Legislatura LIV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19881227 - Número de Diario 39
(L54A1P1oN039F19881227.xml)Núm. Diario:39ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Socorro Díaz Palacios
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Benjamín Martínez Martínez
Año I México, D.F., martes 27 de diciembre de 1988 No. 39
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría notifica que hay quórum
Apertura
Se abre la sesión
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura
ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR
Se dispensa su lectura y se defiere para el final de la sesión
DICTAMEN A DISCUSIÓN
CÓDIGO PENAL
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Se dispensa la segunda lectura.
A nombre de su fracción parlamentaria, el ciudadano Alejandro Castillo Saavedra propone una moción suspensiva a este dictamen. Es desechada la moción suspensiva.
La presidencia informa de los oradores inscritos.
Debaten sobre el tema los ciudadanos Hiram Escudero Alvarez, en contra; Jaime Almazán Delgado, a favor; Ernesto Aurelio Jiménez Mendoza, en contra y Carlos Javier Vega Memije, a favor.
Continúan con el debate los ciudadanos Crescencio Morales Orozco, en contra; Marco Antonio Rojas Flores, a favor; Leonel Godoy Rangel, en contra y José Trinidad Lanz Cárdenas, a favor.
Hacen uso de la palabra para el mismo tema los ciudadanos Pablo Ávalos Castro, en contra; Benigno Gil de los Santos, a favor; Fernando Palacios Vela, en contra y Graciela Patricia Gómez Rodríguez de Ibarra, a favor.
El ciudadano Luis Jacobo García manifiesta su inconformidad a esta
iniciativa, y el ciudadano César Humberto Vieyra Salgado, debate a favor de la misma.
A nombre de su partido, expone el ciudadano Federico Ruíz López, la negativa a esta iniciativa.
Debaten el dictamen los ciudadanos Fernando Córdova Lobo a favor; Luisa María Calderón Hinojosa, Alexandro Martínez Camberos y Pedro César Acosta Palomino en contra y Miguel Ángel Quiroz Pérez, a favor.
Hacen uso de la palabra los ciudadanos Oscar Mauro Ramírez Ayala, en contra y Napoleón Cantú Cerna, a favor de la iniciativa.
Para hechos exponen los ciudadanos Jaime Fernández Sánchez y Jaime Guillermo Aviña Zepeda, con punto de acuerdo.
Continúan con el debate los ciudadanos Rodolfo Duarte Rivas, a favor y Sergio Alfonso Rueda Montoya, en contra.
PARA HECHOS
Toma la palabra el ciudadano Luis Antonio Pérez Fraga, para hechos y para alusiones personales, los ciudadanos Rosalía Ramírez de Ortega y José Manuel Martínez Aguirre.
Para lo hechos, hacen uso de la palabra las ciudadanas Amalia Dolores García Medina y Guadalupe Gómez Maganda de Anaya.
En un solo acto se aprueban en lo general y en lo particular los artículos no impugnados del proyecto de decreto presentado.
La presidencia abre el registro de oradores para la discusión de los artículos impugnados.
Los ciudadanos Leopoldo Homero Salinas Gaytán, en contra y Miguel Montes García, en pro, debaten sobre el artículo 25 del artículo 1o. del proyecto de decreto que se presenta.
El ciudadano Gerardo de Jesús Arellano Aguilar presenta una modificación a los artículos 164, 164-bis y 213-bis del proyecto de decreto; el ciudadano Napoleón Cantú Cerna interviene para comentar su desacuerdo. Se desecha la propuesta.
Intervienen los ciudadanos Gaudencio vera, para abundar en relación al artículo 164, y por la comisión, Miguel Montes García explica que dicho artículo es correcto.
El ciudadano Ernesto Aurelio Jiménez Mendoza interviene sobre el mismo tema y el ciudadano Miguel Montes García, por la comisión, insiste para que el texto quede igual.
Debate el ciudadano Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza sobre los artículos 201, 205, 206, 271, 265, 266, 372, 315-bis, 366, 381 y el título del Capítulo Segundo, solicitando claridad y precisión en los mismos.
Interviene por parte de la comisión el ciudadano diputado Jaime Almazán Delgado, para aclarar los comentarios presentados sobre los artículos mencionados.
En su solo acto se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de este código. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Hace uso de la palabra el ciudadano Jorge Martínez y Almaraz para proponer un diálogo público, de cara al pueblo con todos los medios de comunicación.
LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICAS E HISTÓRICAS
El ciudadano Héctor Colio Galindo propone una iniciativa que reforma y adiciona esta ley. Se recibe. Se turna a la Comisión de Cultura.
ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL
El ciudadano Jorge del Rincón Bernal propone una adición al
artículo. Se recibe . Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal de 1989. Se dispensa la lectura.
PARA HECHOS
Interviene el ciudadano Abel Carlos Vicencio Tovar.
Para alusiones personales, el ciudadano Francisco Ortíz Mendoza hace uso de la palabra.
Continúan el debate los ciudadanos Abel Carlos Vicencio Tovar y Francisco Ortíz Mendoza.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de esta ley. Se dispensa la lectura.
La ciudadana presidenta abre el registro de oradores.
Hacen uso de la palabra en contra, los ciudadanos Juan Jaime Hernández y Jaime Guillermo Aviña Zepeda; en pro, el ciudadano Napoleón Cantú Cerna.
Para hablar en contra, continúan el debate los ciudadanos Luis Jacobo García, Celia Torres Chavarría, Federico Ruíz López y Fernando Palacios Vela.
Interviene el ciudadano Jaime Almazán Delgado, para hablar a favor del dictamen.
En un solo acto se aprueban en lo general y en lo particular los artículos no impugnados del proyecto de decreto.
La presidencia abre el registro de oradores para la discusión de los artículos impugnados.
Los ciudadanos Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, en contra y Napoleón Cantú Cerna, en pro, debaten sobre los artículos 83, 83-bis y 84 del proyecto de decreto.
Para hechos sobre el mismo tema, expone el ciudadano Horacio González de las Casas.
Para alusiones personales, hace uso de la palabra el ciudadano Américo Alejandro Ramírez Rodríguez.
El ciudadano Napoleón Cantú Cerna, por la comisión, interviene para hacer una aclaración sobre el artículo 67 del reglamento de esta ley a discusión.
Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de esta ley. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de esta ley. Se dispensa la lectura.
La presidencia abre el registro de oradores.
El ciudadano Hiram Escudero Alvarez propone una adición al artículo 291 de esta ley.
Por la Comisión de Justicia, el ciudadano Miguel Montes García hace sus comentarios sobre la adición al artículo 291. Se acepta la adición propuesta a este artículo.
Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de este código. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de esta ley. Se dispensa la lectura.
La presidencia abre el registro de oradores.
El ciudadano Rodolfo Duarte Rivas por parte de la Comisión de Justicia, explica las razones del dictamen de esta ley.
Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de este código. Pasa el Senado para sus efectos constitucionales.
CÓDIGO DE COMERCIO
De la Comisión de Comercio, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de esta ley. Se dispensa la lectura.
La presidencia abre el registro de oradores.
El ciudadano Heray Lescieur Molina debate y rechaza la propuesta de esta iniciativa.
Interviene el ciudadano Mario Ruíz de Chávez a favor del dictamen.
Hace uso de la palabra el ciudadano Jesús Antonio Carlos Hernández, en contra del dictamen.
Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de este código. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma al que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del gobierno de México, los convenios constitutivos de este Senado y del banco mencionado. Se dispensa la lectura.
La presidencia abre el registro de oradores.
El ciudadano Ernesto Rivera Herrera, a nombre del Partido Popular Socialista, vota en contra de este proyecto.
Debate el ciudadano Vicente Luis Coca Alvarez y argumenta a nombre de su partido el desacuerdo con esta iniciativa.
Interviene el ciudadano Valdemar Soto Jaimes, para profundizar los comentarios de esta iniciativa y solicitar su apoyo.
Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma al que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar en representación del gobierno de México, los convenios sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco internacional de Reconstrucción y Fomento. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Se da lectura al acta de la sesión anterior. Sin discusión, se aprueba.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DE LA CIUDADANA SOCORRO DÍAZ PALACIOS
(Asistencia de trescientos diecisiete ciudadanos diputados)
ASISTENCIA
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - Hay una asistencia que trescientos diez y siete ciudadanos diputados, hay quórum, señora presidenta.
APERTURA
La C. Presidenta (a las 10.30 horas): - Se abre la sesión.
El siguiente punto de la orden del día, es la lectura del acta de la sesión anterior.
Debido a la hora en que se terminó la sesión de ayer, consulte la secretaría a la asamblea si autoriza presentar al término de esta sesión, el acta de ayer.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario José Murat C.: -Se va a dar lectura al orden del día.
«Cámara de Diputados.- Primer Período Ordinario de Sesiones. - LIV Legislatura.
Orden del día
27 de diciembre de 1988.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictámenes a Discusión
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Procedimiento Penales para el Distrito Federal.
De la Comisión de Comercio, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma al que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar en representación del gobierno de México, los convenios constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La C. Presidenta: - Consulte la Secretaría a la asamblea lo que he indicado en relación al acta de la sesión de ayer.
El C. secretario José Murat C.: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que al final de la sesión se presente el acta de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano... Autorizado, ciudadana presidenta.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CÓDIGO PENAL
La C. Presidenta: - El siguiente punto de la orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario Sergio Alfonso Rueda Montoya: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Justicia.
Honorable asamblea: A la Comisión de Justicia que suscribe, le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa que propone diversas reformas
y adiciones a varias disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, presentada a esta honorable Cámara de Diputados por el ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Carlos Salinas de Gortari, que tiene fecha 14 de diciembre de 1988.
La comisión de justicia se abocó al estudio de esta iniciativa en sesiones celebradas los días 16, 17 y 18 del presente mes, en las que con responsable actitud de parte de los diputados que integran esta comisión y que militan en los diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara, se realizó el cuidadoso estudio, no sólo del Código Penal mencionado, sino también de las otras iniciativas vinculadas con esta materia y relativas a varias reformas y adiciones a los códigos Federal de Procedimientos Penales, de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Se celebró además, a solicitud de los integrantes de la comisión dictaminadora, una sesión de la misma el día 20 de los corrientes con los licenciados Luis Porte Petit, subprocurador general de la República, René González de la Vega, director general de Asuntos Jurídicos y Marco Antonio Díaz de León, director general de Control de Procesos, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Análisis general
Analizada la exposición de motivos que contiene la iniciativa, se advierte la preocupación del Ejecutivo por dar una respuesta positiva a las demandas que han sido motivadas por la alarma que surge en la población ante el incremento de las actividades delictivas.
Es insoslayable el fenómeno apuntado. Los reclamos que a través de diversos foros se han formulado para que se adopten medidas más eficaces tendientes a prever y sancionar en forma proporcional a la gravedad de las infracciones que lesionan varios bienes dignos de mayor protección, es algo que justifica la revisión emprendida a la política criminal del Estado, a fin de profundizar en las reformas.
La comisión que suscribe se da cuenta de que la criminalidad y los factores criminógenos que se presentan en la sociedad moderna y compleja, demandan las más variadas acciones que pudiesen contrarrestarlas. Hay determinantes de muy diversa naturaleza que requieren ser combatidas adecuadamente.
No son ajenas a la criminalidad las deficiencias de orden educativo y ético social que suelen presentarse en la esfera de lo familiar y de lo urbano. Tampoco son ajenos al incremento delictivo los problemas de orden económico y ocupacional, que se acentúan en las etapas de crisis. Es evidente que tales factores criminógenos han de ser anulados mediante los instrumentos sociales adecuados a su naturaleza, intensificando las campañas educativas y culturales, restaurando los principios más caros de la organización familiar y urbana, creando mayores oportunidades de capacitación y de trabajo.
La comisión es consciente de que las políticas señaladas han sido objeto de atención por nuestro régimen gubernamental y que los esfuerzos que se han hecho y se seguirán haciendo, favorecen condiciones sociales de marcada estabilidad y han tenido la virtud de mantener un clima de seguridad jurídica que de lo contrario, podría haber sufrido afectaciones de consecuencia inimaginables.
Aun así, no puede negarse que las demandas sociales a que antes nos hemos referido tienen justificación, pues constituyen llamadas de atención muy oportunas para que las conductas antisociales que a todos preocupan, no se multipliquen ni degeneren en prácticas que el día de mañana podrían escapar a todo control.
El derecho penal, como sistema preventivo y punitivo de conductas antisociales, es un instrumento jurídico de carácter prioritario que la sociedad emplea para su propia defensa y ordenación. No excluye, ni mucho menos, el uso adecuado de otras acciones gubernamentales tendientes a evitarlas. Sin embargo, confiar la acción correctiva a solamente una política que por su naturaleza difiere los resultados que se buscan, descuidando los deberes que en materia punitiva tiene el Estado, sería sumamente reprochable. La sanción penal es de características complejas. Debidamente administrada y apoyada en sistemas penitenciarios modernos para la reeducación y readaptación del delincuente, significa un medio insustituible capaz de reformar intelectual y culturalmente al infractor. Aparte esta función ha de admitirse que la pena, debido a su carácter aflictivo, tiene también como justificación su finalidad intimidatoria y ejemplificante. Si bien es cierto que nuestras leyes penales han repudiado las expresiones exacerbadas que otorgan a la pena un propósito retributivo, devolver mal por mal, no han soslayado su papel preventivo y admonitorio, puesto que se parte de la base de que la persona no desea ser objeto de persecución por los efectos necesarios deprimentes de la sanción criminal.
La justicia reclama cierta proporcionalidad entre la falta y el castigo, lo cual explica que todos los códigos penales ofrezcan una extensa graduación de sanciones, según la falta. La tipificación de un delito y su correspondiente pena constituyen, sin género de dudas, una advertencia que la sociedad formula para que el infractor potencial no lleve a cabo sus propósitos. El derecho penal, así considerado, no se dirige a los gobernados que en su gran mayoría se adhieren espontánea y rectamente al contenido valioso de los ordenamientos jurídicos que prohiben dañar al otro sin razón. El derecho penal contempla y trata de cancelar oportunamente las actitudes de quienes pasan por alto los fines sociales y de aquellos que sin estar persuadidos de la bondad de dichos fines o no importándoles su alta jerarquía, pudiesen atropellarlos. La importancia de esta argumentación se pone de relieve al considerar que hoy por hoy, ninguna sociedad pueden prescindir de la reglamentación criminal, pues es obvio que si se suspendiese, el delito proliferaría.
Aceptando con franqueza el papel amenazante o admonitorio de la pena, cabe considerar que cuando ésta pierde rigor por deficiente proporcionalidad, la revisión resulta necesaria, sobre todo en aquellos casos en que la gravedad de la conducta y su reiteración provoca la justa alarma de la sociedad.
De acuerdo con lo anterior, parece correcto el criterio de la iniciativa en el sentido de que es indispensable que los delitos graves no se minimicen por infundada benevolencia, disminuyendo la eficacia inhibitoria de la legislación criminal.
La comisión dictaminadora, de manera oficial hace notar a los altos servidores públicos de las procuradurías General de la República y General del Distrito Federal. que queda pendiente una reforma integral metódica y científica a la legislación penal mexicana, incluyendo aquellos ordenamientos que contienen disposiciones de carácter criminal y que permanecen desintegradas de los códigos básicos en una materia que reclama mayor unidad y sistematización.
Análisis particular
Ante la conveniencia de elevar la pena de prisión en delitos extremadamente reprochables, la comisión aprueba la modificación al artículo 25 del Código Penal para que en esos casos la privación de libertad pueda alcanzar el límite máximo de 50 años, pero sin afectar sustancialmente las facultades judiciales de individualización, dentro de los límites mínimo y máximo que en cada caso se presentan.
La pena de referencia podrá aplicarse al autor de un homicidio calificado, según la reforma propuesta el artículo 320. Se aplicará igualmente cuando el homicidio se cometa con motivo de actos contra la libertad sexual o contra el patrimonio de las personas. Esta misma sanción máxima de 50 años, se aplicará cuando el secuestrador prive de la vida al secuestrado (artículo 366).
La comisión estima que la elevación de la pena máxima a 50 años de prisión, manteniendo la mínima en 20 años en los casos indicados, merece aprobación. La autoridad judicial, tomando en cuenta las circunstancias especiales de cada caso y la peligrosidad del delincuente, podrá aplicar la sanción más allá de los 40 años del texto en vigor. El homicidio calificado como conducta deliberada tendiente a privar de la vida a otro en condiciones que prácticamente hacen imposible la defensa de la víctima, justifica la elevación de la pena.
Es igualmente justificable la reforma cuando el homicidio se comete a propósito de una violación o de un robo. Es sumamente grave que el delincuente llegue a los extremos de privar de la vida a su víctima, por el simple afán de satisfacer un apetito sexual o de apoderarse de una cosa ajena. No hay suficiente razón para que en tal supuesto el homicidio se considere como simple intencional, ya que el comportamiento indicado denota en el sujeto un llano desprecio por la vida humana, a tal grado de que la sacrifica para satisfacer sus instintos o su codicia. Tan censurable o más resulta el homicidio de la persona secuestra, como consumación de una actitud antijurídica de extremado peligro y alto significado antisocial.
La iniciativa propone que la pena actual para el delito de parricidio de 13 a 40 años de prisión, se eleva de 20 a 50 años. Sobre este particular, la comisión estima que la pena actual debe ser objeto de agravación en su máximo, puesto que la circunstancia de privarle la vida a un ascendiente, conociendo el agente tal circunstancia, lesiona caros valores familiares y sociales, ya que el parricidio causa indignación en consideración al respeto que deben motivar ciertos vínculos familiares, pero la comisión considera que las hipótesis para las cuales se ha elevado el mínimo de la pena a 20 años son más graves y más alarmantes, por su frecuencia, que el parricidio. Por este motivo se propone, en este caso, mantener el mínimo actual de la pena en 13 años de prisión, con el objeto de ampliar el margen dentro del cual el arbitrio judicial pueda individualizar la sanción. En consecuencia, el artículo quedará:
"Artículo 324. Al que comete el delito de parricidio se le aplicará de 13 a 50 años de prisión."
La iniciativa propone, según el artículo 315-bis, que se castigue como calificado el homicidio cuando éste se cometa en casa habitación a la cual se haya penetrado sin consentimiento o por engaño.
Aunque pudiera considerase demasiado rigurosa esta pena, ha de tomarse en cuenta que el allanamiento de una casa-habitación ya indica en forma elocuente conducta sumamente reprochable en el activo, de manera que el homicidio que en tales condiciones se realice, reclama, de parte de la sociedad, una sanción capaz de proteger la seguridad del hogar y la salvaguarda de la vida.
Para mayor claridad, la comisión propone que en el segundo párrafo de este artículo 315-bis, se recojan los elementos del delito de allanamiento de morada y quede redactado de la siguiente manera:
"También se aplicará la pena a que se refiere el artículo 320 de este código, cuando el homicidio se cometiera intencionalmente en casa-habitación, habiéndose penetrado en la misma de manera furtiva, con engaño o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para darlo."
No son objetables las reformas que se proponen elevando la pena al delito de asociación delictuosa, banda o pandilla, conceptos que aparecen mejor definido en la iniciativa.
Cuando los miembros de la asociación delictuosa son o fueron servidores públicos de alguna corporación policiaca, resulta conducente aumentar la pena en una mitad, en virtud de que el policía o ex policía, aprovechándose de la experiencia y conocimientos que tiene de las actividades criminales hace mal uso de ello y traiciona sus deberes de servicio. Se ha visto, por otra parte, que desgraciadamente los miembros o ex miembros de una corporación policiaca han participado con alarmante frecuencia en delitos graves, sobre todo de carácter patrimonial. Por tales motivos las reformas en cuestión se justifican plenamente.
Los delitos contra la salud en sus diversas modalidades constituyen en nuestro país un fenómeno sumamente preocupante y tienden a multiplicarse. Las modificaciones que se contemplan resultan del todo pertinentes a fin de que se pueda actuar con mayor energía en su prevención y castigo.
Pocas conductas antisociales afectan tan gravemente el alto valor de la salud como las previstas en el artículo 197, de manera que la elevación de la pena mínima de siete a 10 años y la máxima de 15 a 25 años, no es inmoderada si se toma en cuenta el bien tutelado.
Sin embargo, por la amplia gama de ilícitos a que se refiere el artículo 197, la comisión cree prudente exceptuar de esta agravación general la modalidad de posesión simple para cuyo ilícito no debe modificarse la actual pena mínima de siete años y sólo se modificará la máxima que se eleva a 25, por lo que de la fracción I del artículo 197 se suprimirá la palabra "posea", y se agregara una fracción V a este artículo que dirá:
"V. 1.
(1)Al que posea alguno de los vegetales o substancias señalados en el artículo 193 sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, se le impondrá prisión de siete a 25 años y de cien a quinientos días de multa."
La comisión que suscribe aprueba la reforma que se propone para el artículo 198 a fin de que se sancionen con mayor rigor los delitos contra la salud que se cometan por los servidores públicos encargados de investigarlos y en las demás hipótesis a que se refiere el numeral mencionado, pero para aclarar la redacción de la fracción III se agregará una frase que diga: "como quienes a ellos acudan", por lo que dicha fracción quedará:
"III. Cuando se cometa en centros educativos, asistenciales o penitenciarios o en sus inmediaciones con quienes a ellos acudan".
La agravación que se propone en el último párrafo del artículo 215 para quienes cometan el delito de abuso de autoridad, debe aprobarse porque tales ilícitos son muestra clara de la corrupción de servidores públicos que traicionan el servicio a que están obligados y minan gravemente la confianza de los gobernados.
Importante capítulo es el relativo a los delitos sexuales, los cuales, por su naturaleza, provocan en la víctima y en la sociedad general una justificada reacción de alarma e indignación. De allí que parezca prudente aumentar las penas en la proporción señalada en el proyecto, tomándose en cuenta también la condición de minoridad o incapacidad de resistencia de la víctima.
El delito de violación es sin duda el más grave de los sexuales y son del todo atendibles las muchas peticiones escuchadas en los diversos foros de consulta para que se castigue más enérgicamente, como ahora se propone, según el texto del artículo 265. Cuando la cópula se realice en persona menor de 12 años o con alguien que no tenga posibilidades de resistencia, el aumento de la pena de ocho a 15 años es de aprobarse.
Es frecuente que la violación se lleve a cabo por dos o más sujetos y no cabe duda que en tal supuesto los agentes denotan mayor peligrosidad y
violencia para imponer la cópula, de tal manera que el incremento de la pena en una mitad adicional a la básica es también aprobable.
Resulta justificado que para el mismo hecho ejecutado con violencia, se agrave la pena hasta cinco años de trabajo, sin modificar el mínimo, lo que constituye un caso más de ampliación al arbitrio judicial. Esta misma agravación se formula para los supuestos que se contienen en las diversas fracciones del artículo 381 y se justifica por la peligrosidad que representa el activo del delito.
Las reformas consistentes en la adición de las fracciones VI a VIII del artículo 198, y los textos de los artículos 213-bis, 315-bis, párrafo final del 366, y fracciones XI a XVI del 381, no son objetables a juicio de la comisión. Tienden a sancionar conductas en las cuales participen profesionistas, técnicos o personas relacionadas con las disciplinas de la salud, comerciantes y propietarios de establecimientos que participen en delitos contra la salud. Se ha visto que en la práctica estas personas suelen favorecer la reiteración del tipo que se analiza, de manera tal que si no fuera por ello, muchos de esos casos no se registrarían. Cabe pues, establecer la agravación de la pena en una mitad.
Los abusos de autoridad son frecuentes dentro del área de los servicios públicos y particularmente de las corporaciones policiacas, aduaneras y migratorias. Urge reprimir esa actitud y por tal motivo conviene autorizar el aumento de la pena en una mitad excedente a la básica.
La adición de las fracciones XI a XVI del artículo 381, que prevé una sanción adicional de tres días a tres años de prisión, no es objetable, puesto que se trata de combatir el robo que se lleva a cabo con afectación a la seguridad de bienes a los cuales el delincuente tiene fácil acceso aprovechándose de tal circunstancia para delinquir sin que la víctima tenga ocasión de defensa o de preservación. Sin duda el inicialista ha tomado también en cuenta la lamentable frecuencia con que este tipo de robos se realiza y, consecuentemente, las figuras adicionales del artículo 381 responden a una necesidad de mayor protección a la comunidad. Para una mejor comprensión de la fracción XIII de este artículo 381, se propone la siguiente redacción que modifica la que contiene la iniciativa.
"XIII. Cuando se comete sobre equipaje o valores de viajeros en cualquier lugar durante el transcurso del viaje".
A juicio de la comisión dictaminadora no debe aceptarse la sanción adicional que previene la fracción XVI, porque los supuestos allí contemplados se prestarían a castigos excesivos para trabajadores de los centros que se mencionan, por delitos realmente menores. En consecuencia, se suprime la fracción XVI del artículo 381.
Además de las modificaciones señaladas, la comisión dictaminadora propone que en el artículo 198, fracción VIII, la agravación de la pena se aplique no sólo al propietario del establecimiento, sino a su poseedor, arrendatario o usufructuario que lo emplee para realizar los ilícitos previstos en este capítulo o que permitiere su realización por terceros. Por lo que dicha fracción quedará con el siguiente texto:
"VIII. Cuando se trate del propietario, poseedor, arrendatario o usufructuario de un establecimiento de cualquier naturaleza y lo empleare para realizar algunos de los delitos previstos en este capítulo o permitiere su realización por terceros. Además se clausurará en definitiva el establecimiento."
Al artículo 260, después de las palabras "acto sexual" debe agregársele la frase: "con intención lasciva" por lo que el primer párrafo de ese artículo quedará:
"Artículo 260. Al que sin el consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual con intención lasciva o la obligue a ejecutarlo, se le impondrá prisión de 15 días a un año, o de 10 a 40 días de trabajo en favor de la comunidad."
En general, la comisión encuentra dignas de elevarse a ley las reformas a que se ha hecho mérito, incluidas aquellas que no han sido objeto de comentario especial, dado que la intención toda de la iniciativa se ajusta a las razones que impulsan la revisión de la política criminal para la mayor defensa de la sociedad.
Por todo lo anterior, la comisión que suscribe se permite proponer a la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL
Artículo primero. Se reforman los artículos 25, 164, 164-bis, 195, 197, 198, 201, el primero párrafo del artículo 205; 206, el primero, penúltimo y último párrafos del artículo 215; 260, 261, 265, 266, el primero párrafo del artículo 266-bis; 320, 324, 372 y el primero párrafo del artículo
381 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:
Artículo 25. La prisión consiste en la privación de la libertad corporal y su duración será de tres días a cuarenta años, con excepción de lo previsto por los artículos 315-bis; 320, 324 y 366 en que el límite máximo de la pena será de cincuenta años y se extinguirá en las colonias penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o el órgano ejecutor de las sanciones penales, ajustándose a la resolución judicial respectiva.
En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.
Artículo 164. Al que forme parte de manera permanente de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de uno a ocho años y de treinta a cien días de multa.
Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación policiaca, la pena a que se refiere el párrafo anterior se aumentará en una mitad y se le impondrá además destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años desempeñar otro.
Artículo 164-bis. Cuando se comenta algún delito por pandilla, se aplicará a los que intervengan en su comisión, hasta una mitad más de las penas que les correspondan por el o los delitos cometidos.
Se entiende por pandilla, para los efectos de esta disposición, la reunión habitual, ocasional o transitoria, de tres o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común algún delito.
Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor público de alguna corporación policiaca, la pena se aumentará hasta en dos terceras partes de las penas que le corresponda por el o los delitos cometidos y se le impondrá además destitución del empleo, o cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro.
Artículo 195. Al que dedicándose a las labores propias del campo, siembre, cultive o coseche plantas de cannabis o mariguana, por cuenta o con financiamiento de terceros, cuando en él concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica, se les impondrá prisión de dos a ocho años.
Igual pena se impondrá a quien permita que en un predio de su propiedad, tenencia o posesión, se cultiven dichas plantas, en circunstancias similares al caso anterior.
Artículo 197. Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien a quinientos días de multa, al que fuera de los casos comprendidos en los artículos anteriores.
I. Siembre, cultive, coseche, produzca, manufacture, fabrique, elabore, prepare, acondicione, transporte, venda, compre, adquiera, enajene o trafique, comercie, suministre aun gratuitamente, o prescriba alguno de los vegetales o sustancias señalados en el artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud;
II. Introduzca o saque ilegalmente del país alguno de los vegetales o substancias de los comprendidos en el artículo 193, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito, o realice actos tendientes a consumar tales hechos.
Las mismas sanciones se impondrán al servidor público, que en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, encubra o permita los hechos anteriores o los tendientes a realizarlos;
III. Aporte recursos económicos o de cualquier especie, o colabore de cualquier manera al financiamiento, para la ejecución de alguno de los delitos a que se refiere este capítulo;
IV. Realice actos de publicidad, propaganda, instigación o auxilio ilegal a otra persona para que consuma cualquiera de los vegetales o sustancias comprendidos en el artículo 193, y
V. Al que posea alguno de los vegetales o sustancias señalados en el artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, se le impondrá prisión de siete a veinticinco años y de cien a quinientos días de multa.
Artículo 198. Las penas que en su caso resulten aplicables por los delitos previstos en este capítulo serán serán aumentadas en una mitad en los casos siguientes:
I. Cuando se cometa por servidores públicos encargados de prevenir o investigar la comisión de los delitos contra la salud;
II. Cuando la víctima fuere menor de edad o incapacitada para comprender la relevancia de la conducta, o para resistirla;
III. Cuando se cometa en centros educativos, asistenciales o penitenciarios o en sus inmediaciones, con quienes a ellos acudan;
IV. Cuando se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualquiera de los delitos previstos en este capítulo;
V. Cuando el agente participe en una organización delictiva establecida dentro o fuera de la República para realizar alguno de los delitos que prevé este capítulo;
VI. Cuando la conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal relacionados con las disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas y se valgan de esa situación para cometerlos. Además se impondrá suspensión de derechos o funciones para el ejercicio profesional u oficio hasta por cinco años, e inhabilitación hasta por un tiempo equivalente al de la prisión impuesta;
VII. Cuando una persona, aprovechando el ascendiente familiar o moral o la autoridad o jerarquía sobre otra, la determine a cometer algún delito de los previstos en este capítulo, y
VIII. Cuando se trate del propietario, poseedor, arrendatario o usufructuario de un establecimiento de cualquier naturaleza y lo empleare para realizar alguno de los delitos previstos en este capítulo o permitiere su realización por terceros. Además se clausurará en definitiva el establecimiento.
Artículo 201. Al que procure o facilite la corrupción de un menor de dieciocho años de edad o de quien estuviere de hecho incapacitado por otra causa, mediante actos sexuales, o lo induzca a la práctica de la mendicidad, ebriedad, toxicomanía o algún otro vicio, a formar parte de una asociación delictuosa o a cometer cualquier delito, se le aplicará de tres a ocho años prisión y de veinte a cien días multa.
Cuando los actos de corrupción se realicen reiteradamente sobre el mismo menor o incapaz y debido a ello éstos adquieran los hábitos del alcoholismo, uso de sustancias tóxicas u otras que produzcan efectos similares, se dediquen a la prostitución o a las prácticas homosexuales, o a formar parte de una asociación delictuosa, la pena de prisión será de cinco a diez años y de cien a cuatrocientos días multa.
Si además de los delitos previstos en este capítulo resultase cometido otro, se aplicarán las reglas de acumulación.
Artículo 205. Al que promueva, facilite, consiga o entregue a una persona para que ejerza la prostitución dentro o fuera del país, se le impondrá prisión de dos a nueve años y de cien a quinientos días multa.
Artículo 206. El lenocinio se sancionará con prisión de dos a nueve años y de cincuenta a quinientos días multa.
Artículo 215. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:
I. a XII.
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a V y X a XII, se le impondrá de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refieren las fracciones X a XII.
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI a IX, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Artículo 260. Al que sin el consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual con intención lasciva o la obligue a ejecutarlo, se le impondrá prisión de quince días a un año o de diez a cuarenta días de trabajo en favor de la comunidad.
Si se hiciere uso de la violencia física o moral, la pena será de uno a cuatro años de prisión.
Artículo 261. Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual en persona menor de doce años de edad o en persona que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión o de veinte a ochenta días de trabajo en favor de la comunidad.
Si se hiciera uso de la violación física o moral, la pena será de dos a siete años de prisión.
Artículo 265. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a catorce años.
Se sancionará con prisión de uno a cinco años al que introduzca por la vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.
Artículo 266. Se impondrá la misma pena a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, al que sin violencia realice cópula con persona menor de doce años de edad o que por cualquier causa no tenga posibilidad para resistir la conducta delictuosa. Si se ejerciere violencia, la pena se aumentará en una mitad.
Artículo 266-bis. Cuando la violación fuere cometida con intervención directa o inmediata de dos a más personas, las penas previstas en los artículos anteriores aumentarán hasta en una mitad.
Artículo 320. Al autor de un homicidio calificado se le impondrán de veinte a cincuenta años de prisión.
Artículo 324. Al que cometa el delito de parricidio se le aplicará de trece a cincuenta años de prisión.
Artículo 372. Si el robo se ejecutare con violencia, a la pena que corresponda por el robo simple se agregarán de seis meses a cinco años de prisión. Si la violación constituye otro delito, se aplicarán las reglas de la acumulación.
Artículo 381. Además de la pena que le corresponda conforme a los artículos 370 y 371, se aplicarán al delincuente hasta cinco años de prisión, en los casos siguientes:
I. a X.
Artículo segundo. Se adicionan los artículos 213-bis, 315-bis, 366 con un párrafo final y 381 con las fracciones XI a XV, del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:
Artículo 213-bis. Cuando los delitos a que se refieren los artículos 215, 219 y 222 del presente código, sean cometidos por servidores públicos miembros de alguna corporación policiaca, aduanera o migratoria, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad y, además, se impondrá destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Artículo 315-bis. Se impondrá la pena del artículo 320 de este código, cuando el homicidio sea cometido intencionalmente, a propósito de una violación o un robo por el sujeto activo de éstos, contra su víctima o víctimas.
También se aplicará la pena a que se refiere el artículo 320 de este código, cuando el homicidio se cometiera intencionalmente en casa-habitación, habiéndose penetrado en la misma de manera furtiva, con engaño o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para darlo.
Artículo 366.
I. a VI.
En caso de que el secuestrado sea privado de la vida por su o sus secuestradores, la pena será hasta de cincuenta años de prisión.
Artículo 381.
I. a X.
XI. Cuando se trate de partes de vehículos estacionados en la vía pública o en otro lugar destinado a su guarda o reparación;
XII. Cuando se realicen sobre embarcaciones o cosas que se encuentren en ellas;
XIII. Cuando se comete sobre equipaje o valores de viajeros en cualquier lugar durante el transcurso del viaje;
XIV. Cuando se trate de expedientes o documentos de protocolo, oficina o archivos públicos, de documentos que contengan obligación, liberación o transmisión de deberes que obren en expediente judicial, con afectación de alguna función pública. Si el delito lo comete el servidor público de la oficina en que se encuentre el expediente o documento, se le impondrá además destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, de seis meses a tres años, y
XV. Cuando el agente se valga de identificaciones falsas o supuestas órdenes de alguna autoridad.
Artículo tercero. Se reforma la denominación del capítulo II del título octavo del libro segundo del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:
Capítulo II
Corrupción de menores e incapaces
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor del día 1o. de febrero de 1989.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Palacio
Legislativo, Distrito Federal, 26 de diciembre de 1988. - Miguel Montes García, presidente; Napoleón Cantú Cerna, secretario; José Trinidad Lanz Cárdenas, Dionisio E. Pérez Jácome, Rubén García Farías, Romeo Ruíz Armento, Edmundo Martínez Zaleta, Antonio Martínez Báez, Fernando Córdoba Lobo, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, César Humberto Vieyra Salgado, Miguel Martínez Castro, Graciela Patricia Gómez Rodríguez, Reyes Antonio Silva Beltrán, Estela Rojas de Soto, Pedro Alberto Salazar Muciño, Miguel Ángel Quiroz Pérez, Miguel Díaz Muñoz, Guadalupe Gómez Maganda, Enrique Martínez y Martínez, Alvaro Uribe Salas, Enrique Ibarra Pedroza, José Luis Salcedo Solís, Jesús Armando Hernández Montaño, Heberto Barrera Velázquez, Carlos Javier Vega Memije, Benigno Gil de los Santos, María Teresa Chagoya Méndez, Humberto Pulido García, Jaime Almazán Delgado, Margarita Gómez Juárez, Yolanda Minerva García Treviño, Arturo Armendáriz Delgado, Fernando Antonio Lozano Gracia, Leopoldo Homero Salinas Gaytán, José Zeferino Esquerra Corpus, Jaime Fernández Sánchez, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Donaciano Ambrosio Velasco, Hiram Escudero Alvarez, Gaudencio Vera Vera, Bernardo Bátiz Vázquez, Patricia Garduño Morales, Silviano Urzúa Ochoa, José Natividad Jiménez, Luis Jacobo García, Francisco Chávez Alfaro, José Nelson Madrigal Gómez, Fernando Palacios Vela, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza, Gilberto Ortíz Medina, Juan Jaime Hernández, Leonel Godoy Rangel, Alexandro Martínez Camberos, Ignacio Castillo Mena y Marco Antonio Rojas Flores." Trámite: -Segunda Lectura
La C. Presidenta: - En consecuencia, está a discusión en lo general.
El C. Alejandro del Castillo Saavedra (desde su curul): - Pido la palabra para una proposición sobre el mismo tema.
La C. Presidenta: - ¿Sobre el mismo tema, ciudadano diputado? Tiene la palabra el ciudadano diputado Alejandro del Castillo Saavedra.
El C. Alejandro del Castillo Saavedra: - Honorable asamblea: Hace menos de quince días llegó a esta Cámara, una iniciativa que propone diversas reformas a varias disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal presentada por el ciudadano Carlos Salinas de Gortari, y el tratamiento que se le ha dado a esta iniciativa pone al descubierto una vez más dos graves problemas que padece el Poder Legislativo Federal.
La actitud sistemática de dar preferencia a las iniciativas provenientes del Poder Ejecutivo, en detrimento de las formuladas por los diputados, y el hecho de que el Congreso al no llevar a cabo las labores medulares de su función legislativa, se haya convertido en oficina encargada de hacer ley la voluntad del Ejecutivo; cabe a todos nosotros devolver a esta Cámara la dignidad que le corresponde.
Es cierto que el Poder Ejecutivo está facultado para iniciar leyes, pero en ningún reglamento existe algún precepto que disponga que tendrán prioridad en la dictaminación y la discusión las iniciativas presidenciales, sobre las que presenten los propios legisladores de esta Cámara.
Días antes de que llegara a la Comisión de Justicia la iniciativa cuyo dictamen estamos discutiendo, un grupo diputados, por supuesto no del Partido Revolucionario Institucional, presentó otra que también busca la reforma de diversos artículos del Código Penal, entre los que se encuentran varios que también son materia de la iniciativa del señor Salinas de Gortari.
Muy distinta suerte ha corrido cada una de ellas; la primera en tiempo, duerme el sueño de los justos en espera de ser discutida en un foro sobre delitos sexuales, cuya celebración ya fue acordada por esta Cámara; la segunda, puso en inmediato movimiento a la Comisión de Justicia, la que presurosamente formuló su dictamen.
¿Qué razón hay para tan distinto tratamiento?, la tarea legislativa es una actividad que se despliega en varios sentidos, uno de ellos fundamental y definitorio de lo que se da el producto legislativo, es el informativo, identificar el problema, analizar sus causas y efectos, diagnosticarlo y planear soluciones.
Puede decirnos la comisión y su dictamen que es producto de esta tarea elemental, y si responde afirmativamente, podría explicarnos ¿cómo hizo para que en las sesiones celebradas los días 16,17 y 18 del presente mes en donde se discutió en unas cuantas horas la iniciativa?, por supuesto que cuando me refiero a la comisión, estoy pensando en la mayoría priísta que la domina.
Los diputados opositores que participamos en las sesiones de la comisión, coincidimos en que la iniciativa del señor Salinas peca de simplismo y responde a una política más emocional que técnica y que representa, en lo general, un grave retroceso en escuelas penales y criminalísticas.
En la exposición de motivos del Código Penal de 1931, cuyas reformas y adiciones estamos discutiendo, se asienta con lucidez la fórmula de que no hay delito sino delincuentes, debe completarse así: no hay delincuentes sino hombres, el delito es principalmente un hecho contingente, sus causas son múltiples, es resultado de fuerzas antisociales.
La Ley Penal es uno de los recursos de la lucha contra el delito, los recursos de una política criminal; son estas orientaciones completar la función de las sanciones con la readaptación de los infractores a la vida social, medidas sociales y económicas de prevención.
Quienes suscriben a favor del dictamen de la comisión deben aceptar, por apego a la verdad y a su deber de legisladores, que se requiere un serio estudio de la situación que guarda actualmente la criminalidad en nuestro país, para poder adaptar congruentemente la legislación penal y adoptar una política al respecto.
El señor Salinas de Gortari, en un párrafo de la exposición de motivos de su iniciativa, expresamente reconoce que el logro de la seguridad no se agota únicamente con la mayor penalización de las conductas, sino que requiere de un enfoque global del problema de la criminalidad; este enfoque exige nuevos ordenamientos jurídicos en lo material o sustantivo, y en lo formal o instrumental exige asimismo una lucha frontal contra los actores criminógenos que surgen de la sociedad moderna y plural con una considerable dinámica demográfica y de un importante fenómeno de urbanización.
Luego entonces, ¿por qué no comenzamos por ese enfoque global del problema de la criminalidad?, tengan por cierto que de ser así, lograremos mejores ordenamientos jurídicos, que conjugados con el combate a los factores criminógenos, se traducirán en una disminución del índice de criminalidad que hoy nos afecta grandemente; no solamente el incremento de la penalidad, sino el localizar las causas que la motivan y combatir esas causas, generarán una actitud responsable al legislar en esta materia.
Debatamos seriamente en torno de la justicia, el aumento de la criminalidad y la inseguridad en las ciudades es ante todo, producto de las actuales condiciones de vida y existencia del pueblo mexicano: miseria, desocupación, marginación, desigualdad pavorosa entre muy ricos y muy pobres, no se le puede combatir sólo con medidas policiales y represivas, sino con una política social que hoy no existe; pero además, no debemos soslayar el hecho de que la mayor fuente de la inseguridad ciudadana es la desprotección total del individuo frente a los abusos y extorsiones de las corporaciones policiacas y la corrupción de quienes imparten la justicia.
Ahí está como ejemplo: el caso de magistrados que otorgaron la libertad al secuestrador, violador y homicida Alejandro Brown, y también el nombramiento de Miguel Nazzar Haro como director de Inteligencia de la Secretaría de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal.
Por esas consideraciones, el grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista propone una moción suspensiva del dictamen en cuestión, para el efecto de que la Comisión de Justicia inicie el estudio de una reforma penal integral, que buena falta hace en el país. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Consulte la secretaría a la asamblea, si se admite o se desecha la moción suspensiva.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - En votación económica, se pregunta si se acepta o se desecha la moción suspensiva presentada por el ciudadano diputado Del Castillo.
Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte la moción suspensiva, sírvanse manifestarse poniéndose de pie.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén porque se deseche la moción suspensiva, sírvanse expresarlo poniéndose de pie... Desechada la moción. (Aplausos.)
El C. Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul): - Solicitamos votación nominal, en términos del Reglamento.
La C. Presidenta: - Unos ciudadanos diputados quieren verificar la votación; la presidencia los invita a que un representante de cada grupo parlamentario venga aquí y verifique la votación.
El C. Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - La solicitud que estamos haciendo, es en el sentido de que se realice la votación nominal de acuerdo con el Reglamento.
El C. Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul): - Estamos solicitando en términos del Reglamento, votación nominal.
La C. Presidenta: - En términos del artículo 148, deben manifestarse cinco o más diputados en favor de la votación nominal... Proceda la
secretaría en los términos del artículo 148 del Reglamento.
(Votación.)
El C. secretario José Murat C.: - Ciudadana presidenta, fueron ciento sesenta y tres votos a favor, doscientos treinta y dos en contra... Desechada en consecuencia.
La C. Presidenta: - Se abre el registro de oradores, se han inscrito los siguientes ciudadanos diputados: en contra, Hiram Escudero, Ernesto Jiménez, Crescencio Morales, Leonel Godoy, Federico Ruíz, Pablo Ávalos, Fernando Palacios y Luis Jacobo García; en favor, Jaime Almazán, Carlos Vega Memije, Marco Antonio Rojas, Trinidad Lanz, Fernando Córdoba Lobo, Benigno Gil, Graciela Patricia Gómez y César Vieyra.
Esta presidencia ruega a los ocupantes de las galerías se abstengan de cualquier manifestación, y permitan el desarrollo ordenado de los debates.
Se han inscrito en contra los ciudadanos diputados Alejandro Martínez Camberos, Oscar Mauro Ramírez, Jesús Hernández y Sergio Rueda Montoya.
Tiene la palabra el diputado Hiram Escudero.
El C. Hiram Escudero Alvarez: - Ciudadana presidenta; honorable asamblea: Señala el Ejecutivo en la exposición de motivos de la iniciativa a discusión, que la sociedad reclama por una mayor seguridad y justicia que garanticen con eficacia la paz pública y aseguren la protección defendiéndola de la violencia.
Acepta la iniciativa que el logro de la seguridad no se agota únicamente con la mayor penalización de conductas, sino que se requiere de un enfoque global del problema de la criminalidad; propone se impongan penas más elevadas para ciertas conductas que podrá ser hasta por cincuenta años de prisión, sin soslayar, agrega, la crítica doctrinal sobre la eficacia y bondad de las penas de larga duración; clama por mayor penalización de conductas abusivas de los servidores públicos, responsables de la seguridad ciudadana y de aquellos que están encargados de funciones de fiscalización, vigilancia e inspección; exige mayor control sobre el ejercicio de la función policiaca, y particularmente, repudia la conducta de los que atentan contra la libertad sexual y corrompen a menores e incapaces; asimismo, se refiere al problema del narcotráfico.
El proyecto comprende las reformas de diversos artículos del Código Penal, en el que se incrementa la pena de prisión que puede ser hasta por cincuenta años en los delitos de homicidio, a propósito de violación o robo, homicidio calificado, parricidio y secuestro; igualmente, aumentan las penas en los delitos de asociación delictuosa, delitos contra la salud, corrupción de menores e incapaces, promoción de la prostitución, lenocinio, adiciona el tipo penal en el delito cometido en ejercicio de la función policiaca, aumenta la penalización en el abuso de autoridad, atentados al pudor, violación, calificando el secuestro y el robo.
No estamos de acuerdo con el dictamen porque la solución no está en el Código Penal, está en las causas de la criminalidad; sólo con el posible incremento de la duración de la pena de prisión para ciertos delitos, no va a disminuir el índice delictivo.
La criminalidad psicopática característica de este tipo de delincuentes de alta peligrosidad, no se combate con la simple amenaza de la imposición de penas más severas, que aún las previstas actualmente en nuestro código, no se cumplen por múltiples circunstancias que propician la impunidad; la eficacia de la pena de prisión en su doble aspecto de represiva e intimidatoria depende fundamentalmente de su aplicación en la práctica.
Es inútil reformar los códigos aumentando las penas, si prevalece la impunidad producto de la ineficacia en la prevención, investigación, esclarecimiento de los hechos delictivos, identificación, localización y detención de los delincuentes, así como de una adecuada impartición de justicia.
Se requiere además, contar con los sistemas penitenciarios y establecimientos adecuados, colonias penales, centros de rehabilitación, reclusorios, prisiones abiertas y de alta seguridad, ordenamientos legales que normativicen el proceso de ejecución de las penas y la encarcelación del sentenciado; crear las instituciones a la vez que se reforman las leyes.
Los llamados centros de rehabilitación y reclusorios con los que actualmente se cuentan, son en calidad y cantidad insuficientes para instrumentar la reforma que se propone.
Coincidimos en que es necesario realizar una reforma estructural a fondo sobre la política criminológica que abarque no sólo la penalización del delincuente, sino lo que es más importante, la prevención de la criminalidad en todos sus aspectos; estudiar y combatir los factores que la generan, la corrupción en sus diversas manifestaciones, la crisis de valores, la económica, la
promiscuidad, la miseria, el desequilibrio y la injusticia social y jurídica, el desempleo, el hacinamiento humano en las grandes ciudades, la falta de oportunidades, la crisis familiar, la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, que son entre otras muchas las causas de la delincuencia que perturba la paz y la seguridad de los mexicanos.
Estas causas no desaparecen con el incremento de las penas, es necesario que la reforma de la lucha contra el delito abarque la procuración de justicia, la unificación en el mando de los diversos cuerpos policiacos, que la autoridad administrativa asuma cabalmente su responsabilidad de mantener el orden y la tranquilidad social, con apego a la ley y pleno respeto a las garantías individuales y dignidad del hombre.
Fortalecer la institución del ministerio público en su función de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como de fiel vigilante del cumplimiento de las garantías y formalidades del procedimiento.
Los mexicanos no aspiramos a tener un régimen policiaco represivo, con mano dura, sino eficaz en su labor de prevención e investigación de los actos antisociales.
El Código Penal que data de 1931, debe ser abrogado y sustituido por un ordenamiento legal acorde a la realidad, necesidades y tendencias modernas de la doctrina y de la ciencia en esta materia, con apego a la justicia.
El tema de los menores infractores peligrosos, que hoy se les consideran imputables y por lo tanto quedan impunes sus conductas; los delitos culposos que se relacionan con el uso del alcohol y estupefacientes, producen más víctimas que el homicidio y lesiones intencionales; las conductas que atentan gravemente contra la dignidad y libertad sexual, particularmente las mujeres, cuyo tema es materia del foro de consulta sobre delitos sexuales, convocado por la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados.
Es asimismo de importancia el tratamiento que se le dé al sujeto pasivo y víctimas del delito, lo relativo a la reparación del daño, la impartición de la justicia, la celeridad en el procedimiento, la aplicación de la pena, la ejecución de la sentencia, etcétera, son algunos de los aspectos que debemos tomar en cuenta en la elaboración del nuevo código.
Debemos actualizar el Código Penal también en los delitos cuyo bién jurídico tutelado es la familia, la esposa, los hijos, la libertad de trabajo, la libertad política, los delitos electorales, la responsabilidad de los servidores públicos, delitos finacieros, de especulación y de la bolsa, bancarios, económicos, defraudaciones, despojos, tenencia de la tierra, etcétera.
No estamos de acuerdo en que el incremento de la pena para algunos delitos, sea la solución del problema de la delincuencia. Es inútil reformar los códigos, si prevalece la impunidad y no existen las instituciones adecuadas en la prevención y contención del delincuente; por lo tanto, ¡votaremos en contra!
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Jaime Almazán.
El C. Jaime Almazán Delgado: - Diputada presidenta; compañeras y compañeros diputados: Hablo en favor del dictamen, por las siguientes razones:
La iniciativa del Ejecutivo es una respuesta al clamor social de intranquilidad, de inseguridad que existe en nuestra patria; estamos de acuerdo con el señor diputado Hiram Escudero de que las causas, la etiología de los delitos y el incremento de la delincuencia es complejo; sabemos que son razones de carácter económico, familiar y también, ¿por qué no reconocerlo?, cuestiones relacionadas con impunidad y falta suficiente de prevención de procesamiento judicial y de tratamiento posterior del reo, de los delincuentes.
Pero esta medida que ahora se propone a esta soberanía, es una medida inaplazable, es una medida urgente, es una medida que no se da ni simple ni aisladamente, sino que va de la mano con toda una política criminal que está bien estructurada, bien establecida por el Ejecutivo del Estado.
El Ejecutivo Federal, no solamente plantea como solución al problema de la delincuencia, el relacionado con el aumento de las penas; aumentar las penas, ciertamente es una cuestión bien delicada, de su éxito depende, o bien la frustración, o bien la satisfacción a las aspiraciones del pueblo.
Las medidas que ahora se dan no son indiscriminadas, no son para todos los delitos, de ninguna manera van a afectar a quienes tienen la desgracia de caer por imprudencia o por culpa o aún por alguna intencionalidad leve, dentro de los juzgados y dentro de las prisiones; estas medidas se dan única y exclusivamente en delitos de alta peligrosidad, en delitos que últimamente han tenido una gran incidencia. Las medidas penológicas que aquí se establecen, son medidas que de ninguna manera van en contra con el devenir histórico de la doctrina del derecho penal en nuestro país.
Desde 1871, y posteriormente en 1929 y 1931, los códigos penales aunque siguieron diversas doctrinas, primero la doctrina clásica y posteriormente las doctrinas positivistas en tiempo y distancia, de ninguna manera han ido por la disminución de las penas adecuadas. Racional crecimiento que el aumento de las penas, tiene eficacia, claro que sí lo tiene la pena de prisión, la pena por excelencia; los códigos punitivos penales buscan delincuentes en función de la educación, y de la regeneración por medio del trabajo.
También es una pena, un castigo que va acorde al delito y al daño que se ha causado a la víctima del delito, estas medidas que ahora se establecen son fundamentalmente para delitos de alta peligrosidad; estamos de acuerdo en que es necesario, como decía el diputado Leonel Godoy, realizar algunos otros estudios relacionados con la realidad social, con la capacidad real de ocupación y de atención de los centros penitenciarios, con el impacto en la crisis económica y con estudios normativos y doctrinarios de carácter tecnológico, con la actividad judicial penal, con programas de readaptación y programas de prevención de delitos, la intención del Ejecutivo no va de ninguna manera en forma inflada.
El día de ayer en el Diario Oficial, aparece el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, creo que este reglamento da respuesta a algunos señores diputados de la oposición en cuanto a que esta medida es una medida simplista y aislada, da respuesta porque en este nuevo reglamento se habla de lo siguiente:
Se habla de tres subprocuradurías dentro de la Procuraduría General de la República, una Subprocuraduría Jurídica y de Programas Sociales, otra de Procedimientos Penales y una tercera de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico; asimismo, se habla de que habrá una Dirección General Jurídica, que tendrá a su cargo todos y cada uno de los estudios legislativos relacionados con la política criminal; que habrá también una Dirección General de Participación Social y Orientación Legal que comprende diversas direcciones, todas encaminadas a la prevención de la delincuencia; van desde direcciones de Participación Social, de Atención a Fármacodependencias, de Orientación y Difusión Legal y en la segunda Subprocuraduría, de Identificación Criminalística, de Servicios Periciales y de Técnica Pericial.
En la misma forma, se da una atención prioritaria al gran rezago que existe en materia de investigación y de reaprehensiones y de aprehensiones; existe también ahora una Dirección General de Procedimientos Penales en delitos relacionados con estupefacientes y psicotrópicos, en que se verá el control de procesos en esta materia específica de estupefacientes y psicotrópicos. Asimismo, la planeación y enlace con acciones internacionales, con la Dirección General de Investigaciones de Narcóticos, con la División de Investigaciones contra el Narcotráfico y también en la Campaña contra la Producción de Narcóticos que comprende la localización, verificación y destrucción de plantíos, operaciones y áreas en la campaña contra la producción de narcóticos; asimismo, tiene un capítulo especial la reestructuración de la Policía Judicial.
Estas son otras acciones, independientemente de las medidas legislativas que el Ejecutivo del Estado está llevando a cabo para la atención del grave problema de la proliferación de la delincuencia.
En el aumento de la penalización, es necesario tomar en cuenta que son contados los delitos en que por este aumento de penalidad no se alcanzará fianza, y que son los siguientes: delitos cometidos por bandas y asociaciones delictuosas, delitos cometidos por ex policías, delitos cometidos por corruptores de menores, delitos que inducen a la prostitución y los que explotan la libertad sexual, en especial el lenocinio y abusos graves de autoridad. Solamente en estos delitos graves, no habrá posibilidad de alcanzar el beneficio constitucional de la libertad bajo fianza.
Esto se ha hecho por la incidencia, por la alta peligrosidad, por la baja moralidad y porque de acuerdo a los datos que nos fueron proporcionados en la comparecencia del señor Subprocurador General de la República, se nos dijo que son cometidos, en su gran mayoría, por delincuentes profesionales.
Ahora bien, esta máxima penalidad que alarma a algunos señores legisladores de la oposición, únicamente se da en el homicidio calificado, en el parricidio, en el homicidio para violar o robar, por el gran desprecio que existe a la vida humana, cuando es cometido por servidores públicos que fueron o son pertenecientes de alguna corporación policiaca y en delitos contra la salud, fundamentalmente en la producción y en el tráfico de estupefacientes; sin embargo, existe reducción cuando se trata de campesinos de singular atraso cultural, cuando siembre y cuando posea, sin fines de comercialización, asimismo, se agrava la penalidad cuando la violación es cometida por dos o más individuos.
Señores diputados, sentimos y coincidimos con algunos señores diputados de la oposición, en que
estas medidas de elevación de penas no son una panacea para terminar con la delincuencia, pero éstas son acciones inaplazables, son acciones necesarias que la colectividad nos está exigiendo.
No existe populismo porque en estas medidas, que no están aisladas, van otros muchos programas y planes del Ejecutivo Federal para el combate de la delincuencia. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Luisa María Calderón Hinojosa (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación, señorita presidenta?
La C. Presidenta: - ¿Acepta usted una interpelación, ciudadano diputado?
El C. Jaime Almazán Delgado: - Con gusto, señorita presidenta:
La C. Luisa María Calderón Hinojosa (desde su curul): - Señor diputado, usted dice que no solamente estas medidas, sino que hay otros programas que el Ejecutivo ha dispuesto, ¿sabe usted en qué porcentaje aumenta en el Presupuesto de Egresos para la atención a los reos, para las áreas cruciales que funcionarían para tratar de que los jóvenes no delincan?
El C. Jaime Almazán Delgado: - En cifras específicas no le puedo dar a usted la respuesta, pero sí debo decirle que de acuerdo a la documentación que se nos ha pasado con motivo de la presentación de la iniciativa de Presupuesto de Egresos, toda el aérea relacionada con la seguridad y el ataque a la delincuencia, es prioridad número uno.
La C. Luisa María Calderón Hinojosa (desde su curul): - ¿Con el 0.2% del presupuesto para deportes y cultura, habrá alternativas para los jóvenes?
El C. Jaime Almazán Delgado: - Definitivamente, creo que en algunos de los programas de prevención de delitos tendrán que llevarse a cabo acciones de mayor culturización, acciones de mayor distracción, acciones que permitan evitar el ocio, evitar que existan vagabundos, inclusive la propia desocupación que existe en áreas laborales.
La C. Luisa María Calderón Hinojosa (desde su curul): - ¿Con sólo el 0.2%?
La C. Presidenta: -Están prohibidas las discusiones en forma de diálogo, ciudadana diputada, ¿quiere usted hacer alguna otra interpelación?
La C. Luisa María Calderón Hinojosa (desde su curul): - Solamente que nos diga si con el 0.2% podrá hacerse la culturización de todo lo que él dice.
La C. Presidenta: - ¿La acepta usted, señor diputado?
El C. Jaime Almazán Delgado: - Sí, señorita presidenta. Definitivamente en el ámbito federal sí, no deje usted de tener en cuenta que también se atiende en ámbitos estatales y municipales. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Ernesto Jiménez.
El C. Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza: - Como un complemento a esa interpelación realizada por la compañera del Partido Acción Nacional, debemos de comentarle que el Partido Revolucionario Institucional, su fracción parlamentaria, todo lo resuelve en paquete, todo es reproducir los discursos demagógicos sin precisar nada, todo mientras sea en lo general, así siempre le van a contestar, así que no hay por qué preocuparse, es costumbre cotidiana en esta tribuna.
Imaginemos que estos problemas legales se resuelven con silbidos y con expresiones de ese tipo, qué bueno fuera, porque haríamos muy buenas leyes; desgraciadamente se tiene que utilizar el razonamiento jurídico, se deben tener conocimientos de derecho para poder manifestarse en ese sentido. No podemos, cuando ignoramos cuestiones, poder hacer uso de la palabra y vertir opiniones equivocadas.
En cuanto al estudio realizado por la Comisión de Justicia, debo decir que en ningún momento se realizó un estudio serio y definido al respecto; también fue como aquí, una serie de discursos e intervenciones, sin que se haya concretado en nada en especial.
Hay una notable alusión del Subprocurador General de la República, licenciado Porte Petit, que dice que con este aumento de penas no se pretende resolver el problema de la delincuencia en cuanto a la violación y el robo calificado, que es una, y se ha dicho aquí en la tribuna, que es una de las posibilidades, pero no estamos aquí en México para entrenarnos, no estamos para ver si esto va a ser o no posible, debemos de ser más serios en nuestros estudios, porque la sociedad mexicana está en manos nuestras en cuanto a la conducta que le rige, esas normas de conducta que cada día se les aplican también al arbitrio y a la tolerancia de las autoridades judiciales.
Se dice que hay algunas razones para aumentar las penas, pero no se ha dicho con claridad específica
una sola de ellas; se ha esgrimido que es mejor y que va esto a resolver el problema a lo mejor, pero no se da un punto de vista constitucional o legalmente aplicable; se ha hablado aquí del derecho penal que tiende a aumentar siempre las penas y no a disminuirlas, pero esa aplicación no se basa en ningún estudio científico e importante, ni siquiera en una estadística, ni siquiera en algo que nos vaya a servir de fundamento para aumentar la pena; no se ha dicho siquiera que ha habido determinados casos en México, de ¿qué época que ha habido reincidencia?, no se ha dicho nada al respecto, no se ha dado el dictamen médico, de un dictamen de especialistas en psiquiatría, en algo de las diversas ciencias que conforman la atención al ser humano, nada de esto se ha dicho aquí y solamente de un plumazo se resuelven las cosas. Si ustedes tienen la precaución de observar el proyecto de ley que se ha hecho y que les fue repartido, pueden llegar a la conclusión de que este proyecto fue exactamente fotocopiado del que mandó el Ejecutivo Federal, exactamente, no se permitieron ni siquiera cambiarle de hoja ni de tipo de máquina, lo mismo exactamente.
Para que ustedes puedan equiparar la cosas, puedan valorarlas de qué personas se tratan los juristas de las comisiones, personas que obedecen las consignas del Ejecutivo ciegamente; para ellos las razones son en paquete, nada más con que diga que eso es bueno porque ya lo dijo el "rey", el dictador, pero no hay una sola razón de peso jurídico para poder hacer una adición a las penalidades.
Yo creo que es muy justo pensar que hablemos con seriedad en estos momentos, porque el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, desde hace algunos días presentó una iniciativa al respecto, al aumento de las penas o a la reconsideración de algunos tipos delictivos y no se dijo algo al respecto. Es que no se trataba de un proyecto de ley que envió el Ejecutivo, porque entonces sí todo mundo está presto para acceder a sus peticiones, y ciegamente, como lo hemos dicho.
Y entonces, ¿qué pasa con estos proyectos que interpuso el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana?, ¿qué pasa con ellos?, ¿a dónde están?, ¿qué van a hacer?, ¿qué seriedad van a tener en las intervenciones de los señores diputados de todas las fracciones parlamentarias?, ¿todo lo arrojan a la basura o qué pasará?, ¿qué fin tendrá toda inquietud, toda esa penetración , toda esa observancia de diversas necesidades de tipo jurídico en la población?
Se ciegan, se cierran y luego mecánicamente silban y levantan la mano. ¿Eso es una ley?, ¿eso es legislar?, ¿ni siquiera atender las razones del derecho?
Yo no estoy de acuerdo cuando se es pueblo, cuando no se tiene la obligación de saber un tema, caray, es muy bueno pensar en que podemos aplicar la ley así; pero esto no es por mayorías, ni siquiera es por consulta popular como se había sugerido, no, esto no es por votos, éstos son por estudios científicos, por estudios rigurosos, eso es lo que tiene que arrojarnos a un aumento de penalidades.
Es muy grave esto, porque el problema principal estriba en la administración de justicia, que ha sido corrupta siempre, que ha llegado a extremos graves, como es el inicio de una averiguación sobre un delito de violación, por ejemplo. En los delitos de violación, cuando se trata de una persona de escasos recursos, no tiene para pagarle a los policías judiciales si quisiera que vayan al lugar de los hechos o porque traten de investigar; para todo piden dinero estos señores, esto es público y notorio.
Que es o no es grave, que estas personas, los ministerios públicos que tienen la obligación jurídica de intervenir e investigar de oficio con la sola denuncia inclusive del periódico, de los medios de comunicación, de investigar los delitos a fondo y sacar a los responsables en la averiguación y ejercitar la acción penal, ¿qué no estamos en esas condiciones tan precarias de justicia y corrupción?, ¿qué los ministerios públicos cuando no se les da dinero no consignan?, todo depende de qué posibilidad adquisitiva tenga la víctima para que sea escuchada. Esos son los principales problemas que tiene la penalidad de la violación.
Otro de ellos es muy reciente, recuerden ustedes el caso de Acapulco, Guerrero, y que se demostró que hubo corrupción notoria, flagrante y que el presidente de la Suprema Corte se vio en la necesidad de suspender provisionalmente a esos rufianes, pero, ¿qué pasa que no han podido castigarlos como merecen?
En este caso, en este problema no era la falta de leyes aplicables, no, es la falta de honestidad en los funcionarios que administran la justicia; en ellos está con las solas penas aplicadas a fondo, con eso puede servir de regeneración a cualquier persona.
Aquí hablamos nada más a la ligera, no conocemos los ambientes, ni siquiera ningún diputado ha entrado a la cárcel, no se sabe qué se siente estar adentro y algunos que han estado nos han
manifestado sus experiencias, que es un mundo muy diferente; una persona que está en la cárcel durante uno, dos, o tres años, esta ansiosa por salir y se regenera, generalmente ése es el caso, ¿por qué nada más pensamos en un aumento cegado de penas y no vemos la realidad que vive nuestro país?
Que pensarán aquellas personas que son de escasos recursos y de escasa cultura económica, que no han cursado la primaria, que no saben leer, que no saben ni siquiera lo que va a pasar el día de hoy, y que mañana que salga el decreto ¿a poco creen ustedes que les llegue el periódico oficial a sus casas o les llegan los periódicos o los diarios nacionales para que se enteren de las penas que ya están sobre su persona? ¡No, señores, ellos no se enteran!, ¡si ni los abogados siquiera a veces están al tanto de las reformas de las leyes, menos lo va a estar la gente a la que se le va a aplicar esos lineamientos!
¿Por qué nada más hacemos las cosas al vapor?, ¿qué no hay más tiempo para pensar las cosas?, ¿para regresar a comisiones?; porque además que sus artículos están plagados de errores y confusiones, vamos a entrar en lo particular a analizar estos preceptos y les vamos a demostrar que nada más están hechos al vapor, ni siquiera una redacción aceptable tienen, ¿por qué nada más así las cosas al aventón?
¿Otro paquete como la aprobación de la candidatura de Salinas de Gortari?, ¿otra vez lo mismo?, pues esto es muy serio, ¿por qué es tan serio?, pues porque también a ustedes les toca todo esto.
El día que dejen de ser diputados y que caigan en manos de estos jueces venales, van a ver lo que se siente y entonces ya no van a pensar así; es muy importante que reflexionen, compañeros, porque si no se hace, la sociedad es la que paga "los platos rotos". Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Carlos Vega Memije.
El C. Carlos Javier Vega Memije: - Ciudadana presidenta; honorable asamblea: Hablo en pro del dictamen, como miembro de la Comisión de Justicia.
Hemos escuchado aquí que no hay razonamientos, que no hay estudios, que no hay análisis, que no hay reuniones; recordaré a los integrantes de la Comisión de Justicia y a esta asamblea, que nos reunimos en el seno de la citada comisión los días 16, 17 y 18, exhaustivamente analizamos cada uno de los preceptos que se presentaron para su modificación, y como una consecuencia de estas deliberaciones, se llegó al acuerdo de que para el día 20 de los corrientes se citara al ciudadano subprocurador Porte Petit, para que con algunos servidores públicos de la Procuraduría del Distrito Federal, dierán también mayor información a los integrantes de la Comisión de Justicia.
Ahí, entre otras cosas, pudimos analizar que el incremento delictivo que afecta el bien jurídico de especial relevancia como es la vida, como es el patrimonio, la libertad y la salud colectiva, hacen indispensable las reformas jurídicas que ahora sometemos a la consideración, que concierne a una política criminal del Estado para poner énfasis en la tutela de la paz colectiva, en un orden jurídico de libertad y de democracia; llegamos también a la conclusión de que se persigue el fin primordial de fortalecer la conciencia de seguridad general que haga posible que todos los ciudadanos puedan desarrollar en libertad la plenitud de su personalidad.
El logro de la seguridad no se agota, ahí también lo vimos en la comisión, únicamente con la mayor penalización de conductas, sino que se requiere un enfoque global del problema de la criminalidad, este enfoque precisa nuevos instrumentos jurídicos tanto en lo material como en lo formal, así que estuvimos de acuerdo en el seno de esa comisión.
La sociedad demanda soluciones inmediatas, creemos que siempre ha sido más sencillo, menos complicado y comprometedor la pasividad, el no actuar, como lo demandaron algunos integrantes de la comisión, pero nosotros pensamos que es una necesidad, una responsabilidad de todos los presentes de atender el clamor popular, con penas más severas.
Todos hicimos una campaña, todos observamos y tuvimos peticiones en este sentido, la ciudadanía demanda penas más severas conforme a la gravedad de los ilícitos, que a su vez se debe brindar una mayor eficacia preventiva, por ello, creo que debemos propiciar el cumplimiento de la misión del Derecho Penal, es decir, proteger los intereses individuales y sociales para lograr la convivencia humana.
El Derecho Penal tiene su función correctiva, castigar las conductas delictivas, pero a su vez también lleva aparejada la función preventiva al inhibir la comisión de futuros delitos.
Se ha señalado aquí, por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que no hemos comentado, que no se ha resuelto, que no se ha señalado, que no se han precisado los puntos por
los cuales, o las razones o los argumentos por los cuales se hacen estas modificaciones; creo que con las razones que hemos comentado y que seguramente ya se olvidó el compañero de los días y las horas que pasamos analizando en el seno de la misma estas determinaciones, estos acuerdos, estos programas de procuración y administración de justicia.
La autoridad gubernamental pretende una procuración, una ayuda, una atención no sólo a la víctima y a los familiares, sino además se está implementando, como lo ha dicho el diputado Almazán, una mejor selección del personal, una mayor atención, desde los rangos más modestos, una agilización y simplificación de los trámites y de los procedimientos, un mayor énfasis en la prevención; ya habló de una creación. de la creación de otra Subprocuraduría, ya señalamos la necesidad de los medios preventivos y de su función intimidatoria.
Por ello, respetuosamente comentamos al diputado que nos antecedió en el uso de la palabra, y que ha señalado que el proyecto de dictamen que presenta la comisión a la consideración de esta asamblea, no es sino una simple fotocopia de la iniciativa.
Desafortunadamente, esto nos lleva a tener que precisarle al compañero diputado Jiménez, que baste simplemente en el inicio del propio dictamen en donde puede leer cómo la comisión está haciendo las modificaciones a algunos artículos, entre ellos para dejar al arbitrio judicial un mayor espacio para poder individualizar la sanción a que se refiere el dictamen que nos ocupa en relación con el delito de parricidio; esto, como él señalaba, es necesario venir con seriedad, con autenticidad a esta tribuna a hacer los comentarios.
Baste este solo ejemplo en donde se ve la intervención de esta comisión, fundamentalmente del análisis que hace no solamente en este delito, en este artículo del parricidio, y que como ya ha señalado el diputado Almazán, está vinculado fundamentalmente con aquellos ilícitos que por su peligrosidad, que por su hondo repercutir en el seno de la sociedad requieren de dar mayor sanción.
No es, como en el caso que también comentó el compañero, como en el caso del robo en donde también en este ilícito de ninguna manera se está hablando o se pretende subir las penas para el robo famélico, es y se hace la referencia para aquel en donde el sujeto es de una alta peligrosidad.
Ya para no abundar en el propio tema, insisto, se discutió en el seno de la comisión, y ahí vimos cómo desde el tiempo de Garofalo, se ha cuestionado y se ha discutido sobre los criterios y la eficiencia o no de la penalización.
Aquí habrá que insistir simplemente que se trata de aumentar la pena en los ilícitos que tienen una alta peligrosidad, en donde tienen una real repercusión en el seno familiar, como es el narcotráfico, como es en los de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y como es en los delitos sexuales.
Se señaló también acá que padecemos una administración de justicia corrupta. Yo quisiera también recordarle simplemente al compañero, que nos toca a nosotros, si no contáramos con los instrumentos jurídicos consecuentes, presentar, de acuerdo con las facultades que nos da la norma constitucional, los instrumentos legales correspondientes; sin embargo, en este caso, se ha mencionado aquí que existe la institución de control interno como es la Secretaría de la Contraloría General de la Federación para poder observar, para poder atender la función, el desempeño de los servidores públicos. Si existen algunas anomalías concretas, vamos a empezar a corregirlas.
El puso como ejemplo el caso reciente de Acapulco, y él mismo que habla de seriedad, que habla de autenticidad, expresa aquí que se demostró la corrupción de los miembros, de los integrantes del Poder Judicial, cuando todos conocemos que lo que hay en este asunto en sus inicios, es simplemente una separación administrativa, porque la investigación jurídica apenas se va a iniciar.
Es cierto que debemos hablar con seriedad, que debemos conocer los asuntos y los elementos para poder referirnos a ellos; es cierto que debemos hacer el estudio, inclusive de los asuntos en los cuales nos anotamos, como son las razones por las cuales se presentan al seno de esta asamblea las modificaciones y las adiciones a los diversos preceptos que se someten a la consideración, y no como se ha señalado aquí tan abiertamente, que está plagado de yerros, de defecto, de errores.
Ya hemos dicho, creo que todos hemos recibido esas solicitudes, creo que todos hemos vivido esos requerimientos de la comunidad; nosotros estamos en esta ubicación para dar una respuesta, para atender lo que demanda la ciudadanía; la ciudadanía nos ha demandado una mayor atención en los problemas de seguridad.
Hemos insistido en que esta respuesta o en que esta serie de reformas que se presentan a la
consideración de esta asamblea, no es una respuesta única, es simplemente un paso, es un inicio para una respuesta integral, para una solución plena, pero que siempre ha sido más cómodo, más sencillo el mantenernos en la pasividad, que empezar a actuar.
Como legisladores, creo que debemos iniciar tal función, por ello, proponemos del seno de la comisión a esta asamblea, esta serie de modificaciones y adiciones a los preceptos de estas leyes sustantivas y adjetivas, para que de considerarlo la mayoría adecuados para dar en un paso inicial, una respuesta al clamor popular, sea aprobado por todos ustedes. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano Crescencio Morales Orozco.
El C. Crescencio Morales Orozco: - Compañera presidenta; compañeras y compañeros diputados: Distintos oradores que han abordado esta tribuna, han manifestado que esta iniciativa es una iniciativa insustancial, otros han afirmado que el aumento de las penas, contemplado en las reformas propuestas, es una cuestión sumamente delicada; nosotros pensamos que los compañeros que hablan, o que han hablado mejor dicho, en favor de la aprobación de la misma, no han proporcionado ningún elemento importante que nos sirva de fundamento para aceptar las bondades de las reformas propuestas. Esta cuestión obedece, a juicio nuestro, a toda una política seguida por el Estado para reprimir a la población, que en estos momentos sufre una de las cuestiones más difíciles en su economía.
Precisamente el ciudadano Carlos Salinas de Gortari, al dirigirse a la nación en el momento en que asumió la presidencia de la República, expresó: "la tarea primaria, básica, irrenunciable de un buen gobierno, es ofrecer seguridad en la vida cotidiana a las personas, a sus familias y a sus bienes; la seguridad de los mexicanos a lo largo de toda la República, ese empeño en el que no voy a transigir en los seis años que tenemos por delante.
La población está cansada del delito, de la arrogancia de algunas autoridades, de la no observancia sistemática de la ley por muchos de nuestros ciudadanos.
