarnos si tenemos ahora una patria más independiente o una nación sojuzgada; si tenemos una patria con más autonomía política y económica, o una nación que ha perdido soberanía y cuyos dirigentes políticos siguen a pie juntillas los dictados del exterior.

La aplicación de una política útil a Estados Unidos y en consecuencia de entrega a los intereses extranjeros, obedece en lo esencial, al asalto al poder de un grupo derechista de tecnócratas auspiciado y protegido por el actual Presidente Miguel de la Madrid; el proceso de asalto al poder en nuestro país de este grupo desnacionalizado, se inició hace más de 30 años con el Plan Tanaca para América Latina, calificado así por el maestro Vicente Lombardo Toledano en 1953, cuando Estados Unidos lo formulaba con el objetivo de penetrar en las instituciones educativas de nuestro país, en los medios masivos de comunicación de México, y en otras esferas de la vida pública, fundamentalmente en las formadoras de conciencia, como ha ocurrido exactamente en los últimos 30 años; vulnerando primero, la conciencia patriótica y antiimperialista, para luego formar los cuadros políticos dispuestos a defender primero los intereses imperiales que los de la patria mexicana.

Así, poco a poco estos cuadros fueron ocupando posiciones en la administración pública, hasta llegar al grado en el que nos encontramos. ¿Cuál ha sido, compañeras y compañeros diputados, la orientación que este grupo que encabeza Miguel de la Madrid ha dado a las relaciones con Estados Unidos?

Antes que los juicios, examinemos los hechos concretos: en primer lugar, el manejo que el actual gobierno ha dado al problema de la deuda externa no ha sido el que le ha demandado el pueblo mexicano y sus mejores fuerzas, sino el que le han dictado los intereses monopólicos del Fondo Monetario Internacional, esto es, seguir pagando cada año más de 13 mil millones de dólares por concepto de intereses a costa del más brutal y agresivo empobrecimiento del pueblo mexicano.

Aquí precisamente, en el problema de la deuda, el Presidente de la República ha faltado al juramento que hicieron en su toma de posesión ordenado por el artículo 87 constitucional que dice: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Precisamente de la República".

Yo pregunto a ustedes, señores diputados, ¿es acaso una actitud patriótica suscribir documentos a nombre del gobierno mexicano, ante una potencia extranjera en los que se nos obliga a no actuar con autonomía en una serie de cuestiones fundamentales? Dichos documentos, conocidos con el nombre "Cartas de Intención", ustedes lo saben, han obligado al gobierno mexicano a no ejercer ningún control de precios, a no aumentar los salarios de la clase trabajadora, a mantener una política de austeridad, a propiciar la devaluación de la moneda y, en general, a favorecer la concentración del capital en manos de los monopolios nacionales y extranjeros, ¡de ninguna manera es ésa una actitud patriótica!

Otro ejemplo evidente relativo a cómo en estos últimos seis años se ha gobernado desde afuera y para afuera, lo constituye el manejo de la inflación; ahora, con el llamado pacto de solidaridad, el gobierno ha demostrado al pueblo y a la nación que la inflación es un fenómeno que bien puede ser regulado desde el propio gobierno, no obstante ello, el cual régimen, a pesar de que aparentemente dedicó todos sus esfuerzos de los

primeros cinco años a combatirla, lo cierto es que es precisamente durante este régimen cuando el índice inflacionario alcanzó las más altas tasas nunca vistas en la historia de nuestro país.

Atrás de esta mascarada, de esta supuesta lucha contra la inflación, lo que realmente existió fue el sometimiento a los grandes intereses de los capitalistas internacionales, los cuales exigían al gobierno de México bajaran hasta límites intolerables para el pueblo los salarios de los trabajadores; ¡eso es lo que hay en el fondo de esa supuesta lucha contra la inflación que nunca se dio, sino al contrario, se promovió desde el propio seno del gobierno mexicano!

Se trataba, compañeros diputados, de que México lograra lo que ningún gobierno del mundo había logrado: ¡bajar los salarios de los trabajadores a grado tal de convertir a este país en un paraíso para las inversiones extranjeras!, ¡eso es lo que existió en realidad! El gobierno demostró con esto del llamado pacto, que la inflación se puede controlar, y ¿por qué no la controlaron los primeros cinco años? Porque tenían compromisos ilegítimos, anticonstitucionales y antipatrióticos con los intereses de los grandes capitalistas extranjeros.

¿Cuáles son entonces las consecuencias para la política exterior de esta actitud del gobierno mexicano frente a los intereses extranjeros? Al perder soberanía, al perder autonomía, al perder capacidad de decisión en nuestros asuntos internos en favor de los intereses extranjeros, las consecuencias sobre la política exterior son también nocivas, afectando el ejercicio de los tradicionales principios de nuestro país en este renglón, dígalo si no la endeble y antihistórica actitud del gobierno mexicano, al abandonar el principio de solidaridad frente a los pueblos que luchan por su liberación frente a los ataques del imperialismo, como es el caso de Nicaragua, en la cual las tesis mercantilistas de la derecha privaron sobre las de la Constitución y se negó la venta de petróleo a ese país, no obstante que la cantidad requerida es insignificante para México, dado el volumen de su producción.

Se niega petróleo a un pueblo hermano que lucha en condiciones totalmente adversas contra la invasión extranjera, pero en cambio se vende este producto a Israel, país agresor que lo utiliza para incrementar la guerra genocida contra el heroico pueblo palestino; en el actual régimen están claras, para el Partido Popular Socialista, las razones por las que estos hechos han ocurrido.

Otro ejemplo: el 28 de agosto de 1981, los gobiernos de Francia y México emitieron una declaración conjunta respecto a la situación en El Salvador suscrita por los presidentes Miterrand y López Portillo, en la que manifestando su preocupación por el grave conflicto que padece el pueblo salvadoreño debido a la intromisión agresiva del imperialismo a través del gobierno títere de ese país, en ella reconocen que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y el Frente Democrático Revolucionario, constituyen una fuerza política real representativa del pueblo salvadoreño.

La trascendencia de esta declaración imponía al gobierno de Miguel de la Madrid, la obligación histórica de darle curso y profundizar en la medida a través de la ayuda concreta y solidaria por los medios diplomáticos y políticos a la auténtica fuerza representativa del pueblo salvadoreño y ¡cuál fue la conducta de este régimen? Simplemente mandar al archivo esta trascendental medida del anterior gobierno, con lo cual se mantuvo una actitud de complicidad con los agresores norteamericanos, olvidando con ello que cada vez que el pueblo mexicano ha estado en actitudes o en posiciones de emergencia o desgracia, siempre hemos recibido la solidaridad de la comunidad de países de América Latina, pero evidentemente, como se trataba de entrar en controversia con los interese norteamericanos, se adoptó la humillante actitud del sometimiento frente al agresor extranjero.

Las razones de esta actitud están claras para nuestro partido, la actitud combativamente solidaria de México con los pueblos en desgracia o en lucha contra el agresor imperialista, ha sido sustituida por aquella que, basándose en una supuesta neutralidad, sólo favorece a los intereses imperiales y es resultado evidente de una actitud de concesión al extranjero. Las fuerzas democráticas de nuestro país a cuya vanguardia se ubica el Partido Popular Socialista, reclaman la aplicación concreta y real de los principios tradicionales de la política exterior mexicana y exigen una actitud de dignidad y autonomía en nuestras relaciones con Estados Unidos, a la vez que condenamos las actitudes de sometimiento y entreguismo que caracterizaron estos últimos seis años de gobierno en las relaciones con ese país. ¡Viva México! (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene uso de la palabra el ciudadano diputado Vicente Luis Coca Alvarez, miembro del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

El C. Vicente Luis Coca Alvarez: - Ciudadano presidente; honorable asamblea: Ahora sabemos que la precipitación por calificar la elección presidencial se debió fundamentalmente a la presión de los grupos financieros nacionales e

internacionales, que amenazaron con provocar la fuga de capitales y además el supuesto malestar de nuestros propios acreedores al interior del país.

Tenemos que entre 1977 y 1982, la deuda externa creció en un 156%, y de 1982 a 1988, la deuda externa se multiplicó de 97 mil millones de dólares, a poco más de 110 mil millones de dólares, cifras a las que, por supuesto, el señor Miguel de la Madrid no quiso referirse en su informe que de acuerdo al contenido del mismo, nos da la impresión de que al informar en este renglón, estuviera remitiéndose a un país que no es el nuestro; sencillamente sus planteamientos obedecen, más que a las demandas nacionales, a las de Wall Street o del Banco Mundial, pero jamás a la demanda de la mayoría de este país, y no es que demandemos cifras, que demandemos números; demandamos un país de mayor bienestar para los distintos estratos de la población.

¿Con qué cara, los señores del partido del gobierno informan al pueblo que el día de ayer se autorizó un aumento del 100% en el precio del bolillo, que por cierto sube de precio y baja de tamaño?, ¿cómo puede entender verdaderamente el pueblo de México, que el gobierno, supuestamente su gobierno, está preocupado por hacerle menos doloroso el llevarle el pan diariamente a sus hijos?

En el análisis de las cifras, encontramos también a las que no quiso referirse el Presidente de la República, a propósito de la deuda interna: en 1982, la deuda interna de nuestro país fluctuaba por los 2 mil millones de pesos mexicanos, y en 1988 esta suma se disparó a una cantidad de 22 millones de millones de pesos, esto es, 22 billones de pesos; cantidades que como sabemos, el gobierno se hace de ellas a través de un autofinanciamiento con los llamados Petrobonos, Cetes, etcétera.

¿Qué significa esto? Que no estamos en el paraíso que nos quiere hacer creer Miguel de la Madrid, que estamos sencillamente en la bancarrota y que debemos enfrentar a las cifras crudas y objetivas de nuestra auténtica realidad financiera.

¿Qué hacer aquí cuando se informa que no es cierto que nos agobia el endeudamiento, que dicho endeudamiento no tan sólo ha crecido, sino que ha disminuido y hemos contado hasta con la suerte en el mercado bursátil, y hemos podido encontrar verdaderas ofertas para liquidar parte de nuestros pasivos?, ¿qué podemos decir entonces del anuncio que hiciera el titular del Ejecutivo Federal al inicio del sexenio en la estrategia que planteó de recuperación económica del país fincada en la reducción de la participación del Estado y la promoción de cambios estructurales en la búsqueda de una mayor eficacia en el funcionamiento de la economía, de la apertura del comercio exterior, la racionalización de la administración pública y la llamada reconvención de la planta productiva?

¿Cuáles fueron los verdaderos resultados? Niveles denigrantes para los trabajadores; la hiperactiva especulación, como en el caso de la excesiva protección a la banca paralela conocida como la Casa de Bolsa, permitió criminalmente el empobrecimiento de medianos y pequeños ahorradores que de la noche a la mañana se quedaron sin parte de su patrimonio familiar.

Ahora bien, en materia de política interna, el señor Presidente informa que el sistema político mexicano cuenta con un nuevo Código Federal Electoral que regula y norma, ordenada y claramente, todas las fases del proceso y crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral, como el órgano autónomo encargado de resolver las controversias; efectivamente, hay un nuevo ordenamiento jurídico en materia electoral, pero que dista mucho de ordenar las fases del proceso; en primer lugar, podemos señalar que este dispositivo fue creado para regular los actos del partido del gobierno y para que éste tuviese todos los elementos de apoyo en las distintas fases del proceso electoral.

Como sabemos, desde la integración de la Comisión Federal Electoral hasta la designación de funcionarios integrantes de casillas, en todas las instancias presencia gubernamental escandalosa, en donde por supuesto no se permite que haya no tan sólo algún asomo de imparcialidad, sino por el contrario, una grotesca mayoría del gobierno y del partido del gobierno en su integración, para muestra basta un botón: la Comisión Federal Electoral se integra con un presidente que lo es el Secretario de Gobernación, por un secretario técnico que lo es el subsecretario de Gobernación; por un representante de la Cámara de Senadores que es priísta; por un representante de la Cámara de Diputados que es priísta; y por una representación de los partidos políticos en base a la última votación. Por supuesto, el Partido Revolucionario Institucional acreditó 16 miembros contra una sensible minoría y grandes ventajas de los partidos de oposición.

Las lagunas existentes en el código, las contradicciones ficticias jurídicas que en él se encontraron, fueron tema del que nos ocupamos a lo largo del proceso electoral, pero que todas ellas nos llevaron a desmentir categóricamente al ciudadano Presidente de la República, que dicho instrumento legal hubiera coadyuvado a la renovación

política acorde con la demanda del país.

Asegura el Presidente de la República que fue un proceso electoral de importancia histórica, es cierto; más adelante señala que el pueblo fue el autor y el mejor testigo de los comicios, también es cierto; pero de lo que se olvidó informar el ciudadano Presidente, es que a partir del 10 de julio el gobierno no tan sólo violentó el proceso comicial contraviniendo flagrantemente su recientemente confeccionado código electoral, sino también conculcó los derechos consagrados por nuestra propia Constitución, de nada valió la instalación de un Tribunal de lo Contencioso Electoral, a donde hipotéticamente podían hacerse valer distintos recursos por distintas violaciones cometidas durante la jornada electoral; el gobierno se encerró en una Torre de Babel y ese tribunal creado constituyó más que una simple tumba en donde se sepultaron los derechos que en algún momento los partidos políticos de oposición quisimos hacer valer.

Además, constituyó un verdadero estigma para el avance democrático, aquí mismo, en este recinto, fuimos testigos presenciales de la actitud no tan sólo ilegal sino inmoral de los diputados priístas: la calificación presidencial que aquí se hizo es el más importante ejemplo de lo que este gobierno ha querido manejar en toda su administración: un auténtico desprecio al pueblo, desprecio a la voluntad mayoritaria y a la voluntad política del pueblo mexicano, que creyendo en sus instituciones optó y votó por el cambio y, sin embargo, el gobierno, a través de su mayoría mecánica aquí decidió aplastar su decisión.

Miguel de la Madrid Hurtado, en su mensaje político a la nación recuerda que hace seis años protestó guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes de la República; ejercer con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la República, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, y dijo algo más: "he gobernado para preservar y afianzar la paz de la República"; pero lo que no nos dijo es que al final de esa protesta, que efectivamente hizo el ciudadano Presidente de la República tal y como lo establece al artículo 87 de nuestra Carta Magna, lo que consigna al final de ese artículo: "Y si así no lo hiciera, que la nación me lo demande".

Pues hoy, ciudadano Presidente de la República, el pueblo de México, a través de esta representación nacional se lo demanda, hoy el país, en medio de una de sus peores crisis política, social y económica, se lo señala; hoy, la nación entera demanda el cumplimiento cabal de su protesta como Presidente de la República.

Sabe usted, el dictamen que calificó la elección presidencial es ilegal, usted se comprometió con el pueblo a que se realizarían comicios transparentes y apegados a la ley, por ello, el pueblo de México demanda el reconocimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como Presidente de la República; usted señor Presidente, tiene la palabra.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gregorio Urías Germán, del Partido de la Corriente Democrática.

El C. Gregorio Urías Germán: - Señor presidente; honorable asamblea: En cumplimiento de mi responsabilidad legislativa, ocupo esta tribuna para expresar a nombre propio y de la fracción parlamentaria de la Corriente Democrática, ante esta LIV Legislatura, la valoración crítica de los aspectos políticos contenidos en el sexto informe de gobierno rendido ante el honorable Congreso de la Unión el pasado 1o. de septiembre por el ciudadano Presidente Miguel de la Madrid Hurtado.

Parte fundamental del ejercicio del poder democrático radica en la capacidad de los órganos de gobierno para asumir actitudes críticas y autocríticas de su gobierno y para someterse al juicio valorativo de la opinión pública cuyos voceros institucionales en un sistema republicano somos los representantes legislativos.

La división e independencia de los poderes federales, garantiza y autoriza a los legisladores para asumir la crítica y la valoración de las acciones y declaraciones del Poder Ejecutivo Federal, sin más límites que la verdad, la objetividad y el respeto a las leyes; enseguida presentaremos los siguientes comentarios:

En lo que se refiere a la libertad de prensa y medios de comunicación, diremos lo concerniente: La existencia de la libertad de prensa es en México más el ejercicio de un derecho, que una confesión del gobierno que no renuncia a la pretensión de controlar la libre emisión del pensamiento; sin embargo, los mecanismos oficiales no son suficientes para establecer el control total de la prensa, hoy existen voces de la oposición en periódicos y revistas, no obstante, el gobierno y su partido oficial ejercen un control económico y político sobre la mayor parte de los medios de prensa y radiodifusión y un control absoluto sobre la televisión pública y privada.

El gobierno gasta miles de millones de pesos en propaganda partidaria, con dinero que proviene del erario público; el papel de contrainformación que ha cumplido el principal medio de comunicación

masiva, la televisión, es vergonzoso y, en particular el consorcio Televisa.

La demanda penal por difamación en contra del programa televisivo "60 Minutos" acordada por la Comisión Federal Electoral, no ha merecido respuesta de las autoridades judiciales; la televisión estatal por su parte, se ha convertido en un medio informativo faccioso y partidario del sistema, con violación de las normas mínimas de la convivencia democrática.

Hablar con la verdad, es hoy en nuestro país un riesgo para los periodistas; durante este sexenio se han multiplicado los asesinatos de los hombres de prensa, asesinatos que en ningún caso han sido aclarados, hablar con la verdad significaría perseguir a los asesinos y aclarar los crímenes de Manuel Buendía y de Linda Bejarano, por mencionar sólo dos casos. En nuestro país, este tipo de investigaciones ni se realizan, ni culminan, sino que invariablemente nos conducen a la comprobación de la ineptitud judicial o de la complicidad oficial.

En lo referente a la reforma política, específicamente diremos lo siguiente: el gobierno de la República ha intentado desarrollar un proceso restringido de modernización política al que ha denominado pretensiosamente "reforma política"; hemos insistido en que no es posible ni viable una verdadera reforma política de nuestra sociedad sin desarrollar el ejercicio de la democracia en todos los ámbitos de la misma; requerimos de democracia electoral, pero también de democracia sindical, ejidal, en todos los centros de educación, en los barrios, en los espacios propios de nuestra vida cotidiana, pero la democracia es impensable en un contexto de tan aguda y pronunciada desigualdad social, la democracia es un fruto de la justicia social, de la independencia económica, del pleno disfrute de la soberanía nacional.

Una reforma política profunda partiría necesariamente de un mayor equilibrio entre los poderes de la Unión, equilibrio que no ha podido establecerse; el Poder Judicial, y en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación como prueba de la subordinación al Ejecutivo, han rechazado por ejemplo la legítima petición de investigar las irregularidades del reciente proceso electoral.

Otra prueba de antidemocrática ha sido el rechazo del titular del Poder Ejecutivo Federal a las interpelaciones que numerosos legisladores le hicimos durante la lectura del informe que hoy comentamos; esta negativa es muestra de la actitud autoritaria y prepotente que es norma de vía de nuestras instituciones.

La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, es una legislación electoral que restringe la competencia real de los partidos y consolida la existencia de una mayoría oficialista permanente en el Poder Legislativo, ahora el Código Federal Electoral aprobado en este sexenio, consolida y refuerza este carácter restrictivo, aumentando el poder discrecional del Secretario de Gobernación y la Comisión Federal Electoral, instancia en donde el Partido Revolucionario Institucional tiene una mayoría asegurada.

El Tribunal de lo Contencioso Electoral, en lugar de ser un organismo autónomo encargado de resolver las controversias, derivó en un cuerpo legitimador del fraude electoral que actuó para favorecer los intereses del partido en el poder, como lo demostró en su digna renuncia el magistrado Emilio Krieger.

Sin embargo, todas las restricciones legales preexistentes han sido insuficientes para frenar la decisión democrática mayoritaria del pueblo de México; a pesar de aquellas limitaciones de la LOPPE y hoy del Código Federal Electoral, la votación del pasado 6 de julio fue capaz de construir una nueva mayoría: ¡la que se aglutina en torno a la candidatura presidencial del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano!.

Los grandes cambios que el mundo contemporáneo vive, tienen como común denominador la democracia como valor histórico universal que los pueblos han venido moldeando a través de los siglos y del planeta; en este contexto, nuestro país mantiene una gran responsabilidad que deberá ser cumplida en consecuencia. México fue vanguardia en América Latina en la Revolución de Independencia por la emancipación colonial; México fue líder en la construcción de los sistemas nacionales republicanos y lo ha sido en la defensa antiimperialista de la autodeterminación de los pueblos.

Hoy en día, en distintas regiones del mundo se viven procesos democratizadores cuya profundidad y trascendencia histórica habrá de impactar positivamente el destino de la humanidad, tal es el caso de las grandes transformaciones que se viven en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y en otros países del área, en la nación vecina del norte apreciamos con agrado el ascenso de un movimiento político que representa los intereses de las minorías nacionales, la democracia y la paz, que se opone al poder de los monopolios guerreristas, que propugna por el desarme internacional, contra la guerra imperialista en Centro América, y por el respeto a otros pueblos.

América Latina ha logrado avances considerables en el proceso de redemocratización contra la hora negra de las dictaduras, la democracia es pues la

consigna y la divisa fundamental puesta al orden del día por la humanidad; México no puede quedarse atrás y está llamado ahora como ayer, a jugar un papel de liderazgo, por lo menos a nivel latinoamericano, donde se genera un profundo debate sobre la reforma política al Estado en la búsqueda de un presidencialismo democrático o de una república parlamentaria.

En el actual informe del Presidente Miguel de la Madrid, se hace mención de las tesis políticas que conformaban el objetivo de su administración, lo que no se dice es que prácticamente ninguna de ellas logró cumplir ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social el informe habla de logros registrados en materia de reforma política y sólo se anota lo relativo a la reforma electoral que dio lugar al actual Código Federal Electoral.

Otros señalamientos generales que se hacen, no se cumplieron: la crisis ha agravado sin duda el disfrute de las garantías individuales de los mexicanos; no se ha respetado la división de Poderes, lo hemos vivido sistemáticamente en esta legislatura; no se ha avanzado en la descentralización y mucho menos en el respeto y fortalecimiento del federalismo y del municipio, lo que priva es el centralismo presidencialista contra la soberanía de los estados y del municipio.

Pero bien, hablemos del Código Federal Electoral, confeccionado, de ninguna manera en base a un criterio democrático, puesto que deja la administración y el control del proceso electoral en manos del gobierno, o sea de un partido, lo que hace de esta legislación electoral excepción única en el mundo.

Han quedado demostrados hasta la saciedad las limitaciones, insuficiencias, contradicciones y obstáculos que la legislación electoral representa para la consumación de un proceso electoral confiable y democrático; ha quedado demostrado que el proceso electoral pasado reciente se llevó a cabo a contrapelo de la ley, pisoteando la Constitución y el propio Código Federal Electoral.

Se habla en el informe de que las elecciones fueron polémicas y competitivas: en primer término, hay que recordar que el candidato oficial no aceptó dar el debate político programático con el resto de los candidatos de la oposición, y además, el candidato del gobierno se apoderó de la televisión privada y pública y de casi la totalidad de los medios masivos de comunicación, entonces, se trató más bien de una competencia abusivamente desigual, fue la competencia de un pueblo contra un Estado todo poderoso; abusivo fue el uso de los recursos económicos y de todo tipo por parte del gobierno, la corrupción escandalosa del proceso electoral, como nunca se había visto en éste o en otros países.

Se habla de que se enriqueció el pluralismo político en el país, sí, pero de ninguna manera al nivel que el pueblo lo mandato en las urnas; restémosle el gigantesco fraude cometido que trajo como consecuencia, entre otras cosas, la usurpación del Poder Ejecutivo.

A la crisis, se dice, hemos respondido con más libertad y con más democracia; diríamos nosotros que se ha respondido con más crisis y con más fraude. ¿Cuál ha sido la libertad y la democracia que hemos tenido los mexicanos en la definición de la política económica y entreguismo de la venta de empresas de la nación, como el caso de Cananea, la cuna de la Revolución, entregada por el gobierno de la Revolución?

El patrimonio cultural e histórico del movimiento obrero de este país, que ello constituye una vergüenza humillante para la cúpula del movimiento obrero oficial, debe ser claro que el nuevo perfil pluripartidista del que se habla no es resultado de alguna concesión graciosa, sino que obedece a la conquista de una sociedad civil que evoluciona en la conciencia política, cultural ideológica, mas no en su economía y sus relaciones sociales.

En el proceso en curso, el pueblo es protagonista y lo seguirá siendo, se trata de un fenómeno embrionario que marcha a contrapelo de un Estado burocrático, corporativo, antidemocrático, particularmente contra un presidencialismo omnipotente, omnipresente, monárquico y en decadencia frente a la perspectiva de una república democrática parlamentaria que se abre paso en nuestro país hacia el fin del milenio.

Se hace un llamado a seguir perfeccionando la democracia como proceso permanente e inacabado; si realmente se tuviera interés en ser consecuentes con el anterior planteamiento, se tuvo la gran oportunidad histórica de haber aceptado, respetando la legalidad constitucional, la alternancia del Poder Ejecutivo, lo que se hubiera constituido en un hito en la lucha democrática de esta nación, lo que constituiría también un gran aporte a los cambios democráticos que hoy se viven en América Latina y en el mundo; por el contrario, buscan el rezago en nuestro país, en ese concierto internacional han desaprovechado esta oportunidad histórica e impedido que el pueblo la utilice con resultados superiores, han dado un golpe trapero a la democracia en curso, cuyo poste histórico buscan perpetuarlo por lo menos a lo largo de un sexenio, para el pueblo significa una larga espera porque ya ha esperado mucho tiempo

y sabe muy bien que si no conquista la democracia política, jamás logrará ver mejoradas sus condiciones de existencia.

Esperamos que en lo inmediato, haya respeto y cumplimiento con el discurso que se ofrece, están en puerta elecciones locales en diversos estados de la República, hagamos el compromiso público ante la nación todos, gobierno y partidos políticos, cerrarle el paso al fraude electoral, la oportunidad de que aprovechemos todo tipo de comicios es permanente y está a la vista para consumar un objetivo supremo de la democracia mexicana: el respeto irrestricto de una vez y para siempre al sufragio efectivo y a la voluntad popular.

En esta empresa tan generosa e impostergable para la República, a la oposición nos ha tocado jugar un papel protagonizo junto al pueblo, por razones históricas concretas, sin embargo, en lo sucesivo no deberá ser obra nuestra exclusivamente, la historia misma reclama cada vez un mayor empuje de la sociedad toda y la concertación política viable y necesaria; debemos promover sean reformadas las legislaciones locales electorales, en la mayoría de los casos son más retrógadas que el ya de por sí cuestionado Código Federal Electoral

Pues bien, en este país como en otros, no es la primera ocasión en la historia que se consuma una usurpación que habla del nivel alcanzado por la democratización de la vida nacional, el obstáculo principal constituido por un régimen político obsoleto, aquilosado, corrompido y en descomposición que no está preparado para la alternancia en el poder. El régimen priísta, sólo puede subsistir en torno al poder, su articulación está dada en base a las relaciones de poder, de tal suerte que su reemplazo significaría la desintegración fatal del mismo.

Se tomó de manera irreductible la determinación política de mantenerse en el poder a costa de todo y por encima de todo, pisoteando la Constitución y violando la voluntad popular expresada en las elecciones; hicieron uso de cuanto estuvo a su alcance, cuanto les fue necesario para imponer la decisión usurpadora; nuestros llamados a respetar el orden constitucional nos pareció subversivo; subversiva resultó también la Constitución de 1857 para la dictadura porfirista en los años de 1910, qué ironía de la historia; democracia y constitución, ahora para ustedes huele a subversión y amenazan a quienes pretendemos romper el orden constitucional y, claro está, no se refieren al orden jurídico, sino a un orden que es el orden de la fuerza. Señor presidente: La lucha del pueblo de alguna manera ha transcurrido al filo de la navaja, sorteado una y más provocaciones que han conformado una sola estrategia que puede tener diversos orígenes pero un mismo objetivo y los mismos resultados en contra del pueblo.