Con pleno respeto a su autonomía y dignidad, estableciendo los medios para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumpla con su responsabilidad de tribunal constitucional, prestaremos todo el auxilio al Poder Judicial de la Federación, renovaremos las corporaciones policiales del país y reajustaremos severamente su estructura a fin de garantizar control, honestidad y eficacia, combatiremos los delitos con rapidez y con equidad, someteré iniciativas de reformas para elevar las penas sobre los delitos más irritantes. El pueblo exige acción enérgica, atenderé su reclamo".
Cuando habla del problema del narcotráfico, que es un problema de carácter transnacional, el Presidente afirma: "El narcotráfico se ha convertido en un grave riesgo para la seguridad de la nación y para la salud de los mexicanos, su combate es ya razón de Estado; crearé una nueva área en la Procuraduría General de la República, dedicada a su exclusivo combate, con más personal y mayor adiestramiento, elevaremos las sanciones por su tráfico y perseguiremos con energía redoblada a sus promotores, sea quien sea".
Cuando habla en relación con la inseguridad en que vive la población del Distrito Federal, Carlos Salinas de Gortari afirma: "En la capital de la República, sumados a necesidades sociales y productivas, dos reclamos recorren cada vivienda, cada familia, cada centro de trabajo: más seguridad y menos contaminación.
La capital está en crisis de salud y de seguridad; los habitantes del Distrito Federal están hartos de promesas de la autoridad frente a la creciente inseguridad, al presenciar familiares o amistades vejados o abusados y que sus hijos padezcan ya los daños de la contaminación.
Doy instrucciones precisas, urgentes y enérgicas al Jefe del Departamento del Distrito Federal, para que actúe de inmediato con acciones eficaces, alentando la participación de la comunidad para abatir el delito y la contaminación; la ciudadanía ha dicho que ya basta, no puede esperar y tiene razón. Actuaremos con firmeza y oportunidad".
No pueden combatirse las conductas delictivas de los ciudadanos con el aumento de las penas; recordemos a ustedes, compañeras y compañeros diputados, que fue precisamente en la etapa de un gobierno dictatorial, el Porfirio Díaz, en el que se aplicó como nunca la pena de muerte y los resultados fueron totalmente negativos.
Son medidas de carácter represivo, eso es incuestionable, porque observan que mientras que para el Presupuesto del Distrito Federal en el renglón de seguridad pública se aumenta un 29%, no hay ningún aumento para el mejoramiento de la Ruta 100 que utilizan las clases populares, ni siquiera un aumento para continuar con la construcción del Metro; por eso, consideramos que los compañeros que han hablando en pro de la aprobación de la iniciativa, no han expuesto hasta este
momento ninguna razón de carácter importante que nos convenza de la bondad de tales reformas.
Por todo lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, votará en contra de la iniciativa que proponen diversas reformas y adiciones a varias disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, por las razones de orden legal, económico y social que señalaremos brevemente en seguida.
Como se puede concluir por la lectura de la iniciativa en cuestión, la intención más destacada en la misma es la de elevar de manera sustancial el monto de la pena, considerando a la ciencia del derecho como sistema preventivo y punitivo de conductas que dañan a la sociedad, convirtiéndolo en un instrumento jurídico de carácter fundamental que se debe emplear para su ordenación y para su defensa, pero, ¿podrán aplicarse con eficacia en una sociedad en donde sólo se examinan los efectos, sin ir al estudio de las causas del delito?, ¿podrán disminuir las conductas antisociales, cuando en una sociedad en grave crisis económica, de desocupación, de incultura y de miseria se empuja al individuo a la delincuencia?
Examinado de manera objetiva esta cuestión, sabemos que el derecho es un conjunto de normas, por medio de las cuales se expresa no solamente la realidad concreta en un momento dado el desarrollo de la sociedad, sino también las perspectivas que un pueblo tiene para transformarse y arribar a etapas superiores.
Nosotros afirmamos que en una sociedad como la nuestra, en donde unas cuantas familias acaparan en sus manos la mayor parte de la riqueza nacional, los delitos, particularmente de robo, tienen su origen en esta causa: el individuo realiza actos antisociales porque la propia sociedad, la estructura económica, política y social los margina; su propia situación los empuja a delinquir, porque los caminos legales para encontrar satisfactores se le han cerrado y la desesperación derivada de la miseria lo obliga a realizar actos, que si bien están fuera de la ley, no encuentran otros caminos.
Por esta razón, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista votará en contra del dictamen.
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Marco Antonio Rojas.
El C. Marco Antonio Rojas Flores: - Con su venia, diputada presidenta; compañeros diputados: Se ha señalado con diversos calificativos a la iniciativa motivo de este dictamen, el último que hemos escuchado es el de tratarse de iniciativa insustancial, se le ha señalado también como una iniciativa simplista.
Se ha dicho que es insustancial o es simplista, porque no se han proporcionado elementos de importancia que lo fundamenten; acaba de señalar el señor diputado Crescencio Morales, que se está tratando en este caso de reformas delicadas y que finalmente obedecen a una política de reprimir a la población con dificultades económicas.
Yo quisiera con esto, entre otros argumentos que se han mencionado, que se han señalado ciertamente argumentos simplistas muy frecuentemente en contra de la iniciativa, nos hemos dejado llevar por desviaciones en el análisis del problema.
Cuando se habla de que estas medidas son para reprimir, entre otros casos, a personas de escasos recursos económicos, estamos olvidando que muchos, la inmensa mayoría de los delincuentes a quienes va encaminada esta reforma, no son personas que carezcan de recursos económicos; creo que poseer las armas de alto poder, los vehículos y los instrumentos del delito con los que estas personas operan, no reflejan de ninguna manera dificultades económicas; los salteadores en carreteras tienen excelentes vehículos y excelentes armas para despojar a quienes son víctimas de sus conductas delictuosas.
Cabe hacer reflexión también en aquéllo que se ha convertido, para desgracia de nuestra sociedad, en una moda en los delitos que en este tiempo se cometen, el asalto a casas habitación y quienes cometen estos asaltos, en donde ponen en la más grave inseguridad a las familias, inseguridad de familias en la que no está exento ninguno de los aquí presentes, ni ninguno de los miembros de nuestra sociedad, quienes actúan en estas circunstancias lo hacen con toda alevosía, lo hacen con toda ventaja y lo hacen contando con instrumentos que no reflejan su miseria y que no lo están haciendo por hambre.
Quienes cometen actos delictuosos de carácter sexual y que victiman posteriormente a quienes fueron objeto de ese apetito, tampoco tienen que ver con situaciones de dificultad económica y tampoco muchas veces con situaciones de incultura, como pudiera aquí también señalarse.
Se ha hablado mucho aquí de que no descuidemos el humanismo al pensar en las medidas preventivas y en las medidas represivas, pero yo quisiera señalar que no deformemos también y no inclinemos deformadamente la balanza, haciendo que
seamos estrictamente aplicadores del humanismo, en favor de los que delinquen, en favor de los que transgreden, y no pensemos en aplicar nuestros criterios humanistas en favor de la sociedad que está siendo agredida, o en favor de los individuos de la sociedad que han recibido agresión. (Aplausos.)
Las conductas que están consideradas en estas reformas propuestas a la Ley Penal del Distrito Federal, con conductas que muestran la extrema gravedad de la acción de los delincuentes en perjuicio de la sociedad.
¿Quién está conforme con esos asaltos a casas habitación que hemos referido o que vemos diariamente en la prensa y en los medios de información? Cuando entran los delincuentes, asesinan, amordazan, atan, violan a las mujeres delante de los jefes de familias, asesinan a los integrantes de esa familia, ¿quién está conforme con esas conductas, o no piensan que deban atacarse de manera más eficaz?, ¿quién está conforme con los violadores, que después de cometida su fechoría asesinan a sus víctimas?, ¿quién está conforme con los secuestradores, que para hacerse fácilmente de recursos y no de recursos para mitigar el hambre, asesinan también a sus víctimas o tienen en grave intranquilidad a los familiares?, ¿quién está conforme con los narcotraficantes, que no ciertamente cometen sus fechorías para mitigar el hambre sino para hacerse de fabulosas cantidades, de fabulosas fortunas con facilidad y sin esfuerzo?, ¿quién está de acuerdo con esas conductas?
Hace unos días la sociedad nacional se estremeció ante la posibilidad de que el narcotráfico para acrecentar sus fortunas...
La C. Presidenta: - Señor diputado Rojas, ¿acepta usted una interpelación del diputado Escudero?
El C. Marco Antonio Rojas Flores: - Una vez que termine.
La C. Presidenta: - No la acepta.
El C. Marco Antonio Rojas Flores:- ¿Quién desconoce y quién no recuerda esa información que se difundió de la posibilidad de que con instrumentos simples y atractivos para los niños, se les hiciera víctimas del narcotráfico?; por fortuna para nuestra sociedad fue un rumor falso, pero no estamos exentos de él. Esta situación amerita que se tomen las medidas para castigar severamente a quienes transgreden la ley de esta manera.
Ahora bien, se ha señalado con razón y con insistencia que agravar las penas no es el remedio de todos estos males, pero tampoco debemos acudir a conductas, a expresiones que dejen de lado éstas que son parte de las medidas convenientes y que no también analicemos las demás que se han propuesto, que no desdeñemos el hecho de que hay impunidad, que se tomen las medidas necesarias para que esa impunidad acabe, que se tomen las medidas necesarias para que la administración de justicia sea cada vez más eficaz, que se tomen las medidas necesarias para que los centros de reclusión sean también cada día más eficaces; se han transformado, se han acrecentado, pero no en la medida que nos hace falta.
Ya decíamos en la Comisión de Justicia, en su seno, que nos hacen falta tal vez medidas imaginativas para poder construir centros de reclusión más sencillos para delincuentes cuya peligrosidad no amerita medidas de seguridad de alta jerarquía, y aprovechar los que se han construido, los que se han mejorado en nuestro tiempo para recluir ahí a quienes requieran un tratamiento especial.
Estamos totalmente de acuerdo que hacen falta otras medidas educativas, de culturización de nuestra comunidad, que nos hace falta superar nuestro problema económico, pero estamos ciertos que debe ser todo un conjunto de medidas, una de las cuales es el agravamiento de las penas en su carácter de ejemplaridad que esto tiene para la sociedad y para aquéllos que están dispuestos a transgredir la ley.
La C. Presidenta: - Ciudadano diputado Marco Antonio Rojas Flores, ¿acepta usted una interpelación del diputado Hiram Escudero Alvarez?
El C. Marco Antonio Rojas Flores: - Adelante.
El C. Hiram Escudero Alvarez (desde su curul): - Yo quisiera conocer el grado de impunidad que existe para los delitos graves a que se refirió en su intervención; y la segunda pregunta, si sabe que el nombre técnico correcto es de política criminológica y no política criminal.
El C. Marco Antonio Rojas Flores: - El grado de impunidad es del dominio de la sociedad, porque es una preocupación que aquí se ha señalado, y es algo en que tienen que tomarse las medidas, y se están tomando, y todos debemos preocuparnos porque éstas se incrementen para abatirlo. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Leonel Godoy.
El C. Leonel Godoy Rangel: - Con su permiso, ciudadana presidenta; honorable asamblea: Como miembro de esta Cámara de Diputados y de su Comisión de Justicia, manifiesto el rechazo de la fracción parlamentaria de la Corriente Democrática a las reformas y adiciones que el Ejecutivo Federal propone al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, presentada a nuestra consideración apenas el 15 de diciembre del año en curso, tal rechazo lo apoyamos en las siguientes consideraciones:
No estamos contra reformas que aumenten las sanciones contra responsables de delitos, fundamentalmente aquéllos que más escozor generan a la población, esto que quede bien claro; estamos contra iniciativas que confunden afanes publicitarios con motivos científicos. Aquéllos utilizan el Derecho Penal como medio propagandístico, éstos buscan respuestas a fondo al problema de la criminalidad; la criminalidad, su aumento o descenso se da en una realidad social, con un marco jurídico concreto, busca sus causas, descubrirlas y combatirlas.
Hace mucho tiempo dejó de ser del ámbito exclusivo del derecho penal, es más amplio; parte sí, del derecho punitivo y llega al campo de las ciencias sociales, apoyándose también en las ciencias psicológicas y biológicas, esto es, buscar soluciones es una cuestión integral o interdisciplinaria, y por lo mismo entra al mundo legislativo de todo nuestro sistema penal y no sólo de la Ley Penal.
Luchar contra la criminalidad y contra la delincuencia en particular, requiere respuestas científicas apropiadas, y ello no tiene que ver con la dureza o la energía, conceptos muy utilizados últimamente y de moda en la jerga de nuestros cuerpos policiacos.
Los mexicanos, especialmente los de las grandes ciudades, claman por seguridad pública, eficiencia y justicia, exigen se acabe la impunidad, la inseguridad y la corrupción, les importa se castigue a los delincuentes; por ello, el problema actual no radica exclusivamente en penas altas o menores, sino en la incertidumbre que genera un aparato de impartición de justicia penal incapaz de reducir los índices delictivos.
La sociedad reclama cese la impunidad, la inseguridad pública y la corrupción; son los que aplican la ley los que están fallando por problemas humanos y jurídicos adjetivos, no es la Ley Penal en sí misma, por ello la iniciativa del Ejecutivo es insuficiente, y por ese mismo motivo al resaltar exclusivamente la función represiva del Derecho Penal, es contraria al espíritu humanista que el Constituyente plasmó en nuestra Carta Magna. Las garantías procesales para acusados de hechos delictuosos, el derecho a readaptarse, prohibir las penas trascendentes, traslucen entre otras la orientación humanista del sistema jurídico penal que contiene nuestra Constitución.
No es el aparato represor el único instrumento que el Constituyente ofreció para combatir la criminalidad, es uno entre otros que son incluso más importantes, fortalecer únicamente los órganos represivos, así lo evidencian los aumentos presupuestarios a las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación, y nombrar directivos a personajes célebres como represores, es contrariada la Constitución y la voluntad soberana del pueblo; neobrigadas blancas, anticonstitucionales, expertos en la venganza estatal al instante, conculcadores de derechos humanos es contrario al deseo popular.
Sí se exige castigo a los delincuentes, el pueblo lo clama, pero lo entiende como la erradicación de sus causas, tanto como la sanción penal al responsable, no aislado uno del otro; algunos diputados, afortunadamente no todos, dirán que estamos en contra por ser una iniciativa de un Presidente de los priístas, otros afirmarán que se tenía que dar un paso y que esta iniciativa lo es, a ellos respondemos técnicamente lo incongruente y anticientífico de la iniciativa y su ruptura con la corriente humanista que prestigia al derecho penal mexicano, surgido de nuestra Constitución.
En tal virtud, proponemos una acción integral inmediata, que corresponda a una verdadera política criminológica, no criminal; la actual sí es una política criminal, que no sólo combata la delincuencia sino que ataque sus factores múltiples, por ello, primero proponemos que en materia de prevención de la delincuencia, lo siguiente:
Primero. Si bien en esta materia el campo de acción va más allá del sistema penal, pues las tareas más trascendentes se dan en empleo, educación, cultura, deporte, recreación y bienestar social, no menos necesario es actuar en el ámbito policiológico y de menores infractores; la función de la policía preventiva o uniformada se realiza en medio de la tortura y la impreparación, la corrupción y el desprestigio social, la mordida y salarios bajos, síntomas todos de un período policiológico o empírico que la mayoría de países ya superó.
Es tiempo de la policiología científica, donde la preparación técnica, carrera policiológica, incluso a nivel licenciatura predomine en la actuación policiaca, obliga a una reestructuración a fondo de nuestros cuerpos policiacos.
Debe de abandonarse la costumbre de policías empíricos o militares de carrera para dirigir esos órganos, pero de ninguna manera aceptar que en su lugar se designen a expertos en investigación política y lucha antiguerrillera, pues éstos ni siquiera tienen la experiencia policial y sí en cambio una deformación profesional que da el haber utilizado la tortura, la desaparición y el asesinato como práctica cotidiana contra quienes consideraban delincuentes.
Combatir delitos con delincuentes acostumbrados a actuar al margen de la Constitución, no es parte de la solución; sí lo es profesionalizar la policía uniformada, mejorar sus salarios y prestaciones y castigar ejemplarmente a los que violen las leyes.
Sobre menores infractores, debe de procederse de inmediato en materia de tratamiento y de inimputabilidad. Igualmente sobre albergues tutelares, prioritariamente en aquellos estados en donde la inimputabilidad es hasta los 16 años y que obliga a que en materia federal con la materia del fuero común, sean, convivan conjuntamente.
Segundo. Persecución de los delitos.
La procuración y administración de justicia que corresponde conforme al 21 constitucional, la procuración al Ministerio Público federal o estatales y la administración de justicia al Poder Judicial Federal o local, es una función, sí, prioritaria, y tiene que ver con la Ley Penal, pero sin embargo, es conocido el clamor popular de que el Ministerio Público sea un verdadero representante social y deje atrás su imagen de exclusivamente represor, que la policía judicial siempre actúa bajo su mando y que en la investigación de los delitos haga uso de la ciencia policiológica y abandone la tortura como instrumento principal, casi único de investigación, y se elimine la corrupción como motor impulsor de la tarea policiaca.
Las policías judiciales estatales y federal, son las que exclusivamente...
(Desorden en las galerías.)
La C. Presidenta: - Orden en las galerías; silencio y orden en las galerías. Esta presidencia ruega a los señores diputados guarden orden, silencio y presten atención al orador, y a las galerías se abstengan de cualquier manifestación, para permitir el desarrollo ordenado del debate. Adelante, señor diputado.
El C. Leonel Godoy Rangel: - Las policías judiciales, estatal y federal, son las que exclusivamente pueden investigar y perseguir delitos y delincuentes, las policías preventivas, las uniformadas, sólo pueden acudir en su auxilio en delitos de flagrancia; por ello, son las policías judiciales las que en materia de persecución de los delitos, deben ser profundamente reformadas, impulsar su profesionalización y elevarlas a la categoría de policías científicas, que por cierto no tiene que ver con las series policiacas norteamericanas, que se estructuran en base a una legislación totalmente distinta a la nuestra y la que genera grupos como los zorros, que son totalmente anticonstitucionales.
Los órganos jurisdiccionales aplican la ley y resuelven cuál es la verdad histórica en relación al hecho, ellos deben de proponer medidas de reestructuración que les permita eliminar el rezago judicial y combatir la corrupción judicial, fundamentalmente la que se dé en materia del fuero común.
Nosotros, el Poder Legislativo, debemos reformar a fondo la Ley Procesal Penal, que nuestro procedimiento no descanse nunca más en la confesión ante la policía judicial y/o el Ministerio Público sin defensor, como pilar de la justicia penal, y que en su inclinación teórica prevalezca el sistema acusatorio y destierre en su mayor parte al sistema inquisitorio.
Tercero. Readaptación social.
El artículo 18 constitucional no se cumple actualmente, la separación de reos procesados y sentenciados, los centros de reclusión especiales para mujeres y fundamentalmente el trabajo y la educación como los medios idóneos de la readaptación social, están casi en el olvido.
Nuestro sistema penitenciario es el que mayores deficiencias técnicas y materiales tiene; la crisis económica golpeó duramente la construcción de más cárceles federales y estatales, pero no habrá presupuesto que alcance si la orientación penitenciaria sigue inclinada a considerar la pena de prisión como casi única manera de recluir y readaptar a los delincuentes. No, debería ser conforme a la escuela científica, ya que atrás quedó en la tecnología la etapa de la venganza pública o del Estado, como dominante en la historia del Derecho Penal.
Las medidas de seguridad y tratamiento son el camino a seguir, conforme al perfil criminológico del delincuente, y es el trabajo y la educación la forma de reincorporar a la sociedad a los sentenciados.
Reformar la legislación penitenciaria, leyes de normas mínimas y de ejecución de sentencias, a fin de crear colonias penales para hacer productivos a los reos sentenciados, es prioritario.
El impacto de la iniciativa presentada por el Ejecutivo y hecho el dictamen por la mayoría priísta en la Comisión de Justicia, será fundamental en nuestros centros penitenciarios, abrumadamente sobrepoblados.
Desgraciadamente no se nos dio, a pesar de que reiteradamente solicitamos, algún estudio hecho por los órganos del Ejecutivo, que nos presentara cifras de cuál es la población penitenciaria actual, de cuántos centros penitenciarios contamos para recibir este número de delincuentes que seguramente serán castigados en virtud de este aumento de penalidad, en cuánto exceden a su capacidad física máxima nuestros centros penitenciarios a la población actual y en cuánto estiman aumentará por el propio aumento de penas a delitos que en muchos casos impedirán ya la libertad bajo caución y en otros los llevarán a durar más en prisión.
¿Cómo será la convivencia en los centros penales, ya saturados y que se sobrepoblarán más?, ¿les daremos respuestas violentas a reclamos de vida más digna de un ser humano, que aún recluidos, justamente solicitarán los detenidos?, ¿serán las respuestas del centro penitenciario o de readaptación social de Morelia y el reciente de ayer de Tepic, Nayarit, las respuestas que daremos, echando exclusivamente la culpa de los problemas delictivos de las causas de criminalidad al individuo y fundamentalmente a aquél que todavía ni siquiera sabemos si es responsable conforme a nuestro sistema jurídico constitucional?, ¿será acaso la escuela lombrosiana donde el individuo es el directamente responsable, el que deberá prevalecer en esta nueva etapa de una administración que se dice moderna o que busca ser moderna?, ¿dejaremos atrás encontrar las verdaderas causas de la criminalidad en la profunda crisis económica y de valores que padecemos?
Por ello, nosotros los diputados de la fracción parlamentaria de la Corriente Democrática, por considerar insuficiente este dictamen, votaremos en contra; pero entiéndase bien, no estamos en contra del aumento de la pena a los delitos, sino la insuficiencia, deficiencia y anticonstitucionalidad de este tipo de medidas unilaterales que sólo hacen emerger con mayor predominio al aparato represor y a su escuela teórica que lo sustenta.
Ciertamente jamás conocimos a los autores de esta iniciativa, quienes se presentaron ante nosotros fue el Subprocurador General de la República y dos directores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que afirmaron no haber participado en la elaboración de este proyecto, que luego hizo suyo el Ejecutivo Federal.
Desearíamos sí, respuestas integrales, un combate total a la delincuencia, pero fundamentalmente una política criminológica que ataque las causas de la criminalidad y no solamente las haga recaer sobre el individuo. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Antes de conceder el uso de la palabra al siguiente orador, esta presidencia ruega a la ciudadana diputada María del Carmen Moreno, integrante de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, tenga a bien atender a los ciudadanos que están manifestándose en las galerías y a los integrantes de esta comisión que se está manifestando en las galerías. Les ruego planteen a la ciudadana diputada María del Carmen Moreno, integrante de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, la manifestación, la petición que quieran ustedes hacer de manera formal.
(Gritos en las galerías.)
Ruego a la Oficialía Mayor que auxilie a la presidencia y a la ciudadana diputada Moreno, en el trámite de esta gestión que se está planteando.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado José Trinidad Lanz.
El C. José Trinidad Lanz Cárdenas: - ¿Acaso debemos cerrar las cárceles y los tribunales por su ineficiencia para prevenir la delincuencia, y volver de nuevo a la era del garrote y la venganza privada?
Con la venia de la presidencia; señores diputados integrantes de esta Legislatura; señoras y señores: Después de los debates impregnados de subjetivismo, quisiera trascender la exaltación de los ánimos y las intemperancias del lenguaje que acudiendo a la objetividad que sólo es propio del sereno juicio de la razón, de la lógica y del respeto al derecho.
La ley, se ha dicho no sin asomo poético, que es un termómetro en el que se conjuntan los afanes culturales de una nación, indudablemente que la ley es un quehacer humano, es imperfecto pero perfectible, dentro del pensamiento orteguiano, la cultura no es más que vida humana, hecha cosa y desde este punto de vista la ley es una respuesta humana a problemas humanos. El ilustre penalista mexicano, don Raúl Carrancá Trujillo, sostenía que la Ley Penal no implica divorcio con el pueblo cuando es dictada democráticamente accediendo a la voluntad popular.
La ley se ha dicho, y no debemos cansarnos de repetirlo, la ley es un postulado social, la ley no es causa fundamental, pero sí es un efecto de la sociedad; en este caso, ya se rubricaba por alguno de los preopinantes.
El presidente de la República en su mensaje a la nación hizo un pronunciamiento sobre el particular, dijo que había que responder al clamor de
la seguridad nacional, y en este sentido ha sido congruente entre el decir y el hacer, al mandar a esta soberanía iniciativas que tratan de responder a la voluntad popular; en este sentido también, la expresión de esta iniciativa y el dictamen que la apoya, son congruentes también.
Trataré de responder a algunas de las objeciones fundamentales que se han hecho al dictamen y a la iniciativa, tratando de zafarme un poco del subjetivismo, del lenguaje sensible, altisonante y de más retórica política que jurídica.
Al hablar de la respuesta popular, no me atengo a encuestas de tipo político sino fundamentalmente a encuestas de tipo personal. Me ha sorprendido la objeción que he encontrado en alguno de los compañeros de la Cámara, puesto que en todas las partes en donde me he movido y he pedido una opinión, el pueblo ha dicho: bien, esto es lo que necesita el pueblo mexicano; en todos los niveles en que lo he preguntado, lo mismo a un modesto taxista que a un alto funcionario, a una ama de casa que a un industrial, a un obrero que a un profesional, la respuesta ha sido: bien, el Estado está respondiendo al reclamo de la nación.
Refiriéndome a una de las objeciones, se ha dicho de manera reiterada que estamos ante una contestación y ante un proyecto simple; se ha hablado de simpleza, la simpleza y la sencillez, compañeros diputados, es lo que debe acompañar a las leyes, las leyes son hechas para el pueblo que no sabe de técnicas refinadas y de criminología ni de Derecho Penal.
Me permito apoyar mi dicho en uno de los grandes juristas de la historia, Montesquieu, cuando él afirmaba: "el estilo de las leyes debe ser conciso y sencillo; las leyes no deben ser sutiles, se hacen para gente de entendimiento mediano, han de estar al alcance de la razón vulgar de un padre de familia sin ser un arte de lógica; la ley se debe cambiar no innecesariamente como lo sostenía desde el siglo XIII Santo Tomás de Aquino, sino deben cambiarse cuando sean producto del reclamo de la voluntad popular."
En el seno de la Comisión de Justicia, se discutía y se hablaba de la tecnificación, de la penología, de la criminología y actualmente hace unos momentos acabamos de escuchar la policiología, técnica que no se entiende; lo que sí entiende el pueblo, es que reclama mayor rigor para los crímenes proditorios, y ese mayor rigor lo contiene la iniciativa que está sometida a nuestra consideración.
A veces, cuando se tecnifica el derecho, haciéndome eco de la frase de un ilustre ministro o ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Don Mariano Azuela, "la tecnificación del derecho implica denegación de justicia; el derecho debe ser sencillo, porque es el reclamo de la sencillez del pueblo".
En una de las más bellas obras que los abogados atesoramos en nuestras bibliotecas, conocida universalmente y traducida a varios idiomas, producto de uno de los grandes republicanos españoles, el maestro Osorio, llamada "El alma de la toga", sostenía su prologuista, Santiago Sentíz Melendo: "los pueblos con mayor justicia no son precisamente los que más se preocupan por la ciencia del derecho sino por la realidad de la razón, y no es casualidad que la libertad se haya afirmado donde se ha creído en la substancia del derecho más que en sus sutilezas".
Menciona una anécdota sobre el particular, y que viene a reafirmar este orden de ideas: "La relación que siempre ha existido entre los dos sistemas jurídicos del mundo, el sistema consuetudinario de los países anglosajones y el sistema de las leyes escritas de los países latinos".
En un célebre debate celebrado en la ciudad de Florencia, se discutía cuál de los dos sistemas era el mejor, si el sistema consuetudinario o si el sistema del derecho escrito; si el sistema que venía del reclamo directo de las costumbres jurisprudenciales surgidas del pueblo, o el sistema surgido de la perfección de los gabinetes de estudios y de la tecnología en el derecho, y el gran Piero Calamandrey, ilustre jurista florentino cortó aquella histórica discusión con una sola frase: "¿cambiarían acaso los ingleses su magnífica justicia por las perfectas leyes italianas?".
Me refiero a la objeción de la ejemplaridad. Se ha hablado de que la prisión y las penas enérgicas de prisión no son ejemplares; me remito en este sentido a las frase con que inicié mi intervención, si no son ejemplares, entonces hay que cerrar las cárceles, hay que cerrar los tribunales y retornar al garrotismo y a la raíz primitiva del Derecho Penal, que es la venganza privada.
Recuerdo en mis estudios de preparatoria cuando don Eduardo García Maines, en su clásica obra de ética, al ilustrar las distintas escuelas del eticismo, se refería al empirismo como la forma más burda de la ética, y citaba precisamente este ejemplo: de la existencia de delitos y de delincuentes, habiendo cárceles, no podemos sacar como consecuencia que debamos cerrar las cárceles y los tribunales.
Quisiera evocar en este sentido a uno de los más ilustres juristas del siglo pasado, el gran ministro
de Justicia, de Don Benito Juárez; don Antonio Martínez Castro, cuando afirmaba refiriéndose en este caso a la pena de muerte, objétase también que por no ser ejemplar es inútil, y en prueba de ello se alega que a pesar de su aplicación se continúan cometiendo los mismos crímenes; pero si esa razón probara algo, serviría también para proscribir todas las otras penas, pues a pesar de ellas siempre ha habido, hay y habrá delincuentes mientras no cambie el corazón humano. Lo posible y lo que el legislador debe únicamente procurar, es que las penas sirvan de escarmiento, si no a todos los habitantes, sí al menos a un gran número de ellos.
Esta es la razón, no la única, toda vez que aquí con cierto nivel de elevación, en la tribuna se hablaba de las distintas escuelas; no vamos a hacer una discusión sobre cuál de las escuelas dentro de la ciencia del derecho penal, es la que debe predominar, si la escuela clásica o la escuela positiva, y cuáles son sus máximos exponentes y la verdadera sustancia de sus doctrinas; lo cierto es que con sencillez debe decirse que el derecho penal trasciende de su raíz primigenia, de la venganza privada, tratando de buscar el beneficio colectivo.
Se ha hablado aquí ayer, hoy y en otras ocasiones de los derechos humanos de los delincuentes, es cierto que tienen derechos humanos los delincuentes, pero sobre los derechos humanos de los delincuentes deben prevalecer los derechos de sus víctimas que también son derechos humanos, y los derechos de la sociedad que también son derechos humanos.
Es cierto que durante épocas aciagas de la historia, hubo penas verdaderamente infamantes y trascendentes, es cierto que surgió una corriente humanizadora a través de la obra clásica del Marquéz de Beccaria, los delitos y las penas; es cierto que se han proscrito de casi todos los códigos penales las penas infamantes y mutilatorias, pero es cierto también que la carrera de la delincuencia ha trascendido a delitos que hace siglos ni siquiera el ser humano se atrevía a pensar.
Tenemos delitos y delincuentes en el medio nacional que horrorizan al ser civilizado, se han mencionado ya algunos hechos proditorios en algunas partes de la República; debemos pensar también que las penas que contiene esta iniciativa son una respuesta a un reclamo popular ante crímenes proditorios, es una respuesta que la sociedad debe dar a aquéllas víctimas de aquéllos seres infames que a veces no tienen ni el derecho a la respiración.
Aun cuando asombre a algunos oídos, quisiera que usted fuera el padre de esa niña victimada por un ser monstruoso, y veríamos si me diera usted la razón o no...
El C. Hiram Escudero Alvarez (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?
La C. Presidenta: - Diputado Lanz, ¿acepta usted una interpelación del diputado Escudero?
El C. José Trinidad Lanz Cárdenas: - Señorita presidenta, he sostenido, sostengo y sostendré que mientras no se reforme la legislación parlamentaria de este país, en México no existe la interpelación, y por tanto no la acepto.
La C. Presidenta: - No la acepta, ciudadano diputado.
El C. José Trinidad Lanz Cárdenas: - Volviendo a la naturaleza de las penas y haciéndome eco de brillantes exponentes de las diferentes escuelas, quisiera referirme primero a un pensamiento de Montesquieu, después a un pensamiento de un inglés y después de un italiano y un español; los que son estudiosos de esta ciencia del derecho, verán a quienes me refiero, lo de menos es que pertenezcan a la escuela clásica o a la escuela positiva, lo cierto es que vemos un gran punto de coincidencia sobre la naturaleza de las penas.
Montesquieu decía: "es esencial que las penas guarden la armonía que deben tener unas con otras, lo que importa es evitar más bien un delito mayor que otro menor, lo más dañoso para la sociedad y lo menos dañoso".
El inglés Jeremías Bentham sostenía: "la pena medio vil en sí mismo que repugna a todos los sentimientos generosos, se eleva hasta el primer rango de los servicios públicos cuando se le considera, no como un acto de cólera o de venganza, contra un culpable o un infortunado que ceda a inclinaciones funestas, sino como un sacrificio indispensable para la salud común".
El gran italiano Carrara sostenía: "que el mal de la pena que recae en el culpable, debe limitarse a las necesidades tutelares, para no caer ni en la tiranía si es excesiva, o en la traición a sus propios fines si es insuficiente".
El fin primordial de la pena es el restablecimiento del orden externo de la sociedad, de lo que se deduce que la idea de restablecimiento envuelve la corrección del culpable; el nacimiento del sentimiento de seguridad, lo repito, el nacimiento del sentimiento de seguridad en el ánimo de los buenos, y una seria advertencia para los inclinados al delito.
El gran penalista Jiménez de Azúa, sostuvo: "defendamos a la sociedad contra el peligro que el criminal representa, mediante procedimientos asegurativos y tutelares, que no excluyen el necesario rigor en algunos casos como la defendemos contra los enfermos peligrosos, contra los dementes, contra los incapaces en general, que son temibles para los coasociados".
Refiriéndome a otra objeción que se ha hecho respecto a la saturación de las cárceles, no resiste el menor análisis lógico esta afirmación, porque no se están introduciendo al campo del derecho penal nuevos delitos, sino solamente formas de los mismos delitos que ya existen, previstos, y los cuales se rigorizan en las penas.
No van a saturar los penales existentes en la actualidad, porque las reformas no son retroactivas, en función de lo que establece la Constitución en el primer párrafo de su artículo 14, tampoco se tratará de otros delincuentes ajenos a los mismos que por ahora delinquen, y por otra parte, éste es el primer paso de toda una política criminológica, ateniéndome a la frase del preopinante que me precedió.
Si ustedes observan el decreto del Presupuesto de Egresos que ha sido sometido a su consideración, podrán ver en él partidas y asignaciones a la Secretaría de Gobernación para construir nuevos penales adecuados y para procesos de readapatación de delincuentes y de menores.
En suma, a nombre de la Comisión de Justicia pido la aprobación del dictamen y de esta iniciativa, que implica un considerable avance en la lucha contra la delincuencia y la satisfacción de los ofendidos.
Es una respuesta popular que trata de enmarcar en el derecho los afanes de la justicia, de la paz y de la libertad, ya enmarcados magistralmente en aquel mandamiento del abogado de Couture, cuando decía el ilustre procesalista uruguayo: "ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como el destino natural del derecho, en la paz como bondadoso sustituto de la justicia, pero sobre todo en la libertad, sin la cual no hay ni derecho ni justicia ni paz". Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Pablo Ávalos Castro.
El C. Pablo Ávalos Castro: - Con su permiso, ciudadana presidenta; compañeras y compañeros diputados: Hemos escuchado distintas versiones de los compañeros diputados, en el que me voy a permitir, a nombre del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, dar algunas versiones sobre conceptos que hemos escuchado.
Hace unos momentos el diputado Lanz Cárdenas nos recuerda el "garrote de Franco en España", nos recuerda también al hacer mención de "escuelas del mundo" y en el cual hace mención de un distinguido mexicano Antonio Martínez Castro, que en el gabinete de Benito Juárez fue ministro de Justicia.
Tal parece que en este parlamento, en el que de acuerdo con su punto de vista, parece que los legisladores somos mediocres, y que parece que el pueblo de México no tiene técnicos en las leyes mexicanas y se contradice también cuando reclama la sencillez del pueblo, la que debe ser, la que deben de percibir los que tienen a su cargo el impartir la justicia.
También habla de que no es posible que se cierren los centros de readaptación social, al contrario, mientras tengamos ignorancia, miseria e injusticia habrá, precisamente, de tener México malos reclusorios, pero esta responsabilidad es de todos; recordamos que al inicio de cada sexenio siempre se habla de profundas reformas, pero el pueblo de México siempre está padeciendo las mismas consecuencias, ¿por qué?, porque a los que tienen las facultades de conocer los problemas que aquejan a las personas que están purgando condenas y que en muchos seminarios, con extraordinaria calidad y experiencia resumen ahí puntos de vista que no son tomados en cuenta y que exhortamos a todos los legisladores para que próximamente analicemos con profundidad todos y cada uno de los detalles que nos dio a conocer hace un momento el compañero presidente de la Comisión de Justicia, y que desde luego se pudo comprobar aquí por los compañeros que pasaron a la tribuna, de que no es más que la repetición de lo que envió el Ejecutivo y que casi no se ha cambiado nada.
Precisamente ayer fuimos testigos todos de que fueron cegadas veintitrés vidas, veintitrés familias en el estado de Nayarit, y que por carecer de una metodología adecuada, por favorecer quizá la estrategia de unos cuantos, fracasaron rotundamente al cegar esas vidas de una manera infame.
El pueblo nayarita y el pueblo de México están reclamando de que se cambie la estructura jurídica, la participación de esos grupos paramilitares que no tienen nada que hacer y que el día de ayer, aquí mismo se recibió, que únicamente la Procuraduría General de la República y el Ejército, están legalmente investidos para tratar de sacar adelante los problemas que pudieran presentarse en otras entidades.
Queremos recordarles de que en este país, todos estamos de acuerdo en la existencia de la sociedad protectora de animales, hasta el animal de Acapulco tuvo protección, porque yo visité el reclusorio días antes de que saliera Alejandro Brown Díaz, y el encargado de la Dirección del Cerezo de Acapulco me informó cuando le pregunté por qué un grupo de reclusos estaban en la parte central de ese lugar, y me dijo entre otras cosas que eran reos con alta peligrosidad, y entre ellos estaba precisamente el chacal de Acapulco, en el que con un cañonazo de 500 millones de pesos, que supuestamente es lo que se maneja, compró la justicia que acaba de iniciar y de manchar desde luego a todo el pueblo de México por un acto infame, en el que todo el pueblo de Guerrero y específicamente el VII Distrito de Acapulco, el cual dignamente represento, está profundamente consternado por ese atropello de que fue objeto.
Aquí le decimos al diputado Lanz Cárdenas, hay que ser prácticos, los que imparten la justicia se dejan llevar por los vaivenes del dinero y de las presiones políticas. Qué casualidad que José Refugio Cortés Juárez, que compartió este crimen con el chacal de Acapulco sigue en la cárcel, por el único y sencillo hecho de que es humilde, de que es pobre y a él sí se le aplica con todo rigor todo el peso de la ley, mientras que Alejandro Brown Díaz, millonario de Acapulco, ha consternado no únicamente a los acapulqueños, a los guerrerenses y a los mexicanos, sino que ha trascendido fuera de nuestra patria este crimen que no tiene nombre.
Por eso compañeros diputados, los ejemplos que han dicho ustedes los podemos seguir y seguir mencionando; qué objeto tiene decir que la realidad social en el Distrito Federal, demuestra que cada hora se cometen un promedio de cuatro violaciones, lo que significa más de 35 mil mujeres que son agredidas en un año; de igual forma, se tiene estimado que el 40% de los violadores son personas que tienen un posición jerárquica sobre la víctima, es decir, que los responsables del delito de violación son familiares directos del ofendido, esto, los padres, padrastros, tíos, maestros, jefes, patrones y policías, constituyen los grupos principales de agresores en este tipo de delito, éstos intimidan a la víctima y propician que un alto porcentaje de agresiones no sean castigadas.
El compañero diputado Vega Memije, hizo una sistemática presentación de lo que en la Comisión de Justicia se analizó, pero la verdad es de que las leyes que se establecieron desde 1917, y en el que precisamente murieron un millón de compatriotas para legarnos esas extraordinarias leyes, aquí lo que ha sucedido es que no se le ha dado el cabal cumplimiento.
Y al compañero Lanz Cárdenas, desde aquí lo exhortamos para que reflexione de que la escuela que amerita la justicia equitativa para el pueblo de México se encuentra en México, porque nuestra ley de 1917, está muy avanzada y que estamos seguros, haciendo la petición a todos ustedes, para que se analice con profundidad y para que se aplique con todo rigor sin discriminación a todos los mexicanos que caigan en un delito.
Por eso, compañeros diputados, es menester que la justicia se aplique con equidad, es cierto, nuestro pueblo en su gran mayoría carece, adolece de conocimientos prácticos y técnicos, y aquí se ha dicho que abogados en la materia, inclusive, están retrasados en estos aspectos, pero nosotros tenemos la obligación de hacerle llegar a nuestros conciudadanos de que se tendrán que cumplir cabalmente las leyes, y que esta Cámara de Diputados clame porque se mejoren los recursos humanos de la Procuraduría General de la República, de las procuradurías de los estados y que en todas ellas se apeguen de acuerdo a la ley.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, desde aquí los exhorta para que se cumpla con honestidad, para que dignifiquemos con la justicia al pueblo de México, porque mucho le debemos. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Benigno Gil.
El C. Benigno Gil de los Santos: - Con su venia, señora presidenta; compañeros diputados: El compañero diputado Ávalos ha dicho en esta tribuna que no se ha cambiado nada de la iniciativa, quisiera nada más pedirle que le dé cuando menos una hojeada a la iniciativa y la compare con el dictamen, para que vea las diferencias.
Se han referido al chacal de Acapulco, aquí todos condenamos al chacal de Acapulco; no es posible que ahora se opongan al aumento de las penas de ese delito precisamente que todos condenamos.
Aquí se habló de que no se aplica la ley, sin embargo, debemos de aceptar que el Poder Judicial se está llevando por las normas jurídicas establecidas, y si existe algún caso donde se sustraiga a la norma jurídica, ahí está la Suprema Corte, destituyendo a los magistrados para que se haga justicia.
La C. Patricia Olamendi Torres (desde su curul): - Señora presidenta, ¿me permite una interpelación?
La C. Presidenta: - Diputado Gil, ¿acepta usted una interpelación?
EL C. Benigno Gil de los Santos: - Sí se acepta.
La C. Presidenta: - Adelante, diputada Olamendi.
La C. Patricia Olamendi Torres (desde su curul): - Diputado, usted asegura que la Suprema Corte de Justicia está cumpliendo en la aplicación de la ley, y toma en cuenta el caso del llamado "chacal de Acapulco"; yo quiero preguntarle, ¿cuántos años le dieron en Guerrero a este sujeto y por qué quedó en libertad? Gracias.
El C. Benigno Gil de los Santos: - Todos sabemos que en Guerrero le dieron treinta años, y que por conducto del amparo la justicia federal amparó al delincuente; ahí es donde algunos de ustedes han dicho que hubo corrupción, yo no voy a juzgarlo porque no conozco el expediente, pero por lo pronto quienes le otorgaron su libertad, han sido cesados de sus cargos y está actuando la Suprema Corte de Justicia.
También aquí se ha hablado de que se requieren otras medidas, que ésta del aumento de penas no es suficiente para combatir la delincuencia, y estamos de acuerdo con ello, pero hay que darle una ojeada también al Presupuesto de Egresos, en términos reales se aumenta el presupuesto para educación, para salud, para vivienda, en fin, para abatir la marginación del pueblo de México, para llevar más bienestar a nuestra población. Esta es otra de las medidas que tiene adelante el gobierno federal.
Habría que ver dentro del propio presupuesto los aumentos que se proponen al presupuesto de la Procuraduría General de la República; se habla aquí de ampliar la cobertura geográfica del servicio del ministerio público federal, a fin de dar un mejor servicio a doscientas cuarenta y cinco poblaciones donde resulta todavía innecesario tener una radicación permanente de una agencia del ministerio público.
Se habla de la capacitación profesional a los funcionarios de la Procuraduría, de la creación de la Subprocuraduría para el Combate del Narcotráfico; éstas y otras a las que ya se refería el maestro Lanz Cárdenas, donde se habla de aumentar el presupuesto para la Secretaría de Gobernación y construir cuatro reclusorios de alta seguridad, poner en operación el reclusorio federal del Estado de México, concluir las instalaciones de la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional y el Consejo Tutelar para Menores, de promover la readaptación y reincorporación de setecientos ochenta liberados, cinco mil menores infractores y personas que incurrieron en delitos; esta son algunas de las medidas que se están proponiendo para que se aplique más la justicia, para que haya realmente mayor justicia en México.
Se les ha olvidado mencionar lo que es el arbitrio judicial, ahí el juzgador tendrá mayor libertad para de acuerdo con la peligrosidad del delincuente, imponer la pena que éste merezca.
Se aumentan las penas hasta cincuenta años en homicidio calificado, parricidio, homicidio a propósito de violación o robo, homicidio del secuestrado, ¿cómo es posible que con su oposición a estas reformas, vengan aquí a proteger a delincuentes? Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Fernando Palacios.
El C. Fernando Palacios Vela: - Con vuestra venia, señora presidenta; honorable asamblea; compañeras y compañeros: Hago uso de esta alta tribuna, para hacer las siguientes manifestaciones respecto al dictamen que presenta a esta Cámara la Comisión de Justicia de la cual formo parte.
En primer lugar, manifiesto que no nos oponemos a las reformas que se proponen, en virtud de que en alguna manera debe de combatirse la delincuencia, en lo que no estamos de acuerdo, es en que aumenten las penas hasta cierto punto en forma inusitada, sin tomar en cuenta las causas que la generan o que generan el delito, pues no se puede pasar desapercibido que la ignorancia, la crisis económica, la drogadicción, el alcoholismo, la falta de oportunidades de trabajo y muchas otras causas, son en gran medida generadoras de delincuencia y que el gobierno debe abatir antes de que generen conductas delictivas.
También hemos reflexionado sobre indicados o presuntos a quienes se les aplicará o aplicarán las penas máximas; seguramente que serán individuos de escasos recursos, quienes no podrán pagar servicios profesionales que los liberen de los delitos que se les imputen.
Si bien es cierto que en algunas de las reformas se justifica el aumento de pena o de la pena, también queremos manifestar que el Estado debe de tratar de corregir las grandes fallas de la impartición de justicia, que es en realidad lo que ha generado mayor desconfianza en nuestro pueblo, ya que existe desde la policía judicial hasta los encargados de dictar resoluciones definitivas, una corrupción terrible.
También quiero decirle a nuestro compañero diputado Lanz Cárdenas, que el pueblo de México
tiene fe en el derecho, confiamos en el derecho; en quienes ya no confía nuestro pueblo es en quienes imparten la justicia, porque ahí es donde se genera en todo su esplendor, la falta de ética para impartir y aplicar la ley, por lo tanto, consideramos que no es precisamente ampliando penas inusitadas como podemos corregir y detener la delincuencia.
Lo que debemos de hacer, es que se aumenten recursos económicos a todos aquéllos que tienen en sus manos la impartición de justicia, que la policía judicial tenga buenos sueldos, que el ministerio público donde verdaderamente se tipifica el delito y se consigna, que también gocen de buenos sueldos y que el juez no sea nombrado precisamente por el Poder Ejecutivo, porque ahí también radica mucho el que éste aplique o no moralmente la ley; por lo tanto, compañeros diputados, nos oponemos a estas reformas y votamos en contra del dictamen presentado. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Graciela Patricia Gómez.
La C. Graciela Patricia Gómez Rodríguez de Ibarra: - Con su permiso, ciudadana presidenta; compañeros diputados: Hablar de la actividad delictiva del hombre, es hablar de los orígenes mismos de la sociedad, sin embargo, cuando ésta rebasa las reglas de la convivencia y crea un estado latente de incertidumbre, de temor y de frustración, es obligación ineludible de cualquier institución y de cualquier Estado, garantizar dentro del marco de la ley el respeto a la existencia humana, al orden y a la tranquilidad.
Aquí se ha establecido a lo largo de cada una de las intervenciones de nuestros compañeros diputados, como se hizo en las reuniones que previamente tuvimos quienes formamos parte de esta Comisión de Justicia, que son muchos los factores que inciden en las conductas delictivas y que en consecuencia varias deben ser las acciones que deben ir aparejadas a dar una respuesta a las mismas.
Lo aceptamos, y sería ilógico pensar que con el sólo incremento de la penalidad podríamos abatir los índices de delincuencia que se vienen presentando en nuestro país, sin embargo, no podemos soslayar que la pena sea ésta tomada como una intimidación, como ejemplaridad, como necesidad de evitar venganzas personales o como medida de conservación del orden social.
En este caso y en las reformas que se proponen al honorable cuerpo colegiado, es una inmediata respuesta a la sociedad, es una forma de acentuar la penalidad para tratar como diferentes a delincuentes, que son diferentes por su alto riesgo de peligrosidad.
Es indudable que no todas las conductas delictivas tienen el mismo impacto social, hay algunas de ellas que no solo lesionan a la víctima sino a la sociedad en general, y si nosotros analizamos cuáles son los delitos a los que se está tratando de reformar en cuanto a la penalidad, son precisamente este tipo de delitos; tal vez no que presente una incidencia alta en nuestro país comparada con otros, tal vez no en un mayor número como sucede con otras conductas delictivas, pero lo que sí no podemos dejar pasar por alto, y creo que todos estaríamos de acuerdo, que se trata de conductas delictivas que lesionan, repito, no solo a la víctima sino a la sociedad entera en nuestro país.
De ahí que las reformas y adiciones a disposiciones del Código para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia Federal presentadas por el Presidente Constitucional de nuestro país a esta honorable Cámara de Diputados, estén dirigidas precisamente a estas conductas, a este tipo de actividades que lesionan valores fundamentales de nuestra sociedad, como son: la vida, el patrimonio, la libertad y la salud colectiva de nuestro pueblo.
Robo, homicidio, lesiones, violación en el área urbana, son conductas cuya incidencia se ha venido incrementando desde 1983 hasta 1988; en los últimos años un 77%, específicamente en el área metropolitana. es donde se han dado este tipo de actividades delictivas y fundamentalmente de esos cuatro delitos, un incremento de un 26% en el área del Distrito Federal.
Por su parte, en las zonas rurales también es de nuestro conocimiento y conocimiento general, que se han venido incrementando actividades delictivas como el homicidio, el asalto y el cultivo de drogas, de ahí que aquí se ha discutido mucho acerca, repito, si el incremento de la penalidad es o no la solución para limitar esta actividad; lo que sí, es que no podemos nosotros dejar pasar por alto que su incremento, como aquí ya se ha repetido por algunos de nuestros compañeros, es una respuesta inmediata a un problema latente.
Para quienes de alguna manera nos hemos desenvuelto dentro de la actividad judicial específicamente, o dentro del área del ministerio público, nos ha tocado vivir experiencias que muchas veces resultan hasta lejanas de la realidad.
Mencionaba el maestro Lanz, con mucha claridad, que bastaría preguntarle al padre de una niña
violada si la penalidad que señalan nuestros códigos es la adecuada; para saber su respuesta, bastaría haber estado tomando declaración a niñas violadas en forma tumultuaria, a niñas golpeadas, para saber cuál es la reacción de la familia y de la sociedad para entender que tal vez la pena, como aquí se ha dicho, no vaya a disminuir la actividad delictiva, pero que sí es una respuesta a un clamor de nuestra sociedad, por eso es que nosotros, a nombre de la fracción parlamentaria de nuestro Partido Revolucionario Institucional, estamos pidiendo de ustedes su anuencia para aprobar este dictamen.
Sabemos, repito, que tal vez con ello no se limite la actividad delictiva, pero que es una respuesta que como autoridad estamos obligados a dar al pueblo de México, es una respuesta a aquéllos que transgreden el orden social, pero sobre todo en este tipo de actividades delictivas como el homicidio, la violación, en el que repito, no solo se lesiona a la víctima sino se lesiona a la sociedad entera. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Luis Jacobo García.
El C. Luis Jacobo García: - Con su permiso, señora presidenta: Han hecho uso de la palabra compañeras y compañeros diputados, varios dando sus puntos de vista en relación con el problema que nos ocupa respecto a la iniciativa presentada para reformar diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal en Materia de Fuero Común y aplicable en toda la República en Materia Federal.
¿Cuál es la realidad social en que vivimos? Como consecuencia de la nefasta política económica que ha venido aplicando el gobierno, existe un brutal empobrecimiento del pueblo, se da un gran desempleo en gran escala, en una sociedad así, insatisfecha de sus necesidades fundamentales, es presa de la enfermedad social que engendra esta anómala situación.
A mayor desempleo, a mayor empobrecimiento, mayor criminalidad y para atacar la delincuencia el Estado recurre al empleo de la represión, el Estado recurre al empleo de medidas policiacas en vez de realizar serios diagnósticos de lo que ocurre en esta sociedad.
Por un lado, se trata de emplear la fuerza, la represión, reformando disposiciones del Código Penal para elevar las penas, pero por otro lado el Estado permite que dentro de la sociedad se hagan uso de los estímulos encaminados a la realización del delito, y así, tenemos que hay campañas abiertas en favor del alcoholismo, campañas publicitarias para el uso del alcohol, para el uso del tabaquismo, para el uso de otros estimulantes; se permite una campaña publicitaria en favor del erotismo en revistas pornográficas, en la nota roja, en la televisión, en la cinematografía. Ahí está la escuela que captan los jóvenes, que captan las personas que emplean los estimulantes, particularmente el alcohol.
Los delitos se cometen generalmente por personas que se encuentran en estado de ebriedad, por personas que han hecho uso o emplean los estimulantes, las drogas; tenemos una influencia nociva de la cultura norteamericana en nuestro país, el uso precisamente de los estupefacientes, esta enorme campaña comercial que el Estado no pone coto.
Entonces pues, no hay congruencia en las medidas que se pretenden poner en práctica para acabar con la delincuencia, porque por un lado se hace uso de la represión, pero por otro se permite la amplia publicidad para el empleo de los estimulantes, que precisamente tienden a favorecer la comisión de los delitos; por eso se requiere que el Estado tome medidas urgentes, necesarias para hacer un diagnóstico de esta enfermedad social, y se tomen las medidas consecuentes, apropiadas y no solamente el aspecto de la represión.
Precisamente por estas deficiencias que se ponen de manifiesto en las medidas que se pretenden adoptar para acabar con la delincuencia o limitar la delincuencia, es por lo que la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, manifiesta su inconformidad con esta iniciativa, y precisamente por ello votaremos en contra de esta iniciativa.
Queremos pues medidas preventivas, medidas educativas, medidas que vayan al fondo del asunto y no medidas superficiales; que vayan a las causas profundas y no medidas de carácter efectivista que solamente ataquen los efectos, las consecuencias, pero no vayan a las raíces del mal.
Por esa razón, llamamos la atención de esta honorable asamblea, para reflexionar sobre la situación que prevalece en nuestro país, y tomar las medidas adecuadas para mejorar la situación combatiendo precisamente las causas y no los efectos. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado César Vieyra.
El C. César Humberto Vieyra Salgado: - Con la venia de la presidencia; señores diputadas y diputados: Ciertamente el problema del hecho reconocido por la ley como delito es muy amplio y muy complejo, podemos catalogarlo a
través de aspectos generales como es su prevención, a la que se refería el señor diputado Luis Jacobo García; la persecución del mismo, la ejecución de la pena y la readaptación social, al derecho penal y al derecho procesal penal corresponden la etapa de la persecución del delito, ya que el primero establece los tipos y las penas, y el segundo los caminos para poder hacer efectivas aquéllas.
Aquí, en consecuencia, sin desconocer la importancia de las medidas de política criminal que se han tomado y deben seguirse tomando, a que se refería el diputado Jacobo García, para prevenir los hechos delictuosos, aquí decía, encontramos la ubicación de la iniciativa que ocupa este debate.
Esta iniciativa recoge estas modalidades de las conductas para retribuirlas proporcionalmente al bien jurídicamente dañado con una pena mayor, porque ahora la brutalidad con que se realizan estos delitos, el perfeccionamiento y poderío de las organizaciones del crimen, el empleo de armas sofisticadas, exige que las penas se actualicen en esa forma proporcional.
La iniciativa de ley que envía el Ejecutivo es obvia, porque el reclamo social para aumentar las penas a esos delitos que causan un gran daño es notorio, esto es, es del conocimiento común de todas las personas; se trata de aspectos importantes dentro del derecho penal, como es la actualización de estas penas, como una respuesta a la realidad de la delincuencia. La alta delincuencia que enfrentamos, reclama altas penas.
El Ejecutivo, en su campaña, recibió el reclamo popular sobre la inseguridad en general, en especial sobre esta alta delincuencia, problema que en su toma de posesión reconoció necesario combatir.
Esta iniciativa es un punto importante dentro de las respuestas que deben darse; esta iniciativa, por supuesto, tendrá que ir paralela a las medidas de política criminal que deben darse para prevenir los delitos, y creo, señores diputados y diputadas, que se ajusta a los principios del sistema penal mexicano recogidos de las doctrinas retributivas de prevención general, de prevención especial que han influido a nuestro derecho, y que desde luego conforman una teoría de la unión o una teoría ecléctica.
Por eso, la iniciativa conserva los principios de humanismo, de atender al fin de la pena que es evitar la reincidencia, a los principios de legalidad y proporcionalidad, y por supuesto, al principio de racionalidad; en consecuencia, la iniciativa es congruente para con el reclamo social, es congruente para establecer a través de su aplicación la ejemplaridad que desde luego debe disminuir la delincuencia. El país experimenta un crecimiento cuya atención debe ser integral en todos sus aspectos.
Nosotros frente a este crecimiento, tenemos en el área que nos corresponda un gran reto, con el pensamiento único de servir a México; por tanto, señores diputados, considero que su voto debe ser para aprobar este dictamen que hoy se discute. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Federico Ruíz López.
El C. Federico Ruíz López: - Con la venia de la presidenta; compañeros diputados: Sí, nos parece que lo que está estableciendo la iniciativa, revisión sobre la política criminal del Estado, es lo que está en el fondo sujeto a debate.
En el mismo argumento, dentro del florilegio expresado por el señor diputado Lanz Cárdenas, se establece la razón que nos asiste, cuando se menciona el caso ejemplar de Acapulco recientemente, a lo que estamos enfrentando no es a la falta de penalización de los delitos sino a la falta de castigo, debido precisamente a un problema de política no criminológica sino criminal.
Lo que está sujeto a debate no es únicamente la inoperancia desde el punto de vista práctico de un aumento de las penas, mismas que se han ido incrementando a lo largo de las reformas penales y que parece que para lo que han ayudado es para que suba la tasa de venta de la justicia, no para lograr castigo para los criminales.
Hay en el planteamiento del problema una inoperancia práctica; exigimos que haya una reforma a la política criminológica, porque evidentemente que a los delitos se requiere prevenirlos.
No tenemos nada en contra del honor militar, no tenemos nada en contra de una sana función política, no tenemos nada en contra de una policía auténtica, pero cuando estamos viendo los hechos en el penal de Tepic y estamos viendo también aquí un incremento en las penas, estamos viendo atrás de esto una política represiva para pretender por ese camino solucionar el problema de la criminalidad en México, omitiendo el hecho de que precisamente son los elementos del poder espurio los factores criminógenos más graves de los que se gesta en México como problema.
No es posible hacer caso omiso de que el Secretario de Gobernación, en su historial de militar
pasó a policía y de policía pasa a político; no tenemos nada contra la actitud política, ni nada contra los policías, ni nada contra los militares, pero la política criminológica del Estado necesita estar emprendida por especialistas, precisamente en la prevención de la delincuencia, que ataque de raíz el problema de la criminalidad en México.
Vamos al fondo del problema, no es en el incremento de las penas como va a resolverse el problema de la seguridad pública; el caso que se ha mencionado, lo que señala es la impunidad debida a la corrupción administrativa en la impartición de justicia.
La cantidad de casos de delitos que quedan impunes, resultan peor que el caso precisamente de lo que pretende la iniciativa, de simplemente en incrementos de penas resolver el problema; esto no va a resolver el problema, y claro, si se va a pretender resolver la sobrepoblación en prisiones por los medios del asesinato y de la justificación represiva, tenemos que decir que no a la iniciativa.
No son las medidas demagógicas lo que va a resolver el problema de México, lo que va a resolver el problema de México es, efectivamente, modificar la política criminológica del Estado, la idea de Acción Nacional, de centrar en un solo mando todas las policías bajo el mando, precisamente del ministerio público, la necesidad que hay para establecer seguridad pública efectiva, que haya incluso un padrón de servidores públicos, que se dediquen a policías, mientras no haya estos controles, señores, el problema es estar suponiendo que a base de violencia generadora de violencia, se va a eliminar la violencia que supone la inseguridad del pueblo de México. (Aplausos.)
Señores de la mayoría precaria, cuando estamos afirmando la necesidad...
(Gritos en la sala.)
La C. Presidenta: - Orden en la sala.
El C. Federico Ruíz López: - De que se oigan razones, estamos en la defensa de su propio derecho, en el momento en el que ustedes estén en las mismas condiciones y este mundo da vueltas, es preferible que piensen en ir estableciendo sistemas penitenciarios que efectivamente garanticen del derecho de todos los mexicanos.
Es necesario pensar en la alternativa de la justicia y de la razón y no de la violencia por la violencia, es necesario encontrar en la vía de la razón la salida a la crisis de este país y no vamos a encontrar la salida a través de políticas represivas.
No es en la amenaza ni en la purga y no es en el aumento de las penas, es en la modificación de este criterio donde va a encontrarse la solución al problema de la seguridad pública; la demanda de la población sobre seguridad pública, está exigiendo como principio confiabilidad en quien ejerce el mando, la inseguridad se genera precisamente desde la criminalidad política que impide, a través del fraude, la manifestación de la voluntad popular, ése es el origen y la raíz del crimen organizado en México.
No es cierto, por otro lado, que las prisiones en México sirvan como lugar de regeneramiento, sirven como escuela de delincuencia y en los puestos incluso administrativos de los reclusorios, es un síntoma más de la corrupción administrativa cuando el otorgamiento de las plazas no se dan en razón de la capacidad técnica o moral, sino como prebenda y como modo de explotación que llega a extremos como si todavía viviéramos en épocas que se aceptara la esclavitud.
No es de ninguna manera en incrementos de penas como va a resolverse el problema de México, no es por ahí, es logrando la reforma real de la justicia haciendo que el poder judicial sea verdaderamente autónomo, que los jueces tengan efectivamente emolumentos suficientes a través de medios preventivos del crimen, y qué grave que un régimen que es el principal generador del crimen, piense que en el aumento de la pena y no en el castigo a la culpa donde va a encontrar la solución, el problema de la seguridad de la ciudadanía en México.
Acción Nacional va en contra de esta disposición, no porque sea iniciativa del Ejecutivo, sino porque no basta con el señalamiento de aumentos en las penas, no basta con esto, hace falta la modificación de este criterio criminológico, es cancelando a los criminales en el uso de la fuerza, como debe encontrarse el camino de la libertad, de la justicia y de la paz en México. Muchas gracias.
PRESIDENCIA DEL CIUDADANO GONZALO MARTÍNEZ CORBALÁ
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Fernando Córdoba Lobo.
El C. Fernando Córdoba Lobo: - Compañero presidente; compañeros diputados:
Estimaba yo en lo personal, que la discusión para la aprobación en lo general del dictamen que se ha puesto a la consideración de esta soberanía llegaba ya a sus límites.
Pienso que lo que constituye la esencia del debate se ha dado, si bien librando con alguna dificultad los argumentos de carácter político, algunos de origen visceral, otros expresados a la ligera, algunos más de raíz esencialmente político- partidista, y al parecer podríamos ocuparnos en esto muchas horas más si no logramos precisar y ubicar la esencia de lo que está ocupando la atención de esta respetable asamblea.
Trataré, en medio de la contradicción que se ha dado y sin incurrir en argumentos de orden político general, concentrar mi intervención en lo que constituye la materia del debate, fundamentalmente por cuanto al incremento en la penalidad propuesta en esta iniciativa del Ejecutivo.
Qué bueno que se haya recogido un clamor social, para poder dar una respuesta inmediata a lo que constituye a veces la desesperación de familias, de hombres y de mujeres en esta sociedad, sí, conflictiva, con un gran cúmulo de problemas, en la que habitamos, y problemas que todos tenemos la responsabilidad de atender, y consecuentemente de proponer soluciones eficaces
. Yo estimo que el incremento en la penalidad va en razón directa de la culpabilidad del delincuente, que las penas se fundan en la culpabilidad; cierto que hay que tomar medidas de seguridad, cierto que hay que realizar una reforma penitenciaria, cierto que debemos ir también a uno de los orígenes o de las causas, como señalaba el diputado Godoy, de las causas que generan la criminalidad, que generan el aumento del delitos, pero todo forma parte de una política criminal, o diré para obsequiar las inquietudes semánticas del diputado Escudero, de una política criminológica. Todo forma parte de esta política, pero ahora nos ocupa precisamente un aspecto relevante, uno de los ingredientes, de los componentes de esta política de vasto alcance, de esta política de magnitud nacional, y ello concierne precisamente a la responsabilidad de este Cuerpo Legislativo.
Decía el maestro Jiménez de Azúa, que en su origen la política criminológica puede considerarse como arte legislativo, como el conocimiento de aquellos medios que el legislador puede hallar según la especial disposición de cada Estado, para impedir los delitos y proteger el derecho natural de sus gobernados. Según Mesguer, se entiende por política criminológica el uso del derecho penal desde el punto de vista de una lucha eficaz contra el delito.
Una de las cuestiones que aquí se han planteado, y con las que yo estoy de acuerdo, es en el hecho indubitable de que el incremento de la penalidad en la materia que nos ocupa, no va a impedir quizá, no va a contener como es de desear, la comisión de delitos.
Pero yo hago aquí la misma pregunta, el mismo planteamiento que hice en el seno de la Comisión de Justicia, a la que me honro en pertenecer: ¿es qué acaso la penalidad alguna vez ha servido como instrumento mágico para contener o para impedir la comisión de un delito?, ¿no es en esencia la respuesta de una sociedad indignada a una lesión qué a esa sociedad le causa uno de sus individuos?, qué bueno sería que la penalidad, que las leyes que en esta materia existen en México como en cualquier país del mundo, sirvieran para contener los delitos que en el seno de esas sociedades se comenten; no es así, pero lo fundamentamos en un argumento estrictamente jurídico, en la proporción de la culpabilidad que tienen quienes cometen particularmente en esta atribulada ciudad de México, determinados delitos que nadie puede negar que la voz popular clama porque se castiguen severamente.
Aquí se han puesto ejemplos, dos o tres ejemplos. Yo preguntaría qué propondría un padre de familia cuando le es devuelta una hija, si vive, después de haber sido objeto de un atentado como el que esta ley pretende penalizar en grado máximo; ya no pensemos en su rehabilitación de orden físico, en su integridad física, en el restablecimiento de su equilibrio, de su estabilidad emocional, no habría padre ni madre de familia que no pidiera no esta penalidad, que no pidiera otra en la que quizá muchos estamos pensando, pero que no va de acuerdo con el grado de cultura y de civilización de los pueblos y los países en nuestra época.
Claro, se puede argumentar, y hay quienes lo han hecho a la ligera, ¿acaso con esto se le va a devolver a una persona o se le va restañar en el daño causado?, no, por supuesto que no, a nadie, ni a la persona objeto del atentado, objeto del delito, ni tampoco a su familia, en todas la variantes que puedan existir.
Pero yo voy a traer en mi auxilio un argumento de el gran maestro Francisco Carrara, cuando expresa: "el fin primario de la pena es el restablecimiento del orden externo de la sociedad", el delito ha ofendido materialmente a un individuo o a una familia o a un número considerable de personas y este mal no se repara con la pena, pero el delito ha ofendido también a la sociedad violando sus leyes y a todos los ciudadanos, disminuyendo en ellos la opinión de la propia seguridad y
creando el peligro del mal ejemplo, y este daño enteramente moral que ofende a todos, en cuanto perturba su tranquilidad, es el que la pena debe reparar con el restablecimiento del orden conmovido o alterado por el desorden del delito.
Se ha dicho que la pena para que realmente sea justa y equitativa y para que permita cumplir eficazmente la función reeducadora y correctiva, que también se le asigna a la pena, debe corresponder en proporción al delito que sanciona.
Para lograr esos objetivos, es necesario que la pena fijada en forma general y abstracta, en el texto de la ley se adapte en cuanto a su naturaleza, medida y forma de ejecución a cada uno de los casos particulares y concretos que se presentan en la realidad, y que son los únicos en los que la amenaza contenida en la norma penal se ejecuta efectivamente sobre las personas que han incurrido en una conducta tipificada como delictuosa por el legislador.
Se ha manejado también la teoría de la individualización de la pena en el derecho penal moderno; cierto, rigurosamente cierto que a veces la mejor intención que subyace en el espíritu de la ley se estrella contra el comportamiento negativo de quienes son los principales responsables de aplicarla, de interpretarla de ejecutarla, pero yo no pienso que en nuestro país yo no pienso que en México, todo esté mal, todo esté corrompido, todo merezca enarbolar la picota para derruirlo.
Cierto que tenemos que hacer reforma, cierto que tenemos que señalar los errores y las deficiencias que en la sociedad existen, pero no apresuremos juicios, no expresemos a la ligera que el bochornoso, el lamentable, el censurable comportamiento de los magistrados de Guerrero, a propósito del caso de Acapulco, sea una regla; pensemos que es una excepción y dispongámonos a señalar aquí y en cualesquiera otro foro de este país, de este libre país que es México, las cosas que hay que corregir, pero no actuemos a la ligera, para que no seamos corresponsables después de los resultados que tenemos que enfrentar con responsabilidad común.
Se ha dicho que una de las causas que generan la delincuencia o la criminalidad, es la miseria, y en este escenario de contradicciones, hemos visto que la miseria no estaba presente en el caso de este llamado así "millonario de Acapulco"; se ha dicho que no hay un presupuesto suficiente, y que el que se asigna en el presente ejercicio no corresponde a lo que la realidad demanda.
Yo pienso que no es solo problema de carácter presupuestal, yo concuerdo con el señalamiento inicial que hiciera el diputado Escudero, cuando habla de la prevención de la criminalidad, de sus causas, la corrupción, hasta la crisis de valores que no es propia de México, no es propia de este país, es una inversión que se ha dado en el mundo; y si comparamos nosotros las condiciones en que se encuentra México, veremos que cuando menos aquí, y no es consuelo, pero una comparación de honesta y estricta justicia, en México, la familia no está en proceso de disolución como acontece en países que viven en un régimen de opulencia, y que tienen un más brusco contraste entre una riqueza exagerada y un desempleo creciente.
Cierto que tenemos que analizar esta crisis de valores, cierto que tenemos que luchar contra el desempleo, pero todo forma parte de una extraordinaria política que yo llamaría "política para la vida nacional", y en ésta se inserta y queda comprendido el espíritu de esta reforma, que no hace más que traducir una exigencia popular en algo que la sociedad está esperando que acontezca, no que se corrija o se evite la comisión de estos delitos, pero sí que quien los comete tenga en proporción a su comportamiento una penalidad adecuada, ¡ah!, que tenemos también que atender a la rehabilitación del sentenciado, por supuesto, porque si algo pasa en la sociedad para que estos hechos ocurran, debemos pensar razonablemente que algo pasa también en la mente y en el corazón del hombre.
¿Qué hacer?, es una ardua tarea, no de ahora, de años que nos ocupará en los años de la vida presente y del futuro, para poder rehabilitar al delincuente y reinsertarlo en la sociedad, convertido quizá en un ser nuevamente útil a su familia y a sí mismo, ése es el ideal de la rehabilitación, pero en tanto este ideal se realiza, el delincuente está ahí y el crimen se ha cometido y la sociedad espera respuestas concretas para corregir esta conducta ilícita.
Que es política represiva, como señalaba el diputado Federico Ruíz, yo no la calificaría como una política represiva, el que a la proporción, a la magnitud y a la gravedad del delito, se oponga una pena en la misma, de idéntica proporción y magnitud.
En esta mezcolanza que se hizo, donde se habla de las policías, donde se habla de las reformas penitenciarias, donde se habla de personalidades y personas, hay que desbrozar un poco esto para concentrarnos en lo que es la sustancia de aquello que yo voy a pedir a la asamblea apruebe en lo general, y no ideologizar ni politizar partidistamente la discusión.
Resolver el problema con el incremento de la pena, preguntaba el diputado Ruíz, ciertamente en alguna proporción comparto su punto de vista; no siento que el problema lo vayamos a resolver de manera definitiva y tajante con el incremento de la pena, pero éste es un elemento útil en la lucha de toda una estructura de justicia contra quienes cometen infracciones que lesionan a una familia y a la sociedad entera.
Por lo demás, señores, decir que la criminalidad en México tiene su origen en el fraude, pues es volver a matizar de falta de seriedad una discusión que exige precisamente que le demos toda la seriedad que merece, que acredita la mayor responsabilidad para que podamos, en conjunto, contribuir a resolver este problema que ahí está presente, que la sociedad espera que se resuelva y que ésta sea una de las medidas que contribuyan a establecer el equilibrio alterado entre la comisión de un delito y la penalidad que éste merece.
¡Que tenemos una gran tarea pendiente!, ¡por supuesto, compañeros diputados!, y no sólo en este ámbito, no solo para poder discernir en el seno de este cuerpo legislativo. ¿Qué es y cómo va a ser nuestra contribución a hacer de México un país mejor?, por más que se diga lo contrario, vivimos en un país de libertad.
Yo recuerdo, a propósito, la expresión de un jurista africano, un extraordinario jurista que señalaba que "la libertad es un plato muy condimentado y a veces difícil de digerir, que cuando se le come en exceso, provoca sed, sed de orden y de autoridad"; no tengamos nosotros, en el uso de esta libertad, otra autoridad más que de la ley, más que la de la ley, que es la que tenemos que reconocer en principio y en el término de nuestro comportamiento político y nuestro comportamiento público.
No tengamos nosotros, en México, otro orden más que el que se derive del respeto a un Estado de derecho y contribuyamos responsablemente, que la libertad es en esencia responsabilidad a que ese orden, ese equilibrio social y esa libertad se mantengan cada vez en mejores condiciones. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alejandro Martínez Camberos.
La C. Luisa María Calderón Hinojosa (desde su curul):- Pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: - ¿Relacionado al mismo asunto?
La C. Luisa María Calderón Hinojosa (desde su curul): - Sí.
El C. Presidente: - Tiene usted la palabra, diputada.
La C. Luisa María Calderón Hinojosa: - Gracias, señor presidente: Quiero rectificar algunos hechos, empezando por los de la incongruencia.
Incongruencia hay en su Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de la palabra, que diciendo que con estas modificaciones penales se va a corregir y se va a disminuir la delincuencia en México, y que por otra parte, con sus flamantes modelos de conductas incongruentes, inadecuadas, irresponsables e irrespetuosas va a tratar de que México mejore en su cultura y en su convivencia humana.
Cómo es posible, ya se nos dijo que sí se aumenta el presupuesto en educación, por supuesto con 61 mil millones de pesos para el Secretario de Educación, que es el señor Bartlett, no precisamente un educador en México; y el señor Nassar Haro en inteligencia y el señor Gutiérrez Barrios en Gobernación, que fue de los que dirigieron la matanza de 1968; esto sí es incongruencia, esto sí provoca malestar, y quiero decirles que no es con leyes de este tipo, señores diputados, como se va a mejorar la convivencia humana en México. Las conductas operantes se aprenden con modelos; sigamos teniendo modelos de delincuentes electorales y pidamos entonces a los adolescentes que no sean delincuentes en las otras materias y que no sean infractores.