El pueblo ha tomado su decisión firme, indestructible y de largo plazo, de conducir su lucha por la vía pacífica y constitucional, de esta determinación no lo moverá nada ni nadie, pues no se trata de algo circunstancial o superficial, sino de razones profundas e históricas que brotan del nivel cultural y de politización que la sociedad ha madurado no sólo en México sino en el mundo entero; en este país, como en otros, las condiciones ya no están para adoptar estrategias de lucha que entrañen la violencia, la confrontación entre humanos o la guerra civil.

En la república hermana de Chile, los sectores democráticos combaten contra una de las dictaduras más sanguinaria de América Latina, en las peores condiciones de legalidad y represión, allá, los demócratas y el pueblo, con muchas dificultades han mantenido la estrategia de lucha pacífica mediante la cual han venido logrando conquistas promisorias, en la perspectiva de una república democrática parlamentaria, como ha venido sucediendo en otros países sudamericanos, en la etapa de transición de las dictaduras militares hacia los nuevos regímenes parlamentarios; éste es el ejemplo que la historia nos llama a seguir y el pueblo de México está dispuesto a acatar dicho llamado.

En esta perspectiva, el pueblo mexicano se ha propuesto como prioridad fundamental, en el período inmediato, impedir que en los próximos comicios municipales, estatales y federales, se cometan fraudes de nuevo y, de continuar con esa práctica, se estarían cerrando una vez más las puertas de la democracia, lo cual sería peligroso en tanto colmaría la paciencia y la serenidad de nuestro pueblo, la madurez alcanzada por la sociedad civil no debe motivar el abuso y el chantaje.

Señor presidente; señores de la oficialidad: Tal es el reto para ustedes, para nosotros, para el pueblo, o cumplimos con nuestro deber histórico, o la nación hará acopio de su reserva moral e histórica para abrirse paso ante todo tipo de adversidades por el sendero luminoso de la historia, ustedes tienen la palabra. Gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Gerardo Ávalos Lemus, del grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista.

El C. Gerardo Ávalos Lemus: - Señor presidente; compañeros legisladores: Es evidente que

nuestra participación después de tantos días de sesión, no podemos llamar esto una revisión de un informe de seis años con el solo acto de venir y durante 30 minutos poder hacer un análisis de lo que ha ocurrido en un sexenio, de las formas y los contenidos como el gobierno se ha desenvuelto en nuestra nación.

Me resultó interesante la caracterización o el nombre que se ha dado a este acto que se llama " la glosa", pero creo que es un término adecuado, porque la glosa es la explicación de algunas palabras poco claras, por otras más comprensibles, porque así ha sido este sexenio, ha sido un sexenio caracterizado de acciones oscuras por este gobierno.

No nos importa, a nuestro partido, ser contestatarios y oponentes a ultranza de lo que se dice en el informe presidencial; vamos a verter algunos elementos de análisis sobre las acciones realizadas por el partido y el gobierno, que llevan más de 60 años de pretender dirigir al país hacia un mejor nivel en todos los órdenes de la sociedad.

Decimos pretender, porque en un panorama general describimos al proyecto de gobierno, de patria, república y nación que el partido oficial defiende como un proyecto que no representa al pueblo de México, sino a los intereses de los grandes capitales nacionales y extranjeros, cuestión ésta que nos ha llevado al colapso y se enfrentan hoy contra sus propias instituciones, sus propias leyes y se enfrentan a su ruptura interna como partido y como gobierno y no cuentan ya con su control férreo corporativo a que han sometido al pueblo mexicano durante los años de su gobierno.

Es comprensible la defensa que han hecho durante estos días el gobierno y su partido en las urnas, en los comités distritales, en la Comisión Federal Electoral, en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, y en los colegios electorales de diputados y de Presidente de la República.

Decimos que es comprensible, porque partiendo del concepto de partido político y de su estricta definición de ser una asociación de ciudadanos con ideas político - ideológicas afines, agrupados para actuar organizadamente para tomar o ejercer el poder con base a su programa, hoy se ven urgidos no de defender sus principios ni su programa surgido de la Revolución, ni los intereses de la patria, sino su status en el poder, e impedir el paso a la democracia.

Este es el otro aspecto de nuestra intervención en que queremos dejar claro en este momento político inmediato nuestro objetivo fundamental a que aspiramos y que estamos convencidos que aspira nuestro pueblo; asimismo, aseguramos que toda la oposición nos hemos unido en la práctica, respetando nuestras diferencias ideológicas y políticas y uniéndonos por este mismo objetivo: luchar por la implantación de una república democrática donde verdaderamente los hombre y mujeres libres, a través de sus partidos y organizaciones, ejerzan sus derechos y hagan valer la soberanía popular.

Es claro que el proyecto de gobierno, de nación y de Estado que hoy sostiene el gobierno y su partido, choca con el proyecto que sostiene la oposición, porque choca con los intereses de los trabajadores del campo y de la ciudad, choca con los intereses de la clase media y los intelectuales consecuentes con la patria, por eso no se puede decir que pretendemos dividir a los mexicanos, por el contrario, hoy somos todo un pueblo unido contra el gobierno y su partido que no nos representa.

Señalaremos el porqué el informe de De la Madrid, en su política interior, representa la continuación de un proyecto y la defensa del mismo cuyo contenido no es el respeto a la soberanía popular, sino que en los aspectos políticos, jurídicos y coercitivos tiende al control cada vez más férreo de la sociedad civil y cifra todo su compromiso por favorecer al imperialismo norteamericano y a una minoría privilegiada que se ha apropiado de nuestra patria y que la tiene embargada.

Antes de entrar en materia, queremos dejar bien claro que este gobierno y su partido no están dispuestos a dar paso a la democracia, mucho menos a permitir la alternancia en el poder; tampoco están dispuestos a edificar en México una república democrática, han hablado de dialogar y hemos dialogado; han hablado de concertación y no ofrecen ni ceden un ápice en ningún terreno. El gobierno y su partido son los responsables únicos de que el pueblo hoy entienda que la vía electoral no es el camino para cambiar de gobierno y que el ejercicio de su derecho consagrado en el artículo 39 constitucional por la vía del voto no fue respetada.

En nuestra intervención dejaremos señaladas nuestras propuestas, a sabiendas de que una mayoría que no acepta el cambio en la correlación de fuerzas en el país podrá desechar con el simple voto, y que una práctica antidemocrática de todo su sistema de Estado podrá, en su momento, frenar cualquier acuerdo tomado aquí por mayoría de la Cámara en el CEN, la anularían en el Senado o la anularía el Ejecutivo.

Se habla de que se han fortalecido los poderes como resultado de una consulta nacional, el Presidente

dijo en su informe que la demanda de fortalecer la división de poderes se tradujo en una serie de reformas al Poder Legislativo, como la instauración de dos periodos ordinarios de sesiones; la ampliación de la Comisión Permanente; y la modificación del calendario electoral a partir de esta Legislatura; no obstante, tales medidas no implican en sí mismas una efectiva y clara división de poderes.

La diferencia de estos seis años muestra que la actuación del Poder Legislativo siguió subordinada en gran medida a los designios que marca el Ejecutivo y ello se debió a la actitud de los legisladores priístas que se han negado sistemáticamente a que la Cámara actué en forma independiente, como un verdadero poder autónomo.

La supeditación del Poder Legislativo al Ejecutivo ha sido hasta ahora una limitante a la democracia, al no permitir un contrapeso a las decisiones gubernamentales y al impedir, de hecho, que la Cámara de Diputados ejerza libremente sus facultades de legislar, prueba de ello es que, salvo contadas excepciones, la gran mayoría de las iniciativas que se dictaminan son las que provienen de Presidente, siendo éste quien marca el ritmo y los ejes de trabajo de la Cámara en cada período de sesiones, esto significaría, de acuerdo a la estadística, un promedio de 90% de las iniciativas de ley aprobadas por el Legislativo, que fueron iniciativa del Poder Ejecutivo y no del ejercicio legislativo de este poder.

¿Cómo puede hablarse entonces de una división real de poderes? Por eso hoy es imperativo que la Cámara tome en sus manos el cambio de sus relaciones con el Ejecutivo y recupere o ejerza una serie de atribuciones que formalmente, o por vía de los hechos se han ido cediendo al Presidente.

En el caso del Senado, la situación es todavía peor, la reforma sólo significó que se renueve cada tres años la mitad de sus miembros y no ha introducido siquiera la representación proporcional, cuando que en la Cámara de Diputados ésta ya lleva casi una década, por eso, en este órgano la supeditación al Ejecutivo es cada vez mayor.

Se habla de una reforma como parte de la renovación política, que es la reforma municipal iniciada en 1983, que no puede considerarse más que como el inicio de un proceso en el que lo más importante está aún por realizarse; en lo político, lo más significativo fue la disposición constitucional, introduciendo el principio de la representación proporcional para la elección de regidores, sin embargo, al principio fue obstaculizado por una legislación estatal restrictiva que distorsionó el significado de la representación proporcional, reduciéndolo al de regidores de minoría, e incluso en muchos casos se impusieron límites arbitrarios al número de regidores de representación proporcional.

En la actualidad, ni siquiera el 10% de los regidores de todos los municipios son de oposición, lo que refleja el limitado alcance que en la práctica tuvo la reforma municipal en este aspecto y aquí cabe señalar cómo en un municipio la oposición puede ganar quizá cerca de la mitad del electorado y, por el hecho de existir sólo el partido oficial y un partido de la oposición, tendrá sólo derecho a un regidor, en tanto que la otra mitad estará representada por una gran cantidad de regidores.

Pero si bien la representación proporcional para los regidores fue un avance inicial con todo y las limitaciones que encontró, otros aspectos de la reforma municipal fueron claramente negativos, por ejemplo, el nuevo artículo 115 constitucional institucionalizó la injerencia de instancias intermedias de gobierno en los ayuntamientos, éste es el caso de la disposición que permita a las legislaturas locales intervenir en la aprobación de la cuenta pública de los municipios, en la desaparición total o parcial del ayuntamiento, etcétera.

De esa forma la autonomía municipal se vio afectada por dicha reforma; por otro lado, la reforma municipal, si bien cedió más facultades a los ayuntamientos de los cual se derivaron más funciones a su cargo, no llevó a la práctica cambios efectivos para dotar a los municipios de más recursos con los cuales costear sus nuevas responsabilidades, hoy los ayuntamientos en conjunto tienen un presupuesto que proporcionalmente no ha aumentado en relación a las erogaciones totales; la descentralización no implicó desconcentrar recursos para los municipios.

Los últimos informes de gobierno de los presidentes en turno se han caracterizado por ser o pretender ser una evaluación de las acciones de gobierno en los diferentes rubros y materias, con el objeto de que la nación haga un balance de las correspondientes gestiones gubernamentales.

En el caso del sexto informe que rindió el licenciado Miguel de la Madrid, al momento de presentarlo a la nación, el juicio de la ciudadanía ya se había manifestado, el balance que habían realizado los mexicanos se había expresado en las urnas el 6 de julio, el juicio de los ciudadanos, y creo que en esto todos podemos estar de acuerdo, independientemente de la valoración de que cada fuerza política ha manifestado respecto a la insurrección

cívica el 6 de julio, significó el más grande desplome que el gobierno y el partido oficial hayan tenido en toda su historia, esto nadie lo puede refutar; auguraron 20 millones de votos y no los alcanzaron, auguraron 12 millones de militantes, y sólo alcanzaron 9 millones y fracción de votos.

En este contexto, extraña que el informe de Miguel de la Madrid omita hacer una evaluación crítica y autocrítica de su gestión en materia de política interior, si algo falta en este informe, es confrontar y comparar las medidas y proyectos que tibiamente se implementaron en esta materia, con las necesidades y demandas de la población, con su dinámica, su pluralismo y su desarrollo político.

La lectura del informe nos plantea la existencia de un abismo, una separación tajante entre lo que el Presidente y su grupo piensan y creen que necesita la nación, y lo que la necesidad real se manifiesta de la nación y de los ciudadanos; como en una caja de cristal el Presidente, alejado de las denuncias, de las demandas, de los reclamos, las respuestas y exigencias de la sociedad, se justifica, se ensalza, recita sus tesis políticas, considera que se llevaron a cabo satisfactoriamente y que han sido suficientes para salvar al país.

El Presidente señala que se amplió la vida democrática del país y considera las reformas constitucionales en materia electoral y la creación del Código Electoral como un momento culminante del proceso de democratización durante su gestión, sin embargo, el Código Federal Electoral fue elaborado de tal manera que el fraude electoral estaba legalizado, estaban las lagunas establecidas para que ante la expectativa electoral pudieran modificar, si acaso la voluntad popular no les favorecía.

Hicieron la modificación constitucional sin la aplicación recurrente de las modificaciones en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y del propio reglamento, no legislaron ni crearon los rubros relativos al ejercicio de la legalidad ya establecida para la calificación de un Coligió Electoral para diputados y para la Presidencia de la República, precisamente para permitirse a manos libres, hacer una calificación impuesta por una mayoría violando todo procedimiento legal.

Existe en el Código de Procedimientos Civiles estatuida la presentación de la prueba pública, sin embargo, en este momento los juicios no fueron valorados sobre las actas originales para calificar a su Presidente y a sus diputados.

Ante el evidente agotamiento de la reforma política de 1977 y ante el reclamo cada vez más amplio de la población, es que se vieron obligados a elaborar este nuevo Código Federal Electoral que, como hemos dicho, lo dejaron con bastantes lagunas.

Lo que se requeriría en el marco actual de la crisis económica del país y del desarrollo plural y heterogéneo que se expresara en la sociedad, era una amplia concertación política y social que adecuara el marco constitucional y legal a las nuevas condiciones políticas y sociales que se expresaban en el país y que conducían a la necesidad de posibilitar y reforzar un verdadero sistema de partidos, una legislación electoral que garantizara el respeto a la voluntad popular, así como la transformación de los órganos de representación popular en espacios donde se reflejara nítidamente la fuerza de las diferentes organizaciones políticas, restituyendo las facultades y atribuciones que nos posibilitaran legislar y ser un contrapeso del ilimitado Poder Ejecutivo.

A partir de esta necesidad palpable, el Presidente convoca a la llamada consulta sobre Renovación Política, donde siguiendo la política de oídos sordos, que fue particularmente característica de este sexenio margina las propuestas de las fuerzas de oposición, e inclusive del Partido Revolucionario Institucional y a puertas cerradas elaboró sus propias iniciativas, dando como resultado todas las fallas que ya hemos mencionado.

Se habla en el informe del respeto irrestricto a las garantías individuales, a la libertad de prensa, a la libertad de asociación, y se olvida mencionar "manchas", que al no haber sido aclaradas o castigadas quedan en la historia como responsabilidad del propio gobierno. Y es el caso de las decenas de periodistas asesinados durante este sexenio, y de manera destacada la del periodista Manuel Buendía, cuyo crimen está impune.

Quiero señalar en este apartado, como prueba de ello, la relación de personas asesinadas en el propio contexto electoral y no el resumen global de todo el sexenio, que quizá me llevaría bastante tiempo.

La muerte de Francisco Xavier Ovando, Román Gil Ugalde, Juan Espinosa, Román González, Herlinda Bejarano de Gómez, Lucrecia Martínez de Gómez, Carlos Antón García, Sergio Ledezma, Ignacio Osnaya, Ernesto del Arco, José Luis García, Jesús Ramos, Jorge Flores, relación de algunas otras agresiones, como la sufrida por Carlos Dueñas, Heberto Castillo y el diputado electo Darwin González.

Relaciones de algunos atentados, falsamente atribuidos a cardenistas, como el incendio al Palacio

Municipal de Apatzingán, Michoacán y la destrucción de Topumbo, Michoacán.

Ni una mención a los cientos de dirigentes sociales y políticos asesinados durante la gestión de Absalón Castellanos, en el estado de Chiapas, motivo por el cual, por cierto, se interpuso denuncia para instaurar juicio político ante esta Cámara, en la pasada legislatura y donde nuevamente la mano del Presidente intervino para declararla improcedente, a pesar de los cientos de testimonios y documentos probatorios que se presentaron para demostrar las violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales que tuvieron lugar, por los actos y omisiones del citado gobernador.

Lo cual es un hecho de que además de representar un baldón para la Cámara de Diputados, demuestra la impunidad y el encubrimiento para proteger miembros destacados del gobierno, y esto está más allá de las garantías individuales y más allá de la tesis de renovación moral que el Presidente dice haber impulsado durante su gestión.

Es cierto que la represión y la violación a los derechos humanos han sido generalizadas y sistemáticas. Sin embargo, es preocupante que ante la represión selectiva o limitada a estados y regiones del país, no se actúe con el rigor de la ley para evitar desencadenar conflictos de mayor envergadura.

Es preocupante, por lo tanto que en su informe de balance el Presidente elude aspectos tan graves y simplemente se limite a hacer un recuento y una apología de las acciones y logros en materia de protección de las garantías individuales.

En el rubro de procuración e impartición de justicia, efectivamente se realizaron en este sexenio innumerables reformas. Ya en otra ocasión el Partido Mexicano Socialista planteó que las reformas que se presentaron se restringieron a aspectos formales y no de fondo. Consistieron en reformas parciales y dispersas que no abordaron integralmente los graves problemas y deficiencias de la justicia en nuestro país.

No se abordó el problema central de la independencia del Poder Judicial, no se precisaron ni ampliaron las garantías y derechos de los detenidos, no se limitaron las arbitrariedades y corrupción de las corporaciones policiacas, y lo que es más grave, que en los hechos no se ha tenido la voluntad política ni la energía para detener la práctica de la tortura, como mecanismo sistemático y normal de investigación policiaca.

No se ha obstaculizado la corrupción prevaleciente en los órganos de impartición de justicia, no se ha detenido la impunidad ilegal de los cuerpos policiacos. Ante este panorama, el Partido Mexicano Socialista manifiesta que ante los llamados a la concertación, al diálogo y a que compartamos los cambios de la nación señalados por el Ejecutivo de su partido y de este país, debemos hoy más que nunca abrir con precisión el camino a la concertación, a comprender que nuestro país ha cambiado, que esta Cámara de Diputados debe ser plural desde su presidencia hasta sus comisiones.

Hablar de la concertación y del diálogo no debe de convertirse en un acto de demagogia que debe estar reconocido en los hechos, en la forma y en el fondo y compartir la alternancia del poder en los límites que hoy se encuentra, de reconocer esa pluralidad representada en todas y cada una de las comisiones que integran esta Cámara de Diputados.

Entendamos que ustedes, en este momento, aún no tienen el reto de la pérdida del poder, porque como lo señalábamos, aun cuando lleguemos a acuerdos en esta Cámara de Diputados, tienen su Cámara de Senadores que podrá congelar, desechar o anular las iniciativas de ley que aunque en favor de la nación vayan, por haber provenido de una concertación, quizá no la lleguen a aceptar y les quedaría todavía su último recurso ubicado en el Ejecutivo de la nación para desechar toda aquella iniciativa, no importando que ésta vaya acorde con las necesidades nacionales.

En el aspecto legislativo, es urgente la aplicación de una práctica parlamentaria en la cual intervengan las corrientes que integran ambas cámaras; para ello es básico reformar la Ley y el Reglamento Interior del Congreso, tarea pendiente de la legislación pasada y objetivo a perseguir en la presente.

En ese mismo aspecto como reflejo de la vida parlamentaria, es necesario que las comisiones ordinarias se constituyan en centro de búsqueda de consensos, en instrumentos para la elaboración de iniciativas y en un lugar donde los legisladores establezcan una relación permanente con la sociedad.

La democratización del Poder Legislativo requiere eliminar la tradicional subordinación al Ejecutivo, fortaleciendo la superación de Poderes de la nación.

En materia electoral, debe de concebirse como parte de la democratización del país, establecer medidas para garantizar el respeto del sufragio, garantizando la transparencia del proceso electoral y restableciendo los derechos políticos en la capital del país.

Sólo podrá lograrse una reforma democrática del Estado y de parte de la conformación de un nuevo sistema de partidos, el cual reconozca la presencia de una oposición competitiva, protagonista e interlocutora, con fuerza efectiva para constituirse en alternativa de gobierno.

El 6 de julio queda marcado para la historia de nuestro país como el parteaguas y abre una nueva etapa y perspectiva para todos los mexicanos para salvar nuestra nación, para garantizar el ejercicio pleno de una soberanía auténtica y conquistar la independencia económica a través de una representación y participación en los poderes por todas las corrientes y partidos que conformamos esta nación.

Señores legisladores, señores del partido oficial, está en nuestras manos el reto de garantizar la apertura de este país a la democracia o de confrontar a nuestra nación a una colisión.

Yo los llamo a que asumamos la responsabilidad a la altura como legisladores y hagamos de éste un parlamento, un verdadero centro de legislación en favor de nuestra patria.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Augusto Gómez Villanueva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El C. Augusto Gómez Villanueva: - Señor presidente; compañeros diputados: Comprendo que deberá transcurrir mucho tiempo para hacer, además de un balance, el juicio sereno de la obra de un régimen, sobre todo cuando intentarlo en esta Cámara que inició sus tareas en el apasionante proceso de calificación en los Colegios Electorales, aún no se apagan los fuegos intensos de la pasión partidista.

El desfile ininterrumpido de oradores en los que ha prevalecido el juicio subjetivo, hace complejo el racionamiento serio, sensato y sereno que reclama un reto tan trascendente como lo es el comentar el sexto informe de gobierno del Presidente Miguel de la Madrid.

El análisis del sexto informe de gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, en el rubro de política interior, exige un esfuerzo de objetividad, ceñido a tres aspectos básicos: la formidable prueba a que fueron sometidos los consensos nacionales por la grave y prolongada crisis económica, los crecientes reclamos sociales de combatir los efectos adversos de esa crisis en los niveles de vida de la población, y los impulsos de la sociedad para abrir nuevos cauces a la participación política de los ciudadanos, con el propósito de renovar las instituciones y los métodos políticos de la nación.

Aquí están en este salón de sesiones de la Cámara de Diputados, algunos de los datos más fieles del balance político del sexenio. Más que la ruptura de los consensos básicos de los mexicanos, en los debates sostenidos ayer y hoy, encontramos la búsqueda de nuevos consensos para afrontar los saldos de la crisis, y contra toda pretensión represiva o siquiera de contención de los impulsos sociales para combatir los efectos de la crisis y de los reclamos por nuevos espacios políticos, el régimen de Miguel de la Madrid optó por el respeto a toda expresión de inconformidad en las calles y las plazas públicas y por conducir al país por nuevas vías propiciatorias del desarrollo democrático nacional.

No solamente se preservaron las bases constitucionales que fundamentan al Estado mexicano, sino que aún frente a las dificultades de la crisis económica fueron enriquecidas. Sin aspirar a la unanimidad en el juicio de los diversos grupos parlamentarios que entrarían en contradicción con nuestro desarrollo democrático, vivimos aquí la vigencia de las libertades individuales y colectivas y la acrecentada participación política de los ciudadanos.

Con Miguel de la Madrid concluye un ciclo, el de la pretensión de que en el país sólo existía la voluntad presidencial, y de que la nación se hacía y consumía en un solo sexenio, y contra los proyectos de reediciones carismáticas o los propósitos de crear vacíos de poder, se abrió paso la concepción del liderazgo institucional y la presidencia democrática.

La agudización de las contradicciones del desarrollo nacional encontró siempre una inmodificable y sobria respuesta. Con una clara visión de las prioridades nacionales fueron encarados los problemas.

En el ejercicio de las facultades de gobierno, destacó el tino y la responsabilidad de conducir al país por la vía de la renovación política. Como lo expresó el Presidente de la República, esta renovación política fue concebida e instrumentada como condición fundamental para enfrentar la crisis.

En este pleno de la Cámara habita la representación popular, congruente con la pluralidad que existe en el país. En este nuevo equilibrio de las fuerzas políticas, aquí también se manifestaron las ideologías que sentencian nuestras organizaciones partidistas.

Sin pretender adelantar juicios que sólo los dará la perspectiva de la historia, y asumiendo nuestras diferencias conceptuales expresadas aquí en forma contundente en las últimas semanas de este período republicano, podemos perfilar un saldo neto del sexenio. Los conflictos encontraron como respuesta la tolerancia y la ampliación de los cauces legales y democráticos.

A las nuevas condiciones de la lucha política y a la pujanza del inédito pluralismo político que configuraron las fuerzas en la reciente contienda electoral, la respuesta ha sido la de la libertad y la democracia.

Las luchas populares y el ascenso de las organizaciones políticas encuentran su lugar en este recinto como fruto del pluripartidismo acrecentado que hoy vivimos.

El camino a la democracia es proceso permanentemente inacabado. Las recientes elecciones deben verse como un peldaño más hacia etapas superiores, dijo el Presidente De la Madrid el 1o. de septiembre. El nuevo marco político constitucional y la nueva legislación electoral buscaron la actualización y la adecuación de la norma ante las nuevas realidades. En ellos encontraremos avances y los avances exigen nuevos pasos adelante.

En esta representación popular está la responsabilidad de encontrar y desarrollar las nuevas fórmulas que permitan depurar vicios ancestrales y abrir nuevos caminos de nuestra democracia. Pero ello no nos impide apreciar en su formidable dimensión el nuevo pluripartidismo que hoy tenemos en las cámaras de Diputados y Senadores, así como la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

El desarrollo político nacional no tiene colofones, pero sí valoraciones de lo hecho en los tramos de nuestra historia.

En los escenarios de la disputa política a lo largo y ancho del territorio nacional, la democracia mexicana vive nuevos y promisorios días. Del nivel que podamos imprimirle a la ventilación de nuestras controversias y de la orientación que le demos dependerá el enriquecimiento de nuestra pluralidad.

El avance democrático impone responsabilidades a todos los partidos que no podemos eludir sin evadir al mismo tiempo el camino de la democracia. No nos corresponde a los partidos como tales ni a ninguna expresión unilateral conceder o negar la legitimidad. El origen legitimidad radica en la decisión popular procesada y expresada a través de los órganos constitucionales.

Profundizar la democracia supone acreditar las instituciones que nos integran a la diversidad, la que hay que renovar, renovémosla a través de la concertación de voluntades.

La democracia mexicana se ha revitalizado con la renovación política. El pluralismo ha irrumpido en todos los espacios políticos de la nación para bien de nuestro pueblo, que desea ver representada a todas las fuerzas y corrientes políticas del país.

En lo político, la renovación ha significado formas más amplias de participación plural, formas más equitativas de representación y medidas para acelerar más al pueblo a la definición de las acciones de gobierno con base en la planeación democrática. A la par con la democratización de la sociedad, se ha fortalecido y renovado el federalismo, tanto como la reforma municipal como con la descentralización y el impulso al desarrollo regional.

Las modificaciones al artículo 115 constitucional y las reformas que cada estado hizo a su marco jurídico son congruentes con una reiterada demanda de la sociedad. Sus avances están en proceso; hagámoslo irreversible.

Al tiempo que se ha fortalecido al municipio libre y se ha afianzado la capacidad de los estados para organizar jurídicamente su vida institucional, la descentralización incluye una gama de acciones, entre ellas destacan la acción industrial, entre otras, para apoyar, mediante estímulos y líneas de crédito, la reubicación de empresas de nuevas zonas de desarrollo regional.

Avance considerable se logró en la orientación de inversiones para el desarrollo de ciudades medias, las cuales fueron dotadas de infraestructura básica y de servicios públicos. A mayor equilibrio territorial conseguido es consecuencia de la activación de las economías estatales.

A través de una política de población responsable y orientada a que todos los mexicanos reciban los beneficios del desarrollo económico y social, hoy han mejorado las tendencias de distribución territorial del crecimiento demográfico; para alcanzar este propósito, se implantó el Programa Nacional de Población, cuya ejecución se centralizó a los estados y en algunos casos a los municipios.

El terremoto de 1985 fue una experiencia trágica, traumática, que impuso otra enorme prueba a nuestra vitalidad social, a la solidaridad colectiva y a la fortaleza institucional. En esa prueba nos redescubrimos como sociedad actuante y como nación organizada y movilizada ante la adversidad.

De aquella experiencia, surgía de alguno de nuestros nuevos ímpetus participativos, no sólo para la reconstrucción, sino para todos los órdenes de nuestra nueva vida comunitaria, las instituciones respondieron a este otro desafío de la tragedia.

Gobierno y sociedad estuvimos mejor organizados y mejor preparados debemos estar para el futuro. La creación a raíz de los sismos, del sistema nacional de protección civil, integrado por los representantes de los tres niveles de gobierno y por todos los sectores sociales, es una muestra entre muchas de las vías de concertación abierta entre el gobierno y la sociedad.

La batalla contra la corrupción en el ejercicio del servicio público, no se gana de una vez y para siempre, ni aquí ni en ningún país, pero lo logrado en estos seis años, se evidencia en un dato a la vista. La corrupción pública dejó de estar en los primeros planos del debate, la denuncia y la protesta social; mediante reformas jurídicas y administrativas se arraigará la honradez y la eficiencia en la administración pública, pero de todos depende sostener este esfuerzo.

Queda el grave problema de la seguridad pública, pero queda también la puesta al día del marco normativo de la administración y la procuración de justicia como muchos oradores han mencionado; como base para proseguir y redoblar los empeños en este campo.

Podemos concluir que el legado del sexenio, un legado construido por todos, por la sociedad y el gobierno, es un país movilizado y adelante, de nuevos cambios políticos dentro de la legalidad.

La legalidad en México no es un principio intangible, existe en nuestro país un sistema jurídico, desde la Constitución hasta la disposición reglamentaria que establece claramente la vía electoral como forma de integración de las representaciones políticas y de transmisión periódica del poder, la forma y tiempo de realizar las elecciones, los órganos competentes y las vías de impugnación.

Todos estamos obligados a responder a este llamado popular; ceñidos a la legalidad, es válida, es legal y es legítima toda discrepancia, toda exigencia; fuera de la legalidad, todo punto de partida se convierte en callejón sin salida.

La nueva correlación de las fuerzas políticas nacionales, está llamada a dar más riqueza de contenido a nuestras instituciones constitucionales; no a desbordarlas ni a fracturarlas; éste fue el mandato de las urnas el 6 de julio y ésta es la esencia del saldo político cualitativo de estos seis años de vida mexicana.

Tenemos todo para emprender los nuevos cambios democráticos de la nación: leyes, instituciones, voluntad y movilización ciudadana y una vasta representación plural integrada de pleno derecho a la vida republicana.

Sobre las diversas interpretaciones de los recientes episodios políticos y sobre los énfasis, en nuestras diferencias, aquí en este punto de nuestro camino que juntos hemos recorrido, hay este saldo positivo y este apuntamiento propositivo para seguir adelante en el desarrollo político de México.

Desde aquí, saludamos al correligionario Miguel de la Madrid, que supo honrar desde su gobierno la condición de miembro del Partido Revolucionario Institucional y como mexicano, a una nación preñada de heroísmo de grandeza. Muchas gracias. (Aplausos.)

POLÍTICA EXTERIOR

El C. Presidente: - Esta presidencia informa que para comentar el capítulo relativo a política exterior, del informe rendido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se han inscrito los siguientes oradores de los grupos parlamentarios que se mencionarán:

Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional; Rubén Venadero Valenzuela, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; el diputado Octavio F. S. Moreno Toscano, del Partido de la Corriente Democrática; la diputada Amalia García Medina, por el Partido Mexicano Socialista y el diputado Gonzalo Martínez Corbalá, por el Partido Revolucionario Institucional.

La C. Rosalía Ramírez de Ortega (desde su curul):- Señor presidente, pido la palabra para hechos.

El C. Presidente: - Tiene la palabra la diputada Rosalía Ramírez de Ortega. La C. Rosalía Ramírez de Ortega: - Señor presidente; compañeros diputados:

Al escuchar aquí las palabras del diputado Gómez Villanueva, acerca de la libertad que se ejerce en las actividades políticas, me he visto en la necesidad de señalar un hecho que se realiza hoy en la ciudad de Puebla.

Se habla de 60 mil poblanos en la Gran Marcha de la Unidad, y voy a leer un párrafo pequeño del periódico para que no sean palabras inventadas, dice:

"La Marcha de la Unidad Revolucionaria,

que encabezaremos mañana será el fiel reflejo de la confianza y solidaridad de los poblanos a la hora de la revolución que seguramente continuará Carlos Salinas de Gortari".

Contradictoria y absurda resulta esta declaración hecha por el gobernador de Puebla, el licenciado Mariano Piña Olaya, cuando pretende dar un marco legal a un Presidente impuesto por el partido mayoritario. El día de hoy, a partir de las 12 del día, se inició una marcha por las principales calles de la ciudad convocada y encabezada por el propio gobernador llamada "Marcha de la Unidad Revolucionaria".

Esto quizá no sería tan reprobable si para realizarla no fueran obligados los burócratas y trabajadores sindicalizados, que en descuido de sus actividades son llevados a marchar. De los maestros que son utilizados para movilizaciones políticas y apenas a unos días de haber iniciado el período escolar, ya suspenden clases autorizados por el mismo gobernador del estado. Además del acarreo vergonzoso que se hace con todos los vehículos de transporte poblano, como son camiones, combis, y taxis, lesionando a todos los demás ciudadanos que son afectados por no tener en qué trasladarse a sus diversas actividades.

Este transporte se suspendió desde el día de ayer por la noche para traer acarreos de diferentes partes del estado, y todo esto costeado por el erario público, lo que es reprobable y vergonzoso para un país que padece de una gran crisis económica.

Por todo esto, estoy presentando mi más enérgica protesta, porque los mexicanos y los poblanos no podemos seguir soportando actos como éstos, que lesionan además la dignidad de las personas humanas, que son obligadas a marchar, al mismo gasto público por ser innecesario.

Mi pregunta es, señores, ¿es que con estas marchas quieren convencer al pueblo que no se hizo fraude? El pueblo está consciente de las irresponsabilidades del gobierno, y con estos actos se denigran cada vez más. Gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Alberto Ling Altamirano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El C. Alberto Ling Altamirano: - Señor presidente; honorable asamblea: Un solo planeta y por lo tanto un destino es que le depara la historia a la humanidad.

Quedan únicamente 12 años para comenzar el tercer milenio, y las distorsiones en la estructura del orden internacional son lo suficientemente grandes como par no esperar un transición suave al siglo XXI.

Las diferencias entre las naciones deben ser zanjadas para poder ir estableciendo lo que conocemos como integración mundial.

El Partido Acción Nacional, en su más reciente plataforma política, indica de la interdependencia de todos los pueblos de la Tierra, así como de sus recíprocas influencias culturales. Y queremos aportar una vez más el concepto del bien común internacional, entendido como el conjunto de condiciones internacionales que permiten y favorecen a todas y cada una de las naciones el pleno desarrollo de todas sus posibilidades para lograr la realización de su perfección comunitaria.

El último año de la gestión del titular del Ejecutivo en materia de política exterior, tiene un cambio cualitativo importante, cuando se elevan a rango constitucional los principios que la conforman, con carácter de normativos.

Autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de las controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Estos principios quedaron plasmados cuando fue reformada la fracción X del artículo 89 constitucional y que entró en vigor a partir del 12 de mayo de 1988. Ya desde 1982 el diputado Serafín Domínguez Ferman, del partido del gobierno, quiso bautizar como doctrina "De la Madrid", a esta tesis sin conseguir su intento.

Pero si bien esta filosofía en materia de relaciones internacionales tiene principios muy importantes, no deja de soslayar algunas ideas, tales como la justicia social internacional, así como la solidaridad internacional.

Esta idea de justicia social internacional implica el abandono de igualdades aritméticas, características de la justicia conmutativa y el establecimiento de proporcionalidades que reposan en las capacidades y posibilidades de cada nación. Es propio de la justicia social y de las leyes derivadas de ésta, el establecer desigualdades en cuanto a lo que cada nación está obligada a hacer con el objeto de buscar y encontrar, a través de métodos normativos, el restablecimiento de la igualdad efectiva de derechos que la realidad mundial impone.

La idea de justicia social internacional, emana del concepto de solidaridad universal. Es sabido que la solidaridad nacional es un punto de vista de ordenación interna; la orientación humanista trascendente

señala la búsqueda de la paz entre todos los hombres, así como la armonía, el entendimiento y la cooperación sin posiciones discriminatorias, desde el punto de vista social - clasista, de carácter regional o de grupos.

Desde el punto de vista de ordenación universal, en un ámbito supranacional, el principio de solidaridad supone la cooperación de hombres y naciones para la formación de núcleos regionales destinados a la integración mundial, siempre y cuando esa organización no sea excluyente ni hostil para otras regiones, así como no aliente la formación de grupos hegemónicos o de naciones imperialista.

Si bien es cierto que la política exterior mexicana ha promovido decididamente el fortalecimiento de los foros multilaterales, también ha buscado la concertación de señalamientos para delinear directrices de grupos internacionales de carácter político específico, no plural, tal es el caso de los países no alineados, grupo de los 77, y últimamente los diálogos políticos con presidentes americanos de corte o pensamiento social demócrata.

La política exterior de México, buscando la concertación con naciones que tienen afinidad política del régimen e intereses similares al partido del gobierno o de la Confederación de Trabajadores de México, ha hecho esfuerzos de nuevas formas de gobierno parecidos con América Latina, dictada esta política por la Segunda Internacional Socialista de Willy Brandt, del difunto Olaf Palme y el ex ministro Krasiski y ordenada por Felipe González, con Mario Suárez, el Presidente López Portillo, el 20 de mayo de 1979.

La declaración de México acerca de Nicaragua, es por esta razón, que ante la gravedad del conflicto en Centroamérica, que se promovió la creación del Grupo Contadora en 1983, formado por los países: Colombia, Panamá, Venezuela y México. En dicho acuerdo original, el gobierno mexicano deseaba como objetivos del grupo, que la solución de la paz se finque en el respeto estricto al derecho de autodeterminación de los pueblos y del principio de no intervención para todos los países del área y fuera de ella sin excepción alguna.

Dichos objetivos que son: la cesación de las hostilidades, arreglo de control y disminución de armamentos claramente definidos y eficazmente vigilados, así como el compromiso honesto y firme de las partes de no apoyar o tolerar desde sus territorios acciones violentas o desestabilizadoras en los países vecinos.

El Presidente De la Madrid, decía ya en 1984 en su informe: "Asegurar la paz, es requisito indispensable para la solución de fondo de los problemas de Centroamérica. Estos son los problemas de fondo, los de su regazo económico y social y la necesidad de desarrollar instituciones democráticas y estables".

El acta de Contadora, entre otras condiciones, estableció la necesidad de que las partes se comprometieran a adoptar las medidas que garanticen en igualdad de condiciones la participación de los partidos políticos en los procesos electorales y a asegurar su acceso a los medios masivos de comunicación.

Promulgar o revisar las legislaciones electorales para la celebración de comicios que garanticen una efectiva participación popular, establecer órganos electorales independientes además que elaboren un registro electoral confiable y aseguren la imparcialidad y el carácter democrático del proceso. Esto es lo que recomendaba Contadora para pacificar Centroamérica.

En dicho acuerdo, se mencionaron los fines y se recomendaron los medios para apaciguar la cintura de América. En dicho acuerdo original, el gobierno mexicano mostró una vez más la falta de consistencia al recetar para los países convulsionados grandes dosis de democracia y sin embargo dentro de México, tuvieron cerrazón política los procesos electorales internos y no sólo eso, sino exportó el modelo antidemocrático de partido hegemónicos corporativo a países como Nicaragua o Perú. (Aplausos.)

Si la tesis de Contadora para lograr la paz social en grandes cantidades de democracia, la hipótesis inversa nos lleva a decir que el raquitismo democrático pone en peligro la estabilidad social y en México la farsa electoral no legitima las instituciones políticas de la autoridad.

El canciller mexicano Bernardo Sepúlveda, al recibir el premio "Simón Bolívar", otorgado por la Unesco, al Grupo de Contadora en junio de 1985, refiriéndose a los países involucrados del área decía lo siguiente:

"Corresponde primordialmente a los gobiernos centroamericanos y a aquellos íntimamente involucrados en el conflicto regional la responsabilidad histórica de hacer que la tolerancia política y el derecho prevalezcan sobre el interés egoísta, la imposición maniquea y la confrontación".

Cuánta razón tiene Sepúlveda, pero en México existe la intolerancia política, la imposición maniquea y el enfrentamiento político.

El Presidente Miguel de la Madrid, en la sede de la Unesco en 1985, al abundar respecto a las relaciones

internacionales y su vinculación con la cultura, aseguró que ésta no puede resultar ni de la dominación ni del conflicto, sino del encuentro entre los pueblos con respecto a la diversidad y la identidad de cada uno. Pero dijo también que la unidad de la cultura es más fácil que la práctica de la convergencia política.

Nosotros, los de Acción Nacional, agregamos que el pluralismo abre espacios cualitativos en la cultura para poder encontrar la nueva dimensión política.

En nuestro país debemos empezar a manejar hoy más que siempre, las proporciones correctas de este nuevo diálogo político, no podemos seguir con monólogos autistas o gobiernos que quieran seguir ejerciendo el monopolio de la verdad. La subducción de imperios hegemónicos siempre han localizado puntos calientes en la zona de fricción.

Es importante señalar junto a México la participación de los países del Grupo Contadora en la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento que, junto con otros países de Centro - América, así como del grupo de apoyo, amén de los secretarios generales de la Organización de Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas, han evaluado los avances alcanzados por los países del istmo centroamericano con respecto a los acuerdos de Esquipulas. El gobierno mexicano, signatario del Pacto de San José no ha sido del todo respetuoso de dicho acuerdo.

Por cierto que el régimen del comandante Ortega ha sido remiso para refrendar el mérito del Premio Nobel Presidente Arias en lo tocante a Nicaragua, sobre todo en materia de medio de comunicación social.

La política exterior de México asimismo ha estado al lado de los países centroamericanos, y ha sido el interlocutor entre la comunidad económica europea en la cuarta conferencia ministerial sobre el diálogo político y la cooperación económica, para buscar mecanismos de colaboración a proyectos de desarrollo de las naciones de América Central.

El propio México aprobó a través del gobierno, al comenzar el presente año, el Programa Integral de Cooperación con Centroamérica. Desgraciadamente, dicho programa amplía bilateralmente las relaciones de colaboración e intercambio con cada país de la región, en lugar de hacerlo multilateralmente.

El grupo de los ocho, constituido en 1986, formó el mecanismo permanente de consulta y concertación política, con el propósito de ensanchar el cauce diplomático, económico, científico, tecnológico, educativo y cultural para favorecer el proceso viable de integración latinoamericano. Dicho mecanismo celebró su primera reunión cumbre hasta noviembre de 1987, donde los ocho presidentes se comprometieron a la estimulación de iniciativas pro - Desarme y seguridad internacional, así como el impulso de proceso de negociación diplomática, todo esto plasmado en el documento llamado Compromiso de Acapulco para la Paz, el Desarrollo y la Democracia.

Es importante mencionar que en la Tercera Reunión Ordinaria del mecanismo celebrada en febrero de 1988 en Cartagena, Colombia, y en la Cuarta Reunión en Oaxaca, México, se reafirmó el propósito prioritario de robustecer la cooperación con otros países de América Latina y el Caribe, pero lo más importante, además de la ampliación del diálogo político con otras regiones y países, dice del compromiso de combatir de manera concertada la lucha contra el narcotráfico.

Claro que el combate a la producción y distribución de narcóticos se ve erosionada por el involucramiento de funcionarios en la siembra de mariguana, como el rancho "El Mareño", de todos conocido.

La relación, incluso, de pariente de gobernadores en el tráfico, hace más débil y difícil su erradicación. El narcotráfico mundial y los capos, han hecho que los campesinos prostituyan la parcela y en lugar de producir alimentos siembran hierbas que son más rentables, haciendo el proceso cada vez más irreversible.

El grupo de los seis, formado por los primeros ministros Andrés Pandreau, de Grecia; Rajiv Gandhi, de la India, y Olaff Palme, de Suecia; así como los presidentes Raúl Alfonsín, de Argentina; Julius Nyerere, de Tanzania y el mismo Miguel de la Madrid, en la declaración de Nueva Delhi, el 28 de enero de 1985, se expresaba: La preocupación por el clima de tensiones internacionales prevaleciente y por la continuación de una carrera armamentista que pone al planeta al borde de la destrucción e implica un gigantesco dispendio de recursos materiales y humanos.

En enero de 1988 en Estocolmo, Suecia, el Presidente de México asistió a la reunión del Grupo de los Seis, o mejor llamado iniciativa de paz y desarme, para que las superpotencias respeten el principio acordado, respecto a los arsenales estratégicos, las armas nucleares, uso pacífico del espacio exterior, prohibición de armas antisatélites, etcétera, tratando finalmente que la prohibición de ensayos nucleares, sea motivo de negociaciones multilaterales en la Conferencia de desarme de la

Organización de las Naciones Unidas, donde en junio de 1988 participó el Presidente Mexicano en el tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, dedicada al desarme.

Es cierto que la vocación de México como país que ama la paz, es incuestionable; pero a pesar de todo lo anterior, salta el involucramiento para pacificar otras regiones o por lo menos, elevar la voz para denunciar la violencia. Tales son por ejemplo, los casos de Afganistán, la guerra Irán - Irak, la violencia en los territorios palestinos o la destrucción y ocupación de Líbano; la salida al Mar de Bolivia, la situación de Zimbawe, de Rhodesia, o bien las aspiraciones armenias a raíz de la Perestroika y Glasnow; asimismo, han faltado definiciones sobre Haití, Filipinas y Panamá.

En una comida ofrecida por el Presidente de México al Presidente de Argentina el 25 de marzo de 1985, se expresaba el respaldo de México a la nación Argentina en su reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas, pero nada más a manera de discurso en una comida protocolaria.

Es importante señalar la próxima reunión de presidentes en Punta del Este, que es la segunda, el mes de octubre venidero, dicha reunión o mecanismo ha fortalecido sus contactos con la comunidad europea, con los siete países más industrializados, con el grupo de países nórdicos y con la asociación de naciones del sureste asiático.

Pero mientras andamos preocupados por cuestiones económicas muy importantes para los indocumentados mexicanos que tienen que emigrar al vecino país del norte, el único apoyo oficial es el haber elaborado un manualito de protección consular y defensa legal a los indocumentados. Al mismo tiempo que algunos paisanos nuestros morían asfixiados en furgones de ferrocarril, los diputados del Partido Acción Nacional pensamos que las manifestaciones del gobierno han sido harto débiles en relación al asunto de los documentados; pero además de la raquítica defensa que de ellos hace, también trabaja poco o desatinadamente para no centrifugar al obrero y al campesino mexicanos.

Lo que hace la Ley Simpson - Rodino no es garantizar a los extranjeros sus derechos, sino más bien encarecer en el mercado negro la introducción de mano de obra barata y la suspensión de los derechos de los extranjeros por mandarlos a la clandestinidad en su trabajo y al sótano de la economía subterránea norteamericana.

Dicha ley ha enriquecido a los traficantes de seres humanos. Y mientras esto sucede en la frontera norte, en la del sur los refugiados centroamericanos no han sido tratados con mejor suerte. No siempre les fueron garantizados sus derechos humanos o la mínima solidaridad, inclusive algunos de ellos fueron utilizados como votantes por el partido oficial, con la amenaza o garantía de residencia debido al status de refugiados.

El Presidente mexicano se reunió con su homólogo norteamericano en seis ocasiones, y con los mandatarios de Guatemala y Belice, y fueron organizadas reuniones interparlamentarias entre México y dichos países para tratar de mejorar las relaciones a través del diálogo, para ventilar problemas por medio de la palabra y poder lograr medios eficaces contra los problemas bilaterales que tenemos en común.

Se habló también con presidentes de Brasil y de Uruguay.

Con el presidente de Brasil, en Cancún en 1983, se trató de revitalizar el diálogo norte - Sur de 1981 y luego con el Primer Ministro Koll, de la República Federal de Alemania en 1985.

En otros años, y con otros mandatarios, el diálogo sur - Sur, también trató de incrementarse hubo pláticas pues con España, Gran Bretaña, Francia, Colombia, Panamá, Venezuela y muchas naciones más.

Con 11 países de América Latina: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Perú, República Dominicana, Venezuela y México, se formó el llamado consenso de Cartagena, para formar un diálogo de naturaleza política entre deudores y acreedores, que no sólo permite enfrentar con buen éxito las nocivas repercusiones del endeudamiento externo, procura también la articulación de los esfuerzos internos de cada nación, en un marco más amplio de cooperación internacional.

El mandatario mexicano reconoce ante los reyes españoles en 1985, en un discurso, de la interrelación de la estabilidad económica y la desestabilización política.

Decía el presidente: podría entonces - Dijo -, resurgir la tentación del autoritarismo de las fuerzas más regresivas. Nosotros agregamos que en México en 1988, el Pacto de Solidaridad Económica puede ser el telón de fondo de una nueva realidad política mexicana muy desagradable para todos, para cuando este pacto termine.

Un nuevo horizonte geoeconómico para nuestro país es la Cuenca del Pacífico, para lo cual se estableció la comisión nacional del mismo nombre, esperando tener contacto económico, científico y tecnológico con la zona de más rápido avance, formado por 24 naciones ribereñas y 23 isleñas.

Queremos mencionar al cuerpo diplomático en sus labores de relaciones exteriores. Piezas del ajedrez del canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde los egresados de las facultades de ciencias políticas sólo son peones del tablero; donde las embajadas han sido utilizadas como el refrigerador político de distinguidos priístas que fueron a trabajar a Bélgica, o bien, aquellos que fueron degradados antes de ejercer, como aquel embajador que había sido designado ante la Unión Soviética.

No es válido el haber tenido al autor de "Ensalada Popof", como vigilante de los interese mexicanos ante otros países, como si las relaciones mexicanas internacionales fueran solamente una reunión de etiqueta. (Aplausos.)

Rechazamos que el cuerpo consular sea boca de ganso de un pseudoembajador incrustado en el partido del gobierno para pedir adhesiones y reconocimientos al candidato del gobierno cuando el proceso todavía no terminaba.

Rechazamos la tesis del fatalismo político e histórico y geopolítico del vecino del norte que aquí se ha mencionado por un partido, que tiene el trauma psicológico y que nos acusa de lo mismo, pero ellos ante la Unión Soviética.

Nosotros, en Acción Nacional, creemos en el destino luminoso de México, libre, fabricado todos los días por el esfuerzo cotidiano de todos nosotros; rechazamos los imperialismos, todos, no importa el color de ellos. (Aplausos.)

El orden universal de las naciones se ve en peligro en vísperas del siglo XXI.

Las internacionales del dinero, de la política, del narcotráfico, de la guerra, alejan el bien común universal. Necesitamos todos los países del mundo del desarrollo integral de nuestros pueblos basado en la solidaridad universal y en la justicia social internacional.

El nuevo orden en el mundo no podrá lograrse si a partir del sentido económico no se le da a nuestras acciones un valor ético, humano, trascendente.

Compañeros diputados: La humanidad sólo es una y esta humanidad pasa por las venas de Mandela, de Walesa y de Clouthier; es decir, que el bien común no se logra sin más armas que la vida misma. Gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Rubén Venadero, del grupo parlamentario Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

No estando en el salón el diputado Venadero, tiene la palabra, en consecuencia, el ciudadano diputado Moreno Toscano, del grupo parlamentario de la Corriente Democrática.

No está en el salón tampoco el diputado Moreno Toscano, por lo que tiene la palabra la compañera diputada Amalia García, del grupo parlamentario de Partido Mexicano Socialista.

Como tampoco se encuentra en el salón, tiene la palabra el ciudadano diputado Gonzalo Martínez Corbalá, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El C. Gonzalo Martínez Corbalá: - Con su venia, señor presidente: honorable asamblea: Vivimos en la actualidad en un punto que se escinde profundamente, que se desgarra entre fuerzas que actúan perpendicularmente.

Están, en primer lugar, las tensiones que se provocan entre lo que se llama el norte económico y el sur económico, entre los países que se dominan de esta manera que son, industrializados y ricos, y los del sur económico que son países subdesarrollados, en desarrollo o del tercer mundo, como se les quiera denominar.

Pero está también la otra tendencia transversal que produce grave tensiones, que son las tensiones oriente - poniente que se producen entre países del bloque oriental, soviético, con el mundo llamado occidental, encabezado por la otra superpotencia mundial, nuclear, que es Estados Unidos de América.

En este mundo escindido y sujeto a estas graves tensiones de todos los órdenes, es que nos toca a nosotros, los países que constituimos las dos terceras partes de la humanidad, los países en desarrollo, tratar de superar los obstáculos al desarrollo y tratar de superar también la grave crisis que nos afecta.

Esta crisis es de carácter histórico y es también de carácter universal. No es precisamente imputable a la casualidad el hecho de que más de 80 países en este momento estemos atravesando por un crisis semejante, según nuestro grado de desarrollo y las características de nuestro proceso histórico, y que constituyamos las dos terceras partes de la humanidad.

Y esta crisis que nos afecta a nosotros, de una manera tan grave, no deja también de afectar a la otra tercera parte de la humanidad que constituyen los países industrializados y ricos de la Tierra, porque si la economía de nuestros países en desarrollo no va bien y si no tenemos divisas para

comprar maquinaria, bienes de capital, tecnología y productos manufacturados, entonces los países industrializados tienen problemas y sus industrias entran en contracción, porque no encuentran clientes suficientes, puesto que es a nosotros a quienes venden la mayoría de toda su producción.

Eso fue precisamente lo que pasó en 1985, cuando a punto de entrar en un período recesivo la industria norteamericana y la de los 13 países que constituyen la Organización Comunitaria de Desarrollo Europeo, conocida con el nombre de OGDE, encontraron una solución "milagrosa", entre comillas, que consistió en dejar caer el precio del petróleo hasta niveles verdaderamente de ruina para nosotros, los países productores exportadores.

Ciertamente, a plazo corto, lograron Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Canadá e Italia y Gran Bretaña, principalmente, lograron disminuir su inflación y disminuir también la tasa de desempleo y reactivar su economía. Una efímera bonanza que luego se revirtió, como tendría que ser.

Pero a nosotros nos dejó una honda huella en nuestra economía y agravó profundamente la crisis que ya veníamos arrastrando desde los años setentas, por que ésta no ha sido nada más la crisis del petróleo, los energéticos fósiles, sino que ha sido también la crisis de las materias primas y los productos básicos de exportación que se presentó con antelación.

¿Por qué hablamos de este tipo de problema en el análisis de relaciones exteriores? Las relaciones exteriores están hechas en nuestros días, precisamente muy principalmente de un contenido muy fuerte, de orden económico, financiero y comercial. Y quien no lo vea así, quien piense que todavía las relaciones exteriores y el servicio diplomático del que se vale para materializarla, es nada más un problema de recepciones y cockteles diplomáticos, está en un grave error.

Las relaciones exteriores se llevan ahora en los ministerios de economía y finanza, se llevan también en los salones de consejo de las grandes instituciones financieras mundiales y se llevan en la difícil arena mundial del comercio internacional que cada vez es más especulativo y cada vez, para nosotros, los países en desarrollo, más difícil de controlar de obtener un beneficio para nosotros.