Quiero también, señores diputados, referirme a uno de los renglones de la exposición de motivos de la iniciativa, cuyo dictamen está a discusión; se dice aquí que es para permitir la convivencia humana. Yo quisiera saber si en los centros de readaptación social existe la convivencia humana, si los que ahí purgan una pena tienen posibilidad de defender su espacio vital, su alimento y su readaptación. Dicen que el castigo pues, tienen que cumplirlo quien ha cometido un pena, y que es para inhibir la comisión de futuros delitos.
Yo quisiera que no nos apoyáramos en teorías de hace doscientos años, vamos a apoyarnos, como aquí lo han reclamado, en procesos y en investigaciones científicas; las teorías del comportamiento al castigo no le dan ningún trato benevolente. El castigo, señores, puede inhibir la ejecución de conductas, por supuesto si el sujeto está encarcelado no puede cometer conductas delictivas en la sociedad, pero lo único que provoca y que promueve el castigo, es el almacenamiento del rencor y el estar posibilitando que el sujeto que está purgando una pena, esté llenándose más de rencor y cuando salga de la cárcel, por supuesto que no va a salir rehabilitado, va a
salir a cumplir una venganza, así como lo querían hacer los papás de muchas niñas violadas, una venganza no un cumplimiento de la justicia.
Cuando estamos hablando de prevención, es imposible pensar que se pueda prevenir una pena cuando un sujeto se le dice que le van a castigar, señores, para que un estímulo o un castigo pueda ser válido y pueda tener vigencia, tiene que ser contingente a la ejecución de la pena.
Ahora, me gustaría que pensaran un poco en estos delincuentes. ¿Saben ustedes cómo se origina su conducta y su comportamiento antisocial?, ¿han visto en qué ambientes viven?, ¿han visto qué ejemplos aprenden?, ¿se han dado cuenta que vivir en un hacinamiento y vivir conductas sexuales antisociales desde niños, sin tener ningún significativo afecto para ellos, sin adquirir ningún patrón de comportamiento social aceptable, van a tener pensado que la amenaza de un castigo les va a evitar ejecutar una conducta antisocial?
No estamos aquí, señor Lanz Cárdenas, porque se cierren los centros de readaptación, estamos porque los centros de readaptación sean eso, no que sean lugares donde se dan plazas a quienes no son los más morales ni los más dignos ni los más respetuosos, pedimos que los centros de readaptación sirvan para readaptar, para evitar que la sociedad tenga después delincuentes que además están llenos de rencor y que lo único que van a hacer es vengarse Buenas tardes. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alexandro Martínez Camberos.
El C. Alexandro Martínez Camberos: - Con la venia de la presidencia; compañeros diputadas y diputados: En primer lugar, permítaseme que reconozca ante todos ustedes el manejo cordial, equilibrado, con que el señor diputado Montes ha venido manejando la Comisión de Justicia; hemos tenido libertad para exponer nuestras opiniones quienes formamos parte de la oposición en sus diferentes matices, nada más que como sucede aquí en el pleno, que diciéndolo en forma muy simplista, es que se puede ganar las discusiones pero se pierden las votaciones. El dictamen muestra que no se han atendido ninguna de las, a mi juicio, bien fundadas y demostradas razones que algunos miembros de la oposición ha mostrado en el seno de esa comisión.
Quiero además expresar que una vez que a nombre de la Corriente Democrática me opuse en lo general a la iniciativa, consideré que era inútil admitir que tuviéramos que discutir los pormenores, o sea, en lo particular esta iniciativa.
Desde luego que reitero todas las razones que se han expuesto aquí por los compañeros oposicionistas, excepto algunos detalles; creo por ejemplo que si no vamos a estar viviendo hace un siglo ni hace cincuenta años, dejemos de hablar de castigo. Los delincuentes no son para ser castigados, son para ser rehabilitados y hay una contradicción en estas expresiones; tratemos de centrar como dije a algún compañero, la cuestión.
El código que nos rige surgió en 1931, y fue considerado, casi podría decir que en el mundo occidental entero, como el código tal vez más avanzado en su tiempo, reformando sustancialmente las tesis y los ordenamientos del código de Martínez de Castro de 1871; entonces, tratar aquí de hablar del código, es decir, de la autoridad de Martínez de Castro en 1988, más de un siglo después, me parece que es completamente inválido.
Pero además, yo quiero preguntar a los partidarios de los aumentos de penalidad; de 1931, a la fecha, ¿han disminuido los delitos?, porque cada seis años casi siempre se ha modificado el Código Penal, se le han hecho muchos parches, fundamentalmente para aumentar las penas. Eso es claramente visible con sólo comparar los diferentes ordenamientos reformados que hemos sufrido, es algo así como una reetiquetación, que así como lo hacen los comerciantes, así se ha tratado de venir reetiquetando el Código Penal, se le pone una estampilla nueva que dice que en lugar de seis años, como máximo sean doce y y por el estilo.
Y esto quiere decir que nuestra política criminológica, desde hace bastante tiempo ha venido fallando y nos ha conducido a una situación en la que muchos profesores de la escuela de derecho expresan esas teorías, esas teorías de que es más ejemplar la pena mientras es más larga o más victima al delincuente de un sufrimiento.
Es curioso que al principio de la formulación de motivos de esta iniciativa se diga, fijarse por favor, compañeros del Partido Revolucionario Institucional, sin soslayar las tesis doctrinarias sobre la invalidez de las penas largas de prisión, como la realidad mexicana reclama aumentos en la penalidad, ahí les va, ¿cómo que sin soslayar las teorías?, ¿no se dice que las teorías son incorrectas, equivocadas, se olvidan, se contradicen, se desconocen sin razonamientos válidos ningunos, por no decir sin ningunos razonamientos?
Quiere decir, que en principio se acepta que esta iniciativa va en contra de las teorías modernas tecnológicas y criminológicas, y ahí les va, al cabo tenemos mayoría, eso del clamor social a mí
me suena muy raro, o es populismo o es inclusive demagogia. (Aplausos.)
Las multitudes pueden clamar, no se tome a mal porque no es un ejemplo sino una anotación, pueden clamar que se crucifique a alguien, pues hay que crucificarlo, entonces, ¿el Estado para qué sirve sino es para diagnosticar como dijo aquí alguien, diagnosticar las causas de que se estén produciendo cada vez mayores y más crueles delitos?, que se les pregunte a los padres si están bien las penas actuales o si ameritan que se eleven mucho, pues es lo mismo, es volver, tangencialmente es volver a la venganza privada.
Pero hemos llegado a un caso curioso, no voy a decir su nombre, no porque lo haya olvidado, como dijera Cervantes, sino porque no quiero vaciarlo aquí, pero un notable miembro de la Comisión de Justicia dijo que él propondría que en lugar de una pena alta de cárcel a los violadores o autores de delitos sexuales, ¿qué creen ustedes que proponía?, sí, en efecto, que se les castrara. Los miembros de la comisión no me dejarán mentir que lo escuchamos, inclusive algunos de ellos yo creo que con mucha pena.
Hay asociaciones muy respetables de mujeres que claman porque se detengan las violaciones, sobre todo las violaciones tumultuarias, que se rescate la dignidad de las víctimas;- pero yo no he oído, por lo menos sáquenme del error, no he escuchado o no he leído que estas asociaciones en cuanto son respetables, porque hay de feministas a feministas, unas que no vale la pena llamarlas así, son otra cosa, que hayan dicho que se requiere una penalidad tan bárbara, porque es así como debo decirlo, como las que se proponen ahora
Quienes de alguna manera hemos manejado problemas oficiales, sabemos cómo también la venganza privada se filtra, al grado de presentar testigos falsos, de exagerar el daño físico o psicológico que ha sufrido la víctima, y hay de aquel juez que no atienda ese reclamo popular, y a veces dictan la formal prisión sin existir suficientes elementos sobre la presunta responsabilidad y a veces ni siquiera sobre el cuerpo del delito, nada más ése es otro riesgo que estamos obligados a tener.
Ahora, si se trata de responder al clamor social, no hay un clamor social contra los fraudes, grandes fraudes de las bolsas de valores, de los fraccionadores que simulan la propiedad y crean problemas tremendos para el Estado mismo, hay un clamor social también sobre eso, pero como esos son delitos de cuello blanco como los llamaba algún penalista, a éstos no se les va a aumentar la pena.
Sin llegar a la proposición que hacía el compañero de la comisión, creo que este proyecto es en mucho un eco de la ley del talión, "ojo por ojo y diente por diente".
Es importante señalar aquí, que con muy buen criterio esta Comisión de Justicia ha planteado y está por celebrarse un foro de consulta sobre los delitos sexuales, en su punto cuarto dice que la sociedad requiere de un marco jurídico mejor estructurado, que permita no sólo sancionar las conductas ilícitas referidas, sino participar en su prevención y en el programa ya concreto; veamos que el punto dos, dice: para ser discutidas en este foro, causas generadoras de los delitos sexuales; el punto cuatro: prevención de los delitos sexuales; el punto seis: tratamientos del delincuente sexual, esto ya quedó propiamente sin efectos, porque sin que haya aparecido de este foro la conclusión de que una de las causas generadoras de los delitos sexuales es la llamada "baja penalidad", ya se está aumentando la penalidad.
Prevención de los delitos sexuales. No sabemos si se vaya a resolver o a admitir que la "baja penalidad", así llamada, sea mala para la prevención de los delitos sexuales; y esto que decimos del foro sobre delitos sexuales, lo podríamos decir de un foro sobre delitos patrimoniales, de un foro sobre el narcotráfico.
Los propios, más altos representativos del Estado mexicano, han planteado en los foros internacionales la corresponsabilidad de los compradores en relación a los ofertores, a los traficantes, a los productores de fármacos, entonces, esta iniciativa contradice el criterio fundamental que el Estado mexicano ha planteado inclusive ante la Organización de las Naciones Unidas.
Quiero terminar expresando, que debería de hacerse también un foro sobre la situación de la justicia federal y de las justicias estatales en México.
Decía José Martí, que como él había vivido en el seno del monstruo, podía hablar mal de él porque se lo merecía, "desde juez de paz hasta juez federal, he vivido en el seno del monstruo y sé como se las gasta, y puedo afirmar que cuando la política interviene no solamente en el nombramiento sino en la sentencia de los jueces, el cáncer ha llegado al corazón"; y en esta situación estamos y acabamos de tener un ejemplo sobre el cual no quiero extenderme, y es mentira lo que aquí dijo una compañera, que ya se había cesado a los magistrados.
No podía menos el señor presidente de la Suprema Corte, hacer más de lo que hizo y a ver qué
resulta, porque no sabemos quiénes son los padrinos de esos villanos, no sabemos por qué llegaron a magistrados después de tan poco tiempo haber sido jueces. La carrera judicial es absolutamente una entelequia, es una aspiración de todos los que durante años han prestado sus servicios al Poder Judicial honestamente, ahí está el cáncer también.
Por tanto, no hay necesidad de entrar a los pormenores, independientemente de que algunas precisiones, algunos señalamientos nuevos sean aceptables, pero entrar a discutir en lo particular una iniciativa que en lo general es detestable, no corresponde a la fracción parlamentaria que me honro en representar en estos momentos.
El C. Pedro César Acosta Palomino (desde su curul): - Pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: - Para hechos sobre el mismo asunto, tiene usted la palabra ciudadano diputado Acosta Palomino.
El C. Pedro César Acosta Palomino: - Señor presidente; honorable asamblea: El hecho que intentaré rectificar, a sabiendas de que constituye un esfuerzo tremendo, es algo que está seguramente en la convicción de todos ustedes, y consiste en la asombrosa capacidad que tenemos todos para discutir bizantinadas.
Se presentó un proyecto original, que a mi juicio es claro ejemplo de que no es lo mismo tener algo sobre qué legislar, que tener que legislar sobre algo.
Venimos, los que constituimos parte de la oposición, a señalar nuestra inconformidad, por una razón muy sencilla. El proyecto no va al fondo del asunto, el proyecto es un "parche caliente" que pretende resolver sobre la marcha cuestiones de mucha profundidad.
Nosotros creemos que el mismo trabajo hubiera costado elaborar un proyecto adecuado a las circunstancias, que penetrara más en las causas que señalamos como olvidadas en el proyecto que ahora vemos, y buscamos en nuestra intervención original señalar que había la posibilidad de hacer un proyecto así.
Después de eso, de parte de la reacción oficial del Partido Revolucionario Institucional, se vino un campeonato de truculencias acerca de si lo que queríamos era instituir de nuevo la "ley del garrote" o buscar adoptar unas actitudes tremebundas frente a hechos de violación.
Quisiera pues, en esta breve intervención, volver al lugar original, quisiera en esta breve intervención señalar que estamos aquí los de la oposición objetando el proyecto de decreto que se pretende aprobar, por cuanto no va al fondo del problema que señala, por cuanto toca solamente los efectos, pero ni siquiera de pasada se refiere a las causas; y en esas circunstancias, quisiera que se tomara nota de la razón por la que quienes han intervenido aquí para precisar nuestra posición, votaremos en contra. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Miguel Quiroz Pérez.
El C. Miguel Ángel Quiroz Pérez: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: La iniciativa que discutimos para reformar el Código Penal para el Distrito Federal, ha sido objeto de un serio análisis, tanto en el seno de la Comisión de Justicia como en esta asamblea, resultado, desde luego, del interés de todos ustedes para conocer los fundamentos que la motivaron, pero principalmente para discutir con pleno conocimiento la justificación o la injustificación en la aplicación o resultados prácticos de tales adiciones y reformas.
No se puede negar con fundamento que la iniciativa, al proponer se aumenten las sanciones privativas de libertad y las pecuniarias a los responsables de delitos graves, atiende, como ya en reiteradas ocasiones se ha mencionado, a los reclamos y a las demandas de la ciudadanía para hacer frente al aumento del índice delictivo de actos que alarman a la sociedad, afectan gravemente bienes jurídicos que deben ser adecuadamente tutelados por el Estado, y que por las condiciones especiales de su ejecución o por los sujetos que en ellos intervienen, se afectan valores esenciales de la comunidad, que de no ser adecuadamente sancionada, se corre el grave riesgo de provocar el caos, la subversión a todo el orden jurídico y al arribo a estadios en donde la inseguridad, la barbarie y la ley del más fuerte acabarían por imponerse.
Coincido en que estas reformas y adiciones al instrumento punitivo del Estado por excelencia, por sí solas no pueden motivar una drástica disminución en la comisión de delitos graves, pero afirmo, como lo han hecho ya algunos de mis compañeros diputados, que en las actuales circunstancias, la inaplazable reforma integral de los mecanismos, de los instrumentos con que debe contar el Estado para evitar y prevenir conductas antisociales, debe abarcar, por lo pronto, la fijación de penas que correspondan, que equivalgan a los valores jurídicos tutelados, a las circunstancias en que se cometen tales delitos, a la peligrosidad del o de los delincuentes, a la mayor o menor defensa del sujeto pasivo, penas que cumplan su papel preventivo y admonitorio, como
reza el dictamen que se discute, y que por su monto o gravedad hagan pensar seriamente, sean una adecuada advertencia a quienes tengan propósitos de delinquir.
El homicidio calificado, el parricidio, el homicidio que se comete con motivo de actos contra la libertad sexual, el secuestro y homicidio, la violación tumultuaria, los delitos contra la salud, entre otros, por su incidencia representan una seria amenaza para la sociedad, que debemos frenar.
Por lo anterior, estimados compañeros, pido a ustedes que en su oportunidad respalden con su voto el dictamen sometido a su consideración. Muchas gracias. (Aplausos.)
PRESIDENCIA DE LA CIUDADANA SOCORRO DÍAZ PALACIOS
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.
El C. Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Con su permiso, compañera presidenta; compañeras y compañeros diputados: El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ha señalado su postura en torno a este tema, ha sido perfectamente aclarada la posición de nuestro partido al presentar una iniciativa de reformas y adiciones al Código Penal para el Distrito Federal, misma que fue turnada a la Comisión de Justicia.
Razones de mucho peso político existen en el seno de esta Cámara de Diputados, y fundamentalmente entre la diputación del Partido Revolucionario Institucional, que atiende más a la función legislativa, a las indicaciones o a las iniciativas del Presidente, que a los trabajos que aquí se desarrollan.
Pactamos en un momento determinado condiciones de trabajo, programas, acciones tendientes a que todas las iniciativas que vean para proteger a la comunidad tengan una orientación básicamente de opinión de toda la ciudadanía.
Al plantear nuestra iniciativa de ley consideramos que era conveniente, ante los planteamientos que formulábamos, que se sometiera a una consulta popular, a la opinión y participación de todas la instituciones que tengan que opinar algo en torno a los delitos sexuales; ése era el tema que nosotros abarcábamos en nuestra iniciativa, porque consideramos que efectivamente quien comete un delito de violación con agravantes, con violencia, llega al extremo de causar graves daños a la persona y a la familia, que pueden ser equiparados al de homicidio, porque la persona afectada por un delito de esta naturaleza nunca en su vida se vuelve a reponer de ese trauma que causa la agresión y la violencia.
Pero estimamos nosotros que era necesario que esta iniciativa se discutiera más ampliamente, para el efecto de ver la penalidad que debía imponerse a los responsables de este tipo de delitos; pero bastó que llegara la luz del centro, bastó que llegara la luz del que todo lo hace en este país en favor del Partido Revolucionario Institucional y no fue necesaria ninguna consulta, no fue necesaria la opinión del pueblo. Vámonos porque el señor dice que así se haga, y así se está haciendo en este parlamento, y todos los que chiflan y se inconforman es porque son parte de esa borregada que exclusivamente está supeditada a lo que dice el Presidente de la República.
Nosotros somos diputados por voluntad del pueblo, aquí venimos por decisión de un pueblo que arrolló a su candidato a la presidencia de la República; que se haya caído el sistema por causa de la manipulación de la Secretaría de Gobernación es una situación muy distinta, pero ustedes no están respondiéndole a esas madres de familia que están aquí y que las trajeron para que los apoyaran, no les están respondiendo a ellas, porque ellas saben que sus hijas el día de mañana van a ser sujetas a este delito y no han opinado la forma en que deben participar, ni la forma en que se deben de castigar este tipo de delitos.
Necesitamos mayor responsabilidad de los diputados, mayor responsabilidad para con el pueblo; hay muchos delitos que se cometen en esta ciudad, y que quedan impunes gracias a los coyotes que hay en los tribunales, gracias a la corrupción de los tribunales. Esta es la realidad, por eso, no quisimos que se dictaminara nuestra iniciativa de ley, porque necesitamos profundizar cuál es el problema, cuál es la causa, cómo debemos atacar los problemas de esta ciudad.
Transitamos por la ciudad y cuántas mujeres y cuántos hombres de los que están aquí suben al metro para que un demente las empiece a manosear y hacer una serie de fechorías sobre nuestras ciudadanas.
Son delitos de carácter sexual que aquí en esta ley, que ustedes están queriendo que se apruebe a como
dé lugar, no se están regulando ni castigando adecuadamente, no se están viendo las causas ni los orígenes, no se están analizando realmente las conductas que motivan este tipo de problemas.
Por eso, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana está en contra de que se legisle al vapor, de que se legisle por consigna; el pueblo de México requiere respuesta, y tenemos que dársela escuchando al pueblo y legislando para el pueblo. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Napoleón Cantú Cerna.
El C. Napoleón Cantú Cerna: - Con la venia de la presidencia; honorable asamblea: Quiero en primer término rechazar por infundados los calificativos que ha expresado el diputado Oscar Mauro Ramírez, en relación con lo que él llama borregada y legislación al vapor.
El diputado Oscar Mauro Ramírez, como todos los integrantes de la Comisión de Justicia, saben y conocen perfectamente bien cuál ha sido el método y la técnica de trabajo que hemos seguido en dicha comisión, buscando precisamente una labor técnica, profesional y que venga a responder a las necesidades de las iniciativas que llegue a la consideración nuestra.
Sabe muy bien que al iniciarse el funcionamiento de la Comisión de Justicia, se pasó una relación de asuntos y de iniciativas pendientes, y se pidió a los representantes de los diversos grupos parlamentarios indicaran cuáles eran aquéllas en las que tenían interés; esto se hizo, y en esas cuatro iniciativas que se reservaron, se formaron y están trabajando los respectivos grupos de trabajo que ya están adelantados en su labor, y que pronto deberán de presentar su proyecto de dictamen en el seno de la Comisión de Justicia.
Por otra parte, precisamente lo que dice el diputado Ramírez Ayala es cierto, las iniciativas deben de ser el producto de un conjunto popular, y esto es precisamente lo que significa esta iniciativa del Ejecutivo Federal, porque recoge un clamor generalizado en toda la República; se trata de la proliferación y sofisticación de conductas delictivas que provocan, como es natural, tensión, intranquilidad e inseguridad en nuestra sociedad. Se genera así un reclamo popular para pedir medidas más drásticas que se apliquen a quienes con su conducta ilícita provocan esa zozobra social.
El señor Presidente de la República, interpretando el sentir popular, ha propuesto la iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, sin embargo, en la exposición de motivos de dicha iniciativa, el mismo titular del Poder Ejecutivo Federal expresamente precisa que el incremento de la pena en sí, no disminuye la criminalidad, pero que esta medida junto con otras más, forma parte de un programa general e integral de política criminal.
Con realidades el Ejecutivo confirma su aseveración al enviar junto con ésta, tres iniciativas más, como son las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Por otra parte, en los proyectos de presupuestos de Egresos de la Federación y del Distrito Federal que habremos de realizar en las sesiones de esta Cámara la presente semana, se pueden apreciar ya acciones concretas dentro de esa política criminal, integral al asignar mayores recursos a las áreas dedicadas a la prevención , a la promoción y administración de justicia y a la reclusión y readaptación de los delincuentes.
Otro paso en sentido, es como ya se dijo por el diputado Almazán, el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en donde se establece una mejor estructura de la representación social federal y se enfatiza entre otras cosas la lucha contra el narcotráfico, el mejoramiento y capacitación del personal y un mayor contacto y acercamiento con la comunidad, para orientarla, protegerla y lograr así también la corresponsabilidad de la sociedad en los asuntos que la afectan.
No hay que olvidar que este Código Penal se aplica en Materia Común para el Distrito Federal, esta gran urbe que ya se considera como la de mayor población en el mundo, y que con ello sufre actualmente la criminalidad que prolifera en las grandes ciudades.
Cómo podemos desconocer que junto a otras medidas, el aumento de las penas en delitos graves como entre otros el homicidio calificado, el homicidio con motivo de robo, de la violación y del secuestro, la asociación delictuosa como el delito autónomo y el pandillerismo como agravante; este mismo código se aplica a toda la República en materia federal, y sin perjuicio de las demás figuras delictivas, aquí destacan por su gravedad extrema los delitos contra la salud. No puede desconocerse que penas más drásticas son indispensables.
Otros países están estableciendo...
El C. Leopoldo Homero Salinas Gaytán (desde su curul): - Ciudadana presidenta, pregunte al orador si acepta una interpelación.
La C. Presidenta: - Señor diputado, ¿acepta usted la interpelación que le formula el ciudadano diputado?
El C. Napoleón Cantú Cerna: - No la acepto, ciudadana presidenta, al concluir
La C. Presidenta: - Al término de su intervención la aceptará.
El C. Napoleón Cantú Cerna: - Otros países, decía, están estableciendo en esta materia penas todavía más severas; hay que reconocer que la pena es mal necesario y que su finalidad es de intimidación, ejemplaridad, evitar la venganza privada, subsisten frente a la fundamental que es la preservación del orden social.
Sin perjuicio del respeto a las garantías y derechos del acusado, no debemos olvidarnos de la víctima ni podemos tampoco dejar de fortalecer el Estado de derecho y mejorar el orden, la paz y la tranquilidad social.
Por todo lo que se ha expuesto, atentamente pido a esta honorable asamblea su voto a favor del dictamen a discusión, presentado por la Comisión de Justicia.
La C. Presidenta: - Adelante señor diputado.
El C. Leopoldo Homero Salinas Gaytán (desde su curul): - En su intervención, usted invita a que apoyemos la iniciativa sobre el aumento de penas al Código Penal a que hace referencia; si no me equivoco, en 1981, se hizo una reforma al Código Penal y en lugar de aumentarse la penalidad máxima se redujo, ¿no estamos en disposición de que se haga una reforma integral e inclusive de que se llegue a la modificación de la penalidad máxima en lugar de aumentarla, reducirla?
El C. Napoleón Cantú Cerna: - Con mucho gusto, diputado Salinas: Efectivamente, lo que usted dice es cierto, pero posiblemente usted no está enterado de que por convocatoria hecha por el Ejecutivo del Estado, se integraron comisiones revisorias, entre otros, del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León; estas comisiones están integradas por representantes de los colegios de abogados de las facultades de derecho, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo.
Después de una labor que se ha prolongado por muchos meses, después de una dedicación digna de elogio por parte de todos los integrantes de estas comisiones, han llegado ya cada una de ellas a resultados que están proponiendo todavía para darle más desahogo a la opinión pública, están proponiendo, pues, estas consideraciones a la comunidad.
En materia penal, quiero decirle, diputado, que esta comisión que se integró para revisar el Código Penal, está proponiendo precisamente el aumento de penas, y por coincidencia, en muchos de los delitos coincide con la iniciativa que ahora estamos analizando.
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Jaime Fernández Sánchez.
El C. Jaime Fernández Sánchez: - Con la venia de la presidencia; miembros de esta soberanía: Bien, es cierto que la propuesta fundamental de esa iniciativa, consiste en el incremento de las sanciones, situación que no merece mayores comentarios, en virtud de que esta posición es representativa de una de las escuelas jurídico- penales, tal vez la más antigua, la clásica, representada entre otros por Carrara, Rosmini, Rossi, etcétera, pero superada en mi concepto precisamente en este aspecto por la escuela positiva, que sostiene que más importante que la pena son los sustitutivos penales, por esta razón no nos oponemos al incremento de la pena; además, podríamos señalar la costumbre que existe de resolver las causas de los problemas en cuanto a sus índices delictivos, por sus efectos no por la causas, lo que produce que los problemas en lugar de resolverlos se agraven.
Si en verdad se quisiera atender al clamor popular como se pretende en la iniciativa, se debería presentar junto a ésta, toda una reforma tendiente a combatir sus causas: la miseria, la pornografía, la promiscuidad, la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo, el desempleo, etcétera.
Podemos afirmar que el problema no radica en la penalidad del delito sino en la impunidad, en la falta de aplicación de las normas penales, en la falta de preparación de los agentes del ministerio público, en la corrupción policiaca, en la gran cantidad de inimputables, es decir, menores de edad que roban, asaltan, violan y por este hecho quedan impunes.
Se pudo también consultar a distinguidos jurisconsultos como don Sergio Vela Treviño, don Raúl F. Cárdenas, don Juan Velázquez y otros, quienes sostienen que el incremento de las penas
de suyo no resuelve el problema de alto índice en la frecuencia de los delitos; por otro lado, afirman los diputados Jaime Almazán Delgado y Carlos Vega Memije, que ya se prevé toda una reforma administrativa a las procuradurías, por lo que yo me pregunto: ¿qué acaso no sería más sencillo y lógico establecer las reformas administrativas y luego proponer la reforma integral de toda la legislación penal?
Compañeros diputados, debemos ser conscientes que no es aumentando la penalidad en los delitos, como se va a resolver el problema de la delincuencia en México; en todos los grupos parlamentarios se encuentran distinguidos juristas, por lo que apelo a su conciencia para que analicemos a fondo esta problemática y realicemos lo convenido en la Comisión de Justicia convocando al foro propuesto, y presentemos una reforma adecuada a las necesidades de nuestro tiempo, y se cumpla con el reclamo popular con seriedad, no en forma populista y demagógica.
Compañeros diputados, lo anterior de suyo es grave, pero más grave es el rompimiento del orden constitucional a través de la sumisión del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo.
Ya no encuentro otra razón para explicar por qué la prisa en dictaminar una iniciativa que manda el Ejecutivo, antes de dictaminar las diversas iniciativas pendientes desde la Legislatura anterior; se podrá afirmar que es conveniente dictaminar la recién presentada por el Ejecutivo y poco a poco dictaminar las pendientes, a fin de que las presentadas en la actual Legislatura no se rezaguen. Si bien este razonamiento pareciera lógico no lo es, ya que, ¿cómo podemos explicar que la iniciativa presentada por el diputado Oscar Mauro Ramírez, con anterioridad a la del Ejecutivo en el mes de noviembre, hasta la fecha no se haya dictaminado?
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que la presente iniciativa sea devuelta a comisiones, hasta en tanto no sea dictaminada la iniciativa presentada por el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, y se haya celebrado el foro acordado por la Comisión de Justicia.
Segundo. Que todas las iniciativas se dictaminen en el riguroso orden en que sean presentadas, no importando quién sea el iniciador.
Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, a 27 de diciembre de 1988.- Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputados Jaime Fernández Sánchez, Gaudencio Vera Vera, Jaime Guillermo Aviña Zepeda, Guillermo Islas Olguín, César Coll Carabias y José Arturo Ocampo Villalobos.» Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Ciudadano diputado, aunque se está invocando el artículo 58 del Reglamento, en esencia lo que se está proponiendo es una moción suspensiva del debate, y la presidencia quiere aclarar a la asamblea que de acuerdo con el artículo 111, sólo se puede presentar una moción suspensiva en el curso de un debate, y esa moción suspensiva ha sido presentada en las primeras horas de esta mañana y fue desechada.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Rodolfo Duarte.
El C. Jaime Guillermo Aviña Zepeda (desde su curul): - Pido la palabra para hechos.
La C. Presidenta: - Pase usted, diputado Aviña.
El C. Jaime Guillermo Aviña Zepeda: - Con su venia, señora presidenta; compañeros diputados: Ciertamente se hizo una promoción suspensiva en la mañana, pero aquí hay una propuesta doble; se propone también que las iniciativas de ley que vayan llegando a esa honorable Cámara legislativa, se vayan discutiendo conforme lleguen y se vayan planteando en ese sentido, y esto no se ha resultado con la respuesta de la presidencia, con perdón de ustedes, y quisiera que se diera el trámite correspondiente puesto que hay una doble propuesta. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Yo le ruego, señor diputado, tenga a bien presentarnos su propuesta por escrito en los términos del artículo 58, ésta estrictamente, y en cuanto esté elaborada, escrita y firmada, presentarla a la presidencia para darle el trámite correspondiente.
Tiene uso de la palabra el ciudadano diputado Rodolfo Duarte Rivas.
El C. Rodolfo Duarte Rivas: - Ciudadana presidenta; compañeros diputados: Quienes hemos estado atentos al trámite que se ha dado a la iniciativa de reformas al Código Penal, a la iniciativa de reformas de los códigos procedimentales Federal y del Distrito Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, como un paquete que envía el Ejecutivo para atender a necesidades y a demandas específicas que en el curso de su campaña electoral recogió, y respecto de las cuales se comprometió a dar respuesta inmediata para solucionar los problemas que los planteamientos escuchados traen aparejados.
Lamentamos que la mayor parte de las impugnaciones no partan de un cabal análisis de su contenido y del estudio que demanda un tema tan especializado y complejo, tal pareciera que en este primer período de sesiones no hubiéramos superado la etapa del conflicto entre las diversas fracciones, y estemos condenados a vivir en el enfrentamiento permanente.
A veces lamentamos la ausencia de voluntad y de las circunstancias propicias para llegar a acuerdos básicos, que nos permitan concluir en propósitos aquello que resulta positivo para las responsabilidades que tenemos encomendadas.
Ahora que tenemos la oportunidad de debatir con el apoyo de todos, y específicamente de los miembros de la Comisión de Justicia, a fin de mejorar el contenido de las iniciativas, con el aporte de todos para responder aunque sea parcialmente a los anhelos de justicia del pueblo mexicano, tal pareciera que estamos desdeñando esa oportunidad.
Se ha dicho que las iniciativas no constituyen una respuesta cabal a las necesidades y problemas que confronta la justicia de México.
Hemos coincidido, lo hemos dicho aquí, las propias iniciativas en su exposición de motivos lo señalan, los compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra lo han señalado, efectivamente no es una respuesta integral
Estamos de acuerdo en que debe existir un proceso de análisis a fondo y un foro en el que participen los diversos sectores de la sociedad mexicana, para plantear un ambiente decisivo en que la procuración y la impartición de justicia y la readaptación social alcancen un nivel adecuado a los anhelos y aspiraciones de justicia del pueblo.
La iniciativa, como se ha señalado, forma parte de un programa de gobierno y responde, aunque sea parcialmente, a urgencias inmediatas, hechas presentes por el clamor de una sociedad que vive los problemas de la ausencia de seguridad pública.
Problemas que se derivan de razones muy concretas y que la iniciativa tiende a atender para dotar a las instituciones de justicia de instrumentos adecuados, para poder con eficacia combatir estas manifestaciones alarmantes.
Estamos en la necesidad de aprovechar oportunamente los días de este período ordinario de sesiones para estudiar y debatir el paquete de medidas penales, propuesto por el Ejecutivo y enriquecido ya en comisiones por las proposiciones atinadas que formularon los miembros de la misma, y exista así la manera de contar en lo inmediato con diversos medios que fomentarán el mejor ejercicio de las funciones que tiene encomendadas el Estado en materia de justicia.
Dejemos abierta también la posibilidad de que en un breve plazo, esta Cámara sea inductora de una consulta nacional amplia para tener su conocimiento a fondo de los problemas relacionados con la justicia toda, no únicamente con la penal, y con el concurso de los especialistas formular dentro de un esquema integral un conjunto de proposiciones que constituyan un modelo integrado, que permita al Estado y a la sociedad combatir de mejor manera las conductas antisociales, preveerlas y a los responsables poder darles los tratamientos adecuados en los centros de readaptación social.
Tal pareciera que en la mayoría de las impugnaciones existiera el propósito solo de descalificar la iniciativa, de adoptar una posición irreductible tan solo porque ésta proviene del titular del Ejecutivo.
Han existido ciertamente proposiciones acertadas, como lo he señalado, que en el seno de la comisión fueron incorporadas mejorando, modificando, corrigiendo la iniciativa; el variado número de reformas que sufrió, hacen de ella producto del Ejecutivo y del Legislativo.
Los cuestionamientos han sido generalizados, y la mayor parte de ellos fundados en sofismas; ¿qué mayor sofisma que el de rechazar una proposición en este caso la destinada a mejorar la justicia penal, pretendiendo que entre tanto no atendamos a las causas reales de los delitos como son la miseria, el estado de necesidad, la falta de un sistema educativo adecuado, poco podamos hacer para mejorar la administración de justicia y la regulación de las conductas ilícitas?, ¿quiere esto decir que hasta que tengamos una sociedad perfecta, resueltos los problemas causantes de las conductas antisociales, estaremos en posibilidad de legislar para atender a estas manifestaciones graves que hoy laceran a la sociedad? Creo que estamos obligados en este debate a introducir claridad y no a ahondar en la confusión.
La instauración y puesta en práctica de una justicia criminal acorde con la evolución de la sociedad mexicana, de su complejidad, de la forma como la comisión del delito evoluciona y deriva, tendrá que ser un proceso y debemos considerar a este paquete de iniciativas solo como un primer paso. Qué lástima que los compañeros diputados que nos han dicho que expresarán su voto contra de la iniciativa, renuncien a participar desde ahora en este proceso.
No caigamos en el error de resolver problemas tan complejos de un solo golpe; en el gradualismo, en un gradualismo que avance con una regularidad presidida por la urgencia de una demanda muy sentida del pueblo, que es la de contar con un sistema de administración de justicia, con un sistema de regulación de conductas ilícitas y con un sistema de readaptación, podremos en breve tiempo tener los resultados que ahora nos piden lo hagamos de un solo golpe.
Creo que están dadas las circunstancias para que los miembros de esta asamblea, todos, en una comprensión cabal y auténtica de nuestras responsabilidades, demos paso a la posibilidad de que el contenido de estas reformas se traduzca en una mejoría de los instrumentos del Estado, de los que tiene el Estado para arribar a mejores formas de justicia. Muchas gracias.
La C. Presidenta:- Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Sergio Rueda Montoya.
El C. Sergio Alfonso Rueda Montoya:- A todos nos ha tocado ver en más de una ocasión alguna de esas viejas carretas jaladas por caballos de tiro o por mulas, y quien va jalando esos viejos carros lleva puesto en los ojos junto a la rienda algo que le impide ver hacia a los lados, les llaman tapaojos, para que sólo vean en un sentido y no tienda el animal hacia otro lado distinto al que el conductor le va guiando.
La iniciativa que en esta ocasión se nos presenta es semejante a estos animales de tiro que llevan vendas en los ojos, que llevan tapaojos y sólo van viendo en una dirección y no están viendo a la universalidad de la materia penal ni de los delitos; se trata de tener una sola visión totalmente limitada, maniatada y no completa de todo el universo.
Ha olvidado, quien envía esta iniciativa, que la reforma global debe venir a todo el código, porque el actual Código Penal está demasiado parchado y muy mal parchado, sólo ha recibido cambios que lo hacen en estos tiempos estar como un piano desafinado, que sólo da notas sin ton ni son por ningún lado; no se ha dado cuenta el Ejecutivo que el Código Penal, este viejo Código Penal tiene un origen, un vicio de origen que es la inconstitucionalidad, y por eso requiere ser modificado en su totalidad.
Basta recordar que el artículo 49 de la Constitución establece que no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación, y si ve el Código Penal, ese Código Penal no fue expedido ni emitido por el Congreso de la Unión.
En una facultad expresa del Ejecutivo, pidió que el Congreso le delegara sus facultades, que renunciara a ser Poder Legislativo y le cediera las funciones de Congreso al propio Presidente y el propio Presidente expedía el Código Penal, un Código Penal consecuentemente viciado desde su origen por no ser expedido por el Congreso, sino mediante un decreto del Presidente de la República, y es lo primero de lo que se debe de dar cuenta el Presidente al enviar una iniciativa de reformas. Debe tratar de quitar el vicio de origen, y no enviarle un parche más al Código Penal.(Aplausos.)
Cuando Salinas hablaba en su campaña, prometió y ofreció dentro de la modernidad, dar autonomía y reforzar los trabajos del Poder Legislativo, que éste recobrara sus funciones y que dejara de ser lo que hasta entonces venía siendo: una comparsa del Ejecutivo, y esa modernidad y esas promesas de Salinas, parece que se están viendo en la práctica. Sus iniciativas tienen trato preferencial, sus iniciativas pasan a ser dictaminadas de inmediato, tan rápido como llegan, se turnan a comisiones y éstas se ponen a trabajar y sólo dictamina la mayoría sumisa; las demás iniciativas siguen permaneciendo en el rezago, en el cesto de la basura y no son dictaminadas.
Aquel viejo principio de que " el que es primero en tiempo es primero en derecho", debería tener aplicación y dictaminarse las iniciativas conforme fueran presentadas, siguiendo su orden y su turno, pero las comisiones se sujetan dócil y sumisamente al Ejecutivo dentro de ese marco de modernidad, dentro de ese cambio de estructuras, dentro de ese autenticidad que se está queriendo, para que el Poder Legislativo recobre sus funciones.
Cuando hace unos días el propio autor de la iniciativa venía a este recinto a exponer su plan de gobierno y sus compromisos, lo escuchamos decir:
"Cumpliré las promesas de campaña que hice en cada estado y en cada comunidad."
Ante los retos que enfrentamos por las transformaciones políticas y sociales que ya ocurrieron, proponía:
"Primero. Un acuerdo nacional para la ampliación de nuestra vida democrática;
Segundo. Un acuerdo nacional para la recuperación económica y la estabilidad, y
Tercero. Un acuerdo nacional para el mejoramiento productivo del bienestar popular.
Y ante esta nueva realidad, mi gobierno será de apertura en nuestra vida democrática; para ello, propongo un nuevo acuerdo político que fortalezca nuestra unidad y dé cabida a nuestras diferencias.
Tiene que ser un acuerdo que perfeccione los procedimientos electorales, actualice el régimen de partidos y modernice las prácticas de los actos políticos, comenzando por el propio gobierno.
Mi administración dará respuesta a la exigencia ciudadana y efectiva participación, la garantía más urgente en el ámbito político es la transparencia de los procesos electorales.
Comparto esa inquietud ciudadana, garanticemos a todos que su fuerza política, cabalmente medida en la libre decisión de los votantes, será contada y reconocida por todas partes. Nos urge, en confianza, apertura y aceptación a los otros."
Ese compromiso de Salinas, vemos que en realidad no se está cumpliendo; con esa visión parcial con que se nos presenta esta iniciativa, el Presidente de la República sólo ve un campo de derecho penal, está viendo un campo del "garrote", el aumento de penas a unos delitos, ¿y qué es lo que busca y lo que pretende el Presidente?, ¿acaso hacer un código justo y constitucional o ponerle más parches para que luego el día de mañana se tenga que dar marcha atrás para corregir los errores?
Si fuera la intención del Presidente cumplir sus promesas, estaría promoviendo, en primer lugar, como lo ofrecía, reformas democráticas, propondría incluir en el Código Penal, antes que nada, las sanciones de los delitos electorales; ¿qué acaso no existen?, ¿no los ve el Presidente?, ¿está ciego o no quiere verlos porque lleva tapaojos?, ¿no puede ver la universalidad de la conducta delictiva el autor de la iniciativa, que como usurpador del cargo presidencial llegó a él, precisamente mediante el delito electoral?
No se dio cuenta de la existencia de los delitos electorales, quiere que sigan y por ello no piensa castigarlos; si no se dio cuenta, no merece ser Presidente, si no se dio cuenta el Presidente de los delitos electorales, no merece ser Presidente, si los conoce y oculta y no quiere sancionarlos, menos merece ser Presidente por cómplice y encubridor...
(Gritos en la sala.)
La C. Presidenta: - Orden en la sala.
El C. Sergio Alfonso Rueda Montoya: - Alguno de los oradores que antecedían, mencionaba que cómo era posible que nos estuviéramos oponiendo a la iniciativa y al dictamen, que cómo queríamos proteger a los delincuentes; pero en realidad, ¿quién es el que se opone al reconocimiento del delito más grave de México?, ¿quién es el que no quiere verlo?, ¿quién es el que no quiere darse cuenta de que el más grave que la violación carnal, es la violación a la Constitución, la violación al voto, la violación de los derechos individuales y la libertad personal de elegir y no obligado, no siendo manipulado?, ¿quién es el que no quiere ver que si es grave el homicidio por robar o por secuestro, es más grave y urge sancionar el asesino de la democracia y de la libertad como ayer lo hizo el hoy Presidente, lo hicieron luego los gobernadores de Tabasco, Veracruz, Chiapas, Nuevo León, Campeche, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas y Jalisco?
Eso es lo que no quiere ver el Presidente, porque también ahí se violaron los derechos ciudadanos y el voto popular, y ahí también se asesinó a la democracia; ¿qué acaso más grave que el narcotráfico y las drogas en la que están metidos muchos gobernantes, que asesinato por secuestro, que la acción delictiva de los servidores públicos, no lo es acaso el delito electoral y el narcotizar la conciencia del pueblo con la mentira oficial?
Se habla de que la iniciativa obedece al clamor popular, ¿qué acaso no se da cuenta el Presidente que el clamor ciudadano es el que está pidiendo libertad, el que está pidiendo democracia, el que está pidiendo justicia, el que está pidiendo respeto al voto y no el de la represión y el garrote?
Para aquellos que entienden el poder no como un servicio sino como una forma de enriquecimiento, porque están ávidos de zanahoria y temerosos de garrote, poco les vale la democracia y la justicia y sólo buscan satisfacer sus apetitos, mas no aquello que interesa al pueblo, que es la democracia y que en boca del Presidente sólo es palabra, palabra vana y hueca, palabra falsa. (Aplausos.)
En las viejas prisiones era fácil encontrar un verso que era muy común, y que decía: "en este lugar maldito, donde reina la tristeza, no se castiga el delito se castiga la pobreza", y con las iniciativas del Ejecutivo, está haciendo recordar precisamente esa vieja frase, está queriendo hacer que con un aumento de penas, tenga plena vida ese verso: ¿qué se va a castigar, el delito o al pobre que no tiene defensa, al pobre que no es capaz de comprar autoridades, al pobre que es incapaz de luchar por sus derechos?
Si realmente el Presidente quisiera justicia, podríamos preguntarle ¿por qué no está cumpliendo con su programa?, ¿por qué no está empezando
por enviar reformas a la Ley de Servidores Públicos para que no se exonere con toda facilidad, con un año por caducidad o por protección, conductas como la de Beteta?, ¿por qué ahí no se proponen reformas que incluyan también la conducta del Presidente en la Ley de Servidores Públicos y también se aumenten las penas?
¿Se olvida el Presidente en la reforma, con su visión reducida de la responsabilidad de los delitos y de la relación de causa - efecto que establece el propio Código Penal, y de la que no se trata de ampliar esa visión con reformas y ese precepto?, ¿no se da cuenta precisamente de que en todos los delitos que está pretendiendo aumentar la penalidad, hay una relación de causa - efecto?
El Presidente simplemente está pretendiendo atacar las consecuencias, está pretendiendo sancionar la parte última del delito, no está yendo a las causas, no está yendo a los aspectos motivadores de todos los delitos a los que se está refiriendo.
¿Qué es lo que motiva a la comisión de todos los delitos? La cantidad de publicaciones, las películas, los programas de televisión y todo eso lo sanciona y lo autoriza la Secretaría de Gobernación y ¿dónde está la reforma que esté atacando las causas y no los efectos?, ¿dónde está la reforma del Presidente que esté sancionando al Secretario de Gobernación, que esté sancionando a los editores, que esté sancionando a los productores de televisión y de películas?, ¿dónde está pues esa reforma integral del Presidente?, ¿dónde está su visión completa de la realidad de México?, ¿qué su conducta va a quedar reducida a seguir caminando como los animales de tiro con una visión totalmente reducida por los cazaosos?
Eso es lo que le estamos preguntando al Presidente, que cumpla su plan de trabajo y no esté actuando nada más como lo está haciendo, que cumpla plenamente teniendo una visión completa, que no siga habiendo sólo parcelas en el campo penal. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Pérez Fraga para hechos, por cinco minutos.
El C. Luis Antonio Pérez Fraga: - Señora presidenta: compañeros diputados: Se sigue en esta tribuna desvirtuando el tema a que somos convocados, en cualquier momento; parece ser que ese tapaojos que nos indica el diputado de Acción Nacional lo tienen ellos en su obsesión enferma de ver fraude electoral en todas las comisiones a que somos convocados.
Debemos cumplir con nuestra responsabilidad, no ver fraude en una adición a la Ley de Comercio y en una adición a la Ley de Turismo, ahí no hay fraude electoral, señores, estamos cumpliendo con una responsabilidad.
En el tiempo que esta Cámara lleva sesionando, los priístas no hemos dejado de considerar a ésta como la más alta tribuna de la nación, y hemos tratado en todo momento de que su utilización se ajuste a los reclamos y aspiraciones de nuestros representados; si bien, en la búsqueda de consenso hay que transitar por un camino a veces difícil por el que los ánimos y el espíritu que imbuye a cada uno de los diputados no pueden ni deben hacerse a un lado, también es cierto que debe de existir una corresponsabilidad para que las expresiones bruscas no obstaculicen el motivo final que nos congrega y que es el de reflejar en esta tribuna la voluntad nacional.
En esta corresponsabilidad, estamos obligados todos para no desmerecer la confianza que la ciudadanía nos ha otorgado y que no se dio en las urnas de una vez y para siempre, sino que la debemos preservar e incrementar con nuestra actuación cotidiana y con nuestra conducta permanente que debe orientarse a la búsqueda de las mejores opciones para el pueblo de México en su totalidad.
En el Partido Revolucionario Institucional entendemos la polémica como el instrumento para expresar nuestras posturas, procedimientos y alternativas, defendiéndola sí, porque creemos en su autenticidad y en su vialidad; es ya una exigencia que se eleve la eficiencia y la calidad de la polémica, porque ésta es un componente necesario de la confrontación ideológica, un medio de enfrentar puntos de vista contrarios o diferentes y de sacar a la luz su carácter veraz o falso. La polémica, compañeros diputados, pero la polémica de altura que es la que el pueblo espera de sus representantes, debe ser un afán común y un atributo que todos debemos aquí mantener.
La fracción priísta de Veracruz rechaza la contradicción que en esta Cámara existe, exigir al Partido Revolucionario Institucional respeto y no concederlo, silencio absoluto a cambio de gritos, silbidos e insultos, seriedad en medio de carcajadas, acuerdos previos para expeditar la asamblea y su quebranto para afanes de notoriedad, y reflejando su escaso interés parlamentario y evidente oportunismo.
¿No creen, compañeros diputados, que las faltas de respeto como procedimiento legislativo son
rechazadas por el pueblo que espera un debate de características muy distintas a las que aquí suelen darse?, ¿a qué vienen las periódicas disculpas que el Partido Revolucionario Institucional exigen con dignidad señoritil quienes incurren en las peores agresiones, ya sea en la tribuna o desde su curul?
Como ejemplo, el diputado que casualmente no parece burro pero sí hiena por su ridícula carcajada que utiliza como sustituto de su notaria incapacidad para sostener un debate, o la diputada que se acuerda que es dama cuando en su dignidad se siente lesionada por expresiones que ella misma provocó con su acciones, ademanes e improperios incorrectos en una dama, ya no digamos en una diputada federal? (Aplausos.)
¿Pretenden acaso que nos involucremos en una absurda dinámica de la agresión y la disculpa?, ¿cuándo un diputado de la oposición ha subido a esta tribuna a retractarse públicamente o a pedir disculpas por algún insulto que estas alturas ya se cuentan por cientos dirigido a los priístas?, ¿no creen que tenemos el mismo derecho que ustedes de solicitar esta disculpa? Mejor en cambio, les solicitamos responsabilidad y seriedad en sus expresiones para una mejor marcha de los trabajos legislativos.
Compañeras y compañeros diputados, no olvidemos que de la sociedad venimos y nuestros acuerdos a la sociedad van dirigidos; nuestra conducta y actuación se dan en caja de cristal, seamos dignos de ser respetados por la sociedad y mantengamos incólume el respeto a ella, que es quien determina inicial y finalmente el rumbo de la acción. Gracias por su atención. (Aplausos.)
La C. Rosalía Ramírez de Ortega (desde su curul): - Señora presidenta, pido la palabra para alusiones.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra la diputada Rosalía Ramírez de Ortega.
La C. Rosalía Ramírez de Ortega: - Señores diputados: Es asombroso observar la forma en que los defensores de oficio del partido oficial se acercan a esta tribuna para defender y apapachar a su patriarca, tal pareciera que la forma en que se vino a expresar aquí el diputado, deja mucho que desear de aquellos que le antecedieron la palabra, pidiendo a los compañeros legisladores que se aprobara la iniciativa que está en discusión.
Es muy curioso observar, cómo aquí un compañero diputado poblano habló de la reforma integral acerca de la conducta delictiva, y esto me hace pensar de que mientras algunos quieren en forma seria venir a dialogar en esta tribuna, algunos otros se concentran a buscar la manera de seguir ofendiendo a todos aquellos que no están de acuerdo con su posición particular.
En cuanto a lo que se refería el señor diputado acerca de los silbidos y carcajadas, quiero indicarle que no han sido precisamente los partidos de oposición los que las han iniciado, sino la serie de demagogia e incongruencias en los que se nos presentan aquí los articulados de unas propuestas del Ejecutivo; es por eso que ante la cerrazón de su buena disposición a entrar en el diálogo, no dejan otra opción más que la carcajada simple de su intolerancia y sus insultos, y me extraña mucho que crean que cuando se le ofende a una dama, del partido que sea, sea precisamente porque tiene una actitud intolerante.
Sí quisiéramos que en este momento se aclarara ese tipo de hechos, porque todas nosotras como legisladoras de todos los partidos, creemos que nos merecemos un mínimo de respeto por parte de todos ustedes como varones, y creemos, especialmente las mujeres de Acción Nacional, que nunca los hemos ofendido en esa forma...
(Desorden en la sala.)
La C. Presidenta: - Orden en la sala.
La C. Rosalía Ramírez de Ortega: - Sus aclamos confirman una vez más lo que nosotros estamos expresando en esta tribuna, si se pide respeto es por que se otorga respeto, y por eso nosotros cuando se hacen aquí señalamientos por alguno de nuestros compañeros acerca de la premura en que se quiere aprobar esta iniciativa, es el descontento de muchos de ustedes.
Yo les pregunto, ¿por qué no se han discutido en las comisiones como deben de ser todas las iniciativas que aquí se han presentado por muchos legisladores?, ¿por qué darle prioridad a las que manda el Ejecutivo?, ¿es que él es el que tiene únicamente el derecho en que se ha tomado en cuenta su posición, de que sea tomada en cuenta su interpretación de las voces populares acerca de una inquietud que ya se había expresado aquí con anterioridad por otros partidos de oposición?, ¿es que ahora por que viene por parte del Ejecutivo sí hay que darle apresuramiento, sí hay que olvidarnos de todos aquellos renglones que todavía no están bien definidos y claros?
Yo les preguntaría, aquí se han presentado varias propuestas e iniciativas durante este período por varios compañeros legisladores y no han sido tomados en cuenta con esa pasión, señores priístas,
como ahora quieren defender la posición del Ejecutivo, es por que ahora viene por parte de su patriarca y las quieren dejar salir antes de que se acabe el período ordinario, ¿es por eso que ustedes están aquí con esa tenacidad defendiendo la posición de la exposición de la iniciativa del Ejecutivo?
Yo creo que la propuesta que hicieron mis compañeros panistas, en el sentido de que se tomen en cuenta todas las iniciativas presentadas aquí y se les dé igual importancia, es muy válida y como decía la señora presidenta, que se turne específicamente la propuesta, pues se va a turnar para que se tome en cuenta y sea válida para todos los legisladores, no nada más por que viene por parte del Ejecutivo. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado José Manuel Martínez Aguirre, para alusiones personales.
El C. José Manuel Martínez Aguirre: - Con su permiso, señora presidenta: El diputado que me antecedió con muy poco conocimiento del español y sin saber leer, necesita que le acentúen las palabras en el lugar adecuado, no se dice "incólume", señor, dígalo con propiedad; a este señor le molesta mi carcajada, esa carcajada es por todas las sandeces y desvergüenzas que se oyen desde esta tribuna, por todos los disparates de esta fracción que producen en el criterio de los que sí fuimos elegidos por el pueblo y no sacados por la suciedad como ustedes...
(Voces.)
El C. José Manuel Martínez Aguirre: - Echenle, ya me carcajearé de ustedes, no se mortifiquen.
¿Cómo es posible que ayer ustedes mismos defendieran una matanza de reos nada más porque eran narcotraficantes?, eso en cualquier jurado, juzgado, en cualquier parte produce asco, señores, de menos cállense, es lo menos que pueden hacer. Qué bueno que trajeron público, porque ustedes están muy calladitos ahora...
El C. Eloy Argos García Aguilar (desde su curul): - Tema, para lo que pediste la palabra.
El C. José Manuel Martínez Aguirre: - Usted a mí no, digamos, pregunte a la señorita si quiere intervención.
Entonces, señores, esta carcajada si no les gusta, digan cosas adecuadas; el señor viene a pedir altura en la tribuna y habla con un lenguaje que no le entiende nadie más que los señores del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Señores diputados, hasta el momento han intervenido treinta y siete ciudadanos diputados en el debate en lo general del proyecto de decreto que nos ocupa, están inscritos tres ciudadanos más.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Alvaro Uribe Salas.
El C. Alvaro Uribe Salas (desde su curul): - Señorita presidenta, declino porque no hay debate, no se ha tratado el tema.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra la ciudadana diputada Amalia García Medina.
La C. Amalia Dolores García Medina: - Pido disculpas por que estaba fuera de esta sala. Señora presidenta; compañeras y compañeros diputados: Estaba precisamente con una compañera que se encuentra en esta Palacio Legislativo, que acaba de sufrir en días pasados una violación y que venía a ver qué posibilidad hay de que la Cámara de Diputados intervenga en su caso.
Yo quiero señalar que el hecho, a pesar de lo que se piense en relación con violación, yo lo comentaba ahora con ella, no quiere que se dé su nombre, no es un hecho que se dé como se piensa en los sectores más pobres de la población ni solamente por la crisis, sino que es un acto de agresión y humillación.
La compañera fue violada después de que ingresó al Hospital 20 de Noviembre por una fractura en un brazo, y después de haber sido intervenida quirúrgicamente, estando todavía con la anestesia, fue violada por médicos de esa institución.
Ya presentó su denuncia ante el ministerio público, ante la agencia número treinta y uno del ministerio público de la Delegación Benito Juárez, y el número de la denuncia es el 38/527988.
Sin embargo, yo no quiero solamente hacer la denuncia de este caso de esta manera, sino que yo siento una gran indignación que seguramente ustedes comparten conmigo, porque varios medios de información ayer lo estuvieron manejando, y desde mi punto de vista es protegiendo a la institución, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que estuvieron manejando es que si la compañera presentaba esta denuncia, era por que seguramente estaba afectada de sus facultades mentales, y yo creo que éstas son las cosas que no podemos seguir permitiendo, que no se vale, que cuando hay una agresión y ésta es realizada por servidores públicos o por funcionarios, la víctima sea tratada como si fuera el culpable y el delincuente.
Yo le dije a la compañera que esto debía turnarse a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, y por supuesto las mujeres diputadas, yo estoy segura que también mis compañeras del partido oficial, vamos a estar atentas no sólo a este tipo de cuestiones, no sólo a esta denuncia, sino a otras más.
Ahora bien, yo quiero señalar que la relación con la propuesta que se nos hace por parte del Ejecutivo sobre el delito de violación, el dictamen que se presenta de reformas o adiciones a diversas disposiciones del Código Penal, lamento mucho que esta prisa que hay ahora, esta sensibilidad por legislar en un asunto tan delicado como éste, que afecta al conjunto de la sociedad y no solamente a las víctimas, que esta sensibilidad se presente cuando esta propuesta viene del Ejecutivo; porque yo quisiera recordar, y aquí está el registro oficial de la Cámara de Diputados, que en noviembre de 1984 fue presentada una propuesta, un proyecto en relación con el delito de violación, que desafortunadamente está "congelado", como se dice aquí en la Cámara de Diputados, y durante años no hubo prisa para legislar en esta materia.
Sin embargo, a propuesta de un número muy amplio de compañeras diputadas de todos los partidos políticos, de todos los partidos políticos que estamos en esta Cámara de Diputados, se acordó impulsar la realización de un foro, y finalmente el día 25 de noviembre apareció la convocatoria para este foro, en el periódico Excélsior; el compañero Montes seguramente tiene también copia y no me dejará mentir, está la convocatoria para este foro, Primer Foro de Consulta sobre Delitos Sexuales, firmado por los diputados Miguel Montes García y Napoleón Cantú Cerna.
Yo quiero preguntar, si la idea central que teníamos por unanimidad los miembros de la Comisión de Justicia y las diputadas de esta Cámara, de que éste era un asunto que debía analizarse de manera global, no solamente en relación con el Código Penal sino a manera global, ¿por qué no nos esperamos a este debate que está acordado que sea el último día de enero y la primera semana de febrero, hasta el día 7 de febrero?, ¿por qué tenemos tanta prisa para legislar al vapor?
Yo estoy convencida, me van a disculpar aquí mis compañeras diputadas del Partido Revolucionario Institucional, que el motivo principal es que esto viene del Ejecutivo y que ellas también están interesadas, porque lo sé, en que éste sea un análisis exhaustivo, no solamente en relación con la penalidad, porque yo lo he dicho antes y creo que en eso compartimos la opinión muchas otras compañeras y compañeros, nos interesa por supuesto el castigo al agresor, pero no nos interesa solamente el castigo al agresor, en otro tipo de delitos se pone el acento también en la reparación del daño.
Yo les preguntaría aquí, compañeras y compañeros, en relación con el delito de violación, ¿cuál es la consideración que hay de parte del Ejecutivo en relación en la prevención del delito?, no hay nada; ¿cuál es la consideración que se hace para defender a la víctima, para esto que se llama "la reparación del daño"?, tampoco hay nada. Y yo quiero subrayar, que por supuesto que nos interesa el castigo, pero lo que nos anima o por lo menos a mí, no es una mentalidad persecutoria y policiaca, me interesa más la víctima y la defensa de la integridad personal de la víctima, y por eso, en este foro discutiríamos este tipo de cuestiones; desde cuestión de procedimientos penales hasta reformas al Código Penal, hasta algunas cuestiones sobre la Ley General de Salud y también la posibilidad de que el Estado se hiciera cargo de la atención de las mujeres violadas y golpeadas.
Sin embargo, compañeros, resulta que no se nos presenta un dictamen, que además, según mi punto de vista, tiene grandes fallas, pero como viene del Ejecutivo, muchos compañeros se sienten obligados, que no convencidos, porque he platicado con compañeras y compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, obligados y no convencidos a aprobarlo, y estas fallas se refieren a distintas cuestiones, por ejemplo:
Se habla en el artículo 260, "al que sin el consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecuta en ella un acto sexual con intención lasciva o la obliga a ejecutarlo, se le impondrá prisión de quince días a un año", o sea, que alcanza libertad bajo fianza; "si se hiciere uso de la violación física o moral, la pena será de un año a cuatro años de prisión", también alcanza libertad bajo fianza.
Pero aquí se confunde no solamente en este artículo 260 sino en los siguientes, la cuestión de la presión de la violencia física o moral y la del consentimiento; ¿qué es la ausencia de consentimiento? Yo pregunto, si no una violencia moral; ¿qué es la ausencia de la voluntad? Si no una violencia moral, y aquí lo que se está violentando es la voluntad de la persona.
Yo quiero además señalar que éste es un tema en el cual todavía tenemos mucho que discutir, por una razón, esta parte del Código Penal se llama de los delitos sexuales, yo estoy absolutamente en contra, incluso, del título de los delitos sexuales; es un delito de violación y delito que se comete,
no es la libertad de tener o no relaciones sexuales; el delito que se comete es contra la integridad de la persona, por una razón, porque lo que se agrede no es únicamente la decisión o la ausencia de libertad para tener relaciones.
Hay una violencia que lastima también psicológicamente a la víctima y que le puede lastimar de por vida, y que daña también a sus familiares, y en este caso, yo lo que creo es que la violación además no es solamente la cópula, si no que es la violación de la voluntad y que agrede elementos psicológicos, físicos, en fin, todo aquello que somos las personas, y que parece que como está presentado en este proyecto, yo no sé quién lo elaboraría, porque sabemos que el Ejecutivo tiene distintos asesores.
Este proyecto, yo creo es absolutamente atrasado, me parece que no recoge, a pesar de que en el proyecto se dice "que se recoge la preocupación constante que se ha visto en distintos foros", no recoge lo más avanzado que hemos venido planteando los grupos de mujeres, aunque quiero subrayar, por supuesto, que las víctimas no solamente son mujeres, ni siquiera mujeres adultas, que hay niños y niñas y que puede haber hombres también agredidos.
Yo quiero poner otro ejemplo cómo esto no está bien elaborado; en el artículo 165 se dice "se sancionará con prisión de un año a cinco años", o sea, se alcanza la libertad bajo fianza, "al que introduzca por la vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril".
Yo quiero preguntarles, en el caso de tortura se puede introducir otro elemento, y esto es igual de grave y requeriría por supuesto que no hubiera un castigo que no mereciera libertad bajo fianza; sin embargo, aquí se considera un delito menor, así está redactado este proyecto, y así está aprobado el dictamen por la Comisión de Justicia.
Yo creo, compañeros, que aquí hay un examen superficial y que de lo que se trata es, que frente a la imposibilidad de dar respuesta a los reclamos sobre la situación económica y de los reclamos sobre democracia, entonces se intenta presentar que en relación con un reclamo de la sociedad, el de las mujeres, sí hay una respuesta, pero lo que quiere México hoy no son respuestas superficiales, nosotros necesitamos entrar con seriedad a un debate sobre lo que está sucediendo en nuestro país y necesitamos legislar con seriedad, globalmente.
Aquí alguien decía que tenemos un Código Penal, yo digo que no sólo un Código Penal, casi todas nuestras leyes que son parchadas, y lo que necesitamos es entrar en serio, como un cuerpo legislativo responsable, y me refiero aquí al cuerpo legislativo en su conjunto, sin ideologías ni partidarismos, a revisar nuestra legislación para que se adecúe de la mejor manera a aquellas concepciones más avanzadas y completas que tenemos.
Yo quiero, aparte de esta cuestión de la violación y de la propuesta que les hago a mis compañeras y compañeros de todos los partidos políticos, de que con todo respeto a nuestra investidura de representantes de la nación y de legisladores, sigamos adelante con ese foro que hemos convocado, y que aquí discutimos cada uno de los aspectos de este delito de violación, aprobemos que se regrese esta propuesta, en específico de los artículos 260 a 265- bis, que se regresen a la comisión para que sean analizados en conjunto con las demás propuestas que serán presentadas en el foro que se realizará a principios del años que entra, y que de esta manera nosotros demos muestra, y me refiero también a los compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, de que hay una voluntad de que estas cosas se discutan con seriedad, y de que podemos, por supuesto, sin lastimar absolutamente a nadie, hacer que este cuerpo cumpla con su función y que entonces este foro, que además se dice que es un foro en donde se le dará participación no solamente a los diputados sino a especialistas y a representantes de distintas organizaciones sociales, ahí sea discutido este proyecto que presenta hoy el Ejecutivo y que podemos tener una visión global.
Por otro lado, en varias de las intervenciones que se han hecho aquí, se ha señalado que los diputados de la oposición parecería que defendemos a los criminales o que defendemos, decía un diputado anoche, a los narcotraficantes
. Yo quiero decirles, es una opinión personal, que efectivamente yo defiendo los derechos humanos de cualquier preso, por que en la defensa de los derechos humanos nosotros, aquellos que estamos encargados de la elaboración de leyes, no podemos hacer diferencias en la relación con la defensa de los derechos humanos, y defendemos los derechos humanos y la dignidad tanto de un preso como de un ciudadano que goza de todos sus derechos políticos y cuidadanos.
Sin embargo, me parece que esto ha sido tratado mal por los diputados del Partido Revolucionario Institucional, han intentado señalar que lo que defiende la oposición es a los reos; yo digo que no, lo que hemos dicho es que la mejor tradición del liberalismo mexicano, defendemos a la persona y queremos un sistema penitenciario justo, que busque principalmente la rehabilitación de los detenidos, porque si no hubiera posibilidades
de rehabilitación estaríamos muy mal, de eso se trata principalmente.
Por otro lado, yo quiero señalar, porque lo oí aquí mencionado por el diputado Lanz Cárdenas, que había medidas penitenciarias de este tipo, que se tomaban por razones de seguridad nacional. Yo quisiera pedir que esta Cámara, en algún momento discutiéramos qué entendemos por razones de seguridad nacional, porque eso no lo hemos discutido aquí, y cada quien tenemos una idea distinta.
Yo conozco por lo menos, y seguramente todos ustedes también, que esta idea de la defensa de la seguridad nacional en Sudamérica, sirvió para la "guerra sucia", y no era defensa de la seguridad nacional frente a una fuerza extranjera, se trataba ahí en Sudamérica, por poner un ejemplo, el de Argentina, de esta idea de la seguridad nacional para agredir los derechos políticos de los ciudadanos del propio país.
Y en todo caso discutamos esto, porque me preocupa de frente a estos cuerpos que no son constitucionales, como los que sean mencionado en múltiples ocasiones, éste de los "zorros", que no sabemos exactamente a quién corresponde ni de qué se trata, o esta idea que me parece que es principalmente policiaca, de la justicia, o esto que empieza a darse en algunos estados del país como en Chiapas, donde se acaban de aprobar reformas que más parecieran nuevamente la puesta en práctica del delito de disolución social.
Lo que hay es la intención de que frente a una sociedad viva, que intenta democratizar nuestra vida de todos los días, nuestra vida política, la respuesta que parece que viene del Estado es la represiva, y esto sí nos tiene que preocupar a todos, y yo digo a todos, no solamente a la oposición, porque si avanzamos no por el camino de la democracia sino por el camino de la represión, aquellos que hoy cierran los ojos a esta realidad serán también responsables de lo que se venga, y yo creo que nosotros necesitamos andar el camino de la democracia efectivamente, y que este término que hemos usado tanto, del cual estamos incluso hartos de oírlo, debería de impregnar todo, desde nuestra concepción en el Código Penal hasta nuestra concepción en las demás legislaciones del país, y que lo único que debería ampararnos para movernos, es esta lucha por la democracia y la Constitución.
Yo propongo solamente para reiterar nuevamente, que lo que se refiere a los artículos del Código Penal en relación con violación, para que sean tratados con seriedad, de manera global, integral, con la participación de otros sectores de la sociedad, nos turnemos al foro que se realizará a principios del año que entra, y que en todo caso en el otro período ordinario de sesiones legislamos sobre ellos. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra la ciudadana Guadalupe Gómez Maganda.
La C. Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Con su venia, ciudadana presidenta; honorable asamblea: Considero que ha sido éste un largo debate, en el que hemos escuchado diversos juicios y opiniones en torno al apasionante tema de la impartición de justicia, así como importantes tesis doctrinarias de derecho penal, del derecho penitenciario, por lo que no pretendo de ninguna manera venir aquí a hacer una reiteración de lo que han expuesto los ciudadanos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, pero sí me interesa fundamentalmente puntualizar algunos conceptos.
La diputada Amalia García, al cuestionar el dictamen que hoy se somete a nuestra consideración, sostiene que la iniciativa del Ejecutivo se adelanta a un proyecto de la Comisión de Justicia de esta honorable Cámara de Diputados, para la realización de un foro cuya materia será el análisis de los llamados delitos sexuales.
Sin embargo, considero que el hecho de que aprobemos el dictamen que nos ocupa, de ninguna manera constituye un obstáculo, ni impide el que en la fecha convocada por la Comisión de Justicia, tenga lugar el foro mencionado del que seguramente surgirán importantes propuestas que nos orientarán en el futuro trabajo legislativo.
Recordemos que el derecho es dinámico y que la ley se perfecciona día a día, de acuerdo con la realidad que se presenta en nuestra sociedad; por ello cuando ahora, en ejercicio de la facultad constitucional que le otorga al Presidente de la República para enviar iniciativas de ley, el Presidente Carlos Salinas de Gortari está cumpliendo no sólo con el mandato legal, sino también con una demanda popular manifestada con una reiterada insistencia en los diversos foros organizados durante su reciente campaña política electoral, está cumpliendo con un reclamo social, reclamo de más seguridad, de mayor justicia para garantizar auténticamente la paz pública y la debida protección que el Estado le debe a nuestra sociedad.
Se ha criticado aquí que la iniciativa enfatiza únicamente el aumento de las sanciones a diversos tipos penales, descuidando la promoción de medidas preventivas, y por lo tanto, de un enfoque global al problema de la criminalidad.
Sabemos desde luego, como aquí ha quedado asentado, que el hecho de imponer penas más severas a aquellos que incurren en la comisión de delitos no garantiza que dejen de hacerlo, no obstante se establecen con el fin de influir en la reflexión, en una conciencia de quien tiene el propósito de delinquir para advertirlo de una manera ejemplar e intimidatoria del castigo al que se hará acreedor en el caso de cometer acciones que lesionen bienes jurídicamente tutelados.
Por lo que se refiere a los delitos sexuales, consideramos que se justifica la elevación de las penas, en virtud de la incidencia con la que se cometen y por la importancia del interés jurídico que se afecta, ya que indudablemente también como aquí lo han expresado compañeros diputados de los diferentes partidos, los delitos de tipo sexual presentan y originan graves secuencias físicas, morales y desajustes emocionales; sin embargo, no entendemos el porqué si estamos de acuerdo en el que bien jurídicamente tutelado debe sancionarse, no entendemos por qué aquí se ha dicho que se actuó por parte del primer mandatario de la nación con precipitación y premura.
Yo quiero dejar aquí bien sentado que no aceptamos las mujeres priístas que se haya actuado con precipitación y premura, porque esta iniciativa obedece al cumplimiento de un compromiso del entonces candidato presidencial Carlos Salinas de Gortari, compromiso con las mujeres de México de castigar con mayor drasticidad a aquellos que cometen el delito de violación. (Aplausos.)
Carlos Salinas de Gortari expresó que en el primer paquete de iniciativas que enviara a esta honorable Cámara, estaría comprendido lo que se refiere a sancionar con mayor severidad la violación, por lo tanto, no hay premura, no hay precipitación; hay cumplimiento de un compromiso, y desde aquí nosotros le reconocemos que haya cumplido enviando su iniciativa entre el primer paquete de ellas. (Aplausos.)
La compañera diputada Amalia García planteó aquí diversos cuestionamientos, coincidimos con ella en su idea de ir más allá de lo planteado en la iniciativa, qué bueno que pudiéramos lograr que hubiera reparación del daño con posterioridad a una violación, qué bueno que si una conducta tan reprobable como es la violación, también acarreara la atención médica y psicológica en la víctima, y todo aquello de lo que ella habló hace unos momentos; sin embargo, la iniciativa del Presidente de la República constituye un importante avance, porque tipifica del artículo 65 en su segundo párrafo una conducta que ante se comisión quedaba impune. Es indiscutiblemente un avance y que nosotras, las mujeres del Partido Revolucionario Institucional le propusimos en los foros de su campaña, que debía sancionarse.
Esto, desde luego que, como dijo Amalia García, queden algunas lagunas todavía que llenar, pero que sin embargo en el foro que la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados convocó para fines de enero y principios de febrero, seguramente ahí habremos de escuchar muy importantes propuestas, y seguramente que haciendo uso y en ejercicio de la facultad constitucional que tenemos los diputados federales, podamos después en el siguiente período de sesiones promover importantes iniciativas.
Por lo tanto, no veo ninguna incompatibilidad para que aprobemos este dictamen, que constituye avances y constituye respuestas a una demanda social en contra de la inseguridad pública, y que sin embargo después, en la fecha convenida, realicemos nuestro foro y de ahí surjan propuestas que orienten nuestras tareas y nuestro trabajo de tipo legislativo.
Por eso, ciudadana presidenta, yo solicito que este dictamen se someta a la consideración de la asamblea para ver si está suficientemente discutido y que procedamos a su aprobación, porque indiscutiblemente también constituye un avance y una respuesta a una demanda social y popular. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Consulte la secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ... Suficientemente discutido.
La C. Presidenta: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, la presidencia informa que han sido reservados para su discusión en lo particular los siguientes artículos: 1ero. del proyecto de decreto, 25, 164, 164- bis, 201, 205, 206, 260, 261, 265, 266 y 372; 2do. del proyecto de decreto que comprende el 213- bis, 315- bis, 366 y 381, fracciones de la XI a la XV y el 3ero. del proyecto de decreto que cambia la denominación del Capítulo Segundo del Título VIII del Libro Segundo del Código Penal.
Pregunta la presidencia además a la asamblea, si hay algún otro artículo que se deseé reservar para
discutirlo en lo particular... Proceda entonces la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior del Congreso.
El diputado Jaime Hernández tomará la votación en el sentido negativo; la diputada Claudia Esqueda la tomará en el sentido afirmativo.
(Votación.)
Ciudadana presidenta, se emitieron doscientos cuarenta y tres votos en pro, ciento cincuenta y seis votos en contra y dos abstenciones.
(Aplausos.)
La C. Presidenta: - Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados, por doscientos cuarenta y tres votos.
Esta presidencia informa que habiendo sido reservados para su discusión los artículos ya mencionados del decreto, y abierto como está el registro de oradores para la discusión del artículo 25, del artículo 1ero. del proyecto de decreto, se ha inscrito para hablar en contra el ciudadano diputado Leopoldo Salinas.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Leopoldo Salinas.
El C. Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Ciudadana presidenta; compañeros diputados y diputadas: Se razona el voto en contra del artículo 25 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, en la forma siguiente:
Desde su vigencia, el código aludido señaló como pena máxima la de treinta años, pero en el transcurso de sus cincuenta y siete años ha sufrido variantes a cuarenta años, y ahora la propuesta a cincuenta, totalizando con ésta veinte años más que con los que se inició, lo cual debe considerarse grave, por lo que procede a preguntar, ¿ha presentado efectividad el código aludido?, ¿ha cumplido sus objetivos, principalmente el de prevención y readaptación?, ¿ha sido efectiva la administración de justicia?, ¿los aumentos de penalidad han ocasionado baja en la incidencia delictuosa?
La reforma propuesta obligó a un análisis "sobre las rodillas", se apresuró y actuó a la ligera con el fin de darle curso pronto, dejando a un lado las iniciativas y renuncias rezagadas de otras legislaturas, a pesar de los buenos propósitos cuando la Comisión de Justicia se instaló e inclusive se hizo la designación de subcomisiones para dictaminar éstas.
Se reclamó en el seno de la comisión se presentaran análisis, estudios, índices, revisión de legislación comparada, opiniones y puntos de vista de estudiosos del derecho, así como el de organismos profesionales relacionados, reclamando que era más importante la reforma integral que los que se proponía, remitiendo en respuesta a lo que expone el inicialista de la exposición de motivos, lo cual no es materia de procedibilidad.
Estamos enterados de lo expuesto por el Subprocurador, licenciado Luis Octavio Porte Petit Moreno, en la comparecencia que hizo a la comisión, cuando declaró textualmente: "sabemos y estamos conscientes que una reforma legislativa no es la panacea ni es la solución de un problema, forma parte de una estrategia, de un programa y de toda una política criminal"; más adelante apuntó: "la reforma a nuestros códigos forma parte de un trabajo integral, no es de ninguna manera la solución al problema de la criminalidad ni de la seguridad".
Todo lo anterior confirma la posición adoptada por nuestro grupo parlamentario, sobre la conveniencia de una reforma integral, toda vez que el autor de la iniciativa, si así lo hubiere querido, con sólo ordenar hubiere tenido estudios, análisis, cifras, proyectos, al contar con los recursos necesarios, económicos y humanos, e inclusive tratarse para el período extraordinario próximo a incluirse en su agenda ya anunciada, donde se pediría, bajo su solicitud, para mediados del año entrante, sobre que con aumentos de penas se reducirá el índice delictivo, esto es falso, y sí puede reducirse la penalidad mediante un plan de reforma integral a la ley sustantiva, con sus adecuadas medidas de prevención y readaptación.
Para eso, transcribo parte de la exposición de motivos del actual Código Penal de Nuevo León, reformado en forma integral en 1981, que dice: "Por cuanto a la prisión, se acepta como criterio el de la moderna tecnología, ya que la experiencia ha señalado que el aumento exagerado de los límites máximos de la pena de prisión, no tiene efectos de disminución de la criminalidad, por lo que los máximos se reducen razonablemente sin perder de vista la ejemplaridad que debe existir".
Esta verdad a veces olvidada, ha sido señalada ya por becaria, afirma con certeza, que la finalidad de
las penas no es otra que la de impedir al reo que nuevamente dañe a sus conciudadanos, impidiendo también que los delitos los cometan otros tantos; la realidad es que el fin de la pena de prisión, es ejercer sobre el condenado una acción readaptadora.
Es prudente señalar que existen penas severas en algunos países que contemplan hasta la pena de muerte, pero no son a éstos a los que debe considerárseles como muestra, toda vez que la experiencia nos ha demostrado que ésos son los de índice delictivo más alto.
Otro grave problema que se percibe, ha contribuido a la inefectividad que se menciona, es el deficiente sistema penitenciario que existe en la mayor parte de los estados del país, porque en lugar de ser readaptadores son escuelas de delincuentes, y si a eso agregamos situaciones como las que conocemos, en el penal de Nuevo León que tiene más de cuarenta años, ha cuadruplicado su población en relación a su capacidad original y debido a los hacinamientos, en uno de los ambulatorios murieron calcinados diecinueve reos en un incendio que se declaró en días pasados; tenemos otro caso reciente ya tratado en esta tribuna, lo del penal de Nayarit, también con hacinamientos desmedidos de población y debido a la inefectiva seguridad prosperó un motín que trajo como consecuencia la pérdida de veintitrés personas, entre reos y personal administrativo.
Lo que nos lleva a la conclusión que existe un retraso en una efectiva aplicación de justicia en el país, a pesar de que se diga lo contrario; aparte está la deficiencia oficial en lo relativo a la atención de los menores y efectividad de los consejos tutelares para menores, tema éste que merece atención especial.
Por las razones anteriormente expuestas, queda razonado nuestro voto en contra del artículo 25 señalado. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Por la comisión, tiene la palabra el ciudadano diputado Miguel Montes.
El C. Miguel Montes García: - Señora presidenta; compañeros diputados: Con el propósito de intentar agilizar el debate por los múltiples artículos reservados en lo particular, la comisión procurará ser breve y clara hasta donde su capacidad lo permita, en cada una de las respuestas.
En realidad, el ciudadano diputado que hizo uso de la palabra con anterioridad inmediata a mí, vino a razonar un voto sobre este artículo de parte de su grupo parlamentario, pero no en realidad a atacar en lo particular el artículo, por lo que la comisión hace valer los puntos de vista que sostuvo en el dictamen. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Consulte la secretaría a la asamblea, si el artículo 25 del artículo 1ero. del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo... Suficientemente discutido, señora presidenta.
La C. Presidenta: - Se reserva la votación de éste y los demás artículos reservados para su votación nominal en conjunto, en un solo acto.
Abierto como está el registro de oradores para la discusión de los artículos 164, 164- bis y 213- bis, se ha inscrito para hablar en contra el ciudadano diputado Gerardo Arellano Aguilar, quien tiene la palabra.
El C. Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Con el permiso de la presidencia; compañeros diputados: Coincido plenamente con el diputado Montes que hay que hacer esto más rápido, ya lo había planteado yo en el seno de la comisión, había planteado mis puntos de vista de acuerdo a los artículos 164, 164- bis y 213- bis; creo que quedó muy clara mi opinión y la opinión de varios diputados respecto a este punto. Nosotros no estamos en contra del artículo, sino al contrario, queremos complementarlo para que tenga una mayor equidad y justicia.
Los tres artículos se refieren al aumento de castigo que se les da a los miembros que hayan pertenecido o pertenezcan a las corporaciones policiacas, creo que ésta es una preocupación de todos, coincidimos en esto, solamente nosotros queremos proponer el agregado de que se incluya a las personas que fueron militares.
Así como sabemos a diario de delitos que cometen servidores públicos que pertenecieron a corporaciones policiacas, también encontramos que en algunos delitos aparecen sujetos que fueron miembros o que pertenecieron al Ejército. Nada menos en el periódico del día de hoy, aparece una nota que dice: "Formalmente presos los asaltantes que dirigía un desertor del Ejército".
Creo que esta preocupación no debe de quedar al vacío, creo que si hay una buena fe de parte de la
comisión, debemos de complementar estos tres artículos con el siguiente texto: "Artículo 164. Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación policiaca o haya sido miembro de las fuerzas armadas, la pena a que se refiere el párrafo anterior se aumentará en una mitad más".
En igual forma el artículo 164- bis se agregaría el mismo texto que proponemos que dice: "cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor público de alguna corporación policiaca, o haya sido miembro de las fuerzas armadas la pena se aumentará hasta en dos terceras partes más", y en el artículo 213- bis diría: "cuando los delitos a que se refieran los artículos 215, 219 y 222 del presente código sean cometidos por servidores públicos, miembros de alguna corporación policiaca, aduanera o migratoria, o haya sido miembro de las fuerzas armadas".
Esperamos que con el mismo ánimo a que hacía mención el diputado Montes, él agregue ese pequeño párrafo, esa pequeña inclusión que pedimos a estos artículos. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Por las comisiones, tiene la palabra el ciudadano diputado Napoleón Cantú Cerna.
El C. Napoleón Cantú Cerna: - Con la venia de la presidencia; compañeras y compañeros diputados: Hay coincidencia en agravar la pena cuando el sujeto activo sea o haya sido servidor de alguna corporación policiaca; esto obedece a hechos que se han dado en la realidad, y que justifican que se dé este tratamiento a aquellas personas que por su función adquieren conocimientos y relaciones con el crimen en sus diversas manifestaciones.
Sin embargo, no es éste el caso, tratándose de los militares que tienen y que desempeñan como todos nosotros sabemos, una función muy diferente. Quienes pertenecen o han pertenecido a una corporación policiaca, tienen como función preservar el orden, la paz y la tranquilidad públicos, mientras que los miembros del Ejército Nacional tienen bajo su responsabilidad salvaguardar la soberanía nacional.
Aquí no cabe decir que los militares coadyuvan con las autoridades de la Procuraduría General de la República en la lucha contra el narcotráfico para estos efectos, porque si bien es cierto que sí participan con una intervención muy importante, esa intervención se concreta a apoyar a los elementos de la Procuraduría General de la República y también para la destrucción de plantíos o de droga; en tal virtud, se trata de personas que también tienen formación diferente.
No es lo mismo la preparación y la capacitación de un militar con la de un policía, coinciden en un aspecto mínimo de esa capacitación, pero en la mayor parte de esa preparación no son coincidentes...
El C. Gerardo de Jesús Arellano Aguilar (desde su curul): - Señor diputado, ¿acepta una interpelación?
La C. Presidenta: - Señor diputado Cantú Cerna, ¿acepta usted una interpelación?
El C. Napoleón Cantú Cerna: - Al terminar.
La C. Presidenta: - Al terminar su exposición. No la acepta, diputado.
El C. Napoleón Cantú Cerna: - Por otra parte, en la realidad actual, como ya lo establecí, son verdaderamente muy pocos los casos que se dan de personas que han pertenecido al Ejército Nacional y que se vean involucradas en hechos delictuosos, y por ese motivo, a diferencia de los policías que todos aceptamos, la comisión estima que no es de aceptarse la propuesta que hace el diputado Arellano. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Adelante, diputado Arellano.
El C. Gerardo de Jesús Arellano Aguilar (desde su curul): - Señor diputado, yo no hablé de militares en activo, sino estoy hablando de militares que ya han pertenecido a las fuerzas armadas; ahora por otra parte, usted dice que son raros los miembros del Ejército que cometen delitos.
Mire, tengo un periódico en donde sale una nota el día de hoy, donde dice textualmente que fué un desertor del Ejército; yo no estoy pidiendo que se sancione al estar inactivo, estoy pidiendo que se sancione a los malos miembros del Ejército, que salieron del Ejército, desertaron o que se dieron de baja o porque fueron expulsados del Ejército. Esas personas sí tienen una preparación similar, conocen las armas, inclusive en la mayoría de los asaltos bancarios usan tácticas que nada más ellos específicamente comprenden; entonces, solamente quiero que me aclare esto exactamente, diputado.
El C. Napoleón Cantú Cerna: - Como no, con mucho gusto, diputado. Efectivamente, la explicación que yo he dado a quienes hayan pertenecido al Ejército, no a los militares en servicio activo que están sujetos a un estatuto especial.
Por lo que se refiere a la preparación, como ya dije, coinciden en algunos aspectos pero no en todos, es un aspecto menor o mínimo en comparación con toda la preparación que llevan a cabo los militares por una parte y las fuerzas policiacas por otra; y por otra parte, en su actividad los militares no tienen la relación, el contacto, la injerencia, la comunicación que tienen los policías en el diario desempeño de sus funciones, y por lo tanto, no se justifica en esa situación que a los que hayan sido militares se les dé ese tratamiento.
Finalmente, el hecho de que el día de ayer o el día de hoy se haya publicado en el periódico un caso, pues representa situaciones que pueden darse, pero que no constituyen propiamente situaciones que merezcan que se les dé ese tratamiento especial que usted propone.
El C. José Natividad Jiménez Moreno (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?
La C. Presidenta: - ¿Acepta usted una interpelación?
El C. Napoleón Cantú Cerna: - Sí, la acepto.
La C. Presidenta: - Adelante, diputado.
El C. José Natividad Jiménez Moreno (desde su curul): - Hace un momento en la discusión en lo general de la Ley Penal, se mencionaba que deberíamos abocarnos en las cuestiones preventivas de la ley; ahorita se está mencionando una situación a la que el diputado hace alusión, que precisamente trata de prevenir posibles delitos, que ocurran en virtud de algunos elementos del Ejército, que estando fuera del Ejército lo hagan. ¿En qué perjudica que se incluya esto en la Ley Penal?
El C. Napoleón Cantú Cerna: - En el sentido de que la Ley Penal debe establecer situaciones preventivas o correctivas que se refieran a hechos generalizados, que se den en la realidad y en la práctica; estos casos aislados no tienen por qué formar parte de un agravamiento especial, sino que constituirán elementos de juicio que tendrá que utilizar el juzgador para la individualización de la pena dentro del arbitrio judicial.
El C. Gerardo de Jesús Arellano Aguilar (desde su curul): - Una interpelación.
La C. Presidenta: - ¿Acepta, diputado?
El C. Napoleón Cantú Cerna: - Sí.
La C. Presidenta: - Adelante, diputado.
El C. Gerardo de Jesús Arellano Aguilar (desde su curul): - No es cierto lo que usted dice, no son casos aislados. Mire, nada más por darle un ejemplo, Ríos Galeana, el enemigo público número uno que ustedes consideran ahorita, el gobierno, por la cantidad de asaltos que ha cometido en bancos, fue militar, también tiene una capacitación; entonces no son casos aislados, además, la gran cantidad de delitos que se cometen por gente que deserta que se va al exilio militar.
Que quede bien claro, que lo que nosotros proponemos no es castigar a los militares fieles a su servicio, a lo que están desempeñando, sino a los malos elementos que hay en cualquier lado, en este caso en el Ejército.
El C. Napoleón Cantú Cerna: - Así entendemos la propuesta, diputado, y la respuesta ya la he dado.
La C. Presidenta: - Se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el ciudadano diputado Arellano.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte la modificación propuesta por el diputado Arellano del Partido Acción Nacional, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén porque se deseche la propuesta formulada, sírvanse manifestarlo... Desechada.
La C. Presidenta: - Consulte la secretaría a la asamblea, si los artículos 164, 164- bis y 213- bis reservados por el ciudadano diputado Arellano, están suficientemente discutidos.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - En votación económica, se pregunta si están suficientemente discutidos los artículos a que se hizo referencia la señora presidenta.
El C. Gaudencio Vera Vera (desde su curul): - Para hechos, con relación a lo mismo.
La C. Presidenta: - Permítame entonces terminar con la votación que estamos realizando y para hechos puede usted hacer uso de la palabra de manera inmediata.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
La C. Presidenta: - Perdón, diputado, ya se votó que se desechara la propuesta y estamos nosotros votando si están suficientemente discutidos estos artículos que fueron previamente separados, reservados por el ciudadano diputado Arellano.
El C. Gaudencio Vera Vera (desde su curul): - Es sencillamente para aclarar el mismo artículo.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - Pero ya está.
El C. Hiram Escudero Alvarez: - Se votó la proposición, está pidiendo la palabra para insistir en los argumentos en contra del mismo artículo.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - Se desechó la propuesta.
La C. Presidenta: - Ciudadano secretario, voy a darle el uso de la palabra al ciudadano diputado Gaudencio Vera Vera, quien va a abundar en algunos argumentos en relación al artículo 164.
El C. Gaudencio Vera Vera: - El artículo 164, dice: "al que forma parte de manera permanente de una asociación o banda"; entonces, si no hay permanencia, no damos el tipo, en virtud de que si se encuentran dos o tres personas para delinquir, en ese momento ya no hubo permanencia. Entonces propongo que se quite "de manera permanente" y que quedara "al que forme parte de una asociación o banda", quitando nada más la permanencia.
La C. Presidenta: - Por la comisión, tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Montes.
El C. Miguel Montes García: - Con su permiso, ciudadana presidenta; compañeros diputados: El artículo 164 define lo que es una asociación o banda; el artículo 164- bis define lo que es una pandilla; los artículos anteriores del mismo código, no establecían definiciones, aunque penaban la pertenencia a asociación o banda o pandilla con distinta pena, como en el caso.
La diferencia entre una asociación o banda para delinquir, no es su permanencia o su transitoriedad, eso no tiene importancia; la diferencia específica es que se asocien para delinquir; al asociarse para delinquir, sea de manera transitoria o sea de manera permanente, se configura un tipo penal específico, si se trata de una pandilla, se asocian con otro propósito, no con el propósito de delinquir, sólo que en el curso temporal de su asociación surge un delito que cometen, pero no se asociaron para delinquir.
Esta es la diferencia desde el punto de vista de la comisión y no la temporalidad o permanencia, por esta razón, pensamos que el artículo está perfectamente definido, porque si algunas personas se asocian para delinquir, así sea por cinco minutos, pero para delinquir, están tipificando un delito, no así, si simplemente es una pandilla.
PARA HECHOS
El C. Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza (desde su curul): - Pido la palabra para hechos.
La C. Presidenta: - Adelante, diputado.
El C. Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza: - En el caso particular que nos ocupa, el artículo 164 dice: "al que forme parte de manera permanente de una asociación o banda de tres o más personas".
Se ha hablado aquí que si no se da la permanencia no existirá el tipo delictivo, pero esto trae confusión con el 164- bis, que dice: "se entiende por pandilla la reunión habitual, ocasional o transitoria". Si es reunión habitual, ¿qué diferencia hay con la permanente y además el hecho de que sin estar organizados con fines delictuosos cometen un delito?, ¿en qué momento se puede considerar que están organizados con fines delictuosos? No lo dice la ley.
Pero aún más, ¿cómo se puede hablar de que tres personas o más están asociadas con el ánimo de delinquir?, ¿pues qué se trata de que integren contrato de asociación delictuosa como si fuera un contrato de asociación civil?, ¿en qué momento van a determinar si ya está constituida la asociación o banda?, ¿por qué ya nada más se atreven a decir que ya, como lo han dicho, así está bien? Ellos son los iluminados y lo que su palabra, es palabra de rey.
Por lo tanto, es importante que se aclare perfectamente el tipo delictivo, tanto del 164 como del 164- bis, porque tienen relación y aún más, en el momento que dice: "sin estar organizados con
fines delictuosos", pues para saber esto, tratándose de delincuentes, ¿cómo se va a determinar si están o no organizados?, ¿qué necesariamente habrá confesión?, ¿por qué medios van a probar que sí están organizados con fines delictuosos?
Esto es muy subjetivo, muy impreciso que tiene que aclararse, porque a la hora de imponer una sanción por parte del juez o por dictar un auto de formal prisión, el juez, según le plazca, según sus intereses, según lo que le hayan dado de dinero, puede aplicar una u otra pena y ya hay gran diferencia entre una y otra situación.
Por otra parte, dice que cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación, la pena que se refiere el párrafo anterior, se le aumentará en una mitad más y además de la destitución, habla aquí en el 164 de un tipo delictivo de asociación o banda, pero aisladamente no se puede considerar este delito de asociación delictuosa o banda, si no está ligado con otro; no podemos pensar en un caso en que a una persona se le sentencie por asociación o banda, sin que esté ligado con otro delito, o sea, que si aquí ya se le impone una prisión de uno a ocho años por haber constituido asociación o banda, está totalmente aislada la idea y es imposible que se dé en la práctica, no puede haber constancia alguna de que una persona ha constituido una asociación, y así aisladamente se deje y después se le tenga que castigar por eso, tiene que haber necesariamente un delito posterior para que pueda configurarse esa figura delictiva y aquí no está precisado.
Hay una serie de cuestiones, y en todos los artículos está lo mismo, nada más que pues, si no van a razonar, si no, es ocioso que estemos aquí alegando, no es posible así; yo creo que si esto lo van mecánicamente a aprobar, pues así mecánicamente que salga. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Por las comisiones, tiene la palabra el ciudadano diputado Montes.
El C. Miguel Montes García: - Con su permiso, ciudadana presidenta: Los miembros de las comisiones del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hemos comentado este tipo delictuoso y hemos obtenido las siguientes conclusiones, además de los comentarios que se hicieron en las reuniones de la comisión dictaminadora.
El artículo 164 señala: "al que forme parte de manera permanente de una asociación o banda de tres o más personas con propósitos de delinquir, se le impondrá prisión de uno a ocho años y de treinta a cien días de multa".
Insisto en que esté es un delito, independientemente de que se cometa otro hecho penado por la ley, el formar parte de una asociación o banda con un propósito delictivo, es por sí mismo un delito, independientemente de las dificultades que para aprobar la intención puedan darse o no, que es el argumento principal de quien me antecedió en el uso de esta tribuna. Puede haber mucha dificultad para aprobar la intención, si no se aprueba no se aplicará la sanción.
La diferencia con pandilla es que la pandilla, insisto, no está asociada para delinquir, es un grupo de personas en el número que señala el código, que reuniéndose para otro propósito, durante el tiempo de su reunión tienen ocasión de delinquir, realizan un delito en forma masiva, vamos a decir, todos los miembros de la pandilla, y por esa circunstancia se agrava la pena por haber cometido el ilícito.
La comisión tiene que reconocer que la característica diferencial entre asociación o banda, es el propósito delictivo; asociarse, unirse para delinquir, que la temporalidad, en efecto, tiene poca relevancia aunque desde el punto de vista gramatical puede ser asociación tenga una connotación de mayor permanencia: "personas que se unen con una finalidad común, normalmente", que la palabra "banda".
En consecuencia, en mérito a lo expuesto con anterioridad a los argumentos expresados por los diputados que conversamos, la comisión retira del texto del artículo las palabras "de manera permanente", en su primer párrafo, "por lo que el tipo delictivo quedará", y con esa redacción proponemos que sea votado: "al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de uno a ocho años y de treinta a cien días de multa". El resto del artículo no se modificará ni tampoco el 164- bis, a juicio de la comisión dictaminadora. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Consulte la secretaría a la asamblea, si el artículo 164 se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - En votación económica, se pregunta si está suficientemente discutido el artículo 164.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
La C. Presidenta: - Se reserva la votación de éste y los demás artículos reservados, con la modificación propuesta por las comisiones para su votación nominal en conjunto, en un solo acto.
Abierto como está el registro de oradores para la discusión de los artículos 201, 205, 206, 260, 271, 265, 266, 372, 315- bis, 366, 381 y el título del Capítulo II; se ha inscrito en contra, el ciudadano diputado Ernesto Jiménez Mendoza.
Tiene la palabra el diputado Ernesto Jiménez Mendoza.
El C. Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza: - En el caso del artículo 195, dice: "al que dedicándose a las labores propias del campo...
El C. Miguel Montes García (desde su curul): - Señorita presidenta, el 195 no está reservado.
La C. Presidenta: - Los artículos reservados por usted, ciudadano diputado, son 201, 205, 206, 260, 271, 265, 266, 372, 315- bis, 366, 381 y el título del Capítulo II.
El C. Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza: - Miren, voy a hacer una sola intervención, y es importante aclarar, aunque diga el diputado Montes que no, pero el 195 trae una redacción que se presenta, a que los jueces al aplicar, vuelvo a lo mismo, el artículo, caigan en favoritismos, dice: "al que dedicándose a las labores propias del campo", no habla aquí de por qué tiempo se dedique, si habitualmente, si transitoriamente; también dice que concurran en el atraso cultural. El atraso cultural es muy relativo, no se precisa si una persona que sepa leer es retrasado o no, ¿quién lo sabe?; en fin, trae una serie de contradicciones, más bien de imprecisiones que es difícil finalmente para que el juez pueda aplicar esta penalidad.
También en el caso de la extrema necesidad económica, no se precisa la medida de esa extrema necesidad económica; puede ser que una persona tenga dinero y para los ojos del juez no tenga, según sea el arreglo o la negociación, y así todo esto es muy impreciso, se presta y le dan muchas facultades al juez para poder hacer de las suyas.
En el caso del artículo 201, dice: "al que procure", la procuración es muy amplia, procuración viene siendo protección según el diccionario, viene siendo favoritismo, pero aquí nada más se habla de procuración, al que procure o facilite también, no se habla el cómo se facilita la situación.
La corrupción, otra imprecisión de un menor de dieciocho años de edad; la corrupción debe de ser determinada en este caso de los menores. No se dice, conocemos lo que es la corrupción política, pero ya la corrupción de los menores necesita precisarse en la ley.
Es menester que haya una prescripción muy clara, así como la hay en el caso que ahí pretendieron dar la definición; es importante decir qué se entiende por corrupción, porque no siempre un juez va a aplicar el mismo criterio y ahí van a venir los problemas muy fuertes. Dice: "cuando los actos de corrupción se realicen reiteradamente sobre el mismo menor o incapaz", volvemos a lo mismo, trae imprecisión y no es fácil para el juzgador determinar la aplicación de este artículo.
En el caso del artículo 205, también trae una serie de terminología muy ambigua, muy amplia, que esto permite que los jueces hagan de las suyas, dice: "al que promueva", también promover es solicitar algo en general, entonces todo mundo como quiera que sea, va a caer en esta promoción, el que promueva; tú ya promoviste y por ahí facilite, pues también impreciso.
Consiga, ¿en qué consiste eso de conseguir?, o entregue a una persona para que ejerza la prostitución. Imaginemos esto ya en la vida práctica y transladándolo a la realidad, al que entregue a una persona, pues si no estamos tratando de animales, ¿en qué casos?, está muy impreciso: el que promueva, facilite, consiga o entregue a una persona para que ejerza la prostitución dentro o fuera del país, o sea, internacional la situación.
El artículo 106 también habla de lenocinio, no hay una definición expresa de lenocinio.
El 260, al que sin consentimiento de una persona o sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual o lo obligue a ejecutarlo; también aquí hay mucha imprecisión en lo del acto sexual, no hay condiciones apropiadas en el artículo para precisarlo, puede ser que para lo que a unos jueces sea acto sexual, para otros no.
Los medios idóneos naturales de la cópula será el acto sexual o como en el caso de que más adelante se trata, podrá ser también un acto sexual, dice: "el que sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual", entonces aquí ya está hablando de algo diferente a la cópula en persona menor de doce años.
El artículo 265 también dice: "el que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo", volvemos a lo mismo, si la cópula se va a determinar por los medios naturales y heterosexuales, o cuál es la regla que se va a aplicar con todo esto.
El 266 dice: "se impondrá la misma pena al que sin violencia realice cópula con persona menor de doce años o que por cualquier causa no tenga posibilidad para resistir la conducta", entonces aquí se separa mucho el tipo delictivo y se pondrá la misma pena al que por cualquier causa no tenga posibilidad para resistir la conducta delictuosa; una persona mayor de edad no se resiste a que se desarrolle la conducta delictuosa, ¿y ya por esto va a ser violación?, se tiene que precisar. Ahora, en el caso de por cualquier causa, pues qué cosa tan ambigua y tan amplia, por cualquier causa, pues hay tantas causas en el mundo, ¿por qué no precisan?
El artículo 372 dice: "si la violencia constituye otro delito se aplicarán las reglas de la acumulación", perdón, dice el artículo, lo voy a leer completo para que se entienda: "si el robo se ejecutare con violencia a la pena que corresponda por el robo simple se le agregarán de seis meses a cinco años de prisión"; ahora así, "si la violencia constituye otro delito se aplicarán las reglas de la acumulación"; siempre que haya violencia para robar, siempre habrá otro delito. No entendemos por qué completan esto sin dar una precisión clara de lo que efectivamente se tiene que regular y prescribir como penalidad.
Y finalmente el artículo 366, en su último apartado dice; el artículo 366 se refiere a los agravantes para el caso del secuestro, habla de tres meses a cuarenta años de prisión, su regla general y todas sus fracciones y el caso del último apartado, que no es una fracción de las anteriores, dice: "en caso de que el secuestrado sea privado de la vida por su o sus secuestradores, la pena será hasta de cincuenta años de prisión".
Pensando en que acertaron con el máximo de pena, vamos a pensar que a alguien le aplican un mes y si un juez se acoge a este tipo delictivo, y como no se menciona un mínimo, pues él puede poner el que quiera, entonces tiene necesariamente que establecerse un mínimo a este apartado.
En cuanto a la fracción XIV del artículo 381, dice: "cuando se trate de robo de expedientes", aquí habla del robo, perdón, los tipos equiparables al robo, dice: "cuando se trate de expedientes o documentos de protocolo, oficina o archivos de documentos que contengan obligación, liberación o transmisión de deberes que obren en el expediente judicial, con afectación de alguna función pública, el caso de que contengan obligación o transmisión de deberes, desde el punto de vista del derecho común, es lo mismo el deber que la obligación"; algo tiene que ser género y luego especie, entonces está repitiendo los términos.
Y en el caso del Capítulo II que se le quiere titular corrupción de menores e incapaces, también es pertinente que primero se describa en qué va a consistir la corrupción de menores. Es todo lo que tengo al respecto.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra por la comisión, el diputado Almazán.
El C. Jaime Almazán Delgado: - Ciudadana diputada; compañeras, compañeros diputados: De los artículos que se reservó el señor diputado Jiménez, aparecen dubitables los siguientes: el artículo 201, en cuanto a que nos dice que en la redacción de este artículo la comisión en su dictamen no tuvo cuidado de especificar qué es lo que se entiende por "procuración", y también cuál es la calidad de un menor de dieciocho años.
Quiero decir al señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que en todos estos artículos en que se reservó su discusión, su objeción, de ninguna manera se alteró el texto de los mismos, ni se modificaron ni se añadieron o se suprimieron elementos de tipificación; única y exclusivamente se modificaron los términos de las penalidades, tanto de la privación de la libertad como de la sanción económica; de tal manera, que el texto aparece en el artículo 201 del dictamen, relativo al Código Penal, es el mismo que aparece en el Código Penal vigente.
En cuanto al artículo 205, cuando dice el señor diputado que no se definió lo que se entiende por "lenocinio", quiero decirle al señor diputado que en el artículo 207 del Código Penal en vigor, aparece definido en forma perfectamente explícita este delito de lenocinio.
Lo mismo sucede respecto al artículo 261, en que nos manifiesta que hay una gran generalidad al referirse al "acto sexual" que no está bien identificado, pues el artículo 261 del texto vigente sí dice exactamente qué actos sexuales son éstos: atentados al pudor.
Y en el artículo 265 también nos habla de las dos violaciones, la violación idónea y la violación por equiparación, por lo que las definiciones en todos estos artículos están exacta y precisamente transcritas, no hubo alteración alguna.
Esto es lo que debe decir la comisión, en relación a las objeciones del señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Consulte la secretaría a la asamblea, si los artículos reservados por el ciudadano diputado Jiménez Mendoza están suficientemente discutidos.
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández: - Se consulta si los artículos reservados por el diputado Jiménez Mendoza, 201, 205, 206, 260, 271, 265, 266, 372, 366 y 381, están debidamente discutidos.
Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señorita presidenta.
La C. Presidenta: - En consecuencia, proceda la secretaría a tomar la votación de los artículos 25, 164, 164- bis, 200, 164, con las modificaciones propuestas por la comisión; 164- bis, 213, 201, 205, 206, 260, 261, 265, 266, 372, 315- bis 366, 381 y el título del Capítulo II, en votación nominal en conjunto, en un solo acto.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos señalados por la presidencia, en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior del Congreso.
(Votación.)
Ciudadana presidenta, se emitieron doscientos treinta y siete votos a favor de los artículos reservados en lo particular y un voto a favor del artículo 164; ciento cuarenta y seis votos en contra de los artículos reservados en lo particular, una abstención y un voto a favor de todos los artículos reservados, menos el 164.
La C. Presidenta: - Aprobado por doscientos treinta y ocho votos el artículo 164 con la modificación propuesta, y por doscientos treinta y siete votos los artículos 25, 164- bis, 201, 205, 206, 213- bis, 260, 261, 265, 266, 315- bis, 366, 372 y 381, fracciones XI a XV y el Capítulo II del Título Octavo del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, con su título "Corrupción de menores e incapaces", que fueron reservados para su discusión en lo particular.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández: - Pasa al senado para sus efectos constitucionales.
El C. Jorge Martínez y Almaraz (desde su curul): - Señorita presidenta, ¿me permite hacer uso de la palabra?
La C. Presidenta: - ¿Con qué objeto, ciudadano diputado?
El C. Jorge Martínez y Almaraz (desde su curul): - Para hacer una propuesta.
La C. Presidenta: - Para hacer una propuesta, tiene la palabra el ciudadano diputado Martínez y Almaraz.
El C. Jorge Martínez y Almaraz: - Señorita presidenta; compañeros diputados: Las mexicanas y los mexicanos se hallan impedidos a participar en la solución de los grandes problemas nacionales, debido a la crisis de legalidad republicana que vive nuestro país.
Sin respeto a la ley por parte de las autoridades, son pequeñas minorías dueñas del poder político o del dinero las que deciden los destinos de todos, pero sólo de acuerdo a sus criterios e intereses particulares; los ciudadanos están excluidos en cuanto que las autoridades no han respetado y siguen sin respetar el voto, la manifestación más sencilla y elemental ciudadana; los mexicanos no pueden decidir el México y sobre México; una minoría lo hace por ellos, ésa es la raíz y la razón última, aunque no única de la crisis nacional y de la legitimidad de quienes ejercen el poder. Ninguna concertación nacional es posible, leal, creíble, mientras las autoridades no respeten y cumplan la Constitución.
El primer gran acuerdo en el cual se basan, la legalidad, las instituciones y las relaciones políticas de la sociedad mexicana, los grandes problemas que afectan al país y que lo conducen hacia una crisis aún mayor y más devastadora, no pueden esperar hasta que haya una respuesta de quienes hasta hoy no han mostrado, salvo en discursos, sólo un gesto de voluntad política democrática y republicana.
El Partido de la Revolución Democrática, propone canalizar y organizar la profunda inquietud en un debate nacional sobre los grandes problemas del país; el Partido de la Revolución Democrática está abierto al diálogo con todos los sectores políticos del país, plantea como indispensable solo dos condiciones:
1. Que sea un diálogo público, de cara el pueblo, con todos los medios de comunicación a
disposición, para que todos los ciudadanos puedan conocer los argumentos, vivir el desarrollo de la discusión y participar en ella y decidir con conocimiento de causa y según sus propios criterios.
2. Que sea un diálogo de iguales en condiciones iguales, no entre amos y siervos o entre quienes disponen de todas las ventajas y recursos del poder y del Estado, y a quienes se les quiere asignar un papel de vasallos.
Con este diálogo público y entre iguales debe estar incluido en un contexto mucho más vasto, debe ser parte de un debate nacional con múltiples participantes, que no sólo incluya a los partidos políticos, sino también a las diversas y amplias formas de organización que ha creado la sociedad.
Todos los mexicanos se sentirán atraídos a participar en el debate si se les brindan las posibilidades para hacerlo, y comprueben lealtad y congruencia en los convocantes.
El Partido de la Revolución Democrática propone a todos los partidos políticos, sin excepción, con registro y sin registro, incluido el que ejerce el poder, que dentro de estas condiciones públicamente pactadas, convoquemos conjuntamente al debate nacional con el siguiente temario:
Sufragio Efectivo.
Estamos de acuerdo en debatir y contribuir a la elaboración de una nueva legislación electoral, pero para ello es preciso empezar por el respeto de las autoridades a la legislación; el fraude sigue imperando en todos los comicios, si no se empieza por suprimirlo de raíz, ningún debate sobre ninguna nueva ley será creíble. El sufragio efectivo y el respeto al voto ciudadano, es el primer gran tema a debate.
Democracia Efectiva.
La existencia de un partido de Estado que dispone de los recursos de la nación es ilegal e inconstitucional; la nueva legislación deberá prohibir la afiliación corporativa de los sindicatos y de otras organizaciones sociales a cualquier partido, y castigar el uso partidario de los recursos públicos.
Otras condiciones no cumplidas de este ejercicio, son: independencia de los sindicatos con respecto al Estado; democracia en las organizaciones de trabajadores urbanos y rurales; derechos políticos plenos a todos los mexicanos sin ninguna distinción, incluido el derecho del Distrito Federal a elegir sus gobernantes; desmantelamiento de los órganos de represión política respecto a la autonomía de las universidades, pero la primera condición de la democracia en nuestro país, es el fin del régimen del partido de Estado.
El Partido de la Revolución Democrática propone un acuerdo específico sobre este punto, y su inclusión en todos los programas partidarios.
Defensa de la Soberanía.
La riqueza y la existencia de la nación, una nueva y más peligrosa subordinación de nuestro país a potencias extranjeras se ha desarrollado en los años recientes. Su manifestación más viable es la deuda externa y su servicio; se expresa también en la creciente integración subordinada de nuestra economía a la de Estados Unidos de América y en la subordinación de nuestras industrias, comercio y agricultura, a las finanzas de las empresas transnacionales.
No proponemos el proteccionismo o el aislamiento de nuestra economía, pero somos los mexicanos y no los oligarcas y extranjeros quienes deben decidir las nuevas formas de inserción del país en la división internacional de trabajo; de lo contrario, las condiciones de existencia de la nación se verán amenazadas y agredidas por poderes ajenos, del mismo modo como esos poderes e intereses de lucro han venido deteriorando y destruyendo los bosques, las aguas, el aire y la tierra de México.
Han implantado Laguna Verde a espaldas del pueblo, han venido desmantelando las industrias propiedad de la nación y han sacrificado a los empresarios productivos, medianos y pequeños.
El manejo de los recursos nacionales no puede seguir siendo asunto de unos pocos, poderosos y privilegiados.
Deuda externa, inversión internacional de nuestra economía, empresas del Estado, protección de la empresa productiva, protección del medio ambiente, manejo de los recursos nacionales, son los grandes temas que en este punto ponemos a debate.
Defensa de las Condiciones de Vida y Subsistencia del Pueblo Mexicano.
Aquí, el deterioro y la degradación han tocado límites insoportables; el Partido de la Revolución Democrática afirma que no habrá crecimiento económico ni elevación de la productividad del trabajo, condiciones ineludibles para salir de la crisis, con trabajadores hambreados y humillados. Esto ya no es un problema sino una tragedia nacional, es tal vez el tema más urgente de la agenda.
Este nuevo punto incluye salarios, honorarios y condiciones de trabajo; tierra, precios de garantía, créditos para los campesinos, vivienda, salud, educación hasta nivel universitario; caminos, transporte, seguridad social y tiempo libre. Que todos los mexicanos debatan libremente estos problemas.
Justicia.
El aumento de la criminalidad y de la inseguridad de las ciudades, es producto de la situación antes descrita; miseria, desocupación, marginación, desigualdad entre los muy ricos y muy pobres, no se les puede combatir sólo con medidas represivas sino con una política social que hoy no existe.
Pero la mayor fuente de inseguridad ciudadana, es la desprotección total del individuo frente a los abusos y las extorsiones de las corporaciones policiales y la corrupción de quienes imparten justicia; jueces independientes, imparciales y probos, son la primera garantía de seguridad frente a todo tipo de criminalidad.
El Poder Judicial subordinado al Ejecutivo, no inspira en los ciudadanos sino desconfianza y temor; sus escándalos se han vuelto rutina, no hay democracia ni garantías sin justicia independiente.
Corrupción.
Ligada estrechamente a la deplorable situación de la justicia, la corrupción continúa carcomiendo todo organismo nacional; el foco desde donde se irradia, es la administración patrimonial del Estado, indisolublemente unida a la existencia de un partido de Estado y al fraude electoral.
La autodepuración de los corruptos no existe, sólo una movilización de las fuerzas nacionales desde la sociedad, que autogarantice e imponga controles, exija sanciones, obligue a reparaciones públicas, podrá empezar a incidir en este mal. La lucha para erradicar la corrupción, empieza por conquistar la democracia.
Hondamente preocupados por la magnitud de la crisis, por la indiferencia de quienes nos gobiernan, por la falta de correspondencia entre las palabras y los hechos de los gobernantes, y por el estado de exasperación e indignación cada vez mayor que vive en el ánimo de la población, el Partido de la Revolución Democrática propone este debate nacional, para buscar una salida a la crisis conforme a los intereses y necesidad de la nación.
Uno de los ámbitos de este debate, debe ser el Congreso de la Unión; dicho cuerpo entrará en receso a fin de diciembre, y sólo se prevén sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados hasta el mes de junio de 1989, sólo para discutir sobre las reformas a la legislación electoral.
En consecuencia, pedimos de antemano a la que será la Comisión Permanente, que convoque a un período extraordinario para conocer los asuntos referidos anteriormente en el mes de marzo de 1989; los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, llevaremos esta agenda como propuesta para estas sesiones. Muchas gracias.
La. C. Presidenta: - Por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran la Cámara y con observancia al Reglamento, los asuntos pendientes de desahogar en la sesión de hoy, son los siguientes:
Dos iniciativas de ley, una que presentará el Partido Popular Socialista y otra que presentará el Partido Acción Nacional; cinco dictámenes a discusión y el tratamiento del tema de Puebla, a cargo del diputado Mario Rojas.
LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICAS E HISTÓRICAS
La C. Presidenta: - Para presentar una iniciativa de ley, tiene la palabra el ciudadano diputado Héctor Colio Galindo.
El C. Héctor Colio Galindo: - Ciudadana presidenta; compañeras y compañeros diputados:
«En uso y facultad que otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista presenta el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Esta iniciativa tiene como base la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante más de tres siglos de coloniaje, se registraron un sinnúmero de naufragios de embarcaciones, en su mayoría españolas, pero también inglesas y francesas, frente a las costas mexicanas; muchos de estos hundimientos fueron producto de ataques navales por parte de embarcaciones piratas en contra de los objetivos de la armada real, pero en el mayor de los casos se debieron a temporales que azotan regularmente nuestros litorales, principalmente en el Golfo de México.
En archivos históricos en poder de la nación y en otras fuentes internacionales, se conocen los registros de estos naufragios, y en algunos casos se precisa con detalle el lugar del hundimiento, así como que los cargamentos contienen un sinnúmero de objetos que nuestra legislación debe considerar expresamente como patrimonio histórico reservado al dominio exclusivo de la nación.
Es menester recordar, que nuestro país ha sido víctima de un permanente saqueo de su patrimonio arqueológico e histórico, que llevan a cabo organizaciones extranjeras que arriban al país con supuestos intereses de investigación, pero que no han podido ocultar sus verdaderas intenciones de robo, negociando en el exterior con tesoros que forman parte de nuestra riqueza cultural manifestada en diversos objetos; los mecanismos de custodia y preservación que ha instrumentado el sector público, han sido incapaces de impedir este saqueo, que hoy se ha dirigido al fondo de nuestros mares con la complacencia de autoridades, como lo pretende demostrar la presente iniciativa
. La opinión pública mundial ha conocido que uno de los objetivos del plan espacial de Estados Unidos de América, consiste en explorar desde el espacio por medio de satélites y con el apoyo de una sofisticada tecnología de rastreo del planeta la existencia de recursos naturales aprovechables, así como la localización de objetos de diversas procedencias y usos que se encuentran ocultos en el subsuelo o en el fondo de mares, lagunas y ríos. En esta materia, se han acompañado a las actividades de rastreo y localización, el ofrecimiento a los gobienos de los países con dominio de estos recursos, el apoyo técnico y financiero para la exploración terrestre y acuática, para la extracción y aprovechamiento de estos recursos.
A esta actividad de espionaje encubierto con supuestos objetivos de investigación, diversas empresas norteamericanas han propuesto a México la solicitud de encabezar técnica y materialmente exploraciones para la localización de riquezas que yacen en el fondo de nuestros mares; en este sentido han venido a ofrecer sus servicios empresas especializadas en extracción de hidrocarburos, de minerales y de otros objetos de interés comercial, concretando sus últimas solicitudes a rescatar embarcaciones que se supone contienen cargamentos de alto valor.
En septiembre de 1984, después de insistentes propuestas, la Secretaría de Marina autoriza a la empresa norteamericana Oftech, Inc., mediante la firma de un contrato, las labores de investigación, exploración y rescate de barcos hundidos en nuestros mares, otorgando el 40% de lo rescatado como pago a la empresa; estos contratos dejan en manos extranjeras, sin reconocimiento en tareas de investigación académica y sin tener solvencia moral, pues es por demás conocido que esta empresa utiliza para sus fines diversos nombres o razones sociales, se ha dedicado por mucho tiempo al comercio de los tesoros saqueados en detrimento del patrimonio reservado a países que están protegidos con normas legales propias y por acuerdos internacionales suscritos en los marcos de la Organización de las Naciones Unidas.
El contrato de referencia es revisado en junio de 1986, reconociendo como empresa favorecida a otra denominada Ofmex, Inc., que resulta ser filial de la primera, sin modificar sustancialmente el contenido del contrato, pero que extiende la autorización para que éste caduque a fines de septiembre de 1989
En todo este proceso, la Secretaría de Marina otorgó dichos permisos contrato, sin la participación de instituciones nacionales especializadas y con autoridad para emitir opinión al respecto; es necesario resaltar que no se trata de embarcaciones comerciales que se hubieran hundido recientemente y que sus propietarios reclaman su rescate, sino que se trata de embarcaciones que naufragaron durante los siglos XV al XIX.
A partir del mes de noviembre de 1987, esta compañía extranjera de carácter comercial, inicia y concreta sus actividades al rescate del galeón español "Nuestra Señora de Los Juncales", que naufragó frente al Puerto de Veracruz en el año de 1631.
Ante la insistencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia y en representación de la Secretaría de Educación Pública, en enero de 1988 se suspenden los trabajos, pues se le demuestra a la Secretaría de Marina que la expedición autorizada no tiene el carácter de investigación oceanográfica que tenga por objeto estudiar los fenómenos naturales y comportamientos del mar, sino que se trata del rescate de un monumento histórico que contiene una vasta riqueza, cuyo rescate debe ser realizado bajo la dirección entre otras dependencias del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que en el texto contenido del contrato autorizado por la Secretaría de Marina, se ignora la participación de estas entidades culturales oficiales.
En febrero de 1988, ante el cúmulo de protestas que se manifestaron ante las actividades de la empresa americana favorecida, interviene para el examen de la situación jurídica la Comisión Intersecretarial de Investigación Oceanográfica, quien recomienda la cancelación inmediata de los trabajos y el reexamen del proyecto, mediante la
creación de un a subcomisión especializada en donde participan diversas entidades públicas, presentando las siguientes
CONSIDERACIONES
La investigación, exploración, localización y rescate de embarcaciones denominadas "pecios", hundidos durante los siglos XV al XIX, deberán estar sujetas al cumplimiento de un Programa Nacional de Investigación del Patrimonio Cultural Submarino, que regirá estas actividades.
El pecio "Nuestra Señora de Los Juncales", es un objeto histórico y arqueológico, es un recurso cultural, es un patrimonio nacional.
Como objeto histórico y arqueológico, éste y todos los de naturaleza semejante requieren de protección expedita y efectiva; como recurso cultural, debe estar sujeto a planes de investigación y a requerimientos operacionales con base en métodos científicos, técnicos y académicos que aseguren su disponibilidad como bienes culturales del patrimonio nacional, que como tales, deben evitarse las connotaciones comerciales y mercantiles en el objeto de su rescate.
Estas conclusiones fueron suscritas por representantes de las secretarías de Marina, de Programación y Presupuesto, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Educación Pública, de Pesca, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Instituto Politécnico Nacional, mismas dependencias que integran la comisión antes referida.
A pesar de estos acuerdos, el 2 de octubre de ese año se ratificó el contrato original, sin que la empresa extranjera hubiera cumplido con los requisitos señalados por los organismos autorizados para el efecto.
Para sorpresa de todos, el pasado 28 de noviembre la Secretaría de Marina autorizó la continuación de los trabajos, desoyendo los acuerdos adoptados y las reiteradas denuncias del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que por acuerdo de su consejo reprobó los planes presentados, y solicitados, a la empresa beneficiada.
El objeto de la presente iniciativa, es la de llamar la atención de que en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas expedida en 1972, no se define con exactitud que los restos o fragmentos de embarcaciones hundidas denominados "pecios", en aguas interiores y demás zonas marinas de jurisdicción nacional, deben considerarse patrimonios histórico cultural; esta imprecisión en la ley referida, ha propiciado una interpretación errónea sobre qué dependencias oficiales deben tener facultades expresas para que la localización y rescate de estos pecios, se realicen bajo normas y tratamientos adecuados y con fines de investigación histórica.
Por todo lo anterior, el Partido Popular Socialista expresa su preocupación y demanda que terminen de una vez por todas estas concesiones a saqueadores profesionales, que ante la timidez oficial y ante la negativa de reconocer de que en México existen instituciones y personal capacitado para las tareas de exploración y rescate de nuestros monumentos, que hoy se dejan en manos extranjeras, que amparados con supuestas bondades técnicas, continúan con la labor de robo y comercio de nuestro patrimonio cultural, arqueológico, histórico y artístico, por lo que debe impulsarse a través de las dependencias oficiales competentes, la ejecución de los proyectos y acciones contenidos en el Programa Nacional de Investigación el Patrimonio Cultural Submarino.
Ya en el Congreso del Estado de Veracruz, la diputación del Partido Popular Socialista, en reiteradas ocasiones ha presentado denuncias sobre el mismo caso, las que han contado con el apoyo de los sectores más conscientes de esa entidad, que han elevado su protesta en contra del saqueo de nuestras riquezas arqueológicas que se viene realizando por diversas organizaciones extranjeras. Estas amplias manifestaciones de repudio, han exigido que se detenga de una manera urgente a estos modernos piratas que actúan al amparo de concepciones equivocadas, producto de una legislación incompleta.
Por lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista que suscribe, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICAS E HISTÓRICAS
Artículo único. Se adiciona una nueva fracción al artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, para quedar como sigue:
"Artículo 36.
I. a IV.
V. Los pecios que datan de los siglos XV al XIX inclusive, que se encuentran en aguas interiores y zonas marinas de jurisdicción nacional, definidas conforme a la Ley Federal del Mar, así como los
que estén fuera de esta jurisdicción y que correspondan a lo señalado en el artículo anterior. Se entenderá por pecio, el fragmento o la totalidad de una embarcación hundida, y la carga que contenga o haya contenido como consecuencia de su transporte."
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, el 27 de diciembre de 1988.- Firma la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista: Belisario Aguilar Olvera, Lucio Bermúdez Aristeo, Rafael Campos López, Modesto Cárdenas García, Jesús Antonio Carlos Hernández, Héctor Colio Galindo, Jorge Cruickshank García, Abigaíl Cruz Lázaro, Tomás Gutiérrez Narváez, Paloma Hernández Oliva, Armando Ibarra Garza, Luis Jacobo García, Julio Jácome López, Heray Lescieur Molina, Marcela Lombardo Otero de Gutiérrez, Gregorio Lorenzo Domínguez, Jesús Luján Gutiérrez, José Marín Rebollo, Herón Maya Anguiano, María del Carmen Mercado Téllez, Félix Mercado Téllez, Magdaleno Luis Miranda Reséndiz, Crescencio Morales Orozco, Francisco Ortíz Mendoza, Sergio Quiroz Miranda, Román Ramírez Contreras, Alfredo Reyes Contreras, Ernesto Rivera Herrera, Gloria Rodríguez Aceves y Mario Vázquez Martínez.»
La C. Presidenta: - Recibo y túrnese a la Comisión de Cultura.
ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL
La C. Presidenta: - Para leer una iniciativa del Partido Acción Nacional, tiene la palabra el diputado Jorge del Rincón Bernal.
El C. Jorge del Rincón Bernal: - Con la venia de la presidencia; compañeras diputadas; compañeros diputados: Ya en ocasiones anteriores, en legislaturas anteriores, el Partido Acción Nacional ha presentado iniciativas tendientes a la reforma del Código Electoral en materia de comunicación.
El diputado Ricardo García Cervantes presentó una relación a tarifas y tiempos en la televisión; el licenciado Jorge Eugenio Ortíz Gallegos, presentó una relativa a que nuestras sesiones fuesen televisadas. Hoy volvemos de nuevo, ahora con una reforma constitucional relativa también a los medios de comunicación.
«Los que suscribimos, diputados a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, ponemos a consideración de esta honorable Cámara la presente iniciativa de adición al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La necesidad y urgencia de estas reformas, quedan expresadas en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Causa muy importante, primigenia de muchos de nuestros problemas económicos, políticos y sociales, es la carencia de valores sociales comunes en la cultura mexicana poco homogénea e insuficientemente difundida entre los diversos sectores de la sociedad mexicana.
El artículo 3ero. constitucional, define los criterios que tendrá la educación en México, determinando que ésta será democrática, considerándola no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
El mejoramiento cultural de México, exige que el pueblo esté suficiente y verazmente informado en todas las áreas del hacer y del saber humano, entre las que sin duda destaca la relativa a la vida política del país. No podrá existir un pueblo del que se pueda decir que ha avanzado en el mejoramiento cultural que preconiza el artículo 3ero. constitucional, sin que en las áreas más importantes de la vida social este bien, amplia y honradamente informado; por ello, la información no puede ser motivo de monopolios de ninguna especie, ni de los particulares, ni mucho menos del Estado.
La educación integral deberá conciliar la teoría de la enseñanza con la práctica de la convivencia en el hogar, en el ámbito laboral, en el diálogo con las autoridades, en los espectáculos recreativos, y en forma importantísima, en el curso cotidiano de la vida pública.
La educación, y por ende la información, constituyen condición primaria en la formación democrática, siempre y cuando la información no sea ni monolítica ni unilateral ni manipulada; la única forma de lograr la participación ciudadana, de revertir la indiferencia y despertar la conciencia de corresponsabilidad ante los problemas nacionales, de vencer el abstencionismo electoral y lograr los ideales democráticos de solidaridad y
corresponsabilidad política, se finca en la pluralidad y la diversidad equilibrada en los medios de información.
Ahora bien, la pluralidad enriquecedora de nuestra amplia sociedad mexicana, se expresa en lo político por la presencia de diversos partidos con doctrina y premisas diversas que requieren cada uno de ellos, participar en forma equitativa en los medios de difusión, que tanta importancia han adquirido a la fecha.
Por otra parte, los partidos políticos son entidades de interés público, y por ende, deben tener prioridad y espacios en los medios modernos de comunicación, para lo que será primordial y urgente romper con los monopolios que, en televisión en forma notoria y en radio en menor medida, tienen por una parte el gobierno y, por la otra, un pequeño grupo de empresarios privados, ligados estrechamente con el mismo gobierno.
Es necesario, en bien de la cultura, con fundamento en el pluralismo y para lograr la equidad entre los partidos políticos, abrir a éstos las posibilidades de contar con medios modernos de comunicación; con ello, se contribuirá a la estructura de la sociedad civil, a la politización y a la ampliación de la cultura del pueblo mexicano.
Por todo lo expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se adiciona entre el cuarto y el quinto párrafo del artículo 41 constitucional, el siguiente párrafo:
Artículo 41. ..., fin del párrafo cuarto:
Los partidos políticos gozarán del derecho a que se les otorguen concesiones gratuitas para el establecimiento y explotación de estaciones de radio y de televisión, y tendrán las autorizaciones necesarias para filmar, grabar, alquilar, comprar, exhibir y en general producir, adquirir o difundir el material respectivo, para lo cual contarán con las franquicias y facilidades que al efecto requieran.
TRANSITORIO
Una vez que esta iniciativa sea aprobada por el Constituyente Permanente, entrará en vigor treinta días después de su publicación.
Palacio Legislativo, a 28 de diciembre de 1988.- Diputados: Juan Miguel Alcántara Soria, Donaciano Ambrosio Velasco, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Jorge del Rincón Bernal, Hiram Escudero Alvarez, Juan Antonio García Villa, Gildardo Gómez Verónica, Juan José Medrano Castillo, Antonio Lozano Gracia, Eugenio Ortíz Walls, Carmen Segura Rangel de Zepeda, Gaudencio Vera Vera y Bernardo Bátiz Vázquez.»
La C. Presidenta: - Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Al dar a conocer los asuntos pendientes de desahogo de la sesión de hoy, la presidencia cometió dos omisiones involuntarias; por una parte, omitió que uno de los puntos de esta orden del día que habremos de desahogar el día de hoy, es el relativo a la primera lectura del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1989, que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública entregó; y por otra, la intervención que el ciudadano diputado Abel Vicencio Tovar solicitó de manera oportuna.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
La C. Presidenta: - En el transcurso de esta sesión, como ya lo he dicho, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública entregó el dictamen relativo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1989.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la primera lectura al dictamen.
El C. secretario Isamel Orozco Loreto: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio presupuestal 1989.
Honorable asamblea: De conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal presentó, en
tiempo y forma, a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, con las previsiones presupuestales asignadas a los poderes y a las entidades señaladas en las fracciones I al IV y VI a VIII del artículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y los criterios generales de política económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Egresos de la Federación para 1989, que el propio Ejecutivo también envió, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 7 y 27 de la Ley de Planeación.
De acuerdo a lo previsto en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la documentación recibida fue turnada para su estudio a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, misma que procedió a preparar el presente dictamen, considerando en sus términos la documentación puesta a su consideración, así, como las propuestas recibidas en el seno de la comisión dictaminadora.
La comisión, para el mejor cumplimiento de sus responsabilidades, realizó varias reuniones internas y con los funcionarios responsables de las directrices de las políticas de gobierno correspondientes.
Como resultado de los trabajos realizados, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente
DICTAMEN
El proyecto de presupuesto para 1989 asciende a 246.5 billones de pesos, correspondiendo al gasto programable 83.6 billones, lo que representa un incremento nominal de 16.6% sobre el cierre estimado de 1988, y el gasto no programable de 162.9 billones de pesos, de los cuales 146.2 billones corresponde al pago del servicio de la deuda; 14.6 billones a las participaciones y estímulos y 2.1 billones a los adeudos fiscales de años anteriores.
La política de gasto se inscribe dentro de una estrategia de transición, la cual está determinada por dos circunstancias fundamentales: por un lado, la deuda externa acumulada ha supuesto una transferencia de recursos por concepto de servicio que constituye una grave carga para el país, limitando sus posibilidades de desarrollo; por otro lado, la estabilización de la economía nacional ha llegado a un punto en que su consolidación requiere de un esfuerzo adicional.
Ambas circunstancias están, a su vez, vinculadas entre sí. La transición representa el tiempo para un replanteamiento de las relaciones económicas por el exterior. La capacidad de negociación está determinada por la fotaleza de la posición económica interna, y ésta depende en una medida importante de la consolidación de la lucha contra la inflación. La persistencia de este fenómeno vulneraría de nueva cuenta todos los frentes económicos, incluyendo desde luego el externo. En esencia la renegociación de la deuda externa es de fundamental importancia para el desarrollo económico y la estabilidad interna constituye una condición para dar firmeza a tal renegociación.
La negociación planteará los siguientes objetivos: abatir la transferencia neta de recursos al exterior; reducir el valor de la deuda acumulada; asegurar los recursos nuevos para un horizonte largo que evite la incertidumbre asociada a las negociaciones anuales, y reducir la deuda como proporción de la producción nacional.
En este contexto, la política presupuestal se orienta a establecer las condiciones requeridas para el logro de los objetivos centrales del período de transición, las erogaciones del sector público se adecúan así a los propósitos de consolidar el abatimiento de la inflación y, dentro de los reducidos márgenes que permite la limitación de recursos, orientar el gasto que incida favorablemente en la recuperación ordenada del crecimiento y la atención a las necesidades sociales básicas.
El presupuesto busca apoyar a los grupos más desprotegidos, a través del Programa Nacional de Solidaridad; mejorar los servicios de educación, salud y seguridad pública; estimular la inversión social y privada; mantener la infraestructura básica y concluir obras en proceso; elevar la eficiencia y fortalecer la reestructuración del sector público, y mantener el estricto control del gasto público.
La política de gasto del año próximo, busca alcanzar un superávit presupuestal primario, congruente con la disponibilidad de recursos y la política antiinflacionaria. El gasto programable del sector público se reduce de 17.5 a 16.8% del producto interno bruto, pero tal reducción se acompaña de un importante cambio de la estructura, que permite avanzar en la consecución de los objetivos globales y de los vinculados específicamente al desarrollo social.
Proyecto global del presupuesto
El presupuesto global estará determinado por el contexto internacional y nacional, buscando destinar recursos para las prioridades sociales. Las
finanzas públicas continuarán su saneamiento corriente, con lo que se obtendrá de un superávit presupuestal primario necesario para la estabilidad y recuperación económica. Se espera que la recuperación se base fundamentalmente en la eficiencia y orientación de la inversión pública, más que a su monto, tratando de incentivar la inversión de los sectores social y privado.
Sector central
Como líneas generales de política de gasto público para el sector central, se señalan las medidas de disciplina, austeridad y racionalidad, así como los criterios de simplificación y modernización de las áreas administrativas.
El proyecto de presupuesto de la administración pública central para 1989 asciende a un monto de 42,684.2 mil millones de pesos, lo que representa un aumento del 0.9% real. El gasto directo que presenta el Ejecutivo para las dependencias que forman el sector central es de 23,037.8mil millones, contándose con un crecimiento nominal respecto al año anterior de 25.2%.
El gasto global que se propone para el sector de desarrollo social asciende a 30,244.6 mil millones de pesos, lo que significa un aumento con respecto a 1988 de 26.8 en términos nominales, 65.7% en términos reales. De esto, la asignación al sector educación crece 29.9%, la de salud 22.4%, la de solidaridad social y desarrollo regional 34.2% y la de desarrollo urbano 29.5%.
Transferencias
Las transferencias del sector social se fijarán bajo los criterios de equidad, selectividad, racionalidad y claridad en el otorgamiento de los recursos. Se utilizan mayores recursos en objetivo de bienestar social, dirigiéndolos a entidades que tienen por objeto darle atención. Las transferencias a los sectores educación, salud y laboral crece en 10.4% en términos reales; se incrementan en 44.4% los subsidios a las instituciones de educación media superior y superior y en un 40% las transferencias para la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito; sin embargo, el sector con mayores incrementos en transferencias es el de comercio y abasto, con un aumento de 16.9% real.
Las transferencias al sector industrial crecen sólo 3.4% en términos nominales, con una disminución del 13.7% real. En el sector energético las transferencias se destinan a apoyar su programa de expansión y pago del servicio de su deuda.
A Banrural y Anagsa se les otorga más de la mitad de los subsidios canalizados al sector de desarrollo rural.
El sector comunicaciones y transportes ha disminuido los apoyos que proporciona como consecuencia de la desincorporación de algunos servicios como los transbordadores y transporte aéreo.
El sector turismo ha reducido de manera importante sus transferencias, como consecuencia de la participación de los sectores privado y social, en el financiamiento de la inversión en este sector.
Las transferencias totales al sector paraestatal son de 19,646.4 mil millones de pesos, lo que implica un aumento nominal de 16.5% y una caída de 2.9% en términos reales, con lo que se reduce la participación dentro del gasto programable de la administración central de relación al año anterior en 1.8%. En las entidades de control presupuestal directo a las transferencias son de 7,476.7 miles de millones de pesos y lo correspondiente a las entidades no sujetas a control presupuestal directo cuenta con 12,169.7 mil millones de pesos.
Sector paraestatal
El sector paraestatal es importante para que el sector público cumpla con su función de rectoría económica. Para 1989, se buscará aumentar la productividad y eficiencia de las empresas públicas bajo el criterio fundamental en promover el beneficio social. Azúcar, Lotería Nacional, Caminos y Puentes Federales, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares son las entidades que tendrán un mayor crecimiento en su presupuesto.
Se propone reducir los subsidios, mostrándolos transparentes y otorgándoles duración limitada.
En 1989 se continuará con la desincorporación de empresas como Sidena, Dina y Propemex, que se encuentran en dicho proceso.
El proyecto de presupuesto de este sector para 1989 se reduce en 5.6% en términos reales.
Poderes
Para 1989, las responsabilidades de la honorable Cámara de Diputados y del honorable Senado de la República, contribuirán al perfeccionamiento del marco jurídico y la vida política, fortalecer el estado de derecho y mantener y garantizar libertad individual y colectiva en condiciones de igualdad y justicia.
Para la instrumentación y ejecución de dichas líneas de acción y de acuerdo al proyecto de gasto del Poder Legislativo enviado al Poder Ejecutivo para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, se destina un programa de gasto que asciende a 133.0 mil millones de pesos, cifra superior en 53.9% en relación al ejercicio presupuestal anterior. Dicha cifra refleja el impacto de un número mayor de legisladores, de acuerdo a las reformas constitucionales respectivas.
La función del Poder Judicial consiste en reafirmar las normas constitucionalistas y salvaguardar las garantías individuales y sociales y preservar la libertad y la paz social, a través de la aplicación del orden jurídico emanado de la Constitución. En 1989 se busca reforzar las acciones encaminadas a la modernización de la administración de justicia.
Para dar cumplimiento a sus objetivos, al proyecto de presupuesto enviado por el Poder Judicial, en ejercicio de su soberanía, asciende a 171.2 mil millones de pesos, que representa un incremento de 15.9% comparado con el cierre del año anterior.
Análisis del gasto
Las erogaciones del sector público darán importancia trascendental a la atención educativa, salud y seguridad. Se asignan recursos adicionales a los programas y proyectos especiales, como es el caso del Programa Nacional de Solidaridad Social.
En el sector salud y seguridad social se aumentarán la dotación de servicios, para lograr llevar los niveles de bienestar social, mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.
En el sector trabajo y previsión social se dará prioridad a la impartición de justicia y a la vigilancia de la aplicación de la legislación laboral, Se promoverá la generación de empleo y se realizarán acciones para defender el existente.
En el sector salud y laboral, el programa de inversión para 1989 crece 5.5% en relación al año anterior; dentro de las obras a construir destacan los siguientes inmuebles: Hospital Juárez, Hospital General de Cuernavaca, Morelos; Hospital de Puebla, Puebla; Hospital de Culiacán, Sinaloa; centros de investigación y enseñanza; Centro Médico del Siglo XXI y el proyecto de capacitación obrera para incrementar la mano de obra calificada.
En lo que corresponde a vivienda, ecología y desarrollo urbano, se dará prioridad a las acciones de construcción, promoción y mejoramiento de la vivienda, mejorándose las acciones de control y cuidado del medio ambiente.
Se terminarán los programas de reconstrucción de Tlatelolco y el emergente Fase II, así como la reconstrucción de las viviendas afectadas por el huracán Gilberto, continuándose con el apoyo a la vivienda rural y a la progresiva.
En el aspecto ecológico se continuará apoyando los sistemas de monitoreo atmosférico y de calidad del ambiente.
En cuanto al desarrollo rural, el objetivo fundamental es contribuir al logro de la soberanía alimentaria, garantizar mejores niveles de bienestar social y apoyar el desarrollo económico del país.
La inversión en este sector absorbe el 10% del total de la inversión pública, destacándose la inversión de infraestructura hidroagrícola en Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Chiapas. La inversión pública en el sector se ubica en captación y conducción de agua, en materia agropecuaria y forestal, programas de protección y áreas productivas cauces y forestales.
El sector pesca continuará su proceso de reducción del sector paraestatal, aumentando la participación de los sectores social y privado, tratando de elevar las condiciones de vida de las comunidades pesqueras.
El sector solidaridad social con el programa de desarrollo regional apoyando la coordinación y desarrollo de las entidades federativas se combatirán los rezagos sociales en las entidades de menor desarrollo relativo.
La inversión se canalizará a fortalecer los estados y municipios, mediante la atención de las necesidades sociales y de la base productiva de las diversas regiones del país. Se asignan 1,514.8 mil millones de pesos al programa.
En el sector comunicaciones y transportes se busca un sistema de transporte y comunicación que proporcione una mayor integración del territorio nacional.
El programa de inversiones de este sector es de 2,349.4 millones de pesos, que representa el 15.2% del total de la inversión pública. Dentro de las principales obras del subsector carretero destacan: las zonas dañadas por el huracán Gilberto, reparaciones de las carreteras, Guadalajara- Colima, México- Toluca y conservación de 1 mil 763 kilómetros de carreteras. En el subsector
ferroviario: rehabilitación de 300 kilómetros de vías y reconstrucción de locomotoras. En el programa de infraestructura marítimo- portuaria, destacan la construcción y ampliación en los puertos de Manzanillo, Colima y Altamira, Tamaulipas.
En el transporte aéreo se modernizarán y ampliarán nueve pistas y plataformas.
En comunicaciones se continuará con el avance al sector, vía digitalización y comunicación por satélite.
El sector comercio y abasto integrará con mayor eficiencia la etapa de producción y consumo de mercancías, fortaleciendo las estructuras de abasto, principalmente el popular; se promoverá la producción, acopio, distribución y abasto de productos básicos y complementarios mediante la concertación social. Se apoyará la capacitación a productores y consumidores, creando la normatividad necesaria para apoyar al sector. El apoyo al comercio exterior será amplio, canalizándose recursos de manera estratégica. La inversión pública del sector es de 52.0 mil millones de pesos.
El sector industrial continuará reduciendo el número de las empresas públicas, debiéndose incrementar la eficiencia operativa y financiera de las cantidades, apoyándose la exportación de productos manufacturados. La inversión se canalizará a proyectos estratégicos que inciden en la modernización y reconversión de la planta industrial tendiente a la autosuficiencia en productos básicos y al fomento de la producción y exportación de productos no petroleros. La inversión en este sector es de 1,026.2 mil millones de pesos, que representa el 6.6% del total de la inversión pública. Destacan las siguientes obras: en el sector minero, Carbón II; en siderurgia el proyecto Sicartsa II; en fertilizantes el complejo de nitrogenados en Coatzacoalcos, Veracruz; en el subsector de construcción de carros de ferrocarril, se atenderá la demanda del tren ligero de Guadalajara y Monterrey.
El sector energético buscará atender la demanda interna y los compromisos de exportación.
El programa considerado tiene un monto de 6,477.4 mil millones de pesos, 42.0% del total. La inversión será canalizada a la conservación y mantenimiento de las instalaciones y equipos y a la construcción de infraestructura de distribución y, perfectamente para la producción de petroquímicos básicos para la industria secundaria.
Se continuará la construcción de la hidroeléctrica de Agua Prieta, Jalisco, y la termoeléctrica en Tuxpan, Veracruz, entre otras.
En el sector turismo se apoyará la generación de empleo y el desarrollo regional. Entre las inversiones consideradas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo destacan las siguientes: la infraestructura dañada por el huracán Gilberto y segunda etapa de electrificación; en Loreto, Baja California Sur, construcción de la red de captación y conducción de agua potable; en Huatulco, Oaxaca, el inicio de la segunda etapa de infraestructura turística.
El sector administración impulsará las acciones de modernización, simplificación, racionalización y decentralización de normas y estructuras administrativas. En el apéndice I, se describen con mayor amplitud los gastos públicos clasificados por sector y por programa.
Resultado presupuestal
En relación al sector público presupuestal se propone alcanzar en 1989 un superávit primario de 6.5% del producto interno bruto, que será producto de una reducción en el gasto programable de 17.5 a 16.8% y una disminución en los ingresos de 27.5 a 25.6%, motivado por las bajas en los precios del petróleo, principalmente.
Para el gobierno federal el superávit primario aumenta a 27.4 billones y es 32.5% mayor al del año anterior. Los ingresos presupuestales y el gasto programable habrán de crecer 21% y las participaciones y estímulos se incrementarán 5.5%.
Los organismos y empresas del sector paraestatal tendrán un superávit primario de 4.7 billones, un 43.6% menor al de 1988, como consecuencia de la pérdida de ingresos petroleros y la política de no aumentar los precios y tarifas del sector público.
Restauración de la administración pública federal
Entre las acciones más relevantes que el Ejecutivo Federal llevará a cabo, destaca la modernización de la administración pública dirigida a fortalecer la función social del Estado y a mejorar su capacidad de servicio frente a la población, para atender oportuna y adecuadamente sus necesidades.
Así la modernización administrativa será un proceso permanente de transformación que permitirá adecuar a la infraestructura administrativa a las características del desarrollo, conjugando esfuerzos dentro de un esquema de diálogo y concertación, y racionalizando la utilización de los recursos disponibles.
En este contexto, los esfuerzos se aplicarán en dos vertientes fundamentales; la racionalización y compactación de la infraestructura administrativa del gobierno federal, y el redimensionamiento del sector paraestatal.
En cuanto a la primera, es de señalarse que se fomentará la eficiencia y productividad de las dependencias y entidades de la administración pública federal, mediante:
La simplificación de su estructura y organización administrativa;
La desregulación y simplificación, en su caso, de trámites y mecanismos de operación, y
El fortalecimiento del proceso de desconcentración y descentralización administrativa.
Por lo que se considera a la segunda vertiente, se buscará el redimensionamiento del sector paraestatal, a partir de criterios de selección para la revisión permanente de sus tamaño y cobertura, sin descuidar sus responsabilidades constitucionales.
El sector paraestatal constituye un valioso instrumento para la transformación de las condiciones económicas de la población, ya que contribuyen el mejoramiento de las finanzas públicas, el equilibrio de la balanza de pagos, promueven la planta productiva y el empleo, y satisfacen la demanda interna de bienes y servicios prioritarios y estratégicos para la nación. Por ello se establecerán estructuras financieras y operativas de las entidades estratégicas y prioritarias.
Con estas acciones se pretende fortalecer la rectoría económica del Estado enmarcadas en la Constitución Política Mexicana. Asimismo, la Ley Fundamental determina áreas estratégicas y prioridades sobre las que concentra y fortalecerá su acción.
Descentralización y reconstrucción
Los cambios realizados en torno a las acciones de descentralización han sentado las bases para una mayor democratización en las decisiones de interés general. A la fecha, los logros obtenidos en la descentralización administrativa, son el avance en materias de transferencia de áreas operativas, servicios y organismos a los gobiernos estatales; delegación de facultades y funciones a las representaciones federales de los estados, así como la reubicación de personal federal, organismos públicos y unidades administrativas en el interior del país.
Para 1989 continuarán y profundizarán los trabajos que modifiquen la concentración en la ciudad de México. Lograr lo anterior, hace necesario llevar a cabo acciones que apoyen la reubicación industrial hacia zonas con posibilidades de desarrollo; amplíen facultades a las representaciones federales en los estados; impulsen la transferencia de áreas operativas y de servicios a los gobiernos estatales; reubiquen entidades, unidades administrativas y de personal en el interior de la nación. Además, la asignación en la toma de decisiones significa realizar una revisión de las atribuciones y responsabilidades de las representaciones estatales de las dependencias federales.
El presupuesto de Egresos que esta comisión dictamina, permitirá la continuación de la reubicación de dependencias gubernamentales.
En lo que a reconstrucción se refiere, se continuará el proceso con la finalidad de seguir reponiendo, renovando y reordenando la infraestructura y servicios dañados por el sismo de 1985; lo cual significa construir y reparar los edificios públicos dañados; además de proseguir con los programas de construcción y reconstrucción de viviendas. La correcta utilización de recursos permitirá, entre otras, la consecución de metas como el reforzamiento de 535 escuelas en los estados caracterizados como de alta sismicidad, completar el equipamiento del nuevo Hospital Juárez y del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y concluir las 1 mil 194 acciones restantes del programa de vivienda Fase II.
El gobierno federal realizó esfuerzos de apoyo a los estados del sureste y norte del país, en cuanto a los daños ocasionados por el huracán Gilberto. Para 1989 se garantizarán los servicios esenciales a la población afectada; desarrollando acciones de apoyo a los estados a través del ramo de desarrollo regional en el marco de los convenios únicos de desarrollo.
Servicio civil
El servicio civil pretende mejorar la eficiencia en la administración pública federal y mejorar la calidad de los servicios gubernamentales. Para ello se promoverá al servidor público fomentando su votación de servicio.
Para 1989 atenderán adecuadamente sus prestaciones sociales económicas, presupuestándose de manera explícita los recursos necesarios para que el gobierno federal cubra sus obligaciones con el Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado y el Fondo de Vivienda del Instituto de Servicios y Seguridad Social de
los Trabajadores del Estado, fortaleciéndose con ello dichos organismos.
La política salarial será concertada a través de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil, donde se establecerá el incremento salarial para el próximo año y las mejoras a las prestaciones del servicio burocrático.
Se realizarán acciones tendientes a fomentar el diálogo con los trabajadores y sus agrupaciones, tratando de coadyuvar a la justicia social.