Se ha dicho aquí en días pasados o quizá esta mañana, que nosotros, los priístas, creemos en el fatalismo en los que a los Estados Unidos y la relación bilateral que nosotros tenemos con ellos se refiere, nada más inexacto; sin embargo, sí tenemos que analizar cuáles son verdaderamente y en el fondo los factores que determinan las relaciones bilaterales, entre Estados Unidos y México.

Entre Estados Unidos y México, en primer lugar, está precisamente por parte nuestra la exportación de materias primas y productos básicos de exportación que es un comercio que se realiza bajo términos de intercambios sumamente injustos. Esto quiere decir lisa y llanamente que nos compran en un mercado de compradores a precios que ellos fijan, y que son precios bajos, y los que nos venden, son productos manufacturados y bienes de capital, lo compramos en un mercado de vendedores y también son ellos quienes fijan el precio de los que compramos y eso nos lo venden caro.

No tendrían mayor importancia si el petróleo nos lo pagaran barato, siempre que también nos pagaran proporcionalmente a precios bajos la tecnología que nos venden y que nos cobraran también la maquinaria y los bienes de capital, igualmente a precios razonables que nos permitieran adquirirlos para nuestro proceso de industrialización y de modernización en nuestra economía.

Sin embargo, está claro que lo que nos venden, lo venden caro, y lo que nos compran lo compran barato, los economistas le llaman a esto los términos del intercambio y estos términos del intercambio son absolutamente injustos para nosotros, los países en desarrollo.

Además de materias primas y productos básicos, a Estados Unidos les vendemos petróleo. ¿Y qué es lo que pasa con el petróleo que le vendemos a los Estados Unidos? Estados Unidos tiene en la actualidad 27 mil millones de reservas probadas de petróleo incluido el yacimiento de la vertiente norte de Alaska, en la Bahía de Crudo. Y Estados Unidos consume 16 mil millones de barriles diarios, lo cual quiere decir que consume más de 4 mil millones de barriles al año y al consumir más de 4 mil millones de barriles al año, esto quiere decir que el petróleo que tiene Estados Unidos en sus yacimientos, dentro de su territorio solamente le servirá para ocho o nueve años a lo sumo.

Pero ellos saben que nosotros tenemos 70 mil millones de barriles de reservas probadas y que consumimos un millón diario de barriles y que exportamos uno y medio aproximadamente, es decir, en total 2 y medio millones de barriles diarios. Nosotros tendríamos petróleo para 20, 30 ó 40 años, y Estados Unidos solamente tiene para ocho o nueve años. Esto da a la relación México - Estados Unidos una característica muy especial que no escapa desde luego a la sensibilidad de ustedes.

Estamos en esta materia en una situación harto difícil, porque por otra parte la mayoría de los países de la Organización Comunitaria de Desarrollo Económico, salvo unos cuantos, no son productores de petróleo tampoco, y nos compran petróleo pero todos ellos quisieran que en México no hubiera un cambio de calidad de vida; es decir, que solamente en una progresión lineal nosotros tomáramos el petróleo de que disponemos, según el aumento lisa y llanamente de nuestra población y que no hubiera un cambio de calidad de vida porque esto implicaría una progresión geométrica y un mayor consumo de petróleo.

Esto es debido a que las reservas de energéticos fósiles en el mundo, no obstante que son suficientes por ahora para el consumo actual, no lo serán dentro de muy poco tiempo.

Es cierto que Arabia Saudita sola tiene 160 mil millones de barriles de reservas probadas y que tiene capacidad instalada para 10 millones de barriles diarios y que sólo explota en este momento cinco, pero es cierto también que las condiciones políticas del Medio Oriente, como ha quedado comprobado plenamente, no les ofrece una garantía para lo que ellos llaman su seguridad nacional. Por eso les interesa fundamentalmente el petróleo mexicano.

En esta marco de cosas, nos vende tecnología cara y obsoleta y de esta manera, no vendiéndonos lo que ellos llaman la tecnología de punta, de esta manera ellos aseguran que siempre iríamos tecnológicamente, científicamente detrás de ellos.

Esto es, en realidad, lo que condiciona las relaciones México - Estados Unidos, además de los trabajadores migratorios y el narcotráfico que ya fue mencionado aquí desde diversos ángulos y puntos de vista y que no voy a tocar ya, esto es fundamentalmente lo que a Estados Unidos se refiere, lo que condiciona, define, de muchas maneras determina la relación México - Estados Unidos y como ustedes comprenderán no es ciertamente una relación fácil, porque nosotros los mexicanos queremos explotar nuestros yacimientos hasta el punto que quede absoluta y totalmente garantizado el interés, no solamente de esta generación sino de la generaciones futuras.

Nuestro interés no es ser uno más de los países exportadores de la OPEP y de acudir al mercado, según las posibilidades más amplias o menos amplias del mercado petrolero, sino según nuestras necesidades propias de nuestro desarrollo y según también, decíamos, el interés de las generaciones futuras. Aquí hay un "diferendo" muy importante que no podemos pasar por alto.

En lo que hace el resto del mundo, nos interesa, desde luego, la paz. Esta tensión este - oeste, oriente - occidente, nos ha planteado ya muchos problemas muy cerca de nosotros. No es otra cosa el conflicto centroamericano que producto de estas tensiones y de esta encrucijada a la que me he referido que es norte - Sur y que es oriente - occidente.

No es otra cosa que el conflicto de las Malvinas, en donde cierto compañero Ling Altamirano quiero recordarle muy respetuosamente que en pleno conflicto de las Malvinas, México fue uno de los primeros países en solidarizarse con Argentina en su absoluto derecho de acabar con ese enclave colonialismo en la América nuestra. (Aplausos.)

Nos interesa la paz ciertamente en Centroamérica, y en mi concepto, Contadora tuvo éxito a pesar de que fue ya en Esquipulas en donde realmente se llegó a un acuerdo final, pero no podemos olvidar que mientras todo esto fue posible, fue Contadora precisamente la que contuvo dentro de los bordes del itsmo centroamericano la violencia y la que evitó un desbordamiento que hubiera sido fatal, y que hubiera llegado a un punto de no retorno, y hubiera sido inevitable la generalización del conflicto.

Contadora tiene el mérito de haber contenido todo este tiempo, antes de que empezaran a cobrar conciencia todos los mandatarios centroamericanos de la necesidad de llegar a un acuerdo de paz común entre ellos mismos, para que pudiera siquiera llegarse a ese punto, de otra manera la violencia se hubiera desbordado. Contadora tiene un gran mérito innegable a este respecto.

Nos interesa también la paz en el Medio Oriente. Estamos de plácemes porque el conflicto Irán - Irak ha cesado, y ayer mismo en Nueva York estaban los jefes de estado en pláticas para dar fin a ese conflicto tan descabellado que durante ocho años desde 1979, desangró a dos países hermanos.

Dicho sea aquí de paso, nos alegra y nos congratulamos de ello, a pesar de que en cuanto hacer al mercado petrolero será un nuevo elemento de disturbio puesto que Irán e Irak conjuntamente tienen una capacidad productiva adicional a la que estaban poniendo en el mercado de dos millones y medio de barriles diarios.

En cuanto a los mecanismos permanentes de consulta y concertación política, efectivamente el compromiso de Acapulco fue firmado por los jefes de estado apenas en noviembre pasado y cualquier evaluación concluyente a diez meses de su funcionamiento todavía nos parece prematura. Sin embargo, todos los esfuerzos que se hagan en todos los rincones del mundo, no serán nunca excesivos para poder garantizar la paz del mundo.

En cualquier parte, decíamos cualquier conflicto que se desarrolle sería un peligro para nosotros dado el alcance del poder destructivo de los armamentos modernos.

Por lo mismo que también nos congratulamos de que se hubiera tenido el acuerdo entre los jefes de la superpotencias nucleares, para que se procediera a desmantelar los cohetes de alcance medio, los Pershing y los SS - 20 de los norteamericanos y de los soviéticos.

Señoras y señores diputados: La soberanía nacional que es la que está permanentemente en juego en los escenarios internacionales, está indivisiblemente ligada a la soberanía popular que es la soberanía interior de nuestro país. Y para que la soberanía popular sea un fuerte sustento de la soberanía nacional, se necesita que sea dentro de nuestro país una verdadera realidad. Para ello, lamento que por razones que todos conocemos, diversos partidos de oposición aquí representados, no estén en este momento, pero para ello yo hago un llamado al patriotismo y al sentido de responsabilidad histórica de todos quienes estamos representados aquí en esta Cámara de Diputados. Defendamos juntos, como hermanos mexicanos que somos, la soberanía nacional; el ser adversarios, contendientes políticos, no nos hace enemigos ni dejamos de ser hermanos. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra al ciudadano diputado Liborio Pérez.

El C. Liborio Pérez Elorriaga: -Con su venia, señor presidente; distinguidas diputadas y diputados de la LIV Legislatura: Las diputaciones de los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, por medio de esta tribuna nacional, deseamos hacer patente a toda la población de los instados estados, nuestra solidaridad en estos momentos en que pasan angustias, carencias de servicios y graves riesgos para sus vidas y sus propiedades, debido al flagelo devastador del huracán Gilbert que azota a la península de Yucatán, fenómeno que llegó a costas mexicanas hace unas horas a 30 millas al sur de Cancún, Quintana Roo, causando severos daños especialmente a esta población y a Cozumel, Quintana Roo, y se estima salga de tierra firme a las 9 de la noche por el Puerto de Progreso, Yucatán, dejando atrás una estela de destrucción y daños materiales, y mucho tememos que ocasiones múltiples daños a vidas humanas.

Este huracán, por la fuerza de sus vientos y sus dimensiones, que alcanza un diámetro de aproximadamente 1 mil 500 kilómetros de su parte más ancha, es considerado el quinto más importante en los últimos 20 años.

Al momento de esta lectura, ya el centro del huracán habrá alcanzado las poblaciones de Valladolid y Tizimín, Yucatán, con probabilidades de afectar gravemente a la agricultura y ganadería de la región.

Aunque estamos enterados que la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con otras autoridades federales y estatales, está aplicando la primera parte del Plan DN - 3 para casos de desastre, con la evacuación de las poblaciones que se encuentran en la trayectoria del citado fenómeno atmosférico.

Por la responsabilidad que tenemos y la máxima preocupación que abrigamos por la seguridad física y económica de los habitantes de esta zona, las diputaciones de los tres estados de la Península de Yucatán, presentamos la siguiente propuesta ante el pleno de la Cámara de Diputados, solicitando sea considerada de urgente y obvia resolución.

"Primero. Se haga llegar a toda la población de la entidades federativas afectadas la solidaridad y apoyo de todos los integrantes de la LIV Legislatura de la Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión.

Segundo. Que se instruya a los integrantes de la Comisión Especial Evaluadora de Daños por Fenómenos Naturales, que ha quedado integrado por acuerdo de esta soberanía, se traslade a la zona afectada a la brevedad posible , para evaluar los daños y vigilar los adecuados y oportunos apoyos.

Firman por la diputación del estado de Yucatán: Noé Peniche Patrón, Eric Rubio Barthell, Carlos Rubén Calderón Cecilio y Liborio Pérez Elorriaga.

Diputación del estado de Campeche: Jorge Enrique Minet Ortíz y Eraclio Soberani Sosa. Diputación del estado de Quintana Roo: Elina Elfi Coral Castilla e Isidoro Mendoza de la Cruz."

Muchas gracias por su atención y su voto favorable.

El C. Presidente: - Tiene la palabra, para ampliar estos hechos, el diputado Isidoro Mendoza de la Cruz.

El C. Isidoro Mendoza de la Cruz: - Con su permiso, señor presidente; honorable asamblea: Pedí hacer uso de la tribuna para apoyar la propuesta aquí leída por el diputado Liborio Pérez, por considero de suma importancia, dada la situación de emergencia que vive la Península de Yucatán y en particular el estado de Quintana Roo; pues está siendo azotada por el huracán

Gilbert en que según reportes meteorológicos y de los medios de comunicación es el más fuerte y destructor de los últimos años, con vientos que varían de 250 hasta más de 300 kilómetros por hora; asimismo, ya en varios países del Caribe ha cobrado varias decenas de vidas humanas y ha causado enormes pérdidas materiales.

Cabe señalar que la península de Yucatán es una zona selvática y plana, en su mayoría, lo que la hace más fácil presa de este tipo de fenómenos naturales y en especial el estado de Quintana Roo que se halla casi al nivel del mar y en cuyas ciudades como Cancún y otras, se ha tenido que rellenar gran parte de manglares donde se encuentran a nivel del mar para construir viviendas y hoteles.

En la zona maya y campesina de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, del Continente de Cozumel, Lázaro Cárdenas y una gran cantidad de colonias populares, las viviendas son de materiales de la región; de palos con techos de guano, o paja y láminas de cartón. Por ello, consideramos que sus viviendas y cultivos habrán de sufrir enormes pérdidas.

Así también debemos resaltar que nuestras autoridades en conjunto, tomaron una serie de medidas preventivas. La evacuación de la población civil a refugios seguros; el traslado de turistas de la zona hotelera a las ciudades, asimismo se estableció el plan DN - 3, con el propósito de afrontar casos de desastre.

Se han formado también, hasta este momento brigadas de apoyo de las poblaciones del sur del estado de Quintana Roo, que desde la mañana han marchado con 20 autobuses, medicamentos y alimentos, encabezados por el gobernador Miguel Borje Martín, que van en auxilio de la población damnificada.

Quiero señalar que hasta este momento no se ha podido establecer la comunicación que permita saber sobre las pérdidas materiales y humanas, porque siendo los radios un medio de comunicación, no han podido salir a las calles para observar dichas pérdidas.

Tenemos entendido que habrá una serie de necesidades porque consideramos que mucha gente quedará sin viviendas y sin los servicios elementales. Y que entre otros en este momento hemos recibido la información de que se requerirán alimentos, medicamentos, ropa, catres, materiales de construcción, para la zona afectada. Así como el apoyo de los distintos gobiernos y en especial del federal para restablecer lo dañado.

Por lo anterior expuesto, desde esta tribuna hacemos un llamado de solidaridad y apoyo a todos los mexicanos, para nuestros compatriotas, que hoy viven momentos difíciles. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos el ciudadano diputado Galván Moreno.

El C. Jorge Galván Moreno: - Señor presidente; señores diputados: El día de ayer por respeto al acuerdo de no interrumpir la sesión para hechos fuera del asunto principal, no pedimos la palabra para conmemorar un hecho histórico.

Hago uso de esta tribuna para señalar un hecho que honra y glorifica nuestra patria. El día de ayer debimos recordar en este recinto que debe ser centro de la ley y la libertad, que ese día, el día de ayer, hace 141 años hubo el sacrificio por la patria de aquellos cadetes del Colegio Militar, que desde entonces lleva el calificativo de heroico, por ser ejemplo del valor que surge en el crisol de la ofrenda del bien máximo de la vida por el bien supremo de la patria y que va conformando a las naciones.

Los legisladores del Partido Acción Nacional, en esta LIV Legislatura unamos nuestra voz al homenaje que se rinde a aquellos adolescentes que les marcan el camino para alcanzar las grandes metas del espíritu, máxima razón de la existencia humana.

Los nombres de Juan de la Barrera, de Juan Escutia, de Francisco Márquez, de Agustín Melgar, de Fernando Montes de Oca y de Vicente Suárez, esplenden y hacen que la nación exista. Esta nación que es una realidad viva, con su propia tradición, varias veces secular, un elemento de unidad que nos hace capaces de superar toda división entre los mexicanos.

Algunas veces los hechos históricos nos dibujan en el rostro sonrisas de júbilo; otras, nos hacen ver a través de las lagrimas la luz del arco iris.

El sacrificio cruel ante la infamia de los invasores es superada por la inmortalidad del heroísmo. Ayer 13 de septiembre, al recordar a Juan Escutia envuelto en el sudario de la patria, nos da su última expresión de amor que pervive desde hace 141 años de distancia.

Esta fecha, de recuerdo por los que ofrendaron la flor de su existencia, por nosotros, ha de llevarnos a ratificar nuestro compromiso por la libertad y por la soberanía de México; soberanía contra los que atentan, quienes no logran entender que debe radicar en el pueblo, su depositario original. Nacionalismo que ha de ser democracia

efectiva, división de poderes y respeto a los mexicanos.

Defendamos a México del apátrida, del ladrón, del prepotente y de la oportunista, para que nunca inviertan la esencia de la voluntad de sus hijos.

Al contemplar el Castillo de Chapultepec y su bosque centenario, no es la diafanidad de sus luces sol que lo ilumina, es la sangre de sus héroes que lo vuelve suelo sagrado de México.

En este suelo sagrado de la patria, el valor y la dignidad nos harán alcanzar la libertad y la justicia que anhelamos. Ojalá, compatriotas, que este ejemplo en torno a lo más sagrado de la patria, lo que le da sentido a la vida, sea nuestro ejemplo a seguir en defensa del pueblo mexicano.

Que siempre en México se pueda recordar la historia, sin que se repita la iniquidad, el despojo y la invasión, que sigamos el ejemplo de nuestros niños héroes.

Que todos veamos, con nuestras diferentes concepciones, hacia un objeto que nos una: la unidad de la patria, horizonte del futuro. Sí, encontraremos este futuro, la salvación de nuestra patria como único fin, patria que es nuestra causa y nuestro propósito, que los sacrificios no sean inútiles.

Que la gesta heroica la tomemos como ejemplo en los tiempos de la lucha que debemos librar. Los valores humanos trascienden en el heroísmo, tiempos y espacios hasta llegar a lo perenne, mantengamos la llama del patriotismo las nuevas generaciones que han despertado a un amanecer en esta pasada contienda electoral. Ellas están aptas como los héroes que hoy damos para alcanzar metas sublimes en beneficio de la patria. Honrando a los héroes lograremos una patria ordenada y generosa.

Señores diputados: Veamos el futuro y como muestra que hay manera de lograr la unidad como mexicanos, hoy, por primera vez, este cuerpo colegiado puede unirse con todos los partidos políticos y las diferentes ideologías de los aquí presentes antes de otra cosa somos seres humanos y somos mexicanos.

Pido a todos en aras de la patria que mis palabras lleguen al corazón para todos, demos la ofrenda a nuestros héroes, a los que nos legaron esta patria por la que vale la pena vivir y morir. ¡Viva México!

El C. Presidente: - Esta presidencia solicita la aquiescencia de la asamblea para turnar a la comisión que aquí se ha denominado de evaluadora de daños por fenómenos naturales, la proposición hecha por el diputado Liborio Pérez y apoyada por el diputado Isidoro Mendoza.

Trámite: - Se turna a esta comisión.

RECESO

El C. Presidente (a las 17.15 horas del día 14): - Se decreta un receso para reanudar esta sesión el próximo día martes 20 de septiembre a las 11.00 horas.

El C. Presidente (a las 13.00 horas del día 23): - Se reanuda la sesión. Se ruega a la gran secretaría dé cuenta con la proposición de la Gran Comisión.

DESIGNACIÓN DE COMISIONES Y COMITÉS

El C. secretario José Murat:

«México, D.F., a 21 de septiembre de 1988.

Honorable asamblea: La Gran Comisión de esta honorable Cámara, en uso de sus facultades que le otorgaron los artículos 47, fracción IV, 50, 51, 52, 53, 54, 65 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite proponer a la consideración de la honorable asamblea, a los siguientes ciudadanos diputados para integrar las comisiones y comités que se consideran necesarios para el buen desempeño de los trabajos de este cuerpo legislativo:

Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos: presidente, Augusto Gómez Villanueva; secretarios, Artemio Iglesias Miramontes y Noé Garza Flores; Gustavo Rosario Torres, Eleazar Bazaldúa Bazaldúa, Alfonso Garzón Santibáñez, Valdemar Soto Jaimes, Miguel Quiroz Pérez, Diódoro Carrasco Palacios, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, Jesús Pelcastre Rojas, Javier Ahumada Padilla, Ricardo Naumann Escobar, Juan Manuel Verdugo Rosas, Julián Ibargüengoytia Cabral, Jorge Barba Islas, José Ignacio Martínez Tadeo, Ramiro Valdez Fontes, Cecilio Barrera Reyes, Carlos Herrera Rodríguez, Gustavo Moreno Ramos, Julián Orozco González, Sergio Torres Serrano, Miguel Treviño Emparán, Rafael Chávez Rodríguez, Rebeca Guevara de Terán, Luis González Ruíz, Sofía Valencia Abundis, Pablo Moreno Cota, Lázaro Pasillas Rodríguez, Humberto Peña Reyes, Benito Juárez Camacho, Margarita Gómez Juárez, Bernardino Canchola Herrera, Rubén Hernández Higuera, Ramiro Hernández García, Everardo Vargas Zavala, María de los Angeles Marina Blanca Casco, Antonio Cruz Sánchez, Adalberto J. Porte Petit Moreno, Sara Estela Velázquez

Sánchez, Adalberto Díaz Jácome, Willebaldo García de la Cadena Romero, José M. Mendoza Márquez, Carlos Aguilar Camargo, Benito Rosell Isaac, Horacio González de las Casas, Leobardo Gutiérrez Gutiérrez, José de Jesús Sánchez Ochoa, Alfonso Méndez Ramírez, Francisco Javier Pavlovich Robles, Federico Ruíz López, Rafael Núñez Pellegrín, Julio Jácome López, Félix Mercado Téllez, Armando Herrera Guzmán, Tomás Pedroza Esparza, Francisco Chávez Alfaro, Hiram Rivera Teja, Pablo Ávalos Castro, Luis Gambino Heredia, Alfredo Torres Robledo, Francisco Kuri Pérez, Rubén González Jarillo, Manuel Marcué Pardiñas y Pablo Torres Chávez.

Comisión de Artesanías: presidente, Alberto Pérez Fontecha; secretarios, Albertina Barbosa de Meraz y Areli Madrid Tovilla; Cirila Sánchez Mendoza, María de los Angeles Marina Blanco Casco, Willebaldo García de la Cadena, Olga López Castillo, Francisco Sánchez Rodríguez, Jorge Sierra Gallardo, Antonio Cruz Sánchez, Ignacio Gutiérrez Barragán, Blas Vergara Aguilar, Adalberto Díaz Jácome, Rosa Elena Guízar Villa, Alberto Amador Leal, Rodolfo Paniagua Alvarez, Félix Pérez Amador, Guerrero Chávez Herrera, Cupertino Alejo Domínguez, Raúl Espinoza Martínez, José Herrera Reyes, Teresa Cortés Cervantes, Espiridión Sánchez López, Santiago Rodríguez del Valle, Ceferino Ramos Nuño, José González Morfín, Salvador Fernández Gavaldón, Manuela Sánchez López, Fernando Palacios Vela, Celia Torres Chavarría y Pablo Torres Chávez.

Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas: presidente, Joaquín Alvarez Ordóñez, secretarios, Jaime Almazán Delgado y Gustavo Rosario Torres; Alfonso Neri Ávila, Agustín Gasca Pliego, Mario Ruíz de Chávez, Margarita Sánchez Gavito Díaz, René Oscar Treviño Arredondo, Alvaro Homero Garza Cantú, Luis Humberto Hinojosa, María Elena Martínez Carranza, Rebeca Anchondo Fernández, Rodolfo Ruíz Pérez, Sara Estela Velázquez Sánchez, Fredy Chable Torrano, Teresa Navarro Ramírez, Carlos Barranco Fuentes, Enrique Riva Palacio Galicia, Felipe Onofre Zambrano Páez, Leodegario Soto Cesaretti, Isaac Bueno Soria, Jorge García Henaine, Martha Patricia Rivera Pérez, Antonio Alvarez Esparza, Carlos Grajales Salas, Guillermo Castellanos Martínez, María del Carmen Moreno de Almanza, Benjamín Clariond Reyes, Marina Blanco Casco, Julián Ibargüengoytia Cabral, Guillermo Islas Olguín, Jesús Bravo Cid de León, Roger Cícero Mac Kinney, José Manuel Mendoza Márquez, Jorge Galván Moreno, Benito Fernando Rosell Isaac, José Manuel Martínez Aguirre, Luis Alberto Delgado Esteva, Eleazar Felipe Cervantes Medina, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Tomás Gutiérrez Narváez, Francisco Navarro Montenegro. Mario Galicia Vargas, Lorenzo Treviño Santos, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Jesús González, Bastién, Luis Gambino Heredia y Alfredo Torres Robledo.

Comisión de Asuntos Fronterizos: presidente, Víctor Hugo Celaya Celaya; secretarios, Javier Culebro Siles y Enrique Martínez y Martínez; Romeo Ruíz Armento, Luis González Ruíz, Rafael Chávez Rodríguez, Bernardino Canchola Herrera, Rebeca Anchondo Fernández, Rafael Guerrero Chávez Herrera, Leyber Martínez González, Agustín Serna Servín, Benigno Gil de los Santos, Alicia López de la Torres, María Elena Chapa, Bernardo Sánchez Ríos, Jorge Barba Islas, Benjamín Manríquez Guluarte, Jesús Armando Hernández Montaño, Elina Elfi Coral Castilla, Guillermo Castellanos Martínez, Miguel Treviño Emparán, Mercedes Erdmann Baltazar, Areli Madrid Tovilla, Arturo Armendáriz Delgado, Ambrosio Montellano Bustos, Santiago Rodríguez del Valle, Eleazar Cobos Borrego, Alfredo Arenas Rodríguez, Américo Ramírez Rodríguez, Blanca Leticia Escoto, Gaudencio Vera Vera, Zeferino Esquerra Corpus, Jesús Antonio Hernández Carlos, Sergio Quiroz Miranda, Jesús Fernández Gardea, Juana García Palomares, Mariano Leyva Domínguez y Jorge Martínez Almaraz. Comisión de Asuntos Indígenas: presidente, Andrés Henestrosa Morales, secretarios, Cirila Sánchez Mendoza y José Ignacio Martínez Tadeo; Cupertino Alejo Domínguez, Francisco Sánchez Rodríguez, Rebeca Anchondo Fernández, Edmundo Martínez Zaleta, Blas Vergara Aguilar, Francisco Salas Hernández, Heberto Barrera Velázquez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, Jorge Sierra Gallardo, Diódoro Carrasco Palacios, Eloy García Aguilar, Adalberto Díaz Jácome, María Teresa Chagoya Méndez, Alberto Andrade Rodríguez, Humberto Peña Reyes, Jaime Almazán Delgado, Rafael Chávez Rodríguez, Olga López Castillo, María Esther Valiente Govea, Jesús Leodegario Soto Cesaretti, Areli Madrid Tovilla, Luisa María Calderón Hinojosa, José Herrera Reyes, Ambrosio Montellano Bustos, Federico Ruíz López, Gregorio Curiel Díaz, Roger Cícero Mac Kinney, María Leonor Sarre de Guerrero, Norberto Corella Gil Samaniego, José Félix Bueno Carrera, Luis Jacobo García, Lucio Bermúdez Aristeo, Gregorio Lorenzo Domínguez, Francisco Chávez Alfaro, Alexander Santos Alvarez, Isidro Aguilera Ortíz y Lorenzo Martínez Gómez. Comisión de Ciencia y Tecnología: presidente, Jaime Castrejón Díez; secretarios, Gustavo Moreno Ramos y Vicente Fuentes Díaz; Margarita Sánchez Gavito, Manuel González Díaz de León, Cupertino Alejo Domínguez, Miguel Díaz Muñoz, Alberto Asaad Ávila, Andrés Henestrosa

Morales, Everardo Vargas Zavala, Fructuoso López Cárdenas, Mercedes Erdmann Baltazar, Victorio de la Torre de la Torre, Oscar Navarro Gárate, Jaime Sabines Gutiérrez, Carlos Barranco Fuentes, J. Jesús Ixta Cerna, Cecilio de la Cruz, Benjamín Edgardo Rocha Pedroza, Noé Peniche Patrón, Alberto Ling Altamirano, Jesús Bravo Cid de León, María Guadalupe Rodríguez Carrera, Rosalía Ramírez de Ortega, Ramón Martínez Huerta, Francisco J. Pavlovich Robles, Modesto Cárdenas García, Francisco Ortíz Mendoza, José Nelson Madrigal, Israel Galán Baños, Rubén Venadero Valenzuela y Mario Rojas Alba.