Los salarios de los servidores públicos superiores y mandos medios se incrementarán en similar proporción a las modificaciones al salario mínimo. Se dará correspondencia a la capacitación y méritos con las remuneraciones y promociones. Se cuidará la racional utilización de las plazas existentes para atender con especial cuidado los puesto de funciones sobre educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional.
Se apoyará la desconcentración y descentralización administrativa, dando fluidez a los movimientos de plazas.
Política de deuda
El servicio de la deuda pública representa una elevada proporción de recursos dentro del Presupuesto de Egresos. La política de deuda externa está orientada a reducir la transferencia al exterior a través de la negociación.
El gasto de deuda pública para 1989 ascenderá a 148,359.9 mil millones de pesos, de este total, corresponderá al pago de intereses 55,128.9 mil, millones de pesos; 91,102.3 a gastos de amortización y los restantes 2,128.7 mil millones de pesos a las Adefas.
La mayor parte de los gastos de la deuda del sector público recae en el gobierno federal, cuyo presupuesto alcanza la cantidad de 132,317.6 mil millones de pesos, con un incremento de 15.4% con relación a 1988. En este renglón, se erogarán por concepto de intereses 48,960.4 mil millones de pesos, cantidad que decrece en 21.2% con respecto al año anterior, en cuanto a la amortización, se destinan 83,357.2 mil millones de pesos, aumentando 58.7% con respecto a 1988.
El servicio de la deuda de los organismos y empresas dentro del presupuesto representa la cantidad de 13,913.6 mil millones de pesos, disminuyendo 6.5% respecto a 1988. Al pago de intereses se destinan 6,168.5 mil millones de pesos y al capital 7,745.1 mil millones de pesos, lo que significa una reducción en 2.7 y 9.3% respectivamente. Es importante señalar que el mayor decrecimiento en el sector paraestatal respecto del gobierno federal refleja los esfuerzos de saneamiento financieros llevados a cabo por la administración pública paraestatal, así como la asunción de pasivos efectuados por el gobierno federal.
En materia de la deuda externa, la comisión considera que en su servicio en los términos actuales constituye una pesada carga que impide la recuperación económica del país. Se reconoce que si México continúa transfiriendo hacia el exterior recursos del orden del 5% del producto, como hasta ahora, el país no podrá volver a crecer de manera duradera. Esta situación no sólo es inaceptable, sino que es ya insostenible. Por encima de los intereses de los acreedores está el interés de los mexicanos, se considera que ya se llegó al límite del sacrificio interno. Es imperativo volver a crecer para elevar el nivel de vida de los mexicanos. Este principio, en opinión de la comisión, debe ser principio central en la negociación sobre la deuda externa.
En función de dicho principio, expresado de consenso, la meta debe ser quitas del principal de la deuda histórica, reducción del pago de intereses y asegurar los recursos frescos que la economía requiere de un horizonte de mediano plazo. La recuperación de México así lo reclama.
Si bien hay discrepancias entre los miembros de esta comisión en cuanto a las acciones inmediatas que habría de emprender para enfrentar el problema de la deuda externa, se acepta el criterio que el Ejecutivo ha propuesto en el sentido de que es necesario encontrar soluciones de carácter permanente. De la actitud y respuesta de los acreedores dependerá la respuesta que deberá dar el pueblo y gobierno de México.
Atendiendo a las consideraciones expuestas en párrafos anteriores, y a la seriedad y complejidad del problema de la deuda externa, la comisión considera necesario iniciar a partir de enero, en las comisiones respectivas, un proceso de audiencias de información, con los representantes de los sectores y grupos interesados.
De igual forma se considera que la comisión debe analizar a profundidad el contenido de los informes trimestrales sobre la situación económica y de las finanzas públicas, a fin de coadyuvar a las actividades de seguimiento control del ejercicio presupuestal, en el marco de sus atribuciones con relación al presupuesto y a la Cuenta Pública.
Modificaciones que se proponen al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 1989.
Del examen que la comisión realizó de la iniciativa de decreto correspondiente , surgieron diversas observaciones y propuestas. Por tal razón, la comisión que suscribe estimó conveniente efectuar algunas adiciones, reordenar el articulado y asimismo propuso modificar el sentido de algunos artículos del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1989, las cuales se señalan a continuación:
1. Se adiciona el artículo 2do. con un último párrafo, para quedar como sigue:
Artículo 2do.
00002..........................................................................
00004..........................................................................
00005..........................................................................
00006..........................................................................
00007..........................................................................
00008..........................................................................
00009..........................................................................
00010..........................................................................
00011..........................................................................
00012..........................................................................
00013..........................................................................
00014..........................................................................
00015..........................................................................
00016..........................................................................
00017..........................................................................
00018..........................................................................
00019..........................................................................
00020..........................................................................
00021..........................................................................
00023..........................................................................
00025..........................................................................
00027..........................................................................
00031..........................................................................
Estos recursos se ejercerán conforme a los programas respectivos.
2. Se modifica el artículo 3ro., agregándose un último párrafo para quedar como sigue:
Artículo 3ro.
00026.........................................................................
00028.........................................................................
Las erogaciones por concepto de participaciones a estados y municipios se ejercerán en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
3. Se modifica el artículo 8vo. en su primer párrafo, para quedar como sigue:
Artículo 8vo. las previsiones del ramo XXXI se orientarán a la continuación de las obras de reconstrucción de las zonas dañadas por el huracán Gilberto, de la ciudad de México y a los programas de descentralización y nacional de solidaridad, que llevarán a cabo las dependencias y entidades de la administración pública federal.
..............................................................................
4. Se modifica el artículo 9no., para quedar como sigue:
Artículo 9no. Los titulares de las dependencias así como los órganos de gobierno y los directores o sus equivalentes de las entidades de la administración pública federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las prioridades definidas en los criterios de política económica y, en su caso, de los objetivos y prioridades fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales de mediano plazo y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.
La Secretaría de Programación y Presupuesto verificará periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, en relación con las prioridades de los criterios de política económica y, en su caso, con los objetivos y prioridades del plan, de los programas de desarrollo, del Programa Nacional de Solidaridad y de los proyectos de modernización del aparato productivo, en el contexto de la recuperación económica y la estabilidad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para
corregir las desviaciones detectadas. Igual obligación y los mismos fines, tendrán las dependencias de la administración pública federal, respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordinan.
5. Se suprime el artículo 10.
6. Se modifica el artículo 11 y, en consecuencia, se suprime el artículo 14, para quedar como sigue:
Artículo 11. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, se sujetarán estrictamente a los calendarios de gastos que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Las ministraciones de fondos a las dependencias serán autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto de acuerdo con los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y, en su caso, podrá reservarse dicha autorización y solicitar a los coordinadores de sector la revocación de las autorizaciones que hayan otorgado a sus entidades coordinadas, en los siguientes casos:
I. Cuando no envíen la información que les sea requerida en relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos, con base en lo dispuesto, por el artículo 37 de este decreto;
II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos y en el desarrollo de sus programas resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados, o se capten desviaciones que entorpezcan su ejecución y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos;
III. En el caso de los subsidios, el incumplimiento de la cuenta comprobada motivará, en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado;
IV. Cuando en el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con los lineamientos que emitan las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público;
V. Cuando en los términos del artículo 28 del presente decreto, se hayan celebrado convenios de asunción de pasivos y no se cumpla con las obligaciones pactadas y los programas de saneamiento respectivos, o con los compromisos de déficit o superávit, y
VI. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto se dicten.
Salvo lo previsto en los artículos 13 y 34, no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos, así como ampliaciones líquidas a los presupuestos; en consecuencia, las dependencias y entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.
Las entidades no comprendidas en el presupuesto, se sujetarán a los calendarios de gasto que aprueben sus respectivos órganos de gobierno, con base en los lineamientos generales que emita la propia Secretaría.
7. Se adiciona el artículo 12 con dos párrafos finales y, en consecuencia, se suprime el artículo 13, para quedar como sigue:
Artículo 12.
..............................................................................
Asimismo, y sin perjuicio de la observancia de las disposiciones que resulten aplicables, las dependencias y entidades dentro de sus presupuestos autorizados, deberán utilizar los recursos externos disponibles en las instituciones financieras, para la adquisición de los bienes y servicios de procedencia extranjera que requieran.
Las dependencias y entidades soló podrán cubrir el costo de los bienes y servicios a que se refiere el párrafo anterior, sin utilizar recurso externos, en casos excepcionales debidamente justificados, y de acuerdo con la normatividad que para estos efectos hayan expedido las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto.
8. Se suprimen los artículos 13 y 14.
9. Se modifica el artículo 16 en su primer párrafo y en el segundo párrafo de la fracción I, y se adiciona con un párrafo su fracción IV, para quedar como sigue:
Artículo 16. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social o programas y proyectos prioritarios o estratégicos del gobierno federal, con cargo a:
I.............................................................................
.
De estos ingresos se asignarán a la Cámara de Diputados los recursos necesarios para el sostenimiento del Instituto de Estudios Legislativos, en un monto que no exceda del 5% del gasto corriente presupuestado para el Poder Legislativo, los que serán ejercidos por conducto de la propia Cámara de Diputados;
II a IV.......................................................................
. El monto de los ingresos adicionales que resulten de las operaciones señaladas en el párrafo anterior se destinará a financiar proyectos de inversión productiva de entidades estratégicas y prioritarias existentes o para la constitución de nuevas entidades paraestatales que se justifique, de acuerdo a los requerimientos de desarrollo del país.
10. Se modifica el artículo 17 en su tercer párrafo, para quedar como sigue:
Artículo 17.
Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Federal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva, sin afectar el gasto social y los programas estratégicos y prioritarios, optando perfectamente en los casos de programas de inversión, por aquellos de menor productividad e impacto social y económico.
............................................................................... 11. Se modifica el artículo 21, quedando como sigue:
Artículo 21. Sin perjuicio de lo que establece el presente decreto y las demás disposiciones aplicables a la materia, los titulares de las dependencias, así como los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades de la administración pública federal serán responsables de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales contenidas en el presente capítulo; su inobservancia o incumplimiento motivará el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley.
12. Se suprime el artículo 22.
13. Se modifica el artículo 23 en su primer párrafo, quedando como sigue:
Artículo 23. Las dependencias y entidades de la administración pública federal no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover, en su caso, el traspaso interno de las mismas. La Secretaría de Programación y Presupuesto, a solicitud expresa del titular de la dependencia respectiva, podrá autorizar, conforme a los programas y recursos autorizados en este presupuesto, la creación de las plazas que sean indispensables para los programas de educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional. Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales podrán autorizar la creación de plazas cuando ello garantice el incremento de su productividad, se establezcan metas específicas a este respecto, cuenten con los recursos propios que se requieran y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas para el propio órgano de Gobierno.
..............................................................................
14. Se adiciona el artículo 25 con dos párrafos finales y, en consecuencia, se suprime el artículo 28, para quedar como sigue:
Artículo 25.
Las dependencias y entidades en el ejercicio de sus presupuestos sólo podrán efectuar erogaciones en el exterior para las representaciones, delegaciones u oficinas autorizadas y aportar cuotas a organismos internacionales cuando dichas erogaciones se encuentren expresamente previstas en sus presupuestos autorizados. Asimismo, continuarán en coordinación con las secretarías de Relaciones Exteriores y Programación y Presupuesto revisando dichas cuotas en relación con los rines de los organismos y sus propias atribuciones a fin de avanzar en su disminución o cancelación cuando en el contexto de las prioridades nacionales no se justifiquen.
Durante el ejercicio de 1989, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, oyendo la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la coordinadora de sector, en función de las disponibilidades de recursos, adoptará medidas de racionalización de los presupuestos, calendarios autorizados, utilizando de los bienes muebles e inmuebles, estructuras y tabuladores asignados a las representaciones, delegaciones u oficinas de las dependencias y entidades en el exterior.
15. Se modifica el artículo 27, para quedar como sigue:
Articulo 27.
I. Gastos menores de ceremonial y de orden social; comisiones de personal al extranjero; congreso, convenciones, ferias, festivales y exposiciones; erogaciones por concepto de correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable, y donativos en los términos del artículo 34 de este decreto;
II. Contratación de asesorías, estudios e investigaciones, y
III. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos, las dependencias y entidades deberán utilizar perfectamente los medios de difusión del sector público y el tiempo que por ley otorgan al gobierno federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal.
Las erogaciones a que se refiere esta fracción, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, deberán ser autorizadas previamente por las secretarías de Gobernación y de Programación y Presupuesto y las que efectúen las entidades, se autorizarán por el órgano de gobierno con base en los lineamientos que establezcan dichas secretarías.
16. Se suprime el artículo 28.
17. Se modifica el artículo 30, en su primer párrafo y en su fracción V para quedar como sigue:
Artículo 30. Las erogaciones por concepto de transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, se sujetarán a las prioridades de los criterios de política económica y, en su caso, a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y de los demás programas formulados conforme a la ley de la materia y se apegarán a los siguientes criterios:
I. a IV.......................................................................
V. Los subsidios a los bienes y servicios de consumo popular se circunscribirán a los productos agropecuarios ubicados dentro del régimen de precios de garantía y el paquete básico de consumo popular, regulándose conforme a las necesidades sociales y con el objeto de preservar el nivel de ingresos de los productores. Estos subsidios se orientarán a la protección del consumo y del poder adquisitivo de la población.
VI. a XI......................................................................
18. Se adiciona el artículo 34 con un segundo párrafo, y en consecuencia se suprime el artículo 38. para quedar como sigue:
Artículo 34...............................................................................
El Ejecutivo Federal podrá abstenerse igualmente, de ministrar subsidios y de concertar programas de coordinación de servicios e inversiones con las entidades federativas que graven con impuestos locales los sueldos y salarios de los empleados de la Federación, de las entidades paraestatales y de las que operen mediante concesión federal.
19. Se adiciona el artículo 36, para quedar como sigue:
Artículo 36. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gastos de las dependencias y entidades que no les resulten indispensables para su operación cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros, en función de la productividad y eficiencia de las propias dependencias y entidades. En todo momento, se respetará el presupuesto destinado a los programas prioritarios y en especial, los destinados al bienestar social.
El propio Ejecutivo, por conducto de la citada Secretaría, resolverá sobre la aplicación de los remanentes que se generen con tal motivo, procurando dar prioridad a los programas de desarrollo social, prioritarios y estratégicos de las dependencias y entidades que hubieren generado dichos ahorros o, en caso, que los mismos se reflejen como economías presupuestales.
..............................................................................
20. Se suprime al artículo 38.
21. Se modifica el artículo 41, primer párrafo quedando como sigue:
Artículo 41. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas que reúnan los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1989, serán las siguientes:
..............................................................................
22. Se modifica el artículo 45, para quedar como sigue:
Artículo 45. Las propuestas que en ejercicio de sus atribuciones legales formule la Secretaría de Programación y Presupuesto para disolver, liquidar, extinguir, transferir a los estados y municipios, enajenar la participación estatal y fusionar entidades paraestatales, se basarán, en dictámenes que al efecto deberá emitir la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, los cuales deberán contemplar el efecto social y productivo de estas medidas, incorporando también los puntos de vista de los sectores interesados.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuestos, informará, conforme a lo previsto en el artículo anterior, a la Cámara de Diputados de las razones y criterios específicos para llevar a cabo el ejercicio de estas atribuciones.
23. Se adiciona el artículo segundo transitorio, para quedar como sigue:
Artículo segundo. El Ejecutivo Federal queda facultado para que, conforme a los Presupuestos de Egresos aprobados por el presente decreto, efectúe los traspasos y transferencias que resulten procedentes, como consecuencia de las adecuaciones a la estructura programático- presupuestal de las propias dependencias de la administración pública federal y de los ramos presupuestales, y en su caso, hacerlos congruentes con los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo.
Como consecuencia de lo anterior, se recorren en su orden los actuales artículos 11 y 12, para pasar a ser 10 y 11; los actuales artículos 15 a 21, pasan a ser 12 a 18; los artículos 23 a 27, pasan a ser 19 a 23; los actuales artículos 29 a 37, pasan a ser 24 a 32; los actuales artículos 39 a 48, pasan a ser 33 a 42, respectivamente.
De conformidad con lo establecido en los artículos 65, 74 fracción IV, 75, 126 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, somete a la consideración de esta honorable asamblea para su aprobación, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 1989
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1ero. El ejercicio y control del gasto público federal y de las erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1989, se sujetarán a las siguientes disposiciones de este decreto y a las aplicables a la materia.
Artículo 2do. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, las dependencias del Ejecutivo Federal y los ramos de aportaciones a seguridad social, erogaciones no sectorizables y reconstrucción y descentralización para el año de 1989, importan la cantidad de $ 40.743,653.700,000 (cuarenta billones setecientos cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y tres millones setecientos mil pesos, moneda nacional), y se distribuyen de la siguiente manera:
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Estos recursos se ejercerán conforme a los programas respectivos.
Artículo 3ro. Las erogaciones previstas en el presupuesto de Egresos para desarrollo regional y participaciones a estados y municipios para el año de 1989, importan la cantidad de $16.225,925.100,000 (dieciséis billones doscientos veinticinco mil novecientos veinticinco millones cien mil pesos, moneda nacional), y se distribuyen de la siguiente manera:
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Las erogaciones por concepto de participaciones a estados y municipios, se ejercerán en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo 4to. El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año de 1989, importa la cantidad de:$ 133,034.200,000 (ciento treinta y tres mil treinta y cuatro millones doscientos mil pesos, moneda nacional).
Artículo 5to. El Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el Año de 1989 importa la cantidad de: $ 171,146.000,000 (ciento setenta y un mil ciento cuarenta y seis millones de pesos, moneda nacional).
Artículo 6to. Las erogaciones previstas para el año de 1989 correspondientes a las entidades paraestatales, cuyos programas están incluidos en este presupuesto, se distribuyen de la siguiente manera:
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Artículo 7mo. El gasto asignado a la deuda pública del gobierno federal para el año de 1989 importa la cantidad de: $ 134.446,293.800,000 (ciento treinta y cuatro billones cuatrocientos cuarenta y seis mil doscientos noventa y tres millones ochocientos mil pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
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Amortización 7.745,084.800,000
Intereses y gastos 6.168,503.900,000
Suma 13.913,588.700,000
El ejercicio de los recursos a que se refiere este artículo estará vinculado a la evolución de las condiciones económicas y sociales y en su caso se ajustará a los requerimientos que demande el desarrollo nacional.
Artículo 8vo. Las previsiones del ramo XXXI se orientarán a la continuación de las obras de reconstrucción de las zonas dañadas por el huracán Gilberto, de la ciudad de México, y a los programas de descentralización y nacional de solidaridad, que llevarán a cabo las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Para su autorización, los programas y proyectos de reconstrucción y descentralización deberán estar suficientemente evaluados, integrados y especificados.
Las erogaciones que se realicen con cargo a los recursos de este ramo, se someterán a los controles presupuestales correspondientes. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados del manejo que se haga de los mismos y al rendir la cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1989.
Artículo 9no. Los titulares de las dependencias así como los órganos de gobierno y los directores o sus equivalentes de las entidades de la administración pública federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyudar a la adecuada consecución de las prioridades definidas en los criterios de política económica y en su caso de los objetivos y prioridades fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales de mediano plazo y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.
La Secretaría de Programación y Presupuesto verificará periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, en relación con las prioridades de los criterios de política económica y en su caso con los objetivos y prioridades del plan, de los programas de desarrollo, del Programa Nacional de Solidaridad y de los proyectos de modernización del aparato productivo, en el contexto de la recuperación económica y la estabilidad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas. Igual obligación y para los mismos fines tendrán las dependencias de la administración pública federal, respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordinan.
Artículo 10. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, se sujetarán estrictamente a los calendarios de gasto que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Las ministraciones de fondos a las dependencias serán autorizadas por la Secretaría de Programación y presupuesto, de acuerdo con los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y en su caso podrá reservarse dicha autorización y solicitar a los coordinadores de sector la revocación de las autorizaciones que hayan otorgado a sus entidades coordinadas en los siguientes casos:
Cuando no envíen la información que les sea requerida en relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos, con base en los dispuesto por el artículo 37 de este decreto;
II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos y en el desarrollo de sus programas resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados, o se capten desviaciones que entorpezcan su ejecución y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos;
III. En el caso de los subsidios, el incumplimiento de la cuenta comprobada motivará, en
su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado;
IV. Cuando en el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con los lineamientos que emitan las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público;
V. Cuando en los términos del artículo 28 del presente decreto, se hayan celebrado convenios de asunción de pasivos y no se cumplan con las obligaciones pactadas o los programas de saneamiento respectivos, o con los compromisos de déficit y superávit, y
VI. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto se dicten.
Salvo lo previsto en los artículos 13 y 34, no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos, así como las ampliaciones líquidas a los presupuestos; en consecuencia, las dependencias y entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.
Las entidades no comprendidas en el presupuesto, se sujetarán a los calendarios de gasto que aprueben sus respectivos órganos de gobierno, con base en los lineamientos generales que emita la propia Secretaría.
Artículo 11. Para que las dependencias y entidades puedan ejercer créditos externos destinados a financiar proyectos o programas específicos, será necesario que la totalidad de los recursos a ejercer se encuentren incluidos en sus respectivos presupuestos autorizados y se cuente con la aprobación previa y expresa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
En los créditos externos que contraten las entidades paraestatales se deberá establecer las responsabilidad de éstas para que cubran el servicio de la deuda que los créditos generen.
Cuando la contratación de estos créditos, tratándose de fideicomisos públicos, pueda redundar en incrementos de los patrimonios fideicomitidos, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Asimismo, y sin perjuicio de la observancia de las disposiciones que resulten aplicables, las dependencias y entidades dentro de sus presupuestos autorizados, deberán utilizar los recursos externos disponibles en las instituciones financieras, para la adquisición de bienes y servicios de procedencia extranjera que requieran.
Las dependencias y entidades sólo podrán cubrir el costo de los bienes y servicios a que se refiere el párrafo anterior, sin utilizar recursos externos, en casos excepcionales debidamente justificados, y de acuerdo con la normatividad que para estos efectos hayan expedido las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto.
Artículo 12. La Secretaría de Programación y Presupuesto en el ejercicio del presupuesto vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.
Será causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias, así como de los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entradas de la administración pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las mismas; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal; así como del titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizar dichos compromisos, salvo en lo previsto en el artículo siguiente.
Las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 constitucional, sólo serán las comprendidas en el concepto 8100 del ramo XXIII del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 13. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social o programas y proyectos prioritarios o estratégicos del gobierno federal, con cargo a:
I. Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o., de la Ley de Ingresos de la Federación, con excepción de los incisos 1, 2, 3 y 4 de su fracción II "aportaciones y abonos retenidos a los trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", "cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores", "cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores" y "cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas mexicanas a cargo de los militares".
De estos ingresos se asignarán a la Cámara de Diputados los recursos necesarios para el sostenimiento del Instituto de Estudios Legislativos, en un monto que no excederá del 5% del gasto corriente presupuestado para el Poder Legislativo, los que serán ejercidos por conducto de la propia Cámara de Diputados;
II. Excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales a que se refiere este decreto;
III. Remanentes que tengan las entidades paraestatales, entre sus ingresos y gastos netos, que se consignen como erogaciones recuperables dentro de sus presupuestos, y
IV. Ingresos que obtenga el gobierno federal como consecuencia de la liquidación o extinción de las entidades paraestatales que se determine o del retiro de la participación estatal en aquellas que no sean estratégicas o prioritarias, o de la enajenación de otros bienes muebles o inmuebles que no le sean útiles o no cumplan con los fines para los que fueron creados o adquiridos, así como de los provenientes de la recuperación de seguros.
El monto de los ingresos adicionales que resulten de las operaciones señaladas en el párrafo anterior, se destinará a financiar proyectos de inversión productiva de entidades estratégicas y prioritarias existentes o para la constitución de nuevas entidades paraestatales que se justifique, de acuerdo a los requerimientos de desarrollo del país.
Asimismo, se podrán autorizar erogaciones adicionales con cargo a los ingresos extraordinarios que obtenga el gobierno federal por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los programas y proyectos específicos para los que hubieren sido contratados.
El Ejecutivo Federal, al presentar a la Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1989, dará cuenta de las erogaciones que se efectúen con base en esta disposición y hará el análisis de su aplicación.
Artículo 14. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, efectuará las reducciones a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades, cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados.
Para los efectos del párrafo anterior, deberán tomarse en cuenta las circunstancias económicas y sociales que priven en el país, los alcances de los conceptos de gasto y, en su caso, la naturaleza y características particulares de operación de las entidades de que se trate, escuchando la opinión de los órganos de gobierno de las propias entidades.
Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Federal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva, sin afectar el gasto social y los programas estratégicos y prioritarios, optando preferentemente, en los casos de programas de inversión, por aquellos de menor productividad e impacto social y económico.
Del ejercicio de esta facultad, el Ejecutivo Federal dará cuenta a la Cámara de Diputados al rendir los informes trimestrales a que se refiere el artículo 38 de este decreto y al prestar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Artículo 15. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las dependencias federales, no podrán destinarse a fines específicos y deberán ser concentradas en la Tesorería de la Federación, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto , en función de las necesidades de los servicios a los cuáles estén destinados.
Artículo 16. Los importes no devengados en el pago de servicios personales, así como las diferencias en cambios, quedarán definitivamente como economías del presupuesto y en ningún caso se podrá hacer uso de ellos.
Artículo 17. La administración, control y ejercicio de los ramos de erogaciones no sectorizables, aportaciones a seguridad social, desarrollo regional y reconstrucción y descentralización a que se refiere el presente decreto, se encomiendan a la Secretaría de Programación y Presupuesto. La administración, control y ejercicio de los ramos de deuda pública, de participaciones a estados y municipios y erogaciones para saneamiento financiero será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
CAPITULO II
Disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales.
Artículo 18. Sin perjuicio de lo que establece en el presente decreto y las demás disposiciones a la materia, los titulares de las dependencias, así como los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades de la administración pública federal, serán responsables de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad y austeridad y disciplina presupuestales contenidas en el presente capítulo. Su
inobservancia o incumplimiento motivará el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley.
Artículo 19. Las dependencias y entidades de la administración pública federal no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover, en su caso, el traspaso interno de las mismas. La Secretaría de Programación y Presupuesto, a solicitud expresa del titular de la dependencia respectiva, podrá autorizar, conforme a los programas y recursos en este presupuesto, la creación de las plazas que sean indispensables para los programas de educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional. Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales podrán autorizar la creación de plazas cuando ello garantice el incremento de su productividad, se establezcan metas específicas a este respecto, cuenten con los recursos propios que se requieran y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas para el propio órgano de gobierno.
A la designación o contratación de personal para ocupar las plazas a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso podrá dárseles efectos retroactivos a la fecha de autorización correspondiente.
Las dependencias y entidades no podrán llevar a cabo conversiones de sus plazas, puestos y categorías autorizados, salvo cuando se trate de casos debidamente justificados, para lo cual deberá recabarse la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto, para el caso de las dependencias y del órgano de gobierno, tratándose de entidades paraestatales.
Las dependencias y entidades no podrán modificar su estructura orgánica básica y ocupacional aprobada en el ejercicio de 1988, debiendo ser éstas acordes con las normas emitidas a este respecto por la Secretaría de Programación y Presupuesto, por lo que cualquier adecuación sólo podrán hacerlas las dependencias, previa autorización de dicha Secretaría y las entidades paraestatales por su órgano de gobierno, conforme a los lineamientos que se dicten para tal efecto, de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tales adecuaciones no podrán implicar traspaso o ampliación a las previsiones presupuestadas por las dependencias y entidades por concepto de servicios personales, ni incremento en el número de plazas.
Artículo 20. Las dependencias y entidades de la administración pública federal en el ejercicio de sus presupuestos por concepto de servicios personales deberán:
I. Dar prioridad a los traspasos de plazas y de recursos asignados a sus presupuestos, entre sus unidades responsables y programas, tratándose de acciones de descentralización de las mismas.
II. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto para las dependencias y en el caso de las entidades, por el órgano de gobierno respectivo, conforme a los lineamientos que se emitan de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, los estímulos por eficiencia en la actuación y otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezcan la Secretaría de Programación y Presupuesto y el órgano de gobierno respectivo, con base a los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior.
Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en las entidades paraestatales, que rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo a las estipulaciones contractuales respectivas;
III. Abstenerse de cubrir gastos por contratos de honorarios que en cualquier forma supongan el incremento, con respecto al ejercicio de 1988, del número de contratos relativos a los montos de las asignaciones respectivas.
Estos contratos sólo podrán celebrarse para la prestación de servicios profesionales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía, personal para el desempeño de laborales iguales o similares a las que realiza el personal que forma la planta de la dependencia o entidad de que se trate.
La celebración de contratos por honorarios sólo procederá en casos debidamente justificados y siempre que la dependencia o entidad no pueda satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y los recursos técnicos con que cuente. Invariablemente estos contratos deberán ser autorizados por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno de la entidad de que se trate;
IV. Eliminar compensaciones de cualquier naturaleza a título de representación en órganos de gobierno, juntas directivas, consejos, comités técnicos y otros.
V. Sujetarse a los lineamientos que se expidan para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de las comisiones oficiales, y
VI. Abstenerse de realizar cualquier transferencia de recursos de otros capítulos presupuestales al capítulo de servicios personales.
Artículo 21. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia, así como de cubrir con la debida oportunidad sus compromisos reales de pago, con estricto apego a las demás disposiciones de este decreto y las que resulten aplicables a la materia.
Las dependencias y entidades en el ejercicio de sus presupuestos sólo podrán efectuar erogaciones en el exterior, para las representaciones, delegaciones u oficinas autorizadas y aportar cuotas a organismos internacionales cuando dichas erogaciones se encuentren expresamente previstas en sus presupuestos autorizados. Asimismo continuarán en coordinación con las secretarías de Relaciones Exteriores y Programación y Presupuesto revisando dichas cuotas en relación con los fines de los organismos y sus propias atribuciones, a fin de avanzar en su disminución o cancelación cuando en el contexto de las prioridades nacionales no se justifiquen.
Durante el ejercicio de 1989, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, oyendo la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la coordinadora del sector, en función de las disponibilidades de recursos, adoptará medidas de racionalización de los presupuestos, calendarios autorizados, utilización de los bienes muebles e inmuebles, estructuras y tabuladores asignados a las representaciones, delegaciones u oficinas de las dependencias y oficinas del exterior.
Artículo 22. Las dependencias y entidades de la administración pública federal en ejercicio de sus presupuestos para el año de 1989, no podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
I. Bienes inmuebles para oficinas públicas mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables para la operación. En consecuencia, se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan;
II. Vehículos terrestres y marítimos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y la soberanía nacional, así como para la procuración de justicia, los servicios de salud y desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos, y
III. Vehículos aéreos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y soberanía, así como la procuración de justicia.
Cualquier erogación que realicen por los conceptos previstos en las fracciones anteriores, las dependencias y aquellas entidades cuyos presupuestos se encuentren incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989 o que reciban transferencias con cargo al mismo, requerirá de la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto en forma específica y previa al ejercicio del gasto correspondiente.
Tratándose de las demás entidades paraestatales, se requerirá de la autorización de su órgano de gobierno en los mismos términos del párrafo anterior.
Artículo 23. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican deberán reducirse al mínimo indispensable, su uso se sujetará a los criterios de racionalidad y selectividad y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular de la dependencia o del órgano de gobierno de la entidad correspondiente:
I. Gastos menores, de ceremonial y de orden social; comisiones de personal extranjero; congresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones; erogaciones por concepto de correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable, y donativos en los términos del artículo 29 de este decreto;
II. Contratación de asesorías, estudios e investigaciones, y
III. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos, las dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que por ley otorgan al gobierno federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal.
Las erogaciones a que se refiere esta fracción, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, deberán ser autorizadas previamente por las Secretarías de Gobernación y de Programación y Presupuesto y las que efectúen las entidades, se autorizarán por el órgano de gobierno con base en los lineamientos que establezcan dichas secretarías.
Artículo 24. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para 1989:
I. Se otorgará prioridad a los proyectos y obras de modernización de la infraestructura básica, así como a aquellos que presenten un mayor avance relativo, estén orientados a incrementar la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y que reporten los mayores beneficios para la población;
II. Se deberá aprovechar la mano de obra e insumos locales y emplear al máximo la capacidad productiva para abatir costos;
III. Se considerará preferente la adquisición de productos y la utilización de tecnologías nacionales, con uso intensivo de mano de obra;
IV. Se deberá estimular el cambio estructural, así como los proyectos de coinversión con los sectores social y privado y con los gobiernos locales.
En el caso de proyectos y obras de beneficio social se concertará, con arreglo a la ley, la participación activa de las comunidades locales;
V. Los proyectos de inversión financiados con créditos externos, deberán estar contemplados en los presupuestos de las dependencias y entidades y deberán sujetarse a los términos de las autorizaciones que otorguen las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, conforme a sus respectivas atribuciones;
VI. Las inversiones financieras con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, serán aquellas estrictamente necesarias y se realizarán previa autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto y se orientarán:
a) A fomentar y desarrollar selectivamente las actividades y ramas de producción consideradas como fundamentales para el desarrollo del país, y
b) Al financiamiento de empresas públicas que promuevan la producción y comercialización de productos básicos, así como de bienes de capital.
Las inversiones financieras deberán estar vinculadas a programas de saneamiento financiero, productividad y eficiencia y responder a las orientaciones de los programas sectoriales de mediano plazo. Tratándose de erogaciones para saneamiento financiero, deberán sujetarse además a lo que dispone el artículo 28 de este decreto, y
VII. Las paraestatales deberán ajustar sus programas de expansión productiva a las acciones previstas en los programas de mediano plazo correspondientes.
Artículo 25. Las erogaciones por concepto de transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación se sujetarán a las prioridades de los criterios de la política económica y, en su caso, a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y de los demás programas formulados conforme a la ley de la materia y se apegarán a los siguientes criterios:
I. El otorgamiento se hará con base a criterios de selectividad, temporalidad transparencia en su asignación, considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;
II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de bienes y servicios públicos;
III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que al mismo tiempo eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;
IV. Los subsidios para las actividades productivas de los sectores privado y social serán congruentes con los fines de la estrategia de crecimiento económico y estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra, a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos y a promover la capacidad de exportación y la generación de divisas;
V. Los subsidios a los bienes y servicios de consumo popular se circunscribirán a los productos agropecuarios ubicados dentro del régimen de precios de garantía y del paquete básico de consumo popular, regulándose conforme a las necesidades sociales y con objeto de preservar el nivel de ingresos de los productores. Estos subsidios se orientarán a la protección del consumo y el poder adquisitivo de la población;
VI. Las transferencias destinadas al apoyo de entidades paraestatales se deberán orientar selectivamente hacia actividades estratégicas y prioritarias, así como a fortalecer el cambio estructural, a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos estratégicos para la producción y generar empleo permanente y productivo;
VII. Se requerirá la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto para otorgar transferencias que se pretendan destinar a inversiones financieras;
VIII. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología en aquellos sectores en proceso de cambio estructural, a la capitalización de las empresas públicas, a la formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que en el mediano plazo propicien la generación de recursos propios;
IX. Los recursos asignados a los programas regionales de empleo deberán destinarse a la generación de puestos permanentes;
X. Las entidades paraestatales beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales, y
XI. No se deberán otorgar transferencias cuando no se hallen claramente especificados los objetivos, las metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.
Artículo 26. La Secretaría de Programación y Presupuesto autorizará las transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de las dependencias coordinadoras del sector, quienes procederán a la asignación de los recursos a las entidades paraestatales bajo su coordinación, verificando previamente:
I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;
II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados a operaciones que origen rendimientos de cualquier clase, y
II. El avance físico-financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.
Las dependencias coordinadoras del sector podrán suspender las ministraciones de fondos, cuando las entidades beneficiarias no remitan la información físico-financiera en los términos y plazos establecidos en las disposiciones aplicables, informando de inmediato a la Secretaría de Programación y Presupuesto; dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 37 de este decreto.
Artículo 27. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinarán el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas por las dependencias coordinadoras del sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.
Artículo 28. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el seno de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, así como la respectiva dependencia coordinadora de sector, celebrarán con las unidades paraestatales convenios para:
I. El establecimiento de metas de déficit o, en su caso, superávit financiero mensual y trimestral, a nivel devengado, y
II. El saneamiento financiero, mediante la asunción de pasivos de entidades paraestatales estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos a la producción de bienes social y nacionalmente necesarios, de acuerdo a los fines para los que fueron creadas y siempre de que la entidad de que se trate cuente con un programa de cambio estructural que se presente a más tardar el 31 de agosto de 1989 a la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento y sea aprobado por ésta.
La comisión evaluará periódicamente el cumplimiento de los convenios respecto de las metas establecidas en dichos instrumentos. Si de las evaluaciones mencionadas se observan hechos que contravengan las estipulaciones concertadas, las dependencias que integran la comisión, en los términos de las disposiciones legales aplicables, propondrán la dependencia coordinadora de sector y a la entidad de que se trate, las medidas conducentes para corregir las desviaciones detectadas.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, con base a las evaluaciones de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, informará a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de los convenios de saneamiento financiero, así como de las medidas adoptadas para su debido cumplimiento.
Las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento establecerán los lineamientos con base en los cuales se llevará a cabo la formulación de los convenios a que se refiere este artículo y harán la determinación de las entidades paraestatales con las que habrán de celebrarse los mismos. Los órganos de gobierno serán responsables de vigilar que se cumpla con las metas déficit o superávit de las entidades con las que no se celebren los correspondientes convenios.
Artículo 29. La Secretaría de Programación y Presupuesto se abstendrá de autorizar subsidios a las dependencias y entidades, donativos y ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social, así como aquellos a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos de la Federación o cuyos principales ingresos provengan de éste.
El Ejecutivo Federal podrá abstenerse, igualmente de ministrar subsidios y de concertar programas de coordinación de servicios e inversiones con las entidades federativas que graven con impuestos locales los sueldos y salarios de los empleados de la Federación, de las entidades paraestatales y de las que operen mediante concesión federal.
Artículo 30. Las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre transferencias que se hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre al Registro Único de Transferencias; dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 37 del presente decreto.
Artículo 31. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias y entidades que no les resulten indispensables para su operación cuando ello represente posibilidad de obtener ahorros, en función de la productividad y eficiencia de las propias entidades. En todo momento, se respetará el presupuesto destinado a los programas prioritarios y en especial, los destinados al bienestar social.
El propio Ejecutivo, por conducto de la citada Secretaría, resolverá sobre la aplicación de los remanentes que se generen con tal motivo procurando dar prioridad a los programas de desarrollo social, prioritarios y estratégicos de las dependencias y entidades que hubieren generado dichos ahorros o, en su caso, que los mismos reflejen como economías presupuestales.
Artículo 32. Las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias y entidades respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestal, las que no deberán invertirse a través de mecanismos bursátiles, salvo en el caso de valores emitidos por el sector público. Para tal efecto, las dependencias y entidades proporcionarán la información financiera que requiera el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos a que se refiere el artículo 37 de este decreto.
A fin de identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de créditos o adeudos, las dependencias y entidades de la administración pública federal informarán de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias, en los términos que se establezcan con base en lo dispuesto por el artículo 37 del presente decreto.
Las dependencias y entidades, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que causen por no cubrir oportunamente sus respectivos adeudos, las que se calcularán a la tasa equivalente al rendimiento promedio de las emisiones de los Certificados de la Tesorería de la Federación, a 28 días del mes inmediato anterior a la fecha del corte compensatorio. La aplicación de esta tasa se efectuara sobre los adeudos reportados por el Sistema de Compensación de Adeudos del Sector Público, desde la fecha en que debieron liquidarse los adeudos.
Artículo 33. El Banco de México, en función del monto de las divisas requerido para el Presupuesto de Egresos de la Federación y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionará, a petición de las dependencias y entidades, las divisas necesarias para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera, debiendo las mismas informar a las Secretaría de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen al respecto, de acuerdo con los flujos reales establecidos.
Artículo 34. La Secretaría de Programación y Presupuesto, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como las variaciones que se produzcan por las diferencias en los tipos de cambio en el financiamiento de los programas, efectuarán las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto en función de los requerimientos, las disponibilidades presupuestales y de las alternativas de financiamiento que se presenten.
Artículo 35. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas, que reúnan los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1989, serán los siguientes:
Inversión total Autorizada (Millones de pesos)
HASTA 3,000
MAYOR DE 3,000 A 7,500
MAYOR DE 7,500 A 12,500
MAYOR DE 12,500 A 17,500
MAYOR DE 17,500 A 22,500
MAYOR DE 22,500 A 30,000
MAYOR DE 30,000 A 75,000
MAYOR DE 75,000 A 120,000
MAYOR DE 120,000 A 165,000
MAYOR DE 165,000 A 225,000
MAYOR DE 225,000 A 300,000
MAYOR DE 300,000 A 375,000
MAYOR DE 375,000 A 450,000
MAYOR DE 450,000
Monto máximo Monto máximo
total de cada total de cada
obra que podrá obra que podrá
contratarse adjudicarse
directamente mediante
(Millones de convocatoria a
pesos) cuando menos
tres personas
(Millones
de pesos)
6.8 61.6
8.0 77.6
10.5 94.2
12.4 111.8
15.1 135.6
16.4 148.0
18.2 167.7
20.8 187.3
23.0 207.0
25.4 228.7
27.5 247.4
29.2 266.0
31.5 283.6
33.6 302.2
Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos de obras públicas y de servicios relacionados con ellas, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.
Artículo 36. Para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación habiendo convocado, en su caso, por lo menos a tres u ocho proveedores, según el caso, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1989, serán los siguientes:
Volumen Anual de Adquisición Monto máximo de
Presupuestado cada operación que
(Millones de pesos) podrá adjudicarse
directamente
(Miles de pesos)
HASTA 500 850
MAYOR DE 500 A 1,000 1,400
MAYOR DE 1,000 A 2,500 1,700
MAYOR DE 2,500 A 5,000 2,000
MAYOR DE 5,000 A 7,500 2,100
MAYOR DE 7,500 A 10,000 2,300
MAYOR DE 10,000 A 15,000 2,600
MAYOR DE 15,000 A 30,000 2,700
MAYOR DE 30,000 A 50,000 2,900
MAYOR DE 50,000 A 100,000 3,200
MAYOR DE 100,000 A 200,000 3,450
MAYOR DE 200,000 A 300,000 3,750
MAYOR DE 300,000 A 500,000 3,900
MAYOR DE 500,000 A 650,000 4,000
MAYOR DE 650,000 A 1,000,000 4,300
MAYOR DE 1,000,000 4,600
Monto máximo de Monto máximo de cada
cada operación que operación que podrá
podrá adjudicarse adjudicarse habiéndose
habiéndose convocado en su
convocado en su caso a por lo menos
caso a por lo menos ocho proveedores
tres proveedores (Miles de pesos)
(Miles de pesos)
17,250 37,950
23,000 56,350
33,350 68,400
42,550 104,650
58,650 193,200
61,500 241,500
77,600 271,950
93,700 331,200
99,500 349,000
111,000 377,200
122,500 409,400
142,000 463,450
165,600 517,500
193,200 603,750
222,500 696,900
247,250 776,250
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.
Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios cuando no hubiere saldo disponible en la correspondencia partida presupuestal.
Artículo 37. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto, de la Contraloría General de la Federación y el Banco de México, operarán el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Públicos. Las propias dependencias establecerán las normas y lineamientos relativos a la organización, funcionamiento y requerimientos de dicho sistema.
Las dependencias y entidades deberán cumplir con los requerimientos de información que demande el sistema. Para tal efecto, las dependencias a que se refiere el párrafo anterior conjuntamente con la
coordinadora de sector, harán compatibles los requerimientos de información que demande el sistema racionalizando los flujos de información.
Artículo 38. La Secretaría de Programación y Presupuesto realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.
El Ejecutivo Federal, a través de la secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, incluyendo las de las entidades paraestatales que celebren convenios de déficit o, en su caso, superávit financiero y hará asimismo las aclaraciones que ésta le solicite, a través de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, sobre la detección de irregularidades y el fincamiento de las responsabilidades correspondientes.
Los informes trimestrales deberán ser presentados a más tardar 45 días después de terminado el trimestre de que se trate.
Artículo 39. Las propuestas que en ejercicio de sus atribuciones legales formule la Secretaría de Programación y Presupuesto para disolver, liquidar, extinguir, transferir a los estados y municipios, enajenar la participación estatal y fusionar entidades paraestatales, se basarán en dictámenes que al efecto deberá emitir la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, los cuales deberán contemplar el efecto social y productivo de estas medidas, incorporando también los puntos de vista de los sectores interesados.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto informará conforme a lo previsto en el artículo anterior a la Cámara de Diputados de las razones y criterios específicos para llevar a cabo el ejercicio de estas atribuciones.
Artículo 40. La Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación; para tales efectos, dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las leyes, que resulten aplicables y el presente decreto, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las dependencias y entidades coordinadas y no coordinadas, en el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales y podrá requerir de las propias dependencias y entidades la información que resulte necesaria, comunicando a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones para los efectos del artículo 41 de este decreto.
Del cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se dará cuenta a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 38 de este decreto y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Artículo 41. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación y los órganos internos de control de las dependencias y entidades, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confiere la ley, comprobarán el cumplimiento, por parte de las propias dependencias y entidades de la administración pública federal, de las obligaciones derivadas de este decreto.
Con tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Artículo 42. La Secretaría de Programación y Presupuesto estará facultada para interpretar las disposiciones del presente decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación
. TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero de 1989.
Artículo segundo. El Ejecutivo Federal queda facultado para que, conforme a los programas y dentro de los montos del Presupuesto de Egresos aprobado por el presente decreto, efectúe los traspasos y transferencias que resulten procedentes, como consecuencia de las adecuaciones a la estructura programático-presupuestal de las propias dependencias de la administración pública federal y de los ramos presupuestales. Y en su caso hacerlos congruentes con los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo.
Sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Ciudad de México, Distrito Federal, a 27 de diciembre de 1988.- Los diputados miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública: Rogelio Montemayor Seguy,
presidente; Raúl Bolaños Cacho Guzmán, secretario; Humberto Roque Villanueva, secretario; Pedro César Acosta Palomino, Belisario Aguilar Olvera, Alberto Amador Leal, Eduardo Arias Aparicio, Adolfo Barrientos Parra, Javier Bonilla Chávez, Manuel Cavazos Lerma, Elina Elfi Coral Castilla, Melchor de los Santos Ordóñez, María Teresa Dorantes Jaramillo, José Jaime Enríquez Félix, Pedro René Etienne Llano, Eloy Argos García Aguilar, Martha García Rivas Palmeros, Yolanda M. García Treviño, Juan Antonio García Villa, Joaquín Garduño Vargas, Noé Fernando Garza Flores, Martín Gavica Garduño, Agustín Gasca Pliego, Jorge González Ilescas, María del Rosario Elena Guerra Díaz, Magdaleno Gutiérrez Herrera, Ramiro Hernández García, Jesús Armando Hernández Montaño, Armando Ibarra Garza, Enrique Ibarra Pedroza, Artemio Iglesias Miramontes, Pedro Manuel Cruz López Díaz, María Elena Martínez Carranza, Rafael Melgoza Radillo, María del Carmen Mercado Téllez, Salvador Miranda Polanco, Juan José Moreno Sada, Jesús Oscar Navarro Gárate, César Alfonso Neri Ávila, María Teresa Ortuño Gurza, Alejandro Paredes Jurado, Francisco Javier Pavlovich Robles, Ana Rosa Payán Cervera, Humberto Peña Reyes, Alberto Pérez Fontecha, Sergio Quiroz Miranda, Miguel Quiroz Pérez, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, Federico Ruíz López, Salvador Sánchez Vázquez, Francisco Javier Santillán Oceguera, Nicodemus Santos Luck, Juan Ugarte Cortés, Miguel Ángel Mauricio Valdés Rodríguez, Everardo Vargas Zavala, Juan Manuel Verdugo Rosas, Astolfo Vicencio Tovar y Elías Villegas Torres.»
Trámite: -Primera lectura.
APENDICE
APÉNDICE I
ANÁLISIS SECTORIAL DEL GASTO PROGRAMABLE
1. Análisis Programable del Gasto
1.1. Desarrollo Rural
Tomando en consideración la política de cambio estructural y desarrollo rural, esta comisión considera como válidos los propósitos de contribuir a preservar la soberanía alimentaria del país, garantizar niveles más altos de bienestar social y apoyar el desarrollo social de la nación, lo cual se logrará aumentado el empleo, ingreso, producción y productividad.
De esta forma, el gasto público se dirigirá a la reactivación de la producción agropecuaria y forestal, apoyando la capitalización principalmente en áreas y regiones más rezagadas.
Se acentuará la importancia en la coordinación entre las acciones de gasto público sectorial y la orientación de la política macroeconómica, junto con los otros instrumentos de política sectorial: precios de garantía, crédito y seguro agropecuario y estímulos fiscales; al mismo tiempo, implementar la modernidad rural significa priorizar el sentido social del gasto agropecuario.
Se fortalecerá la inversión, atendiendo preferentemente proyectos prioritarios de corta maduración.
El Programa de Inversión promoverá acciones de capitalización rural como la investigación tecnológica, fomento de la agroindustria integrada, producción de insumos e incorporación de equipos y maquinarias que fomenten niveles de producción y productividad.
Se preferenciará la rehabilitación y modernización de distritos de riego.
El gasto para desarrollo rural para el próximo año, asciende a 4,761.0 MMP.
1.1.1. Agrícola
Objetivos
Incrementar la producción y productividad agrícola, a logros que permitan consolidar la autosuficiencia en productos básicos.
Reducir en el corto plazo las importaciones de maíz.
Apoyar la producción de cultivos de oleaginosas y granos forrajeros.
Modernizar el aparato productivo agropecuario.
Proporcionar acciones de asistencia técnica en 12,557.5 mil hectáreas, para beneficiar a 1,528.7 mil personas.
Apoyar la asociación de 181.8 mil personas, fomentando la integración de 12,617 agrupaciones.
Cubrir 7,423 mil hectáreas de medidas fitosanitarias, y realizar prácticas de conservación de suelo y agua en 1,155 mil hectáreas.
Canalizar los recursos asignados a los proyectos prioritarios de fomento a la producción y productividad, fundamentalmente a programas estratégicos
de maíz y de uso eficiente de la inversión rural ociosa, así como al Proyecto de Organización, Capacitación, Asistencia Técnica e Investigación y del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, entre otros de importancia.
Apoyar los proyectos San Fernando, Tamaulipas, Ometepec, Guerrero, Plan Chiapas y Proderith, estratégica, en lo que se refiere a áreas de temporal.
Destacan en cuanto a proyectos prioritarios Elota, Piaxtla, Río Sinaloa, San Lorenzo, segunda etapa en Sinaloa y Andrés Figueroa, Guerrero.
Asesorar a 9 mil 300 personas en la administración y operación de treinta y tres plantas agroindustriales.
Producir 27.8 millones de toneladas en los diez cultivos principales, producidas en 15.5 millones de hectáreas.
Producir 1.1 millones de toneladas de las principales oleaginosas en 1.0 millones de hectáreas.
Lograr una producción de 6.3 millones de toneladas de otros granos.
Producir 70.1 millones de toneladas en los otros cultivos importantes en 3.12 millones de hectáreas.
1.1.2. Pecuario
Objetivos
Mejorar la producción y productividad de las tierras destinadas al aprovechamiento ganadero.
Promover el aprovechamiento de los recursos pecuarios, para satisfacer las necesidades de consumo humano.
Líneas de Acción
Asistencia técnica a 991.2 mil personas en manejo de 1,842.7 mil hectáreas de agostadero y atención a 1.315.9 mil cabezas.
Se combatirá el gusano barrenador en 196,716.0 mil hectáreas, y se dará protección y vigilancia contra enfermedades a 59,716 mil cabezas.
Se instalarán 182 mil piezas (trampas) y se sustituirán 260 mil especies de abeja reina para el combate de la abeja africana.
Metas
Producir 2.9 millones de toneladas de carne en canal, de las cuales 43.0% son de bovinos, 30.8% de porcino, 24.0% aves y el 2.2% en ganado ovino y caprino.
Lograr la producción de 6 mil 587 millones de litros de leche.
Producir 1.1 millones de toneladas de huevo.
1.1.3. Forestal
Objetivos
Continuar la política de aprovechamiento racional de recursos.
Aplicar técnicas adecuadas a las características del recurso, que mejoren las acciones de fomento y preservación del mismo.
Líneas de Acción.
Asistencia técnica en 2,932.8 mil hectáreas; organizar 533 agrupaciones de productores forestales.
Diagnostico y control de plagas y enfermedades forestales en 1,800.8 mil hectáreas; producción en vivero de 33,678.0 mil plantas.
Prevenir y combatir incendios forestales en 4,963.0 mil hectáreas; aplicar las disposiciones de la Ley Forestal y su reglamento, mediante la vigilancia forestal en 36,630.7 mil hectáreas.
Metas
Alcanzar un total de 10.3 millones de metros cúbicos maderables.
Producir 77.8 millones de toneladas maderables, de las cuales 59.6% corresponde a la producción de resina y el 40.4% a distintos productos.
1.1.4. Abastecimiento de Agua Potable
Objetivos
Mantener y ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Obtener un uso racional del agua.
Atender a localidades con desequilibrios críticos.
Conservar, preservar, mantener y rehabilitar los sistemas de distribución de agua potable.
Líneas de Acción
Se continuará con el apoyo a los acueductos que conforman la operación del Sistema Nacional Hidráulico.
Se destinarán recursos que permitan la continuación de la construcción, principalmente de los acueductos que beneficien a Huajuapan de León, Chihuahua, Ciudad Victoria y Guadalajara.
Metas
Elaborar 47 estudios y proyectos técnicos para la realización de sistemas de agua potable y alcantarillado.
Concluir la construcción de 10 obras de agua potable para entregar al estado de Guerrero.
Conservar y mantener setenta pozos de perforación.
Realizar acciones de asistencia técnica.
Operar laboratorios para el análisis de la calidad del agua.
1.1.5. Reforma Agraria Integral
Objetivos
Organizar y capacitar a los productores rurales.
Promover el aprovechamiento integral de los recursos con que cuentan los núcleos agrarios.
Mantener permanentemente actualizados los derechos agrarios individuales y colectivos, y la culminación de los expedientes agrarios en trámite.
Líneas de acción
Organización de campesinos sin tierra y de los pequeños propietarios.
Instrumentación de programas de capacitación a productos rurales.
Promoción de unidades de explotación multiactiva, agilización y simplificación administrativa y procedimental agraria, y la continuidad de los programas de seguridad jurídica a los distintos regímenes de la tenencia de la tierra.
Metas
Fortalecer la organización agraria básica en 7 mil 500 núcleos agrarios del país.
Propiciar la integración de 200 uniones de ejidos y asociaciones rurales de interés colectivo.
Promover 200 contratos de asociación con terceros para la explotación de recursos no renovables, propiedad de los núcleos agrarios.
Constituir 3 mil 730 unidades económicas de producción agrícola, forestal, pecuaria, agr ícola y/o artesanal y promover la comercialización de sus productos.
Mantener actualizado el catastro rural en 32 entidades federativas.
Otorgar seguridad jurídica a los distintos regímenes de tenencia de la tierra con la emisión de 167 mil certificados.
1.2. Desarrollo Social
En el marco de la actual administración, esta comisión considera que el desarrollo social debe ser una prioridad dentro del programa de gobierno; por ello, no obstante las limitaciones presupuestales para 1989, los recursos canalizados a educación, salud y seguridad social, trabajo y previsión social vivienda, ecología y desarrollo urbano, aumentarán en forma significativa. El gasto global que se destina a este rubro, asciende a 30,244.6 mil millones de pesos, lo que significa un aumento con respecto a 1988 de 26.8% en términos nominales y 5.7% en términos reales.
1.2.1. Educación
Objetivos
Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles e incrementar la eficiencia terminal.
Vincular la educación, la investigación científica, tecnológica y el desarrollo experimental con las necesidades del país.
Consolidar la regionalización y descentralización de la educación básica y normal.
Mejorar y mantener los servicios en las áreas de educación física, deporte y recreación.
Líneas de Acción
Racionalizar y optimizar los recursos y promover la participación de los sectores social y privado.
Fortalecer las acciones tendientes a elevar la eficiencia terminal, reduciendo la deserción y reprobación, mejorando la calidad de los servicios.
Consolidar un sistema integral de formación de maestros, complementando con los servicios de actualización y capacitación de los docentes en servicio.
En el área de investigación, dar prioridad a la generación de tecnología para la producción de
bienes de capital, formación de reservas materiales y sustancias estratégicas y a la producción de bienes destinados a la satisfacción de las necesidades básicas de la población.
Continuar la desconcentración de la investigación científica y tecnológica a través de centros regionales o estatales.
Metas
Atender a 15,875.1 mil alumnos; 2,140.7 mil en el nivel preescolar, 10,426.1 mil en educación primaria y 3,308.3 mil en educación secundaria.
Proporcionar educación a nivel media superior a 1,292.0 mil alumnos; 315.2 mil a educación media superior general, 558.3 mil a la universitaria, 404.2 mil a la tecnológica y 14.3 mil a la pedagógica. En la educación media terminal, atender a 280.6 mil alumnos.
En el nivel de educación superior, se dará atención a 1,054.6 mil alumnos. Fortalecer los contenidos culturales de la educación, mediante la realización de 14.8 mil eventos artístico - culturales en planteles escolares.
En materia de recreación, deporte y esparcimiento, dotar a 27.7 mil deportistas y 15.8 millones de jóvenes de diversos servicios de apoyo: paquetes turísticos, tarjetas Plan Joven y formación de autoempresas, entre otros.
Construir 22.7 mil espacios educativos para atender la demanda educativa de los diferentes niveles.
Se realizarán 7 mil 048 proyectos de investigación.
Presupuesto
El proyecto de presupuesto asignado para el sector educativo en 1989, será de 13,833.6 mil millones de pesos, cifra superior en 29% con respecto al año anterior.
1.2.2. Salud y Seguridad Social
Con el propósito de avanzar en la consolidación del modelo de atención a la población abierta en 1989, para el sector salud y seguridad social se definen los siguientes objetivos, líneas de acción, metas y presupuesto asignado.
Objetivos
Fortalecer el Sistema Nacional de Salud, a través de la operación de los servicios descentralizados.
Abatir las enfermedades transmisibles, especialmente en el grupo materno infantil.
Reducir los perjuicios a la salud, ocasionados por las enfermedades crónico degenerativas, accidentes y violencia.
Incrementar los niveles nutricionales de las mujeres embarazadas en el período de lactancia y de los menores de cuatro años.
Avanzar en el reforzamiento de los servicios de planificación familiar.
Ampliar la cobertura de la población abierta en el primero y segundo nivel de atención.
Líneas de Acción
Desarrollar programas encaminados al control de las enfermedades prevenibles para vacunación.
Continuar los trabajos dirigidos a la detección temprana y el tratamiento oportuno de las enfermedades crónico degenerativas.
Estimular la descentralización del Sistema de Regulación Sanitaria.
Perfeccionar el Sistema de Compras Consolidadas, para garantizar en todas las entidades del sector salud el abasto oportuno de medicamentos e insumos requeridos.
Agilizar la terminación de las obras en proceso, y sostener la continuidad del Programa de Construcción de Centros de Salud.
Ampliar la cobertura y promover acciones para aumentar la eficiencia y eficacia de los servicios.
Metas
Para 1989, se estima aplicar 65.6 millones de dosis de vacunas a menores, embarazadas y población en riesgo.
Brindar 10.6 millones de raciones para mejorar la alimentación de las mujeres embarazadas y en período de lactancia.
Proporcionar 88.6 millones de consultas generales y 20.3 millones de consultas especializadas.
Terminar la construcción de setenta y nueve centros de primer nivel e iniciar ciento sesenta centros; asimismo, continuar la construcción de ocho hospitales generales y terminar dos dentro del Programa de Servicios de Salud México - Banco Interamericano de Desarrollo.
Concluir el equipamiento del nuevo Hospital Juárez y del Instituto Nacional de Salud Pública.
Presupuesto
Para darle cumplimiento a los objetivos y rutas trazadas al sector salud, durante el ejercicio presupuestal de 1989 se canalizarán recursos por un monto de 12,773.4 mil millones de pesos; dicha asignación representa un crecimiento del 22.4% en relación a 1988.
1.2.3. Trabajo y Previsión Social
A partir de los recursos asignados en este sector, los programas a desarrollar bajo su competencia, se sustentarán en los siguientes objetivos, líneas de acción y metas:
Objetivos
Procurar e impartir justicia laboral en las relaciones productivas.
Impulsar y promover la organización cooperativa y otras formas de organización social para el trabajo.
Reforzar las acciones de capacitación y adiestramiento en los centros laborales.
Estimular la generación de empleos productivos y proteger las existentes.
Líneas de Acción
Reforzar e intensificar los programas de impartición de justicia y vigilancia de la legislación laboral, el empleo y la organización social para el trabajo.
Mejorar los índices de productividad de las empresas, a través de la capacitación de los trabajadores.
Otorgar créditos a los trabajadores para adquirir bienes de consumo duraderos y perecederos.
Coadyuvar al abatimiento del desempleo abierto y encubierto, a través de programas de becas y del Servicio Nacional de Empleo.
Metas
Resolver el 100% de los conflictos obrero patronales.
Proporcionar capacitación a 1 millón de personas.
Atender 290 mil solicitudes y captar 260 mil vacantes a través del Servicio Nacional de Empleo.
Organizar 700 sociedades cooperativas de consumo y producción, para el beneficio de 30 mil 310 socios.
Presupuesto
Para la consecución de los objetivos planteados en materia de trabajo y previsión social, se ejercerán recursos del orden de los 223.8 mil millones de pesos.
1.2.4. Vivienda
Líneas de Acción
Ampliar los programas y la capacidad del sector público.
Ajustar los esquemas financieros vigentes.
Apoyar mecanismos que permitan abatir tiempos y costos de construcción de vivienda.
Atender la demanda de vivienda rural.
Metas
Realizar 4 mil 400 acciones de vivienda rural para beneficio de 26 mil 400 habitantes.
Financiar a través del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, la terminación de 20 mil acciones que comprenden 3 mil 905 lotes, 8 mil 570 de vivienda progresiva y 7 mil 525 de mejoramiento de la vivienda.
1.2.5. Ecología
Objetivos
Ordenar ecológicamente el Territorio Nacional.
Prevenir y controlar la contaminación ambiental.
Proteger y conservar los recursos naturales.
Líneas de Acción
Operar, mantener y ampliar los sistemas de monitoreo atmosféricos en el Valle de México y en el Distrito Federal.
En Guadalajara y Monterrey, se equiparán y operarán las unidades de diagnóstico y emisión vehicular y los sistemas de monitoreo de aire.
Metas
Operar 15 viveros para el ecodesarrollo municipal en 13 entidades federativas.
Formular 14 dictámenes para la fijación de condiciones particulares de descarga de agua residual.
1.2.6. Desarrollo Urbano
Líneas de Acción
Fortalecer la política de descentralización y desconcentración de la vida nacional.
Ampliar y mantener la cobertura y servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Obtener el máximo aprovechamiento del inmobiliario federal.
Regular el crecimiento de los centros de población y equilibrar socialmente las localidades con graves carencias.
Metas
Concluir en Acapulco, Guerrero, la urbanización para 1 mil 300 lotes, así como incrementar en 1 mil la reserva territorial.
Restaurar y conservar 20 inmuebles del patrimonio histórico y cultural.
Continuar las obras de urbanización de 39 hectáreas, la construcción de 500 pies de casa y la construcción del primer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales en Lázaro Cárdenas, Mich.
Presupuesto
El presupuesto para el año próximo es de 1,767.9 miles de millones de pesos.
1.3. Programa Nacional de Solidaridad
Por su alto contenido social, el Programa de Solidaridad Social tiene como finalidad erradicar la pobreza extrema, promover y proporcionar a las actividades productivas; cuenta con un presupuesto de 1,645.9 miles de millones de pesos.
El universo al que se orientará el Programa Nacional de Solidaridad está conformado por los grupos indígenas, los campesinos de escasos recursos y por los grupos populares que enfrentan en toda su crudeza los problemas de las grandes aglomeraciones.
La estrategia para la realización del programa, se basa en el profundo sentido democrático, es por ello que se convoca a todos los sectores sociales, se sumen a la jornada de solidaridad.
Para el Estado, dado su carácter revolucionario, constituye una obligación, es por ello que asume su responsabilidad ante el deterioro de los niveles de vida; en el caso de la sociedad, se parte de un alto espíritu solidario que ya ha sido demostrado en los desastres naturales que afectaron al país en fechas recientes.
Es necesario crecer económicamente para continuar nuestro camino hacia la justicia y la equidad social, la inclusión de la economía nacional en el contexto internacional es un paso necesario para la modernización de nuestra estructura productiva, pero ello no sería refrendado, si al margen de los objetivos señalados, se tuviera un mercado interno paupérrimo y grupos sociales marginados de la modernidad; ello sería un fracaso social y económico.
Lograr nuestros objetivos, implica que el programa se conforme con acciones de efectos inmediatos, que gradualmente permitan erradicar las condiciones que producen la pobreza extrema; en este sentido, los aspectos en los que incidirá el programa, son:
Alimentación, vivienda popular, procuración de justicia, apertura y mejoramiento de espacios educativos, infraestructura agropecuaria, salud, reforestación y proyectos de inversión recuperable, tanto en la ciudad como en el campo.
En las actividades señaladas, se pretende realizar las siguientes acciones:
Alimentación
Abasto de productos básicos a precios bajos.
Suministro de desayunos escolares.
Instalaciones de cocinas populares en el medio urbano y en los campos de trabajo de los jornaleros agrícolas.
Impulsar la producción de alimentos para la comercialización y de economía familiar de traspatio.
Vivienda Popular
Mecanismos crediticios flexibles, baratos y oportunos, que se complementen con la participación de la gente para la construcción de vivienda.
Procuración de Justicia
Apoyar a los grupos indígenas y campesinos en los asuntos legales que estén implicados.
Renovación de los cuerpos de seguridad y del fortalecimiento de los medios con que cuentan los tribunales para la impartición de justicia.
Educación
Ampliar y mejorar la planta productiva.
Impulsar la participación de las comunidades y organizaciones populares.
Generar empleos temporales que completen el ingreso de quienes aporten su trabajo.
Electrificación y Agua Potable
Proporcionar servicios de energía eléctrica
Proporcionar servicios de agua potable en áreas urbanas rezagadas y comunidades de más de 500 personas.
Infraestructura Agropecuaria y Reforestación
Rescate de la obra deteriorada o no concluida.
Construcción de pequeñas obras de irrigación, comunicación y de reforestación, con énfasis en las regiones semidesérticas.
Salud
Construcción y rehabilitación de centros de salud.
Asegurar el suministro permanente del cuadro básico de medicinas.
Participación de la comunidad en la administración de los centros de salud.
Promover y mejorar la prestación de los servicios médicos.
Proyectos de inversión recuperable.
Aprovechar los recursos existentes para el establecimiento de pequeñas agroindustrias y microindustrias.
Establecer programas de capacitación de oficios.
Establecer mecanismos de apoyo a través de créditos rápidos y a bajas tasas de interés.
Para el éxito del programa, es necesario que en la elaboración del mismo surjan las propuestas desde las comunidades indígenas, rurales o de las colonias populares, ya que ahí es donde se tienen los problemas específicos; no se trata de ejecutar medidas de carácter general que distorsionan las costumbres, impongan formas y patrones de consumo, que en ocasiones se convierten en deformaciones.
Sólo se introducirán aquellos alimentos considerados como necesarios para el desarrollo físico, se respetarán las tradiciones y cultura de las poblaciones, tampoco se trata de esperar la integración de grandes programas, que en su elaboración absorben un tiempo considerable, y en este caso, el factor juega un papel importante; no de pueden ni se deben postergar las necesidades de los grupos más rezagados.
En la definición de acciones, el diálogo, la participación y el compromiso serán las bases para esta nueva jornada de la revolución; el eje conductor de los trabajos del Programa Nacional de Solidaridad, serán: la concertación, la claridad en la definición y ejecución de las acciones, la participación corresponsable, la delimitación de competencias entre el Estado y lo que toca a la comunidad; también se harán esfuerzos de coordinación entre los tres niveles de gobierno para sumar esfuerzos y eliminar obstáculos que frenen su integración.
Para proceder a la definición de políticas, estrategias y acciones, se ha creado una comisión que integra a todas las dependencias del gobierno federal, con atribuciones para atender los aspectos sociales y productivos de los grupos más desprotegidos.
La comisión es un órgano de coordinación de acciones que se emprenderán en el ámbito de la administración pública federal, estatal y municipal, para combatir los bajos niveles de vida.
La coordinación interinstitucional se hará sobre la base de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y conforme a la Ley de Planeación; la que se realice entre los tres niveles de gobierno, se atendrá a lo dispuesto en el Convenio Único de Desarrollo, respetando la soberanía estatal y la autonomía de los municipios.
En el decreto creación de la comisión, se considera la formación de un consejo consultivo en donde estén representados los indígenas, campesinos y grupos populares, los estudiosos de los problemas sociales relacionados con el objeto de la comisión y los representantes de los sectores social y privado.
El consejo tendrá como funciones, proponer los principios que orienten los trabajos de la comisión, y opinar sobre los resultados y efectos logrados.
La creación de la comisión no implica el engrandecimiento de la estructura administrativa; se aprovechará la existente en la Subsecretaria de Programación y Presupuesto de Desarrollo Social y Regional, cuyo titular es a su vez el coordinador general de la comisión.
Para el eficaz cumplimiento de los propósitos de la comisión, el gobierno federal reorientará su gasto destinado al desarrollo regional, además los que destinen los diversos sectores social y privado y los gobiernos estatales y municipales.
También se deben agregar las aportaciones de los propios beneficiarios, que en la mayoría de los casos es únicamente la mano de obra; lo anterior, permitirá dar avances significativos contra la pobreza.
Dentro del esquema de trabajo de concertación, se hará un manejo flexible y ágil de los recursos, se emprenderán acciones que sólo sean demandables por la comunidad y las organizaciones; de esta manera, los recursos habrán de llegar directamente a los beneficiarios, para que sean los que ejecuten y evalúen las acciones y tengan oportunidad de continuar el trabajo organizado con recursos y capacidad propia.
La coordinación general de la comisión, señalará los conductos de diálogo y concertación, establecerá los mecanismos en cada una de las entidades federativas, de manera que pueda captar las demandas de apoyo y los ofrecimientos de solidaridad.
Sentará las bases de concertación y propondrá las políticas a seguir, será el conducto para la firma de los compromisos concertados y la responsable de mantener el diálogo permanente.
La efectividad del programa, podrá ser medida según la proporción de ayuda que continúen requiriendo los grupos desprotegidos; la aspiración del programa es iniciar firmemente el proceso de solidaridad social.
1.4 Pesca
objetivos
Fomentar, desarrollar y consolidar las actividades pesqueras y acuícolas.
Asegurar que el aprovechamiento de los recursos pesqueros se vierta a favor de los sectores productivos menos favorecidos.
Atender el mantenimiento de la oferta de alimentos de origen pesquero.
Líneas de Acción
Se instrumentarán programas con la finalidad de terminar las obras de infraestructura en proceso, y a la ampliación y/o construcción de obras que permitan en corto plazo aumentar los índices de producción, empleo y divisas.
Apoyar los programas de reparación, mantenimiento y reposición de embarcaciones dedicadas a la investigación y capacitación.
Continuar las acciones de conservación, mantenimiento y reparación de embarcaciones dedicadas a la investigación y capacitación.
Continuar y fortalecer los programas de organización y capacitación.
La inversión pública se orientará al mismo tiempo a promover acciones en materia de comercialización, distribución y abasto.
En acuacultura, el gasto para investigación se destina a la búsqueda del mejoramiento de la tecnología.
Metas
Alcanzar una producción de 1 millón 550 toneladas en peso vivo.
Procesar en planta 785 mil toneladas de materia prima.
Comercializar 925.5 mil toneladas de productos pesqueros.
Continuar con las gestiones de venta de empresas, transferencias y venta de activos, avaluó de embarcaciones y reestructuración de adeudos.
Reducir costos de comercialización.
Concluir las acciones de cobertura de la red de frío.
Presupuesto
El presupuesto asignado para realizar los trabajos anotados para el sector pesca, es por un total de 153.5 miles de millones de pesos.
1.5 Comunicaciones y Transportes
El sector de comunicaciones y transportes, está en proceso de modernización y cambio estructural para fortalecer la integración del Territorio Nacional y el desarrollo regional; para ello, es necesario que la estrategia responda a criterios de
eficiencia y modernidad; descentralice los servicios y necesidades que demanda el país, para convertirse en la plataforma de las diversas actividades económicas.
En ese sentido, se plantea fortalecer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en sus funciones normativas, de fomento y coordinación sectorial; transferir a las entidades diversas funciones operativas e impulsar la participación de la inversión privada en la modernización de la infraestructura.
1.5.1 Transporte Carretero.
Objetivos
Lograr una mayor productividad del servicio y renovar el equipo existente, en base a esquemas de financiamiento adecuados.
Modernizar y regular el autotransporte público de carga, con el fin de fomentar el servicio multimodal.
Líneas de Acción
Se asignará la mayor prioridad a la conservación y reconstrucción de las carreteras federales, estatales, caminos rurales y brechas mejoradas, sobre todo a las más afectadas por los recientes huracanes.
Ampliar a cuatro carriles los proyectos de estación Don - Guaymas, Chihuahua - Ciudad Juárez, Monterrey - Tampico y Pátzcuaro - Morelia.
Continuar con las carreteras Guadalajara - Colima, México - Toluca, Acultzingo - Córdoba y Querétaro - Irapuato.
Con asesoría y apoyo del gobierno federal, se realizará a través de los gobiernos estatales el Programa de Construcción, Reconstrucción y Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores, para apoyar la comunicación de las zonas rurales y su economía.
Metas
Satisfacer una demanda estimada de 1 mil 818 millones de pasajeros y 310 millones de toneladas de carga, que significa el 97.0% y 80.0%, respectivamente del movimiento total del servicio público por vía terrestre.
1.5.2 Transporte Ferroviario.
Objetivos
Modernizar los ferrocarriles para mejorar el sistema de transporte, debido a las ventajas comparativas sobre otros medios de transporte.
Incrementar el movimiento de mercancías y la capacidad de transporte de pasajeros.
Líneas de Acción
Ofrecer atención especial a los trabajos de rehabilitación, que contribuyan a facilitar el transporte y mejorar las operaciones del servicio.
Se reconstruirán 50 locomotoras y se adquirirán otras 50.
Se dará énfasis al mejoramiento y equipamiento de los talleres, para lograr el oportuno mantenimiento preventivo de locomotoras y vías férreas.
Se buscará optimizar la calidad del servicio, mediante la adquisición de 40 coches nuevos y la renovación de 50, así como la construcción y modificación de curvas y pendientes en tramos difíciles, y la construcción de nuevos enlaces que comuniquen las regiones prioritarias.
Metas
Se atenderá una demanda en el servicio de carga de 61.9 millones de toneladas netas, que generarán un movimiento de 41.7 mil millones de toneladas/kilogramo netas, y en el servicio de pasajeros se proporcionará transporte a 25.0 mil millones de pasajeros/kilómetro.
1.5.3 Transporte Marítimo
y Desarrollo Portuario.
Objetivos
Reestructuración de la administración portuaria.
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las empresas de servicios portuarios.
Aumentar la mecanización de maniobras en los puertos.
Ampliación de servicios.
Descentralización nacional.
Apoyar el comercio exterior.
Líneas de Acción
Se construirán instalaciones para suministros de combustible en Ensenada, Guaymas, Manzanillo, Salina Cruz y Tampico.
Racionalizar el servicio de dragado, mediante una actualización de los precios de los servicios portuarios,
y se conservarán las profundidades portuarias.
Se reconstruirán los muelles dañados por los huracanes.
Terminar los muelles de Altamira y Topolobampo.
Mejorar la calidad del servicio de pasajeros garantizando las condiciones de seguridad, operación y eficiencia del servicio.
Metas
Proporcionar servicios portuarios a 16.7 mil millones de toneladas de carga.
1.5.4 Transporte Aéreo.
Objetivos
Impulsar el desarrollo turístico de procedencia nacional y extranjera.
Facilitar la comunicación y el intercambio económico y social entre las poblaciones.
Consolidar la red nacional de aeropuertos y apoyar a las ciudades medias.
Líneas de Acción
Se terminarán los aeropuertos de las ciudades de Colima y León.
Se reconstruirán las pistas y plataformas de los principales aeropuertos.
Se promoverá la participación del sector privado en la ampliación de los edificios terminales.
Se continuará con el proceso de cambio estructural en las líneas aéreas troncales, con el objeto de alcanzar un nivel competitivo a nivel internacional.
Las líneas aéreas buscarán el saneamiento financiero, y continuarán con el proceso de modernización con sus propios recursos.
1.5.5 Comunicaciones
Teléfonos de México
Se dará impulso a la modernización de la planta telefónica, en base a centrales digitales y redes de fibras óptimas.
Telégrafos Nacionales
Se continuará el proceso de reestructuración de los servicios, eliminando el subsidio cruzado entre los servicios de telex y telegráfico nacional e internacional, se continuará la modernización del servicio tradicional y la creación de nuevos servicios como el correo electrónico, el telefax y girofax.
Red de Microondas
La red federal de microondas incrementará su capacidad mediante la instalación y ampliación de las estaciones terrenas, y un mejor aprovechamiento del Sistema de Satélites Morelos.
Presupuesto
Para 1989, se propone asignar al sector un presupuesto total de 5,510.4 mil millones de pesos.
1.6 Comercio, Abasto y Fomento Industrial
Para el próximo año las acciones de fomento industrial, comercio exterior, así como de modernización comercial y abasto popular, se orientarán a restablecer, consolidar y ampliar las condiciones que permitan el crecimiento gradual y sostenido de la economía en función a la modernización económica y el cambio estructural; con ello, se contribuirá al abatimiento de la inflación, a proteger consumos básicos y el poder adquisitivo de la población.
1.6.1 Comercio Interior y Abasto
Objetivo
Modernizar las estructuras de abasto popular.
Orientar al consumidor para inducirlo a ejercer su gasto.
Coadyudar al desarrollo del comercio interior y vigilar los artículos de importación para garantizar calidad, precios y condiciones de competencia leal con el comercio nacional.
Reforzar el combate contra prácticas especulativas de productores y distribuidores, que elimine la influencia de expectativas en la formación de precios.
Coadyudar a establecer una vinculación eficaz y eficiente entre oferta y demanda.
Proteger el ingreso campesino y hacer vigente el precio de garantía.
Líneas de Acción
Promover la producción, acopio, distribución y abasto de productos básicos y consumo generalizado.
Regular el mercado y proteger los consumos populares para fortalecer el poder adquisitivo.
Modernizar el sistema de abasto de medio mayoreo.
Promover la descentralización de la red de tiendas y almacenes destinados a la distribución al menudeo.
Metas
La Compañía Nacional de Subsistencias Populares comprará 4.8 millones de toneladas de maíz, trigo, frijol, arroz, sorgo y oleaginosas en el mercado nacional y 3.9 millones de toneladas de importación de maíz, sorgo y leche en polvo, y venderá 7.7 millones de toneladas de productos para mantener inventarios de 4.1 millones de toneladas.
Almacenes Nacionales de Depósito y Bodegas Rurales de Compañía Nacional de Subsistencias Populares, van a manejar 69 millones de toneladas de productos básicos; Leche Industrializada de Compañía Nacional de Subsistencias Populares, producirá y comercializará 1,761 millones de litros de lácteos y 9 mil 500 toneladas de complemento.
Leche industrializada de Compañía Nacional de Subsistencias Populares y Maíz Industrializado de Compañía Nacional de Subsistencias Populares, por su parte comercializaron 1 millón 500 mil toneladas de harinas de maíz y trigo, aceites y mantecas.
Impulsora del Pequeño Comercio, S.A., consolidará la atención a 145 mil pequeños comerciantes, a los que venderá 834.0 mil millones de pesos.
1.6.2 Fomento, Industria y Comercio Exterior
Objetivos
Fomentar la modernización de la industria privada y paraestatal.
Estimular el crecimiento y desarrollo de las pequeñas, medianas y microindustrias, y fomentar el avance tecnológico.
Vincular a las empresas nacionales receptoras de tecnología foránea con instituciones y centros de investigación y desarrollo.
Promover la inversión extranjera que contribuya al desarrollo de actividades y zonas prioritarias.
Impulsar las exportaciones no petroleras, regular las importaciones y mantener estable la estructura arancelaria.
Fortalecer los acuerdos de comercialización internacional y aprovechar las ventajas de acuerdos ampliados con países miembros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
Líneas de Acción
Desarrollo de programas tendientes a promover transformaciones tecnológicas.
Fomentar la actividad productiva y el empleo nacional.
Garantizar la oferta y abasto oportuno de bienes y servicios básicos.
Elevar la productividad y la eficiencia de la planta productiva.
Promover la descentralización territorial y la reconversión industrial.
Promover y regular la inversión extranjera y de transferencia de tecnología.
Impulsar las exportaciones no petroleras e incrementar la generación de divisas.
Promover la competitividad de los productos nacionales en el extranjero.
Metas
Canalizar créditos a las pequeñas y medianas industrias prioritarias.
Realizar estudios de desarrollo tecnológico, promoción industrial y desarrollo regional, así como de inversión extranjera.
Mejorar la infraestructura de investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías.
Modernización de la planta productiva.
Promover la competitividad y penetración de los productos nacionales en el mercado internacional.
Participación en las negociaciones comerciales, tanto bilaterales como multilaterales en el seno
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
Presupuesto
Se asigna un presupuesto para el sector de 6,077.1 mil millones de pesos.
1.7. Energético
Para esta comisión dictaminadora, el sector energético representa un sector estratégico, dada su capacidad para captar divisas, por su contribución al erario público y como motor del desarrollo científico y tecnológico; en ese sentido, dentro de la política de gasto para 1989, los recursos serán canalizados para apoyar el suministro de los insumos destinados a la producción de petroquímicos y el impulso a las industrias de bienes de capital, productos intermedios y otras ramas que forman parte de cadenas productivas.
Objetivos
En el ámbito externo, mantener una política internacional de negociación y concentración con los principales países productores y consumidores, a efecto de captar las divisas que permitan fortalecer las finanzas públicas.
Internamente, se buscará romper continuidad y rigidez e incrementar la eficiencia y productividad en la generación, producción, transformación y comercialización de energéticos para elevar la calidad de los productos y servicios.
Líneas de Acción
Se buscará incrementar la productividad y eficiencia de la planta industrial energética, a efecto de incrementar el ahorro.
Se proseguirá con una política petrolera internacional activa y responsable, basada en el diálogo y la concertación.
Se intensificarán los trabajos para el desarrollo de campos marinos en la Sonda de Campeche y terrestre en la zona del sureste.
Se continuará con la reestructuración de las refinerías, para alcanzar mejor rendimiento por unidad de inversión.
Se proseguirá en la ejecución de programas de conservación y mantenimiento de centrales termoeléctricas.
Asimismo, será necesario avanzar la construcción de las diferentes hidroeléctricas y termoeléctricas que se encuentran en marcha.
Metas
Producir 2,488.0 miles de barriles diarios de petróleo crudo, y colocar en el mercado externo un volumen promedio de 1,250.0 miles de barriles diarios de crudo.
Exportar excedentes petrolíferos por 30.4 miles de barriles diarios netos y 627.0 millones de toneladas anuales de petroquímicos.
Comercializar un volumen de 1,223.3 miles de barriles diarios de productos petrolíferos, 6,115.0 millones de toneladas anuales de petroquímicos y 1,049.0 MMPCD de gas natural.
Producir 107,132.0 GWH, superiores en 5.4% a los de 1988, y comercializar 88,496.0 para hacer frente a un crecimiento de la demanda interna del 5.9%.
En 1989, incorporar a la operación comercial 318.0 megawatts provenientes del geotérmico Boca Pozo, Los Azufres, y de los termoeléctricos Libertad en Sonora y Valladolid en Yucatán.
Presupuesto
Para el logro de los objetivos, metas y líneas de acción propuestas en 1989, se asigna al sector energético de 21,540.1 mil millones de pesos.
1.8. Sector Industrial
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, considera como válidos los esfuerzos del sector industrial paraestatal, tendientes a promover las transformaciones necesarias que posibiliten su modernización y aumenten su contribución al fortalecimiento de la producción y empleo a nivel macroeconómico, a asegurar la oferta de bienes y servicios básicos y a la elevación de la productividad.
Esta comisión dictaminadora considera, bajo tales lineamientos, la necesidad de instrumentar en su conjunto los programas cuyas acciones a continuación se anotan.
1.8.1 Minería
Objetivos
Fortalecer al subsector como proveedor de materias primas a la industria nacional y generador de divisas.
Disminuir costos provenientes de obsolescencias en instalaciones, equipos y de exceso de personal.
Líneas de Acción
Intensificar las exploraciones factibles y de instrumentación inmediata, y aumentar los inventarios de minerales estratégicos a través del Consejo de Recursos Minerales.
Apoyar a la pequeña y mediana industrias, promoviendo créditos del PECAM.
Seguir con la política de cambio estructural, a través de ahondar el proceso de descentralización, modernizar plantas y racionalización de estructuras productivas.
Metas
Producir 715 mil toneladas de minerales preciosos, 614 mil toneladas de minerales no ferrosos, 16,919 mil toneladas de minerales siderúrgicos, 9,172 mil toneladas de minerales no metálicos y 4,560 mil toneladas de minerales combustibles.
1.8.2. Siderurgia
Objetivos
Proporcionar las necesidades de productos siderúrgicos en el mercado interno, y destinar excedentes a la exportación.
Sostener la planta productiva, y continuar proyectos de inversión que coadyuven al abasto interno de productos que no se fabrican en el país y la consolidación de la plataforma exportadora.
Proteger la situación de la industria siderúrgica en el mercado nacional.
Continuar el proceso de reestructuración del sector paraestatal.
Mejorar la rentabilidad de la industria siderúrgica en conjunto.
Líneas de Acción
Intensificar el redimensionamiento de la industria siderúrgica.
Adecuar tecnológicamente sus instalaciones e incrementar su eficiencia y productividad, atendiendo los compromisos asumidos para su rehabilitación financiera.
Aplicar inversiones a Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, S.A. II para avanzar un 5% de la obra.
Destinar recursos a la conservación y mantenimiento de la capacidad instalada en todas las plantas.
Desincorporar las filiales de Sidermex que trasciendan el objetivo básico de la industria siderúrgica.
Metas
Altos Hornos de México y Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, S.A., alcanzarán una producción siderúrgica de 3 millones 200 mil toneladas de productos terminados.
Alcanzar un avance global de 84% al proyecto Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, S.A. II.
1.8.3. Azúcar
Objetivos
Alcanzar la autosuficiencia productiva, el redimensionamiento de la participación estatal, la modernización de la planta productiva y su saneamiento financiero.
Líneas de Acción
Intensificar acciones para el cambio estructural, a través de la modernización de la planta productiva, del sistema de comercialización y administración.
Establecimiento de una política integral de precios que reconozca los costos reales del cultivo de la caña, la producción y comercialización de productos.
Destinar recursos para continuar con el programa de ahorro y uso eficiente de energía, así como los programas de investigación agrícola y operación administrativa.
Metas
Adquirir 2 millones 781 mil 671 toneladas de azúcar, 952,499.0 de toneladas de mieles incristalizables y 87 millones de litros de alcohol; exportar 232 mil 830 toneladas de azúcar y 200 mil toneladas de mieles incristalizables.
Operar en 1989 la corporativa Azúcar, S.A., como responsable de la regulación de distribución y comercialización, así como treinta y un ingenios.
1.8.4. Fertilizantes
Objetivos
Atender los requerimientos de la agricultura nacional y aumentar la productividad del agro.
Abatir costos de operación, distribución y financiamiento para lograr el cambio estructural.
Líneas de Acción
Concluir el cierre de tres plantas que carecen de viabilidad.
Continuar apoyando la consolidación del sistema de almacenamiento y distribución primaria.
Metas
Producir 4.7 millones de toneladas de fertilizantes, insecticidas y productos químicos.
Comercializar 5.3 millones de toneladas de fertilizantes, insecticidas y productos químicos.
Lograr un avance de 61.0% en la construcción del complejo de nitrogenados en Coatzacoalcos, y del 25% en la planta de urea en Lázaro Cárdenas.
Concluir dos bodegas de almacenamiento con capacidad de 20 mil toneladas, así como la construcción de dos terminales de almacenamiento de amoniaco.
1.8.5. Construcción de Carros de Ferrocarril
Objetivos
Atender demandas y necesidades del mercado nacional.
Apoyar las necesidades de los ferrocarriles nacionales y lograr que su participación mejore en el sistema integral de transporte.
Líneas de Acción
Incrementar la productividad.
Fortalecer el avance tecnológico de la industria.
Metas
Fabricar y rehabilitar 75 unidades ferroviarias.
Fabricar 104 unidades entre tren ligero y carros metro con ruedas de acero.
Fabricar 120 carros tanque y 100 tolvas balastras para exportación.
1.8.6. Naval
Objetivos
Responder a los requerimientos de la industria petrolera y a la circulación general de mercancías.
Vincular la demanda con la capacidad instalada y promover la participación de astilleros extranjeros, obteniendo a cambio recursos financieros y tecnológicos.
Líneas de Acción
Continuar los esfuerzos para impulsar el desarrollo de la industria naval nacional.
Apoyar presupuestariamente a los astilleros unidos de Veracruz y Mazatlán.
Metas
Terminar dos buques tanque de 45 mil TPM para Petróleos Mexicanos, así como iniciar la construcción de otros dos de 10 mil TPM para Navimin.
Iniciar la construcción de 11 barcos arrastreros y dos barcazas para exportación.
Construir nueve remolcadores.
Atender 200 embarcaciones de distintas dimensiones en materia de reparación naval.
Presupuesto
El presupuesto asignado para realizar las acciones necesarias, en lo que a industria se refiere, es por 7,873.3 millones de pesos.
1.9. Turismo
Consolidar el papel estratégico de la actividad turística en el desarrollo económico del país, mediante la captación de divisas, la generación de empleos y el desarrollo regional y la disposición de alternativas sociales de recreación para la población.
Objetivos
Captación de divisas mediante la adecuada promoción, publicidad y relaciones públicas en el extranjero.
Orientar la inversión pública hacia proyectos estratégicos de desarrollo.
Consolidar los desarrollos turísticos existentes y promover la participación de la inversión privada en obras complementarias de infraestructura.
Apoyar la descentralización de la vida nacional y la generación de empleos. Reforzar la vigilancia para el cumplimiento de precios y tarifas, con el fin de que resulten atractivos al turista.
Apoyar la seguridad del turismo por carretera, mediante las acciones de auxilio de Los Angeles Verdes y mejorar los servicios complementarios.
Líneas de Acción
Mejorar y diversificar los canales de comercialización en los mercados consolidados y potenciales, y buscar mayor competitividad en el mercado internacional.
Establecer campañas de orientación a la demanda, mediante información sobre las distintas posibilidades de viaje dentro del país. Asimismo, se buscará la coparticipación de los gobiernos estatales y municipales y de los sectores social y privado, para tal fin.
Promover la participación de inversionistas privados en las obras de infraestructura turística y urbana, a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
Promover la integración de fondos sindicales o gremiales, para inversiones en instalaciones turísticas recreativas.
Fomentar inversiones para integrar nuevos productos y servicios turísticos y recreativos en todo el país.
Fortalecer la seguridad y mejorar el turismo por carretera, mediante la prestación del servicio de Los Angeles Verdes y mejorar las instalaciones y servicios complementarios al turismo.
Metas
Recibir a 8.5 millones de turistas procedentes del exterior, para captar 3 mil millones de dólares y lograr un saldo positivo de 1 mil 900 millones de dólares en la balanza turística.
Incrementar a 36 millones de personas el nivel de turistas nacionales que demanden alojamiento hotelero.
Apoyar con créditos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la construcción de 5 mil cuartos nuevos.
Mantener el empleo estimado en 1.84 millones de personas, y generar 21 mil nuevos empleos permanentes; 6 mil directos y 15 mil indirectos.
Presupuesto
Para el ejercicio de 1989, se asignará al sector 110.5 mil millones de pesos.
1.10. Administración
Para 1989, las acciones de este sector apoyarán, en las materias de competencia de cada una de las dependencias que lo integran, la política de modernización integral del país, el fortalecimiento de la vida democrática y defensa de la soberanía nacional y el impulso de la recuperación económica del país.
Para lograr la optimización de los recursos disponibles, se impulsará la modernización, simplificación, racionalización y descentralización de normas, procesos y estructuras administrativas.
Este sector cuenta con un presupuesto de 7,287.0 miles de millones de pesos.
1.10.1. Presidencia de la República
Objetivos
Fortalecer la eficiencia de las funciones de coordinación de actividades presidenciales, y proporcionar el asesoramiento al ciudadano Presidente de la República en materia técnica, jurídica, económica, administrativa y de seguridad y apoyo logístico.
Líneas de Acción
Continuar con la reestructuración orgánica funcional, de acuerdo a políticas de austeridad y optimizar los recursos asignados.
Analizar, opinar y proporcionar apoyo jurídico sobre los proyectos de iniciativas de ley, reglamentos y resoluciones presidenciales presentadas por el Poder Legislativo, por las legislaturas de los estados y del Poder Ejecutivo Federal.
Coordinar los asuntos presidenciales y realizar el seguimiento de los acuerdos tomados en los gabinetes.
Informar oportunamente a la opinión pública de las actividades realizadas por el ciudadano Presidente de la República, a través de los medios masivos de comunicación.
Metas
Proporcionar asesoría en materia técnica, jurídica, económica y seguridad a las actividades que realice el ciudadano Presidente de la República.
Brindar el apoyo necesario y oportuno al Titular del Poder Ejecutivo Federal, en las acciones de coordinación derivadas de los acuerdos de gabinete.
Mantener informada a la opinión pública nacional y extranjera, a través de los medios masivos de información, acerca de las actividades del ciudadano Presidente de la República.
1.10.2 Gobernación
Objetivos
Garantizar el respeto a los preceptos constitucionales, fortalecer el federalismo y la unidad nacional, asegurar la legalidad de los procesos electorales y el respeto al pluralismo político y participación ciudadana.
Impulsar las políticas de comunicación social en medios impresos y electrónicos, para satisfacer las necesidades de la población en materia de información, cultura, educación y esparcimiento.
Regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional.
Promover la prevención de la delincuencia y propiciar la readaptación y reincorporación social de los adultos y menores de edad a la sociedad, y garantizar a los refugiados en territorio nacional su seguridad.
Lineas de Acción
Fortalecimiento de los instrumentos de fomento al desarrollo político, con especial énfasis en el mejoramiento de la organización y legalidad de los procesos electorales.
Coordinar la política de comunicación social del gobierno federal.
Apoyar la descentralización del Programa Nacional de Educación en Población, y brindar a la población una mayor seguridad ante la posibilidad de desastres.
Proporcionar servicios asistenciales a liberados y víctimas del delito para su debida reincorporación social, así como el de brindar una mayor seguridad pública a la población.
Metas
Celebrar 25 elecciones para gobernadores, diputados locales y ayuntamientos.
Apoyar las actividades de los partidos políticos, mediante la asignación del financiamiento público previsto en el Código Federal Electoral.
Transmitir 26 mil 958 horas/televisión y 201 mil 280 horas/radio para ofrecer a la población temas de interés social, cultural y de entretenimiento.
Coordinar y evaluar las políticas de población, así como operar el Sistema Nacional de Protección Civil y los 53 subsistemas estatales.
Promover la readaptación y reincorporación de 780 liberados y 5 mil menores infractores, y construir cuatro reclusorios de alta seguridad e iniciar la operación del Reclusorio Federal del Estado de México.
1.10.3 Relaciones Exteriores
Objetivos
Mantener en los foros internacionales, las tesis de libre autodeterminación de los pueblos.
Contribuir a la consolidación de la paz y seguridad internacional.
Mantener una política solidaria hacia los países que procuren su independencia política y económica.
Apoyar la integración latinoamericana, así como la búsqueda de una justa solución de la deuda latinoamericana, mediante la participación en el llamado "Grupo de Los Ocho".
Solución pacífica de las controversias e igualdad jurídica de los estados.
Líneas de Acción
Cumplir con las políticas que dicte el ciudadano Presidente de la República, en materia de relaciones exteriores.
Mantener y consolidar los lazos de amistad y cooperación entre los estados, así como participar en la promoción de la solución pacífica de las controversias entre los estados, la no intervención y libre autodeterminación de los pueblos.
Intervenir en la negociación y celebración de toda clase de tratados y convenio internacionales, en lo que sea parte el Estado mexicano, a fin de contribuir al desarrollo interno del país.
Fomentar la concertación de convenios de cooperación entre los estados. Intensificar la atención y protección a mexicanos en el extranjero, y vigilar que sean respetados sus derechos humanos.
Metas
Participar en la formulación de 513 opciones de política exterior bilateral.
Organizar y participar en 28 reuniones de Comisión Mixta de Cooperación Económica Bilateral.
Establecer 12 lineamientos normativos para la actuación de las secciones mexicanas en la CILA MEX - EUA y la CILA MEX - GUATEMALA.
Realizar 24 reuniones para vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales con Estados Unidos de América, y participar en la negociación de tres tratados y acuerdos sobre límites y aguas internacionales con Guatemala.
Formular 988 y ocho estudios para la participación de México en los fondos de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
Preparar la posición del gobierno de México en 66 reuniones en los fondos económicos de las Naciones Unidas.
Interponer 20 mil servicios de protección consular en favor de connacionales en el exterior.
1.10.4 Procuraduría General de la República
Objetivos
Promover la pronta y expedita procuración e impartición de la justicia mediante su modernidad y revisión del orden jurídico.
Dar cumplimiento a las leyes, tratados y acuerdos de alcance internacional.
Perseguir los delitos de orden federal, fortalecer las acciones de la campaña permanente contra el narcotráfico y farmacodependencia.
Líneas de Acción
Participar en el estudio, la promoción y la ejecución de programas y acciones correspondientes a la procuración e impartición de la justicia.
Difundir el conocimiento del orden jurídico, y analizar nuevas reformas jurídicas.
Mantener y fortalecer el régimen de selección y capacitación del personal del ministerio público federal, policía judicial ,Federal, servicio aéreo y peritos.
Colaborar en la persecución y procesamiento de los delitos internacionales.
Intensificar la lucha contra el narcotráfico y farmacodependencia, ejecutar programas de información y orientación a la sociedad, sobre los daños a la salud pública que ocasionan dichos estupefacientes.
Metas
Ampliación de la cobertura geográfica del servicio del ministerio público itinerante.
Actualización del Sistema Jurídico Nacional, difundirlo e incorporarlo a la sociedad en los programas de la procuración e impartición de justicia.
Fortalecer las acciones de coordinación entre la federación y los estados, en beneficio de una justicia más igualitaria.
Elevar la calidad profesional de quienes intervienen en el ámbito de la procuración y administración de la justicia, mediante el apoyo al Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Construcción de tres hangares y plataformas, para la flora aérea que participa en la lucha contra el narcotráfico.
Creación de la subprocuraduría para el combate al narcotráfico.
1.10.5 Defensa Nacional
Objetivos
Garantizar la seguridad nacional, fortaleciendo así la soberanía y el régimen democrático que determina la Constitución Política del país.
Realizar acciones de contenido social, tales como apoyar a la población en casos de desastre y de campañas de reforestación, fitosanitarias y de alfabetización.
Combatir el cultivo, tráfico y consumo de estupefacientes.
Reducir la dependencia del exterior, en cuanto al abasto militar.
Mantener e incrementar la capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea.
Líneas de Acción
Garantizar la integridad nacional.
Proteger los recursos nacionales y las instalaciones estratégicas de energéticos y comunicaciones.
Realizar acciones en auxilio a la población en casos de desastre natural o accidente; apoyar en la conservación de recursos naturales.
Participar en el combate al narcotráfico.
Reforzar la elevación del nivel profesional de sus elementos.
Promover la plena utilización de la capacidad de la industria militar, a fin de reducir la dependencia del exterior.
Metas
Remodelación y equipamiento de diversas instalaciones militares.
Acrecentar el adiestramiento del personal del Ejército y Fuerza Aérea.
Incrementar la productividad de la industria militar.
Mejorar la participación del Instituto Armado en las actividades de combate al narcotráfico o de apoyo a la población civil, en casos de desastre y preservación de los recursos naturales.
1.10.6 Marina
Objetivos
Garantizar la independencia y soberanía de la nación, en coordinación con el Ejército y la Fuerza Aérea nacional.
Salvaguardar la soberanía en los mares y costas nacionales y preservar los recursos marítimos, ampliar la cobertura y vigilancia en las zonas estratégicas de la zona económica exclusiva de la faja costera nacional.
Reforzar las acciones de apoyo para la protección de la vida marítima, de auxilio a la población civil en casos y zonas de desastre, y prevenir el contrabando.
Impulsar el desarrollo y formación profesional en la educación naval.
Realizar y satisfacer las necesidades de infraestructura naval.
Líneas de Acción
Reforzar la presencia de unidades navales en los litorales mexicanos.
Incrementar la capacidad operativa.
Impulsar los programas de formación profesional, capacitación y especialización del personal naval.
Apoyar las labores de investigación.
Reforzar los programas de asistencia social.
Efectuar diversos planes y acciones para prevenir el tráfico de estupefacientes y contrabando.
Metas
Realizar 2 mil 600 operaciones para preservar la soberanía nacional y los recursos marítimos.
En materia de vigilancia, se cubrirán 154 millones 654 mil 900 millas náuticas cuadradas, y alcanzar una cobertura de 5 millones 096 mil 576 kilómetros cuadrados para la faja costera nacional.
En la formación profesional, egresarán 1 mil 576 elementos de las diversas escuelas y centros educativos.
Construir cuatro buques guardacostas; en el área de reparaciones se realizarán setenta y seis en seco, cincuenta a flote y ciento cuarenta trabajos menores.
Como meta permanente, se brinda apoyo a la población civil en casos y zonas de desastre y combatir el narcotráfico y contrabando.
1.10.7 Hacienda y Crédito Público
Objetivos
Consolidar el abatimiento de la inflación e impedir su resurgimiento.
Fortalecer el ahorro interno.
Fortalecer y consolidar el sistema financiero.
Reorientar las relaciones económicas con el exterior.
Defender el nivel de empleos, creando nuevas fuentes de trabajo y ampliar
gradualmente el poder de compra de la población.
Líneas de Acción
En materia fiscal, instrumentar las adecuaciones fiscales, fortalacer la cruzada de evasión y elusión fiscal, intensificar las acciones de fiscalización y ampliar la captación y agilización en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
La política de precios se orientará a propiciar la eficiencia productiva, evitar la canalización de
subsidios a las empresas paraestatales y considerar precios y tarifas realistas.
En política crediticia, se propiciarán mecanismos de instrumentación de captación de tasas de interés con rendimientos reales positivos al ahorrador, derrama de créditos de la banca del desarrollo y fondos de fomento hacia regiones y actividades prioritarias; por su parte, la banca múltiple promoverá su participación en créditos rentables.
Fortalecer la intermediación financiera no bancaria.
En políticas de estímulo fiscal, se promoverá de manera selectiva la inversión, se fomentarán mínimos de bienestar y se fortalecerá el sector externo.
Apoyar el Programa de Modernización Aduanera.
Adecuar la capacidad crediticia de México en el exterior, vinculando el endeudamiento externo a las variaciones en el precio de los hidrocarburos.
Obtener una balanza de gastos sólida y un déficit moderado en la cuenta corriente.
Metas
Incrementar la recaudación en relación al ejercicio fiscal de 1988.
Aumentar los ingresos del sector paraestatal, mediante la instrumentación de la política de precios y tarifas realistas.
La Banca de Desarrollo y Fomento proporcionarán créditos en las actividades y regiones prioritarias; la Banca Múltiple canalizará créditos que respondan a criterios de rentabilidad.
Modernizar la intermediación financiera no bancaria.
Promover políticas de estímulo fiscal de manera selectiva de la inversión.
Alcanzar una balanza de pagos sólida y un déficit moderado en la cuenta corriente.
Fortalecer la cooperación económica internacional y adecuar la capacidad crediticia de México en el exterior.
1.10.8 Contraloría General de la Federación
Objetivos
Consolidar el Sistema Nacional de Control y Evaluación.
Continuar con las acciones de renovación moral de la sociedad.
Aplicar criterios y control de las medidas de austeridad, racionalidad y honestidad en el gasto público.
Apoyar la modernización de la administración.
Líneas de Acción
Intensificar la fiscalización de concursos y contratos de obra pública y del avance físico y financiero de las obras.
Aplicar un seguimiento presupuestal estricto a las políticas de austeridad y racionalidad del gasto.
Designar auditorías externas.
Coordinar el Programa de Simplificación Administrativa.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Metas
Realizar 1 mil 408 auditorías a dependencias y entidades.
Revisar cuatrocientos cincuenta programas de auditorías de los órganos internos de control.
Realizar 3 mil fiscalizaciones de programas y proyectos de inversión a nivel nacional.
Continuar controlando las declaraciones de servidores públicos, que permitan verificar el origen legítimo de sus ingresos.
Coadyuvar a la simplificación administrativa, eliminando trámites y procedimientos innecesarios.
1.10.9 Programación y Presupuesto.
Objetivos
Apoyar el combate a la inflación, reforzando los mecanismos de ejecución y seguimiento del gasto, que redunden en una escrita disciplina gubernamental, a través de la racionalización del gasto, sin detrimento de los objetivos y prioridades del país.
Impulsar el redimensionamiento del sector público, desincorporación de entidades no
estratégicas, además de buscar la eficiencia y productividad de la industria paraestatal.
Fortalecer el proceso de descentralización, a través de la vida nacional.
Líneas de Acción
Actualizar los instrumentos del proceso de planeación, que permitan fortalecer su vinculación con las actividades operativas de programación.
Fortalecer el proceso de descentralización, a través de la instrumentación de acciones compatibles con las políticas de desarrollo regional.
Instrumentar la política de gasto público, actualizando los instrumentos de control y evaluación del gasto público.
Fomentar la inversión privada en campos de interés específico, mediante la realización de investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos.
Metas
Formular el marco macroeconómico de la política económica 1989, y los criterios generales para 1990.
Seguir y analizar la evolución de las principales variables económicas.
Elaborar informes sobre la situación económica y las finanzas públicas.
Elaborar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la federación para 1990.
Producir las estadísticas demográficas, económicas y sociales continuas, e integrarlas a nivel estatal y regional.
Integrar el informe de gobierno de la Administración Pública Federal.
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Trámite: - Primera lectura.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Abel Vicencio Tovar.
El C. Abel Carlos Vicencio Tovar: - Ciudadana presidenta; señores diputados: Nuevamente con este asunto que ustedes seguramente suponen, es ése; por dos veces he sido emplazado por el compañero Ortíz Mendoza, y espero contestarle con el mismo humor con que él me emplazó la segunda vez, tal vez con la euforia de que estaba estrenando corbata, se veía bien.
Debo decir, sin embargo, que una de las razones que me obligaron a venir desde la primera vez a este lugar, fue la forma totalmente descortés como fue tratado el ingeniero Clouthier, quien fue nuestro candidato a la presidencia pero debo decir también que me atengo a ese respecto al juicio que el ingeniero Clouthier le merece al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y la señora Ibarra de Piedra, que respetuosamente visitaron a Clouthier en donde estaba en ayuno, aquél que se señaló como algo simulado.
Me tengo a la calidad moral de Cuauhtémoc Cárdenas, que siendo un hombre controvertido, es sin embargo respetable porque es de lucha y dice lo que siente, por este motivo no abundo en los calificativos de mi interlocutor. (Aplausos.)
Debo decir que hice aquí muchas afirmaciones, ocho afirmaciones que me merecieron el calificativo de calumniador; aquí tengo las pruebas de la mayor parte de ellas, que si es necesario vendré aquí a desglosar una por una, con el alegato correspondiente.
No quiero en este momento ocupar mucho más tiempo en esto, de los señores diputados, pero sí tengo pruebas en relación con subsidios fuera de la ley firmados por el presidente de la República, órdenes de pago, diarios oficiales que precisan los términos de una reforma electoral, dictámenes de la Comisión Federal Electoral que precisan el número total de votos obtenidos, el porcentaje; diarios de lo debates de 1964, 1967 y 1970, en los que se asignan diputados ilegalmente; diarios de los debates en donde alguien se declara agente de la Agencia Central de Inteligencia; certificados del Registro de Coalición de Partidos; diarios de los debates en donde se precisa la posición de un partido respecto a la autonomía universitaria, etcétera, que si es necesario vendré aquí a explicar, a desglosar y si es necesario a entregar a la secretaría.
Gran relevancia se dio al desayuno; debo decir a este respecto un traslape de fechas en cuanto a una acción concertada y aprobada, hizo que este desayuno al fin no se verificara por mi intervención. Si es necesario, seguimos con el debate, compañeros, con todas las consecuencias que ustedes gusten, y realmente me extraña que se dé tal relevancia a este hecho, ¿qué importancia tendría en todo caso desayunar o no desayunar con un señor, cuando han manejado números que sin darles derecho a tener diputados durante muchísimos años los han admitido?, y otras muchas cosas que en este momento no quiero abordar.
No me asusto, ¿y ustedes por qué se asustan tanto? Gorbachov se abrazó con Reagan, Castro vino a apoyar a Salinas, y yo alguna vez le di la mano al embajador de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y no fui condenado a las penas del infierno, perdón, Ortíz Mendoza, a las del cielo. Eso es todo.
La C. Presidenta: - Para alusiones personales, tiene la palabra el ciudadano diputado Francisco Ortíz Mendoza.
El C. Francisco Ortíz Mendoza: - Señorita presidenta; honorable asamblea: Realmente me ha decepcionado mucho el compañero Vicencio Tovar; cuando a un hombre le falta valor político y humildad cristiana para reconocer un error, deja de ser político. (Aplausos.)
¿Por qué no fue humilde y tuvo el valor de reconocer que su informador no le había dado los datos verdaderos? Era muy fácil, señores, al subir me dijeron tal cosa, no fue cierta, se acabó, sencillo, pero rodearlo con la visita de Gorbachov y Reagan, de Cárdenas, ¿qué necesidad hay, compañero Vicencio Tovar?
Yo quiero que me conteste una pregunta nada más, que fue la que le hice, ¿desayunaron treinta diputados del Partido Popular Socialista con el embajador de Estados Unidos de América?, ¡Sí o no! Conteste compañero, conteste compañero, ¿no contesta?, no es posible que sea tan difícil decir no, le hago una pregunta pública, ¡conteste!
El C. Abel Vicencio Tovar (desde su curul): - Yo pediré la palabra para alusiones, aquí se lo voy a contestar públicamente.
El C. Francisco Ortíz Mendoza: - Correcto, todavía le doy más chance y sumo a uno de sus aliados, a Villa García, desayunó un diputado, no treinta del Partido Popular Socialista con el embajador de Estados Unidos de América, señor Villa García o García Villa; no contestan, sencillo, de todo lo demás compañero, entregue todas esas pruebas aquí a a la secretaría.
No vamos a hacer perder a la asamblea el tiempo, es histórica, tenemos cuarenta años de luchar y
seguiremos luchando hasta su absoluta derrota, convencidos como Juárez de que la victoria de la reacción es moralmente imposible. (Aplausos.)
No mezclen a Cuauhtémoc Cárdenas yo soy respetuoso de Cuauhtémoc Cárdenas; el Partido Popular Socialista lo declara públicamente que es el líder indiscutible del Frente Democrático Nacional, pero Cuauhtémoc Cárdenas tiene su conducta individual, tiene tres personalidades: como individuo tiene derecho y facultad para actuar como él considere pertinente, tiene la segunda personalidad como conductor y dirigente del Partido Revolucionario Democrático, en formación y tiene una tercera personalidad como líder del Frente Democrático. ¿No fue a visitar a Clouthier como líder del Frente Democrático, o fue en lo personal o fue por el Partido Revolucionario Democrático? Porque en ningún momento en la comisión política del Frente se tomó el acuerdo de que fuera Cuauhtémoc Cárdenas a visitar a Clouthier, porque hubiera ido contra el voto del Partido Popular Socialista, eso que quede claro. (Aplausos.)
Yo le pido al compañero Vicencio, y que quede claro también, yo le busqué para que esto se resolviera simplemente por el método del reconocimiento del error, ¿lo quiere usted de todas maneras complicar? Le pido que entregue todas las pruebas a la secretaría, y tengo por fortuna dos años para irle contestando una por una. Gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Abel Vicencio Tovar. El C. Abel Carlos Vicencio Tovar: -Señora presidenta; señoras y señores: Las discrepancias confesadas entre el diputado Ortíz Mendoza y su candidato, o el que dice que fue su candidato, pues sencillamente no nos incumben, allá ellos.
Por lo que se refiere a la afirmación que dice que hice yo de que treinta personas habían desayunado, no, hay que ver el Diario de los Debates, no hablé de treinta ni de veinte, son números que usted está aderezando, pero repito, no desayunó una persona con sus acompañantes, después de haber hecho cita precisamente por mi intervención, si usted quiere, seguiremos.
En este momento, puedo entregar yo a la secretaría pruebas de cómo en 1950 Miguel Alemán ordenó la entrega en esa época de 25 mil pesos mensuales para el sostenimiento del periódico El Popular del Partido Popular Socialista; 25 mil pesos en esa época que ahora serán 12 ó 14 millones de pesos mensuales, claro que los señores que me impugnan, pues tienen mucho más que eso, las arcas generalmente están abiertas, pero ésta es una de las pruebas.
Algunas otras cosas, aquí tenemos el texto de las reformas de 1963 a los artículos 54 y 63 de la Constitución, en donde se establece como mínimo para otorgar diputados de partido, el 2.5%.
El dictamen de la Comisión Federal Electoral que le acredita al Partido Popular mucho menos, y el Diario de los Debates en donde le van otorgando nueve, diez diputados.
El Diario de los Debates en donde el diputado Lázaro Rubio Félix dice, que siguiendo instrucciones de Vicente Lombardo Toledano, su jefe, se metió a la Agencia Central de Inteligencia para espiarlos, imagínense ustedes.
En 1974, entrego este diario en donde están la coalición que se hizo, y el Diario de los Debates de 1979, en donde se precisa la posición del Partido Popular Socialista en contra de la autonomía universitaria. Lo dejo aquí, y si es necesario seguimos adelante.
El C. Francisco Ortíz Mendoza: - Pido la palabra, señora presidenta.
La C. Presidenta: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Ortíz Mendoza.
El C. Francisco Ortíz Mendoza: -Más tristeza me da el pobre señor Vicencio Tovar, le dije que una a una.
Primera. 25 mil pesos para el periódico El Popular, Periódico del Partido Popular, jamás ha sido ni fue del Partido Popular el periódico El Popular, jamás, entonces eso nunca llegó al Partido Popular.
Tenemos por fortuna como presidenta de la Cámara, a la directora del periódico El Día, que sucedió a El Popular, y recurro a su testimonio para que declare si el periódico El Popular, que ella debe conocer bien, alguna vez fue del Partido Popular. Primera cuestión, no mezcle más gente, yo simplemente recurro a ella porque es directora ahora del periódico al que dio origen El Popular.
El Popular, compañero, nació primero como de la Confederación de Trabajadores de México, después fue propiedad privada y después cooperativa, nunca fue del Partido Popular. Primera mentira y calumnia del señor Vicencio Tovar. Segunda calumnia. Que en las elecciones nos dieron diez diputado de regalo; una vez el maestro Lombardo contestó esta calumnia diciéndoles a ustedes veinte de Virgen María, y entonces estamos parejos.
Lloran ustedes todas las elecciones de fraude, todas las elecciones, no hay elecciones que no lloren por el fraude y declaran que los votos no se cuentan; ¡ah! Pero para contar los diputados del Partido Popular Socialista, entonces sí se cuentan, entonces sí no alcanzó la votación y esos votos sí son válidos, los que les dieron a ustedes son fraude; pónganse de acuerdo Vicencio Tovar.
El Partido Popular Socialista ha sostenido desde el primer día hasta hoy, y aquí lo declaré no hace treinta años, hace tres meses, cuando nos quitó el Partido Revolucionario Institucional un diputado, que sabíamos bien que en México los votos todavía no se cuentan; es mentira que se cuenten, lo que cuenta es la correlación de fuerzas, y nadie puede negar la existencia del Partido Popular Socialista al que ustedes califican de palero, y más de veinte veces les hemos dicho que si va al diccionario, palero es el que hace palas, y nosotros hacemos palas para sepultarlos a ustedes, por eso somos paleros.
Una calumnia que no tocó, que el maestro Lombardo dijo que Miguel Alemán era cachorro de la Revolución y después lo atacó; en primer lugar, cuando dijo eso Lombardo Toledano el Partido Popular Socialista no existía, fue en 1946, nosotros nacimos el 20 de junio de 1948, entonces fue Lombardo Toledano, pero si usted sabe biología, los cachorros crecen y este cachorro que creció se volvió rapaz y entonces dejó de ser el cachorro revolucionario.
Ese es todo el problema, entonces Lombardo Toledano sí lo calificó de cachorro de la revolución, ¿por qué? Porque como gobernador de Veracruz, como Secretario de Gobernación había sido positivo y era un cachorro, pero los cachorros... ni modo, se volvió feroz y claudicó, y entonces Lombardo Toledado que es un dialéctico, al que le dijo cachorro después le dijo ladrón, eso fue todo el problema, no sé en dónde está el cargo al Partido Popular Socialista; el otro no recuerdo cuál fue el cargo, no sé, pero resulta que ahora no se hizo el desayuno, que gracias a su denuncia el desayuno se suspendió. Bueno, no se hizo en buen castellano, entonces usted es un calumniador, porque afirmó que sí se había hecho. Eso es todo.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
La C. Presidenta: -El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le despensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Es de segunda lectura.
Comisión de Justicia.
Honorable asamblea: A la comisión de Justicia que suscribe, le ha sido turnada la incitativa del señor Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, por medio de la cual se reforman y adicionan varios artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Es verdad, como se dice en la explosión de motivos, que se han agudizado los síntomas en el uso indebido de armas de fuego, sobre todo en su modalidad de acopio, así como en la introducción al territorio nacional y en la comercialización de las mismas, fenómenos que dan lugar a hechos constitutivos de delitos graves.
El inicialista apreció, durante su campaña, política la profunda preocupación de los mexicanos ante los síntomas señalados.
De allí que haya resuelto revisar la política criminal y proponer reformas al Código Penal, a las cuales agrega las que ahora plantea para modificar varias disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Se considera que es necesario reforzar enérgicamente los medios e instrumentos legales para erradicar el mal uso de las armas, contrarrestando al mismos tiempo, factores criminógenos que desembocan en actividades antisociales sumamente reprochables y tomando también las medidas administrativas que se requieran.
Bajo las anteriores consideraciones, se propone reformar el artículo 83 de la Ley que se analiza.
En el texto vigente se castiga con seis meses a tres años de prisión y de uno a diez días de multa a quien sin permiso porte armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, comprendida en los incisos a, b, e i del artículo 11 de la ley. Igualmente, el texto en vigor impone pena de
dos a nueve años de prisión y de dos a quince días de multa a quienes porten cualquier arma de las comprendidas en el resto de los incisos del citado artículo 11.
Las modificaciones que se plantean hacen una distinción más adecuada a los diversos supuestos de la portación de armas, reduciendo la pena actual de seis meses a tres años para quedar de tres meses a un año de prisión, subsistiendo los mismos montos para la multa, cuando la portación sea de bayonetas, sables y lanzas, lo cual se justifica porque este tipo de instrumentos representan menos peligrosidad que los revólveres o pistolas mencionadas en los incisos a y b.
Para estos dos últimos casos, en cambio la pena se agrava para quedar de uno a cinco años de prisión y la multa puede fijarse de cinco a veinte días.
Para el resto de la hipótesis del artículo 11 que aluden a armas de mayor entidad destructiva también la iniciativa aumenta la pena actual de dos a nueve años de prisión señalando una de tres a doce años. La comisión dictaminadora juzgó conveniente en este caso no modificar el mínimo vigente y sólo elevar el máximo con lo que se amplía el arbitrio judicial y se facilita la individualización equitativa de la sanción dada la amplia gama de tipos de armas a que se refiere el multicitado artículo 11.
Se agrega un párrafo al artículo 83, que dice que cuando la portación de armas comprendidas en las fracciones II y III se realizare por un grupo de tres o más personas, la pena aplicable a cada una de ellas se aumentará al doble.
La comisión estima que esta adición, por las características de las armas a que se refieren las fracciones II y III del artículo 83, solamente es procedente esta última fracción III. En efecto, la agravación que se propone consistente en incrementar al doble la pena para quienes formen parte de grupos de tres o más personas, no se considera adecuada si son cortas las armas que se portan. Por otra parte, si resulta conveniente que las penas se incrementen cuando se trata de los instrumentos comprendidos en la fracción III ya que se refiere a armas largas, cañones, municiones, proyectiles, navíos, aereonaves, artificios de guerra, gases y substancias químicas de aplicación exclusivamente militar, de gran poder destructivo y de una sofisticación superior. Quienes se encuentren en este puesto representan un grave peligro social.
En el artículo 83-bis, se precisa la figura del acopio de armas que consiste en la posesión de más de cinco armas de las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y se pretende imponer una pena de dos a nueve años de prisión y de diez a trescientos días de multa a quienes lo hagan con las armas a que se refieren los incisos a, o b del artículo 11, elevándose la pena actual, que es de uno a tres años y la multa que es de dos a quince días.
Para el caso de los instrumentos a que se refiere el inciso i, del mismo artículo 11, se mantiene la misma pena de uno a tres años de prisión. Por lo que se refiere al resto de los instrumentos, armas y aparatos incluidos en las demás fracciones del citado artículo 11, la pena se eleva de dos a diez años de prisión y de tres a veinte días de multa como está actualmente, a prisión de cinco a treinta años y multa de cien a quinientos días, como se propone en la iniciativa. No cabe duda que la posesión de más de cinco armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, representa un hecho que denuncia la inclinación de los activos hacia acciones violentas y agresivas, fácil de actualizarse.
No constituye el acopio un simple afán posesorio sin consecuencia, ya que generalmente tiene el carácter de preámbulo o preparación de delitos de indiscutible gravedad.
Por tales motivos, no es objetable esta reforma.
La reforma al artículo 84, propone aumentar la pena actual para las diversas hipótesis que allí se contiene a cinco años mínimo y a treinta años de prisión como máximo, en vez de uno a quince años previstos en el texto en vigor. Son respetables las razones del inicialista para el agravamiento de la pena.
La finalidad consiste, claramente en evitar el tráfico internacional de armas reservadas exclusivamente a las fuerzas armadas, así como también combatir su comercialización, fenómeno que sin duda afecta la seguridad pública y pone en riesgo la paz y el orden nacional. Consecuentemente esta reforma, es conducente a las finalidades perseguidas.
También se sanciona, por adición al artículo 84 en vigor, la introducción clandestina de armas de fuego aun en el caso de que no se trate de las reservadas a las fuerzas armadas. En tal caso la pena será de dos a ocho años de prisión.
Cuando los responsables de los delitos a que se refieren los artículos 84, 83-bis y 83, hayan sido servidores públicos de alguna corporación policiaca la pena podrá ser aumentada hasta en una tercera parte. El rigor de esta modificación se justifica plenamente porque en tal hipótesis el que fue servidor público está traicionando sus más
elementales deberes y contribuyendo a la proliferación del delito con mayor grado de peligrosidad por la capacitación y conocimiento que recibió y obtuvo como miembro de una corporación policiaca. Por mayores razones, la comisión propone en los mismos términos el agravamiento de la sanción para quienes sean miembros de alguna corporación policiaca.
La pena actual de seis meses a seis años de prisión y de dos a cuatrocientos días de multa que conforme al artículo 85 se impone a quienes comercialicen fabriquen o dispongan indebidamente de las armas o municiones allí señaladas se eleva de uno a ocho años de prisión y de veinte a quinientos días de multa.
Igualmente, la de tres meses a tres años de prisión y de dos a doscientos días de multa a que se refiere el artículo 86, aplicable a quienes compren explosivos o transporten los objetos aludidos en la propia ley, se eleva a seis meses como mínimo y a seis años de prisión como máximo y la multa de diez a trescientos días.
El mismo artículo 86, es adicionado por la iniciativa para que la pena se eleve al doble cuando el transporte a que se refiere la fracción II sea de las armas mencionadas en los incisos a y b del artículo 11. Si el transporte de los señalados en el resto de las fracciones, con excepción de los incisos a, b, e i, la pena podrá ser de cinco a treinta años de prisión y de veinte a quinientos días de multa.
La peligrosidad objetiva de las armas a que se refiere en todos sus incisos el artículo 11 a excepción hecha de los a, b, e i, justifica el aumento de la penalidad, máxime si se considera que la sola posesión de las armas señaladas en las mencionadas disposiciones, prueba una alta peligrosidad de los sujetos que las tiene más aún si tales armas se transportan. Nadie desea que la seguridad social se pierda porque se propicien acciones violentas que en casos extremos podrían en riesgo a la nación misma.
Conforme a lo anterior, la comisión que suscribe propone a la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
Artículo primero. Se reforma el artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:
Artículo 83. Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea, se le sancionará:
I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días de multa, cuando se trata de las armas comprendidas en el inciso i, del artículo 11 de esta ley;
II. Con prisión de uno a cinco años y de cinco a veinte días de multa cuando se trata de las armas comprendidas en los incisos a y b del artículo 11 de esta ley, y
III. Con prisión de dos a doce años y de diez a cincuenta días de multa cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley.
Si la portación de las armas de fuego a que se refiere la fracción III del presente artículo se realizare por un grupo de tres o más personas, la pena correspondiente se aumentará al doble.
Artículo segundo. Se reforman las fracciones I y II del artículo 83-bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:
Artículo 83-bis. Al que sin el permiso correspondiente hiciere acopio de armas, se le sancionará:
I. Con prisión de dos a nueve años y de diez a trescientos días de multa, si las armas están comprendidas en los incisos a, o b, del artículo 11, de esta ley. En caso del inciso i, del mismo artículo, se impondrá de uno a tres años de prisión y de cinco a quince días de multa, y
II. Con prisión de cinco a treinta años de cien a quinientos días de multa, si se trata de cualquier otra de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley.
Artículo tercero. Se reforma el primer párrafo y se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:
Artículo 84. Se impondrá de cinco a treinta años de prisión y de veinte a quinientos días de multa:
I a III.
Al que introduzca a la República, en forma clandestina, armas de fuego de las que no están reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá de dos a ocho años de prisión.
Cuando el responsable, en el caso de las conductas comprendidas en este artículo y los dos anteriores, sea o haya sido servidor público de alguna corporación policiaca, la pena se aumentará hasta en una tercera parte de la pena que le corresponda.
Artículo cuarto. Se reforma el artículo 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:
Artículo 85. Se impondrá de uno a ocho años de prisión y de veinte a quinientos días de multa:
I a IV.
Artículo quinto. Se reforma el primer párrafo y se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 86 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para quedar como sigue:
Artículo 86. Se impondrá de seis meses a seis años de prisión y de diez a trescientos días de multa a quienes sin el permiso respectivo:
I y II.
La pena de prisión prevista por este artículo se aumentará al doble cuando el transporte a que se refiere la fracción II sea de las armas señaladas en los incisos a, o b, del artículo 11 de esta ley.
Si el transporte es de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley, excepto las mencionadas en los incisos a, b, e, i, la pena será de cinco a treinta años de prisión y de veinte a quinientos días de multa.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de febrero de 1989.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, 26 de diciembre de 1988.- Miguel Montes García, presidente; Napoleón Cantú Cerna, secretario; José Trinidad Lanz Cárdenas, Dionisio E. Pérez Jácome, Rubén García Farías, Romeo Ruíz Armento, Edmundo Martínez Zaleta, Antonio Martínez Báez, Fernando Córdoba Lobo, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, César Humberto Vieyra Salgado, Miguel Martínez Castro, Graciela Patricia Gómez Rodríguez, Reyes Antonio Silva Beltrán, Estela Rojas de Soto, Pedro Alberto Salazar Muciño, Miguel Ángel Quiroz Pérez, Miguel Díaz Muñoz, Guadalupe Gómez Maganda, Enrique Martínez y Martínez, Alvaro Uribe Salas, Enrique Ibarra Pedroza, José Luis Salcedo Solís, Jesús Armando Hernández Montaño, Heberto Barrera Velázquez, Carlos Javier Vega Memije, Benigno Gil de los Santos, María Teresa Chagoya Méndez, Humberto Pulido García, Jaime Almazán Delgado, Margarita Gómez Juárez, Yolanda Minerva García Treviño, Arturo Armendáriz Delgado, Fernado Antonio Lozano García, Leopoldo Homero Salinas Gaytán, José Zeferino Esquerra Corpus, Jaime Fernández Sánchez, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Donaciano Ambrosio Velasco, Hiram Escudero Alvarez, Gaudencio Vera Vera, Bernardo Bátiz Vásquez, Patricia Garduño Morales, Silvano Urzúa Ochoa, José Natividad Jiménez, Luis Jacobo García, Francisco Chávez Alfaro, José Nelson Madrigal Gómez, Fernando Palacios Vela, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza, Gilberto Ortíz Medina, Juan Jaime Hernández, Leonel Godoy Rangel, Alexandro Martínez Camberos, Ignacio Castillo Mena y Marco Antonio Rojas Flores.
Trámite: -Segunda lectura.
La C. Presidenta: -En consecuencia, está a discusión en lo general y abierto que se encuentra el registro de oradores, la presencia informa que se han inscrito para hablar en contra los ciudadanos diputados: Juan Jaime Hernández, Federico Ruíz López, Leonel Godoy Rangel, Jaime Aviña Zepeda y Luis Jacobo García; y en pro, los siguientes ciudadanos diputados: Napoleón Cantú Cerna, Jaime Almazán Delgado y la Comisión.
Tiene la palabra el diputado Juan Jaime Hernández.
El C. Juan Jaime Hernández: -Ciudadana presidenta; compañeros diputados: ¡Fiat lex et terra terra tremuit!, se hizo la ley y la tierra tembló.
El aumento de penas no resuelve ni la comisión de delitos ni tampoco la prevención de la delincuencia; las reformas que se proponen pudieran ser necesarias y hasta posiblemente saludables, pero en el caso que nos ocupa, ¿quien será el valiente que le ponga el cascabel al gato?
En tratándose de armas de fuego, los únicos que las poseen son los ricos, los políticos, los secretarios de Estado y los influyentes, pues son quienes las adquieren y distribuyen entre funcionarios, especialmente aquellos que han pertenecido a cuerpos policiacos, al Ejército y guardias blancas como los halcones, guaruras, zorros, jaguares y otros animales, y esto, a mayor abundamiento, por jefes policiacos y militares en activo.
Se ha dicho en la iniciativa festinada, que estas reformas son tan necesarias que cumplen con un clamor popular y un beneficio social. Quiero preguntar al autor de la iniciativa, que me imagino fue aquel cuyo nombre es reverenciado por cierto partido político y le llaman el rector de las instituciones nacionales, ¿quien va a proteger al pueblo de la policía y del Ejército? Puesto que estas instituciones embozadas y emboscadas en la corrupción, son quienes impunemente delinquen so pretexto de inspeccionar a inermes ciudadanos en ilegales retenes en la ciudades, pueblos, rancherías, carreteras y caminos ¿quien librará al pueblo de los cateo domiciliarios llevados a efecto por policías ladrones y Ejército, en especial en el medio rural?
Ahí es donde se fabrican los delincuentes portadores de armas de fuego; el campesino que tiene su escopeta de chispa, es atado y llevado ante sus presuntos juzgadores por la altísima peligrosidad que consiste en el hecho de poseer una escopeta de chispa o tener su hoz, machete o guadaña, instrumentos de labranza y por lo tanto de uso común y cuyo uso es exclusivo para obtener alimento.
¿Qué diremos de quienes propician el contrabando de armas de alto poder en el que necesariamente están involucrados altos funcionarios públicos, entre otros, los propios secretarios de Marina y del Ejército Nacional? Puesto que éstos son órganos de poder, quienes so pretexto de que el Ejército y las organizaciones policiacas cuenten con armamento adecuado para cumplir con su deber, por debajo del agua las entregan a sus guaruras, a delincuentes, grupos policiacos ilegales y en forma brutal, criminal y despiadada.
Hasta las organizaciones estudiantiles, cuyo último suceso acaeció hace algunos días en la ciudad de Guadalajara, cuando un preparatoriano reprobó una materia, vacío de conocimientos pero debidamente pertrechado con armas de alto poder, a mansalva asesina a su maestra; esto es contradictorio, pues vemos a los policías bancarios con un pistola antigua y con cuatro tiros, que en última instancia carecen de detonante.
No es con estas reformas que se combate la delincuencia, pues el rector de las instituciones en su iniciativa, de reforma al artículo 83, fracción III, segundo párrafo de Ley de Armas de Fuego, llega al absurdo de aumentar al doble de pena que señala dicho artículo, si la portación de armas se realiza por un grupo de más de tres personas.
¡Qué insensatez!, ¡qué barbaridad! ¡oh, santas implícitas!, ¿qué en el afán de realizar ya cambios espectaculares, afán de impactación popular, se llegue al absurdo populista de crear delincuentes a troche y moche? Aquí en este recinto, y con base en esa iniciativa, de reforma del artículo 83 de tan malhadada iniciativa, hay aquí ya un gran número de presuntos delincuentes, puesto que basta que se dé el presupuesto jurídico, esto es, que tres personas porten armas y como lo hiciera el mago Merlín, al conjuro de una varita mágica porten armas de inmediato la ley hace aparecer los delincuentes.
Lo que realmente se necesita no es aumentar y reformar las penas y crear delincuentes, lo que se necesita es la realización pronta y expedita de actos que generen la rehabilitación del país y que cubra las necesidades de alimento, de habitación digna, vestido y escuelas suficientes para que no haya más delincuentes, sino ciudadanos libres y de provecho para el país; que con esto se trata de corregir el origen y no el efecto.
La política del país es inoperante, porque la corrupción se ha encumbrado a tal grado que ex presidentes de México han sido objeto del reclamo popular, y la ira se ha descargado a base de golpes de bolsa de dama y por una dama.
Los ex presidentes son autores de la crisis moral y económica que hoy prevalece en el país, puesto que con sus errores han propiciado y engendrado la violencia que general corrupción y delincuencia en especial dentro de las secretarías de Estado y altos funcionarios; ésta repercute necesariamente en quienes en última instancia son los aplicadores de métodos bárbaros que más que preventivos resultan ser los fabricantes de delincuentes de delitos absurdos; por ello, el partido Autentico de la Revolución Mexicana, está en contra de la iniciativa sin fundamento jurídico y sin elementos que lleven a ser el camino de la justicia. En su oportunidad, solicitaremos el apartado del artículo 83, fracción III de su párrafo segundo.
La iniciativa en lo general, demuestra una festinada preocupación populista del encargado del Despacho del Ejecutivo Federal como el hacedor de leyes, reformador y conformador de conductas con lo que pretende ser para trascender en la historia como el redentor de este país, y lo que resulta es todo lo contrario, ¿unde huis sapience et virtutem?, ¿de dónde le viene a éste tal sabiduría y tales virtudes? Gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Leonel Godoy... Entonces, tiene la palabra el diputado Jaime Aviña.
El C. Jaime Guillermo Aviña Zepeda: -Ciudadana presidenta; compañeros diputados:
Desde hace muchos años en Acción Nacional, hubo protestas en el año de 1971 cuando la anterior ley que reglamenta el uso de armas fue aprobada; la argumentación de entonces sigue siendo válida hoy, y es básicamente que ante una situación en la cual el único que puede regular el uso de las armas, venderlas traficarlas y moverlas es el gobierno, y deja a los ciudadanos un poco inermes frente a los poseedores de las armas.
La evolución de las armas es larga, todos ustedes la conocen, pero en la antigüedad es indudable que los poseedores de armas tenían también una responsabilidad ante la sociedad; los caballeros velaban sus armas antes de la lucha, las armas eran algo que se obtenía con el esfuerzo y con una cierta presencia social que implicaba una responsabilidad en su uso.
En el momento actual las armas han perdido ese sentido caballero en su uso, el sentido de defensa del caballero, y en realidad son verdaderamente artefactos criminales; estamos de acuerdo en que no cualquiera puede tenerlas estamos de acuerdo en que el uso de las armas debe ser reglamentado y regulado.
En este devenir histórico la técnica ha perfeccionado las armas, pero ha deshumanizado su uso; sucesivas guerras cada vez más violentas, han dado paso al uso indiscriminado de las armas cada vez más sofisticadas, que por lo mismo sólo pueden ser obtenidas por ejércitos y cuerpos policiacos.
Pero el ciudadano común y corriente, lo que queda es el recuerdo de alguna arma antigua que heredó probablemente del padre o del abuelo y que de alguna manera puede tener guardada por ahí pensando en posibilidad alguna vez de la defensa de su hogar, de la defensa de su integridad, de la defensa de su familia, pero esta defensa se hace necesaria en donde el ciudadano se encuentra ante una problemática cada vez mayor de inseguridad pública.
Y a qué viene esta ley ahora, a decirnos que cada vez las sanciones son más fuertes para el ciudadano que tenga en su poder un arma, que cada vez la regulación es más intensa y que finalmente la ley va a caer sobre aquel que está más indefenso; ¿por qué? Porque volvemos al principio que se manejaba en el anterior debate. ¿Es que acaso el aumentar el castigo nos va a hacer que se disuadan los narcotraficantes o los bandoleros de usar armas cada vez más destructivas y que pueden usar los famosos "cuernos de chivo", metralletas o armas de alta repetición?, ¿el delincuente se va a disuadir porque le aumenten un año o tres meses a su condena?
Señores, no estamos yendo al fondo del asunto, otra vez estamos debatiendo el hecho de que el ciudadano no puede enfrentarse a un gobierno que pretende regularle todo, y lo que en Acción Nacional planteamos en aquel tiempo, que era la necesidad, sí de que se regulara la venta y la posesión de armas, pero que se permitiera que el ciudadano en su hogar o en la extensión de su hogar, en este caso su automóvil, pudiera estar preparado para repeler en su caso una posible agresión.
En este caso se va haciendo cada vez más definido y más intenso que el gobierno no quiere ceder ante esto, que esta regulación que hoy se nos pretende plantear como una reforma a la Ley de Armas de Fuego, realmente no va encaminada a mejorar las condiciones generales del ciudadano normal en México, sino que cada vez lo deja más indefenso ante quienes realmente pueden tener esas armas: las autoridades, los distintos cuerpos policiacos, los ex policías, los cuerpos de seguridad, llámenseles como se les llame, ya lo mencionó el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, y definitivamente por esta razón pienso que no se ha llegado al fondo del asunto.
La cuestión de fondo es si el ciudadano tiene derecho a defenderse, o si definitivamente vamos a seguir por el mismo camino de quitarle cada vez más derechos al ser humano, para ponerlos en manos de los cuerpos policiacos. Gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Napoleón Cantú Cerna.
El C. Napoleón Cantú Cerna: - Ciudadana presidenta; compañeras y compañeros diputados: Vengo a esta tribuna para apoyar el dictamen que suscribe la mayoría de los integrantes de la Comisión de Justicia, en relación con la iniciativa que presentó el ciudadano Presidente de la República, para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Decía el diputado Juan Jaime Hernández, que el aumento de penas que se prevén en la iniciativa, de ninguna manera resuelve el problema de la criminalidad; en esto estamos de acuerdo, ya lo hemos dicho, esto forma parte inclusive de la exposición de motivos de esa ley, y al mismo tiempo se reconoce que junto con estas medidas legislativas de reformas a los códigos Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.
De las reformas también que se proponen para el Código Federal de Procedimientos Penales, de reformas al Código de Procedimientos Penales
para el Distrito Federal y esta Ley de Armas de Fuego, todas ellas, como el propio Ejecutivo lo dice en la exposición de motivos de sus iniciativas, serán junto con otras medidas administrativas y legislativas, una de las varias y diversas medidas que se están tomando y que se seguirán tomando dentro de un programa general e integral de política criminal; por otra parte, yo considero que para ubicarnos bien en este debate, es muy importante recordar a qué armas de fuego, a qué municiones y a qué material se refiere precisamente esta ley.
El artículo 11 de la mencionada ley, establece que las armas, municiones y material para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes:
a) Revólveres calibre trescientos cincuenta y siete magnum y los superiores al treinta y ocho especial;
b)Pistolas calibre nueve milímetros parabellum, luguer y similares, las treinta y ocho super y comando y las de calibre superiores;
c) Fusiles, mosquetones, carabinas y tercero las en calibre doscientos veintitrés, siete milímetros y carabinas calibre treinta en todos sus modelos;
d) Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, subametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres;
e) Escopetas con cañón de longitud interior de seiscientos treinta y cinco milímetros, las de calibre superior al doce y las lanzagases, con excepción de las de uso industrial;
f) Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales, como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos de gases y los cargados con postas superiores al cero cero para escopeta;
g) Cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con sus aditamentos, accesorios, proyectiles y municiones;
h) Proyectiles cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de profundidad, lanzallamas y similares, así como los aparatos, artificios y máquinas para su lanzamiento y bayonetas, sables y lanzas;
i) Navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra naval y su armamento;
j) Aeronaves de guerra y su armamento, los artificios de guerra, gases y sustancias químicas de aplicación exclusivamente militar y los ingenios diversos para su uso por las fuerzas armadas, y
k) En general todas las armas, municiones y material destinados exclusivamente para la guerra.
Las de este destino mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la Secretaría de la Defensa Nacional, individualmente o como corporación a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación del Distrito Federal, de los estados o de los municipios.
Esta enunciación que da el artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, creo que nos ubica perfectamente en qué objetos son los que regula esta ley, y todos debemos convenir en que se trata realmente de instrumentos de objetos de materiales de una gran peligrosidad potencial, y que no son instrumentos que por otra parte se den o se encuentren en la vida cotidiana y en el común de los habitantes.
Decía el diputado Juan Jaime Hernández, que los campesinos se verían afectados con esta medida, pero esto no es así, ya que la propia Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, establece qué armas pueden poseerse o portarse y tratándose de campesinos, establece que fuera de las zonas urbanas podrán poseerlas y portarlas por la sola manifestación de las armas ya mencionadas, o sea, aquellas que no están prohibidas; por otra parte, el hecho o los ejemplos que da el diputado Hernández sobre lo que puede pasar con estas armas, vienen a confirmar la necesidad de una regulación más estricta, de un tratamiento más severo de estas infracciones a la Ley Federal de Armas de Fuego.
Así también, esto no evita ni de ninguna manera limita el derecho constitucional establecido por el artículo 10; el mismo artículo 10 que excluye del derecho constitucional aquellas armas reservadas al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que son precisamente las que hemos mencionado y que señala el artículo 11 de la materia.
Por otra parte, viendo y reconociendo que estos objetos que señala el artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, son extremadamente peligrosos; la ley ahora lo que trata, es de incrementar las penas, pero también de señalar aquellos supuestos en donde es indispensable establecer medidas más severas y enérgicas, como es el caso de los grupos de tres personas o más que se encuentren en posesión o portando, mejor dicho, alguna de las armas especificadas en los incisos c, en adelante, con
excepción del inciso h, es decir, cuando tres o más personas no sean portadoras de armas cortas sino de armas largas y todas las demás piezas de armamento que han quedado señaladas, o sea, no se trata, repito, de que tres personas tengan revólveres prohibidos o escuadras o pistolas prohibidas, sino todas las demás que menciona el artículo 11 en sus demás fracciones.
Asimismo, también es pertinente que se establezca que el acopio de armas debe de ser penalizado en los casos comprendidos en los incisos a, y b, tratándose de armas cortas y con una mayor penalidad tratándose de armas largas, y por supuesto se hace la exclusión del inciso h, relativo a bayonetas y sables, ésas no quedan comprendidas en la figura del acopio de armas.
Por otra parte, la pena también se incrementa, por razones obvias, tratándose del tráfico que se haga mediante la introducción a la República de las armas que se mencionan en la Ley Federal de Armas de Fuego, y se introduce también como párrafo adicional, como medida nueva, el tráfico o la introducción de armas y explosivos así como municiones, aun de las no prohibidas. La bondad y el propósito de esta reforma son obvios, ya que se trata también de evitar la proliferación clandestina de armas.
Por lo que se refiere a servidores públicos que hayan pertenecido a alguna corporación policiaca, se les incrementa la pena con un agravamiento hasta una tercera parte de la que le corresponde; también merece atención en la iniciativa, con penas mayores, a los comerciantes en armas, a quienes las fabriquen y a quienes dispongan indebidamente de ellas, cuando hayan sido dotadas a cuerpos de policía federales, estatales o municipales.
Y por último, también se incrementan las penas cuando se trate de transportación de armas de fuego, en los casos ya mencionados de armas prohibidas, variando la pena, según se trate, de las armas comprendidas en los incisos a, y b, o en algunas de las demás fracciones del artículo 11, con excepción de las que ya mencioné en el inciso h, que son las relativas a bayonetas o sables, que desde luego no representan una peligrosidad mayor.
Por todo lo anteriormente expuesto, yo secundo y apoyo el dictamen que ha presentado la mayoría de los integrantes de la Comisión de Justicia, y solicito también de esta asamblea su voto aprobatorio. Gracias.
La C. Presidenta: -Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Luis Jacobo García.
El C. Luis Jacobo García: -Con su venia, señora presidenta; honorable asamblea: El Titular del Poder Ejecutivo Federal envió a esta Cámara una iniciativa de ley que reforma y adiciona varios artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; la Comisión de Justicia que conoció de esta iniciativa, ha presentado su dictamen y en el mismo se expresa en términos generales, que la portación de armas de uso exclusivo del Ejército o de la Armada, es un fenómeno que afecta la seguridad pública y pone en riesgo la paz y el orden nacionales.
Compañeras y compañeros diputados, la paz pública, la seguridad de la nación no se pone en peligro por el hecho de que los ciudadanos mexicanos porten armas, ni siquiera las armas prohibidas, sino que la seguridad pública, la paz social se pone en peligro por la situación difícil en que vive el país, por la difícil situación económica es esta situación económica de extrema pobreza, de empobrecimiento brutal de la población, lo que hace que el pueblo proteste y se ponga en movimiento y lucha por obtener, por lograr un cambio de la situación económica para beneficio del pueblo.
Pero el Estado no toma la medida de hacer cambiar la política económica sino que toma otras medidas, como ésta de reformar la ley de que se trata, dizque para poner en salvaguarda la seguridad y la paz pública; más bien la aplicación de estas reformas serán un pretexto para establecer la inseguridad de la población, porque le va a dar armas a los encargados de la seguridad pública para extorsionar a la población, y particularmente a la gente del campo, a la gente que realiza sus labores en condiciones de inseguridad y que por lo tanto requiere de la portación de armas.
Pero todavía más, el mal empleo de las armas no se da por el simple uso de las armas, no se da por la simple portación de armas sino que se da por el uso del alcohol, por el uso de las drogas y ahí está el peligro, y como dije al comentar la reforma del Código Penal del Distrito Federal, no hay de parte del Estado ninguna limitación a la campaña publicitaria para el uso del alcohol, para el uso de sustancias enervantes, que son las que propiamente hacen peligroso al individuo; por esa razón, las reformas que se proponen no son necesarias, no son útiles para los objetivos que se persiguen y más bien van a servir para extorsionar a la población.
Por eso, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, se pronuncia en contra de estas reformas a la Ley Federal de Armas y Explosivos y vamos a votar en contra, porque en la práctica estas reformas no van a solucionar ningún problema de la sociedad. Gracias.
La C. Presidenta: -Tiene la palabra la ciudadana diputada Celia Torres.
La C. Celia Torres Chavarría: -Señora presidenta; compañeros diputados: Tal parece que queremos sacar dictámenes así al vapor; hoy se habla de las reformas a la portación de armas y explosivos.
Viene a mi memoria, y todos sabemos que México no es un país guerrero, México llama a los pueblos a la paz, México se ha mantenido por su condición de no provocar a otros pueblos, sin embargo, hoy se dice solamente el Ejército, solamente los grupos represivos tienen la facultad de portar armas; para los campesinos, el pueblo, los luchadores, va a haber una pena muy alta si se le encuentra portando armas; los delincuentes, los grupos represivos siempre van a tener armas.
El 19 de septiembre de 1987, fuimos un grupo de compañeros a pedir el registro de un candidato del Partido Revolucionario Institucional, Cuauhtémoc Cárdenas, ¿y saben cómo se nos recibió? Con tanques; no conozco todas las armas que ahí nos ponían rodeando casi toda, una o dos manzanas para impedir la llegada del registro de un ciudadano que solamente íbamos a entregar un documento para ello. Ahora nos debe dar vergüenza, compañeros, ¿Cómo es posible que apenas ponemos un pie abajo, ahí están los soldados con sus armas?, ¿a quién van a agredir?, ¿a quién van a atacar?, ¿qué es lo que cuidan así con armas, compañeros?, ¿qué es lo que escondemos para que aquí las armas hagan lujo de presencia?
Yo les llamo, compañeros, a que meditemos, a que esta iniciativa no se puede aprobar, que vayamos a fondo y que no queramos en dos o tres días sacar un dictamen vergonzante como el de las violaciones que hace un momento se aprobaron; seamos honrados, sintamos vergüenza, porque lo que estamos enseñando aquí es lo que están aprendiendo nuestros hijos.
Así es que, compañeros, solamente les llamo a la conciencia y a luchar y a formar, y todos a hacer un estudio verdadero, no solamente sobre portación de armas, sino rechazar todo lo que sea negativo en bien de México. Gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Federico Ruíz López. El C. Federico Ruíz López: -Con la venia de la presidencia; compañeros diputados: El dictamen a discusión adolece de una imprecisión de carácter lógico, desde el título Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, resulta inapropiada cuando menciona incluso puñales y sables que no tienen nada de fuego ni de explosivos; por otra parte, establece una serie de confusiones de carácter técnico jurídico. Es necesario que la ley sea precisa, concisa y clara, para que pueda ser un instrumento regulador de la justicia.
Nosotros nos oponemos a que en la derogación de los artículos del Código Penal que trataban de penalizaciones, esté ahora incluida la penalización en la Ley Reglamentaria del uso de armas de fuego y explosivos. Por elemental lógica jurídica, la Ley Federal debiera señalar las prohibiciones y las sanciones debieran señalarse en el Código Penal sustantivo.
Nuestra oposición a esta reforma se finca precisamente en que no representa un avance en la confusión que en este asunto existe, y pensamos que si llegamos al fondo del problema, tendríamos que insistir en que en sana técnica jurídica la Ley Reglamentaria debiera señalar las prohibiciones y las sanciones debieran quedar establecidas dentro del Código Penal; ni siquiera para juristas expertos esta ley resulta clara, y una ley que no resulta clara y precisa, resulta poco eficaz para el propósito para el que existe. La ley tiene que ser recta razón para hacer.
Nos opondremos a este dictamen sobre estas razones, que son de orden estrictamente jurídico. Muchas Gracias.
La C. presidenta: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Fernando Palacios.
El C. Fernando Palacios Vela: -Con vuestra venia, señora presidenta; compañeros diputados: La fracción parlamentaria del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, considera que las reformas que se plantean ante esta honorable Cámara sobre la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, vienen a complementar las reformas represivas del Código Penal que hace unas horas fueron aprobadas por la diputación priísta de esta Cámara.