Comisión de Comercio: presidente, Demetrio Sodi de la Tijera, René Treviño Arredondo, Luis René Martínez Souverville, Juan José Moreno Sada, Javier Culebro Siles, Ramón Choreño Sánchez, Leyber Martínez González, Jesús Pelcastre Rojas, Rafael Garay Cornejo, Ricardo Olivares Pineda, Félix Pérez Amador, Gilberto Uzcanga Medina, Benjamín Clariond Reyes, Blas Vergara Aguilar, Humberto Roque Villanueva, Esquipulas David Gómez Reyes, Sergio Torres Serrano, Joaquín Garduño Vargas, Rubén Hernández Higuera, Oscar Chacón Iñiguez, Miguel Martínez Castro, Ricardo Naumann Escobar, Judith Murguía Corral, Willebaldo García de la Cadena Romero, José Luis Salcedo Solís, Ramiro Hernández García, Carlos Herrera Rodríguez, Ignacio González Barragán, Sóstenes Melgarejo Praga, Eleazar Felipe Cervantes Medina, Salvador Fernández Gavaldón, Rodolfo Elizondo Torres, Ana Rosa Payán Cervera, Vicente Fox Quezada, Ramiro Pedroza Torres, Ceferino Ramos Nuño, Heray Lescieur Molina, José Marín Rebollo, Manuel López Zorrilla, Odón Madariaga Cruz, Manuela Sánchez López, Alberto Pérez Fontecha, Humberto Esqueda Negrete, Ramón Garza Rodríguez, Celia Torres Chavarría, Nicolás Salazar Ramírez y Alberto Bernal González.

Comisión de Comunicaciones y Transportes: presidente, Julián Ibargüengoytia Cabral; secretarios, Enrique Riva Palacio Galicia y Rafael P. Garay Cornejo; Alvaro Uribe Salas, Alfonso Garzón Santibáñez, Eleazar Bazaldúa Bazaldúa, Rodolfo Ruíz Pérez Escobar, Vicente Sequera Mercado, Lázaro Pasillas Rodríguez, Felipe O. Zambrano Paéz, Javier Ahumada Padilla, Cecilio Barrera Reyes, Jorge García Henaine, Raúl Caballero Escamilla, Liborio Pérez Elorriaga, Benjamín E. Rocha Pedraza, David Miranda Valdez, Elías Zuñiga Gutiérrez, Rebeca Anchondo Fernández, Rosa Elena Guízar Villa, Rubén Figueroa Alcocer, Manuel González Díaz de León, Alejandro Paredes Jurado, Agustín Serna Servín, María del Carmen Segura Rangel, Eduardo Arias Aparicio, Alfredo Oropeza García, Francisco de Jesús Cabrera González, Jorge Galván Muñoz, Juan José Hernández Trejo, Alejandro Díaz Pérez Duarte, José Manuel Martínez Aguirre, Román Ramírez Contreras, Carlos Enrique Sánchez Mendoza, Francisco Navarro Montenegro, Jorge Gómez Villarreal, Gilberto Ortíz Medina, Francisco Castañeda Ortíz, Erasmo López Villarreal y José Martín Rebollo.

Comisión de Corrección y Estilo: presidente, Jaime Sabines Gutiérrez; secretario, Arturo Armendáriz Delgado; Andrés Henestrosa Morales, Vicente Fuentes Díaz, Alberto Assad Ávila y María Leonor Sarre de Guerrero.

Comisión de Defensa Nacional: presidente, Salvador Revueltas Olvera; secretarios, Jorge García Henaine y Liborio Pérez Elorriaga; Américo Flores Nava, Marco Antonio Rojas Flores, Francisco Sánchez Rodríguez, Carlos Grajales Sales, Eduwiges Vega Padilla, Ismael Garza T. González, Francisco Galindo Musa, Javier Gaeta Vázquez, Jorge Enrique Minet Ortíz, Luis René Martínez Souverville, Rubén Figueroa Alcocer, Ramón Alejo Valdez López, Gustavo Moreno Ramos, Bernardino Canchola Herrera, David Miranda Valdez, Delfino Ronquillo Nava, Francisco Salas Hernández, Augusto Ponce Coronado, Heberto Barrera Velázquez, Rubén Hernández Higuera, Bernardo Bátiz Vázquez, Enrique Martínez Hinojosa, Jaime Fernández Sánchez, Víctor Guerrero González, Miguel A. Almaguer Zárate, José Natividad Jiménez Moreno, Carlos Castillo Peraza, Jesús Antonio Carlos Hernández, Mario Vázquez Martínez, Rafael Aguilar Talamantes, José Miguel Pelayo Lepe, Raúl Plascencia Arellano, Alberto Pérez Fontecha, Ramón Garza Rodríguez y Félix Salgado Macedonio.

Comisión de Derechos Humanos: presidente, Socorro Díaz Palacios; secretario, Juan Miguel Alcántara Soria; Napoleón Gómez Sada, Vicente Fuentes Díaz, César Vieyra Salgado, María Elena Martínez Carranza, Margarita Sánchez Gavito, Jaime Sabines Gutiérrez, Felipe Zambrano Páez, Romeo Ruíz Armento, Benigno Gil de los Santos, Cupertino Alejo Domínguez, Benjamín Clariond Reyes, Enrique Riva Palacio Galicia, Graciela Patricia Gómez, Olga López Castillo, Arturo Armendáriz Delgado, Elina Elfi Coral Castilla, Juan Albarrán Castañeda, Jorge García Henaine, Ignacio López Tarso, Octaviano Camargo Rojas, Ramón Choreño Sánchez, Juan Hernández Trejo, Norberto Corella Gil Samaniego, Juan José Medrano Castillo, Santiago Rodríguez del Valle, Eleazar Cobos Borrego, Jaime Fernández Sánchez, Gerardo Arellano Aguilar, Luis Magdaleno Miranda Reséndiz, Mariano Leyva Domínguez, Paula Vargas Florencio, Isidro Aguilera Ortíz y Leonel Godoy Rangel.

Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios: presidente, Jaime Aviña Zepeda; secretarios, Augusto Ponce Coronado y Zoila Victoria León de Ramos; Rafael Garay Cornejo, Humberto Pulido García, Ricardo Olivares Pineda, Rubén Figueroa Alcocer, Sara Villalpando Nuñez, Demetrio Sodi de la Tijera, Adolfo Barrientos Parra, Nicodemus Santos Luck, Noé Peniche Patrón, Luis Antonio Pérez Fraga, Ricardo Naumann Escobar, Alejandro Paredes Jurado, Adalberto Porte Petit, Julián Orozco González, David Esquipulas Gómez Reyes, Vicente Sequera Mercado, Alberto Andrade Rodríguez, Eric Luis Rubio Barthell, Octaviano Camargo Rojas, Pedro Alberto Salazar Muciño, Ramiro Pedroza Torres, Elhier Saúl Flores Prieto, Constantino Cirilo Palacios, Alejandro Díaz Pérez Duarte, Pedro Gama Medina, Pedro Rigoberto López Alarid, Rodolfo Elizondo Torres, José Marín Rebollo, Alfonso Alcocer Velázquez, Odón Madariaga Cruz, Mario Galicia Vargas y Pablo García Figueroa.

Comisión del Distrito Federal: presidente, Luz Lajous Vargas; secretarios, José I. Cuauhtémoc Paleta y Ramón Choreño Sánchez; Juan José Osorio Palacios, Fructuoso López Cárdenas, Agustín Gasca Pliego, Jesús Anlen López, Martha Patricia Rivera Pérez, Pedro Salazar Muciño, Sara Villalpando Nuñez, María Claudia Esqueda Llanes, Juan Díaz Aguirre, Joaquín Alvarez Ordóñez, Hilda Anderson Nevárez, Ignacio López Tarso, Alvaro Garcés Rojas, Fernando Sologuren Bautista, Mario Vargas Saldaña, José Schiaffino Isunza, Onofre Hernández Rivera, Víctor Manuel Sarabia Luna, Esther Kolteniuk de Césarman, Demetrio Sodi de la Tijera, Adolfo Barrientos Parra, José Luis Alfonso Sampayo, Antonio Silva Beltrán, Jorge Alberto Ling Altamirano, Patricia Garduño Morales, Miguel Hernández Labastida, Arturo Ocampo Villalobos, María del Carmen Segura Rangel, José Luis Luege Tamargo, Eleazar Cervantes Medina, Jorge Galván Moreno, Gerardo Medina Valdez, Herón Maya Anguiano, José Luis Alonso Sandoval, Juana García Palomares, Jorge Gómez Villarreal, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Leopoldo López Muñoz, Alberto Bernal González y Fernando Antonio Lozano Gracia.

Comisión de Ecología y Medio Ambiente: presidente, Javier López Moreno; secretario, Vicente Luis Coca Alvarez; Hermenegildo Anguiano Martínez, Gilberto Muñoz Mosqueda, Jesús Leodegario Soto Cesaretti, Javier Ahumada Padilla, Martha García Rivas Palmeros, Joaquín Ruíz Becerra, Zoila Victoria León de Ramos, Esther Kolteniuk de Césarman, Serafín Sánchez Campos, Francisco J. López González, Ismael Garza González, Rebeca Guevara de Terán, Miguel Díaz Muñoz, Arely Madrid Tovilla, Rodolfo Ruíz Pérez Escobar, Julián Murillo Navarro, Artemio Meixueiro Sigüenza, Francisco Galindo Musa, Agustín Serna Servín, Albertina Barbosa Espinoza, Raúl García Leal, Alvaro Garza Cantú, Jaime Castrejón Díez, Luis René Martínez Souverville, Víctor Hugo Celaya Celaya, Rodolfo Paniagua Alvarez, Gerardo Medina Valdez, José González Morfín, Salvador Fernández Galvaldón, Ramiro Pedroza Torres, Régulo Pastor Fernández Rivera, José Luis Luege Tamargo, Rafael Campos López, Paloma Hernández Oliva, Gloria Rodríguez Aceves, Mariano Leyva Domínguez, Manuel López Zorrilla, Israel Galán Baños, Mario Rojas Alba, Alfredo Torres Robledo, Lorenzo Martínez Gómez y Francisco Kuri Fernández.

Comisión de Educación Pública: presidente, Onofre Hernández Rivera; secretario, Sofía Valencia Abundis, Saturnino Solano, Antonio Martínez Báez, Juan Albarrán Castañeda, Marco Antonio Rojas Flores, Jaime Sabines Gutiérrez, Juan Rodolfo López Monroy, Carlos Barranco Fuentes, Martha García Rivas Palmeros, María Elena Chapa Hernández, Blas Vergara Aguilar, María Eduwiges Vega Padilla, Luis Humberto Hinojosa Ochoa, Alberto Assad Ávila, Gustavo Moreno Ramos, Edmundo Martínez Zaleta, Guillermo Castellanos Martínez, Cupertino Alejo Domínguez, Francisco Salas Hernández, Guerrero Chávez Herrera, Zoila Victoria León de Ramos, Cecilio de la Cruz Pineda, Rosa Elena Guízar Villa, José Manuel Ríos Nuñez, Rubén Calderón Cecilio, Juan M. Verdugo Rosas, Francisco Javier Santillana, Marina Blanco Casco, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, Ramón Alejo Valdez, Raúl Bolaños Tadeo, Juan Mesina Alatorre, José Luis Parra Rubio, Alicia López de la Torre, Félix Pérez Amador, Jesús Ixta Cerna, Fredy Chable Torrano, Virgilio Escamilla Ballesteros, Cirila Sánchez Mendoza, Ricardo Monreal Ávila, Abraham Martínez avilés, Noé Antonio Peniche Patrón, Gustavo Rosario Torres, Alvaro Garcés Rojas, José Ángel Luna Mijares, Luis María Calderón Hinojosa, Elías Villegas Torres, Rosalía Ramírez de Ortega, María Teresa Cortés Cervantes, María Leonor Sarre de Guerrero, Abel Vicencio Tovar, Carlos Castillo Pedraza, María Guadalupe Rodríguez Carrera, José de Jesús Sánchez Ochoa, Jesús Bravo Cid de León, Eduardo Arias Aparicio, Abigaíl Cruz Lázaro, Paloma Hernández Oliva, Armando Ibarra Garza, Magdaleno Luis Miranda Reséndiz, Rommel Contreras Flores, Marcela Lombardo, Roberto Jaramillo Flores, Pedro López Díaz, Alberto Pérez Fontecha, Pablo Ávalos Castro, Jesús González Bastién, José Francisco Melo Torres, Octavio Ortíz Melgarejo, Ismael Yañez Centeno, Octavio Moreno Toscano y Rosalío Wences Reza.

Comisión de Energéticos: presidente, Gonzalo Martínez Corbalá; secretarios, Adolfo Barrientos Parra y Fredy Chable Torrano; Hermenegildo Anguiano Martínez, Horacio Labastida Muñoz, José Luis Alfonso Sampayo, Napoleón Gómez Sada, Alberto Amador Leal, Gilberto Muñoz Mosqueda, Salvador Miranda Polanco, Neftalí Rojas Hidalgo, Antonio del Río Abaunza, Benjamín Rocha Pedroza, Miguel Treviño Emparán, Eugenio Soto Medina, Carlos Pavón Campos, Jorge Camacho Cabrera, Vicente Segura Mercado, Antonio Pariente Algarín, Eraclio Soberanis Sosa, Isaac Bueno Soria, Humberto Pulido García, Miguel Díaz Muñoz, Alvaro Garza Cantú, Mauricio Valdéz Rodríguez, Héctor Jarquín Hernández, Javier Gaeta Vázquez, Julián Murillo Navarro, Jorge Barba Islas, Alfonso Méndez Ramírez, Régulo Fernández Ribera, Elías Villegas Torres, Vicente Fox Quezada, Leobardo Gutiérrez Gutiérrez, César Coll Carabias, Juan Antonio García Villa, Sóstenes Melgarejo Fraga, Héctor Colio Galindo, Jorge Cruickshank García, Alfredo Pliego Aldana, Juan M. Rodríguez González, Marco Antonio Castellanos López, Alfredo Monsreal Walkinshaw, Horacio Treviño Valdez, Manuel Marcué Pardiñas, Francisco Kuri Pérez, Rubén Venadero Valenzuela y Modesto Cárdenas García.

Comisión de Fomento Cooperativo: presidente, José Antonio Gándara Terrazas; secretario, Mario Ruíz de Chávez; Joaquín Ruíz Becerra, Alfonso Garzón Santibañez, Demetrio Sodi de la Tijera, Javier Culebro Siles, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, Jesús Pelcastre Rojas, Oscar Chacón Iñiguez, Ignacio González Barragán, Eleazar Ruíz Cerda, Francisco Sánchez Rodríguez, Leyber Martínez González, Sara Velázquez Sánchez, Carlos Herrera Rodríguez, Edgardo Rocha Pedraza, Isidoro Mendoza de la Cruz, Rosalío Elías Zúñiga Gutiérrez, Antonio Pariente Algarín, Ignacio Dávila Sánchez, Jorge Minet Ortíz, Jorge Camacho Cabrera, Rigoberto López Alarid, Ceferino Ramos Nuño, Miguel A. Corral Oliva, Pedro Gama Medina, Ramón Martín Huerta, Magdaleno Gutiérrez Herrera, Carlos Aguilar Camargo, Francisco Navarro Montenegro, Jesús Fernández Gardea, José Miguel Pelayo Lepe, Julio Jácome López, Tomás Gutiérrez Narváez y Pablo Torres Chávez.

Comisión de Hacienda y Crédito Público: presidente, Manuel Cavazos Lerma; secretarios, Cuauhtémoc Anda Gutiérrez y Valdemar Soto Jaimes; Humberto Roque Villanueva, Enrique Martínez y Martínez, Rogelio Montemayor Seguy, Javier López Moreno, Reyes Antonio Silva Beltrán, Juan M. Verdugo Rosas, Antonio Alvarez Esparza, Julián Orozco González, Everardo Vargas Zavala, Rodolfo Paniagua Alvarez, Martín Gavica Garduño, Marco Antonio Rojas Flores, Esquipulas David Gómez Reyes, Napoleón Cantú Serna, Alberto Amador Leal, Martha P. Rivera Pérez, Javier Bonilla Chávez, Francisco Javier Santillán Oceguera, José Luis Salcedo Solís, Alberto Meixueiro Sigüenza, Martha García Rivas Palmeros, Rafael Garay Cornejo, Raúl García Leal, Joaquín Ruíz Becerra, María del Rosario Guerra Díaz, Victorio de la Torre de la Torre, Ricardo Olivares Pineda, Antonio Pariente Algarín, Salvador Sánchez Vázquez, Nicodemus Santos Luck, Mauricio Valdés Rodríguez, Ismael Garza T. González, Salvador Miranda Polanco, Joaquín Garduño Vargas, Noé Aguilar Tinajero, Alejandro Díaz Pérez Duarte, César Coll Carabias, Alfonso Méndez Ramírez, José Ramón Medina Padilla, Pedro Rigoberto López Alarid, José Antonio Gándara Terrazas, Ramón Martín Huerta, Miguel Ángel Almaguer Zárate, Miguel Hernández Labastida, Carmen Mercado Téllez, Sergio Quiroz Miranda, José Jaime Enríquez Félix, Roberto Jaramillo Flores, Pedro López Díaz, Alberto Pérez Fontecha, Gilberto Ortíz Medina, Lorenzo Ruíz Gómez, Teresa Dorantes Jaramillo, Manuel Patricio Estévez Nenninger y Jorge Martínez Almaraz.

Comisión de Información, Gestoría y Quejas: presidente, María Inés Solís González; secretaria Martha Patricia Rivera Pérez; Alberto Assad Ávila, Reyes Antonio Silva Beltrán, Eleazar Bazaldúa Bazaldúa, José Manuel Ríos Nuñez, María del Carmen Moreno de Almanza, Rosa Elena Guízar Villa, Margarita Gómez Juárez, José Luis Salcedo Solís, Javier Gaeta Vázquez, Carlos Enrique Grajales Salas, Orlando Arvizu Lara, Cecilio de la Cruz Pineda, Teresa Navarro y Ramírez, Maurilio Hernández González, María de los Angeles Marina Blanco Casco, Francisco Salas Hernández, Mario Leal Campos, Ana Rosa Payán Cervera, José de Jesús Miramontes Jiménez, Luis Alberto Delgado Esteva, Lucio Bermúdez Aristeo, Gregorio Lorenzo Domínguez, Mario Vázquez Martínez, Juana García Palomares, Rommel Contreras Flores y Fernando Palacios Vela.

Comisión de Justicia: presidente, Miguel Montes García; secretario, Napoleón Cantú Serna; José Trinidad Lanz Cárdenas, Dionisio Pérez Jácome, Rubén García Farías, Romeo Ruíz Armento, Edmundo Martínez Zaleta, Antonio Martínez Báez, Fernando Córdoba Lobo, Augusto Ponce Coronado, Raúl Bolaños Cacho, Miguel Martínez Castro, César Humberto Vieyra Salgado, Socorro Díaz Palacios, Graciela Patricia Gómez Rodríguez, Antonio Silva Beltrán, Estela Rojas de Soto, Pedro Alberto Salazar Muciño, Miguel Quiroz Pérez, Miguel Díaz Nuñez, Guadalupe Gómez Maganda, Enrique Martínez y Martínez, Alvaro Uribe Salas, Enrique Ibarra Pedroza, José

Luis Salcedo Solís, Jesús Armando Hernández Montaño, Heberto Barrera Velázquez, Carlos J. Vega Memije, Benigno Gil de los Santos, María Teresa Chagoya Méndez, Humberto Pulido García, Jaime Almazán Delgado, Margarita Gómez Juárez, Yolanda Minerva García Treviño, Arturo Armendáriz Delgado, Fernando Antonio Lozano Gracia, Leopoldo H. Salinas Gaytán, José Zeferino Esquerra Corpus, Jaime Fernández Sánchez, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Donaciano Ambrosio Velasco, Hiram Escudero Alvarez, Gaudencio Vera Vera, Sergio Alfonso Rueda Montoya, Bernardo Bátiz Vázquez, Patricia Garduño Morales, Silviano Urzúa Ochoa, José Natividad Jiménez Moreno, Luis Jacobo García, Francisco Chávez Alfaro, José Nelson Madrigal, Fernando Palacios Vela, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Ernesto Jiménez Mendoza, Gilberto Ortíz Medina, Juan Jaime Hernández, Leonel Godoy Rangel, Alejandro Martínez Camberos, Ignacio Castillo Mena y Marco Antonio Rojas Flores.

Comisión de Marina: presidente, Américo J. Flores Nava; secretario Humberto Peña Reyes, Salvador Revueltas Olvera, Víctor Hugo Celaya Celaya, Eugenio Soto Medina, Bernardo Sánchez Ríos, Areli Madrid Tovilla, Albertina Barbosa de Meraz, Julián Murillo Navarro, Rafael Chávez Ramírez, Jaime Castrejón Diez, Jorge Camacho Cabrera, José Luis González Ruíz, Vicente Torres Ruíz, Constantino Cirilo Pavlovich, José Natividad Jiménez Moreno, Mario Rojas Alba, Víctor Guerrero González, Enrique Martínez Hinojosa, Ernesto Rivera Herrera, Catalino Mendoza Vázquez y Manuel López Zorrilla.

Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial: presidente, Hermenegildo Anguiano Martínez; secretario, Eric Rubio Barthell; Gilberto Muñoz Mosqueda, Oscar Navarro Gárate, Benjamín Clariond Reyes, Joaquín Alvarez Ordóñez, Eloy Argos Aguilar García, Luz Lajous Vargas, Vicente Seguera Mercado, Rosario Guerra Díaz, Sami G. David David, Jesús Hernández Montaño, Diódoro Carrasco Palacios, Roberto Amado Moreno Nava, María Inés Solís González, Melchor de los Santos Ordóñez, Jorge Constantino Barba Islas, Rodolfo Paniagua Alvarez, Julián Murillo Navarro, Carmen Moreno de Almanza, Gilberto Uscanga Medina, Miguel Treviño Emparán, Willebaldo García de la Cadena, Alicia López de la Torre, María Esther Valiente Govea, Juan José Moreno Sada, Jaime Castrejón Diez, Ricardo Naumann Escobar, Serafín Sánchez, Antonio Cruz Sánchez, Mario Leal Campos, José Manuel Mendoza Márquez, Vicente Fox Quezada, José Luis Luege Camargo, José Antonio Gándara Terrazas, Miguel Almaguer Zárate, Jaime Aviña Zepeda, Mario Riojas Almanza, Astolfo Vicencio Tovar, Félix Bueno Carrera, Francisco Ortíz Mendoza, Modesto Cárdenas García, José Antonio Montes Vargas, Alfredo Pliego Aldana, Jesús Fernández Gardea, Jesús González Bastién, Ramón Garza Rodríguez y Rafael Melgoza Rodillo.

Comisión de Pesca: presidente, Armando Duarte Móller, secretarios, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, Ricardo Olivares Pineda; Ignacio González Barragán, Américo Flores Nava, Salvador Revueltas Olvera, Eraclio Soberanis Sosa, Juan Mesina Alatorre, Benito Juárez Camacho, José Luis Parra Rubio, Jorge E. Minet Ortíz, María Esther Valiente Govea, Graciela Patricia Gómez Rodríguez, Juan Rodolfo López Monroy, Antonio Cruz Sánchez, Pablo Moreno Cota, Luis González Ruíz, Raúl García Leal, Jorge Camacho Cabrera, Neftalí Rojas Hidalgo, Jaime Almazán Delgado, Salvador Sánchez Vázquez, Ramón Alejo Valdez López, Ignacio Martínez Tadeo, Eduwiges Vega Padilla, Isidoro Mendoza de la Cruz, Juan Albarrán Castañeda, Francisco de Jesús Cabrera González, Espiridión Sánchez López, J. Manuel Martínez Aguirre, Benito Rosell Isaac, Rafael Nuñez Pellegrín, Jesús Ramón Rojo, Constantino Cirilo Palacios, Crescencio Morales Orozco, Ernesto Rivera Herrera, Rafael Aguilar Talamantes, Jesús Hernández Gardea, Marco Antonio Castellanos López, Héctor Beltrán Manríquez, David Ramírez Márquez, Horacio Treviño Valdez y Ambrosio Montellano Bustos.

Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta pública: presidente, Rogelio Montemayor Seguy; secretarios, Raúl Bolaños Cacho, Humberto Roque Villanueva; Jesús Oscar Navarro Gárate, Rosario Guerra Díaz, Mauricio Miguel Ángel Valdés Rodríguez, Melchor de los Santos Ordóñez, Enrique Ibarra Pedroza, Yolanda Minerva García Treviño, Juan José Moreno Sada, Manuel Cabazos Lerma, Miguel Quiroz Pérez, Javier Bonilla Chávez, Nicodemus Santos Luck, César Alfonso Neri Ávila, Agustín Gasca Pliego, Jesús Armando Hernández Montaño, Humberto Peña Reyes, Elina Elfi Coral Castillo, Jorge González Illescas, Joaquín Garduño Vargas, Juan M. Verdugo Rosas, María Elena Martínez Carranza, Juan Ugarte Cortés, Dionisio Pérez Jácome, Areli Madrid Tovilla, Adolfo Barrientos Parra, Martha García Rivas Palmero, Martín Gavica Garduño, Alejandro Paredes Jurado, Eloy García Aguilar, Noé Garza Flores, Francisco Javier Santillán Oceguera, Ramiro Hernández García, Everardo Vargas Zavala, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Alberto Amador Leal, Juan Antonio García Villa, Astolfo Vicencio Tovar, Teresa Ortuño Gurza, Federico Ruíz López, Magdaleno Gutiérrez Herrera, Francisco Javier Pavlovich Robles, Ana Rosa Payán Cervera, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, Pedro César Acosta Palomino, Eduardo Arias Aparicio, Elías Villegas Torres,

Belisario Aguilar Olvera, Armando Ibarra Garza, Carmen Mercado Téllez, Sergio Quiroz Miranda, Pedro López Díaz, Pedro Etienne Llano, José Jaime Enríquez Félix, Alberto Pérez Fontecha, María Teresa Dorante Jaramillo y Rafael Melgoza Radillo.

Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía: presidente, Francisco Galindo Musa; secretarios, Jorge Schiaffino Isunza, Carlos Enrique Grajales Salas; Héctor Ixtláhuac Gaspar, Socorro Díaz Palacios, Ignacio López Tarso, Fructuoso López Cárdenas, Felipe Onofre Zambrano Páez, Esther Kolteniuk de Césarman, Sami G. David David, Miguel Martínez Castro, Adalberto Porte Petit, María Elena Chapa Hernández, Fredy Chable Torrano, Mario Ruíz de Chávez, Orlando Arvizu Lara, Luis Antonio Pérez Fraga, Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, Manuel González Díaz de León, Abraham Martínez Alavez, Joaquín Ruíz Becerra, Enrique Ibarra Pedroza, Eugenio Ortíz Walls, Hiram Escudero Alvarez, Jorge del Rincón Bernal, Silviano Urzúa Ochoa, J. Ramón Medina Padilla, Raúl Espinoza Martínez, J. Jesús Hernández Trejo, Héctor Colio Galindo, Rubén Venadero Valenzuela, Mariano Leyva Domínguez, Carlos E. sánchez Mendoza, Humberto Urquiza Marín, Octavio Moreno Toscano y Jorge Martínez Almaraz.