Así, vemos que en el Código Penal se elevan las penas hasta cincuenta años para algunos delitos, y en esta Ley Federal de Armas de Fuego se elevan las penas hasta treinta años de prisión en los artículos 83-bis, 84 y 85, donde claramente se ve que la intención del gobierno es reprimir por cualquier pretexto.
Consideramos que todo mexicano tiene derecho a poseer un arma, derecho que se sustenta en el artículo 10 constitucional, sin embargo el Ejecutivo, en su afán de represión, sanciona hasta al ciudadano que posea una lanza, como se establece en el artículo 11 de la ley ya citada; así también,
vemos con preocupación que se sanciona con pena de cinco a treinta años de prisión a quienes posean las armas a que se refiere el artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, violando la Constitución que ampara a los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos a poseer armas en su domicilio.
Esto se estipula en el artículo 10 de Código Político; sin embargo, la ley secundaria que se analiza, en su artículo 83-bis dice que se sancionará con prisión de dos a nueve años al que hiciera acopio de armas; en consecuencia, no podemos estar en favor de una ley que en su articulado aumenta las penas como medida represiva en contra del pueblo.
Considero que la razón de fondo de esta mayor penalización, más que de orden jurídico con propósitos de seguridad civil, obedece a una actitud represiva del Estado frente a manifestaciones políticas del pueblo, claramente expresada en el voto del 6 de julio, contra el partido oficial.
A todo esto, tenemos que ver la actitud del gobierno cuando nombra para jefe de una dirección de inteligencia, a uno de los elementos más represivos que ha tenido el país; por tal motivo, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, considera que el gobierno está armando jurídicamente una represión, una agresión al pueblo, como ya sucedió en Tepic.
Por lo tanto, compañeros, el voto particular del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, es en contra de esta reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Muchas gracias.
La C. Presidenta: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Jaime Almazán.
El C. Jaime Almazán Delgado: -Ciudadana presidenta; compañeras y compañeros diputados: Con el deseo de una mayor claridad en el esquema de las reformas y adiciones de la ley que nos ocupa, voy a citar solamente los cinco aspectos fundamentales de estas reformas.
En el primero hablaré de los motivos del autor de la iniciativa; en el segundo, del problema que actualmente se tiene con la proliferación de armas de fuego; en un tercer punto, de la utilidad de éstas y la eficacia de estas reformas, su objetivo y sus reformas.
Se ha detentado una gran agudización en los síntomas del uso indebido de armas, sobre todo derivado de la investigación de delitos; esto se ha presentado en acopio al margen de la ley, en la introducción clandestina de armas al territorio nacional y de la comercialización subterránea.
El problema es que todo esto ha causado una mayor comisión de delitos, mayor intranquilidad y alteración de la paz social. La justificación de las medidas es fundamentalmente la de erradicar el mal uso de las armas.
El combate a todas actividades antisociales y a todas las causas de la delincuencia es lo que ha llevado al Ejecutivo Federal a proponer las reformas que se han estudiado en el dictamen que nos ocupa; las reformas son muy simples, solamente tratan dos aspectos: la elevación de pena y la adición y adecuación de otras disposiciones legales, sobre todo tratándose de ex policías y del tráfico clandestino de armas.
En la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el Reglamento correspondiente, es una ley reglamentaria del artículo 10 constitucional, se tratan aspectos fundamentales como son la aportación, la posesión, la fabricación, el comercio, la importación y la exportación de armas, el transporte, el almacenamiento, el control y sus sanciones.
De las reformas que se han introducido con base en esta iniciativa, son las siguientes: respecto a portación de armas, en especial solamente aquellas que son de uso exclusivo del Ejército; en cuanto a acopio, posesión de más de cinco armas de uso exclusivo del Ejército; en cuanto a tráfico, todo aquel que sea clandestino y una agravación más en tratándose de la aportación por grupos de más de tres personas, o bien por ex servidores públicos de cuerpos de seguridad. Estas son las características fundamentales de las reformas que nos ocupan.
Creo que con este programa esquemático que he tratado de dar a ustedes con suficiente, con la mejor de las claridades, de ninguna manera nos pueden hacer pensar en una ley altamente represiva como se ha dicho.
Que el título de la ley es incongruente, impreciso y oscuro, porque en esta ley se habla de armas que no son de fuego ni son explosivas, esto es cierto, pero no fue el motivo de la reforma el título de la ley, que no se pueden tipificar en un cuerpo legal los delitos y en ese mismo cuerpo legal sancionarlos, ésta es la regla general. Yo no he visto un cuerpo social en el que nada más se mencionen o se tipifiquen los delitos y en otros se sancionen.
El deseo, y esperamos que en un futuro que no sea lejano se pueda llegar a obtener, es que en una sola codificación se encuentren reunidos todos los delitos y todas las penas de nuestro régimen de derecho; también es importante hacer mención,
que de ciento cuarenta y dos figuras penales que tiene nuestro régimen punitivo, solamente unas cuantas de ellas, que apenas sobrepasan a veinte por su alta peligrosidad o por su baja moral, son las que han tenido penas, propositivamente penas altas.
Compañeros diputados, solicito de ustedes se apruebe en sus términos este dictamen, por el grave peligro social y la afectación a la seguridad pública con acciones violentas y agresivas, que trae consigo la portación y el tráfico indebido de armas. Muchas gracias.
La C. Presidenta: -Consulte la secretaría, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: -En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo..
Suficientemente discutido.
La C. Presidenta: -Para efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, la presidencia informa que han sido reservados los artículos 83, 83-bis y 84 para ser discutidos en lo particular. Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un sólo acto.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: -Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Ciudadana presidenta, se emitieron doscientos treinta y seis votos en pro y ciento dieciséis en contra.
La C. Presidenta: -Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados, por doscientos treinta y tres votos.
Esta presidencia informa que han sido reservados para su discusión los artículos 83, 83-bis y 84, y abierto que está el registro de oradores para la discusión de dichos artículos, se ha inscrito en contra el ciudadano diputado Américo Ramírez. Tiene la palabra.
El C. Américo Alejandro Ramírez Rodríguez: -Honorables miembros de la Cámara de Diputados: Tiene el ser humano un derecho natural, y por lo mismo, su inalienable para poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa de él mismo y de los suyos.
La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es un instrumento que dificulta o impide el ejercicio del derecho de poseer y portar armas, haciendo nugatoria la posibilidad de rechazar una agresión actual violenta y sin derecho.
La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es un instrumento de represión, producto del terror ciego gubernamental a un pueblo que tenga posibilidad material de defenderse.
Ese terror ciego, es la causa de la movilización de millares de soldados el día del informe de gobierno, bajo el pretexto de medidas de seguridad.
Ese terror ciego, es la causa de que el día del informe de gobierno, desde antes del inicio de éste hasta su conclusión, tres soldados armados con fusiles de tiro rápido resguarden los sanitarios de este recinto legislativo, y otros vestidos de civil ocupen permanentemente las tazas de los excusados durante el evento relativo al informe de gobierno, también con el pretexto de medidas de seguridad.
Ese terror ciego, es la causa de que todos los actos públicos de los funcionarios del Partido Revolucionario Institucional-gobierno se realicen en horas con luz del día, al morir la tarde, con el mayor sigilo se dirigen a sus domicilios, la noche les está prohibida, y en particular, para rozarse con el pueblo.
Ese terror ciego, es la causa de que hayan cerrado el tráfico vehicular en las calles adyacentes a Palacio Nacional.
Ese terror ciego, es la causa de que con un costo multimillonario la población de Agualeguas, Nuevo León, estado de donde es originario el licenciado Carlos Salinas de Gortari, se está convirtiendo en una auténtica fortaleza para recibir a quien tiene a su cargo el Poder Ejecutivo, y eventualmente su entrevista con el Señor George Bush, presidente de Estados Unidos de América.
Ese terror ciego, es el que tipifica como armas prohibidas las espadas, las lanzas, los cuchillos, los arcos, las flechas, los palos y las piedras.
En armas de fuego, los calibres superiores al treinta y ocho en pistolas escuadras o Browning.
No acepto que el hombre probo, el ciudadano honesto, el padre de familia, el obrero, el campesino que va o regresa de su trabajo, no pueda portar arma alguna para repeler un asalto, muchas veces por parte de elementos de las muchas policías que existen en el país.
No acepto que otorguen facilidades para la importación de refrigeradores, televisores y otros aparatos eléctricos, y que por otra parte, se sujete a permisos que no se otorgan la importación de armas de fuego o municiones a los particulares.
No acepto que se establezcan criterios diferentes para la importación y la transportación de armas de fuego por los particulares, supeditando la transportación a permiso previo, aunque el interesado porte consigo, en suma, en el mejor de los casos, la portación de armas, se sujeta a que ésta se haga a pie.
Entonces, no debemos de hacernos cómplices del terror ciego del Partido Revolucionario Institucional - gobierno, aprobando reformas con penalidades que permiten un arbitrio judicial de uno a quince años de prisión, o sea, el de 1 mil 500% en la variación de la pena mínima y la pena máxima a aplicar por el juzgador, o bien penas de dos a doce años de prisión, en donde el arbitrio judicial es del 600% entre la pena mínima y la pena máxima; en todos los casos, únicamente se pretende que el término medio aritmético de las penas exceda de cinco años para que no haya lugar a libertad bajo fianza. Es represión pura.
Por eso, los exhorto a votar en contra del dictamen a discusión, y nos ocupemos de elaborar y a aprobar un proyecto de ley que permita razonablemente la portación de armas por la población. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Por las comisiones, tiene la palabra el ciudadano diputado Napoleón Cantú Cerna.
El C. Napoleón Cantú Cerna: - Con la venia de la presidencia; honorable asamblea: Se han reservado para su análisis en lo particular, los artículos 83, 83 - bis y 84 de la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que ha presentado a al consideración de esta Cámara de Diputados el ciudadano Presidente de la República.
Me voy a referir concretamente a los puntos de derecho a los que se ha referido el diputado Américo Ramírez, ya que el resto de su exposición no merece ningún comentario.
En primer lugar, hay que distinguir en ese derecho que él dice natural para poseer y portar armas, que de ninguna manera ese derecho natural incluye la portación de armas; en todo caso, puede existir el derecho para poseer, y en ese sentido, el artículo 10 de nuestra Constitución de manera expresa lo establece, pero haciendo la salvedad de que esa posesión de armas en su domicilio, los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, solamente lo pueden hacer para su seguridad y legítima defensa con armas que no sean de las reservadas exclusivamente al Ejército, a la Armada y la Fuerza Aérea, o sea, la disposición constitucional preserva ese derecho natural que dice el diputado Américo Ramírez de poseer armas, pero con la excepción de las que corresponden a las fuerzas armadas.
Por otra parte, la misma Constitución en su artículo 10 establece que se pueden también portar armas, pero en este caso será necesario cumplir con las condiciones y requisitos que se establecen por parte de las leyes de la materia.
Por lo que se refiere a la transportación, la transportación de armas, también es necesario precisar que se refiere precisamente a las que configuran el acopio de armas, o sea, que cuando se transportan más de cinco armas de las que se reservan a las fuerzas armadas, entonces sí se está en el caso de la transportación que prohibe la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En tal virtud, considero que no son validas las afirmaciones del diputado Américo Ramírez y sostenemos, la Comisión de Justicia en su grupo mayoritario del Partido Revolucionario Institucional, sostiene el dictamen presentado por esta Comisión de Justicia. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Para hechos, tiene la palabra el diputado Horacio González de las Casas.
El C. Horacio González de las Casas: - Con permiso de la señorita presidenta; y con permiso de todos los compañeros diputados: Quiero solidarizarme con lo expresado por nuestro compañero Américo Ramírez y con prácticamente todos los compañeros de oposición, acerca de lo que realmente existe atrás de estas modificaciones de las leyes y de estos artículos en lo particular.
Sabemos, porque lo vivimos en carne propia, la represión de que fuimos objeto todas las administraciones municipales de Chihuahua durante los años de 1983 a 1986; en esa época, la oposición en el estado de Chihuahua ganó en donde se encuentra localizada el 70% de la población, ahí existíamos administraciones panistas o de otros partidos, y por primera vez en la historia, qué cosa tan rara, a todas las policías de esos
ayuntamientos, de diez ayuntamientos, nos exigieron con todos los requisitos de ley para que la comandancia de cada uno de sus municipios presentara los derechos, facturas y mil cosas de las policías, cosa que nunca había sucedido.
Fueron a ver nuestras armas y al levantarlas se les caía el carril, se les caían las cachas, y sin embargo, nos las detuvieron con el argumento de que no estaban registradas y podía la policía de cada uno de esos municipios ejercer violencia contra la ciudadanía, cuando la ciudadanía misma era la que nos había puesto.
Por este hecho, yo quiero insistir en que la modificación de estas leyes es superficial, la raíz de los problemas es otro, la raíz de los problemas es haberse eternizado este gobierno y haber caído en un círculo vicioso de extorsión y explotación del pueblo; por eso amigos, por eso compañeros, quiero invitarlos a que realmente vayamos a la médula y modifiquemos las leyes que deben modificarse, y no nos quedemos en la superficie.
Y también como hecho y como prueba de lo que sucedió en Chihuahua, quiero decirles esta otra anécdota, no nada más de la policía: en una ocasión acudió el entonces Secretario de la Defensa Nacional al Tecnológico de Chihuahua, iban llenos de armas, y los estudiantes sin armas, lograron que salieran corriendo tanto ese señor funcionario como otros, con una simple verdad que estaba entonando; ellos, no sé por qué, cantaban una canción que dice "la yerba se movía", y por eso salieron corriendo ellos. Gracias.
(Aplausos.)
El C. Américo Alejandro Ramírez Rodríguez (desde su curul): - Señora presidenta, pido la palabra para alusiones personales.
La C. Presidenta: - Para alusiones personales, tiene la palabra el ciudadano diputado Américo Ramírez.
El C. Américo Alejandro Ramírez Rodríguez: - Señores diputados: En mi anterior intervención dije, y sostengo, que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, impide o dificulta el poseer y portar armas de fuego, así como que también distingue entre su portación y su transporte.
Tengo conmigo el ejemplar del Diario Oficial de la Federación del 11 de enero de 1972, y en su Capítulo Cuarto, del transporte, artículos 60 al 64, en ninguno de ellos menciona que haya de obtenerse permiso para el transporte de armas cuando se trate de cinco o más armas.
Yo le quisiera pedir al licenciado Napoleón Cantú Cerna, que reconozca lo anterior o me señale el artículo del capítulo relativo al transporte de armas, en donde exige que sean cinco o más para requerirse permiso especial. Gracias.
La C. Presidenta: - Por las comisiones, tiene la palabra el ciudadano diputado Napoleón Cantú Cerna.
El C. Napoleón Cantú Cerna: - Con permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados: Solamente quiero referirme al artículo 67 del Reglamento de la Ley Federal de las Armas de Fuego y Explosivos, que establece precisamente que el transporte de armas, objetos y materiales autorizados implícitamente en los permisos generales y extraordinarios expedidos por la Secretaría, se sujetará a las medidas de seguridad y medios de transporte que en los propios permisos se señalen, así como al cumplimiento de otras leyes y reglamentos.
Para referirme a este asunto específico en mi intervención anterior, yo no dije ni me referí específicamente a la situación del permiso, yo lo que mencioné fue que en relación con la transportación de armas, la iniciativa de reforma propone un agravamiento, pero con una distinción cuando se trate de armas cortas y de armas largas. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Consulte la secretaría a la asamblea, si los artículos se encuentran suficientemente discutidos.
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández: - En votación económica, se pregunta si están de suficientemente discutidos los artículos 82, 83, 83 - bis y 84.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa...
La C. Presidenta: - Perdón, señor diputado, es 83, 83 - bis y 84, que fueron los reservados.
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández: - 83, 83 - bis y 84, se pregunta si están suficientemente discutidos.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. Suficientemente discutidos.
La C. Presidenta: - Ruego a la secretaría proceda a recoger la votación nominal de los artículos 83, 83 - bis y 84, que fueron reservados para su discusión en lo particular.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos 83, 83 - bis y 84 en sus términos.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que sé refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Ciudadana presidenta, se emitieron doscientos cuarenta votos en pro y ciento veintiocho votos en contra.
La C. Presidenta: - Aprobados los artículos 83, 83 - bis y 84 por doscientos cuarenta votos, en sus términos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
CÓDIGO FEDERAL
DE PROCEDIMIENTOS PENALES
La C. Presidenta: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández: - Por instrucciones de la presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura al dictamen.
"Comisión de Justicia.
Honorable asamblea: A la comisión de justicia que suscribe, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen una iniciativa del ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en la que se proponen reformas a los artículos 97, 295 y el cuarto párrafo del artículo 372, y adiciones a los artículos 188 con un cuarto párrafo y 220 con un segundo párrafo del Código Federal Procedimientos Penales.
Esta comisión previo su estudio, análisis y discusión con fundamento en los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87, 88 y además relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, el presente.
DICTAMEN
Como se dice en la exposición de motivos, el objeto básico de las reformas es adecuar el trámite en aquellas condiciones que permitan el mejor desahogo de las actuaciones y la agilización del procedimiento.
Las reformas que propone el ciudadano Presidente de la República a los artículos 97,295 y al cuarto párrafo del artículo 372 del Código Federal de Procedimientos Penales, al abreviar términos para actuaciones que corresponden a la autoridad judicial y al Procurador General de la República, sin variar los que se refieren al acusado, propicia la celeridad de los procesos, lo cual es, desde luego, positivo y plausible.
En efecto, en el artículo 97 se disminuye el término para dictar sentencia de quince a diez días a partir del siguiente a la terminación de la audiencia y para los casos en los que el expediente excediere de quinientas fojas, por lo que se permite un aumento de un día más por cada cien exceso o fracción , y se fija un tiempo máximo de treinta días hábiles, para no dejar abierto y sin límite este plazo. Es decir, se abrevia el plazo para que el juez dicte sentencia y se introduce la novedad de fijar un límite de treinta días, para hacerlo, en los expedientes más voluminosos. Estas reformas se consideran aceptables y convenientes.
Esta comisión estima que dentro de su facultad de dictamen está la de sugerir cambios, supresiones o colmar omisiones, cuando éstos se ajusten estrictamente a la materia y a los propósitos explícitos y específicos de la iniciativa.
Al efecto , en las deliberaciones de esta comisión surgió de manera natural, que el vigente artículo 291 del Código Federal de Procedimientos Penales establece un término de diez días para que el ministerio público formule conclusiones. Si el expediente excediere de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción, se aumentará un día al plazo señalado.
En tal virtud y aunque la iniciativa no contempla modificación alguna a dicha disposición, por las razones expuestas, se considera procedente y conveniente, en aras también de una mayor agilidad en el procedimiento, que al mencionado artículo 291 se adicione estableciendo, para los expedientes voluminosos, un límite máximo de treinta días hábiles, evitando así que el plazo que aquí se fija quede abierto y con una duración ilimitada que pueda dar lugar, inclusive, a violación de garantías individuales.
A su vez, en el artículo 295, el plazo para que el Procurador General de la República o el subprocurador que corresponda, confirme o modifique las conclusiones, se reduce a quince o diez días siguientes al de la fecha en que se había recibido el proceso, lo cual se acepta.
Por último, también en el cuarto párrafo del artículo 372, se acorta el plazo de ocho a cinco días para que el juez remita al Tribunal Superior de Justicia en los casos de apelación admitida, en el efecto devolutivo el duplicado autorizado de constancias o testimonio de lo que las partes designen y de lo que el tribunal estime conveniente. En este mismo cuarto párrafo del artículo 372, al incurrir el juez en incumplimiento en la remisión de referencia, a pedimento del apelante, se le impondrá, al juez de que se trate, no una multa de cincuenta a mil pesos como lo establece el texto vigente, sino una multa de cinco a quince veces el salario mínimo como lo señala la iniciativa. Resulta por demás inadecuada la multa en su expresión actual, en tanto que la nueva fórmula permite y asegura su permanente suficiencia.
Las adiciones a los artículos 188 y 220 que propone el titular del Ejecutivo Federal al mismo ordenamiento adjetivo, tiene la finalidad inobjetable de salvaguardar el pudor natural de la mujer. Sin embargo, en su análisis, esta comisión ha considerado lo siguiente:
El artículo 188 forma parte del capítulo III. "Atención a los lesionados" del título quinto del Código Federal de Procedimientos Penales.
El cuarto párrafo que se propone adicionar, se refiere al derecho que se le otorga a la mujer de ser explorada físicamente cuando ello sea necesario y a su solicitud, por médicos mujeres, salvo que no las haya en el momento y sitio en que deba efectuarse dicha exploración.
Esta comisión considera buena esta propuesta, sin embargo, se permite hacer dos sugerencias:
1º. Eliminar que sea "a petición de parte", ya que el concepto de parte puede ser discutible y restrictivo y poner en su lugar "a petición de la interesada". Se estima que así se logrará una mayor flexibilidad para alcanzar mejor el propósito que se busca.
Para darle más consistencia a esta prerrogativa y evitar su inoperancia cuando no haya médicos mujeres, se propone agregar al final de este cuarto párrafo lo siguiente: "...en cuyo supuesto la propia interesada podrá proponer quien la atienda".
Finalmente, la adición del segundo párrafo que se propone en el artículo 220, establece que cuando el examen deba practicarse a persona del sexo femenino se designará, a petición de parte, a peritos mujeres, salvo que no las haya en el momento y sitio en que deba efectuarse la exploración. No obstante, la bondad de su propósito, no es de aprobarse esta reforma por las siguientes razones:
A diferencia de la reforma por adición que recién se ha analizado y que se ubica dentro del capítulo relacionado con "La atención médica a los lesionados", esta disposición forma parte del capítulo cuarto que corresponde a "Peritos"", que a su vez está en el título sexto relativo a "Pruebas". En tal virtud, los supuestos para su aplicación son obviamente, muy distintos. Pueden darse casos inclusive de que con su aplicación no resulte necesariamente beneficiada la mujer si se considera que este derecho puede ejercerlo cualquiera de las partes. Se considera también que el enunciado de "examen" es tan amplio, que puede referirse a cualquier materia. Es evidente que en muchos de ellos no se pone en riesgo el pudor femenino.
Por otra parte, es alentador percibir la sana intención que tiene el ciudadano Presidente de la República, en proteger a la mujer en estos procedimientos y el compromiso que expresa de avanzar gradualmente en esa dirección. Efectivamente, esta comisión estima que con medidas administrativas como pueden ser, entre otras, asegurar la capacidad y ética profesional de los peritos, se pueden alcanzar las metas propuestas.
Por lo anteriormente expuesto, esta comisión estima que el referido artículo 220 debe quedar en sus términos, sin la adición que se propone.
Por todo lo que se ha expresado, esta comisión que suscribe se permite proponer a la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL
DE PROCEDIMIENTOS PENALES
Artículo primero. Se reforman los artículos 97, 291 y 295 y el cuarto párrafo del artículo 372 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 97. Los autos que contengan resoluciones de mero trámite deberán dictarse dentro de cuarenta y ocho horas, contadas desde aquella en que se haga la promoción; los demás autos, salvo los que la ley disponga para casos especiales, dentro de tres días y la sentencia dentro de diez días a partir del siguiente a la terminación de la audiencia; pero si el expediente excediere de quinientas fojas, por cada cien de exceso o fracción, se aumentará un día más del plazo señalado sin que nunca sea mayor de treinta días hábiles.
Artículo 291. Cerrada la instrucción, se mandará poner la causa a la vista del ministerio público, por diez días, para que formule conclusiones por escrito. Si el expediente excediere de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción, se aumentará un día al plazo señalado sin que nunca sea mayor de treinta días hábiles.
Artículo 295. El Procurador General de la República o el subprocurador que corresponda, oirán el parecer de los funcionarios que deban emitirlo y dentro de los diez días siguientes al de la fecha en que se haya recibido el proceso, resolverá, si son de confirmarse o modificarse las conclusiones. Si transcurrido este plazo no se recibe respuesta de los funcionarios primeramente mencionados, se entenderá que las conclusiones han sido confirmadas.
Artículo 372...
El duplicado o testimonio debe remitirse dentro de cinco días y si no se cumple con esta prevención, el tribunal de apelación, a pedimento del apelante, impondrá al inferior una multa de cinco a quince veces el salario mínimo.
Artículo segundo. Se adiciona el artículo 188 con un cuarto párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 188..................................................................
Siempre que se deba explorar físicamente a personas del sexo femenino, la atención correspondiente deberá ser proporcionada, a petición de la interesada, por médicos mujeres, salvo que no las haya en el momento y sitio que deba efectuarse la exploración, en cuyo supuesto la propia interesada podrá proponer quien la atienda.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día 1º de abril de 1989.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, 26 de diciembre de 1988. - Miguel Montes García, presidente; Napoleón Cantú Cerna, secretario; José Trinidad Lanz Cárdenas, Dionisio E. Pérez Jácome, Rubén García Farías, Romeo Ruíz Armento, Edmundo Martínez Zaleta, Antonio Martínez Báez, Fernando Córdoba Lobo, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, César Humberto Vieyra Salgado, Miguel Martínez Castro, Graciela Patricia Gómez Rodríguez, Reyes Antonio Silva Beltrán, Estela Rojas de Soto, Pedro Alberto Salazar Muciño, Miguel Ángel Quiroz Pérez, Miguel Díaz Muñoz, Guadalupe Gómez Maganda, Enrique Martínez y Martínez, Alvaro Uribe Salas, Enrique Ibarra Pedroza, José Luis Salcedo Solís, Jesús Armando Hernández Montaño, Heberto Barrera Velázquez, Carlos Javier Vega Memije, Benigno Gil de los Santos, María Teresa Chagoya Méndez, Humberto Pulido García, Jaime Almazán Delgado, Margarita Gómez Juárez, Yolanda Minerva García Treviño, Arturo Armendáriz Delgado, Fernando Antonio Lozano Gracia, Leopoldo Homero Salinas Gaytán, José Zeferino Esquerra Corpus, Jaime Fernández Sánchez, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Donaciano Ambrosio Velasco, Hiram Escudero Alvarez, Gaudencio Vera Vera, Bernardo Bátiz Vázquez, Patricia Garduño Morales, Silviano Urzúa Ochoa, José Natividad Jiménez, Luis Jacobo García, Francisco Chávez Alfaro, José Nelson Madrigal Gómez, Fernando Palacios Vela, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza, Gilberto Ortíz Medina, Juan Jaime Hernández, Leonel Godoy Rangel, Alexandro Martínez Camberos, Ignacio Castillo Mena y Marco Antonio Rojas Flores."
Trámite: - Segunda lectura.
La C. Presidenta: - En consecuencia, está a discusión en lo general; se abre el registro de oradores.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Hiram Escudero.
El C. Hiram Escudero Alvarez: - Ciudadana presidenta; honorable asamblea: He pedido la palabra para una proposición.
Por congruencia por la exposición de motivos de la iniciativa de reformas de diversos artículos del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, sugerimos a la Comisión de Justicia se adicione el artículo 291 del Código Penal Federal de Procedimientos Penales, que concuerda con el artículo 315 del Código del Distrito, un tercer párrafo que diga. "Si transcurren los plazos a que alude el párrafo anterior, sin que se formulen conclusiones, el juez tendrá por formuladas conclusiones de no acusación, y el procesado será puesto en inmediata libertad y se sobreseerá el proceso". Es todo, gracias.
La C. Presidenta: - Por las comisiones tiene la palabra el ciudadano diputado Miguel Montes.
El C. Miguel Montes García: - Ciudadana presidenta; compañeros diputados: El artículo 291 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el dictamen que la Comisión de Justicia propone para la aprobación de este asamblea, aparece con el siguiente texto; quisiera pedir a la secretaría, que el dictamen que está en el original, me puede facilitar para ver el texto del 291
(La secretaría accede a la petición del diputado Miguel Montes García.)
El C. Miguel Montes García: - "Cerrada la instrucción, se mandará poner la causa a la vista del ministerio público por diez días, para que formule conclusiones por escrito. Si el expediente excediere de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción, se aumentará un día al plazo señalado, sin que nunca sea mayor de treinta días hábiles". Inicialmente, este artículo no se comprendía en la iniciativa del Ejecutivo, por la vinculación que tiene con el espíritu de la misma de acortar términos y plazos para lograr la agilización de la justicia, la expeditez de la misma, las comisiones propusieron este texto. Con la misma preocupación, el día de ayer el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa a esta Cámara referida a la reforma del artículo 291, y en esa iniciativa, a parte de este texto que acabo de leer en el párrafo primero, propone un párrafo segundo, que dice:
"Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que el ministerio público haya presentado conclusiones, el juez deberá informar al Procurador General en la República acerca de esta omisión, para que dicha autoridad formule u ordene la formulación de las conclusiones pertinentes en un plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha en que se haya recibido el proceso sin perjuicio de disponer las medidas disciplinarias que correspondan, pero si el expediente excediere de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción se aumentará un día en el plazo señalado, sin que nunca sea mayor de treinta días hábiles."
Y agrega un párrafo tercero, que es el mismo que ha propuesto en este momento el diputado Hiram Escudero. "Si transcurren los plazos que aluden el párrafo anterior, sin que se formulen conclusiones, el juez tendrá por formuladas conclusiones de no acusación, y el procesado será puesto en inmediata libertad y sobreseerá el proceso"
Pensamos que a los diputados iniciadores de la iniciativa que aquí se presentó el día de ayer, al Ejecutivo iniciador de las reformas al Código Federal del Procedimientos Penales y la Comisión Dictaminadora los anima el mismo espíritu, esto es, acortar los plazos y los términos para agilizar la impartición de justicia y establecer consecuencias, si el ministerio público o los propios juzgadores no cumplen los términos o los plazos señalados en la ley.
Bajo este supuesto, la comisión dictaminadora pone a la consideración de ustedes, propone un nuevo texto para el artículo 291 del Código Federal de Procedimientos Penales que no es en realidad ningún descubrimiento de la comisión sino es homologar este texto con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Penales del Distrito Federal, que será objeto de una reforma posterior y que en el dictamen que ustedes ya conocen en primera lectura, se establece así. Creemos en la regla de derecho, en el principio general, que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, y la misma razón se da en estos dos códigos; por lo tanto, proponemos que el artículo 291 del Código Federal de Procedimientos Penales, se vote con el siguiente texto:
Párrafo primero." Cerrada la instrucción, se mandará poner la causa a la vista del ministerio pública por diez días, para que formule conclusiones por escrito. Si el expediente excediere de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción se aumentará un día al plazo señalado, sin que nunca sea mayor de treinta días hábiles." Párrafo segundo. "Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que el ministerio público haya presentado conclusiones, el juez deberá informar mediante notificación, personal al Procurador General de la República acerca de esta omisión, para que dicha autoridad formule u ordene la formulación de las conclusiones pertinentes en un plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha en que se haya notificado la omisión, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones que correspondan; pero si el expediente excediere de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción se aumentará un día en el plazo señalado, sin que nunca sea mayor de treinta días hábiles."
Párrafo tercero. "Si transcurren los pasos a que alude el párrafo anterior sin que se formulen
conclusiones, el juez tendrá por formuladas conclusiones de no acusación y el procesado será puesto en inmediata libertad y se sobreseerá el proceso".
Pensamos que con esto recogemos la voluntad del legislador, del iniciador de la ley, y que desde luego no hay ningún mal, quedará sin materia la iniciativa que fue presentada el día de ayer por el grupo parlamentario de Acción Nacional. (Aplausos).
La Presidenta:- Se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se admite la adición propuesta al artículo 291.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto:- En votación económica, se pregunta si se admite la modificación propuesta.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. Aceptada.
La C. Presidenta:- Está a discusión en lo general, y abierto el registro de oradores, aparece inscrita en contra la ciudadana diputada Teresa Dorantes Jaramillo. Tiene el uso de la palabra.
La C. María Teresa Dorantes Jaramillo (desde su curul): - Declino.
La C. Presidenta: - Consulte la secretaría a la asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Ismael Orozco Loreto: - En votación económica, se pregunta si está suficientemente discutido el dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
La C. Presidenta: - Para lo efectos del artículo 134 del Reglamento, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...Proceda entonces la secretaría, a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un sólo acto.
La C. secretaria María Claudia Esqueda Llanes: - Se va a proceder a recoger la votación del dictamen en lo general y en lo particular, con la modificación aceptada.
Se ruega a la Oficialía mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación).
Ciudadana presidenta, se emitieron trescientos treinta y dos votos en pro, veintiún votos en contra y dos abstenciones.
La C. Presidenta : - Aprobado en lo general y en lo particular por trescientos treinta y dos votos en el proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.
La C. secretaria María Claudia Esqueda Llanes: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL
La C. Presidenta: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforman, adiciona y deroga, diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos, diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. Prosecretario Juan Jaime Hernández: - Por instrucciones de la presidencia en votación económica. Se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. Se dispensa la lectura al dictamen.
"Comisión de Justicia.
Honorable asamblea: A la Comisión de justicia que suscribe le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que el presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari presentó ante la honorable Cámara de Diputados el día 14 de diciembre de 1988, por medio de la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
En lo general, se advierte que el propósito básico del inicialista tiende a agilizar el procedimiento penal y a suprimir obstáculos que estorban la marcha del mismo, motivando en no pocas ocasiones, que la administración de justicia se difiera, tanto en perjuicio de los procesados como de la sociedad.
Aunque aparentemente algunas de las modificaciones que se sugieren son de poca entidad, en la práctica se obtendrán resultados positivos porque precisan términos y condiciones de trámite que en los textos en vigor no aparecen suficientemente reglamentados o que ofrecen dificultades de interpretación.
La iniciativa del Ejecutivo fue analizada por los miembros de la comisión y como parte de la deliberación, se hicieron valer puntos de vista y se formularon proposiciones, algunas de las cuales se estimó conveniente adoptar para mejorar su contenido.
En la reforma al artículo 57 se cambian la palabra "términos" por el de "plazos", y se establece
cómo se computan. Se estima aceptable, por mejoría y precisión técnica, esta modificación.
A su vez, en el primer párrafo del artículo 58 se propone que los plazos se cuenten por días hábiles a diferencia de la norma vigente que se refiere a días naturales. Se establecen como excepciones cuando el inculpado es puesto a disposición de los tribunales, cuando se le toma su declaración preparatoria o para resolver la procedencia de su formal prisión, sujeción a proceso o libertad y cualquier otro que por disposición legal deba computarse por horas, pues éstos se contarán de momento a momento. Por otra parte, se precisa que los términos, a diferencia de plazos, se fijarán por día y hora.
El cambio que se propone de días naturales a días hábiles tiene el mismo alcance, pues el establecer el artículo 57 qué días no se incluyen en los términos, se llega al mismo resultado de computar exclusivamente los días hábiles, pero con esta reforma se logra mayor claridad y precisión. Esta comisión propone que se elimine la última parte del primero párrafo que dice: "A partir de la hora que corresponda conforme a la ley", e igualmente se propone que el segundo párrafo diga: "los términos se fijarán por día y hora". La supresión del resto del texto se justifica, debido a la naturaleza del derecho penal, pues hay diligencias que deben celebrarse de inmediato para evitar el riesgo de que desaparezcan pruebas u otros elementos útiles a la investigación.
Por las mismas razones explicadas debe suprimirse también el segundo párrafo del artículo 81 que la iniciativa propone y sólo aceptar el cambio consiste en que las notificaciones se hagan el día siguiente en que se dicten las resoluciones y no dentro de los tres días siguientes como actualmente se ordena.
En el artículo 88, se suprime lo relacionado con las notificaciones dentro del Distrito Federal. Se estima correcta esta supresión, en virtud de que actualmente hay solo un poder judicial.
La adición al artículo 309 estableciendo que las sentencias que se dicten en proceso sumario no admiten ningún recurso, es del todo pertinente, ya que dicho proceso se caracteriza por su brevedad y simplificación, evitándose impugnaciones que lo pueden alargar y desvirtuar su naturaleza.
Destaca por su importancia el texto del artículo 315, por medio de cual se precisan términos y condiciones relativos a la formulación de las conclusiones, previéndose al mismo tiempo las consecuencias que se produzcan por la inobservancia de los plazos.
Se mantiene el plazo de cinco días para que el ministerio público y la defensa formulen sus conclusiones. Sin embargo, se restringe la ampliación del plazo en los casos de expedientes voluminosos, ya que sólo procede si el expediente excede de doscientas fojas, aumentándose un día por cada cien fojas o fracción adicional contra expedientes de cincuenta fojas e incremento de un día por cada veinte fojas o fracción excedentes como se determina en el texto actual. Por otra parte, en la iniciativa se contempla también un máximo de treinta días hábiles. Esto también es de aprobarse porque propicia la agilidad del proceso y el tope máximo evita posibilidad de plazos abiertos e ilimitados que eventualmente puedan ser violatorios de garantías individuales.
En el segundo párrafo del texto que se propone para el artículo 315 se contempla el caso de que el ministerio público no presente conclusiones. Al efecto, esta comisión propone que sea personal la notificación que de ello se le haga al procurador, para mayor seguridad y certeza dadas las consecuencias tan serias que trae, a su vez, la comisión del propio procurador.
Finalmente, el tercer párrafo del artículo 315, incluido en la iniciativa, establece que si el procurador no formula conclusiones en los plazos fijados en esta misma disposición, el juez tendrá por formuladas conclusiones de no acusación y el procesado será puesto en inmediata libertad y se sobreseerá el proceso.
La comisión encuentra adecuada la reforma, con las modificaciones apuntadas, no obstante que a primera vista podría parecer que la negligencia de las autoridades acusadoras puede traducirse en la liberación de un delincuente con afectación de los intereses sociales. Empero, no es fácil de que produzca tal efecto, si se toma en cuenta que los tribunales tienen el deber de dar aviso de la omisión a la procuraduría, en cuyo caso esta institución dispondrá siempre del tiempo y del personal competente para suplir la deficiencia. Si la enmienda sirve para que ya no se vuelva a incurrir en el retraso injustificado de las conclusiones, habrá cumplido su propósito. Por otra parte, en la reforma se le da la debida consideración a los derechos del procesado y en la trascendencia de la sanción procesal va implícita la grave responsabilidad del ministerio público y del procurador.
La comisión también considera procedente la reforma propuesta al artículo 321 ya que nuevamente se trata de reducción de plazos que se traducen en la agilidad del proceso. En esta disposición normativa, se disminuye de quince a diez días el plazo para que el procurador confirme o modifique
las conclusiones, que formule el ministerio público, de no acusación o contrarias a las constancias procesales. La propia comisión propone, como más adecuado, que el término para el procurador corra no desde que haya recibido el proceso, sino desde que se le haya dado vista. Por otra parte, con los mismos criterios que se han expuesto, se trata lo relativo a los expedientes voluminosos fijándose, en el supuesto contenido en esta disposición, un tope máximo de veinte días.
Igualmente, es de aceptarse por propiciar la agilización de los procesos, que en el artículo 329 se reduzca de quince a diez días siguientes a la vista el plazo para dictar sentencia. La fórmula para los expedientes voluminosos es la misma a la que se refiere la iniciativa en su artículo 315 y aquí también se introduce como novedad un límite máximo de treinta días hábiles. Los comentarios sobre la conveniencia de esto último ya han sido expresados.
En el artículo 425, también se reduce el plazo de quince a diez días para que las apelaciones sean resueltas por el tribunal, una vez que se haya declarado visto el proceso.
La iniciativa propone reformar por adición los artículos 109 con un tercer párrafo y el 162 con un segundo párrafo. El propósito es loable ya que se busca proteger el pudor de la mujer cuando tenga que sujetarse a exploraciones físicas o a exámenes, otorgándole el derecho de designar médicos o peritos mujeres siempre que las haya en el momento y sitio en que deba efectuarse la exploración. Sin embargo, no es de aprobarse porque se considera que con ello no se garantiza la finalidad que se pretende y puede causar problemas procesales, al dilatar la realización de algunas diligencias durante la averiguación previa que por ningún concepto deben diferirse. No es conveniente aceptar la adición al artículo 162, cuyo texto forma parte de las reglas sobre prueba pericial, puesto que dicha adición podría traducirse en limitaciones al derecho de defensa, considerando que el reo puede nombrar el perito que más le convenga, independientemente de su sexo.
Parece inobjetable el propósito que anima al nuevo artículo 286 - bis, el cual exige que una vez comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, el ministerio público deberá ejercitar la acción penal correspondiente. La sociedad quiere que habiendo elementos suficientes para consignar ante los tribunales penales a una persona la acción se ejercite y que no quede al arbitrio del ministerio público hacerlo o no. El nuevo texto se solidariza con el interés social y se justifica plenamente la innovación. Sólo para evitar una interpelación restrictiva, de la parte final del segundo párrafo, la comisión propone que se supriman las palabras: "que promuevan las partes", y en su lugar la parte final dirá:"...todas las diligencias que resulten procedentes"
En relación con la misma disposición, la comisión estima prudente establecer en este dictamen que en aquellos casos en que no se haya comprobado el cuerpo del delito, el ministerio público tiene la obligación de abstenerse en el ejercicio de la acción, toda vez que se trata de una institución de buena fe y que las consignaciones que no se encuentran debidamente fundadas motivan serios perjuicios a los indicados, circunstancia que debe evitarse con medidas administrativas.
Ha sucedido en la práctica que una vez que se consigna una persona ante el tribunal competente, la radicación del asunto se difiere indefinidamente o se omiten sin razón las diligencias que se ameritan. La reforma impedirá que esto suceda, concediendo al juez un plazo máximo de diez días para que dicte el auto de radicación. Pronunciado este acuerdo, dispondrá de quince días más para resolver si ordena o no la aprehensión, reaprehensión o comparecencia del indicado. La inobservancia de los plazos mencionados faculta al ministerio público para interponer el recurso de queja ante la sala penal del Tribunal Superior que corresponda, el cual, se tramitará de inmediato escuchando el informe correspondiente del juez y resolviéndose en un plazo de cuarenta y ocho horas, con la consecuencia de que se cumplan los deberes omitidos de inmediato. No son objetables estas disposiciones que tienden, como antes se ha dicho, a evitar dilaciones injustificadas.
Ante la omisión en el texto vigente de artículo 422, la iniciativa propone, atinadamente, que se fije un plazo de cinco días para la remisión del original o testimonio al Tribunal Superior para el trámite del recurso de apelación.
En este sentido y con el propósito de hacer efectiva la obligación de los jueces para emitir resoluciones, ordenar la práctica de diligencias, cumplir las formalidades y despachar los asuntos dentro de los plazos y términos que señale la ley o de acuerdo a lo establecido en este Código, esta comisión estima que es positiva la adición de un artículo 422 - bis, que introduce el recurso de queja cuando se incurre en omisión respecto de dichos deberes.
Al respeto, los miembros de la comisión, para lograr más eficacia en el objeto que persigue la adición de dicho artículo, consideran que el segundo párrafo del mismo exprese que la queja se
interpondrá por escrito, ya que el término "podrá" parece dejar al arbitrio de las partes la forma de interposición del recurso.
Asimismo, y en igual sentido, se estima necesario agregar en el último párrafo del aludido precepto, que el juez deberá cumplir con las obligaciones cuya omisión dio origen a la queja, dentro de un plazo no mayor a dos días, estableciendo, también, la posibilidad de dilucidar la responsabilidad que pudieran resultarle al juzgador.
Es procedente incluir "plazos" en la denominación del capítulo VI del título primero y agregar la introducción del recurso de queja como capítulo IV - bis del título cuarto, pero con la denominación de "de la queja".
La derogación propuesta a los artículos 322 y 327 del código, es resultante de las diversas reformas y adiciones que se estiman procedentes, por lo que esta comisión coincide en este punto con la iniciativa.
Por lo anterior, esta comisión somete a la consideración de esta asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA, ADICIONA
Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo primero. Se reforman los artículo 57, 58, 81, 88, el segundo párrafo del artículo 309, 315, 321, 329, y 425 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal para quedar como sigue:
Artículo 57. Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este código señale expresamente.
No se incluirán en los plazos, los sábados, los domingos, ni los días inhábiles a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver la procedencia de su formal prisión, sujeción a proceso o libertad.
Artículo 58. Los plazos se contarán por días hábiles excepto los que se refieren a los tres casos mencionados en la segunda parte del artículo anterior y a cualquier otro puede que por disposición legal debe computarse por horas, pues éstos se contarán de momento a momento. Los términos se fijarán por día y hora.
Artículo 81. Las notificaciones se harán a más tardar el día siguiente en que se dicten las resoluciones que las motiven.
Artículo 83. Cuando haya que notificar a una persona fuera del Distrito Federal, se librará exhorto, en la forma y términos que dispone esta ley.
Artículo 309........................
No procede recurso alguno contra las sentencias que dicten en proceso sumario.
Artículo 315. Transcurridos o renunciados los plazos a que se refiere el artículo anterior, o si no se hubiere promovido prueba, el juez declara cerrada la instrucción y mandará poner la causa a la vista del, ministerio público y de la defensa, durante cinco días por cada uno, para la formulación de conclusiones. Si el expediente excediera de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción, se aumentará un día al plazo señalado, sin que nunca sea mayor de treinta días hábiles.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el ministerio público haya presentado conclusiones, el juez deberá informar mediante notificación personal al procurador acerca de esta omisión, para que quede dicha autoridad formule u ordene la formulación de las conclusiones pertinentes, en un plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha que se le haya notificado la omisión, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones que correspondan; pero, si el expediente excediere de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción, se aumentará un día en el plazo señalado, sin que nunca sea mayor de treinta días hábiles.
Si transcurren los plazos a que alude el párrafo anterior, sin que se formulen las conclusiones, el juez tendrá por formuladas conclusiones de no acusación y el procesado será puesto en inmediata libertad y se sobreseerá el proceso.
Artículo 321. Para los efectos del artículo anterior, el Procurador de Justicia o subprocurador que corresponda, oirán el parecer de los agentes del ministerio público, auxiliares que deban emitirlo y dentro de los diez días siguientes al de la fecha en que se haya dado vista del proceso, resolverán si son de confirmarse o modificarse las conclusiones. Si el expediente excediera de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción, se aumentará un día al plazo señalado, sin que nunca sea mayor de veinte días hábiles.
Si transcurridos los plazos a que se refiere el párrafo anterior no se recibe respuesta de los
funcionarios mencionados, se entenderá que las conclusiones han sido confirmadas.
Artículo 329. La sentencia se pronunciará dentro de diez días siguientes a la vista. Si el expediente excediera de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción, se aumentará un día más al plazo señalado, sin que nunca sea mayor de treinta días hábiles.
Artículo 425. Declarado visto el proceso, quedará cerrado el debate y el tribunal pronunciará su fallo dentro de diez días a más tardar, excepto en el caso del artículo siguiente.
Artículo segundo. Se adicionan los artículo 286 - bis, que formará parte del capítulo II, de la sección II, del título segundo; el artículo 305 con un tercer párrafo; el artículo 422 con un segundo párrafo; y el artículo 422 - bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal para quedar como sigue:
Artículo 206 - bis. Cuando aparezca de la averiguación previa que existe denuncia o querella, que se han reunido los requisitos previos que en su caso exija la ley y que se ha comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, el ministerio público ejercitará la acción penal ante el órgano jurisdiccional que corresponda.
El juzgado ante el cual se ejercite la acción penal, radicará de inmediato el asunto. Sin más trámite le abrirá expediente en el que se resolverá lo que legalmente corresponda y practicará, sin demora alguna, todas las diligencias que resulten procedentes.
Si durante el plazo de diez días, contados a partir del en que se haya hecho la consignación, el juez no dicta auto de radicación en el asunto, el ministerio público podrá recurrir en queja ante la sala penal del tribunal superior que corresponda.
El juez ordenará o negará la aprehensión, reaprehensión o comparecencia solicitada por el ministerio público dentro de los quince días contados a partir del en que se haya acordado la radicación. Si no resuelve oportunamente sobre este punto, el ministerio público procederá en los términos previstos en la parte final del párrafo anterior.
Artículo 35...................................................................
En los casos a que alude el párrafo anterior, la audiencia a que se refiere el artículo 308 se realizará dentro de los cinco días siguientes.
Artículo 422..................................................................
El original o testimonio debe remitirse al Tribunal Superior dentro del plazo de cinco días.
Artículo 422 - bis. El recurso de queja procede contra las conductas omisas de los jueces que no emitan las resoluciones o no ordenen la práctica de diligencias dentro de los plazos y términos que señale la ley, o bien, que no cumplan las formalidades o no despachen los asuntos de acuerdo a lo establecido en esté código.
La queja se interpondrá por escrito en cualquier momento, a partir de que se produjo la situación que la motiva, ante la sala penal que corresponda del Tribunal Superior de Justicia.
En las hipótesis previstas en el artículo 286 - bis, la queja sólo podrá interponerla el ministerio público.
La sala penal del Tribunal Superior de Justicia, en el término de cuarenta y ocho horas, le dará entrada al recurso y requerirá al juez y cuya conducta omisa haya dado lugar al recurso, para que rinda informe dentro del plazo de tres días.
Transcurrido este plazo, con informe o sin él, se dictará dentro de cuarenta y ocho horas la resolución que proceda. Si estima fundado el recurso, la sala penal del Tribunal Superior de Justicia requerirá al juez cumpla con las obligaciones determinadas por la ley en un plazo no mayor de dos días, sin perjuicio de las responsabilidades que le resulten. La falta del informe a que se refiere el párrafo anterior, establece la presunción de ser cierta la omisión atribuida y hará incurrir al juez en multa de diez a cien veces el salario mínimo.
Artículo tercero. Se reforma la denominación del capítulo VI del título primero y se adiciona un capítulo IV - bis, integrado por el artículo 442 - bis, al título cuarto del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
CAPITULO VI
Plazos y términos
CAPITULO IV BIS
De la queja
Artículo cuarto. Se derogan los artículos 322 y 327 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el día 1o. de abril de 1989.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Palacio
Legislativo, Distrito Federal, a 26 de diciembre de 1988. - Miguel Montes García, presidente; Napoleón Cantú Cerna, secretario; José Trinidad Lanz Cárdenas, Rubén García Farías, Edmundo Martínez Zaleta, Fernando Córdova Lobo, César Humberto Vieyra Salgado, Graciela Patricia Gómez Rodríguez, Estela Rojas de Soto, Miguel Ángel Quiroz Pérez, Guadalupe Gómez Maganda de Anaya, Alvaro Uribe Salas, José Luis Salcedo Solís, Heberto Barrera Velázquez, Benigno Gil de los Santos, Dionisio E. Pérez Jácome, Romeo Ruíz Armento, Antonio Martínez Báez, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, Miguel Martínez Castro, Reyes Antonio Silva Beltrán, Pedro Alberto Salazar Muciño, Miguel Díaz Muñoz, Enrique Martínez y Martínez, Enrique Ibarra Pedroza, Jesús Armando Hernández Montaño, Carlos Javier Vega Memije, María Teresa Chagoya Méndez, Humberto Pulido García, Margarita Gómez Juárez, Arturo Armendáriz Delgado, Leopoldo Homero Salinas Gaytán, Jaime Fernández Sánchez, Donaciano Ambrosio Velasco, Gaudencio Vera Vera, Patricia Garduño Morales, José Natividad Jiménez Moreno, Francisco Chávez Alfaro, Fernando Palacios Vela, Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza, Juan Jaime Hernández, Alexandro Martínez Camberos, Jaime Almazán Delgado, Yolanda Minerva García Treviño, Fernando Antonio Lozano Gracia, José Zeferino Esquerra Corpus, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Hiram Escudero Alvarez, Bernardo Bátiz Vázquez, Silviano Urzúa Ochoa, Luis Jacobo García, José Nelson Madrigal Gómez, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Gilberto Ortíz Medina, Leonel Godoy Rangel, Ignacio Castillo Mena y Marco Antonio Rojas Flores."
La C. Presidenta: - En consecuencia, esta a discusión en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra en contra, en los términos del artículo 121 del Reglamento, el ciudadano diputado Rodolfo Duarte explicará, informará a la asamblea de las razones que tuvo la comisión, para dictaminar en el sentido que lo ha hecho.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Rodolfo Duarte.
El C. Rodolfo Duarte Móller: - honorable asamblea: Esta iniciativa de reformas al Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, cuyo dictamen se ha sujetado a la consideración de esta asamblea, forma parte del paquete de reformas a diversos ordenamientos penales para mejorar la procuración y la impartición de justicia en esta porción y la impartición de justicia en esta porción del territorio nacional, sede de los poderes federales y sede también de la cuarta parte de la población nacional, con todos los problemas que ello representa.
Fundamentalmente, las reformas propuestas tienden a agilizar el procedimiento penal y a suprimir obstáculos que limitan la marcha del mismo. La iniciativa presidencial fue objeto de discusión y de análisis, en el seno de la Comisión de Justicia.
De las proporciones que formularon los miembros de la comisión perteneciente a las diversas fracciones parlamentarias, resultaron algunas modificaciones que corrigieron, perfeccionaron y matizaron debidamente la iniciativa para quedar en los términos que la propone el dictamen, y que ha sido objeto de consenso por parte de todos los diputados aquí presentes.
Qué bueno que las diversas fracciones parlamentarias hubieran hecho el máximo esfuerzo para poder establecer en sus términos un acuerdo negociado, que ha permitido contar con un dictamen que tiende a mejorar considerablemente el procedimiento en materia penal en el Distrito Federal, fundamentalmente en lo se refiere al acortamiento de los plazos y en la reducción de los procesos se avanza, con la finalidad de cumplir con el principio de que el proceso y la justicia se imparta en forma breve y expedita.
Esperamos que este tipo de actitudes sean repetidas más a menudo en el seno de los debates que a futuro tengan que darse en esta Cámara. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Consulte la secretaría a la asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.
La C. prosecretaria María Claudia Esqueda Llanes: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señora presidenta.
La C. Presidenta: - Está a discusión en lo particular...No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un sólo acto.
La C. prosecretaria María Claudia Esqueda Llanes: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un sólo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron trescientos cuarenta votos en pro y veintidós votos en contra.
La C. Presidenta: - Aprobado en lo general y en lo particular por trescientos cuarenta votos, el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
La C. prosecretaria María Claudia Esqueda Llanes: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
CÓDIGO DEL COMERCIO
La C. Presidenta: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández: - Por instrucciones de la presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Trámite: - Segunda lectura.
El mismo C. Secretario:
"Comisión de Comercio.
Honorable asamblea: Con fundamento en el artículo 71, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 58 de la Ley Orgánica del Congreso General y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Congreso, fue turnada a la Comisión de comercio una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio presentada por el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, el 29 de octubre de 1988.
La presente iniciativa propone la actualización de las normas procesales que están contenidas en el libro quinto del Código de Comercio y propone la adición del título IV del mismo libro, denominado "Del procedimiento arbitral", contenidos en los artículos del 1415 al 1437, como propone la derogación del capítulo 25 del libro quinto, que se refiere al recurso de casación.
Como fundamento en los artículos 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y como resultado del estudio de dicha iniciativa, se somete a su consideración el presente dictamen.
La iniciativa en cuestión tiene la importancia de actualizar, si no todo el Código de Comercio, sí por lo menos su parte adjetiva, área donde más era palpable su obsolescencia.
Conscientes de la importancia de la iniciativa y su contenido, su texto fue dado a conocer a los integrantes y a los grupos parlamentarios que integran la Comisión de Comercio, para conocer sus puntos de vista y sus opiniones, las que se encuentran plasmadas en el siguiente dictamen; asimismo, se procuró el comentario de abogados postulantes, integrantes de otras comisiones, en especial de la de Justicia, como también la opinión de integrantes del Foro Mexicano y de la Judicatura, coincidiendo en que las modificaciones, adiciones y derogación contenidas en esta iniciativa, mejoran sustancialmente las normas de tipo adjetivo en los juicios mercantiles.
Comentaremos, aunque sea en forma sucinta, algunas de esas mejoras: el artículo 1050 resuelve el conflicto que plantea el actual código, pues ahora y con base en la iniciativa, en caso de controversia se resolverá en los términos de las leyes mercantiles.
En los subsecuentes artículos, se precisa lo que debe de entenderse por días y horas hábiles; se actualizan las multas y sanciones referidas al monto del salario mínimo de la región; se elimina la legalización de firmas en el trámite de despachos y exhortos de una entidad federativa a otra; se sistematiza el trámite en un procedimiento más ágil y más claro de los exhortos que se remiten al extranjero y los que se reciben para diligenciarse en México; por economía procesal, se elimina el acuse de rebeldía, obligando de tal manera que el juez continúe con el procedimiento de oficio; permite la iniciativa, ampliar el término para la exhibición de pruebas, porque mediando causa justificada, es preferible ampliar un término que dejar en estado de indefensión a una de las partes.
En otros aspectos, las modificaciones propuestas son de estilo y de técnica jurídica, actualizándose su contenido, toda vez que del Código de Comercio muchas disposiciones se fueron desprendiendo a través del tiempo, disposiciones que
actualmente se contemplan en leyes especiales, como es el caso de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Sociedades Mercantiles, entre otras.
Es de destacar la adición que en la iniciativa se propone, de las normas mínimas para el procedimiento arbitral, en el que la voluntad de las partes tiene gran relevancia y en su articulado se aprecian las normas, que son resultados de los diferentes acuerdos y tratados internacionales en que México ha sido parte.
Entre los artículos que se derogan están aquellos que establecen la obligación de legalizar los documentos expedidos por las autoridades locales por parte de los gobernadores de los estados, por parte del gobernador del Distrito Federal, o por los jefes políticos de los territorios, figuras jurídicas, estas últimas inexistentes de nuestra realidad desde hace mucho tiempo.
Se deroga el recurso de casación, recurso extraordinario desconocido por toda la legislación procesal vigente y considerado únicamente por la legislación mercantil, quizás más reminiscencia histórica que por razones de tipo práctico.
Es de destacar sin embargo, que dentro de las opiniones y puntos de vista recibidos, fue reiterada la objeción a algunos de los artículos de la iniciativa, al menos en la forma en que están propuestos.
El párrafo segundo del artículo 1051 referido al procedimiento convencional, propone la comisión sustituir la frase "la ilegitimidad del pacto" por "la ilegalidad del pacto", por considerar que el aspecto a destacar es la posibilidad de que la convención de las partes pueda no estar ajustada a los términos de ley, a las formalidades y requisitos que esta misma exige y no como la iniciativa contempla, a la naturaleza de las prestaciones pactadas de dicha convención.
En el artículo 1053, que se refiere a la forma en que el convenio mercantil debe de reunir para su validez y de las prevenciones que debe contener para el desahogo de la demanda, contestación pruebas y alegatos, se planteó en sus inicios segundo y cuarto, la inconveniencia de su redacción en la iniciativa, toda vez que los medios de prueba y los recursos legales, que son garantías que otorga la Constitución a los ciudadanos, no pueden ser renunciables, existiendo para tal afecto jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y supletoriamente, el artículo 283 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que a la letra dice: "en la prueba general ni los medios de prueba establecidos por la ley son renunciables."
Sin embargo, la jurisprudencia de la corte es cambiable, los criterios para determinar qué pruebas o qué recursos pueden en un momento dado ser catalogados indispensables e irrenunciables, pueden también variar conforme al avance o la evolución misma de la sociedad, que modificará en un momento dado las leyes secundarias sobre el particular.
Por ello, esta comisión propone que las fracciones II y IV se modifiquen en su redacción, toda vez que el parámetro en consideración son las estipulaciones que el artículo 14 constitucional señala en su párrafo primero y que previene que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicios seguidos ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
Artículo 1053......................................................................................................
I............................................................................................................................
II. La sustanciación que debe observarse, pudiendo las partes convenir en excluir algún medio de prueba, siempre que no afecten las formalidades esenciales el procedimiento.
III.............................................................................................................................
IV. Los recursos legales a que renuncien, siempre que no se afecten las formalidades esenciales del procedimiento.
Propone esta comisión, en la fracción V de este mismo artículo, para ser congruente con lo establecido en artículos posteriores de la propia iniciativa, la siguiente redacción:
V. El juez que debe conocer del litigio para el cual se conviene el procedimiento en los casos en que conforme a este código pueda prorrogarse la competencia.
La comisión manifiesta que como resultado de la revisión pormenorizada del texto tanto de la iniciativa como del Código de Comercio en su parte relativa, propone la reforma de la fracción III del artículo 1061, disposición que se considera obsoleta y que por el avance de la misma tecnología no tiene razón de existir en la actualidad, independientemente de que subsistencia permitiría al dejar en estado de indefención al demandado y por tener íntima relación con lo estipulado en el artículo 1378 de la iniciativa.
La fracción III artículo 1061, que se refiere al escrito de la demanda, en su texto actual establece la obligación de correr traslado del escrito de la demanda y de los documentos, en la inteligencia
de que si excedieran de 25 fojas, quedaría eximido de esa obligación y la parte demandada con la necesidad de ocurrir al juzgado, a instruirse de dichos documentos.
En tal virtud, la comisión propone que la fracción III quede de la siguiente forma:
Artículo 1061........................................................
I. y II.......................................................................
III. Una copia en papel común del escrito y los documentos.
El artículo 1067 alude a los casos en que las partes tienen derecho a que les sean facilitados los autos, ya sea para alegar o para glosar cuentas y también cuando las parte lo pidieran de mutuo acuerdo.
Dicha disposición aclara que los autos deben permanecer en el local del juzgado, disposición muy conveniente para evitar los muy frecuentes extravíos o sustracción de expedientes.
Sin embargo, el texto que propone la iniciativa es considerado muy amplio y muy formalista, proponiendo por ello la comisión el siguiente texto:
Artículo 1067. Los autos podrán ser consultados por las partes o por las personas autorizadas para ello, permaneciendo siempre dentro del local del tribunal". La frase "dar a correr traslado" significa que los autos quedan a disposición de los interesados y en su caso se entreguen copias. Las disposiciones de este artículo comprenden al ministerio público.
En el artículo 1068 de la iniciativa, dice que las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes deberá verificarse a más tardar el día siguiente al que se dicten las resoluciones se impone una multa equivalente a 10 días de salario, en vez de los $20.00 que actualmente señala el código. Se agrega que en caso de las notificaciones personales, el término en cuestión corre a partir de la fecha en que el expediente se entregue al notificador.
La comisión estima conveniente la reforma, pero aprecia que en al caso de notificaciones personales, no se previene, no se precisa el plazo dentro del cual debe entregarse el expediente al notificador, lo que permitiría que pudiera transcurrir mucho tiempo, antes de que empiece a correr el término concedido para efectuar la notificación personal.
Por lo tanto, se propone el siguiente texto para el párrafo relativo a notificaciones personales.
Artículo 1068. En el caso de notificaciones personales, dicho término se contará a partir de la fecha en que se entregue el expediente al notificador, lo cual deberá hacerse dentro de un plazo que no exceda de tres días.
En el artículo 1093 de la iniciativa, se establece y se acepta el pacto y la prórroga de jurisdicción.
Existe una innovación en dicho artículo consistente que no se considerará válida la cláusula o convenio de elección de foro, si ello implica de hecho, impedimento o denegación de acceso a la justicia.
Esta es una prevención muy conveniente pero muy amplia en su concepto y, dada su redacción, tendrá que mediar la necesaria interpretación, que daría por resultado a la postre, una situación quizás perjudicial para algunas de las partes, presumiblemente sería la parte de más escasos recursos la que puede ser llevada a juicio, al lugar distinto de donde vive, de donde se celebró el contrato, o de donde se encuentre ubicada la cosa, con la erogación de gasto quizás fuera de su alcance, representando de hecho la denegación de justicia a que se refiere la iniciativa.
Sugiere esta comisión, que en lugar de este texto tan amplio, el pacto de prórroga de jurisdicción quede limitado a los siguientes términos:
Artículo 1093. Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede y para el caso de controversia señalan como tribunales competentes, los del domicilio de cualquiera de las partes del lugar de cumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas o de la ubicación de la cosa.
Nos referimos a continuación a los artículos 1097, 1120, 1124, 1125, 1147 y 1381, que plantean una modificación sustancial y con efectos diferentes a como se encuentran redactados actualmente en el Código de Comercio, toda vez que en su parte relativa se refieren a que interpuesta la incompetencia o la recusación, se tramitarán sin suspensión del procedimiento principal, con la prevención que de proceder la incompetencia o la recusación, se declararía nulo todo lo que se actuó ante el juez que a la postre resultó incompetente para conocer de ese asunto.
Como lo manifiesta la iniciativa, esta reforma tiene como antecedente el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, instrumento legal que fue reformado en sus artículos 163, 168, 169 y 180.
Al modificarse el Código de Procedimientos Civiles, se dio especial énfasis y relevancia al principio de economía procesal, así como el de evitar bajo esta innovación, las prácticas viciosas que tendían fundamentalmente a alargar y entorpecer los juicios de referencia.
En los artículos de la iniciativa que se estudia y que hoy se dictamina, también se pretende fundamentar en el principio de economía procesal, con el propósito de obtener una rápida tramitación de los juicios mercantiles.
Es muy discutible el que se obtenga con esta reforma una palpable economía procesal, puesto que la nulidad de todo lo actuado viene a constituir un auténtico perjuicio para ambas partes, que por la continuación del juicio se ven obligadas a ofrecer sus pruebas, formular sus alegatos, que en un momento dado, por una parte, los deja en estado de indefensión al perderse el sigilo que debe operar fundamentalmente en el ofrecimiento y desahogo de las pruebas, como el tener que reponer de nueva cuenta el juicio, que en nada favorece a las partes en gastos y tiempo.
Por otra parte, la naturaleza de la incompetencia que puede ser de grado, de materia, de cuantía y de territorio, representa un aspecto sustantivo que requiere de su clarificación previo al desarrollo del juicio, por lo que la comisión dictaminadora ha estimado que el trámite de la incompetencia debe seguir siendo artículo de previo y especial pronunciamiento, con la suspensión necesaria del procedimiento.
Por otra parte, la modificación realizada en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, data de tiempo reciente, que impide en un momento dado evaluar la bondad de esa reforma.
La opinión, el sentir de la mayoría de las personas y funcionarios consultados, estudiosos del derecho, estiman que la incompetencia debe seguir siendo considerada como artículo de previo y especial pronunciamiento, estimando que sobre el principio de la economía procesal, debe prevalecer el de la seguridad jurídica y la firmeza de las actuaciones judiciales.
Sin embargo, se reconoce la necesidad de que se legisle de tal manera que la incompetencia deje de ser utilizada como medio para alargar o entorpecer un juicio, práctica que desgraciadamente subsiste en el medio judicial.
En tal virtud, la comisión dictaminadora ha estimado conveniente legislar para que esa práctica viciosa o dolorosa por parte de algunos litigantes, sea objeto de una medida disciplinaria, atacándose en esa forma la causa y que permita el uso de los recursos e incidentes que la doctrina y la ley permiten, en su exacta aplicación.
Expuesto lo anterior, la comisión dictaminadora propone que los artículos 1097, 1120, 1124, 1125, 1147 y 1381, conserven el texto actual, consignado en el Código de Comercio y la inclusión de un nuevo artículo para quedar en los términos siguientes:
Artículo 1097 - bis. El juez o tribunal que de las actuaciones de la incompetencia promovida, deduzca que se interpuso sin razón y con el claro propósito de dilatar o entorpecer el juicio, impondrá una multa a la parte promovente que no exceda del equivalente de cien días de salario mínimo vigente en el lugar en que se desahogue el procedimiento."
La modificación que enseguida propone la comisión al texto del artículo 1249 de la iniciativa, tiene por objeto la de precisar los conceptos y evitar interpretaciones.
La comisión sugiere la inclusión de la palabra "documentos", al texto del artículo 1249 de la iniciativa.
Nos referimos al artículo 1296, que en la iniciativa remitida a esta Cámara repite el texto en vigor, es decir, que los documentos privados sólo harán prueba plena y contra su autor, cuando fueren reconocidos legalmente.
Debe presumirse que los documentos privados que se presentan en un juicio son auténticos y que la parte que los exhibe no obra de mala fe.
Si esos documentos privados hacen prueba en contra de su autor, no nos parece indispensable el requisito del reconocimiento.
En todo caso se debe conceder a la parte contraria oportunidad para que objete los documentos privados exhibidos, de sus razones y pueda el juez hacer la evaluación correspondiente. El carácter espurio de un documento privado puede ser objeto de prueba en contrario, dentro del mismo juicio.
Debe tomarse también en cuenta que hay documentos privados que no estén necesariamente escritos y firmados por su autor, lo cual es frecuente tratándose de negocios mercantiles.
Por ello, se propone el siguiente texto:
"Artículo 1296. Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados presentados en juicio por vía de prueba y
no objetados por la parte contraria, se tendrá por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente. Puede exigirse el reconocimiento expreso si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se manifestarán los originales a quien deba reconocerlos y se le dejará ver todo el documento, no sólo la firma."
La comisión proponer en la redacción de los siguientes artículos, modificación en su texto para efectos de procurar mayor claridad y congruencia con el objetivo que se persigue en dichas propuestas que se hacen en el dictamen.
En tal virtud se proponen las siguientes modificaciones:
En el artículo 1268, se incluye a los ministros de la Suprema Corte de justicia, se da a los encargados del despacho del poder ejecutivo el tratamiento de secretarios de Estado y se pone al día la designación de los funcionarios a que se refiere ese artículo.
En el artículo 1340 de la iniciativa que se refiere al "área geográfica", se sugiere, para ser más preciso, su cambio por la palabra "el lugar".
En el artículo 1380 de la iniciativa, se sugiere hacer referencia que la disposición se relaciona a los juicios ordinarios por ser ésta la aplicable a este tipo de juicios.
En el artículo 1394, que no es objeto de la iniciativa pero que como resultado de la revisión que en el capítulo objetivo llevó a cabo la comisión y con el objeto de que el artículo de referencia sea congruente con las adiciones, modificaciones y reformas que propone la iniciativa y la propia comisión, se pone a consideración de la asamblea la conveniencia de incluir un segundo párrafo al texto del artículo 1394, el cual se refiere al capítulo de los juicios ejecutivos y que la diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, ya que se llevará adelante hasta su conclusión.
Sin perjuicio de lo planteado por la comisión al proponer la reforma al artículo 1097 de la iniciativa, es de sugerirse que al interponerse la incompetencia y la recusación, las providencias que se hubieran tomado para el aseguramiento de bienes no se suspendan, para quedar el segundo párrafo que se propone adicionar al artículo 1394 en los siguientes términos:
"Artículo 1394. En las cuestiones de incompetencia y en la recusación no se suspenderán las actuaciones relativas al embargo o desembargo de bienes, así como la rendición de cuentas por el depositario, la exhibición de la cosa embargada o su inspección."
El título cuarto "Del procedimiento arbitral", que propone adicionar la iniciativa, indudablemente viene a satisfacer la necesidad de un procedimiento que permite agilizar la solución de las controversias entre comerciantes, figura jurídica de raigambre histórica en el comercio mundial y que contempla tanto la voluntad de las partes como elemento esencial, como las disposiciones que son resultado de los diferentes acuerdos y tratados internacionales en que México ha sido parte; la comisión ha sentido sin embargo la necesidad de proteger a las personas que no siendo comerciantes pudieran ser parte en este tipo de procedimientos, quienes por su desconocimiento del comercio, de sus reglas, podrían ser objeto de algún perjuicio y daño en su patrimonio.
El particular o la parte no comerciante, puede recurrir para la celebración de algún acto de comercio, a algunos de los otros procedimientos que el propio Código de Comercio regula, pero en el que los requisitos esenciales del procedimiento se encuentran bajo la tutela del Estado y la sentencia sería pronunciada por el órgano jurisdiccional.
Este procedimiento arbitral lo distingue la voluntad de las partes como elemento esencial y lo caracteriza tanto la velocidad que las propias operaciones mercantiles requieren, como la naturaleza del árbitro o árbitros, que a elección de las partes puedan resolver en conciencia, el asunto en cuestión.
En virtud de las anteriores consideraciones, se sugiere que el procedimiento arbitral sólo sea entre comerciante, por lo que el artículo 1415 se propone quede en los siguientes términos:
Artículo 1415. Cuando las partes sean comerciantes, podrán convenir en someter a decisión arbitral las diferencias que surjan de sus relaciones comerciales. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la fórmula de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de acuerdo independiente.
El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito, pudiendo consistir en un canje de cartas, télex, telegramas o cualquier otro medio semejante.
Asimismo, en el artículo 1428, que se refiere a las reformas en que el arbitraje puede terminar, es conveniente, en sus fracciones I y II, establecer un plazo a las partes para que se pongan de acuerdo en la designación de un nuevo árbitro, en el caso en que hubiese fallecido el árbitro designado o por excusa del mismo por causas justificadas y las partes tuviesen que nombrar a uno en sustitución.
Para dar firmeza a la actuación judicial es que se propone el siguiente texto:
Artículo 1428. El arbitraje termina: I. Por muerte del arbitro elegido en el compromiso o en clausura compromisoria, si no se hubiese designado sustituto o si en un plazo de 30 días naturales no se pusieren de acuerdo las partes en uno nuevo...
II. Por excusa del árbitro o árbitros designados por las partes, por causa justificada que les impida desempeñar su oficio; si las partes en un plazo de 30 días naturales no se pusieran de acuerdo en la designación de uno nuevo.
Considera la comisión hacer en justicia la reflexión de que la elaboración de este dictamen arroja verdaderamente la necesidad, primero, de aprobar las reformas, adiciones y derogaciones que la iniciativa y la propia comisión proponen en el presente dictamen, por constituir una actualización al aspecto procesal del Código de Comercio indispensable y muy necesaria para la dinámica que demandan los tiempos modernos.
Pero también la necesidad, y ojalá sea compromiso de los integrantes de esta LIV Legislatura, la de actualizar la parte dogmática y sustantiva del Código de Comercio, fenómeno explicable si aceptamos que es un instrumento legal que se expidió hace casi cien años y que se ha sido desmembrando en leyes particulares para quedar reducido casi a un "guacal", como lo denominó el maestro Mantilla Molina.
La evolución de nuestro país implica la necesidad de actualizar conceptos sin perder de vista, en ningún momento, la de proteger en esta actividad a los que menos tienen y en el que se busque una más eficiente impartición de justicia.
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 y 73, fracción X de la Constitución general de la República, 56 de la Ley Orgánica del Congreso General, y 55 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión que suscribe somete a la consideración de la asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO DE COMERCIO
Artículo primero. Se reforman los artículos 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1061, fracción III; 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1077, 1078, 1093, 1094, fracción II; 1118, 1126, 1142, 1201, 1206, 1248, 1249, 1267, 1268, 1296, 1340, 1378, 1379, 1380, 1396, 1399, 1401 y 1404 del Código de Comercio, para quedar en los siguientes términos.
Artículo 1050. Cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil, la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles.
Artículo 1051. El procedimiento mercantil preferente a todos es el que libremente convengan las partes con las limitaciones que se señalan en este libro, pudiendo ser un procedimiento convencional ante tribunales o un procedimiento arbitral.
La ilegalidad del pacto o su inobservancia cuando este ajustado a ley, puede ser reclamadas en forma incidental y sin suspensión del procedimiento, en cualquier tiempo anterior a que se dicte el laudo o sentencia.
El procedimiento convencional ante tribunales se regirá por lo dispuesto en los artículos 1052 y 1053, y el procedimiento arbitral por las disposiciones del título cuarto de este libro.
Artículo 1052. Los tribunales se sujetarán al procedimiento convencional que las partes hubieren pactado siempre que el mismo se hubiere formalizado en escritura pública, póliza ante corredor ante el juez que conozca de la demanda en cualquier estado del juicio y se respeten las formalidades esenciales del procedimiento.
Artículo 1053. Para su validez, la escritura pública, póliza o convenio judicial a que se refiere el artículo anterior, deberá contener las previsiones sobre el desahogo de la demanda, la contestación, las pruebas y los alegatos, así como:
I. El negocio o negocios en que se ha de observar el procedimiento convenido;
II. La sustanciación que debe observarse, pudiendo las partes convenir en excluir algún medio de prueba, siempre que no afecten las formalidades esenciales del procedimiento;
III. Los términos que deberán seguirse durante el juicio, cuando se modifiquen los que la ley establece;
IV. Los recursos legales a que renuncien, siempre que no se afecten las formalidades esenciales del procedimiento;
V. El juez que debe de conocer del litigio para el cual se conviene el procedimiento en los casos en que se conforme a este código pueda prorrogarse la competencia;
VI. El convenio también deberá expresar los nombres de los otorgantes, su capacidad para obligarse, el carácter con que contraten, sus domicilios y cualesquiera otros datos que definan la especialidad del procedimiento.