Comisión de Reforma Agraria: presidente, Armando López Nogales; secretarios, Isaac Bueno Soria, Eloy Argos García Aguilar; Ramiro Valdez Fontes, Neftalí Rojas Hidalgo, Javier Ahumada Padilla, Vicente Torres Ruíz, Jesús Pelcastre Rojas, Pablo Moreno Cota, Cirila Sánchez Mendoza, Noé Garza Flores, Sofía Valencia Abundis, Carlos Herrera Rodríguez, Areli Madrid Tovilla, María Teresa Chagoya Méndez, Bernardino Canchola Herrera, Francisco sánchez Rodríguez, Julián Orozco González, Rubén García Farías, José Ignacio Martínez Tadeo, Noé Peniche Patrón, Adalberto Díaz Jácome, Rodolfo Ruíz Pérez Escobar, Esther Valiente Govea, Ramiro Hernández García, Sara Estela Velázquez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, Lázaro Pasillas Rodríguez, Alvaro Moisés Rojas, Eleazar Bazaldúa Bazaldúa, Margarita Gómez Juárez, Olga López Castillo, Benito Juárez Camacho, Rebeca Guevara de Terán, Abraham Martínez Alavez, Sergio Torres Serrano, Diódoro Carrasco Palacios, Alfonso Garzón Santibañez, Virgilio Escamilla Ballesteros, Raúl Plascencia Arellano, Gregorio Curiel Díaz, Félix Bueno Carrera, José de Jesús Sánchez Ochoa, José Herrera Reyes, Carlos Aguilar Camargo, Rafael Nuñez Pellegrín, Leobardo Gutiérrez Gutiérrez, Tomás Gutiérrez Narváez, Julio Jácome López, Félix Mercado Téllez, Alexander Santos Alvarez, Armando Herrera Guzmán, Tomás Pedroza Esparza, Hiram Rivera Teja, Pablo Ávalos Castro, Luis Gambino Heredia, José Francisco Melo Torres, Héctor Beltrán Manríquez, Alfredo Monsreal Walkinshaw, Alfredo Torres Robledo, Fernando Palacios Vela, Pablo García Figueroa, Félix Salgado Macedonio, Darwin González Ballina, Miguel Aroche Parra y José Ángel Luna Mijares.

Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias: presidente, José Luis Lamadrid Sauza; Secretario Juan Ugarte Cortés; Ramón Choreño Sánchez, Fructuoso López Cárdenas, Mario Vargas Saldaña, Luz Lajous Vargas, Antonio Martínez Báez, César Vieyra Salgado, Héctor Ixtláhuac Gaspar, Miguel Montes García, Estela Rojas de Soto, Rodolfo Duarte Rivas, J. Guadalupe Vega Macías, Abraham Martínez Alavez, Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara, María Claudia Esqueda Llanes, Maurilio Hernández González, José I. Cuauhtémoc Paleta, Carlos Vega Memije, Yolanda García de Vargas, Enrique Ibarra Pedroza, Salvador Sánchez Vázquez, J. Trinidad Lanz Cárdenas, Eugenio Ortíz Walls, Gildardo Gómez Verónica, José Zeferino Esquerra Corpus, Sergio Alfonso Rueda Montoya, Patricia Garduño Morales, Fernando Lozano García, Juan José Medrano Castillo, Rosalía Ramírez de Ortega, Alfredo Reyes Contreras, Pedro Etienne Llano, José Luis Alonso Sandoval, Israel Galán Baños, Enrique Rojas Bernal, Erasmo López Villarreal y Celia Torres Chavarría.

Comisión de Relaciones Exteriores: presidente, Guadalupe Gómez Maganda; secretaria, María Elena Chapa Hernández; Gonzalo Martínez Corbalá, Francisco Galindo Musa, Sami David David, Jesús Anlen López, Estela Rojas de Soto, Augusto Gómez Villanueva, Liborio Pérez Elorriaga, Humberto Pulido García Eric Rubio Barthell, Francisco Javier Santillán Oceguera, Hilda Anderson Nevares, Miguel Montes García, Augusto Ponce Coronado, Victorio de la Torre de la Torre, Armando López Nogales, Héctor Ixtláhuac Gaspar, Juan José Osorio Palacios, Miguel Martínez Castro, Luis Antonio Pérez Fraga, René O. Treviño Arredondo, Alicia López de la Torre, Judith Murguía Corral, Albertina Barbosa de Meraz, Rubén García Farías, Valdemar Soto Jaimes, Alberto Barrera Velázquez, Enrique Riva Palacio Galicia, Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, Juan Ugarte Cortés, Artemio Meixueiro, Adalberto Porte Petit, Ismael Garza T. González, Jorge González Illescas, Raúl García Leal, Manuel Ríos Nuñez, Margarita Sánchez Gavito, María Elena Martínez Carranza, Ricardo Monreal Ávila, Oscar Chacón Iñiguez, Mercedes Erdmann Baltazar, Ignacio Dávila Sánchez, Esther Kolteniuk de Césarman, Abel Vicencio Tovar, Carlos Castillo Peraza, Norberto Corella Gil, Rodolfo Elizondo Torres, Alfredo Arenas Rodríguez,

María Teresa Ortuño Gurza, Miguel A. Corral Olivas, Mario leal Campos, Alberto Ling Altamirano J. Pedro Gama Medina, Jorge Cruickshank García, Marcela Lombardo Otero, Jesús Luján Gutiérrez, Rafael Aguilar Talamantes, Roberto Jaramillo Flores, Enrique Rojas Bernal, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Gilberto Ortíz Medina, Luis V. Coca Alvarez, Patricio Estévez Nenninger, Juan Jaime Hernández, Humberto Urquiza Marín, Ismael Yañez Centeno, Ignacio Castillo Mena y Rosalío Wences Reza.

Comisión de Salubridad y Asistencia: presidente, Víctor Manuel Sarabia Luna; secretario, Mario Rojas Alba; David Miranda Valdez, Francisco Javier López González, Teresa Navarro y Ramírez, Benjamín Manríquez Guluarte, Guillermo Castellanos Martínez, Delfino Ronquillo Nava, Félix Paredes Amador, Arturo Armendáriz Delgado, Mercedes Erdmann Baltazar, Juan Albarrán Castañeda, Luis Humberto Hinojosa Ochoa, Antonio Alvarez Esparza, Rosa Elena Guízar Villa, Víctor Manuel Carreto y Fernández de Lara, José Manuel Ríos Nuñez, Cupertino Alejo Domínguez, Sara Villalpando Nuñez, Eleazar Ruíz Cerda, Rubén Calderón Cecilio, Jorge Esteban Sandoval, Gilberto Uscanga Medina, Jorge Schiaffino Isunza, Salvador Miranda Polanco, Virgilio Escamilla Ballesteros, Rebeca Guerra de Terán, Guillermo Garza Luna, Juan Díaz Aguirre, Eleazar Cobos Borrego, Guillermo Islas Olguín, Jaime Guillermo Aviña Zepeda, José González Morfín, Ruth Olvera Nieto, Teresa Cortés Cervantes, Víctor Guerrero González, Luis María Calderón, José de Jesús Miramontes Jiménez, María Teresa Ortuño Gurza, Rafael Campos López, Herón Maya Anguiano, Gloria Rodríguez Aceves, Víctor Manuel Ávalos Limón, Paula Vargas Florencia, Marco Antonio Castellanos López, Francisco Castañeda Ortíz y Raúl Reyes Ramírez.

Comisión de Seguridad Social: presidente, Juan Díaz Aguirre; secretario, Víctor M. Carreto y Fernández de Lara; Francisco Javier López González, Napoleón Gómez Sada, Héctor Jarquín Hernández, María del Carmen Moreno de Almanza, Jorge Sierra Gallardo, Serafín Sánchez Campos, Raúl Caballero Escamilla, Carlos Pavón Campos, Teresa Navarro Ramírez, J. Guadalupe Vega Macías, Jorge Enrique Minet Ortíz, Cecilio Barrera Reyes, María Claudia Esqueda Llanes, Zoila Victoria león de Ramos, Guillermo Garza Luna, Víctor Manuel Sarabia Luna, J. Natividad Ibarra Rayas, Jesús Leodegario Soto Cesaretti, Jesús Ixta Serna, Delfíno Ronquillo Nava, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, Eleazar Ruíz Cerda, Alberto Andrade Rodríguez, José de Jesús Pérez, Jorge Schiaffino Isunza, Saturnino Solano Pérez, Elías Zuñiga Gutiérrez, Ignacio Dávila Sánchez, Antonio del Río Abaunza, Octaviano Camargo Rojas, Maurilio Hernández González, Amado Roberto Moreno Nava, Manuel de Jesús Ponce González, Eliher Flores Prieto, Guillermo Islas Olguín, Pedro César Acosta, María Guadalupe Rodríguez Carrera, Leopoldo H. Salinas Gaytán, Donaciano Ambrosio Velasco, Magdaleno Gutiérrez Herrera, Abigaíl Cruz Lázaro, Heray Lescieur Molina, Román Ramírez Contreras, Víctor Ávalos Limón, Manuela Sánchez López, Alfredo Pliego Aldana, Luis Vicente Coca Alvarez, J. Francisco Melo Torres, Leopoldo López Muñoz, Teresa Dorantes Jaramillo, Mario Rojas Alva y Ramón Ramírez Contreras.

Comisión de Trabajo y Previsión Social: presidente, Juan José Osorio Palacios; secretario, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Isidoro Mendoza de la Cruz, Napoleón Gómez Sada, José Luis Alfonso Sampayo, Raúl Caballero Escamilla, Alejandro Paredes Jurado, Guillermo Garza Luna, Carlos Pavón Campos, Eleazar Ruíz Cerda, Amado Roberto Moreno Nava, Eugenio Soto Medina, Alberto Andrade Rodríguez, Agustín Serna Servín, Héctor Jarquín Hernández, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, Gilberto Muñoz Mosqueda, Javier Gaeta Vázquez, Bernardo Sánchez Ríos, Oscar Chacón Iñiguez, Hilda Anderson de Rojas, Jorge Sierra Gallardo, Ramiro Valdez Fontes, Alvaro Uribe Salas, Pedro Alberto Salazar Muciño, José Pérez de Jesús, J. Natividad Ibarra Rayas, Vicente Torres Ruíz, Elías Zuñiga Gutiérrez, Ignacio Dávila Sánchez, Antonio del Río Abaunza, Octaviano Camargo Rojas, Serafín Sánchez Campos, Ignacio González Barragán, Francisco J. López González, Pedro Acosta Palomino, José Ángel Luna Mijares, Manuel Ponce González, Gerardo Medina Valdés, Horacio González de las Casas, César Coll Carabias, Leopoldo H. Salinas, Alfredo Oropeza García, Ruth Olvera Nieto, Sergio Rueda Montoya, Crescencio Morales Orozco, Román Ramírez Contreras, Héctor Beltrán Manríquez, Leopoldo López Muñoz, Juan Manuel Rodríguez González, José Nelson Madrigal, Rommel Contreras Flores, Rafael Melgoza Radillo e Ignacio Castillo Mena.

Comisión de Turismo: presidente Orlando Arvizu Lara; secretarios, Judith Murguía Corral, Edmundo Martínez Zaleta; Guadalupe Gómez Maganda, Luis Martínez Souverville, Artemio Meixueiro Sigüenza, Juan Mesina Alatorre, Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, Jorge González Illescas, Rubén Figueroa Alcocer, Isidoro Mendoza de la Cruz, José Guadalupe Vega Macías, Martín Gavica Garduño, Luis Antonio Pérez Fraga, José Luis Parra Rubio, Ramón Alejo Valdez López, Víctor de la Torre de la Torre, Heraclio Soberanis Sosa, Natividad Ibarra Rayas, Sara Villalpando Nuñez, Maurilio Hernández

González, Víctor Hugo Celaya Celaya, Inés Solís González, Manuel González Díaz de León, José de Jesús Pérez, Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, Mercedes Erdmann Baltazar, Elina Elfi Coral Castilla, Juan Rodolfo López Monroy, Alvaro Garza Cantú, Eric Rubio Barthell, Jesús Ixta Cerna, Alfredo Arenas Rodríguez, Ruth Olvera Nieto, José de Jesús Miramontes Jiménez, Arturo Ocampo Villalobos, Luis Alberto Delgado Esteva, Blanca Leticia Escoto, Eliher Saúl flores Prieto, Espiridión Sánchez López, José Miguel Pelayo Lepe, Catalino Mendoza Vázquez, Manuel López Zorrilla, Jesús González Bastién, Lorenzo Ruíz Gómez, Juan Jaime Hernández, Horacio Treviño Valdez, Raúl, Reyes Ramírez, Luis Vicente Coca Alvarez, Humberto Urquiza Marín, Lorenzo Martínez Gómez, Rosalío Wences Reza y Pablo Torres Chávez.

Comisión de Vialidad Federal y Autotransporte: presidente, Humberto Pulido García; secretario Bernardo Sánchez Ríos; Rafael Garay Cornejo, Héctor Ixtláhuac Gaspar, Rubén Figueroa Alcocer, Javier Ahumada Padilla, Carlos Pavón Campos, Guillermo Garza Luna, Francisco Javier Santillán Oceguera, Julián Ibargüengoytia Cabral, Cecilio Barrera Reyes, Valdemar Soto Jaimes, Salvador Miranda Polanco, Neftalí Rojas Hidalgo, Yolanda García de Vargas, Javier Culebro Siles, Francisco Cabrera González, Noé Aguilar Tinajero, Sóstenes Melgarejo Fraga, Mario Rojas Alba, Blanca Leticia Escoto, José Ramón Medina Padilla, Enrique Martínez Hinojosa, Carmen Segura Rangel, José Marín Rebollo, Hiram Rivera teja y Pablo Torres Chávez.

Comité de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda: presidente, José Trinidad Lanz Cárdenas; secretario, Melchor de los Santos Ordóñez; René Oscar Treviño Arredondo, David Esquipulas Gómez Reyes, Nicodemus Santos Luck, Javier Culebro Siles, Antonio Pariente Algarín, Javier Bonilla Chávez, Luis René M. Souverville, Hermenegildo Anguiano Martínez, Arturo Armendáriz Delgado, J. Ramón Rojo Gutiérrez, Astolfo Vicencio Tovar, Noé Aguilar Tinajero, Belisario Aguilar Olvera, Jorge Gómez Villarreal y Enrique Rojas Bernal.

Comité de Administración: presidente, Jesús Anlen López; secretario Salvador Sánchez Vázquez; María del Rosario Guerra Díaz, Benjamín Clariond Reyes, Juan José Moreno Sada, Artemio Iglesias Miramontes, Víctor Manuel Carreto, Juan Ugarte Cortés, Martín Gavica Garduño, Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, Agustín Gasca Pliego, Alfonso Neri Ávila, Jorge del Rincón, Miguel Hernández Labastida, Héctor Colio Galindo y Gloria Rodríguez Aceves.

Comité de Asuntos Editoriales: presidente, Horacio Labastida Muñoz; secretario, Carlos Vega Memije; Andrés Henestrosa Morales, Jaime Sabines Gutiérrez, Estela Rojas de Soto, Yolanda García Treviño, Gustavo Moreno Ramos, Marina Blanco Casco, Rosa Elena Guízar Villa, Luis Antonio Pérez Fraga, Onofre Hernández Rivera, Ramón Alejo Valdez López, Luis Hinojosa Ochoa, Raúl García Leal, Roger Cícero Mac Kinney, Miguel Agustín Corral Olivas, Manuel Ponce González, Jorge del Rincón Bernal, Gildardo Gómez Verónica, Marcela Lombardo Otero, Enrique Rojas Bernal y Rafael Yudico Colio.

Comité de Bibliotecas: presidente, Eugenio Ortíz Walls; secretaria, Eduwiges Vega Padilla; Horacio Labastida Muñoz, Vicente Fuentes Díaz, Saturnino Solano Pérez, Juan Mesina Alatorre, Cecilio de la Cruz, Onofre Hernández Rivera, Guerrero Chávez Herrera, Carlos Rubén Calderón Cecilio, Gustavo Moreno Ramos, Horacio González de las Casas, Régulo Pastor Fernández Rivera, Pedro López Díaz y Arturo Ocampo Villalobos.

Instituto de Investigaciones Legislativas: Dionisio E. Pérez Jácome, director.

Atentamente.

Diputados: licenciado Guillermo Jiménez Morales, presidente de la Gran Comisión; ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá, secretario de la Gran Comisión; licenciado Manuel Cavazos Lerma, secretario de la Gran Comisión.»

Está a discusión la propuesta de la Gran Comisión.

El C. Presidente: -Esta presidencia, con toda atención, ruega el auxilio de los coordinadores de los grupos parlamentarios, para que de manera escrita nos presenten los oradores en pro o en contra de la proposición de la Gran Comisión.

Esta presidencia informa a la asamblea que se han inscrito como oradores los siguientes diputados: Para una aclaración, Miguel Hernández Labastida; oradores en contra: Pablo Gómez, Manuel Marcué Pardiñas, Juan Guerra, Jesús Ortega, Carlos Navarrete, Amalia García, Ciro Mayén, Antonio Ríos, Gerardo Ávalos, Patricia Olamendi, Israel Galán Baños, Leonel Godoy, Rosalío Wences Reza, Mario Rojas y José Enríquez Rosado; y como oradores en pro: Dionisio Pérez Jácome, Jaime Almazán Delgado, Mario Ruíz de Chávez, Artemio Iglesias Miramontes, Napoleón Cantú Cerna, Fernando Córdoba, Martha García Rivas, María Elena Chapa, Eleazar Ruíz Cerda, Yolanda García Treviño, Benjamín Clariond, Guadalupe Gómez Maganda, Sara Estela Velázquez, David

Miranda Valdez, Jorge Federico Schiaffino, Demetrio Sodi, Rosario Guerra, y Sofía Valencia.

Tiene la palabra, Para una aclaración, el ciudadano diputado Miguel Hernández Labastida.

El C. Miguel Hernández Labastida: -Señor presidente; señores diputados: He solicitado el uso de la palabra para hacer una aclaración, nosotros hemos encontrado algunas omisiones, suponemos que fue algún error u omisión, pero sí deseamos saber cuál es el criterio, a efecto de poder asumir una posición el grupo parlamentario de Acción Nacional.

En la Comisión del Distrito Federal deseamos que se incluya al señor Antonio Lozano Gracia; en la Comisión de Fomento Cooperativo, quedó eliminado Rigoberto López Alarid, de quién pedimos también se incluya; en la Comisión Jurisdiccional, que no se designó en este momento, Tenemos varias proposiciones y también queremos se nos aclare el porqué no se designó de una vez.

En la Comisión de Justicia, quedó eliminado el diputado Sergio Rueda Montoya, de quien posteriormente hablaremos; en la de Pesca, el diputado Ambrosio Montellano; en la de Reforma Agraria, José Ángel Luna Mijares; en la de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, Sergio Rueda Montoya y Gregorio Curiel Díaz, en la de Seguridad Social; Sergio Rueda Montoya, en la de Trabajo y Previsión Social.

Estamos Conscientes que el Artículo 84 del reglamento establece que el presidente y los secretarios, mientras duren en su encargo no podrán pertenecer a ninguna comisión, pero esto no impide que en un momento dado se les pueda incluir a los cuatro secretarios que en estos momentos quedaron eliminados de todas las comisiones, como son los compañeros Rueda Montoya, Murat, Orozco Loreto y Montes, del Frente Democrático Nacional.

En consecuencia, nosotros sí queremos saber, que se nos aclare si éstas fueron omisiones por error o por alguna otra razón, por un lado; y por el otro lado, desear que se designe de una vez la Jurisdiccional y se tome un criterio respecto a los secretarios, respecto al presidente; si se tomó y se hizo la observación de que el diputado Montes García, era designado presidente de la de Justicia y entraría en funciones de acuerdo con el reglamento, el artículo 84, una vez que fenezca su período como presidente a partir del 1o de Octubre. Muchas Gracias.

El C. Presidente - Se pregunta a la directiva de la comisión proponente, si desea contestar las preguntas hechas por el diputado Miguel Hernández Labastida.

Tiene la palabra, en contra, el diputado Pablo Gómez Alvarez

El C. Pablo Gómez Alvarez: - Ciudadanos diputados: Después de varias demoras, la Gran Comisión ha presentado una propuesta para integrar las comisiones ordinarias y los comités de la Cámara; se ha abstenido de presentar una proposición para integrar la Jurisdiccional, sin la cual no se puede iniciar ningún juicio político, ni tampoco ningún juicio de procedencia, ignoramos las razones por las cuales la Gran Comisión ha actuado de esa manera, pero al discutir la integración de las comisiones ordinarias y de los comités, lo primero que tenemos que precisar son las tareas políticas principales de la actual legislatura.

Sin duda alguna la tarea más importante de esta Cámara en los próximo tres años será la de legislar, y digo esto porque desde hace unas cuatro décadas la Cámara no ha legislado, en términos generales, más que por excepción, sino que ha reducido su función a la de ser un órgano que convalida las iniciativas del Presidente, esta función no es la de legislar, esta función es simplemente la de convalidar, la de sancionar, o la de aprobar la actividad legislativa que se lleva a cabo fuera del ámbito, del funcionamiento y de la actividad propia de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Legislar para esta Cámara representaría en este momento el convertirse en parte integrante del poder del Estado, pero debe también, como tarea política, expresar la situación política que vive el país, ser escenario privilegiado de la lucha política de México, de la nueva situación que se ha creado; para legislar, se requiere la decisión, el compromiso y la independencia relativa de la mayoría de la Cámara, es esa mayoría de la Cámara, la que tiene la mayor responsabilidad en esta tarea de convertir al órgano de los diputados y de los Senadores, en un auténtico órgano del poder del Estado, para ello el Partido Revolucionario Institucional debería funcionar como partido político y no como expresión o correa de Transmisión del gobierno y especialmente del presidente.

Este es el desafío: La oposición está lista para la función legislativa, la oposición está lista para la lucha política, ¿lo está el partido oficial?

Esta tiene mayor importancia, sin duda, que las legislaturas anteriores, primero porque la situación política es grave, porque se requiere una legislación política electoral, porque se requiere de una

reforma económica, porque se requiere de reformas sociales de diverso tipo en distintos aspectos de la vida nacional, y estas reformas no dependen formalmente del gobierno, sino del Congreso.

Si la Cámara no legisla, si no elabora con el concurso de sus integrantes y de los partidos políticos que en ellas se encuentran no habrá tampoco ni siquiera una parte de estas reformas y de estas transformaciones que reclama el país.

El gobierno ha podido hasta ahora operar con un Congreso convalidador, ¿podrá hacerlo ahora? Esta pregunta debe responderse, y de sus respuesta se debe desprender el funcionamiento de la Cámara y, por lo tanto la integración de las comisiones dictaminadoras; mantener a la Cámara operando como hasta ahora lo ha hecho, es condenarla a que renuncie a su potencial función de legislador para continuar siendo lo que ha sido hasta ahora.

Integrar las comisiones dictaminadoras sobre la base de que éstas no representen la composición de la Cámara es llevarlas al plano de que cumplan solamente con su función de dictaminar positivamente las iniciativas del Presidente, pero no tomar la iniciativa, esto se desprende de un hecho: si en las comisiones no tendrá que haber una lucha de ideas, que es una parte muy importante, diría yo, de la lucha política; si el partido oficial va a tener una mayoría cómoda que no se desprende de la composición real de la Cámara, las comisiones no iniciarán las reformas que el país requiere.

Si existiera la voluntad política para que desde la Cámara se iniciaran esas reformas, las comisiones tendrían que expresar la relación de fuerzas que tenemos en este momento a nivel de la Cámara; si el imperativo desde el punto de vista oficialista fuese el de legislar y el de abrirle curso a esas reformas con la participación de todas las fuerzas políticas, no habría obstáculo alguno para que las comisiones se constituyeran aproximadamente como reflejo de la proporción entre las fuerzas políticas representadas en la Cámara.

¿Por qué el Partido Revolucionario Institucional ha exigido 60% o más en las comisiones dictaminadoras, a pesar de que no cuenta con ese porcentaje en la Cámara de Diputados? Justamente para mantener la función de la Cámara en los marcos tradicionales en los que ha estado durante por lo menos las últimas cuatro décadas, Es así como nosotros lo interpretamos y lo vemos.

¿Existe algún criterio de orden objetivo, para integrar las comisiones dictaminadoras? Sí, nos parece que solamente uno: el que su relación cuantitativa exprese la que existe en la asamblea de la Cámara; podrían introducirse otros, no de orden objetivo, sino de acuerdo político, para que en determinadas comisiones se diera preferencia a determinados diputados por su nivel de conocimiento sobre las cuestiones que en esas comisiones se van a discutir y otros más, criterios que se utilizan en casi todas las cámaras legislativas y en los parlamentos del mundo pero no aquí; criterios que surgen del concurso de la concertación y la negociación entre las fuerzas políticas, pero no aquí.

La propuesta presentada por la Gran Comisión es producto de una decisión de un partido sencillamente; es la continuación de una tradición muy larga en la cual la mayoría no solamente ha hecho uso de sus derechos, sino que se ha propasado en ellos y ha convertido su acción en una dictadura, en la dictadura del grupo de diputados mayoritario; 60% o más de diputados del Partido Revolucionario institucional en las comisiones, es una decisión de ese partido no compartida por ningún otro partido.

Hay la idea también desestimada, de que en las comisiones se nombre un portavoz de la oposición que tenga funciones semejantes a las del presidente para requerir del gobierno informes, para interpelar al gobierno, para convocar a reuniones de la comisión, para expresar el conjunto de las iniciativas de procedimiento y de actuación general de los grupos opositores representados en las comisiones.

Esto hubiera sido un enorme paso, un inmenso paso, no hubiera sido indispensable modificar la ley o el reglamento bastaría con un decreto de la propia Cámara para llevar a cabo esta reforma y después incorporarlo, si es que acaso se produce por fin la reforma de la ley y del reglamento de la Cámara.

Pero todas estas cuestiones han sido desestimadas, como desestimado es el llamado a que se reconozca la nueva situación política y la gravedad de ésta en el país; ¿puede la oposición, aceptar, como antes lo hizo, acaso por su pequeñez, que ya se ha modificado notoriamente, admitir que el grupo oficialista de la Cámara imponga una y otra y otra vez su determinación, por el solo hecho de que así lo ha decidido?., ¿cuáles son las razones para aceptar que esta situación política prevalezca y se mantenga, a pesar de que la situación de México, la situación política especialmente, se ha modificado?

No encontramos ninguna razón. ¿Quedar fuera de las comisiones?, ¡no quedan fuera de las comisiones! ¿Legislarán éstas?, ¿asumirán su responsabilidad?

¿iniciarán las reformas que el país está reclamando? Con esa composición, ¡no!, porque esa composición se debe a que no se quieren iniciar desde allí las reformas que el país requiere; ¿esperar a que el Presidente inicie esas reformas? No es lo que corresponde a los legisladores de un país; ¿esperar a que el gobierno indique cómo hay que comportarse en el órgano Legislativo de la República? Es sencillamente indigno para un legislador, para cualquiera, de cualquier partido, sea de la mayoría o de la minoría.

Hay quien ha dicho y nos ha dicho, que los cambios tendrán que venir poco a poco, nosotros preguntamos: ¿en cuál de los dos pocos nos encontramos en este momento?, pudiera ser que en ninguno; ¿cuáles serán los cambios que para recordar la capacidad legislativa y la capacidad política del Congreso, estará dispuesto el grupo mayoritario a admitir, si no puede admitir siquiera que la representación proporcional se exprese en las comisiones?, ¿acaso porque algunos políticos están llamando a abolir el subsistema de representación proporcional, como lo hizo ya Manzanilla?, ¿acaso otros políticos ha hecho lo que hace muchos años no se hacía, de comprar diputados con los dineros del erario, lo que habla mal no sólo de los diputados vendidos, sino también de quien ha tenido la impostura de comprar Legisladores?

Desprecio, frente a eso, a las personas y al sistema ése que ha engendrado tal nivel de corrupción de conducta inescrupulosa, quizá esas voces son las que se oyen en la Cámara: las voces que están llamando a detener a la oposición porque está luchando por el poder, ¿por qué otra cosa puede luchar una verdadera oposición?

Sí es por el poder y por la vía pacífica de las elecciones y del marco constitucional una y otra vez violado: violado en las elecciones, en el Colegio Electoral y en la propia Cámara, quién sin permiso del Senado, como lo indica la propia Constitución, deja de sesionar durante más de tres días.

Pero no parece importar ni el orden constitucional, ni el legítimo derecho de la oposición a luchar por el poder, no; parece que importa más el dictado que se recibe no del seno de esta Cámara, sino del poder que quiere sostenerse, que quiere sostenerse a pesar de todo y que considera que lo que ocurrió el 6 de julio no es más que un episodio transitorio, no es más que algo que no volverá a ocurrir y menos se aumentará, se desarrollará, ¡qué equivocados están!, muy equivocados, pero si la oposición no ve eso, también se equivocará, si la oposición cree que todavía estamos en la situación en la que vamos a admitir que el grupo oficialista nos lleve a la situación que ellos dedican, también es cometer un error, no está México para eso.

Si algo vimos el 6 de julio, es que este pueblo, una gran parte de él en nuestra convicción mayoritaria, se ha levantado para decir que no a todas esas décadas de imposición desde arriba, de falta absoluta de sentido para reconocer que otras formaciones, que otros planteamientos, que otros partidos y corrientes, sectores de la sociedad, tienen también su derecho y éste debe reconocérseles, no es el principio de la mayoría el que está detrás de la pretensión de la Gran Comisión para sobrerrepresentarse en las comisiones dictaminadoras, no, la mayoría, cuando es verdadera y es legítima, no necesita sobrerrepresentarse, porque está segura de sí misma; cuando es ilegítima, entonces se tiene que hacer lo que se pretende consumar el día de hoy.

No doy nombres de los diputados socialistas, del Partido Mexicano Socialista, en la lista de la Gran Comisión, no los hay, tenemos que ir a fuerza a las comisiones dictaminadoras, ¿tenemos que hacerlo por el hecho que nos impone el Partido Revolucionario Institucional? No. ¿Por qué aceptar una imposición más?, ¿así va a empezar la Cámara? Si sobre la base de imposiciones en la integración de las comisiones va a iniciar sus trabajos esta Legislatura , ¿cómo va a terminar?

Si cuando no ha subido todavía al poder del Estado quien aquí fue sólo por el Partido Revolucionario Institucional, designado como Presidente electo, esto está ocurriendo en la Cámara, ¿qué va a ocurrir después, cuando ya sea Presidente?, ¿dónde está el diálogo del que tanto se habla? No es el diálogo el que se quiere, el diálogo verdadero que cuando es entre político es negociación, es que se busca el interés nacional y que se haga de manera transparente y frente al país.

Esta propuesta de la Gran Comisión para sobrerrepresentar al Partido Revolucionario Institucional en las comisiones dictaminadoras no es una negociación de cara al país; a una ciudadanía politizada, a una ciudadanía que hoy entiende lo que nunca antes entendió del proceso electoral, de los partidos políticos, de lo que son los paquetes electorales, de lo que hizo aquí el grupo oficialista en la calificación de las elecciones y de lo que vendrá; de la situación nueva que se abre para México, sí se entiende hoy en la calle, en las fábricas, en los ejidos, porque hoy hay muchísima más politización que antes y esa politización obliga a los representantes del pueblo a hacer las cosas de manera completamente transparente.

Tener que ir a comisiones, porque así nos lo impuso el Partido Revolucionario Institucional, no es algo transparente, no aceptamos que se nos imponga el Partido Revolucionario Institucional, ni esto ni ninguna otra cosa que sea producto absolutamente inaceptable de sus decisiones de cúpula.

¿Por qué una mayoría se ha de sobrerrespresentar? En nuestro punto de vista está subrerrepresentada ya conforme a los resultados legítimos de las elecciones; admitimos, no obstante, una realidad física: 260 diputados del Partido Revolucionario Institucional, más tres que también está reclamando como suyos, aunque sean producto de una compraventa, con dinero que tiene origen en el pueblo de México; se los damos, se los contamos en sus 263, sí, porque nosotros tampoco ni los reclamamos, ni los queremos, sino al contrario, los despreciamos profundamente; 263 y el resto, hasta completar 500 no son del Partido Revolucionario Institucional, no somos del Partido Revolucionario Institucional, pensamos distinto.

¿Por qué ha de sobrerrepresentarse el partido del gobierno?, ¿sólo porque es partido de gobierno?, ¿porque es una mayoría? Entonces la mayoría podría decidir tener el 90% en las comisiones, ¿qué diferencia hay en sobrerrepresentarse de una manera y sobrerrepresentarse de la otra? En el fondo no es más que la misma pretensión absolutista. Nosotros, representantes de un pueblo que se ha levantado contra el absolutismo político de este país, no podemos admitir ningún acto de absolutismo, no basta votar con contra, no basta.

¿Por qué de alguna forma protestar y aceptar? Tenemos muchas décadas protestando y aceptando y siendo despreciados, minoría ridícula gente que no tiene ningún vínculo con el pueblo porque representan ideas exóticas, eso es lo que se nos ha dicho durante décadas, pero hoy no lo pueden decir, ya no lo pueden decir, ni siquiera eso pueden decir porque hay otra realidad política; admitir que se soslaye esa realidad política nueva, es estar admitiendo que el poder es inaccesible y eso es lo que pretende hoy el grupo oficialista y sobre todo el poder: el Presidente y el sucesor nombrado pretenden que las oposiciones se reduzcan a pequeñas y determinadas cosas que tienen poca importancia y que no concierten su acción, eso no es lo que se necesita para luchar efectivamente por el poder, para luchar por el poder hay que empezar por no aceptar la prepotencia ni el dictado...(Aplausos.)

Hay que empezar por luchar por la democracia mediante formas democráticas de lucha, éstas son las razones por las que nosotros no estamos en esa lista, porque estas comisiones dictaminadoras se van a integrar de manera diferente a como se integro la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, ¿por qué?, ¿por qué el Partido Revolucionario Institucional aceptó una diferencia de tres diputados en la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara, pero no la admite en las demás comisiones? ¿Acaso son más importantes las demás? No; ¿acaso es más importante la de Gobernación, que tradicionalmente se ha considerado la más importante comisión de la Cámara? Porque entonces no hubiera estado la oposición si no cede el Partido Revolucionario Institucional.

Y querían dictaminar ahí lo que finalmente no hicieron, por cierto: la cuestión de la elección presidencial, y después de aprobado el documento priísta sobre la calificación de las elecciones de Presidente, entonces se engalla el Partido Revolucionario Institucional, el grupo oficialista se endurece, entonces, ya nada va a ser igual, ahora van a ver, o vamos a ver cuál es el comportamiento del grupo oficialista en una Cámara en la que han llegado a tener 263 diputados mediante los procedimientos que ya conocemos.

No podemos admitir eso, no lo podemos admitir sencillamente. Sencillamente empezaríamos así una legislatura sin perspectiva ninguna. Cuando el Partido Revolucionario Institucional tiene el 25% en la capital, y la presidencia de la Comisión del Distrito Federal, ¿cómo explicar esto?

Cuando una alianza opositora, el Frente Democrático Nacional obtuvo en la elección del candidato a Presidente cerca de la mitad de los votos depositados el 6 de julio en la capital del país, ¿cómo admitir esto?, ¿por qué las presidencias tienen que ser del partido oficial si en ningún parlamento del mundo, el grupo mayoritario tiene todas las presidencias?; ahora dan cuatro o cinco presidencias, de las comisiones menos importantes, aunque una de ellas es importante ciertamente, ¿por qué?

Yo dije aquí en esta tribuna en una ocasión, que la oposición debería también tener presidencias de comisiones dictaminadoras; inmediatamente hubo una respuesta desfavorable. Y algunos diputados del Partido Revolucionario Institucional consideran que haber cedido la presidencia de la Comisión de Pesca, Artesanías, Fomento Cooperativo, Comité de Bibliotecas, es concederle demasiado a la oposición. No pedíamos concesiones; no pedimos concesiones.

Ninguna concesión; la más mínima concesión, no es eso. Pedimos el funcionamiento elementalmente democrático de la Cámara; superficialmente democrático. ¿Ni ese paso podemos dar?

Con la propuesta de la Gran Comisión y en relación con la composición actual de la Cámara, se está dando un paso atrás, no es un paso adelante, quizá sean varios pasos atrás. Y en relación como se integraron las comisiones dictaminadoras del Colegio y como se integró la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, es un paso atrás; ¿por qué aceptar el paso atrás?, ¿por qué tenemos en este momento que aceptar pasos atrás?

Vamos adelante. Si no se ha de legislar, que esa actividad de no legislar la haga el Partido Revolucionario Institucional; que se quede con su no legislación; que se quede con su función de convalidación de lo que diga el Presidente; nosotros no venimos a convalidar al poder, venimos a representar al pueblo y así seguiremos en rola, activamente, responsablemente en esta Cámara de Diputados, donde no hemos venido por nosotros mismos, sino que hemos sido enviados, y eso, señoras y señores, nos honra; profundamente. Gracias.

El C. Presidente: - Para no incurrir en errores que pudiera dañar a los oradores inscritos en pro y en contra y a los diversos grupos parlamentarios, la presidencia informa del orden de los oradores:

Habló Pablo Gómez en contra; están inscritos Dionisio Pérez Jacóme, en pro; Manuel Marcué Pardiñas, en contra; Jaime Almazán Delgado, en pro; Leonel Godoy, en contra; Mario Ruíz de Chávez, en pro; Israel Galán Baños, en contra; Artemio Iglesias Miramontes, en pro; Juan Guerra, en contra; Napoleón Cantú Serna, en pro; Rosalío Wences Reza, en contra; Fernando Córdoba Lobo, en pro; Jesús Ortega, en contra; Martha García Rivas, en pro; Mario Rojas, en contra; María Elena Chapa, en pro; Carlos Navarrete, en contra; Eleazar Ruíz Cerda, en pro; Amalia García, en contra Yolanda García Treviño, en pro; Ciro Mayén Mayén, en contra; Benjamín Clarión, en pro; Antonio Ríos, en contra; Guadalupe Gómez Maganda, en pro; Gerardo Ávalos, en contra; Sara Estela Velázquez, en pro; Patricia Olamendi, en contra; David Miranda, en pro; José Enrique Rosado, en contra; Jorge Federico Shiaffino, en pro; Demetrio Sodi, Rosario Guerra, Sofía Valencia, Augusto Ponce Coronado, Eloy García y Sami David, en pro.

Tiene la palabra, en pro, Dionisio Pérez Jácome.

El C. Dionisio E. Pérez Jácome: -Señor presidente de la honorable Cámara de Diputados; compañeros diputados: Inicialmente una aclaración a la inquietud que se manifestó por un señor diputado de Acción Nacional.

Efectivamente, hay algunas omisiones en la lista que se proporcionó. Se me ha proporcionado, se me ha dado ya la relación correspondiente a los casos que se comentaron y muy brevemente me refiero a ellos.

En fomento cooperativo sí queda incluido el señor diputado Rigoberto López; en Justicia, que sería el caso del señor diputado Sergio Rueda, él se encuentra, en términos del impedimento del artículo 84 del reglamento, designado como secretario por este primer período de sesiones de la Cámara, podrá asumir su función si lo ratifica así el pleno de esta Cámara una vez concluida esta tarea y, por tanto podrá incorporarse a la Comisión de Justicia.

En el caso de la Comisión de Reforma sí queda incluido el compañero Luna Mijares; en el de la Comisión de Pesca Ambrosio Montellano; en la Comisión del Distrito Federal, Fernando Antonio Lozano y en la Comisión de Seguridad Social, Gregorio Curiel Díaz. Aunque la exposición del señor diputado Gómez fue bordando diversos temas a los que debo referirme o intentar referirme a todos y cada uno de ellos, cuando menos lo intentaré hacer en el orden al que él fue el siguiente o en el que intentó ir presentado sus ideas sobre la materia.

En primer lugar, y por lo que hace al hecho de que no se hubiese designado todavía la Comisión Jurisdiccional, debe aclararse que si bien la ley hace a su vez referencia a la ley de la materia y por tanto no habría impedimento para que a propuesta de la Gran Comisión pudiera esta Cámara de Diputados conocer y resolver sobre una proposición para la Comisión Jurisdiccional, esta es por mandato expreso del artículo 52 de la ley Orgánica del Congreso de la Unión, una comisión que se constituye con carácter transitorio y que por tanto funciona en los términos constitucionales y legales y cuando así lo acuerde la Cámara, conocerá específicamente de los hechos que haya motivado su integración.

En cambio, las comisiones de Dictamen Legislativo y la de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, en términos también expresos del precepto 51 de la ley Orgánica del Congreso de la Unión, se constituyen con carácter definitivo y funcionan para toda una legislatura; es por ello que a estas comisiones fue a las que específicamente hace referencia la propuesta de la Gran Comisión.

El señor diputado Gómez nos hablaba, nos hacía una larga exposición sobre la necesidad de introducir un principio tan democrático, tan importante, tan actual en la vida parlamentaria de

México, como es la pluralidad en la integración de las comisiones.

En efecto, y apegándose expresamente a lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, la Gran Comisión a la que le corresponde la propuesta de las comisiones, ha presentado una lista en la que ha intentado se encuentre representados los diferentes grupos parlamentarios.

Las diferentes de las distintas relaciones de diputados propuestos para las comisiones obedecen al intento de que se aporte a ese trabajo de comisión la experiencia, la capacidad, la inteligencia, el entusiasmo de los señores diputados de todos los partidos.

Si una fracción parlamentaria por importante que sea no desea participar o no acepta una invitación formulada expresamente, un intento, inclusive reiterado, de que pudiera incorporarse a estas comisiones, es una decisión muy personal, muy respetable, legítima, pero que de ninguna manera va retardar ni la integración de las comisiones ni el trabajo que a ellas les corresponde.

Aparte o independientemente de ello, baste con recordar lo que el artículo 92 del reglamento interior de esta Cámara dispone. El artículo 92 textualmente expresa que: "Cualquier miembro de la Cámara puede asistir sin voto a las conferencias de las comisiones..." Esto es, puede tener voz y exponer libremente en ellas su parecer sobre los asuntos en estudio.

Si en definitiva es al pleno de la Cámara, a la asamblea, a la Cámara como ahora, como en este momento se encuentra funcionando, a la que corresponde la decisión a través del voto de todos los señores diputados, no veo esa objeción en la preocupación tan grande que manifestó el señor diputado Gómez por el que se viese excluido, aun cuando fuese voluntariamente él y su fracción parlamentaria, de los trabajos de las comisiones. A ellas son, ni siquiera diría bienvenidos, son aceptados en términos de lo dispuesto por este artículo del reglamento y como tal, en ellas pueden y deben, seguramente exponer sus preocupaciones y sus planteamientos sobre la materia.

Lo que sí rechazo enérgicamente, es el que haya pretendido donde esta alta tribuna, el señor diputado Gómez, atribuir al Partido Revolucionario Institucional, la compra de diputados. Si no compramos votos, si no recurrimos a ese procedimiento menos aún pretenderemos pisotear la dignidad, el valor, la honestidad de uno más de nuestros pares, como sin todos y cada uno de los quinientos diputados que componen esta Cámara.

Si él, si su fracción o alguno de los integrantes de la Cámara lo piensa o lo pretende hacer así, merecería seguramente nuestra condena, No ha sido el caso del partido y si quienes en esta Cámara han cambiado de partido saliendo del Partido Revolucionario Institucional, esas actitudes para nosotros y particularmente para quien habla, merecen el más profundo de los respetos.

Siento que cualquiera otra aclaración sobre esta materia pudiera corresponder a otra tribuna, no a la más alta del país como se ha dicho y con mucho orgullo lo sustento también, en la que para atreverse a hacer una afirmación de esta naturaleza tendría que tenerse el valor también de probarlo.

Por otro lado, nuestro respetable compañero, el señor diputado Gómez, nos ha hecho referencia a que la Cámara dejó de funcionar tres días sin pedir para ello autorización al Congreso de la Unión. Aquí que revela es ignorancia de lo dispuesto expresamente en los artículos tanto de la ley como de nuestro reglamento.

Quiero hacer también en ello referencia expresa a lo dispuesto por el reglamento en materia de sesiones, cuando distingue con toda precisión las sesiones ordinarias, extraordinarias, públicas, secretas o permanentes.

Estamos en una sesión permanente con un propósito específico, que es el que precisamente nos congrega y al que estamos en este caso, dedicando nuestra atención.

La sesión permanente no se ha interrumpido como tal, no pudo celebrarse el martes por falta de quórum, hubo receso acordado para un proceso de concertación que en muchos casos se logró para la integración de las comisiones y no estamos en una sesión distinta, ni concluida la sesión que en su oportunidad fue convocada.

Sugiero al señor diputado que tome la molestia de consultar el reglamento, antes de una exposición de esa naturaleza, y particularmente los artículos 28, 41 y 42. Afirmó también que no se siguió para la integración, para la propuesta de integración de las comisiones los porcentajes observados, atendidos, sugeridos y respaldados para la integración de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Es evidentemente una materia diversa. Y si acaso el señor diputado Gómez podría tener razón, es en la preocupación que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional

tuvo y tendrá siempre por preservar el orden constitucional, nuestro sistema, la estructura y el funcionamiento de los poderes de la Unión. Como tal, nos preocupamos particularmente de que en este período de sesiones no fuese la Gran Comisión, como lo venía haciendo en anteriores legislaturas, la que se encargara de elaborar el dictamen para la calificación de la elección presidencial.

Se encomendó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, efectivamente, por primera vez. En ella se propuso la participación de los señores diputados, de los muy respetables partidos de oposición. Tuvimos la oportunidad de que en los trabajos de la comisión participarán, y si su ausencia de la discusión, del debate, sobre el proyecto de dictamen que presentó el partido se tomó, fue por una responsabilidad que sólo compete a los propios partidos, que lamentó en su oportunidad el Partido Revolucionario Institucional, pero que indudablemente no es responsable de ella.

Por otra parte, y esto no desconoce con su amplia ilustración el señor diputado Gómez, en muchos otros sistemas parlamentarios del mundo existe, inclusive la práctica de encomendar la dirección, la presidencia, la responsabilidad de todas y cada una de las comisiones de dictamen legislativo, al partido que detenta la mayoría.

En este caso, hay una apertura, una apertura plural, democrática, que responde al intento que el Partido Revolucionario Institucional sigue sustentando de dar oportunidad a todos los partidos de responsabilizarse con nuestra fracción en los importantes trabajos que deberán corresponder a esta legislatura.

Tiene razón, sí, el señor diputado Gómez, en que quizá la cara del partido Revolucionario Institucional ha cambiado. Señor diputado, quizá en efecto ya no habrá silencio ante todas las afirmaciones, calumnias, insultos, provocaciones que se nos haga. ¡Habrá respuesta, señor diputado Gómez! ¡Habrá respuesta, con todo el respeto que nos merecen todos los partidos que con nosotros concurren en la responsabilidad, en la enorme responsabilidad histórica que a todos, en este caso, se nos ha dado!

Por eso usted seguramente se ha extrañado de que frente a un monopolio de la tribuna, que pudo haber en días pasados, haya ahora siempre la voluntad, la petición expresa de un diputado del Partido Revolucionario Institucional de dar respuesta, con su capacidad política, con la ideología de su partido y con su valor personal y parlamentario a cualquier afirmación temeraria que se pretenda hacer.

Por último, señor diputado, habla usted de democracia, la sustenta, la mantiene, la maneja pródigamente; no se le olvide, señor diputado Gómez, que uno de los principios elementales de la democracia, es que en todos los sistemas democráticos, las mayorías deciden. Y en este caso, 263 ó 400 si somos en un momento, en toda forma constituimos, señor diputado Gómez, la mayoría en esta diputación. Muchas gracias.

El C. Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Señor presidente, le solicito que para no tener que responder para alusiones, la secretaría nos ilustre con la lectura del artículo 68 de la Constitución.

El C. Presidente: - A petición del diputado Pablo Gómez, quien aclara que para no tener que responder a alusiones personales, solicita que la secretaría dé lectura al artículo 68 constitucional.

La C. Prosecretaria María Claudia Esqueda Llanes: -"Artículo 68. Las dos cámaras residirán en un mismo lugar, y no podrán trasladarse a otro sin que antes convenga en la traslación y el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para la reunión de ambas; pero sin conviniendo las dos en la traslación difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, el Ejecutivo terminará la diferencia eligiendo uno de los dos extremos en cuestión.

Ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días sin consentimiento de la otra".

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Crescencio Morales.

El C. Crescencio Morales Orozco: - Señor presidente; honorable asamblea; señoras y señores: Es evidente que el trabajo legislativo de ninguna manera puede ser separado del marco jurídico y también del marco político; para la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista, hay dos cuestiones que deben ser examinadas en esta sesión de la Cámara de Diputados, porque de otra manera estaríamos dando la espalda al pueblo que al fin y al cabo es el que hizo posible nuestra presencia en este recinto legislativo.

La primera es una cuestión de fondo, la que señala el artículo 53 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, este precepto de una ley secundaria, establece que las comisiones ordinarias deben ser integradas en la primera quincena del mes de septiembre. Este acto está fuera de la ley y lo condenamos.

El otro aspecto es el aspecto de forma. ¿Por qué si la fracción mayoritaria integrada por los diputados del Partido Revolucionario Institucional reconocen la pluralidad de la misma. por qué necesariamente las presidencias de las comisiones deben ser presididas por diputados del Partido Revolucionario Institucional? Esta es una cuestión que deben ser motivo de un profundo análisis en esta asamblea.

Nos llama la atención una cuestión de carácter político que se suscitó el día de ayer en la ciudad de Querétaro; más de 60 mil maestros congregados en aquella ciudad para conmemorar un aniversario más de vanguardia revolucionaria del magisterio, se congregaron para recibir al Presidente de la República y ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que abuchearon al Presidente porque no han sido atendidas sus demandas. Esta es una cuestión de carácter político que no podemos soslayar en este momento.

Si la situación en que han sido integradas las comisiones ordinarias obedece a la prepotencia de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, si la integración de las comisiones obedece a la actitud ciega de la mayoría están indirectamente contribuyendo a cuestiones explosivas que mañana o pasado se pueden dar; esta cuestión nos sirve a nosotros para hacer un llamado más a los diputados representantes del movimiento obrero, a los diputados representantes de los campesinos, a los diputados representantes de los jóvenes, a que actuemos en consecuencia, de acuerdo con el momento histórico que vive el país.

No obstante esta circunstancia, compañeras y compañeros, el Partido Popular Socialista participará en las comisiones llamando al patriotismo a los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, para que se examinen los graves problemas nacionales que ustedes y nosotros seguramente vamos a enfrentar próximamente. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, cinco minutos, el diputado Francisco Melo Torres.

El C. Francisco Melo Torres: - Señor presidente; señores diputados: Quiero, en primer lugar, dejar la expresión de mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, como parte del Frente Democrático Nacional que avalamos en los conceptos que el diputado Pablo Gómez expuso su tesis y la avalamos porque tienen razón y la avalamos porque no solamente es la razón la que lo determina el exponer y tomar esta tribuna, sino porque lo dijo con claridad. Es el pueblo el que nos manda y en las comisiones se van a representar los derechos de un pueblo que nos dio este lugar.

Con todo respeto al Compañero Pérez Jácome, usted dijo, y en honor a eso que siempre pedimos: debate de altura, compañero Pérez Jácome, me voy a referir a tres cosas: la primera donde usted habla de un respeto a la democracia y a la pluralidad con que se integraron las comisiones.

La vieja experiencia en el trabajo de la docencia me ha enseñado que para integrar los equipos, que para deslindar responsabilidades, que para hacer un trabajo cuando hay diferentes caracteres dentro del profesionalismo mismo, se hace por oposición y por oposición, a veces, entran nuestros niños a la escuela y por oposición, a veces también ocupamos un lugar en el banquillo o en el aula.

Yo soy profesionista de la educación, quedé exactamente en una comisión, pero no tengo el honor ni se me invitó siquiera, entre comillas, por el pluralismo del compañero y respeto a la democracia en esta Cámara, para que me dijeran siquiera si yo quería formar parte de ella y en qué posición.

Yo quiero ser de los primeros, invito a los que quieran a que vayamos a eso. México requiere de la mejor participación de sus hombres, no del dedazo, no del señalamiento; mientras eso sea aquí no estaremos de acuerdo. (Aplausos.)

Segundo, señor diputado Pérez Jácome: Usted habló que rechazaba enérgicamente la actitud que mi compañero Pablo Gómez manejaba en la compra de diputados. Yo no puedo decir si usted tiene la razón, lo único que sí conocemos para el pueblo de México, y lo conocemos por la vieja trayectoria de los viejos métodos de ustedes, que para ganar una elección en un distrito compran la conciencia de los hombres dándoles cal, cemento, varilla, maíz, por ignorancia y por el hambre de México. Si allá afuera lo hacen, ustedes han comprado diputados, si no, pregúntele a Miranda Polanco. (Aplausos.)

¿Y qué siguen haciendo? Es honesto, yo lo he dicho y alabo a los hombres, a los hombres de altura que estando en las mejores condiciones para su poder personal, bajan del Partido Revolucionario Institucional a luchar con los de abajo. Eso es honesto, pero es deshonesto y lleno de vergüenza para los que se van de abajo a las migajas del Partido Revolucionario Institucional, como Miranda, Miranda Polanco, y desde aquí invito a que deje de seguir cuestionando e invitando a mis compañeros de la fracción parmista. No claudicaremos, y guárdate tus mercancías.

Y tercero, para concluir, reflexionen, compañeros del Partido Revolucionario Institucional, reflexionen. ¿Cómo es posible que a Miranda Polanco lo llenan de comisiones: Energéticos, Hacienda y Crédito Público, Programación y Presupuesto, y muchos de ustedes lo estuvieron recriminando, se quedaron sin nada. ¿Por qué? Reflexionen por favor. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hablar en contra, el ciudadano diputado Manuel Marcué Pardiñas.

El C. Manuel Marcué Pardiñas: - Son unos segundos los que voy a hablar. El señor diputado Pablo Gómez, me dejó sin tema. Pero de todas maneras tocaré algunas cosas.

En primer lugar, le quiero decir al señor Jácome, no con respeto, sino con mi desprecio, que miente.

Dice el señor diputado Jácome que en las comisiones que se forman, los señores del Partido Revolucionario Institucional, han sido respetuosos y que los diputados tienen derecho a participar, sin votar pero tienen derecho a participar. ¡Miente!, en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a varios diputados de la oposición se le prohibió participar. Por eso mi desprecio; por la mentira. Al señor Pliego y algún otro compañero por ahí que no recuerdo su nombre, también miente cuando dice que no han sido comprados los señores diputados; para ellos no mi desprecio, mi conmiseración.

(Desde una curul): -¿Y la camioneta?

Quiero aclarar, porque el que calla otorga, y aquí hay gente que lo sabe, que la camioneta no me la regalaron; que la camioneta me la prestaron para mi uso en calidad de consejero del Presidente de la República, y que la regresaré, y nunca recibí canonjías ni raterías.