En las demás materias, a falta de acuerdo especial u omisión de las partes en la regulación procesal convenida, se observarán las disposiciones de este libro.
Artículo 1054. En caso de no existir compromiso arbitral ni convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará la ley de procedimientos local respectiva.
Artículo 1055. Los juicios mercantiles son ordinarios o ejecutivos.
Artículo 1061. Al primer escrito se acompañarán precisamente:
I y II..........................
III. Una copia en papel común del escrito y de los documentos.
Artículo 1063. Los juicios mercantiles se sustanciarán por escrito.
Artículo 1064. Las actuaciones judiciales han de practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los días del año, menos los domingos y aquellos en que no laboren los tribunales competentes en materia mercantil que conozcan el procedimiento. Se entienden horas hábiles las que median desde las siete hasta las diecinueve horas.
Artículo 1066. El secretario o quien haga sus veces, hará constar el día y la hora en que se presente un escrito, dando cuenta con él a más tardar dentro de veinticuatro horas, bajo sanción de multa hasta por el equivalente a diez veces el salario mínimo general vigente en el lugar en que se ventila el procedimiento sin perjuicio de las demás que merezca conforme a las leyes.
Artículo 1067. Los autos podrán ser consultados por las partes o por las personas autorizadas para ello, permaneciendo siempre dentro del local del tribunal. La frase "dar o correr traslado" significa que los autos quedan a disposición de los interesados y, en su caso, se entreguen copias. Las disposiciones de este artículo comprenden al ministerio público.
Artículo 1068. Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán lo más tarde el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el juez en éstas no dispusiere otra cosa. En el caso de notificaciones personales, dicho término se contará a partir de la fecha en que se entregue el expediente al notificador, lo cual deberá hacerse dentro de un plazo que no exceda de tres días. Se impondrá de plano a los infractores de este artículo, una multa que no exceda del equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el lugar en que se desahogue el procedimiento.
Artículo 1069. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueven.
Cuando un litigante no cumpla con la primera parte de este artículo, las notificaciones se harán conformes a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales. Si no se designare domicilio de la contraparte, se le requerirá para que lo haga y si lo ignora, se procederá en los términos del artículo siguiente.
Artículo 1071. Cuando haya de notificarse o citarse a una persona residente fuera del lugar del juicio, se hará la notificación o citación por medio de despacho o exhorto al juez de la población en que aquélla residiere, los que podrán tramitarse por conducto del interesado si éste lo pidiere.
Artículo 1072. En los despachos y exhortos no se requiere la legalización de la firma del tribunal que lo expida.
Artículo 1073. La práctica de diligencias en país extranjero para surtir efectos en juicios que tramiten ante tribunales nacionales, podrán encomendarse a través de los miembros del Servicio Exterior Mexicano por los tribunales que conozcan del asunto, caso en el cual dichas diligencias deberán practicarse con conforme a las disposiciones de este libro dentro de los límites que permita el derecho internacional.
Los miembros del servicio Exterior Mexicano, podrán solicitar a las autoridades extranjeras competentes, en los casos en que así proceda, su cooperación en la práctica de las diligencias encomendadas.
Artículo 1074. Los exhortos que se remitan al extranjero o que se reciban de él, salvo lo dispuesto por los tratados o convenciones de los que México sea parte, se sujetarán a las siguientes disposiciones:
I. Los exhortos que se remitan al extranjero serán comunicaciones oficiales escritas que contendrán la petición de realizar las actuaciones necesarias en el juicio en que expidan; dichas comunicaciones contendrán los datos informativos necesarios y las copias certificadas, cédulas, copias de traslado y demás anexos procedentes, según sea el caso;
II. Los exhortos que provengan del extranjero deberán satisfacer los requisitos a que se refiere la fracción anterior, sin que se exijan requisitos de forma adicional.
III. Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos al órgano requerido por las propias partes interesadas, por vía judicial, por intermedio de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por la autoridad competente del Estado requeriente o requerido, según sea el caso;
IV. Los exhortos provenientes del extranjero que sean transmitidos por conductos oficiales no requerirán legalización y los que se remitan al extranjero solo necesitarán de la legalización exigida por las leyes del país en donde se deban diligenciar;
V. Todo exhorto que se reciba del extranjero en idioma distinto del español, deberá acompañarse de su traducción, a la cual se estará, salvo deficiencia evidente u objeción de parte;
VI. Los exhortos que se reciban del extranjero sólo requerirán homologación cuando impliquen ejecución coactiva sobre personas, bienes o derechos; los relativos a notificaciones, recepción de pruebas y otros asuntos de mero trámite, se diligenciarán sin formar incidente;
VII. Los exhortos que se reciban del extranjero serán diligenciados conforme a las leyes nacionales, pero el tribunal exhortado podrá conceder excepcionalmente la simplificación de formalidades o la observancia de formalidades distintas a las nacionales, a solicitud del juez exhortante o de la parte interesada, si esto no resulta lesivo al orden público y especialmente a las garantías individuales; la petición deberá contener la descripción de las formalidades cuya aplicación se solicite para la diligenciación del exhorto;
VIII. Los tribunales que remitan exhortos al extranjero o los reciban de él, los tramitarán por duplicado y conservarán un ejemplar para constancia de lo enviado, recibido y actuado.
Artículo 1075. Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación y se contará en ellos el día del vencimiento.
Artículo 1077. Cuando fueren varias las partes y el término común se contará desde el día siguiente a aquél en que todas hayan quedado notificadas.
Artículo 1078. Una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el juicio su curso y se tendrá por perdido el derecho que debió ejercitarse dentro del término correspondiente.
Artículo 1093. Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede y, para el caso de controversia señalen como tribunales competentes los del domicilio de cualquiera de las partes del lugar de cumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas o de la ubicación de la cosa.
Artículo 1094.
I.
II. El demandado, por contestar la demanda o por reconvenir al actor;
III. Derogada.
IV y V.
Artículo 1118. El juez requerido oirá a la parte que ante él litigue, en el término de tres días y en el de otros tres resolverá si se inhibe de conocer o sostiene la competencia, pudiendo abrir el punto a prueba por el término de tres días.
Artículo 1126. El juez que no remita el informe prevenido en el artículo anterior, incurrirá en una multa equivalente de diez a treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, según la gravedad de la falta y, en caso de desobediencia, en la suspensión de empleo y sueldo desde dos meses hasta un año.
Artículo 1142. En los tribunales colegiados la recusación relativa a magistrados que los integren sólo importa la de los funcionarios expresamente recusados.
Artículo 1201. Las diligencias de prueba deberán practicarse dentro del término probatorio; el juez deberá fundar la resolución que permita su desahogo fuera de dicho término.
Artículo 1206. El término de prueba es ordinario o extraordinario. Es ordinario el que se concede para producir probanzas dentro de la entidad federativa en que el litigio se sigue. Es extraordinario el que se otorga para que se reciban pruebas fuera de la misma.
Artículo 1248. Para que haga fe en la República, los documentos públicos extranjeros deberán presentarse legalizados por las autoridades consulares mexicanas competentes, conforme a las leyes aplicables.
Artículo 1249. Los documentos que fueren transmitidos internacionalmente por conducto oficial, para surtir efectos legales no requerirán de legalización.
Artículo 1267. A las personas mayores de setenta años y a los enfermos, podrá el juez, según las circunstancias, recibirles la declaración en sus casas.
Artículo 1268. Al Presidente de la República, a los secretarios de Estado, senadores, diputados, ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados, jueces, generales con mando, gobernadores de los estados, jefe del Departamento del Distrito Federal, se pedirá su declaración por oficio y en esta forma la rendirán. En casos urgentes podrán rendir la declaración personalmente.
Artículo 1296. Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente. Puede exigirse el reconocimiento expreso si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se manifestarán los originales a quien debe reconocerlos y se les dejará ver todo el documento, no sólo la firma.
Artículo 1340. La apelación sólo procede en juicios mercantiles cuando su interés exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento.
Artículo 1378. Con el escrito de demanda presentará el actor las copias simples prevenidas en el artículo 1061, las cuales debidamente confrontadas se entregarán al demandado para que produzca su contestación dentro del término de nueve días.
Artículo 1379. Las excepciones que tenga el demandado, cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en la contestación y nunca después, a no ser que fueren supervenientes.
Artículo 1380. En la contestación a la demanda, en los juicios ordinarios deberá proponerse la reconvención en los casos en que proceda. De la reconvención se dará traslado a la parte contraria para que la conteste dentro del término de nueve días.
El juicio principal y la reconvención se discutirán al propio tiempo y se decidirán en la misma sentencia.
Artículo 1396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al deudor o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de cinco días comparezca el deudor ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello.
Artículo 1399. Dentro de los cinco días siguientes al embargo podrá el deudor oponer las excepciones que tuviere, acompañando el instrumento en que se funde, o promoviendo la confesión o reconocimiento judicial. De otra manera no será admitida.
Artículo 1401. Si se tratare de títulos de crédito, se observará lo dispuestos en el artículo 8º. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Artículo 1404. No verificando el deudor el pago dentro de cinco días de hecha la traba, ni oponiendo excepciones contra la ejecución, a pedimento del actor y previa citación de las partes, se pronunciará sentencia de remate, mandando proceder a la venta de los bienes embargados y que de su producto se haga pago al acreedor.
Artículo segundo. Se adicionan los artículos 1097 - bis, 1347 - A, 1394 segundo párrafo, y el título cuarto del libro V, al Código de Comercio, que se denomina "De procedimiento Arbitral", conteniendo los artículos del 1415 al 1437, en los siguientes términos:
Artículo 1097 - bis. El juez o tribunal que de las actuaciones de la incompetencia promovida, deduzca que se interpuso sin razón y con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio, impondrá una multa a la parte promovente que no exceda del equivalente de cien días de salario mínimo vigente en el lugar en que se desahogue el procedimiento.
Artículo 1347 - A. Las sentencias, laudos y resoluciones dictadas en el extranjero podrán tener fuerza de ejecución si se cumplen las siguientes condiciones:
I. Que se hayan cumplido las formalidades establecidas en los tratados y convenios en que México sea parte, en materia de exhorto provenientes del extranjero; en el caso de ejecución de laudos no se requerirá exhorto;
II. Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real;
III. Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en el derecho internacional que sean compatibles con las adoptadas por este código;
IV. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas;
V. Que tenga el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictadas, o que no exista recurso ordinario en su contra;
VI. Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano, o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar, hubieren sido tramitados y entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las autoridades del estado donde deba practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva;
VII. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden público en México, y
VIII. Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos.
No obstante el cumplimiento de las anteriores condiciones, el juez podrá negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias, resoluciones jurisdiccionales o laudos extranjeros en casos análogos.
Artículo 1394.
En las cuestiones de incompetencia y en la recusación, no se suspenderán las actuaciones relativas al embargo o desembargo de bienes, así como la rendición de cuentas por el depositario, la exhibición de la cosa embargada o su inspección.
TITULO CUARTO
Del procedimiento arbitral
Artículo 1415. Cuando las partes sean comerciantes, podrán convenir en someter a decisión arbitral las diferencias que surjan de sus relaciones comerciales. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la fórmula de una cláusula compromisora incluido en un contrato o la forma de acuerdo independiente.
El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito, pudiendo consistir en un canje de cartas, télex, telegramas o cualquier otro medio semejante.
Artículo 1416. Solamente las personas capaces pueden comprometer en árbitros sus negocios.
Artículo 1417. En el acuerdo de arbitraje se designará el negocio o los negocios que serán sometidos a juicio arbitral, así como el nombre del o de los árbitros o el procedimiento para su designación. Si falta la mención del negocio materia de acuerdo, éste será nulo de pleno derecho, sin necesidades de previa declaración judicial.
Artículo 1418. Cuando por cualquiera de los medios citados en el artículo 1415, conste que los interesados sometieron sus diferencias a la decisión y no estén nombrados el o los árbitros, ni convenida la forma de su designación, debe prepararse el juicio arbitral para que el nombramiento sea hecho por el juez.
Una vez que se haya presentado ante el juez el documento en que conste el acuerdo por cualquiera de los interesados, se citará a la junta dentro del tercer día, para que éstos se presenten a elegir árbitro, apercibiéndolos de que, en caso de no hacerlo, lo hará en su rebeldía.
En caso de que la cláusula compromisora forme parte de documento privado, al citar a la otra parte a la junta a que se refiere el párrafo anterior, se le requerirá previamente para que reconozca el documento; si se rehusare a contestar o no compareciere, se tendrá por reconocido.
Durante la junta, el juez exhortará a las partes para que elijan árbitro de común acuerdo y en caso de no conseguirlo, será el juez quien lo designe, procurando que dicho nombramiento recaiga en una persona idónea atendiendo a sus cualidades personales.
Con el acta de la junta a que se refiere este artículo se iniciarán las labores del árbitro, empezando a las partes como se determina en este código.
Artículo 1419. El acuerdo arbitral será válido a un cuando no se haya establecido el término del juicio arbitral, pero en este caso, dicho término será de sesenta días hábiles, contándose el plazo desde la iniciación del procedimiento arbitral.
Artículo 1420. Durante el plazo del arbitraje, el nombramiento de los árbitros no podrá ser revocado sino por el consentimiento unánime de las partes.
Artículo 1421. El arbitraje podrá ser nacional o internacional; las disposiciones de este código se aplicarán en los dos ámbitos, salvo en lo previsto por los convenios y tratados internacionales en que México sea parte. Si el arbitraje se llevare a cabo en México, a falta de acuerdo expreso de las partes y de las reglas del procedimiento acordadas por éstas en los términos de los artículos siguientes, se observarán las disposiciones del presente código o en su defecto del Código de Procedimientos Civiles de la entidad federativa donde se realice el arbitraje, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial.
Artículo 1422. En el acuerdo de arbitraje las partes podrán pactar expresamente las reglas procesales que se han de observar, siempre y cuando en ellas se recepten las formalidades esenciales del procedimiento. Asimismo, podrán convenir que el arbitraje se regulará por los reglamentos aprobados o utilizados por instituciones que administren procedimientos arbitrales.
Artículo 1423. En el acuerdo de arbitraje las partes podrán convenir en:
I. El número de árbitros y el procedimiento para su designación, que podrá encomendarse a un tercero, el cual podrá ser una institución administradora de procedimientos arbitrales;
II. El lugar donde se llevará a cabo el arbitraje;
III. El idioma o idiomas que deberán utilizarse en las actuaciones, pero en juicios que se ventilen en territorio nacional, necesariamente se usará el español, sin perjuicio de otro;
IV. Renunciar al recurso de apelación, y
V. Cualquier otra estipulación que estimen conveniente, incluyendo las normas que habrán de aplicarse en cuanto al fondo y al procedimiento sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 1424. Los árbitros estarán siempre obligados a recibir pruebas y oír alegatos, si cualquiera de las partes lo pidiere. Cualquier pacto en contrario se tendrá por no puesto.
Artículo 1425. Cuando el compromiso en árbitros se celebra respeto de un negocio en grado de apelación, el laudo arbitral será definitivo, sin ulterior recurso.
Artículo 1426. Las partes podrán elegir la ley que deba regir en cuanto al fondo del litigio, a menos que dicha elección no fuere válida por disposición de orden público. En caso de ausencia o invalidez de dicha elección, el árbitro o en su caso el tribunal arbitral, tomando en cuanta las características y conexiones del caso, determinará el derecho aplicable al fondo.
Artículo 1427. El acuerdo arbitral produce las excepciones de incompetencia y litispendencia, si encontrándose vigente se promueve el negocio ante un tribunal ordinario.
Artículo 1428. El arbitraje termina:
I. Por muerte del árbitro elegido con el compromiso o en cláusula compromisoria, si no se hubiese designado sustituto o si en un plazo de treinta días naturales no se pusieren de acuerdo las partes en uno nuevo o no se hubiese previsto procedimiento para sustituirlo. En caso de que no hubieren las partes designado el árbitro, sino por intervención judicial, el compromiso no se extinguirá y se promoverá al nombramiento de sustituto en la misma forma que para el primero;
II. Por excusa del árbitro o árbitros designados por las partes, por causa justificada que les impida desempeñar su oficio si las partes en un plazo de treinta día naturales, no se pusieren de acuerdo en la designación de uno nuevo; en caso de que la excusa sea presentada por el árbitro designado con intervención judicial, se procederá al nombramiento del sustituto en la misma forma que para el primero. Si el árbitro designado en segundo término se excusa del conocimiento del asunto por causa justificada, el compromiso se entenderá extinguido;
III. Por recusación, con causa declarada procedente cuando el árbitro hubiere sido designado por segunda vez por el juez, pues el nombrado de común acuerdo no se le puede recusar;
IV. Por nombramiento recaído en el árbitro designado por las partes para el desempeño por más de tres meses, de cualquier cargo de la administración de justicia que impida de hecho o de derecho la función de arbitraje. En caso de árbitro designado por el juez, se proveerá una nueva designación, y
V. Por la expiración del plazo a que se refiere el artículo 1419, salvo que las partes convengan expresamente en prorrogarlo.
Si las partes transigen en cuanto al fondo del litigio, el árbitro dará por concluido el procedimiento y, si no es contraría a las normas de orden público, aprobará la transacción dándole efectos de laudo definitivo.
Artículo 1429. Siempre que haya de designarse un árbitro sustituto se suspenderán los términos durante el tiempo necesario para hacer el nuevo nombramiento.
Artículo 1430. El laudo arbitral será firmado por todos los árbitros, pero en caso de haber más de dos, si la minoría rehusare hacerlo, los otros lo harán constar y dicho laudo tendrá el mismo efecto que si hubiese sido firmado por todos.
Artículo 1431. Si los árbitros estuviesen autorizados a designar un tercero en discordia y no lograsen ponerse de acuerdo sobre en quién ha de recaer dicha designación, acudirán al juez de primera instancia.
Artículo 1432. Los árbitros decidirán según las reglas del derecho, a menos que en el compromiso o en la cláusula se les encomendare la amigable composición o el fallo en conciencia.
Artículo 1433. Los árbitros sólo son recusables por las mismas causas que lo fueren los jueces; de las recusaciones y excusas de los árbitros conocerá el juez de primera instancia, conforme a las leyes y sin ulterior recurso.
Artículo 1434. Los árbitros pueden conocer de los incidentes, sin cuya resolución no fuere posible decidir el negocio principal. También pueden conocer de las excepciones perentorias, pero no de la reconvención sino en el caso en que se oponga como compensación hasta la cantidad que importe la demanda, o cuando así se haya pactado expresamente.
Artículo 1435. Los árbitros pueden condenar a las partes en costas, daños y perjuicios. Para emplear los medios de apremio se debe acudir ante el juez de primera instancia.
Artículo 1436. Una vez que haya sido notificado el laudo arbitral, se pasarán los autos al juez de primera instancia para efectos de su ejecución, a no ser que las partes pidieran la aclaración de dicho laudo.
Para la ejecución de autos y decretos, se acudirá también al juez de primera instancia.
Si hubiere lugar a algún recurso que fuere admisible, o admitirá el juez que recibió los autos y remitirá éstos al tribunal superior, sujetándose en todos sus procedimientos a lo dispuesto para los juicios comunes.
Artículo 1437. La ejecución en el país de laudos arbitrales extranjeros, salvo lo dispuesto en los tratados y convenios de los que México sea parte, se regirán por las disposiciones de este código o por lo previsto en el acuerdo de arbitraje y en el Código de Procedimientos local respectivo, aplicándose supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo tercero. Se derogan la fracción III del artículo 1079; la denominación del capítulo VI del título primero del libro V; la fracción III del artículo 1094; los artículos 1247 y 1250; la fracción V del artículo 1295; el capítulo 26 del título primero del libro V y los artículos 1344 y 1345 que comprende dicho capítulo del Código de Comercio.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los procedimientos que se encuentren en trámite al momento de entrar en vigor el presente decreto continuarán su curso conforme a estas disposiciones.
Tercero. Las cláusulas de sumisión expresa o de elección de foro contenidas en convenios mercantiles celebrados con anterioridad a la fecha en que entre en vigor este decreto, serán aplicables en los términos en que hubiesen sido pactados.
Cuarto. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a lo dispuesto por el presente decreto.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 19 de diciembre de 1988. - Diputados: Alberto Bernal González, Eleazar Felipe Cervantes Medina, Benjamín Clariond Reyes, Javier Culebro Siles, Oscar Chacón Iñiguez, Ramón Choreño Sánchez, Rodolfo Elizondo Torres, Humberto Esqueda Negrete, Salvador Fernández Gavaldón, Vicente Fox Quezada, Rafael Garay Cornejo, Romero Willebaldo García de la Cadena, Joaquín Garduño Vargas, Ramón Garza Rodríguez, Ignacio González Barragán, Esquipulas David Gómez Reyes, Ramiro Hernández García, Rubén Hernández Higuera, Carlos Herrera Rodríguez, Heray Lescieur Molina, Manuel López Zorrilla, Odón Madariaga Cruz, José Marín Rebollo, Miguel Martínez Castro, Leyver Martínez González, Luis René Martínez Souverville, Jorge Martínez y Almaraz, Sóstenes Melgarejo Fraga, Juan José Moreno Sada, Judith Murguía Corral, César Ricardo Naumann Escobar, Ricardo Olivares Pineda, Antonio Pariente Algarín, Ana Rosa Payán Cervera, Ramiro Pedroza Torres, Jesús Pelcastre Rojas, Félix Pérez Amador,
Alberto Pérez Fontecha, Ceferino Ramos Nuño, Humberto Roque Villanueva, Nicolás Salazar Ramírez, José Luis Salcedo Solís, Manuela Sánchez López, Demetrio Javier Sodi de la Tijera, Celia Torres Chavarría, Sergio Jesús Torres Serrano, René Oscar Treviño Arredondo, Gilberto Uzcanga Medina y Blas Vergara Aguilar."
La C. Presidenta: - En consecuencia, está a discusión en lo general, y abierto que está el registro de oradores, está inscrito para razonar el voto del Partido Popular Socialista, el ciudadano diputado Heray Lescieur Molina, quien tiene la palabra.
El C. Heray Lescieur Molina: - Señorita presidenta; honorable asamblea: El Partido Popular Socialista considera que el dictamen presentado por la Comisión de Comercio que reforma cuarenta artículos del anquilosado Código de Comercio, no satisface las necesidades de la clase trabajadora; todo lo contrario, estas reformas benefician a los empresarios, comerciantes y acaparadores, que en vez de limitar por parte del Estado sus excesivas ganancias, se les amplían las facilidades ya no sólo fiscales, sino ahora con las pretendidas reformas, en los juicios mercantiles. Los comerciantes estarán más protegidos por las autoridades, así como por los preceptos jurídicos.
El Titular del Poder Ejecutivo, desde su campaña política electoral insistió en que la llamada política moderna, y que en la práctica no es otra cosa que ante la pugna de intereses de clases, favorece los de la clase que detenta el poder político y económico.
Grave nos parece a los diputados del Partido Popular Socialista, lo que como consecuencia traerá al interior del país las reformas, pero más grave es que aquí se pretende legislar de tal suerte que, como lo expresa la fracción IV del artículo 1074 del propio código, que a la letra dice: "Los exhortos provenientes del extranjero que sean transmitidos por conductos oficiales, no requerirán legitimación, y los que se remitan al extranjero sólo necesitarán la legalización exigida por las leyes del país en donde se deban diligenciar". Lo anterior demuestra que se deja indefenso al país, y a los países extranjeros se les beneficia.
Lo menos que podemos pedir es reciprocidad; es inaceptable que se sigan dando facilidades al comercio exterior que está en manos de empresas transnacionales en perjuicio del comercio nacional.
Evidentemente entre las reformas existentes, algunas que debido a lo obsoleto del código merecen cambio, que francamente acusan tardanza, como son las que se refieren a las multas, al criterio de precisar horas hábiles, de domicilios y otros aspectos ciertamente secundarios; pero al Partido Popular Socialista le preocupa lo sustantivo de las reformas, artículos que tendrán trascendencia en la legislación mercantil, y sobre todo en el nivel de vida del pueblo mexicano, pues no se favorece a una de las partes que en cualquier juicio intervienen, a la más desvalida.
A pesar de que quienes formamos parte de la comisión y pertenecemos a la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, entregamos por escrito nuestros puntos de vista; éstos no sólo se recogen en el dictamen, sino que ni siquiera fueron examinados con profundidad en el seno de la comisión, es por ello que el Partido Popular Socialista en un momento votará en contra, rechazará y combatirá las medidas negativas propuestas, y por mi conducto expresa su solicitud para que así se asiente en el Diario de los Debates. Atentamente. ¡Viva México!
La C. Presidenta: - Insértese en el Diario de los Debates.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Mario Ruíz de Chávez , en pro.
El C. Mario Ruíz de Chávez y García:
- Con la venia de la compañera presidenta: Quisiera, compañeros diputados, en esta muy breve intervención, señalar que nuestro compañero del Partido Popular Socialista ha incurrido, seguramente de manera involuntaria, en dos errores.
Esta iniciativa cuyo dictamen se presenta a vuestra elevada consideración, es de la autoría del señor licenciado Miguel de la Madrid y no del señor Presidente actual, licenciado Carlos Salinas de Gortari; y la segunda equivocación, a mi juicio, o quizá sea mía, es que al escuchar la crítica que se hace al proyecto de dictamen a su consideración, pensé que escuchábamos la crítica de un documento político y no de modificaciones de carácter técnico y modificaciones al derecho adjetivo, o sea al derecho de los procedimientos mercantiles; cuando escuché a nuestro compañero alegar que esta iniciativa no favorecía a las clases trabajadoras, sino que favorecía la especulación y las ganancias de los comerciantes protegidos por la política moderna. Yo quiero aclararle a nuestro compañero que los trabajadores del derecho, los que hemos sido litigantes en derecho público, en derecho social y en derecho privado, porque nuestra Constitución reconoce la propiedad privada y con ella, aunque claro, la somete a una función social, pero con ella a toda una rama del derecho mexicano que es el derecho privado, que carece de ideología, porque su único propósito es alentar la fluidez de las operaciones, del comercio, efectivamente del comercio interno y del comercio internacional, que como todos sabemos está basado fundamentalmente en los convenios que éste nuestro país ha celebrado en forma bilateral,
pero también al participar en las organizaciones internacionales de comercio como es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y la Asociación Latinoamericana de Integración, ha suscrito convenios en que se obliga a otorgar facilidades al comercio internacional.
En efecto, se pretende facilitar la substanciación de los exhortos que vienen del extranjero, pero a cambio, en esos convenios están establecidas modalidades similares en el mundo del derecho internacional mercantil, cuya existencia tampoco podemos negar.
Yo creo que los trabajadores del derecho, porque en cualquier momento podemos regresar a nuestra condición de ciudadanos a vivir y trabajar de esta actividad, debemos manifestar nuestro reconocimiento porque cuando estudiamos la ciencia, la bella ciencia del derecho y en ocasiones salimos a la vida forense, el mayor desaliento, la experiencia más frustrada es cuando no vemos correspondencia entre la norma jurídica que aprendimos en el aula, al encontrar en la justicia y particularmente en el litigio en materia privada, una serie de prácticas tortuosas que abogados "rabularios" acostumbran a implantar en todos los juicios, no para que se diga el derecho, no para que se logre la justicia, sino con objeto de dilatar interminablemente los procedimientos judiciales, precisamente, esto sí, para favorecer intereses ilegítimos.
Que el comercio exterior esté en manos de empresas transnacionales, esto es verdad, pero yo le recuerdo a nuestro compañero que con nuestra Constitución en la mano, con nuestro proyecto común revolucionario, con la política que deriva de nuestros mandamientos constitucionales, habremos de dar cumplimiento a ese artículo 27 constitucional para que el derecho de la propiedad, no el derecho natural de la propiedad, sino el derecho que instituye nuestra Constitución, habremos de vigilar que cumpla con la función social a que la somete el Constituyente de 1917, para que un mejor sistema jurídico que favorezca las operaciones mercantiles, pero a través de la práctica y de la aplicación de un derecho mercantil mucho más ágil y ¿por qué no decirlo?, mucho más moderno, como el que se logra con estas modificaciones nos sirva para el sentido del voto que usted ha expresado, para mejorar el nivel de vida del pueblo mexicano.
De tal manera, que al aprobar estas modificaciones que servirán para agilizar los procedimientos de la justicia en materia de derecho mercantil, de derecho privado, naturalmente servirá con objeto de expeditar la justicia y de hacerla gratuita, para que los litigantes no tengamos que andar corriendo detrás de los actuarios, con las gratificaciones para que cumplan con su cometido, porque ahora esta ley adjetiva de procedimientos mercantiles, establece sanciones para los funcionarios públicos como los secretarios, como los actuarios, que no cumplan con oportunidad con las obligaciones que les establecen estas modificaciones.
Creo que interpreto sinceramente el sentir de los trabajadores del derecho, de los abogados, de los litigantes sociales que habremos de ver agilizados estos procedimientos y que se impedirán prácticas burocráticas, vicios y con ellos la corrupción que tenemos que lamentar haber encontrado en la función jurisdiccional, particularmente en materia de derecho privado. Por todas estas consideraciones, yo pido a la soberanía de esta asamblea, aprobar en sus términos el proyecto de dictamen que mejora substancialmente el derecho mercantil, y que lo acompasa de acuerdo con los convenios internacionales que ha suscrito nuestro país a la modernidad también política y también en materia de justicia de derecho mercantil. Gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández.
El C. Jesús Antonio Carlos Hernández: - Ciudadana diputada presidenta; honorable asamblea: A partir de que México por decisión del gobierno anterior se somete a una de las condiciones de la comunidad financiera internacional, y además de lo que ya hemos venido aquí discutiendo una y otra vez, como es la reducción del gasto público, la reprivatización de las empresas del Estado, la sujeción de los aumentos salariales; ahora, con estas reformas al Código de Comercio, aceleramos más el paso para incorporarnos al famoso Acuerdo General de Comercio y Tarifas, y además a seguir liberalizando el comercio exterior, que no es otra cosa que eliminar las restricciones, las tarifas, los requerimientos para la importación libre de productos extranjeros que han invadido el mercado nacional, a través de una medida mucho más preocupante, es decir, a partir de ahora más de 8 mil productos extranjeros, a los que antes se imponía una serie de restricciones para su importación, para su comercialización en el interior del país, ahora se trafican y transitan libremente en el mercado interior de México.
Estas reformas al efectivamente obsoleto y anquilosado Código de Comercio, que a nuestro juicio requiere ser revisado de fondo y establecer una nueva legislación mercantil, porque el Código de Comercio que actualmente rige, pues nace nada menos que en el apogeo de la dictadura porfiriana y todavía en este México revolucionario, después de casi ochenta años de Revolución, sigue vigente a ciencia y paciencia, efectivamente de un sistema político, económico y social que privilegia todavía la propiedad privada.
Nosotros, el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, hemos examinado este paquete de reformas al Código Civil, al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales y al Código de
Comercio, y efectivamente no hemos encontrado nada que efectivamente favorezca los intereses populares.
Con lo que hemos discutido aquí, se ha evidenciado lo que los viejos maestros nos decían en las aulas de la propia Universidad, el Código Penal se hizo para los pobres, el Código Civil para los ricos y el Código de Comercio para los grandes potentados. (Aplausos.)
Y particularmente con estas reformas, a contrapunto de lo señalado por el diputado Ruíz de Chávez, quien ha reconocido la corrupción existente en la práctica forense de México, nosotros hemos afirmado que la corrupción es un fenómeno inherente al sistema capitalista, cuya ley principal señala que debe buscarse el mayor lucro con el menor esfuerzo, caiga quien caiga; el señor diputado Ruíz de Chávez reconoce que efectivamente la corrupción se enseñorea en nuestros tribunales, que conste que él mismo lo reconoció aquí en esta tribuna, y afirma que con estas medidas, con estas reformas se pondrá coto a esta corrupción.
Es el mismo estribillo que hemos venido escuchando a través de los decenios, a través de lustros y de años de reformas para erradicar la corrupción de nuestras prácticas forenses, lo cierto es que desgraciadamente esta corrupción sigue aumentando una y otra vez.
Nosotros demandamos que en lugar de esta serie de reformas parciales, de esta serie de parches a la legislación mercantil de México, que recoge en lo esencial todavía los postulados esenciales del viejo Código Napoleónico, incluso de la vieja legislación española que nace con las propias ordenanzas de Kolber, el ministro español de aquellos tiempos, este anquilosado Código de Comercio deber ser reformado de fondo, para establecer efectivamente normas ágiles, modernas que regulen la distribución, los abastos en la población mexicana.
Pero por lo que se refiere al comercio exterior, nosotros hemos demandado una reforma de fondo, hasta concluir con un objetivo básico y esencial para garantizar con justicia las relaciones económicas de México con el extranjero y esta demanda consiste simple y sencillamente en lugar de estas reformas parciales, limitadas y muchas veces absurdas, la demanda fundamental del Partido Popular Socialista en este punto es que se nacionalice el comercio exterior, para que de esa manera se apliquen los postulados revolucionarios efectivamente del artículo 27 constitucional que lucha por preservar las riquezas nacionales, fortalecer nuestro mercado interior y establecer relaciones de trato más justas con la comunidad económica mundial.
Esa es la demanda esencial, la demanda de fondo, por eso estas pequeñas reformas, estos parches al anquilosado, porfiriano y retrógrado Código de Comercio, no satisface las aspiraciones del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, y de ahí nuestro voto en contra de este dictamen. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidencia: - Consulte la secretaría a la asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si está suficientemente discutido el dictamen.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Suficientemente discutido.
La C. Presidenta: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento, se pregunta a la asamblea si va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...Por no haber quien haga uso de la palabra, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un sólo acto.
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un sólo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El C. secretario José Murat C.: - Se emitieron once abstenciones, treinta y un votos en contra y trescientos veintitrés votos en pro.
La C. Presidenta: - Aprobado en lo general y en lo particular por trescientos veintitrés votos el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio.
El C. secretario José Murat C.: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
Y EL BANCO INTERNACIONAL
DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO
La C. Presidenta: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma al que autorizó el Ejecutivo Federal a firmar, en representación del gobierno de México, los convenios
constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Trámite: - Segunda lectura.
El mismo C. Secretario:
"Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable asamblea: El Ejecutivo Federal, en uso de las facultades que le confiere el artículo 71, fracción I de nuestra Constitución, ha presentado ante esta soberanía la iniciativa de decreto que reforma al que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
La iniciativa que somete el Ejecutivo a la soberanía de esta honorable asamblea, tiene como objeto actualizar la participación de México en el capital del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y solicita autorización de este honorable Congreso de la Unión para aceptar enmiendas al Convenio Constitutivo al suscrito con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Del análisis efectuando por esta comisión, con fundamento en los artículos 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, se presenta a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
DICTAMEN
1º. La iniciativa que se dictamina contiene una propuesta congruente con los aumentos de capital que acordó la Asamblea de Gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento en sus resoluciones 424 y 425 del 3 de febrero y 27 de abril del año en curso.
Conforme a tales resoluciones, México como miembro del citado organismo internacional de financiamiento, tiene derecho a participar en el aumento del capital de este último, que le permitirá ampliar su cobertura de financiamientos destinados a los países en vías de desarrollo como lo es el nuestro.
La participación de nuestro país en tales suscripciones adicionales en el capital del banco que nos ocupa, es necesaria y conveniente, pues de esa manera se le permite conservar su posición, conservar las proporciones en su poder de voto y facilitarle la contratación de recursos financieros para los próximos años.
La iniciativa, por lo tanto, solicita al Congreso de la Unión la autorización correspondiente que permita a nuestro país complementar sus programas financieros para los próximos años, a fin de promover el desarrollo económico y contrarrestar el efecto de la escasez de recursos de financiamiento por las contracciones en los mercados financieros internacionales.
2º. Nuestro país cuenta con apoyo financiero del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que le permite financiamientos atractivos en cuanto plazos y tasas de interés mucho más favorables que los financiamientos comerciales.
Al 30 de junio de 1987, el banco había autorizado 102 créditos a México por un total de 10 mil 496 millones de dólares, los que se han destinado a obras de infraestructura en los ramos de comunicaciones, recursos hidráulicos y agua potable necesarias para el desarrollo del país y que dichos recursos han complementado los esfuerzos de ahorro interno con fondos provenientes del exterior, en términos y condiciones más favorables de los que se obtienen en los mercados privados de capital.
La iniciativa que nos ocupa, señala que en los próximos años se espera que el banco otorgue a México préstamos por un monto anual aproximado de 1 mil 500 a 2 mil millones de dólares.
3º. De conformidad con las resoluciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento adoptadas por su Asamblea de Gobernadores, México podrá participar con una suscripción que le permitirá aumentar hasta mil acciones adicionales con valor, cada una de 100 mil dólares de Estados Unidos de América, del peso y ley vigentes al 1º de julio de 1944, que significan una cantidad equivalente a los 120 millones, 630 mil dólares.
Señala el Ejecutivo en la iniciativa que nos ocupa, que a México le está permitido realizar el pago de dichas acciones en la forma siguiente: el 91.25% de su monto será capital exigible y sólo el 8.750% se pagará en efectivo, mediante la entrega del equivalente a 0.875% en divisas internacionales y al 7.875% en moneda nacional.
Asimismo, expresa la iniciativa, que por aumentar los diversos, se hará posible la suscripción de 620 mil acciones con importe de 74 mil 800 millones de dólares de Estados Unidos de América, del peso y ley vigentes al 1º de julio de 1944.
De este aumento, le corresponde a nuestro país, la suscripción de 8 mil 251 acciones adicionales con valor de 995 millones, 350 mil dólares corrientes.
La forma de pago de este incremento corresponde hacerla en una porción equivalente al 3% del mismo que se pagará en efectivo, en tanto que el 97% restante será capital exigible, respecto al capital pagadero en efectivo, el 0.3% se tiene que pagar en divisas y el 2.7% en moneda nacional.
Al suscribir México las 9 mil 251 acciones a que tiene derecho de conformidad con los dos aumentos de referencia, incrementará su participación de 9 mil 553 a 18 mil 804, manteniendo con ello su actual proporción de 1.32% en el capital y las ventajas correlativas a que se ha hecho mención, lo que hace resaltar la importancia de la iniciativa del Ejecutivo.
4º. Para el logro de lo anterior, la iniciativa propone a esta honorable asamblea reformar el artículo 4º. del decreto antes mencionado publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1945, a fin de permitir la suscripción de acciones o partes sociales del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento hasta por la cantidad adicional de 925 millones, 100 mil dólares de Estados Unidos de América, del peso y ley vigentes al 1º. de julio de 1944, para hacer un total de 18 mil 804 acciones por la suma de 1 mil 880 millones, 400 mil dólares del citado peso y ley.
El Ejecutivo Federal, igualmente expresa en su iniciativa que en la resolución 417 de fecha 30 de junio de 1987 intitulada "Enmienda del Convenio Constitutivo del Banco", la Asamblea de Gobernadores acordó proponer a los países miembros que se modifique de cuatro quintas partes al 85%, el porcentaje de votación requerido para realizar modificaciones a dicho Convenio Constitutivo conforme al artículo 8º., inciso a) del mismo. Y de acuerdo con el artículo 16 del decreto de fecha 26 de diciembre de 1945, que autoriza al Ejecutivo Federal para firmar, en representación del gobierno de México, el texto del convenio sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el gobierno federal requiere la autorización expresa de este honorable Congreso de la Unión, para aceptar enmiendas al Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento .
5º. La comisión que suscribe, después de examinar el objeto y finalidades de la iniciativa que se dictamina ha llegado a la conclusión de que son procedentes las reformas propuestas, por lo cual se permite someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA AL QUE AUTORIZO
AL EJECUTIVO FEDERAL A FIRMAR,
EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO
DE MÉXICO, LOS CONVENIOS
CONSTITUTIVOS SOBRE EL FONDO
MONETARIO INTERNACIONAL
Y EL BANCO INTERNACIONAL
DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO
Artículo primero. Se reforma el artículo 4º. del derecho que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar en representación del gobierno de México en Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para quedar como sigue:
Artículo 4º. El Banco de México hará, con la garantía del gobierno federal, la suscripción de acciones o partes sociales del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento hasta por cantidad adicional de novecientos veinticinco millones, cien mil dólares de Estados Unidos de América del peso y ley vigentes al 1º. de julio de 1944, para hacer un total de 18 mil 804 acciones por la suma de mil ochocientos ochenta millones, cuatrocientos mil dólares del peso y ley mencionados.
Artículo segundo. Lo dispuesto por el artículo anterior se hará mediante la suscripción de hasta 1 mil acciones de carácter especial, acordada para México, que se pagará en la forma señalada por la Resolución 424 de la Asamblea de Gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; así como por la suscripción de hasta 8 mil 251 acciones, que se pagará en la forma prevista por la Resolución 425 de la Asamblea de Gobernadores del citado banco.
Artículo tercero. Se autoriza al Ejecutivo Federal para que en representación del gobierno de México, acepte las enmiendas al artículo 8º., inciso a) del Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para
que se modifique de cuatro quintas partes, al 85% de los votos totales, los requeridos para reformar el citado convenio, todo ello conforme a la Resolución 417 acordada el 30 de junio de 1987, por la Asamblea de Gobernadores de dicho banco.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo. - México, Distrito Federal, a 26 de diciembre de 1988. - Los diputados miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. - Manuel Cavazos Lerma, presidente; Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, secretario; Valdemar Soto Jaimes, secretario; Humberto Roque Villanueva, Enrique Martínez y Martínez, Rogelio Montemayor Seguy, Eloy Argos García Aguilar, Reyes Antonio Silva Beltrán, Juan Manuel Verdugo Rosas, Antonio Alvarez Esparza, Julián Orozco González, Everardo Vargas Zavala, Rodolfo Paniagua Alvarez, Martín Gavica Garduño, Marco Antonio Rojas Flores, Esquipulas David Gómez Reyes, Napoleón Cantú Serna, Alberto Amador Leal, Martha Patricia Rivera Pérez, Francisco Javier Santillán Oceguera, Javier Bonilla Chávez, José Luis Salcedo Solís, Artemio Meixueiro Sigüenza, Martha García Rivas Palmeros, Rafael Pedro Garay Cornejo, Raúl García Leal, Joaquín Ruíz Becerra, María del Rosario Guerra Díaz, Ricardo Olivares Pineda, Victorio de la Torre de la Torre, Antonio Pariente Algarín, Salvador Sánchez Vázquez, Nicodemus Santos Luck, Mauricio Valdez Rodríguez, Ismael Garza T. González, Salvador Miranda Polanco, Joaquín Garduño Vargas, Noé Aguilar Tinajero, Alejandro Díaz Pérez Duarte, César Coll Carabias, Alfonso Méndez Ramírez, José Ramón Medina Padilla, Ramón Martín Huerta, Pedro Rigoberto López Alarid, Miguel Hernández Labastida, José Antonio Gándara Terrazas, Carmen Mercado Téllez, Miguel Ángel Almaguer Zárate, Sergio Quiroz Miranda, José Jaime Enríquez Félix, Roberto Jaramillo Flores, Pedro López Díaz, Alberto Pérez Fontecha, Gilberto Ortíz Medina, Lorenzo Ruíz Gómez, María Teresa Dorantes Jaramillo, Jorge Martínez y Almaraz y Manuel Patricio Estévez Nenninger."
La C. Presidenta: - En consecuencia, está a discusión en lo general, y abierto que se encuentra el registro de oradores, se han inscrito en contra los ciudadanos diputados Ernesto Rivera Herrera y Luis Vicente Coca Alvarez.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Ernesto Rivera Herrera.
El C. Ernesto Rivera Herrera: - Honorable presidencia; señoras y señores diputados: El Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, constituyen los llamados mellizos de Bretton Woods, lugar de su nacimiento en 1944.
Originalmente, los propósitos del Banco Interamericano o Internacional de Reconstrucción y Fomento, llamado también Banco Mundial, fueron por un lado, la reconstrucción de la Europa devastada por la segunda guerra mundial, y el apoyo financiero al desarrollo de los países subdesarrollados de Asia, África, y América Latina.
Poco a poco, desde su nacimiento a esta fecha, el Banco ha sido dirigido y ahora totalmente controlado por el gobierno de Estados Unidos de América; la junta de gobernadores, cúpula directiva, y el órgano de directores ejecutivos son prácticamente impuestos por este país; el poder de voto de cada director es de doscientos cincuenta votos del país que representa, más un voto por cada 100 mil dólares de capital suscrito; el poder de votación en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento es controlado por Estados Unidos de América, país que con ese inmenso poder establece la política financiera y las condiciones de los préstamos.
Actualmente, el poder de votación de la Comunidad Económica Europea es de 26%, el de América Latina en su conjunto es de 6.9% y el de Estados Unidos de América 29.5%; en virtud de ese control, el Banco Mundial ha trastocado los propósitos de apoyar el desarrollo de los países atrasados por el de orientar su política financiera, a imponer la que convenga al objetivo esencial de convertirnos en países tributarios y liquidar nuestra independencia política y económica, entrometiéndose en las decisiones soberanas del país.
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ha pasado así a convertirse en un organismo agiotista, que impone condiciones para el destino de los préstamos y se reserva la facultad de realizar auditorías a los países a los que destina los préstamos.
El costo de la captación de recursos financieros, es para el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento notablemente más bajo que el de otros organismos; ello supondría que la tasa de interés de los préstamos fuese también notablemente más baja, como efectivamente ocurría en los primeros años de sus operaciones; sin embargo, en el transcurso de los años se observa un aumento progresivo de las tasas de interés hacia América Latina, pues para la década de los sesenta, ésta fue de 6% a 7%, en los setenta pasó de 9% o 10%, de 1981 a la fecha, ha rebasado la tasa del 12%.
Por otra parte, todo el proyecto apoyado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, debe presentar una rentabilidad o una tasa de retorno equivalente a las vigentes en el mercado que financien la expansión futura del proyecto, sin comprometer el pago de la deuda y sus costos de operación, con lo cual el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento se convierte también en un organismo de saqueo de recursos financieros.
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por otra parte, cuando aprueba un proyecto lo hace sobre la base de favorecer las importaciones de los países desarrollados en detrimento de la producción interna.
Pretender apoyar la propuesta del Ejecutivo, sería tanto como aceptar que la crisis económica estructural que sufre el país es producto de un exceso de la demanda, y por tanto, se debiera abandonar la participación productiva y reguladora del Estado, abriendo y ensanchando el camino a los productos provenientes del exterior.
Partimos pues del hecho real y objetivo de que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no son organismos de apoyo a ayuda financiera para el desarrollo, sino verdaderos instrumentos que utiliza el imperialismo para imponer una estrategia económica o un programa de ajuste, cuyas características las conocemos los mexicanos, porque por un lado han trasladado los efectos de la crisis sobre el pueblo trabajador, y por el otro, han obtenido la propiedad de las empresas que la Revolución Mexicana había rescatado de manos extranjeras.
Es hora de abandonar el camino de la entrega y la sumisión, nuestro país no debe seguir transitando por la vía que se señala del exterior, por lo que no podemos ni debemos fortalecer ni incrementar la participación de los organismos de saqueo como lo es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Por las razones expuestas, el voto del Partido Popular Socialista, será en contra del proyecto de dictamen. Muchas gracias, señores.
La C. Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Vicente Luis Coca.
El C. Vicente Luis Coca Alvarez: - Compañera diputada presidenta; compañeras y compañeros diputados: He solicitado el uso de la palabra para emitir un voto particular, que desde luego será en contra del dictamen, de la iniciativa que somete el Ejecutivo a la soberanía de esta honorable asamblea, y en la que en lo medular tiene por objeto actualizar la participación de México en el capital de Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y de igual forma, autorización para aceptar enmiendas al convenio constitutivo suscrito por el Fondo Monetario Internacional y el citado Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana expresa por mi conducto su inconformidad, pues una vez más es evidente la incongruencia entre lo que se dice y lo que se pretende hacer, de autorizarse la iniciativa que nos ocupa.
En efecto, el dictamen en cuestión solicita de la aprobación de la asamblea, a fin de que con el instrumento que se propone pueda nuestro país complementar sus programas financieros para los próximos años, a fin de promover el desarrollo económico y contrarrestar el efecto de la escasez de recursos de financiamiento, por las contracciones en los mercados financieros internacionales.
Por una parte, tenemos el discurso inaugural del Ejecutivo, que promete a la nación que antes de pagar, primero está volver a crecer; ante los intereses del capital foráneo, primero estarán los intereses de la nación y finalmente un no definitivo a continuar por la vía del endeudamiento en la ya de por sí asfixiante deuda externa, un no tajante a la exportación neta de capital y un no tajante al endeudamiento creciente, que no es otra cosa que la transferencia de nuestros recursos, con el consiguiente ensanchamiento de la terrible hipoteca que pesa sobre todos los mexicanos.
Pero por otra parte, y es aquí donde yo quiero llamar la atención de todos los compañeros diputados de esta LIV Legislatura, estaríamos autorizando promover financiamiento externo en base a posibles contracciones de los mercados financieros internacionales. ¿Qué significa esto?, que de nueva cuenta estaríamos entregando al Ejecutivo un cheque firmado en blanco.
Esta misma figura la habíamos advertido del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación, que a tiempo la analizamos, y con el apoyo de los distintos grupos parlamentarios pudimos enmendar
para corregir el abuso que se venía cometiendo al trasladar facultades exclusivas que resultan indelegables de esta Cámara al propio Ejecutivo.
En una actitud sin precedentes, pudimos enmendar lo sustantivo al segundo párrafo del artículo 2º. de la citada iniciativa de Ley de Ingresos, sin embargo, ahora se nos quiere presentar una alternativa distinta, pero como ya dijimos, en esencia significa lo mismo.
Si bien es cierto que la iniciativa incomento nos advierte sus bondades en el sentido de que las tasas de interés son mucho más favorables que la de los financiamientos comerciales, éstos son créditos blandos; en otra parte del dictamen se señala que se espera con esta autorización, que el banco otorgue a México préstamos por un monto anual aproximado de entre los 1 mil 500 y 2 mil millones de dólares.
Aquí valdría la pena preguntarle al compañero diputado presidente de la Comisión de Hacienda, si dicho monto está contemplado dentro del endeudamiento; el único autorizado por esta Cámara en este período fue de hasta por 10 mil 500 millones de dólares, a través del dictamen que aprobó la Ley de Ingresos de la Federación, ¿o es que esos montos son otros recursos de los que también piensa disponer el Ejecutivo para su refinanciamiento?.
En la parte expositiva del dictamen, se habla de los montos a que me refiero, de 1 mil 500 a 2 mil millones de dólares por monto anual, y sin embargo, los tres únicos artículos de que consta la iniciativa del derecho relativo, no se precisan esos montos, no se cuantifican en pesos y centavos, o seguramente está redactado con ese lenguaje críptico que se acostumbra, pero que el pueblo no entiende y que aquí vale la pena dejarlo suficientemente claro, conciso y hasta por los montos únicos, en los que por consenso esta Cámara ha autorizado al Ejecutivo.
Por lo lesivo que ha sido en la supervisión que realizan los misioneros y técnicos de dichas fuentes financieras, en lo que concierne a la orientación de los programas que se han ejecutado en nuestro país desde 1944, quiero preguntar, ¿cuál sería la opinión de la comisión desde el punto de vista de las decisiones soberanas que sólo competen al pueblo de México, al permitir que el Ejecutivo en representación de nuestro país, firme la renovación de los convenios a que alude la iniciativa que nos ocupa?
"Señores diputados, el partido Auténtico de la Revolución Mexicana considera, que el anhelo que el Generalísimo José María Morelos ha plasmado en la unidad latinoamericana, hoy cobra mayor vigencia, ya que ante el deterioro de la economía del dólar y ante sus pretensiones de imponer a la América Latina nuevas fases de colonialismo y penetración económica, es el momento de cristalizar un auténtico mercado común de integración latinoamericana que unifique a todos los países deudores de nuestro subcontinente, a fin de que podamos cambiar las reglas del juego de nuestras economías respecto de los grandes centros financieros de los países hegemónicos del norte; por tanto, demandamos a esta soberanía el pronto análisis de estas alternativas, ante la evidente obsolescencia de los mecanismos de saqueo que nos han pulverizado como naciones soberanas.
Por todo lo anterior, ruego a la presidencia de esta Cámara, excite a la comisión de su origen para su ulterior desarrollo, precisión y aclaraciones del dictamen que se han señalado en términos del artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.
Atentamente.
Diputados: Vicente Luis Coca Alvarez, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Alberto Pérez Fontecha, Jesús González Bastién, Hiram Rivera Teja y Manuel Patricio Estévez Nenninger.» Muchas gracias.
La. C. Presidenta:- Insértese en el Diario de los Debates el voto particular presentado por el ciudadano diputado Coca, a nombre del partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Tiene la palabra el diputado Valdemar Soto Jaimes, por la comisión.
El C. Valdemar Soto Jaimes:- Ciudadana presidenta; compañeras y compañeros diputados: Hago uso de la palabra en favor del dictamen que se somete a consideración de esta soberanía, respecto a la iniciativa del Ejecutivo de la Unión para reformar el convenio constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
En el curso de mi participación trataré de aclarar algunas dudas que tiene; por una parte, el compañero diputado Rivera, al señalar por ejemplo que las tasas de interés que cobra el banco son muy elevadas, señala que el poder de votación de Estados Unidos de América en el Banco Mundial es poco menos del 30% y en la actualidad, compañero diputado Rivera, el poder de votación de Estados Unidos de América es de apenas el 17.56%.
Tal vez también convenga aclarar que cuando surgió la crisis financiera internacional, esto es,
en los años de 1982, 1983 y 1984, sólo le concedieron financiamientos a México para su desarrollo, el Banco interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial; el dictamen en esta ocasión solamente se refiere a aumentar por parte de México su participación en el propio capital del banco, por una parte, y por la otra, elevar al 85% el poder de votación de los miembros del propio banco en lugar del 80% que se tenía pactado.
Ya en ocasiones anteriores se han discutido en esta Cámara iniciativas similares y que en el dictamen que proponemos se apruebe, sin embargo, también considero importante comentar algunas características especiales de este organismo financiero internacional.
Sabemos todos que su principal objetivo es el de canalizar recursos financieros a sus países miembros en condiciones preferenciales para el desarrollo de proyectos productivos y de alto contenido social; por ello, la participación de México en el capital social del banco se considera de gran importancia, toda vez que el apoyo que otorga el país mediante la suscripción de acciones de capital, fortalece la relación con ese organismo internacional.
Apuntaba el compañero Coca que la aportación, o que pudiera pensarse que se trata de un endeudamiento más la suscripción de las acciones que plantea la iniciativa y que propone el dictamen, que sea autorizada.
Yo quiero señalarle al compañero Coca y a todos ustedes, señores diputados, que la contribución de México al Banco Mundial mediante la adquisición de estas acciones, no representan para nuestro país una salida fuerte de recursos, ya que en el caso de la suscripción particular, sólo el 8.75% se pagará en efectivo, en tanto que el 91.25% restante será capital exigible, monto que por supuesto no significa, no implica un desembolso digno de recursos, sino que puede catalogarse como un movimiento virtual.
De este porcentaje, el 0.875% se cubrirá en divisas y el resto, 7.875% en moneda nacional que se queda en el país, que no sale del país, en lo que toca al aumento general del capital, el pago en efectivo equivale a sólo el 3% de ese total, en tanto que el 97% será capital exigible y de este total el 0.3% se paga en dólares y el 2.7% restante en moneda nacional, que también se queda en nuestro país.
En resumen, para suscribir estas acciones que no es deuda adicional ni se trata de encubrir, toda vez que los montos ya quedaron precisamente o perfectamente bien establecidos al aprobar ustedes la Ley de Ingresos, repito, no se trata de una nueva deuda externa, de un proyecto a endeudarnos más, se trata de suscripción de acciones.
Por ello y del total de estas acciones de 1 mil 115 millones 980 mil dólares que significa el importe de la suscripción, nuestro país entregará poco menos de 4 millones de dólares y éstos van a ser pagados durante cuatro años de plazo, es decir, estaremos pagando alrededor de 1 mil millones de pesos anuales para obtener, sí, así se espera, financiamiento que oscilen entre 1 mil 500 y 2 mil millones de dólares, pero esto sí en el supuesto de que los podamos adquirir a partir del año que entra, están contemplados dentro del monto global que ya autorizó al Ejecutivo a endeudarse, esta Cámara de Diputados.
Por otra parte, creo también que es bien importante señalar a ustedes o recordarles a ustedes que auténticamente los financiamientos que otorga el Banco Mundial a nuestro país, efectivamente son créditos blandos y así también quiero comentar lo que apuntaba el diputado Rivera, son blandos porque son a bajas tasas de interés, y las tasas que actualmente está cobrándole a México el Banco Mundial son del 7.5% anual sobre saldos insolutos.
Adicionalmente nos otorgan plazos muy amplios para su amortización, plazos que oscilan entre quince y veinte años, y además, durante el período de inversión de los proyectos nos otorgan plazos de gracia hasta por cinco años.
Se apuntaba también por otra parte, lo apuntaba el compañero diputado Coca, creo que espero haber podido responder a su inquietud por cuanto a que apuntaba que podría ser también como se manejó un cheque en blanco; no se trata, pues de ningún cheque en blanco, se trata de la suscripción de acciones del Banco Mundial.
Si se compara el monto de recursos a suscribirse con el monto probable a obtener de financiamientos, como ya lo señalamos, de alrededor de 1 mil 500 a 2 mil millones de dólares, es obvio que el saldo que arroja esta comparación es positiva; pero también quiero comentarle al compañero Rivera, que en el Banco Mundial que igualmente son miembros del Banco Mundial diversos países socialistas, entre ellos está la República Popular China, Rumania, Yugoslavia, Polonia, Hungría y otros más, esto pues, significa a la apertura política a todas las corrientes de todos los países, e importante también lo es el que los recursos del fondo se destinan fundamentalmente para el desarrollo, para proyectos productivos y prioritarios de los países en desarrollo.
Y solamente para los países desarrollados se vinculan en los financiamientos que se otorgan a los países en desarrollo, solamente en los casos de concursos internacionales para dotar de equipo o para la construcción de la obra, si el proyecto así lo amerita.
Por todo lo expuesto, principalmente...
El C. Sergio Quiroz Miranda (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?
La C. Presidenta: - ¿Acepta una interpelación, ciudadano diputado Soto?
El C. Valdemar Soto Jaimes: - ¡NO!
La C. Presidenta: - No la acepta, diputado.
El C. Valdemar Soto Jaimes: - Por lo expuesto, pero principalmente porque consideramos, todos lo sabemos, que los préstamos a México que otorga el Banco Mundial son preferibles por las bajas tasas de interés y por los plazos amplios de amortización, consideramos los miembros de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, que hoy más que nunca la participación de México en los organismos y en los foros internacionales debe llevarse a cabo, no sólo porque constituyen la aplicación de los principios que nuestro país ha sostenido en política exterior y cooperación internacional, sino también porque los apoyos de organismos financieros internacionales como los del Banco Mundial, son necesarios como complemento al ahorro interno para la ejecución de proyectos productivos y prioritarios.
Por todo ello, compañeras y compañeros diputados, les pido su voto favorable al dictamen de la iniciativa que se analiza, en virtud de que propone medidas que el país requiere en los momentos actuales. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Consulte la secretaría a la asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.
El C. Prosecretario Juan Jaime Hernández: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si el dictamen está suficientemente discutido.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
La C. Presidenta: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular... Entonces, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un sólo acto.
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un sólo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El C. prosecretario Juan Jaime Hernández: - Señora presidenta, se emitieron trescientos veinticuatro votos en pro, treinta en contra y una abstención.
La C. Presidenta: - Aprobado en lo general y en lo particular por trescientos veinticuatro votos el proyecto de decreto que reforma el que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar en representación del gobierno de México, los convenios constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
EL C. prosecretario Juan Jaime Hernández: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La C. Presidenta: - Por acuerdo de la asamblea, un punto pendiente del orden del día, es la lectura del acta de la sesión anterior.
Acta de la sesión ordinaria de la Quincuagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.
Presidencia de la diputada Socorro Díaz Palacios
En la ciudad de México, Distrito Federal, a las dieciocho horas con seis minutos del día veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, con una asistencia de doscientos ochenta y ocho diputados, la presidenta declara abierta la sesión.
En virtud de que copias del acta de la sesión anterior fueron repartidas entre los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados,
conforme al acuerdo parlamentario respectivo, la presidencia pide a la secretaría que consulte a la asamblea si la aprueba. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba en sus términos.
Conforme al orden del día, la secretaría da cuenta con una iniciativa del Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Protección al Consumidor. Recibo y se turna a la Comisión de Comercio.
La misma secretaría da cuenta con un dictamen de la Comisión de Comercio, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio. Es de primera lectura.
Otro dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que reforma el que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar en representación del gobierno de México, los convenios constitutivos sobre el fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Es de primera lectura.
Otro dictamen de las comisiones de Seguridad Social y Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Seguro Social, Es de primera lectura.
La presidencia concede el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Carreto, quien a nombre de las comisiones solicita que dada la importancia del dictamen al que se acaba de dar lectura y con la finalidad de que pueda ser enviado para su revisión a la Cámara de Senadores, y una vez cumplido este trámite parlamentario entrar en vigor el primero de enero de mil novecientos ochenta y nueve, se le dispense la segunda lectura, se discuta desde luego, y en su caso, se apruebe por la asamblea.
La presidenta pide a la secretaría que en los términos del artículo cincuenta y nueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, consulte a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato. La asamblea dispensa la segunda lectura.
Hace uso de la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien dice que es el primer proyecto presentado por su partido y recogido por el partido oficial y por el resto de los grupos parlamentarios; dice que votarán en favor del dictamen, pero que todavía no están de acuerdo en el aumento de sólo el setenta por ciento para los pensionados, porque saben que el Instituto Mexicano del Seguro Social, puede otorgar el aumento del cien por ciento en ese tipo de prestación.
Sube a la tribuna el diputado Osiris Samuel Cantú Ramírez, del Partido Mexicano Socialista, quien dice que ellos jamás podrían votar en contra de una propuesta que signifique aumento de cualquier tipo a las ridículas pensiones; que no se alcanza el objetivo de que no exista ninguna pensión por debajo del salario mínimo y que no se compensa la situación cada día más grave de los trabajadores y del pueblo de México, por efecto del agravamiento de la crisis económica y social.
Hace uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Ávalos Limón, del partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien expone ante la asamblea su voto razonado para una reforma a la ley que beneficiará a un millón trescientos mil jubilados, que en la actualidad se debaten en la más oprobiosa de las miserias; informa que hay consenso general de trabajar a partir de enero, con el fin de que en los meses venideros realmente se haga justicia a quienes ya dieron todo su trabajo y su esfuerzo por México.
La presidenta concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Medina Valdez, del Partido Acción Nacional, quien dice que en el fondo de esta iniciativa a discusión, es simplemente el cumplimiento todavía imperfecto de un largo desiderátum expresado por esta Cámara de Diputados, por varios partidos y durante mucho tiempo; dice que es el resultado del consenso no fácil, pero evidentemente positivo, aunque sea aún insatisfactorio para las necesidades de los pensionados.
Sube a la tribuna el diputado Belisario Aguilar Olvera, del Partido Popular Socialista, quien dice que para matar a una persona hay que jubilarla, pues la inactividad y la falta de recursos los acercan rápidamente a la tumba; enfatiza que la lucha de los pensionados no termina con este dictamen, que aquí no termina la pelea por elevar las pensiones y hace un llamado para luchar por resolver a fondo este problema angustiante que debe apenar a todos los mexicanos.
Hace uso de la palabra el diputado Manuel Marcué Pardiñas, de la Corriente Democrática, quien hace referencia a que fue empleado en la Primera Comisión en la época del general Lázaro Cárdenas, estudió los problemas que dieron base a la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social; muestra su alegría por la formación de una reserva que asegure, muy pronto, que la pensión para los viejos sea la correcta, la que les permita una vida decorosa.
Sube a la tribuna el diputado José de Jesús Pérez, quien señala que este veintiséis de diciembre debe
considerarse histórico, porque ha sido voluntad de los distintos grupos políticos hacer posible que las reformas a la Ley del Seguro Social, sean aprobadas por unanimidad; afirma que el proyecto tenía múltiples imprecisiones y que agradece a los partidos sus observaciones que fueron recogidas por el dictamen; solicita a la presidencia que se proceda a la votación del dictamen que, aunque con cuarenta y cinco años de retraso, beneficiará a los pensionados y jubilados de México. La asamblea, en votación económica, considera que el dictamen ha sido suficientemente discutido, y al no reservarse artículo alguno para discutirlo en lo particular, la secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular en un sólo acto. Aprobado por trescientos ochenta y dos votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Seguro Social. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Hace uso de la palabra el diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, del Partido Acción Nacional, quien dice que el diputado Raúl Caballero Escamilla ha incurrido con exceso en faltar a las sesiones de la Cámara de Diputados, sin mediar causa justificada ni previa licencia de la presidencia de la Cámara, por lo que de acuerdo con la fracción segunda del artículo sesenta y tres constitucional, debe llamarse al suplente. Recibo y turno a la Comisión de Reglamento y Práctica Parlamentaria.
Sube a la tribuna el diputado Manuel González Díaz de León, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de varios grupos parlamentarios propone crear una comisión de carácter nacional, que promueva las expresiones conmemorativas que deberán efectuarse en el país durante mil novecientos ochenta y nueve, para celebrar el septuagésimo quinto aniversario de la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, del Partido Acción Nacional, hace uso de la palabra para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo doscientos noventa y uno del Código de Procedimientos Penales. Recibo y turno a la Comisión de Justicia.
La presidenta informa que el siguiente punto del orden del día, es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y pide, que en atención de que el dictamen ha sido impreso y distribuido a la asamblea, se consulte si se le dispensa la lectura. Dispensada. Es de primera lectura.
Conforme al orden del día, la presidenta pide que, en virtud de que el dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, ha sido impreso y distribuido entre los diputados, se consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura. Dispensada la lectura. Es de primera lectura.
Con el mismo trámite, se dispensa la lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Es de primera lectura.
Por instrucciones de la presidenta, se da el mismo trámite al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para del Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Es de primera lectura.
La presidenta concede el uso de la palabra al diputado Gregorio Lorenzo Domínguez, del Partido Popular Socialista, quien propone que la Cámara de Diputados designe una comisión pluripartidista para que programe la realización de una serie de foros de consulta popular, que recoja a la brevedad posible las proposiciones de las diversas fuerzas políticas y sociales para actualizar la legislación electoral vigente, mediante la iniciativa de una nueva Ley Electoral. Recibo y se turna a la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Hace uso de la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel, de la Corriente Democrática, quien denuncia la desaparición de su compañero José Ramón García Gómez, desde el viernes dieciséis de diciembre del año en curso en la ciudad de Cuautla, Morelos, en el trayecto de su casa hacia un lugar donde debería reunirse con compañeros del Frente Democrático Cardenista. Se recibe la denuncia y se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Información, Gestoría y Quejas.
Sube a la tribuna el diputado Alejandro del Castillo Saavedra, del partido Mexicano Socialista, quien se refiere a los hechos violentos que se desarrollaron en el Centro de Readaptación Social de El Cerezo, en la ciudad de Tepic, Nayarit y solicita que la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales inicie una investigación sobre tales hechos, para que informe a la Cámara a la brevedad posible.
La presidenta concede el uso de la palabra al diputado Salvador Sánchez Vázquez, del Partido Revolucionario Institucional, quien informa que las
acciones de represión de los amotinados se realizaron conforme a la ley y los ordenamientos constitucionales; que el objetivo de la operación fue primero, salvar la de vida de todos, inclusive los insurrectos e impedir la fuga; segundo, salvar la vida de los reclusos ajenos al problema, de los trabajadores y de los familiares de los reclusos que estaban de visita, pero que la actitud de los amotinados no permitió salvar la vida de los un mil cuatrocientos cincuenta y nueve individuos que ahí se encontraban. Se refiere a la actitud delictuosa de los narcotraficantes, e informa que fueron veintitrés las personas que fallecieron en tan lamentable incidente.
Hace uso de la palabra el diputado Federico Ruíz López, del Partido Acción Nacional, quien dice que coincide en la idea de combatir el crimen, pero que se demuestra la ineficiencia de las fuerzas que debieran poner el orden; se refiere a las "indebidas" intervenciones del Ejército en materia de narcotráfico y las califica de violatorias a la Constitución y que ponen en entredicho la seguridad del estado; dice que lo ocurrido no ha sido sólo en Tepic sino también en Michoacán, y que para bien de la República debe acabarse con los gobernadores que violan la ley a título de acabar con la delincuencia.
Sube a la tribuna el diputado Pablo Gómez Alvarez, del Partido Mexicano Socialista, quien dice que debe hacerse un análisis a fondo del problema; que sin duda el régimen penitenciario en muchos lugares debe ser estudiado y con él los graves problemas del fenómeno del narcotráfico; se refiere al grupo llamado "zorros" y afirma que no tiene ninguna legalidad si se trata de un grupo federal, y que tampoco la tiene si se trata de un grupo policiaco del departamento del distrito federal; enfatiza que no hay responsabilidad en materia de estos grupos de seguridad, y que eso necesariamente genera impunidad policiaca y arbitrariedad que los ciudadanos continuamente estamos sufriendo.
Hace uso de la palabra el diputado Ignacio González, Barragán, del Partido Revolucionario Institucional, quien hace una narración suscita de los hechos acaecidos en Tepic, Nayarit, y dice que lo hecho por el Ejecutivo y por las autoridades de la entidad, ha sido con el único propósito y fin de evitar una masacre y que gracias a esa acción se pudieron rescatar más de seiscientas personas entre mujeres, hombres y niños.
Para referirse al mismo tema, sube a la tribuna el diputado Miguel Aroche Parra, de la Corriente Democrática, quien dice que toda circunstancia que en el país contemplamos, está cargada de malos presagios en cuanto al respeto a la vida, la dignidad, a los bienes y a las familias; dice que lo ocurrido en Tepic, evidencia la tendencia que dominará la lucha contra la delincuencia y que puede confundirse con la lucha en contra de los opositores políticos; afirma que la presencia de fuerzas policiacas del Departamento del Distrito Federal es anticonstitucional y sin el menor viso de legalidad.
Sube a la tribuna el diputado Alberto Pérez fontecha, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien desea dejar establecido que su partido está en contra del narcotráfico, pero que se deben cuidar las formas; dice que no hacen ningún señalamiento al gobierno de Nayarit, sino al hecho de la presencia de cuerpos policiacos que nada tenían que hacer en aquel estado; que su partido espera demostrar, que el cuerpo de los "zorros" está pagado con el dinero y el presupuesto del Distrito Federal.
Hace uso de la palabra la diputada Olga López Castillo, del Partido Revolucionario Institucional, quién reitera la narración de los lamentables hechos ocurridos en el penal de Tepic, Nayarit y afirma que no desea que esto mismo ocurra en ninguna parte de la República, pero que a pesar de todo, la paz está garantizada en la ciudad de Tepic.
La presidenta concede el uso de la palabra al diputado Manuel Marcué Pardiñas, de la Corriente Democrática, quien pregunta si vivimos o no en un Estado de derecho y afirma que le duele en el alma la vida de la gente que murió en Nayarit; narra dos anécdotas en las que fue actor cuando estuvo preso; dice que hay que acabar con "los zorros", "las cobras", "los halcones" y "los de la mano blanca"; afirma que hay que respetar la ley también para los narcotraficantes.
Para contestar alusiones personales, hace uso de la palabra el diputado Salvador Sánchez Vázquez, del partido Revolucionario Institucional, quien reitera que el primer objetivo fue que ninguna vida se perdiera pero que no pudo cumplirse por la actitud de los amotinados, y que las acciones de rescate se hicieron conforme a la ley y la aprobación del Congreso del Estado de Nayarit, que dio su anuencia y apoyo para que el Ejecutivo de Nayarit pidiera el apoyo necesario para evitar mayores desgracias.
Hace uso de la palabra el diputado Jaime Guillermo Aviña Zepeda, del Partido Acción Nacional, quien dice que la cuestión a debate es de singular importancia porque se habla de derechos humanos, y que el derecho humano esencial para todos es el derecho a vivir, pues sin este derecho los demás salen sobrando; dice que se olvida que
los reos son seres humanos que han perdido algunos de sus derechos como ciudadanos, pero que no han perdido sus derechos como seres humanos; presenta a la consideración de la asamblea un punto de acuerdo, con el fin de que se cite al responsable de los grupos de seguridad que se han mencionado, para que expliquen la función y la razón de la existencia de cada uno.
Sube a la tribuna el diputado Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien dice que todos los grupos policiacos que se han mencionado en la tribuna, son notoriamente anticonstitucionales y protegidos por mentes a quienes les da lo mismo la vida o la muerte.
Hace uso de la palabra el diputado Sergio Quiroz Miranda, del Partido Popular Socialista, quien dice que el debate parte de preguntas si debe realizarse o no una investigación respecto a los hechos ocurridos en el penal de Tepic, Nayarit; afirma que hubo una flagrante violación a las garantías constitucionales por parte del cuerpo policiaco que asesinó a mansalva a esos individuos; pide a nombre de su partido, que la proposición se turne de inmediato a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Para referirse a los mismos hechos, hace uso de la palabra el diputado Lorenzo Martínez Gómez, de la Corriente Democrática, quien afirma que los reos se amotinan por el mal trato que les dan los celadores y se refiere a los problemas que según su dicho existe en todos los penales donde no se respeta la dignidad humana.
Sobre el mismo tema hace uso de la palabra el diputado José Francisco Melo Torres, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien dice que los responsables de los centros de reclusión hagan un verdadero esfuerzo por lograr cambios que eviten hechos como los ocurridos en Nayarit; propone un estudio a conciencia y responsabilidad de los centros de reclusión, que se instituyan nuevos lugares para los reos del fuero común y regiones en la República Mexicana, donde se recluyan a quienes por la gravedad de sus delitos, no pongan en peligro a seres inocentes, como los familiares que acudan a esos centros los días de visita.
Hace uso de la palabra el diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, del Partido Revolucionario Institucional, quien dice que no se pretenda confundir la constitucionalidad de los cuerpos policiacos; que cuando los delincuentes manifestaban sus peticiones ya habían asesinado al director del penal; que la soberanía del estado no fue violada y enfatiza que quienes han subido a la tribuna hablan de la vida humana, y tal parece que utilizan el estrado para actitudes demagógicas y para defender a narcotráficantes.
Para contestar alusiones personales, sube a la tribuna el diputado Manuel Marcué Pardiñas, de la Corriente Democrática, quien afirma que quienes han subido a la tribuna no defienden narcotráficantes sino defienden la ley, la vida humana y exigen que el gobierno aplique correctamente la ley.
Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al orden del día de la próxima sesión, y a las cero horas del día veintisiete de diciembre la presidenta levanta la de hoy y cita para que la que tendrá lugar el martes veintisiete de diciembre a las nueve horas.
La C. Presidenta: - En virtud de que dicha acta fue repartida entre los grupos parlamentarios que integran esta Cámara de Diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se aprueba.
(Voces en el salón): Sí.
El C. secretario José Murat C.: - Aprobada el acta ciudadana presidenta.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario José Murat C.: - Se han agotado los asuntos en cartera, ciudadana presidenta, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
"Primer Período Ordinario de Sesiones. - LIV Legislatura.
Orden del Día
28 de diciembre de 1988.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Coahuila y Nuevo León.
Dictamen de Primera Lectura.
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal de 1989.
Dictamen a Discusión
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1989.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta".
La C. Presidenta (a la 1.00 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el miércoles 28 de diciembre a las 11.00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
DIARIO DE LOS DEBATES