También miente el diputado Jácome, cuando dice que el Partido Revolucionario Institucional ha ganado por mayoría y que no compra a los hombres. ¿No es traficar con el hambre del pueblo, con su dignidad, llevar a las manifestaciones a que iba su candidato ahora Presidente electo por la mayoría fraudulenta, pagarle la asistencia a los mexicanos por el hambre que tienen de recibir algún centavo para llevar de comer a sus casas? Eso lo sabe todo México.

Señores, como el diputado Pablo Gómez me dejó sin tema, nada más me referiré, no sé cómo llamarle, a la forma en que el Partido Revolucionario Institucional formó sus comisiones. Les voy a poner dos o tres ejemplos nada más y con respeto para la gente que forman o que son presidentes de esas comisiones, es posible que los señores del Partido Revolucionario Institucional hayan hecho a un lado al señor López Tarso, que ha entregado toda una vida a ser un gran artista y que no lo hayan puesto como presidente de la Comisión; que hayan puesto al diputado Galindo Musa, que no sabe nada de eso, Esto está mal, señores, por no decir otra cosa.

Yo sé que aquí hay gente que ha estudiado, que sabe y que está bien en las comisiones; no podría decir nada de la Comisión de Estilo, han puesto a gente que sabe, como es el poeta Henestrosa; también en la Comisión Electoral. Pero hay otras comisiones, para que vean cómo trafican con eso, señores del Partido Revolucionario Institucional, que los presidentes, y no los voy a nombrar porque me da vergüenza lastimarlos, no merecen las presidencias. Dentro del Partido Revolucionario Institucional, aquí hay gente capaz que podría brillantemente integrar la presidencia de la comisión.

¿Para qué se integran las comisiones?, ¿Cuándo se escogen? Yo recuerdo desde que era niño, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, la escuela profesional, que cuando la gente formaba una comisión para alguna tarea decían vamos a escoger a los mejores alumnos, vamos a escoger a los más destacados, a los más inteligentes, a los más honrados que pongan ejemplo de todo eso.

Ahora de viejo veo que ustedes no están obrando así, tal vez obren así por el interés.

No quiero arrasar con toda las comisiones porque hay presidentes que sí merecen, algunos están en ellas, sí merecen estar en ellas, pero la mayoría no, señores. Señores del Partido Revolucionario Institucional, 12 meses dure recorriendo mi país con mi candidato, 12 meses de ir de ranchería en ranchería, de ejido en ejido, de municipio en municipio a las capitales de los estados, y 12 meses de oír la problemática de los campesinos, de los obreros, de las clases medias, de los intelectuales, este México está cambiando, el pueblo quiere otro México, el pueblo les dice a los señores del Partido Revolucionario Institucional, que olviden los viejos métodos que impusieron los hombres del Partido Revolucionario Institucional deleznables y bribones que saquearon a este país y que como dije hace días, teniendo todos los recursos los dilapidaron y todavía ahora quieren seguir imponiendo la misma política.

Eso no se vale, tratar así a un pueblo como el mexicano, que sufre, que tiene hambre, que le cuesta trabajo, no es correcto, señores del Partido

Revolucionario Institucional, dense cuenta que si no cambian ustedes van a ser responsables y esta legislatura en lo particular, de llevar a este pueblo, a ensangrentar a este pueblo, el pueblo está irritado, el pueblo está enojado por la conducta que los gobernantes del Partido Revolucionario Institucional durante los últimos 50 años han tenido para con él.

Señores del Partido Revolucionario Institucional, reflexionen, reflexionen yo les pido como mexicano, con sencillez y con respeto, que reflexionen, queremos democracia y aunque nos cueste la vida lo vamos a lograr.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Jaime Almazán Delgado.

El C. Jaime Almazán Delgado: - Señor presidente; señoras y señores diputados: Voy a tratar de ser todavía más breve que el señor diputado Manuel Marcué Pardiñas.

Dice el señor diputado Marcué Pardiñas, que Pérez Jácome miente. Yo quiero decirle que en su caso, no es Pérez Jácome quien miente, sino es el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, porque efectivamente en el artículo 92 dice:

"Cualquier miembro de la Cámara puede asistir sin voto a las conferencias de las comisiones, con excepción de las secciones del gran jurado y exponer libremente en ellas su parecer sobre el asunto en estudio". De tal manera que todos los diputados de esta Cámara, pueden participar en los trabajos de comisiones.

El otro que trató, el de la camioneta, no lo rebato por no ser tema del debate.

Pero en tercer lugar, habló de la forma en que se integran las comisiones. Dijo que López Tarzo debería ser el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; que entonces por qué Galindo Musa, aparece como presidente de esta comisión, propuesto por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por la Gran Comisión, perdón.

La situación es la siguiente: En la LII Legislatura, ya había participado Galindo Musa aportando luces y experiencias técnicas sobre estas materias de comunicación masiva.

Debo de decir a ustedes también que el artículo 82 del reglamento, determina que cuando algún diputado tiene algún interés personal o directo en los trabajos de las comisiones, pueden abstenerse para no comprometer de ninguna manera en parcialidad, los trabajos de la propia comisión.

Por último, dijo el señor diputado Marcué Pardiñas, que el diputado Pablo Gómez le había dejado sin tema, efectivamente, creo que Pablo Gómez fue profundo, fue amplio, en una función, en una tarea fundamental que le asiste a esta Cámara y que nada menos, la tarea de legislar.

Dijo Pablo Gómez que la Cámara legisla desde hace varias décadas por excepción y sólo con valida iniciativas del Ejecutivo. Para él, y creo que es el mismo sentimiento y la misma forma de pensar que asiste a la totalidad de los miembros de esta Cámara, esta función primordial es tan importante que nos permite conocer la historia y la problemática general de nuestra patria: entender y comprender a las grandes mayorías.

Yo estoy de acuerdo con Pablo Gómez en lo particular de que esta tarea es fundamental para la Cámara, y pienso que si él dice que la oposición está lista para la lucha, yo le digo que el Partido Revolucionario Institucional, siempre ha estado actuante y está en pie de lucha atento al cambio y a la modernización de la sociedad, para otorgar los mínimos de bienestar que requiere.

Legislar plurinominalmente ya lo hemos visto en varios congresos estatales, aquí con nosotros están compañeros diputados del Partido Acción Nacional, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y del Partido Popular Socialista, que trabajaron en diferentes legislaturas del Congreso local del estado de México, y bien saben, que fuera de las iniciativa que el ejecutivo del estado enviaba, en el estado de México se legisló originalmente con iniciativas propias, en leyes de asentamientos humanos, de transportes, de responsabilidades a servidores públicos.

Yo quiero terminar diciendo a ustedes que debemos de aprobar la proposición que se hace para la integración de comisiones, porque independientemente de las divisas políticas que cada una de las fracciones parlamentarias tenemos, es necesario que busquemos de inmediato en esa tarea fundamental a la que se refiere Pablo Gómez, una nueva forma de legislar leyes y reformas que sirvan verdaderamente al futuro de nuestra patria y al bienestar de la sociedad que nos los está impetrando.

Por esa razón, les pido a ustedes que se apruebe la propuesta que nos ha enviado y ha puesto a consideración de esta asamblea, la Gran Comisión. Muchas Gracias, señores.

El C. Jorge del Rincón Bernal (desde su curul): - Pido la palabra.

El C. Presidente: - ¿Su nombre, diputado?

El C. Jorge del Rincón Bernal (desde su curul): - Jorge del Rincón.

El C. Presidente: - El diputado Jorge del Rincón, para hechos, cinco minutos.

El C. Jorge del Rincón Bernal: Señor presidente; compañeros diputados: En primer término, quiero solidarizarme con las palabras dichas en esta tribuna por el compañero Pablo Gómez; prácticamente las suscribo íntegramente.

Aquí se ha dicho en dos ocasiones, por los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, que me antecedieron en la palabra, y se ha invocado el reglamento como pretexto para el hecho de que se ha diferido ya en tres ocasiones esta sesión que hasta hoy se está celebrando. El reglamento no establece de ninguna manera que con un desprecio absoluto a la dignidad de todos los diputados, se difieran indefinidamente estas sesiones, no obstante que significa una pérdida increíble de tiempo. Si no respetan nuestra dignidad, por lo menos respeten nuestro tiempo.

No tiene caso que vengamos, los que vivimos fuera, a estar esperando a que ellos se hagan "garras" allá en las sesiones, porque no es cierto que hay concertaciones, en esta última semana únicamente fue una lucha interna de los mismos miembros del partido oficial, en la cual no intervenían los compañeros de las fracciones parlamentarias de oposición.

También se acaba de mencionar aquí que en los congresos de los estados, se ha ejercido una verdadera función legislativa; por lo que se refiere a Sinaloa me consta, porque acabo de estar en la Cámara local de que jamás se presentó una iniciativa de ley de parte del partido oficial. Y quienes presentamos iniciativa de ley, la fracción de la izquierda y la fracción de Acción Nacional, tuvieron el mismo destino de siempre; se congelaron en los archivos del recinto legislativo.

No podemos negar lo que dijo Pablo Gómez de que el Poder Legislativo ha aplicado en forma vergonzante su función de legislar y no ha sido más que un lacayo del Poder Ejecutivo que le ha aprobado todas las iniciativas de ley en los últimos 50 años.

Para terminar, yo sí quisiera que se tomara muy en cuenta el respeto del tiempo de los diputados, invocar el reglamento para diferir indefinidamente las sesiones, no es justo. Porque no se pierde una hora, se pierden 500 horas por una hora que se difiera una sesión, somos 500 diputados, y si se difiere un día, pues ustedes saquen sus cuentas y verán que no se tiene ningún derecho el estar despreciando la dignidad y el tiempo de todos los compañeros. muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hablar en contra, el diputado Leonel Godoy.

El C. Leonel Godoy Rangel: - Señor presidente: Antes de iniciar mi intervención desearía, que ojalá en el transcurso de la misma, nos pudiera hacer llegar la versión estenográfica del 8 de septiembre, de la quinta sesión que realizó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, espero sea tan amable.

El C. Presidente: - Se ordena a la Oficialía Mayor que proporcione al diputado Godoy los documentos que ha solicitado a la brevedad que sea posible.

El C. Leonel Godoy Rangel: - Si no llegara en el tiempo del término de mi intervención, desearía, señor presidente, que una vez que la tenga aquí nos permita darle lectura junto con alguno de sus secretarios, por favor.

Honorable asamblea: El artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso General, señala: "Las comisiones ordinarias se integran por regla general con 17 diputados electos por el pleno de la Cámara a propuesta de la Gran Comisión, procurando que en ella se encuentren representados los diferentes grupos parlamentarios.

Los diputados podrán formar parte de un máximo de tres comisiones ordinarias".

El hecho de que aquí se dijo, me parece grave, que sólo consideró la Gran Comisión, esperamos que el debate siga abriéndose sobre lo mismo, que la Gran Comisión consideró que las comisiones y comités deberían integrarse conforme a una representación surgida de la elección de diputados de mayoría relativa, resulta totalmente violatorio de este artículo 55 en cuento a la igualdad de derechos y obligaciones que todos los diputados tienen al interior de esta honorable asamblea.

Insisto, esperemos que haya más aclaración al respecto, porque fue muy vaga la referencia para que lo afirmen o lo rectifiquen si es cierto que esta proporcionalidad se estableció en base a la supuesta distribución de diputados de mayoría relativa que tenemos en esta honorable Cámara de Diputados.

La realidad es que esta Cámara está integrada por 500 diputados federales que tienen representación popular y representan los interese del pueblo;

eso es lo que señala la Constitución y el artículo 55 también es muy claro en ello. Aquí señala que debe procurarse que se encuentren representados los diferentes grupos parlamentarios; nosotros consideramos que la representación sólo puede ser en base a la proporcionalidad, la proporcionalidad es una manera de aceptar en los hechos la pluralidad nacional, no en los discursos ni simplemente en las intervenciones parlamentarias, es en los hechos.

Esta Cámara se encuentra representada ahorita en este momento por un 52% de diputados del Partido Revolucionario Institucional y un 48% de diputados de la oposición. Nosotros hemos exigido y seguiremos exigiendo y estamos por ello en ese orden proporcional para integrar las comisiones y comités; esto es en principio, los miembros de las comisiones y de los comités debería y debe de ser 52% para el partido oficial y 48% para la oposición conforme a la división interna o la distribución interna que decida la misma.

Igualmente así debería de distribuirse las presidencias de los órganos dictaminadores, aquí no es posible pensar, como ya nos lo hicieron, en el nombramiento que se hizo cuando se eligió la primera comisión dictaminadora para autocalificar las elecciones de presidentes que se dio la presentación proporcional en esta primera comisión dictaminadora, pero decidieron que todas las presidencias o todas las coordinaciones de las secciones que integraban esa comisión dictaminadora fuera dirigida por miembros del partido oficial.

Con esta propuesta priísta, ¿qué ocurrirá en las prácticas parlamentarias? Nosotros estamos seguros que será la misma de antes, el Partido Revolucionario Institucional imponiendo todo y la oposición sólo recibiendo supuestos favores, pírricos por cierto.

Estamos convencidos que esta práctica parlamentaria de imposición sólo nos llevará a tener, como ya tenemos, un presidente electo por los priístas, también tendremos leyes exclusivamente priístas.

La línea de la confrontación por medio de la imposición que los dinosaurios han estado buscando prevalezca en la actividad política y al interior de esta Cámara, es un camino equivocado, señores.

Por eso, señores diputados del Partido Revolucionario Institucional, si ustedes ya dejaron aquí una camarilla de duros, lograda en los colegios electores para calificar diputados y Presidente de la República, imponer el enfrentamiento como táctica principal, deberían de reflexionar que también en este momento, ya de práctica parlamentaria real, está prevaleciendo esta línea dura, fascista, reaccionaria, totalitaria y autoritaria.

Como siempre, los compañeros diputados priístas, que me han antecedido en la palabra, es más lo que dicen con lo que no dicen, porque ya lo hemos estado viendo constantemente.

La Ley sólo podrá ser interpretada a conveniencia del Partido Revolucionario Institucional, cómo es posible que aquí se hable de un artículo 68 constitucional, con una interpretación que en ese sentido, pues podemos tener una sesión permanente que rebase hasta incluso el término constitucional de nuestro período de función legislativa.

Por otra parte, el artículo 92 invocado aquí para que los compañeros del Partido Mexicano Socialista y demás diputados que no integraron o que no deseen integrar comisiones de esta manera antidemocrática, que se invoca que pueden acudir a la sesiones de las comisiones, estoy pidiendo precisamente por ello la versión estenográfica del 8 de septiembre de la sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde encontramos que ahí simplemente se decidió que este artículo no existía, ya estaba derogado, el artículo segundo de la Ley Orgánica General del Congreso lo había derogado, y que los compañeros que estaban ahí, diputados de oposición, que quería hacer uso de este derecho para hablar no lo podían hacer, y en la práctica así ocurrió, no se les permitió hablar, y esto hablando de la famosa sesión donde se hizo el dictamen de la elección presidencial, donde supuestamente se hizo el dictamen de la elección presidencial. En esa fecha fue cuando este artículo se declaró derogado o abrogado, o no sé, porque nada más dijeron que no existía.

¿Qué va a suceder?, ¿estaremos siempre interpretando la ley por votación mayoritaria?, ¿estaremos resolviendo aquí todo por votación mayoritaria? En ese sentido, esa interpretación de la democracia que nos han dado aquí, efectivamente podrían haber decidido tomar todas las comisiones y no el 90% como decía el compañero Pablo Gómez, sino el 100%; lo pueden decidir por votación mayoritaria.

¿Acaso es el espíritu de la democracia que nos habla el artículo tercero constitucional?, ¿ése será el espíritu democrático de nuestra nación, ese será el espíritu democrático que quiere México, que

quiere nuestro México, que votamos el 6 de julio por un cambio? ¿Qué va a ocurrir con todas estas decisiones ilegales, al margen de nuestra Constitución y de las leyes electorales, y de la propia Ley Orgánica y del reglamento?

Con estas prácticas parlamentarias antidemocráticas de imposición podemos llevar a esta Cámara, como ya lo han buscado, insisto, a esa camarilla usurpadora de la voluntad popular que ha prevalecido sobre criterios de lucidez de muchos priístas que están aquí, nos podrá llevar a situaciones impredecibles.

La propuesta priísta es ilegal, si no, basta leer el artículo 53 de la Ley Orgánica del Congreso General, ¿que día es hoy, y hasta qué fecha señala este artículo 53, si no dentro de la primera quincena del mes de septiembre que deben de nombrarse las comisiones ordinarias?

¿A dónde vamos a llegar con una propuesta ilegal? ¿Será con la interpretación de sesión permanente que está dando aquí?, qué grave va a ser eso. Por ello, porque es ilegal, pero además lo más grave, porque atenta contra la convivencia democrática, mi voto como miembro de la corriente democrática es en contra de tal propuesta, señores.

El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hablar en pro, el C. diputado Mario Ruíz de Chávez.

El C. Mario Ruíz de Chávez: - Con la venia de la presidencia; compañeros legisladores: Nuestro compañero Leonel Godoy ha traído nuevamente a esta tribuna un problema que se ha manejado cotidianamente desde que se instituyeron las comisiones para la auto calificación de esta Cámara de Diputados.

Tenemos una ley y tenemos un reglamento que aun cuando en su transitorio este último habla de su aplicabilidad, en cuanto no se oponga a las disposiciones de la Ley Orgánica. Y la mayoría escuchamos cómo el señor diputado José Luis Lamadrid, expresó un punto de vista que a mi juicio clarifica desde el punto de vista jurídico, la incompatibilidad de la prevalencia, la imposibilidad de la prevalencia, perdón, de una disposición reglamentaria sobre una disposición legal. y resulta que la ley en la jerarquía de las normas, tendría que prevalecer invariablemente sobre el reglamento. y todos conocemos la opinión de Lamadrid, en el sentido de que en materia orgánica de esta cámara debe prevalecer la disposición de la ley sobre la del reglamento.

Es importante la mención que aquí hizo nuestro compañero el diputado Almazán, en el sentido de que en las legislaturas de los estados hay algunas normas que pudieran acompañarlos en las propuestas legislaturas particularmente en esa Comisión de Reglamento y Práctica Parlamentaria, con objeto de que sigamos conduciendo nuestro trabajo por la vía del derecho.

Si éste es insuficiente, si éste es incongruente, trabajemos pues para presentar los diputados, señor diputado Pablo Gómez, las iniciativas que a nuestro juicio procedan.

El artículo 71 de la Constitución establece quienes tenemos derecho a presentar iniciativas, lo tiene el Presidente de la República, pero lo tenemos también los diputados y también los senadores y también las legislaturas de los estados.

Yo estoy de acuerdo en algunas de las consideraciones de principio de nuestro compañero Pablo Gómez hizo, sobre todo al iniciar su exposición; sentí que al pretender definir el alcance, el contenido de la tarea legislativa estaba asumiendo una posición positiva, propositiva con objeto de orientar, ¿por qué no?, el alcance de nuestra tarea legislativa.

Yo estoy seguro que ninguno de los diputados presentes en este salón venimos a calentar un asiento o a convalidar simplemente las iniciativas que envíe el Ejecutivo.

En la provincia, en los estados, en las legislaturas estatales tenemos grandes ejemplos de trabajo legislativo en conjunto por parte de todos los partidos políticos. Y aquí está Víctor Guerrero González, del Partido Acción Nacional; está Félix Mercado Téllez, del Partido Popular Socialista, que no me permitirán mentir. El trabajo en comisiones es lo que enaltece la tarea legislativa; es ahí donde debemos discutir nuestras propuestas, nuestras iniciativas en la medida en que hoy demos inicio ya al trabajo propiamente legislativo, a partir de la aprobación de las comisiones que habrá de recibir las iniciativas que seguramente se encuentran en cartera, iniciaremos el cumplimiento de la tarea a la que el pueblo nos envió a esta Cámara, a esta legislatura.

Ciertamente, no pudo llegarse a la aprobación de las comisiones de dictamen legislativo dentro de la primera quincena, porque hay un enriquecimiento de la práctica parlamentaria como ha sucedido invariablemente, cuando frente a las normas empiezan a crecer las cámaras, como afortunadamente es ésta con 500 miembros. Cuando nuestro reglamento vigente desde el año 1934 se refería a la posibilidad de participar sin voto pero con voz, las comisiones se integraban por tres legisladores; actualmente la Ley Orgánica

estatuye 17 y hemos visto hoy la propuesta de la Gran Comisión, con un número mucho mayor de legisladores.

Por eso, yo he venido a esta tribuna, con objeto de invitar a mis compañeros, independientemente de la corriente política a la que pertenezcamos, a que creemos una perspectiva positiva y luminosa en nuestro quehacer legislativo, a que no nos detengamos en ver lo que se haya hecho mal, sino con un carácter propositivo, venir a aportar qué es lo que queremos que suceda de aquí en adelante en esta legislatura que ha sido calificada con razón de una legislatura histórica, en la que se encuentra representado el pensamiento, todas las inquietudes y también los reclamos de nuestro pueblo.

Como mandatarios, al fin todos traemos un bagaje importante de compromisos con nuestra comunidad, una serie de requerimientos, de planteamientos y de exigencias de nuestros electores.

Yo tengo la plena seguridad de que habremos de responder todos y cada uno de nosotros, porque dentro de nuestros particulares horizontes, todas las corrientes políticas, estoy cierto, compartimos comunes perspectivas, todos buscamos la realización de la democracia, de la justicia social, porque también el bien común es una concepción de la justicia social.

Ya vendremos aquí a lo importante: a discutir sobre cuestiones ideológicas y programáticas, amparados por el amplio marco de una Constitución visionaria que resume en su letra y en su espíritu la lucha histórica de los mexicanos, yo creo que esto es lo trascendente y debemos integrar cuanto antes nuestras comisiones que han sido objeto de una madura reflexión basada en la especialidad de cada uno de nosotros y de nuestra modesta trayectoria, con objeto de que vengamos a portar nuestra verdad particular para conformar la verdad de nuestro tiempo.

Mi último voto en este día, compañeros diputados, es que esta nueva pluralidad política que vive nuestro país y nuestro pueblo con esperanza, sirva para clarificar la verdad de nuestro tiempo y también de nuestras prácticas parlamentarias para modificar, para mejorar nuestro sistema democrático; mi último voto pues, en este día, será que esta nueva pluralidad política sirva para avanzar y no para retroceder, ¡parlamentemos, pues! (Aplausos.)

El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hablar en contra, el ciudadano diputado Israel Galán Baños.

El C. Israel Galán Baños: - Señor presidente; compañeros diputados:

Aunque me ha tocado intervenir en una hora en que la mayor parte está ocupado en los haberes gastronómicos, voy a tratar de reflexionar sobre el punto que nos trae aquí a esta discusión.

Yo quisiera empezar por señalar que nuestras discusiones aquí en esta alta tribuna deberían partir más que de las suspicacias y las acusaciones mutuas, de los hechos como hoy se encuentra la República: el 6 de julio hubo un claro mandato popular, el pueblo de México reclamó un cambio que se tiene que convertir en una reforma de las relaciones entre la sociedad y el Estado, ése fue un mandato limpio, claro y ése sí inobjetable; por las características del mandato es que todos los legisladores aquí presentes debiéramos acogernos a él.

No cabe duda que este 6 de julio el pueblo de México decidió poner fin a una forma como las elecciones se habían llevado en la República desde 1929 hasta la fecha mencionada del 6 de julio amparado en los derechos que le concede el artículo 39 constitucional que dice que en todo momento el pueblo puede mudar de la forma de gobierno, es un derecho consagrado claramente, como aquí Ruíz de Chávez ha dicho, por esta visionaria Constitución; tal vez sea si no la única, una de las pocas constituciones que conserva en el mundo este mandato claro: en todo momento el pueblo puede darse la forma que así convenga a sus intereses.

Sirve de marco también esto, para aclarar, señores legisladores del Partido Revolucionario Institucional y de la oposición, el 6 de julio estuvo en juego ese mandato del 39 constitucional, una forma de gobierno caduca, periclitada, ha llegado a su fin, hay que mudar, hay que mudarse por mejorarse; no estamos ciertamente a estas alturas en una disputa; a lo que hay que ponerle un puente de oro, de plata o como quieran ustedes, es al tránsito entre esta forma de relaciones entre la sociedad y las instituciones que la gobiernan, entre la sociedad y el Estado, en esta forma de gobierno, a mi entender, es lo que ha estado en juego este 6 de julio con un claro mandato: ¡la forma de gobierno es una camisa de fuerza que aprisiona a la sociedad y ella se ha manifestado rechazando esa forma de gobierno!

No quiero traer aquí a colación, ni el debate no los hechos que aquí se suscitaron como consecuencia del 6 de julio; no voy a traer a colación ni la forma como se acomodó la mayoría, ni los hechos posteriores del Colegio Electoral de los diputados, ni la calificación de la elección presidencial; simplemente quiero llamar la atención de

lo que ha sido un claro mandato y de lo que ha estado en juego a partir del 6 de julio; nueva forma de gobierno, reforma a las instituciones que gobiernan a la sociedad, eso sí es claro, el juego, la disputa por el poder, no me parece que sea una situación que hoy está en juego, hoy, este tránsito hacia el futuro, hacia nuevas formas de relación de las clases, los grupos sociales y su representación política, requiere también que aquí no hay una interpretación dogmática de la ley, me da la impresión, es un sentir personal que yo tengo, que aquí nuestros doctos abogados han sido mas bien formados en esa teoría de las representaciones jurídicas de Hans Kelsen, y no en la teoría del Estado de Herman Heller.

En la primera, las formas jurídicas aprisionarían las formas sociales y serían por consecuencia inmodificables, la legalidad tiene que valer siempre y en toda circunstancia; en la segunda tesitura, o en la segunda lectura o interpretación, Herman Heller nos dice: "la norma se ajusta a los hechos sociales".

A mí me gustaría que quienes aquí reivindican el valor de la legalidad, se ajustaran a una interpretación más moderna y nueva, como corresponde a la situación que hoy vive el país y la sociedad en México, estamos hoy por definir las formas en que habremos de transitar al futuro, el alcance y el ámbito que las reformas de todo tipo, tal vez la reforma política, en primer lugar, y sus derivados electorales y de otro carácter sería las que tengan primacía y prioridad en esta discusión; tenemos nosotros como Poder Legislativo, que entender cuál es el alcance que se nos posibilita para realizar este tipo de reformas y cuál es el papel que el Poder Legislativo tiene que jugar en él.

Estamos convencidos, por consecuencia, de la vigencia del estado de derecho y de la constitucionalidad, y por eso es que los legisladores del Partido del Frente Cardenista, han decidido participar en las comisiones; para nosotros no está en juego esta situación, es vigente el estado de derecho y la constitucionalidad, lo que hace falta es reformar este tipo de estado de derecho, el alcance de la interpretación y de la vigente de la Constitución, para adecuarlo a las nuevas formas que hoy reclama el pueblo de México y que lo expresó claramente con su voto el 6 de julio.

De aquí derivamos también nosotros la importancia que tienen las comisiones, que son la forma orgánica que se da el Poder Legislativo para poder funcionar, creemos que es de la mayor importancia, como lo marca el artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso y el 89 del Reglamento Interior del mismo Congreso, y por ello nos damos cuenta, compañeros legisladores, que no existe en la integración de estas comisiones una adecuada proporcionalidad, por el peso de esa interpretación jurídica y legal que es una camisa de fuerza y que nos ha conducido a esta correlación de fuerzas, a esta integración de mayorías y minorías, es que debe respetarse esa misma proporcionalidad en la integración de las comisiones y en conformación del gobierno de las mismas; es decir, que no existe una adecuada conformación, en términos de las presidencias, de las secretarías y de las responsabilidades en general, dentro de las comisiones.

En efecto, nosotros creemos que existe una sobrerrepresentación, yo diría que incluso esa sobrerrepresentación es sospechosa, en algunos casos no puedo calificar la